Julio de 2025

La ola de frío polar sobre toda la región, cuya llegada era conocida desde hace varios días, obligó al gobierno a improvisar sobre los hechos consumados. El Ministerio de Educación provincial emitió una resolución el mismo lunes 30 de junio autorizando a supervisores y directores a adaptar la modalidad -virtual o presencial- dependiendo la situación de cada escuela. El gobierno de Jujuy ha intentado evitar la suspensión las clases, como han hecho Tucumán y Catamarca frente a esta ola de frio que impide el normal dictado en la mayoría de las escuelas. Una suspensión de las clases pondría al desnudo que las escuelas no están en condiciones de dictar clases bajo este frio. Sin calefacción en la mayoría de las escuelas, muchas con vidrios rotos y sin la infraestructura necesaria, sin mantenimiento y muchas veces sin conectividad, no sólo no se puede dictar clases, sino que pone al desnudo que el crédito de 300 millones de dólares que tomó el gobierno para hacer escuelas nuevas y reparar las que ya existen, se ha evaporado y nadie rinde cuentas. Esta medida, que se podría haber definido la semana pasada, ha terminado siendo una improvisación desesperada tomada el mismo día lunes, cuando se podría haber trabajado durante la semana para preparar las condiciones de dictado. Con los hechos consumados, con los docentes rurales y del interior que ya han viajado a las escuelas, el gobierno saca este decreto donde establece que los docentes deben presentarse en las escuelas, aun cuando se haya definido una modalidad de clases virtuales. La medida queda abierta y se irá evaluando día por día si se mantiene un dictado de clases presencial o virtual, aun cuando la ola polar en la provincia va a impactar fuertemente durante toda la semana. La medida significa una carga extra para los docentes que deberán planificar una clase virtual mientras también tendrán que atender a los alumnos que se presenten en las escuelas. El gobierno provincial pone en riesgo la salud de los niños y los trabajadores para intentar superar los 190 días de clases que estableció el Consejo Federal de Educación. Tampoco ha evaluado la posibilidad de adelantar el receso de invierno frente a esta ola de frío, que en algunas regiones de la Puna ha llegado a -18 grados, como fue en Abra Pampa. Desde ya que la suspensión de clases o incluso el adelantamiento del receso es pan para hoy y hambre para mañana. Las escuelas en general en la provincia no cuentan con los recursos necesarios para las olas de calor extremo en verano y de frio extremo en invierno. Muchas escuelas inclusive no están diseñadas para las condiciones climáticas de cada región de la provincia, sino que son un mismo modelo que se construye en serie. En el caso de las escuelas viejas, no tienen mantenimiento necesario y en muchas escuelas de jornada extendida los chicos van a la escuela a recibir una colación y una comida caliente. La ola polar que atraviesa la provincia se da en un cuadro de luchas docentes contra las paritarias de miseria del gobierno provincial, en sintonía con las paritarias de Milei y los reclamos de los maestros de ADEP contra el fraude de las elecciones del gremio. La ola polar no sólo ha expuesto el cuadro de vaciamiento edilicio y la falta de obras, sino la incapacidad del gobierno de abordar la situación en función de los intereses de la comunidad educativa. Los reclamos de mayor presupuesto, mantenimiento y obras para las escuelas se suman a la lista de reclamos sobre condiciones laborales y reapertura de paritarias.

El 25 de junio el SUTEBA sacó un comunicado en el que se refería que el día anterior se había realizado “la Mesa Paritaria en la que quedó constituida la Comisión Técnica para la discusión del Convenio Colectivo de lxs Trabajadorxs de la Educación de la provincia de Buenos Aires.” El comunicado, tanto como su inclusión como tercer punto de los adicionales incorporados al Acuerdo Paritario, e incluso su «mención» en las reuniones de delegados, tienen un tufillo al subterfugio que tan claramente señala el dicho popular según el cual «El que avisa no traiciona.» La «mención», justamente, no es más que eso. No se pone «a debate», no se discute, no se analiza: sólo «se avisa». El abuso de comillas tiene que ver con que hay muchas cosas que se dicen fingiendo que se dicen otras. Incluso cuando el significado, palmariamente, es más o menos el directo. Por ejemplo, cuando en la pandemia el sindicato (el SUTEBA, que es el más grande de la provincia) dijo que debía ponerse en debate la reapertura de las escuelas, a continuación, lo que ocurrió fue que se reabrieron las escuelas sin debate alguno (se supone que «debate» en el ámbito gremial significa mínimamente «intercambio de opiniones entre las bases y con las dirigencias»). Salvo que se interprete una charla entre Baradel y Sileoni como un… «debate». Es decir que «significado» y «sentido» no son, necesariamente, conceptos sinónimos o intercambiables. La otra conclusión es que cuando el SUTEBA dice que «hay que poner a debate», agarrate los pantalones porque ya está todo decidido. Así, el sindicato viene diciendo desde hace un par de años que hay que debatir el Estatuto Docente, que hay que “modernizar” el encuadre legal de las condiciones laborales de los trabajadores docentes. El lenguaje es casi calcado del que usa la ex presidenta Cristina Fernández, que habla de «actualización laboral» para no decir «reforma laboral»; vale decir, «ajuste» . Sólo que ella machaca sobre el particular para enchapar el planteo con la idea de que ella lo va a hacer mejor que los Macri y los Milei, porque su capacidad de convocatoria es –supuestamente– masiva y de buen grado. Ahora bien. La idea de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) llega en un contexto de deterioro sostenido de las condiciones laborales, salariales y democráticas dentro del propio sistema educativo. En la última década, las paritarias han sido sistemáticamente a la baja, consolidando un salario docente por debajo de la línea de pobreza. A esto se suma la generalización de sumas no bonificables ni remunerativas, que destruyen el salario básico, rompen la escala salarial, y empujan a la docencia a tomar más cargos o a buscar empleos fuera del sistema. Es una forma de ajuste encubierto, de despido informal y sin indemnización. Este esquema, además, erosiona el sistema jubilatorio al achicar la base de aportes, degradando la jubilación sin tocar formalmente el régimen. Se transfiere el peso del ajuste a los cuerpos docentes y a su vejez. Y el sindicato, lejos de confrontarlo, lo gestiona. En paralelo, la infraestructura escolar está en ruinas, el IOMA colapsa, y las condiciones de trabajo en las escuelas son cada vez más precarias. Sin embargo, el sindicato no convoca a paro ni organiza acciones contundentes. La idea de la «escuela abierta a toda costa» ha sido absorbida incluso por sectores que antaño defendían el derecho a huelga como herramienta irrenunciable. El deterioro no es sólo económico y material: también es político y organizativo. La conducción del SUTEBA hace años que no convoca a asambleas de afiliados; las decisiones se toman desde arriba y se informan como hechos consumados. Militan abiertamente para Kicillof; según la lista dirigente, «el mejor gobernador de la historia», y respecto del cual han caído en un maniqueísmo cuasi infantil: lo que hace «el Kici» está bien, y Milei es el «enemigo único» (en lo que suenan a divisa de El Señor de los Anillos ). En este contexto, no hay mejora de las condiciones laborales del trabajador de la Educación con un CCT, como lo sugiere la dirigencia sindical, sino que, por el contrario, se trata del último clavo del ataúd gremial, que legitimaría y «legalizaría» todas las vulneraciones al actual Estatuto, como los planes precarizadores tipo FORTE, la quinta hora en primaria, la reforma del régimen académico en secundaria o la sobrecarga laboral. Por otro lado, la burocracia, en un tácito reconocimiento del procedimiento inconsulto, plantea que «es mejor hacerlo ahora, porque más adelante puede ganar Espert». Recurren a una extorsión para consumar una falacia: la de que un CCT mejoraría las condiciones laborales docentes; las «modernizaría». El argumento, además, no deja de pecar de cierta zoncera: «Hago esta porquería antes de que la haga otro y sea peor»… Se parece a la excusa por la quietud frente a la miseria salarial: «No hacemos nada porque hay otros gremios que están peor.» No se trata entonces de una actualización de derechos, sino de un intento de ordenar desde arriba el deterioro ya consumado. Con una vigencia inusitada, algunos dirigentes se animan a afirmar que, «hoy, un cargo titular no te garantiza estabilidad.» (Lo dicen como si se tratara de un fenómeno externo a la competencia de un sindicato, como el carácter marcesible de la rosa; y por supuesto, lo plantean para establecer la obsolescencia del Estatuto.) El CCT vendrá a normar la inestabilidad laboral de los educadores bonaerenses. Por otra parte, un CCT tiene una naturaleza jurídica distinta del Estatuto: es más flexible, más transable, más inestable. Lo que hoy se acuerda en paritaria puede ser modificado o desmantelado en otra, sin pasar por el Poder Legislativo. Se corre el eje desde un marco legal garantizado (que sería la pared contra la cual apoyarían la espalda los compañeros que luchan) hacia un régimen contractual dependiente del Poder Ejecutivo de turno (sin pared). Con un gremio mayoritario desmovilizado, con bases fragmentadas y sin instancias deliberativas reales , asistimos a la consagración de la arbitrariedad en la decisión de las condiciones laborales de la docencia bonaerense. Es un retroceso de cuarenta años, articulado por el sindicato nacido al calor de las luchas docentes de fines de los ’80, que conquistaron derechos como los que el Estatuto consagró: estabilidad, concursos, licencias, etcétera. Una involución de ciento ochenta grados. Se trata de un reclamo de los gobiernos capitalistas, de las cámaras empresarias, del FMI, que el SUTEBA quiere facilitarle a Kicillof para que este lo tribute a la burguesía, de cara a sus desafíos electorales en medio del descalabro peronista . Todo el cuadro, más la frutilla del postre que es el desmantelamiento del Estatuto del Docente (bonaerense) por un Convenio Colectivo de Trabajo que habilite la «modernización», la «actualización», la «reforma», el «ajuste» laboral, es, ni más ni menos, el programa de Milei.

A través de dos fallos sucesivos, la jueza neoyorquina Loretta Preska se ha abalanzado sobre el 51% de las acciones de YPF que pertenecen al Estado argentino. Uno de los fallos se relaciona con la semiestatización de la petrolera, en 2012; su beneficiario es el fondo buitre Burford, que le había comprado al grupo local Petersen -ex accionista de la petrolera- sus derechos a litigar como consecuencia de la expropiación de sus acciones. El otro fallo beneficia al fondo buitre Bainbridge, acreedor de la deuda pública en defolt. Aunque no tiene nada que ver con YPF, la jueza decidió resarcir a este fondo con las acciones de la petrolera. La prepotencia de este fallo de la Justicia norteamericana, que dispone resarcimientos y transferencias patrimoniales en otra jurisdicción nacional, sólo se supera por el cipayismo de todos los gobiernos de las últimas décadas, que han promovido la jurisdicción extranjera para los litigios de deuda y otras operaciones económicas. El resarcimiento reclamado, de 16.000 millones de dólares, supera en un 30% al actual valor bursátil de la petrolera. Entrega a dos bandas El fallo Preska es un episodio en la larga historia de vaciamiento de la petrolera “de bandera”, que involucra a todos los gobiernos de al menos las últimas tres décadas. Bajo Carlos Menem, el mentor de Javier Milei, se consumó la venta completa de YPF al grupo Repsol. La política de este pulpo fue servirse de los dividendos de YPF para cubrir sus deudas y pérdidas a escala global, a costa del vaciamiento de las reservas y la desinversión en la petrolera argentina. El binomio Néstor-Cristina no sólo toleró ese desquicio, sino que lo agravó: a fines de 2007, promovió el ingreso a YPF del grupo empresario Ezquenazi (Petersen), también controlante del privatizado Banco de Santa Cruz. Por el 25% de las acciones, Ezquenazi no puso un peso, pues las compró con un préstamo a pagar con las futuras utilidades de la compañía. Fue el pretexto para promover un vaciamiento consentido, pues ni un peso de los dividendos de Ezquenazi-Petersen quedaban en la petrolera. Repsol avaló gustoso ese desfalco, porque lo habilitaba a hacer lo mismo con sus propios dividendos. Al cabo de cinco años, el gobierno kirchnerista se enfrentó con las consecuencias del vaciamiento que había promovido: YPF se encontraba agotada de reservas y recursos. Repsol y Ezquenazi no estaban dispuestos a activar los recientes descubrimientos de Vaca Muerta. En ese cuadro, y en medio de una crisis de abastecimiento de petróleo y gas, Kicillof-Cristina improvisaron, no una nacionalización, sino la reprivatización de YPF. Al tiempo que se desprendían de Repsol, Kicillof-Cristina ponían en marcha un acuerdo secreto con Chevron para explotar Vaca Muerta. El hilo suelto de esta operación -el empresario kirchnerista Ezquenazi- terminó litigando por la expropiación de sus acciones, pero le terminó vendiendo los derechos de ese juicio al fondo buitre Burford. Algunas versiones señalan que Burford solo sería un testaferro o socio de los Ezquenazi, que, en la trastienda, seguirían litigando contra el país. Después del primer fallo contrario a la Argentina, en 2023, Milei-Caputo literalmente lo ignoraron, dejando que progrese la causa y la acumulación de intereses. Lo que viene Los fallos de Preska han sido presentados como “inauditos” o “inviables”, tanto desde el lado kirchnerista como de los gobernantes liberticidas, que prometieron apelarlo. Los que piensan de ese modo no quieren leer el mensaje de la jueza: por un lado, Preska modificó su resolución anterior, que embargaba al Tesoro argentino para resarcir a Burford -ahora, va por YPF y sus acciones. En segundo lugar, la jueza también le carga a YPF las consecuencias de un litigio vinculado con la deuda pública defolteada. No se puede separar esa resolución del cuadro de conjunto de la deuda argentina, que ya bordea al 120% del Producto Bruto y que enfrenta vencimientos abultados en los próximos cinco años y sin financiamiento a la vista. La segunda cuestión que entra en juego es la de los yacimientos de Vaca Muerta, cuyas inversiones y suministros están inmersos en una sorda lucha entre petroleras yanquis, el grupo Techint y, ahora, Petrochina, que acaba de anunciar su ingreso al mercado local. Las reservas de petróleo y gas argentina no están afuera de la guerra internacional en desarrollo. Los especialistas en el juicio de Preska afirman que una negociación sobre el monto a resarcir a Burford lo reduciría “sustancialmente”. En la memoria de YPF, las previsiones del caso ascienden a 5200 millones de dólares. A la actual cotización de la compañía, podría representar la sesión de la mayoría accionaria estatal. ¿Es la garantía a negociar en caso de una reestructuración de deuda con los fondos internacionales? La cuestión de YPF, y de su nacionalización integral, es inseparable del desconocimiento de la deuda pública usuraria, que ahora busca ser respaldada con los activos petroleros cuya privatización iniciaron Kicillof-Cristina a manos de Chevron, y que Milei-Caputo quieren continuar ahora a cuenta de los fondos internacionales acreedores de Argentina. LEER MÁS: El juicio a YPF y un fallo que desenmascara a los candidatos del FMI Por Marcelo Ramal, 10/09/2023. Juicios contra YPF: qué celebran Por Jacyn, 14/04/2023. YPF: los Fernández le encienden cien velas a un fracaso “nacional” Por Marcelo Ramal, 03/06/2022. VER EN YOUTUBE: Socialismo o Barbarie Episodio 23 Programa de Streaming de Política Obrera, con Jorge Altamira y Marcelo Ramal, emitido el 01/07/2025.

El impasse económico que arrastra el plan Milei-Caputo está sacudiendo las placas tectónicas del régimen político, entre los bloques de la burguesía y sus camarillas, los gobernadores provinciales. Milei y los caudillos provinciales se preparan para desenvolver un nuevo y más violento golpe de Estado económico contra las masas, en vísperas de las elecciones de octubre. La monumental colaboración prestada por los gobernadores, entre los que se encuentra el salteño , dio vía libre a la reforma laboral, la pulverización de salarios, jubilaciones, derechos laborales y democráticos. El agravamiento de las contradicciones económicas pone ahora a los mandatarios provinciales en una confrontación más directa contra la gestión de Milei, bajo el reclamo de los grupos capitalistas locales. En Salta -un polo exportador de materias primas- los sectores capitalistas reclaman una nueva devaluación para maximizar ganancias y abaratar costos de producción. Los grupos mineros y los agroexportadores, reclaman la reactivación de la obra pública en rutas e infraestructura, además, la eliminación de retenciones y cargas tributarias provinciales. Aquí se anota la UIS. Lo mismo ocurre con los sectores vinculados a la especulación inmobiliaria y al negocio del turismo que, en 2024 se derrumbó. Los empresarios denuncian un atraso cambiario que favorece la salida del turismo hacia el extranjero. La “patria” capitalista exportadora en Salta celebra la licuación de salarios y derechos laborales. Acaba de ser beneficiada con la reducción del 1,5% del pago de ingresos brutos, y la eliminación de tasas de exploración para proyectos mineros. No les alcanza. Sáenz se suma al coro de reclamos provinciales contra el gobierno nacional con esta agenda, pero fundamentalmente, por la caída de los fondos de coparticipación. Ésta no es una consecuencia desconocida para los gobernadores. Es parte de la política que avalan, pero las consecuencias son explosivas. En Salta sólo en marzo se perdieron 1.810 puestos de trabajo registrado, vinculados a la construcción. En el último año, la provincia perdió más de 10 mil puestos de trabajo de los cuales el 50% eran registrados. Los índices de desocupación superan a la mitad de la población activa. Pero no es la agenda obrera lo que desvela a Sáenz, sino el requerimiento del gran capital que lo sostiene, como intermediario entre el gobierno nacional y la provincia. Esto es lo que se juegan los bloques capitalistas en las elecciones de octubre -quién será el nexo entre nación y los negocios en la provincia- con diputados y senadores como moneda de cambio en el Congreso. Milei por su parte, parece jugarse a barrer definitivamente con Sáenz y las representaciones locales, con listas “puras” de La Libertad Avanza . En medio de esta confrontación con los gobernadores, los acusó de ser "la última trinchera de la casta", durante un discurso ante empresarios en Puerto Madero. En este escenario, Sáenz opera para consolidar un frente común con gobernadores, no solo detrás de la presentación de una ley de coparticipación, que propone redefinir la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles, o en su defecto, habilitar a las provincias que retengan los tributos que se transfieren a Nación. Está dispuesto a negociar los términos necesarios para “no afectar el déficit fiscal de la Nación”. Es decir, no alterar la agenda de Milei para el pago de la deuda, pero, en tal caso, habilitar la potestad a las provincias para imponer impuestazos permanentes contra la población. La agenda de los gobernadores incluye una reforma tributaria que podría ser negociada con Milei y Sturzenegger para aprobar la reforma laboral y previsional, es decir, un nuevo y más brutal golpe de Estado económico contra las masas. Pero el bloque de gobernadores tiene pretensiones que van más allá de una agenda legislativa. El salteño mantuvo reuniones con el cordobés Llaryora con quien no descarta conformar un frente federal que dispute en las elecciones de medio término. Un bloque opositor a Milei que no confronta en términos estratégicos con su agenda liberticida, sino que representa una adaptación y continuismo. Sáenz como Llaryora, se postulan ante la burguesía y el gran capital como una variante conservadora y derechista ante el posible derrumbe económico. La disputa electoral entre los bloques de la burguesía y los partidos patronales tiene como propósito legitimar, esa agenda reaccionaria en nombre del “voto popular”. En la provincia Sáenz derechizó su agenda liquidando el salario de los estatales con cesantías a más de 120 docentes, habilitó la militarización de la frontera norte bajo la órbita de Patricia Bullrich con el plan Güemes y el Plan Roca , de reforzar una persecución y regimentación mayor contra los trabajadores en la frontera con Bolivia. Sáenz celebra su política de privatización de la salud pública mediante cobro a los extranjeros y avanza con el ataque y vaciamiento a la obra social de la provincia (IPS). Frente a semejante operativo contra la clase obrera, la agenda de los trabajadores solo puede ser impulsada por una intervención política propia de la clase obrera. Con esta perspectiva Política Obrera intervendrá en las próximas elecciones, convocando a los trabajadores a impulsar en común un programa de salida bajo la premisa de la defensa del derecho al trabajo y al salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, sobre la base del cobro de impuestos extraordinarios a los especuladores; el reparto de las horas de trabajo para terminar con la subexplotación laboral y la jornada de ocho horas. La nacionalización de la explotación minera y en particular el litio, bajo control de sus trabajadores. Poner fin al negocio especulativo atado al esquema de oferta y demanda que hoy tiró al suelo el valor del litio en el mercado mundial, el mismo debe estar orientado según un interés social. Abajo la confiscación vitalicia que representa la deuda externa contra trabajadores y jubilados que jamás representó una contrapartida para las masas. Es pura usura, rechazamos el pago de la deuda que hoy implica el 120% del PBI.

En los aprestos de la campaña electoral que el gobierno juzga “decisiva”, el capital financiero puso en capilla al dúo Milei y Caputo. Un informe del banco J.P.Morgan llama a los que invierten en Argentina a “tomarse un respiro” y salir de las operaciones especulativas que les permitieron ganar un 10% en dólares en solamente tres meses. Pero los dólares se están yendo por el pago de intereses de deuda pública y privada y el atesoramiento de dólares. La posibilidad de acceder al financiamiento internacional, que es la gran tarea que tiene asignada Milei, no aparece por ningún lado. “Vamos a volver”, dice el J,P.Morgan, sin advertir que lo hará después del estallido de una crisis. El golpe político-electoral para el gobierno no puede ser ignorado. El ‘regreso’ está condicionado a una devaluación. El consultor Catterberg le puso al gobierno libertario dos cuestiones cruciales para asegurar su supervivencia: avanzar hasta la línea superior de la flotación del dólar -1400 pesos; la otra, dejar de lado el gobierno unipersonal y avanzar a una coalición política. La devaluación desataría el cepo que contiene artificialmente a los precios y afectaría a las posibilidades electorales como las ve el gobierno. Hay cerca de tres mil millones de dólares invertidos en pesos, por inversores extranjeros, que sufrirían una desvalorización que no perdonarían. Ayer salieron de apuro 1500 millones de dólares. Los que entienden que estas contradicciones serían superadas por un resultado electoral favorable para el gobierno -como finge el propio J.P.Morgan- están poniendo demasiadas fichas en los comicios. Cristinismo Cristina Kirchner no quiso estar ausente de esta ola de estos malos augurios. En el centro de sus disputas con el gobierno advierte que el “modelo no se sostiene” (el de ella con Alberto tampoco) . Recoge las múltiples críticas “constructivas” de Cavallo a Redrado, y de casi todos los economistas del régimen. Ese desbarranque económico podrá tener lugar más temprano que tarde. Pero la capacidad del kirchnerismo para poder capitalizarlo está más en juicio que el estallido inminente. La pretensión de articular la campaña electoral del peronismo con la consigna “Cristina Libre” demuestra que no confía en sus propios pronósticos, pues debería decir Abajo Milei-Caputo. La consigna ha desatado una rebelión en una parte importante de los intendentes del conurbano, que no quieren recibir un certificado de defunción política dos años antes de renovar su mandato. La pretensión de las listas comunes en la provincia de Buenos Aires, con la presencia de Máximo Kirchner, podría desatar una deserción abierta o encubierta por parte de las listas municipales que responden a Kicillof -o presentando “lista corta” (solo para concejales), o boicoteando la campaña provincial. Las encuestas no le auguran al peronismo una buena elección, incluso en la estratégica tercera sección electoral. En sus municipios, de La Matanza al Sur, se palpita una crisis social extraordinaria, con una desocupación del 10%, barrios castigados por inundaciones, hacinamiento habitacional y desastres ambientales. El ausentismo electoral, un denominador común de todos los comicios hasta ahora , es la manifestación concluyente del fracaso de los que gobiernan y han gobernado contra los intereses de la mayoría trabajadora. Esta es la razón de fondo del derrumbe del peronismo. Formemos listas de trabajadores Este escenario político plantea el gran desafío de llevar adelante una campaña electoral obrera y socialista. Para después de las elecciones, el gobierno liberticida le promete a los capitalistas una contrarrevolución laboral y previsional. El peronismo no obstaculizará la realización de este “trabajo sucio”, como viene ocurriendo en el Congreso. Convocamos a una movilización política de los trabajadores y luchadores, para poner en pie listas y una campaña. A los partidos y gobiernos fracasados, personeros del capital, opongámosle un programa de reivindicaciones obreras y la lucha por una fuerza política de los trabajadores. En función de esta perspectiva, los convocamos a sumarse a la puesta en pie de listas de trabajadores en todos los distritos. VER EN YOUTUBE: Socialismo o Barbarie Episodio 23 "La fragilidad del armado económico del gobierno". Programa de Streaming de Política Obrera con Jorge Altamira y Marcelo Ramal, emitido el martes 01/07/2025.

Las protestas iniciadas en marzo de este año contra el paquete de reformas a las pensiones impulsado por el gobierno de José Raúl Mulino, que fueron extendiéndose en su intensidad -principalmente en la turística provincia de Bocas de Toro - fueron ferozmente reprimidas tras 10 días de operativos militares-policiales. El gobierno habilitó mediante un decreto la “Operación Omega” que suspendía garantías constitucionales mínimas como el derecho a reunión, manifestación y retiraba la obligación de contar con una orden judicial para proceder a realizar allanamientos y detenciones. Solo bastaba con ser considerado sospechoso de estar en los piquetes. El gobierno había decidido apuntalar la represión con diversas convocatorias al diálogo con el fin de dividir y romper el gran movimiento de lucha que había acabado por involucrar a docentes, trabajadores de la empresa bananera Chiquita -el nombre actual de la United Fruit Company, que en el pasado organizó golpes de Estado y asesinó a un millar de trabajadores en huelga- así como organizaciones ambientalistas y pueblos originarios. Esta maniobra había sido utilizada por Mulino en el pasado, en las masivas movilizaciones de 2022, para luego desconocer los acuerdos una vez desarmadas las protestas. En esta ocasión, los trabajadores rechazaron todo diálogo, principalmente los docentes y pobladores de Bocas de Toro, puesto que no estaba en las consideraciones del gobierno retroceder con la reforma de pensiones ni un aumento salarial; ni hablar de detener la voracidad capitalista sobre el ambiente de la provincia número uno de turismo. El único quiebre que ha logrado el gobierno es el de los trabajadores de las empresas bananeras, puesto que se aprobó en el Congreso una ley de régimen laboral especial, reclamada hace tiempo por los sindicatos del sector. Sin embargo, las protestas iniciaron en contra de la reforma de pensiones, que sigue vigente. Esta reforma modifica los años de aportes y la manera en que se financia el sistema de pensiones, que pone los aportes de los trabajadores a trabajar en la bolsa tomando como base bonos del tesoro panameño y estadounidense. De esta manera, los trabajadores sostienen la línea de flotación de la deuda pública en beneficio del capital financiero y desconocen cuál será el monto de sus jubilaciones. No debe sorprender el apoyo cerrado que Trump y el capital financiero depositan en Mulino. Actualmente, Panamá cuenta con una de las edades más baja para el retiro laboral: 62 para hombres y 57 para mujeres. Ese llamado al diálogo fue abandonado por el gobierno y dio paso a la “Operación Omega”, el resultado ha sido la detención de más de 400 manifestantes, la muerte en circunstancias desconocidas de un civil y 14 policías heridos. La población ha llegado a atacar a policías fuera de servicio. El odio contra la represión y el gobierno se ha expandido en una solidaridad a los manifestantes. El gobierno buscó que la población que no participaba de los piquetes denuncie a sus vecinos, lo que nunca sucedió. Los cortes de ruta habían obligado a ingresar alimentos y otras necesidades básicas por vía aérea. El gobierno se ha visto golpeado por su política represiva. Las movilizaciones en la capital han tenido lugar en las primeras semanas en rechazo a los dispositivos represivos. Esta nueva ola se ha concentrado en Bocas de Toro y se esperan juicios y sentencias ejemplificadoras contra los manifestantes. El gobierno ha llegado a inventar delitos ecológicos, encubriendo el desmonte que su gobierno avala de especies en peligro de extinción. Mulino está obligado a garantizar cierta estabilidad si pretende posicionarse con algún interés propio en la disputa internacional entre Estados Unidos y China, que se debaten sobre los derechos de puerto, circulación y retribución del Canal de Panamá . Su nulo apoyo popular lo expone a un recambio político. La guerra imperialista ocupa un lugar central en el desarrollo de la política panameña con una mayor dureza a medida que crecen los choques y tensiones en el nuevo diseño internacional que propone Trump para América Latina y el Caribe.

Las elecciones del 18 de junio de AMSAFE Rosario fueron caracterizadas por la dirección de la delegación como irregulares, con padrones que fueron entregados muy tardíamente; que los delegados de escuelas informaron que había nombres que nadie conocía (después se denunció con nombre y apellido que se trataba de punteros, sin actuación en educación); que había 50 escuelas menos de votación que hace tres años, que justamente eran las que habían tenido votación más alta para el “Frente Gremial 4 de Abril” (la lista de la Comisión Directiva de AMSAFE Rosario), ahora eran concentradas para votar en otros lugares distantes varias cuadras. Toda esta ingeniería electoral fue pergeñada por la conducción provincial, la Lista “Trabajadores de la Educación” (la lista Celeste de AMSAFE de Rodrigo Alonso, que responde a Sonia Alesso/Baradel de la CTERA). Tuvo el control absoluto del proceso electoral, ya que todos sus miembros fueron nombrados por ellos y que también nombraron, casi exclusivamente, a presidentes de mesa afines, así como la sede paralela en Rosario, que funciona, desde hace varios años -financiado con fondos gremiales- que ha sido sistemáticamente denunciado. El día de la votación, los fiscales de la lista “Frente 4 de Abril” impugnaron el voto de personas desconocidas (en algunos casos con constatación notarial), pese a lo cual las autoridades de mesa lo autorizaban igual, desestimando lo que fija el estatuto, que se vota con DNI y recibo de sueldo donde consta el descuento gremial. Hubo también desaparición de una urna, que nunca llegó a la delegación. En este contexto viciado, el escrutinio provisorio en la delegación arrojó un resultado favorable a la lista “Trabajadores de la Educación”, por 38 votos, con cuatro mesas impugnadas, donde la delegación reclama que se vuelva a votar, como han ocurrido en otras ocasiones. El día 19, en el escrutinio definitivo, la Junta Electoral desestimó todas estas graves anomalías y proclamó directamente a la lista “Trabajadores de la Educación”. La conducción de la delegación denunció el fraude e inició todas las instancias administrativas y legales para reclamar una nueva votación en las mesas impugnadas, pero no se avanzó en una acción de lucha concreta contra el fraude, hasta el día miércoles 25, que la CD convocó a una asamblea en ‘defensa de la democracia en AMSAFE Rosario’. Desde Tendencia Docente Clasista nos sumamos convocando a la docencia de Rosario, con el planteo por: Abajo el FRAUDE de la conducción provincial “Celeste” en AMSAFE Rosario, que se vote nuevamente en las cuatro mesas impugnadas, continuidad de la actual dirección hasta la realización de la votación complementaria. La asamblea se realizó en la sede gremial con la presencia de 150/200 activistas y delegados, la mayoría vinculados a las agrupaciones de la dirección del departamento. La mayoría de ellas se expresó contra la posibilidad de la permanencia de la actual y genuina conducción en resguardo de la sede gremial. Por su parte, Tribuna Docente planteó hacer una acción efectiva y la agrupación marrón del PTS también se expresó a favor de que se votara esa propuesta, pero el sector mayoritario de la CD respondió que no correspondía. Finalmente, ese reclamo fue ignorado hasta diluirse a medida que se sucedían las intervenciones y se dilataba la resolución. La asamblea no fue dirigida hacia una acción decidida contra el fraude, sino que ha tenido el fin de coesionar a la base militante, reiterando el camino de “ir a discutir en cada escuela la nueva situación”. Y la realización de una concentración para el viernes 27 (un día antes del acto de proclamación de las autoridades en Santa Fe) para la presentación ante la sede del Ministerio de Trabajo en Rosario de la denuncia del fraude y el pedido de votación de las cuatro urnas impugnadas. Rozando lo insólito, pero en sintonía con una política que se ha venido acentuando desde AR, se ha publicado una “Carta Abierta a la Junta Ejecutiva de CTERA” a quienes se les solicita garanticen la transparencia y la democracia sindical, tan luego y en un total sinsentido cuando Baradel y Alesso han tomado parte activa respaldando directamente con su presencia el operativo de fraude, incluso el día de la votación dentro de la sede gremial en Rosario. Por parte del resto de las direcciones de oposición (Caseros y Gral. López) no emitieron ningún comunicado de apoyo a la denuncia de la conducción de AR. De la misma manera procedieron los gremios que hasta hace un tiempo sostenían acciones con la CD de AMSAFE Rosario, como ATE Rosario, COAD, SiPRUS, SADoP Rosario, ahora llamadas a silencio. La CTA A, también parece haber priorizado su política de ‘unidad’ con la CTA T. La campaña para derribar el fraude en AMSAFE Rosario, y la restitución de la seccional usurpada por la Celeste provincial y la CTERA, con la consumación de una nueva votación en las mesas impugnadas, no debe descansar exclusivamente en el reclamo administrativo y puramente formal, sino que es necesario ligarla a una campaña que vaya de la mano del desarrollo de autoconvicatorias que den impulso a un movimiento de lucha por los reclamos urgentes de la docencia santafesina. LEER MÁS: Después de las elecciones de la AMSAFE Un balance y la necesidad de abrir un camino de lucha por los reclamos urgentes. Por Germán Lavini, 21/06/2025.

La semana pasada se publicaron los números de desempleo del primer trimestre del 2025 que fueron del 7,9% en el país y del 9,7% en el Conurbano. Un aumento de 1,5% respecto al 2024 que suma a nivel país un total de 1.800.000 desocupados. Como se vienen señalando en otros informes, desde el comienzo del gobierno liberticida hay un aumento del desempleo y de la precarización laboral registrada por el propio INDEC. Hay que notar que estos índices junto con el índice de pobreza son criticados por no reflejar fielmente la situación socioeconómica de Argentina. En los 31 conglomerados urbanos donde el INDEC hace un relevamiento especifico los desocupados pasaron de 822.000 en el cuarto trimestre de 2023 a 1.136.000 para final del 2024. La informalidad laboral total es del 42% y dentro de los ocupados asalariados el 36% están en negro, sin aporte jubilatorio, sin convenio, obra social u otros derechos. El cuadro es de un aumento de todos los índices negativos: desempleo, informalidad, cuentapropismo forzoso, precariedad y empobrecimiento laboral. Cuando se mira el desempleo por edad en los menores de 29 años se dispara al 17% y en las mujeres al 20%. En este segmento aparece fuerte la cuestión de la vivienda, donde cuatro de cada a 10 jóvenes vive con sus padres o abuelos y donde el 50% de estas familias son inquilinas. Capital y Gran Buenos Aires tiene el récord nacional. Le siguen el Gran Córdoba y la región noreste del país. En Ciudad de Buenos Aires el reporte de su Instituto de Estadística y Censos local indica un aumento también, colocando la desocupación en el 7,8% para los tres primeros meses del 2025. La Consultora LCG realizo un desgrane que muestra que el 16% de los desocupados son nuevos y el 27% hace tres meses que busca trabajo, evidenciando un “creciente deterioro del mercado de trabajo". El 32% de los desocupados actuales hace un año que busca empleo sin conseguirlo. Al respecto el titular de la Consultora C-P expresó “los datos no son alentadores ya que la creación de empleo registrado está en niveles muy bajos y viene cayendo los últimos meses”. Todos apuntan a la recesión económica como la principal responsable. De noviembre del 2023 a marzo del 2025 son 200.000 trabajadores registrados menos, en el mismo periodo los monotributistas sumaron 75.000 nuevos inscriptos, en condiciones que los especialistas llaman de fraude laboral. Los sectores que lideran la tabla en el cierre de cuentas sueldo son el Estado y la Construcción. Los desocupados que tengan la suerte de ser llamados a trabajar, se sumarán a una tropa de 5 millones de empleados en relación de dependencia informales, solo contando en los conglomerados. Se suma a esto el aumento de los monotributistas y factureros en casi dos puntos porcentuales. Estos esquemas de precariedad tienen otro síntoma: el crecimiento de búsquedas laborales dentro de trabajadores ocupados por insatisfacción con su actual empleo (16%). En encuestas recientes aparecen encabezando las preocupaciones de la población dos cuestiones: el desempleo y el costo de vida. Ambas se triplicaron en su impacto dentro de las listas de mayores preocupaciones de las familias, una influencia vinculada con el aumento de las tarifas de los servicios, el costo de los alquileres y los cierres salariales a la baja. Liberticidio laboral La respuesta del gobierno, al ser consultado, fue acelerar la agenda del ‘Consejo de Mayo’ . Su mesa junto a gobernadores, empresarios y la CGT que prepara un liberticidio laboral completo , va por la eliminación de los aportes patronales, una nueva reforma laboral y la formación de un negocio a cargo de la burocracia con los fondos de desempleo. En este sentido, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dictó el reglamento para reemplazar las indemnizaciones por despidos, por fondos comunes y fideicomisos financieros. Eso normará que el monto que cobrará el trabajador despedido fluctuará como resultado de inversiones financieras, totalmente por fuera de la responsabilidad del empleador. También hubo entusiasmo por la ola de nuevos monotributistas y se volvió a hablar de la figura del “trabajador con colaboradores” como manera ‘legal’ de evadir las relaciones de dependencia creadas por la masividad de esta figura de contratación. No desentonaría para nada dentro de estos planteos el lapsus que sufrió el jefe de gabinete Guillermo Francos en su informe en la Cámara de Senadores. Al describir que las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei nos guían hacia "un futuro de confianza y pobreza". Justamente sobre la cuestión de la pobreza, la UCA volvió a poner en discusión los índices publicados por el gobierno, que estarían sobreestimados en un 5%. El Observatorio de la Deuda Social explicó que en el tercer trimestre del 2024 el INDEC modificó su forma de medir ingresos y el IPC dejo de registrar hábitos de consumo. Con lo que la baja de la pobreza al 31,7% anunciada por Capital Humano no sería tal . En lugar de lo dicho por el INDEC y Capital Humano, la UCA ubica que el 47% de la población no llega a fin de mes, ponderando el pago de los servicios respecto al salario como de mayor incidencia que el gasto en bienes y alimentos. “Las cifras oficiales informadas en materia de ingresos y de pobreza con base en la EPH están siendo raras. Esto ocurre desde el tercer trimestre de 2024” dijo Agustín Salvia director del Observatorio. Seguido agregó “no se está tomando en cuenta el cambio en el sistema de precios". Si se cambiara la manera de medir la inflación “agregaría unos dos puntos”. "Uno no puede estar en contra de que mejoren los índices, pero el INDEC tiene que informar si hubo un cambio metodológico”, cerró.

En el día de ayer, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, brindaron una entrevista en un programa del Streaming Neura, “El troncal de las mascotas”. Llevaron al programa a sus respectivos perros e hicieron un “aporte” a la colecta que se estaba llevando a adelante para ayudar a dos refugios de perros que, juntos, sumaban el hospedaje de 800 animales. Ninguno de los medios que abordó el tema destacó un aspecto central de la entrevista, que tuvo como objetivo presentar al presidente y su hermana como dos “amantes de los animales”, a saber, que esta imagen operaba como taparrabos de un fascismo visceral. Visiblemente disgustados con el periodista entrevistador, que trató, cariñosamente, al perro de “cosa”, la hermana del presidente relató que, en una reunión que organizaba la asunción del presidente, echó a un asesor por tratar al perro de “cosa”. “Lo echamos, nunca más volvió”, reafirmaba regocijándose. El tropezón del entrevistador puso de manifiesto una característica muy común de los fascistas: justificar su odio a las masas enalteciendo rasgos de amor por los “animales”. Pero no por los animales en general. Milei donó un millón de pesos en una colecta que pretendía colaborar con 800 perros. Es sabido los altos costos que enfrentan los refugios de animales, que deben cubrir atención veterinaria (vacunas y atención regular) mantenimiento de infraestructura y logística, y alimentos. El “millón” suena más a una chirola que a una colaboración, por parte de alguien que se hace llamar “amante de los animales”, y de la condición social de ambos. De todos modos, la cuestión de la población animal y su salud no debe ser una cuestión de caridad. Son problemas políticos que deben ser abordados desde la “cosa pública”. Argentina es uno de los países con las tasas más altas de población de mascotas (perros y gatos). Esta “novedad” ya comienza a ser abordada por los censos de población y merece una seria discusión en torno de las temáticas sanitaria, ambiental y ética. Sin embargo, nada fue planteado acerca de la responsabilidad pública en la instalación de Hospitales Veterinarios, vacunación gratuita y campañas de castración. Todo esto fue absolutamente dejado de lado. La afirmación de que “los Milei” son amantes de los animales, no resiste el menor análisis: el gobierno ha desmantelado o está en camino de hacerlo, toda la legislación existente sobre conservación de ecosistemas, que son el hábitat natural de todas las especies animales. La ampliación de Vaca Muerta en el sur, o la producción de la megaminería y de la extracción de Litio, han sido ampliamente beneficiadas con un RIGI que flexibiliza cualquier mínima regulación de los monopolios en el (mal) uso del agua, que alimenta humanos y animales. Esto dicho con total independencia de las limitaciones de la legislación de marras respecto de su efectividad en la regulación de la voracidad del capital. Los derrames petroleros han destruido miles de especies marinas y han inutilizado dichas aguas para su reproducción. No exageramos al decir que la política internacional de apoyo a la OTAN, remarcada por Milei en la entrevista, embarcada en una guerra en Europa y Oriente, tiene como una de las patas de su desastre al medio ambiente y los animales. Las organizaciones de defensa de los derechos animales ya denuncian los estragos hechos por los bombardeos y las prácticas de los ejércitos en la armonía de los ecosistemas de estas zonas geográficas. El “amor por los perros”, entiende el periodista, indica que los hermanos son “buenas personas” … Hitler, amaba a los perros, SUS perros, lo que no le impidió llevar a adelante la política de exterminio de judíos. Mientras tiraba palos a sus ovejeros, el nazismo concretó la matanza de millones de judíos en las cámaras de gas. El nazismo promovió en la especie canina la misma política que con los seres humanos: la búsqueda de la pureza de la raza. Hitler es conocido por su amor por el Ovejero Alemán, una raza creada y utilizada fundamentalmente por el aparato represivo del Estado por su instinto territorial, lo que lo hace profundamente desconfiado de cualquier elemento ajeno a su “amo”, el personal de infantería que lo porta. Para probar que su devoción mascotera no tiene nada que ver con su condición de “buena persona”, Karina Milei aclaró que este amor por el perro no le impidió “echar a la calle” a una persona. No se trata aquí de una medida (la de la secretaria) “desproporcionada”, en todo caso bastaba con llamar la atención sobre las formas despectivas. Éstas son las proporciones de un gobierno que desprecia al mundo del trabajo y que propagandiza la cosificación del mismo, o su deshumanización. Da lo mismo que tengan trabajo o no. El trabajo, la fuente del sustento y de la vida y la reproducción del trabajador y su familia, son algo que el patrón puede dar o quitar a gusto y piacere, y no un derecho, el único derecho que los explotados tienen en el régimen capitalista. La cosificación de los explotados fue la característica fundamental de la ideología de las sociedades esclavistas, en donde el esclavo era una herramienta más. Pero mientras aquellos amos tenían la responsabilidad de mantener alimentadas a sus posesiones, en la actualidad, el capital propone el exterminio de culturas enteras para sobrevivir él mismo. En Argentina, esta barbarie adquiere la forma de la motosierra contra lo más simbólico de la vida de los trabajadores, el ataque a la salud pública, en favor de un reducido grupo de la gran burguesía, que fuga sus capitales a paraísos fiscales y los quema en la timba financiera. El ataque de los hermanos Milei no es un dislate. El mismo Presidente afirmó en la entrevista que para aplicar el ajuste debía tener controladas las calles. El crecimiento abismal de la pobreza y la miseria de los trabajadores debe sostenerse a fuerza de represión, cárcel y bala. El relato de marras fue un paréntesis de un minuto en el medio de un diálogo en donde el liberticida degradó a la condición de “mierda” a los periodistas. Es que la censura es otra pata fundamental junto a la represión a la clase obrera, a la que se pretende degradar a la condición de “cosa”. La condición de “mierda” no fue solo para el periodismo: el liberticida se refirió a los zurdos, es decir, a la vanguardia política de la clase. Es el método de la propaganda fascista, el enaltecimiento de la figura personal, de sus supuestas virtudes y la degradación de la clase obrera y de su vanguardia política. El espectáculo “mascotero” pudo haber engañado a algún “amante de las mascotas” distraído. Pero la defensa de la salud y el bienestar animal nunca puede venir de una corriente que promueve el exterminio, la miseria y la pobreza de la clase obrera, lo que significa, por ser esta clase, la clase mayoritaria, la degradación de la dignidad de la especie humana.

El aparato del Partido Obrero ha participado recientemente de una “Conferencia de Nápoles”. Se trata de un rejunte sin principios de organizaciones que ya hemos criticado acá y acá . El alcance político de la conferencia lo resumió razonablemente bien un delegado del aparato del PO, Pablo Heller, al señalar, en lo que habría sido su discurso en el foro, que las organizaciones presentes lo único que llegaron a consensuar frente al ataque a Irán fue [“(no) hacer causa común con Israel y con el imperialismo”] https://prensaobrera.com/internacionales/esta-conferencia-internacional-es-una-necesidad-y-al-mismo-tiempo-un-desafio . La declaración de la conferencia frente al ataque sionista a Irán se limita a un llamamiento a “detener la guerra criminal contra Irán”. De los tres párrafos de la resolución, uno está enteramente dedicado al problema de [“la liberación del pueblo iraní”] https://prensaobrera.com/internacionales/alto-a-la-guerra-criminal-contra-iran-2 , o sea al derrocamiento del gobierno iraní. Es muy probable que ese derrocamiento habría “detenido la guerra criminal”, al precio de una derrota histórica gigantesca de las masas oprimidas del Medio Oriente. Los delegados del aparato olvidaron todo lo que creían haber aprendido de la guerra de Malvinas, en el Partido Obrero, que llamó al armamento del pueblo contra la flota británica. Esto hubiera servido para separar a las masas de la dictadura y para darle a la guerra un carácter verdaderamente nacional, bajo la dirección de la clase obrera. La mendacidad de la “liberación del pueblo iraní” por los bagayeros del aparato es lo mismo que impulsaron Trump y Netanyahu, para acelerar la victoria del imperialismo. La conferencia en cuestión ha logrado arribar a una posición contrarrevolucionaria, en un asunto que dejaba poco espacio para eso. La resolución “condena al régimen político de Israel y a la administración estadounidense representada por Trump”, en estos términos y con ese lenguaje, como si el régimen político de Israel y la administración Trump fueran accidentes históricos, no fueran los representantes del sionismo y del imperialismo en Medio Oriente, al igual que todos los gobiernos que los precedieron. La resolución agrega luego, con la misma terminología, que “las consecuencias de esta guerra no se limitarán a Irán; podrían muy bien ser un paso hacia un conflicto internacional de mayor envergadura”. Así denomina la conferencia a la guerra imperialista mundial, que englobaría, en calidad de “conflicto”, al genocidio contra el pueblo palestino, las ocupaciones y desplazamientos en Cisjordania, la toma por asalto de Siria y el protectorado sobre Líbano, el bombardeo de Yemen y el asesinato de los líderes políticos y militares más importantes de toda la región. Con esa misma concepción, los conferencistas deberían actualizar su resolución para advertir que la guerra con Irán, por suerte, finalmente no pasó a mayores. Por último, pero no menos importante, aclaran que los ataques de Israel “no está meramente dirigida a dañar al régimen iraní” sino que “se opone directamente y socava los intereses y medios de vida de las masas en Irán”. Estas líneas ponen blanco sobre negro los principios políticos de la resolución. La resolución no distingue entre países imperialistas y opresores y países oprimidos. Para poder emitir una condena al ataque de Israel, la conferencia tuvo que valerse de un subterfugio; esto es, que la guerra afecta a las masas iraníes y no sólo al régimen (una formulación por demás extraña: ¿cómo podría llevarse adelante una guerra contra un régimen en abstracto, sin que un solo proyectil afecte a la población?). Las posteriores declaraciones de Trump y Netanyahu acerca de su intención de un cambio de régimen en Irán deben haber sido música para los oídos de los conferencistas que no condenarían una avanzada imperialista contra el régimen iraní. Es, en toda la línea, una posición reaccionaria. El delegado Guillermo Kane, recurre en su [“balance”] de la conferencia https://prensaobrera.com/internacionales/la-conferencia-de-napoles-sienta-bases-para-una-accion-internacionalista-ante-el-avance-hacia-la-guerra-mundial a un método inhabitual para el común de los mortales, pero rasgo indeleble de este sujeto: adjudicarle a la Conferencia posiciones que nunca asumió. El autor intercala posiciones de la conferencia con afirmaciones propias, diluyendo deliberadamente los límites entre lo uno y lo otro, intentando traficar así posiciones que nunca fueron votadas en ningún lado. A este esquema Ponzi de posiciones políticas sin respaldo se le suma el encubrimiento de las divergencias y debates que afirman que existieron en la conferencia. Kane explica que “los debates entre nuestras organizaciones, que no escondemos en nuestras publicaciones, incluso tendrán ahora un espacio propio en internet”. Kane afirma con descaro que no esconden debates que hasta ahora no han publicado en ningún lado. En su balance se ha limitado a afirmar que el MLPD de Alemania se negó a firmar las resoluciones “sobre Palestina, sobre América Latina, y (sobre) la campaña contra el rearme europeo”, debido a “diferencias políticas y programáticas significativas”. El carácter y la naturaleza de esas divergencias permanecerán por ahora en las sombras. ¿Acaso esta organización maoísta-stalinista apoya la política de rearme de Alemania? Para no bajarle el precio a la conferencia, que “ha demostrado ser un acierto” según el autor del balance, Kane prefiere ocultar la mugre bajo la alfombra. Con todo este bagayo, el balance de Kane define a la conferencia como un “reagrupamiento internacionalista firmemente implantado en la lucha de clases”. Enseguida le baja el precio al presentar “la posibilidad de avanzar en las condiciones (sic) para la puesta en pie de un reagrupamiento”. Mientras que en otro momento sostiene que “la Conferencia de Nápoles sienta bases (sic) para una acción internacionalista”. Finalmente, asegura que “la conferencia ha definido la tarea de luchar por una nueva internacional obrera”. Dicha resolución “internacionalista”, sin embargo, no figura en ninguno de los textos emitidos por la conferencia, ni, por lo tanto, en las intenciones de los pseudointernacionalistas. Probablemente se trate de otro embuste del aparato del PO. Heller, incluso, emite una plegaria: rogó por “prolongar este reagrupamiento en el tiempo. No tiene que ser un agrupamiento episódico”. Al final, Kane sostiene que “no hay condiciones inmediatas para el lanzamiento de una corriente política internacional en común” debido a “la heterogeneidad”, que nunca clarifica, y “lo incipiente del trabajo” que no se sabe a dónde va. Lo que queda claro es que no ha cancelado la cuenta en la agencia de viajes. Pero, nuevamente para subirle el precio a la conferencia, Kane pasa a derramar elogios para las organizaciones que la integran, sin plantear una sola divergencia política, destacando en cada una de ellas “su rol decisivo” en la lucha de clases, su “peso significativo en la clase obrera industrial”, su rol de “vanguardia” en la lucha por Palestina, su “trabajo real en las masas obreras y sus luchas” y un largo etcétera. El aparato del PO ha sustituido la clarificación política por la obsecuencia. Aunque aclara que “para el Partido Obrero, esa Internacional [a construir] se corresponde en su programa y perspectiva a la Cuarta Internacional”, estos largos balances omiten al gran congreso realizado en Buenos Aires en 2004 y las conclusiones programáticas que alcanzaron. Como un navío que naufraga, el aparato del PO va tirando por la borda la historia del Partido que dice representar.

Las elecciones desdobladas en las provincias han dejado hasta ahora un repudio manifiesto a todos los gobiernos y partidos patronales, que han caído precipitadamente en votos respecto a octubre de 2023. En forma consistente, en todos los distritos, la mitad del electorado se ha decidido por el ausentismo, aunque una encuesta reciente entre los abstencionistas ha registrado un elevado nivel de politización. El gobierno antiobrero de criminalidad social ha recibido un rechazo para sus planes de liquidación de las jubilaciones y derogación del derecho laboral, luego de los comicios. El mismo repudio han recibido todos los partidos que han gobernado desde 1983, en especial el peronismo. Los trabajadores y la ciudadanía asisten al espectáculo vergonzoso de la disputa en cada uno de ellos y en todos los partidos, sin excepción, para ocupar una banca, sin precisar un programa que revierta la creciente miseria social y el consenso creciente de que Argentina marcha hacia un nuevo default: una nueva crisis sistémica que será pagada con creces por los trabajadores. ¿Hay acaso algún partido ‘opositor’ que se plante contra el aumento de la edad jubilatoria, la anulación de la pensión a la vejez, el desconocimiento de los años trabajados en el caso de los informales, o la compensación para quienes estuvieron desocupados por despidos, el freno en la Justicia y Anses de las sentencias a favor de los jubilados, o del ingreso de las aseguradoras para privatizar el régimen previsional? ¿Alguno de esos ‘opositores’ plantea enfrentar la disolución de los convenios por industria y la autorización a los convenios por empresa a merced de las patronales? ¿O la eliminación de la indemnización por despido, para establecer en su lugar un Fondo que invierta los aportes en la Bolsa y el mercado de deuda pública? El peronismo, que pretende ser el menos oficialista entre los opositores, ¿acaso no ha colaborado, por medio de la CGT y la burocracia de los sindicatos, en el derrumbe del salario y la promoción de la precariedad laboral? ¿No ha desarrollado, durante décadas, la extraordinaria crisis social por la que atraviesa la provincia de Buenos Aires en cuanto a agua potable, cloacas, pavimentos, viviendas precarias en terrenos inundables, ausencia de transporte, privatización de la educación, subsidios a barrios privados, crisis de atención a la salud, falta de atención y perspectivas para la niñez y la juventud? La llamada “crisis del peronismo” hunde su raíz en su responsabilidad por la extrema miseria social. Las elecciones no van a resolver ni atenuar esta crisis social, ni tampoco a resolver la crisis política. El gobierno que quiere atraer a los capitales internacionales asiste a una persistente fuga de dólares y capitales. Para empezar a resolver la crisis social hay que parar la sangría capitalista, representada por una deuda pública usuraria y por subsidios de todo orden al gran capital. Sin el repudio de la deuda pública y una política de impuestos progresivos al capital, la explotación de la fuerza de trabajo crecerá en términos salariales y laborales y el pueblo, en su conjunto, seguirá careciendo de las condiciones mínimas de vida. Es necesario, en las legislaturas y el Congreso, una bancada obrera y socialista que promueva y agite a favor de una acción obrera independiente, capaz de arrancar a las patronales los derechos que le corresponden y abra una nueva perspectiva histórica a las masas populares. A dos semanas del cierre para presentar listas en la provincia de Buenos Aires, llamamos a integrar una lista de trabajadores bajo el registro de nuestro partido, Política Obrera. Esta lista servirá para luchar contra el intento de asociar a Argentina a la guerra imperialista y para desarrollar una unidad internacional de la clase obrera, que convierta a la guerra imperialista en la tumba del imperialismo.

En un artículo publicado el domingo 29, Infobae dio a conocer que el Gobierno está impulsando una reforma de la escuela secundaria a nivel nacional. Sus puntos básicos fueron tratados en la última asamblea del Consejo Federal de Educación (Argentina.gob.ar, 29/05). Si bien el documento que el Gobierno giró a las provincias no se dio a conocer masivamente entre los medios, Infobae afirma haber accedido al mismo. Según esta fuente, la reforma impulsada a nivel nacional sería una extensión de la que ya impulsa el gobierno porteño en su jurisdicción: “Si bien la escuela secundaria depende de cada jurisdicción -y varias ya están avanzando (PBA, CABA)-, la iniciativa nacional pretende consensuar un marco federal común y, a la vez, impulsar los cambios en las provincias más rezagadas” (Infobae, 29/06). En CABA, la reforma señalada ha dejado a un 40 % de docentes en disponibilidad en las escuelas “pioneras” que han ingresado al plan “BA Aprende” y, a la vez, ha generado sobrecarga laboral debido a la absorción de diversas tareas (tutorías, elaboración de trayectorias “personalizadas”) en un solo cargo y ha primarizarizado la enseñanza, al transformar las materias “no troncales” en talleres de “casos específicos” subsumidos en áreas (Sociales, Naturales). Infobae promueve activamente la reforma BA Aprende que impulsa el gobierno porteño. Está vinculado con Ticmas, empresa de tecnología educativa que provee de “servicios educativos” al gobierno de CABA. Por eso resultan relevantes los puntos de la reforma que deja trascender. Todos ellos son elementos ya presentes en el plan BA Aprende y, a la luz del mismo, nos permiten caracterizar a la reforma impulsada nacionalmente como un salto cualitativo en la degradación educativa y laboral. Veamos sus puntos. “Se alentará(n) (...) formas alternativas de agrupar a los alumnos y de organizar el tiempo y el espacio”. Esto, a la luz de lo que viene sucediendo en las escuelas de CABA que ingresaron como “pioneras” al Plan BA Aprende, se traduce en una sobrexigencia y deterioro de la labor docente al atender a grupos diversos de alumnos en un mismo espacio áulico. La nota de Infobae saluda el remplazo de cargos por curso por cargos con horas institucionales de turno completo, evitando “profesores taxi que vayan de escuela a escuela”. Sin embargo, a juzgar por el plan BA Aprende de CABA, el trastorno horario producido obliga a muchos docentes a quedar en disponibilidad y ser despedidos de no resolverse su situación laboral. Por otra parte, nadie vive con un solo turno, de modo que se termina aceptando jornadas extenuantes de doble turno (incompatible con la docencia) de 60 o más horas, o renunciando. En otro lugar, la nota dice: “El texto oficial propone pasar de la enseñanza centrada en el docente, a los aprendizajes en profundidad, atendiendo a las necesidades de la sociedad y del mundo del trabajo”. El reemplazo del término “enseñanza” por “aprendizajes” no es inocente. En los documentos sobre educación de los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, etc.), con el remplazo de “contenidos” por el de “habilidades” aptas para el “mundo del trabajo” (es decir, a los requerimientos del capital) se subraya la necesidad de una educación que priorice “habilidades” (aptitudes para el trabajo) sobre los contenidos. Naturalmente, la degradación educativa es inseparable de la descalificación del trabajo docente; lo recién señalado haría que la enseñanza ya no esté “centrada en el docente”, sino en la supervisión de las tareas que desarrollan “autónomamente” los alumnos al desplegar sus habilidades “aptas al mundo del trabajo”, esto es, en el uso de las aplicaciones digitales (donde están los “contenidos”). La descalificación del trabajo, inherente al desarrollo capitalista, se extiende al ámbito educativo. Afín a los lineamientos del Plan BA Aprende del gobierno porteño, la reforma impulsada por el gobierno nacional conlleva una primarización de la enseñanza secundaria, en la que se imparten contenidos básicos (Lengua y Matemática) y las disciplinas de la áreas de Sociales y Naturales son agrupadas en áreas y tratadas con proyectos en talleres de “casos”: “la propuesta apunta a estimular que haya momentos de trabajo autónomo de los estudiantes, con proyectos individuales y grupales, materias troncales (Lengua y Matemática) y otras organizadas por áreas (como Ciencias Sociales y Ciencias Naturales)”. En la práctica, esto se traduce en una pérdida de contenidos, al perderse la especificidad disciplinaria, y en despidos, al agruparse las horas de los cargos docentes. Toda esta fraseología de aprendizaje (en oposición a enseñanza) basado en proyectos (en oposición a contenidos) apunta al reemplazo de una educación que transmite contenidos culturales entre generaciones (lo que es tachado maliciosamente de “enciclopedismo”) por una educación que capacita a la nueva fuerza de trabajo (“flexible”) para los nuevos requerimientos del capital (principalmente el asociado a las empresas tecnológicas). De ahí que los documentos sobre educación de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, hablen de capacidades en lugar de referirse a contenidos. La nota de Infobae lo expresa del siguiente modo: “se priorizan (…) metodologías ‘activas’ (como el aprendizaje basado en proyectos), el enfoque en ‘capacidades’ (antes que contenidos), habilidades socioemocionales, educación financiera, emprendedurismo, nuevas tecnologías e inteligencia artificial.” Además, se prevén pasantías laborales, dice la nota en otro apartado. Por último, la nota de Infobae deja entrever que se proyecta un cambio radical en la carrera y evaluación docente: “sugiere que haya una carrera diferencial para los docentes ‘destacados’, que se promueva la investigación y otras vías de ascenso horizontal (por ejemplo, que un maestro pueda crecer profesionalmente acompañando a docentes noveles) y que se construyan redes de educadores”. ¿Habrá un sistema de puntaje y ascenso para aquellos docentes que “capaciten a otros” en los principios que enuncia la reforma? De lo expuesto en la nota de Infobae se desprende una “reforma” que degrada la educación y ataca nuestras condiciones de trabajo. A la extorsión del agrupamiento de horas en una misma escuela para evitar el “docente taxi”, debemos oponerle la reivindicación de un salario igual al costo de la canasta familiar ($1.800.000 para el cargo de un maestro de jornada simple sin antigüedad) y que no haya ningún despido (titularización de todos los interinos). Estos reclamos deben vincularse a la elaboración de una política educativa de desde el campo de los trabajadores de la educación . Con esas posiciones concurriremos al “Primer Encuentro Político Pedagógico sobre las Reformas”, convocado por Ademys, que se realizará en CABA el próximo sábado 17 de julio.

Ayer, mientras más de 13 000 médicos y profesionales participaban del examen para ingresar al sistema de residencias en Salud, una resolución del “Ministerio de Prepagas” del gobierno de Milei decidió dar por anulado dicho sistema. Hasta el momento, los residentes que ingresaban a trabajar a los hospitales públicos y centros de salud lo hacían como planta transitoria, durante el lapso que durara la formación en servicio (entre 3 y 4 años). A través de años de lucha y organización, se fueron logrando conquistas como el pago del aguinaldo, aportes previsionales, reconocimiento de la antigüedad y derecho a licencias, descanso posguardia, elección democrática de los jefes de residentes, entre otras. Con el cuento de valorizar la formación profesional, la pluma de Mario Lugones y Javier Milei pretenden desconocer la relación laboral de dependencia y dar por anulados todos estos derechos y conquistas. El nuevo sistema de “becas” ya regiría para los nuevos ingresantes a los hospitales que dependen del Estado Nacional, con la posibilidad de extenderlo a otras jurisdicciones como CABA o la provincia de Buenos Aires. Según la resolución 2109/2025, los ingresantes podrán optar entre dos alternativas: una llamada “beca Institución”, otorgada por cada hospital, en la que el residente percibirá el monto bruto del estipendio a costa de renunciar a los aportes previsionales o de cobertura de salud. El monto miserable de esta “beca Institución” sería de 990 000 pesos. La otra modalidad, “beca Ministerio”, conservaría los descuentos, por lo que el salario de bolsillo permanecería en los actuales 810 000 pesos. Lo más grave, como suele ocurrir, se encuentra en la letra chica de la resolución. La nueva normativa aumenta el límite de guardias a ocho mensuales de 24 horas, incluyendo los fines de semana, y reduce los tiempos de descanso posguardia. Además, desconoce derechos adquiridos como el cobro del aguinaldo, la licencia por estrés y el reconocimiento de la antigüedad en el sistema de salud. Un tema no menor es la elección de los jefes de residentes. Mientras que la resolución vigente del año 2015 consagraba que los jefes fueran elegidos por sus pares, la nueva normativa retrocede al siglo pasado y dispone que sean electos por “el cuerpo docente”, es decir, los jefes de los servicios. La resolución 2109/2025 también avala que los residentes reciban descuentos en el monto de la beca, si la institución considera que no se cumplió con un cronograma de horarios y tareas impuesto de manera arbitraria por cada servicio. Como el propio gobierno reconoció, la “nueva” normativa se inspira en la todavía vigente Ley de Residencias de 1980, redactada por la dictadura de Videla. La resolución de Lugones anula todas las modificatorias de dicha ley que traducían medio siglo de luchas y conquistas del movimiento de residentes. La nueva resolución amenaza con desquiciar aún más el ya golpeado sistema de residencias. Con centenares de cargos sin cubrir en especialidades clave, esta situación se agravará ante un retroceso manifiesto de las condiciones de contratación, empleo y formación. El objetivo es destruir el sistema público de capacitación profesional y desplazar al hospital público del rol fundamental que aún conserva como formador de los médicos, especialistas y profesionales de la salud en la Argentina. Este lugar codiciado sería ocupado por los institutos, universidades y hospitales privados, que aspiran a imponer un arancelamiento general de la formación de posgrado, lo que a término se traduciría en altos costos de acceso a la atención en salud para toda la población. Los residentes ya deliberan en todos los hospitales y centros de salud acerca de cómo enfrentar esta resolución reaccionaria. Nuevos hospitales se suman al paro organizado para mañana por la asamblea de residentes de CABA, que tenía pautada una movilización a las 10 hs. desde Callao y Corrientes al Ministerio de Salud porteño, en reclamo de una recomposición salarial. El Hospital Garrahan había votado un nuevo paro para el 10 de julio y un paro con movilización a Plaza de Mayo para el 17, a las 16 hs. Sin embargo, los residentes municipales del Garrahan, al enterarse de la resolución, definieron en asamblea plegarse al paro y la movilización de mañana. El Gobierno había logrado contener a los residentes de Nación del Garrahan a través de amenazas de despido y algunos bonos transitorios, de carácter no remunerativo. Ahora, la residencia de Pediatría más importante del país quedó reducida a una beca precarizada. La nueva resolución demuestra que no hay tregua posible y que es necesario desenvolver todas las energías del movimiento de lucha de la salud hasta acabar con los ataques del gobierno antiobrero. El golpe a las residencias es solo un anticipo de una avanzada precarizadora general. Organicemos asambleas autoconvocadas en todos los hospitales y centros de salud, sin distinción de gremio, especialidad o forma de contratación. El ataque a las residencias requiere de una respuesta a la altura de parte de todos los trabajadores de la salud. Defendamos un salario mínimo igual a la canasta familiar (2,5 millones de pesos), la estabilidad y todos los derechos laborales conquistados con una huelga general autoconvocada de toda la salud pública. LEER MÁS: Las perspectivas de una gran jornada de lucha de los residentes y el Garrahan contra un gobierno enredado en sus propias patrañas A seguirla hasta conquistar todos los reclamos en juego. Por Julián Asiner, 27/06/2025.

Un reciente fallo de la Cámara de Casación rechazó el pedido de Ángelo Calcaterra y un grupo de empresarios que esgrimieron, en el marco de la causa conocida como “los Cuadernos de Centeno”, que los pagos que habían realizado debían imputarse como “aportes electorales” a las campañas del peronismo y no como coimas para hacerse de licitaciones de obras públicas. Calcaterra -primo de Mauricio Macri y profuso contratista del Estado-, su colaborador Héctor Javier Sánchez Caballero -ex CEO de IECSA- y los empresarios Armando Loson, Jorge Balán y Hugo Dragonetti habían sido favorecidos por la Sala I de la Cámara de Casación, que falló favorablemente a sus argumentos y derivó el caso al juzgado de Servini de Cubría, de competencia electoral. Otros capitalistas “ensobradores”, como Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich, fueron desvinculados de la causa por estas mismas razones por el juez Julián Ercolini. De esta manera, evitaron ser parte de la megacausa y solamente fueron multados por la Justicia Electoral. Otros empresarios, como Paolo Rocca (Techint), fueron sobreseídos con el argumento de "estado de necesidad" (es decir, que pagaron “bajo coacción para evitar un mal mayor”, luego de la nacionalización de Sidor en Venezuela). Calcaterra recurrirá a la Corte Suprema. El juicio de los “Cuadernos de Centeno” está previsto para noviembre de este año. Los acusados, desde el año 2018, integran una lista con más de un centenar de capitalistas y exfuncionarios del gobierno de CFK, quien también se encuentra imputada y como jefa de lo que se ha denunciado como una “asociación ilícita”, basada en un sistema de sobornos para acceder a contratos de la obra pública. Con ello podría agravarse su condición luego de la condena de Vialidad ratificada por la Corte Suprema, la cual será considerada a su vez como un antecedente para este juicio. La particularidad de esta causa es que ha involucrado a prácticamente la totalidad de la gran burguesía de argentina: la “patria contratista”, demostrando sus vasos comunicantes con todos los partidos capitalistas. La justicia, sin embargo, los ha tratado de “victimas”, admitiendo que declaren en calidad de “arrepentidos” (imputados-colaboradores). Los “cuadernos” del chofer Oscar Centeno, donde figuran detalles de entregas de dinero que habrían ido para las coimas, “aparecieron” en manos de un periodista de La Nación por medio de un tercero que los fotocopió. Se han desarrollado diversos peritajes a dichos documentos, existiendo dudas sobre quien los escribió, de qué forma, etc. La defensa de CFK ha recurrido la causa alegando, como sucedió con la causa de Vialidad, irregularidades en el proceso. La situación de los empresarios acusados era, en principio, muy favorable. Ahora la propia Cámara vuelve sobre sus pasos, en un fallo que ratifica que se considerarán a los hechos como posibles delitos penales y no electorales. A Calcaterra y los empresarios todavía les queda la posibilidad de presentar un recurso directo, “en queja”, al máximo tribunal, aunque con menos chances de que prospere. En todo caso, les servirá para ganar tiempo. Para CFK, el hecho supone que esta causa puede avanzar para empeorar aún más su situación condenatoria y, por lo tanto, su proscripción política. Milei y su gabinete mantienen un fuerte silencio con respecto al desarrollo de este juicio, que involucra a la clase social que presentan como los “benefactores sociales” y está siendo fuertemente favorecida por el liberticida. En abril de este año, mediante un decreto Milei desvinculó de la querella a la Unidad de Información Financiera (UIF) en más de 200 causas, entre ellas la de los "Cuadernos", en el marco de las negociaciones entabladas con el kirchnerismo para la integración de nuevos miembros en la Corte Suprema. La UIF había apelado precisamente el primer fallo de Casación que favoreció a Calcaterra y compañía. El juicio tiene previsto convocar a más de 600 testigos y durar varios años. Será un juicio oral y público trasmitido por YouTube, con lo cual su impacto se podrá hacer sentir, aunque una vez concluidas las elecciones legislativas de este año. Esta “megacausa”, sin embargo, no se trata de una investigación seria e “independiente” sobre las corruptelas que involucran a la clase social que dirige este país, sino de otra carta inyectada en los tribunales para condicionar el proceso político y a los propios bloques políticos patronales. LEER MÁS: Cuadernos: siguen las maniobras judiciales para asegurar la impunidad a las patronales Milei les promete “llenarles los bolsillo”. Por Emiliano Fabris, 18/09/2024.

En el plenario de delegados de FOETRA del 25 de junio, el secretario general de FOETRA, Claudio Marín, anunció la firma de un compromiso con Telefónica para encuadrar a los tercerizados de plantel exterior. Siendo que Telefónica es, desde hace unos meses, propiedad de Telecom, este encuadramiento repetiría el ya firmado con esta empresa en abril de 2023, para este mismo sector de trabajadores. Este convenio reproduce condiciones laborales de estos trabajadores, hoy encuadrados en el convenio de la UOCRA, en un convenio especial y “no articulable”, dentro de FOETRA. Tiene una jornada de 8 horas en días hábiles y 4 horas los sábados; son excluidos de los beneficios del Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados y, si bien incluye el feriado del día del Telefónico, quedan excluidos del pago del bono especial; mejora el salario, contempla premios por presentismo, evaluaciones de desempeño, pero menor representación gremial, entre otros problemas. Posiblemente el cumplimiento de la entrega de ropa de trabajo, herramientas, y la posibilidad de defensa gremial, antes inexistente, mejoren. El convenio firmado con Telecom en 2023 excluye el mecanismo de UOCRA, por el cual los trabajadores financiaban su propio despido (fondo de desempleo). Según la dirección de FOETRA, la estrategia es luego ir equiparando las condiciones a las del convenio histórico de FOETRA. Pero la experiencia indica lo contrario. Antecedentes La firma del convenio “móvil”, específico para compañías que ofrecían el “servicio celular” -en realidad, eran las mismas propietarias de las que ofrecían el “servicio de telefonía fija”-, derivó en que Telefónica y Telecom no contrataran más trabajadores con convenio de fija, sino sólo a través del convenio de móvil. Este “convenio móvil” tiene condiciones laborales a la baja con respecto al histórico de telefonía fija. Finalmente, el 90 % de las redes y sistemas eran compartidas. Luego, las empresas fusionaron sus operaciones fija y móvil en una sola empresa: Telecom y Personal, por un lado, y Movistar-Telefónica por otro. Por si no fuera suficiente, hace ya varios años se firmó un escalafón completo de categorías de 9 horas dentro del convenio histórico de fija, que hoy agrupa a la mayoría de los trabajadores que venían de la telefonía fija, como resultado del atraso salarial. Este escalafón “especial” con jornada horaria a la baja había sido firmado en ocasión de incorporar trabajadores “fuera de convenio”, pero con las mismas condiciones laborales precarizadas que tenían hasta el momento. El convenio telefónico se ha convertido en un queso gruyere, mediante el cual las empresas destruyeron el convenio vaciando las conquistas históricas, especialmente la jornada laboral de 7 horas. Marín anunció también la voluntad de reencuadrar la actividad de call-center y tareas de back office. A diferencia del plantel exterior tercerizado desde el inicio de las privatizaciones en los 90, las tareas “comerciales” fueron vaciadas y tercerizadas durante estos años bajo las barbas de la conducción de la Azul y Blanca de Marín. Así Telecom-Clarín y Telefónica tercerizaron a cientos de trabajadores en distintas provincias. No parece haber dudas de las condiciones en que se dará el reencuadramiento de estas tareas. Los telefónicos tendrán que recuperar la integridad de sus condiciones laborales. Para eso, tienen que romper con la política de las burocracias sindicales, que vía su integración al Estado y las políticas patronales introducen la flexibilización laboral. LEER MÁS: Telefónicos: Marín flexibiliza para Magnetto Por Flavio Pereyra, 19/07/2023.

Israel prosigue sus ataques -los más cruentos de las últimas semanas, dice El País- en toda la Franja de Gaza, mientras Donald Trump y Benjamín Netanyahu repiten que podría acercarse un alto el fuego. Netanyahu ha confirmado que viajará a Estados Unidos el lunes -el tercer viaje en cinco meses- para reunirse con Trump y también con líderes del Congreso. Según The New York Times, “Netanyahu podría estar dispuesto a aceptar el fin de la guerra en Gaza, incluso si ello supone el riesgo de que sus aliados políticos de extrema derecha abandonen su coalición de gobierno”. El carnicero de Tel Aviv “podría considerar que se encuentra en una posición más favorable para hacer campaña de cara a las elecciones” (1/7). Sin embargo, Hamas afirmó que, aunque siguen en contacto con los mediadores de Qatar y Egipto, no han recibido ninguna nueva propuesta de cese del fuego ni directa ni indirectamente. Las conversaciones parecen ser exclusivamente entre Israel y Estados Unidos, dijeron. Hamas puntualizó que la liberación de los rehenes debe ser simultánea al fin de los ataques y la salida de Gaza de las tropas de ocupación israelíes. La semana pasada se produjo “uno de los mayores escándalos de la guerra”, cuando el diario Haaretz publicó que el alto mando ordenó a los soldados israelíes que disparen a los palestinos desarmados que esperan en las filas de comida. Los asesinados en los puntos de reparto superan el medio millar e incluye mujeres, niños, ancianos. Las versiones del alto el fuego se producen mientras Trump reclama el cese de los juicios por corrupción contra Netanyahu. Trump apeló a las redes sociales para exigir el indulto a Netanyahu y llegó a insinuar que Estados Unidos podría cortar el suministro de armas si no se cancela el juicio. Se trata de unos 3.800 millones de dólares en ayuda militar “Estados Unidos gasta miles de millones de dólares al año, mucho más que en cualquier otra nación, para proteger y apoyar a Israel”, fue la extorsión. “No vamos a tolerar esto. Acabamos de obtener una gran victoria con el primer ministro Bibi Netanyahu al mando, y esto empaña enormemente nuestra victoria. ¡DEJEN IR A BIBI, TIENE UN GRAN TRABAJO QUE HACER!”. CisJordania Mientras tanto, Israel continúa los ataques en la Cisjordania ocupada, como parte de una limpieza étnica que provocó la mayor operación de desplazamiento forzoso de palestinos desde 1967. Naciones Unidas calcula que desde el 7 de octubre más de un millar de palestinos -por lo menos 200 niños- fueron asesinados por el ejército o por los colonos en Cisjordania. Como parte de la recolonización vertiginosa de Cisjordania, a fines de mayo, el Gobierno aprobó 22 nuevos asentamientos judíos, la mayor expansión israelí en territorio palestino en décadas. En junio, el Gobierno entregó al ejército el territorio histórico -lo ocupan desde hace por lo menos 1500 años-, las 12 aldeas de Masafer Yata, cuyo desplazamiento se narra en el documental No Other Land, que ganó el Oscar este año. La resolución autoriza la expulsión de los palestinos y la demolición de las aldeas, los cultivos, los corrales. A fines de junio, otra aldea, Jalet Al Dabaa, fue arrasada por las excavadoras militares y tomada por colonos. La complicidad es total: decenas de colonos irrumpieron en la aldea Kafr Malik, cerca de Ramallah, incendiaron coches y casas, mientras los residentes de la aldea, junto con palestinos de la zona, intentaban repelerlos. Hubo 3 muertos. Dos días antes, el ejército había asesinado a un niño de 13 años. Un informe producido por Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios, afirma que Israel ha reconvertido sus políticas económicas coloniales en Gaza y Cisjordania en una "economía del genocidio" en la que colaboran diversas multinacionales de sectores como el tecnológico, el bancario o el armamentístico. El genocidio israelí "es lucrativo para muchos" y se benefician de él "numerosas corporaciones con gran influencia", como por ejemplo los fondos de inversión Blackrock o Vanguard, que se cuentan entre las principales inversoras en armamento para el ejército israelí. Al mismo tiempo, 170 ONG pidieron este martes que se cancele el sistema de distribución de ayuda vigente en Gaza, apoyado por Israel y Estados Unidos. También reclaman que se reimponga el sistema que regía hasta marzo, cuando la distribución corría a cargo de varias oenegés y agencias de la ONU. "Exigimos una acción inmediata para poner fin al programa israelí de distribución de ayuda en Gaza, que dejó numerosos muertos", declararon en un comunicado conjunto. Desde que comenzó la ofensiva israelí tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, 56.647 gazatíes han sido asesinados y más de 134.000 han resultado heridos, la mayoría niños y mujeres, según datos del ministerio en Gaza. Estas cifras, sin embargo, podrían ser muy conservadoras, de acuerdo con varios estudios independientes. Las pruebas del genocidio son abrumadoras, confirma Albanese. “Lo que vemos hoy es una monstruosidad y no solo para los palestinos, que sufren el apartheid, sino para los propios israelíes. A pesar de tener los privilegios, han sido adoctrinados en una ideología que los ha convertido en verdugos y en autores de un genocidio", concluyó. LEER MÁS: El genocidio contra Palestina continúa Ni comida ni agua: “Estamos en el momento más crítico desde que esta "guerra contra los niños" comenzó”, denuncia Unicef. Por Olga Cristóbal, 27/06/2025.

Hablamos con Nano Samaniego, trabajador y activista de la empresa Secco. Semanas atrás despidieron a los treinta trabajadores del área de Emergencias que, desde la base operativa de José León Suarez, partido de San Martín, eran los encargados de reconectar el servicio cuando ocurre un accidente, desperfecto o catástrofe natural. El caso más reciente fue la inundación de Zárate, distrito ubicado en la intersección de las rutas 9 y 6. Con el servicio de Emergencias funcionando, la resolución habría sido inmediata. -¿Cómo es la situación de Secco? -Los trabajadores venimos enfrentando 30 despidos del sector de Energía de Emergencia. Yo soy uno de los despedidos. Venimos haciendo movilizaciones, hicimos un corte del Camino Buen Ayre la semana pasada. Ayer hicimos un plenario en solidaridad en la Universidad de San Martín. La idea nuestra es organizar un gran plenario con los trabajadores de Georgalos, de Molinos y de todos los sectores en lucha. -¿Cómo actúa el Sindicato de Luz y Fuerza ante los despidos? -El sindicato no nos representa. No es que ahora no enfrenta los despidos. Históricamente Luz y Fuerza no organiza elecciones de delegados, no hay organización sindical interna. Estábamos frente a una empresa que hacía lo que quería. Por eso empezamos a organizarnos dentro de Fetera, un sindicato de la CTA Autónoma. Empezamos a afiliar, elegimos delegados y formamos una comisión interna independiente. Los despedidos somos todos afiliados a Fetera... -¿Entonces se trata de despidos para limpiar el trabajo sindical de la empresa? -Sí. La empresa bajó hace un tiempo la orden de que se tenían que trabajar obligatoriamente turnos de 12 horas. Los únicos que organizamos una oposición fuimos los de la Agrupación [de Trabajadores de Energía Móvil, ATEM]. Además, la empresa tiene concesiones y pasa presupuesto por una cantidad de trabajadores por central de energía, que después busca reducir y que sean atendidas por un solo trabajador. Los despidos antisindicales son para que pase esa precarización laboral sin resistencia. -Ustedes, además de su lucha, vienen participando de movilizaciones y acciones de otros sectores, como Georgalos o las movilizaciones de los jubilados. ¿Podés explicarnos por qué? -Nosotros apuntamos a que se forme un gran frente de lucha, de los despedidos, de los jubilados y de todos los sectores. Para eso estamos trabajando la propuesta de que se haga un plenario conjunto para resolver acciones. Nosotros estamos convocando a una acción nuestra la semana que viene, pero apuntamos a que a través de una coordinación golpeemos todos juntos.

El Ministro de Gobierno, DD.HH. y Trabajo de Gustavo Sáenz, Ricardo Villada, encabezó un acto junto al Jefe de Gabinete de la Ciudad de Salta, Juan Manuel Chalabe, en el que -acompañados por el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein- inauguraron un monolito en el Museo de la Ciudad. El acto tenía el propósito de “conmemorar la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y el reclamo por los secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023”. La única publicación oficial del gobierno figura en una página de Facebook del Ministerio de Gobierno, DD.HH. y Justicia, con un descargo en el que rescatan el mensaje del Ministro. Villada hizo referencia al compromiso “del pueblo salteño con la paz, la justicia y los derechos humanos". El monolito además tiene inscripta una leyenda en hebreo y su traducción al castellano: “Devuélvanlos a casa YA”. El intendente Emiliano Durand, organizador del evento, y el gobernador de la provincia, no estuvieron presentes. Eso no oculta de forma vergonzante su compromiso con el encubrimiento de la masacre que está llevando adelante el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu contra el pueblo de Palestina en la Franja de Gaza y contra el territorio de Cisjordania ocupada por colonos e israelíes. En su discurso, el ministro de Sáenz omitió que el primer ministro de Israel tiene un pedido de captura internacional por los crímenes de guerra que está cometiendo contra palestinos. El gobierno de la Provincia y de la Ciudad no incluyeron en su preocupación por la “paz y la justicia” los bombardeos continuos del segundo ejército más poderoso del mundo, contra la población de Gaza, sin ejército. Sáenz firmó su compromiso con el imperialismo y los gobiernos de la guerra hace tiempo, cuando entregó la frontera norte al gobierno yanqui. En diciembre de 2024, Sáenz, junto a Patricia Bullrich, anunciaron la instalación en Aguas Blancas -frontera con Bolivia- de la Prefectura Naval en el llamado Plan Güemes. En febrero inauguraron un sistema de reconocimiento facial bajo la órbita y el control de la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos. Sáenz entregó el control de la frontera al gobierno de Donald Trump que impulsa una política fascista contra los extranjeros. La continuidad de esta política es el Plan Roca: la militarización de la región, con la instalación del Ejército con potestad de detener arbitrariamente a civiles. Mientras el gobierno justifica esta política represiva en nombre de combatir el narcotráfico, en seis meses no han desmantelado ni una sola red narco. Lo único que crece es una política reaccionaria contra los ciudadanos bolivianos. Al igual que Milei, Sáenz prepara un golpe de Estado económico y político aún más violento contra la clase obrera. Para llevarlo adelante necesita regimentar la vida de los trabajadores y quebrar sus posibilidades de organización y de lucha. Orán y San Martín cuentan con una vasta tradición de lucha contra los gobiernos del hambre y la desocupación. En la Capital, el Intendente hace lo propio, con razzias y persecución contra trabajadores ambulantes y personas en situación de calle, en favor del negocio inmobiliario, gastronómico y turístico. Durand desplaza a cientos de trabajadores a las peores zonas de la ciudad, sin servicios básicos. Sáenz y Durand se enlistan en la guerra del imperialismo norteamericano que apoya a Israel, el genocidio y limpieza étnica contra todo el territorio de Medio Oriente. Siguen el libreto del liberticida Milei. Lejos, muy lejos de ese encubrimiento, en Salta se está desarrollando un movimiento de denuncia cada vez mayor contra la guerra y la impunidad con la que el sionismo pretende seguir operando con la complicidad de los gobiernos en todo el mundo. Diversos artistas ya han realizado una actividad pública en la ciudad de Salta y prevén una jornada cultural el próximo 15 de julio. Es una tribuna de organización y denuncia contra la guerra. Desde Política Obrera reivindicamos estas expresiones del arte y la cultura en solidaridad con el pueblo de Palestina. En el país del "Nunca Más" llamamos a los salteños y salteñas, sus organizaciones y al conjunto de los trabajadores,a desarrollar una batalla definitiva para terminar con los gobiernos que apoyan y financian la guerra, para arrastrar a los trabajadores a la barbarie en favor de los intereses económicos de un sistema social en decadencia, como es el capitalismo.

En medio de una ola polar, numerosos barrios de Mar del Plata se quedaron sin gas el día miércoles. En estos días, la ciudad atravesó algunas de las jornadas más frías de los últimos años, registrando temperaturas que a las 6 de la mañana llegaron a casi 5,6 grados bajo cero y una sensación térmica de -10 grados, según reportaron medios locales. El juego del gran bonete Que las casas no tengan gas es una situación completamente extraordinaria, afirmó el intendente Montenegro. Según Camuzzi, la empresa distribuidora de gas, el problema tiene que ver con una baja en la presión, en el marco de una situación que se está dando en todo el país. La compañía deslindó responsabilidades afirmando que “en los últimos días hubo algunos problemas técnicos a nivel de la producción y del transporte, ajenos a la distribución” y que “la compañía no corta el servicio al vecino”, pues esto se debe al “accionar mecánico preventivo que activan los dispositivos ante la merma de fluido”. Frente a este hecho sin precedentes y ante la situación que se agravó a partir de las 18 hs, se reunió el comité de crisis de la municipalidad convocado por el intendente Montenegro que, en horas de la noche, dispuso la suspensión de clases para el día jueves y la interrupción del suministro de gas a estaciones de GNC, shoppings y locales gastronómicos; así como a actividades culturales e industriales, incluido el Parque Industrial. El objetivo principal de estas medidas, informó Montenegro, “fue reducir el consumo en sectores no prioritarios para garantizar el abastecimiento en los puntos más sensibles, como hospitales, clínicas y geriátricos” (Infobae, 3/7/25). El cinismo del intendente Montenegro A nadie puede conmover su decisión de pretender cuidar la salud de la población cuando sistemáticamente ha demostrado su desprecio y ataque. Hace unos días, el intendente estuvo muy ocupado realizando declaraciones en redes sociales sobre el fallecimiento de un hombre en situación de calle que se guarecía del frío en el garaje de un vecino. Montenegro no lamentó su muerte. Por el contrario, negó que se tratara de una persona en situación de calle al que el Estado no atendía y afirmó que era un delincuente y alcohólico – como si como si el alcoholismo no fuera una problemática de salud y como si la condición de delincuente o tener algún antecedente delictivo anulara la condición de ser una persona en situación de calle. De entre el grupo de los garrocheros, el ahora liberticida de Montenegro realizó una fuerte defensa de lo actuado por la Patrulla Municipal a su cargo sin negar las acusaciones realizadas por los vecinos acerca de los continuos episodios de violencia a los que era sometido el hombre. El intendente mantiene así viva su pelea y estrategia comunicacional de hace varios meses contra los que llama "fisuras" y "okupas", personas que viven en situación de calle y se ganan la vida como trapitos o limpiavidrios. Sin embargo, Montenegro cuenta ya con experiencia en la materia. Basta con recordar su actuación en el Hospital Borda de CABA en el año 2013, cuando la policía a su cargo reprimió brutalmente a pacientes, trabajadores y periodistas, dejando un saldo 50 heridos. La supuesta preocupación por la falta de gas en las viviendas y en lugares sensibles como hospitales y geriátricos, y por ende por la salud de la población de Mar del Plata, no lo lleva sin embargo a Montenegro a cuestionar la paralización por parte del gobierno de Milei de una obra clave, como lo es la planta compresora de gas Las Armas , que forma parte del Gasoducto de La Costa y que complica la provisión de gas a la costa bonaerense. Tampoco cuestiona el nuevo intento por parte del gobierno de Milei para seguir recortando y eliminar el régimen de “zona fría” que permite a Mar del Plata y Batán tener un esquema de subsidios energéticos similar a las ciudades patagónicas. Y no lo hizo aún hace 2 meses atrás, cuando en mayo, la resolución 219/2025 de la Secretaría de Energía ajustó de facto a la zona fría al actualizar los criterios para acceder a los cuadros tarifarios diferenciales del gas y se estipuló una reducción del beneficio para 137.842 usuarios. En definitiva, Mar del Plata, uno de los centros urbanos del país con mayor pobreza y precarización laboral, está desde ayer paralizada. Más de la mitad de los marplatenses se quedaron sin gas en medio de una ola polar. Mientras desde la empresa Camuzzi ofrecen dos líneas para que los vecinos realicen la denuncia por falta de suministro; la crisis energética de Mar del Plata anticipa el peligro de que se expandan las dificultades a otras ciudades costeras.

La reunión del Mercosur en Buenos Aires para formalizar el pasaje de la presidencia “pro tempore” del bloque de Javier Milei a Lula da Silva, obligó al presidente de Brasil a visitar a Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria, donde conversaron largamente, según los acompañantes del mandatario. Cristina Kirchner declaró enseguida que la visita que recibió de Lula “fue más que un gesto personal: fue un gesto político de solidaridad”. La expresidenta se comparó con el brasileño, que “también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron”. Cristina Fernández distorsiona los hechos. Lula da Silva fue liberado de la prisión por los mismos que lo encarcelaron. ‘Pudieron’ encerrarlo en la cárcel y luego ‘pudieron’ sacarlo de ella. El lawfare que lo privó de la libertad y de sus derechos políticos fue usado casi dos años después para liberarlo. El Tribunal Superior de Justicia, que lo condenó a 12 años de prisión, en 2018, ordenó su excarcelación con un argumento trivial: que el proceso judicial que tuvo lugar en Curitiba debía haber ocurrido en São Paulo. Lula no ha sido absuelto, el juicio duerme el tiempo de la marmota. Al momento de su prisión, el destino de la apelación de la condena al Tribunal Superior era incierto: la diferencia era de un voto, sea a favor o en contra. El comandante en Jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, zanjó el diferendo con un tweet que advertía al Tribunal de las consecuencias de un fallo desfavorable; lo acompañó todo el alto mando que luego integraría el gobierno de Bolsonaro. Rosa Weber, la presidenta actual del Tribunal, y Alexandre de Morães, el actual perseguidor de Bolsonaro, votaron por la condena a Lula, en una votación de 6 a 5. Lula fue condenado para facilitar la victoria electoral de Bolsonaro, el candidato de la cúpula militar, que con anterioridad había organizado el golpe parlamentario que derribó a la entonces presidenta Dilma Roussef. Cuatro años después, los desmanejos de Bolsonaro en la pandemia y una cadena de denuncias de corrupción, provocaron en la alta burguesía un giro. Lula fue liberado mediante una argucia, también con el voto de Rosa Weber y Alexandre de Morães. Lula, una vez liberado, hizo un acuerdo político con toda la derecha que derrocó a Roussef y acordó mantener en pie la legislación de su predecesor -en especial la Reforma Laboral-, para ganarle a Bolsonaro por una diferencia mínima en segunda vuelta. ¿“No pudieron”? Sí, “pudieron”, y por partida doble –para encanarlo y para borrar la condena con el codo-, argumentando la comisión de “un error histórico”. ¿Cristina Kirchner, acaso, tiene la expectativa de que la Corte de Argentina, haga lo mismo? En ese caso: ¿promete hacer un acuerdo con la derecha, para volver al gobierno? La jueza Servini de Cubría cree que es lo que ocurrirá, pero con una trampa, porque insinuó que habría un indulto con posterioridad a las elecciones, pero el indulto a los delitos comunes no incluye a la privación de derechos políticos, aunque la Corte pudiera admitirlos. Ni Lula salió de la cárcel por la campaña “Lula livre”, ni CFK va a salir por la campaña “Cristina Libre”; eso lo decidirán la alta burguesía y Estados Unidos. Es lo que ha dicho en forma explícita la expresidenta cuando aseguró que Argentina marcha a un default y que sus adversarios o enemigos irán a pedirle que se haga cargo del rescate. Todo rescate del capital es una expropiación de la fuerza de trabajo. En materia de corrupción, sin embargo, los gobiernos de Lula no han salido absueltos. Es lo que demostró la condena al jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu, en la causa “mensalão” –un dinero ‘adicional’ provisto a los legisladores para que aprueben proyectos del gobierno-, y a Antonio Palocci, por múltiples estafas. Ahora mismo, Lula ha conservado el “orçamento secreto” establecido bajo Bolsonaro, que adjudica un dinero monumental a los legisladores para gastos sobre los que no deben rendir cuentas. El caso del Lava Jato, las monumentales coimas que pagaba Odebrecht para ganar licitaciones, es muy instructivo, porque la constructora se había convertido, con otras, en el emblema de desarrollo de un capital nacional, por parte de Lula y el PT. Fue denunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el propósito de eliminar a una rival de las constructoras y petroleras norteamericanas del mercado de desarrollo de Petrobras y de las obras y corredores en América Latina, incluida Cuba. Lo que distingue a Cristina Kirchner de Lula es, sin embargo, el nivel de riqueza personal que ha acumulado. Desde los negociados, bajo la dictadura, de los créditos 1050 para vivienda; la compra barata de terrenos en Calafate, antes de convertirla en meca del turismo; el destino desconocido de la indemnización a Santa Cruz cuando Menem privatizó YPF, y la descomunal corruptela de sus asociados políticos en los juicios en que se encuentra involucrada. El poder judicial acelera estos juicios cuando la orden de mando del gran capital es privarla de sus derechos políticos en vísperas de elecciones que se consideran estratégicas para fortalecer a Milei. ¿“Solidaridad política”? El kirchnerismo y el PT comparten un alineamiento internacional definido en la guerra económica internacional –los BRICS y el “desarrollo hacia Asia”, como acaba de señalar Lula en la reunión del Mercosur-. Pero ni China, ni los BRICS, ni Lula ven en el kirchnerismo una alternativa a la subordinación de Caputo-Milei a Estados Unidos y Trump. La diplomacia económica de China tiene una constelación de aliados en Argentina afín a sus intereses. Milei, por otro lado, no ha logrado obtener nada de Estados Unidos en materia comercial, más que aranceles contra el acero y el aluminio de Argentina (y el bloqueo al ingreso de bíocombustibles), como ocurre también con Brasil. El kirchnerismo es una carta política gastada, como ha ocurrido en otros países, como lo atestigua la muerte del ALBA. La visita obligada de Lula a la expresidenta (lo contrario habría sido una desconsideración hasta para una buena parte del PT) no es un anuncio de “nuevas primaveras”. Las masas de Argentina y Brasil necesitan construir sus propias perspectivas.

Los presidentes del Mercosur se han reunido en Buenos Aires para proceder al traspaso de la presidencia pro tempore del bloque a Brasil. De paso, volvió a manifestar una crisis sin salida, pero con una yapa: qué hacer frente a la guerra “arancelaria recíproca” desatada por Donald Trump. Bajo esa fórmula, ha desatado una suba de aranceles a tasas enormes a las importaciones de Estados Unidos, cuya vigencia está condicionada a concesiones estratégicas de parte de los estados rivales. Esas concesiones abarcan un número elevado y hasta infinito de exigencias, que van desde una reducción de aranceles a la exportación estadounidense; la modificación del régimen impositivo que afecta a las empresas norteamericanas; el manejo del tipo de cambio; restricciones a la venta de títulos de la deuda pública por parte de acreedores internacionales; la venta de tierras raras por parte de China, y otra caterva de disposiciones de mayor o menor alcance. El propósito de los “aranceles recíprocos” es modificar las cadenas de producción dominadas por los rivales económicos, proteger industrias locales y hasta recaudar fondos para aminorar el gigantesco déficit fiscal de Estados Unidos. Es una guerra por la hegemonía económica mundial. Una ‘tregua’ dispuesta el 2 de abril pasado, debido al impacto que el anuncio de aumentos arancelarios provocó en el mercado de deuda norteamericano, vence el 9 de julio próximo. En este interregno, Trump no ha logrado imponer las ‘reciprocidades’ que exige a sus rivales, aunque ha habido avances para un acuerdo con el Reino Unido y, en el caso de China, un canje entre una apertura parcial de las ventas de tierras raras, por parte de China, y el levantamiento parcial la prohibición de exportar semiconductores a China, por parte de Estados Unidos. La guerra de “aranceles recíprocos” ha ocupado extensivamente a la prensa y a la información internacional, pero no en cuanto al Mercosur. Con un arancel externo común de los países que lo integran, el Mercosur es una víctima objetiva de esta guerra. Trump ha aumentado en un 10 % los gravámenes a la exportación de acero y de aluminio a Argentina, Brasil y México, y en estos días ha prohibido el ingreso de tubos sin costura que produce Tenaris. Esto explica que los países del Mercosur hayan elevado a 150 los productos a los que no se aplicaría el arancel externo común, con el propósito de que cada país por su cuenta pueda negociar una reducción de ellos a cambio de la supresión o reducción de los aranceles impuestos por Trump. Frente a la ofensiva comercial trumpista, Javier Milei optaría, dice la información, por la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos; Lula, por una intensificación del comercio con Asia, desde China, India y el Asia Central; el agronegocio brasileño y también la industria, compiten con EEUU en el mercado mundial. Un TLC con EEUU sería inviable, porque Argentina no puede perder el mercado chino y porque Trump no está interesado en abrir el mercado norteamericano (de acero, bíocombustibles o aluminio) a Argentina. Estados Unidos ha bloqueado incluso la importación de litio desde aquellos países que no integran, a partir de ese mineral, una cadena de producción con dominio norteamericano con destino a Estados Unidos. El gobierno de Trump está dispuesto a extender los aranceles al acero y al aluminio a los productos industriales derivados de esas materias primas (desde cuchillos a automóviles). Por otro lado, el cierre relativo del mercado norteamericano a China, Japón y la Unión Europea, obliga a esos países o bloques a derivar sus exportaciones a otros mercados, como los “emergentes”. Cuando más necesaria resultaría fortalecer la capacidad para negociar como bloque, el Mercosur aborda la guerra económica con tropas dispersas. A fuerza de discutir hasta el aburrimiento acerca de la acumulación de reservas del Banco Central, la cuestión más decisiva, la comercial, ha quedado fuera del radar público. Pero ella jugará un papel más disolvente en la economía que la política monetaria de Caputo. Argentina depende financieramente de la deuda pública, principalmente en manos norteamericanas, pero mucho más del comercio mundial, que gira en torno a los rivales de Estados Unidos. En definitiva, las contradicciones objetivas llevan a un choque entre Trump y Milei, a una capitulación de Milei y a un probable golpe de mano de la burguesía local.

La crisis de suministro de gas en red no tiene antecedentes por su magnitud; no hay antecedentes de que una ciudad de la envergadura de Mar del Plata se quede sin suministro en los hogares. Atribuir esta situación solamente a la “ola de frío polar” implicaría desconocer el agravamiento, por parte de Milei, de una crisis de conjunto del sistema energético. La llegada del gas a sus puntos de consumo se ha complicado como consecuencia de la paralización de un conjunto de obras. Es el caso de varias plantas de compresión de gas que intervienen en el fluido que llega desde la cuenca neuquina; el freno a la reversión del gasoducto Norte o la ampliación del Gasoducto de la Costa, en este caso, con impacto directo sobre Mar del Plata. Esos recortes son parte de la política de “obra pública cero” impuesta por el gobierno libertario. Pero la motosierra oficial llegó más lejos, incluso en plena crisis de suministro. Ocurre que, de acuerdo a las normas de emergencia que existen para los casos de escasez de gas, el gobierno debía proceder prioritariamente al recorte del suministro en las usinas termoeléctricas. Estas usinas están preparadas para emplear combustibles líquidos, como alternativa -aunque más costosa- en lugar del gas. Pero esa “decisión (...) es costosa para las arcas del Estado (que) debe poner la diferencia con subsidios” (Clarín, 3/7). Para evitar ese desembolso, el gobierno prolongó el consumo de gas en las usinas, a sabiendas que agravaba la escasez en los demás segmentos del consumo. Vaca Muerta Pero las causas de esta crisis de suministro llegan al actual nudo del sistema energético de Argentina –el yacimiento no convencional de Vaca Muerta-. El colapso de estos días tuvo lugar en medio de una manifiesta caída de la producción de gas en la cuenca neuquina. Como prueba de ello, el flamante gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) operó al 60 % de su capacidad. El gobierno dice que inició una “investigación” sobre las causas de la retracción en las operaciones de Tecpetrol, Pluspetrol, Total y otros. Pero no necesita indagar demasiado, porque son las propias empresas las que denuncian una crisis relacionada con la caída de los precios de exportación y el aumento de los costos en dólares, ello, cuando las áreas más productivas de Vaca Muerta comienzan a evidenciar síntomas de agotamiento. Las petroleras, además, reconocen “problemas” en la negociación de sus contratos con las empresas que llevan adelante las “fracturas” o perforaciones. Sostener a Vaca Muerta en operaciones exige “inversiones crecientes”, dicen los especialistas. Pero esas inversiones no parecen llegar. Como otras fracciones del capital, las petroleras se suman al carro de la devaluación o del tarifazo. En plena ola de frío y penuria de gas, el gobierno dispuso un aumento en los cargos fijos de la tarifa de gas en red y, además, celebró la “liberación” de los precios del gas en garrafa, cuya demanda se disparó en estos días. El gas de garrafa calefacciona al 46 % de las familias que carecen de red de gas en sus hogares. Crimen organizado La conducta de Milei-Caputo en relación a la crisis del gas es criminal. Los fondos acreedores de la deuda pública, las petroleras y todas las fracciones capitalistas están llevando el padecimiento de las masas hasta niveles intolerables. El precio de la garrafa debe ser retrotraído y congelado a diciembre pasado, asegurando el abastecimiento incondicional a todas las familias que lo requieran. Un sistema energético nacionalizado y gestionado por sus trabajadores debe asegurar que el conjunto del gasto en gas y luz resulte compatible con el ingreso familiar.

“Cárcel o bala” es la insignia que identifica al matón José Luis Espert. En este caso, se aplicó “cárcel”: siete personas se encuentran detenidas por un fallido escrache en su domicilio, ubicado en San Isidro, ocurrido el pasado 17 de junio. Entre los detenidos se encuentran Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, y Eva Mieri, concejal de Quilmes por el kirchnerismo. La jueza Sandra Arroyo Salgado dictó contra todos ellos la prisión preventiva, por considerar que existe peligro de fuga u obstrucción de la causa. En el caso de Abaigar, fue trasladada al penal de mujeres de Ezeiza. Por otra parte, Arroyo Salgado también dictó el secreto de sumario. Los acusados presuntamente arrojaron bolsas con bosta y colgaron un pasacalle frente a la vivienda de Espert. Este “delito”, que apenas podría ser caracterizado como una contravención, ha sido encuadrado por la jueza como amenazas y perturbación del orden público. Sin temor al ridículo, los funcionarios hablan de “premeditación”, con la intención de caratular a una célula terrorista. En una conferencia de prensa que brindaron el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, los familiares de los detenidos denunciaron el show montado por la policía y el juzgado durante las detenciones. Se los hacía salir y volver a ingresar de sus viviendas para las cámaras, como si se tratara de un desfile o la exhibición de un trofeo. La pesquisa incluyó violentos allanamientos en las viviendas de los familiares. La inefable Patricia Bullrich celebró en las redes difundiendo imágenes de los presuntos ´agresores´, con el lema “el que las hace las paga”. La judicialización de un acto de protesta y el dictado de prisión preventiva por parte de la jueza constituyen una clara violación del llamado estado de derecho y un intento de convertir al poder judicial en un instrumento punitivo del gobierno. Constituye una declaración de estado de sitio sin aval del Congreso. Estamos ante una réplica de la ofensiva contra los derechos ciudadanos que ha emprendido Trump en EEUU. El fascismo enano de Milei, más disperso que hojas de otoño, es una subvariante de la dictadura civil que promueve el imperialismo.

Este jueves 3 se llevó a cabo una reunión de trabajadores de la salud en el Hospital del Niño de San Justo. Además de personal del mismo, participaron compañeros del Hospital Equiza (González Catán), del Germani (Laferrere) y del Policlínico (San Justo). Participó, además, una delegación de la seccional local de CICOP. Los reclamos del sector de Salud del municipio se vienen desenvolviendo durante todo el 2025 con movilizaciones y actividades públicas de todo tipo, sin ser atendidos por el gobierno de Espinoza. Las intervenciones en la asamblea giraron en torno al reclamo salarial que tienen los trabajadores del sector municipal de la salud. Actualmente el salario básico promedio de un médico es de $146.084. Mientras que se abona $950.000 para los que realizan 36 horas de guardia. Los otros sectores (administrativos, limpieza, enfermería, etc.) cobran muy por debajo de estos salarios ya de por sí miserables. Por ejemplo, el salario de bolsillo de los administrativos es de $280.000. Se trata de salarios que obligan al pluriempleo para llegar a fin de mes. La última “actualización” que recibieron los compañeros fue en el mes de abril. Los trabajadores municipales del distrito, además, no cuentan con un convenio colectivo propio de trabajo. Por otro lado, otro tema central de la asamblea fue el reclamo de la falta de insumos para el correcto funcionamiento de la atención médica. La gestión peronista de Fernando Espinoza tiene su propia “motosierra”, con la que recorta el salario y el presupuesto para la salud pública. Una política que comparte con el gobierno provincial de Axel Kicillof, que mantiene a los médicos provinciales con salarios de pobreza. Hace pocos días se desarrolló una importante manifestación a la gobernación de residentes de la Provincia que también pusieron de manifiesto sus reclamos salariales. La situación crítica de la salud pública en La Matanza se encuadra en el escenario nacional de desguace y desfinanciamiento que promueven Javier Milei y su ministro Lugones. Los representantes de CICOP que tomaron la palabra en la asamblea lanzaron críticas a la gestión municipal, pero sin proponer absolutamente ninguna acción concreta. Omitieron también cualquier crítica al gobierno provincial que ellos apoyan fervientemente. Hace pocas semanas compartieron un Congreso de Salud junto a Nicolás Kreplak, Secretario de Salud de la Provincia, donde se calificó -sin que les caiga la cara de vergüenza- al sistema público de salud de Buenos Aires, como el “mejor del mundo”. No es lo que opinan los usuarios y los propios trabajadores que trabajan ahí mismo. Luego de una serie de intercambios y propuestas, la asamblea votó por unanimidad la difusión de un texto dónde están contenidos las principales reivindicaciones que comparten los trabajadores de los distintos hospitales y la realización de una conferencia de prensa para los próximos días. Si no hay respuestas a los reclamos, quedó establecida la realización de una movilización al municipio.

Hoy a través del Boletín Oficial se dio a conocer el decreto que plantea la posibilidad de que el Poder Ejecutivo intervenga la AGENCIA I+D+i a través del nombramiento y remoción de sus miembros. Es lo que se venía rumoreando hace dos días en distintos medios de comunicación y lo que se adelantó desde estas páginas en ocasión del panfleto desarrollado por la organización liberticida Libertad y Progreso. La AGENCIA se encuentra paralizada desde el inicio del gobierno liberticida, los salarios de los becarios que dependen de ella se encuentran congelados desde principio del año pasado, no se han otorgado los financiamientos de los concursos de 2022 para proyectos de investigación y su dirección a cambiado dos veces a lo largo del mandato de la LLA. La Agencia fue creada con el objetivo de captar y centralizar los fondos que vienen tanto del exterior como del FONCyT, FONTAR y FONASEC y cuenta con un presupuesto de 25 mil millones de pesos. Sin embargo, esta intervención no busca sacarla del impasse sino montar un aparato libertario dentro del organismo para redirigir los fondos a líneas de investigación que estén íntimamente ligadas con los intereses de las patronales. Si bien desde el gobierno se plantea abiertamente un ataque en regla y definitivo con la rama de las Ciencias Sociales, de fondo se deja ver que lo del “ano de Batman” es únicamente un latiguillo para justificar el desarme de toda línea de investigación que no se autofinancie o tenga un interés particular para el lucro capitalista; es así que en estos 17 meses no se ha liberado un sólo peso para ningún proyecto de investigación como tampoco se ha permitido el ingreso de ningún científico al sistema sin importar a qué rama de las ciencia pertenezca. Esta primera intervención es una prueba para los trabajadores científicos ya que el objetivo del gobierno busca controlar la caja del CONICET, que maneja una planta de 15 mil empleados entre investigadores, técnicos y administrativos a los que hay que sumarles otros 10.300 becarios con un formato de contratación ultraprecario, lo que amasa un presupuesto de 580 mil millones de pesos. El objetivo para CONICET es agrandar el directorio, sumando representantes del sector industrial, comercio, pesca, minería y petróleo. El sector privado hoy es una minoría dentro del directorio, con un representante de la Sociedad Rural. La intención es entonces generar una mayoría patronal dentro del directorio, que dictamine qué se estudia y qué no se estudia según los intereses de estas mismas patronales. De fondo, a través del folleto de Libertar y Progreso, se puede ver que este rumbo que toma el gobierno es sólo la superficialidad, o mejor dicho el orden administrativo para desarrollar el ataque estructural que tiene como pieza fundamental y estratégica del gobierno que es desarticular la planta del CONICET, despedir en primera instancia a todos los investigadores de la rama de Ciencias Sociales, continuar con el desvinculación de todos los investigadores e incluso los institutos que tienen doble dependencia, muchos que están dentro de universidades o en órbitas de las provincias. En tercera instancia, se busca desarmar la carrera Científica y Técnica del CONICET (91 % de su planta), proceso que ya se encuentra en marcha debido el cierre de ingresos a las carreras, por un lado, y a la renuncia y éxodo que está ocurriendo hacia el sector privado o al extranjero del personal por los salarios de miseria que se perciben. El gobierno está ante una sangría de dólares producto de la inmensa deuda que tiene el Estado y tiene que dar señales de compromiso de pago con la motosierra. El feroz ataque que se prepara para luego de las elecciones de octubre puede estar más cerca si las recomendaciones del JPMorgan contagian a otros sectores especuladores. Los trabajadores del CONICET tenemos que ir a una rápida organización en nuestros lugares de trabajo, nuclearnos y salir a las calles junto con los demás sectores INTA, INTI, Garrahan, jubilados, etc.

Después de las masivas movilizaciones convocadas por docentes, los estudiantes de nivel superior del interior de la provincia han desarrollado diferentes acciones de lucha en reclamo de la falta de cobertura de horas cátedras en las diferentes carreras y denuncian el vaciamiento en la educación superior. Los estudiantes vienen atravesando la falta de docentes en sus carreras desde principio de año, lo cual ha perjudicado la posibilidad de avanzar en su trayecto formativo, como así también la deserción de algunos compañeros. Este vaciamiento en la educación de la provincia no es nuevo, se suma a la falta de asambleas en las escuelas de educación obligatoria que reclamaban los docentes y que en especial en nivel superior se suma a los intentos de desmantelamiento que el gobierno de Raul Jalil quiere imponer hace años, primero con el traspaso de los IES , para continuar con el cierre de carreras y la baja masiva de docentes de nivel superior por medio de un decreto. Ante este cuadro los estudiantes han desarrollado diferentes movilizaciones para exigir el inmediato llamado a concurso para cubrir las horas de todas las carreras que faltan, en Belén, Andalgalá, Fiambalá y Santa María, ante la falta de respuesta concreta a los reclamos los estudiantes decidieron por medio de asamblea profundizar las medidas de lucha con ocupaciones de los institutos como en el caso de Belén y Andalgalá, a raíz de estas acciones el gobierno ha montado todo tipo de formas para disuadir la movilización, en algunos casos los estudiantes denunciaron que compañeros habían sido suspendidos de sus trabajos por haber llevado adelante la toma. Sin embargo, la lucha sigue firme y ha logrado que se publique el primer llamado a concurso y recientemente se planteó un segundo llamado, que va a ser publicado el próximo 8 del corriente mes, con las cátedras que faltan cubrir en todas las carreras. Desde Política Obrera hemos llamamos a los estudiantes de nivel superior a rodear de solidaridad este reclamo y apoyamos las iniciativas de los compañeros de Belén, Andalgalá y Santa María, la lucha de los estudiantes por mejorar sus condiciones de estudio y la posibilidad de profesionalizarse está en constante riesgo con un gobierno que tiene como política la destrucción de la educación publica tanto provincial como nacional. Reforzamos la idea de generar una coordinación estudiantil provincial independiente y de lucha en defensa de la educación pública.

Después del intento de suicidio de una de los 117 docentes cesanteados por Sáenz en mayo pasado, la localidad de Embarcación, ubicada en el departamento San Martín, se ha convertido en el epicentro de la lucha por la reincorporación de todos los docentes represaliados por la huelga de 2023/2024. Con marchas regulares, ayunos, ollas populares y juntada de recursos para los cesanteados más necesitados, y hasta un reclamo sobre el concejo deliberante local para que se pronuncie por su reincorporación, se han reagrupado decenas de cesanteados y se han ganado el apoyo del activismo docente y de la población de Embarcación. Los profesores Javier Oviedo y Lorena Ibarra han protagonizado este proceso de reorganización y han sacado 2 cartas abiertas al conjunto de la docencia y la población, en donde denuncian los vicios legales y procedimentales del sumario con el cual se ejecutaron las 117 cesantías y explican que estas son un ataque al derecho de huelga del conjunto de los trabajadores de la Educación y del Estado, para avanzar en la provincia con un ataque a los salarios y al mundo del trabajo, que hoy nos tiene encabezando los peores índices laborales, en salario de pobreza, trabajo en negro, desocupación, etc. Este sector de docentes se ha propuesto como meta la reorganización de todo el movimiento de autoconvocados, uniendo su cesantía laboral con la “cesantía” salarial (la paritaria está suspendida mientras el último aumento ya fue fagocitado por la inflación) y en infraestructura que en los hechos ha impuesto la política de Milei y Sáenz, ambos servidores del FMI. De este modo superan la línea puramente legalista que ha inmovilizado a la mayoría de lo cesanteados, desde que se les inició un sumario para despedirlos, hace un año. Después de su última movilización, los docentes cesanteados de Embarcación tienen previsto para este domingo 6 una olla solidaria en la localidad, organizada por docentes activos y jubilados. Para fines del mes de julio preparan un festival que pueda llamar a la lucha a todos los docentes. Y así continuar con una campaña de restructuración, que tenga también el alcance de pronunciamiento nacionales. Desde lo compañeros de la Tendencia Docente Clasista de Salta, saludamos a estos compañeros luchadores, nos sumamos a sus iniciativas y nos colocamos al servicio del triunfo de su lucha. Abajo los despidos de Sáenz contra los docentes que luchan. Defendamos el derecho a huelga. Abajo los salarios de miseria y la política de destrucción educativa de Sáenz y Milei.

La situación del salario de los metalúrgicos es la siguiente: la rama de los siderúrgicos cumple en julio un mes sin aumentos del básico. En la rama principal, la 17, la UOM firmó hace un mes un aumento escalonado para el periodo abril-agosto sin salirse del esquema del Gobierno, pero el Gobierno no lo homologó y las patronales ya anuncian que no lo pagarán. Resumiendo, los siderúrgicos tienen los básicos congelados desde julio de 2024 y los metalúrgicos, desde marzo de este año. Cinco de las seis cámaras empresariales del sector metalúrgico firmaron un acuerdo que aumenta en abril 3,3 %; en mayo 1,2 %, en junio, 1,1 % y en julio y agosto, 1 %, con 130 mil pesos de suma no remunerativa repartida en cada mes. Aunque sea una miseria, el acuerdo todavía no fue homologado, a pedido del Gobierno de Milei-Caputo, que argumenta que excede el límite del 1 % mensual. Las sumas no remunerativas pueden ser, a gusto de la patronal, ajustadas proporcionalmente ante ausencias injustificadas o jornadas parciales. La Cámara de las Pymes CAMIMA (PyMEs metalúrgicas) rechazó los términos. Desde la UOM advierten que muchas empresas se resisten a pagar por la falta de homologación y no descartan medidas de fuerza si no hay avances en los próximos días. A esta altura, las amenaza de medidas de fuerza de parte de la UOM no pueden ser tomadas en serio. Desde aquel paro por 72 horas de marzo de 2024, Furlán abandonó cualquier plan de lucha y se plegó al método de la CGT de apagar la conflictividad. El Congreso de Delegados realizado en mayo en Mar del Plata mandató a Furlán a convocar un plan de lucha con paros de 24, 48 y 72 horas que nunca vieron ni verán la luz. El salario inicial metalúrgico, a todo esto, es de 750 mil pesos, con los aumentos no homologados incluidos. Las patronales han liquidado la paritaria, aún sobre salarios que ya eran bajísimos. Es una hoja de ruta general hacia la negociación de convenios por empresa. En el medio, las empresas, las multinacionales y las nacionales, han dispuesto un sinfín de suspensiones, despidos y Preventivos de Crisis según sus necesidades, acompañadas en todos los casos por las conducciones seccionales de la UOM. La movilización impulsada contra Sturzenegger por la UOM junto a un sector de la CGT y las CTAs planteaba la defensa de un modelo de producción nacional, es decir que ubica a las empresas nacionales en el campo de las víctimas del modelo económico y no como sus principales beneficiarias. De esa forma busca ubicar a la clase obrera en forma subordinada dentro de un frente dominado por la burguesía nacional. Es una operación que apunta a dejar pasar el ajuste para preparar un apoyo a Kicillof en las elecciones de 2027. Entregada por la burocracia de Furlán, la defensa del salario metalúrgico debe ser tomada en manos de los trabajadores. Que un congreso de delegados con mandato defina una huelga general por un100 % de aumento salarial; ningún despido ni suspensión; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; por el pase a planta permanente de todos los trabajadores monotributistas y tercerizados; no a la reforma laboral, por el control obrero de las condiciones de trabajo.

Hugo Alconada Mon (La Nación, 2/7) reveló una serie de episodios judiciales que tienen centro en el Ministerio de Capital Humano. El nudo del conflicto es un reclamo de información sobre los fondos que manejaron las Unidades de Gestión (UG), buena parte de ellas a cargo de las principales organizaciones sociales, en el marco del programa ‘Potenciar Trabajo’. La negativa del Ministerio a brindar lo que considera información sensible incluye el bloqueo del acceso a los datos y un pedido para que la Corte Suprema se expida sobre el asunto. El expediente, anterior a la actual gestión, es un pedido hecho por legisladores de la Coalición Cívica. El Movimiento Evita, junto a la UTEP, fueron las organizaciones receptoras de la gran mayoría de los fondos multimillonarios girados a las UG. El Ministerio sostiene que la difusión de estos datos obstaculizaría las investigaciones penales en curso sobre los planes Potenciar Trabajo, ya que revelaría la identidad reservada de los testigos en las causas. El diputado Hernán Reyes, sin embargo, uno de los denunciantes, explicó que el pedido no incluía “la difusión de nombres y domicilios de quienes pudieran declarar en procesos penales en calidad de testigos protegidos”. Pero que sí solicitaron el “obrar de personas jurídicas”, como las rendiciones de cuentas de cooperativas y los convenios firmados en la Secretaria de Economía Social, todos estos “trámites administrativos anteriores a los procesos judiciales a los que se hace referencia”. La denuncia a la Oficina Anticorrupción (OA) se hizo en el año 2023, todavía en pleno gobierno de Alberto Fernández. La figura invocada era la de conflicto de intereses: Emilio Pérsico y sus colaboradores, en esos años, otorgaban partidas mientras estaban relacionados indirectamente con las cooperativas que conveniaron con el entonces Ministerio de Desarrollo Social. Reyes sumó un pedido de datos sobre los programas sociales al comienzo de la gestión Pettovello; ante la negativa, en 2024 acudió a tribunales con un amparo. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo del juez Furnari, rechazó el amparo, alegando que “la difusión de la información requerida podría afectar la correcta tramitación de las causas penales referenciadas” . En apelación, la Cámara dio la razón a los denunciantes, porque ni la ministra ni el Ministerio de Capital Humano han explicado “de manera razonable de qué modo la divulgación de la información solicitada podría afectar la estrategia jurídica o la defensa en el marco del proceso judicial en curso, ni tampoco ha demostrado que la apertura de la causa penal haya sido motivada de manera exclusiva por la información solicitada, ni que la documentación requerida se encuentre efectivamente bajo reserva”. Ante el revés, los abogados de Pettovello decidieron, el 11 de junio pasado, ir a la Corte Suprema. Allí volvieron a insistir que “la información solicitada resulta prueba esencial de causas en trámite en la Justicia Federal de todo el país vinculadas a coacciones efectuadas por movimientos sociales”. El ocultamiento de la información se ha convertido en razón de estado. Con esto dicho el miércoles 25 el propio Reyes volvió con la solicitud de información. Petovello parece actuar en defensa de Emilio Pérsico y su gestión –una rareza libertaria-. El jueves, a través de la red X, la ministra se despachó: “No voy a permitir que sugieran que encubro posibles delincuentes que yo misma denuncié. Los legisladores deben permitir que el Poder Judicial haga su trabajo y soy la primera que va a proteger a los testigos.” Acompañando este posteo, se emitió un comunicado: “este Ministerio ha promovido y colaborado activamente con múltiples investigaciones, incluyendo la denuncia penal formulada en fecha 19 de marzo de 2024, dando origen a la causa CFP 963/2024, donde se investiga a exfuncionarios de la anterior gestión de gobierno -Emilio Pérsico, entre otros- por irregularidades en la administración del programa Potenciar Trabajo”. Es difícil saber cómo se haría el cruce de datos del Potenciar Trabajo, que llegó a tener unos 1,6 millones de titulares, para identificar al puñado de menos de una decena de testigos protegidos reclutados a través del mecanismo de una línea telefónica de denuncias. También es difícil interpretar cómo estos serían afectados por la publicación de las rendiciones de cuentas y convenios firmados durante del gobierno de Unión por la Patria. La tensión judicial sube en fechas en que se dan las puntadas finales para el comienzo del juicio oral a Eduardo Belliboni y 15 referentes del Polo Obrero -oficial-. Serán días en donde se definirá el papel de Emilio Pérsico como hacedor, gestor y receptor de la ayuda social nacional.

“El Ejército de ocupación israelí cometió 26 masacres sangrientas contra civiles palestinos en la Franja de Gaza en las últimas 48 horas, con el resultado de más de 300 mártires muertos, además de cientos de heridos y desaparecidos, en sucesivos y nuevos crímenes que confirman la continua aplicación de su política de asesinatos deliberados, genocidio y limpieza étnica”, informó el miércoles el gobierno de Hamas en un comunicado. El jueves sumaron 94 más. El lunes una bomba de 230 kg contra un café asesinó 30 personas y dejó decenas de heridos. Este viernes, la masacre sigue y el ejército libró órdenes de desplazamiento para los residentes de siete sectores de Jan Yunis, al sur de Gaza, advirtiendo de que “las Fuerzas de Defensa de Israel están operando con extrema fuerza en la zona”. Las masacres diarias coinciden “con los continuos intentos de la ocupación de colapsar lo que queda del sistema de salud, bombardeando hospitales, atacando al personal médico e impidiendo la entrada de suministros vitales”, denunció Hamas. Ayer, los israelíes asesinaron a uno de los dos últimos cirujanos que quedaban en Gaza. El día anterior, un dron inteligente mató al director del hospital indonesio, Marwan Sultan, junto con toda su familia, mientras dormían. Hamas acusó a Israel de dirigir sus bombardeos contra campamentos donde vivían “decenas de miles de desplazados”, zonas públicas de descanso, mercados populares, además de “bombardear y asesinar a civiles hambrientos mientras buscaban comida”. Y llamó a la comunidad internacional a frenar la masacre. Un cese del fuego para seguir matando Mientras todo esto sucedía, Trump declaró que Netanyahu aceptó un “alto el fuego de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra”. Y amenazó: “Espero, por el bien de Oriente Medio, que Hamas acepte este acuerdo, porque de lo contrario, la situación no mejorará, solo empeorará”. “Quiero que la gente de Gaza esté a salvo… Han pasado por un infierno”, mintió justo después de firmar un acuerdo de armas por 510 millones de dólares entre Estados Unidos e Israel. La venta propuesta “mejorará la capacidad de Israel para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al mejorar su capacidad para defender las fronteras, las infraestructuras vitales y los centros de población de Israel”, afirmó la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de Estados Unidos (DSCA) en un comunicado. Las distintas facciones de la resistencia palestina están elaborando una contrapropuesta que, según El País de Madrid, “incluye garantías” para que ninguna de las partes vuelva a atacar “mientras continúen las negociaciones”. Y plantea como objetivo “un alto el fuego permanente y una retirada completa y gradual de Gaza”. Netanyahu respondió tajante: “Nuestra salida de Gaza está fuera de agenda” Esta semana trascendió el nombre del sucesor de Sinwar. El nuevo jefe de Hamas, Izz al-Din al-Haddad, “sugiere que el grupo se mantendrá firme en su posición de exigir el fin total de la guerra antes de liberar a todos los rehenes restantes”, coinciden varios analistas (TNYT 3/7). Pero aniquilar a Hamas es un objetivo escurridizo. Israel anunció varias veces que lo había neutralizado, pero solo en junio las milicias sometieron a emboscadas casi cotidianas a uno de los ejércitos más equipados del planeta. La catástrofe es indescriptible. Rachel Cummings, de Save the Children, cuenta que los niños les dicen que quieren morir para estar con su madre o su padre asesinados, o para tener comida y agua. La ola de calor que asola a Europa también llega a la Franja de Gaza con la diferencia de que prácticamente no hay agua potable y los palestinos tienen prohibido acercarse al mar, los niños más chicos lloran de sed y de calor desde el amanecer hasta que anochece. Hamas ha pedido a los gazatíes que eviten acercarse a la FHG, la fundación que ya mató alrededor de 700 gazatíes mientras esperaban un poco de comida. Y advirtió que quienes colaboren con ellos serán sometidos a juicio. Naciones Unidas ratifica que "es evidente que el Ejército israelí ha bombardeado y disparado contra palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución". La cantidad de heridos por la FHG es tal que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el hospital Al Nasser, en el sur de Gaza, está operando como si fuera “una enorme sala de traumatología” a causa de la cantidad de personas heridas que llegan desde los puntos de distribución de comida. Hace días, en Haaretz, soldados israelíes dijeron que tienen orden de los mandos superiores de disparar contra la gente que espera comida. Lo mismo hacen los mercenarios norteamericanos. La BBC publica una entrevista a personal de seguridad de la FHG que denuncia que vio cómo sus compañeros ametrallaron a un grupo de mujeres, niños y ancianos solo porque “se alejaban demasiado despacio” del lugar. Y que en otra ocasión vio como disparaban contra otro grupo y mientras los palestinos se desplomaban estallaban en risotadas. Los asesinatos tienen consenso nacional: una encuesta realizada por la Universidad Hebrea de Jerusalén en junio “arrojó una estadística escalofriante: una abrumadora mayoría de judíos israelíes está de acuerdo con la idea de que «no hay inocentes en Gaza»”. El 64 % de los israelíes está de acuerdo con esta afirmación, casi dos de cada tres. Pero el porcentaje es considerablemente mayor entre los judíos israelíes, ya que esa cifra está muy influída por los palestinos con ciudadanía israelí (Mondoweiss, 29/6).

En la Conferencia electoral que tuvo lugar este fin de semana, Política Obrera votó las listas provinciales y municipales para las elecciones bonaerenses de septiembre. Marcelo Ramal , docente universitario, exlegislador y dirigente de Política Obrera, encabezará la lista de diputados en la 3ª sección electoral, junto a Mariela Arri , profesora de teatro y delegada del SUTEBA La Matanza. Pablo Busch , trabajador de la Alimentación y organizador de la oposición en ese sindicato a través de la Agrupación Naranja, será el primer candidato a Senador por la primera sección, junto a Patricia Urones , delegada docente en Merlo. En el discurso de apertura de la Conferencia, Jorge Altamira señaló: “Las elecciones de medio término no van a resolver el principal propósito que se habían trazado el Gobierno y los capitalistas: consagrar una nueva situación política para emprender una embestida final contra los derechos históricos de los trabajadores, laborales y previsionales. En los últimos días, la salida de capitales empujada por la Banca Morgan y otros fondos pone de manifiesto la desconfianza del capital respecto de la capacidad del gobierno para imponer esa agenda reaccionaria. Los explotadores se dividen respecto del rumbo del programa económico y, con ello, se multiplican las fracturas de sus expresiones electorales. Trump y el Tesoro yanqui, los supuestos rescatistas de Milei, asisten a su propia y violentísima crisis de deuda pública. En este cuadro -concluyó Altamira- nuestra campaña electoral enlazará las cuestiones estratégicas de la crisis mundial y nacional con las acuciantes reivindicaciones de las masas. Nuestro propósito es ganar el voto de los trabajadores y reclutar a los más activos a una lucha y militancia política consciente”. Pablo Busch afirmó: “Lucharemos por una bancada obrera y socialista que promueva una acción obrera independiente, capaz de arrancar a las patronales los derechos que le corresponden y que abra una nueva perspectiva histórica a las masas populares”. Marcelo Ramal , en el cierre de la conferencia, señaló: “Vamos a una movilización política contra los partidos y gobiernos capitalistas, es decir, los partidos del fracaso. Argentina y la provincia de Buenos Aires asisten a un derrumbe social sin precedentes: salarios y jubilaciones degradadas, penuria de vivienda y derrumbe de los servicios públicos elementales. Los barrios sin gas y sin luz son la otra cara del gobierno liberticida de Milei-Caputo, que diseñaron el presupuesto en función del pago de la deuda pública usuraria”. Ramal se refirió también al PJ y a Kicillof: “La ´nueva partitura´ prometida por el gobernador ya la conocemos: docentes que cobran por debajo de la línea de pobreza y que son sancionados cuando hacen huelga; un presupuesto público que se maneja por decreto y consumido por la carga de la deuda, en medio de la desocupación y de una crisis de infraestructura". Frente a este cuadro, Ramal explicó que “el socialismo es unir los brazos que no tienen qué hacer, con todas las cosas que hay por hacer. Eso es lo que vamos a explicar en los barrios”. Para comunicarse: Jorge Altamira: 1144237873 Marcelo Ramal: 1156901943 Pablo Busch: 11 3049 7824

El jueves pasado, en un discurso en Iowa, Donald Trump, mientras hablaba sobre su frenética legislación impositiva aprobada por el Congreso ese mismo día, definió: “Sin impuesto de sucesiones, sin impuesto sobre el patrimonio, sin ir a los bancos y pedir prestado a, en algunos casos, un buen banquero, y en otros casos, usureros (‘shylock’) y malas personas”. En El mercader de Venecia, obra de William Shakespeare, Shylock es un prestamista judío que, contra el impago de una deuda por parte de Antonio, un rico mercader, exige el pago tal como figura en el contrato: le debe arrancar una libra (medio kilo aproximadamente) de carne de su cuerpo. Finalmente, una mujer (Porcia) que se disfraza de abogado consigue que la paga “en especie” no se cumpla porque en el contrato dice carne, pero no sangre, así que como Shylock va a derramar sangre si quiere cortar la carne de Antonio, tiene que desistir de su demanda. Shylock y Trump Ahora veamos las diferencias entre los ‘shylock’ y los Trump: Shylock previamente ha sido víctima de racismo por parte de Antonio y de los habitantes de Venecia. Está harto de la discriminación: “Se ha reído de mis pérdidas, se ha burlado de mis ganancias, ha hecho escarnio de mi pueblo, ha impedido mis negocios, enfriado a mis amigos, calentado a mis enemigos. ¿Y por qué razón? ¡Que soy judío! ¿No tiene un judío manos, órganos, cuerpo, sentimientos, afectos, pasiones? ¿No nos alimenta la misma comida, nos hieren las mismas armas que a un cristiano?”. Shylock invoca ese maltrato previo como justificación de la venganza que desea ejecutar, de la misma manera que un cristiano podría querer vengarse de él: “La crueldad que me enseñáis ejecutaré y de tal modo que, sin duda, he de hacerlo mejor que vosotros mismos”. Shylock está resentido con una sociedad segregadora, no es quien ha urdido un plan sistemático de despojo y explotación contra los oprimidos de la nación que gobierna y las demás naciones que dependen de la suya, como ha hecho Trump. Shylock no se burla cínicamente de nadie, como Trump, incluso en este caso desmintiendo la ofensa: “nunca había escuchado” que el término se considerara un estereotipo ofensivo sobre los judíos. ¿Cómo creen que va a ser antisemita él, Donald Trump, el tipo que desfinancia universidades llevándolas al límite del cierre, por considerar antisemitas los reclamos contra el genocidio en Gaza a manos del Estado sionista de Israel? ¿Cómo van a acusar de antisemita al presidente del país que mayor apoyo ha brindado a la persecución y masacre del pueblo palestino y sus aliados? No, señor, están muy equivocados: él simpatiza con los judíos… siempre y cuando sean grandes capitalistas (y si son financistas, mejor), sionistas, colonialistas y genocidas de pueblos “inferiores”, como los gazatíes, sin ir más lejos. En Estados Unidos los “judíos” son de origen africano o hispanoamericano, además de muchos italianos e irlandeses, etc. Ninguno de esos se puede considerar “wasp”, esa expresión que es un acrónimo proveniente del inglés "White Anglo-Saxon Protestant", o sea, "blanco anglosajón protestante", el selecto grupo de origen británico que históricamente ha sido parte de la élite social, política y económica de Estados Unidos. Shakespeare y Trump En la época de Shakespeare, siglo 16 y comienzos del 17, la humanidad no había tenido la horrenda experiencia del exterminio judío en los campos de concentración nazi. Por mucho que hubieran existido monstruosas guerras, como las Cruzadas contra el islamismo o la conquista de América, el mundo no conocía la aniquilación calculada científica y metódicamente en sus métodos y alcances. Lo inhumano. Lo maquinal. La fábrica de cadáveres contabilizada y registrada en todos sus procedimientos. En su texto, Shakespeare registra sus propias contradicciones como integrante de la sociedad inglesa racista y la profunda conciencia de los sentimientos humanos, pero también de los mecanismos de poder, que hay en todas sus obras. Por eso su Shylock no es un bribón sarcástico de jopo enrulado en la peluquería, como tampoco lo es Antonio, su deudor, pero sí lo es Trump, de nombre Donald, como el simpático patito yanki que tanto diera a analizar a Dorfman y Mattelart. El pedazo de carne que Trump como jefe del imperialismo nos va arrancando a todos los oprimidos y explotados lo arranca así derrame sangre. No hay contrato legal que valga. El gran carnicero, el gran caníbal del imperialismo capitalista gobierna como emperador, aunque sea presidente de una república.

El sábado 5 de julio se produjo una explosión en el taller del ingenio Rio Grande, ubicado en la localidad de La Mendieta. La explosión provocó de inmediato la muerte del operario Martín Garnica, mientras otro obrero se encuentra en estado grave por las quemaduras que recibió. Los obreros estaban realizando trabajos de soldadura a un tanque cisterna que habría explotado aparentemente por acumulación de gases, según los primeros informes. Al momento de la explosión se encontraban cuatro obreros en el taller, dos lograron salir con heridas y quemaduras luego de la primera explosión, mientras que los otros quedaron atrapados entre las llamas y los materiales. Si bien todavía se están realizando las investigaciones pertinentes, es obvio que las condiciones de seguridad en las cuales se realizaban estas tareas están en cuestionamiento. Precariedad Este trágico accidente no es una excepción, sino que se da en un cuadro de varios accidentes producto del ajuste, despidos y precarización en todos los ingenios de la región. En 2019, una explosión en un tanque de alcohol en el Ingenio La Esperanza terminó con la vida de 12 obreros, mientras que, en 2024, tres obreros tercerizados sufrieron quemaduras con vapor mientras realizaban tareas de mantenimiento. Este año, falleció el obrero Arnaldo Aranda en el ingenio Ledesma, mientras realizaba tareas en una caldera; en 2023, falleció el obrero Martin Solórzano por quemaduras en el cuerpo por vapor, mientras realizaba tareas de mantenimiento en otra caldera. Andrada trabajaba para una empresa tercerizada cuando sufrió el accidente en el Ingenio Ledesma. Estos accidentes se producen en un cuadro de desinversión generalizada, ajustes y precarización del trabajo. Ledesma ha despedido más de 200 obreros en lo que va del año y La Esperanza -adquirido por el grupo empresarial tucumano Budeguer- ha tomado el ingenio sólo con un tercio de los obreros que operaban y ha cubierto algunos puestos con contratos precarios, fuera de convenio. Sin condiciones de seguridad e higiene, la propensión a accidentes se multiplica y pone en riesgo las vidas de los obreros. En tiempos de molienda, por ejemplo, donde los trapiches muelen 24 horas en tres turnos, la reducción de personal para cada turno atenta contra la vida obrera y contra la posibilidad de intervenir para prevenir accidentes. Mientras las patronales ponen en riesgo las vidas obreras, producto del ajuste y precarización en los ingenios, los obreros tratan de resistir los embates y pelean por el salario y las condiciones de trabajo. La lucha por comisiones de seguridad e higiene por parte de los trabajadores tiene que ser sumada a un reclamo integral, que pelee por el salario y contra los despidos, y desde ya la vuelta a la coordinación de medidas de fuerza de los obreros de todos los ingenios. Esa sería la manera de poder tener mejores condiciones para defender los reclamos obreros, ya que a diferencia de los que ocurre en Tucumán, con la FOTIA, en Salta y Jujuy existen sindicatos por empresa y no por la rama azucarera. Justicia por Martin Garnica y todos los obreros heridos. Basta de muertes obreras evitables.

Durante la última ola polar en José C. Paz las sensaciones térmicas llegaron a los -6 °C durante la mañana. Aun así, para Jefatura regional no existían “motivos para suspender las clases en las instituciones de la región”. Esta bajada de línea sometió a estudiantes y docentes que no tienen cómo paliar las bajas temperatura al frío extremo: 32 escuelas están sin gas en el distrito y muchas más tienen, además, ventanas rotas y carecen de condiciones para ofrecer ni siquiera un té caliente a los estudiantes. En la EES 32 los docentes impulsaron, el jueves 3 de julio, un ´frazadazo´, luego de innumerables reclamos por el arreglo de las estufas. Con la convocatoria abierta a toda la comunidad, el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital tomaron nota del eco que recorría las Escuelas: en menos de 24 horas, las estufas estaban en funcionamiento. Una delegación de docentes y delegados nos hicimos presentes para llevar el reclamo por todas las escuelas que siguen sin calefacción y por la suspensión frente a inclemencias climáticas. Entregamos una nota en Jefatura Distrital y en Consejo Escolar con un pedido de plan de obras urgentes. En las últimas horas, en la EES N° 7 “Juan B. Justo”, docentes y estudiantes terminaron hospitalizados por inhalación de monóxido de carbono. Los casos tienen certificación médica y se suman a las quejas por mareos, vómitos y dolor de cabeza que la dirección tilda de “exageraciones para sembrar el caos”. Este viernes, frente a la internación de un estudiante y la descompostura en las aulas, los docentes pedían la suspensión de las actividades presenciales, pero la indicación del inspector fue “todos adentro”. En vez de prevenir, comenzó una caza de brujas para que los padres no tomen conocimiento de la situación. Al finalizar la jornada, una docente terminó en la guardia y fue diagnosticada con intoxicación por monóxido de carbono. Para evitar la confluencia de padres y docentes en un nuevo 'frazadazo' este lunes 7, se anunció la suspensión de clases para realizar una prueba de hermeticidad, aunque las estufas son pantallas que consumen oxígeno y no tiro balanceado como corresponde. La lista de escuelas del Distrito y la Provincia que ponen en riesgo a estudiantes y trabajadores es infinita. Para SUTEBA, la responsabilidad es únicamente de los directivos por no suspender las clases estando habilitados por el decreto 2.299/11, cuando, en realidad, la política educativa de la provincia es la decidida en términos de infraestructura y la escuela abierta a cualquier precio. La dirección del sindicato gestiona y discute puertas adentro, no quieren a los docentes movilizados cuando los responsables son Kicillof y todos sus funcionarios. A las décadas de abandono de los edificios escolares se le suma ahora una política educativa que sobrecarga al docente de responsabilidades, sin cumplimentar las condiciones mínimas para enseñar y aprender. Hacen campaña con los 190 días de clase a costa de la salud de la comunidad, mientras garantizan que, como en Moreno -por la explosión que mató a dos trabajadores-, la suma de irresponsabilidades les explote en la cara. Llamamos a las comunidades educativas del Distrito a autoconvocarse en asambleas por escuela, hacer relevamientos de las condiciones de infraestructura, petitorios para sumar a padres y estudiantes y tomar en nuestras manos la lucha por una Escuela Pública de calidad. ¡Basta de aprietes!

Federico Sturzenegger opera contrarreloj en su objetivo de desguace del INTA, en tanto se le vencen las facultades delegadas el 8 de julio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Bases: nos encontramos a horas de que el gobierno liberticida dé a conocer un nuevo DNU (posiblemente hoy mismo) que le arrebatará al Instituto la autarquía , pasando de ser un ente descentralizado a un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaria de Agricultura. A partir de entonces se pondrá en marcha una “provincialización” del INTA, que ya no podrá “manejar su propio presupuesto y dependerá administrativa y financieramente de la cartera agrícola, a cargo de Sergio Iraeta” (La Nación, 1/07). Por su parte, el Consejo Directivo del INTA se reconvertirá en un Consejo Técnico y pasará de 10 miembros a 7, que tendrán a su cargo cuestiones de orden técnico, dejando de lado las económicas, suprimidas por el Gobierno, más precisamente por el ministerio de Desregulación y Modernización de Estado a cargo de Sturzenegger. Este se ha fijado como meta, a través de la liquidación del INTA, reducir gastos y estructura operacional. Todo esto será complementado por un plan de retiros voluntarios. El combo liquidacionista de Sturzenegger se completa con la venta de 70 000 hectáreas de campos pertenecientes al INTA. En el borrador del DNU que se dio a conocer en los medios especializados, se puede leer que “los titulares de los organismos transformados conforme el presente Título deberán remitir a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un listado completo y actualizado de la flota automotor, aérea, naval, así como de la maquinaria agrícola, industrial y vial asignada a dichos organismos”, además de “la información actualizada de bienes inmuebles asignados a dichos organismos” (Bichos de Campo, 4/07). Al día de la fecha las entidades de las patronales agrarias (Aacrea, SRA, FAA, CRA y Coninagro) forman parte del Consejo Directivo del INTA, acompañadas por representantes de las facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias. A estos se suman miembros de la Secretaria de Agricultura. Nicolas Bronzovich preside el ente, flanqueado por la vice, María Beatriz “Pilu” Giraudo, ambos representantes de los agronegocios. Según fuentes especializadas del sector los primeros en salir eyectados del Consejo Directivo serán el representante de Aacrea y los miembros designados por las facultades. De esta manera el Consejo Directivo quedará integrado por tres miembros designados desde el Poder Ejecutivo y las entidades agrarias contarán con cuatro representantes. Con este esquema los representantes de las patronales agrarias quedarían en superioridad numérica, si no fuera porque el presidente Bronzovich pasará a tener voto doble; de esta manera el gobierno liberticida impondrá los planes de desguace sin restricciones algunas. Estos cambios serán introducidos por los libertarios por medio de la modificación de la Ley 21.680, por la cual se creó el INTA hace 70 años, a pesar de que en la Ley Bases se plantea que el gobierno nacional no puede modificar su estructura y funcionamiento. Concretamente se eliminará el articulo Nº 4, habilitando que el presidente del ente tenga el carácter de secretario y, como en la actualidad, será nombrado por el Poder Ejecutivo. Los atributos dados al presidente del ente le permitirán “gestionar los bienes y patrimonio asignado al INTA, dictaminar el reglamento interno de funcionamiento y proponer la estructura organizativa del organismo, entre otros puntos.” (Ídem) Concretamente se le da a quien presida el INTA la suma del poder hacia dentro del ente. La eliminación del articulo Nº 4 estará secundado por la incorporación del artículo Nº 4 bis, que estipula la conformación del Consejo Técnico, eliminando al Consejo Directivo. Los miembros del Consejo Técnico serán ad honorem y sus funciones se centrarán en elaborar los planeamientos científico y técnicos del INTA, pero será el presidente, representante directo del Poder Ejecutivo, quien tendrá la última palabra para vehiculizar (o no) los lineamientos técnicos y las decisiones claves del ente. Siendo más concretos, el INTA se abocará a cuestiones más técnicas, relegando las líneas de investigación, que hasta el momento son aplicadas a la producción agropecuaria. La motosierra de Sturzenegger también se aplicará al INTI, que según trascendidos se convertirá en una “unidad organizativa”, bajo la égida de la Secretaría de Industria y Comercio. La embestida libertaria llegará a otros entes descentralizados, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que al igual que el INTA, dependerán de la Secretaría de Agricultura, convirtiéndose en direcciones nacionales de dicha secretaría, lo que redundará en una pérdida de autonomía y disponibilidad de recursos económicos y la unificación de las áreas de Recursos Humanos, Administración y Asuntos Jurídicos. El quid de la cuestión es que el golpe de mando dentro del INTA y los demás entes no se reduce a cuestiones técnicas, sino que lo fundamental de la pérdida de autonomía es que se realiza en pos de ponerlos bajo el mando del Poder Ejecutivo y el manejo discrecional de los recursos económicos, es decir, de la caja. De esta manera Sturzenegger se hace del botín que representa el INTA, imponiéndose en la lucha de facciones libertarias que se libra por el control del aparato estatal . El decreto en cuestión también prevé que la ofensiva se llevará adelante en otros entes, como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis (ARICCAME), el Instituto de Agricultura Familiar (INAFCI), que ya el año pasado sufrió el despido de 900 de sus 1000 trabajadores y se disolverían el INASE y la CONASE, a pesar de lo que pretendía la industria productora de semillas. La destrucción del INTA como se lo conoce hoy en día responde a los planes privatizadores del instituto, para subordinarlo de una vez por todas al sector de los agronegocios y las patronales agrarias. La deliberación entre los trabajadores se extiende y está planteada una gran marcha para este martes. La política de vaciamiento y destrucción del INTA y los demás entes debe ser respondida, en principio, unificando todos los reclamos e impulsando autoconvocatorias que enfrenten a la pandilla libertaria, con un plan de lucha que tenga como principal objetivo la defensa de todos los puestos de trabajo y derrotar el ajuste en curso. LEER MÁS: Con el cierre de la experimental AMBA se abrirían definitivamente las puertas al mileísmo en el INTA Por José Luis Perea, 16/06/2025.

Durante el plenario general de delegados del Sindicato de la Alimentación Buenos Aires se produjo una novedad: un delegado de la Comisión Interna de Georgalos propuso que se vote un paro general de la Alimentación contra los despidos. En el debate, los delegados de fábrica afines a la conducción de Rodolfo Daer salieron al cruce de la propuesta, argumentando que había que “actuar con responsabilidad” y acusando al compañero de buscar “notoriedad política” con la propuesta. Finalmente, los delegados votaron por unanimidad -contra uno- rechazar el paro contra los despidos, aunque ninguno de ellos tuviera mandato de la asamblea de su planta, por lo que la votación se hizo a título individual y no como resultado de un debate entre los trabajadores de cada establecimiento. En Georgalos los trabajadores vienen enfrentando cinco despidos como resultado de un ajuste de la empresa en el sector Chocolates . Luego de distintas medidas impulsadas por los trabajadores del sector, el STIA los orientó a realizar paros. La patronal respondió con los despidos. El paro de la planta en respuesta fue total, por lo que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria. Pero la patronal no la cumple, impidiendo que los despedidos retornen a sus lugares de trabajo. En ese marco, la propuesta de un paro general al término de la conciliación es totalmente correcta: las patronales de la Alimentación recibirían una buena lección de fuerza de parte de los trabajadores. Por otro lado, el conflicto de Georgalos no es el único en el gremio. Los trabajadores de Molinos Esteban Echeverría también enfrentan despidos ; en este caso, diez; también pararon y también les dictaron una conciliación obligatoria que la empresa de Pérez Companc tampoco acató. Por el contrario, la empresa quiere realizar más despidos y además una rebaja de todos los adicionales internos de la planta. Mientras el plenario de delegados votaba contra el paro general, los delegados de Molinos Esteban Echeverría luchaban denodadamente contra los aprietes de la patronal en la planta, que pretende que los trabajadores firmen individualmente la rebaja salarial. Los congresales del STIA que trabajan en Molinos también votaron en contra del paro general cuando los trabajadores -y en particular los despedidos- de Molinos lo reclaman a gritos. Kicillof-Correa Un párrafo aparte merece el rol jugado por el gobierno de Kicillof en todos los conflictos, a través de su ministro de Trabajo, Walter Correa . Ha aplicado la conciliación obligatoria en Bridgestone, Praxair, y otras, además de Georgalos y Molinos. Las patronales no las acatan, pero han servido para planchar las luchas de los trabajadores y llevar a la derrota las huelgas contra los despidos. En el caso de Mondelez Pacheco, es evidente que la situación conduce a un conflicto en gran escala. La empresa viene ajustando el régimen de trabajo, las dotaciones por línea, cuestionando las licencias. Ahora planteó que necesita discutir la dotación, justo cuando en los próximos días se vence un acuerdo de ´paz social´ firmado con la Comisión Interna -integrada por el PCR y la conducción del sindicato-. Los delegados han realizado habladas en el comedor, sin parar la producción, explicándoles a los trabajadores la perspectiva abierta de un conflicto por despidos. En el plenario, la mayoría de los delegados, afines a la conducción de Daer, reflejó situaciones dramáticas en los lugares de trabajo. Despidos en Cachafaz, atrasos en los pagos, Preventivos de Crisis, descuentos. En La Salteña (Alijor) de Garín , tuvieron un conflicto prolongadísimo por el atraso en los salarios. No se escucharon voces que reflejen el enorme repudio de los trabajadores a la paritaria firmada por Daer y la Federación . De conjunto, el paro general de la Alimentación se cae de maduro, más si consideramos los conflictos en Alimentación de todo el país (en la pesca de Santa Cruz están sin trabajar por la parálisis del langostino, en Marengo Rafaela, Santa Fe, están suspendidos por falta de ventas; en Granja 3 Arroyos están cobrando en cuotas y hay despidos luego del enorme conflicto de Concepción del Uruguay). El voto de los delegados del STIA Buenos Aires no representa la opinión de los trabajadores de las fábricas, algo que debería verificarse en el debate en asamblea y en el voto de mandatos. En el grueso de las fábricas, los delegados gestionan la agenda de las patronales, pero sin ejercer la democracia obrera, son reacios a las asambleas de fábrica. Organizar asambleas en cada fábrica, que discutan un plan de lucha y un programa para enfrentar la ola de despidos, suspensiones y ajustes representaría un gigantesco avance para la clase obrera, en su lucha contra el Gobierno y las patronales. Una irrupción obrera, aunque fuera limitada al Sindicato de la Alimentación, significaría una modificación sustancial del escenario electoral, dominado por los intereses, la agenda y los políticos de la clase capitalista.

Este domingo 6 de julio, en la ciudad de Pamplona, se llevó adelante la inauguración de la festividad de San Fermín, una de las fiestas populares más importantes de Euskadi (País Vasco). La semana de los Sanfermines se ha constituido en un evento internacional donde, además de sus tradicionales corridas de toros, miles de asistentes provenientes de decenas de países participan de los circuitos culturales, religiosos y las ferias populares. En su última edición se estima que, a la ciudad, de casi 200 000 habitantes, ingresaron alrededor de un millón y medio de visitas. Desde 2016, la Mesa de San Fermín, encargada de organizar, programar y garantizar el desarrollo de la fiesta, rompió la tradición de que sean los concejales del Ayuntamiento quienes den el lanzamiento al chupinazo y, a través de una votación pública, ha promovido a diferentes personalidades para que realicen la histórica apertura. Este año, esa elección batió sus récords históricos de participación. Más de 20 000 pamploneses acudieron a elegir entre las cinco propuestas aceptadas por la Mesa. La ganadora, con el 52,85 %, fue la presentada por la plataforma Yala Nafarroa, un agrupamiento que reúne a 225 colectivos y 1 700 personas, por la causa Palestina. De esta manera, la inauguración de la semana de los Sanfermines 2025 ocupó a la prensa internacional por su aferrado grito “Abajo el genocidio – Viva Palestina libre” coreado por las miles de personas reunidas para el festejo en la Plaza Consistorial. La elección estuvo precedida a principios de junio por una importante marcha en la ciudad pidiendo por la ruptura total de las relaciones con Israel. La iniciativa estuvo acompañada e impulsada por los sectores afines al actual alcalde de Pamplona, Joseba Asirón de EH Bildu y respaldada por los partidos del entorno abertzale, vinculados al nacionalismo vasco y la izquierda. La escalada de la guerra mundial y la profundización del genocidio al pueblo palestino se entroncan con la conciencia de los pueblos contra la opresión, las fiestas populares son una muestra de las profundas expresiones de las tendencias sociales. LEER MÁS: Gaza y Guernica: dos experimentos de destrucción masiva La pequeña Guernica. Por Eugenia Cabral, 21/11/2023.

Durante el último fin de semana, en la localidad de Merlo, se desarrolló el Congreso del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires. Reunió a todas las tribus del peronismo provincial, empezando por sus tres principales vertientes: el “Movimiento Derecho al Futuro” (MDF) de Axel Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa. En rigor, el Congreso lo único que votó fue autorizar a una comisión paritaria de camporistas y kicillofistas para la conformación de alianzas de cara a las elecciones de septiembre próximo. No se descarta que la “unidad” decante en la inscripción de dos alianzas, finalmente, el próximo 9 de julio, o en una diáspora a la hora de anotar las candidaturas. Sergio Massa, que no buscó representación en la mesa, negocia a ambos bandos ante el cierre de alianzas. Sería el candidato de ´unidad´ para encabezar la lista de diputados nacionales en octubre próximo. El espacio que responde a Cristina Fernández de Kirchner, por el contrario, quiere cerrar un único acuerdo que contemple ambas contiendas. Kicillof pretende un armado político alternativo al cristinismo. Ha convocado a “tocar una nueva partitura”, concitando el apoyo de la mayoría de intendentes y de la burocracia sindical. La “nueva partitura” no se distingue de la melodía liberticida sino en sus arreglos orquestales. Los ataques contra los trabajadores en la propia provincia de Buenos Aires emulan los realizados por el gobierno de Milei. En la lista se anotan los descuentos compulsivos contra la docencia que va a la huelga contra la miseria salarial, la política de neutralización de la lucha del SUTNA, a través del ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, combinado con la presencia represiva de la policía bonaerense en las plantas del neumático contra los piquetes obreros. Incluso gobierna sin presupuesto, como Milei, dado que no fue aprobado por la Legislatura y todas las partidas presupuestarias son manejadas discrecionalmente, con la complicidad de sus ´aliados´ camporistas y massistas. A los intendentes, Kicillofl les ha prometido el retorno de la reelección indefinida. A nivel nacional, el gobernador bonaerense ha tejido un acercamiento a los gobernadores peronistas que han colaborado intensamente con Milei, como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Oscar Jalil (Catamarca). Pero también ha tendido lazos hacia el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a quien envió patrulleros y policías durante la crisis desatada por el control narco de Rosario -en ese momento, Kicillof suscribió un documento, junto a otros gobernadores, saludando el “esfuerzo del gobierno nacional” en la supuesta lucha contra el crimen organizado-; y el chubutense Ignacio Torres, también electo por Juntos por el Cambio. Al término del congreso partidario del pejota, Kicillof emitió un comunicado convocando a “ponerle un freno a la motosierra”. Su propuesta de que el frente panperonista actúe como un “escudo” apunta a disimular una intensa derechización y subordinación a la agenda del gobierno nacional. El peronismo ha colaborado con Milei en aspectos como la Ley Bases y la perpetuación del decreto 70/23, o en el blindaje a sus vetos contra los jubilados y las universidades. La mayoría de sus gobernadores suscribieron el “pacto de mayo”, que enumera una agenda de ataques contra los trabajadores, empezando por la “reforma previsional”, que viene a liquidar el derecho a la jubilación. La burocracia sindical que apoya a Kicillof es coautora de la reforma laboral mileísta, mientras deja pasar miles de despidos. La situación de los trabajadores bonaerenses es desesperante. En las barriadas el hambre hace estragos. La descomposición social ha escalado a un nuevo nivel. El cierre de fábricas se conjuga con una ´reestructuración´ reaccionaria del "mundo del trabajo" (liquidación de convenios, cambios de regímenes laborales a la baja, reducciones de salarios). La situación de la docencia no podría ser peor, pero Baradel actúa como un ´escudo´, no de las maestras y maestros, sino del gobernador, frente a los reclamos salariales. La “reforma educativa” que aplica Kicillof no tiene nada que envidiarle a los planes ´pedagógicos´ de los libertarios, cuyo propósito es degradar los contenidos a su mínima expresión. Ante la bancarrota del transporte y otros servicios esenciales y la cancelación completa de la obra pública, Kicillof ha privilegiado el pago de la deuda pública. En su comunicado, Kicillof califica al gobierno del Frente de Todos como una “experiencia fallida”, pero posterga el balance a la “urgencia” electoral. No es muy diferente a lo que piensan sus adversarios internos de La Cámpora. En definitiva, las melodías que cada uno entona no suenan tan disonantes. Hay una coincidencia fundamental en dejar el trabajo sucio en manos del experimento libertariano. Cristina Fernández, desde su prisión domiciliaria, lo sintetizó de este modo: “cuando esto se caiga, nos vendrán a buscar a nosotros”. Ambos sectores postulan al peronismo como un relevo político que deje en pie toda la agresión contra la condiciones de vida de las masas que hoy encabeza Milei. La consigna del Congreso de ´unidad´ -“Argentina con Cristina”- oculta debajo de la alfombra un derrumbe social fenomenal. Es este abismo político fenomenal entre los trabajadores y el peronismo lo que explica una crisis partidaria y de régimen que raja las paredes. Es lo que hoy se trasluce en el fuerte abstencionismo que se viene registrando en todos los turnos electorales provinciales hasta ahora. Política Obrera, que intervendrá en estas elecciones provinciales, en sus secciones electorales y municipios, se propone convocar a los trabajadores a una lucha por superar a los gobiernos del fracaso y asegurar la victoria de las reivindicaciones de las masas. por medio de una movilización política de masas.

Vicentin quedará registrada en la historia como una de las estafas más grandes del país. La quiebra de la cerealera, en 2019, dejó un pasivo de 1.500 millones de dólares, protagonizando el mayor default en la historia del mercado de granos internacional. En estos seis años, Vicentin ha enfrentado varias situaciones, entre la falta de acuerdo con los acreedores, investigaciones judiciales y controversias sobre la venta de activos. El default llevó a la intervención del gobierno nacional de Alberto Fernández, que coqueteó con la expropiación y nacionalización de Vicentin, pero no pasó de una bravata. Comenzó entonces el largo proceso del concurso de acreedores que culminará en los próximos días. El corazón del problema, ahora, es quién se queda con Vicentin, cuando el proceso productivo de la exportación de granos ya tiene un curso definido pues las operaciones de exportación se han diversificado en otras plantas y los trabajadores de Vicentin trabajan a la fazón, como los talleres textiles de La Salada, con el acuerdo de la Federación Aceitera. El atractivo de Vicentin son sus instalaciones, muy importantes. Hay nueve empresas interesadas en quedarse con las plantas a muy bajo costo. Vicentin se ha transformado en objeto de una pelea de buitres que pretenden quedarse con las instalaciones y la producción a cambio de muy poco. La multinacional Bunge junto a Viterra por un lado y el grupo de Pérez Companc por otro definirán quién se queda con la empresa. Posiblemente los demás interesados podrán asociarse como grupos menores del que gane el concurso. Vicentin es el caso extremo de una patronal amparada por los distintos gobiernos de turno, en democracia o dictadura, que le han permitido todo tipo de maniobra fraudulenta. Con nuevos dueños, luego seguirá el camino de las grandes patronales que hoy despiden, reducen salarios y sobreviven por el rescate del Estado. Los platos rotos del default lo han pagado los trabajadores aceiteros en materia de salarios, puestos de trabajo y desconocimiento del convenio. La Federación Aceitera ha pasado de alentar la intervención de Alberto Fernández a las plantas a aceptar el trabajo precarizado que hoy tienen los trabajadores de Vicentin en Reconquista, en Avellaneda y en el cordón de San Lorenzo. El final del proceso de Vicentin amerita fijar una posición socialista sobre el proceso de la comercialización de granos, que debe partir de la apertura de los libros de las grandes aceiteras y la estatización sin pago y bajo control obrero de los puertos privados. Ningún trabajo a la fazón en las áreas aceiteras. Ningún aceitero en la calle: reincorporación de los que han sido despedidos en el proceso del concurso de Vicentin. LEER MÁS: En Vicentín, por la estatización sin indemnización y ejecución de los perjuicios Una polémica posición del Sindicato Aceitero de San Lorenzo a favor del ingreso de capitales privados. Por Pablo Busch, 19/04/2025.

Esta mañana, una protesta de los trabajadores del INTI fue brutalmente reprimida por la Policía de la Ciudad. Cuatro trabajadores fueron detenidos, dos de los cuales, al cierre de esta edición, continúan privados de su libertad. Los trabajadores se encontraban realizando un abrazo al instituto, como parte de una vigilia contra su desguace. Denuncian que la policía porteña arremetió sin mediar aviso, cuando había un acuerdo de palabra por el cual podrían manifestar en un carril de la General Paz. “Nos reprimieron porque sí, sin ningún motivo, y detuvieron a cuatro personas. Estábamos haciendo el abrazo; dimos la vuelta alrededor del predio, por Constituyentes y la colectora y ahí, cuando estábamos terminando, nos tiraron balas de goma y gases. Fue una violencia sin motivo. Esta mañana la policía había dicho que se iban a quedar en una línea detrás del cordón, pero se ve que recibieron la orden de detener, porque no estábamos cortando la General Paz”, señaló Cecilia Tórtora, integrante del consejo directivo de ATE Capital y delegada del INTI, a Página 12 (7/7). Las autoridades porteñas se escudaron en el protocolo represivo de Patricia Bullrich. En las últimas horas, trascendió que Federico Sturzenegger tendría a la firma el decreto que elimina su autarquía y lo convierte en una oficina técnica ´descentralizada´, que pasaría a depender del área de Comercio. Según los trabajadores, el propósito del gobierno es apropiarse de la recaudación propia que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial obtiene por los servicios que ofrece a empresas y particulares. La urgencia de la medida se relaciona con el hecho de que el Gobierno tiene plazo hasta las 18 horas del martes para disponer esta ´reestructuración´ por decreto, ya que entonces vencen las facultades delegadas por la Ley Bases. No sería el único ente afectado, sino que la lista incluye al INTA, Vialidad y otras oficinas. El Instituto se viene vaciando de profesionales que optaron por el ´retiro voluntario´ (despidos encubiertos) ante el derrumbe de los salarios. “De 3 300 trabajadores quedaron 2 300”, denuncian (ídem). Muchos de sus laboratorios ya no funcionan debido a la falta de presupuesto.

Los trabajadores de Georgalos enfrentan una oleada de despidos antisindicales por parte de la empresa . El piquete realizado hoy en el Acceso Tigre, apoyado por delegaciones obreras de toda la Zona Norte, fue reprimido por la Gendarmería de Patricia Bullrich. La avanzada del gobierno de Milei y el capital contra el mundo del trabajo plantea una confrontación a gran escala. El Gobierno pretende que los trabajadores no tengamos derecho a huelga ni a la protesta. Los trabajadores de Georgalos también fueron víctimas del Ministerio de Trabajo de Axel Kicillof, que dictó una conciliación obligatoria dirigida contra la huelga obrera , pero que no obligó a la patronal a reinstalar a los trabajadores en sus puestos de trabajo. Una maniobra que cuenta con el concurso del Sindicato de la Alimentación (STIA) de Rodolfo Daer, que avaló el fraude de la conciliación obligatoria y que rechaza rotundamente llamar a un paro general de la Alimentación como reclaman los trabajadores de Georgalos. Política Obrera repudia la represión del Gobierno Nacional, el fraude del Gobierno Provincial y la complicidad del Sindicato. Llamamos a toda la clase obrera a apoyar la lucha de los trabajadores de Georgalos. Pablo Busch Candidato a Senador por la Primera Sección Electoral por Política Obrera Para comunicarse: 11-3049-7824

En la reunión del Mercosur realizada en Buenos Aires, convocada para que Milei le entregara la presidencia pro témpore a Lula por los próximos seis meses, el argentino planteó que se necesitaba “mayor libertad” dentro del propio terreno del Mercosur. Lula recogió el guante y le respondió que se pueden ´liberar´ el azúcar y las autopartes. Inmediatamente salió un comunicado conjunto de los empresarios que manejan los ingenios azucareros de Salta, Jujuy y Tucumán, planteando que esa idea no se puede llevar adelante por la disparidad de competencia que hay entre ambos países, por los subsidios que reciben sus pares del Estado brasilero. La presión ejercida por el empresariado azucarero no tardó en generar el pronunciamiento del propio gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien actuó como vocero oficioso de los gobernadores de las provincias implicadas. Jaldo planteó que no va a permitir que el azúcar brasilero entre a la Argentina, porque implicaría una competencia desleal y una pérdida fenomenal para la actividad local. Por elevación, la bala de Jaldo iba dirigida a Milei (“Si dejás entrar el azúcar brasilero te quitamos el apoyo que te venimos dando los gobernadores con nuestros diputados”, parecían decir). En esta cadena de aprietes -del empresariado a los gobernadores, de los gobernadores al liberticida- Milei se juega parte de su apoyo político para la gobernabilidad en momentos cercanos a las elecciones. Si Milei obedece su ideología y pacta liberar al azúcar brasilero del derecho de importación del 20% que actualmente rige sobre la misma, va a perder el apoyo de los diputados y senadores nacionales que responden a los gobernadores de las provincias productoras. Recordemos que, el año pasado, ante una disparada local en el precio del azúcar, hubo en góndolas de diferentes supermercados del país azúcar brasilera a mitad de precio, lo cual motivó que el precio del azúcar local baje a la semana siguiente. Ese escenario de ´apertura parcial´ de las importaciones, impulsado por Milei, marcó una puja entre el empresariado supermercadista y el industrial azucarero. La historia del proteccionismo nacional sobre el azúcar antecede a la creación del Mercosur. En 1991 -año de su creación- Menem incluyó al azúcar, pero con preferencias arancelarias que resguardaban el no ingreso del azúcar de Brasil a nuestro país. Desde esa fecha hasta la actualidad nunca se abrieron las barreras arancelarias argentinas para dejar entrar al azúcar brasilero. Vale aclarar que hubo diferentes intentos de apertura, el último con el gobierno de Macri, pero siempre el intento chocó con el bloque de empresarios azucareros, partidos patronales y gobernadores de las provincias del NOA. En el actual escenario de deflación económica y de búsqueda de una mayor apertura de las importaciones, la entrada de azúcar de Brasil puede hacer correr sangre amarga de las venas liberticidas, por una herida autoinfringida. LEER MÁS: El Mercosur y la guerra arancelaria Publicada en políticaobrera.com el 04/07/2025.

La patronal Grupo Midas (Bingo Oro) insiste en su orientación política de pagar los salarios y el aguinaldo en cuotas. Ratificó esta política antiobrera en un comunicado planteando que “la empresa está atravesando una gravísima situación económica” cuando “la empresa” bate récords de recaudación todos los meses siendo la recaudación del mes de junio de 2025 la más alta de toda la historia desde que opera el Bingo. La única verdad es que los salarios de convenio de los trabajadores del juego de azar son de indigencia. A modo de ejemplo, el salario básico de un trabajador con 20 años de antigüedad y categoría es de $500.000 y el salario conformado está por debajo de la línea de pobreza valuada por el INDEC en $1.200.000. Esta crítica situación salarial se ve agravada porque la paritaria entre el Sindicato ALEARA y la Cámara CAOLAB está paralizada desde diciembre de 2023 y la burocracia de ALEARA no movió un dedo para revertir esta situación. Todo lo contrario. En síntesis, los trabajadores tienen salarios de hambre, están congelados desde hace ocho meses en medio de una inflación que no cede y, encima, la patronal pretende pagar esos salarios y el aguinaldo en cómodas cuotas. El mes pasado, en este marco, los trabajadores del Bingo Oro y sus delegados impulsaron una retención de tareas en reclamo del pago del 100% del salario como marca la LCT. La medida fue un éxito porque el 100% de los trabajadores la acató, transformando la retención de tareas en un paro, y porque en menos de cuatro horas la empresa depositó la parte del salario que pretendía pagar semanas después. Ahora, la empresa vuelve a la carga fraccionando el pago del salario y del aguinaldo y, nuevamente, los trabajadores y sus delegados van a la lucha con una nueva retención de tareas y otras medidas que fueron torpedeadas sistemáticamente por el “equipo de asesores legales” de ALEARA comandado por su secretario gremial Ariel Fassione. La pelea por el salario y su pago en tiempo y forma no es el único reclamo que hacen los trabajadores. Además de reclamar el pago del bono de $150.000 junto con el salario y que el mismo integre el salario básico, hay reclamos muy importantes como el cumplimiento del pago en tiempo y forma de la prepaga que presta el servicio de salud a los trabajadores, a pesar de que la empresa retiene todos los meses el 3% a cada trabajador para tal fin. Llamamos a todos los sindicatos, comisiones internas y delegados antiburocráticos, movimientos sociales y partidos políticos de la clase obrera a rodear de solidaridad esta lucha para que triunfe.

El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino convoca a una nueva movilización contra la sistemática matanza del imperialismo y el sionismo en Gaza y Cisjordania. La marcha prevista para este sábado 12 de julio, a las 15 horas, partirá de Corrientes y Callao, con dirección a Plaza de Mayo. Un conjunto de organizaciones de izquierda, de derechos humanos y representaciones sindicales comprometieron su presencia. Las consignas son “marea roja por Palestina”, invitando a vestir la columna con ese color, y “Argentina rechaza el genocidio en Gaza”. El plan de exterminio del Estado de Israel contra la población palestina en Gaza continúa sin pausa , así como la colonización de nuevos territorios en Cisjordania. La “solución final” contra el pueblo palestino es solo un segmento -de los más terribles de la historia humana- de una guerra internacional que busca una reconfiguración reaccionaria del conjunto del Medio Oriente . El criminal de guerra Benjamín Netanyahu es sostenido por el accionista último de la carnicería en Gaza, el imperialismo y, en particular, por el gobierno norteamericano de Donald Trump. Milei ha encolumnado a su gobierno detrás de esta carnicería internacional . Es la retaguardia de la guerra imperialista: la financia con el pago de la deuda externa y participa de las provocaciones contra Irán (“juicio en ausencia” por el atentado a la AMIA) . El peronismo como tal, y el kirchnerismo en particular, han estado ausentes de la defensa del pueblo palestino. Está planteada una lucha política por convertir a la causa palestina en una lucha de masas contra el sionismo y el imperialismo. Política Obrera, que viene realizando una campaña de actos y radios abiertas en todo el país con ese propósito, convoca a ganar las calles, este sábado, en repudio al genocidio.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ordenó al Ejército que diagrame un plan para levantar una “ciudad humanitaria” (sic) en la Franja de Gaza, sobre las ruinas de la Ciudad de Rafah, en el sur. La intención, dijo, es albergar a todos los sobrevivientes, cifra que rondaría los dos millones de personas. Antes deberán pasar un control para examinar si son “agentes de Hamás”. En principio confinaría en ese gigantesco gueto a los 600.000 palestinos desplazados que viven en la zona costera “segura” de Mawasi, donde los bombardeos sionistas mataron el lunes 33 palestinos sobre un total de 74 en la Franja. Simultáneamente, el ejército israelí ordenó evacuar ante el avance de sus tropas nueve sectores de Jan Yunis, muy próximos a las playas de Mawasi, en donde ya se hacinan más de 425.000 personas, según el recuento de Naciones Unidas. Son operaciones que facilitan el corrimiento hacia la “ciudad humanitaria” y el posterior encierro en ella. Un gueto, un campo de concentración, un campo de exterminio. Lo que los nazis trataron de ocultar, Israel lo hace orgullosamente, levantado su propio Auschwitz a los ojos de todos. Quienes ingresen quedarán encerrados bajo custodia militar y no podrán salir, advirtió Katz. Con el tiempo, toda la población de Gaza sería alojada allí. Pero la intención, aclaró el genocida, es que permanezcan solo hasta que Israel consiga los países a donde trasladarlos “voluntariamente”. Katz expuso sus planes poco antes de que Netanyahu llegara a Washington el lunes para reunirse con Donald Trump, donde se discutió una pausa a la invasión que dura ya 21 meses. Las obras de la «ciudad humanitaria», podrían comenzar durante el alto el fuego, afirmó Katz. "(Katz) presentó un plan operativo para un crimen de lesa humanidad”, declaró Michael Sfard, abogado de derechos humanos israelí. "Se trata de la transferencia de población al extremo sur de la Franja de Gaza como preparación para la deportación fuera de la Franja. Cuando se expulsa a alguien de su tierra natal, eso es un crimen de guerra, en el contexto de una guerra. Si se hace a gran escala, como él planea, se convierte en un crimen contra la humanidad”, añadió Sfard. Sfard representa a tres reservistas que pidieron a los tribunales israelíes que el ejército revoque las órdenes de «movilizar y concentrar» a la población civil de Gaza y que prohíba cualquier plan de deportación. Los planes para la construcción de campamentos denominados «zonas de tránsito humanitario», destinados a albergar a palestinos dentro y posiblemente fuera de Gaza, ya habían sido presentados a Trump y debatidos en la Casa Blanca, según informó Reuters el lunes. El plan, valorado en 2.000 millones de dólares, llevaba el nombre de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos, aunque la GHF negó haber presentado una propuesta. Es la Fundación cuyo sistema de "ayuda" ha sido calificado como una trampa mortal por la ONU y las ONGs. Cientos de palestinos hambrientos han sido abatidos a tiros al acercarse a estos centros de "ayuda". Según un informe de Haaretz del mes pasado, las fuerzas israelíes han estado disparando deliberadamente contra civiles. Katz no dijo qué pasará con los que se nieguen a entrar al gueto. Mientras Trump y Netanyahu compartían una cena de lujo en Washington, la resistencia palestina abatía otros cinco soldados ultra religiosos y dejaban 14 heridos en Gaza. “Cuarenta soldados han muerto y solo un rehén ha sido liberado desde que Israel rompió el alto el fuego en marzo”, apunta Haaretz. El incidente tuvo lugar cerca de Beit Hanún, una ciudad palestina que Israel ya había conquistado, destruido, reconquistado, destruido por segunda vez y recientemente declarado «limpia» de la presencia de Hamas (ídem). En Washington, Netanyahu subrayó que Israel está «decidido a completar todos los objetivos de la guerra en Gaza: liberar a todos nuestros rehenes; lograr la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, y garantizar que Gaza deje de ser una amenaza para Israel». Y agregó: “Eso significa que no habrá Hamás. Esto debe quedar claro”. En un intercambio patético, Trump dijo que "Netanyahu es el hombre más importante del mundo" y el segundo propuso para el premio Nobel de la Paz al primero. Lo hicieron mientras tenían, como telón de fondo, el bombardeo de la escuela infantil Abu Helou, protegida por las Naciones Unidas, en el campamento de refugiados Al-Bureij, en el centro de la franja de Gaza. Hay decenas de niños heridos y varios muertos. En tanto, las negociaciones para el alto al fuego son “muy lentas”, dijeron en Doha y Hamas puntualizó que no hay ningún avance, contradiciendo a Trump que había asegurado que el cese empezaría esta misma semana. Los palestinos siguen siendo asesinados cada día y la situación de los niños recién nacidos, desnutridos y deshidratados es indescriptible, coinciden todas las ONGs en la zona. El “derecho a la defensa de Israel” que blanden los jefes del imperialismo mundial y sus vasallos no es más que el derecho a la masacre. LEER MÁS: Gaza: “Los niños piden morir, para estar junto a su padre o madre asesinados” Por Olga Cristóbal, 04/07/2025.

El lunes 7, con la publicación del recibo de sueldo, los docentes pudimos evidenciar una situación esperable pero no por ello deseable. Una vez más hemos sufrido descuentos salariales masivos por los paros del 20 de mayo y el 11 de junio pasados. La práctica de descuento de los días de huelga viene siendo impulsada por Kicillof desde hace unos años. Se trata de una política reaccionaria, cuyo objetivo no es otro que impedir una acción de lucha, infundiendo el miedo, cuando sobran motivos para luchar. Recordemos que los paros fueron realizados contra la caída del salario producto de los sucesivos acuerdos paritarios a la baja, la sobrecarga laboral que significó la reforma del régimen académico, las crisis de infraestructura, el vaciamiento del IOMA y la violencia de la que los docentes somos objeto cotidianamente, entre otras cosas. En la actualidad una maestra gana $ 643.057, un preceptor $ 564.405 y gran parte de los docentes no superamos la línea de pobreza, lo que nos obliga a trabajar varios cargos o a tomar otros trabajos por fuera de la docencia. El gobernador y responsable de las condiciones que originan los paros es el mismo que los descuenta. Y no solamente, ya que también ha tratado de impedirlos, planteando la conciliación obligatoria cuando es parte interesada. Incluso ha llegado a desconocer este derecho constitucional instando, a través de funcionarios e inspectores, a consignar “falta injustificada”. Por supuesto, el desarrollo de toda esta política reaccionaria no sería posible sin la complicidad de la conducción de SUTEBA , la cual, al arrogarse para sí la posibilidad “legal” de convocar al paro bajo el argumento de la personería provincial, ha permitido los descuentos y las “injustificadas” sin hacer absolutamente nada. La burocracia comandada por Baradel, además, es corresponsable de las paupérrimas condiciones salariales y laborales a las que está expuesta la docencia bonaerense al subsumir cualquier acción de lucha a la participación de una alianza electoral que postula a Kicillof como alternativa al gobierno liberticida en las presidenciales de 2027. Sin embargo, la alternativa que se proyecta en la figura del gobernador no tiene que ver con la defensa de los intereses históricos de los docentes. Por el contrario, se trata de una alternativa para llevar adelante la agenda de la burguesía si Milei fracasa en su intento. ¿O acaso el impacto futuro de las sumas en negro del salario docente y las “injustificadas” no están en línea con la reforma previsional impulsada por Milei, que busca avanzar en jubilaciones de miseria como uno de sus objetivos? Y ese no es el único punto de coincidencia, ya que la reforma académica realizada en la provincia de Buenos Aires y los diversos programas educativos implementados no solo sobrecargan de trabajo a los docentes, sino que posibilitan flexibilizaciones antiestatutarias que buscan perpetuar en el convenio colectivo, tramadas a espaldas de la docencia entre Kicillof y la burocracia. La flexibilización y la sobrecarga laboral con salarios de miseria son parte de los objetivos de la reforma que el gobierno liberticida viene impulsando. El martes 15 los SUTEBA(s) opositores y la Lista Multicolor resolvieron la convocatoria a una movilización a La Plata para exigir la devolución de los descuentos y la eliminación de las faltas injustificadas. Desde Tendencia Docente Clasista llamamos a desarrollar asambleas por escuela y coordinaciones para participar masivamente de la movilización y planteamos que para derrotar las políticas reaccionarias de ambos gobiernos es necesario que los docentes nos organicemos de forma independiente a las conducciones sindicales cómplices.

La semana que comienza sacó a la luz una fractura expuesta, nada menos que en la columna vertebral del régimen que viene gobernando durante el último año y medio. El elenco de gobernadores, que apoyó a la motosierra en el Congreso y que la ejecutó en sus distritos, le ha declarado las hostilidades al tándem Milei-Caputo. Ese distanciamiento será escenificado en el acto del 9 de julio en Tucumán , donde sólo acompañarán a Milei el anfitrión Jaldo y un vecino del NOA, el catamarqueño Jalil. El resto anunció un faltazo. Más allá del desplante, el Senado Nacional se encamina a una sesión donde podrían tener sanción definitiva las leyes de reajuste jubilatorio, de prolongación de la moratoria y de emergencia en discapacidad. A esta refrendación, los senadores, a cuenta de sus gobernadores, agregan dos proyectos de su cosecha: la restitución de los Aportes del Tesoro (ATN) que Caputo le debe a las provincias y la coparticipación federal del impuesto a los combustibles. Las iniciativas que llegaron de Diputados ya fueron aprobadas en comisión, pero Villarruel les desconoce el dictamen por razones de procedimiento. En esas condiciones, el Senado debería contar con el acuerdo de sus dos tercios para tratarlas en sesión. Parece mucho, pero hasta el salteño Juan Carlos Romero, un inveterado aliado de Milei, anunció su apoyo a las iniciativas de los senadores “insubordinados”. Si las leyes resultan aprobadas, la votación del Senado adelanta un posible rechazo al previsible veto de Milei. En ese caso, las usinas oficiales han adelantado un desacato de Milei al Congreso. Alberto Kohan, otrora lugarteniente de Menem y actual fan de los liberticidas, acaba de reclamar la disolución del Congreso si éste se convierte en “una piedra en el camino” de la política oficial (Perfil, 7/7). El conflicto de poderes y la crisis política en desarrollo no sólo tiene lugar en vísperas de la campaña electoral, sino que se ha metido en ella con toda su fuerza. Las alianzas previstas entre la Libertad Avanza, el macrismo y fuerzas provinciales han entrado en zona de tormenta. En Buenos Aires, una fracción de intendentes del PRO de los distritos agrarios rechaza un acuerdo con el gobierno y reclama el derecho a concurrir con “boleta corta” o, inclusive, a tributar a un frente de “centro” con radicales, Monzó y Stolbitzer. Es el mismo bloque que impulsa en Diputados un proyecto de reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Si las divergencias entre el capital agrario y el gobierno cobran la forma de una escisión política, ello pondría de manifiesto un antagonismo eventualmente irrevocable entre unos y otros. Las bases de la crisis Los gobernadores, senadores o ruralistas aluden a la “terquedad” y “rigidez” de Milei-Caputo, sin detenerse en la cuestión de fondo que sustenta a la motosierra oficial: las retenciones al agro o la asfixia a las provincias son cruciales para sostener la carga de la deuda pública, que el régimen económico oficial acrecienta todo el tiempo. Milei-Caputo han armado un verdadero esquema Ponzi , donde el pago de los crecientes intereses de la deuda obliga al nuevo endeudamiento. En este cuadro, el menor desvío respecto del prometido 1,6% de superávit fiscal podría abatir con más fuerza la cotización de la deuda pública, la cual viene tambaleándose desde hace meses. El gobierno intenta contrarrestar la desconfianza creciente del capital financiero en su régimen económico profundizando los recortes presupuestarios. Los “rebeldes” del Congreso o gobernaciones y sus jefes -la gran burguesía agraria e industrial- aplauden los recortes dirigidos a consumar despidos o privatizaciones. El Consejo Agroindustrial -un lobby integrado por las cámaras patronales de ese sector- acaba de saludar al gobierno por el desguace del INTA, cuyos restos espera colocar a su servicio. Sin perjuicio de ello, otros aspectos de la motosierra han dividido a la burguesía: los recortes a la Obra Pública y la disolución de Vialidad Nacional -que dará lugar a la privatización de 9.000 km de rutas- comporta una carga económica para las burguesías regionales, que se enfrentan al aumento de sus costos de transporte. Todo esto venía siendo pacíficamente tolerado por los explotadores, que celebraban al mismo tiempo el ataque del gobierno a los derechos laborales. Pero la distancia con el gobierno ha subido un peldaño: el régimen de Milei y Caputo no le ha abierto al gran capital la posibilidad de financiamiento, del mismo modo que no la tiene el propio Estado. La salida de la Banca Morgan y otros fondos refrenda esa desconfianza . Los gobernadores, en este cuadro, velan sus armas. La oposición de estas horas es también el ensayo de un régimen alternativo al de los liberticidas . La premisa de ese bloque parte de preservar el trabajo sucio perpetrado por Milei-Caputo contra las masas. Ello vale, por sobre todas las cosas, para el pejotakirchnerismo . La grieta por arriba es un aliciente para que los trabajadores desarrollemos una alternativa política independiente.

En vísperas del 9 de julio, Milei anunció que participará de un acto fugaz en Tucumán. La atención se posa en cómo actuarán los gobernadores, que arrastran desde la última reunión en el Concejo Federal de Inversiones (CFI), un choque cada vez mayor con el liberticida por la falta de recursos de Nación hacia las provincias. Entre bambalinas se comenta que la mayoría de los gobernadores discute pegar el faltazo al acto y dejar a Milei solo, en la fría noche tucumana. Hace un año atrás, fueron 18 los gobernadores que participaron del acto, en el que se firmó el “Pacto de Mayo”, por el cual, se comprometieron, a desenvolver el golpe de Estado económico de Milei en todo el país. Sin embargo, esa orientación extendida en el tiempo está hundiendo a las provincias en la pobreza y golpea directamente a los gobernadores ante un escenario electoral inmediato. El reciente bloque de oposición de los gobernadores, busca, sobre todo, inclinar la balanza en el Congreso en favor de los intereses del gran capital del interior que está sufriendo las consecuencias de la recesión. La ceremonia del 9 de Julio es una apuesta del círculo de hierro para determinar con cuántos gobernadores están en condiciones de negociar -una suerte de control de daños- después de tres semanas de choques y reclamos mutuos. La misma ya tiene descontada la ausencia de los cinco gobernadores kirchneristas, (Formosa, provincia de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego). El santafesino Maximiliano Pullaro, está de viaje en EEUU; el mendocino Alfredo Cornejo, tiene su propio acto y anticipó que no llegará a Tucumán; el correntino Gustavo Valdés, puso en duda su asistencia luego de romper la negociación con los liberticidas en la provincia por un bloque común en las próximas elecciones provinciales. Los únicos que consultaron sobre la agenda del evento fueron los vecinos, el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y el misionero Hugo Passalacqua. En el caso de Sáenz, viene de reunirse con la hermana de Milei en Casa Rosada, el operativo del salteño, gira en torno a tratar de bloquear en Salta, la posible incorporación de Juan Carlos Romero, en las listas de La Libertad Avanza, lo que implicaría una ruptura completa con el gobernador después de haber sumado a sus listas en 2023. Sáenz se postula como el único intermediario entre los intereses capitalistas de la región y el gobierno nacional. Mientras los gobernadores planean vaciarle el acto del 9 de julio al gobierno, por abajo discuten imponer una sesión del Senado al día siguiente, el jueves, con la presencia de Villarruel o sin ella. Una especie de “autoconvocatoria” de gobernadores, así lo define La Nación (7/7/25). Lo que implicaría en lo inmediato para el gobierno, la pérdida del control en una de las cámaras legislativas, a solo tres meses de las elecciones. Pretenden darle tratamiento a un paquete de iniciativas que chocan con la agenda liberticida. La zanahoria de los senadores, serían los proyectos acordados por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que buscan obligar al Poder Ejecutivo a repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una porción importante del impuesto a los combustibles y los recursos de varios fondos fiduciarios que la Casa Rosada viene reteniendo y que los distritos consideran que les corresponden. Se podrían incorporar además el tratamiento del aumento para jubilados del 7,2% del bono para los haberes mínimos que pasaría a ser $110.000; la prórroga de la moratoria previsional que venció en marzo pasado y la declaración de emergencia en materia de la asistencia pública a las personas con discapacidad. Los últimos tres ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados, Milei ya confirmó que serán vetados. La agenda "opositora" muestra su naturaleza conservadora, porque no rompe con la política de pulverización de jubilaciones y salarios, destrucción de puestos de trabajo, y derechos laborales. Justifican un nuevo golpe de Estado económico contra las masas en nombre de pagar la deuda usuraria con el FMI. Los gobernadores acompañan en todos los términos una nueva reforma laboral, previsional e impositiva. Desde el Senado empezaron las maniobras para evitar el tratamiento del temario, a última hora del lunes. La Secretaría Parlamentaria desechó los dictámenes sobre aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad. La impugnación responde a errores de procedimiento: resulta que, el jueves pasado las comisiones se "autoconvocaron" con los senadores presentes. Al cierre de esta edición la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti anticipó que la interpretación del reglamento la define la "última mayoría", o en su defecto, el pleno de la Cámara alta en el recinto. La ceremonia del 9 de Julio se ha convertido en un episodio más de la crisis entre gobernadores y Nación que se extenderá durante todo el proceso electoral que ya se ha largado. LEER MÁS: Una tormenta política, en vísperas de la campaña electoral Por Marcelo Ramal, 08/07/2025. Choque entre el ´liberal´ Milei y los gobernadores del Norte azucarero argentino Por Diego Carrazán, 08/07/2025.

La semana pasada se conoció el fallo de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que anula la condena del ex cura Illarz a 25 años de prisión por el abuso de menores y corrupción de menores. Bajo el argumento que los delitos cometidos habían prescripto al momento de ser denunciados, Illaraz fue sobreseído. El ex cura Illaraz fue denunciado, en 2012, por siete ex seminaristas quienes, entre 1988 y 1992, sufrieron sus abusos. Valiéndose de su función de prefecto de disciplina y guía espiritual en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná perpetró los ataques. Si bien la denuncia judicial se hizo en 2012, ya había sido acusado en la propia iglesia por seminaristas menores en 1993 y una investigación interna en 1995 dio por probados tres casos de abuso. Este proceso diocesano, a cargo del entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic, se realizó en secreto y las autoridades eclesiásticas no trasladaron los resultados a la justicia penal. Si bien Illaraz fue separado de su cargo, fue trasladado a una iglesia tucumana, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de la ciudad de Monteros. Allí estuvo durante 17 años hasta que las denuncias de abuso fueron reveladas por un medio entrerriano y la causa se activó. El caso llegó al propio Vaticano en 1997, como lo prueba una carta dirigida al Tribunal Eclesiástico de dicha instancia donde el cura confiesa y reconoce los abusos. Sin embargo, recién en diciembre de 2024 el papa Francisco lo expulsó del clero. El argumento de la Corte Suprema de la prescripción de los hechos denunciados, en tanto el Código Penal prevé el lapso de 12 años como límite máximo para la prescripción de la acción de los delitos tratados en la causa e Ilarraz fue sometido a proceso y condenado por hechos ocurridos más de 19 años antes de la presentación de la denuncia penal y 32 años antes del dictado de la presente sentencia, pasa por alto que las denuncias están desde 1993 y que la Iglesia las ocultó. La anulación de la condena a Illaraz es de impunidad para él, pero también –fundamentalmente- para la Iglesia y el Vaticano, al quedar absueltos del ocultamiento de pruebas y la protección abusadores. Los supremos cortesanos muestran una vez más su carácter reaccionario y que están al servicio de la Iglesia protectora de curas pedófilos y abusadores.

Bajo las consignas de “Abajo la guerra de exterminio de Trump y el sionismo”, “Reforcemos las luchas obreras contra el gobierno liberticida” y “Pongamos en pie un partido de la clase obrera”, hemos lanzamos nuestra campaña financiera. Todos los comités del país han trazado planes que incluyen 60 frentes estratégicos de nuestra agitación política. Se han planificado distinto tipo de actividades relacionadas con la campaña, como peñas, rifas, comidas con simpatizantes y colectas en una cantidad de fábricas. El 9 de julio se pondrán en marcha muchas de estas iniciativas. El 10 de julio, además, realizaremos con el compañero Marcelo Ramal una charla nacional para grandes aportistas que constituyen un resorte importante en el objetivo de la campaña. Venimos de la realización de una conferencia nacional electoral de Política Obrera. En la Provincia de Buenos Aires tenemos el objetivo de poner en pie listas en 35 distritos, lo que significa un enorme desafío político y también un gran desafío económico para, con los aportes de militantes simpatizantes y amigos, poder desarrollar una campaña electoral sin recursos del Estado. La recaudación de la Campaña Financiera es fundamental para darle mayor difusión a nuestras posiciones políticas, para organizar la lucha contra la reforma laboral, contra las paritarias de miseria, contra el intento de liquidar a los jubilados y hundir la salud y la educación públicas. Somos parte activa de la reacción popular contra el gobierno liberticida. Colaborar con la Campaña Financiera significa colaborar con la salida de un periódico impreso cada 15 días de distribución nacional, a que se sumen nuevos lectores de nuestra prensa digital y a desarrollar nuevos medios, como nuestro canal de YouTube y el programa “Socialismo o Barbarie”. Este resorte económico servirá para que nuestra voz sea escuchada en todo el país por medio de actos, de una agitación en los lugares de trabajo y en las movilizaciones por la derrota del imperialismo y el Estado sionista en Palestina y todo Medio Oriente; por el fin de la guerra mundial en desarrollo y por la derrota del imperialismo y a los regímenes opresores; en definitiva, por la unidad internacional de los trabajadores contra el imperialismo. Apelamos a todos nuestros simpatizantes y amigos a aportar a la campaña, a sumarse a las actividades especiales que programamos como parte de la misma (charlas. actividades culturales, colectas) y a que sean aportantes permanentes a Política Obrera. Vamos por una gran campaña financiera.

La presentación de Javier Milei en el congreso de la denominada Iglesia Cristiana Internacional, celebrado en Resistencia, Chaco, el sábado pasado, forma parte de una trama política de vasto alcance. Los anfitriones, el matrimonio de los ´pastores´ Jorge y Alicia Ledesma, fundaron su movimiento a mediados de los años 90. Desde entonces tejieron múltiples lazos políticos, tanto con el ex gobernador peronista Jorge “Coqui” Capitanich como con el actual mandatario provincial, el ´radical con peluca´ Leandro Zdero, quien fue uno de los oradores en la inauguración del megatemplo y durante el fin de semana acompañó a Milei, declarado ´huésped de honor´. Los Ledesma forman parte de una red de 5.000 templos repartidos en 57 países. La presencia de Milei echó luz sobre la faraónica obra que alberga el culto de los Ledesma. Se trata de un microestadio bien equipado con capacidad para más de 10 mil personas que ocupa tres hectáreas en el sur de la capital chaqueña. Su edificación demoró una década. Según publicitan, se construyó “sin deudas”, a partir de un ´milagro´ que transmutó 100 mil pesos en 100 mil dólares. Los ´milagros de sanación´ son la comidilla de la congregación. Se trata de embusteros, por supuesto, pero fuertemente vinculados al Estado chaqueño. “La organización tiene una red de asistencia a comedores que se fortaleció durante la pandemia. Además, trabajó junto con el Ministerio de Salud provincial en el programa ´Cristianos a Ayudar´”, relata Clarín (6/7). El hijo del ´pastor´ Ledesma, Guillermo Ledesma, en 2021 fue precandidato a diputado provincial por Juntos por el Cambio en una lista separada de la de Zdero. La presencia de Milei en el templo chaqueño marca un nuevo escalón en la penetración política de los Ledesma, esta vez directamente a la cabeza del Estado argentino. De paso, hubo ´milagro de recaudación´: los tickets para participar del evento valían de 30 mil a 100 mil pesos el pase VIP – los organizadores luego aseguraron que el ingreso para asistir al discurso de Milei era gratuito, no así al resto de las actividades. Para Milei, católico declarado que abrazó el sionismo, el atractivo de los Ledesma también tiene que ver con sus vínculos político-religiosos, en este caso, internacionales. Ocurre que el presidente argentino compartió escenario con el ´apóstol´ Guillermo Maldonado, un telepredicador hondureño cercano a Donald Trump y aportista consuetudinario a las campañas del Partido Republicano. La vehemente diatriba que lanzó Milei desde el palco contra el socialismo, el peronismo, el estatismo y la ´justicia social´, etcétera, está apuntada a amalgamar a un movimiento reaccionario bajo su férula, aspiración que el núcleo fascistoide de La Libertad Avanza persigue desde su fundación. Los Milei-Caputo se inspiran en Trump y en Bolsonaro, cuya base social (“Buey, bala y Biblia”) estaba firmemente afincada en el movimiento religioso. Pero a diferencia de Brasil -donde dos grandes cultos evangélicos se reparten la mayor parte de la feligresía-, en Argentina el escenario se presenta mucho más atomizado. Los credos evangélicos se articulan a través de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), un lobby potente pero políticamente ecuménico. Desde allí partieron críticas contra el discurso y la actividad que tuvo como protagonista a Milei por su parcialidad. “La Iglesia como tal, sea cristiana, evangélica o católica, no puede estar identificada con ningún partido político”, señaló el predicador Norberto Saracco, integrante del consejo directivo de ACIERA. Milei concurrió a Chaco con el propósito de poner en pie un movimiento reaccionario.

La noticia del día es el retorno a la guerra arancelaria declarada por Donald Trump el 2 de abril pasado , bautizado por el candidato a dictador como el “día de la liberación”. El derrumbe que el anuncio provocó en el mercado de títulos de la deuda pública de Estados Unidos y en la cotización del dólar forzaron a Trump a declarar ‘un cese del fuego’ hasta el 9 de julio , para habilitar acuerdos con sus rivales económicos en el período de 90 días. Prácticamente sin mayores resultados, prorrogó la entrada en vigor de la guerra para el 1 de agosto próximo. Advirtió, con debida anticipación, que si el ‘arancelazo’ previsto fuera respondido con medidas de represalia del mismo alcance, Estados Unidos llevaría la guerra arancelaria a mayores niveles. Scott Bessent, el secretario de Finanzas de Trump, prevé, a modo de extorsión, que para la fecha tope unos cien países recibirían un alza del 10% sobre los aranceles vigentes. En cuanto al único acuerdo comercial que reconoce haber firmado, con Vietnam, la noticia es prematura, porque quedan por negociar los productos con elevados componentes de terceros países, que son la mayoría del nomenclador vietnamita –especialmente los que provienen de China. La mayor tensión se ha desatado con Japón y Corea del Sur, como consecuencia del fracaso de tres meses de tratativas. La cuestión de la exportación de automóviles a EE.UU. se encuentra fuertemente bloqueada, pero representada por un fuerte porcentaje del PBI. Junto con la reinauguración de la guerra arancelaria, Trump asignó un ataque especial a los países que integran el bloque de los BRICS, una veintena cuando se suman a nuevos socios y adherentes además de los fundadores -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- han adherido otros once países, más los que han firmado acuerdos de inversión en la llamada Ruta de la Seda. Les advirtió que bloquearía el acceso de sus exportaciones a Estados Unidos e insinuó sanciones económicas, en caso de que prosiguieran en el intento de socavar el monopolio comercial y financiero del dólar. Aunque los BRICS no reúnen las condiciones para postular una moneda de cambio internacional alternativa, sus miembros procuran ampliar el uso de sus propias monedas en el intercambio comercial dentro y fuera del bloque. Lula da Silva, el presidente de Brasil, fue el único mandatario que se jugó por una respuesta inmediata cuando declaró que “no hay marcha atrás” en los esfuerzos por reducir “la dependencia del dólar”, por parte de su país y los BRICS (Trump retrucó haciendo la defensa de Messías Bolsonaro, al que calificó como “un gran negociador”). En las negociaciones, EE.UU. reclamó a Brasil reducir a cero los aranceles sobre el etanol estadounidenses, mientras que éste reclamó lo mismo para el azúcar brasileño. En la reciente reunión del Mercosur, sin embargo, sus miembros ofertaron por unanimidad derogar o disminuir aranceles externos comunes a mercancías norteamericanas para 150 productos, para evitar una confrontación comercial como la que ya desató Trump al añadir un arancel del 10% al acero y al aluminio de Brasil y Argentina. La guerra comercial contra la UE tiene otras dimensiones, porque el intercambio recíproco se estima en 1.3 billones de dólares, que no pueden ser negociados en un abrir y cerrar de ojos. Aunque la Comisión Europea anunció que ofrecería una respuesta firme a las exigencias de Trump, el bloque se encuentra dividido. Alemania, por caso, procura dilatar cualquier clase de ruptura para evitar que los aranceles norteamericanos a sus automotores no precipiten un derrumbe industrial luego de que se viera privado del gas barato de Rusia, por imposición de EE.UU. contra el funcionamiento de los gasoductos del Báltico. En el período intermedio, China y Estados Unidos coincidieron en retroceder en cuanto al aumento de los aranceles e incluso saldar la guerra entre el bloqueo de semiconductores norteamericanos a la industria china, a cambio de la reapertura de la exportación de “tierras raras” por parte de China. Pero todo sigue colgado de un pincel: China atraviesa una fuerte crisis industrial y un proceso retroalimentado de deflación que está provocando quiebras industriales. Una paralización de sus exportaciones a EE.UU. agravaría esta crisis, dada la gran dependencia de China de la apertura de los mercados internacionales. La guerra arancelaria responde a una fuerte caída de la tasa de beneficios en la mayor parte de la industria internacional y tiene como consecuencia un mayor agravamiento. Es una sociedad organizada en torno a la valorización de la explotación de la fuerza de trabajo, la guerra comercial traduce un impasse absoluto de conjunto y constituye el prólogo de la guerra militar –que se encuentra en desarrollo . Una exigencia de Trump, que los medios ponen debajo del radar de la guerra comercial y financiera, es el aumento del gasto militar de los países ‘aliados’, que apunta simplemente a hacer crecer el mercado de armamentos de la industria estadounidense. El rearme y la guerra forman parte de la ‘salida’ del capital. Las catorce cartas de advertencia que Trump envió a sus aliados rivales para anunciar el reinicio de la guerra a partir del 1 de agosto no han desestabilizado, esta vez, al mercado accionario y al de deuda pública de Estados Unidos como había ocurrido “el día de la liberación” -el 2 de abril pasado. Quizás porque, al final, se extiende una nueva minitregua. Pero obedece también a los esteroides inyectados a las grandes firmas de EE.UU. por el presupuesto BBB aprobado por el Congreso norteamericano, que compromete fuertes reducciones de impuestos al capital y fuertes reducciones de gastos de salud y sociales. Las “expectativas” de mejores balances para el trimestre que se inicia, dice el WSJ, han devuelto el “espíritu animal” a la burguesía, que asimismo descuenta una desvalorización del dólar y una reducción de la tasa de interés. Lo que surge de esta caracterización es que el Estado norteamericano y la gran burguesía del Silicon Valley han decidido jugar todos sus recursos al objetivo de una victoria en la guerra comercial, financiera y militar. El asalto a las instalaciones nucleares de Irán y a su infraestructura de defensa militar, es una exhibición de esta tendencia , como lo es igualmente el establecimiento de campos de concentración en Gaza para llevar a cabo la “limpieza étnica” y celebrar de este modo el establecimiento de una Riviera hipercapitalista en la Franja , con vista al Mediterráneo. El Financial Times ha publicado la maqueta de lo que sería la Franja en un futuro inmediato, bajo la dirección arquitectónica del ex primer ministro laborista, Tony Blair.

En su momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, de manera categórica negó que haya habido irregularidades en el vuelo proveniente de Miami que traía a bordo al testaferro Leonardo Scatturice, empresario cercano a Santiago Caputo y ex SIDE. Lourdes Arrieta, el 26 de febrero, arribó a Aeroparque con un equipaje que constaba de 10 valijas que no fueron revisadas por las autoridades aduaneras. En la última conferencia de prensa el inefable vocero presidencial eludió preguntas sobre el valijagate . A pesar de que Adorni aseveró que “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, los fiscales que intervienen en la causa han presentado un dictamen en el que aportan imágenes de cómo la valijera Arrieta pudo sortear los controles que se realizan en estos casos. La relación de Scatturice con el gobierno libertario, que venía pasando bajo radar, quedó de manifiesto con el affaire de las valijas y ha puesto al empresario en el ojo de la tormenta, en tanto y en cuanto es un hombre al cual Santiago Caputo consulta frecuentemente y es el responsable de señalar a oscuros personajes para que se sumen a la función pública del gobierno liberticida, como el caso de Andrés Vázquez quien fue colocado al frente de la DGI . La investigación judicial en curso está siendo llevada a cabo por el fiscal Claudio Navas Rial y por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que han presentado un dictamen donde aseveran que no se cumplieron con los controles que la situación ameritaba. Según los fiscales, de las 10 valijas sólo 5 fueron declaradas y no fueron controladas como se debía hacerlo. Navas Rial también señaló: “Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo 'semáforo' destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje". La investigación judicial también da cuenta de que, luego de que Arrieta lograra pasar las valijas, “comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner.” (La Nación 7/072025) El tratamiento diferencial que recibió Arrieta no se debió a problemas operacionales, sino que como se puede observar en las imágenes difundidas “el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”. (Ídem) Es menester recordar que la Dirección General de Aduanas (DGA) está dirigida por Andrés Velis, hombre de confianza de Santiago Caputo. A su vez, Scatturice, dueño del avión Bombardier Global 5000, en el cual arribó Arrieta, tiene una estrecha relación con Diego Colunga, responsable de Royal Class, de quien depende el hangar donde la nave estuvo estacionada durante siete días antes de partir rumbo a Paris. Colunga, cercano a Santiago Caputo, fue colocado por este como director de Aerolíneas Argentinas a partir de una recomendación de Scatturice, de esta manera el ex SIDE y actual lobista de la derecha continental fue quien digitó a las autoridades de la Aduana. En el dictamen judicial se puede apreciar que la investigación en curso da cuenta de un “comportamiento inusual” de Arrieta, ya que “el traslado de la pasajera hacia la zona de arribos internacionales y la descarga del equipaje demoraron más de lo habitual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos”, y que “vio descender a la pasajera de la aeronave portando un teléfono celular -sin poder precisar si era propio o ajeno-, el cual fue entregado a una agente de Aduana”. El dictamen continúa: “Esta última, según describió [el agente], realizó un gesto de 'okey', tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales". (Ídem) La digitación de la dirección de la Aduana y las estrechas relaciones que ha cultivado con uno de los miembros del “triángulo de hierro”, le ha permitido a Scatturice que se realicen un sinfín de irregularidades en el vuelo que trajo a Arrieta y las valijas, desde la omisión de los controles de equipaje hasta la ausencia del registro de vuelo en la base de datos estatales correspondientes. El gobierno nacional ha pasado de la negación de los hechos a un silencio sugestivo sobre el tema y, ante las consultas periodísticas, las fuentes oficiales señalan que “Hay una causa judicial en curso, no la queremos entorpecer. Dejaremos que se expida la Justicia.” (La Nación 8/07/2025) A pesar de las imágenes que brindan evidencias de las irregularidades del vuelo que trajo las valijas, desde OCP Tech, empresa de Scatturice y dueña de la aeronave en cuestión, aseguran que la tripulación y la pasajera Laura Belén Arrieta cumplieron con todos los controles establecidos en su ingreso al país. Al día de la fecha es un enigma el contenido de las valijas, pero teniendo en cuenta los actores en escena se puede conjeturar una hipótesis del contenido. Scatturice, especialista en antilavado, además de abrir empresas off shore en Panamá, se ha dedicado al desarrollo de empresas de vigilancia digital, actividad en la que se adentró a partir de los vínculos con la SIDE, de la cual fue agente y con las distintas fuerzas de seguridad. En el caso de las valijas voladoras libertarias, debido al estrecho vínculo que Scatturice mantiene con el exmontonero Mario Montoto, lobista en materia de ciberseguridad y proveedor de dispositivos que se utilizan en el área de la seguridad, surgen las sospechas de que, en las valijas en cuestión, trasladaran materiales destinados al espionaje y ciberpatrullaje poniendo en el centro de la escena a Santiago Caputo, quien maneja, sin ser funcionario, la SIDE libertaria , que se encuentra al pie del cañón para perseguir a manifestantes populares, activistas y militantes.

El Gobierno de Río Negro, junto a algunos intendentes, entidades empresariales y la Defensoría del Pueblo, presentó una acción de amparo colectiva contra el Estado Nacional y la ahora disuelta Dirección Nacional de Vialidad por el abandono de la Ruta Nacional 151, un tramo clave para el desarrollo económico y social de la provincia. La presentación judicial busca proteger los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad de miles de personas que transitan a diario los 150 kilómetros entre Cipolletti y el límite con La Pampa. El Juzgado Federal de General Roca ya dio curso al amparo y solicitó a Nación y Vialidad un informe sobre la omisión denunciada, otorgando plazos de 11 días para responder y 5 días en el caso de las medidas cautelares. El escrito reclama que el tribunal declare responsable al Estado Nacional por el deterioro de la ruta y ordene su reparación total, además de exigir medidas urgentes como señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para evitar accidentes. También se solicita un plan técnico y presupuestario con informes periódicos de avance. Entre los fundamentos, se detalla que el estado de la vía afecta gravemente el acceso a la salud, con más de 576 traslados sanitarios este año por ese tramo; dificulta la educación, impactando a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y compromete sectores clave como la fruticultura, minería, turismo y la industria hidrocarburífera, que produce el 72 % del petróleo y el 42 % del gas del país. La demanda también cuestiona la desnaturalización del financiamiento vial, al denunciar que fondos específicos como el 28,58 % del Impuesto a los Combustibles que deberían destinarse al mantenimiento de rutas han sido desviados, dejando a corredores estratégicos como la 151 en condiciones alarmantes. El amparo cita artículos de la Constitución Nacional, pactos internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes como la Ley de Amparo 16.986 y la Ley de Tránsito 24.449. La acción legal busca sentar un precedente para que otras provincias puedan exigir judicialmente obras públicas urgentes ante omisiones del Estado central. La presentación fue firmada por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan, la defensora del Pueblo Adriana Santagati, intendentes de cinco municipios afectados y referentes de cámaras empresariales de Cipolletti y la industria petrolera. El amparo fue presentado un día antes del anuncio de disolución de Vialidad Nacional. El gobierno liberticida no solo paralizó la obra pública en el inicio de su gobierno, sino que ahora liquida el único recurso que quedaba para mantener las rutas en terapia intensiva. El estado de las rutas patagónicas es calamitoso, pero no es solo consecuencia del abandono de estos últimos dos años. La cifra de accidentes viales en Río Negro es un escándalo que en los últimos tiempos aumenta sin parar. Las rutas nacionales rionegrinas que más siniestros tuvieron son la RN22, RN3, RN250, RN40, y la RN151, consecuencia del pésimo estado. El gobernador Weretilnek, firmante del Pacto de Mayo en 2024 y ahora pseudopositor, es tan responsable como el gobierno nacional. Fue gobernador desde el 2012 cuando reemplazó al occiso Carlos Soria por el PJ. Después, con su creación, Juntos Somos Río Negro está en el gobierno desde el 2019. Quince largos años de derrumbe vial y muertes viales. Es quien había anunciado la reconversión productiva. De provincia frutihortícola a provincia petrolera y minera. Pero para eso es imprescindible que las rutas soporten esas cargas inmensas. El gobierno nacional descarga las obligaciones de mantenimiento de las rutas a las provincias que no cuentan con la coparticipación, pero sus gobernadores le han dado hasta ahora todo su apoyo. Hoy Milei tuvo que suspender el acto en Tucumán porque le quedan cuatro gobernadores en su haber. Asistimos a una crisis sin precedentes. El cierre de Vialidad Nacional no es una demostración de fuerza, sino de debilidad. Así como el del Instituto del Cáncer, los ataques al INTA y el INTI, al Garrahan, etcétera. En Río Negro, Vialidad Nacional tiene enormes tareas. Cuidar las rutas que bordean la costa atlántica, las que atraviesan las provincias desde la Cordillera al mar, la que recorre la cordillera, la mítica Ruta 40. Vialidad pasaría a ser una Dirección de Concesiones. Ahí se puede vislumbrar la privatización, encargo central de los gobiernos nacionales y provinciales. Las rutas transportadoras de la producción minera y petrolera tendrán mantenimiento y peaje. Las rutas imprescindibles para la población quedarán en un abandono aún mayor.

El gobierno liberticida contestó las demandas salariales de los trabajadores de la salud cantando retruco. La respuesta al pedido de recomposición salarial de los residentes del Garrahan fueron las amenazas de despidos y la decisión de desconocer toda relación laboral. La resolución 2109/25 se anunció mientras 13 000 aspirantes rendían el examen para ingresar a residencias que, de golpe, quedaron convertidas en becas precarizadas . En simultáneo, el “Ministerio de Prepagas” de Mario Lugones, que se había ausentado por tercera vez consecutiva de la audiencia salarial con los trabajadores del Garrahan, decidió intervenir el hospital. El interventor designado es Mariano Pirozzo , quien porta como antecedente “profesional” haber ejecutado el vaciamiento del Hospital Bonaparte: allí desmanteló dispositivos de atención, cerró las residencias interdisciplinarias de salud mental y despidió a más de 200 compañeros. Estos ataques fueron acompañados por un decreto que, al límite del vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases, determinó la disolución del Instituto Nacional del Cáncer y la administración centralizada de cinco hospitales nacionales (Posadas, Bonaparte, Sommer, Carrillo e Inareps), con el indisimulado objetivo de proceder a una nueva tanda de recortes y despidos masivos. Doblegar y despojar de derechos a la fuerza de trabajo es parte de un plan de vaciamiento de la salud pública, que culminaría con la entrega de los hospitales nacionales a gerenciadoras privadas. El gran capital saluda los golpes de su ministro “Prepagas” Lugones, pero solo se interesa por determinadas áreas lucrativas de la llamada “industria de la salud”, condenando a los servicios que atienden las necesidades de la población trabajadora. Para los trabajadores de la salud pública, estas medidas implican la liquidación de todas sus conquistas, desde el derrumbe salarial a la privatización de la formación profesional y la extensión sin límite de la jornada de trabajo. Es lo que dejó en claro el director del Cemic, Hugo Magonza, que apoyó la resolución 2109/25 declarando que los residentes nunca fueron considerados trabajadores para la salud privada (La Nación, 7/9). Cómo lo enfrentamos La burocracia sindical dejó pasar estos anuncios con argucias jurisdiccionales. “La resolución no se aplicará en CABA”, afirmó Médicos Municipales. Sin embargo, la negación de la relación laboral que implica un sistema de formación en servicio como las residencias fue lo mismo que intentó impulsar en tierras porteñas Larreta, con su ley del año 2019 que debió ser archivada tras una huelga general de 10 días que incluyó el sitio de la Jefatura de Gobierno . Finalmente, el contenido de estas medidas no es más que un anticipo de las reformas laboral, previsional e impositiva, con las que el gobierno de Milei se propone sancionar, después de las elecciones de octubre, el fin de los derechos laborales y sociales y el traslado de mayores recortes a las provincias y municipios. Es lo que entendieron los residentes de los hospitales porteños, que la semana pasada protagonizaron un paro con movilización contra el sistema de becas y por una recomposición salarial. Ambos reclamos son indisociables, ya que los derechos laborales sin un salario que los respalde terminan siendo una cáscara vacía, como se observa en la gran cantidad de renuncias y cargos que quedan vacantes, incluso de planta permanente, en hospitales y centros de salud. El jueves 10/7 se realizará un nuevo paro de los trabajadores del Garrahan, con un abrazo al hospital a las 12 horas. A la tarde, los residentes porteños organizarán una marcha de velas a las 18 horas desde Callao y Corrientes al Obelisco. Ese mismo día, los residentes bonaerenses se movilizarán a las 11 horas a La Plata, donde el gobernador Kicillof dispone los mismos sueldos de hambre que Milei. Las acciones confluirán el jueves 17/7 con un paro y movilización de los trabajadores del Garrahan, de Congreso a Plaza de Mayo, a las 16.30. Una asamblea nacional de residentes, que unió a representantes de las distintas jurisdicciones, debatió este panorama y fijó el objetivo de organizar para el 17 un paro nacional de residentes y de toda la salud pública. Los residentes porteños ya votaron parar ese día, al igual que CICOP en Buenos Aires y FESINTRAS a nivel nacional. En simultáneo, avanzó en Diputados el proyecto que declara la emergencia pediátrica por un año y anula la resolución 2109/25. El dictamen ingresará en el tire y afloje entre Milei y los gobernadores, incluyendo los esperables vetos, la necesidad de mayorías especiales y sus eventuales reglamentaciones. La experiencia universitaria ya demostró que adecuar la lucha de los trabajadores a los salones parlamentarios es un camino seguro a la derrota. Tampoco hay posibilidad de quebrar la ofensiva oficial y conquistar los reclamos en juego con jornadas aisladas. Desarrollar reclamos concretos a las autoridades jurisdiccionales nutre y potencia las acciones generales contra el gobierno. Finalmente, es imposible articular un movimiento general que no se desarrolle localmente o que adecúe su ritmo al nivel de los sectores menos movilizados. Para derrotar la ofensiva de Milei hay que recuperar la experiencia de las grandes luchas del movimiento de residentes del 2019 y el 2022. Es lo que hicieron los residentes de Pediatría del Garrahan, cuando votaron ir a 72 horas de paro, luego 96 y finalmente a una huelga indefinida que conmocionó a la población y colocó a la crisis de la salud pública al tope de la agenda nacional. Al retruco oficial hay que cantarle vale cuatro con una lucha a fondo. Fuera los interventores de Milei de los hospitales. Abajo la resolución 2109/25, reapertura de todos los cupos de residencia eliminados. Salario mínimo de 2,5 millones de pesos y estabilidad laboral para todos los trabajadores de la salud.

Mediante un decreto del 2/07, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, designó a Rubén Buzzuno (dirigente del sindicato docente porteño UTE) en el directorio de la ObSBA (la obra social de los docentes y municipales del GCBA) (Mundo Gremial 4/07). Con este ingreso, la dirección Celeste de la UTE corona un proceso de integración al Estado y de vaciamiento de su vida sindical. UTE, que nunca organizó a la docencia para enfrentar la quiebra de ObSBA, ahora comparte con las burocracias de SUTECBA (el sindicato de los municipales de CABA), UDA (sindicato docente nacional enrolado en la CGT) y la Asociación de Médicos Municipales, la responsabilidad de la gestión de una obra social quebrada, con cirugías suspendidas, ausencia de medicación oncológica y de tratamiento de diabetes, falta de cobertura en las provincias, entre otras desatenciones. Vale aclarar que ObSBA no es administrada sólo por los sindicatos mencionados. En su dirección participa el Gobierno de la Ciudad, desde que en 2007 es intervenida y judicializada por Mauricio Macri (Jefe de Gobierno, entonces), supuestamente como “respuesta” al vaciamiento al que había llevado su gestión bajo SUTECBA. A partir de entonces, el desfalco es compartido por la burocracia sindical y las camarillas privatistas vinculadas a los funcionarios del gobierno porteño (ver Política Obrera 28/01/2022). La pandemia COVID-19 y sus consecuencias en el sistema sanitario agudizó la situación de quiebra de la obra social. En 2022 se desarrollan importantes movilizaciones autoconvocadas. UTE fue totalmente ajena a este proceso. Luego de meses de desarrollo del conflicto, constituyó una “multisectorial por la recuperación de ObSBA”, que buscó deslindar a la burocracia de SUTECBA del desfalco, limitando la responsabilidad al gobierno porteño. A tres años de aquellas movilizaciones, el desfalco continúa. “Desde mediados de diciembre, más de 300 000 afiliados dejaron de recibir atención por parte de 61 prestadores de la cartilla médica” (lacolectiva.org.ar, 10/01/25). Movilizaciones autoconvovadas a la sede de ObSBA se han reeditado en febrero de este año. Este es el cuadro en el que el gobierno porteño incorpora a UTE a la gestión de la obra social. La integración de UTE a la gestión de ObSBA mediante un decreto del gobierno porteño corona todo un proceso de colaboración política que, aunque no se exprese de forma explícita, no por eso deja de serlo. Desde el inicio del gobierno de Jorge Macri, frente a los ofrecimientos salariales del gobierno, si bien no ha firmado ningún acuerdo, se limitó a expresar que “queda a consideración de los cuerpos orgánicos” sin haber convocado en ningún momento siquiera a sus amañados plenarios de delegados (¡que no se convocan desde antes de la pandemia COVID-19!); es decir, validó en los hechos la política de licuación salarial del Gobierno y desmovilizó a la docencia. La misma política de colaboración con el gobierno porteño se expresó en la implementación del BA Aprende, que ha dejado a las escuelas que han ingresado al plan con un 40 % de su planta en disponibilidad, sobrecargados sus trabajos y degradados los contenidos educativos. Todo el proceso de lucha docente de 2024 de rechazo al “BA Aprende” se ha producido a espaldas de la dirección de UTE que, frente a los requerimientos de delegados de escuela del sindicato, se limitó a decir que “no actuemos irresponsablemente cuando aún no tenemos certezas”, cuando los documentos de rechazo de la docencia eran elocuentes sobre sus consecuencias. Nuevamente, la política de dejar pasar sin decir nada y desmovilizar a la docencia. Esta política de la dirección Celeste de UTE ha quebrado su relación con los delegados de escuela del sindicato. Como manifestación de esto, las dos asambleas contra el BA Aprende del 7 y 14/06 fueron convocadas centralmente por delegados de escuela de UTE, independientemente a la dirección del sindicato, ante el “silencio” de la misma. El derrotero señalado indica la caducidad de esta burocracia. Ninguna recuperación de la organización sindical como herramienta de la lucha docente vendrá de la mano de exigirle “planes de lucha” a esta dirección. Son las convocatorias de delegados de escuela (tanto de UTE, de Ademys, como del activismo sin filiación sindical) las que construirán la dirección de las luchas en curso.

El 4 de julio se dio a conocer por parte del directorio del CONICET la forma en la que se distribuirán las becas doctorales y posdoctorales según sean temas Prioritarios o temas Generales, asignando un 70 % al primero y un 30 % al segundo, a la inversa de cómo se venían distribuyendo hasta el año pasado. También el comunicado establece un listado de los temas específicos que se priorizarán; entre ellos se destacan Energía y Minería con 57 temas priorizados, Agroindustria con 82 temas, Salud con 131, Economía del Conocimiento (IA y programación) tiene 68 temas, Pobreza, Educación y Desarrollo con 27 temas y Ciencias Exactas y Naturales con 29 temas. Esta distribución muestra una clara disposición del directorio de redirigir las investigaciones hacia los intereses patronales, si sólo tenemos en cuenta los ítems Energía y Minería y Agroindustria tenemos acumulada la mayor cantidad de temas. Por otro lado, en el desarrollo de cada ítem se cuelan temas relacionados con las patronales, por ejemplo, en Ciencias Exactas y Naturales en donde no existe el área Biología, pero si está representado el estudio de combustibles fósiles. La noticia de esta reforma se hace pública horas después de conocerse el decreto que permite la intervención de la Agencia I+D+i y en medio de una semana en la que, previo al decreto, se estuvo operando desde los medios de comunicación con la idea de no sólo intervenir la Agencia, sino también al CONICET, al cual se le coparía su directorio -hoy con mayoría de científicos- con representantes de las patronales, minería, pesca, combustibles, industria y comercio. Esto sería un primer paso para desarrollar un plan integral de desarme y desguace de la ciencia. Este plan se dejó ver en ocasión del panfleto de la fundación liberticida Libertad y Progreso . Las autoridades científicas del CONICET, que conforman su directorio o dirigen los institutos, cacarean contra las políticas del gobierno, pero empalidecen y se adaptan ante el escenario que se plantea. Este escenario de adaptación de las autoridades por un lado y de ataque por parte del gobierno por el otro tiene una contracara: en los grupos de ciencia se está discutiendo cómo enfrentar este ataque el mes pasado una fuerte movilización federal puso en boca de toda la población argentina la situación crítica en la que se encuentra el sector científico . La semana pasada se desarrolló una asamblea virtual que colmó el límite de 300 personas que tienen las salas de Zoom en menos de 10 minutos. Trabajadores del Museo y de Leloir hace tres semanas que vienen desarrollando todos los miércoles semaforazos y radios abiertas, logrando generar un punto de referencia y para esta semana se espera una mayor convocatoria ya que se ha contagiado a otras instituciones. El viernes se prepara una asamblea en el Polo Científico donde se van a condensar estos problemas y donde van a aflorar activistas que vienen desarrollando la discusión dentro de sus lugares de trabajo y por abajo.

El gobierno libertario designó a dedo en el día de ayer como director médico a Mariano Pirozzo. Esta designación fue vivida por los trabajadores como una verdadera intervención, ya que se trata de un personaje ajeno a la institución. Con antecedentes de formación académica en la Universidad Maimónides, especializado en neurocirugía en el hospital Central Cosme Argerich (residente), formado en gestión en salud, actualmente realiza una maestría en ése área en la Universidad de San Andrés. Además de haber ejercido en el Hospital Nacional El Cruce de Florencio Varela, fue director de Servicios Técnicos y Diagnóstico del Hospital Nacional Baldomero Sommier contando en su haber con la friolera de 180 despidos. Una vez completada su tarea se lo designa director en el Hospital Laura Bonaparte, luego de que se despidiera a 200 trabajadores. Su función fue la de auditar si el hospital podía seguir funcionando con la "escasa demanda". Este personaje y sus antecedentes le vienen al dedillo a un gobierno que tiene como objetivo desentenderse abiertamente de la salud de la población, llevándola día a día a un verdadero colapso. Frente a esta arremetida del gobierno liberticida de la mano del Ministro Lugones, los trabajadores le responden con dos medidas de lucha. El jueves 10 realizarán un paro de 24 horas. A las 12 horas convocan a un abrazo a la institución. Mientras que el 17, a las 16,30, marcharán en defensa de la salud pública junto a las diferentes organizaciones que apoyan la lucha. Como trabajadores de salud de Política Obrera decimos: No al vaciamiento de la salud pública. Por un sistema de salud universal y gratuito bajo el control de los trabajadores y usuarios. Mientras la población día a día reconoce el legítimo reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan, realizando muestras de ello en las diferentes jornadas de lucha, el Congreso aprueba el proyecto de ley que establece la emergencia en salud por un año con el consecuente aumento de salarios. LEER MÁS: Milei interviene el Garrahan y redobla la apuesta contra los residentes y toda la salud pública ¿Cómo lo derrotamos? Por Silvia Allocati, 09/07/2025.

Los trabajadores de Georgalos realizaron un nuevo acto en la puerta de la fábrica, ubicada en Victoria, en el marco de lucha por la reincorporación de los cinco despedidos. Oradores de distintos gremios, entre los que destacaron los despedidos de Secco y Molinos, denunciaron a las patronales y al gobierno de Milei como responsables de este ataque y del conjunto de atropellos contra la clase obrera. Al mismo tiempo se denunció al gobierno de Kicillof y a la burocracia de la alimentación (STIA) por dejar pasar los despidos, avalando todas las maniobras ilegales de la patronal, quien actúa a sus anchas violando la conciliación obligatoria al negarse a reincorporar a los despedidos. En el acto se hicieron presentes unos 500 activistas, trabajadores y organizaciones sindicales y políticas. Después del acto, la columna se dirigió al Acceso Tigre y, a pesar de los gases y los palos, la movilización logró quebrar el cordón de la gendarmería. Se mantuvo el corte por un rato hasta que el operativo represivo logró desalojar la autopista. La columna volvió sobre la rampa, donde un cordón más numeroso de gendarmería impidió el corte. Allí, frente al operativo represivo, se continuó con el acto con un megáfono. En breve, la gendarmería avanzó sobre la columna reprimiendo con palos y gases. Los despedidos de Georgalos que encabezaban la columna llamaron a retomar el corte frente a la puerta de la fábrica donde se culminó el acto. En nombre de Política Obrera hizo uso de la palabra Mauro Triulzi , dirigente zonal de nuestra corriente y delegado docente. En su intervención manifestó nuestra solidaridad con la lucha por la reincorporación y con todas las medidas de lucha que se impulsen. Además, se destacó la importancia fundamental del paro que los trabajadores acababan de votar en la asamblea de fábrica por la reincorporación, mientras se desarrollaba el acto en la puerta. Durante el día de hoy, había una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo que definiría la reincorporación o no de los despedidos. En este sentido, el paro votado dentro de la planta para el día jueves es un poderoso pronunciamiento frente a la entrega permanente de la burocracia sindical del STIA, que abre una perspectiva de profundización de la lucha y, por esa vía, la posibilidad de torcerle el brazo a la patronal y marcar un punto de apoyo contra el conjunto de los ataques antiobreros. En un marco de ataques generalizados, está planteada la necesidad de profundizar la coordinación de acciones que unifiquen las luchas y un verdadero plenario de delegados, con mandato de asamblea, que impulse la huelga general alimenticia para parar en seco las embestidas patronales. LEER MÁS: La Gendarmería de Patricia Bullrich reprime a los trabajadores de Georgalos Comunicado de Prensa. Por Pablo Busch, Candidato a Senador por la Primera Sección Electoral de la PBA, por Política Obrera, 08/07/2025. Plenario de delegados de la Alimentación vota darle la espalda a la lucha contra los despidos Delegados de Georgalos habían mocionado un paro nacional. Por Pablo Busch, 07/07/2025.

La noticia del encuentro del nieto recuperado número 140, hijo de Graciela Romero y Raúl Metz, militantes del PRT-ERP secuestrados en 1976, es un nuevo aliento en la lucha contra los crímenes impunes de la dictadura y contra el gobierno de sus representantes civiles, que vienen atacando y desmontando todos los resortes estatales de búsqueda de los más de 400 chicos apropiados por los genocidas. Sus padres fueron vistos en los centros clandestinos “La Escuelita” de Neuquén y Bahía Blanca, la última vez que se supo de ellos. El nieto, que hoy tiene 48 años, nació el 17 de abril de 1977 en el campo de concentración de Bahía Blanca. Su madre, Graciela, estaba embarazada de cinco meses al ser secuestrada junto a su pareja el 16 de diciembre de 1976. Su hermana, Adriana Metz, nacida en 1975 y criada por sus abuelos paternos en la ciudad del sur bonaerense tras la desaparición de sus padres, dedicó su vida a esta búsqueda. Desde 2023 integra la comisión directiva de Abuelas. Para hacer posible este reencuentro fueron imprescindibles los aportes de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y, sobre todo, del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La primera orienta y asiste a personas que buscan identificar su filiación. En el BNDG, asimismo, se encuentran resguardadas las muestras genéticas de las familias que buscan a los hijos de los desaparecidos. Desde su creación -a instancias de Abuelas a mediados de los 80, en lo que fue, además, una importante innovación científica- fue imprescindible para identificar a los nietos hallados hasta ahora. Con el correr del tiempo el BNDG ganó un gran prestigio internacional y amplió sus prestaciones a otros casos de búsqueda de identidad. Tuvo su sede permanente en el Hospital Durand durante muchos años, hasta que los gobiernos K decidieron trasladarlo y convertirlo en un “ente descentralizado” del Ministerio de Ciencia y Técnica, no sin resistencia de familiares, entre ellas, la fundadora de Abuelas, “Chicha” Mariani. Por disposición de la Ley Bases -aprobada con el concurso del peronismo y sus gobernadores- pasó a convertirse en “ente desconcentrado” de la ahora Secretaría de Ciencia, anticipando el paso en el mismo sentido que resisten los trabajadores del INTI y el INTA, por caso. El resultado inmediato ha sido un recorte presupuestario significativo. Se estima que la subejecución de partidas alcanza casi el 40 % (Tiempo Argentino, 23/5). Al ocultamiento sistemático de los archivos represivos de la dictadura a manos de todos los gobiernos “democráticos”, se suman la resistencia y el ensañamiento contra los luchadores de la criatura videliana de La Libertad Avanza. Este nuevo encuentro es el fruto de una movilización incesante.

Hoy se realizó una asamblea de los trabajadores de Georgalos, la primera con la Conciliación Obligatoria vencida. Asambleas anteriores habían votado que si los despedidos no ingresaban, la planta volvía hoy mismo a la huelga. Pero la asamblea de hoy, intervenida por la presencia al frente del Sindicato de la Alimentación, votó no parar. Para ello los enviados del STIA montaron un fraude deliberado: en el recuento final, hicieron valer las abstenciones como votos negativos contra el paro. Además, impidieron que se contara el voto de los trabajadores despedidos, es decir que se los consideró ya despedidos a la hora de votar. Asi lo comunicó la Comisión Interna en su comunicado, diciendo “Si se votaba como corresponde, a favor, en contra y abstenciónes ganaba el paro u otra medida de lucha unitaria que exprese el apoyo a los compañeros despedidos. Esta maniobra no la permitiremos más. Además no se sumaron los votos de los despedidos que para nosotros son trabajadores. Por eso llamamos a asambleas y se voten las medidas que se consensuen entre todos. La que muestre apoyo que garantice la unidad de la fábrica mostrando apoyo a los compañeros despedidos” El Sindicato no solo votó no convocar a un paro general del Sindicato de Alimentación en solidaridad con los despedidos, sino que ahora interviene abiertamente para carnerear la huelga de Georgalos. LEER MÁS: Georgalos: acto y corte del Acceso Tigre, quebrando el operativo represivo de Bullrich La asamblea de fábrica vota volver al paro. Por Fabián Pacheco, 09/07/2025.

En una entrevista radial el pasado 7 de julio la directora de la Secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad de Caleta Olivia, Paola Ramos, manifestó que en la ciudad “se secuestran mujeres”; específicamente, se trataría de dos casos recientes: en uno de ellos, quien la persona fue nuevamente cooptada por redes de trata. Asimismo, la funcionaria afirmó que las denuncias por violencia de género habrían aumentado luego del femicidio de Antonella Aybar , por el cual fueron separados de sus cargos cinco policías. Luego de las declaraciones de la funcionaria, el ministro de Seguridad de la provincia salió a desconocer públicamente sus dichos. Ramos reconoce públicamente que, en nuestra ciudad, operan redes de trata, sin especificar quiénes las regentean, donde actúan y qué ha hecho el Estado para desmantelarlas. Las redes de trata operan y crecen reclutando principalmente mujeres pobres, quienes, en busca de sostener económicamente a sus familias, son víctimas de ofertas laborales mentirosas, en un contexto de aumento de la carestía y la miseria. Los capitalistas del proxenetismo se ven beneficiados por el blanqueo de capitales dispuesto por el gobierno, que no requiere información sobre el origen de esos fondos. Ni la secretaria municipal, ni la dependiente del estado provincial, son una vía para enfrentar este flagelo que sufrimos las mujeres trabajadoras, porque el propio estado es cómplice del desarrollo de las redes de trata. Llamamos a las mujeres y al conjunto de los trabajadores a autoorganizarnos, a deliberar y movilizarnos exigiendo que se informe como actúan estas redes, quiénes son los policías a cargo de la custodia de la mujer que habría sido nuevamente cooptada, y que se investigue la complicidad de funcionarios, quienes teniendo esta información no han hecho nada al respecto. A las víctimas de la trata es necesario que el Estado garantice su subsistencia mediante un subsidio que cubra el costo de la canasta familiar, atención psicológica integral y vivienda digna. Es decir, sacar a esas mujeres del marco de vulnerabilidad y pobreza a las que el régimen las condena. Desde Política Obrera llamamos a las mujeres de Caleta Olivia a deliberar y preparar una movilización hacia las puertas de la municipalidad y del juzgado.

Horas antes de que se agoten las facultades delegadas, el gobierno de Javier Milei eliminó Vialidad Nacional y otros 25 organismos del Estado. Mediante la resolución 461/25 concretó la disolución y desmantelamiento de VN. Sus funciones pasarán a depender del Ministerio de Economía, bajo el nombre de “Sistema troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias”. Un operativo que busca, en primera instancia, delegar las funciones a las provincias o eventualmente que éstas tercericen las tareas. La secretaría de Transporte anunció la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo que concentrará tareas de fiscalización, control y sanción sobre servicios públicos y concesiones viales y ferroviarias. De esta forma reemplazará, entre otros, a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), que quedará disuelta en esta nueva unidad. El Ministerio explicó además cómo se distribuyen funciones de organismos eliminados. Sobre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se aclaró que las competencias en licencias y políticas públicas de seguridad vial pasarán a la Secretaría de Transporte. Los controles y constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y demás espacios del dominio público nacional fueron asignados a la Gendarmería. El golpe de esta medida es sobre la infraestructura nacional de rutas y su mantenimiento, en primer lugar, pero afecta sobre todo a centenares de trabajadores que se desempeñan en los campamentos en cada localidad del país. En los más de 40.000 km de rutas nacionales, actualmente trabajan 5.700 trabajadores, encargados solo de tareas de mantenimiento. En Chubut os trabajadores ya resolvieron en asamblea movilizarse junto a los jubilados para rechazar la resolución y la disolución de VN. La consecuencia inmediata de esta medida se traslada directamente sobre las provincias, que en muchos casos deberán asumir los costos de reparación y mantenimiento, de Rutas Nacionales. El gobierno además anunció la privatización de 9.120 kilómetros de ruta bajo el esquema del cobro de peajes. Este esquema convertirá en inviable la circulación por algunas regiones del país, por su costo, bajo la excusa de la transferencia de funciones, de las obras y el mantenimiento de las rutas. Mientras Manuel Adorni anunciaba la eliminación de Vialidad Nacional, el gobernador salteño Gustavo Sáenz negociaba con Karina Milei que la provincia asumiera la ejecución de las obras inconclusas en ruta nacional 51 en el tramo de San Antonio de los Cobres-Mina Poma. Una obra que solo reclaman los capitales mineros allí instalados. Otra vez, el salteño es ejemplo de cómo los recursos provinciales son puestos al servicio de las exigencias del gran capital a costas del hundimiento en la pobreza de la provincia. Mientras los gobernadores se hacen eco del reclamo de sus patronales agrarias e industriales, que piden a gritos la reactivación de la obra pública y en particular de rutas, por el contrario, Nación formalizó su desvinculación de esta responsabilidad. De norte a sur del país, el ingreso de insumos y la salida de productos por las rutas se encarecerá. En Mendoza, por ejemplo, Vialidad Nacional se encarga del “Operativo Nieve”, que funciona en periodo invernal en alta montaña en zonas de rutas nacionales, lo mismo ocurre en la puna salteña, donde, hasta hace una semana atrás, Vialidad Nacional trabajó en la limpieza de hielo y nieve sobre ruta 51, estratégica en el ingreso al área minera. Un planteo similar fue llevado por el rionegrino Alberto Weretilneck a la Justicia, por el mal estado de la ruta nacional 151 que utilizan los transportes de la industria frutícola, minera, turística y petrolera en el sur del país. Funcionarios del Norte ya cuestionan la medida por profundizar la "desconexión productiva", el viejo reclamo de las burguesías en el interior. Pero la falta de mantenimiento de rutas, es sobre todo, un riesgo de vida para miles de personas que circulan a diario por rutas nacionales completamente destruidas. La medida de Milei no parece ser la de un gobierno poderoso que impone su agenda de manera indolora, por el contrario, es la respuesta aún más violenta de un gobierno acosado por un frente opositor conformado por gobernadores, que cuestiona su "equilibrio fiscal", a costas de la quiebra de las provincias y sus negocios. En lo esencial, el golpe de estado económico y político contra los trabajadores es acompañado por todo el arco político patronal. Sin embargo, en el Congreso, los gobernadores se juegan a postular una variable alternativa para el gran capital y la burguesía, ante la inminente catástrofe económica y financiera del plan Caputo-Milei. Los choques y las crisis entre los bloques de la burguesía con un cronograma electoral ya en marcha, serán cada vez más violentos, ninguno ofrece una salida para el mundo del trabajo. Eso sólo puede ofrecerlo la clase obrera mediante una acción política e independiente. LEER MÁS: Río Negro demanda al Estado Nacional por el abandono de la Ruta 151 Por Elena Florín, 09/07/2025. Entre la celebración del 9 de Julio y la crisis con los gobernadores Por Violeta Gil, 08/07/2025.

Donald Trump anunció el miércoles 9 que establecería una sobretasa arancelaria del 50% contra la totalidad de los productos de exportación de Brasil – se encuentren ya tasados, como el acero, el aluminio, el azúcar y el bíoetanol, o no. En el caso de este tarifazo “recíproco” no hizo casi alusión al intercambio comercial con ese país, que registra un pequeño superávit a favor de Estados Unidos dentro de un marco de exportaciones de 40 mil millones de dólares cada uno. Lo bizarro, en apariencia, de todo el asunto, es que Trump ha justificado ese arancelamiento recargado en lo que ha llamado “la persecución judicial” contra Jair Bolsonaro. El expresidente de ultraderecha se encuentra acusado de tentativa de golpe de estado, en enero de 2023, y destrozos de propiedades y patrimonios públicos. Trump denuncia “una caza de brujas” y ha reclamado el indulto al golpista incluso antes de recibir una condena. Las autoridades brasileñas caracterizan la extorsión de Trump como un ataque a las instituciones del Estado, especialmente contra el Tribunal Superior Federal. Dentro de una guerra arancelaria que nunca ha sido solamente comercial, sino que forma parte de una guerra mundial imperialista propiamente dicha, la bravuconada del mandatario norteamericano representa un ostensible salto, o sea a la guerra política. Trump ha cargado sobre sus espaldas la orientación a un golpe de Estado en Brasil, con la expectativa de obtener un éxito mayor que los fracasados golpes que él y su compinche brasileño intentaron, respectivamente. En el juicio a Bolsonaro se encuentran acusados de sedición varios jefes militares brasileños . De acuerdo a la prensa brasileña (Folha de Sao Paulo), Bolsonaro estaría preparando su fuga y el asilo político por parte de Trump. El hijo mayor del golpista frustrado, Eduardo Bolsonaro, ha obtenido residencia en Estados Unidos, donde se ha declarado “diputado en el exilio”. El mismo Bolsonaro se habría refugiado en la embajada de Hungría en Brasilia durante 48 horas, luego que la Justicia le retirara el pasaporte. Aunque el Congreso de Brasil ampara políticamente a Bolsonaro, en el marco de una política para consagrar al ultraderechista gobernador de Sao Paulo como próximo presidente de la nación, Trump apunta sus dardos con el Tribunal de Justicia, a quien acusa de atacar la libertad de expresión y acallar las redes sociales, por los límites que le ha impuesto a las noticias falsas y políticamente desestabilizadoras que promueven Elon Musk y la camarilla oficialista MAGA de Donald Trump . Es claro para cualquiera que el candidato a dictador de Estados Unidos (por de pronto ha vulnerado principios constitucionales decisivos como el derecho de nacionalidad) proyecta una suerte de fascismo universal bajo los pliegos de un bonapartismo militarizado internacional. El tiro golpista contra el gobierno y el poder judicial brasileño apunta a objetivos más ambiciosos. Donald Trump ha amenazado con la guerra a los BRICS, la coalición que integra Brasil, junto a Rusia, China, India y Sudáfrica, si continúan “socavando” la primacía del dólar, en referencia a los acuerdos comerciales de esos países mediante el uso de monedas locales. Trump mira a Brasilia pero apunta a Pekín y Moscú. Como ocurrió con el simulacro engañoso que utilizó para bombardear a Irán mientras pretendía públicamente lo contrario, el objetivo de Trump son las cabezas de sus rivales económicos y, en última instancia, geopolíticos e imperialistas de cuño propio. En un reciente pre-acuerdo comercial con Vietnam, Trump ha impuesto un desalojo de China del sudeste asiático. Cuando las principales potencias, y en especial el imperialismo norteamericano y la OTAN, dan los pasos necesarios para desarrollar una guerra mundial, es que estamos en una guerra mundial. Los planes para proceder a una “limpieza étnica” en Gaza y en Cisjordania prosiguen sin pausas; en cuanto a Ucrania, la guerra se ha convertido en ilimitada – involucra al territorio ruso y lo mismo ocurrirá con las naciones que bordean el Mar Negro, sin exceptuar a Turquía. Una semana antes de estos improperios imperialistas contra Brasil, Lula y Milei habían convenido en una lista de 150 posiciones arancelarias para negociar con Trump una serie de concesiones recíprocas , en especial, acero, aluminio, etanol, azúcar, carne y otros. El asalto de Trump contra Brasil va dirigido a desintegrar al Mercosur, sin reparar los privilegios que esta asociación ofrece a industrias y agroindustrias de sus países. La declaración de guerra a América Latina que comenzó con la amenaza de ocupar por la fuerza el canal de Panamá, gana un nuevo desarrollo . A esto se añade el régimen de deportaciones arbitrarias por parte de Trump; las amenazas contra México, que so pretexto de la lucha contra los carteles de la droga está dirigido a quebrar el sistema bancario mexicano; o el proyecto de una base militar en Tierra del Fuego. Las campañas electorales de medio término, en Argentina, ignoran olímpicamente el alcance de la guerra, salvo cuando se escapa la tortuga, ocasionalmente, y dos legisladoras de condición judía, una por la LLA y la otra por UxP, se acusan, también recíprocamente, de “antisemitismo”, una, y de “genocidio”, la otra, sin que el juez Daniel Rafecas sea convocado o se ofrezca a laudar. Las compras de todo tipo de pertrechos militares a Estados Unidos, los protocolos represivos de todo orden, el uso abundante de la Gendarmería contra los trabajadores en lucha y la extensión del espionaje a la ciudadanía, muestran que la tendencia al golpe de estado no es exclusiva de Trump contra Brasil; el ex secretario de Carlos Saúl Menem, Alberto Kohan, acaba de exhortar a una disolución del Congreso, como respuesta a los obstáculos (ficticios) que enfrentan Caputo y Milei en el Senado y Diputados. LEER MÁS: Trump "reanuda" la guerra económica mundial Los distintos medios de la guerra imperialista. Por Jorge Altamira, 08/07/2025.

El Sahel es la zona de África que está conformada por Niger, Mali y Burkina Faso. Gobernados por gobiernos militares, desde hace pocos años, los tres países fueron expulsando los resabios de la colonización francesa con una orientación panafricana, bajo la influencia de Rusia y China. El caso más emblemático es el de Burkina Faso. Desde el 30 de septiembre de 2022 gobierna Ibrahim Traoré, luego del golpe de Estado que derrocó al presidente de facto Paul-Henri Sandaogo, quien había derrocado a un gobierno civil ocho meses antes. Traoré es uno de los muchos oficiales formados en la lucha contra el yihadismo en el norte del país y ha obtenido una fuerte popularidad -que trasciende fronteras y continentes- levantando las banderas del líder revolucionario burkinés Thomas Sankara, quien fue asesinado por orden de Francia en 1987. En los cuatro años que duró su mandato, Sankara estableció estrechas relaciones con Cuba e impulsó campañas de vacunación masiva y de alfabetización, y sostuvo un programa panafricano y antiimperialista. En la actualidad, en el plano económico se ha dado un crecimiento del PIB del país entre 2022 y 2024, de aproximadamente 18.800 millones de dólares en 2022 a 22.100 millones en 2024. El gobierno de Burkina Faso ha rechazado préstamos del FMI y el Banco Mundial. Le quitó el manejo de los los recursos naturales a Francia, y para la explotación del oro, por ejemplo, creó un sistema mixto - un acuerdo con la empresa rusa Nordgold, que adquirió una participación del 85 % en un proyecto de extracción. El gobierno, que conservó el 15 % de la propiedad, impuso que el oro se refinara en el país. Con esto se espera el aporte de 101 millones de dólares a sus arcas en un período de ocho años. También nacionalizó la tierra, reconoció los derechos consuetudinarios a las tribus locales y distribuyó maquinaria agrícola e insumos para impulsar una reforma agraria, al tiempo que fomentó la obra pública. Con Rusia firmó un acuerdo para construir una central nuclear. Además, redujo los salarios de ministros y parlamentarios un 30 % y aumentó los de los funcionarios públicos un 50 %. En 2023 expulsó a las fuerzas francesas que operaban en el territorio con la excusa de combatir al yihadismo, -y con las cuales, según Traoré, bien por el contrario, colaboraban-. Las fuerzas norteamericanas también se retiraron del territorio. Con Rusia tiene acuerdos económicos y de seguridad. Estuvo invitado por Putin a Moscú en el aniversario del triunfo frente a los nazis, pero Traoré es el único de los tres gobernantes del Sahel que se negó a darle el control del territorio a las fuerzas rusas. Por eso la presencia militar de mercenarios rusos es la menor de la región, lo cual es una demostración de soberanía, aunque al mismo tiempo lo debilita frente a los yihadistas. Para enfrentar este déficit, Traoré creó las milicias de Voluntarios en Defensa de la Patria (VDP). Burkina Faso, junto con las juntas militares de Malí y Níger, impulsaron una nueva alianza regional denominada Alianza de Estados del Sahel (AES), la cual tiene alcance en materia económica, política y militar. Esto último cobra importancia por la lucha contra el yihadismo, el cual controla parte del territorio de Burkina Faso cercano a la triple frontera. La AES aspira a convertirse en una confederación estatal, con autonomía financiera propia, con una política exterior común y unificar la ciudadanía de sus habitantes. Surge como una alternativa a la organización regional CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), a la que acusan de servir a intereses imperialistas, rivalizando en la región principalmente con Nigeria y Costa de Marfil. La lucha contra Al Qaeda La principal consigna de Traoré es liberar la totalidad del territorio y con esta excusa ha pospuesto las elecciones para 2029, para consagrar la democracia en todo el país al mismo tiempo. Sin embargo, más de 17.000 personas han muerto a causa de la violencia yihadista desde que tomó el poder, más del triple de la cifra de muertos en los últimos tres años de gobierno civil, según un análisis del Centro Africano de Estudios Estratégicos, perteneciente a la Universidad Nacional de Defensa del Pentágono (Geopol21, 19/05). Según el Índice de Terrorismo Global (GTI), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Burkina Faso es considerado el epicentro del terrorismo mundial (idem), con 1.500 muertos a causa del terrorismo solo en 2024. La principal amenaza a la que se enfrenta la Junta Militar en Burkina Faso es la organización terrorista, de naturaleza yihadista y filial de Al Qaeda, Jama´at Nasr al-Islam Muslimin (conocida por sus siglas como JNMI). Donde JNIM controla el territorio realiza proselitismo religioso como base para reclutar nuevos combatientes entre la población muy joven. Está muy infiltrada e identificada de manera indirecta con la etnia fulani. Esta etnia está compuesta por millones de personas que se extienden por el Sahel y África Occidental, carece de estado propio, pero consta de una unidad cultural con un fuerte componente islamista, idioma propio y en gran medida con una forma de vida nómada muy marcada por la ganadería (ídem). Esta asimilación difusa de los fulani con los grupos terroristas ha dado lugar a campañas de represión desproporcionadas del gobierno de Burkina Faso contra la población fulani, a las que acusa de colaboracionistas con los grupos armados, y esto genera un espiral que retroalimenta al JNIM. Pero, sin dudas, la principal fuente de apoyo a los yihadistas es el imperialismo que, como ya demostró en Medio Oriente, está decidido a resolver cada escollo que se le presenta de la mano del fundamentalismo islámico más reaccionario. En Siria y Afganistán el imperialismo los está reconvirtiendo en señores de traje y corbata como agradecimiento por los servicios prestados, aunque continúen con los viejos métodos fascistas en nombre de la Sharia. Este apoyo queda evidente en Burkina Faso en la mejora de la calidad del armamento y en la profesionalización de las tropas de Al Qaeda desde que se enfrentan contra el gobierno de Traoré. Las zonas en que el JNIM no logra asentarse debido al apoyo popular al gobierno y al rechazo que ellos mismos generan, realizan ataques pirañas de asalto y ejecuciones masivas a civiles. A mediados de mayo han demostrado esta capacidad de combate, llegando a tomar poblaciones de envergadura local al norte del país como Djibo o Diapara, causando centenares de bajas entre las filas gubernamentales. Traoré ya tuvo varios intentos de golpe de estado, el último en abril, el cual fue rechazado por la fuerza y por una fuerte movilización popular. La puesta en escena internacional y la orden la dio -el 3 de abril, durante la Audiencia de las Fuerzas Armadas del Senado-, el general Michael Langley, comandante del AFRICOM, cuando acusó al régimen de Burkina Faso de estar sobornado por China y usar “sus reservas de oro para proteger el régimen de la Junta”, lo cual habilitaba a acciones oficiales de Washington en contra del gobierno burkinés. LEER MÁS: La guerra mundial en el escenario africano Por El Be, 06/07/2024. África Occidental: otro escenario de la guerra mundial de la OTAN Da un plazo de dos semanas para invadir Níger en nombre de la “democracia”. Por Jorge Altamira, 31/07/2023. Guerra civil en Sudán Por Norberto Malaj, 25/04/2023.

El PIT-CNT viene levantando la necesidad de crear un impuesto que se aplique al 1% más rico de la población con el fin de combatir la “pobreza infantil”. El monto que tiene en la mira sería igual, según sostienen sus impulsores, a 1 punto del PBI. No existen estimaciones exactas. Según el Instituto de Economía de la Universidad de la República, ese porcentaje aplicado al 1% de los hogares más ricos, recaudaría aproximadamente 621 millones de dólares al año, esto equivale al 0.8% del Producto Bruto. La iniciativa es respaldada por el Partido Comunista y el Partido Socialista. Yamandú Orsi y Gabriel Oddone han rechazado la propuesta de plano: “No vamos a crear más impuestos” concluyó el presidente, mientras que el ministro de economía se desentendió afirmando que no conoce “evidencia contundente” de que un impuesto de tal naturaleza “funcione”. Gustavo González, senador por el Partido Socialista, es uno de los voceros favorables al gravamen sostuvo: “Es momento que los malla oro pongan algo para el pelotón de rezagados". El termino fue utilizado por el expresidente Lacalle Pou durante la pandemia en el año 2020 como una metáfora deportiva tomada del ciclismo, donde la “malla oro” representa al líder de la carrera. Según Lacalle los “malla oro” serían los sectores de la burguesía agropecuaria que consideraba clave para encabezar la “recuperación económica”. La idea era que estos sectores, por medio de estímulos (exoneraciones fiscales) “pedalearían más rápido para impulsar la economía, generando inversión y creando empleo. Gustavo Gonzales explicó que “Para entrar en ese 1% de millonarios hay que ganar arriba de US$ 200 millones”. Consciente como es de que en diversas partes del mundo la idea de un impuesto a los milmillonarios parte de las propias entrañas de la clase capitalista admite: “Creo que esto no mata a nadie. Tendría que salir de ellos en realidad". Antecedentes sobran. Con la crisis financiera de 2008 esta inquietud cobró fuerza. El economista Thomas Piketty en su libro “El capital en el siglo XXI” (2013), argumentó que la acumulación de riqueza crece más rápido que los ingresos, exacerbando la desigualdad. Piketty propuso un impuesto progresivo global al patrimonio, sugiriendo tasas de hasta el 90% para fortunas extremas. En 2019, un grupo de multimillonarios, entre ellos George Soros, firmó una carta pública pidiendo un "impuesto moderado a la riqueza" para abordar la desigualdad y financiar necesidades sociales, argumentando que es un "deber moral y patriótico". Hasta el G-20 está discutiendo una tasa global del 2% a los multimillonarios. El planteo versión uruguaya no viene acompañado por medidas que apunten, por ejemplo, a evitar que el impuesto sea transferido al consumo. Como dijimos antes, los impulsores desconocen la cifra que recaudaría, algo muy elemental. Marcelo Abdala, principal dirigente del PIT-CNT y miembro de la dirección del PCU declaró que los criterios para implementar este impuesto a los más ricos "pueden ser varios", incluso se puede aplicar al "retocar impuestos existentes". Con esta nueva formulación amolda el planteo a la negativa de Orsi de no crear ningún nuevo impuesto, sin necesidad de ir a un choque. La veleidad es uno de los rasgos característicos de la burocracia. El planteo del impuesto al 1% se presenta como uno de los engranajes de lo que el ala izquierda del FA denomina “Estrategia Nacional de Desarrollo”, una partitura que diferentes economistas y sociólogos vinculados al PCU vienen alimentado como solución al problema de “crecimiento cíclico” que caracteriza a la economía uruguaya. Este rasgo (siempre según este sector) condena al país a una “lógica pendular” que se perpetúa entre el empuje de los commodities, cuando estos suben, y el declive cuando se contraen. Han descubierto el precio oscilante de las materias primas. Quienes impulsan la iniciativa saben que este gobierno no va a llevar adelante nada de esto, es decir que no nos encontramos ante un programa sino ante un tiro al aire. Los intereses económicos no van a permitir que una iniciativa tal avance por un “detalle” sencillo: los que tienen la riqueza en Uruguay hicieron campaña por este gobierno. Los vasos comunicantes están en todas partes. Se trata en realidad de un planteo de gestión capitalista, que ni siquiera roza la dominación del capital. Pero además no es nada nuevo: tomemos como ejemplo Estados Unidos, donde no hay IVA, las ganancias de capital están gravadas y existe progresividad en el impuesto a los ingresos. Fundamentando los beneficios de la “Estrategia”, uno de sus divulgadores, el economista y diputado suplente por el PCU, Rodrigo Alonso sostenía que “No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de forma sostenida y con un rumbo claro.” Pero el FMI estima que el crecimiento de la economía de Uruguay será de apenas un 2,8%, una corrección a la baja desde el 3% proyectado en octubre. No hablemos de la economía a nivel mundial: con una guerra arancelaria que tiene a Trump y Estados Unidos como pivot. Nada de esto aparece en ninguna elaboración de los teóricos ni las organizaciones en cuestión. “Para ello, [sigue Alonso] resulta imprescindible que el próximo gobierno no se limite a gestionar la coyuntura, sino que tenga la audacia de abrir un nuevo ciclo histórico” (El Popular 4/4) Llegados a este punto el planteo se convierte en un dislate. La manija económica del gobierno la tiene Gabriel Oddone, un hombre de los organismos internacionales que hizo campaña en contra de subir las jubilaciones mínimas. Entre otras cosas fue designado como ministro (el único antes de que Orsi ganara las elecciones) por esa razón. Recientemente consultado por el pedido que hace la organización de jubilados y pensionistas de un aumento del 3% para las mínimas (unos ridículos $600 pesos) el ministro respondió “No hay una resolución tomada al respecto. Es lo más prudente que puedo responder. Lo estamos discutiendo intensamente” ... Otro economista que alimenta estos devaneos, Bruno Giometti, que además es diputado del PCU, sostiene: “El desafío en esta etapa es retomar el crecimiento económico después de diez años que la economía uruguaya está, virtualmente, estancada, pero además tener un crecimiento que a su vez asegure su sostenibilidad a futuro y transforme la estructura productiva generando encadenamientos productivos, generando trabajo de calidad más estables y no solamente dependiente de los ciclos económicos”. (El Popular 4/4). El rasgo común en todas estas disquisiciones es que están ausentes las grandes crisis financieras, una guerra de alcance mundial (abarca los seis continentes), la climática (incluida la pandemia) y las crisis políticas y levantamientos populares. Retrata a una corriente que se ha fugado de la realidad. El énfasis puesto en un desarrollismo “de luces largas” en medio de una guerra donde se exhiben misiles nucleares revela un enfoque provinciano ingenuo en el mejor de los casos. En realidad, es un cuento chino. La decadencia capitalista y las crisis económicas crecientes son una barrera infranqueable para el progreso de la clase obrera en todo el mundo. La guerra, una amenaza permanente a la existencia misma. Por eso la idea de poner fin a la “pobreza infantil”, o cualquier otra pobreza es un contrasentido bajo el capitalismo. Esta izquierda en ningún momento flirtea siquiera con la idea de una lucha contra el capitalismo. No hay nada inocente en esto, se trata de borrar el planteo de clase. Tanto el PCU como el PS dieron su voto a la reforma tributaria de Vázquez y Astori en 2007 que rebajó el impuesto a la renta empresarial (IRAE), eliminó el impuesto a los activos bancarios (IMABA) y redujo significativamente el impuesto al patrimonio. Por si esto fuera poco votaron crear el IRPF sobre los salarios. Es decir, rebajaron los impuestos al capital y cargaron de impuestos directos e indirectos a los trabajadores y capas medias. Lo que ahora pretenden arañar con un impuesto al 1% no compensa siquiera lo que les perdonaron a los capitalistas en 2007. Un planteo elemental debe partir de la consigna de impuesto progresivo a las grandes fortunas, y la eliminación de los impuestos al consumo del trabajador. Algo que nuestros economistas evitan cuidadosamente siquiera sugerir. Dicho esto, resulta evidente que cualquier ataque a las ganancias capitalistas y cualquier mejora parcial de la clase obrera está condicionado y amenazado justamente por la crisis y la lucha de clases de la burguesía. En otras palabras, un programa de esta naturaleza plantea la perspectiva del gobierno de trabajadores y la revolución socialista, palabra que esta izquierda ha desterrado de su vocabulario . Como admitió el propio Gustavo González durante una entrevista radial, esta iniciativa aún no existe ni como proyecto de ley. La bancarrota de la centroizquierda produce farsas como una linea de montaje.

Luego de desatado el Rodrigazo y durante el transcurso la huelga general, las organizaciones guerrilleras como el ERP plantearon la formación de un gobierno de unidad con el peronismo no lopezreguista o, alternativamente, un “frente patriótico y democrático” con la burguesía opositora. El Partido Comunista abandonó las coordinadoras interfabriles con la posición de que “no queremos el fracaso del gobierno”, mientras propugnaba, en forma simultánea, la formación de “un gobierno-cívico militar”. En el caso del morenismo (en ese entonces PST) se integró al resucitado “Bloque de los 9” con toda la oposición burguesa, que se había formado un año antes, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Al entonces llamado “bloque de los 8”, se sumó el partido Auténtico, la organización con la que Montoneros pretendía participar en las elecciones de 1977 o en el caso de una elección adelantada. Mientras el gobierno de Isabel reprimía en forma feroz la huelga de la UOM de Villa Constitución, militarizaba la cuenca industrial del Paraná y hacía los preparativos para el Rodrigazo, el PC, el PCR y el PST emitían pronunciamientos contra los golpes de estado, sin nunca identificar a los candidatos a dar el golpe. Esta orientación, sostenía entonces Política Obrera, “oculta el auto-golpe de Isabel y el Ejército, contra los trabajadores, que se hará dentro de la 'Constitución'”, como se comprobó enseguida con la militarización de Tucumán. Mientras el Partido Comunista llamaba a una salida “constitucional” que surja del acuerdo de “todos los partidos, partidarios del diálogo, la CGT, la CGE, las Fuerzas Armadas, instituciones religiosas”, etc.; el PST saludaba “a la dirección sindical [la burocracia de las 62 Organizaciones] por haber marcado correctamente que el enemigo son los golpes de estado” y que “la situación política ha entrado en un trance en que puede producirse un golpe de estado”; el PCR planteaba luchar “junto al pueblo peronista en defensa del gobierno de Isabel contra las conjuras imperialista”. Es en medio de la huelga general resucita el “bloque de los 9”, como mecanismo para erigir una variante de recambio de la burguesía frente al tambaleo del gobierno de Isabel. La declaración del “bloque de los 9”, con la firma, repetimos, del PC y el PST, sostenía que “el ordenamiento de la Nación debe regirse por la Constitución Nacional y por las leyes que en consecuencia se dicten; que la república debe gobernarse conforme a las instituciones que la historia y la lucha de nuestro pueblo han puesto en vigencia”. Es decir, frente a la necesidad objetiva de desarrollar un poder obrero, como planteaba objetivamente la huelga general de masas, el trío de izquierda defendía el Estado. En ese marco, el PST planteó la renuncia de Isabel y la elección de un representante de la burocracia sindical en el Congreso como presidente del Senado para actuar como presidente interino. Política Obrera sostuvo, en cambio, que “la defensa de la institucionalización es exactamente lo contrario de las libertades democráticas. El retroceso sufrido por las libertades fue impuesto por Perón en forma estrictamente institucional” (PO, 30/04/74). En el apogeo de la huelga, PO destacaba la emergencia de una situación revolucionaria y alertaba contra “el auto-golpe de Isabel-López Rega”; planteó entonces la necesidad de “la huelga general centralizada con ocupaciones de fábricas” (Nº 235, 04/07/75). Como se explica en artículo aparte, Política Obrera abrió el capítulo de la cuenta regresiva del golpe a partir del compromiso alcanzado por la CGT con el gobierno peronista, que desarmó a la clase obrera, incluso inició un periodo de reflujo. Advertidas de la profundidad de la crisis por la huelga general de más de un mes, las Fuerzas Armadas concluyeron que la experiencia del retorno de Perón había concluido, y que era necesario aprovechar el desarme político de la clase obrera, para encabezar una salida de conjunto, o sea golpista. El PST llegó a otra conclusión – que había que prepararse para las elecciones adelantadas, a diferencia del PC, que propugnaba un gobierno cívico-militar, y del PCR, que defendía al gobierno de Isabel como una línea de defensa contra “el imperialismo ruso”. En conformidad con esta posición, caracterizó al 24 de Marzo, como “un golpe ruso”. LEER MÁS: "Llegó la hora... de la Coordinadora" Por José Barraza y José Valente, 20/01/2020. El Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS) ¿un frente único de clase o frente popular? (1971-1976) Por José Barraza, 22/01/2020. La huelga general de junio julio de 1975 45 años después. Por Alejandro Guerrero, 13/07/2020. Sobre coordinadoras, congreso de bases y huelga general Un balance imprescindible de la lucha política de la Tendencia en el Partido Obrero. Por Emiliano Fabris, 26/06/2021. El morenismo y la dictadura A propósito de un intercambio en “Altamira Responde”. Por Jacyn, 16/01/2023.

En los meses de junio-julio de 1975 (del 7/6 al 9/7) se desarrolló una huelga general de un mes contra el gobierno peronista de Isabel Perón y su ministro López Rega, el jefe de gobierno en la sombra. Fue cancelada luego de una manifestación a Plaza de Mayo, la renuncia de López Rega y su camarilla y, al cabo de un par de semanas, el reemplazo del general Numa Laplane por el general Jorge Rafael Videla en la jefatura del Ejército. El 5 de junio de 1975, dos días después de asumir como ministro de Economía, Celestino Rodrigo y, fundamentalmente, el viceministro Ricardo Zinn, desencadenaron una devaluación del 75% del peso y un aumento del 400% en la tarifa de combustibles, acompañados de un congelamiento de las paritarias. El Rodrigazo se convirtió en el ‘modelo’ de enfrentamiento a todas las crisis capitalistas subsiguientes, la última de la cuales fue la devaluación y el tarifazo de Milei y Caputo en diciembre de 2023. La respuesta obrera no se hizo esperar, pero adoptó características inéditas. A pesar de la bomba social y política lanzada por el gobierno peronista, la burocracia sindical, que tenía por jefe a Lorenzo Miguel, de la Unión Obrera Metalúrgica, decidió ‘desensillar hasta que aclare’, luego de haber firmado paritarias con aumentos del 35/40 por ciento, con la conciencia clara de que estaba en juego la supervivencia del gobierno peronista; Isabel y López Rega decidieron anular esas paritarias. El lunes 9, sin embargo, dos fábricas, la Ford de General Pacheco y Fiat de Sauce Viejo, anexa a la capital de Santa Fe, se lanzaron a un paro activo como el que había caracterizado al Cordobazo (el 29 de mayo de 1969, contra la dictadura de Onganía). Los trabajadores de Ford salieron a la Panamericana, el corredor de las empresas más importantes del conurbano bonaerense. Días después, se contaban de a centenares las asambleas obreras que se convocaron en buena parte del país para votar paros activos. Las asambleas derivaron en la formación de coordinadoras obreras en el Norte, el Oeste y el sur del gran Buenos Aires. Los aparatos sindicales se replegaron en la retaguardia; no se los vio en las calles durante un mes sin interrupción. Las Coordinadoras plantearon un aumento salarial del 200%, equivalente a lo perdido en los primeros días del Rodrigazo. En los días siguientes, las movilizaciones obreras se tornaron masivas (80 mil huelguistas en Córdoba, 10 mil obreros de la Ford con paro y movilización, 10 mil de los astilleros de Ensenada, cortes de ruta en el cordón industrial de Santa Fe, etc.). Aunque una mayoría de delegados e internas de las Coordinadoras eran los brazos sindicales de Montoneros y el ERP, durante las jornadas de junio-julio las acciones armadas se redujeron a cero. Lo que el foquismo no había logrado nunca, una huelga general “desde abajo”, levantaba cabeza como consecuencia de una fenomenal crisis capitalista, de un parte, y una iniciativa histórica de la clase obrera, de la otra. Pero precisamente, por esa contradicción, no surgió de parte de las Coordinadoras un planteo estratégico, a saber, la caída del gobierno de las tres A y la unificación de las Coordinadoras en un centro nacional de poder obrero. El 26 de junio más de 250 mil personas se concentraron en la Plaza de Mayo para exigir la convocatoria de las paritarias, en lo que fue una de las mayores movilizaciones de masas de la historia argentina. Otros 2 millones de trabajadores se manifestaban al mismo tiempo en el interior del país. “Buenos Aires y el país estuvieron hoy en manos de la clase obrera”, sostuvo Política Obrera el 27/6/1975. Cuando la huelga general, o sea la unificación de todas las huelgas parciales, era un hecho en distintas regiones del país, la CGT echó mano a un viejo recurso: convocó a un paro entre las 10 y las 14 horas del 27 de junio. El propósito del paro tenía un ingrediente nuevo: echar a la camarilla de López Rega, que había sido la mano oculta del Rodrigazo. El 28 de junio, Isabel Perón, que había advertido el propósito de la burocracia contra su ministro-jefe, anunció por la cadena nacional que las paritarias quedaban anuladas y se daba por decreto un aumento del 50 por ciento para todas las ramas. La situación se volvió explosiva y la huelga se hizo simultánea, o sea, general. Política Obrera (4/7/75) describía la situación en estos términos: “con la huelga general la clase obrera priva al aparato del Estado de sus medios materiales de funcionamiento, esto porque no le deja mover la producción ni las comunicaciones a su antojo. En el interior del país se han llegado a requisar radios por parte de los trabajadores, debido a las informaciones falsas que emitían. No se declaró una huelga del transporte, con el argumento de que eran necesarios para movilidad para las masas, aunque los ferroviarios y los comités interlíneas ya han parado varias veces. Pero tanto en la ruta 2 como en la Panamericana se requisaron colectivos para llevar manifestantes a la Plaza de Mayo, refutando el argumento a favor de la actividad oficial del transporte; el transporte, en una huelga general, debe ser requisado, con el concurso de los choferes y los mecánicos. Con el comienzo de la huelga bancaria en la Capital -miércoles 2-7- el aparato estatal y el movimiento de toda la burguesía se vio privado de las transacciones financieras”. La lucha por el salario había puesto en tela de juicio la continuidad del gobierno. El parlamento se apresuró a elegir para el cargo vacante de presidente del Senado (el sucesor de la Presidencia) a Ítalo Luder. La burguesía se veía atravesada por fraccionamientos que expresaban la división, pero también los realineamientos, en la clase dominantes. Entre esos movimientos de los partidos patronales, se reflotó el “bloque de los 9” (ver aparte). Para Política Obrera se trataba de “una huelga general que, objetivamente, priva al Estado patronal de toda capacidad de actuar, y que, impulsada hasta el final, significa el poder obrero". La burocracia sindical de la CGT se reunió con el gobierno y llegó a un acuerdo para que los acuerdos paritarios firmados, que habían perforado los techos del gobierno por la lucha desde las bases, sean finalmente homologados. La CGT presentó la medida como un triunfo y decretó el levantamiento del paro general con el que había intentado asumir la dirección de la huelga general conducida por las Coordinadores. El plato fuerte para explotar las limitaciones políticas de las Coordinadoras fue el anuncio de la expulsión de la camarilla lopezreguista del gobierno y la promesa de Isabel Perón de entregar el gobierno a Ítalo Luder, lo que ocurrió en agosto siguiente, aunque de un modo provisorio. No debió pasar mucho tiempo para que se viera con claridad los límites fatales del compromiso alcanzado. Los ministros de Economía que siguieron a la salida de Rodrigo procuraron mantener el pie el ajuste violento del Rodrigazo, lo que los obligó a nuevas devaluaciones y a profundizar la espiral inflacionaria. Los aumentos salariales incluso fueron licuados al cabo de un mes por los nuevos incrementos de precios. Para Política Obrera, “la victoria se transformó en una ficción, fue frustrada. Sólo quienes buscan evitar la revolución obrera pueden proclamar como una victoria la desmovilización de las masas con el 90 por ciento de sus aspiraciones sociales y democráticas sin resolver". Pronto empezaron los despidos en masa, las suspensiones y retiros voluntarios. Las direcciones de las Coordinadores, en su mayoría en manos de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), estaba paralizada y no planteaba ninguna ruta de acción a seguir. La represión de la Triple A y las patotas, que no habían dejado de actuar incluso durante la huelga, volvió a recrudecer. Para Política Obrera, el compromiso alcanzado, seguido de la designación de Videla a la cabeza del Ejército, señalaban el inicio de la cuenta regresiva para el golpe militar de Marzo de 1976. LEER MÁS:

“Ahora tengo más poder”, afirmó Donald Trump tras la aprobación de la ley fiscal en el Congreso. La ley pasó, pese a no contar con el apoyo de tres senadores y dos representantes republicanos, debiendo resolver un empate en el senado con el voto del vicepresidente J. D. Vance. La ley no se limita a cuestiones fiscales, se trata de una “ley ómnibus” en la cual se refuerza la guerra contra los inmigrantes, se atacan los beneficios sociales en salud y alimentación para millones de personas, se aumenta el presupuesto militar y se rebajan los impuestos a los capitalistas y megarricos. En otras palabras, es un paquete de guerra contra los trabajadores, que potencia la militarización y el régimen bonapartista de Trump. La aprobación de la ley no provocó una corrida financiera como la sufrida por la exprimer ministra británica Liz Truss en 2022 –cuando una reducción de impuestos al capital, en el marco de un creciente déficit estatal, provocó su caída-. La apuesta de Trump es que la reducción impositiva favorezca el crecimiento de la burbuja especulativa en Wall Street, atrayendo capitales hacia los Estados Unidos. La motosierra aumenta el déficit y la deuda Las amputaciones realizadas por DOGE (departamento de “Eficiencia” creado para Elon Musk) y los masivos recortes en políticas sociales en la ley trumpista, no han producido una caída del déficit fiscal, de hecho, van acompañados por aumentos del gasto militar y en el presupuesto de ICE (inmigración) y de rebajas impositivas para las grandes fortunas. La ley incluye recortes brutales al gasto social, especialmente en salud y alimentación, que según diferentes estimaciones rondan entre 1.2 a 1.6 billones de dólares en 10 años, siendo los aspectos fundamentales: Medicaid (seguro de salud): Le quita la cobertura a entre 12 y 17 millones de estadounidenses, ahorrando alrededor de 1 billón de dólares en 10 años. Asistencia Nutricional (SNAP): Recorta los cupones de alimentación a millones de familias, lo cual afectaría alrededor de 2 millones de niños. El ahorro para el gobierno federal sería de 375.000 millones en 10 años. La motosierra aplicada a estos programas sociales (y a los achiques del Estado realizados por DOGE) no alcanza para financiar la rebaja de los impuestos (sobre todo a los más ricos) que llega a unos 4 billones de dólares. El aumento en gasto militar por 350.000 millones de dólares y el incremento presupuestario de ICE en unos 170.000 millones para su guerra contra los migrantes, son otros aspectos fundamentales del paquetazo. Ese gasto en la guerra a los migrantes se aplica en particular para las prisiones para alojar a las personas detenidas (45.000 millones) y la logística de las deportaciones (30.000 millones), así como para continuar con la construcción del muro fronterizo (otros 46.5 millones). La meta establecida es la deportación de al menos un millón de inmigrantes al año. El déficit estatal se incrementará en unos 4 billones de dólares, mientras que el techo de endeudamiento sube en 5 billones (un billón más de lo votado inicialmente en la cámara de representantes). Con esto la deuda puede superar los 41 billones, lo que la llevaría hasta un 140 % del PBI. Divergencias en “MAGA” La amplia base derechista que llevó al triunfo trumpista ha crujido, pero no se ha quebrado. En el senado, tres republicanos terminaron votando contra la ley fiscal. Algunos porque aumentaba el déficit y el techo de la deuda, otros porque recortaba demasiado los beneficios sociales de salud -por ejemplo, el republicano Thom Tillis, al cual Trump amenazó con impedir su reelección apoyando a un candidato alternativo, lo que llevó al senador a anunciar que no se postularía para un nuevo mandato y a mantener su voto en contra. La presión del presidente se impuso finalmente en ambas cámaras, ratificando el control de Trump sobre el Congreso. Otro opositor a la ley, desde las redes sociales, fue el magnate Elon Musk, que también amenazó a los legisladores con combatirlos en las próximas elecciones, pero en este caso si aprobaban la ley. Musk ha fracasado en su intento de bloquear la ley y ha anunciado que lanzará el “Partido América” en oposición tanto a Demócratas como Republicanos. El CEO de Tesla -que sigue viendo caer sus ventas y sus acciones- ha salido muy golpeado tanto de su participación en el gobierno como de su ruptura con Trump. La presentación de un tercer partido podría quitar votos al trumpismo, por más que no alcance representación en el Congreso, por lo que el planteo ha sido atacado desde otras expresiones del movimiento MAGA, como el ultraderechista Steve Bannon, quien había planteado a Trump la deportación de Musk así como cortar sus contratos con el Estado (por ejemplo, con la NASA). Bannon había tomado cierta distancia frente al bombardeo contra Irán, que también fue cuestionado por otras figuras “MAGA”, como la representante por Georgia Marjorie Taylor Greene o el exconductor de la cadena Fox, Tucker Carlson. Bannon ya había proclamado al inicio del actual gobierno que “nuestro movimiento irá hacia donde nos lleve el presidente Trump. Y puedo no estar de acuerdo en [determinadas] políticas. (…) Pero al final del día, si dice que vamos en esta dirección, yo le diré: está bien, no estoy de acuerdo con esto y no creo que sea la dirección correcta, pero estoy totalmente de acuerdo. Sigamos adelante.” (NYT, 31/1). Trump confía en que los demagogos e influencers de su base pueden protestar eventualmente frente a tal o cual medida, pero terminarán disciplinándose en función de la orientación general del gobierno. Musk ha vuelto a explotar en las redes el tema de los “archivos de Epstein” (un millonario acusado de tráfico sexual de menores), acusando al gobierno de encubrir a los pedófilos clientes de dicho tráfico. La fiscal general trumpista, Pam Bondi, anunció que no existe una lista de clientes y que está confirmado que Epstein se suicidó en prisión (y no fue asesinado); lo mismo aseguraron el director y subdirector del FBI, Kash Patel y Dan Bongino. Lo que tienen en común Bondi, Patel y Bongino es que durante años agitaron que existía un archivo con los clientes de Epstein y que Biden lo encubría. Ahora son la fiscal y los jefes del FBI los que están sospechados de encubrimiento en la base “MAGA” y, por elevación, el propio Donald Trump (por otra parte, existen muchas fotografías y videos de años atrás donde el actual presidente participaba en fiestas con Epstein). Musk busca explotar a su favor las teorías conspirativas derechistas que habían favorecido el ascenso de Trump. Si bien Trump ha mantenido las riendas tanto de los congresistas como del universo MAGA, las recientes elecciones primarias demócratas en Nueva York mostraron que no pocas personas que votaron por el presidente en noviembre se han volcado a favor del “socialista demócrata” Zohran Mamdani, motivados por su agenda de reformas sociales. Los líderes del establishment demócrata fueron incapaces de impulsar la más mínima movilización contra la ley trumpista, y se limitaron a tediosos torneos oratorios en el congreso. Son incapaces de generar la más mínima fuerza de atracción no solamente sobre la base trumpista sino incluso sobre la parte de la población que ni siquiera vota. Ahora están alarmados por el muy probable triunfo de Mamdani en la principal ciudad de EE.UU., que implicaría un castigo no solamente contra el gobierno federal sino contra la “oposición” demócrata. Los jueces dan vía libre Trump ha salido fortalecido también en los tribunales, con distintos fallos judiciales a su favor. Un Tribunal de Apelaciones de California dictó sentencia a favor del presidente, declarando que el envío de la Guardia Nacional (sin el aval del gobernador) estaba dentro de sus atribuciones. Trump celebró su victoria, y afirmó que el alcance de este fallo va más allá de California, confirmando que su política de militarización de la guerra contra los migrantes y contra las protestas sociales será profundizada. Trump ha amenazado con enviar a la Guardia Nacional a otros ciudades y estados que obstaculicen sus políticas migratorias. Tanto o más relevante es el fallo de la Corte Suprema que limita la potestad de los jueces federales de bloquear la aplicación de una orden ejecutiva presidencial. El caso que dispara el fallo refiere a la ciudadanía por nacimiento, que Trump pretende eliminar para los hijos de inmigrantes ilegales, algo que viola claramente la constitución. Ante un fallo de un tribunal inferior que había fallado en contra del gobierno y establecido un amparo de alcance nacional para todos los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU., la Corte Suprema decretó que los tribunales sólo pueden bloquear las resoluciones a nivel del Estado o de distrito (dependiendo de las características del tribunal) y no a nivel de todo el país. Esto implicará que en cada Estado o eventualmente en cada distrito podría haber un criterio diferente respecto al derecho a la ciudadanía por nacimiento. La decisión no solamente favorece al gobierno en su pretensión de expulsar millones de inmigrantes, sino que además establece jurisprudencia que puede extenderse a otros temas. El fallo no elimina en términos absolutos la potestad de un tribunal federal para establecer un amparo de alcance nacional, pero lo limita al extremo y lo hace muy difícil de alcanzar para los abogados y organizaciones que impulsen una demanda contra una orden ejecutiva. “Alligator Alcatraz” El gobierno ha inaugurado una mega cárcel para inmigrantes detenidos en espera de su deportación, a la que ha llamado “Alligator Alcatraz”, ya que evitaría posibles fugas al estar rodeada de caimanes, cocodrilos y serpientes pitón, en la Florida. La cárcel puede albergar hasta 3.000 presos y será ampliada a 5.000 próximamente. La ley ómnibus fiscal estableció la posibilidad de ampliar en unas 60.000 plazas destinadas a la detención de inmigrantes, muchas de ellas en prisiones privadas de las empresas que lucran con la “seguridad”, como el grupo GEO (al cual están vinculados tanto la fiscal general Pam Bondi como el “zar de la frontera” Tom Homan). Tras la inauguración de la prisión, Trump dejó abierta la posibilidad de utilizarla no solamente contra indocumentados sino también contra inmigrantes legales e incluso ciudadanos estadounidenses: “Muchos de ellos nacieron en nuestro país”, declaró, “Creo que deberíamos sacarlos de aquí también. (…) Así que tal vez ese sea el próximo trabajo” (Washington Post, 30/6). El gobierno ha revocado el estatus de protección a medio millón de haitianos, que se suman a todas las medidas anteriores en el mismo sentido contra inmigrantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países. Con esta medida se apunta a facilitar la expulsión por “vía rápida” de gran cantidad de inmigrantes que tenían hasta ahora un estatus legal y a los cuales se les cambiaron las reglas de juego de la noche a la mañana. La administración Trump también ha demandado a la ciudad de Los Ángeles por las políticas de “santuario” para los inmigrantes, que limitan la cooperación de la policía local con la ICE y su cacería de indocumentados. “Los Ángeles ha tratado de nada menos que prohibir [al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] operar dentro de los límites de la ciudad, directamente en contra de la ley federal de inmigración”, afirma la demanda contra la ciudad, su alcaldesa y su ayuntamiento (WSJ, 30/6). “Trump también ha amenazado con retener la financiación federal a lugares que limiten la cooperación con las autoridades de inmigración”. Paralelamente, el gobierno ha ordenado al Departamento de Justicia (DOJ) que inicie investigaciones y demandas por la vía civil para despojar de la ciudadanía a inmigrantes legales no solamente por eventuales fraudes o declaraciones falsas durante el proceso de naturalización, o por haber cometido determinados crímenes, o “Representar un peligro para la seguridad nacional”. La directiva es muy vaga y amplia respecto a quiénes podrían ser perseguidos por el DOJ, según abogados especializados en la cuestión migratoria. Se trata de una amenaza para millones de ciudadanos naturalizados y especialmente cualquiera que haga oposición a Trump, quien ha deslizado amenazas él mismo contra Elon Musk y muchos de sus seguidores han agitado la posibilidad de desnaturalizar y deportar a Zohran Mamdani. Por cierto, Trump ha amenazado con “tomar” la ciudad de Nueva York en caso de un triunfo de Mamdani. “Si un comunista es elegido para gobernar Nueva York, nunca volverá a ser lo mismo. Pero tenemos un poder tremendo en la Casa Blanca para gobernar lugares cuando sea necesario”, declaró durante una reunión del gabinete. Aunque Trump ha manejado la posibilidad de flexibilizar la persecución de los migrantes que trabajan en la agricultura, la hotelería y la industria frigorífica, a partir de pedidos de los empresarios de esos sectores, la realidad es que esta guerra contra los inmigrantes -ya no solamente los indocumentados- permite unificar y galvanizar a su base política, y avanzar en el ataque a las libertades democráticas contra toda oposición. Lucha de clases La movilización del 14 de Junio (“No Kings”) contra Trump, en la que participaron entre 6 y 11 millones de personas (según las estimaciones) en más de 2.000 ciudades y pueblos, demostró que el curso fascista del régimen trumpista despierta la reacción de las masas. La contrarrevolución derechista genera una radicalización creciente, como se expresó en las revueltas en Los Ángeles y en las acciones en solidaridad en todo el país. La guerra contra la clase obrera y los recortes a las políticas sociales van a agudizar esta polarización social y política. El creciente control de Trump de todos los resortes del poder político y judicial, refuerza la conclusión de que la única salida está en la movilización de masas, las huelgas, los piquetes, la huelga general, sin depositar ninguna expectativa en la “oposición” demócrata sometida a Wall Street.

En Bolivia la crisis política arrecia, pero se encuentra en un impasse hasta las elecciones. En parte esto se debe a que el Presidente Luis Arce consiguió que la Asamblea Plurinacional le aprobara con votos de la oposición más endeudamiento externo y con ese tanque de oxígeno espera llegar a octubre, utilizando los dólares de los préstamos aprobados para pagar vencimientos de deuda e importar combustible, ejecutando las obras comprometidas con pesos bolivianos. Evo Morales levantó los piquetes que mantuvo durante semanas sitiando a gran parte del país -cuya represión y resistencia dejó un saldo de seis muertos- a pesar de continuar inhabilitado para ser candidato a presidente, además de tener pedido de captura en una causa que se le sigue por estupro. El actual presidente Luis Arce -ahora enfrentado con Evo- no supera el 5 % de aceptación entre la población. A la crisis económica se suman las múltiples causas por corrupción en las que están acusados sus hijos. El candidato con mejor performance en el espectro del MAS es Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular; sin embargo, los evistas lo acusan de traidor y llaman a anular el voto e incluso a impedir las elecciones en los territorios que controlan. Bolivia enfrenta la mayor inflación en tres décadas -24 % anualizado a junio-, escasez generalizada de casi todo -desde combustible hasta suministros médicos- y una creciente crisis de pagos, todo producto de la escasez de dólares debido al agotamiento de la renta gasífera y al pago de la deuda externa. Esta crisis ha generado una atomización del MAS, que podría ser aprovechada por la derecha a pesar de que se encuentra igualmente disgregada en varios candidatos. Una encuesta reciente ubica al empresario derechista Samuel Doria Medina al frente de la carrera presidencial, con 19,6 % de intención de voto, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (16,6 %) y el presidente del Senado y exaliado del MAS, Andrónico Rodríguez (13,7 %). Las elecciones serán el 17 de agosto, con una segunda vuelta prevista para el 19 de octubre si ningún candidato supera el 50 % (Bloomberg, 3/7). De todas maneras, el 15,5 % de indecisos impide cualquier vaticinio. El apoyo de la oposición a los préstamos reclamados por el gobierno es el resultado del pánico que todos los bloques le tienen una rebelión popular. Con esos dólares Bolivia se salva del default , pero Arce admitió en una entrevista que no puede garantizar el combustible hasta fin de año. El diputado de oposición Enrique Urquidi declaró, mientras discutían su aprobación, que los 1.800 millones de dólares de los préstamos no alcanzaban para tapar “el agujero negro de 2.600 millones de dólares”. Por eso, los mismos capitalistas no están seguros de poner las fichas en un candidato de derecha porque -además de que ninguno presenta un programa claro de salida para sus propios intereses- desconfían de que pueda controlar a las masas. Según Edward Glossop, economista jefe de Argo Capital, “sería muy difícil para un nuevo gobierno eliminar subsidios y devaluar la moneda. (…) No es una opción para nosotros”. Los piquetes y movilizaciones de mayo y junio pasado que en gran medida reclamaban por la carestía y la escasez -no todos por la proscripción a Morales- deberán encontrar una expresión política propia. LEER MÁS: Se radicalizan las protestas en Bolivia en medio de la proscripción y la crisis política y económica Por Aldana González, 14/06/2025.

Pasado un año y medio de gobierno liberticida queda claro Leonardo Scatturice, el opaco ´empresario´ argentino radicado en Miami, dueño de OCP Tech, ocupa un lugar cada vez más importante en la pandilla libertaria, que le ha abierto la puerta del Estado para hacer todo tipo de negocios. Scatturice surgió del submundo de los servicios de inteligencia, antes de radicarse en Estados Unidos, donde trabó vínculo con lo más rancio del conservadurismo continental. Llegó al mundo Milei de la mano de Santiago Caputo. El negocio más reciente Scatturice, sin embargo, se lo debe a otro de los miembros del clan Caputo, Luis, el ministro de Economía, quien lo ha premiado con la entrega de contratos vinculados a la prestación de tecnología por más de 2.000 millones de pesos por cuatro licitaciones, entre las que se encuentra, nada más y nada menos, que ARCA, la agencia de recaudación y control aduanero. Los negocios libertarios con Scatturice también incluían un contrato con Trenes Argentinos, que depende del Ministerio de Economía, pero por el escándalo de las valijas sin registrar, la licitación quedó en stand by. El contrato preveía poner “WiFi y fibra óptica en cinco talleres ferroviarios y cámaras en los pasos a nivel entre Once y Moreno, Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria iba a pagarle a OCP Tech cerca de 15 millones de dólares” (LPO 9/07). Pero Luis Caputo no da puntada sin hilo. Las licitaciones entregadas a Scatturice son una devolución de favores al empresario, por haberle acercado ´inversores´ al ministro de Economía, quien le adjudicó a OCP Tech la misión de proteger los correos electrónicos de su ministerio por el monto de $ 790 millones. También desembolsó $ 414 millones para la adquisición de un cluster de servidores, también para el ministerio (LPO, 9/07). Un cluster es una forma de integrar a una o más computadoras para que trabajen de manera simultánea en una determinada acción, Caputo de esta manera blinda informáticamente al ministerio de Economía para que nada salga de su égida, en momentos de turbulencias económicas. Scatturice se vale de la privilegiada posición en la que lo ha colocado Santiago Caputo para expandir sus negociados en el país. Así “el 23 de enero quedó muy bien posicionado en una licitación por $160 millones para proveer un servicio de hardware para teleconferencias, según detectó el diputado Rodolfo Tailhade. La comisión evaluadora que se encarga del proceso ya descartó a los competidores de OCP Tech y Scatturice se quedaría con ese contrato.” (Ídem) Uno de los servicios prestados por el ex SIDE Scatturice es de ser un enlace entre el gobierno liberticida y el conservadurismo yanqui enquistado en el poder. En este sentido Scatturice puso a disposición uno de sus aviones para que arribe al país el 14 de abril pasado una comitiva de la CEPAC, el mismo día de llegada de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU. Quienes encabezaron la comitiva fueron Matt Schlapp y Soledad Cedro, miembros de la CEPAC. Robert Citrone, un viejo conocido de Luis Caputo, de la época en el que este revistaba para el JP Morgan, fue parte de los pasajeros de ese vuelo. Citrone maneja el fondo de inversión de Discovery y es una figura clave en Wall Street. La revista Forbes realizó una semblanza de Citrone “Su estrategia de inversión combina movimientos macroeconómicos con especial atención a mercados emergentes, un terreno donde suele detectar oportunidades ‘que el mercado no comprende del todo’" (Forbes, 14/04). En este sentido, Citrone desembarcó en Buenos Aires con la mira puesta en el “potencial” argentino y el respaldo explícito al programa de reformas que está impulsando el gobierno libertario. El financista yanqui tiene acciones en Vista, una empresa de energía, en YPF, en Pampa Energía y en los bancos Macro y Galicia. También ha invertido en bonos CER y Bopreal. Un dato no menor es que el avión que trajo a los activistas conservadores y al financista en abril pasado, es el mismo en el que Arrieta arribó a Aeroparque con las valijas de contenido desconocido al día de la fecha, pero con una matrícula diferente. Desde el circulo de Scatturice afirman que fue por un cambio de dueño de la aeronave, otros aseguran que fue para sortear un posible escándalo. Los liberticidas representan un salto cuantitativo y cualitativo en el carácter de rapiña del capital financiero y han convertido al Estado argentino en una cueva en la que los empresarios amigos, como Scatturice, llevan adelante todo tipo de negociados. LEER MÁS: Valijagate: el gobierno liberticida encubre a miembros de la derecha continental Por Lucas Giannetti, 09/07/2025.

Quien encare Menem -la serie- con la expectativa de encontrar un tratado histórico y político sobre la presidencia del riojano (1989-1999), que mejor se olvide. Como se aclara al comienzo de cada capítulo -y en alguno incluso además se subraya-, se trata de una ficción inspirada en hechos reales. Con esa salvaguarda, en muchos aspectos es más exacta que otros tratados pretendidamente sesudos sobre los años 90 en Argentina. El guión se centra en la figura de Menem, claro, y su entorno político y familiar. El protagonista es encarnado por Leonardo Sbaraglia, irreconocible debajo del maquillaje y las patillas, quien emula la voz y la gestualidad corporal del expresidente con precisión. A Griselda Siciliani, en cambio, le basta una peluca rubia para convertirse en Zulema Yoma –seguramente la mejor actuación de la serie-. Personajes reales -Emir y Amira Yoma, Bernardo Neustadt, María Julia Alsogaray, Domingo Cavallo- se mezclan con otros creados para la ficción -como el fotógrafo Olegario Salas que encarna Juan Minujin y funciona como narrador de la historia, o los asesores del riojano, que resumen características de varios miembros de la troupe política que lo rodeaba, como Alberto Kohan, Carlos Corach y Armando Gostanián-. Aunque parte de un hecho trágico -la muerte de Carlos Menem hijo, en 1995-, el tono general de la serie está marcado por el humor, en el estilo que su director, Ariel Winograd -Cara de Queso, Coppola, El robo del siglo, entre otros- generalmente ha impreso en toda su filmografía. Técnicamente impecable, Winograd se regodea además con la estética noventista – los colores estridentes, la ropa deportiva de tela de avión, el fax, Ricky Maravilla. Aunque sigue un orden relativamente cronológico -la primera escena dispara un flashback que se inicia cuando Menem era todavía gobernador de La Rioja y se lanza como candidato a la presidencia- la serie se estructura hilando viñetas que reproducen, con libertad pero también bastante verosimilitud, distintos episodios de su paso por la Casa Rosada, como el levantamiento carapintada encabezado por Seineldín, el indulto, las privatizaciones y las tensiones internas con Cavallo, entre otros, y a la vez se exponen características personales del personaje bastante publicitadas en su momento -su predilección por el deporte, las mujeres y las fiestas-, aunque nada compite con su audacia y falta de escrúpulos a la hora de conseguir sus objetivos. Menem autorizó en vida el uso de su imagen para esta serie, otro gesto que también lo describe personal y políticamente, y contó además con el apoyo de su exmujer y su hija. El tono satírico de la serie no impide que funcione también como crítica a la ´década neoliberal´ y describir con bastante precisión el perfil político de Menem y el grupo de advenedizos que ascendieron con él al gobierno, aunque las consecuencias en la realidad hayan sido más bien trágicas y no graciosas. Aunque se rodó en 2023, las coincidencias con la actualidad política no son pocas, resaltadas por la gravitación de otra generación del clan Menem en la presidencia de Milei, esta misma identificada con aquellos ´ideales´ que enarbolaba la banda del riojano. Las similitudes son vastas, naturalmente, empezando por el alineamiento internacional de ambos gobiernos con el imperialismo norteamericano, como se describe en la ficción. Como Milei, Menem también llegó a la presidencia como un ´outsider´, aunque en su caso, del peronismo. Siguiendo el juego de las casualidades, el estreno estaba previsto para mayo, pero una disputa legal intrafamiliar hizo que la serie llegara a las pantallas recién el 9 de julio, la misma fecha en la que Menem le ganó la interna a Antonio Cafiero, en 1988, y exactamente un año después, también un 9 de julio, fue la fecha en la que Menem asumirá la presidencia en forma anticipada, como señala la serie, ante el derrumbe del gobierno de Alfonsín. Entre la frivolidad y la crítica política, por sobre todas las cosas, Menem -la serie- es entretenimiento.

El jueves 10 de julio sesionó, en el Camping del SUTNA de Pilar, la Asamblea Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva para elegir la Junta Electoral que tendrá a su cargo el proceso electoral de septiembre para renovar la Comisión Directiva Nacional, Comisiones Ejecutivas seccionales y Comisión Ejecutiva delegación Córdoba. De la Asamblea participaron 350 afiliados, siguiendo la saga de las Asambleas anteriores, caracterizadas por un fuerte ausentismo . Se sometieron a votación las propuestas de Presidencia de la Asamblea y terna de la Junta Electoral por la Lista Negra y por la Lista Independiente. La Negra logró, en una votación muy dividida, que Crespo presida la Asamblea y que se vote su propuesta de Junta Electoral. La agrupación Marrón, orientada por el NMAS, apoyó la propuesta de la Lista Independiente. La agrupación Granate intentó, sin éxito, mellar entre la propuesta de la Negra y la Independiente planteando una Junta Electoral Mixta. Ni bien terminada la Asamblea Extraordinaria, otra Asamblea más raída en número que la Asamblea anterior, votó “defender el justo reclamo de los trabajadores en paritarias” y otros reclamos sin fijar un plan de lucha y Asambleas para conquistar el “justo reclamo”. También se votó una serie de movilizaciones como “al centro del poder político” y un acto en las puertas de Pirelli para la semana próxima en el marco de un paro sin fecha en rechazo a los aprietes, de larga data, por parte de la patronal para obligar a los trabajadores a aceptar su propio despido.

La votación de los proyectos jubilatorios, de discapacidad y de remisión de fondos a las provincias por parte del Senado no sorprendió a Milei y Caputo, que ya habían cortado el “diálogo” con los gobernadores algunos días antes. La sanción de los proyectos de aumento a jubilados y de prórroga de la moratoria, ya votados en Diputados, tampoco desató una ola de entusiasmo en la clase pasiva. A nadie escapa que el aumento del 7,2% y del bono sumarán a la jubilación mínima unos $60.000 - un 16% de aumento, para unos haberes que se han derrumbado a la mitad desde 2017 hasta hoy. La moratoria sólo regirá por dos años, y beneficiará a unos 220.000 eventuales jubilados. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, implicará un “impacto fiscal” del 0,08% del PBI. Tampoco mueve el amperímetro la “emergencia en discapacidad”, que consagra pensiones de indigencia. En cuanto a las leyes presentadas por los gobernadores, para repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y coparticipar el impuesto a los combustibles, los senadores mostraron que compensan la eliminación de ciertos fondos con fines específicos. Ninguno de los espadachines opositores cuestionó las erogaciones explosivas de la deuda pública, muy superiores a lo que representan las leyes en cuestión. El Senado asistió, en definitiva, a un tironeo entre ajustadores. Amansadora Más allá de su escaso alcance, el “paquete del Senado” ha ingresado en una larga amansadora. Los proyectos jubilatorios y de discapacidad serán vetados, y para su eventual insistencia (rechazo del veto) deberán recorrer el calvario de Diputados, primero, y de Senadores después. En cuanto a los proyectos que plantean volcar fondos a las provincias, sólo cuentan con la media sanción de los Senadores y deberán todavía ser considerados por Diputados. El ministro Francos anticipó que irá a Diputados en busca de los 87 “héroes” que vuelvan a refrendar los vetos presidenciales, como ocurriera el año pasado con el aumento jubilatorio y las universidades. Pero para eso, deberían aflojarle a los gobernadores algunos recursos y candidaturas. Los Milei y Caputo “el chico” no han satisfecho las exigencias de los gobernadores para insertar a sus personeros en las listas oficialistas de diputados y senadores nacionales. El chubasco del Senado, en definitiva, expone una pelea y una crisis. El arco de gobernadores “dialoguistas” exige conformar una coalición de gobierno y, como adelanto de ella, pide un rescate financiero. El gobierno liberticida está dividido: una fracción promueve esas negociaciones, temerosa de un aislamiento político y de reveses electorales. La otra línea, en cambio, quiere llevar el choque con los antiguos aliados hasta las últimas consecuencias. En medio de una salida de capitales y de una crisis de financiamiento, se aferra a muerte al “superávit fiscal” (ficticio), en la creencia de que sería una garantía para que la deuda pública, empezando por la de pesos, no se caiga de la baranda. En cualquier caso, ese “superávit” está flaqueando por la caída de la recaudación de impuestos de mayo y de junio. Siguiendo esa línea, Milei iría por la judicialización y, en última instancia, por la no aplicación de lo votado, como lo anunció en la Bolsa de Comercio. El tuitero Dan reclamó poner “los tanques en la calle” para arremeter contra el Congreso. Para avanzar en un choque de poderes y ensayar un régimen de excepción, Milei cuenta con el padrinazgo de Trump, que recorre esa vía en los Estados Unidos. Esterilidad política El bloque de fuerzas opositoras que piloteó la sesión del Senado, comenzando por el peronismo, sabe muy bien de los límites de las leyes aprobadas. Espera que sirvan para extorsionar al gobierno con un regateo de fondos. Conociendo el pedigree político de los opositores, volverán a sacrificar a jubilados y discapacitados, si fuera preciso, con tal de salvar algunas migajas para los presupuestos provinciales y las camarillas capitalistas que se nutren de ellos. A despecho de esa expectativa, Milei podría dejarlos sin nada, lo que volvería a desnudar la impotencia política de estos “opositores”. En la cola de estos cuchillos sin filo, espera la ley de financiamiento universitario. Los jubilados, estudiantes, docentes, y todos los atropellados por la motosierra oficial deben sacar conclusiones y emprender un camino de lucha e independencia política -el camino de los “opositores del ajuste” es un callejón sin salida-. LEER MÁS: Una tormenta política, en vísperas de la campaña electoral Por Marcelo Ramal, 08/07/2025.

Los políticos profesionales, los banqueros internacionales y hasta el FMI advierten las señales de derrumbe del gobierno liberticida (destructor de las libertades públicas y de los derechos sociales) de Caputo y de Milei. Asistimos al tercer colapso de una política de ajuste capitalista, luego de Macri y de los Fernández (Alberto y Cristina), Massa y Kicillof. Incluso cuando Cristina Fernández dejó el gobierno, en 2015, Argentina registraba un crecimiento cada vez mayor de la pobreza y se encontraba al borde de un nuevo default . Han pasado cincuenta años del Rodrigazo, cuando el gobierno peronista desató un violento ataque económico contra los trabajadores. Pero los capitalistas y sus gobiernos han insistido con programas de ajuste cada vez más violento contra los trabajadores, sin ofrecer ninguna salida. Con excepción de bancos y financieras, la economía de Argentina continúa en recesión. La desocupación se acerca al 10 % de la población activa, al igual que el trabajo intermitente –un 20 % de desempleo funcional-. Los titulares informan, sin saltarse un solo día, de quiebras y salidas de capitales. La casta liberticida ha recurrido a devaluaciones, blanqueos de capitales, endeudamientos a tasas usurarias, hipotecamiento de las reservas de oro, cierres de organismos económicos y sociales del Estado, reducción de impuestos a los ricos y aumento a los trabajadores (impuesto al salario), sólo para terminar, de nuevo (como lo hicieron Macri y los Fernández), bajo la carpa de oxígeno del FMI. El ritmo del aumento de los precios ha disminuido, pero sólo de modo artificial y sin mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Han sido metidos en una olla a presión, por medio del aumento de la deuda pública y del Banco Central a plazos cortos, y el auxilio (20.000 millones de dólares) del FMI. Una ‘calma’ que anuncia las inevitables tempestades. Todo esto ha contado con la colaboración del Congreso Nacional y de la burocracia de la CGT, o sea, el peronismo. Ha contado con la colaboración de los gobernadores de todos los partidos, que han aplicado este ajuste colosal en las provincias, incluidos los peronistas. Jaldo, Sáenz, Jalil y también Kicillof. El gobernador bonaerense se ha destacado por sobre todo por su complicidad con las patronales en cuanto a la ola de despidos injustificados en las fábricas y violación de la “conciliación obligatoria”, y el castigo a las huelgas docentes, con el corte de pago a los días de huelga. La casta de los gobernadores se ha plegado a las exigencias de los acreedores nacionales e internacionales y del FMI; no ha ofrecido ni ofrece ahora, tampoco, un programa alternativo que desbarate y derrote el ajuste liberticida contra el pueblo trabajador. Ha votado la mega Ley de Bases y la cesión de poderes discrecionales al Poder Ejecutivo. Con una demora insuperable, la expresidenta Cristina Kirchner ha advertido que la crisis nacional se ha convertido en “estructural” y ha insinuado que el derrumbe que se avecina obligará a los poderes establecidos a convocarla para operar un rescate. La crisis no es nacional ni estructural, sino del capitalismo, como lo prueba la feroz guerra económica, política y militar que amenaza al conjunto de la humanidad. La vocación por rescatar al capitalismo es sencillamente reaccionaria e incluso fuera de lugar: el kirchnerismo estuvo 14 años en el gobierno. Pagó los vencimientos de la deuda usuraria, por unos 200.000 millones de dólares, tomando nueva deuda en el mercado público y privado local, contribuyendo de ese modo al deterioro de la infraestructura del país y a la inauguración de un período de incremento sin precedentes de la pobreza. Las elecciones de este año no podrán disimular el desafío de una nueva crisis de poder, que empequeñecerá a las de Alfonsín, Menem-De la Rúa-Cavallo, Macri-Dujovne y de los Fernández y Massa. Advertido de ello, el gobierno liberticida ha salido a reforzar la alianza internacional con el imperialismo norteamericano, encabezado por el candidato a dictador Donald Trump, en el escenario de una guerra mundial y de masacres extraordinarias, como en Gaza, Cisjordania, Irán y Ucrania. Milei le ha dado plenos poderes a las fuerzas represivas, un presupuesto enorme a los servicios de espionaje y se apresta a autorizar bases de la OTAN en el Atlántico Sur. Lo hace con la impunidad que le ofrece el Congreso, como ha ocurrido con la Ley de Bases y la cesión de facultades extraordinarias. La lucha contra la guerra imperialista internacional ha entrado en la agenda de los ‘asuntos nacionales’. Ni las elecciones legislativas y municipales en las provincias, ni las parlamentarias a nivel nacional, van a cambiar de manos el poder político en el país y, como consecuencia, no evitarán una nueva crisis de poder. La alternativa es votar por candidaturas obreras y socialistas, con el propósito de reforzar la capacidad de la clase obrera para luchar contra los ataques criminales a sus condiciones de vida y para desarrollar una vocación de lucha de los trabajadores. La agitación y la propaganda electoral, así como el uso de la banca parlamentaria para denunciar la explotación social y la opresión política, son esenciales para que la clase obrera construya una perspectiva independiente. Las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se presentan como una polarización entre el Frente Liberticida de LLA, de un lado, y el Frente “atrapatodo” de la galaxia peronista (desde Kicillof y Massa hasta Grabois y Moreno, “todos en el mismo lodo”). También son vistas como un prólogo a las elecciones nacionales de octubre de este año y una preparación de las presidenciales de 2027; el cronograma electoral es la única guía del carrerismo político, que reserva las grandes crisis económicas y las guerras imperialistas internacionales para gabinetes cerrados. También servirán para medir la conciencia política de las masas en un marco de luchas en crecimiento, en cuanto a número y métodos de acción. Pero la polarización electoral oculta una estafa política. Ambos, liberticidas y kirchneristas, representan, desde sus lugares, intereses y contradicciones, una política de ajuste; los gobernadores peronistas han trasladado el ajuste liberticida a los presupuestos provinciales. Axel Kicillof ha añadido al ajuste contra la docencia y contra la educación un agravio de su propia cosecha: descontar salarios por acciones de huelga, como lo haría un Caputo cualquiera. La infraestructura social de la provincia de Buenos Aires es una zona de desastre, una calamidad humana ambiental; el gobierno provincial mantiene a los médicos y a los residentes con salarios que orillan la canasta de pobreza. El “Estado presente” del peronismo ha destinado los recursos públicos a los pagos parciales de intereses de la deuda pública provincial. La cuestión fundamental, cómo resolver el problema integral de la vivienda y los barrios, de las condiciones de empleo, salarios y derechos laborales, no puede encararse sin un ataque a fondo a la oligarquía capitalista. Es altamente probable, como ha ocurrido hasta ahora en las elecciones ‘desdobladas’, que exista una tendencia al ausentismo electoral, que no llega a ser una abstención o boicot político declarado. Esta tendencia representa, por sobre todo, un repudio a la llamada ‘oposición’ por su complicidad con el gobierno liberticida y por su manifiesta incapacidad de ofrecer una salida a las mayorías populares. El ausentismo pone de manifiesto, asimismo, el agotamiento temprano (“infantil”) de la izquierda electoral (el FITU), que desde que consiguió algunos escaños se ha convertido en una colectora del kirchnerismo, animada por la expectativa de capturar a una parte de sus despojos electorales. Esta misma pseudoizquierda, en el campo de las luchas sindicales, no ha sacado los pies del plato de las “conciliaciones obligatorias” del Ministerio de Trabajo de Kicillof, y ha llevado a los trabajadores a una seguidilla de retrocesos y derrotas. Por otro lado, se ha convertido en una furiosa enemiga de la propaganda a favor de una huelga general, como si la huelga general no fuera el arma histórica de los trabajadores contra las ofensivas grandes y estratégicas del capital y de su Estado, como las de Milei y la ultraderecha internacional. El gobierno de Milei forma parte de una tendencia internacional del imperialismo capitalista. La emergencia de tendencias ultraderechistas y fascistizantes es la expresión del agotamiento de la conciliación de clases como método de gobierno (“estado de derecho”, “alternancia política regular”). Son el emergente de grandes crisis y bancarrotas capitalistas, y de la tendencia a solucionarlas por medio de guerras económicas y militares. La bancarrota económica del Estado abarca a todas las grandes potencias, abrumadas por la emisión de rescates financieros por montos sin precedentes, como consecuencia de crisis económicas gigantescas y una pandemia que sigue vigente y asoma la cabeza en todo momento; Japón, China y Estados Unidos suman, respectivamente, una deuda pública equivalente al 280 %, 220 % y 140 % del PBI. La solución de los problemas nacionales con los métodos convencionales es imposible en este marco de derrumbe internacional y de guerras mundiales. Quienes cacarean lo contrario, simplemente estafan al pueblo y a ellos mismos. La cuestión es “socialismo |o barbarie”. Nuestro Programa, el de Política Obrera, para las elecciones legislativas de septiembre es el siguiente: Un aumento de salarios, jubilaciones y asistencias sociales del 100 %, y una remuneración mínima igual al costo de la canasta familiar. Un vasto programa de obras públicas (vivienda e infraestructura barrial, asfaltos, rutas y autopistas, corredores de transporte) bajo el control de comisiones obreras electas y revocables. Creación de un sistema único de Salud gratuito. Gestión estatal de todo el sistema sanitario, bajo control de los protagonistas activos (médicos, investigadores, enfermeras, etc.). Defensa del derecho laboral; reincorporación de despedidos, reparto de horas de trabajo, jornada legal (8 y/o 6 horas). Defensa del derecho a huelga sin otra condición que la voluntad expresa de los trabajadores. En el cómputo de los años para jubilarse, integración a los años de trabajo de los períodos de desocupación y de trabajo no registrado; para financiarlo: impuesto extraordinario al capital, responsable de la evasión y el trabajo en negro. Abajo el protocolo represivo, defensa incondicional del derecho a manifestarse. Abajo el gatillo fácil y la persecución a las disidencias sexuales. Defensa de la juventud, contra los capitalistas del narcotráfico y sus socios en el aparato estatal. Por los derechos de la mujer trabajadora a la maternidad, al aborto legal, a igual trabajo por igual salario. Por un Estado realmente laico: separación del clero y la educación clerical de la enseñanza nacional. Por una educación pública estatal y gratuita. Un impuesto progresivo a los ingresos, a partir de cuatro canastas familiares; apertura de las cuentas de bancos, empresas, pool de siembras. Eliminación de los impuestos al consumo. Desconocimiento de la deuda pública. Nacionalización de la banca y las finanzas; impuesto extraordinario a las grandes fortunas; tasación progresiva de ganancias y dividendos; garantía estatal a los pequeños ahorristas. Monopolio estatal del comercio y transacciones externas. Ruptura con el FMI. Ruptura de relaciones con el Estado sionista de Israel; juzgamiento de todos los criminales de guerra; indemnización a las familias de los masacrados en Gaza y Cisjordania; por una Palestina socialista y ciudadana o laica; por el derecho al retorno de la población palestina expulsada por sucesivas guerras coloniales del sionismo. Por la defensa integral de los migrantes en todos los países; por el derecho político de los trabajadores a atravesar todas las fronteras y residir en el país de elección, y a votar y a ser electos. Por una campaña mundial contra las deportaciones trumpistas. Abajo la guerra de la OTAN y Rusia en Ucrania. Por la unidad de los trabajadores de Rusia y Ucrania contra Zelensky y Putin. Por una Ucrania independiente y socialista. Por una Federación Internacional de Repúblicas Socialistas. Los salarios de los directivos del Estado y de los representantes electos no deben superar el valor de dos canastas familiares. Política Obrera, nuestro partido, se valdrá de la Legislatura como una tribuna de agitación en defensa de la democracia y en apoyo a las luchas obreras, y desarrollará una propaganda y educación socialistas.

Cristina Fernández aprovechó la celebración de la Independencia, el 9 de Julio, para volver a pintar una perspectiva sombría de la economía argentina. No vaticinó, en esta ocasión, un derrumbe o colapso financiero a corto o mediano plazo, sino una crisis de deuda pública a partir de 2027, cuando “la Argentina (tiene), más que una pared de vencimientos (de deuda, de capital y de intereses, con el FMI y los bonistas), una muralla infranqueable que tiene que pagar en dólares contantes y sonantes”. Caracterizó a esta encrucijada como “un problema estructural” y advirtió “a los argentinos, sean de izquierda, de derecha, de abajo, de arriba, peronistas, antiperonistas, lo que más te guste... a pensar cómo encarar y resolver esta cuestión, (de lo contrario) somos boleta”. Cristina cae en un furcio, porque es obvio que para los “argentinos...de derecha y de arriba” el asunto no presenta ningún enigma: sacarán las divisas del país, “comme toujour”, salvo que no haya adonde refugiarse si la crisis adquiere un carácter realmente mundial. “Los de abajo” tampoco están condenados a “ser boleta”, si encaran ‘el problema’ con sus propios métodos y explotan un estallido del capitalismo para establecer un gobierno socialista e internacionalista de los trabajadores. Suponemos que CFK es consciente de que la crisis en que está envuelta Argentina no es “estructural” sino capitalista, o sea del modo capitalista de organización de la producción y el intercambio. Estructural es una categoría vacía de contenido histórico y de contenido social. Evita distinguir la contradicción irreconciliable entre el capital y el trabajo. La insustentabilidad del endeudamiento capitalista, sea público o privado, es de carácter mundial; la naturaleza y la humanidad están en riesgo de convertirse en “boleta”, y millones de trabajadores se encuentran en esa situación. EEUU tiene una deuda pública que equivale al 140 % del PBI –unos 36 billones de dólares: China, el 230 % del PBI, 40 billones de dólares, compensada por abundantes reservas; Japón, casi el 300 % del PBI, unos 30 billones. La deuda del capital no financiero en estado de incobrabilidad, supera estos números. El crédito, como régimen de ampliación de la acumulación de capital, ha colapsado. El sistema monetario en el cual se apoya, va por el mismo camino. Las guerras económicas, políticas y militares que envuelven al sistema imperialista, son la expresión de este impasse económico, de un lado, y del impasse histórico, del otro. La expresidenta se valió de la épica para “encarar el problema”, y evocó las tres C –cabeza, corazón y coraje-. Pero, en realidad, apenas propuso como remedio una nueva reestructuración de la deuda –incluso bastante limitada-. Como de costumbre, CFK excluye de las reestructuraciones a la deuda local, que entre capital e intereses se acerca a la friolera del equivalente de 300 mil millones de dólares –la mitad de la deuda del estado nacional-. Cree que es una operación factible porque Argentina, aunque no ‘produce’ dólares sí produce pesos. También excluye al FMI, que, por estatuto no acepta reestructuraciones, que es acreedor por 70 mil millones de dólares. Junto a otros organismos internaciones, tienen la mitad, aproximadamente, de la deuda en divisas. Una reestructuración de deuda con acreedores privados se acercaría, ‘apenas’, a 100 mil millones de dólares, o el 15 % de la deuda total. La descripción del ‘problema estructural’ de Argentina tiene otras limitaciones, incluso más importantes. La economía no es un asunto contable, sino el conjunto de las relaciones capitalistas. La deuda no es un ‘stock’, es un flujo. De un lado hay pagos periódicos de intereses y vencimientos parciales o totales de capital. Más importante aún, se transa en un mercado de capitales. El default de la deuda tiene lugar mucho antes de la incapacidad de afrontar sus pagos, ocurre en los hechos cuando se advierte esa posibilidad, en grado mayor o menor. Cavallo defolteó la deuda argentina antes de la caída de De la Rúa y del abandono de la convertibilidad –fue cuando recurrió al FMI dos veces en semanas, con el “blindaje” y el “megacanje”-. Volvió a ocurrir con Macri, cuando empezó a “reperfilar” la deuda, en este caso la local –lo suficiente para hundir el peso y desatar una mega inflación-. Milei –y Caputo por segunda vez– enfrentan la posibilidad de ese colapso antes del cronograma de deuda para 2027. Ya han hipotecado la reserva de oro y contratado préstamos de corto plazo, contra garantía de bonos de deuda pública seleccionados, a tasas de default , en dólares. Todo esto tipifica una gran crisis financiera del capital y del estado, no un ‘problema estructural’. Los mismos acreedores y el mercado de capitales en el cual operan, impulsarán esta crisis por medio de ventas, y serán afectados por ella. Es conocido que, para la expresidenta, el problema de Argentina es lo que antes se llamaba “restricción externa” y ahora “falta de dólares”, que, según CFK, Argentina no produce, pero que en todo caso servirían para pagar la deuda –no para cambiar las condiciones de existencia de la mayoría trabajadora-. Pero esa restricción o carencia es típica de los ciclos capitalistas –desaparece en el ‘boom’ y se esfuma en la crisis y la depresión-. El precio del oro se ha duplicado en meses, como consecuencia del reflujo de capitales provocado por una serie de crisis, y lo mismo ocurre con el abandono parcial o relativo del dólar por parte de numerosos países. La economía vulgar de los apologistas del capital les impide ver el bosque, el movimiento internacional del capital y carácter internacional de las crisis. CFK no ha ofrecido una salida para su “problema estructural”, o sea que el peronismo navega sin programa. Para Milei y Caputo, la ‘salida’ sería un ‘boom’ exportador de combustibles y minerales, mientras le sacan un 35 % de retenciones al agronegocio –el ‘tesoro’ de la Argentina capitalista-. El ‘retorno’ a la Argentina de fines del siglo XIX, que dice buscar Milei, olvida que condujo a la mayor crisis internacional, la del 90, y el derrumbe de la Bolsa de Londres, por el default de Argentina. Pero el mercado de combustibles y minerales, con el que Milei busca ese retorno, se encuentra sobreofertado y con una guerra comercial internacional que tira los precios hacia abajo. El escape (no es una salida) para el gobierno liberticida sería una escalada en la guerra militar, que levantaría los precios de las materias primas, y una integración semicolonial a las cadenas de suministros de la OTAN. La guerra mundial, sin embargo, no es vista por la expresidenta como un “problema estructural”, y el genocidio de Palestina, que la guerra mundial multiplicará al infinito, tampoco. Los partidos patronales van a las elecciones sin otro programa que el ajuste contra los trabajadores, más concretamente la destrucción de sus derechos, incluidos los políticos. La cuestión ‘estructural’, que llaman a atender, se dirimirá por otros medios: crisis, confiscaciones y devaluaciones, o sea por la violencia del ‘mercado’. Trump mismo ha insinuado una suerte de default norteamericano por medio de “la deuda permanente” o “centenaria”, que sólo saldaría los intereses pero aboliría los vencimientos de capital. Obviamente, sería un default confiscatorio descomunal (priva al capital de su oxígeno: el movimiento ilimitado), que sería respondido por una insurrección ‘universal’ de la burguesía. Nuestro partido sí tiene una respuesta al ‘problema estructural’: el repudio a la deuda usuraria y la reorganización social de Argentina bajo la dirección política de un gobierno de trabajadores. Socialismo o Barbarie.

El experto en informática Fernando Molina ha divulgado una importante novedad en relación al “Criptogate”, tanto por sus redes sociales como en la Cámara de Diputados. Según pudo constatar, Hayden Davis, promotor de la criptomoneda $LIBRA, hizo transferencias millonarias en dólares luego de haberse reunido con el presidente Javier Milei el 30 de enero (U$S 507.500) y el 13 de febrero (U$S 1.275.000), un día antes de su lanzamiento. También hizo otras en el intermedio de estas fechas, que en total superan los 4,5 millones de dólares. Como los destinos de estas transferencias por plataformas digitales especificas no se han podido comprobar, se sospecha que Davis buscó premeditadamente oscurecer la trazabilidad de estos fondos, en las vísperas del desplome en la cotización de la criptomoneda. Esto refuerza la hipótesis de que toda la operación fraudulenta estaba orquestada para favorecer a una pandilla financiera, con el concurso activo del propio presidente Milei, que recibió a los criptoestafadores en al menos dos oportunidades y promocionó el token $LIBRA desde la red social “X”. En este mismo sentido, el periodista Hugo Alconada Mon afirma en La Nación que Mauricio Novelli, el “trader” amigo de Milei y quien estuvo presente en las reuniones que Davis y Milei tuvieron en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, vació las cajas de seguridad que había abierto en el Banco Galicia en simultáneo a estas sospechosas trasferencias de Davis el día posterior al colapso de $LIBRA. Otro de los participantes de estas reuniones, Sergio Morales, fue asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) hasta su renuncia en marzo de 2025, tres semanas después de que un fiscal comenzara a investigar su posible papel en el escándalo cripto. Davies declaró recientemente ante la justicia norteamericana, en donde está radicada una demanda colectiva que, sin embargo, no tiene a Milei como uno de sus imputados. Se estima que unas 75.000 personas fueron estafadas con pérdidas que oscilaron entre miles y más de un millón de dólares. Allí Davies negó haber cometido una estafa y comento que “$LIBRA debía destinarse a pequeñas empresas y proyectos educativos en Argentina, como se indicaba en el sitio web”. Que fue el posteo de Milei el que elevó abruptamente la cotización de la criptomoneda y que “no sabía por qué había borrado luego el posteo”. Davis tiene congeladas sus cuentas en dólares por la justicia de EE.UU. En Argentina, la Oficina Anticorrupción (OA) ya exculpó a Milei, argumentando que su promoción provino de su "cuenta personal de X" y que actuaba "como economista y no como funcionario público" (confunde ‘economista’ con operador financiero) . Milei también se ha autoexculpado, señalando que no hubo “fondos públicos” involucrados, sin atender al conflicto de intereses y a la falta de deberes de funcionario público. Mientras tanto, la jueza María Servini, a cargo de una investigación judicial penal sobre la evolución patrimonial de los individuos investigados, incluye al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, desde 2023 hasta la fecha, sin grandes novedades por el momento. Papel pintado: la comisión $LIBRA del Congreso Nacional A la fecha, y luego de dos meses de que se votara su conformación, la Comisión especial conformada en el Congreso Nacional para investigar el Criptogate no ha designado sus autoridades ni su reglamento de funcionamiento. Izquierda Diario informa que, en acuerdo con legisladores oficialistas y de UxP, se votó para que la Comisión no tuviera un presidente sino un “coordinador” del riñón del gobierno. También que la Comisión hiciera “invitaciones” para comparecer, de carácter voluntario. Es decir, un acuerdo para proseguir en el limbo. La presencia de los legisladores del FITU en alianza con los de UxP los convierte en cómplices de estas maniobras. Esta Comisión se ha reducido a convocar a invitados para informar, sin ningún carácter vinculante. Entre ellos, declaró otro “experto” en criptomonedas”, Iñaki Apezteguía, convocado por legisladores oficialistas. Las redes sociales de Apezteguía habían desaconsejado invertir en $LIBRA por tratarse de un “escenario perfecto para un “pump and dump”, es decir, una operación de suba vertiginosa de la cotización para luego tirarla abajo en perjuicio de aquellos que entraron en el pico. La maniobra involucró compras y ventas masivas de la cripto en cortísimo periodo de tiempo, únicamente apalancado por el impulso público del presidente.

Mientras los medios informan un “enfriamiento” en el vínculo entre Trump y Putin , el primero ha confirmado que Ucrania recibirá nuevas partidas de armamento por medio de sus aliados europeos: “Estamos enviando armas a la OTAN, y la OTAN las paga al 100 por ciento… Las armas que salen van a la OTAN, y luego la OTAN las entregará [a Ucrania]”, (FT 11/7). Ya que la OTAN no compra armas colectivamente, lo que se espera es que algunos miembros las adquieran en nombre de Ucrania. Por ejemplo, Alemania tiene previsto comprar dos sistemas Patriots para luego cederlos a Kiev. Una fuente indicó que “las armas vendidas a la OTAN podrían incluir armamento ofensivo, no solo de apoyo a la defensa aérea” (Time, 11/7). Donald Trump ha integrado la guerra de la OTAN contra Rusia a su guerra económica contra todo el resto del mundo . Los Patriots son el instrumento por excelencia para interceptar los misiles balísticos rusos de corto y mediano alcance. La operación está en la línea de acercamientos sucesivos que venía desplegando Trump respecto a Moscú: "Estoy decepcionado con Rusia, pero veremos qué sucede en las próximas semanas... Creo que haré una declaración importante sobre Rusia el lunes” (FT 11/7). Trump respalda un proyecto de ley de un sector del partido republicano para imponer nuevas sanciones a Rusia. Luego de seis llamadas telefónicas presidenciales, varias rondas de conversaciones entre ministros y un número mayor de contactos a otros niveles, Trump toma distancia de Putin, aunque con reservas. Ambos bandos siguen negociando un reparto de Ucrania, una alternativa a lo que podría convertirse en una guerra europea. La declaración del canciller alemán, Friedrich Merz, acerca del “fin de la diplomacia con Moscú” y un rearme en gran escala, fue saludada con una ovación en el Bundestag (parlamento). Alemania se dispone a conducir a la Unión Europea a una nueva guerra mundial hacia el este (“nachosten”). El imperialismo alemán no puede renunciar al control semicolonial de Ucrania y, eventualmente, de Rusia. Moscú, por su lado, ha lanzado su mayor ofensiva militar sobre las dos ciudades más importante de Ucrania –Kharkov, en el norte, y Kiev-. No se trata ya de ampliar sus conquistas territoriales en el este del país, por ejemplo a Odessa, sino de quebrar al estado ucraniano. En cuestión de horas, descargó 728 drones y 13 misiles contra la infraestructura civil de Ucrania, sin desmedro de la población. Luego de dos semanas de largas conversaciones con Macron y Trump, cualquier solución a la guerra deberá abordar lo que Moscú llama las "causas profundas" del conflicto: “El Kremlin acusa a las naciones europeas de postura confrontativa”, subraya RT (11/7). El portavoz del gobierno ruso criticó la insistencia de Francia y Gran Bretaña, denominados vagamente como “Europa Occidental” por Dmitry Peskov, de estacionar en suelo ucraniano una fuerza conjunta de entre 30 mil y 50 mil soldados, bajo el pretexto de proteger infraestructura clave, y no para operar en la línea del frente; la denominada “coalición de los dispuestos”. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado que el estacionamiento de tropas extranjeras en Ucrania generaría "hechos sobre el terreno". “El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) también advirtió el año pasado que el despliegue de una llamada fuerza occidental de 'mantenimiento de la paz', que podría estar compuesta por alrededor de 100.000 soldados, equivaldría a una ocupación de facto” de Ucrania” (RT). El Washington Post informa que, por primera vez, EE.UU. ha participado de la conferencia anual por la “recuperación de Ucrania”, que tuvo lugar en Roma. Estuvo presente Keith Kellogg, el enviado especial del presidente estadounidense para Ucrania y Rusia, junto a dos senadores republicanos que patrocinan proyectos para elevar las sanciones económicas contra la Federación Rusa. Lo más relevante de este cónclave fue la decisión de crear en París un Cuartel General de una fuerza multinacional que estaría lista para desplegarse en territorio ucraniano, siempre, según recalcan, una vez sea alcanzado un “alto el fuego”. Es lo que viene propugnando Emmanuel Macron desde hace una año en un sonada entrevista que otorgó a The Economist. “El contingente se llamará Fuerza Multinacional Ucrania” y tiene prevista la creación de una célula de coordinación en Kiev, asegura el Washington Post. Es decir que la presencia de este combinado militar sobre el terreno es un hecho. La guerra imperialista de la OTAN contra Rusia ha sido respondida por una guerra de opresión nacional de la oligarquía rusa contra la OTAN . Cualquier tregua, alto el fuego o solución provisional se asentará sobre un nuevo reparto de la región entre las potencias en guerra , pero no con el fin de la guerra misma. No se trata solamente de Ucrania sino de todo el Cáucaso sur (Azerbaijan, Armenia, Georgia), en este caso con la activa participación de Turquía y del estado sionista, que disputan abiertamente el control del Medio Oriente. Es necesario acentuar la campaña de esclarecimiento de la clase obrera acerca del carácter mundial imperialista de la guerra en desarrollo, que será pagada con el sacrificio social y la vida de los trabajadores de todos los países.

La CNN ventiló un audio de 2024 de una reunión privada en donde Trump confiesa que amenazó al líder ruso con bombardear la capital de la Federación Rusa: “Le dije a Putin: ‘Si entras en Ucrania, voy a bombardear Moscú. Te digo que no tengo otra opción’, dijo Trump durante un evento de recaudación de fondos para 2024” (CNN 9/7). Este diálogo, durante su primer mandato, es recogido en un libro que se lanzó este año. Putín inició la “Operación Especial” durante la presidencia de Biden, pero fue Trump quien ordenó a la canciller Angela Merkel a desactivar los gasoductos, de dos mil kilómetros cada uno, que conectaban a Rusia con Alemania. De este manera, Trump, un lobista de las petroleras, impuso los intereses del gas licuado norteamericano a la Unión Europea. La aparición de este audio coincide con las críticas que Trump viene realizando a Putin por el empantanamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania. “Putin nos tira muchas tonterías, si quieren saber la verdad", dijo Trump a los periodistas, que asistieron a casi dos horas de reunión. "Siempre es muy amable, pero resulta ser insignificante" (NBC 8/7). “Trump afirmó más tarde que había transmitido una advertencia similar al presidente de China, Xi Jinping, sobre una posible invasión de Taiwán, diciéndole que Estados Unidos bombardearía Beijing en respuesta.” (idem) A pesar de todos estos entreveros agresivos, los altos diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron el jueves 10 en la capital de Malasia. La comunicación, coinciden los medios, fue bastante cordial, cuando la guerra ha dado un salto por ambas partes. Tras la cortesía de la diplomacia se esconde el puñal. Los gestos y declaraciones disimulan una cuidadosa estrategia de desinformación deliberada (“headfake”). La maniobra de distracción para despistar ya ha sido usada en la guerra contra Irán hace unas pocas semanas , y lo mismo ocurrió con Rusia, cuando las negociaciones de Minsk, para convertir a Ucrania en una república federal, fueron dilatadas para dar tiempo al rearme de Ucrania, luego del golpe de estado de febrero de 2014. “Algo pasará”, se limitó a decir Trump en respuesta a la prensa luego de una reunión de gabinete en la Casa Blanca. La escalada militar desatada por Putin en las últimas semanas es una advertencia a Trump contra cualquier operación de “deception” y un ultimátum para que conceda lo que el Kremlin reclama –la instalación en Ucrania de un régimen político adecuado a un condominio de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos-. LEER MÁS: Rusia-Ucrania: ninguna solución La guerra se expande. Por Camilo Márquez del Partido de los Trabajadores-Uruguay, 21/06/2025.

El Sindicato del Neumático, ganado por el clasismo en 2016, se encuentra en una crisis terminal. A medida que se fue acercando la fecha de renovación electoral de las autoridades centrales y seccionales, la agrupación dirigente, la lista Negra, ha sufrido un drenaje de dirigentes y trabajadores, seguido de rupturas y el surgimiento de listas rivales. El mosaico de grupos de izquierda que han hostilizado a la Negra desde hace dos décadas, con el único resultado de reducir aun más su peso marginal, se ha encaramado en esta crisis (que, repetimos, tiene un carácter marginal), para colarse en los intersticios de la oposición emergente, sin ofrecer programa ni alternativa política. La lista Negra que ha quedado en pie luego de estos desprendimientos opera con el aparato del Partido Obrero. La posición excepcional que ha alcanzado este aparato como consecuencia del ascenso de la Negra, en especial luego de la conquista de la dirección nacional del SUTNA, en 2016, no le ha servido para reclutar militantes obreros de la base, por el contrario, ha llenado al aparato sindical con su propios militantes, incluso los contadores públicos. La causa inmediata de esta crisis ha sido la incapacidad de la dirección sindical para detener la ola de despidos masivos en la industria. De acuerdo a una cifra que ofrece Izquierda Diario, el personal de la industria del Neumático ha pasado de 4.500 a 2.000 trabajadores en poco más de un año. Una hemorragia extraordinaria. El SUTNA enfrentó la ofensiva de cesantías de las patronales mediante el recurso a las conciliaciones obligatorias, en especial las del Ministerio de Trabajo bonaerense de la gobernación Kicillof. La Directiva no hacía solamente una distinción territorial, sino por sobre todo política: Kicillof no es Milei, como si esta diferencia afectara el carácter patronal del kirchnerista. El SUTNA cayó así en la trampa montada por el FIT-U, con el aparato del PO a la cabeza, que impulsa los acuerdos pseudocríticos con el kirchnerismo. En el primer desafío concreto y relevante que tuvo que encarar el FIT-U, optó por abandonar la independencia de clase. Esta política de conciliación de clases fue acompañada por paros parciales por seccional o aislados, en los paros nacionales. Los “planes de lucha” dejaron de ser votados en asambleas y seguidos de asambleas, para ser reemplazados por “una delegación de poderes” a la Directiva, como suele hacerlo el Congreso nacional con el Poder Ejecutivo. Alejandro Crespo, un verdadero conductor de la Negra y el Sindicato durante años, fue convertido en “Crespo Conducción”, un santo y seña de burocratización, como ocurre con la burocracia peronista desde hace 70 u 80 años. Este enorme desvío del clasismo fue seguramente alentado por el aparato del PO, ante las divergencias y disputas de cargos en la Directiva y el cese del funcionamiento asambleario de la Negra. De acuerdo a un texto de la lista Granate (PTS), relativo a la Memoria y Balance del Sindicato, los gastos administrativos y de funcionamiento del aparato sindical habían alcanzado un monto incompatible con los recursos existentes. En un breve espacio de tiempo, el SUTNA puso a la luz el mecanismo social de la burocratización sindical que, en Argentina, es todo un régimen de Estado; la conciliación de clases, la restricción de la democracia obrera, la consagración de un árbitro entre las fracciones en disputa; el agotamiento terminal del ‘clasismo’. La renovación de mandatos cada cuatro años es superior a la del parlamento burgués; no combina el mandato sindical con el trabajo en fábrica (al menos en forma rotativa). El burocratismo en los sindicatos es un fenómeno social que separa las funciones gerenciales del trabajo, creando una capa diferenciada del obrero de a pie. A la crisis desatada por la incapacidad de frenar los despidos mediante una política de lucha, se ha sumado, recientemente, la quiebra de la paritaria. Durante un cierto tiempo, las paritarias del Neumático eran celebradas como las mejores del sindicalismo, porque se adaptaban mejor que otras paritarias a la inflación y porque incorporaban, al final del período de convenio, un aumento real. No más. Las patronales se niegan a resarcir el poder adquisitivo perdido, e incluso reclaman una reducción de los salarios, como reconoce el Sindicato cuando asegura, en su propaganda, que no lo permitirá. Esta crisis paritaria repite lo que ocurre en la UOM, en especial en la rama de la Siderurgia, donde no se ha conseguido un convenio en casi dos años. En un sector de la clase obrera, el tema salario es más importante que el despido (sin causa) o el llamado “retiro voluntario”; el agravio que siente el trabajador es más intenso. La lucha por imponer la paritaria y el convenio tiene la misma traza que la de los despidos, o mucho menos. La ‘superestructura’ de la Negra no advirtió estos problemas, no preparó a los trabajadores para enfrentarlos y ahora responde con otra parálisis. Estos conflictos aislados o parciales son comunes en toda esta etapa, por la simple razón de que la CGT no es un factor de unidad de la clase, ni tampoco sus distintas burocracias. El asunto es que la Negra abandonó tempranamente, por la (des)orientación del aparato del PO, el propósito de convertir al SUTNA recuperado en un factor de reagrupamiento de la clase obrera, en los lugares de trabajo, sindicatos, autoconvocados y regionales. El aparato del PO prefirió poner bajo su tutela una Coordinadora Sindical Clasista, de cuño exclusivo, antes que a una estrategia de revolucionar las organizaciones obreras. El punto más definitorio, sin embargo, ha sido la relación de la Negra (y de, perdón por la repetición, del aparato ya mencionado) en la cuestión de la flexibilización laboral. En el mundo entero la izquierda trucha ha canjeado condiciones laborales por salarios, para terminar reforzando la precariedad laboral y, a término, perder las ventajas salariales. Nos referimos a los salarios atados a cláusulas de productividad o, más claramente, rendimiento de la fuerza de trabajo, en especial el trabajo rotativo, semanal o incluso los sistemas semestrales o anuales, que fraccionan el período de descanso. Durante un tiempo prolongado, que igualmente terminó en una derrota, el sindicato clasista reclamó el 200 % de pago de los fines de semana, sacrificando bienestar, salud y cultura, a cambio de percepciones no remunerativas (que desfinancian el atacado sistema previsional). Esta resignación ante la precarización laboral se convirtió en una política consciente cuando, desde la directiva del sindicato, se impulsó un acuerdo de régimen laboral propuesto por la patronal que fue rechazado en dos asambleas y fue adoptado por fatiga moral en una tercera asamblea. El abandono de la jornada de ocho horas (la mayor conquista histórica del movimiento obrero internacional), con un salario legal y adecuado a las condiciones de la vida social, constituye una renuncia definitiva al clasismo. Ha sido abolido como bandera y como reconquista de derechos fundamentales, cuando ya han madurado las condiciones para algo mayor. vale decir, la jornada de seis horas sin desmedro del salario. Es así como un aparatito de la IV Internacional ha entregado las banderas de la II Internacional. Ninguna de las cuestiones desarrolladas hasta aquí son abordadas por las disidencias de la Negra (la Azul y la lista Independiente), mucho menos por los partidos restantes del FIT-U. En esto mismo consiste una “crisis terminal”. Hay choques violentos (verbalmente) acerca del manejo de los fondos del Sindicato; a la denuncia ya citada por la Granate, se suma la del Tesorero del sindicato, Fernando Rey Martínez, de la Azul, que ha enviado una carta-documento a Crespo para que libere “la información contable, financiera y patrimonial del sindicato, incluyendo extractos bancarios, estados de cuenta, movimiento de fondos, transferencias, pagos, contratos, facturación y toda otra documentación respaldatoria correspondiente desde el 1.1.25 hasta la actualidad”. La denuncia de Fernando Rey Martínez ha sido ampliamente viralizada por la lista Gris, del MST, que se ha incorporado a la Azul. El FIT-U ha elegido al SUTNA para dirimir la interna que la Justicia Electoral ha suspendido para las elecciones parlamentarias de 2025. La Granate (PTS) sumó a la denuncia de “gastos gremiales’ en el balance una seria irregularidad en en el Ospin, cuyo revisor de cuentas, dice, renunció. La cuestión de la Obra Social que atiende a los afiliados del SUTNA desató una justificada crisis, cuando fueron restringidos por impagos, sin aviso previo ni advertencia política, la atención médica y los medicamentos por casos severos como oncología. La lista Azul es la escisión más representativa de la Negra debido al número de directivos que reúne. Lo es también por la reputación del secretario sdjunto, ‘Maxi’ Bronzuoli., que es dirigente de la Negra desde sus primeros años en la seccional San Fernando (Fate). Esta escisión tardía no ofrece un programa clasista, mucho menos en cuanto a la flexibilización laboral. En las filas sindicales se califica a la Azul como peronista; el propio Bronzuoli reconoció su pertenencia al “partido piquetero”, que es un eufemismo de la UxP, del kirchnerismo y el kicillofismo. Que la gobernación bonaerense procure ganar al SUTNA para su campo político no sorprende; es lo que hace cotidianamente el ministro de Trabajo de Kicillof y los punteros bonaerenses. Las conciliaciones obligatorias de Walter Correa, el ministro en cuestión, fueron aprovechadas para producir una seductora cooptación (otra cortesía del aparato del PO). La lista Independiente, también en parte una escisión de la Negra, tiene una trayectoria más amplia; a diferencia de la Azul, que aun no existía, se manifestó como oposición en diversas asambleas y diferentes volantes. La Independiente es un mosaico de individualidades; hay reconocidos activistas clasistas jóvenes, que no han ocupado cargos directivos, así como opositores sin trayectoria de todo cuño. Tiene influencia y delegados en Fate, pero no en otras seccionales. Por Independiente entiende ser ajena a estructuras políticas, lo que explica la falta de programa, estrategia y perspectivas; se trata de una posición apolítica en un marco de lucha política implacable. Una cosa es ser tributario de un partido patronal, lo contrario es participar de una experiencia y trayectoria obrera y socialista, con una política internacionalista. Fuera del MST, que se anotó en la Azul, y del aparato del PO, la Granate desarrollo una crítica ‘constructiva’ a la dirección, en tanto que la Marrón (el NMAS) entiende que “la conducción del SUTNA está al borde del abismo" y que hay que reunir activistas. Casi dos décadas después de la conquista por la Negra de la seccional San Fernando y de una década de la conquista del sindicato nacional, esta izquierda no ha construido nada, y con razón: no tiene ninguna diferencia programática con el aparato del PO y nunca ha hecho de la cuestión de la flexibilidad laboral y de la democracia obrera una batalla de principios. En otros sindicatos, por caso el CICOP, de los médicos bonaerenses, donde la metodología del MST está incluso bien a la derecha del aparato. Es necesario clarificar esta enorme experiencia del SUTNA, el mayor intento de desarrollar un sindicato clasista luego del Sitrac-Sitram de Córdoba, en 1971/73 y el Smata, también de Córdoba, en 1975. El retroceso histórico en el SUTNA se manifiesta también en los Metrodelegados o hasta en Foetra, o sea, la cooptación de activistas que pasaron por el ‘troskismo’ al campo de la burocracia y del Estado burgués. Por medio de una clarificación consistente habremos de preparar a las nuevas generaciones del neumático para librar una lucha vigorosa y consecuente, en un mundo capitalista de crisis cada vez más catástroficas, de guerras y, sin lugar a ninguna duda, de revoluciones obreras socialistas nunca vistas.

“Sorry we missed you!” (”Lo siento, lo extrañamos”) es un buen comienzo para comentar la crisis que en este momento viven Keir Starmer y su gobierno laborista. En la película citada de Ken Loach, estrenada en Argentina como “Lazos de familia”, el sujeto que extraña es la familia de un obrero explotado de forma despiadada por Amazon y que por eso siempre falta en la vida familiar, mientras que en este caso el objeto faltante y “extrañado” era la crisis política de la burguesía inglesa y sus representantes. ´La falta´ sin embargo duró muy poquito: apenas un año. La principal promesa electoral del Partido Laborista (Labour) fue terminar con el caos que reinó en Gran Bretaña desde el Brexit bajo la secuela de gobiernos de los Tories. Desde Cameron que lanzó el referéndum seguro de que ganaría el “Remain”, hasta Liz Truss que derrumbó la bolsa inglesa y renunció en 45 días. De hecho, Starmer declaró en 2023: “es difundida la sensación de que nada funciona, que somos un país en decadencia”. Starmer sin embargo cayó en la misma problemática de su predecesora: la dificultad política para arreglar el déficit fiscal del Estado. Un déficit del 5,3 % del PBI que en términos absolutos son 151.000 millones de esterlinas (203.000 millones de dólares), con una economía estancada que, según el banco de Inglaterra, tendrá un crecimiento del 0,75 % (a condición de que la crisis mundial y la guerra arancelaria no se agudicen en el curso del año). Starmer intentó aprobar una reforma de las pensiones por incapacidad que hubiera reducido el gasto de 5.000 millones sobre un total de 48. A pesar de ser un ajuste cosmético respecto al nivel de endeudamiento, que exigiría una verdadera carnicería social, Starmer no logró reunir los recursos políticos para imponerlo. Ciento veinte deputados del Labour se “rebelaron” contra su propio jefe de gobierno y exigieron una cancelación de la medida. Los sondeos prevén que, al día de hoy, la derecha “soberanista” de Farage supera al Labour en cinco puntos porcentuales y que este perdería 233 escaños en el próximo parlamento electo, bajando del 34 al 24 % de los votos; los diputados rebeldes sienten el miedo de volver a casa y enfrentar el “drama existencial” de ir a laburar, por eso no aceptan hundir sus posibilidades de ser electos quitando un subsidio de incapacidad a centenares de miles de personas. En ese sentido, más allá de las maniobras de los parlamentarios de “izquierda”, la lucha de clase opera como potencia en el escenario inglés: aunque no haya todavía grandes luchas obreras y rebeliones de masas, aunque sí paros crecientes, el miedo a que esa potencialidad se vuelva una realidad efectiva paraliza el Labour Party, como antes al Tory, frente la necesidad de aplicar un ataque radical a las condiciones de vida y de trabajo del proletariado británico. Dicho en criollo: no tienen la fuerza política para destruir definitivamente la sanidad y la educación públicas ni para despedir empleados estatales y, mediante esa política, garantizar a la burguesía inglesa una reducción de los impuestos y mayores lucros en los sectores de la economía privatizados. En esa crisis se muestra una profunda problemática para la burguesía inglesa: una crisis de dirección política. Los partidos tradicionales de la burguesía no pudieron manejar la crisis capitalista y por eso se hundieron en el apoyo popular. El Labour podría recibir en esos días una escisión del ala corbiniana y empezar a hablar francés: como el socialismo del otro lado del canal de la Mancha, se derrumbaría en las elecciones, abriendo espacio a la izquierda “radical” del Melenchón inglés, encarnado en Jeremy Corbyn. El Corriere de la Sera habla de ese nuevo partido como la “izquierda islamo-marxista”; además de denotar la decadencia cultural de la burguesía, esa descripción muestra cómo las movilizaciones de masas para Palestina de un lado, y el compromiso del Labour con las políticas “de segurización” en contra los migrantes del otro, llevaron a sectores masivos de la juventud y de los trabajadores a la ruptura con la centroizquierda liberal. Los sondeos le dan un piso del 10 % de los votos. “Last but not least”, el primer partido en intención de votos, UK Reform di Farage, fue definido como una “soap opera” (telenovela) por el semanal The Economist (5/7). El caso que más incide en ese juicio consiste en la ruptura con el partido de su presidente y principal responsable organizativo y financiador, Zia Yusuf, de orígenes esrilanquesas, que rompió por estar en contra de la propuesta de obligar la prohibición del burka. Una derecha que promovió la ruptura comercial y financiera del Reino Unido con la Unión Europea que, todavía hoy, representa el principal problema económico para la burguesía inglesa. Aunque una victoria de la derecha trumpiana podría resultar una opción eficaz para promover el ajuste necesario para la burguesía. Siguiendo el ejemplo de Milei, el outsider Farage con su demagogia y violencia verbal podría obtener el consenso de sectores desclasados y de la pequeña burguesía para atacar al movimiento obrero, favorecido por el sistema electoral inglés que distorsiona el voto popular y garantiza una sobrerrepresentación al primer partido. Una hipótesis futura, pero, que tiene adelante un largo camino. En el presente simplemente queda una única certeza: ¡el gobierno laborista entró en una crisis insalvable! Fue golpeado por su incapacidad de mediar entre la necesidad económica de aumentar la explotación de los proletarios, para beneficiar a un capitalismo en decadencia, y la necesidad política de mantener un apoyo electoral y político en las filas trabajadoras. Trabajadores asalariados que, desde 2014, vieron un estancamiento de sus salarios: en esa década el salario inglés pasó de ser similar al salario americano a estar un 30 % abajo. Al mismo tiempo, la crisis económica y la crisis de la deuda están estallando en forma siempre más abierta. Esas contradicciones entre el capital y el trabajo son las bases de nuevas crisis políticas y de la radicalización de la clase obrera más antigua del mundo

El viernes por la tarde, la avenida principal de Merlo se vio conmovida por el corte y piquete de cuatro horas que realizaron los trabajadores del Bingo de Merlo. Entre ciento cincuenta y doscientas personas, entre familiares y trabajadores, con banderas y pancartas, se concentraron en las puertas del Bingo para reclamar por salarios y aguinaldo adeudado. Política Obrera se hizo presente, brindó su apoyo y entrevistó a uno de los delegados de la comisión interna, Ariel. Ariel, contanos en qué consiste el conflicto del Bingo de Merlo Hoy estamos haciendo una retención de tareas por los incumplimientos de los pagos del salario y del aguinaldo. El salario lo están pagando de manera diferida, lo están pagando en dos veces, no están cumpliendo con los acuerdos homologados del año 2024, y el aguinaldo lo fraccionaron y todavía estamos esperando que lo paguen. ¿Cómo son las condiciones de trabajo? La mayoría de los trabajadores hacen horario rotativo, trabajan siete días corridos, tienen dos días de franco y al día siguiente arrancan con el turno opuesto al de la semana anterior. Y las condiciones hoy por hoy en el Bingo, la verdad que dejan mucho que desear. El personal no tiene la indumentaria, no se les provee de la ropa, no se les provee de los zapatos de seguridad de la gente de mantenimiento. Y bueno, el edificio está cada vez peor, se cae a pedazos y está incumpliendo muchas normas de seguridad e higiene. ¿Hace cuánto tiempo ustedes vienen reclamando? Bueno, el conflicto en realidad viene de hace bastante. Luego de la pandemia ya, los incumplimientos empezaron, cada vez se fueron agravando más. Y hoy por hoy no tenemos un representante de la empresa, ese es el gran problema. No tenemos quién de la empresa se haga presente y entonces no podemos negociar con nadie. Tuvimos cuatro audiencias en el ministerio, en las primeras tres no se presentó nadie y en la última se presentó el gerente de recursos humanos que no tiene poder de decisión de nada y simplemente transmitió a la empresa lo que nosotros le estábamos reclamando, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta. ¿Cómo decidieron la medida de fuerza de hoy? Nosotros estamos en un proceso nuevo, los cuatro delegados, estamos en un proceso nuevo por un cambio. Antes de ser elegidos, no teníamos nada que ver con esto. Y este cambio arrancó hace cuatro meses y en estos cuatro meses hicimos 11 asambleas, algunas un poco más largas, otras un poco más cortas, pero siempre transmitiendo a los compañeros la lucha por recuperar todo lo perdido y es así como, con el consentimiento de todos los trabajadores a través de las asambleas, podemos organizar. Paralelamente a las negociaciones del sindicato en el Ministerio de Trabajo, nosotros hicimos retenciones de tareas el mes pasado. Con esas medidas, que tuvieron una adhesión altísima por parte de los compañeros, logramos que el grupo Midas pague el bono acordado en la paritaria 2023. Ahora, nuevamente la empresa no pagó el bono y pretende pagar el aguinaldo en cuotas, motivo por el cual hicimos un paro de 8 horas a partir de las 14. Por último, ¿qué mensaje le dejas a los lectores que te están leyendo, que también están en sus lugares de trabajo, peleando muchos de ellos por el salario también? Con transparencia, y yo creo que eso es lo principal, transmitirle a los compañeros la confianza que con unidad, que con fuerza, unidad y honestidad se puede avanzar. https://www.facebook.com/share/v/16iZ72ovc7/ Trabajadores de la Clínica Provincial de Merlo, delegados de ATSA, se solidarizan con los trabajadores del Bingo.

El Gobierno ha procedido al despido anticipado del actual director del Museo Histórico Nacional, (MHN), Gabriel Di Meglio, quien ocupaba el cargo desde 2020. El 30 de junio se comunicaron desde la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, a cargo de Liliana Barela , para anunciar a Di Meglio que su contrato como director cesaría el 31 julio. La remoción de su cargo fue justificada como una decisión del poder ejecutivo, ya que Di Meglio realizó declaraciones públicas sobre la situación en la que se encuentra el conjunto de los museo nacionales, en resumidas cuentas, asfixiados presupuestariamente. Desde Nación sólo pagan la luz y los salarios, lo demás se sustenta con entradas o donaciones de los “clubes de amigos” de los museos. Esta fuerte denuncia precipitó que el lunes 8 de julio, vía llamada telefónica, Di Meglio fuera despedido ipso facto. Ante esta situación, Di Meglio organizó una última visita guiada en el interior del museo para el sábado 12. Esta iniciativa recogió un fuerte apoyo entre la población, sobre todo de académicos, investigadores y del ámbito de la museología. La intervención del Museo de Historia Nacional debe ser vista desde dos ángulos. El primero, que aparece a simple vista, es el disciplinamiento de los directores y funcionarios que protesten contra el ajuste y de ahí para abajo hacia los trabajadores. Por otro lado, es la férrea campaña de propaganda discursiva y cultural que desarrolla el Gobierno, desde la intervención de Paka-Paka , el cambio del nombre del CCK , el ataque a las Ciencias Sociales dentro del CONICET y las universidades, la persecución de los docentes y estudiantes de todos los niveles educativos señalados de “adoctrinadores” . La interventora María Inés Rodríguez Aguilar es la actual Directora Nacional de Museos y ya ha cumplido la mismo función en 2001, cuando se intervino el museo por casos de violencia laboral al interior del MHN. El Gobierno ya ha intervenido otros museos, como es el caso de la Casa Histórica de Tucumán -colocando al frente del Museo Nacional de la Independencia a José María Posse, de vínculos con la Libertad Avanza de la provincia- y la Casa Natal de Sarmiento en San Juan, donde Lucía Gonzáles fue nombrada directora. A estos hay que sumarles las intervenciones en el Palacio San José en Entre Ríos y la Casa del Encuentro en San Nicolás y el cierre del Museo del Traje. Las intervenciones del gobierno se apoyan en la falta de concursos para cargos directivos en los museos durante la gestión de los Fernández, así como en la inexistencia de una oposición de estos directivos para enfrentar al gobierno con un frente decidido. Incluso con su despido consumado, Di Meglio mismo llamó a claudicar: “el despido es parte del juego”, dijo ante un millar de concurrentes el sábado 12 de julio en las puertas del MHN. Desde Política Obrera le planteamos a Di Meglio realizar una campaña de denuncia de la intervención, por su restitución y por la organización de concursos públicos con jurados independientes para los cargos interinos de todas las instituciones.

El jueves 10 asistimos al segundo acto de este Parlamento títere de los distintos sectores patronales que no representan ni a trabajadores ni a jubilados. Ante la autoconvocatoria en el Senado para debatir una serie de leyes aprobadas en la cámara de diputados, días anteriores a esta otra sesión comenzaron las pujas capitalistas con acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el elenco de gobernadores, sectores del pejotakirchnerismo y radicales. Entre las mismas se planteaba el aumento jubilatorio, la extensión de la moratoria previsional y la ley de emergencia para el sector de discapacidad. Con relación al tema previsional, los aumentos del 7,2 %, equivalente a unos $20.000, y de $40.000 del bono basura, llevaría el haber mínimo a $440.000. En los medios de comunicación, el jefe del bloque de senadores peronistas, José Mayans, defendía este aumento mezquino contra la amenaza de veto admitiendo que no afecta el ´equilibrio fiscal´, dada la miseria del monto. Es evidente que lo aprobado es absolutamente insuficiente para los magros bolsillos de millones de jubilados, lo cual no evita que termine siendo objeto del escarnio liberticida, para satisfacción de los especuladores financieros. La moratoria, por otro lado, regirá solo por dos años y deberán pagarla los potenciales jubilados por los años que los patrones no aportaron como producto de los despidos, suspensiones y del trabajo precarizado o en negro. Esa moratoria beneficiará, en el mejor de los casos, a 220.000 trabajadores en edad de jubilarse. Estas leyes entrarán ahora en un laberinto de veto y contraveto en las cámaras; de no conseguir el apoyo de un tercio de los legisladores para blindarse, Milei anunció que las judicializará para bloquearlas. Las escaramuzas entre Gobierno y oposición son una cortina de humo que pretende ocultar la coincidencia de fondo en implementar la reforma previsional, que incluye el aumento de la edad jubilatoria, la suspensión de la pensión por viudez y el ataque a los regímenes “especiales” de docentes, docentes universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, entre otros. El propósito es crear las condiciones para el reingreso de los fondos privados de pensión, con el que, desde el menemismo a esta parte, la burguesía se ilusiona con estimular un mercado de capitales. Ni oficialismo ni oposición hacen referencia a los millones de dólares confiscados por los distintos gobiernos en los últimos años, en los que los jubilados perdimos el 50 % del poder adquisitivo y tendríamos que considerarla una pérdida vitalicia. Un aumento tan leve, sin embargo, fue respondido desde el Gobierno con munición gruesa. Patricia Bullrich tildó la sesión del Senado como un “golpe institucional”. Alberto Kohan, un menemista de pura cepa devenido en liberticida de Milei, reclamó la disolución del Congreso. El tuitero Dan propuso poner los “tanques en la calle” contra el Congreso. Los jubilados de los miércoles todas las semanas seguimos firmes convocando a las 15 horas en el Congreso. Este miércoles, a las 16 horas, ha sido convocada una marcha antirrepresiva desde Congreso a Plaza de Mayo, pero como el jueves 17, a las 16,30, está convocada la movilización desde Congreso a Plaza de Mayo por los trabajadores del Garrahan y el conjunto del sector Salud, se está debatiendo internamente en las agrupaciones de jubilados unificar ambas el jueves. Solo la independencia política respecto de todos los sectores patronales y la unificación de todas las luchas en curso mediante autoconvocatorias, plenarios, asambleas, impulsando y organizando una huelga general, logrará torcerle el brazo a este gobierno antiobrero y antijubilados. Te esperamos todos los miércoles a las 15 en el Congreso, no abandonaremos las calles.

El martes 8 de julio vencieron las facultades delegadas por el Congreso de la Nación a Javier Milei a través de la Ley Bases. La “suma del poder público” otorgada a la pandilla libertaria le permitió operar y legislar en cuatro áreas fundamentales - económica, energética, financiera y administrativa- por decreto. El lunes anterior a que se venciera el plazo de las facultades delegadas, el vocero presidencial se ufanó de que “los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos”, a costa, claro, de un plan de guerra contra los trabajadores y jubilados, los principales agraviados por el tándem Milei-Caputo. Con el cinismo que lo caracteriza, el vocero presidencial aseveró que “fue por un año, porque el presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas”. El gobierno libertario utilizó las facultades delegadas como un acelerador de partículas para llevar adelante un desguace en regla del aparato estatal y avanzó en la destrucción de los derechos laborales y sociales, emprendido por sus antecesores. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizaron un balance que da cuenta de lo que dejaron. Señalan que, durante ese período, se “dictaron 157 decretos de carácter legislativos: 75 de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 delegados, de los cuales 61 se autoamparan en la Ley Bases” (Página 12, 8/07). En este período se eliminaron por lo menos 20 fondos fiduciarios asignados a obras públicas, ciencia, educación, cultura, gastos sociales, derechos humanos, entre otros ítems. También se disolvieron o reestructuraron entes y organismos del Estado, como son los casos de Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y el INADI. Reconvirtieron organismos como la AFIP (actual DGI) o la AFI (actual SIDE) y transformaron a otros en sociedades anónimas, preámbulo de privatizaciones, en el caso de la Casa de la Moneda y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El raid privatizador liberticida, total o parcial, incluye a las siguientes empresas: Energía Argentina SA (ENARSA), Corredores Viales, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (privatización parcial), Nucleoeléctrica Argentina SA (privatización parcial). Quien cumplió un rol fundamental de conducción de este proceso fue Federico Sturzenneger, un beneficiado por las causas que se le abrieron a raíz de sus desaguisados financieros en el gobierno de la Alianza. De su mano, los liberticidas avanzaron sobre Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación, que una medida judicial impidió que se transforme en una sociedad anónima. También se transformaron funciones y regímenes de organismos en pos de poner en pie un Estado de carácter policiaco, como son Gendarmería, Prefectura, SIDE, Policía Federal y Unidad de Investigación Financiera (UIF). Otros organismos que cambiaron sus funciones son el Consejo Federal de Educación y la ley de Asociaciones Sindicales. En medio de la ola polar, el Ministerio de Desregulación y Modernización liberó el régimen de comercialización de gas licuado y envasado, ampliamente usado en las barriadas a lo largo y ancho del país, llevando a cifras exorbitantes los precios de las garrafas. Las desregulaciones (que en verdad son regulaciones en favor del capital) también se aplicaron sobre la actividad aerocomercial, la tenencia de armas y los servicios de telefonía celular. El informe del CEPA indíca que “en cada una de las áreas o sectores desregulados las consecuencias concretas fueron, y siguen siendo, el desmantelamiento de las funciones del Estado, sin que exista reemplazo de esta función en el sector privado”. Uno de los sectores más afectados por el plan liberticida fue la obra pública, cancelada en un 100 %, en la cual se modificaron las condiciones de licitaciones “totalmente favorables a las empresas” (ídem). Con las modificaciones normativas en este área “se canaliza toda la obra pública y la gestión de servicios públicos a través de este régimen a medida del sector privado; solo se hará o gestionará lo que brinde ganancias a contratistas, sin importar derechos de ciudadanos y usuarios; y se elimina el riesgo empresario, que quedará a cargo del Estado”. Una de las medidas que no caminó fue la del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), por el cual el Gobierno buscaba la entrada de capitales, cosa que no sucedió, o se dio a cuentagotas, muy alejado de las expectativas de Milei y Caputo, quienes veían en este mecanismo una entrada rápida de divisas. Con las facultades delegadas en la mano, los liberticidas promovieron una regresiva reforma tributaria y una reforma laboral, que destruye derechos adquiridos por los trabajadores, por medio de la extensión de los períodos de prueba, la introducción de la figura del colaborador y, contrariando los vaticinios libertarios, no se dio ningún aumento del empleo registrado. Ambas reformas pedidas por la burguesía y el sector privado en su totalidad, que se vieron beneficiados por la reducción de sanciones por no registrar trabajadores y el blanqueo promovido por el Gobierno, no surtió efecto alguno. En el informe del CEPA se indica que la rebaja a los Bienes Personales “implicó una nueva baja en la carga de un impuesto progresivo, beneficiando especialmente a los patrimonios más elevados”, favoreciendo de esta manera a los sectores más concentrados de la economía. En contrapartida y a pesar de que Milei había jurado cortarse un brazo si subía un impuesto, los trabajadores de la cuarta categoría volvieron a pagar el Impuesto a las Ganancias, intensificando “la presión fiscal sobre los ingresos formales, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo”, indican desde el CEPA. Las atribuciones brindadas por las facultades delegadas fueron transitorias, pero sus efectos son permanentes. A los liberticidas los diputados y senadores les otorgaron, con la ley Bases, una victoria contra la clase trabajadora ocupada y desocupada, allanada por la complicidad de la CGT, del peronismo y de la “oposición”, lo que se conjugó con un reflujo inicial de la clase trabajadora. Las luchas en curso son una tentativa de revertir esta situación hacia dentro de la clase trabajadora, que debe asumir el rol independiente de los bloques patronales y que produzca una intervención histórica capaz de barrer con el gobierno y sus secuaces.

Los trabajadores de OSCHOCA, la obra social del sindicato de camioneros, iniciaron un paro en reclamo por el impago de salarios, denunciando a la burocracia moyanista que la administra. Exigen el pago de las cargas sociales patronales y la entrega completa de indumentaria, ya que la dirección de la prestadora de salud les obliga a firmar recibos por “ambos” completos cuando solo reciben una parte. El pasado viernes, los trabajadores del Sanatorio San Justo cortaron la calle para visibilizar su lucha, mientras mantienen una asamblea permanente en ambos sanatorios hasta que se atiendan sus reclamos. La burocracia intentó frenar la medida ofreciendo abonar solo la mitad de los sueldos, pero los trabajadores lo rechazaron de forma categórica: todo o nada. Este conflicto estalla en un contexto de desmantelamiento deliberado de OSCHOCA: los afiliados denuncian el éxodo de médicos por los incumplimientos, dejando a la obra social en la más absoluta precariedad. Llama la atención acerca de que en este orden de cosas, mientras tanto, IARAI S.A. -la prestadora privada manejada por la esposa de Hugo Moyano, a la que OSCHOCA contrata- florece a costa del vaciamiento. Es inevitable la comparación así como también la pregunta de cuál es el destino de las cuantiosas sumas de dinero que, paritaria tras paritaria, Hugo Moyano negocia supuestamente para la obra social. Estamos ante la confluencia de la ineptitud, la improvisación y la corrupción cuando la que dirige es la burocracia sindical. ¡Todo el apoyo a los trabajadores de OSCHOCA! ¡No al saqueo de la salud! ¡Fuera la burocracia sindical!

La empresa Petroquímica Río Tercero, perteneciente al grupo Piero, lanzó esta mañana una nueva serie de despidos que se calculaba en 124 trabajadores. Los despidos fueron comunicados al mismo tiempo que la empresa se militarizaba completamente en la planta, evitando el ingreso de los trabajadores del turno mañana, sean despedidos o no. El Sindicato Petroquímico de la ciudad llamó a un paro total de actividades, paralizando el polo petroquímico. La empresa viene de reestructuración en reestructuración, pasando de 250 trabajadores en el mismo mes del año pasado, a 70 que quedarían trabajando actualmente, de pasar los despidos. Los despidos incluyen a operarios, a personal jerárquico, a trabajadores de la planta petroquímica de Pilar e incluso a delegados del personal. Durante los 100 despidos anteriores, el Sindicato Petroquímico llevó adelante una extensa lucha, con un acampe frente a la planta. Apoyada en el bajo precio internacional y en la excusa de abaratar costos, la empresa había decidido dejar de producir el químico TDI -esencial para la industria automotriz, de colchones y muchas otras cosas- y pasar a importarlo. La reestructuración anterior no redundó en una mejora de la producción como prometía la empresa, sino en la profundización del vaciamiento. La planta amaneció militarizada por la policía del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en un hecho clarificador sobre el rol del gobernador Martín Llaryora, que viene de “girar” en el Congreso contra el gobierno de Milei, pero que en la Provincia aplica la misma política de ajuste y de represión a los conflictos obreros. El intendente de la Ciudad de Río Tercero, en la misma línea, reclamó a través de declaraciones en declaraciones a Radio La Voz que la medida de fuerza se levantara, porque podría afectar las inversiones comprometidas en la ciudad por la empresa química Atanor. El titular del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, Lucas Felici, denunció una serie de irregularidades en el proceso de despidos: “A las 4 de la mañana militarizaron la fábrica, tanto desde adentro como para afuera. No dejaron ingresar a los compañeros que deberían haber ingresado”. Para evitar una ocupación de la planta o un paro dirigido desde adentro, la empresa dispensó de trabajo a los trabajadores que siguen con contrato vigente por lo que dure el conflicto. Los despidos masivos en PR3 se suman a una nueva ola de ataques a la clase obrera, en Georgalos, Secco, Molinos, Toyota, Cerámica Cortinez, en el INTA, en el INTI, en Vialidad Nacional, en el Conicet, y un largo etcétera. Mientras se avanza contra la clase obrera, la burocracia de la CGT se reparte entre la integración al Consejo de Mayo del Gobierno de Milei y la disputa por candidaturas en las listas de Kiccilof en la provincia de Buenos Aires. La lucha de los trabajadores quimicos de Rio Tercero es una nueva expresión del rechazo de la clase obrera a la avanzada del Gobierno y las patronales, esta vez, de la mano de un gobernador de la oposición.

La República de Cuba ha sufrido por partida triple la ofensiva contrarrevolucionaria desatada por Donald Trump a nivel internacional, así como en Estados Unidos. En cuanto a la guerra comercial, un reciente Memorando de Seguridad Nacional establece sanciones a compañías de terceros países que tengan vínculos directos o indirectos con empresas o entidades cubanas. El bloqueo de décadas contra Cuba se convierte así en un bloqueo internacional. Probablemente, la nación más afectada por estas sanciones sea España y otras de la UE vinculadas al turismo, la principal fuente de ingresos de Cuba. El tiro va dirigido, sin embargo, especialmente a China (además de México y Brasil), siempre la opción más sólida para ofrecer un rescate a la quebrada economía de la Isla. Si Pekín aún se encuentra remiso a cumplir esa función, ello obedece, por un lado, a la inercia del régimen cubano para implantar reformas de mercado a gran escala -en especial en la agricultura- como le exige el país asiático para concretar inversiones. Por otro lado, a un probable acuerdo no escrito con Estados Unidos para no interferir en el patio trasero del imperialismo estadounidense. El ataque está dirigido a GAESA, la institución de las FF.AA. de Cuba a cargo del negocio turístico, que es la columna vertebral del Estado cubano. Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, “anunció la inclusión de otros once hoteles cubanos en la infame lista de entidades cubanas prohibidas y en la lista de alojamientos prohibidos para los ciudadanos de su país” (Insurgente, 12/7). El Memorando repone a Cuba en la lista de Estados que promueven el terrorismo, de donde la habían sacado Obama y Biden. Esta medida se da en el marco de la guerra de aniquilamiento de Palestina y de la guerra contra Líbano e Iran, y de la guerra de la OTAN contra Rusia. Trump convierte a Cuba en una nación beligerante, aunque carezca de vínculos geopolíticos con las milicias y Estados agredidos. No se trata, sin embargo, de una agresión de carácter aislado, porque lo mismo ocurre contra México, que es sancionada con el pretexto de los cárteles de la droga que operan en su territorio con la connivencia de la banca internacional, o Brasil y hasta Pakistán, a quienes exige el indulto de líderes a punto de ser condenados (Bolsonaro) y que se encuentran en prisión (el ex presidente Khan). La inmigración cubana en Estados Unidos sufre la campaña de arrestos masivos y deportaciones de migrantes, o su alojamiento en el campo de concentración Alligator Alcatraz. Se trata de cerca de 50 mil cubanos sujetos a deportación, una suma que podría superar los 100 mil migrantes. EE.UU. ha derogado el sistema “pies mojados, pies secos”, que otorgaba asilo automático a los exiliados cubanos. Ahora revisten en la condición de indeseables y sufren la expulsión del país, no necesariamente a Cuba, cuyo gobierno ha impuesto límites a su acogida. El Memorando envuelve a Cuba en una guerra de alcance internacional, que disimula la intención de producir el siempre aspirado “cambio de régimen” en Cuba. Las sanciones económicas del imperialismo han anulado el desarrollo de los proyectos de vanguardia de Cuba, como la industria farmacéutica y los servicios médicos de complejidad. El gobierno de Díaz Canel no ha ofrecido ninguna respuesta o salida a este ahogo terminal de la economía cubana, en una línea de inmovilismo agravada del régimen en su conjunto. “El Partido Comunista no da señales de vida” es la calificación que ha recibido un plenario ampliado reciente del Comité Central del PC de Cuba, por parte de un sector de sus críticos (JovenCuba, 8/7), quien señala que “el Estado se ha replegado a tal punto que iglesias y comunidades religiosas, antes marginales o vigiladas, llenan el vacío… Estas instituciones en muchos casos incluso mantienen agendas conservadoras contrarias a la idea de progreso y derechos sociales… Las ideas de derecha ganan terreno en corazones y mentes…”. La burocracia gobernante atiende sólo a sus intereses. Ha autorizado la circulación de dólares dentro de la economía, como el comercio interno de consumo y como para servicios en el comercio exterior. La dolarización es funcional a las necesidades y condiciones de vida de los estratos superiores de la población y por supuesto de la burocracia, mientras se agrava la carencia de los servicios básicos en toda la Isla. Recientemente, un imponente boicot a las clases , por parte de estudiantes universitarios y secundarios, dejó al desnudo el potencial de una rebelión popular, absolutamente necesitada de un programa y de un partido realmente socialista.

Compartimos el siguiente petitorio que fue llevado este martes 15/7 a las autoridades del Municipio de La Matanza, las cuales se negaron a recibirlo. El mismo fue fruto de una serie de asambleas realizadas por los trabajadores de la salud en diferentes hospitales del distrito. La Matanza, 15 de Julio de 2025 Desde hace muchos años los trabajadores de salud de La Matanza venimos llevando adelante una lucha, mediante la cual intentamos por todos los medios posibles advertir al Ejecutivo del Municipio de La Matanza que, de no revertirse las malas condiciones salariales y laborales a las cuales nos someten, se pondría en dramático riesgo a las cientos de personas a las que diariamente asistimos. Resolvieron deliberadamente hacer oídos sordos a nuestras advertencias, profundizando dìa a dìa las paupérrimas condiciones de trabajo, llevando adelante políticas de ajuste y desinversión. Y llegó el desenlace anunciado. Decenas de compañeros se vieron obligados a abandonar sus puestos de trabajo en búsqueda de condiciones que permitan sostener y alimentar a sus familias. Y, como consecuencia, ante la falta de personal para garantizar el funcionamiento mínimo, hoy somos testigos de guardias que deben cerrar sus puertas algunos días, servicios que se desmantelan y desaparecen, personal insuficiente para garantizar condiciones mínimas de funcionamiento para una institución de salud, falta cotidiana de insumos básicos y el consecuente perjuicio para la comunidad, que no tiene respuestas para necesidades tan urgentes como la salud. Es por ello que, quienes día a día sostenemos la atención en salud de los diferentes efectores de salud del municipio, nos estamos organizando para conquistar nuestras justas demandas: ● Reconocimiento del total de los trabajadores de los Hospitales y Centros de Salud como personal de salud. ● Recomposición salarial, con un sueldo básico para todos los escalafones igual a la canasta familiar e implementación de cláusula gatillo. ● Bonificaciones y presentismo incluidos en los conceptos remunerativos. ● Restitución de la antigüedad al 4%. ● Pase a planta permanente de todos los compañeros que se encuentran bajo regímenes de contratación precarizados. Cumplimiento de la Ley 14.656. ● Cumplimiento de la Carrera Profesional. ● Cumplimiento de la Ley Provincial de Insalubridad y aplicación de la Ley de desgaste laboral. ● Reconocimiento de Enfermería como Profesionales de Salud. En conjunto con la comunidad, que son los principales y más graves perjudicados con esta calamitosa situación, instamos al Ejecutivo a convocar a una reunión de negociación con todas las partes que suscriben, con fecha tope el 18/7, con el objeto de dar solución a nuestros reclamos. De no obtener respuestas, intensificaremos las medidas hasta conquistar nuestros reclamos. Los trabajadores de salud estamos en pie de lucha. Firman: Asamblea de trabajadores de la Salud de La Matanza: Hospitales Equiza, Germani, Policlínico de San Justo, Centro de Salud Dr. Chino, Centro de Salud Nº8 Villa Recondo, CEMEFIR, Htal del Niño Ramón Exeni

La empresa Toyota comunicó que paraliza totalmente sus actividades desde esta semana hasta fines de julio. Son más de dos semanas durante las cuales se robotizará el sector de Soldadura, donde trabajan aproximadamente unos 500 operarios. Los trabajadores serán suspendidos con un pago del 78% del salario básico, por lo que percibirán, por el descuento de los premios, aproximadamente la mitad del sueldo. La empresa califica la parada como una “parada técnica para incorporar nueva tecnología”, aunque tiene implicancias directas sobre los trabajadores. Los despidos presentados como “individuales” ya suman arriba de 200 en lo que va del año, argumentados por la baja de ventas y la reducción de personal del sector Soldadura. Entre la ola de retiros voluntarios y los despidos, Toyota redujo aproximadamente 700 puestos de trabajo. Es falso lo que se dice en los medios sindicales de que la relación SMATA-Toyota está totalmente rota. Es exactamente lo contrario. A partir de la intervención del SMATA central, la actividad gremial de la fábrica controlada por la Comisión Interna ha sido aniquilada por la motosierra de Toyota, despidiendo y arreglando al 90% del cuerpo de delegados. El hijo de Pignanelli recorrió los sectores explicando que la representación gremial integral de los trabajadores de Toyota la haría él en persona. Desde la intervención del hijo de Pignanelli, el activismo vive un clima irrespirable: “Van despidiendo. Primero despidieron a los delegados gremiales, luego a colaboradores de la mesa del Movimiento y ahora están buscando conexiones que tengan los empleados con ex delgados”, relataron a Infogremiales. “La metodología parece ser siempre la misma: 'Te llaman antes del turno para que no te presentes y te rebotan en los molinetes. O te llaman 15 minutos antes de finalizar el turno a Recursos Humanos para que vayas con tus cosas y te despiden'”. El progreso tecnológico del mundo del trabajo, desarrollado por la clase obrera, es acaparado sin discusión por los beneficios del capital. Una mejora notable en la forma de producción de automóviles debería redundar en una mejora en las condiciones de trabajo y de vida de los productores de Toyota. Sin embargo, redunda en un incremento de la desocupación y en la continuidad de ritmos de trabajo que le rompen el cuerpo a los trabajadores más rápido que en cualquier otro trabajo. En el año 2021, el CEO de Toyota reclamaba en los medios que no encontraba personal capacitado en la zona de Zárate Campana para tomar en la empresa, luego de haberle roto la espalda y despedido a casi toda la juventud capacitada de la zona. Solamente una corriente sindical que luche por el socialismo, es decir por el fin del régimen de explotación capitalista, puede plantear una salida. Un planteo que defienda los intereses de trabajadores debe partir del rechazo a los despidos, y del reparto de las tareas y las horas disponibles entre todos los trabajadores. Para luchar por ello es necesario recuperar la herramienta de la organización interna e impulsar una lucha a fondo para que exista una verdadera democracia sindical interna de la planta. Luchemos por arrancarle a la patronal y al SMATA elecciones de delegados por sector. Que se conforme una comisión de seguridad y una nueva Comisión Interna, que despojen al “hijito de papá” Pignanelli de la representación de los miles de trabajadores de Toyota.

El amarillo y negro porteño, y sus hermanos en el resto del planeta, tienen su acta de defunción desde el invento del transporte de pasajeros a través de numerosas app de celulares. Esto sumado a la crisis capitalista que obliga a moverse en lo que se pueda. Justamente la estrategia del imperialismo es "uberizar" la economía, es decir, sálvese quien pueda, sin sindicatos ni leyes laborales ni sociales. En ese marco, creó una "genialidad": que cualquiera desde su vehículo se convierta en chofer con sólo demostrar que tiene una licencia de conducir aunque sea la categoría más baja (particular). Como no rige ninguna ley, ese ejército de conductores no tiene ningún control. Todo lo contrario le exigen a los taxistas porteños, por ejemplo, cuya actividad está reglamentada por la ley porteña 3.622 que obliga a un curso anual teórico-médico, verificación técnica del auto y renovación anual de la licencia. Estos dos últimos requisitos -hoy en la ciudad de Bs. As.- cuestan aproximadamente $160.000. Por eso, es altamente peligroso subirse a un auto particular. Es lo mismo que hacer dedo en la ruta. Hay responsables de este genocidio laboral: en el caso de Bs. As., la descompuesta burocracia sindical -la de los choferes y la de los conductores- que directamente entregaron, desde hace mucho tiempo, todos los derechos, sobre todo para los empleados que todavía deben alquilar el taxi (hoy, unos $90.000 diarios), y en muchos casos, sin feriados, y por ahí, el domingo queda para el chofer. Tienen que pagar para trabajar... ¡una superexplotación! Y desde ya, todos los gobiernos patronales de turno que siempre miraron para otro lado. Por eso, miles de choferes se pasaron a las app ilegales para pagar menos y cumplir con menos requisitos. Y para los titulares (dueños) hoy se hace imposible cambiar la unidad por el precio altísimo y recaudaciones de indigencia. Para que se tenga una idea cabal, hoy en territorio porteño circulan unos 8.000 taxis -no todos registrados, muchos en negro- contra aproximadamente 42.000 que existían hasta la pandemia de coronavirus. Para concluir, hay que decir que históricamente los dirigentes sindicales militaron para dividir al sector, para que los compañeros entre sí se llamen colegas, para que crean que son pymes ambulantes, sus propios empresarios. Extirparon la conciencia de clase a caballo de tenerlos como afiliados y "conseguirles" algún beneficio. Desde ya, la salida es de conjunto.

El gasto destinado a las universidades es el más bajo de los últimos 20 años. Es lo que dice el informe presentado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). Sólo el 0,5% del PBI nacional se encuentra destinado a las universidades. En un panorama más general, el financiamiento educativo nacional se corresponde con el 0,7% del Producto Bruto Interno, el más bajo desde 1992. Se trata del porcentaje más bajo de toda Latinoamérica. Uno de los ítems más recortados dentro de esta poda general es el salario docente. Según los gremios docentes, la caída del poder adquisitivo ronda el 45% en el último año y medio –los más bajos desde 2022. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que son 10.000 los docentes que abandonaron sus cargos. El Ministerio de Capital Humano emitió, horas después de conocerse esta noticia, un documento donde -a pesar de incurrir en varios tecnicismos- no puede negar este cuadro de deserción. A la disolución del presupuesto universitario se añade el desguace del CONICET. Las autoridades universitarias, comenzando por el mismo CIN, se han convertido en tutores de este desguace. De esto se trata el avance en el arancelamiento de cursos de extensión y de ingreso que se viene llevando a cabo en varias universidades nacionales. La reorganización de los planes de estudio, en miras de crear títulos intermedios de tres años, tiene como objetivo -del mismo modo que ocurre en las universidades europeas- trasladar una porción de los contenidos dictados a posgrados arancelados. Es un entendimiento al cual el gobierno nacional y las camarillas que gobiernan la universidad han llegado luego de la lucha universitaria del año pasado: los recursos de la educación deben autofinanciarse. El proyecto de ley de financiamiento universitario, redactado por el CIN, recibió dictamen durante la semana pasada; no contempla un aumento real del presupuesto. Se trata, al igual que su predecesor de 2024, de una “ley exhortativa” que encomienda al Ejecutivo aumentar los fondos destinados a las universidades, así como el monto y el modo en que se haría. Tampoco precisa de dónde saldrían estos fondos. Refrenda la lista de “carreras estratégicas” definida por el gobierno nacional en la resolución 10/2025, en el cual se priorizan aquellas vinculadas con la minería, economía y agroindustria, colocando en segundo lugar respecto de la asignación de fondos a todas las demás carreras. Las autoridades universitarias y el gobierno coinciden en el avance de la mercantilización de contenidos y en el establecimiento de diplomaturas, tecnicaturas, etc. El proyecto de ley ha servido como excusa para fomentar un cuadro de parálisis al interior del movimiento estudiantil y docente. Ha sido abordado como un trámite administrativo, sin un debate al interior de las aulas. La hostilidad de las autoridades universitarias y de sus personeros estudiantiles y docentes a impulsar una lucha consecuente contra un ataque de semejante magnitud expresa la complicidad de los mismos con la orientación social que el gobierno despliega en la educación.

Los trabajadores de la salud vienen de realizar distintas asambleas en los hospitales municipales y votaron medidas de lucha por el salario y sus condiciones laborales. Dialogamos con Evangelina Salazar, personal de servicios generales, que trabaja en el Hospital del Niño hace más de 14 años y nos comentó el conflicto que están atravesando. M: ¿Cuál es hoy la situación del hospital? E: La situación del hospital sigue siendo la misma que hace tiempo. Estamos con falta de personal, falta de insumos. Eso hace que no haya turnos. A la gente que viene le cuesta mucho conseguir turnos para puntuales especialidades, ejemplo neurología, psiquiatría, cardiología. Está la doctora de otorrino que este año se jubila y no la van a reemplazar. En cardiología hay una sola médica porque los cardiólogos que estaban, renunciaron. Nadie quiere venir a trabajar por $2,50. Si vos te pasas al municipio de Morón por ahí cobras un poco más. Los compañeros prefieren quedarse trabajando en otro municipio. M: ¿Cuáles son hoy las condiciones de trabajo de los trabajadores del hospital? E: Yo puntualmente tengo un salario básico de $175.000, que ha ido sumando mínimos porcentajes que nos han dado. Lo último que nos dieron fue un 20% en cuotas. Nunca se nos dio un aumento considerable. Por eso es que seguimos reclamando después de tantos años y nunca hemos obtenido una respuesta favorable. El último aumento fue en abril. El aumento que se nos da es lo que decide el Ejecutivo que en este caso es el intendente. Se supone que debe mediar con el sindicato pero el sindicato nunca está a favor nuestro. Siempre se termina dando lo que decide el Ejecutivo. El sindicato nunca reclama para nuestro lado. Nosotros vemos el aumento una vez que lo dieron, no es que se puede pelear. Con un buen sueldo vas a hacer que la gente quiera trabajar en lo que es el hospital público. A raíz de esto se ha ido mucho personal que después no se repone. No se reponen médicos, no se reponen técnicos, no se reponen enfermeros, no se repone personal de mantenimiento, de servicios generales, administrativos. M: Hace poco ustedes tuvieron asambleas, ¿qué fue lo que se discutió y qué resolvieron? E: Se resolvió que vamos a entregar un petitorio a las autoridades del Municipio. Estamos viendo porque ahora la Municipalidad está toda vallada por obras que están haciendo para la peatonal. Para mí incluso que no son necesarias. Nuestro petitorio incluye a todo el personal municipal de La Matanza, a los compañeros del Policlínico, al Equiza, al Germani, a todas las salitas. Van a venir representantes de todos estos hospitales. M: ¿Han tenido alguna respuesta de las autoridades ante sus reclamos? E: A nosotros nunca nos responden nada. Lo último que tuvimos fue ese 20%, pero con el básico que tenemos no sirven de nada los porcentajes. Nosotros lo que estamos pidiendo es una recomposición salarial acorde a la canasta básica. A nosotros no se nos reconoce como corresponde. En la pandemia éramos esenciales y hoy en día no puede ser que tengamos que seguir reclamando lo que nos corresponde que es un sueldo digno. En realidad tenemos sueldos de indigencia. Ni siquiera sueldos de pobreza. M: ¿Qué papel han jugado los sindicatos en este proceso? E: Tenemos un sindicato que es el que se puede sentar con el Ejecutivo, que es el sindicato municipal de La Matanza, que nunca representó un reclamo nuestro. Se les ha pedido mediante notas, muchas veces, que encabezaran nuestro reclamo y nunca lo han hecho. Muchas veces hemos pedido que rechazaran los aumentos que se nos han dado. El sindicato no es representativo para nosotros. Nunca lo fue. M: ¿Cómo estas viendo la situación general de la salud en el distrito? E: Nosotros dependemos netamente de nuestro intendente, que es a quien le venimos reclamando hace años. Nunca nos dieron nada favorable. Vos venís acá un día de tormenta, o en cualquier hospital municipal y te llueven algunos servicios de la misma manera que llueve afuera. Por ejemplo lo que es laboratorio, en la parte de adentro, se llueve la misma cantidad de agua que afuera. Todo lo que está lo atan con alambre y después quieren figurar que hicieron una megaobra que salió fortuna y lo demás, hacen solamente lavado de cara. En materia de insumos falta lo que es medicación. Hay medicación que ya no se da como se daba antes. Cefalexina, amoxicilina, paracetamol, lo que necesite la criatura que se viene a atender y muchas veces está faltante. También faltan insumos para el personal de internación. En el hospital Germani y en el Equiza pasa exactamente lo mismo: no hay personal, no hay insumos. También cada vez que llueve es desastroso. Además, se han hecho otros hospitales a costillas de desmantelar los demás, por ejemplo el hospital Kirchner. La conclusión que saco es que la salud municipal a nuestro intendente no le importa. Porque siendo este el único hospital del niño de La Matanza con la complejidad que tiene se viene abajo.

A quien quisiera escucharlos, los voceros del gobierno adelantaron que el gobierno desconocerá las leyes votadas por el Senado -en lo inmediato, por medio del veto y, si éste fuera rechazado, dilatando su reglamentación indefinidamente. La variante de una negociación con los gobernadores en torno a las leyes que todavía deben tratarse en Diputados -la coparticipación del impuesto a los combustibles y el reparto de los aportes del Tesoro Nacional- ha quedado condicionada a la cuestión de las listas de diputados para las elecciones de octubre, o sea, a la eventual combinación de candidatos de los gobernadores y de Milei en una misma lista. Pero es en este punto donde la fractura política entre unos y otros aparece más expuesta. Milei no le quiere ceder cargos para diputados o senadores nacionales a las fuerzas de los gobernadores. Del otro lado, los gobernadores no están dispuestos a resignar su presencia o participación en el próximo Congreso. El choque Esta divergencia en la composición de las listas pone de manifiesto una discusión de fondo sobre el régimen económico y político de Argentina. Como se lo prometieron a las cámaras empresariales, el gobierno liberticida prepara tres iniciativas fundamentales: la reforma laboral, la previsional y la del sistema impositivo. Es esta última cuestión la que ha desatado el choque político con los gobernadores. Quien lo puso sobre el tapete en estos días ha sido la nave insignia de los capitalistas cercanos al gobierno, el empresario Marcos Galperin, cuando anunció el cierre de sus oficinas en Córdoba por la “elevada carga impositiva” de la provincia. La queja de Galperín se refiere al impuesto a los ingresos brutos, que grava todas las transacciones. Semanas atrás, Galperín había protagonizado otro cruce explosivo, esta vez, con el santafecino Pullaro. El gobernador le espetó al dueño de Mercado Libre ser “funcional al narco”, que se beneficiaría de un abaratamiento de los impuestos provinciales. El desplante de Galperín, saludado por los círculos patronales, adelanta el meollo de la reforma impositiva del gobierno, que consiste en establecer un “super IVA” máş la creación de un sistema impositivo propio en cada provincia (una réplica del sistema estadounidense, que de todos modos ha entrado en crisis con la guerra arancelaria de Trump y el nuevo superpresupuesto). Una reforma de ese orden empujaría a una mayor motosierra en las provincias, al tiempo que concentraría la recaudación en manos del gran pagador de la deuda pública -el Estado nacional. Este punto clave de las exigencias incluidas en el acuerdo con el FMI serviría para hacer caer el riesgo país debajo de los 400 puntos básicos. Pero podría llevar también a una bancarrota de los Tesoros provinciales. La “reforma” viene anticipada por la eliminación de la obra pública financiada con recursos nacionales, y su provincialización, con un red de peajes. La división El choque expuesto con gobernadores de las dos provincias que reúnen la mayor pujanza agraria e industrial de Argentina -luego de Buenos Aires que se encuentra en declinación- tiene que ver con la pelea por un nuevo reparto del ingreso nacional federal. Pullaro es un vocero de la burguesía agraria y agroexportadora que saluda la liquidación del derecho laboral y previsional. Pero reclama los recursos para financiar la infraestructura necesaria para despachar sus productos al mercado mundial, mientras carga con el pago de las retenciones a la exportación. La inauguración de la Rural será una tribuna de estos reclamos patronales. Las retenciones, que no se comparten con las provincias, suman al pago de la deuda pública, en pesos y en dólares. El diseño de un régimen económico y político fundado en el reconocimiento de esa gigantesca hipoteca ha creado una crisis de la “Organización Nacional” del país que se viene agravando desde hace ocho décadas. Como sus “próceres” del siglo XIX, los actuales libertarios y sus opositores provinciales pelean por “el oro de la Aduana”, para conciliar los llamados intereses nacionales con reciclamiento indefinido de la deuda pública. Frente político Los mandantes de Pullaro y Llaryora y del conjunto de los gobernadores salen a disputar su porción en medio de un fractura del comercio internacional y el asomo de otra crisis financiera, considerablemente más explosiva que las precedentes. En torno de este escenario, se teje el programa de un frente opositor que aspira a gobernar después de que Milei-Caputo hayan completado el “trabajo sucio” de la motosierra (destrucción de las conquistas laborales, privatización de las jubilaciones), con devaluación incluida. En la “oposición de los gobernadores” revista el pejota de Kicillof, que aspira a conformar un frente transversal con los Pullaro y Llayora y con el actual asesor del fondo Greylock Capital, Sergio Massa, como ladero. La “Fuerza Patria” se inscribe, con contradicciones, en este frente entre Santa Fe y Córdoba. Esta disputa política forma parte de las distintas manifestaciones de disgregación de la coalición improvisada de liberticidas y gobernadores (y sus partidos) que ha gobernado desde diciembre de 2003.

Al matón el tiro le salió por la culata: la prepoteada presidencial por redes sociales contra el niño Ian Moche y su mamá, según un fiscal federal, debe ser considerada “oficial” por haber sido realizada desde una cuenta de X verificada con tilde gris, reservado únicamente para jefes de Estado en la reglamentación de la red social. La importancia de este dictamen en una causa aparentemente menor -Ian y su mamá le reclaman a Javier Milei que remueva el reposteo donde los acusa de “ultrakirchneristas” y de operar contra el gobierno- es que podría impactar en la que sigue la estafa de la cripto $Libra. En ésta, un fraude con millones de dólares en juego, Milei afirma que él “difundió” -y no “promovió”- la criptomeme a título personal, no en su condición de primer mandatario. La excusa, pueril, es que tuitea como cualquier ciudadano pedestre. Sin embargo, bastó un posteo suyo para levantar artificialmente la cotización de la memecoin, en coordinación con un grupo de operadores que monopolizaba su tenencia y se deshizo de ellas a los pocos minutos, embolsando ganancias multimillonarias. Apenas unas horas después, el valor de la cripto se esfumó, dejando un tendal de miles de damnificados. Ian Moche y su mamá son activos promotores de los derechos de las personas autistas. Se han reunido con infinidad de funcionarios, incluida la ex presidenta Cristina Fernández. Días antes de que empezaran los agravios presidenciales, se habían entrevistado con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien se despachó frente a ambos con definiciones tales como que tener un hijo con discapacidad “es un problema de la familia, no del Estado” y cuestionó “¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, entre otras salvajadas. El maltrato continuó a través de las redes y escaló hasta la presidencia. Las patotas digitales del gobierno todavía mantienen el hostigamiento sistemático sobre Ian y su familia. Estos le reclamaron a Milei que borre su posteo. Al no recibir respuesta, iniciaron acciones judiciales. El fiscal federal que entiende en la causa, Oscar Gutiérrez Eguía, dictaminó que los contenidos que Javier Milei publica y comparte en su cuenta verificada de X revisten carácter oficial, y no personal, como alega en su defensa por el caso $Libra. El dictamen sienta un precedente, pero eso no quita que la investigación sobre la criptoestafa sigue una lenta marcha. Los indicios son firmes. Se transaron fuertes sumas de dinero: de la billetera virtual de Hayden Davis, uno de los promotores de la memecoin, entre el 30 de enero -cuando se reunió con Milei en la Casa Rosada- y el 13 de febrero, un día antes del lanzamiento de $Libra, se transfirieron varios millones de dólares con destino todavía desconocido. También se detectaron movimientos sospechosos de parte de Marcelo Novelli, nexo entre Davis y los Milei, quien vació sus cajas de seguridad del Banco Galicia. En apariencia, el círculo se cierra sobre el presidente, pero lo protege un verdadero ´cordón sanitario´. En la demanda colectiva que iniciaron los afectados en Estados Unidos, Milei no fue imputado. La Oficina Anticorrupción -a cargo de un liberticida- lo exculpó sin más trámite. La “comisión investigadora” que aprobó Diputados, por otra parte, se verificó como una farsa: la cuestión $Libra es prenda de negociaciones entre el peronismo y el oficialismo. A la burguesía, el affaire $Libra ni siquiera le ha afectado la digestión –un ´pecadillo´ de parte de un gobierno que ha arrasado con derechos laborales y previsionales a mansalva.

La corrida cambiaria que ha llevado la cotización del dólar paralelo por encima de los 1.300 pesos no desencadenará una crisis final, pero es, por supuesto, la manifestación del agotamiento del ciclo de la divisa barata y el peso caro, que sí desembocará en un derrumbe financiero y una crisis de poder. Para la pléyade de economistas oficiales, esta política tiene el propósito de terminar con la inflación de precios de consumo personal, que a ciencia cierta nadie sabe en qué niveles se encuentra. Como esa inflación es calculada con un patrón de gastos desactualizada, no representa en forma adecuada el peso de los servicios y otros rubros, como los alquileres y las expensas de edificios, es probable que esté más cerca del doble de la oficial. Dado que el ajuste de esos gastos se hace por mes o a lo sumo por trimestre representa, en términos anualizados, un aumento fuera de toda proporción, porque se realiza a interés compuesto. Este arrebato a la economía doméstica explica, como lo admite la información periodística, que se ‘sienta’ en los hogares como más perjudicial de lo que indica el Indec. Pero hay otra implicancia en todo este desbarajuste, que es la desnaturalización de los índices financieros; una tasa X de interés en depósitos y préstamos, por ejemplo, es, en términos reales, muy distinta a la que se calcula oficialmente. Las famosas “señales” que deberían ‘guiar’ a quienes participan del “mercado” son un factor de desorientación, más allá de la ‘desorientación’ que representa el mercado mismo como expresión de los valores que se intercambian, porque sólo se “descubren” con posterioridad a las transacciones. A la anarquía del mercado se suma la de las estadísticas que pretenden interpretarlo. La economía mercantil no es por completo una esfinge, pero que se parece mucho lo verifican los desplomes y disparadas en todos aquellos que concentran las cotizaciones, sea de mercancías como de (proto) capitales. Las intervenciones de los bancos centrales para regular transacciones e intervenir en las crisis con sus reservas ficticias (emisión), anarquizan aun más la economía. Esto no impide a los mejores economistas del planeta insistir con que el mercado es el mejor método de “asignación de recursos”, que es lo que les enseñaron en las universidades. La política de contención del dólar y de valorización del peso, seguida por Caputo y sus socios en el Banco Central, fue la forma de impedir una hiperinflación luego de la megadevaluación de diciembre de 2023. Acompañada del congelamiento de jubilaciones, salarios y obras públicas en desarrollo, fue funcional a una enorme confiscación económica de trabajadores y jubilados. El propósito del ‘dólar bajo y el peso alto’ fue permitir al Tesoro pagar los vencimientos de intereses y el principal de la deuda externa con la recaudación impositiva. Por otro lado, sirvió para engrosar el mercado de deuda local, atraído por las inversiones en pesos. En la jerga de los Caputo y compañía, las autoridades económicas aplicaron un feroz “represión financiera” para bajar el ‘riesgo país’, mediante la rotación de deuda nueva para pagar la que iba venciendo. Esto es lo que se manifestó descaradamente con el último acuerdo con el FMI, cuando el Central rechazó comprar las divisas de la exportación para desvalorizar el dólar y, como contrapartida, valorizar el peso. El descenso de la tasa de inflación tenía la función de pagar la deuda (desvalorizada) en dólares con los pesos (valorizados) del Tesoro nacional. Esta política representa la intervención más arbitraria y acentuada del Estado desde la imposición de la convertibilidad sin autorización del Congreso. La inestabilidad intrínseca de esta política despótica se manifestó en sucesivas corridas cambiarias. Desde abril en adelante, un Banco Central con reservas internacionales netas negativas dejó pasar algunas decenas de miles de millones de dólares de la exportación de soja, con la intención de bajar a 999 pesos la cotización del dólar. Para ejecutar esta operación se valieron de un blanqueo de capitales, seguido por una segunda versión conocida como “los dólares del colchón”. La primera fue celebrada sin ser un éxito porque el dinero fue sacado de los bancos en su mayor parte, y la segunda fue un fracaso. El “mercado” no quiere malvender dólares y malcomprar pesos. Quienes se ponen en la vereda de enfrente del Gobierno recomiendan acumular reservas (comprar dólares), que Caputo rechaza porque encarecería la divisa, afectaría la capacidad de pago de la deuda por parte del Tesoro y mantendría el “riesgo país” en un nivel elevado. En todo esto hay por supuesto un negociado: la caída del “riesgo país” significa el aumento de la cotización de la deuda externa, vale decir, un negociado para acreedores nacionales (63 %) y extranjeros (37 %). Caputo ha preferido también renunciar a los dólares del saldo comercial, para hipotecar el oro de las reservas y contraer préstamos ‘repo’ (con garantía de bonos de la deuda de Argentina),con bancos internacionales, y otros a tasas de interés superiores a las que marca el “riesgo país” (10/12 % de interés anual). En este último caso, los bonos ofrecidos a los bancos fueron vendidos en 24 horas, para embolsar esa diferencia, lo que resultó en un beneficio del 6,4 % en dólares en un solo día. A renglón seguido, el JP Morgan, el más importante del mercado internacional, convirtió sus bonos locales en dólares invocando el riesgo cambiario de Argentina; Pimco, un fondo norteamericano, se llevó 1.500 “palos verdes”. Fue el disparo de largada de la corrida actual. Para contener la crisis, Caputo subió la tasa de interés en pesos y convocó a una licitación de “emergencia” (no prevista en el calendario de licitaciones) de títulos en pesos; la compra por parte de los bancos no lleva ninguna tranquilidad al “mercado”, porque serán vendidos de inmediato si es que la tasa de interés baja y valoriza la tanda de nuevos bonos. En el apuro, el Gobierno declaró un “estado de emergencia” que va más allá de la licitación. Ahora habrá que ver si las tasas más caras disuaden a los inversores a comprar “dólar futuro”, una operación que se hace a crédito. De lo contrario, la licitación del miércoles habrá fracasado en sus propósitos de urgencia. Una devaluación mayor del peso, como muchos prevén, representaría un gran beneficio para quienes apostaron al “futuro” a una cotización más baja. Todos estos movimientos financieros repercuten negativamente en la llamada “actividad económica”, que siempre, aunque no únicamente, está condicionada por el crédito. La crisis financiera que toma volumen ha sido afectada por el manotazo judicial norteamericano contra YPF. La jueza de distrito, Loretta Preska, ha condenado al Estado a entregar su participación accionaria en la petrolera, algo en principio bizarro, porque el valor accionario oscila diariamente y una transferencia de acciones podría significar un terremoto. Hace menos de una década un periodista del Financial Times, Joseph Coterill, mostró que una indemnización por la violación de los estatutos de YPF, en perjuicio de los socios minoristas, por aquella expropiación, quedaría reducida a centavos de dólar (por así decir) si se tomaba como una fecha para el cálculo diferente (y más correcta y adecuada) al que usaba la justicia del distrito. El procurador del Tesoro, bajo Macri, sostuvo lo mismo, pero evaluó el monto en 8.000 millones de dólares, la mitad, que de todos modos es un desatino. Un alfil importante del gobierno en materia petrolera, el macrista Nicolás Gadano, acaba de sostener alegremente en Clarín que habría que pagar con bonos de deuda a muy largo plazo a los fondos litigantes, en torno a 16.000 millones de dólares. Es claro que se está armando un negociado para privatizar por completo a la compañía, sin reparo por los obstáculos que representa; eso requiere un voto del Congreso y el acuerdo de los gobernadores que son dueños de la mitad del paquete accionario en poder del Estado argentino. Este mismo Gadano, en nombre de la ‘eficiencia’, entiende que YPF debe vender todos sus negocios ajenos a Vaca Muerta. Se dice que Milei ha puesto todas sus expectativas en una mediación de Trump, el mismo que impuso mayores aranceles al aluminio y acero de Argentina y que tiene cerrado el mercado norteamericano a los bíocombustibles, diversos productos industriales, azúcar. Trump podría reclamar que Argentina se retire del Mercosur -una extorsión en ciernes-, pero sólo para ofrecer algún descuento al monto de la indemnización. Ya no hay duda de que la crisis ha alcanzado la superestructura política, con el choque del Ejecutivo con los gobernadores, dentro y fuera del Congreso. Si se toma como referencia el acuerdo LLA-PRO en la provincia de Buenos Aires -un 25 % de las listas del Frente Libertad Avanza para el macrismo-, es claro que, salvo excepciones, se va a un enfrentamiento electoral con los gobernadores para octubre. Con una agenda de reforma impositiva que afecta seriamente a las provincias, los gobernadores no pueden renunciar a obtener una posición determinante en Diputados y Senado; en la actual situación política, ningún partido goza de una estructura nacional que supere esta fragmentación. Es esta crisis política integral lo que explicaría el reclamo de Cristina Kirchner para que las elecciones se hagan cada cuatro años, como si esto fuera un remedio, y que el ex ‘alter ego’ de Menem, Alberto Kohan, haya planteado la conveniencia de disolver el Congreso, con la ‘modesta’ pretensiôn, quizás, de elegir todo de nuevo, sin renovaciones parciales. Es muy claro que el activismo y los luchadores de la clase obrera debemos discutir esta crisis política, que cualquiera sea el resultado electoral no hará más que agravarse, en un escenario internacional donde se discute el “bombardeo de Moscú” (Trump), sin que importe la ‘reciprocidad’ de otro bombardeo a Berlín o París. O cuando la ‘limpieza étnica’ en Palestina, con sus campos de concentración, ofrecen el ‘piso’ de lo que será el avance de esta guerra imperialista para las masas explotadas de todo el mundo. La envergadura de la crisis capitalista pone de manifiesto la crisis de liderazgo de los trabajadores: un sindicalismo dominado por agentes del Estado capitalista y una ‘izquierda’ que está mostrando de sobra la voluntad de recorrer ese mismo camino, pero tardío, de colaboración de clases. Nuestro partido, Política Obrera, acompañará la agitación propia de la preparación de la campaña electoral y la campaña misma, con un intensificación del debate con los delegados, activistas y luchadores para desarrollar el reclutamiento y la organización que forme a la dirección revolucionaria de los trabajadores.

Esta madrugada, los trabajadores nos encontramos con un nuevo aumento del 6,1 % en el boleto de los colectivos que recorren el AMBA. Será la tercera suba consecutiva del servicio de transporte con un acumulado del 21,5 %, muy por arriba del cepo del 1 % aplicado por el Gobierno a los salarios. El resto de los colectivos que recorren la Ciudad o la Provincia mantienen su esquema de subas mensuales de acuerdo a la inflación más un 2 % adicional. Así, este mes subieron un 3,5 %. El tarifazo incluyó el fin del segundo boleto al 50 % del valor y el tercero al 75 %, por lo que el impacto es mayor entre los trabajadores que más viajan. La CGT guarda un religioso silencio, al igual que el conjunto de las burocracias sindicales. Desde Política Obrera reclamamos un inmediato aumento de salarios y jubilaciones, como parte de nuestra campaña por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y un aumento del ciento por ciento de esos haberes, para compensar la desvalorización que han sufrido desde 2017. También reclamamos fuertemente el subsidio al boleto de discapacitados, jubilados y estudiantes de todo nivel. Los salarios de los trabajadores del transporte siguen ‘encepados’, con la complicidad de la UTA. Los subsidios a las patronales continúan sin el menor control público. Pablo Busch Candidato a Senador por la 1ra Sección Electoral 1130497824 Marcelo Ramal Candidato a diputado por la 3ra Sección Electoral 1156901943 Jorge Altamira 1144237873 Política Obrera

En una asamblea convocada por Ademys de la que participaron docentes de la modalidad de Especial, se decidió por unanimidad realizar un paro y concentración en el Ministerio de Educación el jueves 17 a las 10 horas. Docentes de distintas escuelas de la modalidad plantearon un rotundo rechazo a la reforma en Educación Especial, que se lleva puestos años de trabajo a pulmón en el área y pretende arrasar con la especificidad de cada escuela bajo discursos demagógicos, tales como “todos somos responsables de la inclusión, sin distinción” o “no existe más la especialización”. Con esta reforma, el ministerio quita gran parte de los equipos interdisciplinarios de las escuelas especiales para trasladarlos a las escuelas primarias a trabajar en un “como si” de la inclusión. Todos sabemos que un sistema que, por causa de años de abandono y desfinanciamiento, no funciona para estudiantes sin dificultades, menos va a funcionar por más cargos que redireccione con niños y niñas con compromiso en su subjetividad, que requieren de espacios adaptados a sus necesidades y de personal capacitado para abordar cada situación. Es que esta reforma en los hechos no es más que vaciamiento disfrazado de inclusión, tal como fue el intento de fusión de Escuelas (multidiscapacidad con la Integral Interdisciplinaria Nº 21) o el traslado de la escuela Indira Gandhi al edificio de la Escuela Integral Interdisciplinaria Nº 3, amontonando en un mismo espacio a doscientos alumnos de una escuela común con niños con diferentes patologías, tales como autismo. Cabe mencionar, además, que el Ministerio de Educación para llevar adelante esta reforma cruel para las infancias prometió nuevos cargos que nunca creó, por lo que obliga a la docencia a trasladarse a otro distrito que nada tiene que ver con aquel que ganó por concurso y en el que decidió llevar adelante su tarea. Para presentar este proyecto, funcionarios del ministerio divulgaron cuatro borradores con la marca de agua “en construcción” y nunca respondieron a las dudas sobre su implementación, abonando así a la confusión y ganando tiempo para llevar adelante su plan. Las comunidades escolares,están escribiendo comunicados y realizando semaforazos y abrazos a las escuelas, medidas impulsadas por el sindicato Ademys. Es urgente sostener y hacer crecer la organización para frenar esta medida arbitraria, que sólo dejará más estudiantes a la deriva y padeciendo las políticas criminales de estos gobiernos. Vamos con todo al paro y concentración al Ministerio este jueves 17 de julio.

El martes 15 una importante manifestación recorrió las calles de La Plata y se dirigió a la Gobernación para reclamar contra los descuentos ejecutados por Kicillof en el último cobro de haberes. De la movilización, convocada por los Sutebas y agrupaciones de la Multicolor, participaron alrededor de 800 docentes de diferentes distritos de la Provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca también se realizó una concentración con más de 1.000 en la plaza central. Tomaron la palabra docentes del nivel primario, especial, educación física, del conservatorio de música y representantes de acompañantes terapéuticos. Los descuentos que realizo el gobernador "Nac & Pop" a la docencia bonaerense fueron absolutamente masivos. Lo que había motivado la huelga había sido el acuerdo ruinoso que firmaron Kicillof y Baradel (SUTEBA) en materia salarial, dejando a los salarios en la linea de pobreza. La FEB y un plenario de los Sutebas de oposición llamaron a un paro de 24 horas (con la excepción de Suteba Bahía Blanca) en rechazo a la paritaria de hambre acordada. Los descuentos ejecutados vinieron luego de haber fracasado en imponer una conciliacion obligatoria trucha. Kicillof intenta disciplinar a la docencia atacando su derecho a huelga, para intentar impedir nuevas medidas de fuerza. No aprendió nada de un actual funcionario del gobierno de Milei y exgobernador, Daniel Scioli, que terminó su mandato con semanas de huelga docente. Un actor destacado de este operativo antihuelga fue la conducción Celeste de Suteba Provincia. En sus intervenciones justifican los descuentos por tratarse de paros convocados "por fuera" de la "estructura gremial". La burocracia sindical ha puesto todo su aparato al servicio de defender la política de ajuste del gobierno provincial. En estos días se observa la sobrecarga laboral en la docencia con la aplicación del nuevo régimen académico, siguen los cierres de cursos -dejando a docentes sin trabajo-, la falta de inversión en infraestructura escolar, el vaciamiento de IOMA, etc. Los convocantes a la manifestación habían recolectado miles de firmas exigiendo la devolución de los descuentos por paro. Sin embargo, la Dirección General de Escuelas amaneció cerrada y prohibieron el ingreso a los docentes. El gobernador que se presenta como un "escudo" ante el ajuste de Milei actúa del mismo modo que el gobierno nacional: ajustando y atacando el derecho a la protesta. Para finalizar la jornada, se realizó una radio abierta donde diferentes agrupaciones tomaron la palabra. Nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, promueve la realización de un nuevo plenario provincial de delegados con mandatos de escuelas, antes del regreso a clases (ahora se vendrá el receso invernal) para votar nuevas medidas de lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por un cargo.

El reciente plenario de trabajadores estatales realizado en Jujuy marca un punto de inflexión en el proceso de reorganización del activismo y las bases obreras de la provincia. A pesar de no contar con mandato de las bases mediante asambleas de los gremios, el encuentro fue un espacio de deliberación colectivo donde trabajadores de distintos sectores expusieron la profundidad de la crisis que atraviesa el empleo público. Fueron parte convocante del plenario el CEDEMS (docentes de media), el SEOM, la seccional UATRE de Ledesma que viene luchando contra despidos en las fincas, APOC, la comisión directiva electa de ADEP y después otros gremios menores más o menos referenciados en el kirchnerismo. Por fuera de los gremios convocantes, también se sumaron activistas y delegados de otros gremios, particularmente docentes primarios que pelean por el reconocimiento del triunfo del activismo en ADEP, y estatales varios (no convocó ATE JUJUY ni UPCN, tampoco ATSA). Conformado por comisiones de debate reducidas -pero activas-, el plenario fue mucho más que una reunión formal: fue una expresión viva de la necesidad de articular, unificar y organizarse frente al ajuste, los despidos, la precarización y la persecución gremial que afecta a los trabajadores estatales jujeños. Radiografía de un Estado en crisis El trabajo en comisiones permitió un diagnóstico sectorial. Desde la administración pública provincial hasta los municipales, docentes, jubilados y trabajadores en lucha (como UATRE, Ledesma, Vialidad y tránsito), se expusieron realidades atravesadas por un denominador común: salarios de pobreza, contratos precarios, falta de reconocimiento, condiciones laborales degradantes, violencia institucional, etc. En el sector de la administración provincial, se denunció el achatamiento salarial, donde todos los trabajadores -con distinta antigüedad, función o régimen- cobran lo mismo, en una suerte de “igualación hacia abajo” como una tendencia de hace años impulsada por el Gobierno. Se planteó la necesidad de una recategorización inmediata y un salario igual al valor de la canasta básica, así como el pase a planta permanente para todos los contratados, sin escalafones que perpetúen la precarización. También se reclamaron mejoras edilicias, cumplimiento efectivo del régimen de licencias y un plus por ropa de trabajo. En paralelo, se denunció la violencia institucional, el acoso laboral y la persecución gremial como parte del disciplinamiento estatal hacia quienes luchan. Una agenda común: paritarias, convenio colectivo y mesa de unidad Los trabajadores municipales exigieron mayor transparencia en la rendición de cuentas y propusieron realizar plenarios regionales por sector, avanzando hacia una coordinadora provincial de lucha. Por su parte, los docentes plantearon el reclamo de dos canastas básicas como salario mínimo, el rechazo al protocolo inconsulto sobre violencia escolar y la necesidad de no inicio del ciclo lectivo, como parte de un plan de lucha integral. Se reafirmó la solidaridad con ADEP y se exigió el reconocimiento de sus delegados y de SADOP en la mesa paritaria. La comisión de conflictos integrada por los compañeros que actualmente están en lucha contra la patronal, ya sea privada o estatal, planteó el reconocimiento de la Lista 5 como legítima ganadora de las elecciones en ADEP, el fin de los despidos en UATRE y Ledesma, Vialidad Nacional y el INTA. También propuso una jornada provincial de lucha con paros progresivos, la instalación de una carpa sindical unificada en Plaza Belgrano, una campaña nacional e internacional de visibilización y una mesa permanente de unidad para sostener y proyectar estas luchas. El punto oscuro del plenario fue la decisión final de dejar en manos de las direcciones sindicales la resolución sobre el paro y las medidas de lucha. Sin mandato de base y sin debate abierto, se optó por cerrar el plenario sin una definición concreta, apelando a que “cada gremio decida internamente”. Aunque se votaron en general las resoluciones, el llamado al paro quedó supeditado a futuras asambleas de los gremios convocantes, dilatando la acción directa y dejando sin respuesta la demanda creciente de sectores como ADEP, que ven con urgencia la necesidad de un plan de lucha. Balance El plenario fue, sin dudas, un avance en la coordinación entre sectores estatales. Lo que queda claro es que hay voluntad de lucha y organización. Lo que falta -y urge- es pasar a la acción y que las resoluciones no se queden en el papel. Para esto es que impulsamos una campaña de deliberación en todos los lugares de trabajo a fin de discutir los reclamos particulares del sector y los generales, promoviendo el reagrupamiento de trabajadores, la elección de delegados, la coordinación de las luchas y medidas de fuerza para poder quebrar la política de ajuste.

El memorándum emitido conjuntamente por el Departamento de Justicia -encabezado por la Fiscal General Pam Bondi- y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) acerca del caso Epstein desató un escándalo en las filas del trumpismo. Jeffrey Epstein era un financista acusado por ejercer pedofilia y tráfico sexual durante años en su isla y otras propiedades en Nueva York, Florida, París y las Islas Vírgenes. El memorándum publicado el 7 de julio dejó asentado que no hay evidencia de una supuesta 'lista de clientes' de Epstein que implique a figuras de alto perfil y, al mismo tiempo, establece que Epstein se suicidó en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, haciéndolo constar mediante 11 horas de filmación que registran la entrada de su celda en los momentos claves. El hecho de que la Fiscal General declarara que no existe tal lista generó el repudió generalizado de los fascistas que estuvieron años agitando teorías conspirativas y bregando por su publicación. La misma Pam Bondi había declarado hacía poco tiempo que ya la tenía sobre su escritorio, para ahora desmentirse descaradamente. Que este giro cuente con el apoyo del FBI no es algo que calme a las hordas trumpistas, sino que sólo confirma, para sus ojos, un armado conspirativo, más aun con la perseverancia con la que el memorándum se dedica a descartar la hipótesis del asesinato de Epstein. Lo que empeoró la crisis es el apoyo público de Trump a Bondi y las declaraciones previas de esta, que acrecentaron la expectativa por una revelación masiva de acusados ricos y famosos de pedofilia. Una de las promesas de campaña electoral del fascista del norte fue la de publicar la lista de clientes si estaba en sus manos. A pesar de las numerosas evidencias y acusaciones, Epstein logró evitar ser juzgado y acusado acorde a la gravedad de los hechos durante años. Finalmente fue arrestado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual. Menos de un mes después, el 10 de agosto de 2019, fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. El médico forense dictaminó que se había ahorcado. Sin embargo, su muerte despertó la sospecha pública debido a evidencias sobre fallas en la seguridad y el patólogo pagado por la familia del reo declaró que, por la manera en que se quebraron los huesos, era más probable el ahorcamiento por un tercero que un suicidio. Otros especialistas estipularon que los videos -que solo muestran la puerta de su celda- fueron editados. La furia se desató en las bases de MAGA, pero también en la administración presidencial. Trascendió que el subdirector del FBI, Dan Bongino, está considerando renunciar. Hace tan solo un mes Elon Musk había denunciado en un tuit -que luego borró- a Trump de integrar la lista de clientes de Epstein. La gestión Trump hace agua por varios lados. A nivel interno su ruptura con Musk es consecuencia de las contradicciones de su propia política económica, como eliminar los subsidios con los que contaba Tesla. Gran parte de la burguesía industrial vio aumentados los costos por las tarifas en los insumos importados y la persecución a los inmigrantes está dejando sin mano de obra al agro. Pero las contradicciones en su retórica conspiranoica también tienen su peso. La base social que le soportó 1.000 denuncias y la violación fragante del estado de derecho no tolera una contradiccion tan evidente de sus propias promesas de campaña. El discurso fascista genera crisis interna. Para Elon Musk significó una caída en sus ventas y el repudio de sus propios clientes a sus autos eléctricos. Recientemente Linda Yaccarino renunció -sin explicitar razones- como CEO de X, en medio de la polémica en torno al chatbot de inteligencia artificial Grok, desarrollado por la empresa de Musk, el cual en las últimas semanas ha sido criticado por publicar en X comentarios antisemitas y antislámicos.

Del 3 al 9 de julio se realizó a lo largo y ancho del país el Festival ENTRÁ: Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa, que exige a través de una acción concreta y masiva, artística y política, la derogación del Decreto 345/2025, que le quita la autarquía y la Dirección federal al Instituto Nacional del Teatro (INT). El decreto fue anunciado el 22 de mayo, junto con el que apunta a instituciones que nuclean y promocionan a entidades culturales, de estudio e investigación histórica, bibliotecas y museos, y el que ataca el derecho a huelga. El Encuentro Nacional, sostenido por actores, directores, técnicos y dramaturgos de todo el país se realizó en salas de teatro y espacios culturales de –entre otras provincias– Misiones, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero y en Buenos Aires en CABA, el conurbano y puntos tan dispares como Chivilcoy y Mar del Plata. Fueron más de 380 funciones a la gorra, que comenzaban con la reproducción de un audio (grabado por actrices conocidas) en el que se pide apagar los celulares, pero durante el cual se explica, de manera muy sentida y poética, el conflicto del INT, se exige a los diputados derogar el decreto y se llama al público a la participación. Al final de cada espectáculo se leyó un documento consensuado en las asambleas, también con tono poético y con los mismos puntos nodales del audio, pero más desarrollados. Al final de la semana del Encuentro, el 9 de julio (o en la fecha que conviniese al distrito participante), se realizó una asamblea de los trabajadores de la cultura del distrito correspondiente, cuyas resoluciones fueron enviadas a la organización del ENTRÁ para ser procesadas por las asambleas organizadoras en CABA y se conocerán oportunamente. El Festival fue ampliamente publicitado y visibilizado también con performances en vivo en muchas de las localidades involucradas. En CABA, por ejemplo, compañeras y compañeros teatristas de la organización del ENTRÁ hicieron una Black Carpet (Alfombra Negra) a la entrada del evento de entrega de los premios Martín Fierro de Teatro, denunciando el ataque al INT. Adentro, en el agradecimiento a la entrega de sus respectivos MF, brindaron su apoyo expreso, entre otros, Pilar Gamboa y Mauricio Kartún, dejando en claro que muchos de sus proyectos no hubieran sido posibles sin el respaldo del Instituto Nacional del Teatro. El teatro independiente y el desguace del INT Ya al día siguiente del anuncio de Adorni, el 23 de mayo, se había formado un grupo de WhatsApp denominado «Asamblea Federal de Teatro 2025», que aglutina a más de quinientos teatristas independientes de todo el país. Las relaciones del teatro independiente del territorio nacional, graficadas, se verían como un rizoma. En el seno de la asamblea se decidió un abrazo simbólico al INT, en su sede, Santa Fe al 1200, en CABA, el domingo 1 de junio, con acciones similares en las provincias el mismo domingo y también el sábado 31 de mayo. Ese domingo primero se reunió en forma presencial, después del Abrazo, la primera asamblea abierta del Galpón de Guevara, una conocida sala de teatro del barrio de Chacarita, que aglutinó en principio a numerosos jóvenes del quehacer teatral de CABA y alrededores. Sin ser la única, esta asamblea pronto se consolidó como una de las principales. En el conjunto de esa autoconvocatoria se organizó el festival de teatro, de marcada intención federal, contra el decreto que desarma el INT y lo retrotrae a «unidad organizativa» de la Secretaría de Cultura de la Nación (que ya ni siquiera es «ministerio»), cuya cabeza es, justa o perversamente, un empresario del espectáculo teatral: Leonardo Cifelli. Oriundo del macrismo, Cifelli fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Ángel Mahler entre 2016 y 2017. Toda una declaración. De este modo, el teatro independiente, que a grandes rasgos es la práctica teatral de grupo y/o de sala que no pertenece a los circuitos de teatro comercial, que tampoco está vinculado con los circuitos de teatro estatal de ningún estamento gubernamental y que, por lo tanto, no está financiado por nadie desde afuera, se verá atrapado cuando intente recurrir a la «Unidad Organizativa de Teatro» de la Secretaría de Cultura de la Nación buscando un subsidio en una pinza, cuyos brazos son finalmente el Estado y el criterio comercial. En la tragedia griega (ya que de teatro estamos hablando), este oxímoron es conocido como ironía del destino. Es cierto que recurrir al INT siempre ha significado recurrir al Estado y por lo tanto inmiscuirlo en determinado proyecto, pero se suponía a ese Estado, representado por el INT, como el síndico, justamente, contra la determinación comercial. Y, por otro lado, los horizontes de la regimentación implícita en la participación del Estado serán más estrechos y más rígidos con la Unidad Organizativa que con el Instituto (en el supuesto de que este Gobierno sobreviva y el desguace se imponga). Este era o podía ser el salvavidas de una producción artística. Aquella es un cartel de neón que dice «Sálvese quien pueda». La reducción del INT a unidad organizativa significa despidos, pérdida de autarquía y de su dirección federalista. En otras palabras, las decisiones se «secretizan» (de eso se trata, conceptualmente, una «secretaría»; una palabra, por otra parte, puede decir más de lo que cree el que la pronuncia); los recursos, que en los papeles y en principio son los mismos, se asignarán (siempre y cuando se asignen) de manera antojadiza y/o tendenciosa. El que los fondos sean los mismos implica, justamente, que el problema no es «económico», que no tiene que ver con la remanida y vacía argumentación del «déficit cero»: la asignación que le corresponde al INT (que es autosustentable) no mueve el amperímetro de la economía nacional. Los ataques a la cultura y al derecho a huelga del 22 (en su momento, esta avanzada mostraba también el envalentonamiento cosechado el domingo 18 con el «triunfo» de Adorni en CABA), tanto como en estos días ante la fecha de clausura de las facultades delegada, la pisada a fondo del acelerador, por ejemplo, con el INTI, el INTA, la marchanta de Vialidad, la compactación de la administración de cuatro hospitales nacionales, etcétera, no son sino señales de que este gobierno fascistizante, con hemorragia interna, tributa a los acreedores nacionales y extranjeros de la deuda pública en la medida en que el ajuste es la garantía de los títulos de deuda. También es un intento de regimentación de la clase trabajadora entera, en la medida en que todos estos ataques se realizan al mismo tiempo en una cantidad de sectores y de gremios. (Es un gobierno débil que finge ser fuerte). Por eso fue atinado que la Asamblea Federal incluyera, entre las consignas que enarboló tempranamente en defensa de la Ley 24800, del INT y de la cultura en general, la del repudio al decreto que atacaba el derecho a huelga. Así también lo es, hoy, el criterio que va creciendo en la AF y que ya es fuerte en las asambleas ENTRÁ de confluir con las luchas de otros sectores, como jubilados, Garrahan, etcétera, en sus aspectos más activos. Mientras en el interior de la Asamblea Federal se pone el acento en la gestión parlamentaria, para conseguir que Diputados derogue el decreto, ENTRÁ propone acciones. La «gestión» opera en terreno pantanoso, en la medida en que el Parlamento es el espacio que negoció la Ley Ómnibus y la Ley Bases y le otorgó a Milei las facultades extraordinarias. Además, si saliera la derogación –de nuevo: «si saliera», en un tiempo incierto– por supuesto que el liberticida va a apelar y que, aún perdiendo la apelación, sencillamente no va acatar. El Ejecutivo viene prepoteando a los otros “poderes” desde el principio. (Un cuentito de la buena pipa de nunca acabar -la redundancia es nuestra-). La gestión es también el caballito de batalla de los sindicatos; para el caso, el de Actores y Actrices. En diciembre del 23, en las primeras asambleas de la cultura, después de denunciar la índole monstruosa del nuevo presidente, levantaban la bandera del «Hay 2025», lo que constituía una contradicción en flagrancia. Hoy, con un 2025 muy golpeado, entre otras cuestiones, por el 50 % que en contra de todos se niega a emitir su voto, ponen la luz cenital sobre los diputados que algún día se pronunciarán sobre el decreto. Por otra parte, quienes, por proscenio y por foro, siguen exigiéndole a la CGT alguna cosa, no tienen en cuenta que esta tiene un delegado en el Consejo de Mayo. ENTRÁ, por su parte, ha sido una gran acción de la población del teatro independiente, que encontró eco en todos lados y que sigue proponiendo acciones. Por lo pronto, participar de la Marcha por el Garrahan, desde Congreso a Plaza de Mayo, el jueves 17 de julio.

Como parte de su esfuerzo por promover el espionaje interno, el gobierno oficializó la figura del “infiltrado digital” y la formación de un “Consejo Académico Asesor para la formación y capacitación de agentes encubiertos”, dándoles nuevas herramientas a los policías destinados a dicha tarea. El campo de acción de los “agentes encubiertos” -una figura “regulada por ley” desde 2016, pero utlizada ampliamente antes y después por gobiernos de todo pelaje- es tan amplio como impreciso. Abarca desde la vigilancia contra el grooming -captación de menores por parte de adultos con fines sexuales- hasta el narcotráfico y el terrorismo. Este reforzamiento es inseparable de las ´premisas´ que el Gobierno adoptó en materia de seguridad, entre las que se destaca la persecución a ´desestabilizadores´ tales como los jubilados que marchan los miércoles y los movimientos ambientalistas y, en general, de todo aquel que pueda “erosionar la confianza” en los funcionarios del oficialismo o “generar pérdida de confianza” en el plan económico, de acuerdo al Plan de Inteligencia Nacional que trascendió a los medios. Aunque la Policía Federal y la SIDE son dependencias separadas, comparten una unidad de propósitos. A ello se suma el recientemente creado Departamiento de Investigaciones Federales (DFI), versión criolla del FBI norteamericano, supervisado por los mismos dueños de la franquicia. A los “patrullajes digitales” que la DFI tiene autorizados sin necesidad de orden judicial, se suma ahora su compadre, el “infiltrado digital”, que contará con biografía y avatar -imagen pública en las redes sociales- apócrifos. El Consejo Académico para la formación de los infiltrados y ´agentes encubiertos´ estará presidido por el camarista Ricardo Ángel Basílico, quien participó de la comisión reformadora del Código Penal. El gobierno Milei-Bullrich no oculta su propósito de crear un Estado policial. Ha dictado un ´protocolo´ apuntado a erradicar la protesta callejera y es aplicado con ferocidad en cuanta oportunidad se presenta. La intimidación no es sólo policial, sino que se multiplica en las redes sociales y en la violencia verbal de los funcionarios -Milei, el primero de ellos- contra todo vestigio de crítica u oposición. A las funcionarias y militantes K que tiraron bosta y un pasacalle frente al domicilio del matón José Luis Espert les han dispensado el tratamiento de una célula terrorista; todavia hay una persona detenida en la cárcel federal de Ezeiza por un ´delito´ que apenas configura una contravención. La infiltración -al igual que la cooptación de buchones- es un método de Estado para el combate contra las organizaciones populares y de izquierda. El kirchnerismo nunca prescindió de ello. En su versión ´democrática´, acuñada por Nilda Garré y Horacio Verbitsky, se llamó Proyecto X y tenía por protagonista a la Gendarmería. Los infiltrados -con o sin diploma- de la Federal por entonces actuaban encubiertos, por ejemplo, bajo el ropaje de periodista, como en el caso del policía Américo Balbuena. Los protocolos represivos de la ´seguridad democrática´ -que limitaban la protesta con ´buenos modales´ hasta que estos se agotaban y venían los palos- se complementaban con el recurso de las patotas de la burocracia sindical, como las que actuaron contra los docentes neuquinos, los trabajadores del Hospital Francés y los ferroviarios tercerizados del Roca. En el crimen de Mariano Ferreyra demostramos en el estrado judicial la ´complementariedad´ entre la actuación de la Federal y los matones de Pedraza. Lo fundamental de todo este andamiaje represivo es el alineamiento del gobierno detrás de la guerra internacional promovida por Donald Trump y el carácter relativamente ´preventivo´ de estos dispositivos, a nivel local, alertas a la posibilidad de una rebelión popular. La llamada “lucha contra el terrorismo” es la pantalla de una política contrarrevolucionaria de la derecha fascistizante a nivel mundial.

En estas últimas semanas la precarización de la educación se ha estado incrementando. Podemos verlo en la situación en que se encuentran nuestros colegios secundarios y primarios. Días atrás, varios centros de estudiantes del partido de 3 de Febrero y Morón fueron avisados por el Consejo Escolar de que el Estado no se van a hacer cargo de las reformas de infraestructura y materiales en los colegios, solicitadas oficialmente por sus autoridades a principios de año. Aunque la ausencia y la precarización de los colegios viene desde antes, la novedad es que ahora se elimina la posibilidad de que las escuelas hagan un reclamo legal al respecto. Los colegios de 3 de Febrero están en total estado de desamparo y los directivos no pueden tomar posición al respecto. ¿Que significa que el Estado no se haga cargo de este gasto? Significa que todos los elementos como mesas, sillas, ventiladores, pintura, elementos de limpieza, libros y, en las escuelas técnicas, las herramientas de taller, no serán proporcionadas por el Consejo Escolar con el presupuesto que se cobra con los impuestos a nuestras familias. La solución que se encontró la Técnica N° 2 de 3 de Febrero fue el uso de Cooperadora. Con el aporte de las familias se pudieron comprar todos los elementos necesarios para el año escolar. Pero ni siquiera con ese aporte se puede mantener la necesidades del colegio: se trata del dinero de nuestros padres, los cuales en muchos casos ganan sueldos de pobreza. Según el Gobierno, por la vía de los hechos, son ellos y no el Estado los que deben hacerse cargo de nuestra educación. El vaciamiento del presupuesto educativo es parte de un ataque general a la educacion, la cual ocurre al mismo tiempo que el gobierno de la provincia quiere imponer una reforma educativa que recorta contenidos y degrada la calidad educativa. Esta nueva reforma es un espejo de lo que pasa en Capital Federal, donde el gobierno de Jorge Macri pretende recortar materias y despedir docentes, a pesar del rechazo de la comunidad educativa. El gobierno de Kicillof sigue la linea del gobierno nacional de Javier Milei, para quien la educación no debe ser un gasto de Estado, sino que debe garantizar sus propios fondos. Las conducciones de los sindicatos docentes y de las federaciones estudiantiles no han emitido ninguna palabra al respecto. Por eso a los secundarios, centros de estudiantes y todo aquel que esté en contra de este recorte directo a nuestras escuelas, los invitamos a organizarse y movilizar por nuestros derechos y a luchar por nuestra educación.

Tras anunciar una oleada de suministros de armas a Ucrania, Trump disparó un ultimátum a Rusia. Si en 50 días no arriba a un acuerdo de paz establecerá aranceles del 100 %. Sin dar más detalles, afirmó que se implementarían en forma de "aranceles secundarios". “El presidente estadounidense ha utilizado este término anteriormente para describir los aranceles impuestos a países por comerciar con adversarios” (Bloomberg). China e India compran el petróleo ruso. Reseña Reuters que un Putín “impasible” probablemente responda a la amenaza con demandas territoriales ampliadas, “a medida que las fuerzas rusas avanzan, dijeron tres fuentes cercanas al Kremlin” (15/7). Las condiciones de Putín para la paz establecen el compromiso legal de que la OTAN no se expandirá hacia el este. Según la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, “El presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado un cambio en la postura de Alemania sobre las aspiraciones de Ucrania a la OTAN, afirmando que Berlín ahora apoya la futura membresía de Ucrania en la Alianza” (30/6). Este apoyo no ha sido desmentido por ninguna autoridad. A su vez, Alemania desempeña el principal papel entre el grupo de países que sirven de puente para el suministro de armamento a Ucrania. Estos transferirán las armas de sus arsenales (en particular, los sistemas Patriot) y, a cambio, comprarán armas modernas a Estados Unidos, "pagándolas al 100 %”. “Significará que Ucrania podrá tener en sus manos cantidades realmente enormes de equipo militar”, se ufanó el titular de la OTAN, Mark Rutte, según recoge el NYTimes (15/7). Trump ha eludido su responsabilidad en el desencadenamiento de la guerra, una malversación grosera de la realidad, para responsabilizar exclusivamente a su predecesor, Joe Biden: “Esta es una guerra Demócrata”, llegó a definir. El enjambre de blogueros rusos salió a meter el dedo en la llaga al denunciar la “bidenización” del presidente estadounidense. A contrapelo, los aliados europeos de la OTAN, así como representantes demócratas y republicanos, han deslizado que un plazo de 50 días significa darle tiempo a Putin para apoderarse de más territorio. Esta narrativa infiere que la declaración de Trump le da a Moscú una ventaja en lugar de establecer un verdadero ultimátum, aunque el envío de armas ha comenzado de inmediato. Varios medios estadounidenses, por ejemplo, The Washington Post, citan fuentes que aseguran que los envíos incluirán misiles ATACMS con capacidad para atacar territorio ruso. El periódico también afirma que Trump supuestamente planeaba transferir misiles Tomahawk a Ucrania para alcanzar a Moscú. El presidente sugirió que podría actuar con mayor rapidez si no ve señales de que Putín esté tomando medidas para poner fin al conflicto. "No creo que 50 días sea mucho tiempo y podría ser más corto que eso", dijo (TWP, 15/7). Este plazo formulado en condicional entraña una amenaza entre líneas. Es el procedimiento que Trump ha aplicado para bombardear las instalaciones nucleares de Irán con los B2. Gabinete de crisis A todo esto, Zelensky ha producido las modificaciones más significativas de su gabinete desde el comienzo de la guerra en 2022. Ucrania tiene un sistema político semipresidencial, donde presidente y primer ministro se reparten roles claves de gobierno. El primero nombra al segundo con la aprobación del Parlamento (la Rada). La designación de Yulia Svyrydenko como primer ministro le asigna ese rol. Actualmente Zelensky reúne, ley marcial mediante, una serie de atribuciones que le dan un control más directo sobre decisiones estratégicas, a expensas de sus ministros, convertidos en un séquito. La designada ha ocupado diversos cargos y era hasta la fecha ministra de Economía. El anterior primer ministro, Shmyhal, ha sido reubicado como titular de Defensa en lugar de un hombre fuerte del régimen, Rustem Umerov, quien sería designado en la estratégica embajada en EE. UU. “Encuestas recientes sugieren un creciente pesimismo en Ucrania sobre la guerra con Rusia, un cambio con respecto a las primeras etapas del conflicto, cuando la mayoría de los ucranianos expresaban optimismo sobre la victoria de su país sobre los rusos” (Clarín, 15/7). La nueva primer ministro jugó un rol esencial para arribar a un convenio con Estados Unidos sobre minerales raros. Desde la firma del acuerdo sobre esos recursos, la administración Trump ha eliminado de la agenda el tema de las elecciones en Ucrania y la renuncia de Zelenski. Y ya no lo plantea públicamente, como solía hacerlo con regularidad. Estos cambios se producen cuando el ejército ruso avanza en el sureste y las grandes ciudades son asediadas por ataques aéreos. El gobierno de Zelensky ha sido señalado insistentemente por Putín como ilegítimo, por haber caducado su mandato y suspendido las elecciones de 2024. Encrucijada Los frentes defensivos de Ucrania se han debilitado lentamente y se han derrumbado progresivamente durante el último año. Los observadores especializados concuerdan en que es inminente un colapso a lo largo de toda o casi toda la línea de batalla. La triangulación del abastecimiento de armas pesadas a Ucrania, por medio de Estados Unidos a la OTAN, equivale a una integración no declarada de Ucrania a la coalición imperialista. La Inteligencia de EE.UU. y Gran Bretaña está integrada en las operaciones ucranianas. Los países de la UE entrenan a las fuerzas ucranianas y planean ataques conjuntos. Trump ha convertido a la Unión Europea en un “proxy’ (delegada) de Estados Unidos, para hacerla responsable de la guerra mediante el otro “proxy”: Ucrania. En este escenario internacional mencionar la guerra mundial como algo eventual constituye un error cruel. Francia acaba de actualizar su doctrina militar donde pronostica un conflicto armado a gran escala en Europa para 2030. Los ataques a instalaciones nucleares ya no están prohibidos. Los asesinatos de negociadores y científicos, incluso sus familias, ya no son, desde la guerra contra Irán, daños colaterales, sino objetivos declarados. El uso de armamento nuclear es evaluado en forma diaria. Hay que combatir la ilusión de un posible retorno a la situación anterior por medio de un arreglo. Para el capitalismo en declive la guerra es el horizonte inexorable. Trump, no obstante esto, ha comprometido a Estados Unidos a reconocer a los territorios ocupados por Putin como parte de Rusia. La maniobra de convertir a la OTAN en un ‘proxy’, que maneja a otro ‘proxy’, procura mantener una distancia de la guerra y cobrar, de paso, el armamento que ofrece a la Unión Europea. Esto deja abierta la alternativa de un arreglo entre Trump y Putin a costa del alemán Merz, el francés Macron, el inglés Starmer y la italiana Meloni. El objetivo estratégico del imperialismo norteamericano no es Rusia, sino China ; no sería sensato que se desgaste en una confrontación secundaria, o que elija dos guerras al mismo tiempo. Las amenazas de Trump a Putin conservan un margen de presión diplomática. Trump, por otro lado, pelea una guerra de sometimiento de la UE, no ya por medio de aranceles recíprocos, sino en torno al régimen impositivo para las compañías estadounidenses y la ampliación de la cuota de mercado de industrias estratégicas y de armamento, así como el acceso al mercado de compras estatales. El acaparamiento de la mayor parte de Ucrania, por medio de un acuerdo con Putin, reduciría a la nada al imperialismo europeo, sin por eso fortalecer a Rusia, que quedaría como un socio menor impotente, porque la ocupación de una parte de Ucrania representaría, a término, una carga para Rusia, no un activo económico o geopolítico. Este cruce de variantes es completamente natural en toda guerra imperialista, donde de lo que se trata es de una pelea por un nuevo reparto del poder mundial. Ni qué decir que esta ‘paz’ de piratas serviría al designio de aislar a China, como condición para una explotación de sus explosivas contradicciones económicas y nacionales. LERR MÁS: Escala la guerra imperialista por el reparto de Ucrania y el Cáucaso Sur Acompañada de ‘conversaciones’ y amenazas acerca del botín. Por Camilo Márquez, Partido de los Trabajadores-Uruguay, 13/07/2025.

El Sarampión continúa expandiéndose en Estados Unidos y en lo que va del 2025 ya se reportaron más casos que en cualquier otro año desde que el virus fue declarado eliminado en el país, en el año 2000. La tendencia es mundial y escala a medida que disminuyen las personas vacunadas y se desmantelan los sistemas de salud. La situación en Estados Unidos Según los datos brindados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hasta el 8 de julio del 2025 se han confirmado un total de 1288 casos de sarampión. Los mismos se distribuyen en 39 jurisdicciones del país. De estos 1288 casos, 762 corresponden a Texas, registrando sólo en el condado de Gaines, en donde habita una comunidad menonita, 414 casos. En cuanto a los brotes (definidos como 3 o más casos relacionados) se han notificado 27. A su vez, se notificaron 3 muertes confirmadas a causa del virus en el país, de las cuales 2 se ubican en Texas. Las autoridades de salud pública del oeste de Texas han pronosticado que el brote continuará durante un año. (NY Times, 21/03). De continuar esta tendencia, el Sarampión dejaría de considerarse como una enfermedad erradicada ya que, para que esto suceda, el brote debe prolongarse más de un año. Una tendencia mundial Pero la propagación del Sarampión no sólo se localiza en los Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) notificó que hasta el 1 de julio en la Región de las Américas se confirmaron 7.132 casos, incluyendo 13 defunciones. Los casos se distribuyen en Argentina (34 casos), Belice (34), Bolivia (60), Brasil (5). En Canadá los casos escalan a 3.170, incluyendo una defunción, en Costa Rica 1 caso. En México informaron 2.597 casos, incluyendo nueve defunciones y en Perú 4 casos. A su vez, la Organización Mundial de la Salud anunció que Europa había reportado el mayor número de casos de sarampión en más de 25 años. La caída en las tasas de vacunación enciende las alarmas La propagación de la enfermedad está estrechamente relacionada con la caída en las tasas de vacunación. A nivel mundial, la tasa de cobertura de la primera dosis de la vacuna es del 83 % y de solamente el 74 % para la segunda dosis. (UNICEF). De las personas contagiadas en Estados Unidos, el 92 por ciento no estaban vacunadas o se desconocía el estado de vacunación. Por su parte, Argentina enfrenta un descenso progresivo en las coberturas de vacunación contra el sarampión. Los registros aportados por el Ministerio de Salud de la Nación evidencian que la primera dosis de triple viral en menores de 1 año descendió del 86 % (2019) al 81.4 % (2023), mientras que la segunda dosis, indicada a los 5 años, sufrió una reducción alarmante hasta el 54.5 % en el mismo período. Este descenso en las tasas de vacunación mantiene persistentemente las coberturas por debajo del 95 % necesario para lograr inmunidad colectiva. El desmantelamiento de los sistemas de salud La respuesta del gobierno de Trump ante esta situación es profundizar el desmantelamiento del sistema de salud y cuestionar la vacunación como la medida más eficaz para prevenir la propagación de la enfermedad. En sus primeras declaraciones públicas sobre el brote, el secretario de salud antivacunas, Mr. Kennedy, se encargó de minimizar la amenaza. Luego, cambió su enfoque y ofreció recomendaciones moderadas sobre las vacunas, sin dejar de cuestionar la seguridad de las mismas y promoviendo tratamientos no probados científicamente. El ajuste, con despidos incluidos en los CDC, provocaron el desmantelamiento de divisiones enteras del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que había estado ayudando a los estados a garantizar que sus hospitales estuvieran equipados para tratar a pacientes con una enfermedad respiratoria transmitida por el aire. Esta situación se agrava con la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, que administra una red de más de 700 laboratorios que rastrean los casos de sarampión en 164 países. Argentina le sigue los pasos a Trump con el desmantelamiento de áreas claves que dependen del Ministerio de Salud y el vaciamiento de hospitales nacionales como el Posadas, Bonaparte, Garrahan, Sommer. Como se puede observar, los gobiernos de Trump y Milei pretenden desligar al Estado de la responsabilidad de la prevención, tratamiento y cuidado de la salud, mientras que la explotación capitalista avanza y empeoran las condiciones de vida de las masas. A este camino que sólo nos conduce a la barbarie es necesario oponerle una salida: frente a la destrucción del sistema de salud, nos sumamos activamente a las luchas contra el vaciamiento del Hospital Garrahan, contra los despidos en salud y en defensa de las residencias, incorporando a las mismas el planteo de la nacionalización del sistema de salud bajo control de los trabajadores y usuarios.

La campaña electoral ha debutado con una crisis de gran alcance en la estantería económica del gobierno liberticida (asesino de libertades). Ha estallado una nueva corrida cambiaria -la quinta en el último año y medio-. Los bancos y los fondos internacionales han dejado de renovar la montaña de deudas de corto plazo emitidas por Caputo en este tiempo. Los pesos sobrantes se vuelcan a la compra inmediata de dólares y también a futuro. En lugar de salir del “colchón”, los dólares vuelven, de a miles, a ese recinto sagrado. La oferta de interés usurario a los banqueros que lucren en pesos aumenta sideralmente, si es que la aceptan, la ya enorme deuda pública y corridas cambiarias mayores. Este impasse, al borde del estallido, explica la crisis abierta entre el Gobierno y los gobernadores que le habían votado una larga “delegación de poderes”. Los liberticidas van a las elecciones sentados en un volcán. Esta ultraderecha cipaya ha ido a pedir un rescate a Donald Trump. Las elecciones que vienen se encuentran también en un impasse. Los encuestadores vuelven a hablar de “los tercios” – gobierno, kirchnerismo y gobernadores-. El reparto de la torta es, sin embargo, más chico, porque el Gobierno, el kirchnerismo y los gobernadores van divididos. Las elecciones habrán de parir un régimen de sextos; “los de arriba ya no pueden seguir gobernando como lo hacían” precariamente. En el caso del peronismo, pretende venderle al pueblo bonaerense una nueva estafa: presentarse como opositores o antagónicos a la motosierra nacional, cuando Kicillof, Massa y la Cámpora han perpetrado, en la provincia y en los municipios, el mayor de los ajustes. Mientras la salud, la educación y los barrios de Buenos Aires se vienen abajo, Kicillof respeta religiosamente la carga de la deuda provincial y contrae nuevas hipotecas. En oposición a los partidos de la miseria social, la deuda y la guerra, Política Obrera dará batalla en los comicios del 7 de setiembre con más de 800 candidatos obreros y socialistas en los municipios de mayor concentración de la provincia. Somos 800 luchadores de las grandes fábricas de la Provincia, de los barrios autoorganizados, de la docencia y los trabajadores del Estado y de la juventud secundaria y universitaria. Somos el único partido organizado en una estrategia de independencia obrera, esto en primer lugar. Somos el partido que lucha contra la guerra imperialista mundial, con los métodos de la lucha internacionalista de clases. Haremos de la campaña electoral una tribuna, para desarrollar ante el pueblo un programa socialista y para organizar y reclutar a miles de luchadores y activistas, en un partido revolucionario de la clase obrera. Es la hora de la movilización política. Argentina enfrenta una crisis que no tiene salida en los marcos del capitalismo, mayor que en el pasado. La clase obrera debe presentarse en esta crisis como la verdadera alternativa política.

Distintos informes y estudios oficiales grafican que la provincia de Buenos Aires, y especialmente su área metropolitana, atraviesan una crisis habitacional severa. Valiéndose de trabajo de campo y encuestas llegan a plasmar, con mayor o menor precisión, un cuadro de situación que de conjunto no hace más que empeorar. Pero, aunque el mismo Estado pone de manifiesto esta crisis, es incapaz de responder por sus causas. La pregunta de por qué en una provincia con tanta disponibilidad de tierras, el hacinamiento en los hogares y el surgimiento de nuevos asentamientos y villas no hace más que aumentar, no encuentra una respuesta de fondo. Para ello es necesario ver qué pasa con la tierra en cuanto medio acaparado por el capital frente a la necesidad cada vez más grande de vivienda de la masa trabajadora. La proliferación de barrios privados a lo largo y ancho del conurbano bonaerense, que concentra buena parte de los más de 800 que se calcula hay en la provincia, es útil para pensarlo. Este tipo de urbanizaciones tuvieron su expansión a partir de los ‘90, posibilitadas por la mejora en los accesos al centro porteño y la creación y extensión de corredores viales. Sumado al bajo precio de los terrenos rurales y decapitados por actividades extractivas (como la ladrillera), abrieron al capital especulativo la oportunidad de volcarse al desarrollo de estas urbanizaciones con altas tasas de rentabilidad -resultado de la compra del terreno a precio de remate, su valorización y posterior loteo. El cuadro que resulta de comparar las hectáreas ocupadas por estas urbanizaciones con las de los asentamientos y villas de los distritos es clarificador para el propósito propuesto. Tomamos dos distritos: Pilar, en la zona norte; y Esteban Echeverría, en la zona sur. En Pilar, en 2022, se calculaban 179 los barrios privados asentados en el distrito. Lo hacían sobre una superficie de 8.565 hectáreas. Por su parte, según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP), el conjunto de los asentamientos se extiende sobre un total de 1.243 hectáreas en las que se concentran 93.880 personas repartidas entre 21.030 viviendas. El contraste es tal que basta un solo barrio privado -Pilar del Este (612 ha) por ejemplo- para llevarse casi la mitad de las hectáreas ocupadas por los asentamientos, pero con tan sólo 5.321 lotes para viviendas. Mientras en los asentamientos de Pilar las familias se hacinan en una ínfima porción de terreno, el conjunto de las urbanizaciones acapara grandes porciones de tierras, de las que una considerable parte se mantiene ociosa. El cuadro se repite en la zona sur, donde la localidad de Canning, en Esteban Echeverría, es una de las que más desarrollo tuvo. Allí los barrios privados cubren un total de 1.597 hectáreas: más del 12% de la superficie de Echeverría. Mientras tanto, el conjunto de los 51 asentamientos y villas del distrito, donde viven 98.266 personas distribuidas en 20.266 viviendas, ocupan tan solo 716 hectáreas: el 5,9% de la superficie. Se trata de menos de la mitad de hectáreas de las que ocupan los clubes de campo y barrios privados, que además cuentan con la densidad poblacional más baja del distrito. Pero el fenómeno de los barrios privados no solo se traduce en el acaparamiento de gigantescas extensiones de tierra. En su expansión sobre humedales y valles de inundación, también generan un severo daño en el medio ambiente. Responde a la necesidad de reinvertir el capital y mantener su rentabilidad, para lo que estos terrenos tan poco valorizados son ideales. Es un caso que se da en Hudson, Berazategui, y amenaza con extenderse a toda la franja costera del Río de la Plata, desde Avellaneda hasta Ensenada. El relleno y destrucción de estos ecosistemas, necesarios para la instalación de los barrios privados, también hace al problema de la vivienda en las barriadas. No sólo porque su relleno impide la acumulación del agua de lluvia, que entonces corre hacia los terrenos más bajos produciendo inundaciones; sino también porque son áreas verdes plausibles de ser destinadas al esparcimiento y recreación de la población, cuya privatización y destrucción impide. Todo este cuadro de situación se da al abrigo del Estado capitalista. Los Ejecutivos municipales están fuertemente entrelazados con el lobby inmobiliario y alientan su desembarco en los distritos. Junto con los consejos deliberantes operan rezonificando los terrenos y aprobando sus ventas, privatizando calles y orientando la obra pública hacia estos emprendimientos, que aprueban con estudios de impacto fraudulentos. En cuanto al Ejecutivo y Legislativo provinciales, garantizan el marco jurídico que habilita su instalación. Además, cuando el hacinamiento en las barriadas explota y se toman tierras, se aprestan al desalojo de los terrenos y a la persecución de sus ocupantes. Y cuando el capital inmobiliario ocupa zonas protegidas por ley, como ser los bosques nativos, deja correr el desmonte y su instalación ilegal. En su carácter “benefactor”, impulsa planes de viviendas populares que son una gota en el océano para la magnitud de la crisis de hacinamiento y acceso a la vivienda en la Provincia, tanto por su cantidad como por su calidad. En su carácter de deudor, financia con el pago de millones en intereses al capital especulativo el posterior parasitaje inmobiliario de las tierras provinciales. Volviendo a la pregunta inicial, del porqué del hacinamiento y empobrecimiento de los barrios populares en unos reducidos límites frente a la expansión de urbanizaciones de lujo que acaparan gigantescas porciones de tierras, la respuesta debe encontrarse en la misma dinámica social capitalista, que a su vez explica las otras penurias de la vivienda. Su efectiva solución, por lo tanto, no llegará más que por la vía de abolir ese modo de producción y su Estado. Cosa que, no obstante, no excluye la lucha por arrancar conquistas habitacionales, obra pública y tierras. La lucha por estas reivindicaciones empalma con la lucha por la emancipación del proletariado de un régimen que lo recluye en villas y asentamientos, mientras acapara grandes extensiones de tierra que mantiene ociosa para la especulación inmobiliaria. Fuentes: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana: https://visualizador.opisu.gba.gob.ar/ide/?zoom=4&lat=-40&lng=-59 Observatorio de Barrios Populares del ReNaBaP: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/0a127285-4dd0-43b2-b7b2-98390bfd567f/page/klATC Visualizador urBAsig del Departamento de Sistemas de Información Geográfica, dependiente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Provincia de Bs. As.: https://urbasig.gob.gba.gob.ar/urbasig/ Pablo De Grande (2022). Urbanizaciones cerradas, 2022. Recuperado de https://mapa.poblaciones.org/map/115501

Desde CUBa-MTR denuncian que el Gobierno y la Justicia avanzan con procesos judiciales sobre las organizaciones sociales. El juez federal Hernán Viri, que el año pasado procesó con prisión preventiva a Carina Izaguirre de Gualeguaychú, ahora ordenó más de 20 indagatorias, entre ellas la de su referente nacional Mecha Martínez. La organización coloca, a través de la difusión de un petitorio, la denuncia como una continuación del ataque a las organizaciones piqueteras. Esto inició el mes de julio de 2024 en Gualeguaychú, cuando desde la Justicia se ordenó a la Gendarmería el allanamiento de 20 domicilios. En el marco de una causa iniciada a partir de denuncias en la línea 134 habilitada por el gobierno nacional para recibir denuncias vinculadas con las organizaciones, como parte de la política de Milei contra el movimiento piquetero. Tras esto, el 11 de julio, se sucedieron múltiples allanamientos: 24 fueron a comedores de las organizaciones. Al poco tiempo el juez Armella del juzgado de Quilmes ordena a la Prefectura hacer operativos en Florencio Varela, Dock Sud, Gerli, Berazategui, Villa Dominico, Quilmes, Ezpeleta y San Francisco Solano. Estos allanamientos representan un ataque frontal a una serie de organizaciones en donde fueron imputados más de 40 compañeros. De organizaciones sociales como Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero (oficial), MTR-Histórico, MTD Teresa Rodríguez y CTD Aníbal Verón. También en la ciudad de Buenos Aires con el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene 16 acusados esperando el juicio oral tras los allanamientos en comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Fol. Estas causas que están en curso fueron dirigidas, desde las primeras medidas dictadas por el gobierno de Milei, para romper las organizaciones y al movimiento piquetero. Apelando también a métodos dictatoriales contra las libertades democráticas e individuales, instalando un protocolo antipiquetes, reforzamiento del aparato represivo, con allanamientos policiales en horas de la noche, con trabajo de inteligencia, con detenciones y armado de causas, y una campaña mediática sobre los luchadores y sus organizaciones. A esta situación se llega, en primer lugar, con el acompañamiento en el Congreso de los votos opositores a la Ley Bases, con la reforma laboral y jubilatoria que tienen la complicidad de las dirigencias sindicales de la CGT y CTA. Forma parte del golpe contra la clase obrera que lleva adelante el gobierno antiobrero para liquidar definitivamente las conquistas sociales de la clase trabajadora. En función de pagar los intereses de la deuda externa y la deuda interna, que nos condena a la extinción como si nos cayera un misil. La lucha contra el gobierno antiobrero de Milei, plantea la recuperación de una estrategia política de clase, como la que ayudó a fundar el movimiento piquetero que protagonizó la rebelión popular de 2001. Que enfrentó en época de Duhalde el intento de derrotar al movimiento piquetero culminando en la masacre del Puente Pueyrredón en el 2002, a la que siguió la política de cooptación. Ahora el gobierno liberticida con la persecución y la represión a jubilados, desocupados y trabajadores nos desafía a una nueva etapa de lucha. Hoy los desocupados llegan casi al 10% de la población. Este año se perdieron 200.000 puestos de trabajos, las necesidades de los barrios desde la defensa de los comedores a la urbanización, la necesidad de viviendas y asistencia social son más urgentes que nunca. Solo existe el trabajo precario, que no alcanza para vivir dignamente. Día a día se suman más sectores a la lucha por el salario y contra los despidos, esa es la perspectiva. Llamamos a enfrentar este nuevo intento de terminar con el movimiento piquetero, derrotar al gobierno antiobrero en la lucha por el trabajo bajo convenio, por la inmediata entrega de alimentos a comedores y merenderos, por el seguro al desocupado equivalente al 82% del salario igual al costo de la canasta familiar. Abajo el protocolo antipiquetes, abajo las causas armadas contra los luchadores, libertad a todos los presos por luchar.

Desde hace varios días que al pie de la página web del diario Clarín se observa un banner llamativo, como los que habitualmente ocupa la publicidad paga, con el título “Un nuevo informe documenta la violencia sexual sistemática de los terroristas de Hamas durante ataque del 7 de octubre”. Al hacer click en el mismo, remite a una ignota página, fuera del diario, llamada “Situación Global” (situacionglobal.com), que promete “Información y análisis sobre los conflictos en el mundo”, aunque básicamente se remite a Medio Oriente y, en todo caso, a noticias de otros continentes, pero siempre referidas al “conflicto”, eufemismo que aplica a la masacre del pueblo palestino y a la guerra del imperialismo y el sionismo contra varios países de la región (Irán, Yemen, Siria, y sumando...). Un espacio publicitario en la página principal de Clarín, durante días y días, no debe salir barato. Sin embargo, “Situación Global”, que no especifica su origen y publica notas sin autor, no ofrece información sobre su radicación, propósitos o filiación, si pertenece a alguna organización gubernamental o no, ni mucho menos informa cómo se financia, pues no ostenta publicidad ni pide donativos. Es una página anónima, de apariencia “informativa”, que auspicia sus contenidos dentro de la página de uno de los principales diarios de Argentina, pero no los publica dentro de éste sino en un sitio propio aparte. Más llamativo resulta que no tenga otras redes sociales que una cuenta en X, @situacionglobal, con apenas 422 seguidores. No debe ser un sitio muy popular. Es cierto, su nombre -genérico- no facilita rastrearla en la web y averiguar, por ejemplo, si es utilizada como fuente por otros medios, si es citada en algún caso, si algún editor o periodista se referencia en ella, etcétera. Su cuenta de X tampoco es ´abierta´, sino que sus posts solamente pueden ser vistos por aquellos “seguidores aprobados”, los cuales -por lo visto- no abundan. Sin embargo, “Situación Global” pauta sus contenidos nada menos que en la web de Clarín, erogando una barbaridad de plata para difundir sus ´noticias´ indiscriminadamente. Ya no importa si son lectores “aprobados” o no. “Un nuevo informe documenta la violencia sexual sistemática de los terroristas de Hamas durante ataque del 7 de octubre” es un título concluyente. Un ´clickbait´, un anzuelo digital para captar lectores. El artículo de marras cita las conclusiones del informe elaborado por el “Proyecto Dinah”, que tuvo cierta repercusión en los medios que apoyan a Netanyahu. El Proyecto Dinah fue creado tras el levantamiento de Hamas para investigar la presunta ´violencia sexual´ cometida por la milicia palestina contra la población israelí. Sin embargo, las supuestas violaciones y decapitaciones de bebés que ésta habría cometido durante su incursión del 7 de octubre de 2023, nunca fueron corroboradas . Por el contrario, fueron desestimadas incluso por la propia fiscal israelí, Moran Gaz , una palestinófoba fuera de toda duda. El informe de Proyecto Dinah asegura que “Hamas utilizó la violencia sexual de manera generalizada”, pero CNN, que se hizo eco del mismo, no encuentra mayores agravios para citar que los siguientes: “Según el reporte, una rehén fue golpeada y agredida sexualmente a punta de pistola mientras estaba cautiva. Dijo que estuvo encadenada por el tobillo con una cadena de hierro durante tres semanas y que le preguntaron repetidamente sobre el momento de su ciclo menstrual. El informe detalla que varios de los 15 ex rehenes fueron amenazados con violación mediante matrimonio forzado. Casi todos reportaron acoso sexual verbal y algún acoso sexual físico, incluyendo tocamientos no deseados de partes íntimas, según el informe”. El contraste con las conclusiones de expertos de la ONU que se declararon “consternados” por las denuncias de violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas palestinas es simplemente abismal. El informe del “Proyecto Dinah” fue una operación de contrainformación ´con perspectiva de género´, operada por los criminales de Tel Aviv. En conclusión, “Situación Global” es una usina de desinformación, de procedencia y financiamiento desconocidos, aunque fácilmente identificables, que ha contratado un espacio publicitario privilegiado, sin que los adalides de la “lucha contra el terrorismo” se les haya movido una pestaña -naturalmente, por su complicidad con los crímenes del sionismo. Las ´fake news´ son un instrumento de guerra. En este caso, dirigidas a insuflar temor entre la población hacia el bando oprimido –el pueblo palestino.

Cada choque militar que tiene lugar en el mapa geopolítico internacional pone en evidencia la unidad política de la guerra mundial en desarrollo y por sobre todo los botines de guerra que procura cada potencia imperialista y los Estados que giran en su órbita. Es lo que ocurre con los choques violentos entre los beduinos sunnitas y las milicias drusas en el sur de Siria esta semana, que dejaron centenares de muertos. Israel, que controla el sur de Siria, a pocos kilómetros de Damasco, aprovechó la ocasión para bombardear precisamente la capital de Siria y destruir, entre otros, el ministerio de Defensa, invocando la protección de las comunidades drusas. Los drusos representan una población de más de medio millón de personas repartidas entre el norte de Israel (150 mil) y el sur de Siria (400 mil). Contingentes armados de drusos israelíes cruzaron la frontera para apoyar a sus conmilitones del otro lado, sin que el ejército sionista pusiera ninguna traba. Entre los drusos sirios, sin embargo, ese apoyo fue rechazado por la mayoría, que defiende la unidad territorial y política de Siria, aunque no necesariamente bajo el actual régimen político del ex Al Qaeda Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que derrocó al de Bashar al Assad hace menos de un año. Las milicias del gobierno de HTS intervinieron en el choque, primero del lado de los beduinos sunnitas, y luego como árbitro de un cese el fuego y una tregua – en nombre de la comprometida unidad nacional de Siria-. El país es un mosaico de minorías étnicas y nacionales, al igual que Líbano, tal como fue diseñado el mapa del Cercano Oriente por las potencias imperialistas luego de la primera y segunda guerra mundiales. El YPG, la organización kurda que se encuentra repartida entre Turquía, Irak, Siria e Irán, ejerce la ocupación del noreste del país, bajo la tutela de una fuerza militar de Estados Unidos. En la zona costera de Siria, en el oeste, está presente la comunidad alawita (una disidencia del shiismo islámico), que apoyó a los gobiernos de la familia Al Assad durante varias décadas. Estos choques tienen lugar en el nuevo cuadro político de la guerra de exterminio contra el pueblo palestino, y la derrota de Hizbollah e Irán frente a Israel. El “eje del mal”, como han calificado el sionismo y el imperialismo a ese bloque, ha dado paso a un vacío geopolítico que buscan ocupar, en primer lugar, el imperialismo norteamericano, y Turquía e Israel. El régimen del turco Erdogan es el tutor político del HTS, o sea el protagonista que lo llevó al gobierno al cabo de una operación relámpago, en tanto que Israel explotó el derrocamiento de Bashar para extender su ocupación del sur de Siria más allá de los altos del Golán (una zona montañosa que Israel ha controlado en oposición a las leyes internacionales, y que ahora ha declarado territorio propio). Israel es también, aunque de otro modo, un tutor político del gobierno de HTS, pues ha declarado una suerte de soberanía aérea desde su frontera hasta poco más allá de Damasco, luego de una meticulosa destrucción del armamento y los arsenales del ejercito de Siria. Dada su histórica confrontación con los estados árabes y con Irán, Israel goza de la simpatía de los kurdos, especialmente en Siria e Irak y, por supuesto, en el Estado persa. Desde ese lugar, alienta una política de conversión de Siria en una serie de cantones, lo que redundaría en una suerte de anexión de facto de Siria, fuera del radio territorial de Damasco. Este eventual escenario sería, aunque sólo en parte, el botín de guerra del Estado sionista. Turquía, Estados Unidos y hasta la Unión Europea (Francia) tienen el objetivo opuesto –conservar la unidad estatal de Siria-. Donald Trump ha reconocido al gobierno de HTS, levantado las sanciones que pesaban desde el régimen anterior de Siria y busca participar de la reconstrucción del país. El objetivo de este plan es obtener el reconocimiento diplomático de Israel por parte de los países que no lo han hecho, como Arabia Saudita y varios emiratos, sin declinar la ‘solución final’ para la Franja de Gaza, cuya población sería repartida en la región. Con este propósito ha obtenido, al menos en forma provisoria, el acuerdo de YPG kurdo para integrarse al Estado sirio en reconstrucción. Dueño del Cercano Oriente por medio de alianzas, bases militares y la centralidad del Estado sionista, el imperialismo estadounidense se apropiaría de los mayores recursos petroleros y gasíferos del planeta. Israel, con apenas cinco millones de habitantes, fungiría como polo de gravedad de este concierto de estados. La Bolsa de Tel Aviv y las corporaciones tecnológicas en Israel han saludado esta perspectiva con un crecimiento sin fallas, a pesar de los diversos frentes de guerra del sionismo y de una excepcional movilización de reservistas. El gobierno de Netanyahu ha ingresado en un período de crisis debido a la necesidad de reconciliar sus aspiraciones regionales con el diseño mayor trazado por el imperialismo norteamericano. Posdata para este punto: este escenario apunta a un cambio de régimen en Irán, e incluso a una guerra en mayor escala que la de hace algunas semanas. El caso de Turquía es diferente, porque apoya la unidad estatal de Siria, pero no para compartir la tutela militar del estado sionista. Erdogan ya ha advertido su disposición a ir a una guerra con Israel por Siria. Erdogan plantea una asociación de Estados árabes bajo el liderazgo de Turquía, que incluye a su aliado musulmán no árabe –el baluarte petrolero Azerbaiján, instalado en el Cáucaso sur, o sea en la frontera con Rusia-. El afán expansionista de Erdogan no es nuevo: había reclamado participar en la guerra feroz de Estados Unidos contra Alqeda por el control de Mosul, la gran ciudad del norte de Irak, para acaparar una parte de ese territorio, que calificó como turcomano. Con este botín de guerra ante sus ojos, que es recomponer un miniimperio otomano, Erdogan necesita subir a su carro a los movimientos kurdos, que son un tercio de la población de Turquía y pueblan dos estados árabes fundamentales. Por ejemplo, para que se integren al régimen proturco de Siria. Es lo que está ocurriendo con el PKK, el ala extrema del movimiento nacional kurdo; su líder, Abdullah Oçalan, preso en Turquía desde hace más de treinta años, ha aceptado el desarme del PKK (al cual pertenece el YPG del norte de Siria) y su integración “a la política democrática y legal” de Turquía. Confrontado con esta realidad, el partido Republicano, la oposición a Erdogan, ha evitado contradecirlo, con un comunicado de lugares comunes. Erdogan busca con ese expansionismo perpetuarse en el gobierno, luego de una serie de grandes derrotas electorales. El choque entre drusos y sunnitas de estos días, ilustra incluso más de lo descripto, porque el gobierno de Azerbaiján (exmiembro de la Unión Soviética), aliado de Turquía, ha entrado en un conflicto con Rusia, por la distribución del poder en el Cáucaso sur. Rusia ha sufrido un retroceso brutal desde sus fronteras al Cercano Oriente. Esa frontera ha pasado al control del imperialismo norteamericano, que ha ganado para el campo imperialista a Armenia, luego de las derrotas militares que sufriera frente a Azerbaiján, que obtuvo, en la ocasión, el apoyo militar de Israel. En la otra nación de la zona, la Unión Europea está impulsando a fondo la integración de Georgia. La interconexión de estas guerras y la modificación que produce en las alianzas políticas y militares, forman parte de una única guerra internacional que pugna por el despojo de los rivales y la captura de botines de guerra geopolíticos, que extienden la guerra a otras regiones. La guerra imperialista se ha convertido en el ordenador del escenario mundial. La política pacifista y reformista ha quedado definitivamente comprometida.

La situación industrial en Catamarca atraviesa un cuadro crítico que golpea de lleno a los sectores productivos y laborales, con particular intensidad en los rubros de alimentación y textil. Las protestas obreras, sueldos impagos y las suspensiones masivas reflejan el cuadro de crisis industrial y productiva en la provincia. En este contexto, la lucha de los trabajadores fabriles coincide con la movilización de la docencia y de los trabajadores estatales. En la fábrica Camino S.A., los trabajadores sostienen una protesta que ya lleva varias semanas, exigiendo el pago de salarios adeudados desde hace más de seis meses, dos aguinaldos completos, retroactivos desde octubre del año pasado y diversas bonificaciones nunca abonadas. La planta, dedicada al procesamiento de alimentos, arrastra una década de crisis con incumplimiento salarial, pagos fragmentados y despidos que hoy se traducen en doce quincenas sin cobrar y una situación desesperante para las familias obreras. “Venimos a lo largo de casi una década de promesas que esporádicamente han sido cumplidas, pero no en su totalidad” (El Esquiú, 14/7), denunció Cecilia, una de las delegadas elegidas por sus compañeros, quien relató que incluso llegaron a recibir depósitos parciales de quincenas en cuotas semanales, hasta que directamente se suspendieron todos los pagos. Los trabajadores decidieron mantener la protesta en las afueras de la planta, organizándose en turnos rotativos para sostener la visibilidad del conflicto. En paralelo, el sector textil enfrenta una ofensiva patronal que ya empieza a mostrar sus consecuencias: la empresa COTECA, instalada en el parque industrial El Pantanillo, suspendió por 30 días a 50 trabajadores del área de hilandería, abonándoles sólo el 75 % del salario. La medida fue informada por la burocracia local de la AOT, quien justificó la situación del sector ante la caída del consumo, la apertura de importaciones y la parálisis de la industria nacional. La suspensión se presenta como un supuesto paliativo para evitar despidos, pero en los hechos representa un avance sobre las condiciones laborales y una profundización del ajuste que recae sobre los trabajadores. La preocupación se extiende por toda la provincia, donde las fábricas textiles comienzan a recortar turnos, suspender personal y reducir producción, en una escalada de recesión y flexibilización que recuerda el cierre de la fábrica TextilCom/Mom Sport . La combinación de sueldos impagos, precarización, cierres parciales y suspensiones configura una política sistemática de ataque a los derechos laborales, en sintonía con el programa de ajuste del gobierno nacional que aplica Raúl Jalil en la provincia. La situación de Camino S.A. y COTECA ilustra, desde diferentes sectores, la misma lógica de vaciamiento y abandono del trabajo industrial, dejando en claro que el ajuste no es sólo un índice macroeconómico, sino una realidad concreta que viven cientos de familias catamarqueñas. La necesidad de una respuesta unificada, con la docencia a la cabeza y la organización del conjunto de los trabajadores del Estado y el sector privado, se vuelve urgente. Frente al gobierno de Jalil-Milei y la complicidad de las burocracias sindicales, la salida está en la organización desde abajo, en las fábricas, las escuelas y los hospitales, articulando una agenda común por el salario, la estabilidad y la defensa de cada puesto de trabajo. La superación de los obstáculos burocráticos y el reagrupamiento de fuerzas, se plantea mediante las autoconvocatorias y la coordinación provincial de los sectores en lucha.

Después de discutir públicamente con el gobernador de Santa Fe y con las autoridades de la ciudad de Córdoba por el pago de impuestos locales, Mercado Libre cerró trato con el intendente de Tres de Febrero (Buenos Aires), Diego Valenzuela, para la apertura del nuevo centro de distribución, ubicado en el Parque Logístico del municipio. Según la empresa, el nuevo espacio complementará la operación de los Centros de Almacenamiento situados en el Mercado Central. Valenzuela -quien ahora pegó el salto a La Libertad Avanza y pretende proyectarse como gobernador- tiene implementado un sistema libre de gravámenes fiscales para incentivar la radicación empresaria en el municipio, algo que financia aumentando las tasas municipales de los hogares y desfinanciando aspectos claves para la población, como el saneamiento en los barrios periféricos, los salarios de todos los municipales y la infraestructura de las escuelas. La guerra con las provincias Marcos Galperín declaró que para quienes operen en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, donde el impuesto a Ingresos Brutos es más alto en comparación con el promedio del país, aumentarán los cargos. El aumento del impuesto se debe no solo a los diferentes porcentajes que establece cada provincia, sino a que algunas de estas consideran que Mercado Libre tiene como actividad principal la financiera, no la meramente comercial, y por lo tanto lo obligan a tributar un porcentaje mayor, como los bancos. Desde la provincia de Santa Fe le respondieron que el impuesto mayor era necesario para financiar el combate al narcotráfico al que ML contribuye con numerosos posnet que son utilizados por los narcos para cobrar sus “servicios”. En Córdoba capital se sumó su descontento por el elevado monto que su centro de desarrollo de software -que da sostén tecnológico a distintas operaciones- paga por las tasas municipales, algo a lo que ML respondió disponiendo el cierre del edificio y su reemplazo por el home office desde agosto. De esta manera Galperín interviene en la discusión por la distribución fiscal, ya que todo ocurre en medio de una creciente tensión entre Nación y las provincias por el manejo de los recursos. Desde que asumió, Milei aboga por transferir todas las responsabilidades del estado a las provincias -sin los fondos correspondientes- argumentando que tienen que buscar sus propios recursos incrementando un ajuste análogo al nacional. Como si no lo estuvieran haciendo. Ahora arremete apretando la pinza, al querer batallar contra Ingresos Brutos -que recaudan directamente las provincias- disminuyéndoles las posibilidades a los gobernadores. Por esto, los ejecutivos de las provincias impulsaron en el Senado dos proyectos de ley para aumentar los montos de los fondos que giran desde el Gobierno Nacional. Uno de ellos propone suprimir diversos fideicomisos que se nutren de los ingresos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y redistribuirlos entre las provincias. El segundo proyecto plantea que dicha distribución se realice de forma automática y diaria. El proyecto de los gobernadores es, por lo tanto, un tironeo de la misma frazada, ya que solo propone desvestir a un santo para vestir a otro sin cuestionar ni la baja del impuesto a los bienes personales ni el pago de la deuda externa. Es coherente: cada uno de ellos carga con su propia deuda externa desde mucho antes de que el liberticida llegara a la presidencia. En cuanto a Ingresos Brutos, más allá de lo regresivo que es cualquier impuesto indirecto como éste -que termina siéndolo porque la más de las veces se traslada al consumidor final- el único interés de Milei es eliminar todos los gravámenes a la riqueza y a las transacciones de las empresas y reemplazarlo por un aumento de la madre de los impuestos regresivos que es el IVA. De esta manera Galperín se mete en la disputa nacional para intentar favorecer a Milei, soslayando que el primero en regalarle exenciones impositivas -de las que todavía goza por “desarrollar innovación tecnológica”-fue el kirchnerismo.

Luego de 8 años de proceso judicial, el pasado 3 de julio un “jurado popular” declaró culpable por abuso sexual agravado por el vínculo a Eduardo Jorge Torres. La víctima, su hija, Micaela Torres sufrió los abusos durante 14 años, desde los 6 años hasta los 19. Sin embargo, a la hora de determinar la condena, el juez la fijó en 3 años en suspenso, un regalo judicial en beneficio del abusador, garantizando de hecho total impunidad pues la condena le va permitir que siga en libertad. En contraste, la sobreviviente ha padecido constantemente la revictimización por parte de la justicia y ahora enfrenta este cuadro de total impunidad. En su denuncia, Mica ha tenido que revivir los más de 14 años de abuso sexual, así como las constantes amenazas que le permitieron perpetrar estos atropellos. Ante este cuadro, la compañera ha decidido recurrir a las redes sociales y comenzar una campaña que dé visibilidad a esta condena irrisoria. A través de un video en sus redes sociales, relata los abusos sufridos, como así también el tortuoso proceso judicial. En sus palabras dijo: “Yo no siento que haya recibido justicia. ¿Qué clase de justicia es esta, que le da garantías a un abusador, a un pedófilo?”, remarcando que la condena en suspenso le permite seguir gozando de libertad, “hacer su vida normal, trabajar, salir, solo una mancha en sus antecedentes”, y que, además, está se le permite que siga a cargo de su hermana menor. Su denuncia ha tenido gran repercusión en los principales medios de la provincia. No es la primera vez que la justicia catamarqueña dicta condenas como esta. Es constante la lucha de las sobrevivientes de abuso sexual, que deben peregrinar durante años por los diferentes estamentos del poder judicial. Como retratamos anteriormente con los casos de abusos eclesiásticos, las maniobras de los abogados defensores y el encubrimiento por parte de la justicia burguesa permiten y garantizan la impunidad de abusadores y violentos, dejando a sus víctimas desprotegidas, a merced de encontrárselos en la calle. Así ocurrió con el cura Juan De Dios Gutiérrez, quien paseaba en cercanías del domicilio de quien lo había denunciado, incluso después de haber sido condenado. Durante 8 años, Mica tuvo que reconstruirse para poder enfrentar todo este proceso, y la culminación no ha sido la que esperaba. La movilización del movimiento de mujeres ha denunciado constantemente el rol que desempeña la justicia en la perpetuación de la impunidad de violentos y abusadores que someten a mujeres, disidencias y niñeces a este régimen. Desde Política Obrera nos sumamos a la campaña que viene llevando adelante la sobreviviente y vamos con fuerza a acompañar el proceso de apelación que está encarando. ¡Basta de impunidad! ¡Justicia por Mica!

El anunciado paro de pilotos del próximo sábado no se cumplirá, a pesar de que el mismo fue ratificado en una asamblea general. El “ultra anti Milei” de Pablo Biro (secretario general del sindicato) acató sin consulta a la base del gremio la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, cuando había amenazado con desconocerla. Los motivos para la realización de un paro son contundentes. El 4 de junio pasado, el Gobierno publicó el DNU 378/2025 que eleva los tiempos máximos de vuelo y reduce los períodos de descanso para pilotos, copilotos, tripulantes de cabina y comisarios de a bordo. Además, la nueva reglamentación del Código Aeronáutico señala que las horas máximas de vuelo pasarán de 8 a 10 diarias y de 800 a 1.000 anuales. En cuanto al descanso semanal, se ajusta a 30 horas, como en Estados Unidos, cuando antes era de 36. Las vacaciones se estipulan en 15 días corridos, y se elimina el esquema anterior que permitía acumular hasta 45 días. Además, ya no se consideraría como parte del servicio el tiempo de traslado ni la espera previa al vuelo. Todo configura un ataque en regla contra las actuales condiciones de trabajo. La política general del gobierno de Milei es similar a la previa de la privatización de los ferrocarriles. El corazón de esta estrategia es el achique de personal, el achique de destinos y el retaceo criminal de la compra de repuestos y el deterioro del mantenimiento intensivo de los aviones. Aerolíneas, que contaba con el mejor protocolo de mantenimiento del país, está al borde de que en algún momento se produzca una catástrofe. Los pilotos son los más conscientes de esta situación, pues conocen perfectamente el correcto funcionamiento de los aviones y no quieren que se produzca una nueva LAPA. El gobierno está aplicando de hecho una reforma laboral inmensa, que afecta no sólo las condiciones laborales de las tripulaciones sino el funcionamiento mismo de los aviones. Es más necesaria que nunca en Aerolíneas una comisión de seguridad elegida en asamblea con veto para parar aquellos aviones que no están en las condiciones óptimas para salir. La conciliación obligatoria solo dilata el conflicto y desanima a los trabajadores. El conjunto de los gremios de Aeronáuticos debería estar en estado de asamblea para recuperar sus condiciones laborales y exigir el mantenimiento adecuado, pues estamos al borde de un problema gravísimo, que es la posible caída de un avión, de la cual después sólo harán responsables a los trabajadores.

En el día de ayer se realizaron las elecciones para renovar las autoridades de la Federación de Profesionales, el sindicato que representa a un tercio de los trabajadores de planta de los hospitales porteños, los pertenecientes a las disciplinas llamadas “no médicas” (psicología, odontología, trabajo social, nutrición, farmacia, bioquímica, fonoaudiología, musicoterapia, ciencias sociales, entre otras). El congreso se realizó sin mediar debates en los hospitales, escondido detrás del desconocimiento generalizado de los profesionales afiliados a sus asociaciones de base, lo cual fue el resultado de una política intencionada. La lista que ganó y que volvió a proclamar como presidente a Andrés Añón, de la Asociación de Psicólogos, ligado al peronismo, no dio a conocer un programa ni un plan de acción. Mientras este congreso a oscuras se realizaba, residentes de los diferentes hospitales porteños se agolpaban frente a las puertas de la Federación. Allí se movilizaron para denunciar la falta de acompañamiento del sindicato a los paros y movilizaciones que vienen realizando por la recomposición salarial hace ya 7 semanas. Las autoridades se excusaron, esta vez, en las tareas electorales para no recibirlos (ver nota aparte). La dirección de la Federación no abre la boca sobre el pronunciado deterioro del salario de los trabajadores de la salud de CABA, mientras acompaña como una sombra las infructuosas negociaciones que comandan las burocracias de SUTECBA y Médicos Municipales. Su lógica derrotista sobre todos las reivindicaciones se extiende al intento de liquidar la carrera profesional , que Añón propuso canjear por el financiamiento oficial para crear un instituto que vendería cursos de capacitación a los trabajadores. En este contexto, la novedad de la elección lo constituyó el ingreso de la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS) a la lista ganadora, que se ubicó en el cuarto lugar, obteniendo la secretaría gremial. La movida contó con el patrocinio político del aparato oficial del Partido Obrero , que integra la Comisión Directiva de APSS. Se sumaron así a la “apuesta” que en la elección pasada había inaugurado la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) bajo el auspicio del MST , con nulos resultados en relación a los intereses de enfermeras y enfermeros. En un comunicado público, la APSS justificó esta orientación afirmando que “en este contexto nacional como local la salud pública y sus trabajadores se encuentran en franco ataque, y es urgente fortalecer las herramientas sindicales y sus potenciales fuerzas organizativas”. Sostienen que “la ultraderecha avanza en el mundo y en nuestro país, ubicando a en les trabajadores y sus organizaciones un enemigo central. Esto exige nuestros esfuerzos extraordinarios para enfrentarlos”. Lo que se fortalece, sin embargo, con este “esfuerzo extraordinario” de la APSS, es objetivamente la lista de Añón, que volvió a reelegirse al frente de la Federación, integrando a su lista a la principal asociación hasta ayer opositora. “Fortalecer las herramientas sindicales” es exactamente lo contrario de lo que hace el peronismo, que las somete a la parálisis para que Milei pueda ejecutar todos sus planes contra la clase obrera. Por eso todas las luchas contra el gobierno son encabezadas por movimientos autoconvocados, al margen (y en contra) de las grandes estructuras gremiales, como ocurre con los jubilados, la discapacidad y, en salud, con el Garrahan y los residentes. La tendencia a la ultraderecha emerge de una crisis generalizada del capitalismo en decadencia, que a nivel mundial se expresa en guerras imperialistas, bancarrotas económicas y una crisis humanitaria que incluye un genocidio a cielo abierto, como ocurre en Gaza. En nuestro país, el ascenso de Milei fue pavimentado por el fracaso de los Fernández, que ensayaron una colaboración de clases destinada a rescatar al capital. Ahora, los promotores de esa derrota apuntalan los ajustes oficiales desde las gobernaciones y la dirección de los sindicatos. No va a ser junto a ellos que la clase obrera encuentre una salida al deterioro de sus condiciones de vida. El aparato del PO añade argumentos de su propia cosecha para justificar esta alianza con la burocracia. Afirman que “no representa de una unidad política, sino la conjunción de las distintas asociaciones en diferentes secretarías”. Esto “porque el estatuto no contempla representaciones de minoría para que las listas opositoras ingresen al Consejo Ejecutivo”. Como esto sucede en el 90% de los sindicatos argentinos, el aparato abre la puerta para la integración a la burocracia sindical en el conjunto del movimiento obrero. Es lo que ya practica hace años el MST, que en salud integra la conducción de la CICOP alineada con el gobierno de Kicillof y sus salarios de miseria. La excusa “técnica” fue la misma que usó el aparato del PO para justificar la conformación de un interbloque de “izquierda nacional y popular” entre el FITU y el PJ en la Cámara de Diputados . Lo cierto, sin embargo, es que con esta “apuesta”, las trabajadoras sociales de la APSS ingresarán en una posición subordinada al Consejo Ejecutivo de la Federación que conducen Añón y sus aliados. Cuando la lucha de los trabajadores de la salud plantea la necesidad de una dirección independiente para hacer frente a los ataques de Milei y los gobiernos provinciales, el rumbo del FITU marcha en sentido contrario, promoviendo la integración de los activistas a las agotadas estructuras de las burocracias sometidas al Estado. En lugar de recorrer esta experiencia tantas veces fracasada, Política Obrera impulsa la autoorganización de los luchadores para construir, con nuestros propios métodos y herramientas, una huelga general que abra una perspectiva para la conquista de todas las reivindicaciones en juego.

La marcha federal en defensa del Garrahan y de la salud pública, convocada en el marco de un nuevo paro de los trabajadores de dicho hospital, fue masiva y llenó la Plaza de Mayo. En el interior, se realizaron acciones en distintos puntos del país como en Mar del Plata en las puertas del INAREPS, paro en Chubut, paro y movilización en Neuquén y La Rioja, una marcha en Rosario, un acto en el Hospital Central de Mendoza y asambleas en Chaco y en Río Negro, entre otras. Los residentes de CABA y la provincia de Buenos Aires también pararon en el marco del reclamo por la recomposición salarial y el rechazo a la resolución que transforma las residencias nacionales en becas. Sin dudas, la masiva movilización sirvió para reagrupar a los sectores más activos de los hospitales, centros de salud y lugares de trabajo. Encabezada por el Garrahan, la convocatoria fue la expresión de la grave situación que atraviesan los hospitales en todo el país, tanto de la mano de Milei y su ministro “Prepagas” Lugones como de los gobiernos provinciales ajustadores. La jornada La jornada comenzó con el paro y la movilización de los residentes de CABA, que concurrieron a las puertas de la Asociación de Médicos Municipales y de la Federación de Profesionales, los sindicatos que nuclean a médicos y las profesiones no médicas de los hospitales que dependen del gobierno porteño. Allí les exigieron que se plieguen al paro y al plan de lucha por la recomposición salarial y en defensa de los derechos laborales, que los residentes de CABA vienen llevando adelante hace ya un mes y medio. Fueron masivas las columnas de residentes de hospitales como el Ramos Mejía y el Elizalde. Sus representantes no fueron recibidos por las direcciones gremiales que vienen mirando el conflicto en silencio, mientras al interior de los hospitales ejercen aprietes contra los trabajadores que deciden organizarse y participar. Luego, movilizaron a la facultad de Medicina de la UBA y realizaron una masiva asamblea en la Plaza Congreso que votó una jornada de visibilización para la semana que viene y un nuevo paro y movilización en 15 días. En el Fernández, residentes y trabajadores de la planta autoconvocados realizaron una asamblea interhospitalaria el día lunes y ayer, antes de la marcha, un abrazo al hospital. Los trabajadores del Garrahan, por su parte, realizaron una nueva jornada de paro por un aumento salarial que permita frenar la sangría de renuncias de profesionales y contra la intervención del hospital, decretada por el ministro Lugones para proceder a nuevos recortes y despidos. El medio Futurock realizó su transmisión desde las puertas del hospital, como hace unas semanas lo había hecho Radio con Vos. A la tarde, marcharon desde las puertas del hospital acompañados por familiares de pacientes organizados y delegaciones del Hospital Bonaparte, AGIHM del Hospital Moyano y asambleas barriales. Sobre Av. de Mayo, sectores que responden al gobernador Kicillof y a distintas facciones kirchneristas armaron una columna detrás del lema “Foro por el Derecho a la Salud”. Allí participó la dirección de Cicop, donde militan el PCR y el MST, y la asamblea de residentes de Nación. La bandera de arrastre proclamaba “No al ajuste en salud”, a pesar de que en su cabecera se ubicó el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolas Kreplak, quien es denunciado por la asamblea de residentes bonaerenses por pagar salarios de miseria, iguales a los que Lugones defiende para el Garrahan, el Posadas y los otros hospitales nacionales. También fueron parte de la columna el sindicato de Camioneros, del Subte, la UOM, ATE, las dos CTAS y Grabois, quienes se enlistan en el llamado bloque “opositor” dentro de la CGT. Es notable que la asamblea de residentes de Nación, alineada con este bloque, es la única que no paró contra la resolución 2109/25, a pesar de ser los directamente afectados por las becas precarizadas de Milei y Lugones, y tampoco paró en el día de ayer, a diferencia de los residentes porteños y bonaerenses. De la jornada participaron, además, agrupaciones de jubilados, centros de estudiantes, delegaciones de trabajadores estatales, becarios, trabajadores de museos, docentes universitarios, Ademys, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y mucha gente de a pie. La delegación que partió desde el Hospital Garrahan fue muy aplaudida por los asistentes y se impuso en la cabecera, superando a la columna de los funcionarios de Kicillof, que taponaron la Av. de Mayo. Detrás de la columna del Garrahan, se sumaron grandes cantidades de trabajadores y profesionales de los hospitales y CeSACs porteños, del hospital Posadas, Bonaparte y residentes que llevaban en sus manos carteles escritos a mano. En la Plaza, se leyó un documento que, entre otras cosas, exigió “la renuncia del empresario Lugones” y la aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, que ya obtuvo dictamen para ser tratada en el parlamento. El proyecto establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios, la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, incluidos los residentes, “que no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, la exención del cobro de Ganancias a todo el personal y la derogación de la resolución 2109/25 sobre el sistema de residencias. El proyecto no asegura que el salario mínimo sea igual al costo actual de la canasta familiar. Milei ya amenazó que, de votarse, lo vetaría, como ocurrió con la ley universitaria y próximamente con el aumento de las jubilaciones. ¿Cómo seguimos? El documento leído en la Plaza cerró el acto con un llamado a la CGT para que le dé continuidad a la convocatoria “con un paro activo nacional y una marcha federal”. Sin embargo, la burocracia de la CGT colabora activamente con los planes oficiales, firmando paritarias a la baja y apoyando las reformas antiobreras desde su lugar en el Consejo de Mayo. Como ya demostró la lucha universitaria, el parlamento también representa un callejón sin salida en el que las reivindicaciones de los trabajadores son comerciadas y tranzadas en función de los múltiples pactos y compromisos que el gobierno teje con los gobernadores y las diferentes facciones capitalistas. Tampoco se puede confiar en el sector “díscolo” de la burocracia que, al igual que los Daer, permitió el avance de los despidos en el Estado y la rebaja salarial. La gran convocatoria de ayer demostró la enorme disposición de los trabajadores de la salud y de la población en general para combatir las disposiciones oficiales y movilizarse en defensa del Garrahan y toda la salud pública. Los paros autoconvocados, los abrazos y movilizaciones independientes organizados por el Garrahan y las asambleas de residentes son la expresión de una tendencia a la acción, que desborda el estrecho marco que las organizaciones sindicales integradas al Estado pretenden imponerle al movimiento. Nuevos sectores de trabajadores de planta se vienen sumando a estas iniciativas, sorteando los aprietes de directivos y aparatos burocráticos. Impulsemos la realización de asambleas en todos los hospitales y centros de salud, sin distinción de especialidad, gremio o forma de contratación. Generalicemos en toda la salud pública las medidas de fuerza resueltas por los trabajadores del Garrahan y las asambleas de residentes, hasta la satisfacción de todos los reclamos en juego. Fuera los interventores del Garrahan y los hospitales públicos. Salario mínimo igual a la canasta familiar (2,5 millones) para todos los trabajadores de la salud. Abajo la resolución 2109. Vayamos a una lucha a fondo: preparemos una huelga general autoconvocada de la salud para derribar los ataques de Milei y a su Ministerio de Prepagas.

Javier Milei fue el invitado estelar del acto por el 31° aniversario del atentado a la AMIA. Por primera vez en más de tres décadas, su presencia fue anunciada desde el palco, rompiendo la tradición de no mencionar a los dirigentes políticos presentes. Fuertemente custodiado, estuvo sentado en las primeras filas. El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, le dedicó un elogio -“Celebramos la decisión de que la Argentina haya decidido pararse del lado correcto de la historia”- que fue acompañado, según las crónicas, por un cerrado aplauso. Se refería, por supuesto, al alineamiento incondicional del gobierno argentino detrás del eje Estados Unidos-Israel. Sin embargo, sumó exigencias. Se quejó de que el ex Secretario de Cultura iraní, Mohsen Rabbani, uno de los acusados por el atentado, todavía tuviera propiedades a su nombre en Argentina. Asimismo, reclamó a Milei una “inmediata reacción” ante el acuerdo entre Irán y Bolivia. Armoza también exigió que la milicia islámica-palestina Al Quds sea catalogada como organización terrorista y que Argentina se sume a una “alianza global contra el terrorismo”. Es decir, Armoza le reclamó a Milei un compromiso todavía mayor con la guerra internacional del imperialismo y el sionismo en Medio Oriente. Elogió, en cambio, la realización del “juicio en ausencia” contra los acusados por la Cámara Federal, ordenado por el juez Daniel Rafecas, el mismo que había desestimado la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández. Las organizaciones de familiares, como Memoria Activa y APEMIA, rechazan el “juicio en ausencia”. Memoria Activa realizó su propio acto en Tribunales, donde lo denunció como una maniobra -“ausencia de justicia”-. Reclamaron, en cambio, la digitalización total y el acceso a todos los informes de inteligencia relacionados con el atentado, paralizada desde hace décadas. “Celeridad” En otro tramo de su discurso, Armoza les reclamó “celeridad” a los fiscales de la unidad especial AMIA, Sebastián Basso y Julio Miranda, que antes ocupó Nisman. A más de tres décadas de los hechos, en los que murieron 85 personas y más de 300 fueron heridas, el planteo resuena sorprendente. En todos estos años no hubo un solo condenado. Mejor dicho, todos aquellos que fueron acusados y juzgados por obstruir y desviar la investigación -entre los cuales figuran jueces, fiscales, policías y hasta el revendedor de autos que proporcionó la camioneta supuestamente utilizada para cargar los explosivos- acabaron absueltos de culpa y cargo. La ´investigación´ -porque no se la puede calificar realmente como tal- se orientó, primero, detrás de una pista siria, pero luego apuntó hacia Irán, siguiendo los vaivenes de la política exterior del Departamento de Estado norteamericano, que asumió el verdadero liderazgo de la causa. La acusación contra los funcionarios iraníes se basó en “pruebas secretas”, proporcionadas por la CIA y el Mossad. Su enlace con el fiscal Nisman y el Estado argentino fue “Jaime” Stiuso, verdadero mandamás de la SIDE, entre 2003-2013, es decir durante los gobiernos K. La salida formal de Stiuso de la SIDE estuvo marcada por la firma del “memorándum con Irán”, suscripto en el marco de los acuerdos firmados por Barack Obama con el régimen de los ayatollahs. El memorándum establecía que se les podría tomar declaración indagatoria a los acusados en territorio iraní, habilitando de ese modo el inicio formal del proceso judicial, sin por ello dar de baja los pedidos de detención de Interpol. El Congreso argentino lo aprobó, no así su homólogo persa. Para el tándem Nisman -que en primer término APOYÓ al memorándum- y especialmente Stiuso, en cambio, les resonó como una amenaza que podría convertirlos en el chivo expiatorio de todas las manipulaciones de la causa. Se produjo entre ellos la ruptura con el gobierno de CFK y viraron a operar nada menos que con Sergio Massa, quien en 2013 le ganó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y acabó con cualquier expectativa de que Cristina Fernández pudiera acceder a un tercer mandato. Con el gobierno Milei, Stiuso ha vuelto a merodear “la casa de los espías” -nunca dejó de hacerlo-. Para este aniversario -fecha en la cual suelen anunciarse ´novedades´ en la investigación, pero escasos resultados- fueron citados a declarar una multitud de militares que revistieron en el aparato de inteligencia del Ejército que comandó César Milani. Éste fue un aliado de CFK luego de la crisis con Stiuso. La acusación tiene el propósito de moldear un nuevo relato en torno a la violenta muerte del fiscal Nisman, atribuida según ´pericias´ de Gendarmería a un comando iraní o venezolano, en lo que ya constituye otro caso impune, un ´archivo borrado´, de estas operaciones cruzadas por intereses que nada tienen que ver con el reclamo de justicia por los muertos en el atentado. La ´conexión local´ es el Estado argentino.

En las recientes elecciones de FOETRA tuvo exposición pública un debate vigente desde las expulsiones del Partido Obrero. En las mismas señalamos que la agrupación del aparato del Partido Obrero abandonaba el programa histórico de la Naranja, o sea, del clasismo. Su campaña repitió la de la Granate a pies juntillas, con el único eje de votar a la “lista unitaria y antiburocrática”, sin ningún tipo de delimitación o desarrollo de una posición independiente. Por supuesto, esta crítica vale para el FITU telefónico de conjunto. En medio de una confusión política brutal, evitaron cualquier aporte a la clarificación política de los trabajadores, especulando para no perder votos (por derecha). Ningún material de campaña mencionó, mucho menos caracterizó, al gobierno de Milei. Este método se contrapone a las campañas históricas de la Naranja -previo expulsiones- donde más allá del programa circunstancial del frente Granate, la Naranja publicaba y desarrollaba sus propias posiciones y explicaba por qué lo integraba y llamaba a votarlo. Este método ha sido abandonado para integrar la Granate sin ningún principio. La idea de encabezar el frente, bajo cualquier condición, se impuso al desarrollo de un planteo y claridad políticas, es decir, una orientación de aparato. La crítica a la burocracia fue limitada a señalar el carácter antidemocrático de ésta y su negativa a luchar. Esta visión transmite a los trabajadores que el problema de la burocracia se solucionaría con más democracia gremial. Así, sin más. Concretamente, evadieron explicar que la formación de la burocracia está motorizada por su integración al Estado, debido a la falta -consciente, intencional- de un programa de clase. Este abandono es una concesión a las corrientes de la Granate, que otorgaron la cabeza al Partido Obrero, para reservarse la orientación política. Como señalamos en cada paso, apuntan a una reformulación del método y objetivos de la Azul y Blanca en sus orígenes. No sacan ninguna conclusión política del desarrollo posterior de ésta. De ganar, repetirían esa misma experiencia. Es la adaptación total a que “el clasismo” pierde votos, o no puede dirigir un gremio. Marín aplaudiría de pie. No es casual que hayan dedicado más tiempo para atacar la presentación independiente de la Lista Naranja por “divisionista” -pero que denunciaba el carácter del gobierno de Milei y a la burocracia desde el clasismo-, que a Milei y la razón de ser esencial de las burocracias, que ni mencionaron. Estrategia y cambalache Recientemente la Granate ha convocado una “reunión abierta de la granate” de la que no conocemos resoluciones. Pero evidencia, por parte del núcleo ahora titulado de forma permanente “naranja en la lista granate”, con nuevo logo y bandera con ambos colores, que ese frente, y su programa, se ha convertido en estratégico, y ya no circunstancial o un frente de acción. No se trata de negar las actividades o convocatorias comunes e incluso plenarios abiertos -recientemente asistimos a una acción convocada contra el despido de un compañero en el edificio Paseo Colón de Telecom-, ni siquiera de la posibilidad de asambleas comunes. Se trata del abandono del planteo clasista en función de un objetivo de aparato para encabezar un frente gremial y su consecuente adaptación a un gremialismo y luchismo sin perspectiva. La Lista Naranja tiene una ardua tarea: vincular la necesidad de una alternativa en el gremio y el surgimiento de un nuevo activismo con un programa clasista. LEER MÁS: Elecciones en FOETRA Bs. As.: la Naranja ingresa a la Directiva con dos vocales Por Flavio Pereyra, 17/05/2025. FOETRA: Los colores, la política sindical y el programa Por Flavio Pereyra – Naranja Telecomunicaciones (Mayoría), 28/04/2025.

La dirección del SUTNA, reducida a la Lista Negra, convocó, sin asambleas, a un nuevo paro nacional el jueves 18 de julio, ante el fracaso total de la paritaria, que ya lleva 8 meses empantanada, y una ola de despidos ilegales en Pirelli. Se trata del quinto paro, en una política de paros fragmentados, que no han aportado resultados. El paro tuvo un acatamiento dispar. En FATE, el acatamiento al paro llega al 85 por ciento. En el marco del paro nacional, la dirección del Sindicato convocó a un acto en la puerta de Pirelli para denunciar “el accionar antiobrero manifiesto (…) llevado adelante con total alevosía por parte de la patronal”, Se refiere a que impidió el ingreso a la fábrica de la representación gremial el pasado 10 de julio y a ‘apretar’ a los trabajadores para que firmen su propia renuncia, (25 compañeros aceptaron “retiros voluntarios”). Esta política de aprietes por parte de Pirelli no es nueva: la viene practicando hace año y medio y en base a esto logró despedir medio millar de trabajadores. Del acto participaron unos 200 compañeros que en su mayoría pertenecían a organizaciones de desocupados, representantes gremiales de todas las listas que militan en el gremio (excepto la Azul) y organizaciones políticas como Política Obrera. Saludaron el acto dirigentes de la UTEP y de la Lista Bordó de la Unión Ferroviaria. Luego, monopolizaron la palabra los dirigentes de la Lista Negra señalando “que no hay lugar para los traidores”, en referencia a la implosión de su propia Lista Negra; voceros de la Azul denunciaron un “acto electoral”. Lo cierto es que el SUTNA no sale de los paros intermitentes, que no han servido para detener despidos, la rotación laboral, ni a las paritarias. LEER MÁS: El SUTNA en una crisis terminal Un balance sin concesiones y una perspectiva para la nueva generación del neumático. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 14/07/2025.

Días después de que trascendiera la noticia de que 10.000 docentes de todo el país abandonaron sus cargos en el último año, el Consejo Superior de la UBA votó una declaración donde ubican a la universidad en estado de “emergencia presupuestaria”. El documento en cuestión señala lo que ya es de público conocimiento: que las universidades nacionales -incluida la UBA- reciben, de parte del Estado nacional, los mismos fondos desde 2023. Esto, a pesar de que la inflación acumulada de los últimos dos años supera el 300 %. Asimismo, se advierte que la ejecución de estos recursos escasos tiene un carácter irregular. A continuación, se pide una “urgente actualización del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de la universidad”. No aparece en el documento el reclamo por el salario docente, que ha perdido en dos años la mitad de su poder adquisitivo, ni tampoco por fondos para paliar la deserción estudiantil. Finaliza pidiendo la aprobación de la Ley de financiamiento universitario. En la misma sesión, el Consejo Superior aceptó la renuncia de más de una decena de docentes de distintas facultades, todas ocurridas en las últimas semanas. Durante el año pasado la declaración de emergencia presupuestaria por parte de las autoridades universitarias sirvió para avanzar en un “autoajuste” sobre la universidad. Su cara más visible fue el recorte de servicios: facultades que cortaban el suministro de luz durante el día o suspendían el servicio de gas. La declaración de emergencia se levantó, posteriormente, cuando el gobierno acordó con el rectorado la ejecución de una partida extrapresupuestaria destinada al pago de gastos de funcionamiento. Naturalmente, el salario docente y los fondos necesarios para becas estudiantiles quedaron fuera de la partida. El acuerdo entre partes sirvió para que el Consejo Superior diera por concluida la lucha universitaria, decretando el triunfo de la misma. En la misma sesión del Consejo Superior se votó, también por unanimidad, la creación de dieciocho diplomaturas y posgrados, mayormente en las facultades de Económicas e Ingeniería. Algunas de ellas abordan ejes como ciberseguridad, programación, gestión de software y finanzas para PyMES. Todas ellas serán aranceladas. Los contenidos aprobados para diplomatura se encuentran en consonancia con los conocimientos aprobados por el gobierno nacional como “estratégicos”. Los fondos propios de cada Facultad constituyen el grueso de recursos de las mismas. En casos como los de Filosofía y Letras, ascienden hasta el 70 % del presupuesto. Estos se han engrosado últimamente a partir de la proliferación de los cursos y diplomaturas arancelados. El crecimiento de esta forma de educación “express” empalma con el recorte de las carreras de grado y la creación de títulos intermedios y representa, de conjunto, el avance de un paradigma educativo asociado a la fragmentación del conocimiento, a su vinculación más estrecha con los vaivenes del mercado y el abandono de una formación de carácter totalizante y científica. Es una desvalorización de la formación académica en tándem con la desvalorización de la fuerza de trabajo en todo el mundo. La emergencia presupuestaria no tiene como finalidad impulsar la lucha en las aulas. Se trata, por el contrario, de una medida de excepción, la cual le otorga al rectorado de la UBA la potestad para avanzar sobre el recorte de servicios, cursos, cargos docentes y becas. Una suerte de “facultades delegadas”, como las que el Congreso -integrado por las mismas fuerzas políticas que revisten en el Consejo Superior- le concedió a Milei, y que le valieron para llevar adelante lo que él definió como el “ajuste más grande de la historia”. La emergencia fue votada por todas las corrientes políticas que integran todos los claustros del Consejo. No apareció, en ninguno de los representantes de la Universidad, un planteo alternativo, que oponga a este planteo una orientación que apunte a retomar el camino de la lucha del año pasado. En el organismo pasan revista todos los decanos de las facultades: desde los “nacionales y populares” de Exactas, Filosofía y Letras y Sociales, hasta los radicales “yacobistas” de Económicas. Los partidos patronales que gobiernan la universidad intentan profundizar una salida reaccionaria a la crisis educativa. El pedido de recursos para sostener los gastos de funcionamiento tiene como finalidad dotarse de los medios para que este proceso pueda avanzar. Debemos impulsar la deliberación en las facultades, con la finalidad de que emerja nuevamente el reclamo por el salario docente, el presupuesto y las becas estudiantiles. Estudiantes y docentes tenemos que imponer una salida radicalmente diferente a esta crisis: una salida socialista, que una la educación a las necesidades populares, a las luchas en curso y al mundo del trabajo. LEER MÁS: Universidad: el recorte presupuestario es parte de una ofensiva de conjunto contra la educación 10.000 docentes abandonaron sus cargos en el último año. Por Nicolás Morel, 15/07/2025.

Política Obrera inscribió sus listas en siete secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires. La lista de diputados en la estratégica Tercera Sección estará encabezada por Marcelo Ramal, docente universitario y exlegislador en CABA. Lo acompaña Mariela Arri, profesora y delegada en La Matanza. Por la Primera Sección encabezará la lista de candidatos a Senadores Pablo Busch, luchador de la oposición antiburocrática en el gremio de la alimentación, junto a la docente Patricia Urones. En las restantes secciones de la provincia, Ademar Marabert lidera la lista de Diputados por la Segunda Sección; Sonia Rodríguez como Senadora por la Cuarta; María Agustina Vaccaroni a la senaduría por la Quinta y Carlos Martín Grecco como Diputado por la Sexta Sección. Por la 8ª Sección, en la capital de la provincia, La Plata, se presentará como candidato a Diputado provincial el docente universitario e investigador Sergio Gómez de Saravia. “Política Obrera” presentará listas a concejales en todos los municipios del Gran Buenos Aires, y también en Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino, entre otros distritos. Marcelo Ramal afirmó: “la campaña electoral ha debutado con una crisis de gran alcance en la estantería económica del gobierno”. "Los liberticidas van a las elecciones sentados en un volcán y han ido a pedirle un rescate a Donald Trump”. A su turno, Pablo Busch señaló que “el peronismo, pretende venderle al pueblo bonaerense una nueva estafa: presentarse como antagónicos a la motosierra nacional, cuando Kicillof, Massa y la Cámpora han perpetrado, en la provincia y en los municipios, el mayor de los ajustes. Mientras la salud, la educación y los barrios de Buenos Aires se vienen abajo, Kicillof respeta religiosamente la carga de la deuda provincial y contrae nuevas hipotecas”. Haciendo énfasis en los objetivos que se propondrá Política Obrera en estas elecciones, Marcelo Ramal concluyó: “haremos de la campaña electoral una tribuna para desarrollar ante el pueblo un programa socialista, partiendo de tres reivindicaciones cruciales: un 100 % de aumento de salarios y jubilaciones, y un salario mínimo que cubra la canasta familiar; el inmediato congelamiento de alquileres, y reserva de terrenos y lotes ociosos para ser destinados a la construcción de viviendas populares, y el desconocimiento de la deuda pública usuraria”. Marcelo Ramal 11 5690 1943 Pablo Busch 11 3049 7824 Prensa: Olga: 011 6005-8303 Agustina: 0221 5404662

A horas de la inscripción de las listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, denunciaron en la Justicia a la cúpula partidaria provincial de LLA que encarnan Sebastián Pareja y su mano derecha, el diputado provincial, Alejandro Carrancio. Lo hicieron dos dirigentes libertarios de Mar Chiquita: el excandidato a intendente de Mar Chiquita, Cristian León y la concejala Patricia Heltner. Ambos apuntaron contra Carrancio, quien además de integrar actualmente el Instituto Nacional de Promoción Turística y de ser vicepresidente de LLA en territorio bonaerense, es el que negocia el armado de las listas en la Quinta Sección Electoral. El objetivo, según uno de los denunciantes, es desplazar a los "liberales de la provincia de Buenos Aires para poner otra gente" y así permitir que "el kirchnerismo conserve ese poder dentro de los concejos deliberantes" (Tiempo Sur, 18/7/25). Los libertarios del partido de Mar Chiquita afirman contar con evidencias contundentes: testimonios, documentos y audios, que prueban la misma lógica del armado en 2023, cuando Carrancio admitió vender candidaturas en dólares a dirigentes peronistas y acordar y definir con Kicillof distritos clave y el uso de recursos públicos para el financiamiento de campañas (realpolitik, 16/7/25). La venta de candidaturas, un método denunciado reiteradamente, se suma al último escándalo protagonizado por el concejal de LLA Pablo López, de Salta, acusado de llevar adelante retenciones salariales a cambio de favores sexuales, por una diputada de su mismo espacio. A esta altura se impone una conclusión. Por un lado, la prueba de que estas prácticas forman parte de la naturaleza de una banda de arribistas que viven de los recursos del estado al que aseguran hay que eliminar. Por el otro, que la arenga “anticasta” de Milei y sus socios no es otra cosa que una estafa. Las maniobras faccionales dentro del partido de Milei (y también dentro del peronismo), así como las componendas con el oficialismo bonaerense, exhiben una vez más que detrás de los discursos incendiarios de uno y otro lado, “la casta” de todos los partidos y gobiernos capitalistas es lo que persiste, mientras los trabajadores sufrimos sus ataques criminales a nuestras condiciones de vida. Los socialistas a los cuales Milei quiere eliminar, reclamamos el derecho a revocatoria de mandatos de todos estos procuradores del hambre y el derrumbe social.

Juan Pedro Martínez Piedraita se transformó en un nuevo deportado tras la firma del decreto migratorio por parte del presidente Javier Milei. Martínez Piedraita, de 60 años, es un trabajador uruguayo que esta semana fue expulsado del país por una causa con cinco años de antigüedad. Todo empezó cuando fue a hacer la renovación rutinaria de su DNI y funcionarios detectaron que tenía una contravención. Tras esto, una rápida acción policial lo detuvo y expulsó del país. Este capítulo muestra la predisposición del gobierno a aplicar esta nueva Ley claramente persecutoria de las familias migrantes que es parte de todo un andamiaje legal que busca amedrentar y acallar los derechos y reclamos de trabajadores y sectores vulnerables de la población. Su familia, esposa e hijas argentinas se encuentran denunciando este abuso policial y reclamando el derecho de Juan Pedro a vivir en el país. Este decreto incluye en sus artículos la iniciativa del cobro de la salud y la educación a los extranjeros y, bajo la excusa de la “lucha contra el narcotráfico”, la expulsión inmediata del país por delitos menores y contravenciones como práctica . Portales de derecha, amigos del gobierno, intentaron mostrar a Martínez Piedraita como un ciudadano peligroso y festejaron la acción coordinada entre Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones. La sentencia dictada por el juzgado se da bajo el Decreto 366 la reforma migratoria que norma la permanencia de los extranjeros en el país. No es el primero A pesar de lo publicado por varios medios, este trabajador uruguayo murguero y descendiente afro no es el primer expulsado bajo aplicación del decreto. El 1 de julio, los cinco integrantes de una familia palestina fueron maltratados en el Aeropuerto de Ezeiza y deportados. Tras estar retenidos 24 horas en migraciones en una pelea que incluyó el habeas corpus de su abogado y la aparición de una “alerta internacional” contra la familia que ya había visitado sin problemas una decena de países. Los Abu Farha son una familia que se dedica desde hace tiempo al turismo comercial. Se presentaron en Ezeiza con visas en orden emitidas por la embajada argentina en Tel Aviv, con carta de invitación, certificados de buena conducta y seguro médico en mano. Ahí fueron engañados por el personal haciéndoles firmar un papel y tratados de terroristas. Su abogado Uriel Biondi explicó en Pagina/12 que “la detención fue ilegal, el trato degradante y la deportación fue forzada por parte de las autoridades migratorias argentinas”. Finalmente, tras 24 horas retenidos en Ezeiza, los cinco palestinos fueron deportados en un avión directo a Estambul, recién en territorio turco pudieron recuperar sus pasaportes y trazar un difícil regreso a Belén su ciudad de origen. Días después a lo vivido por la familia palestina salió a la luz que la mencionada “alerta internacional” era falsa, confundía uno de los miembros de la familia por otra persona; desde Migraciones no fueron dadas mayores explicaciones. Migraciones sólo le permitió a la familia hablar con diplomáticos palestinos: “Lo que pasó fue increíble. Vivimos un infierno y no sé por qué pasó todo esto. Todo fue ilegal” se lamentó Sandy Bassam Hanna Abu Farha, una de las hijas. En una muestra clara del alineamiento con Estado Unidos e Israel del gobierno argentino copia a mansalva la guerra contra los migrantes que lleva adelante el gobierno de Donald Trump. En este caso usa el nuevo decreto migratorio para reforzar los cacheos y endurecer la entrada al país.

Después del éxito que significó Petróleo, donde el grupo teatral conformado por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes personificaba a un grupo de trabajadores petroleros para exponer cuestiones de género, ahora es el agotamiento del régimen político y sus miserias el que queda a la vista de todos, en una sátira que por momentos parece más realismo que otra cosa. El Parlamento en Órbita Global sesiona en una nave ubicada en el espacio exterior, debido a que las distintas cámaras legislativas de “abajo”, en la Tierra, están siendo incendiadas por la población. Si en nuestro país el Congreso funciona vallado y custodiado por las fuerzas represivas -que no dudan en apalear jubilados, gasear niñas o apuntarle a la cabeza de un reportero gráfico con una granada de gas lacrimógeno- en Parlamento directamente se debe abandonar el planeta para que sus integrantes no sean linchados. El Parlamento “funciona” en un escenario de blanca pulcritud donde se ubican los escaños. En claro contraste con esto, se puede observar el lugar que ocupa la presidencia de la cámara: una silla en lo alto unida a la larga escalera por la cual se accede, todo hecho de un material de tonalidad oscura, viejo en su apariencia, no muy firme. Allí, con mucha dificultad, sube y baja la presidenta -gran interpretación de Pilar Gamboa- encargada de hacer cumplir el reglamento y hacer funcionar a la cámara de representantes a como dé lugar. La sensación es que es que en cualquier momento puede caerse, la sesión, la presidenta, la silla con la escalera (el régimen político). La sesión convocada debe aprobar el presupuesto para la reconstrucción de los edificios legislativos que han sido incendiados abajo producto del asedio de la población a sus supuestos representantes; ataques que todavía continúan desarrollándose, según expresan las parlamentarias, poniendo en escena que la distancia que separa al régimen político de las necesidades de las masas es astronómica, literal y metafóricamente. La solución para la representante del partido Por la Libertad de Autopercibirnos en Guerra, la brasileña Neve da Cunha -interpretada por Valeria Correa- pasa por la libertad de portar y usar armas como parte de una legítima defensa personal; planteo que corporiza en su discurso de jura y que es imposible no asociar su forma con el bolsonarismo y el contenido con el “cárcel o bala” proferido regularmente por el energúmeno de José Luis Espert. Pero lo que parece ser la manifestación sólo de una ideología reaccionaria, en realidad, tiene un trasfondo económico: la diputada es dueña de una fábrica de municiones. Como el fascismo. El resto de la cámara también está conformada por mujeres pertenecientes todas a partidos de ultraderecha: Ante el Caos de la Civilización, cuya representante es una outsider de la política, empresaria, Hortensia Caridad Morales (Laura Paredes), y Juntos Vamos a Recuperar el Deseo Original, de la diputada Messina (Elisa Carricajo). Imposible, en este punto, no hacer un contraste con la obra anterior del grupo -Petróleo- dado que ahora son mujeres corruptas, arribistas y despiadadas las que expresan las tendencias más reaccionarias ocupando cargos legislativos. En la sesión, como no podía ser de otro modo, arrecian las chicanas, las denuncias de corrupción, la rosca; todo enmarcado en un muy buen trabajo con la gestualidad y la jerga propia de las cámaras legislativas. Son constantes los llamados al orden de la presidencia porque “la democracia pende de un hilo” y hay que mantener vivo el Parlamento. Pero es un esfuerzo inútil que se ve reflejado en su cuerpo y en su destino: la transmutación de la presidenta pone al desnudo que el régimen político utilizará hasta los últimos recursos para mantenerse en pie. El final, en la voz de Federico Zypce -quien además está a cargo del diseño sonoro y es quien personifica a la bandera de ceremonias que preside la sesión-, recupera la canción de una famosa publicidad de mediados de los años ochenta, interpretada por niñas, niños y jóvenes en un parlamento, que hablan del futuro, de la esperanza. La sátira termina siendo implacable con el régimen político vigente: porque deja en evidencia, por medio de este gesto humorístico altamente eficaz, que su descomposición ni siquiera le permite ver que quienes ayer tenían esperanzas y hablaban del futuro en un parlamento que los contenía, son los mismos que hoy, cuarenta años después, están defendiendo lo poco que les queda de eso incendiándolo. En tiempos donde la barbarie emerge y se extiende, es prácticamente imposible que un documento de cultura no lo refleje de alguna forma. Y el humor puede ser uno de los modos más adecuados, porque como decía Bertolt Brecht, no conocía a nadie carente de sentido del humor que fuera capaz de entender la dialéctica, o sea, el devenir de la realidad.

La crisis política en Estados Unidos escaló el jueves pasado, cuando el Wall Street Journal publicó una nota sobre una supuesta carta de cumpleaños obscena que Trump escribió al pedófilo y explotador sexual Jeffrey Epstein. Por esto Donald Trump presentó una denuncia contra el propietario del periódico, Rupert Murdoch, por difamación y calumnia ante el tribunal federal del Distrito Sur de Florida en Miami. También solicitó a su fiscal general Pam Bondi que publique todos los testimonios "relevantes" del proceso judicial relacionado con Epstein. La fiscal confirmó que está preparada para solicitar a un tribunal el levantamiento del secreto sobre testimonios prestados ante un gran jurado en este caso. (Perfil 18/07) Trump, que desde que asumió está amenazando con destituir a los jueces que fallan en su contra y los acusa de “odiar a los Estados Unidos”, ahora dice estar dispuesto a acatar lo que digan los tribunales y ha pedido que la divulgación de los testimonios del gran jurado relacionados con Epstein esté “sujeta a la aprobación” de la Corte. Como para dar muestra de lo endeble que este escándalo está dejando a su gobierno. La amistad entre Trump y Epstein durante las décadas 80’ y 90’ es conocida, pero la nota del WSJ sale a luz en un momento sensible para los militantes de MAGA (Make America Great Again). Entre los presuntos clientes de Epstein siempre trascendieron nombres prominentes de Hollywood y del Partido Demócrata, entre otros muchos sectores de élite , razón por la cual, el caso Epstein fue tema recurrente de agitación, durante años, de los seguidores de Trump, quienes lo utilizaban como ariete contra “el estado profundo”. Por esto los fascistas de MAGA se indignaron cuando el 7 de julio el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron que Epstein no había chantajeado a ninguna figura prominente ni mantenía una "lista de clientes". Asimismo, en el mismo memorándum conjunto, declararon que Epstein se había suicidado en la cárcel a pesar de que la revista The Wired, por ejemplo, reveló que el video publicado sobre los momentos previos al suicidio de Epstein fue editado con el software de edición de Adobe Premier, le faltan tres minutos, y que no funcionaban la mitad de las 150 cámaras de vigilancia del centro de reclusión de Manhattan, las cuales no se pudieron arreglar el día anterior al “suicidio” porque, debido al cambio de guardia, ningún vigilante pudo atender al técnico. Por el caso, la única que cumple una condena de 20 años de prisión es la socialité británica Ghislaine Maxwell, antigua novia y asistente de Epstein, sentenciada en 2021 en Nueva York por tráfico sexual de menores. El Mossad Otra escalada la protagonizó el comentarista conservador Tucker Carlson cuando en un discurso el viernes en un evento de Turning Point USA insinuó que Jeffrey Epstein estaba trabajando para los servicios de inteligencia de Israel. En el mismo acto, Carlson dijo que “El encubrimiento ha estado ocurriendo desde 2007, casi 20 años” (Jerusalem Post, 13/07). Luego, cuando Naftali Bennett, exprimer ministro israelí, lo desmintió, Carlson lo retó a que le diera una entrevista, reafirmando lo dicho. La versión de que Epstein trabajaba para el Mossad y que todo se trató de una red de pedofilia para después poder extorsionar a sus clientes -entre los que se encontraban según declaraciones de las mismas denunciantes desde Bill Clinton hasta el príncipe Andrés-, está ampliamente difundida y cuenta con varios indicios. El exoficial de inteligencia israelí Ari Ben-Menashe ya había hecho pública una denuncia al respecto. La denunciante Victoria Giuffre señaló haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con el exprimer ministro de Israel, Ehud Barak, cuando era menor de edad. Las listas también incluían al abogado Alan Dershowitz, quien fue el designado por Benjamín Netanyahu para defender al Estado de Israel ante la Corte Internacional de La Haya. Para otros analistas, Epstein era un agente doble. Cuando Alexander Acosta, nombrado secretario de Trabajo, fue interrogado acerca de la razón por la que, como fiscal de La Florida, había hecho un acuerdo judicial con Epstein que lo había liberado de pasar varios años en la cárcel por haber explotado 36 menores, respondió que “alguien de arriba le dijo que lo hiciera” porque el banquero “trabajaba para los servicios de inteligencia”. El periodista británico Nigel Rosser informó en enero de 2001 en el Evening Standard que Epstein había afirmado que él había trabajado para la CIA durante los años 80 y 90. “Epstein tiene licencia para portar un arma oculta, alguna vez afirmó haber trabajado para la CIA, aunque ahora lo niega, y posee propiedades en todo Estados Unidos”. Según The Washington Post, el padre de su esposa, Robert Maxwell, propietario de grandes pulpos mediáticos, como el Mirror y Pergamon Press, fue enterrado con honores, en 1991 en el cementerio del Monte de los Olivos de Jerusalén, frente al Muro de las Lamentos, con la presencia de los por entonces primer ministro, Yitzhak Shamir, el presidente Chaim Herzog y Ariel Sharon. La nota se tituló: “Israel le da a Maxwell una despedida digna de un héroe”. Maxwell, fue señalado por el periodista Seymour Hersh de colaborar con el Mossad en el secuestro del técnico nuclear Mordecai Vanunu, responsable de revelar el programa nuclear de Tel Aviv. También ha sido acusado de comercializar el software Promis, sobre el que pesan sospechas de haber sido utilizado por Israel para espiar a los países compradores. Antes había colaborado con los servicios de inteligencia británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los funcionarios más repudiados por la base de MAGA junto con la Fiscal Federal, es el jefe del FBI, Kash Patel, quien, antes de asumir el cargo, había dicho que si “el FBI protegía al mayor pederasta de la historia era por quién estaba en su lista de clientes". En línea, surgió la acusación de que su cambio de postura respecto al caso tenía que ver con su relación con Alexis Wilkins, una cantante country de 26 años, que forma parte de la empresa de medios conservadora Prager, liderada por Marissa Streit, exoficial de las Fuerzas de Defensa de Israel. Según New York Times, el segundo en el FBI, el subsecretario Dan Bongino -quién durante la campaña actuaba como una especie de “Gordo Dan” de Trump- está cerca de renunciar después de enfrentarse con la fiscal Pam Bondi en una reunión cerrada en la Casa Blanca a principio de la semana pasada. Bondi acusó a Bongino, uno de los principales promotores de las teorías alrededor de Epstein, de filtrar información de la investigación sobre el caso a los medios de extrema derecha del mundo trumpista. El propio Trump tuvo que desmentir la renuncia de Bongino y calificó el caso Epstein como una teoría de la conspiración creada por Hillary Clinton y Barack Obama, argumento que no tuvo que ser desmentido por los demócratas ya que fue objeto de burla por sus propios seguidores fascistas. Como la lista de Epstein abarca todo el arco político y más allá de las fronteras, el encubrimiento cuenta con todos los apoyos y los demócratas observan impasibles al trumpismo implosionar por su propia lengua. Mientras, en otros frentes, desesperado por una deuda externa que no puede cubrir, Trump se enfrenta al consorcio de bancos que integran la Reserva Federal y que a través de Jerome Powell se niegan a bajar las tasas de interés, acepta mandar unos misiles a una guerra que ya había dada por terminada en Ucrania, y observa impávido como Israel le bombardea al yihadista que la CIA entrenó en Guantánamo para que le hiciera de gobierno títere en Siria . LEER MÁS: Crisis política en Estados Unidos por las tramas de encubrimiento sobre Jeffrey Epstein y su posible asesinato Por Aldana González, 16/07/2025.

Los incidentes desatados en Torre Pacheco, un pueblo de Murcia, a raíz de la paliza el 9 de julio a un vecino a manos de tres inmigrantes magrebíes muestran la punta del iceberg de la violencia desatada contra la inmigración que es la mano de obra que mantiene en pie la actividad agraria de España. Antes del incidente de Torre Pacheco una violación en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares provocó una hola de xenofobia sin que la autoría del delito esté clara, y el sábado 19 de julio los grupos de ultraderecha convocaron allí una manifestación contra los emigrantes y por el cierre de un centro de acogida en esa ciudad que califican como el origen de la criminalidad en Alcalá de Henares que reunió a 150 personas. La campaña del cierre es además un eje de disputa entre la Comunidad de Madrid gobernada por el PP y el Gobierno de Pedro Sánchez. En Torre Pacheco un 30% de la población es inmigrante y se dedica a la actividad agraria con sueldos por debajo de convenio y en condiciones precarias. Una parte considerable de esa mano de obra no está sindicalizada porque carece de documentación española y los sindicatos no aceptan trabajadores indocumentados. En general están en periodo de regularización de su situación y solo son asistidos por las organizaciones no gubernamentales. La mano de obra “ilegal” o alegal recibe por su trabajo una retribución muy inferior estipulada para la cantidad de horas reales de su trabajo. Esta es la base de la rentabilidad de la producción agraria española. La golpiza a un vecino anciano del pueblo provocó una reacción de repudio generalizada y de la propia comunidad musulmana en Torre Pacheco cuyo presidente Nabil Moreno lleva viviendo allí 25 años. La acción violenta dio pie movilizaciones convocadas por grupos de ultraderecha y fascistas que acudieron de forma masiva al pueblo en lo que el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska calificó de “cacería de inmigrantes”. En el pueblo, jóvenes magrebíes y miembros de una segunda generación de inmigrantes hicieron frente en algunos barrios a a los grupos organizados procedentes de otras ciudades de Murcia. Un fuerte despliegue policial separó a las fuerzas enfrentadas y detuvo al menos a 13 personas. Las movilizaciones convocadas provocaron incidentes durante los días 15,16 y 17 de julio. Los grupos de ultraderecha y fascistas agitan permanentemente la presencia de inmigrantes como el motor de la criminalidad, la violencia y los delitos sexuales en España. Un fenómeno que caracteriza a la derecha y la extrema derecha a escala internacional sin excepción. Discurso que se extiende en contra de la realidad estadística que demuestra que en todas las formas de criminalidad los delincuentes son de forma abrumadoramente mayoritaria españoles, como ocurre en el resto de los países. Su agitación sin embargo ha calado en un sector de la juventud y sirve como telón de fondo a una fuerza política en ascenso que aspira a la expulsión de inmigrantes: el partido Vox, con fuertes vínculos con el fascismo internacional como es el caso de Javier Milei y su Libertad Avanza, y seguidores de Donald Trump desde la primera hora. En Europa pertenece al grupo Patriotas por Europa, junto a Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. La campaña tiene un objetivo claro, reforzar la sumisión de los trabajadores inmigrantes a sus condiciones de explotación extrema por el miedo a la regimentación mediante la violencia ultra al margen del aparato del estado. La consecuencia es la opresión por sistema. Menudean las denuncias de abuso sexual de trabajadoras magrebíes en el campo. El ataque a los trabajadores por su raza es también parte indisoluble de la ofensiva del capital contra los trabajadores en general como se vio en distintas represiones contra manifestaciones y medidas de fuerza (metalúrgicos de Cádiz, Acerinox, Ferrol, Cartagena, Zaragoza…). En este contexto el papel de los sindicatos CCOO y UGT es realmente vergonzoso. Incluso de las organizaciones que se reivindican clasistas. Ninguna de ellas se ha lanzado a la organización de los trabajadores migrantes en el sector agrario o de la construcción, para la defensa de sus condiciones de trabajo y salario ni a la unidad de los trabajadores nativos y extranjeros contra la política represiva del gobierno y de las bandas fascistoides. No hay un trabajo organizado dentro de los sectores donde de forma mayoritaria los trabajadores son migrantes. En algunas zonas del Maresme de Cataluña ocasionalmente ha surgido la auto organización de los trabajadores. En la zona del Ejido en Murcia en las zonas de producción intensiva de frutas y verduras se han registrado luchas de forma aislada y hace 25 años una fuerte reacción social contra los trabajadores migrantes. Pero en ningún caso se han organizado movilizaciones nacionales de repudio a los ataques contra los trabajadores migrantes, contra la xenofobia creciente, por la igualdad salarial y las condiciones de trabajo de este sector. Mientras tanto, los jóvenes españoles de Torre Pacheco, como los del resto de España, emigran buscando niveles salariales más altos y oportunidades laborales en economías más desarrolladas del resto de Europa. Son, en sus países de destino, como los inmigrantes en España. Masas de trabajadores españoles constituyeron una de las corrientes migratorias más fuertes junto con Portugal tras la segunda guerra mundial para paliar la desocupación y el hambre. Las remesas de los emigrantes fueron un pilar de la balanza de pagos del país. Ahora una juventud sometida a una deflación interna brutal tras la crisis de 2008/2010 que se ha reflejado en salarios que en general no sobrepasan los 1.000 euros, vuelve a buscar un futuro al otro lado de sus fronteras. Las organizaciones sindicales sistemáticamente renuncian a una movilización centralizada y nacional por el salario y las condiciones de trabajo mientras cantan loas al gobierno del PSOE Sumar. La desmoralización de la juventud, su desengaño político tras la experiencia con Podemos y Sumar, sus condiciones de existencia, el precio inabordable de los alquileres y la vivienda y la evidencia del deterioro creciente de los beneficios sociales, desde la sanidad hasta la jubilación están en la base del predicamento creciente de Vox y de los grupos fascistas. El gobierno de PSOE-SUMAR se ha tomado su tiempo para reaccionar frente al accionar de estas bandas como siempre, mientras se despliega la complicidad de la policía con los manifestantes. El gobierno, que se presenta como el que frena a la derecha, queda al descubierto cuando se trata de reprimir a los trabajadores en lucha como ocurrió en las huelgas del metal en Cádiz o con los seis de Zaragoza condenados a 4 años y seis meses de cárcel por una manifestación contra Vox, o las 6 sindicalistas de La Suiza condenadas a tres años de prisión por protestar contra sus condiciones de trabajo. La ley mordaza sigue vigente y este gobierno mantiene a presos políticos. Más de 30 trabajadores y familiares detenidos como consecuencia de las movilizaciones en Cádiz, multas exorbitantes mientras las agresiones de la derecha apenas sufren represión y sanciones. Una parte de la izquierda, incluso la que se llama marxista, diferencia la ultraderecha y la judicatura del gobierno, cuando lo que hay que remarcar es la asociación de todas estas organizaciones y el gobierno detrás del mismo objetivo: dividir a los trabajadores para hacer retroceder sus luchas. La clarificación política de clases es el primer paso imprescindible para la organización de los trabajadores. Delimitarse de los partidos y sindicatos que ocultan el rol del gobierno que forma parte de un plan represivo, de guerra no solo contra el “enemigo” externo sino contra los trabajadores que se ven afectados por los recortes que impone el aumento del presupuesto militar para financiar a la OTAN. Esto no quiere decir que no haya que participar en concentraciones y manifestaciones contra la represión, pero firmar con los que ocultan el papel del gobierno y poner solo el eje en la ultraderecha y la judicatura es colaborar a la confusión que precisamente introducen estas organizaciones para seguir alimentando la idea del supuesto progresismo del gobierno que los reprime y deja hacer a los grupos de la derecha. El huevo de la serpiente solo puede ser aplastado con la movilización de las masas. El vacío generado por la deserción de las fuerzas sindicales ante la movilización de la ultraderecha y el fascismo es el camino de la derrota. Es la crisis irreversible del capital, con su necesidad de súper explotación creciente lo que expulsa a la juventud de su tierra. Es la misma crisis irreversible que encadena a los trabajadores inmigrantes a sueldos de hambre y condiciones de trabajo intolerables. En España se prepara un ascenso aun mayor de la derecha y el fascismo. Las continuas concesiones del Gobierno de PSOE Sumar a las presiones del capital y el imperialismo mundial son la antesala de ese reforzamiento. En Francia el anuncio de recortes presupuestarios de 44.000 millones de euros para alimentar la maquinaria bélica ha colocado al país al borde de una crisis política. Los planes presupuestarios para España no serán mejores con este gobierno o con el próximo. El Gobierno ni siquiera tiene fuerza para votar un nuevo presupuesto y la prórroga del actual dejará cualquier mejora de la sanidad y la educación, cualquier propuesta de mejorar el problema de la vivienda en nada. La lucha contra la guerra, contra la persecución de los migrantes es indisoluble de la lucha por el pleno empleo y sueldos dignos para la juventud. Es la lucha por el acceso a la vivienda. La izquierda y las organizaciones sindicales que se reclaman de la clase obrera deben abrir un debate para la movilización unitaria de masas contra los recortes sociales y contra la guerra, contra el fascismo y los gobiernos corruptos. Por un gobierno obrero.

La docencia autoconvocada encabezó una multitudinaria manifestación junto a trabajadores de Vialidad Nacional, estatales, investigadores del CONICET y jubilados, en las inmediaciones del Predio Ferial de Catamarca, durante el acto de apertura de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarroel y funcionarios provinciales y municipales. Con la paritaria docente aún inconclusa y el intento del Gobierno de imponer una pauta del 5 % y aumentos bimestrales atados al IPC hasta febrero de 2026 —una fórmula de ajuste y congelamiento salarial—, la docencia volvió a tomar la iniciativa. La manifestación tuvo como factor dominante, el rechazo a esta política general de empobrecimiento, las dilaciones y maniobras del Gobierno y la burocracia sindical. Se destaca la participación de los jubilados autoconvocados y de trabajadores de Vialidad Nacional, amenazados por las políticas de disolución del Estado nacional. También estuvieron presentes otros organismos afectados por la política de ajuste, como investigadores del CONICET, trabajadores de obras públicas y de la salud provincial. Desde temprano, la concentración comenzó en las inmediaciones del Predio Ferial y avanzó hacia las calles colindantes. Allí, docentes y trabajadores elevaron sus reclamos con carteles, cánticos y altavoces dirigidos al poder político. La respuesta del gobierno fue el despliegue de las fuerzas represivas para el amedrentamiento y para obstaculizar la protesta. En coordinación con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, desplegaron un operativo con brigadas de choque, canes, motorizados y efectivos armados con munición letal. Este despliegue, brutal e injustificado, y la predisposición para la represión física tuvo como blanco a docentes, trabajadores y jubilados que ejercían su derecho legítimo a la protesta. A pesar del cerco policial, la manifestación rodeó el predio por sentido contrario y logró acercarse a la entrada principal, donde nuevamente se intentó bloquear el avance con fuerza represiva. Sin embargo, la movilización permaneció firme hasta pasado el mediodía. Dentro del predio, otro grupo de docentes con carteles hizo visible el reclamo en las puertas del mismo salón donde se realizaba el acto oficial, coincidiendo con familias y vecinos que exigían soluciones habitacionales y acceso a la vivienda. La acción en Catamarca tuvo su eco en Belén, donde los docentes convocaron a replicar la protesta durante la apertura del Festival Cuna del Poncho, también con presencia de autoridades. Aunque aún sin reacción visible, los sectores estatales cuyas burocracias sindicales firmaron acuerdos a la baja comienzan a procesar el impacto de una política salarial que los deja por debajo de la inflación y los expone a la precarización. Frente a este panorama, la experiencia de lucha autoconvocada marca el camino. El repudio a la burocracia sindical y la decisión de avanzar con sus propias iniciativas ha demostrado que la docencia avanza por medio de la lucha autoconvocada. Se han dado los primeros pasos hacia la coordinación intersectorial, con reuniones entre referentes que señalan un horizonte claro: unidad de acción por los reclamos comunes, articulación local y provincial, y la perspectiva de una acción conjunta de los trabajadores, en función de la huelga general.

Fernanda Díaz será la primera candidata a concejal de Política Obrera. Agustina Vaccaroni, en tanto, encabezará la lista de senadores Política Obrera, el partido de izquierda que conduce el histórico dirigente Jorge Altamira, confirmó a Fernanda Díaz como primera candidata a concejal en General Pueyrredón. Díaz es historiadora y delegada docente, y ya ha sido candidata en elecciones anteriores. En tanto, la nómina de la quinta sección es encabezada por Agustina Vaccaroni, investigadora y trabajadora universitaria. El espacio político resaltó que tanto su lista local como seccional están integradas por “docentes, jubilados y trabajadores despedidos y precarizados, del correo, de la salud, del pescado, de la construcción, estudiantes universitarios, que son también trabajadores precarizados, referentes de Derechos Humanos y artistas”.

La tradicional presentación de candidatos que conduce Marcelo Bonelli en TN los sábados de cierre de listas estuvo cerca del naufragio. Ninguna de las dos fuerzas llamadas a polarizar la elección bonaerense -la del gobierno nacional y la del pejotakirchnerismo- se presentaron al programa. No se trató de un boicot, sino que no estaban definidas las candidaturas centrales. Hasta las 23.30, el oficialismo no las tenía. En cuanto al peronismo, sólo se conocieron a las cinco de la mañana del domingo, después de varios conatos de ruptura. Para evitar un colapso político, Junta Electoral terminó prorrogando la inscripción hasta las 14 de este lunes. Es probable que a la Junta se le haya ido la mano, pues ofreció suficiente tiempo como para reabrir las discusiones de candidatos y las amenazas de ruptura. El acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO dejó a la mitad de los intendentes macristas en desacato, en ciudades de la importancia de Junín y 9 de Julio. Otros jefes de distrito, como la intendenta de Vicente López, se mantuvo en la Alianza a sabiendas de que no hará nada en su distrito por la boleta de senadores provinciales que encabeza el exmacrista Valenzuela. Con todo, la mayor crisis de esta lista es la que cruzó al propio oficialismo: la facción de Karina Milei y los Menem dejó sin cargos a la camarilla de Santiago Caputo. Esta fractura está causada por una divergencia estratégica sobre el futuro del régimen “libertario”. Ocurre que Karina Milei defiende la formación de un partido nacional, y apuesta a disputarle a los gobernadores los diputados y senadores que serán electos en octubre. En cambio, Caputo se inclina por los acuerdos distritales con los gobernadores, porque teme que los votos que puedan cosechar las listas “puras” de Milei no alcancen para darle al Gobierno el aval a las reformas reaccionarias que se traman para después de las elecciones -laboral, previsional, impositiva-. La crisis con los gobernadores, expresada en la última votación del Senado, ha reducido la posibilidad de esos acuerdos electorales a muy pocas provincias -Mendoza, Chaco, probablemente Entre Ríos-. Según Morales Solá, Macri ha comenzado a trabajar en una “alternativa política”, pero sin Milei. En cuanto a los candidatos, el clan Karina-Milei le entregó la cabeza de la estratégica 3ª sección a un comisario de la bonaerense. Apuestan a una campaña de carácter fascista, en medio de un agravamiento extraordinario de la miseria social que tiene a esa “sección” como su epicentro. Peronismo El peronismo sólo evitó una ruptura cuando Cristina Kirchner aceptó que la 1ª y la 3ª secciones electorales fueran encabezadas por dos alfiles de Kicillof, Katopodis y Magario. Algunas horas antes, el gobernador había dado la orden de avanzar en la presentación de listas propias para el caso en que La Cámpora insistiera en defender a la intendenta de Quilmes o a algún otro partidario de Cristina para la 3ª sección. Con ello, Kicillof puso de manifiesto que la “unidad” se encontraba condicionada a un objetivo superior: retener el protagonismo de la lista para sí y para los intendentes, para quienes Cristina ha pasado a ser un trasto molesto. Con su amenaza de ruptura, Kicillof dejó claro que una eventual derrota ante Milei, generada por la división, constituía un mal menor frente a la alternativa de seguir admitiendo un liderazgo de Cristina. La madrugada del domingo, por lo tanto, parió a una precaria unidad peronista y ha sancionado un repliegue político del camporismo. Las “nuevas partituras” de Kicillof auguran otro rumbo -un frente transversal con los ajustadores provinciales, como Pullaro o Llayora-. El panorama del peronismo se completa con la decisión de los intendentes del sector de Kicillof de encabezar testimonialmente sus listas municipales. Quieren blindarse frente a la derrota electoral que, al menos hasta ahora, adelantan las encuestas para las secciones electorales. El escenario de la campaña que se viene será de boicots “cruzados” entre La Cámpora, de un lado, y Kicillof y los intendentes del otro. Crisis en puerta El cierre de listas ha dejado en evidencia una crisis política que se proyecta para la elección de octubre y después. Milei ha repetido en diferentes círculos patronales que la elección de octubre será “crucial” para alcanzar el aval político y parlamentario necesario para una arremetida definitiva contra el derecho al trabajo, las jubilaciones, la salud o el régimen de impuestos. Este horizonte, sin embargo, se encuentra ahora condicionado. Por una parte, los liberticidas consideran que un 35 % de votos -como estiman las encuestas a nivel nacional- los dejaría lejos de un bloque parlamentario con capacidad para bloquear rechazos a un régimen que gobierna por medio de decretos. Esta incertidumbre divide a los que se juegan por el “partido propio”, de un lado, de los que quieren tender puentes con los gobernadores, del otro. Pero con relativa independencia de las encuestas, está la cuestión de fondo, que es el agotamiento del régimen económico. Hay un conato de fuga de los fondos especulativos y, por ende, una corrida cambiaria, lo que aumenta la probabilidad de default. El régimen de la motosierra ha profundizado la caída del salario (5,5 % en los primeros cinco meses del año, a pesar de la cacareada disminución de la inflación); lo mismo con el empleo y la ocupación industrial. La elevación de los intereses resuelta para frenar la corrida contra el peso agravará ese escenario recesivo. Los mileistas advierten que los gobernadores trabajan por un planteamiento económico y político alternativo. Las elecciones bonaerenses y, enseguida, las nacionales tienen un final incierto.

En medio de la crisis entre el gobierno nacional y los gobernadores por los fondos de coparticipación y los ATN, el salteño Gustavo Sáenz volvió a protagonizar un acto de sometimiento a la política de Milei. El gobernador se reunió con funcionarios nacionales para que lo autoricen a tomar un nuevo crédito, esta vez internacional, con el FONPLATA, por USD$100 millones, para ejecutar obras en rutas nacionales y provinciales, que habiliten una salida directa al Pacífico. Estas obras forman parte de un viejo reclamo de los capitales mineros y agroexportadores que operan en la provincia, a fin de abaratar sus costos de producción y exportación. Los usd$100 millones tendrían como propósito el pavimento de un tramo de Ruta Nacional 51, una obra que Nación dejó paralizada, completar el bypass de Quijano y mejoras en ruta provincial 24, además de obras de infraestructura de agua, cloacas y plantas potabilizadoras para la Puna. A fuerza de un golpe de Estado económico contra los trabajadores en la provincia, con el libreto de Milei, Sáenz ha mantenido como política de "equilibrio fiscal" un endeudamiento permanente a costa de la confiscación de salarios, trabajo precario, vaciamiento en salud y educación. En 2024 Sáenz tomó una deuda por usd$40.000 millones con el banco Macro, para pagar vencimientos de la deuda heredada del exgobernador Juan Manuel Urtubey. En 2019 Urtubey dejó una deuda de 640 millones de dólares en la provincia, entre el Fondo de Reparación Histórica (FRH) y el Fondo del Bicentenario (FB), para la construcción de obras de infraestructura en el norte de la provincia que nunca se hicieron. En el 22 y 23 Sáenz y Massa firmaron un convenio por 17 millones y más adelante por mil millones en 2024, también usaron esos fondos para pagar vencimientos del FB. Mientras Sáenz y su ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, celebran haber cancelado un 40 % de su deuda en 5 años, la clase obrera salteña se ha hundido en la pobreza al mismo ritmo. Solo en el último año se destruyeron 10.000 puestos de trabajo, el 50 % formales; más de la mitad de los trabajadores son precarios y el 60 % de los trabajadores tiene ingresos por debajo de la canasta familiar. A pesar de semejante desangre contra las masas obreras, la provincia todavía arrastra una deuda por $484.500 millones, sin contar el nuevo empréstito para obras que reclaman al gran capital. El fracaso del plan económico de Milei-Caputo, en vísperas de una nueva corrida cambiaria, arrastra a la ruina a las provincias. Los gobernadores y Sáenz en particular son garantes y sostenedores de esta quiebra económica y del consiguiente golpe de Estado económico y político contra trabajadores y jubilados. Pero también se agravan las contradicciones y choques entre los intereses económicos de las camarillas capitalistas que sostienen a Sáenz -especuladores inmobiliarios, del turismo, mineros y agrarios-, lo que profundizó la crisis del régimen político, con sectores del capital que buscan variables alternativas para reemplazar a Milei, bajo la batuta de una fracción de los gobernadores. Sáenz coquetea con un frente federal detrás de Pullaro, pero no rompe con "las fuerzas del cielo". Es el conservadurismo propio de la clase social que representa. A esto responde el nuevo endeudamiento de la provincia, como resultante inmediata del reclamo del capital financiero, el aparato del Estado puesto al servicio del rescate de los negocios capitalistas; por eso Sáenz eliminó impuestos e ingresos brutos para los sectores empresariales, a costa del vaciamiento de las arcas del Estado. Semejante hipoteca está siendo pagada con la confiscación serial del salario a los docentes y trabajadores de la salud, la destrucción del sistema educativo y de salud, la ausencia de obras de infraestructura, urbanización y vivienda. Sáenz se disfraza de opositor, pero reduce a Salta a la orientación política reaccionaria y fascista del liberticida Milei; el federalismo que pregona consiste en que cada provincia vele por su propio funcionamiento, a costa de la miseria y el empobrecimiento de sus trabajadores. Las garantías para el capital de esta deuda van a ser las tierras, los minerales, el agua y los bosques.

Mañana martes 22, a las 10.30 horas, Politica Obrera hará la presentación de sus listas y candidatos para las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Estarán presentes Marcelo Ramal y Mariela Arri, quienes encabezan la lista de diputados por la 3ª sección electoral, junto a Pablo Busch y Patricia Urones, al frente de la lista en la 1ª sección electoral. Además, concurrirán los candidatos a concejales de las principales municipios del conurbano. Entre ellos, Mariano Hermida (La Matanza), Silvia Allocati (Avellaneda), Walter Sánchez (San Isidro) y Joaquin Antúnez (Quilmes). En la conferencia, estará presente el dirigente de Política Obrera Jorge Altamira, que participará activamente de la campaña bonaerense. La conferencia de prensa tendrá lugar en el bar “Quequén”, Velez Sársfield 271, Avellaneda. Marcelo Ramal 11 5690 1943 Jorge Altamira 11 44237873 Mariela Arri 11 3012 0401 Pablo Busch 11 3049 7824 Patricia Urones 11 3520 2662

La patronal de Tenaris-Siderca despidió a una ola de trabajadores entre el viernes pasado y la mañana de hoy. Todavía están llegando los telegramas a las casas de los trabajadores, por lo que la lista que hasta ahora asciende a 70 trabajadores todavía podría ser mayor. Los despidos masivos coronan una avanzada de la patronal siderúrgica con el congelamiento de las paritarias, las suspensiones de trabajadores -preacordadas con la complicidad UOM como dispensas- y un retroceso tremendo en las condiciones de trabajo, especialmente de los tercerizados. Los despidos masivos son un golpe al pueblo de Campana y las zonas aledañas, en tanto conllevan a un retroceso social y económico del conjunto de la población. Mientras tanto, la patronal de Paolo Rocca se ha embolsado miles de millones de dólares en los últimos años a costa de los trabajadores, convirtiendo a sus dueños en los millonarios más ricos del país. La polarización real en esta etapa política es entre el interés del capital, que significa llevar a un retroceso histórico a la clase obrera, y los intereses de los trabajadores, que es vivir una vida que merezca ser vivida. Llamamos al conjunto de la población de Campana y de toda la zona norte a iniciar una movilización política para derrotar los despidos en Siderca.

El 14 de julio de 1975, Rubén Cartier, intendente de La Plata electo dos años antes dentro de la lista del peronismo, fue asesinado en la calle a manos de bandas paramilitares de la derecha peronista. Su asesinato se encuentra impune y un largo manto de silencio se tendió sobre su muerte durante décadas. Entrevistamos a Frank García Hernández, historiador y militante de Comunistas de Cuba, quien se encuentra escribiendo un libro sobre este crimen político. PO: ¿Quién fue Rubén Cartier y en qué contexto llegó a la intendencia de La Plata? FGH: Lo primero que es necesario tener en cuenta es que la figura política de Rubén Cartier destaca por tres motivos: primero, haber sido el intendente electo en La Plata en marzo de 1973 por el Frente Justicialista de Liberación; segundo, que Cartier llega a la intendencia con un abierto discurso de izquierda peronista y tercero que es asesinado por la ultraderecha -14 de julio de 1975-. Estos tres aspectos: intendente peronista de La Plata, electo en el convulso 1973 alineado con el discurso del socialismo nacional y asesinado por la ultraderecha, es lo que sintetiza a Cartier, lo que le da su peso en la historia, pero que, paradójicamente, es también lo que provocó su silenciamiento. Obviamente, existe un Rubén Cartier previo a marzo de 1973. Ese Rubén Cartier es un peronista nato: dirigente fundador de la Confederación General Universitaria, profesor de historia y geografía en la Universidad Nacional de La Plata proscrito tras el golpe militar antiperonista de 1955 y que, aún bajo la dictadura, continúa una fuerte labor militante y funda en 1966 una escuela sindical a la que da el nombre de 1º de Mayo. Atención con esto, porque paradójicamente el 1º de Mayo no es precisamente la fecha favorita de los peronistas. Cartier se había ido construyendo una imagen de profesor impoluto, consecuente con sus ideas, que continúa su trabajo de magisterio en la enseñanza secundaria en Magdalena y Los Hornos. Ante el vandorismo -tendencia derechista peronista que plantea el peronismo sin Perón-, Cartier junto a un grupo de colaboradores fundará el Bloque Leales a Perón. Es decir, si bien no era un alto cuadro del peronismo platense, ya para cuando se define la fórmula de intendente, Cartier ha ganado su puesto. ¿Por qué escoger a Cartier como candidato a intendente y no una figura de mayor relieve? Por dos motivos: Cartier no pertenecía a ninguna corriente interna del peronismo y la designación de fórmulas del FREJULI estuvo dada por fuertes polémicas. Recuérdese que para lograr la fórmula a gobernador de Buenos Aires -lo cual sucedió en un congreso realizado en Avellaneda- la derecha sindicalista impuso su candidato a vicegobernador, el funesto Victorio Calabró, literalmente a golpes. En cambio, Cartier era de todos y al mismo tiempo de nadie. Cartier representaba el equilibro entre todas las tendencias internas, salvo la derecha sindicalista. El segundo aspecto es la adhesión de Cartier al socialismo nacional. Ya para 1973, como aparece en las entrevistas que le realizan y según se recoge en testimonios, Cartier hace explícita su adhesión al socialismo nacional, es decir, el discurso de Montoneros. Esto llega al punto de que, cuando se lanza la candidatura de Cartier en La Plata, la única bandera era de Montoneros -acto al cual no asistió Calabró, quien abiertamente admiraba a Franco-. Entre las primeras entrevistas que ofrece tras el triunfo electoral Cartier afirma: “estamos con la revolución permanente”. Sus escoltas, como lo han testimoniado y se puede constatar en fotos, eran mayormente militantes montoneros. En su discurso de toma de posesión Cartier insiste una y otra vez en que su gestión se hará “en el marco de la construcción del socialismo nacional”, llama a crear “una comuna verdaderamente revolucionaria que rompa con el reformismo”, incluso a enfrentar, y lo dice con estas palabras: “el sistema capitalista burgués”. Cartier incluso recomienda a su sobrino leer a Marx, Engels y Lenin y varios familiares cercanos testimonian que el socialismo nacional era una constante en su discurso. De hecho, uno de sus escoltas, el montonero Raúl della Casagranda, testimonia que adhirió al peronismo tras escuchar a Cartier en la campaña de intendencia cuando hablaba una y otra vez del socialismo nacional. Esto no quedará solo en el discurso. Cartier intenta establecer lazos directos con el gobierno cubano e invita al embajador soviético a colocar la flor nacional de su país en el Jardín de la Paz que hasta el momento no estaba representada y, para ello, iza una bandera de la URSS de un metro de ancho por dos de largo. Cuando la burguesía comienza a hostigarlo, aplicando tácticas de desabastecimiento, acaparando alimentos, Cartier tras descubrir los galpones donde el sector privado guarda sus mercancías, las decomisa. Además, Cartier municipaliza el Mercado del Abasto -cárnico- aumentando salarios y duplicando el empleo. Pero todo esto sucede dentro de un momento terrible para Argentina. Mientras las mayorías peronistas creen que con la victoria de Cámpora se comenzará a construir una variante de socialismo -el socialismo nacional-, en realidad Perón no tiene ninguna intención de hacerlo. Perón en el poder afirma cada vez más que su vaga idea de socialismo nacional es puro reformismo, comparándolo con lo que él llama “las monarquías socialistas europeas”, es decir, los gobiernos socialdemócratas escandinavos -donde el más radical era el sueco Olof Palme-. Nótese que las fórmulas a gobernadores y, en el caso de Cartier, a intendente, estaban compuestas de la siguiente manera: a gobernador la izquierda, a vice un derechista. De esa manera, cuando van cayendo los gobernadores que estaban dentro de la izquierda peronista, son sustituidos por ultraderechistas. En Misiones será peor: el gobernador y vicegobernador son asesinados en un acto terrorista que será presentado como accidente aéreo. De esa manera, Oscar Bidegain, quien gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires -cuyas hijas eran montoneras-, cuando es destituido por Perón en enero de 1974, lo sustituye Victorio Calabró. Ahí, a partir de enero de 1974, Cartier comienza a quedarse solo. Ha perdido su gran columna: su amigo Oscar Bidegain ha sido destituido y asume un enemigo abierto. Calabró era no solo un ultraderechista, sino también un mafioso: cuando Bidegaín gana la gobernación le envía un pistolero y lo amenaza advirtiéndole que, si no le da el control del hipódromo, la policía provincial y el Banco Provincia no lo va a dejar gobernar. Ese era Victorio Calabró: mafioso y fascista. Aunque Cartier ni Montoneros tendrán un enfrentamiento, ya cuando esta organización pasa a la clandestinidad comienza un distanciamiento, digamos, respetuoso. A pesar de ello, algunos testimonios de militantes montoneros confirman que Cartier, en la medida de sus escasos recursos -Calabró le recorta burdamente el presupuesto, sobre todo el de 1975- los seguiría apoyando logísticamente. PO: ¿Cuál era la situación política del país al momento del atentado contra Cartier? FGH: Cartier es asesinado el 14 de julio de 1975: solo había pasado una semana del Rodrigazo. Ese mismo mes, en La Plata, la ultraderechista Concentración Nacionalista Universitaria ha asesinado impunemente a seis jóvenes de izquierda: cuatro militantes peronistas y dos de la Organización Comunista Poder Obrero. Ninguno estaba armado. La CNU había nacido en los años sesenta prácticamente como una secta de tintes entre fascistoides y ultraconservadores. Su fundador, Carlos Alberto Disandro, predicaba el sedevacantismo, esto es la corriente conservadora que desconocía al Segundo Concilio Vaticano de la cual parte de la doctrina social de la Iglesia Católica. Para los sedevacantistas a partir de ese concilio no ha habido ningún papa legítimo, argumentan que la sede papal está vacante. Disandro daba conferencias contra lo que se llamó la sinarquía: una teoría conspiranoide donde supuestamente los judíos y masones controlaban el mundo, tanto Estados Unidos como la URSS, incluso la ONU. Vale decir que la CNU, que se asumía peronista, desató días antes del asesinato de Cartier un juicio político contra Menem dentro del justicialismo acusándolo, precisamente, de llevar adelante una conspiración sinárquica. Desgraciadamente, lo que hubiera podido ser una secta desquiciada tomó un matiz violento cuando Disandro llamó a enfrentar al marxismo por las armas. De esa manera, la CNU pasó de ser una simple secta anticomunista a un grupo armado. Esa fue la principal diferencia con la Triple A: la CNU nace primero como organización política centrada en tomar las universidades con sus militantes. Aunque la CNU y la Triple A actuaron en conjunto, finalmente terminarían enfrentadas: la CNU terminó siendo el brazo armado de Calabró y, como Calabró se enfrentaba a María Estela Martínez, era imposible que la Triple A siguiera actuando con el grupo de Disandro. Vale decir que hasta último momento la CNU se presentaba siempre como una organización política: actuaba en la legalidad bajo la protección de Calabró. ¿Por qué asesinan a Cartier? Básicamente Cartier paga su enfrentamiento al golpista Calabró. Sí: el gobernador de Buenos Aires, Victorio Calabró, estaba conspirando abiertamente con los militares. Se pronunciaba contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón no por izquierda, sino por derecha. Llega al punto de que cuando la presidenta pide la intervención de la provincia -lo cual implicaba la destitución de Calabró- personalmente Videla amenaza a la mandataria, diciéndole que si interviene la provincia los militares le pedirán la renuncia. En consecuencia, Calabró está enfrentado a Cartier. Ya el 1 de junio -es decir, un mes y dos semanas antes del asesinato del intendente- un asesor de Cartier -Manuel Villena- es baleado cuando se traslada de La Plata a Magdalena. El automóvil recibe catorce impactos de bala. Cabe destacar que el clima es de tanta inestabilidad que ya entonces Cartier sabe que su vida corre peligro y como también conoce de dónde viene la amenaza toma mayores recaudos: por las noches, junto a su compañera Norys Landa y su hija de meses María Eva Claudia se refugian precisamente en Magdalena, donde reciben la custodia de un familiar y sus amigos. Es decir, evidentemente los asesinos de Cartier conocieron que Cartier iba a Magdalena y pensaron que Villena era el intendente. El 30 de junio -dos semanas antes del atentado- Cartier brinda una rueda de prensa donde, junto a un grupo de diputados, se posiciona en defensa del gobierno constitucional. Esto se debe ver como, más que un apoyo al gobierno, una postura antigolpista y contra Calabró. Meses atrás, el entonces gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem, había visitado La Plata reuniéndose públicamente con Cartier y no con Calabró. A partir de ahí Cartier, unido a Menem y otros gobernadores, irá conformando un grupo político antigolpista. Por eso se insiste en Cartier como un “verticalista”, que era como se daba en llamar a quienes desde el peronismo apoyaban a María Estela Martínez. En cambio, Cartier, como otros de su momento, más que dar el apoyo a la presidenta estaba desafiando a los golpistas. En el caso de Cartier esto le costará la vida. Por si fuera poco, dos días antes del atentado se valora la idea de intervenir la provincia de Buenos Aires y colocar a Cartier como interventor. Evidentemente esto se filtró a Calabró y fue la sentencia de muerte de Cartier. El 14 en la mañana Menem se comunica con Cartier. El gobernador de La Rioja está en Buenos Aires capital. Menem y Cartier se deben ver en el Hotel República. Tendrán una reunión política, pero no pública. Cartier nunca llegará. Alrededor de las 21:00 Cartier será asesinado en Mitre esquina Supisiche. El automóvil donde viajaba Cartier será interceptado por un comando de la CNU integrado básicamente por Carlos, El Indio, Castillo y José, Pipi, Pomares. Lo acribillan. Cartier muere y con él su secretario de Transporte, Manuel Balverde. Cincuenta años después se conoce que Montoneros iba escoltando a Cartier. Sucedió que otro comando de la CNU logra interceptar al automóvil de Montoneros, dejando a Cartier sin escolta. PO: ¿Hubo alguna respuesta popular contra el atentado? ¿Hubo algún pronunciamiento de la dirigencia peronista? FGH: Todas las organizaciones y tendencias peronistas emitieron comunicados de repudio ante el asesinato de Cartier. Algunas muy honestas, como el de la JP -quien entonces era básicamente una organización de Montoneros-, otras tan falsas como la emitida por la CNU, quien señaló que el crimen había sido cometido por “elementos sinárquicos”. Menem estuvo en las honras fúnebres. Calabró no fue, argumentando que estaba agripado. Por su parte, el Partido Comunista emitió un comunicado señalando que al atentado lo habían realizado grupos fascistas. El PCR -maoístas- dijo que al atentado lo habían realizado “elementos golpistas”. El PST -el entonces partido de Nahuel Moreno- señaló que “el crimen se había cometido dentro de una ola de atentados fascistas que ya este mes había costado la vida a una decena de militantes”. Política Obrera, aunque no mencionó el atentado, en el número siguiente al 14 de julio dedicó un artículo a analizar las luchas obreras del sector metalúrgico en Berisso-La Plata-Ensenada. Vale decir que Calabró provenía del sindicalismo peronista y era un alto representante de la Unión Obrera Metalúrgica. PO: ¿Qué pasó con la investigación del atentado que terminó con su vida y qué pasó con los autores materiales? FGH: El autor intelectual del crimen fue Victorio Calabró, quien está vivo y será procesado judicialmente, y quien ordena el asesinato de Cartier. Esto lo testimonió un exmilitante de la CNU, quien sirvió como fuente para que el periodista Daniel Cecchini escribiera el libro La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe . Es muy importante el título que le dio Cecchini al libro: el accionar de la CNU era terrorismo de Estado. No fue un grupo armado autónomo que actuaba solo: la CNU cumplía órdenes de Victorio Calabró. En el caso de Cartier fue Calabró su autor intelectual. Ordenó personalmente asesinarlo. El asesinato fue cometido, entre otros, por Pipi Pomares, quien trabajó en la municipalidad cuando Julio Alak era intendente, y El Indio Castillo, quien fue asesor del PJ en el senado bonaerense. La investigación fue cerrada en los primeros meses de la dictadura militar. Pero antes de esto, la complicidad del gobernador Calabró es evidente. La policía bonaerense hizo un trabajo pésimo. Los asesinos se movieron en una peculiar camioneta Chevrolet del año, color crema y roja, muy fácil de identificar, pero no la encontraron. Las pesquisas fueron cerradas casi de inmediato. Casi cincuenta años después, El Indio Castillo terminó siendo condenado a cadena perpetua por otros asesinatos que cometió la CNU. Pomares está en prisión domiciliaria esperando sentencia también por otros crímenes cometidos cuando él era un matón de la CNU. Pero sobre ellos, y sobre Calabró, tendrá que caer la justicia por haber asesinado a Rubén Cartier. PO: Este año, a 50 años de su asesinato, se realizó el primer homenaje a Cartier en La Plata. ¿Atribuís el silencio a todos los colores políticos que gobernaron durante todo este tiempo? FGH: Evidentemente el silencio estuvo dado por la incomodidad del tema. Pomares y Castillo siguieron ocupando cargos dentro del peronismo bonaerense. De hecho, es muy poco conocida la CNU. Me detengo en el libro que realizó la municipalidad sobre Cartier logrando convocar reconocidas firmas. Es un libro que tiene la valía de ser el primer título dedicado exclusivamente a Cartier, sin embargo, dicho texto es un perfecto ejemplo de cómo cuando el silencio no puede continuar ocultando una verdad, entonces se echa mano de otro recurso: la verdad a medias desde un discurso oficial. Es un libro donde maravillosamente se logra hablar de la CNU sin decir que la CNU asesinó a Cartier. Todo el primer capítulo está dedicado a la CNU. De repente, hay un párrafo, al final del capítulo donde se habla de Cartier y su asesinato, pero no se dice quién lo cometió. Es como jugar a un rompecabezas político o historiográfico: hay un capítulo dedicado a la CNU y dentro de él un párrafo hablando sobre el asesinato de Cartier, pero sin ensamblarlo. Incluso, se cita un testimonio en el cual supuestamente Cartier no solo tuviera malas relaciones con Bidegain, sino que tuviera buenas relaciones con Calabró. Sin embargo, se obvia un valioso testimonio: la compañera de Cartier, Norys Landa, siempre dijo que el asesino de su esposo fue El Indio Castillo por órdenes de Calabró. El segundo capítulo, dedicado al mandato de Cartier, cuando se refiere al asesinato también obvia quién lo hizo, ni siquiera se dice que, según Cecchini, lo asesinó la CNU -algo que incluso se puede encontrar en varios artículos académicos: era solo citarlos, pero no se hizo-. Todo lo contrario, hasta vergonzosamente se pone el rumor de que fue “por polleras”. Decir eso, aunque se cite como un rumor, mientras se obvian testimonios que sindican a la CNU como quien cometió el asesinato es desde colaboracionista hasta una falta de respeto tanto a Cartier como a la familia. No en vano, cuando en el acto que hizo la municipalidad la hija de Cartier tomó la palabra para acusar a la CNU, Calabró y Castillo, el rostro de Alak se transfiguró completamente. Los silencios y omisiones en la historiografía no ocurren por casualidad, sino que existen con una explícita intención política. Sin embargo, ya se levantó la polvareda. Cincuenta años después el caso Cartier ha regresado. No solo fue la municipalidad, sino también el PJ provincial quien realizó un acto político homenajeando a Cartier y el historiador Guillermo Clarke publicando un detallado artículo en Página 12; fue también Cecchini sindicando de hipócrita a Alak. Pero no se va a detener esta oleada de recordación. Ya su hija Claudia colocó una placa en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado del cementerio municipal platense donde denuncia que fue asesinado por la CNU. A pesar de todo, es destacable la labor investigativa de los historiadores que hicieron el libro. Aunque el texto fue afectado por intereses políticos, sería injusto dejar de reconocer que es el primer libro sobre Cartier y aporta no pocos datos sobre el intendente que asesinó la CNU. En Rubén Cartier se aplica perfectamente la consigna Memoria Verdad Justicia. Memoria porque era y es urgente recordar quién fue Rubén Cartier. Verdad porque hay que denunciar quiénes fueron los asesinos de Rubén Cartier, sus cómplices y posteriores encubridores. Justicia porque sobre ellos, los asesinos, los autores intelectuales, tiene que caer la vergüenza y la fuerza de la ley con todo su peso. Como dijo María Eva Claudia Cartier en el acto de la municipalidad delante del mismo Alak: “Negar que los asesinos de mi padre fueron la CNU y El Indio Castillo, cometido por órdenes de Calabró, es negar que fueron 30 000 los desaparecidos”.

El Gobierno provincial promueve una política salarial de ajuste, sobre la base de actualizaciones según los índices inflacionarios y la incorporación de bonos transitorios, con el objetivo de cerrar las discusiones salariales hasta febrero de 2026. Las burocracias de los estatales y la salud ya firmaron este ruinoso acuerdo. La docencia autoconvocada continúa movilizada y reclama romper el techo salarial, por un 50 % y por la estabilidad laboral. El día de hoy se realizarán nuevas acciones. En el marco de la paritaria estatal, el Gobierno provincial cerró acuerdos salariales con las burocracias locales de ATE y UPCN que, lejos de representar una recomposición real, consolidan la pérdida del poder adquisitivo. Las cúpulas burocráticas de ambos gremios avalaron una pauta salarial que lleva el haber mínimo a $800.000 recién en septiembre, cifra que ya se encuentra desfasada frente al costo de vida actual y proyectado. El acuerdo contempla un bono no remunerativo de $60.000 y un adicional de $80.000 fraccionado ($60.000 en julio y $20.000 en septiembre), además de actualizaciones bimestrales por inflación recién desde septiembre, tomando como base el IPC de julio. La aceptación de este esquema implica una tregua prolongada en la disputa salarial hasta febrero, sin contar un compromiso de una reunión de “monitoreo” recién en noviembre, muy lejos de una verdadera recuperación del salario perdido. En Vialidad Provincial, el acuerdo paritario reproduce la lógica de ajuste: la burocracia de vialidad aceptó una pauta de 4 % y un bono no remunerativo de $60.000. Los trabajadores viales quedan sometidos a la misma licuación salarial que el resto del empleo público. En el sector salud, la situación también es grave. La burocracia de ATSA firmó un acuerdo de solo un 5 % de aumento promedio para julio, también contempla una actualización bimestral por IPC desde septiembre. A modo compensatorio, se incorporan adicionales específicos para agentes sanitarios de terreno y choferes, lo que lejos de revertir la pérdida salarial generalizada, introduce segmentaciones que fragmentan la unidad de reclamo del sector. Por otra parte, el acuerdo salarial alcanzado entre el SOEM y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, si bien fue aceptado en asamblea, revela profundas limitaciones frente al avance constante del costo de vida. El intendente Saadi logró imponer un incremento del 12 % escalonado en tres tramos (4 % en julio, septiembre y noviembre) y un bono de $80.000 a liquidarse con los haberes de julio, lo que llevaría el salario inicial a aproximadamente $860.000. A ello se suma un bono extraordinario de $60.000 en ocasión de la Fiesta del Poncho. Sin embargo, aun considerando el total de $140.000 que los trabajadores percibirían en el corto plazo, el acuerdo resulta claramente insuficiente si se confronta con la inflación acumulada y proyectada, además de congelar cualquier revisión hasta febrero de 2026. La aceptación, aunque formal, se produjo en un contexto de resignación: desde el propio sindicato se reconoció que "los trabajadores merecen mucho más". Mientras a la docencia, salud y otros sectores estatales se les impone una pauta de ajuste, el Gobierno Provincial acordó con celeridad una mejora diferenciada para las fuerzas policiales. Un salario mínimo neto de $810.000 en julio y $830.000 en septiembre, y se incorporaron beneficios adicionales solicitados por las propias fuerzas. Esta predisposición oficial hacia los sectores represivos responde a la necesidad política de disciplinar el descontento social y garantizar el orden represivo ante el avance de la protesta, tal como ocurriera en la manifestación en la inauguración de la Fiesta del Poncho. El gobierno de Jalil y la burocracia sindical docente reanudan hoy la discusión paritaria educativa, pero lo hacen en la sombra, sin comunicar el horario, intentando esquivar la presión de una docencia autoconvocada que permanece en estado de alerta y movilización. Mientras se escriben estas líneas, se prepara una caravana para visibilizar el reclamo, y el Gobierno ya anticipó su negativa a mejorar sustancialmente la propuesta salarial. Por su parte, la conducción sindical comienza a retroceder, bajando sus pretensiones sin consultar a las bases, de forma unilateral y arbitraria. Aunque habían anunciado paro y no inicio de clases, todo indica que preparan una nueva entrega. La continuidad y profundización de la lucha dependen de la organización de los trabajadores autoconvocados y de un movimiento verdaderamente independiente. Para quebrar los techos salariales y forzar la reapertura de la discusión paritaria, es imprescindible avanzar en acciones conjuntas y coordinadas, en función de la huelga provincial. LEER MÁS: Catamarca: docentes autoconvocados, trabajadores y jubilados marcharon en la Fiesta del Poncho Por Bruno Corzo, 20/07/2025.

El año pasado se conformó una Oficina de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Su objetivo es “diseñar, construir, coordinar e implementar un sistema para la producción de estadísticas oficiales del tribunal; regular, dirigir y llevar a cabo la producción de las estadísticas oficiales y su posterior difusión” (Clarín, 18/7). El propósito anunciado es ´transparentar´ la labor del máximo tribunal de justicia. En función de esto la CSJN publicó el “Anuario estadístico 2024”. De este informe surge que en el curso del año 2024 ingresaron 45.678 expedientes, un 41,71 % mayor que en el 2023, siendo además la cifra más alta en los últimos 10 años. El 60 % de estas causas, 23.414, sin embargo, corresponden a reclamos jubilatorios contra la ANSES. Sobre estos, se dictaron 12.521 fallos que impactaron sobre 20.337 casos presentados, es decir el 40 % del total de los reclamos previsionales. Oficialmente, el tiempo promedio de resolución de los casos ha sido de 385 días corridos, aunque hay jubilados que esperan mucho más. Estas estadísticas muestran la enorme cantidad de litigios que hay producto de la política confiscatoria contra los jubilados, resultante de las sucesivas fórmulas de movilidad que dictaron los gobiernos de Macri, los Fernández y Milei, este último, por decreto. Diversos fallos de tribunales inferiores las declararon inconstitucionales, ordenando reajustes de distinto alcance. Sin embargo, miles de jubilados deben recorrer infructuosamente los pasillos de Tribunales debido a las apelaciones de la ANSES. Muchas veces fallecen sin ver un solo peso. Actualmente son 280.000 los juicios en manos de esta justicia. Desde 2007/2009, comenzaron los reclamos de haberes, malas liquidaciones, contra las fórmulas confiscatorias y por la discrecionalidad de los bonos. Los casos más conocidos, Badaro y Latiff, sentaron jurisprudencia, pero su aplicación no se generalizó a todos los jubilados. Es evidente que, cuando se trata de los jubilados, los plazos de la Corte son mucho más laxos, no así cuando, apurada por el calendario electoral, dictó condena definitiva de Cristina Fernández para sustraerla de la candidatura a diputada. Dos varas distintas, pero un común denominador: el carácter político del Poder Judicial, disfrazado de imparcial. Ante la apelación constante de la ANSES, 100.000 de estos juicios con sentencia firme no se pagan y la CSJN los cajonea por años. Inclusive los pocos que se abonan se hacen por valores menores a los sentenciados, y otros con burdas liquidaciones deben nuevamente volver al ruedo del reclamo. Como agravante, la CSJN en el mes de marzo suspendió por 90 días el plazo de dictar sentencias previsionales y el Gobierno hizo una poda del presupuesto destinado al pago de las mismas. Sobre los millones confiscados, ni el Gobierno, ni los diputados y senadores, ni el poder judicial abren la boca. La pérdida es de por vida. ¿Dónde está la ´transparencia´? Este miércoles 23 concentramos a las 15 hs. en Congreso y a las 16 marchamos a Plaza de Mayo, contra el veto y contra la represión. Unifiquemos todas las luchas, impulsemos y organicemos una huelga general para torcerle el brazo a este gobierno y todos sus cómplices. Todos los miércoles a las 15 hs. te esperamos en el Congreso para luchar por nuestros derechos. LEER MÁS: Un nuevo fallo se suma a los reclamos jubilatorios, pero la Corte Suprema los cajonea Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 26/06/2025. Sentencia judicial reafirma los “resultados desastrosos” para los jubilados y pensionados de la ley de movilidad de los Fernández-Massa Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 05/05/2025.

Hace poco más de un mes, en Salta empezó a gestarse un movimiento de artistas autoconvocados por Palestina que se propuso llevar a la calle la denuncia del exterminio en Gaza y Cisjordania, la complicidad de los gobiernos y la necesidad de una solidaridad activa y organizada. Del primer encuentro a la acción La primera autoconvocatoria surgió de un debate entre diferentes artistas de la música, que rápidamente encontró un desarrollo entre poetas que se sumaron y otros espacios, como miembros de JAS (Jóvenes Artistas Salteños), un reagrupamiento novedoso de jóvenes que han tenido acciones vinculadas a las luchas en el último periodo, por ejemplo, en la toma de la universidad. En la primera reunión, el debate se concentró en la necesidad de abrir una campaña con acciones públicas. Se fijaron las consignas: Palestina Libre, basta de genocidio retiro inmediato de las tropas israelíes de los territorios ocupados palestinos y denuncia de la responsabilidad del gobierno de Milei y todo el arco político argentino en el respaldo a la masacre. De esa deliberación surgió una primera jornada cultural que contó con la participación de una decena de artistas, entre músicos y poetas. Infaltables fueron las poesías de la poeta salteña Kuki Herrán -ya fallecida-, quien años atrás fundó uno de los primeros comités de solidaridad con Palestina en la provincia. Provocación oficial y respuesta Ese mismo día, el gobierno de Salta y la intendencia capitalina, por medio de sus funcionarios y de la mano con la DAIA, inauguraron un monolito en el Museo de la Ciudad casa de Hernández, con la frase “devuélvanlos a casa” en hebreo en medio de discursos contra “el terrorismo”. Un gesto que colocó al Estado salteño abiertamente del lado de la masacre y el sionismo genocida . La respuesta no tardó en aparecer: sectores de las organizaciones audiovisuales, como CASa (Comunidad de Artistas de Salta), ARAS (Asociación de Realizadores Audiovisuales de Salta) y decenas de artistas, docentes y trabajadores de la cultura se pronunciaron, por medio de una carta, exigiendo el retiro inmediato del monolito, a la que se sumó la autoconvocatoria. La juventud pide pista En el marco de estas acciones, participamos de una charla debate organizada por JAS (Jóvenes Artistas Salteños). Allí, junto a 17 jóvenes, debatimos sobre la historia y el carácter de la masacre del pueblo palestino, su vinculación con el actual cuadro de la guerra imperialista mundial, el rol de los gobiernos de la guerra y la necesaria lucha contra estos. La solidaridad activa con Palestina implica un combate contra Milei, Sáenz y Durán que la encubren y que desatan sus propias políticas contra la población local. La segunda jornada y la intervención directa El sábado 12 realizamos una segunda jornada que mostró un crecimiento: más de veinte artistas desplegaron música, poesía, fotografías, danza dabke, rap, una instalación conmovedora titulada “¿Quién abraza las infancias en Gaza?”. A la jornada se sumaron jubiladas autoconvocadas, turistas y miembros del club de la cultura árabe, con quienes se abrió la posibilidad de una coordinación. Fue un acto de denuncia, de lucha y solidaridad en pleno centro salteño. Por momentos, la jornada colmó la Plazoleta 4 Siglos con quienes se acercaron a informarse o hacer llegar también su repudio al respaldo, por parte del Estado argentino y salteño, al genocidio. El martes 15, llevamos adelante la acción propuesta por CASa para realizar una intervención directa en el Museo de la Ciudad, justo donde el Gobierno y la DAIA habían levantado el monolito infame. Fue una acción simbólica poderosa de denuncia contra los gobiernos que se alinean con los crímenes del sionismo. Un movimiento que se proyecta El pasado sábado 19, una nueva reunión acordó una agenda para las próximas semanas, que arranca con la participación del festival por la reincorporación de docentes cesanteados por Sáenz, materiales que resaltan la vinculación del Estado argentino con la masacre de Palestina, el contexto de guerra internacional, sus fines de reestructurar el reparto del mundo entre las potencias imperialistas y la vinculación directa con los gobiernos de Milei y Sáenz que llevan como estandarte la reforma laboral, la hambruna y la represión para la población; además, dos nuevas jornadas de acción por Palestina para el sábado 2 de agosto y un festival más amplio para el próximo 16. Lo que está en juego es consolidar este espacio como un punto de apoyo de la lucha contra la guerra imperialista, la masacre en Palestina y los gobiernos que la garantizan, empezando por Milei, que se abraza a Netanyahu mientras profundiza en Argentina políticas de ajuste, hambre, represión y entrega. Desatemos todas las fuerzas Este movimiento es una expresión viva del rechazo a la barbarie, de una tribuna de organización y denuncia contra la guerra y el genocidio, pero también contra los gobiernos que cooperan con su complicidad en el mundo. En Salta, Sáenz y Durand siguen al pie de la letra el libreto de Milei: profundizan su alineamiento con la guerra imperialista y el sionismo genocida, no solo con el monolito infame, sino entregando la frontera norte al control yanqui mediante el Plan Güemes —Prefectura Naval y reconocimiento facial bajo supervisión de EE. UU. – mientras impulsan el Plan Roca, que militariza la región y habilita detenciones arbitrarias bajo la excusa del narcotráfico . En la capital, Durand desplaza a trabajadores ambulantes y personas en situación de calle para abrir paso al negocio inmobiliario y turístico. Su objetivo es imponer a fondo un golpe económico y político contra la clase obrera. Desde Política Obrera formamos parte de este movimiento y lo reivindicamos como punto de apoyo para ampliar esta lucha sobre los trabajadores y la población en general. Desatemos una batalla decisiva para terminar con los gobiernos que pretenden arrastrarnos a la barbarie y organizar la solidaridad internacionalista y unirla a la lucha de los pueblos contra todos los gobiernos y regímenes que sostienen la barbarie en Palestina, que apoyan y financian la guerra con el hambre, la quiebra del salario, las jubilaciones, la salud y la educación. Nos abramos paso.

El decreto 345/25 del Gobierno Nacional que degrada las funciones de diversos organismos tiene un encono especial con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, organismo responsable de cuidar el patrimonio nacional; en concreto, edificios, monumentos como el Cabildo, el edificio donde funcionó el primer Congreso Nacional, la Pirámide de Mayo, etcétera. La decisión del gobierno elimina 15 de las 18 funciones entre las cuales está quitarle la capacidad de declarar las “áreas de amortiguación visual” que circunda los monumentos. Ese artículo da rienda libre a la especulación inmobiliaria y habilita la contaminación visual, con riesgo de destrucción de algunos edificios y monumentos porque podrían hacerse grandes torres en espacios hoy declarados espacios de protección del patrimonial. La CNMLyBH fue creada en 1940 y con su nacimiento se crearon algunas de las funciones que serán eliminadas, por ejemplo, los trabajadores profesionales a cargo ya no podrán proponer declaratorias de nuevos bienes históricos. La Comisión deja de ser asesora del Congreso, que es quien vota las leyes que protegen los bienes históricos para que no sean demolidos. A partir de ahora el organismo no puede contratar expertos y los que están ya no pueden intervenir de manera federal, dejando librada a cada provincia la protección de edificios y monumentos. Hasta el momento la Comisión tenía representación en las provincias. Uno de los puntos más controversiales junto con el que habilita la especulación inmobiliaria es la desregulación de la compra venta de Bienes Históricos. El Estado da un paso al costado en la protección de los bienes nacionales o internacionales pero emplazados en Argentina. Los trabajadores de la Comisión, en su mayoría historiadores, arquitectos, historiadores del arte y abogados, organizaron una caminata patrimonial por la Plaza de Mayo que fue apoyada por distintos expertos para denunciar el vaciamiento del organismo y las consecuencias que tiene la aplicación del Decreto. Durante la caminata los y las trabajadoras del organismo recorrieron el Cabildo Histórico, la Catedral, la Casa Rosada, la Pirámide de Mayo y el Banco Nación. Luego, sobre la Avenida de Mayo pararon en el Palacio de la Legislatura, el antiguo edificio del diario La Prensa y el Pasaje Roverano, porque todos esos edificios y monumentos podrían amanecer con el cartel de “se vende” si el decreto no se deroga. Autoridades de la Comisión denunciaron que, sin presupuesto ni trabajo conjunto con Obras Públicas, “la Nación abandona a su suerte a los 1500 bienes patrimoniales nacionales a lo largo y ancho del país”. (La Nación, 18/07). La decisión no es caprichosa, va en consonancia con la destrucción de los organismos con funciones específicas en el resguardo de archivos históricos como la secretaría de Derechos Humanos y los archivos vinculados con la Dictadura. El decreto 345/25 no solo afecta los monumentos y edificios; también al teatro y las bibliotecas populares, entre otros organismos nacionales que dependen del ex Ministerio de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli. En el caso del Instituto Nacional del Teatro se generó una movilización de actores y actrices y el festival “Entrá”, con espectáculos a la gorra en todo el país. Con la degradación del INT se termina el financiamiento del teatro independiente y la posibilidad de que obras de las provincias tengan alcance federal, así como garantiza el despido de trabajadores y trabajadoras. La estrategia de los sindicatos es el lobby parlamentario para frenar el decreto con la derogación, una salida que sólo puede funcionar en la medida en que todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas con el vaciamiento coordinen acciones callejeras y de lucha, en defensa de los puestos de trabajo y de las funciones de los organismos atacados por el decreto. La caminata logró reunir el interés de medio centenar de profesionales vinculados a la temática y sumó transeúntes que acompañaron la caminata y escucharon la explicación de cada monumento.

El 87,8 % del territorio de la Franja de Gaza está sometido a órdenes de desplazamiento forzoso o se ha convertido en un área militarizada. “Esto deja a 2,1 millones de civiles apretados en un fragmentado 12 % de la Franja” asegura la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La política de exterminio es concreta e implacable. Israel dispara contra todo ser vivo: los que esperan un poco de agua en la única planta desalinizadora; los más de 800 mientras esperaban un poco de comida, los que duermen en las carpas que el gobierno sionista cataloga de “área segura”. Cada día asesina decenas de personas, familias enteras extirpadas de la faz de la Tierra. Un total de 59.029 personas han muerto en la Franja desde el comienzo de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023. Otras 142.135 han resultado heridas. Desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego de manera unilateral, 8.196 personas han muerto y los heridos ascienden a 30.094. El domingo, al menos 115 palestinos fueron asesinados, en dos masacres separadas contra multitudes que buscaban ayuda humanitaria. El Observatorio Euro-Med de Derechos Humanos informó que en una de estas masacres “el ejército de ocupación ordenó a los civiles que se acercaran a los camiones de ayuda con las manos en alto, una clara señal de rendición, y luego abrió fuego contra ellos sin provocación alguna”. Un reservista israelí confirmó al Wall Street Journal esta versión. La hambruna que sobrevolaba Gaza ya es una realidad en toda la Franja. Los hospitales informan de un número sin precedentes de personas que se desmayan en las calles por agotamiento y desnutrición, no comen desde hace días. Hay por lo menos 620 muertos por hambre mientras 650 000 niños menores de 5 años se encuentran en grave peligro, junto con decenas de miles de mujeres embarazadas que carecen de alimentos y atención prenatal. El lunes, una unidad encubierta del ejército de Israel secuestró al médico Marwan al Hams, responsable de los hospitales de campaña de la Franja y exdirector del hospital Abu Yousef al Najjar de Rafah, arrasado por la ofensiva israelí, y asesinó a dos médicos que lo acompañaban. “Este acto cobarde está dirigido contra una de las voces humanitarias y médicas más prominentes, quien ha transmitido al mundo el dolor de los niños que mueren de hambre, el sufrimiento de los heridos privados de medicamentos y el llanto de las madres a las puertas de los hospitales”, afirma un comunicado del Ministerio de Sanidad gazatí. El ejército ingresó este lunes por primera vez por tierra a Deir al Balah, en el centro del enclave, según informan Al Jazeera, BBC y Reuters. Más de un millar de familias huyen tras las órdenes de desalojo emitidas el domingo por el ejército israelí entre detonaciones de artillería. Se dirigen hacia la zona costera de al Mawasi, cerca de Jan Yunis, una de las “áreas seguras” que ha sido bombardeada varias veces. “La nueva orden atraviesa Deir Al-Balah hasta el mar Mediterráneo, dividiendo aún más la Franja”, declaró la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). “Limitará la capacidad de la ONU y de nuestros socios para moverse con seguridad y eficacia dentro de Gaza, estrangulando el acceso humanitario cuando más se necesita”. Hasta ahora, Israel había evitado las operaciones terrestres en la ciudad por temor a la presencia de rehenes israelíes retenidos allí por Hamás. El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos exigió que Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz, el jefe del ejército Eyal Zamir comparecerán ante las familias y el público esta noche para “explicar claramente por qué la ofensiva en la zona de Deir al-Balah no pone en grave peligro a los rehenes”. El propósito de la avanzada es obligar a la población a entrar en un vasto campo de concentración sobre las ruinas de Rafah, en preparación para su eventual expulsión a otros países. La destrucción sistemática continúa para que no haya ningún lugar al que regresar salvo el campo de concentración, informa el columnista Gideon Levy en Haaretz. En una nota de investigación sobre la demolición de hasta el último poblado, la BBC presentó dos anuncios de búsqueda de personal. Uno describía “un proyecto que implica la demolición de edificios en Gaza y requiere operadores de excavadoras (de 40 toneladas). El trabajo incluye el pago de 1200 shekels (357 dólares) al día, con comida y alojamiento incluidos, y la posibilidad de obtener un vehículo privado”. El segundo anuncio establecía “excelentes condiciones laborales”. El segundo paso es la deportación a Libia, Etiopía e Indonesia, los destinos especificados por el jefe del Mossad, David Barnea, en Washington, según el Canal 12 israelí. Barnes, dice Levy, fue “el héroe de la campaña de amputaciones masivas mediante walkie-talkies en El Líbano. Ahora prepara la deportación de millones de personas”. Su padre es sobreviviente del Holocausto. En conclusión, el sionismo avanza hacia la «solución final al problema palestino». Esta masacre solo fue posible por el respaldo incondicional del imperialismo yanqui, los países de la Unión Europea, los estados árabes. Ahora, 21 meses después, 26 países, entre ellos el Reino Unido, Francia y Canadá, pidieron el fin inmediato de la guerra en Gaza y condenaron la “matanza inhumana de civiles” que buscan ayuda en los centros de asistencia de la Fundación Humanitaria de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó el llamamiento por considerarlo “ajeno a la realidad”. La realidad, descripta por un trabajador de la UNRWA, la agencia de la ONU para los territorios, es que “estamos en la fase de la muerte. Todo lo que rodea a la gente en este momento es muerte, ya sean bombas o ataques, o niños que se consumen ante sus ojos por desnutrición, por deshidratación y mueren”. No hay que sucumbir a la desesperación. Hay que golpear en cada país a los cómplices del genocidio.

Política Obrera realizó hoy una conferencia de prensa en la ciudad de Avellaneda, para presentar a sus candidatos para las elecciones de la Provincia de Buenos Aires. El primer candidato a diputado por la Tercera Sección, Marcelo Ramal afirmó que "cuando una elección arranca con peleas de cargos, candidatos testimoniales y apagones, es muy claro que asistimos a una crisis política que excede el cierre de listas, e incluso de la misma elección en la provincia de Buenos Aires. Esto lo demuestra la salida de los fondos internacionales de las colocaciones de deuda y la corrida cambiaria. Pero por sobre todo, la realidad lacerante de los trabajadores del país y de la provincia, con una desocupación que llega al 10% y una desocupación disfrazada, como lo es la changa y el trabajo precario, que suman otros veinte puntos" ; "frente a esta situación los peronistas y Kirchneristas, no se pelean para ver quién le da una salida a esta crisis antagónica a la de Milei, sino que disputan sus futuras posiciones de cara a las elecciones del 2027. Ello demuestra que no pretenden luchar contra Milei. Lejos de ello, ejecutan el ajuste allí donde gobiernan, como ocurre con Kicillof en la provincia de Buenos Aires". Para concluir, Marcelo Ramal afirmó: "estamos asistiendo al fracaso de otra tentativa capitalista de gobernar el país. Este fracaso, solo puede tener una salida socialista, con el protagonismo y la dirección de la clase obrera. Vamos a colocar en la campaña las reivindicaciones acuciantes de los trabajadores. A la miseria salarial y al sobretrabajo, vamos a oponerle el aumento del 100% de salarios y jubilaciones y un salario que cubra el costo de la canasta familiar. A la política de hacer de los presupuestos nacionales y provinciales, un rehén de los acreedores de la deuda, Política Obrera planteará el desconocimiento de la deuda usuaria y la utilización del ahorro nacional y provincial para un plan de obras -vivienda, saneamiento, caminos, escuelas y hospitales". La candidata a diputada por la tercera sección, la docente de la Matanza Mariela Arri, refirió que "el primer síntoma de una sociedad decadente y descompuesta es la situación de su sistema educativo. El cuadro de situación es el de docentes súper explotados, con salarios de miseria y escuelas que se vienen abajo. Aquellos docentes que luchan, son perseguidos también en la provincia de Buenos Aires. Vamos a poner nuestra campaña al servicio de la pelea por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo". Por su parte, Pablo Busch, candidato a senador por la primera sección, se refirió a la situación de los trabajadores de las fábricas "la clase obrera está luchando en Siderca, en el aeropuerto, en el INTI, en AySA, y en todos lados. No acepta el programa del gobierno de Milei, pero choca con el bloqueo y la complicidad de los sindicatos de la CGT y del accionar perverso del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que deja que pase el ajuste del gobierno nacional. Hay un abismo entre la agenda política y las peleas de los partidos patronales y las necesidades de los trabajadores". A su vez la candidata a senadora por la Primera Sección, Patricia Urones se refirió a la crisis del sistema sanitario: "la crisis del sistema de salud de la provincia no tiene nada que envidiarle al sistema nacional, con hospitales provinciales y municipales venidos abajo, reducidos a salitas, personal mal pago, súper explotado y con esperas de hasta cinco horas en las guardias. Política Obrera va a destacar en su campaña a la gran movilización de los trabajadores de la salud, por el aumento del presupuesto para el mantenimiento y construcción de hospitales y la descontaminación para el mejoramiento de las condiciones habitacionales en los barrios". Finalmente, cerró la conferencia el dirigente nacional de Política Obrera Jorge Altamira planteando que "la situación en la Franja de Gaza y en Ucrania nos demuestra el cuadro de decadencia y catástrofe brutal del capitalismo, la pandemia del COVID no ha sido erradicada, por lo tanto vivimos en un estado de masacres, guerras y pandemias. En Argentina estamos igual que en el mundo, con una población sumergida en la pobreza, con aumento de las enfermedades, con un presidente que apoya la masacre en Gaza y una oposición que, si no la apoya, se cuida muy bien de criticarla. De todas las listas que se presentan en estas elecciones, la única que tiene proyección histórica es la de Política Obrera, porque es una lista socialista, y en esta agenda mundial de crisis, guerras y masacres, el socialismo se transformó en la única alternativa". Marcelo Ramal: 11 5690-1943 | Pablo Busch: 11 3049-7824 | Mariela Arri: 11 3012-0401 | Patricia Urones: 11 3520-2662 | Jorge Altamira: 11 4423-7873

Desde Política Obrera Neuquén repudiamos la brutal represión a los miembros de las comunidades mapuche de Neuquén que esta mañana fueron golpeados y detenidos sobre la vereda de Casa de Gobierno junto a activistas y organizaciones sociales solidarias que se encontraban en permanencia. La represión de esta mañana busca desactivar la demanda por personería jurídica de cuatro comunidades mapuche localizadas en sectores “sensibles y centrales de explotación” para empresas. Newen Kura (de Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (ubicado en una de las principales zonas de explotación de Vaca Muerta y desde donde se conecta el gasoducto Néstor Kirchner), el lof Ragileo Cárdenas (cerca de Picún Leufú) y el Lof Kelv Kura (cerca de Cutral Co). Las cuatro comunidades son parte de la zona Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén y todas han generado actividades a favor del medioambiente y contra el extractivismo, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del suelo y del agua. Esta brutal represión se da un día después que la población de Rincón de Los Sauces y Añelo denunciara movimientos sísmicos cada vez más continuos y saliera a la luz el decreto 276/25 con el que el gobernador desprendió las áreas La Angostura Sur 1 y 2 de la histórica Loma La Lata. También otorgó a YPF la concesión no convencional sobre otras dos áreas. En las cuatro, YPF planea realizar 700 perforaciones. La Angostura II se ubica entre los embalses Mari Menuco y Los Barreales que proveen de agua al 75% de la población de la ciudad de Neuquén, a la totalidad de la población de Centenario y a buena parte de quienes viven en Plottier. Además, el agua del embalse Mari Menuco retorna al río Neuquén que abastece a todas las localidades cuenca abajo (Tu Noticia, 17/7). Repudiamos la brutal represión del gobierno de Rolando Figueroa, nos solidarizamos y apoyamos el reclamo de las comunidades mapuche, sin evitar señalar los límites de dichas personerías jurídicas. Derogación inmediata del decreto 276/25.

La campaña financiera que hemos comenzado a finales del mes de junio hoy se encuentra en el 90% de su objetivo económico. Nos propusimos obtener un 30% más de lo logrado en la campaña anterior y dar un salto en la capacidad de intervención en el distrito. Esta reunión de aportes es el resultado de una gran movilización política. Como parte activa en los paros y movilizaciones docentes contra el ajuste de Kicillof, ya son más de una veintena los aportes docentes ingresados y quedan más compromisos de ingresos. Contamos además con aportes de trabajadores de la salud que también vienen realizando una lucha muy enérgica en los hospitales y esta semana con una movilización distrital. También se destacan aportes de un núcleo de trabajadores molineros de la fábrica Royal Canin de Virrey del Pino; una colecta llevada adelante por los compañeros del Polo Obrero Tendencia del barrio La Tablada / Ciudad Evita. Impulsamos una rifa local para el Día del Amigo, que fue un éxito: vendimos los 100 números. Los aportantes se sumaron a la lista de Política Obrera como candidatos para concejales y consejeros escolares de La Matanza y para la lista de diputados provinciales por la tercera sección electoral. Municipios profundamente marcados por la necesidad de grandes obras públicas que resuelvan las necesidades en los barrios, en las escuelas y en los hospitales; por la falta de empleo; por el trabajo precario, los bajos salarios y las malas condiciones en los establecimientos fabriles. Este deterioro es el fracaso reiterado de todos los partidos patronales que han gobernado. Queda por delante concretar los compromisos de ingreso con el cobro de los salarios de los primeros días de agosto. Los recursos obtenidos refuerzan nuestra línea de acción, que no es otra que contribuir a que la clase obrera intervenga en forma decisiva en pos de obtener todas sus reivindicaciones. ¡Sumá tu aporte!

Bolivia fue en junio el país con más alta inflación de América Latina -un 5,21% mensual-, superando a Venezuela y a la Argentina, y continúa el desabastecimiento de combustible y de otros productos. Su deuda pública es del 95% del PBI y el dólar blue duplica el precio del oficial por la falta de divisas. Esta situación -que deja al presidente Luis Arce con la popularidad más baja de América latina después de la peruana Dina Boularte- es, junto con la disgregación del MAS (Movimiento Al Socialismo), pasto seco para que crezca la derecha y tenga posibilidades de ganar las elecciones, dejando atrás las dos décadas de hegemonía del partido oficial. La última encuesta de esta semana del diario El Deber muestra al frente de los sondeos a Samuel Doria Medina -un empresario y político de centroderecha que ya fue candidato en varias oportunidades-, con un 21,7%, seguido de cerca por el expresidente, también de centroderecha, Jorge “Tuto” Quiroga, con el 20,7%; tercero el exmilitar y empresario neoliberal Manfred Reyes con 10%, y recién cuarto el presidente de la Cámara de Senadores, el izquierdista Andrónico Rodríguez con 8,2%.(La Nación, 19/07). Evo Morales, inhabilitado para un tercer mandato por la constitución boliviana, se niega a apoyar o proponer a otro candidato y solo amenaza con boicotear las elecciones. De todas maneras, el 25% de indecisos pone en cuestión cualquier vaticinio. Una de las cuestiones fundamentales que pesa en la balanza para que la preferencia vaya hacia la derecha es que las propuestas de los candidatos que vienen del MAS son una mala copia de la primera. Proponen ajuste, privatizaciones y cierres de empresas estatales. Una de las principales batallas del gobierno durante este 2025 fue lograr que la oposición de conjunto aprobara mayor endeudamiento externo. Entre el original y la copia, se suele preferir el original. El gran problema para el capital es que en semejante cuadro de crisis ningún candidato puede ofrecer garantías. En el Chapare, la zona que controla Evo, recién ahora la policía pudo regresar al territorio, cuando ya pasó más de un mes del levantamiento de los piquetes que tuvieron cercado al gobierno por semanas. Sea quien fuere el candidato que se imponga en las elecciones, si no alcanza más del 50% de los votos o un mínimo del 40%, con una diferencia del 10% frente a la segunda candidatura más votada, habrá una segunda vuelta electoral el 20 de octubre (Ídem). Además, como se renueva el 100% del Parlamento, si finalmente se cristaliza este resultado de atomización, gobernar va a ser más complicado todavía. Y el panorama solo promete ser peor. Bolivia dejó de exportarle gas a la Argentina y el año próximo dejará de venderle a Brasil. El agotamiento de los pozos sin una commoditie de reemplazo es una condena para Bolivia, que durante los años de bonanza no diversificó su economía ni se industrializó. En este cuadro, la ausencia de una expresión de los trabajadores en el tablero político es un crimen.

El 23 de julio, la UOM convoca a una marcha al Ministerio de Trabajo para reclamar la homologación del acuerdo arribado con los empresarios metalúrgicos hace aproximadamente un mes, que abarcaba los tramos de abril a agosto. Un acuerdo que no recupera poder adquisitivo y ni siquiera sale empatado con la inflación, manteniendo salarios de convenio lejos de cubrir el costo de la canasta familiar. El secretario de Trabajo es un ex abogado de Techint. Pero los problemas se siguen acumulando. Por ejemplo, las paritarias siderúrgicas están empantanadas: el último ajuste remunerativo fue en junio del 2024, y trece meses después se siguen pagando acuerdos por empresa no remunerativos que no sólo no cubren el desfasaje inflacionario o las necesidades básicas del trabajador, sino que además perjudican gravemente los aportes a la jubilación y obra social. Los cortes de contratos, retiros voluntarios, vacaciones anticipadas, suspensiones y despidos son un factor común en prácticamente todo el país, y sobre esto la conducción de Abel Furlán no está haciendo nada. A lo antes mencionado se le agregan las condiciones en las que las empresas pretenden seguir produciendo con menos operarios, buscando profundizar la flexibilización laboral, quitando derechos adquiridos y buscando instalar un número más bajo de planteles mínimos para poder operar. Como si esto fuera poco, los empresarios metalúrgicos de Córdoba (nota diario Perfil) están impulsando limitar la cantidad de delegados por establecimiento, desconociendo el artículo 71 del convenio colectivo 260/75, el cual fija claramente la cantidad de delegados de acuerdo al número de trabajadores, y doblan la apuesta buscando impedir por ley las asambleas dentro de los establecimientos en horario laboral. Este proyecto pretende llevar a la mínima expresión a la representación gremial e impedir la organización genuina de los trabajadores mediante la asamblea. Por eso, además de enfrentar estos ataques, necesitamos trabajadores en las Legislaturas que defiendan nuestros derechos. La burguesía y la burocracia ya cuentan con sus representantes, Usá tu voto para poner a quienes te van a defender y no para quienes te entregan. Con la excusa de la competitividad, la política de los empresarios y el gobierno nacional es clara: eliminar derechos, profundizar la flexibilización laboral y reducir los salarios, maximizando las ganancias empresarias. Con lo que viene ocurriendo en las seccionales de todo el país, es más que necesario un verdadero plan de lucha que muestre en las calles y en las rutas a los metalúrgicos movilizados en defensa de los puestos de trabajo, por conseguir un salario inicial que cubra el costo de la canasta familiar y sea base para el resto de las categorías. Por eso es necesaria la participación activa y organizada de la base metalúrgica reclamando a quienes hoy están dirigiendo que se resuelva un plan de lucha, o de lo contrario superar ese bloqueo.

La última década en Francia fue marcada por un cierto bipolarismo. No en la acepción política. Macron representó la pieza central del escenario ya que no había rivales que reunieran las condiciones necesarias para presentarse como alternativa de gobierno, aunque tenían éxitos electorales incluso mayores que el presidente francés. Pero sí en la acepción médica: la lucha de clases de repente tenía momentos vehementes donde parecía que habría estallado una rebelión popular, que el movimiento obrero estaba a un paso de una huelga general, seguidos, sin solución de continuidad, por años de paz social y de malestar canalizado por la derecha xenófoba luego que los movimientos juveniles y de los trabajadores llegaban a una frustración política. Una fuerte oscilación del humor popular. En esos días el gobierno Bayrou, primer ministro nombrado por el presidente de la República Macron, lanzó la piedrita que puede generar una nueva avalancha política en Francia y en toda Europa. La piedrita en realidad es una roca considerable. Un ajuste fiscal de 44 mil millones de euros al balance estatal. Los recortes serán concentrados en una reducción del gasto jubilatorio, en despidos y reducción del personal público, en una quita de subsidios a los fármacos y en una modificación de la indemnización por el desempleo. En lo esencial la medida consiste en un ataque al salario indirecto del proletariado francés que libera recursos financieros para llenar los bolsillos de los acreedores de la deuda. El liberal Macron aplica una política afín, aunque más suave, a la motosierra del “libertario” de casa nuestra. Ajuste que se desarrolla en una Francia ya marcada por la crisis capitalista y el aumento de la pobreza, como se puede ver en dos datos del INDEC francés: en 2023 un desocupado sobre tres era indigente y la pobreza tocaba el 15,4% de la población (Libération, 18/07). Una disminución del gasto público necesaria para enfrentar un déficit fiscal de 170 mil millones de euros, llevándolo del 5,8 al 4,6% del PBI (Corriere della Sera, 17/07). Significativamente en 2019 era del 2,8%: una duplicación del déficit fiscal que Macron, de la pandemia hasta hoy, utilizó para alimentar los consumos y posponer desesperadamente una depresión económica. En un cuadro preocupante para la burguesía francesa, dado que la deuda pública pasó del 65% al 100% del PBI por efecto de la “Gran Recesión” del 2008, y por ende del enorme salvataje público del capital privado, así como sufrió otro salto luego la pandemia llegando al 115% (Libération, 18/07). La situación política La burguesía francesa se vio enfrentada a un escenario delicado, donde advierte la tensión de estar ante una encrucijada. El rearme de Europa necesario para no sucumbir a los intereses del imperialismo americano y la reactivación de la economía europea y de las inversiones privadas implican un ataque brutal a las condiciones de vida y de trabajo del proletariado europeo. El pronóstico es dúplice: o la burguesía francesa y europea procede con la carnicería social permitiendo la integración de los ejércitos y del capital bancario e industrial, o la resistencia obrera no permite profundizar el ajuste y los Estados europeos marchan a una crisis de deuda y a una fragmentación política. Esa suerte de las burguesías europeas es una llave de lectura del Brexit y de la decadencia de la burguesía inglesa: Cameron buscó con el referéndum obtener la legitimidad política para llevar adelante un ajuste presupuestario. Como fracasó en su plan, a pesar de su voluntad tuvo que reinvertir la integración económica y política del Reino Unido con la Unión Europea. La lenta eutanasia de la burguesía inglesa. El gobierno Bayrou mira el destino de Cameron como premonición de su propio futuro. Comparte la inestabilidad política y la necesidad de imponer a la clase obrera un ajuste feroz, pero, para su “felicidad”, enfrenta una clase obrera mucho más combativa que no arrastra el reflujo político más largo de la historia: el reflujo de la clase obrera inglesa una vez traicionada y derrotada la huelga de los mineros en los ochenta. En ese caso el riesgo político consiste en una “censura” del gobierno (voto parlamentario que haría caer el gobierno Bayrou y obligaría Macron a nombrar otro primer ministro o a llamar elecciones) y sobre todo en una nueva radicalización de la lucha de clases. El gobierno nació en forma muy precaria por una coalición de los partidos del centro y gracias al partido socialista. El último había sido votado en las listas del Nuevo Frente Popular (NFP) que representa la oposición de izquierda a Macron; sin embargo, como era cantado, rompió con aquel para apoyar desde afuera el gobierno macronista. Bajo la falsa promesa de revisar la última reforma jubilatoria, el partido socialista se abstuvo a la censura del gobierno propuesta por el NFP. Otra pieza clave para evitar la censura en ese año, Bayrou la obtuvo por la abstención del Rassemblament National (RN) de Marine Le Pen. Los socialistas, en la medida que se desarrollará una reacción proletaria, serán obligados a votar la censura de Bayrou, esperando que esa maniobra los rescate políticamente. Bayrou sin embargo puede ver la salvación girándose a la derecha. Le Figaro publica el comentario de un parlamentario del Partido Republicano gaullista, el cual señala la única esperanza que tiene Macron para evitar la caída de su gobierno: Bayrou obtendrá la abstención del RN frente la censura política, que le permite aprobar el presupuesto, en cambio de una reforma electoral que introduce el sistema proporcional en las legislativas. Reforma que favorecería una mayor presencia del partido derechista en el Parlamento. Lo que significa en germen una crisis institucional para la burguesía francesa, que basaba su estabilidad política sobre la distorsión del voto popular a través del sistema del colegio uninominal a doble turno (donde gana el escaño parlamentario sólo el primer candidato). Significativa es la propaganda de Le Pen en estos días: la derechista francesa no explicita claramente la voluntad de oponerse a Bayrou y critica la reforma para no ser bastante austera frente la sanidad y la educación pública (Le Parisien, 16/07). El Rassemblament National, a medida que se acerca a la posibilidad de gobernar, intenta asumir una posición liberista, abandonando la demagogia estatalista, como hizo la “gemela” Meloni, para obtener el apoyo de un sector de la burguesía francesa. Un escenario extremadamente precario que cuando en otoño se vote el presupuesto, será condicionado negativamente en la medida que se manifieste un “Otoño Rojo” de la clase obrera francesa. En estos años la izquierda trotskista y clasista creció en las facultades y en los sindicatos, signo de una radicalización incipiente de la lucha de clases. Como señala Trotsky en “La tercera internacional después de Lenin”, un texto sobre estrategia y táctica, a partir de la derrota de la revolución china en 1927, las radicalizaciones de la clase obrera luego un reflujo suelen producirse cuando previamente hubo un proceso molecular de reconfiguración de la vanguardia, o sea cuando hay una radicalización política e ideológica de los delegados obreros y de los militantes intelectuales. Proceso molecular que parecen haber dejado, en parte, los vaivenes de la lucha de clases de la última década francesa: de las huelgas en contra la Loi El Khomri (ley de reforma laboral) a las luchas en contra la reforma jubilatoria del Gobierno Borne. El peor de los presagios para Macron, el mejor de los auspicios para el proletariado y la izquierda revolucionaria europea. ¡Los ojos bien abiertos en Paris!

El pasado 12 de julio, en el partido de General San Martín, asistimos al homenaje del compañero Jorge Eduardo Oshiro, militante del PST secuestrado y desaparecido por el terrorismo de Estado el 10 de noviembre de 1976. Adhirieron una veintena de organizaciones, entre ellas, la Comisión de Memoria Verdad y Justicia de San Martín, Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Colectividad Japonesa, docentes y estudiantes de la Técnica 2 “Alemania”, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Hermanos de detenidos desaparecidos y asesinados en el terrorismo de Estado, y nuestro partido, Política Obrera. En el acto estuvo Elsa Oshiro, hermana de Jorge y luchadora histórica por el Banco Nacional de Datos Genéticos, parte de Familiares de Desaparecidos de la Colectividad Japonesa (FDCJ) y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. La colectividad japonesa denuncia la desaparición de 17 nikkei (hijos de japoneses nacidos en Argentina) bajo la última dictadura cívico-militar. El acto cerró con una radio abierta donde nuestro compañero Eric Tálamo, militante docente y sobrino de Jorge Oshiro, tomó la palabra y señaló la importancia de unir las luchas de ayer y hoy, acompañando la lucha por la educación, por la salud, poniendo como ejemplo a los docentes de Catamarca, del Garrahan y los jubilados autoconvocados que salen todos los miércoles: “esa es la mejor manera de homenajear a Jorge y a los 30.000 compañeros desaparecidos” remarcó. Mientras tanto, Carlos Suárez miembro de Tendencia Docente Clasista, intervino denunciando nuevamente las pintadas nazi-fascistas sucedidas en el 2023 en el barrio y el distrito, como así también el rol histórico de la burocracia sindical que entregaba a los compañeros activistas de las fábricas de Zona Norte a los centros clandestinos de Campo de Mayo y hoy en día pacta la reforma laboral con el Gobierno de Milei de la mano de Gerardo Martínez. Jorge estudiaba en la EEST N°2 “Alemania” de Villa Ballester donde también cuenta con una placa en su memoria. Tenía 18 años cuando fue secuestrado. Le gustaban músicos como Quilapayún, Violeta Parra, Spinetta Jade y Aquelarre, entre otros. Además, cantaba, tocaba la guitarra y jugaba al ajedrez con sus compañeros. Aquella noche, el 10 de noviembre, un grupo de personas armadas y vestidas de civil ingresaron con violencia en su vivienda, sustrajeron sus documentos de identidad y le apuntaron con ametralladoras para luego llevarlo detenido al centro clandestino de detención que funcionó en la guarnición militar de Campo de Mayo. Jorge Eduardo Oshiro fue parte de esa maravillosa juventud que estudiaba, trabajaba y milita y desafió a la dictadura en defensa de los derechos de los jóvenes de aquella época. Jorge Oshiro presente, ahora y siempre.

Los hermanos Milei han sido claros a la hora de digitar la primera candidatura de "La Libertad Avanza” en la estratégica 3ª sección electoral del conurbano. Pusieron al frente al ex comisario de la bonaerense Maximiliano Bondarenko. Según informa Clarín, Bondarenko era conocido por los modos brutales con que se dirigía hacia aquellos a quienes sospechaba de delincuentes. La decisión de los liberticidas permite ver cuál será el “programa” que presentará frente a la crisis social de los barrios bonaerenses: la declaración de un estado de guerra civil, por medio de la vía libre al gatillo fácil y a la violencia estatal. Pero como “novedad política”, la de Bondarenko huele a naftalina: quiere reiterar la experiencia de Luis Patti, otro ex policía que llegó a intendente de Escobar y terminó pagando con prisión perpetua sus fechorías bajo la dictadura. De Patti hasta hoy, pasando por las leyes Blumberg, la represión policial y el endurecimiento de las penas sólo han sido superadas en intensidad por el delito organizado, que ha copado los barrios bonaerenses bajo el guiño de las cúpulas policiales, jueces, intendentes y todo el Estado. El jefe de Bondarenko, Javier Milei, ha dado un salto cualitativo en la pirámide delictiva: es el principal incentivador de los blanqueos de capitales y los criptonegocios, canales preferidos para el lavado del dinero del narcotráfico. De todos modos, nadie podría presentar a Bondarenko como un recién llegado a la “odiada política”: actualmente, el ex comisario es concejal en Florencia Varela, donde transitó políticamente por el macrismo -en el grupo de Monzó- y más adelante entre los radicales de Facundo Manes. Carga, no con una, sino con dos “castas” -la policial y la de los punteros del conurbano. Pero en este sentido, es un representante cabal de las listas de los Milei en la provincia. El armado que consumaron Karina Milei y Sebastián Pareja es un rejunte de antiguos punteros o funcionarios de los partidos del régimen -desde macristas a “nacionales y populares”. El segundo puesto, después del comisario, se lo lleva Leila Gianni, una antigua militante de La Cámpora que ganó celebridad cuando, ya convertida a los “libertarios”, se dedicó a atacar a las organizaciones sociales o piqueteras del conurbano. Gianni se ganó un puesto en el Ministerio de Capital Humano de Pettovello, donde se dedicó a recortar la asistencia alimentaria a los barrios. Por la ferocidad que puso en esa tarea, consiguió la primera candidatura a concejal en La Matanza. La crónica periodística sobre las listas de LLA dan cuenta de numerosos ex punteros del peronismo, el massismo y el PRO. Pero la delantera se la llevan los funcionarios y empleados zonales del PAMI y del ANSES, a quienes el gobierno premió con cargos en el último año y medio. La lista de los “anti-Estado” es una colección de ñoquis bien pagos, en el distrito donde hay 400.000 desocupados y algunos municipios -Malvinas, José C. Paz- donde sólo el 15% de los hogares cuentan con agua potable. La lista de Milei en la Provincia le saca la careta a la “experiencia” de LLA. A casi dos años de su asunción, los liberticidas no han construido nada. Como en 2023, armaron las listas del conurbano con algunos advenedizos y arribistas. En aquel momento, facilitados por Massa y el peronismo; ahora, “lubricados” con el dinero del presupuesto nacional. En cuanto al puñado de libertarios “puros” o tuiteros, los de las llamadas “Fuerzas del Cielo”, fueron prolijamente desplazados de los lugares que podrían ocupar. Previamente, Milei se ocupó de contratar encuestas para sondear la popularidad o aceptación de energúmenos como el Gordo Dan, con resultados deplorables. La violencia fascistoide en las redes ya se ha convertido en un traje gastado, en una provincia donde aumenta la desocupación y la falta de futuro entre los jóvenes que, supuestamente, deberían celebrar a los esbirros de Milei. Como premio consuelo, Dan y sus amigos han organizado una fiesta “de derecha” en la ciudad de Córdoba, que servirá de marco para los dislates de Milei - ya por enésima vez. Bondarenko, en definitiva, es la cabeza de una banda moral y políticamente decadente.

Pongamos fin a la guerra imperialista y a sus gobiernos mediante movilización internacional de los trabajadores. Asambleas, coordinadoras y autoconvocatorias, para derrotar al gobierno de Milei – el peón de la guerra imperialista y del genocidio de Trump y Netanyahu. Abajo los crímenes de lesa humanidad del capitalismo. Viva el socialismo internacional. ACTO A LAS 15 HS EN UNIONE E BENEVOLENZA- PERON 1372- CABA Hablan: Jorge Altamira Marcelo Ramal Violeta Gil Natalia Bello (Lista Naranja-Suteba José C Paz) Christian Miguez (Comisión Interna Acindar Villa Constitución)

Los conceptos descaradamente colonialistas expresados, ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, por el candidato de Donald Trump a la embajada en Buenos Aires, ha servido para exponer el caradurismo del nacionalismo de los partidos argentinos, en particular los que se añaden el adjetivo de popular. Peter Lamelas, el individuo en cuestión, no ha hecho otra cosa que exponer lo que el gobierno estadounidense está ‘negociando’ con el argentino cuando falta apenas una semana para que venza el plazo que Trump ha asignado al resto del mundo para arribar a acuerdos acerca de los “aranceles recíprocos”. Parte del velo que cubre a esas negociaciones fue levantado por el diario La Nación recientemente, cuando informó acerca de las exigencias del gobierno norteamericano y sus monopolios farmacéuticos en cuanto a los aranceles que protegen a la industria argentina y a un supuesto fraude en cuanto al uso de patentes. La alusión de Lamelas a su propósito de ‘visitar’ las provincias argentinas, no sólo reveló una inimaginable ignorancia acerca del sistema federal que rige en su propio país, sino que tiene que ver con directivas impartidas por el expresidente Joe Biden (que siguen vigentes bajo Trump) acerca de que el ingreso del litio a Estados Unidos está condicionado a que forme parte de una cadena de producción liderada por empresas estadounidenses. Es lo que Milei y Werthein están dispuestos a firmar bajo el rubro “inversiones industriales” norteamericanas, a las que se refiere La Nación. Hasta donde es de conocimiento público, ninguna “fuerza” nac & pop, ni tampoco de sus laderos de la pseudoizquierda, se han pronunciado por estas tratativas, a pesar de que refuerzan la instalación de Argentina en la órbita del imperialismo yanqui. La ruta de la integración minera de Argentina en el mercado internacional fue lanzada por el gobierno de Menem y firmemente seguida entonces y después por el matrimonio Kirchner. El gobierno de CFK autorizó la minería a cielo abierto en la zona de los glaciares y la misma expresidenta celebró un acuerdo muy recordado con el presidente de Barrick Gold. Peter Lamelas, un aventurero típico de los laderos de Trump y sus delitos de la noche, también incursionó en asuntos geopolíticos, aunque no se trata de una novedad luego de las giras de dos jefes del Comando Sur de Estados Unidos, incluida una reunión en el Senado con la exvicepresidenta. El enlace entre Estados Unidos y Argentina ha incluido ejercicios militares conjuntos en el Atlántico Sur, bajo todos los gobiernos desde el llamado retorno a la democracia. Ni el peronismo ni el kirchnerismo pueden tirar la primera piedra. Al fin de cuentas, el sometimiento al FMI tiene un sello pluripartidario, como fue ratificado en 2022 por el gobierno de los Fernández. La partidocracia de una nación encadenada, por todos sus gobiernos, a la servidumbre de una deuda pública usuraria, que es en definitiva una deuda externa en todos sus términos, no puede reivindicar una condición auténticamente nacional bajo cualquier forma que sea. La mayor insidia de este bucanero fue el señalamiento de su propósito de extender el período de condena penal contra Cristina Kirchner. Pero esto es exactamente lo que impulsan los dos fiscales del Tribunal Oral que sancionó a CFK. De cualquier manera, no se escuchó en su momento ninguna reprimenda a la AmCham, una cámara extranjera presidida por una argentina, cuando reclamó la sanción legal de la “ficha limpia”, para privar a la doble ex de sus derechos políticos. Esta violencia política de carácter imperialista asume una magnitud mayor, en ausencia de una intervención militar directa, en Brasil, al cual Trump amenaza con imponer un arancel del 50 % a sus exportaciones (con la perspectiva de subirlo al ciento por ciento), si no libera judicialmente a Jair Messías Bolsonaro y si no expulsa de la Justicia a los miembros que juzgan a Bolsonaro por “atentado al estado democrático de derecho”, lo que equivale a una “traición a la patria” y una condena de 40 años. Lula ha prometido, por ahora, responder a Trump con la misma vara -aranceles de la misma magnitud-, pero la burguesía brasileña, más allá de las palabras, ha comenzado el retiro de la Bolsa de São Paulo. El fraude pseudonacionalista ha unido a Kicillof con los voceros de CFK, en un intento desesperado de subir sus posibilidades electorales en la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires, al igual que intentan hacerlo con el fraude "antiajustador". Los mismos apetitos que los separan en la disputa por las listas del peronismo, los unen para disfrazar una condición que no tienen: un antiimperialismo consecuente. La lacra de Lamelas ha dejado expuesta la cobardía insuperable del nacionalismo burgués.

El 18 de julio se concretó el acuerdo entre los gobiernos de Trump y Maduro, que canjea 252 prisioneros venezolanos encerrados en la cárcel CECOT de Bukele, en El Salvador, a cambio de la liberación de 10 presos con ciudadanía estadounidense detenidos en Venezuela. Como parte del paquete, serían liberados unos 80 presos por parte de Maduro. Desde el retorno de Trump a la presidencia se establecieron negociaciones con el gobierno venezolano a través de Richard Grenell, hombre de confianza de Trump. Como consecuencia de estas negociaciones, Maduro se jacta de haber repatriado a 8.743 ciudadanos venezolanos “desde las cárceles del ICE” (servicio de inmigración de EE. UU.) en lo que va del año. El actual canje se concreta luego de negociaciones que parecían empantanadas. Según The New York Times, había dos líneas de negociación paralelas y contradictorias, una encabezada por Grenell y la otra por el secretario de Estado Marco Rubio. Mientras Grenell manejaba la posibilidad de restablecer las operaciones de Chevron en Venezuela y no consideraba la liberación de los 252 detenidos en CECOT, el secretario de Estado bloqueaba esa orientación y finalmente impuso su planteo. Rubio está ligado a la oposición de derecha venezolana y a los republicanos de origen cubano, que plantean endurecer las sanciones contra Venezuela y rechazan permitir a la petrolera Chevron extraer el petróleo y así financiar al gobierno de Maduro. En la oposición venezolana existe a su vez una división que replica la existente en Washington, entre el ala que intervino en las elecciones municipales del 27 de julio y el sector liderado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia -vinculados a la CIA y promotores de un “cambio de régimen”-. Según NYT, Grenell descartaba el canje de los venezolanos detenidos en la cárcel CECOT porque eran acusados de pertenecer a la pandilla “Tren de Aragua” -a la que Trump declaró como grupo terrorista- y no creía que el presidente aceptara su liberación. “Tanto Rubio como republicanos en el Congreso no parecen dispuestos a suavizar las sanciones petroleras u otras al régimen venezolano, mientras que Grenell y quizás incluso el presidente Trump parecen más abiertos a permitir que Chevron saque petróleo de Venezuela”, afirmó una analista internacional a BBC (20/7). El canje echa por tierra la narrativa tanto de Trump como de Bukele en relación a los venezolanos presos en El Salvador. Bukele ofreció en abril la liberación de los 252 presos a cambio de que Maduro liberara otros tantos prisioneros, lo cual fue rechazado en ese momento por Caracas. La oferta contradecía el relato del presidente salvadoreño de que no tenía la potestad de liberarlos, y que eso dependía del gobierno estadounidense. A su vez, la administración Trump venía declarando en los tribunales que no tenía capacidad para decidir sobre la liberación de esos detenidos, sino que eso dependía del gobierno salvadoreño. En otras palabras, los presos eran enviados de Herodes a Pilatos. La operación de canje también echa por tierra las acusaciones sin pruebas de que todos los prisioneros pertenecen al Tren de Aragua. Según algunas versiones, de los 252 detenidos apenas unos 30 tendrían antecedentes por algún delito; el gobierno venezolano manejó incluso una cifra menor, apenas 7. Para intentar salir de este laberinto, la subdirectora interina del ICE, Mellisa B. Harper, tuvo que mentir en una declaración jurada ante una Corte del Distrito de Maryland, asegurando que “si bien Estados Unidos realizó esfuerzos diplomáticos para ayudar a hacer posible este acuerdo, la decisión de liberar a los nacionales venezolanos del CECOT y repatriarlos fue tomada únicamente por el Gobierno de El Salvador en ejercicio de su autoridad soberana”. Harper tuvo que presentar esa declaración en un caso de deportación de un joven venezolano que fue expulsado, pese a que su solicitud de asilo estaba aún en trámite. El gobierno de Maduro tiene su propio relato, que presenta toda su política de acuerdos con el gobierno estadounidense como un proceso liberador, cuando está avalando en la práctica la persecución y deportación masiva de venezolanos por parte de Trump. Maduro aspira a que Chevron vuelva a tener autorización por parte de EE. UU. para operar en Venezuela, lo que implicaría ingresos por alrededor de 500 millones de dólares. La petrolera por su parte teme que la revocación de la licencia favorezca la mayor presencia de compañías competidoras, especialmente chinas y rusas. La oposición de derecha, asociada a Trump y a Bukele, ha quedado descolocada por estas negociaciones. Edmundo González Urrutia, a quien Trump reconoce como “presidente electo”, no tuvo ninguna participación en esta ni en las anteriores tratativas entre EE. UU. y Venezuela. María Corina Machado y Edmundo González no defienden el derecho de asilo de los venezolanos en Estados Unidos. Muchos de ellos tenían distintos estatus legales hasta hace poco (como el TPS), los que les fueron revocados para facilitar las deportaciones masivas, en el marco de la política racista del trumpismo. Entre los reclamados por EE. UU. figura un triple asesino, Dahud Hanid Ortiz -nacido en Venezuela y con ciudadanía estadounidense y alemana, responsable del homicidio de tres personas en Madrid en 2016-. Diosdado Cabello pareció jactarse de haberlo liberado cuando dijo a los 252 venezolanos repatriados: “Entregamos asesinos por ustedes”. La liberación de Ortiz está generando protestas en España, al punto de que el mediador Rodríguez Zapatero debió aclarar que “Ese listado, como es evidente, es de Estados Unidos. Mis gestiones se centraron en los presos venezolanos”. Las negociaciones y el acuerdo de Trump con Maduro reflejan los intereses contradictorios que anidan en el propio gobierno estadounidense, entre el ala de Rubio que quiere profundizar la guerra económica y potencialmente militar a fin de imponer un cambio de régimen en Venezuela, y por otra parte las presiones de las petroleras para que el gobierno restablezca sus licencias en tanto no visualiza por ahora condiciones para la salida de Maduro. Mientras Venezuela atraviesa una brutal crisis económica y social, Maduro busca sobrevivir sobre la base de concesiones y pactos con el imperialismo. El fraccionamiento de la derecha venezolana y la alta abstención en las pasadas elecciones de mayo (que probablemente se mantendrá en las próximas elecciones municipales) muestran el profundo impasse tanto del gobierno como de la oposición.

Marcelo Ramal, candidato a diputado en la 3ª sección electoral bonaerense por Política Obrera, se refirió a los dichos del futuro embajador Peter Lamelas. “Las declaraciones del embajador americano designado en la Argentina no son un exabrupto. Peter Lamelas es un enviado directo de Trump. Lo único que hizo frente al Senado de su país fue destapar la olla de las concesiones comerciales que el gobierno de Milei está ‘negociando’ con Trump. Ese preacuerdo incluye las prerrogativas de patentamiento de medicamentos para los laboratorios norteamericanos, con la monopolización consiguiente del mercado argentino. Estas concesiones fundamentales fueron expuestas por el canciller Werthein, y han abierto una crisis con el poderoso lobby local. Además, establece que las nuevas explotaciones de litio en Argentina se integren a la 'cadena de valor' de la industria norteamericana o de sus aliados. El acuerdo debe concluirse antes del primero de agosto próximo la fecha establecida por Trump como un ultimátum al resto del mundo”. “En definitiva, Lamelas no ha lanzado ninguna amenaza ´futura´ a la soberanía, como dice el kirchnerismo. Sólo reveló una entrega que ya se ha consumado. Por otra parte, los que ahora hacen gala de nacionalismo bajo el gobierno kirchnerista promovieron el boicot a la ley de glaciares -en favor de los monopolios mineros yanquis-, el pacto con la Barrick Gold y el acuerdo secreto con Chevron para la explotación de Vaca Muerta”. “Lamelas ha venido a refrendar que el lugar de Argentina como semicolonia deberá colocarse al servicio de la guerra internacional que pilotean Trump y la OTAN. “, concluyó Ramal. Para comunicarse: Marcelo Ramal 11 5690 1943

La provincia de Buenos Aires se ha convertido en la madre de todos los fraudes y maniobras –y la tercera sección electoral en la preferida de sus ocho hijas. Listas que fueron presentadas fuera de término; conchabos de candidatos de último momento; y un montón de figurones que revisten como “testimoniales” como si se tratara de una asamblea confesional. La futura Legislatura bonaerense tiene asegurada una mayoría de arribistas e improvisados , en las listas sábanas más manipuladas que se hayan conocido, porque quienes encabezan son de ficción y quienes los siguen son simplemente desconocidos. A esta tripulación de navegantes sin rumbo se añade un número nutrido de resentidos por derrotas sucesivas, dibujando una congregación de gente (hombres y mujeres) que sólo representan sus propios intereses. Es lo que observan los 15 millones de ciudadanos inscriptos en un padrón de votantes eventuales, la mayor parte de los cuales no llega a fin de mes; un enorme número carece de condiciones habitacionales adecuadas ; muchos que han empeñado sus ingresos en barrios cerrados vulnerables a la crisis y, por añadidura, a la delincuencia; y un montón de gente en situación de calle, cuya esperanza mínima es que la primavera arribe antes de la fecha. La decadencia capitalista se despliega como una tragedia en actos sucesivos. Esta es la provincia que administra un grupo de funcionarios que tiene por lema la “Defensa del Futuro” y que invoca la Justicia Social; el peronismo avizora un entierro político en dos actos –el 7 de septiembre y el 26 de octubre. En el país como un todo, una barra brava que celebra el genocidio palestino y apoya a los gestores de una tercera guerra mundial, se ha adueñado a los gritos y a los insultos de los atributos del gobierno y de las redes sociales. Al escenario grotesco de la Argentina actual no le falta ningún aditamento. El desafío que enfrenta el pueblo es cómo destruir, o sea superar, lo que no es otra cosa que una trampa que se disfraza de representación y hasta de voluntad popular, cuando es un soberano acto de usurpación de la una y la otra. La Argentina que comandan un desclasado social, un comisionista de los bancos extranjeros y una agente de los servicios de espionaje foráneos, enfrenta, lo que NO es una paradoja, su quinta corrida cambiaria. Este trío obliga al Tesoro a pagar tasas de interés propias de un deudor en default, e inaugura su tercera caída en una recesión, en un año y medio, mayormente industrial, a fuerza de ajustes en salarios, jubilaciones, gastos en infraestructura y asistencia social, y pagos religiosos de los intereses de la deuda pública. Las “finanzas”, por el contrario, han crecido a una tasa del 28% anual, gracias a blanqueos sucesivos y a endeudamientos a corto plazo, cuya última licitación pagó un 46% anual de interés. Para sostener estos negociados, los liberticidas (destructores de los derechos políticos) anuncian la destrucción legal de la previsión social y del derecho laboral , y una reforma impositiva para que paguen solamente los consumidores, y queden exentas las grandes corporaciones y las grandes fortunas personales (amparadas en los paraísos fiscales). Fogonean una dura lucha de clases, con la confianza, como viene ocurriendo, de que contarán con el apoyo de las burocracias sindicales y de los partidos patronales, especialmente del peronismo –e incluso alientan una guerra civil. Para eso refuerzan a la Policía y a la Gendarmería y quieren devolver a las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Pentágono, el estatus que tuvieron hasta la última dictadura militar. Pero con una deuda pública que se aproxima a los 500 mil millones de dólares -y a más de 600 mil millones si se computan las deudas provinciales y privadas- el régimen actual se encuentra más cerca de la bancarrota, de las corridas cambiarias y bancarias y del default internacional, que del retorno a un pasado ‘glorioso’ que edificó una oligarquía terrateniente y una dependencia financiera nacional sobre la explotación y el sacrificio de los inmigrantes y de la población aborigen. El único pasado glorioso del país lo protagonizó la clase obrera , que construyó desde abajo sindicatos poderosos y partidos influyentes con enorme rapidez, y que edificó mediante huelgas generales y huelgas revolucionarias una tradición política que ha estado presente en la clase obrera de Argentina en los más de cien años desde entonces, y en la actualidad. El fantasma de la clase obrera atormenta a tal grado la conciencia de los barrabrava en el poder, que el fascista patillero recorre el mundo para advertir acerca de la ‘amenaza’ del socialismo. Pero el socialismo es lo que está efectivamente presente en el escenario histórico mundial . Las bancarrotas económicas que se suceden sin pausas y las guerras económicas, políticas y militares, muestran que el capitalismo busca, nuevamente la salida a sus contradicciones irreconciliables por medio de la barbarie, pero a una escala sin precedentes. Hay que mirar a Argentina, a la Provincia y a la Tercera Sección electoral desde la decadencia histórica del capitalismo y desde su tendencia a la barbarie; en Gaza, la humanidad asiste a un microcosmo del futuro: el desalojo del territorio mediante el genocidio . Los dichos injuriantes del próximo embajador de Estados Unidos hacia Argentina, no es otra cosa que el discurso en inglés de Milei; el nacionalismo berreta del Frente de la Victoria, Frente de Todos, Unión por la Patria y Fuerza Patria, que entregó la minería y los glaciares, y que ratificó el acuerdo del FMI con Macri, es un desvergonzado recurso para motivar el voto popular que le ha dado la espalda. En esta campaña electoral, nuestro partido, Política Obrera, llama a destruir la trampa electoral mediante el voto por el gobierno de los trabajadores y el socialismo , y mediante la militancia activa para desarrollar un partido de trabajadores revolucionario. La tendencia a renegar del objetivo del socialismo, en función de una explotación del prejuicio de los trabajadores más atrasados, es propio de una falsa izquierda que quiere valerse de la estafa electoral, para acumular bancas y dinero al servicio del capitalismo. Desde esta perspectiva socialista internacional, Política Obrera plantea: Desconocimiento de la deuda pública usuraria, con excepción de los pequeños ahorristas; por un plan económico discutido y votado por los trabajadores, que atienda al desarrollo industrial de Argentina, conjuntamente con la satisfacción de todas las necesidades de los trabajadores confiscadas por todos los gobiernos; Recuperación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones al nivel de 2017: por un salario y jubilación mínimos y móviles de dos millones de pesos, aumentos del ciento por ciento; Congelamiento de los alquileres y de tarifas del transporte; consagrar como reserva habitacional todos los terrenos fiscales, baldíos y desocupados, para desarrollar la vivienda propia para todos los sin techo. Por la estatización del servicio de agua y sanitario; por un plan integral de cloacas y agua potable. Por la reestructuración del transporte público bajo el control de los trabajadores del transporte; Congelamiento de las tarifas de salud. Por un seguro único e ilimitado de salud, a cargo de una Aseguradora estatal nacional o provinciales; Defensa de las convenciones colectivas de trabajo, por medio de representaciones electas; por el control obrero de seguridad e higiene; defensa de los cuerpos de delegados electos; por la jornada exclusiva de ocho horas (y seis horas para tareas insalubres); fuera el Estado de los sindicatos. La huelga es una decisión exclusiva de los trabajadores. Por la eliminación de los impuestos al consumo; por impuestos progresivos a los ingresos, a partir de cinco salarios mínimos (de 2 millones); por impuestos progresivos a las ganancias capitalistas, con exención a la producción familiar; que se destinen a un fondo de industrialización. Por un impuesto progresivo a las grandes superficies de tierras agrarias. Por la reevaluación integral de las explotaciones que afectan al agua y al medio ambiente, y un plan de erradicaciones inmediatas y reconversiones y sustituciones progresivas. Por el monopolio estatal del comercio exterior (incluidas las operaciones de cambio). Por la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y todos los Estados que le proveen armamentos para consumar el genocidio en Palestina. Rechazo a la campaña de coacción económica de Trump, por un referendo previo a cualquier preacuerdo alcanzado por las presentes autoridades. Por la Unión Socialista de América Latina, incluida Puerto Rico. Abajo las guerras imperialistas, por una Federación Mundial de Repúblicas Socialistas.

Mekorot se presenta como una empresa líder en tecnología de gestión del agua, a través del desarrollo y control de las megainfraestructuras en Israel mediante la extracción, desalinización, entubación y traslado de agua por miles de kilómetros de acueductos, utilizando sistemas de monitoreo de alta tecnología y el control de 3.000 plantas y 13.000 kilómetros. Con estos medios a su alcance, la empresa garantiza la demanda del agronegocio y la población de Israel. En contraste, en la franja de Gaza, es sabido que Israel, a través de la empresa Mekorot, ha utilizado el agua como un arma contra el pueblo palestino. Allí, Mekorot cortó deliberadamente todos los recursos hídricos y todo el suministro de agua. La escasez de agua es abrumadora. Tanto en Gaza como en Cisjordania, al agua proviene de acuíferos compartidos con Israel, pero éste tiene el control absoluto de la infraestructura hídrica y la gestión del agua. En Cisjordania, Mekorot suministra agua a ciudades y a colonos israelíes y se la limita a la población Palestina. “El agua se está desviando a los colonos para llenar piscinas, pero se niega a la población palestina para los usos más básicos” asegura la organización Amigos de la Tierra Palestina. Desde 2006, en Gaza no hay posibilidad de producir ni tener agua potable porque las fuerzas israelíes destruyeron el acuífero en subsuelo de Gaza y no tienen más agua potable. Además, Israel no permite el ingreso de materiales ni electricidad. No hay agua potable. Mientras que Israel tiene acceso al 100% de agua potable, Mekorot la escasea para la población palestina. Los palestinos, que realizan agricultura y dependen del agua para riego, necesitan autorización israelí para regar. Las negativas israelíes rondan el 70%. Muchos intentan conectarse a las redes de agua por su cuenta, con el riesgo que las instalaciones sean posteriormente destruidas. Por otra parte, los residuos que la empresa Mekorot desecha son arrojados a la franja de Gaza, provocando la muerte de población palestina por contaminación. Además de las masacres perpetradas por el ejército israelí, la agricultura, el agua y la biodiversidad están destruidas y contaminadas, en algunos casos sin posibilidad de recuperación para las generaciones futuras. Maren Mantovani, del Comité Nacional Palestino BDS, entrevistada por Revista Crítica el año pasado, habla acerca del “famoso greenwashing, bluewashing, cuando Israel dice 'hemos hecho florecer el desierto'”. Y asegura que: “Primero, no se tendría que hacer florecer el desierto y, en los hechos, la parte más desértica de la Palestina histórica que hoy es parte de Israel, es todavía desértica; lo único que florece ahí son las cárceles israelíes. Y Palestina no tiene un problema de falta de agua: en Ramallah llueve más que en Londres. El problema es la distribución del agua. El robo del agua. Como en la mayoría de los países, el problema es la distribución; no la falta de agua en sí misma”. Ya en 2014, la ONU había incluido en su informe al Consejo de Derechos Humanos una condena de la empresa, debido a que “la empresa nacional israelí de suministro de agua, Mekorot, posee todas las redes de abastecimiento de agua en la Ribera Occidental y suministra cerca del 50 por ciento del agua disponible en las comunidades palestinas. Según la información recibida, Mekorot reduce considerablemente el suministro de agua a los palestinos en los meses de verano con el fin de satisfacer la demanda en Israel y los asentamientos”. Un ejemplo paradigmático que destaca el informe es lo que ocurre en el pueblo de Kufr al-Deek, cerca de Ariel, uno de los mayores asentamientos israelíes en la parte occidental de los territorios palestinos ocupados en Cisjordania. Allí, “cuando escasea el agua en los meses de verano, Mekorot cierra las válvulas que abastecen Kufr al-Deek para no afectar al suministro de agua de Ariel. Además, Ariel vierte aguas residuales indebidamente, lo que contamina los pozos de los que dependen los residentes de Kufr al-Deek para conseguir el agua potable y la destinada a la agricultura”. Luego de ese informe. algunos países, entre ellos Holanda y Portugal, rechazaron o rescindieron convenios de "asistencia técnica” debido a sus antecedentes. Según Maren Mantovani, “Mekorot fue construida para la colonización de Palestina, para la limpieza étnica de su pueblo y el saqueo del agua palestina para darla a los colonos israelíes, y por el apartheid israelí. Es fundamentalmente la línea de vida de este sistema. Después de la construcción del Estado de Israel se hace un megaproyecto donde se seca completamente la laguna-humedal Hula y también el río Jordan, con mucho valor estoico, cultural y natural, única fuente de agua por el Mar Muerto, que está muriendo y pierde cada año más de un metro de profundidad (tiene un tercio de su extensión). Mekorot es primero una gran empresa de desastres naturales, que se hicieron para tomar el agua y darla a la colonización de Palestina después de que fueron echadas las comunidades campesinas palestinas e indígenas, que sabían y tenían una agricultura que funcionó en este territorio. Porque Palestina no es el desierto que Israel y la Mekorot han hecho parecer. Hay una parte desértica, pero mucho antes de la creación del Estado de Israel, Palestina fue un gran exportador de frutas cítricas, granos y otros, pero una agricultura familiar”. Luego del proceso de colonización israelí, “nace el agronegocio y ahí necesitás de mucha más agua, robás el agua de las comunidades palestinas para que no puedan subsistir y se vayan; pero las comunidades resisten, con niveles del agua muy por debajo de lo que la OMS estipula, pero resisten ahí. En muchos casos, como en el valle Jordán, ves las instalaciones de la Mekorot que están tomando el agua de la población palestina a dos metros de donde están los palestinos, pero ellos no pueden llegar allí, no pueden tomar el agua. Y cuando quieren hacer una extracción palestina, porque estas comunidaddes tenían pozos, llega Mekorot y pone un pozo suyo más profundo y seca los pozos palestinos. Israel prohíbe pozos más profundos y entonces no tienen más agua. Tienen que comprar el agua que Mekorot les robó, recomprarla, que cuesta para un palestino mucho más que para los colonos ilegales”. Mantovani concluye: “Mekorot es una herramienta fundamental de la implementación del apartheid israelí (…) No es solo un privilegio para pocos, sino literalmente un arma de limpieza étnica”.

El candidato de Política Obrera a legislador por la Tercera Sección, Marcelo Ramal, recorrió hoy el partido de La Matanza. En una conferencia de prensa, acompañado por su compañera de lista, la docente Mariela Arri, presentaron ante los medios locales la nómina de candidatos para el Concejo Deliberante, que encabeza Mariano Hermida. Allí Ramal se refirió a los desplazamientos de los 24 policías asociados a la candidatura de Bondarenko y señaló: "Los hermanos Milei le han alquilado la lista de la 3ra. sección electoral a un lobby policial, al servicio del gatillo fácil y una mano dura que encubre los lazos de hierro entre la Bonaerense y el delito organizado. Esta conspiración policial le ha saltado en las narices al ´progre´ Kicillof, que mantuvo incólume al sospechado cuerpo policial del distrito". Luego de una recorrida por la peatonal de San Justo, los candidatos participaron de una concentración de trabajadores municipales por aumento salarial, presupuesto e insumos para los hospitales. Por la tarde, la jornada concluyó con una charla en Ciudad Evita, donde los vecinos volcaron sus reclamos de obras hídricas y denunciaron el flagelo del narcotráfico que asola al barrio. https://x.com/marceloramal/status/1948396126597468564

Las elecciones en Bahía Blanca estarán inexorablemente atravesadas por una de las peores catástrofes sufridas por la ciudad con las inundaciones del 7 de marzo, en la cual fallecieron 18 personas, miles de familias debieron evacuarse, fueron completamente arrasadas viviendas enteras, autos y gran parte de la infraestructura urbana. La Universidad Nacional del Sur, varias escuelas públicas y el Hospital Regional Penna sufrieron grandes pérdidas. Se han perdido a su vez centenares de puestos de trabajo. Al menos 40.000 familias solicitaron los magros subsidios ofrecidos por el Estado para resarcir los daños sufridos en sus viviendas. Las secuelas tambien son emocionales y psicológicas, ante un evento por demás traumático. Los partidos capitalistas gobernantes que ahora pedirán ser apoyados mediante el voto, salieron velozmente a exculparse de lo sucedido amparándose en la inmensa cantidad de agua que cayó en poco tiempo –“un evento climático extraordinario del cual nada se podía hacer” dijeron al unísono. Lo mismo vociferaron ante otro evento climático devastador: una tormenta de viento que en diciembre del 2023 causó 13 fallecidos y tambien importantes daños materiales en la ciudad. Cada uno querrá presentar su cuota en la “vuelta a la normalidad” de la ciudad lo cual es, como veremos, una estafa descarada. Quiénes nos llevaron a esta catástrofe La realidad es que mileístas, peronistas, macristas y radicales son los máximos responsables de la devastación que sufrieron los vecinos de Bahía Blanca y especialmente las familias trabajadoras. A pocos días de la inundación, tomó estado público un informe del CONICET realizado en el 2012 que ya advertía sobre las dificultades de absorción de agua en los suelos, de los canales de desagote (Maldonado y Napostá) y de las obras que había que hacer para mitigar inundaciones, que ningún gobierno hizo. Advertía sobre los efectos del desmonte para ampliar la frontera agrícola y la utilización extensiva de agroquímicos que generan impermeabilización de suelos, aumentando las escorrentías. El mismo efecto se ha generado por la expansión urbana dirigida por la especulación inmobiliaria, que expulsa a familias a zonas propicias a ser inundadas. Un reciente informe de geólogos de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Nacional de La Plata ha ratificado esta realidad. La Autoridad del Agua, un organismo de la provincia, ya tenía caratulada a Bahia Blanca como zona de riesgo por “flujos de tipo torrencial”. Todo esto fue olímpicamente ignorado por todas las gestiones que alternaron en el poder en la ciudad, la provincia y el país. A la hora de asisitir a los damnificados, los partidos del capital tambien quedaron expuestos por sobremanera. Sucede que la principal via de ayuda llegó a partir de una gigantesca red autoconvocada de donaciones y trabajo voluntario, como docentes en las escuelas públicas. La máxima expresión de ello fueron los trenes solidarios que llegaron a la ciudad con vagones llenos de donaciones de distintos puntos del país. Lo paradójico es que estos trenes demoraron casi un día entero en viajar –exactamente el doble de lo que se tardaba 75 años atrás- por el estado ruinoso de las vías. Recientemente, ha sido clausurada la mítica Estación Sud del ferrocarril de Bahía Blanca, ante la discontinuidad permanente del servicio de trenes de pasajeros. Otra evidencia de una debacle impresionante de las fuerzas productivas que inobjetablemente debe ser apuntada a las fuerzas politicas patronales. En el caso del presidente Milei, está desmantelando el sistema científico público y considera al cambio climático una fábula. Un estudio de la organización meteorológica internacional World Weather Attribution señala que, en la inundación de Bahía Blanca, si bien se congregaron variables extraordinarias, sin la elevación de la temperatura mundial producto del calentamiento global, estas lluvias extraordinarias serian prácticamente imposibles. Tres días antes de las inundaciones, la ministra Sandra Petovello desmantelaba la Dirección Nacional de Emergencias, un organismo que se ocupaba de dar asistencia en casos de catástrofes. Un reciente informe oficial expone que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (creado en el 2001 para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones) ha incrementado su recaudación en el último periodo mientras que ha congelado y hasta convertido en negativo el gasto empleado. El gobierno demoró meses en otorgar un subsidio que oscilaba entre los 2 y 3 millones de pesos por familia, según la zona en que se encontraban la vivienda, lo cual es un monto absolutamente exiguo para recuperar todo lo perdido. Vecinos de Ingeniero White, en donde está asentado el Puerto y el Polo Petroquímico, realizaron piquetes y cortes de calle para reclamar la ausencia del subsidio y de asistencia, el cual fue respondido con el envío de la Gendarmería. Recientemente, Milei vetó una ley votada en el Congreso Nacional para asisitir con nuevos 200 millones de pesos a la ciudad, anunciando que con el subsidio ya otorgado culminaba la asistencia a la ciudad. Por su parte, la asistencia de Kicillof consistió en un subsidio de $800.000, tambien por familia y solo si el total de los “ingresos familiares” no superaba seis salarios mínimos de marzo ($1.780.992). El Hospital Regional Penna fue uno de los grandes afectados y sus trabajadores han denunciado la falta de condiciones, lo cual fue respondido por amenazas de despidos de parte de su director, un miembro de La Cámpora. El intendente de la ciudad, Federico Susbielles -integrante de lo que ahora se ha llamado “Fuerza Patria”- no ha afectado ni un solo peso de las ganancias extraordinarias embolsadas por el gran capital asentado en la ciudad. Una devolución de favores de su antiguo paso como director del Consorcio de Gestión del Puerto. Susbielles afirmó a los pocos dias del 7 de marzo que se requerirían al menos “$400 mil millones” para afrontar los daños sufridos. Una cifra que luego se comprobó muy reducida. Susbielles, significativamente, no ha objetado el veto de Milei a la ley de emergencia del Congreso porque estaría a la espera de que Milei le otorgue nuevos fondos en el futuro. A cuatro meses de las inundaciones, las obras de reconstrucción han sido poco significativas. El Canal Maldonado tiene proyectado una reconstrucción para aumentar su caudal de desagote dentro de los próximos tres años, cuya realización esta ya comprometida por la cancelación de fondos para la obra pública. También están proyectados estudios sobre distintas cuencas que confluyen en la ciudad. Pero los antecedentes son negativos, si se considera que desde el año 1982 fue planteado el proyecto de construir una presa de agua en el Puente Canessa para controlar las crecidas de agua y, de nuevo, nunca fue llevado a cabo. Por último, y no menos importante, las posibilidades de inundaciones fueron alertadas mediante las “alertas naranjas y rojas” con las cuales se suspendieron las clases ese día, evitando una catástrofe mayor. Sin embargo, las alertas no llegaron a tiempo suficiente para evacuar a la población afectada, lo cual se hizo en forma improvisada y mayormente por los mismos afectados. Esto pone el acento en las deficiencias en los centros de monitoreo y alertas, sobre la cual prácticamente no hay inversiones ni presupuesto designado. Un programa socialista ante la catástrofe ¿Qué motiva a Milei y compañía a mantener encendida la “motosierra” aún en este cuadro de catástrofe? Lo mismo que lo motiva a desmantelar las jubilaciones y todos los gastos sociales corrientes, que es el pago de la deuda pública usuraria, una politica común con todos los partidos, incluyendo Kicillof y Susbielles, que han dejado con ello una ciudad y un pueblo entero vulnerable. Los responsables de que la inundación hiciera estragos, son aquellos que ahogan a los trabajadores en deudas y en la pobreza. En Bahía Blanca estan radicadas desde hace años empresas como DOW, Profertil, Mega, Unipar, Cargil, Viterra, Los Grobo, Pampa Energía, TGS. Para estos intereses económicos, los partidos del capital han gobernado sistemáticamente ofreciendo las posibilidades de una renta extraordinaria, que no se ha traducido en absoluto en las condiciones de vida los trabajadores bahienses. El contraste social es absoluto y es por ello que el cuadro de crisis postinundación está lejos de ser resuelto. Esta es la verdadera polarización que enfrentamos: un regimen social al servicio de los fondos financieros que lucran con la deuda o uno que ponga como prioridad la reconstrucción de la ciudad, de los barrios y viviendas de los trabajadores, de los hospitales y escuelas públicas. Esta tarea solo puede ser tomada por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Política Obrera plantea: 1. Subsidios integrales a cargo del Estado para reponer todas las pertenencias personales perdidas y otorgamiento de créditos a tasas del 0% para la población afectada. 2. Un plan integral de reconstrucción de la infraestructura urbana y de los barrios bajo el control de organizaciones obreras, científicas y vecinales. 3. Empadronamiento de trabajadores y su puesta en acción en este plan bajo convenio correspondiente y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. 4. Congelamiento por un año de los servicios de luz, agua, gas, transporte y alquileres de viviendas únicas 5. Triplicación del presupuesto para el Hospital Municipal y fondos educativos. Política Obrera presentará con sus listas y candidatos este programa, y llamará a apoyarlo mediante el voto en las elecciones del 7 de septiembre.

El pasado jueves 17, Analía Pascual, histórica activista docente y delegada en la secundaria Nº 8 de Merlo, fue “pre-sumariada” y desplazada de sus cargos por la Jefatura Distrital que aplicó el artículo 139 del Estatuto del Docente, una eficaz herramienta de disciplinamiento y persecución a disposición de la casta burocrática que administra el Estado provincial. Se le informó que si bien, los “motivos” por los cuales fue sancionada estaban bajo “secreto de sumario”, los mismos se relacionaban a un supuesto “mal desempeño del rol docente y actitudes discriminatorias”. La escuela secundaria Nº 8 tiene una larga trayectoria de lucha. A fines de la Convertibilidad, los docentes y padres participaron activamente en los cortes de la ruta 1001 contra la política de ajuste y hambre implementada por el gobierno radical-peronista de la Alianza (De la Rúa-Álvarez). En los últimos años, la misma comunidad educativa movilizó masivamente ante el crimen de Sandra y Rubén y por el cumplimento del “Programa Nacional de Seguridad y Riesgo en la Escuela” que ningún gobierno provincial cumple. También, lucharon durante la pandemia por el cumplimiento del ASPO y el resguardo de la salud y la vida de alumnos y docentes. En 2023 movilizaron junto a padres y estudiantes al Consejo Escolar, conquistando mobiliario, reparación de los baños, pintura para el edificio, el arreglo de vidrios y cerramientos, el desdoblamiento de un sexto, saneamiento del tanque, etc. En la primera semana de julio de este año, durante la ola polar que azotó al país, Analía Pascual y Ana Meza, delegada de la escuela, impulsaron, junto a sus compañeros, un petitorio por la calefacción y el pedido al Equipo de Conducción de la aplicación del artículo 195 del Reglamento General de Instituciones Educativas, para suspender las clases ante el intenso frío y la falta de gas en la escuela. Ante esta iniciativa, la directora agrede verbalmente y en público a Analía Pascual y días después se montaron diversas difamaciones que concluyeron en el armado de una causa para sancionarla. Esta metodología no es nueva en el distrito de Merlo. El fascista Othacehé hizo escuela en el armado de causa truchas contra los luchadores en general y contra los docentes en particular. Con éste modus operandi fueron destituidos nueve concejales opositores y en 2008, por ejemplo, acusó falsamente a José María Escobar, militante de Política Obrera, de la quema de trenes en la estación de Merlo. El ataque a los docentes y delegados que luchan por infraestructura escolar, más cantidad y variedad de alimentos para los comedores y por el salario es un ataque a toda la docencia y, particularmente, a las organizaciones sindicales. Para avanzar con el ajuste y destrucción de la escuela pública en pos del pago de la deuda usuraria, Milei y los gobernadores, atacan a los luchadores docentes. La orientación del gobierno provincial es clara: es necesario imponer a los trabajadores de la educación medidas disciplinares para poder avanzar en el ajuste. Desde la Tendencia Docente Clasista planteamos la restitución de Analía Pascual en su puesto de trabajo y el fin de los aprietes contra los delegados y luchadores cuyo fin es amedrentar a los que luchan. Está planteado poner en pie en todas las escuelas y distritos autoconvocatorias docentes para debatir un plan de lucha contra la persecución a los luchadores en las escuelas y por todos los reclamos, tanto salariales como edilicios.

En contra del miedo que pretende infundir el gobierno de Sáenz, a los trabajadores salteños que luchan por sus salarios, a través de la imposición de una medida autoritaria como lo son las cesantías a 127 docentes, avanza una campaña de solidaridad de diversos sectores. Los compañeros que encabezan la lucha por la reorganización de la docencia y la unidad de los cesanteados y activos, que en Embarcación retomaron la lucha luego del intento de suicidio de una docente afectada de esa localidad. En Embarcación se procesa la unidad de docentes activos, cesantes y jubilados, que va despertando la solidaridad en la provincia. A través de una campaña de pronunciamientos, docentes de Colonia Santa Rosa comenzaron a pronunciarse, docentes de Capital, equipos de fútbol de la localidad de Embarcación, artistas, han enviado su foto en apoyo y exigiendo la reincorporación inmediata de los docentes cesanteados. Gremios y gremios Contra los ataques furiosos que reciben los docentes cesanteados, de parte del gremio ADP (la Celeste de Baradel), tanto de parte de su secretario general -quien exige las cesantias- como con sus punteros en las escuelas que infunden el miedo en vez de la solidaridad, los compañeros cesanteados conquistaron el pronunciamiento de la Secretaria General de ADIUNT (gremio de docentes e investigadores universitarios de la Universidad Nacional de Tucumán), demostrando que acá no se trata de afiliados sino del interés que defiende cada gremio -el de los gobiernos patronales- hoy todos aplicando el ajuste de Milei o el de los trabajadores. Festival El próximo sábado 26 de julio, se llevará adelante un festival en apoyo a los docentes cesanteados, que tiene como fin enfrentar el miedo y la desunión que impulsa el gobierno para desarmar a los autoconvocados para siempre y obligar a que la docencia salteña se discipline detrás de los gremios aliados a Sáenz y los gobiernos de turno. Llamamos a todos los compañeros y trabajadores salteños a pronunciarse y a participar del festival, este sábado 26, a partir de las 11 horas, en la plaza 9 de Julio. Los cesanteados pusieron como consigna de lucha "La solidaridad puede más que el miedo", concientes de cual es el problema a enfrentar hoy y el arma con la cual el gobierno pretende desarmar a la docencia. ¡Hagamos todo para que NO PASEN!

Arrancamos la campaña electoral en Avellaneda con el desafío de poner en pie una lista de trabajadoras y trabajadores que lleven el programa socialista al Consejo Deliberante y la Legislatura Bonaerense. La cabeza de la lista es la compañera Silvia Allocati, jefa del Departamento de Servicio Social y secretaria de organización de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (AGIHM). Junto a ella se presentan Rubén Gimenez, extrabajador del Polo Petroquímico, y Norma Giménez, jubilada del gremio de prensa y exdelegada del Diario Popular. La lista se completa con otros trabajadores del hospital Moyano y de la rama de la Salud Mental, como el psicoanalista del Hospital Tobar García, Santiago Barugel. Avellaneda es una localidad asfixiada por la contaminación ambiental. Por eso en nuestra agenda de campaña, con los trabajadores de la salud a la cabeza vamos a recorrer las barriadas afectadas como Villa Inflamable -donde el número de casos de niños con plomo en sangre, entre otras enfermedades, es alarmante- y a visitar los Hospitales zonales. El hacinamiento, otro de los problemas que persisten en Avellaneda por décadas de planes de vivienda deficitarios que se agudizaron con el fin de la obra pública. El intendente Jorge Ferraresi se comprometió a entregar unas tres mil viviendas. Pero el Acumar, en un relevamiento sobre el impacto de la contaminación en el distrito, habló de relocalizar 17 mil familias. Ferraresi intenta tapar la desidia de su gobierno respecto de las condiciones habitacionales de hacinamiento, contaminación y enfermedad en la localidad. Vamos a interpelar a la juventud que estudia en las cinco sedes de la UNdAv con un programa de salida a la crisis educativa que empieza por el desfinanciamiento de la Universidad pero que tiene centro en el ataque a las condiciones de vida de la familia trabajadora, con despidos, congelamiento salarial y tarifazos los jóvenes tienen que trabajar para aportar al sostenimiento de los hogares. Agenda Este jueves, Política Obrera Avellaneda va a estar presente en la Estación Constitución acercando nuestro programa a los pasajeros que sufren el desfinanciamiento del transporte más usado para los millones de trabajadores que entran a diariamente a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires . El sábado 26 lanzamos nuestra campaña con una Peña, con la presencia Marcelo Ramal, candidato a Diputado por la Tercera Sección. La próxima semana recorreremos el Hospital Fiorito y estaremos el domingo 3 de agosto en la Feria de Villa Domínico conversando con los vecinos, uno de los lugares donde un importante apoyo hizo posible nuestra presentación electoral. Convocamos a trabajadoras y trabajadores, estudiantes y jubilados a sumar su apoyo a las listas clasistas de Política Obrera participando de la campaña. A los trabajadores que, con fundadas razones, rechazan al peronismo y al gobierno de Milei, les proponemos una alternativa obrera y socialista a la crisis. Congelamiento de los alquileres y plan de viviendas en terrenos ociosos. Salario mínimo inicial igual al costo de la canasta familiar. 82 por ciento móvil para las jubilaciones y no pago de la deuda externa. Este sábado 26 los esperamos en Peña La Roja, a partir de las 19.30hs con una clase abierta de chacarera, bandas en vivo, bufet económico, sorteos y la participación de Silvia Allocati y Marcelo Ramal. Apoyá la lista de Política Obrera en Avellaneda, llevemos socialistas a la legislatura y al Concejo Deliberante Sábado 26/7, Peña La Roja, en Av. Roca 1519/23, Crucecita (Avellaneda) 19.30hs clase abierta de chacarera 20.30 bandas en vivo Hablan Marcelo Ramal y Silvia Allocati Bufet económico / Sorteos

La patronal de Astra Evangelista (AESA) ha procedido al despido de 43 trabajadores: casi el 30 % del plantel de fábrica. Los despidos fueron anunciados hace tres semanas, ante lo cual los trabajadores reunidos en asamblea votaron un paro total de actividades. Rápidamente intervino el Ministerio de Trabajo bonaerense, dictando la conciliación obligatoria; medida que, cómo sucede en todos los casos, terminó beneficiando a la patronal. Pasado el plazo de "conciliación" la patronal ratificó los despidos. Pero que aducen para tal determinación? Que hay una caída en la producción por la caída de encargos de trabajos, que han perdido competitividad ante sus rivales. Se trata de una empresa que produce para el mercado energético en general y del mercado del gas y petróleo en particular, que ha hecho pingües ganancias en la mayoría de las épocas previas. Tranquilamente puede mantener el plantel de trabajadores hasta "que salga más trabajo", si ese fuese el motivo. Los trabajadores están de paro por tiempo indefinido. Incluso desde el día lunes se sumaron los obreros de la UOCRA, que trabajan para la misma compañía en la misma planta. También están realizando un acampe en la puerta. Mientras tanto, de parte de la UOM, han planteado la insistencia en que la patronal deponga su medida y piden “que se acerque un Inspector del Ministerio de Trabajo bonaerense y que se ponga del lado de los trabajadores” (reportaje de Canal 4 de Ezeiza). También la seccional Avellaneda de la UOM ha planteado un plan de suspensiones con los obreros adentro, cómo -según dicen- están planteando en diferentes conflictos de fábricas de la zona. A esto la patronal respondió con la oferta de mantener el plantel pero eliminando varios "items", que representan el 42,5 del salario. Los trabajadores han rechazado está oferta y se mantienen firmes en la puerta, a sabiendas de que afuera no hay nada. Esta lucha tendría un gran espaldarazo si salen medidas de lucha del conjunto de las fábricas de la seccional, para quebrar esta ofensiva antiobrera. Estos despidos e intento de poda salarial son parte del ataque general hacia los trabajadores de parte de las cámaras patronales empoderadas y amparadas en las medidas reaccionarias y antiobreras del gobierno nacional de Milei, y en este caso con la complicidad del Ministerio de Trabajo del gobierno bonaerense de Kicillof. Ni siquiera el período electoral bonaerense hace que mermen o se terminen los ataques a los trabajadores. ¡Reincorporación inmediata de los 43 obreros despedidos! ¡Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario! ¡Rodeemos de solidaridad esta lucha hasta su victoria!

En una nueva avanzada contra el Estatuto del Docente, las sedes de Inspección convocaron a la docencia de la provincia de Buenos Aires a sumarse a la atención del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en el receso de invierno, en las escuelas donde hay comedor, claro. El comunicado destinado a diez escuelas de San Fernando, por ejemplo, que establece la continuidad del SAE, ambiguo pero contundente, dice sin tapujos en su segundo párrafo: «El horario que deben cumplir en la escuela docentes y auxiliares será de 10:00 a 14:00 hs., el cual contempla el tiempo de preparación de la comida y del almuerzo.» Huérfano de explicaciones, justificaciones o prolegómenos, la directiva mete en el servicio a los trabajadores pedagógicos. En el último párrafo, introduciendo un grado de confusión, dice, sin embargo: «que si hay algún docente que quiera colaborar en la escuela SEDE serán bienvenidos/as», marcando por último la responsabilidad de todos los que son parte del Sistema Educativo por el SAE, y su calidad de «Garantes de las Políticas Educativas». La confusión se debe a que la Inspección se mete sin el traje correspondiente al terreno espinoso del derecho laboral docente consagrado en el Estatuto. Y el tono amable, por su parte, no debe confundir a los trabajadores de la educación, aun cuando se articula con un dedo levantado hecho de responsabilidades y garantías. No: el docente está dispensado de asistir a la escuela en el receso de invierno. Por si no bastara con los requerimientos formales sobreabundantes, con la tensión social que hace eclosión en las aulas, con los salarios miserables o los casos de violencia contra docentes, ahora “se le pide/exige” al trabajador educativo un día de su descanso invernal para “estar” en el SAE, cuando no hay ninguna normativa ni circunstancia que lo justifique. La medida se emparenta con los programas educativos que precarizan el trabajo docente como FINES, FORTE, ATR, etcétera, en los que se contrata por fuera del Estatuto, no se reconocen antigüedad ni derechos adquiridos, las tareas se asignan por fuera del horario habitual y no se garantizan condiciones laborales. Se suma a la sobrecarga laboral encarnada en la multiplicación, por ejemplo, de planificaciones, diseño e implementación de planes de mejora institucional, la quinta hora en primaria, la presión por cumplir con formatos de evaluación y acreditación en todos los niveles, la intensificación educativa, las reformas del régimen académico en secundaria, etcétera. Se trata también de una reforma laboral en el espacio educativo, en tanto la sobrecarga tiene que ver con la falta de cargos; vale decir, con la falta de personal, con lo cual se sobrecarga trabajo en el personal que hay. Para el caso, la escasez de personal auxiliar o de metodologías alternativas como el reparto de mercadería a las familias de la comunidad educativa, se emparcha con personal docente gratuitamente o, como se dice en el barrio, por la misma guita. El uso de la figura docente para suplir carencias estructurales del sistema (como la falta de auxiliares suficientes) no sólo erosiona la función pedagógica, generando malestar y sobrecarga, sino que apunta fundamentalmente a quebrantar la moral de ese trabajador para perpetuar las condiciones deplorables de trabajo, por ejemplo, en el punto del salario, y también embutir en el trabajo docente argumentos para abandonar el Estatuto, que en estos días la burocracia sindical negocia con la patronal kicillofista a favor de un Convenio Colectivo de Trabajo. Y, por último, es una medida demagógica, además, que esas mismas dirigencias le conceden a Kicillof para que éste la tribute a la burguesía en el contexto de su crisis electoral. La docencia bonaerense está mirando las autoconvocatorias como la organización que le posibilitará enfrentar todos los abusos. Lo demuestran los últimos paros a los que ha adherido, convocados por la oposición a Baradel en el SUTEBA, y el del 20 de mayo, que la FEB tuvo que convocar para evitar una crisis con su base. En ambos casos la adhesión fue masiva, mostrando que la docencia está presta a acordar con medidas de contundencia, para ir contra la sobrecarga, la reforma laboral y el feroz ajuste que Baradel y Kicillof quieren imponer en la educación.

Sin mediar aviso, la Minera EXAR, de capitales canadienses y chinos con un pequeña participación de JEMSE (empresa estatal jujeña), ha anunciado alrededor de 80 despidos. Directivos de EXAR anunciaron, en marzo de este año, una inversión de 40 millones de dólares en una planta de extracción directa de litio en Cauchari-Olaroz, “mejorando la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de litio. Esta inversión, que tiene la posibilidad de ampliación, generará aún mas oportunidades de trabajo para la provincia de Jujuy” (Perez Alsina, presidente de EXAR, en Saltamining.com12/3). El argumento patronal de la incorporación de nueva tecnología en la extracción de litio encubre la pretensión de maximizar la producción sobre la base de reducir costos a expensas de los trabajadores que quedan. Para las patronales, la reducción de costos se traduce siempre como despidos y súperexplotación de sus obreros. Esta medida es un ataque a todos los trabajadores del complejo: por un lado están los despidos, y los que quedan van a afrontar una explotación laboral superior a la actual, ya que los planes de la empresa son ampliar la producción. Hoy en día la jornada de un minero de convenio son 7x7 con jornadas de 12 horas de trabajo, y a veces más. Ya en el pasado esta empresa fue denunciada por explotación laboral y trata por las pésimas condiciones de seguridad e higiene a los que eran sometido los obreros (mundogremial, 26/9/21). # Proceso de concentración y despidos. Cuando todavía el negocio del litio es relativamente ´nuevo´ en el país, ya se están produciendo grandes movimientos de concentración de capitales y arrastrado por esto una reducción de personal para las tareas. Los grandes jugadores de la mesa han aprovechado la caída internacional del precio del litio, para poder hacerse de los proyectos mas importantes y de rebote disponer una reorganización de la producción con menos cantidad de trabajadores. En el ultimo periodo se han producido despidos en varias minas de litio, tanto en Argentina como en Chile Tecpetrol -una empresa de Techint- se metió en el negocio del litio comprando la mayoría de las acciones de Alpha Lithium Corporation, por lo cual se hizo se hizo de tres proyectos litieros en la region: Tolillar con 27.500 hectáreas de exploración en Salta, 5.000 hectáreas en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y 6.000 hectáreas en el Salar de Arizaro (Salta). Con la aprobación de la licencia social para explotar en litio en la zona de la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc en Jujuy, Techint cierra el círculo con toda la mesa del litio. Otro tanto ha realizado el gigante de la minería Rio Tinto, de capitales anglo-australiano, con proyectos en Salta y Catamarca. El gobierno nacional tiene como estandarte de crecimiento Vaca Muerta y la minería no puede garantizar ni las condiciones minimas de estabiidad laboral, ni condiciones de trabajo en estas áreas. El gobierno provincial de Sadir, que ha apoyado la Ley Bases y el RIGI con el argumento de que va a favorecer la instalación de empresas y la generación de puestos de trabajo, es un cómplice más en esta política de despidos, ya que es socio minoriario en EXAR. No solo no ha repudiado los despidos, ¡no ha dicho una palabra! En un escenario de pérdidas de puestos de trabajo formales que golpea a los trabajadores de todas las ramas en la provincia -y del país- con 200 despidos en Ledesma, despidos en UATRE, caída de la obra pública y miles de obreros de la construcción sin trabajo, cierre y despidos en Comercio, este nuevo ataque a los trabajadores mineros tiene que servir para reimpulsar una campaña contra los despidos en este escenario recesivo producido por el gobierno y el capital. Es necesario reimpulsar una campaña por el reparto de las horas de trabajo y por la defensa del salario.

Jujuy se destacó desde principio de siglo por ser unas de las provincias con más escuelas rurales del país, sobre todo de nivel primario. El 80% de las escuelas primarias de Jujuy fueron rurales. Pero a partir del 2017 y por nuevas políticas con relación a las categorías, pasaron a ser el 58%, según fuentes propias de funcionarios. Actualmente existen alrededor de 242 escuelas rurales. Desde 2017, 60 se cerraron. Estos cierres se concentraron en zonas como la Puna, Quebrada, Valles y sectores rurales del Ramal, afectando particularmente a comunidades indígenas y campesinas. Hoy quedarían aproximadamente 180 escuelas rurales en funcionamiento. Este número no es oficial, pero representa una tendencia clara de reducción progresiva de unidades escolares rurales. Según información difundida por el Ministerio de Educación provincial en 2024, existen al menos 102 escuelas primarias rurales con entre 1 y 15 alumnos. Estas instituciones están bajo análisis para ser agrupadas o fusionadas mediante el proceso de “nuclearización”. La política oficial busca unificar estudiantes y docentes en sedes escolares más grandes, lo que muchas veces implica el cierre de las escuelas más pequeñas. El promedio de cierre es de 8 a 10 escuelas rurales por año desde 2017. El proceso de “reestructuración” implica una pérdida progresiva del rol pedagógico y territorial de las escuelas rurales. Desguace y precarización laboral. El Ministerio de Educación de Jujuy dictó la Resolución 2914, que dispone no cubrir cargos docentes en 106 escuelas primarias rurales con matrícula reducida durante 2025. Se trata de la denominada “nuclearización”: fusiones forzadas de pequeños establecimientos en sedes únicas, con traslado de estudiantes a centros más grandes, con los problemas que esto requiere, que por un lado corta con la continuidad pedagógica de los niños de zonas rurales como así también obliga a las familias a hacer viajes extensos a estos núcleos educativos, que generalmente no cuenta con servicios de transporte regular ni caminos aptos. La “nuclearización” puede implicar traslados diarios de más de 20 km. para estudiantes y docentes sin medios de transporte garantizados. El cambio de categorías o funciones (de escuela a subsede o anexo) reduce horas docentes, cargos directivos y recursos materiales. Profundiza un proceso de desarticulación del derecho igualitario a la educación. Comunidades dispersas pierden instituciones locales, donde la posibilidad de tener una escuela también abría la necesidad de una sala de salud. Ahora, sin escuela, las salas de salud de los lugares más alejados también corren peligro. Además el docente pierde el vínculo cultural con los estudiantes rurales, sumado a la creciente precarización laboral, ya que los maestros pasan a disponibilidad o a tareas pasivas, mientras tanto la reconversión se concrete. El proceso de “nuclearización” conlleva el reagrupamiento de varias escuelas bajo una única dirección escolar, con recortes de cargos directivos, administrativos y docentes. Algunas instituciones pierden su categoría como “escuela cabecera”, quedando subordinadas a otra sede, esto afecta directamente la autonomía institucional, la identidad comunitaria y la gestión local. En ese contexto, emerge la Resolución 675/2024: designa como “liberados para no cobertura” una lista de 60 instituciones que perderían cargos docentes y auxiliares, sin previsión de reemplazo ni continuidad, afectando en gran medida a nivel inicial. El criterio principal fue la baja matrícula, junto con procesos de reorganización institucional (“nuclearización”) y ajustes presupuestarios En combinación con la Resolución 2914, se afecta directamente a más de 300 cargos en el nivel inicial y primario, proceso que ha sido denunciado por docentes de áreas de la Puna, Quebrada y otras zonas rurales e indígenas. Un ataque estructural a la escuela rural. Este ataque no es coyuntural ni una represalia reciente contra las comunidades que enfrentaron la reforma constitucional. Forma parte de una política estructural sostenida por los gobiernos radicales en Jujuy durante la última década. Desde las Yungas hasta la Puna, se ha impuesto un proceso de desmantelamiento educativo, aun con los 300 millones de dólares de deuda que tomó Morales para resolver problemas de educación que no fueron más que un verso propio del fracaso de Cauchari y el recambio de modelo productivo propuesto por su gobierno. Los docentes rurales cargan en sus mochilas no solo materiales de aula, sino también los efectos de una profunda crisis social. Sin embargo, frente a cualquier manifestación de estos conflictos en el aula, el sistema los responsabiliza directamente. Las normativas los señalan como únicos culpables de los problemas de alfabetización, permanencia o violencia, sin considerar las condiciones estructurales que los rodean. El avance liberal en Jujuy busca racionalizar costos a costa de vaciar territorios, recortar derechos y precarizar la educación rural. Las resoluciones 2914 y 675 son la punta de lanza de una política que debe ser frenada. La defensa de la escuela rural no es solo una cuestión educativa: es una lucha por el derecho a la vida digna en el territorio, por la soberanía pedagógica y por una educación al servicio de los pueblos y no de los presupuestos de ajuste.

“Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón, / sí en el destino que nos arrimó / Fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor” (Ricardo Iorio) En el origen de la música pesada, entre las tres bandas que, a fines de la década de los años 60 impusieron una renovación sonora de vasto alcance, se podría decir que Led Zeppelin atrajo a los cultores del blues ´reventado´ y el folk celta; Deep Purple, a los iniciados en la música clásica y amantes de la velocidad; y Black Sabbath... bueno, Black Sabbath inventó el heavy metal. El icónico cuarteto de Birmingham acaba de perder a su cantante, John “Ozzy” Osbourne. Su característica voz y su poderoso carisma se apagaron definitivamente ayer, a sus 76 años. Sus compañeros de banda -el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward- compartieron un último concierto de la formación original hace apenas tres semanas, en el estadio del Aston Villa, en su ciudad natal. Era la primera vez en veinte años que los cuatro se reunían para celebrar su música. Fue un velorio anticipado y festivo para Osbourne, cuya salud ya era muy frágil. El último concierto fue un evento extraordinario. Además de agotar los tickets, dos millones de personas pagaron el abono por ver la transmisión en vivo. Buena parte de los popes del rock -y no sólo del heavy metal- se dieron cita sobre el escenario para rendir homenaje durante la previa a los cuatro de Birmingham. Esa noche, Osbourne, apoltronado en una silla forrada de cuero negro y formas de murciélago, cantó media docena de temas de su carrera solista y, finalmente, se despidió de su legendaria banda con un breve de set de cuatro canciones. Nadie se quejó. La salud de Osbourne no daba para más. El agradecimiento fue mutuo: los cuatro chicos de Birmingham agradecieron a la multitud haberles permitido vivir una vida soñada; los fans, por esa música áspera y oscura que sirvió a tantos de inspiración y consuelo. Por la talla de los músicos que animaron y organizaron el evento -miembros de Rage Against the Machine, Metallica, Tool, Slayer, Guns & Roses, The Smashing Pumpkins, entre otros- es apenas una muestra simbólica de la influencia enorme de Sabbath y su música hasta el día de hoy. La familia Osbourne -con sus seis hijos- se hacinaban en dos ambientes de una pequeña casa del distrito de Aston. Birmingham era por entonces una ciudad industrial humeante. Madre y padre trabajaban como operarios. Las expectativas de alcanzar otro destino eran remotas. Sin embargo, el padre guardaba grandes esperanzas para el pequeño John, a pesar de su dislexia y de su intensa vocación de atorrante. “Mi padre siempre pensó que yo haría algo grande: "Tengo una corazonada, John Osbourne", me decía después de unas cuantas cervezas. "O acabas haciendo algo muy especial o acabas en la cárcel". Y tenía razón: antes de cumplir los dieciocho ya estaba en la cárcel”, contó Ozzy en alguna oportunidad. Cuando lo atraparon, el padre se negó a pagar la fianza para darle una lección. Pero no se resignó: en un acto de amor -y algo de timba- sumó su esfuerzo a los ahorros de su hijo y juntos gastaron una pequeña fortuna en comprar un equipo de voces. El bicho de la música le había picado a los 14 años, después de haber escuchado en la radio “She loves you”, de los Beatles. Con ese bagaje, Ozzy comenzó a ofrecerse como cantante a través de un volante que llegó a manos de Iommi, quien lo conocía de la escuela. Desconfiaba de sus aptitudes, pero le dieron una oportunidad. Con la banda formada, publicaron su primer álbum, homónimo, que se convirtió en un clásico indiscutido de la historia del rock. Su ominoso tema de apertura, titulado también “Black Sabbath”, es el himno que definió la estética, el sonido y la lírica de la música metálica. El sonido oscuro y valvular era el eco del entorno fabril de la banda; el misticismo terrorífico que habitaban sus letras eran el punto de fuga de la dura vida del proletariado inglés en la posguerra. Al debut le siguieron ocho discos más. Varios de ellos -Paranoid, Vol. 4, Sabbath Bloody Sabbath, Sabotage, por ejemplo- fueron tremendamente exitosos tanto en materia de ventas como de críticas. Osbourne salió de Sabbath en 1979, en un estado lamentable por su adicción a la cocaína y al alcohol. Regresaría mucho tiempo después, con buenos resultados artísticos y grandes giras y conciertos. Su renacimiento como solista fue tan inesperado como exitoso. Su segunda esposa, Sharon, se reveló como una manager astuta y cómplice. Colaboraron, además, grandes guitarristas -como Randy Roadhs y Zakk Wylde- para darle forma y dirección musical al proyecto. Sharon y Ozzy lanzaron el Ozzfest, un festival itinerante que reunía anualmente a los grupos más destacados del metal y sus derivados. Una nueva generación conoció además a Ozzy, "el príncipe de las tinieblas", no por su música, sino como el excéntrico padre de familia, un poco tontorrón, que deambulaba en el reality The Osbournes, basado en su vida familiar. El personaje que acaba de morir, que tantas veces le cantó a la muerte y el Apocalipsis, se despidió de la vida con gratitud y música, siempre música. LEER MÁS: Tom Verlaine (1949-2023) Por Jacyn, 30/01/2023. Ricardo Iorio (1962-2023) Por Jacyn, 24/10/2023. Javier Martínez, maestro Por Jacyn, 07/05/2024.

Las condiciones de vida de los trabajadores del distrito más poblado de la Provincia de Buenos Aires han retrocedido a niveles históricos. Desde la falta de agua potable, la luz y el gas, hasta el acceso a la tierra y la vivienda, pasando por la falta de trabajo, el vaciamiento de la salud pública y la educación, el peronismo local que gestiona hace décadas ha fracasado estrepitosamente en satisfacer las necesidades mas elementales de la población. La gestión del intendente Fernando Espinoza -al igual que la de Axel Kicillof en la Provincia- se “autopercibe” contraria a los ajustes que ejecuta el gobierno de Javier Milei. Pero esto es una estafa política. Las obras de infraestructura brillan por su ausencia. Las inundaciones en el distrito son moneda corriente porque las obras de saneamiento y entubamiento no existen. Los precios de los alquileres se hacen impagables para las familias obreras a causa de la especulación inmobiliaria. No existen planes de acceso a la vivienda de ningún tipo. La crisis habitacional se completa con cientos de barrios sin urbanizar. El ajuste es llevado adelante con todo vigor en materia de inversión en salud con edificios que se caen a pedazos, falta de personal, y con salarios de médicos municipales miserables. Las protestas de médicos municipales son moneda corriente. Las escuelas sufren una crisis edilicia sin precedentes, la alimentación en los comedores escolares es paupérrima. Las huelgas docentes del último tiempo y las movilizaciones al Concejo Escolar dan cuenta del derrumbe del sistema educativo. Viajar en transporte público es una calamidad que afecta a la vida diaria de los trabajadores, con bajas frecuencias, paradas de colectivos sin iluminación. Hay minibasurales en las esquinas de los barrios porque el servicio de recolección es insuficiente. Las bandas del narcotráfico actúan bajo el emparo estatal y policial, del cual se desprenden un conjunto de delitos que afectan a las familias trabajadoras. En materia de asistencia social, la gestión de Espinoza -repetimos al igual que Milei- ha cerrado decenas de comedores populares y han reducido los cupos a los que todavía siguen en pie. La excusa es la misma: “No hay plata”. Este es el escenario social en el que los matanceros concurrirán a votar en las próximas elecciones del 7 de septiembre. # Testimoniales y arribistas Quien encabeza la lista de Concejales de “Fuerza Patria” es el principal responsable del derrumbe de las condiciones de vida de los matanceros: el intendente Fernando Espinoza, que lleva a cabo su quinto mandato a cargo del Ejecutivo municipal. Es una candidatura testimonial forzada por la crisis del peronismo. Por la alianza de Libertad Avanza-Pro se postula Leila Gianni a 1er. concejal. Una fiel representante de la “casta” gobernante que ha hundido al país. Fue funcionaria en los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernandez, trabajando en diversos organismos estatales como ANSES, el INTI y el Ministerio de Justicia. En la última campaña electoral militó fervientemente la lista de Sergio Massa. Para salir de la “marginalidad”, la candidata propone aliviar la carga de impuestos al sector privado y recortar aún mas la poca asistencia social que queda en pie. Gianni se presenta como la “voz de los matanceros que han sido olvidados y degradados a la marginalidad”. Los matanceros han llegado a esa condición por las políticas de todos los gobiernos que integró la carrerista Gianni. El frente “Somos Buenos Aires” se presenta como un rejunte de radicales y peronistas que han apoyado todas las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. El FIT-U se presenta en una lista que encabeza el PTS. El eje de la campaña es atribuirse ser la “oposición que no tranza”, para el cuál no han presentado un programa. Ponen en juego la renovación de dos bancas en el Concejo Deliberante. # Política Obrera. Política Obrera ha presentado una lista propia conformada por decenas de delegados y docentes de SUTEBA, trabajadores de la salud, metalúrgicos, molineros y delegados de distintos barrios del distrito como Gonzalez Catán, Tablada y Ciudad Evita. Realizaremos una campaña recorriendo los barrios y los lugares de trabajo uniendo las principales reivindicaciones de los trabajadores con la lucha por construir una salida obrera y socialista. Planteamos la puesta en pie de un gigantesco plan de obras públicas de infraestructura, saneamiento, cloacas, bajo control de los trabajadores. Sobre esa base, emplear a los miles de trabajadores desocupados con un salario mínimo acorde al costo de la canasta familiar. Diseñar un plan de viviendas populares y la urbanización de villas y asentamientos y el reconocimiento de la ocupación de terrenos por parte de familias establecidas. Proponemos financiar este plan mediante un impuesto progresivo a la especulación inmobiliaria, la tierra ociosa y las patronales del distrito. En materia laboral impulsamos la prohibición de las suspensiones y los despidos en fábricas, repartiendo las horas de trabajo entre los trabajadores sin afectar el salario. Pase a planta de todos los precarizados. El establecimiento de bolsas de trabajo a cargo de trabajadores electos y revocables. Con respecto a la salud, el aumento del presupuesto para atender los reclamos de trabajadores y usuarios. Satisfacción de los reclamos salariales y de condiciones de trabajo. Nombramiento del personal necesario y equipamiento para los hospitales. Creación de nuevos hospitales. Convenio único, de seis horas de trabajo, reconocimiento de todas las especialidades (incluida enfermería), garantía de estabilidad laboral y la capacitación en servicio gratuita. Centralización del sistema bajo control de trabajadores y usuarios. En materia educativa, sostenemos la triplicación del presupuesto para la educación pública bajo control de los trabajadores. Aplicación del fondo educativo para la creación de escuelas, jardines y obras de infraestructura escolar. Nombramiento de todos los cargos faltantes. Por un tope de 20 alumnos por aula. Por un servicio alimentario nutritivo y de calidad. Ante la crisis ambiental, defendemos el derecho de veto de las comunidades a proyectos productivos que afecten el medio ambiente y la salud. Prohibición del glifosato. Por el control obrero para reconvertir las industrias contaminantes. Declaración de la reserva natural de Laferrere y un plan de administración de los vecinos. No al CEAMSE. Por un tratamiento integral de los residuos y un proceso de reciclaje bajo control de los vecinos y las organizaciones ambientales. Ante el manejo discrecional de los fondos municipales y la complicidad de los sucesivos Concejos Deliberantes, planteamos la apertura de los libros contables del municipio y la elección de un comité veedor de la aplicación de los recursos. Convocamos a los trabajadores de La Matanza a sumarse a la campaña y al voto a las listas de Política Obrera, en el camino de construir una salida socialista a la crisis del régimen social vigente y sus partidos.

El gobierno de Javier Milei oficializó en el Boletín Oficial la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y puso a la venta el 90% de sus acciones. El paso previo al desguace de la empresa había sido la autorización para que el servicio público de agua potable y desagües cloacales sea interrumpido por la falta de pago de dos meses, en el caso de los usuarios residenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El decreto habilita el corte de suministro por "deficiencias en las instalaciones". AySA fue una de las empresas públicas sujetas a ser privatizadas en la Ley de Bases aprobada por el Congreso el año pasado. De acuerdo con el procedimiento aprobado, la privatización se llevará adelante en dos etapas: en la primera, se venderá el 51% del paquete accionario de AySA a un único operador mediante una licitación. Luego, un 39% de las acciones será ofertado en bolsas y mercados nacionales. El 10% restante quedará en manos de los empleados “dentro del programa de propiedad participada”. El acuerdo marco y el pliego de licitación deberán ser aprobadas por el Congreso. Mediante esta privatización, el gobierno buscará recaudar una cantidad de dólares para pagar vencimientos de deuda pública. Los trabajadores pagarán con el aumento trimestral de las tarifas y los aumentos extraordinarios que autorizó el gobierno para la nueva dueña de la empresa. Se trata de un servicio que, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, a cargo de la UBA y el Conicet, aumentó un 331% en sólo un año. Mientras el gobierno habilita el corte del suministro,habilita por otra parte a que la empresa comercialice excedentes de agua potable o capacidad cloacal. Para ello, además se habilitaron a la empresa "amplias facultades" para revisar y auditar todas las obras. Privatización-estatización-privatización El gobierno admitió la necesidad de grandes inversiones en infraestructura, pero asegura que ello iría en contra del “saneamiento fiscal”. La “estatización” kirchnerista no fue otra cosa que un rescate a la empresa francesa Suez, la cual decidió retirarse dejando una empresa endeudada (casi 700 millones de dólares) producto del fraude y el vaciamiento del que ninguna otra empresa quiso hacerse cargo. Los “estatizadores” habían colocado a la cabeza de la compañías al director general adjunto (entre otras funciones) de Suez (el abogado Carlos Humberto Ben). En la década del ‘90, Suez logró enormes beneficios con tarifas dolarizadas. La devaluación posterior volvió impagables las tarifas dolarizadas y los ajustes tarifarios en dólares, llevando a la empresa a la decisión de retirarse (sin olvidar la exigencia de una jugosa “indemnización”). Con un dólar planchado (por ahora) la gestión de AySA vuelve a ser visto como un buen negocio, aunque amenazada por otra devaluación. El papel de la burocracia sindical ha sido clave en todo este proceso de privatizaciones y pseudoestatizaciones. El secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, fue uno de los grandes promotores de la privatización en 1993. Desde el 2003 se hizo kirchnerista y un “estatista” de primera línea, lo que le valió que el gobierno lo colocara en el directorio de AySA. Este burócrata, que aún sigue al frente del sindicato, acompaña ahora la privatización de Milei. Al ser consultado por la agencia Noticias Argentinas sobre la privatización de AySA, Lingeri respondió que “es una imposición de la Ley Bases”. Acerca del ajuste que la privatización significará sobre los trabajadores de la empresa, el sindicalista contestó que “el ajuste ya se hizo en todos los niveles operativos y administrativos por vía de la prejubilaciones y los retiros voluntarios". Según LPO, Lingeri “ya salió a apoyar el proceso privatizados porque mantendrá el 10% de participación accionaria”. Mekorot Según informaron algunos medios, el gobierno habría avanzado en las gestiones con Mekorot, la empresa estatal de agua israelí, durante la visita que Milei realizó el mes pasado a ese país. La empresa israeli es conocida por la condena a su administración del agua en territorios ocupados -violación del derecho internacional humanitario. Mekorot podría llegar a AySA con socios locales, como Daniel Sielecki (“un empresario muy cercano al gobierno de Milei al punto que ubicó a su sobrino como embajador en Francia y ahora puja por quedarse con Telefé”) y a Mauricio Filiberti (quien “controla monopólicamente desde hace años el meganegocio de la venta de cloro a AySA y siempre fue vinculado con el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri”). La privatización de AySA no es una idea original de los libertarios. El gobierno peronista de los Fernández ya había avanzado en sus relaciones con Mekorot. Según LPO, “Mekorot viene desde hace años haciendo lobby para ingresar en Argentina. Cuando Daniel Scioli fue gobernador bonaerense estuvo a punto de quedarse con la construcción de la planta potabilizadora de agua en La Plata, pero Scioli no consiguió los fondos”. En 2022, el entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, junto a su par de Obras Públicas -Gabriel Katopodis- encabezaron una misión a Israel , “con la idea polémica de centralizar la gestión del agua a nivel nacional en manos privadas” (Agencia Tierra Viva, 20/9/23). Allí se selló un acuerdo de cooperación entre el Consejo Federal de Inversiones y Mekorot para asistir técnicamente a las provincias en el desarrollo de planes de gestión y desarrollo de infraestructura hídrica. Desde entonces, Mekorot ha establecido acuerdos con gobiernos de 12 provincias argentinas. Los gobernadores de Chubut, Neuquén y Jujuy firmaron convenios con Mekorot para el diseño de sus Planes Maestros Hídricos, con la presencia del embajador de Israel en Argentina y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí. Acuerdos similares fueron firmados en el 2022 por Santa Cruz, Rio Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Formosa. Otras provincias, como Santa Fe y Santiago del Estero, mencionaron vínculos con la empresa. Los acuerdos implican el avance de la megamineria, del agronegocio y otros negociados. Estos acuerdos vienen siendo cuestionados por diferentes sectores de la población, ya que se realizaron sin consulta pública, con escaso acceso a la información y en condiciones violatorias de derechos de la población. La entonces gobernadora de Río Negro recalcó entonces “la importancia de la experiencia que significó el viaje a Israel en muchísimos sentidos: no sólo en lo relativo a administrar un recurso escaso y hacer, gracias a esa administración, un gran país, sino en muchos otros aspectos: el tecnológico, el de desarrollo, y el de tener una mirada estratégica sobre los recursos”. Su sucesor tuvo que responder a un pedido de informes acerca de los términos del acuerdo entre Mekorot y la provincia. Uno de los reclamos es que el gobierno de Río Negro cedió a Mekorot la propiedad intelectual de la información hídrica y geológica de la provincia, garantizó inmunidad del personal y asumió los costos que la empresa pudiera contraer La llegada de la empresa al país avanzó en 2023 en el marco de la sequía que afectó gran parte del territorio nacional, siendo que Mekorot se promociona como líder global en gestión hídrica por su desarrollo e innovación en tecnologías de plantas desalinizadoras, riego avanzado y reciclaje de aguas residuales. La privatización de Aguas pone a Argentina bajo la tutela de un Estado genocida. LEER MÁS: Mekorot: el apartheid del agua en la Franja de Gaza Por El Be, 24/07/2025.

“Las Fuerzas del Cielo”, la gendarmería digital de La Libertad Avanza; y la Fundación Faro de Agustín Laje y Javier Milei; fueron los protagonistas de una nueva edición de “La Derecha Fest”, el evento que organiza el pseudo periodista español Javier Negre, director del sitio “La Derecha Diario”. Tuvo lugar en Córdoba, adonde Milei y su comitiva y varios ´invitados´ se traladaron en vehículos oficiales. La seguridad del evento estuvo a cargo de la Casa Militar. Nuevamente, el presupuesto público sirvió para financiar la agitación fascista del presidente argentino en eventos políticos privados. En este caso, para ingresar al auditorio habilitado para 3.000 personas el costo de la entrada era de 35.000 pesos. El periodismo acreditado fue confinado a un ´corralito´ a la intemperie, desde donde no se podían seguir los discursos. Algunos cronistas pudieron ingresar al evento pagando su entrada. Pero aun así, hubo casos, como el de la enviada de Página/12, Melisa Molina, que fueron ´invitados´ por los organizadores a retirarse. El periodismo, en general, fue vilipendiado reiteradamente desde la tribuna. Como Trump, Milei y los suyos aspiran a potenciar a ´influencers´ que esparzan sus doctrinas cavernarias a través de las redes sociales. La conexión ya no ideológica sino operativa con el magnate y amigo íntimo del proxeneta y pedófilo Jeffrey Epstein estuvo representada por Alex Brusewitz, presentado como “el autor de la campaña digital de Donald Trump”. En el ingreso al salón, los asistentes se fotografíaban delante de siluetas de tamaño real de Milei, Trump, Bukkele y Giorgia Meloni. El evento fue inaugurado por tres pastores ´libertarios´. Las invocaciones religiosas se sucedieron a lo largo de toda la jornada, despertando vítores y aplausos, según las crónicas. Días atrás, Milei participó de la inauguración de un microestadio evangelista en Resistencia, Chaco, también vinculados al trumpismo. Los adalides criollos de la ´libertad´ buscan trabar una alianza con la derecha religiosa, como lo hizo Bolsonaro en Brasil. En eso consiste la ´batalla cultural´ de los fascistas del gobierno – la destrucción de la clase obrera como sujeto político, el reforzamiento del sometimiento de la mujer y el embrutecimiento de la juventud. Es la plataforma intelectual de la guerra imperialista que libra Trump. El discurso de Milei atendió varios frentes. Atacó al Congreso por aprobar un -mezquino- reajuste a los jubilados. Como es habitual en sus alocuciones, revoleó números a la audiencia. Dijo que un aumento del 7,2 % y un bono de $ 110.000 por jubilado tendría un costo de 17 mil millones de dólares, una cifra extravagante. Fue la excusa para descargar un ataque sobre Victoria Villarruel, a la que calificó de “bruta traidora”, por no haber levantado la sesión del Senado que aprobó el proyecto. La audiencia respondió con insultos a la vice. Otro de los oradores, Nicolás Márquez, el biógrafo presidencial, a su turno la invitó a irse con el neonazi nacionalista Alejandro Biondini y convocó a “exterminar políticamente” a los “enemigos” del gobierno. “Estamos en guerra”, subrayó, y convocó a dar “golpes cívico electorales”. Entre el público se vio a Gerardo Milman, ladero de Patricia Bullrich, bajo la lupa por haber ´anticipado´ la tentativa de magnicidio contra Cristina Fernández. “Hasta nosotros, el mejor gobierno de la historia había sido el primer gobierno de Menem”, celebró Milei, haciendo caso omiso de que sentó las bases del mayor derrumbe capitalista de la historia argetina. “En términos de estabilización -agregó- este plan que te organizó el mejor ministro de Economía de la historia, Toto Caputo, lo superó". Lo dijo a despecho de Domingo Cavallo, ´el padre de la convertibilidad´, que se ha pasado al campo devaluacionista. En lo que realmente Caputó ´superó´ a Cavallo ha sido en el agravamiento de la hipoteca financiera sobre el presupuesto público, de características explosivas, como han advertido varios bancos de inversión. El discurso de Milei tuvo un acentuado tono electoral. Pronosticó que “muchos se van a sorprender con los resultados de octubre”, aunque el primer tiempo de ”la madre de todas las batallas”, se juega en septiembre. El JP Morgan vaticina “un camino largo y accidentado” si el gobierno no supera el 45 % de los votos en las próximas legislativas, aunque sin tener en cuenta la posiblidad de un ´faltazo´ masivo de los electores a las urnas. A su turno, el inefable “Gordo Dan”, tuitero profesional al servicio del gobierno, dio un discurso también plagado de insultos, que muchos destacaron por su obsecuencia al rumbo oficial. Habló bajo la mirada impasible de Karina Milei, responsable de haber raleado de las listas a las bandas digitales-celestiales que responden a Santiago Caputo. “Sin rencores por las listas, todo bien”, le dedicó el tuitero a una periodista de La Nación (23/7). La reunión del fascismo criollo tuvo lugar en la mayor soledad.

Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, lanzó un duro cuestionamiento a la conformidad del FMI con la política del gobierno desde el acuerdo de abril pasado. “Luis Caputo, señaló Altamira, logró el desembolso de 2 mil millones de dólares del FMI a pesar de la oposición del directorio de la entidad y de su equipo técnico. El ministro ha incumplido todas las metas de ese acuerdo, desde la recomposición de las reservas internacionales hasta la política cambiaria. En el trimestre transcurrido se desató una corrida cambiaria que ha forzado al gobierno a duplicar las tasas de interés vigentes, endeudar al Banco Central en el mercado de futuros a cifras billonarias y a improvisar una licitación de deuda en pesos a tasas usurarias. Para lograr esos 2 mil millones tuvo que terciar Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Trump, reproduciendo en el FMI las tácticas violentas de negociación que Trump aplica en la guerra económica internacional, que incluyen violencias militares”. Altamira denunció “esta injerencia en la campaña electoral de Argentina, para apoyar a un régimen económico quebrado, por medio de mayores endeudamientos e imposiciones”. Denunció asimismo “el silencio con que el pseudo-nacionalismo local ha acogido esta nueva manifestación de la esclavización financiera e incluso política de nuestro país”. Para comunicarse: Jorge Altamira 11 4423 7873

“Las revelaciones acerca de la estructura policial que lo respalda en la tercera sección electoral de la PBA, convierte a Maximiliano Bondarenko, el cabeza de lista de la Alianza LLA, en el candidato de la Bonaerense a las elecciones de la Provincia de Buenos Aires”, declaró Marcelo Ramal, el candidato de Política Obrera, en su recorrida cotidiana por los barrios del distrito, en este caso, en Ciudad Evita. “El comité policial de la campaña de Bondarenko está dirigido por la ministra Bullrich”, añadió Ramal, para quien se trata de “una declaración de guerra del ‘gatillo fácil’ contra la juventud de la provincia. Es una réplica de lo que hizo el golpista Jair Bolsonaro, el equivalente de Javier Milei en Brasil. Los involucrados en esta candidatura llegaron a ofrecer a Bondarenko y a LLA un “financiamiento” para los comicios, que no saldrían, obviamente, de los sueldos policiales. Sostener que semejante estructura se agota en los 24 policías desplazados, como insinúa el ministro de seguridad de Kicillof, es peor que una ingenuidad”. “Esta candidatura corporativa”, prosiguió Ramal, “demuestra que Javier Milei es un fascista que está a la búsqueda de la base social adecuada a su régimen de vetos y decretos. Es una base más efectiva y peligrosa que la pandilla fascista que se manifiesta en las redes sociales. Patricia Bullrich juega en esta empresa el papel de López Rega bajo el gobierno de los (Juan e Isabel) Perón. Como consecuencia del desdoblamiento electoral, será la Bonaerense, y no las Fuerzas Armadas, la encargada de la custodia de la jornada electoral”. “En cuanto a Fuerza Patria, concluyó Ramal, el cuarto cambio de disfraz del pejota bonaerense, los Kicillof, Espinosa o Mayra Mendoza han dejado inalterada la estructura represiva del estado provincial, con todas las consecuencias nefastas que ha traído para la inseguridad ciudadana”. Para comunicarse: Marcelo Ramal 11 5690 1943

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de admitir el caso del socialista ucraniano encarcelado Bogdan Syrotiuk marca un importante paso adelante en la lucha para lograr su liberación. Bogdan, fundador y líder del grupo juvenil trotskista Jóvenes Guardias Bolcheviques-Leninistas (YGBL), ha estado en prisión desde abril de 2024 acusado de "traición al Estado". De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena de entre 15 años y cadena perpetua. Su único "delito" es oponerse a la guerra indirecta en Ucrania. En una declaración escrita pocos días antes de su arresto, que pretendía pronunciar en una manifestación internacional del Primero de Mayo, Bogdan declaró: “En este día de solidaridad internacional de la clase obrera, nosotros, los miembros de la rama ucraniana de la Joven Guardia de Bolcheviques-Leninistas y toda la YGBL, llamamos a la unificación del proletariado ucraniano y ruso con el proletariado de los países imperialistas para poner fin a esta guerra.” Si bien se oponen a la invasión de Ucrania por parte del régimen capitalista de Putin, Bogdan y la YGBL han insistido en que el régimen de Kiev es una marioneta del imperialismo estadounidense y europeo. Afirmando fraudulentamente defender la autodeterminación ucraniana, el gobierno de Zelenski libra una guerra indirecta provocada por la OTAN para debilitar a Rusia y crear las condiciones para su eventual desmembramiento. En cuanto a la democracia, en Ucrania impera la ley marcial. Zelenski, cuyo mandato presidencial expiró en mayo de 2024, gobierna como un dictador, violando la Constitución ucraniana. Para continuar la guerra, las constantes campañas de "movilización" se refuerzan mediante el secuestro de hombres en las calles. Las formaciones neonazis operan libremente dentro de las fuerzas armadas y han infestado todos los aspectos del gobierno y el aparato estatal ucranianos. Todas las justificaciones que se presentan para apoyar esta guerra apestan a hipocresía y mentiras. Todas las potencias de la OTAN que instigaron la guerra apoyan simultáneamente la embestida genocida de Israel contra el pueblo de Gaza. Bogdan y la YGBL, que tiene miembros y partidarios en toda la ex URSS, se han opuesto sistemáticamente a los regímenes de Putin y Zelensky, insistiendo en que la guerra sólo puede detenerse mediante la unidad de la clase trabajadora ucraniana y rusa. Los abogados de Bogdan llevaron el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando la ilegalidad de su detención. Bogdan, que ahora tiene 26 años, fue detenido y encarcelado únicamente por sus opiniones políticas, una flagrante violación de su derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Pero las violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos no terminaron aquí. Las sentencias judiciales demuestran que este ha fallado sistemáticamente a favor de la fiscalía, el Servicio Secreto Ucraniano (SBU), simplemente copiando el lenguaje del SBU. El derecho de Bogdan a una defensa legal se vio gravemente socavado mediante la intimidación de múltiples abogados. Tan solo en las dos últimas sesiones judiciales, uno de sus abogados fue privado del derecho a interrogar a los testigos de cargo, y la solicitud de Bogdan de un intérprete fue rechazada. Miles de trabajadores y jóvenes han sido encarcelados por Zelenski bajo cargos falsos por su oposición a la guerra, la austeridad y el fascismo. Más de una docena de partidos políticos opuestos a la guerra, como el partido "Por un Nuevo Socialismo", liderado por Maxim Goldarb, han sido prohibidos, sus oficinas allanadas y sus líderes arrestados o forzados al exilio. Bogdan fue arrestado en medio de una creciente oposición a la guerra. Según una encuesta reciente, el 70 % de los ucranianos cree que sus líderes están utilizando la guerra para enriquecerse. Casi la mitad, el 47 %, afirmó creer que «Ucrania será un país despoblado con una economía en ruinas» dentro de 10 años. En Rusia, la oposición a la guerra también ha ido en aumento. El régimen oligárquico de Putin ha respondido ampliando la censura y el arresto de críticos de la guerra, y fomentando un chovinismo granruso cada vez más feroz. Solo una pequeña parte de los casos presentados contra el gobierno ucraniano han sido admitidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, institución jurídica clave del imperialismo europeo. El tribunal falla en un porcentaje aún menor de casos. Sin embargo, en casi todos ellos ha constatado violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El hecho de que el TEDH haya admitido el caso demuestra la gravedad de las violaciones de los derechos de Bogdan y la eficacia de la campaña lanzada por el CICI para su liberación. La admisión del caso de Bogdan por parte del TEDH constituye una importante victoria inicial, pero incluso si falla a su favor, el proceso puede durar muchos años. Bogdan no tiene este tiempo. Padece problemas de salud y su tratamiento médico en prisión ha sido deficiente y tardío. El destino de Bogdan depende de la movilización decidida del mayor apoyo posible entre la clase trabajadora, la juventud y los intelectuales y artistas progresistas. No solo está en juego la vida de Bogdan, sino también los intereses más vitales de la clase trabajadora mundial. En los 15 meses transcurridos desde el arresto de Bogdan, ha quedado cada vez más claro que, para las potencias imperialistas, la guerra en Ucrania fue el pistoletazo de salida de un nuevo reparto imperialista del mundo entero. En Oriente Medio, han estado financiando y armando el genocidio israelí contra la población palestina. En junio, Israel y Estados Unidos bombardearon Irán. Se están realizando preparativos febriles para un conflicto aún mayor con China. La masacre en Ucrania y el genocidio en Gaza son el campo de pruebas de los horrores que el imperialismo está dispuesto a infligir a la clase trabajadora de todo el mundo. Los regímenes imperialistas de Europa Occidental están intensificando la guerra y declaran abiertamente que el aumento masivo del gasto militar es una preparación para una próxima guerra con Rusia. Para la clase dominante, el arresto de Bogdan es un componente de su militarismo imprudente y la represión política de la creciente oposición. Para la clase trabajadora, la lucha por la liberación de Bogdan es un componente esencial de la lucha por la defensa de los derechos democráticos y la oposición a la guerra imperialista y al fascismo.

El presidente argentino se ha propuesto recrear en versión criolla los tres pilares del gobierno de Jair Bolsonaro -buey, bala y Biblia-, que representaban, respectivamente, al interés del capital agrario -que ha expandido la frontera agrícola en Brasil mediante la devastación de la selva Amazona y la guerra civil contra los campesinos-, los militares -que fueron la columna vertebral de su gestión- y la Biblia, que simbolizó la alianza con las dos grandes y poderosas iglesias evangélicas brasileñas –la Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios-. Bala En el escenario local, tras la ruptura irreversible con la videlista Victoria Villarruel, que venía a representar a la ´familia militar´ en el binomio presidencial, los Milei han empoderado a la Policía Bonaerense, la fuerza armada más numerosa del país -90.000 efectivos-, entregándole la conducción de la campaña ´libertaria´ en la Tercera Sección Electoral. Su candidato, el excomisario y actual concejal de Florencio Varela, Maximiliano Bondarenko, venía tejiendo un amplio complot interno con cuadros policiales en actividad para tomar la conducción de la fuerza, o al menos sus resortes fundamentales. Los 24 policías desplazados en las últimas horas por Kicillof no serían sino la punta del ovillo de una red de un alcance mucho mayor. Sin embargo, el mismo Kicillof parece haber doblado la apuesta y le entregó a la misma Policía Bonaerense nada menos que la dirección del comando electoral, habitualmente en manos del Ejército. En este caso, la excusa es el desdoblamiento de las elecciones provinciales y nacionales. A cargo del comando fue nombrado el comisario general Javier Carlos Villar. Habrá que ver si esto resulta en un ´apaciguamiento´ de la fuerza o si han puesto al zorro al frente del gallinero. Por otro lado, los rumores de nuevas protestas policiales por la situación salarial son insistentes. Patricia Bullrich ha salido en respaldo de Bondarenko y se ha metido de lleno en la pelea con todos los recursos del Estado, paseándolo por el Comando Central de Policía y exhibiéndose junto a él en los medios de comunicación. Su programa es la ´mano dura´, no contra la delincuencia de guante blanco que lucra con las criptoestafas, el contrabando a través de los puertos privados del litoral y el blanqueo bancario de dinero sucio, sino contra la protesta social y la juventud de las barriadas. ¿Qué otra cosa puede significar si no el apoyo de la autora del ´protocolo antipiquete´ y la ´doctrina Chocobar´ a este arribista de la ´familia policial´? El fascismo mileísta, que no ha prendido hasta ahora en un movimiento de masas, repite en su defecto al peronismo oficial de la década del 70, el que volteó a Oscar Bidegain de la gobernación bonaerense y activó la Triple A. Bajo el ropaje de la ´inseguridad´ se oculta el verdadero temor a una conmoción social, dado el deterioro de todos los indicadores en el conurbano, una concentración de 14 millones de personas. Biblia Luego de asistir a la inauguración del templo evangélico más grande del país, El Portal del Cielo, instalado en Chaco, Milei compartió recientemente escenario con tres pastores ´libertarios´ en el “Derecha Fest” de Córdoba, un evento en el que las alusiones bíblicas y religiosas fueron insistentes. Pero más recientemente, decretó que las iglesias evangélicas podrán obtener la personería religiosa, que entre los cristianos monopolizaba hasta ahora la Iglesia Católica. Los evangelistas, en cambio, eran inscriptos como “asociaciones civiles”. El movimiento evangélico tiene un peso considerable y un crecimiento muy robusto, además de reunir importantes recursos económicos. Una encuesta del Conicet de 2017 indicaba que el 15,3 % de la población se identificaba con esta confesión. Los evangelistas llegaron a lograr concentraciones masivas para oponerse a la legalización del aborto. “Milei venía teniendo acercamientos con el mundo evangélico, una comunidad que creció fuertemente en las últimas décadas. (...) Con vistas a la última elección de La Libertad Avanza, Milei reclutó a varios evangélicos como candidatos al Congreso, llegando a ser senadora por Jujuy Vilma Bedia y diputados Nadia Márquez (Neuquén), Santiago Pauli (Tierra del Fuego) y Lourdes Arrieta -luego apartada-, por Mendoza” (Clarín, 25/7). No es casual que el único sobreviviente de la camarilla de Santiago Caputo que recibió una candidatura a un cargo expectable haya sido Facundo Sotelo, el actual ministro de Culto, un chupacirio recalcitrante. Buey Más esquivo resulta ´el campo´, que reclama la eliminación de las retenciones a las exportaciones. El apoyo del titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, al gobierno ha despertado divisiones entre la patronal agraria e incluso tiene su expresión política en el desacato de un grupo de intendentes del PRO al acuerdo con LLA en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El gobierno ha operado para anunciar concesiones y ofrecer promesas en la inauguración de la exposición anual de Palermo. En primer lugar, anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de carne, pero no a los granos, que son los que más pesan en la recaudación. A las contradicciones del programa económico -o como parte de ellas- se suma la presión de Estados Unidos para romper relaciones con China, el principal cliente del ´campo´ argentino.

El MST, integrante del FITU, ha entrado tardíamente al debate sobre la crisis terminal del SUTNA como reacción a una crítica del aparato del Partido Obrero. La Gris, del MST, ha roto con la Lista Negra y ha pasado a la Lista Azul, otra escisión de la Negra, aunque mucho más significativa. Es encabezada por Maxi Bronzuoli, secretario gremial del Sindicato. Los grupos del FITU, que nunca coincidieron políticamente en el SUTNA tienen ahora otro motivo de disputa. La rivalidad entre los integrantes del FITU, en todos los terrenos, excede a la de Kicillof y Máximo Kirchner, o a la que enfrenta a Karina Milei con “el mago del Kremlin”. Desde este ángulo, son parte de la descomposición del sistema político Como no hubiera podido ser de otro modo, los arribistas del PO aprovechan la ‘polémica’ con el MST, para ocultar la crisis terminal que atraviesa al SUTNA dirigido por la lista Negra, que ha acaparado el sindicato como consecuencia de las fugas provocadas por la crisis. El aparato del PO es el responsable de esta crisis, debido a un sistema político de desgaste, caracterizado por el recurso sistemático a las conciliaciones obligatorias y los paros aislados y fragmentados, en respuesta a los despidos masivos en la industria. Esta práctica se referenció en especial con el Ministerio de Trabajo bonaerense de la gobernación Kicillof. Esta línea política estratégica responde a la tendencia creciente en el Partido Obrero y el FITU a integrarse al régimen político como su pata izquierda, incluso del propio peronismo kirchnerista. El fracaso de esta política de conciliación de clases está a la vista: dos mil despidos en un gremio de 5 mil trabajadores y una desmoralización que se materializó en los “retiros voluntarios” y la renuncia masiva de delegados, incluso de directivos seccionales, sin que la Directiva hiciera nada para cerrar el desangre. La línea de paros aislados y parciales, interrumpidos o no por las conciliaciones obligatorias, no eran votados en asambleas soberanas, sino ejecutados a partir de “mandatos” indefinidos, en nombre del principio de Crespo “Conducción”. Esta metodología de aparato fue vaciando las asambleas y ahogando los espacios de deliberación y la propia democracia obrera. El aparato impulsaba en el SUTNA el mismo método que aplica en el PO. Finalmente, se oculta a la militancia el empeño de los trabajadores de FATE para revertir esta burocratización, como ocurrió en dos asambleas masivas de fábrica que rechazaron el cambio de sistema de trabajo flexibilizador pre-acordado entre Crespo y Madanes, y promovido como beneficioso por la prensa del aparato. En conclusión, la reyerta del aparato del Partido Obrero contra el MST es usada para ratificar la orientación liquidacionista que ha llevado a esta crisis. La pelea es ahora por quién se queda con el SUTNA, sin consideraciones de principios, programas y métodos de construcción de una vanguardia obrera. Este liquidacionismo se expresa en la Comisión Directiva, en las Comisiones Ejecutivas Seccionales y en el Cuerpo de Delegados de Fábrica. En la trifulca, el reclamo más destacado es el cese del pago de los salarios sindicales a quienes han elegido la oposición a la Negra. La acusación del aparato del Partido Obrero de que “El MST abandona la independencia de clase” por romper con la Negra, pierde validez política por parte de quienes “abandonaron la independencia de clase” al pactar con Madanes un régimen laboral rechazado, en dos ocasiones, por masivas asambleas de fábrica. Es lo mismo que hicieron, en ese momento, quienes hoy integran la lista Azul, a la cual se ha unido el MST, quien también integraba la dirección del SUTNA. La ausencia de una autocrítica, de parte de unos y otros, y de una política que corrija aquellos desmanes, advierte precisamente de la crisis terminal que atraviesa el Sindicato. ¿Qué dice el MST? En su respuesta, el MST hace lo mismo que el aparato del Partido Obrero: no somete a crítica la política conservadora y de aparato que desplegó la Lista Negra con el apoyo o el consentimiento, como mínimo, de la nueva Lista Azul y la Lista Gris. El MST, a lo largo de todo el artículo publicado (ver periodismodeizquierda.com), repite hasta el hartazgo que “la Lista Gris (…) ha venido criticando la política y orientación que Crespo y el Partido Obrero han desarrollado en el SUTNA”. Sin embargo, hasta el mes de julio de este año no se conoce critica alguna del MST a la “política y orientación de Crespo y el Partido Obrero” en el SUTNA. Las “críticas” del MST, al igual que las “críticas” de la Lista Azul, aparecen a un mes de las próximas elecciones nacionales que renovarán la Comisión Directiva nacional y las Comisiones Ejecutivas Seccionales. Ante la crítica del aparato del PO al MST por “haber callado” todos estos años el curso burocrático y la orientación de conciliación de clases, el MST responde, ahora, en medio de la campaña electoral, que “las asambleas fueron vaciadas, con baja participación, como la última que eligió la Junta Electoral”. Es una “crítica" de ocasión porque, por ejemplo, la imposición del nuevo sistema de trabajo flexibilizador en FATE preacordado entre Crespo y Madanes fue militado por los dirigentes de la Gris-MST, cuando la masa obrera votaba en contra, y no abrieron el pico durante la campaña de ablande de la Comisión Directiva para doblegar la voluntad de lucha de los trabajadores. En conclusión, la deriva y la crisis terminal de la mayor experiencia clasista en un sindicato industrial tiene un responsable político: el FITU.

Japón y Estados Unidos llegaron a un acuerdo por los aranceles, siendo, hasta ahora, el trato menos desfavorable al que llegó un país con superávit comercial con el país de Donald Trump. Reino Unido obtuvo un 10 %, pero su balanza es deficitaria con respecto a Estados Unidos. El arancel para los productos japoneses subirá al 15 % y Tokio se compromete a destrabar las importaciones del arroz norteamericano. No habrá aumentos recíprocos de parte de Japón. En cuanto al compromiso de Japón de invertir 550 mil millones de dólares en Estados Unidos, ya es objeto de interpretaciones dispares. General Motors, por ejemplo, reclama una porción de ese monto. De conjunto, el arancel medio estadounidense pasa de un histórico 4 % al 15 % –casi un 500 % arriba-. Estados Unidos es destino del 20 % de las exportaciones japonesas y del 37 % de sus exportaciones de autos; las compañías automotrices se han manifestado satisfechas con esta suba del arancel. En realidad, el nivel de desventaja o ventaja del acuerdo automotriz va a estar dado por los aranceles que Trump le imponga al resto de los rivales de Japón. También a EEUU va alrededor del 43 % de la inversión extranjera directa de Japón. La elevada inversión directa de Japón en otros países refleja un estancamiento de más de dos décadas del PBI nipón. Japón es el mayor acreedor de la deuda pública norteamericana; aunque no puede deshacerse de ella, ha sido motivo de dos grandes fugas de capitales de Estados Unidos en los últimos doce meses. Se espera que el acuerdo con la Unión Europea se resuelva en los próximos días -aparentemente también de un 15 %-; ahí se verá qué pasa con las automotrices alemanas. El acero japonés sigue en el 50 % establecido para todo el mundo, lo cual eleva considerablemente el costo de fabricar autos. En principio el acuerdo es un triunfo para Trump, que obtuvo ventajas sin conceder nada. Como saldo, por ahora, Trump puede mostrar que más de 100.000 millones de dólares en lo que va de año, alrededor del 5 % de los ingresos federales de Estados Unidos, proceden de los aranceles. En el lenguaje de los economistas burgueses, se trata de una recaudación “distorsiva”, que afecta al consumidor estadounidense. Pero Trump necesita rascar la olla para poder pagar un billón de dólares anuales por los intereses de la deuda pública Elecciones El acuerdo fue demorado para que no influya en los resultados de las elecciones que se desarrollaron en la isla. Sin embargo, para el Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado casi de corrido los últimos 30 años, los porcentajes no fueron buenos. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, prometió el lunes que permanecerá en el cargo a pesar de que la coalición gobernante sufrió una derrota en las elecciones a la Cámara alta, que llevó a la oposición a discutir una moción de censura. La sorpresa la dio la extrema derecha. Sanserito, la agrupación antivacunas liderada por Sohei Kamiya –con un mensaje de “Japón primero” que evoca a la consigna de Donald Trump- y advertencias sobre una “invasión silenciosa” de inmigrantes, promesas de recortes impositivos y aumento del gasto en bienestar social. Sanseito se convirtió en la tercera fuerza con 14 escaños, que se suman al único que había conseguido hace tres años en la Cámara alta de 248 miembros. En la Cámara baja sólo cuenta con tres escaños. El aspirante a Milei nipón, que se benefició del hartazgo popular por la inflación y los impuestos, azuzó la xenofobia y el ataque a la mujer trabajadora para relegarla al hogar. Japón tiene la deuda pública más alta del planeta capitalista en términos del PBI. La mayor parte de ella la tiene el Banco Central (290 %), lo mismo ocurre con la tenencia de buena parte del capital accionario de las empresas que cotizan en la Bolsa. La inflación y la devaluación del yen -causas del descontento popular-, así como la carestía, se han agravado como consecuencia de la guerra de la OTAN y Rusia. La guerra atraviesa todos los poros de la política internacional, en especial en un país imperialista frontera con China.

La Exposición Rural de Palermo se ha transformado en el centro de disputa abierta entre el capital agrario y el gobierno. En junio caducaron las rebajas temporales en las retenciones y ahora la SRA ha desatado un fuerte lobby para su reimplementación. En la previa a este evento, circularon diversas versiones de los “parches” con las cuales el gobierno estaba aspirando a contener la crisis. Por ejemplo, emitiendo un bono tipo Bopreal en favor de las patronales agrarias, por hasta el 50 % de las retenciones a la exportación de granos, con la posibilidad de aplicarlo al pago de impuestos. El proyecto fue descartado luego por fuentes oficiales. Otra versión, también descartada, era implementar reducciones para Ganancias y disminución en cargas sociales en el caso de nuevos empleados. El presidente de la SRA, Nicolás Plano, rechazó estas medidas. En este contexto, Caputo (el ministro), Francos, Sturzenegger y hasta el propio Milei han desembarcado en la Exposición y mantuvieron varias reuniones con la Mesa de Enlace. En al acto inaugural del sábado 26, del cual será parte también el trio gobernante completo –los dos Milei y Caputo-, el presidente anunciaría finalmente nuevas medidas. Se reducirían las retenciones sólo a la carne de novillo y se ampliaría el cupo de exportación hacia Estados Unidos para todo el sector cárnico. Este sector, según estadísticas del SENASA, afronta su peor situación con una reducción progresiva del stock bovino que no alcanzaba niveles tan bajos desde el 2010. El año pasado Milei había eliminado los derechos de exportación para la carne de vaca, la leche y la carne porcina. El costo de eliminar por completo estos derechos de exportación en la carne vacuna sería de US$186 millones. Los diarios no descartan que Milei anuncie la baja de retenciones a otras commodities . En la previa, tanto Caputo como Francos dijeron que la “situación fiscal” aún es comprometida, contrariando al FMI, que saludó su solidez. El ministro Caputo ratificó por X este cuadro y recordó que, para los capitalistas del agro, además de la baja temporal de derechos de exportación, el gobierno bajó aranceles para la importación de maquinaria usada, eliminó el ‘impuesto-país’ y redujo la brecha cambiaria. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el aporte de la liquidación de cosecha a la fecha creció levemente con respecto al 2024, lo cual está vinculado también a una caída de los precios internacionales, especialmente de la soja, mientras que la próxima cosecha fina se espera para noviembre y diciembre. Los precios del maíz y la soja en el mercado de futuros agrícolas ya incorporaron en sus valores la posibilidad de un anuncio favorable para el campo. Un “alivio” fiscal para el capital agrario comprometería el ya estallado plan económico del gobierno, que deberá afrontar urgentemente luego de las elecciones, sino antes. Pero por sobre todo será recompensado con un incremento de los recortes de gastos sociales: las jubilaciones, salarios, escuelas, hospitales y obra pública.

Airadamente, los gobierno de Trump y Netanyahu se retiraron de la mesa de negociación en Doha acusando a Hamas de “falta de voluntad” para acordar el cese del fuego. Los palestinos habían planteado la retirada de tropas israelíes de gran parte del enclave, el acceso a ayuda humanitaria y garantías para un fin permanente de la guerra. El periódico israelí Ynet informó que los compromisos por parte de Israel y Estados Unidos solo eran verbales mientras que Hamás pedía un acuerdo por escrito. El imperialismo y los sionistas solo aceptarían una rendición incondicional que incluye la apropiación total de la Franja y la expulsión de gran parte o toda la población. Netanyahu lo dice sin diplomacias. Todo lo demás es un pensamiento para distraer los remilgos de la Unión Europea. El objetivo de la limpieza étnica se extiende a Cisjordania. El 23 de julio con 71 votos a favor y 13 en contra, la Knesset -el parlamento israelí- aprobó una moción que respalda la anexión de Cisjordania. La iniciativa fue presentada por la coalición de gobierno: Sionismo Religioso, Likud e Yisrael Beitenu. Dice que Judea, Samaria y el Valle del Jordán (los nombres bíblicos) son “parte inseparable de la patria histórica del pueblo judío” y llama a imponerles la soberanía israelí. Diariamente, el ejército y los colonos atacan aldeas y ciudades para obligar a que sus habitantes las abandonen. El retiro de la mesa de negociaciones coincide con la denuncia de más de un centenar de grupos de ayuda humanitaria que denuncian que la hambruna masiva se extiende por Gaza y agregaron que su personal se vio gravemente afectado por la falta de alimentos. Hasta el 22 de julio las fuerzas israelíes habían matado a más de un millar de palestinos que intentaban obtener ayuda alimentaria desde que la Fundación Humanitaria comenzó sus actividades. Ambos gobiernos caracterizaron la decisión de Francia de reconocer un estado palestino como un “premio al terrorismo” y “una bofetada a los muertos del 7 de octubre” (sic). “Las personas en Gaza no están ni vivas ni muertas, son cadáveres andantes”, dijo el jueves la ONU. Las fotos de los medios internacionales muestran por primera vez fotos de niños esqueléticos e inmóviles. Este mes ya hay 48 niños y bebés muertos por inanición y 113 desde que Israel violó el alto el fuego. La desnutrición aguda, que produce lesiones irreversibles, se propaga entre los menores de cinco años y abarca el 10 % de los 56.000 niños de esa edad examinados en Deir al Balah (centro) o Jan Yunis (sur), que sufrían esa condición. En la ciudad de Gaza, entre 15.000 niños analizados, el 16 % sufría desnutrición aguda. Un cuarto de los niños de seis meses a cinco años y de las mujeres embarazadas y lactantes, atendidos la semana pasada en las instalaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza, padecen desnutrición, denunció la ONG el viernes. En tanto, la UNRWA aguarda que Israel permita el paso de 6.000 camiones de comida y suministros médicos, como se comprometió a principios de julio con la Unión Europea. El ataque contra la infancia va más allá del hambre. Catherine Russell, de Unicef, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que más de 17.000 de los 60.000 gazatíes que han muerto en los 21 meses de invasión son menores. Un promedio diario de 28 niños. La situación es desesperante. Es el vocablo que usa un comunicado conjunto de AFP, la BBC, Reuters y AP, que señala su “desesperación” por la situación de sus periodistas en Gaza, que cada vez tienen más dificultades para alimentarse y alimentar a sus familias. Estos periodistas independientes han sido los ojos y los oídos del mundo en Gaza. Ahora se enfrentan a las mismas circunstancias extremas que aquellos a quienes informan, incluida la amenaza de inanición”. AP advierte una situación sin precedentes: su personal se está muriendo de hambre, “debilitados física y mentalmente ya no tienen fuerzas para trabajar”, explica. Lo único compacto en Israel, sin embargo, es su avanzada criminal; eI país es un hervidero. Un día después de las masivas protestas de los ultraortodoxos (haredíes) en Jerusalén y Bnei Brak contra el reclutamiento obligatorio, “el clima político en Israel se tensó aún más” tras nuevas declaraciones del líder ultraortodoxo Yitzhak Goldknopf. El presidente del partido Judaísmo Unido de la Torá advirtió que arrestan a estudiantes de yeshivá que no se presenten al servicio militar, “la población ultraortodoxa dejará el país”. Y los mandó a buscar “a los 100.000 reservistas u objetores” laicos que no respondieron a la convocatoria a filas. (Itol Gadol 24/7). En la otra punta del espectro, la historiadora Fania Oz, hija de Amos Oz, uno de los tres escritores de la llamada izquierda sionista, muerto en 2019, difundió un vibrante llamado a los soldados israelíes para que se nieguen a servir en Gaza. "Soldados, regulares y de reserva. Padres y abuelos de soldados. No hay otra opción: Niéguense a servir en Gaza. Niéguense, niéguense, niéguense. Los rehenes y sus familias han sido traicionados por el gobierno israelí. La hambruna masiva en Gaza es un hecho horroroso e innegable. La matanza diaria en los centros de distribución de alimentos no es defensa propia, sino un crimen de guerra atroz. El derecho internacional hace tiempo que dejó de estar de nuestra parte. (…) La opinión pública moderada de todo el mundo y los últimos aliados de Israel nos rechazan con horror. No porque sean antisemitas, sino porque son humanos. La derecha mesiánica nos arrastra en su locura hacia un aislamiento global total, con la fe absoluta de que existe un Dios y que está de nuestro lado. Objeten, objeten, objeten." El debate entre los objetores -que el miércoles quemaron cientos de citaciones del ejército en plazas de Jerusalén y Tel Aviv- y los grupos israelíes que marchan con las fotos de los niños asesinados alcanza niveles más agudos que la objeción moral y proponen directamente entrar a Gaza con comida. Simultáneamente, el ejército israelí anunció el miércoles que la Policía Militar investiga a tres soldados sospechosos de ‘‘sabotear’’ múltiples aviones no tripulados de la Fuerza Aérea Israelí (IAF). Los sospechosos habrían manipulado deliberadamente componentes clave de los aviones no tripulados. Ynet detalló que los tres soldados servían en la base aérea de Palmachim, estratégica para operaciones con vehículos no tripulados. El ‘‘sabotaje’’ podría haber provocado el derribo de los drones, según declaraciones de fuentes militares anónimas. “Se elevó la preocupación dentro de las IDF sobre posibles brechas en la seguridad interna”, acota el diario (23/7). "Hamas no quería llegar a un acuerdo. Quieren morir y me imagino que lo que va a pasar es que va a haber que darles caza", amenazó este viernes Donald Trump en los jardines de la Casa Blanca. Como admitió el canciller alemán Friedrich Merz, “Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros”. Respaldado y armado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Italia, Canadá y Australia, el régimen sionista funciona como un representante de la dominación imperialista de la región rica en petróleo de Medio Oriente. La defensa incondicional de Palestina es causa de todos los explotados del mundo.

El pasado domingo 20 de julio una patota enviada por la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) se hizo presente en la planta Morvillo con el único fin de intimidar y atacar a los trabajadores que vienen sosteniendo la ocupación de la planta desde hace casi 5 meses. La Comisión Interna de Morvillo y sus trabajadores reconocieron, entre otros, a un vocal titular de la directiva del gremio entre los integrantes de la patota. La acción de este grupo ligado a la burocracia sindical estuvo centrada en quitar y destruir todos los pasacalles, carteles, volantes y demás demostraciones que daban a conocer la ocupación de la planta a todos los vecinos, pasajeros de transporte y toda persona que circulara por la zona. En todo momento los trabajadores que se encontraban en la planta fueron agredidos y amenazados por estos “representantes” del gremio. La actitud antisindical de la burocracia no es novedad. Los trabajadores de Morvillo denuncian que esta actitud del gremio es el corolario de una serie de provocaciones y ataques a la ocupación que se desarrollan desde el día 1. Entre las posiciones políticas más aberrantes, la FGB rechazó realizar un paro general contra el cierre de la planta. En sede judicial, el proceso de quiebra ha avanzado. La preocupación compartida entre la patronal y el sindicato es vaciar la planta para su posterior destrucción y remate. La presencia de los trabajadores se ha convertido en un escollo para ese fin. Los trabajadores de Morvillo no han visto sus indemnizaciones y hasta la patronal dejó debiendo salarios de quincena previos al cierre. La actitud de la justicia, que no ha obligado a saldar ninguna de estas deudas es criminal y es acompañada por Kicillof mediante su Ministro de Trabajo, Walter Correa, y de Producción, Augusto Costa. El escudo de Kicillof en la provincia es a las medidas antiobreras de Milei y las patronales, como Morvillo, que han aprovechado la toma de la Rosada por una banda de delincuentes para avanzar con una agenda brutalmente antiobrera. Repudiamos el ataque del sindicato a la ocupación de Morvillo, por el respeto de todas las condiciones de trabajo y conquistas adquiridas por los trabajadores en años de lucha, por el abono de todos los salarios caídos y la compensación correspondiente a los trabajadores ante este atropello brutal a su derecho al trabajo.

En este último año y medio, se ha venido produciendo en Jujuy un fenómeno típico de los momentos de crisis y desocupación: el crecimiento exponencial de vendedores ambulantes en la provincia. El crecimiento de puestos en ferias, el armado de nuevas ferias y la venta callejera, han pegado un salto producto de la miseria y ataques sistemáticos a las conquistas de la clase obrera por el gobierno nacional, acompañada por las autoridades provinciales. En un escenario de despidos, recortes de personal y cierre de industrias y comercios, se han volcado a la venta ambulante miles de trabajadores, convirtiendo a Jujuy en una gran feria a cielo abierto. En las ferias se vende comida, ropa y artículos nuevos (muchos aprovechan el tipo de cambio favorable para traer productos de Bolivia), ropa usada y elementos que ya no se usen en la casa, todo a la venta. Se aprovecha el corte del horario comercial para vender en las calles del centro a la siesta, y toda la zona de la vieja terminal y alrededores hasta altas horas de la noche. En las barriadas también se amplían las ferias. El gobierno municipal al principio intento “regularizar” las ferias y armar un fenomenal negocia privado con el alquiler de puestos para la venta, por ejemplo, con la feria de la coca, el big mall y su ampliación en big mall 2 y 3, ampliando los puestos en ferias de Alto Comedero y el interior de la provincia, pero esto ha sido superado por la cantidad de vendedores que salen a vender lo que tienen y muchas veces no les alcanza para pagar el costo de un puesto. Frente a este estallido y los límites de la reubicación, el gobierno municipal se ha lanzado a levantar puestos callejeros y decomisar mercadería, muchas veces terminando en enfrentamiento con los vendedores y transeúntes. En estos últimos días ha habido choques y conflictos frente al intento de desalojo de puesteros, feriantes y manteros en la Feria Medalla Milagrosa de Alto Comedero y la feria de Teodosio López en Libertador General San Martin, antes fue en la Feria 13 de junio, también de Alto Comedero, y los operativos en la zona del centro y alrededores son una constante de todos los días. Estas ferias se montan generalmente en barriadas populares, donde no tienen acceso a los servicios básicos, sin un plan de urbanización y muchas veces con viviendas precarias, lo cual demuestra que hay necesidades y hay obras pendientes que se deberían realizar y que para esto sobra mano de obra a la espera. Fracaso del gobierno El crecimiento de las ferias y puestos ha sido soportado por el gobierno como una forma de disipar el ´vapor´ de la presión social antes que esta haga explotar la caldera. Lo que el gobierno busca tapar habilitando algunos puestos en las ferias es el fracaso del cambio de matriz productiva que vino a proponer el radicalismo como superación del ´fracaso´ de los gobiernos peronistas en Jujuy. Según los datos de DIPEC (Dirección Provincial de Estadísticas y Censos), desde 2015 al 2025 en la provincia ingresaron unas 130 mil personas al mercado laboral (PEA población económicamente activa) y solo se crearon menos de 1.000 puestos de trabajo en el sector privado, unos 11 mil puestos de trabajo en el sector público y el resto es población no asalariada, cuentapropista, monotributista y precarizada. Este cuadro de crisis social para la familia obrera de Jujuy es la contracara de la apertura a las inversiones en litio, el parque solar (y su renta que sigue sin rendir cuentas), la diversificación de la producción y los endeudamientos en dólares y pesos que ha tenido el gobierno provincial. Desde Política Obrera rechazamos la política de persecución y represión del gobierno, así como defendemos el derecho de todos los trabajadores a buscarse el sustento cotidiano. La defensa de todos los puesteros y feriantes tiene que ser un puntapié inicial para un debate de fondo sobre los límites de esta forma de subsistencia a la que nos han llevado estos gobiernos y el llamado a pelear junto al resto de los trabajadores por un pliego que reclame trabajo genuino, obras públicas en las barriadas con bolsa de trabajo efectuada por los propios vecinos, la estabilidad laboral, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la prohibición de despidos.

En una actividad con candidatos y afiliados en el centro de Avellaneda, Marcelo Ramal, candidato a diputado de la 3ª sección por Política Obrera, se refirió a los anuncios de Milei en La Rural. “Para conseguir una aclamación en la Sociedad Rural, Milei le regaló una rebaja de las retenciones a los propietarios de los pooles de siembra y corrales de alimentación de ganado ( feed lots ). Las consecuencias para el bolsillo popular no tardarán en llegar, pues la carne y los derivados de cereales se encarecerán todavía más. Con el anuncio, el liberticida, apuesta a conseguir el apoyo de los diputados y gobernadores al veto sobre el aumento previsional, la ley de discapacidad, y la asistencia a los inundados de Bahía Blanca. La oligarquía agraria celebró el anuncio sacudiendo sus sobretodos de alpaca al grito de “viva la Libertad Carajo” que pagarán los jubilados, discapacitados y los hospitales públicos. A medida que se acerca el proceso electoral, el carácter reaccionario y antiobrero del tándem Milei-Caputo muestra su saña con mayor ferocidad”. Para comunicarse: Marcelo Ramal: 11 5690 1943

Los candidatos de Política Obrera hicieron su presentación en el distrito. Agustina Llanes, primera candidata a Concejal golpeó duro la política salarial del Intendente Achaval, aseguró que “la decadencia capitalista le ofrece como único destino a la juventud trabajar en las aplicaciones, sin convenio, sin obra social. Desde Política Obrera llamamos a los jóvenes y trabajadores a luchar por una salida socialista, que abra un nuevo rumbo a la sociedad, que priorice los intereses de los trabajadores.” Jorge Ferrando, candidato a Concejal, destacó que en la docencia se expresa tanto el ajuste de Milei como el ajuste de Kicillof, lo que prueba que la única grieta en esta elección es entre explotados y explotadores y llamó a la docencia a sumarse a la campaña por el aumento de salarios del 100 %. Pablo Busch, primer Candidato a Senador de Política Obrera por la 1ra Sección, destacó que el cierre de listas abrió una crisis política con la conspiración policial alrededor de la candidatura de Bondarenko. Las opciones para los trabajadores no pueden ser los que destruyeron hace dos años el país como los Fernández, los Macri o Milei. Denunció que Katopodis, ya fue señalado por el peronismo como un “funcionario que no funcionó” del gobierno de Alberto Fernández. Destacó que la necesidad que los trabajadores discutan una salida socialista a los gobiernos patronales del fracaso, es decir el gobierno de los trabajadores. En manos de los gobiernos de la guerra, la humanidad y la clase obrera se dirige a una catástrofe global y la única salida histórica es el socialismo.” En la presentación de candidatos de Política Obrera se hizo presente Daniel Llanes, Secretario General de la CTA Autónoma de Pilar, para manifestar públicamente su apoyo a las listas de Política Obrera. Para comunicarse: Agustina: 230-4559575

Mientras se desarrollaba una protesta por la muerte de Gonzalo Tamame en una comisaría de Olavarría, la bonaerense detuvo arbitrariamente a dos militantes del Partido Obrero, Agustín Mestralet y Lautaro Méndez y una joven estudiante, Katerina Pereyra. La manifestación reunió al menos 100 personas en el Parque Mitre de esa localidad, en cercanías a la comisaría Primera en donde fue encontrado muerto Tamame y en ese marco, la bonaerense detuvo a estos tres manifestantes que luego trasladó a tres comisarías distintas en Azul, Loma Negra y en Olavarría. No se han informado los motivos por los cuales se los detuvo, lo cual constituye un claro atropello y amedrentamiento. Según la policía, Gonzalo Tamame, un joven de 29 años, habría muerto producto de un suicidio por ahorcamiento, pero su familia y entorno reclaman que fue responsabilidad de la bonaerense. Existe un registro fílmico de su violenta detención, gritos y advertencias de otras personas de que Gonzalo se estaba ahogando. En esta Comisaría ya se habían hecho denuncias años atrás por torturas. Por la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame hay actualmente cuatro policías imputados por "Vejámenes, apremios ilegales y averiguación de causales de muerte". El jueves por la noche fueron detenidos los militantes del Partido Obrero de Olavarría Agustín Mestralet y Lautaro Méndez y la joven estudiante Katerina Pereyra. Agustín encabeza, además, la lista de candidatos a concejales del Frente de Izquierda de Olavarría hacia las elecciones del 7 de septiembre. Los tres fueron detenidos en el marco de una brutal represión desatada por la Policía Bonaerense contra una movilización en reclamo de justicia para Gonzalo Tamame, el joven de 29 años que fue “suicidado” por la policía de la comisaría primera de Olavarría. Repudiamos estas arbitrarias detenciones. Exigimos el esclarecimiento de lo sucedido con Gonzalo Tamame y que se haga justicia. La podredumbre de la bonaerense es un cáncer a extirpar. El gobernador Kicillof es responsable y ahora Milei, que ha reclutado de esa fuerza a los Bondarenko y compañía.

El viernes 25 de julio, trabajadores de la salud de distintos hospitales (Del Niño, Materno Infantil Teresa Germani, Materno Infantil José Equiza, Policlínico Central), el CEMEFIR y el Centro Odontológico Municipal, además de salas de salud, se movilizaron por las calles céntricas de San Justo y se concentraron frente al Policlínico Central para reclamar por el vaciamiento de los mencionados centros de salud que está llevando a cabo el ejecutivo municipal, con el intendente Fernando Espinoza (Unión por la Patria) al frente. Dicho sea de paso, el jefe comunal se niega sistemáticamente a recibir a los trabajadores cuando quieren presentarle sus reclamos. El otro eje importante del reclamo fue el del salario, ya que los sueldos del personal de salud y administrativo de los hospitales ha quedado muy por debajo de la línea de pobreza. Tienen el básico congelado desde abril, y es de $ 250.000. La consecuencia de esto es que muchos profesionales opten por emigrar al sistema privado o por realizar tareas por fuera de su profesión para poder llegar a fin de mes. La situación es tan precaria en los hospitales que en el Hospital del Niño cuentan con “sólo dos pediatras por día para atender a 250 niños. Solo atienden urgencias y demanda espontánea hasta las 17 hs” (La Nación, 25/7). Sandra Verta, pediatra de dicho hospital, señaló el aumento significativo de la demanda en relación con el personal y los sueldos que cobran, la insuficiencia de camas en terapia pediátrica y la falta de lugares de permanencia para abordar la crisis de salud mental de los adolescentes, que deben ser atendidos por un pediatra hasta que pueda verlos un psiquiatra. La situación es calamitosa en todos los centros de salud. A pesar de las pésimas condiciones en las que los compañeros deben afrontar sus tareas diarias y de los bajísimos salarios, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, encabezado por Daniel Troncoso, les da la espalda por completo. Por eso es que esta lucha que llevan adelante los compañeros es de carácter autoconvocado. Durante la concentración, a la que concurrieron unas 100 personas y en las que Política Obrera estuvo presente con una delegación, se llevó a cabo una asamblea en la que se expresó de viva voz todo el descontento y el hartazgo de los trabajadores y se discutió cómo darles continuidad a las medidas de acción directa. Se presentaron tres mociones, que planteaban la realización de un paro, la toma del municipio y una tercera moción que planteó la realización de asambleas en los lugares de trabajo para resolver sobre las medidas de fuerza a tomar. Esta última moción fue la que finalmente se impuso. El próximo viernes 1° de agosto, los trabajadores municipales de la salud del distrito volverán a movilizarse al mismo lugar.

Desde comienzos de este año, más de 2.200 agentes de las fuerzas represivas federales se dieron la baja voluntaria, alcanzando un récord histórico de bajas en el sector. La crisis más aguda se concentra en la policía federal, con más de 400 bajas, que se extienden a 600 si se suman médicos, enfermeras y personal administrativo. La cifra es sólo de los últimos seis meses, que contrasta con el promedio de 100 bajas anuales que se pedían anteriormente. La olla de esta crisis se destapó con el suicidio de un suboficial en el baño del hospital Churruca luego de padecer las consecuencias del vaciamiento del hospital de referencia de la policía federal. El motivo principal de las bajas es por los magros salarios y el vaciamiento de la obra social. Agrupaciones de agentes de la federal apuntan contra la gestión de la ministra Bullrich. La crisis también se extiende a la policía bonaerense de Axel Kicillof. El diario La Nación sostiene que “la pelea entre Bullrich y Kicillof por la purga policial tuvo poco impacto en una fuerza preocupada por los salarios”. Además de las quejas salariales, explica el diario, los efectivos agregan a sus reclamos “supuestos maltratos de los oficiales jefes hacia sus subalternos, los recargos de servicio, los atrasos en los pagos de las horas adicionales y la falta de una cobertura médica”. Fuentes del sector sostienen que un porcentaje de efectivos policiales de la provincia comenzaron a trabajar, en paralelo, como choferes de aplicaciones de viajes tipo Uber. La situación salió a la luz con el caso de Daniela Fernanda Luna, agente activa de la policía bonaerense que fue asesinada en un robo mientras trabajaba para una aplicación de viajes. El deterioro salarial generalizado de las fuerzas represivas representa un negociado para las cúpulas de las mismas: “la necesidad de muchos policías de buscar un ingreso adicional se convirtió en una fuente de recaudación ilegal de algunos jefes policiales que firman licencias por carpeta médica o las planillas de asistencia a cambio de un porcentaje del sueldo del agente que lo solicita. Esta maniobra permite a los efectivos concurrir a otro trabajo y tienen el presentismo asegurado” (La Nación, 25/7). La motosierra libertaria ha extendido la crisis también en las Fuerzas Armadas. Otro artículo, también de La Nación, asegura que “entre el 56 % y el 60 % de los uniformados conviven con la amenaza de quedar por debajo de los niveles de pobreza”. A la cuestión salarial se le suma el quebranto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la tercera obra social más grande del país, cuya deuda supera los $160.000 millones y decidió interrumpir en todo el país la cobertura de prestaciones de medicamentos de alto costo, suspender una gran cantidad de servicios y cerrar miles de farmacias. Según La Nación, “en diciembre de 2023, al asumir el gobierno de La Libertad Avanza, IOSFA se encontraba saneada y con superávit”. Desde el inicio de la gestión libertaria con Luis Petri en el Ministerio de Defensa, la dirección de IOSFA ha cambiado de manos varias veces, con sucesivas crisis. Su presidente anterior, Roberto Fiochi, renunció luego de pedir un préstamo por $40.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera, con un interés anual del 52 %. La deuda de la obra social hoy crece a razón $19.000 millones por mes. La crisis de las fuerzas represivas abarca todos los sectores. Las bajas voluntarias han crecido en Gendarmería (386), Prefectura Naval (322), Policía de Seguridad Aeroportuaria (177), el Servicio Penitenciario Federal (292), Fuerza Aérea (193) y la Armada (234). En este último caso, “las bajas afectaron la dotación de oficiales en algunas áreas técnicas claves, como el sector de máquinas, en las jerarquías de tenientes de fragata y tenientes de navío”, dijo una fuente naval a La Nación. La excepción es la Policía de la Ciudad, cuyos salarios son un 50 % más altos que los de sus pares de la federal. Dentro de la policía federal, la agrupación “Azules por Siempre” dirigió una carta pública a la ministra de seguridad Patricia Bullrich, donde denuncian a la dirección de la Superintendencia de Bienestar, que “bajo la dirección del Comisario Mayor Fabio Adrián Fara, enfrenta denuncias por múltiples irregularidades contables, financieras y administrativas: compras sin licitación, gastos poco transparentes y presuntas maniobras dolosas que perjudican directamente a los afiliados”. La ministra, que no ha respondido ni hecho alusión a la carta, sospecha de la filiación de una cantidad importante de sectores de las fuerzas represivas con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien el presidente Javier Milei acaba de acusar de utilizar fondos públicos para viajar con el fin de “hacer rosca” contra el propio gobierno. Mientras el gobierno tiene su estrategia direccionada en función del alineamiento internacional de la Argentina con la guerra mundial el imperialismo y el sionismo, y con la participación del imperialismo en la represión y el espionaje internos, las propias contradicciones del gobierno se están encargando de horadar los pies de barro de la política represiva liberticida.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, será candidato a senador en las elecciones legislativas nacionales por la lista de La Libertad Avanza por la primera sección electoral. El ahora candidato ya ha dicho que no será una candidatura testimonial, por lo que dejaría su cargo como intendente. Valenzuela había manifestado anteriormente su intención de ocupar el cargo máximo en la Secretaría de Seguridad, en miras de escalar para la gobernación, por lo que tiene varios planes en danza. Si no se cumplen estos, la estrategia podría ser asumir el escaño en el senado y argumentar que no pudo completar su segunda gestión, para presentarse para un cuarto mandato en el municipio (una opción que ya han utilizado otros intendentes ávidos de la reelección indefinida). Durante el gobierno de Vidal salió la ley que habilita solo una reelección sucesiva, con votos del PRO y del Frente Renovador. Mediante una componenda, luego salió una modificación que contemplaba no tomar en cuenta los mandatos en curso, lo que les dio a los barones del Conurbano el changüí de un mandato más. Los negociados de Valenzuela El 18 de julio, el Concejo Deliberante aprobó por 14 votos a 9 la firma del "convenio de cooperación técnico–legal" entre el municipio y la Universidad Austral, a partir del cual con el erario público se le pagará a la universidad del Opus Dei -organización que tiene denuncias y causas por trata de personas- 46 millones de pesos para administrar la privatización de tierras del municipio. Es un escándalo por partida doble, primero porque se trata de una tarea que podría realizar un equipo legal propio del municipio o en todo caso una universidad pública, por caso la UNTREF. Segundo, porque se trata de privatizar tierras fiscales para realizar negocios inmobiliarios con fines especulativos -nada más lejos que un plan de viviendas populares puede haber en la agenda de Valenzuela-, a pesar del reclamo de los vecinos, quienes exigen conservar los espacios verdes y por ahora lograron frenar la venta con una medida de amparo. Las tierras corresponden a las localidades de Pablo Podestá, Caseros, Martin Coronado y Ciudad Jardín. En esta última se teme que pongan a la venta las tierras de la Biblioteca, los bomberos y el teatro El Baldío. Valenzuela ya dispuso en el pasado de tierras fiscales para darlas en concesión a clubes de fútbol, a cambio de nada. Los clubes los acondicionan en canchas, no para fines comunitarios sino para uso privado de quienes puedan pagar la hora de juego. Ahora da un paso más allá para iniciar, no la concesión, sino la privatización lisa y llana de tierras, bajo el eufemismo de “puesta en valor”. No hay ningún plan de viviendas populares a pesar de que Tres de Febrero es uno de los distritos con los índices más altos de inquilinos, afectando la falta de vivienda propia a familias enteras de trabajadores y profesionales. El otro negociado que salió a la luz fue el contrato en 2024 del municipio con Big Tree Studio, la empresa en que “trabaja” el hijo del intendente Diego Valenzuela, por más de 22 millones de pesos para la provisión de un "servicio de soporte técnico de software". También en 2024 el gobierno de Milei contrató a Big Tree Studio a través del INCAA por 252.000 dólares, a pesar que el Instituto ya no financia ninguna producción por aducir estar falto de fondos. Evidentemente la motosierra es selectiva. Anteriormente, una empresa de la familia Valenzuela -Tres de Febrero Visión- había sido contratada por Rodríguez Larreta, estando en el gobierno de la Ciudad, por más de 17 millones de pesos, habiendo sido Valenzuela funcionario de Larreta en el pasado. Los negocios estando a los dos lados del mostrador es algo que le sienta bien al Intendente de Tres de Febrero. Exenciones Valenzuela se jacta de brindar exenciones impositivas a los empresarios y así promover puestos de trabajo en el municipio, pero, después de 10 años en el gobierno municipal ejerciendo esta política, no se ve ninguna mejora en los índices de empleo locales. Toma como un logro el hecho de que se haya cerrado la sucursal del Banco Nación de Ramos Mejía -en La Matanza- y miente cuando dice que se agrandó la de Ciudadela, mentira esbozada para hacer ver que los cambios tuvieron como causa las diferencias impositivas, cuando es noticia nacional que el gobierno de Milei dispuso el cierre de 60 sucursales del banco en todo el país. Su otro gran “logro” es la planta de logística de Mercado Libre, que en palabras de la empresa es solo una extensión de las que ya existen en La Matanza y que en algún lado Galperín la tenía que abrir -debido al aumento de las ventas virtuales- con o sin ventajas impositivas. No puede hacer workhome con la logística como hizo con la planta de Software de Córdoba. Las exenciones no fomentan la inversión, sino que significan una transferencia de recursos desde las familias trabajadoras -para quienes no hay exenciones impositivas- y desde los empleados municipales -quienes tienen salarios por debajo de la línea de pobreza-, hacia los empresarios que se enriquecen sin aportar un peso. El impuesto municipal de servicios generales para una vivienda en un terreno, está en más de 40.000 pesos, casi un 15 % de un salario mínimo. Las exenciones implican también un vaciamiento desde el Consejo Escolar hacia las escuelas, organismo que ya comunicó que no tiene un peso para los establecimientos durante este año en curso, responsabilidad que le cabe al municipio junto con el gobierno de Kicillof. El Consejo se desentiende -algo inédito- de servicios tan básicos como la desratización, que rn muchas de ella tuvo que ser pagada por las cooperadoras escolares. Con la salud, lo mismo. Es imposible conseguir un turno en el hospital odontológico. Valenzuela ya estaba inscripto desde mucho antes en la política liberticida de los impuestos regresivos, los negociados y el vaciamiento a la salud y educación pública, pero está dispuesto a dar credenciales imponiendo una ordenanza antipiquete de fábricas y la compra de Taser.

La Universidad de Columbia aceptó, a principios de la semana pasada, modificar su política disciplinaria y entregar información sobre estudiantes extranjeros al gobierno norteamericano. Meses atrás, Donald Trump había dejado de enviar fondos a las universidades norteamericanas que no revisaran su política sobre las manifestaciones propalestinas que ocurren en sus campus. Como consecuencia del acuerdo, Columbia colaborará con las investigaciones que el FBI actualmente lleva a cabo en torno a las movilizaciones en la Universidad. Una capitulación en toda regla. Trump ha calificado el acuerdo como “histórico” y advierte que el próximo paso consiste en exportar el contenido de este acuerdo a “otras instituciones que han herido a tantos, y que se han manejado de modo tan injusto”. Para Linda McMahon, secretaria de Educación del trumpismo, el acuerdo significa un “cambio de etapa cultural en el ámbito de la educación superior”. Desde 2024 se vienen sucediendo acciones por Palestina en distintas universidades norteamericanas, que incluyen, en varios casos, la ocupación de instalaciones y piquetes. Se replicaron en varios puntos del mundo, especialmente en Alemania, Inglaterra y Francia. Columbia es la primera institución que acepta las condiciones del gobierno a cambio del restablecimiento del flujo de dinero: además, deberá incluir en su código de conducta una nueva definición de antisemitismo -la cual incluye cualquier crítica al Estado de Israel- provista por el gobierno norteamericano y pagar una multa de 200 millones de dólares. Claire Shipman, presidenta interina de Columbia, adelantó que todos los departamentos de estudios orientales de la Universidad serán “sujetos a escrutinio”. También se dejará de colaborar con el grupo Columbia University Apartheid Divest, el cual coordina acciones en el campus contra el genocidio, y se instalará una “fuerza de seguridad” que controlará que no se realicen más manifestaciones dentro de la universidad. La extensión de información personal de los estudiantes al gobierno estadounidense tiene como objetivo aceitar los mecanismos de revocación de visados y deportaciones para estudiantes extranjeros. Shipman es una colaboradora cercana del Partido Demócrata. Fue presidenta de Columbia durante la ocupación de la universidad de 2024. En aquel entonces el presidente Joe Biden desplegó centenares de efectivos de la policía de Nueva York para dispersar a los manifestantes y contó para ello con el apoyo de las autoridades universitarias. Días antes de que el acuerdo se hiciera público, Columbia sancionó a 80 estudiantes activistas del movimiento propalestino. En varios casos se aplicaron expulsiones y retiros de grado. Meses atrás, fuerzas federales detuvieron al activista Mahmoud Khalil, un vocero en el ámbito universitario de la lucha contra el genocidio. La pretensión de avanzar sobre la regimentación de los contenidos de estudio y la vida política de la universidad representa un intento de liquidar a las universidades como espacios de deliberación y liquidar su autonomía relativa respecto del gobierno. Desde hace tiempo que Trump apunta contra Harvard y otras instituciones por impartir contenidos “izquierdistas” y ser centros de “adoctrinamiento”. El intento por neutralizar la oposición política al gobierno en los campus ocurre mientras en EE. UU. se despliegan deportaciones masivas, recorte del gasto público en salud y jubilación, militarización de una parte considerable del país y aumento exorbitante de la deuda pública. Esto ha generado un reguero de movilizaciones. Ocurre, también, mientras Israel apura la anexión militar de Gaza y Cisjordania y cierra todos los canales de diálogo con Hamas y la posibilidad de un alto al fuego. El gobierno de Netanyahu ha impuesto una hambruna masiva al pueblo palestino. La “solución final” que intenta aplicar contra los palestinos es el preludio para una extensión de la guerra al conjunto de Medio Oriente y más allá. La regimentación de las universidades norteamericanas excede las fronteras de Estados Unidos: se trata de la liquidación de las libertades políticas mientras se agudiza la guerra mundial en curso. Contra esta orientación reaccionaria es necesario impulsar la movilización internacional contra el genocidio y la guerra imperialista.

Bajo el llamado a un paro de 48 horas del sector denominado “autoconvocados de la plaza”, la docencia salteña ha vuelto a irrumpir. Según los datos que recogen los propios docentes, la adhesión es mayor al 60 % en casi la totalidad de los 23 departamentos, incluyendo la capital salteña. Por el salario y contra los aprietes El paro es motorizado por el intento del gobernador Sáenz de consumar una nueva confiscación del salario estatal. El aumento ofrecido es un miserable y mentiroso 10,5 % en cuotas para el segundo semestre que, si se aplica solamente al básico, equivale a $5.500 pesos por mes. Pero además no establece una recomposición salarial sobre el primer semestre, cuando la inflación fue del 15,1 % en ese periodo, 6 puntos más del mentiroso 9 % ya otorgado. Otro aspecto fundamental es el feroz cuadro de regimentación que Sáenz y su ministra de Educación, la falangista Cristina Fiore, han impuesto en las aulas bajo la amenaza permanente, ante cualquier reclamo, de terminar en la calle con sumarios y acusaciones truchas como los 117 huelguistas autoconvocados ya despedidos. En esta línea, el Gobierno acaba de prohibir el uso de celulares, fotos y filmaciones en las aulas y recreos para que dejen de viralizarse las imágenes deplorables de los establecimientos educativos. La situación social que se agrava día a día se cuela en las aulas haciendo cada vez más difícil la enseñanza y contención de los niños y adolescentes salteños. Antecedentes La creciente bronca y recomposición de los ánimos de lucha en las bases docentes comenzó a manifestarse hace dos meses en la multitudinaria movilización en la localidad de Embarcación, del departamento San Martín, después del intento de suicidio de una de las docentes cesanteadas. Allí tomó forma una aguerrida campaña de docentes cesanteados por su reincorporación, que ha desatado la solidaridad de los docentes activos, la población, artistas y sindicatos combativos de otras provincias. Todo esto ha servido como factor moralizador contra el estado de terror en las aulas por parte de directivos, supervisores y punteros de los sellos burocráticos docentes. “Autoconvocados de la plaza” Bajo el cuadro de bronca creciente en las bases docentes y de inmovilismo crónico de los sellos gremiales, los “autoconvocados de la plaza” convocaron a una asamblea provincial de sus delegados departamentales el viernes pasado, donde votaron el paro en curso, exigiendo un aumento del 50 %, sin especificar si es bajo los términos del gobierno (ciertos ítems) o sobre el salario de bolsillo. En su pliego, se exige al gobierno dejar de contabilizar los días de paro como faltas injustificadas, pero no la reincorporación de los 117 docentes cesanteados con este mecanismo. También votaron una concentración sobre el Grand Bourg (Casa de Gobierno) a las 15 horas y una asamblea provincial ese mismo día. Su objetivo es exigir su reingreso a la mesa paritaria del gobierno y la intergremial que se realizará ese día, omitiendo el balance de su anterior participación (2021/2023) en donde eran una voz más entre el racimo de sellos gremiales cooptados por Sáenz, lo que los obligó a retirarse ante el repudio de sus bases. Por último, recordamos que sus asambleas restringen el uso de la palabra y moción excepto sólo para los delegados, obligando a las bases a votar a libro cerrado lo que estos determinen. Los “autoconvocados de la plaza” no han podido barrer completamente con la tradición asamblearia masiva de más de 20 años de los docentes autoconvocados salteños y se han rebuscado de este modo para regimentar a las bases, lo que ya ha causado choques muy fuertes y fracasado parcialmente en las huelgas anteriores. Sáenz y Fiore muestran los dientes La respuesta inmediata del gobierno contra la masividad del paro fue declararlo minoritario y establecer descuentos a todo aquel que se adhiera, catalogándolo como “falta injustificada” y sin “sustento legal”, a la vez que rechazó el reclamo de un aumento del 50 %. Anteriormente, sus funcionarios pasearon por los medios de comunicación advirtiendo que “no hay plata”, en nombre de los recortes nacionales, omitiendo el apoyo explícito de Sáenz al ajuste del liberticida Milei y que el gobernador se ha pasado los dos últimos meses anunciando un festival de subsidios y exenciones a los grupos capitalistas de la provincia. Nuestros planteos Desde la Tendencia Docente Clasista hemos llamado a parar y a recuperar los mejores métodos y el programa de la autoconvocatoria, exigiendo asambleas realmente democráticas con voz y voto para todos, reivindicando un aumento de emergencia del 100 % del salario y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo -2 millones de pesos-, para sacar a la masa de la docencia de la pobreza. Planteamos también que debemos exigir la reincorporación de los 117 docentes cesanteados y el fin de los aprietes y abusos en las escuelas, para defender la libre organización de la docencia a los fines de la defensa de la educación. Con este pliego intervendremos y llamamos a intervenir en la concentración y la asamblea provincial del martes e impulsamos asambleas en establecimientos, municipios y departamentos. La docencia sabe muy bien que, con la masividad, los aprietes del gobierno y los punteros de ADP se disuelven en la impotencia. Vamos por la continuidad de la huelga para triunfar.

Pergamino no está exenta del agravamiento de las condiciones sociales que atraviesan los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Las gestiones capitalistas de Kicillof y los intendentes se complementan con el plan de guerra que lleva adelante Milei y su pandilla contra las masas. La orientación ajustadora del gobierno peronista de Kicillof tiene su correlato en Pergamino y en la gestión municipal de Javier Martínez, quien hizo propio el programa liberticida de “menos Estado”. Martínez: rompe con el PRO y se desmarca de los liberticidas Javier Martínez es uno de los 13 intendentes que accedieron a su cargo en las últimas elecciones ejecutivas por el PRO, pero que ha decidido romper el precario acuerdo electoral entre “republicanos” y “libertarios” en la provincia de Buenos Aires. Martínez, ante los armadores del PRO Ritondo y Santilli, adujo que “era insostenible (en Pergamino) el acuerdo con esta gente (LLA), votaron todo con el kirchnerismo; son zurdos.” (Infobae 16/7) El jefe comunal finge demencia al no reconocer al HCD como una escribanía del Ejecutivo, que el año pasado aseguró la votación del proyecto de privatización de áreas públicas de la ciudad, con la complicidad de todos los bloques patronales . El intendente, hombre de confianza del empresario del juego y lobista judicial Daniel Angelici y cercano a Jorge Macri, puso a las claras lo improvisado del armado de derecha en la provincia, al declarar que desde el espacio libertario le exigían el 70 % de los lugares de la lista local. Ante esta situación, Martínez cerró una alianza con el espacio Hechos, comandado por el clan Passaglia, que gobierna desde hace años el estratégico partido de San Nicolás, y logró colocar en el segundo lugar de la lista seccional a la actual diputada provincial Paula Bustos. Los nicoleños poblaron la lista seccional con candidaturas de su riñón y será encabezada por Manuel Passaglia, quien recientemente calificó a la alianza entre LLA y el PRO como “un sometimiento” del partido fundado por Macri. Martínez rubricó su alianza con Hechos por medio de las redes sociales, ufanándose del superávit fiscal logrado a costa de los trabajadores a través de la reducción del empleo público. En el mismo mensaje Martínez hizo eje en las obras públicas que se realizaron en su gestión, que han sido de maquillaje y de espaldas a las necesidades más acuciantes de los trabajadores ocupados y desocupados y que tampoco han contado con un estudio de impacto ambiental. Las gestiones de Martínez se han caracterizado por dar vía libre a los especuladores inmobiliarios. Lo que omitió decir el mandatario municipal es que Pergamino es un municipio al servicio de los agronegocios, que vienen bregando para que se derogue la ordenanza que prohíbe fumigaciones a menos de 1.000 metros del ejido urbano. Mientras los trabajadores sufrimos los ajustazos en los servicios públicos y el transporte, Martínez, dando cuenta de su carácter de clase, en enero pasado redujo la tasa de red vial que recae sobre los productores agrícolas para “aliviar la presión fiscal” sobre el sector y, en las últimas horas, celebró los anuncios de Milei en la Sociedad Rural sobre baja de retenciones y redobló la apuesta pidiendo la eliminación total de las mismas. La finalización de la inscripción de lista le terminó dando la derecha a Martínez en tanto y en cuanto las candidaturas a diputados y senadores provinciales fueron ocupadas en un porcentaje 75 a 25 % a favor de La Libertad Avanza. El macrismo pujó para encabezar las listas secciónales, pero de las 8 secciones electorales, Sebastián Parejas y Karina Milei impusieron sus candidatos. Uno de los principales heridos del armado electoral entre el PRO y LLA ha sido Cristian Ritondo, presidente bonaerense de los “republicanos”, ya que 4 de los 13 intendentes con los que contaba el PRO han decidido desmarcarse del frente electoral con los liberticidas, “optando por buscar alternativas que les garanticen mayor control territorial y mejores condiciones electorales” (Infoplatense, 26/7). Estos movimientos dejan sin margen de maniobras al PRO de cara a las elecciones de octubre. Fue el mismo Ritondo quien anunció el pasado 9 de julio la conformación del Frente La Libertad Avanza aseverando que “todos los intendentes del PRO” se encontraban alineados con esta estrategia electoral. Pero a poco de materializarse la “alianza” sobrevino la ruptura de Martínez, que fue seguida por la de Pablo Petreca de Junín, María José Gentile de 9 de Julio y Diego Reyes de Puán, quienes desplegaron diferentes armados electorales de cara al 7 de septiembre. La lista de Hechos está encabezada por Gustavo Ciuffo, actual subsecretario de Deportes, cartera que se caracteriza por mantener a casi el 100 % de los trabajadores docentes y no docentes como monotributistas, sumidos en una precarización brutal de las condiciones de trabajo y con un “salario” de 480 000 pesos, por debajo de la canasta básica. La lista vecinalista de Martínez está plagada de arribistas y oportunistas que representan sus propios intereses. Este es un punto de encuentro con la lista de LLA, que lleva de cabeza al advenedizo Ezequiel Montenegro y una pléyade de improvisados que cuentan con la aprobación de Parejas y Karina Milei. Fuerza Patria: una lista cruzada por la interna Por su parte, la conformación de la lista de Fuerza Patria no estuvo exenta de los conflictos que atravesaron todos los distritos entre camporistas, kicillofistas y massistas. Hasta último momento los sectores que responden al gobernador amenazaron con formar una lista por fuera de la también precaria alianza. Finalmente, quien encabeza el rejunte del peronismo es el excandidato a intendente Alejandro Massague, secundado por la camporista Macarena García, y el massismo metió por la ventana al youtuber Ignacio Ostertag, un tercer lugar reclamado por la CGT local, que se quedó sin representación en la lista, retirándose del armado. El espacio Idear Pergamino es la manifestación de la deshilachada UCR, con una histórica presencia en la ciudad, y lleva como candidato a Sergio Bocannera, quien en 2023 compitió en las PASO como candidato a intendente por Juntos por el Cambio. Política Obrera Desde Política Obrera presentamos una lista propia conformada por trabajadores docentes, jubilados, estudiantes y activistas. Nuestra campaña estará centrada en recorrer los lugares de trabajo y los barrios. El programa con el que arribamos a estas elecciones se encuentra en sintonía con las necesidades más acuciantes de las masas trabajadoras de Pergamino y, en este sentido, planteamos la puesta en pie de un plan de obras públicas (infraestructura, saneamiento, cloacas) bajo control de los trabajadores, situación imprescindible para emplear a los miles de trabajadores desocupados, con un salario igual a la canasta familiar. Un punto fundamental es la proyección de un plan de viviendas populares y la urbanización de los barrios y asentamientos que pululan en la ciudad, dando cuenta del déficit habitacional que atraviesa a la ciudad. Ante el discurso que atraviesa a todos los gobiernos de que “no hay plata” y con el cual se justifican los ajustes de los gobiernos, proponemos que un plan de viviendas populares debe financiarse por medio de un impuesto progresivo a las grandes fortunas (asociadas a los agronegocios) y a los especuladores financieros. Ante la avanzada de las patronales que actúan con el amparo del Ministerio de Trabajo planteamos la suspensión de despidos y suspensiones y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Desde Política Obrera denunciaremos al municipio como principal precarizador del trabajo y planteamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales, con un salario igual al costo de la canasta familiar, y el cese de la persecución política a quienes pretenden organizarse en pos de sus derechos. En materia de salud, proponemos el aumento del presupuesto para atender los reclamos de trabajadores y usuarios. Satisfacción de los reclamos salariales y de condiciones de trabajo. Nombramiento del personal necesario y equipamiento para los Centros de Atención Primaria (CAPS). Con respecto a la cuestión ambiental planteamos la no derogación de la ordenanza que prohíbe las fumigaciones a menos de 1.000 metros del ejido urbano y una investigación a cargo de especialistas sobre los niveles de contaminación del agua, que ya se ha probado que además de altos niveles de arsénico, también cuenta con la presencia de agrotóxicos. Por el control obrero para reconvertir las industrias contaminantes. Ante el manejo discrecional de los fondos municipales y la complicidad de los sucesivos Concejos Deliberantes, planteamos la apertura de los libros contables del municipio y la elección de un comité veedor de la aplicación de los recursos. Convocamos a los trabajadores de Pergamino a sumarse a la campaña y al voto a las listas de Política Obrera, en el camino de construir una salida socialista a la crisis del régimen social vigente y sus partidos.

La paritaria docente en Tucumán se cerró el 8 de julio, pero la docencia se pudo enterar de sus resultados por un acta pues circuló de forma anónima por las redes. No hubo asambleas, plenarios o congreso que aprobara lo acordado. ATEP, que cuenta con un canal de WhatsApp y mucha actividad en redes, ha ocultado toda información. El acta-acuerdo consta de 20 ítems, 11 de ellos desmenuzan los aumentos de la siguiente manera: Para julio, 5 % de aumento al básico, que se eleva a $179.807 pesos, que sumado a 10 ítems no remunerativos y no bonificables, llevaría el salario inicial a $740.000 (a quien no llegue a este salario inicial se le agregará un adicional). Para los meses siguientes, hasta febrero del 2026, se acordaron aumentos irrisorios siempre sobre un básico miserable: Agosto: 2,8 % al básico Septiembre: incremento según la suma del índice de inflación de julio y agosto de este año. Octubre: 2,9 % a junio Noviembre: incremento según la suma de los índices de inflación de los meses de septiembre y octubre. Diciembre: 1,8 % al básico de junio. Febrero de 2026: 1,8 % El acuerdo firmado entrega los salarios hasta 2026, con el 75 % del salario en negro, cuando la mayoría de los docentes no llega a fin de mes. Las salas de maestros se han transformado en pequeñas ferias donde abundan las ventas de productos, otros se han "uberizado", optando por un segundo trabajo en aplicaciones de transporte de pasajeros, o tienen empleos atendiendo comercios a media jornada (panaderías, kioscos). En contraste con esta realidad, en los canales on line de ATEP abundan los cursos de yoga para calmar la ansiedad, baby shower´s y jubileos. Talleres de cumbia tropical, tejido y la presencia del aparato burocrático en cuanta ceremonia provincial o municipal haya en agenda. En sus últimas publicaciones, ATEP convoca a una “Gran peña de emprendedores docentes”, para el 10 de agosto: “Si eres docente y tienes un emprendimiento o sueñas con tener uno, ¡este es tu lugar!”. Acompañando las reformas educativas del gobierno de Milei, el sindicato mayoritario de la provincia sigue la línea de la ´resiliencia´, ´el emprendedurismo´ y ´el control de las emociones´. Uno de los rasgos de la reforma educativa es la ponderación de las “habilidades socioemocionales”. Este enfoque, que pone el acento en el “autoconocimiento” y la “resiliencia” del individuo para “gestionar” sus emociones convierte los padecimientos sociales en padecimientos individuales que deben gestionar bajo este marco, tanto estudiantes como docentes. De esta forma, el Estado reduce la dimensión social de la salud mental a una gestión individual. ATEP celebra que los individuos se adapten a una crisis sin fin, que desarrollen una capacidad “emprendedora”, una ilusión de salida. La burocracia de Brito y cía. han transformado a ATEP en un cascarón vacío, manejado por una camarilla sin escrúpulos que entrega los derechos de la docencia. El reagrupamiento del activismo en pos de los reclamos acuciantes (salario, condiciones de trabajo, etc.) y acciones de lucha autoconvocadas son el paso clave para superar esta situación. Esa es la única línea de ´autocuidado´ que puede llevarnos a conquistar nuestras reivindicaciones.

El “Ministerio de Prepagas” de Mario Lugones añadió un nuevo galardón a su prontuario: ahora no solo desmantela programas, desfinancia hospitales, retacea medicamentos oncológicos, cierra residencias o precariza a sus trabajadores… también hace fraude con el examen de ingreso a las residencias. Los aspirantes a ingresar a las residencias denunciaron esta situación desde el día cero: preguntas mal formuladas, que tenían varias respuestas correctas, y grupos de Facebook donde usuarios anónimos ofrecían los exámenes resueltos por montos que iban de 2.000 a 5.000 dólares. En realidad, el bochorno del ministerio del Dr. “Prepagas” con el examen comenzó desde mucho antes, cuando sus funcionarios subieron con semanas de demora la bibliografía, que luego retiraron y volvieron a subir, bajar y subir, con el objetivo de censurar bibliografía científica vinculada a derechos y conquistas sociales . Esto fue acompañado por el cierre de los cupos para las residencias interdisciplinarias de salud mental (RISAM/C) y, finalmente, por la resolución 2109/25 que convirtió en becas precarizadas a las residencias nacionales el mismo día que 13 000 aspirantes rendían el examen para ingresar a ellas . Las consignas mal formuladas obligaron al ministerio a modificar varias veces la grilla de respuestas correctas, hasta que decidió dar por válidas todas las preguntas cuestionadas. Haciendo de la necesidad virtud, el vocero Adorni trató de zafar del escarnio apelando al chivo expiatorio predilecto de los fascistas: una campaña xenófoba para colocar un manto de duda sobre los aspirantes extranjeros, provenientes de diferentes países latinoamericanos. Pero no se puede tapar el sol con la mano: sea quienes fueran que compraron los exámenes resueltos, en caso de que efectivamente se pruebe de que ello fue así, su venta solamente pudo partir de los funcionarios del Dr. “Prepagas” Lugones, los únicos con acceso a esa información confidencial. El escándalo tiene su semejanza con lo ocurrido con la Procuración del Tesoro en el fallo YPF, donde el gobierno acusa a los propios funcionarios mileístas por haber filtrado información clave al fondo Burford. La solución que encontró a la crisis la pandilla de criptoestafadores y agentes de las prepagas que se encuentra en el gobierno es hacer pasar a los aspirantes a las residencias por una nueva amansadora. Aquellos que sacaron en el examen de Medicina, Enfermería y Bioquímica más de 85 puntos deberán volver a rendir en la primera semana de agosto. Se cotejarán sus antecedentes académicos y se determinará si tendrán que afrontar un examen oral o una nueva prueba escrita. El orden de mérito quedará cuestionado indefectiblemente, ya que estará compuesto por puntajes que responden a evaluaciones con formatos diferentes. Se trata de un nuevo ataque para quienes se encuentran estudiando hace meses o incluso años para ingresar a un sistema de formación en servicio, que el Gobierno devalúa cada vez más. La incapacidad para garantizar el examen pinta de cuerpo entero a un Gobierno que solo ve en la salud pública un obstáculo para el crecimiento de los negocios de las prepagas y la medicina privada. Con sus jornadas extenuantes, guardias eternas y salarios bajos, el sistema de residencias funciona como un parche que permite que hospitales y centros de salud públicos se mantengan en pie. La contraparte, para los residentes, es el acceso a una formación profesional especializada. Para los funcionarios de “Prepagas” Lugones, atentar contra las residencias es quebrar uno de los últimos escudos que protegen al hospital público y, a la vez, habilitar el negocio de los llamados “fellows” y otras formas de arancelamiento de la formación de posgrado. Es lo que ya dijo Milei: “en otros países hay que pagar para especializarse”. Las novedades que vienen de afuera, sin embargo, contradicen al presidente y confirman todos los reclamos que el movimiento de residentes viene formulando. El viernes pasado, en Inglaterra, miles de residentes iniciaron una huelga de cinco días denunciando los salarios de miseria que paga el gobierno laborista de Starmer. Los residentes reclaman un aumento del 29 %, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo que sus salarios tenían, en términos reales, previo a la crisis de 2008. Al estilo Adorni, en lugar de responder a las demandas, Starmer se quejó por los daños que la huelga provocará en los pacientes y por obturar las reformas con las cuales el laborismo aspira a privatizar el NHS, el sistema público de salud británico . Mientras el Gobierno fracasa en organizar el examen de ingreso, sigue sin responder a las reivindicaciones de los residentes, que se multiplican también en otras jurisdiscciones como CABA y la provincia de Buenos Aires, donde macristas y kicillofistas pagan los mismos salarios de miseria que “Prepagas” Lugones impone en los hospitales nacionales . Es momento de darle continuidad a la gran marcha del 17 de julio que encabezaron los trabajadores del Garrahan y sus familias. Para esta semana, se está organizando un nuevo paro y movilización de los residentes de CABA y los trabajadores del Garrahan convocan a una marcha de velas el jueves 31 de julio, a las 18 hs, de Corrientes y Callao al Obelisco. El Gobierno recurrió a la burocracia sindical de UPCN para imponer nuevas paritarias del 1 % a todos los trabajadores estatales. Es necesario patear el tablero con más organización independiente y una huelga general autoconvocada de los residentes y todos los trabajadores de la salud.

La docencia de Salta, Jujuy, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego ha resuelto medidas de paro luego del receso invernal. En todos los casos, el motivo es el rechazo a ofertas paritarias que realizaron los respectivos gobiernos provinciales, que mantienen a los docentes con salarios de pobreza. En Salta, un movimiento autoconvocado lanzó la huelga por 48 horas. La burocracia de ADP rechazó formalmente la oferta salarial (10,5 % para el segundo semestre), pero no llamó a medidas de fuerza. Otro de los temas centrales es el reclamo de reincorporación de los 117 docentes cesanteados y el fin de la persecución en las escuelas, por lo que se han realizado varias manifestaciones las semanas anteriores. En Jujuy, donde el salario por un cargo de jornada simple apenas supera los $700.000, las asambleas zonales del sindicato ADEP resolvieron un paro de 72 horas para los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30, mientras que la asamblea del CEDEMS resolvió adherir por 48 horas. La semana pasada, el Gobierno había impuesto un aumento de $40.000 y $10.000 en negro. Ahora respondió amenazando con declarar “ilegal” a la medida de fuerza y luego llamó a una reunión paritaria para este lunes 28. La docencia de Santa Cruz, por su parte, no iniciará las clases y realizará un paro de 72 horas en reclamo de la reapertura de la paritaria salarial que el Gobierno niega. También habrá manifestaciones en distintos puntos de la provincia. La medida fue dispuesta por el Congreso Extraordinario de ADOSAC. El Gobierno intenta imponer que la “cláusula gatillo” continúe hasta diciembre sin nuevos aumentos al salario mínimo. En marzo la conducción de ADOSAC -con la oposición de la lista Roja-Tendencia Docente Clasista- había acordado con el Gobierno una paritaria que deja actualmente a los salarios de la docencia santacruceña tan en la pobreza que obligan al doble cargo. El aparato del Partido Obrero caracterizó que la docencia había conquistado “la escala móvil de salarios” establecida por León Trotsky en el Programa de Transición (sic). La lucha docente de Santa Cruz empalma con los trabajadores de YCRT, quienes están luchando contra la privatización. En Misiones habrá huelga docente por 48 horas los días lunes 28 y martes 29. Se realizará una manifestación en la ciudad de Montecarlo, con corte de ruta. Los sindicatos rechazan un decretazo del gobierno que impone un 5 % de aumento hasta octubre. En concreto, son $15.000 en julio y otros $15.000 en septiembre. Por último, en Tierra del Fuego, también habrá paro de 48 horas. Fue resuelto por mayoría en el Congreso Provincial de SUTEF, ante la ausencia de convocatoria a la paritaria salarial. Ambos días se realizarán movilizaciones, ollas populares y actividades para darle un carácter activo. Todas estas medidas de fuerza no han provocado de CTERA ni siquiera la salida de un “comunicado” en apoyo. Ni que hablar de convocar a una huelga nacional docente para poner en pie una lucha de tipo general. La conducción sindical kirchnerista acompaña el ajuste de Milei y de los gobernadores, que se pliegan a las pautas de actualizaciones salariales establecidas por el gobierno nacional. La siguiente semana deberán reiniciar las clases en otras provincias del país (incluidas CABA y Buenos Aires). Las actuales huelgas provinciales docentes son un empuje para convocar a plenarios de delegados y reuniones que definan medidas para retomar la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo, hoy en los 2 millones de pesos.

Continúa la campaña y movilización exigiendo Justicia por Micaela, se llevaron adelante acciones de lucha en repudio al fallo del Poder Judicial por los abusos sexuales sufridos. La lucha de Mica ha puesto de relieve la orientación de las instituciones y han emergido nuevas denuncias. A partir de la denuncia de Micaela , desde las redes sociales, una campaña pública y la visibilidad dada por la mayoría de los medios de comunicación, el martes 21 se llevó adelante una concentración e intervención en la Plaza 25 de Mayo de la Capital, donde familiares y amigos de Micaela, junto a la Red de Infancias Robadas y Política Obrera, estuvimos repartiendo folletos, pegando carteles de denuncia contra el abusador y comentando a los medios de comunicación el caso. La víctima fue sometida a abuso sexual y violencia constante durante más de 14 años. Luis Eduardo Jorge Torres, declarado culpable y condenado a tres años en suspenso, aún está libre y representa una amenaza contra Micaela y su entorno familiar. Del mismo modo, el miércoles Micaela participó de la marcha de los jubilados, donde pudo exponer su caso y recibió la solidaridad de los presentes. El viernes 25 se realizó un cartelazo y corte de calle, esta vez en las puertas del Poder Judicial. En la manifestación se cuestionó el fallo del tribunal y se denunció la impunidad de los abusadores y pedófilos. Participaron Jubilados Autoconvocados, organizaciones estudiantiles, sociales y políticas, acompañando a Micaela, su familia y amigos. En las puertas del Poder Judicial, Micaela tomó la palabra para denunciar la complicidad de la justicia en este caso, remarcando que “esta es una impunidad disfrazada de condena”, y señaló la responsabilidad del juez Palacios sobre el fallo, destacando que Jorge Torres llegó a instancias de juicio imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por el grave daño a la salud mental; sin embargo, durante el proceso, instó al “jurado popular” a cambiar la carátula por abuso sexual simple, agravado por el vínculo, en claro detrimento de la víctima. Además, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que su hermana menor pueda padecer los mismos abusos que ella sufrió. También expresó temor por una eventual fuga del condenado, considerando que cuenta con los medios económicos para hacerlo y que, según se comenta, mantiene lazos con el poder político local. Mientras se desarrollaba el cartelazo y corte de calle de manera pacífica el viernes, la policía se acercó a la víctima con el objetivo de amedrentarla, diciéndole que si no levantaba el corte iban a llamar a los grupos especiales (Fénix) para liberar el tránsito. Estas amenazas por parte de la policía despertaron aún más la indignación de quienes exigen justicia, reclamando que esta forma de intimidación hacia la víctima y quienes la acompañan contrasta con la pasividad del accionar judicial y policial frente a quienes cometen abusos y violencia, quienes continúan caminando libres como si nada. Otras denuncias de abuso A partir de la gran repercusión que ha tenido en los medios locales el relato en primera persona de Micaela y su lucha, hemos asistido a nuevas denuncias de mujeres que tomaron valor y denuncian la violencia y los abusos que sufrieron. En primer lugar, se destaca el caso que involucra a altos funcionarios de una empresa minera de capitales chinos, la minera litífera Zijin-Liex , por haber abusado sexualmente de una trabajadora de limpieza. El caso se mantiene en un silencio absoluto y, con la excusa de la feria judicial, la denuncia no avanza. Según ha trascendido, el funcionario fue desvinculado de la empresa y regresó a China; sin embargo, se espera que vuelva al país dentro de tres meses. Por otra parte, en el interior de la provincia, una madre ha salido a denunciar en primera persona que su expareja y padre de sus hijas abusó sexualmente de las menores. El caso llegó a juicio y el acusado fue condenado a 20 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en forma continuada. Sin embargo, fue beneficiado con la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quedara firme. A pocos días de que eso sucediera, el abusador rompió la tobillera electrónica y se fugó, dejando en grave peligro a sus víctimas. Ante este cuadro, desde Política Obrera llamamos a las mujeres, sus organizaciones y a la sociedad en general a movilizarnos en contra de los abusos y la impunidad, a rodear de solidaridad y apoyar a Micaela, que va a seguir desarrollando una lucha constante para que su caso no quede impune y llevar adelante la apelación de la condena a su abusador, y a todas las víctimas. Justicia por Micaela y todas las víctimas de abusos. Basta de encubrimiento e Impunidad.

Recientemente los medios de comunicación titularon que “6 de cada 10 chicos de primaria dicen haber sufrido alguna agresión de sus compañeros” (Infobae, Perfil, Clarín y otros; 25/07). Esta afirmación se desprende del informe difundido por la ONG Argentinos por la Educación (AxE). El objetivo declarado del estudio apunta a promover “la construcción de ambientes escolares seguros e inclusivos, entendiendo que garantizar un buen clima de convivencia es condición necesaria para lograr una educación de calidad para todos y todas”. Se establece, de esta manera, una relación directa entre las condiciones de convivencia y el desempeño escolar. El informe desconsidera las condiciones de vida con las que llegan al aula docentes y estudiantes; ni siquiera se interroga por las condiciones de trabajo, ni por los recursos e infraestructura que ofrecen los establecimientos. Es paradójico que el informe y su difusión se centraran en los problemas de convivencia, cuando entre sus datos se destaca que entre los estudiantes “el 99% tiene amigas y amigos, el 96% se siente bien al ir a la escuela, el 94% se siente cómodo con el personal docente y no docente, y más del 90% expresa que la escuela es un lugar donde siente contención, apoyo y ayuda”. A partir de estos resultados, ¿por qué colocar el foco en el denominado “bullying” u hostigamiento escolar como elemento que afecta el desempeño escolar? En el relevamiento los estudiantes mencionan una amplia variedad de razones por las que han sufrido discriminación; entre los motivos más frecuentes se encuentran “los aspectos físicos (13%), intereses y gustos personales (11%) y orientación sexual, identidad o expresión de género (9%)”; porcentajes menores en relación a lo que se expresó, en el mismo informe, como consideraciones positivas en la escuela. Pero es relevante detenerse en que “un 17% declara haber sufrido discriminación por otros motivos”, una categoría que no despierta el interrogante de la ONG para determinar cuáles son esos motivos. Es directamente desconsiderado del análisis. El informe menciona que “se intensificaron las manifestaciones de malestar” donde los estudiantes que dijeron sentirse solos pasaron “del 19% en 2016 al 36% en 2023”, mientras que aquellos que mencionaron sentimientos de incomodidad o fuera de lugar “aumentaron del 30% al 40%”, comparación realizada entre los datos que surgen del primer informe (2016) y el último (2023). Es llamativo que a esta ONG ni se le ocurra mencionar que entre los datos disponibles medió la pandemia, las cuarentenas sin cuidados ni asistencia social a los trabajadores, pero sí a los grandes capitales. En los últimos años ha crecido, en todo el mundo, el sentimiento de soledad. La OMS manifestaba, en 2024, que "uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental" y que "se calcula que el 4,4% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 5,5% de los de 15 a 19 años sufre un trastorno de ansiedad, y que el 1,4% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 3,2% de los de 15 a 19 años padecen depresión". Un nuevo informe de 2025 también de la OMS revela que el 21% de los adolescentes de entre 13 y 19 años se ven afectados por la soledad (Chequeado, julio 2025). Frente a este panorama los organismos estatales de contención, de acompañamiento y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentran desfinanciados, carentes de personal y desbordados por las solicitudes que realizan las escuelas, sin distinción del tipo de gestión (sea estatal o privada). Con todo lo dicho, cuando se les pregunta sobre qué respuestas brinda la escuela, un 87 % menciona el “diálogo directo entre docentes, profesores, directivos y estudiantes”; “los canales de comunicación con las familias” un 52 %; “las charlas o talleres reflexivos con un 28%”. En menor medidas se encuentran “la aplicación de sanciones (12%)”; el “abordaje en los espacios de participación (11%)”; “la intervención del equipo de orientación escolar (11%)” y “la realización de actividades reparadoras, colaborativas o comunitarias (11%)”. En sus conclusiones afirman que las situaciones de violencia “lejos de ser casos aislados” son las que “configuran una dinámica cotidiana en la vida escolar” y que las instituciones escolares “suele responder de manera tradicional” y que esto no permite abordar “las causas profundas de los problemas de convivencia”. Sugieren, entonces, cinco enfoques principales: “(i) fortalecer habilidades para la vida, (ii) generar conocimiento y sensibilización, (iii) brindar apoyo psicosocial, (iv) capacitar al personal escolar y (v) promover un enfoque integral de toda la escuela (whole-school approach)”. La propuesta de AxE para resolver el problema de la violencia en los marcos escolares es, apelar a otra ONG, Raising Voices, de Uganda; también instan a “implementar intervenciones socioemocionales y enseñar habilidades para la vida desde la currícula”. Una ONG para una campaña política libertaria AxE es una ONG que está integrada por distintos académicos jóvenes y asesorada por exministros entre los que encontramos a Andrés Delich, Mariano Narodowski, Horacio Sanguinetti y Susana Decibe; quienes fueron responsables políticos de desfinanciar la educación de gestión estatal, promover la educación de gestión privada y sostener una política educativa de precarización docente, incrementando las tareas, la carga horaria, afectando negativamente el salario y descalificando los contenidos y los modos de enseñanza. Los responsables de la degradación educativa, desde una ONG se muestran preocupados y hacen aportes. Esta ONG está financiada por Fundación Noble, por EPEA (red de instituciones educativas privadas), Bunge y Born, Fundación PAMPA, Fundación UOCRA y el Consudec (el organismo oficial de la Iglesia), entre otras. El 24 de abril de 2025, Infobae informaba en un extenso artículo “que el clima escolar es uno de los factores más determinantes del rendimiento escolar". Tomando un informe realizado por esta misma ONG se afirmaba que “el contexto no es destino” a los fines de centrar el foco en la escuela como responsable de la posibilidad de la movilidad social. Según dicha nota sobre el estudio de aquel entonces los factores que fortalecen “los aprendizajes en contextos adversos” son “el clima escolar, la antigüedad del director, el tiempo efectivo de clase y la formación docente” (Infobae, 24/4). Como se observa, los factores que se deben cuestionar y ajustar son los que afectan directamente al trabajador docente: su tiempo de trabajo, lo que implica una reorganización del régimen académico, del convenio colectivo y del estatuto docente; la alteración de la currícula, con el alcance de echar docentes y reducir contenidos disciplinares. Estamos, entonces, ante una campaña que busca que las ONG acompañen las políticas de desfinanciamiento del gobierno liberticida. Nada novedoso como política de las ONG, las que se autodesignan como organizaciones sociales o movimientos de carácter privado, independientes de los poderes públicos y de los partidos políticos, diciendo que actúan por el bien social y sin fines de lucro. Ofrecen la idea de que son organizaciones benefactoras conformadas por personas caritativas dedicadas a brindar asistencia humanitaria, aliviar el sufrimiento de los pobres y/o de las comunidades populares. El financiamiento de estas organizaciones por poderosas empresas industriales y banqueros transnacionales, así como fundaciones internacionales, logra establecer una red global de financiamientos y de políticas que tiene, en el centro, el ataque a la organización de los trabajadores (sindicatos). Ofrecen la perspectiva de iniciativas privadas y de programas de autoayuda. En estos marcos las ONG actúan como el brazo político e ideológico del gran capital aportando en la reorganización económica y social del país. Sobre la convivencia escolar, a modo de conclusión El ámbito escolar no puede, en tanto institución social anclada en una sociedad de explotación, superar una relación social que lo constituye. Por el contrario, el ámbito escolar, por momentos, la refuerza al estimular valores que se consideran relevantes socialmente. El desempeño escolar en el presente se mide tomando en consideración la denominada trayectoria individual, no como resultado y combinación de diversos elementos grupales que promueven o dificultan el aprendizaje del estudiante, sino que se insta a respetar y acompañar cada trayectoria educativa, por lo que la escuela le debe proporcionar una diversidad de instrumentos para que esto suceda, una ampliación de dispositivos de adecuación de contenidos, que lo simplifican hasta lo mínimo. Cuando hablamos de maltrato ¿qué es lo que se ataca? En primera instancia aquello que el cuerpo muestra; como se observa de las respuestas del informe, entre “los motivos más frecuentes se encuentran los aspectos físicos, intereses y gustos personales y orientación sexual”, es decir que se ataca lo observable. Pero dentro del aula también se hostiga a aquel que no se calla, a aquel que reclama por lo que aún falta (es el nerd, el traga, el buchón). Existe un común denominador en ese punto de ataque. Tanto quien presenta un aspecto físico no acorde con lo normal, como aquel que no acepta lo existente ponen de relieve lo que aún no se garantiza. El hostigado aparece como el responsable de las circunstancias que le tocaron en suerte o de aquellas circunstancias que él pone de relieve con un fin cuestionador. El hostigado hace visible la falta, la fisura en la narrativa del supuesto orden con sentido que la norma pretende establecer. El hostigado comunica la falla en el cuerpo individual y, también, la falla en el cuerpo social. Las personas se comportan (predominantemente) según las cualidades de su entorno, que siempre es más amplio que un espacio áulico o escolar. El accionar del hostigamiento, o de la violencia en el marco escolar, afianza la fragmentación, la sospecha y la incertidumbre entre los participantes quedando intactas las relaciones que llevaron a la manifestación de la violencia. Es por esto que el acto de violencia de la prepotencia y la denigración se vuelve una herramienta de la opresión, del afianzamiento de la desigualdad, de la estimulación del temor y la obediencia. Por tal motivo es esperable que un clima escolar donde predomine el hostigamiento afecte el desempeño escolar. Ningún instrumento construido para abordar la problemática de la violencia en el ámbito educativo, hasta el momento, puso en cuestionamiento las políticas educativas, ni las políticas de Estado que conllevan a desarrollar los modos en que se vive la vida. Es decir, no vinculan al ámbito educativo con la realidad social y política que condiciona los modos de existencia. No vinculan, tampoco, que el docente personifica no sólo las relaciones sociales e históricas, sino también los programas y los contenidos académicos. Si estos se degradan para favorecer el mercado de trabajo, también se degrada el rol del docente; si se desvalorizan los contenidos, también se desvaloriza el lugar del conocimiento que expresa, de un modo u otro, la figura del docente. El recorte que AxE hace de la convivencia escolar está en los marcos de una campaña que ataca a la educación. Se trata de una campaña centrada en poner en cuestionamiento el régimen educativo vigente, que ya se encuentra dañado. El proceso de desgarramiento social provocado por las dinámicas del capital hace su trabajo silencioso, pero sostenido. La organización de la docencia para mejorar sus condiciones de desempeño, la calidad de la enseñanza y garantizar una escolaridad digna sólo podrá realizarse en un entrelazamiento con un programa socialista, que aborde de manera integral a quienes participan de la actividad educativa.

En la presentación de candidatos locales en Quilmes, Marcelo Ramal -candidato de Política Obrera a legislador por la Tercera Sección Electoral- advirtió que las suspensiones masivas en la empresa Acindar, en Villa Constitución, forman parte de un plan de destrucción de la industria del acero de común acuerdo entre el presidente Milei y Donald Trump. “La parálisis de la obra pública, por parte del primero, y el arancel mundial del segundo (del 15 al 30%) a la importación del resto del mundo a Estados Unidos, por parte del segundo -señaló Ramal-, se suma a la revalorización internacional del peso argentino y a la libre importación de autos extranjeros para sentenciar a la industria a un ajuste violento, incluso a la desaparición”. “Este ´industricidio libertario´, se agrava debido a la guerra comercial desatada por Trump contra Brasil, porque llevaría a la quiebra del arancel externo del Mercosur y por lo tanto del Mercosur mismo”, prosiguió Ramal. “Para combatir este intento economicida de las actuales administraciones de Argentina y Estados Unidos, Política Obrera plantea el monopolio estatal del comercio exterior y un plan de desarrollo industrial en el marco de América Latina”. “En la transición nuestro partido plantea el prorrateo de las horas de trabajo disponibles sin merma del salario, seriamente afectado por la negativa de las patronales siderúrgicas a suscribir el convenio colectivo de trabajo”, concluyó el exlegislador de CABA.

La situación política provincial está dominada por el cronograma de las elecciones nacionales y la crisis por arriba del régimen político. La burguesía debate los términos del desguace del Estado. En este escenario, Milei negó cualquier negociación en el armado de las listas y presenta una propia. Un viejo conocido, Alfredo Olmedo, encabeza el armado de los liberticidas, otro advenedizo de las "ideas de la libertad", que antes fue socio de Romero, Urtubey y Sáenz, con quienes compartió campañas y listas. También estuvo, a su turno, con Macri y Massa. Olmedo es representante de los intereses sojeros más parasitarios del Estado. El ex gobernador Juan Manuel Urtubey se anotó como candidato al Senado en un autoproclamado frente de ´unidad del peronismo y los sectores populares´. Urtubey representa a la oligarquía agraria terrateniente de la provincia y a los capitales extranjeros. Como gobernador, fue promotor de los negocios inmobiliarios y turísticos, que en el último año se hundieron. Urtubey retoma el eje del ´federalismo´ para armar una polarización entre "los representantes de Salta" y los de Milei. Urtubey representa solamente a una parte de la provincia -la de los capitales concentrados- en desmedro de la inmensa mayoría del pueblo trabajador empobrecido. Cuando terminó su mandato, dejó una deuda de más de 600 millones de dólares por el Fondo de Reparación Histórica y el Plan del Bicentenario, destinado a obras de infraestructura que nunca se realizaron. Pero la unidad del peronismo parece difícil de conseguir. El PJ sigue intervenido por la cúpula nacional. Está dividido en tres fracciones: el oficialismo, el PdV y las fracciones kirchneristas; la fracción saencista y, ahora, un bloque vinculado a Urtubey. El kirchnerismo postula al actual senador Sergio Leavy. Éste pide explícitamente la intervención de Sáenz como árbitro del proceso electoral, mientras Urtubey busca su tutela, elogiando que se dedique a gobernar y negociar con Nación. A una semana de la inscripción de alianzas y a veinte de la presentación de listas, Sáenz no presentó candidatos propios, con el riesgo de perder una banca en Diputados. Sáenz es uno de los mayores colaboradores de la agenda de Milei y pugna en cada oportunidad, por ser su intermediario en la provincia. Todos los bloques acuerdan con la reforma laboral, jubilatoria e impositiva que reclama el gran capital y las patronales. Como parte de su agenda inmediata el salteño lleva la provincia a un nuevo endeudamiento para la construcción de rutas y obras de infraestructura que reclama el capital minero y agroexportador, eliminó ingresos brutos a estos sectores y a la industria, el ajuste en las arcas del Estado se manifiesta en la confiscación del salario de los estatales y el vaciamiento de la salud y la educación pública. La magnitud de la crisis y el impasse del plan económico de Milei-Caputo, abrieron una crisis por arriba con los gobernadores a pugnar por sus propios intereses. En Salta, el empobrecimiento de las masas y el crecimiento de la carestía entre las familias obreras, no cesa. Datos oficiales confirman la pérdida de más de 5 mil puestos de trabajo formales en un año, particularmente en el rubro de la construcción. En el caso del trabajo no registrado la cifra duplica, en un año se perdieron más de 10 mil puestos de trabajo. Los asalariados están subocupados, con un promedio de dos y hasta tres trabajos, los salarios básicos rondan los 500 mil pesos, lo que representa un cuarto de la canasta familiar. Con estos ingresos el acceso a la vivienda es inviable para una familia de trabajadores y los alquileres consumen el 80% de los ingresos de una familia promedio. Otro elemento de degradación social es el colapso del sistema sanitario. Faltan insumos, profesionales, los hospitales son insuficientes ante el crecimiento de la demanda por el encarecimiento del costo de las prepagas y las obras sociales privadas. Empieza a recomponerse una tendencia de lucha entre la docencia, con docentes cesanteados muy combativos, en una campaña por su reincorporación, pero más en general, ante este nuevo cuadro, por el agravamiento de la crisis, por la situación del salario. El FITU, que fue dividido en las elecciones provinciales, tres meses atrás, con chicanas y agravios personales entre sus dirigentes, probablemente irá unido porque hay menos candidatos para repartir y pocas posibilidades de consagrarlos. Quizá ahora reproduzca la actuación en las elecciones de provincia de Buenos Aires, y presenten una lista común. Los compañeros de Política Obrera intervendremos en estas elecciones en un nuevo escenario de agitación política.

En la red X -ex twitter- el presidente Javier Milei extendió a todos sus críticos el término “mandriles”, la forma peyorativa que usa para referirse a los defensores de las políticas económicas del peronismo-kirchnerismo. Usando este término dió el anuncio de otra baja de la pobreza: “¡Mal día mandriles! La pobreza cayó muy fuertemente. La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas”; lo mismo fue repetido por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, en una cadena de entrevistas radiales. Diferentes medios reflejaron dudas respecto a las inconsistencias que hay detrás de los números de pobreza agitados por el presidente. Este problema con las estadísticas liberticidas fue alertado a principios de este año, días en que el gobierno colocó con fuerza las cifras de pobreza como indicador del éxito económico de su gestión. La secuencia fue la siguiente, al final del 2024 la pobreza según el INDEC fue del 38,1%, una baja respecto al 56% que arrojó la devaluación mileista de diciembre del 2023 y el 53% del primer semestre del 2024 . Este descenso desde el pico devaluatorio es mentiroso, incluso en los términos de una desaceleración de la inflación, ya que las mediciones del INDEC están distorsionadas por una desactualizada canasta familiar que no pondera el peso de los aumentos en los servicios afectados por los tarifazos. Para dar solo un ejemplo, este mes de junio subieron los gastos en educación 3,7%, alquileres 4,1%, agua, electricidad y otros combustibles 2,8%, recreación 2,5% y salud 2,2%. El redoble de esta metodología llevó al INDEC a anunciar el 31,7% de pobreza para el primer trimestre del 2025. El número contrasta fuertemente con los índices medidos por otras entidades, como es el caso de la UCA que arroja una pobreza del 47%, pero también contrasta con lo que llaman pobreza multidimensional. Que toma en cuenta factores como la actividad económica, la inseguridad alimentaria, el desempleo, el acceso a la salud, la educación, vivienda y cloacas; una estadística que va de la mano del censo poblacional que cada 10 años suma datos que complementan los estrictamente monetarios y de ingresos. La realidad es que ni la pobreza medida en función de la evolución de la canasta básica, ni medida de alguna otra forma, muestra una evolución positiva en la Argentina. Incluso dando a favor del gobierno la salida del pico de pobreza del Rodrigazo realizado por el propio Javier Milei al comienzo de su gobierno. Ni Guillermo Moreno en la cúspide de su alteración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los años 2006 y 2007 se animó a “sacar” de la línea de pobreza ni a 8 millones ni a 5 millones de habitantes. Pero hay un problema más con el planteo mileista de las estadísticas de pobreza: la relación entre la pobreza por canasta y la multidimensional. Esta relación muestra un porcentaje muy importante de la población (algunos especialistas la colocan en el 30%) que se encuentra permanentemente en condiciones de necesidad. Esta pobreza estructural, es resultado de las condiciones sociales en la que las familias trabajadoras se tienen que desenvolver y aquí se incluye desde la salud, la educación, situaciones de vivienda y socioambientales hasta y, cada vez con más peso, las paupérrimas condiciones y de derechos laborales que van desapareciendo aceleradamente. Una masa de pobres, que desde el Rodrigazo de 1974 pasando a la dictadura, desde las hiperinflaciones de 1989 a la desocupación masiva de los 90s y el derrumbe económico del 2001 se fue consolidando bajo la premisa de la destrucción sistemática de sus condiciones de vida. Un segmento de la población para las que sus graves condiciones de pobreza no son alteradas por una mejora circunstancial de ingresos y una mejora de infraestructural puntual de carácter barrial o provincial. Recesión, importación y despidos La contracara de este embuste estadístico de la camarilla financiera de Milei-Caputo, son los datos de actividad económica imposibles, donde 12.250 empresas pymes cerraron definitivamente desde diciembre del 2023 (Observatorio IPA). Una estimación moderada, sólo en el comercio minorista fueron 16.000 los que cerraron según sus propias entidades y uniones. Esto lo refleja la propia ARCA que dice que los establecimientos formales pasaron de 112.000 a 96.000. Las ventas siguen cayendo, empresas medianas llevan el -0,7% este abril y sumado los negocios de cercanía (almacenes) llevan un retroceso de -20% interanual. La política económica recesiva se empieza a morder la cola y ahora la caída del consumo profundiza la crisis laboral . Los cierres y suspensiones en fábricas dieron paso a despidos y reducciones salariales que atraviesan el conjunto de la industria. Como es el caso de Lumilagro que pasará a importar el 60% de sus termos desde Asia y reducirá su producción local despidiendo a 130 trabajadores, el 65% de su plantel. En una relación directamente proporcional. Otras, como Carefree en Pilar pasarán a importar su producción desde Brasil. Estas noticias de impacto se suceden todas las semanas. En sectores como el turismo y la gastronomía, la caída por ser Argentina cara para los visitantes extranjeros es de reservas para estas vacaciones de invierno al 50%. Todos los observadores hablan de la paradoja de un país caro para comprar bienes, servicios y alimentos de consumo diario pero que tiene el salario mínimo más bajo de la región sólo por encima de República Dominicana y Venezuela. Los capitalistas aducen que no pueden seguir sosteniendo la situación y alertan que rápidamente todo se reconvertirá hacia una importación creciente como ya sucedió en la industria textil. La seguidilla de dislates y provocaciones de Milei, no quedó en la cuestión de la pobreza, tras anunciar un nuevo veto afirmó que “las jubilaciones vuelan”. Hoy una jubilación mínima sin bono tiene el monto de $309.000. Acá el hilo de enemigos jubilatorios va hacia atrás desde Alberto Fernández, Mauricio Macri hasta Cristina Kirchner vetando el 82% móvil. Vale preguntarse, ¿estarán incluidos los 6 millones de jubilados y pensionados de Argentina entre los millones de afortunados que Milei dice haber sacado de la pobreza? Este semestre si se incluye la vivienda, una jubilación con bono no llega a un tercio de lo que necesita un jubilado para vivir. Cuando a este panorama se le suma el problema de los medicamentos, el gerontocidio es muy marcado, con el cinismo agregado de que los muertos no figuran nunca en las estadísticas de pobreza e indigencia. Cuando se mira que a pesar de los aumentos en la AUH y la Tarjeta Alimentaria el 75% de los niños y adolescentes son pobres , hasta cronistas de derecha reflexionan si es posible que resista el país la senda de seguir retirándose la asistencia a niños y adultos mayores. En lo inmediato, con la contundencia de los datos y la obvia persistencia de la pobreza, el embuste estadístico del gobierno no logra el objetivo más importante: convencer a los trabajadores de que la baja de la inflación llevará a una mejoría en el consumo de las familias.

Luego de los dichos del embajador estadunidense en la Argentina, Peter Lamelas, postulado por Donald Trump, el fin de semana pasado hizo su arribo a la Argentina, Kristi Noem, una alta funcionaria del gobierno de Donald Trump. Se trata de la secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Se reunió en la Casa Rosada con Javier Milei y Patricia Bullrich, en la que firmaron un preacuerdo para que los ciudadanos argentinos ingresen sin visa a los Estados Unidos. Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. El preacuerdo rubricado entre ambos países se inscribe en el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) contemplaría a ciudadanos argentinos que viajen a Estados Unidos por negocios o turismo por un lapso de 90 días. Las tratativas comenzaron el 1 de mayo pasado en una reunión de la que participó el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford y en la que Estados Unidos “presentó una especie de self-assesment (autoevaluación) para determinar si la Argentina podía cumplir con los estrictos requisitos que implica el programa, que hoy tienen 42 países” (La Nación, 29/07). Bullrich ofició de anfitriona en una recorrida que realizó Noem por la Casa Rosada, para luego suscribir un memorando de cooperación. Noem firmó por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduana de Estados Unidos y la División de Operaciones de Aplicación de Leyes y Expulsión; Bullrich, por el Ministerio de Seguridad que preside. También participaron de las reuniones el Canciller Gerardo Werthein, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Seguridad, Corey Lewandowski. la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Heidi Nicole Gómez, y el asesor Robert Thomas Law. La visita de Noem y la tropa republicana es la cuarta que realizan altos funcionarios de EE.UU. desde que Trump asumió su segunda presidencia. De lo que trascendió de la reunión bilateral, se conoció que ambas gestiones establecerían un grupo de trabajo para identificar a prófugos en la Argentina. Pero a su vez hay una serie de exigencias por parte de Estados Unidos que no se han dado a conocer abiertamente para que la Argentina entre al programa, y estas tienen que ver con una serie de iniciativas entre las que se encuentran: la restricción de la entrada de rusos y la denegación del pasaporte argentino, el recorte a la entrada de venezolanos y bolivianos (Bolivia recientemente ha firmado un acuerdo con Irán) y que se tenga una caracterización política de las personas provenientes de estos países. Noem, conocida coma la “caza inmigrantes” por su dura política en materia de migración, fue gobernadora de Dakota del Sur entre 2019 y 2025. Como gobernadora se alineó con la política trumpista en relación a la pandemia de Covid–19, al rechazar las medidas de aislamiento, el uso de barbijo y ser una militante antivacunas. En sus redes sociales se puede observar videos en los que Noem manifiesta abiertamente de que “estamos sacando a las basuras de estas calles”. Lo que se esconde detrás la entrada de Argentina al programa migratorio yanqui -del que el país fue parte entre 1996 y 2002, época de relaciones carnales- es la injerencia imperialista en los controles fronterizos, especialmente en la Triple Frontera, y la instrucción de las fuerzas de seguridad al mando de sus pares yanquis. Esto implica, en principio, un endurecimiento de la política migratoria bajo la batuta de Patricia Bullrich, que ya se ha cobrado la vida del bagayero Fernando Gómez a manos de la Gendarmería Nacional en diciembre de 2024. Para que el preacuerdo llegue a buen puerto, la Argentina deberá atravesar un proceso al mando de los EE.UU. que implica el registro de aeropuertos, la supervisión de la emisión de pasaportes y la coordinación de bases de datos sobre terrorismo, lo que implica otro peldaño de sometimiento al imperialismo yanqui por parte del gobierno liberticida. En una conferencia de prensa -en la que Noem y Bullrich asistieron con atuendos de cowboys y montadas a caballo- la funcionaria trumpista aclaró que la entrada al programa no será inmediata y señaló que “nos gustaría ver que califiquen para el programa lo antes posible”. Para acelerar los trámites los liberticidas realizaran concesiones enormes que implicara un mayor sometimiento político-financiero con los Estados Unidos. Noem aprovechó la venida para reflotar un viejo anhelo yanqui: poner en pie la Ameripol, una especie de Interpol, que asocie a las policías de todo el continente. El proyecto data de cuando Aníbal Fernández oficiaba de ministro de Seguridad, quien se reunió con autoridades yanquis para vehiculizar la iniciativa represiva. Siendo el gobierno liberticida el único socio político a ultranza de Trump en la región “la cuestión no es fácil de implementar, porque obviamente hay desconfianza de los gobiernos progresistas de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia. En Washington aseguran que sería un sistema de intercambio de inteligencia criminal, pero los límites parecen poco claros”, señala Raúl Kollman desde Página/12 (29/07). Al igual que los dichos de Lamelas y Kristalina Gueorguieva para apuntalar a Milei en el proceso electoral en curso, el viaje de Noem oficia como un apoyo proselitista a los liberticidas. Pero en perspectiva las negociaciones para que los argentinos entren sin necesidad de contar con una visa, opera como una extorsión para imponer aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de Argentina, la importanción libre de medicamentos y vacunas y un régimen especial para autos de parte de nuestro país.

“Una alianza contrarrevolucionaria dirigida contra las masas, contra el movimiento obrero y democrático funciona en el cono sur de nuestro continente. El gobierno peronista, presentado por el PC y la JP como víctima de un cerco de gobiernos reaccionarios latinoamericanos es, en realidad, una pieza clave de esta conspiración con los Pinochet, Banzer, Bordaberry y Geisel” (Política Obrera 4/3/74). La noticia sobre dos “documentos desclasificados” que confirmarían la venta de armas del gobierno de Perón a la dictadura chilena de Pinochet a fines de 1973 y principios de 1974 ha ganado propaganda en los diarios de Argentina y de Chile. Con la firma del mismo Perón, entre otros, el decreto autorizaba a Fabricaciones Militares la exportación de armamento y municiones, junto con la orden de dar una facilitación operativa a la Aduana para que no controlara la carga secreta. En concreto, se trata de miles de proyectiles para fusiles de combate FAL, 2.000 pistolas ametralladoras PAM y 6 mil pistolas Browning calibre 9 mm. El diario Clarín asegura que “la existencia del decreto firmado por Perón y sus ministros era un dato desconocido”. Un historiador entrevistado por el diario asegura que “la entrega de material y pertrechos por parte del gobierno de Perón es una novedad”. La desclasificación de los archivos ha sido una nueva confirmación de algo que ya se sabe hace más de cincuenta años. La novedad está en la aparición de la firma de Perón en el decreto en cuestión, pero este hecho mismo de la venta de armas ya había estado en las páginas de la prensa (tanto en la burguesa como en la obrera) desde el día uno. En febrero de 1974, Política Obrera titulaba un artículo “Perón manda armas a Pinochet”. Allí se comentaba que “el 3 de enero, un grupo guerrillero intentó la voladura de un tren a la altura de Potrerillos, Mendoza. Así, vino a saberse que ese tren transportaba un cargamento de armas livianas enviado por Fabricaciones Militares, con destino al cuerpo de Carabineros chileno. Los comunicados extraoficiales justifican a la remesa en nombre de los compromisos adquiridos con el gobierno de Salvador Allende, que vienen a cumplirse recién ahora (La Razón, 24 de enero)”. El aporte de los archivos, la participación directa del propio Perón en el decreto mediante su propia firma, vendría a terminar con una versión del peronismo de izquierda, a esta altura ya insostenible, acerca del cerco derechista en el gobierno del viejo general que tomaba decisiones de las que él no era partícipe. Pero el apoyo de Perón a la dictadura de Pinochet nunca fue un secreto, para el que lo quiso ver. Ya en el año 2000, unos 16.000 documentos con más de 50.000 páginas desclasificados por el gobierno norteamericano aseguraron que "dos coroneles activos del ejército chileno" informaron a Perón de los planes de un golpe contra Allende y, "de acuerdo al texto, ‘Perón informó a los coroneles que el derrocamiento de Allende era un asunto interno por lo que él no aprobaría, ni condenaría dicha acción’. Perón no desplegó una acción contra el golpe en Chile por el simple hecho de que su propio gobierno estaba en un curso golpista propio, como se manifestó luego en la asonada policial que derrumbó al gobierno provincial de Córdoba. En una entrevista con un periodista italiano (La Razón 25/9/73), Perón sostuvo que en Argentina “si la guerrilla insiste, sucederá lo que, en Santiago, donde la responsabilidad no fue de los militares sino de los guerrilleros”. Y aprovechó para declarar que “a Cuba le advierto: que no haga el juego que hiciera en Chile, porque en Argentina podría desencadenarse una acción bastante violenta”. En la primera semana de abril de 1974 tuvo lugar una entrevista en la residencia presidencial de Olivos entre un representante del gobierno pinochetista y el presidente Perón. La misma luego fue correspondida con el viaje del Jefe de Inteligencia del Estado Mayor del ejército argentino a Santiago de Chile, quien “antes de partir, mantuvo una prolongada conversación con Perón, oportunidad en la que el Presidente le encomendó establecer los más estrechos contactos con la cúpula militar que gobierna Chile” (Mercado, 30/4/74). Como resultado de esos contactos, el gobierno peronista permitió que la Dina, la policía política de Pinochet, instale una oficina en Buenos Aires para espiar y perseguir a la colonia de exiliados chilenos. Pocos días después, tres refugiados chilenos (Joaquín Garrido López, Sergio Díaz Parada y Alcíades Oyarzún Braña) fueron secuestrados en su domicilio en Buenos Aires y no se volvió a saber de ellos. El modus operandis se repitió con exiliados bolivianos. "En enero pasado, el ministro del Interior de La Paz, coronel Walter Castro Avendaño, admitió que existía una coordinación informativa entre los organismos de seguridad de su país y de la Argentina" (Noticias, 4/5/74). La cooperación con los servicios de las dictaduras latinoamericanas se extendió también a Uruguay y Brasil. En el caso chileno, estos contactos fueron los antecedentes de la entrevista que Perón y Pinochet tendrían en Argentina el 16 de mayo de 1974. En la base aérea de Morón, Perón dio personalmente la bienvenida al dictador chileno. Allí declaró que “nuestras relaciones con Chile son excelentes”. Luego de la muerte de Perón, su esposa y sucesora condecoró a Pinochet con la Gran Cruz de la Orden de Mayo al Mérito Militar. El artículo del diario Clarín, que tuvo acceso a los archivos desclasificados, presenta al peronismo como la excepción de las democracias del mundo, reafirmando su carácter prodictatorial. Es un embuste. Los gobiernos democráticos, tanto de América Latina como de otros continentes, no tardaron en reconocer a la dictadura de Pinochet como gobierno legítimo. Sólo acciones de masas de la juventud y los trabajadores lograron, en algunos casos, el boicot a la dictadura chilena. Política Obrera explicaba que en Gran Bretaña “los sindicatos obreros obligaron al gobierno laborista a suspender toda ayuda económica a la junta [militar chilena] y a las empresas a cancelar las ventas a Chile” y en Francia “la militancia se moviliza contra el nuevo embajador chileno”, mientras en Argentina “los Gelbard y Broner hacen excelentes negocios con Pinochet” (“Imponen el boicot a la junta chilena”, 23/3/74).

Acindar descarga la caída de ventas y falta de producción sobre los trabajadores: sean de planta o contratistas. Las suspensiones corren para todos por igual. Asimismo, la empresa avanza sobre una estrategia ya trazada de achique, flexibilización y desgaste para que los trabajadores accedan a los retiros voluntarios. El mes de julio cierra con una agudización en las suspensiones: aproximadamente 500 trabajadores, sumadas las que se venían dando por las caídas de turno, reestructuraciones, la parada técnica de REDI y cierre del tren laminador N°2, con la reciente paralización total de la Acería y el Laminador N°1. La empresa continúa planteando que, debido a la caída en la demanda por la paralización de la obra pública, la apertura de importaciones y la retracción del mercado, debe ajustar y apuntar a ser más competitiva debido a los nuevos jugadores que ingresan en el mercado. Si bien la empresa ha venido invirtiendo en tecnología en varios sectores, los cuales redundan en una mayor capacidad productiva y, por ende, más competitivos, lamentablemente para los trabajadores su plan de competitividad solo apunta a reducir planteles y profundizar la flexibilización laboral. Su propósito es llevar al mínimo los puestos de trabajo ya sea personal de planta como tercerizado. Aunque parezca contradictorio para este contexto, hay que comenzar a instalar la reducción de la jornada laboral no sólo para repartir las horas de trabajo y así evitar suspensiones, sino como defensa de los puestos de trabajo y también de nuestra salud. Los nuevos procesos productivos van de la mano de mayores esfuerzos físicos y/o mentales; junto a los turnos rotativos, son factores que perjudican notablemente la salud de los trabajadores. Mientras Javier Milei anuncia la baja a las retenciones del campo -lo cual tendrá en su mayoría un destino especulativo financiero o inmobiliario- si esos fondos se destinaran a la reducción de la jornada laboral, se incrementaría la cantidad de trabajadores ocupados; y en vez de invertirse en especulación, pasarían a convertirse en consumo concreto, motorizando la economía. Cuando en EE.UU. se instalaron las ocho horas de trabajo gracias a la lucha de los trabajadores, ¿colapsó el mercado? ¿Cayó la economía? Todo lo contrario: se ajustó a un nuevo orden. En estos tiempos de innovaciones permanentes y sobreproducción, es momento de volver a instalar el debate de liberar tiempo de la explotación laboral para convertirlo en tiempo para uno mismo. El descalabro es capitalista, testimonio de un régimen agónico. La situación en Villa Constitución no escapa o es distinta a la del resto de las ciudades que dependen de la industria. Las políticas gubernamentales continúan atentando contra la clase trabajadora y sus conquistas. Esto debe enfrentarse tanto en los puestos de trabajo como en las calles y en las urnas. Si queremos que cambie el rumbo actual, hay que involucrarse organizarse y luchar por una perspectiva socialista.

Con la candidatura del ex comisario Bondarenko como cabeza de lista en la tercera sección, el oficialismo nacional puso de manifiesto su intención de hacer girar la campaña bonaerense sobre el eje de la inseguridad. En sus apariciones televisivas, el ex comisario reforzó esta línea sacando a relucir su prontuario y la actual situación de la policía de la provincia, cuya reconstrucción sería necesaria para combatir el delito. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el discurso sobre la delincuencia omite una inseguridad mucho más profunda y que en parte engendra a la otra: es la inseguridad en el acceso a los servicios básicos, la precariedad de las viviendas y de los barrios. Los números del último censo nacional (2022) ponen de relieve esta situación. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, la población que carece de desagüe a cloacas asciende al 47% (más de 5 millones de personas), la que carece de gas de red al 39%, y la que carece de acceso a la red de agua pública al 27%. Como se trata de un conglomerado urbano de casi 11 millones de personas que habitan viviendas particulares (el INDEC no contempla a las personas en situación de calle), en todos los casos hablamos de más de 2 millones de personas que no acceden a estos servicios básicos. Entre estos 24 partidos, hay algunos en donde la falta de acceso a la red de cloacas asciende a más del 50% de la población. Es el caso de Florencio Varela (54,3%) y Moreno (68,2%), por nombrar solo dos distritos en el sur y oeste del conurbano. Estamos hablando de más de 200.000 y 400.000 personas. Este escenario se repite con la falta de acceso a gas de red (55,5% Varela; 65,4% Moreno), o lo que es lo mismo, el uso de gas en garrafa (cuyo precio fue liberado durante la última ola polar) para cocinar y calefaccionar los hogares. Particularmente graves son los números de dos distritos de la zona norte: Malvinas Argentinas y José C. Paz. Estos municipios, con más de 320.000 habitantes cada uno, tienen al 90% de su población sin acceso a cloacas, y al 80% sin acceso a agua corriente. A su vez, esta inseguridad se combina con la precariedad edilicia de las viviendas y la falta de pavimentación de las calles. Respecto a esto último, en los asentamientos y villas, que es donde más golpea la carencia de servicios, la pavimentación total (todas las calles asfaltadas) puede no superar el 7%, como es el caso de José C. Paz, según datos del Registro Provincial Público de Villas y Asentamientos Populares. Esto dificulta e incluso impide el ingreso de ambulancias, bomberos, transporte público y otros servicios necesarios para la asistencia a los vecinos. Es así como las barriadas se encuentran al margen, tanto del acceso a servicios como de la conexión con los centros urbanos. A este contexto se le suma una tasa de desempleo del 9,7%, y de subocupación del 10,9%, además de una caída salarial sostenida. Si en este cuadro brota la inseguridad, no debería sorprender. El mismo régimen capitalista engendra las condiciones del delito, al reducir a la pobreza y a la miseria habitacional a cientos de miles de trabajadores, y al coartar las posibilidades de atenuarlas deprimiendo los salarios e ingresos sociales, y aumentando la precarización y la desocupación. Mientras tanto, el gasto en el pago de la deuda de la provincia de Buenos Aires se lleva miles de millones que hacen a las fabulosas rentas de fondos de inversión y bancos, cuyas carteras de negocios también abarcan operaciones con el dinero del narco y la trata. Ante este cuadro, la mano dura y la saturación policial de los barrios, que defienden tanto Bondarenko y su tropa como el gobierno provincial, expresa la impotencia e incapacidad del arco político burgués para dar solución a una realidad que, finalmente, es engendrada por el régimen social que gobiernan. No obstante, también advierte el recurso a la militarización de los barrios para aplastar cualquier levantamiento contra la miseria en la que son hundidos los trabajadores. La lucha por el repudio y no pago de la deuda pública de la provincia, para así volcar esa inmensa masa de recursos a la urbanización de los barrios bajo la propia dirección de los trabajadores, cobra particular importancia.

Las elecciones municipales convocadas por Maduro siguieron el derrotero de las elecciones para gobernadores y la Asamblea Nacional de mayo pasado: un abstencionismo récord. Las elecciones convocaban a los venezolanos a elegir concejales y alcaldes en 335 municipios y 2.500 escaños. La oposición mayoritaria, la Plataforma de Unidad Democrática, bajo la conducción de Corina Machado y su delfín González Urrutia, rechazó participar. Las elecciones coincidieron con el aniversario de las elecciones presidenciales en las cuales Maduro orquestó, junto a las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE), un fraude para asegurar su victoria. El resultado, sin mayores sorpresas, otorgó la victoria al chavismo en 285 de las 335 alcaldías y casi la totalidad de las bancas de concejales. El chavismo, a lo largo de un año electoral, ha logrado desplazar a la oposición. La mayoría no participa de los comicios y la que acude a ellos es cada vez más minoritaria. Esto le ha servido para consagrar una hegemonía completa en cargos ejecutivos y legislativos de todo el país. En total, el oficialismo dirige 23 de 24 gobernaciones y 285 de los 335 municipios. Las bancas del Parlamento convierten a la Asamblea Popular en una escribanía de Maduro, sin contar el control sobre el aparato judicial y las fuerzas de seguridad, que han demostrado una homogeneidad superior a la que esperaba encontrar la oposición de Machado, que los ha convocado a “rebelarse” en reiteradas oportunidades. El abstencionismo tampoco puede ser visto como el resultado de un apoyo a la oposición abstencionista, puesto que esta no ha desarrollado una campaña política ni ha organizado actividades convocando al boicot electoral como en el pasado. Este poderío formal del chavismo contrasta con su debacle política. El abstencionismo, imposible de contabilizar a ciencia cierta, no baja del 70%. El rechazo político al gobierno es manifiesto en zonas donde el chavismo había hecho bastión hace dos décadas. Ni el intento de construir una “nueva oposición” bajo la tutela del propio régimen ha logrado movilizar a un sector parcial de las masas a las urnas. La dilapidación de dicho apoyo se explica en los padecimientos cotidianos que sufre la población ante la falta completa de elementos básicos de higiene o alimentación. El Bolívar, la moneda nacional, ha perdido formalmente su valor de mercado y los trabajadores buscan insistentemente percibir sus magros salarios (ubicados entre los 3 y 20 dólares) en la moneda norteamericana para poder asistir a las tiendas y abastecerse. La oposición trumpista se encuentra en un impasse político. La división que existe en el propio establishment norteamericano ha llevado a su brazo político a la marginalidad política en los hechos. El acuerdo alcanzado entre las “palomas” de Grenell -el enviado especial de Trump a Venezuela- sobre los “halcones” Rubio y Claver-Carone en torno a la habilitación de Chevron para volver a extraer petróleo en Venezuela a cambio de continuar la entrega de deportados venezolanos, se ha realizado al margen del “presidente” reconocido por el propio Trump y la enorme mayoría de los gobiernos del mundo: González Urrutia. En la consideración de Machado, Trump comete un grave error pues las operaciones petroleras dejan una ganancia fundamental para el sostenimiento del gobierno chavista y es prácticamente el único ingreso de divisas al país. Lo que no ha podido precisarse con certeza aún es el nuevo mecanismo para este desarrollo. Las declaraciones de allegados a Trump y Rubio, indican que estas operaciones se realizarán sin dejar “un sólo dólar” a Maduro, lo cual resulta difícil de creer puesto que la exportación de crudo a otros países -de manera triangulada- como China, estaba en alza y diversas fuentes habían confirmado que Venezuela logró consolidar su producción diaria entre los 900 mil y el millón de barriles de crudo, un número nada despreciable. Chevron, previo a su retiro formal, elevaba un 25% esta cifra y dejaba por año 500 millones de dólares en impuestos. Maduro afirma jocosamente que Estados Unidos adopta una agenda bipolar. De igual manera, el debate fundamental en la oligarquía estadounidense es cómo deshacerse de Maduro y retener para su explotación los recursos petrolíferos, gasíferos y minerales que hay en Venezuela, en desmedro de la influencia China en América Latina. Los pretendidos “zig-zag” de esta política apuntan a encontrar las mejores vías para este objetivo estratégico que no ha sido abandonado en ningún momento por Donald Trump. La rehabilitación de Chevron para operar en Venezuela se conecta con otro objetivo estratégico en la zona: asegurar la explotación de Guyana. Los diversos gobiernos venezolanos han reclamado durante décadas la soberanía sobre las dos terceras partes de dicho país. En las últimas elecciones, Maduro montó la elección de un gobernador para dicha provincia – un militar en funciones. Chevron, que informalmente pujaba para ingresar a dicho mercado, ha logrado llegar a un acuerdo con el gobierno oficial de Guyana, lo que ha colocado a las principales petroleras en un funcionamiento compartido de los pozos y las garantías de marines estadounidenses en la zona. El escenario de guerra que se prepara en las fronteras de Venezuela es saludado por la oposición derechista que ha confinado su existencia política a una intervención militar norteamericana. El drama que viven las masas venezolanas se encuentra en contraposición a las agachadas de Maduro y las pretensiones golpistas de la derecha. El impasse del gobierno y la oposición demuestra que no tienen un planteo de salida a la crisis actual, que reviste el carácter de una verdadera crisis humanitaria en el marco de una guerra internacional del imperialismo. La clase obrera aparece subordinada políticamente a estos extremos, lo demuestra que no existe una vanguardia que haya enarbolado un programa político propio. El alto abstencionismo puede verse como un repudio al gobierno, pero también como el reclamo de una voz que represente las reivindicaciones urgentes de las masas. Esa voz ausente sólo puede construirse sobre bases socialistas, que partan de rechazar cualquier intervención imperialista sobre Venezuela y una movilización política de las masas para hacerse cargo de la situación catastrófica que viven los propios trabajadores mientras la camarilla chavista se ha enriquecido sin cesar.

Desde inicios del golpe chileno, el peronismo tomó una serie de medidas violatorias del derecho internacional de asilo más elemental para los trabajadores chilenos que huían de la tortura, la violación y la muerte. Aquellos que lograron cruzar la frontera por pasos fronterizos fueron tratados como detenidos “en tránsito”, recibiendo un trato infrahumano. Más de un centenar de refugiados de Chile no chilenos que fueron detenidos en el Hotel Internacional de Ezeiza publicaron una carta abierta al pueblo argentino donde denunciaron las condiciones calamitosas a las que los sometía el gobierno peronista: más de 36 horas sin comer, incomunicados entre sí y con el exterior, “custodiados” por hombres pertrechados con armas largas a modo de intimidación, presionados para firmar documentos en contra de su voluntad por parte de la Cancillería argentina, etc. La situación más grave fue la de los chilenos asilados que lograron refugiarse a tiempo en la embajada argentina en Santiago, a quienes el gobierno peronista les negó el derecho a residir en territorio argentino. Testimonios de argentinos en Chile explicaron que “el derecho de asilo se encuentra cercenado, ya que las puertas de la embajada están cerradas con llave y junto a la entrada hay una fuerte guardia de carabineros armados con ametralladoras que impiden el acceso” (La Nación, 23/10/73). El Comité de solidaridad por la lucha de los pueblos latinoamericanos denunció en noviembre de 73 que “42 chilenos que habían logrado cruzar hasta nuestro territorio por los pasos del sur han sido devueltos a Chile”. Los chilenos devueltos fueron torturados y fusilados por la dictadura pinochetista. A modo de amenaza, Perón declaró que los que se encuentren asilados en Argentina “serán confinados en Misiones, en el norte, en medio de la selva” (La Nación, 23/10/73). En marzo de 1974, el diario Le Monde señalaba que “el movimiento de solidaridad mundial ha mostrado una singular lentitud. Por su parte, la mayoría de las 35 naciones que respondieron favorablemente al pedido de las Naciones Unidas para salvar la vida de los refugiados, hacen hoy oídos sordos” (Le Monde, 25/3/74). Desde el día mismo del golpe de Estado en Chile, se realizaron movilizaciones en Argentina contra el golpe, que luego se tradujeron en movilizaciones en de denuncia de las masacres perpetradas contra la clase obrera chilena y en defensa de los refugiados y el derecho de asilo. Las movilizaciones luego dejaron de realizarse, en parte por el boicot de algunas organizaciones de izquierda, como el Partido Comunista. Ya en marzo de 1974, Política Obrera explicaba que “el gobierno peronista da su apoyo tácito al golpe fascista chileno, para luego proveerlo de armas y hostigar a los refugiados trasandinos” (“Política exterior: la política del gobierno es una sola”, Política Obrera, 4/3/74).

El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable en primera instancia por los cargos de soborno y manipulación del proceso penal. El viernes se conocerá la sentencia, que podría alcanzar entre 4 y 12 años de prisión. Uribe es el primer mandatario de la historia de Colombia en recibir una condena penal. Se lo acusa de haber intentado sobornar a un testigo -un exparamilitar preso en la cárcel de La Picota- para que cambie su testimonio y favorecerlo. La cuestión de fondo es el rol central que tuvo el clan Uribe en la formación de las llamadas “Autodefensas”, los grupos paramilitares que actuaban a cuenta de los hacendados contra los campesinos y las organizaciones guerrilleras, fundamentalmente, FARC y ELN. Fueron autores de crímenes y masacres inenarrables tanto en el campo como en la ciudad. Recibían apoyo de las fuerzas armadas regulares de Colombia, tanto en el terreno como en materia de entrenamiento y pertrechos. Las organizaciones paramilitares se involucraron rápidamente en el negocio del narcotráfico, especialmente tras la caída de Pablo Escobar. En el caso de los Uribe, específicamente, se los vincula con la formación del “Bloque Metro”, integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (UAC), que llegó a tener 2.500 miembros en armas. Uribe tiene 73 años. Fue presidente de Colombia por dos mandatos consecutivos (2002-2010) y se lo considera el artífice de las dos presidencias que lo sucedieron en el cargo, mientras era electo senador. Es el fundador y presidente honorario del partido político de derecha Centro Democrático, la principal oposición al actual presidente, el centroizquierdista Gustavo Petro. Todavía se lo considera uno de los hombres más poderosos del país. La jueza Sandra Heredia, en su veredicto, creyó necesario señalar: “La Justicia no se arrodilla ante el poder. Hoy este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos” (La Nación, 29/7). Y aclaró: "indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión" (Página/12, 29/7). Sobre Uribe pesan varias causas penales más, sobre todo por sus responsabilidades en la ´guerra sucia´ contra la guerrilla. Antes, durante y aun después de su mandato, el asesinato de dirigentes sindicales fue moneda corriente en Colombia a manos de los paramilitares. Uribe fue un activo representante internacional de la derecha y un desembozado aliado del imperialismo y del sionismo. Fue un articulador del involucramiento e injerencia de los militares norteamericanos en “la lucha contra el narcotráfico” y recibió tropas yanquis en su país. No es casual que, apenas conocido el veredicto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, posteara en X que "el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria", y acusó a los jueces de “extremistas radicales”, la imputación corriente del trumpismo contra cualquiera que contraríe sus órdenes o deseos. El propio Javier Milei es un defensor a rabiar de Uribe. Basta recordar cuando le dedicó todo tipo de insultos al actual presidente, Petro , al que califica de “terrorista”, por su pasada militancia en la izquierda pro guerrilla. Este juicio tuvo un largo recorrido y aún está lejos de haber terminado, pues se descuenta que Uribe apelará a la Corte Suprema una vez que se conozca la sentencia este próximo viernes. Nadie excluye finalmente la posibilidad de una absolución. El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al senador petrista Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Justicia no abrió una investigación contra Cepeda sino contra el ex presidente por la manipulación de testigos para que no declararan en su contra. En tres oportunidades, los fiscales de turno pidieron el archivo de la causa, lo que fue denegado por la Justicia. La acusación tomó impulso recién cuando el gobierno de Petro nombró una nueva procuradora. A la luz de la partida por Bolsonaro que tomó Trump y sus disposiciones contra Brasil, no sería imposible que su gobierno anuncie nuevas represalias arancelarias contra Colombia, para salvar a otro de su misma calaña.

El lunes 28 de julio de 2025 marcó el inicio de un paro docente de 72 horas en Jujuy, convocado por los gremios ADEP (Asociación de Educadores Provinciales), y de 48 hs. convocado por CEDEMS (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior). La medida de fuerza, que se extendenderá hasta el miércoles 30, impidió el reinicio de clases tras el receso invernal y evidenció una profunda crisis en el sistema educativo provincial. A pesar de las amenazas del gobierno con no reconocer el paro para los maestros de primaria y de descontar los días de paro a todos los docentes, la medida fue contundente y con un alto acatamiento El paro tuvo una adhesión significativa, con estimaciones de entre el 65% y el 70% de participación, según CEDEMS, a pesar de las amenazas gubernamentales de declarar la medida ilegal y aplicar sanciones y descuentos salariales. Propuestas y respuesta del gobierno El gobierno provincial, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, ofreció un aumento salarial del 2%, y frente a la convocatoria al paro y no inicio del segundo semestre, convocó una nueva reunión paritaria para el mismo lunes 28. La nueva propuesta es un aumento del 3% en dos cuotas (1,5% en agosto y 1,5% en septiembre) y algunos montos menores de cifras en negro, como un aumento de $5mil pesos del FONID y un bono y un complemento de ayuda escolar. El lunes convocaron a una masiva movilización docente al Ministerio de Educación donde se discutió la ´nueva´ propuesta, y el martes se convoca a una marcha de antorchas por las calles del centro de Jujuy. En contraparte, el gobierno anuncio el descuento de los días de paro y también juega con el planteo de la ilegalidad del paro de los docentes primarios, donde el activismo ganó las elecciones, pero la burocracia (con la complicidad del gobierno) los declaró nulos. Es por esto que dentro de los planteos de la mesa de gremios docentes figura el reconocimiento del triunfo de la lista 5 en ADEP y que se termine la intervención de la CTA-Jujuy del gremio. En una reunión con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Ejecutivo reafirmó su postura de considerar ilegal cualquier paro impulsado por los docentes, especialmente por ADEP, que permanece sin conducción tras la anulación de sus elecciones internas Desde el Ejecutivo, en lugar de abrir un diálogo real, se respondió con amenazas: el Ministerio de Educación anticipó sanciones, descuentos y pedidos de ilegalidad del paro. El objetivo parece claro: disciplinar a los gremios combativos, como ADEP, que se sostiene con un cuerpo de delegados, sin reconocimiento formal por haber desafiado al régimen sindical provincial Perspectivas y próximos pasos Los gremios han convocado a asambleas para definir nuevas acciones dentro del plan de lucha, mientras que el gobierno mantiene su postura de considerar ilegales las medidas de fuerza. Los reclamos docentes, centrados en salarios de pobreza, condiciones laborales inhumanas y el vaciamiento progresivo del sistema educativo, se entrelazan con las demandas de trabajadores de la salud, estatales de la administración central, judiciales y municipales, todos víctimas del ajuste que el gobierno de Carlos Sadir implementa bajo los lineamientos del presidente Milei. Las cifras hablan solas: un salario básico docente en Jujuy apenas supera los $80.000 en blanco, mientras más del 70% del sueldo se paga en negro. El resto de los estatales no están mejor: aumentos por debajo de la inflación, recortes en adicionales, precarización laboral y represión a la protesta. La maniobra del gobierno de establecer un piso salarial, que en el caso de los docentes ronda los $700 mil pesos, que termina achicando la pirámide salarial. Los aumentos, magros, impactan de manera relativamente más significativa sobre docentes que recién ingresan al sistema, y hasta los 10 años de antigüedad. Docentes con mayor antigüedad tiene aumentos aún más bajos, lo que apunta a achatar la pirámide salarial. Escenario de fondo La lucha docente no es aislada. En las calles, enfermeros autoconvocados, empleados municipales, trabajadores del Registro Civil, del Poder Judicial, de la salud y de salud mental han realizado medidas de fuerza en el último periodo. Sumado a la lucha por los despidos en Ledesma y UATRE y la pelea constante de feriantes y manteros por tener un lugar para vender sus productos. Se configura así una resistencia social fragmentada pero creciente, que pone en evidencia los límites del modelo jujeño de "orden y litio". La paritaria docente se usa como referencia para el resto de la administración pública, por lo cual un triunfo de los docentes en su lucha por mejores condiciones laborales y salariales beneficiará al resto de los trabajadores (como ocurrió con la gran huelga docente de 2023). Es por esto que no solo se debe apoyar esta lucha y reclamo, sino ver la necesidad de la coordinación de las luchas de los diferentes sectores para lograr la fuerza necesaria para torcer el brazo a este gobierno ajustador.

Este lunes el gobernador cordobés Martín Llaryora realizó un anuncio de alto impacto: el incremento del 84% de la jubilación mínima, llevándola a $ 700.000, y el pago de un bono de $ 100.000 a todos los que cobran haberes inferiores a $ 1.300.000. La medida ha sido presentada como una saga de las mejoras aprobadas en el Congreso y Milei anunció que va a vetar -un aumento del 7,2 % más un bono de $ 110.000 ajustable por inflación-. Se financiará con los pagos comprometidos por Nación en la audiencia conciliatoria con representantes de la provincia por los fondos adeudados para compensar el déficit de la caja provincial. En vísperas de las elecciones legislativas, Llaryora pretende con esto ´blindar´ su provincia de una eventual oleada violeta. Llega también como contragolpe luego de la baja de las retenciones a la soja y el trigo y su eliminación en el caso de la carne vacuna y otros granos, anunciadas por el gobierno nacional en beneficio ´del campo´. El capital agrario de Córdoba era uno de los puntales de los reclamos de los sojeros. Bien mirado, el alcance de esta mejora es limitado. En primer lugar, refiere solamente a los empleados públicos de Córdoba, no al conjunto de los jubilados. El aumento de la mínima beneficiará plenamente a menos de 5.000 personas. Si se tiene en cuenta a quienes actualmente cobran hasta $ 750.000, el número de potenciales beneficiados asciende a 18.000 personas sobre 116.000 prestaciones vigentes, es decir el 15 % del total. El bono de $ 100.000 se abonará de manera bimestral -no mensual-, y lo recibirán, según estimaciones, unos 56.000 jubilados (La Voz, 28/7). El pago de estas prestaciones no estará asegurado sino condicionado al desembolso de $ 5.000 millones mensuales que el gobierno se comprometió a girar tras el acuerdo mencionado más arriba. Se trata de $ 60.000 millones que se liquidarán en 12 cuotas mensuales iguales. Habrá una nueva audiencia de conciliación noviembre. Mientras tanto, las partes se comprometieron a realizar una auditoría conjunta para conciliar la deuda definitiva que el gobierno nacional mantiene con Córdoba. Por otra parte, el anuncio no afecta la reforma realizada años atrás, por la cual se derogó el 82 % móvil y se difirió el pago de los haberes. Córdoba es una de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas a Nación durante la reforma previsional de los años 90. Desde entonces, por ley, el gobierno nacional debe compensar el déficit de éstas, pero con la llegada de Milei a la Rosada las transferencias se interrumpieron. Antes, el gobierno de Macri había establecido, por decreto, una nueva pauta: “la Nación se haría cargo del déficit que tendría cada caja provincial si sus aportantes se jubilaran en las mismas condiciones que los del sistema nacional de la ANSES, y si el financiamiento fuera con el mismo esquema de aportes y contribuciones que rige también para el esquema general” (La Nación, 28/7). En general, esta ´armonización´ -tal el nombre con el que se la designa´- es perjudicial para los trabajadores de las provincias. Córdoba y Entre Ríos son las dos provincias que llegaron a un acuerdo en el marco de la conciliación auspiciada por la Corte, con compromisos provisorios de una devolución parcial de los fondos retenidos. Ninguno de los gobernadores ignora, por supuesto, que el gobierno nacional tiene en agenda una ´reforma´ apuntada a derogar el derecho previsional y establecer el monopolio de los fondos de pensión privados. Es una de las principales demandas del capital, junto a las reformas laboral e impositiva. La bolsa o la vida, los jubilados o los parásitos financieros. Esta es la lucha que tenemos planteada los trabajadores.

La guerra económica entre las potencias imperialistas – y la guerra mundial en su conjunto - ha dado un salto cualitativo con el acuerdo ‘comercial’ impuesto por Donald Trump a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Layen. De características coloniales sin precedentes, lejos de clausurar las rivalidades entre Estados Unidos y la Unión Europea, los términos leoninos del convenio anuncian choques aún mayores e incluso amenazan la unidad de la Unión Europea. Los aranceles pactados representan una carga de dos billones de dólares para la economía mundial y las espaldas de los trabajadores. Trump ha impuesto al conjunto de la UE un arancel de base del 15% para la mayor parte sus exportaciones a Estados Unidos, incluyendo a los automóviles, que hasta el presente oscilaban en torno a un 3 y 4 por ciento. La UE, por su lado, dejará en vigor el cero por ciento de sus tarifas de importación. El acero y el aluminio de la UE seguirán afectados a una tarifa prohibitiva del 50 por ciento, aunque existe la probabilidad de que afecte sólo a importaciones a partir una cuota a establecer. Los productos que quedarán exentos de aranceles son la aeronáutica, algunos productos químicos, medicinas genéricas y algunas materias primas críticas. En cuanto a los productos farmacéuticos, podrían ser gravados en un 20% y en algunos casos tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos. Más allá de la cuestión arancelaria, la UE se compromete a comprar 750 mil millones de dólares en energía de Estados Unidos (esencialmente gas licuado, en lugar del barato gas natural de Rusia), efectuar una inversión directa adicional en ese país por 600 mil millones y adquirir “vastas sumas” en armamento. En cuanto a esa inversión, tiene color a humo. Los principales gobiernos de la Unión Europea han decidido aceptar las condiciones ultimatistas de Trump, alegando la necesidad de evitar una guerra que, de otro modo, aseguran, habría sido desastrosa. La misma Von der Layen admitió, en un sorprendente acto de entrega política, la obligación de la UE de “rebalancear” el comercio con EEUU, que es favorable en 200 mil millones de dólares a Europa, sin mencionar, sin embargo, los servicios de cuenta corriente que favorecen a Estados Unidos por una suma similar, equilibrando el balance general. El acuerdo no cancela, sin embargo, la guerra comercial, porque tanto EEUU como la UE tienen, en principio, otras herramientas para poner en juego, como la manipulación de las tasas de interés y los tipos de cambios, así como las regulaciones no arancelarias y una política de subsidios que se cargarán también a los trabajadores. Algunas cuestiones decisivas, como el régimen impositivo que se aplica a las compañías tecnológicas norteamericanas en la UE, no han sido resueltas, a pesar de que figuran en lo más alto de la agenda de Trump y del Silicon Valley. El carácter oneroso y usurero del acuerdo es la expresión de la supeditación del imperialismo europeo al norteamericano en el marco de una guerra, que es secundariamente comercial y preponderantemente militar. La UE depende del Pentágono para continuar la guerra de la OTAN contra Rusia, con el propósito de anexar económica y políticamente a Ucrania - decisiva para su supervivencia. El reconocimiento, por parte de Trump, de la soberanía de Rusia en Crimea y la legalización de los territorios ocupados, como propuso a Putin, ha sido y sigue siendo un artefacto explosivo en el riñón de la UE, que pagaría con creces los costos de ese enjuague. La posibilidad de un acuerdo Trump-Putin no ha quedado descartada, sin embargo, para la UE, por el acuerdo comercial que ha suscripto con Trump. La UE se ha declarado dispuesta a cargar con los costos del acuerdo tarifario con Trump y con los costos de la guerra contra Rusia, como le ha impuesto Trump. La UE se precipita a una crisis revolucionaria. El acuerdo entre Trump y Von Der Layen no tiene forma escrita, de modo que todavía no representa nada. La envergadura de los compromisos contraídos no hace fácil convertirlo en un tratado comercial. En tanto que Trump podría ratificar por decreto (“orden ejecutiva”) el acuerdo (cuando sea conocido), Von del Layen necesita el apoyo de una mayoría de los 27 socios de la UE (y de los parlamentos respectivos) y probablemente del parlamento europeo. La entrada en vigencia del acuerdo, en estas condiciones, supondría que su aplicación deberá ser controlada, por ejemplo, en forma trimestral, como ha quedado establecido en el acuerdo EEUU-Japón. Esto significa un obvio riesgo de crisis prematura. La oposición al acuerdo, en la UE, es bastante extendida. Aunque el primer ministro de Alemania saludó el acuerdo por su pretendida capacidad para frenar una guerra comercial, la Federación de la Industria de Alemania lo describió como “fatal” para “las economías entrelazadas de ambos lados del Atlántico”. La Asociación de la Industria Química denunció a quienes “por el temor a un huracán, están satisfechos con una gran tormenta”. Para el primer ministro de Francia, François Bayrou, “es un día negro cuando la alianza de los pueblos libres, que se han unido para afirmar sus valores y defender sus intereses, se resignan al sometimiento”. La extrema derecha en todas sus variantes salió a repudiarlo. El inglés Financial Times ha sido el crítico más voraz del acuerdo y de la UE, por no aplicar el sistema “anti-coerción”, aprobado por la UE en caso de guerra comercial, que prevé, entre otras represalias, el castigo impositivo contra las grandes tecnológicas estadounidenses. Las consecuencias del acuerdo debilitan por sobre todo a Alemania, que vuelve a quedar como el “eslabón más débil de la cadena imperialista”. El impacto del tarifazo es demoledor para su vapuleada industria de exportación; por eso, Alemania es la más dispuesta, en la UE, a ir a fondo en el camino de la militarización y la guerra. “Una Europa vulnerable, editorializa el Frankfurter Allgemeine, el diario de la burguesía alemana, no puede permitirse, por razones de seguridad, un conflicto comercial duro con Washington. Las potencias europeas necesitan tiempo para implementar la duplicación y triplicación del aprobado presupuesto militar”. La Unión Europea ha dejado de lado, en el conflicto con Trump, su arma más poderosa, aunque controversial, como habría sido resistir la extorsión del imperialismo estadounidense por medio de un acuerdo con China. Hizo todo lo contrario: ‘trumpeó’ a China con un arancel del 30%, encima del actual 10% a la importación de automóviles eléctricos de ese país. Un diario comentó que la UE “reaccionó con extrema agresividad” contra China, porque pone en peligro la elevada, aunque menguante, participación de la industria alemana en el mercado chino. La UE no esperó al desenlace del conflicto de aranceles de EEUU con China, aun después de que Trump retrocediera en el tarifazo a Pekín ante las medidas de represalia tomadas por Xi Jinping. Alemania ha renunciado en poco menos de una década a sus dos ases: el gas barato ruso y, en consecuencia, el mercado de Rusia, y ahora el mercado chino. De nuevo, como hace casi un siglo, se ha puesto en el centro de las tormentas capitalistas, o sea la guerra, con menos ventajas que en el pasado. La guerra comercial desatada por Trump es, por, sobre todo, una guerra contra los trabajadores de Estados Unidos. Al fin y al cabo, serán ellos los que pagarán los aranceles con los que Trump pretende cubrir el faltante que dejará la reducción de los impuestos a las ganancias y a la riqueza en el reciente presupuesto norteamericano; uno de los propósitos principales de los tarifazos internacionales de Trump es financiar la gigantesca deuda pública de Estados Unidos. Como ocurre con los volcanes, el sismo tiene su epicentro: es la decadencia del imperialismo norteamericano y del régimen internacional estructurado en torno a su moneda, su sistema financiero, su capital y su mercado. En estas condiciones, las nuevas tecnologías (la robótica y la Inteligencia Artificial) nacen directamente ligadas a una nueva guerra mundial, o sea como fuerzas destructivas. Estos son los recursos aplicados por Estados Unidos y el estado sionista en la masacre de Gaza y en el bombardeo de Irán, fuera de todo reglamento de guerra, y el que se pone en juego en la guerra de la OTAN contra Rusia. Antes del 1 de agosto, el próximo viernes, Donald Trump deberá anunciar la guerra comercial contra Brasil, con aranceles del 50% al acero y con varias incógnitas para industrias decisivas como la aeronáutica – la compañía Embraer, con amplia penetración en segmentos del mercado norteamericano. Lula, apoyado por China y los BRICS, ha advertido que responderá con reciprocidad. El arancel externo del Mercosur, en tal caso, volará por los aires, lo mismo, potencialmente, el Mercosur como tal. Milei es una pieza funcional a esta destrucción. La guerra no tiene fronteras.

En un espacio de su campaña electoral, Marcelo Ramal, el candidato a diputado de Política Obrera en la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires, señaló que “el fracaso de la licitación de deuda pública del día de ayer revela un fuerte déficit de financiamiento del gobierno. Quedó desierto el 30 % de la renovación ofrecida por el gobierno –3 billones sobre 10,5 billones de pesos-, a pesar de tasas de interés anuales del 66 % (consideradas usurarias) y un plazo de vencimiento de 15 a 45 días. En agosto y octubre, el gobierno enfrenta vencimientos por 27,5 billones y 61,5 billones, respectivamente, que equivalen a 40 mil millones de dólares”. “La careta del superávit fiscal se ha caído miserablemente”, observó Ramal, “porque se ha puesto en evidencia que es una superchería de caja, que no toma en cuenta el pago de deuda. El déficit de financiamiento del Tesoro, en semejante magnitud, abre las puertas a la hiperinflación. Los bancos y fondos comunes han boicoteado la refinanciación de la deuda ante la perspectiva de un default oficial”. “El gobierno no cuenta con la posibilidad de utilizar las reservas internacionales del Banco Central, porque ellas son igualmente negativas”, continuó el candidato. “Las deudas del Central superan al efectivo por 8.000 millones de dólares, sin contar que han sido contratadas a tasas igualmente usurarias”. “La solvencia financiera que Milei y Caputo se han empeñado en mostrar de cara a las elecciones es apenas un disfraz. Quienes llegaron al gobierno esgrimiendo el peligro de una hiperinflación representan ahora ese mismo peligro: el que a hierro mata, a hierro muere”. “Para detener este desangre caudaloso de los recursos públicos”, concluyó Ramal, “es necesario un programa socialista, que desconozca la deuda con bancos y fondos nacionales e internacionales; establezca un monopolio estatal del comercio exterior; desarrolle un plan de obras públicas financiadas por impuestos progresivos a las corporaciones y a las mayores fortunas; y tome todas otras medidas, como suspender despidos y repartir las horas disponibles de trabajo, sin afectar los salarios”. Marcelo Ramal

No pasa un día sin que Milei, Caputo y sus alcahuetes no se jacten de haber conseguido un superávit fiscal y de haber ‘dinamitado’ la inflación de los precios. Lo cierto, sin embargo, es que el Gobierno ha perdido la capacidad para financiar al Tesoro, la madre de la inflación y de la hiperinflación. Es lo que se vio el martes 29, cuando no pudo renovar los vencimientos de la deuda pública a pesar de haber ofrecido tasas de interés anual del 66 por ciento (el doble de la inflación esperada para el año), a plazos ultracortos, de 15 a 45 días. El déficit de financiamiento ha sido de 3 billones de pesos sobre un monto total de 10,5 billones. De aquí en más la cosa empeora. Los vencimientos que siguen son de 27,5 billones en agosto y 61 billones de pesos en octubre. “La Nación” calcula esta necesidad de financiamiento en un 7 % del PBI (unos 40.000 millones de dólares). Del otro lado del mostrador se encuentran los bancos y los fondos comunes. Las llamadas “entidades financieras” han entrado en modo de rebelión, porque el Gobierno reemplazó la deuda con garantía de pago del Banco Central (que emite dinero) por deuda del Tesoro (que no tiene esa posibilidad). El Banco Central capituló ante esta insubordinación en menos de lo que dura un suspiro. Enseguida recurrió al “sistema de pases”, que consiste en tomar deuda con los bancos sobre una base diaria. El impasse del oficialismo ha llegado al extremo de que el gobierno del capital financiero debe enfrentar la insurgencia del capital financiero. Para que esto ocurra, la especulación financiera siente que ha tocado el techo de la pirámide. La otra cara del déficit financiero lo representa el déficit de reservas del Banco Central: su deuda supera en alrededor de 8.000 millones de dólares sus tenencias líquidas. Con el dólar aplastado, los ingresos de la exportación fueron consumidos por la salida de divisas. El Central no ha parado de endeudarse con bancos internacionales y el FMI, incluso mediante el empeño del oro. En esas condiciones, no podría detener una corrida cambiaria. La corrida y la devaluación son la premisa de la hiperinflación. La híper que llevó a los libertarios-liberticidas al Gobierno será también la que contribuirá a la caída. La novela de la “estabilidad” que repite el Gobierno es simplemente un engaño, o sea, una estafa. La guerra arancelaria internacional demuestra que los Milei no están solos en la desgracia. Para usar una expresión muy repetida: “es el capitalismo, estúpido”. Ponemos al debate esta agenda en la campaña electoral para convocar a la reflexión. Además de la ola de despidos, suspensiones y quiebras de estos meses, además de la caída catastrófica del consumo, además del despunte de una nueva recesión, sin haber salido de la precedente, también asoman la crisis de financiamiento del gobierno y la hiperinflación. El voto por un programa y candidatos socialistas es más imprescindible que nunca, como parte de una lucha para frenar la nueva catástrofe que amenaza a los trabajadores. Planteamos: desconocer la deuda pública con bancos y fondos; nacionalización del sistema financiero; monopolio estatal del comercio exterior; por un plan de obras públicas en gran escala, financiado con impuestos progresivos a las corporaciones capitalistas y a las mayores fortunas.

Textilana, propietaria de la histórica marca de pulóveres Mauro Sergio, redujo su producción en un 20 % y despidió a 150 operarios. La reducción de personal ha sido drástica, pasando de 350 a aproximadamente 200 trabajadores. Es el resultado de la política llevada adelante por Milei-Caputo y que expone el cuadro de derrumbe del consumo interno, de la crisis del turismo, de la avanzada de las importaciones y de la reforma laboral. La empresa alega estar sobrestockeada y sin demanda; le echa la culpa de esto a la apertura de importaciones y a la caída de ventas a nivel local “por el alto costo argentino” contra las múltiples opciones online. “Nos sentimos defraudados”, declaró el titular de la Cámara Textil de Mar del Plata, frente al incumplimiento del gobierno liberticida que, para morigerar la reducción de los aranceles de importación, había prometido rebajas de impuestos al sector (lapoliticaonline, 29/7). La resolución de la patronal de Textilana, en consecuencia, no ha sido otra que la de servirse de esta situación para, de inmediato, descargar la crisis sobre los trabajadores y como en Dass, la fábrica misionera de zapatillas, emplazar como incierto su futuro. Frente a los incesantes y masivos despidos en la industria, el secretario general de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA) sólo se limitó a hacer declaraciones públicas, sosteniendo que el país "no es competitivo" y denunciando que “se está beneficiando a los productos chinos dejando en la calle a miles de trabajadores locales”. Por el lado de la comisión interna de Textilana, la delegada y militante del aparato del PO denunció los despidos y expresó que están viendo la posibilidad de reunirse para ver qué medidas toman para frenarlos, pero que “el problema es que estamos muy huérfanos de dirigentes” (Conciliación Obligatoria, 25/7). En Mar del Plata, la capital del pulóver, el problema de Textilana hace a la política de la ciudad. Pero esto es algo de lo que el intendente Montenegro se desentiende. Sus preferencias pasan por mostrarse encabezando la lista de senadores de la quinta sección electoral por LLA en las elecciones del 7 de septiembre. A tono con la ofensiva de Milei-Caputo-Bullrich, desenvuelve la campaña electoral jactándose de su política “antifisuras” y de privatización de espacios públicos, mientras el industricidio libertario avanza en una ciudad ya devastada, con fábricas cerradas y una precarización y miseria social que arrecian. Desde Política Obrera planteamos: ningún despido, que la patronal sostenga los puestos de trabajo y el reparto de las horas disponibles sin afectar el salario. italic text

La asamblea docente de los “autoconvocados de la plaza”, realizada el martes 29 por la tarde-noche, rechazó la última oferta del gobierno salteño y votó la extensión del paro docente por 72 horas más, hasta el viernes próximo. Migajas y provocación El aumento otorgado por el Gobierno ante sus burócratas de la intergremial es de un mentiroso 14 % en 3 cuotas y un bono por única vez en julio de 50.000 pesos. Como es calculado con el sueldo de diciembre de 2024 y al no calcularse sobre el salario de bolsillo, su impacto se reduce a menos de la mitad. Los aumentos para ciertos ítems, como jerarquización y transporte, no rompen el molde de miseria salarial impuesto por Sáenz. De conjunto no significa más de 10.000 pesos por mes de “aumento” para los docentes hasta con 10 años de antigüedad. Los recién iniciados seguirán con sueldos de pobreza, con 715.000 pesos. Por su parte, el gobierno salteño ha declarado cerrada la paritaria y se ha lanzado contra los docentes huelguistas, anunciando descuentos sobre 2.000 compañeros, no sólo para fraguar públicamente las cifras del paro, sino para establecer una nueva cacería de activistas, como ya lo hizo con los 117 docentes cesanteados en la huelga de 2023. El mecanismo impuesto es una abolición de hecho del derecho a huelga, ya que Sáenz y su ministra Fiore catalogan los días de paro como faltas injustificadas. # Crisis de las burocracias sindicales Amet, Sitepsa (gremio de docentes secundarios construido por burócratas ex autoconvocados y vinculado a los “autoconvocados de la plaza”) y ATE se vieron obligados a rechazar la misma, bajo la presión de la huelga en curso que no convocaron ni animaron. Sólo Sitepsa ha convocado un paro de 48 horas para este miércoles y el jueves con un pliego propio. ADP, el gremio mayoritario de la docencia, no firmó el acta, pero no ha hecho público su rechazo. La crisis abarca a la dirección de los “autoconvocados de la plaza”, que primero intentó no realizar la asamblea prevista para el martes pasado y después propuso suspender la lucha hasta octubre, en el marco de una revisión establecida por el gobierno y la intergremial. En ambos casos y aún sin quebrar la regimentación de la asamblea, la presión de un centenar de activistas docentes, concentrados en el centro Cívico Grand Bourg, le arruinó sus planes de oficiar como mera fuerza de presión para una burocracia sindical entreguista, ante la negativa del gobierno de hacer concesión alguna, como admitir su reingreso a la intergremial. Por otro lado han renunciado al planteo histórico de la docencia de exigir una reunión paritaria al gobierno con sus representantes legítimos, electos por las bases autoconvocadas. Esto puso en crisis ante sus propias bases sus planteos de suspensión sin descuentos y sin catalogar los días de paro como faltas injustificadas. # Una nueva etapa de la autoconvocatoria A diferencia de otras huelgas autoconvocadas, con epicentro en el interior provincial, particularmente en Orán y San Martín o en San Antonio de los cobres, la huelga en curso es fuerte en capital -que concentra el 60 % de la docencia-, en los departamentos del valle de Lerma, del este y del sur provincial. Tampoco se ha desplegado la masiva movilización callejera y de cortes de ruta que en el pasado. Buena parte del viejo activismo duda en parar, golpeado por las sanciones y las cesantías, por un lado y, por el otro, por una clara desconfianza en los “autoconvocados de la plaza” y otros delegados que, junto con estos, entregaron la huelga de 2023. Es una nueva camada de docentes la que retoma un hilo histórico de lucha, sin tener un balance claro de la experiencia anterior. Su actual dirección hace eje en las sanciones y amenazas de cesantías para desmoralizar y levantar su propio paro. # Desafíos Bajo los ataques del gobierno y las maniobras desmoralizantes de los “autoconvocados de la plaza”, la tarea inmediata es defender el paro votado. Desde la Tendencia Clasista Docente y activistas independientes, activos y cesanteados, impulsamos el armado de brigadas de docentes que recorran los establecimientos educativos para ganar a los compañeros que por diferentes razones aún vacilan en sumarse. La continuidad de la huelga se impuso por la masividad alcanzada el lunes y martes, del 60 % en la provincia, y por los activistas que evitaron su levantamiento; los datos del miércoles ratifican esta tendencia de lucha. Sáenz está más decidido que nunca a desfinanciar los salarios y las escuelas para pagar la deuda usuraria en dólares del Fondo Bicentenario -heredada de Urtubey- y para subsidiar a los pulpos mineros, agrarios, del comercio y el turismo. Los salarios de hambre de Sáenz son a la vez una fenomenal fuente de negocios para el banco Macro y las tarjetas de crédito, que lucran usurariamente con el endeudamiento obligado al que se someten los trabajadores para llegar a fin de mes. Solo mediante la lucha conquistaremos el salario que necesitamos, evitaremos los descuentos, garantizaremos el pleno derecho a huelga y frenaremos la debacle edilicia en educación. Por el contrario, si no luchamos las penurias que sufrimos crecerán. Preparemos concentraciones para este viernes y pugnemos por una asamblea provincial realmente democrática, en donde todos los partícipes tengamos derecho a voz y voto. Que el gobierno reciba a los legítimos representantes de la docencia y que los mismos actúen bajo el mandato de las bases. Exijamos la reincorporación de los 117 cesanteados y el libre derecho a huelga y organización, punto esencial para defender la educación y triunfar en nuestra lucha. Ningún docente bajo la línea de pobreza. Por un aumento de bolsillo del 100 % y por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo. En este marco, construyamos la dirección independiente y combativa que la docencia necesita para ganar.

La OTAN está detrás de la creación del Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB en inglés) que manifiestamente tiene como desafío ‘’financiar y mejorar las competencias que salvaguardan la seguridad democrática’’. El DSRB tiene una tarea específica, esta es la de brindar préstamos con bajas tasas de interés a los países que conforman la OTAN para poder financiar el desarrollo armamentístico y de seguridad bajo la excusa de que esta industria creará empleo y generará ingresos mediante impuestos. En realidad, la industria armamentística históricamente se ha caracterizado por ser una industria regresiva y deficitaria, que organiza a toda la economía para reforzar los distintos frentes de batalla donde se desarrolla la guerra imperialista. Este fue el caso de Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, durante el desarrollo de la primera y segunda guerra mundial. En una etapa de la historia mundial donde la crisis capitalista ha lanzado a la humanidad a una tercera guerra mundial, la industria de la guerra solamente viene a empeorar la situación económica de las naciones en las que la miseria y la barbarie ofrecidas por el capital ha llegado a tal punto que la clase obrera se ve obligada a trabajar hasta 16 horas para poder mantener a su familia, pagar un alquiler y no morir de hambre. Mientras en el mundo los Estados capitalistas no son capaces de solucionar la crisis de vivienda generada por la especulación inmobiliaria, mientras en Estados Unidos se desarrolla una persecución política a los inmigrantes y se conforma un estado policial, mientras que el estado de Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, mientras que en Argentina el gobierno liberticida aceita la maquinaria persecutoria y legitima el gatillo fácil, el banco de la OTAN aparece como una institución destinada a reforzar el genocidio y la opresión allá donde destine sus fondos. La clase obrera debe oponerse a la guerra mediante la lucha, la movilización, la agitación política y el sabotaje de las instituciones políticas de la burguesía que sostienen la creación de fondos comunes destinados a la destrucción de la humanidad.

Por primera vez, la demanda colectiva entablada por víctimas de la estafa $Libra en Estados Unidos apuntó directamente hacia Javier Milei por haber emitido “una declaración promocional altamente engañosa” y “planificada” para promocionar el token y darle un barniz de legitimidad. También apunta hacia su hermana Karina, por haber autorizado el ingreso de Hayden Davis a la Casa Rosada y por frases de Davis sobre cómo controlaba al presidente argentino a través de ella, a cambio de sobornos. Aunque no los menciona, hubo movimientos en fechas clave en este ardid, que superan los 5 millones de dólares y se sospecha con fundamento que podría tratarse de coimas. En todo caso, los abogados que patrocinan la demanda consideran “decisivo” el rol de Milei en la estafa. Su nombre es mencionado 54 veces en el documento de 110 páginas que presentaron (La Nación, 30/7). Los hermanos Milei quedaron involucrados en un delito equivalente al de asociación ilícita en la legislación argentina. En una operación cronometrada, Milei la promovió en su cuenta de X como parte de un fondo destinado a pequeñas y medianas empresas, pero resultó ser un bluf. El tuit de Milei, según denuncian, fue “estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental en el momento del lanzamiento del token”, lo que llevó a que “decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados”. Así se señala en el escrito presentado a la jueza federal Jennifer Rochon (La Nación, 30/7). Sobre el ´proyecto de inversión´ que anunció Milei -llamado, sugestivamente, “Viva la Libertad”-, era sencillamente “falso”, según los demandantes (Página/12, 30/7). La realidad es que el impulso presidencial tuvo el propósito de subir artificialmente el precio de la ´cripto´, en coordinación con un puñado de tenedores que monopolizaba su stock y se desprendieron rápida y masivamente de este apenas acudió la demanda estimulada por Milei, embolsando ganancias superlativas. El precio de la moneda digital se desplomaría en cuestión de minutos. Hubo inversores que perdieron desde unos pocos dólares hasta millones. Se estima que fueron estafadas 40.000 personas por más de 280.000.000 de dólares. En lo inmediato, los demandantes reclamaron el congelamiento de la billetera virtual de Hayden Davis, el creador de $Libra. La mención a Milei, sin embargo, no significa en lo inmediato que vaya a ser incluido entre los demandados. En primer lugar, goza de inmunidad en Estados Unidos por ser un jefe de Estado, una categoría lábil, es cierto, pues se aplica según el nivel de sumisión del mandatario a los dictados del Departamento de Estado, una obsecuencia en la que Milei se destaca. Pero, de todos modos, no se descartan consecuencias “a mediano o largo plazo”. Como ocurre en estos casos, cuando un dirigente político queda invlucrado en una causa penal, la “Justicia” actúa en conformidad con los tiempos y vaivenes políticos. Milei había esgrimido en su defensa que él no había “promocionado” sino “difundido” la memecoin y que, en última instancia, el mercado de criptomonedas es extremadamente volátil y los inversores no podían desconocer el riesgo. A las pocas horas de postearlo, borró el tuit. Sobre Milei se ciñe un operativo protector, en primer lugar, desde Washington, donde es considerado un aliado de fuste en la carnicería del eje Trump-Netanyahu. Aquí, mientras la causa judicial que la jueza Servini de Cubría delegó en el fiscal Taiano avanza lentamente, el Congreso confomó una “comisión investigadora” que se encuentra paralizada, tanto por el boicot del oficialismo como por el del peronismo, que se ha valido del escándalo para negociar otras transacciones políticas. El FITU es cómplice de estas maniobras, luego de conformar un “interbloque de izquierda nacional y popular” con el kirchnerismo que resultó determinante para llevar a la comisión investigadora a un impasse que podría ser definitivo.

El imperialismo está interviniendo en Asia oriental, buscando marcarle el terreno a China. Sudeste asiático La contienda militar desatada entre Tailandia y Camboya tiene como excusa una discusión territorial que existe desde la época colonial, pero tiene implicancias geopolíticas. Es una pieza más en la preparación del escenario bélico mundial, como hace poco tiempo lo fue el conflicto entre la India y Pakistán. El Sudeste Asiático es hoy una zona estratégica, vital para las rutas comerciales, las cadenas de suministro globales y el equilibrio regional. El conflicto hasta ahora ha dejado al menos 15 muertos del lado tailandés y más de 120.000 desplazados. Ambos países comparten una frontera de más de 800 kilómetros, mal demarcada por el lápiz europeo. Ambos tienen vínculos con China y Estados Unidos. Camboya fue protectorado francés, desde 1863 hasta 1953, y es más cercano al gigante asiático -con quien realiza ejercicios militares conjuntos-, mientras Tailandia logró mantener su independencia formal, siempre bajo la influencia de Estados Unidos, con quien tiene acuerdos de colaboración militar. Sin embargo, Tailandia depende económicamente de China y también adquiere de este país armamento militar. Hay denuncias cruzadas sobre quien empezó los ataques. El jueves pasado Tailandia empleó aviones de combate F-16 para atacar posiciones camboyanas, después de denunciar el uso de minas terrestres, mientras que Camboya respondió con salvas de cohetes de fabricación rusa que impactaron en territorio tailandés. El primer ministro camboyano, Hun Manet, elevó una queja formal al Consejo de Seguridad de la ONU. Malasia -actual presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)- pidió un alto al fuego. Camboya aceptó la propuesta, pero Tailandia ha puesto condiciones para poner fin a los combates. Militarmente está mucho mejor pertrechada. Mientras tanto, las relaciones diplomáticas entre ambos países empeoran: Tailandia retiró a su embajador en Pnom Penh y ordenó el cierre de varios pasos fronterizos clave. Los enfrentamientos también son producto de crisis políticas en ambos países, alimentadas por el deterioro de sus economías, empeoradas por los aranceles impuestos por Trump. Camboya, que destinó el 40 % de sus exportaciones totales a Estados Unidos en 2022, enfrenta un arancel general de Trump del 36 % a partir del 1 de agosto. Aunque Tailandia no tiene un superávit comercial semejante, pese a su alineamiento con Estados Unidos sufre la misma tarifa, en un contexto de fuerte desaceleración económica y crisis política. La primera ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, está suspendida de sus funciones desde el 1 de julio y los nacionalistas monárquicos están reclamando su dimisión, acusándola entre otras cosas de ser blanda con Camboya. Por lo tanto, la crisis política interna de Tailandia también empuja, de momento, a una escalada en el conflicto. Hun Manet asumió el cargo de primer ministro en 2023 en Camboya, tras unas elecciones generales en las que el Partido del Pueblo Camboyano de Hun Sen, su padre, afirmó haber logrado una “victoria aplastante” después de una campaña de represión contra la oposición política que continúa. Los enfrentamientos actuales son los peores en más de una década. Taiwán En el gobierno de Estados Unidos se debate internamente la intervención en una probable guerra de Taiwan. En vísperas de la publicación de la nueva Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos, algunos expertos -como Dan Caldwell, exasesor del secretario de Defensa Pete Hegseth- han propuesto en un informe que Washington retire por completo a los 500 instructores militares destacados actualmente en Taiwán. Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que la guerra en el estrecho de Taiwan “podría ser inminente” y Mark Cancian, experto en defensa del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, estipula que el secretario de Defensa prioriza la defensa de Taiwán de una posible invasión china. El Senado norteamericano votó la invitación a las fuerzas navales taiwanesas al ejercicio Rim of the Pacific (RIMPAC), que se celebra cada dos años y es el evento militar marítimo internacional más grande del mundo. Este debate sobre la injerencia militar en Taiwan se produce al mismo tiempo que en la Isla se implementó una nueva edición del ejercicio militar Han Kuang, desde el 9 hasta el 19 de julio. Se trata del mayor ejercicio de movilización de la reserva en toda su historia. Parte de los entrenamientos tuvieron lugar en espacios públicos, como escuelas, templos, puentes y carreteras, incluso el metro de la capital, impregnándolo todo de una psicosis bélica. Los ejercicios con fuego real, de 10 días de duración, son los más largos hasta el momento. Incluyeron simulacros de guerra híbrida, pruebas en la cadena de suministros y siguen a la entrega de una serie de nuevas armas, desde tanques hasta drones acuáticos no tripulados. Por primera vez, también se hicieron con nuevos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) fabricados por Lockheed Martin, junto con misiles tierra-aire desarrollados en Taiwán. El presidente Lai Ching-te está aprovechando toda la demagogia bélica para manipular a la opinión pública e intentó revocar el mandato de 24 diputados de la oposición, algo que hasta ahora no está logrando. El gobierno Trump presiona constantemente a Taiwan para que destine más recursos a Defensa. Actualmente, destina a ello el 2,5 % de su PIB y planea aumentar esa cifra a más del 3 %. Trump ha pedido que se eleve hasta el 10 %, muy superior al 5 % que Estados Unidos ha pedido a sus aliados de la OTAN. Trascendió que el Pentágono está presionando a Japón y a Australia para que expliciten de qué manera intervendrían en una posible guerra entre China y Taiwan, lo que evidencia, también, la expectativa norteamericana por amplificar el conflicto. En junio de este año, un buque patrullero británico navegó por el estrecho de Taiwán, que China reclama como parte de sus aguas territoriales, en un gesto de provocación que así fue leído por el gobierno de Xi Jinping. El gobierno taiwanés agradeció el gesto británico de apoyo. China también acrecentó los ejercicios militares en la zona. La posición más fuerte dentro del trumpismo es la idea de replegarse al continente americano y descargar todas las responsabilidades de la guerra mundial sobre sus “aliados”, en miras de prepararse para un futuro bélico de mayor escala, mientras, a través de conflictos ‘proxy’ cada vez más cercanos a China, busca debilitarla.

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron una marcha de velas al Obelisco este jueves y la realización de un Cabildo Abierto de la salud el sábado 2 de agosto, en la sede de ATE Nacional (Belgrano 2527, CABA). El pasado 17 de julio, los trabajadores del Garrahan fueron convocantes a una masiva movilización por la salud que reunió a miles de personas. La última novedad fue el acuerdo paritario firmado por UPCN, al que los trabajadores calificaron como “la peor paritaria del año”. La negociación contempla aumentos del 1,3 % para junio, julio y agosto, seguido de subas del 1,2 % y 1,1 %, más seis bonos que no compensan el deterioro salarial frente a la inflación. Los trabajadores del Garrahan exigen, en cambio, un salario básico igual a la canasta familiar -calculada en $1.800.000- y el pase a planta de todos los contratados. El próximo miércoles 6 de agosto habrá nueva asamblea general para votar nuevas medidas. Según la Junta Interna de ATE Garrahan, “el Cabildo será una instancia clave para debatir y unificar fuerzas hacia un gran paro nacional de salud” (grupolaprovincia.com, 29/7). La convocatoria incluye hospitales y centros de salud de todo el país. En el documento leído en Plaza de Mayo al término de la movilización del pasado martes 17, sin embargo, se invocaba a la CGT para que le dé continuidad a la convocatoria “con un paro activo nacional y una marcha federal”, a pesar del colaboracionismo de la burocracia con el gobierno y su ninguneo a la lucha de la salud. La fracción que se hizo presente en aquella marcha -que incluyó a la UOM y Camioneros- se encolumnó junto a la CICOP detrás de la bandera del “Foro por el Derecho a la Salud”, que encabezaba el ministro de Salud de Kicillof, el ajustador Nicolás Kreplak. Los paros autoconvocados, abrazos y movilizaciones independientes -organizados por el Garrahan y las asambleas de residentes- son la expresión de una tendencia que desborda el estrecho marco que las burocracias sindicales pretenden imponerle. Impulsemos la realización de asambleas en todos los hospitales y centros de salud, sin distinción de especialidad, gremio o forma de contratación. Generalicemos las medidas de lucha hasta la satisfacción de todos los reclamos en juego. Fuera los interventores del Garrahan y los hospitales públicos. Salario mínimo igual a la canasta familiar (2,5 millones) para todos los trabajadores de la salud. Abajo la resolución 2109. Vayamos a una lucha a fondo: preparemos una huelga general autoconvocada de la salud para derribar los ataques de Milei.

En su recorrida por Berazategui, Marcelo Ramal, candidato a diputado provincial en la 3ª Sección por Política Obrera, expresó el apoyo de su partido a la marcha de antorchas que llevarán adelante los trabajadores del Hospital Garrahan en la tarde de hoy. “La lucha del Garrahan tiene un alcance nacional, porque el reclamo de sus trabajadores se proyecta al conjunto de la salud pública y muy especialmente a la salud de la provincia de Buenos Aires. En medio de una crisis sanitaria que es inseparable del derrumbe social general, las ‘motosierras’ que impulsan los monopolios de la salud son recogidas Milei, Kicillof y el conjunto del sistema político. El daño que provocan a la infancia y a los adultos mayores es inconmensurable”. “En un año y medio, prosiguió Ramal, casi trescientos trabajadores fueron despedidos en el Hospital Posadas. En los centros municipales de salud de La Matanza, enfermeros especializados apenas llegan a los 800.000 pesos mensuales. Más grave aún es la situación del IOMA, donde el gobierno de Kicillof ha continuado el vaciamiento perpetrado por Vidal. Los recursos del IOMA han ido a parar al pago de la deuda pública provincial y a enriquecer a sus prestadores privados”. Ramal concluyó señalando que “vamos a llevar a la Legislatura bonaerense una iniciativa para la inmediata recapitalilzación del IOMA, en base a un impuesto extraordinario a la industria privada de la salud instalada en la provincia, incluyendo a los monopolios farmacéuticos. Asimismo, propugnamos un directorio del IOMA integrado por trabajadores electos, incluyendo entre ellos a los trabajadores de todos los niveles de la salud pública”.

El ‘desasosiego’ de los mercados por estos días ha estado marcado por el fracaso de la licitación de deuda pública del martes pasado, cuando 3 billones de pesos quedaron sin ser refinanciados sobre un total de vencimientos de 10,5 billones de pesos –una friolera del 30 por ciento. Lo que agravó el desastre es que el mismo mercado, o sea un puñado de bancos, despreció la oferta de tasas de interés del 66 % anual, frente una inflación prevista del orden del 28 %. En lugar de esto prefirieron salir a la compra de dólares baratos y apostar a una devaluación ‘generosa’ del peso. En la hoja de ruta de los bancos figuran nuevos vencimientos de bonos del Estado para agosto y octubre, que en conjunto representan 60 billones de la moneda ‘argenta’ –el nombre de pila de la nueva divisa argentina que merodea la cabeza de Milei. La labor de refinanciar esa suma se hace cuesta arriba y seguramente acabará en otro desastre, en especial cuando Trump se encuentra en plena cruzada económica contra sus rivales internacionales y una inminente ampliación de la guerra de la OTAN contra Rusia. La ofensiva de Trump contra Brasil está fuera de toda proporción, porque exige el castigo a los jueces que multaron a Elon Musk por el uso fascista de la red X y la violación de la leyes brasileñas. El destino del Mercosur está puesto en la balanza. Según las informaciones más recientes, el cuevero Caputo forzaría a los bancos a guardar el dinero excedente en la forma de una suba drástica de los encajes, lo cual no solamente afectaría la tasa de interés del dinero bancario, sino que obligaría al Banco Central a remunerar el dinero inmovilizado y volver al mil veces maldecido “déficit cuasi fiscal”. Lo más probable es que se convierta en un obituario. En este cuadro, FIEL, la oficina de estudios de la UIA, reveló un retroceso del PBI del 1,6% en junio. Pero el GPS de la deuda marca rojo no sólo en la deuda en pesos sino en la de dólares. Mañana, 1 de Agosto, “Argentina, informa Clarín, deberá pagar 800 millones de dólares por comisiones e intereses” de la deuda con el FMI, y otros 800 millones a partir del 1 de Septiembre. El Tesoro deberá comprar las divisas al Banco Central, que tiene reservas negativas. Desde 2018, el FMI ha cobrado intereses por 13 mil millones de dólares, lo cual representa un promedio del 25% en dólares sobre la totalidad del préstamo. Si se agrega el pago de capital e intereses, en los próximos cuatro años, el total se iría a 26 mil millones de dólares. Desde 2018, asimismo, se han pagado intereses y comisiones a otros organismos internacionales por 10.400 millones de dólares. Dos economistas -Carlos Rodríguez y Walter Graziano- que primero se convirtieron en libertarios y ahora en sus renegados, han observado, muy oportunamente, en Clarín, que la deuda con esos organismos no fue aplicada a los objetivos asignados, sino desviados al pago de intereses a otros acreedores, e incluso a financiar fuga de capitales –siempre con la excusa del “equilibrio fiscal’ o “el macroeconómico”. En definitiva, una sangría financiera sin precedentes, que se apresta a explotar por todas sus costuras. El Banco Central, luego de la ‘purificación de pecados’ a que lo sometió Caputo, ha vuelto a la esfera de la prostitución de la que nunca ha salido. Ha comprometido varios billones de pesos para asegurar el tipo de cambio futuro, mientras el actual o ‘spot’ salta la tranquera, asumiendo en los próximos meses una pérdida extraordinaria de dinero cuando esos compromisos lleguen al vencimiento. Dada toda esta madeja de maniobras, es imposible conocer cuál es el monto real de la deuda pública bajo todas sus facetas. Por ejemplo, el monto de capital e intereses por los préstamos “repo” firmado con bancos internacionales (incluido uno de China), con la garantía del oro y de bonos de deuda, para pagar vencimientos de deuda en dólares. El juicio por YPF -que se disputa en Nueva York- implicará endeudamientos mayúsculos, incluso con independencia de la sentencia final. Si el jinete pierde las riendas del matungo tendremos una hiperinflación “libertaria” –el reverso de una política deflacionaria de un año. El mercado es un factor, sino de arbitrajes fugaces y de desequilibrios estratégicos. Las deudas bancarias de las familias, simplemente para sobrevivir, han provocado un gran salto en la cartera de “incobrables” de los bancos. ¡Nada más sólido que todo esto para una campaña electoral! Más allá del arribismo irrefrenable de las huestes de los partidos patronales, lo que explica la pulverización del peronismo y el fraccionamiento de los libertarios, es el derrumbe financiero que acabamos de describir –una deuda de más de 600 mil millones de dólares, cuando se juntan las de provincias, municipios, la pública y privada, la registrada y la que no, la indisputable y la judicial. Seis gobernadores acaban de anunciar que harían rancho aparte de los dos polos, aunque sólo estén elevando su precio. Argentina sólo necesita un liderazgo socialista y revolucionaria para cargarse a toda esta podredumbre y abrir un rumbo histórico nuevo junto a la clase obrera y a los trabajadores de todos los países.

Un informe publicado en La Nación (31/7) da cuenta de que se regularizó apenas el 0,3 % del empleo en negro desde la aprobación de la Ley Bases, que preveía una amplia condonación de impuestos y aportes sociales adeudados -del 90 al 70 %- a aquellas patronales que ´blanquearan´ a sus empleados. Se trata de 16.703 trabajadores sobre 5.500.000 empleos ´informales´. Entre tanto, el empleo registrado continúa retrocediendo: pasó de 11.199.000 puestos, en 2024, a 11.145.000 en el primer semestre de 2025. Si la cantidad total de puestos de trabajo aumentó levemente fue por el monotributismo. Al menos el 40 % de los monotributistas serían asalariados en relación de dependencia (Clarín, 22/7), una tendencia que se viene engrosando desde 2011. La razón de fondo del ´fracaso´ del llamado “Régimen de Promoción del Empleo Registrado”, se encuentra en la misma norma: al mismo tiempo que decía ´promover´ el blanqueo, eliminó las sanciones por no regularizar y las multas que agravaban las indemnizaciones –el trabajador, en cambio, sólo podía reclamar el reconocimiento de hasta cinco años de aportes previsionales. En el gobierno minimizaron este ´fracaso´. Dicen que fue “un paso inicial”. El siguiente -de acuerdo a las expectativas de las patronales- sería la reforma laboral. Su contenido específico no ha sido anunciado, pero contemplaría la eliminación de la indemnización por despido y de la jornada de ocho horas, incluido el pago de las horas extras. Es sabido que el gobierno trabaja intensamente en ello y solamente aguarda los resultados electorales de las legislativas. La burocracia colabora con el proyecto. Su única reserva, ha dicho hasta ahora, es que pase por el tamiz del Congreso. El kirchnerismo, nada menos que por boca de su jefa política, avaló la necesidad de una “modernización laboral”. El director y economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, entrevistado por LN, señala que las empresas “enfrentan la necesidad de tener mayor competitividad” y eso requiere “bajar drásticamente los costos unitarios de producción”. Según Bour, “una regularización no los libera [a los empresarios] de los altos costos de litigiosidad derivados de contratar en blanco que puede haber si la demanda cae y baja la actividad”. Las ´expectativas económicas´ para 2026, agrega, son “inciertas”. También coincide con ´abrochar´ al Congreso, porque “las pocas [reformas] que hubo fueron revertidas”, dijo, “en referencia a los fallos judiciales contra cambios intentados por la actual gestión”. Las posibilidades de que un resultado electoral ´arrasador´ -que habrá que ver de qué se trata, teniendo en cuenta el creciente abstencionismo electoral que interpela a todas las fuerzas políticas- dote al gobierno de los recursos políticos para imponer las ´reformas estructurales´ -laboral, previsional, impositiva- son una quimera. La misma expectativa guardaba Macri luego del rotundo triunfo que obtuvo en las legislativas de 2017. A su turno, ´el mercado´ fulminó aquellas esperanzas y, finalmente, a su gobierno. Las posibilidades son menores ahora, en el descalabrado escenario de la guerra mundial. La clase obrera debe decir su palabra

Este viernes 1° de agosto a las 11 horas, Política Obrera realizará una conferencia de prensa en el Bar La Bicicleta (Belgrano 201, esquina Rivadavia, San Isidro), en la que presentará sus listas locales y su programa de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. El evento contará con la presencia de los principales candidatos de los distritos de Vicente López, San Isidro y San Fernando, así como de Patricia Urones, candidata a senadora por la primera sección electoral, lista encabezada por el dirigente de la alimentación Pablo Busch. "Existe un hilo conductor en la provincia de Buenos Aires y es la necesidad de un plan de obras públicas y de viviendas que debe ser financiado con el pago de la deuda externa", puntualizó la candidata. Las listas locales incluyen a Walter Sánchez, dirigente de San Isidro y candidato a primer concejal; Pedro Kairuz, candidato a primer concejal por Vicente López, y Sandra Costa, candidata a primer concejal por San Fernando, entre muchos otros. “Hay políticas comunes que atraviesan los distritos de la Zona Norte. Una de ellas es la privatización de los accesos a nuestra costa. Han dejado al público pequeñas franjas mientras el resto se entrega a clubes náuticos, bares, emprendimientos deportivos e inmobiliarios, mientras el abandono de las barriadas más humildes del distrito se sigue profundizando”, afirmó Walter Sánchez. En la misma línea, Pedro Kairuz denunció: “En Vicente López, los megaproyectos costeros han invadido el espacio público y disparado el valor de las propiedades, expulsando a quienes ya no pueden comprar ni alquilar”. Por su parte, Sandra Costa remarcó: “En San Fernando, además de los negociados en la ribera, tenemos a los trabajadores municipales en condiciones laborales precarias; negociados como el de los terrenos de la ex Molinos, que contrastan con el hacinamiento en los barrios populares y las viviendas en condiciones críticas en las islas; y una crisis en el parque industrial, como la represión reciente en el conflicto de Georgalos y Fate”. La actividad está abierta a la prensa, organizaciones sociales, sindicales y vecinales. Contactos para prensa: Patricia Urones: 15 3520 2662 Walter Sánchez: 11 6354 4518 Carlos Frigoli : 11 4070-4760 Pedro Kairuz: 11 3675 9457 Esteban Zoric: 11 6223 0637

En diciembre de 2024, Milei anunció la renovación del Plan Nuclear Argentino (PNA) basado en tres fases, a saber: la construcción de cuatro reactores modulares pequeños (SMR por sus siglas en ingles) con capitales privados, la extracción y exportación de uranio por parte de YPF y la creación de una ciudad patagónica para la instalación de centros de datos de IA. Esta semana se supo que una empresa norteamerica compró la patente del SMR ACR-300 desarrollado por la empresa estatal de rionegrina INVAP, con la cual formaron una sociedad en la que la Argentina quedó en minoría. La Argentina cuenta con una fuerte autoridad nuclear internacional y es el único país de Latinoamérica con capacidad de construir los SMR. Aún no hay información sobre la empresa que compró la patente pero ACR300 se perfila como un reactor que va a encajar en el marco de las necesidades de consumo energético que requieren los nuevos centros de datos de IA, los cuales en Estados Unidos representan el 3% del consumo total de energía y se pronostica que representará el el 8% en 2030 y ya están generando complicaciones en los estados como Oregon donde las incentivos fiscales y la presencia de grandes represas hidroeléctricas, fomentó la instalación de estos centros de datos. Jennifer Light, directora de planificación energética del Consejo de Energía y Conservación del Noroeste, advierte que la región podría enfrentar cortes de energía en invierno. A la vez las empresas generadoras de energía están barajando producir energía eléctrica con diesel o comprar en el mercado mayorista, lo que redunda en un aumento del precio de la electricidad distribuida a los hogares. Microsoft, Google, Amazon y Meta anunciaron hace poco planes de construir nuevos centros de datos en Indiana, los cuales saturarían la red eléctrica, según Inskeep. El gobierno argentino pone al servicio de la crisis energética generada por la IA al plan nuclear nacional el cual no estará al servicio de generar un mejor servicio electrico para los hogares, reducir el costo de las tarifas o ningún fin social. Quiere explotar también los límites que encuentra el desarrollo de la IA en Estados unidos y Europa debido a la legislación que pone límites y responsabilidades legales que se han aplicado a los desarrolladores. Milei propone a estos desarrolladores que vengan a invertir a un país donde no tendrán ningún marco regulatorio para la actividad. Sin embargo su aliado Trump está por la misma senda y planea derogar todo el sistema de leyes de la administración Biden para generar toda una linea de producción con IA para que sea la matriz base de uso internacional. El plan nacional atómico atado a los vaivenes económicos y políticos internacionales tendrá el mismo resultado que el de Atucha III.

“El peor escenario posible de hambruna se está produciendo actualmente en la Franja de Gaza”, afirmó el martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la principal autoridad internacional en crisis alimentarias en una nueva alerta, en la que predijo «muertes generalizadas» si no se toman medidas inmediatas (Eunomia 30/7). En el informe se afirma que se ha superado el umbral de desnutrición aguda y que los palestinos están en plena hambruna en Gaza y en toda las zonas de la franja costera. Gran parte de los más de dos millones de habitantes vive ahora hacinado en campamentos de refugiados porque el ejército de Israel ha declarado amplias áreas como 'zona de exclusión militar'. Hace casi un año que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) había advertido que si las restricciones israelíes seguían impidiendo que la ONU distribuyera alimentos sería inevitable «un sufrimiento humano catastrófico» entre los dos millones de habitantes de la Franja. Las muertes generalizadas ya ocurren. Nick Maynard, un cirujano voluntario que presta servicio en el hospital Nasser de Yan Yunis, describió los efectos de la desnutrición en sus pacientes: “La crisis se ha vuelto catastrófica. Todos los días veo cómo los pacientes se deterioran y mueren, no por sus heridas, sino porque están demasiado desnutridos para sobrevivir a la cirugía. Las intervenciones quirúrgicas que realizamos se deshacen, los pacientes contraen infecciones terribles y luego mueren. Esto ocurre una y otra vez, y es desgarrador verlo. En una semana en mi hospital murieron cuatro bebés por inanición” (FT 23/7). Sus madres estaban demasiado débiles para producir leche y el hospital no tenía suficiente leche artificial para alimentarlos. La estrategia israelí consistió primero en impedir todo ingreso de ayuda. Cuando la presión internacional la obligó a reabrirlo, excluyó a la ONU y a las ONG de la distribución de alimentos en favor de una Fundación fantasma, presidida por un pastor evangélico que predica el derecho de Israel a ocupar todo el territorio y la custodia armada de mercenarios yankys. En realidad fue un paso más en el exterminio: a una hambruna que alcanza niveles medievales se agrega el asesinato a mansalva de quienes se acercan a buscar una miserable caja de harina. Los testimonios de viudas y huérfanos son desgarradores y cuentan todos la misma historia: “Mi marido no quería pasar por la humillación de aceptarles comida pero los niños lloraban, llevaban tres día sin comer casi nada, así que fue antes del amanecer. Nos devolvieron el cadáver, destrozado por las balas” (Drop Sites News 30/7). Hace un mes, la jurista Francesca Albanese, relatora de DD.HH. de la ONU, llamó a conformar una gran flotilla global de barcos que rompiera el asedio ilegal e ingresara de facto la ayuda humanitaria. Israel puede asaltar un barco aislado, como ocurrió la semana pasada con Handalá. Pero no una flota multinacional, arguyó. El domingo, mientras millones de personas se movilizaban en todo el mundo denunciando la masacre y la complicidad de sus gobiernos con el genocidio, aviones militares de Jordania y Emiratos Árabes Unidos lanzaron 25 toneladas de ayuda humanitaria sobre la Franja. Alemania -el segundo proveedor de armas a Israel- y Francia anunciaron sus propias misiones de lanzamiento aéreo. "Puede que esta labor solo represente una pequeña contribución humanitaria, pero transmite un mensaje importante: 'Estamos aquí, estamos en la región, estamos ayudando'", señaló el canciller alemán, Friedrich Merz. Las ONG repudiaron la medida. "Lanzar ayuda humanitaria desde el aire es una iniciativa sin sentido con sabor a cinismo", dijo Jean Guy Vataux, coordinador de Médicos Sin Fronteras para la región. Marvin Fürderer, experto en ayuda de emergencia de la organización humanitaria alemana Welthungerhilfe, calificó a los "lanzamientos aéreos simbólicos e ineficaces" porque las cargas no llegan a quienes lo necesitan sino a quienes aún pueden movilizarse entre escombros. El lunes, dos prestigiosos grupos israelíes de derechos humanos -B'Tselem (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) y Médicos por los Derechos Humanos,Israel- publicaron informes en los que acusaban a Israel de estar cometiendo un genocidio contra los palestinos en Gaza. Ambas ONG pidieron la intervención internacional para frenarlo. B'Tselem, integrada por judíos y palestinos que viven en Israel, tituló su documento “Nuestro genocidio”. Dicen que genocidio “no es solo matar en masa, sino la destrucción total: borrar ciudades enteras, desplazar a la fuerza a la población, matarla de hambre, todo lo que ha hecho Israel. Desde el principio, los funcionarios del Gobierno y los mandos militares declararon explícitamente que estas acciones, esta política, eran exactamente lo que pretendían hacer: matar de hambre, eliminar, arrasar Gaza”. El informe afirma que el gobierno israelí explotó el ataque del 7 de octubre y los temores existenciales que desencadenó «para impulsar una agenda de supremacía judía, destrucción y expulsión. Las vidas de todos los palestinos, desde el río hasta el mar, se han convertido en prescindibles, y la situación no hace más que empeorar. Se está disparando a personas que intentan conseguir comida y los niños mueren de hambre. No podremos decir: «No lo sabíamos»». B'Tselem advirtió de que el genocidio no se limita a Gaza: «El mismo régimen, el mismo ejército y los mismos líderes y generales están aplicando prácticas de violencia extrema en Cisjordania, Jerusalén Este y dentro de Israel. Israel ya está replicando algunos de sus métodos destructivos en Cisjordania, por ahora a menor escala, y existe una grave y creciente preocupación de que el genocidio se extienda a otras zonas bajo control israelí». El informe de Médicos por los Derechos Humanos-Israel, Genocidio en Gaza, documenta el ataque israelí como un desmantelamiento deliberado, acumulativo y continuo del sistema sanitario del enclave y de la capacidad de supervivencia de la población, y concluye que su significado es genocidio. Afirma que «el bombardeo de hospitales, la destrucción de equipos médicos y el agotamiento de los medicamentos por parte de Israel han hecho prácticamente imposible la atención médica, tanto inmediata como a largo plazo. El sistema se ha derrumbado bajo el peso de los implacables ataques y el bloqueo... «No se trata de una crisis temporal. Es una estrategia para eliminar las condiciones necesarias para la vida. Incluso si Israel detuviera hoy la ofensiva, la destrucción que ha infligido garantiza que las muertes evitables —por inanición, infección y enfermedades crónicas— continuarán durante años. No se trata de daños colaterales. No es un efecto secundario de la guerra. Es la creación sistemática de condiciones inviables. Es la negación de la supervivencia. Es un genocidio». Los expertos israelíes en el Holocausto y el genocidio Daniel Blatman, Omar Bartov, Shmuel Lederman, Amos Goldberg y Raz Segal, el jurista Itamar Raz y los historiadores Lee Mordechai y Adam Raz, entre otros, han llegado a la misma conclusión (WSWS, 31/7). Aunque la mayoría de los judíos israelíes, según las encuestas, apoyan la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania, son ostensibles indicios de resquebrajamiento. En abril, cientos de reservistas y oficiales retirados de la fuerza aérea firmaron una carta abierta pidiendo a Netanyahu un acuerdo para la liberación de los rehenes. Según Standing Together -una ONG judío-palestina- alrededor de 140.000 profesionales han firmado cartas similares. A finales de mayo, 1.200 académicos y administradores universitarios israelíes publicaron una carta abierta en la que protestaban por los «crímenes de guerra e incluso crímenes contra la humanidad» cometidos por el ejército israelí en Gaza. La carta hacía un llamamiento a «todo el pueblo de esta tierra, palestinos y judíos», declarando: «Por el bien de las vidas de los inocentes y la seguridad de todo el pueblo de esta tierra, palestinos y judíos; por el regreso de los rehenes; si no pedimos el cese inmediato de la guerra, la historia no nos perdonará». La semana pasada, varios cientos de personas se reunieron en la plaza Habima de Tel Aviv, con fotos de niños demacrados de Gaza y sacos de harina, para protestar contra el Gobierno de Netanyahu. Alon-Lee Green, codirector de Standing Together, que organizó el acto, declaró a Haaretz: «No podemos creer que tengamos que manifestarnos contra el hambre de niños y personas inocentes». Los israelíes estaban empezando a darse cuenta de lo que estaba pasando. «Están comprendiendo que esta es la realidad, que no se trata de una campaña [falsa] como dicen algunos periodistas o políticos. Hay hambre». Añadió que el colapso del alto el fuego en marzo fue un punto de inflexión. «La gente se preguntaba: «¿Por qué volvemos a Gaza? ¿Por qué enviamos a nuestros hijos a matar y a morir?»... Lo que estamos haciendo ahora mismo en Gaza es una política de aniquilación». Aunque el ejército israelí no publica cifras sobre los objetores que se niegan a cumplir el servicio militar, Yesh Gvul, un grupo pacifista, dijo a la CNN que cada año, el 20 % de los jóvenes convocados se niegan a hacerlo. Esto incluye tanto a los «refuseniks» como a los «grey refuseniks», personas que alegan motivos mentales o de salud para eludir el servicio militar y evitar una pena de prisión. Max Kresch, de Soldiers for Hostages, un grupo de reservistas que se organiza contra la guerra, afirma que más de 240 soldados han declarado públicamente su negativa a participar en los ataques contra Gaza. Muchos más lo están haciendo en las redes sociales. En marzo hubo informes no confirmados de que hasta el 50 % de los reservistas, tras continuas rondas de servicio militar, se negaban a presentarse a sus puestos. En mayo, 1200 oficiales, tanto reservistas como en servicio activo, escribieron una carta abierta en la que pedían al Gobierno y al jefe del Estado Mayor del Ejército que pusieran fin a los combates en Gaza. El lunes, el Jerusalem Post informó, citando a la cadena pública Kan, que cuatro soldados se habían negado a participar en nuevos combates en Gaza. Tres de ellos fueron juzgados por un tribunal militar y condenados a penas de entre 7 y 12 días. El cuarto aún no ha sido juzgado. Los cuatro habían participado en múltiples rondas de combates en Gaza y habían perdido amigos en la guerra. Uno de ellos resultó herido en la frontera de Gaza en 2024 y, tras su recuperación, regresó a combatir voluntariamente. Aunque su negativa a combatir se debía a una «profunda crisis interna», los soldados afirmaron que fueron encarcelados inmediatamente en lugar de recibir tratamiento. El artículo señalaba que no era la primera vez que ocurría algo así. En este contexto, Netanyahu “está considerando una visita recíproca a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Javier Milei a finales de agosto”, según ha informado un funcionario argentino a The Times of Israel. “Un obstáculo clave para concretar el viaje es la preocupación por sobrevolar el espacio aéreo de países como Brasil y Chile, que son miembros de la Corte Penal Internacional, que ha dictado órdenes de detención contra Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza”, dice el Times of Israel. El otro obstáculo debe ser que nos tomemos las calles para impedir que suceda.

Ante el crecimiento de la crisis de la economía, las patronales avanzan con una política de retiros voluntarios, en connivencia con los sindicatos. La actividad de autopistas y rutas nacionales bajo el sistema de peaje no escapa a la regla. Desde el gobierno de los Fernández esta política ya se venía desenvolviendo en detrimento de los trabajadores. Bajo el actual gobierno “liberticida”, se profundiza. En el sector de cajas y supervisión de aquellas empresas, el primer paso fue el vaciamiento de las tareas de los trabajadores. El vaciamiento de tareas consiste en quitarle al asalariado el trabajo que venía realizando, y de esta manera mantenerlo sin hacer nada durante la jornada laboral. Al mismo tiempo esas tareas que, por ejemplo, ya no ejecutan los supervisores, pasan a ser realizadas por los trabajadores de caja o por gerentes que absorben esas tareas. Esto genera que los cajeros realicen procedimientos operativos a través de la tecnología y la autogestión: los pedidos se hacen por un sistema de intranet donde los empleados se comunican para realizar cualquier solicitud, desde vacaciones hasta papel higiénico. Esta tarea era antiguamente realizada por los supervisores. En este marco de quita de tareas para algunos y agregado de las mismas para otros, las patronales del sector realizaron los ofrecimientos de retiros voluntarios al 70 % de la indemnización que le correspondería al trabajador. En definitiva, las empresas tratan de ahorrar dinero en las desvinculaciones, como así también evitar los juicios que potencialmente podrían hacer los trabajadores, ya que el nivel de infracciones laborales (persecución sindical, accidentes de trabajo, etcétera) y de insalubridad (enfermedades profesionales no reconocidas como lumbalgia, hernia de disco, tendinitis) ameritan reclamos posteriores. Hay antecedentes legales a favor de los trabajadores de la actividad al respecto: es decir, jurisprudencia. El SUTPA (Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y fines), bajo la dirección de Florencia Cañabate y bajo la tutela de Facundo Moyano, realiza asambleas disfrazando los “retiros voluntarios” como una conquista: “Agarren ahora que no va a durar mucho la oferta.” Por otra parte, la reducción de personal vía retiros voluntarios, o mejor dicho, vía estos despidos encubiertos, se ve acrecentada por la automatización en el cobro de peaje. El humor general de los trabajadores de la actividad que aún están en servicio es de bronca. La desorientación ante la potencial pérdida de los puestos de trabajo se hace sentir, ya que muchos tienen 10, 15 y hasta 30 años de antigüedad y temen por su futuro laboral debido a la edad. Hacer pasar los despidos como retiros voluntarios es enmascarar la política de las patronales. Aquí es donde juega el SUTPA un papel clave: desmoralizar y desorganizar, rindiéndose ante los hechos consumados. La lucha de CRUSA es un claro ejemplo donde el sindicato llegó tarde y mal. La empresa CRUSA abandonó una de las rutas del Mercosur por “quiebra”, dejando a cientos de familias en la calle. El SUTPA realizó una manifestación en el peaje de Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima, cuando la salida de la empresa era un hecho consumado. Hoy los trabajadores de CRUSA siguen sin noticias de, al menos, una indemnización. #Sin acuerdo paritario El SUTPA sigue sin firmar acuerdo paritario y se desarrollan acuerdos por empresa en lo que respecta a los ajustes salariales. Es, en los hechos, la aplicación de uno de los puntos fundamentales de la reforma laboral que todos los gobiernos, nacional y provinciales, promueven. En las empresas AUSOL (Autopistas del Sol en Panamericana) y GCO (Grupo Concesionario del Oeste) el ajuste salarial varía según el IPC. Actualmente el IPC es un guarismo bajo que no supera el 2 % mensual (mentiroso, además). Esto es una impostura, porque cuando ese guarismo era alto se ajustaba por otros criterios, también convenientes para las patronales. Actualmente el ajuste es misérrimo, lo cual es un jalón más en la ya histórica reducción salarial en el gremio del peaje. La política de estas empresas es de ajuste, automatización y despidos. En este año de elecciones sindicales en la actividad, pongamos de pie un cuerpo de delegados combativos que defiendan los intereses de los trabajadores en las rutas de todo el país. ¡Adelante!

Con un saldo de heridos, gaseados, golpeados y cinco detenidos, transcurrió otro miércoles de los jubilados en Congreso. Entre los detenidos hubo un joven delegado metalúrgico de la UOM de CABA, que participaba en solidaridad con la lucha, como tantos jóvenes. Desde temprano un enorme operativo policial cortaba las adyacencias del Congreso impidiendo la circulación por Callao, Entre Ríos y Avenida de Mayo. Sin embargo, con la participación de cientos de jubilados, organizaciones sociales, luchadores por la ley de discapacidad, se realizó la radio abierta de todos los miércoles. Las denuncias contra el veto al miserable aumento votado en el Parlamento a instancias de la “oposición” -que perpetúa el haber jubilatorio a valores de indigencia- se hicieron escuchar en las voces de todos los oradores, así como las críticas a la inacción cómplice de la burocracia de la CGT, CTA y CTERA. Los cánticos reclamaban una huelga general y denunciaban la represión ejercida con el protocolo de Milei-Bullrich en la mano. Terminada la radio abierta marchamos, como es costumbre, ganando las calles alrededor de la plaza. Al llegar a Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, cuando tratamos de marchar por la Avenida de Mayo para completar la ronda, se desató una brutal represión, con el corolario de compañeros gaseados, golpeados y detenidos. La represión se ensañó además con los periodistas que cubrían la marcha. El gobierno está empeñado en profundizar el ataque contra trabajadores y jubilados con la reforma laboral y previsional y reprime la lucha de aquellos que se movilizan por sus derechos. Es un gobierno enemigo de la clase obrera. Abajo la represión de Milei-Bullrich, por la libertad inmediata de todos los compañeros detenidos. Todos los miércoles, a las 15 hs, en Congreso, la lucha continúa.