Junio de 2025

El retorno de los dólares financieros y paralelos al umbral de los 1.200 pesos en la jornada de este viernes volvió a colocar sobre el tapete las cuestiones explosivas que encierra el planteamiento económico de Caputo y de Milei. La suba del dólar ha sido porcentualmente pequeña. Pero bastó para mover la precaria estantería del plan oficial. Por lo pronto, en los portales financieros se arribó a la conclusión de que esa mini depreciación “arruinó el carry trade”, porque superó al rendimiento mensual que hoy obtienen los especuladores con las colocaciones en pesos. Naturalmente, el desaliento por esas inversiones especulativas en moneda local refuerza posteriormente la tendencia a la compra de dólares. La razón de la breve, pero significativa, “disparada” del dólar debe buscarse en lo ocurrido con la colocación del bono “BONTE 30”, que se emitió en pesos, pero fue colocado a compradores externos a cambio de dólares. La emisión de ese bono forma parte de los intentos que improvisa el gobierno para reunir reservas, cuando los dólares no aparecen por ningún lado. A 15 días del compromiso firmado con el FMI para reunir 4.500 millones de dólares de reservas, el Banco Central continúa en rojo y drenando dólares. La cosecha gruesa “pasa de largo”, y los dólares aportados por el agro están muy por debajo de lo esperado. Mientras tanto, continúa aumentando la salida de divisas por importaciones, turismo y pago de deuda pública y privada. En este cuadro, el gobierno emitió el Bonte, anunciando, con bombos y platillos, la “primera colocación de deuda” en el mercado internacional después de años de sequía. Los operadores financieros, sin embargo, vieron otra cosa: para colocar el bono, el gobierno debió ofrecer una tasa de interés de casi el 30 % anual. Si se considera que el gobierno apuesta a una deflación que empuje el aumento de precios al 1 % mensual, estamos hablando de una renta en “moneda dura” cercana al 15 % -una tasa de default -. Bien mirada, la prueba piloto de emisión de deuda resultó un fiasco, pues expuso la inviabilidad de continuar atrayendo divisas por la vía de nuevas emisiones de deuda, o incluso de refinanciar a los grandes vencimientos que dejaron el “megacanje” de Guzmán y el binomio Fernández, en 2020. Fue esta percepción de los especuladores la que empujó la demanda de dólares, al día siguiente de la salida del Bonte. Para desalentar la suba de dólares en lo inmediato, el gobierno alimenta otra bomba de tiempo: la intervención creciente en el mercado de dólares a futuro. Vende dólares a cambio de pesos, en contratos a ser cancelados a una fecha determinada. Si la paridad se disparara para esa fecha, el gobierno debería emitir una cifra cuantiosa de pesos para cumplir con sus compromisos. Una devaluación a término, en este cuadro, tendría las características de un colapso económico. Ante la evidencia de que el gobierno no podría cumplir con la acumulación de reservas pactada con el FMI, el gobierno negocia en estas horas una postergación de la fecha comprometida para ello. La postergación evitaría la figura del incumplimiento, que reforzaría la inquietud que ya circula entre los medios financieros. Algunos economistas del gobierno o cercanos a él han difundido la versión de que la acumulación de reservas carece de importancia porque finalmente existe una cierta flotación del dólar y el gobierno no estaría obligado a vender dólares ante una cierta demanda de la divisa. Pero la cotización avanza al techo de esa banda -1.400 pesos- el plan deflacionario vuela por los aires, al igual que los reclamos salariales que ya se están multiplicando. El gobierno quiere evitar esa deriva al costo de un parasitismo extraordinario: le ofrece a los especuladores rendimientos mensuales del 2 % en moneda dura. Mientras tanto, pretende que los trabajadores acepten paritarias del 1 % mensual, después de una pérdida en el poder de compra de los salarios de entre el 20 y el 50 % en el último año y medio. En medio de estas contradicciones, el gobierno apuesta a sostener la confianza de los especuladores por la vía de redoblar la “motosierra” -es decir, la garantía de que remunerará a la espiral de la deuda pública con ajustes cada vez más intensos sobre el gasto sanitario, educativo o previsional-. Pero la voz de alerta no proviene solamente de los especuladores: la han levantado con firmeza los residentes del Garrahan, los profesionales en discapacidad, los choferes y la docencia autoconvocada. Este es el cuadro de conjunto. Los trabajadores que salen a luchar deben saber que el edificio liberticida, que se viste de “equilibrio monetario y fiscal”, es un muñeco con pies de barro. LEER MÁS: Caputo husmea “debajo del colchón” Para "remonetizar" una economía "desmonetizada" por el "ajuste". Por Jorge Altamira y Marcelo Ramal, 23/05/2025. Ni dólares ni pesos: Caputo en la cuerda floja Ni dolariza ni monetiza. Por Marcelo Ramal, 06/05/2025.

El jueves 29, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios marcharon al Congreso de la Nación y distintos puntos del país contra los recortes que afectan al sector. Denuncian el desfinanciamiento que se agudizó durante el último año bajo el gobierno liberticida. La medida fue acompañada por un paro de alcance nacional y, en el caso de CABA, la acción confluyó con la movilización en defensa del hospital Garrahan. Está planteado volver a movilizar este 4 de junio, día en el que se trataría en Diputados la ley de Emergencia en discapacidad. Una convocatoria masiva La medida contó con más 30 adhesiones de organizaciones de personas con discapacidad, de familiares, de prestadores independientes, organizaciones políticas, asambleas barriales y más de 400 adhesiones de centros de todo el país. Además de Plaza Congreso en CABA, se realizaron concentraciones en San Nicolás, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Mercedes, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Posadas (Misiones), Entre Ríos, San Juan, Rio Negro, La Rioja, San Luis y Chubut. Entre los reclamos, se encuentran el recorte y cancelaciones de prestaciones y la falta de aumento de los aranceles fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que fija las retribuciones que las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir para los prestadores de servicios en discapacidad. También reclaman por las demoras en los pagos de las prestaciones. Malena Amarilla, licenciada en psicología y fundadora del equipo terapéutico llamado AmaRed reveló que “Actualmente, estamos cobrando la sesión 12.370 pesos por el nomenclador de Nación. La verdad que es una miseria” (La Nación, 29/05/2025). Otra de las denuncias es el recorte de las pensiones no contributivas por invalidez (PNC), las demoras en el otorgamiento de las mismas y las auditorías que someten a las personas a hacer largas filas en las distintas oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la amenaza de una posible baja. El Gobierno liberticida argumenta haber detectado irregularidades en las adjudicaciones de las pensiones por parte de administraciones pasadas. Estas “auditorías”, sin embargo, son realizadas por agentes declarados de las prepagas en la salud pública, no por organizaciones responsables de los afectados. Con un discurso fascista y manipulando la información, justifican la motosierra contra las personas con discapacidad. De esta forma, limitan el acceso al ya miserable estipendio que constituye esa pensión contributiva. Hace unos días se filtró la respuesta que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo le dio a una madre con su hijo autista: "Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”, lo que detonó aún más la bronca. Estas declaraciones, además, expresan la orientación privatista del gobierno que considera que sólo deben acceder a un tratamiento quiénes puedan pagarlo. La convocatoria del 4 y la Ley de Emergencia en Discapacidad Este miércoles 4 de junio, está convocada una nueva movilización que confluirá con la concentración de todos los miércoles de los jubilados y el Ni Una Menos. Ese día se trataría en Congreso un proyecto de Ley para “declarar la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive”. El proyecto cuenta con al menos tres dictámenes en comisión, lo que permite su ingreso al recinto. La “emergencia” que se planteará en el Congreso, sin embargo, no responde a las necesidades de las personas con discapacidad: establece para ellas una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, la quinta parte de la actual canasta de pobreza. Es la legalización de un status de indigencia para el discapacitado. Por otra parte, la “emergencia” no asegura el cumplimiento del cupo laboral en el Estado ni establece uno similar para las empresas privadas; prolonga, de este modo, la condena al desempleo para una parte importante del colectivo de personas con discapacidad. La marcha del miércoles reunirá a miles de trabajadores y prestadores que hoy cobran monedas por sus actividades. El reclamo por la actualización de sus retribuciones es urgente. En una perspectiva más general, es necesario señalar que el régimen de contratación a profesionales y prestadores que existe actualmente es un parche: disimula al desmantelamiento del sistema público de salud, el cual debería asegurar las atenciones por discapacidad en su propio ámbito -en hospitales, salas y atención domiciliaria- con profesionales de todas las disciplinas trabajando con estabilidad laboral y un salario que cubra la canasta familiar. La lucha del colectivo y familias de Discapacidad forma parte de una tendencia nacional de autoconvocatorias, que el miércoles tendrá en otro episodio importante en la plaza Congreso. Este miércoles 4 vamos con todo, en defensa de los jubilados, la salud pública y los derechos de las personas con discapacidad. Unidad de los trabajadores.

El gobierno dio curso al decreto que oficializa la reforma migratoria en el país, publicado el día jueves en el Boletín Oficial con el número 366/2025 y la firma del presidente Javier Milei. Este endurecimiento en casi todos los ítems modifica el acceso a la salud, la educación y libertades civiles básicas para los extranjeros y migrantes. Con esta reforma, todo inmigrante con alguna condena será expulsado, toda entrada por paso ilegal implicará la expulsión, se cobrará el servicio de salud y también la educación. En este sentido, salvo emergencias “se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”. Para entrar al país “deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso y que cuentan con un seguro de salud”, consagrando un impedimento para acceder a la salud pública a todos los no residentes. La categoría de residencia precaria tendrá 90 días de validez y puede ser revocada unilateralmente por migraciones. Aclara que el mayor rigor no violará el ‘principio de reunificación familiar’ que pueda afectar una cancelación de residencia o impedimento de ingreso, un agregado incorporado bajo premisa de la Iglesia. Una definición difícil de respetar ante una deportación y que puede llevar a disputas, prorroga de plazos o una judicialización. En el decreto se improvisan definiciones que no tienen respaldo o consenso entre los especialistas. El DNU pone como antecedente la Ley de Migraciones del kirchnerismo votada en el 2003 que “regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas en el país”. Según el gobierno, la actual jurisprudencia es laxa ya que “reconoce numerosos derechos a quienes hubieren ingresado o permanecido de forma irregular en el territorio nacional” y que las diferentes categorías de residencia “no tienen relevancia en lo que refiere al acceso a la salud y a la educación entre otros derechos”. Para Milei, reconocer derechos elementales a una población en tránsito sería un vicio jurídico. Los libertarios quieren reescribir el derecho migratorio y el derecho internacional. Seguido a esto, Milei ensaya otro exabrupto sin respaldo al “desalentar el ‘turismo de natalidad’ una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrente de los últimos años, el cual se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente”. El delirante planteo ultrarreaccionario deduce que los padres planificarían un embarazo con el fin de obtener los “beneficios” de vivir en Argentina permanentemente, un país con uno de los índices de pobreza más alto de Latinoamérica. Un planteo que va de la mano de los “tours sanitarios” que ya sugirió Manuel Adorni. Primeras repercusiones El antecedente de este ataque a los migrantes fue el agite derechista del propio Ministerio de Capital Humano en ocasión de la movilización de organizaciones de desocupados en diciembre del 2023, en donde anunció que se retiraría cualquier beneficio o plan social al que salga a luchar y que para los extranjeros esto podría llevar a la deportación, bajo título de “el que corta no cobra”. Desde ahí en adelante, los episodios de violencia y represión policial en barrios populares son cada vez más habituales. El más reciente fue en la localidad de Quilmes, donde un niño fue seriamente herido mientras se encontraba en un comedor del Polo Obrero. Poco antes en Bajo Flores un vecino y compañero del Polo Tendencia casi pierde un ojo en plena calle en un allanamiento descontrolado. El día de ayer fueron reprimidos los vecinos de la Villa 1-11-14 que protestaron en la Av. Perito Moreno ante la falta de luz. Esto muestra una política de conjunto desde Kicillof a Milei-Bullrich, pasando por los gobernadores de las provincias norteñas, en un ataque con foco en los barrios donde viven en mayor número los migrantes de países limítrofes. A pesar de esta campaña, en medios como Clarín volcaron la realidad migratoria del país, en contraste con los mitos y elucubraciones xenófobas de los liberticidas. En Argentina los extranjeros son el 4,2 %, el INDEC en sus últimas publicaciones viene mostrando una caída en número y un viraje en procedencia. En el censo 2010 los inmigrantes fueron unos 2 millones de los 46 millones totales, casi repitiendo la cifra del censo del 2001 y cayendo un 0,2 %. El cambio en la última década fue la llegada de migrantes desde Venezuela, siendo el tercer país en cantidad detrás de Paraguay y Bolivia. Del total de 1.947.862 extranjeros censados el 27 % son paraguayos, los primeros, aunque en caída del 3 %. Segundo los procedentes de Bolivia en un 17 % y luego los venezolanos en un 8,4 %, unos 163.000 en su mayoría jóvenes de menos de 30 años. Del total de extranjeros la mitad se encuentra en la provincia de Buenos Aires y el 22 % en la ciudad de Buenos Aires. En 2023 los migrantes que hicieron la ciudadanía fueron 188.162, en el 2024 cayeron a 156.791 y hasta abril de este año solo fueron 52.010. Los números indican lo contrario a la crisis migratoria que deforma Milei. LEER MÁS: Reforma migratoria: entre la deportación en masa y la ciudadanía paga Por Leonardo Perna, 27/05/2025.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación del Estado, cambió los criterios para asignar la obra pública de manera de beneficiar a los consorcios internacionales. Según el ministro, busca “derrumbar” las barreras de entradas a nuevos jugadores a las licitaciones. El primer paso había sido el 18 de febrero pasado cuando eliminó el Registro de Constructores. Así se abrió el juego para que participen firmas que no tienen “capacidad constructiva”, la cual pueden reemplazar dando garantías de contar con los recursos. Ahora, con la Disposición 24/25 de la Oficina Nacional de Contrataciones, se reglamenta en su totalidad el proceso de adjudicación de la obra pública de manera que puedan participar las empresas extranjeras en iguales condiciones que la patria contratista. Pero como además se eliminan ciertas regulaciones -como la presentación de balances y la calificación deja de ser factor de exclusión- las modificaciones en el sistema impregnarán a la futura obra pública de pura precariedad, haciendo que lo que prime en los pliegos sea el menor presupuesto ofertado sin necesidad de reparar en estándares mínimos. Un anticipo, en escala menor, de este criterio, fue la licitación de pañales en el PAMI, cuando se le asignó el pliego a una empresa que no es del rubro para que proporcione pañales más caros y de menor gramaje y capacidad de absorción. Los requisitos de calidad requeridos en las licitaciones eran tan inferiores que no existen productos nacionales capaces de cumplir con ellos. La empresa de logística asignataria, que tercerizará la compra, los conseguirá de algún otro país que ya tenga pañales desregulados de menor calidad. En este ejemplo también quedó demostrada la impostura de proclamar la trasparencia, ya que las condiciones del pliego estaban hechas a medida de la empresa que ganó. Por lo tanto, los objetivos del gobierno son extremar los negociados y ofertar la obra pública al capital extranjero, algo que el imperialismo aspira desde hace tiempo. Antecedentes El caso Odebrecht, impulsado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue uno de los intentos del imperialismo por desplazar a la gran constructora brasileña de la obra pública en América Latina y hacerse de esas cajas. En ese momento fueron investigados y procesados políticos y empresarios de 12 países por recibir y otorgar coimas, lo que perjudicó las operaciones de Odebrecht en la región. En Panamá y Ecuador fueron directamente prohibidas. Parate Estas desregulaciones se dan cuando los liberticidas llevan pisada la obra pública desde hace un año y medio, alimentando la recesión económica y empeorando las condiciones de vida. El parate en la obra pública no afecta solo a los trabajadores, sino que es un tiro en el pie para los capitalistas que ven aumentados sus costos de transporte por romper rodados en rutas intransitables y perder cosechas por inundaciones provocadas por la falta de mantenimiento y de construcción de canales. Por esto, haciéndose eco del reclamo burgués, algunos gobernadores reclaman que les transfieran las rutas nacionales para hacerse cargo del mantenimiento, financiándolo con el ajuste que están implementando desde sus distritos, como buenos guías de trasmisión de la política de Milei. Esto no es más que lo que siempre ha pretendido explícitamente el liberticida, quien lleva adelante una política inviable y mentirosa de emisión cero, totalmente insostenible en el tiempo. El costo empresario es uno de los grandes agujeros por donde se va la riqueza del país. Las coimas son solo la propina de ese sistema de expoliación que los liberticidas solo quieren modificar para perfeccionar la precariedad y el robo y entregárselo de lleno al imperialismo. Un gran plan de obra pública bajo control de los trabajadores y usuarios a cargo del Estado reactivaría la economía y abarataría los costos.

Se cumplen 10 años de la movilización masiva que desató el asesinato de la joven Chiara, bajo la consigna de Ni Una Menos. Una oleada de mujeres salimos a las calles a enfrentar a un Estado responsable. Este 3 de junio nos pone de frente contra el gobierno de Milei que ha puesto en marcha una verdadera guerra contra la mujer y sus reivindicaciones. Eliminó programas de salud sexual y reproductiva, desfinanció el acceso al aborto legal en los hechos y atacó la ESI, en favor de las grandes patronales de la salud privada y del clero. Recientemente, cerró una docena de programas de asistencia a mujeres en situación de violencia y hasta incluso la asistencia a familias de víctimas de femicidio. Hoy las cifras siguen siendo cruentas, escalan a la par de la miseria social. Estos ataques forman parte del plan criminal de Milei y la clase capitalista contra la clase obrera, contra nuestras condiciones de vida y la de nuestras familias. Apoyado en el conjunto del régimen político y la burocracia sindical, fue más a fondo contra nuestras condiciones laborales y jubilatorias, contra nuestro derecho a la huelga y a la manifestación. El ensañamiento del gobierno no es el “combate a la doctrina de género”, sino que responde a un solo propósito: reducir a la mujer, a su organización, a la impotencia política, a la sumisión. Este sería un golpe estratégico para quebrar las familias explotadas y poder así incrementar la explotación social de la clase obrera. Como señaló la marcha de las diversidades en febrero, lo que tenemos enfrente es un gobierno fascista que hay que combatir con toda claridad. 10 años más tarde, con varios gobiernos, planes, organismos y leyes bajo el puente, es necesario un balance y trazar los desafíos. Esta guerra estratégica de Milei contra las mujeres trabajadoras y el movimiento de mujeres expuso con toda claridad lo que solapadamente se ocultó bajo gobiernos anteriores: no hay posibilidades de igualdad real de derechos sin que se eliminen las bases de opresión y explotación. Bajo la sociedad capitalista, los planes y programas tan solo pueden ser una conquista transitoria, escasas armas de defensa de la salud, la vida y la libertad de las mujeres trabajadoras. Pero del otro, se expone de cuerpo entero la inviabilidad de quienes se han servido de un movimiento de masas para esterilizarlo bajo la tutela e integración al estado. Esa vía nos ha desarmado para enfrentar al poder político, ha servido para adocenar al movimiento de masas de la mujer sobre bases pluriclasistas, para ocultar la responsabilidad estatal detrás de una cáscara vacía. No hay futuro para las mujeres trabajadoras bajo este horizonte. A 10 años del primer Ni Una Menos, la batalla es en la lucha de clases y con toda claridad bajo una acción política independiente del Estado, del gobierno y sus aliados. Nuestro futuro es en la unidad con el conjunto de la clase obrera, la unidad de trabajadoras y trabajadores.

La firme determinación de los residentes del Garrahan de sostener la huelga indefinida a pesar de los aprietes, las medidas cautelares y conciliaciones obligatorias, puso en retirada a los bravucones mileístas. El comunicado oficial de este domingo, encargado a las autoridades del Garrahan, se deshace en agravios a los trabajadores del hospital, desde “ñoquis” hasta “kirchneristas”, solo para terminar negando lo innegable: que echó lastre frente a la lucha implacable de los residentes autoconvocados. La desbocada verborragia oficial evidencia un estado de desesperación política frente a la iniciativa combativa de los trabajadores. Los que pretendían derogar el derecho a huelga por decreto, se quedaron sin pólvora frente a la huelga indefinida de los residentes. Ante la ineficacia de todas las amenazas y aprietes difundidos los días anteriores, el gobierno espera poner fin al conflicto con una maniobra divisionista. La motosierra oficial quedó desvencijada. Así, anunció la equiparación del salario de los residentes del Garrahan con el de sus pares porteños. Esto implica llevar los $797.000 actuales que cobra un residente de primer año a $1.300.000. La “oferta” sigue muy por detrás de las demandas del movimiento y es lo que ya rechazan también los propios residentes de CABA, que en su última asamblea votaron exigirle al gobierno porteño un salario inicial equivalente a la canasta familiar real, que contemplando un alquiler hoy supera los 2,5 millones de pesos. La situación de los residentes en el Garrahan no difiere, sin embargo, de la que atraviesan enfermeras, camilleros o administrativos, cuyos sueldos también rondan los 700/800 mil pesos y para quienes el gobierno se mantiene en una línea de “paritaria 0 %” . Es el mismo sueldo que cobran, por otro lado, los residentes de los otros hospitales nacionales, como el Bonaparte, el Posadas o el Sommer, golpeados por el vaciamiento y los despidos masivos. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan denunció el lastre para los residentes como una maniobra para dividir a los trabajadores del hospital. Antes de retroceder en chancletas, la Viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, designada para “gestionar” el conflicto, había difundido a la prensa toda una serie de amenazas contra el movimiento de lucha: desde el descuento de los días de paro hasta la desaprobación del año de residencia e incluso el despido, para aquellos que “acumulen 5 días de ausencia”. El propio Milei se despachó contra “los ñoquis” del Garrahan y su vocero Manuel Adorni salió a divulgar cifras falsas para demostrar una supuesta “superpoblación de burócratas”, que sería el motivo que explicaría los bajos salarios de médicos y profesionales. La estadística trucha fue rápidamente desmentida por los trabajadores del hospital, que demostraron que el Garrahan cuenta con aproximadamente 4700 trabajadores, de los cuales más de un 70 % cumple una función asistencial. La inconsistencia de las piruetas mileístas había comenzado a generar grietas en el frente patronal. Un sector de la burguesía veía con preocupación que la protesta se extendiera a otros sectores de la salud, como ya ocurrió el jueves pasado cuando la lucha del Garrahan confluyó con el paro de los prestadores de discapacidad y con los residentes de los hospitales porteños. La próxima semana se sumarían también los residentes de la provincia de Buenos Aires, con un paro y movilización a La Plata. Nada menos que el ex Ministro de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, salió a reclamar un arreglo declarando que el gobierno “manipuló las estadísticas de personal” y que los salarios de los residentes “son ridículamente bajos” (La Nación, 31/5). La única vía para derrotar todas las maniobras y ataques con los que el gobierno evita dar una respuesta real a las reivindicaciones de los trabajadores es profundizando la lucha. Hay que aprovechar el recule oficial para arrancar todos los reclamos pendientes. Está planteada la necesidad de una huelga general de todo el hospital, con el apoyo activo del conjunto de los trabajadores de la salud pública. Es lo que iba a ocurrir el jueves pasado, cuando un paro general del hospital fue abortado por la conciliación obligatoria autoasignada por parte de un gobierno que, sin embargo, no se obligaba ni se avenía a conciliación alguna con el resto de los trabajadores del Garrahan. El acatamiento de esta conciliación obligatoria, que no fija audiencia de conciliación, pero pretende suspender las medidas de lucha de los trabajadores por 15 días, fue votado en una asamblea híperregimentada de la planta del hospital. Los residentes, que habían resuelto en su asamblea continuar con la huelga y la movilización, no solo no pudieron hacer uso de la palabra, sino que fueron invitados a retirarse. No se habilitó el debate y la aceptación se impuso en una votación reñida, 311 a 248 votos, gracias a la inestimable ayuda de la Junta Interna de ATE conducida por el aparato oficial del Partido Obrero , que se apoyó en el personal jerárquico y los sectores más conservadores del hospital. El próximo martes a las 13 horas está prevista una nueva asamblea general de los trabajadores de planta, en la que se evaluará la nueva situación y se definirán las acciones a tomar. Está planteada una gran tarea de organización y movilización política para que los centenares de trabajadores que se opusieron a la conciliación con el gobierno formulen una propuesta de acción para confluir con la lucha de los residentes. Los residentes deben poder participar de la asamblea junto a sus compañeros de planta, para unir a todos los trabajadores del hospital contra las maniobras y aprietes del gobierno. Una huelga general de todo el hospital despertaría como un resorte la solidaridad del conjunto de los trabajadores de la salud y de todo el movimiento obrero, pacientes y familias incluidas. En esta sintonía, la asamblea de residentes del Garrahan convocó a toda la población a manifestarse este lunes en una “noche de velas” en defensa de la salud pública, desde las 18 horas en el Obelisco. Al finalizar, está prevista una asamblea de residentes que reúna a representantes de todas las jurisdicciones. Hagamos del recule oficial un retroceso en toda la línea para satisfacer el conjunto de las reivindicaciones de la salud pública y sus trabajadores. Contra la política de liquidación y provincialización de la salud, reunifiquemos la salud pública a partir de la lucha de sus profesionales, trabajadores y usuarios. Impulsemos asambleas y autoconvocatorias en todos los hospitales, públicos y privados, en todas las jurisdicciones, por un salario inicial de 2,5 millones de pesos para todos los trabajadores de la salud.

El viernes trascendió una propuesta de cese del fuego elaborada por Estados Unidos con la venia de Israel. Establece una pausa de 60 días en los combates para facilitar el intercambio de rehenes por prisioneros, el ingreso de ayuda humanitaria sin precisar en qué condiciones y menciona un “redespliegue del ejército” que discutirían a posteriori los equipos técnicos. Los voceros de Hamas “le dieron una fría bienvenida” y señalaron que "no responde a ninguna de las demandas" del pueblo gazatí, siendo la principal "detener la guerra y la hambruna". Un análisis del acuerdo revela que Hamas solo está recibiendo una declaración de Trump, sin garantías vinculantes. La versión que habían pactado previamente con Witkoff ofrecía un "marco general" que propendía a un alto el fuego duradero, la retirada total de Israel de Gaza, la entrada de ayuda y la transferencia de poder de Hamas a un comité palestino políticamente independiente. A pesar de este retroceso, después de una ronda de consultas, Hamas aceptó liberar a 10 rehenes israelíes vivos y 18 cadáveres a cambio de prisioneros palestinos, pero según un cronograma más dilatado. También exige que se permita a los residentes de Gaza cruzar a Egipto por Rafah y regresar por la misma ruta. El borrador, que fue consultado con otras facciones palestinas, plantea abrir las negociaciones para “lograr un alto el fuego permanente, una retirada completa de la franja de Gaza y garantizar el flujo de ayuda”. Estas condiciones, según una fuente israelí, equivalen a un rechazo. Este sábado hay previstas movilizaciones en todo el país de apoyo al cese del fuego y por la liberación de los rehenes en un contexto de enorme indignación porque una nota de Haaretz recoge testimonios de rehenes liberados que coinciden en acusar al ejército de bombardear las zonas donde estaban detenidos poniendo en juego su vida. La distribución de alimentos, una farsa Este sábado, por primera vez, 42 camiones de ayuda llegaron a destino sin haber sido saqueados. Durante tres días consecutivos, bandas armadas saquearon un punto de distribución de comida gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, un sello creado por Estados Unidos e Israel para desplazar a Naciones Unidas, las ONGs y Hamas en la entrega de la ayuda humanitaria. Ni el ejército ni los mercenarios estadounidenses intervinieron para frenar los saqueos ni las agresiones de los maleantes contra quienes esperaban un poco de comida, según el Times of Israel. Tanto el diario israelí como el portal de noticias Mondoweiss señalan como jefe de los saqueadores a Yasser Abu Shabab, líder de un gran clan mafioso de la zona de Rafa. Hace meses que los palestinos acusan a Shabab de asaltar los camiones de ayuda humanitaria con la protección de Israel. El 9 de diciembre pasado, los Comités Revolucionarios y Tribales de Gaza y el colectivo de familias de Jan Yunis repudiaron a Abu Shabab en estos términos. “Una facción canalla ha seguido alineándose con la ocupación (israelí) en su guerra salvaje contra nuestro indefenso pueblo palestino, dirigida por el individuo conocido como Yasser Abu Shabab”, denunciaron entonces. El ejército sionista se negó a comentar el papel de Abu Shabab pero voceros del Ministerio de Defensa israelí celebraron los saqueos porque demostrarían “que Hamas está perdiendo el control sobre la población civil”. Times of Israel, que publica esas declaraciones, comenta con escepticismo: “La afirmación de que el control de Hamas en la Franja está decayendo ha sido repetida por funcionarios israelíes desde el comienzo de la guerra”. Esta semana, distintas fuentes castrenses calcularon que las milicias conservan unos 40.000 combatientes -el mismo número que se mencionaba al comienzo de la invasión a Gaza-. La Fundación Humanitaria de Gaza anunció el viernes que había distribuido más de dos millones de comidas en tres centros de distribución en el sur y el centro de Gaza durante los últimos cinco días. Sin embargo, “las cajas de productos alimenticios secos requieren equipo de cocina o cocinas comunitarias, que son muy limitadas en toda la Franja”. Los dos millones de comidas provienen de las 23 040 cajas de alimentos que la GHF dijo haber distribuido esta semana. Pero eso equivale a solo unos 40 camiones de ayuda. El sábado se distribuyeron 42. Para reducir el hambre en la Franja se requiere al menos la entrada de unos 600 camiones diarios con alimento, al igual que medicinas, combustible y agua, según estimaciones de la ONU No solo los camiones son pocos, los bandidos escoltados por el ejército los saquean y revenden los alimentos en el mercado negro. De los 238 camiones de ayuda que partieron de Kerem Shalom, 135 fueron saqueados, según estimaciones militares. Con el fin de volver Gaza inhabitable, Israel la convirtió en un páramo. Demolió hospitales, carreteras, redes de aguas potable y aguas servidas, la única central eléctrica que quedaba en pie, viviendas, TODAS las universidades y el 92 % de las escuelas. Queda disponible menos del 5 % de la superficie de cultivo. Han ejecutado miles de médicos y paramédicos, docentes, estudiantes, periodistas, funcionarios de Naciones Unidas, Médicos sin Fronteras y otras ONG. Los últimos, este miércoles, cinco trabajadores turcos del Programa Mundial de Alimentos. A muchos, los drones los eliminaron durmiendo, junto con toda su familia. Otros -incluido un millar de niños, algunos muy pequeños-, están secuestrados en las mazmorras del régimen sionista. Jens Laerke, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, dijo que «el cien por cien de la población está en riesgo de hambruna». Las llamadas «zonas humanitarias» se han convertido en campos de exterminio, ya que las tropas israelíes han atacado repetidamente a las personas que buscaban ayuda esta semana. Hani Mahmoud, de Al Jazeera, dice que las familias informan que “sus hijos u otros familiares que fueron a buscar alimentos a los centros «humanitarios» han desaparecido mientras intentaban conseguir comida”. Para recoger los paquetes de alimentos, las personas que solicitan ayuda son colocadas en recintos metálicos parecidos a jaulas y obligadas a someterse a escáneres biométricos (wsws 31/5). Israel anunció el viernes nuevas órdenes de desplazamiento forzoso en gran parte del norte de Gaza, lo que eleva a casi 200 000 el número de personas desplazadas en las últimas dos semanas. El miércoles, Netanyahu afirmó que la Fundación Humanitaria “forma parte de un plan para crear una zona estéril en el sur de Gaza, donde toda la población pueda desplazarse para su propia protección”. Los palestinos, sitiados en el 30 % del minúsculo territorio gazatí, resisten con enorme dignidad el embate de los más poderosos del mundo. Es perentorio doblar el brazo de los criminales. LEER MÁS: “Masacre deliberada” de palestinos en el punto de entrega de comida fijado por Israel Por Olga Cristóbal, 29/05/2025. Ocupación de Gaza desata una crisis colosal Por Olga Cristóbal, 25/05/2025. Carros de Gedeón: Israel se declara en estado de guerra El "Mundo Ilustrado", la limpieza étnica en Palestina y la salida “final”. Por Jorge Altamira, 21/05/2025.

A los 68 años de edad, Ricardo Morán nos abandonó. Se encontraba trabajando en una obra de construcción cuando un infarto terminó con su vida. Su oficio era el de albañil y vivía en González Catán, La Matanza. En su mano izquierda tenía un tatuaje de la Cuarta Internacional. “Morán” como le decíamos cariñosamente, tenía un gran sentido del humor. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es que siempre militaba con una sonrisa. Futbolero y fanático de Racing. Siempre andaba con algún gorrito de la “Acadé” en las actividades callejeras, como en las últimas marchas de los jubilados. Ricardo fue un gran constructor del Partido Obrero y luego de Política Obrera. En sus inicios en la militancia, sobre el final de la dictadura, militó en Ciudad Oculta, junto su hermano. Luego se destacó en la construcción del Polo Obrero. Fue un obrero consciente de que la lucha de la clase obrera debía tener como norte la revolución socialista internacional. Por ese motivo, su militancia barrial siempre estuvo ligada a la construcción de un partido de trabajadores. Ricardo fue siempre un gran lector del periódico partidario e incluso de la prensa internacional. Estaba al tanto de todos los debates políticos de la actualidad y de las polémicas en las propias filas de la izquierda. En su militancia en La Matanza, cumplió un rol muy destacado en la conformación del Polo Obrero en sus inicios, y en la construcción del PO en el distrito. Tuvo un rol protagónico en la lucha de los vecinos contra la contaminación del CEAMSE en González Catán. Cuando el aparato del Partido Obrero nos expulsó de la organización a más de 1.200 militantes, Ricardo no dudó en posicionarse a favor de las posiciones políticas de los que en ese entonces pertenecíamos a la Tendencia del Partido Obrero. En los plenarios previos a las expulsiones, se abstuvo de votar un “repudio” hacia los compañeros que defendíamos las posiciones políticas de “Altamira y Ramal”. “A mí no me van a hacer votar contra Altamira, que construyó mí partido”, decía. La dirección zonal lo apartó de las reuniones y trató de aislarlo de sus compañeros de militancia, lanzando un sinfín de calumnias contra su persona. Pero Morán se mantuvo firme y realizó un trabajo político de esclarecimiento muy importante en las filas del Polo Obrero, explicando a qué respondía la crisis en el Partido Obrero de ese entonces. El aparato del PO nunca logró quebrarlo. Ya en Política Obrera, Morán participó de todas las campañas y actividades políticas. Siempre lograba acercar a distintos compañeros a las ideas revolucionarias. Integró la lista de Concejales para las últimas elecciones del distrito. Participó de la inauguración del Centro Cultural que tenemos en San Justo y de todas las actividades que allí realizamos. En cualquier lucha callejera él estaba ahí. Era también de los que nos transmitía permanentemente su experiencia por haber enfrentado escenarios de represión. Ricardo estuvo presente en el almuerzo que realizamos y posteriormente en el acto de Política Obrera en Parque Lezama, contra la guerra imperialista el 1° de Mayo. Hacía pocos días nos había acercado las fichas de varios compañeros de trabajo que había logrado afiliar para que Política Obrera obtenga nuevamente su legalidad electoral. En su última actividad militante, Morán participó del acto que realizamos denunciando la masacre contra el pueblo palestino. El genocidio en Gaza fue el hecho político que más lo conmovió hasta sus últimos días. La noticia de su pérdida nos ha conmovido a todos los compañeros que compartimos diariamente su militancia. Seguramente los que lo conocieron tendrán cientos de anécdotas e historias más para compartir. Extendemos un abrazo a su familia y seres queridos. Nuestro mejor homenaje será continuar la lucha por terminar con este régimen de explotación, barbarie y guerras. Compañero Ricardo Morán, hasta la victoria.

El gobierno liberticida de Javier Milei viene profundizando la crisis del sistema sanitario, dejándolo en una situación terminal. La falta de inversión afecta directamente no sólo a los salarios, sino también a la calidad de atención que reciben los trabajadores y sus hijos. La política sanitaria de ´achique´, no solo afecta la falta de calidad de atención de salud sino que vulnera derechos básicos como el derecho a una vida digna. Más allá de las desigualdades históricas, la atención en salud en nuestro país fue siempre considerada ejemplar en toda la región, y reconocida globalmente, no sólo por la universalidad del sistema sino por la calidad del recurso humano. Desde el arribo del gobierno liberticida, el deterioro del sistema alcanzó, niveles alarmantes. El abandono, la desinversión y el desvío de fondos, están asociados a un proyecto de desmantelamiento del sistema sanitario público, en beneficio del capital privado . Ataque a las infancias: con los chicos no Durante el transcurso de este año el gobierno ha mostrado su cara más salvaje, su desprecio a todos los derechos de la clase trabajadora, en particular los de salud, los de las mujeres y los de las infancias. Desmanteló el Plan ENIA , el programa nacional para prevenir el embarazo no intencional en adolescentes; profundizó los despidos y cierres de programas en Niñez, desmanteló el ministerio de la Mujer, mantiene acéfala la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Otro hecho intolerable es el vaciamiento y persecución que se está dando en el hospital Garrahan, único centro de referencia pediátrica para Latinoamérica. Si bien el gobierno señala la pérdida económica que supone el mantenimiento del hospital en las condiciones en las que se encuentra, es de mencionar que, desde el año 2017, se vienen haciendo recortes de personal cuando la facturación se vio incrementada, permitiendo lo que las autoridades del hospital llaman “un equilibrio”. Los trabajadores denuncian el congelamiento de los salarios, vacantes sin cubrir y sobrecarga laboral. No es casual que, desde diciembre de 2023, los trabajadores del Garrahan vengan realizando medidas de fuerza, contabilizando a la fecha diez paros. Más allá de estos recortes y todo lo mencionado, en el Garrahan se reciben 600.000 consultas por año y se realizan 10.000 cirugías. Según el Instituto de Lucha contra el Cáncer, entre 2000 y 2015, aumentó la tasa de sobrevida en niños con enfermedades terminales; y entre 2015 y 2020, se sostuvieron los guarismos a pesar de la pandemia. Estos datos los compartieron los mismos trabajadores. En cambio, se ha incrementado el tiempo de espera para la atención de pacientes crónicos, pasando de 4 a 8 meses. Los trabajadores mencionaron también la falta de instrumentos de trabajo. Por ejemplo, en el hospital existen sóloi dos tensiómetros especiales para medir datos necesarios en los niños y adolescentes trasplantados. Este y otros materiales faltantes son indispensables para los diagnósticos y seguimientos en patologías gravísimas. El 60 por ciento de la población asistida del hospital tiene obra social o prepaga, dando por tierra el discurso del gobierno libertario de que el problema es el ´equilibrio fiscal´. No es que que no hay plata o que no alcance: esto es un plan sistemático contra a las familias trabajadoras y sus hijos. Pero los trabajadores en pie de lucha iluminan el camino para combatir a un gobierno enemigo de los logros históricos de la clase obrera argentina, conquistados con la organización y la lucha. La falta de inversión en el sistema sanitario que paga la fuerza de trabajo por debajo de su valor es un manotazo de ahogado que tiene como objetivo ´honrar´ las acreencias del capital financiero. Por un nuevo régimen social donde el acceso a la salud y la vida digna sean una prioridad. LEER MÁS: Garrahan: el gobierno retrocede, derrotemos las maniobras divisionistas y arranquemos todos los reclamos con una huelga general de todo el hospital Lunes 18 horas, noche de velas en el Obelisco en defensa de la salud pública. Por Julián Asiner, 01/06/2025.

Las familias trabajadoras de la Argentina tienen que endeudarse cada vez más para comprar alimentos, según lo indican sin atenuantes una serie de recientes informes estadísticos. En primer lugar, el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) informa que según un relevamiento hecho durante mayo de 2025 en las 23 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 91% de las familias argentinas se encuentra endeudada y al menos el 65% de ellas posee entre 2-3 deudas en simultáneo. Luego, que el 58% de estas deudas contraídas con tarjetas de crédito se destina específicamente a la compra de alimentos, reflejando que en la Argentina “libertaria” de Milei y Caputo no se puede comer sin endeudarse. Una parte considerable de estas deudas (el 73%) se originó en 2024, luego de la brutal devaluación de diciembre del 2023. Siguiendo este informe, las tarjetas de crédito se destacan como el principal instrumento de financiación, representando el 30.5% del total de la deuda de los hogares, un aumento de casi 5 puntos porcentuales respecto a 2024. Otras categorías significativas incluyen servicios privados (10.5%), “fiado” en comercios (8.8%), impuestos, tasas y expensas (8.5%), préstamos de familiares/amigos (8.4%) y alquiler (8%). De nuevo, como la plata no alcanza a fin de mes, se deben hipotecar en forma creciente distintos consumos. Otro informe de la consultora EcoGo basada en datos del Banco Central afirma que este año el crédito tomado por los hogares alcanzó el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), siendo el nivel más alto registrado desde el 2018, y que los hogares tienen una deuda equivalente a entre 20% y 30% de sus ingresos mensuales, con una tendencia creciente. Este crecimiento del endeudamiento proviene de los créditos otorgados por la proliferación de billeteras virtuales - “plataformas fintech” encabezadas por Mercado Pago-, que se suman como opción a la tarjeta de crédito o préstamos bancarios por la facilidad en que se puede solicitar un préstamo. Su contracara menos comentada son sus considerables costos financieros porque las tasas son superiores a la de los bancos. Efectivamente, según los informes, quienes recurren a estos créditos son quienes integran la llamada “economía informal” es decir, laburantes no registrados, cuentapropistas, monotributistas, etc. A este nuevo proceso de confiscación de los ingresos –mayores costos financieros ante el cuadro de precariedad laboral- se lo quiere presentar como una “inclusión financiera”. En muchos casos, el endeudamiento que se toma por estos medios es para hacer frente a otras deudas con entidades bancarias, lo cual se denomina “endeudamiento circular”. Se expande así un ciclo peligroso de endeudamiento de las finanzas personales. Al respecto, los informes reflejan precisamente el crecimiento en la mora de los pagos de los créditos. Se estima que un 76% de las deudas se encuentran en situación de impago, sea en mora simple o judicial. Una gran mayoría, el 56% de los hogares, tiene que destinar entre el 40% y el 60% o más de sus ingresos mensuales al pago de deudas. Según la consultora Empiria, se registra una disminución de los gastos fijos en el consumo de las familias como el transporte, cuyo gasto bajó 1,5% en términos reales, la energía (electricidad y gas) con una retracción de 2,3% y el agua, con una caída de 2,6%. En el primer trimestre de este año el ingreso disponible de los hogares cayó 1,3% con respecto al último trimestre de 2024. Según el INDEC, la pérdida de los ingresos del mes de marzo explica la caída de la actividad que se retrajo 1,8% con respecto a febrero. Pero como los servicios básicos solo pueden disminuirse hasta un cierto umbral, la única salida que queda es recurrir a la deuda. Este cuadro es un indicador incontrastable del empobrecimiento generalizado del plan económico del gobierno de Milei, que se está enmascarando con la llamada “expansión del crédito”, un verdadero espejismo financiero porque no es un síntoma de expansión de inversiones, ni siquiera del consumo. Mientras los trabajadores hipotecan su futuro, Milei-Caputo fomentan las criptoestafas, la especulación financiera y ofrecen tasas de intereses siderales a los usureros locales e internacionales. LEER MÁS: La baja de la pobreza, otro embuste de Milei Por Aldana González, 01/04/2025. Caída del consumo e inflación en dólares Por Aldana González, 28/11/2024. Pobreza y sobre endeudamiento de las familias trabajadoras Por Walter Sánchez, 02/06/2023.

El miércoles 28 se presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario elaborado conjuntamente por el CIN, que nuclea a los rectores, y por la burocracia de las federaciones docentes, no docente y estudiantil, agrupadas en el Frente Sindical y la FUA. Ese día, hicieron una concentración frente al Congreso y participaron de un encuentro en la Cámara de Diputados para discutir el financiamiento universitario, con representantes de distintos bloques políticos (UxP, UCR, CC, FITU, entre otros), algunos de los cuales ya anticiparon que acompañarán el proyecto. El tema se trataría primero en comisión y se llevaría al recinto el 19 de junio. La dirección del CIN planteó que es una propuesta "razonable porque busca una solución de fondo sin comprometer fiscalmente (sic) al Estado". De este modo, el Consejo de Rectores hace una concesión inadmisible a la política de ajuste fiscal que está llevando adelante el gobierno , que tiene a los salarios, las jubilaciones, la salud y la educación como sus blancos privilegiados. El nuevo proyecto de ley reitera y acentúa los defectos que tenía el de 2024. Aunque su articulado plantea recomponer los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 y convocar a paritarias trimestrales, con aumentos atados a la inflación; ampliar e incrementar las becas estudiantiles; y actualizar los gastos de funcionamiento según el índice de precios del consumidor (IPC); todo esto se convierte en papel mojado en la medida en que, como ocurrió en la versión anterior, nuevamente "encomienda" al Poder Ejecutivo a que lo ejecute y lo lleve adelante. Es decir, el proyecto no establece ni dispone el aumento del presupuesto universitario, de los salarios y las becas, sino que delega esa decisión en el mismo gobierno que los está destruyendo conscientemente en vistas de liquidar y privatizar la universidad pública. No se entiende entonces de dónde saca que no compromete fiscalmente al Estado, cuando ni se toma el trabajo de asignarle un monto al presupuesto. El proyecto se atiene al método que reserva al Ejecutivo la responsabilidad presupuestaria y al Congreso la facultad de aprobarlo o no. Es el método que ha llevado a que el Presupuesto actual sea una prórroga por segundo año consecutivo del de 2023, lo que ha permitido el avance de la motosierra contra el pueblo, mientras se mantiene la mano abierta para los capitalistas. El proyecto no enfrenta el desafío de Milei, que exige que se especifique de dónde saldrían los fondos, para que la iniciativa diga claramente que hay que gravar las ganancias abusivas de los especuladores de la deuda pública y la Bolsa y poner fin a las exenciones impositivas de las patronales. En cambio, el texto propone calcular una "proporción universitaria" sobre los fondos nacionales coparticipables, que se asignaría mensualmente a la educación superior. De este modo, el financiamiento universitario quedaría supeditado a la recaudación impositiva y podría hacerse a costa de otros gastos igualmente importantes -como salud, obra pública, o subsidios a medicamentos o discapacidad-. Siguiendo lo establecido en la ley de financiamiento educativo, el proyecto plantea una meta de inversión en educación superior del 1,5% del PBI para 2031. Se trata de una declaración de intenciones, y ni siquiera eso, porque para esa fecha, Argentina destinará la mitad de los ingresos del Tesoro al pago de los intereses de la deuda pública. Por último, el proyecto establece la creación de un fondo anual de $10.000 millones para carreras "que se definan fundamentales para el desarrollo del país" -como las vinculadas a la inteligencia artificial-, que será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias y por el CIN. ¿Pero cuáles son esas carreras consideradas estratégicas? El gobierno ya las definió en la resolución 10/2025 que prioriza la agroindustria, la minería, la energía y la economía del conocimiento y deja afuera al resto de las disciplinas. El proyecto de ley no contradice, sino que va en línea con esa senda privatista que subordina el conocimiento y los planes de estudio a las necesidades del gran capital. De conjunto, el proyecto elaborado por el CIN y las burocracias en el Frente Sindical y la FUA, es un retroceso en toda la línea frente a la política de Milei. Esto no sorprende, porque son los mismos sectores que, desde el año pasado, se han empeñado en planchar y encajonar la lucha universitaria que irrumpió con fuerza en las marchas y las tomas de 2024 . Esas direcciones se negaron sistemáticamente a desarrollar un plan de lucha para este cuatrimestre, a pesar de que la crisis presupuestaria y salarial se ha agravado notablemente. Ahora quieren que el movimiento universitario marche detrás de este callejón sin salida. Docentes, estudiantes, no docentes, investigadores tenemos el desafío de superar esa orientación. LEER MÁS: Universidad: una jornada de lucha que esconde un impasse Por Diego Toscano, 27/05/2025.

El próximo domingo 8 de junio se elegirán diputados provinciales y concejales en muchos municipios de Misiones. El gobierno provincial, socio del gobierno nacional, pretende mantener su dominio absoluto en la Cámara de Diputados. Enfrenta a la formación local de La Libertad Avanza, que se constituyó como partido recientemente. En las PASO y en las elecciones generales de 2023, el gobierno renovador no hizo campaña a favor de Massa, sino que sottovoce llamó a votar por los liberticida. Posteriormente, desde entonces, aportaría al sostén del gobierno nacional , como se vio, recientemente, con el volteo de la "Ficha Limpia" a pedido de éste . El PRO, en franca disgregación, se presenta con un frente con la UCR y la Coalición Cívica. La novedad electoral es la representación de la ultraderecha en la provincia. Tal representación pretende ser sostenida por el oficialismo del Frente Renovador que presenta sus candidaturas como un “blend” donde los componentes de la mezcla serían antiguos nac&pop y los liberticidas, jóvenes empresarios que se codean con hijos de funcionarios y deportistas en una campaña donde la motosierra no se muestra, pero es el norte inmediato junto con la baja de impuestos y, por supuesto, se muestran como el sostén y garantes de las políticas criminales del gobierno nacional. La representación de la ultraderecha está compuesta por cuatro fuerzas: El Partido Libertario que lleva al radical Martín Arjol que, como diputado nacional, votó el veto al aumento de los jubilados y el presupuesto universitario y declara a los cuatro vientos la adhesión incondicional al gobierno nacional. La Libertad Avanza lleva como primer candidato al broker (y socio de Caputo) operador de Black Rock, Diego Hartfield. Fue candidato del oficialista Frente Renovador en la ciudad de Oberá en 2015. El partido Por la Vida y los Valores, creado por la ex titular del ANSES local y referente de Milei, Ninfa Alvarenga, presenta a la cabeza de la lista de diputados al policía Ramón Amarilla, líder de la rebelión policial que, junto a los docentes, jaqueó al gobierno provincial en 2024 . En la misma lista va una liberticida que lo acusó de sedicioso en defensa del gobierno nacional y provincial y otros varios “ex renovadores”. Esta lista suscita expectativas en un conjunto de trabajadores provinciales, ya que Amarilla está idealizado como representante de los derechos de los trabajadores y él mismo así se presenta. El Tribunal Electoral prohibió la votación de las fuerzas policiales y de seguridad en estas elecciones, aplicando un artículo de la constitución provincial que prohíbe el voto de esas fuerzas empujado por el temor del gobierno provincial de un posible voto masivo hacia el lider del levantamiento policial. Amarilla, sin embargo, dijo a La Voz de Misiones: “Como dijo Mandela: ‘Para hacer la paz con tu enemigo, tenés que trabajar con él’. Aunque yo no me considero un enemigo de la Renovación, tampoco quiero tumbar a la Renovación, ni les tengo bronca. Solo quiero que se respeten los derechos y que sean equitativos con los recursos” (28/05), manifestando su alineamiento con el régimen vigente. Por la izquierda se presenta el Partido Obrero (PO). Éste llevará, por primera vez, a una militante de Izquierda Socialista como candidata. Es la única cabeza de lista por otra parte. Es un simulacro de FITU: el PO viene de retrocesos significativos y al día de hoy todavía no explicó lo sucedido con los concejales que conquistó en 9 de Julio y Colonia Victoria años atrás. Su campaña de denuncias es anodina, por ejemplo la referida al transporte local, pues no presentan ningún programa para la resolución del problema. Las campañas son de muy baja intensidad y el clima electoral es casi inexistente. Es posible que esto anticipe una tendencia al abstencionismo.

Las medidas ilegales e inconstitucionales que viene implementando el gobierno de Trump, han chocado con fallos de los tribunales federales, que en ocasiones las han dejado en suspenso. Estos fallos -casi siempre ignorados o trampeados- han provocado una furiosa respuesta de parte del presidente estadounidense, que ha atacado a los jueces (“radicales de izquierda”, según su retórica) y a la propia Suprema Corte -demandándole que viabilice la expulsión de millones de indocumentados sin darles posibilidad a la más mínima defensa. Más allá de alguna protesta aislada del presidente de la Corte ante estos ataques maccarthistas, la Suprema Corte -de mayoría trumpista- no ha defendido a los jueces. El 30 de mayo, la Corte Suprema falló a favor del gobierno en cuanto a dejar en suspenso la orden judicial de un tribunal que impedía la finalización del programa llamado “parole humanitaria” (un régimen que autoriza la permanencia temporaria en el país a personas que lo soliciten por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”) para migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (este programa específico se denominaba por ello CHNV). Las personas actualmente acogidas a este programa son más de 500.000: cerca de 87.000 provenientes de Cuba, 211.000 de Haití, 73.000 de Nicaragua y 160.000 de Venezuela. Todos ellos quedan ahora sin estatus legal y pueden ser deportados por una vía rápida. El “parole humanitario” CHNV fue una ampliación de otros regímenes establecidos por Biden, como el llamado “Estatus de Protección Temporal” que habilitaba a permanecer en el país y trabajar a ciudadanos venezolanos. Este otro régimen ya había sido dejado sin efecto por el gobierno trumpista, y había generado otra controversia en los tribunales. Hace varias semanas la Corte Suprema falló también a favor del gobierno, dejando sin efecto la suspensión ordenada por un tribunal de San Francisco que ordenaba mantener el TPS para 350.000 venezolanos que quedarían expuestos a la deportación. Entre los inmigrantes que estaban cubiertos por el TPS y los de CHNV, son unos 885.000 personas las que quedan al borde de la deportación inmediata. Ambos fallos de la Suprema Corte habrían sido por una mayoría de 7 a 2 -al menos solamente dos jueces explicitaron sus razones para no acompañar la decisión del tribunal superior. La caída del CHNV busca acelerar las deportaciones masivas. “Algunos inmigrantes afectados por los fallos llevan menos de dos años en el país, lo que significa que podrían ser deportados utilizando un sistema acelerado que elude el proceso judicial normal de inmigración” (NYT, 31/5). El sistema de detención acelerado usualmente se utilizaba para los recién ingresados por las fronteras, “como una forma de devolverlas rápidamente sin procedimientos judiciales. Pero Trump lo amplió significativamente para que los agentes de ICE puedan utilizar el proceso para cualquiera que haya estado en Estados Unidos menos de dos años” (NYT, 31/5), es decir, se aplicaría a personas que estaban amparadas por un estatus legal transitorio y que incluso tienen trabajo en el país. “A diferencia de los largos procedimientos judiciales de inmigración que pueden llevar años, la expulsión acelerada se puede realizar en cuestión de horas” (NYT, 21/1). La carga de la prueba de que estas personas han permanecido en el país durante más de dos años (o tengan en trámite una solicitud de asilo) recae sobre los propios indocumentados, y si no logran probarlo serán deportados automáticamente. Según la ex funcionaria de inmigración Andrea Flores (en el gobierno de Biden), la “justificación [del gobierno] para poner fin a este estatus legal ahora es poder ponerlos en deportación acelerada, ya que la mayoría llegó hace menos de dos años”. “La decisión de la Corte Suprema es cruel y animará a esta administración a ir más allá al señalar a venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, penalizándolos por cumplir con nuestras leyes de inmigración y devolviéndolos a graves daños” (NYT, 31/5). Otra razón es que los acogidos en estos programas tiene la obligación de declarar su domicilio, y facilitar la identificación a través de registro de huellas digitales y datos biométricos, lo que los hace más fácilmente ubicables para su detención y expulsión del país. El gobierno ha adoptado todo tipo de maniobras para acelerar las detenciones, y para deportar a los inmigrantes sin darles posibilidad de la más mínima defensa, al extremo de reconocer “errores administrativos” por los cuales expulsaron personas que tenían cobertura legal para permanecer en los Estados Unidos. “Muchos inmigrantes viven bajo el radar o se han mudado de su última dirección conocida hace mucho tiempo. Es por eso que ICE (el servicio de migraciones) está tomando nuevas medidas agresivas, entre ellas la detención de personas en tribunales de inmigración cuando se presentan a las audiencias. La táctica supone una ruptura significativa con la práctica anterior, cuando los funcionarios de inmigración evitaban en gran medida los arrestos en los tribunales por temor a que disuadieran a la gente de cumplir las órdenes” (NYT, 31/5). “Las cortes se han convertido recientemente en un foco para las protestas. Decenas de personas se reunieron en San Francisco el miércoles ante un tribunal federal para repudiar el arresto de cuatro solicitantes de asilo ocurrido la víspera. Los manifestantes aparecieron con pancartas que condenaban al ICE y en las que exigían al Gobierno ‘no tocar a los inmigrantes’ (El País, 1/6). Los jueces y abogados consideran que estas detenciones aprovechando que un inmigrante está citado por la justicia son un abuso de poder y provocarán que los citados falten a sus citas por temor. Por ejemplo, si solicitaron asilo y son convocados por un juez podrían faltar a la audiencia, con lo cual perderían sin duda el derecho a ser asilados y quedarían en condición de expulsables, y por otra parte si se presentan pueden ser detenidos y deportados rápidamente. Estas emboscadas en los tribunales a la salida de las audiencias, ha provocado otro caso judicial, esta vez contra una jueza que ha sido acusada de facilitar la fuga de un inmigrante que pretendía ser detenido por el ICE en el juzgado. Se trata de la jueza de Wisconsin Hanna Dugan, que fue arrestada por el FBI por supuestamente ayudar a un ciudadano mexicano a evitar ser arrestado en el propio tribunal donde tenía una audiencia. El proceso contra Hanna Dugan parece se convertirá en un tema fundamental respecto a la autoridad e inmunidad de los jueces frente al accionar dictatorial del gobierno. Unos 130 ex jueces han presentado un escrito ante el tribunal que trata el caso de la jueza Dugan, reclamando se retiren los cargos, argumentando que los jueces tienen inmunidad respecto a sus tareas y que su arresto socava “siglos de precedentes sobre inmunidad judicial” (CBS, 30/5). El escrito afirma que estas detenciones en los juzgados constituyen una “extralimitación atroz por parte del poder ejecutivo” que “amenaza la confianza pública en el sistema judicial y la capacidad del público de recurrir a los juzgados sin temor a represalias” (ídem). Los ex jueces señalan además que la persecución contra Dugan es un apriete contra los tribunales: “Permitir el procesamiento del juez Dugan por las presuntas acciones crearía un efecto paralizador en los jueces que sofocaría la toma de decisiones independiente y pondría en duda el reconocimiento universal de que los jueces están a cargo de mantener el orden y el decoro en sus salas y juzgados”. Es en este contexto de ataque a los jueces, que ya no se limita a las redes sociales o las declaraciones presidenciales sino que ha pasado a las detenciones y los juicios, que la Suprema Corte da carta blanca al régimen trumpista para avasallar la legalidad. LEER MÁS: Los primeros 100 días del pantano de Trump Por Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 26/04/2025.

El último tramo de la campaña electoral provincial se vio conmovido por la movilización de productores y tareferos ante la presencia de Karina Milei y Martin Menem en la ciudad de Oberá. La hermana del presidente, apodada “El Jefe”, vino a apoyar a Diego Hartfield, quien encabeza la lista de LLA en su debut provincial. En esa ocasiónn grupo de productores yerbateros, de té y tareferos, se acercó hasta el lugar donde estaba planificado un acto proselitista y realizaron un escrache, para reclamar el reestablecimiento del precio sostén. La actividad de LLA finalmente se suspendió. El gobierno nacional respondió a sus reclamos afirmando que las regulaciones no vuelven y que el que no se adapte, caerá. El gobierno provincial, ante esta política, esgrimió un Instituto Provincial de la Yerba Mate -en reemplazo del disuelto instituto nacional- y ahora predica la reconversión de los pequeños y medianos productores a la producción de café. Esto supone que deberían esperar entre 2 y 4 años hasta obtener las primeras cosechas y 8 años más para los rindes máximos., con el agregado de que, para obtener buenos resultados, deberán incorporar tecnología. Los pequeños y medianos productores son responsables de más del 60% de la producción de yerba mate. Los actuales precios no permiten su subsistencia. En 2023, ej cambio, los yerbateros se movilizaban esgrimiendo motosierras en apoyo a la candidatura presidencial de Milei. En cuanto a la situación de los trabajadores, con los precios en picada, también el retroceso en materia de salarios y condiciones de trabajo es manifiesto. Los jóvenes migran a Brasil por ese motivo. Lo de Oberá es solo la primera manifestación de choques más profundos entre los trabajadores y productores contra el gobierno liberticida, en el que depositaron sus mayores expectattivas, y el gobierno de la Renovación.

Más de dos mil teatristas se acercaron a las puertas del INT el domingo para rechazar el Decreto 345/25 que se propone desjerarquizar y desguazar el organismo público. Habían convocado la Asociación Argentina de Actores, Argentores, la Asociación Profesionales de la Dirección Escénica Argentina, Grupos Estables de Teatro Independiente, Escena y la Asociación Argentina de Teatro Independiente, en una Conferencia de prensa en la que también participó la Junta Interna de ATE Cultura. A las puertas del organismo público se acercaron también Centros de Estudiantes. Entre los actores y actrices presentes se encontraban Soledad Villamil, Osmar Nuñez, Georgina Barbarossa, Beatriz Spelzini, Diego Velázquez, Santiago Losa, Lisandro Rodríguez, Maruja Bustamante, Rubén Szuchmacher, Marisel Álvarez, Carlos Belloso, Osqui Guzmán, Osvaldo Santoro, Juan Pablo Gómez, Mariano Pensotti, Nicolás Goldschmidt, Javier Margulis entre otros. Los convocantes denuncian que decreto significa el fin de del organismo, de la federalización y de su función de ayuda y fomento estatal al teatro independiente. El organismo fue creado por la Ley 24.800, hace 27 años. El abrazo se replicó en otras ciudades. Cuando la actividad estaba finalizando, la policía cercó la manifestación, desalojando la avenida Santa Fe. El operativo montado por Patricia Bullrich, desmesurado, llevó a que la actividad se prolongara y más personas se acercaran. Colectiveros y automovilistas se solidarizaron con la medida haciendo sonar sus bocinas. De otro modo, la convocatoria hubiera pasado desapercibida por el día y horario -domingo a la mañana- a la que fue convocada. Entre los cánticos que se escucharon no estuvo únicamente la denuncia al vaciamiento y el ataque a la cultura. Los presentes tendieron puentes con la Ciencia, la Educación, la discapacidad y el vaciamiento generalizado de las políticas estatales. Cada una de las políticas de desguace del gobierno de Javier Milei redunda en despidos de trabajadores estatales. El ataque a la cultura en los decretos 345 y 344 de cierre, fusión y eliminación de organismos e institutos se apoya desde el gobierno en, por un lado, la superposición de funciones con entidades privadas o públicas, las tareas ociosas y el gasto innecesario en cultura. Sin embargo cada una de las salas independientes de Teatro y las instituciones en riesgo garantizan puestos de trabajo concretos. Los organizadores convocaron a sumarse el próximo miércoles 4 junto a los sectores en lucha del Garrahan, la ciencia, los jubilados y jubiladas, las familias con integrantes discapacitados y por el décimo aniversario del Ni Una menos, en Plaza Congreso. La cita de las organizaciones de la Cultura es a las 16 en el cine Gaumont. El 4 de junio es una oportunidad para coordinar los sectores en lucha y darle continuidad para fomentar las autoconvocatorias contra el gobierno. LEER MÁS: No al cierre del Instituto Nacional del Teatro Por Ceferino Cruz, 26/05/2025. Se profundiza el vaciamiento de los organismos de Cultura de la Nación Por Pablo Vallejo, 26/05/2025. VER VIDEO: Actores y Trabajadores de la Cultura en defensa del INT, en la manifestación que se realizó este domingo 1° de junio en las puertas de la Casa del Teatro, sede del INT Ceferino Cruz: "No al cierre del Instituto Nacional del Teatro, defensa de la Ley 24.800 y repudio al DNU que cercena el derecho de huelga. ¡Viva el Teatro Nacional y vivan los Trabajadores!" Publicado en el FB Nacional de Política Obrera.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, anunció el 29 de mayo que la delegación de Rusia a la discusión bilateral que se reunirá en Estambul el 2 de junio será la "misma" que en las conversaciones anteriores celebradas el 15 y 16 de mayo. Rusia envió una delegación de bajo nivel encabezada por el asistente presidencial Vladimir Medinsky. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reiteró que las causas fundamentales de la guerra en Ucrania son la expansión hacia el este de la OTAN tras el colapso de la Unión Soviética en 1991 y la discriminación del gobierno ucraniano contra los rusoparlantes. Moscú dice estar dispuesto a presentar su "memorando" de paz a Kiev. La propuesta rusa deja fuera cualquier viaje de Vladimir Putin a Turquía, es decir, un encuentro directo con Zelensky. Antes, el Kremlin había la propuesta del presidente ucraniano de una reunión trilateral con Donald Trump y Putin. Putin demanda para poner fin a la guerra que los líderes occidentales se comprometan por escrito a detener la ampliación de la OTAN hacia el este y levantar una parte de las sanciones a Rusia, según tres fuentes rusas con conocimiento de las negociaciones, informa Reuters (28/5). Tras una conversación con Trump durante más de dos horas, la segunda que se tenga conocimiento desde la llegada de Trump al poder, Putin admitió que había acordado presentar un memorando que fije los lineamientos de un acuerdo de paz, incluyendo el plazo para un alto el fuego. A renglón seguido, se afirma que actualmente Rusia está redactando su propia versión del memorado, aunque no podía estimar cuánto tiempo tomaría. Esto suscitó la protesta de Kiev y aliados de que Rusia solo busca ganar tiempo para continuar su avance en el frente, una confesión involuntaria del progreso ruso sobre el terreno. Las "tres fuentes rusas" con un supuesto oído en el Kremlin dijeron a Reuters que el plan de Putin incluye la demanda de que las potencias occidentales se comprometan no se expandirá más hacia el este, por ejemplo, a Georgia y Moldavia. Lejos de un acercamiento, sin embargo, ocurre lo contrario: el canciller de Alemania, Friedrich Merz, anunció que levantaría las restricciones para la provisión de armas de largo alcance para Ucrania. “En una entrevista separada el miércoles, Merz dijo que las entregas de misiles Taurus alemanes, que tienen un alcance de 500 kilómetros y potencialmente podrían llegar a Moscú, a Kiev están "dentro del ámbito de lo posible" (RT 30/5). El ex Canciller Olaf Scholz se había mostrado reacio a suministrar los misiles Taurus por temor a una escalada. Joe Biden había levantado las restricciones a los ataques de largo alcance a finales de 2024. Poco después, el Reino Unido y Francia hicieron otro tanto. Desde entonces, el ejército ruso ha repelido varios ataques de misiles ATACMS (suministrados por Estados Unidos) y Storm Shadow (británicos) contra su territorio. Moscú respondió que la provisión de misiles de largo alcance convierte a Berlín en un objetivo de guerra de parte de Rusia. El secretario de Seguridad ruso, Sergei Shoigu dijo a RT “Hay muchas declaraciones. Todas son diferentes. Primero dicen que lo levantaron, luego dicen que no. Luego dicen que lo hicieron hace mucho tiempo... Entonces, ¿lo levantaron o no? — y añadió: —También podemos levantar las limitaciones en algunas cosas. No me extenderé en esto, pero tenemos nuestras propias restricciones que podemos eliminar como respuesta.” Muchos interpretaron esto como una forma de aludir al Oreshnik, el misil experimental hipersónico que Rusia lanzó contra Dnipro, en el este de Ucrania, en noviembre pasado como respuesta a los ataques contra su territorio con misiles ATACMS. Las de Estambul fueron las primeras conversaciones directas entre las partes desde la primavera de 2022. Ucrania no está dispuesta a ceder el territorio perdido, esto como parte de la estrategia de la Unión Europea, y en especial de Alemania. En consecuencia, un alto el fuego en Ucrania aparece algo más que lejano. A finales de 2023, el ejército ruso controlaba 100 mil kilómetros, algo menos del 20 por ciento de Ucrania A mayo de 2025 esa cifra varió ligeramente a favor de Rusia. Ucrania cuenta ahora con casi 900 mil hombres y mujeres en armas, el triple que en tiempos de paz. El gasto en defensa se ha multiplicado por diez desde 2021. La situación despertó las advertencias de distintos observadores, señalando que ninguna suba de impuestos ni ninguna donación occidental podría llenar el enorme agujero en las finanzas durante un período sostenido sin consecuencias políticas. El déficit presupuestario de Ucrania en 2025 asciende a unos 41.500 millones de dólares. Según el Centro Wilson, el 50% de la población vive en la pobreza. Buena parte de las voces que en Europa se alzan para que Ucrania se siente a negociar un proceso de paz, está relacionado con la incapacidad de Reino Unido y la UE para seguir financiando la asistencia militar. Ucrania está pidiendo dinero para seguir la guerra en 2026. La crisis abierta entre Gran Bretaña, Francia y Alemania, de un lado, y EE.UU. del otro es expresiva. Trump ha abandonado la expectativa de forzar una capitulación del Kremlin y ha declarado que Ucrania debe entregar Crimea y los territorios ocupados a Rusia. Esta salida se ve saboteada por dos circunstancias. Una es la oposición de la UE y en especial de Alemania, la otra es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania que reclama Putin – un cambio de régimen político. Un acuerdo para explotar los territorios de minerales raros, como el que Trump firmó con Zelensky y está dispuesto a hacerlo con Rusia, está lejos de la posibilidad de cimentar una tregua y un acercamiento, aunque los planteos en choque sean posturas extremas en el marco de una negociación. Con el campo de batalla inclinado hacia Rusia, Ucrania se encuentra en una situación comprometida. Sus aliados, en especial Alemania, han fortalecido su presencia militar en los países del Báltico, incluida Finlandia y eventualmente Suecia. En Estados Unidos crece la oposición a lo que se denomina un “apaciguamiento” de parte de Trump. Es cierto, sin embargo, que una escalada de esta guerra, afectaría definitivamente la ofensiva ‘comercial’ o ‘arancelaria’ de Trump contra la UE, Canadá, China e incluso Japón, que es en realidad un enorme intento de cambiar sus regímenes económicos. En el Medio Oriente, pondría fin a la posibilidad de un acuerdo con Irán – sobre su programa nuclear. Rusia tiene espaldas aun para enfrentar una escalada. La industria de defensa rusa supera actualmente la producción de las fábricas estadounidenses y europeas en áreas críticas. Ensambla proyectiles de artillería y misiles de ataque a un ritmo mayor que el de su contraparte, y puede producir misiles de defensa aérea – de ahí, el proyecto de rearme europeo. Existe en Ucrania una deliberación encendida con eje en el servicio militar y la creciente resistencia de la población contra las TCC, las patrullas de reclutamiento, “El trabajo más impopular de Ucrania”, según El País de Madrid. Este problema tiene consecuencias políticas y hasta electorales. El servicio militar obligatorio fue rebajado de los 27 a los 25 años para todos los hombres. Por debajo de esa edad es voluntario, pero la necesidad de cubrir las bajas está planteando la necesidad de bajar aún más la edad de movilización. Mandos militares y aliados vienen presionando a Zelensky para que acceda a tales demandas. Las autoridades reconocen que hay cada vez más choques entre el personal del TCC y civiles durante los intentos por conducirlos a los centros de captación. El asunto cobró tal magnitud que medios y politólogos advirtieron sobre el peligro de provocar una sublevación contra la movilización forzada, que a menudo toma la forma de secuestros de hombres en edad de reclutamiento en las mismas calles y su traslado en autobuses – la “busificación”, que asimila a Zelensky con Putin. El gobierno mismo replica que “ la busificación es una IPSO rusa ”, un término militar que denomina las operaciones de información masivas para influenciar en la opinión pública y corromper o interrumpir la habilidad de comunicar decisiones de los adversarios. Algunos proponen combatir su difusión prohibiendo Telegram y TikTok. Muchos afirman que el actual modelo de reclutamiento se ha agotado, y que aumentar las medidas coercitivas sólo empeora la situación: "Pero la paciencia de la gente parece estar al límite. Cuanto más avanzamos, más probable es que se produzcan disturbios tanto espontáneos como organizados. Y las acciones de intimidación no conducirán al resultado deseado por las autoridades en cuanto a aumentar la movilización" (Stranatoday 28/5). La lentitud del avance militar ruso es interpretada repetidamente como una señal de que Ucrania puede mantener este impasse con un flujo sostenido de apoyo de parte de sus aliados. Un medió especializado advierte que (…) “medir la suerte de Ucrania siguiendo el progreso de Rusia en el mapa es engañoso. En una guerra de desgaste, el progreso no se mide por los avances en el campo de batalla, sino por la cantidad de tropas bien entrenadas y equipadas que cada bando puede desplegar” (responsiblestatecraft). No solamente esto, sino, lo que es fundamental, se mide por la resistencia del pueblo a sostener una guerra imperialista – ajena a sus intereses y a la vida misma. La guerra solo puede terminar como consecuencia del derrumbe político del conjunto de los bloques imperialistas y opresores en disputa, combinado con una acción histórica de la clase obrera contra todos y cada uno de ellos. LEER MÁS: A 80 años de la rendición del nazismo alemán: asoma una nueva guerra mundial y gobiernos de excepción Por El Be, 08/05/2025. La pelea por el reparto de Ucrania Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 25/04/2025. Putin-Trump: una tregua a los tumbos que amplía el campo de la guerra imperialista Lo esencial es invisible a los ojos. Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 19/03/2025.

La lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan ha despertado diferentes reacciones. No faltaron las exhortaciones a defender la “atención pediátrica de excelencia”, como si esa atención no hubiera sido largamente vulnerada, en el propio Garrahan y en todos los hospitales, al cabo de décadas de vaciamiento presupuestario, privatización periférica y desinversión. Sólo los trabajadores de la salud lucharon contra esa tendencia destructiva y por medio de huelgas extraordinarias -como la que tuvo lugar en el propio Garrahan en 2005. Más recientemente, en 2024, el Hospital protagonizó un reguero de huelgas por el salario. En cambio, algunos 'observadores' colocaron otra alerta: advierten sobre un cambio de tendencia en el movimiento de las masas. Apenas unos días atrás, una movilización de delegados de numerosas líneas de colectivos se dirigió a la sede de la UTA , a repudiar un acuerdo salarial que dejaba sus salarios básicos por debajo de la pobreza. Lo mismo ocurría con los maestros de la provincia de Buenos Aires, que se sirvieron de un paro decretado por la FEB para rechazar masivamente otro acuerdo salarial ruinoso -esta vez, entre el “nac y pop” Kicillof y Baradel. En Catamarca, 20.000 maestros y estudiantes autoconvocados derrotaban la tentativa del gobernador Jalil de implementar una reforma educativa reaccionaria, ya ¨consensuada¨ con la burocracia sindical docente . Mientras tanto, los profesionales en discapacidad salían a las calles para denunciar el colapso de un sistema de tercerización de prestaciones en estado de fundición. Hasta los actores, que suelen sintonizar el ánimo popular, protagonizaron su propio piquete contra el cierre del Instituto Nacional del Teatro . En La Salada, la tentativa de dejar en la calle a miles de feriantes, en protección de un puñado de marcas extranjeras, desató una rebelión en Puente La Noria. No se trata solamente de movilizaciones o paros. Su denominador común es haberse levantado contra el bloqueo de las burocracias tradicionales, y, en algún caso, también de la 'izquierda' . En el Garrahan, los residentes lograron un recule del gobierno con la huelga indefinida. Luego, una votación reñida de la asamblea de trabajadores del Hospital estuvo cerca de rechazar la conciliación obligatoria oficial. Los delegados de los colectivos, por su propia iniciativa, convirtieron a su último paro en una huelga activa, con piquetes y cortes donde se reclamaba la huelga por tiempo indeterminado hasta arrancar el salario de 2.500.000 pesos. Es el mismo salario que reclaman los residentes. La ruta de la reacción obrera se levanta contra la miseria salarial oficial. Pero también contra la férrea colaboración de la burocracia sindical con la política de cepo al salario y liquidación del derecho laboral. Entre renuncias y retiros -Pablo Moyano, Daer- la CGT ha desaparecido del escenario político. Presentó un amparo en la Justicia para defender un derecho que no ejerce -el derecho a huelga . Antes que el magistrado suspenda el reaccionario decreto oficial, los residentes y trabajadores de la Salud se habían encargado de convertirlo en una hoja al viento. Impasse por “arriba” Los opinólogos semioficialistas le advierten al gobierno: que la “estabilidad económica” no sea empañada por la “inquietud social”. Uno de los mayores sostenedores de Milei-Caputo, Ricardo Arriazu, se sumó a las alarmas: estudien la economía, pero también la “sociología”, dice el ex asesor de Martínez de Hoz-Videla y Menem-Cavallo. Lo que no perciben estos ´estudiosos´ es que la olla a presión por abajo se alimenta al mismo tiempo de un impasse que crece por arriba y en las vacilaciones políticas que genera. El supuesto “equilibrio” macroeconómico que saludan los ‘economochantas’ es un fraude : el préstamo del FMI no ha servido más que para financiar una monumental salida de capitales -importaciones, turismo, intereses de deuda pública y privada. La tentativa de acumular reservas con emisión de deuda ha terminado en un papelón financiero, pues el gobierno consiguió 1000 millones de dólares a costa de pagar tasas propias de un país en default. A pesar de los elogios de Trump y Georgieva, el capital internacional ha dejado a la Argentina en compás de espera, al menos, hasta las elecciones de octubre. Lo mismo vale para los dólares del “colchón” . Este impasse económico lo pagan los de abajo , pues la recesión se prolonga, las suspensiones y despidos siguen a la orden del día, la caída del consumo popular no cesa y la “baja” inflación resulta gigantesca para salarios y jubilaciones virtualmente congelados. Las horas extras y las changas marchan en retirada -con excepción del Uber, que se ha convertido en la changa preferida de obreros industriales, maestros y hasta profesores universitarios. Elecciones Este escenario social explosivo tiene lugar en las vísperas de las elecciones nacionales y cuando ya han transcurrido varios comicios en las provincias. El protagonista de estos turnos electorales ha sido el ausentismo , que ha golpeado por sobre todas las cosas a una oposición perdedora -el pejotakirchnerismo y “la izquierda nacional y popular” . El fastidio popular le dio las espaldas a los que colaboraron con el gobierno liberticida desde el Congreso Nacional y las gobernaciones, trasladando a los trabajadores de las provincias el ajuste de Milei-Caputo. Naturalmente, la abstención es expresión de otro impasse político, en este caso, del movimiento de las masas. Pero es la que empieza a ´descongelarse' con las luchas del Garrahan, Catamarca, los choferes y tantos otros. Es necesario abonar este cambio de tendencia, por un lado, desarrollando activamente las autoconvocatorias y coordinadoras, huelgas y movilizaciones; por el otro, desenvolviendo ante los luchadores las implicancias políticas de su lucha, en medio de un escenario nacional y mundial surcado por crisis políticas y financieras y guerras imperialistas. Vamos a la campaña electoral en medio de este escenario político excepcional .

La postulación de Cristina Kirchner a diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires ha sido recibida como una novedad cuando se trata de una decisión que se hizo pública hace bastante tiempo atrás. Ella misma ha explicado lo que es obvio: que la elección provincial, al menos en varios de los distritos en que ha sido desdoblada, anticipará el resultado de la elección nacional. De modo que no extraña que no haya elegido saltarse la primera para ir directo a la segunda. Lo singular del caso es que ‘madrugó’ a Axel Kicillof, al que colocó ante la responsabilidad de oficializar una ruptura. La ex-presi-vice, de todos modos, no adelantó la composición de su lista, lo que la pone dispuesta a la unidad, por ficticia y efímera que sea. No se trata, sin embargo, de una empresa fácil, porque la mayoría de los intendentes que buscan su reelección a perpetuidad tienen acorralado al Gobernador con el reclamo de candidatos propios –más precisamente en la tercera sección, donde son una amplia mayoría. Cristina Kirchner seguramente llamó a Gustavo Sylvestre para obtener una entrevista complaciente y autorreferencial sobre su candidatura, luego de que escuchó el domingo previo el discurso de Kicillof ante una numerosa platea calificada de “cheta”; ella había reunido a escasos seguidores, 24 horas antes, en los alrededores de la Villa 31. CFK hace valer la condición de presidenta del PJ nacional y la de su hijo, Máximo, titular del bonaerense. El peronismo en general y el bonaerense en particular se encuentra amenazado de una suerte de extinción, en primer lugar, por el ausentismo o la abstención electoral . La tendencia es fuerte en el Conurbano, de acuerdo a lo que cuentan activistas o punteros, por ejemplo, del desaparecido Movimiento Evita. CFK dejó ver esta preocupación en su monólogo con Sylvestre cuando dijo que bajo su gobierno con Alberto Fernández el “trabajo registrado” cayó por debajo de los niveles de pobreza –“por primera vez bajo un gobierno peronista”. La “doctora”, como la llama el menemista Asís, juega con la estadística, porque un “registrado” que es despedido cae más o menos rápido de nivel social con su pasaje a “changuista” o “informal”, y deja de contar como “registrado”. Los gobiernos peronistas de la “abundancia” duraron poco tiempo, entre 1946 y 1951, y su subvariante kirchnerista entre 2005 y 2008. Como consecuencia del derrumbe de los “derechos" bajo el gobierno de los Fernández, mientras crecía “la necesidad”, el peronismo perdió su dibujada imagen histórica y enfrenta un siniestro callejón sin salida . Algunas encuestas que anuncian una derrota de la UxP en el Conurbano y en la Provincia, pero ganadora en la sección tercera, podrían simplemente estar equivocadas, cuando además no se sabe si irá unido, fraccionado o recontrafraccionado. Aunque es temprano hacer previsiones para septiembre, si el cuadro social y de luchas que se desarrolla en la actualidad se extiende o profundiza en el tiempo, la abstención podría alcanzar niveles desconocidos. Los liberticidas festejarían a lo Pirro, mientras la salida de capitales (dos mil millones de dólares sólo en abril) y el vacío electoral se encargarían de crear una crisis completa de régimen político. Cristina Fernández ha comparado su "regreso al llano” con la candidatura de Jorge Capitanich a la Intendencia de Resistencia luego de haber sido gobernador de Chaco. Es, sin embargo, un relato infiel, porque Capitanich fue ‘bajado’ a la elección de la capital provincial por un rival interno, Domingo Peppo, que se consagró gobernador en 2015. Hace un par de semanas, el Coqui perdió ante un candidato radical, Zdero, apoyado por escasos coetáneos liberticidas reunidos por Karina Milei. Pero CFK no tiene necesidad de ir tan lejos en la geografía y en el tiempo para reivindicar su decisión. Horacio Rodríguez Larreta recibió un magro 8% de los votos emitidos (4% del padrón) como candidato a la Legislatura porteña, luego de haber llegado a la Jefatura de Gobierno con más del 50 por ciento. Denunciando el olor a pis en CABA y con el apoyo del capital inmobiliario, busca desde ese recinto disputar por el retorno a la Intendencia dentro de dos años. CFK podría poner el mismo esmero en la Legislatura bonaerense para intentar un retorno a la Rosada . Después de todo, Donald Trump logró volver a la Casa Blanca luego de haber impulsado un golpe de Estado contra el Capitolio , con intentos de asesinatos incluidos, mediante una turba fascista, y Messías Bolsonaro quiere conseguir eso mismo luego de un asalto fascista al Planalto. La política mundial se mueve entre genocidios, hambrunas organizadas y una guerra internacional apuntalada por una guerra comercial, económica y financiera mundial, sin precedentes. Los 80 minutos que le brindó el canal ‘que sólo dice la verdad’, sirvieron a la doble ex para enviar un mensaje “constitucional” que no podría desagradecer un liberticida con las botas puestas. Volvió sobre la conveniencia de que la renovación parlamentaria se haga cada cuatro años; hacerlo cada dos, explica, promueve la inestabilidad –no sería un tiempo suficiente para mostrar ‘las realizaciones’. De modo que la teórica del bimonetarismo atribuye la crisis al voto, y no a las contradicciones de la organización capitalista (como ocurre en todos los y las Estados y naciones) –históricamente en decadencia. La propuesta nacional y popular de la candidata a legisladora tiene lugar bajo un gobierno ultrarreaccionario y ultraderechista, que gobierna por decreto (incluso en blanco, como ocurrió en el caso del FMI, recientemente). Milei y Caputo atribuyen a las elecciones de octubre próximo, de medio término, la ‘propensión’ de los capitales a formar “activos en dólares” (fuga) o a extorsionar en las licitaciones de deudas en pesos (mayores tasas de interés y plazos de vencimiento más cortos), o endeudarse por medio de obligaciones comerciales en divisas extranjeras para poder sacar del país los dólares para pagar intereses, dividendos y utilidades a las casas matrices. ¿O acaso la candidata interpreta que la tendencia a la abstención obedece a la molestia de trasladarse a los locales de votación y no un repudio a ‘tutti quanti'? Entre los mayores derechos para los ciudadanos que imponen las necesidades populares se encuentra el de votar con mayor frecuencia y en todos lados, para directores de empresas estatales, para fiscales, jueces y supremos, para directores de escuela, para refrendar el Presupuesto nacional, para las Fuerzas Armadas (reorganizadas sobre otras bases), o para elegir “defensores del pueblo” que rindan cuentas de las investigaciones sobre la contabilidad real de las grandes empresas privadas. En Argentina, los ministros son designados con exclusividad por el Poder Ejecutivo y encima no concurren al Congreso cuando se los cita. Con el voto popular, ajustado a cada una de las instancias, no tendríamos a Argentina en calidad de socia política del criminal de guerra Benjamín Netanyahu, su gabinete y su alto mando militar. En el último año y medio la ex presi y vice de los “derechos humanos” ha evitado abrir la boca sobre Gaza y Palestina. Cristina Kirchner enfrenta, sin embargo, un obstáculo insalvable: el triunvirato de la Corte Suprema . CFK lanza su candidatura cuando desde todas las sedes de las grandes empresas se reclama públicamente su inhabilitación política (la “ficha limpia”) –y por sobre todo desde la diplomacia norteamericana, desde Claver-Carone, enviado de EE.UU. para América Latina, y Marco Rubio, secretario de Estado. CFK tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por “corrupción institucional”, a diferencia de Milei que es bienvenido por la estafa $Libra. La disputa por “Cristina” es un cruce de Trump y el imperialismo norteamericano contra China y el bloque de los BRICS , con quien se ha alineado la doble ex. La Corte enfrenta el dilema de proscribirla , mediante la validación de la doble condena contra CFK por la causa Vialidad, o proceder a una complicidad por omisión. Harvard no es La Matanza, pero la guerra mundial ha llegado a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Moco de pavo. Kicillof se ha curado en salud denunciando por anticipado una proscripción que abre un abanico de especulaciones alternativas. Es una situación que se ha hecho presente en otros escenarios: una condena, considerada excesiva, contra Marie Le Pen , la derechista francesa, y la anulación de las elecciones en Rumania, ganadas por amplio margen por un supuesto aliado de Putin , el presidente de Rusia. El asalto a los mercados de La Salada es una evidencia de que no hay que minimizar el alcance de la influencia de la ultraderecha gobernante de Estados Unidos, que ha venido presionando por esa clausura con el pretexto del respeto a la propiedad intelectual de las mercancías. Como sea, el peronismo corre el riesgo de sufrir la madre de todas las derrotas en los suburbios que convocaron al 17 de Octubre de 1945. Como se advierte, las elecciones en la tercera exceden a una seccional. Es una elección que introduce, sin interrupción, a la elección nacional de Octubre. A esa altura del año se sabrá si habrá una reedición del 19 y 20 de Diciembre. Esta doble elección no demorará en desencadenar una guerra mediática y de otro orden, mientras las luchas populares se extienden, desde los metalúrgicos de Tierra del Fuego, a los docentes de Catamarca y los yerbateros de Misiones, con los jubilados y los trabajadores del Garrahan peleando a brazo partido para derrotar a los saqueadores. VER EN YOUTUBE Socialismo o Barbarie Episodio 19 Martes 03/06/2025. Socialismo o Barbarie Episodio 18 Martes 27/05/2025.

Telecom despidió a un trabajador en el edificio Paseo Colón. Continúa también con los pedidos de informes y suspensiones, plantando el terreno para nuevos despidos con causa. Los ataques se enfocan en este edificio orientado a tareas comerciales. Mientras, la mayor parte de las tareas comerciales son realizada por centenares de trabajadores tercerizados en distintas provincias, con salarios y condiciones laborales precarizadas con respecto al convenio telefónico. No es que “falta trabajo” sino que Telecom quiere destruir nuestras conquistas laborales. Persiguen y sancionan masivamente, para llevar a la renuncia o al retiro “voluntario”. Arman causas, porque apuntan al cierre del edificio, y la destrucción de la especialidad comercial. Por eso, a los trabajadores en convenio les dejan tareas menos relevantes. También circulan los rumores sobre la reducción y cierre de oficinas comerciales. Con la eliminación de las tareas de posventa. La mayor parte de las tareas, las comerciales, funcionarían como retails -puntos de venta, con peores condiciones laborales. Años atrás tercerizaron los ’Call Centers’ mediante un acuerdo con los sindicatos, por el cual, los trabajadores pasaban a otras tareas. La previsible fusión con Telefónica, la introducción de automatizaciones tecnológicas y el avance de la tercerización, que no es enfrentada por FOETRA, imponen límites a esta posibilidad. Pero de fondo es la política patronal de destrucción del convenio. Por eso, hay que defender cada tarea que tenemos. Esta situación debe enfrentarse mediante la movilización de todo el gremio. Especialidad por especialidad y edificio por edificio, nos van a desguazar por partes. Debe convocarse el Plenario de delegados para votar una masiva movilización de todos los telefónicos al edificio Paseo Colón. Preparemos asambleas en todos los edificios. Abajo los aprietes y suspensiones. Ningún despido. Lista Naranja Flavio Pereyra y Guido Fuentes - Vocales electos LEER MÁS: Elecciones en FOETRA Bs. As.: la Naranja ingresa a la Directiva con dos vocales Por Flavio Pereyra, 17/05/2025. Clarín compra Telefónica: ¿qué hay detrás del debate sobre los monopolios? Por Flavio Pereyra, 10/03/2025.

El Global 2000 del Center for World University Rankings (CWUR) ha señalado en su último informe que siete de las ocho universidades argentinas que ingresaban en el ranking han descendido en sus calificaciones precisamente por su reducción en sus producciones en investigación (lo cual pondera un 40% en la formación del ranking) y empleabilidad (pondera un 25%). La UBA descendió 19 puestos, la UNLP descendió 20, la de Rosario cayó 49 puestos, la del Litoral 18 puestos, la de Cuyo 46 puestos abajo, la de Mar del Plata cayó 78 puestos, la Universidad del Sur ni siquiera entró en el ranking esta vez. Este proceso se viene desarrollando y acentuando año tras año. El mismo ranking marca una tendencia creciente de China y el desplazamiento de Estados Unidos. Por ejemplo, para el 2020 en el top 2000 había representadas 357 universidades por EE.UU. y 267 por China; en el análisis de 2025 EE.UU. tiene 319 universidades y China 346. (1) Este cambio tiene su raíz en la guerra que Trump le ha declarado a las universidades y a la ciencia en general . Ha cortado 400 becas de la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) y está presionando al Congreso para recortar a la mitad el financiamiento que esta fundación recibe del presupuesto nacional. Por otro lado, ha congelado los presupuestos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y la NASA. El magnate y su administración han eliminado un conjunto de datos públicos como la calidad del aire, la intensidad de terremotos y el fondo marino, mientras busca reabrir líneas de investigación arcaicas -ya refutadas- sobre el vínculo entre vacunas y el autismo, retomando su agenda antivacunas que lo caracterizó en la pandemia (2). El 30 de mayo más de 50 asociaciones científicas llevaron al Congreso de EE.UU. una declaración advirtiendo sobre el impacto que el recorte en el financiamiento en el NSF podrá tener en el rol preponderante que tiene el país en materia de Ciencia y Tecnología (3). Dentro del ámbito académico se habla de una guerra contra la ciencia y está ocasionando una fuga de cerebros en el principal país de producción científica mundial . Según la revista Nature, comparando los primeros trimestres de 2024 y 2025, las solicitudes para aplicar en otros países han aumentado un 32%; las solicitudes para mudarse a Estados Unidos a investigar han disminuido un 25%; la búsqueda de becas de doctorados en EE.UU. ha disminuido 40% en el sitio web FindAPhD y alcanza una reducción del 50% para estudiantes europeos. La misma revista ha realizado una encuesta en la que el 75% de los investigadores confirmó estar considerando irse del país. Y es que el ataque que Trump quiere hacer pasar por el Congreso podría acabar con 80 mil puestos laborales en ciencia y tecnología. Por otro lado, la emigración, una importante fuente de científicos en EE.UU. (uno de cada tres premios Nobel del país proviene de investigadores extranjeros), ya no está siendo contemplada entre los profesionales debido a la fuerte persecución que están sufriendo en universidades estudiantes y graduados con detenciones, no renovaciones de visas y expulsiones . El caso de Kseniia Petrova es ejemplificador: la investigadora que al volver de una conferencia en Francia fue detenida en Luisiana donde lleva más de tres meses en un calabozo sin ningún tipo de condena ni juicio. (4) China, por su parte, está apostando a repatriar investigadores. Ha conseguido aumentar entre 2022 y 2025 la emigración de doctores no nativos en áreas estratégicas como IA en un 8% como también de investigadores en general en un 20% desde los EE.UU. Xi Jinping ha declarado en la reunión anual legislativa que pretende vencer la guerra comercial convirtiendo el país en una superpotencia tecnológica y científica. El gigante asiático maneja un presupuesto anual estatal de 172.000 millones de dólares, lo que de concretarse el recorte que pretende Trump podría dejar a China como el país que mas dinero destina a ciencia (5). Canadá y la Unión Europea se han lanzado en las últimas semanas a una rapiña de estos científicos huérfanos del sistema yankee con programas de financiamientos que en lo discursivo enaltecen la libertad de expresión y lo woke de la agenda europea pero que apenas alcanzan unos cientos de millones de dólares frente al recorte de 40 mil millones que pretende Trump. La crisis de la ciencia, ni remotamente termina ahí: en Rusia más de 8000 científicos han pedido asilo político en otros países ya que el Kremlin los persigue por haberse posicionado contra la guerra en Ucrania. La Sociedad de Microbiología Británica ha suspendido la publicación en cualquiera de sus cinco revistas los artículos que vengan de proyectos que tengan financiamiento del gobierno ruso, un caso que no sucedió nunca ni durante la Guerra Fría (6). Del otro lado, los científicos ucranianos han abandonado en masa el país, más de 20 mil se han ido, y de los que han quedado el 15% ha abandonado la ciencia. Un 7% de la comunidad científica se encuentra desaparecida y 10 han muerto en bombardeos a sus lugares de trabajo. Se contabilizan en más de 100 las instituciones destruidas y dañadas (7). Según la revista Science, en Gaza la ciencia ha sido reducida a cenizas. Las dos instituciones que existían, la Universidad Islámica de Gaza y la Universidad Al-Azhar, han sido destruidas. A siete meses de la invasión israelí se contabilizaban más de 100 profesores asesinados. El 17 de octubre de 2023, 10 días después del ataque de Hamas, un ataque aéreo dirigido destrozó el Instituto de Ciencias Médicas Al-Rimal. En Gaza no queda ciencia, sus antiguos trabajadores luchan por conseguir comida y no morir por los bombardeos contra la población civil (8). Del otro lado, el Estado genocida de Israel que encabeza el ranking de inversión en ciencia y tecnología con respecto al porcentaje del PBI se encuentra en una crisis debido al boicot que científicos e instituciones, sobre todo europeas, están realizando contra el sionismo, limitando el acceso a conferencias y a trabajos en colaboración internacional, los cuales representan poco más del 30% de la producción científica del Estado sionista (9). El escenario que acá se vuelca busca ilustrar que no se reduce sólo a Argentina y a las políticas de un presidente el ataque a la ciencia, si no que forman parte de un programa mundial en la que la crisis del capital está engendrando una nueva guerra por el reparto del mercado global. En ese camino, prepara sus presupuestos con el único fin de nutrir esa guerra. Por un lado, recortando todos los gastos opuestos a esos intereses y por otro mucho más siniestros, generando las condiciones culturales, intelectuales que permitan el desarrollo de la guerra, por ejemplo, persiguiendo a científicos, profesores y estudiantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciencia avanzó en dirección al desarrollo de la balística y el asesinato en masa, a la vez fue la pata que desarrolló las teorías racistas que permitían asimilar por ejemplo el antisemitismo, el racismo en general y el Holocausto en particular. Notas (1) https://www.lanacion.com.ar/sociedad/alerta-seis-de-siete-universidades-argentinas-cayeron-en-un-ranking-mundial-y-la-causa-tendria-nid02062025/ (2) https://www.nytimes.com/2025/04/25/briefing/trump-vs-science.html (3) https://www.infobae.com/america/agencias/2025/05/30/cientificos-alertan-al-congreso-de-los-riesgos-de-los-recortes-de-trump-a-la-investigacion/ (4) https://www.lanacion.com.ar/economia/estados-unidos-y-el-riesgo-de-sufrir-una-fuga-de-cerebros-nid01062025/ (5) https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2025/03/12/el-regimen-de-china-insiste-en-que-debe-liderar-la-carrera-tecnologica-global/ (6) https://www.levante-emv.com/tendencias21/2022/04/07/rusia-expuesta-fuga-cerebros-invasion-64752699.html (7) https://www.levante-emv.com/tendencias21/2023/12/13/guerra-devastado-ciencia-ucrania-95773621.html (8) https://www.levante-emv.com/tendencias21/2023/10/29/guerra-israel-hamas-envia-ondas-93720511.html (9) https://www.timesofisrael.com/israeli-researchers-see-major-drop-in-international-cooperation-since-october-7/ LEER MÁS: CONICET: una colateral de La Libertad Avanza plantea una reestructuración privatista para liquidar el sistema científico público Por Sergio Yeti, 30/05/2025.

Por primera vez en México se realizaron elecciones para elegir a miembros del Poder Judicial. Se presentaron 7.700 candidatos para elegir 2.600 cargos judiciales, entre ellos, 881 jueces federales, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, cinco integrantes del Tribunal Disciplinario, 464 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito y los magistrados de tribunales electorales. Los resultados se conocerán en los próximos días, pero fue significativa la poca concurrencia a votar -un 20%- a pesar de que la imagen positiva de la presidenta Sheinbaum se mantiene muy alta. Las elecciones, iniciativa del partido oficialista Morena, buscan, según ellos, democratizar al Poder Judicial y limpiarlo de los vínculos con la corrupción y el narcotráfico. Una de las razones que explican la poca concurrencia fue la complejidad de la elección y el desconocimiento de los candidatos. Estos podían ser propuestos por el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, dato que figuraba en las boletas. La otra razón es que hubo una gran campaña de la derecha llamando a boicotear las elecciones, con el argumento de que las mismas le quitan independencia al Poder Judicial y lo hacen más permeable al crimen organizado. Las Naciones Unidas y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos también se pronunciaron en contra. La oposición -incluidos empresarios y el expresidente Vicente Fox Quesada- convocaron a participar en la manifestación denominada ‘domingo negro’ o ‘Marcha por la libertad’, instando a no participar de los comicios que en México no son obligatorios. La penetración del narcotráfico en los tres poderes del Estado mexicano es una realidad contra la cual Manuel López Obrador (AMLO) -anterior presidente y también líder del Morena- poco avanzó. El crimen organizado no mermó en ninguna de sus variantes. La desaparición de personas continúa con ritmo sostenido. De enero a marzo se documentaron 104 actos de violencia política en el país, incluidos 50 asesinatos. Las víctimas se pueden encontrar en todo el arco político, aunque priman en Morena. Hace menos de 15 días fueron asesinados por un sicario Ximena Guzmán y José Muñoz —secretaria particular y asesor de gobierno de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada— en pleno D.F. La primera causa de muerte entre jóvenes sigue siendo los homicidios dolosos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Después de seis años de gobierno, AMLO no desmanteló a las fuerzas represivas -que dependen directamente del Ejecutivo- penetradas hasta el tuétano y subordinadas a los cárteles, sino que también perpetuó la injerencia del Ejército en la seguridad interior creando otra fuerza, la Guardia Nacional, que desde 2024 depende de la Secretaría de Defensa y está al servicio de las Fuerzas Armadas. Sin ir más lejos, este fin de semana, pertrechada con armas largas, la Guardia Nacional procedió al desalojo de un recital de Fermín Muguruza, cuando ya estaba en medio de la función con el auditorio lleno, sin ningún hecho que ameritara el uso de la violencia. El jueves pasado, en Guerrero, la GN reprimió a maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación. Los docentes están en huelga desde hace 15 días en todo el país pidiendo un 100% de aumento salarial y la eliminación del sistema privado de capitalización previsional y su reemplazo por el sistema de reparto, promesa incumplida de AMLO. Menos aún podrá hacer Sheinbaum con el Poder Judicial, porque a lo que aspira con la iniciativa es a poder penetrar en el único poder del Estado a nivel nacional que no controla. La elección de los jueces, puesta al servicio de ampliar la influencia del oficialismo, sin ningún atisbo de desmantelar los vínculos con el narcotráfico, solo pueden llevar a otra experiencia fallida. LEER MÁS: El significado del resultado de las elecciones mexicanas Por El Be, 06/06/2024.

Maximiliano Bronzuoli (Maxi), Secretario Gremial del SUTNA, y Fernando Rey Martínez, Secretario Tesorero, han renunciado a la Lista Negra que dirige el Sindicato, junto a dos delegados de las seccionales de Merlo y a un secretario de base. Bronzuoli es fundador de la Lista Negra, desde la cuna de la seccional San Fernando y la conquista de la dirección del sindicato nacional, hasta la actualidad En un texto dirigido “a los trabajadores y trabajadoras del gremio del neumático; a la conducción del Sindicato (SUTNA)” y “a la opinión pública en general” desarrollan denuncias severas: “Divergencias Metodológicas y Falta de Democracia Sindical” “Abandono y Complicidad ante los Despidos Masivos” “Manejo Discrecional y Falta de Transparencia en los Fondos Sindicales y de la Obra Social”. Luego de “declara(r) nuestra ruptura definitiva con la conducción del SUTNA”, plantean “la defensa irrestricta de cada puesto de trabajo y el freno a cualquier nuevo intento de despido y ajuste. Una reforma del estatuto sindical” (representación de las minorías, transparencia en el manejo de gastos de los fondos sindicales, limitación de mandatos de las directivas nacional y seccionales, rotación de los cargos, que las decisiones se tomen en asambleas, lucha por aumentos salariales y condiciones dignas de trabajo, unidad de acción con otros sectores de trabajadores). Al final plantea recuperar el sindicato que oficialmente se declaraba “recuperado” de la vieja burocracia de Pedro Wasiejko. En el desarrollo de la declaración se destaca la responsabilidad que atribuye al Partido Obrero por “la agenda burocrática y sectaria” del sindicato. Aunque no se extiende sobre esta suerte de complicidad metodológica, se entiende que es una referencia al número de afiliados del aparato del PO que trabajan (y cobran) en la administración del sindicato. De una naturaleza definitivamente más grave es la combinación que se desprende de la declaración, entre la agenda burocrática del aparato del PO y la falta de transparencia en cuanto a los fondos sindicales. Hace sólo un mes, una asamblea reducida aprobó la Memoria y Balance del Sindicato y de su Obra Social, firmada por el contador registrado del SUTNA, Pablo Heller, otro protagonista transescénico del mismo aparato. Los firmantes, de todos modos, “exigen conocer en detalle el estado financiero y el uso que se le da al patrimonio colectivo, algo que sistemáticamente nos ha sido negado” (negritas nuestras). Esta denuncia, que tiene además la firma de un secretario tesorero de la directiva, está señalando a Heller como responsable de irregularidades, que pueden ser administrativas, financieras y seguramente políticas, y que en todo caso amerita la formación de una Comisión Investigadora, a la que los firmantes deberán aportar las pruebas. El Partido Obrero ha sido desvirtuado de su legado histórico y político por su aparato, y es sospechado de su reputación moral dentro de una organización sindical. Bronzuoli y los co-firmantes, sin embargo, representan la leva última (demorada, se diría) de un numeroso éxodo de miembros de la directiva del SUTNA y de delegados fabriles, en los dos últimos años, que han hecho denuncias similares. Han asistido, por lo tanto, a la ola de despidos que denuncian y a la falta de resistencia del sindicato. La acefalía de facto del Sindicato –un hecho insólito en el sector sindical que se reivindica antiburocrático- aparentemente sería resuelto en una convocatoria electoral próxima, que sería muy traumática y podría superar el ausentismo que se vio en las elecciones de legislaturas. El texto incursiona en una reforma de los estatutos en términos muy similares a los que expuso en las elecciones de su sindicato la Lista Naranja de FOETRA. Si pretende servir de programa deberá reunir mucha más adherentes que suscriban la rotación sindical con el trabajo de fábrica. Dada la larga historia del sindicalismo estatizado y de colaboración de clases en Argentina, es necesaria una fuerte formación de militantes obreros en esta concepción clasista, para tener direcciones revolucionarias. Ningún sindicato con direcciones de características izquierdistas cumple con este programa. La burocracia está vigente en todos y todas. Maxi Bronzuoli, con todo derecho, ha anunciado hace poco tiempo, junto a otros dos compañeros, su afiliación al Partido Piquetero, que dirige Juan Marino, diputado nacional en la UxP. Es una agrupación kirchnerista que se inclinaría por Kicillof en la disputa interna del peronismo. No sorprendería que Marino reivindique la independencia política de los trabajadores, como parte de un bagaje distorsivo, o sea mentiroso, que incluye la reivindicación de un “trotsko-kirchnerismo” que abusa de la opinión pública. Es el retrato de un carrerista. Estamos convencidos de que el kirchnerismo, Kicillof y otros de este tipo querrían barrer con todo resabio clasista en el SUTNA. Al final de cuentas, la denuncia de los compañeros, de que la directiva del SUTNA se acopló con el Ministerio de Trabajo bonaerense de Walter Correa para no luchar en forma consecuente contra los despidos, confirma el carácter contrarrevolucionario del kirchnerismo. Los firmantes no dicen una palabra sobre el gran conflicto acerca del régimen laboral que ha impuesto Madanes con Alejandro Crespo y el ‘informal’ Rodríguez luego de dos tentativas fracasadas por el rechazo masivo, casi unánime, de dos asambleas a ese régimen laboral. El compañero Bronzuoli estuvo a favor, en este punto, con la posición de la directiva y de Crespo. El texto, sin embargo, no reclama el reparto de las horas de trabajo o la reducción de la jornada laboral. En el punto crucial de la precariedad laboral y la flexibilización del trabajo –eje de los ejes en toda la clase obrera mundial– el texto está en falta. Madanes, Marino, al igual que el kirchnerista Correa, un amigo de Wasiejko, y la patriótica CFK tienen en común con Milei el planteo de ‘reformar’ el derecho laboral. Desde Política Obrera, nuestro partido, nos ofrecemos a un debate fraternal, porque no debemos permitir que la labor destructiva del aparato del Partido Obrero sea funcional a una derrota estratégica del SUTNA. En los boletines internos del Partido Obrero de 2016 y 2017, o sea desde hace una década, advertimos contra una política de aparato que llevaría a esta situación. Ya hicimos una mesa redonda con Bronzuoli, Osores y delegados de la Alimentación y el Subte. Para evitar el derrumbe del SUTNA, nos debemos un debate esclarecedor. LEER MÁS: Neumático: el Partido Obrero celebra nuevo sistema de trabajo impuesto por Madanes Quintanilla Por Julio Gudiño, 28/05/2025. El Partido Obrero y la lista Negra del Neumático imponen en Asamblea de FATE la aprobación de un sistema de trabajo flexibilizador Por Julio Gudiño, 24/05/2025. SUTNA: la Asamblea General de 2025, que no fue una cosa ni la otra, aprobó una Memoria y Balance cuestionable Por Julio Gudiño, 17/05/2025. Respondamos con planes de lucha a la ola de despidos en la industria Abajo la complicidad de Pignanelli y Furlán, pongamos fin al inmovilismo en el SUTNA. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 07/02/2025. Neumático: las conciliaciones obligatorias han fracasado Suspensiones y despidos masivos en Bridgestone y FATE, y rechazo al aumento de salarios. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 23/08/2024. Neumático: una política para derrotar a la patronal y al Gobierno Independencia Obrera. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 23/07/2024.

La lucha del Garrahan se refuerza. Luego de un masivo ´velazo´ en el Obelisco, el lunes y martes los trabajadores del hospital se reunieron en asambleas y votaron nuevas acciones de lucha. Los residentes continúan con el paro por tiempo indefinido. La lucha se contagia y residentes del Posadas también anunciaron medidas por la recompocision salarial. Masiva y conmovedora "noche de velas" El día lunes, la convocatoria a la vigilia en el Obelisco fue masiva. Participaron gran cantidad de residentes del hospital y trabajadores de sus distintas áreas, además de familias, organizaciones de jubilados, políticas, entre otros. Carteles pintados a mano daban las gracias a los médicos y profesionales y contaban la historia de niños y familias que debieron atravesar tratamientos complejos. La ronda de velas fue acompañada por cánticos e intervenciones que relataban la situación del Garrahan y el reclamo. La conmovedora jornada cerró con las consignas “luche y que se escuche” y “unidad de los trabajadores”. Asambleas refrendan la continuidad de la lucha Luego de la jornada del lunes, diferentes asambleas votaron continuar la lucha, derrotando de hecho la conciliacion obligatoria que el jueves el gobierno impuso por ajustado margen, con el apoyo de la Junta Interna de ATE Garrahan, a los trabajadores del hospital. El gobierno pretendía imponer un impasse de 15 días a los trabajadores de planta, anunciar un insuficiente aumento salarial para los residentes de Nación y quebrar la unidad de los trabajadores del Garrahan. El lunes por la noche la asamblea de residentes del Garrahan votó continuar con el paro por tiempo indeterminado y realizar una movilización este próximo jueves al Ministerio de Salud de la Nación, junto a trabajadores de otros hospitales. Por otro lado, el martes se realizó una asamblea general del hospital, con participación de todas las áreas. Se resolvieron un paro para el jueves 5 con movilización a Plaza de Mayo desde las 13 horas. Por su parte, también los residentes del Garrahan que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires votaron, junto a becarios, una huelga de 48 horas para llos días miércoles 4 y jueves 5. También se aprobó participar el miércoles 4 de la movilizacion en Congreso, confluyendo con jubilados, el colectivo de discapacidad, el movimiento de mujeres, cultura y Conicet, entre otros. Además, el sábado 7 está previsto un paro de franqueros y la realización de un festival. Para la semana que viene, de no haber respuestas, paro de 48 horas los días 10 y 11 de junio. Una lucha que se expande La lucha no tardó en expandirse: los residentes del Posadas, este martes 3, difundieron un comunicado en el que instan a las autoridades a que abran “una mesa de diálogo” para actualizar sus ingresos de bolsillo y, de no recibir respuesta, anunciaron un paro para el próximo martes. Denuncian que perciben ingresos de $797.000 por trabajar entre 60 y 70 horas semanales. El ofrecimiento de un bono de $300.000 a los residentes del Garrahan marcaría una diferencia con el resto de residentes de Nación. Aun así, este "recule" del gobierno es insuficiente, ya que no impacta en el salario fijo y deja afuera al 90% del personal. La situación salarial de los trabajadores de la salud no dista mucho entre profesiones, la planta y otros hospitales. Los salarios por debajo de la canasta familiar empujan a los profesionales y trabajadores al pluriempleo o a renuncias masivas. El vaciamiento de uno de los hospitales de pediatría mas importante de Latinoamerica, además, es el reflejo de la política de privatización de la salud por parte del gobierno liberticida. La conmoción que provoca el conflicto a nivel nacional desmiente las "fake news" del gobierno que denuncia la presencia de "ñoquis". Las mismas familias trabajadoras, usuarias del hospital, se encargan de relatar cómo ayudaron a sus hijos, incluso contando con obras sociales o prepagas, ya que hay tratamientos que en los consultorios dependientes de las mismas no se realizan sino en el Garrahan. La lucha del Garrahan se inscribe en un contexto general de autoconvocatorias y huelgas, como Catamarca, chóferes de colectivos, docencia de provincia, discapacidad, jubilados. La necesidad de confluir es la necesidad genuina del movimiento de lucha por la victoria. Apoyemos la lucha del Garrahan e impulsemos en todos los hospitales autoconvocatorias. LEER MÁS: El Garrahan, la cara visible de un cambio de tendencia Por Marcelo Ramal, 03/06/2025. La lucha del Garrahan, punta de lanza de los trabajadores en su conjunto Por Silvia Allocati, 02/06/2025. Garrahan: el gobierno retrocede, derrotemos las maniobras divisionistas y arranquemos todos los reclamos con una huelga general de todo el hospital Lunes 18 horas, noche de velas en el Obelisco en defensa de la salud pública. Por Julián Asiner, 01/06/2025.

En la escuela secundaria Nº 19, que comparte edificio con la escuela primaria Nº 16, un grupo de jóvenes amedrenta y violenta a los estudiantes que allí concurren en el turno vespertino, munidos de palos y botellas impiden que ingresen. El edificio donde funciona el establecimiento educativo es fruto de la improvisación de "partir” la escuela primaria en dos. Es decir, la secundaria no cuenta con edificio propio y la Jefatura Distrital obliga a los Equipos Directivos a que “distribuyan” la matrícula estudiantil en turno mañana, tarde y noche para que todos puedan cursar. Esto es así en secundaria 6,7,8,9. La escuela secundaria Nº 19 no cuenta con alambrado perimetral, lo que permite el ingreso de individuos ajenos al ámbito educativo. Los padres refieren que éstos van a vender y consumir estupefacientes. El acto del 25 de mayo que se celebró en el jardín contiguo, al concluir ingresaron personas que se robaron el parlante. Los "expertise" del ejecutivo municipal convocaron para el miércoles 4 de junio a padres y la comunidad educativa para participar del taller "entornos saludables". Esto bien podría ser el guión de una obra del grotesco, por el contrario, responde a la hoja de ruta del brutal ajuste educativo de Milei-Kicillof-García, que en vez de invertir en la construcción de edificios educativos con todas las medidas de seguridad adecuada, ajustan sus presupuestos para honrar el pago de la deuda pública usuraria. Al día de la fecha no hay calefacción en muchas escuelas, otras se vuelven inaccesibles los días de lluvia, mientras que el consejo escolar se transformó en un "call center" que solo responde que no hay presupuesto.Buen ejemplo de esto: en muchas escuelas no hay libro de temas, en otras se apela a la colaboración del plantel docente. Planteamos: 1- Inversión en infraestructura escolar para dar solución a la crisis edilicia reinante en la provincia de Buenos Aires. 2- Concomitantemente, inversión en obra pública en los barrios populares donde está insertas las escuelas de todos los niveles (luminaria pública, pavimento, Salas de primeros auxilios equipadas y con personal, etc). LEER MÁS: La violencia en las escuelas de General Rodríguez Por Carlos Sánchez, 09/04/2025. La violencia del capital en el espacio escolar Por Andrés Soko, 12/04/2025.

Como hemos señalado en estas páginas , hacia dentro del INTA se venía librando una lucha de facciones libertarias entre los intereses del ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, por quién se haría del botín del instituto, y tendría a su cargo reorganizar y cambiar drásticamente su estructura. En esta riña de buitres, se ha impuesto la facción de Sturzenegger que llevará un desguace en regla del INTA. Según el portal especializado Bichos de Campo, desde el ministerio de Modernización y Desregulación del Estado tienen redactado un decreto que le da vía libre al gobierno liberticida para desafectar de sus puestos de trabajo a más de 800 personas que no forman parte de la planta permanente. Estos despidos, si pasan, serian una primera tanda de 1.500 despidos en total, para los cuales el gobierno prevé valerse de diferentes artilugios, como los retiros voluntarios, lo que representaría llevar la planta orgánica de 6.000 a 4.500 trabajadores, investigadores y técnicos. Los recortes vienen desde el año pasado. El decreto que tiene en carpeta el gobierno liberticida termina con la autarquía operativa y financiera del INTA y ha quedado en el camino una posible fusión con el INTI. Uno de los puntos sobre el cual quiere avanzar Sturzennegger es modificar la estructura del directorio y que sus miembros dejen de ser nombrados por concurso y el número de sus integrantes pase de 10 a 8 miembros, cuatro por el sector privado y cuatro por el público. Hoy en día, el cuerpo colegiado está conformado conformado por tres miembros de puestos por el Poder Ejecutivo, cinco de las entidades agrarias y dos por las universidades públicas. Los intereses creados en torno al funcionamiento del INTA han entrado en contradicción con los planes de desguace y privatización del gobierno. Las entidades integrantes de la Mesa de Enlace (CRA, FAA, SRA, CONINAGRO) se han posicionado de manera ambigua, ya que, por un lado, son partidarios de una reestructuración que le dé un funcionamiento más “eficiente” al INTA, pero no están dispuestos a entregar la autarquía del ente. Por su parte, Ariel Pereda, quien preside el ente desde el 2023, señaló en relación con los planes liberticidas que “este gobierno viene a intervenir el INTA con la intención de usarlo a trochi mochi y a piacere, [de hacer] lo que le parezca" (La Nación 30/5). Los capitalistas agrarios lo consideran como ´propio´. El decreto de Sturzennegger, además del despido de trabajadores de “planta no permanente", entre los que se encuentran investigadores y técnicos, tiene previsto el cese de 400 becarios, el cierre de agencias de extensión en el interior del país, la fusión de Centros Regionales, con el fin de abaratar costos funcionales y que el sistema de extensión sea transferido a la órbita de los gobiernos provinciales. En este marco de feroz ajuste, este jueves está previsto que se realice una asamblea en el INTA Castelar. José Perea, delegado de la junta interna de ATE Castelar, alertó que se “está a punto de dar a luz el decreto que convertirá a INTA en un botín de negociados y liquidación de ciento de miles de hectáreas, que caerán en manos de los especuladores de bienes raíces del campo y de la ciudad. El decreto que saldrá por estas horas, apunta a vaciar de trabajadores, las agencias de extensión, experimentales, institutos de investigación, edificios de laboratorios, de investigación” (Bichos de Campo 3/06). En la asamblea se discutirá la realización de una marcha en defensa del instituto. Sturzenegger se ha impuesto en la lucha de facciones libertarias en el INTA. De esta forma se ha hecho de ´una de las últimas joyas de la abuela´. Tiene como estación final subordinar al INTA a los intereses de los agronegocios y las patronales agrarias; para esto cuenta con la anuencia de las burocracias de APINTA y ATE, que actúan hacia dentro del instituto, y de las ambiguas posiciones de la Mesa de Enlace. La política pro patronal propiciada por los liberticidas debe ser respondida con autoconvocatorias en todas las estaciones y dependencias del INTA, que elaboren un plan de lucha que tuerza el brazo de los ajustadores, y que, en principio, rechacen de cuajo el decreto privatizador de Sturzenegger y compañía.

Este miércoles 4, la Plaza Congreso se nutrió de columnas de luchadores de numerosas vertientes: el Garrahan y los trabajadores de la salud pública; los trabajadores del área de discapacidad, los investigadores del Conicet, numerosas delegaciones docentes – mientras los feriantes de La Salada cortaban Camino Negro. El eje vertebrador ha vuelto a ser la lucha de los jubilados, pionera en la disputa por la calle. Mientras el Garrahan ratifica su lucha, el reclamo de sus residentes y trabajadores comienza a extenderse a otros hospitales públicos y organismos. Es lo que pasa con los compañeros del Hospital Posadas. Es lo que pasa también con los trabajadores de la Central Atucha. Parten de autoconvocatorias y asambleas soberanas, que crecen sobre el cadáver de la CGT. La burocracia trajina los pasillos oficiales para participar en el negocio financiero de los “Fondos de Despido”. Las ferias populares (La Salada) se enfrentan al veto impuesto por el gobierno de Trump a Milei, alegando defensa de “la propiedad intelectual”. Ni en la Plaza Congreso ni en ninguna de estas luchas están los Daer o Moyano, ahora “retirados”, pero tampoco está Cristina Kirchner, que ahora pide, como Milei, un “Estado eficiente”. Llamamos a engrosar esta oleada de luchas para derrotar los planes de Milei y de sus patrones.

Los mercados financieros internacionales no han superado el ‘shock’ del 2 de abril pasado , cuando Trump anunció una suba catastrófica de los aranceles a la importaciones internacionales a Estados Unidos , bautizada como el Día de la Liberación. El mandamás de Estados Unidos se vio obligado a suspender la medida por 90 días , o sea hasta dentro de un mes. En el entretanto comenzó negociaciones con diversos países, que no han prosperado en la solución de los conflictos comerciales, aunque sí para crear otros mayores. En el día de ayer anunció un aumento del 50% de los aranceles a la importación de acero, con un grave perjuicio para Canadá, Brasil y México. La guerra comercial ha producido una desarticulación de las cadenas de producción que se desarrollaron en el período de la llamada “globalización". El reclamo de Trump a Apple para que reconvierta su cadena internacional a Estados Unidos es considerada poco menos que un despropósito, pero ilustra el extremo que ha alcanzado la disputa capitalista por un nuevo reparto de mercados. Numerosos observadores coinciden en que se trata de la preparación económica para una guerra mundial que ya se encuentra en desarrollo, y que exige una ruptura completa de la dependencia de los suministros de los países rivales. Es evidente, sin embargo, que una remodelación del comercio y las finanzas mundiales de esta magnitud, no podría imponerse sin la eclosión de una crisis financiera de dimensiones enormes. “Ustedes verán un crack”, declaró Jamie Dimon, el presidente del JP Morgan-Chase – una cita recogida por toda la prensa internacional. Es lo que ha demostrado, precisamente, el fracaso de dos licitaciones recientes de deuda pública, una en EEUU , la otra en Japón. Ámbito Financiero señaló las “Tensiones en el mercado de bonos: EEUU colocó deuda a 20 años con baja demanda”, debido, dice, a “la creciente desconfianza del mercado hacia la sostenibilidad de la deuda estadounidense”. Es otra versión más de la “desconfianza” que obligó a Trump a recular temporalmente de sus anuncios arancelarios. La deuda en cuestión ha alcanzado los 36 billones de dólares, un 125% del PBI, y cuyo mercado oficia de referencia para todos los mercados internacionales. Esta hipoteca era de 5 billones antes de la crisis financiera de 2008 y rendía un interés del 1.5% anual; es un pasivo que ha subido un 600% en poco más de 15 años y cuya tasa de interés de los bonos a 30 años llegó, la semana pasada, al 5,01 por ciento. Esta suba extraordinaria de la tasa de interés obliga al Tesoro a pagar una suma equivalente al 7% del PBI – cerca de dos billones de dólares al año con pronóstico de crecimiento. Pero, por otro lado, implica una desvalorización muy significativa de la deuda que se encuentra en circulación, que ha sido adquirida a valores relativos mayores y por lo tanto a tasas inferiores. Esto explica el retiro del mercado de deuda norteamericana de parte de varios acreedores internacionales, como China, Japón o Gran Bretaña, y que debe ser ocupado por compras locales y de la Reserva Federal. Una mayor importancia tuvo probablemente el fracaso de una licitación de deuda a 40 años en Japón – una menor demanda de bonos. La deuda pública japonesa, de 8 billones de dólares, es equivalente al 270% del PBI. Los inversores reclaman una mayor tasa de interés, que es excepcionalmente baja en Japón con el propósito (infructuoso) de revitalizar una economía largamente estancada. El Banco de Japón tiene en su cartera el 60% de la deuda pública local en circulación. El capital nipón ha ido a buscar tasas mayores a otros mercados, en primer lugar al de Estados Unidos. Por esta razón, el sistema monetario japonés representa una piedra angular del sistema de represión de tasas (contención de la suba) en el mercado internacional. Los grandes inversores institucionales de Japón (compañías de seguro, fondos de pensiones) han sostenido la demanda global de bonos soberanos, en particular del Tesoro norteamericano. Un aumento de la tasa de interés en Japón, como viene ocurriendo a tientas, como reclaman los inversores, desarticularía este esquema de represión y llevaría las tasas internacionales a valores más altos – lo suficiente como para asestar un golpe al sistema financiero internacional. Dada la magnitud sin precedentes de la deuda contraída por un elevado número de empresas privadas, la suba de la tasa de interés de referencia, provocaría su definitivo “”knock out”. Por eso la Reserva Federal se abstiene de elevar esa tasa, a pesar de los pronósticos inflacionarios que acompañan la decisión de emprender una guerra arancelaria, de parte de Trump. Las autoridades japonesas, advertidas de la necesidad de EEUU de evitar un retiro extranjero de los bonos del Tesoro, buscan servirse de esta Espada de Damocles, para obtener una excepción a la suba indiscriminada de aranceles de parte de Trump. Japón ha reclamado a Trump, por de pronto, el levantamiento de la prohibición a una adquisición de la United Steel estadounidense por la Nippon Steel, ahora afectada por la suba de aranceles al acero de Brasil, desde donde la nipona exporta a Estados Unidos. Trump ha presentado la cesión de la US como “una asociación”. La centralidad de los mercados de deuda en la economía mundial convierten a la guerra comercial o arancelaria en una guerra financiera. La guerra financiera (monedas y mercados de capitales) “será el conflicto más feroz jamás librado, con excepción de una guerra mundial”, sostiene un banquero en el Financial Times. Un caso explosivo, precisamente, se plantea con Taiwán, el cuarto acreedor extranjero del Tesoro norteamericano y una cuenta corriente exterior ampliamente positiva. Las reservas de la Isla, de 583 mil millones, se encuentran invertidas, en un 92%, en bonos de Estados Unidos. Las compañías de seguro taiwanesas, por otro lado tienen un hoja de balance de 1.1 billón de dólares, sin protección cambiaria, colocadas en su mayor parte en deuda norteamericana. La presión de EEUU para que Taiwán revalorice su moneda, para inclinar en su favor el comercio bilateral, resultaría en una desvalorización del activo de las compañías de seguro, que han asumido el pago de los riesgos de sus clientes pagar en moneda local, que sería más cara. Una media de prevención debería llevar a estas compañías a retirar sus dólares en bonos del Tesoro norteamericano. Los dardos envenenados de la crisis se han intensificado como consecuencia del voto favorable de la Cámara de Representantes de EEUU a un proyecto fiscal enviado por Trump, que contiene una masiva reducción de impuestos a las compañías capitalistas. Trump bautizó a esa iniciativa como “grande y bella”, en mayúsculas. Aunque contempla, por sobre todo, la aplicación de una ‘grande y fea’ motosierra a gastos sociales, en especial, en Salud, los observadores auguran que incrementará la necesidad de financiamiento público mediante una creciente emisión de deuda. La situación del Tesoro y del dólar se convertiría en muy peligrosa. Trump no lo niega, pero asegura que el bache financiero sería cubierto por los aranceles a la importación, que se convertirían en un masivo impuesto al consumo. La implantación de aranceles con propósitos fiscales, además de un arma de guerra contra los trabajadores, implicaría una enorme distorsión del comercio y la inversión. Que se recurra a este tipo de herramientas, sólo se explica por la envergadura que han alcanzado las contradicciones del conjunto de la economía mundial. No se debería excluir la posibilidad de que la inviabilidad de estas maniobras se manifieste a corto plazo, como ocurrió en el Reino Unido, en septiembre de 2022, cuando un proyecto fiscal similar detonó un estallido bursátil y la caída del gobierno que había asumido seis semanas antes . Las operaciones de deuda se hacen a crédito, que se autofinancian con la suba de los bonos y que quedan sin cobertura en las bajas. Según diversos estudios, el apalancamiento (crediticio) de las compras de títulos públicos y de arbitrajes entre operaciones de futuros e inmediatas, alcanza en promedio 50 puntos (un punto de inversión compra activos cincuenta veces superiores), pero puede llegar a 100. Son el terreno de especulación de los excedentes de la oligarquía financiera. En cuanto al Mercado de Valores de Estados Unidos (acciones, obligaciones negociables, operaciones de crédito) se infla cada vez más. Las cotizaciones se encuentran por las nubes; el propósito del plan fiscal de Trump es que se infle varias veces más. Estados Unidos atrae cada vez más capital y también supera la atracción de los mercados rivales (“outperformance”). En 2024, inversores extranjeros metieron 1 billón dólares. Atrae el 70% del flujo de los 13 billones del mercado global de inversiones privadas. En un mundo que se pretende multipolar, el mercado de capitales es definidamente “unipolar’. De acuerdo a un observador: “Estados Unidos está sobreconcentrado, sobrevaluado y sobreacelerado, como no se ha visto nunca antes”. Un estudio que firman Thomas Ferguson y Servaas Storm, señala lo siguiente: “el sector financiero se ha expandido exponencialmente. Los activos de las instituciones financieras no bancarias (“bancos en las sombras”), que consisten en préstamos e inversiones financieras, igualaban a alrededor del 93% del PBI de Estados Unidos durante los años 2006-2023, mientras que los activos de los bancos comerciales añadían otro 81% (en promedio); la escala total de la intermediación financiera es de alrededor del 174% del PBI, mientras que la inversión fija no residencial se elevaba a sólo el 13% del PBI”. La euforia de los negocios ha sido siempre, sin embargo, el síntoma más seguro de un derrumbe – como la melodía del canario en la boca de una mina a punto de explotar. Las correlaciones de la crisis, por otra parte han cambiado. En el pasado, una contracción o derrumbe en el mercado de valores producía una fuga hacia el mercado de deuda en dólares, que cuenta con el respaldo del Tesoro más poderoso del mundo. En la actualidad, una crisis en el mercado de deuda, como por ejemplo en el caso de que se revierta el carry trade Japón-Estados Unidos, sería un golpe fatal para el mercado de acciones y de crédito, y una crisis en este último podría no encontrar refugio en el mercado del Tesoro. Por eso se dispara el precio del oro – también influido por los vaivenes militares de la guerra y por la compra preventiva de los bancos centrales. La centralidad del dólar se vería fuertemente cuestionada, sin que hubiera emergido una divisa sustituta. La economía mundial se encuentra afectada por “placas tectónicas”, vuelve a advertir el catastrofista del JP Morgan-Chase; “el riesgo”, prosigue, “es que la suba de las tasas de largo plazo eleven el costo de capital”. Los mercados han reaccionado a la suba de tarifas de Trump con un aumento del dólar. Es que la guerra arancelaria ha debilitado al yuan, la moneda china, y ha producido una salida de capitales de China, a pesar del control cambiario. China ha inflado su deuda pública, un 250% del PBI, como consecuencia, no solamente de estímulos fiscales sino por las operaciones de rescate debido al derrumbe del sobre expandido mercado inmobiliario, y también a la deflación. El ciclo de la economía real y de la financiera – la última se infla para levantar a la primera, creando un fuerte impasse. Algo similar ocurre en Europa, donde inversores norteamericanos se quedan con compañías devaluadas, en un marco de demanda interna insuficiente. La globalización financiera se expande, en medio de un mercado comercial internacional que se deprime. Mientras fracasan las licitaciones de deuda del Tesoro, crecen las cotizaciones en el mercado accionario, así como las fusiones y adquisiciones. Recogen los excedentes de las grandes empresas con elevadas ganancias. Los especialistas en estos asuntos las denominan inversiones oportunistas o tácticas Son movimientos contradictorios en una crisis de alcance general que ‘busca’ (si se puede decir así) su desenlace. En este marco, las grandes potencias reclaman financiamiento para militarizar sus economías. Es claro que la lucha de clases se desarrolla en un marco estratégico; no apto para reformas progresistas, ni para concesiones parciales que no sean forzadas por amenazas revolucionarias. Es el marco en que está haciendo su experiencia la nueva generación de trabajadores.

En consonancia con las movilizaciones que se realizaron en todo el país, el miércoles, en Santiago del Estero, también se hizo presente en las calles el reclamo de Discapacidad. Varios centenares de personas, entre familias, trabajadores de Centros e Institutos, terapistas y profesionales, se autoconvocaron a denunciar y reclamar contra el recorte de la asistencia. La atención a personas con discapacidad viene siendo recortada por los gobiernos que han precedido al de Milei. Ahora, las medidas de ajuste que éste ejecuta constituyen directamente un atentado contra sus vidas. Una persona con discapacidad necesita de atención permanente, semanal, pero sucede que, de manera creciente, se van multiplicando las personas con discapacidad que no están recibiendo sus terapias porque sus familias quedaron sin trabajo registrado y, por lo tanto, sin la obra social que cubría sus terapias. Por otro lado, están las familias no registradas que son monotributistas sociales, quienes en su gran mayoría fueron dados de baja de las obras sociales; luego están las familias obreras desocupadas, quienes tienen que acudir a los hospitales públicos y atravesar un calvario para conseguir un turno para las áreas de psicología, fonoaudiología o psicopedagogía, pues estos servicios se encuentran totalmente colapsados; en el mejor de los casos, los turnos que se les otorgan son una vez cada dos meses e incluso para el siguiente año. Algo similar ocurre como consecuencia de los recortes con el INCLUIR SALUD, que debe garantizar la atención médica, en cuestión de medicamentos, ortopedia, etc. Si esta realidad fuera poco, la situación es mucho más grave para las familias que viven en el interior, familias que no tienen acceso a ninguna atención mínima, y que para lograrla tienen que ir a la ciudad, o sea salir del monte adentro, pagando traslados para sacarlos a las rutas y luego hacer trasbordo, todo lo cual significa gastar un dineral en transporte y luego otro en hospedaje, etc. para poder ser atendidos. En la provincia de Santiago, donde se han levantado edificios y estadios faraónicos, no hay hospitales con personal de salud que puedan brindar la atención en función de la enorme demanda de la cantidad de familias que tienen algún miembro con discapacidad. La desregulación en Discapacidad también ataca a los prestadores Docentes de Apoyo a la inclusión, terapistas que se rigen mediante un nomenclador, el mismo, en el caso de una docente de apoyo quedó fijo, sin actualizar desde diciembre del 2024 en 307 mil pesos, la quinta parte del costo de una canasta básica familiar, además de no cobrar a mes vencido, sino mediante pagos cada 60, 90 hasta 120 días de espera. En el Congreso se aprobó una ley declarando la emergencia, que incluye el aumento a las pensiones no contributivas, pero dejándolas en niveles de miseria que no satisfacen para nada las necesidades a las Personas con Discapacidad. A su vez, la ley da continuidad a las auditorías que apuntan a achicar el gasto público. Cientos de personas han quedado sin esta pensión por los requisitos abusivos que se les imponen en plazos brevísimos para certificar su condición. Frente a esta realidad, la única salida es la organización y la lucha independiente.

El pasado 29 de mayo, 64 obreros del ingenio Bella Vista fueron anoticiados de su despido. La medida se produjo luego que Salta Refresco, propiedad de ARCA Continental (subsidiara de Coca Cola-México, que ya es dueña del ingenio Famaillá), anunciara días antes la adquisición de una parte del ingenio Bella Vista. Por U$S 30 millones, Coca Cola se quedó con el sector industrial azucarero del ingenio -instalaciones, maquinarias- donde se desempeñan 600 empleados, entre obreros y administrativos. Esta operación empresaria había sido saludada por la intendenta de Bella Vista, Paula Quiles (exradical y actual aliada de Milei), como “una garantía de continuidad del ingenio y de creación de empleo y desarrollo sustentable”. Al producirse los despidos, la intendenta ahora perteneciente al espacio liberticida, despareció de la escena. Los que la ocuparon, en cambio, fueron los obreros despedidos, quienes, junto a sus familiares y la solidaridad de los vecinos, por medio de piquetes y cortes en la puerta de la fábrica, durante 7 días, paralizaron cualquier actividad fabril y lograron imponer las reincorporaciones. La fuerza de la lucha autoconvocada de los obreros obligó tardíamente a que la dirigencia del sindicato azucarero hiciera su aparición, pero sólo para llevar el estado de conflicto a la dirigencia de la FOTIA, la que a su vez llevó el tema al gobernador Jaldo. En ese contexto, y frente a la posibilidad de que el conflicto deviniera en una pueblada, por el impacto que había provocado en la ciudad, se abrieron negociaciones por medio de las cuales se acordó la reincorporación de los 64 trabajadores, 47 de los cuales van a devolver las indemnizaciones y 17 decidieron aceptar desvincularse. Frente al resultado del conflicto, la burocracia realizó una ceremonia en puerta de la fábrica con la presencia de los despedidos y el resto de los obreros, buscando blanquear su conducta antiobrera, pues cuando se produjeron los despidos no movieron un dedo. Recién cuando tomaron nota de la firmeza de los despedidos en el bloqueo del ingenio, fueron a buscar socorro a la FOTIA y al gobierno. En ningún momento convocaron a asamblea al resto de los obreros de la fábrica para adoptar una medida de conjunto, ni la propia FOTIA tampoco convocó a ningún plenario de delegados para resolver medidas de conjunto por las reincorporaciones. En cambio, tanto la dirigencia del sindicato de Bella Vista como la de la FOTIA no ahorraron elogios a Jaldo, colocándolo como el artífice de las reincorporaciones. Esta dirigencia antiobrera está espantada frente al renacer, después de mucho tiempo, de una lucha firme, contundente, para impedir, en este caso, los despidos. Los intentos de que los obreros levantaran los piquetes para abrir un “diálogo con los despedidos fuera y sin piquete ni corte”, fracasaron. Fue en esas circunstancias que, a meses de las elecciones, Jaldo se vio “obligado” a no perder el control de la situación y llamó a Coca Cola a volver atrás los despidos para que cese la lucha de los obreros y regrese la paz social. La lucha de los obreros del ingenio Bella Vista se inscribe en la tendencia de lucha obrera crecientes que se desenvuelven en diferentes escenarios del país pasando por encima del chaleco de fuerza que significa el dominio de los sindicatos por parte de las burocracias sindicales.

Trump aumentó de 25 % a 50 % los aranceles sobre el acero y el aluminio que importan los Estados Unidos. La suba afecta en primer lugar a Canadá, que es por lejos el principal proveedor de aluminio de Estados Unidos, pero también se ven perjudicados México, Brasil, Corea del Sur y Argentina, que es proveedora de ambos productos. El único país que queda fuera de la medida es el Reino Unido. Trump lo eximió luego de que se firmara un acuerdo de “concesiones recíprocas”, que compromete a Gran Bretaña a desmantelar las cadenas de producción con China e incluso con la Unión Europea, aunque en este caso sujeto a los acuerdos “recíprocos” que firmen estos estados antes del 9 de julio, cuando vence la tregua arancelaria, del orden del 25 %, establecida el 3 de abril pasado. La ‘tregua’ fue impuesta por el derrumbe del mercado de deuda pública de Estados Unidos apenas se conocieron los elevados aranceles que Trump acaba de establecer. El anuncio de ayer rompe, en forma parcial, la tregua convenida. Las negociaciones con Argentina se encuentran protegidas por un acuerdo de confidencialidad. La Casa Blanca envió una carta, como a otros países, instando a Milei-Caputo a ofrecer “reciprocidades” para alcanzar un acuerdo. Estas van desde una base militar en el Sur, la libre remesa de utilidades para empresas norteamericanas, un freno a inversiones de China (Atucha III), hasta el veto judicial definitivo para que CFK pueda presentarse a elecciones. El concepto de “reciprocidad”, establecido por EEUU en las negociaciones comerciales en la década del 30 del siglo pasado se ha convertido en una exigencia de cambio del régimen económico del resto del mundo. Argentina En 2024 la Argentina exportó a Estados Unidos unos 630 millones de dólares entre ambos productos, pero con una participación mucho más importante del aluminio (530 millones) que del acero. Las empresas impactadas fueron Aluar, única productora de aluminio de la Argentina, y Tenaris, del grupo Techint. En el caso del aluminio, Aluar colocaba en Estados Unidos unas 180.000 toneladas por año, el 40 % de su negocio, pero que equivale a menos del 4 % de las importaciones de Estados Unidos, y, desde marzo, por el aumento de los aranceles al 25 %, debió postergar entregas. Según el Aluminum Import Monitoring (AIM), el sistema de monitoreo de importaciones que aplica Estados Unidos, las colocaciones mensuales argentinas de Aluar se desplomaron, de casi 19.000 toneladas en marzo a apenas 370 toneladas en abril y 3.700 toneladas en mayo, cerca de 0,1 y 1 % respectivamente de las licencias concedidas por Washington en los dos últimos meses (Infobae, 30/05). Por lo tanto, la sobrecarga del 50 % anunciado ya no haría mella en la degradada exportación de Aluar. La expectativa es que esa sobresuba tenga el propósito político de acelerar la rendición de los países afectados. Como, entretanto, Trump ha aceptado que la japonesa Nippon Steel se quede con la estadounidense US Steel, la barrera arancelaria al acero puede convertirse en inconmovible. Para Tenaris sólo quedaría la alternativa de reducir a Siderar al abastecimiento interno y poner sus fichas en sus plantas norteamericanas. El nacionalismo siderúrgico se impone sobre el nacionalismo territorial. Dada la inmensa demanda de acero que exigiría un plan de industrialización del agro y de la manufactura en Argentina, lo adecuado sería nacionalizar la industria del acero para ponerla al servicio de un plan económico de largo plazo. Sin ataques profundos al monopolio capitalista, Argentina no puede diseñar un futuro. Unión Europea La UE está tratando de acelerar las negociaciones con Estados Unidos antes de la fecha límite del 9 de julio. Trump pretende que la UE reduzca su superávit comercial en bienes y que rebaje las barreras arancelarias y no arancelarias. Califica al IVA, el impuesto sobre el valor agregado, como una barrera no arancelaria contra las exportaciones estadounidenses. La UE, por su lado, ha aprobado establecer aranceles por valor de 21.000 millones de euros (24.000 millones de dólares) sobre productos de Estados Unidos en respuesta a los gravámenes sobre los metales impuestos por Trump. Afectan a estados estadounidenses políticamente sensibles que producen soja, como Luisiana, y otros productos agrícolas, aves de corral y motocicletas. El bloque europeo está preparando una lista adicional de aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 95.000 millones de euros. Estas medidas, que son una respuesta a los gravámenes “recíprocos” de Trump y a los aranceles sobre los automóviles, se centrarían en productos industriales como los aviones de Boeing Co. y los autos fabricados en Estados Unidos. La venta de US Steel Trump, que durante la campaña había declarado que seguiría a Biden en el rechazo a la adquisición de la US Steel por capitales extranjeros, empresa emblemática de la siderurgia de Estados Unidos, y por eso mismo obsoleta tecnológicamente, habilitó su compra por parte de Nippon Steel. El argumento de la “seguridad nacional” fue dejado de lado. La Nippon Steel pretende invertir 14.000 millones en dólares para aumentar la producción de acero en Pensilvania y modernizar plantas y construir nuevas instalaciones en Indiana, Minnesota, Alabama y Arkansas. Esto va en línea con el Acta de Reducción de Impuestos de Biden, para que las compañías extranjeras se instalen en Estados Unidos, pero que, al igual que Trump, exceptuaba a la siderúrgica japonesa. Japón, sin embargo, es el mayor tenedor de la deuda pública estadounidense y pilar por lo tanto del dólar. La inversión de la Nippon tiene, con todo, un costo adicional, porque quedarán excluidas del mercado norteamericano sus fortísimas sucursales en Brasil y Canadá –o sea que deberá producir una desinversión periférica-. De otro lado, China, un mercado importante para Japón, aunque estancado, ha acordado reanudar las importaciones niponas de pescado suspendidas desde 2023. Consecuencias En 2018, cuando Trump, en su primer mandato, impuso aranceles al acero, la producción estadounidense creció levemente, pero los costos del insumo para automóviles, herramientas y maquinaria aumentaron, y la producción de esas industrias se redujo en más de 3.000 millones de dólares en 2021, según determinó la Comisión de Comercio Internacional. Los productos en góndola que ya han sufrido aumentos del 40 %. Ahora alertaron que los aranceles en el aluminio van a incrementar notablemente el valor de los enlatados. Elon Musk, designado por Trump para aplicar la motosierra a la salud y a los gastos sociales y culturales, ha estallado con furia extrema, porque el ajuste ha sido aplicado a los subsidios que recibe Tesla para sus autos eléctricos y al corte de los contratos de Starlink con el Estado. Se trata de decenas de miles de millones de dólares. Es la descomunal sanción que recibe de “su gran amigo” Donald Trump, por oponerse a la guerra arancelaria que hemos descripto, que son perjudiciales para su principal mercado, que no es otro que la República Popular China. Los costos de capital de la reestructuración de la economía mundial son inmensos. Ya ha quedado demostrado que la guerra arancelaria es un detonante del derrumbe de los mercados financieros.

Desde el mediodía del miércoles, cientos de trabajadores del área de Discapacidad reclamaban frente al Congreso por una ley de emergencia para el sector. Fue el inicio de una gran jornada de movilización, en la cual confluyeron distintas luchas. Con el correr de las horas, frente a un Congreso súpervallado, la Plaza se fue llenando de columnas de trabajadores del Hospital Garrahan, del Conicet, docentes, del colectivo #Ni Una Menos, asambleas barriales y cientos de luchadores independientes. Mientras esto se desarrollaba en el centro porteño, los trabajadores feriantes cortaban Camino Negro en defensa de sus puestos de trabajo. La jornada concluyó con un multitudinario acto donde se expresaron todos los sectores y una marcha encabezada por los jubilados alrededor de la plaza, ganando una vez más las calles contra el protocolo represivo. El mandato de la jornada fue claro: unificar todas las luchas para derrotar este brutal ataque contra nuestras condiciones de vida. Mientras tanto, en el Congreso se discutían un aumento discrecional de haberes y del bono, que llevarían las jubilaciones a apenas $430.000 en junio. De los millones de dólares confiscados durante los últimos siete años, ni una palabra; es decir, una pérdida de por vida. Un planteo mezquino, en año electoral, que Milei anunció que vetará. Pero ocultan, mientras tanto, la formación de una comisión para formular una nueva ´reforma previsional´, exigida por el FMI, para elevar la edad jubilatoria, atacar a todos los trabajadores beneficiados relativamente con “regímenes especiales” y crear las condiciones para el retorno a la jubilación privada. En el acto, desde Jubilados Clasistas nuestra intervención se centró en el mensaje que dejan las luchas de las últimas semanas, la pueblada de Catamarca encabezada por los docentes, la huelga de los metalúrgicos de Tierra del Fuego, la huelga de los docentes de provincia de Buenos Aires, la lucha de los choferes, el Garrahan, el Posadas, los trabajadores de Atucha, de Acindar, los estudiantes universitarios, la lucha de la mujer. Este mensaje es clarísimo: impulsar y organizar una huelga general mediante autoconvocatorias, asambleas, plenarios, congresos, y debates en las fábricas, hospitales, colegios, universidad, comedores, para frenar esta barbarie. Los miércoles de los jubilados se han convertido en un punto de referencia para todas las luchas en curso. El próximo miércoles, a las 15 horas, de nuevo frente al Congreso. No abandonamos las calles.

El día martes 3 de junio, cuando se cumplían 10 años de la enorme movilización del Ni Una Menos, un agente de la policía, Gabriel Fernando Danielo, asesinó a Marcela Fabiana Heredia, pareja de su ex. El lesbicidio se produjo dentro de un gimnasio del distrito del cuál la expareja de Danielo, Anabella Florentín, es dueña. El agente, quien tenía una perimetral e incluso su expareja había accedido a un botón antipánico en búsqueda de protección, llegó al gimnasio exigiendo hablar con ella. Ante la negativa, disparó contra Heredia hasta matarla. Luego el oficial se atrincheró en el lugar y se suicidó en la madrugada del miércoles. De nuevo un hecho de violencia contra las mujeres trabajadoras y las disidencias en el distrito. A 10 años del Ni Una Menos las formas de organización social y las condiciones en las que viven las trabajadoras siguen siendo un caldo de cultivo para los femicidios y los crímenes de odio. Bajo el gobierno liberticida, con la complicidad del resto de los partidos del régimen, no existe la posibilidad de que el Estado dé políticas y herramientas para defender a las miles y miles de mujeres que están sufriendo violencias; ni bajo el gobierno municipal ‘Nac & Pop’ de Moreno. Los botones antipánico, las perimetrales, etc., son medidas “testimoniales”. El “crimen de odio” se nutre de la crisis social que destruye la vida cotidiana y el horizonte existencial de hombres y mujeres. Las mujeres trabajadoras debemos organizarnos -barrial, distrital y nacionalmente- para debatir estos problemas y para darnos una organización adecuada, que permita impulsar un plan de lucha contra esta barbarie social y estatal.

La clausura de la megaferia de La Salada tras la detención del clan Castillo por lavado de dinero, llevó al cierre de 8.000 espacios comerciales que representan 30.000 puestos de trabajo. El cierre de este predio de 20 hectáreas, conocido por la venta de ropa de segunda línea y las marcas truchas, fue un pedido explícito de la embajada de Estados Unidos tras el último préstamo con el FMI. Un pedido de vasallaje bajo pretexto de la cuestión de la “propiedad intelectual”. Tras varios días de cortes de calles y rutas, vigilia y la instalación de una olla popular de los feriantes, desde el Municipio de Lomas de Zamora y la Fiscalía intentan contener la situación con la instalación de una “mesa interinstitucional”. No hay garantías reales de que se puedan retomar los puestos de trabajo ni de que se les devuelva la mercadería incautada por el valor de millones de pesos. A las protestas se sumaron también la red de textiles, carreros y changarines, que tiene lazo con los barrios de Flores y Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires. El juez federal a cargo de la causa es Luis Armella, quien tras 62 allanamientos dictó el 22 de mayo la detención de Jorge Castillo junto a otras 15 personas, incluidos su hijo Manuel, su esposa Natalia Luengo y algunos socios. Jorge Castillo, “El Rey de la Salada”, ejerció un verdadero imperio comercial, constituido por más de 25 empresas radicadas en Argentina y en Panamá. Una de sus socias cobraba personalmente los alquileres de los puestos para llevarlos al domicilio de Castillo en un country de Luján. Allí secuestraron 430 millones de pesos y 2,5 millones de dólares. Otras 89 sociedades comerciales, en donde hay más de 150 personas involucradas, infringían la Ley de Marcas. Una de ellas bajo el sello Punta Mogote SA, blanqueaba fondos para Castillo. Solo ésta generó ingresos por 26.827 millones de pesos entre 2021 y 2025, gran parte de ese dinero se bancarizó con maniobras de lavado. Por otra parte, los feriantes declaran que Castillo dejó de administrar el predio en 2017. Ante el desborde y la fuerza del reclamo la fiscal de la causa trabaja en la creación de una mesa entre el poder judicial, nación, provincia, ARCA y el Ministerio de Seguridad que logre llevar el conflicto a puerto. Desde el municipio hablan que la prioridad es que “no se sigan cometiendo delitos” y que en caso de reabrir La Salada será “de manera razonable controlando lo que ocurra allí como un camino previo para la regularización total del lugar”. Tras 12 días desde el cierre, los puesteros marcharon a la Municipalidad de Lomas de Zamora, pidiendo ser recibidos por el intendente Federico Otermín, quien les prometió una reunión. “No tenemos nada que ver con Castillo” Los feriantes reclaman que solo quieren trabajar y que están dispuestos a seguir pagando por el alquiler de sus puestos. Según CAME son 30 mil familias entre empleados directos e indirectos de los predios Punta Mogote, Océan y Urkupiña que juntos forman la feria más grande de Latinoamérica. Los trabajadores preguntan también por la mercadería que quedo dentro del predio y cuál será la nueva modalidad de trabajo. El corte en La Noria marcó un pico de resistencia ante los inmensos operativos represivos de la Bonaerense y la Federal, donde hubo choques entre manifestantes y la policía tras el intento de implementar el protocolo antipiquetes. Con el pasar de los días la preocupación se extiende, ya que la desaparición de la feria cierra todo un rubro económico. Esta cadena de productores abastece puestos tanto mayoristas como minoristas que luego van a las tiendas de todo el país. En el medio hay gastronómicos, carreros y varios oficios, que forman parte de un ecosistema de trabajo. A pesar de la venta de ropa de marcas falsificadas, La Salada es reconocida como un canal de distribución clave, que incluye tours comerciales en donde se entablan relaciones con nodos en las provincias del interior. Es tal el impacto de la feria y su volumen, que en calles aledañas a la misma también se instalan puestos improvisados y carpas para poder atender fuera de horario. Este círculo externo sigue funcionando, aunque con menos tránsito y sin claridad sobre su futuro, donde sobrevuela la posibilidad de que serán las siguientes víctimas de un allanamiento. “Yo vengo todos los días a laburar, pero esto está muerto”, dice Esteban, de 50 años, carrero desde hace una década del complejo Urkupiña. “Cobramos 5 o 10 mil pesos por viaje, depende la distancia. Pero con el predio cerrado no hay nada para hacer. Nadie gana un mango. Si no se reactiva se va a pudrir todo. Toda esta zona vive de la feria, no solo los feriantes: los que cocinan, los que limpian, los que cuidan los autos, los carreros como yo. Es una cadena”. El gobierno libertario pugna porque la feria no reabra, planeando la reubicación de los puesteros en otros municipios y evitando dar subsidios o planes sociales a toda costa. Javier Milei, que en su momento elogio a los empresarios que evaden impuestos como ‘héroes del liberalismo económico’, recibió la orden tras un trabajo de la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, que analizó la situación poniendo como condición de un acuerdo comercial resolver definitivamente la “falsificación de marcas” en La Salada. Este conflicto tiene seguimiento al minuto desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich con participación de las tres fuerzas federales. La misma Bullrich a través de un posteo en X pidió más compromiso al gobierno de la provincia y dijo que con los feriantes se tenía que "terminar con la doctrina pro delincuentes". El temor que recorrió a los liberticidas esta semana es la posibilidad de que estos se plieguen a las movilizaciones de los miércoles en el Congreso. Superexplotación e industria textil El nacimiento de La Salada en los años 90, fue parte de un proceso paulatino donde los talleres textiles clandestinos (los tercerizados que alimentan a las grandes marcas) empezaron a colocar sus productos en el mercado minorista. Esa red de talleres pasó en el zigzagueo de las crisis económicas, devaluaciones e hiperinflaciones a ser una porción cada vez más grande del mercado ofreciendo el mismo producto o muy similar al de un local oficial por un tercio o menos de su precio “de marca”. Las condiciones de trabajo y de vida de todo el rubro textil son abusivas: trabajo fuera de convenio, ninguna protección social ni vacaciones, se paga por cantidad de producto entregado, se usa la modalidad de trabajo ‘cama adentro’ con mafias controlando talleres, puestos y territorio. Esto cuenta con la complicidad del Sindicato Textil y de las grandes marcas de ropa que han impuesto en el gremio condiciones de trabajo que compiten a las del sudeste asiático. Hoy un textil bajo convenio (la minoría del sector) está en $619.000 para la categoría más baja y en $845.000 para la máxima categoría, un desplome marcado por la segunda paritaria más baja del país (3,9 %) solo encima de sanidad (3,6 %). En este marco de presión patronal, en donde los trabajadores son explotados al punto de no poder reponer su fuerza de trabajo, es que se fortaleció la informalidad y la falsificación de manera transversal en la industria textil. El eje de los puntos de venta de esta red de talleres es lo que se conoce como La Salada, regenteada durante 20 años por Jorge Castillo, que logró por fuerza y por habilidad que la feria sea el monopolio de todo este rubro comercial. En su momento no faltó el posmoderno que intento el ridículo de presentar este esquema como una variante virtuosa de “microeconomía proletaria” continuación del trueque en las ferias barriales del 2001. Castillo afiliado a la UCR, con amistades en el kirchnerismo y en Cambiemos, buscó en la cima de su éxito capitalista incursionar en una carrera política. Su detención en 2017 en donde enfrentó a tiros a la policía le picó el boleto. La realidad es que los 8.000 puestos tenían un valor de alquiler que giraba en los 100.000 pesos diarios, a pagar cada día de feria. Como denunciaron desde el corte en Camino Negro, se paga por día, por feria, porque La Salada funciona lunes miércoles y sábados. “Estamos anotados en monotributo, pagamos impuestos, siempre hacemos todo lo que el gobierno pide”, explicó una puestera. Mientras el juez define qué hacer dentro de las rejas hoy cerradas del predio, pilas enormes de ropa están sin vender, herramientas y máquinas de coser se encuentran paradas, los alimentos se pudren y los changuitos no van a ningún lado. Con el cierre de La Salada la crisis social sube un escalón en el choque entre las masas de precarizados y la política económica del gobierno. El cierre debe ser combatido en forma incondicional, sin miramientos. Una lucha de conjunto de la clase obrera deberá poner fin a la superexplotación en los talleres clandestinos, por la igualación de las condiciones sociales y sindicales.

El próximo viernes 13 de junio nos movilizaremos para denunciar la impunidad de Julio Yessi, genocida de la Triple A, partícipe de la “Masacre de Pacheco”. Había sido condenado en primera instancia, en 2016, pero fue absuelto en plena pandemia por la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Dario Pozzi. Actualmente vive en la zona sur del conurbano y se mantiene políticamente activo, participando en reuniones del Partido Justicialista. Julio Yessi fue dirigente de la derechista Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), conocida popularmente como la “Jota perra” por su ligazón a los grupos de choque paramilitares y su participación en la represión contra el activismo obrero y estudiantil. Más tarde, Yessi fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa del Ministerio de Desarrollo Social, es decir bajo las órdenes de López Rega. Desde allí se orquestaron los ataques, secuestros y asesinatos que cometió la triple A desde finales de 1973 hasta el golpe genocida de 1976, cuando fue ´relevada´ de su misión por los grupos de tareas de las fuerzas armadas. Yessi tuvo participación directa en la llamada “Masacre de Pacheco”, junto a varios militares y policías activos, además de otros integrantes de las tres A. En aquel crimen fueron masacrados los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Oscar Dalmasio Meza, Antonio Moses y Mario Zidda. Ninguno tenía más de 27 años. Una sobreviviente reconoció a Yessi como participante del hecho. Sin embargo, los jueces de alzada revocaron la sentencia. La movilización del 13 de junio será un paso en el reclamo por la reapertura de todas las causas contra los asesinos de la Triple A y también un homenaje a todos los luchadores asesinados por sus esbirros. Adquiere mayor importancia cuando estamos ante la presencia del personal civil de la dictadura genocida en la Casa Rosada. Juicio y castigo a todos los genocidas, cárcel perpetua y efectiva. Apertura de todos los archivos del 74 al 83. ¡Por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, presentes!

La marcha del 3 de junio convocada por el colectivo Ni una Menos de Tucumán tuvo una nutrida y colorida convocatoria bajo la consigna: 10 años de luchas. Ni Una Menos. Fuera Milei. La denuncia del ajuste y la represión, de los femicidios y travesticidios, del desmantelamiento de los programas de asistencia frente a la violencia de género, de los ataques a la ESI y al acceso a la IVE e ILE, de los despidos, de la criminalización de las organizaciones sociales y la falta de entrega de los alimentos también fueron parte del programa acordado. Como a nivel nacional, el apoyo a la lucha de los jubilados, de las trabajadores y trabajadores de la Universidad, de Ciencia y Técnica, del Hospital Garrahan, del sector de Discapacidad y la unidad para enfrentar al gobierno de Milei y sus socios fue la nota de color de la jornada al igual que la denuncia del genocidio palestino y sus responsables. Se destacó la presencia de familiares de víctimas de femicidios quienes tomaron la palabra en una radio abierta a la igual que un sector del movimiento de jubilados, y pacientes de VIH que denuncian la falta de reactivos para controlar la carga viral y el estado de su salud. En la marcha llamó la atención la presencia de jóvenes, por fuera de las organizaciones, que llegaron con sus carteles y las músicas, bailarinas y artistas que con su arte le dieron colorido y despertaron el interés de quienes pasaban. A diferencia de otras marchas, quizás de mayor volumen, el peso no lo dieron las organizaciones sino las independientes. Desde Política Obrera mostramos cómo los jubilados, las trabajadoras y trabajadores del Garrahan, la docencia de Catamarca y de la provincia de Buenos Aires se abrieron paso a través de autoconvocatorias y que la coordinación de esas luchas sienta las bases y marca el camino para la preparación de una huelga general que derrote al gobierno y prepare una salida de las y los explotados. Llamamos también a una acción por el cese del genocidio en Gaza, el retiro de las tropas de Israel y el juicio y castigo a todos los culpables.

El 1 de junio, un día antes de la segunda ronda de conversaciones entre las partes en Estocolmo, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un audaz ataque con drones en territorio ruso. Los blancos de esta largamente preparada operación de inteligencia, denominada Spiderweb (telaraña) fueron las bases aérea rusas distribuidas en diferentes zonas horarias, incluyendo la de Murmansk cerca del Círculo Polar Ártico, a unos sorprendentes 8.000 kilómetros de la frontera ucraniana, lo que da cuenta de la profundidad con la que logró operar el SBU, los servicios secretos. Antes del ataque a los aeródromos, un puente fue destruido frente a un tren de pasajeros en movimiento y otro descarriló. En total, siete personas murieron y más de 120 resultaron heridas. Putín calificó estos hechos como un sabotaje ferroviario de Kiev, durante una reunión de gabinete televisada: “Esto sólo confirma que el régimen ya ilegítimo, se está convirtiendo gradualmente en una organización terrorista” (Financial Times, 4/6). Los países aliados no tardaron en desentenderse del ataque. EE.UU. afirmó que desconocía la operación y que no fue informado antes del mismo, como algún medio había difundido para después desdecirse. Lo cierto es que una incursión de tal alcance, “ataque estratégico”, difícilmente pueda ser llevada a cabo exclusivamente por Ucrania. Es indiscutible la participación de la inteligencia occidental. Se necesitaba información sobre objetivos a miles de kilómetros de Ucrania, información que solo puede obtenerse de los satélites estadounidenses. Apenas unos días antes, Trump en medio de una serie de publicaciones en la red social X (antes Twitter) escribió una advertencia que ahora cobra todo su significado: “Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya le habrían pasado a Rusia muchísimas cosas malas, y quiero decir MUY MALAS. ¡Está jugando con fuego!” (27/5). Estos dichos indican que Trump realmente conocía de antemano los planes de Ucrania. Por último y no menos importante, el presidente norteamericano que en el pasado llegó a reprender a Zelensky incluso apenas por declaraciones cuando entendía que estas socavaban su intento de mediación, ahora no ha condenado el ataque a los aeródromos rusos. Este silencio puede interpretarse como una aprobación tácita. El asunto se complica realmente porque la destrucción de aviones de combate que Kiev cifra en 40, afectó a parte de la denominada “triada nuclear”, en este caso el tercio que corresponde a la flota aérea. El concepto se refiere a la división funcional del arsenal atómico de un país en tres componentes principales: misiles en tierra, proyectiles transportados por bombarderos estratégicos y cohetes transportados por submarinos nucleares. Los bombarderos estratégicos rusos, como el Tu-95 y el Tu-160, estaban estacionados en áreas abiertas, según lo exige el tratado START-3 (sobre Medidas para la Limitación de las Armas Estratégicas Ofensivas) entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Este tratado, firmado en 2010, obliga a las partes a garantizar la transparencia en materia de armas nucleares, incluyendo la posibilidad de monitoreo e inspecciones por satélite. La doctrina nuclear rusa, actualizada a finales de 2024, se reserva explícitamente el derecho a usar armas nucleares en respuesta a ataques en su territorio por parte de un Estado no nuclear respaldado por uno con armas nucleares. Estas modificaciones fueron la reacción a la autorización que Joe Biden dio a Kiev para utilizar misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Una mirada larga muestra un escalonamiento sistemático de la guerra. “El presidente Putin dijo, y con mucha firmeza, que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos” escribió el mismísimo Trump luego de una llamada telefónica con Putín que duró 70 minutos. Varios observadores apuntan al temor a una reacción rusa severa que eclipsaría el éxito operativo de la incursión. “Un alto funcionario ucraniano reconoció que la operación conllevaba el riesgo de alejar a los socios occidentales de Ucrania” (The Economist). No hay la menor prueba de esto. "La preocupación es que esto sea Sinop" dijo, haciendo referencia al puerto turco atacado por la flota rusa en 1853 que terminó aislando al atacante de la escena mundial. Para el semanario británico, con todo, la acción “Reescribe las reglas de la guerra”, que es lo que realmente importa. La complejidad y audacia del ataque no afecta a las operaciones rusas en la frontera oriental de Ucrania, pero ha ampliado el campo geográfico de la guerra a una escala imprevisible, como lo demuestra el ataque al puente de Kerch, los 18 kilómetros sobre el mar que unen a Rusia con Crimea. Los drones y misiles balísticos han desplazado crecientemente a los bombarderos, usados para ataques desde el aire. La OTAN ha anunciado, con estos ataques, lo que le espera a la ofensiva rusa del verano inminente. Por otra parte, la incursión militar es tan antigua como la guerra misma. La infiltración, el asalto sorpresa y una retirada rápida, ha sido la táctica predilecta de los bandos desfavorecidos, incluso con éxito (la guerra de Vietnam) en todos los conflictos para mantener la presión sobre un enemigo y echarlos del terreno. El fracaso de la ocupación de Kursk, en Rusia, por parte de Ucrania, ha invitado a la OTAN “a fracasar mejor”. La “Operación Telaraña” se inscribe en esta larga tradición. Es una adaptación a la incorporación de nuevas tecnologías, lo que no es poco. Esto también vale para las operaciones de sabotaje, como los intentos de derribar el puente de Kerch. Algunas fuentes sostienen que se utilizó un nuevo dron submarino especial (Toloka). Las conversaciones de bajo nivel en Turquía no arrojaron novedades en lo que respecta a las exigencias de las partes para alcanzar un cese del fuego. El único punto de acuerdo fue, como en otras ocasiones, el referido al intercambio de prisioneros que será el más grande: 1.200 por cada lado. El memorándum de Moscú exige el reconocimiento internacional de las regiones ocupadas como parte de la Federación Rusa, la prohibición a Ucrania de unirse a cualquier alianza y coalición militar, otorgarle al idioma ruso carácter oficial, y la celebración de elecciones. Los negociadores por la parte rusa puntualizan: “Disolución de las formaciones nacionalistas ucranianas dentro de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”. El diseño general ruso apunta a un cambio de régimen. Esta exigencia entra dentro del toma y daca de Putín con Trump , que a su vez exige que Moscú interceda en las negociaciones "algo estancadas", según cita la agencia rusa TASS, entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní. El entrelazamiento de los diferentes frentes atestigua que la guerra imperialista se libra en un único tablero mundial .

La salida de Elon Musk de su cargo de “asesor” del gobierno en “eficiencia” -léase: destrucción de la educación, la salud y la asistencia social- se produjo luego de 130 días de vigencia de su contrato, cuando en la sala oval de la Casa Blanca, Trump se deshizo en elogios al magnate sudafricano y le hizo entrega de una enorme llave dorada. Los dos hombres “más poderosos del mundo” se alabaron a sí mismos y mutuamente, y se despidieron como grandes amigos, una escenificación totalmente falsa que se desmoronó a las pocas horas. Poco antes de la despedida Musk ya había adelantado su decepción ante la ley fiscal del gobierno (autobautizada como “Big Beautiful Bill”, un “Proyecto de Ley Hermosamente Grande””). Aseguraba que aumentaría el déficit fiscal y el endeudamiento de Estados Unidos y echaría por tierra los avances de DOGE -la oficina de eficiencia gubernamental que él dirigía. Pero a medida que pasaban las horas, el dueño de Tesla, X y Space X pasó de la decepción a una campaña pública furibunda contra el mismo Trump. El tuit que comenzó la campaña fue lanzado a la una de la madrugada del 3 de junio pasado: “Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos, es una abominación repugnante. ¡Qué vergüenza para quienes votaron por ello! Saben que hicieron mal. Lo saben”. Fue apenas el principio. Tres horas después publicó una amenaza directa contra los congresistas que aprobaran la ley: “En noviembre del próximo año (elecciones de medio término) despediremos a todos los políticos que traicionaron al pueblo estadounidense”. Desde entonces, Musk no ha parado: “Kill Bill” (“matemos el proyecto de ley) fue una de las publicaciones más ingeniosas, por su alusión a una famosa película de bandoleros. En las últimas horas ha pasado a preguntarse: “Donde está ahora ese hombre” (en reacciones a publicaciones que hacían sus seguidores con capturas de tuits de Trump, de años atráa, contra el aumento del techo de deuda) e incluso convocó a una encuesta sobre la siguiente consulta: “¿Es hora de crear un nuevo partido político en Estados Unidos que realmente represente al 80 % del centro?” (X.com, 5/6). Según los defensores de la ley trumpista, el giro de Musk obedecería a que el proyecto fiscal incluye la eliminación de beneficios impositivos a los vehículos eléctricos. El distanciamiento del dueño de Tesla se viene profundizando sin embargo hace ya varios meses. Los aranceles establecidos contra China y otros países (aunque muchos quedaron en suspenso) también habían generado reacciones negativas por parte de Musk, al punto de generar enfrentamientos públicos con Peter Navarro -el asesor de Trump sobre la cuestión comercial y principal impulsor de la guerra arancelaria. Las ventas de autos y las acciones de Tesla se han desplomado -no solamente dentro de Estados Unidos, sino a nivel global- como consecuencia del rol asumido por su principal accionista y CEO, tanto por sus ataques al gasto social y los despidos de funcionarios federales, como por su apoyo público a partidos y candidatos abiertamente fascistas como la neonazi AfD de Alemania, mientras hace el saludo romano del nazismo. El enojo del magnate parece indicar que se siente traicionado por Trump. La ley fiscal El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes por apenas un voto (215 a 214), y debe ser tratado en el Senado donde tendrá aún más dificultades. Si sufre enmiendas deberá volver a la Cámara baja. El proyecto recorta el gasto social, especialmente en los programas de Salud (Medicaid) y de Alimentación (SNAP), que perjudicará a millones de personas. El recorte de Medicaid afectaría a 11 millones de beneficiarios de este seguro de salud. También recorta créditos fiscales a la “energía limpia” (como por ejemplo los subsidios a vehículos eléctricos). Por el lado de los ingresos, establece mayores deducciones de impuestos, especialmente con rebajas a las grandes fortunas. A su vez, establece un aumento del gasto militar (150.000 millones de dólares adicionales), y otro tipo de normativas que no tienen que ver con ingresos y egresos, por ejemplo, nada menos que establecer limitaciones a los tribunales federales para que puedan declarar en desacato a los jerarcas y funcionarios federales (algo que sucede a cada rato por la abierta violación gubernamental a los mandatos de los jueces). El proyecto tiene alrededor de mil páginas, por lo que es una “ley ómnibus” donde se mete todo tipo de cuestión, muchas veces de contrabando. Tras la aprobación, dos representantes republicanos reconocieron que habían votado algunos artículos sin leerlos. Uno de ellos confesó que no sabía que había votado la restricción a la declaración de desacato de los funcionarios, y otra representante -la ultra reaccionaria Marjorie Taylor Greene- declaró algo similar respecto a dos páginas enteras referidas a la imposibilidad de los Estados de regular la Inteligencia Artificial durante los próximos 10 años. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el endeudamiento crecería en 2.4 billones de dólares. Por más que el gobierno intenta desvirtuar estos cálculos y pretende que la fijación de aranceles provocaría un incremento de los ingresos fiscales, el discurso de la “eficiencia gubernamental” y el achique del gasto se ha ido por el drenaje. Todo esto en el marco de un proyecto de ley que aumenta el gasto del Pentágono, recorta asistencia social, rebaja los impuestos a los magnates, y contrabandea normas para fortalecer al gobierno en su choque con los tribunales de justicia. Empantanamiento La fractura expuesta con Musk cae cuando Trump enfrenta el pantano de la guerra de Ucrania, el repudio creciente en todo el mundo al genocidio en Gaza, los cuestionamientos judiciales a los aranceles “recíprocos” contra casi todos los países, y la caída de la producción en el último mes, que algunos atribuyen a que no se ha registrado el aumento de los inventarios. La tumultuosa salida de Musk del gobierno delata una crisis en la oligarquía capitalista que ha llevado a Trump a la Casa Blanca –Sillicon Valley y una parte de Wall Street-.

Durante toda la jornada de este jueves, los trabajadores de Georgalos Planta Victoria realizaron una huelga total de actividades, en respuesta al despido de cinco trabajadores del sector Chocolates, después de un largo conflicto con los trabajadores del sector. El paro fue votado por unanimidad en las asambleas de los turnos mañana y tarde. Sobre el final de la jornada, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria. A primera hora de hoy viernes, los despedidos reingresaron a sus puestos de trabajo sorteando un amplio operativo policial que buscaba intimidarlos. Del conflicto de sector a la huelga general La planta histórica de la localidad de Victoria, San Fernando, perteneciente a Stani, fue vendida a Mondelez y recientemente fue comprada por la nacional Georgalos. Fue noticia porque décadas después de haberla vendido, volvió a fabricar su marca más famosa, Mantecol. Un sector de la planta sigue produciendo en forma tercerizada para la empresa Mondelez. El cambio de firma con continuidad de Mondelez a Georgalos mantuvo a los trabajadores con sus salarios y antigüedad iguales, aunque fue el disparador de un conjunto de ataques sobre las condiciones de trabajo. En un comunicado de la Comisión Interna se detalla que el sector Chocolates “desde hace 45 días vienen trabajando a reglamento, luego de que la empresa retirara personal de la linea sin explicación alguna y de un ataque reiterado a la producción del sector con el objetivo de perjudicar el salario de los trabajadores. Está decisión, con ritmos de producción elevados, expone la salud de los trabajadores. En este contexto se resolvió un paro por tres días, que fue levantado por un pedido de diálogo de parte de la empresa. La empresa no cumplió con su pedido de diálogo, intentando impedir que la Comisión Interna participara de las reuniones. Los trabajadores decidieron llevar adelante interrupciones escalonadas del sector como forma de sostener el reclamo”. La huelga, una larga tradición de Planta Victoria La respuesta de la empresa a estos paros escalonados fue el despido de cinco trabajadores del turno mañana con “justa causa”, es decir, sin indemnización, valiéndose del artículo 242 de la reformulada Ley de Contrato de Trabajo. Los despedidos eran acusados prácticamente de sabotaje, por desobedecer el nuevo sistema de relevos impuestos por la empresa, por los paros y por supuestamente “dejar caer los chocolates al piso”, una injuria que fue desmentida por toda la planta. El turno mañana no vaciló ni un minuto: recogió una larga tradición de los trabajadores de Planta Victoria, bajo la bandera de Stani, Mondelez o Georgalos: frente a los despidos, se para la planta. En la asamblea se expresó por unanimidad el voto por el paro total de actividades. Elizabeth, una de las despedidas, denunció que “los trabajadores del sector Chocolates cobran un 10 % de lo que cobra el resto de la planta por productividad”. Esta diferenciación salarial se hace en medio de un derrumbe histórico de los salarios de los trabajadores de la Alimentación, con una paritaria congelada y un sindicato paralizado completamente. Los despedidos vuelven a su lugar de trabajo En el cambio de turno se realizó la asamblea en el turno tarde, que por unanimidad votó seguir con la medida. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó rápidamente la conciliación obligatoria a partir de las 22 horas de ayer, por lo que los trabajadores levantaron el paro para el inicio del turno noche. Durante la mañana de hoy, los trabajadores despedidos se encontraron con un importante despliegue policial dentro y fuera de la planta, aunque no pudieron impedir que ingresen a sus puestos de trabajo. Representa un primer gran triunfo de los trabajadores, aunque no la reincorporación definitiva, que será otra pelea. Los trabajadores serán sometidos durante la conciliación a la presión del arreglo para desmantelar el reclamo. La comisión interna de la planta pertenece a un sector independiente, que emergió en la fábrica contra la Lista Verde de Daer y la Bordó del PTS. La Interna viene denunciando, desde que asumió, una cantidad enorme de atropellos de parte de la empresa, pero sin encontrar la forma de organizar a los trabajadores para dar respuesta. La comisión interna intentó infructuosamente realizar asambleas a la salida de planta e impulsa el reclamo al sindicato de la alimentación para que se realicen asambleas de planta. La ola de luchas por abajo crece La ola de luchas por abajo que emerge es el resultado de una prolongada maduración en los lugares de trabajo. La patronal de Georgalos viene acumulando un golpe tras otro sobre los trabajadores: suspensiones en el sector de Beldent, la eliminación del bono de fin de año -una conquista histórica de los trabajadores de la planta que no fue abonado en 2024-, la no entrega de cajas de mercadería de fin de año, los atropellos constantes del servicio médico. Los trabajadores denuncian que, mientras les son negados derechos históricos, la patronal de Georgalos gasta un dineral en auspiciar a la Selección Nacional de Messi y Scaloni. Para llevar su lucha a la victoria, los trabajadores y la Comisión Interna de Georgalos Victoria deberán defender a rajatablas la soberanía de la asamblea obrera, sobre todo de la política desmovilizadora de la conducción de Rodolfo Daer y de los congresales del STIA Buenos Aires. Hay que defender el reclamo de la reincorporación definitiva de los despedidos, la reinstalación en su sector de trabajo, la restitución de los puestos de trabajo del sector Chocolates y la equiparación del premio de producción con los demás sectores de la planta.

La lucha de los trabajadores del Garrahan puso en guardia y en estado de movilización a todos los hospitales del país. La cuestión del salario del trabajador de la salud, pulverizado por los ajustes oficiales, ganó la primera plana de la agenda política nacional. Es solo el emergente de todo un sistema sanitario que se hunde por una política de desfinanciamiento consciente, que solo busca alimentar el negocio de las prepagas y la medicina privada. El gobierno mileísta puso en pie un “Ministerio de Prepagas”, conducido por Mario Lugones, que reparte “bonos” y amenazas de despidos, en partes iguales, para intentar desactivar la tendencia a una movilización general de los trabajadores. En el mismo sentido comenzaron a intervenir los aparatos de la burocracia sindical, hasta el momento completamente ignorados por las huelgas y autoconvocatorias que se pusieron en marcha desde abajo. Las amenazas contra los residentes del Garrahan despertaron un gran movimiento de solidaridad y podrían convertirse rápidamente en un búmeran contra el gobierno. En el día de ayer se cumplió el paro votado por la asamblea general de trabajadores de planta del Garrahan, organizada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE. La medida comenzó el miércoles por la noche, cuando los trabajadores de ese turno marcharon por las calles de Parque Patricios, con gran participación de enfermeras, médicos y técnicos. El jueves, la jefa del Servicio de Trasplantes de Médula Ósea leyó un comunicado en el que denunció la persecución de las autoridades y funcionarios mileístas contra los residentes, tras lo cual se realizó una movilización a Plaza de Mayo. Junto a los trabajadores de planta, también pararon los becarios del hospital y los residentes que dependen del gobierno porteño, llevando en sus espaldas carteles conmovedores con los nombres de sus compañeros residentes de Nación, que no pudieron asistir a raíz de los aprietes. Al interior del hospital, una movilización de trabajadores irrumpió en las oficinas de las autoridades para repudiar la violencia contra los residentes al grito de “que se vayan todos”. Las amenazas lograron interrumpir momentáneamente una huelga indefinida que ya llevaba dos semanas, pero motivaron el ingreso de nuevos sectores a la lucha en un conflicto que está muy lejos de resolverse. La audiencia convocada el miércoles pasado por el gobierno con los sindicatos del Garrahan, en el marco de la conciliación obligatoria, fue una verdadera farsa. El gobierno de Milei envió a “cuatro perejiles” en representación de las autoridades del hospital, sin llevar propuesta alguna. En protesta por el desplante, ATE Nacional convocó a un paro en todos los establecimientos de salud del país para el día siguiente, sin continuidad. La burocracia de Aguiar busca reposicionarse en un conflicto que la tuvo completamente borrada. Los residentes del Posadas, por su parte, habían votado un paro para la semana que viene exigiendo la equiparación con el Garrahan de todos los residentes de los hospitales nacionales. Por indicación del gobierno, las autoridades del Posadas los convocaron para ofrecerles, a ellos también, un bono no remunerativo. Estos bonos otorgados a discreción buscan sostener la fachada de un ajuste fiscal, pero al costo de agravar las desigualdades entre los trabajadores de los diferentes sectores y hospitales, impulsando a nuevos contingentes a la lucha. Se trata de paliativos transitorios que se desvalorizan rápidamente y no llegan, ni de cerca, a cubrir el valor de una canasta familiar, que hoy orilla los 2,5 millones de pesos. Sin soluciones de fondo a la vista, la asamblea general del Garrahan votó continuar el plan de lucha con un cabildo abierto que tendrá lugar hoy por la tarde, un festival el sábado 7 y un nuevo paro de 48 hs para el martes 10 y el miércoles 11, que culminará con una marcha al Ministerio de Salud junto a los pacientes y sus familias. Durante el fin de semana, también harán paro los franqueros. En los hospitales porteños, la respuesta infame del gobierno, con una diputada que afirmó que si querían ganar plata los médicos “deberían haber estudiado otra cosa”, despertó una fuerte indignación y dio lugar a un proceso de organización en solidaridad con el Garrahan y por sus propios reclamos. Se realizaron asambleas en los hospitales que votaron delegados y una asamblea general de CABA resolvió un paro para el próximo miércoles en defensa del Garrahan y para exigirle al gobierno porteño una recomposición salarial. El día de hoy está convocada una asamblea de residentes de la provincia de Buenos Aires, que también se puso en acción y se proponen organizar un paro y movilización a La Plata para la semana que viene. Los propios residentes de Nación del Garrahan, a partir del apoyo contundente recibido, evalúan volver a adoptar medidas de fuerza. Atenta al despertar de los trabajadores, las burocracias sindicales de SUTECBA y Médicos Municipales también comenzaron a moverse y a organizar reuniones preventivas con los trabajadores para evitar que adopten medidas de fuerza. La burocracia quiere ocupar un rol de mediadora entre los trabajadores y el gobierno, pero no tiene nada para ofrecer y apenas logra disimular su parálisis cómplice con el ajuste oficial. Es necesario poner fin al desangre del sistema público de salud y a la política de demolición de los salarios de sus trabajadores con una gran lucha organizada desde abajo, que involucre activamente a pacientes y familiares. Hagamos que el gobierno se trague sus propias amenazas, expulsando a los vaciadores de los hospitales. La defensa de los hospitales y centros de salud pone sobre la mesa la necesidad de elegir democráticamente a sus autoridades, desplazando a los ñoquis designados por el Poder Ejecutivo. El resguardo del sistema de salud de las garras de los privatizadores oficiales exige su nacionalización integral, bajo la gestión de trabajadores y profesionales electos, un salario mínimo para sus trabajadores igual al costo de la canasta familiar. Transformemos la lucha del Garrahan en una poderosa huelga general autoconvocada de toda la salud por la conquista de todas las reivindicaciones pendientes.

La sesión del Congreso de este miércoles, así como las movilizaciones y huelgas que acompañaron y precedieron a esa sesión, ponen de manifiesto que se está configurando un nuevo escenario político. La sesión que trató el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la “emergencia en discapacidad”, prosperó gracias al quorum aportado por diputados que en oportunidades anteriores actuaban en acuerdo con Milei -los que responden a los gobernadores de Córdoba, Salta, Tucumán y Catamarca-. Adicionalmente, los diputados macristas “de Macri” y del radicalismo “mileísta” (De Loredo) se abstuvieron, dejando un interrogante respecto de cómo votarían en caso de una insistencia contra el veto presidencial. Los círculos más cercanos al gobierno liberticida ponen en duda la capacidad de Milei para lograr, como en otras oportunidades, una dilación del Senado, o incluso la imposición del veto. El mercado financiero recibió a estas fracturas políticas con una caída en el precio de los bonos argentinos. Impasse económico y político En el distanciamiento de los gobernadores, quien hizo punta fue el santafecino Pullaro. Al decir que “no podía gobernarse solamente para el capital financiero”, reveló el desagrado del capital agrario y exportador de su provincia, que no baja la bandera de una reducción mayor de las retenciones o, en su defecto, de una devaluación. A esta fracción capitalista, el gobierno le ofrece la zanahoria de sumarse a la bicicleta financiera o a la especulación con la deuda pública. Pero el porvenir de esas operaciones se encuentra bajo pronóstico reservado: la última licitación de deuda pública por 1000 millones de dólares debió pagar un interés ultrausurario; es que, de cara al dólar recontrabajo que promueve el gobierno, el capital financiero descuenta la devaluación a un futuro cercano. Para desalentarla, el gobierno sostiene una política deflacionaria que sostiene con la depresión económica: es lo que muestra la caída en la recaudación fiscal de mayo. El editorialista de “Clarín” (6.6) adelanta que esa caída deberá compensarse con “una mayor motosierra”, que tiene en las provincias a uno de sus flancos principales. Una reciente reunión de representantes provinciales con el gobierno libertario puso de manifiesto situaciones críticas, en algún caso, poniendo en riesgo el pago del aguinaldo. El mentiroso “equilibrio fiscal” oculta una fractura expuesta en la articulación de las finanzas nacionales, ello, sin contar el colapso de la obra pública y el impasse de las inversiones petroleras y mineras en las regiones, en medio del derrumbe internacional de precios. Luchas Pero la inviabilidad del planteamiento libertario también ha aflorado por abajo, con huelgas y movilizaciones de mayor combatividad. La lucha de los residentes del Garrahan ha desatado una inquietud general en los hospitales nacionales e incluso en los que dependen de la provincia de Buenos Aires. Las huelgas en la salud habían sido precedidas por un fuerte paro en la educación bonaerense, en repudio a los seudoaumentos pactados entre Kicillof y la burocracia de Baradel; por la docencia y estudiantes de Catamarca, los piquetes y movilizaciones de los choferes, los investigadores científicos, la huelga metalúrgica de Tierra del Fuego, los profesionales del área de discapacidad y, en los últimos días, los feriantes de La Salada, que fue cerrada bajo la presión de los monopolios internacionales de la indumentaria. Esta olla a presión tiene múltiples manifestaciones en las provincias, uno de los eslabones más precarios del régimen liberticida. Más allá del escenario de luchas, el cambio de escenario político se ha manifestado soterradamente en el extraordinario ausentismo de las elecciones provinciales adelantadas. La abstención masiva puso de manifiesto una transición política cuyo desenlace está abierto: una masa de la población que había votado por Milei en 2023 dejó de hacerlo, pero desconfía mortalmente de una oposición que ha convalidado puntualmente todos los atropellos del gobierno contra los de abajo. Reacción conservadora Por referencia a este escenario explosivo, la sesión de este miércoles ha sido extraordinariamente clarificadora, pues expuso la política con la cual la oposición –“dialoguista”, nacional o popular o de “izquierda”- aborda esta transición política. Este bloque de fuerzas aprobó un aumento jubilatorio que deja a los haberes mínimos en el 30 % de una canasta de pobreza, lo que no les impidió desgranar largos discursos en defensa de “nuestros viejos”. Prorrogó una moratoria previsional que Milei clausuró, pero que, incluso vigente, condena a un estipendio igualmente miserable para quienes fueron obligados a trabajar en negro o cuyas patronales les birlaron los aportes. Nadie planteó en el recinto imponerle al conjunto de la clase capitalista evasora el resarcimiento de las cajas previsionales vaciadas o, en su defecto, cesar el pago de la deuda pública usuraria que tiene como acreedora a esa misma clase social. En la redacción final de la ley jubilatoria, el derechista Massot impuso un capítulo de financiamiento en base a poner fin a alguna exención impositiva o pequeñas reasignaciones de partidas -incluso en perjuicio de la SIDE-. Pero se encargó de dejar intacta a la estructura nodal del presupuesto, que está diseñado en función del pago de la deuda pública. Lo mismo ocurrió con la “emergencia en discapacidad”, que ofreció una pensión de monedas a las personas discapacitadas y un socorro precario para las prestaciones. Pero dejó en pie a un régimen de tercerización (y privatización) de la salud y educación para los discapacitados, cuya contraparte es el vaciamiento de la salud pública y de las escuelas públicas especiales. El bloque que empujó este paquete legislativo se ocupó muy bien de mostrarle al gran capital que puede ser un relevo eficaz de Milei, sin tocar un ápice de la herencia antiobrera del gobierno liberticida. Es el mismo sentido de las declaraciones recientes de Cristina Kirchner, en reclamo de un “estado eficiente” y de la oposición a las huelgas en la salud y la educación. Adentro y afuera del Congreso, la izquierda agrupada en el FITU ha sido parte de esta sintonía conservadora. Sus diputados no denunciaron el carácter reaccionario de la oposición fondomonetarista y sus compromisos de fondo con el gobierno liberticida. Presentaron a los proyectos de esa oposición como “insuficientes”, sin oponerles un planteo de salida fundado en un ataque al gran capital y una reorganización de carácter socialista. No alertaron ni caracterizaron a una oposición que pretende imprimirle una salida reaccionaria al actual impasse político. Un macrista de Milei, Fernando Iglesias, denunció al Congreso por “troskizarse”, y por haber parido una sesión “troska”. Sin quererlo, el camaleón derechista caracterizaba, no al Congreso, sino a los pretendidos “troskos”, que se han mimetizado con esa oposición al punto de conformar un interbloque con una fracción kirchnerista. Este arco opositor ha salido a intervenir activamente en el ascenso de luchas. Después de un larguísimo letargo, algún sector de la burocracia de los sindicatos ha pasado a dar señales de vida, con el único propósito de manipular a las iniciativas por abajo. Es lo que acaba de hacer ATE nacional, convocando a una “jornada de lucha” en salud cuando ya era evidente la propagación de una ola de huelgas en los hospitales nacionales. El proceso electoral será otro gran terreno de disputa por la orientación política de esa transición, y los bloques capitalistas del Congreso también miraron para ese lado en la sesión del miércoles. La campaña será un gran escenario de esta transición política, y una oportunidad para desarrollar un programa y una salida en términos obreros y socialistas, en medio de estos desplazamientos políticos y de una guerra y una crisis financiera internacional.

A la hora en que los diputados aprobaban la norma previsional que se discutió ayer, ya no quedaban jubilados en las inmediaciones del Congreso; una señal inconfundible del desinterés por el proyecto cuya aprobación se descontaba. Votaron con los pies, lo que Diputados tenía previsto hacer con sus manos. Diputados aprobó un aumento de 7,2 % sobre los haberes actuales, y un aumento de $40.000 sobre el bono de $70.000. Por el primer concepto, la jubilación mínima subirá $21.000, que los mal intencionados (que nunca faltan) describen como $700 por día. Sumado al bono, la jubilación mensual se ‘elevaría’ a $437.000. Es menos del 40 % de una canasta de pobreza, y la tercera parte de la llamada “Canasta del jubilado”. Para llegar a esto, los diputados alargaron las horas de la sesión para conseguir el espacio que les permitiría invocar a “nuestros jubilados y sus derechos”. Sólo desde diciembre de 2023, el centro CEPA ha calculado una pérdida en el poder adquisitivo de los haberes del orden del 36%. Esto, no toma en cuenta el derrumbe experimentado bajo Alberto y Cristina F, y Guzmán. Varios jueces y camaristas del interior -Mendoza, Salta, Córdoba y otras provincias- han ido más lejos que los “combativos” diputados, pues están dictando fallos que asumen pérdidas de hasta el 45 % en los haberes, entre marzo de 2021 y junio de 2024. La ley aprobada, además, convierte en ley al actual decreto que actualiza a las jubilaciones de acuerdo a la inflación pasada. Esto significa que descarta cualquier otro indicador -por ejemplo, el salario, cuando supera al índice de inflación- que permita un progreso del poder adquisitivo de las jubilaciones. La ley “reparadora” constituye un retroceso estratégico. Aunque Milei vete este proyecto, que aún necesita el voto del Senado, el debate fue recontra importante, porque expuso el programa de unidad de un bloque mayoritario de Diputados opositores, alternativo al gobierno, en materia previsional. Esta unidad se restringió, a la hora de votar el mantenimiento por dos años de la moratoria, cuando una parte de esta oposición eligió la abstención. Martín Menem, el presidente de la Cámara, no hizo votar el derecho a abstenerse, como lo exige el reglamento. La llamada izquierda votó, como se esperaba, este proyecto, pero evitó, en todo momento, denunciarlo por su mezquindad económica y por encubrir el proceso de parto de un frente opositor, y forzar, al menos parcialmente, el debate del proyecto histórico de la izquierda argentina en materia previsional. Sus oradores se esforzaron, visiblemente, por subrayar el acompañamiento al proyecto en discusión, para no sacar los pies del bloque “opositor”. El inefable Fernando Iglesias denunció a este frente en formación de partidos patronales y la llamada izquierda, como “trotskista”. El saltimbanqui “la tiene clara”. Los diputados han votado la prórroga de la moratoria por dos años, algo que permitiría, si no fuera vetada, la jubilación disminuida de miles de trabajadores sin aportes, en virtud del negreo de las patronales o de la desocupación masiva. La “prórroga” fue votada con fecha de vencimiento, 2027, antes de las presidenciales, para habilitar el verdadero proyecto “opositor”, que es de imponer la jubilación “proporcional”, que se encargó de presentar el ex macrista Massot – una jubilación acorde a los años aportados por debajo del tiempo mínimo exigido. O sea, “acomodar” los haberes a la falta de aportes causada por el desempleo o el trabajo en negro. “Responsabilidad fiscal” El proyecto incluye un capítulo que financia los aumentos aprobados. Establece cobrar el IVA que no pagan los directores de empresa, y redistribuir 30 millones de dólares asignados recientemente para la SIDE. A un aumento mezquino, una financiación que no afecta a los grandes ganadores de la política de emisión de deuda pública en gran escala. Los pagos de vencimientos e intereses en 2025 son de más de 8 mil millones de dólares; en 2026, el doble. La “recapitalización” del Banco Central ha costado un endeudamiento por 20 mil millones de dólares, que se van yendo en salidas de capital. El dinero “es fungible” – no va a los jubilados o al Garrahan y el Conicet, sino a las cuentas bancarias del capital. Los diputados aprobaron también una “emergencia en discapacidad” que prevé una pensión equivalente al 70% de un haber mínimo -210.000 pesos. Si el discapacitado “osara” ganar más de dos salarios mínimos, pierde el beneficio. En las comisiones del Congreso, los colectivos de discapacidad denunciaron a este estipendio por “mezquino”. Para despachar todos los asuntos sociales en una sola jornada parlamentaria, los diputados trabajaron ayer horas extras. Esto revela la coordinación política de un bloque opositor que incluye al kirchnerismo, antes de la condena definitiva de CFK, que se ha apresurado a llenar un vacío político, como el que dejaron las elecciones provinciales desdobladas. Senado y veto Este “vuelto” de los diputados en favor de jubilados y discapacitados ha quedado condicionado al Senado y al Ejecutivo. El gobierno se encuentra operando sobre los senadores peronistas -ofrece transferencias “unilaterales” a sus provincias cambio de voltear o de dormir este paquete de leyes-. En Diputados, el macrismo “de Macri”, no el libertario, se abstuvo, o sea que amenaza cambiar de campo. Esos votos serán necesarios a la hora de conformar el tercio necesario para dejar en pie un veto presidencial. Macri los condicionará a la conformación de listas para las elecciones de Buenos Aires. Minutos antes de votarse, Nicolás del Caño anunció el “apoyo crítico” del FITU a la ley jubilatoria, debido a sus aumentos “insuficientes”. El FITU presentó a las leyes votadas como una “victoria de la movilización”. Pero la movilización real se fue antes de la votación, a diferencia de las mujeres que no se movieron de la plaza hasta que no se aprobara el derecho al aborto. La “calle” reclama jubilaciones que cubran la canasta del adulto mayor; el Garrahan luchaba por un aumento que cubra la canasta familiar, un reclamo que luego se extendió al conjunto de los hospitales nacionales El apoyo “crítico” no existe, es un invento de la corriente política de Del Caño, conocida como morenismo. El proyecto votado es, ante todo, político; a sabiendas de que será vetado, quiere ser la expresión de un bloque patronal de oposición en formación. La tarea es denunciar ese proyecto en términos reivindicativos y en términos políticos. Por eso se dice que el parlamento es, para los socialistas, una tribuna de cara a los trabajadores, para que expongan el antagonismo con el capital y sus gobiernos. Esta posición nítida permite que a la hora de votar se elija el procedimiento más conveniente, como votarlo como un mal menor frente a otro mayor, y denunciándolo políticamente como una gran maniobra antiobrera. Así lo ha hecho siempre la dirección histórica del Partido Obrero, que planteó la expropiación sin pago de las empresas vaciadas, y luego votó los proyectos compensadores contra quienes quería desalojar a los obreros que las ocupaban. Esta posición de conjunto sirvió para luchar por el no pago de las cuotas de resarcimiento, cada vez que el financiamiento del trabajo entraba en crisis. En lugar de un apoyo ‘critico’, la obligación es denunciar a “los aliados” que lo promueven y apoyan, para separar claramente a los dos campos históricos fundamentales: la burguesía y el proletariado.

Israel, asociada a Estados Unidos y la Unión Europea, fabricó deliberadamente, durante 18 meses, una catástrofe humana inaudita, arrasó toda la infraestructura sanitaria, educativa y de servicios de la Franja de Gaza y sometió a dos millones de personas -la mitad niños- a la hambruna. El objetivo es construir un estado “desde el río hasta el mar”. Es un plan acordado con el imperialismo para rediseñar el mapa de Medio Oriente en el contexto de la guerra imperialista mundial. Estados Unidos ha sancionado a las juezas del Tribunal Penal Internacional por lo que ha calificado como “acciones ilegítimas” de esta corte en contra de Estados Unidos e Israel. “Es una medida sin precedentes en respuesta a la emisión de una orden de arresto contra Netanyahu por su campaña militar en Gaza” (El País 6/6). En la ONU fue presentada una resolución que demanda el cese del fuego inmediato e incondicional en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos por Hamas, sin ninguna mención al retiro de las fuerzas de ocupación, tanto de Gaza como de Cisjordania, y del sur del Líbano y de Siria. Avalada por 14 de sus 15 miembros, que incluyen a Rusia y China, la resolución fue vetada por Estados Unidos. Este es el cuadro internacional del genocidio en Palestina, sólo resistido por marchas multitudinarias en el Europa y el Medio Oriente, y de parte de un sector minoritario de la población de Israel. La imposición de una “supremacía judía” en Palestina es la envoltura ideológica del propósito del imperialismo de instalar una plataforma para sus declaradas intenciones de proseguir la guerra en Ucrania, Rusia y Europa, y preparar la guerra contra China. Los crímenes de guerra están a la vista. Alrededor del 5,8 % de casi 50.000 niños menores de cinco años evaluados por Naciones Unidas en mayo presentaban signos de desnutrición aguda, el triple que en febrero. Los bebés mueren de inanición. “¿Cómo alguien puede tolerar este horror?", pregunta un funcionario de Naciones Unidas antes de romper en llanto. Médicos sin Frontera asegura que miles de bebés corren peligro de muerte inminente: las fotos y los videos de la BBC los muestran bebiendo sorbitos de agua, inertes en los brazos de sus madres que acarician los cuerpos esqueléticos. A los ojos del planeta entero, incluidos los farsantes derechohumanistas que gobiernan la Unión Europea, famélicos, desesperados, los gazatíes se hacinan en carpas, sin alimento ni agua potable ni luz ni gas ni medicamentos. Decenas de miles caminan kilómetros a oscuras, antes del amanecer, para llegar a alguno de los 8 puntos de distribución de comida organizados por la inteligencia militar israelí. Cuando armados con tapers y ollas llegan a los ultramilitarizados puntos de distribución, el ejército y grupos mafiosos asociados a las FDI abren fuego. En una semana, los muertos superaron el centenar. El miércoles, Netanyahu suspendió hasta nuevo aviso el reparto de comida a cuentagotas perpetrado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una organización de factura reciente asociada a la inteligencia israelí y estadounidense. La situación disparó la renuncia del Boston Consulting Group (BCG), la consultora internacional que había sido un socio operativo fundamental “y motor del proyecto”. También había renunciado el primer director: ya tienen uno nuevo, un evangélico fascista norteamericano, que dice que los asesinatos sionistas son una invención de Hamas. “El Ejército disparó desde drones y tanques”, afirman los sobrevivientes. Aunque trataron de desmentirlos, Médicos Sin Fronteras (MSF) y la Media Luna Roja confirmaron cientos de pacientes con “heridas de bala visibles”. (France 24 3/6). La Cruz Roja informó que sólo en un día su hospital de campaña recibió 184 heridos de bala. La ONU es la única que puede distribuir ayuda humanitaria eficazmente, tiene 400 centros de distribución. La Fundación tenía previsto abrir solamente ocho centros, lo que significa que cada uno debería proveer a un cuarto de millón de personas. Absurdo. (EP 31/5) Hamas había advertido que la Fundación era sólo una estrategia de inteligencia militar para acelerar el vaciamiento del Norte y desplazar a toda su población. Los saqueos a los camiones de ayuda, sostuvieron, son obra de bandas mafiosas dirigidas por el ejército sionista y el Shin Bet. El jefe de los ladrones es Yaser Abu Shabab, un criminal repudiado por todos los clanes tribales del sur de Gaza. El viernes, el derechista laico Avigdor Lieberman, exministro de Defensa de Netanyahu, confirmó esas denuncias. En declaraciones a la radio pública, dijo que el ejército entrega armas a bandas locales vinculadas a los terroristas de ISIS sin medir que “mañana pueden volverse contra Israel”. Netanyahu confirmó la especie, solo que dijo que no tenía nada de malo y que el propósito era que las mafias sustituyeran a Hamas, y también salvar vidas de soldados israelíes, porque los hombres de Abu Shabab realizan también tareas peligrosas. Asesinos de niños El ejército israelí ya ocupa casi el 70 % de territorio gazatí y ha puesto especial énfasis en los asesinatos de niños, que no es un “daño colateral”: es una prescripción castrense. Médicos sin Fronteras denuncia que reciben chicos con disparos certeros en la cabeza o el corazón. Israel es ejecutora del mayor infanticidio de la edad contemporánea. Para quien quiera verlo, ese espectáculo se renueva en las redes cada día en tiempo real, aunque las grandes cadenas de comunicaciones intenten ocultarlo. El sionismo ha disciplinado a los jóvenes soldados israelíes en el exterminio de criaturas mientras los ministros Smotrich, Gvir, los rabinos haredíes e incluso los ministros de partidos laicos como el Likud repiten que los palestinos son todos terroristas, incluidos los que aún no saben caminar ni hablar. La justificación del infanticidio está presente en la currícula educativa israelí tanto en las escuelas laicas como religiosas. Apelan a fundamentos históricos (Flavio Josefo) o a la Biblia (Amalec ). Javier Milei también suele apelar a citas bíblicas para proponer el exterminio de sus enemigos. El 28 de mayo, Haaretz publicó resultados de una encuesta encargada en marzo por la Universidad Estatal de Pensilvania y realizada por la empresa israelí de sondeos Geocartography Knowledge Group. Según los resultados, el 82 % de los israelíes encuestados apoyaba la expulsión de la población gazatí mientras que el 56 % también quiere expulsar a los ciudadanos palestinos –“árabes israelíes”- de Israel. Las cifras muestran un fuerte aumento respecto de 2003, cuando el apoyo se situaba en el 45 % y el 31 %, respectivamente. Este apoyo a la “solución final” en Palestina, convierte a Israel en un estado paria, en un gueto contrarrevolucionario, que destruye para siempre el mito de “un hogar nacional judío”. El judaísmo sionista internacional se encuentra definitivamente partido. Intelectuales judíos altamente representativos se preguntan “qué es ser judío hoy” “Las interpretaciones religiosas desempeñan un papel fundamental en la formación de estas opiniones”, aclara interesadamente Haaretz, un portavoz del sionismo laico, que ha elegido ignorar que se está en presencia de un operativo estratégico del imperialismo –sea supremacista, liberal o laico-. Cualquier presencia palestina en la tierra de Israel sería “una profanación al nombre de Dios”, insiste el diario. Es lo que arguyen los colonos cuando queman aldeas, se apropian de la tierra y matan palestinos en Cisjordania. El emprendimiento fascista local es funcional a la estrategia de colonización y de guerra de un imperialismo históricamente agonizante. Sionistas laicos también adhieren a la limpieza étnica. El 47 % de los encuestados está de acuerdo con que «al conquistar una ciudad enemiga, las Fuerzas de Defensa de Israel deberían actuar como lo hicieron los israelitas en Jericó bajo el mando de Josué: matando a todos sus habitantes». El 65 % dijo creer en la existencia de una encarnación moderna de Amalec, el enemigo bíblico de los israelitas a quien Dios ordenó exterminar. Entre ellos, el 93 % dijo que el mandamiento de borrar la memoria de Amalec sigue siendo relevante. Con o sin Amalec, Netanyahu anunció la aprobación de 22 nuevos asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada, “la mayor expansión israelí en territorio palestino en décadas”. Varios ya existen como asentamientos avanzados, construidos sin autorización gubernamental, pero ahora serán legales bajo la ley israelí. Otros son completamente nuevos, según el ministro de Defensa, Israel Katz, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Con una ayudita de los amigos Los socios europeos de Israel fruncen la nariz ante una legalidad asentada en la Torá, pero eso no obstaculiza ni el apoyo político ni la provisión de armas a los genocidas. Cuando Estados Unidos vetó el miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU ampliado -son miembros permanentes Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y el mismo EE.UU.- que exigía un alto el fuego inmediato e incondicional en Gaza, la liberación de todos los rehenes y la reanudación de la entrega de ayuda, Dorothy Shea, representante de Estados Unidos ante la ONU arguyó que “cualquier medida que socave la seguridad de nuestro estrecho aliado Israel es inviable”. Un “cese incondicional del fuego” significa la perpetuación de la ocupación israelí. Trump teme que la resolución ponga en peligro el rol que Estados Unidos le asigna a Israel en el sometimiento del Medio Oriente. Trump extorsiona a Irán con la amenaza de un bombardeo masivo conjunto de ambos países. Este jueves, después de una reunión con el canciller israelí, Gideon Saar, en Berlín, su par alemán, Johann Wadephul, aseguró que “Alemania seguirá apoyando a Israel con suministro de armas”; consideró “una mala señal” reconocer “el principio” de un Estado palestino y abogó por que la Unión Europea mantenga su asociación con Israel. Desde el 7 de octubre, Alemania ha aportado al genocidio armas por valor de 500 millones de euros. (DW 5/6). Alemania se ha convertido en la principal animadora de la prosecución de la guerra contra Rusia. El gobierno laborista del Reino Unido no se queda atrás. Después de una suspensión parcial -escandalosamente burlada, según una investigación de The Guardian-, aprobó exportar equipamiento militar por 169 millones de dólares. Los datos oficiales muestran que entre octubre y diciembre de 2024 se aprobaron más licencias “que las que aprobó el gobierno conservador entre 2020 y 2023”, dijo Emily Apple, de la Campaña Contra el Comercio de Armas. “Vemos al gobierno laborista instigando el genocidio en Gaza”, agregó (Middle East Eye 15/5). La guerra deja enormes ganancias. Según el Ministerio de Defensa israelí, el volumen de las ventas de armas israelíes al extranjero se ha más que duplicado en cinco años, hasta alcanzar casi 15.000 millones de dólares el año pasado. Desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, “el rendimiento probado de los sistemas israelíes en el campo de batalla ha estimulado la fuerte demanda internacional de tecnología de defensa israelí”, agrega (legrandcontinent.eu 6/5). Europa, que se preparaba para la guerra antes aún de las órdenes de Trump, representó el 54 % de esas exportaciones en 2024. La cuota de Europa en las exportaciones de armas israelíes pasó del 35 % en 2023 al 54 % el año pasado (cerca de 8.000 millones de dólares), mientras que el importe total de las exportaciones se ha más que duplicado en cinco años hasta alcanzar casi 15.000 millones de dólares en año pasado. Sin embargo, un sector del establishment imperialista abre interrogantes sobre los riesgos de la política de Netanyahu. Cindy McCain, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y viuda del excandidato presidencial republicano John McCain, en una entrevista con la cadena ABC, propuso “un alto el fuego inmediato, un acceso seguro y sin restricciones, y la apertura total de todos los pasos fronterizos, para alimentar a la población y evitar una catástrofe”. También ella dejó de lado el retiro militar de Israel, la principal demanda de Hamas para firmar un cese del fuego. Desde hace semanas, un periodista amigo de Joe Biden como Thomas Friedman (NYT) e intelectuales como el británico John Carlin sostienen que la oposición israelí empieza a convertirse en una corriente pacifista, que denuncia los crímenes de guerra y reclama el cese del fuego como herramienta para el rescate de los rehenes. Hasta ahora se manifestaba contra la reforma judicial de Netanyahu y acompañaba el reclamo por los rehenes, responsabilizando a las milicias palestinas por la masacre en Gaza. La denuncia del genocidio comienza a ganar cuerpo, sobre todo ente estudiantes y profesores universitarios. A fines de mayo hubo una jornada en todas las universidades israelíes, algo que hasta ahora solo había ocurrido en la de Tel Aviv. El 2 de junio, 1.200 académicos y administradores universitarios israelíes publicaron una carta en protesta por los “crímenes de guerra e incluso crímenes de lesa humanidad” cometidos por el ejército israelí en Gaza. Los firmantes, en una admisión considerada sin precedentes, se consideran cómplices “por mantener silencio durante 18 meses ante la horrible letanía de crímenes de guerra e incluso crímenes de lesa humanidad, todos perpetrados por nosotros mismos”. El representante Jalil al Hayya, jefe en la Franja de Gaza, reiteró que la organización está preparada para entablar una nueva ronda de negociaciones “seria” con el objetivo de alcanzar un acuerdo de alto el fuego permanente. Y que están dispuestos a entregar el control de Gaza “de inmediato” a un actor palestino consensuado si Israel pone fin a su presencia militar en la Franja. Lo que ocurre en Cisjordania queda, sin embargo, fuera de agenda. El genocidio del estado sionista en Gaza (y también en Cisjordania) representa un salto cualitativo en la estrategia centenaria de convertir a Palestina en un estado étnico, monoconfesional. Es lo que ignoran los comentaristas, en especial aquellos que ubican a la masacre actual en línea con las numerosas masacres precedentes. Esta vez responde a un escenario de guerra mundial; en estas condiciones, no hay espacio para una salida sudafricana al “apartheid” sionista convertido en “solución final”, la contraseña histórica del nazismo contra el pueblo judío. Nota 1.- “Ve, pues, y ataca a Amalek, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él; mata a hombres y a mujeres, a niños y aún los de pecho, y vacas y ovejas, camellos y asnos”. VER EN YOUTUBE: MESA REDONDA: PALESTINA, UN GENOCIDIO EN EL SIGLO XXI "MESA REDONDA: PALESTINA, UN GENOCIDIO EN EL SIGLO XXI" llevada adelante en la Facultad de Cs Sociales-UBA, viernes 06/06/2025. PANEL: Rafael Araya Masry – Presidente de COPLAC, miembro del Comité Central de la OLP y del Consejo Nacional Palestino. Gabriel Sivinián – Sociólogo. Coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos "Edward Said", FFyL–UBA. Patricio Brodsky – Sociólogo. Profesor de “Genocidio y Memoria”, Facultad de Derecho – UBA. Olga Viglieca – Periodista, investigadora, escritora y corresponsal en medios nacionales e internacionales. Especializada en género y derechos humanos. Coordina: Néstor Correa – ex secretario general de AGD–UBA.

El encargado de turismo del aparato del Partido Obrero, Guillermo Kane, escribió 40.000 caracteres para admitir lo obvio: que la reunión que organizarán en Italia junto al SWP inglés y un rejunte variopinto de grupos disímiles, en organización, programas y planteos políticos, carece de entidad. La pretensión de formar una “nueva Internacional” en tiempo record, esgrimida en una declaración que criticamos en estas páginas , fue archivada sin la necesidad de mayores comentarios. Kane nos dice, ahora, que lo que buscan es tan solo un “reagrupamiento de acción”. Menciona, a su vez, la existencia de “divergencias importantes”, que hubieran debido ser clarificadas, antes que nada, pero que Kane evita incluso explicitar. En cambio, despotrica de principio a fin contra Jorge Altamira, convertido en destinatario omnipresente de toda su diatriba política; le pesa en la conciencia como una pesadilla. Confirma lo que ya sabíamos: la ruptura de todo vínculo con la trayectoria revolucionaria del Partido Obrero. Kane protesta, precisamente, por el agobio que le ha generado haberse visto obligado a sentarse a escribir una respuesta; debe ser por cierto agobiante defender posiciones insostenibles. Si la tarea le ha impedido acumular algunas millas, debería agradecernos el ahorro de gastos en dólar tarjeta. La nueva idea de un “frente de acción”, al que nuestro agotado polemista hace alusión, no podría nunca circunscribirse a una serie de reuniones internacionales; la “acción” debería traducirse en campañas unitarias a la escala de cada país. Nada de esto existe sino, más bien, todo lo contrario: el aparato del PO ya tiene “un frente de acción”, con el cual no ha hecho literalmente nada en defensa del pueblo palestino o contra la guerra de la OTAN y Rusia. Pero en lugar de esto nos ofrece como plato recalentado de todos los días ejercicios de faccionalismo político permanentes, en general ceñidos a reyertas por la distribución de candidaturas electorales . ¿Cómo sería un frente de acción que no puede traducirse en cada país y por de pronto en el propio? ¿O se trata de declaraciones rutinarias desde alguna ciudad europea? Kane no ha reparado siquiera en que un frente de acción es una contradicción en términos, porque todo frente involucra un proyecto político y un programa, lo que lo obliga a contarnos acerca de esa estrategia y ese programa, mientras que lo único que nos ofrece son las “divergencias importantes”. Un acuerdo para la acción es, por el contrario, circunscripto, como un piquete de huelga o la organización de una manifestación por reivindicaciones específicas, lo que implica una concertación organizativa. Una campaña de propaganda o agitación contra la guerra en Ucrania o contra el genocidio en Gaza requiere una posición política común. En este aspecto, sólo conocemos una declaración de Alex Callinicos, del SWP del Reino Unido, que se ha manifestado impresionado por las críticas del primer ministro Keith Starmer a Israel, ( https://socialistworker.co.uk/palestine-2023/western-leaders-criticism-deepens-israels-political-crisis ) mientras le sigue enviando ayuda militar y económica a Netanyahu. Un frente contra la guerra imperialista exige un planteo estratégico. Pero en el frente de Kane no saben todavía quién es imperialista y quién no lo sería en esta guerra. No estamos por ciento ante “la banalidad del mal” pero si de la estupidez. El FIT-U, un frente político con todos los atributos, incluido un programa, no le ha servido al aparato del PO para ninguna “acción” contra la guerra imperialista en Europa, ni contra la masacre sionista en Palestina. Esto está completamente por fuera del radar del FIT-U, toda vez que sus tres cuartas partes se han declarado partidarias de apoyar la guerra nacional de Ucrania con las armas, los subsidios y la estrategia de guerra internacional de la OTAN. La única “acción” parlamentaria de esta izquierda, no hay que olvidarlo, consistió en el voto favorable por parte de Bregman y Solano al tratado Trump-Netanyahu que declara antisemita cualquier crítica que cuestione el Estado de Israel. El aparato del PO se embandera con el lema “nosotros hacemos” para eludir la delimitación de principios y estrategias políticas, pero es precisamente en eso que se expresa sin atenuantes todo su desbarranque político. Esto es así en el Congreso Nacional, donde el cansado turista Kane se defiende tímidamente argumentando que su aparato es un “bloque independiente”, sin decir una palabra sobre el interbloque que formaron con el kirchnerismo y el PTS bajo el nombre de “Frente de Izquierda-Nacional y Popular” . Justificado para evitar que LLA se quede con la presidencia de la comisión que debe juzgar el caso $Libra, ha culminado con la entrega de esa presidencia a LLA, por parte del kirchnerismo, que es con quien se alió el FIT-U para evitarlo. Esto es lo que quiere decir Kane con “hacemos”. Pero este “hacemos” es aún más evidente en el movimiento obrero y de las masas, en el cual sólo por mencionar los ejemplos recientes tenemos el impulso al acatamiento de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de Milei contra los trabajadores del Garrahan y la fuga de delegados en la conducción del SUTNA . El frente de acción al que se aferra ahora Kane, tiene un signo faccional inconfundible: ninguno de sus miembros puede organizar “frentes de acción” en sus propios países. Kane, el “hacedor” de las ofertas de pasajes al exterior pasa revista a la crisis de la izquierda a nivel mundial. Se toma el “agobio” de ese largo trabajo, para tirar la pelota afuera del debate acerca de la “nueva Internacional” del aparato del PO. La expresión más relevante de esa crisis, este improvisado internacionalista no la menciona: la expulsión de 1200 militantes del PO y de su dirección histórica. El aparato del PO se autoexcluye del listado de las crisis. Los fanáticos de la “acción” bagayera, dedicada al contrabando de principios y estrategias políticas, se lamentan de la falta de cohesión y la dispersión del movimiento socialista revolucionario internacional, sin notar su propio rol contrarrevolucionario en la promoción de esa dispersión, al sabotear al Partido Obrero histórico que a nivel mundial había alcanzado un lugar incomparable en términos de crecimiento organizativo y programa (aprobado en un congreso internacional en Buenos Aires, como fundamento para crear la CRCI). Política Obrera es la continuidad de la construcción histórica sistemática de un partido revolucionario . Kane justifica su rejunte bagayero trayendo los antecedentes de Lenin y Trotsky en las conferencias de Zimmerwald y Kienthal, que reagruparon a los internacionalistas durante la Primera Guerra Mundial. Pero ninguna de esas conferencias parió un “frente de acción”; fueron nada menos que las predecesoras programáticas y políticas de la Internacional Comunista. Lenin no concurrió allí a contrabandear posiciones con los partidos pacifistas y centristas (mayoritarios), para proclamar una “nueva internacional” de ficción. Desarrolló una lucha principista implacable por una estrategia revolucionaria, que se expresó en una moción de minoría presentada por Karl Radek que planteaba transformar la guerra imperialista en revolución social y establecía una delimitación política y una ruptura definitiva con la Segunda Internacional. Sólo a partir de esa lucha política en la claridad, y no de la claudicación frente al oportunismo, fue que se avino a firmar el manifiesto de consenso redactado por Trotsky. No “una acción” sino un manifiesto. Es lo que el constructor del Ejército Rojo reconoce en “Mi vida”, cuando afirma que “Lenin templó en Zimmerwald el acero para las empresas internacionales que había de acometer, y puede decirse que en aquel pueblecillo de la montaña suiza fue donde se puso la primera piedra para la internacional revolucionaria”, que emergería unos años más tarde, tras la victoria de la Revolución de Octubre, pero que Lenin mocionó en la Conferencia de abril de 1917 en el partido Bolchevique con un resultado negativo. Luego de ponderar una “acción” que no actúa más allá del reunionismo internacional, y de postular “divergencias” que elude explicitar, Kane se decide por fin a defender integralmente el contenido político de la declaración “de consenso”, en todas sus líneas. Afirma, entonces, que “todo el documento denuncia la colaboración de clases y plantea la acción directa de la clase obrera, y la lucha por el poder obrero”. Sobre la guerra, nada, y nada tampoco de delimitación política con las corrientes pro OTAN y prorrusas acerca de la guerra. Kane reivindica el “poder obrero” de parte de un aparato que sostiene las tesis de género y las identidades no clasistas; que agita el ambientalismo al margen del capitalismo en decadencia; que propugna “un movimiento popular con banderas socialistas”; y el Interbloque con el kirchnerismo. La duplicidad ideológica no es una novedad; ha sido una característica sistemática de la socialdemocracia y el stalinismo; el primero, hablando de socialismo los primeros de mayo, y el segundo, del comunismo, mientras estimulaba la desigualdad social. No tenemos entonces ni un bloque político de principios, pero sí de ‘divergencias’ que se esconden, ni tampoco un “frente de acción”. Kane no le informa a su audiencia que el SWP de Gran Bretaña, su nuevo socio, ha dado su apoyo a la centroizquierda imperialista en las elecciones de Corea del Sur ( https://socialistworker.co.uk/international/south-korea-headline-here/ ). Nunca conoceremos la posición de Kane sobre esta desviación inglesa, porque promete que será el último que escriba, anticipando nuestra respuesta. Pero cuidado, el aparato del PO hizo lo mismo que el SWP cuando apoyó a Massa en el balotaje de octubre de 2023. La diferencia con Corea del Sur es que este país está en línea de frente de la guerra imperialista que Kane, un impostor, asegura combatir. Hay un punto en el cual “la nueva internacional” se mantiene incólume: es en el apoyo a las “rebeliones obreras y populares” en Irán y el Líbano, con independencia de su dirección política, cuando se observa una campaña del imperialismo para derrocar a la teocracia persa y acabar con Hizbollah. La importancia de luchar contra este entrelazamiento de una rebelión popular, de un lado, y el imperialismo, del otro, fue la tarea extraordinaria que impuso Lenin frente a la primera revolución, en febrero de 1917, a la que calificó en parte como un golpe de estado del imperialismo anglo-francés y la burguesía rusa, para mantener a Rusia en la guerra. Irán y Yemen son los pocos estados que enfrentan, con sus métodos, el genocidio en Gaza. Kane y Callinicos proponen ir ciegamente al matadero de una supuesta rebelión popular indiferenciada del imperialismo (es lo que han venido haciendo los partidos morenistas en Siria) y del impulso que tienen del imperialismo mundial en el marco de su guerra de genocidio contra Gaza. Aquí, los bagayeros asumen como propia la “ofensiva” imperialista. El escriba del dólar tarjeta pretende distraer de este punto trayendo a colación una diferenciación entre Política Obrera y Hamas, cuando planteamos que nuestra defensa del pueblo palestino contra la colonización confiscatoria del Estado de Israel la hacíamos “sin apoyar ni hacernos responsables por la estrategia de las fracciones palestinas”. En Palestina, el agobiado turista tampoco acepta una delimitación política. Kane esconde que fue el aparato del PO el que decidió sacar de circulación un volante que reivindicaba el accionar de Hamas, con el pretexto de su “estrategia teocrática” , como si una estrategia militar teocrática tuviera algún sentido. Cedieron a la presión del PTS que condenó, desde su prensa y el parlamento argentino, el asalto del 7 de octubre. Nuestra corriente defendió el derecho a una rebelión popular palestina contra el estado sionista, en un texto muy esclarecedor . El contrabandista del aparato se despoja de sus ropas de turista y deja ver su traje de difamador cuando se refiere a lo ocurrido en la Conferencia Internacional del año 2018, realizada en la facultad de Sociales. Atribuye a Altamira la invitación “sin advertir a la militancia” de Dayra Mitina del OKP, un partido exestalinista de Rusia, cuando su convocatoria corrió por cuenta de las organizaciones europeas de la CRCI. Repite, también en esto, un libreto ya esbozado por el PTS, pero de forma aún más descarada. Dice, en referencia a las posiciones del OKP, que “Altamira no las ha criticado nunca”. Exactamente lo contrario puede verse en el video que está subido al propio canal de YouTube del propio Partido Obrero , que Kane debería haber mínimamente revisado para justificar su renta como turista bagayero. Desde el escenario de aquel acto, fue Altamira quien refutó a Mitina al plantear que los derechos de las mujeres y homosexuales eran pisoteados en Rusia como parte de una política contrarrevolucionaria de la burocracia de Putin, que incluía la restauración del propio clero ortodoxo. Altamira cerró aquel discurso convocando a la lucha por conquistar el derecho al aborto. La camarilla a la cual responde Kane se ha propuesto la liquidación del patrimonio programático histórico del Partido Obrero. Una tarea que le queda muy grande, en la que apenas logrará fagocitarse a sí misma. El internacionalismo revolucionario no tiene nada en común con el confusionismo bagayero, su caricatura burocrática, sectaria y autoproclamatoria. No hay una solución turístico administrativa para la reconstrucción de una internacional revolucionaria: ésta debe partir del desarrollo del programa aprobado en 2004 por el Congreso de fundación de la CRCI y de sus manifiestos posteriores.

Cinco meses después de los feroces incendios que se desataron en el verano en la Comarca - Mallin Ahogado, Bolsón y Epuyén- la asistencia estatal prometida no aparece. Los pobladores de Epuyén se organizan y reclaman por la carencia de recursos para la reconstrucción de sus viviendas y de sus emprendimientos. En una movilización a la intendencia de la localidad, denunciaron la ineficiencia del intendente José Contreras y la complicidad del gobernador Ignacio Torres que, aparentemente, está reteniendo el aporte de 7.000 millones de pesos del gobierno nacional destinados a la reconstrucción. Marcharon al Hospital, al Concejo Municipal y al Servicio de Protección de Derechos. Declararon que “estamos avergonzados de las instituciones municipales que nos dan la espalda a cinco meses del incendio” y que “son más de 200 familias las que resultaron afectadas por el incendio, de las cuales 80 han perdido absolutamente todo, incluso los vehículos. La ayuda que llegó de la provincia no es para todos. Entregaron 20 millones de pesos, pero arbitrariamente excluyen a algunas familias. Por otro lado, son váuchers y los podemos cambiar por materiales solo en El Bolsón, a 50 kilómetros o en Esquel, a 120 kilómetros. Además, esa ayuda es insuficiente: te sirve para el techo o el piso nomás”. El gobernador Nacho Torres, en el momento más crítico de los incendios, montó una campaña persecutoria contra el pueblo mapuche, a quien asoció con una organización inexistente, la RAM, a la cual ha caratulado como “organización terrorista”. La asociación del pueblo mapuche a una organización “terrorista” tiene el objetivo de generar un andamiaje legal para señalar a todo mapuche como terrorista. En la disputa que lleva el gobierno provincial de Chubut contra las comunidades por el control de la zona andina del noroeste, este accionar es muy conveniente, para legitimar el desalojo. Las comunidades denuncian que el gobierno intenta hacerse del control de la zona de los acuíferos para alimentar la actividad minera, que también es motivo de disputa, entre el gobierno y la población. Chubut posee importantes reservas de uranio, oro y cobre, entre otras, hoy en plena disputa entre Estados Unidos y China, en plena guerra por el control de las cadenas de producción. Mekorot, la empresa estatal de Israel que roba agua a los palestinos para alimentar el genocidio contra este pueblo, es la encargada de llevar a adelante los proyectos para, en este caso, robar agua a los bosques y habitantes de los Andes y Chubut para alimentar la industria minera, que alimenta a su vez la industria armamentista. En todo el accionar del gobierno de Ignacio Torres, desde enero a esta parte, hay una lógica que responde a un mismo objetivo: militarización y control de la Patagonia para la entrega de los recursos a los capitales de los países de la OTAN. Es en este punto en el cual el gobernador está completamente alineado a la política del gobierno de Milei. El Estado se ha convertido en el principal conspirador contra la salud de la población. En este punto, la organización de la población y su reunión en asambleas para discutir sus reclamos y un método de acción es un síntoma de salud política y lucidez pues, con esta acción, enfrentan un régimen que, primero genera los incendios, luego encubre a los culpables y emprende una persecución contra los mapuches y, por último, empuja al exilio a los habitantes. Los intereses de la industria forestal, hídrica, turística y minera son los responsables de los incendios. La población debe asumir la defensa de la vida y del medio ambiente. LEER MÁS: Bullrich militariza los bosques patagónicos La ministra propone apagar mega incendios… con fusiles. Por Myriam Álvarez y Patricia Urones, 22/02/2025. Bullrich encubre a los verdaderos responsables de los incendios y aplica la Ley Antiterrorista La ministra busca un chivo expiatorio. Por Patricia Urones, 13/02/2025.

La irrupción masiva de la docencia catamarqueña abrió una etapa de movilización al interior de la provincia y al conjunto de los trabajadores. Entre los trabajadores del estado se han generalizado reclamos comunes a los diferentes sectores sumado reivindicaciones particulares. El aumento salarial y la defensa de los derechos laborales se han establecido como denominadores comunes. El gobierno provincial, luego de la irrupción masiva de los docentes y la derogación del decreto 884/25, ensaya diferentes alternativas para desmovilizar a los trabajadores de la educación y promover nuevos frentes de ataque. La medida más relevante de la semana fue la conferencia del conjunto de los senadores provinciales, que anunciaron el inicio del proceso de reforma del estatuto del docente catamarqueño mediante una campaña de consultas por los departamentos de la provincia a su cargo. Frente a esta nueva amenaza, la docencia continua en estado de movilización y promueve una nueva manifestación para el día de hoy. Los reclamos centrales son el aumento salarial de emergencia del 50 %, la defensa del estatuto docente, estabilidad laboral, cobertura de los cargos vacantes, pago inmediato de los haberes retenidos y aumento presupuestario; se estructura un pliego reivindicativo más amplio que incluye a los docentes desocupados, trabajadores precarizados de las escuelas, mejores condiciones para educación especial, acceso a licencias médicas, restitución de fondos para comedores y transporte escolar, entre muchas más. La coordinación entre niveles y localidades que se va desarrollando va avanzando superando dificultades, afirmando el modo de organización efectivo para la deliberación y resolución de las acciones de lucha. Durante la semana, los docentes catamarqueños denunciaron irregularidades y recorte en el ofrecimiento de cargos para niveles obligatorios, repudiando el cercenamiento del acceso al derecho a la licencia por enfermedad o incapacidad laboral, reclamando rectificación y restitución de docentes cesanteados. El pasado sábado 31 de mayo finalmente se materializó una nueva manifestación autoconvocada, esta vez mediante una convocatoria anónima, con la participación aproximada de tres mil manifestantes. Una importante manifestación que confirmó la tendencia a la lucha de los trabajadores del estado, abierta por la irrupción masiva del sábado 24 de mayo. Con la participación de trabajadores de la administración, obra y salud pública, residentes de salud mental, precarizados y la policía de Catamarca. El sector de la policía movilizada es expresión de una crisis en un aparato clave del estado precisamente para reprimir los reclamos sociales y de los trabajadores. Las manifestantes reclamaron aumento salarial, la derogación del decreto 771/25 que instrumenta un régimen de precarización laboral sobre el Estatuto de los Empleados públicos, flexibilizando aspectos referidos a la estabilidad laboral y regimentando nuevas condiciones, el repudio al aumento en el ítem descuento por la obra social de los empleados públicos, y el pase a planta permanente de los precarizados. El funcionamiento legislativo se ha paralizado. La burocracia sindical de todos los sindicatos ha sido repudiada por los trabajadores autoconvocada y se encuentra en un impasse , incluyendo declaraciones en resguardo del gobierno y choques entre sus referentes. El Sindicato de obreros y empleados municipales (SOEM), que nuclea a trabajadores municipales de la capital, ha declarado que participará de la jornada de manifestación después de que fuera desestimado su recurso de amparo interpuesto contra los aumentos en los descuentos de la obra social. El día de hoy, sábado 7 de junio, se realizará una nueva marcha de trabajadores autoconvocados, en la que confluyen los diferentes sectores. La docencia autoconvocada toma la iniciativa y plantea el enlace y la coordinación de la marcha y un acto en la plaza principal. El alcance provincial de la lucha es conducido por los trabajadores de la educación que replicarán simultáneamente las acciones a lo largo y ancho del territorio. La provincia se encuentra en un estado de convulsión. Se profundiza la crisis e impasse del gobierno ahora mucho más con la rebaja de los fondos coparticipables, de los cuales se financia en un 70-80 % el gobierno provincial, lo que ha llevado a reclamos de ayuda financiera al gobierno nacional sin resultados a la vista. En este escenario, la irrupción generalizada de los trabajadores al margen de la burocracia ha impactado en todas las clases sociales y abre la posibilidad de una rebelión general, y que en ese marco diversos sectores se sumen a la lucha general, comenzando por la universidad, la clase obrera del parque industrial y del campo, y los obreros mineros. LEER MÁS: Catamarca: el movimiento autoconvocado avanza con sus reclamos, mientras el gobierno de Jalil y la burocracia operan para desactivar la lucha Por Bruno Corzo, 30/05/2025.

La Corte Suprema de Justicia hizo efectiva la condena a diez años de prisión de Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa conocida como “ruta del dinero K”. Los abogados de Báez presentaron dos recursos ante la Corte, pero fueron rechazados por Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces. Rosenkrantz no validó la mayoría, ya que entendió que la resolución debía realizarse con el acompañamiento del Procurador. Ahora resta que el tribunal oral que intervino resuelva cuáles de las condenas son de cumplimiento efectivo y ordenar las detenciones que correspondan. La importancia política del fallo reside en el antecedente que deja sentado de cara a la decisión que pueda tomar la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, en la que CFK se encuentra condenada a seis años de prisión y las consecuencias directas que pueda tener en los planes políticos de la exmandataria. Sobre todo, porque es posible que los cortesanos se expidan antes del 19 de julio, fecha prevista para la inscripción de candidaturas para los comicios de la provincia de Buenos Aires. La Corte debe decidir si deja firme la condena a 6 años y la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos a la expresidenta. Las otras alternativas que tiene a disposición son, por un lado, hacer lugar al pedido del fiscal de Casación (Villar) y el procurador general interino (Casal) para elevar la condena a 12 años o darles paso a los reclamos de exculpación por parte de la defensa, del otro lado. La defensa de CFK había pedido posponer el fallo sobre la causa Vialidad y recusar a Ricardo Lorenzetti por haber reclamado la “celeridad” en la causa y por haber hecho lobby en favor de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que integren el máximo tribunal. A pesar de las divisiones hacia adentro de la Corte, la recusación de Lorenzetti ha sido rechazada al día siguiente que se confirmara la candidatura de CFK por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Hasta hace poco tiempo, desde el kirchnerismo descontaban que la decisión quedaría para después de las elecciones y a CFK blindada por los fueros parlamentarios. El blindaje es discutible porque la doble condena que ha recibido la expresidenta ocurrió cuando no contaba con esa protección. El fuero garantiza la libertad de un parlamentario en funciones, no con anterioridad. Las amenazas que provenían de que pasara en el Senado el proyecto de Ficha Limpia y por ende la proscripción a CFK se han difuminado. Pero quienes insisten con una anticipación de un fallo condenatorio son la Cámara de Comercio Americana (AmCham) y Donald Trump, quien ha prohibido el ingreso de CFK a Estados Unidos por “corrupción”. En el juicio por Vialidad, los fiscales no han podido probar la relación comercial entre CFK y Lázaro Báez. Por su parte el tándem Villar-Casal reclamó que no se tuvieran presentes los testimonios de los empresarios ‘arrepentidos’ que se encuentran en la llamada ‘Causa de los Cuadernos’ que involucra a todos los popes del ‘empresariado prebendario’ en la cartelización de la obra pública, no solamente Báez. En perspectiva, la figura de CFK, mal que le pese a un sector de la burguesía, representa una alternativa a un derrumbe del gobierno de Milei , ya que sigue “siendo la dueña de la red de seguridad institucional.”

La muerte del niño Thiago Correa, en La Matanza, es un caso inocultable de brutalidad policial. Thiago fue abatido por una de las once balas disparadas por un agente de la federal contra un grupo de asaltantes. El intento de robo tuvo lugar contra el mismo policía, Facundo Fajardo. Pero cuando éste se identificó, los presuntos ladrones huyeron de inmediato, como lo muestran los videos registrados en las cámaras de seguridad de la zona. Ya con éstos corriendo, Fajardo les disparó a quemarropa y por la espalda. No sólo se cobró la vida de Thiago sino también la de uno de los cuatro jóvenes, Brandom, de 18 años, hiriendo de gravedad a otros dos. La carátula del fiscal contra Fajardo –“exceso en la legítima defensa”- es completamente indulgente, pues el agente policial no corría peligro alguno cuando comenzó a disparar. Se trata de dos crímenes policiales sin atenuantes. Pero la brutalidad de este acto fue superada por lejos por la ministra Patricia Bullrich cuando salió a respaldar incondicionalmente al agente policial involucrado. Bullrich defendió el derecho al ataque policial incluso en situaciones de fuga; una versión agravada del caso Chocobar. Responsabilizó de la muerte de Thiago a los cuatro jóvenes, no a Fajardo, y anunció que presentaría una iniciativa de reforma del Código Penal para achacar cualquier consecuencia letal de un ataque policial a presuntos delincuentes. Es una carta blanca a la violencia policial, aunque sus términos no pasarían la prueba de un parlamento mínimamente responsable; desvirtuaría a cualquier función judicial. Hace dos meses, cuando el fotógrafo Pablo Grillo fue atacado por una granada policial en una manifestación de jubilados, el Ministerio de Seguridad utilizó los mismos argumentos: el culpable era el fotógrafo, por “estar donde no debía estar”. En este caso, la violencia policial fue consecuencia de las órdenes de su jefatura orgánica y política En la conferencia de prensa donde se desplegaron estas atrocidades, el periodista Julio Bazán, que desenmascaró a la ministra al relatar los hechos como fueron, le preguntó sobre “la formación que recibían los policías”. Bullrich le respondió que Fajardo había “demostrado su formación en este mismo hecho”, confundiendo adrede la destreza en el uso del arma, con la intencionalidad de producir una ‘limpieza’ de delincuentes; Bullrich hace la apología del delito, incluido el asesinato de Thiago, de ocho años, con el cuidado de no ser llevada al fuero penal. Sin quererlo, sacó a la luz la raíz de este episodio: los Fajardo o Chocobar no actúan por excesos o por impulso propio. Son capacitados para “meter bala”, la frase preferida de otro apologista de la criminalidad, José Luis Espert. Patricia Bullrich y su Estado represor son los responsables políticos del desastre que tuvo lugar en La Matanza. Los crímenes de Thiago y Brandon, y las bravatas de Bullrich, tienen lugar en un escenario caracterizado por huelgas y movilizaciones por múltiples reclamos populares, y por una evidente tendencia hacia la crisis cambiaria y bancaria. Bullrich quiere opacar un episodio que también le concierne –los asesinatos parapoliciales del 20 de diciembre de 2001-. Es necesaria una movilización contra el gatillo fácil, por el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los crímenes de La Matanza, por la condena judicial de la apología del delito y por la defensa incondicional de los derechos democráticos. LEER MÁS: Revocaron la condena al policía Chocobar Por Jacyn, 07/05/2024. Patricia Bullrich lanza el Protocolo Chocobar Por Agustín Fernández, 14/03/2024.

Un nene de 7 años perdió la vida a causa de una serie de disparos que ejecutó un policía en la localidad de Ciudad Evita, La Matanza. La balacera ser produjo luego de que el agente (que no se encontraba en servicio) se resistiera a un robo. Thiago Correa, se encontraba esperando el colectivo junto a su padre, cuando una bala impactó en la zona de atrás de su cabeza. Después de agonizar durante casi 48 horas, murió este viernes. También falleció uno de los asaltantes y otro quedó herido. Aguilar Fajardo, el policía que disparó está detenido por “exceso de legítima defensa”. El episodio ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 22.30, en la intersección de avenida Crovara y Madrid. Allí, Fabián y su hijo estaban en la parada cuando, según la reconstrucción de los investigadores, un agente de la Policía Federal Argentina fue abordado por cuatro delincuentes armados. El efectivo estaba vestido de civil y fuera de servicio. Se identificó como personal policial, sacó su pistola reglamentaria y comenzó a disparar. El arma de los asaltantes resultó ser de juguete. El policía disparó -como lo muestran las cámaras- una ráfaga de 11 disparos en 9 segundos. Una de esas balas impactó sobre Thiago y le quitó la vida. “Cuando estábamos esperando el colectivo, escuché una explosión y pensé que era una moto, pero de repente empezaron a escucharse más detonaciones. Cuando me di cuenta de que se estaban agarrando a tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado una bala”, relató el padre del niño. “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”. El agente que disparó la bala mortal fue identificado como Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, oficial ayudante de la Dirección Montada de la PFA, quien quedó detenido por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de “homicidio en exceso en la legítima defensa”. Uno de los ladrones, Brandon Corpus Antelo, de 18 años murió tras recibir un disparo en el cuello. Otros dos, identificados como Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leiva, ambos de 21 años, terminaron heridos: uno con un impacto en la pierna derecha y el otro en el abdomen, en estado grave. El cuarto asaltante logró escapar. Lo que los medios presentar como un “enfrentamiento” en realidad se trató de una balacera sobre personas desarmadas que salieron corriendo cuando el oficial se identificó. Les dispararon por la espalda. En su declaración, Fajardo intentó justificar su reacción porque sintió que su vida “corría peligro”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió rápidamente a justificar el accionar de la policía. Señaló en conferencia de prensa que “el oficial actuó en legítima defensa”. Pidió, además, que se cambie la calificación de la causa contra los asaltantes heridos y detenidos. Bullrich defiende a rajatabla la “doctrina Chocobar”, respaldando la brutalidad policial para ir creando un Estado de tipo policial. Por otro lado, Bullrich responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof por la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires. La respuesta del gobierno bonaerense llegó en la voz del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien acusó a Bullrich de querer “apropiarse de las víctimas”. La policía bonaerense también cuenta con un historial nefasto en casos de gatillo fácil en la Provincia. Los partidos del régimen solo intentan sacar alguna tajada electoral. Se impone la necesidad de movilizarnos masivamente para terminar con los casos de gatillo fácil, aun contra delincuentes, que tienen derecho a una defensa en juicio y por el juicio a los responsables políticos y materiales. Justicia para Thiago y todas las víctimas del “gatillo fácil”. LEER MÁS: Caso Thiago: Patricia Bullrich es una apologista reincidente del delito Por Marcelo Ramal, 07/06/2025.

La Corte Suprema de la Nación ha tomado la decisión de adelantar la sentencia condenatoria de la expresidenta Cristina Kirchner para una fecha anterior a la inscripción de listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento, más allá del contenido de la condena, tiene el propósito de inhabilitarla como candidata para esos comicios. La Corte tiene su autoridad política profundamente menguada , pues se encuentra virtualmente vacante, reducida a tres miembros durante un tiempo prolongado, que no esconden el choque de apetitos políticos que los separan. El contenido mismo de la condena es igualmente cuestionable , pues, aunque sus fundamentos ofrecen pruebas materiales acerca del manejo muy irregular de la obra pública en la provincia de Santa Cruz , no aporta pruebas materiales del beneficio que habría reportado a la imputada. En otro caso, altamente similar, como lo es la causa Cuadernos , la Justicia ha absuelto a empresarios que han ganado el acceso a la obra pública mediante coimas a funcionarios del Estado. El régimen judicial ha permitido el vencimiento por prescripción de los delitos cometidos por Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger con los “megacanjes” y “blindajes” con el FMI, en 2001, que inflaron la deuda pública en 40.000 millones para financiar la fuga de capitales y precipitar el default contra los depósitos de los clientes de los bancos. También cubre con un manto de impunidad a los varios casos en que está implicado Mauricio Macri . En el momento actual, mira hacia otro lado en la causa $Libra, que la Corte debería tomar como originaria por tratarse de un presidente de la Nación. Lo mismo ocurre con la fuga del oro y los préstamos “repo” de Luis Caputo, que involucran tasas de rendimiento que superan a los que corresponden al llamado “riesgo país”. Ni hablar del endeudamiento de 2018 con el FMI para habilitar otra fuga de dinero, esta vez por 45.000 millones de dólares. Carlos Saúl Menem, por último, obtuvo el tiempo judicial necesario para refugiarse en el Senado como una guarida. La exigencia más apremiante para hacer efectiva la condena de CFK ha provenido de la Cámara de Comercio Americana (AmCham) y de parte del gobierno de Donald Trump, que no ha esperado al fallo de la Corte para prohibir el ingreso a Estados Unidos por “corrupción” de la expresidenta . Son los mayores beneficiarios económicos y geopolíticos del gobierno actual. Dejaron atrás las ventajas que CFK les otorgó en el pasado, como la entrega de los glaciares a Barrick Gold, de Vaca Muerta a Chevron, o el veto al 82 % móvil a los jubilados, y el dejar hacer con la informalidad y la precariedad laboral y el combate al clasismo en los sindicatos. Cristina Fernández de Kirchner todavía no ha dicho una palabra contra la “limpieza étnica” del Estado sionista en Palestina. La AmCham y Trump temen que un debilitamiento electoral de LLA ponga en jaque a un gobierno que conduce a Argentina por la depresión económica (deflación), al default y al derrumbe político a manos de una rebelión popular. “Los favores recibidos creo habértelos pagado”, le dice la oligarquía financiera internacional a la expresidenta, mientras descuenta que la volverá a tener de su lado cuando la estantería liberticida se venga abajo. Milei y Caputo le han dejado a la Corte hacer el trabajo sucio de una proscripción. Al final, quienes llamaron al retorno de Perón, en 1972, para sacarles las castañas del fuego de una rebelión popular fueron los mismos que los derrocaron en 1955. La misma Corte que condenó a Lula, bajo la presión del alto mando militar, en 2018, lo liberó 19 meses después mediante una artimaña judicial , para que opere como alternativa a lo que se veía como un desastre social y político, en las elecciones presidenciales siguientes. Nuestro partido, Política Obrera, repudia por anticipado la anticipada condena que se apresta a dictar la Corte y defiende los derechos políticos de toda persona mayor a los 16 años que no hubiera sido condenada por delitos de sangre ni por crímenes de lesa humanidad. Lo que importa para el progreso del pueblo no es la condena política dictada por una oligarquía de togas, sino la superación política del peronismo en desbande, por medio de la experiencia en la lucha y el debate político. La prohibición de los derechos políticos de Cristina Kirchner tiene lugar cuando la ultraderecha gobierna por decreto, pisotea las leyes y la Constitución, reprime las luchas populares, cercena el derecho de manifestación callejera y expresión pública, apoya al fascismo internacional y a las guerras imperialistas de la OTAN. Buenos Aires, 9 de junio de 2025. 70 ° aniversario de la marcha golpista de Corpus Christi, organizada por la Iglesia Católica y el Vaticano.

Una serie de redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), en las cuales más de 118 personas resultaron detenidas, ocasionaron una reacción popular contra los ataques fascistas del gobierno de Donald Trump contra los migrantes. El distrito de Crompton, en las afueras de la ciudad de Los Ángeles, uno de los que presenta las mayores tasas de habla no inglesa en el hogar, ha sido el epicentro de las protestas que se trasladaron hasta el centro, en el conocido Distrito de la Moda. Las movilizaciones que comenzaron con decenas de manifestantes han crecido en intensidad como respuesta a la violencia policial de California, así como a la decisión unilateral de Trump de enviar 2.000 guardias nacionales al territorio. Esto lo ha hecho invocando el título 10, que le permite llamar a la Guardia Nacional para repeler una invasión, reprimir una rebelión o ejecutar leyes. En la orden publicada autoriza y ordena a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional y al fiscal general a una movilización inmediata y que se realice en todos los edificios federales que están sufriendo protestas, o que puedan potencialmente sufrirlas. El resultado ha sido una militarización de todo el centro de la ciudad de Los Ángeles, que ha sido declarada “punto de no reunión” por la policía local. Los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los manifestantes han sido extremadamente explosivos, principalmente, en la tarde-noche del domingo. Las tres jornadas de protestas, que han ido creciendo en número y tenacidad de movilización, exigen la liberación de todos los migrantes detenidos, la expulsión de la Guardia Nacional y el cese de las redadas del ICE en California. Las redadas del ICE se han extendido en todo el país, muchas de ellas se han realizado a la salida de sedes judiciales, lo que es visto como un claro abuso de poder en relación a que esas personas son citadas por distintos jueces para regularizar su situación legal. Una jueza de Wisconsin, Hannah Dugan, fue detenida por el FBI tras impedir que se realice una detención en su tribunal, lo que ha sido leído como un ataque a la inmunidad legal de los jueces. Las redadas del ICE, una agencia federal, no requieren ser acompañadas por las autoridades de cada Estado. En California, gobernada por los demócratas, estas se realizan sin la ayuda de las fuerzas provinciales y con críticas públicas del gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Bass había llegado a publicar en sus redes sociales que no permitiría nuevamente una redada masiva del ICE, ya que tales acciones “generarán mayores movilizaciones y más violencia en las calles”. El gobernador Newsom viene protagonizando diversos cruces con Trump desde comienzos de su segunda gestión, como resultado de los incendios de comienzos de año. Según los demócratas, las movilizaciones son funcionales al trumpismo. Newsom dijo claramente “protesten pacíficamente, Trump busca un show. No se lo den” (La Nación, 09/06). El director del FBI ha anunciado este lunes por la mañana que no necesita “permiso de nadie para hacer cumplir la Constitución”. Las tropas del ICE circulan sin identificación a la vista y con sus caras tapadas. Las amenazas de Trump y toda su tropilla fascista no han logrado quebrar las movilizaciones, que han continuado este lunes 9 con una agenda que busca derrotar el estado de sitio y la militarización impuesta en los principales sitios de la ciudad de Los Ángeles. Se esperan nuevas movilizaciones, actos y piquetes exigiendo la libertad de los detenidos y el retiro de las guardias nacionales. La juventud universitaria está teniendo un lugar destacado en esta lucha , junto a los pobladores de los barrios de migrantes latinos; es una constante observar la bandera mexicana y otras en los piquetes y enfrentamientos con la policía. La burocracia de los sindicatos, ligada a los demócratas, no ha dado ninguna lucha ni se ha sumado a las movilizaciones, a pesar de que uno de los principales detenidos sea David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), tras querer impedir el ingreso abrupto de los oficiales del ICE a lugares de trabajo para ejecutar detenciones. Esta reacción popular ha expuesto nuevamente, como en las grandes movilizaciones y la rebelión popular que siguió al asesinato de George Floyd en 2020 , el enfrentamiento de clases que atraviesa a los Estados Unidos y el objetivo estratégico reaccionario del trumpismo sobre las condiciones de vida de los trabajadores en general, aunque haya comenzado por los migrantes. La respuesta iracunda de la administración Trump contra las manifestaciones en California demuestra este choque irreconciliable de intereses y el temor a que se extienda rápidamente de oeste a este del país. Pesa en la conciencia del magnate el recuerdo de su guardia personal llevándolo al refugio de la Casa Blanca ante la irrupción de las masas. LEER MÁS: Redadas, estallido social y militarización Trump recurre a la ley marcial. Por Rafael Fernández, 09/06/2025.

En la Universidad Nacional de José C. Paz habrá elecciones de centro de estudiantes los días 10, 11 y 12 de junio. Estas ocurren después de años sin convocarse y a través de la decisión arbitraria de la actual conducción, la cual se tomó sin involucrar al conjunto del estudiantado. En 2024, tras el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, la universidad atravesó un proceso de rebelión de toda la comunidad docente y no docente, fueron asambleas masivas con miles de estudiantes. La ocupación de la universidad fue una iniciativa desplegada por el movimiento estudiantil y docente ante el ataque del gobierno nacional, pero también ante la defección de las autoridades universitarias, de la burocracia sindical y de la conducción de las federaciones estudiantiles, que comprendían que una iniciativa de tal carácter no solo comprometía al gobierno liberticida de Milei, sino, también, a sus propios negociados en la universidad. La crisis educativa que dio lugar a la rebelión del año pasado se ha profundizado desde inicios del cuatrimestre. No solo por la continua devaluación del presupuesto y el salario docente, sino por el intento de implementación de un nuevo sistema de créditos universitarios (SACAU), el cual prevé la desarticulación de las carreras, su vaciamiento y el despido masivo de docentes. Es un paso en la dirección de la mercantilización de nuestras carreras. En la misma sintonía se habilitó recientemente a las universidades nacionales a arancelar la educación a estudiantes extranjeros. Las autoridades peronistas de la Universidad no han hecho nada para intervenir en defensa de la educación. Han llegado a un entendimiento con el gobierno nacional: acuerdan en que las universidades deben garantizarse sus propios recursos. Con esta comprensión en mente han procedido a ejecutar el presupuesto de miseria de Milei en la UNPAZ: alegando falta de recursos redujeron la extensión del CIU -curso de ingreso, el cual pasó de ser cuatrimestral a ser solo un mes- y dejaron en la calle a 60 de sus docentes, recortaron la oferta académica, cerraron contra cursadas y profundizaron el estado de abandono edilicio. Pero principalmente ese entendimiento se refleja en tomar la orientación del gobierno nacional, que es la de modificar totalmente la universidad como la conocemos: es abrirle paso al arancelamiento de las carreras, al recorte de los contenidos, a un sistema de carreras cortas y recortar todo aquello que represente un gasto fiscal para el Estado, independientemente de su función e importancia social. Medicina no se cierra El reflejo de dicha orientación se ve claramente en el intento de cierre de la carrera de Medicina por una mera cuestión presupuestaria, sin tener en cuenta la importancia de dicha facultad, una de las únicas dos del conurbano donde se dicta en forma gratuita (la otra es la Universidad de La Matanza). Las autoridades lo único que hicieron fue poner un filtro totalmente excluyente en el curso de ingreso que dejó afuera a miles de estudiantes, la mayoría mientras estudia también trabaja y no hubo contra cursadas ni oferta académica para todos ellos y nadie les dio respuesta alguna a los estudiantes. Toda esta radiografía del ajuste aplicado en la UNPAZ demuestra que las autoridades universitarias se han convertido en personeros del gobierno nacional en la aplicación de esta reforma educativa, adecuándose a administrar la miseria presupuestaria. Esta coincidencia de intereses es un reflejo de lo que ocurre en la provincia, donde Axel Kicillof se encarga de aplicar a rajatabla las paritarias a la baja y reformas de las condiciones laborales que exige Milei en todo el país. También es un reflejo de la convivencia entre el gobierno nacional y los partidos de la oposición -peronistas, radicales, macristas- en el interior del Congreso. El centro de estudiantes La agrupación de Mario Ishii, empleados con salarios municipales, se convirtió en la correa de transmisión de esta orientación política de las autoridades. Se han limitado a apoyar una nueva formulación de la Ley de financiamiento universitario, redactada por el Consejo interuniversitario (CIN), la cual reedita la experiencia fracasada del año pasado y evita una conclusión fundamental: que el terreno del Congreso -controlado por Milei y sus socios de la oposición- no es terreno para conquistar el derecho a nuestra educación. Las salidas parlamentarias como la ley de educación lo único que hicieron fue llevar a todo el movimiento educativo a una encerrona y a boicotear las luchas en curso. El gobierno nacional se encuentra encerrado por contradicciones explosivas -la tendencia al default, recesión económica, devaluación-, de un lado, y por una tendencia creciente a la movilización popular, como lo muestran los residentes del Garrahan, los choferes y los docentes bonaerenses, del otro. La perspectiva del ataque a la educación encuentra asidero en todos los partidos del régimen porque es la salida que la crisis capitalista le quiere imponer a la juventud. Por otro lado, un grupo vinculado al gobierno nacional se presenta a elecciones bajo el sello “Universitarios por La libertad avanza” (ULLA) en el departamento de Salud y Deporte. Sobre ellos pesa un prontuario de amenazas a estudiantes y docentes que llevan a cabo actividades políticas en la universidad: es lo que ocurrió el año pasado, cuando increparon a docentes que estaban dando clases públicas en el marco de la lucha educativa. Proponen eliminar cualquier rastro de debate político en la universidad: es lo que el Gobierno necesita para poder imponer su desguace de la educación pública. Es un planteo fascista, el cual han tratado de imponer mediante la acción de grupos de choque, como ocurrió durante el año pasado en la Universidad de Quilmes o de La Plata. Ante una crisis que se agudiza, debemos volver a la experiencia que nos dejó el 2024 y retomar el camino de confrontación contra el Gobierno; la reflexión que deja aquella importante experiencia política es la demostración de la complicidad entre las autoridades universitarias (CIN), el Congreso, las burocracias sindicales (ADIUNPAZ y ATUNPAZ), la burocracia estudiantil (Descamisados) y el gobierno nacional, que prosigue aumentando una deuda impagable con el FMI, pero sigue con el relato de que “no hay plata”. Todos en contra de los estudiantes y de los trabajadores de la educación. Debemos reanudar las asambleas masivas de toda la comunidad, de forma autoconvocada por fuera de las instituciones “representativas”, los procesos de deliberación con medidas de fuerza como lo fueron las marchas federales educativas, pero también la del 1F- Marcha antifascista, la masividad del 24 de Marzo, los paros docentes y no docentes discutidos desde las bases y medidas de fuerza como las clases pública o las tomas de edificios. Política Obrera reivindica y busca fortalecer esta lucha con esta perspectiva. En el departamento de Economía, Producción e Innovación tecnológica se presentan dos listas: “HACER” (descamisados) y la lista 10 “Frente de estudiantes en defensa de la educación pública”, integrada por nuestro partido, Política Obrera, Izquierda Socialista, el PTS y estudiantes independientes. LEER MÁS: Elecciones estudiantiles en UNPAZ: Política Obrera se presenta en el “FEDUP” Contra las listas que responden a la gestión, pusimos en pie un “Frente de estudiantes en defensa de la educación pública”. Por Agustina Llanes, 24/05/2025.

El viernes 6 de junio, el Juez Alfredo Wagenerer notificó a la secretaria general de Suteba Tigre, María Elisa Salgado, a la Secretaria de formación político-sindical, Marina Lazcano Warnes, y al vocal, Alfredo Cáceres, de la imposición de una restricción perimetral a raíz de una denuncia realizada por una inspectora del distrito, cuyas prácticas intimidatorias, autoritarias y de hostigamiento sobre directivos y docentes fueron denunciadas oportunamente por la seccional, y frente a la cual la DGCYE no se ha pronunciado. Este desconocimiento del derecho al libre ejercicio de la actividad sindical, a compañeros referenciados en la oposición a Baradel, se desarrolla en un marco en el cual crecen el repudio y el rechazo a la política de acuerdos salariales a la baja entre Kicillof y la conducción Celeste de Suteba. El masivo paro del 20 de mayo se desarrolló en esa perspectiva, poniendo de relieve, además del retroceso salarial, las crisis de infraestructura y del IOMA y la sobrecarga laboral producto de las reformas antieducativas implementadas. La judicialización sobre la actividad gremial de compañeros que son parte de la comisión directiva de una seccional opositora, dirigida por la lista Multicolor, no constituye un hecho aislado. El desconocimiento del derecho al paro, expresado en los descuentos y las faltas injustificadas, y el manoseo del régimen de licencias completan una política de contención y restricción de las luchas docentes impulsada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la anuencia de Baradel, en el marco del ajuste sobre la educación pública que llevan adelante Milei y los gobernadores. El cuadro se completa con una escalada de la política represiva y autoritaria impulsada por el gobierno nacional. Desde la Tendencia Docente Clasista nos solidarizamos con los compañeros y llamamos al conjunto de los docentes a repudiar esta medida y cualquier intento de regimentación de las luchas.

En un cuadro social agravado , el gobierno antiobrero de Javier Milei se pavonea de una “baja inflación” y de controlar el déficit fiscal. Y de haber logrado un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional bajo el compromiso de un mayor ajuste en salarios, jubilaciones y nuevos recortes en la asistencia social para pagar los intereses de la deuda. Mientras tanto, en los barrios la situación de las familias trabajadoras desmiente la propaganda oficial. El consumo en los hogares está por el piso, aumentan el precio de los alimentos, los servicios mensualmente (luz, agua, gas, transporte) y los alquileres, mientras los ingresos, salarios, jubilaciones y programas sociales se mantienen con un cepo del 1 % permitido en paritarias, si es que tienen algún aumento. A los comedores y merenderos no les restituyeron los alimentos confiscados criminalmente por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. Los planes sociales siguen congelados desde diciembre de 2023, mientras en los lugares de trabajo todos los días se conocen nuevos despidos y suspensiones. Cae a niveles históricos el trabajo bajo convenio. Los vecinos y compañeros que changueaban en una extrema precariedad se acercan denunciando que cuesta cada vez más conseguir un rebusque. Las compañeras que vendían en ferias y los manteros son día a día expulsados brutalmente. Se encuentran con sus mercaderías confiscadas como sucedió con la reciente clausura de La Salada . En otros distritos como en el Once y Flores, la incautación y la acción policial generan una situación similar, impidiendo para miles de precarizados poder sostener la supervivencia del día a día. Los trabajadores de la salud, el Garrahan, los docentes, los choferes de la UTA, los jubilados, los carreros y feriantes de La Salada se plantaron. Salieron a enfrentar la política de hambre y provocación de Milei, Caputo, Bullrich y el FMI. Sin esperar nada de la CGT traidora, de los sindicatos y partidos comprados por el gobierno liberticida y menos todavía de una oposición que en el Congreso le votò todas las leyes que pidieron las patronales. En este escenario, un conjunto de organizaciones -la CTA, la UTEP, el Frente de Lucha Piquetero que integra el Polo Obrero oficial y Territorios en Lucha, que agrupa al MST, Libres del Sur y el FPDS- convocan a movilizar el martes 10 de junio por la continuidad del monotributo social, el aumento del salario social complementario, la devolución de los alimentos a los comedores populares y el cese de la persecución a luchadores y migrantes . La Tendencia del Polo Obrero llama a participar activamente de la jornada.

Las elecciones en Misiones ratificaron la tendencia a la abstención que se manifestó en las elecciones precedentes: votó el 55 % del padrón, muy lejos de la participación de 2023 e incluso por debajo de la elección de medio término de 2021. El oficialista Frente Renovador obtuvo el 28,6 % de los votos, perdiendo 5 diputados y la mayoría absoluta de la legislatura por una banca. Las facciones liberticidas, que se presentaron divididas en tres listas -LLA con 21,89 %, la Vida y los Valores con 19,12 % y Partido Libertario con un 8,3 %- suman 49,31 % de los votos, superando ampliamente al FR de Rovira. La boleta de Por la Vida y los Valores llevaba como candidato a Ramón Amarilla, quien se encuentra preso por haber sido dirigente del levantamiento policial del año pasado y sorprendió por su alto resultado. Por otro lado, fue notoria la ausencia del aparato movilizador que caracteriza a las elecciones de gobernador. El régimen de Rovira se caracteriza por su abierto colaboracionismo con el gobierno Milei. En los discursos del oficialismo, al cierre de la jornada, se convocó a los liberales a “trabajar juntos”. Por su parte, el Partido Agrario y Social (organización pro K en otros tiempos), que venía en picada en 2023, aumentó su votación a la luz del conflicto yerbatero. El kirchnerismo ´puro´, representado en dos partidos, hizo una elección pobrísima, sumando entre ambos apenas un 4,2 %. El acto electoral se caracterizó por las denuncias de fraude y maniobras en la distribución de boletas. El Partido Obrero se encontró las boletas correspondientes al departamento de Eldorado distribuidas en Posadas. Con independencia de esto, el aparato del PO sufrió un retroceso enorme respecto de 2021, cuando obtuvo 18.863 votos; pasó a 8.014 en 2023 y, ahora, a 7.679. La situación social de la provincia es explosiva, debido al empobrecimiento de sus trabajadores y sectores medios. Un caso patente es el de los tareferos, quienes en 2023 hicieron campaña por la candidatura de Milei y ahora repudian al gobierno por haber eliminado el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el precio sostén. Por otra parte, el gobierno provincial viene pasando la guadaña entre los trabajadores estatales, con jubilaciones compulsivas. Se estima que casi un 40 % de los trabajadores en el Estado son “becarios” que no cobran más de $200.000 mensuales. LEER MÁS: Panorama electoral en Misiones Por Mario Coutouné, 02/06/2025.

Las tres seccionales que dirige la Lista Multicolor de SUTEBA (Marcos Paz, Tigre y Bahía Blanca) y las agrupaciones que militan en la oposición a la conducción de Baradel realizamos de forma virtual, el pasado viernes 6, un encuentro provincial. Participaron 200 docentes -en su mayoría pertenecientes a agrupaciones sindicales- y se recolectaron 156 mandatos de escuelas. La reunión comenzó con un informe de las secretarias generales de las tres seccionales. La compañera de Bahía Blanca sostuvo que el paro del 20 de mayo pasado en rechazo a la paritaria salarial de Kicillof- Baradel fue “masivo”, aunque su seccional no llamó a adherir a la medida convocada por la FEB. Omitió en su informe cualquier crítica al gobierno provincial y a la conducción provincial del SUTEBA. Sobre la continuidad de las medidas sostuvo que estas debían realizarse en la “mayor unidad posible”, haciendo referencia a la Celeste del SUTEBA, que viene de entregar el salario docente. Se expresó en oposición a realizar una medida de fuerza por 24 horas y promovió una “jornada de lucha” con una movilización distrital. La secretaria general de SUTEBA Tigre propuso impulsar desde las seccionales una nueva huelga de 24 horas. La secretaria general de SUTEBA Marcos Paz, en su informe inicial, sin embargo, no se expresó al respecto. De modo general, estuvo ausente la puesta en valor del conjunto de las luchas que se están abriendo paso en el movimiento obrero. Se caracterizó el ánimo en la docencia como "contradictorio". Los mandatos que se recogieron para el plenario y se contabilizaron marcaron por amplísima mayoría la necesidad de impulsar otro paro, e incluso se registraron mociones de paro por 48 horas y por tiempo indeterminado. En las distintas intervenciones, los oradores destacaron las luchas en curso (Garrahan, discapacidad, Catamarca, etc.). Se valoró enormemente la masividad de la huelga del 20 y la desautorización que sufrió la conducción Celeste del SUTEBA. Se explayaron en denuncias sobre las condiciones laborales que afronta la docencia día a día en las escuelas. Nuestra corriente, la Tendencia Docente Clasista, intervino caracterizando el cambio de situación política que se ha producido en los últimos días , como se observa en poderosas iniciativas de lucha (UTA, La Salada, Tierra del Fuego, residentes, etc.). Pusimos como norte la autoconvocatoria de la docencia de Catamarca, que logró voltear un decreto antiobrero del gobernador Jalil . Defendimos el planteo de exigir un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar por un cargo (en el pliego votado quedó la consiga “ningún docente pobre”). Destacamos que todos estos procesos transitan por fuera de los canales de los sindicatos “oficiales” y que teníamos el desafió de colocar a la docencia en la misma senda. Propusimos parar el miércoles 11 en toda la provincia y movilizarnos en común con los sectores en lucha. Denunciamos a la falsa “oposición” que pretende disimular su apoyo al gobierno de Milei en el Congreso Nacional . Propusimos una declaración que denuncie el genocidio contra el pueblo palestino, la que fue aprobada por el plenario. Sobre el final de la reunión, para intentar "contener" a la seccional de Bahía Blanca se propuso votar una "jornada de lucha con paros y movilizaciones distritales", como salida consensuada. El planteo deja librado a cada distrito -y a cada escuela- la modalidad de la jornada de lucha. Esto ya estuvo planteado de antemano en los mandatos que las seccionales propusieron a modo de "consulta" en las escuelas. Varios participantes del plenario nos opusimos a esta orientación y propusimos que el plenario vote "Paro provincial", moción que fue respaldada, además de Política Obrera (Tendencia Docente Clasista), por Izquierda Socialista (Docentes en Marcha) y el Nuevo MAS (Lista Gris). Los oradores de la Lista Granate (conducción Bahía Blanca), en cambio, fueron enfáticos en que no iban a votar un paro provincial impulsado por las seccionales "multicolores", posición a la que se plegaron el Partido Obrero (Tribuna Docente), PTS (La Marrón), MST (Alternativa Docente) y la Lista Verde (SUTEBA Tigre), incluso a pesar de que sus oradores habían defendido la posición de llamar a paro. En el programa votado -con nuestra abstención- se establecen un rosario de “pedidos” a la burocracia de los sindicatos – “Que los sindicatos del FUDB rompan el pacto con el gobierno provincial y convoquen a medidas progresivas”-. También que “las conducciones de las CTAs y la CGT convoquen a plan de lucha con paros nacionales escalonados contra el ajuste de Milei y el ajuste de todos los gobernadores” (Lista Multicolor, 7/6). El planteo va a contramano de la tendencia de lucha en la docencia. La CGT y la CTA no representan ningún canal en ninguna de las luchas en curso. La orientación política de la “jornada de lucha” votada está orientada a presionar a estas burocracias para que sean éstas quienes llamen a un “plan de lucha”. Tendencia Docente Clasista impulsará la jornada de lucha del miércoles 11, promoviendo la realización de asambleas y autoconvocatorias que se pronuncien por realizarla en el marco de un paro provincial docente, persiguiendo confluir con las luchas que se pronuncien por realizarla en dicho marco, en la perspectiva de coincidir con las luchas que se desarrollan contra el plan de guerra de Milei y sus secuaces. LEER MÁS: Buenos Aires: plenario de la Tendencia Docente Clasista vota campaña por la continuidad de las medidas de fuerza por el salario y las condiciones de trabajo Por Mariano Hermida, 26/05/2025. Buenos Aires: parazo docente contra el ajuste salarial Por Mariano Hermida, 20/05/2025.

El sábado 7 de junio, en la plaza central del partido de General San Martín, Política Obrera realizó un nuevo acto y radio abierta para denunciar el genocidio que el Estado de Israel perpetra contra el pueblo palestino y la complicidad política declarada del oficialismo, la burocracia sindical y el silencio cómplice de la ‘oposición’. Instalamos mesas de agitación, donde se repartieron volantes y se promovió la firma de un pronunciamiento para establecer un "Comité de apoyo al pueblo palestino". Durante el acto, el docente Carlos Suárez destacó que, tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias imperialistas, al repartirse el mundo, impulsaron la creación del Estado de Israel mediante el sionismo, un movimiento colonialista y teocrático. Este proceso resultó en la expulsión de 800.000 palestinos en 1948, con el respaldo de Gran Bretaña, a través del saqueo, la apropiación de tierras y la limpieza étnica. Suárez comparó estos métodos con los utilizados en la conquista de América, que aún afectan a los pueblos originarios, mencionando el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, así como las persecuciones y discriminaciones que aún hoy persisten. También hizo hincapié en que el gobierno de Israel ha sido condenado por el Tribunal Penal Internacional de la ONU como criminal de guerra. Además, subrayó que las tácticas de Milei son análogas a las de Netanyahu en Israel, intensificando la represión contra todas las protestas, especialmente contra los jubilados, que con su lucha han desarrollado una perspectiva que se ha convertido en referencia para los movimientos de autoconvocados que se están desarrollando. Por su parte, Carlos Frígoli abordó el asesinato de periodistas, médicos y niños, así como el devastador bombardeo del ejército israelí que ha dejado miles de muertos, en su mayoría niños y mujeres, bajo los escombros. Informó que, desde el último jueves, se han cerrado todos los puntos de distribución de alimentos por lo que miles morirán por inanición. Todo con el respaldo de Trump para derrotar la resistencia y en un intento por establecer un gran emprendimiento inmobiliario en Gaza, al servicio del gran capital. Este hecho está intrínsecamente relacionado con la crisis internacional actual. Estamos ante el desarrollo de una nueva guerra mundial, evidenciada por el aumento de los presupuestos armamentistas y la reconversión industrial bélica de los países imperialistas. Frígoli enfatizó que el objetivo del acto es involucrar a todos los trabajadores y estudiantes, porque quienes pueden parar la guerra son los pueblos y la clase obrera de todo el mundo como comenzó a expresarse con las movilizaciones estudiantiles en todo el mundo, la negativa de los portuarios franceses y los estibadores genoveses a cargar los armamentos para Israel. Por lo tanto queda en manos de los trabajadores y estudiantes poner en pie comités de apoyo en defensa del pueblo palestino. Sobre el final se dio lugar a una Radio Abierta donde se puso énfasis en la campaña que impulsa Política Obrera, para que los organismos de DDHH, las organizaciones políticas y sociales convoquen a una marcha por Palestina; luego se expresaron los diversos oradores en solidaridad con la lucha del pueblo palestino, entre ellos Flor Bogado, representante de Autoconvocados por Palestina; Manuel Rojas, de Jubilados Clasistas; Nahuel Rabey, de la juventud de Política Obrera de Exactas (UBA) y el docente Juan Linarello. Se acercaron vecinos y asistieron algunos miembros de la hinchada autoconvocada de Chacarita que se movilizan los miércoles junto a los jubilados. La próxima cita será el 15 de junio, en Callao y Corrientes, luego de realizar una denuncia implacable sobre el carácter de la masacre, en el marco de la “marcha mundial a Gaza”. LEER MÁS: El genocidio del sionismo en Gaza en el marco de la guerra imperialista mundial El respaldo incondicional de la OTAN a la estrategia del Estado y las Fuerzas Armadas de Israel. Por Olga Cristóbal, 07/06/2025. VER EN YOUTUBE: Acto de Polïtica Obrera en San Martín contra el genocidio del pueblo palestino

El gobierno trumpista militarizó la ciudad de Los Ángeles (L.A.), California, disponiendo la movilización de 2.000 soldados de la Guardia Nacional, una medida abiertamente ilegal ya que no fue solicitada ni coordinada con el gobernador del Estado. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que además hay 500 marines acuartelados y disponibles para ser enviados a reprimir las protestas. El viernes 6, la ICE (fuerzas represivas de inmigración) llevó adelante redadas masivas contra los inmigrantes en toda el área metropolitana de Los Ángeles -la segunda más grande ciudad estadounidense. Las redadas -coordinadas con el FBI y la DEA- privilegiaron el centro de L.A. y zonas conocidas por contar con una alta proporción de inmigrantes y con industrias y comercios que demandan mucha mano de obra. La persecución de inmigrantes por parte de las fuerzas represivas generó protestas inmediatas y enfrentamientos que fueron duramente reprimidos. Las redadas se produjeron en dos “Home Depot” (una cadena de tiendas para el hogar) -lugar en el que muchos trabajadores jornaleros son contratados por clientes para tareas de mantenimiento o refacciones- y claramente no apuntaban contra “criminales”, como suele declarar el gobierno, sino contra trabajadores. No es casual la elección de la ciudad para llevarla a cabo. Los Ángeles es una “ciudad santuario” para los inmigrantes, lo cual significa que sus autoridades han declarado que la ciudad no participará ni colaborará con la persecución de los inmigrantes por parte del ICE. Una gran parte de la población (alrededor del 46%) es de origen “latino”, un 34% de la población son inmigrantes, y en torno a un 8% son indocumentados (más de 80.000 personas). Por otra parte, tanto L.A. como California son gobernadas por autoridades del Partido Demócrata. La redada generó una respuesta popular y sindical, que buscaba impedir la detención masiva de personas de origen latino, lo cual motivó detenciones de manifestantes y en particular del líder sindical David Huerta de SEIU (sindicato de servicios, comercio, etc.), quien “Según testigos y videos difundidos en redes sociales, se encontraba observando y documentando las operaciones de ICE cuando fue empujado por un agente federal, lo que provocó que cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Fue trasladado al hospital para recibir atención médica y posteriormente llevado al Centro de Detención Metropolitana”, donde permanece bajo arresto. Mientras que diversos pronunciamientos sindicales y políticos -incluido el del gobernador de California- reclamaron la liberación de Huerta, “el fiscal federal Bill Essayli defendió el actuar de los agentes. Afirmó que Huerta bloqueó deliberadamente el paso de un vehículo oficial y será procesado por obstrucción a la labor federal. ‘Nadie tiene derecho a interferir con agentes federales. Será arrestado y enjuiciado, sin importar quién sea’”. En la jornada del viernes fueron detenidas al menos 44 personas y se produjeron movilizaciones masivas en el centro de LA. Los testigos denuncian detenciones indiscriminadas contra los manifestantes, que se fueron incrementando en los días siguientes. El sábado, Trump decidió el envío de tropas de la Guardia Nacional, decisión rechazada por el gobernador Newsom y por lo tanto ilegal y contraria a la soberanía estadual. Se trata de una medida con escasos precedentes (la última vez, cuando Lyndon B. Johnson movilizó a la Guardia Nacional en Alabama invocando la ley de insurrección de 1807, para proteger la marcha por los derechos civiles de la ciudad de Selma). Donald Trump no ha invocado la ley de insurrección, y el despliegue de la Guardia Nacional ya ha sido denunciado por el Estado de California en los tribunales. El “zar de la frontera” Tom Homan (funcionario trumpista a cargo de las deportaciones masivas de inmigrantes) llegó incluso a amenazar a los funcionarios de California y al mismo gobernador de ser arrestados en caso de interferir. Newsom le respondió “adelante, arrésteme”, lo cual generó el comentario de Trump de que “sería estupendo” (detener al gobernador), “Yo lo haría si fuera Tom [Homan]”. Las intenciones golpistas del presidente son cada vez más descaradas. Las autoridades demócratas intentan desviar la cuestión hacia los tribunales, desactivando la movilización en las calles y sobre todo el enfrentamiento con la represión. El senador “independiente” de centro-izquierda Bernie Sanders , un crítico y aliado de los Demócratas, muestra su completa impotencia cuando declaró a CNN: “Yo diría que, en gran medida, el futuro de este país depende de un pequeño número de republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado que saben más, que sí saben de qué se trata la Constitución”. La “oposición” busca que los jueces o una minoría Republicana les saque las papas del fuego, al mismo tiempo que miles se lanzan a las calles para enfrentar la ofensiva reaccionaria. La militarización de Los Ángeles busca sin duda reforzar el régimen “liberticida” de Trump, buscando generar una polarización de la opinión pública en torno a la cuestión migratoria, e intentando instaurar un régimen policiaco represivo . Trump ha lanzado redadas en otras ciudades “santuario” gobernadas por los Demócratas, aunque la realizada en L.A. es sin duda la de mayor alcance y repercusión. Es evidente que el régimen trumpista se preparó para el estallido popular que emergería de esta caza de los inmigrantes, y que la movilización de tropas federales apunta a un cambio de régimen. El lenguaje violento y ofensivo que usualmente utiliza el presidente, ha escalado en estas horas, amenazando a los manifestantes “de izquierda radical” y supuestos “alborotadores pagados” con represión y cárcel, así como llamando al gobernador Newsom como “Newscum” (nueva basura). La orden de Trump de activar la Guardia Nacional no se limita a L.A., ya que “también ha autorizado el despliegue de tropas en cualquier parte del país donde se estén produciendo o sea probable que se produzcan protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, incluso si son completamente pacíficas”, cita a una experta el New York Times; “Esto no tiene precedentes y constituye un claro abuso de la ley.” (NYT, 8/6). En otras palabras, la movilización de la Guardia Nacional -y potencialmente de los marines- implica prácticamente la declaración de la ley marcial contra las protestas. LEER MÁS: Los Ángeles: rebelión popular contra el ataque fascista de Trump a los migrantes Por Joaquín Antúnez, 09/06/2025. La Corte Suprema al rescate de Donald Trump Habilita cientos de miles de deportaciones por vía rápida. Por Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 02/06/2025.

CONADU y CONADU H han resuelto, luego de que cada una haya realizado su propio plenario de secretarios generales, un paro de 48 horas para el 11 y 12 y otro paro de 48 horas para la semana del 23, sin precisar días, con la idea de coordinar con el Frente Sindical una nueva marcha federal esa semana. El Frente Sindical, sin embargo, no ha podido coordinar ninguna acción de huelga de conjunto. Tampoco llamó a apoyar los conflictos nacionales que están en curso. Sólo se ha ocupado de terminar de embellecer y sacar un petitorio de apoyo al nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, que al igual que el proyecto que fue vetado en el 2024 sólo es una “encomienda al Poder Ejecutivo”. Nuevamente quieren repetir el esquema del año pasado y llevar la lucha universitaria a la vía muerta del Parlamento. Pero la situación en las universidades no es la misma que la del 2024, se ha agravado. La semana pasada se dio a conocer que en ranking del Center for World University Rankings (CWUR) donde los mismos organizadores han señalado que las universidades argentinas “han sufrido un brusco descenso por el poco respaldo financiero del Estado y por el déficit de la investigación científica del país” (Clarín 02/06). Milei eliminó y desfinanció todos los programas de ayuda para la investigación, para el mantenimiento y actualización de equipos y todos los programas de cooperación científico-tecnológica internacionales. También se cancelaron los contratos con todas las grandes editoriales de revistas científicas especializadas del mundo, en donde se daban a conocer las investigaciones que produce la ciencia en el país. En términos salariales, hay una caída histórica. Entre el 85 y el 90% de la docencia universitaria es categoría semi o simple, lo que implica que cobra salarios de pobreza, por debajo de la línea de la canasta familiar. Los incrementos mensualessieteotorgados por el gobierno, no superan el 1,3%, con una paritaria cerrada hace más de siete meses. Frente a este escenario calamitoso, las federaciones universitarias han frenado toda lucha, con paros aislados y sin proceso de movilización. En el último plenario de CONADU Histórica, los informes referidos al balance del paro anterior (del 19 y 20 de mayo) dieron cuenta de que la docencia se volcó masivamente, pese a que el mismo sólo fue convocado por CONADU H. Por ejemplo, en Córdoba, el gremio mayoritario ADIUC, que integra la CONADU sin H, llamó a parar 24 horas pese a que su federación no paraba. Sin embargo, la docencia decidió para por 48 horas. Algo similar ocurrió en Tucumán, en las Universidades Tecnológica, Entre Ríos, etc. Estos síntomas marcan es que hay una tendencia a la huelga, que aún no está expresado de manera masiva, pero marca el estado de ánimo de la docencia. En el mismo plenario de CONADU Histórica, algunas asociaciones de base señalaron que algunos debates que recorrieron las asambleas era de ir a una semana de paros, la no toma de exámenes y de preparar el no inicio del segundo cuatrimestre. Esto comentaron desde Comahue, Chaco, Litoral, Salta. Sin embargo, a la hora de mocionar, estos debates de base no se tradujeron en propuestas de conjunto. Solo se aprobó un paro de 48 hs. El paro de la próxima semana deberá servir, no para ir detrás de un proyecto de ley al Parlamento y volver a tener una nueva desilusión, sino para desarrollar un debate en las bases que permita organizar y darle un carácter activo al mismo, uniendo las luchas que están en curso como de los jubilados, discapacidad, ciencia y técnica, Garrahan y trabajadores de la Cultura.

El conflicto de la pesca transcurre en varios carriles: por un lado, se discute la paritaria del SOMU a nivel nacional, con una oferta salarial de parte de las Cámaras Empresarias de 1% de aumento. El SOMU convocó a un paro nacional para el sábado pasado, que fue levantado de inmediato por una conciliación obligatoria. El conflicto más agudo se da en los puertos con la pesca de langostino, donde las patronales han organizado un lockout reclamando una rebaja del 30% del premio de producción, que representa un 85% del salario de los marineros. Fruto de este lockout patronal, la temporada de pesca de langostino corre riesgo de no llevarse a cabo, y dejar paralizados los barcos, los puertos y las plantas procesadoras. Por último, otro punto de conflicto es que el Gobierno de Milei-Sturzenegger desreguló la actividad de la Marina Mercante, facilitando la actuación de buques con bandera extranjera, poniendo en jaque a miles de puestos de trabajo. Además, se constituyó a la actividad como “esencial” prohibiendo el derecho de huelga. Así como la crisis de la industria metalúrgica amenaza con un vaciamiento de las ciudades de Tierra del Fuego, donde la economía gira alrededor de las maquiladoras, el conflicto de la pesca pone en jaque la existencia de ciudades enteras dedicadas a la actividad pesquera, especialmente en la Patagonia: Puerto Madryn, Rawson y Puerto Deseado. La parálisis de la temporada de langostino afecta a trabajadores del SOMU, del SUPA (Portuarios), del STIA (Alimentación) y al conjunto de la economía de las ciudades, que giran en torno a la pesca. Ayer lunes se han llevado a cabo grandes movilizaciones en Puerto Madryn, en Puerto Deseado y en Mar del Plata. En la Capital de Corrientes también se realizó una movilización importante. En Puerto Madryn, los marineros vienen acampando hace más de dos semanas contra la rebaja salarial. Llevan sin trabajo casi nueve meses. Hace una semana, un dirigente del SOMU se acercó al acampe, anunció que se iniciaba la temporada por orden del Gobierno Provincial y los instó a levantar la protesta. A las pocas horas resultó una maniobra engañosa: la temporada sigue sin arrancar y la prospección previa a la temporada todavía no se pudo hacer. En la protesta de ayer, los marineros afines a la conducción del SOMU se quedaron frente al Parque Industrial Pesquero, mientras que los marineros calificados por la prensa como disidentes, con un perfil más combativo, junto a trabajadores de las plantas procesadoras cortaron en forma intermitente el acceso sur por Ruta 3 a la Ciudad. Los piquetes autoconvocados de Puerto Deseado y Puerto Madryn crecen en combatividad a medida que el conflicto se agudiza y la salida no aparece. Si el SOMU no ha firmado todavía la rebaja salarial es por la creciente movilización de los marineros de las ciudades portuarias, especialmente de Puerto Madryn. Durante el fin de semana había circulado la versión de que se realizaría un piquete a los accesos a la ciudad por tiempo indeterminado para nacionalizar el conflicto pesquero, incluso bloqueos afectando la producción de Aluar. El gobierno provincial convocó a una reunión de urgencia para evitar que el conflicto se profundice. Pero el gobernador Ignacio Torres se ausentó a la cita, por lo que la reunión ni se realizó. Las cámaras empresarias han presentado un reclamo ante la Secretaría de Trabajo de Nación para que se revise el convenio colectivo vigente. Los empresarios argumentan que el valor del langostino se redujo un 50% desde 2004 a la actualidad, de 12000 dólares la tonelada a 6000. Pero el premio de producción es de tres centavos de dólar por tonelada producida para cada marinero. Con los precios del langostino a la baja que aducen las patronales, el premio de producción representa un 0,0005% del valor de la tonelada. La patronal quiere ir a fondo para imponer la precarización laboral y alinear los salarios de los marineros a la miseria salarial de los demás convenios. Las condiciones de trabajo de los marineros son tremendamente sacrificadas: una vez que se embarcan, por semanas no hay fin de semana, no hay descansos, no hay cumpleaños de las familias. Se desayuna, se almuerza, se cena, se duerme en el puesto de trabajo. Las jornadas de trabajo son de mínima de 12 horas por día, aunque si la pesca lo requiere se extienden todavía más. En los barcos de pesca, se limpia el pescado, se lo procesa y en algunos barcos hasta se lo congela para descargarlo listo para exportar. Los marineros que se embarcan saben que salen, pero no saben si vuelven de la pesca. Los hundimientos en la pesca argentina son varios: en los últimos años se hundió el Rigel y se hundió el Repunte, dejando la vida decenas de marineros. Un marinero relató en sus redes sociales “La verdad que me hablo con todos los marineros y la situación es grave. compañeros que venden lo que mucho le costó. Los otros días un compañero me contaba que tenía que vender el auto, que no quedaba otra. Otros compañeros trabajando de lo que sea albañil, pintor y demás. El alquiler no puede esperar, menos el plato de comida. Muchos compañeros llegan en bici a la ruta porque no tienen auto o porque no tienen medios. La mayoría son relevos; esto quiere decir que, si mañana se arregla todo, muchos no tienen barcos. Cientos de historias de compañeros que verdaderamente la están pasando mal.” La conducción del SOMU no ha presentado a los trabajadores cómo va a enfrentar la avanzada patronal y del Gobierno, ni la paritaria a la baja ni la rebaja del premio de producción. Las movilizaciones de los marineros vienen hace meses, pero el SOMU les ha dado la espalda. Ahora, frente al lockout a cielo abierto de la patronal, el SOMU se ha limitado a rechazar la rebaja. Un plan de lucha nacional que se cae de maduro, es esquivado por la conducción del Sindicato. Mientras tanto, los meses van pasando, los barcos no salen a pescar y los marineros van agotando su paciencia. Al calor de la pasividad de la conducción del SOMU, van creciendo las autoconvocatorias, con piquetes a la vera de la ruta, con movilizaciones, y el día de ayer con cortes de ruta. La ola de luchas por abajo se extiende a lo largo y ancho del país. LEER MÁS: Marineros de Puerto Madryn: “Nosotros nos vamos a navegar sin saber si vamos a volver a ver a nuestros seres queridos” Por Pablo Busch, 30/05/2025. Chubut: masiva movilización de trabajadores contra el lockout de la patronal pesquera Por Pablo Busch, 23/05/2025.

La lucha de los trabajadores de la Salud va en aumento. El ataque por parte de la dirección del hospital Garrahan a los residentes que llevaban adelante la huelga indefinida despertó autoconvocatorias y acciones de lucha en hospitales tanto nacionales como de la Ciudad de Buenos Aires, como es el caso de los residentes de CABA, quienes se suman al reclamo por recomposición salarial. Por su parte, la lucha del Garrahan continúa con una nueva jornada de paro y este miércoles se realizará una movilización a Plaza de Mayo, a la cual se convoca a toda la comunidad a participar. Paro de 48 horas de trabajadores del Garrahan Este martes desde las 7, trabajadores del hospital Garrahan comenzaron una nueva jornada de medidas de fuerza con un paro de 48 hs, realizando actividades en el hospital y una asamblea. Por su parte, el turno franquero tiene planificado realizar un nuevo paro este sábado 14, de 7 a 14 hs. como continuidad de la medida realizada el sábado pasado. Además, para el miércoles 11, fueron convocados a una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo y movilizarán al Congreso para acompañar la delegación que concurrirá a la reunión. Para las 16 hs. de ese día se está convocando a todos los sectores de Salud y a la comunidad a movilizar hacia Plaza de Mayo en apoyo al Garrahan y en defensa de la salud pública. Esta acción fue discutida en el Cabildo Abierto realizado el viernes pasado en las puertas del hospital, del cual participaron trabajadores de la Salud del país y organizaciones políticas. La convocatoria está tomando gran relevancia entre sectores de la cultura, como el grupo de cumbia La Delio Valdez, La Bersuit, Mercedes Morán, Teresa Parodi y Bruno Arias, quien además participó de la actividad cultural y deportiva realizada el sábado 7 de junio en las puertas del hospital. También manifestaron su apoyo desde la Conferencia Episcopal Argentina. Puertas adentro, se amplían los sectores de la planta que se suman al reclamo. El personal administrativo emitió un comunicado en el día de ayer manifestando que cobran solo $700.000 por 40 horas semanales y que se suman al reclamo por la recomposición salarial. Una lucha que se expande al ritmo de la desvalorización del salario A la lucha de trabajadores y trabajadoras del Garrahan se suman los residentes de CABA, quienes, luego de la realización de varias asambleas por hospital y generales, votaron ir al paro este miércoles. Repudian las amenazas que recibieron los residentes del hospital Garrahan, dependientes de Nación y reclaman aumento salarial, partiendo de un mínimo de $2.500.000, que es el costo de la canasta familiar. Además, realizarán asambleas y actividades de visibilización en los hospitales y movilizarán al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. También participarán de la convocatoria en Congreso en el marco de audiencia del Garrahan para luego confluir a las 16 hs. en la marcha a Plaza de Mayo. Al momento de escribir la nota, adhieren al paro residentes del Hospital Fernández, Ramos Mejía, Ameghino, Durand, Piñero, Santojanni, Elizalde, Tobar García, Álvarez, Penna, Tornú, Alvear, Méndez, Gutiérrez, Argerich, Sardá, Zubizarreta, Htal. Pirovano y el Cuna. Por su parte, trabajadores del hospital Moyano realizarán una olla popular el jueves 12 de junio también en reclamo de aumento salarial. En cuanto al Hospital Posadas, los residentes levantaron el paro previsto al alcanzar un acuerdo de palabra con el ex director del hospital que incluye una actualización de $797.000 a $825.000, un bono no remunerativo de $300.000 y el restablecimiento de un pago trimestral de unos $250.000 que recibe el plantel de la planta del hospital. Luego de este acuerdo el director (Ángel Elia) renunció y están esperando que su reemplazante (Luis Quintas) lo confirme por escrito. Por su parte, los residentes del Garrahan que dependen del Ministerio de Salud nacional, refieren que no se reestableció el canal de dialogo con las autoridades de Salud ni con la dirección del Hospital luego del levantamiento de las medidas de fuerza. Vamos todos el miércoles 11 La situación salarial es acuciante a medida que aumentan los precios de los alimentos, los servicios y alquileres. Los bonos ofrecidos por direcciones de los hospitales no son más que paliativos que encienden la mecha en otros hospitales que reclaman una equiparación salarial. La lucha del Garrahan ya tomó alcance nacional. Es la punta del iceberg de una situación general que atraviesa la Salud, bajo la égida del ministro de las “prepagas”, Lugones, y el gobierno liberticida. El impulso de esta lucha podemos aprovecharlo para contagiarla a todos los hospitales y salir a reclamar por aumento de salario igual al costo de la canasta familiar y contra la privatización de la salud. LEER MÁS: El Garrahan siembra autoconvocatorias en todo Salud Trasformemos las amenazas de despidos en un búmeran con una huelga general por la conquista de todos los reclamos. Por Daniela Magoc y Julián Asiner, 06/06/2025.

El gobierno consiguió 1.000 millones de dólares de inversores privados, del exterior, a tasa de default, y lo celebró como un gol en la final del Mundial de Fútbol. La urgencia estaba dada porque necesita reforzar las reservas para acercarse a la meta acordada con el FMI en la revisión del 13 de junio. Desde que “levantó” el cepo, el Banco Central no compra dólares, a pesar de que el agro está liquidando -250 millones de dólares esta semana, recuperando los valores normales de años anteriores- lo que significa que los sojeros acataron la extorsión del gobierno, que amenazó con que subirían las retenciones en julio y aceptaron la propuesta de subirse al carry trade. Sin embargo, el gobierno no logra subir las reservas, ni bajar el dólar. Es decir, que lo que entra por una puerta se va por la ventana de las importaciones que fomenta el mismo gobierno, y por el pago de la deuda externa de las provincias. Por esto Caputo tuvo que echar mano a un recurso desesperado. Para conseguir este financiamiento privado el ministro de Economía mandó a imprimir el BONTE 2030 a una tasa de default -un 29,5%- que promete ganancias extraordinarias, muy por encima de los valores de mercado. En pocos días, informa Clarín (9/6), los especuladores se alzaron con un 6 % de ganancias en dólares. El bono en cuestión se compra en dólares y se paga en pesos con cupón y seguro de cobro en el 2027. Es un gran carry trade que precisa del congelamiento del precio del dólar para dar lo que promete a los capitalistas inversores. El cupón implica que el bono cuenta con la liquidación de intereses periódicos -aunque se cobran en el vencimiento- y el seguro de cobro a 2027 posibilita la liquidación durante el gobierno de Milei, lo cual se considera una doble garantía. Todo esto expande la base monetaria, implica una emisión por parte del gobierno “que no emite”, y empuja a la inflación. Este “logro” que el gobierno anuncia como el gran regreso a los mercados internacionales de crédito después de siete años de exilio forzado, es un desfalco a futuro de las arcas del Estado que se suma a los anteriores, como el embargo de las reservas de oro y el último acuerdo leonino con el FMI. Sin embargo, así y todo, no le alcanza. Para llegar a las metas del FMI debería obtener otros 4.000 millones de dólares adicionales. Estamos ante el absurdo de que el gobierno toma deuda para intentar cumplir con las metas de la anterior deuda que tomó y que a su vez fue para refinanciar otra deuda que el gobierno de Macri utilizó para financiar fuga de capitales. Este despojo ilegal está asentado sobre el hambre previsional y salarial. Cada nuevo as en la manga que el gobierno saca para ganar tiempo es en realidad más pólvora para la bomba que más tarde o más temprano va a terminar explotando. Esta semana cayeron los bonos y las acciones, desplome que Caputo achacó a la media sanción de la miseria que Diputados votó para los jubilados. Pero esta caída no es más que la irrupción de la economía real en la burbuja financiera. 16.000 kioscos cerrados junto con restaurantes Michelin, parates fabriles, despidos y suspensiones, son la expresión de una recesión planificada. Además, Caputo comete este nuevo desfalco, otra vez, sin autorización del Congreso, valiéndose deI DNU 846/2024 que le permite realizar operaciones de deuda pública sin cumplir con los requisitos de la Ley de Administración Financiera. Todo el ensamble económico del gobierno está asentado en un andamiaje jurídico cuestionable, pero más aún lo pone en tela de juicio la dinámica de las luchas que se están desarrollando en la salud, la educación y el transporte -desbordando los diques impuestos por la burocracia sindical- y que empiezan a unificar el reclamo de salario igual a la canasta familiar, frente al gobierno que pretende pisar las paritarias en un 1% mensual que contrasta con las tasas siderales que le ofrece al capital financiero.

En medio de la agudización de la guerra comercial, en particular con China, Trump avanza sobre los mercados asiáticos a través de acuerdos bilaterales y con una agresiva política agroindustrial que golpea sobre todo a Argentina y Brasil. A comienzos de junio, una misión diplomática vietnamita visitó Estados Unidos para arribar a un acuerdo comercial. La misión asiática centró sus actividades en el estado de Iowa, productor por excelencia de soja, y cerró un acuerdo por el cual la más importante empresa importadora de materias primas de Vietnam, Khai Anh Binh Thuan Co., arribó a la adquisición de 1 millón de toneladas de harina de soja a AGP, cooperativa moledora de soja, que cuenta con su propio puerto en el estado de Washington con una capacidad operativa de 6 millones de toneladas de harina de la oleaginosa. De conjunto las “empresas de Vietnam y el estado de Iowa firmaron cinco memorandos de entendimiento sobre el comercio de productos agroindustriales valorados en aproximadamente 800 millones de dólares (Bichos de Campo 3/06/). De esta manera Trump le ha soplado a Argentina el principal socio comercial en esta materia, presentándole a Milei una buena ocasión para twittear una de sus frases de cabecera, “Roma no paga traidores”. Es tal la importancia de Vietnam para el mercado oleaginoso que Milei por medio del decreto 290/2025 designó a un “Agregado Especializado en el Área Agroindustrial de la Embajada de la República en la República Socialista de Vietnam”. Hasta esta designación la Argentina contaba con seis Agregadurías Agrícolas en el exterior, ubicadas en Brasil, China, Estados Unidos, India, Rusia y en Bruselas, desde donde entabla relaciones con la Unión Europea. La misión comercial vietnamita estuvo encabezada por el ministro de Agricultura y Medio Ambiente. El aumento de las importaciones de productos norteamericanos tiene como propósito menguar los aranceles adicionales que Trump le impondría a partir de julio. Las extorsiones arancelarias por parte de Estados Unidos a Vietnam le han impuesto, además de la harina de soja, la compra de 900.000 toneladas de maíz y trigo por un valor de 250 millones de dólares y la empresa “Vietnam-Japan Nutrition Technology JSC firmó un contrato con el Grupo POET para importar 100.000 toneladas de burlanda de maíz (DDGS por sus siglas en inglés) y 100.000 toneladas de harina de soja por un valor total de entre 60 y 70 millones de dólares” (ídem). A futuro Vietnam tiene en carpeta la ampliación del uso de bioetanol, lo que implicaría un aumento de la importación de maíz y del combustible orgánico desde Estados Unidos, golpeando a la producción maicera argentina. La extorsión de Trump a Vietnam se centra básicamente en que el país asiático debe tener una balanza comercial deficitaria en relación con lo comerciado con EE.UU, si no, se le aplicarán aranceles adicionales del 46% a todas las importaciones provenientes del país del sudeste asiático a partir del mes que viene. Las presiones y acuerdo bilaterales de EE.UU. no se reducen a Vietnam. La administración Trump avanza sobre Japón, Malasia y Corea del Sur, entre otros países, para que incrementen la compra de maíz estadunidense, golpeando a los complejos agroindustriales de América del Sur. Para lograr esta penetración en los mercados asiáticos en el marco de la guerra comercial, los EE.UU. ha tenido una política de ampliación de la “capacidad de trituración en los estados sojeros del denominado Midwest, para volcar la producción de aceite a los fabricantes de biodiesel y diésel renovable, moviendo la harina de soja hacia los puertos del Pacífico desde donde llegan a los países asiáticos con un flete oceánico significativamente más barato que desde los puertos de Argentina, Brasil e incluso del Golfo de México” (La Nación, 4/06/). De esto se desprende la importancia del control de los corredores bioceánicos , un aspecto fundamental del tablero de la guerra comercial. En el mercado mundial de harina y aceite de soja, si bien la Argentina ha perdido terreno a manos de Brasil y Estados Unidos en los últimos años, lidera las exportaciones mundiales, que, en 2024, dejaron divisas por un total de 17.000 millones de dólares, sobre un total de 20.000 millones de dólares del complejo oleaginoso (La Nación 4/06). El retroceso argentino se evidencia en el 62% de crecimiento de las exportaciones de Brasil y del 51% de los Estados Unidos, “mientras que las de la Argentina solo (crecieron) un 22%, lo cual hizo que nuestro país perdiera nueve puntos porcentuales de participación en el comercio global, al pasar de 46% en 2013/14 al 37% en la última campaña” (ídem). Según especialistas en la materia, la retracción de la producción sojera argentina se debe a un “estancamiento y declinación” del complejo oleaginoso argentino, que pasó de producir 62 millones de toneladas en la campaña 2014/2015 a 44 millones de toneladas en 2021/2022. Hace una década atrás el complejo agroindustrial poseía una capacidad operativa para llevar adelante una trituración y procesar 70 millones de toneladas de harina de soja. Desde el sector señalan que la reversión tendencial se debe al mantenimiento de las retenciones por todos los gobiernos de los derechos de exportación, de los cuales abrevan para llevar adelante el pago meticuloso y sistemático de la deuda externa. Las patronales agrarias que veían en Milei un salvoconducto para terminar de una vez y por todas con los derechos de exportación, están velando las armas y presionan a una devaluación que equiparen los altos costos de producción que hoy tienen los productores. Desde su carácter parasitario el gobierno liberticida le ofrece al capital agrario que se suban a la bicicleta financiera o a la especulación de la deuda pública. Los efectos de la guerra comercial en la Argentina tienen sus consecuencias directas en una acentuación del ajuste por parte del gobierno liberticida sobre las masas en pos de los cumplimientos financieros y el sometimiento a los designios del FMI, que alimentan la caja de la guerra de las grandes potencias imperialistas.

El conjunto de facultades de la UNCA atraviesa por estas semanas un proceso eleccionario en el que se renuevan cargos de consejeros directivos y superiores para los claustros docente, egresados y estudiantes. La UNCA no fue ajena al proceso de lucha general universitario durante el año 2024, destacándose que la Facultad de Humanidades fue una de las primeras en ocuparse al conocerse el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el 9 de octubre. A partir de este hecho, un conjunto de estudiantes, docentes y egresados, pusimos en pie la Asamblea Interclaustros e Interfacultades, que decidió la toma del hall central. La ocupación se mantuvo por dos meses, mientras que la asamblea llevaba a cabo clases públicas, manifestaciones autoconvocadas, radios abiertas, ferias de libros y festivales en defensa de la educación pública. Es claro que el actual gobierno de Milei plantea avanzar y atacar directamente lo que queda de la universidad pública: ha ajustado el presupuesto universitario a mínimos históricos, mantiene a los docentes con salarios de miseria, y planea avanzar en un recorte a las carreras de grado apostando a la virtualización, la reducción de horas de la interacción docente-estudiante, los títulos intermedios y la flexibilización laboral docente. Los estudiantes en Catamarca padecen directamente las consecuencias de una situación social crítica: un alquiler en la ciudad cuesta entre $200.000 y $300.000, mientras los salarios continúan siendo de pobreza e indigencia. Como parte de la población juvenil se vuelve necesario, en muchas ocasiones, trabajar para poder suplir necesidades básicas y lo necesario para poder estudiar: apuntes, transporte y comedor. Ante el avance de la mercantilización y la privatización de nuestras carreras, los gremios docentes, las autoridades y las agrupaciones estudiantiles que les responden han actuado de manera completamente cómplice. Actúan para desmovilizar, sin una perspectiva clara de lucha y haciendo concesiones al gobierno. En nuestra Facultad, tanto la Franja Morada como Hacer Historia (MPE) obstaculizaron desde un primer momento la toma y las asambleas. En todos los espacios de representación que ejercen actualmente, han seguido la línea de las autoridades, destacándose su anuencia con los avances del capital minero en la universidad y al votar a favor de la elección del rector Arellano . En este contexto, desde nuestra agrupación, Estudiantes en Lucha, hemos presentado una lista en conjunto con estudiantes independientes que competirá con las dos agrupaciones mencionadas en las elecciones por el claustro estudiantil que se desarrollan este 10 de junio. Se destacan los estudiantes independientes de Ciencias de la Educación, quienes encabezan la lista. Esta carrera fue fundamental para conquistar una secretaría en el CEFHU el año pasada, que fue usurpada por los aparatos del PO y el MST . Secretaría que hoy se ve convertida en un cascarón vacío debido a la nula inserción universitaria de estos aparatos (no pudieron presentar lista para el cogobierno) y de su no menos nula perspectiva para el estudiantado. Asimismo, hemos presentado la lista Egresados en Lucha, encabezada también por activistas que defienden la universidad pública y que será la única que competirá contra la lista de la gestión, este 11 de junio. Llevamos adelante una campaña en solidaridad con el enorme movimiento autoconvocado de docentes en nuestra provincia que constituye un ejemplo de lucha contra el gobierno de Jalil y sus intentos por destruir la educación provincial. Pusimos énfasis en la necesidad de unir lazos con esta lucha y todos los sectores de trabajadores que se están movilizando. Nuestra Facultad contiene una amplia composición de carreras de formación docente. En este sentido, es claro que debemos manifestarnos y defender la educación provincial. A su vez, dimos expresión en nuestra campaña a un conjunto de reivindicaciones históricas de los estudiantes de la Facultad, como es la necesidad de contar con un edificio propio para la Facultad de Humanidades, para poder asegurar una cursada en condiciones y apertura de comisiones para que nadie se quede sin cursar. En estas elecciones, es necesario conquistar consejeros directivos y superiores que representen esta lucha y que actúen en el Consejo de manera consecuente para defender los derechos de los estudiantes. Desde la juventud de Política Obrera, apuntamos a continuar luchando en esta perspectiva, sosteniendo las autoconvocatorias, las clases públicas y las manifestaciones en unidad entre docentes, estudiantes y egresados, para poder superar las trabas que contienen la lucha y conquistar todas nuestras reivindicaciones.

A partir de las 18 de este martes 10 de junio comenzará un paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas convocado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en reclamo al Gobierno por “incumplimientos convencionales, retraso en la pauta salarial y ausencia de una estrategia clara y sostenible para el futuro de la compañía”. La medida de fuerza, (extremadamente acotada) hasta las dos de la mañana, es denunciada por el gobierno por la cancelación de 22 vuelos que estaban previstos para partir tanto desde Ezeiza como desde Aeroparque. La política general del gobierno de Milei es similar a la previa de la privatización de los ferrocarriles. El corazón de esta estrategia es el achique de personal, el achique de destinos y el retaceo criminal de la compra de repuestos y el deterioro del mantenimiento intensivo de los aviones. Aerolíneas, que contaba con el mejor protocolo de mantenimiento del país, está al borde de que en algún momento se produzca una catástrofe. Los pilotos son los más conscientes de esta situación, pues conocen perfectamente el correcto funcionamiento de los aviones y no quieren que se produzca una nueva LAPA. El paro parcial deviene de ese reclamo central de desinversión, ya que la dirección del gremio en líneas generales sigue dos estrategias: la primera es la aceptación de salarios a la baja, porque vienen de firmar una paritaria en las pautas salariales impuestas por el gobierno; y, en segundo término, la dirección de los gremios aeronáuticos están en la OIT dirigidos por el “máximo“ representante gremial en ese organismo, que es “Batallón 601” Gerardo Martínez. Ahí, junto con este personaje, están reclamando que sea sacada del DNU la navegación aérea como servicio esencial. Aunque el gobierno denuncia al secretario general Pablo Biro como un agente político del kichnerismo y señala que utiliza los pasajeros como rehenes, el reclamo de seguridad nace como un reclamo al propio Biro, quien nunca lo puso en discusión como parte de la paritaria. La Asociación de Pilotos de Aerolíneas Argentinas (APLA) anunció para el martes 10 de junio un paro desde las 18 hs. hasta las dos del día siguiente. Entre los motivos de la medida de fuerza, el sindicato nombra incumplimientos convencionales, prolongado retraso salarial, falta de plan de desarrollo salarial y fallas técnicas en los aviones producto de la falta de inversión, reducción de los periodos obligatorios de descanso semanal, aumento de las horas máximas de vuelo anuales y las horas máximas de servicio dependiendo de la cantidad de tripulantes. El gobierno está aplicando de hecho la reforma laboral inmensa que afecta no sólo las condiciones laborales de las tripulaciones sino el funcionamiento mismo de los aviones. Es más necesario que nunca en Aerolíneas una comisión de seguridad elegida en asamblea con veto para parar aquellos aviones que no están en las condiciones óptimas para salir. Es llamativo que la dirección de APTA, de los técnicos mecánicos, mire para otro lado en esta medida de fuerza. Un paro de seis horas no va a lograr revertir la situación. El conjunto de los gremios de Aerolíneas deberían estar en estado de asamblea para recuperar sus condiciones laborales y exigir el mantenimiento adecuado, pues estamos al borde de un problema gravísimo que es la posible caída de un avión, de la cual después sólo harán responsables a los trabajadores.

Decenas de miles de activistas de las más variadas tendencias, provenientes de 32 países y todos los continentes partirán el 12 de junio desde El Cairo encolumnados en la Marcha Global por Palestina. Caminarán durante dos días 48 km. hasta Rafah, el territorio más al sur de la Franja, que es a su vez el único paso fronterizo entre Egipto y Gaza. Reclaman el cese del fuego, la apertura del paso de Rafah y el ingreso inmediato de los camiones de ayuda al territorio gazatí. Allí el Estado de Israel mantiene bloqueados 3.000 camiones de alimentos, agua, combustibles, remedios, mientras dos millones de gazatíes -un millón niños- están en niveles gravísimos de desnutrición, carentes de agua, alimentos y las cuestiones más elementales para sobrevivir. Israel trató de aplacar las críticas internacionales creando una Fundación fantasma que en realidad enmascara el propósito de vaciar el Norte de la Franja y amontonar a la población que sobreviva en un campo de concentración enorme en el sur. El resultado es más de 150 palestinos fueron asesinados por el ejército israelí en los puestos de ayuda y decenas de camiones saqueados por las bandas mafiosas que actúan bajo su protección. La Marcha Global por Gaza acampará desde el 15 de junio por tres días en la frontera egipcia frente a lo que fue la populosa ciudad de Rafah, donde alguna vez vivieron unos 300.000 palestinos. Hoy ha sido reducida a escombros por los bombardeos y tanques israelíes y gran parte de su población fue desplazada a campos de refugiados donde también fueron bombardeados, como Al Masawi. Entre Egipto y Rafah, el sionismo construyó el corredor Filadelfia, uno de los tres “corredores de la muerte” controlados por el ejército israelí y las bandas mafiosas que actúan a su servicio. Los propios soldados israelíes han manifestado que tienen órdenes de disparar contra cualquiera que intente cruzarlo, incluido niños. En todo el mundo, grupos de solidaridad con Palestina han convocado movilizaciones de apoyo para el domingo 15 de junio que darán continuidad a las multitudinarias movilizaciones ocurridas la semana pasada en ciudades europeas y norteamericanas. La Marcha replica el objetivo de los tripulantes del velero Madleen, que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria para romper -más no fuera simbólicamente- el bloqueo. Los comandos de élite Shayetet 13 atacaron el buque donde viajaban 12 civiles desarmados, violando como de costumbre toda legislación internacional. La Armada israelí capturó el velero y secuestró a todos los integrantes de la misión humanitaria. El barco, que viajaba bajo bandera británica, fue desviado primero al puerto de Ashdod y luego a Tel Aviv. “Greta Thunberg y sus compañeros de flotilla fueron llevados a una sala a su llegada para la proyección de la película de terror de la masacre del 7 de octubre, y cuando vieron de qué se trataba, se negaron a seguir viéndola”, aseguró Israel Katz, ministro de Defensa, en un comunicado recogido por el medio israelí The Times of Israel. Entre los viajeros estaban la activista sueca Greta Thunberg y la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan, de origen palestino. "La carga vital —que incluía leche de fórmula para bebés, alimentos y prótesis y suministros médicos— fue confiscada", declaró la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) en un comunicado. El martes, cuatro miembros de la delegación, incluida Thunberg, fueron enviados de vuelta a sus países. Los otros ocho, que se han negado a aceptar los términos de la deportación, que incluye admitir que habían entrado ilegalmente a Israel, serán trasladados al centro de detención de Givon. La Coalición sostiene que el abordaje del Madleen es parte de una estrategia más amplia de criminalización de la solidaridad internacional. “Nuestra flotilla es una acción no violenta legal. No somos terroristas, somos voluntarios”, indicó la FFC. Horas después de que Israel interceptara la nave, un convoy solidario de autobuses y otros vehículos bautizado como "Al Sumud" (firmeza o resistencia en árabe) salió el lunes de Túnez para sumarse a la Marcha Global por Palestina. Médicos, abogados, periodistas, estudiantes y trabajadores humanitarios participan en esta iniciativa de la Coordinación de Acción Conjunta para Palestina. Los activistas aspiran a alcanzar la frontera con Gaza, tras transitar por Libia y Egipto. Ante el estruendoso silencio de los partidos “populares” en la Argentina, organizaciones autoconvocadas han organizado dos actividades en apoyo a Palestina. El jueves 12 desde las 10 am en el Obelisco hasta las 17.30, cuando se realizará el acto central, convocan a repudiar del respaldo del gobierno argentino al genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza y a la visita de Milei al genocida Benjamín Netanyahu. El domingo 15, a las 16 horas, habrá una concentración en Corrientes y Callao como adhesión a la Marcha Global por Palestina. El cese del fuego y el retiro incondicional del ejército sionista de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Ingreso inmediato de la ayuda alimentaria y las organizaciones que la distribuyan. Libertad a los miles de palestinos presos, incluidos niños muy chicos, de las mazmorras israelíes. Derecho al retorno de la diáspora palestina. Juicio y castigo a los responsables militares y políticos del genocidio. Por una Palestina laica, libre y socialista. LEER MÁS: El genocidio del sionismo en Gaza en el marco de la guerra imperialista mundial El respaldo incondicional de la OTAN a la estrategia del Estado y las Fuerzas Armadas de Israel. Por Olga Cristóbal, 07/06/2025.

Desde abril de este año, el gobierno intenta sumar nuevas escuelas a su plan de reforma “Secundaria Aprende” . Pretende que en 2026-2027 la reforma alcance a la totalidad de las 508 escuelas de CABA. En 2024 se inició la implementación con el ingreso al plan de 33 escuelas (públicas y privadas) a pesar de que en un principio había convocado a 50. La respuesta no se hizo esperar : los docentes de numerosas escuelas afectadas (y no afectadas también) convocaron a asambleas espontáneas de las que surgieron detallados documentos de rechazo. Allí se denunciaron las consecuencias de la reforma: desde la degradación educativa hasta despidos del orden de un 40% y condiciones laborales agobiantes . Así se logró que una veintena de escuelas fueran desvinculadas de la nómina de “pioneras” nombradas por el Ministerio. La movilización contra la reforma fue impulsada por la base docente, y saboteada olímpicamente por UTE, que cubrió las espaldas del gobierno, aunque muchos de los delegados de base participaron de acciones de frente único, semaforazos y otras formas de visibilización del conflicto. En síntesis, la lucha docente no logró la coordinación necesaria para torcerle el brazo al gobierno, que inició la reforma con las “escuelas pioneras”. Sin embargo, en lo que va del año, debido a los rechazos, el gobierno aún no ha logrado sumar escuelas al plan. La experiencia de los compañeros alcanzados por la reforma ratifica las denuncias de los documentos de rechazo de 2024 y contagia indignación e inquietud en el conjunto de la docencia. Las reuniones de urgencia convocadas por las supervisiones para arrancar el consentimiento de los docentes sólo concitan nuevos rechazos. El sábado 7 de junio, docentes de Media de CABA dimos un primer paso en la coordinación de las luchas. Convocada por delegados de distintas escuelas, se realizó en el Profesorado Joaquín V González, una asamblea docente que recogió las experiencias de las distintas escuelas que ingresaron en el plan “SA Aprende” Los argumentos de rechazo fueron múltiples: 1- El reemplazo de los cargos vigentes por nuevos cargos de mayor extensión horaria dejó en disponibilidad por dos años entre un 30 y un 40% de docentes. Después, si no fueron ubicados en otra escuela, serán despedidos. Y si los ubican, puede ser a costa de desplazar a un compañero. 2- Los directivos de las escuelas son convertidos en una suerte de gerentes de personal que tienen que acordar con la supervisión la situación final de los docentes de la escuela. 3- Debido a los bajos salarios, el “ofrecimiento” de cargos de 30 o 36 horas obliga a muchos compañeros a tomar dos cargos, conformando jornadas laborales extenuantes de 60 o 72 horas semanales. 4- Una sobrecarga laboral, como consecuencia de la absorción de diversas tareas (tutorías, elaboración de trayectorias que se pretenden “personalizadas” a grupos de alumnos diversos, etc.). 5- Primarización de la enseñanza y degradación de contenidos: las materias consideradas no “troncales” (Matemática y Lengua) formalmente se mantienen; sin embargo, su transformación en “laboratorios” y “talleres” de “casos específicos” subsumidos en áreas (Sociales, Naturales) torna inviable el desarrollo de toda asignatura. La asamblea se planteó la necesidad de emprender acciones comunes entre escuelas. Para el sábado 14/06 está planteada una nueva asamblea con el objetivo principal de convocar a más compañeros. El nuevo escenario político planteado a partir de las movilizaciones como las del Garrahan, profesionales de Discapacidad, las marchas de jubilados que atraen a diversos grupos de trabajadores (sólo por nombrar ejemplos de CABA) auguran un terreno propicio. La convocatoria a la asamblea, fundamentalmente, a partir de delegados de escuela de UTE, pone de manifiesto el abismo entre su dirección y el activismo. Es necesario coordinar acciones comunes entre las escuelas (semaforazos en puntos centrales, etc.) más allá de la adscripción sindical. Difundamos ampliamente la convocatoria a la asamblea del sábado 14 con esos fines.

Una nueva manifestación recorrió las calles de la capital catamarqueña, el pasado sábado 7 de junio, con réplicas en localidades del interior. Docentes, estudiantes, trabajadores de la administración provincial y del municipio de la capital, Obras Públicas y Salud Pública de varios hospitales y residentes, entre otros, confluyeron en una nueva marcha. El reclamo salarial fue el denominador común, conjuntamente con la defensa de los derechos y estatutos laborales. El gobierno provincial ha vuelto a la carga y promueve nuevas agresiones contra los trabajadores , esta vez impulsando la precarización y desmantelamiento de servicios y áreas estatales desde el Parlamento. La provincia está afectada por un cuadro de movilización abierto por la irrupción masiva de docentes del sábado 24 de mayo , las manifestaciones subsiguientes y un cuadro de crisis financiera en desarrollo, que se agudiza en vistas del anuncio de la caída de los fondos coparticipables. En el marco de la política deflacionaria del gobierno nacional, se agrava la crisis industrial como ocurre con el sector textil instalado en la provincia . Mientras tanto, los obreros de la construcción se manifiestan frente a la parálisis de la obra pública y en los emprendimientos mineros. En un contexto de aumento de la desocupación y la pobreza, pérdida del poder adquisitivo y amenaza constante sobre los derechos laborales, la respuesta del gobierno de Raúl Jalil es la profundización de precarización y la flexibilidad, en general, y los ajustes y desmantelamientos las áreas de educación, salud, obra y administración pública. En este cuadro, la rebelión docente y la irrupción de los trabajadores del Estado por medio de autoconvocatorias y la tendencia a unificar coordinando las acciones y los reclamos, está abriendo el escenario de una lucha más a fondo y de conjunto. Aunque el gobierno y la burocracia de los sindicatos no se han cruzado de brazos y están emprendiendo diversas maniobras y campañas difamatorias para bloquear el desarrollo de este proceso de lucha, y se siguen impulsando medidas de ajuste, la Legislatura ha levantado sus sesiones hasta nuevo aviso, la crisis en la intendencia de Valle Viejo (el 2° municipio más importante) por el caso Zenteno, aún no ha concluido, y el hecho de que un sector de las fuerzas de seguridad se hayan plegados a las manifestaciones levantando sus propios reclamos salariales, y que las movilizaciones se repliquen en los principales municipios del interior dan cuenta del nuevo escenario político que se ha creado en la provincia. Los docentes avanzan en reclamos particulares del sector , luego de la derogación del decreto 884/25, las primeras restituciones de cesanteados y las convocatorias de asambleas de opción de cargos docente; se han intensificado las denuncias contra los recortes y obstáculos que aún persisten y las demandas aún insatisfechas. El día viernes, anterior al día de la marcha, los estudiantes terciarios de localidad de Santa María se manifestaron de manera autoconvocada en reclamo de nombramientos docentes en los institutos de nivel superior, un reclamo que se hizo presente en la manifestación en Capital y que se extiende a lo largo y ancho de la provincia . Por tercer sábado consecutivo, los trabajadores del Estado catamarqueño concurrieron a la manifestación. La marcha encabezada por la docencia y que reunió a cerca de tres mil manifestantes recorrió varias cuadras del centro de la Capital y se concentró frente a las escalinatas de la Catedral en la plaza principal. Desde allí, oradores de todas las reparticiones efectuaron denuncias y reclamos. Luego de la marcha, en los diversos sectores, el debate se ha concentrado sobre cómo darle continuidad a la lucha. En esta última marcha, refluyó la presencia estudiantil, por eso mismo se ha debatido impulsar un gran festival de lucha, como se logró concretar el año pasado durante la ocupación de la Universidad, y por esa vía abrir un canal de participación en la coordinación del sector estudiantil , y a la par de ello sumar sus reclamos referidos al boleto estudiantil y las becas. De la misma manera, el anuncio de que en las próximas semanas se concretaría una nueva marcha nacional educativa, confluir con la Universidad en una gran marcha provincial por todos los reclamos que motorizan la actual lucha contra la política de Jalil-Milei, por salario y en defensa de los derechos laborales. De conjunto, la continuidad y el fortalecimiento de la lucha depende del desarrollo efectivo de asambleas por escuela, hospital y repartición, en función de la deliberación, pero, sobre todo, de la participación conjunta en el escenario de lucha.

El fallo de la Corte que confirma la condena e inhabilitación política de Cristina Kirchner tiene un carácter sustancialmente político. La Corte no solamente dictó un fallo –lo precipitó, con conocimiento de la afectación que provocaba a un proceso electoral que se había iniciado en abril en la provincia de Santa Fe. El fallo ha venido a superar el vacío creado por el fracaso del proyecto de “ficha limpia” y, probablemente por la decisión de CFK de proclamar su candidatura a la elección bonaerense . Si esta decisión era acompañada, ulteriormente, de una unificación electoral de las diversas fracciones de la Unión por Todos, y redundara en una victoria del pejotismo en la mayor provincia del país, quedaría abierta la posibilidad de que pudiera repetirse de inmediato en las elecciones nacionales. Un episodio electoral regular, como la derrota del oficialismo en comicios de medio término, amenazaba poner al desnudo la precariedad política de los liberticidas y convertirse en un golpe letal para el esquema Ponzi de la deuda pública con la que Caputo procura sostener el apoyo de la banca y los fondos internacionales . La posibilidad de que este tipo de ‘accidentes’ menores pudiera desatar crisis sistémicas explica en gran parte la propuesta de Cristina Kirchner de distanciar las elecciones a cuatro años. Una derrota del oficialismo, en especial si incorporaba como aliado a una fracción o a todo el macrismo, dejaría expuesta una crisis de conjunto que crece de día en día bajo la superficie. La camarilla de Milei y Caputo había desechado los convites del kirchnerismo para proceder a una reestructuración de la Corte , sea mediante la ampliación de su número, la designación de los dos puestos vacantes, o incluso dividirla en distintas jurisdicciones. El fracaso de la negociación entre el kirchnerismo y la camarilla liberticida, seguramente inviable desde el comienzo, atravesó el largo periplo de las candidaturas de Lijo y Mansilla, a quienes se intentó imponer en forma provisional hasta fines del año . Este conjunto de factores precipitó esta suerte de golpe de Estado judicial impuesto por los cortesanos. Encapsulado en los desdoblamientos de varias elecciones provinciales, en especial las porteñas y bonaerenses, saltó el detonante de una crisis política de conjunto. El impasse del triunvirato a que ha quedado reducido el Supremo, con una perspectiva de incorporar conjueces para seguir funcionando, ilustra la precariedad integral del régimen político en presencia. El fracaso de "Ficha limpia" como mecanismo de inhabilitación política de CFK , impulsó de inmediato a la AmCham, la sucursal del capital norteamericano en el extranjero, a exigir al trío cortesano un rápido desenlace de la crisis. Trump, el más corrupto entre todos los Ejecutivos corruptos del mundo, acompañó a la AmCham con la prohibición del ingreso de la expresidenta los Estados Unidos , con el pretexto de una corrupción que no había tenido aún la convalidación de la Corte. La semejanza, salvando las distancias, con la proclama de todas las cámaras empresariales de Argentina, el 5 de febrero de 1976, con una exigencia similar a las Fuerzas Armadas para que derriben al gobierno moribundo de Isabel Perón, revelan un estilo . El triunvirato supremo admitió, de facto, la función golpista del fallo cuando rechazó elaborar los fundamentos de la decisión de inhabilitar políticamente a CFK, con el propósito de evitar una discusión política generalizada. Evitó dar una respuesta a muchos argumentos de la Defensa, que alegó animosidad política manifiesta de todos los escalones judiciales por los que pasó el procesamiento de CFK, desde la Justicia de Instrucción hasta la la Cámara de Casación Penal . Se trata de una decena de fiscales y jueces que participaron de movilizaciones contra el segundo gobierno de CFK, por ejemplo frente a la muerte del fiscal Nisman, y que también aceptaron dádivas de Clarín, como en el caso del viaje pago a Lago Escondido . Por muchísimo menos que esto, el Superior Tribunal de Brasil revisó la condena impuesta por él mismo a Lula da Silva –cuando alegó una minucia procesal, que la sede judicial del caso debía haber sido la ciudad de São Paulo y no Curitiba, la capital del estado de Paraná, para ordenar la revisión de toda la causa. La Corte argentina, por el contrario, no ha tomado en cuenta causas más sustanciales de revisión, como la animosidad política contra la ex presidenta de los fiscales y jueces que participaron de este proceso Han sentenciado bajo la presión de una crisis política y bajo la presión del capital financiero internacional. Como valor agregado, es necesario añadir algo no menor: que CFK se alineado con los BRICS y la Ruta de la Seda en medio de la guerra de Estados Unidos para desalojar a China de América Latina. La versión, sin embargo, de que CFK ha sido “proscripta” por su condición de defensora de los trabajadores y para “destruir” al peronismo, no resiste el menor análisis . Semejante caracterización linda con el despropósito. El gobierno kirchnerista del Proyecto X (infiltración de organizaciones populares); la represión contra los luchadores obreros en las fábricas de la zona norte de la Panamericana comandada por Sergio Berni; el ataque obsesivo de CFK a los docentes, incluida especialmente la fuerte represión en Santa Cruz; el veto al 82% móvil para la jubilación mínima; el ajuste contra las jubilaciones superiores a la mínima, que dieron paso al reclamo Badaro; los acuerdos YPF-Chevron, que CFK ha admitido han sido una anticipo del RIGI para Vaca Muerta de Milei; el apoyo a la privatización menemista de YPF (incluido el paradero desconocido de los aproximadamente mil millones de dólares recibidos por la provincia sureña por esa privatización); una década de menemismo explícito; estas enumeraciones ponen a la ex presidenta en el campo opuesto de la clase obrera que lucha por sus intereses inmediatos e históricos. Aunque en una ocasión se autoproclamó, al lado de Hugo Moyano y José Pedraza, “presidenta de los trabajadores”, CFK es una funcionaria del capital, como ella ha reivindicado sin vacilaciones. “Puertas adentro de la empresa, el capitalismo es lo más eficiente que se ha creado”, ha repetido innumerables veces alguien que jamás ha sido operaria y desconoce que “puertas adentro” es el lugar mismo donde se produce la explotación obrera “científica” - cronometrada, supervisada y vigilada por parte del capital. En cuanto al peronismo, hace mucho que ha dejado de ser un partido perseguido y ha pasado a ser, de nuevo, el partido del Estado y del capital (a Menem lo apoyó todo el aparato del peronismo). Y en cuanto a su destrucción, nadie superó en esa tarea a Menem, Duhalde y, últimamente el gobierno “salvador” de los dos Fernández, que se convirtió en la mayor causa eficiente de la llegada de Milei. Hoy, cuando se plantea la movilización para derribar el fallo político condenatorio final contra Cristina Kirchner, destacamos que, por mucho más que ese delito de proscripción, como lo es la “solución final” contra el pueblo palestino, la ex presidenta no ha tenido una palabra de condena. Mayor compromiso con el imperialismo, no se consigue . Nuestro partido, Política Obrera, rechaza la condena y la califica como un golpe de Estado judicial promovido por el imperialismo y el gran capital local. Impulsamos la movilización para derribar esa condena política. Tomado en su conjunto, es un golpe judicial contra las libertades ciudadanas y contra el derecho de organización y de huelga de la clase obrera. El socialismo revolucionario internacional ha tenido una línea política muy clara en cuanto a la lucha contra la reacción política. No solamente ha defendido, contra ella, las libertades democráticas y los derechos individuales –se ha esforzado siempre en tomar la iniciativa de esas luchas. Al mismo tiempo, se ha esforzado al extremo para que no se confunda esa lucha con un apoyo al régimen político patronal, ni a sus políticos. Cristina Kirchner y el peronismo quieren convertir la lucha contra la proscripción en un medio para rescatar el apoyo que ha perdido entre los trabajadores, y mediante ese rescate volver a operar como un salvataje del régimen capitalista . Lo ha dicho CFK con absoluta claridad: ‘cuando esto se venga abajo, me van venir a buscar a mi y al peronismo’. Son los términos de un ‘diálogo’ con las patronales que se viene repitiendo de década en década por más de un siglo y medio, y que hoy está dirigido a las patronales que apoyan el golpe judicial. Nosotros, los socialistas, nos movilizamos por la derrota incondicional de este golpe judicial, para desarrollar en las masas la tendencia a la emancipación política y social. El peronismo y su jefa, como lo han hecho hasta ahora, buscan una salida negociada a la crisis, mientras prenden las sirenas para anunciar su disposición para que el sistema actual no se derrumbe. Por eso decimos: por la derrota del golpe judicial, ningún apoyo ni solidaridad política al peronismo y a su jefa, cuya cobardía (cuando no su complicidad) llevaron -en 1955, 1966, 1976- a las mayores derrotas de los trabajadores , y han sido luego los responsables fundamentales de las victorias de Macri y Milei. Agitación política entre las masas, ningún compromiso con los partidos patronales de las componendas. El golpe judicial tiene lugar en el marco de los protocolos de Bullrich y la doctrina Chocobar , y la agitación fascista a favor de “desaparecer al socialismo”. Constituye un refuerzo a esta política de represión y a la campaña de defensa de la masacre en Palestina como una lucha contra el antisemitismo. El Poder Judicial y el gobierno buscan convertir a la lucha contra los crímenes de guerra en un delito penal . El Congreso de la Nación no se ha pronunciado contra esta persecución a los luchadores antifascistas. Mientras en el campo revolucionario luchamos contra la persecución contra nuestros adversarios políticos, como una defensa necesaria de los derechos y libertades públicas, estos adversarios procuran confinar esta lucha a los mayores límites posibles y evitar pronunciamientos y movilizaciones contra las guerras de opresión. La lucha por la derrota de las proscripciones políticas debe unirse al combate contra esta agitación fascista. El propósito de levantar las posibilidades electorales de los liberticidas mediante la eliminación judicial de sus adversarios del momento, está condenada al fracaso. Es una manifestación de impasse y hasta de desesperación política. A mayor endeudamiento usurario, mayor ajuste para solventarlo . El desafío histórico para la clase obrera sigue siendo el mismo, construir una fuerza política independiente y desarrollar una conciencia política. Unamos el objetivo de derrotar el fallo golpista a las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores, porque la derrota real de la ofensiva de la derecha capitalista sólo puede ser el resultado de una acción de masas. VER EN YOUTUBE: Socialismo o Barbarie Episodio 20: "La Corte y CFK" Emitido en directo el 10 de junio 2025 por el canal de YouTube de Política Obrera. LEER MÁS: Defendemos los derechos políticos de Cristina Kirchner Contra un fallo que reclaman Trump, la AmCham y la ultraderecha internacional. Declaración del partido Política Obrera, 09/06/2025. La situación política y nuestras tareas La Mesa Nacional de Política Obrera se reunió este sábado 17 de mayo y aprobó la resolución que presentamos a continuación, con relación a las campañas electorales y la situación política en su conjunto. Publicada en políticaobrera.com, 17/05/2025.

Según información de The New York Times, el gobierno haitiano firmó formalmente un acuerdo con Erik Prince -el fundador de la empresa Blackwater y donante de la campaña de Donald Trump- para patrullar contra las pandillas delictivas de Puerto Príncipe. Blackwater es una compañía mercenaria implicada en operaciones militares cuestionadas -por torturas, asesinatos a sangre fría y corrupción- acusada de violaciones a los derechos humanos, como la masacre de Bagdad en 2007 en la que ejecutaron a 17 civiles. La empresa recibió millones de dólares por intervenir militarmente en Irak y en Afganistán y luego muchos de sus miembros fueron acusados y condenados por un Tribunal Federal de los Estados Unidos. Recientemente, Prince -que en el pasado fue miembro de la fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos- se mostró en Ecuador durante unos operativos en Guayaquil, en compañía de los ministros de Interior y Defensa del gobierno de Daniel Noboa. El año pasado, lanzó la campaña “Ya casi Venezuela”, buscando recaudar fondos para intentar un golpe militar contra el gobierno de Nicolás Maduro mediante la contratación de mercenarios, sin novedades hasta el momento. En realidad, Blackwater como grupo militar es un fracaso que solo logra lucirse contra población civil desarmada después de que esta se encuentra diezmada por ataques y bombardeos. Por lo tanto, esta compañía de mercenarios opera como un brazo armado de Trump en América Latina. El equipo de Prince ha estado operando drones en Haití desde marzo, que, según informes, causaron la muerte de más de 200 personas. Sin embargo, no se confirma la neutralización de ningún líder pandillero ni la captura de objetivos relevantes (TeleSur, 29/05). Haití se encuentra en una crisis humanitaria. Las bandas armadas han tomado prisiones, incendiado comisarías y provocado el desplazamiento de un millón de personas. Masacran a la población civil a quemarropa para sembrar el terror y lograr la sumisión general. Al menos 4.239 personas fueron asesinadas y 1.356 heridas en Haití entre julio y febrero pasados con armas que llegan ilegalmente del extranjero. El contexto es de una miseria extrema. El 85% de la capital está en manos de los grupos criminales que se organizaron y unieron bajo el nombre Vivre Ensamble (Vivir juntos). Este cuadro grafica el fracaso de la última maniobra imperialista que consistió en introducir en el país fuerzas kenianas -también acusadas de crímenes y violaciones- durante el año pasado. En 2021 ocurrió el magnicidio por parte de sicarios de Jovenel Moise, y hace un año, el presidente provisorio Ariel Henry fue destituido por el imperialismo en una reunión de mandatarios en Jamaica. Desde entonces Haití es gobernado por un gobierno de transición que actualmente está presidido por Alphonse Jean y que debería llamar a elecciones y no lo hace. El contrato con Blackwater es una privatización de la injerencia imperialista en Haití y la demostración de que Trump intenta avanzar militarmente en América Latina. En Haití mercenarios, en Panamá despliega tropas, en Argentina discute una base militar. En Haití se perfecciona porque la cuenta de su propio martirio la pagarán directamente los haitianos. Las autoridades haitianas no revelaron el monto del contrato con Prince. Según informes que trascendieron, éste busca expandirlo para incluir áreas como aduanas, recaudación de impuestos y otros servicios gubernamentales. Esto implicaría una verdadera privatización del Estado en favor de un grupo delictivo mercenario. En realidad, la urgencia del gobierno por reforzar la seguridad no está dada por la violencia de Vivre Ensamble -la cual está vinculada al poder económico y político y recibe armas norteamericanas- sino por las crecientes movilizaciones encabezadas por los desplazados y los grupos de autodefensa que se están organizando en el pueblo haitiano y que han sido reprimidas con gases lacrimógenos y balas de goma. Los barrios de Puerto Príncipe que no logran dominar las bandas están controlados por los grupos de autodefensa que se movilizan con palos, machetes y armas de fuego, y que han reemplazado a las fuerzas de seguridad en sus funciones. Esto se da al mismo tiempo que Trump incluye a Haití entre los países que tienen vedado el ingreso a los Estados Unidos. Esta prohibición está generando un descalabro económico y social entre la burguesía haitiana que tiene sus negocios vinculados a Estados Unidos, y entre las familias que están repartidas entre ambos países. Es una catástrofe para pacientes que tenían fecha de operación o tratamientos en Estados Unidos financiados por fundaciones y que ahora tienen vetado el ingreso al país del norte. Muchos haitianos residentes en Estados Unidos evitan salir del país por miedo a no poder volver. Este estado de situación es responsabilidad del imperialismo que -desde el golpe de 2004 contra Aristide- interviene militarmente al país con la excusa de brindar ayuda humanitaria y no hace otra cosa que empeorar las condiciones de vida de la población. Cómplices de esto son todos los países que en estos años han enviado tropas bajo el mismo argumento, haciéndole pagar a Haití la condena histórica por haber sido el único país erigido por una revolución de esclavos. El pueblo haitiano, sin embargo, insiste en autorganizarse contra todos sus verdugos.

El habitualmente desmesurado operativo represivo que Patricia Bullrich despliega en el Congreso para intentar amedrentar a los jubilados, alcanzó el miércoles pasado dimensiones grandilocuentes. Con varias manzanas valladas a la redonda, interrumpiendo completamente el tránsito para hacer cumplir, paradójicamente, el ´protocolo antipiquete´, el Parlamento argentino lucía como un blindado en zona de guerra. Todo para hacerle frente a un millar de luchadores que reclaman por un aumento de las jubilaciones, clavadas en niveles de indigencia. El despliegue represivo, ´preventivo´, reflejaba el temor del gobierno a las repercusiones que pudiera tener el fallo de la Corte contra Cristina Fernández. Sin embargo, no se produjo ninguna autoconvocatoria por CFK, ni tampoco concurrieron las huestes del pejota, excepto alguna bandera de la JUP y del Movimiento Evita, con apenas media docena de militantes. Por su parte, los jubilados y sus agrupaciones resolvieron marchar a Plaza de Mayo, en esta ocasión, para confluir con los trabajadores del Hospital Garrahan y los residentes de los hospitales porteños, que marcharían desde el Obelisco por Diagonal Norte. La Policía de la Ciudad intentó impedir la marcha de los jubilados por Avenida de Mayo. Formó un cordón para bloquear la cabecera y ensayó un ´diálogo´ -entre palazos y refriegas- con la pretensión de acorralar en un carril la marcha, incluso a pesar de que no había tránsito. Sin embargo, la policía se vio superada por la determinación de los compañeros. La fila policial se vio rodeada y tuvo que desplazarse ella, sí, a la vereda. Finalmente, la columna se desplegó a lo ancho de la avenida y llegó a la plaza, donde se reunieron ambas columnas. La lucha de los jubilados es un pivote en la pelea contra el gobierno represor y hambreador de Milei-Bullrich-Caputo. Todos los miércoles la cita es a las 15 en el Congreso.

Los tres días de la segunda visita a Israel de Javier Milei desbordaron de declaraciones que ratifican su apoyo incondicional y fervoroso al gobierno genocida de Benjamín Netanyahu y a la masacre contra el pueblo palestino. Milei, que dice que se autopercibe judío, rezó un rato entre lloros ante el Muro de los Lamentos acompañado por su comitiva y por el embajador argentino en Israel, el rabino Axel Wahnish, “su maestro espiritual”. También se reunió con los familiares de los rehenes y se juramentó en no cejar hasta recuperarlos. El Premio Nobel judío También recibió el premio Génesis, llamado el Premio Nobel judío, un millón de dólares en reconocimiento a su apoyo al sionismo. Milei es el primer no judío y el primer jefe de Estado que lo recibe. Los argumentos para la premiación fueron el "inequívoco" apoyo a Israel y que “revirtió décadas de votos antiisraelíes argentinos en la ONU, calificó a Hamás y Hezbolláh como organizaciones terroristas y se comprometió a llevar ante la justicia a los terroristas responsables de los atentados antisemitas en Buenos Aires en la década de 1990", según explicó el presidente de Génesis, Stan Polovets. Polovets dijo que pretenden “poner fin al aislamiento de Israel en el escenario internacional” y alentar a los países latinoamericanos “a seguir el ejemplo de la Argentina, fortalecer los lazos económicos y diplomáticos con Israel, votar junto a Israel en las Naciones Unidas, cooperar en materia de seguridad y promover reformas democráticas basadas en el libre mercado en toda la región”. Milei dijo que donará el millón de dólares para combatir “el antisemitismo y el terrorismo en la región” y que comenzarán por Costa Rica, Panamá y Uruguay. No todos fueron aplausos, sin embargo. El jueves Milei tenía previsto dar una conferencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Aunque lo esperaba una alfombra roja y una guardia de honor, tuvo que entrar por una puerta trasera porque también lo esperaba un grupo de activistas antisionistas que le gritó “asesino” y lo acusó de complicidad con el genocidio. En el parlamento israelí, por el contrario, el presidente fue ovacionado de pie cinco veces hasta por el supuesto jefe de la oposición, Yair Lapidus, que dijo que, más allá de las diferencias que tiene con Netanyahu, coincide en la simpatía por el argentino porque el apoyo de Milei a Israel era “emocionante”. Milei respondió que “en este momento difícil, los acompaño con un abrazo fraternal y un sincero “Am Yisrael Chai”, la frase hebrea que significa «el pueblo de Israel vive». “Argentina está a su lado en estos días difíciles”, continuó, y consideró: “Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de gran parte de la comunidad internacional, que está siendo manipulada por terroristas y convierte a las víctimas en verdugos”. También anunció “con orgullo” que trasladará la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, algo que desconoce las resoluciones de Naciones Unidas y solo han hecho seis países: Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Estados Unidos. En el mismo discurso, Milei llamó “mercenaria” a la activista sueca Greta Thunberg, deportada por las autoridades israelíes tras ser capturada junto con otros activistas de un barco que intentaba romper el bloqueo naval de Israel sobre Gaza. Y ratificó su guerra antiwoke y contra el feminismo. Un salvavidas diplomático “Entre tantas noticias negativas, acá por supuesto le dan mucha importancia a que llegue alguien como Milei porque es uno de los pocos amigos declarados que le quedan a Israel en el mundo”, dijo Mario Sznajder, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, aludiendo al creciente aislamiento del gobierno de Netanyahu. Su visita fue “como un salvavidas diplomático en medio del creciente aislamiento”, coincidió en su portada un artículo de Herb Keinon, editorialista del diario Jerusalem Post, de centroderecha. Keinon contrastó la adhesión de Milei con que Barcelona haya cortado relaciones con Israel y suspendiera su acuerdo de amistad con Tel Aviv, que el famoso Trinity College de Dublín, Irlanda, también cortara todos sus lazos con Israel, “y el aumento de las voces en el seno de la Unión Europea que demandan acciones punitivas” “En momentos en que las capitales europeas están amenazando con sanciones, boicot de armas y el reconocimiento unilateral de un Estado palestino, Milei está en Jerusalén anunciando nuevos vuelos directos, reiterando su plan de mudar la embajada a la capital y abrazando a Israel con un fervor que va mucho más allá de la diplomacia. En este clima, la visita de Milei no es sólo una muestra de solidaridad, sino que es una declaración política. Y muy rara”, añadió el analista del Jerusalem Post. “Una cooperación sin precedentes” Finalmente, el tercer y último día, Milei firmó con Netanyahu un así llamado Memorando de la Democracia y la Libertad que “fortalece la alianza geopolítica entre Argentina e Israel por su defensa de la democracia y la libertad”. Milei dejó trascender en qué consiste el capítulo “defensa”: "Luego de décadas de desfalco del Estado y vaciamiento de las Fuerzas Armadas, la Argentina está francamente atrasada en capacidades militares, armamentísticas y de inteligencia. Cualquier país que se hace respetar necesita de estos recursos". El pasquín mileísta “La Derecha Diario” lo describió como “una declaración de principios orientada a fomentar la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo global y el creciente antisemitismo que afecta al mundo”. Whertein también mencionó “una cooperación sin precedentes en materia de lucha contra el terrorismo y las investigaciones sobre delitos cibernéticos, así como el establecimiento de carriles aduaneros de vía rápida, lanzamientos conjuntos de satélites y centros de tecnología hidráulica a lo largo del río Paraná”. Werthein adelantó una alianza regional prosionista que garantice “votos inmediatos para Israel en la OEA” y desbloquee nuevos derechos de aterrizaje para la aerolínea israelí El Al. Probablemente Paraguay y Ecuador adhieran rápidamente al memorándum, adelantó. Añadió que la Argentina pretende convocar una Conferencia Internacional por la Libertad en diciembre, que reuniría a los jefes de Estado para firmar “el acuerdo” y, “si era posible, dar la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como testigo de honor”. Diciembre queda lejos.

Los hospitales y centros de salud públicos están atravesados por un proceso de movilización latente y deliberación generalizada. La huelga indefinida que los residentes del Garrahan sostuvieron durante dos semanas sacudió de manera integral al conjunto del movimiento de la salud, sin distinción de jurisdicción. La crisis golpeó al gobierno de Milei y ya provocó la renuncia de dos directores de hospitales designados por el oficialismo, en el Posadas y el Garrahan. El “Ministerio de Prepagas”, que conduce Mario Lugones, está buscando las vías para aplastar una lucha que ganó la agenda pública y la solidaridad de la inmensa mayoría de la población. Para este propósito, combina el ofrecimiento de bonos y la ejecución de nuevos ataques contra los trabajadores, entre los que se destacan el anuncio de 110 despidos en el Posadas y el descuento de los días de paro a los profesionales del Garrahan, por no acatar la conciliación obligatoria. En asambleas y coordinaciones interhospitalarias, cada vez más masivas, los trabajadores deliberan acerca de cómo enfrentar los embates oficiales y avanzar a la conquista de un salario que cubra la canasta familiar. Garrahan Los trabajadores del Garrahan cumplieron las 48 horas de paro previstas para esta semana y hoy definirán en asamblea general los pasos a seguir. Tal como estaba previsto, el miércoles 11 pararon trabajadores de planta, becarios y residentes que dependen del gobierno de CABA y se movilizaron a la audiencia prevista en la Secretaria de Trabajo, en la sede de Callao. La reunión volvió a fracasar porque no se presentaron las autoridades del Hospital, ni del Ministerio de Salud. Sobre este incumplimiento flagrante a la conciliación obligatoria autodictada por el gobierno, los funcionarios no dijeron una sola palabra. Por la tarde, se conoció el apartamiento de la directora del hospital, mientras los trabajadores se movilizaban junto a pacientes, familias y a otros trabajadores de la salud a la Plaza de Mayo, confluyendo con la marcha de los jubilados. Los residentes de Nación, aunque no participaron del paro como colectivo tras las amenazas de despido, sí se sumaron en muchos casos a la marcha a título individual. La movilización en horario vespertino resultó, de todos modos, más reducida que en ocasiones anteriores. Contó con la presencia de personalidades de la cultura como Osqui Guzmán y el grupo Pim Pau. Residentes de CABA Para el miércoles 11 también estaba previsto un paro y movilización de los residentes de los hospitales porteños, en apoyo al Garrahan y por su propio reclamo salarial. Sin embargo, la noticia de la condena y proscripción contra CFK el martes por la noche provocó la reprogramación de la medida, tras un arduo debate. Un sector de los delegados de los hospitales planteó que, en el nuevo cuadro político, el paro carecería de visibilidad y podría verse asociado a eventuales protestas contra el fallo de la Corte Suprema. Otro sector defendió sostener la medida, entendiendo que la repercusión mediática era secundaria en relación al impacto que para la patronal tendría la paralización de las actividades, y que en todo caso el atropello político contra CFK reforzaba la necesidad de salir a la calle, no de replegarse. En lugar de realizar un intercambio a través de asamblea general de emergencia, la deliberación se terminó saldando de forma atomizada, a través de votaciones virtuales por los grupos de WhatsApp de los hospitales en los que cada residente participaba a título individual, sin poder conocer la opinión de los residentes de los otros establecimientos. El método, desquiciante, sirvió para dividir en mitades a buena parte de los hospitales, a pesar de lo cual muchos votaron sostener el paro. Finalmente, la reprogramación se impuso por estrecho margen y una nueva asamblea al día siguiente votó un cese de actividades para el miércoles 18 y un nuevo paro para la semana siguiente, a coordinar con el Garrahan y los residentes de Nación y provincia de Buenos Aires. La Junta Interna de ATE, conducida por el aparato del PO, convocó a un plenario de coordinación para el sábado 14 en el Garrahan, aunque fijó su horizonte salarial en la canasta básica de $1.800.000, muy por detrás de la canasta familiar real de $2.500.000 por la que lucharon los choferes de colectivos y a la que aspiran también los residentes. Para ganar: profundizar y coordinar La lucha de la Salud entra en momentos de definiciones. Para ganarle la pulseada al gobierno es necesario tensar todas las fuerzas y desenvolver la enorme energía combativa que anida entre los trabajadores de la Salud. Es lo que busca evitar por todas las vías la burocracia sindical, que pretende sostener su monopolio de las negociaciones (infructuosas) con los gobiernos, a costa de hundir el movimiento. Es lo que le dijeron, sin pelos en la lengua, los representantes de Médicos Municipales a los delegados de los residentes, cuando los reprendieron por haber “impulsado un paro sin avisar” y “cortarse solos”. Lo que la burocracia critica es precisamente el método para ganar: los trabajadores tenemos que “cortarnos solos”, despojarnos de todas las ataduras de los aparatos burocráticos y apostar a desarrollar nuestras propias fuerzas de manera independiente, que históricamente ha sido la única vía eficiente para conquistar las reivindicaciones y derrotar los ataques de los gobiernos de turno. Profundicemos la lucha siguiendo el método de la huelga indefinida hasta la satisfacción de todos los reclamos en juego. Defendamos la soberanía de nuestras asambleas y autoconvocatorias, las únicas con mandato autorizado para definir el pliego de reivindicaciones y las medidas a adoptar.

Mientras Milei abrazaba en Israel al genocida Netanyahu, responsable de la masacre de más de 52 mil palestinos, la Corte Suprema en Argentina proscribía y condenaba a prisión, a la principal dirigente opositora CFK, o al menos a la que reúne más votos y voluntades. ¿Democracia? Las pelotas. Estamos ante un régimen fascistizante contra el cual la clase obrera necesita organizarse, en forma independiente de los políticos burgueses y burócratas sindicales. La organización clasista es menester para poder enfrentarlo en el terreno político y también en el económico, luchando contra las penurias a las que somete a la población, que la CGT y el kirchnerismo dejan pasar. La burguesía y sus políticos NUNCA dieron una pelea consecuente contra el fascismo, porque este surge de sus propias entrañas. Los empresarios, banqueros, mineros y terratenientes que ayer apoyaban a CFK, hoy apoyan a Milei. Por ello el llamado de un sector de la izquierda (NMas y el FITU) a que CFK o la CGT "resistan", además de ser un acto de subordinación, está destinado al fracaso. Los dirigentes políticos de la burguesía le tienen más temor a las posibilidades revolucionarias de un levantamiento obrero, que al fascismo, impulsado por quienes en definitiva son sus mandantes para otros tiempos. Se trata de un fenómeno histórico: Como ejemplo tenemos al propio Perón, quien, contando con el apoyo masivo de la población, e incluso de un sector de las FFAA, en lugar de enfrentar el golpe de 1955, llamó a "desensillar hasta que aclare" y marchó al exilio. Dejando el campo orégano a "La Libertadora" para que hiciera su tarea antiobrera. Sobran ejemplos en la historia. En particular en América Latina, desde el golpe contra Arbenz en Guatemala (1954), hubo numerosas claudicaciones de sectores burgueses más o menos "nacionalistas" o “populares” contra el fascismo. En Nicaragua, Bolivia, Ecuador... Ese fue también el camino de Allende en Chile, pagando dramática y finalmente con su propia vida. Sin embargo, hasta el último minuto desde el Palacio de la Moneda llamó a la población a quedarse en sus casas, antes había nombrado a Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército de Chile, y autorizó la requisa de las casas obreras en busca de armas, reprimiendo los cordones obreros. En muchos casos se esgrimió como justificativo para llamar a la parálisis y la inacción, "evitar un baño de sangre", ya sabemos cuál fue el resultado: terribles baños de sangre contra generaciones enteras del activismo trabajador. En los casos en que hubo resistencia o esta triunfó, fue justamente desobedeciendo la claudicación que bajaba desde los partidos burgueses atacados. Como el gran pueblo venezolano ante el intento de golpe contra Chávez, cuando éste ya estaba "desensillando". O en el caso cubano, generándose una ruptura de la dirección (del Movimiento 26 de julio) con la burguesía cubana, al resolver la primera armar a la población. Por otro lado, las posiciones abstencionistas, que pretenden la “neutralidad”, en vista del carácter burgués y reaccionario de los proscriptos, tampoco son una salida de nada, implica aislarse de las masas obreras, y un aval vergonzante a la Corte Suprema y al propio régimen. Quien ante una proscripción es “neutral”, en los hechos la apoya. La respuesta socialista ante la condena a CFK no puede ser "llamar" a que "resista" ella, el PJ o la CGT. Esto desarma a los trabajadores y asegura el fracaso. Tampoco fingir demencia y asumir una supuesta “neutralidad”. La tarea es luchar y pronunciarse claramente contra la proscripción e impulsar la organización obrera clasista, plenarios obreros y estudiantiles, autoconvocatorias, asambleas, y medidas de acción y de defensa para enfrentar al régimen fascista y defender las libertades democráticas, así como los derechos e intereses obreros que este viene a atacar.

El gobierno acaba de declarar en “crisis” a cuatro obras sociales por “irregularidades e incumplimientos detectados, por parte de los prestadores de la salud”. A través de una serie de publicaciones en el Boletín Oficial, las intimó a que regularicen su situación y presenten un plan de contingencia en los próximos 15 días bajo amenaza de cerrarlas. Las afectadas con las obras sociales de Fedecámaras, Técnicos de Fútbol (OSTECF), Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social de Volkswagen Argentina S.A. Se puede apreciar que todas ellas, incluso sumadas, nuclean una cantidad pequeña de afiliados. El gobierno le ha dado una publicidad a esta decisión, sin embargo, para mostrar la “corrupción” que habita en la administración de las mismas, ocultando deliberadamente el enorme problema que recorre a todas las obras sociales. El Estado es el verdadero saqueador Las obras sociales de los sindicatos cubren en la actualidad a 15 millones de beneficiarios en materia de atención a su salud, incluyendo al trabajador registrado y su familia, sin distinción entre enfermedades preexistentes, personas con discapacidad, etc. Todos, absolutamente todos, están cubiertos con el aporte del titular. Esto no tiene punto de comparación con ninguna de las coberturas sociales de los trabajadores en Latinoamérica. La ausencia de una garantía de salud pública que debería cubrir el Estado es suplida por la organización de los trabajadores. Las obras sociales sindicales se han convertido en el principal resguardo de la vida misma del trabajador y su familia. Las obras sociales tienen su “punto débil” en su dirección, pues están dirigidas por la burocracia sindical. Es decir que desde siempre han escapado al control democrático de las mismas. Al manejar en los grandes gremios importantes fondos de dinero, han sido ellos y el propio Estado los que han metido la mano en las obras sociales. En los años 90, bajo el menemismo, el gobierno impulsó la llamada “desregulación”, por la cual casi 5 millones de beneficiarios derivaron sus aportes de la obra social de su sindicato a la medicina prepaga, debilitando a la primera. A partir de 2002, se incrementaron los aportes al fondo solidario de redistribución de las obras sociales sindicales, pero en lugar de distribuirse y favorecer a las mismas, el Estado les "incautó", entre 2003 y 2015, el equivalente a 5 mil millones de dólares. A partir del año 2000, las obras sociales sufrieron otro golpe con la creación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que incorporó a más de 2 millones de monotributistas, con aportes muy por debajo del promedio de los trabajadores formales, lo que siguió agravando el estado de las finanzas de las obras sociales. La llamada flexibilización laboral también ha producido estragos en las obras sociales. Los ´trabajadores rotos´ se incrementaron violentamente y la asistencia a personas con discapacidad, cuya obligación de cobertura recae en las obras sociales nacionales, tuvo un enorme crecimiento. Actualmente esto consume casi el 70% de los recursos del fondo solidario de redistribución. Los recursos con los que se financian las obras sociales provienen de los aportes y contribuciones de los trabajadores. El Estado jamás derivó fondos del Tesoro a las obras sociales. Aun durante la pandemia, los subsidios que recibieron las obras sociales por caída de los aportes provenían de un fondo especial creado por el DNU 908/2016. La política de la burocracia sindical La política de la burocracia sindical ha sido la fusión y alianza empresarial con las grandes patronales del sector privado de la salud, algo que explica por qué Héctor Daer, de ATSA, sea titular de la CGT. Esta alianza con la medicina privada ha avanzado en el vaciamiento y desfalco de las obras sociales y ha promovido el cobro compulsivo de aranceles y copagos a los trabajadores. Ha disparado un proceso de liquidación de las obras sociales como sistema obrero solidario para la transferencia de recursos de los trabajadores a las arcas personales de clanes y familias de la burocracia sindical, devenidos en empresarios de la salud. La actual caída del empleo afecta de lleno las finanzas de las obras sociales. El Estado les adeuda fondos y el cuadro de enfermedades complejas aceleran la desfinanciación de las mismas. Ningún sindicato pequeño puede sostener solo una obra social que dé respuesta integral a las enfermedades oncológicas ni a los estudios y remedios de las mismas. Se ven obligadas a asociarse a grandes empresas de la salud con aparatología moderna que no pueden obtener por sí mismas. Las obras sociales chicas todas están en crisis y apelan a prepagas de baja puntuación en cuanto a aparatología porque la cantidad pequeña de afiliados que reúne no le permite abordar costos mayores, con el agravante de que los despidos masivos y una fuerte tendencia a la desafiliación están disminuyendo seriamente el aporte a las prestadoras, lo que compromete el cumplimiento de la atención. El gobierno tiene que sacar las manos de las obras sociales, restituirles lo que les afanó. Está planteada, más que nunca, la recuperación de las obras sociales por los trabajadores, para terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado en todos estos años por la burocracia sindical y el Estado. Por la apertura de los libros de cada obra social y la elección de directorios electos por los afiliados; la cobertura plena de un programa médico universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales; pase a planta de todos los precarizados con el mejor convenio de la actividad y el blanqueo de todas las sumas en negro, para recomponer los ingresos de las obras sociales, la urgente triplicación del presupuesto de salud y reforzamiento del sistema sanitario bajo control de los trabajadores, para garantizar la mejor calidad de vida posible para la clase obrera. La defensa de las obras sociales es parte de la lucha contra la política derechista de Milei y la oposición patronal y por la expulsión de la burocracia de los sindicatos.

Una reciente huelga de estudiantes universitarios cubanos contra el tarifazo de internet anunciado por la única empresa que brinda el servicio -ETECSA- ha conmovido políticamente a la isla, desatando las protestas más numerosas desde las jornadas de julio de 2021. Su epicentro fue la Facultad de Matemáticas de La Universidad de La Habana, pero se involucraron más de 10 facultades de toda la isla. Las autoridades del gobierno habían anunciado un aumento en las cuotas para acceder a internet, con un agravante: las recargas sólo podían realizarse en moneda estadounidense. Su propósito era obtener algunos dólares extra de parte de los cubanos que viven en el extranjero y buscan permanecer en contacto con sus familiares en la isla. En los últimos años, casi 2 millones de personas abandonaron la isla. La convocatoria no partió en este caso de estudiantes aislados sino de la propia Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de La Habana, acompañado de un proceso asambleario. Las autoridades universitarias, gubernamentales y de la propia ETECSA, tras emitir comunicados atacando la protesta, no tuvieron más opción que reunirse con los estudiantes y entablar una negociación para levantar el paro. Los estudiantes rechazaron férreamente adaptarse a un plan más barato. El tarifazo en internet ha sido la gota que colmó el vaso de una población expuesta a un ajuste furioso sobre sus condiciones de vida, a la escasez casi permanente de insumos básicos de higiene, de salud y de comida. Es una crisis que ya fue expuesta por las masivas movilizaciones del 11J, reprimidas por el gobierno cubano. Tras más de una semana de protestas, el gobierno logró llevar a un impasse el proceso huelguístico. Los estudiantes, sin embargo, recibían la simpatía de muchos trabajadores, incluidos los graduados de muchas universidades. La persecución a varios dirigentes estudiantiles, electos en la FEU, marca un quiebre con la dirección política dentro de los propios organismos permitidos y dirigidos por el Estado y el Partido Comunista cubano. Las asambleas que decidieron el levantamiento de las huelgas estudiantiles fueron atravesadas por estos aprietes y la presencia de funcionarios, lo que llevó a un sector de los estudiantes a optar por la abstención (que de votar favorablemente habrían volcado la asamblea por la continuidad). Es el choque de una nueva generación, que adquirió la mayoría de edad cuando se sucedían las protestas masivas del 2021, con el Estado y sus instituciones. La aparición en escena de esta nueva generación de jóvenes trabajadores cubanos que desafía el régimen de Díaz-Canel debe ser ampliamente valorada. Es una generación que ya no posee una relación directa con la Revolución del 59, pisoteada por la propia burocracia contrarrevolucionaria que dirige la isla. A pesar de este crimen contra la continuidad revolucionaria, la nueva generación denuncia la opresión del imperialismo y sus embargos criminales, así como toma de referencia las luchas previas del pueblo cubano, incluida la Revolución Universitaria liderada por Juan Antonio Mella en 1919. Exigimos el retiro definitivo del tarifazo. Libertad de organización y manifestación de los estudiantes y trabajadores cubanos Cese de toda persecución política a los dirigentes de las protestas universitarias Reafirmamos el reclamo de libertad a todos los detenidos y enjuiciados por participar de las jornadas del 11J, con sanciones que llegan a los 25 años de prisión.

El segundo cierre de Kimberly Clark El sábado 7 de junio, la patronal de Kimberly Clark anunció a sus trabajadores el cierre de la planta del Parque Industrial de Pilar y el despido de los 220 trabajadores que prestaban tareas allí. Kimberly Clark viene de cerrar su planta de Bernal en el año 2019, trasladando el conjunto de su producción a la provincia de San Luis. La Federación Papelera llamó a una movilización del gremio a las puertas de la planta. De la jornada participó una nutrida delegación del aparato del sindicato y una escueta representación de los trabajadores despedidos, quienes ya conocían la entrega de la Federación de la lucha de los papeleros de Kimberly en Quilmes, en 2019. Lejos de proponerse un plan de lucha para defender los puestos de trabajo, el Sindicato Papelero convocó a los trabajadores a pelear sumas indemnizatorias mejores y planes de jubilación anticipada. Una burocracia sindical que paraliza los sindicatos es incapaz de enfrentar el ajuste en curso. La paritaria de los petroleros de Vaca Muerta, otra entregada El Sindicato de Trabajadores del Petróleo de las provincias de Neuquén, Rio Negro y la Pampa suscribió en los primeros días de junio una paritaria salarial de cuatro cuotas trimestrales del 3%, en línea con el cepo al salario de Milei-Caputo. Para que quede bien clara la tónica del acuerdo, el sindicato firmó para enero, febrero y marzo, un 4,3% retroactivo, cuando la inflación de esos tres meses sumó 8,6 %. Los petroleros recibirán un 12% de aumento de abril de 2025 a marzo de 2026. El dato relevante es que el Sindicato Petrolero representa a los trabajadores de las empresas que extraen petróleo de Vaca Muerta. El acuerdo desmiente categóricamente que las paritarias a la baja sean una consecuencia de una crisis patronal -las petroleras de Neuquén y Rio Negro están con producción récord y récord de exportaciones. La pulverización de los salarios es una orientación del conjunto de la clase capitalista y del Gobierno. El Sindicato Petrolero tiene hace pocos años una nueva dirección, con Marcelo Rucci al frente, con una orientación que se presenta como ´combativa´. El acuerdo de los petroleros, a pedir de boca de los pulpos petroleros, desenmascara a la conducción del sindicato petrolero y a su ropaje ´combativo´. Piquete del SMATA en la Panamericana “en defensa de Cristina” El día del fallo de la Corte contra Cristina, se realizaron distintas movilizaciones y cortes. El más significativo sin dudas, fue el que organizó el SMATA a la altura de la Ford, donde 2 mil mecánicos de la Ford, Lear y Volkswagen cortaron ambos sentidos del ramal Escobar de la Panamericana. Las imágenes dieron cuenta de una presencia importante de obreros. La movilización no fue el resultado de una asamblea obrera, en la que pudieran expresarse diferentes opiniones políticas, sino el producto de una orden unilateral de la burocracia del SMATA, que fue tomada con más apatía y bronca que otra cosa por los trabajadores. El proceso de despidos, despidos encubiertos y ajustes, avanza en las fábricas automotrices tanto o más que en otros rubros. El SMATA ha dejado hacer a las patronales. Está a la vista de cualquiera la enorme contradicción entre la pasividad frente a la avanzada antiobrera y la ´combatividad´ desplegada en defensa de Cristina Fernández. Los trabajadores sí, acompañaron la medida, sobre todo porque se evitaron trabajar el turno tarde, sin descuento de sueldos. La patronal de Volkswagen deja hacer, para algunas cosas, a la burocracia de Manrique, tanto como Manrique deja hacer a la patronal de Volkswagen.

La movilización convocada por el movimiento piquetero en el puente Pueyrredón este martes 10 mantuvo cortada durante más de tres horas la avenida Mitre de Avellaneda, ocupando con sus columnas seis cuadras. Un fuerte operativo de cinco filas de efectivos de Policía, Prefectura y Gendarmería, apoyados por carros apostados en los alrededores, no pudo hacer cumplir el ´protocolo antipiquetes´. La llamada “Jornada Federal de Lucha” fue convocada bajo la consigna “En defensa del trabajo y el salario” por un frente conformado por la CTA, Piqueteros en Lucha, la UTEP y el Frente de Lucha Piquetero. Participamos la Tendencia del Polo Obrero, el FOL, el Frente Popular Darío Santillán, el MTR Votamos luchar, el MTR 12 de Abril, el movimiento La Dignidad, Libres del Sur, el MST Teresa Libre y el Polo Obrero oficial, entre otras organizaciones. Los reclamos concretos que motivaron la movilización fueron los de trabajo bajo convenio, aumento de los ingresos sociales, restitución del monotributo social en un 100% a cargo del Estado -para que los compañeros puedan acceder a una obra social y al aporte jubilatorio- y la devolución de los alimentos a comedores y merenderos populares, confiscados por Sandra Petovello, la ministra de “Capital Humano”. Tras horas de espera, las organizaciones fuimos convocadas a una reunión. Se determinó una delegación con representantes que se trasladó al Ministerio, pero una vez allí los funcionarios se negaron a recibirla. Al terminar la jornada, se realizó un acto con oradores a razón de uno por cada frente convocante. Está previsto el próximo 26 de junio, en un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, manifestar otra vez en el puente Pueyrredón. El gobierno liberticida, desde su asunción en diciembre del 2023, mantiene la decisión política de liquidar a las organizaciones de lucha piqueteras. Se ha valido para ello del ´protocolo antipiquetes´, el congelamiento de los planes sociales, la quita del monotributo social, la persecución a los compañeros migrantes, la persecución judicial y los allanamientos contra las organizaciones. Pero no hay ingreso al trabajo. En su lugar solamente aumentan los despidos, las suspensiones y la precarización laboral. Cae el consumo masivo debido al encarecimiento de los alimentos y los servicios y al aplastamiento de salarios y jubilaciones. Esta es la razón de fondo por la que, cada día, más sectores se autoconvocan y salen a la lucha. El movimiento de desocupados, en conjunto con la clase obrera que lucha, redoblaremos la movilización para derrotar al gobierno antiobrero y por todas las reivindicaciones planteadas.

El fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena e inhabilitación electoral de Cristina Fernández generó un clima de deliberación en un sector de la juventud estudiantil. Entre el martes y miércoles pasado se sucedieron asambleas en facultades de la UBA, la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y decenas de colegios de CABA y Buenos Aires. Filosofía y Letras, Sociales y FADU de la UBA fueron tomadas. En el predio de Ciudad Universitaria un piquete cortó el acceso al predio durante el día miércoles. En La Plata fue ocupado el edificio del rectorado. En la UNA se tomó el departamento de Artes Visuales. El Colegio Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, el Cortázar, la Nini Marshall y otros secundarios se encuentran ocupados: algunos extenderán la medida hasta el día lunes. Hubo cortes de calle en las inmediaciones de Psicología de la UBA y Audiovisuales de la UNA. En el caso de Filosofía y Letras, una numerosa asamblea autoconvocada votó, horas después de que se hiciera público el fallo de la Corte Suprema, la ocupación de la Facultad. También resolvió la participación, al día siguiente, de la marcha de los jubilados en el Congreso. Las consignas votadas para la toma fueron “en defensa de los derechos democráticos. Contra el ajuste integral de Milei en educación, salud, ciencia y todos los sectores. Exigimos a la CGT un paro general para frenar estos ataques”. En el caso de Sociales, FADU y Visuales, la toma sucedió sin que mediara una asamblea estudiantil, siendo, en cada caso, resuelta por las conducciones de los centros de estudiantes, afines al kirchnerismo, y revistieron un carácter ´simbólico´. Allí donde hubo asambleas, en cambio, se puso de relieve la magnitud del ataque que sufre la educación en su conjunto. En la Universidad se sucedieron menciones al cierre de materias y a la situación salarial docente. En los colegios secundarios la discusión sobre el fallo de la Corte Suprema se unió al debate en torno a la reforma educativa que el gobierno de Jorge Macri quiere imponer en las escuelas secundarias de CABA, que supone la eliminación de materias en todos los años y el despido masivo de docentes. El reclamo contra la proscripción y el rechazo a la reforma antieducativa de Macri son las dos consignas comunes a la mayoría de las tomas de colegios. Varias tomas de colegios secundarios denuncian haber recibido, durante el día y la noche de ayer, aprietes de parte de la Policía, la cual se dedicó a recabar información personal de los estudiantes que se dirigían a las ocupaciones. La Mella y el Movimiento Evita han insistido en presentar la lucha como parte de un movimiento “en defensa de la democracia”. En las intervenciones de activistas en las asambleas se repitió, varias veces, que el fallo proscriptivo es la iniciativa de un gobierno comprometido con el ataque a las libertades democráticas y al activismo, que no escatima en represión, provocaciones y amenazas -incluso de muerte- contra la intervención del movimiento estudiantil. En el caso de la universidad, las asambleas convocadas fueron, en muchos casos, las primeras del año. En todos los casos, las asambleas que se convocaron dependieron de la iniciativa del activismo, no de las conducciones de los centros de estudiantes. El Consejo Superior de la UBA evitó expedirse al respecto del fallo proscriptivo, y votó por mayoría (22 de 28 votos) en contra de una propuesta de resolución que exigía la restitución de los derechos políticos de Cristina Fernández. Se trata del mismo Consejo Superior que, semanas atrás, posó junto a la DAIA en un acto a favor del Estado sionista de Israel en el predio de Ciudad Universitaria, y que se ha dedicado a perseguir al activismo estudiantil y docente que alza la voz contra el genocidio perpetrado en Gaza y Cisjordania. Su rechazo a expedirse contra el fallo de la Corte Suprema es parte de una orientación reaccionaria más general. La lucha contra la proscripción de Cristina Fernández debe ser tomada sin mediar ningún apoyo político al peronismo y sus representantes educativos, los cuales están comprometidos con la mercantilización de la educación, la destrucción del salario docente y, principalmente, con evitar que se abra en universidades y colegios una rebelión educativa como la del año pasado. Su preocupación está puesta no en el desarrollo de una intervención de la juventud en la línea de derrotar este ataque, sino en presentarse como una opción de recambio. Tenemos por delante desarrollar una lucha de conjunto contra el programa liberticida y antiobrero de Milei y los gobernadores. Contra el ataque a las libertades democráticas, por presupuesto para la educación, y por el salario docente. Abajo el arancelamiento, el recorte y mercantilización de contenidos. Por una educación cientifica, laica y planes de estudio elaborados por docentes, estudiantes y la clase obrera.

Cada 13 de junio se celebra en la Argentina el Día del Escritor, en conmemoración del natalicio de Leopoldo Lugones. Es una excepción en las efemérides oficiales, que siempre conmemoran la muerte, pero dado que Lugones se suicidó y el Estado argentino oficialmente es católico, no debía autorizarlo, incluso tratándose en su momento de nuestro más grande escritor. De nada le valió en eso haber sido un progolpista de ultraderecha. Este 13 de junio nos encuentra a los escritores argentinos en peligro de extinción cultural y social, en estado de pobreza y de anonimato. El gobierno liberticida, profascista, inquisitorial, de Javier Milei y su corte de secuaces y de cómplices nos está condenando al desamparo, mediante el desguace y desfinanciamiento de los organismos estatales de cultura (FNA, INT, INCAA, Premio de la Ciudad de Buenos Aires, etc.). Han sido muy escasas las luchas contra la política gubernamental, situación que responde a la misma causa que en casi todos los gremios: sus direcciones están en manos de burocracias corruptas y/o complacientes. Contra el liberticidio cultural Los escritores tenemos, necesariamente, dos caras de una misma moneda: la gremial y la creativa. En ambas estamos siendo agredidos, porque se han cuestionado obras y pretendido cancelarlas, como en el caso de Dolores Reyes. Esto sí llevó a multitudinarias protestas, pero sin continuidad, sin organización que prevea futuras acciones persecutorias. En cambio, los partidarios del “El que las hace, las paga” (Bullrich, Adorni, por ejemplo) usan ese lema de la Inquisición Española con efectividad: Bullrich legitimó el asesinato del niño Thiago Correa, en La Matanza, por un policía federal en la calle, durante un enfrentamiento con ladrones. Las burocracias de los gremios culturales parecen ajenas a estos hechos, ellas sí, en la “torre de marfil” que se atribuye a los poetas. Son las direcciones las que no convocan ni organizan. Los escritores, sean poetas, narradores, dramaturgos o ensayistas, no se mantienen ajenos a la realidad política, social y económica. Una larga tradición lo demuestra. Pasa que a veces no lo expresan en forma directa, pero otras veces sí e incluso salen a las calles y hasta dan la vida por sus ideas. Es el caso actual de Gaza y los escritores palestinos asesinados, algunos de ellos con ataques de misiles programados. Un lazo negro por los escritores palestinos asesinados La cifra total de asesinatos es imposible de establecer, dada la destrucción masiva de edificios de todo tipo y los bombardeos indiscriminados. Voy a nombrar a quienes sí fueron identificados y, en su nombre, como metonimia, como la parte por el todo, a quienes hayan padecido el sacrificio de sus vidas bajo el ataque sionista israelí. Una de las primeras fue Hiba Kamal Abu Nada, que nos estremeció diciendo “La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles;/ silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo;/ aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración;/ negra, excepto por la luz de los mártires”. Tampoco olvidaremos a Refat Alareer, quien dijo “Si he de morir,/ tú has de vivir/ para contar mi historia”… Ni el de Nour al-Din Hajjaj, que había dicho: “Tengo 27 años y muchos sueños./ No soy un número, y rechazo que la noticia de mi muerte pase sin que ustedes digan que amo la vida, la alegría, la libertad (…) antes de que todo eso desaparezca en un breve instante”. Y anotaremos los nombres de Omar Abu Shaweesh, Abdul Karim Hashash, Inas al-Saqa, Jihad Al-Masri, Yusuf Dawas, Shahadah Al- Buhbahan. Este domingo 15 de junio, desde las 16 horas, habrá una movilización en Buenos Aires contra el genocidio en Gaza, coincidiendo con la gran marcha internacional que va a partir desde Egipto hacia Rafah. Repliquémosla en toda la Argentina. Por la causa palestina y por nosotros mismos, que estamos bajo un gobierno aliado a Israel.

Las redadas del ICE (servicio de inmigración) han provocado protestas en gran parte de los Estados Unidos. El ICE ha sido reforzado por tropas de otros servicios, incluidos 1.800 de HSI (seguridad interior), 2.000 del FBI y US Marshals del departamento de Justicia, e incluso 250 agentes de la IRS (servicio fiscal). Las redadas se producen con agentes enmascarados, en vehículos sin identificación, y “cazando” a personas al barrer -sin orden de arresto ni saber con certeza si son indocumentados o no- básicamente por su apariencia latina. A la ya militarizada ICE se le ha agregado ahora la fuerza propiamente militar de la Guardia Nacional y de los marines. Además del despliegue de ya 4.000 tropas de la G.N. y de 700 marines en L.A., se suma ahora el de 5.000 soldados de la G.N. por parte del ultra reaccionario Gobernador Abbott del Estado de Texas -destinadas a reprimir las protestas que ya se realizan en su territorio, y para reforzar la tarea del ICE. La decisión de Abbott muestra que la militarización y el reforzamiento de la represión contra los inmigrantes y las protestas es parte de una tentativa de carácter fascista, que busca modificar el régimen politico estadounidense. Como señalara una periodista de MSNBC, hoy hay más tropas desplegadas a Los Ángeles que las presentes en Siria e Irak (sumadas). Frente a la ofensiva anti-migrantes y la represión a los manifestantes, se ha extendido un movimiento de solidaridad por todo Estados Unidos. Las protestas se han mantenido en Los Ángeles, y también en otras ciudades de California (San Francisco, Santa Ana) contagiando además a ciudades en otros Estados, por ejemplo, Seattle, Portland, Spokane, Denver, Las Vegas, Tucson, Dallas, Austin, San Antonio, Atlanta, Milwakee, Chicago, Indianápolis, St Louis, Raleigh, Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington DC. Trump viene impulsando una depuración en el ejército y en las fuerzas de seguridad desde su asunción, reforzando su poder personal y la fidelidad de los mandos. Ahora se ha dado directamente a la agitación fascista entre las tropas, como se comprobó en su discurso en Fort Bragg, donde no solamente realizó un discurso abiertamente político contra el Partido Demócrata -particularmente contra el ex presidente Biden y contra el gobernador de California Gavin Newsom- sino que prácticamente hizo un llamado a la guerra civil en nombre de combatir una “invasión extranjera”. Basta señalar que el nombre de la base militar en donde realizó su discurso tiene por origen al general Braxton Bragg del ejército confederado (es decir, defensor del esclavismo en la guerra civil del siglo XIX); en 2023, el Departamento de Defensa había cambiado la denominación de nueve bases militares, entre ellas el Fort Bragg que pasó a llamarse “Fort Liberty”. El cambio de nombre obedecía a un mandato del Congreso de EE.UU. (bajo el gobierno de Trump y con votos bipartidistas) que ordenaba al Pentágono eliminar los nombres de los generales del Sur (confederados) en las bases militares, una ley que Trump intentó vetar. Durante el actual gobierno, el secretario de Defensa Pete Hegseth restableció el nombre de la unidad militar a través de una burda maniobra: dijo que homenajeaba al soldado Roland Bragg (condecorado por su participación en la II Guerra Mundial). El acto realizado por Trump en esta base militar (la más grande en territorio estadounidense) se trató de un salto en calidad en su campaña de control y agitación en el ejército en torno a su programa racista y fascista. Hay que recordar que, en su torpe intentona golpista de enero de 2020, Trump fracasó en lograr el apoyo de los mandos militares. En este nuevo mandato, comenzó descabezando a las jerarquías del pentágono y las distintas fuerzas militares, buscando asegurarse la fidelidad de las FF.AA. En su discurso ante las tropas (la prensa asegura que los soldados fueron especialmente elegidos para que fueran proclives al presidente y no tuviera sobrepeso), Trump arengó: “No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero” (El País, 10/6). “Generaciones de héroes del ejército no derramaron su sangre en costas lejanas sólo para ver cómo nuestro país era destruido por la invasión y la anarquía del tercer mundo aquí en casa, como está sucediendo en California”. Los soldados abuchearon cuando se hizo mención a Biden y Newsom, y festejaron a las risas las ofensivas calificaciones del presidente contra sus opositores y los migrantes. Trump afirmó a los soldados que se trata de “alborotadores profesionales, no son aficionados” (los que enfrentan la represión en Los Ángeles), “Lo que están presenciando en California es un ataque en toda regla contra la paz, el orden público y la soberanía nacional llevado a cabo por alborotadores que enarbolan banderas extranjeras con el objetivo de continuar la invasión extranjera de nuestro país” (ídem). El presidente repitió todas sus mentiras racistas: “Los trajeron aquí. Venían de prisiones. Venían de cárceles de todo el mundo. Venían de instituciones mentales. Eran líderes de pandillas. Eran capos de la droga. Se les permitió entrar en nuestro país. Sus países los echaron. Sus países los llevaron en autobús o en coche hasta nuestra frontera y les dijeron: ‘Entra y si vuelves, te mataremos’”. Trump está expulsando a inmigrantes sin papeles que en muchos casos están hace 20 o más años trabajando en los Estados Unidos, con la excusa de los “pandilleros”. El presidente anunció que continuará restableciendo la denominación de bases militares que homenajeaban a los generales confederados. Su gobierno ya lo había hecho con Bragg y Benning, con la artimaña de encontrar soldados con los mismos apellidos. Ahora se deja de sutilezas: “también vamos a restaurar los nombres de Fort Pickett, Fort Hood, Fort Gordon, Fort Rucker, Fort Polk, Fort A.P. Hill y Fort Robert E. Lee” (El País, 10/6). Se trata de todo un programa político, de carácter reaccionario y racista, y apunta a aplastar cualquier resistencia dentro de los mandos militares. La agitación fascista entre las tropas marca un rumbo claro hacia una guerra civil contra las masas. Otro elemento en el mismo sentido fue el atropello realizado contra el senador demócrata Alex Padilla (hijo de inmigrantes mexicanos, senador por California que ingresó como suplente de Kamala Harris), quien intentó intervenir en una conferencia de prensa sobre la inmigración que estaba realizando la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem. El senador fue rodeado por guardias de seguridad y expulsado de la sala, tirado al piso y finalmente esposado por la espalda por un agente del FBI. “Si así responde esta Administración a un senador que hace una pregunta... imagínense cómo están tratando a los trabajadores del campo, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país”, declaró Padilla tras los sucesos. La patoteada al senador se inscribe en el cuadro de amenazas de detenciones contra la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California, por parte del propio Trump. Hay que tener presente que una jueza de Milwaukee, Hannah Dugan, fue detenida y puede ser procesada por haber contribuido a la fuga de un inmigrante que iba a ser detenido por el ICE. “Un congresista republicano propuso arrestar a 100 jueces más que fallaron en contra del presidente Donald Trump.” (CNN, 12/6). El Departamento de Justicia trumpista viene impulsando una ofensiva contra opositores, por ejemplo “La acusación contra la representante LaMonica McIver” por un choque con agentes de seguridad cuando intentaba visitar una cárcel de detención de migrantes, un caso que “marca la última escalada dramática en el esfuerzo de la administración Trump por sofocar la oposición pública y política a la represión del presidente contra la inmigración ilegal.” (Político, 10/6). Los demócratas han pavimentado el camino a la política de persecución de los inmigrantes en sus gobiernos anteriores (Obama, Biden). El “progre” Obama deportó unos 3 millones de personas en sus 8 años de gobierno, y era denominado como “Deporter in Chief” (Deportador en Jefe) por líderes y defensores de los migrantes; por otra parte, el récord anual de deportaciones lo tiene Biden en el año 2024. Trump ha dado un salto en calidad, ya que los anteriores gobiernos se concentraban en expulsar a los inmigrantes apenas ingresaban por la frontera (el 82% de los deportados por Obama tenían esa condición) en tanto el actual gobierno busca avanzar en todo el país, especialmente en las ciudades “santuario” (donde la policía no colabora con el ICE), luego de haber quitado a cientos de miles de personas su estatus de residencia legal. El discurso de la alcaldesa de Los Ángeles y del gobernador de California, ambos del P. Demócrata, afirma que la policía del estado y la ciudad pueden hacerse cargo de la situación, es decir, de contener las protestas. La alcaldesa Karen Bass decretó el toque de queda nocturno en parte de la ciudad, y tanto ella como Newsom amenazan a los manifestantes “violentos” (los que simplemente se defienden frente a la brutalidad de la represión). El sábado 14, Trump ha convocado a un desfile militar en Washington DC, precisamente el día de su cumpleaños (con el pretexto del aniversario del ejército), en una demostración de fuerza tanto nacional como internacional. La guerra imperialista va de la mano con la guerra civil y la represión cada vez más brutal y generalizada. “La celebración reunirá a más de 6.700 soldados, vehículos blindados, tanques M1A2 Abrams y helicópteros que surcarán el cielo durante el despliegue militar, siguiendo el cronograma de actividades públicas y espectáculos que enmarcan la parada militar más grande vista en décadas” (Infobae, 10/6). La demostración militar en la capital ha sido declarada “National Special Security Event”, lo que habilita a medidas especiales de seguridad y control de la circulación de personas. Naturalmente, está previsto un discurso de Donald Trump que seguramente escale incluso respecto a su andanada fascista en Fort Bragg. El desfile mussoliniano de Trump es respondido por una convocatoria de distintas organizaciones (denominadas el movimiento 50501, por “50 protestas, 50 estados, 1 día”) que ya han convocado otras movilizaciones anteriores. El eje de esta convocatoria está planteado por la consigna “No Kings” (“sin rey” o “ningún rey”), es decir, el ataque al autoritarismo y el gobierno unipersonal de Trump. La coalición de organizaciones pone como eje la defensa de los migrantes y el cese de la represión y movilización militar. Participan también organizaciones de ex veteranos del ejército. Ya están confirmadas cerca de 1.900 ciudades donde se producirán protestas (Democracy Now, 10/6), exceptuando precisamente Washington DC para no coincidir con el desfile militar. Se estima que será la movilización más grande desde la asunción de Donald Trump, reuniendo a millones de personas en todo el país. LEER MÁS: Redadas, estallido social y militarización Trump recurre a la ley marcial. Por Rafael Fernández, 09/06/2025. Los Ángeles: rebelión popular contra el ataque fascista de Trump a los migrantes Por Joaquín Antúnez, 09/06/2025.

Más de 200 aviones de combate israelíes bombardearon durante la noche del 12 al 13 de junio instalaciones militares, centrales nucleares y -aunque Israel olvidó mencionarlo- edificios y zonas residenciales de la capital iraní, Teherán, y otras regiones del país de los ayatollahs. Esta madrugada, una segunda ronda de bombardeos se centró en la ciudad de Tabriz y el noroeste del país. El objetivo declarado es destruir la capacidad de Irán de construir armas nucleares. Las fotos muestran edificios de viviendas en llamas y cadáveres de gente común y niños dispersos en las calles. El gobierno israelí dañó el sistema de defensa aérea iraní durante sus ataques el año pasado y había planeado durante meses aprovechar la debilidad de Teherán para avanzar. El ataque le costó la vida a la plana mayor de los científicos nucleares. Irán confirmó el asesinato de los más relevantes, Mohammad Mehdi Tehrani y Fereydoun Abbasi. También murieron una veintena de comandantes, entre ellos al jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami; el jefe del Estado Mayor de las FF.AA. y los comandantes de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, el del comando de drones y el del comando de defensa aérea. El reactor de Natanz, la mayor planta de enriquecimiento de uranio, fue bombardeado en los dos ataques. Israel asegura que tiene “daños significativos”. Sin embargo, apunta Haaretz, no parece que haya alcanzado “otras instalaciones nucleares, en particular Fordow, que se encuentra a mayor profundidad” y se considera más difícil de alcanzar. “Todavía queda mucho por hacer para lograr el objetivo declarado de Israel de destruir la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares”, advierte. Netanyahu avanzó, aunque funcionarios estadounidenses e iraníes tenían previsto celebrar una ronda de conversaciones sobre el programa de enriquecimiento de uranio de Teherán en Omán, el domingo. Omán acusó al gobierno israelí de "intentar obstruir de forma deliberada el proceso diplomático y provocar un conflicto". De hecho, Trump había alertado respecto de una avanzada de Israel: "No quiero decir que sea inminente, pero podría suceder". A las condenas se sumó Arabia Saudí, que denunció "las flagrantes agresiones israelíes contra el hermano Irán", algo que "socava su soberanía y seguridad" y que "supone una clara violación de las leyes y normas internacionales". Otro tanto hicieron Turquía, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Como ocurre con la masacre sionista en Gaza y la ocupación del sur de El Líbano y Siria, nadie en el mundo árabe piensa pasar de las declaraciones . El gobierno iraní informó que la cúpula militar ha sido reemplazada y aseguró “al pueblo que la respuesta de sus soldados a los comandantes, perpetradores y partidarios de este ataque será dura y devastadora". El canciller Abbas Araqchi ha calificado de “declaración de guerra contra la República Islámica de Irán” los ataques de Israel, al que tildó de ser el “régimen más terrorista del mundo”. “Estas acciones coordinadas equivalen a una declaración de guerra contra la República Islámica de Irán y forman parte de un patrón de conducta ilegal y desestabilizadora por parte de Israel en la región, lo cual representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, expresó en un comunicado. Esta mañana Irán lanzó un centenar de drones que en su mayoría habrían sido interceptados por Israel y por Jordania. Apenas comenzó el bombardeo israelí, el gobierno jordano había advertido que estaba del lado de los sionistas: “No permitiremos que se viole nuestro espacio aéreo y no seremos campo de batalla de ningún conflicto”. Patético. “Una operación prolongada” Benjamín Netanyahu, exultante, aseguró que la operación León Ascendente contra Irán, duraría “cuanto sea necesario”, augurando una operación de largo aliento. En el mismo sentido, un portavoz militar, Effie Defrin, dijo que Israel debe prepararse para “una operación prolongada en Irán” y que su ofensiva contra el país árabe responde a un “plan ordenado y gradual”. Inmediatamente después de que se produjera el primer ataque, el secretario de Estado yanqui, Marco Rubio, escribió que había sido una decisión “unilateral” de Israel y que su país no había participado. “Nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región”, dijo. Y amenazó: “Seamos claros: Irán no debe atacar los intereses ni al personal estadounidense”. Apenas unas horas antes de los ataques, Trump había instado a buscar una solución diplomática a las tensiones. Sin embargo, fue más que entusiasta: calificó de “excelente” el ataque y advirtió que las tropas israelíes continuarán atacando. “Fueron atacados con fuerza, mucha fuerza. Y hay más por venir, mucho más”, aseguró a ABC News. También dijo que si Irán no pactaba sobre su programa nuclear, los nuevos ataques serían “aún más brutales”. “Irán debe firmar un pacto antes de que no quede nada”, ha escrito en su red social, proponiendo una rendición incondicional. “Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar de todo el mundo, POR MUCHO, y que Israel tiene mucho de él, con mucho más por venir, y saben cómo usarlo. Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. Todos ellos están MUERTOS ahora, ¡y sólo empeorará! (…) Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez fue conocido como el Imperio Iraní”. Para los iraníes, apunta Haaretz, “esas palabras ahora parecen una trampa urdida conjuntamente por israelíes y estadounidenses, y la probabilidad de que regresen a la mesa de negociaciones con esta administración parece muy baja”. El miércoles, Estados Unidos había retirado al personal estadounidense de la región porque “podría ser un lugar peligroso”. En un primer balance del escenario abierto por Israel, el New York Times opina que Netanyahu “ha dejado de lado la cautela” y que el ataque “probablemente desencadene semanas -o más- de agitación en toda la región”. Al hacerlo, agrega, “Netanyahu tiene motivaciones de corto plazo: interrumpir las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán y evitar la expansión inmediata del programa nuclear iraní”. Sin embargo, dice, “corre el riesgo de arrastrar a la región, e incluso a Estados Unidos a un conflicto, justo cuando enfrenta una gran agitación interna en su país y una creciente censura internacional por su gestión de la guerra contra Hamás en Gaza ”. Michael Koplow, analista del Israel Policy Forum, un grupo de investigación con sede en Nueva York, apunta que la presidencia de Trump le dio la oportunidad de “abordar el programa nuclear iraní mediante la acción militar”. Si logra debilitar seriamente a Irán, Netanyahu -un cadáver político después del ingreso de las milicias palestinas a Israel- podría reforzar su posición de cara a las elecciones generales del próximo año, concluye Koplow.

Ese “aforismo” de la diputada libertaria Lilia Lemoine concentra la visión del gobierno frente al sistema educativo. Fue tomada simplemente como una frase infeliz de una aventurera, la cual busca la posibilidad de una carrera política bien remunerada a través de la difusión de ideas marginales y reaccionarias. Es eso, pero la importancia de la frase trasciende la miseria espiritual de la autora. En el fondo, el mileísmo reivindica la privatización absoluta del sistema educativo y una sociedad donde la posibilidad de tener una formación cultural sea monopolio de la pequeña y gran burguesía. Podés estudiar en función de tu riqueza personal. Un modelo educativo que liberales y conservadores de todo el mundo defendieron y que imperaba en la sociedad capitalista, hasta que las luchas del movimiento obrero y la revolución rusa obligaron a los gobiernos burgueses a conceder el derecho al estudio a las clases trabajadoras. Esa reivindicación de privatización absoluta es parte de una tendencia internacional cuyo líder es Trump: es la forma con la cual la derecha burguesa quiere destruir el salario indirecto de los trabajadores y reducir los impuestos a las ganancias, garantizando una mayor tasa de ganancia a los capitalistas. Como se ve, es una cuestión estratégica para el capital internacional (el mismo que invierte en el carry trade de Caputo y que tiene bonos de la deuda nacional y que, por ende, se beneficia del ajuste mileísta). Utilitarismo berreta La justificación ideológica del ajuste presupuestario y de una futura privatización del sistema educativo es “¿de qué sirve estudiar una carrera que no te permite encontrar trabajo en el sector privado?”. O sea, si no hay demanda de una determinada figura profesional no tiene que haber oferta formativa de esa misma figura. Al mismo tiempo, se propugna la idea de que las carreras “serias”, “de verdad”, son las Carreras Técnicas y de Ciencias Naturales, en la medida que sus saberes tienen una aplicación en la producción de bienes y servicios; mientras las Carreras Humanísticas y de Ciencias Sociales sólo sirven para alimentar ideologías izquierdistas y dar trabajo “a los ñoquis kukas y de la izquierda” (como todas las ideologías es la distorsión de algo verdadero, ya que la Universidad es una herramienta de la burguesía para cooptar intelectuales e izquierdistas). En esencia, para esa visión ideológica, la formación cultural tiene valor en la medida que tenga una utilidad para el mercado capitalista y tiene que ser regulada por la ley de la oferta y la demanda. En la raíz de esa visión sobre la educación está un cierto modo de concebir la vida humana. La idea que la vida se tenga que reducir al aspecto económico, que lo único que tiene valor es el éxito laboral y profesional y el “life style” que tus ingresos te permiten tener. Efectivamente, el estudio de Platón, Weber o de Herman Hesse no sirve para nada si tu único objetivo consiste en tomar una birra artesanal en Palermo. Así como no sirve tener muchos médicos en un país donde la pobreza real supera el cincuenta por ciento de la población, o sea donde “no hay plata” para curarse en hospitales privados y alimentar la acumulación de capital en el sector de la salud. Como tampoco sirven demasiados ingenieros en un país sin industrias avanzadas tecnológicamente; así que la lógica del mercado afecta la formación cultural incluso en las supuestas carreras “de verdad”. Empezamos a desmitificar la cuestión educativa. La producción social de bienes y servicios en la sociedad capitalista está determinada por la ganancia: los bienes y servicios que satisfacen tus necesidades son mercancías que podés comprar sólo en la medida que la venta genere una ganancia para el capitalista. El pan puede tener una gran utilidad para la población hambrienta de un país africano (un valor de uso), pero, en la medida que no es rentable vender pan a pobres que ganan menos de un dólar al día, ese mismo pan no viene producido y vendido (porque no tiene un valor de cambio, no tiene valor). Así que cuando una carrera es inútil para el mercado, no quiere decir que no satisface necesidades materiales o espirituales (el saber crítico y la expresión artística), sino que no encuentra una forma de ser rentable para las inversiones privadas. Nadie se atrevería a decir que la producción de alimentos básicos es inútil sólo porque no tienen mercado, así la formación cultural en las Ciencias Naturales y Técnicas o en las Ciencias del Espíritu tienen una utilidad para la sociedad independientemente de la lógica de la economía capitalista. A revés, la incapacidad cada vez mayor del capitalismo de satisfacer necesidades materiales y espirituales de la humanidad, incluso la más básicas, demuestra la escaza “utilidad” del capitalismo como modo de producción social. Al mismo tiempo, la desocupación en general y la falta de perspectiva laboral conforme a los estudios universitarios son un problema social generalizado que afecta a cualquier carrera universitaria. La tentativa de la derecha mundial y de los grandes medios consiste en descargar sobre las personas las culpas de un régimen en crisis social y económica. Desde los años 60 hay una sobreproducción de universitarios que no encuentran un trabajo bien remunerado y estable luego de su carrera universitaria; la radicalización de la juventud en el ‘68 fue en parte un reflejo de esa crisis laboral. Para no hablar de la desocupación masiva que escapa las estadísticas oficiales. La falta de demanda laboral afecta también carreras más vinculadas a la industria y a los servicios privados por la simple razón que hay una crisis económica mundial: de un lado reducción del empleo por caída del consumo y de la producción; del otro, la agudización de la competencia, que determina nuevos modos de producción que buscan abaratar los costos ahorrando en fuerza laboral (por ejemplo, con la IA). Si todos los graduados en Filosofía o Literatura o Medicina (“Lemoine docet”) hubieran elegido Ingeniería o Ciencias de Datos simplemente habría una tasa de desocupación más altas en esas carreras. “Nadie se salva solo” diría un personaje icónico de esos días. Un segundo aspecto es la importancia de la formación espiritual del hombre a través la cultura humanística, la ciencia social y el arte. Si la riqueza material no es lo único que tiene valor, entonces, ayude o no ayude la búsqueda de trabajo, la cultura tiene su importancia para el individuo. Una gran problemática actual es la falta de un sistema ético que permita al hombre actuar para su realización personal y para el bien de su comunidad política. La falta de una comprensión de los tiempos en los cuales vivimos y nuestra posición en ellos. Causa y consecuencia de ese desarrollo es la devaluación de la Filosofía moral, de las Ciencias Sociales y del Arte. Efectivamente, esa cultura obstaculiza el dominio de la producción capitalista y de su ideología. Un estudio de la ética aristotélica, por ejemplo, llevaría a la idea de que la “vida buena” (eudaimonia) de la persona consiste en la realización de sus aspiraciones espirituales y que ella es imposible sin un régimen social justo y equitativo. O sea que una persona apasionada por la historia o por la música no puede prescindir de sus pasiones para sentirse realizada, una idea escandalosa para las Lilia Lemoine de la vida: la idea de que el bien colectivo e individual estén en contradicción, que sólo el último tenga que ser perseguido y que eso se reduzca a lo material es un dogma de cualquier burgués. Así como la lectura de Memorias del Subsuelo te muestra cómo un inepto social que sistemáticamente es humillado y oprimido, lejos de solidarizarse automáticamente con otras víctimas de la sociedad, puede violar la única persona que lo trató con afecto, siendo ella, una joven prostituta indefensa; marginados e ineptos que son la base social de La Libertad Avanza. La lucha contra Milei representa una lucha contra esa barbarie de marginales que quieren emerger atropellando y desgarrando cualquier tipo de comportamiento moral. Se podrían dar otros ejemplos de cómo el saber crítico y el arte acostumbran a las personas a poner en duda un sistema de dominación y explotación y también las induce a movilizarse políticamente. Una salida política Más allá del arma de la crítica, nuestra tarea cotidiana es desarrollar la crítica de las armas. O sea, la promoción de la acción directa, de los cortes de calle, de las huelgas y de las luchas. El movimiento estudiantil y de los trabajadores universitarios del año pasado quedó atrapado a las ilusiones del parlamentarismo y la incapacidad de desafiar el protocolo de Bullrich. Eso por la dirección del radicalismo y del kirchnerismo por un lado y por la política renunciataria de la izquierda por el otro. La lucha obviamente tiene que enfrentar lo más inmediato y fundamental: la destrucción del salario de los profesores y de los investigadores y el apoyo del genocidio palestino por el gobierno lumpen de Milei. Pero la lucha política de la juventud por la posibilidad de formarse a nivel cultural y profesional y para realizarse como persona tiene que cuestionar la raíz de ese régimen decadente. Roberto Finelli - profesor de Filosofía, estudioso de Hegel, Marx y Freud – en un libro reciiente que se llama Il dominio dell’esteriore plantea un análisis interesante de cómo hay una “catástrofe de la mente”. Una catástrofe cultural y psicológica que afecta la humanidad, y sobre todo a las jóvenes generaciones. De un lado, hay un proceso de “interiorización” donde las relaciones humanas son siempre más absorbidas por el capital y las lógicas mercantiles (sexualidad, afectos), del otro, un proceso de “exteriorización” donde la formación de una identidad de la persona, a nivel político, intelectual y artístico, es siempre más superficial e influenciada por las redes sociales, las fake news y los influencers. Una sociedad donde quien es “afortunado”, y no ahonda en la miseria total, vive una cotidianidad de relaciones frágiles y series televisivas triviales. Una “progresiva atrofia por parte del ser humano de su capacidad de reflexión y, junto con ello, de la conexión entre pathos y logos, entre sentir y conocer… una mente que se encamina a sufrir de indeterminación porque, priva de una base sólida de personalidad, [vive] pseudoexistencias según modelos sólo grupales e imitativos”. “Una subjetividad de masas entregada a un pensar sin profundidad (…) seducida por lo inmediato”. Un nihilismo donde no hay proyectos de vida éticos y culturales que determinen la voluntad: a luchar por el bien colectivo, al estudio profundo de la sociedad o de la naturaleza, a la empatía con los sentimientos de los demás. Lo que queda es un hedonismo mediocre que reduce la vida a una triste repetición de un trabajo alienante y monótono que nos permite “disfrutar” de viajes, Netflix y nada más. Y donde, paradójicamente, los mismos placeres carnales están afectados por la epidemia de soledad y de crisis depresivas. Epidemia siempre mayormente en la óptica de las investigaciones de psicología. Esa crisis está relacionada con la precarización del trabajo, el aumento de la explotación y de las jornadas laborales y la decadencia educativa y cultural de la Universidad. Así que la lucha revolucionaria en contra el capital incluye la batalla por una “vida auténtica” donde la cultura no sea solamente una herramienta útil para el trabajo, sino el medio para la formación de nuestra personalidad y de nuestra capacidad de vivir en común. * (colaboración, Roma, 12.6.2025) LEER MÁS: Contrarrevolución laboral: la “deslaboralización” del trabajo Por Pablo Busch, 27/03/2025. Meloni, Trump, Milei y el adoctrinamiento escolar Una regresión educativa en tiempos de guerra imperialista. El presente texto es un aporte al debate de la Conferencia Docente que convoca la Tendencia Docente Clasista para el 22 de febrero. Se agradecen los aportes y comentarios de los compañeros Mariano Schlez, Fernanda Diaz, Alejandro Barton y Agustina Vaccaroni. Por Emiliano Fabris, 23/01/2025. CABA y PBA promueven una barbarie educativa Segmentación, valorización del capital, explotación, descalificación y monotributismo. Por Damián Melcer y Julio Gudiño, 15/08/2024. La desvalorización de la fuerza de trabajo, ariete de la euforia capitalista La pobreza incentiva la actividad y la ganancia del capital. Por Jorge Altamira, 31/03/2023.

Luego del fallo de la Corte contra Cristina Kirchner, La Cámpora y algunos sindicatos dirigidos por el kirchnerismo anunciaron iniciativas de protestas , a las que enseguida pusieron freno y sordina. Les asignaron el objetivo “dejar sentada” una protesta contra el fallo – de ninguna manera derrotarlo . Lula, en la misma situación, atinó a atrincherarse en el sindicato metalúrgico de Sao Bernardo do Campo; CFK inició negociaciones acerca de la modalidad de cumplimiento de la detención domiciliaria. Probablemente se resignaron a la pasividad dado el enorme retroceso del peronismo, desde la derrota electoral en 2021. En 2018, un fallo de la Corte por el 2x1 a los genocidas fue derribado por medio millón de personas en la calle. Ahora, la decisión del triunvirato de la Corte Suprema no despertó reacción. El bloque de la UxP, en Diputados, decidió boicotear las reuniones de comisión parlamentaria e imaginar un indulto para la expresidenta si en 2027 ganara el pejotismo. En segundo lugar, el kirchnerismo se cuidó muy bien de recortar el horizonte de esas protestas. La decisión de confinar las iniciativas a “actos por Cristina” apartó a la masa trabajadora y, particularmente, a los luchadores. En el subte, la directiva K se limitó a publicar un comunicado, en medio de la indiferencia de los trabajadores de las líneas; lo mismo en FOETRA. En la marcha de los jubilados de los miércoles, que esta vez se encaminó a Plaza de Mayo y sumó al Garrahan, el reclamo por Cristina sólo fue enarbolado por un pequeño contingente de La Cámpora y Patria Grande . Máximo Kirchner ha pedido una “movilización masiva” para el día en que Cristina se entregue en Comodoro Py. Esta parálisis política fue saludada por Bregman, Del Caño y Castillo con un apoyo político a Cristina Kirchner . Los medios ‘progres’ saludaron enseguida este apoyo como una promesa de frente popular. En Diputados existe algo como esto, que lleva el nombre de Interbloque del Frente de Izquierda-Nacional y Popular . Ofensiva oficial La ultraderecha y la camarilla liberticida tienen sus propios designios. La cuestión sobre las condiciones de detención de Cristina ha derivado en una serie de opciones, desde la modificación de las condiciones de detención, obligando a la ex presidenta a confinarse a una vivienda alejada de la Ciudad, o incluso la denegatoria de la prisión domiciliaria, en línea con su inhabilitación política. Temen una suerte de Puerta de Hierro, cuando el fascismo español acogió y protegió a Perón, pero en el barrio de Constitución, bajo el ‘cuidado’ de Patricia Bullrich. Milei eligió hacer un recorrido por Europa hasta recalar en Israel, para respaldar los crímenes de guerra del estado sionista y festejar, en la Knesset, el fallo local. El renovado apoyo a los perpetradores de una de las mayores masacres después de la segunda guerra, junto con Sarajevo, en Bosnia, fue compartido por el sionismo laico que esgrime la oposición a Netanyahu, que enseguida se transformó en apoyo ruidoso al ataque contra Irán. La condena contra CFK fue reclamada con insistencia por EEUU y el gran capital internacional. En cualquier caso, la mesa chica del cristinismo ha dado por cerrado al episodio del fallo – sólo negocia con los jueces las condiciones de la detención. En cuanto al peronismo, se encuentra deshojando la margarita entre proseguir o no, con las elecciones desdobladas y cómo suturar las divisiones para presentar una lista común en la Provincia, que luce altamente improbable. Peronismo En esta línea, se multiplicaron las invocaciones a la “unidad peronista”, aunque desde figuras menores, como Juan Grabois, que ha llamado a sumarse al ausentismo electoral, y Guillermo Moreno, otro personaje sin rumbo en búsqueda de pescar algo en la crisis. La versión de que Kicillof podía unificar las elecciones bonaerenses con las nacionales, accediendo tardíamente a un reclamo de Cristina, fue desmentida por el propio gobernador. La “nueva partitura” sigue su ruta, y sin Cristina. La salida a la superficie de Máximo Kirchner, con la pretensión de reemplazar a su madre a la cabeza de la 3ª sección, desató la furia de los intendentes, que no lo quieren ni pintado de candidato. Mientras tanto, los gobernadores del pejotismo con peluca, “lamentaron” la condena como el pésame que se da por un pariente lejano. Con Cristina confinada, el peronismo acentúa su disgregación. Una parte del pejotismo espera que baje la “marea” por el fallo de la Corte para estrechar vínculos con la camarilla de Milei-Caputo. En el caso de la CGT, está discutiendo en el Ministro de Trabajo su participación societaria en el negocio de los “fondos de cese laboral” . Otra parte quiere un “frente amplio” con la derecha del medio. La necesidad de hacer una elección ‘ganadora’ a como venga, es la razón política de la inhabilitación de Cristina Kirchner . Ello obedece al objetivo estratégico de la camarilla liberticida y el capital financiero de barrer con el derecho jubilatorio y el derecho laboral, literalmente por completo. Este es el fondo de la crisis política y de los atropellos que la acompañan. El propósito no es cortarle las alas políticas al kirchnerismo , que ha colaborado sin remilgos con el capital financiero, sino cortarle la cabeza a la clase obrera – si es por medio de la Constitución y el estado de derecho, mejor. LEER MÁS: El fallo de la Corte contra Cristina Kirchner es, antes que nada, un golpe de Estado judicial contra los derechos democráticos La corrupción estatal debe ser investigada por un justicia independiente de las camarillas capitalistas nacionales e internacionales. Declaración de Política Obrera, 12/06/2025.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ha anunciado un aumento de precios minoristas del 1,5% en mayo. Una vez conocido el dato, Javier Milei y “Toto” Caputo proclamaron que la inflación dejaría de ser un problema en el corto plazo. Una inflación del 20-30% anual, sin embargo, se ubicaría entre las más altas del mundo. El 1,5% de aumento en los precios se encuentra por encima del tope del 1% de aumento de los salarios que ha impuesto el gobierno. El índice ha sido criticado por la baja ponderación que hace de los gastos indexados , como por ejemplo alquileres, y por no indicar los rubros sometidos a topes de aumento, lo cual distorsiona el efecto de la política y los movimientos monetarios sobre los precios. De modo que la desaceleración del aumento de los precios es artificial. Las encuestas a los consumidores, por otro lado, muestran que el 50% de la población “no llega a fin de mes”. La metodología actual data de 2004, cuando los celulares e internet eran todavía un fenómeno incipiente en el consumo masivo. Correctamente actualizado, hubiera arrojado un número mayor. Precisamente, desagregados, los aumentos más significativos se registraron en telecomunicaciones (4%). La mayor distorsión está representada la desvalorización artificial de la moneda de referencia – el dólar. Para producir ese efecto, el Banco Central y el Tesoro se endeudan a tasas de interés elevadas, en dólares y en pesos, a cortísimo plazo en su mayor parte, y hasta dos años en el plazo mayor . Pero por condición de transables, los títulos de la deuda pueden convertirse en moneda y alterar los precios, sea de bienes de consumo o de bonos de deuda, e incluso alterar la cotización del dólar. La política deflacionaria del gobierno, sustentada en deuda, deprime la demanda de consumo e inversión, y desarrolla una crisis industrial. Junto a la ´baja´ de la inflación, se registró otra baja, menos ´celebrada´: la del empleo. Caputo ha asegurado que mantendrá esta política hasta después de las elecciones de octubre, para influir en el resultado. Lo mismo hizo De la Rúa desde 2000, con una consecuencia política explosiva. El endeudamiento personal con tarjetas de crédito ha comenzado a elevar la tasa de incobrabilidad de la cartera de los bancos y de las billeteras virtuales . “Crece el endeudamiento en las familias y ya más de la mitad recurre al crédito para comprar alimentos. El 91% de los hogares argentinos está endeudados y la mayoría de esas deudas se tomaron en 2024 tras la devaluación, fuerte inflación del primer semestre y la caída del poder adquisitivo” (Ámbito, 27/5). El crédito a los hogares representó el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando un año atrás equivalía a menos de la mitad: 2,3%. Es el nivel más alto registrado desde 2018. Según EcoGo, la consultora de Marina Dal Poggeto, “buena parte del aumento de los préstamos provienen de billeteras virtuales que otorgan créditos a familias con empleo informal o cuentapropistas” (Tiempo Argentino, 28/5). Agreguemos que, además, cobran tasas usurarias. En definitiva, cuanto mayor es la presión del Estado sobre las variables económicas, mayor es el estallido cuando esa presión se agota. La diferencia entre el estatismo populista, por un lado, y el estatismo ´libertario´, del otro, es que el primero presiona a los precios con medidas administrativas, y el segundo por medio de un endeudamiento usurario. Uno responde a los intereses del capital industrial con escasa presencia en el mercado mundial, el otro al capital financiero representado por los fondos de diversa naturaleza (inversión, cobertura, seguros). En línea con los resultados del relevamiento de precios, el INDEC estimó para mayo el umbral de pobreza para una familia de cuatro integrantes en $1.110.624, con la condición, ojo, de que sea propietaria de su vivienda. Si hubiese que incorporar, además, el alquiler de un departamento de tres ambientes más las expensas, se llevaría el total de ese monto. El promocionado descenso de “la pobreza y la indigencia” oculta que la población ha efectuado un ajuste fenomenal en sus condiciones de vida. Ha dejado de lado o recortado sustancialmente los gastos en comida, salud, ocio, turismo, etc. o ha tenido que recurrir a sus ahorros, en el caso de aquellos que no ´tarjetean´ la compra del supermercado. El subte, por ejemplo, que ha pasado a valer casi $1.000 el boleto, ha perdido la mitad de sus usuarios y se encuentra en pisos mínimos históricos. La perforación del piso del 2% es atribuida por Caputo a una salida del cepo, que no es tal – las importaciones se vuelven a pagar con deuda pública, el Bopreal. La realidad, nuevamente, muestra una cuestión diferente, pues el gobierno ha tenido que tomar deuda a precios de default y los niveles de reservas en el Banco Central siguen en números negativos . El ´equilibrio fiscal´ es un dibujo contable .

El golpe de estado judicial propiciado por el triunvirato de la Corte desató el repudio de diferentes sectores de la sociedad, organizaciones políticas y sociales. La inhabilitación política de CFK, promovida y anticipada por el gobierno de Donald Trump y la Cámara de Comercio norteamericana , es una condena política que atenta contra las libertades democráticas. El ala morenista (por Nahuel Moreno) del FITU, sin embargo, ha demostrado su falta de independencia política en todo este proceso. El PTS viene agitando desde el 2022, al unísono con el kirchnerismo, una campaña contra la “persecución” de CFK por parte del “partido judicial” y la “corporación mediática”, cuando la ex presidenta ocupaba la vicepresidencia en el gobierno de Alberto Fernández. Usaba el mismo lenguaje del kirchnerismo . Esta personalización del conflicto, sin caracterizar en términos de clase a la pugna en cuestión, procura velar u ocultar su relación con la crisis política en su conjunto y con los intereses capitalistas en pugna. No sería incorrecto caracterizarlo como un intento de captar votos de peronistas incautos, por parte de un partido que se convertía en un segundo violín del kirchnerismo. En esta ocasión, el MST, IS y PTS se acercaron al departamento de la calle San José, en el barrio de Constitución, donde vive actualmente la expresidenta. Lo mismo hicieron los dirigentes del Nuevo MAS, también de filiación morenista. Esta referencia a Moreno no es casual, pues durante casi una década puso a su movimiento “bajo la disciplina del General Perón” . Tres dirigentes del PTS entraron a la casa de CFK y mantuvieron una reunión con ella, cuyo contenido no ha trascendido. El acercamiento a Constitución fue para expresar “el apoyo y la solidaridad a Cristina Kirchner”. No sorprende que “ella fue la que nos invitó a pasar a su casa”, como reveló Bregman en una entrevista radial. El apoyo a CFK, sin embargo, viola un método que tiene una invariable trayectoria revolucionaria: la lucha contra la ultraderecha, el fascismo, el golpismo, la persecución, no debe implicar nunca el apoyo político a las corrientes políticas patronales afectadas. El carácter irreconciliable con el capital debe ser más nítido y claro que nunca cuando una circunstancia concreta nos enfrenta al mismo enemigo. A nadie se le habría ocurrido visitar a Isabel Perón para expresarle la solidaridad, cuando había que luchar contra el golpe genocida que la despojaría del gobierno y la llevaría a la cárcel. Isabel fue tan responsable de la victoria del golpe militar como, guardando las distancias, el gobierno de los Fernández fue responsable de la victoria del liberticida Milei. Acerca de esto, Lenin escribió un folleto especial, “Acerca de los compromisos”, cuando el partido bolchevique encabezó la lucha que derrotaría al golpe militar contrarrevolucionario de Kornilov, sin apoyar al gobierno en funciones de Kerensky, al cual los soviets derrocarían después. A su salida de la reunión PTS-CFK, al ser interrogados por los periodistas sobre el contenido de dicha reunión, los petesianos respondieron: “lo que hablamos es lo mismo que dijimos en público, nada distinto”. O sea que fueron a Constitución a “apoyar y dar su solidaridad” a la expresidenta. El Movimiento Al Socialismo, el árbol del cual se desprendieron las corrientes mencionadas, firmaron el acuerdo democrático de todos los partidos patronales, en ocasión del golpe carapintada contra Alfonsín. Nuestro partido, como siempre, ocupó la Plaza de Mayo contra el golpe, sí, pero también para denunciar que Alfonsín negociaba con los golpistas, lo que derivó en “La Casa está en orden” y el punto final y la obediencia debida. Cristina Kirchner no hizo lo mismo con el Partido Obrero, en 2010 y adelante, cuando asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreyra. Por el contrario, desató una ola de ataques al partido e intentó manipular a la Justicia, por medio de la fiscal Cristina Caamaño. Por su parte, en una confusa declaración, el aparato del PO rechaza el fallo de la Corte a la vez que recuerda que “Cristina es responsable por las corruptelas evidentes con la obra pública durante su gobierno”. En su cuenta de X, Gabriel Solano señala que prefiere “el mal menor” de una corrupta candidata “al mal mayor” de un régimen de persecución y proscripción. Todo aquí es errado y hasta demencial. En medio de una lucha contra la proscripción, el ángulo ‘ella está incursa en los delitos de los que la acusan’, es un sabotaje a esa lucha. El eje en este tipo de lucha es la derrota de la proscripción, no conciliar con los términos del golpe judicial derechista. Pero decir ´prefiero vivir en un régimen corrupto´ es: uno, renunciar expresamente al socialismo y, dos, falsificar la lucha contra la proscripción, porque la lucha contra ésta no es acerca de dónde vivir mejor sino que tiene el propósito de que las masas en la calle amplíen el objetivo circunstancial y pongan sobre la mesa de la lucha de clases sus objetivos históricos. Con la misma mirada ombliguista, típica de un aparato, reprocha a “la burocracia sindical, que no lucha contra los despidos y cierres de fábricas, que firma paritarias con los topes oficiales y no movió un dedo ante el decretazo antihuelga, (que) ahora se acuerda en algunos gremios de movilizar por Cristina”. Esta es una posición para bombear la lucha contra la proscripción, y evitar denunciar que tampoco en esta ocasión la burocracia hará nada, incluyendo a los “progres” del subte o telefónicos. Al final confiesan que se declaran neutrales frente a la proscripción, cuando dicen: “en todo caso (sic), en un plan de lucha para derrotar toda la ofensiva de Milei, el FMI y los gobernadores el movimiento obrero puede (sic) rechazar la proscripción política”. El PO no llama a derrotar el golpe de estado judicial, y propugna que el movimiento obrero no se moviliza salvo si se dan ciertas condiciones. Tenemos delante nuestro a un aparato ultimatista y conservador que tira por la borda toda la historia del Partido Obrero . Miren si cuando estalló la guerra contra la flota británica por Malvinas hubiéramos dicho ´apoyamos a Argentina contra el imperialismo, pero sólo si Galtieri nos da un aumento salarial´. La crisis en curso es un anticipo de cómo se alinearán las fuerzas existentes en las crisis de mayor envergadura que están por delante.

La corriente liderada por Nahuel Moreno (Hugo Bressano) se caracterizó históricamente por una serie de violentos zigzags que marcaron su adaptación a diferentes coyunturas políticas, desde su gorilismo inicial a su entrismo dentro del peronismo, desde su rechazo a la revolución cubana porque consideraban a Fulgencio Batista1 “un Perón caribeño” hasta su coqueteo con el foquismo, y desde su respaldo al tercer gobierno de Perón en el marco del Bloque de los 82, a su adaptación al democratismo alfonsinista en los años 80. Esta línea política cambiante se vio reflejada en los sucesivos cambios de nombre de la organización morenista: Grupo Obrero Marxista (GOM: 1944-1949), Partido Obrero Revolucionario (POR: 1949-1953), Federación Bonaerense del Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN: 1953-1956, fue una colectora de votos del peronismo), Movimiento de Agrupaciones Obreras (MAO: 1956), Palabra Obrera (1957-1964: entrismo en el peronismo), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT: 1964-1968, producto de la unión de Palabra Obrera con el FRIP, la organización de Santucho), PRT “La Verdad” (1968-1972, luego de la ruptura con Mario Roberto Santucho), Partido Socialista de los Trabajadores (PST: 1972-1982), Movimiento al Socialismo (MAS: 1982-1988/1991), el cual finalmente se dividió en más de una veintena de grupos, cuando su teorización de una “revolución democrática” se dio de bruces con la realidad de la contrarrevolución democrática impulsada por el imperialismo desde los Acuerdos de Helsinki (julio-agosto 1975) y en dicho marco, de la restauración del capitalismo en los Estados obreros sometidos al estalinismo. El documento que presentamos al lector corresponde al periodo del entrismo en el peronismo, cuando la organización morenista funcionaba bajo el nombre de Palabra Obrera por el nombre de su periódico, que se definía a sí mismo como un “órgano del peronismo obrero revolucionario” colocado, decía su logo, “bajo la disciplina del General Perón y del Consejo Superior Peronista”. Amigo de jugar a más de una punta, ya entonces Moreno coqueteaba fuertemente con el foquismo (véase su panfleto de marzo de 1962 “La revolución latinoamericana”) y Palabra Obrera pronto llevaría en su portada los rostros de Perón y Fidel Castro simultáneamente. Los orígenes del morenismo En junio de 1944, Nahuel Moreno fundó el GOM (Grupo Obrero Marxista), en el barrio porteño de Villa Crespo. El GOM adoptó una posición sectaria ante el golpe de Estado del 4 de junio de 1943: lo consideró una acción en defensa de la vieja estructura del país ligada al imperialismo inglés. El GOM volvió a adoptar una posición sectaria ente la movilización del 17 de octubre de 1945, y en general ante el ascenso del peronismo. En octubre de 1946 el GOM editó su primer periódico con el nombre de Frente Proletario, que contenía la siguiente caracterización del gobierno de Perón: “Los obreros peronistas discrepaban con nosotros en que Perón representara a algún sector burgués, más concretamente al imperialismo inglés. Los hechos desde hace mucho tiempo nos vienen demostrando cómo el gobierno no es más que un agente político de la City de Londres” (“Perón y el convenio con Inglaterra”, en Frente Proletario, año 1, N° 1, octubre de 1946).3 En su artículo “¿Movilización antiimperialista o movilización clasista?” de julio de 1949, Moreno decía: “En la movilización del 17 de octubre no hubo objetivos claramente obreros, o claramente anticapitalistas, ni la iniciativa y dirección del movimiento pertenecían al proletariado. Fue una lucha de camarillas que no pasó de eso. En esa movilización el proletariado atrasado salió a defender el orden burgués contra la propia burguesía. En ningún momento el proletariado dejó de ser utilizado, jamás pasó los límites fijados por los organizadores. No hubo movilización clasista ni antiimperialista, hubo una movilización provocada y dirigida por la policía y los militares, nada más”.4 El morenismo mantuvo esta posición durante nueve años, desde 1945 hasta 1953. En dicho marco plantearon, en palabras de González, una “estrategia de ruptura de los sindicatos con la CGT para aquellos que ya estaban adentro, y de no ingreso a los que se resistían a la estatización”5. Tomamos todas nuestras citas de la historia oficial del morenismo en cinco tomos escrita por Ernesto González, uno de los líderes históricos de dicha corriente, para no ser acusados de parcialidad, pero recomendamos al lector la Historia del trotskismo en Argentina, de Osvaldo Coggiola, que contiene toda una serie de citas igualmente reveladoras del carácter furiosamente antiperonista del morenismo durante el primer gobierno de Perón. En diciembre de 1948 el GOM, compuesto por una cincuentena de militantes, cambió su nombre a Partido Obrero Revolucionario (POR). En palabras del propio González: “El Manifiesto del POR mantuvo -en cuanto a las caracterizaciones sobre el peronismo- los lineamientos equivocados del GOM, señalando que la razón oculta de los roces de todos los gobiernos argentinos -entre ellos el peronista- con Wall Street, es la dependencia argentina de Inglaterra”6. Así, el peronismo, un movimiento bonapartista por su forma y nacionalista burgués por su contenido, era caracterizado como un simple agente del imperialismo inglés. En el tercer congreso de la IV Internacional, en agosto de 1951, el Grupo Cuarta Internacional (GCI), liderado por J. Posadas, fue reconocido como sección oficial en la Argentina. Todos los grupos argentinos debían entrar en el GCI, la única sección reconocida. Ese ingreso debía ser individual, cada militante de los otros grupos debía solicitar personalmente su entrada. En consecuencia, de ello, Frente Proletario dejó de publicarse durante seis meses, del 3 de diciembre de 1951 al 29 de mayo de 1952. Cuando se produjo la escisión en la Cuarta en 1953, Moreno rompió con Michel Pablo7 para sacarse de encima al GCI de Posadas y se sumó al Comité Internacional de Lambert-Cannon-Healy, pero aun en su carta de ruptura, fechada el 10 de marzo de 1963, Moreno afirmaba su afinidad con la política de “entrismo sui generis” de Pablo: “Por vuestra parte, debe haber un interés especial en mostrarnos nuestras equivocaciones, allí donde las haya, a nosotros, que somos, valga la expresión, ‘pablistas’ de la primera hora. Desde el II al III Congreso Mundial, hemos ido dando una línea paralela a la que en Francia y la Internacional han defendido Pablo y Michele Mestre. Tanto Germain (Mandel) como Pablo saben que esto es verdad, porque conocen nuestras publicaciones, en especial nuestra tesis internacional de diciembre de 1951 y los artículos sobre Corea y Yugoslavia de Frente Proletario”.8 El giro peronista del morenismo (1953-1954) El carácter sin principios de la ruptura entre Moreno y el Secretariado Internacional pablista quedó de manifiesto por el hecho de que, inmediatamente después de romper con Pablo, Moreno aplicó la política entrista de aquél al sumarse a una colectora de votos peronista: el Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), creado por Perón en 1953 luego de una entrevista con uno de los líderes históricos del Partido Socialista, Enrique Dickman, a pesar de que los mismos morenistas afirmaban que “no es más que un grupo de funcionarios directa o indirectamente ligados al gobierno…”9 La resolución del ingreso al PSRN fue votada en mayo de 1954. El POR recibió, a cambio, la dirección de la Federación de la provincia de Buenos Aires y la autorización para editar un periódico llamado La Verdad. Irónicamente, en el mismo año, 1954, Moreno creó el Secretariado Latinoamericano del Trotskismo Ortodoxo (Slato), sección latinoamericana del Comité Internacional. Para justificar su nuevo giro peronista, Moreno inventó una teoría conspirativa según la cual existía un plan yanqui para la colonización de Latinoamérica que volvía imperativo el apoyo al peronismo. Moreno publicó entonces el trabajo 1954, año clave del peronismo, en el que sostenía: “Nuestra tendencia debe alentar, destacar y tender a un acuerdo técnico con el gobierno en toda resistencia de éste a los planes yanquis de colonización”.10 Luego de la “revolución libertadora” de setiembre de 1955, cuando Moreno se limitó a apoyar el (inexistente) “plan de lucha” de la CGT contra el golpe, se produjo la ruptura de la Federación Bonaerense dirigida por el morenismo, que editaba el periódico La Verdad, con el comité ejecutivo nacional del PSRN, en diciembre de 1955. En febrero de 1956 la dictadura decretó la disolución del PSRN, y quedaron ilegalizadas sus actividades y su prensa. En su folleto ¿Y después de Perón, qué?, de abril de 1956, Moreno propugnaba “oponer un frente antiyanqui a la nueva Unión Democrática” y afirmaba: “El movimiento sindical argentino reorganizado tiene que defender la independencia nacional con las mismas armas: hay que unir alrededor del movimiento sindical a todos los que se oponen a la colonización yanqui y a su plan político”.11 El morenismo llamaba a crear “nuevas direcciones antilibres en los sindicatos y en la CGT” y a luchar “por el derecho de todo partido a presentarse a elecciones”.12 Se produjo entonces un interludio conocido como el Movimiento de Agrupaciones Obreras (MAO), una alianza de peronistas y morenistas creada en julio de 1957, a la que el POR, reconstituido luego de la ilegalización del PSRN, calificaba de “centrista revolucionaria”, un oxímoron de nuevo cuño.13 Como “órgano del MAO”, en julio de 1957 el morenismo comenzó a publicar un nuevo semanario, Palabra Obrera, que apareció desde el 23 de julio 1957 y que daría el nombre a la organización luego de su entrismo en el peronismo, un proceso que culminaría recién en 1964. En julio de 1957 el MAO dio a conocer un manifiesto: “A todos los activistas sindicales y listas antilibres”, en el cual denunciaba “la gran inhabilitación: la del partido mayoritario y su dirigente”. Para entonces, aun antes del entrismo formal, la política del morenismo estaba en perfecta sintonía con la del peronismo: “De la misma forma que mediante esta lucha y pese al fraude estamos por terminar el proceso de normalización de la CGT, hacemos un llamado a continuar la lucha en el terreno en que ahora se nos presenta: el de la entrega política del país y de la clase trabajadora a la ‘Unión Democrática’. Se trata de derrotar en política a los mismos que derrotamos en el sindicato”.14 El entrismo en el peronismo (1957-1964) Poco después de crear el MAO, Moreno cambió de orientación y comenzó el entrismo en el peronismo. Palabra Obrera se declaraba “órgano del peronismo obrero revolucionario” y aparecía “bajo la disciplina del General Perón y del Consejo Superior Peronista”. Su director, Ángel Bengochea, formaba parte del Comando Táctico, un organismo compuesto, entre otros, por los directores de los periódicos peronistas. El 3 de febrero de 1958 Perón dio la orden de votar por Arturo Frondizi y el morenismo la acató, mostrando que aquellas declaraciones no eran meras frases sino una verdadera profesión de fe política. A pesar de la orden de Perón, y la obediencia de los morenistas, el voto en blanco impulsado por sectores combativos alcanzó la enorme suma de 836.658 personas (un 10%, el tercer lugar). Ante la política entreguista, ajustadora y clerical de Frondizi, tuvo lugar un masivo paro general el 10 de octubre de 1958. En el plenario de las 62 Organizaciones realizado después del paro, y días antes de la conmemoración del 17 de octubre, se produjo un debate sobre la oportunidad de parar ese día o decidir otra acción, ahora de 48 horas, a fin de mes. Al final la votación resultó a favor de no parar el 17. En estas circunstancias, Palabra Obrera decía: “Recordemos a Perón con actos masivos, mientras preparamos su regreso volcándonos a un nuevo paro de 48 horas”.15 En su “Informe general y plan de acción”, enviado a Perón junto con la carta del 28 de agosto de 1957, en la parte dedicada a los periódicos de la resistencia, John William Cooke hizo la siguiente referencia al morenismo: “Palabra Obrera: Semanario obrero, como contenido, espíritu combativo, declaraciones de fidelidad peronista, colaboradores, etc., es el de más garra. Todo es perfecto, pero está hecho por gente que fue de Dickman y, naturalmente, se proclaman órgano de expresión de una agrupación de gremios propia. Tiran a lo grande a alzarse con todo, pero, como en lo grande fracasarán nos resultarán útiles en lugar de absorbernos, pues son militantes consecuentes y revolucionarios”.16 Peronismo y foquismo Mientras continuaba su entrismo en el peronismo, el morenismo se hacía más y más eco de las tendencias foquistas entonces en boga. En marzo de 1962, después de las elecciones y mientras caía Frondizi, un plenario de Palabra Obrera aprobó un documento que decía: “El aplastante triunfo peronista en las elecciones del 18 ha modificado sustancialmente, a escala nacional, las perspectivas revolucionarias. […] La crisis actual y las posibilidades revolucionarias abiertas sólo pueden ser utilizadas preparando e iniciando acciones armadas que agraven las contradicciones políticas y económicas del país, resquebrajando el aparato represivo burgués. [.] Palabra Obrera es la única organización del país que puede iniciar esta actividad”.17 En abril de 1962, la dirección encaró toda la actividad del partido para desarrollar la acción armada resuelta a fines de marzo. Se decidió enviar a Cuba a un contingente para recibir entrenamiento militar, integrado por el “Vasco” Bengochea y un grupo de cinco cuadros, que permaneció en Cuba desde fines de junio de 1962 hasta bien entrado el año siguiente. Palabra Obrera se volcó a la preparación de tareas militares o de sabotaje con todos los militantes del partido, entrenándolos en el uso de armas y desvinculándolos de sus estructuras de trabajo o estudio. En palabras de González: “La mayoría del partido, entre abril y junio de 1962, abandonó casi por completo la relación con el movimiento obrero”.18 A mediados de 1962, Perón dio a conocer un programa de diez puntos, traído a la Argentina por Andrés Framini luego de entrevistarlo en Madrid. Esos diez puntos, que las 62 Organizaciones aprobaron poco después, fueron el Programa de Huerta Grande, que con otras actitudes de Perón dio pie a hablar de un “giro a la izquierda” del peronismo. Huerta Grande contenía medidas que apuntaban contra los intereses imperialistas y proponían el control obre-ro en áreas decisivas de la economía. Pero el “viraje a la izquierda” de Perón fue otro de los globos de ensayo que lanzó el viejo caudillo para recuperar apoyo en las bases obreras y chantajear al gobierno con una posible movilización a fondo, que nunca llegaba a producirse. El 12 de julio de 1962 Moreno fue detenido como resultado de las acciones armadas ejecutadas por miembros de su organización en Perú, con Daniel Pereyra a la cabeza, y poco después puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a raíz del pedido internacional de captura de los tribunales peruanos, acusado de ser partícipe de los asaltos a los bancos. Pero estas aventuras foquistas convivían con la política de “entrismo orgánico en el peronismo” y, en particular, en la “juventud peronista barrial”. Palabra Obrera y la Juventud Peronista En 1962 el morenismo decidió “copar” la Juventud Peronista. Ese trabajo tuvo un primer “éxito” en un plenario de la JP de la zona sur del Gran Buenos Aires, reunido en Solano a fines de junio de 1962. Allí se aprobó un documento que coincidía con los planteos de Palabra Obrera para la reorganización peronista, y finalizaba: “El movimiento peronista forma parte del gran movimiento de todos los descamisados de América latina y es el precursor de las grandes luchas patrióticas incluida la gran Revolución Cubana. […] FMI o pueblo ¡Viva Perón! ¡Viva la Revolución Argentina y latinoamericana!”.19 En octubre de 1962 se dejó de editar el periódico, reemplazado por una hoja llamada Boletín Extra de Palabra Obrera. Durante algunos meses, incluso, los militantes de Palabra Obrera llegaron a distribuir el diario Democracia, del sindicalista textil Andrés Framini, que había ganado las elecciones a gobernador de Buenos Aires en marzo de ese año, aunque nunca llegó a asumir porque los comicios fueron anulados y el presidente Frondizi expulsado del poder por un golpe militar. Un documento del secretariado de Palabra Obrera, del 1° de diciembre de 1962 sentaba las premisas: “La atracción del peronismo hacia la nueva vanguardia pequeñoburguesa hace que el peronismo tienda a convertirse prácticamente en el Partido Único de la Revolución Argentina, a pesar de que su dirección no comparte ni alienta este proceso”.20 Después del derrocamiento de Arturo Frondizi, el 29 de marzo de 1962, tuvieron lugar choques entre “azules” y “colorados” en el Ejército. El 21 de septiembre de 1962, la Fuerza Aérea bombardeó una concentración colorada en San Antonio de Padua, y ambos bandos se enfrentaron en Plaza Constitución y en los parques Chacabuco y Avellaneda. Los enfrentamientos esporádicos continuaron teniendo lugar durante los siguientes seis meses.21 En este marco, el morenismo adoptó una posición favorable a Onganía, jefe de los “azules” y futuro dictador de la Argentina. Palabra Obrera incluso publicó una carta abierta a los “azules” que decía: “Legalicen al peronismo y al pueblo y terminen con los gorilas, entonces ustedes habrán lavado el uniforme que quieren dignificar”.22 La carta de Nahuel Moreno a Perón, o la subordinación del movimiento obrero al nacionalismo burgués Este fue el marco histórico de la carta de Nahuel Moreno a Perón del 5 de noviembre de 1962, un documento de un rastrerismo político inaudito. Como se ve, las tendencias actuales de las corrientes morenistas a marchar detrás del nacionalismo y de la burocracia sindical peronista hunde sus raíces en más de medio siglo de adaptación al nacionalismo burgués. Su corolario inmediato fue la actitud de Moreno ante el Operativo Retorno de Perón en diciembre de 1964,23 cuando Palabra Obrera decía: “Su vuelta se hace necesaria justamente para frustrar tanto el plan del gobierno como el de la integración. Pero para frustrar ambos planes se hace imprescindible que Ud. levante un claro programa revolucionario”.24 Los militantes del partido y todos aquellos interesados en la historia del movimiento revolucionario argentino deberían comparar estas posiciones con el documento fundacional del Partido Obrero: Política Obrera frente al retorno de Perón (1964), y con el balance que el partido hace de dicha experiencia, medio siglo después: “El fracasado retorno de Perón”.25 Daniel Gaido es historiador y profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, autor o coautor, entre otros libros, de Theories of Business Cycles and Capitalist Collapse: The Second International and the Comintern Years; The Mass Strike Debate in German Social Democracy y The Formative Period of American Capitalism: A Materialist Interpretation. Artículo originalmente publicado en la Revista En Defensa del Marxismo, N°49, marzo de 2017. NOTAS Fulgencio Batista Zaldívar (1901-1973), militar cubano, promovió un golpe de matices nacionalistas en 1933. Entre 1940 y 1944 fue presidente constitucional. En 1952 dio un golpe de Estado contra el presidente Carlos Prío Socarrás e instauró una dictadura que asesinó a no menos de 20 mil personas hasta su derrocamiento por la revolución en 1959. Durante esos siete años la economía cubana fue conducida directamente por las grandes corporaciones norteamericanas, mientras mafiosos como Meyer Mansky y Lucky Luciano se asociaban con Batista para hacer de la isla lo que se llamó “Las Vegas latina”, un imperio de casinos, prostitución y narcotráfico (nota del editor). El Bloque de los 8 se constituyó en 1973 para defender la “institucionalidad”. Impulsado personalmente por Juan Perón (el Bloque llegó a reunirse en Olivos con el Presidente) estaba integrado por el Frejuli (peronismo), la UCR, el Partido Revolucionario Cristiano, el PC, los intransigentes, la democracia progresista, el socialismo democrático y el Partido Socialista de los Trabajadores de Nahuel Moreno y Juan Carlos Coral (nota del editor). Citado en González, Ernesto; El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina, t. I: Del GOM a la Federación Bonaerense del PSRN, 1943-1955, p. 126. Moreno, Nahuel; Revolución Permanente, año 1, N° 1, Buenos Aires, 21/7/1949, pág. 15. Cit. en González, E.; ibídem, pp. 119-120). Ibídem, p. 161. Ibídem, p. 158. Michel Pablo (1911-1996) era el pseudónimo militante del greco-egipcio Michalis Raptis, secretario general de la IV Internacional desde 1955 hasta 1965, cuando fue excluido por sus posiciones pro-estalinistas. Con su fracción Tendencia Marxista Revolucionaria, Pablo sostuvo que habría “siglos de Estados obreros deformados” y, por tanto, los partidos y grupos trotskistas debían disolverse e integrarse en el PC para ser su “ala izquierda”. Colaboró con el líder nacionalista argelino Ahmed Ben Bella y con organizaciones palestinas, y fue asesor del griego Andreas Papandreu (1919-1996), fundador del Pasok y varias veces primer ministro entre 1981 y 1996 (nota del editor). Cit. en González, E.; ibídem, p. 191). Ibídem, p. 221. Ibídem, p. 235. Moreno, N.; ¿Y después de Perón, qué?: Reorganizar el movimiento sindical para enfrentar al gobierno oligárquico y sirviente del imperialismo; Buenos Aires, Ediciones Marxismo, 1956, pp. 60-61. Cit. en González, E.; ibídem, p. 50). Volante editado por el Socialismo Revolucionario Trotskista para el 17 de octubre de 1956. Cit. en González, E.; ibídem, p. 52). “Material aprobado en la reunión del CC del 22 de agosto de 1957 sobre el MAO”; Cit. en González, E.; ibídem, t. II: Palabra Obrera y la resistencia, p. 163. Palabra Obrera No. 1; 23/7/1957 (resaltado en el original). Cit. González, E.; ibídem p. 166). Palabra Obrera, No. 57, 9 de octubre de 1958. Cit. en González, E.; ibídem, p. 240. Correspondencia Perón-Cooke, 2007, Tomo II, p. 288. “La situación nacional después de las elecciones del 18 de marzo”, documento aprobado por el plenario de Palabra Obrera, marzo 1962. Cit. González, E.; ob. cit., t. III: Palabra Obrera, el PRT y la Revolución Cubana, 1959-1963, p. 274. Ibídem, p. 277. “Táctica para la Juventud Peronista”, documento del plenario de JP de Solano, en Palabra Obrera N° 228, 27 de junio de 1962. Cit. González, E.; ibídem, p. 285. Documento del secretariado de Palabra Obrera, 10 de diciembre de 1962, transcripto en el “Balance de actividades”, documento para el III Congreso de Palabra Obrera, 1963. Cit. en González, E.; ibídem, p. 288. Los “azules”, liderados por el general Juan Carlos Onganía, proponían permitir un acceso limitado del peronismo al juego político, convencidos de que sería la mejor manera de contener un giro del movimiento obrero hacia la izquierda. Con ellos estaban también el general Alcides López Aufranc (genocida durante la dictadura militar 1976-1983, López Aufranc dijo alguna vez: “Debemos dar gracias a Dios porque los obreros argentinos siguen una ideología que no es de izquierda”) y el ascendente coronel Alejandro Lanusse. Los “colorados”, conducidos por el general Federico Toranzo Montero, sostenían en cambio que peronismo y comunismo eran la misma cosa y debían ser erradicados por igual (nota del editor). Palabra Obrera N° 236, 27/9/ 1962. Cit. González, E.; ibídem, p. 294. Organizado por el jefe metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, el Operativo Retorno fue un bluff, hecho para que fracasara: el avión que traía a Perón fue detenido en Río de Janeiro y enviado de regreso (nota del editor). Palabra Obrera N° 373, 24/11/1964. Cit. González, E.; ibídem, p. 41. Prensa Obrera, 12 de diciembre de 2014. http://www.po.org.ar/prensaObrera/1344/ politicas/el-fracasado-retorno-de-peron ANEXO Nahuel Moreno, Carta a Juan Domingo Perón Buenos Aires, 5 de noviembre de 1962 Señor General Juan D. Perón S/Despacho MADRID. - Estimado y recordado General: Me dirijo a Usted en su carácter de máxima e indiscutida dirección de nuestro Movimiento Peronista para hacerle llegar mis puntos de vista sobre la compleja situación actual del país y el Movimiento. Como no sé si Ud. me conocerá creo que se hace necesario que intente primeramente una pequeña presentación, que podrá ampliar oralmente el portador de la presente, compañero Guaresti. He sido uno de los militantes del movimiento Nacional que junto con el Ingeniero Dickman hemos fundado el Partido Socialista de la Revolución Nacional, de cuyo Comité Ejecutivo he sido parte. Desde entonces y hasta su disolución por parte de la Justicia Fusiladora, he sido uno de los dirigentes del PSRN, para ser posteriormente -en compañía de Ángel Bengochea- fundador del periódico Palabra Obrera. Actualmente me encuentro detenido a disposición del PE., como tantos otros luchadores de la liberación nacional y la justicia social. Agotada esta pequeña presentación personal quiero pasar a manifestarle mis puntos de vista. Creo que nuestro Movimiento se encuentra ante una difícil situación, en la que debe optar por levantar con precisión sus claras banderas nacionalistas y populares o entrar a jugar como una pieza más del régimen colonial y oligárquico que nos rige. Como Ud. bien conoce existe un plan coherente por parte del imperialismo yanqui y de importantes sectores de la antipatria, hoy pintados de “azul”, para intentar domesticar al Peronismo y convertirlo en una dócil pieza del engranaje oligárquico, relegándolo a un triste papel de paragolpes de los trabajadores argentinos. Para ello nos quieren arrojar algunas miserables bancas parlamentarias, y la promesa de reconocernos algún día nuestro indiscutido derecho a gobernar el país. Pero para ello nos exigen que renunciemos a nuestra defensa insobornable de la soberanía nacional, independencia económica y justicia social, que reneguemos de nuestro máximo dirigente y que nos convirtamos en un puntal de la prepotencia colonialista extranjera enmascarada ahora en “la defensa del mundo occidental y cristiano”. Se olvidan de que nuestro Movimiento Peronista no es el APRA y que el General Perón no es Haya de la Torre. Y de que nuestra personalidad como movimiento nacionalista revolucionario, que es parte integrante del movimiento universal de los pueblos y masas oprimidas de la tierra, se les mostrará en todo su vigor para derribar sus planes. Para ello creo, como Ud. lo ha dicho recientemente en sus cartas, que es necesario poner en claro cuál es nuestro rumbo, para luego entrar a discutir la táctica concreta frente el proceso electoral que se avecina. En primer lugar creo que debemos ser claros en el sentido de que el General Perón es el dirigente máximo del peronismo, elegido por la voluntad soberana del pueblo argentino, y no el “dirigente” que seleccionen el Departamento de Estado, el Obispado de Buenos Aires y la Secretaría de Guerra. Y que si el General Perón está en el exterior es sólo porque los distintos gobiernos usurpadores le impiden el regreso a su patria, como él y su pueblo desean. Como Movimiento que no delega en nadie la elección de sus dirigentes y programa, es que debemos plantear pública y enérgicamente los siguientes tres puntos que nos diferenciarán de toda la canalla electoralera: Exigimos que se llame a un plebiscito nacional para decidir cuál debe ser la actitud argentina ante cualquier acción bélica con que el imperialismo quiera complicar a nuestros jóvenes soldados. Reafirmamos nuestra tercera posición neutralista, hoy expuesta en nuestro continente por el Brasil tras la senda que nosotros fijáramos, de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Levantamos como única solución nacional a la crisis política del país la de Asamblea Constituyente con legalidad para todos los partidos y dirigentes, para que ella resuelva la Constitución y el Gobierno que deba regirnos. Aclarados nuestros objetivos irrenunciables se torna un problema táctico concreto nuestra actitud ante las elecciones. Nuestra participación restringida en ellas o el acuerdo con las demás fuerzas populares para rechazarlas, pueden ser líneas igualmente adoptadas sin comprometernos, siempre que tengamos una clara definición programática. De esta forma, hagamos lo que hagamos según nos lo indiquen las circunstancias, estaremos cerrándole la puerta a la gran maniobra del régimen que es desteñir nuestras banderas para diluir progresivamente al Movimiento en el vaso de un electoralismo desteñido. Se despide de Ud. devota y respetuosamente Hugo BRESSANO PD: En el Departamento de Policía me cuidó una magnifica persona que se dice peronista: Fernández. Me ha asegurado que estuvo en su custodia y gozó de su absoluta confianza. Le puedo asegurar que es emocionante charlar con él sobre Usted. Surge de sus relatos una humanidad que ya le conocíamos, pero que se confirma una vez más. El Doctor Enrique Dickman, que me distinguía con sus confidencias, me había asegurado hace mucho lo mismo.

Los bloqueos de ruta que son atribuidos a los seguidores de Evo Morales, inhabilitado constitucionalmente para un tercer mandato de gobierno, en gran parte responden al reclamo contra la carestía y la escasez que reina en Bolivia. Según el viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, hay un saldo de fallecidos de dos comuneros, un estudiante y cuatro policías. El presidente Luis Arce -quien fue ministro de Evo Morales- denuncia, junto con la derecha, que los bloqueos son pura obra de Evo y están vinculados al narcotráfico. Azuzan una movilización popular contra los piquetes. A los bloqueos -que llevan 11 días- también le achacan la culpa por la escasez que los bolivianos sufren desde hace meses. Según el gobierno, los bloqueos dejaron varados decenas de vehículos con alimentos y combustible en seis de las nueve regiones de Bolivia y han provocado pérdidas por más de 100 millones de dólares. Morales se mantiene en la clandestinidad, custodiado por una guardia personal, debido a que desde enero pasado hay una orden de detención en su contra por estupro -habría tenido un hijo con una menor de 15 años-. A eso se suma la inhabilitación para presentarse por haber sido electo dos veces presidente. Ahora el gobierno le sumó nuevas causas, vinculadas a los bloqueos, acusándolo de un total de ocho delitos, entre ellos “terrorismo y de obstaculización de los procesos electorales”. Pese a la inhabilitación que decidió el Poder Judicial, Morales hizo un nuevo intento el 19 de mayo pasado inscribiendo su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero esa postulación fue rechazada, porque Morales se presentó con un partido que no tiene personería jurídica. Con Evo fuera de los comicios y tras la renuncia del presidente Luis Arce a la reelección, diez candidatos quedaron en carrera para participar de las elecciones. A estas elecciones el MAS llega fracturado y con riesgo de perder el poder después de 19 años -interrumpidos por el golpe de estado de 2019-2020. La peor crisis económica de los últimos 40 años se manifiesta especialmente en una escasez de combustibles y dólares y una escalada inflacionaria que en mayo llegó al 18,46% interanual. La catástrofe económica para Bolivia estuvo detonada por el agotamiento de los yacimientos de gas que antes habían lubricado a los dos gobiernos de Evo Morales sin que se hubiera planificado al mismo tiempo una reorientación productiva por fuera del extractivismo. En 2014 Bolivia logró acumular más de 13 mil millones de dólares en reservas internacionales. Pasados diez años, apenas queda el 10% de esa cifra, debido al déficit de la balanza comercial. Gran parte de la fuga de capitales proviene de la repatriación de ganancias por parte de las empresas trans-nacionales. En Bolivia, esta situación ha sido responsable del 47 % del déficit de la cuenta corriente. La escasez de combustible -ocasionada por la falta de dólares en el país- es muy anterior a los bloqueos, los cuales apenas echan nafta a un incendio desbocado desde hace rato y que ya empieza a afectar a los alimentos. El plan de gobierno es insostenible. Una vez diezmadas las reservas, a Arce solo le quedaría echar mano al endeudamiento externo con todas las condiciones que esto implica y solo para seguir financiando la fuga de capitales y pagar deuda externa. Cuando intentó hacer esto en febrero pasado, tanto los diputados de Evo como los de la derecha le votaron en contra en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A pesar de la derechización del gobierno de Arce -que no despega del 3% de imagen positiva- no se evidencia una diferencia programática entre su candidato, Evo y los demás candidatos provenientes del MAS. Esta implosión del MAS y la falta de perspectivas les deja abonado el terreno a la derecha que se encuentra igualmente atomizada, hace más de 20 años no gana una elección y se mostró como un fracaso cuando tomó el poder por la fuerza en 2019.

En la Ciudad de Buenos Aires una familia de cuatro integrantes con vivienda propia necesitó $1.181.436 mensuales para no ser pobre, casi el doble de los que los trabajadores del Hospital Garrahan denuncian que son sus salarios. En el segundo semestre de 2024, previo a los aumentos de tarifas, del transporte y de los alimentos, en la Ciudad había 868.000 personas bajo la línea de pobreza; ya en ese momento era un tercio de la población porteña. El salario promedio de los trabajadores del nosocomio de niños más importante de Latinoamérica y de la mayoría de los del estado nacional apenas supera la línea de indigencia que, según informa el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de mayo fue de $637.167. Las cifras oficiales no tienen desperdicio comparadas con los ingresos reales de las familias que aún logran habitar en la Caba. El salario mínimo acordado por el gobierno, los sindicatos y las cámaras empresariales para julio de este año será de $317.800 lo que una jubilación mínima. Según el organismo estatal una pareja de jubilados es indigente si no supera $321.717 si cuenta con vivienda propia. El gobierno de Jorge Macri mide las condiciones de vida de los porteños con un organismo y con otro fija salarios por debajo de la línea de pobreza sin ningún prurito. El salario inicial docente para el mes de junio por jornada simple fue de $730,977 según la página de UTE. En el caso de los municipales, según ATE el salario inicial es de $732.265 por una jornada de 40 horas semanales. Los trabajadores de la salud visibilizaron la situación del pluriempleo que es cada vez más común en todas las ramas. En algunos casos el trabajo se complementa con la venta de productos por catálogo o con “changas”, inclusive con el trabajo de delivery por aplicación. Suponiendo que un trabajador tenga un sólo trabajo y viaje en subte ida y vuelta 5 veces a la semana, sólo de transporte tiene un gasto de uno $37.000 mensuales para poder llegar al trabajo. Lo que supera el 10% del salario mínimo. A raíz de un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano que argumentaba los despidos en base a supuestos salarios millonarios de los trabajadores del Instituto Perón, la Junta Interna de ATE Cultura solicitó derecho a réplica en varios medios de comunicación y publicó copia de los recibos de sueldo de los despedidos en sus redes donde se puede ver un salario del convenio Sinep de $434.384 y otro de $586.416. A nadie que viva de su salario, que cobre una jubilación o que pague alquiler se le escapa que en la Ciudad más rica del país la clase media – medida según el organismo como aquellos que tienen un ingreso mensual entre $1.868.181 y$ 5.979.182- ya no es mayoría entre los habitantes. Lo único que crece en la Ciudad son las familias y jóvenes que viven en situación de calle. El precio de los alquileres es cada vez más inaccesible y las obras públicas que incluían planes de vivienda fueron suspendidos. Los mismos que entregaron las condiciones de vida de las masas son los cómplices de los despidos, el saqueo durante años a la caja del Anses, de las reformas laborales flexibilizadoras, etcétera. Por esto es que para recuperar el salario no podemos descansar en las centrales sindicales, es necesario que profundicemos la coordinación de los sectores en lucha con los jubilados, como el 3 de junio con el movimiento de mujeres y la salud, y el 12 con la salud y la docencia.

En el marco de la brutalidad policial que impulsa Patricia Bullrich, el gobierno liberticida presentó un nuevo régimen orgánico para la Policía Federal. Consiste en darle un mayor poder a la inteligencia criminal, un estado emergencia por dos años en las fuerzas y una reestructuración de su estructura, todo avalado por la Ley Bases. De esta manera, se pondría en pie el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), conformando una nueva estructura en la PFA. La celeridad del gobierno nacional de sacar el decreto se debe a que el 8 de julio caducan las facultades delegadas que el Congreso de la Nación le sirvió en bandeja a Milei. El proyecto de DNU que circula entre funcionarios del área de Seguridad y entre los altos oficiales, habilita a realizar detenciones por hasta 10 horas a quien no pueda acreditar su identidad y hacer allanamientos sin orden judicial. Según el texto que ha trascendido, la PFA dejará de centrar sus funciones en el patrullaje y prevención de delitos menores, para pasar a ser una “policía líder en investigación proactiva”. La reforma orgánica también saca de la cancha a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que le retira toda competencia sobre las fuerzas federales, “y se estructura a partir de un esquema jerárquico centrado en agencias federales, inteligencia criminal y superintendencias especializadas” (5/6/2025). Entre los propios personeros del régimen, la reforma genera controversias. Juristas especializados señalan la inconstitucionalidad de la modificación por decreto del código penal. Fernando Carbajal, ex juez federal de Formosa y actual diputado nacional de la UCR por esa provincia, señaló que "ese tipo de detenciones están mal en cualquier contexto, es volver al concepto de 'detención por averiguación de antecedentes” Entre otras irregularidades se suman las contrataciones sin llamado a licitación previa y la re-asignación de recursos, habilitando jugosos negocios para la caja de la pandilla libertaria. El proyecto de DNU también establece un Programa Presupuestario de Modernización, que tiene como principal destino la adjudicación de tecnología y equipamiento al servicio de las investigaciones. El DNU habilita a la Federal a llevar adelante el ciberpatrullaje en las redes sociales sin autorización judicial previa, con la premisa de la “prevención” de delitos en espacios públicos digitales, sin especificar qué instancia sería considerada como tal. En este punto, Bullrich abreva de Aníbal Fernández quien, siendo ministro de Seguridad de Alberto Fernández, dio vía libre a la persecución por las redes sociales. Este punto augura posibles choques con otra de las facciones libertarias, la de Santiago Caputo, que a través de la SIDE quiere monopolizar la ciberinteligencia en las redes sociales, para lo cual creó la Agencia de Federal de Ciberseguridad (AFC). El proyecto de reforma de la ley Orgánica, se fundamenta en el “surgimiento de nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional, los cambios sociales (...) (que) tornan necesario actualizar sus misiones, modificar la estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos, e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades" Y se sostiene en el proyecto que "resulta necesario que la Policía Federal tenga como principal misión la investigación de delitos federales y complejos". La “modernización”, como es presentado por el gobierno, tiene como modelo al FBI. Prevé que se lleve adelante un “programa de ingreso y formación específico para universitarios graduados dentro de la Policía Federal; para ese proceso de modernización se mencionan a la Policía Federal de Brasil” (Clarín 9/6/2025). En esta línea de acción, la Dirección General de Inteligencia Criminal tendrá bajo su jurisdicción “recolectar, analizar y administrar información sensible”, y por Boletín Oficial ya se designó al nuevo director de la cartera, Ricardo José Ferrer, que se desempeñó como director nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y fue quien estuvo al frente de la coordinación de la brutal represión del 12 de marzo último y que fue utilizado en su momento por Bullrich como un fusible ante los cuestionamientos que se dirigían hacia ella. La ministra de Seguridad, con este reordenamiento de la PFA quiere implantar una intervención en regla del Estado en la vida social, por medio de su brazo armado, cuando las luchas van creciendo.

Mañana, domingo 15 de junio, miles de activistas de decenas de países que participan de la Marcha Global por Gaza intentarán llegar al paso de Rafah, límite entre Egipto y la Franja. Un grupo numeroso de personas ya está acampando allí desde hace unos días. En el lado palestino de Rafah está emplazado el ejército israelí, que prácticamente ha arrasado la ciudad y expulsado cientos de miles de personas. Del lado egipcio, están retenidos unos miles de camiones con ayuda humanitaria que Israel no deja pasar mientras los palestinos mueren literalmente de hambre. El portavoz del Ejército de Israel, contraalmirante Daniel Hagari, aseguró este jueves que “alrededor de un millón de personas han huido ya de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza”. A la Marcha Global se suma Sumud, una caravana en defensa de Palestina que integran otras 7.000 personas. Partieron desde Túnez y han atravesado Marruecos, Argelia y Libia para llegar a El Cairo. En todos esos países, multitudes han saludado el paso de la caravana. La seguridad nacional egipcia ha emitido “directrices a todas las empresas de turismo y transporte” para “no viajar con grupos de turistas a menos que le hubieran informado claramente de la ruta y no la modificaran en ninguna circunstancia ni justificación”. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al Ejército que «impida» la entrada de manifestantes de la Marcha Global a Gaza. Los tilda de «yihadistas», y advirtió a El Cairo que actúe en la misma línea, alegando en lo que suena como una amenaza, que «pondrían en peligro al régimen egipcio». Al Sisi capitula una vez más ante el sionismo mientras los bombardeos sionistas se repiten sobre Teherán y otras ciudades iraníes. En muchos países, activistas propalestinos acampan frente a las embajadas egipcias exigiendo que abran paso a las caravanas. Desde el jueves Israel -que ocupa Gaza, Cisjordania, el sur de El Líbano y de Siria, violando toda la legislación internacional- está bombardeando Teherán y otras ciudades iraníes. Intenta extender la guerra a todo Medio Oriente. Los norteamericanos acompañan la aventura genocida. Los jeques árabes se limitan a hacer declaraciones. Sólo los trabajadores y los pueblos pueden frenar el genocidio sionista. El infame gobierno egipcio de Al Sisi ha allanado los alojamientos, detenido y deportado a cientos de activistas internacionales que llegaron a El Cairo para sumarse a la Marcha por Gaza. En Ismalia, a 170 km de El Cairo, matones del gobierno lanzaron botellas de agua y objetos contra la multitud que segía a la caravana. Los esbirros de Al Sisi también manifestaron que no se permitirá el ingreso al país de los micros de Sumud ni se dará visas a sus integrantes. Tampoco autorizarán a que la Marcha llegue a Rafah ni que se organice “una marcha política”. En la Argentina, Javier Milei se ha declarado socio incondicional de los criminales de guerra israelíes y acaba de firmar un pacto de Defensa con Benjamin Netanhayu ante el silencio recoleto de los otros partidos patronales, incluido el kirchnerismo. Este domingo, en infinidad de ciudades de todo el mundo, habrá actos en repudio del genocidio, exigiendo el retiro de las tropas israelíes de Palestina y el inmediato ingreso de la ayuda humanitaria. En Buenos Aires, la cita es en Corrientes y Callao a las 16.

La crisis política desatada por la inhabilitación política de Cristina Kirchner ha provocado “beneficios colaterales”, como lo es un debate acerca de su naturaleza de clase propiamente dicha. Así ha surgido una caracterización simplificada de este conflicto, que lo describe como un choque entre un bloque patronal, que se escuda en el ‘neoliberalismo’ y el libertarianismo, de un lado, y otro bloque patronal, que se parapeta en el nacionalismo popular , por el otro –o sea, un choque “interburgués”. Como ‘todos tienen que ver con todos’, en ambos bloques hay protagonistas del bando contrario. Sólo para resumir: el menemo-kirchnerista-lulista Daniel Scioli hoy reviste en el bando liberticida que clama por la proscripción de la expresidenta, así como el mismo Milei, asesor de Scioli en la campaña electoral contra Macri, en 2015. Sergio Massa, que pedía el corte judicial de la cabeza de CFK, hoy se insurge contra quienes manejan la guillotina, o sea el triunvirato de la Corte. En la misma Corte, fungen como magistrados el ex ministro de Néstor Kirchner, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, el ex abogado del grupo Clarín. Visto desde este ángulo, el conflicto no sería solamente “interburgués”, sino intrafamiliar. La misma CFK no sólo fue candidata del menemismo en toda las elecciones nacionales de esa “década infame” sino que se ufanaba del principal éxito atribuido a Menem - el ingreso de Argentina “al primer mundo”. Ahora ella misma sufre una regresión hacia ese “pasado que me condena”, cuando desvaloriza al “estado presente” (donde “una necesidad es un derecho”) al “estado eficiente”, para quien los “derechos” necesitan un financiamiento privado. El conflicto “interburgués” e intrafamiliar se termina convirtiendo en un desdoblamiento personal: “ser o no ser”. En la época de la economía mundial, de la decadencia del capital y de la presencia histórica de una clase obrera masiva, las crisis “interburguesas” son una expresión de la crisis de conjunto del sistema vigente; no podría ser de otro modo. Ha habido dos guerras imperialistas “intrburguesas”, y una tercera en desarrollo, que han arrastrado a la muerte y a la lucha a millones de trabajadores. Las crisis “interburguesas” son una forma más o menos camuflada, más o menos abierta, de una crisis de régimen político; en la época actual, son la expresión de un impasse del conjunto del régimen social – el modo de producción capitalista en su fase decadente, imperialista y reaccionaria. La crisis “interburguesa”, pretendiendo ofrecer una caracterización de clase, esta vacía de contenido; es a-histórica y, por lo tanto, abstracta. El pacifismo responde a estas crisis y a estas guerras con un “no fumo” – un signo inconfundible de impotencia. La militancia obrera, por el contrario, es llamada a intervenir en esas crisis “interburguesas” con un programa y un método, con el propósito de transformarlas, a término, por medio de una lucha política concreta, en crisis revolucionarias. La inhabilitación política de CFK, a perpetuidad, es un caso de manual de una crisis de régimen político. La capacidad de la burguesía para gobernar, bajo el régimen actual, se encuentra en un límite. Todas las tentativas de salida de este impasse, han venido fracasando, al menos desde el golpe del 1955. Los ‘éxitos’ de las décadas menemista y kirchnerista, han concluido con estallidos sociales y políticos, o sea que no superaron el estadio de salidas de emergencia. En la actualidad, gobierna un bloque sin mayoría electoral y sin garantías, por lo tanto, al capital financiero que lo respalda. Un gobierno que recurre a endeudamientos usurarios de emergencia, al borde del default, y falsifica las cuentas del Tesoro, necesita, y reconoce que necesita, con apremio, evitar un fracaso en las elecciones de octubre; de lo contrario, quedaría como De la Rúa en octubre de 2001. El sistema de gobierno por decreto de Milei se agota (la delegación de facultades vence en julio), ante la impaciencia de los sectores capitalistas perjudicados por la presente política financiera, y ante una lucha popular creciente. La expresidenta comparte las preocupaciones por la crisis del régimen político, por eso advierte a cada rato acerca de un default (“catastrófico”) y propone inhabilitar, en forma perpetua, el régimen de renovación electoral bi-anual, por otro cuatrienal. La inhabilitación política de la expresidenta responde a esta necesidad del gran capital y del imperialismo norteamericano de atomizar a la oposición electoral. CFK es una mujer de estado y una gobernante que ha puesto los intereses del capital por sobre todo. Las tan mentadas retenciones a la exportación del capital agrario, repuestas por Duhalde en 2002, siguen ahí en pie, con Caputo, para poder comprar los dólares para pagar los vencimientos de deuda externa y poner en positivo las reservas del Banco Central. La divergencia de la ex con, en este caso, Milei, no es de principios, sino en quién se adapta mejor a una salida capitalista a la crisis. De manera que el choque “interburgués” representa una crisis de régimen político – antes que nada, y por sobretodo. El propósito de sortear esta crisis mediante una proscripción política, como ocurre con el rechazo, por parte de la Corte, a la recusación contra los fallos condenatorios precedentes, o sea, mediante una cancelación de derechos democráticos, es reaccionaria, por prin-ci-pios. Esos derechos son esenciales para la lucha de las masas explotadas por el capital. El bloque kirchnerista es un bloque opositor, lo que no quiere decir que sea una herramienta de lucha para los trabajadores, porque la única herramienta que vale es la que construyen los trabajadores mismos. Ese bloque tampoco tiene un carácter de principios, uno porque está formado por carreristas, otro porque oscila y se adapta a las urgencias de la clase patronal en cada etapa de la crisis capitalistas. La consigna para el caso debe ser la derrota de la sentencia de la Corte y la renuncia indeclinable de los jueces involucrados. Es la consigna que triunfó contra esta misma Corte cuando ordenó el 2x1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad, con el objetivo de abreviar su tiempo de prisión. En esa ocasión, el “choque interburgués” no apareció en la agenda de debates, ni hubiera podido aparecer por lo fulminante de la reacción popular. Pero la derrota de la proscripción electoral (a cargos públicos) no es hoy la consigna del kirchnerismo ni de la burocracia de la CGT – la consigna que levantan es la defensa de la detención domiciliaria. El propósito es no profundizar la crisis del régimen – el kirchnerismo espera que, en 2027, un presidente de su palo le dicte el indulto. Los kirchneristas y cristinistas han armado un corralito en torno a la defensa de su Jefa; si Perón pudo aguantar 18 años, a 12 mil kilómetros de distancia, CFK puede aguantar dos, a veinte cuadras del Obelisco. La política del peronismo en esta crisis es exactamente la opuesta a la de los socialistas revolucionarios. El kirchnerismo y la misma CFK buscan hacer valer la condición de perseguidos políticos para recuperar fuerza para un peronismo en disgregación aguda. Todavía no ha quedado disipada la disputa por la conformación de las listas electorales, aunque un éxito en este propósito dejará también un tendal numeroso de afectados. De nuestra parte, Política Obrera, enfrentamos el desafío de una gran campaña de clarificación que muestre que el socialismo revolucionario es la única fuerza consecuente en la lucha por los derechos democráticos, y que la lucha por estos derechos es una plataforma política de principios en la lucha por un gobierno de trabajadores.

El ataque salvaje, demoledor e ininterrumpido desatado por las Fuerzas Armadas de Israel contra la República Islámica de Irán no tiene el propósito exclusivo de destruir las instalaciones donde se procesa el enriquecimiento de uranio y evitar la producción de un artefacto nuclear. El bombardeo con misiles a estos refugios subterráneos ha sido hasta ahora un fracaso y conlleva el peligro de producir un contagio radioactivo generalizado. La prensa coincide en que Israel no tiene los recursos tecnológicos militares para alcanzar ese objetivo, o sea las cargas explosivas y los medios de transporte. Para eso necesitaría el concurso de los Estados Unidos, que posee esas cargas de más de 13 toneladas y los B-2 con capacidad para evitar su detección. Es precisamente esta una de las razones por las que Netanyahu ha reclamado a Trump una participación directa conjunta en el ataque. El propósito excluyente de la guerra iniciada contra Irán tiene el objetivo estratégico de imponer una rendición política y militar incondicional del régimen de los Ayatollah, y la instalación de un gobierno obediente a los objetivos del imperialismo mundial. Numerosos observadores han destacado, con absoluto realismo, que el ataque obedece a la oportunidad estratégica abierta para Israel, que ha diezmado a las direcciones de Hizbollah y Hamas; avanzado, con total impunidad, con la “limpieza étnica” en Gaza y las expulsiones de palestinos en Cisjordania; derrocado al régimen de Bashar al Assad y ocupado el sur del Líbano y la mitad de Siria; y haber destruido buena parte de la defensa aérea de Irán en los ataques ‘ensayo’ de abril y octubre del año pasado. Inversamente, el objetivo estratégico de esta escalada militar ha sido preparar las condiciones para ir por el régimen de Irán. La reducción de Irán a una impotencia política completa culminaría el objetivo estratégico perseguido por el régimen sionista. El Medio Oriente, sin embargo, no se convertirá por ello en un espacio geopolítico de estabilidad, sino de guerras más allá de las fronteras de guerra actuales. La agresión de Israel ha sido combinada con el Pentágono, que ha dado el salvoconducto para esta agresión, así como el conjunto del imperialismo mundial. Las declaraciones previas al estallido de las hostilidades, a favor de negociaciones que eviten una guerra, no fueron más que parte de un operativo de decepción que cuenta con contados antecedentes en la historia. Las potencias imperialistas que lideran la Otan conocían muy bien, como lo revela ahora el diario Haaretz, que “los preparativos de esta operación duraron más de una año. Los agentes del Mossad infiltraron Irán y crearon una red de agentes, asistentes, casas seguras, talleres, vehículos, falsificaron documentos, además de tecnologías avanzadas. También metieron de contrabando componentes para drones en Irán, para luego ensamblarlos y ocultarlos en el terreno”. En la operación engaño intervino la Unión Europea: todas las naciones que se declararon en contra de una guerra, la han apoyado después de desencadenada; las amenazas de interrumpir acuerdos comerciales, como prometió Gran Bretaña, fueron encajonadas. Haaretz añade que “no menos importante ha sido el hecho de que la Inteligencia israelí diseñó una maniobra que engañó a la dirigencia militar de Irán. Irán fue llevado a creer que el ataque de Israel tendría lugar una semana más tarde, después de otra ronda de negociaciones, acerca de la cuestión nuclear, entre enviados iraníes y norteamericanos, agendada para el domingo (siguiente) en la capital del emirato de Omán”. Los éxitos de estas operaciones de engaño y el nivel de infiltración de la inteligencia israelí, ponen de manifiesto la credulidad política insuperable del liderazgo teocrático. La expectativa de una salida ‘pacífica’ a la guerra de exterminio iniciada por el Estado sionista desde hace año y media, muestra el impasse de un régimen que no tiene otra opción que la búsqueda de una autonomía relativa dentro de un sistema imperialista mundial. El autoengaño se extiende a los acuerdos diplomáticos de Arabia Saudita con Irán, mediados por China, el año pasado, o al pacto de seguridad firmado con Rusia, en enero último, que se presentaron como una valla de contención de la guerra – que se venía preparando, en realidad, con un método meticuloso. El acuerdo comercial de Trump con Bin Salman, en marzo, firmado con la expectativa de iniciar “una era de oro”, según palabras del norteamericano, aunque en realidad muy vago en sus disposiciones, ha entrado en aguas de borraja. El asesinato de líderes políticos y militares, y de numerosos científicos, ha ido creciendo de día en día; entre ellos, el de Abbas Alí Shamkani, el jefe del equipo negociador de Irán con Estados Unidos. Israel ya había hecho lo mismo con el jefe negociador de Hamas, en la misma Teherán. Trump había anunciado estar “comprometido con una resolución diplomática de la cuestión nuclear”, mientras autorizaba el asesinato de la contraparte de esa salida “diplomática”. Netanyahu, por el contrario, advertía, como una amenaza, “que un acuerdo nuclear no detendría la fabricación de una bomba por parte de Irán”. La participación decisiva del imperialismo estadounidense en el desencadenamiento de la guerra contra Irán, crecerá indefinidamente. Los misiles de Estados Unidos han asistido a la “Cúpula de Hierro” de Israel a interceptar los misiles balísticos lanzados por Irán como represalia, con todos los recursos de la información satelital encriptada. También ha trasladado al Mediterráneo al portaviones Nimitz, mientras el Pentágono y la Bundeswehr (Alemania) han advertido que intervendrán junto a Israel en la destrucción operativa de Irán, en función del grado de resistencia que presente Irán. Con una claridad absoluta, Netanyahu ha declarado que la guerra continuará todo el tiempo necesario hasta que Irán ‘deponga las armas’. Las Fuerzas Armadas de Israel han anunciado que “operan libremente” en el espacio aéreo iraní “desde el oeste hasta Teherán” y que “Teherán arderá”. Prosiguen los ataques contra funcionarios de gobierno, científicos, sedes gubernamentales, bases aéreas, refinerías. El propósito es obtener la rendición oficial de Irán, mientras Irán ha respondido con la amenaza de disparar 2.000 misiles contra Israel (La Nación, 15/6). “León Ascendente o en ascenso” -el nombre del operativo de Israel- revela con claridad que la cuestión de los límites al enriquecimiento de uranio han quedado en el archivo. Una votación, en la Agencia Internacional de Energía, sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por Irán en materia nuclear, reveló que 14 países sobre 33 aprobaron la conducta de Irán – un número elevado de votos en un escenario dominado por gobiernos hostiles a Teherán. El gobierno y el alto mando militar del sionismo no han bajado, entretanto, los objetivos de guerra en Gaza, Cisjordania, Siria, incluso Yemen. El objetivo asignado a la guerra, por parte del imperialismo e Israel, es decapitar al estado iraní, colonizar el territorio histórico de Palestina, someter a Libano y desmembrar a Siria, y crear una retaguardia para la guerra contra Rusia y China en cuanto a mercados, y por la esclavización del proletariado mundial. Netanyahu hizo público este objetivo contrarrevolucionario en un video en que llamó a los iraníes a “un levantamiento popular”. De nuestra parte, llamamos al proletariado de Irán a organizarse en comités de base a lo largo y ancho del país para luchar contra el imperialismo y el sionismo, y para enfrentar la impotencia del régimen nacional opresor y su tendencia a una capitulación, mediante un gobierno de obreros y soldados armados. El imperialismo, sin embargo, no tiene, al menos en apariencia, un gobierno de recambio para Irán. La guerra para acabar con el régimen iraní se ejecuta cuando en Irán gobierna el ala ‘reformista’ de la República islámica, durante mucho tiempo señalada por el imperialismo como una alternativa de recambio o como detonante de una crisis política terminal. El programa del ‘reformismo’ señala el objetivo de revivir el acuerdo nuclear firmado bajo el gobierno de Obama, con el apoyo y la supervisión de la Unión Europea, Rusia y China, a cambio de un levantamiento de las sanciones económicas. Estas condiciones internacionales serían el marco para ejecutar un programa de ‘ajuste’, que la burguesía local reclama con fuerza. Trump, sin embargo, aunque habría vetado el asesinato del jefe del Estado, el ayatollah Khamenei, planificada por Netanyahu, ha saboteado un acuerdo con el gobierno ‘reformista’ en funciones (incluso autorizando el asesinato, como está dicho, del jefe de la delegación negociadora iraní, Shamkani). China ha vuelto a ofrecerse como mediador, pero esta vez de un cese del fuego, no en Gaza, donde sigue la masacre, sino con Irán. El acuerdo, de acuerdo a las informaciones, contemplaría también una tregua y la liberación de rehenes en Gaza, y la salida política de “dos Estados” – vetusta, agotada e inviable. Otras informaciones dicen otra cosa: ante la destrucción de los acuerdos con Irán en Medio Oriente, China replicaría con la ocupación de Taiwán. Las operaciones de infiltración de drones en Irán, como recientemente en Rusia, hasta Siberia, deben estar siendo vistas por China como una poderosa advertencia. En cuanto a Putin, una derrota en Irán, luego de haber perdido todo peso en Siria, lo deja entre la espada y la pared, en su guerra contra la Otan en Ucrania. La expansión agresiva de Israel, incluso imperialista, al menos como subrogante del imperialismo mundial, la lleva a una confrontación, si no con Turquía al menos con Erdogan y su área de control en el Cáucaso, que sigue estando siempre al sur de Ucrania, en el Mar Negro y en los estrechos navales a Europa. La ocupación militar de Irak, en marzo de 2003, llevó al derrocamiento de Saddam Hussein, a la disolución del ejército iraquí y del partido Baath, al surgimiento de ISIS, a la división de facto del país y a las guerras del ejército norteamericano en Fallujah y en las regiones turcómanas. La variante de un gobierno militar extranjero en Irán luce completamente inviable. La Otan e Israel no han aclarado que clase de “cambio de régimen” están impulsando. El agudo desequilibrio político internacional desatado por la crisis capitalista mundial, la profundización de las guerras comerciales y financieras, el vuelco de Ucrania al campo de la Otan y la ocupación de Ucrania por Rusia, ha pegado un salto mayúsculo con la guerra imperialista contra Irán subrogada por el estado sionista. Lo que de ningún modo se puede excluir es un ataque atómico selectivo o ‘ejemplificador’ de Israel contra Irán, en caso de que la resistencia iraní haga colapsar lo que el ‘establishment’ militar sionista llama “el frente interno”, un vocablo de uso corriente en los tiempos del fascismo europeo y el falangismo español. Es lo que tenía en carpeta Margaret Thatcher contra una localidad de la provincia de Chubut para el caso de que la Fuerza Aérea de Argentina hiciera naufragar a una parte de la flota británica en el Atlántico sur en la guerra de Malvinas. El peligro nuclear ha cambiado de campo: no lo representa Irán sino el estado sionista. Los partidos revolucionarios deben esmerarse en mostrar a las masas los hilos y redes que ligan y atan a los gobiernos de sus países con el imperialismo en cada una de las guerras que éste ha desatado y en la guerra mundial en su conjunto. La tarea del internacionalismo proletario es unificar la lucha contra la guerra en su dimensión concreta por medio de la propaganda, la agitación y la acción en la clase obrera. Quienes no destacan el hilo imperialista internacional de cada una de estas guerras, no tienen otra alternativa que rumiar un propagandismo abstracto. Ese hilo unificador es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y las grandes potencias que orbitan en la geopolítica y compiten por nuevos arrebatos y nuevos mercados.

Una nueva lucha de facciones se desarrolla en el gobierno liberticida. Karina Milei intervino el Ministerio de Defensa y nombró al frente de la dirección del Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares (IAF) a Franco Adorni, hermano del “karinista” vocero presidencial. Dejaron, así, sin injerencia en la designación al ministro de Defensa Luis Petri, a quien le reservaron llenar el vacío dejado por la renuncia del “petrista” Roberto Fiochi en la obra social de los militares (IOSFA), por otra personera política del ministro, la contadora pública Bettina Surballe, quien se encontraba al frente del IAF. El enroque, que deja debilitado al ministro, se da en el marco en el que los altos mandos de las Fuerzas Armadas consideran que la gestión de Petri se “encuentra a la deriva” (Urgente24, 20/4). Fiochi fue removido del cargo de director de IOSFA, que cuenta con 550.000 afiliados y que durante la gestión Petri sumó un déficit de más de 160.000 millones de pesos, promoviendo el cuestionamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas sobre el Ministro de Defensa por el desfinanciamiento de las prestaciones y demoras en los reintegros a los afiliados. Fiochi es el tercer director de la obra social en abandonar su cargo en 17 meses de gestión libertaria y, en el caso de este último, se lo eyectó del cargo por la incapacidad para controlar el gasto y no poder frenar la espiral de endeudamiento, lo que derivó en cortes de prestaciones y desabastecimiento de farmacias. Karina Milei, que después del caso Libra es señalada como la recaudadora del régimen, se hizo de la caja de la IAF, entre cuyas funciones se encuentra el pago de 300.000 retiros y pensiones a personal de las FF.AA. y, por otro lado, desarrolla inversiones financieras con la finalidad de otorgar préstamos, destinados en su mayoría a viviendas. Por ejemplo, a IOSFA le otorgó un crédito por 40.000 millones de pesos (LPO 12/6/2025). El desembarco de Karina Milei en el IAF, a través del clan Adorni, se da en el contexto en el que el malestar de parte de la “familia militar” para con Petri crece día a día. El descontento castrense con Petri tiene varias aristas que van desde el desfinanciamiento de la obra social a la falta de aumento en los salarios. La motosierra liberticida también es aplicada hacia dentro de uno de los elementos claves para el gobierno nacional, como lo son las Fuerzas Armadas. Durante la campaña electoral, los liberticidas le han prometido a este sector el oro y el moro, pero les han cumplido en cuentagotas. También los altos mandos militares señalan que el ministro de Defensa tiene la cabeza puesta en ser el próximo gobernador de la provincia de Mendoza, para 2027. En marzo pasado y en el marco de la inundación que asoló a Bahía Blanca, los militares que estaban al frente de la logística de los operativos, aprovechando la presencia de Petri, le cuestionaron face to face el recorte de IOSFA y los planes de privatización. El malestar fue puesto en palabras por la Asociación de Suboficiales Argentinos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (ASUBA) por medio de la publicación de una carta pública, donde le reprochan a Petri haber negado en su exposición última en el Congreso de la Nación los problemas que atraviesan a las fuerzas. Uno de los puntos centrales de la carta es “la postergación de la equiparación salarial para el personal de las Fuerzas Armadas hasta fines del año 2027", ya que en otra parte de la misiva señalan que el mantenimiento de esta situación “es desconocer el derecho elemental a una vida digna de miles de hombres y mujeres que siguen cumpliendo órdenes, aun cuando no logran cubrir necesidades básicas como el alquiler, la alimentación o los medicamentos". Los topes paritarios impuestos a los trabajadores han llegado a las remuneraciones de las fuerzas. El clan Adorni, con celeridad, va ocupando diferentes casilleros dentro del gobierno con el aval de Karina Milei. En el caso de Franco Adorni fue nombrado en febrero de 2024 como asesor en el ministerio de Defensa, y un mes después se lo designó auditor de los procedimientos internos en el mismo ministerio, un cargo con rango de subsecretaría. Ahora tendrá el control total de los recursos de la IAF que es la caja más importante del ministerio en medio de rumores de recortes de servicios y cierre de empresas como COVIARA, empresa constructora de la Armada. El militarismo enarbolado por el gobierno nacional tiene sus fisuras, que abonan el malestar hacia dentro de las FF. AA. y la intervención del ministerio de Defensa por parte de Karina Milei no pondrá fin a los reclamos de la “familia militar”; por el contrario, acentuará los choques de los militares con la camarilla gobernante. LEER MÁS: Las “cajas negras” de Petri Por Aldana González, 26/02/2025.

Entre el martes y el jueves, asambleas de varios colegios secundarios resolvieron la toma de sus establecimientos. Entre la lista se encuentran el Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, el Juan B. Justo, el Cortázar, el Lengüitas, el Mariano Acosta, el Esnaola, la Niní Marshall, el Yrurtia, el Lenguas Vivas, el Danzas y el Liceo 9. Las medidas responden a la resolución de la Corte Suprema de ratificar el fallo que condena a prisión a Cristina Fernández y la inhabilita de por vida a ejercer cargos públicos, poco tiempo después de que se conociera su voluntad de participar de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Desde el Centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires señalaron que “no podemos permitir que hoy se indique a quién se puede votar y a quién no. Eso nos remite a momentos de dictadura”. En un comunicado, la asamblea de estudiantes del Cortázar advirtió que “los argentinos y argentinas debemos posicionarnos ante las injusticias cada vez más cotidianas y pasadas por alto”, al hacer referencia no solo a la proscripción de Cristina, sino también a la situación que viven jubilados, trabajadores del Garrahan, docentes y la universidad en general. Varias de las asambleas que resolvieron la toma de los colegios pusieron sobre la mesa no solo el ataque a las libertades democráticas, sino el escenario más general sobre el cual se desarrolla el ataque a la educación. Es el caso de la reforma educativa impulsada por Jorge Macri -”BA Aprende”-, la cual prevé para el año que viene la eliminación de una cantidad de materias de la currícula de los colegios secundarios. Esto implica el despido indiscriminado de docentes y el recorte masivo de contenidos. El debate en las asambleas también puso de relieve la miseria social que se vive en las familias trabajadoras: un reflejo de la situación que viven los y las compañeras secundarias en sus casas. Para muchos chicos de CABA el colegio no es solamente un establecimiento educativo, sino también el lugar donde pueden acceder al alimento que escasea en sus hogares. Durante 2023, la circulación en los colegios de viandas entregadas por el Estado con productos en descomposición y la consecuente internación de varios chicos que las consumieron despertó una ola de tomas de colegios que duró semanas. Las ocupaciones son la respuesta del movimiento estudiantil a un ataque de conjunto contra la educación y contra la clase obrera. Ocurren mientras la orientación del Gobierno se enfrenta a contradicciones cada vez más explosivas y al mismo tiempo que los trabajadores del Garrahan, jubilados, docentes, metalúrgicos y choferes, entre varios otros, expresan una tendencia creciente del movimiento obrero a la movilización y la huelga. El gobierno nacional ha evitado pronunciarse en extenso sobre el proceso de tomas. Solamente apeló al infame José Luis Espert, el cual mencionó, a través de X, que los “pendejos del orto” que toman colegios y universidades deben ser “sacados de ahí de los pelos”. El clima de combatividad visto en los colegios secundarios durante esta semana contrastó con la orientación claudicante del aparato del PJ-kirchnerismo, que abandonó rápidamente cualquier pretensión de impulsar una movilización política contra la proscripción. El desarrollo de una perspectiva tal contradice su intención de presentarse como recambio capitalista ante la bancarrota del gobierno de Milei: frente a la agudización de la crisis, son conscientes de que una movilización de tales características puede hacer saltar por los aires el programa antiobrero del gobierno liberticida, el cual es ampliamente suscripto por los partidos de la oposición patronal. Con esta comprensión en mente, el aparato peronista que dirige la Coordinadora de estudiantes de base (CEB) se apresuró durante la noche del viernes a presionar por el levantamiento de las tomas en todos los colegios ocupados, apelando al “agotamiento” de los y las estudiantes. Mientras el Yrurtia resolvía la toma de su colegio, el jueves a la noche la CEB se reunió para resolver que el viernes se debía terminar con las ocupaciones. El levantamiento de las tomas ocurre sin ofrecer una perspectiva sobre cómo continuar la lucha política contra el Gobierno. Muestra de eso es lo ocurrido en colegios como el Cortázar, donde la asamblea que terminó con la ocupación del colegio resolvió, en abstracto, ver durante la semana que viene qué “medidas tomar a futuro”. Se trata de un apoyo a la orientación del aparato del PJ, fomentada por la conducción kirchnerista del centro de estudiantes, que conduce al colegio a un impasse al no proponer un rumbo para movilizar al estudiantado. Nuestra intervención en el colegio buscó polemizar con esta orientación, principalmente con el planteo de que la mejor forma de defender la escuela es “quedándonos estudiando en las aulas”: para luchar por nuestra educación tenemos que profundizar la movilización de los colegios. Algo similar ocurrió en la Niní Marshall, donde La Cámpora, que conduce el centro de estudiantes, propuso levantar la toma para confluir en la marcha del miércoles que acompañará a Cristina a Comodoro Py. Se trata de una movilización que expresa la disposición del aparato del PJ a claudicar ante la proscripción política, poniéndose al servicio del mismo Poder Judicial que la encabeza. Casos similares ocurrieron en el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini. La resolución de la conducción del centro de estudiantes de la Niní Marshall se contradice con el clima de debate que se abrió en el colegio luego de la toma. Durante el jueves y el viernes los estudiantes organizaron distintas comisiones de debate, para poner en común los problemas que atraviesan a la juventud: algunas de ellas fueron sobre situación política nacional, reforma educativa y salud mental. Nuestras compañeras intervinieron en ellas haciendo especial énfasis en vincular el contenido de la reforma antieducativa de Macri y la necesidad de impulsar una campaña en todos los colegios contra ella. Un síntoma del clima que atravesó el colegio fue la intervención en los debates de nuevas camadas de activistas, los cuales también tomaron la palabra en las asambleas convocadas por el centro. Nuestra corriente, Política Obrera, intervino en las asambleas de los colegios Julio Cortázar, Niní Marshall y el EESTN 2 llamando a aprovechar el clima de deliberación abierto entre la juventud para impulsar una movilización política de conjunto contra los gobiernos antiobreros de Milei y Jorge Macri. El fallo de la Corte Suprema es el fruto de una indicación del Fondo Monetario Internacional y de la AmCham, los cuales están preocupados porque un revés del gobierno liberticida en las elecciones legislativas atente contra la capacidad de este de pagar los intereses de deuda mediante la profundización de la miseria social. Desarrollemos en las asambleas y las aulas un programa: abajo la proscripción, no a la reforma antieducativa, por el no pago de la deuda y por una educación al servicio de las necesidades populares. Tenemos la tarea de impulsar una movilización política que derrote a Milei y sus cómplices en las provincias. Desarrollemos una corriente socialista en la juventud que le dé impulso a estas consignas en los colegios secundarios. LEER MÁS: Tomas y asambleas luego del fallo de la Corte Suprema Un clima de deliberación atraviesa universidades y escuelas. Por Nicolás Morel, 12/06/2025.

El sábado 14 de junio se realizó en las puertas del hospital Garrahan un encuentro de solidaridad impulsado por la Junta Interna de ATE. El mismo fue abierto a todas la organizaciones políticas y sindicales, familiares, etc. La concurrencia fue mayormente de agrupaciones sindicales ligadas al Partido Obrero, pero también participaron agrupaciones que responden a las distintas organizaciones que componen el FIT-U, delegados de la línea 60, trabajadores de Zanón, de la fábrica Morvillo, Ademys, AGD. La apertura estuvo a cargo de Alejandro Lipcovich, secretario general de la junta interna, y de Norma Lezana, secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital. Ambos mencionaron las mociones votadas en la última asamblea general realizada el día jueves 12 de junio: abrazo al hospital el miércoles 18 y paro el 25 de junio con festival. Desde la mesa convocante, además, se propuso organizar una marcha federal de toda la salud para la segunda o tercera semana de julio e informaron el lanzamiento de un fondo de lucha, ya que desde el Gobierno anunciaron la aplicación de descuentos a quienes adhirieren a las medidas de fuerza. El debate Varias intervenciones giraron en torno a la propuesta por parte del Partido Obrero de realizar un encuentro de trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados “para darle un ordenamiento a todas las luchas e ir a un paro, una huelga general” , que se exigirá a las centrales sindicales. En otra de las intervenciones propusieron tomar como base el Plenario del Sindicalismo combativo. Por su parte, el MST propuso “pensar una central obrera que represente a los trabajadores” . El gran ausente en el debate fue la cuestión del golpe de estado judicial aplicado con el fallo de proscripción a CFK, seguramente omitido de forma consciente producto de las diferencias al interior del FIT-U . El plenario finalizó sin la votación de mociones. Nuestra intervención Desde Política Obrera llevamos el saludo a la lucha que están librando. Mencionamos que este conflicto es la punta de lanza de una lucha más general contra la motosierra en salud que lleva adelante Milei, junto al ministerio “de las prepagas”, y que este ajuste va en sintonía con la política de Trump en Estados Unidos. Propusimos impulsar asambleas y autoconvoctatorias en todos los hospitales para organizar la marcha federal de la salud, sin confiar en la burocracia sindical. En los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires la situación no es tan distinta, por eso tomamos la propuesta de realizar una campaña generaliza por salario igual a la canasta familiar de $2.500.000, que llevó el delegado de la línea 60. Por último, denunciamos que el fallo contra CFK nos afecta a los trabajadores y trabajadoras porque el Gobierno pretende imponer un golpe judicial para avanzar en la reforma previsional y laboral. Este miércoles 18 nos haremos presentes en el abrazo al hospital Garrahan. LEER MÁS: Garrahan, residentes: los trabajadores de la salud ante una pulseada decisiva Profundizar la lucha por el salario y contra los ataques del gobierno. Por Julián Asiner y Daniela Magoc, 12/06/2025.

El 12 y 13 de junio el SUTEBA provincial, que es el sindicato docente más grande en Buenos Aires, llamó a reunión de delegados: una jornada que duraría siete horas, de 9:00 a 16:00. Los flyers se publicaron sin temario, con lo cual se supone que no se iba a tocar ningún tema sensible para las bases (cuando se presenta así, en general se trata de “talleres”), como la miseria salarial, la infraestructura destruida, la sobrecarga laboral, la reforma educativa y el vaciamiento de la obra social. En San Fernando, después de una primera parte de generalidades, se hizo, según la segunda etapa del orden del día, una «Presencia en el Concejo Deliberante para acompañar el repudio al fallo de la Corte Suprema en contra de la ex Presidenta Cristina Fernández, “en contra de la Democracia”» (las comillas subordinadas son nuestras). A las once de la mañana la dirigencia Celeste del SUTEBA local arrancó de la Seccional, en la calle 3 de Febrero, para marchar en columna, con toda la parafernalia, a la sala del Concejo, distante a 200 metros (media cuadra, la cuadra de la Plaza Mitre del centro de San Fernando, y media cuadra más) hacia el sur sobre la misma calle. No era un 17 de octubre, pero tal vez, a nivel atómico, se parecía un poco. En el Concejo se les unió UDOCBA, el segundo de a bordo en el FUD entre los cinco sindicatos del Frente. Se sumó también una tropa de la Lista Verde de la Unión Ferroviaria. La declaración de repudio la leyó o la declamó un concejal del andreottismo (que detenta la intendencia), que es la versión local del massismo. Luego se fueron todos y la Celeste volvió a la seccional, con aires de misión cumplida. Evidentemente era importante para unos y otros la puesta en escena del “repudio”. Este reemplaza de algún modo el “quilombo que se va armar”, que nadie arma. Criminis causa, lo importante era hacer número para la asonada en el Concejo. De vuelta en la seccional, la primera aclaración que hicieron fue que no iban a abrir un debate general sobre ningún tema. Por supuesto se referían al paro convocado para el día anterior por la Lista opositora Multicolor, que en San Fernando tuvo una adhesión irregular. Este dato, aunque parece describir una situación endeble para el gremialismo clasista, es ya, de por sí, fundamental, porque históricamente la localidad ha sido –es– un fuerte bastión peronista, lo cual refracta en la dirigencia Celeste del SUTEBA, peronista por supuesto. Esto llevaba antes a que las políticas del oficialismo del sindicato pregnaran el espacio político/sindical de la docencia sanfernandina, donde desde siempre han excluido las influencias de las políticas de las seccionales Multicolor. San Fernando tiene una dirigencia Multicolor del lado norte, en Tigre, y del lado sur, en San Isidro, si bien la dirección es Celeste, lo es en un distrito históricamente opositor al peronismo, donde la “multi” tiene una presencia apreciable. La situación comenzó a cambiar en 2018, cuando Vidal arremetió contra los bachilleratos para adultos, y al menos en San Fernando la inacción Celeste se hizo evidente. Lo cual empeoró con el crimen social de Moreno en la persona de los compañeros Sandra y Rubén, en la crisis del gas de la segunda mitad del mismo año. Ese fatídico jueves 2 de agosto soltaron al aire el axioma “La muerte es el límite”, para luego lanzar un parito de un día, el viernes. Para el lunes 6, el axioma no estaba en el recuerdo de nadie. Con la crisis pandémica el astillado de la autoridad política de la dirección sindical se hizo visible cuando al ceder, firmes junto al gobierno, a las presiones; luego de soltar que había que “debatir” la reapertura de las escuelas, el gobierno las reabrió sin debates y con un protocolo mediocre. Este derrotero se completa con la merma, a partir de 2018, hasta la nada, del llamado a asambleas de afiliados y las constantes paritarias a la baja, a pesar de los tiros a repetición de “Le ganamos a la inflación” que no convencen a nadie: hace años que el básico docente perfora hacia abajo la línea de indigencia y que el salario de bolsillo se ahoga en la de pobreza. El 50 % del sueldo es un invento volátil, como el ítem “Incentivo Docente” –que el SUTEBA le “reclama”, sin paros, al gobierno nacional–, que aunque “suma” (porque, en la sequía salarial, cualquier vueltito suma), no es la solución de nada, como la “quinta hora” en primaria. Todo este panorama llevó a que los paros convocados por la Lista Multicolor del SUTEBA fueran masivos, en toda la provincia, y tuvieran una adhesión históricamente fuerte en San Fernando, especialmente los de 2024. La Celeste tampoco dijo nada sobre sobre el lawfer que la estructura kiciloffista de Educación practica contra la directiva del SUTEBA de Tigre, Multicolor. La persecución judicial que a nivel nacional se realiza contra Cristina a sueldo de la AmCham y, por elevación, del mileísmo (a despecho del acuerdo tácito que llevó a la caída de Ficha Limpia), el peronismo de cuño kiciloffista lo realiza con su partido judicial, en la provincia de Buenos Aires, contra dirigentes de la oposición combativa en el SUTEBA. La Celeste, de todas maneras, no necesita decir nada al respecto. Cuando opina, tacha de “irresponsable” los llamados a parar de la oposición. Milita la “falta injustificada” y el descuento, con lo cual se pone al lado del gobernador y al lado de Milei cuando le tira al derecho a huelga. Fingen demencia cuando se les recuerda que Adorni felicitó a Kicillof por los descuentos de abril, y sordera cuando se habla de Grabois exigiendo “paredón” para los trabajadores de la salud o de la educación que paran. Las centrales obreras no llamaron a ninguna medida frente al anuncio, el 22 de mayo, del decreto que ataca el derecho a huelga. Ahora está en suspenso por una medida judicial que puede levantarse en cualquier momento. El 12 de junio terminó sin pena ni gloria… Sin gloria, en todo caso… La Celeste planteó algo que viene diciendo desde hace algún tiempo en otros distritos, por ejemplo, en San Isidro: que la baja de la natalidad en las clases populares lleva a un vacío en las aulas y por lo tanto al cierre de cursos, con las pérdidas de puestos de trabajo que conlleva: profesores, preceptores, secretarios, etcétera. No es el estado paupérrimo de la gran mayoría de los trabajadores y sus familias, que obliga a salir a trabajar antes que ir a estudiar, o condena a una miseria donde es difícil calibrar qué conviene hacer en cada situación puntual ante la orfandad estatal; es la baja de la natalidad… La creciente violencia en las escuelas la achacan, contradictoriamente (ya que el “control de la natalidad” es una dinámica de sociedades avanzadas o numéricamente saturadas, como la de Países Bajos, la hindú o la china), al “gobierno ultraliberal y fascista” de Milei. Los docentes que pueden, hoy, trabajan en más de un cargo porque su salario no alcanza para pagar siquiera el pasaje del colectivo o la mantención del automóvil que pudieron comprar hace años, para ir de unas escuelas a otras. Muchos “celestes”, de hecho, no ven crecer a sus hijos. Y por supuesto no es por amor al arte. Los docentes que no pueden tener más de un cargo, por alguna situación particular, o porque viven en General Lavalle o en Tordillo, tienen actividades alternativas o trabajos en horarios extraescolares, o se ven tarde o temprano en la necesidad de mudar de trabajo (si tienen la oportunidad). Se trata de expulsiones o despidos velados sin indemnización. Es la reforma laboral en toda su crudeza. Y la dirigencia Celeste está diciendo que no va a hacer nada porque se trata de la “naturaleza”: la baja de la natalidad. “Hoy en día –dicen– un cargo titular no te garantiza estabilidad por este tema”, como si el “tema” fuera externo al sindicato. Cuando el sentido estricto de la existencia de un sindicato es conseguir y defender la estabilidad laboral de sus trabajadores. En el gremio docente, la estabilidad conseguida a base de luchas y evoluciones añejas es una conquista considerada tradicional y esencial al trabajo educativo. Plantear con o sin liviandad su entrega “resignada” es de una capitulación desmoralizante. Los planes de precarización laboral, como el FINES; la extensión de la jornada laboral, con la quinta hora en primaria; la administración discrecional de las licencias médicas, entre otras arbitrariedades, toquetean, perforan y en algunos casos directamente violan el estatuto docente. Nada de todo esto perturba el sueño de la burocracia sindical. Por el contrario, a veces tienen espasmos de sinceramiento o de aceleración hacia la debacle total, como cuando anunciaron mediante un comunicado de prensa del FUDB –para no sufrir caracterizaciones derivadas de rumores, tanto como para blanquear el tema de una vez por todas–, el 4 de julio de 2023, que el Frente de Unidad Docente y el gobierno provincial habían iniciado negociaciones en torno al reemplazo del Estatuto del Docente por un Convenio Colectivo de Trabajo, que sería el trámite de legitimación de todos los ataques a las condiciones laborales y salariales de maestros, profesores, preceptores, directores y jubilados. Así, Baradel y compañía por su lado, y Kicillof por el suyo, han llevado las condiciones laborales del gremio docente a una situación que coincide ciento por ciento con el proyecto mileísta: el arrasamiento de las conquistas de los trabajadores de la educación. Están viendo cuándo y cómo dar el tiro de gracia que sería el derrumbe del Estatuto. Los docentes tenemos que tomar el ejemplo de las maestras y las profesoras de Catamarca: impulsar las autoconvocatorias y salir a las calles por miles, para ir a una huelga general docente por tiempo indeterminado. Precisamente, hasta quebrar las políticas de los acreedores de todas las banderas y por supuesto las de sus personeros: los Milei, los Kicillof y todos sus cómplices. LEER MÁS: Docentes de Provincia de Buenos Aires: plenario de la Multicolor convoca a “jornada de lucha con paros y movilizaciones" para el miércoles 11 Por Mariano Hermida, 09/06/2025.

Este viernes 13, a las 12 del mediodía, a 1300 km de distancia, en la sede del centro experimental Patagonia Sur (Trelew), la vicepresidenta del INTA, 'Pilu' Giraudo, y el director nacional del INTA, Ariel Pereda, anunciaron que la experimental AMBA, situada en el partido de Ituzaingó, se cerró. Estas fueron las palabras de la vicepresidenta, ratificadas por Pereda. Con esta acción, la intervención inaugura el ataque a los trabajadores en forma directa. El Poder Ejecutivo Nacional, sin contar con el decreto que lo habilita a llevar adelante las trapisondas y copar definitivamente el CDN de INTA, se despacha con un zarpazo contra los trabajadores que no podemos naturalizar. Hasta el momento, sin embargo, no aparece ninguna acta. Ni los miembros del consejo directivo, ni su presidente, ni el mismo director del experimental se han pronunciado hasta estas horas. Los compañeros van a ser reasignados a nuevas tareas y funciones, algo que está reñido con el perfil, la trayectoria laboral y experiencia que cada profesional o técnico cuenta. Concretamente, con este cierre y sin diagrama alguno, para la reinstalación laboral el INTA, fuerza a más de un centenar de trabajadores a quedar en la cornisa de la “disponibilidad". Se ha venido formando una vanguardia incipiente organizada por la junta Interna de ATE INTA Castelar, que con sus iniciativas merece tenerse en cuenta. El camino a través de la organización en Comités de Lucha independientes ha realizado la mayor cantidad de actividades importantes, como sus últimas movilizaciones y asamblea General del día 8 con más de 170 compañeros presenciales y casi 600 de manera virtual. Van marcando el camino, contra la improvisación y el desconcierto. Se está dando forma a la única y verdadera metodología que debe ser apoyada con toda la fuerza, que es poner en pie los comités de huelga, unidad de acción y desarrollando la lucha interna, a través de acciones y mediante el programa votado masivamente. Fuera la intervención antiobrera y desguazadora de INTA. Ningún despido. No a las fusiones, ni a la provincialización. Puesta en vigencia del Fondo Tecnológico Agropecuario para reactivar el INTA. Pleno funcionamiento de la experimental AMBA. Este es el programa que coordina la reacción de los compañeros. LEER MÁS: Sturzenegger quiere destruir el INTA por decreto Por Lucas Giannetti, 04/06/2025. El gobierno de Milei copa el INTA con leyes anti sindicales Organicemos rápidamente con acciones contundentes. Por José Luis Perea, 27/05/2025.

La semana pasada, el gobierno de Egipto detuvo e interrogó a cientos de personas que habían aterrizado en el aeropuerto de El Cairo o se alojaban en hoteles de la ciudad con el objetivo de unirse a la Marcha Global hacia Gaza. Unos 400 activistas fueron deportados por el Gobierno, que devolvió dos vuelos completos. Eran parte de las cerca de 4.000 personas provenientes de más de medio centenar de países, que tenían previsto viajar en autobús desde El Cairo hasta El Arish, en el norte del Sinaí egipcio, el 12 de junio, y luego recorrer a pie los 50 kilómetros hasta el paso fronterizo de Rafah, donde iban a acampar durante tres días. Rafah es el paso entre Egipto y Gaza, donde se levantaba una ciudad de 300.000 habitantes que fue totalmente arrasada por los bombardeos de los sionistas. Está controlada por el ejército israelí y, del lado egipcio, miles de camiones de ayuda humanitaria esperan que les abran paso, mientras los palestinos mueren literalmente de hambre. La Marcha no tenía intención de entrar a Gaza. Iban a permanecer tres días en la frontera y entregar alimento y 300 tiendas de campaña a los palestinos. Pedían el fin de la guerra en Gaza y presionar para que entren los miles de camiones de ayuda que se encuentran bloqueados fuera de la Franja. Esa primera caravana pensaba confluir con una segunda, de varios miles de personas que partió el lunes pasado de Túnez y recorrió el Norte de África -Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos- con el propósito de llegar a Egipto. Integrada por sindicalistas, políticos, activistas de derechos humanos, deportistas, abogados, médicos, periodistas y miembros de organizaciones juveniles, las autoridades libias les cerraron el paso en la frontera a pedido del gobierno egipcio. Un tercer convoy humanitario, que había partido desde El Líbano a través de Siria y Jordania, también fue detenido. El abyecto régimen de Abdel Fatah Al Sisi acató así la indicación de Israel de que impidiera que las delegaciones llegaran hasta Rafah. Para los palestinos ni un medicamento ni un pedazo de pan, esa es la divisa de Israel que ejecutan sus cómplices árabes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tildó a los participantes de los convoyes de «manifestantes yihadistas» y añadió que ponían en peligro la seguridad de sus soldados y no lo permitirían. Katz advirtió que, si El Cairo no detenía la marcha, lo haría el ejército. No hizo falta: Donald Trump ha designado a el-Sisi como “su dictador favorito”. El régimen es un cómplice activo del genocidio palestino y funciona cuidándoles las fronteras a los sionistas. A cambio, Egipto recibe la segunda mayor ayuda militar estadounidense del mundo, después de Israel, y tiene la garantía de que los defenderán en caso de cualquier renacer de la primavera árabe. Política Obrera habló con el cirujano argentino Carlos Trotta (83), que está en El Cairo después de intentar infructuosamente romper el bloqueo en la Flotilla de la Libertad que los sionistas interceptaron en aguas internacionales. Trotta, de Médicos sin Fronteras, estuvo como voluntario en el hospital Al Shifa de Gaza durante la Operación Plomo Fundido, en 2008-2009, una invasión durante la cual en unos pocos días Israel asesinó 1.200 palestinos, incluidos 300 niños. “La Marcha Global por Gaza era una manera de expresar solidaridad, acompañamiento y denuncia por el genocidio del pueblo palestino. Esa era la razón por la cual muchísimas personas de muchos países se congregaban o intentaron congregarse aquí en El Cairo. Y digo intentaron porque gran parte, muchos de ellos, fueron detenidos y deportados a sus países de origen después de retenerles los pasaportes un buen rato. También hubo un intento de llegar por tierra desde Túnez recorriendo en diferentes vehículos todo el norte de África. Pero también allí se les impidió el paso en la frontera. Nosotros salimos hacia Rafah, como era nuestra intención, nos encontramos con que había numerosos puestos de control que no permitían avanzar, que retenían los pasaportes, que ejercían malos tratos sobre los integrantes de la caravana”, agregó. Trotta y sus compañeros “con suerte y con ingenio” lograron avanzar muchos kilómetros, pero finalmente los detuvieron, les quitaron los pasaportes y en horas de la noche, sin devolver los pasaportes, "nos mandaron nuevamente para El Cairo. El temor que teníamos en ese momento es que nos iban a deportar y afortunadamente, por lo menos hasta ahora, eso no sucedió”. Trotta opina que el intento de llegar a la frontera “ha quedado demorado. Pero creemos que de todas maneras se ha cumplido el objetivo porque nos ha retemplado el ánimo, nos ha hecho tomar aún más conciencia de qué es lo que realmente está pasando, qué tipo de reacción tienen los gobiernos occidentales. Pero al mismo tiempo estamos viendo una sociedad civil movilizada en todas partes del mundo. Es muy claro cuál era el verdadero sentido que tenía establecer el Estado de Israel, han mostrado su verdadera cara y no tenemos que bajar los brazos. Lo que nos ha sucedido es nada comparado con el sufrimiento del pueblo palestino.”. ¿Cómo se puede frenar el genocidio palestino? Primero entendiendo que la distancia que nos separa es solamente geográfica. Que aprendamos la lección, que analicemos lo que está pasando, porque también nuestro país, Argentina y Latinoamérica, están sufriendo los intentos de colonización. También nosotros estamos sometidos a esos intentos de colonización. Y tenemos que luchar no solamente contra la colonización geográfica y política, sino contra la colonización de nuestras mentes, que es a lo que contribuyen los medios hegemónicos, tergiversando absolutamente el origen de todo esto, victimizando a quien no es en este momento la víctima, sino el agresor. La lucha del pueblo palestino es una lucha contra la opresión, contra el hambre, contra esta crueldad que se está desparramando por el mundo, por nuestro país. El rechazo tiene que ser total. Estamos frente a una crisis no solamente humanitaria, sino una crisis de humanidad. Si no damos batalla contra lo que está sucediendo vamos a perder nuestra propia humanidad también. Estoy seguro de que el pueblo argentino, América Latina, las personas conscientes de todo el mundo no lo van a permitir. No tenemos que bajar los brazos, no tenemos que dejarnos acobardar o invadir por eso que llaman las pasiones tristes. Al contrario, con fuerza, con alegría, con convencimiento, tenemos que seguir adelante porque esa es la mejor forma de expresar nuestra solidaridad y acompañar al pueblo palestino. Efectivamente, nadie ha bajado los brazos. Además de las multitudinarias movilizaciones de este fin de semana en todo el mundo, una coalición de organizaciones de Malasia ha anunciado que fletará hacia Gaza la flotilla humanitaria más grande de la historia. Mil barcos de carga, pesqueros y voluntarios se dirigirán hacia la Franja con el fin de quebrar el bloqueo. LEER MÁS: ¡Paremos la masacre del pueblo palestino! Todos al obelisco el domingo a las 16 hs. Por Olga Cristóbal, 14/06/2025. Todos a la movilización por el cese del fuego y el retiro del ejército israelí de Gaza y Cisjordania Marcha global por Palestina, domingo 15, a las 16 horas, en Corrientes y Callao. Por Olga Cristóbal, 10/06/2025. El genocidio del sionismo en Gaza en el marco de la guerra imperialista mundial El respaldo incondicional de la OTAN a la estrategia del Estado y las Fuerzas Armadas de Israel. Por Olga Cristóbal, 07/06/2025.

El golpe de Estado de septiembre de 1955, que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón y lo proscribió por los siguientes 18 años, tuvo su ensayo general tres meses antes, el 16 de junio. Los bombardeos y balaceras que la Armada, con apoyo de la Fuerza Aérea, perpetró sobre la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, hace exactamente 70 años. La falta de respuesta del gobierno peronista dejó allanado el camino para su destitución tres meses después. El modelo económico del peronismo se había agotado y la crisis se agudizaba desde 1952. Una inflación del 38 % anual se combinaba con un agotamiento de las reservas. La política económica del gobierno (“Plan de estabilización” de febrero de 1952) giró hacia una apertura al capital norteamericano y topes a los aumentos salariales. Las asambleas de base crecían y lograban romper los techos salariales del gobierno en una verdadera ola huelgística. Perón promulga la Ley de Convenios Colectivos en septiembre de 1953, que condiciona los convenios colectivos a la aprobación del Ministerio de Trabajo. Las conspiraciones golpistas contra el gobierno de Perón no habían logrado hasta entonces la adhesión de la mayoría de los sectores de las Fuerzas Armadas. Los intentos de golpe de Benjamín Menéndez en septiembre del 51 y de José Francisco Suárez en el 52 habían fracasado estrepitosamente. Sus instigadores, sin embargo, fueron rápidamente liberados y no hubo mayores represalias. Los golpistas tuvieron libertad para seguir conspirando. En el campo civil, desde 1954 la Iglesia Católica se había pasado a la oposición y se tornó en uno de los pilares de la campaña golpista. Ese año se había roto la armoniosa relación que el Gobierno había mantenido con la Curia desde su llegada al poder. La iglesia comenzó una campaña sistemática por el derrocamiento del gobierno y se convirtió en el eje de reagrupamiento de los partidos “democráticos” que apoyarían el golpe. En junio de 1955, una marcha por Corpus Christi hacia el Congreso reunió a radicales, conservadores, nacionalistas, socialistas y comunistas. Un sector de la Armada intentó precipitar el golpe, con la expectativa de que concitaría la adhesión de los sectores aún indecisos. El plan consistía en un ataque con aviones de la Armada y la Fuerza Aérea, con el apoyo de civiles armados, sobre la Casa Rosada con el fin de matar a Perón. Otros destacamentos tomarían diferentes emisoras de radio para anunciar la conformación de un nuevo gobierno y convocar a más sectores golpistas. El gobierno sería entregado a una junta cívico-militar integrada por Adolfo Vicchi (conservador), Américo Ghioldi (Partido Socialista) y Miguel Ángel Zavala Ortíz (UCR). Al mediodía del 16 de junio de 1955, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad. Los números de muertos y heridos nunca fueron precisos, pero un informe oficial calculó la masacre en 360 muertos y 1.000 heridos que, casi en su totalidad, se conformó por civiles que en ese momento se encontraban en la plaza. La intentona golpista, sin embargo, no despertó la adhesión del Ejército ni de las Fuerzas Armadas del interior del país. La reacción popular fue inmediata. El prestigioso historiador Robert Potash afirma que “fue el peligro de que civiles armados pudieran irrumpir e incendiar el Ministerio de Marina lo que instó al ministro a iniciar su rendición ante las tropas del Ejército”, como el mismo ministro, Aníbal Olivieri, afirma en sus Memorias. Potash sostiene que “el asalto contra el edificio de la Marina fue llevado a cabo por trabajadores con armas presumiblemente suministradas por la CGT y por miembros del grupo nacionalista paramilitar Alianza Libertadora Nacionalistas (ALN)”. La hipótesis de que la CGT suministrara las armas (que efectivamente las tenía) e instigara el asalto al ministerio es poco plausible, ya que la propia central sindical llamó a concentrarse en las calles “sin violencia” contra el golpe. Su actitud ante la ofensiva golpista no se diferenció de la del propio Perón. La derrota del golpe continuó con una movilización popular contra los sectores golpistas, entre ellos la Iglesia católica. Perón no sólo no convocó a esas manifestaciones, sino que, como sostiene Potash, “existen ciertas pruebas de que hizo un esfuerzo por impedirlas”. Una vez derrotado el golpe, Perón anunció que sus instigadores y participantes recibirían el máximo castigo. Sin embargo, el Gobierno terminó reculando incluso en esto. Sólo el almirante Toranzo Calderón, principal instigador del golpe, recibió una condena a cadena perpetua. Al resto de los miembros de la Marina y la Fuerza Aérea que participaron del golpe sólo se les dio de baja por rebelión. El golpe frustrado, sin embargo, llevó a Perón a ceder ante los reclamos de las fuerzas golpistas. En primer lugar, reivindicó al Ejército, en cuyas filas el plan del golpe solamente todavía no había madurado. Por el contrario, minimizó la movilización de las masas y llamó a desmovilizar. Ordenó, además, la confiscación del arsenal en manos de la CGT. Eximiendo a los partidos “democráticos” que estuvieron detrás del golpe y de la masacre, en un discurso radial del 5 de julio llamó luego a la “conciliación nacional” y abrió los medios de comunicación a los golpistas. Llevó adelante un cambio total de gabinete, reemplazando a los ministros más cuestionados por los sectores conservadores. Otros funcionarios de jerarquía y dirigentes presentaron su renuncia ante las evidentes capitulaciones del presidente. El 29 de junio se levantó el estado de sitio y los detenidos en la intentona golpista quedaron en libertad. Más adelante, Perón presentó la renuncia, que sometió a decisión del Congreso, la cual fue rechazada. Fue entonces cuando Perón pronunció su famosa sentencia “cinco por uno”, que no era otra cosa que la revelación de un estado de impotencia. En su discurso en el Congreso, el 15 de julio, Perón dio cuenta de su política claudicante: “La revolución peronista ha finalizado; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución. ¿Qué implica esto para mí? La respuesta es muy simple, señores: dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios”. Agregó además que dejaría actuar a sus “adversarios” “libremente dentro de la ley, con todas las garantías, derechos y libertades”. Libertades que los golpistas aprovecharon durante los siguientes meses para preparar el golpe que finalmente destituyera a su gobierno. La izquierda jugó entonces un papel en favor de los golpistas. El PC y el PS habían participado de la Unión Democrática. La Izquierda Nacional, orientada por Abelardo Ramos, en junio del 55, inmediatamente después de los bombardeos a la Plaza de Mayo sostuvo que el ejército era un fiel custodio de "las conquistas del proceso revolucionario" y que el gobierno peronista estaba "más firme que nunca". Sostuvo luego que la CGT representaba la garantía de estabilidad del régimen. El Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), orientado, entre otros, por Nahuel Moreno, planteó, ante la “renuncia” de Perón que "el gobierno debe pasar a manos de la clase obrera a través de uno de los senadores de la CGT". Tres meses después, Perón era destituido sin resistir. La razón principal por la que el Gobierno no resistió el golpe de la Libertadora fue que, para hacerlo, habría tenido que convocar a una movilización excepcional de los trabajadores, la cual habría transformado el proceso político, en el país y en el conjunto de América Latina. En lugar de movilizar al pueblo y derrotar al golpe, Perón eligió irse sin luchar.

El rechazo, por parte de la Corte Suprema en su versión reducida, a la recusación de las dos sentencias condenatorias contra Cristina Kirchner apenas ha cerrado un episodio de la presente crisis política. El triunvirato supremo no se ha limitado a desechar la recusación y convalidar las penas, sino a incorporar un capítulo adicional a las sentencias previas. Afirma, en síntesis, que la defensa descuidó la fundamentación estrictamente jurídica de su posición, para privilegiar el alegato político. Este pase de manos le permite a los supremos dejar de lado el cuidadoso preparativo realizado, en especial bajo el gobierno de Macri, para instalar en los distintos escalones del proceso judicial a magistrados vinculados políticamente al PRO y a grupos económicos conocidos, como el que preside Magnetto. Para los tres mosqueteros de la Justicia, esta maniobra sería un tema político, no jurídico; el argumento es bizarro y enredado. Para la condena de un reo no solamente deben aportarse pruebas significativas, sino que el procedimiento que se sigue libere al fallo de toda duda; la culpabilidad debe ser indubitable. Al obrar en forma contraria, o sea, al ignorar el procedimiento amañado, las instancias judiciales previas y la misma Corte convierten a la sentencia en caprichosa y arbitraria. La Corte ha quedado involucrada, o sea, ha tomado partido, en una furiosa lucha dentro del Estado y dentro de la clase capitalista. Lo demostraron -y lo siguen haciendo- los pronunciamientos de las grandes cámaras y de sus voceros, a favor de la condena penal y política (inhabilitación para cargos públicos) de la expresidenta. La Corte que ha despachado en trámite rápido las sentencias contra la expresidenta tiene demoradas miles de sentencias favorables a los jubilados, que han sido apelados por la ANSeS, desde los gobiernos de CFK, Macri, los Fernández y Milei. Incluso tiene guardada una decisión acerca de torturas a soldados en Malvinas, por parte de la oficialidad , cuando ya se guerreaba en el territorio. Aunque la inhabilitación es “perpetua”, la mirada de jueces, cortesanos y empresarios está puesta en las elecciones de este año. En estas elecciones se encuentran en juego la política del gobierno liberticida e incluso el andamiaje del Estado, principalmente porque una derrota del oficialismo desataría un default inmediato de la deuda pública. Hasta ahora el oficialismo ha salido airoso, frente a adversarios políticos en desbande, incluso en el peronismo, aunque al precio de un extendido ausentismo electoral. Pero la prueba ácida es la provincia de Buenos Aires. El territorio bonaerense demostró que el propósito de ‘relegar’ a CFK no se confinaba a la Cámara de Comercio Americana (AmCham) ni a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, sino también a una fracción importante del kircherismo, encabezada por el gobernador Kicillof y una mayoría de intendentes del conurbano. El desdoblamiento electoral en la Provincia fue impulsado para forzar a CFK a aceptar una lista electoral sin su presencia, o a encabezar una oposición al gobierno kirchnerista de la Provincia. CFK respondió con el lanzamiento de su candidatura en la tercera sección electoral –un secreto, aparentemente, porque cualquiera hubiera pensado que su domicilio electoral se encontraba en La Plata-. El desdoblamiento, curiosamente, había pretendido ‘inhabilitar’, en todo o en parte, a Cristina Kirchner, sin que mediaran sentencias judiciales. La cuestión del lugar en que CFK debiera pasar su prisión se ha convertido en el segundo episodio de la crisis política formalmente desencadenada por la Corte. El fiscal de la causa de Vialidad, Diego Luciani, ha declarado su propósito de pedir que la expresidenta purgue la pena de seis años de prisión en una cárcel común. El juez del caso, Jorge Gorini, decidiría por una prisión domiciliaria sujeta a condiciones. Los conflictos que podría desatar el día a día de una prisión domiciliaria retornaría la variante de una cárcel común. El asunto es, para las autoridades, cómo evitar que la domiciliaria se convierta en una tribuna política. De este modo, la denuncia de la condena contra CFK ha sido desplazada, por el conjunto del pejotismo, en una disputa sobre las condiciones de su detención. El aparato pejotista y los ‘progres’ que lo circundan han puesto distancias con la lucha que obligó a la Corte a derogar el 2x1 a los presos genocidas, que ella misma acababa de dictar. La cuestión domiciliaria ha dejado encajonada la lucha por la derogación de la condena de CFK y el cese de su inhabilitación política. Wado de Pedro, un ladero de la expresidenta y exministro del Interior de Alberto F., definió los nuevos ejes: ganar las elecciones de 2027 e indultar a CFK. En menos de lo que canta un gallo, el peronismo ha reducido la lucha contra la proscripción de su líder a un operativo electoral excluyente, que está minado fatalmente por sus contradicciones políticas. Es claro que una lucha contra la proscripción sólo puede desarrollarse como una lucha por la victoria de las reivindicaciones de las masas y por la derrota integral del gobierno de la banca y los fondos internacionales. Pero es esta lucha a la que el kirchnerismo ha escapado desde 2003 y más que nunca ahora, cuando recibe un ataque ‘existencial’. El abandono del reclamo por la derogación de la sentencia proscriptiva, por parte del pejotismo, tiene un carácter de clase: un partido patronal y de Estado no lucha por el poder cuando la clase que sustenta históricamente a ese partido defiende a muerte al gobierno de turno. Los medios le atribuyen a Máximo Kirchner haber dicho, sin ingenuidad, “Cristina es muy institucional”. El bloque parlamentario de la UxP también ha decidido a favor de la “institucionalidad”: promete boicotear las comisiones en manos del oficialismo, incluso la que trata la estafas $Libra, y sólo participar de aquellas que impulsan migajas jubilatorias y la moratoria previsional, sin ninguna acción extraparlamentaria de masas. Exhibe su mediocridad política a toda luz. De lo que se trata ahora, para el PJ, es de cómo manejar la situación para obtener beneficios en la disputa electoral de septiembre y octubre próximos. La camarilla liberticida está negociando evitar la marcha que, el miércoles próximo, debiera acompañar a CFK a la Justicia Federal para determinar las condiciones de ejecución de la pena (y del resto de la veintena de condenados). Jorge Gorini iría, para consumar el trámite, al domicilio de Cristina K. Militantes del kirchnerismo reclaman que la marcha de cuarenta cuadras se haga con paradas sucesivas y actos públicos; en este caso, se enfrentarán a la oposición del propio aparato. No estamos en el 1972 de Perón, cuando la Junta Militar lo invitó a volver para frenar una crisis revolucionaria, sino en 1964, cuando fue despachado de vuelta para evitar una presencia “desestabilizadora” . CFK enfrenta a un peronismo que ha caído en picada en cuanto a apoyo popular. La prisión domiciliaria sería un compromiso de corto plazo, hasta que baje la marea provocada por esta crisis, y la crisis del peronismo crezca y se amplíe a medida que se acerca la fecha de presentación de listas para las elecciones. La carta de los liberticidas es la prisión efectiva en la cárcel. Sería una victoria en la “batalla cultural” de la reacción política, que espera superar el desafío electoral para lanzar el ataque a mansalva final para acabar con el derecho previsional y los jubilados, con el derecho laboral y la clase obrera y los trabajadores. Que el episodio de una elección de medio término sea un detonante de una crisis política de estas características expone el desarrollo ineluctable de una crisis de régimen. Envuelve a la totalidad de los partidos y al Gobierno, pero por sobre todo al peronismo. Tiene lugar cuando la crisis financiera internacional avanza imparable, lo mismo que la guerra económica, y cuando la guerra mundial imperialista se ha apoderado catastróficamente del Medio Oriente. La incapacidad y la cobardía del peronismo, para enfrentar la proscripción de su principal liderazgo, debe convocarnos a reforzar el trabajo político para desarrollar un verdadero partido de la clase obrera. LEER MÁS: CFK-Suprema Corte: conflicto “interburgués” Confusiones y enseñanzas en la presente crisis. Por Jorge Altamira, 14/06/2025. VER EN YOUTUBE: Entrevista a Marcelo Ramal en C5N: "La reivindicación de derrotar el fallo ha sido abandonada" Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera el lunes 16 de junio de 2025. Jorge Altamira en "Comunistas" por Bravo TV: Condena a CFK y dato de inflación del INDEC Programa emitido el jueves 12 de junio de 2025 y publicado en el canal de YouTube de Política Obrera el 13/06/2025.

El otorgamiento de la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, vía Zoom, desarmó la iniciativa de una marcha hacia Comodoro Py , que incluso hubiera podido encabezar la expresidenta misma. La incertidumbre que creó el cambio del procedimiento para notificar la orden de detención fue disipada por la convocatoria a una marcha a Plaza de Mayo, para el mismo miércoles en que estaba prevista la marcha a la sede de la Justicia Federal. El aparato del PJ se movió con urgencia para montar una asistencia organizada desde varios puntos del país y, por supuesto, del Conurbano. La detención domiciliaria está acompañada por numerosas restricciones a los movimientos de Cristina Kirchner, lo que deja abierta la posibilidad de que se invoque cualquier ‘irregularidad’ para revocarla por su alojamiento en una cárcel común, como lo han pedido los fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola, los mismos que pidieron una pena de 12 años. La “domiciliaria notificada por Zoom” había sido solicitada por los mismos abogados de Cristina, para evitar escenas de humillación pública como cuando fue detenido el exvicepresidente Amado Boudou, condenado por la causa Ciccone. Este cambio de método para ejecutar la orden de detención, pedido por la misma defensa, demostraría que nunca existió el propósito de que CFK encabezara una ‘marcha nacional y popular’ hacia la sede judicial . La condena contra Cristina Kirchner gravitará por un tiempo relativamente prolongado en la crisis política en desarrollo. Las condiciones de su detención no están grabadas en piedra, se modificarán (o sea, podrían empeorar) con la marcha de esa misma crisis. Electoral La movilización de este miércoles 18, bajo el emblema de “Argentina con Cristina”, adecuado para ser voceado por los manifestantes, es presentada como un repudio a la condena y como una exigencia para su cancelación o derogación. Objetivamente, sin embargo, y también en la cabeza del aparato convocante, ese slogan apunta a convertir la “inhabilitación perpetua” de la ex en el eje político de las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre y de las nacionales del 26 de octubre. Debería servir, de un lado, para detener la hemorragia electoral que vienen sufriendo el pejotismo y el kirchnerismo , e incluso atraer el voto de una parte, al menos, del electorado que se ha pasado al ausentismo, precisamente en repudio al desastre del último gobierno de los dos Fernández y a la oposición colaboracionista con el gobierno liberticida y policial de Milei-Caputo-Bullrich. Los medios de comunicación K han sido ganados, en las últimas horas, a una inusitada pasión por “la emocionalidad”, o sea que buscan que la detención de CFK suscite un sentimiento similar al que produjo la muerte prematura de Néstor Kirchner a fines de octubre de 2010. La importancia de ofrecer un programa político es denunciada como una desviación de tipo “racional”. El objetivo de poner fin a la detención de Cristina Kirchner ha sido depositado en el eventual otorgamiento de un indulto, por parte de un gobierno peronista en caso de ganar las elecciones de 2027 . Ese ‘perdón’, no obstante, podría otorgarlo como un gesto ‘magnánimo’ un gobierno liberticida que derrotara al kirchnerismo en esa misma elección , para darlo por muerto ‘definitivamente’. La convocatoria a manifestar nunca tuvo el objetivo de reclamar la retractación de la sentencia que ha sido convalidada por la Corte. Desde un principio, la movilización había sido planteada como un reivindicación del liderazgo político de CFK, es decir, de un modo sectario, incluso contra quienes se le oponen dentro del Pejota, como Kicillof y la burocracia de la CGT . “Cristina libre” ha quedado confinada a una operación electoral del pejotismo. El cristinismo alberga, por caso, una gran expectativa por las elecciones en Corrientes, en pocos días más, luego de que las encuestas saludaran la presencia de CFK en un acto en la provincia. Crisis por delante Lo que hay por delante no es, sin embargo, un lecho de rosas. Median sólo 30 días para presentar listas legislativas y municipales en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, y cuatro semanas más para las elecciones nacionales de renovación parlamentaria. Es un corto espacio de tiempo para zanjar las rupturas en el peronismo bonaerense, en primer lugar. Quienes siguen los detalles de estas disputas aseguran que la confección forzada de una lista única de la UxP llevaría a un boicot en los municipios, donde los actuales intendentes (que no están sujetos a ser reelectos en este turno) encabezarían “listas cortas” (sin candidatos a la Legislatura) con carácter “testimonial”, o sea, para boicotearlas. Para el aparato del PJ, una preponderancia de La Cámpora equivaldría a un gran daño para el futuro del peronismo. Es lo que también sostiene la burocracia de la CGT, que ofrecerá un escaso aporte a la marcha de hoy. Los sindicatos peronistas han bajado una orden que obliga a los delegados con permiso gremial a concurrir a la movilización, así como a evitar asambleas y paros. La clase obrera no será de la partida. La crisis interna en el kirchnerismo, que se anuncia prolongada, afectará fuertemente su capacidad electoral. La “libertad para Cristina” es una envoltura que acumula varias capas de crisis. El gobierno liberticida tiene varias alternativas para profundizarlas, porque están en carpeta, listos para el despacho, los juicios de Hotesur-Los Sauces, los Cuadernos de Centeno y, nada menos, el memorando con Irán, en medio de una guerra imperialista de exterminio contra ese Estado . La condena judicial contra Cristina Kirchner es expresión de una crisis sin salida del régimen político presente, incluso a punto de explotar ante cualquier accidente económico o bélico internacional. Cristina Kirchner ha advertido esta alternativa repetidas veces, en especial a medida que se acercaba la fecha de su condena. Pero el kirchnerismo ha demostrado que no es una salida a ese derrumbe cuando se hizo cargo del gobierno luego del desplome económico y político de 2018-19. Una reciente declaración de CFK a favor de espaciar las elecciones a cuatro años o de construir un “estado eficiente” , muestra que no tiene siquiera un programa de rescate de la economía y del régimen político vigente, no digamos de salida para los trabajadores.. Su encarcelamiento es una tentativa torpe de la ultraderecha para salir de una crisis que no tiene su origen ni en CFK ni en el peronismo. El “eterno retorno” del peronismo es una mitología cuidadosamente preservada, que tiene el propósito consciente de someter políticamente a la clase obrera y que, cuando fracasa, incluso repetidamente, la respuesta es el golpe de Estado, las Triple A, el menemismo y más. Solamente una clase obrera políticamente independiente, con una comprensión de los desafíos del actual momento histórico (es decir la conciencia de clase) puede abrir una ruta emancipadora.

Una nueva resolución del Ministerio de Seguridad Nacional con la firma de Patricia Bullrich, contenida como anexo del Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial, modifica la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) y le otorga facultades amplísimas para realizar detenciones, allanamientos, requisas personales y de vehículos discrecionales, realizar tareas de espionaje y “esgrimir ostensiblemente sus armas”, además de definir su función no ya como garante de bienes y personas privadas o públicas, sino como ejecutora de las políticas de “seguridad nacional”. Venimos señalando con enorme preocupación que las muchas reformas y reestructuraciones normativas que el gobierno de La Libertad Avanza viene implementando en todos los ámbitos permiten definir la etapa como un verdadero cambio de régimen con la destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino. Este nuevo estatuto orgánico de la PFA avanza brutalmente en el mismo sentido. A partir de ahora, la PFA deja de ser definida oficialmente como como “policía de seguridad y judicial dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Nación”, para la protección de bienes y personas de particulares, funcionarios y empleados y bienes del Estado Nacional, para convertirse en garante de la protección de la Seguridad Nacional. En ese rol de ejecutora de la “seguridad nacional”, autoriza a la fuerza a “colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad de manera espontánea en caso de delitos flagrantes, a requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional o, en su caso, de las demás autoridades competentes. A partir de ahora, será “legal” que la PFA intervenga desplegando sus renovadas facultades, no sólo en casos de flagrancia real, sino cuando el Poder Ejecutivo se lo ordene. Para ello, se la habilita a realizar tareas de inteligencia criminal, mediante la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a actividades criminales o riesgos que afecten a la seguridad interior, a efectuar análisis criminal, de políticas de seguridad y de operatoria policial, por fuera de las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones. Del mismo modo faculta a la PFA a recabar información y asegurar pruebas, con el fin de que luego sean presentadas al Ministerio Público o a los jueces competentes, para facilitar el inicio o la continuación de una investigación. O sea, en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial. Para eso, también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información. Finalmente, también puede la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos. La resolución amplía el uso del ciberpatrullaje sin autorización ni orden judicial, en todo tipo de espacio público digital (redes sociales, sitios web, etc.). Destaca también la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público. Es decir, basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos. Si bien la norma establece que la PFA se regirá por las disposiciones procesales federales vigentes, lo exceptúa cuando la autoridad jurisdiccional brindare precisiones o indicaciones específicas respecto de las formalidades que deben observarse para el cumplimiento de la medida, es decir, si los mandos políticos dan una orden contraria al Código Procesal. Finalmente, en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y, específicamente, a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supraconstitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado. Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social.

En las últimas horas, las declaraciones de Donald Trump han exigido a Irán una “rendición incondicional”. También llamó a la población “a evacuar Teherán”. En este escenario, Tulsi Gabbard, directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, denunció que Irán no representa “un peligro inminente” para Israel y para sus vecinos, y advirtió acerca del lanzamiento de “un ataque nuclear” sobre ese país. Donald Trump, sin embargo, abandonó anticipadamente la reunión del G7 en Canadá con la amenaza de someter a Irán a un “ataque catastrófico”. Esta advertencia va desde el uso de aviones B-2 para descargar cargas de 15 toneladas contra las centrales nucleares de Irán, hasta lo que podía ser un ataque atómico localizado o ‘ejemplarizador’. En más de una ocasión, Trump reivindicó el lanzamiento de bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, a fin de acelerar la rendición incondicional de Japón. La rendición incondicional de Irán representaría la instalación de un protectorado norteamericano-sionista sobre la totalidad del Medio Oriente y un nuevo umbral para la guerra contra Rusia y contra China. La OTAN acaba de destruir una tercera parte de la aviación militar de Rusia, mediante una infiltración de camiones con drones a lo largo de mil kilómetros, como Israel lo ha hecho, incluso en mayor escala, en Irán. Mientras tanto, Netanyahu no ha interrumpido ni por un minuto la masacre que perpetra en Gaza. En las últimas horas la ha acentuado, al otorgar la distribución de ayuda humanitaria a conocidas organizaciones paramilitares de Estados Unidos. El régimen sionista apunta a extender a Israel desde el río Jordán a toda la costa del mar Mediterráneo y a ejercer un protectorado militar en Líbano y Siria. Javier Milei y la banda sionista que maneja la SIDE ha incorporado a Argentina a esta guerra colonizadora de alcances catastróficos. Es una plataforma para imponer proscripciones políticas y un estado policial, donde la Federal tiene atribuciones para requisar, allanar y “ciberpatrullar” a la ciudadanía sin orden judicial. Cuando llama a una marcha contra la proscripción de Cristina Kirchner, el kirchnerismo no ha abierto la boca sobre esta incorporación de Argentina a las redes de la OTAN y a una guerra de exterminio en Palestina y a la destrucción de Irán. Cuando la vuelvan a llevar al banquillo de los acusados por el memorando firmado con Irán en 2014, esta negligencia interesada del kirchnerismo, que equivale a un sabotaje, se le volverá en contra, pero en forma irremediable. Abajo la guerra imperialista. LEER MÁS: Trump y Netanyahu lanzan una guerra para acabar con Irán y rediseñar el mapa político del Medio Oriente El peligro de un ataque atómico ‘selectivo’. Por Jorge Altamira, 15/06/2025. VER EN YOUTUBE: Socialismo o Barbarie Episodio 21 Programa de Streaming de Política Obrera, con Jorge Altamira y Marcelo Ramal, emitido en vivo desde el canal de YouTube de Política Obrera el martes 17/06/2025.

En la tarde del viernes 13 de junio, organismos de Derechos humanos, partidos de izquierda, sindicatos, organizaciones deportivas y vecinos de Banfield nos convocamos para repudiar la presencia del represor Julio Yessi en el barrio, denunciar su impunidad y reclamar cárcel común y efectiva. Julio Yessi fue miembro de la Triple A y partícipe de la “Masacre de Pacheco”, en la que fueron asesinados militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST): Oscar Dalmasio Meza, Antonio Moses y Mario Zidda, en 1974. Si bien Yessi fue condenado en primera instancia, en 2016, fue absuelto más tarde por la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Hoy, Yessi vive en el barrio de Banfield y sigue participando de reuniones del Partido Justicialista. La jornada se inició en la estación de Banfield, donde se dio lectura a las adhesiones al acto y se denunció la presencia de Yessi en el barrio, con volantes. Luego, la movilización de unas 300 personas partió rumbo al domicilio de Yessi. En el camino se colocaron carteles de denuncia. Al llegar al domicilio de Yessi, este se encontraba custodiado por la policía de Kicillof. El personal apostado para proteger al genocida le rindió honores arrojando gas a los manifestantes. En la puerta del domicilio de Yessi, un familiar de las víctimas de la ‘masacre de Pacheco’ leyó un documento en el que se denunció el accionar de la Justicia y se exigió reapertura de las causas contra la Triple A y cárcel común y efectiva para los genocidas. Desde Política Obrera acompañamos todas las luchas en este sentido. Exigimos: juicio y castigo a todos los genocidas, cárcel perpetua y efectiva. Apertura de todos los archivos del 74 al 83. ¡Por nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, presentes! LEER MÁS: Banfield: el 13 de junio nos movilizamos contra la impunidad del genocida Julio Yessi y los crímenes de la Triple A A las 16 horas, desde la estación. Por Joaquín Antúnez, 06/06/2025.

Que la extensión de la guerra en todo el Medio Oriente es una preparación conjunta por parte de Israel y Estados Unidos es indisimulable. Donald Trump pasó de fingir sorpresa por el ataque israelí a reclamar la “rendición incondicional” de Irán y patotear al ayatollah Ali Jamanei -“sabemos dónde se esconde”-. Ante una audiencia en el Senado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo el miércoles que el Pentágono ha realizado preparativos militares para el “día después” en Irán y que tenían “planes para todo”. Un descendiente de Rezah Palevi saluda en las redes a los iraníes y les promete que pronto estarán juntos (sic). El lobby sionista norteamericano, AIPPAC, ha llamado hasta un centenar de veces a los legisladores demócratas que, a su juicio, no son lo bastante enfáticos en su apoyo a Israel. Jamenei se burló de la “retórica absurda” del norteamericano, respondió que no se rendirán y desafió: “cualquier ataque de EE. UU. tendrá consecuencias irreparables”. El mando militar dijo que el ingreso de Estados Unidos sería respondido con un ataque a las bases estadounidenses en la región. Funcionarios estadounidenses le dijeron al New York Times que los ayatollah tienen los misiles adecuados para hacerlo. Por ahora, Trump se negó a explicitar si Estados Unidos va a entrar abiertamente en la guerra, como reclama Netanyahu. “Puede que lo haga y puede que no”, dijo, lo que sugeriría “la posibilidad de que aún no lo haya decidido” (NYT, 18/6). Israel necesita de las (pocas) bombas antibunker norteamericanas para llegar a las instalaciones nucleares de Irán, que están enterradas a mucha profundidad. Expertos norteamericanos que ya habían cuestionado la generosidad antimisiles de Biden con el sionismo objetan que Trump las entregue: podrían necesitarse en un posible conflicto con China. Respecto de las consecuencias de un ataque atómico selectivo, todos los poderes del mundo hacen mutis por el foro. En tanto, el imperialismo ha desplegado 30 bombarderos y aviones cisterna para reabastecer aviones de combate en las bases norteamericanas de España, Escocia e Inglaterra. El miércoles, Israel alcanzó varias instalaciones militares iraníes en las que se fabrican misiles tierra-tierra y tierra-aire y una planta de centrifugadoras para enriquecer uranio en Karaj, cerca de Teherán. El sionismo afirma, sin mostrar pruebas, que esas centrifugadoras se usan para conseguir armamento nuclear. Esto contradice los informes de la directora de Inteligencia norteamericana, Tulsi Gabbard, que en marzo testificó ante el Congreso de Estados Unidos que Irán no estaba construyendo un arma nuclear y que su líder supremo, Alí Jamenei, no había reautorizado el programa inactivo. Con la misma soltura con la que Bush mintió a sabiendas en 2003 para invadir Irak (afirmó que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva -ADM- y vínculos con Al-Qaeda), Trump ahora dice “No me importa lo que ella (su funcionaria) dijo”. La agencia de noticias norteamericana AP dice que se ha abierto una brecha entre los seguidores más devotos de Trump y los conservadores de la seguridad nacional por el conflicto entre Israel e Irán. Algunos defensores de larga data del lema America First, “con legiones de seguidores en las redes sociales y los medios, están recordando al público las promesas de Trump para 2024 de resistirse a la intervención militar en el extranjero”. Si Estados Unidos se ve envuelta en una guerra en Oriente Medio, Trump comenzaría a desmoronar su propia base política, construida sobre el fin de las implicaciones en el extranjero, la reducción de la inmigración ilegal y la reducción del déficit comercial, afirmó el lunes el exasesor de Trump, Steve Bannon. “No solo va a hacer estallar la coalición”, afirmó Bannon en el programa de Tucker Carlson. “También frustrará lo que estamos haciendo con lo más importante, que es la deportación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos”. En su podcast, Carlson criticó a los neoconservadores del Partido Republicano que, a su juicio, están empujando a Estados Unidos hacia la guerra sin tener en cuenta los intereses centrales de la agenda del presidente. En Irán, los bombardeos sionistas han causado al menos 585 muertos y 1.326 heridos en Irán, según una organización de derechos humanos. Sin embargo, la respuesta iraní ha llegado más lejos de lo que la prensa occidental imaginaba. Los más de 400 misiles y cientos de drones que lanzó Teherán han causado muertos -algunos estaban en sus refugios- y llegaron hasta Tel Aviv y Jerusalén, instalaciones militares, una sede del Mossad y la refinería de Haifa. “Son puntos donde se supone que el nivel de seguridad es máximo”, dice El País, que considera que “a pesar de la indiscutible superioridad militar de Israel hay grietas por donde se puede hacer daño”. Yehoshua Kalisky, experto en seguridad nacional, explica que los misiles iraníes son más potentes y tienen “una velocidad y una precisión excepcionales”. La Cúpula de Hierro “no es eficaz contra este tipo de misiles balísticos”, solo se les puede hacer frente y no en todos los casos, con el Arrow y la Honda de David, argumenta Kalisky. Que Estados Unidos haya desplegado un destructor para apoyar la defensa “sugeriría que existe un riesgo significativo de que las reservas de interceptores israelíes se agoten”, añade. A los refugios alcanzados por Irán, se suma que vecinos de Jerusalén informaron que no siempre saltaron las alarmas. Los israelíes parecen sorprendidos por los fallos de su reputado sistema de seguridad. En un país en estado de alerta, sin vuelos comerciales, sin clases, con las tiendas y empresas no esenciales cerradas, el ejército trata de apaciguar los ánimos: “Las habitaciones seguras siguen siendo la mejor opción y salvan vidas. Que la gente pierda la confianza en ellas es lo peor que podría pasar", declaró una fuente militar a Haaretz.

A su regreso de su última gira internacional, Javier Milei firmó el DNU 383/2025 por el cual modifica la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) y se crea el Departamento Federal de Investigación (DFI). El presidente y la ministra de Seguridad -Bullrich- estuvieron flanqueados por Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), el titular de Diputados, Martín Menem, y la senadora Carolina Losada, presidenta de la comisión de Seguridad Interior, a los que se sumaron los camaristas de Casación, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Mariano Borinsky y Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal de Apelaciones. La reforma de la carta orgánica de la PFA es “un viejo proyecto de Bullrich que intentó implementar en la gestión de Mauricio Macri tras el traspaso de la Policía de la Ciudad porteño” (Clarín, 18/6). En la presentación Milei cruzó a Macri y lo responsabilizó de haber dejado “en un limbo” a la PFA luego de dicho traspaso. El apuro del gobierno nacional de sacar el decreto se debe a que el 8 de julio caducan las facultades delegadas otorgadas por la ley Bases, que el Congreso de la Nación le sirvió en bandeja a Milei. El DFI presentado ayer por Milei y Bullrich va a funcionar como una agencia de investigaciones hacia dentro de la PFA y tendrá facultades para realizar detenciones, allanamientos, requisas personales y de vehículos, a lo que se suma las tareas de espionaje. Sus efectivos podrán hacer ostentación de sus armas. De esta manera, la PFA deja de tener como función garantizar los bienes y personas privadas o públicas, para darle paso a tareas vinculadas de “seguridad nacional”. El DFI toma como modelo el FBI norteamericano y, en este sentido, en la presentación del nuevo departamento se encontraba presente Rick Hernández, representante de la agencia yanqui en América Latina y para congraciarse con el representante del imperialismo yanqui en la presentación se pudieron ver vehículos ploteados con el logo del DFI, donde se puede observar un halcón con las alas abiertas, en clara sintonía con la simbología del FBI. Como hemos señalado desde estas páginas, los fundamentos que esgrimen los liberticidas para llevar adelante la reforma de la ley orgánica es el “surgimiento de nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional, los cambios sociales (...) (que) tornan necesario actualizar sus misiones, modificar la estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos, e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades”. El DNU agrega que “resulta necesario que la Policía Federal tenga como principal misión la investigación de crímenes federales y complejos”. Desde organismos de derechos humanos como el CELS y CORREPI salieron a señalar que las funciones otorgadas al DFI vulnera los derechos individuales, ya que el nuevo organismo tiene la capacidad de realizar inteligencia sin orden judicial y llevar adelante ciberpatrullaje, estableciendo de facto un sistema de persecución y represión. Para tener una magnitud de la reforma liberticida, el nuevo departamento de investigaciones “absorberá el 80 % de la estructura” de la PFA (Clarín, 18/6). Esta reforma reaccionaria representa un ataque a las garantías constitucionales y se da en el marco del golpe de Estado judicial llevado adelante por la Corte Suprema de Justicia al proscribir a CFK. Esta avanzada fascistizante es el correlato de la puesta en pie de un Estado policíaco, que busca coaccionar a los trabajadores y activistas en un cuadro social convulsivo.

La empresa de correo OCA ha ingresado nuevamente en concurso preventivo de acreedores, esta vez por una abultada deuda de 100.000 millones de pesos. El anuncio, realizado la semana pasada a través de un comunicado, pone de manifiesto una situación que ya resulta conocida para los trabajadores y para la historia reciente de la logística postal en Argentina. OCA es propiedad del empresario logístico Claudio Espinosa, quien también controla Flecha Log y la distribución de paquetería liviana del Correo Argentino. Sorprendentemente, esta es la segunda vez que OCA es concursada en menos de una década. La anterior, bajo la gestión del conglomerado empresarial Rhuo, de Patricio Farcuh, terminó con la intervención del propio Hugo Moyano, quien asumió el control de la empresa por seis meses. Lo que siempre causó asombro en ambos episodios son los supuestos desequilibrios económicos de una empresa que, en ambas oportunidades, se erigía como la compañía de correo privado más grande del país. Contaba con contratos sólidos con las principales empresas y desarrollaba la actividad de mayor crecimiento en la última década: el envío de paquetería liviana, impulsado exponencialmente por las compras digitales y la pandemia. Un concurso bajo sospecha: la deuda con el fisco Es fundamental señalar que la solicitud inicial de concurso preventivo fue rechazada por el Juzgado N° 22. El argumento fue contundente: OCA generaba ganancias, era inexplicable que en esa situación acumulara deudas. Lo más llamativo es que el grueso de esa deuda, aproximadamente un 90 %, correspondía al fisco por la falta de pago de cargas sociales y otras obligaciones impositivas patronales. Esta situación llevó al juzgado a sospechar de posibles intenciones de defraudación al Estado. Sin embargo, la empresa apeló y, en una controvertida decisión, le fue otorgado el concurso. El nuevo argumento esgrimido fue que la deuda se generó en 2023, período en el que la empresa no estaría "bien estructurada", y que, a partir de 2024, comenzó a generar ganancias que antes no tenía. Una explicación que no disipa las dudas sobre la verdadera situación financiera. Una historia que se repite: los trabajadores pagan el pato Para los trabajadores de OCA, esta "canción" les suena dolorosamente familiar. En el concurso anterior, la millonaria deuda también era con el fisco. En aquel entonces, un paro de una semana, con asambleas y movilizaciones de los camioneros de OCA, puso en evidencia el desvío de fondos por parte de la patronal del Grupo Rhuo, con el fin de vaciar la empresa. Mientras OCA acusaba crisis financiera, el Grupo Rhuo expandía su patrimonio incorporando nuevas empresas. Ahora la historia se repite con Claudio Espinosa quien, mientras acusa insolvencia en OCA, expande su flota logística para la distribución de paquetería liviana del Correo Argentino. El problema real y de fondo es que los trabajadores son quienes pagan los platos rotos en estos vaivenes de "mala administración" o, mejor dicho, de vaciamiento patronal. Con la supuesta "crisis" como excusa, hoy a los camioneros de OCA les están pagando los sueldos en cuatro cuotas. Es absolutamente falso que el concurso preventivo de acreedores sea para "preservar los puestos de trabajo", como afirma cínicamente la patronal en su comunicado. Las presiones para que los trabajadores acepten retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas continúan. Favorecida por la política de precarización laboral del gobierno actual, la empresa avanza con la contratación de trabajadores de agencia por seis meses, sin ninguna posibilidad de estabilidad laboral. Antes de ese período, los fuerzan a renunciar bajo la extorsión de una supuesta "reubicación" en otra empresa. Para completar este derrotero, los sueldos, incluso con horas extras, apenas orillan la línea de pobreza, sin diferenciación si son de convenio, agencia o monotributistas. En este punto hay que destacar la necesidad de conjunto por pelear por el sueldo igual a la canasta familiar. Conclusión: así como fue una falacia la presentación de la quiebra anterior como una "buena salida" -incluso desde el propio sindicato en aquel momento-, ahora lo es la presentación que hacen de la entrada en el concurso. El tiempo demostró que el único beneficiario fue el nuevo dueño, que compró la empresa "por chaucha y palitos", quedándose de yapa, además, con algo muy valioso: décadas acumuladas de experiencia y conocimiento de los trabajadores, a quienes no les reconocen su antigüedad real, poniendo como fecha de inicio laboral la fecha de traspaso. En este sentido, cobra importancia que los trabajadores camioneros de OCA saquen las conclusiones que permitan discernir cuáles son sus intereses.

Las elecciones de Centro de Estudiantes, que transcurrieron del 10 al 12 de junio, no despertaron el interés de la mayoría de los estudiantes. Por el contrario, como sucedió con el electorado a nivel de las provincias y CABA en los primeros comicios del año , el abstencionismo y la apatía de los estudiantes fueron la nota destacada de las elecciones. Las elecciones estuvieron atravesadas por paros docentes y de no docentes y por una amenaza de bomba. Las agrupaciones estudiantiles mayoritarias tampoco hicieron campaña por incentivar la participación. A pesar de que la Facultad estuvo cerrada un día entero de elección, la junta electoral resolvió por mayoría sostenerlas y extenderlas un día más. Por la modificación del estatuto que ellos mismos votaron, las elecciones esta vez fueron por departamento y no por Facultad como era antes. En todos ganó el bloque peronista conformado por Descamisados y otros grupos menores. Casi pierden el centro en Medicina, donde se impuso Descamisados por solamente un voto, frente una agrupación estudiantil aliada a las burocracias sindicales del rector. En el departamento de Innovación Tecnológica, la lista 10 -que integramos junto a otras fuerzas- conquistó cinco secretarías, pertenecientes al PTS. De un padrón de 5.195 estudiantes, sin embargo, solamente votó el 5 %, es decir 262 estudiantes. El abstencionismo es una demostración del hartazgo y rechazo de los estudiantes a la “oposición” peronista que se embandera con defender la educación pública, pero se dedicaron a ser el furgón de cola del ajuste del gobierno, implementando por ejemplo “jornadas de limpieza” de la Universidad ante la falta de presupuesto para los costos de funcionamiento. Muy lejos de llamar a algún tipo de acción para enfrentar la política de vaciamiento. En conclusión, el balance para nuestra incipiente presencia y organización en dicha Facultad es positivo, ya que es la primera vez que se presenta Política Obrera en una lista. Nuestra orientación política fue la de denunciar a las autoridades universitarias, al arco político, sindical, estudiantil que hoy es cómplice del gobierno y por lo tanto defienden su política de ajuste y de vaciamiento universitario para su próximo arancelamiento. En esta campaña, fuimos la única fuerza política en denunciarlo fuertemente y estando en unos de los nichos del peronismo, acostumbrado a los métodos patoteros, hemos sufrido amedrentamiento y hostigamiento por parte de la agrupación PATRIA. Esta tiene como representante a un tipo nefasto, que ya tiene múltiples denuncias por acoso y nadie lo saca de la Facultad, a pesar de las múltiples denuncias que acumula en la Oficina de Género de la Universidad. A pesar de ello defendimos la presencia de nuestra bandera, difundimos el periódico y abrimos interesantes debates con estudiantes y docentes de la universidad, que para nosotros es una ganancia política. LEER MÁS: UNPAZ: votemos relanzar una lucha a fondo por nuestra educación Del 10 al 12 votemos, a la lista 10 (Política Obrera, PTS, IS e independientes). Por Agustina Llanes, 09/06/2025.

Los operativos represivos de Patricia Bullrich llevados adelante todos los miércoles contra los jubilados van escalando semana a semana, adosándole en el último tiempo, más precisamente después de las jornadas del 12 de marzo, agentes que se dedican exclusivamente a reunir información sobre los manifestantes. El ministerio de Seguridad está realizando inteligencia en la marcha de los jubilados, para detectar manifestantes que puedan dañar la “gobernabilidad” y la “seguridad institucional.” Frente a la centralidad que ha adquirido la marcha de los miércoles y que ha oficiado como una instancia de unificación de las luchas, el Gobierno tomó la decisión de que el ministerio de Seguridad y la SIDE aúnen esfuerzos en las tareas de “perfilamiento” de manifestantes y organizaciones políticas. Según fuentes oficiales a las que accedió La Nación revelaron que “el primer paso es reunir información sobre los líderes de las marchas y algunos manifestantes recurrentes, y se recogen datos para el ‘perfilamiento’, además del análisis de fuentes abiertas y oficiales, como pueden ser redes sociales, servicios como Nosis o Migraciones, entre otras opciones, y que luego puede continuar con la búsqueda de datos menos accesibles” (La Nación, 15/6). La colaboración entre Seguridad y SIDE se da a partir de una segmentación de las tareas. Los subordinados de Bullrich se encargan de “anticipar potenciales conflictos y recabar datos sobre quienes van a las marchas”, para luego pasarle la información a la Dirección de Operaciones de la SIDE libertaria, que es utilizada en el caso que se produzcan detenciones “para que los analicen con mayor profundidad.” El hombre detrás de los “perfilamientos” de los concurrentes de los miércoles es Santiago Caputo, que a días de la represión del 12 de marzo reunió a Bullrich, Neiffert y Kravetz a fin de que los operativos venideros estuvieran coordinados. Desde “Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia” (ICCSI) señalaron lo siguiente: “Nos alarma la participación de la Secretaría de Inteligencia en la coordinación de un operativo cuyo objetivo debería ser el asegurar las condiciones para que la manifestación se desarrolle de manera segura. Históricamente el rol de los organismos de inteligencia en torno a la protesta social no respetó [los] límites [legales]: bajo el pretexto de la lucha contra el ‘terrorismo’ o hipótesis de ‘desestabilización’ o de ‘golpes de Estado’”. Justamente fue Bullrich la que desplegó teorías en torno a un golpe de Estado luego de la represión del 12 de marzo, queriendo justificar la ferocidad de la represión. A principios de junio en una entrevista periodística Patricia Bullrich, sin pruebas, denunció la existencia de presuntos "grupos violentos" detrás de las movilizaciones de los miércoles y aseguró que se trata de "anarquistas y kirchneristas". El “perfilamiento” que lleva adelante el Gobierno no es más que la puesta en práctica del Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que habilita el espionaje interno, con el objetivo del control social y la represión, en un cuadro social convulsivo. Entró en vigor desde finales de 2024, pero los detalles salieron a la luz en mayo y había comenzado a ejecutarse en enero pasado, a partir de una directiva secreta que ordenaba “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y a todo actor “no estatal”, en un contexto social que el Gobierno caracteriza, como consta en el PIN, de “creciente polarización política para expandir su influencia” que dañe el relato oficial, sobre todo, del delicado rumbo económico del tándem Milei–Caputo.

Tardíamente, el jueves 12 de junio se firmó la paritaria del convenio principal de los trabajadores de la Alimentación. El acuerdo suscripto entre la Cámara Empresaria (Copal) y la Federación (FTIA) contempla un aumento salarial del 1,8 % acumulativos para los meses de mayo, junio y julio, además de una suma No Remunerativa de $85.000, repartida en tres cuotas. Al finalizar el acuerdo, en el mes de agosto, una parte de esas sumas -$25.000- pasan al salario, lo que representa un aumento del 2,4 %. El significado del convenio es que se ha acordado entre las empresas y la burocracia una profundización todavía mayor de los salarios de los trabajadores de la industria de la Alimentación. El salario inicial de convenio no llega a $1.100.000, al finalizar la incorporación de todos los aumentos en el mes de agosto. Lejos de emprender una lucha por recuperar lo perdido durante el año 2024 y el primer cuatrimestre del 2025, la conducción de la Federación -a cargo de Rodolfo Daer y Héctor Morcillo- firmó un aumento a la baja, sin lucha y sin deliberación. Aun en estos términos de miseria, la paritaria de la Alimentación podría correr riesgo de no ser homologada, como ocurrió con la paritaria de Comercio. Actualmente, finalmente rige a pesar de no contar con el aval del Ministerio de Capital Humano. Durante el inicio de las discusiones, el sindicato convocó a una movilización a las puertas de la Cámara Empresaria, de la cual participaron esencialmente los aparatos de las seccionales y algunos cuerpos de delegados. Las consignas de la movilización eran “Alimentación dice no al 1 %” y “Queremos llegar a fin de mes”: la conducción del sindicato terminó diciendo sí al 1,8 %, y los trabajadores cada vez menos llegan a fin de mes. En medio de las negociaciones, el Gobierno publicó el decreto antihuelgas, convirtiendo a toda la rama de la industria alimenticia en esencial, prohibiendo que las huelgas afecten más de un 50 % a la producción. El decreto le sirvió a la Federación de excusa para no convocar ni a un paro de 2 horas que lograra forzar una conciliación obligatoria y prolongar todavía más las negociaciones. “No podemos convocar a paros”, decían los dirigentes del STIA en sus pocas apariciones en las fábricas. El fallo que suspende el decreto antihuelgas de la jueza Fullana y la confirmación de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de todos modos, no modificaron la parálisis de la Federación y los sindicatos seccionales: con derecho a huelga reconocido o sin él, el STIA no convocó a luchar. El convenio firmado agudiza todavía más la crisis sindical, que no es sólo de los trabajadores de la Alimentación, pero que en el STIA tiene una expresión generalizada. Los trabajadores, para llegar a fin de mes, deben matarse haciendo horas extras, algo que tiende a escasear por la recesión. El capital se come la cola, la crisis presente está en sus genes. Donde no hay extras, los trabajadores recurren al doble o triple empleo sea en changas, aplicaciones, montando negocios en sus propias casas o vendiendo en ferias ultraprecarizadas. En la ex Terrabusi hay un conflicto en puerta porque en el vestuario de la fábrica se había montado en los hechos una feria, como las que se reproducen en todas las estaciones de trenes del país. Si ya existia una tendencia a la desafiliación del sindicato, ahora los trabajadores ven que desafiliándose consiguen un aumento del 2 % en sus salarios, todavía mayor que el conseguido por el sindicato en la paritaria. Es una situación potencialmente explosiva, porque las próximas iniciativas de lucha partirán del repudio generalizado a una burocracia sindical anquilosada. El sindicato está recorrido por procesos de lucha, despidos, atrasos en los pagos, ´procedimientos preventivos de crisis´, etc. Cada fábrica es una olla a punto de explotar. En todos ellos, el rol del sindicato está fuertemente cuestionado. Si el sindicato no convocó a asambleas en las fábricas para aprobar o desaprobar la propuesta salarial, no es solo porque por principios no se someten a la democracia sindical, sino porque es claro que la aprobación iba a ser derrotada. El vacío de deliberación y lucha que dejan debe ser ocupado por el activismo, impulsando asambleas en los lugares de trabajo, votando pliegos de reclamos, coordinando acciones con otras fábricas cercanas.

Ayer la patronal de Molinos despidió a seis trabajadores de su planta de Esteban Echeverría. Esta mañana, anunció otra tanda de desvinculaciones. La respuesta de los trabajadores fue el paro total de actividades, por lo menos hasta la audiencia que tendría lugar al mediodía en el Ministerio de Trabajo. Molinos también despidió trabajadores en su planta de Pilar (Carabasa) y en la planta arrocera que tiene en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Un comunicado de la Comisión Interna emitido anoche denuncia que “la empresa despidió ilegalmente a seis trabajadores. Cinco compañeros y una compañera. Profundizando su plan precarizador y concretando los ilegales despidos anunciados. No es casual que los despidos sean pocas horas antes de la cuarta audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Realizada una asamblea en el turno noche y con la convocatoria a paro total de actividades por el STIA Filial Bs. As., las y los trabajadores hemos acatado en forma total la medida, reclamando la inmediata reincorporación de los despedidos, en represalia al reclamo por condiciones dignas y seguras de labor ante la ilegal reducción de dotación de personal ejecutada por la empresa”. Desde mayo pasado, Molinos ha impulsado la reducción de la dotación de las líneas de producción, preparando los actuales despidos. Frente a esta avanzada, la Comisión Interna se había puesto al frente del reclamo de los trabajadores. Se organizaron asambleas en los tres turnos, en las que se decidió el «rechazo total» a la avanzada de la empresa. Los delegados denunciaron que la reducción de personal en las líneas afectaba la seguridad laboral de los trabajadores, además de sobrecargar a quienes permanecían en las dotaciones. La metodología utilizada por Molinos es un calco de la utilizada por Georgalos en el sector de la fábrica Chocolates: reducción de personal y luego despidos. La empresa Molinos dice atravesar una crisis de competitividad, basándose en el balance del último trimestre. El reparto de 81.000 millones de pesos en dividendos entre sus accionistas, hace menos de dos meses, desmiente el argumento de la patronal. La empresa de Pérez Companc tiene negocios en el sector energético, vitivinícola y agroexportador, con un puerto propio en la provincia de Santa Fe, además de su liderazgo en alimentos con marcas icónicas como Lucchetti, Matarazzo, Gallo, Cocinero y Cruz de Malta. El Sindicato de la Alimentación viene de firmar una paritaria del 1,8 % por mes. Una lucha de conjunto de los trabajadores del gremio era la oportunidad para sacar a la luz las luchas que recorren a más de una decena de fábricas del gremio. La Federación optó por firmar sin lucha, para movilizar sólo en apoyo a Cristina Kirchner. Una conciliación obligatoria que seguramente saldrá durante la tarde de hoy, planteará el mismo problema que en Georgalos: la lucha por el ingreso de los despedidos a sus puestos de trabajo, una tarea para la cual el Ministerio de Trabajo de la Provincia se ha revelado impotente. Que los trabajadores acaten una conciliación que la empresa no cumple, como orientó STIA en el conflicto de Georgalos, es la vía segura a la derrota de la lucha. Por la reincorporación de los despedidos, contra la reducción de la dotación de trabajadores de las líneas, todo el apoyo a los trabajadores de Molinos Rio de la Plata de Esteban Echeverría.

El viernes pasado, desde Contragolpe (Política Obrera + Independientes) realizamos una radio abierta en la Facultad de Exactas contra el genocidio en Gaza y Cisjordania, en el marco de la campaña que nuestro partido lleva adelante en barrios y Facultades. Las autoridades de Exactas se han pronunciado en la línea del encubrimiento del accionar genocida del sionismo, en sintonía con el rectorado de la UBA y la FUBA, que protagonizaron semanas atrás un acto apologético del Estado de Israel junto a la DAIA y otras organizaciones sionistas en el predio de Ciudad Universitaria . Han invitado al propio embajador israelí a instalar una placa por la liberación de los rehenes, cuando es el propio Estado sionista el que se niega a entablar intercambios y, por el contrario, aplica la doctrina Hannibal, es decir que elige la muerte de soldados y civiles antes de que sean capturados y desarrollar una negociación por su liberación. El embajador sionista ha amenazado con realizar denuncias por antisemitismo a cualquier expresión que cuestione el accionar de Israel. En el contexto de una Facultad dónde se desarrollan tecnologías como computer vision, redes neuronales, inteligencia artificial, etc., utilizadas activamente por parte del ejército de ocupación israelí para el desarrollo de un genocidio, la campaña tomó una relevancia fundamental: impulsar un pronunciamiento de la comunidad científica en contra de la barbarie en curso. La radio abierta, que llamó la atención de las personas que transitaban el espacio, fue nuestro segundo acercamiento a esta problemática (el cuatrimestre anterior ya habíamos impulsado una asamblea por Palestina). Además de nuestros oradores, participaron activistas de Autoconvocados por Palestina e Izquierda Socialista. El Centro de estudiantes de Exactas (CECEN) fue invitado en particular, sin recibir respuesta de su parte. La conducción del centro -Identidad (La Cámpora)- se mantiene al margen y se abstuvo de convocar a la movilización del 15 de junio, acción internacional contra el genocidio en Palestina. La campaña contra la barbarie que se despliega sobre el pueblo palestino es, siempre y en todo lugar, una campaña contra la guerra que se desarrolla en curso. La invasión del sur del Líbano, partes de Siria y el bombardeo a Irán en las últimas horas así lo demuestran. Política Obrera viene desarrollando una intensa campaña, con actos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En el caso de la UBA, dos semanas atrás organizamos una importante mesa redonda sobre el genocidio palestino en la Facultad de Ciencias Sociales y el próximo jueves 19, a las 18, en la Facultad de Filosofía y Letras (Puán 460). VER EL VIDEO: Radio Abierta contra el genocidio del pueblo palestino en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires Publicado en el FB Nacional de Política Obrera el 14/06/2025.

La condena penal y política contra Cristina Kirchner ha resultado, al menos hasta el momento, en un bumerán: ha devuelto un protagonismo central a la expresidenta en el marco de la numerosa movilización que tuvo lugar en este miércoles. La vuelta, sin embargo, aun con “más sabiduría”, demuestra que el kirchnerismo no ha aprendido nada. La definición más relevante del discurso de CFK ha sido la reivindicación del “desendeudamiento”, que ella misma, en su momento, cifró en 174.000 millones de dólares. Una sangría mayor que esa, en palabras de Cristina Kirchner, “no se consigue”. En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, la deuda pública oscilaba en los 200.000 millones de dólares, la mitad de ella con el FMI. Esa deuda, en la actualidad, supera los 600.000 millones de dólares, la mayor parte a plazos muy breves. ¿La expresidenta está calculando pagarla con las exportaciones de la minería y Vaca Muerta, que es señalada por Caputo y Milei como la garantía del actual endeudamiento? La soja ya no cotiza a 600 dólares la tonelada, como ocurría en 2007. Es cierta la denuncia de la jefa del peronismo, en su breve mensaje, acerca del “tarjeteo” de la compra de alimentos que luego no se puede pagar, pero “los argentinos y las argentinas” lo vienen haciendo desde el gobierno precedente a la vista y paciencia de la entonces vicepresidenta y los ministros que le respondían. En un mundo de guerras imperialistas internacionales, crisis financieras a repetición y guerras económicas de “todos y todas” contra “todas y todos”, poner fin a la confiscación de la deuda financiera solamente puede lograrse con una política socialista que incluya el desconocimiento de esa hipoteca usuraria e ilegítima. Quien fuera gobierno con Menem y Cavallo no tiene en la cabeza una incursión semejante y profunda contra “el derecho de propiedad” del gran capital. El volumen de la marcha de hoy le ha dado a la expresidenta la facultad para designar las candidaturas del pejota en las elecciones de este año. Podría convertir a un aparato en disgregación en un frente electoral menos dividido y recoger los beneficios de este cambio. Pero la crisis del peronismo es muy profunda, no admite salidas de corto plazo ni superestructurales. El peronismo no tiene programa frente al derrumbe económico en desarrollo, como se puede ver en su acción en el Congreso. La crisis de régimen seguirá su rumbo, incluso la profundizará. La multitud que se ha reunido hoy en la calle es objetivamente un revés para el aparato de represión del gobierno antiobrero, que acaba de darle el poder de la calle a la Policía Federal. Pero para explotar esa ampliación del derecho a la calle es necesario romper el chaleco de fuerza de la burocracia sindical que hoy estuvo en la Plaza: la verdadera responsable del avance de la política de destrucción de los salarios, las jubilaciones y los derechos laborales, sanitarios y previsionales. La expectativa en salidas electorales le dará espacio al gobierno para rehacerse del retroceso de hoy. El mensaje de Cristina Kirchner no hizo alusión a un plan de lucha para derrotar el fallo que la condena a prisión e inhabilitación política. La camarilla liberticida apresurará ahora los procesos judiciales Hotesur-Los Sauces, los Cuadernos de Centeno y el memorando con Irán, en medio de una guerra de exterminio del imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino y la nación iraní. CFK subrayó hoy la necesidad de “la claridad”. Pero la consigna Volveremos sólo aporta confusión. En 1973, “la vuelta de Perón” sólo desató la represalia parapolicial y paraestatal y una alianza con las dictaduras militares de los países vecinos –en especial, Pinochet-. La otra vuelta, la de Menem, un prólogo del gobierno actual, ejecutó la mayor entrega de la historia y detonó el derrumbe de 2001. Cristina Fernández presenta sus pronósticos actuales como resultado de aquella experiencia, de la que su matrimonio tomó parte. La década que concluyó en 2015 trajo al gobierno a Macri y una deuda pública estatizada -en ANSeS y los bancos Central y Nación- conocida como “desendeudamiento” con los capitales privados. El segundo retorno, en 2019, el pueblo lo tiene en la memoria y es la causa de la llegada de Milei al gobierno. El peronismo ha sido un “gran organizador” de derrotas. Argentina ingresa en un período crucial, más rápidamente de lo previsto. El futuro de este período depende enteramente de la capacidad de la clase obrera para transformarse en un factor histórico independiente. LEER MÁS: “Argentina con Cristina”, un operativo electoral Los fallos judiciales y la crisis del régimen político. Por Jorge Altamira, 18/06/2025.

A tres semanas de su clausura, y luego de una serie de cortes y protestas masivas de trabajadores textiles y feriantes, la Justicia habilitó la reapertura de dos de las tres ferias que componen el complejo ‘La Salada’ en Lomas de Zamora. Esta reapertura parcial se realizó bajó fuertes restricciones e idas y vueltas entre los interventores judiciales a cargo de la administración, propietarios de los puestos y feriantes. Tras el acuerdo entre el gobierno de Milei y el FMI, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos cuestionó la feria por infligir la ley de marcas, lo que precipitó su clausura. La Salada ocupa un predio de más de 18 hectáreas a la orilla del Riachuelo. Se ha constituido en un verdadero polo textil: el alquiler mensual de los puestos de 2 x 2 metros cotizaban 2 millones de pesos. Mayoristas de todo el país y ´tours de compras´ del interior y países limítrofes se abastecen en ella. La reapertura tiene condiciones judiciales, como el registro de los feriantes, colocar los alquileres de los puestos bajo contrato y bancarizar los medios de pago. Bajo estas normas, dos de las ferias que componen el complejo -Urkupiña y Ocean- reabrieron sus puertas. Los feriantes protestaron por los nuevos precios de alquiler -que ahora ascienden a 3 millones de pesos mensuales- y el costo de la modalidad “bajo contrato”. Para colmo, pocos compradores se animaron a visitar el complejo. Queda pendiente dilucidar la situación de ‘Punta Mogote’, la feria que aún permanece cerrada. El “rey de La Salada”, Jorge Castillo, y más de 15 de sus socios se encuentran detenidos desde el 22 de mayo, acusados de obtener “beneficios ilícitos gestionando el predio, vendiendo servicios y alquilando puestos a terceros con productos falsificados sin facturación”. Nuevo régimen En medios, se quiso mostrar el desorden de la reapertura como una ´interna´ entre los propios feriantes. Los dueños de los puestos arguyen que el aumento del 50% del valor del alquiler se debe a que deben pagar el costo impuesto por el Poder Judicial por la reapertura del complejo. Por otra parte, la mercadería incautada no fue devuelta. El Juzgado Criminal y Correccional de Lomas de Zamora impuso decenas de condiciones a la reapertura. Entre otros, designa a un interventor judicial a cada feria para “asegurar la legalidad y transparencia” y “evitar futuras infracciones” y que “toda la recaudación se realice mediante un sistema bancarizado evitando el uso de dinero en efectivo”. La función de los interventores será "regularizar la situación fiscal, llevar registro contable, realizar inventarios, analizar pasivos, determinar vinculaciones con otras empresas e informar mensualmente sobre ingresos y egresos de dinero". La intervención de La Salada fue coordinada entre el Municipio de Lomas de Zamora, el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, Banco Provincia, Ministerio de Seguridad y ARCA. Mileístas y ’Nacionales & Populares’ trabajan codo a codo por cumplir con la exigencia de la embajada norteamericana. ¿Quién carga el costo de la reapertura? Una feriante, Elisa, que vende carteras y billeteras, tiene su propio taller donde cosen, diseñan y cortan las tres empleadas que tenían. Luego de un mes cerrados ya no pudo pagarles. "Nos gastamos la plata que teníamos y en medio de bajas ventas porque hace tiempo venimos mal. Las importaciones a nosotros nos mataron. Mí costurera está buscando para reemplazar el trabajo que tenía con nosotros y le pagan 1.000 pesos la hora, se aprovechan de que están todos desesperados. Es una locura trabajar todo el día por 12 mil pesos". Son menos de la mitad los puestos activos, varios se encuentran en tratativas entre dueños e inquilinos, otros no se presentan porque tienen ropa falsificada en stock y temen por la cantidad de policías recorriendo. Según el fiscal, la mitad de los comerciantes están vinculados al circuito de la falsificación. Es difícil saber que opciones habrá para reinventarse. “Esperamos a que asuma la administradora judicial y nos diga cuál es el requerimiento. Entendemos que buscan regularización de situaciones que consideren anómalas. Tiene toda la documentación contable a disposición” afirmó gente Urkupiña SA que regentea la feria del mismo nombre. Los comerciantes de la feria Punta Mogote que aún no abrió se colocaron en calles linderas para vender de manera itinerante. “Los de Punta Mogotes están rematando sus cosas afuera, con precios bajísimos, entonces nadie entra a comprar a Urkupiña”, dice una vendedora. “Lo poco que vendimos fue al por menor. Nuestros compradores al por mayor vienen en combis y autos desde el interior del país y desde Uruguay y Paraguay”, comentaba Jorge. “Uno de mis clientes me pidió que le envíe la mercadería a Flores, le daba miedo venir a comprar acá y que, por alguna razón, le incautaran la mercadería”. Las pocas compras que hubo dentro de la feria durante los primeros días se hicieron en efectivo, algo que el juzgado quiere cambiar. Para esto deberá armarse una infraestructura de conexión a Internet. El Estado, en lugar de investigar el trabajo en negro y fuera de convenio que manda en talleres clandestinos y en toda la industria textil, intenta atraer a la pata patronal de este entramado con la zanahoria del exorbitante alquiler por puesto. Esta renta jugosa, pero “legal”, deberá aceitar el cambio para que las transacciones se acomoden bajo la ley de marcas. Las grandes marcas se preparan para aprovechar este asedio sobre La Salada con una nueva ola de importaciones que copen una fracción mayor del mercado. La Salada llegó a contar con 8.000 puestos y más de 30.000 trabajadores, convirtiéndose en la feria más grande de Latinoamérica.

El gobierno liberticida sigue festejando “triunfos”. Ahora se jacta de haber logrado una deflación mayorista del 0,3% que, presume, incidirá en el futuro índice de precios minorista. La variación interanual fue de 22,4%, la menor desde diciembre de 2017. En abril, el índice mayorista había dado un salto de una inflación del 2,8% y, ahora, esta deflación de mayo se da como resultado de una baja del 4,1% en los productos importados. Este índice está muy relacionado con el tipo de cambio y por eso se explica el salto para arriba en abril -cuando se liberó el cepo y aumentó el precio del dólar- y esta baja en mayo -cuando se “normalizó” el tipo de cambió para abajo. Otro factor que influye es la caída de las commodities. Los productos nacionales no sufrieron una variación en alza de sus precios con respecto al mes anterior debido a la competencia que implicó la política de “apertura” de la economía y la miseria en los ingresos que contrae la demanda. La caída de los precios de las importaciones se explica -además de la baja del dólar- por la “normalización” de los pagos -con bopreales- y la expectativa de estabilidad por el acuerdo con el FMI, que moderaron la especulación -la subida “preventiva” de precios. Entre los productos nacionales, un factor que ayudó a la deflación fue la caída de “los productos refinados derivados del petróleo” algo que en junio se verá retrotraído debido a la guerra en Medio Oriente. Por el contrario, el rubro que estuvo en alza fue “alimentos y bebidas” (0,20%). El índice de precios mayorista suele incidir en el minorista, pero hay varias consideraciones. En primer lugar, no considera los servicios, un rubro que empuja a la inflación, como el reciente aumento del transporte público, además de muchas otras cuestiones que afectan al costo de producción como alquileres, salarios, etc. El otro problema es que el rubro que sigue en aumento es el de “alimentos y bebidas”, y los datos que hay no apuntan a que baje. A la disparada que sufrió la carne en las últimas semanas hay que agregarle que la disminución del stock vaticina nuevas alzas, a pesar de que aumentan las importaciones de carne porcina. El ajuste feroz sobre salarios y jubilaciones y toda la política recesiva del gobierno debería pisar la inflación a cero, pero, el índice de mayo fue del 1,5%, el tercero más alto de América Latina. Al mismo tiempo, la caída del consumo en algunos rubros es alarmante y demuestra que la desaceleración de la inflación no impacta en una mejora del poder de compra de la población, afectando a sectores de variados ingresos. Según datos de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) el consumo se contrajo 20% desde marzo, luego de la habitual baja de actividad durante el verano. Para la Cámara de Distribuidores Mayoristas del NEA, en mayo, la caída interanual del consumo osciló entre un 10% y un 12% en alimentos básicos como pan, carne, pollo, aceite y productos congelados. Y esto se combina con el tarjeteo y el endeudamiento en ascenso por parte de las familias para comprar alimentos y cubrir gastos corrientes. Por lo tanto, la tendencia a la “deflación” recostada en la miseria salarial y en el congelamiento del dólar -sostenido a fuerza de liquidar reservas y tomar más deuda- no repercute positivamente en la capacidad de compra de trabajadores y jubilados.

El jueves pasado la “Comisión Directiva” del SUTNA, reducida a Alejandro Crespo luego de la ruptura del secretario Gremial y el Tesorero, convocó a un nuevo paro por 24 horas, luego de que las patronales ratificaran su propuesta de rebaja salarial que llevan sistemáticamente a cada una de las audiencias en la secretaria de Trabajo de la Nación. En concreto, las patronales ofrecen para todo el primer semestre de 2025 un 10% no retroactivo (3.3% para cerrar la paritaria 2024/2025 y un 6.7% para el primer trimestre de la paritaria 2025/2026) mientras la inflación acumulada para todo ese período rondará el 17%. Este nuevo paro aislado, el cuarto en seis meses, no fue refrendado por ninguna asamblea general y se produce luego de decenas de reuniones ministeriales que siempre han terminado en lo mismo: “Atento el estado de autos, el funcionario actuante exhorta a las partes a negociar en un ámbito de buena fe, y a que extremen los esfuerzos con el fin de permitir encontrar una solución al objeto de la presente negociación”. La política de las patronales ya no puede ser tomada como “dilatoria”, como lo hace el oficialismo para justificar sus propias dilaciones, porque es claro que se trata de una tentativa de liquidar el derecho de negociación, que Milei tiene previsto para después de las elecciones de octubre. Pirelli y Bridgestone decidieron liquidar los salarios de este mes con un 6% extra a cuenta de futuros aumentos –en forma unilateral. Diversas corrientes gremiales que rompieron con la Lista Negra vienen denunciando que el congelamiento salarial es resultado de “(…) medidas aisladas y sin ninguna efectividad sobre las patronales del Neumático. El método de negociación de la actual conducción está totalmente agotado. Sus estrategias no funcionan, no logran arrancarles ni un peso a las empresas; mientras tanto, somos nosotros, los trabajadores, quienes pagamos el costo de su ineficacia y la falta de acción para que se cumplan nuestros derechos” (Lista Azul). Esta situación, agrega la Lista Independiente, se da en el marco de un ascenso de luchas obreras que surgen de abajo que “marcan el camino”. El congelamiento salarial se produce al mismo tiempo que las patronales buscan recomponer sus beneficios industriales por medio de despidos masivos y cambios en la organización de los sistemas de trabajo que redundan en un aumento sostenido de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. El acatamiento al paro último en la industria fue disímil. En FATE, por ejemplo, el paro fue total, no así en Pirelli y Bridgestone. Esta situación es el resultado de los paros aislados y de los cabildeos infinitos en los ministerios sin resultados a la vista. Por otro lado, la Negra trastocó el planteo “la participación activa y consciente de los trabajadores” por los “mandatos” a la “dirección” del sindicato, que toma medidas y acciones al margen de la participación del cuerpo de delegados y la masa obrera. Esta política, alentada por el Partido Obrero, provocó un distanciamiento creciente entre los trabajadores y la dirección del Sindicato. Está planteado pelear por la convocatoria a asambleas por fábrica para votar un pliego de reivindicaciones paritarias, un plan de lucha y veedores electos por la base para asumir el desafío de unir al gremio en un solo puño y por medio de la lucha conquistar todas las reivindicaciones pendientes.

El gobierno de Benjamín Netanyahu sigue bombardeando instalaciones nucleares de Irán mientras crece la preocupación mundial porque las consecuencias ambientales se sentirán mucho más allá de las fronteras del país de los ayatolás. También bombardearon tres hospitales y media docena de ambulancias, ratificando su predilección por el asesinato de personal médico. Sin embargo, Israel necesita la ayuda estadounidense para destruir una instalación clave, la planta de enriquecimiento nuclear situada en Fordo, en el norte, que está tan profundamente enterrada que las bombas israelíes no alcanzarían a dañarla. Durante días, los israelíes reclamaron que Trump enviara aviones de combate armados con las únicas bombas suficientemente potentes como para destruirla. Trump, sin embargo, dijo que esperará hasta dos semanas para decidir si interviene. La invasión israelí se asienta en un embuste. Después de que Israel dañó la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz y asesinó a los principales científicos nucleares iraníes, el genocida justificó el ataque porque "si no se frenaba, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo". No sólo los inspectores de la ONU dicen que Irán no tiene armas nucleares; la mismísima Secretaria de Seguridad nacional del gobierno de Trump, que efectuó una inspección local en marzo, había informado al Congreso norteamericano que no había hallado ni rastros. Irán no tiene armas nucleares, así como el Irak de Saddam Hussein tampoco tenía armas de destrucción masiva, un embuste que causó un millón de muertos, desmembró el país y lo devolvió al Medioevo, a las guerras religiosas y tribales, y a la sharía. Por el contrario, el país que sí tiene armas nucleares en Medio Oriente es Israel. Ayer, Obama, en una expresión de la inquietud que genera en una fracción del imperialismo una aventura bélica de ese calibre, declaró: “Necesitamos un Oriente Medio libre de armas nucleares. Y eso incluye a Israel”. Las divergencias también crecen en la coalición de fascistas que llevó a Donald Trump al poder, con una parte de su base instándole a no involucrar al país en una nueva guerra en Medio Oriente. Entre ellos, algunos de los aliados republicanos más prominentes, incluido su principal lugarteniente, Steve Bannon. Bannon, una de las voces más influyentes de “America First", le pidió cautela a Trump: "No podemos tener otro Irak. El cambio de régimen debe surgir de la calle". La congresista Marjorie Taylor-Greene, del ala más ultraderechista republicana, ha declarado que “una guerra en Medio Oriente llevaría a Estados Unidos 20 años atrás”. Durante la semana, se repitieron movilizaciones en contra de la intervención norteamericana. Una encuesta del Washington Post mostró el miércoles que el 45 % de los estadounidenses están en contra de un ataque militar, mientras que un 25 % lo apoya. Otro 30 % no está seguro. Dos tercios de los demócratas rechazan bombardear Irán, pero entre los republicanos las opiniones están más divididas: un 47 % apoya la idea, frente a un 24 % que la condena y un 29 % que no se pronuncia. En ese contexto, Trump anunció que se tomará 15 días para definir qué hace. Un plazo intolerable para los sionistas que no tienen resto para repeler los misiles balísticos iraníes. Se les “está agotando su reserva de misiles interceptores”, asegura el New York Times. “Cuanto más espere Israel a Trump, mayor será la presión sobre su sistema de defensa aérea”, concluyen. Otra opción sería que Israel decidiera atacar Fordo por su cuenta, algo que el carnicero de Tel Aviv insinuó el jueves: “Israel alcanzará todos nuestros objetivos, todas sus instalaciones nucleares. Tenemos el poder para hacerlo”. Dudoso: “Probablemente no será a la escala de lo que puede lograr Estados Unidos», afirmó Itamar Rabinovich, exembajador israelí en Washington. “Si pudiéramos hacer lo que hace Estados Unidos, ya lo habríamos hecho”. Netanyahu y sus ministros, y también Trump, han expresado su deseo de asesinar al líder supremo iraní, Alí Jamenei, “aunque Israel no tiene ninguna forma real de derrocar al gobierno”, lamenta el NYT. La nueva deriva guerrerista le ha dado réditos a Netanyahu; según las encuestas de opinión su el partido se encuentra en su mejor posición desde octubre de 2023. Este viernes al mediodía, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Irán, Irak y Líbano, en una muestra generalizada de furia hacia Israel. En Teherán, donde los bares, restaurantes y mercados siguen abiertos, multitudes salieron de las mezquitas hacia las plazas centrales, pisoteando y quemando banderas israelíes y estadounidenses mientras sostenían en alto retratos de Jamenei. Cánticos de «Muerte a Israel» y «Muerte a Estados Unidos» resonaron en el mar de manifestantes mientras marchaban en lo que los medios estatales iraníes calificaron de protestas de «ira y victoria». También hubo manifestaciones en por lo menos una docena de ciudades iraníes, entre ellas Tabriz y Mashhad. Irán, que ya tiene más de 600 muertos, ha demostrado que la Cúpula de Hierro sionista no es tan invulnerable. Los ataques recíprocos se mantuvieron incluso “mientras los ministros europeos se reunían con el máximo diplomático iraní en Suiza para intentar calmar el conflicto, que ya dura una semana”. Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, les respondió a los europeos que Teherán no estaba interesado en negociar el fin de la guerra hasta que Israel detuviera sus ataques, y que la misma respuesta habían recibido algunos mediadores de Estados Unidos desmintiendo de facto las declaraciones del norteamericano que había explicado el plazo de dos semanas por una supuesta “posibilidad sustancial de negociaciones” que “pueden ocurrir o no”. Irán aún tiene una poderosa carta: puede bloquear el estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el océano Índico. Funcionarios iraníes amenazaran con minar el estrecho si Estados Unidos se unía a los ataques de Israel contra el país. Por allí pasa una cuarta parte del petróleo mundial y el 20 % del gas natural licuado del mundo, minar este punto estratégico provocaría un aumento vertiginoso de los precios del gas. Esa medida también podría bloquear cualquier barco de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico, según fuentes militares estadounidenses. Este viernes, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que un ataque directo a la central nuclear iraní de Bushehr provocaría una liberación de radiactividad muy elevada que afectaría a personas a cientos de kilómetros de la planta. En su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Grossi afirmó que Bushehr era el emplazamiento nuclear de Irán donde las consecuencias de un ataque podrían ser más graves. La ubicación de Bushehr en el sur de Irán la sitúa más cerca de las capitales de varios aliados de Estados Unidos en la región que de Teherán, y Grossi afirmó que los países de la región se han comunicado directamente con él para expresarle su preocupación. “Quiero dejarlo absolutamente claro. En caso de un ataque a la central nuclear de Bushehr, un impacto directo provocaría una liberación muy elevada de radiactividad al medio ambiente”, dijo Grossi. También añadió que un ataque que dejara inutilizadas las líneas de suministro eléctrico de la central podría provocar la fusión del núcleo del reactor, lo que también podría provocar una liberación muy elevada de radiactividad. El destino de la humanidad está en manos de fascistas descontrolados. Es imperativo que los explotados hagan sentir su voz y su fuerza para aplastarlos. LEER MÁS: La alianza Trump-Netanyahu continúa bombardeando Irán con la complicidad del imperialismo europeo Por Olga Cristóbal, 18/06/2025.

Hugo Moyano acaba de firmar una paritaria de camioneros que está alineado al cepo anti-salarial impuesto por Milei-Caputo. Se trata de un aumento nominal del 1% mensual para el periodo junio-agosto, más una suma no remunerativa de $ 45.000 a cobrar en junio, de la cual se incorporarán al básico $ 39.500 en julio y $ 39.500 en agosto. El acuerdo se dio con las tres cámaras patronales del sector y se descuenta su homologación por parte de la Secretaría de Trabajo. El moyanismo, que ha posado de combativo, sobre todo por la "mística" fabricada durante los dos gobiernos de Menen en el marco de su interna con "los gordos" de la CGT, hoy se revela como el que más profundamente se ha adaptado a la liquidación del salario. En las últimas paritarias, al estricto secretismo burocrático con el que discute con las patronales, le agregó el carácter clandestino de las tratativas. De este modo, los trabajadores ni siquiera podemos seguir la discusión por los medios o portales, que era el canal habitual por donde nos enterábamos de las novedades, a través de comunicados o declaraciones. Es redundante ponerse a comparar la pérdida que se produce en términos de poder adquisitivo del salario. Sólo a modo de ilustración, y para tomar dimensión del tamaño de la pérdida, cabe mencionar que la inflación del periodo que cubrió la paritaria anterior (marzo-mayo) duplicó el porcentaje acordado para el sindicato. A esto hay que sumar la pérdida acumulada durante todo el gobierno de Milei de la cual se recuperó poco y nada. Esta adaptación y complicidad con una política de ataque general a la clase obrera tiene un fundamento íntimo para Hugo Moyano: la quiebra de la obra social. Desde 2021, cuando la pandemia hacía estragos y hacía colapsar el sistema sanitario, quedó expuesto el nivel de quebranto al que la burocracia había llevado a una obra social , la cual nunca pudo contener a los afiliados que engrosaban en masa las filas del gremio, cuando, en décadas anteriores, Camioneros impulsaba el reencuadramiento de miles de trabajadores. Entre los desfalcos producidos por la burocracia moyanista y los salarios acordados a la baja, las cajas de las obras sociales quedaron desahuciadas. Así, hace ya varios años, acentuada desde la pandemia, la discusión salarial incorporó el punto de una suma en concepto de "aporte extraordinario" por cada trabajador de convenio como mecanismo de rescate de la obra social. Práctica que se ha extendido a varias direcciones gremiales y que tanto las patronales como el gobierno utilizan como elemento de extorsión en las negociaciones salariales para cerrar aumentos miserables que desvalorizan el salario mes tras mes, llevando a la mayoría del gremio a salarios por debajo de la línea de la pobreza. La claudicación sin lucha y la sumisión del moyanismo ante el gobierno anti-obrero de Milei está llevando a la ruina los ingresos de decenas de miles de camioneros. La situación plantea un camino para quebrar esa extorsión, que las direcciones sindicales no tomaran: asambleas de base para discutir el pliego de reclamos y los acuerdos en cada paritaria y la huelga general indefinida para quebrar el cepo antisalarial de Milei Caputo. En Camioneros, la quiebra de la obra social tiene como trasfondo los negocios familiares de Hugo Moyano . Esto se debe a que la empresa que la administra es propiedad de su mujer. Esto disparó una disputa interna entre padre e hijo, entre los Moyano, con lealtades divididas dentro del gremio. El último acuerdo paritario establece un nuevo rescate de la obra social por una suma de $ 18.500 por cada trabajador encuadrado en el convenio, en un gremio de 200.000 trabajadores, unos $ 3.700 millones de pesos mensuales que van directo a las arcas del clan Moyano. Dinero que, por otra parte, no ha redundado en mejoras ni en la regularización de las deudas salariales con médicos y trabajadores de la salud. Como se ve, Hugo Moyano y su clan, han convertido la discusión salarial en una moneda de cambio para el rescate de los negocios familiares. En la percepción de los trabajadores que han votado en su momento a Milei en repudio desastre del último gobierno peronista de los Fernández anidaba un profundo rechazo a las direcciones burocráticas. La complicidad de la burocracia frente a los ataques del gobierno pseudolibertario, confirma el papel nefasto que esta juega contra los intereses de los trabajadores. LEER MÁS: Camioneros: Hugo Moyano consolida la destrucción del salario Por Fabián Pacheco, 26/03/2025.

El aparato que dirige el Partido Obrero no ha vacilado en exponer un nacionalismo vulgar frente al asalto militar del imperialismo contra la República Islámica de Irán. En una reminiscencia del neutralismo de Argentina en las dos últimas guerras y en una velada crítica reaccionaria al apoyo de Menem a la guerra de George Busch padre contra Irak, denuncia, en relación al reciente acuerdo firmado por el presidente argentino y el primer ministro israelí, que “Milei expone al país a la guerra imperialista contra los pueblos del mundo”. Para que no queden dudas, sostiene que “Milei pone en riesgo a la Argentina” y “expone al pueblo argentino al tablero de operaciones de una guerra imperialista que le es ajena”. No se conoce ningún caso en que un socialista haya planteado que una guerra imperialista no sea de su incumbencia, ni de incumbencia de los trabajadores. Argentina está metida hasta los tuétanos en la guerra imperialista desde que, mediante el pago de la deuda externa y su entrelazamiento con el capital internacional, es uno de los principales financistas, entre los países de la periferia, de la carnicería desatada por el imperialismo. El aparato del PO se las ha ingeniado para tomar una posición nacionalista reaccionaria, porque la mayor parte del nacionalismo antiimperialista se moviliza contra el genocidio que el estado sionista, sostenido por el imperialismo mundial, está ejecutando en Palestina. El asalto contra Irán forma parte de ese genocidio y es el remate estratégico de lo que Netanyahu ha venido haciendo –con escalas en el Líbano y Siria-. Nuestro partido, Política Obrera, ha venido llamando a los organismos de derechos humanos de Argentina, que no son marxistas ni socialistas, a convocar a una marcha de masas por el cese de los asesinatos en Gaza y Cisjordania. Numerosas corrientes ajenas al internacionalismo llaman, a diferencia de este aparato dispuesto a cruzar todos los límites, a que sus gobiernos rompan relaciones con Israel, no a buscar refugio de la guerra (que se expande, por otro parte, con prisa y sin pausa). El gobierno de Milei ha alineado a Argentina con la guerra imperialista desde el día uno. Ya en noviembre del año pasado había firmado un “memorando de entendimiento” con Netanyahu para “combatir el terrorismo y las dictaduras”. El gobierno tiene la intención de vender Fabricaciones Militares a una firma estadounidense para abastecer a los ejércitos de Ucrania de armamento (municiones) que está escaso en los arsenales imperialistas. Argentina tiene un acuerdo de intercambio de tecnología con Israel firmado bajo los gobiernos de la expresidenta, ahora en prisión domiciliaria, al igual que Brasil, firmado por Lula. La guerra mundial se encuentra tan lejos de ser “ajena” a Argentina, que Alconada Mon ha denunciado que la SIDE es una sucursal del Mossad. Argentina ha firmado el acuerdo Netanyahu-Trump acerca del antisemitismo, promovido por Felipe Solá bajo el gobierno de los Fernández, votado en la Legislatura por el aparato del PO y el PTS, y por la totalidad de los partidos tradicionales del país. Frente al desenvolvimiento de esta guerra imperialista, el PO llama a Argentina, sin embargo, a que se ponga a resguardo (“no ponerse en riesgo”). Esta especie de “sálvese quien pueda” muestra la superchería de la consigna rimbombante y gratuita “guerra a la guerra” con que este aparato ha querido encubrir su completa falta de programa. El involucramiento de Milei con la guerra imperialista, sin embargo, ya puso “en riesgo”, si no a la Argentina, sí a los luchadores y trabajadores, mediante la colaboración imperialista con la represión, el espionaje, la infiltración y la “ciberseguridad” a su interior. Gabriel Solano se ha pintado de cuerpo entero al denunciar en X que “Milei ha cometido un acto de enorme irresponsabilidad política e institucional. Firmó un acuerdo 'de defensa' con Israel en las vísperas de que Netanyahu ordenara un ataque militar a Irán. ¿Sabía que ese ataque iba a ocurrir e involucró a la Argentina en una guerra sin aprobación parlamentaria? ¿O no sabía y actuó sin medir las consecuencias?” Ni el más podrido parlamentario patronal podría haber retratado en forma más canallesca la situación del momento. Milei “irresponsable institucional!”; firmó ¡“sin aprobación parlamentaria” !; ¡¡“actuó sin medir las consecuencias”!! Solano presenta a Milei como un “inimputable”, un menor de edad político. Solano ha aprendido el lenguaje de la charlatanería parlamentaria más rápido de lo que le llevó aprender a leer. “¿Sabía que el ataque iba a ocurrir?”, se pregunta el figurón de estadista, como si los servicios sionistas alcahuetearan sus intenciones a su propio títere. La farsa no podría ser mayor. Aunque suene increíble, la cosa no termina aquí. La denuncia de que la participación de Menem en la guerra del Golfo (contra Irak) puso a Argentina “en riesgo” (como ocurriría ahora con Milei), o sea los atentados contra la embajada de Israel y de la AMIA, es una fabricación de los servicios para inculpar a Irán de esas atrocidades. Nunca fue la posición del Partido Obrero real, ni de Altamira o Ramal –el único partido de izquierda que repudió ambos hechos-. El aparato del PO advierte que ahora podría pasar lo mismo, sin advertir el viraje político que asume. Acompaña, con su analogía, la denuncia contra el rol de Irán en esos atentados, precisamente cuando Irán es asaltada por el imperialismo con la simpatía de Milei, Nada de esa acusación, sin embargo, ha sido probada, y tampoco se ve qué relación guarda Irán con la guerra contra su archienemigo Irak, bajo la batuta de Saddam Hussein hace poco más de treinta años. Lo que sí es cierto es que ninguno de esos dos atentados pudo haberse ejecutado sin una conexión local, o sea la policía o los servicios de la misma Argentina, y que esta complicidad ha sido encubierta por todos los gobiernos en el último cuarto de siglo. Para defender a Irán contra el acuerdo de Milei con Netanyahu, el aparato se vale de una analogía (el caso Menem) que valida una condena amañada contra Irán. Esta condena compromete a la expresidenta CFK, que es juzgada por el famoso “memorando con Irán” nada menos que por “traición a la patria”, aprobado por el Congreso de Argentina. Ni el Mossad ni la CIA han oficializado, con nombre y apellido, a ningún iraní como responsable de esos atentados (de otro modo ya habrían sido asesinados en represalia). El artículo mencionado, repetimos, denuncia que Milei “(incorpora) en los hechos al país en una guerra, sin la aprobación del Congreso de la Nación, ni de la población”. Esta denuncia la extienden a la guerra en Ucrania, donde Milei apoyó a Zelenski “sin ningún mandato o respaldo del pueblo argentino”. El aparato reclama un proyecto parlamentario, o una consulta popular, para que vote si hay que apoyar al imperialismo o repudiarlo. Un completo dislate. Por otro lado, desde los liberticidas hasta el peronismo, pasando por el PRO y la UCR, se han pronunciado todos a favor del imperialismo contra Irán, por ejemplo, en el caso del apoyo a los “juicios en ausencia” para condenar a ese país por el atentado a la AMIA. En ocasión de este otro “memorando de entendimiento”, no el de CFK sino el que firmó Milei con Israel el año pasado para ‘combatir a las dictaduras’, sostuvimos que “la 'dictadura' que Milei tiene en vista es, por sobre todo, la de Irán, contra quien Netanyahu prepara un ataque militar de enormes proporciones. "El Congreso acompaña” . Entre el PO real (Política Obrera) y el momificado aparato que usurpa su nombre no existe solamente una diferencia política sino de decencia histórica. No “pongamos en riesgo” a Argentina; desvinculémonos de la guerra mundial, sea en Ucrania o Medio Oriente; seamos neutrales: son consignas reaccionarias que forman parte de una política reaccionaria. Nuestro planteo es: por la derrota de la OTAN y de Rusia, en Ucrania y Europa, mediante la movilización revolucionaria de los trabajadores. Por el cese del fuego en Gaza, el retiro del ejército sionista de la Franja y de Cisjordania, juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad. Abajo la guerra imperialista de Israel, EEUU y la UE y Japón contra la República Islámica de Irán, por el apoyo a Irán contra el imperialismo mundial. Por la derrota de Milei y de todos los secuaces del imperialismo, por la victoria de la revolución socialista internacional.

En un artículo publicado en nuestro periódico el 13/6 que recoge los primeros posicionamientos del FIT-U ante el golpe judicial propiciado por la Corte , que derivó en la prisión domiciliaria e inhabilitación de Cristina Kirchner, se incurre en un error. Al intentar hacer una analogía con el accionar político de los partidos del FIT-U que tienen origen en el viejo MAS, y la actuación de este último en la crisis política desatada en la semana santa de 1987, con el levantamiento carapintada, se afirma que “El Movimiento Al Socialismo, el árbol del cual se desprendieron las corrientes mencionadas (por el PTS, IS Y MST en este caso), firmaron el acuerdo democrático de todos los partidos patronales, en ocasión del golpe carapintada contra Alfonsín”, lo cual no es, literalmente, cierto, pero tampoco falta, políticamente, a la verdad. El domingo 19 de abril de 1987 se mantenía por la mañana el levantamiento que los militares habían empezado una semana antes. El objetivo de la sublevación, aclaraban, no era un golpe contra el gobierno de Alfonsín sino extender y consolidar el pacto de impunidad del Punto Final. Si bien el MAS, junto al PC, apoyaron la orientación de los partidos patronales, con Alfonsín a la cabeza, el MAS no firmó el llamado “acuerdo democrático”. Si lo hizo el PC junto a todo el arco patronal, desde el PJ y la UCR, la Unión Industrial y la CGT de Ubaldini. El gobierno de Alfonsín capituló desde el inicio de la sublevación militar. No reprimió la intentona apenas estalló; dejó que ésta se desarrollara; el jueves 16 de abril por la noche, en el Congreso, Alfonsín prometió aplicar “los niveles de responsabilidad” –es decir, aplicar la obediencia debida, en los términos de una de las reivindicaciones de los sublevados-. El Partido Obrero, en tiempo real, denunció todo esto para clarificar el papel del “arco democrático”. No apoyó políticamente ninguna de las concentraciones de la “democracia”; concurrió a ellas para denunciar las vacilaciones, capitulaciones e inevitables traiciones al pueblo movilizado; e impulsó una acción independiente del gobierno. El MAS, desde el comienzo de la sublevación, tuvo una política de subordinación y confianza en el gobierno de Alfonsín. Planteaban derrotar el levantamiento militar con la movilización popular detrás de Alfonsín y el arco patronal. Éste solo planteo evitó clarificar ante las masas, no sólo el accionar del gobierno radical y del acompañamiento del PeJota en la figura de Cafiero en ese momento, sino el propio papel de los “partidos democráticos” bajo la dictadura que todavía estaba fresca. El MAS no quiso desacreditar la luna de miel democrática del momento; por eso optó, hasta donde pudo, por el acompañamiento a Alfonsín. El periódico de Izquierda Socialista, en un artículo publicado a los 30 años de la crisis de semana santa, lo expone con claridad: caracterizan al accionar de Alfonsín como una traición, cuando este fue totalmente consecuente con su política de capitulación desde un comienzo. Allí señalan que “le pedimos a Alfonsín que, con él a la cabeza, deberíamos marchar todos a los cuarteles para liquidar la sublevación, empleamos la consigna ‘vamos todos’” (sic). En el periódico del viejo MAS, el título de su editorial del 24 de abril de 1987 aclara que “NO FIRMAMOS”. Explica que “no firmamos porque en lugar de llamar a la movilización popular para derrotar la sublevación, el acta llamaba a la ‘reconciliación’ con los genocidas (…)”. En declaraciones públicas, Luis Zamora, el vocero principal del viejo MAS, sostuvo que “finalmente” no firmó porque se violaron “compromisos adquiridos”. “Lo que ocurre es que se violaron compromisos celebrados el sábado, por los cuales todas las fuerzas políticas que coincidíamos en el documento íbamos a participar en su redacción. No fue así” (La Semana, 21-4-87). El MAS fue ‘madrugado’ por los partidos patronales con los que estaba dispuesto a firmar el documento.

La cuestión de las condiciones de detención de Cristina Kirchner ha vuelto a levantar temperatura en las últimas horas. Los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, denunciaron como “improcedente” una visita de la intendenta quilmeña Mayra Mendoza a la expresidenta y apelaron el permiso otorgado por el juez Jorge Gorini para que la expresidenta se asome al balcón. El Tribunal Oral (tres jueces) ha determinado que, con excepción de algunos familiares, abogados o médicos personales, las visitas deberán contar con un permiso judicial. Es una exigencia que supera las condiciones generales de la prisión domiciliaria -los genocidas de la dictadura gozan de visitas irrestrictas e incluso de salidas-. Es una medida de incomunicación política, a despecho de una larga tradición histórica de agitación y propaganda política ejercidas desde la cárcel. Este ensañamiento fue precedido por la colocación de la tobillera electrónica a la detenida. Hay una presencia permanente de fuerzas federales en las inmediaciones del edificio de la calle San José. En la picota Sobre la expresidenta penden varias causas judiciales; algunas en conexión directa con la de Vialidad. Es el caso de la causa Hotesur-Los Sauces, donde se pretende probar ‘retornos’ pagados por Lázaro Báez, el designado como “testaferro” de la familia Kirchner para las obras viales, a través de la contratación de servicios de los hoteles de Calafate. La otra causa, “Cuadernos”, apunta a una red de “retornos” por obras públicas realizadas por la gran “patria contratista” de la burguesía. Aquí, Cristina Kirchner se encuentra imputada como presunta jefa de una asociación ilícita. El sobreseimiento o la conversión de varios de los empresarios imputados a la condición de “colaboradores de la causa” “arrepentidos” -como Ángelo Calcaterra, el primo ‘del alma’ de Mauricio Macri-, anticipa hacia dónde se dirigirá el dedo acusador. Con menos prensa, pero muy superiores implicancias políticas, se encuentra la causa que se le sigue a Cristina por la firma del “Memorándum con Irán”. Es el acta que suscribió el gobierno de CFK en 2013 con aquel país para interrogar, en Teherán, a personeros del régimen iraní presuntamente involucrados en el atentado a la AMIA. El memorándum fue aprobado por el Congreso argentino, pero nunca lo refrendó el parlamento iraní. La acusación fundamental reposa en que el Memorándum implicaría el cese de las órdenes de detención –“alertas rojas”- de Interpol contra los iraníes acusados. Pero Interpol lo desmintió y señaló que tales “alertas” nunca fueron suspendidas. La acusación de “traición a la patria” contra Cristina, que Milei refrendó en el reportaje que brindó anoche a LN, viene cruzada con la causa de la muerte del fiscal Nisman. Milei ha reflotado la cuestión del memorándum en medio del agravamiento de la guerra internacional y de la escalada de Netanyahu contra Irán, con la complicidad de Trump y de la “democrática” Unión Europea. En el reportaje, el presidente argentino presentó al criminal de guerra Netanyahu como un “hidalgo”, en abierta apología del genocidio. Días antes, y a través de un comunicado oficial, el gobierno argentino respaldaba las incursiones militares de Israel contra Irán y denunciaba que uno de los oficiales iraníes mencionados en la causa AMIA acababa de ser ascendido al alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní. El gobierno liberticida ha metido a fondo la cuestión de la guerra internacional en la crisis política interna, desmintiendo a todos aquellos para quienes la guerra es un asunto ‘exterior’, sin conexión con la guerra social y política que se libra contra las masas en Argentina. Asociando al kirchnerismo con el “eje internacional del mal”, Milei apunta a librar una lucha política abierta para crear un polo fascista en la clase media, que no tiene hoy. Prisión perpetua La seguidilla de causas, y en particular la que se relaciona con el Memorándum, puede terminar en una sumatoria de condenas que equivalga a una prisión a perpetuidad. Ese horizonte está presente en la camarilla de fiscales y jueces que le dictó la condena y que hoy administra su detención. El régimen legal vigente sobre condiciones carcelarias -desde la selección de las visitas hasta las eventuales salidas- las relaciona con el tipo de condena recibida. En ese sentido, la tobillera y las restricciones descuentan un agravamiento de las penas por venir. Con el desarrollo de la guerra internacional, una condena a Cristina por el Memorándum nunca ejecutado con Irán sería funcional a la guerra de Netanyahu y Trump, después de tres décadas de encubrimiento del Estado argentino tanto al atentado a la AMIA como al perpetrado contra la embajada de Israel. En este último caso, la intervención y responsabilidad de la Corte ha terminado archivada. La anunciada visita de Lula a CFK probablemente tenga que ver con este cuadro político –una extensión de la pena hasta equivaler para Cristina a una perpetua-; el brasileño, por su parte, pelea por una condena contra Bolsonaro por tentativa de golpe de estado. Pero Trump quiere la cabeza del juez Alexandre de Morais, que dirige la causa contra el golpista brasileño. La expresidenta no pronunció una sola palabra de condena del genocidio palestino ni de la guerra contra Irán, probablemente por los temores a un agravamiento de su situación judicial, pero ello no excusa el silencio del conjunto del kirchnerismo y del peronismo; “la tercera posición” ni se hizo ver. La cuestión judicial, en uno y otro país, así como en varias otras regiones, desde Estados Unidos a Tierra del Fuego, son una expresión de una crisis de conjunto que amenaza con explotar. Las violaciones judiciales y constitucionales en el país de Trump tienen un carácter masivo. A la luz de este cuadro, es muy claro que las tobilleras, los permisos y las condiciones carcelarias no son una anécdota. Los límites del kirchnerismo y de su jefa para abordar esta crisis general son insuperables; en su discurso del miércoles, solo atinó a crear la expectativa de un estallido de la política económica, con la esperanza de que “ya me van a venir a buscar”. LEER MÁS: La plaza de “Argentina con Cristina” Declaración de Política Obrera, 18/06/2025. “Argentina con Cristina”, un operativo electoral Los fallos judiciales y la crisis del régimen político. Por Jorge Altamira, 18/06/2025.

Los medios de comunicación vienen debatiendo hace varios días acerca de la caída de la natalidad. La discusión se generó por las afirmaciones de Milei en la AmCham, cuando dijo que esta caída debía imputarse al movimiento de lucha por los derechos reproductivos, fundamentalmente, el derecho al aborto. Específicamente dijo que a este movimiento se le había ido la mano “en atacar a la familia, a las dos vidas, y ahora estamos pagándolo con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente.” El presidente esbozó una explicación de la recesión económica mundial a partir de este hecho cuando se refirió a que el aumento de la población estaba relacionado al desarrollo, es decir, al enriquecimiento de una sociedad. Estas declaraciones, se produjeron en el contexto de una publicación de la Universidad Austral, que investiga las modificaciones en la estructura demográfica de la sociedad argentina. El liberticida se sirvió groseramente de estos informes para atacar el desarrollo político del movimiento de la mujer trabajadora. El informe Según el informe, la natalidad en Argentina ha disminuido significativamente a partir del año 2014. La caída es de más del 40% en menos de una década y “da cuenta de una reducción notable en la cantidad de hijos por familia, que afecta la estructura y dinámica familiar, pero también a la proyección futura de la sociedad argentina” (1). Este fenómeno, produjo importantes cambios en la composición de los hogares. Aquellos que están compuestos por un solo miembro en 2022 duplican a los habidos en el censo 1991, lo que denota un crecimiento constante de hogares singulares en los últimos 30 años (INDEC). Por su parte la cantidad promedio de miembros por hogar ha disminuido, pasando de 3,6 (1991) a 2,9 (2022). Las bajas en la natalidad, también se reflejan en las estructuras de hogares con presencia de menores de 18 años. A nivel nacional, se ha llegado al 1,4 de promedio de hijos por mujer, observándose un descenso del promedio de hijos a medida que se avanza en años censales argentinos y un aumento de mujeres sin hijos (INDEC, 2024). También sucede que las mujeres son madres a edades cada vez más adultas, en la franja de edad entre 30 y 34 años, las mujeres con hijos nacidos vivos crecieron 10 puntos porcentuales entre 2001 y 2022. Mientras que la misma proporción disminuyó en las mujeres entre 20 y 24 años (INDEC). Otro dato no menor, es el incremento de las mujeres jefas de hogar: mientras en 1991 el 22% de las jefaturas era femenina, en 2022 este porcentaje fue del 49%. Las jóvenes generaciones son quienes motorizan este proceso, mujeres de entre 25 y 44 años. En los centros urbanos esta tendencia es sostenida en los últimos 9 años. GRÁFICO 1 Caída de la natalidad, fuente, Universidad Austral. Por último, el informe refiere que ha aumentado la proporción de la población más envejecida. El índice de envejecimiento (cantidad de personas de 65 años y más por cada 100 personas de entre 0 y 14 años) en 2022 fue de 53, mostrado un incremento a lo largo de las décadas. Hoy este índice es de 60,55 (RENAPER, 2025). En este contexto, la participación relativa de las personas mayores llegó a 11,8%, 9,9 puntos porcentuales por encima de la de 1895. Así también, el índice de sobreenvejecimiento que en 1991 era de 6,6 en 2022 llegó a 10,4 con una marcada tendencia de feminización en este grupo poblacional (228 mujeres por cada 100 varones). El informe de la Universidad Austral solo es un incipiente avance sobre las particularidades que tiene en Argentina un fenómeno que es global y que viene avanzando desde hace décadas. La Dirección Nacional de Población ya había afirmado en el año 2021, que esta caída de la natalidad se viene manifestando con saltos muy pronunciados desde 1980. En el balance del capítulo sobre natalidad del informe de marras, las autoras refieren que el cambio de comportamiento en la cantidad de nacimientos, comenzó a manifestarse a partir del censo de 1947. Hace años que la ONU, en sus diferentes variantes, viene estudiando este fenómeno. A partir de la década de 1960, el ritmo de nacimientos por mujer comenzó a desacelerarse, cuando la tasa de fecundidad pasó de su pico, 5,3 a 2,2 en la actualidad. América Latina es la región que ha registrado la mayor caída de la fecundidad a nivel mundial entre 1950 y 2024: un 68,4%. Por su parte, en Asia, el continente que le sigue, cayó un 66,2%, mientras que el promedio mundial llegó al 52,6%, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). GRÁFICO 2 Índice de Fertilidad Global (Nacimiento de hijos por mujer) La gran mayoría de los estudios en esta temática se han centrado en explicar la conquista de derechos reproductivos como un factor incidente en este fenómeno. Tanto el progresismo como la corriente de derecha explican la conquista de derechos reproductivos como la causa de la caída de la natalidad, solo que uno y otro consideran con distinta mirada este proceso. Del lado del progresismo, se afirma que la caída en la natalidad es un síntoma de desarrollo de la sociedad, en la medida en que denota la inclusión de la mujer en el mundo laboral (Página12, 27/05). Las mujeres, tendrían más posibilidades para planificar sus proyectos individuales: ser mamás de varios hijos, ser mamás de uno solo, o no serlo, definiendo simultáneamente si estudiar una carrera universitaria o desarrollar una carrera laboral. Para la corriente derechista, la caída de la tasa de natalidad es un síntoma negativo y culpa al movimiento de la mujer trabajadora por los derechos reproductivos, por la recesión económica. Esto porque la desaceleración del crecimiento poblacional, amenazaría el crecimiento constante del mercado de consumo. La caída del consumo mundial, se explicaría entonces, porque las mujeres trabajadoras, conquistaron el derecho al aborto, este es el planteo en el que ha hecho punta últimamente la ultraderecha y su versión criolla, Milei. Una explicación fascista de la decadencia del régimen social capitalista En su discurso en la AmCham, el presidente dedico 10 largos minutos a la cuestión “demográfica”, para decir que “...la Agenda 2030” era la responsable de la caída de la natalidad, en la medida en que “el rol de la población es fundamental en el crecimiento económico”, pues esta es la destinataria última de las mercancías. Entiende que el aumento del mercado de consumo “facilita la división del trabajo” porque el desarrollo de la productividad lleva al aumento de la escala de producción, y una escala en constante crecimiento solo podría encontrar mercado en una población en constante crecimiento. La agenda 2030 a la que asocia el movimiento por los derechos reproductivos, sería la responsable del cambio de una dinámica poblacional que se inició en el siglo XIX con las revoluciones industriales. Milei “esbozó” una explicación histórica, afirmando que el aumento de la población vino primero, y el desarrollo después y que este aumento se habría producido por los avances en el área sanitaria y educativa, la cual sería superior a hace mil años atrás. Creyó anotarse un poroto al mencionar que es por este motivo que su gobierno daba tanta importancia al desarrollo de lo que entiende como “capital humano”. Pero la privatización de la salud y la educación, no son un beneficio sino una conculcación de derechos. Cabe recordar al liberticida, que el carácter público de ambos, es una conquista que llegó luego de las tenaces luchas del movimiento obrero de mediados del siglo XIX hasta esta parte. El Cartismo inglés, fue la vanguardia de este movimiento, cuando luchó por la enseñanza escolar a los niños de 6 años que eran barbarizados por las extenuantes jornadas en las hilanderías de Inglaterra, bien retratadas por Engels en su obra “La situación de la clase obrera en Inglaterra”. Tampoco es correcto plantear que el crecimiento de la población permitió el desarrollo del capitalismo, este es un razonamiento mecanicista que delata al pensamiento mediocre, muy inferior a la explicación de la realidad por medio del razonamiento dialéctico, defendido como método de pensamiento por el marxismo. La dinámica de crecimiento de las poblaciones siempre ha estado asociada a la forma en la que estas organizaron su subsistencia y se organizaron políticamente. Así, la revolución que significó la domesticación de las plantas (agricultura), implicó el surgimiento de las primeras divisiones de clase, las sociedades con organización estatal y un salto poblacional respecto de la etapa anterior. Lo mismo valió para las sociedades esclavistas o para la sociedad feudal. Cada uno de estos cambios en la forma de producir y de organizarse socialmente, a lo que el marxismo ha llamado modos de producción, ha ido acompañado de saltos y estancamientos poblacionales, cuando no retrocesos. Las modificaciones demográficas deben observarse a la luz de los cambios de una sociedad dada, y de las transiciones que pueden estar indicándonos hacia otras. No se trata de que el crecimiento demográfico sea positivo o negativo, se trata de analizar qué nos está diciendo del régimen social en el que se da. El comportamiento demográfico actual, debe enmarcarse en la etapa de decadencia del régimen social capitalista. En su etapa de expansión, durante la primera y segunda revoluciones industriales, el capitalismo empujó el crecimiento poblacional, que dio su segundo gran salto, luego de un largo estancamiento, durante el período de preparación y desarrollo de las primera y segunda guerras mundiales. Este salto, se asentó sobre la base del nuevo ciclo de acumulación capitalista surgido a partir de la destrucción de las guerras y del crecimiento exponencial de la deuda mundial, es decir, del capital ficticio, y comenzó a mostrar signos de desaceleración ya durante la década del 60 y del 70. En 1973 la crisis del petróleo fue la campana del inicio del fin de la recuperación de posguerra. Mantuvo una inercia sobre la base de la explosión de la economía en China y ya observa hace años también en el país asiático, signos de desaceleración. La tendencia decreciente de la natalidad, en el período actual, no está más que mostrando la declinación del ciclo iniciado con las dos guerras mundiales. De algún modo también, retomo el camino de estancamiento de principios del siglo XX. Es el síntoma de la declinación del régimen social capitalista. A a luz de esta realidad, imputar al movimiento por los derechos reproductivos la decadencia del régimen social capitalista, es un ejercicio propio de una corriente reaccionaria. Cuando esta corriente, promueve el exterminio del socialismo, que propugna la superación de la sociedad capitalista, no estamos más que ante un ataque de características fascistas. Por qué cae la natalidad En un interesante informe del canal DW sobre América Latina, puede vislumbrarse una respuesta a cómo ven los trabajadores las perspectivas del futuro, un elemento determinante a la hora de pensar en tener hijos. Para explicar por qué decidieron no ser papás, muchos de los entrevistados respondieron que sienten que “no son capaces de garantizar un techo” o “salud” a su futura descendencia. Varios respondieron también acerca de la destrucción medioambiental. Los trabajadores tienen conciencia de la decadencia integral del régimen social. Algunos afirmaron que la cantidad de horas de trabajo los obstaculiza para acompañar “emocionalmente” a sus hijos. Las respuestas grafican un cuadro de sobreexplotación y empobrecimiento de la clase obrera. En su informe, la Universidad Austral presta escasa atención a esta situación. Afirma que la pobreza estructural bajó y que la pobreza medida solo por ingresos, también lo hizo. Los métodos de medición de la pobreza estructural utilizados por el censo 2022 fueron cuestionados por no profundizar en las condiciones de la salud, la educación, la vivienda, del barrio y del entorno ambiental en el que desarrollan sus vidas las masas trabajadoras. Más seria aún, ha sido la crítica a las mediciones de la pobreza en base a los ingresos, utilizadas por el INDEC a fines del año pasado, por otorgar mayor incidencia en la canasta familiar a productos que no tienen peso en el consumo cotidiano de los trabajadores y quitar preponderancia a los que sí lo tienen, que son los que más aumento de precios han tenido. Tomando estos datos, el informe afirma que la pobreza por ingresos se ubica en torno del 38%, representando esto una caída respecto de semestres anteriores. Pero para el Observatorio de la Deuda Social de la UCA esta pobreza aumento, ubicándose en torno del 49,9%. El aumento de la pobreza estructural en Argentina, es un fenómeno que ha venido creciendo a paso firme desde la última dictadura militar. El deterioro del sistema sanitario, educativo, urbanístico y ambiental, acompañan todos los días la rutina de los trabajadores, que pasan horas en las guardias esperando atención médica que no saben si tendrán. En varios hospitales han sido cerradas las guardias pediátricas. En las barriadas más pobres del conurbano bonaerense y del interior, se convive con el hedor de las zanjas y el peligro de las plagas, mientras se pasa frío en invierno y se sufren las olas de calor en verano. Las jornadas de 10, 12 o 14 horas a que están sometidos los jóvenes, que son quienes primero se encuentran ante la decisión de ser padres y madres, por salarios de 400 a 600 mil pesos, obstaculizan por doble vía la paternidad, porque, de un lado, es un salario que como bien han dicho los jóvenes trabajadores del informe televisivo, no permite garantizar salud, vivienda y educación, y, de otro lado, no permiten a papá y mamá ejercer la dirección moral y la contención emocional de sus hijos… porque están todo el día trabajando. No hablamos aquí siquiera de la posibilidad de que esos niños estén en un sistema de guarderías y colegios de doble escolaridad donde puedan socializar y desarrollarse, porque no existe tal estructura educativa y porque la que hay es privada e imposible de financiar con salarios de pobreza. Es esta vida de “mala sangre”, la que sopesan muchos trabajadores a la hora de decidir ser papás o no. La experiencia cotidiana obstaculiza ella misma la procreación. El retroceso en las condiciones sociales de existencia de las masas trabajadoras, en Argentina y en el mundo, están detrás de la caída de la natalidad y son el síntoma del agotamiento de un régimen social que no puede garantizar la subsistencia de la población. Esta no es la responsabilidad de un individuo que “no puede proveer”, se trata de una responsabilidad política, la de la clase que dirige la sociedad. Desde el DNU 70, pasando por la Ley Bases y el recorte presupuestario para el pago de la deuda, que ha llevado a la cuasi parálisis al sistema de la obra pública, pero también a la educación y a la salud, el gobierno liberticida ha empujado esta subsistencia a los límites existenciales. Pero el ataque a la política de bienestar social no es un libreto original de Milei, los golpes a todas estas áreas y, la más codiciada de todas, la previsión social, han sido propinados por todos los partidos patronales, incluyendo los nacionales y populares. En el mundo, esta política tiene una larga trayectoria desde los gobiernos de Reagan y Thatcher, y la guerra actual la ha llevado a fondo. El Secretario General de la OTAN, Mark Ruthe ha dicho que para “garantizar la paz” (lo que ellos llaman hacer la guerra) los estados deben invertir en defensa, y esa inversión depende “de que todas las áreas pongan un poco: salud, educación, etc.”. El imperialismo propone vaciar todavía más la política social para comprar más armas y pagar más ejércitos… que a su vez serán utilizados en la guerra, que causará más muertes. A esta corriente de pensamiento se adscriben los Milei, que dicen defender la vida. La vida, el futuro y el socialismo Lo cierto es que un gobierno que, de un lado, promueve el empobrecimiento y la desdicha de las masas en favor de un grupo ultra reducido de intereses especulativos; y de otro, se alinea a nivel internacional con los Trump, Netanyahu, la guerra y el genocidio, no está a favor de la vida. El objetivo del discurso de Milei, en la AmCham, ha sido atacar al desarrollo político de la mujer trabajadora, que se ha expresado en los últimos años en la lucha por los derechos reproductivos y de las disidencias sexuales. El gobierno intenta crear una falsa división entre este movimiento de lucha y una abstracta “familia” a la cual ataca sistemáticamente, él, con una política criminal de recortes en el gasto social. La respuesta por parte de la corriente feminista no ha ido al núcleo de esta política criminal; afirma que la mujer trabajadora ahora “está integrada”. La conquista de los derechos reproductivos, a no engañarse, no ha solucionado las profundas desigualdades de clase, que aún persiste, y que se han agudizado. La inclusión no llegó para la mujer que decide ser mamá de varios, de uno, ni de ningún hijo. Todas ellas, por su condición de trabajadoras, enfrentan los mismos agravios, la pobreza. Aquella que ha “decidido” no sufrir la explotación del hogar, sufre la explotación del régimen social, que la obliga a largas jornadas por míseros salarios, y se ve obligada a abandonar sus estudios por falta de tiempo. Para las madres, las espera otro flagelo, la de entrar en un período de guerras, que no tardará en separarlas, en muchas partes del mundo, de sus hijos. La emancipación de la mujer debe ser correctamente balanceada a la luz de la realidad concreta, sin concesiones. Para que el futuro realmente luzca prometedor, la realidad debe ser cambiada de raíz hoy. Las socialistas luchamos por una sociedad donde la vida merezca ser vivida y esto implica un régimen social que promueva el saber y la superación de los individuos, que cuide y valore la vejez, la salud y el medioambiente en su total integridad. Hoy esa lucha, que es dura, consiste en construir el partido del socialismo, de la revolución y desechar un régimen social que de tan vetusto ha perdido hasta el futuro.

En compañía de su periodista faldero, Esteban Trebucq, Milei se despachó en una entrevista en La Nación con una nueva tanda de ataques al Hospital Garrahan y al sistema de residencias en salud, con el único propósito de seguir evadiendo una respuesta a las demandas en juego. Las bravuconadas oficiales intentan horadar un macizo apoyo social a la lucha de los trabajadores de la salud. Según una encuesta, el 85 % de la población apoya el reclamo de los residentes, mientras que un 66 % considera inadecuado el manejo del gobierno sobre el conflicto (Ahora Play, 18/6). Los trabajadores de la salud pública de la ciudad de Buenos Aires responderán al relato liberticida con un paro general autoconvocado el próximo 25/6. El relato mileísta contra la salud pública Milei eligió un escenario cómodo, sin repreguntas, para poder mentir a sus anchas. Insistió con el verso de que el Garrahan tiene una mayoría de trabajadores administrativos, lo que justificaría su política de vaciamiento para limpiar a una supuesta burocracia de “ñoquis”. Los números desmienten contundentemente al presidente: el Garrahan tiene 4728 trabajadores y solo 473, un 10 %, realizan tareas administrativas, absolutamente indispensables para su funcionamiento. 3190 trabajadores, un 68 %, cumplen tareas asistenciales con pacientes, sean médicos, profesionales o técnicos, lo que representa más de dos tercios del personal. Milei se jactó de incrementar un 240 % el presupuesto general del hospital, pero no dijo que en el mismo período la inflación fue del 310 %, o sea que ejecutó un recorte. En relación a los residentes, afirmó que en otros países ni siquiera se les paga, sino que, al revés, deben pagar ellos por su formación. Milei no hizo más que reflotar un viejo anhelo del capital financiero de capturar el sistema de formación especializada en salud y convertirlo en un negocio rentable. Esto ya existe en nuestro país y se llama “fellow”, un sistema por el cual profesionales graduados pagan su capacitación de posgrado a alguna universidad, instituto u hospital privado, la cual luego completan realizando prácticas en un efector de salud. Lo que no aclaró Milei es que esto no tiene nada que ver con el sistema de residencias, que implica jornadas diarias de trabajo de 9 horas a las que se suman entre 6 y 8 guardias de 24 horas mensuales que, como le gusta al presidente, son no remuneradas. Solo gracias a esta monumental superexplotación laboral es que se logra sostener el funcionamiento de los hospitales públicos, donde los residentes cubren prácticamente en su integralidad las tareas en las salas de internación durante las tardes y los fines de semana. Es lo que pusieron de manifiesto en una declaración los residentes del Hospital Posadas, que se sacaron una foto haciendo guardia durante el feriado del 20/6 y denunciaron que el gobierno no les pagará ningún adicional por trabajar durante un día no laborable. El gobierno solo aspira a “argentinizar” esta hiperexplotación, con una resolución que dificulta el ingreso a las residencias de profesionales de otros países. Así, los migrantes serían los primeros que irían a reforzar el sistema de especialización arancelada. El inefable privatizador también cuestionó el reclamo de un salario mínimo equivalente a una canasta familiar, ya que, según dijo, ese monto cubriría a una familia de cuatro personas, mientras que, según sus parámetros, los residentes deberían reclamar un salario para un solo individuo. Siguiendo este razonamiento, ubicó a la línea de pobreza individual en 360 mil pesos, un monto que ni siquiera cubre un alquiler. Los residentes, de este modo, deberían renunciar a tener hijos, vestirse, a tener una vivienda, servicios, etc., es decir, a vivir con dignidad. Este es el “econochanta” que después atribuye la caída de la tasa de natalidad a la legalización del aborto. La respuesta de los trabajadores sigue creciendo Mientras el gobierno se deshace en agravios contra los trabajadores de la salud, la burocracia sindical resuena con un estruendoso silencio. Por atrás, sigue negociando paritarias a la baja con el gobierno y las patronales. Daer rechazó un “ofrecimiento” que no llegaba ni al 1 % mensual, pero no fijó un reclamo alternativo ni un plan de lucha para la salud privada. SUTECBA y Médicos Municipales negocian puertas adentro y se muestran hostiles a cualquier iniciativa de lucha. Todo el esfuerzo de las cúpulas sindicales está colocado en evitar una irrupción combativa independiente de los trabajadores, con el único objetivo de preservar sus cajas y cobrar sus servicios como intermediarias del derrumbe salarial. En contraposición a la burocracia, las acciones de lucha autoconvocadas siguen ganando fuerza y atraen a nuevos sectores de trabajadores. El miércoles pasado, el abrazo al Hospital Garrahan se replicó con potencia en otro hospital pediátrico porteño, el Gutiérrez, con gran participación de residentes y trabajadores de planta. Para el próximo martes 24/6 está prevista una movilización a La Plata de los residentes bonaerenses. El miércoles 25/6 se realizará un nuevo paro general en el Garrahan, con una “ñoquiada” al mediodía en honor al presidente, y un festival durante la tarde. Ese día pararán también los residentes de los hospitales porteños, que se movilizarán durante la mañana al Ministerio de Salud. Luego, el domingo 29/6 habrá un nuevo paro de los franqueros del Garrahan y se realizará una bicicleteada desde el Obelisco al hospital, organizada por los padres y familias de los pacientes. La única vía para evitar el desgaste, quebrar el ajuste de los gobiernos de todas las jurisdicciones y conquistar los reclamos pendientes es seguir el método de la huelga indefinida, con el que los residentes iniciaron este conflicto: una acción decidida que desenvuelva toda la energía combativa que anida entre los trabajadores de la salud y suscite el apoyo activo del conjunto de la clase obrera argentina. Podemos doblegar al bravucón de la Rosada y a sus cómplices distritales si ponemos en marcha una huelga general autoconvocada de todos los trabajadores de la salud. Multipliquemos las reuniones, asambleas y coordinaciones con este objetivo en todos los hospitales y centros de salud. LEER MÁS: Plenario en apoyo a la lucha del Garrahan Por Daniela Magoc, 16/06/2025. Garrahan, residentes: los trabajadores de la salud ante una pulseada decisiva Profundizar la lucha por el salario y contra los ataques del gobierno. Por Julián Asiner y Daniela Magoc, 12/06/2025.

El estado de alerta y deliberación de los docentes de José C. Paz ante un nuevo caso de violencia contra una docente de la EP 21 obligó al SUTEBA y los sindicatos del FUDB a llamar a un paro para el próximo martes. La madre de un estudiante golpeó a la docente con una cadena en la esquina de la escuela. El paro debería haberse realizado el mismo día de los hechos, pero no fue así porque la Celeste del SUTEBA José C. Paz hizo todo por no parar. Giró a sus compañeros de agrupación un comunicado en el que dicen: “(...) hicimos paros en situaciones análogas, (...) sólo es interrumpir en forma efímera lo que debe ser una reflexión del sistema, que, no está atendiendo las realidades que debemos abordar hoy”. Este comunicado provocó el rechazo de propios y ajenos, ya que además de señalar la falta de intervención temprana cierra con una metáfora desafortunada: “(...) no son los docentes los que tienen que recibir la cachetada, es la escuela la que tiene que hacerlo”. Habría que explicarles que parte del problema es cargar a la Escuela pública con todo lo que el estado no resuelve. Al mediodía, con los ánimos cada vez más caldeados, SUTEBA tomó nota y cambió de posición. Les preocupa que los docentes se organicen mediante autoconvocatorias por fuera del sindicato y esto se los lleve puestos . En un contexto de descomposición social, donde la crisis económica atraviesa los hogares de toda la clase trabajadora, la violencia y la regimentación están a la orden del día , a los docentes se nos exigen cada vez más cosas: la sobrecarga laboral y una bajada de línea persecutoria son una constante que hoy muestra su lado más crudo en la EEP 21. Se han abierto escuelas sin condiciones mínimas de infraestructura o sin auxiliares, han perseguido bajo amenaza de sanción a docentes. En la misma línea política que la Jefatura Distrital, el FUDB, y en particular el SUTEBA vienen conteniendo la situación para garantizar la paz social a su Gobernador y candidato Axel Kicillof . Con su silencio habilitan una zona liberada en la provincia para que nos impongan la escuela abierta a cualquier costo: pero esto no es gratis. Todos los docentes de José C. Paz nos hicimos eco del reclamo de la EEP 21 que es: basta de violencia en las escuelas. Por eso, el próximo martes 24 habrá paro distrital. Es una medida de fuerza que se conquistó en las escuelas. A esta medida de fuerza que viene a descomprimir el descontento generalizado por lo ocurrido, además de las pésimas condiciones, la miseria salarial y las entregas de la Conducción Celeste, tenemos que hacerla activa y salir a las calles. Desde Tendencia Docente Clasista reiteramos nuestra solidaridad con la docente agredida y sus compañeros. Llamamos a la docencia del distrito a autoconvocarnos el martes 24 en una Radio Abierta en la Plaza Manuel Belgrano, en repudio a todo acto de violencia. Denunciamos a Jefatura distrital que regimenta para hacer pasar el ajuste y al FUDB que lo deja pasar para priorizar la elección de su candidato Axel Kicillof .

Flybondi anunció la entrada su nuevo socio accionista, COC Global Enterprise, de capitales estadounidenses y presidido por el argentino Leonardo Scatturice, hombre cercano a Santiago Caputo y exagente de la SIDE. La empresa yanqui centra sus actividades en el sector tecnológico y la aviación privada. COC Global Enterprise estará al frente del directorio de Flybondi, con el primer objetivo de sanear la situación financiera y expandir la operatividad. Scatturice, quien reside en Miami, es un allegado al gobierno liberticida, mantiene estrechos lazos con el trumpismo y ha servido de nexo para acercar a los libertarios a Washington. A finales de 2024 Scatturice fue uno de los promotores del desembarco en la Argentina de la ultraderechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Es “experto” en “antilavado” y cuando vivía en Buenos Aires era la cabeza de una empresa de inteligencia privada llamada C3· Consulting, que, en 2012, en medio de la guerra de espías del kirchnerismo, fue investigada por una causa que se conoció como Dark Star. Este oscuro personaje proveniente de los “sótanos de la democracia” es señalado como quien le acercó el nombre de Andrés Vázquez a Santiago Caputo para que esté al frente de la DGI libertaria. En enero de este año Santiago Caputo, su hermano Facundo (señalado como uno de los que maneja la caja de la LLA) y Manuel Vidal un ex PRO y politólogo, fueron recibidos en Miami por Scatturice. La ida a Florida del trio libertario tuvo como finalidad la participación de Milei en la asunción de Trump, pero a su vez se aceitaron las relaciones financieras y estratégicas con el Partido Republicano. Luego de este encuentro en Estados Unidos, el pasado 25 de febrero la aeronave Bombardier Global 5000, de propiedad de Scaturicce, arribó a Aeroparque procedente desde Miami. A bordo de la aeronave venía Laura Belén Arrieta, miembro del comité organizador de la CPAC y empleada de COC Global Enterprise, quien ingreso valijas al país, que, al día de hoy, no se conoce sus contenidos, concretamente, porque nunca fueron revisadas. Las sospechas de que en las mismas se encontraban material para el ciberpatrullaje pone en el centro de la escena a Santiago Caputo, quien maneja a gusto y piacere la SIDE y que tiene como objetivo el reforzamiento represivo y de espionaje. El avión permaneció una semana en un hangar del aeropuerto metropolitano antes de despegar rumbo a París, con escala en las Islas Canarias. El hangar depende de Diego Colunga, responsable de Royal Class; cercano a Santiago Caputo, fue colocado por éste como director de Aerolíneas Argentinas. Según versiones, fue Scaturicce quien digitó el nombramiento de Colunga en el cargo, dando cuenta del grado de injerencia que tiene el ex SIDE en el gobierno libertario. El caso del avión es un mojón entre Scaturicce y los libertarios. El empresario es señalado como “facilitador total” de recursos, siendo un engranaje clave con el conservadurismo norteamericano y es fuente de consulta permanente sobre cuestiones relacionadas a la inteligencia de Santiago Caputo. Los miembros de la CPAC se pasean por los pasillos de la Casa Rosada a partir de las gestiones de Scaturicce. En abril pasado un séquito de la CPAC, entre los que se encontraba Matt Schlapp, CEO de la CPAC, antecedió la visita oficial del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent . El traspaso de Flybondi se da en el marco de esta madeja de empresarios, conservadores y servicios de inteligencia, lo que hace presumir que no es solo la entrada de capitales a una empresa aerocomercial, sino que se inscribe en el reforzamiento de la SIDE libertaria (a esta altura totalmente colonizada por la CIA y el MOSAD) que de esta forma tendría acceso discrecional a rutas aéreas, brindándole una logística para llevar y traer insumos para que Caputo siga reforzando la injerencia de la SIDE y, por ende, reforzar el estado policíaco que los libertarios necesitan para continuar aplicando el plan de guerra contra las masas.

Durante su discurso inaugural, al asumir el segundo mandato, Donald Trump anunció que “nuestro poder detendrá todas las guerras y traerá un nuevo espíritu de unidad”. Cinco meses después, las guerras se intensifican en lugar de terminar . Entre 2021 y 2024, los presupuestos de defensa de los miembros de la UE aumentaron de 248.000 millones de dólares a 372.000 millones y se proyecta un aumento adicional de al menos 114.000 millones de dólares para 2027. En marzo, el programa, originalmente denominado ReArm Europe, se reformuló como “Preparación Europea 2030”, con la aspiración de movilizar 800.000 millones de euros (algo más de 900 mil millones de dólares) para gastos de defensa durante cinco años. En marzo, Merz —entonces Canciller alemán entrante— creó un fondo común de deuda de 500.000 millones de euros para gastos de defensa e infraestructura alemana. Este año, dos países no pertenecientes a la UE —el Reino Unido y Noruega, ambos miembros de la «coalición de los dispuestos» lanzada por Francia y el Reino Unido tras la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero— prometieron 450 millones de libras esterlinas adicionales (unos 600 millones de dólares) de apoyo militar a Kiev. El ataque de Ucrania contra los aeródromos rusos de inicios de este mes significó la ampliación de campo bélico hasta el círculo polar. Putín respondió con un asedio en serie de la capital ucraniana el cual ya suma numerosas víctimas y heridos. El último incluyó más de cuatrocientos drones y 32 misiles de crucero. En el terreno, el progreso ruso es admitido por todos: “Las fuerzas rusas invadieron más territorio ucraniano en mayo que en casi cualquier otro mes desde fines de 2022”, reconoce el Wall Street Journal (11/6). El avance se desarrolla siguiendo aproximadamente el mismo esquema: pequeños grupos de infantería, control de las alturas dominantes y las líneas de suministro del ejército enemigo y, en última instancia, obligar a las unidades ucranianas a retirarse bajo amenaza de cerco. Los analistas militares rusos llaman a esto la "táctica de los mil cortes": cuando los ataques constantes agotan al enemigo y lo desangran gradualmente. Lo más relevante son los acontecimientos cerca de la frontera de Dnipro. Todo indica que ya se desarrollan combates dentro de esa región. Se trata de una zona que junto a Zaporizhia constituyen los dos polos industriales del país, y los centros logísticos más relevantes del ejército. No se trata de asentamientos sino de ciudades con grandes poblaciones. También en la dirección de Sumy, al norte, la evolución de las tropas rusas preocupa a los funcionarios ucranianos, que desde el repliegue de la fracasada incursión en Kursk (territorio ruso) ahora retrocede en terreno propio. “En los últimos meses, Rusia ha ocupado hasta una docena de pequeñas aldeas en la frontera de Sumy” confirma el Pravda de Ucrania (12/6), una fuente que se nutre directamente de las tropas en primera línea. Si militarmente Zelenski enfrenta un panorama oscuro no es más auspicioso el político . Su gobierno experimenta un descalabro interno con la atención centrada en casos de corrupción. El más escandaloso es el que involucra al ministro de Unidad Nacional, cuya principal tarea es facilitar el retorno de los ucranianos al país, y que huyó al extranjero luego de quedar en el centro de una trama por la aceptación de sobornos. La intensificación de la disputa en el entorno de Zelenski coincide con los rumores crecientes de un inminente cambio de gobierno. En medios estadounidenses aparecen cada vez con mayor frecuencia artículos donde los colaboradores más cercanos del presidente ucraniano son criticados con dureza. “Washington está harto de Yermak” dice el medio Político en referencia al jefe de la Oficina Presidencial y mano derecha de Zelenski. “En medio de las intensas batallas políticas que han envuelto a Washington sobre Ucrania, hay un raro punto de consenso bipartidista: todos están hartos de Andriy Yermak” (19/6). El segundo hombre más poderoso de Kiev llegó a Washington a principios de junio sin una agenda clara, y la respuesta de quienes se reunieron con él fue "no sabemos por qué está aquí", cita el mismo medio. Los observadores ven en esto un intento por forzar a Zelenski a depurar su entorno de “los Yermaks” o incluso de obligarlo a dimitir, difundiendo en el espacio informativo la tesis de que el actual presidente es un gobernante ineficaz y corrupto, y que se ha transformado en el principal obstáculo para el fin de la guerra, como se sostiene desde hace un tiempo. El punto crucial de todas estas operaciones radica en el control del ejército, que es el fiel de la balanza en toda gran crisis. La cumbre del G7 en Canadá fue, como muchos vaticinaban, un rotundo fracaso. El encuentro bilateral que Zelenski pretendía con Trump naufragó por la precipitada partida de este último, pero además la reunión de las potencias reducida a un G-6 culminó por primera vez sin acordar una declaración conjunta de apoyo a Ucrania. Según los medios, esto se debió a que los estadounidenses insistieron en una redacción más suave respecto a la Federación Rusa, pero otros países se opusieron. Zelenski también abandonó la cumbre anticipadamente sin conseguir el apoyo financiero y político que esperaba: “Para Washington, el fuego en Kiev y Odesa es menos peligroso que en Teherán y Tel Aviv” sentencia el Berliner Zeitung (19/6). El objetivo principal de la reunión —intentar asegurar el apoyo de Trump para presionar a Putin a aceptar un alto el fuego— quedó anulado por la repentina salida del presidente estadounidense, resume The Guardian. En la vereda de enfrente Putin ha anunciado que está “listo para reunirse con Zelenski, la pregunta es quién firmará los documentos”. Esta es una modificación de su posición inicial de no reconocimiento del gobierno ucraniano como un interlocutor válido, y aunque no termina de concederle esa condición, la morigera. “No nos importa quién esté negociando, incluso si es Zelenski” recoge el Kommersant citando palabras de Putin (19/6). Ucrania ha calificado el memorándum presentado por Moscú en las conversaciones de Estambul como un “ultimátum” y presiona para que la UE y EE.UU. refuercen las sanciones hasta que “imposibiliten que la Federación Rusa financie la guerra". Estas sanciones, según expresó el viceministro de exteriores de Ucrania, deben abarcar tanto la “flota en la sombra” como la reducción del precio marginal del petróleo. Esto último es un anhelo condenado al fracaso toda vez que la escalada en Medio Oriente dispara el precio del crudo, incluido el ruso. Estados Unidos parece haber archivado definitivamente su propuesta consistente en un alto el fuego “en las posiciones actuales”: cada uno se queda dónde está y se queda con las posiciones actuales, no se trataría de un reconocimiento legal sino de facto. Esta ha sido la línea de Keith Kellogg, el enviado especial de Trump para Ucrania. Hay que apuntar que Rusia se ha vuelto una pieza central en la guerra entre Israel e Irán. Putin parece haber atraído a Trump al tango al ofrecerse como mediador entre los beligerantes, oferta que la Casa Blanca no ha descartado. Es probable que Rusia haya seguido muy de cerca los acontecimientos que iniciaron las hostilidades entre Irán e Israel. Los ataques organizados por el Mossad con drones desde el mismo territorio persa son un calco de la “operación telaraña” contra los aeródromos donde Rusia tenía estacionada su flota estratégica. El procedimiento y la cercanía de ambas hasta podría calificar a la ucraniana como un ensayo de la emprendida dos semanas después por los servicios secretos del sionismo en la capital de Irán. Incluso las circunstancias elegidas son equivalentes, esto es, apenas horas antes de que se desarrollaran negociaciones preestablecidas entre las partes en conflicto, en un caso en Turquía, en el otro en el sultanato de Omán. En una definición muy cercana a una advertencia, el medio ruso RT concluye sobre la agresión directa de Israel: “Aplastar a un vecino no elimina la amenaza; simplemente acerca a enemigos lejanos.” Las relaciones entre Irán y Rusia son estrechas. Ambos han impulsado el llamado Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INST), un sistema de tránsito multimodal que conecta rutas para mover carga entre Irán, Rusia, India y Asia Central, promocionado como una alternativa al canal de Suez. Además, Irán suministró una importante cantidad de drones a Rusia hasta hace muy poco, el arma por excelencia utilizada por ambas partes en este momento en la guerra entre la OTAN y Rusia. El curso del conflicto es favorable a Rusia básicamente por un déficit estructural de soldados ucranianos, una carencia que Europa sólo puede suplir involucrándose con tropa propia sobre el terreno. El fracaso de las conversaciones de Estambul desnuda otra vez la incompatibilidad que existe entre los objetivos estratégicos de unos y otros. Las condiciones para un alto al fuego se alejan: la mayor evidencia es la parálisis completa de las negociaciones entre Trump y Putin, el surgimiento de nuevas guerras y el entrelazamiento de estas. LEER MÁS: El “ataque estratégico” de Ucrania y la promesa de represalias de Putín 1.200 días de guerra. Por Camilo Márquez, 06/06/2025.

En un marco de ofensiva sin precedentes contra los trabajadores, y en particular contra la docencia, de demolición histórica de los salarios y de confiscación y de ataques contra los derechos laborales, las elecciones de AMSAFE transcurrieron por un andarivel paralelo y de espaldas a las preocupaciones y reclamos acuciantes de la docencia. La campaña, forzosamente anodina, ha prolongado y agudizado el apaciguamiento, congelando cualquier lucha hasta nuevo aviso. No sólo por parte de la conducción celeste que ha dejado correr todos los ajustes y atropellos de Pullaro; la oposición del FAD tampoco ha sacado los pies del plato en este período, e incluso ha dejado de mocionar el paro en las últimas asambleas; una concesión que ha contribuido a reforzar la apatía respecto del proceso electoral gremial. Sobre 51 mil empadronados para votar, entre docentes y jubilados, 20 mil participaron de la elección. En este contexto, el oficialismo de la Lista Celeste, dirigida por Alonso (que responde a nivel nacional a la burocracia de CTERA de Alesso y Baradel) retuvo la comisión directiva provincial obteniendo 12 mil votos; y 7 mil votos el FAD (Frente por una AMSAFE Democrática, opositor). La votación y el fraude en Rosario La conducción Celeste que conduce 15 de los 19 departamentos de la provincia, recuperó la delegación Belgrano y se arroga haber ganado (con menos de 40 votos de diferencia) en Rosario, el bastión histórico de la oposición desde 2004, la seccional docente más grande de la provincia. Desde el Frente 4 de abril (dentro del FAD), se ha denunciado un operativo fraudulento llevado adelante por la burocracia Celeste ya desde la convocatoria, donde la Junta Electoral controlada por el oficialismo redujo de forma escandalosa la cantidad de mesas de votación, eliminando 50 lugares y reconfigurando los nucleamientos para limitar la participación. Pero el momento de la votación y el escrutinio reveló mayor descaro en el fraude ejecutado por la burocracia: desde compañeras que al presentarse a votar encontraron que alguien ya lo había hecho en su lugar (entre ellas aparece el voto, por ejemplo, de una docente que está en Italia); hubo urnas en cuyas actas consta que ganó el FAD, pero que “extrañamente” nunca llegaron al lugar de escrutinio; o designación de presidentes de mesa que votaron no siendo docentes y sin poder acreditar con recibo de sueldo afiliación sindical. También se detectaron docentes del SUTEBA (Buenos Aires) emitiendo su voto en Rosario, hasta el caso de una trabajadora de estación de servicio también de Buenos Aires que ha votado, entre otras tantas gruesas irregularidades que fueron denunciadas a la junta electoral presentando pruebas fehacientes por parte de la lista opositora. Las impugnaciones fueron rechazadas por la Junta Electoral amañada. A esto se sumó la amenaza mafiosa de una corona mortuoria con mensaje intimidatorio, que apareció en la mañana siguiente al escrutinio, depositada en la puerta de la sede gremial de AMSAFE Rosario con nombres de dirigentes opositores, lo que suscitó un repudio inmediato del activismo y organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos y se realizó una conferencia/acto de repudio en la sede gremial de AMSAFE Rosario. En dicho acto, los dirigentes opositores manifestaron respecto del fraude celeste que continuarán los reclamos por medio de presentaciones al Ministerio de Trabajo y organismos pertinentes, solicitando se realice la elección complementaria en las urnas observadas e impugnadas por las maniobras fraudulentas. No hubo mención a cómo derrotar el fraude desde las bases, más allá de los reclamos administrativos o formales. Hasta el momento no hay una campaña pública, ni un llamado a movilizarse para defender AMSAFE Rosario contra este atropello e intento de usurpación montado por la burocracia. Si bien es cierto que el fraude también ha existido y ha sido denunciado en ocasiones anteriores, hasta ahora a la burocracia no le había alcanzado la maniobra para arrebatar la seccional a la oposición. En esta ocasión, la celeste se ha valido de la plancha que ha logrado imponer acallando los reclamos y retrocesos que el gobierno de la mano de la conducción ha consagrado contra la docencia. En este sentido, también se aprovechó de que los sectores opositores, las seccionales dirigidas por el FAD, no se han desmarcado con un curso de acción independiente frente a esta situación -un escenario que ha abonado el camino para que se imponga finalmente el fraude-. La Capital En el departamento La Capital, bastión de la burocracia Celeste, el Frente Trabajadores de la Educación, oficialista, obtuvo 1891 votos, el FAD 712 y Frente de Lucha Docente, que ha impulsado nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, junto a los compañeros de la Unidad Docente Carlos Fuentealba e independientes, obtuvo 275 votos. La campaña que desarrollamos con el Frente de Lucha Docente se centró en un programa con el que no sólo se realizaron la recorridas de escuelas, reuniones y asambleas, sino que además se han llevado adelante diversas convocatorias en la ciudad, con cartelazos, volanteos y agitaciones en centros neurálgicos, intervenciones frente al IAPOS o en el teatro municipal en el marco de la velada patriótica. Colocando como eje la necesidad de tomar en nuestras manos la organización de los reclamos ignorados por las conducciones entreguistas. En San Lorenzo, una seccional donde la burocracia Celeste que conduce pierde sistemáticamente todas las votaciones de mociones frente a la oposición, existía la posibilidad de expulsar al oficialismo en estas elecciones. Pero el Frente de Recuperación Sindical, conformado por Autoconvocados, Tendencia Docente Clasista y Tribuna Docente, no consiguió trasladar sus triunfos en las asambleas a la elección sindical. AMSAFE y la ofensiva de Pullaro-Milei En medio del contexto de las elecciones gremiales en AMSAFE, el gobernador Pullaro ha dado un paso más en su política contra los trabajadores enviando al correo electrónico de los trabajadores la notificación de que la provincia ha puesto a disposición en su portal la posibilidad de la baja sindical por medio de un trámite online . El gobierno provincial habilita un instrumento para atacar la organización gremial de los trabajadores. Esto, cuando además está en vísperas de comenzar la convención reformadora de la constitución provincial a través de la que Pullaro pretende dar rango constitucional al ajuste antiobrero que lleva adelante, consagrando el déficit cero y el equilibrio fiscal como norma constitucional. El gobierno cuenta con una burocracia sindical que ha dado muestras de subordinación, y que ya ha dejado en claro que no luchará. Pero en la medida que no se desenvuelven las luchas desde abajo, podrá imponerse por medio del aparato que garantiza su perpetuación a expensas de la entrega de los derechos de los docentes. Por eso la recuperación de nuestra herramienta de lucha será parte de la construcción de una dirección debe aún forjarse abriendo un camino de lucha y forjando una perspectiva Por delante los trabajadores tenemos planteado el desafío de tomar en nuestras manos y organizar los reclamos urgentes, desde abajo, con asambleas en los lugares de trabajo, plenarios y fundamentalmente poniendo autoconvocatorias como ya se extienden en gran parte del país abriendo un curso propio e independiente por las reivindicaciones y para poner freno a la embestida patronal. Tiremos abajo el fraude de la burocracia Celeste de Alonso y Baradel en AMSAFE Rosario con la lucha. LEER MÁS: Santa Fe, la docencia paró contra Pullaro, a pesar del boicot de la burocracia Celeste y las excusas del FAD Por plenarios, asambleas y autoconvocatorias para continuar la lucha. Por Germán Lavini, 19/05/2025. Elecciones de AMSAFE En La Capital, vamos con el Frente de Lucha Docente. Por Tendencia Docente Clasista – Santa Fe, 29/04/2025.

En la tarde del sábado 21, una flota de aviones norteamericanos partió de Estados Unidos para bombardear las instalaciones nucleares de Irán. Desde el 13 de junio pasado, Israel había iniciado una guerra abierta, no provocada sino “preventiva”, contra Irán, mediante el bombardeo de emplazamientos antiaéreos, infraestructuras nucleares de transporte y de petróleo, el asesinato de sus principales líderes políticos y militares, así como el de una veintena de científicos iraníes. La operación “Martillo de Medianoche” fue lanzada, como ha ocurrido en toda esta guerra imperialista, mediante trampas, engaños y zancadillas, bautizadas como “señuelos” (decoy) por las agencias militares norteamericanas y la prensa internacional. Una flota de aviones se dirigió hacia el oeste de Estados Unidos, para luego desplazar en dirección contraria a la aviación encargada del asalto a las instalaciones nucleares de Irán. La flota encargada del bombardeo está compuesta por dos B-2 – los aviones con capacidad de llevar cargas de 13 toneladas de explosivos y proyectiles de penetración de hasta cien metros bajo tierra y explotar la cargas -, acompañada por cazas de protección, aviones de reabastecimientos y una flota marítima. Mientras Trump ha calificado a la operación como un “éxito completo”, observadores internacionales opinan que el bombardeo ha destruido el exterior de las instalaciones nucleares pero no ha llegado a la profundidad de ella – al menos en el caso de Fordow. Lo que importa, sin embargo, es que con ‘éxito’ o sin él, el aspirante a fascista ha prometido ‘una segunda vuelta’ si fuera necesaria para completar el objetivo. Pero esa ‘segunda vuelta’ está, de todos modos, inscripta a fondo en la dinámica de esta guerra, cuyo objetivo es la “rendición incondicional” y un cambio de régimen político en Irán. Entre sus abundantes declaraciones, Trump no ha desechado el uso de un arma atómica ‘táctica’ contra Irán. Trump está a punto de echar de su gobierno a la jefa de la Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, debido a su crítica a los bombardeos de Hiroshima y Nagaski, lanzados por el presidente de ese momento, Harry Truman, para acelerar la rendición incondicional de Japón. Donald Trump había prometido, pocas horas antes, demorar la potencial operación “Martillo de Medianoche”, también no provocada, con el subterfugio de permitir una salida negociada al tema del enriquecimiento de ucranio, por parte de Irán. El mismo recurso había utilizado, con posterioridad al inicio de la guerra, por parte de Israel, bautizada León Naciente, cuando admitió o confesó que las negociaciones que había mantenido en ese momento con el gobierno de Irán habían sido de mala fe, sólo un “señuelo” para que Israel pudiera iniciar una guerra por sorpresa. La cuestión del enriquecimiento de uranio por parte de Irán había quedado resuelta por medio de un acuerdo avalado, con sus firmas, por Obama, Merkel, Macron, Cameron, Putin, y Xi Jing pin. Trump rompió ese acuerdo en forma unilateral al llegar a la Presidencia. Trump y Netanyahu no tienen nada que envidiar a Hitler. El hombre que ha prometido sacar a Estados Unidos de guerras dañinas y perjudiciales y acusado a Kamala Harris, en la campańa electoral, de querer desencadenar “la guerra mundial tres”, se ha encaminado por ese camino. “Trump dio luz verde a Israel para iniciar un ataque para principios de junio – una autorización que no hubiera dado ningún presidente de Estados Unidos en las últimas dos décadas” (Haaretz, 22.6), La guerra imperialista no es una cuestión de elección personal sino que surge y se desenvuelve a partir de la dinámica de las contradicciones insalvables del capitalismo imperialista como organización social y política. El “éxito” que se atribuye Trump es otro subterfugio: declara que se inicia “un período de paz”, cuando, incluso él sabe, que la guerra ganará una mayor violencia y abarcará más allá del Medio Oriente. Potencia al imperialismo norteamericano en la guerra económica que libra con sus rivales internacionales y reforzará la intervención del imperialismo norteamericano en la guerra entre la Otan y Rusia, que va más allá de Ucrania – envuelve ya a las naciones que bordean el Mar Negro, de un lado, y a los estados del Báltico, del otro. La cuestión de las instalaciones nucleares de Irán, dedicadas al enriquecimiento de uranio, no son la razón histórica de la guerra imperialista contra este país, ni la razón concreta en el actual momento histórico. El imperio persa data de hace miles de años y ha sido, incidentalmente, un país acogedor de los judíos perseguidos en distintas épocas. La situación histórica de Irán, rico en petróleo y gas, cambia con el ascenso del imperialismo, la revolución bolchevique, las guerras mundiales y la instalación del estado sionista. Un golpe de estado ejecutado, en 1953, por la CIA y la Inteligencia británica, derroca a un régimen semi-constitucional y restablece la monarquía. La monarquía es derrocada por una de las revoluciones más masivas de la época actual. La revolución iraní, aunque capturada por los ayatollas, es un tornillo en el riñón del imperialismo y los jeques capitalistas del Medio Oriente, y principalmente del estado sionista, que es por sobre todo una agencia política y militar del imperialismo mundial. La existencia de Israel no está amenazada por Irán, sino por su condición ‘existencial’ imperialista. Si perdiera esta condición, por una combinación extraordinaria de factores históricos – el principal de los cuales es la revolución socialista en Oriente Medio – el estado sionista se disolvería en una dinámica histórica progresista con los pueblos de ese espacio histórico. Israel no puede sobrevivir sino en guerra constante por la supresión de la existencia nacional de otros pueblos – en primer lugar, el palestino. Un estado que posee, clandestinamente, noventa ojivas nucleares y los medios para transportarlas, sólo puede oponerse al enriquecimiento de uranio por otro país, para sostener el terror atómico contra sus vecinos. La guerra imperialista contra Irán, en la actualidad, obedece a factores concretos del momento, aunque Israel la haya preparado desde hace décadas. La destrucción del régimen iraní (clerical, capitalista, corrupto, opresor de las mujeres y las minorías nacionales) es la conclusión obligada de la guerra de aniquilamiento del pueblo palestino y la apropiación de todo su territorio histórico, que lleva adelante el sionismo -incluso desde mucho antes de la inauguración del estado de Israel, y de la guerra de supremacía contra Líbano y Siria. El estado sionista participa de un nuevo reparto territorial, en línea con lo ocurrido en la primera y segunda posguerra mundial. La tendencia a la guerra imperialista contra Irán, es permanente. “Trump (está dispuesto) a disparar una guerra regional más amplia – que podría culminar posiblemente en un cambio de régimen, un objetivo repetidamente declarado por el ministro de Defensa, Israel Katz” (Haaretz, 22.6). La guerra inmotivada del imperialismo y el sionismo contra Irán es una fase y una etapa de una guerra imperialista mundial en desarrollo. La guerra en Ucrania ha llegado a Siberia y Moscú, y la guerra de socavamiento de China prosigue sin respiro. Esta guerra, imperialista por la naturaleza de sus raíces y el alcance de sus objetivos, forma parte de una eclosión de todas las contradicciones históricas del capitalismo. En el caso de Irán, se trata de una guerra de defensa nacional. Como ocurre con todas las contradicciones estallan en forma brusca, atraviesan períodos de ‘calma’, por cierto breves, y de masacres – sistemáticas. Envuelven un aspecto ‘exterior’ y otro interior, una agudización de los antagonismos de clases en cada país y violencias crecientes – como ocurre con la caza de migrantes en Estados Unidos para ser deportados en campos de concentración, como El Salvador. La clase obrera de todo el mundo debe intervenir en esta guerra desatada por el imperialismo con el objetivo de conseguir la derrota de todas las fuerzas imperialistas y opresoras. De ningún modo darle la espalda – sería una neutralidad pacifista hasta que la guerra llegue a nuevos territorios y campos de batalla. El medio para hacerlo es la lucha contra el imperialismo en cada país, que en la mayor parte de los casos cuenta con el acuerdo, el apoyo pero también la falsa neutralidad de las burguesías nacionales. El nacionalismo burgués (kirchnerismo, lulismo, frenteamplismo, boricismo) convoca a los trabajadores a no sacar los ojos de los llamados ‘asuntos nacionales’, que pone naturalmente como ‘prioritarios’, con el propósito de mantener su hegemonía política, fuertemente cuestionada, y evitar que la clase obrera se convierta en internacionalista. La izquierda colateral del nacionalismo, repite a su manera los slogans del nacionalismo. Cuando apoya las manifestaciones contra la masacre en Gaza, se opone a que se conviertan en medios de lucha contra sus propios gobiernos imperialistas, en nombre de la ‘unidad’ del ‘arco opositor’. Algunas ‘izquierdas’, como es el caso del Socialist Workers Party del Reino Unido, califica a Irán como “un imperialismo regional’ (“Socialist Worker”, 19.6), lo que significa que a Irán la separa una diferencia de grado con el sionismo. Son numerosos los grupos que apoyan a la Otan, en Europa, contra el “imperialismo ruso”, adoptando el punto de vista ‘democrático’ de las burguesías y gobiernos de la Unión Europea. De nuestra parte advertimos: asistimos a una guerra imperialista mundial que, en el caso de Palestina, Irán, Líbano, se desarrolla contra naciones históricamente oprimidas. Milei ocupa la vanguardia ideológica, mediática y ultrarrepresiva del apoyo al imperialismo y al estado sionista. Procura desarrollar esa guerra al interior de Argentina, contra la clase obrera y los derechos políticos de las masas del país. Así como “Parar la guerra” es un objetivo deseable para todo demócrata, pero inalcanzable sin una derrota del imperialismo, el rechazo a que Milei involucre a Argentina en la guerra del lado del imperialismo, es posible solamente si nos involucramos en la guerra del lado de las naciones oprimidas asaltadas por el imperialismo y del lado de la clase obrera que lucha contra sus patronales ‘locales” de todos los países. Por la derrota del imperialismo y el estado sionista en la guerra contra Irán y contra Palestina, por un Medio Oriente obrero y socialista. Por el fin de la guerra mundial en desarrollo, derrotemos al imperialismo y a los regímenes opresores, por medio de la unidad internacional de los trabajadores. Para derrotar al agente liberticida del imperialismo y sus guerras, en Argentina, impulsemos la huelga general. 22 de junio de 2025

Diez trabajadores de Molinos Rio de la Plata fueron despedidos el martes de la semana pasada. La respuesta fue un paro total, que duró hasta el miércoles 18 a la tarde-noche, cuando el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la Conciliación Obligatoria, que formalmente obliga a las partes a retrotraer por quince días hábiles los despidos y suspender mientras tanto las medidas de fuerza. Los trabajadores levantaron la huelga, pero la empresa de los Pérez Companc no cumplió su contraparte, impidiendo el retorno de los despedidos a sus puestos de trabajo. Los despedidos siguen desde afuera de la planta con acciones de lucha. El STIA Buenos Aires esperó a que no dejaran ingresar a la planta al último trabajador despedido para realizar con acta certificada por escribano la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. La empresa incumple una conciliación, por lo que el Ministerio de la Provincia podría aplicarle, como mucho, multas por cada día que no permita el ingreso de los trabajadores. La empresa difícilmente pague un solo peso de esas multas, que serán apeladas hasta el infinito. Aun pagándolas, la empresa se asegura su objetivo político: que los despedidos quedan afuera de sus puestos de trabajo y la planta vuelve a trabajar. En cada conflicto por despidos se van sumando empresas que deciden incumplir las reinstalaciones por la Conciliación. En el Neumático, Bridgestone despidió de un saque a más de 500 trabajadores y desconoció la Conciliación Obligatoria impidiendo que los despedidos reingresen. En el largo conflicto de Praxair, los despedidos tampoco pudieron ingresar durante la Conciliación. En Georgalos, actualmente, los despedidos están afuera con la Conciliación vigente. La patronal de Fademi, en Entre Ríos, yendo más lejos todavía incumplió varias conciliaciones obligatorias y actualmente incumple un fallo confirmado de la Justicia Laboral que la obliga a reinstalar a los trabajadores despedidos, que están acampando hace meses frente a la planta. Y la lista podría seguir. El no acatamiento de las reinstalaciones por conciliaciones obligatorias por parte de las empresas no es algo nuevo: en 2013, la presidenta Cristina Kichner, el gobernador Scioli y la empresa Gestamp pergeñaron una conciliación obligatoria para obligar a los despedidos, acusados por CFK de querer hacer ´la revolución bolchevique´, a bajarse del puente grúa, para luego no dejarlos ingresar nunca más. La clase capitalista ha convertido en esta etapa a la conciliación obligatoria es una trampa letal para la lucha contra los despidos: los trabajadores acatan y levantan los paros y los despedidos siguen afuera. El desgaste fuerza a los trabajadores a arreglar, divide a los trabajadores de adentro con los de afuera, etc. Se trata una política general de la clase capitalista. Refleja un posicionamiento claro frente al derecho laboral, a tono con la ofensiva del gobierno de Milei-Sturzenegger: las decisiones que se toman en las oficinas del capital están por encima de las leyes laborales vigentes, los convenios colectivos y los acuerdos internos firmados por cada empresa. En los hechos, debería discutirse en asamblea el acatamiento de parte de los trabajadores de cada conciliación obligatoria, algo que por supuesto ningún sindicato promueve. A diferencia de las patronales, todos los sindicatos se ponen “a derecho”. El incumplimiento de una Conciliación Obligatoria podría abrir paso a la pérdida de la personería gremial, del descuento por recibo de sueldo y el manejo de la Obra Social.

El sábado Donald Trump celebró eufórico que el ejército yanqui había ejecutado un "ataque muy exitoso" contra tres sitios nucleares iraníes -Natanz, Isfahán y la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordow-. Un rato después, en una alocución de 4 minutos, agradeció a Benjamin Netanhayu, al ejército y a dios -mucho a dios, tal vez tratando de seducir a su electorado de la derecha religiosa al que le había prometido no más guerras-. Trump vaticinó más ataques si Teherán tomaba represalias y “no hace las paces con Israel” (sic). Horas después de los ataques estadounidenses, se reanudaron los enfrentamientos en ambos sentidos. Este lunes, cumpliendo con una advertencia, Irán lanzó misiles contra la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio, que es el cuartel general avanzado del Mando Central. La base aérea Al Udeid, en Qatar, cuenta con 10 000 efectivos militares y civiles. Qatar se reservó “el derecho a responder”, confirmó que tienen capacidad de hacer frente a cualquier amenaza y dijo que sus defensas aéreas interceptaron los misiles. En tanto, funcionarios iraníes aseguraron off the récord que el ataque fue anticipado y coordinado con los qataríes para minimizar las bajas (NYT, El País, 23/6). Arabia Saudita se apresuró a “condenar y denunciar con la mayor firmeza” lo que considera una agresión iraní contra Qatar, “una flagrante violación del derecho internacional y de los principios de buena vecindad”. Tanto Qatar como los Emiratos Árabes Unidos, importantes centros de conexiones aéreas internacionales, han cerrado su espacio aéreo del mismo modo que Bahrein y Kuwait. Más allá del entusiasmo de Trump, no está clara la efectividad del “exitoso” ataque del sábado. El secretario de Defensa Pete Hegseth y el vicepresidente Vance tuvieron que admitir que una evaluación era prematura. Dijeron que el ataque no pretendía un cambio de régimen y que tampoco estaban en guerra contra Irán sino “contra su programa nuclear” (sic). La sospecha de la eficacia del ataque norteamericano incluye a muchos expertos. Ali Vaez, director del International Crisis Group, un instituto derechista en Washington, coincidió en que “el resultado de este conflicto está lejos de estar claro y que la reorganización del orden regional está lejos de haber terminado. Irán está debilitado, pero no derrotado. Su programa de enriquecimiento nuclear está dañado, pero aún no está claro si ha sido destruido” (The Washington Post 22/6). Los iraníes no han dado señales ni antes ni después del bombardeo de que estén dispuestos a la “rendición incondicional” que busca Estados Unidos. Netanhayu anunció que seguirá bombardeando a Irán hasta aniquilar su potencial misilístico y advirtió a la población de Israel que debía prepararse para una campaña larga. El éxodo de los israelíes es de tal envergadura que el gobierno prohibió a las líneas aéreas que les vendan pasajes “para no atestar el aeropuerto” (sic). El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, explicó que “el gobierno estadounidense debe comprender que la industria nuclear está profundamente arraigada en nuestro país y que no es posible erradicarla”. Behrouz Kamalvandi, portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, entre otras voces gubernamentales, ratificó que el programa nuclear sigue su curso. EL parlamento iraní pidió al Ejecutivo el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 25 % del comercio mundial de gas y petróleo. El comandante de la Guardia Revolucionaria, Esmail Kosari, indicó que la aprobación “está en la agenda” y “se hará cuando sea necesario”. “Hay múltiples opciones sobre la mesa”, dijo el canciller Araghchi. Una de las opciones es cerrar el estrecho de Ormuz. Ubicado entre las costas de Irán y Omán, este angosto paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo es utilizado intensivamente por buques petroleros. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), en el primer trimestre de 2025 transitaron por allí casi 15 millones de barriles diarios de crudo y condensado, además de 8 millones de barriles de productos petroleros. Aproximadamente el 20 % del comercio mundial de petróleo. El principal exportador a través del estrecho no es Irán, sino Arabia Saudita, pero Irán tiene el control estratégico. Si lo cierran, Estados Unidos sufriría consecuencias: cerca de 2 millones de barriles diarios de crudo con destino a ese país pasan por esa ruta (Infobae 23/6). Otro gran afectado sería China, que ha pasado a depender estratégicamente del combustible de Irán, mas allá de la provisión que recibe de Rusia. Si se cierra el estrecho el precio del petróleo se disparará. Además del impacto en los consumidores, “expertos prevén una ola de especulación, compras anticipadas y acaparamiento de reservas por parte de otros países". Esto podría generar una competencia feroz por el suministro restante, lo que elevaría aún más los costos. La situación también podría desencadenar un efecto dominó en los mercados financieros. El secretario de Estado Marcos Rubio le pidió a China que disuada a los ayatollah (?). Trump vigila de cerca el precio del petróleo, que ronda los 74 dólares el barril. "¡TODOS, MANTÉNGANLOS BAJOS! ¡LOS ESTOY VIGILANDO!", escribió Trump en sus redes sociales e instó al Departamento de Energía a "¡PERFORAR, CHICOS, PERFORAR! ¡Y lo digo en serio, AHORA!". Mientras tanto, decenas de petroleros intentan salir del estrecho, según alertó el inversionista Spencer Hakimian en X. “Hay cerca de 50 grandes buques tratando de abandonar la zona. La industria espera un bloqueo inminente”, escribió. La Unión Europea, que no se fatiga de defender “el derecho a la defensa” de Israel mientras los sionistas masacran a los palestinos, mantienen a sus soldados en el sur del Líbano y Siria y bombardean Irán, ha manifestado “lo peligroso que sería cerrar el estrecho de Ormuz”. Según fuentes militares estadounidenses, el cierre del estrecho podría bloquear cualquier barco de la Armada de los Estados Unidos en el golfo Pérsico. El cierre de la vía marítima podría aislar a los dragaminas estadounidenses en el golfo Pérsico, a un lado del estrecho. Dos funcionarios de Defensa norteamericanos indicaron que la Marina estaba buscando dispersar sus barcos en el golfo para que fueran menos vulnerables. Un ataque al estrecho, por parte de Estados Unidos, lo cerraría aun más. El paso siguiente debería ser enviar tropas para ocupar el terreno. En los Estados Unidos, alrededor de 15 millones de personas se movilizaron contra Trump el 14 de junio. Según una encuesta de Washington Post, el 45 % se oponía a lanzar ataques aéreos militares estadounidenses contra Irán, el 30 % estaba indeciso y solo un 25 % los apoyaba. En la Argentina, Javier Milei se agita celebrando cada avanzada bélica en las redes. La guerra en Argentina la libra el Gobierno atacando cada vez más los derechos políticos = de opinión, reunión y manifestación. Las petroleras, en Argentina, han aumentado el precio de la nafta para liberar excedentes que serán suministrados al aparato bélico de la Otan. Milei introduce a Argentina en la guerra imperialista, del lado del imperialismo. Para luchar por el cese de la guerra contra Irán, Palestina, Líbano, Siria, y el fin de la guerra entre la Otan y Rusia, y ponernos del lado de los trabajadores, es necesario derrotar en toda la línea al gobierno liberticida.

El jueves pasado los compañeros de la Juventud de Política Obrera y del frente de Filosofía y Letras llevamos a cabo una nueva radio abierta en facultades de la UBA. En esta ocasión tomaron la palabra activistas autoconvocados por Palestina, un compañero del colectivo en solidaridad con Palestina de Perú y el PC Argentino, además de militantes de nuestro partido. Se trata de la tercera actividad que realizamos en la UBA, luego de una importante mesa redonda en la Facultad de Sociales y de una radio abierta reciente en la Facultad de Exactas. Todas las intervenciones convocaron desarrollar una lucha contra el genocidio en las universidades y la UBA, cooptada al campo del sionismo por sus autoridades y su federación estudiantil (FUBA). Se denunciaron la represión del gobierno nacional y el lobby sionista contra quienes apoyan a la causa palestina, donde cumplirá un rol fundamental el ´ciberpatrullaje´ de la Policía Federal. También se compartió la experiencia del movimiento por Palestina en Perú y Latinoamérica, donde el sionismo y el Estado de Israel tienen apostados fuertes intereses. En este sentido, se señaló la conexión del genocidio y la guerra en Medio Oriente con la decadencia del régimen capitalista. La expansión de la guerra al conjunto de Asia y Europa Central está relacionada con este fenómeno histórico. La clase obrera argentina y las universidades tenemos que impulsar la lucha contra Milei, cuyo gobierno es un ladero de Trump y Netanyahu. Las intervenciones se puede encontrar en el instagram de la juventud de Filosofía y Letras (@politicaobrerafilo).

En las ciudades de Champlin y Brooklyn Park, al norte de Minneapolis, en el estado de Minnesota, un hombre disfrazado de policía y con máscara de látex atacó, con precisión militar, a dos matrimonios en sus casas, distantes 13 kilómetros una de otra. El hecho ocurrió en las últimas horas del viernes 15 o primeras del sábado 16 de junio. El sospechoso, que ya fue detenido, se llama August Vance Luther Boelter, tiene 57 años, y aparentemente utilizó un fusil de asalto tipo AK. En cuanto a las víctimas, Melisa Hortman y su esposo, Mark, perdieron la vida, en tanto John Hoffman y su esposa, Yvette, quedaron gravemente heridos. Dos hijos en el primer caso, una hija en el segundo, resultaron ilesos. Hortman y Hoffman revistan como legisladores en el Partido Demócrata. En cuanto se confirmó la muerte de la legisladora, el gobernador Tim Walz salió a decir que se trató de “un asesinato político”. Ambos congresistas representaban al norte de Minnesota. Hortman, de 55 años, era la principal líder demócrata en la Legislatura estatal y colaboró en la aprobación de varias políticas sobre el derecho al aborto y la marihuana, entre 2023 y 2024. En tanto Hoffman, de 60 años, es senador por el Partido Demócrata y siempre se ha desempeñado en temas relacionados con los servicios para personas con discapacidad y las necesidades de niños y familias. Vance Boelter, por su parte, el hombre detenido por los atentados, es un exfuncionario público de Minnesota, primero en la administración del gobernador Mark Dayton desde 2016, reelegido en 2019 por el gobernador Tim Walz, ambos demócratas. Su mandato terminó en enero de 2023. Está asociado con una empresa de seguridad, Praetorian Guard Security Services, donde su esposa, Jenny Boelter, figura como Directora Ejecutiva. A pesar del nombre rimbombante de la compañía y del alto cargo que opstenta la esposa de Boelter, a la agencia no se le conocen clientes y está registrada en el domicilio familiar. Pero Boelter es, además, un exmilitar y pastor evangélico asociado al movimiento de Christian Nationalism y la New Apostolic Reformation. Fundó Revoformation Ministries y predicaba consignas antiaborto y anti LGTBQ, enmarcadas en una visión de “guerra espiritual”. Tras su huida, August Vance fue buscado por más de 40 horas en una cacería policial y del FBI. Lo capturaron en una zona rural de Sibley County, vestido con atuendo militar, tras ser identificado por vecinos. En el vehículo que usó para los atentados -camuflado como vehículo policial- se encontró una libreta con setenta nombres, que incluía políticos demócratas y figuras proderechos reproductivos. Lejos de ser un lobo solitario, Boelter expresa un síntoma de un proceso de radicalización de la derecha político-religiosa en EE. UU., donde el nacionalismo cristiano articula odio ideológico, violencia política y utopía teocrática. El nacionalismo cristiano (Christian Nationalism) es una corriente político-religiosa que sostiene que Estados Unidos debe ser una nación explícitamente cristiana, donde las leyes, instituciones y autoridades se rijan por preceptos bíblicos. Rechaza el secularismo y propugna un “retorno” a los valores cristianos tradicionales. Es la base que utiliza la escritora canadiense Margaret Atwood para su conocida obra de ciencia ficción social, The Handmaid’s Tale (“El cuento de la criada”), trasformada en serie de televisión. Revoformation Ministries, por otra parte, el movimiento religioso fundado por Boelter, deja ver en la denominación una mixtura entre “revolución” y “reforma” para su idea religiosa en clave política (o viceversa), que deja atrás por varias vueltas a un Lutero aminorado. El tiroteo tuvo lugar en medio de profundas divisiones políticas en Estados Unidos y grandes protestas contra las políticas de Trump. El trumpismo (no nos referimos solamente al movimiento político que propugna el magnate, sino a la dinámica social, en sentido amplio, que impulsa) es un crisol donde arde una miríada de episodios de violencia política. No aludimos, por caso, a confrontaciones en las calles, entre trabajadores y fuerzas policiales o la Guardia Nacional, ni siquiera a la explotación y los abusos del poder que llevaron a estas confrontaciones, como las que hemos visto en California en estos días. Hablamos, en cambio, de episodios puntuales, donde atacantes individuales o grupales -pero por fuera de la clase obrera movilizada por la agresión contra sus condiciones de vida- atacan a individuos, grupos, comunidades enteras y también infraestructura simbólica o funcional como edificios públicos, religiosos o de servicios como salud, transporte, comunicación, etcétera. Desde Lincoln, probablemente, ha habido en la historia norteamericana una cantidad considerable de este tipo de ataques, pero ciertos estudios arrojan que han aumentado en cantidad con el ascenso político de Donald Trump, donde 2017, el año de su primera asunción como presidente, parece ser un año distintivo. Por supuesto ha habido violencia política antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, incluso extrema, pero era menos frecuente, más marginal y menos centrada en la política partidaria inmediata que la que se registra a partir de enero de 2017, con antecedentes en 2016 (otros estudios registran el inicio del alza de atentados en ese año), y las amenazas contra funcionarios electos eran mucho menos intensas y más fáciles de controlar. Veamos algunos datos: Incremento de amenazas a miembros del Congreso En 2017 se registraron 3.939 casos investigados por la Policía del Capitolio. Para 2021, esta cifra había ascendido a 9.625 -un aumento de más del doble– y se mantuvo alta en 2022 (7.500) y 2023 (8.000) (counterterrorismgroup.com, tampabay.com). Más ataques terroristas motivados por razones partidarias Entre 2016 y abril de 2024 ocurrieron alrededor de 21 ataques o planes violentos dirigidos a funcionarios o lugares gubernamentales por motivos partidarios, frente a solo dos incidentes en los 20 años previos (csis.org). Otra fuente eleva esa cifra a 25 casos entre 2016 y 2025, con una marcada mayoría de origen extremista de derechas. Creciente normalización del discurso violento Encuestas indican que, aunque una minoría apoya directamente la violencia política, el porcentaje subió del 7 % al 20 % desde 2017, reflejando una erosión de las normas pacíficas (reddit.com, theguardian.com). El número de amenazas procesadas por los tribunales federales pasó de un promedio de 38 por año (2013-16) a 62 por año entre 2017 y 2022 (nolabels.org). Atentados de alto perfil Entre 2022 y 2023 hubo múltiples episodios: intentos de asesinato contra Trump (en julio de 2024; en septiembre, un segundo intento fue abortado en un campo de golf del multimillonario, cuando un francotirador escondido entre arbustos fue interceptado sin disparar, y en julio del año siguiente fue desbaratado otro plan para matarlo, sin que llegara a la fase de intento) y Pelosi (2022); ataque incendiario a la casa del gobernador Josh Shapiro (2022); intento de toma y violencia en oficinas de campaña demócrata (Arizona 2022) (npr.org). Es necesario aclarar que la gran mayoría de los ataques que estamos comentando entran en lo que el FBI y el Departamento de Justicia consideran “terrorismo doméstico”. Ahora bien, también hay que aclarar que la definición no hace hincapié en la nacionalidad del atacante, sino en la de quien lo dirige; vale decir que si un norteamericano cometiera un atentado bajo las órdenes o los planes de una organización foránea, sería considerado un acto de terrorismo internacional. Sin embargo, lo relevante en el análisis presente es que en el 95 % de los casos se trata de ataques de nativos contra nativos, en razón de violentas discrepancias políticas: supremacistas blancos contra afroamericanos, judíos, latinos o el Estado; milicias antigobierno contra funcionarios electos; antiabortistas contra clínicas; grupos de izquierda radical contra instalaciones policiales o símbolos de derecha (casos mucho menos frecuentes); etcétera. Por otro lado, dejamos aparte la ocupación del Capitolio del 6 de enero de 2021, porque representó un fuerte salto cualitativo en la crisis política. Fue la primera vez en la historia moderna de EE. UU. que una turba (más de 1.200 personas fueron arrestadas: una cifra inusitada en la “democracia” norteamericana), en gran medida armada, motivada políticamente y alentada por el propio presidente en ejercicio, irrumpió en el Congreso con la intención explícita de frenar una transición democrática. Vale decir: un golpe de Estado. Trump, que no aceptaba la derrota electoral y que había incitado directamente a la sedición, no sólo no condenó el ataque en tiempo real, sino que lo minimizó después, consolidando un precedente de validación presidencial de la violencia y/o la asunción de parte de mucha gente con opinión heterogénea respecto de que la violencia explícita es un recurso legítimo, cuando no el único, para salir de contradicciones.

En la audiencia por la absolución de Alejandro Bodart (ver nota), se expresaron múltiples condenas a la acción genocida del Estado sionista contra Gaza, y diferentes caracterizaciones sobre el gobierno israelí. Una de las más significativas fue la del diputado Christian Castillo, del PTS. Castillo destacó, sorprendentemente, el “aislamiento internacional” de Netanyahu y, reiteró un concepto muy reiterado en las últimas semanas en círculos pretendidamente democráticos –su presunta condición de “paria internacional”. Castillo no hace más que vehiculizar una opinión que se había expandido luego de las declaraciones ‘condenatorias’ de los jefes imperialistas de la Unión Europea y de algunos sectores del partido Demócrata de Estados Unidos, a partir de la expulsión de las organizaciones humanitarias de la ONU en Gaza, para ser reemplazadas por compañías para militares alquiladas por el gobierno sionista. Esta operación agravó la hambruna en la Franja y sirvió de pretexto para los asesinatos de quienes venían a requerir comida en las tres estaciones establecidas. El diputado del PTS no logró advertir la hipocresía de esos gobiernos a sueldo del imperialismo. En el día de ayer esos mismos gobiernos declararon que el bombardeo a las tres instalaciones de Irán, por parte de la camarilla de Trump, “no viola la ley internacional”. La descripción deformada de la guerra internacional por parte de Castillo corresponde a la caracterización del PTS de que la geopolítica imperialista no se orienta hacia una guerra mundial imperialista sino a una “paz” imperialista. Netanyahu es el imperialismo, como lo ha demostrado la guerra contra Irán. Entonces, ¿está ‘aislado’ el imperialismo? La oposición política a Netanyahu, encabezada por Yoav Galant y Yair Lapid, ha apoyado a rabiar el inicio del ataque no provocado de Israel contra Iran; los ‘opositores’ pusieron por escrito este apoyo en todos los diarios de Israel, y reclamaron al ‘Bibi’ a destruir el régimen político iraní y asesinar a toda su cúpula. Quien se encuentra fatalmente aislado es Iran –abandonado en el caso hasta por las potencias aliadas (Rusia y China). Uno de los más entusiastas predicadores de la tesis de un Netanhayu “loco”, el columnista Thomas Friedman, del New York Time, cambió de ángulo cuando se desató la guerra no provocada contra Irán, y pasó a auspiciar la destrucción de Iran (ver The New York Times) para obtener, en sus palabras, “la paz después de la guerra”, el mismo lema que enarboló la camarilla de Trump para justificar su propio ataque no provocado, el fin de semana pasado. Aunque Castillo se encuentra en las antípodas de Friedman (y por supuesto de Trump), su método político lo lleva a la misma conclusión –“la paz después de la guerra”. Lo mismo opina la oposición sionista a Netanyahu -la guerra para conseguir la paz- acabará con el principal pretexto para mantener en el gobierno a Netanyahu. El slogan de la paz y la democracia ha sido una constante en las guerras imperialistas de Estados Unidos. Repetida por la izquierda, la tesis que presenta a Nentanhayu como un criminal “aislado” tiene implicancias políticas estratégicas. Es que “los” Netanhayu, Trump o Milei expresan una tendencia irreversible del imperialismo mundial y del capitalismo en decadencia: la tendencia a procurar una salida a sus contradicciones por la vía de la guerra. Guerra internacional y guerras de opresión, por un lado; guerra contra la clase obrera y los explotados de sus países. El “desquiciado aislado”, como alguna prensa internacional presenta a Netanyahu, ha sido central en la reducción de la presencia de Rusia en Medio Oriente a un mero símbolo, cuando en 2015 se había convertido en el patrón de Siria. La captura de Siria da al imperialismo una base estratégica en el Cáucaso sur (Armenia y Azerbaidjan) y en el corredor estratégico Zangesur, que cruza a Armenia e Iran, y abre el camino al Asia Central. Cuando cumpla su faena Netanyahu quedará aislado y caerá, pero eso será ya harina de otro costal. Para la lucha que convocó la audiencia de ayer, esta divergencia es fundamental, cuando el Mossad de Netanyahu ha penetrado como nunca el Estado argentino. La campaña contra el ‘antisemitismo’ de la izquierda será impotente frente a los servicios, el gobierno y los jueces de Lago Escondido, si no desarrollamos un fuerte movimiento de masas contra la guerra imperialista y del sionismo. Para superar el único aislamiento que importa, que es el de la izquierda tomada en su conjunto, hay que desechar de plano la política del PTS y de los partidos que lo secundan en esa caracterización de la guerra.

Este lunes 23, tuvo lugar en el Congreso Nacional una Audiencia Pública para reclamar la absolución de Alejandro Bodart, el dirigente del MST condenado por supuesta “incitación a la discriminación contra los judíos”. La acusación contra Bodart, iniciada por la DAIA, dio lugar a un juicio oral donde desfilaron numerosos testigos de concepto. La jueza absolvió a Bodart, entendiendo a sus críticas al Estado de Israel como manifestaciones de carácter político que se inscribían dentro del derecho a la libertad de expresión. El juicio, en cualquier caso, se convirtió en una tribuna de denuncia del genocidio sionista en Argentina. Jorge Altamira, uno de los testigos ofrecidos por la defensa de Bodart, señaló que la consigna histórica de “Palestina libre del río al mar”, expuesta por los acusadores de Bodart como expresión de su supuesto “antisemitismo”, había sido invertida siniestramente por el Estado sionista, en su operación de exterminio y expulsión de Gaza y Cisjordania. Pero el fallo absolutorio, apelado por la DAIA, fue revocado por la Cámara de Casación porteña. En vísperas de una nueva audiencia judicial, el MST y las defensas de Bodart convocaron a esta audiencia en el Congreso, que reunió a dirigentes de izquierda, parlamentarios del FITU, representantes del comité de solidaridad con Palestina en Argentina y organizaciones de juristas democráticos. Los abogados de Bodart, María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, de Correpi, expusieron las incidencias del juicio y el estado en que se encuentra la causa. Los abogados explicaron que, en su fallo dividido -2 a 1- los camaristas Franza y Mahiques revocaron la absolución dispuesta en primera instancia. En el caso de Mahiques, integrante de una camarilla familiar conocida como el clan de “Lago Escondido”, el magistrado se limitó a “cortar y pegar” los argumentos esgrimidos por la DAIA contra Bodart. En lo sustancial, se trata de identificar al antisionismo con el antisemitismo. Es la impostura que alimenta a la persecución a todos los luchadores que en el mundo denuncian en estas horas el genocidio palestino. En la audiencia, se citó al caso de Cristian Ruiz, el argentino denunciado y detenido durante seis meses por denunciar en sus redes a la masacre perpetrada por el Estado sionista. Ya liberado, Ruiz se quitó la vida. Más recientemente, la diputada Vanina Biasi fue procesada por las mismas razones. Después de la exposición de los abogados, intervinieron dirigentes de organizaciones palestinas en Argentina, dirigentes de izquierda y de derechos humanos. En un ámbito como el Congreso Nacional, la ausencia completa del peronismo y del kirchnerismo fue estruendosa, trátese de justicialistas, kirchneristas o troskokirchneristas. La presencia de Luis D´Elia en la audiencia no cuenta ni como excepción, porque no integra ninguna de las orgánicas “nacionales y populares”. En su intervención, el propio D´Elia, que se encuentra imputado en la causa por el Memorándum por Irán, deploró la ausencia del peronismo. Marcelo Ramal expresó el repudio de Politica Obrera a la resolución condenatoria, instigada por los representantes locales de Netanyahu-Trump, es decir, Javier Milei y Bullrich. Ramal señaló que el fallo contra Bodart debe entenderse en el cuadro de la guerra imperialista en curso, que es a la vez una guerra interior contra todos los que alcen la voz contra las manifestaciones más execrables de esa guerra. Argentina no se encuentra de ningún modo ausente de la guerra en curso, y lo prueba la colonización de la actual SIDE por parte de la CIA y el Mossad, como lo demuestra el nombramiento de Kravetz como figura central de los servicios argentinos. Si se tiene en cuenta el entrelazamiento histórico de los “servicios” con el aparato judicial -señaló Ramal- es muy claro que la escalada de procesamientos y acusaciones es inseparable de los atropellos represivos, las disposiciones sobre requisas y los ciberpatrullajes. El peronismo y el kirchnerismo -que le han quitado el cuerpo a esta lucha- terminará bebiendo de su propia medicina, como lo prueba la reactivación de la causa por el Memorandum con Irán. La derrota de los fallos condenatorios, por lo tanto, debe integrarse a la lucha internacionalista y socialista por derrotar a los gobiernos de la guerra imperialista, que encabezan la agresión criminal a Palestina e Irán -entre ellos, señalamos, los liberticidas de Milei y Bullrich. Finalmente, los organizadores llamaron a estar alertas frente a las próximas instancias judiciales, y frente a la posibilidad de que se ratifique la condena a Bodart.

Hay varios indicios que dan cuenta de que el ataque israelí contra Irán contó con un armado internacional de mayor alcance. En primer lugar está el claro papel de los Estados Unidos quien, en los días previos, le dio falsas garantías a Irán de que las negociaciones por el desarme nuclear iraní transcurrirían sin acciones bélicas por parte de Israel. Hoy muchos medios dan como un hecho que Trump, no solo no fue sorprendido por los ataques -tal como él mismo terminó admitiendo- sino que dio las ubicaciones de los negociadores para que fueran ejecutados igual que los científicos y los altos mandos iraníes. Más allá de los supuestos deseos de Trump de quitarle a Estados Unidos su papel de gendarme mundial -tal como prometió en campaña- las internas al interior del gobierno y la dinámica de la crisis imperialista mundial determinan sus acciones. Un papel semejante, pero que no tuvo tanto protagonismo, cumplieron los países árabes al establecer reuniones de supuesto acercamiento con Irán. Días antes de la ofensiva israelí el responsable de la Defensa saudí, Khalid bin Salman, se reunió con el líder de la República Islámica de Irán, Seyed Ali Jamenei, para discutir un supuesto acuerdo bilateral de defensa, lo cual resulta inverosímil sabiendo que tanto Emiratos árabes como Arabia saudi tienen acuerdos con Israel en su conflicto con los hutíes en Yemen -conflicto proxy con Irán. Son todas maniobras que apuntaron a bajar la guardia del gobierno iraní, pero son armas de una sola bala que mellan la credibilidad de los implicados. A pesar de haber firmado una declaración junto con todos los países árabes “condenando el ataque israeli a una nación islámica” ,Jordania colabora desde el primer día directamente con el régimen genocida derribando los drones y los misiles iraníes que vuelan por su espacio aéreo. Por su parte, Arabia Saudita proporciona datos de radar y tolera el acceso israelí a su espacio aéreo, especialmente en la parte norte del país. Bastó que Irán ejerciera su derecho a defensa atacando las bases militares norteamericanas para que se corriera aún más el velo entre los países árabes. Respaldándose en que una de esas bases está en Qatar, Jordania y Arabia Saudí repudiaron el ataque y declararon “el despliegue de todos los medios para apoyar a Qatar en todas las medidas que adopte”, en una demostración de que están impacientes por encontrar una excusa para entrar en el conflicto. Otros países árabes también repudiaron el ataque, aunque sin tanta efervescencia. Uno de los casos más lamentables es el de la Autoridad Palestina que condena el ataque a las bases militares del país que pertrecha al genocida de su propio pueblo. No se puede esperar otra cosa del guardiacárcel del gueto en que se está convirtiendo Cisjordania. A todos ellos en el pasado los tuvo sin cuidado que Qatar infringiera su propia soberanía y pusiera en riesgo a la región al aceptar bases militares yanquis y británicas en su territorio, de la misma manera que también lo hicieron Emiratos árabes y Arabia Saudí. Por el contrario, el que le bajó el precio al ataque fue el mismo Donald Trump quien declaró que no hubo víctimas yanquis debido a que el mismo Irán le había dado aviso previo. La OIEA A criterio del régimen iraní, el que también cumplió su función fue el argentino Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El régimen de Teherán consideró que la reciente publicación de un informe del OIEA, en el que se detallan aspectos sensibles de su programa nuclear, fue funcional para que la comunidad internacional apoye la ofensiva israelí. Según el informe, Irán contaba con suficiente uranio enriquecido como para crear, luego de un proceso, una bomba nuclear. Ahora Grossi está de gira por los medios alertando que todo el Tratado de No Proliferación Nuclear está en peligro y aclarando que Irán no tiene armas nucleares, pero la guerra ya estalló. Reino Unido Otro actor que tiene una actuación velada es Reino Unido. La semana pasada la Armada iraní interceptó a un destructor de Reino Unido que navegaba en el mar de Omán hacia el Golfo Pérsico, para apoyar a Israel, y le obligó a cambiar de rumbo con drones. Los aviones israelíes se abastecen y refugian en las bases militares que Reino Unido tiene en Chipre, y, para algunos analistas, el ataque de drones israelíes que salieron desde el propio territorio iraní en camiones es muy semejante al ataque que sufrieron las cuatro bases aéreas rusas desde dentro de su propio territorio, también desde camiones -por drones que se suponen de fabricación ucraniana pero que el gobierno ruso denuncia que contaron con apoyo y planeación británicos. Por lo tanto, toda la pantomima británica previa sobre sanciones a instituciones y personas vinculadas a grupos de colonos, la suspensión de las relaciones comerciales con Israel y el llamado al embajador por una supuesta condena al genocidio palestino, solo tuvo como objetivo levantar una coartada para llevar adelante, solapadamente, el apoyo militar pleno a Israel. Escalado el conflicto, Reino Unido reforzó su presencia militar en Chipre con el envío de aviones de combate Typhoon y aviones cisterna Voyager. Esta confabulación internacional contra Irán es solo un eslabón de la guerra imperialista que tuvo como escalones necesarios el cambio de régimen en Siria, el genocidio palestino y los ataques terroristas contra Hezbolla. De momento, el anhelo imperialista de cambio de régimen en Irán está siendo detenido por el rechazo popular que genera el ataque sionista y que se expresa en movilizaciones multitudinarias en Teherán a pesar de la crisis económica y el recrudecimiento de la represión interna del régimen de los ayatolá.

Por medio del Decreto 397/2025, el gobierno liberticida da vía libre a la compra y tenencia de armas semiautomáticas y se desentiende de perseguir su tráfico, a través de un régimen de “control especial”, derogando el Decreto 64/1995 del gobierno de Carlos Menem, que prohibía la compra y tenencia, reservando su uso exclusivamente a las instituciones armadas dependientes del Estado. Los liberticidas presentan su posición como si fuera coherente con la idea de “libertad” que pregonan, pero los que ejerzan su libertad de no tener armas también van a sufrir las consecuencias de que más personas estén armadas, teniendo su correlato en ámbitos públicos y privados. Los libertarios introducen de un plumazo una nueva concepción en el monopolio de la coacción por parte del Estado, desde una concepción reaccionaria, dando rienda suelta a la “justicia por mano propia”. El decreto de Menem determinaba la salvedad para la tenencia de armas de fuego "cuando existieren fundadas razones que lo justifiquen" y debían estar avaladas por el Ministerio de Defensa, previa propuesta del Registro Nacional de Armas, renombrado como Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que se encuentra bajo la esfera del Ministerio de Seguridad, ente encargado de la aplicación de la norma. Su titular es Juan Pablo Allan, ex senador provincial por el PRO entre 2015 y 2025. El decreto de Milei borra todas las restricciones y da vía libre a la tenencia de armas sin controles previos. Hasta el decreto libertario era menester para portar armas ser mayor de 21 años, no contar con antecedentes penales, pasar un examen psicofísico y demostrar medios lícitos de vida. El DNU en cuestión, por un lado, debilita los controles y por el otro, incentiva y facilita la tenencia de armas en manos de civiles. El decreto rubricado por Milei, Bullrich y Francos plantea un “régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o sub ametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego”. En la campaña presidencial de 2023, Milei y Bullrich coincidieron en un discurso fascistizante, haciendo eje en la mano dura, en el que entraba la libre portación de armas, introduciendo de esta manera la cuestión de la “legítima defensa”. En la “cruzada” contra “las mafias” de los liberticidas, la cuestión del tráfico de armas se encuentra totalmente ausente, deslindando al crimen organizado de la tenencia y uso de armas de fuego. Como muestra vale un botón: en Rosario, cruzada por las bandas narcos que actúan al amparo de la política, la justicia y las fuerzas de seguridad, en 2022, en nueve de cada 10 homicidios se utilizaron armas de fuego y en el mismo año, pero a nivel nacional, se usaron en cinco de cada 10. Las bandas criminales se valen de un arsenal que proviene, en parte, del desvío de armas estatales, como lo demuestra que en la ciudad santafecina se han relevado balas de la Policía de Santa Fe en crímenes cometidos por estas bandas. En el contrabando a gran escala, “existen dos vías principales a través de las cuales el mercado ilegal se provee de las armas: los robos o ‘extravíos’ por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, y el pasaje a al mercado ilegal de armas (...). Cuanto más grande es el mercado legal, más oportunidades hay para que el mercado ilegal también crezca” (Perfil, 7/08/24). Otro caso que sirve como ejemplo es el Brasil de Bolsonaro, quien durante su gobierno flexibilizó la tenencia de armas: junto a un aumento descomunal de la cantidad de armas en manos de los civiles, se produjo el crecimiento exponencial del tráfico ilegal de armas, bajo la batuta de policías, armerías y personas con licencia de legítimos usuarios. La red funcionaba con “policías (que) reclutaban a personas (en su mayoría pobres, de zonas rurales), les gestionaban la licencia para el uso legal, corría con los gastos de esos trámites y de la compra del armamento, y luego desviaban las armas hacia el mercado negro. Las personas presentaban entonces una denuncia por un falso robo del arma” (ídem). La Justicia brasileña también demostró que los policías que integraban la red se hacían de armas secuestradas en allanamientos y las volcaban al mercado ilegal. Esta medida de los liberticidas se suma a otras que flexibilizan el acceso y tenencia de armas. En diciembre de 2024 el gobierno redujo la edad para tramitar la Credencial de Legítimo Usuario pasando de 21 a 18 años. En esta línea, el pasado mes se habilitó un trámite de “Tenencia Express”, haciendo más fácil el acceso al permiso de tenencia de armas de fuego para civiles y miembros de las Fuerzas de Seguridad. En mayo de este año el gobierno nacional eliminó trabas burocráticas para comerciantes y talleres de armas y municiones, por medio de la Resolución 49/2025, que tiene como uno de los puntos centrales la "eliminación de la necesidad de habilitaciones municipales y registros previos ante la ANMAC, lo que abre una ventana de oportunidad para pequeños productores que, según la nueva normativa, podrán operar siempre que su volumen anual no supere las 1.200 unidades” (Página 12, 20/5). El gobierno liberticida fundamentó las medidas de flexibilización en tres argumentos. El primero, “que habiendo transcurrido más de 30 años (...) resulta necesario reevaluar los mecanismos” de control. Segundo, que la prohibición generó que las armas ya existentes hace tres décadas “no pudieran transferirse” tras la muerte de sus poseedores, “lo que ha facilitado las condiciones de irregularidad en las que se encuentran sus sucesores”. Y tercero, “que resulta necesario atender la posibilidad del empleo de los mencionados materiales controlados en actividades deportivas u otras finalidades lícitas”. En el país en el que la “doctrina Chocobar” y la brutalidad policial enarbolada por la ministra de Seguridad (y el gobierno todo), la liberalización en la portación de armas entraña que la cuestión de la seguridad se puede abordar de manera individual, poniendo en pie una nueva concepción en materia de seguridad, cuando las estadísticas, a nivel mundial, dan cuenta de que más armas en circulación tienen su correlato en un aumento de los homicidios. Julián Alfie, miembro de la Red Argentina para el Desarme y Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, asegura que estas políticas “no responden a una demanda de la sociedad”, sino, que está atada a un “dogmatismo fanático” de la camarilla gobernante. Según Alfie “cuando a los argentinos se les pregunta si están de acuerdo, la respuesta es del 80 por ciento que no. Esta decisión responde a un dogmatismo fanático basado en una idea errada de una sociedad basada en el sálvese quien pueda” (Página 12, 10/12/24). Las estadísticas de Estados Unidos dan muestra de las consecuencias de flexibilizar la tenencia de armas. A la actualidad, EE.UU. es uno de los países con mayor cantidad de homicidios del mundo, teniendo una estadística de120 armas de fuego cada 100 personas, es decir, que hay más armas que personas. Manifestación de estas estadísticas son los tiroteos masivos en lugares públicos, como escuelas, que crecen año a año. Las estadísticas norteamericanas de hace diez años daban cuenta que 476 personas murieron en tiroteos masivos y el número total de muertes por armas de fuego fue de 13.286 personas. Los especialistas en la materia señalan una arista nada menor, la prevalencia de armas de fuego para cometer suicidios, partiendo de los problemas de salud mental, que se extiende como una pandemia en la población, pero con especial énfasis en la juventud. En los casos de femicidios también pueden observarse las consecuencias de la portación de armas. Según datos oficiales entre 2017 y 2020, el 24% de los femicidios se dieron a partir de la utilización de armas de fuego y desde Correpi aportan otro dato significativo: el 95% de los femicidios protagonizados por agentes de las fuerzas de seguridad ocurren con el uso de las armas reglamentarias fuera de servicio. Detrás de las medidas de flexibilización de tenencias de armas de fuego se encuentra el lobby de fabricantes y comerciantes de armas, que como socialistas debemos combatir en todas sus líneas. Desde estas páginas venimos advirtiendo sobre la puesta en pie de un Estado de características policiaco por parte de los liberticidas y sus consortes, que se desliga del control de la circulación de armas, en tanto y en cuanto saben que no representa un peligro para su gobernanza. Muy por el contrario, la libre circulación y la proliferación de armas genera una ficticia sensación de seguridad de carácter individual, desarmando el carácter colectivo que debe ser propio de la clase trabajadora para terminar con todo sistema de opresión. Con la claridad de que las armas de fuego representan (en el marco del sistema capitalista) una amenaza para los sectores más postergados de la sociedad, como socialistas rechazamos el discurso liberal del “derecho a las armas” y a su vez defendemos el derecho de los trabajadores de defenderse de los atropellos de las patronales, el Estado y de los grupos reaccionarios que pululan bajo sus alas. En la época de declinación histórica del capitalismo se vuelve imprescindible la construcción de un partido de la clase trabajadora que organice y unifique a los trabajadores a través de un programa que tenga como norte el gobierno de los trabajadores, que expropie a los “señores de las guerras” (fabricantes, comerciantes y traficantes de armas) y ponga fabricación de armas bajo control obrero.

Bajo las consignas de “Abajo la guerra de exterminio de Trump y el sionismo”, “Reforcemos las luchas obreras contra el gobierno liberticida” y ”Pongamos en pie un partido de la clase obrera”, lanzamos nuestra campaña financiera a partir del 15 de junio hasta el 30 de agosto. La multiplicación de luchas obreras -Tierra del Fuego, choferes, docentes de Catamarca, Garrahan, jubilados- han puesto de manifiesto una tendencia a la lucha contra el gobierno liberticida que continúa ampliándose. La mayoría de estas movilizaciones tiene como rasgo común la autoconvocatoria, como forma de sacarse de encima la acción de la burocracia sindical que colabora con el gobierno que le ha arrebatado conquistas históricas de la clase obrera y pretende ser socia capitalista en los negocios de la salud y en la liquidacion de actual sistema de indenmizaciones. Para luchar contra la reforma laboral, las paritarias de miseria, el intento de liquidar a los jubilados y hundir la salud y la educación publicas, tenemos que apoyar y ser parte activa de la reaccion popular contra el gobierno liberticida. Todos estos elementos obligan a un despliegue cada vez más intenso de Politica Obrera en términos de agitación, propaganda y organización. Sumamos dia a dia lectores de nuestra prensa digital y seguidores de nuestro canal de You Tube. Son necesarios recursos para apuntalar ese progreso. Todo ello representa dinero, en dimensiones muy superiores a lo que hemos desplegado hasta ahora, dado que tenemos por delante una intensa campaña electoral. La campaña financiera tiene como primer objetivo reforzar la intensa actividad que venimos desarrollando en varios frentes importantes, incluidas la lucha por la legalidad partidaria en todo el pais y los actos y agitaciones que venimos desarrollando por la derrota del imperialismo y el Estado sionista en la guerra contra Irán y Palestina, por un Medio Oriente obrero y socialista. Apelamos a todos nuestros simpatizantes y amigos a realizar un aporte a la campaña, a sumarse a las actividades especiales que programamos en la misma, con charlas y actividades culturales, y a las colectas que realizaremos en las grandes fabricas, para que sean aportantes permanentes a Politica Obrera. Vamos por una gran campaña financiera.

En el histórico Puente Pueyrredón, este jueves se llevará adelante una nueva jornada de movilización a 23 años de la Masacre de Avellaneda cuando, en un monumental operativo represivo, los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. A 23 años de aquel día, el movimiento de desocupados es uno de los principales focos de los ataques del gobierno liberticida de Javier Milei. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos realizaremos en el Puente un acto conmemorando la fecha y reclamando por el juicio a los responsables políticos de la masacre. Desde la Tendencia del Polo Obrero participaremos con nuestra propia columna junto a varios de los protagonistas de las jornadas del año 2002.

La cifra sobre el número de concurrentes a la “Plaza de Cristina” planteó una polémica que no solo es numérica. Los organizadores del acto llegaron a hablar del medio de millón de personas -una forma de parangonar a la marcha con el 2x1 del 2018 o, más cercanamente, el “estudiantazo” contra los recortes universitarios de Milei. Aunque Patricia Bullrich intentó desmentir esa cifra con otro desatino -“48.000 personas”- otras estimaciones más serias ubicaron la concurrencia entre 150 000 y 160 000. Es la cifra que corresponde a la movilización de un aparato semi-estatal - como “La Cámpora”, y otros de la misma característica que responden a decenas de municipios bonaerenses y a varias gobernaciones, comenzado por la de Buenos Aires. A ello se suma una concurrencia espontánea, las organizaciones sociales y unas pocas y poco pobladas columnas sindicales, de las burocracias estatales y docentes, en oposición a la ausencia completa de la CGT. Los sindicatos kirchneristas, como SUTEBA, llevaron banderas destacadas, pero no concitaron el interés de los maestros ni de la mayoría de los delegados. Para el kirchnerismo, “colmar” una Plaza que estaba semiocupada por las vallas policiales, representó una “victoria” poco menos que descomunal, dada la escasa capacidad con que contaba el peronismo antes de la sentencia de la Corte. Pasadas las horas, y la “espuma” del “Cristinazo”, las limitaciones y la crisis del pejotakirchnerismo volvieron a aflorar. Un “banderazo” a la casa de Cristina, en ocasión del 20 de junio, fue desviado por su jefa al Parque Lezama. Allí, un par de miles de mlitantes de La Cámpora se reunieron con Máximo, el presunto candidato del cristinismo a la 3ª sección electoral. Aunque MK tomó el megafóno, no hubo discurso. Sólo le dio para relatar su condición familiar -“visito a mi madre todas las mañanas”- y para presentar, otra vez, un mensaje grabado de CFK. El vacío político posterior a la jornada fue ocupado por reuniones entre massista-camporistas, para ofrecer un eventual acuerdo de campaña y candidaturas al movimiento que fundó Kicillof. Las últimas encuestas auguran una derrota del peronismo en los comicios de septiembre, incluyendo a la “estratégica” 3ª sección. Los que rechazan a “La Cámpora” y a Máximo por piantavotos parecen reunir la misma condición de sus criticados. Mientras tanto, la CGT ha refrendado su intención de anudar acuerdos todavía más profundos con el gobierno de Milei -ser parte de la futura reforma laboral, del nuevo régimen de cese laboral, que augura un jugoso negocio en el armado de los seguros de despidos, y de la reforma que deberá destruir el sistema previsional. Los intendentes estudian cómo confeccionar listas municipales despegadas de los candidatos provinciales, para conservar las comunas. Si este panorama no se corrige, el Peronismo (como Massa quiere bautizar a esta criatura avejentadda) será llevado a un desastre en la generales de octubre. El gobierno festeja este derrotero del peronismo, aunque lo disimula. La estabilidad cambiaria es una ficción que sostiene en base a un endeudamiento de características usurarias. Dos liberales notorios, como Carlos Rodriguez y Walter Graziano, acaban de denunciar, nada menos que en Clarín, que el Banco Central ha transferido el déficit del Banco Central al Tesoro a intereses usurarios, creando un déficit público financiero del Tesoro de dos puntos del PBI, de alrededor de 13 mil millones de dólares. Otros economistas denuncian que las reservas negativas del Banco Central privan al Tesoro de acceder a financiamiento internacional a tasas inferiores a las actuales. Estos desequilibrios son usados por el gobierno para podar más la obra pública y elevar la edad de la jubilación. La ‘baja’ de la inflación aumenta el gasto de los trabajadores retirados, porque su canasta de vida tiene un costo superior a la media de precios al consumo. Por sobre todas las cosas, el peronismo no tiene un planteo alternativo; al revés, saluda que Milei haga el “trabajo sucio”, para partir de una economía completamente ‘ajustada’. La espera a un derrumbe económico del gobierno es una característica de la inmovilidad y la pasividad, lo que suma al desgaste implacable del peronismo. La adaptación pejotakirchnerista a la agenda libertaria es manifiesta. En los sindicatos, municipios o gobernaciones, sus camarillas disputan el papel de interlocutor privilegiado con el gobierno. En esa disputa está la base de su fragmentación en múltiples camarillas. Este es el escenario de conjunto que va a caracterizar a la campaña electoral que viene. Nuestro partido, Política Obrera, llama a formar listas de trabajadores en todas las secciones y municipios, para dar una batalla clasista y socialista en estas elecciones. El FITU, en cambio, con un interbloque Nacional y Popular en el Congreso de la Nación (además de las adhesiones a CFK en su propio domicilio), opera como una colateral del peronismo en la expectativa que un lenguaje y reivindicaciones peronizantes, le arrime votos en medio de la crisis del peronismo. Esto lo llevó al acto electoral que el peronismo disfrazó de una lucha contra la proscripción. Pero incluso esta convergencia no lo pone afuera de su propia crisis. Una lista de trabajadores abre otra perspectiva a la clase obrera. Para luchar contra la liquidación de los derechos laborales y previsionales y un mayor ‘ajuste’, que serán el eje y agenda de la lucha a partir de noviembre. Es abrir una perspectiva a los delegados obreros que pelean contra el chaleco de fuerza de la burocracia sindical. En oposición a las colaterales del peronismo, llamamos a romper con el peronismo y sus carreristas y construir un partido de la clase obrera.

El pasado viernes por la tarde se realizó en la plaza principal de la capital catamarqueña un Festival de Trabajadores en Lucha, levantando los reclamos por el salario y los derechos laborales. Fue organizado a partir de las asambleas de la docencia autoconvocada, con la participación activa de artistas y referentes culturales, docentes y estudiantes. La iniciativa planteó un canal de expresión y de reclamo conjunto que involucrara a todos los sectores de trabajadores. A contramano de esta jornada de lucha cultural, el gobierno de Raúl Jalil persiste con una política de ajuste que reproduce el programa del gobierno nacional, con el congelamiento salarial, el incumplimiento de pagos y la ofensiva sobre los estatutos y condiciones de trabajo. La pauta salarial proyectada agudiza la pérdida del poder adquisitivo y sella un rumbo de empobrecimiento generalizado para los trabajadores del Estado. Las medidas se combinan con intentos legislativos para modificar el Estatuto Docente y el régimen de estabilidad laboral en el conjunto del empleo público. En este escenario, en el festival hubo un pronunciamiento explícito de defensa de las condiciones de vida de la familia trabajadora a partir del reclamo salarial, como una expresión de unidad que marca el pulso de una nueva etapa en la lucha. La grilla incluyó a Luis Torres, Chino Coronel y Adrián Tula (Los Peregrinos del Sol), 168 Horas, Los de la Gruta (Horacio Cárdenas), Román Isasmendi y Jana, en un escenario montado con esfuerzo colectivo y con un claro objetivo: poner en primer plano la defensa del salario, la educación pública y los derechos laborales frente al avance del ajuste. La acción de los estudiantes fue central para la realización del festival: desde la coordinación técnica, el sonido hasta el acompañamiento en la difusión y la convocatoria. Docentes de diferentes niveles colaboraron en la gestión de recursos y en el armado del evento. El desafío planteado por las asambleas es darle continuidad a esta forma de lucha e integrarla a una estrategia mayor de coordinación por sectores, localidades y niveles educativos. Las grandes movilizaciones de docentes y trabajadores que se han concretado en la capital ha impactado en la juventud y también en el interior provincial. Así, en las últimas semanas, estudiantes autoconvocados protagonizan manifestaciones en Belén, Fiambalá y Santa María, donde reclaman la inmediata convocatoria a concursos docentes en los institutos de nivel superior. Por su lado, en Santa María, se está preparando una Peña de Lucha Docente para este fin de semana, como parte del proceso de organización y visibilización de las demandas.

En el marco de un paro total de las escuelas de José C. Paz, más de 500 docentes, padres y alumnos se concentraron este martes 24 de Junio en la Plaza Manuel Belgrano, frente a Secretaría de Inspección, para repudiar la agresión sufrida por una maestra de la E.E.P.N* 21 por parte de una madre, quien la golpeó con una cadena. La convocatoria fue realizada por las conducciones de los sindicatos que integran el FUDB, aunque en un primer momento rechazaron la medida de fuerza. Se vieron obligados a llamar al paro por la determinación de los trabajadores de la escuela y el impacto que este hecho tuvo en el conjunto de los docentes de base de José C. Paz. Se trata de un ataque brutal que, como otros, se replica en el distrito y la provincia, mientras las jefaturas distritales ponen la lupa sobre los docentes afectados y la ART de la provincia rechaza su asistencia. El acto central se caracterizó por la monopolización de la palabra. Sólo pudieron hacer uso de la misma los secretarios generales de los gremios docentes del distrito; en el caso de Suteba también hablaron secretarios generales de seccionales aledañas y miembros de la dirección provincial Celeste comandada por Baradel. Las únicas excepciones fueron un delegado de la EP 21 y la secretaria general de Suteba Tigre (Multicolor) que repudió lo ocurrido y denunció la persecución sobre algunos miembros de la comisión directiva de dicha seccional, por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires que responde a Kicillof. Los representantes de las conducciones de los gremios de FUDB, con la dirección Celeste de Suteba a la cabeza, se limitaron a señalar que las escuelas son “territorios de paz”, exigir el cumplimiento del acuerdo paritario de resguardo docente ante situaciones de violencia y denunciar el ajuste comandado por el gobierno nacional como causa de la degradación social que engendra la violencia y la falta de recursos para la educación pública. De esta forma, omitieron señalar la responsabilidad directa de Kicillof y sus funcionarios, en el desamparo que sufren los docentes violentados por el incumplimiento de dicho acuerdo y en la falta de recursos de todo tipo para prevenir y/o enfrentar situaciones de violencia contra la docencia. De hecho, señalaron la necesidad de “estar en las escuelas” para enfrentar estás situaciones, lo que no significa otra cosa que una oposición encubierta al paro que no pudieron evitar, pero intentaron regimentar al no abrir la lista de oradores. A modo de cierre, las conducciones sindicales propusieron una movilización alrededor de la plaza. Sin embargo, pese a los intentos de finalizar la convocatoria, más de 300 docentes permanecieron en la concentración a la espera de escuchar a quienes ingresaron a Jefatura Distrital. Teniendo en cuenta esta situación, desde nuestra agrupación propusimos y abrimos el micrófono en una Radio Abierta para que todos pudieran hacer uso de la palabra. Esta acción contrastó en método y contenido con la anterior. Se abrió la lista de oradores y no solo hablaron las agrupaciones referenciadas en la lista Multicolor, sino también docentes de distintas escuelas, padres y, lo más significativo, la representante de de la EP 21, quien informó que Jefatura Distrital respondería a la escuela y a los gremios a posteriori y por escrito. Los oradores señalaron que la violencia parte del Estado, concretamente por la degradación social producto del ajuste en curso, impulsado por Milei con la complicidad de los gobernadores, que agudiza el empobrecimiento de la población y las situaciones de violencia. Hicieron énfasis en que tanto el gobierno nacional como el provincial son responsables del ajuste sobre la educación pública, el deterioro salarial de los docentes y la crisis de infraestructura. Plantearon la sobrecarga laboral y la responsabilización de los docentes, por parte de los inspectores y funcionarios educativos provinciales, sobre la crisis educativa, que los coloca como blanco de ataque cuando constituyen el único sostén de la educación pública. Finalmente denunciaron la pasividad de las conducciones sindicales y su connivencia con el gobierno provincial, reclamando un plan de lucha sostenido. Desde Tendencia Docente Clasista acompañamos todo el proceso y señalamos la necesidad de desarrollar autoconvocatorias para superar la política de contención de las direcciones del FUDB. Asimismo, expresamos la necesidad de un plenario provincial de delegados que discuta un plan de lucha sostenido en la perspectiva del paro por tiempo indeterminado, para lograr el conjunto de las reivindicaciones planteadas.

Está culminando el primer semestre y ha quedado claro la completa postración del Frente Sindical de Universidades Nacionales ante el gobierno de Javier Milei. A pesar del agravamiento del vaciamiento presupuestario, el mayor hundimiento de los salarios de docentes y no-docentes, etc., este no ha impulsado ninguna acción de conjunto para enfrentar la política de destrucción educativa. Se han limitado a ir a la rastra de los rectores agrupados en el CIN, en apoyo al nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, cuya suerte es completamente incierta hasta el punto de que se desconoce cuándo se iniciará tratamiento en la Cámara de Diputados. Las federaciones vinculadas a las CTA, Conadu y Conadu H, han impulsado un paro de 48 horas para el 26 y 27 de junio y planteado una marcha federal para el jueves 26. Estas iniciativas se concretan cuando las clases ya terminaron en las escuelas preuniversitarias y las facultades están en periodo de examen, cerrando el cuatrimestre. Durante todo el semestre, las Conadu se limitaron a desenvolver acciones de paros aislados, sin ninguna perspectiva de avanzar en una lucha en serio. Atados al Frente Sindical y al CIN que bloquearon toda iniciativa de lucha, los paros domingueros de 24 o 48 horas de las Conadu solo sirvieron para desmoralizar a la docencia y a los propios sectores estudiantiles que el año pasado desenvolvieron importantes acciones de lucha. El paro del 26 y 27, que había sido votado varias semanas atrás, sin ponerle fecha, fue finalmente anunciado en medio del fin de semana largo, sin margen de tiempo para organizar asambleas y una preparación que garantice una movilización importante. El primer semestre está terminando y las condiciones de la universidad se han agravado. Según declaraciones de los rectores, publicadas en el diario Puntal, “Ya hay 10 mil docentes que dejaron la universidad pública, donde los salarios cayeron el 80%. (…) Estamos perdiendo al docente con dedicación simple, que cobra 225 mil pesos promedio, y no le conviene, por lo que deja la Universidad”. Respecto del financiamiento universitario, agregan: “al no haber un presupuesto, empezaron a darnos dos tercios de lo que mandaban en diciembre. A partir de enero es un 30% de lo que venían cobrando (las universidades) para funcionar (…) se entiende la luz, el gas, las residencias universitarias, los comedores, las bibliotecas, las becas y el combustible para el transporte”. El gobierno de Javier Milei está avanzando de manera acelerada en su plan de destrucción de la universidad pública, manteniendo el congelamiento presupuestario, cepo de las paritarias e intentando eliminar el derecho a huelga. Adiunt, el sindicato docente de la Universidad Nacional de Tucumán, ha fijado como consigna salarial, luego de un debate en asamblea, el reclamo de $1.200.000 para el cargo testigo (Auxiliar Graduado de Semi Dedicación), de manera que ningún docente gane por debajo de la denominada “Canasta Básica”, o sea, el salario que cubre la canasta de pobreza. Este 26 y 27 de junio tenemos que parar masivamente en todas las universidades y organizar acciones de lucha en las calles.

Los trabajadores del metal de Cádiz representados por CCOO y UGT encararon con un año de retraso la negociación de su convenio laboral, que había expirado en diciembre de 2023. Las negociaciones que se iniciaron con ese colosal retraso se llevaron adelante por la presión de las bases, en un sector dominado por empresas auxiliares que dan empleo a 27.000 trabajadores que tienen convenios distintos de las plantillas de las grandes empresas del sector, como las navales o aeronáuticas. Las negociaciones se enmarcaron en dos días de huelga con manifestaciones el 18 y 19 de junio y la amenaza de una huelga general indefinida a partir del 23 de junio, si no se alcanzaba un acuerdo. Los sindicatos se reunieron de forma maratoniana con la patronal de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA) con el objetivo de cerrar un acuerdo para evitar la huelga general. La renovación del convenio iniciada por los aparatos sindicales a desgano, hace 18 meses, incluía las condiciones de los contratos fijos-discontinuos que la patronal pretende alargar a un año de inactividad, la aplicación del IPC sobre los salarios a partir de enero de 2024, los pluses por trabajos penosos, incapacidades temporales, salarios por debajo de los actuales para las nuevas contrataciones “sin especialización” y una vigencia de nueve años del convenio sin ajustes intermedios salvo en incrementos salariales por el IPC. El domingo, tras varias horas de reunión con FEMCA, UGT anunció un acuerdo que permitía levantar la amenaza de huelga. CCOO por su parte hizo pública su discrepancia con el acuerdo. El lunes, tras el rechazo del acuerdo en varias asambleas, se registraron manifestaciones contra el convenio firmado a las que se unieron en Cádiz trabajadores de otros gremios, con el resultado de tres nuevos detenidos que llevaron el total de represaliados desde la semana pasada a 9 trabajadores. Las manifestaciones se extendieron a algunas de las barriadas obreras. El rechazo a la maniobra traidora de UGT, que intentó pasar por encima de la determinación de los trabajadores y sus reclamaciones, desembocó en la huelga general del sector el martes 24 después de un día de incertidumbre. La huelga recibió el apoyo de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, CGT y CCOO. Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz, improvisó una defensa de último momento argumentando que el texto “no se ha entendido bien porque es para seguir negociando”. “Todo es reconducible y renegociable”, dijo y afirmó que pretendía dedicar el martes a “hacer gestiones para reconducir el tema” (El País, 24/6). La operación de Montoro y sus secuaces despertó una profunda indignación en el movimiento obrero de Cádiz. En octubre de 2021 UGT y CCOO maniobraron para hacer aprobar en asamblea general un convenio en el que aterrizaron a último momento tras la lucha lanzada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz. Lo lograron por los pelos desviando una poderosa lucha obrera por las reivindicaciones del sector de sus objetivos más ambiciosos. Esta vez decidieron encabezar los reclamos y negociaciones para impedir que los trabajadores tomaran en sus propias manos la lucha y poder frenar el movimiento antes de su estallido. Pero de momento han fracasado. Ese año el gobierno de coalición entre el PSOE y sus aliados Podemos y Sumar inundaron de policía nacional la ciudad y movilizaron tanquetas contra la población de las barriadas obreras. Los que se llenan la boca con los derechos de los trabajadores para atacarlos, como han hecho en el caso de las reformas de la ley de pensiones y laboral, y que han mentido sistemáticamente sobre su intención de derogar la legislación represiva y se encuentran hoy al borde de una crisis irreversible por el estallido de la corrupción en las filas de altos funcionarios del gobIerno y del PSOE, se han vuelto a lucir. Una vez más la represión la encabeza la Policía Nacional movilizada por el Ministerio del Interior del gobierno “más progresista” de la historia de España. Los trabajadores del metal de Cádiz deben tomar en sus propias manos la dirección del movimiento de lucha mediante la formación de un comité de huelga independiente de la burocracia y de la patronal, elegido en asamblea, que sea fiel a los objetivos de los trabajadores del sector. Esta huelga, como la de los trabajadores del metal de Cantabria este mismo mes, al igual que otros conflictos en diversos sectores del movimiento obrero en España, señalan con claridad la tendencia a la huelga general que se insinúa de forma continuada. Un objetivo decisivo es reforzar esta tendencia y agitar la consigna de la huelga general en todos los sectores para unificar las luchas y superar la división y las limitaciones que pretende imponer la burocracia sindical en beneficio de las patronales. Hay que superar la división y atomización, todos juntos por nuestras reivindicaciones. El movimiento obrero debe romper con las direcciones burocráticas, formando sus propias organizaciones de combate, autoconvocando las luchas por sus reivindicaciones y designando a sus dirigentes en asambleas. La emancipación de la clase obrera debe ser obra de los propios trabajadores. Por la construcción de un partido obrero independiente. Por un gobierno de los trabajadores.

Los despedidos de Georgalos, acompañados por la Comisión Interna de la fábrica, activistas de otros lugares de trabajo y organizaciones de izquierda, realizaron un acto en la puerta de la planta Victoria, donde denunciaron a la dirección del gremio por el desentendimiento del conflicto y la acción ilegal de la patronal de no reincorporar a los despedidos, en franca violación de la conciliación obligatoria. Además reclamaron la intervención del gobernador Axel Kicillof, a quien denunciaron por enviar a la Policía por un lado y por desentenderse del conflicto por el otro. Luego del acto, al que concurrieron unos 150 trabajadores y activistas, se realizó un breve corte de la avenida Uruguay, frente a la puerta de la fabrica, para luego marchar hacia el Acceso Tigre y realizar allí un corte parcial de carriles, que no duró más de media hora debido a la intervención de la Gendarmería, que avanzó sobre el piquete.. Los organizadores del corte movilizaron nuevamente hasta el frente de la fábrica, donde se anunció que a las 11 hs habría una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo La lucha de los trabajadores de Georgalos se da en el marco de la entrega total del conflicto por parte de la burocracia Verde, en el gremio de la Alimentación. La posibilidad de avances en esta lucha está enteramente en manos de los trabajadores y la CI. Además de las acciones callejeras y los cortes de la autopista, es importante que el conflicto tome cuerpo dentro de la planta para quebrar la conciliación trucha que permite a la patronal actuar a sus anchas incumpliendo sus términos.

El gobierno nacional ha lanzado una línea telefónica para denunciar casos de “adoctrinamiento” en las escuelas. El anuncio se hizo a través de una burda operación política. Un estudiante de 4to año del Colegio Primera Junta, del barrio porteño de Caballito, realizó una gira por medios afines al gobierno para denunciar que lo habían “hostigado ideológicamente” en la escuela por tener posiciones políticas a fines al gobierno. Luego de esto, la madre del chico decidió pedir el pase a otra institución. Lo único que ocurrió fue que se produjo un debate en una asamblea estudiantil, donde su posición quedó en soledad. Luego de la aparición medíatica, Javier Milei en X compartió la intervención del chico y calificó a la asamblea como “adoctrinamiento K”. Posteriormente la madre y el alumno fueron recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Al finalizar la reunión, el Ministerio de Capital Humano lanzó el 0800 para que las familias denuncien casos de adoctrinamiento escolar. Esta medida refuerza un decreto firmado a fines del año pasado, que añade a los artículos 9°, 15° y 19° la Reglamentación de la Ley N° 26.061, que “cualquier forma de adoctrinamiento político-partidario en el ámbito educativo vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal, la educación y la libertad de conciencia de los menores”. En abril de este año, Ana Contreras, docente de La Pampa había sido condenada por Ja justicia por “maltrato psíquico en ejercicio indebido de la autoridad docente”, en su clase de “Cultura y Ciudadanía”, que debatió el asalto de Israel a Gaza la compañera fue absuelta . El “adoctrinamiento escolar” verdaderamente existente en las instituciones privadas y religiosas (bancada con subsidios estatales) ocurre en los colegios privados y clericales, ostensiblemente doctrinarios . La CTERA -principal sindicato nacional docente- ha repudiado la ofensiva del gobierno del gobierno , pero desde un ángulo corporativo. “La escuela, dice, no es un campo de batalla ideológico: es un lugar de construcción colectiva, de pensamiento crítico”. Esto tampoco es cierto, porque la enseńanza oficial se encuentra bajo la impronta de un Estado clasista, que tiene el monopolio de los planes de estudio. La dirección celeste del sindicato le concede al gobierno liberticida que, en la escuela, “no hacemos política”, cuando es un deber del sindicalismo hacer una política obrera, como debe ocurrir con la masacre en Gaza, calificada como crímen de guerra por la Corte Internacional. La CTERA se repliega frente a un ataque de la cohorte fascista del gobierno, cuando debiera reclamar que la masacre de Gaza sea objeto de debate obligatorio en los colegios y objeto de una agitación pública de parte del sindicato. Para eso todavía debemos conocer cuál es la posición de la burocracia de CTERA contra esta guerra imperialista de exterminio La persecución y la campaña de desprestigio contra la docencia tiene a Milei a la cabeza, pero es acompañada por los “Nac & Pop”, como cuando Kicillof descuenta los días de huelga y persigue a los docentes que van a la huelga, cuando Cristina Kirchner se queja cuando “hay paro en las escuelas públicas” o cuando Grabois pretende mandar al “paredón” a los docentes que hagan uso de sus licencias médicas. La medida punitiva del gobierno nacional se enmarca en la pretension de estructurar un estado policial. Se trata de una política que van adoptando los gobiernos que apoyan la guerra imperialista bombardeado ciudades enteras de Medio Oriente y promoviendo el genocidio, como el que ocurre contra el pueblo de palestina. Es imperioso desarrollar una campaña en defensa de la libertad y el debate politico en las escuelas, por el rechazo a cualquier forma de disciplinamiento o persecución de parte del Estado. Los socialistas defendemos la polítización de la educación, entendida como un debate, al que deben contribuir los sindicatos, empezando por su propia democratización.

El juicio contra Jair Bolsonaro y unos 33 militares que ocuparon diversos cargos en su gobierno (2019-2022) ha tenido una ronda de interrogatorios que fueron transmitidos en vivo por diversos medios. De la misma participaron ocho de los acusados, entre ellos, Bolsonaro. También declararon militares como testigos, como en el caso del general Marco Antônio Freire Gomes y del ´arrepentido´ Mauro Cesar Barbosa Cid, exedecán de Bolsonaro. Testigos y acusados coincidieron en la veracidad del propósito del todavía gobierno de Bolsonaro y los militares que lo acompañaban de acometer un golpe de Estado para impedir la jura presidencial de Lula. El punto central de la conspiración fue la reunión del 7 de diciembre de 2023, un mes antes de la asunción del gobierno de Lula, cuando Bolsonaro convocó a varios militares muy cercanos a él para debatir “qué se podía hacer en el marco de la Constitución” para evitar la asunción de Lula. Bolsonaro y su partido, el PL, habían presentado una acusación de fraude electoral. Alentaba las versiones, además, de que el sistema de voto electrónico utilizado en Brasil fuera sensible a intervenciones externas y distorsiones, algo que no pudo ser probado. El propio Bolsonaro reconoció en su interrogatorio que “no puedo aportar pruebas” y agregó que se trataba de un recurso “retórico”. Mauro Cid, el edecán arrepentido que ha firmado un acuerdo de colaboración judicial, señaló en múltiples ocasiones que “se presentó al entonces presidente un documento que preveía la declaración del estado de defensa y de sitio, además del encarcelamiento de magistrados del Supremo”. En esa declaración “el testigo señaló que el expresidente recortó la lista de autoridades que figurarían en el documento, pero mantuvo a Moraes. También relató que el borrador fue llevado a una reunión con los comandantes de las Fuerzas Armadas en la residencia oficial de Bolsonaro en Brasilia” (ídem). Cid también reveló un quiebre en las Fuerzas Armadas, debido al rechazo de Freire Gomes a ponerse a disposición de las maniobras golpistas, mientras que el jefe de la Marina, Almir Garnier, en cambio, habría ofrecido el apoyo de sus tropas. El tercero en discordia, quien también asistió como testigo y no como acusado, fue el comandante de la Fuerza Aérea, Baptista Júnior, quien rechazó de plano colaborar con un golpe de Estado. Bolsonaro y sus principales colaboradores, como el general Augusto Heleno, rechazaron de plano haber llevado adelante cualquier acción golpista, algo que catalogaron de “terrible” e “inimaginable”. Negaron haberse salido de los marcos de la Constitución brasileña, que incluye un artículo que estipula que el Presidente tiene facultades para convocar a los generales de la plana mayor de las Fuerzas Armadas para debatir sobre asuntos que pueden conmover la seguridad y estabilidad interna del país, sin precisar a qué se referían, sino a la derrota electoral de su gobierno. Bolsonaro ha denunciado que este es un juicio orquestado y que tiene como única finalidad alejarlo de las elecciones presidenciales de 2026, para las cuales asegura que es favorito. El año pasado, por sus dichos contra el voto el electrónico, la justicia lo inhabilitó para ocupar cargos públicos hasta 2030. La burguesía brasileña ya tiene decidido que el candidato de la ultraderecha sea Tarcisio de Freitas, el actual gobernador de Sao Paulo. Bolsonaro exige que Tarciso se comprometa a dictar un indulto en su beneficio. Los “mítines” y movilizaciones callejeras convocadas por la ultraderecha en defensa de Bolsonaro tuvieron una recepción decepcionante. Su verdadero punto de apoyo actualmente se encuentra en el ala fascista del Partido Republicano, incluso en los altos niveles del gobierno Trump. Marco Rubio, secretario de Estado, declaró que el gobierno analiza retirarle el visado estadounidense al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil e impulsor de la causa contra el golpe, Alexandre de Moraes, el mismo que, años antes, fue uno de quienes llevó a la cárcel a Lula, y que luego votó por la anulación de ese fallo. De Moraes ha obligado a Elon Musk a ajustar a X a las condiciones de las leyes brasileñas. Bolsonaro manifiesta que el gobierno de Lula ha entrado en un pozo sin salida y que se candidatea para suceder al petismo en el gobierno. Asegura que será candidato sí o sí en 2026, a pesar de la inhabilitación polìtica temporal que le fue impuesta. La ultraderecha se ha fragmentado en las elecciones municipales del año pasado. Tarcisio de Freitas, un seguidor “incondicional” de Bolsonaro padre, es el candidato más firme. La popularidad del gobierno de Lula, asimismo, ha caído a niveles históricos, aunque Lula mantiene la confianza en un nuevo mandato. La derechización de su gobierno ha dejado en pie todas las contrarreformas laborales, previsionales, disposiciones represivas y el avance fenomenal del agronegocio sobre la Amazonia que se implantaron bajo los gobiernos de Temer y Bolsonaro. En Brasil, la guerra entre Estados Unidos contra China tiene una vigencia dominante.

El así llamado “cese del fuego” se ha transformado en el Medio Oriente en el recurso preferido del Estado sionista para rubricar una rendición incondicional de sus adversarios, aunque no lleve ese nombre ni sea completamente tal, sino una tregua de duración indeterminada en detrimento del bando derrotado, en una guerra que tiene un alcance más amplio que el que están dispuestos a reconocer, en este caso Israel y el imperialismo norteamericano. La tregua alcanzada, luego de doce días de una guerra no provocada del Estado sionista contra Irán, tiene además un sello no habitual: el mediador es nada menos que el gobierno de Trump, que desató un bombardeo sin precedentes contra las tres instalaciones nucleares de Irán en las 48 horas antes de anunciar una propuesta de armisticio. El cese del fuego compromete, si se puede llamar así, a Israel y a Irán, pero no a Estados Unidos, que guarda las manos libres para cualquier clase de acción, sea abierta y especialmente clandestina. Una de las descontadas tareas que Irán ha anunciado para la etapa posterior a la tregua es una “limpieza” exhaustiva del aparato de infiltración de los servicios de espionaje de Israel en Irán, que le han permitido a Netanyahu ejecutar una cadena de asesinatos de científicos iraníes y de altos funcionarios militares, así como el transporte de artefactos para el armado de drones que han servido para inhabilitar a un número desconocido de arsenales del gobierno de Teherán. El cese del fuego que ha impuesto Trump se encuentra desnivelado por la enorme destrucción de activos militares de Irán a manos del Estado sionista; es un cese del fuego fuertemente condicionado. Como ha ocurrido en Gaza y luego en Líbano y Siria, Israel ha violado todos los ceses del fuego que ha firmado, con el pretexto de que sus enemigos se hallaban complotando una amenaza ‘inminente’ contra sus fuerzas armadas. Bajo el cese del fuego en Líbano, Israel ha bombardeado decenas de veces Beirut. No dejó de asesinar gazatíes en el caso del cese del fuego con Hamas, que finalmente canceló. Cuando se tiene presente el trabajo de engaño y desinformación practicado por Trump, para ocultar el inminente ataque no provocado de Israel, el 13 de junio, mientras fingía negociar un acuerdo nuclear con Irán, no cabe esperar de la tregua más que un espacio de tiempo para nuevas hostilidades. Lo mismo ocurrió cuando anunció que se tomaría dos semanas de tiempo antes de tomar cualquier decisión de intervención en la guerra, para no demorar más de 24 horas en descargar la furia de bombardeos ultrapesados del sábado 21 pasado. En las horas siguientes al ataque norteamericano a Irán y el ‘cese del fuego’ subsiguiente, Trump reivindicó la importancia de la disuasión militar como medio para alcanzar la “paz”; de paso advirtió al resto del mundo que el Pentágono tenía el monopolio de la disuasión militar a nivel internacional. Bien mirado, no expuso un objetivo pacifista, sino de guerra permanente, por lo menos hasta alcanzar una paz imperialista de cementerios. Como ha ocurrido en todas las guerras mundiales precedentes, una legión de pacifistas se ha tragado sin masticar las promesas de Trump. El cese del fuego viene acompañado de condiciones no escritas, ‘sopladas’ por los servicios a los medios de comunicación. Las tres más importantes son: no reanudar los trabajos nucleares; no recomponer los activos militares destruidos por los bombardeos; no movilizar a las fuerzas proiraníes en la región (un llamado a la rendición de Hamas). Israel no ha sido objeto de ningún condicionamiento. Un cese del fuego que exige el abandono de la resistencia a las matanzas en Gaza y al cese de la expulsión de palestinos de Cisjordania es, simplemente, una charada. La sola intención de reconstruir sus medios de defensa nacional, por parte de Irán, sería considerada causal para un nuevo ataque no provocado. En una declaración que pasará a la historia de la diplomacia y el derecho internacional como una vergūenza y una infamia, Alemania, Francia, Gran Bretańa e Italia han proclamado que el bombardeo norteamericano del infame fin de semana pasado “no viola la ley internacional”. Este es el principio fundamental de los imperialismos que prometen la paz duradera por medio de la guerra devastadora. La prensa sionista de Israel discute ahora cómo traducir al largo plazo las victorias que habría obtenido Netanyahu a corto plazo. Mientras tanto, admite que el progreso nuclear de Irán ha sido retrasado sólo por algunos meses y que, otra admisión fundamental, los misiles iraníes han causado enormes daños a la infraestructura civil y militar de Israel. Sobre el final de los ataques contra Irán, la defensa antimisiles de Israel se habría debilitado seriamente –tanto la Cúpula de Hierro como el sistema Arrow (que debe detener los misiles que ingresan desde la atmósfera exterior)-. De acuerdo al diario Haaretz, la resistencia de Hamas, en Gaza, ha recobrado fuerzas, como lo muestran numerosas bajas israelíes. Trump y Netanyahu recurrieron al cese al fuego para ganar un espacio de tiempo; Trump enfrenta una crisis fundamental debido a la rebelión que ha desatado su política de expulsión ilegal de migrantes, que tiene el apoyo de la Corte Suprema. En este escenario, la consigna de una parte del ‘establishment’, tanto sionista como norteamericano, es aprovechar la destrucción propinada a Irán para que el régimen iraní colabore en alcanzar una ‘paz’ en Gaza. Luego del asesinato indiscriminado de casi cien mil gazatíes y del acorralamiento de la población en el sur de la Franja para facilitar su expulsión del territorio, la ‘paz’ señalada suena siniestra. Probablemente también se vuelva a un cese del fuego, pero solamente después de una liberación incondicional de los rehenes aun retenidos. La anexión de Cisjordania se encuentra totalmente fuera de la agenda. Para avanzar en la fuerza disuasoria militar que llevará al mundo a la “paz’, la OTAN se ha comprometido a gastar el 5 % del PBI de los Estados que la integran en el “rearme’ colectivo. Que la perspectiva es la guerra y no la paz obedece a que el control total del Medio Oriente, por parte del imperialismo, es una plataforma necesaria para la preparación de la guerra contra China, calificada por la OTAN como “el enemigo fundamental”. Sea que fuere para mostrar una megalomanía, que sólo se apodera de los mediocres, o por otros dislates, la corporación Trump ha anunciado la intención de construir una megatorre en Tel Aviv. Así como se ha enriquecido con un u$smeme Trump, el magnate se propone estafar a quienes inviertan “en el pozo”.

La integración de Gerardo Martínez al Consejo de Mayo, en representación de la CGT, marca un viraje político fundamental de la burocracia de la Central sindical. El Consejo de Mayo ha sido una inicativa de Milei para encuadrar a gobernadores y bloques parlamentarios adictos, para sostener los decretos del gobierno en el Congreso. En julio de 2024, el Presidente presentó un programa de 10 puntos en una bizarra ceremonia realizada en Tucumán. El “Consejo”, que terminó por cobrar vida hace tres días, quedó conformadó por el mendocino Alfredo Cornejo en representación de los gobernadores; Cristian Ritondo, del Pro, como representante de los diputados; la radical Carolina Losada por los senadores; el titular de la UIA, Martín Rappallini, en representación de las centrales empresarias del agro, el comercio y las finanzas. Es una representacin de todo el arco paraoficialista del Estado. A partir de una defensa absoluta de la propiedad privada, el programa del Consejo plantea la destrucción del derecho laboral y previsional, bajo el epitafio de “reformas estructurales”, en las que incluye también cuestiones estratégicas como la reforma impositiva y la modificación de la coparticipación federal. La tarea del Consejo es darle a este programa la forma de proyectos de leyes. Mirado desde la marcha de la recesión (caída del consumo e inversión), crisis de reservas internacionales y un crecimiento de la deuda pública, tenemos un frente único estratégico de todas las patronales –nacionales como extranjeras. A cuatro meses de las elecciones parlamentarias nacionales, el Consejo procura consagrar una mayoría derechista, más allá de los resultados que obtenga el gobierno. Los proyectos de leyes de este bloque podrían pasar sin filtros. Tendriamos así la eliminación de la pensión por viudez, la suba de la edad jubilatoria a 70 años, el monto de jubilación de acuerdo a los años trabajados por debajo del mínimo de los 30 requeridos, una eliminación de los aportes patronales, y otros puntos de igual importancia, como la liquidación del FGS de Anses. Con esta poda previsional, el gobierno podría financiar el creciente déficit fiscal financiero. Del lado del derecho laboral, se eliminaría la ultraactividad, o sea los derechos adquiridos; se implantaría, desde cero, el convenio por empresa y el fin de la paritaria por industria; se establecería un fondo de cese laboral, que serviría para reactivar la deuda pública y reducir fuertemente la indemnización por despido, además de elevar el tiempo de prueba y fomentar la rotación de la fuerza de trabajo. La reforma impositiva pondría fin a la coparticipación federal; de un lado, aumentaría el IVA al 23/25%, y del otro a habilitaría la creación de impuestos provinciales, que debería financiar la reducción del impuesto a las ganancias y la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Una cirugía al por mayor para pagar los vencimientos de deuda y reponer a Argentina en el mercado financiero internacional. La dirección de la CGT, bajo la batuta de Gerardo Martínez y Hugo Moyano, se ha asociado al Consejo con el propósito de defender el aparato sindical, participar en la dirección del Fondo de Desempleo y negociar la permanencia en el negocio de la Salud. Esta burocracia descuenta una derrota del peronismo en las elecciones próximas y el fortalecimiento de la camarilla liberticida, de modo que prefiere formar parte del oficialismo y evitar la marcha del desierto junto al kirchnerismo. Estas caracterizaciones no le impiden apoyar al aparato peronista al que se encuentra asociado, en intendencias y gobernaciones, para contribuir a la extinción del cristinismo y de La Cámpora. Quien pilotea esta política es el experimentado espía del Batallón 601 de la dictadura militar, quien llegó a la UOCRA sin haber levantado nunca un ladrillo, fogueado luego bajo la batuta de Carlos Menem. Este ‘salto cualitativo’ de la CGT, que ya venía colaborando con los liberticidas, deberá provocar realineamientos tardíos en una serie de sindicatos, que salvo uno u otro caso, se han ajustado sin chistar a la política de ajuste de estos dos años. No constituyen, por cierto, un nuevo punto de partida ni representan una perspectiva de organización y lucha. Marchan detrás de una causa perdida, el kirchnerismo, precisamente el responsable del crecimiento de la pobreza y de la inflación -a fuerza de subsidios del Tesoro y el Banco Central a los grandes capitales-, y del ascenso del ultraderechista Milei. Al igual que parte de la CGT, una mayoría apoya a Kicillof, con el espejismo de que el gobernador bonaerense encabece o se alinee a un frente opositor con algunos gobernadores paraoficialistas, que buscan una salida al ajuste al que el oficialismo los somete en su provincia. Se terminó el cuento izquierdoide de que no puede haber lucha sin la dirección de la CGT y sin la CGT. Como hemos advertido desde estas páginas, ocurre lo contrario: el peronismo y la CGT son los “grandes organizadores de derrotas”. Una pequeña burguesía progre que, a fuerza de mirar por el retrovisor, sigue al peronismo, se ha convertido en retrógada; vuelve a apostar a una salida, que no es para las masas. Cristina Kirchner ha advertido en forma bizarra esta situación, cuando se ofreció, recientemente, como salvataje del capital para el día que Milei deba anunciar el default o el default le anuncie a él el final del camino. El activismo que pelea todos los días en Georgalos, el Garrahan, el Posadas y los residentes, Granja Tres Arroyos, en el transporte (choferes, subte y ferroviarios), en el Tabacal en Salta, en Siderca y Acindar, en la docencia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta. Ese activismo debe tomar nota del pasaje de la CGT al campo del polo rompehuelgas y represor, y luchar por un polo político independiente de la clase obrera, que ponga fin al gobierno de la guerra civil contra las masas, y se levante por un gobierno de trabajadores.

Ya pasó una semana desde que el Senado norteamericano aprobó la Ley Genius, una norma que regula la emisión de las llamadas criptomonedas “estables” (stable coins). Lo que diferencia a estas monedas virtuales de las cripto convencionales es que cuentan con un respaldo o reserva, más allá de las étereas “cadenas de bloque” que caracterizan al criptomercado. El valor de las stables suele estar asociado al dólar, aunque puede estarlo a los precios de materias primas o ciertos activos. Para respaldar esa paridad, sus emisores tienen que constituir una reserva efectiva y comprobable. La Ley Genius regulará a este mercado de criptos “estables”, obligando a sus emisores a constituir reservas equivalentes al monto de sus emisiones digitales y en activos de “alta seguridad”. Es una forma de aludir, sin decirlo, a los Bonos del Tesoro norteamericano. La regulación de las cripto ´estables´ deja colgados del pincel a los “anarcocapitalistas” y “austríacos” que veían en el bitcoin a la consagración de la “libertad” por medio de la “competencia de monedas” y sin la “injerencia del Estado”. Ahora, Trump “estatiza” las cripto, para rescatarlas de sus fluctuaciones vertiginosas. Desde que irrumpieron en el mercado financiero, las cripto han sido un campo fecundo para especulaciones frenéticas y estafas piramidales. En ese cuadro, las “stable coin” surgieron como tentativa de rescate de las monedas digitales -un rescate peculiar, porque consiste en atar su cotización a la de las “odiadas” y “reguladas” monedas o valores emitidos por el Estado. Gracias a esa garantía, el mercado de stable coin logró expandirse y alcanzar una emisión equivalente a 250.000 millones de dólares en los últimos tres años. Según los funcionarios de Trump, la sanción de “Genius” -que todavía debe pasar por Diputados- permitiría expandir ese mercado hasta los 2 billones de dólares al cabo del próximo trienio. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, no tardó en señalar que ese monto implicaría constituir garantías equivalentes al 5 o 6% del actual stock de Bonos del Tesoro. Rescatar la deuda La alusión de Bessent a la deuda pública ayuda a entender el entusiasmo oficial con la ley Genius y, de un modo general, la “pasión” con que la administración Trump se zambulló en el criptonegocio desde que asumió su segundo mandato. Hay que recordar que, en febrero pasado, Trump despidió al presidente de la SEC (Comisión de Valores) de ese país, Gary Gensler, un censor sistemático del negocio cripto. En su lugar, colocó al financista Paul Atkins, quien asumió señalando que el bitcoin era “el futuro del mercado financiero”. Como se recordará, Trump acompañó esa euforia lanzando su propia cripto -y su propia estafa piramidal. Pero enseguida, se abocó a la regulación de las monedas digitales en su versión “estable”. Para el Tesoro, el propósito de esta regulación -como lo señaló el propio Bessent- es insuflarle aliento al mercado de la deuda pública norteamericana, en momentos en que esa deuda se encuentra en la picota. La apuesta a las stable coins adquiría fuerza mientras el Tesoro yanqui sufría dos sonoros fracasos en sendas licitaciones de Bonos. Desde la crisis de Lehman Brothers, la deuda pública estadounidense se ha multiplicado por siete, y sus intereses se han multiplicado tres veces y media. La apuesta a una demanda importante de monedas digitales reguladas es clara: “si se prevé un crecimiento de las stablecoins, los emisores tendrán que comprar más letras del Tesoro para respaldar sus activos”(Ámbito Financiero, 19.7). Los funcionarios de Trump aspiran a que un aumento de la demanda de bonos contribuya a una baja de la tasa de interés y, naturalmente, facilite la emisión de nueva deuda, en medio de las exigencias de la guerra internacional y de la política de “jubileo” impositivo para los grandes capitalistas. Los funcionarios de Trump aspiran también a que la demanda de Bonos de los emisores de stables equipare y supere a la de China, y reduzca la exposición relativa de esa hipoteca a manos de su gran rival internacional. En el mismo sentido, la administración trumpista espera que una moneda digital “estable” fondeada en bonos del Tesoro actúe como un dólar digital, que reforzaría la posición de la divisa norteamericana en el sistema de pagos internacionales. Algunos observadores advierten que las stables podrían convertirse en un instrumento de “dolarización sigilosa” en economías emergentes y con monedas débiles, penetrando en ellas a través de transferencias y pagos de productos o servicios. Trump saludó a la ley Genius como un paso para que “Estados Unidos sea vanguardia mundial en la moneda digital”, en competencia con las tentativas de China en la misma materia. El bitcoin “regulado” es, en este sentido, otro peldaño de la guerra internacional -un artilugio monetario para contrarrestar la decadencia industrial y comercial del imperialismo norteamericano. Pero el bote salvavidas, como se verá enseguida, puede ser el paso previo de un naufragio mayor. “Burbuja” Sin que todavía esté vigente, la regulación cripto ha desatado una intensa lucha de monopolios capitalistas. Una larga fila de empresas tecnológicas, comerciales y combinadas -como Google, Apple, Wall Mart y Amazon- estudian el lanzamiento de sus propias stable coins. Por esa vía, aspiran a constituir sistemas de pagos y clientes cautivos, aprovechando sus bases de datos. Por esta razón, el Banco Internacional de Pagos (BIS) acaba de declararse en alerta, pues advierte sobre una proliferación de monedas digitales “etiquetadas por el emisor, como ocurría con las monedas privadas en Estados Unidos del siglo XIX”. Lo que no dice el BIS es que aquel caos monetario estuvo acompañado de extraordinarias burbujas, asociadas a la especulación y al arbitraje entre los diferentes signos monetarios. Sus posteriores explosiones y bancarrotas condujeron finalmente a una centralización de la emisión monetaria, bajo la éjida del Estado. Precisamente, el analista financiero Arthur Hayes, director de BitMex, acaba de pronosticar el “estallido de la burbuja de las stable coins”, juzgando que las acciones de las compañías emisoras se han valorizado abusivamente a partir de las expectativas generadas por su regulación. En otro plano, el BIS advierte sobre las “stables” como un escenario privilegiado para las operaciones de lavado de dinero y, de un modo general, de transferencias que se producen por fuera del control de los bancos centrales. Aparece aquí otra puja al interior del capital financiero: el BIS, como máximo representante de la banca “formal”, advierte sobre el reforzamiento de la “banca en las sombras”, a través de las cripto “estables”. La proliferación de un sistema de pagos por fuera de los canales formales es una invitación a la evasión fiscal. Por eso, la contrapartida necesaria del mundo de las cripto -reguladas o no- es la motosierra sobre el gasto público -con excepción de las partidas militares o represivas-, para compensar la caída de los ingresos fiscales. En definitiva, dos necesitados han salido en ayuda recíproca: Trump y el Tesoro recurren a la criptomoneda para rescatar a la tambaleante deuda pública de los Estados Unidos, y para contrarrestar su repliegue comercial e industrial en términos internacionales. Del otro lado, los criptoperadores se abrazan a la “moneda fiduciaria” para salvar un negocio especulativo que, en los últimos años, intentó recrear la ilusión de una moneda “sin Estado”, pero que no logró trascender más allá de algunos cenáculos de especuladores. La emergencia de las monedas virtuales es una manifestación del debilitamiento del dólar como reserva de valor. Que el dólar encontrara como rival a una “moneda virtual” sustentada en la “confianza recíproca” de sus compradores, y con emisores de dudosas garantías, habla más de la decadencia del sistema monetario formal que de la pretendida solidez del mercado cripto. Ahora, Trump y Bessen se suben al carro de las monedas digitales para apuntalar a una deuda pública que representa el 125% del PBI norteamericano. Pero este abrazo del oso -las cripto con el Estado- potenciará todas las tendencias a la crisis. Un analista de Moody´s ha señalado: "En caso de una pérdida repentina de confianza, presión regulatoria o rumores de mercado, esto podría desencadenar liquidaciones (de stable coins) a gran escala, lo que podría deprimir los precios de los bonos del Tesoro y perturbar los mercados de renta fija”. A la inversa, una mayor caída de la confianza en la deuda norteamericana se propagaría rápidamente al mercado de stables coins -cuanto mayor sea la emisión de estas monedas, mayor será el alcance de una crisis monetaria y financiera disparada por el déficit fiscal norteamericano. La hipertrofia de la deuda; el militarismo; la disolución del régimen monetario y la multiplicación del capital ficticio son síntomas inconfundibles de la decadencia del orden social capitalista. Su prolongación se sostiene en base al parasitismo y la guerra, que es la guerra contra la clase obrera internacional.

Desde estas páginas hemos aseverado hasta el cansancio que las distintas fórmulas de movilidad jubilatoria aplicadas por los distintos gobiernos de turno han sido confiscatorias de los miserables haberes jubilatorios de 8 millones de beneficiarios. Cuando el haber jubilatorio mínimo debería ser el 82% móvil de la canasta familiar, hoy en $ 2.500.000, en el mes de junio este será de $ 305.000 más un bono “basura” congelado de $70.000. Hasta la fecha distintos dictámenes de las Cámaras Federales de Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca entre otras han de declarado la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicó entre 2012 y 2024 en el gobierno de los Fernández-Massa. Dichas sentencias ordenan el reconocimiento de la diferencia, si la hubiere, entre lo percibido según la ley N° 27.609 en relación al cálculo del IPC (Índice Precios Consumidor) hasta la vigencia del Decreto 27472024. El dictamen de la Cámara Tucumana dice textual que la “Ley N° 27.609 presenta ciertas objeciones de constitucionalidad y de convencionalidad. En efecto, la fórmula que establece -basada en un 50% del índice de variación de la recaudación tributaria de la ANSES y un 50% de la evolución de los salarios (RIPTE o índice del INDEC, el que resulte mayor)- excluye de modo absoluto la variación del IPC. Dicha omisión resulta irrazonable en un contexto económico como el argentino, caracterizado por procesos inflacionarios estructurales que afectan directamente el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados” (Clarín, 23/06/2025). Según este fallo de la provincia de Tucumán, en el curso de tres años, la pérdida del poder adquisitivo de los millones de jubilados fue del 50,3%. Según datos del juzgado Rosarino, entre el mes de marzo del 2021 y junio del 2024 mientras la inflación fue del 1188,2% los haberes solo subieron el 606,28% En relación a otros dictámenes de segunda instancia emitidos en el interior del país, el que se conoce ahora hace hincapié en que el Estado reconoció la insuficiencia de la fórmula de la ley 27.609 para enfrentar la inflación. Si bien algunos de los fallos mencionan el tema de los bonos compensatorios, otorgados con el objetivo de paliar el alza constante de la inflación -nunca alcanzaron para que los haberes superen a la misma- siendo además inconstitucionales porque solo fueron otorgados a los haberes mínimos. En el tema de los bonos, cuyo valor está congelado hace meses, y solo lo cobran los de los haberes mínimos, la Cámara III de Capital Federal de la Seguridad Social ha dado entrada a una serie de reclamos de los jubilados de haberes mayores que fueron afectados. Si bien ahora el gobierno de Javier Milei decretó el aumento del haber en relación a la inflación, los jubilados seguimos perdiendo dado que los datos que toma el INDEC son sobre bases erróneas, no actualizadas. Y además sobre la confiscación de los haberes de los últimos siete años, el silencio es total. Debemos considerarlo como una pérdida vitalicia. El tema de los reclamos judiciales jubilatorios es de larga data. Desde 2007 con el fallo Badaro y el 2009 con el caso Lattiff, miles son los juicios que mes a mes son presentados, por reclamos de haberes, malas liquidaciones, contra las fórmulas confiscatorias y por la discrecionalidad de los bonos. Actualmente 280.000 son los juicios en danza con casi 100.000 con sentencia firme, apelados por ANSES, duermen el “sueño de los justos”, ante una Corte Suprema que los cajonea. Dos medidas agravaron más esta problemática, una la suspensión por 90 días del plazo para dictar sentencias de ejecución en los juicios previsionales, medida tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de marzo del año en curso. La otra fue la poda del presupuesto destinado al pago de las sentencias. Los jubilados subidos a la calesita de abogados y tribunales nunca sacamos la sortija. Los juicios se apilan, se llenan de telarañas, sus hojas se vuelven amarillas con el tiempo, tiempo en el que a uno se le va la vida. El Poder Ejecutivo de este gobierno liberticida nos hambrea y nos reprime ante cualquier reclamo, el Poder Legislativo con sus diputados y senadores que se venden por una dieta no debate una ley en defensa de los jubilados y le hace la comparsa al gobierno, y el Poder Judicial, para completar la sinfonía, cajonea nuestros reclamos. Por el inmediato pago de todos los juicios presentados, por un haber mínimo igual al 82% de la canasta familiar hoy en $ 2.500.000. Abajo la reforma previsional planeada por el gobierno y el FMI. Abajo la represión. Los miércoles a las 15 hs. te esperamos en el Congreso para continuar luchando.

Un nuevo decreto del gobierno ataca los derechos de los y las trabajadoras del Estado Nacional. El decreto 430/2025 dice que: “en un contexto como el actual corresponde eliminar el día de descanso para los empleados de la Administración Pública Nacional establecido por medio del art. 2 de la Ley N°26.876” y sostiene la eliminación del día del Trabajador Estatal en que Argentina es uno de los países con mayor número de feriados. Cómo ya es costumbre, los argumentos para este nuevo ataque es un hilo de falacias que pretenden allanar el camino para que las patronales avancen en la eliminación de nuevos derechos. Adorni había dicho que el 27 de junio es un beneficio del que gozan los estatales y que no tienen los trabajadores del sector privado. Pero en todas las ramas de trabajo existen días feriados, no laborables y en algunos casos -como bancarios y telefónicos- además, se les paga bonos. Cuando no se toman los feriados, los trabajadores cobran doble la jornada. Estos derechos fueron conquistados en luchas. Nadie regaló nada. Pero pensar la eliminación del feriado como un ataque a los trabajadores estatales es perder de vista la avanzada contra todos los derechos laborales que lleva a cabo el gobierno Milei, asociado a la represión sistemática de las luchas. El mismo decreto sostiene que: “es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo del todo el país”. El cinismo de los flexibilizadores no tiene parangón, los mismos que llevan adelante la destrucción sistemática de las condiciones de vida y laborales enarbolan la cultura del trabajo. Todos estos atropellos a los derechos conseguidos con siglos de sangre obrera no serían posibles si la complicidad militante de la burocracia sindical que deja pasar los despidos, los tarifazos, la destrucción salarial y que permiten contrataciones por fuera de convenio a cambio de la caja de las Obras Sociales y los aportes solidarios obligatorios de los no afiliados. Los y las trabajadoras estatales necesitamos autoconvocarnos sin distinción de sindicatos para coordinar con otros sectores un plan de lucha hasta terminar con Milei y sus socios en el Congreso, las provincias y los sindicatos.

A veinte días de cumplirse el 31° aniversario del atentado a la AMIA, el juez federal Daniel Rafecas resolvió que se aplique el “juicio en ausencia” contra los acusados iraníes y libaneses. El planteo había sido suscripto por el fiscal, la DAIA, la AMIA y una de las querellas. En cambio, se opusieron. Memoria Activa, APEMIA y la Asociación 18J, las agrupaciones que reuúnen a la inmensa mayoría de los familiares de las víctimas del atentado. Entre los argumentos, los familiares señalan que a la causa le faltan pruebas -por ejemplo acceder y analizar a los archivos desclasificados de inteligencia- y que ya hubo juicios orales por el atentado en el que se determinaron irregularidades en la investigación y terminaron con los acusados absueltos. Durante la conmemoración del atentado del año pasado, Diana Malamud, referente de Memoria Activa, anticipó: “Este año en la tan conocida telenovela titulada ´Humos de julio´ [por los anuncios que suelen hacerse en fechas cercanas al aniversario], el gobierno presentó el proyecto de juicio en ausencia. Es para cerrar la causa AMIA sin verdad y sin justicia". Una cuestión adicional es que la causa contra el atentado a la embajada de Israel, en manos de la Corte Suprema, ha sido definitivamente archivada sin resultados, y una enorme sospecha de que los servicios de espionaje de EE.UU. e Israel, se han empeñado en su entierro. El juicio en ausencia, aprobado por el Congreso a principios de año junto a la reforma del Código Procesal Penal, viola garantías elementales del debido proceso. Las garantías procesales son indeclinables: entre ellas, en el sistema penal argentino, se establece la obligatoriedad de la presencia del acusado cuando se leen los cargos en su contra, indispensable para ejercer su propia defensa. De lo contrario, el juicio es inválido. El proyecto de “juicio en ausencia” fue hecho a la medida de esta nueva provocación, que se saca a relucir, no sólo en vísperas de un nuevo aniversario del atentado, sino al calor de los bombardeos y ataques del imperialismo y del sionismo contra Irán, el Líbano, Siria y, por supuesto, Gaza y Cisjordania. El gobierno Milei viene a traer este ´aporte´ a la escalada bélica. Desde hace tres décadas, la “causa AMIA” ha sido objeto de todo tipo de manipulaciones al servicio de la política exterior de Estados Unidos, incluidos todos sus vaivenes. El fallo de Rafecas se encuadra políticamente en este escenario. A la hora de fundar su decisión, violando la presunción de inocencia, Rafecas afirma que “especialmente en crímenes internacionales graves (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad), los acusados son líderes militares o políticos con recursos para ocultarse o huir a países sin extradición”. Sin la opción de un juicio en ausencia, dice, estos individuos “podrían permanecer prófugos indefinidamente y los casos podrían quedar paralizados, evitando ser juzgados, y privando a las víctimas de justicia”. “Los juicios en ausencia, afirma luego, pueden ser vistos como una herramienta para reconocer los derechos de las víctimas y asegurar que los crímenes no queden impunes”. Concluye: “en situaciones de crímenes de guerra o terrorismo, no juzgar a los acusados puede debilitar la confianza en el sistema de justicia”. El juzgamiento en ausencia, en cambio, según Rafecas, “puede enviar un mensaje de que la justicia no se detiene por la ausencia de un acusado. Dictar una sentencia en ausencia puede aumentar la presión internacional para su captura y reducir su margen de maniobra político”. Esto es prácticamente una declaración de apoyo a Trump-Netanyahu-Milei. Rafecas, de este modo, continúa expiando su culpa por haber desestimado la denuncia de Alberto Nisman contra la expresidenta, ahora convicta en su domicilio e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, Cristina Fernández, por “traición a la Patria” por la firma del “memorándum con Irán”. Rafecas ya había dado muestras de su ´realineamiento´ detrás del sionismo, meses atrás, dictando el procesamiento de Vanina Biasi, del PO-FITU, por supuestas manifestaciones “antisemitas”, a raíz de sus denuncias contra el genocidio del pueblo palestino. La ley que se aplicará en este caso, cita Rafecas, establece que el juicio en ausencia “procederá únicamente respecto de un imputado declarado rebelde, si concurren los siguientes requisitos: que conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial” y también cuando “se hayan realizado intentos razonables de hacerlo comparecer ante la Justicia, sin éxito”. El memorándum con Irán bien podría encuadrarse como “intento razonable” de hacer comparecer a los funcionarios y exfuncionarios iraníes, dado que lo único que preveía era que se les tomara declaración indagatoria en su propio país, dando inicio al proceso legal. La pretensión de que a cambio se daría de baja su pedido de captura internacional fue desmentida por una de las más altas autoridades de Interpol. Aquel memorándum fue aprobado por el Congreso argentino, en el marco internacional de los acuerdos de Barack Obama con el régimen de los ayatollah, pero desestimado por el Parlamento iraní y nunca se puso en práctica. La masacre de la AMIA seguirá impune. Los imputados argentinos quedaron impunes, entre ellos, por fallecimiento, el expresidente Carlos Menem y el excomisario “Fino” Palacios, cercano a Mauricio Macri. El Estado argentino es la retaguardia de la guerra imperialista de Trump-Netanyahu.

La Cámara Federal de Tucumán declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria estipulada por el gobierno de Alberto Fernandez. Así se sumó, entre otras, a las Cámaras de Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca, que declararon la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y marzo de 2024, la cual no contemplaba la inflación. Las sentencias mencionadas ordenan realizar el cálculo comparativo mensual entre lo cobrado y lo que les hubiese correspondido de considerar el IPC (Indice de Precios al Consumidor) y liquidar lo que corresponda. La fórmula de Alberto Fernández consideraba un 50% del índice de variación de la recaudación tributaria de la ANSeS y un 50% de la evolución de los salarios (RIPTE o índice del INDEC, el que resulte mayor) excluyendo de modo absoluto la del IPC. Lo perdido entre 2020 y comienzo de 2024 fue “reconocido” por el Gobierno en el DNU 274/2024 de marzo del año pasado y se fijó una nueva fórmula de movilidad según el índice de inflación del INDEC, pero sin reparar lo perdido durante todo ese periodo (Clarín 24/06). La misma secuencia se reproduce en cada nuevo mandato presidencial. Gobierno tras gobierno, la fórmula de movilidad se modifica en función de lograr el cálculo más perjudicial para los jubilados, sin tomar nunca una medida de resarcimiento para que puedan recuperar lo perdido. Con la inflación galopante durante la presidencia de Alberto Fernandez, no le convenía al gobierno contemplar el costo de vida. En cambio, durante el gobierno de Milei -quien aspira a terminar con la inflación aplastando a la economía a fuerza de recesión y dilapidando las reservas para sujetar al dólar- atar los haberes previsionales al costo de vida, una vez que estos fueron diezmados -tanto por la inflación de Alberto como por la que él mismo ocasionó al dictar una megadevaluación de entrada- es una garantía de mantenerlos en la miseria. La pérdida que sufrieron los haberes entre marzo de 2021 y junio de 2024, osciló entre un 25% ( para los que cobran con bono) y más de 45% para las jubilaciones que no son la mínima. Estos porcentajes son sobre los que dictaminan los fallos en cuestión. Mientras se suman fallos contra la fórmula de movilidad del gobierno anterior, en el Congreso de la Nación avanza un proyecto de ley, ya votado favorablemente en Diputados y ahora girado al Senado, que busca disponer una recomposición de un mísero 7,2% por la inflación de enero de 2024 (La Nación 24/06). Sin embargo, no hay una sola palabra sobre las fuertes pérdidas acumuladas por no haberse observado la inflación durante los años previos. La ANSES continúa con la maniobra de apelar al infinito y, además, cuando acata las sentencias de la Corte, actualiza el haber -en el mejor de los casos- pero nunca liquida el retroactivo, el cual queda en el limbo de las deudas que Caputo no paga por honrar la deuda con el FMI. Por su parte, la Corte no solamente debería apurar los tiempos sino que debería haber intervenido imponiendo el mismo criterio de las sentencias para todos los jubilados que se encuentran en la misma condición: perjudicados por el criterio de cálculo. Las demoras en la Justicia, la parcialidad de los sentencias que nunca consideran el 82% móvil y, por lo tanto, nunca fallan dando cuenta de la real dimensión del robo ni responden al incumplimiento que hace el Estado en no liquidar -especulando con que el ciclo vital haga lo suyo- son demostraciones de que la vía judicial tiene límites insalvables. Mientras tanto, cada miércoles, los jubilados organizados apuntan al poder político reclamando el 82% móvil, lucha inseparable de la reivindicación del salario igual al costo de la canasta familiar y al no pago de la deuda externa.

Solidarizarse hoy con Cuba en abstracto sin fijar una posición política respecto al gobierno cubano es un error que puede ser ingenuo o colaborativo con Díaz-Canel. No hay una Cuba en abstracto: solo los nacionalistas ven así a sus países. Pero el asunto se complejiza cuando se refiere a Cuba. Ya hoy defender a Cuba no es defender la Revolución cubana: se impone marcar la diferencia en qué se quiere decir cuando se llama a defender Cuba. Hoy el principal problema que tiene la clase trabajadora cubana no es el bloqueo yanqui sino la burocracia procapitalista que intenta imponer el modelo chino. De hecho, el levantamiento del bloqueo yanqui solo llevaría a acelerar indeteniblemente la restauración capitalista en Cuba: es el último paso hacia el modelo chino. Lograría insertar a Cuba en el sistema financiero internacional, es decir, que entrara al FMI obviamente mendigando “ayudas” de las cuales ya sabemos cómo se pagan. Al gobierno cubano no le interesa derrotar al imperialismo yanqui sino poder reconciliarse con él y formar parte del sistema que ha creado. El principal problema de la clase trabajadora cubana es la burocracia dirigente que la malgobierna, imponiendo recortes sociales, privatizaciones, una fuerte represión y todo esto en aras de aplicar un modelo capitalista -sistema del cual los dirigentes cubanos salen personalmente beneficiados mediante testaferros familiares en lucrativos negocios privados. Condenar el bloqueo yanqui contra Cuba sin condenar la represión y las políticas de corte neoliberal que aplica el gobierno de Díaz-Canel es solidarizarse con la burocracia del PCC. Es olvidar que los apagones diarios -cuatro horas mínimo- están provocados porque el gobierno cubano prioriza al sector hotelero a sabiendas de que el turismo va en crudo retroceso. Es olvidar a los casi 300 presos por participar en las protestas del 11J. Es olvidar que si la clase trabajadora cubana pasa hambre es porque el gobierno ha privatizado la gastronomía y el comercio interior dejando la mayor parte de la distribución de los alimentos en manos del cruel libre mercado. Es olvidar que el desabastecimiento alimenticio está dado porque el gobierno cubano apuesta por importar alimentos, siendo la agricultura uno de los dos rubros que menos financiamiento recibe -el otro sector más desfinanciado es, increíblemente, la industria azucarera. Es olvidar que esta importación de alimentos se hace, mediante negocios turbios, priorizando al sector privado quien lucra con el hambre de los trabajadores cubanos, siendo la burguesía quien importa casi la mitad de los alimentos que se consumen en Cuba. Es olvidar que mientras se construía un hotel de lujo en medio de La Habana destruida, dejaban de repararse hospitales y la educación quedaba tan desatendida que escuelas y facultades se caen a pedazos. Sí: el bloqueo imperialista yanqui golpea a Cuba desde hace más de sesenta años, pero el gobierno actual aumenta el sufrimiento de la clase trabajadora pues destina cada vez más los limitados recursos al bienestar de minorías -la burocracia dirigente y la burguesía- así como priorizar la macroeconomía por encima del bienestar social. Como se ve, en Cuba, la clase trabajadora está más golpeada por el gobierno que por el bloqueo yanqui ¿Desde cuándo no se aplica un paquete gubernamental en beneficio de la clase trabajadora cubana? Por el contrario, todo lo que se ve son recortes y ninguno de ellos va contra las prebendas de la burocracia dirigente. No en vano, han emigrado dos millones de cubanos en solo tres años: era el mismo bloqueo antes de la crisis migratoria, pero lo que cambió fue la aplicación de una sucesiva política económica con rasgos neoliberales, sumado al aumento de la represión y las continuas protestas, siempre estando el 11J como el punto de quiebre político. Hoy la solidaridad con Cuba es apoyar a la clase trabajadora cubana quien más que resistir al bloqueo, mal subsiste bajo el gobierno procapitalista de Díaz-Canel quien como un Ceaucescu tropical se dedica a viajar con su esposa. Por eso fue tan importante que la mayoría de las organizaciones trotskistas se solidarizaran con los estudiantes universitarios cubanos en huelga. Por eso es tan importante que a las puertas del cuarto aniversario del 11J las organizaciones verdaderamente revolucionarias levanten la voz sobre las oportunistas y digan “abajo el gobierno restauracionista y represor de Díaz-Canel”, “por una verdadera revolución socialista en Cuba”, “libertad para los presos por manifestarse”. Por eso será que sin el internacionalismo de las organizaciones revolucionarias la clase trabajadora cubana se quedaría sola, atenazada entre los buitres imperialistas y los parásitos burócratas, cobrando fuerza la vulgar idea de que socialismo es represión. La izquierda que mire a otro lado o peor aún, cierre filas con la burocracia cubana, se hundirá, como ya sucedió con aquellos que tuvieron una actitud similar ante la URSS. ¡Contra el bloqueo yanqui y contra la burocracia procapitalista! ¡Por una Internacional Comunista! ¡Por una Revolución socialista en Cuba!

Los residentes, profesionales y trabajadores de la salud pública protagonizaron grandes jornadas de lucha esta semana contra la política privatista del gobierno de Milei y el ajuste que ejecutan los gobiernos provinciales. El paro votado para el miércoles por la asamblea de residentes de CABA se cumplió con éxito en los hospitales porteños. Una movilización de centenares de residentes llegó a las puertas del Ministerio de Salud de Fernán Quirós exigiendo una recomposición salarial. Se destacaron grandes columnas de hospitales como el Ramos Mejía, el Piñero y el Tornú. También participaron los residentes del Garrahan que dependen del gobierno de la ciudad. Los funcionarios de Jorge Macri no se hicieron presentes para atender los reclamos. La movilización siguió entonces hasta las puertas del Garrahan, donde fue recibida al grito de “unidad de los trabajadores”. Una asamblea general de residentes de CABA votó un nuevo paro y movilización para el jueves de la semana que viene. Cuando llegó la columna de residentes, el Garrahan estaba paralizado por el paro de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). Se organizó una ñoquiada en homenaje al vocero Adorni, que ubicó a toda su familia en cargos del Estado, y un gran festival que se desarrolló a lo largo de todo el día. Fueron de la partida numerosos espectáculos infantiles y subieron al escenario artistas de la talla de Peteco Carabajal, Las Manos de Filippi, la murga Baila la Chola, entre otros. Los trabajadores debieron interrumpir la música en varias oportunidades para movilizarse y expulsar a los agentes de la Secretaría de Trabajo, enviados para controlar el presentismo en el marco del paro y de una conciliación obligatoria que el gobierno extiende a gusto y piacere. Radio con Vos mudó su estudio al hall del hospital, y transmitió sus programas desde allí, dándole amplia difusión al conflicto. El plan de lucha seguirá el próximo domingo con un nuevo paro de franqueros y una bicicleteada desde el Obelisco al hospital, organizada por las familias de los pacientes. El día anterior, el martes, había sido el turno de los residentes de la provincia de Buenos Aires, que se movilizaron de a centenares a La Plata. Allí, coparon la Casa de Gobierno para exigirle a Axel Kicillof una recomposición salarial, cargos efectivos para la continuidad laboral postresidencia y un aumento del presupuesto para salud. Los residentes fijaron su reclamo en un salario mínimo de 2 millones de pesos, cuando hoy un residente bonaerense de primer año gana 880 mil, exactamente lo mismo que denuncian los trabajadores del Garrahan. Participaron delegaciones importantes de los centros de salud de Morón y Moreno, del Hospital del Niño de San Justo, el Paroissien de La Matanza, el Evita de Lanús, el Pacheco de Tigre y el San Roque de La Plata, entre otros. En lugar de atender los reclamos en juego, Milei pateó la pelota afuera afirmando que, en otros países, las residencias se cobran en lugar de pagarse ( https://politicaobrera.com/14327-especializacion-arancelada-y-salarios-de-indigencia-el-garrahan-y-los-residentes-responden-a-las-bravuconadas-de-milei-con-un-nuevo-paro-general ). Siguiendo esta línea, funcionarios del ministro Lugones convocaron esta semana a reuniones con equipos de residentes de Nación del Garrahan y otros hospitales. Ante la mirada atónica de los residentes, les ofrecieron pasar sus contratos a un sistema de “becas”, anulando la relación laboral de dependencia. A cambio de la renuncia a los derechos laborales como el aguinaldo, las paritarias, la antigüedad, los aportes previsionales y la cobertura de salud, los agentes del “Ministerio de Prepagas” prometieron un incremento de la remuneración de bolsillo de aproximadamente un 17 %. El gobierno liberticida necesita derrotar al movimiento de lucha de los trabajadores para poder avanzar en una verdadera contrarreforma laboral en la salud pública. Así, pretende borrar de un plumazo conquistas que costaron años de organización y luchas. Los funcionarios de “Prepagas” Lugones aseguraron que aspiran a extender este régimen de “becarios” a los sistemas de CABA y provincia de Buenos Aires. Otro anuncio, aparentemente contradictorio, fue la publicación de un aumento del 10 % para el Hospital Garrahan y otros hospitales y organismos nacionales, destinado a una supuesta recomposición salarial. Sin embargo, los trabajadores denunciaron que este incremento ya estaba pautado y solo sirve para llegar a fin de año con el miserable nivel salarial actual, no para incrementarlo. Después de fabular sobre los ñoquis y tener que salir a aclarar que no se refería a los profesionales, médicos o residentes que están luchando, el gobierno le pateó la responsabilidad del desfinanciamiento del Garrahan a las obras sociales provinciales, que tendrían deudas millonarias con el hospital. Estas obras sociales, como el IOMA de la provincia de Buenos Aires y otras, atraviesan crisis terminales, son víctimas del vaciamiento de sus respectivos gobiernos y no podrían de ninguna manera ser quienes aporten fondos reales para resolver del conflicto en curso. El gobierno se enreda en sus propias patrañas para distribuir responsabilidades con sus rivales políticos, pero se muestra impotente para responder a las demandas de los trabajadores, lo que intenta resolver con un nuevo ciclo de ataques y amenazas. Mientras todo esto ocurre, los grandes sindicatos de la salud pública miran para otro lado. Es el caso de UPCN y Sutecba, pero también de CICOP en la provincia, adaptada a Kicillof. De Médicos Municipales, en CABA, solo se conoce la propuesta de liquidar la carrera profesional ( https://politicaobrera.com/13219-desguace-de-la-carrera-profesional-o-lucha-comun-por-el-salario-de-todos-los-trabajadores-de-la-salud ) y los reiterados aprietes a los residentes antes de cada medida de fuerza. Es la plataforma reaccionaria con la que Rojo buscará su reelección. Federación de Profesionales también se llamó a silencio, sumida en internas y negociaciones por la integración de su conducción para las próximas elecciones. En paralelo, los médicos y profesionales de planta de CABA volverán a cobrar este mes con aumento cero (0 %) contra una inflación proyectada del 2/3 %, un hecho solo disimulado por el cobro simultáneo del aguinaldo. Para el gobierno liberticida, demoler el salario y hacer retroceder las condiciones laborales de los trabajadores de la salud es un paso necesario para desmantelar el sistema público y despejar el terreno para los negocios de las prepagas, ya ubicadas en la cima del propio Ministerio de Salud. Detrás de los recortes y la línea de gerenciamiento de los hospitales nacionales, el programa de “Prepagas” Lugones apunta a una reducción drástica de las prestaciones y a un arancelamiento general. El conjunto de las fuerzas patronales se encuentra adaptada a esta agenda privatista, lo que se traduce en la nulidad de los aparatos gremiales que les responden. Los salarios de 800 mil pesos para los trabajadores de la salud son tan liberticidas como republicanos o nacionales y populares. El balance de esta semana de lucha dejó instalada otra perspectiva para los trabajadores de la salud, que es la de ir a una lucha a fondo contra Milei y todos los gobiernos del ajuste. Esto requiere de una política para superar los bloqueos de las burocracias sindicales, lo que no se logrará con “exigencias” recursivas, sino poniendo en marcha toda la fuerza que anida en el movimiento de los trabajadores de la salud, sus usuarios, pacientes y familiares. Hagamos que los liberfachos muerdan el polvo, a través de una huelga general autoconvocada de toda la salud pública. Organicemos asambleas y coordinadoras interhospitalarias para reforzar y multiplicar las acciones de lucha y conquistar, desde abajo, todos los reclamos en juego.

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que dirige Héctor Daer; y los empresarios de la salud privada acordaron este miércoles 25, el aumento salarial correspondiente a la vencida revisión del mes de mayo para el sector asistencial (que incluye a clínicas, sanatorios, hospitales privados, emergencias médicas y centros de diagnóstico). La Federación denunció la intransigencia patronal, ya que las cámaras se negaban a otorgar aumentos por encima de 1 % (techo salarial establecido por el gobierno nacional) y se declaró en “estado de Alerta” a nivel nacional, realizando varias acciones en puertas de sanatorios, clínicas y empresas de emergencias. El acuerdo firmado apenas supera la pauta oficial, otorgando un incremento de 4,5 % en tres cuotas: 1,5 % correspondiente al mes de mayo, 1,5 % al mes de junio y 1,5 % julio, más tres sumas fijas de $25.000 para el mes de mayo, $40.000 junio y $60.000 en julio, hasta que se acuerde lo contrario. Lo correspondiente al mes de mayo se cobraría de forma retroactiva con el sueldo del mes de junio. Además, establece una cláusula de revisión para el mes de agosto. Mientras que las cámaras empresarias ofrecían un 1 % por cada uno de los meses (mayo, junio, julio). Todo indicaría que el aumento pactado no sería homologado por la Secretaría de Trabajo, pero, las cámaras empresarias se comprometieron a abonarlo como sucedió con la paritaria de Comercio. El acuerdo, sigue la línea de Camioneros y Alimentación, que utilizaron el recurso de las sumas no remunerativas para “no mover olas” en contra del techo paritario de los liberticidas ( https://politicaobrera.com/14322-camioneros-moyano-liquida-el-salario-en-favor-de-la-caja-y-los-negocios-familiares y https://politicaobrera.com/14314-alimentacion-la-burocracia-dice-no-al-1-pero-si-al-18 ). Con esta actualización, un enfermero de piso o consultorios externos pasará a cobrar $ 1.001.967,35, un enfermero de cirugía y personal de esterilización recibirá $ 1.030.305,76 en el mes de julio, aún lejos de la canasta familiar ($2.420.482,72, según CESyAC, https://www.cesyac.org.ar/ ). Acciones de aparato Desde el 13 de junio, en los establecimientos se estuvieron realizando asambleas informativas, batucadas de aparato conformadas por delegados y congresales de distintos establecimientos y afichadas. Estas acciones pudieron verse en la mayoría de los establecimientos: Sanatorio Finochietto, Hospital Italiano, Emergencias Médicas, Vittal, Sagrado Corazón, Medicus. En el Sanatorio Trinidad de Palermo, que pertenece al grupo Galeno, la patronal amedrentó a trabajadoras mientras pegaban afiches y colgaban las banderas. El video se viralizó rápidamente por las redes sociales. La burocracia de sanidad nunca clarificó cuál era el monto por el que se peleaba, limitándose a levantar las consignas de “recomposición salarial”, “por salarios dignos” y contra los “empresarios miserables”. Las asambleas fueron en su mayoría de carácter informativo. En el Hospital Italiano, la asamblea general rápidamente se transformó en un ruidazo y los trabajadores no pudieron discutir ni votar medidas o iniciativas. Tampoco se sometió a discusión la nueva propuesta salarial, que fue difundida por las redes sociales una vez firmado el acuerdo. “Con la fuerza de la organización sindical, rompimos el cepo salarial impuesto por el gobierno y enfrentamos la negativa de los empresarios”, celebraron desde FATSA. Es un festejo compartido con las cámaras empresarias que buscaban desactivar el conflicto. La conducción Celeste y Blanca del sindicato, además, busca garantizarse un panorama “tranquilo” durante el proceso electoral de una de la filiales más importantes (ATSA Bs.As) a realizarse el 7 de agosto. Las grandes ganadoras son las prepagas, que ya anunciaron nuevos aumentos para el mes de julio que van desde 1,1 % al 1; 9 %, dependiendo de la empresa y acumulan un aumento del 54 % real entre diciembre de 2023 y junio de 2025 (Ámbito, 24/06/2025). Como se puede observar, para librar una lucha consecuente por el salario y contra los ataques del gobierno liberticida de Milei, se hace necesario despojarnos de la burocracia sindical impulsando la organización independiente en los lugares de trabajo. Las acciones de lucha que vienen llevando adelante los residentes y el Garrahan se nos presentan como una oportunidad para impulsar una lucha generalizada de todos los trabajadores de la salud.

Inmediatamente después de que Trump impuso el cese del fuego entre Irán e Israel, Netanyahu prometió “terminar la tarea en Gaza” “Ahora el foco vuelve a Gaza, para devolver a casa a los rehenes y desmantelar el régimen de Hamas", bravuconeó el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. El colono fascista Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y líder del partido Sionismo Religioso lo acompaño: “Ahora con toda la fuerza a Gaza para terminar el trabajo”. Todas las encuestan señalan que entre el 75 y el 82 por ciento de los judíos israelíes apoyan el ataque de Netanyahu contra Irán. The Economist festejó “el momento de triunfo” del primer ministro y una inmejorable oportunidad para convocar las elecciones varias veces postergadas. Lo predijeron triunfador (Economist, 22/6) Otro exencausado, Donald Trump, pidió que se cancele inmediatamente el juicio por corrupción contra Netanyahu: “Salvad a Bibi de la caza de brujas”, reclamó. Pidió que lo indultaran porque es “un gran héroe que ha hecho tanto por el Estado de Israel” y se pavoneó: “EE.UU. salvó a Israel y ahora va a salvar a Bibi”. Netanyahu enfrenta cargos por fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos tras varios años de investigaciones que revelaron intercambios de favores con donantes ricos. Envalentonado, Netanyahu pidió el jueves a la Justicia que se postergaran las audiencias, alegando “los acontecimientos en la región y en el mundo”. El pedido fue rechazado. Las encuestas mostraron un aumento de apoyo al Likud tras la operación militar, a expensas de su aliado más cercano, el partido de extrema derecha Poder Judío, de Ben-Gvir. “Eso significa que, de cara a nuevas elecciones, no tiene mucho margen para formar otra coalición", explicó Tal Schneider, editorialista de Times of Israel: “No logró atraer votantes del centro. Quienes se oponían a Netanyahu siguen en contra, incluso tras este gran éxito militar y estratégico, que nadie niega." La guerra contra los niños La masacre en la Franja de Gaza y Cisjordania no se tomó un respiro porque Israel estuviera atacando a Irán. Solo en la Franja asesinaron diariamente alrededor de un centenar de palestinos, 940 en diez días. La mitad, mientras esperaban en los puestos de entrega de comida. Se calculan más de 10.000 heridos. Este jueves, Netanyahu decidió el cierre de los pasos fronterizos hacia el norte de Gaza, cortando la ruta directa para que la ayuda llegue a cientos de miles de personas aisladas mientras las bombardean. "Estamos en el momento más crítico desde que comenzó esta 'guerra contra los niños'”, denuncia el vocero de Unicef, James Elder, mientras proliferan enfermedades infecciosas como hepatitis A y B. “En sólo 150 días, desde principios de año hasta finales de mayo, 16.736 niños, una media de 112 al día, ingresaron a los desmantelados hospitales para recibir tratamiento por desnutrición”, declaró. Unicef alertó a mediados de junio que a causa de la "sequía provocada" por Israel "los niños empezarán a morir de sed". Solo funcionan el 40 % de las instalaciones de producción de agua, pero por falta de combustible dejarán de operar en pocas semanas. “No hay problemas logísticos o técnicos. Es un problema político y si hay voluntad se soluciona de la noche a la mañana”, dijo Elder. El 89 % de las infraestructuras de agua y saneamiento fueron destruidas desde que comenzó la invasión a Gaza, entre ellas 238 pozos y muchos tramos de la principal tubería de agua que llega a Gaza, la Mekerot. Jóvenes soldados israelíes se han retratado gozosos echando cemento en los pozos de agua y rompiendo cañerías, lo mismo que hacen en Cisjordania. Desde que Israel cortó toda la electricidad en octubre de 2023, el combustible es esencial para producir, tratar y distribuir agua a más de dos millones de palestinos. “Negar el combustible no sólo corta el suministro: corta la supervivencia”, explica Elder. Philippe Lazzarini, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos (Unrwa), afirmó que “el llamado mecanismo de ayuda cuesta más vidas de las que salva. Es una abominación que humilla y degrada a gente desesperada. Es una trampa mortal”. Más de la mitad de ataques registrados bajo la nueva fórmula de reparto de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza tuvieron como víctimas a niños, bien porque resultaran heridos o porque directamente perdiesen la vida, según un informe de la ONG Save the Children. Los sobrevivientes describen un aparato montado para el exterminio en cada punto de entrega, ejecutado por el ejército, mercenarios norteamericanos y las bandas mafiosas que los acompañan. Disparan a la multitud, que salta por encima de muertos y heridos para rescatar algo que comer. “Los encontrarás tal y como los retrata Hollywood: armados hasta los dientes, con gafas de sol oscuras y chalecos antibalas con la bandera estadounidense, auriculares detrás de las orejas y las armas apuntando directamente a nuestro pecho desnudo”, dice Al-Kafarna, 23, cuyo hermano menor fue asesinado la semana pasada. “Disparan al suelo, a los pies de cualquiera que intente acercarse a la ayuda, que se encuentra detrás de una colina en la que están apostados”. “Parecíamos animales esperando a que abrieran el corral en un establo desprovisto de moralidad y compasión”, continuó. “El hambre nos ha llevado a buscar comida en las manos de nuestro enemigo, comida envuelta en humillación y deshonra, después de haber vivido con dignidad”. Desde que reabrieron la entrega a cuentagotas de ayuda humanitaria, Israel intentó acusar a Hamas y a las milicias de atacar a los hambrientos para apoderarse de la comida. Lo desmintieron los palestinos, la ONU, las ONGs. Pero Haaretz publica este viernes testimonios de soldados que indican que “los comandantes ordenaron a las tropas disparar contra la multitud para ahuyentarla o dispersarla, aunque era evidente que no representaba ninguna amenaza”. «Es un campo de exterminio», declararon al diario de Tel Aviv. Un oficial de reserva de alto rango ratificó: “Cuando preguntamos por qué habían abierto fuego, nos dijeron que era una orden de arriba... Puedo afirmar con certeza que la gente no estaba cerca de las fuerzas y no suponía ningún peligro para ellas. Fue inútil, simplemente los mataron, sin motivo alguno”. Los soldados contaron más: los contratistas que trabajan en Gaza con maquinaria de ingeniería han complicado aún más la situación. “Cualquier contratista recibe 5000 shekels (alrededor de 1.500 dólares) por cada casa que derriba”, explicaron. Trabajan sin supervisión, “demoliendo propiedades donde quieren a lo largo de todo el frente”. A menudo se acercan a las rutas por donde los palestinos tienen permitido avanzar o a los puestos de entrega de ayuda. Y les disparan para continuar tranquilamente su trabajo”. “Así que, para que un contratista gane otros 5000 shekels y derribe una casa, se considera aceptable que mate a personas que solo buscan comida», añadió. Aunque el ejército balbuceó una desmentida y ratificó que prohíbe matar a civiles (sic), Médicos sin Fronteras exigió el “desmantelamiento inmediato” del nuevo modelo de distribución de ayuda en Gaza, al que tilda de “farsa que encubre una matanza”. Esta semana, por primera vez desde marzo, Naciones Unidas logró el ingresó -sin que hubiera saqueos ni conflictos- de camiones sanitarios para los hospitales. El convoy fue custodiado por palestinos armados, miembros de la Comisión Superior para Asuntos Tribales, la coalición de tribus “históricas” que no pertenecen a las milicias. La visión de camiones con palestinos en armas generó un escándalo en Israel y la derecha dijo que Hamas había recuperado el control de la distribución de comida. Netanyahu emplazó al ejército para que en 24 horas elabore un plan que “evite que Hamas tome el control de la ayuda humanitaria en Gaza” y Smotrich lanzó un ultimátum amenazando con abandonar el gobierno “si entraba una sola gota más de ayuda”. El cese del fuego ha sido seguido de un reforzamiento de la guerra de exterminio contra el pueblo palestino.

Nueva York es la ciudad más grande de los EE.UU., en el que reside el centro financiero del capitalismo mundial, y por añadidura es la segunda ciudad con más judíos en el mundo después de Tel Aviv (si se incluye su área metropolitana). Allí triunfó en las elecciones primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad un joven candidato musulmán que se autodefine como “socialista” (es miembro de Democratic Socialist of America, una fracción del partido Demócrata), que ha denunciado el genocidio en Gaza y fue atacado por “antisemita” por los grandes medios de comunicación y por el candidato del establishment del P.D., Andrew Cuomo. En medio de la guerra de Israel contra Irán y el traicionero bombardeo de Trump contra la República Islámica, el “socialista demócrata” Zohran Mamdani obtuvo el 43.5 % contra un 36,4 % a favor de Cuomo. Por otra parte, un 11,3 % votó al progresista Brad Lander, judío, quien está a cargo del control del presupuesto de la ciudad, y que se ha destacado por su oposición a las redadas y deportaciones de Trump. Mamdani y Lander se apoyaron mutuamente, en un sistema electoral en el que el votante marca varios candidatos en orden de preferencia. Por esta razón, aunque aún deben analizarse los votos de las segundas opciones que se escrutarán el 1° de julio, es claro que Mamdani ha triunfado en la interna y el propio Andrew Cuomo reconoció su victoria. Mamdani ascendió meteóricamente en las encuestas, pasando de apenas un 1 % en febrero (contra un 35 % a favor de Cuomo) a un 23 % en junio, para terminar con 10 puntos por encima de ese porcentaje unos días después. Andrew Cuomo fue gobernador del estado de Nueva York por diez años, hasta que debió renunciar en 2021 en medio de escándalos por múltiples acusaciones de acoso sexual. Pese a las denuncias que incluían 13 casos de acoso, las jerarquías del P.D. le dieron apoyo y Cuomo descontaba su triunfo. En tanto, Mamdani era apoyado por el ala izquierda demócrata -los llamados “demócratas socialistas”, como la representante por NY Alexandria Ocasio-Cortez, y también el senador independiente Bernie Sanders-. El ascenso vertiginoso de su contrincante fue respondido por Cuomo con la acusación de “antisemitismo” contra su desafiante. El candidato del establishment contaba con el respaldo público de figuras como el expresidente Bill Clinton y del New York Times, y en general de la mayoría del P.D. dominado ampliamente por el lobby sionista; su comité de campaña reunió 25 millones de dólares para inundar los medios de publicidad. El triunfo de Mamdani ha significado un terremoto político (así lo definió la CNN y casi toda la prensa). Activista pro Palestina Cuando era estudiante en la Universidad Bowdoin, Mamdani fue uno de los fundadores del capítulo “Students for Justice in Palestine” y abogó por el boicot a instituciones académicas y culturales sionistas, en repudio a la ocupación de Cisjordania. Desde entonces, ha defendido el movimiento BDS (boicotee, desinvierta y sancione) contra Israel. En 2023 introdujo en la Asamblea del Estado de Nueva York (en la cual es representante) un proyecto de ley titulado “Not on Our Dime! Ending New York Funding on Israeli Settler Violence Act”, que busca prohibir que las organizaciones benéficas registradas en NY hagan donaciones a entidades involucradas en asentamientos ilegales en Cisjordania o que apoyen crímenes de guerra en Gaza. Ese proyecto fue encajonado por la mayoría demócrata. Durante la campaña por la candidatura a la alcaldía, el asambleísta estatal Sam Berger, un demócrata electo por Queens, acusó a Mamdani de antisemitismo una y otra vez, por apoyar al movimiento BDS y levantar la consigna “globalizar la intifada”. En mayo pasado, Berger lo acusó de “antisemitismo puro y simple” por negarse a firmar una resolución que conmemoraba la creación del Estado de Israel. Tras el primer debate demócrata del 4 de junio, en el cual Mamdani evitó respaldar explícitamente la existencia de Israel, Berger intensificó sus ataques, y llamó a votar a los judíos en su contra “como si nuestras vidas dependieran de ello” (declaración a Jewish Insider). Una buena parte de los votantes judíos desoyeron la campaña de Berger y Cuomo. Mamdani habría quedado segundo en el voto judío, con importante apoyo. El mismo candidato relata una anécdota sobre una anciana judía que se le acercó y susurró en el oído que acordaba con él en todo “menos en un punto, y tú sabes cuál es”, pero que igualmente lo iba a apoyar. Mamdani ha logrado apoyo en sectores judíos no sionistas y también entre sionistas. El bloque político conformado con Brad Lander es otro síntoma en el mismo sentido, ya que Lander es un sionista liberal (progresista) que ha declarado que “odia la política de Netanyahu” y llamado “apartheid” al régimen político de Israel. Reformismo Mamdani moderó su discurso respecto a Israel durante los últimos meses, y centró su campaña en las cuestiones económicas que afectan a los trabajadores. En el debate del 12 de junio, se presentó de la siguiente forma: “Mi nombre es Zohran Mamdani, miembro de la asamblea (legislativo local), y me presento para que la ciudad sea asequible. Congelaré el alquiler para millones de inquilinos, haré que los autobuses sean rápidos y gratuitos, y ofreceré atención infantil universal. Y antes de que pregunten, lo pagaré gravando a los ricos” (El País, 25/6). Además de congelar los alquileres del 50 % de la ciudad, de instalar supermercados municipales con precios controlados, de garantizar el cuidado gratuito de los niños menores de cinco años, propone elevar progresivamente el salario mínimo a 30 dólares la hora para 2030 (actualmente está en 16,50 dólares en NYC). Plantea financiar sus reformas con un impuesto adicional del 2 % sobre los millonarios y un 4,5 % adicional sobre las grandes corporaciones. El costo de vida en Nueva York es de los más elevados, por lo que su discurso tuvo gran impacto, sobre todo entre los jóvenes. El joven candidato también se había dado a conocer con su apoyo a la movilización y huelga de hambre de los taxistas en 2021 (huelga en la que él participó y se convirtió en un vocero en la Asamblea de NY), que obtuvo un triunfo parcial con la reestructuración de las deudas de los taxistas. Mamdani también se destacó por enfrentar al trumpista Tom Homan, el llamado zar de la frontera, repudiando las redadas y deportaciones de inmigrantes -él mismo es un inmigrante, nacido en Uganda. En marzo, protagonizó un incidente en el Capitolio estatal cuando increpó a Homan mientras protestaba por el arresto del activista propalestino Mahmoud Khalil. Su aliado Brad Lander también se enfrentó con agentes del ICE (servicio de migraciones), y fue arrestado al aferrarse a un inmigrante intentando evitar su detención. Estos gestos se volvieron virales y les ganaron un gran respaldo en una ciudad que masivamente repudia la política migratoria del trumpismo . La actitud de ambos candidatos contrastaba con la política del actual alcalde Eric Adams -electo por el P.D. pero que ahora intenta reelegirse como candidato independiente- que ha realizado acuerdos con Homan para identificar inmigrantes sin papeles en las cárceles, en nombre de la seguridad pública, lo cual contradice las normas votadas por la ciudad desde hace décadas (“ciudad santuario)”. Adams llegó a este acuerdo en febrero, y “casualmente” en abril el gobierno nacional retiró cargos en su contra por casos de corrupción. Mamdani también ha colocado como eje el enfrentamiento a la política migratoria y el reforzamiento del sistema de ciudad santuario. Mientras tanto, Tom Homan elogió la “disposición a colaborar con ICE” de Adams y respondió al anuncio de “echar a ICE de la ciudad” que realizó Mamdani, afirmando que “La ley federal prevalece sobre él todos los días” y que “Vamos a duplicar y triplicar nuestros esfuerzos en las ciudades santuario”. El modelo es el que se aplica en Los Ángeles, con la Guardia Nacional y los marines, ahora avalado por la Justicia según un fallo de un Tribunal de Apelaciones del 20/6. Zohran Mamdani movilizó a 50.000 voluntarios, un hecho sin precedentes en una campaña por la alcaldía, mayoritariamente jóvenes, que contactaron puerta a puerta a un millón y medio de personas, y se calcula que más de 2 millones en forma telefónica. Estos voluntarios fueron conquistados en unos escasos meses, a partir de la agitación de las propuestas y consignas que galvanizaron a la base progresista del P.D. y a muchos jóvenes que se habían apartado de la política. Frente a la campaña puramente mediática y sin movilizaciones de Cuomo, Mamdani logró constituir un movimiento de base que explica la enorme remontada en las encuestas y en las urnas. Reacciones Donald Trump ha publicado en sus redes que un “lunático 100 % comunista” triunfó en la primaria demócrata “y está en camino de convertirse en alcalde”. El líder demócrata en el Senado, el senador por NY Chuck Schumer, felicitó a Mamdani por su triunfo, pero no se pronunció para respaldarlo en las elecciones de noviembre. Schumer ha mantenido una posición de colaboración con el gobierno trumpista, votando su ley fiscal que atacó a los trabajadores federales y aplicó la motosierra al gasto social, y es uno de los legisladores más proisraelíes. Recientemente, Schumer publicó un libro contra el “antisemitismo” en los Estados Unidos, en el que ataca especialmente a legisladores demócratas y “demócratas socialistas”, acusándolos de antisemitismo simplemente por plantear críticas al gobierno israelí u osar mencionar las palabras “genocidio” o “apartheid”. En una reciente entrevista, Schumer dijo “Mi trabajo, es mantener a la izquierda pro Israel.” (New York Times, 18/3). Es dudoso que Schumer se incline por apoyar a Mamdani, que está canalizando a buena parte de los activistas propalestinos, y seguramente lo hará por Adams. La actitud de otros referentes demócratas se puede deducir de la publicación realizada en X por parte de Lawrence H. Summers, quien fue secretario del tesoro de Bill Clinton, director del Consejo Nacional de Economía bajo Obama, presidente de Harvard de 2001 a 2006, y economista jefe del Banco Mundial entre 1991 y 1993, es decir, un exponente del establishment financiero por excelencia. Summers publicó: “Estoy profundamente alarmado por el futuro del P.D. y del país por la nominación en Nueva York, ayer, de un candidato que no rechazó el eslogan de ‘globalizar la intifada’ y aboga por políticas económicas trotskistas”. El multimillonario sionista Bill Ackman apoyó a Cuomo. Anteriormente demócrata, en la elección a presidente había apoyado a Trump. Ahora declaró que si triunfa Mamdani en noviembre dejará la residencia fiscal en la ciudad de Nueva York para no pagar los impuestos anunciados sobre los ricos, y pronosticó un éxodo de millonarios. La provocadora advertencia de Tom Homan respecto a un incremento de las redadas del ICE en Nueva York, marca una perspectiva de mayor confrontación con el probable futuro gobernante de la ciudad, en la línea de la militarización y el establecimiento de un régimen policiaco. Polarización social y política La votación de Mamdani es un reflejo de la lucha de clases instalada en el país, y especialmente en la mayor ciudad estadounidense y centro financiero internacional. Nueva York ha sido escenario de grandes movilizaciones contra Trump, la política migratoria, el fascismo y la guerra. También de la solidaridad con el pueblo palestino y el repudio al genocidio, como se ha comprobado en las acampadas y movilizaciones en los campus universitarios y también en las encuestas. Este movimiento de masas choca no solamente con el gobierno sino también con el liderazgo demócrata. El PD cerró filas con los trumpistas para bloquear la posibilidad de un juicio político contra Trump por el lanzamiento del ataque a Irán sin previa consulta al Congreso. Nada menos que 128 representantes demócratas votaron con los republicanos a favor de archivar la moción del demócrata Al Green (representante por Texas) de iniciar el impeachment . Apenas 79 representantes demócratas votaron en contra de esta resolución. Los “demócratas socialistas” como Ocasio-Cortez y los ‘independientes’ como Bernie Sanders buscan canalizar el malestar popular hacia la interna del P.D. “Intentamos, de una forma u otra, crear un partido dentro del partido, para reunir a millones de jóvenes, trabajadores y personas de color, para exigir que el Partido Demócrata empiece a apoyar a la clase trabajadora de este país y se enfrente a los poderosos intereses corporativos que nunca lo han tenido tan bien”, declaró Sanders el 19/3 a CNN; es el fracasado “troscoperonismo” (y en menor medida el troscofrenteamplismo), pero aplicado en Estados Unidos, pero sin una posición antisionista y antiimperialista, como la de Mamdani con Gaza, Cisjordania e Irán. Mamdani se adhirió a los “Socialistas Democráticos” en 2017. Pese a ello no fue inmediatamente apoyado por Sanders y Ocasio-Cortez. La representante por NY declaró su respaldo recién el 5 de junio y el senador por Vermont recién el 17/6, es decir, apenas una semana antes de la votación, cuando había trepado en las encuestas. Tras el sorprendente triunfo del joven socialista democrático, Sanders coloca su campaña como ejemplo para el Partido Demócrata, cuando en realidad entregó esa campaña, hace una década, a Hillary Clinton. Los “socialistas” a la Sanders ya han capitulado más de una vez ante el establishment imperialista Demócrata. La cúpula demócrata en tanto le da los votos al trumpismo para impulsar la guerra y avanzar en el curso fascista hacia un régimen policiaco. Los dirigentes del P.D. y los millonarios que son su base no actúan de la misma forma “unitaria”, como se revela en las ya anunciadas fugas de votos hacia Eric Adams o incluso hacia Andrew Cuomo -que está evaluando presentarse también como candidato independiente. Según The New York Times, “algunos donantes del exgobernador Andrew M. Cuomo consideraron unirse detrás del alcalde Eric Adams”. Uno de esos donantes, el especulador inmobiliario Scott Rechler -uno de los mayores propietarios de inmuebles de la ciudad- dijo que para enfrentar a Mamdani “él pondría su apoyo y potencialmente sus recursos financieros detrás del actual alcalde, plagado de escándalos”. Rechler donó 250.000 dólares a la campaña de Cuomo, y llamo a que este y Adams “no dividan el voto centrista” (NYT, 25/6). Las maniobras contra Mamdani ya han comenzado. La primaria demócrata de Nueva York ha mostrado la simpatía del electorado por un candidato que se reivindica socialista y que denuncia los crímenes del estado sionista. El “giro a la derecha” que los medios atribuyen al electorado, no ha prosperado en la capital del mundo; bastó para eso una posición de confrontación con el capital financiero y contra su casta política. Mamdani está a un paso de ganar la jefatura de gobierno de NY (“la ciudad que no duerme nunca”). Pero la aplicación de su programa requiere medidas profundas contra el monopolio del gran capital y romper con el chaleco de fuerza del partido enteramente a su servicio. Son las dos cuestiones fundamentales que el joven desafiante no reúne ni se ha dedicado a construir. La paliza que ha recibido la burguesía mundial en este espacio político debe ser saludada por la clase obrera internacional, en su esfuerzo para convertir la guerra imperialista en una gran guerra de clase contra el imperialismo.

El Plan de Inteligencia Nacional (PIN), hoja de ruta de la SIDE libertaria, plantea llevar adelante tareas de espionaje interno (prohibido por ley) sobre ciudadanos que puedan “erosionar la imagen” de los funcionarios del oficialismo o “generar pérdida de confianza” en el plan económico de Milei y Caputo. Desde el gobierno nacional negaron lo evidente, que el mismo apunte a la persecución de opositores. Ahora, si fueran necesarias pruebas, sale a la luz el seguimiento que los servicios vienen desarrollando sobre los luchadores ambientalistas. En los últimos días se supo que unos de los objetivos del PIN es la persecución de organizaciones ambientalistas, tanto nacionales como internacionales, incluidos científicos, comunidades indígenas y todo aquel que cuestione las posiciones del gobierno libertario sobre la cuestión. Milei es un fervoroso ´negacionista´ del cambio climático y sus consecuencias, es uno de los temas recurrentes en sus intervenciones en foros internacionales, como lo hizo en enero último en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, en donde afirmó: “Cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya cinco ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en cuatro de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado”, reafirmando su posición. Pero no se trata solamente de una posición ´ideológica´: como defensor a ultranza de la explotación capitalista, Milei asocia su gobierno a los pulpos de la minería y la extracción petrolera, dos actividades en las cuales cifra las mayores expectativas de recibir dólares para financiar la ruleta financiera de su gobierno. En el PIN se puede observar párrafos enteros destinados a las organizaciones ambientalistas que promuevan la llamada “agenda climática”, motivando la presentación por parte de representantes del sector de una denuncia penal por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, director de la agencia y Diego Kravetz, director general de operaciones, quien en su juventud supo oficiar de abogado especialista en cuestiones ambientales (La Nación 19/06). Los fundamentos que enarbola el PIN para espiar a las organizaciones ambientalistas, es que estas, “en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales, deriven en la obstrucción de proyectos” de carácter extractivistas de recursos naturales estratégicos como el energético, petrolero, agropecuarios y minerales, es decir, que centran sus críticas y acciones en la matriz productiva delineada por los liberticidas. En uno de los párrafos del PIN se puede leer “(...) es necesario identificar, reunir y analizar información referente a: (...) actores que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde a nivel global que aceleren el cambio de matriz energética en detrimento de la posible comercialización de recursos hidrocarburíferos por parte del Actor Nacional”. De esta manera el gobierno libertario pone al servicio de los capitales extractivistas y financieros a la SIDE para que les garantice que no haya interferencias en sus planes depredatorios sobre los recursos naturales y sus consecuencias sobre el medio ambiente y la vida de los trabajadores. El PIN también reserva un párrafo para los científicos que “promocionan actividades científicas ligadas a la conservación de la biodiversidad y la protección de los océanos con efectos en los espacios en disputa del Atlántico Sur”. La persecución a organizaciones ambientalistas tiene como objetivo por un lado el de garantizar las exponenciales ganancias de los capitalistas y por el otro, bloquear acciones directas como lo fueron la lucha por el agua en 2019, en lo que se conoció como Mendozazo o la rebelión contra los proyectos de megaminería en Chubut en 2020, para poder vehiculizar sin obstáculos las actividades extractivistas y que no se presenten objeciones que puedan erosionar (más de lo ya está) el plan económico y político de los libertarios. El Estado policiaco que viene montando el gobierno nacional debe ser barrido por una acción histórica e independiente de la clase trabajadora como ya lo ha probado en momentos históricos precedentes.

Ayer, 26 de junio de 2025, fue un día tan frío y gris, acá en la Patagonia, tuvo que dejarnos Amalia Quintillán. Mali, como todos la conocimos. Rebelde desde tu infancia, supiste contarnos bien qué te rebeló y te definió desde entonces. Se trató de una traición a un pobre changarín, del humilde barrio en el que te criaste. La niña se indignó, y entendió en qué lugar se tenía que parar. La gran lucha por la vivienda, en los 90, en Comodoro Rivadavia, te llevó a la cárcel con otro compañero del Partido Obrero. El encuentro con el Partido Obrero, tu interés por las charlas que mantenía Marcelo Ramal durante las visitas penitenciarias, te definieron como militante trotskista. Como nos pasó a muchos, los acontecimientos de La Tablada nos permitieron discernir, ver las fuerzas en pugna del momento, y poder tomar el posicionamiento revolucionario del partido. Más tarde, serías la docente sindicalizada, que se sumergía en una asamblea, como si fuera la placenta de su madre, como si hubiera nacido para eso. Ningún asambleísta, seguramente, olvidará tus intervenciones. Los que te vieron y escucharon, tendrán un recuerdo, y difundirán con su conmoción. Los militantes que no te vimos ahí, también nos conmovimos, porque la voz corre, y legitima a los hombres y mujeres de nuestra clase, que, como Mali, surgen para levantarse contra la opresión, la explotación. Fuiste una de las grandes activistas del piquete docente de Chinchinales, en 2009. Más tarde, en la crisis del PO, coincidimos nuevamente en la militancia de Política Obrera, con las mismas convicciones revolucionarias. Malí peleó como pudo contra un cáncer, con la misma garra con la que enfrentó a la burocracia sindical y al gobierno. Llegan mensajes de dolor de las y los compañeros, de los que la conocieron, y de los que supieron de ella. Y hemos sido tan rebeldes, que nos hemos rebelado entre nosotras mismas, nada que nos hunda en la indiferencia, por saber en qué lugar nos paramos en la lucha de clases. Perdemos a una proletaria que sabía levantar la voz y reunir con sus palabras nuestros dolores, nuestros reclamos, y encausarlos en una acción. Abrazo a sus hijos, familia, a compañeros y compañeras por esta dolorosa pérdida. Hasta la victoria siempre. Hasta el socialismo, Mali. Bariloche, 27/6/2025.

El presidente Javier Milei vetó la ley sancionada por el Congreso Nacional el pasado 4 de junio que declaraba la “emergencia y catástrofe” para Bahía Blanca y Coronel Rosales, luego de la devastadora inundación del 7 de marzo. Fue motorizado por diputados de UxP, UCR y del FITU. Con ello se creaba un fondo especial de $200.000 millones y planteaba otorgar exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación. Con ello, los diputados dijeron que buscaban “atender obras de infraestructura y apoyar el restablecimiento del circuito económico y productivo”. En el Congreso Nacional y otras legislaturas, las “declaraciones de emergencia” son frecuentes y la mayoría de las veces caen en saco roto, porque dependen de que sean arbitrados los fondos de parte del ejecutivo. En este caso, Milei directamente vetó la ley anunciando que ya destinó $200.000 millones del presupuesto nacional con el otorgamiento de un subsidio directo a personas que debieron inscribirse en una página web, para recibir entre 2 o 3 millones, según la zona en donde residen. Según el gobierno, ya se abonó el subsidio a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos mientras que 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4 % fue rechazado. La inscripción supuso enormes dificultades, especialmente a familias que viven en barrios poco urbanizados porque no reunían los requisitos exigidos o carecen de medios digitales para hacer los trámites. Absurdamente, un subsidio para recomponer la vivienda es rechazado por disponer de esa misma condición. A su vez, el gobierno provincial había dispuesto de otro subsidio, de $800.000 y también con numerosos requisitos de cumplimiento para recibirlo, especialmente por el tope máximo de ingresos que, si estaba cercano a $1.000.000, ya dejaba de otorgarse. En cualquier caso, el monto otorgado es absolutamente insuficiente para reconstruir hogares arrasados por el agua, pérdida de bienes personales, incluyendo vehículos. A poco de la inundación, el intendente afirmaba que para reconstruir la ciudad eran necesarios al menos $400.000 millones de dólares, para luego afirmar que se había quedado corto. La ausencia de una ayuda estatal viene siendo especialmente denunciado por vecinos de Ingeniero White autoconvocados, que han hecho piquetes en los accesos al puerto exigiendo que no han recibido ninguna ayuda a la fecha y que no se ha hecho ninguna obra de infraestructura para evitar nuevas inundaciones. También reclamaron ser recibidos por el intendente. La gendarmería de Patricia Bullrich respondió amenazando a los vecinos con reprimir y abrir causas penales. Milei también afirmó que vetaba la ley porque la ley no establecía una partida presupuestaria específica e incumplía las leyes de administración financiera, algo que por supuesto no vale para cuando paga con fondos del Tesoro Nacional los intereses de la deuda pública que engrosaron los capitalistas, a los cuales también subsidia con exenciones y blanqueos impositivos. A lo largo de toda la devastación originada por la inundación, ninguna de las grandes empresas del Puerto y el Polo Petroquímico de Bahía Blanca fueron afectadas con mayores cargas tributarias al servicio de reconstruir una ciudad y su fuerza de trabajo de la cual se han beneficiado amasando enormes ganancias. Ante el veto del presidente Milei, el intendente Susbielles que viene de presidir el Consorcio de Gestión del Puerto –y alineado con el cristinismo en la interna peronista- no ha emitido declaraciones porque, según diversos medios, Milei habría comprometido la entrega de otros fondos para la ciudad pero que aún no fueron recibidos. Al mismo tiempo, un sector de los “libertarios” de la ciudad ha comulgado políticamente con el oficialismo en el Concejo Deliberante, en una alianza que buscaría restarle base electoral al PRO. El estruendoso silencio refleja que el Intendente ya estaba anticipado a que esta ley de emergencia iba a naufragar. Los piquetes de los vecinos de White marcan el camino para arrancar todos los subsidios necesarios para la reconstrucción de viviendas, reposición de bienes e infraestructura urbana, 100 % a cargo del Estado.

El pasado miércoles se realizó la charla “El genocidio del pueblo palestino, un crimen de lesa humanidad” en el ISFD N29 de Merlo. Organizada por las cátedras de Geografía e Historia Latinoamericana I de la carrera de Historia, junto a compañeros de Política Obrera, se llevó adelante la iniciativa con la intención de colocar en el terciario el debate sobre la actual situación del pueblo palestino frente al genocidio sionista y su relación con los intereses imperialistas. En la charla participaron como expositores Norberto Malaj, autor del libro " Marxismo y Sionismo", especialista en Oriente Medio y militante de Política Obrera y Patricio Brodsky, Sociólogo y profesor de la materia "Genocidio y Memoria" de la Facultad de Derecho de la UBA. Ahondaron en cómo se desarrolló el proceso sionista de apropiación del territorio y genocidio del pueblo palestino a lo largo de los años, y cómo este proceso es la expresión de los intereses imperialistas de Estados Unidos y las grandes potencias capitalistas. También se colocó la reivindicación de la resistencia del pueblo palestino que aún hoy, a pesar de décadas de hostigamiento criminal por parte del Sionismo, siguen luchando por su derecho a existir. Desde Política Obrera nos dimos la tarea de agitar la charla con afichetas y volantes que repartimos en el terciario y en frentes obreros como Pirelli, con el fin de interesar al movimiento obrero en esta campaña. En la charla, el público fue nutrido, con aproximadamente 50 participantes, entre ellos estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y molineros. La exposición de los compañeros fue seguida con mucha atención por parte de los participantes quienes en la ronda de preguntas realizaron consultas sumamente pertinentes. Se destacó la intervención de un estudiante que preguntó sobre cómo se podía colaborar con la lucha del pueblo palestino. Los expositores señalaron que la mejor forma de colaborar con la lucha del pueblo palestino es organizarse y luchar contra el gobierno de Milei y las variantes burguesas, que representan los intereses imperialistas sobre nuestro país y el resto del globo y cuyos planes de ajuste y saqueo del pueblo trabajador, en definitiva, están al servicio de generar los fondos para garantizar el financiamiento de las campañas militares y la guerra imperialista en todo el mundo. La charla representó para el ISFD N 29 una iniciativa que rompió con la rutina y colocó un debate crucial. A su vez, significa un nuevo paso en el debate y abre la posibilidad de reproducir estos encuentros e iniciativas en los terciarios, universidades y todo lugar donde Política Obrera pueda abrir paso a la denuncia contra el genocidio palestino.

Si algo caracterizó al gobierno de Jaldo desde desde el mismo día de la asunción de Milei fue su alineamiento con la política del gobierno liberticida. Apoyó la megadevaluacion de diciembre del 2023, como luego toda la política ´deflacionaria´. Sus diputados en Congreso Nacional votaron la ley Bases y la delegación de poderes, del mismo modo que avalaron sus decretos y vetos, como ocurrió con el aumento a los jubilados o a la ley de financiamiento educativo. Fue anfitrión el 9 de julio del 2024, cuando se firmó ese adefesio inconstitucional fascistizante que ahora Milei pretende relanzar: el Consejo de Mayo. Localmente aplicó una política de ajuste en el estado similar que afecto en particular a aquella franja del personal vinculado a Manzur, su rival en la interna del PJ. Jaldo, en su alineamiento con el gobierno nacional, llegó al extremo de romper el bloque de diputado de UxP, formando el bloque Independencia con los tres diputados nacionales tucumanos que actuaron levantando las manos ante cada iniciativa del gobierno nacional. Jaldo justificó esta política con distintas argumentaciones: “que se debe respetar la voluntad popular y por tanto la gobernabilidad”, pero el argumento más usado fue que esa era “la mejor forma de defender los intereses de la provincia”, esperando ser beneficiado con fondos para las obras publicas y la satisfacción de otros reclamos empresariales. Sin embargo, como afirma en La Gaceta, algo se rompió en esa relación política: la caída de los fondos coparticipables, el acaparamiento de los ATN, la utilización del impuesto a los combustibles cuyo destino era atender mejorando o construyendo rutas en el interior del país fueron acaparados por el gobierno nacional para atender los requerimientos financieros de la deuda y las cuentas del superávit fiscal. Por su lado, la política deflacionaria y de liberación de la importación ha colocado en jaque a muchas empresas y empujado a muchas de ellas a la quiebra. En ese escenario, Jaldo, como también los gobernadores de Salta y Catamarca, (aunque las críticas y reclamos son extendidos al resto de las jurisdicciones del país como ocurren con Santa Fe y Rio Negro), ha tomado distancia, modificando la conducta en el Congreso nacional, ordenando votar a favor del aumento del 7 % a los jubilados y una nueva moratoria y de la ley de emergencia por discapacidad y el rechazo al veto a estas iniciativas parlamentarias. La repuesta vino de la mano del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, casi en simultáneo con la reunión en el CFI: "Los gobernadores siempre quieren más plata; tratamos de encontrar algún camino para responderles y que no tenga impacto en las cuentas. Pero no hay ninguna posibilidad de que el presidente Milei y el ministro Caputo cedan un ápice en el superávit fiscal. Podrán venir los 24 gobernadores a plantearnos, y cualquier ley que quiera alterar eso será vetada", amenazó Francos. Sin embargo, esta bravuconada del ministro puede ser un disparo al pie. La crisis, el callejón del derrumbe económico y social y la proximidad de las elecciones constituyen un coctel donde todos se tratan de reacomodar para poder salir airosos o ilesos. En el caso particular de Tucumán, en las últimas semanas tres de las grandes empresas industriales -Scania, Topper y Papel Tucumán- han dado cuenta de distintas situaciones de crisis, y se han transformado en un factor clave, si no el único, en el giro del gobierno de Jaldo. Rocchia Ferro (una suerte de Paolo Rocca tucumano) presidente de la UIT (Unión Industrial de Tucumán), posiblemente el empresario más importante de la región, dueño de tres ingenios, el mayor productor de bioetanol, y de numerosas empresas de construcción, hotelería, comercio, y hasta por intermedio de su esposa dirigen una universidad privada, se expresó sin pelos en la lengua. Sostuvo que “La Unión Industrial de Tucumán (UIT) encendió las alarmas ante la preocupante situación que atraviesan las empresas locales y el resto del NOA… el panorama es de una "profunda crisis" que amenaza con generar mayor desempleo en la región”, señalando que “el cítrico y el azúcar, (sufren) caída del 25 % al 30 % del precio internacional, y un "paupérrimo" mercado interno, (mientras) otras actividades se ven asfixiadas por la apertura de las importaciones. Explicó que “ni siquiera bajando impuestos a cero o costos laborales a la mitad permitiría competir con países como Brasil”. El empresario insistió en la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva regional: "No habría que hablar más de Tucumán, habría que hablar del norte, región". Mencionó el ejemplo del litio en otras provincias del norte, que también se encuentra "totalmente parado" por la caída de precios. Así, propuso que Tucumán, Salta y Jujuy y las otras provincias del NOA actúen en bloque para lograr respuestas del gobierno central. Rocchia Ferro sostuvo que "No es lo mismo que vos vayas con 20 o 25 diputados, 15 o 14 senadores, y los gobernadores. Esto tiene que ser un conjunto, tiene que ser un bloque, si no, vamos a pasar a ser los más pobres del planeta", alertó. En todos estos giros, se entremezcla el escenario electoral. Jaldo ha visto que LlA de la mano de Karina y Santiago Caputo se han lanzado a poner en pie el partido en la provincia. Sus potenciales candidatos son desconocidos. La aparición de encuestas que dan cuenta que en los centros urbanos, comenzando por la capital, Yerba Buena, Concepción, etc. los libertarios están por encima de Jaldo ha puesto en estado de alarma a todo el PJ. Por el lado del Jaldo comenzó una operación pendular, mas bien de recule, abriendo las puertas para conformar un frente amplio antimilei que va desde Libres del Sur hasta expresiones de la derecha que convergieron con Macri, todo el arco de la burocracia. En este escenario, Papel Tucumán, mientras denuncia la caída de la producción y justifica despidos, en paralelo contrata nuevo personal fuera de convenio y sin experiencia. En el caso de Topper, mientras se reduce la producción en la planta central, se derivan trabajo a las pymes periféricas, donde se pagan salarios más bajos y las contrataciones son en negro. En el escenario más general, una reciente estadística da cuenta que el 23 % de los trabajadores apelan al sobretrabajo, sacrificando la salud y la familia, para poder llegar a fin de mes. La CGT provincial es un sello y las burocracias de los principales sindicatos se limitan a lamentarse por la situación social, pero bloquean cualquier iniciativa de lucha. La gran tarea del periodo es unir al activismo y sectores combativos en la tarea de unir los reclamos más urgentes del salario, las fuentes de trabajo, la ayuda social, los derechos democráticos y por medios de iniciativas autoconvocadas abrir un canal de lucha independiente

El Senado bonaerense le dio media sanción a la reelección indefinida de legisladores, concejales y conejeros escolares. El proyecto -redactado por el senador kirchnerista Luis Vivona- ahora pasará a Diputados. Actualmente, se encuentra vigente una ley sancionada en 2016, durante la gobernación de María Eugenia Vidal, pero impulsada por el massismo, que limita la posibilidad de reelección a dos mandatos consecutivos y uno de intervalo para volver a postularse al mismo cargo. Suman 21 los parlamentarios (12 diputados y 9 senadores) y más de un centenar de concejales en los 135 distritos bonaerenses, pertenecientes a todos los partidos, que son alcanzados por la restricción y, por ahora, no podrían presentarse como candidatos en septiembre. Para ello, la sanción definitiva de la ley debería llegar antes del 19 de julio, la fecha establecida para la inscripción de candidaturas. La votación fue reñida: quedó empatada en 22 contra 22 y Verónica Magario, la vicegobernadora, desempató a favor de la ley. El Pro, la UCR y el GEN de Margarita Stolbizer, La Libertad Avanza (LLA) oficial, Joaquín De la Torre, Federico Fagioli (del Frente Patria Grande de Juan Grabois), y la massista Soledad Vanelli, votaron en contra. El trámite que sigue a continuación, por lo tanto, no parece sencillo, si se tiene en cuenta el ´repudio’ que recibió el proyecto de gran parte del arco político provincial. Sin embargo, detrás de las poses de indignación, se teje una madeja de intereses que podrían ´sorprender´. Por lo pronto, para que el proyecto ingrese a Diputados y tome “estado parlamentario” se necesita que haya una sesión. Aunque aún no está convocada, según Clarín (25/6), fuentes de varios bloques anticiparon que ese trámite se cumpliría el próximo miércoles. Luego, el proyecto deberá pasar por las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales. Los plazos, es cierto, son apretados para satisfacer la urgencia de quienes quieren ser rereelectos en septiembre. La legislatura bonaerense es menos conocida por la (escasa) intensidad de su labor que por el escándalo desatado por el caso de “Chocolate” Rigau, un puntero peronista que fue detenido mientras retiraba dinero de un cajero automático de La Plata con 48 tarjetas de débito en su poder. Eran supuestos empleados legislativos que prestaban su nombre a cambio de las prestaciones de IOMA, que, digamos de paso, se encuentra arruinada. Pero todos los bloques hacen usufructo del presupuesto parlamentario con métodos similares. La ley vigente fue propuesta en su momento por Rubén Eslaiman, del Frente Renovador de Massa. La senadora de su partido Soledad Vanelli, quien se jactó de ello, votó en contra... pero dio quórum, habilitando a que se vote la modificación. No fue la única: otros indignados republicanos actuaron del mismo modo: María Mandagarán, del GEN, y María Emilia Subiza y Marcelo Leguizamón, del PRO. Dos ¿ex? Libertarios, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, votaron directamente a favor del proyecto. El nombrado Eslaiman, por otro lado, es señalado como jefe político de Claudio y Facundo Albini, padre e hijo, un exconcejal y otro exfuncionario, quienes se encuentran hoy en prisión domiciliaria por su sociedad, precisamente, con Rigau (La Nación, 26/6). Massa, tras bastidores, sería el autor intelectual de la jugada que deja afuera a los intendentes, los cuales -si se aprueba este proyecto- seguirán limitados a dos gestiones como máximo. Según el periodista Carlos Pagni, la exclusión fue concebida, en acuerdo con los K, para forzarlos a darles su apoyo electoral. “Primero que jueguen con nosotros en la interna; después les pagamos con la reelección”, habría sido la receta, afirma Pagni. Es un misil dirigido a Kicillof, que disputa la volátil lealtad de los intendentes con el tándem kirchnero-massista. El massismo tiene la llave del proyecto. La Cámara baja de la legislatura bonaerense está presidida por Alexis Guerrera, del Frente Renovador. Controla 10 bancas propias, del total de 37 que corresponden a UxP.

El “unicornio” argentino Globant, que financiamos con subsidios y exenciones impositivas, fue noticia por el cierre de dos sedes en la Argentina (Ushuaia y Resistencia), donde se alegaba que la baja ocupación de las sedes no justificaba sostenerlas abiertas. Luego de unos días trascendió que la empresa estaba deshaciéndose del 3 % del personal a nivel global, es decir unas mil personas de los 31 mil "globers" (en Argentina llegaría a un centenar, Pagina12 25/06/2025). En el marco de un giro estratégico para adaptarse a “la nueva realidad” de la industria, donde desde febrero de este año que las acciones de Globant en Wall Street acumulan una pérdida aproximada del 60% . Globant posee muchos clientes (mantiene operaciones en 140 ciudades) y socios importantes: con Google Cloud mantienen una asociación estratégica desde hace más de 15 años, muchos datan el salto de la tecnología nacional gracias a esa asociación. Se extendió también sobre la base de adquisiciones de distintas empresas en Latinoamérica y Estados Unidos. Entre sus clientes se destacan gigantes como Walt Disney, Santander, Nissan, Electronic Arts, LinkedIn, etc; y se ha asociado recientemente con FIFA y con la F1, también apadrina a Colapinto. En materia de inversores se cuentan JPMorgan, Blackrock, Riverwood Capital, FTV Capital, entre otros. El problema es si su modelo de negocios “tiene futuro”. Entre otras cosas la política de “peso fuerte” del gobierno Milei, que tanto Martín Migoya (CEO) como Guibert Englebienne (CTO) apoyan (ambos estuvieron en el lanzamiento de la Fundación Faro como parte de Endeavor Argentina, un grupo empresario que apoya “emprendedores”), hace menos competitivos los salarios en dólares que pagaba la compañía, que siempre se benefició del “dólar alto”. En su último balance, Globant anunció ingresos por 611,1 millones de dólares, en el período que va del 1° de enero al 31 de marzo. Se trata de una cifra que, si bien representó un crecimiento interanual de 7 por ciento, quedó por debajo de los 624,9 millones proyectados por los analistas y advirtió sobre una desaceleración en la demanda de servicios digitales por parte de las grandes corporaciones, especialmente en Estados Unidos, su principal mercado. La nueva realidad está caracterizada por una furiosa competencia a nivel internacional por desarrollar e implementar a fondo soluciones con inteligencia artificial. “La inteligencia artificial es una oportunidad enorme, pero también exige transformarnos como organización” y “alinear los equipos con las nuevas demandas del negocio” plantea Migoya (CEO). Desde el fin del confinamiento por una vía u otra las tecnológicas se están despachando con despidos masivos, por momentos a cuenta gotas y por momentos en oleadas, muchas veces con el simple propósito de dar un mensaje a los accionistas de “racionalidad y afán por la eficiencia” y "no quedar por fuera de la tendencia" en un mundo convulsionado e imprevisible. La apuesta por la IA es muy fuerte en todo el sector tecnológico. El promedio de inversión en IA entre Meta, Microsoft y Google ronda los 75 mil millones de dólares, las big**tech están invirtiendo en plantas nucleares para poder alimentar los centros de datos, en servicios legales y en comprar legisladores y se discuten esquemas legales para permitirles el perdón por haber usado datos robados de tuti cuanti , etc. A principio de mes en este sentido anunciaron los “AI pods”, el nuevo esquema de negocio con el que quieren salir del atolladero. La idea es que antes estas consultoras o te vendían un proyecto por x dinero en y tiempo, o te vendían profesionales por x dinero en y tiempo según la especialización y experiencia del “recurso” para que se lo gestione como parezca. Ahora quieren apuntar no a “esfuerzo” sino a “resultado”. Vos suscribís a este servicio y pagas según el uso y el resultado. “Actualmente, la IA es una herramienta de productividad personal, al igual que internet, en sus inicios, era una simple herramienta para enviar mensajes”, afirma Migoya. “Pero en el futuro, la IA será el núcleo de los procesos empresariales, con humanos supervisándolos. Se trata de incorporar agentes de IA al proceso y asignarles los puntos de supervisión adecuados”. Apuntar a reducir la cantidad de horas de programación y análisis, que con la IA se aceleraría y pone a los equipos a pensar en necesidades, en la supervisión y testeo del servicio brindado por estos “agentes” IA. Esto hace que la necesidad de desarrolladores tienda a reducirse. Por un lado los despidos y los sueldos congelados van mermando la cantidad y por el otro están siendo sometidos a reorganizaciones internas, capacitaciones en donde también van armando las listas de los próximos a despedir, empujando a reorganizar los distintos procesos de trabajo en los proyectos para hacer posible la aplicación más profunda de estos “agentes” de IA. Otro fenómeno que se da en IT pero es de todo el ámbito del trabajo “white collar” (de oficina) es que este avance del uso de la IA está dejando cada vez más afuera a los “juniors”, es decir las empresas se enfocan en conseguir personal capacitado y con experiencia porque necesita que “supervise” los resultados que escupe la IA. Por decirlo mal y pronto para que se entienda mejor, la IA ahora es el “che pibe”, el toma y lleva, en el caso de los devs, la IA es la que ahora “pica código”. Toda la orientación es brindar un servicio que permita reemplazar a una buena parte de los trabajadores que emplean sus clientes a la vez que reducir la cantidad propia de “Globers”. La cabeza la pone la IA reduciendo la participación del humano a los lugares donde aun la robótica es muy cara para reemplazarlo. Es el deber de los trabajadores organizarse por fuera de los canales formales e institucionales que suelen disponer y regimentar las propias empresas, no se puede discutir sobre salarios en el grupo de slack del patrón. La atomización política de los trabajadores informáticos se ha profundizado producto del trabajo remoto y la precariedad laboral. ¡La batalla cultural que dan las empresas para que te pienses “colaborador”, “parte de una tribu”, etc, es muy intensa!. ¡Igual de intensa tiene que ser la organización clandestina! No podemos escudarnos como hacen los distintos sellos sindicales de IT en que “los patrones son malos y no permiten la sindicalización”, “no permiten que el sindicato se acerque”. Hay que organizar asambleas y discutir la orientación de esta competencia mundial en la que nos quieren triturar. ¡Basta de despidos! ¡La reorganización se hace con los compañeros y compañeras adentro!¡ A costa de las ganancias de Migoya y cia! ¡El problema es el costo capitalista! Fuentes Yahoo Finanzas Globant: https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/GLOB/holders/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAABa-ki9bjxG0wvHsuiS6qyb3dyYUka4KtYhHtixbkChdDaFyUhQ9RM_LqDwRjyHYvikip-mJvrEYl-jclpQw0nRbYfu2LEuyXbpTLZNuJ2edQbJxUzg5q8HZJ6OZ33kpJFDXEkxMUMWg6AWiATXPmTcZ0o6I1oVTBse2teuuNkjO Inversores de Globant - https://investors.globant.com/ Argentine tech unicorn prepares to withstand stock market rou - https://www.ft.com/content/d2e4f117-85c5-47da-a58f-87dc9ddb4782 Mercado Libre, Globant y otros siete principales beneficiarios de desgravaciones impositivas - https://www.eldiarioar.com/economia/mercado-libre-globant-siete-principales-beneficiarios-desgravaciones-impositivas_1_9242219.html Globant, en problemas: despidos por goteo y cierres en Tierra del Fuego y Chaco - https://www.letrap.com.ar/economia/globant-problemas-despidos-goteo-y-cierres-tierra-del-fuego-y-chaco-n5416652 La tecnológica Globant confirmó el despido de 1.000 empleados - https://www.cronista.com/infotechnology/it-business/la-tecnologica-globant-confirmo-el-despido-de-1-000-empleados El unicornio argentino Globant despidió a 1.000 empleados a nivel mundial: la carta de Migoya al personal - https://www.infobae.com/economia/2025/06/25/el-unicornio-argentino-globant-despidio-a-1000-empleados-a-nivel-mundial-la-carta-de-migoya-a-sus-empleados Globant: en Tandil también se registraron bajas en sintonía con el nuevo rumbo de la empresa - https://www.eleco.com.ar/la-ciudad/globant-en-tandil-tambien-se-registraron-bajas-en-sintonia-con-el-nuevo-rumbo-de-la-empresa Globant se suma a la ola de despidos - https://www.pagina12.com.ar/836976-globant-se-suma-a-la-ola-de-despidos Tras los rumores y desmentidas, el unicornio Globant confirmó la crisis y los despidos - https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/unicornio-globant-crisis-despidos/ Globant despidió a 1000 empleados a nivel mundial - https://www.lanacion.com.ar/economia/IA/globant-despidio-a-1000-empleados-a-nivel-global-nid24062025/ Informe de Jairo Straccia y Ernesto Tenembaum en Radio con Vos - https://www.youtube.com/watch?v=ASFPhmWnSNw Globant: renunció Valeria Abadi responsable global de marca sin agradecer a Migoya - https://informaticos.ar/globant-renuncio-valeria-abadi-ti/

El pasado12 de junio la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia definitiva en la causa seguida contra cinco prefectos del grupo Albatros por la represión llevada a cabo el 25 de noviembre de 2017 en Lago Mascardi, cerca de Bariloche, ordenada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y que terminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel Salvo, de 22 años de edad. La sentencia solo se conoció dos semanas más tarde. La sentencia confirma lo dictado por el Tribunal Oral Federal de General Roca, es decir que los cinco prefectos condenados cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa. Además, le ordena al Tribunal Federal que gradúe las penas que en su momento fueron prácticamente una absolución. Recordemos que a Guillermo Cavia, autor del crimen, se lo condena por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa a 5 años de prisión. Los prefectos Carlos Sosa, Francisco Pintos, Juan Obregón y Sergio García fueron sentenciados a 4 años y medio de prisión por el mismo delito, pero en carácter de partícipes necesarios. Los condenados no fueron a prisión. Ahora la condena queda firme, con la orden de graduar las penas. Los defensores insistieron en su absolución. Los abogados de la familia de Rafael Nahuel, por su parte, reclamaron prisión perpetua. Quedó demostrado que los prefectos protagonizaron una impresionante balacera contra los tres mapuches que huían. Dispararon más de ciento cincuenta balas. Los peritajes comprobaron que Rafael había sido fusilado por la espalda. Gonzalo Coña y Johana Colhuan fueron gravemente heridos, pero sobrevivieron. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirma el homicidio en exceso de legítima defensa cuando en realidad se trató de un homicidio agravado por haber sido cometido por integrantes de Fuerzas de Seguridad. La diferencia entre las penas aplicables a ambas figuras es enorme. En el primer caso es de entre uno y seis años de prisión. En el segundo es prisión perpetua. Entonces, por un lado, la sentencia confirma la culpabilidad de los prefectos y desmiente a la ministra de Seguridad de ese momento y la actual, Patricia Bullrich, enemiga acérrima de los pueblos originarios y calumniadora serial. Por otro lado, sostiene el exceso de legítima defensa, aún cuando quedó probado el asesinato por la espalda del joven mapuche. La APDH advierte que “la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal. Tal el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena.” Repudiamos la complicidad de la Justicia con este régimen represivo cada vez más acentuado, al servicio de los intereses capitalistas.

El gobierno de Ecuador, bajo la dirección del presidente ultraderechista Daniel Noboa, se ha constituido en una dictadura militar con ropaje civil. Una alianza con otros partidos derechistas en la Asamblea Nacional -el Parlamento unicameral del país- le ha asegurado la sanción de un conjunto de leyes represivas, así como la creación de una división especial de Inteligencia. Estas leyes, sancionadas el 11 de junio, presentadas como de “urgente consideración en materia económica”, marcan cambios rotundos en materia de seguridad y otras aéreas antes que en materia económica. Un informe de Human Rights Watch denuncia a estas leyes como una vulneración de los derechos humanos fundamentales. La sanción de las mismas ha sido justificada por la sangrienta situación que vive Ecuador, con más de 2.000 asesinados por diversas bandas narcos en lo que va del 2025 y una enorme cantidad de heridos. Sin embargo, los trabajadores de Ecuador enfrentan una ola de abusos policiales y militares sin igual. Gracias a la nueva Ley de “Solidaridad”, los efectivos involucrados en abusos pueden ser indultados por el presidente al encontrarse en servicio. Los “excesos” durante la “lucha contra el narcoterrorismo”, según la nueva legislación, quedan exentos de cárcel, no pueden ser dados de baja de su servicio y cualquier investigación en su contra una vez finalizada debe ser incinerada sin dejar copia alguna en sede judicial. . En el caso de la Ley de Inteligencia, que crea una nueva unidad sobre la base de otras ya existentes, establece la posibilidad de realizar espionaje sin orden judicial y obliga a las empresas de Telecomunicaciones a dar toda información privada -como chats y mensajes de texto o registros de llamadas, incluidas grabaciones- a los equipos de Inteligencia. Luego de promulgadas las leyes de Solidaridad e Inteligencia, Federico Gómez Quintín, alias Fede, jefe de “Las Águilas” -un grupo narco que se abrió de “Los Choneros”- se escapaba de una cárcel de máxima seguridad vestido de oficial militar. Esta fuga expuso el descontrol de las Fuerzas Armadas. Las 19 personas presas por la fuga son de baja graduación en la estructura del ejército -que se había hecho cargo de la cárcel hace un año-. Como contragolpe, Noboa anunció la recaptura (la tercera en 10 años) del jefe de “Los Choneros” “Fito” Macías. “Fito”, cuyo poder se ha ido perdiendo ante diversas rupturas en la organización enfrenta una posible extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos federales ante un tribunal de Nueva York. El gobierno de Noboa declaró en su cuenta de X: "para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de Solidaridad e Inteligencia: gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del Bloque de Seguridad.” Lo que no ha trascendido es como esas leyes colaboraron efectivamente en la captura de Fito, que estaba en un búnker subterráneo en su ciudad natal en la provincia de Manabí, que nunca ha dejado de estar en Estado de excepción. Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional tienen por finalidad cubrir el accionar represivo de las Fuerzas Armadas. Los sucesivos gobiernos de Ecuador han caído por la movilización popular; es el mayor temor de Noboa, que quiere blindarse ante esa posibilidad. Además de haber aceitado sus relaciones con la OTAN y el imperialismo norteamericano, Noboa no ha descuidado a China, con quien ha firmado nuevas obras en la Ruta de la Seda. LEER MÁS: Ecuador: Noboa se impone en un balotaje militarizado González denuncia fraude, pero sin convocar a movilizarse. Por Joaquín Antúnez, 14/04/2025. VER EL VIDEO: Ecuador: una dictadura militar con ropaje civil Publicado en el FB Nacional de Política Obrera.

El día jueves 26 de este mes, más de 300 docentes de Tigre se movilizaron a la Jefatura Distrital en repudio a la persecución político-judical que están sufriendo las compañeros María Elisa Salgado y María Lascano y el compañero Alfredo Cáceres. Los docentes de base y el cuerpo de delegados no tardaron en pronunciarse y manifestar su apoyo a los compañeros. ¡No hay escuela que no se haya pronunciado en Tigre! Esto contrasta con el silencio de radio que hacen la Lista Celeste y Baradel luego de más de 20 días. Por último, el plenario de delegados votó parar de inmediato “si María Elisa, Marina o Alfredo deben retirarse de una escuela o edificio público donde desempeñan sus tareas de representación sindical o laboral como lo ocurrido el lunes 23/6/25 pasado en Jefatura Distrital”. Los hechos Ocurre que los compañeros han sido denunciados penalmente por una inspectora de secundaria (cuyas prácticas intimidatorias, autoritarias y de hostigamiento sobre directivos y docentes fueron denunciadas oportunamente por la seccional). Producto de esta denuncia, el Juez Alfredo Wagner aplicó una perimetral que, objetivamente, restringe su actividad sindical toda vez que no pueden apersonarse a las dependencias estatales si se encuentra la denunciante. Como si esto solo no fuera grave, el día miércoles 25 se realizó una nueva denuncia. Ocurre que los compañeros debían presentarse ante la secretaría de asuntos docentes en reclamo de un servicio provisorio ante una docente que había sufrido violencia en su escuela. Luego dieron aviso de que iban a concurrir al edificio y, como la respuesta fue que la inspectora denunciante no iba a estar presente es que se asistieron al lugar. Acto seguido llamaron a la policía para ejecutar la perimetral por lo que quisieron detenerlos. Estos hechos demuestran por sí solo, el accionar malicioso y antisindical de los funcionarios de educación. Todo esto empezó por la defensa a una directora de secundaria a quien se le bajó la calificación “por no ser suficientemente estricta con su personal” un criterio totalmente arbitrario y antiestatutario ¡más claro imposible! Los funcionarios reclaman el “derecho” de apriete a directivos que no amedrentan al personal docente. Este accionar no es un rayo en el cielo sereno; está enmarcado en un ajuste salarial que lleva a los docentes a tener otros trabajos, una sobrecarga laboral producto del Nuevo Régimen Académico , y la falta de inversión en infraestructura. Se produce en medio del desconocimiento al derecho a huelga recurriendo a la figura de “falta injustificada” por parte del gobierno provincial de Kicillof . Los paros masivos en la provincia demuestran que la docencia rechaza estas políticas y no está dispuesta de dejarse avasallar . Estamos ante una persecución política, que utiliza la forma de denuncia judicial, y cuyo objetivo es limitar el accionar sindical de un sindicato clasista y combativo. Más en general, es un mensaje intimidatorio a toda la docencia que no se disciplina. Los compañeros del SUTEBA Multicolor de Tigre han realizado diferentes campañas como movilización y juntadas de firmas. Llamamos a apoyar estas iniciativas (y las que surjan en el futuro) y llamamos a rodear de solidaridad al sindicato. LEER MÁS: Abajo la persecución contra los compañeros del SUTEBA Tigre Por Mauro Triulzi, 09/06/2025.

En el marco del paro de 48 horas convocado por CONADU y CONADU Histórica y la jornada de manifestación nacional planteada por el Frente Sindical, el CIN y la FUA, el jueves 26 se llevaron adelante movilizaciones, clases públicas, abrazos simbólicos y radios abiertas en defensa de la universidad pública en distintas partes del país. El grado de participación fue desigual. En algunas ciudades fue muy importante, por ejemplo, en La Plata, Rosario o Neuquén y, en otros lugares hubo una asistencia más reducida y por debajo de las posibilidades, como fue el caso de CABA. En esta última, a la mañana se hizo un abrazo al Hospital de Clínicas -que depende de la UBA y atraviesa un verdadero colapso por la falta de presupuesto- y a la tarde hubo una marcha de antorchas desde Plaza Houssay hacia el Palacio Pizzurno. La merma relativa en la participación no debería sorprender si se tiene en cuenta que la jornada fue convocada sobre el final del cuatrimestre, cuando las unidades académicas están tomando parciales o han terminado las clases, y que no fue precedida por un trabajo de organización. Los rectores y las burocracias sindicales idearon la jornada para presionar por el tratamiento y la aprobación de la nueva Ley de Financiamiento Universitario que elaboraron conjuntamente. Han lanzado una juntada de firmas en apoyo de ese proyecto, que representa un retroceso en toda la línea frente a la política de Milei. Llamaron a participar de las manifestaciones del 26/6 con la consigna “Prendete a defender la universidad pública”, un eslogan que no sólo suena poco serio frente a la gravedad de la crisis en curso, sino que también encubre bajo un llamado “a la comunidad en general”, cuando son las propias gestiones y burocracias las que no se han “prendido” y vienen saboteando esa defensa desde el año pasado. Algunas asociaciones de base -sobre todo de la CONADU Histórica- llamaron a movilizar con otras consignas. Debido al sometimiento del Frente Sindical a los Rectores, el primer cuatrimestre ha transcurrido y finalizado sin un plan de lucha nacional de los trabajadores universitarios. Las burocracias se han empeñado, en cambio, en la tarea de desmovilizar y desmoralizar a las bases. Esto se da en el marco de un retroceso presupuestario y salarial estrepitoso, como no ocurría desde hace veinte años. El presupuesto asignado a la educación superior para 2025 es un 33 % menor que el de 2023 y es el más bajo desde 2006 (La Nación, 26/6). Esto afecta los gastos de funcionamiento, infraestructura, investigación y, sobre todo, a los salarios. Los sueldos de docentes y no docentes han perdido un 40 % de su poder adquisitivo desde fines de 2023 y acumulan una pérdida cercana al 80 % con respecto a 2015. Las paritarias del sector están suspendidas. El derrumbe salarial es tan severo, que se estima que un 10 % de los docentes ha abandonado la universidad pública para buscar otro trabajo que le permita sobrevivir (Página/12, 27/6). El gobierno de Milei está empujando a la docencia universitaria a la situación paupérrima que tenía en los años 90. Las becas estudiantiles han sido recortadas y congeladas, mientras la juventud se hunde en la pobreza. Es indudable que esta política de vaciamiento y liquidación de la universidad pública no podrá ser revertida mediante acuerdos parlamentarios entre los partidos de “oposición” que colaboran con el gobierno. Es necesario superarla desarrollando el camino de la huelga general de cara al próximo cuatrimestre. LEER MÁS: 26 y 27 de junio: paro nacional de docentes universitarios Por Anahí Rodríguez, 25/06/2025.

La Verde ANUSATE, la lista del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, ganó la elección de delegado en la Oficina de ANSES Bariloche por un voto, pero perdió toda legitimidad. A través de varias maniobras impidió el voto a trabajadores no afiliados a ningún sindicato que, de acuerdo al Estatuto de la ATE (4to párrafo del Art. 71, del Capítulo XVIII), tienen derecho a participar. No sólo lo avala el estatuto de ATE. La ley de Asociaciones Sindicales establece la base de trabajadores para determinar la cantidad de delegados por sector y atribuye al delegado electo la representación de todos. En los plazos que ellos establecieron se hicieron las presentaciones pidiendo la inclusión de los compañeros y compañeras que revestían en esa condición. El pedido se reiteró en varias oportunidades, siempre en tiempo y forma. Incluso la dirección seccional solicitó que se agreguen los no afiliados al padrón y los trabajadores presentamos un petitorio firmado por la mayoría. El objetivo era que se respete la igualdad de posibilidades y fomentar la organización. Se envió incluso una carta documento. Compañeras de Salud, Senaf y de la Seccional Bariloche sostuvieron el derecho democrático de los trabajadores no afiliados a participar de la elección de delegados y respaldaron el reclamo. La respuesta de la conducción del Sindicato fue que debíamos presentar personalmente la documentación en la "oficina fiscalizadora" ubicada... en Viedma, 823 km de Bariloche. Las oficinas (antes UDAI) existen para que los ciudadanos tengan acceso al ANSES, pero ATE desconoce a la seccional como intermediario y no acepta emails ni Cartas Documento. Sin embargo, la aceptación a ser candidato fue aceptada por la vía de correos, no así el resto de la información. Fraude El proceso electivo fue intervenido por el Consejo Directivo Provincial de Río Negro, postergando las elecciones que habían sido previstas y organizadas por la Seccional Bariloche para el 20 de marzo, a lo que siguió la manipulación del padrón. Los que se jactan de democráticos no quieren organizar a nadie, sólo quieren fueros para no luchar. Esta nefasta elección, organizada bajo la responsabilidad del Consejo Directivo Provincial de ATE Río Negro, debe ser conocida por la clase trabajadora. Los trabajadores estatales debemos advertir y enfrentar esta prepotencia. El gobierno liberticida destruye nuestras condiciones de vida, pulveriza el salario y las jubilaciones, presiona por el "retiro voluntario", desorganiza los sectores -no sólo en lo sindical, también en la atención al usuario-, mientras crece la ineficiencia y el trabajo se vuelve más insalubre de lo que ya era. Necesitamos organizarnos en Asambleas Soberanas sin distinción del sindicato al que estemos afiliados, o no afiliados, como hemos hecho en el pasado. La salida es la autoconvocatoria por nuestras reivindicaciones, para enfrentar al gobierno de Milei.

Las arcas de la SIDE libertaria no paran de crecer y los negociados están a la orden del día. A los fondos asignados en 2024 se les sumaron $25.500 millones, de los cuales, $8.000 millones fueron “fondos reservados”, es decir, dinero que se asigna de manera discrecional, sin rendir cuentas por su destino. Este año, hasta el momento, se han destinado a la SIDE $ 80.000 millones, de los cuales el 20 % son fondos de carácter reservado. Este aumento presupuestario es el tercero que recibe la agencia de inteligencia en lo que va de gobierno libertario. La particularidad de esta partida es que no salió por DNU, sino que bastó la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y no debe pasar por el Congreso. Los legisladores, por su parte, tampoco acusaron recibo. Negocios familiares En este marco de situación, la Comisión Bicameral de Inteligencia encabezada por Martín Lousteau, encargada de controlar las actividades de los “sótanos de la democracia”, citó al director de la SIDE, Sergio Neiffert, para que dé explicaciones sobre la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional donde, como hemos señalado en estas páginas, dentro de sus objetivos internos se encuentra el de realizar tareas de inteligencia sobre todo aquel que “erosione la confianza en el plan económico” liberticida. También le solicitaron respuestas sobre si se utilizan fondos reservados para el espionaje interno, prohibido por ley. Neiffert, como era de esperar, ante la Bicameral negó que los fondos reservados sean usados para espiar a opositores. La Bicameral dejó abierta la instancia de una nueva reunión con la cúpula de SIDE. La misma estaría justificada por la ampliación de informe presentado por la diputada mendocina Lourdes Arrieta, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza, en el que se señala que Lautaro Neiffert, hijo del director de la SIDE, quien no tiene cargos públicos, habría mantenido reuniones con miembros de agentes extranjeros, oficiando de representante de la agencia. En relación con esto último, “los motivos [para que se reúna la bicameral] serían de tal gravedad que incluirían la comisión de posibles delitos como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público” (Data Clave, 24/06). La investigación publicada por el medio Data Clave da cuenta de que “Lautaro Neiffert (...) tiene 25 años cumplidos en abril y es titular de la firma Segur & Proteccion Srl. dedicada a la seguridad privada, que se registró el 9 de febrero de 2024, apenas iniciado el gobierno de Milei; en sociedad con Gustavo Piatti” (ídem). Neiffert Jr. también se desempeña como broker de seguros en la empresa Promecor, siendo esta última “una de las veintisiete empresas involucradas en la causa que se conoce como ‘mafia de los seguros’, que la Justicia federal investiga por la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de contratos a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación, medida decretada por Alberto Fernández” (ídem). Al margen de las actividades privadas, Lautaro Neiffert no tiene cargo alguno en el Estado, lo que no lo inhibe de tener múltiples entradas a la Casa Rosada, en algunas oportunidades como acompañante de su padre y otras por autorización de Santiago Caputo. Los Neiffert, con estas actividades, estarían violando la Ley 25.520 y la Ley de Ética Pública, que no permiten la participación societaria de familiares directos de un director de la agencia de inteligencia en actividades de seguridad privada. Scatturice, el “Lázaro Báez” libertario A estos entuertos que se realizan bajo el paraguas de la SIDE se le suma un convenio rubricado el 12 de febrero del año pasado entre Sergio Neiffert y Soledad Cedro, quien figura como manager de TACTIC COC LLC, de la que es miembro accionario Leonardo Scatturice, exagente de la SIDE, flamante adjudicatario de Flybondi y hombre de consulta permanente de Santiago Caputo. También tiene parte accionaria en la empresa Matt Schlapp, lobbista yanqui, que preside la ultraconservadora CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora). En el Departamento de Justicia de EE. UU. se encuentra asentado el acuerdo entre la SIDE y TACTIC, fundada en noviembre de 2024 en Miami. La alianza con la consultora yanqui prevé que esta sea un nexo para concretar reuniones bilaterales entre los gobiernos de Argentina y EE. UU. El acuerdo también establece que la empresa yanqui le dé orientaciones estratégicas a la SIDE. Por contrato TACTIC cobrará por la logística destinada al funcionamiento de la SIDE unos US$10.000 mensuales. Estos son los métodos de la “diplomacia” libertaria, que debería tener el aval del Congreso de la Nación. Scatturice, luego de un oscuro paso por los servicios de inteligencia vernáculos, se radicó en Estados Unidos donde forjó una importante fortuna. Hoy en día cuenta con más de 30 empresas. No todas están a su nombre, algunas están a nombre de su mujer, Pamela Poveda, y en otras figura como propietaria Laura Arrieta, una testaferro del ex SIDE, quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como promotora de Tarjeta Naranja, vendedora de carteras y azafata de Flyes. Sus negocios le han permitido a Scatturice acercarse y ser parte del movimiento conservador de EE. UU. A partir de la información presentada por Lourdes Arrieta se sabe que “comparte vinculación en Golden Peak Corp de Daniel Haddad, radicada en Panamá; y entre esas empresas del conglomerado habría transferencias inmobiliarias sospechosas por valores simbólicos de 10 dólares, por la unidad 1207 de Sunny Isles y la unidad 820 de Carriage House, dos departamentos en las zonas y los edificios más exclusivos de Miami, valuados en cientos de miles de dólares” (Data Clave). En su presentación de informe, Arrieta también señaló a una red de sociedades offshore en Panamá y Miami relacionadas con el empresario. Uno de los puntos centrales de la ampliación de informe es la empresa CPAC Argentina Inc., integrada por Mallea y Laura Belén Arrieta, con vínculos con el think tank trumpista CPAC, que organizó un evento en EE. UU. con la presencia de Santiago Caputo, Agustín Romo y Macarena Alifraco. La diputada Arrieta también exigió que se aclare si se utilizaron fondos públicos para estos contratos, su origen, aplicación y rendición. Al igual que los gobiernos anteriores, los liberticidas no se privan de poner las herramientas que le da tener el poder del Estado para llevar adelante negocios a partir de los fondos públicos, con claro beneficio a empresarios amigos, como es el caso de Scatturice. Todos estos movimientos de tráfico de influencias se encuentran en sintonía con la puesta en pie de un Estado de carácter policiaco que garantice hacer pasar el ajuste contra los trabajadores y, a su vez, es la manifestación de la injerencia de los servicios de inteligencia extranjeros dentro de la SIDE, que ponen a la agencia en una situación de coloniaje. La derrota del Estado policiaco libertario no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él.

Este pasado 29 de junio se llevaron adelante las elecciones generales de medio término en la provincia de Santa Fe. En todas las localidades, municipios y comunas, renovaron los cuerpos legislativos locales. En algunas, además, se llevó a cabo la elección de intendentes y presidentes comunales. Previamente, en abril, fueron electos convencionales constituyentes, quienes comenzarán a sesionar dentro de 15 días. En un lapso de poco más de dos meses, el ausentismo se ha agravado. Votó un 3 % menos que en las PASO y sólo el 52 % asistió a las urnas. Si esto es desagregado por localidad, en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, tan solo participó el 46 %, menos de la mitad de los votantes habilitados. Según la información oficial, las inasistencias provienen mayormente del segmento de jóvenes de entre 20 y 30 años de edad. Esto se enmarca en el cuadro general de abstencionismo que se viene repitiendo en las elecciones provinciales previas. En estas circunstancias, Pullaro se adjudica la victoria en 266 de las 365 localidades de la provincia. Asimismo, el oficialismo en 17 de las 19 localidades del interior provincial donde se elegía intendente. No obstante, el triunfalismo oficialista decae en las principales ciudades, que representan más de la mitad de los guarismos provinciales. En Rosario, quedó en el tercer lugar del podio. Por otra parte, en las ciudades de Rafaela, Reconquista y San Lorenzo, entre otras del cordón industrial, también perdió la elección. Sólo en la ciudad de Santa Fe ganó el oficialismo, con una ventaja del 8 % sobre el PJ. Mientras tanto, en su debut provincial, LLA se impuso en la estratégica ciudad de Villa Constitución; además logró entrar a distintos concejos deliberantes, en algunos casos, ganándole a los candidatos de Pullaro (¡Rosario!). Por su parte, el peronismo festeja la sobrevida que le ha otorgado la candidatura de Juan Monteverde, luego de la explosión política que mostró la diversidad de listas peronistas en las elecciones a convencionales constituyentes. De esta manera, el exsocio de Juan Grabois aparece como la cara visible de la oposición en la provincia, desplazando a los libertarios. Probablemente este se haya hecho eco electoralmente del fallo proscriptivo. En cuanto al FITU, ha retrocedido en votos en la ciudad de Rosario, donde obtuvo el 3,1 %, retrocediendo 4 mil votos con respecto a abril. El Frente Amplio por la Soberania (Del Frade) no participó en las principales ciudades, por no haber pasado las PASO. En nuestro caso, Politica Obrera consiguió el 3,6 % en Capitán Bermúdez, superando el piso proscriptivo, en el marco de una campaña que denunció el ajuste del gobierno local, asociándolo a la situacion politica explosiva que se incuba a nivel nacional. Los gobernadores se adjudican estas victorias como una suerte de aprobación pasiva por parte del electorado. Pullaro se ha ungido hasta el tuétano con la orientación de guerra contra los trabajadores que encarna Milei, dando un apoyo clave a la reforma laboral, al DNU 70/2023 y saludando el fallo proscriptivo de la corte contra CFK. Incluso se jacta de haber perpetrado una reducción del gasto público mucho más profunda que la del libertario. Su alternativa de recambio se centra en representar a los pooles de siembra y el agronegocio. Brega por una liquidación de las retenciones y una inversión en infraestructura para aprovechamiento directo del capital agrario. La perspectiva que pretende imprimirle a la próxima reforma constitucional es la del ‘equilibrio fiscal’, con las herramientas del estado de excepción. En concreto, del casi millón de votos que obtuvo Pullaro en 2023, con lo obtenido en lo que va del 2025 registra una caída del 60 %. La explicación no escapa a los ojos de cualquier trabajador: la reforma jubilatoria, las paritarias por el piso, la imposición del presentismo docente y la liquidación de las licencias médicas, entre otras medidas contra los trabajadores, en definitiva, una experiencia ruinosa. Más que una victoria robusta, la elección santafesina expresa la volatilidad del electorado en un periodo político acotado. Si la experiencia libertaria no consigue los resultados que le exigen en el capital financiero y el FMI, Pullaro está lejos de representar algún tipo de alternativa nacional, especialmente, luego de la disolución de Juntos por el Cambio. El frente oficialista no tiene la garantía de presentarse como tal en octubre, por el hecho de que el socialismo se encuentra vinculado al peronismo de Schiaretti. El peronismo, por su parte, buscará utilizar este resultado para encolumnar una posible unidad en torno a Monteverde. La discusión de fondo se calará del todo, en la previa a las inscripciones de listas en la provincia de Buenos Aires y las nacionales. Ciudad Futura se perfila a cabalgar la adaptación derechista de los nacionales y populares, luego de haber hecho gala de la “nueva política”. Sobre todo este escenario político debemos intervenir los trabajadores con nuestros propios planteos.

El discurso proferido por Trump, al fin de la reunión de la OTAN, señalaba repetidamente los logros de la diplomacia americana y cómo los nuevos acuerdos entre los miembros de la alianza militar serian un hito (“milestone” en inglés) por la seguridad de sus ciudadanos. De un lado propaganda interna para reforzar su apoyo político, luego un comienzo de mandato borrascoso; del otro, propaganda externa para instilar la idea de que los intereses de Estados Unidos sean coincidentes con los intereses de la “civilización occidental” (Milei diría “judeo-cristiana”) o, más prosaicamente, de los países europeos de la OTAN. Como señaló una periodista presente en la sala del discurso, Trump abandonó (“given up”) el supuesto objetivo de una política diplomática americana “aislacionista” y de no intervención militar en el extranjero, al mismo tiempo que su sueño de imponer en pocos días un acuerdo de paz en Ucrania quedó frustrado y todo indica que quedará frustrado por bastante tiempo. El mismo Trump lo expresó con una torpeza, habiendo relatado una llamada donde Putin le preguntaba si necesitaba una “ayuda con Irán” y donde la respuesta sarcástica fue “me podés ayudar con Rusia”. La conversación señala emblemáticamente que Putin anhela un compromiso imperialista con Trump para gestionar el mundo, utilizando sus influencias diplomáticas y su capacidad militar; también expone los limites insalvables de esa política “multipolar”, dado que Trump no logra llegar a un acuerdo en Ucrania en cuanto quiere imponer a Putin una “victoria mutilada” –expresión acuñada por D’Annunzio luego de que Italia no obtuvo lo esperado en la primera guerra, a pesar de su participación en el bando de los ganadores y a pesar de las victimas sin precedentes-. Una Rusia siempre más sostenida militarmente por la industria china (Enabling Russia’s War, The Economist, 21/06/25). Así que la pregunta oportuna es: ¿es una verdadera victoria la de Trump? A primera vista parece indudable que Estados Unidos logró imponer un mayor gasto militar de los aliados para beneficiar su balance público y un mejor uso de sus recursos militares. Un aumento del 2 % del PBI al 5 % total, entre gastos militares (3,5 %) y gastos infraestructurales (1,5). En la última década el porcentaje de inversiones militares americanas sobre las inversiones totales de la OTAN bajaron del 73 % al 63 %, caída aún más significativa cuando se considera el 85 % del año 2010. Los países de la OTAN casi duplicaron su gasto militar (de 250 a 430.000 millones de dólares), mientras Estados Unidos lo subió de 90.000 millones. Ese menor gasto americano en términos relativos permite a Trump reducir sus gastos para “proteger” a Europa y liberar recursos y militares para su política de guerra hacia China (los militares yankees en Europa suman 80.000 efectivos). Además, el crecimiento repentino del gasto militar -o sea, de la demanda en ese sector- resulta incapaz de ser sustentado con la producción europea que ve una escasa integración de los capitales industriales en el sector militar; así que probablemente la industria americana se vea beneficiada por una mayor venta de sus bienes militares (el mismo Trump, en el discurso, señaló descaradamente que “hopefully” (afortunadamente) los medios militares y los misiles sean americanos porque funcionan “very well” (muy bien). En una segunda mirada, la victoria es mera propaganda, porque todavía hay que constatar cuál será el efectivo aumento de los gastos por los países europeos y el desarrollo de la Unión Europea como polo imperialista y sus relaciones con Estados Unidos. “Parenti serpenti, cugini assassini, fratelli coltelli” El tema de fondo que ese acuerdo no puede ocultar son los intereses conflictivos entre Estados Unidos y la Unión Europea, o mejor dicho, el eje Francia-Alemania. Con la guerra en Ucrania Biden rompió la nueva Ostpolitik de Merkel, un eje económico donde Rusia abastecía la industria alemana de energía barata que luego exportaba sus bienes instrumentales a China y Rusia y sus bienes de consumo a Estados Unidos. Al mismo tiempo se beneficiaba de la OTAN para tener un escaso gasto militar que le permitía tener menores impuestos y un mayor gasto social. Ese atraso del imperialismo alemán y francés en términos de fuerza militar y de integración de los ejércitos significó una subordinación política en la gestión y en el comienzo del conflicto ucranio (Macron de hecho logró un acuerdo con Putin antes del estallido de la guerra que fue rechazado por Biden). Y el conflicto determinó la crisis industrial y fiscal (y en el futuro monetaria) de la Unión Europea, con Alemania a la cabeza de esa crisis económica. El imperialismo europeo está muy consciente de que una reversión de la crisis pasa por la formación de una fuerza militar europea unificada, condición necesaria para la unificación política de la UE y base de apoyo para sus miras imperialistas (sea o no factible ese proyecto franco-alemán), como es muy consciente de que el camino de ese desarrollo imperialista será constelado por luchas de clase profundas. En su forma ideológica Draghi lo expresó así: “para defender nuestra libertad tenemos que apagar los acondicionadores de aire… tenemos que hacer sacrificios”. Lástima que los sacrificios reales consisten en la matanza social que sufrió Grecia en la pasada década, con la reaparición de la malnutrición infantil y la desocupación masiva; algo más que tener calor en el verano. Eso implica una secuela de crisis políticas y de rebeliones populares en cada Estado de la Unión Europea. La Unión Europea, en el medio de ese marasmo, tiene que enfrentar las tarifas americanas que apuntan a obtener un alineamiento europeo con los propósitos diplomáticos y militares de Trump, con una política muy agresiva que apunta incluso a determinar las leyes europeas hacia la producción industrial y su impacto ambiental, en favor de los intereses de Exxon y de las empresas americanas (Wall Street Journal, 28/06). Trump utilizó la amenaza tarifaria para obtener el aumento de los gastos militares al 5 % del PBI, así como hizo emerger Meloni, por la negativa, afirmando en la cumbre de la OTAN “el target del 5 % y una zona de free trade entre las dos orillas del Atlántico son dos caras de la misma moneda” (Corriere della Sera, 27/06). Al mismo tiempo “Daddy” Trump apoya los partidos “soberanistas” en la misma forma que apoyó el Brexit en 2016, buscando abiertamente una Europa fragmentada y sin autonomía económica y militar. Es llamativo que el apodo antes citado -”Daddy”, papito en inglés- haya sido utilizado por el jefe de la OTAN, Mark Rutte, exprimer ministro de Holanda. Rutte -que por su historia representa el imperialismo europeo y que espera una alianza estable entre la UE y los Estados Unidos- no se enteró de que su “Daddy” es un Cronos que quiere comerse a los hijos. Conclusión Llamativamente un articulista de The Economist (“Why Europeans won’t fight”, 21/06) señala como “problema” la tendencia al pacifismo de los jóvenes y de las masas trabajadoras. “Los europeos son orgullosos de sus formas pacíficas”. “Atraer los jóvenes a una carrera que implica ser disparado nunca fue fácil”. Buscando una causa de ese “reprochable” efecto pone una hipótesis “sociológica”: nos encontramos en una era “post-heroica” y la realización personal obstaculiza el fervor patriótico. Él mismo, pero, señala como era postheroica o no era postheroica, fervor patriótico o no fervor patriótico, lo que preocupa a las masas europeas consiste en “la inflación, los impuestos, las jubilaciones y el cambio climático”, lo que un viejo revolucionario definiría como las condiciones materiales de existencia. Si la cumbre es un hito en el desarrollo de la guerra mundial que estamos viviendo por su escalada armamentista, aunque no haya resuelto las contradicciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, la otra cara de ese hito es la lucha sistemática del proletariado en contra de una guerra imperialista. Le guste o no al Economist, los europeos y los pueblos de todo el mundo siguen teniendo una conciencia. Sigue vigente la poesía “General” de Bertolt Brecht, donde en una conversación imaginaria el poeta le dice a un general que por mucho que sea potente el tanque y los bombarderos inventados, todavía el hombre tiene un “defecto”: ¡pensar! Y con su conciencia moral no accionar esas herramientas de destrucción masiva. Nuestra tarea es transformar en lucha organizada los pensamientos y los sentimientos hostiles a la guerra de las masas proletarias.

Gustavo Petro logró aprobar la reforma laboral después de que el Senado la hubiese votado en contra en marzo pasado. El Senado -seguro de ser derrotado en el referendo con que lo había amenazado Petro y presionado por la movilización popular- terminó votando afirmativamente la ley laboral, no sin antes lograr limarla un poco. La reforma -que recupera algunos de los derechos que fueron cercenados durante la presidencia de Alvaro Uribe- restablece cierta estabilidad laboral, la jornada de 8 horas, el adicional por trabajo nocturno desde las 19 horas y el pago al 100 % de las horas extras. También regula a los trabajadores de plataforma estableciendo dos regímenes. Uno, donde se los considera totalmente en relación de dependencia, y otro en el que “pueden elegir ” considerarse autónomos, en cuyo caso las cargas sociales corren en un 60 % a cargo del empleador. El Senado logró mantener la posibilidad de un contrato a término fijo por 4 años, la flexibilidad de la jornada de trabajo y eliminar la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres. También logró graduar y posponer el pago al 100 % de las horas extras y el adicional por trabajo nocturno hasta 2026. Según datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en Colombia había en 2024 más de 23 millones de personas ocupadas, de las cuales solo 11 millones tenían un empleo formal. Por lo tanto, la otra mitad queda por fuera. No hay mejora real para quienes trabajan por cuenta propia, en la economía informal, o bajo esquemas de tercerización sin derechos. Algo que se replica en toda América latina. Con esta aprobación, sin embargo, Petro logró salir, al menos temporalmente, del impasse en el que se encontraba. La avalancha de renuncias en su gabinete, las declaraciones de él mismo admitiendo su propia impotencia por no poder avanzar en las reformas y la seguidilla de atentados por parte de exsectores de la guerrilla -hoy vinculados al narco- perfilaban a principios de año una crisis política. El atentado que sufrió el principal candidato opositor, Miguel Uribe Turbay, hace unas semanas, amenazaba con empeorar este cuadro. Las declaraciones del sicario de 14 años solo permitieron llegar a la red de sicarios, pero no hay certezas sobre quién lo ordenó. Las hipótesis van desde el cártel mexicano de Sinaloa, pasando por cárteles colombianos, otros líderes del Partido Centro Democrático del mismo Uribe Turbay, hasta el Gobierno. El otro hecho que fortalece al Gobierno es la cercanía del desenlace del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, que parece terminará en una condena. De todas las acusaciones contra Álvaro Uribe, las únicas que prosperaron en los tribunales son las más leves, pero que de todas maneras le pueden llevar de 6 a 12 años preso. En 2014 Álvaro Uribe fue acusado en el Congreso de haber fundado el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo parapolicial que enfrentó de manera sanguinaria a las guerrillas y que dejó miles de civiles muertos. En 2018, la Corte inició una causa contra Uribe, no por los asesinatos de Estado, sino por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal. Uribe renunció a sus fueros, todo quedó en nada, hasta que la causa fue revivida en enero pasado con indicios de buscar una condena. Otro triunfo que se anotó Petro fue la reforma previsional. La misma amplía la cobertura y modifica el manejo de los recursos, los cuales en su mayoría irán a un fondo público, disminuyendo la influencia de los fondos privados. Por lo tanto no vuelve totalmente a un sistema de reparto, sino que queda en un sistema mixto en el que los fondos de pensión no pierden todo el negocio. De esta manera el Estado va a salir al rescate de las jubilaciones que los fondos de pensión estafaron, como suele ocurrir en estos casos. La otra gran reforma, la del sistema de salud, quedó en el tintero. Petro está amenazando al Congreso con implementar las medidas directamente si no la votan, pero esta situación se mantiene así desde marzo. Ni hablemos del reparto de las horas de trabajo, la jornada de 6 horas ni el 82 % móvil. Las reformas de Petro no logran volver al estadio anterior al periodo presidencial de Uribe, en el cual la flexibilización laboral y la privatización de las jubilaciones y la salud fueron a fondo. Se queda a medio camino. El otro gran problema que no puede controlar es el del narcotráfico que, según Naciones Unidas, ha aumentado la producción en el país en más de un 50 % en poco tiempo. Esto provoca el drama social de que Colombia sea el tercer país en el mundo con mayor cantidad de desplazados internos, debido a los campesinos que son expulsados de sus tierras por el narcotráfico y el agronegocio. En los suburbios de Colombia se han multiplicado los ranchos y las carpas por este problema, superando los 7 millones de desplazados. De momento Petro ha logrado avanzar -aunque parcialmente-, a pesar del aislamiento político en el que se encuentra, apoyándose en la movilización popular. Esto demuestra que un cambio más profundo sería posible ya que una real mejora de las condiciones de vida encontraría el acompañamiento de los trabajadores movilizados.

El gobierno de coalición PSOE-Sumar sufre una lenta agonía, aunque futuras revelaciones sobre las tramas de corrupción de dirigentes partidarios muy próximos al presidente Pedro Sánchez pueden acelerar el proceso. De momento la situación se caracteriza por la imposibilidad del principal partido de oposición, Partido Popular (PP), por derribar al gobierno mediante un voto de censura por la falta de 4 votos en el congreso de los diputados contabilizando el apoyo de los 33 escaños de Vox. La oportunidad que busca el PP es que la presión mediática y judicial lleve al principal socio de la coalición a convocar elecciones anticipadas. O bien que el curso de los acontecimientos lleve a las formaciones del bloque de investidura: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya, Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, a retirar su apoyo a Sánchez provocando su caída en el Congreso. Portavoces de este bloque han advertido que el umbral de la tolerancia es la posibilidad de que se trate de un episodio de financiación ilegal del PSOE. La decisión de un juez del Tribunal Supremo de mandar a prisión al hasta ahora secretario de organización del PSOE puede dar un vuelco a la situación. Mientras tanto, el aval del Tribunal Constitucional la semana pasada a la Ley de Amnistía que ha beneficiado a los condenados por las luchas de 2017 por la independencia de Cataluña ha venido en un momento oportuno para Sánchez. Junts x Catalunya sabe que un gobierno del PP se las arreglaría para trastornar los pactos que han “pacificado” a Catalunya. El Gobierno está acabado ante la opinión pública. No sólo es incapaz de hacer frente a la corrupción, sufre un verdadero descrédito por las reformas laboral y del sistema público de pensiones. Es incapaz de poner coto a los desmanes en la sanidad pública, que está delegada en las comunidades autónomas, las cuales escatiman los recursos para la atención sanitaria mientras ceden el negocio de la salud a los grupos privados como Quirón Salud, una filial de la alemana Fresenius. Esto no es una casualidad, en las comunidades gobernadas por el PSOE ocurre lo mismo. Ni el PSOE ni sus aliados por la izquierda, primero Podemos y ahora Sumar, no han hecho el más mínimo movimiento para derogar la Ley 15/1997 que introdujo en la sanidad pública la privatización. En la educación pública existe el mismo fenómeno, una verdadera explosión de universidades y colegios privados subvencionados mientras la educación pública languidece por falta de recursos. El sistema ferroviario comienza a acusar trastornos por la falta de inversión adecuada. Un apagón sin precedentes que fue responsabilidad de la sociedad con mayoría estatal Redeia y el desarrollo anárquico de la generación eléctrica, y la falta de intervención del gobierno en la Dana de Valencia, donde sólo han aportado el 30 % de los recursos comprometidos, coronan el desempeño del gobierno ante los ojos de la población trabajadora. Por su parte el espacio político a la izquierda del PSOE, Sumar y Podemos, está en bancarrota política, contaminados hasta la médula por su participación en el gobierno de coalición. El PP intenta empujar al vacío al PSOE impulsando tantos procedimientos judiciales contra las figuras del gobierno y su periferia como pueda. Un impulso que le sirve además para difuminar la realidad de que Sánchez, con el apoyo de Podemos, ganó en 2017 un voto de censura y tiró abajo al gobierno de Mariano Rajoy cuando el PP estaba hundido en una corrupción sin precedentes. El empresariado español ha tomado distancia del Gobierno aunque ha sacado de él todo lo que ha querido. El problema ahora es cómo desalojar al inquilino del Palacio de la Moncloa, que se agarra al poder con uñas y dientes. El PP intenta además aprovechar la ola de ascenso mundial de la derecha, mientras Sánchez pretende jugar la baza internacional con su crítica para la galería a la limpieza étnica de Israel en Gaza y al profundo reordenamiento imperialista del oriente próximo y contra el incremento de financiación de la OTAN al 5 % del PIB, como forma de preservar su coalición con Sumar en medio del estallido público de la corrupción. Corrupción en el círculo íntimo de Sánchez Sánchez hizo una deplorable comparecencia el 12 de junio en el cuartel general del PSOE para manifestar que ignoraba las actividades ilegales del secretario de organización de su partido: Santos Cerdán. Este, como el anterior secretario de organización y exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y su “asesor” Koldo García son el trío que adjudicaba contratos amañados y obras públicas a cambio de comisiones. Primero surgieron las acusaciones verificadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dieron paso al encausamiento penal de Ábalos y de Koldo García, un exconfidente de la Guardia Civil y exportero de discotecas y chófer de Ábalos en sus comienzos. Luego el foco se centró en Cerdán, quien apareció vinculado a esta trama a través de Koldo García. La UCO ha exhumado la participación de Cerdán en adjudicaciones de obras a dedo en la Comunidad de Navarra desde al menos el 2013. Es decir, una amplia trayectoria en estas cuestiones. Tanto Ábalos como Cerdán constituyeron el círculo íntimo del presidente y acompañaron a Sánchez en su gira por España en la operación que desarrolló para recuperar el control del PSOE, que intentó desplazarlo e impedir su candidatura a la presidencia del gobierno. Eran personas de su máxima confianza y fue Sánchez quien solicitó a Ábalos que dejara el ministerio de Transporte mucho antes de que saltara el escándalo de sus favores a empresas y amaño de contratos. La representación del presidente fue poco convincente para sus socios de gobierno, Sumar, que cuenta con tres ministerios y para algunos miembros del bloque de investidura. Tampoco impresionó a ERC cuyo dirigente Gabriel Rufián declaró en una entrevista en la cadena de televisión La Sexta que el límite de su apoyo era la posibilidad de que no se tratara de tres manzanas podridas en el cesto, sino que sea un episodio de financiación ilegal del PSOE. Mientras tanto, dijo Rufián, es necesario “aprovechar la coyuntura y aprobar todas las leyes de progreso social que se pueda mientras dure este gobierno…”. Una descripción en los hechos de lo que es el oportunismo sin cortapisas. Lucha obrera Mientras este es el escenario por arriba, en el movimiento obrero se refuerzan las tendencias hacia la huelga general de los conflictos salariales y por condiciones de trabajo. Mucho ha tenido que maniobrar la dirección rastrera de UGT del metal en Cádiz para dar eficacia a su negociación con la patronal metalúrgica. Tras dar por resuelto el conflicto el 22 de junio, tuvo que volver a la mesa de negociaciones esa misma semana tras movilizaciones multitudinarias que pedían la cabeza del secretario general. Antonio Montoro. Finalmente una asamblea de delegados manipulada acordó levantar la huelga, pero CCOO y los otros sindicatos rechazaron el acuerdo . UGT no se atrevió a someter el convenio a una asamblea general de trabajadores. Por su parte, los trabajadores del metal de Cartagena pidieron su equiparación con las reivindicaciones de Cádiz, mientras los trabajadores del metal de Cantabria firmaban a regañadientes su propio convenio. La historia no acabó ahí, porque el lunes 30 de junio una asamblea de trabajadores del metal de Cádiz convocada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal y CGT han decretado huelga general por tiempo indefinido, en defensa de un convenio digno. El freno de las burocracias sindicales ha impedido una huelga general nacional de los trabajadores del metal. Este es un escenario que se repite a diario y sólo la fragmentación burocrática intencionada de las luchas obreras consigue evitar que cristalice el movimiento hacia una huelga general. Por eso la huelga de Cádiz con su explosiva reacción contra la burocracia insinúa un punto de inflexión en la reorganización clasista del movimiento obrero. Las movilizaciones de los trabajadores reciben el apoyo y la solidaridad de la población de la ciudad y los barrios obreros. Los sindicatos combativos, por su parte, han manifestado su incapacidad para elevar las luchas a un nivel superior a escala nacional para gestar una huelga nacional, creando comités de huelga y convocando a la confluencia de los conflictos. Esta se presenta como una labor de la vanguardia obrera combativa como la que ha hecho retroceder a la burocracia en Cádiz. España, la OTAN y la guerra mundial Sánchez ha invertido muchas horas en una campaña personal para dejar establecido que el límite de la contribución de España a la OTAN no pasará del 2,1 % del producto interior bruto (PIB). El domingo 22 de junio tuvo una reunión con el secretario de la organización, Mark Rutte, para negociar una “excepción” española. De acuerdo con Sánchez ha obtenido garantías para ello. Pero a la hora de la verdad, el presidente español ha firmado el 25 de junio en Amsterdam la declaración junto con el resto de participantes a la cumbre atlántica en la que se deja establecido que la contribución de los socios será del 5 % del PIB. El líder español ha declarado urbi et orbi que la contribución tiene un tope porque la coalición de gobierno quiere preservar el estado del bienestar, que es incompatible con el incremento solicitado. Es decir España se planta… Pero la excepción española durará, si es que existe, hasta que el Gobierno caiga o acabe su mandato y sea sustituido. Porque lo que está firmado es el incremento hasta el 5 %. Donald Trump ha aprovechado la majadería de Sánchez para hacer ruido y afirmar que pondrá de rodillas a España a la hora de fijar aranceles, cuando en realidad los aranceles los negociará la Unión Europea y no cada país. En el contexto de todo este teatro lo que queda claro es que el PP, que tiene a la vista la posibilidad de formar Gobierno si hay convocatoria electoral, sí estará dispuesto a cumplir con el 5 % firmado aunque también ha advertido que pedirá flexibilidad. En realidad todo el tema del aporte a la OTAN es un gran teatro. Hay 9 países que no alcanzan a contribuir con el mínimo del 2 % aprobado en 2006. España con el gobierno de coalición PSOE-Sumar es un aliado firme de Estados Unidos, que cuenta en el país con varias bases aeronavales. Fueron utilizadas durante la guerra contra Irak, para el tránsito de presos destinados a Guantánamo y cuanta actividad ilegal haya decidido Estados Unidos. Para ello en los tratados las bases tienen condición extraterritorial. Las bases han sido utilizadas por ejemplo en junio para los aviones nodriza que reabastecieron a los B2 que bombardearon Irán. La flota estadounidense en el Mediterráneo oriental tiene en España un punto de aprovisionamiento, mantenimiento y refresco de tropas. Madrid ha dado cuenta de su fidelidad a la OTAN y a Washington, por ejemplo, al declarar que Marruecos tiene derechos soberanos sobre el Sáhara Occidental. Ha sido y es proveedor de armas a Ucrania en la guerra de la OTAN contra Rusia que se libra en ese país. Es decir, no cabe la menor duda del bando en el que milita el país: de subordinación a la OTAN y al imperialismo estadounidense y europeo, más allá de discrepancias coyunturales. En ningún momento el gobierno PSOE Sumar ha denunciado la operación de reorganización política del oriente próximo pactada entre Trump y Netanyahu. La posición de Sánchez está además enfocada hacia su aliado de gobierno Sumar. Admitir el 5 % era condenar a la coalición de gobierno a una ruptura. Así que el teatro alrededor de la contribución a la alianza atlántica tiene un trasfondo político interno. La realidad es que el esfuerzo bélico de la OTAN va a detraer recursos del presupuesto del Estado español aun sin alcanzar a las cifras pactadas en Amsterdam el 25 de junio. El país está en materia de financiación de la política belicista de la OTAN y la UE en un callejón sin salida. La única forma de frenar la sangría es con la salida inmediata de la OTAN, con el cese de la ayuda militar a Ucrania, con el cierre de las bases americanas en territorio español, con la negativa frontal a participar en cualquier aventura bélica. La única forma de preservar el gasto social en pensiones, vivienda, educación y sanidad, y la oposición a la guerra y la lucha por la democracia para los trabajadores es mediante un gobierno obrero.

El triunfo electoral de Jeannette Jara sorprendió a los medios que confiaban en la victoria de Carolina Tohá. Con una discreta participación electoral el gobierno de Boric rubricó su última derrota, revelando su incapacidad de imponer sus candidatos propios: Tohá o, de última, Winter. Los medios burgueses oficiales han reaccionado con discreción. El Mercurio del sábado señaló que no había que alarmarse frente a un eventual triunfo de Jara porque de comunista tenía solo el nombre y lo que representaba era un programa socialdemócrata. Esta caracterización no merece reparos. Por su parte, el Partido Comunista igualmente ha moderado su discurso en una clave electoral que le permita representar a la “centro-izquierda” como se ha cansado de explicitar su candidata. Esto también resulta explicable, se trata del viejo aparato estalinista que se dispone a exhibir sus credenciales democráticas de agentes del régimen. Lo que resulta preocupante es la posición de la izquierda, que de una forma más o menos entusiasta ha valorado este hecho electoral como un triunfo de las masas. Es verdad que tras el triunfo de Jara se esconde el hundimiento de la otrora Concertación y del propio Frente Amplio. También es verdad que mucho del voto a Jara fue un voto contra la campaña fascistizante de Carolina Tohá, la progresista que defiende la imagen de un fascista como Cumsille y propone como primera medida de gobierno la ocupación militar del país. Sin embargo, ninguna de estas cuestiones transforman la naturaleza de clase de la figura de Jara, que reivindica sin ningún lugar a dudas al Gobierno de Boric -como que fue su ministra-, el cual ha protagonizado un feroz ataque a los trabajadores y propiciado el discurso de terror de la derecha y el imperialismo. Podemos prever que buena parte de esta izquierda seguirá en consecuencia el derrotero del apoyo crítico a Jeannette Jara, reformulando la teoría del mal menor, ahora alimentada con la idea de un supuesto “clasismo” que representaría el PC. Estos izquierdistas se disponen a ocupar la primera línea en el enfrentamiento a la derecha fascista, defendiendo a Jara de los ataques anticomunistas de la derecha. Hemos de decir que defender al PC no es lo mismo que enfrentar el discurso anticomunista de la burguesía. Quienes así actúan, confunden la lucha por las libertades democráticas con el posicionamiento junto a la burguesía liberal. No tenemos por qué defender a Jara -que se defiende sola perfectamente- porque con este gesto se alimentan las ilusiones democráticas en las que se apoyará una nueva derrota como la que en 2021 representó Boric . Esta última cuestión será muy relevante en el debate político que abre esta candidatura, en la que se tensionan las ilusiones democráticas de un pueblo que quiere ver una candidata popular allí donde no la hay y en la que se despliega el programa liberal socialdemócrata del progresismo que representa Jara. Que Jara reivindique la reforma pro AFP y la considere un «paso progresivo» y que valore la flexibilización laboral de la Ley de las 40 Horas son cuestiones que deben valorarse para entender qué propósito político capitalista se encolumna tras su candidatura. Los procesos electorales son una expresión deformada de la lucha de clases. En ellos podemos observar la forma como el régimen capitalista se dispone a preservar su dictadura sobre el conjunto de la sociedad. No es irrelevante analizar estas cuestiones, al contrario, en momentos políticos como los que vivimos -de derrota popular y retroceso de las masas- es muy importante reflexionar sobre estas cuestiones. Pero tal reflexión debe orientarse no a afirmar las ilusiones democráticas, sino al contrario, a denunciar el carácter de clase del régimen, a llamar las cosas por su nombre (aunque duelan) y a señalar que el camino de liberación de los explotados puede ocupar los espacios democráticos -incluso tal cosa puede suponer intervenir en las elecciones- a condición de orientarse hacia la organización y movilización revolucionarias. Clase contra clase. Como dijo correctamente Fabiola Campillay «en estas primarias el pueblo no tiene candidatos» y no los tuvimos. Que el Gobierno patronal dirima sus candidaturas no nos libera del impostergable deber de construir una nueva alternativa trabajadora y de revolución social. Nuestra candidata es la clase trabajadora.