Abril de 2025

Un sismo de 7,7 grados en la escala Richter sacudió por completo a Myanmar (ex Birmania) el pasado viernes 28 de marzo. Según las agencias especializadas, este terremoto ha sido uno de los más violentos registrados en 100 años en el continente asiático, lo cual es mucho decir debido a las actividades sísmicas recurrentes tanto en tierra como bajo el océano. El epicentro del terremoto fue ubicado en el centro norte del país, en la región central de Sagaing, cerca de Mandalay, la antigua capital real, con una población de alrededor de 1,5 millones de personas. Los efectos del sismo pudieron sentirse hasta en Bangkok, a más de 1000 km, donde se registraron 18 muertes como consecuencia del derrumbe de un edificio en construcción y otras estructuras menores. En Myanmar, el gobierno de facto que dirige el país desde 2021 ha reconocido 2065 muertes y 300 desaparecidos al 1 de abril, pero la Cruz Roja estipula que la cantidad real de muertes asciende a 10 mil, cuando se logre llegar a las zonas más anegadas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el sismo, que tuvo su origen a solo 10 km de la superficie, generó un efecto devastador de alto alcance, que se combina con el deterioro generalizado de las condiciones de infraestructura crítica (rutas, puentes, autopistas) y las improvisadas construcciones de la población, sumida en la pobreza extrema. La geóloga Jess Phoenix, consultada por la CNN (31/03) asegura que la energía descargada en un minuto de movimientos tuvo el equivalente a 334 bombas atómicas. Durante el fin de semana, los habitantes atravesaron una situación de completa desesperación, sin acceso en múltiples ocasiones a ayuda externa o con la maquinaria necesaria. La ciudad de Mandalay se movilizó para rescatar con sus propias manos a las miles de personas bajo los escombros. Los relatos de familias enteras devastadas por la caída abrupta de edificios y casas son moneda corriente en los periódicos internacionales. Se calcula que más de 600 mezquitas/monasterios se derrumbaron mientras diversos fieles se encontraban dentro rezando. Las organizaciones eclesiásticas han notificado la muerte de más de 270 monjes que se encontraban rindiendo un examen al momento del desastre. En la capital Naypyidaw, ubicada a 270 km, un hospital se vino abajo por completo junto a cientos de viviendas y otros monasterios, aunque el impacto en víctimas ha sido ampliamente menor. Los propios operativos de rescate se encuentran atravesados por la guerra civil , las zonas bajo influencia de los militares fueron las más devastadas. El gobierno de la Unidad Nacional -conformado por los partidos prodemocráticos y diversos grupos de guerrilla- han convocado a un cese al fuego ofensivo de dos semanas, aunque advirtieron que se defenderán en caso de incursiones a sus territorios. Las diversas rutas controladas por uno u otro bando, dificultan la acción centralizada y la ayuda humanitaria. Los informes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) sugieren una inversión inmediata de 100 millones de dólares para atender las necesidades urgentes de los damnificados. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha anunciado una ayuda inmediata por 5 millones de dólares, mientras que países cercanos como China, India, Pakistán han enviado ayuda humanitaria calculada en 30 millones de dólares. Reino Unido, Irlanda y Australia han ofrecido otros 20 millones, al igual que Donald Trump desde la Casa Blanca. El problema fundamental es que toda esta ayuda llegará muy posteriormente a las 72 horas de “ventana” que se estipula ante cualquier catástrofe para hallar a una persona atrapada bajo escombros con vida. El olor a muerte se respira en las calles. Miles de cuerpos se encuentran bajo escombros que llevará semanas remover; los cuerpos rescatados no pudieron ser enterrados lo que agrava la situación sanitaria en todo el territorio afectado. Todas las organizaciones de ayuda humanitaria reflejan las dificultades de trabajar en zonas con escasez de alimentos y los materiales necesarios para desarrollar sus tareas. Los informes se centran en la gravedad del sismo para ocultar las responsabilidades políticas de un gobierno de facto que ha entablado la persecución y matanza de opositores políticos . El daño en las estructuras más elementales y los reportes sobre viviendas realizadas con barro y madera exponen una crisis humanitaria muy profunda. Se calcula que desde el año 2021, más de 3 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares. Ahora se calcula que cerca del 60% de las viviendas en Mandalay quedaron derrumbadas, lo que anticipa una crisis superior. En las calles de la vieja capital se han arropado los sobrevivientes que han perdido sus hogares o temen despertarse bajo los escombros si retornan. El desastre de Myanmar ofrece una nueva imagen de la barbarie a la que empuja a la humanidad toda el capital y sus gobiernos.

Los liberticidas están festejando que la pobreza afectó al 38,1% de la población al cierre de 2024, según datos del INDEC, ya que esto implica una baja con respecto a los datos del primer semestre (52,9%) y con respecto a los datos del segundo semestre del 2023 (41,7%). Los datos de indigencia también hablan de una disminución ya que el 8,2 del segundo semestre de 2024 es tres puntos menor que el 11,9 de finales del 2023. Cifras mentirosas Lo que explica esta caída de los porcentajes es la desaceleración de la inflación que, como ya explicamos desde estas páginas , responde a mediciones del INDEC que están distorsionadas por estar basadas en una canasta desactualizada que no contempla ni los consumos actuales ni el aumento del peso de los tarifazos en el total de la torta del consumo de cada hogar. Además, las cifras con las que se comparan fueron afectadas por el Rodrigazo de Milei- Caputo no bien asumieron . El elefante en el baño que pone en evidencia que estas cifras son mentirosas es la medición del consumo que lleva una caída de 14 meses ininterrumpida . Los consumos que más caen son los de bienes esenciales como la leche, y en supermercados y almacenes, lo que demuestra que la caída del consumo no responde a una oleada distributiva en la que los hogares de mayores ingresos se estén absteniendo de consumos suntuarios en pos de mejorar la situación de las familias más pobres, sino que, por el contrario, las mismas cifras del INDEC delatan que entre los menores de 15 años la pobreza escala a más del 51% de la población. El aumento del uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos denuncia la misma realidad. Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) realiza un estudio que compara la pobreza multidimensional, la cual es medida por el mismo Ministerio de Capital Humano de Milei y que tiene en cuenta diferentes cuestiones que hacen a la calidad de vida como el acceso a bienes y servicios básicos. Ese tipo de pobreza registró un aumento interanual al pasar del 39,8% en 2023 al 41,6% en el tercer trimestre de 2024. Además, ese porcentaje crece sostenido desde 2017 (La Nación 31/03). Esta diferencia se explica por la motosierra que el gobierno de Milei pasó sobre programas de salud, medicamentos y servicios sociales que antes eran brindados por el Estado y ahora, habiendo sido recortados, sólo se puede acceder a ellos pagando, lo que afecta directamente a los ingresos sin estar registrados en las mediciones del INDEC. La política recesiva de Milei no produjo un desastre humanitario mayor sólo porque el liberticida tuvo los reflejos para aumentar los planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar por encima de la inflación. Esto lo hizo con el doble propósito de frenar una reacción popular a la motosierra y la licuadora y facilitar el terreno para el ataque a las organizaciones piqueteras. Los anuncios del INDEC pronto se van a sumar a la lista de cosas que los liberticidas van a dejar de festejar –como los logros de su política macroeconómica– cuando ya empezó la cuenta regresiva de la devaluación más pronosticada de la historia y cuando día a día queman dólares de las reservas en los mercados paralelos para frenar el precio a pesar del tantas veces anunciado nuevo acuerdo con el FMI . Tanto la devaluación como las nuevas medidas de ajuste -todas requeridas por el FMI– van a empujar a la miseria a un extremo insoportable –imposible de disimular incluso para las mediciones del INDEC– al que los trabajadores ya vienen respondiendo con grandes movilizaciones. Las consignas de huelga general y fuera el FMI, no al pago de la deuda, están a la orden del día. LEER MÁS: La pobreza, una cuestión política y revolucionaria Las lágrimas de cocodrilo de la oposición ‘dialoguista’ y del peronismo. Por Jorge Altamira, 27/09/2024.

A 43 años de la guerra de Malvinas , la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, de la que son parte los jueces Alejandro W. Slokar, Carlos A. Mahíques y Diego G. Barroetaveña, por unanimidad, resolvieron hacer lugar al recurso extraordinario en la causa abierta por torturas y vejámenes hacia los conscriptos durante el conflicto, interpuesto por el fiscal general, el Centro de ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La causa por torturas a conscriptos durante la guerra se inició en 2007. Al día de hoy, la causa tiene a un centenar de jefes militares imputados y más de 200 ex combatientes declararon como víctimas o como testigos. Durante los meses que duró el conflicto, los ex combatientes de Malvinas, además de enfrentar al ejército inglés en el campo de batalla, sufrieron todo tipo de abusos y torturas por parte de los militares argentinos. Según testimonios de ex combatientes, durante el conflicto se dieron estaqueamientos, descargas eléctricas, inmersión en aguas heladas, exhortación a comer excremento, abuso sexual y antisemitismo. De esta manera, la dictadura militar llevó a las islas Malvinas los métodos de torturas que aplicaron desde 1976 contra los trabajadores, militantes y activistas. Ante los reclamos por abusos y torturas por parte de los ex combatientes, el juez Slokar, al momento de votar, justificó el mismo planteando “el alcance del Derecho de Gentes y los crímenes de lesa humanidad y de guerra”. De esta manera, la causa continúa abierta y es elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá expedirse respecto al alcance de la categoría de lesa humanidad de los crímenes cometidos por los militares en las islas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “resolvió habilitar el tratamiento de la denuncia de los ex combatientes contra el Estado argentino luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidara una resolución de la Cámara de Casación Federal dictada por los jueces Diego G. Barroetaveña y Daniel A. Petrone” (Ámbito 28/03/2025). Ahora es la Corte Suprema la que debe atender el reclamo de los ex combatientes de Malvinas que hace años vienen exigiendo que se caratule a las torturas y vejaciones llevadas adelantes por la oficialidad durante la guerra como crímenes de lesa humanidad, impidiendo la impunidad de los acusados.

La comunidad médica y científica de Estados Unidos está sacudida por la renuncia de Peter Marks, quien desde 2016 se desempeñaba como director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA (Food and Drug Administration), la agencia estatal que regula la producción de alimentos y medicamentos. Como máximo responsable, Marks había jugado un rol clave en la administración de vacunas durante la pandemia de Covid-19. Ahora, fue obligado a dimitir luego de que un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) le diera la opción de renunciar o ser despedido, según informó esta semana el New York Times. En una carta pública, Marks apuntó directamente al Secretario de Salud de Trump, Robert F. Kennedy Jr., reconocido por sus teorías antivacunas . Afirmó que su campaña para socavar la confianza en las vacunas es “irresponsable, perjudicial para la salud pública y un claro peligro (…) ha quedado claro que el secretario no desea la verdad ni la transparencia, sino más bien una confirmación servil de su desinformación y sus mentiras”. “Espero que en los próximos años termine el ataque a la verdad científica que ha afectado la salud pública en nuestro país, para que los ciudadanos puedan beneficiarse de los avances médicos", escribió Marks. La renuncia de Marks se produce en medio de un brote de sarampión en EEUU , que registró 378 casos confirmados entre el 1 de enero de 2025 y el 20 de marzo. “El brote actual de sarampión en varios estados, que es particularmente grave en Texas, nos recuerda lo que sucede cuando se socava la confianza en la ciencia”, expresó el científico al renunciar. “El sarampión, que mató a más de 100 mil niños no vacunados el año pasado en África y Asia debido a la neumonitis y la encefalitis causadas por el virus, había sido eliminado de nuestras costas”, sentenció Marks. Kennedy, que durante la pandemia exigió a la FDA que revocara la autorización de las vacunas contra el Covid-19, había afirmado recientemente que la decisión de vacunar a los niños contra el sarampión “es personal”. En una entrevista en la cadena Fox News, el secretario de Trump argumentó que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) “causa muertes todos los años”. La Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas (IDSA) salió al cruce del funcionario asegurando que “no se han relacionado muertes con la vacuna triple viral en personas sanas”, al tiempo que desestimó su conexión con el autismo, otra de las mentiras vertidas por Kennedy. El desplazamiento del principal científico norteamericano vinculado a la prevención de enfermedades tiene lugar cuando EEUU y el mundo asiste a la proliferación de todas ellas. Tras la pandemia de Covid-19, se produjeron a nivel mundial a una serie de convulsiones epidemiológicas en simultáneo a la bancarrota de los sistemas encargados de proteger a la salud humana, como consecuencia de las crisis financieras de los Estados, del lucro capitalista sobre la industria médica y farmacéutica, el agravamiento de las guerras, el derrumbe de las condiciones sociales de vida de las masas, la anarquía de producción y la alteración radical de los ecosistemas naturales. Un reciente estudio realizado por Phinance Technologies, una firma cofundada por un ex gestor del grupo BlackRock, dio cuenta de la magnitud de esta crisis en EEUU. Comparando cifras de morbimortalidad, la investigación concluyó que los EEUU tuvieron “310 mil muertes en exceso” durante la pandemia de Covid-19, mientras que alrededor de 1,36 millones de estadounidenses adicionales en edad laboral contrajeron discapacidades ( https://www.zerohedge.com/medical/existential-billionaire-cancer-researcher-says-covid-vaccine-likely-causing-surge ). Este es el contexto en el que Elon Musk se propone recortar 700 mil millones de dólares del Seguro Social y de los programas públicos de salud “Medicare” y “Medicaid”, que brindan asistencia a la población más vulnerable. Otra amenaza a la salud proviene de la creciente resistencia a los antibióticos (RAM), fenómeno que está escalando a niveles alarmantes en todo el mundo. IDSA informó 100 mil muertes asociadas a este motivo por infecciones adquiridas en los hospitales estadounidenses. Para la revista británica The Lancet, “casi 5 millones de muertes al año se asocian con bacterias resistentes a los medicamentos” y pronosticó que la mortalidad atribuida al RAM aumentará un 67,5 % en los próximos 25 años. La RAM se debe al uso desmedido de antibióticos en la agricultura, que consume el 70% de la producción mundial para prevenir infecciones en animales sanos, con el objetivo de reproducirlos en condiciones de hacinamiento e insalubridad y así maximizar las ganancias del sector. La consecuencia es la proliferación de las llamadas “superbacterias”, resistentes a los antimicrobianos, que luego penetran en las vías fluviales. Otros factores son la sobremedicación (cuando se recetan para tratar enfermedades virales), la falta de tratamiento de las aguas hospitalarias y el déficit de investigación en una rama considerada poco lucrativa por los laboratorios ( https://www.wsws.org/en/articles/2025/03/28/xgzg-m28.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter ). El descabezamiento de la FDA es un grito de guerra contra la investigación científica al servicio de las necesidades sociales y contra los deficitarios sistemas, aún vigentes, de protección de la salud humana. La incompatibilidad absoluta que se revela entre la defensa de la vida y la salud, de un lado, y los gobiernos reaccionarios que engendra el capitalismo en su fase de decadencia histórica , del otro, representa un llamado urgente a la acción revolucionaria de la clase obrera.

El gobierno de Milei está llevando adelante a toda marcha la aplicación del DNU 70/2023, que desregula las obras sociales y compañías de medicina prepaga . Uno de los cambios principales es que, desde el inicio de un empleo, los trabajadores puedan optar por una obra social (ya sea la de su actividad laboral u otra) o por un servicio de medicina prepaga. La normativa establece que las contribuciones al Fondo Solidario de Redistribución (administrado por el Estado ) serán de una tasa fija del 15% para todos: para las obras sociales sindicales, de dirección y también para las prepagas. Anteriormente, este aporte era del 10% para los trabajadores de menor sueldo y del 15 % para los sueldos mayores. Con lo que el Estado “liberal” mete mano directa en la recaudación de las obras sociales y también de las prepagas, pero no pone límite alguno a lo que cobra una prepaga para “garantizar la libre competencia en el mercado” (Infobae). Un combo explosivo La asfixia de las Obras Sociales es total en tres aspectos : 1) deben contribuir con el 15% de la recaudación al Fondo Solidario de Reparación. 2) tienen una sangría con la libre elección de la obra social por parte del trabajador. 3) En la inmensa mayoría de los sindicatos hay una pérdida sustancial de aportes por los despidos masivos y la caída de la industria. Un gremio pequeño no puede sostener una atención que requiera estudios importantes y medicamentos caros. Al apelar al “Fondo de Reparación”, entra en la cola interminable de reclamos pendientes con el atraso de la atención médica Un trabajador no puede emigrar a la obra social de otro sindicato si el sueldo que recibe es inferior al del gremio al que quiere afiliarse, por una cuestión de desfinanciamiento. Si recurre a la prepaga, ésta ya no tiene control alguno en la cuota. La intención del gobierno es forzar al trabajador a que pase a la salud privada y además que las obras sociales de los sindicatos se asocien a las prepagas. Como el pasaje a las prepagas está casi vedado por la caída del empleo y de los sueldos, el gobierno “liberal” ha comenzado con las intervenciones de las obras sociales de los sindicatos para forzarlo. Ha implementado auditorías, ocho obras sociales sindicales han sido intervenidas por 180 días. La Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA), la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) , la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT) la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF). El gobierno de Milei, así como le copió a Gerardo Martínez la idea de la disminución de las indemnizaciones, le copió a Barrionuevo el armado de un pool de sindicatos chicos que gozan de la obra social de los gastronómicos, que además es un armado en asociación con la medicina privada que nuclea a casi 20 sindicatos menores. Para que no se arrebaten derechos de salud es necesaria una campaña por: “Fuera las manos del gobierno sobre las obras sociales” y terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado en todos estos años por la burocracia y el Estado. Está claramente planteada la pelea por la apertura de los libros y por directorios electos por los afiliados: la cobertura plena de un PMO universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales. El pase a planta de todos los precarizados con el mejor convenio de la actividad y el blanqueo de todas las sumas en negro, para recomponer los ingresos de las obras sociales. La triplicación del presupuesto de salud y el reforzamiento del sistema sanitario bajo control de los trabajadores.

Durante el mes de marzo, con los planes de producción bien definidos por las terminales instaladas en el país, continuaron también los despidos. Distintos portales registran cientos de despidos en distintas plantas sólo en este primer trimestre. General Motors despidió en enero a más de 300 trabajadores de su planta de Alvear, en Rosario, y con los despidos del 2024 suman más de 500. Nissan confirmó lo que se sabía desde el año pasado: el cierre de su planta de Santa Isabel en Córdoba donde dejará de producir las pick-ups Frontier y Alaskan (esta última para Renault). Sólo en esta planta se ejecutarán más de 400 pérdidas de puestos de trabajo. En la Zona Norte del GBA Toyota sigue con los despidos: “desde enero de 2025, la empresa viene llevando a cabo despidos masivos en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires. Las desvinculaciones afectan tanto a operarios como a supervisores, incluyendo empleados con hasta dos décadas de antigüedad. Incluso representantes gremiales han sido alcanzados por el ajuste: de los 70 delegados que el gremio de mecánicos SMATA tenía en la empresa, solo quedan siete. ‘Te llaman antes del turno de ingreso para avisarte que estás desvinculado por estructuración y te pagan lo que corresponde legalmente’, reveló una fuente interna. Se estima que la compañía ya ha despedido al menos a 150 trabajadores en lo que va del año y prevé una reducción mínima de 200 puestos en el corto plazo” (primerando.com 30/3). Según comentan dentro de la planta se espera que el número de despidos llegue a 500. Los despidos en la planta de Zarate no son sólo una cuestión de “reestructuración” sino que intentan una regimentación aún mayor en la planta más flexibilizada de la industria automotriz. Los despidos siguen un patrón: trabajadores con índices de ausentismo alto, aunque esos índices estén determinados por las enfermedades laborales, que en esta planta podría tener un estatus de epidemia. Esta metodología en los despidos responde a una innovación de la patronal nipona en la rotación de trabajadores, principalmente por enfermedades laborales o accidentes. Históricamente en esta planta estaba estipulada la “durabilidad” de un trabajador en torno a los 10 o 12 años en producción. Cuando un trabajador llegaba al punto de presentar una enfermedad laboral crónica que limitaba su productividad en la línea, primero se desconocía la relación de la patología con su actividad laboral, luego se lo licenciaba o dejaba sin tarea hasta que se cumplan los plazos de reserva de puesto, para en este periodo “invitarlo” a irse con una indemnización mucho menor a un despido sin causa. Con el contexto impuesto por el gobierno liberticida, las patronales pueden reducir los tiempos y costos mediante la libre disponibilidad de despidos. Junto con Toyota, pica en punta en esta metodología la planta de Volkswagen Pacheco, que cerró el 2024 con más de 500 despidos, y en lo que va del año sigue el mismo ritmo. En VW el terrorismo aplicado por la patronal para ejecutar los despidos está un paso adelante. Los despidos por legajo, ausentismo y actividad sindical están dando lugar al despido de personal caracterizado como “intachable”, (trabajadores con casi nulo ausentismo y con formación y disponibilidad plena para la empresa). Esto causa una incertidumbre aún mayor en la masa de trabajadores que quedan en la planta, porque más que nunca se tiene la percepción de que los despidos pueden ser a cualquiera en cualquier momento. Tanto en Volkswagen como en Toyota el lugar que ocupa la burocracia del SMATA en estos planes de liquidación del derecho laboral es central. Como ya señalamos en estas páginas, el tándem Pignanelli-Manrique (diputado por UP) estuvo dispuesto incluso a liquidar a su propia patota y base social, para dar un fuerte mensaje de sumisión a las casas matrices, y también para mostrar a la masa de trabajadores que su único compromiso es con las necesidades estratégicas de las patronales automotrices . La tesis de la burocracia es que es necesaria una reforma laboral de hecho que flexibilice a niveles asiáticos o mexicanos las relaciones laborales y de contratación en las terminales argentinas para sostener a las automotrices en el país. En Toyota quedan siete delegados (de un cuerpo que llegó a ser de 80) que están con los mandatos vencidos y no cumplen ninguna función sindical real . En Volkswagen la situación es casi la misma. El cuerpo de delegados, que llegó a ser de más de 150, hoy ronda los 50, y están todos en puestos de producción. La comisión interna está asignada a tareas administrativas en las seccionales de sindicales o de la obra social. La “representación” -o liquidación- gremial es llevada a cabo por interventores del SMATA que diagraman con la gerencia los pasos del desguace laboral. Los planes llevados a cabo por las patronales y la burocracia sindical del SMATA, aprovechando el contexto impuesto por el gobierno liberticida y sus colaboradores, tiene poco que ver que ver con la “crisis del mercado automotriz”. Es un intento de contrarrevolución laboral. Los alcances de estos planes en las autopartistas son catastróficos: cada despido en una terminal repercute, como mínimo, en cinco puestos en las autopartistas. En este crimen social y laboral no sólo tributa el SMATA: en las autopartistas, la UOM y el Sindicato del Plástico -entre otros- tienen un peso importante, aunque ninguno de estos gremios haya ni siquiera alertado mediante un comunicado el estado de situación. Las perspectivas en la industria autopartista son casi de extinción. Un ejemplo de esto lo brinda el caso “de Maxion Montich SA, fabricante de chasis para la Frontier y la Alaskan, que quedará fuera del nuevo esquema productivo de Renault a partir de 2026” (ídem). Otro punto a tener en cuenta en este sentido es que los nuevos proyectos de algunas terminales instaladas en el país son modelos con un bajo nivel de integración nacional. “Al menos dos proyectos que incluyen vehículos chinos ensamblados en Argentina sin muchas partes locales están a punto de ser anunciados. Esto reducirá la escala de producción y perjudicará a toda la industria (autopartista), advirtieron fuentes del sector” (Ídem). La etapa actual de liquidación de puestos de trabajo y de derechos laborales clarifica como nunca el papel de todos los sectores políticos y sociales. Un programa para frenar esta masacre en la industria automotriz debe tener como principal eje el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, el rechazo a los despidos y el repudio de la burocracia sindical .

En la ceremonia “cívico-militar” que tuvo lugar este 2 de abril, Javier Milei decidió ir muy lejos en la renuncia a la soberanía argentina sobre Malvinas: colocó el futuro de las Islas en la decisión de sus nativos (kelpers) , el argumento histórico que ha utilizado el imperialismo británico para justificar su permanencia en las islas como fuerza de ocupación. Para reforzar esa posición, Milei condicionó el reclamo mismo sobre Malvinas a que “Argentina vuelva a ser una potencia”. Como es sabido, el liberticida le atribuye esa condición a la Argentina de 1880, una semicolonia financiera y comercial de Gran Bretaña. En definitiva, la perspectiva que dejó planteada Milei en la plaza San Martín es la de un nuevo vasallaje del Estado argentino, pero en las condiciones de la presente guerra internacional. La renuncia a la soberanía de Malvinas tiene lugar cuando las operaciones militares para reforzar la presencia de la OTAN en el Atlántico Sur se refuerzan sin pausa, en las islas en litigio y más allá de ellas . La consolidación de las Malvinas como baza de la OTAN, bajo el progreso de los proyectos petroleros y pesqueros auspiciados por Gran Bretaña, se complementa con la iniciativa norteamericana de instalar una base militar del Comando Sur en Patagonia y, más precisamente, en Tierra del Fuego. El año pasado, Milei comprometió la instalación de esa base a la jefa de la IV Flota Norteamericana, Laura Richardson . En el mismo discurso, Milei les dijo a los militares presentes que el reequipamiento bélico del Ejército también se encontraba condicionado a “ser potencia” , en buen castellano, a que prospere una alianza estratégica y económica con el imperialismo. Las compras de las aviones F 16 en desuso tuvo lugar con la venia norteamericana . Milei cargó en su maleta este discurso entreguista en vísperas de su viaje a Estados Unidos. El propósito del viaje es mendigarle a la administración Trump un rescate extraordinario, en vista de los límites que presentan los “anticipos” de fondos que vendrían del acuerdo con el FMI. Una congresista de Trump, ligada al gusanismo radicado en Estados Unidos, ha reclamado para Milei un aporte excepcional en vistas de su “lucha contra el comunismo”. Con vistas al mangazo que se viene, Milei, en este 2 de abril, ha dejado un mensaje claro: las Malvinas y el Atlántico Sur quedan bajo la éjida de la OTAN. En este cuadro, Victoria Villarruel, la vice disidente, ausente en el acto oficial, hizo su propia conmemoración. Aunque fingió nacionalismo, tiró su propio guiño a los yanquis . Recogíó el hilo de Galtieri, que en 1982 aspiró a una ocupación de Malvinas que contara con la complacencia del imperialismo norteamericano y, más adelante, un status compartido con el Estado argentino en materia económica y militar. Villarruel reivindicó la “soberanía en el Atlántico Sur" para el “continente”, desde el “ártico (sic) hasta la Antártida”, y celebró los acuerdos con el Pentágono y el gobierno argentino para instalar la base militar en Tierra del Fuego. Un discurso anglófobo y a la vez proyanqui. Encubrió ese entreguismo con pacifismo vulgar –“no queremos que nos envuelvan en sus guerras”-, pero sólo para atribuirle la guerra en curso a “las potencias europeas”, exonerando así a Trump. La celebración de Malvinas ha mostrado el entreguismo desesperado de un gobierno en crisis. En su oratoria, Milei le ha atribuido a la “casta política” los fracasos sucesivos en la cuestión Malvinas, "sin darse cuenta" de que esa “casta” ha seguido, con diferentes matices, su propia política en relación a las islas ocupadas -la búsqueda de acuerdos económicos para compartir la explotación de los recursos del Atlántico Sur-. La cuestión Malvinas ha estado históricamente subordinada al sometimiento de los sucesivos gobiernos al capital financiero internacional y Milei no es una excepción. El fin de la presencia de la OTAN en el Atlántico Sur plantea una lucha por la expulsión del imperialismo en todos los órdenes, que sólo será emprendida por un gobierno de trabajadores.

La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, ha emitido una orden dirigida al fiscal federal interino para el Distrito Sur de Nueva York, Matthew Podolsky, para que exija la pena de muerte para Luigi Mangione, un joven de 26 años, en la causa federal que se encuentra pendiente de tratativa en Nueva York. Mangione enfrenta 11 acusaciones, incluida 2 de homicidio y una de asesinato, por la muerte del ejecutivo de la aseguradora de salud UnitedHealthcare, en diciembre pasado en el barrio de MidTown. La pena capital está prohibida en los cargos estatales (provinciales) que se desarrollan en una investigación paralela. Mangione se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra. También se lo juzga en el estado de Pensilvania, lugar en el que fue arrestado portando un arma fantasma, licencias falsas y un cuaderno con anotaciones y reflexiones que presuntamente demuestran su plan para consumar el asesinato de Thompson. El Departamento de Justicia, en sintonía con las promesas de campaña de Donald Trump, busca reimponer la pena de muerte, que ha extendido a los casos de terrorismo. Luigi es presentado como un terrorista que debe pagar con su vida. La acusación de terrorismo a un acto individual, puesto que la investigación no ha encontrado más que el accionar de una persona en soledad, muestra que es una categoría forzada. Bien mirado, el intento por condenar a pena capital al asesino de Thompson busca emitir un fuerte mensaje político: la vida de un multimillonario y los negocios con la salud privada son cuestión de Estado. El asesinato de Thompson ha sido un terremoto político para la juventud universitaria y obrera estadounidense. Se han visto filas para ingresar a las sesiones del juicio y expresar su apoyo a Luigi, exigiendo su absolución. En las paradas de subte, colectivos y paredes de toda Nueva York el sticker que agradece a “Saint Luigi” es una imagen que cotiza más alto que las acciones de Wall Street. Thompson es el responsable de uno de los negocios más inhumanos de la historia reciente. Mangione garabateó en las tres balas que disparó, las palabras “retrasar”, “negar”, “defender”, que sintetizan la estrategia legal-comercial de los pulpos de la salud privada: retrasar pagos, negar reintegros y justificar sus acciones. Las empresas de salud privada son consideradas “chupasangres” por los trabajadores estadounidenses. Sus ingresos se van en pagar una cuota de salud, que luego no cubre sus casos de enfermedad. Tratar una enfermedad crónica u oncológica, no hablemos ya de operaciones complejas o con riesgos evidentes, equivale a asumir una deuda a perpetuidad. Mangione mismo, a pesar de su acomodado origen, se vio en complicaciones para realizarse una operación por dolencias en su espalda, algo que lo aquejaba desde hace años según comentaron allegados y amigos. La popularidad de Mangione ha llevado a recaudar más de 700.000 dólares para su defensa legal. Está integrada por destacados y mediáticos abogados, Karen Friedman Agnifilo y Avraham Moskowitz, un experto en casos de pena capital. En un reciente comunicado, han denunciado al Departamento de Justicia y a Donald Trump: “Su decisión de ejecutar a Luigi es política y contradice la recomendación de los fiscales federales locales, la ley y los precedentes históricos. Mientras afirman actuar contra el asesinato, el Gobierno federal se dispone a cometer un asesinato premeditado y patrocinado por el estado de Luigi. Con esto, defienden a la industria de la salud, corrupta, inmoral y asesina, que continúa aterrorizando al pueblo estadounidense.” (CNN, 02/04) La fiscal general Bondi busca darle un impulso a las penas capitales, luego de acusar a Joe Biden de “violentar el Estado de derecho” por otorgar un perdón oficial a 37 condenados a muerte y conmutar sus penas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional; es la misma acusación que pesa sobre Mangione en los cargos estatales. La “guerra de clases” es la motivación política principal del gobierno de Trump. Toda su ofensiva sobre las libertades civiles y los derechos humanos son un intento por imponer, de manera anticipada, un estado policial contra la clase obrera y desarrollar a fondo sus planes de guerra a nivel interno y externo. Estados Unidos hace tiempo que atraviesa una guerra civil “de baja intensidad” y Trump pretende llevarla hasta sus últimas consecuencias. El imperialismo estadounidense ha desarrollado un largo historial de crímenes ejemplares contra todo tipo de expresiones de descontento. Rechazamos la condena a Luigi Mangione, cualquiera sea el desenlace de su juicio. LEER MÁS: Estados Unidos: el “inusitado” apoyo al asesino de un magnate de la salud privada Por Joaquín Antúnez, 13/12/2024. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Caso Luigi Mangione: el análisis de Jorge Altamira Imperdible análisis de Jorge Altamira sobre el caso de Luigi Mangione. Te compartimos la entrevista completa en Cuarto Oscuro por FM La Plaza (Salta). Publicada el 16/12/2024 en el canal de YouTube de Política Obrera.

La corrida hacia el dólar que se viene desarrollando a saltos, pero en forma creciente desde julio pasado, ha provocado una discusión acerca de las consecuencias que podría tener sobre el sistema financiero en su conjunto. Con reservas internacionales negativas, algunos críticos antiguos y otros recientes del plan Caputo han comenzado a denunciar que el gobierno ‘pisa’ el tipo de cambio mediante la venta de dólares que se encuentran en el Banco Central en carácter de “encaje” de los depósitos en los bancos; la corrida cambiaria se podría convertir en una corrida bancaria. Los encajes en cuestión, sin embargo, suman alrededor de 13.000 millones de dólares, sobre un total de reservas brutas de 27.000 millones. Lo que convierte a las reservas en negativas es la adición de la deuda con China (canje de monedas) y otros pasivos, por otros 25.000 millones de dólares. Los depósitos de empresas y particulares en los bancos alcanzan, en cambio, al equivalente de 100.000 millones, repartidos entre pesos y moneda extranjera: aquí está la carga explosiva, no en los encajes. El propósito del acuerdo con el FMI es, precisamente, evitar que una fuga de depósitos convierta a la corrida cambiaria en una corrida bancaria. Desde noviembre pasado es lo que ha ocurrido con el 15 % de los depósitos en dólares que dejó el blanqueo de capitales del año pasado. El nexo entre una corrida cambiaria y una bancaria, va más allá, sin embargo, del drenaje de las reservas del Banco Central. Lo que importa es la inversión que han hecho los bancos con los depósitos de su clientela. Por un lado están los préstamos en pesos otorgados para compras personales o para empresas. Pero el mayor volumen de dinero ha ido a la compra de deuda doméstica del Tesoro. Es un pasivo enorme, equivalente a 250.000 millones de dólares. Esa deuda está indexada a distintos tipos de ajuste -inflación o dólar-, que el Tesoro renueva en forma constante por la imposibilidad de cancelarla a su vencimiento. En la última licitación de deuda doméstica, por 9 billones de pesos, sólo se pudo renovar un 60 %, y ello con el concurso forzado del Banco Nación. Los bancos rotaron de los bonos que se ajustan por inflación, o que no tienen ajustes de capital sino altos intereses, hacia los títulos que se ajustan por dólar en previsión de una devaluación. Se trata, sin embargo, de una protección limitada. Una devaluación del peso haría más difícil que el Tesoro pueda cumplir con sus compromisos ajustados a esas variables. Para seguir refinanciando al Tesoro, los bancos han reclamado que se levante la prohibición de distribuir dividendos, flexibilizar los encajes y subir la tasa de interés. Es lo que ya han comenzado a hacer el Macro y el Nación para evitar la huida de los depósitos en dólares: aumentaron las tasas de interés al 3,75 por ciento anual. Reclaman que el Banco Central haga lo mismo con la tasa de interés en pesos; la tasa de interés que financia la compra de dólares en el mercado de futuros ha subido considerablemente. En cuanto a los encajes, los bancos plantean integrarlos con títulos públicos, para liberar dinero en efectivo. El nexo entre la negociación con el FMI y los bancos locales –nacionales y extranjeros es muy estrecha. Como lo señala el DNU votado por el Congreso, la clave de la discusión no cerrada con el FMI es a cuánto ascenderían los dólares inmediatamente disponibles que entregará el Fondo. Es un dinero para rescatar a los fondos privados invertidos en pesos que quieren salir del mercado local o convertirlo en divisas. Es lo que ya ocurrió en 2018. El Gobierno pretende una suma de 20.000 millones de dólares. El subterfugio para que el Banco Central se quede con ese dinero es que el Tesoro se lo transfiera para cancelar “letras intransferibles”, la deuda que tiene con el Central. Se trata de una operación siniestra, porque el Tesoro se endeudaría con el FMI por un monto equivalente al 4/5 % del PBI, que deberán pagar los contribuyentes, encima del ajuste del 15 % del PBI, o 75.000 millones de dólares, que la camarilla gobernante ha impuesto a los trabajadores activos y pasivos hasta el momento. Caputo considera a esta transferencia de deuda un “deber moral”. La “letras intransferibles”, por cerca de 70.000 millones de dólares, fueron un subsidio a fondo perdido que el Central entregó al Tesoro para pagar deuda pública, o sea, para ‘desendeudarse’ a cambio de un papel a 10 años, que no se puede comerciar y rinde un 1 % anual. Esa deuda contable y ficticia quedó consumida, anulada, por la inflación de dos y tres dígitos anuales que ella misma generó por medio de la emisión de pesos o regalo de dólares al cabo de quince años. Caputo y sus secuaces -y naturalmente el FMI- quieren que la población pague esa deuda por segunda vez: la primera vez con inflación y, de ahora en más, con mayores impuestos o aniquilación de gastos sociales. Esas “letras intransferibles” sólo constituyen una anotación contable, sin contrapartida en pesos, que se han desvalorizado a cero. El Tesoro ‘cancelaría' esa deuda con el préstamo que recibirá del FMI, a medida del vencimiento de cada lote de “letras”, pero Caputo pretende obtener esa suma de inmediato. En lugar de una deuda ficticia con el Banco Central, el Tesoro asumirá una deuda con el FMI. Se producirá, de este modo, una gigantesca transferencia de ingresos de la fuerza de trabajo al capital, por intermedio del Estado liberticida estafador. El FMI, sin embargo, insiste en que el regalo de 20.000 millones de dólares al Banco Central sea utilizado para pagar vencimientos de deuda externa, no para rescatar a fondos clavados con pesos a un valor artificial, barato, del tipo de cambio. El rescate implica entonces una devaluación que preserve el monto de lo que se preste. Debería servir, además, para acelerar las exportaciones, mejorar el saldo comercial y que se incrementen las reservas internacionales. Este incremento del stock de reservas permitiría levantar el cepo al giro de utilidades y dividendos al exterior. Una devaluación menor, en cambio, apenas lograría correr el arco por unos meses. El propósito de la camarilla de gobierno es, repetimos, que ese dinero financie la salida de capitales de los fondos que fueron invertidos en pesos para beneficiarse con la diferencia entre la tasa de interés (mayor) en el mercado interno y la tasa de interés (menor) en el exterior. O sea, seguir con un dólar barato, con el pretexto de abatir la inflación. Para este objetivo, la camarilla de Milei quiere “consolidar” la deuda del Tesoro con el FGS de ANSES, vale decir, arrebatarle los títulos públicos en su poder, que varían en torno al equivalente a 60 mil millones de dólares . Sería la acción definitiva para barrer con el sistema previsional . Lo que se encuentra en cuestión en esta crisis es el régimen económico en su conjunto. Otro aspecto de esta crisis de régimen económico es la deuda privada externa, a la que se presta poca atención. Tiene vencimientos, en tres meses, por 27.400 millones de dólares; fue contraída con un dólar barato y corre el riesgo de que las cancelaciones deban hacerlas con un dólar caro. Por esta razón se estaría ‘desapalancando’, o sea, demandando divisas para cancelar por adelantado y aumentando la presión devaluatoria. Los pesos para correr al dólar sobran: por un lado, la base monetaria (circulante, cajas de ahorro y plazos fijos) creció 32 % en el año; por otro lado, la deuda doméstica ha alcanzado el equivalente a 240.000 millones de dólares y se encuentra mayormente indexada. Puede fácilmente ir al dólar, aunque al costo de una desvalorización de sus créditos en pesos. La ironía del discurso oficial que asegura una perspectiva promisoria de ingreso de dólares, para invertir en energía y minería, es que necesita primero la liberación del mercado de cambios (como promete del RIGI) y por lo tanto una devaluación. La historia del carro y los caballos. El impacto explosivo que podría generar una devaluación y el no menos explosivo que desataría el inmovilismo actual ha convertido al pacto con el FMI en un asunto político, adentro y afuera. Aunque el PRO y los bloques intermedios votaron a favor de un DNU que aprueba un acuerdo con el Fondo en la versión libertaria, Macri ha ido a los medios para decir que el tipo de cambio está atrasado y que los exportadores necesitan incentivos; en definitiva, tocó el punto D: la devaluación. La distancia que media entre Macri y Milei es similar a la que confronta a Caputo y el FMI. Mirando el escenario internacional, es probable (aunque no seguro) que Trump respalde el enfoque de Milei y que la Unión Europea promueva un acuerdo con Macri. El directorio del FMI tiene por delante un debate político. La celebración de la reunión del G-20, en el Colón, en 2017 (con Trump, Merkel, Xi Jinping y Putin), está enterrada en el pasado. (Hay señales, sin embargo, de que Trump intervendría para que en la instancia de apelación la Justicia norteamericana descarte el pago del resarcimiento por la ‘estatización' de YPF en 2014, lo reduzca en forma considerable.) El bloque de Senadores de la UxP mandó una carta al FMI “para expresar su rechazo al DNU 179/25” y para advertir “que como fuerza política no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado” (el acuerdo con el Fondo), promesa de improbable cumplimiento para un lejano diciembre de 2027, cuando se renueven autoridades ejecutivas. Esta es la descontada capitulación del bloque del ‘desendeudamiento’ frente a este acuerdo. Como lo prueba la caída fenomenal de reservas del Banco Central, el gobierno liberticida es igualmente ‘desendeudador’, pues ha pagado los vencimientos que dejó la reestructuración de Martín Guzmán bajo el gobierno de los Fernández. El pago de la deuda pública a costa de inmensos sacrificios para el pueblo es la estrategia de fondo de Caputo y Milei. La clase obrera tiene por delante dos desafíos: una campaña contra la firma definitiva del acuerdo con el FMI y al mismo tiempo prepararse para enfrentar un estallido económico, cuya magnitud se verá en su desarrollo, aunque sacudirá a todas las clases trabajadoras bajo cualquiera de sus formas. LEER MÁS: El FMI reclama la garantía de un recambio político Milei y Caputo han perdido la capacidad de renovar deuda. Por Comité Editorial, 28/03/2025. “Síganme que los voy a devaluar” El gobierno acuerda con el FMI un programa de guerra social. Por Jorge Altamira. 27/03/2025. FMI: un acuerdo demorado y “mezquino” que adelanta el réquiem del plan Caputo Por Marcelo Ramal, 18/03/2025. El acuerdo no visto con el FMI desata un debate en la burguesía sobre la catástrofe que se avecina Un régimen “encepado”. Por Jorge Altamira, 18/03/2025.

Estados Unidos anunció a principios de mes que había llegado a acuerdos por separado con Rusia y Ucrania para un alto al fuego limitado contra objetivos energéticos y, posteriormente, que ambas partes se encaminaban a negociar un “silencio de armas” en el mar Negro. Moscú y Kiev no han tardado en acusarse mutuamente de continuar los ataques contra instalaciones energéticas en las semanas posteriores. Trump durante el fin de semana dijo que está "enojado" con Putin después de que el líder ruso sugiriera que Zelensky debería ser reemplazado para establecer un gobierno de transición en Ucrania, antes de un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra. Una "elección presidencial democrática" que, según Putin, "daría como resultado la llegada al poder de un gobierno competente” cita Forbes. El enojo de Trump podría interpretarse como una “apuesta” de Washington por mantener a Zelensky en el poder. "Si Rusia y yo no logramos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia... voy a imponer aranceles secundarios al petróleo, a todo el petróleo que salga de Rusia". Esta es la segunda exportadora de petróleo del mundo, China e India compran alrededor del 80 % de sus exportaciones de crudo. La amenaza de Trump tiene nombre y apellido. “El presidente de Estados Unidos lanza un ultimátum a Rusia” tituló sin rodeos el periódico Kommersant de Moscú. En la misma entrevista, Trump advirtió a Zelensky: "Está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras y, si lo hace, tendrá problemas, grandes, grandes problemas" (Reuters 31/3). Según recogen medios ucranianos, en la nueva versión del acuerdo sobre minerales EE. UU. pretende no solo la extracción de tierras raras, sino todos los minerales de Ucrania. Además de la infraestructura asociada, prevé su control ilimitado y el derecho de veto sobre su extracción. Al mismo tiempo, no ofrece ninguna garantía de seguridad y prevé que dicho monopolio debe ser un "pago" por la asistencia estadounidense ya prestada a Ucrania. “El texto que vi era absolutamente HORRIBLE. Los 18 capítulos… Esto ya no es un memorando marco de intenciones (que existía antes de la escandalosa reunión en el Despacho Oval). Es un acuerdo realmente amplio y muy claro. Y no nos favorece”, escribió en Telegram el diputado Yaroslav Zheleznyak. El Fondo sería administrado por cinco personas, tres de las cuales serán de Estados Unidos y gozarán de pleno poder de veto; se incluyen todos los minerales, la producción de petróleo, gas y depósitos no desarrollados de toda Ucrania; comprende a la minería realizada tanto por empresas públicas como privadas; el dinero del Fondo será inmediatamente convertido en moneda y llevado al exterior. El acuerdo tendrá una validez indefinida. Estados Unidos tiene derechos primarios sobre todos los nuevos proyectos de infraestructura y poder de veto sobre la venta de recursos a otros países. “No puedo imaginar cómo esto podría ser ratificado por el Parlamento", añadió Zheleznyak. "Parece que Ucrania libró una guerra con Estados Unidos, perdió, fue capturada y ahora tiene que pagar reparaciones de por vida", dijo un funcionario ucraniano al Washington Post. En contraposición, Scott Bessant, secretario del Tesoro y redactor del texto, señaló que se trata de un "documento terminado" al que llamó "asociación económica" (NZ.ua). “Hemos entregado un documento final sobre la asociación económica, que actualmente está siendo revisado por los ucranianos, esperamos pasar a las discusiones plenas y quizás incluso conseguir las firmas la próxima semana" dijo a Fox News. Zelensky adelantó que no reconocerá como un préstamo la ayuda estadounidense ya proporcionada a Ucrania, lo cual lo deja parado en el filo de la navaja más que nunca. La hipótesis más probable es que los términos extremos del documento busquen deliberadamente la negativa ucraniana y tener así un pretexto para cortar la asistencia militar. Si Zelensky cede y firma, aún debe convencer a la Rada para que ratifique el acuerdo, lo que sería su suicidio político. “Forzado a mover” Zelensky se encuentra en una situación bautizada como de “Zugzwang”, un término alemán que en ajedrez describe al jugador que tiene la obligación de realizar una jugada y en donde cualquier movimiento disponible perjudica su propia posición. Tropas, gas El 27 de marzo tuvo lugar en París la cumbre de la "coalición de los dispuestos", formada por unos 30 países que prometieron apoyar a Ucrania en medio del distanciamiento estadounidense. El evento, presidido por Macron, abordó una agenda que no descarta ningún escenario: el fortalecimiento del ejército ucraniano y del complejo militar-industrial del país, las conversaciones de paz iniciadas por Washington, un posible alto el fuego y las garantías de seguridad para Kiev en forma de despliegue de tropas occidentales en territorio ucraniano después del establecimiento de un alto el fuego. Este último punto constituye un acto de guerra por sí mismo. Moscú se apresuró a manifestar su desacuerdo recelando una “intervención”. Precisamente de esto se trata: inyectar inmediatamente tropas francesas y británicas en Ucrania, en sintonía con lo que Ursula von der Leyen denominó "estrategia del puercoespín de acero”, convertir a Ucrania en un hueso duro de roer para Rusia mediante el fortalecimiento de sus fuerzas armadas y su industria de defensa. Este programa encierra enormes amenazas debido a los costos altísimos que representan, la carga que deben soportar los presupuestos y la guerra de clases que cada país debe emprender contra su propia población, proceder a más recortes y enfrentar la resistencia a ellos. A esto hay que agregar la incertidumbre energética que Europa había disimulado con la compra de gas licuado a Estados Unidos, pero ahora con la volatilidad de este aliado muchos países se replantean volver al gas ruso, del que la UE planeaba liberarse completamente en 2027. Lejos de esto, Italia, República Checa y Francia han aumentado sus importaciones. Bruselas se encuentra ante un dilema, porque renunciar al gas barato ruso lo hace más dependiente de su “errático” socio atlántico y su martillo arancelario. El terreno minado es el rasgo de toda gran crisis. “Mientras Londres y París avanzan con sus planes militares, sus esfuerzos se han topado con la reticencia de otras potencias europeas a comprometer tropas ante la falta de promesas de apoyo de Estados Unidos.” (Washington Post 30/3). La cumbre en París no ha movido el amperímetro más allá de la declaración de intenciones, al tiempo que varios países se han mostrado reacios a proporcionar tropas para estacionarlas en Ucrania, cualquiera que sea su emplazamiento. Polonia, un actor clave por el tamaño de su ejército y por cercanía, ha declarado que proporcionaría apoyo logístico en lugar de sus propias fuerzas. La italiana Giorgia Meloni se ha opuesto al envío de soldados. La posición de Alemania es incierta. Presenciamos una combinación de guerra, impases y crisis que tienen desconcertada a una mayoría de espectadores, incluidas las redacciones de los medios con más ligamen al poder político de las metrópolis capitalistas. El New York Times acaba de ventilar en un extenso trabajo la participación de Estados Unidos desde el comienzo de la guerra. El vasto artículo detalla con pelos y señales el contubernio del alto mando estadounidense con los oficiales ucranianos que operaba en la base que Estados Unidos tiene en Wiesbaden, al sureste de Alemania, desde donde el ejército estadounidense suministraba información satelital para que su aliado golpeara las posiciones rusas (“prioridades de ataque”). El texto consigna cómo Biden fue corriendo sistemáticamente sus propias “lineas rojas”, suministrando armamento de mayor alcance cada vez hasta participar directamente en ataques al interior de la federación rusa. La pretensión de Trump de sellar el fin de la guerra para el 20 de abril no aparece en el horizonte. Una mayoría de observadores están de acuerdo en que las líneas del frente podrían colapsar pronto en beneficio de Rusia. No será el comienzo de ninguna paz, sino el preludio de un choque más violento. La guerra sólo puede ser erradicada definitivamente enterrando al imperialismo. La clase obrera debe unirse en colaboración internacional para esta tarea. LEER MÁS: Putin-Trump: una tregua a los tumbos que amplía el campo de la guerra imperialista Lo esencial es invisible a los ojos. Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 19/03/2025. EE.UU y Ucrania acuerdan una propuesta de alto el fuego a Rusia Trump negocia una reunión con Putin. Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 12/03/2025. Trump no logra imponer un ‘alto al fuego’, que rechazan Putin, Zelensky y la Unión Europea Congela el suministro de armas a Ucrania y el acuerdo sobre minerales queda en el limbo. Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 04/03/2025. El acuerdo sobre minerales críticos entre Kiev y Washington Por Camilo Márquez, 27/02/2025.

Vaca Muerta: Camioneros denuncian incumplimientos en TBS Los trabajadores de la empresa TBS, que realiza tareas de logística y transporte en el predio de Vaca Muerta, denuncian el incumplimiento de parte de la empresa de la paritaria de Camioneros. La empresa no paga en tiempo y forma los aumentos, así como tampoco ha pagado todavía la totalidad del bono acordado en la paritaria anterior. La empresa TBS es propiedad de Claudio Urcera, un megacapitalista de la provincia de Neuquén vinculado a la actividad petrolera, cuyo hijo es corredor de Turismo Carretera. Los trabajadores de la empresa que han presentado reclamos frente al Sindicato Camioneros de Neuquén por los incumplimientos de TBS son inmediatamente despedidos de la empresa, lo que ha instalado entre los trabajadores que el sindicato es cómplice de la patronal. Roque Pérez: Absolon avanza con despidos La empresa Absolon, ex Criave, es un frigorífico avícola de los principales de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la localidad de Roque Pérez. Absolon, ex Criave, es econocida por sus incumplimientos con los pagos y por acumular deudas con sus trabajadores durante meses para después cambiar de dueño, declararse en quiebra y no pagarlas. En las últimas semanas, los trabajadores denuncian que la empresa está despidiendo trabajadores todos los días, sin que el STIA ni los delegados del peladero hagan nada. Rio Negro: Pollolín persigue a sus trabajadores… hasta los baños La patronal de Pollolín, una de las principales empresas avícolas de la Patagonia, tiene una larga tradición de negrear a sus trabajadores. Ubicada en Cipolletti, esta empresa incumple el convenio de la alimentación y cuanta ley laboral exista. En la última semana, los trabajadores denunciaron que Pollolín envía a los empleados de seguridad privada a “acompañar a los trabajadores a los baños” para controlar los tiempos que utilizan los obreros en hacer sus necesidades. Esto es violatorio de los derechos personalisimos de los trabajadores y es dejado pasar por los delegados de la fábrica, tanto como por el Sindicato de la Alimentación de Rio Negro.

El viernes 28/3, Madanes Quintanilla, el dueño de la planta de neumáticos ubicada en San Fernando, volvió a la carga en su afán de imponer a los trabajadores de FATE un cambio de sistema de trabajo que había sido pre-acordado a fines de 2024 con la directiva del SUTNA y rechazado en forma contundente por dos Asambleas Generales de fábrica . Ese acuerdo, que el aparato del Partido Obrero promovió, por su portavoz Juan Pablo Rodríguez como una mejora en las condiciones laborales, estaba construido sobre la pérdida de centenares de puestos de trabajo, producidos masivamente a lo largo de 2024. El “nuevo” sistema de trabajo implicaba descansar menos días al año por el mismo salario y otorgarle a la patronal la alternativa, a partir de 2026, de volver al sistema actual, quedarse con el sistema “nuevo” o implementar un mix de ambos sistemas dentro de la unidad productiva. En esta perspectiva, Madanes Quintanilla volvió a la carga para ordenar a supervisores, capataces y gerentes recorrer toda planta y apretar en forma individual a cada compañero hasta lograr la “aceptación” al “nuevo” sistema de trabajo rechazado. Esto causó un enorme revuelo en la planta y la realización de Asambleas Informativas, en las cuales se convoca a los compañeros a cerrar filas y a rechazar firmar el petitorio propuesto por la patronal; es un rechazo, no al nuevo régimen de trabajo, sino al intento de pasar por encima del sindicato. El sábado 29/3, la patronal arremetió con una represalia de despidos. La dirección del sindicato (SUTNA) convoca a parar 24 horas , que extiende hasta el lunes 31/3 a las 14 horas, y convocar a una Asamblea General de fábrica . Las patronales del Neumático en su conjunto se apoyan en la recesión industrial inducida por el gobierno de Milei-FMI para avanzar con despidos masivos, contra el salario y contra el convenio de trabajo. La ofensiva cuenta con el apoyo de la Secretaría de Trabajo Nacional, el Ministerio de Trabajo de Kicillof y la indiferencia absoluta de la CGT. Sobre la base de deprimir el salario y aumentar los ritmos de producción, las patronales buscan recomponer y aumentar su tasa de ganancia y meter una reforma laboral de facto. El debate en la Asamblea General En este contexto, el lunes 31/3 se desarrolló la Asamblea General de FATE. A diferencia de las Asambleas anteriores, esta vez no se hizo en la calle, sino en el salón del SUTNA, que no podía contener a todos los obreros y la mitad siguió el debate desde la calle. José Meniño, secretario ejecutivo del SUTNA San Fernando, abrió la Asamblea ofreciendo una caracterización de la situación nacional. Denunció la pretensión de querer imponer el artículo 247 de la LCT y planteó que “hasta el momento” eran cinco los nuevos compañeros despedidos, pero que la lista podría crecer. Inmediatamente, la Lista Negra que conduce el SUTNA mocionó levantar el paro a partir de las 06 AM del martes 1, volver a parar 24 horas el 03/4 y, finalizada la Asamblea, cortar Panamericana y Márquez. El PTS, NMAS y la Lista Roja centraron sus intervenciones en una caracterización de la situación política nacional, pedir a la conducción del SUTNA una “auto-crítica” por haber promovido el cambio de régimen de trabajo y mocionaron por la formación de un “comité de lucha” integrado por la Directiva y las listas opositoras, aunque sin ofrecer un plan de lucha para ese comité, precisamente, de lucha; sin programa, la moción se limita a promocionar a las listas opositoras. La Lista Independiente, una ruptura reciente de la Negra, coincidió en el planteo del “comité de lucha”, pero también propuso un “paro total en todo el gremio”. La directiva de la Negra objetó que una Asamblea de FATE decida por otras fábricas, pero evitó pronunciarse por una lucha de conjunto del Neumático y convertir a esa moción parcial en un planteo de conjunto, a llevar a Pirelli y Bridgestone. La justificación para confinar la lucha a FATE es impropia de una corriente clasista. Por último, el PTS propuso continuar el paro hasta el jueves 03/04 y convocar a una nueva Asamblea. Al promediar la Asamblea, en medio de una confrontación entre la Negra y la Independiente, un trabajador mocionó otorgar mandato a la dirección del SUTNA para llevar adelante las negociaciones sobre los nuevos despidos, sin determinar el contenido de la política a desenvolver, ni la rendición de cuentas a la Asamblea cada 24 o 48 horas. Este punto, transferir la soberanía de la Asamblea a la conducción del sindicato, que está reñido con los principios del clasismo, tuvo una votación dividida. En el convulsivo ámbito del Neumático, la Negra ha sacado a relucir, lamentablemente, la consigna histórica del peronismo: Crespo “conducción”. El liderazgo obrero es fundamental, pero se debe afirmar y renovarse en la lucha y por medio de la democracia clasista. El fondo de este nuevo conflicto por despidos ilegales y arbitrarios es la pretensión de la patronal de imponer el sistema de trabajo suscripto por el Sindicato, que fue dos veces rechazado por la Asamblea General por medio de aprietes y maniobras.

En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones provinciales del 11 de mayo, Violeta Gil, candidata a diputada provincial por Política Obrera, expresó que su espacio busca poner en el centro del debate una agenda vinculada directamente a las necesidades de quienes viven de su trabajo. “Participamos en estas elecciones para colocar en el debate con los trabajadores una agenda directamente vinculada con las necesidades que tenemos los que vivimos de nuestro trabajo”, afirmó Gil en declaraciones a Nuevo Diario de Salta . Propuesta Entre las principales propuestas destacó la exigencia de “salarios y jubilaciones mínimas igual al costo de la canasta familiar” y el “reparto de las horas de trabajo sin que esto afecte al salario”. La candidata señaló que estas problemáticas no forman parte del debate público porque “los candidatos de uno y otro bloque de los partidos patronales quieren llegar a la Legislatura para seguir sosteniendo una política hostil, contraria a los trabajadores”. Y agregó: “Defendemos el derecho al trabajo justamente cuando el gobierno de Sáenz y Milei están atacando directamente este derecho fundamental”. Gil también enfatizó que la participación de Política Obrera en las elecciones tiene un doble objetivo: disputar lugares en la Legislatura y avanzar en la reconstrucción de un partido propio de trabajadores . “Vamos a las elecciones para ganar a los trabajadores, no solo a votar por los compañeros de Política Obrera, sino también para defender la reconstrucción de un partido de trabajadores en la provincia, justo en un contexto nacional e internacional de bancarrota del régimen político y sus partidos”, remarcó. Consultada sobre la estrategia de campaña, aseguró que su espacio utilizará “todas las herramientas al alcance” para difundir sus propuestas: “La discusión uno a uno será parte de esta lucha política, como lo fue históricamente para nosotros, además de acciones públicas donde los trabajadores puedan debatir con nuestros candidatos y compañeros”. Finalmente, Gil se refirió a la fragmentación dentro del espectro de izquierda y sostuvo que “la fragmentación de la izquierda se entiende como parte de la fragmentación más general de los partidos patronales, pero el problema no es la presentación de varias listas, sino el contenido de las que se presentan”. En esa línea, afirmó que su llamado a la unidad “es con la clase obrera”. Oficializan listas para las elecciones de mayo El secretario del Tribunal Electoral, Pablo Finquelstein, confirmó que este martes se oficializarán las listas con más de 8.000 candidaturas presentadas. Además, detalló cómo continuará el cronograma rumbo a las elecciones del 11 de mayo, incluyendo la campaña, la publicidad electoral y la publicación del padrón definitivo. En diálogo con FM Profesional, el secretario Finquelstein, confirmó que este martes se firmará la oficialización de las candidaturas que participarán en los comicios provinciales del próximo 11 de mayo. Con la oficialización, el proceso electoral sigue su curso. Las próximas etapas incluyen la presentación de las imágenes de los candidatos y los signos partidarios que se utilizarán en la pantalla del sistema de votación electrónica. El 11 de abril se publicarán los padrones definitivos, permitiendo a los electores conocer en qué establecimiento y mesa votan.

Hola. Les propongo tocar el vaciamiento en Radio Nacional y en el resto de los medios públicos. Un gobierno detrás del otro NO respeta no sólo los derechos laborales, sino que tampoco el importantísimo rol social de la emisora pública. Les comento sucintamente la situación como trabajador de esa radio. Soy locutor y me desempeño como locutor-redactor en el servicio informativo. Hace 26 años que trabajo allí. El deterioro ex profeso es muy grave en las 49 emisoras que existen en todo el país. Los sucesivos gobiernos patronales las fueron destruyendo, desde planchar el salario (hoy es de indigencia), hasta despedir compañeros, no tomar más personal desde hace años, salvo excepciones con gente "acomodada", hija de algún funcionario o conocida de la burocracia sindical, dejar de invertir en tecnología, dejar venir abajo los edificios, no reparar hace tiempo la base de la única antena de AM activa en la planta transmisora de Gral. Pacheco (prov. de Bs. As.) con el peligro inminente de que una tormenta la voltée; obligar a las emisoras del país a conectar con Capital Federal en ciertos horarios lo que conlleva suprimir programación propia; cerrar las emisoras de las provincias los fines de semana y conectar con Bs. As.; limitar el horario del correo rural o mensaje al poblador, un servicio local clave porque muchos habitantes no tienen otro medio para informarse (por ej., esperar el aviso de la llegada de una receta, o del médico o de una encomienda, etc.). Hasta en varias emisoras los compañeros deben llevar, desde hace mucho tiempo, elementos de limpieza. Además, con el gobierno fascista de coalición de Milei se impuso directamente un cerrojo informativo, censura que se vivió con todos los gobiernos precedentes: no podemos difundir nada que huela a reclamo al Ejecutivo, ni siquiera, una huelga por salario u otro motivo; tampoco, podemos emitir informes de las provincias que publiciten hechos locales, salvo que tengan vinculación con lo nacional...una tremenda locura, una situación que me hace viajar sin escalas a las dictaduras genocidas cívico-militares-eclesiales. No tengo dudas de que estamos sufriendo una dictadura civil, falta pintar de verde oliva la Casa Rosada. Y el gremio de los trabajadores de prensa, SiPreBA, bien, gracias. Hace mucho se rindió, entregó el salario y los demás derechos. Para concluir, en la radio tenemos desde el nacimiento de la emisora, allá por 1936, un tremendo cáncer: unos 10 gremios burocráticos, la mayoría del viejo Correo Argentino, que firman sistemáticamente salarios a la baja y otras porquerías en paritarias, y hay un gremio al que ayudé a fundar en 2008, que se denomina ATRANA (Asociación de Trabajadores de Radio Nacional). Es un sindicato clasista, combativo, antiburocrático e independiente de todo gobierno y patronal, que, por ahora, no logró la personería completa para sentarse a la mesa paritaria producto de las chicanas que vienen interponiendo todos los gobiernos. La desgracia que hoy sufrimos es que todavía no dirigimos y nos cuesta mucho retomar la asamblea general a través de la cual muchas veces obtuvimos buenos resultados, como buenos aumentos de sueldo y mejores condiciones laborales. ATRANA nació de la lucha que sostuvimos muchos compañeros cuando fuimos contratados cuatro años (primero formamos una agrupación que se llamó "Radio Nacional En Lucha). Hoy gremios como SiPreBA y ATE hace rato se bajaron de la Intersindical que se había conformado, pero de manera muy endeble. Yo nunca estuve de acuerdo con ese engendro porque veía que iba a terminar como terminó, producto de la descomposición de los gremios que hace mucho vienen dando muestras de sus traiciones, de hacer la plancha. Hoy los compañeros están asustados porque la burocracia les bajó línea de que hay que ser "inteligentes" (???) para emprender un reclamo por el riesgo de que echen, porque hay que priorizar la fuente de trabajo (???). Sin palabras. Ni siquiera los compañeros quieren reclamar por falta permanente de insumos, como rotura de impresoras, falta de cartuchos, de papel, hasta de papel higiénico y de manos y cara en los baños. Los compañeros ya naturalizaron todo lo descripto por el miedo a perder el laburo. Y en el caso de la agencia Télam, la motosierra mileista la redujo a la mínima expresión, casi no existe. Estaría bueno que nos inviten al programa a visibilizar todo esto, que, en definitiva, es lo que sufre la clase obrera, con sus matices, claro está. Un saludo fraternal.

Presos de los pabellones 1 y 5 del penal de Devoto protagonizaron un motín durante la noche de ayer. Desde las ventanas de las celdas colgaron sabanas pintadas con aerosol: “tenemos derecho a la educación” y “la universidad es de todos”. El hecho ocurrió una semana después de que el gobierno nacional, a través de Patricia Bullrich, diera a conocer la resolución 372/2025, que habilita al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a disolver los centros de estudiantes que operan dentro de las cárceles y a prohibir la presencia de los presos en los centros educativos fuera del horario de clases asignado a cada uno de ellos. Para la ministra de Seguridad, “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales”. Se esperan para la noche de hoy nuevas manifestaciones de los presos. En Devoto opera actualmente uno de los 27 centros educativos en funcionamiento dentro de las cárceles argentinas. Es el Centro Universitario Devoto (CUD), en donde se dictan, entre otras, materias de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la UBA. También talleres de formación profesional y oficios, y actividades culturales organizadas por los presos. Este año cumple su aniversario número 40 desde su fundación en 1985. El centro de estudiantes tiene una presencia de décadas en el CUD. Ha sido, en varias oportunidades, un canal de denuncia del clima de brutalidad que el aparato del Estado impone en los pabellones de la cárcel. Días atrás, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) denunció públicamente que se impidió el ingreso de representantes estudiantiles a las instalaciones. Para la Red Universitaria de Educación Superior en Contextos de Encierro (RedUnECE), la “medida restringe seriamente el derecho a la educación superior y apunta al corazón de los centros y programas universitarios en contextos de encierro, en el marco del desfinanciamiento y ataque a las universidades públicas”. En su comunicado, denuncian que la gestión y limpieza de los espacios donde se realizan las actividades educativas corre por cuenta de los mismos presidiarios, debido al vaciamiento del presupuesto educativo. Bullrich propone otorgarle al Servicio Penitenciario la potestad de suprimir los centros de estudiantes bajo el planteo de que “tergiversa(n) la finalidad de readaptación social de los internos”. El Servicio Penitenciario carga con un extenso prontuario de violaciones a los derechos humanos, y todo tipo de actividades delictivas, dentro y fuera de las cárceles. La medida refuerza su poder despótico sobre los presos. La medida del gobierno nacional tiene como finalidad inmediata la regimentación política dentro de las cárceles. Es parte de la política represiva de Milei. Centros de estudiantes y sindicatos deben acompañar la lucha por la restitución del derecho a organizarse en las cárceles con pronunciamientos y un reforzamiento de la movilización política. Derrotar esta avanzada contra la clase obrera en general es parte de una lucha de conjunto por derrotar a un gobierno comprometido a fondo con un programa antiobrero y antieducativo. LEER MÁS: Bullrich reloaded Regimentación, precarización y represión en la agenda del Ministerio de Seguridad. Por Lucas Giannetti, 22/12/2024.

A pesar del feriado, el movimiento de jubilados volvió a ganar la calle este miércoles, con una nutrida protesta frente al Congreso. El gobierno, por su parte, también volvió a desplegar un monstruoso operativo represivo. Expresión de una enorme debilidad, el gobierno se ha empeñado en una tarea imposible –sofocar una protesta que, aunque minoritaria en principio, representa reivindicaciones muy profundas y extendidas. La situación se repite cada miércoles. La cita de este 2 de abril fue, como siempre, en el anexo del Congreso, donde desde hace más de 30 años los jubilados se reúnen para protestar por los haberes de miseria que cobran. Las primeras protestas se remontan al gobierno de Menem, cuando eran encabezadas por Norma Plá; y continuaron bajo los gobiernos de los Kirchner, Macri y Alberto Fernández, en la misma medida que también continuaron degradándose las jubilaciones. El gobierno Milei-Bullrich, sin embargo, se ha ensañado con los jubilados, económica y políticamente. No sólo porque fueron quienes pagaron el pato de la boda de la devaluación inaugural del gobierno liberticida , sino además porque todos los miércoles monta un violento andamiaje, del que participan Gendarmería, Policía Federal, Policía de la Ciudad, Prefectura y hasta la Policía Aeroportuaria. Sin embargo, los gases, los golpes y el clima intimidatorio, lo único que han logrado es subirle el precio a la lucha de los jubilados, que ha pasado a transformarse en uno de los ejes de las luchas sociales en nuestro país . Este miércoles, a diferencia del miércoles pasado, los responsables del operativo intentaron impedir el corte de la calle Combate de los Pozos durante la ´ronda´ al Congreso, luego del acto que se realiza habitualmente sobre la calzada. A pesar de trenzarse con varios manifestantes, los gendarmes y policías fracasaron. No pudieron impedir la marcha, el corte e incluso la interrupción del tránsito en la intersección de Callao y Rivadavia, que Bullrich gusta exhibir liberada como si fuera una proeza. El próximo miércoles la CGT anunció su concurrencia a la marcha, luego de haberla ignorado por décadas. La lucha de los jubilados es crucial para toda la clase obrera. Multipliquemos las iniciativas en su apoyo y la concurrencia los miércoles al Congreso.

Casi 900.000 trabajadores dejarán este mes de cobrar la Asignación Familiar por Hijo (AFH), fundamentalmente por la caída del trabajo en blanco. Según un informe oficial de la Subsecretaría de Seguridad Social, la cantidad de trabajadores en relación de dependencia presenta 870.891 personas menos que hace un año, lo que representa una reducción del -22,3%. Como contrapartida, se registra un aumento de 118.103 entre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones por Hijo para beneficiarios del Seguro por Desempleo (22.664). En ningún caso alcanzan para compensar la caída de la AFH. La diferencia entre la AUH y la AFH reside, fundamentalmente, en que la primera está dirigida a trabajadores no registrados con ingresos inferiores al valor de un salario mínimo ($ 296.832 a partir de marzo) . Entre otros requisitos, exige a los beneficiarios no contar con ingresos por prestaciones contributivas, no contributivas, nacionales o provinciales; ser trabajador no registrado, ser monotributista social o trabajador de casas particulares (bajo el Régimen Especial correspondiente). La Asignación Universal por Hijo equivale a $102.693,70 por hijo, de la cual se cobra el 80% del total de la prestación cada mes ($82.404), mientras que el 20% restante se retiene y se paga en un único desembolso anual, luego de la presentación de la libreta de escolaridad y vacunación del niño. La AUH se complementa con la tarjeta Alimentar, que destina un monto decreciente por cada hijo ($52.250 para familias con un hijo, $108.062 para familias con tres hijos), y con el Complemento de Leche del Plan 1.000 Días, que suma $38.733. La AUH la reciben unas 4.150.000 personas y es la prestación asistencial con mayor cantidad de beneficiarios. La ´caída de la pobreza´ que el gobierno celebró con bombos y platillos hace apenas una semana queda desmentida por estos datos . De un lado, porque la pauperización de los trabajadores por la vía de la pérdida de conquistas convencionales y aportes a la seguridad social es una tendencia firme. La clase capitalista ha lanzado una verdadera ofensiva contra los trabajadores de sus propios planteles, con despidos masivos, para reemplazarlos por monotributistas y contratos a término. Por otra parte, la ´asistencia social directa´ -la cual, en el mejor de los casos, alcanza los $175.000 por hijo- se utiliza para disfrazar los datos reales de pobreza, que las cifras oficiales estiman en 11,3 millones de personas. El gobierno privilegió la AUH y la Tarjeta Alimentar, tras desmantelar el esquema de cooperativas del programa Potenciar Trabajo y congelar el monto del beneficio. A partir de estas disposiciones, el gobierno desencadenó su ofensiva contra las llamadas ´organizaciones sociales´, acusándolas de extorsión y malversación de fondos. El empobrecimiento de los trabajadores es una tendencia de fondo a nivel mundial, que en Argentina ha adquirido características catastróficas para un país sin guerra, al cabo de sucesivos quebrantos, devaluaciones e hiperinflaciones. Ningún programa económico capitalista podrá librar un verdadero ´combate a la pobreza´ . Solamente la clase obrera organizada en base a un programa -prohibición de despidos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, aumento de emergencia, salario y jubilación mínimos equivalentes al costo de la canasta familiar- podrá recomponer la situación de las familias trabajadoras.

Kaloian Santos Cabrera es un trabajador de la Secretaría de Cultura Nacional con 13 años de antigüedad. Trabaja en el área de prensa como monotributista porque ninguna gestión le dio la posibilidad de pasar a convenio, menos aún concursar la planta permanente. Kaloian además trabaja en algunos medios en coberturas porque los salarios del Estado nacional no llegan a cubrir la mitad de la canasta familiar en la Ciudad de Buenos Aires. Kaloian aportó las fotografías del gendarme cabo Guerrero quien disparo el proyectil de gas lacrimógeno que le rompió la cabeza a Pablo Grillo , otro fotógrafo. Estaba colaborando para el Destape.com durante la movilización de los jubilados el 12 de marzo. Esa jornada fue brutalmente reprimida por Patricia Bullrich . Al otro día desde ARGRA, SiPreBA, ATE y otros sindicatos se pidió que la ministra de Seguridad renuncie al cargo. Los aportes de Kalo a la investigación del crimen contra Pablo Grillo tiene antecedentes en la historia de nuestro país. Por caso, fue un fotógrafo, Pepe Mateo, quien aportó las pruebas que confirmaron la autoría del comisario Alfredo Fanchiotti en el asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda. El papel de los fotoperiodistas es fundamental para dejar en evidencia el accionar represivo. Eso explica la saña de parte de las fuerzas de seguridad contra la prensa. Al inicio de la semana, Kalo había sido felicitado por sus superiores por una cobertura de la propia Secretaría. A nadie se le escapa la calidad de su trabajo. Tampoco que fue él quien aportó las fotos del gendarme. En diciembre había rendido y aprobado el examen filtro de Sturzenegger. Debían hacerle contrato anual y por un error se lo hicieron trimestral con el compromiso de extenderlo hasta diciembre. El lunes su jefa, María José Peréz Insúa, le comunica que vio su nombre en una lista de despidos. En las cinco tandas de despidos previas Kalo no había estado mencionado. Sí otros compañeros del área. El pedido de despido llegó desde arriba, que no era por su trabajo sino por reducción de personal. Pero el total de despidos en el mes de marzo 2025 no supera los 15 trabajadores totales y es una lista aún no definitiva. Ante el pedido de explicaciones por parte de la asamblea de Prensa y de ATE la funcionaria dijo que era “irreversible”. A Clarín le confirmaron el despido de Kaloian el propio 3 de abril, aunque los funcionarios pidieron un cuarto intermedio de 24 hs. para ver si eran posibles de revertir los despidos. Buscan amedrentar al conjunto de los trabajadores. En particular a los de área de prensa que, en su mayoría, trabajan en medios o portales periodísticos y muchos hacen coberturas de movilizaciones o escriben al respecto. En segundo lugar, es una señal al conjunto de los estatales sobre hacer públicas sus posiciones políticas o respecto de los ataques que el gobierno lleva adelante contra las y los trabajadores, estudiantes, jubilados, etc. Desde la Junta Interna de ATE Cultura convocan una conferencia de prensa para el lunes 7 de abril a las 11 hs. en la Explanada del CCK con la presencia de ARGRA, SiPreBA, FATPren entre otros.

Donald Trump anunció el miercoles 2 abril la prometida ronda de aranceles a las importaciones, que ha venido agitando desde la campaña electoral que culminó en noviembre pasado y con inusitado descaro desde que asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda vez . La dosis de las medidas es caballar, además de manifiestamente arbitraria e indiscriminada. La reacción de las Bolsas y de los mercados monetarios fue contundentemente a la baja. Una mayoría abrumadora de analistas pronostica un aumento de la inflación y una recesión económica. Los criterios aplicados para determinar el monto de los aranceles son, a todas luces, desatinados –un cuchillo de asador en una sala de cirugía. A cada país le fue asignado un índice, difícilmente ponderado, que combina el monto del déficit comercial que produce a Estados Unidos con el nivel de las importaciones provenientes de ese país. A la Unión Europea le aplica un arancel general del 20% por encima del vigente; a China, que ya está afectada por un impuesto a las importaciones del 20%, le añade un 34%, lo que resulta en un gravamen absurdo del 54%. Estados Unidos ha registrado, en 2024, un déficit comercial total de 920 mil millones de dólares, y con China, la UE y Vietnam, respectivamente, de 292 mil millones, 241 mil millones y 123 mil millones. A Suiza, que apenas ha logrado un excedente comercial de 39 mil millones de dólares, la ha castigado con una tarifa extraordinaria del 32 por ciento. Estos aranceles generales no discriminan entre productos importados, de modo que las bananas, que EEUU no produce, son penadas con el nuevo gravamen aplicado a los países que las exportan. Estos dislates, muy mal comprendidos por los adversarios del magnate, ha hecho las delicias de los opositores internacionales La arbitrariedad aparente del método tiene, sin embargo, su lógica. Trump quiere negociar los términos del comercio internacional desde una posición de superfuerza. Todo dependerá, de ahora en más, de la respuesta que reciba. Si, como anuncian la UE y China, habrá represalias, la guerra comercial ya desatada ingresará en una fase explosiva. Trump ha denominado a esta catarata de aranceles “tarifas recíprocas”, pero que apuntan contra el régimen económico del resto de los países. Es así que reclama la eliminación del IVA para las mercancías que exporta Estados Unidos y el acceso irrestricto al mercado de obras públicas del resto de los países, a los que califica como aranceles a la importación extranjera. Trump quiere hacer valer la diferencia entre el IVA que cobran sus competidores y el impuesto a las ventas, menos oneroso, que cobra Estados Unidos. Pero exige que se elimine el “compre nacional” en el exterior. Lo mantiene en EEUU, donde es monopolizado por los locales. Trump finge ignorar que Estados Unidos ha sido, hasta el momento, el principal proveedor de material bélico a la Unión Europea o a Japón. Las llamadas “tarifas recíprocas” son una reivindicación de las grandes tecnológicas norteamericanas. Durante años han recurrido a la evasión en gran escala de impuestos en Europa, para reclamar su abolición. En estos días, por ejemplo, se ha anunciado que la recaudación impositiva de Irlanda pegó un gran salto, como consecuencia de que pudo cobrar impuestos en litigio a Apple y que ha incorporado a todas las tecnológicas estadounidenses a su sistema impositivo. Milei dijo alguna vez, recientemente, que su ejemplo a seguir era Irlanda, que no aplicaba impuestos a esos pulpos, pero ya no más. Esta megarancelización del comercio internacional ha sido justificada por Trump por la necesidad de reindustrializar Estados Unidos, mediante la protección de la competencia extranjera y la repatriación de capitales y la convocatoria a invertir en Estados Unidos, para quien quiera acceder a su mercado interno. Es lo que había impulsado Biden con el Tax Reduction Act -una suerte de RIGI norteamericano- al que se podían acoger los capitales extranjeros sólo si invertían en Estados Unidos. Esto quiere decir que estamos en lo que se llama “una política de Estado”, o sea compartido entre republicanos y demócratas, y no ante “un loco suelto en Washington”. Pero Trump es perfectamente consciente de que, si levanta un muro comercial contra China y penaliza su economía, China puede replicar mediante la venta en masa de los títulos de la deuda pública norteamericana –y fundir el dólar. La política del capitalismo ha entrado en modo guerra, en todos los sentidos de la palabra. Estados Unidos tiene una elasticidad superior al resto de los países para sustituir importaciones, de modo que la guerra arancelaria apunta a la quiebra de los competidores internacionales que tienen menos posibilidades de sustitución. Incluso China tiene una elasticidad de sustitución inferior a Estados Unidos, debido que la productividad del trabajo es un tercio de la norteamericana. China y la asociación del BRICS deberán librar una guerra comercial contra EEUU en todas las áreas del comercio mundial, para replicar a esta arancelización sin límites de Trump –con una intensidad sin precedentes. Para ello exprimirá, como nunca antes, mediante ajustes fiscales y mayor precariedad laboral, la energía de la fuerza de trabajo. La guerra comercial agudizará los antagonismos de clase frente a un capital acicateado a ‘bajar costos’. Trump no se ha achicado en lo más mínimo en cuanto a expresar con crudeza sus intenciones. Le dio la bienvenida a una recesión en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque ofrecería la oportunidad de deshacerse de las empresas tecnológicamente retrasadas o vetustas, y dar paso a una automatización masiva de la economía –el negocio que abre la Inteligencia Artificial. Se trata de aumentar la tasa de explotación para elevar la tasa de ganancia. De nuevo, en esta política hay un método. La barbarie social no es un accidente ni una consecuencia no querida del capital: es la expansión final de su código genético. La economía mundial ha entrado, hace tiempo, en una fase de desequilibrios crecientes. Representa una agudización sin precedentes de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas, que es de carácter internacional, y los Estados nacionales, que se resuelve, una y otra vez, aunque con dimensión histórica mayor, con crisis económicas en gran escala y con la guerra militar. El desbalance macroeconómico es enorme: déficits comerciales y fiscales nunca vistos en el pasado. Estados Unidos no solamente registra un déficit comercial próximo al billón de dólares al año –su déficit fiscal, 1,8 billones, es igualmente enorme, ni hablar de una deuda pública de 34 billones de dólares, el 120% de su PBI, y en ascenso. La economía académica ha venido discutiendo el asunto desde hace al menos una década, como un desequilibrio del ahorro mundial, que pone a China como un ahorrista serial, con elevados superávits comerciales, y a Estados Unidos como un des-ahorrador crónico y elevados déficits. La solución preconizada era simple: aumentar el consumo personal y el gasto social en China y proceder a un ajuste fiscal y social en Estados Unidos. Los anuncios de Trump demuestran que esos desequilibrios no se eliminarán sino mediante métodos excepcionales –la guerra económica y la guerra ‘tout court’ . Pero el debate académico es engañoso, fundamentalmente, porque nadie objetó la tendencia a este desequilibrio cuando la restauración capitalista en China elevó fuertemente la tasa de ganancia capitalista. Naturalmente en China, hacia donde los capitales fueron en masa, y, de un modo no uniforme, a nivel mundial. La academia descubre el desequilibrio macroeconómico cuando el crecimiento de China se convierte en estancamiento y la rentabilidad capitalista decrece en forma manifiesta. Se desarrolla manifiestamente una crisis de sobreproducción. El costo del rescate de la bancarrota mundial de 2007/8, ha hecho una irrupción final en estos días, cuando la guerra comercial resulta menos costosa que los subsidios y rescates estatales. El imperialismo norteamericano ha tomado la batuta, en estas condiciones, no sin un gran conflicto interno, para reorganizar la economía y la política mundiales, mediante métodos políticamente violentos . La mega guerra arancelaria anunciada por Trump pone al dólar ante un desafío ‘existencial’. La cotización del oro, activo de refugio, ha alcanzado máximos historicos por encima de los 3.100 dólares. Pero gran parte de las inversiones en oro son ficticias, porque consisten en papeles nominados en oro en los fondos financieros. Es una falsa salida a la desvalorización del dólar, ni qué decir si pierde su primacía como divisa de reserva bancaria. Trump ha advertido que esa eventualidad desataría un causal de guerra (´casus belli¨) para Estados Unidos. Pero esa eventualidad está menos distante desde el anuncio arancelario del miercoles 2.

Los candidatos del gobierno para integrar la Corte Suprema fueron desestimados por el Senado, por más de dos tercios de los votos. Las maniobras de último momento para postergar la sesión no dieron resultado. Este desenlace fue el resultado de una alianza de hecho entre el macrismo y el radicalismo, que aportaron quórum para el inicio de la sesión, y luego del kirchnerismo. El voto del Senado anuncia un choque de poderes. El comunicado difundido por la cuenta semioficial “Oficina del Presidente” “repudia” la decisión de los senadores y califica a la cámara en su conjunto como “una máquina de impedir”. El entuerto se trasladará al seno de una Corte dividida. Lorenzetti depositó en García Mansilla la decisión de mantenerse o no en el cargo, adonde llegó por el voto de una comisión del Senado, que fue validado por los supremos. García Mansilla consultaría al resto de la Corte sobre la pertinencia de continuar revistiendo, como fue establecido, hasta fin de año. Alejo Ramos Padilla, juez de La Plata, ordenó a García Mansilla que se abstuviera de continuar firmando fallos. El rechazo al pliego del ´catedrático´ García Mansilla -oscurantista, clerical y agente de las petroleras- superó por varios votos al ´controvertido´ juez Ariel Lijo. La versión oficial le imputa haber actuado con duplicidad, porque afirmó varias veces en la Comisión de Acuerdos que rechazaría una designación por decreto. La opinión de los constitucionalistas es prácticamente unánime contra la continuidad de García Mansilla en la Corte. La Constitución habilita al Poder Ejecutivo a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura” (Art 99, inc. 19). Pero no se refiere a jueces de la Corte Suprema, que sólo pueden ser nombrados “con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto” (Art 99, inc. 4). De otro modo, como sostiene el constitucionalista Gustavo Arballo, “el Presidente podría invocar la vacancia en cada receso para nombrar sucesivos (o los mismos) candidatos en cada fin de legislatura haciendo estéril e irrelevante el desacuerdo del Senado para cada uno de ellos” (La Nación, 4/4). La Corte transigió al haberle tomado juramento a García Mansilla en estas condiciones. El vuelco del macrismo remite a sus últimos intentos de supervivencia política. Macri reclama a Milei ´respeto por las instituciones´ y el ingreso de gente propia al gabinete. El operador bonaerense de Milei, Sebastián Pareja, continúa ´reclutando´ dirigentes, concejales e intendentes del PRO como en un bazar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, directamente le enrostró a los macristas razones electorales. “Hay que considerar que la composición de este Senado va a variar el 10 de diciembre. Habrá que ver cómo son las fuerzas. Yo creo que van a cambiar muchas cosas en la política argentina en los próximos meses, ni hablar del 2027″, confió. La sesión del Senado tiene como trasfondo el cimbronazo mundial provocado por el ´arancelazo´ de Trump. Nuevamente se ha disparado el ´riesgo país´ y se derrumbaron las acciones argentinas en Wall Street, en medio de una corrida cambiaria. En ese contexto, Milei ha ratificado el rumbo de su gobierno – el alineamiento completo detrás del magnate convicto que gobierna EEUU y sus planes de guerra.

El ministerio que comanda el Dr. “Prepagas” Lugones encaró el inicio de un nuevo ciclo de ingreso a las residencias en salud anunciando el desmantelamiento de equipos, eliminación de cupos, recortes de fondos y una escandalosa censura contra los contenidos formativos de diferentes especialidades. El gobierno se propone acabar con el sistema público de formación en salud, en lo que representa un viejo anhelo de la medicina privada: capturar la capacitación profesional como un nicho lucrativo destruyendo el sistema estatal de residencias. El ataque liberticida se dirigió en primer lugar contra la salud mental. Los funcionarios del Dr. “Prepagas” avisaron que dejarán de financiar a la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) y Salud Mental Comunitaria (RISaMC), con sedes en los hospitales nacionales y en todas las provincias del país. Cada provincia fue invitada a “elegir” si quería asumir el financiamiento de la residencia o cerrarla. Las provincias anunciaron que no abrirán cupos para ingresar a las RISaM/C este año, lo que condena a los equipos a un desguace progresivo, en la medida en que se vayan graduando los actuales residentes. El desmantelamiento de las RISaM/C es un golpe severísimo al abordaje, la prevención y la atención de los padecimientos mentales en los hospitales y centros de salud públicos. Son centenares de cupos que se dan de baja en todo el país, afectando el desarrollo profesional de disciplinas como medicina (psiquiatría), psicología, enfermería, terapia ocupacional, musicoterapia y trabajo social. Solo en el Hospital Bonaparte, por dar un ejemplo, la RISaM contaba con más de 50 residentes de las diferentes especialidades. En simultáneo a este proceso destructivo, el ministerio liber-prepago protagonizó un verdadero mamarracho en torno a los contenidos de los próximos exámenes, previstos para el 1 de julio. De acuerdo al cronograma oficial publicado por el propio ministerio, la bibliografía debía estar publicada para el 21 de marzo, respetando los tradicionales tres meses de estudio antes de rendir. Los contenidos para rendir medicina, enfermería y bioquímica (el llamado “examen único”) se subieron, se bajaron, se subieron, se bajaron y se volvieron a subir. Este manejo escandaloso se debió al propósito de bloquear textos vinculados a contenidos como la interrupción legal y voluntaria del embarazo, el parto respetado, la violencia de género, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y el derecho a la identidad de género. Para todo el resto de las disciplinas (el llamado “concurso unificado”), la bibliografía ni siquiera se subió, a pesar que el plazo está vencido hace dos semanas. Los coordinadores de las residencias elevaron protestas, pero los textos siguen a la espera del (lento) censor liberfacho. La prohibición de contenidos formativos es el fiel reflejo de todos los ataques en curso y por venir contra el derecho a la salud de las mujeres, las infancias, disidencias y la población en general. En las próximas semanas, cuando se publiquen las nuevas vacantes a cubrir, quedará en claro el tamaño del ataque oficial. Este desmanejo está despertando todo tipo de reacciones: se han formado grupos de ingresantes, organizado reuniones, asambleas y petitorios. En CABA, por ejemplo, el próximo martes 8 se realizará una asamblea conjunta entre aspirantes y residentes, en la que también se abordará el derrumbe salarial, convertido en otro factor poderoso de desaliento y deserción a la formación y el trabajo en el sistema público. El lunes 7 de abril, Día Mundial de la Salud, está prevista una protesta al mediodía frente al Ministerio de Salud nacional, de la que participarán entre otras la asociación profesional del Garrahan y organizaciones autoconvocadas de trabajadores, pacientes y familiares. El martes 8, la Federación de Profesionales de CABA organizará durante la mañana asambleas en los hospitales, contra el intento del macrismo y la burocracia de Médicos Municipales de destruir la actual carrera profesional. A la tarde, será el turno de ingresantes y residentes. Así, las peleas contra el desfinanciamiento de los hospitales, la demolición del salario y la destrucción del convenio de trabajo coincidirán con la organización frente al desmantelamiento de las residencias de salud mental, el cierre de cupos y la censura de contenidos vinculados a libertades y derechos conquistados. Se trata de una misma y única lucha, que debe confluir en acciones crecientes, movilizaciones y medidas de fuerza hasta doblegar los ataques liberticidas y la complicidad de los gobiernos provinciales y las burocracias sindicales.

Con la reciente actualización de OpenAI en ChatGPT, que permite generar imágenes al estilo de Studio Ghibli, ha resurgido un video en el que Hayao Miyazaki, cofundador del estudio, expresa su firme rechazo hacia esta tecnología. Durante una presentación en la que un equipo de diseñadores mostró una animación creada por IA, Miyazaki calificó la herramienta como "un insulto a la vida misma". La animación, que mostraba movimientos grotescos e inhumanos, fue defendida por los diseñadores como una innovación para explorar lo macabro en videojuegos de terror. Sin embargo, Miyazaki, al verla, la vinculó con el sufrimiento humano y criticó la falta de sensibilidad de la IA frente al dolor real. El cineasta reiteró su rechazo a la idea de que la tecnología pueda reemplazar la creatividad humana. A pesar de la popularidad de estas creaciones, Miyazaki se mantiene firme en su oposición a incorporar la IA en su trabajo, defendiendo la sensibilidad humana en la creación artística. ¿De dónde nace el estilo del anime japonés? ¿De dónde surgen las posturas de Miyazaki, reflejadas en su obra? ¿Qué relación ha tenido con el marxismo y la lucha de clases? ¿Se ha mantenido fiel a sus principios? El estilo actual del manga y el anime japonés, con sus grandes ojos y proporciones exageradas, fue concebido por Osamu Tezuka en los años 50, influenciado por la película “Bambi” de los Estudios Disney. Sus personajes responden al fenómeno de la neotenia, es decir, personajes que conservan rasgos infantiles generando ternura y empatía en los espectadores. Esta innovación fue tan bien recibida que se transformó en el estilo predominante del manga y anime japonés, estética que también fue adoptada por Miyazaki con su propia impronta. Esto explica por qué miles de usuarios han utilizado la IA para generar y conmoverse con las versiones neotécnicas de ellos mismos y afines. (Fuente: Canal de difusión científica Curiosamente https://youtu.be/cdaj5jAsAUs?si=cC9T2gmz6cxYMNc3 ) Por otro lado, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha reconocido que la empresa enfrenta una sobrecarga de hardware debido a la alta demanda de su generador de imágenes en ChatGPT, especialmente por su capacidad para imitar el arte de Studio Ghibli. Esto ha generado presión en los servidores, obligando a los empleados a trabajar horas extras y exponiendo la relación entre la producción de IA y el uso de excesivo de recursos naturales como el agua y la electricidad (Fuente: https://www.infobae.com/tecno/2025/03/31/la-fiebre-ghibli-enloquecio-a-openai-esto-es-una-locura-dijo-sam-altman-rogando-calma-al-mundo/ ). Si algo queda claro es que el supuesto "nuevo paradigma del "tecnocapitalismo" es puro humo para desviar el eje del enemigo real del medioambiente y de los seres humanos, que es este sistema sociopolítico, pues el capital se sigue sosteniendo del aumento de la explotación humana y ambiental, como ya lo planteaba Marx y como lo deja entrever el CEO de Open AI. Mientras los medios se enfocan en la sobredemanda de la IA para generar imágenes donde los usuarios alimenten a la big data gratuitamente con sus fotos a cambio de ilustraciones, esta tecnología ya está siendo utilizada con fines bélicos. Un ejemplo son los drones equipados con reconocimiento facial que pueden bombardear objetivos/humanos específicos. La relación entre el desarrollo tecnológico y la maquinaria de guerra es una constante en la historia del capitalismo. (Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2023-02-27/el-pentagono-contrata-reconocimiento-facial-para-drones-que-respondan-de-forma-autonoma.html ) Miyazaki y su trayectoria política Miyazaki es hijo de la posguerra japonesa. Nació en 1941, en un Japón devastado por el imperialismo y ocupado por Estados Unidos. Su padre dirigía una fábrica de piezas para aviones de guerra, una realidad que marcó profundamente al artista. Las raíces de Studio Ghibli se encuentran en el sindicato de Toei Doga, el departamento de animación de una de las mayores corporaciones cinematográficas de Japón. A mediados de los años 60, las condiciones de trabajo en la industria eran brutales, con animadores produciendo cientos de dibujos diarios. Dos de los delegados sindicales más destacados de Toei eran los jóvenes animadores Hayao Miyazaki e Isao Takahata, destacados en la defensa de los derechos laborales, pero también del señalamiento que la propia empresa de animación le ponía al desarrollo creativo por el corset de ir a la producción del negocio seguro. Existe una fotografía de un joven Miyazaki, megáfono en mano, dirigiendo una huelga. Veinte años después, ambos formarían Studio Ghibli. Ghibli pretendía ser todo lo que los estudios existentes no eran. Sus animaciones describían abiertamente los peligros de la destrucción medioambiental, la guerra y el capitalismo. Ejemplo de ello es “Porco Rosso” (1992), donde el protagonista se niega a alistarse en la fuerza aérea de Mussolini, exclamando: "Mejor un cerdo que un fascista". Otro film destacado es La tumba de las luciérnagas, que expone la barbarie de la guerra, mientras llueven bombas en un pueblo mediante los dos personajes principales que no pierden la ternura en el cuidado mutuo, mientras los demás damnificados si la pierden, en un escenario que además de bombardeos hay tiempo para la contemplación de la naturaleza, con agua de rio abriéndose paso cálidamente en laderas tapizadas por un terciopelo de vegetación, en noches iluminadas por estrellas y luciérnagas que una niña quiere alcanzar a tocar y se funden en un cuadro, el viento cálido acaricia los rostros abatidos de la agonía... Precisamente por este enfoque usual en su obra es que muchos portales definen a Miyazaki como un ecosocialista. La política de Ghibli nunca ha sido un secreto. En 1995, Mamoru Oshii, director de “Ghost in the Shell”, describió a Takahata como "estalinista", a Miyazaki como "un poco trotskista" y a Studio Ghibli como "el Kremlin". Aunque Miyazaki nunca fue miembro del Partido Comunista Japonés, era un "compañero de ruta" del partido. (Fuente: https://jacobinlat.com/2024/09/las-raices-comunistas-de-hayao-miyazaki/ ) Sin embargo, en la década de 1990, Miyazaki se distanció del marxismo, considerando que "las masas son capaces de hacer infinidad de estupideces" y rechazando el materialismo histórico. Quizá el éxito de Ghibli, respaldado por Disney, tuvo algo que ver con su capitulación. Aunque sus condiciones laborales son mejores que en otras empresas de animación, Ghibli sigue siendo una empresa capitalista. Ghibli y el capitalismo digital Durante años, Ghibli se resistió a ceder los derechos de sus películas a monopolios digitales, optando por una distribución más independiente. Sin embargo, en 2020, acordó distribuir su catálogo en Netflix, facilitando el acceso global, pero cediendo a las reglas del mercado digital. Esto plantea el riesgo de que futuras producciones pierdan libertad creativa. El rechazo de Miyazaki a la inteligencia artificial no es solo una cuestión estética, sino política. Pero esta crítica es insuficiente si no se enmarca en una lucha más profunda contra el capital, que sofoca la creatividad y somete/degrada el arte a la lógica de la ganancia. Este sistema asfixia los sueños emancipadores en la rutina de la supervivencia, es hora de que la clase obrera se anime a pensar artísticamente, a imaginar sin restricciones y reconstruir la cultura desde la independencia de clase. Para ello será fundamental que los artistas se organicen junto a la clase obrera para golpear con un solo puño en el camino de la revolución socialista y así romper con todas las trabas que impide que ese mundo que soñamos se materialice.

Después de agotarse los 75 días que dio la intervención mileista (19/11/24), se generó una división de aguas entre el plan de Milei, Caputo, Bronzovich y el plan de “daños controlados” de la Dirección Nacional de INTA, integrada por funcionarios internos. Esta división estuvo alentada por el propio CDN (Consejo Directivo Nacional: órgano máximo de la institución) y puso en carpeta un “plan B” al plan motosierra de Milei, que proponía 530 despidos encubiertos, con la entrega de 41 agencias (dotaciones menores, etc) y liquidación de jefaturas. Esta propuesta fue aceptada por mayoría de sus miembros (consejeros de las entidades Agropecuarias) el día 27/2/2025. Sin embargo, un mes después, el CDN armó una estructura paralela a la DN, empoderando a 2 secretarias a dedo, y generó nuevas coordinaciones con la intervención mileista, abriendo definitivamente la puerta a mayores despidos (1500) y cierres de 299 agencia de extensión. La maniobra le permite incluso el cierre y fusiones de un INTA que entró definitivamente en la etapa de la motosierra profunda. La maniobra panquequista del CDN contra su propia Dirección Nacional pone a la luz la fuerza del golpe para avanzar contra los trabajadores. El pasado jueves se llevó adelante una Asamblea General de ATE INTA Castelar que significó un paso adelante en esta etapa del desguace y la lucha contra los despidos. Entre otras cuestiones, la asamblea votó un repudio total al golpe liberticida que busca aplastar a los trabajadores y se resolvió participar de la marcha del 9 y 10 de abril convocada por ATE y la CGT, organizando primero un marcha interna en el CNIA con vista a movilizarnos en un paro activo, junto a los jubilados por aumentos de salario. También se votaron una docena de reclamos importantes. Durante el proceso intervencionista y liquidador del gobierno y sus personeros internos, luego de distintas idas y vuelta, se abrió un proceso de unidad de los trabajadores que tomó forma en actividades compartidas entre los gremios Apinta y ATE (este último bajo sus distintas variantes: CDN, delegados de Caba, delegados de Amba y delegados de ATE CNIA Castelar). Se le dio forma, así, a un proceso unitario que, bajo sus variantes internas, protagonizó importantes jornadas de lucha durante noviembre, diciembre, enero y febrero y que se focalizaron contra los interventores de INTA y sus agentes. Desde Política Obrera y desde la junta interna de ATE Castelar se insistió en señalar esta falsa vía salvadora de la Dirección Nacional y su “plan B”, señalando que el seguidismo de las distintas variantes gremiales a estas direcciones nos aleja de los verdaderos objetivos. Sin duda la clase obrera deberá dar forma también al próximo escalón mediante LA ORGANIZACIÓN DE LAS COORDINADORAS QUE NOS PERMITA IR EN DIRECCIÓN DE UNA HUELGA GENERAL ACTIVA DESDE LAS BASES AUTOCONVOCADAS .

Por iniciativa de organismos de derechos humanos y por pedido del bloque radical encabezado por Lousteau y de Unión por la Patria, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia citará a comparecer a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y al jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y alfil de Santiago Caputo, Sergio Neiffert. El organismo parlamentario intentará determinar si existió una violación a la ley de seguridad interior, más precisamente si se realizó inteligencia previa en la semanal marcha de los jubilados, a las que se sumaron agrupaciones de hinchas de diferentes clubes el último 12 de marzo. Según fuentes parlamentarias, los senadores que impulsan la investigación "tomaron como punto de partida la información previa de una reunión de la SIDE y el Ministerio de Seguridad y la afirmación que el fotógrafo herido (Pablo Grillo) era militante político" (LPO 1/4/2025). En la Comisión Bicameral también llamarán a comparecer ante la misma a Ricardo Ferrer Picado, quien fue utilizado como fusible por el gobierno liberticida y lo eyectaron de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en donde ejercía el cargo de director. En su reemplazo asumió Ramiro Anzit Guerrero, que se encontraba trabajando para la Interpol en Lyon (LPO 1/4/2025) y es un viejo conocido de Bullrich, ya que fue miembro de la DNIC durante el gobierno de Mauricio Macri y fue uno de los autores del “Informe RAM”, un rejunte de artículos periodísticos que tenía como finalidad tildar de terroristas a las comunidades de los pueblos originarios. El 26 de marzo pasado, el Colectivo Nacional Mario Bosch, integrado por abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes contra la Humanidad, presentó una denuncia contra Bullrich, por la violación de derechos humanos en la marcha del 12 de marzo. https://politicaobrera.com/13850-denuncia-contra-patricia-bullrich Las críticas al protocolo represivo de Bullrich no son sólo vernáculas. Human Rights Watch, organización internacional de Derechos Humanos, ha puesto el ojo en el accionar del gobierno liberticida y ha manifestado que la puesta en práctica del protocolo antipiquete “facilita la violación de los derechos humanos”. El documento de la ONG hace referencia al hecho que dejó herido al reportero gráfico, Pablo Grillo, planteando que el disparo fue “en ángulo horizontal, contraviniendo estándares internacionales que establecen que la única forma segura de lanzar estos cartuchos es en arco, de manera que caigan al suelo a menor velocidad”. Si bien la organización de DDHH denuncia la represión, también realiza una justificación solapada de las acciones represivas, amparándose en los “estándares internacionales.” En el mismo documento se puede leer que “hay pruebas contundentes de que en varias ocasiones los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo” (Data Clave 4/4/2025). La ultrablindada, hasta el momento, Ministra de Seguridad ha sufrido un revés de propios y ajenos. Miembros del Senado como Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO y los libertarios Casar Treffinger y Facundo Correa Llano salieron a afirmar que no respaldaron la moción impulsada en Comisión Bicameral, pero según La Nación “durante la reunión nadie planteó reparos a las citaciones, por lo que en el acta correspondiente se consignó que fueron aprobadas por unanimidad” (La Nación 1/5/2025). Para decirlo en criollo, Bullrich y Neiffert son citados a comparecer con el aval de los libertarios y el PRO. El oficialismo liberticida no tenía la posibilidad de oponer otra salida y, al no tener senadores propios en ese cuerpo, “podría haber recurrido a los aliados Edith Terenzi, que responde a Nacho Torres, y Martín Göerling, que ingresó por Humberto Schiavoni y acredita cercanía a la propia Bullrich”, pero ambos se ausentaron con aviso (LPO 1/4/2025). Si bien no se puede depositar ninguna confianza en el Congreso de la Nación, la iniciativa de los senadores es la expresión de una profunda crisis política y el Senado se ha convertido en un acelerador de partículas, en donde se cocina todo tipo de trapisonda a espaldas de la población trabajadora https://politicaobrera.com/13872-el-senado-vota-en-contra-de-los-pliegos-de-lijo-y-garcia-mansilla . Serán los trabajadores los que picarán el boleto a Bullrich y a la pandilla libertaria que ocupa episódicamente el poder.

En materia de aranceles, de poco le sirvió a Milei su alineamiento sin condiciones con Donald Trump. A la Argentina le tocó el mismo 10 % que al resto de Latinoamérica, incluidos todos los nacionales y populares como Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. En la región, los únicos que sufrieron un castigo mayor fueron Venezuela y Nicaragua. En la gala de Los Patriotas Americanos, desarrollada en Mar a Lago -en la casa de Trump- en donde Milei recibió el premio León de la Libertad, el liberticida del sur desvarió sobre un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina al mismo tiempo que sufría un desplante por parte de Trump, quien después de jugar al golf se fue directo a su habitación sin pasar a saludar ni sacarse una foto. Mientras el resto de los países se prepara para hacer frente a los aranceles, Milei espera algún otro trato preferencial en sintonía al que obtendría del acuerdo con el FMI, del cual todavía se desconoce la letra chica. De lo que no caben dudas, es que “el libre comercio” es una idea que no existe en el universo Trump. Si todavía mantiene un trato diferencial con México y Canadá es por presión de la industria automotriz norteamericana, la cual se encuentra completamente ensamblada a través de las fronteras. Respuesta a los aranceles A pesar del desgaste de su gobierno, corroído por la devaluación del real, el miércoles Lula consiguió en la Cámara de Diputados 361 votos a favor de la Ley de Reciprocidad Comercial, que faculta al ejecutivo a tomar todo tipo de medidas sobre comercio exterior -incluso suspender concesiones e inversiones-. Antes, había logrado la unanimidad en el Senado con el apoyo de la bancada sojera. China ya respondió no sólo con aranceles análogos para productos norteamericanos, sino que presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra las medidas de Trump. Al mismo tiempo, Pekín ha impuesto nuevas restricciones a las empresas estadounidenses y a inversiones en ese país y, lo más relevante, ya inició reuniones para lograr un acuerdo de libre comercio con Japón y Corea del Sur. Consecuencias para la Argentina Las medidas de Trump generaron un derrumbe en las bolsas en todo el mundo. Más allá de los aranceles, a la Argentina la perjudicó la baja de los commodities como la soja y el petróleo. La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) decidió en una reunión intempestiva incrementar para mayo la producción en unos 400 mil barriles diarios que se suma al incremento de producción pactado para abril de 100 mil barriles diarios. Esto aceleró la caída del crudo y amenaza con hacer inviables todos los emprendimientos que impliquen el fracking -el cual es más costoso-, como Vaca Muerta, que viene sufriendo un abandono por parte de las multinacionales que están vendiendo sus participaciones en el país. Además, la devaluación del yuan amenaza la acumulación de las reservas argentinas, que están integradas en más de 60 % (USD 18.000 millones) por el swap de monedas con China. En las vísperas de los anuncios, Trump señaló que podía cambiar de idea si hay ofertas “fenomenales” de los países. Sobre China, fue bien específico y dijo que podía retrotraer las medidas si vendía Tik tok a un inversor norteamericano. A nivel general, lo que Trump pretende, además de la expulsión de los capitales chinos de su zona de influencia, es una negociación de la deuda de Estados Unidos con los tenedores de bonos para lograr plazos más largos -incluso a 100 años-. Una deuda perpetua de la que sólo pretende honrar intereses. En lo concreto, con la devaluación del dólar producida por los anuncios, ya está logrando el efecto buscado de la licuación de esa deuda pública. A Milei ya no le queda qué ofrecer. El enviado del Departamento de Estado para Latinoamérica de Donald Trump, Mauricio Claver Carone aseguró que, en el marco del acuerdo con el FMI, esperan que termine la línea de crédito que Argentina tiene con China. Traducido, no quieren que el dinero del FMI sirva para pagar vencimientos del swap . Esto implica una encerrona. Si no está incitando a la Argentina a que liquide el swap y se quede sin reservas, Claver Carone está promoviendo un default a China. Esta situación agudiza la crisis para el gobierno porque lo empuja a una ruptura con el segundo socio comercial de la Argentina. Sería un acto de vasallaje suicida semejante al que hizo Zelenski cuando se empecinó en formar parte de la OTAN y se metió en una guerra. Y esto viene a cuento para ver de qué manera se cobra las deudas y las lealtades Trump. El acuerdo con el FMI pretende imponer relaciones de dominación que en el pasado sólo logró con el desembarco de marines. No al pago de la deuda. Abajo el acuerdo con el FMI.

La 26° edición del BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) blanquea al estado de Israel e invisibiliza las voces palestinas. Es lo que denunció la cineasta española Alex Reynolds en una carta compartida en sus redes sociales y en la que retira del festival su cortometraje Horizontal. Lo hizo después de constatar que la programación lleva a la pantalla tres películas de origen israelí y especialmente un documental argentino que cubre los hechos del 7 de octubre. Este último (“7.10 Sur rojo”) es una pieza de propaganda sionista, como se concluye del visionado del teaser subido en la web de la Fundación Norma y Leo Werthein, una de las productoras junto a Aleph Cine (de Fernando Sokolowicz, presidente del sionista Centro Simon Wiesenthal) y Club Media. El teaser reproduce las mentiras del sionismo respecto a la incursión del 7 de octubre de 2023, como la supuesta decapitación y asesinato de bebés, noticia falsa replicada en todo el mundo que hasta el mismo gobierno estadounidense tuvo que desmentir. Tampoco menciona la rehabilitación de la “directiva Hannibal” y el asesinato de ciudadanos propios por parte del ejército israelí, como se desprende de investigaciones periodisticas de Ynet y Haaretz. Desde ya, no hace mención al genocidio perpetrado en Gaza ni a las ejecuciones y robo de tierras en Cisjordania, ni a los miles de secuestrados palestinos en cárceles israelíes. La proyección de ese documental contrasta con la ausencia de películas que cubran la causa palestina o de ese origen; es lo que denuncia Reynolds en su carta. Se trata de una constante de las últimas ediciones del festival: en las últimas seis se proyectaron 24 películas de origen israelí frente a dos de algún país árabe, como surge de los catálogos de esas ediciones. Esta realidad se suma al boicot de las salas de cine argentinas a la proyección del documental ganador del Oscar, “No Other Land”, que narra el desplazamiento y ocupación de territorio palestino en Cisjordania. Asistimos a una regimentación del cine y la cultura en función de la guerra imperialista y el genocidio. Al final de su carta, Reynolds recuerda que “la Corte Internacional de Justicia ha declarado a Israel responsable de ocupación ilegal, segregación racial y apartheid, y ha ordenado a todos los Estados que hagan lo posible para prevenir el genocidio que vemos diariamente en nuestras pantallas”. Finalmente, llamó a los trabajadores de la cultura a “hacer todo lo que esté en nuestras manos para detenerlo, dejando de normalizar el discurso que lo hace posible, aislando económica y culturalmente al estado de Israel”. Saludamos la integridad política de Alex Reynolds y, como bien denuncia, rechazamos la regimentación del festival en función del blanqueo al estado de Israel y el genocidio, además de la invisibilización de las voces palestinas en el BAFICI. Sumamos a su llamado a aislar económica y culturalmente al estado sionista, el llamado a emprender una lucha contra la guerra imperialista y el genocidio desde el arte y el cine independiente.

Cuarenta y ocho horas de Rock Nacional, cinco escenarios y 82 bandas fueron el arranque del Quilmes Rock 2025 en Tecnópolis. Todavía está muy caliente todo como para mirar por el retrovisor y encontrar los detalles, esos momentos que van a marcar las anécdotas en el público. Lo que sí ya está son las imágenes indiscutibles que van a marcar a la fecha y que interpelaron a los presentes en los shows y a los que lo siguieron por el Streaming. Tal vez la primera marca distintiva de este Quilmes fue la presencia de los Ex Combatientes de Malvinas en el escenario Rock, con la compañía de Flavio de Los Fabulosos Cadillacs, tocando el himno nacional que miles corearon. Minutos después sonó Capitán América en la apertura de Las Pelotas. “Memoria” fue la palabra que más veces resonó mientras los Ex Combatientes le hablaron al público a tres días de cumplirse otro aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas en 1982 y la respuesta desde el campo fue la consigna de antaño: “el que no salta es un inglés”. El homenaje tuvo lugar después del show de Dillom y se habían repartido banderas de Argentina con el logo de la cervecería, decenas de banderas nacionales flamearon en el estacionamiento de Tecnópolis donde estaban emplazados los escenarios principales. El mismo Dillom por sus posiciones públicas promueve que el público coree: “El que no salta votó a Milei”… en la misma línea es imposible disociar a Lali Espósito de su enfrentamiento con el presidente, aunque fuera invitada a cantar dos temas con ¡Miranda! El aplauso para la cantante superó el de sus propios seguidores. El domingo las listas de temas eran una declaración de la vigencia que tienen las denuncias postdictadura y del menemismo. “¿Qué importan ya tus ideales?/ ¿Qué importa tu canción?/ La grasa de las capitales/ Cubre tu corazón” fue el arranque del Homenaje a Serú Giran, de David Lebón y Pedro Aznar. Más tarde, mientras sonaba “No llores por mí, Argentina”, subió Trueno y un cruce de generaciones volvió a trazar la continuidad entre la canción de denuncia de Serú y el freestyle. En el escenario Geiser, Doppel Gangs subió con la remera de Juicio y Castigo de H.I.J.O.S minutos antes de que Los Fabulosos Cadillacs presentaran un show de 18 temas entre los que estaba Manuel Santillán, Quinto Centenario, Mal Bicho, Matador… uno tras otro temas que se convirtieron en himnos de protesta. El Quilmes Rock 2025 no se quedó callado sobre la situación social y económica por la que está atravesando el país. El próximo fin de semana 12 y 13 de abril se esperan 82 shows en el Festival Quilmes, nos queda esperar a ver cuál es la voz que surge de la sinergia entre los escenarios y el público.

Una de las agrupaciones integrantes de la conduccion de ADOSAC provincial y de Caleta Olivia, Tribuna Docente-Partido Obrero, ha circulado una declaración titulada “Respuesta a una crítica deshonesta” en la que atacan el balance de la huelga elaborado por la Lista Roja-Tendencia Docente Clasista de Caleta Olivia . En principio, para hablar de honestidad habría que preguntarse por qué el comunicado de Tribuna Docente-Caleta Olivia y los términos allí presentados -como que la paritaria firmada ha sido un “enorme triunfo” y que conquistó la “escala móvil de salarios” establecida por León Trotsky en el Programa de Transición- desaparecen de los balances publicados en el sitio oficial de su partido. Allí encontramos términos más modestos, como una huelga “que rompió los moldes”. Nos preguntamos entonces: ¿cuál es entonces el verdadero balance que tienen de la huelga de Adosac? “Que las bases decidan” Nuestros críticos nos tildan esencialmente de “mentirosos” y “desinformadores”. No somos nosotros quienes levantamos la huelga, nos dicen, “fueron las asambleas de base”. Preguntamos: ¿quiénes llevaron y mocionaron ante “las asambleas de base” que se aprobara la propuesta con la que finalmente se levantó la huelga? Pues la directiva de ADOSAC, integrada por Tribuna Docente. TD, que es parte de la conduccion provincial, la conducción local de Rio Gallegos, Caleta Olivia, Gobernador Gregores y la mesa de paritarios, se lava las manos respecto de cuál fue su posición en el desenlace del conflicto. Esta corriente de la nueva conducción de ADOSAC hace propio un argumento característico de la burocracia, que responsabiliza a “las bases” de la pasividad o la negativa a emprender una lucha consecuente. TD no se hace cargo de las consecuencias de su propia política. La paritaria salarial que la conducción apoyó La paritaria que Tribuna Docente y la conducción de ADOSAC llamó a aprobar incluye actualizaciones de un 1 % para abril, 2 % en mayo, 2 % en junio, 1 % en julio, 0,5 % en agosto, 1 % en septiembre y 1 % en octubre. A esto se suma la ´cláusula gatillo´ que el gobernador Vidal ya había propuesto en vísperas del inicio de clases como única oferta salarial, lo que fue rechazado de plano por todas las asambleas de ADOSAC subsiguientes, por considerarse insuficiente. Desde el punto de vista salarial, lo único nuevo de la oferta aceptada fue el adelantamiento de uno de los porcentajes ofrecidos. La recomposición sigue representando el 1 % mensual para el primer semestre. Es TD quien acusa falsa y deshonestamente a la Lista Roja por “desinformación”. La reivindicación de la “cláusula gatillo”, como si formara parte de una recomposición salarial que realiza Tribuna Docente, ya había sido rechazada por las bases, no solo a este gobierno, sino también al de Alicia K. La “cláusula gatillo” cobra sentido cuando es precedida por una recomposición salarial, que es lo que reclamaban todos los docentes de Adosac. En nuestro caso, el gobierno pretendía aplicarla sobre salarios de pobreza y previamente devaluados en una magnitud estimada en el 50 %. En esas condiciones, simplemente se consolida el despojo salarial previo. Es, por lo tanto, la política que Milei-Caputo aplican de un modo general sobre jubilados y estatales e incitan a las patronales privadas -Secretaría de Trabajo mediante- a homologar. Después de haber derrumbado los salarios con el cimbronazo inflacionario del primer trimestre de 2024, los liberticidas aplican la política “del 1 % mensual” y es la cláusula que “gatilla” el hambre, ya que lo cristaliza a perpetuidad. Trotsky propugnaba la escala móvil de salarios como arma de lucha contra la carestía de la guerra en ciernes; Tribuna Docente -la actual Tribuna Docente- presenta como conquista a la escala móvil de Milei-Vidal, que perpetúa los salarios de indigencia. La paritaria salarial que se firmó consagra, según lo afirmado por la propia ADOSAC y Prensa Obrera, “salarios que siguen siendo muy bajos en relación con el costo de vida”, es decir, de POBREZA, lo cual está tasado en Caleta Olivia en unos $1.400.000, mientras que con la paritaria firmada el salario docente inicial de marzo, sin antigüedad, pasará de $886.498 a $915.000. Pasando en limpio entonces, la oferta salarial NO DEBÍA APOYARSE, pero esto fue lo que hicieron Miguel Del Plá y Tribuna Docente. El carácter negativo de esa oferta lo pusieron de manifiesto parte de los referentes de Tribuna Docente de Caleta Olivia que, en la asamblea local de Adosac, apoyaron la moción de rechazo que presentó la Lista Roja y no hicieron en sus intervenciones ninguna defensa ante la oferta salarial. Tribuna Docente, Prensa Obrera y toda la conduccion de Adosac dicen que la huelga había llegado a punto final, porque se debieron enfrentar otros ataques y provocaciones del gobierno, como amenazas de descuentos, un proyecto de retorno del presentismo y conciliaciones obligatorias. También el reclamo contra el cierre de cursos, por la finalización del Acuerdo 052. Todo ello es, por supuesto, motivo de una consideración al momento de continuar una lucha y, en nuestro entendimiento, teníamos las reservas para perseguir la mejora salarial. Nos apoyamos en el ascenso del movimiento, en las movilizaciones cada vez más multitudinarias y en el sostenimiento de la adhesión al paro en un 85 %. En cambio, Del Plá, Tribuna Docente y compañía, acompañaron la paritaria salarial de Vidal porque, textualmente “siguió el hilo de nuestra contraoferta” . Es decir, “nos dieron lo que estábamos pidiendo”. No propusieron levantar la huelga en función de las fuerzas y reservas de lucha, sino porque, según ellos, el Gobierno ya había arrimado el bochín lo suficiente a lo que ellos mismos estaban planteando. La explicación de ello se encuentra en el propio programa de la directiva de ADOSAC frente a la huelga: “ACERCANOS A LA LINEA DE POBREZA” fue el lema de la conduccion en todo el conflicto, en oposición a reclamar un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, todo al básico y sobre ello una actualización automática. Estamos ante una profunda adaptación a la confiscación del salario, que hace suyos los topes impuestos por el Estado. Solo una dirección enceguecida por su autoproclamación y la supervivencia de aparato puede presentar como la “mejor paritaria del país” a aquella que no logra sacar a los trabajadores de la línea de pobreza y, peor aún, criticar a quienes proponemos otro camino y planteos para el desarrollo de la lucha. Es por ello y para finalizar, que queremos señalar que nuestra corriente no ha sido “crítica” de la conducción por pedir un salario “cercano a la pobreza”, sino que ha intervenido en tiempo real en el conflicto para apuntar hacia la conquista de un salario que cubra el costo de la canasta familiar y, en función de ello, preparar una huelga general. Bajo esta perspectiva seguirá interviniendo nuestra agrupación en ADOSAC.

El viernes 4 de abril se llevó adelante la movilización convocada por el SUTNA San Fernando al Ministerio de Trabajo delegación Tigre, para ratificar las denuncias contra los despidos ilegales y aprietes promovidos por la patronal de FATE, cuyo objetivo es imponer un cambio de sistema de trabajo que redundará en un aumento de la tasa de explotación y una recomposición de la tasa de ganancia de la empresa. Este nuevo sistema de trabajo fue militado con fervor por el aparato del Partido Obrero y la directiva del SUTNA, que firmó un pre-acuerdo a fines de 2024 con Madanes Quintanilla y dos Asambleas Generales de fábrica lo rechazaron en forma contundente. De la movilización participaron compañeros despedidos y activos de FATE, delegados y directivos de las seccionales de Bridgestone y Pirelli, todas las agrupaciones sindicales que actúan en la vida fabril de FATE, excepto la agrupación Violeta dirigida por el burócrata Waseijko devenido en Gerente de Astilleros Río Santiago. También acompañaron la movilización Política Obrera, el FITU, SUTEBA Tigre, la CTA A y delegados del frigorífico Rioplatense. La patronal de FATE mandó a la audiencia a una tercera línea. Rechazó “categóricamente todas las imputaciones realizadas en la denuncia presentada por el SUTNA por inexactas e improcedentes” y, sin temor al ridículo, niegan “cualquier conducta reñida con el ordenamiento legal”, a pesar de la abundancia de pruebas (mails enviados a los trabajadores, despidos ilegales, etc.) que dan cuenta de una campaña de aprietes para imponer un cambio del sistema de trabajo. Por su parte, el SUTNA ratificó todo “lo expresado en la denuncia en todos sus términos” y le reclamó a la patronal “certidumbre y soluciones”. En síntesis, lo único concreto que arrojó la audiencia ministerial es una nueva cita para el próximo 11 de abril. Mientras FATE arremete con despidos ilegales y el conjunto de las patronales promueven, en la negociación paritaria, la destrucción del salario ofreciendo “aumentos” de salarios por debajo de la inflación, Bridgestone y Pirelli impulsan aumentar la explotación de los trabajadores sin reclamar, por ahora, ningún cambio en los sistemas de trabajo. En Pirelli, por ejemplo, la patronal eliminó uno de los cuatro grupos de trabajo (Grupo B) y puso en funcionamiento máquinas que estaban paradas con el fin de lograr la misma producción que obtenía cuando había cuatro grupos, pero con menos trabajadores. En Bridgestone la patronal imita el camino de Pirelli -o viceversa- para lograr su objetivo estratégico, con o sin aprobación del PPC: más y más productividad para “salir” de la crisis. La salida pergeñada por el conjunto de las patronales del neumático ahondará la destrucción de la fuerza de trabajo, arrasando con su salud y salario. Al finalizar la audiencia, hicieron uso de la palabra José Meniño, secretario Ejecutivo SUTNA San Fernando, algunos compañeros despedidos y Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA. Meniño agradeció la concurrencia a las diversas organizaciones presentes, informó lo acontecido en la audiencia y anunció la adhesión del SUTNA al paro convocado por la CGT desde las 12 horas del miércoles hasta las 06 horas del viernes 11. Por su parte, Crespo planteó que la empresa es quien tiene espaldas para afrontar la crisis y los trabajadores no, en consecuencia, dijo, “es la patronal quien debe dar soluciones”. Destacó que las soluciones están y que hay salida para afrontar los despidos y la crisis. También pre-anunció “una acción de masas” que revertiría la situación actual en favor de los trabajadores, pero no ofreció un programa político, ni un plan de lucha, como lo viene evitando desde el comienzo de la ola de despidos. La próxima Asamblea General del Neumático convocada para el 15 de mayo será una ocasión para salir del desangre de los despidos y del empantanamiento en que se encuentra la dirección sindical .

El fin de semana, la empresa agroexportadora Vicentin anunció el cierre de sus dos únicas plantas operativas en Avellaneda y Ricardone, ubicadas en el norte y sur de la provincia de Santa Fe, respectivamente. La empresa alega que esta medida se debe a que no pudieron renovar los contratos de "fasón" —acuerdos para procesar granos de terceros— y que, por lo tanto, ya no tienen cómo continuar con la producción. Asimismo, anunciaron que no podrán hacer frente al pago de los sueldos de marzo de los trabajadores de la firma, de los cuales dependen más de mil familias, cuyas fuentes de trabajo quedan en total incertidumbre. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció ayer que brindará ayuda a los trabajadores afectados, pero aclaró que no saldrá al rescate de la empresa, ya que Santa Fe "no es un Estado comunista, donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa". Frente judicial El "cierre seguro" de Vicentin ocurre en un contexto muy especial, caracterizado por varios golpes judiciales al directorio de la empresa en diversas causas. El primero de estos sucedió en febrero del presente año, cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió anular la homologación del acuerdo preventivo. La decisión se fundamentó en que la propuesta vulnera el principio de igualdad entre los acreedores. Ante esto, Vicentin presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que sea este órgano quien tome la decisión final. Hasta que esa resolución llegue, el fallo del máximo tribunal santafesino queda suspendido y la homologación sigue vigente. En medio de todo el conflicto legal, sorpresivamente, en las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó allanamientos en veinte lugares distintos de Santa Fe y Buenos Aires. Asimismo, dictó prisión preventiva por 120 días para Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, ex ejecutivos y directivos de primera línea de la agroexportadora. Los mismos están acusados de administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita, junto a otras 15 personas. La investigación reveló que los directivos habrían armado una estructura financiera para desviar fondos de manera sistemática mientras la empresa ya se encontraba en crisis. Lo habrían hecho a través de triangulaciones con empresas satélites y la emisión de facturas apócrifas que, según estimaciones oficiales, llegaron a superar los 6.000 millones de pesos (El Cohete a la Luna, 6/4). En conferencia de prensa, el fiscal Moreno detalló: “Las conductas que verificamos hace unos tres años en aquella imputación se siguieron desarrollando en el tiempo y muestran un modus operandi: la asociación ilícita mutó de tener como objetivo obtener ganancias ilícitas o defraudar y administrar fraudulentamente, a consolidar el provecho del delito y obtener impunidad para los integrantes”. A modo de pincelada que ilustra los vínculos de Vicentin con el poder, el ex titular de la AFIP, quien está declarando como arrepentido en una causa en la que se lo imputa, admitió que benefició a la empresa cerealera al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (La Nación, 19/3). Con todo este panorama lleno de desvíos de dinero está más que claro que la solvencia de la empresa no está en riesgo. Con la "manzana rodeada" por la Justicia, la "bajada de palancas" de Vicentin busca presionar a la Justicia para que vote favorablemente la homologación del concurso de acreedores y poner un freno a la investigación. Es la estrategia de una dirigencia adicta a las maniobras fraudulentas, que se ampara en el Estado para sobrevivir. La única medida que asegura la continuación de los puestos de trabajo es la expropiación si ningún tipo de indemnización por parte de los trabajadores de Vicentin.

En una escuela secundaria de Maschwitz, en el partido de Escobar, una alumna había armado un grupo de WhatsApp para organizar una masacre en el edificio escolar. En General Rodríguez, en el patio de una escuela, tres chicos de entre catorce y diecisiete años le propinaron una violenta golpiza a un cuarto, por haberse negado, este último, a convidarles golosinas; el niño agredido, de doce, tiene hundimiento de cráneo. En Godoy Cruz, en Mendoza, un chico de trece años denunció haber sido físicamente abusado por tres compañeros en horario de clase. Todos estos hechos (dos de los tres en la provincia de Buenos Aires) ocurrieron entre fines de marzo y principios de abril: es decir, a menos de un mes de comenzadas las clases. El factor común que salta a la vista es la baja edad de los involucrados y la pertenencia a la misma comunidad educativa. Por otro lado, y lamentablemente, no faltan antecedentes. En cuanto a los tiroteos, en la Argentina ha habido casos. En Carmen de Patagones, en el 2004, en el Instituto “Islas Malvinas”, un joven de quince años abrió fuego contra sus compañeros, dejando cinco heridos y tres muertos. En 2000, en una escuela de Rafael Calzada, un estudiante de diecinueve años mató a un compañero, e hirió a otro, con un arma de fuego. En 1997, en otra escuela de Buenos Aires, un chico de catorce años mató a otro de un disparo, con el arma de su padre gendarme. Todos fueron hechos sorprendentes desde la idea de que eso sólo ocurre en la sociedad norteamericana, donde la masacre de Columbine llevó a Michael Moore a acercarse al problema con su afamado documental. En la gran mayoría de esas explosiones, la motivación está vinculada con el bullyng o acoso escolar previo, donde la víctima desata su frustración y su ira a tiros, en clave de venganza, llevando la violencia preexistente a una apoteosis. Pero la emergencia de casos que escapan al uso de armas de fuego y que se desarrollan como una “mera” expansión de violencia de unos alumnos hacia otros, muestra que estamos también ante casos de aquel bullyng, exacerbado, y de una violencia juvenil que se expresa eventualmente en el ámbito escolar, como se ha expresado, por ejemplo, en el universo del “boliche” y de “la noche”, en el caso de los rugbiers asesinos de Villa Gesell. En la medida en que estos destellos de violencia derivan en la delincuencia juvenil, las únicas respuestas de las autoridades son más patrulleros (y gatillo fácil) y la remanida baja en la edad de imputabilidad. Ahora bien. Como docentes con una posición política clasista (quien suscribe es un trabajador de la educación en la provincia de Buenos Aires) no nos interesa hacer una lectura “sociológica” de este grave problema, sino señalar, desde un punto de vista político, algunas aristas. Lo primero que hay para decir es que los ataques de estudiantes contra otros estudiantes replican en cierta medida otros tipos de violencia dentro de las escuelas, como los ataques de padres hacia maestras o profesores (como reverberación de otras violencias previas o concomitantes). Por otra parte, la escuela es un crisol que refracta las problemáticas que afectan a las familias de estudiantes y docentes. En el contexto inmediato estalla la crisis de ingresos bajo una inflación que no se detiene pese a los dichos oficiales: los precios son agobiantes respecto de los salarios derrumbados y prácticamente congelados. Ello a la par de límites fenomenales para miles de familias trabajadoras, como puede ser el acceso vedado a la vivienda propia. A todo lo cual hay que sumar una crisis de infraestructura en el plano, por ejemplo, de la salud en todas sus ramas, especialmente la que atiende un aspecto sensible para la misma crisis: la integridad emocional. Los centros distritales de atención a la salud mental colapsados por la demanda, en la salud pública; así como los recortes en la educación especial en el ámbito de la escuela pública, son dos de los aspectos más visibles –y no menos violentos– de la crisis general. Estas importantes dimensiones de la vida social, la educación y la salud, se ven entonces gravemente afectadas en su funcionamiento, e incluso, en el sentido mismo de su existencia. Así, el sentido de desarrollo social vinculado a la escuela ha sido torpedeado por los Estados de todos los gobiernos desde hace décadas, y el sentido hallado en las escuelas por las perforaciones de la crisis del 2001, el de la “contención”, se encuentra hoy en un agudo entredicho, como asimismo la índole de contención social propia del ámbito de la salud pública. Por supuesto esta ruina no amanece con el mileísmo ni es de generación espontánea, ni debe ser considerada una especie de “acaecimiento” inexplicable o una “evolución natural” propia de “las cosas”. Es el efecto concreto de políticas concretas desarrolladas por los sucesivos gobiernos y sus coexistentes Estados nacionales y provinciales. Kicillof, verbigracia, no puede culpar a Milei de los vacíos de su administración, no sólo porque gobierna la provincia más rica de la Argentina, sino porque su espacio político ha sido hegemónico en ese distrito electoral por treinta y ocho años desde la caída de la dictadura cívico/militar. Si es que de verdad podemos descontar los cuatro años en que Vidal fue gobernadora, y no considerar que el peronismo cogobernó con el macrismo puesto que este era minoría en la Legislatura provincial (replicando con ello la situación nacional, donde el justicialismo le votó ciento diez leyes a Macri). Hoy, la ecuación es la contraria: el justicialismo es mayoría en la provincia, y sin embargo (y por ello mismo) funciona como la cinta de transporte del ajuste nacional en la provincia de Buenos Aires. La gigantesca crisis política y económica que a su vez afecta al capitalismo mundial, y que se expresa, por ejemplo, en la guerra en Europa (con ribetes mundiales), en el genocidio que el Estado sionista realiza en Gaza, en el hervor neofascista a ambos lados del Atlántico, degrada las relaciones (sociales, económicas, familiares, etcétera) en todos lados, por los vasos comunicantes, entre otros, de los ajustes locales (nacionales y provinciales). Así, aquella “política concreta” a que nos referíamos en un párrafo anterior, tampoco es “arbitraria” o “antojadiza”. Es decir que sus efectos “ruinosos” no son una consecuencia “indeseada” de una política, por caso, “malograda”. Se busca, por ejemplo, la “ruina” en la educación, para finalmente privatizarla, y en el camino sacarle el mayor jugo posible a los trabajadores por los mismos dos pesos. En Santa Fe, Pullaro ya ha logrado (por el momento) imponer la reforma previsional para los docentes. En la Educación de Buenos Aires, la tormenta de ataques entre los que podemos citar la miseria salarial, el intento de meter la “esencialidad” en la educación (es decir, la abolición del derecho a huelga) y la reforma (anti) educativa en secundaria, muestra que la motosierra en las manos de Kicillof tiene un funcionamiento feroz y más violento que el implícito en las emergencias de episodios entre estudiantes, en la medida en que es políticamente consciente y detenta el monopolio de la fuerza del Estado. Otro tanto ocurre en la salud, con recursos recortados o vaciados, y los salarios de médicos, enfermeros y auxiliares por el piso. Y el ataque se multiplica en los hogares de los trabajadores en general. Así como la lucha por los jubilados debe articularse también en la lucha por las condiciones laborales de los trabajadores en actividad, la lucha contra la ruina social debe articularse en esa misma lucha por las mismas condiciones de vida. Y visto que las dirigencias sindicales están embarcadas -cada vez con menos disimulo- en los proyectos políticos de los representantes de la burguesía, como los Milei, los Pullaro, los Kicillof y compañía, los trabajadores de las comunidades educativas debemos organizarnos en autoconvocatorias, con la mayor conciencia política posible, para ir por la conquista de todas nuestras reivindicaciones, incluida la de un gobierno propio.

Lo único que se supo de Javier Milei, después de la guerra internacional desatada por los anuncios de Trump, es un tuit donde se ufana de la “fortaleza argentina” para enfrentar la crisis a causa de su “superávit fiscal y financiero”. Si esa fuera una razón suficiente, entonces Milei se vanagloria de un fraude o un dibujo contable, porque el Tesoro no contabiliza los intereses generados por la deuda pública que le transfirió el Banco Central y que se acumulan para ser cancelados a su vencimiento. Ese “dibujo” se extiende a las obras públicas canceladas o postergadas, incluso con fondos de organismos internacionales. En cualquier caso, un superávit en pesos no resuelve la crisis de reservas internacionales, que arrasa con los dólares que compra el Banco Central y con una parte de los depósitos privados. Para aplacar ese drenaje, el Fondo Monetario reclama una devaluación. Pero la devaluación haría saltar la carga de intereses de la deuda pública en pesos que se ajusta con el dólar y enterraría sin atenuantes al pretendido “equilibrio fiscal”. La “macro ordenada”, que pregonan los economistas del gobierno y otros, no tiene de dónde agarrarse para no caer. A la luz de este cuadro de situación, es un absurdo preguntarse si es la crisis mundial la que “va a afectar” a la economía de Milei-Caputo. El plan liberticida estaba agotado antes de la guerra de Trump, por el peso extraordinario de la deuda pública argentina y las condiciones de una crisis mundial que ya se encontraba en desarrollo (el precio de litio, una de las esperanzas de inversión de Milei y de varios gobernadores, se desplomó de los 80.000 a 12.000 dólares en el curso de un año). El pedido de un nuevo acuerdo y un préstamo extraordinario del FMI es la mayor confesión de esa crisis previa. En la línea de flotación Lo que la crisis mundial ha conseguido es colocarle los últimos clavos al cajón del plan Caputo. Ese plan le había ofrecido a los acreedores de deuda una monumental confiscación social como garantía de pago de la deuda pública, para revalorizar su cotización y conseguir luego una refinanciación internacional. Pero esa operación es inviable cuando el “riesgo país” supera los 1.000 puntos. Cualquier operación de crédito, en estas condiciones, tendría lugar a tasas de “defolt”. El banco de inversión Morgan Stanley acaba de retirar a los bonos argentinos de sus recomendaciones de inversión. El préstamo del FMI, concebido como un puente hacia ese financiamiento privado, ha perdido su sustento estratégico, más allá de la postergación de vencimientos con el propio organismo o la solicitud de fondos frescos. La caída de los precios internacionales de la soja y el petróleo, por un lado, y la devaluación de las monedas asociadas al comercio con Argentina, por el otro, han reforzado las presiones devaluatorias. La COPAL -la central patronal de los monopolios alimentarios- acaba de reclamarle al gobierno un arreglo con el gobierno de Trump, que exima a sus exportaciones de los aranceles extraordinarios y, a la vez, elimine limitaciones a las importaciones del norte -con las consecuencias del caso para otros sectores capitalistas. Pero lo que unifica a unos y a otros, a los que exportan y a los que sufren la competencia importadora, es el reclamo de una devaluación. En el interín, las mismas empresas han acelerado sus remarcaciones en el mercado interno, y la inflación de marzo y abril amenaza con volver a superar el 3% -incluso con la evidente distorsión que ofrecen los índices de precios. Los liberticidas quieren enfrentar ese rebote inflacionario con importaciones y la elevación de la tasa de interés, agravando una recesión industrial que en la mayoría de las ramas nunca fue superada. Reordenamiento político La crisis mundial llega cuando el andamiaje político del gobierno liberticida también se queda sin nafta. El operativo dirigido a nominar a la futura Corte terminó naufragando en el Senado. Después de bochar a Lijo y a Garcia Mansilla, el macrismo y el pejotakirchnerismo reclaman participar en la nominación de los nuevos miembros del máximo tribunal. En el caso del macrismo, ese pedido se extiende a la conformación de una alianza para las próximas elecciones bonaerenses. El intento de blindar a un gobierno en crisis es compartido por el FMI, como garantía política del acuerdo y el préstamo que se negocia en estas horas. Milei quiere correr en el tiempo esta presión política, a la espera de conseguir un resultado favorable en las elecciones nacionales. Pero la crisis mundial les ha detonado mucho antes. La deliberación en la burguesía frente a esa crisis se ha trasladado a todos los bloques políticos. A quien quiera escucharlo, Macri reclama el fin del cepo y la devaluación. El peronismo marcha a afrontar las elecciones en su distrito estratégico en medio de una verdadera implosión -Kicillof, Cristina, Moreno, intendentes. La guerra comercial y la crisis del plan Caputo han desatado en diferentes círculos el reclamo de nacionalismo o proteccionismo económico –“hagamos lo de Trump en Argentina”, acompañado del planteo devaluatorio. La burguesía que reclama ese viraje defiende a muerte una política de salarios planchados, que fogonea con despidos y cambios contra el régimen laboral con el concurso de las burocracias sindicales. Naturalmente, también apoyan el rescate de la deuda pública, de la cual también son acreedores. Para la clase obrera, atarse a este bloque antiobrero revestido con preocupaciones “nacionales” constituiría un cepo nefasto para sus aspiraciones sociales y políticas. Necesitamos responder al derrumbe del plan Caputo y a la guerra mundial con una política propia. Lo que plantea un programa por la recuperación del salario y las jubilaciones confiscados por los liberticidas, el repudio de la deuda usuraria, el control obrero de la producción, la banca y el comercio exterior y la unidad obrera internacionalista y socialista contra los gobiernos que nos llevan a la guerra.

El 93° plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reunido la semana pasada en San Luis, fue un muestrario de la gravísima situación que viven las universidades argentinas bajo el gobierno de Milei: rebaja presupuestaria, 80% de retraso salarial de sus trabajadores, desmantelamiento del sistema de becas, hundimiento del sistema científico, y un largo, larguísimo etcétera. También fue representativo de la completa desorientación del conjunto de las camarillas universitarias en la etapa actual de la crisis política nacional. Luego de un año 2024 que puso a la Universidad pública en la calle, movilizada como nunca antes y con un apoyo popular enorme, los rectores fracasaron en el más que mínimo objetivo de contar con un presupuesto propio para poder funcionar este año. Ese es el objetivo que se habían propuesto el año pasado, luego de sabotear la enorme lucha estudiantil. El año lectivo 2025 los encontró negociando fondos, uno por uno, o por bloques, con el gobierno mileista. En el documento del plenario tuvieron que denunciar, no obstante, que el gobierno incumple con lo que acuerda. El CIN le reclama ahora un ámbito que permita abordar “responsablemente” los problemas y ratificó su voluntad de diálogo, o sea, de no ir a ninguna lucha como la del 2024. Es una perspectiva inviable, toda vez que el gobierno ha entrado en un proceso de bancarrota y está negociando un salvataje del FMI, que exigirá mayores ajustes también en el campo educativo y que, de todas maneras, no podrá rescatar a Milei del derrumbe global que se ha desatado con las medidas de Trump de la semana pasada. En paralelo al documento sobre la situación universitaria, el plenario emitió un comunicado reivindicando la soberanía argentina sobre Malvinas pero que no dice una palabra del acuerdo colonial que el gobierno promueve y el Congreso aprobó con el FMI. Un saludo a la bandera que, sin embargo, marca claramente los límites de la soberanía que están dispuestos a reclamar los rectores. El llamado a la pasividad que realizó el plenario del CIN contó con el visto bueno de las burocracias sindicales universitarias y de la FUA, que fueron a San Luis a ratificar su sumisión a los rectores y a su política. La completa falta de independencia de los rectores de parte del Frente Sindical Universitario, es lo que explica que, ya entrado abril, todavía no haya un plan de lucha de ninguna de las federaciones. Los rectores se reservaron, por las dudas, una carta por si un proceso de lucha logra irrumpir al margen suyo: constituir una comisión ad hoc para elaborar un proyecto de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. Esto les funcionó parcialmente el año pasado y lograron engañar incluso a sectores del activismo combativo y la izquierda en torno a esa propuesta. Muy pocos fueron los sectores que denunciaron, de entrada, el alcance estratégico de esta maniobra que ahora intentan repetir. La presidencia del CIN volvió a manos del rector de La Pampa, Oscar Alpa, quien fue funcionario del último tramo del gobierno de Alberto Fernández, acompañado ahora por el rector de la Universidad de Rosario, Bartolacci, que es un firme impulsor de la agenda antieducativa del CIN (los siete puntos) y de la política de “pacificación” represiva en Rosario. El presidente saliente, Morinigo, quien “comandó” la ‘revuelta’ universitaria de 2024 contra el gobierno de Milei, será ahora candidato a diputado provincial en San Luis por la lista de Poggi, una colectora mileista. No hay remate. Con la conducción de los rectores, la universidad no va a ningún lado. Hay que abrir otro camino por medio de las autoconvocatorias y la huelga y manifestaciones masivas.

El tarifazo arancelario desatado por Trump contra ‘el resto del mundo’ tiene todas las características de una declaración formal de guerra, en especial contra China y su periferia en el Sudeste de Asia. La amenaza de imponerle tarifas superiores al ciento por ciento si Pekin ejecuta la represalia de elevar al 64% los aranceles a la importación desde Estados Unidos, constituye un atentado a la estabilidad social y política de este país. Interpelado acerca de cuál sería la respuesta de Estados Unidos al planteo del gobierno de Vietnam, uno de los países más golpeados por la guerra tarifaria de Trump, de reducir a cero los aranceles que gravan a las importaciones norteamericanas, el asesor de Trump, Peter Navarro, redobló las amenazas: dijo que el gobierno norteamericano exige a Vietnam anular todas las barreras no arancelarias y de otro carácter y abandonar su condición de plaza tercerizada de las exportaciones de China. Este belicismo extremo se aplica a un país en el cual la Cámara Americana de Comercio (AmCham), que reúne a compañías como Intel, Apple, Boeing o Nike, reclama una moderación de los aranceles impuestos por Trump. El gran punto de choque lo constituye la intención de Trump de romper el monopolio de la refinación de las “tierras raras” por parte de China (una variedad de minerales absolutamente esenciales para la tecnología moderna) –un 90% de la refinación mundial. China es, al mismo tiempo, la mayor productora -un 60% por ciento. Trump busca explotar una tendencia económica real, como es el agotamiento de las cadenas de producción y de valor internacionales, como lo demuestra un dato explosivo: la inversión extranjera en China, que llegó a los 90 mil millones de dólares, en 2022, ha caído a cero, en 2024. Las razones de esta crisis tienen que ver con la tasa de beneficio decreciente de esas cadenas para quienes controlan el producto final, debido al crecimiento de la parte de valor que producen las empresas tercerizadas de diversas naciones. Tienen que ver, por sobre todo, con la necesidad, especialmente de Estados Unidos, de terminar con la dependencia externa de suministros industriales estratégicos e incluso corrientes, cuando los grandes Estados, y en particular Estados Unidos, se preparan en forma activa para la guerra . La ofensiva de Trump, sin embargo, responde a otro gran factor menos visible. Es una reacción a la tendencia a una crisis financiera de gran envergadura en Estados Unidos . Desde la bancarrota de 2007/8 y luego con la pandemia, la economía norteamericana ha acentuado su endeudamiento nacional, tanto público como privado, como internacional. Un número creciente de empresas estadounidenses -arriba del 30%- revisten en la categoría de “zombies”, porque sus ingresos no cubren el pago de los intereses de sus deudas. El Estado ha contraído una deuda pública de 34 billones de dólares, que cobra intereses de un billón de dólares por año. Semejante hipoteca ha puesto en crisis la hegemonía del dólar y de las instituciones financieras establecidas. No debería sorprender, en este cuadro, que la represalia mayor que China guarda en su arsenal es la venta de los títulos de deuda de Estados Unidos, del cual es el principal acreedor internacional. El centro de la guerra financiera y de la guerra misma es el destino del dólar. China ha comenzado a vender deuda norteamericana hace un tiempo, pero no se ha privado de hacerlo en estos días de derrumbe extremo. El ascenso mundial de Estados Unidos, desde la primera guerra, se manifestó en su condición de acreedor mundial; desde antes de los años 70 del siglo pasado ha comenzado a convertirse en el principal deudor en esa arena. El derrumbe bursátil que provocó el tarifazo trumpista (una pérdida de valor accionario de 5.6 billones de dólares) no cayó de un cielo sereno. “El shock del mercado de valores -dice un historiador económico- expresa una variedad de desarrollos; ‘el final del boom de las grandes tecnológicas’, que ya pasaron, como ha ocurrido con Nvidia, por varios desplomes: ‘el pesimismo sobre las perspectivas de varias firmas globales; la sombra permanente de una recesión; y Trump 2.0”. No se menciona aquí la gran crisis de los bancos regionales a comienzos de 2023 , que obligó a un rescate general de la Aseguradora de Depósitos bancarios . Más recientemente, un retiro de fondos de Japón tuvo esos mismos efectos financieros. A esto debe añadirse que las ganancias corporativas alcanzaron su punto más alto desde los años 50, del orden del 14% del PBI. Un orden elevado de ganancias es un prólogo al derrumbe, porque ha sido acompañado por un ciclo intenso de crédito y de desarrollo de capital ficticio (en los papeles, sin contrapartida real). El desplome provocado por los anuncios de Trump dejó en evidencia el enorme apalancamiento con los grandes bancos de los fondos de garantía (hedge funds), que manejan billones de dólares. Es así como los bancos han salido a reclamar que los fondos salgan a cubrir las garantías por las compras bursátiles a crédito. El monto de esta cobertura ha sido catalogada como “la mayor de la que se tengan registros”. La amenaza de incumplimientos podría ser elevada. Para conseguir cobertura, los fondos han vendido una fuerte tenencia de activos en su poder, creando una espiral bajista en todos los mercados. La venta de activos de los “zombies”, a su vez, ha llevado la tasa de interés en esta área del mercado al 20% anual. Para sorpresa de algunos, debido a la necesidad de dólares en efectivo, el oro perdió el 2.9% de su cotización, cuando la expectativa era la contraria, tratándose de un refugio de valor. Las Bolsas europeas y asiáticas cayeron con fuerza -en especial las de Shanghi y Hong Kong. Quienes se deshicieron de las acciones, han buscado refugio en la deuda pública estadounidense, que cuenta con garantía del Tesoro y del Banco Central. Esto ha reforzado la tendencia a una recesión, con un pronóstico de crecimiento de alrededor del cero por ciento anual para el PBI norteamericano de 2025. Con el pretexto de que el costo del tarifazo internacional es considerado ‘sostenible’, los llamados para que Trump no siga avanzando “hacia el abismo”, como se lee en la prensa financiera, son desoídos por la camarilla del magnate. El “tarifazo”, por añadidura “recíproco” (o sea que tiene un alcance mayor al solo arancel), deberá desatar un periodo de aumento de precios, de encarecimiento y de inflación. La crisis alcanzará entonces a la deuda pública, porque su rendimiento real se convertirá en negativo. Se abrirá una crisis monetaria; la fuga de la deuda pública afectará al dólar. Una fuerte suba de la tasa de interés para detener la salida del dólar impulsará una deflación mortal para una clase capitalista superendeudada. El Tesoro dejaría de ser un refugio para el dinero que se retira del mercado de acciones. La fuga del dólar amenaza provocar una guerra monetaria. La guerra ‘geopolítica’ se desarrolla en un marco de crisis de acumulación capitalista internacional. La interconexión con las crisis políticas, guerras y sublevaciones de masas dominará el período próximo. Una lección que se impone, en este escenario, es la siguiente: el ascenso capitalista suscitado por las restauraciones capitalistas hace casi medio siglo, ha dado paso a una dislocación capitalista extraordinaria. El límite del capital es el capital mismo. Todo lo que parecía sólido se disloca en el aire. Este es el punto de partida irreversible de una política y una acción revolucionaria. LEER MÁS: La mega arancelización de Trump es una declaración oficial de guerra en todos los planos La contradicción entre los Estados nacionales y las fuerzas productivas internacionales. Por Jorge Altamira, 03/04/2025.

Amir Rabee, un chico de 14 años, fue asesinado en Turmusaya, una pequeña localidad en Cisjordania. Dos balas en el corazón, dos en la cabeza, dos en la espalda. Profesionales, los genocidas. También hirieron a dos de sus amigos, de 15. El crimen sucedió el lunes, en medio de la huelga general en solidaridad con Gaza que paralizó todo en Cisjordania menos a los soldados y a los colonos. “Trump permite lo que está pasando. Apenas asumió el cargo eliminó las sanciones que su país había impuesto a los colonos”, dice el padre de Amir que, como su hijo, tiene doble nacionalidad palestino-norteamericana. El 22 de marzo, Cisjordania fue informada de la muerte en prisión de Walid Ahmed, un chico palestino-brasileño de 16 años. Cuando lo secuestraron en su propia casa, en setiembre, Walid era un deportista con numerosos trofeos en Cisjordania y en el exterior. La primera causa posible de la muerte es la inanición; la autopsia dice que “presenta signos de falta de alimentos, pérdida de masa muscular y grasa, colitis y sarna”. Lo acusaron de tirar piedras a los soldados, una muletilla frecuente para detener menores. Nunca permitieron que su familia lo visitara, y en seis meses lo mataron de hambre. “Distintas organizaciones humanitarias tanto israelíes como palestinas dan cuenta de esa realidad en las prisiones en Israel y en los territorios ocupados a diario”, informa El País (6/4). Según el rastreador en vivo de Al Jazeera, desde que comenzó el genocidio en Gaza, hace 18 meses, más de 61.709 palestinos han sido asesinados, incluidos 17.492 niños, 111.588 heridos y 14.222 desaparecidos y presuntamente muertos. Las cifras no incluyen los muertos por inanición, desnutrición o falta de atención médica, ya que la mayoría de los hospitales de Gaza fueron destruidos por Israel. El Ministerio de Sanidad gazatí advirtió que por lo menos 600.000 niños corren el riesgo de sufrir parálisis o discapacidades crónicas por la falta de vacunas, que están bloqueadas. En tanto, los bombardeos son diarios y el ejército sigue enviando nuevas órdenes de evacuación para más tarde bombardear las zonas supuestamente seguras a las que envía la gente. Utiliza vehículos con bombas trampa a los barrios densamente poblados y los detona a distancia. Tras las múltiples evidencias, Tel Aviv tuvo que cambiar su versión sobre el asesinato a mansalva de 15 trabajadores humanitarios el 23 de marzo cuando fueron eliminados mientras intentaban socorrer a las víctimas de un bombardeo previo. Un video recuperado del celular de uno de los muertos y publicado por la Media Luna Roja Palestina muestra a trabajadores uniformados, ambulancias y camiones de bomberos claramente identificados, con las luces encendidas, atacados por los soldados. Desde que Israel canceló la tregua, el 18 de marzo, ha matado a 1.350 personas en la Franja, 490 de ellos niños. El Ejército israelí ha destruido el 90% de las viviendas de Rafah, una zona de unos 60 km2. La dejó aislada del resto de la Franja. En Rafa habitan unas 300.000 personas. "Los hospitales fueron bombardeados por la ocupación, las calles fueron arrasadas, los edificios fueron destruidos, las mezquitas, los mercados y las plazas públicas fueron completamente arrasados", informó el alcalde de Rafah, Ahmed Al Sufi, en un comunicado. Los sionistas también han destruido 22 de los 24 pozos de agua, “lo que ha privado a decenas de miles de familias de agua potable, y el 85% de sus redes de alcantarillado, lo que facilita -denuncia- la propagación de epidemias y enfermedades” (El País 6/4). Además, 320 kilómetros de carreteras quedaron completamente destruidos y arrasados, dice el comunicado. Los países árabes La complicidad de los países árabes “fluye en dólares y en sangre”, señala Mondoweiss (6/4) y hace el siguiente recuento: el 7 de marzo de 2025, Newsweek informó que Arabia Saudí planea invertir 1,3 billones de dólares en EE.UU. Y los Emiratos Árabes habían acordado invertir 1,4 billones de dólares en la economía estadounidense tras una reunión con Trump en la Casa Blanca. Según Global Firepower, Turquía, Pakistán, Irán y Egipto se encuentran entre las 20 principales fuerzas armadas del mundo. Arabia Saudí ocupa el puesto 24 y tiene el mayor presupuesto militar de los países musulmanes, con 55 600 millones de dólares. Docenas de países musulmanes tienen una considerable capacidad militar y económica. Lo que no tienen es la menor intención de romper lanzas con el imperialismo. En Washington Mientras Cisjordania velaba a su niño, el carnicero Benjamín Netanyahu se reunió en Washington con el presidente Donald Trump. Le traía una ofrenda: antes eliminó todos los aranceles a las importaciones procedentes de Estados Unidos. El equipo de Netanyahu se había jactado de que “sería el primer líder nacional en apelar al corazón de Trump y convencerlo de suavizar el golpe de los aranceles (Haaretz 8/4). No funcionó: Trump estableció un impuesto del 17 % sobre los productos israelíes y no se privó de recordarle a su cómplice que Estados Unidos le da a Israel unos 4.000 millones de dólares anuales y debería estar agradecido. También lo exhortó a ser “razonable” con el régimen de Erdogan en Turquía y anunció que estaban en curso negociaciones directas con Irán. Por lo tanto, el sionista tampoco obtuvo respaldo inmediato para bombardear las instalaciones nucleares de Irán. Aunque la prensa israelí calificó la reunión como gélida, The New York Times destacó que hay un punto de acuerdo inconmovible: Trump no se refirió a la ruptura del cese del fuego en Gaza, ni al asesinato de enfermeros ni al asesinato de hasta un centenar de niños en un solo día. Sí volvió a hablar de Gaza como una ubicación privilegiada para el desarrollo inmobiliario que Estados Unidos debería “controlar y poseer”. Cuando le cedió la palabra a Netanyahu, éste confirmó: “Tener una fuerza como Estados Unidos allí, controlando y poseyendo Gaza sería una cosa buena”. El resultado, dicen observadores de adentro y de afuera de Israel, es un Netanhayu envalentonado, “desatado, con menos barreras que limiten sus acciones en Gaza, Líbano y Siria”, incluida la reforma del sistema judicial de su país (NYT 8/4). Al borde del colapso Sin embargo, las estadísticas muestran “al país al borde del colapso”. Según indicadores fechados al 21 de marzo de 2025, Israel enfrenta pérdidas militares por 34.000 millones de dólares y pérdidas económicas totales por 67.000 millones de dólares con el mayor déficit presupuestario de su historia: 40.000 millones de dólares. Durante 2024 cerraron 60.000 empresas, lo que provocó una pérdida masiva de puestos de trabajo y el sector turístico disminuyó un 70 %, lo que provocó una pérdida de 5.000 millones de dólares. En el caso de las construcción, cerraron más de 70 constructoras y las pérdidas son de 4000 millones de dólares (BBC 12/11/24). Muchas empresas tienen falta de personal porque el ejército convocó a más de 360.000 reservistas al comienzo del conflicto. Si bien desde entonces han desmovilizado a muchos, fueron convocados nuevamente para las campañas en El Líbano y Siria. Por lo menos 143.000 israelíes han huido de sus hogares en la frontera norte y en los asentamientos cercanos a Gaza y se niegan a regresar mientras otros 82.000 israelíes se han marchado a otro país. Los indicadores de salud mental no son mejores: 900.000 israelíes sufren trastorno de estrés postraumático (TEPT), una cifra récord, el consumo de alcohol aumentó un 25 % y la venta de somníferos se han disparado un 180 %, lo que significa que los israelíes ya no pueden dormir sin ayuda médica. Israel se encuentra en medio de su “mayor crisis de salud mental desde su creación”, en 1948, dijo el ministro de Salud, Uriel Bosso en setiembre. Las enfermedades mentales, agregó, se convirtieron en la primera prioridad de su Ministerio por lo que se duplicó el presupuesto de la cartera para tratar esos padecimientos. “Israel registra aproximadamente 500 casos de suicidio anuales (400 de ellos de varones), así como unos 6.000 casos de intento de suicidio. Son cifras inimaginables”, opinó Bosso. El suicidio es la segunda causa más común de muerte de los varones israelíes en edad militar, entre los 18 y 25 años, de modo que cerca del 20 % de las muertes en esta franja etaria son resultado del suicidio ( https://www.swissinfo.ch 10/9/24). Tal vez es uno de los costos de haber convertido a gran parte de la juventud israelí en criminales de guerra. La única alternativa es levantarse contra los genocidas y hacer causa común con los palestinos.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a la diputada nacional del PO-FITU, Vanina Biasi, y le dictó un embargo por el delito de “incitación a la discriminación”, a raíz de una serie de publicaciones en X donde critica al Estado de Israel y denuncia la masacre del pueblo palestino. Respondió, de este modo, a una requisitoria del fiscal Carlos Stornelli, en una campaña internacional del imperialismo que le imputa antisemitismo a la izquierda. Christopher Browning, uno de los mayores historiadores del holocausto judío, acaba de identificar, en la publicación The New York Review of Books, a un número elevado de agitadores supremacistas y antisemitas en el gobierno sionista de Donald Trump. Rafecas fue sancionado por el Consejo de la Magistratura por haber desestimado la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra Cristina Fernández por “traición a la Patria”, en el marco de una campaña del imperialismo norteamericano y las antenas sionistas contra la firma del nonato “memorándum de entendimiento con Irán”. La sentencia contra Biasi representa un viraje de trapecio hacia el campo sionista. Más tarde, en 2021, fue candidato del gobierno de los Fernández a ocupar el cargo de Procurador, pero no concitó el apoyo del Senado. A Biasi le atribuye una “incitación al odio” hacia los judíos por sus expresiones en las redes. La resolución de Rafecas toma como doctrina jurídica una declaración de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés), redactada, ni más ni menos, por Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Por iniciativa del gobierno de los Fernández el Congreso la ratificó, aunque con carácter no vinculante. Rafecas, efectivamente, cita de forma abusiva aquella definición y la coloca por encima de otras, por ejemplo, la Declaración de Jerusalén, que descarta como expresiones antisemitas el apoyo a las reivindicaciones palestinas (por ejemplo, el derecho al retorno de los palestinos a las tierras expropiadas por el Estado de Israel), así como la crítica al sionismo y la denuncia al Estado de Israel. Es precisamente lo que prohíbe la IHRA, que ´descubre´ detrás de la crítica al sionismo o al Estado israelí una forma insidiosa de antisemitismo. La razón que invoca Rafecas es que la definición de IHRA, aunque de carácter ´no vinculante´, ha sido adoptada por los tres poderes del Estado argentino. Es un argumento de mala fe, esto porque entre las facultades de los jueces figura la impugnación de la constitucionalidad de las leyes, que en este caso es flagrante. Rafecas asume que “criticar al sionismo o al Estado de Israel en su totalidad, es responsabilizar a la comunidad judía internacional por los actos del gobierno israelí”. El juez no se tomó el trabajo de anotar la multitud de judíos que, en todo el mundo y en especial en la academia y las facultades de derecho, denuncian la masacre de palestinos en Gaza y Cisjordania. Rafecas, él mismo autor de un libro acerca de La Solución Final, no tiene nada para decir acerca del castigo colectivo que el Estado sionista aplica a los palestinos, por las actividades militares de las fuerzas que los representan; precisamente lo que ha hecho Hitler en toda Europa. Los tuits de Biasi no le han dejado ver los casi cien mil asesinatos cometidos en Gaza por el bombardeo israelí a poblaciones, hospitales y escuelas. Rafecas admite la crítica al gobierno “temporal” de Netanyahu, pero no al Estado en su conjunto, cuando la limpieza étnica de palestinos es ejecutada por las fuerzas armadas de Israel, apoyada por el Parlamento y cuenta con la complicidad del poder judicial, que rechaza todos los reclamos que se presentan contra la expropiación de la población palestina. Si no es el Estado el brazo ejecutor de estos crímenes, habría que encuadrarlos en la categoría de la “obediencia debida”, de infausta memoria. Rafecas, como parte de la comunidad jurídica internacional, habría debido atender al fallo de la Corte Penal Internacional que ordena el arresto de Netanyahu por crímenes de lesa humanidad. Pero no lo tiene en cuenta, obsesionado por un supuesto “odio a los judíos”, por parte de una izquierda que murió en la lucha para derrotar al hitlerismo. Sin embargo, como Netanyahu no podría cometer esos crímenes por mano propia, la ejecución de ellos ha tenido lugar por medio de los instrumentos del Estado. Violentando la doctrina argentina sobre esos crímenes, que llevó al Estado a asumir la responsabilidad por los asesinatos y desapariciones de la última dictadura militar, Rafecas absuelve, nada menos, que al Estado de Israel. El Estado no incluye la responsabilidad de sus ciudadanos, por la sencilla razón de que los Estados, incluso los que se reivindican democráticos, son aparatos que escapan cada vez más al control de ella, como lo demuestra toda la experiencia histórica. En definitiva, el autor de La Solución Final no ve esa ‘solución’ en el acuerdo de Trump y Netranyahu para convertir a Gaza en un “resort” internacional en las costas del Mediterráneo. “Es el único Estado judío entre todos los Estados”, cita Rafecas en la resolución. El magistrado de un Estado laico adopta la definición identitaria étnica de ciudadanía, la pertenencia de sangre. ¿Qué destino se les reserva a los matrimonios mixtos y sus descendencias en esta definición? Desde un punto de vista lógico es el apartheid, que, sin embargo, según Rafecas, no existe en Israel ni en los territorios ocupados. La ‘protección’ que ofrece un Estado teocrático a sus ciudadanos de sangre (un Estado único y supremacista) es la guerra; en un Estado laico, lo ofrecen el régimen constitucional, la vigencia de las libertades democráticas y la movilización ciudadana. El fascismo europeo y el mismo Putin han adoptado el criterio que aplica Rafecas al estado de Israel, al reivindicar al Estado “cristiano” contra las “hordas islámicas”. Es el discurso que no se cansan de repetir Giorgia Meloni, Victor Orban, Maire Le Pen y sus socios continentales. El programa histórico de la IV Internacional reivindica una República laica, única y socialista de Palestina, que haga efectivo el derecho al retorno de los expulsados y expropiados. Para ilustrar el ´contexto´, como dice en su escrito, el juez cita los atentados a AMIA y a la Embajada de Israel. Pero esos atentados no respondieron a una campaña de odio al judaísmo en Argentina, sino a una guerra internacional, como la que hoy sufren Gaza y Cisjordania, y a un aparato local (la mano de obra de la dictadura) que cuenta con la cobertura del Estado nacional. El odio a los judíos fue diseminado por la triple A y la dictadura, la cual fue notoriamente apoyada por el Estado de Israel, como está documentado en libros de autores judíos. Rafecas derrapa. El Partido Obrero, por su lado, bajo la dirección de Jorge Altamira, repudió esos atentados en forma pública y ostensible y, por sobre todo, política. Ambos atentados -AMIA y la Embajada- permanecen impunes, a raíz del encubrimiento judicial y político. Rafecas también cita abusivamente los fundamentos del fallo de la Cámara Federal de Casación contra Alejandro Bodart (MST), por una imputación similar a la que le hace a Biasi. Pero Bodart fue sobreseído primero y absuelto luego en juicio oral y público; esa parte no la cita. Lo que la DAIA no pudo conseguir en el debate se lo otorgó el tribunal superior, en un fallo además dividido, que salió a cumplir una función de rescate político de la campaña contra la izquierda. La Corte tiene todavía la tarea de pronunciarse. El saldo político del procesamiento a Bodart sigue siendo una victoria política sobre la campaña sucia contra la izquierda. Rafecas hace una selección arbitraria de la jurisprudencia y de los hechos. El uso de la jurisprudencia en materia de juicios políticos es un recurso reaccionario de procedimiento. Rafecas ilustra cabalmente el carácter arbitrario de su decisión cuando recoge el argumento de que “es insoslayable el hecho que la nombrada es actualmente Diputada Nacional, y al momento de los hechos era Diputada electa, lo que conlleva que sus publicaciones sean leídas por una gran cantidad de personas. Y lo que también le exige una responsabilidad aún mayor al momento de expresarse, teniendo en cuenta que su discurso es receptado por incontables individuos”. Rafecas describe los deberes de la representación popular de un modo restrictivo, es una defensa de la autocensura. Cuando la Constitución Nacional prevé que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador” (Artículo 68), el propósito es que los representantes puedan exponer en forma libre e intransigente sus opiniones, y sean fieles a su programa. Rafecas reclama autocensura, porque, dice, la libertad de expresión no es absoluta. Está equivocado: en el campo político sí es absoluta, no lo es en la acción civil, cuando se compromete la reputación u honestidad de las personas. Rafecas juega al talmudismo acerca de la libertad de expresión cuando lo que está en discusión (lo único que está en discusión) es el exterminio en masa de un pueblo: el palestino. Lo demás es verso. A Rafecas no se le ocurrió procesar a Javier Milei, quien viajó a Jerusalem para apoyar a los autores de ese exterminio, ni emitió juicio acerca de si nada menos que un Presidente puede exhibir una conducta criminal. Si las autoridades de un país apoyan salvajadas semejantes, la ciudadanía de ese país debe poner sus barbas en remojo. El procesamiento abierto por Rafecas forma parte del escenario de guerras imperialistas y del pasaje al fascismo de numerosas camarillas gubernamentales en gran parte del mundo.

La guerra de tarifas desatada por Trump y las represalias anunciadas por China son mucho más que un conflicto comercial. Es la declaración final de una guerra internacional, anticipada por los choques y masacres en Ucrania y en Palestina y Medio Oriente. Pero esta declaración de guerra ha derivado en una crisis financiera monumental en Estados Unidos y en los principales mercados internacionales. A la pérdida de valor de las acciones en la Bolsa de Nueva York por casi 6 billones de dólares, le ha seguido una crisis en la deuda pública, de 25 billones de dólares en valor de mercado, que se ha derrumbado el martes 8 y el miércoles 9. El ámbito de refugio del capital internacional, los bonos norteamericanos, se ha transformado en un descampado. Esto acarrea consecuencias imprevisibles para el dólar y para la continuidad en el gobierno de Donald Trump. Un millón de trabajadores y jóvenes norteamericanos han salido a protestar contra este asesino de derechos sociales en 40 ciudades de Estados Unidos. En Argentina, por este lado, la desvalorización de la deuda pública ha llevado el riesgo-país a casi 1000 puntos y a un costo de intereses del 16 % anual. Como ha ocurrido en anteriores circunstancias, el préstamo del FMI es el último peldaño antes del defol. Los 20.000 millones de dólares que consiguió Caputo se disipan en el pago de deuda anterior al FMI y lo que queda no alcanza para detener la fuga de capitales. La salida capitalista a la crisis es otra devaluación del peso y mayor miseria social. La salida para los trabajadores no pasa por los paros ocasionales, parciales y aislados que programa cada tanto la CGT. Es necesario preparar una huelga general, como lo reclama todo el mundo en cada manifestación popular. Las elecciones de este año son el campo minado de una lucha entre partidos patronales a los cuales la crisis los ha dividido por cuatro, sin atenuantes. Pondrán al desnudo la incapacidad para gobernar de cada uno de ellos y agudizarán el impasse del conjunto del régimen político. La preparación de la huelga general debe ir acompañada por la construcción y el desarrollo de un partido revolucionario de la clase obrera.

Durante la semana del 31 de marzo al 4 de abril se llevaron adelante las elecciones para la elección de congresales nacionales en las 27 asociaciones de base que integran CONADU H. La confrontación se dirimió entre Lista N° 1 impulsada por la actual conducción mayoritaria de la federación, la cual está integrada por el PCR, la agrupación Verde (vinculada a la CTA Autónoma) y los K, por un lado y, por el otro, la Lista Multicolor, que agrupó a diversas agrupaciones opositoras. Tendencia Universitaria Clasista (Política Obrera + Independientes) integró la Multicolor con 5 candidatos, entre los cuales figuró la candidatura a la secretaría adjunta por parte de la actual secretaria general de ADIUNT (Tucumán), Anahí Rodríguez. En total votaron 5.999 docentes. La Lista n°1 obtuvo 3.536 votos y 71 congresales, mientras la Multicolor logró 2.365 votos (el 40 %) conquistando 26 congresales. Una distorsión completa: el 40 % de la votación solamente logró el 27 % de los congresales en disputa. El diseño del estatuto perjudica a las asociaciones con mayor cantidad de afiliados, que tienen una mayor participación en las luchas. La Multicolor triunfó en forma contundente en la UBA, donde la AGD registra 4977 afiliados; obtuvo 640 votos sobre los 140 de la lista 1. Otro caso fue el de UNT (Tucumán), donde Adiunt cuenta con 2.281 afiliados, la Multicolor obtuvo 581 votos contra 206 de la lista 1. En el caso Cuyo, FADIUNC cuenta con 2.359 afiliados, el triunfo le correspondió a la lista 1 con 563 votos contra 465 de la Multicolor. En el caso de San Juan, ADICUS cuenta con 2.195 afiliados, la votación fue de 450 votos a la lista 1, contra 421 de la Multicolor. Estas son las cuatro asociaciones más importantes de la federación, donde la Multicolor triunfó en dos de ellas y en las otras dos obtuvo porcentajes superiores al 40 %. Con estos resultados, el oficialismo se asegura siete representantes en la nueva comisión ejecutiva, mientras la Multicolor mantuvo dos representantes, uno de ellos será Diego Toscano, actual secretario adjunto de ADIUNT e integrante de la Tendencia Universitaria Clasista. El paso definitivo para la conformación de la nueva dirección de CONADU H se producirá en el Congreso Ordinario que se llevará a cabo el 8 de abril. La lista Multicolor triunfó en cinco asociaciones de base. Entre ellas se destaca ADIUNT, que logró incrementar la representación en relación a la votación de dos años atrás, obteniendo cinco de los seis congresales que le correspondían a la universidad de Tucumán. Además, la Tendencia Universitaria Clasista logró congresales en Salta y Misiones. La campaña de la Tendencia Universitaria Clasista nos permitió ampliar las bases de relaciones y avanzar en la estructuración de agrupamientos en varios lugares. La campaña que desarrolló la lista oficial que conduce la federación estuvo concentrada en “la más plena unidad para derrotar a Milei”, en pocas palabras, un justificativo para repetir la subordinación de la federación al Frente Sindical de Universidades Nacionales y al kirchnerismo, ahora dividido en varias facciones.. No es casual que en el congreso previo al paro del 17 y 18 de marzo “la foto” de apertura haya sido un representante de cada uno de los integrantes del Frente Sindical y el Cachorro Godoy, actual referente de la CTA Autónoma. El horizonte de esta burocracia político-sindical (que integra la dirección de la CONADU H) es colocar al sindicalismo universitario bajo las burocracias de las centrales sindicales, que se han destacado por su política de conciliación y en el caso de la CGT por la más completa colaboración con el Gobierno. El Congreso de CONADU H del 8 de abril será previo al paro general que convoca la CGT. Los congresales integrantes de Tendencia Universitaria Clasista vamos a proponer que el Congreso pase de Ordinario a Extraordinario para discutir una estrategia de lucha de clase independiente. Asimismo, queremos replantear la jornada del miércoles 23 de abril, para que se materialice un paro activo con movilización coordinada con las que están llevando adelante todos los miércoles los jubilados. Es decir, hacer un llamado para que el miércoles 23 la acción de lucha no sea sólo universitaria, sino por los jubilados, por el salario, la educación y el conjunto de reivindicaciones del pueblo trabajador. LEER MÁS: Elecciones en CONADU Histórica: con qué política llamamos a votar a la Lista Multicolor Por Diego Toscano, 10/03/2025.

El 04/04 en la EES N° 13, en momentos del recreo del turno tarde, tres estudiantes que no habían concurrido a clases ingresaron al establecimiento y le propinaron una salvaje golpiza a un estudiante de 12 años, alegando que este les habría negado golosinas. El estudiante está en terapia intensiva, el parte médico da cuenta del brutal atraque: hundimiento de cráneo y diversas fracturas en su cuerpo. Ese mismo día en el turno mañana dos niñas se trenzaron a golpes de puño. Lejos de ser un caso aislado, en el distrito la violencia está presente cotidianamente. El 01/04 en la EES N°7 un grupo de padres munidos de cadenas, cuchillos y fierros quiso ingresar al establecimiento para golpear a un estudiante. La violencia en las instituciones educativas es el emergente de la descomposición social que hunde a las masas en la barbarie. Las denuncias públicas acerca de la circulación de drogas dentro de las escuelas crecen. En muchos establecimientos del distrito hay consigna policial para evitar las grescas. En la EES N°13, donde fue agredido Braian, el alambrado perimetral ha sido vandalizado en reiteradas ocasiones y los recreos se vuelven caóticos porque no se puede controlar quién entra o quién sale. El barrio está permeado por los narcos que se llenan los bolsillos, con el poder político-judicial que los protege, a costa de destruir la salud psíquica y física de la juventud, sus familias y la de todo el entorno social. La violencia también se manifiesta en cursos de 45, 50, 60 pibes, en los edificios escolares destruidos y en el hecho de que no hay ningún tipo de asistencia médica y psicólogica en la escuela para la juventud. En el caso de Braian, la ambulancia tardó 35 minutos en llegar para asistirlo. El intendente pejotista, Mauro García, se ufanaba de comenzar las clases a término, al costo de sobrexplotar a docentes y hacinar estudiantes. El tratamiento de las problemáticas que atraviesan los pibes también es deficitaria. El Equipo de Orientación Escolar cuenta con dos profesionales para atender a una matrícula de 1200 alumnos. El Servicio Alimentario Escolar (SAE) consiste en darles una naranja o un pedazo de pan con algún dulce y la entrega, a algunas familias, de la caja “Mesa Bonaerense” que contiene un paquete de arroz, fideos y algo más cuando ¡la mitad del país no puede llenar la panza! La crisis educativa no sólo es la violencia física y simbólica entre estudiantes, entre padres y estudiantes o entre padres contra docentes. También es violencia someter a los docentes y estudiantes a desplegar el acto educativo en escuelas que se caen a pedazos, sin agua potable, sin calefacción en invierno y sin refrigeración en verano, sin mobiliario, sin bibliotecas, sin sala de computación, con EOE trabajando en los pasillos y con una sobrecarga laboral insoportable para los docentes a consecuencia de la miseria salarial. Esta violencia ejercida cotidianamente desde arriba se materializa a través de los ajustes presupuestarios del gobierno liberticida de Milei y del gobierno “nacional y popular” de Kicillof, que priorizan el pago de deuda pública externa a costa de las necesidades de las masas trabajadoras. Frente a esta escalada de violencia, la burocracia Celeste de SUTEBA nos convoca a “habitar las aulas” con “amor y escucha” porque es incapaz de promover una lucha en unidad entre trabajadores, estudiantes y padres para poner fin a la violencia ejercida por el gobierno provincial del cual es un aliado estratégico. La derecha fascista atrincherada en LLA, JxC y el PJ, aprovechando la ola de violencia que estalla en las escuelas, hace demagogia con el planteo de bajar la edad de imputabilidad y aplicar el código penal contra la juventud. LEER MÁS: La violencia escolar y la violencia política Por Ceferino Cruz, 08/04/2025.

El sábado 5 millones de estadounidenses se lanzaron a las calles en demostraciones de masas contra el gobierno de Trump. Las marchas y concentraciones fueron convocadas por diversas organizaciones, que incluyen sindicatos estatales, organizaciones de mujeres, por los derechos de las minorías sexuales, de defensa de los derechos de los inmigrantes, contra el genocidio en Palestina, e incluso de veteranos de guerra contra los recortes de Musk a su asistencia social. Las protestas se produjeron en más de 1.500 ciudades y pueblos, en muchos casos autoconvocadas (la gente se concentró frente al gobierno local adhiriendo a la marcha nacional). Se manifestaron más de 100.000 personas en Washington DC, otro tanto en Baltimore, más de 30.000 en Chicago, 35.000 en Boston, 25.000 en Seattle, al menos 10.000 en Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Chicago, Detroit, Minneapolis, y miles en muchas pequeñas ciudades. El fenómeno superó las expectativas de los convocantes, extendiéndose prácticamente a todo el país, incluyendo varios bastiones republicanos que mayoritariamente votaron por Trump. Incluso miles de estadounidenses se movilizaron en el exterior (Londres, París, Berlín, etc.). Aunque la demostración nacional reúne muy diversos colectivos y organizaciones, el carácter de la movilización adquirió inevitablemente un eje político contra el gobierno. La consigna “Hands off” (“Quiten las manos”) demanda que el Gobierno cese en sus ataques al empleo estatal, la destrucción de la enseñanza y la salud, la persecución de inmigrantes, el acoso a los militantes por Palestina y, en general, todo el ataque a las libertades democráticas. En todas las ciudades las pancartas enfocaban contra Trump y Musk, muchas de ellas acusándolos abiertamente de fascistas y planteando la lucha contra la dictadura trumpista. El movimiento desborda a la oposición del Partido Demócrata y también a los sindicatos. Hay que tener presente que los burócratas de los sindicatos industriales se alinearon con Trump en la cuestión de los aranceles, bajo la patraña de que los mismos plantearán un florecimiento de las manufacturas y del empleo fabril. El caso más notorio es la dirección de la UAW (sindicato automotriz, metalúrgico y de la industria aeroespacial) que apoya la guerra declarada por el Gobierno a través de medidas económicas y extraeconómicas contra sus competidores, potenciando la competencia entre los propios obreros del automóvil a nivel internacional. Sin embargo, en la ciudad de Detroit también marcharon más de 10.000 personas, entre ellas no solamente docentes, trabajadores de la salud y funcionarios públicos, sino además muchos obreros automotrices. La marcha nacional muestra un cambio en el estado de ánimo popular, que del relativo desánimo ha pasado rápidamente a la bronca y a la acción. Ha sido un enorme salto ya que ha unificado todas las demandas particulares en una acción política contra el Gobierno y su intentona fascista. Trump emula a Xi Jinping La masiva protesta se produce cuando aún no han transcurrido 80 días desde el inicio del gobierno, lo cual refleja que existe una extendida conciencia respecto a la pretensión de Donald Trump de producir un cambio en el régimen político norteamericano. El presidente gobierna a base de decretazos, en nombre de una situación excepcional y urgente, donde ni el Congreso ni la justicia deben ponerle límites a su accionar. El choque con la justicia plantea a cada paso una posible crisis constitucional. Para reafirmar este régimen bonapartista, Trump necesita perpetuarse en el poder más allá de su actual mandato, por ello ya ha proclamado que intentará reelegirse una vez más, algo expresamente prohibido por la Constitución. En definitiva, para librar la guerra con sus competidores en el mercado mundial y en particular contra China, el trumpismo busca replicar en suelo estadounidense una dictadura unipersonal a la Xi Jinping. Los métodos de gobierno “democrático” tradicional, con contrapesos parlamentarios y limitaciones constitucionales, aparecen como inadecuados en la época de la declinación histórica del imperialismo yanqui. En lugar de debatir en el Congreso tratados comerciales y políticas arancelarias, Trump anula con una orden presidencial los acuerdos con México y Canadá, e impone aranceles a diestra y siniestra en base a criterios absurdos. El absurdo es inherente al período histórico actual, que plantea la necesidad para los EE. UU. de tirar por los aires el statu quo. Aunque Trump tiene en principio mayoría en el Congreso y en la Suprema Corte, no está dispuesto a empantanarse en largas discusiones y presiones de los distintos lobbies capitalistas. El imperialismo estadounidense necesita ir a fondo contra sus competidores internacionales, a través de la guerra económica y también de la directamente militar (como arma de disuación y en última instancia como herramienta de imposición). Los ataques a Yemen, que son un tiro por elevación contra Irán, no fueron aprobados por el Congreso, sino a través del vergonzoso chat filtrado por error a la prensa. La cacería y deportación de indocumentados se produce contra las normas vigentes, alegando un estado de guerra (invasión) para evadir controles y obstáculos. Coincidencias bipartidistas En realidad, muchas de estas políticas ya venían siendo realizadas por los gobiernos anteriores -de Biden y del propio Obama- que, por ejemplo, llevaron adelante deportaciones y la construcción del muro en la frontera con México. El récord de deportaciones lo tiene por ahora el gobierno de Biden en su último año. Lo mismo vale para el impulso del genocidio sionista en Gaza, o la guerra contra Irán. Hace un año también Biden bombardeó Yemen, sin aval del Congreso (lo que incluso levantó una protesta formal aunque sin consecuencias). La guerra de la OTAN en Ucrania y los aranceles a China (que Biden mantuvo e incluso acrecentó) también fueron fruto de una política “bipartidista”. La tendencia a la guerra imperialista atraviesa a todo el régimen político, como no podía ser de otra manera, porque obedece a una necesidad de la burguesía estadounidense de imponerse en el mercado mundial, usando todo tipo de medidas económicas y extraeconómicas. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca reflejó el impasse histórico del imperialismo y el agotamiento de la salida a la crisis de 2008, a través de los salvatajes a los bancos y grandes corporaciones mediante el superendeudamiento estatal. La saturación del mercado mundial (superproducción) y la declinación yanqui en el mismo exige mandar a la lona a los competidores que sean más débiles, descargando el peso de la crisis sobre las otras potencias y sus empresas. Para llevar adelante este cambio de régimen, Trump apela a medidas liberticidas. Pero todas las decisiones unipersonales del presidente están amenazadas si en un futuro hay un cambio del gobierno, por ello se pretende instalar la idea de un nuevo mandato. Mientras Trump proclama a los cuatro vientos sus intenciones y avasalla a todos los poderes estatales, la oposición demócrata se divide: una parte le presta su voto al presupuesto trumpista y la política contra los inmigrantes, otra parte se lamenta. Crisis financiera Las medidas de Trump sin embargo han provocado un terremoto político. Las encuestas reflejan una caída importante en el apoyo al gobierno, particularmente respecto a los recortes (achique del Estado y ataque a políticas sociales) y la política económica. Una “encuesta” aún más clara, esta vez entre los especuladores en la bolsa de Wall Street (y de todo el mundo), ha sido la espectacular caída bursátil tras el llamado “Día de la Liberación”, cuando el presidente anunció megaaranceles para prácticamente todo el mundo, con especial eje en China y Asia, pero alcanzando a sus “aliados”. El pánico se apoderó de los tenedores de acciones y valores, mientras la inmensa mayoría de los economistas y consultores financieros advierten sobre el riesgo de una recesión mundial y un encarecimiento de precios en los Estados Unidos. A un “jueves negro” le siguió un “viernes negro” y, tras el fin de semana, un lunes aún más negro, atizado por la respuesta de China a la guerra arancelaria y las amenazas de Trump de reforzar los aranceles contra los países que tomaran medidas de represalia. Las corporaciones automotrices y las “7 magníficas” tecnológicas han sufrido un derrumbe en la bolsa de valores, siendo una de las más afectadas la empresa Tesla de Elon Musk, que viene cayendo desde el inicio del gobierno trumpista. Las bolsas tuvieron una leve recuperación el martes, pero la crisis bursátil se ha extendido a todos los centros financieros internacionales. “Pánico”, también en los Republicanos El desconcierto del capital se ha trasladado al Congreso y al propio Partido Republicano. El senador Ted Cruz, uno de los principales senadores de Trump, predijo un destino “terrible” si se produce una guerra comercial que “destruiría empleos aquí en el país y causaría un daño considerable a la economía estadounidense” y, además, “tendría un fuerte impacto al alza en la inflación” (Financial Times, 4/4). Cruz puso de relieve la impopularidad de las medidas presidenciales, cuando advirtió sobre un posible “baño de sangre” para el Partido Republicano en las elecciones de medio término (2026), si se mantiene la política de guerra comercial. Una reciente elección de una jueza federal en el Estado de Wisconsin es una advertencia para los Republicanos. Allí a través del voto popular se contraponían una candidata “progre” y otro trumpista. Elon Musk intentó convertir esta elección en un plebiscito y financió con más de 20 millones de dólares la campaña por el juez reaccionario. Wisconsin era uno de los “swing state”, es decir, clave en la elección presidencial porque existe relativa paridad y puede volcarse a uno u otro bando, incidiendo en el colegio elector. Trump tuvo mayoría en este Estado, por lo que la derrota del “referéndum” de Musk es toda una señal política. Por otra parte, distintos senadores republicanos -junto a otros del Partido Demócrata- impulsaron un proyecto de ley para reafirmar el control parlamentario sobre la política arancelaria. Según ese proyecto, los aranceles de Trump “expirarían en 60 días a menos que el Congreso los aprobara” (FT, 4/4). El Senado además votó el mismo “día de la independencia”, por 51 a 48 (es decir, con el voto de varios republicanos) una resolución que cuestiona los aranceles del 25 % impuestos por Trump a Canadá en una orden ejecutiva de febrero. El senador Rand Paul, uno de los impulsores de la resolución, declaró: “Todo el mundo recuerda cuando (el presidente) William McKinley impuso tarifas en la década de 1890 y perdimos la mitad de nuestros escaños en las siguientes elecciones. Cuando (los legisladores) Smoot y Hawley las impusieron a inicios de los años 1930, perdimos la Cámara Baja y el Senado durante 60 años. Por lo tanto, no solo son malas a nivel económico, también políticamente” (La Vanguardia, 3/4). Aunque la votación no tendrá efectos prácticos si no logra una mayoría en la cámara de Representantes (algo improbable), es otra expresión más de las divisiones que provocan por arriba las medidas de Trump respecto a los aranceles. Trump ha echado por tierra las expectativas de estos republicanos disidentes, al anunciar un nuevo megaarancel a China del 50 %, que se sumaría al 54 % ya establecido. Mientras tanto, los banqueros, incluyendo a Goldman Sachs y JPMorgan Chase, han advertido contra una escalada de la guerra comercial, declarando que conduciría a una recesión en EE. UU. y a nivel internacional. Trump apuesta a que la catástrofe se lleve primero a sus competidores, permitiendo recuperar el predominio para el imperialismo yanqui, a costa de una catástrofe social y de masacres y guerras. La movilización de masas en Estados Unidos muestra también que esta política trumpista de retroceso y barbarie plantea la perspectiva de un alza de las luchas de los explotados en todo el planeta.

En el plenario de delegados del 1° de abril se votó casi unánimemente un paro de 36 horas, desde las 12 horas del miércoles para acompañar a los jubilados. Era lo que había planteado la CGT. Hubo acaloradas intervenciones en ese sentido. El 7/4 a última hora apareció el tardío comunicado sobre el plenario, comunicando solamente un paro de 24 horas el jueves. Para la movilización se convoca solamente a miembros de comisión directiva y colaboradores, unas 50 personas, porque ni siquiera incluye el cuerpo de delegados. El cambio tiene que ver con lo que señalábamos en nuestra convocatoria. La CGT, la CTA y de conjunto los sindicatos tienen acuerdos y compromisos con el Gobierno, y son un sostén político de este. La movilización para defender a los jubilados por parte de hinchas de fútbol tiene que ver con el abandono de este papel por todo el arco gremial y político, con alguna excepción menor. La movilización popular independiente y la huelga son la forma de quebrar la política del gobierno, sostenida por el arco político, contra salarios, jubilaciones, salud y un largo etcétera. Mucho más ante el cambio de escenario económico mundial y el objetivo de Telecom de fusionarse con Telefónica. Ratificamos nuestro llamado a parar el jueves, por una perspectiva independiente de los trabajadores. LISTA NARANJA AGRUPACIÓN CLASISTA DE LAS TELECOMUNICACIONES Redes: @actnaranja / 11-3181-5537 / 11-6959-8110 Flavio Pereyra, candidato a secretario general Guido Fuentes, candidato a secretario adjunto Mariela Acosta, candidata a secretaria administrativa Cintia Benitez, candidato a secretaria de organización Rodrigo Dragicevich, candidato a secretario asuntos profesionales LEER MÁS: Elecciones en FOETRA Buenos Aires: presentamos la Lista Naranja Necesitamos una nueva alternativa para los trabajadores telefónicos. Por Flavio Pereyra, 29/03/2025.

La “guerra relámpago” desatada por Donald Trump hace un par de semanas contra el ‘resto del mundo’ ha tenido un resultado catastrófico. En la mañana del miércoles, Trump se vio forzado a “pausar” por 90 días la aplicación de los abusivos impuestos arancelarios a las importaciones de otros países, decretado poco tiempo antes. Exceptuó de la tregua a China, a la cual se los subió a un 125%, equivalente a un cierre completo del comercio recíproco. Trump convirtió a la ‘blitzkrieg’ que le atribuyeron en sus primeros días de gobierno los habituales a la frase impresionista, en un estruendoso recule. Lo que motivó esta retirada en chancletas fue el estallido de una crisis de la deuda del Tesoro que amenazaba paralizar el sistema financiero de Estados Unidos e internacional. El día anterior habíamos escrito en estas páginas , con motivo del derrumbe de la Bolsa de Nueva York, que esa perspectiva estaba fuertemente colocada sobre el tablero, pero que no era inminente. Fue inminente. De la corrida contra las compañías y bancos se pasó, al cabo de menos de una semana, a una corrida contra los títulos de la deuda pública norteamericana, que es el centro de las finanzas internacionales. Cuando todos los especialistas esperaban lo contrario, o sea que los bonos del Tesoro estadounidense se convirtieran en un refugio para quienes liquidaban activos financieros a diestra y siniestra, el derrumbe se extendió al sector público e incluso al oro (otro refugio de capital para los días sombríos). Lo único que valía era el dinero contante y sonante, para hacer frente a la emergencia, al precio incluso de incurrir en otro desengaño –la devaluación del dólar. La Casa Blanca se convirtió en un escenario tormentoso: mientras el asesor de Trump, Peter Navarro, se declaraba en contra de pestañear, Elon Musk y el ministro de Economía, Scott Bessent, urgieron a levantar las velas. El capital financiero acababa de dar “un golpe de mercado” al recién nato segundo período de Trump. Con dos años de diferencia, el mandamás de la primera potencia imperialista del mundo corría el riesgo de terminar como la ex primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, que fue volteada por la Bolsa de Londres cuando su gestión amenazó con un derrumbe inminente de la deuda pública (los llamados “gilts”). Truss cayó a los 45 días de asumir –Trump estaba probando suerte a los tres meses. El detonante de la crisis, aunque no su causa, ha sido la guerra arancelaria desatada por Trump, que apunta en apariencia a reequilibrar el balance comercial de Estados Unidos, que alcanza al billón de dólares al año. Esta política le ha valido a Trump la acusación de “proteccionista” o, peor, de “mercantilista” –algo así como una injuria en el lenguaje cifrado de los economistas del sistema. El propósito de la guerra en cuestión, sin embargo -que no es solamente arancelaria- es la promoción de un cambio de régimen económico y, eventualmente, político, en los actores principales del escenario mundial. Este es el sentido de la demanda, a los demás países, de poner fin a las trabas paraarancelarias y cambiar la legislación comercial interna, en cuanto a subsidios y participación libre en las licitaciones públicas e incluso el gasto en la asistencia social o, como en Sudáfrica, la promoción de la propiedad de la burguesía negra. Hemos señalado, desde estas páginas, que el atropello multidireccional de Trump provocó las protestas de AmCham, la cámara de las grandes firmas norteamericanas, en Vietnam y, eventualmente, la sede central en Washington. La urgencia de revertir la declinación del imperialismo norteamericano no permite largas tratativas comerciales, ni éstas, por su alcance, pueden ser impuestas por medio de la diplomacia económica. Aplicada a China, la intención de imponer un cambio de régimen lleva a una extensión final de la guerra mundial en desarrollo. El mundo asiste al despliegue, cada vez más explosivo, de todas las contradicciones irreconciliables del capitalismo. Es claro para cualquiera, y más que nadie para la reacción política que encarna el trumpismo, que al cabo de la ‘pausa’ de 90 días, las cosas no volverán al punto de partida. El imperialismo está forzado a producir, en el entretiempo, un cambio del escenario. El más importante tiene que ver con los propios Estados Unidos. La deuda pública norteamericana crece a partir de los 34 billones de dólares, que representa un 120% del PBI, pero involucra a otros centenares de billones de dólares, como consecuencia de los apalancamientos financieros que se hacen con los bonos, en especial los derivados, que forman una cadena de capitales ficticios encima de un activo real que representa una milésima parte del montaje financiero final. Es este sistema el que llevó a la pirámide de la deuda pública a la posibilidad del colapso en los días que corren y a dejar de ser un refugio para convertirse en descampado. En torno al mercado de futuros de la deuda del Tesoro, se ha desarrollado un “rulo” que haría la envidia de un especulador porteño. El contrato de un futuro de títulos, financiado en un 90%, es vendido para comprar bonos al contado, muy poco más baratos, que son usados como colateral o garantía de nuevas operaciones de futuro, en una operación que, según los especialistas, se repite de 50 a 100 veces y permite ganancias fabulosas, a pesar de los márgenes estrechos de cada operación. En una cuenta de balance que diversifica inversiones, digamos entre 50 en Bolsa y 50 en obligaciones públicas, el hundimiento del valor de la primera ha obligado a la venta masiva de la segunda, para pagar deudas. El mercado público se derrumbó enseguida después del privado. La tormenta perfecta. Por aquello de que “quien avisa no traiciona”, en las semanas previas al derrumbe, la licitación de títulos públicos no tuvo compradores –algo que los Caputo, Massa, Guzmán e ‘tutti altri’ conocen de memoria. El crédito, una variable fundamental para la acumulación del capital, alcanza en el curso de un ciclo niveles catastróficos que desatan los desplomes y derrumbes. La perspectiva de inflaciones y recesiones, desatadas por una guerra comercial llevada al extremo, fue el marco perfecto para la tormenta del mismo nombre. Para reanudar la guerra político-comercial internacional, la burguesía norteamericana necesita cerrar el grifo de un mercado financiero fuera de control. Es así que Trump habló de declarar la perpetuidad de la deuda pública, de modo de pagar solamente los intereses. Pero el 30% de los acreedores de esta deuda son actores internacionales: bancos centrales extranjeros y fondos de cobertura o inversión, e incluso los fondos de fondos (que llevan la sigla ETF y que invierten en índices de una multitud de negocios fuera del radar de este fondo de fondos). La separación entre la crisis financiera nacional y la internacional es ella misma un causal de más crisis y guerras. De la deuda perpetua se ha pasado, en apariencia, a una propuesta de “swaps (canje) de deuda”, es decir a una reestructuración, que implica fuertes quitas. La crisis mundial convierte a EE.UU., en este caso, en un clásico país emergente que pide el salvataje del FMI. Para uno de los observadores más importantes del Financial Times, ese “swap” ya está descontado (“price in"), en los mercados internacionales. Trump no ha incluido en la ‘pausa’ a China; la guerra abierta deberá continuar contra el principal rival internacional. Trump propone abandonar por tiempo breve el campo de juego para cagarse a piñas con China en el vestuario. Todo sigue en la cuerda floja. China ha cerrado por completo las exportaciones de tierras raras a EE.UU. e incluso estaría retirando capital de la deuda del Tesoro norteamericana. China enfrenta la alternativa de crear su propia zona comercial, más allá del Sudeste de Asia a Japón y Corea del Sur, una región que ha sufrido el peor derrumbe financiero desde la crisis de los años 90, para lo cual deberá defender el valor de su moneda. Las contradicciones, probablemente insalvables, de este objetivo, la forzarían, por el contrario, a devaluar, en medio de una crisis inmobiliaria no resuelta y una manifiesta caída de su tasa de crecimiento. Cruje todo el sistema de relaciones internacionales creado luego de la restauración capitalista en China y Rusia. El cambio de escenario necesario para reanudar la guerra multidireccional pasa por sobre todo por un cambio de régimen político en Estados Unidos. Ese cambio exige un ajuste violentísimo contra las masas. Es lo que están haciendo Trump y Musk, con la colaboración del Congreso y de la Corte Suprema. Es necesario una abolición, en la práctica al menos, del llamado “Estado de derecho”; en este marco debe entenderse la lucha contra la población migrante, porque ha dado paso al secuestro de personas por parte de la policía, incluso si son residentes o cuentan con permisos de trabajo. Esto mismo ocurre en la academia, donde la persecución y la deportación contra quienes protestan contra el Estado sionista y la limpeza étnica en Palestina se ha convertido en una cruzada fascista sin fronteras. De ahí la importancia de las manifestaciones masivas contra Trump y Musk, que han tenido lugar en miles de ciudades de Estados Unidos. El ‘alivio’ con que los medios de comunicación han recibido la “pausa” es una engaña pichanga. Se ingresa a 90 días convulsivos, en especial porque no hay un día 91 ‘pacífico’. La cuestión del internacionalismo proletario se ha convertido en apremiante. Aunque los revolucionarios no superen en número, en la actualidad, a poco más de los que “entran en un sillón”, según el famoso aforismo de Rosa Luxemburgo, ese internacionalismo se construye, en primer lugar, por medio de un programa y enseguida por medio del impulso y el apoyo a todas las acciones colectivas contra las guerras imperialistas y el imperialismo. La superación de la crisis histórica de la humanidad pasa por el desarrollo de una dirección revolucionaria en un período de catástrofes.

La movilización de jubilados que todos los miércoles marchan frente al Congreso Nacional por sus reivindicaciones contó el día de ayer con la participación de diversos gremios y sectores sociales tras la convocatoria realizada por la CGT y la CTA. La CGT había asegurado a algunas de las organizaciones de jubilados que gestionaron esa concurrencia con los máximos representantes de la central sindical, que “marcharía” con los jubilados. Pero la policía cercó el Congreso e inclusive las calles aledañas y les ahorró el cumplimiento de la promesa. A nadie escapa que este megaoperativo policial -que paralizó el tránsito durante horas- fue pactado con los Daer y compañía. Es claro que la burocracia sindical no sólo no es un factor convocante, sino más bien lo contrario -la presencia de los gordos desalentó una concurrencia mayor. Solo movilizó a su aparato, no realizó asambleas y plenarios en los lugares de trabajo para debatir y organizar una verdadera movilización del conjunto de los trabajadores. Por ese motivo, las columnas de los aparatos sindicales apenas alcanzaron a colmar la Plaza Congreso. Esta movilización no llegó a equiparar la concurrencia masiva del 19 de marzo, cuando miles de personas confluyeron para repudiar la represión a los jubilados. Dentro de las agrupaciones de jubilados de los miércoles, el aparato del PO (Partido Obrero) junto a los otros partidos del FITU se encargaron, luego de su reunión con la CGT del 4 de abril, de darle al acto de este miércoles un carácter “especial”, es decir, regimentado. En vez de realizar la histórica radio abierta donde un representante de cada organización expresa su posición, se resolvió leer un “documento único”, que saludó la presencia de la CGT y lo entendió como un logro del movimiento de jubilados, pidiendo a la burocracia un “plan de lucha”. Finalmente, los burócratas iniciaron su retirada antes de las cinco. Cuando el acto de los jubilados terminó ya casi no quedaban contingentes sindicales. Los Jubilados Clasistas, sectores de jubilados independientes y los Jubilados Insurgentes, rechazaron esta regimentación y no firmaron este documento. Sin embargo, Jubilados Clasistas convocamos al acto y a movilizarnos. Nos debemos preguntar: ¿la burocracia sindical vino a apoyar la lucha de jubilados y a desarrollar una lucha consecuente contra este gobierno que hambrea y reprime? La realidad confirma la contrario. La burocracia sindical reclama paritarias ‘libres’ con una inflación mentirosa, que no recupera los salarios perdidos, y sigue perdiendo. Plantea un incremento en las jubilaciones y actualización del bono basura que está congelado hace más de un año sin indicar ninguna cifra. Han bloqueado el desarrollo de cuanta lucha emprendieron los trabajadores, entregando paritarias a la baja, avalando despidos, suspensiones y toda la reforma laboral contenida en los DNU de Milei-Caputo y la Ley Bases. Una evidente demolición de las conquistas históricas de la clase obrera de nuestro país. La burocracia no “sumó” a la lucha jubilatoria, se colgó de ella como un parásito. El “saludo a la CGT” que promovieron los partidos del FITU juega un rol encubridor de este papel de la burocracia. Para seguir actuando como una referencia para la clase obrera y los explotados que quieren luchar, el movimiento de los jubilados de los miércoles debe defender su independencia de los partidos capitalistas y de los agentes de Milei-Caputo en el movimiento obrero. La carta de triunfo para torcerles el brazo a este gobierno y a todos sus cómplices, son las autoconvocatorias en todos los lugares de trabajo, fábricas, hospitales, colegios, barrios con asambleas, plenarios, debates y la unificación de todas las luchas impulsando y organizando una huelga general. Te esperamos todos los miércoles a las 17 hs en el Anexo del Congreso Nacional. Ganamos las calles, no las abandonemos.

El paro general de la CGT contra el Gobierno ha tenido el día de hoy una adhesión dividida. Mientras que en algunos rubros de trabajo -fábricas y establecimientos educativos fue contundente- en varios rubros centrales como el Comercio y la Gastronomía la adhesión fue prácticamente nula. De conjunto, el paro no se inscribió como un episodio más de lucha y movilización popular contra el Gobierno, a pesar del repudio cada vez más generalizado de la clase obrera al Gobierno de Milei. El paro tuvo entre sus principales banderas la defensa de “la industria nacional”. Se entiende que hasta que no se defienda la industria nacional, es inútil reclamar la precariedad laboral y contra los despidos y por la recuperación de los salarios. Se trata, entonces, para la CGT de un paro de la patronal, aunque ella misma lo aprovecha para impulsar mayores cesantías. Los capitanes de la industria han apoyado el programa de Milei-Caputo, en especial en cuanto al derecho laboral. Ahora, son los protagonistas de una escalada de despidos y cambios en el régimen laboral. El programa del paro incluyó un rechazo a las paritarias a la baja, las mismas que han sido firmada la mayor parte de los dirigentes de la CGT, en tanto que los restantes, como en la Siderurgia, arrastran los pies desde hace año y medio. En el sindicato de Sanidad, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, acaba de firmar una paritaria trimestral de 5,2% para seis convenios, cuando sólo la inflación mensual de marzo amenaza con superar el 3%. Un sector de la burocracia trabajó abiertamente contra el paro. El más relevante -la UTA- que usó el pretexto de una conciliación sectorial como excusa para carnerear un paro general. La Federación de la Carne utilizó la misma excusa para hacer lo mismo. El paro se comunicó en los lugares de trabajo sin asambleas obreras, ni se adoptaron medidas de acción para garantizarlo. En vez de asambleas y piquetes, un rutinario comunicado. En donde se realizaron asambleas (Petroleros de Vaca Muerta) o plenarios de delegados (Alimentación) la adhesión al paro fue mayor. Incluso con este boicot de la burocracia de UTA, el paro fue total en el subte. Pararon los ferroviarios, la docencia bonaerense y camioneros. En la Salud la adhesión fue alta. En Aeronáuticos también, aunque algunas empresas como Flybondi funcionaron. En la UOM el paro es dividido: en las grandes siderúrgicas la adhesión al paro fue alta y en algunas de ella, total. Pero en las pequeñas y medianas empresas, la adhesión al paro fue prácticamente nula. En Pirelli se trabajó como en días normales. En Comercio, en Sanidad y en Gastronómicos, a pesar de la adhesión formal de los sindicatos, no hubo adhesión -en los lugares de trabajo las patronales ya tienen mecanismos como los descuentos compulsivos contra huelgas. En Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, el STIA ni convocó al paro. Lo mismo en Royal Canin. En Unilever la adhesión fue total en Hellmanns y en Knorr. En el Establecimiento las Marías, Corrientes, se trabajó normalmente. Lo mismo que en importantes industrias del interior del país. En los establecimientos mineros de la Puna, vinculados a la extracción de litio, no se paró, ni siquiera entre los que están en la Construcción. En ninguna de las plantas del Grupo Arcor -uno de los estandartes de la “industria nacional”- hubo adhesión al paro. En paros anteriores, la patronal descontó las horas, los premios y cortó las horas extras. El gremio de la Alimentación directamente no convocó a asambleas para luchar por la adhesión de los trabajadores. El paro nacional de la CGT fue convocado como un paro dominguero. La movilización del miércoles “en apoyo a los jubilados” fue circunscripta a los aparatos de los sindicatos. El paro fracturado y rutinario de la CGT demuestra que la burocracia sindical no es un canal para la lucha de los trabajadores contra el Gobierno más antiobrero de la historia. La clase obrera tendrá que continuar en la construcción de sus propios canales -coordinadoras y autoconvocatorias- de lucha para organizar una huelga general.

El gobierno norteamericano avanza en su ofensiva fascista contra docentes y estudiantes, para imponer los contenidos de los planes de estudio y aniquilar la libertad de cátedra y las libertades democráticas en las universidades -lo mismo ocurre en las escuelas medias-. Esta semana congeló fondos federales por más de mil millones de dólares a la de Universidad de Cornell (Nueva York) y 790 millones de dólares a la de Northwestern (Chicago) que se suman a Columbia, Pensilvania, Harvard (por 9.000 millones de dólares), Princeton y Brown. La extorsión es efectiva: esos fondos son la fuente de financiamiento más importante para las instituciones de élite. Hay otras 60 universidades amenazadas. Pérfidamente, Trump y el lobby sionista acusan a los rectorados de no proteger a los estudiantes judíos ante las movilizaciones “antisemitas” de apoyo a Palestina, soslayando que las enormes manifestaciones, que se repitieron en cientos de centros de estudios fueron codirigidas por organizaciones y estudiantes judíos que se oponen a la limpieza étnica en Gaza. Y que los acampes fueron agredidos por patotas proisraelíes tanto de judíos sionistas como de la derecha evangélica, protegidos por la policía. La cruzada de Trump es integral; no pretende solo amedrentar a quienes critican la complicidad de Estados Unidos con la masacre en Gaza sino extinguir contenidos científicos o que develen las múltiples opresiones del régimen social. Sancionaron a Princeton por financiar programas sobre el cambio climático, a Pensilvania por incluir estudiantes transgénero en un programa de deporte y a Brown por negarse a suprimir sus programas de diversidad. Las direcciones universitarias, en general cercanas al Partido Demócrata, han capitulado inútilmente frente a la barbarie gubernamental, que no les da tregua. Aunque Columbia permitió que se instalara la policía en el campus, expulsó a estudiantes extranjeros y locales, aceptó la intromisión de profesores proisraelíes en los departamentos académicos, el gobierno declaró que la agachada no era suficiente y no restituirá el dinero. Cuatro rectoras –“presidentas”- que acataron todas las indicaciones del lobby sionista debieron renunciar. Otras autoridades y numerosos profesores han sido despedidos u obligados a renunciar ante el acoso. El gobierno logró que tanto Columbia como Harvard intervinieran las áreas de estudios de Medio Oriente. Harvard había destituido a dos directores de su Centro de Estudios de Oriente Medio, pero no apaciguó al gobierno (FT 4/4). El 28 de marzo, la Facultad de Derecho de Yale despidió a una prestigiosa acádemica, Helyeh Doutaghi, sin permitirle defenderse siquiera de las calumnias elaboradas por la inteligencia artificial de un bot prosionista. Algunos profesores se han expatriado a Canadá. Más de 80 universidades informaron que el gobierno revocó de forma unilateral -algo totalmente ilegal- las visas de cientos de estudiantes extranjeros. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que son más de 300 y que serán deportados. A menudo sin previo aviso ni posibilidad de apelación, por el único delito de denunciar el genocidio. A algunos se les revocó la visa con la excusa de que tenían multas de tráfico. Una docena de estudiantes e investigadores fueron secuestrados por policías de inmigración enmascarados en plena calle o en los campus ante la complicidad de las autoridades (BBC 10/4). Los expertos en inmigración afirman que los estudiantes con visa tienen el mismo derecho a la libertad de expresión que los ciudadanos estadounidenses en virtud de la Primera Enmienda, y que, históricamente, ha sido raro que los estudiantes sean deportados por actos de expresión política (ídem). “A ningún presidente se le debería permitir establecer una prueba de fuego ideológica y excluir o expulsar de nuestro país a personas con las que no está de acuerdo”, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un comunicado. Las expulsiones se suman a campañas de acoso contra quienes se movilizaron por Palestina. La caza de brujas -el doxxing- implica la publicación en las redes de los datos personales, de los de la familia, expandidos por robots o por fascistas. Hay que tener en cuenta que el hostigamiento no empezó con Trump: apenas comenzaron las movilizaciones propalestinas grupos sionistas aficharon los campus y subieron a las redes fotos y datos de estudiantes y profesores acusándolos de terroristas y antisemitas. El gobierno de Biden y las autoridades universitarias cerraron filas con ellos. Camionetas con la imagen de la rectora de Harvard, Claudine Gay, y el lema “incapaz para el cargo”, recorrieron mañana y noche las calles de Cambridge (Massachusetts) y se apostaron frente a su domicilio. Otro tanto ocurrió con la rectora de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill (El País 7/4). Con total impunidad. La universidad pública de Nueva York (CUNY) canceló a finales de febrero la contratación de dos profesores de estudios palestinos. La propia gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, adoptó la decisión. “La retórica de odio bajo cualquiera de sus formas no tiene lugar en CUNY”, declaró. Los estudiantes y profesores judíos antisionistas también son perseguidos. Es el caso de Callen, estudiante de doctorado y profesora adjunta, que fue víctima directa de doxxing desde finales de octubre de 2023. Aunque es judía la amenazaron de muerte y la despidieron de CUNY [la universidad pública de Nueva York] después de una campaña de uno de los grupos más activos en el hostigamiento, Canary Missionun. “El cisma en la comunidad judía entre defensores y detractores de la ofensiva militar israelí es cada vez más agudo”, opina El País. “La persecución generalizada de estudiantes y profesores por pronunciarse sobre los derechos humanos de los palestinos no se parece a nada que hayamos visto hasta ahora”, dice a El País un antiguo profesor de Columbia, amparado en el anonimato. “Los estudiantes han sido repetidamente señalados en público, acusados de antisemitas, atacados físicamente, llevados ante audiencias disciplinarias secretas, arrestados y ahora amenazados con la detención y la deportación, todo por pedir el fin de los asesinatos masivos en Gaza”, añade. La persecución es una política de Estado. Rubio anunció en marzo que estaban rastrillando las publicaciones online de estudiantes con una herramienta de inteligencia artificial. También utilizan programas de reconocimiento facial para detectar la participación en las protestas del año pasado, las más importantes desde las que sacudieron al país contra la guerra de Vietnam. Gregg Roman, director del Middle East Forum (MEF), admite que su organización identificó a Badar Khan Suri, ciudadano indio que estudiaba y daba clases en la Universidad de Georgetown, y fue detenido a finales de marzo. Un artículo del MEF expuso antes su presunto delito: su esposa es hija de un supuesto dirigente de Hamás ya fallecido. Middle East Forum no solo se propone “documentar a los académicos que encubren el extremismo y dan legitimidad a la retórica antiisraelí o pro-Hamás”, explica Roman, sino “mantener la integridad académica en los estudios sobre Oriente Próximo, defender las normas de la erudición y garantizar que no se promuevan ideologías extremistas en las aulas”. Más claro, agua. Isaac Kamola, director del Centro para la Defensa de la Libertad Académica de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) denuncia los estragos que esta campaña inquisitorial está teniendo en los campus: “La detención, deportación ilegal, cancelación de visas y denegación de entrada a estudiantes y profesores constituyen una amenaza existencial para la libertad académica y es un mensaje claro de que el gobierno federal utilizará toda su fuerza, sin controles ni contrapesos, para castigar a estudiantes y académicos a los que considera enemigos del Estado, a menudo debido a su discurso propalestino”. La campaña de terror del gobierno ha tenido un impacto pero no logra doblegar a los estudiantes, movilizados de costa a costa en defensa de sus compañeros y profesores expulsados y encarcelados. Esta semana, estudiantes de Princeton se movilizaron tratando de impedir una charla, y después la interrumpieron, del ex primer ministro israelí Naftali Bennett, acusándolo de cometer crímenes de guerra en Gaza y de matar a 60.000 palestinos. El martes pasado, distintos sindicatos docentes demandaron al gobierno porque consideran anticonstitucional la persecución a estudiantes extranjeros. La demanda, presentada en el tribunal de distrito de Massachussets, denuncia no solo el amedrentamiento de la comunidad estudiantil por la detención y deportación automática de alumnos y profesores que simpatizan con la causa palestina. También el hecho de que la persecución priva a los estadounidenses de su derecho a relacionarse con compañeros nacidos en el extranjero y a conocer sus puntos de vista. Es decir, una política que no sólo persigue la libertad de opinión, sino también la de formarse la propia a partir de opiniones ajenas. Entre los firmantes está el prestigioso Instituto Knight de Columbia —que no representa a las autoridades—, la Asociación Estadounidense de Profesores y la Asociación de Estudios de Oriente Medio. En el otro lado del mundo, soldados de la ocupación israelí irrumpieron en el campus de la Universidad de Jerusalén, en la localidad de Abu Dis para evitar una marcha en solidaridad con Gaza. Dispararon bombas contra los estudiantes, obligándolos a evacuar la universidad en medio del caos. No pudieron impedir la movilización.

Le Pen fue declarada culpable de malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo. Esto la deja inhabilitada y fuera de la pelea electoral presidencial en 2027. La líder de la extrema derecha francesa fue sentenciada por el Tribunal Penal de París a cuatro años de prisión -dos de prisión efectiva qué será domiciliaria con brazalete electrónico- y cinco de inhabilitación. La extrema derecha se movilizó en París contra la sentencia y contra los jueces a quienes acusa de llevar a cabo una sentencia política solo para proscribirla, pero la convocatoria fue un fiasco, superado ampliamente por las movilizaciones llamadas por el gobierno y la izquierda en defensa de los jueces y el “Estado de derecho”. Le Pen -que tiene al racismo como una de sus directrices principales- tuvo el descaro de compararse con Martin Luther King, en su lucha “pacífica” y “democrática” por los “derechos civiles de los franceses”. La sentencia es un golpe para la extrema derecha. Le Pen usó fondos públicos de la UE, destinados a financiar el trabajo en el Parlamento europeo, para un uso partidario. RN (Agrupación Nacional) -primera en las encuestas- tiene un plan B, y es presentar a Jordan Bardella como candidato, que es el protegido de Le Pen, con solo 29 años. La sentencia inaugura una nueva estrategia que el establishment de la Unión Europea tiene planeada para establecer el cordón sanitario, no tanto contra la extrema derecha como tal, sino contra los que define como agentes de Putin -la proscripción a través de las causas judiciales. En Rumania procedió directamente a desconocer las elecciones para no consagrar a un outsider derechista, prorruso. El ‘lawfare', en este caso, es una expresión de la guerra interimperialista. La izquierda francesa se ha unido a Macron ‘contra el fascismo’, mientras la inglesa (SWP) se embandera en la defensa de los derechos democráticos. Pero el cordón sanitario lo levantan los mismos gobiernos que sentaron todas las condiciones para el fortalecimiento de la extrema derecha y que legitimaron la xenofobia metiendo a los migrantes asiáticos en seudocampos de concentración, permitieron que miles de africanos mueran ahogados en el Mediterráneo y acompañaron las invasiones bélicas de Estados Unidos en Medio Oriente, África, Ucrania y Haití que obligan a esas mismas poblaciones al éxodo. Son los responsables de crisis humanitarias en todo el mundo y del empobrecimiento del proletariado europeo. El establishment de la UE reacciona desesperado ante el accionar disolvente de Trump, quien, siendo la cabeza del sistema capitalista, está poniendo en cuestión a toda la superestructura que sostenía hasta ahora a ese mismo sistema capitalista: la Organización Mundial de Comercio, las Naciones Unidas, el Tribunal de la Haya, la misma OTAN. Acuciado por la deuda externa más grande del mundo, acorralado por el déficit comercial, Trump avanza, como dicen algunos medios, como un elefante en un bazar, rompiendo al mundo tal como lo conocíamos hasta ahora, y prometiendo desastres humanitarios aún mayores. La acción desesperada de la UE pasa por tratar de abortar cualquier surgimiento de vestigios trumpistas en el continente en pos de mantener en su sitio algo del mundo conocido. Pero este mundo es el de la desigualdad que no para de crecer, el que tiene a un 50% de la población en la pobreza. Es un mundo en donde hay guerras y genocidios. El surgimiento de la ultraderecha es una de las consecuencias del fracaso y del ocaso del sistema que la UE se empeña en mantener con pulmotor. Por lo tanto, cada paso de la UE en este sentido le da mayor entidad a Le Pen y compañía. Para acabar con la ultraderecha, los trabajadores tienen que organizarse en forma independiente contra la guerra y sus gobiernos, falsamente ‘democráticos’. El Poder Judicial no es un medio para derrotar al fascismo, en especial cuando ni siquiera condena a ese fascismo.

La patronal de Pirelli impidió en el día de ayer el ingreso de dos delegados del SUTNA a la planta. Faltando 24 horas para el paro general dictado por la CGT y mientras se desarrolla el paro dictado por el gremio este mediodía en la industria del Neumático, esto no es más que una provocación de la patronal al activismo obrero. ¿El objetivo? Es simple: impedir que los delegados militen e impulsen el paro general y debilitar la huelga. Este es un ataque a la organización gremial y al derecho de huelga y al conjunto de los luchadores. Desde hace semanas que las patronales del Neumático vienen desarrollando una ofensiva que incluye despidos encubiertos, intento de cambiar el régimen de trabajo y todo tipo de aprietes y amenazas. A la cabeza de esta ofensiva esta la patronal de FATE, cuyo objetivo es imponer un cambio de sistema de trabajo que redundará en un aumento de la tasa de explotación y una recomposición de la tasa de ganancia de la empresa. La patronal de Bridgestone, por su parte, viene de despedir a cientos de trabajadores en el marco de una campaña para deshacerse de todo el personal y contratar fuerza de trabajo precarizada. No queda otra salida que profundizar las medidas de lucha. Los paros aislados deben dar paso a las tomas de fábrica y el paro por tiempo indeterminado. La próxima Asamblea General del Neumático convocada para el 15 de mayo, aunque tardía, será una ocasión para salir del desangre de los despidos y del empantanamiento en que se encuentra la dirección sindical.

En el mismo día que un bombardeo israelí ha matado al menos a 29 personas, entre ellas varios niños, al este de la Ciudad de Gaza, y que distintos sectores del ejército reclaman el fin de la guerra para que vuelvan los rehenes, trascendió que el gobierno de Israel prevé borrar Rafah del mapa. Esto es, desalojar por completo el sur de la Franja e incluso destruir lo que queda de la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto (Haaretz 11/4). La superficie afectada por este nuevo plan equivale a unos 75 km2: el 20 % de los 365 de extensión total Gaza. De esta forma, Rafah y sus barrios, una zona donde antes de la guerra vivían unas 200.000 personas, “entrarían a formar parte del anillo de seguridad que el ejército lleva semanas construyendo dentro de Gaza, en paralelo a la valla que lo separa de Israel”. El propósito sería, según las fuentes que informaron a Haaretz, “mantener bajo absoluto dominio israelí la frontera entre Gaza y Egipto”. Posiblemente sean demolidos todos los edificios que quedan en pie. Hace una semana el gobierno de Netanyahu anunció que se proponía anexar amplias zonas de Gaza y dividirla en compartimientos separados. Como parte de ese plan están construyendo un nuevo corredor de un kilómetro de ancho, denominado Morag –nombre de un antiguo asentamiento judío evacuado en 2005–, que aislará el sur del resto de la Franja. Con esa zona de seguridad y los otros dos corredores -Netzarim y Filadelfia- “se reduciría en forma considerable el territorio para los palestinos” (ElPaís 11/4). Los planes de Netanyahu vuelven cada vez más remotas las negociaciones para el final de la guerra y el regreso de los rehenes. Y chocan con el creciente malestar de amplios sectores de la población israelí. El jueves se publicó una carta firmada por 970 reservistas de la Fuerza Aérea, altos oficiales y pilotos, en la que pedían dar prioridad absoluta a la devolución de todos los rehenes, incluso a costa de poner fin a la guerra. Tras la publicación de la petición, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, y el comandante de las Fuerzas Aéreas de Israel, el general de división Tomer Bar, anunciaron que van a expulsar del ejército a todos los reservistas que firmaron. La intimidación falló: el viernes, más de 250 reservistas y exalumnos de la unidad de inteligencia 8200 publicaron una nueva carta sumándose al llamamiento de los reservistas y exsoldados de la Fuerza Aérea. “Nos identificamos con la afirmación de que, en este momento, la guerra sirve principalmente a intereses políticos y personales en lugar de a intereses de seguridad», escribieron. «La continuación de la guerra no contribuye a ninguno de sus objetivos declarados y conducirá a la muerte de rehenes, soldados de las FDI y personas inocentes”, escribieron. Netanyahu, con pedido de captura del Tribunal Penal Internacional por genocidio, afirmó, en un comunicado de respuesta a las cartas, que “fueron escritas por un pequeño grupo de extremistas, dirigidos por organizaciones financiadas desde el extranjero con un único objetivo: derrocar al gobierno de derechas” (Haaretz, 11/4) “El público ya no se traga sus mentiras propagandísticas que se repiten en los medios de comunicación”, añadió: “Esto no es una ola. No es un movimiento. Es un grupo pequeño, ruidoso, anarquista y desconectado de jubilados, la mayoría de los cuales no han servido en años”. En la carta, los firmantes de la inteligencia militar destacaron el empantanamiento militar del sionismo señalando “el control de Hamas sobre la Franja de Gaza y el reclutamiento de nuevos operativos en sus filas, mientras que el gobierno no presenta un plan convincente para derrocar a la organización”. Añadieron que los rehenes «languidecen en las mazmorras de Hamas tras un año y medio de presión militar que agotó a los reservistas y a sus familias, pero que no logró su liberación total». Y dicen que “se niegan a aceptar una realidad en la que el escalón político da por sentada la continuación de la guerra sin revelar su estrategia para lograr los objetivos de la guerra”. También afirmaron que “el gobierno no ha asumido la responsabilidad del desastre, no admite que carece de un plan o una solución para la crisis, y mucho menos por medios militares. Como se ha demostrado durante el último año y medio, solo un acuerdo puede traer a los rehenes a casa sanos y salvos”. Se espera que otros exalumnos añadan sus firmas a la carta más tarde hoy. También se publicó otra carta con el mismo espíritu, firmada por empresarios, inversores y empleados del sector de la alta tecnología israelí. Más de 1.500 personas han sido asesinadas en Gaza desde que Israel rompió el alto el fuego. El gobierno de Netanyahu desconoce la potestad del Tribunal Penal Internacional pero tampoco aceptó que una comisión investigue las responsabilidades de su gobierno en el llamado “fallo de seguridad” que permitió que las milicias palestinas entraran a Israel. Una comisión que permitiría averiguar, por ejemplo, cuántos de los 1.200 israelíes muertos que le adjudican a Hamas en realidad fueron víctimas del ejército sionista por la aplicación de la Doctrina Hannibal.

Marcelo Ramal, economista (UBA-UNQ) y dirigente de Política Obrera, advirtió que la política económica del gobierno se sostenía en un “dibujo contable” y que la coyuntura internacional solo profundizó un colapso preexistente. En declaraciones televisivas, el economista sostuvo que la política económica del gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis profunda que no fue originada por la reciente guerra comercial desatada por el expresidente estadounidense Donald Trump, sino que ya estaba en curso mucho antes. Ramal criticó duramente el discurso oficialista sobre el “superávit fiscal” y cuestionó la sustentabilidad del plan económico conducido por el ministro Luis Caputo. Superávit en duda “El único pronunciamiento del presidente tras el estallido internacional fue un tuit jactándose de la supuesta fortaleza argentina por su superávit fiscal y financiero”, señaló Ramal. Para el economista, ese equilibrio es ilusorio: “Es un fraude contable, porque el Tesoro no registra los intereses que le debe al Banco Central por la deuda transferida, y que se siguen acumulando para ser pagados más adelante”. Además, advirtió que ese mismo “dibujo” incluye la cancelación o postergación de obras públicas, incluso aquellas con financiamiento internacional. “No se puede hablar de fortaleza fiscal cuando se paraliza la inversión y se oculta el verdadero peso de la deuda. Un superávit en pesos no resuelve una crisis de reservas que vacía al Banco Central de dólares”. FMI, devaluación y efectos en cadena Ante el drenaje de divisas, el Fondo Monetario Internacional reclamó una devaluación que, según Ramal, sólo agravaría la situación: “Dispararía la carga de intereses de la deuda pública en pesos, que se ajusta al tipo de cambio, y haría estallar el supuesto equilibrio fiscal que tanto pregona el gobierno”. Con el precio del litio desplomado y la soja y el petróleo golpeados en los mercados internacionales, la estrategia del oficialismo de lograr refinanciamiento externo parece haberse agotado. “La petición de un nuevo acuerdo con el FMI y un préstamo extraordinario no es una solución, sino la confesión de que el plan ya fracasó”, afirmó. Sin financiamiento ni respaldo político Ramal destaca que los intentos de Caputo por recuperar el valor de los bonos ofreciendo “una confiscación social” como garantía no han dado resultado. “Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, cualquier préstamo nuevo implicaría tasas de default. Incluso Morgan Stanley retiró los bonos argentinos de su lista de recomendados”. Mientras tanto, sectores empresarios como la COPAL reclaman un acuerdo con Trump para proteger sus exportaciones, al tiempo que exigen una devaluación. En paralelo, remarcan precios en el mercado interno y alimentan una inflación que podría volver a superar el 3 % mensual, incluso con estadísticas manipuladas. “El gobierno responde con más importaciones y suba de tasas, pero eso sólo profundiza la recesión industrial”, advierte Ramal. Crisis institucional La crisis económica se combina con una creciente debilidad política. El operativo para nominar nuevos jueces de la Corte Suprema naufragó en el Senado, y tanto el macrismo como el peronismo exigen participar en las negociaciones. “El FMI también reclama un reordenamiento político como garantía para su préstamo”, sostiene Ramal. “Pero Milei intenta dilatar esa presión, esperando las elecciones nacionales, algo que parece cada vez más improbable”. La implosión del peronismo en la provincia de Buenos Aires y la falta de cohesión en los bloques opositores reflejan un escenario político convulsionado, donde incluso Mauricio Macri presiona públicamente por el levantamiento del cepo y una devaluación inmediata. Nacionalismo reaccionario y alternativa obrera Frente al colapso del plan oficial, sectores empresariales promueven una salida “nacionalista” o proteccionista, al estilo Trump. Pero Ramal advierte: “Es una trampa. Ese viraje se basa en salarios de miseria, despidos y flexibilización laboral, con el apoyo de las cúpulas sindicales. No hay salvación en ese bloque burgués”. Para el economista y dirigente de Política Obrera, la única salida progresiva frente a la crisis es una política propia de la clase trabajadora: “Hace falta un programa que plantee la recuperación de salarios y jubilaciones confiscadas, el repudio de la deuda usuraria, el control obrero de la producción, la banca y el comercio exterior, y una unidad obrera internacionalista para enfrentar la guerra y el ajuste”.

Las cinco arquidiócesis de la Iglesia Católica de Santa Fe han firmado un comunicado que se posiciona respecto a la reforma de la Constitución de la Provincia. Su posición se suma a la del Gobierno y la oposición patronal en cuanto a presentar a la reforma como una “mejora democrática”. Reivindica “las propuestas orientadas al fortalecimiento de las autonomías locales, a la responsabilidad fiscal en la administración de los bienes públicos, al límite a la reelección y a la representación plural y profesional en el proceso de selección de miembros del Poder Judicial”. Advierte, sin embargo, por el “ausentismo en los comicios del domingo, o sea la abstención: Llama a un voto responsable y recuerda que es obligatorio. Todo muy convencional, pero que contrasta con el objetivo laicista que Pullaro le asigna a la reforma, que, dice, establecerá la separación de la Iglesia del Estado. Como se ve enseguida, sin embargo, Pullaro pretende acoger al estado a todos los cleros religiosos. El texto de la Iglesia Católica se mete en una pelea de rapiña por el reparto de los recursos del Estado entre las diferentes iglesias, a partir del reconocimiento de la labor común entre el ámbito laico y “todos los cultos”. Es conocido públicamente que el gobernador Pullaro tiene su preferencia por los sectores evangélicos. Por eso propugna una mayor transferencia de recursos estatales a las diferentes iglesias, para reforzar la presencia de éstas en los barrios, las escuelas, los hospitales y en las cárceles. Por lo visto, el “equilibrio fiscal” queda en un segundo plano a la hora de bancar al clero. “Por fuera” de la agenda de la reforma, la Iglesia plantea que los convencionales respeten el derecho de la vida por nacer; lo colocan como el “derecho madre de todo derecho: resguardar y promover la dignidad de la vida humana en cada una de las etapas de su desarrollo, desde la concepción hasta su término natural”. Que el derecho al aborto no se incluya en los 42 artículos a reformar es ominoso, no solamente porque se trata de una cuestión de salud pública (de mujeres y niños), y de derechos personales de las mujeres (y, en última instancia, de hombres que son parejas o padres de ellas) sino porque justifica más recortes a la asistencia social a mujeres y disidencias que quieran seguir accediendo a este y otros derechos. Justamente, desde Política Obrera venimos denunciando que el objetivo de garantizar el déficit cero y el equilibrio fiscal en la Constitución no apunta a establecer impuestos progresivos a los mayores ingresos y el retiro de los subsidios estatales a los capitalistas, sino a servir de excusa para recortar el presupuesto de salud, empleo, educación y vivienda; desmantelar equipos de trabajo, dar de baja capacitaciones y precarizar aún más la mano de obra sanitaria, que ya se encuentra expuesta a condiciones de trabajo y salariales deplorables. Existe una situación desesperante para el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la provincia. El comunicado de la Iglesia Católica sobre la elección de convencionales constituyentes en Santa Fe, desvirtúa el carácter democrático que el gobierno y el panel de partidos ‘progres' le atribuyen a la Reforma. La retrasada actualización de la Constitución de 1962 no es un avance de los derechos políticos, porque no contrarresta, sino que reafirma y refuerza la abolición de los derechos laborales y sociales, que han venido en aumento en estos más de sesenta años. Mientras que la ‘progresía’ quiere que la Constituyente se declare soberana, cuando no tiene los votos ni el reclutamiento popular para ese propósito, la coalición de partidos patronales y los cleros religiosos, proponen votar un paquete único, debidamente atado, en una fecha que varía desde el día siguiente a la clausura de la Convención hasta las vísperas de las elecciones de 2027. Como hemos mencionado en nuestra declaración y toda nuestra campaña, los acuerdos sobre esta reforma llevan a la clase trabajadora a un mayor detrimento en las condiciones de vida en materia de trabajo genuino, salarios, jubilaciones y a un menor acceso a la salud y a la educación laicas y científicas. Queda todavía la posibilidad de que Pullaro pretenda constitucionalizar el “estado de excepción” , o sea el gobierno por decreto y estado de urgencia, como se encuentra establecido en la Constitución Nacional reformada en 1994, y en once provincias con posterioridad. Esto sería, en la actualidad, un paso a la derecha –hacia un régimen liberticida, como desea Milei-. Los distintos sectores religiosos siempre están dispuestos a ir contra derechos universales como el acceso al aborto seguro y gratuito o el derecho a la ESI laica, a la identidad de género, a la autonomía de decidir sobre el propio cuerpo; y, sobre todo, para contener la miseria y el descontento que el déficit cero y el equilibro fiscal vienen a consagrar. La reforma santafesina no ha dado lugar a debates, por la intención del régimen de que pase sin noticia sobre ella. Los socialistas revolucionarios debemos aprovechar la circunstancia para debatir a fondo y desenmascarar sus propósitos. No existen Constituyentes ‘mejores’ que las de Pullaro, cuando son convocadas por la burguesía y su aparato estatal. No oponemos a esta Constituyente otra Constituyente. Los socialistas debemos desenmascararlas en todos sus propósitos, para hacer avanzar la consciencia revolucionaria de clase de los trabajadores. No nos motivan avances “institucionales” sino la organización de las masas bajo las banderas de un programa socialista. LEER MÁS: Santa Fe: la Constituyente reaccionaria “ordena” a municipios y comunas de acuerdo a los dictados de Milei y el FMI Por Gustavo Fenoy, 21/03/2025. Nos proponen una reforma constitucional en línea con Milei y Trump Santa Fe. Por Política Obrera Santa Fe, 11/03/2025.

El gobierno provincial de Jujuy ha dado un salto en su ataque a la docencia primaria, que desde diciembre reclama el reconocimiento, por parte de las autoridades , del triunfo en las elecciones de renovación de Comisión Directiva del gremio, que ganó ampliamente la lista del activismo: El Hormiguero . El gobierno provincial, a través del Secretario de Trabajo Andrés Lazarte, ha resuelto recientemente que el encargado de participar de las reuniones paritarias y administrar los recursos del gremio y de sus afiliados sea el Secretario Gral. de la CTA de Jujuy, Santiago Hamud, hasta que se resuelva el tema de la anulación de las elecciones. Estamos frente a una intervención del gremio en los hechos. Mediante una maniobra fraudulenta, las listas perdedoras reclamaron la anulación de las elecciones a la junta electoral, que dictó la anulación y pasó a disolverse. Desde diciembre, el gremio se encuentra formalmente ‘acéfalo’ sin reconocimiento ni pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo de Nación, ni de las autoridades de CTERA ni del gobierno provincial. La Lista Naranja del Hormiguero está organizando a los docentes y actuando como su dirección sin el reconocimiento de ninguna autoridad gubernamental. Antecedentes de la intervención Los docentes de primaria no han podido participar de ninguna reunión paritaria con el gobierno, que no reconoce el triunfo de la Lista Naranja, como tampoco reconoce a los delegados paritarios electos en asamblea, como establece el estatuto docente en caso de acefalia. El otro antecedente grave de esta intervención se dio en febrero de este año, cuando el gobierno organizó una reunión con el propio dirigente de la CTA, Hamud, y los apoderados de las tres listas para que firmaran un acta por el pago de los salarios de los trabajadores del gremio. Qué rol juegan la CTA Y Hamud La intervención del Gremio con la colaboración de la CTA no es inocente: busca quebrar un proceso de recuperación de gremios estatales en la provincia, dividir a la docencia y desmoralizarla, en medio de un cuadro de movilizaciones y paros contra la política de ajuste y salarios miserables del gobierno. Santiago Hamud, que se inició en política como expresión juvenil de la Tupac Amaru, escaló y dio el zarpazo directamente al PJ, participando en la interna del peronismo con Rubén Rivarola. Con su apoyo pudo imponerse en las elecciones de la CTA y poner el gremio y las luchas al servicio del peronismo y su política de contención, como hizo con una fracción de los trabajadores de la salud autoconvocados en el pasado. En estas elecciones docentes, Hamud hizo de comitiva para la campaña del oficialismo docente primario y colaborador del gobierno provincial. Inclusive acompañó a Sonia Alesso de CTERA en la campaña donde vino a apoyar al oficialismo en ADEP de Silvia Vélez por la reelección. La maniobra no pudo concretarse por la gran participación docente a favor del activismo, y ante la derrota consumada decidieron pedir la impugnación de la misma. El Rol de Santiago Hamud y de la CTA en esta intervención del gremio pone al desnudo el rol que jugaron para el oficialismo dialoguista, y luego ante la derrota avalaron la anulación de las elecciones. Hoy será él quien maneje los recursos del gremio y se siente a discutir las paritarias docentes. Una salida para los luchadores docentes Esta intervención de hecho tiene que ser repudiada por todos los docentes primarios y el activismo en general. La política de reclamarle al Congreso de CTERA y al Ministerio de Trabajo de la Nación el reconocimiento de las elecciones y del triunfo de la Lista Naranja-El Hormiguero ha demostrado su límite y se impone una lucha por el reconocimiento del activismo al frente del sindicato. La lucha reivindicativa estará necesariamente atravesada por la lucha por el reconociendo de la nueva comisión directiva. El triunfo de la huelga docente por mejores condiciones laborales y salariales es la mejor herramienta para luchar por el reconocimiento del activismo docente como la nueva dirección del gremio. Para lograrlo hay que impulsar una coordinación de todas las luchas entre el activismo, y no como sucedió en el reciente paro nacional donde los docentes fueron a un paro dividido por su encolumnamiento a los sindicatos madres: CEDEMS con CGT y ADEP con CTERA. Por la autoconvocatoria y la huelga general.

El inicio del ciclo lectivo en las Universidades Nacionales ha dejado en evidencia un desmantelamiento progresivo de la educación pública. Es un escenario de agravamiento de la crisis desarrollada durante el año pasado, la cual ha sido respondida en 2024 por el estudiantado y la docencia a través de movilizaciones masivas y tomas de Facultades a lo largo de todo el país. Autoridades de las Universidades Nacionales han advertido en un comunicado reciente que “el sistema universitario atraviesa una de sus peores crisis de la historia, que está provocando el abandono de miles de cargos de profesores y el deterioro de la calidad educativa”. El gobierno busca consolidar la liquidación del salario docente efectuada el año pasado del orden del 40 % a través de un aumento salarial miserable para el 2025. En paralelo ha avanzado en el desguace del CONICET. La intención de ir a fondo en el desguace de la educación universitaria para su ulterior privatización fue refrendada por Milei a través de la nueva prórroga por decreto del presupuesto educativo, el cual mantiene los montos de 2023, con la anuencia del Congreso Nacional. Las negociaciones recientes del gobierno con el FMI expresan el fracaso de la política oficial , la cual ha engrosado en 100.000 millones de dólares la deuda del estado nacional y financiado la fuga de capitales. El carácter limitado del acuerdo en gestación no sería suficiente para tapar los vencimientos venideros del Tesoro Nacional. La perspectiva de una mayor bancarrota del gobierno liberticida motoriza en estos momentos una corrida cambiaria que anticipa, para mayo, un dólar en torno a los 1500 pesos o aún mayor. El FMI ha puesto condiciones políticas para el desembolso: el ingreso al gabinete de un sector de la oposición, esto es, el reforzamiento, por parte de un sector de la oposición, de la camarilla de Milei-Caputo. El gobierno se dirige a una crisis política equiparable a la bancarrota del Estado Nacional. Este cuadro de situación ocurre mientras se desenvuelve una tendencia creciente a la confrontación política contra el gobierno. Es el caso de la marcha antifascista del 1F, la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la reciente movilización por el 24 de marzo y las sucesivas marchas de jubilados. El primer trimestre de 2025 ha seguido el camino emprendido por la rebelión universitaria del año pasado, que confrontó al gobierno y su política vaciadora mediante métodos cada vez más radicalizados: movilización callejera, piquetes y, hacia la segunda mitad de año, la ocupación de Facultades en todo el país y la huelga docente. Es lo que ocurre actualmente con el paro de la CGT convocado para el 10, el cual si bien fue convocado en desconexión con este proceso de movilización, ha sido tomado por un sector nutrido de la clase obrera como un canal para impulsar una confrontación con el gobierno y en los lugares de trabajo. La lucha universitaria del 2024 no solamente marcó un rumbo para enfrentar a Milei, sino que dejó en evidencia el régimen de colaboración entre el gobierno nacional y la oposición patronal del PJ/kirchneristas, radicales y macristas en torno al Congreso, cuya finalidad es blindar un programa antiobrero dentro del cual está contenido el desfinanciamiento y ulterior arancelamiento de la educación pública. El veto a la Ley de Financiamiento Universitario, y el posterior aval votado por el Congreso, es una expresión de esta colaboración. La política del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde revisten los Rectores de las Universidades Nacionales, ha sido una caja de resonancia del vínculo entre la oposición patronal y el gobierno nacional. El actual presidente del CIN, el peronista Oscar Alpa, inició su mandato esta semana con un comunicado que denuncia el ajuste del gobierno nacional. En 2025 se recortaron en un 35 % los fondos para el funcionamiento de las universidades. Según Alpa, para adecuarse a este panorama han avanzado en recortes en mantenimiento y apertura de cursos, así como la eliminación de todas las obras de infraestructura planificadas para este año y el congelamiento del sistema de becas. Durante el año pasado los Rectores agrupados en el CIN y los Decanos han apelado a la falta de recursos para impulsar una reorganización de los planes de estudio y de las condiciones de cursada de cuño arancelario y precarizador. Han funcionado como gestores de la miseria presupuestaria con la que el gobierno nacional busca someter a las Universidades. Es lo que ha ocurrido recientemente en la UBA con el arancelamiento de los cursos de extensión, una iniciativa impulsada por el radical Yacobitti y replicada en varias Facultades dirigidas por el bloque de decanos alineados con el peronismo . El arancelamiento expresa una tendencia más general dentro de las Universidades: el año pasado se implementaron medidas similares en algunos cursos de ingresantes de la Universidad de La Plata y de Tucumán, cuya realización es de carácter obligatorio para poder ingresar a carrera. Acompaña la proliferación de diplomaturas y posgrados pagos, que actualmente hacen a más de la mitad de los recursos de los que disponen una porción importante de las Facultades, como ocurre con Filosofía y Letras de la UBA. El objetivo de las autoridades es dirigir un proceso de arancelamiento que se ampara en la motosierra del gobierno liberticida. En paralelo han proliferado, durante fines del año pasado y principios de este, la implementación de títulos intermedios, que abren la puerta al traslado de contenidos dictados en el segundo tramo de la carrera al segmento arancelado de posgrado. Los Rectores del CIN han entregado el reclamo presupuestario y salarial a cambio del control sobre las cajas chicas que regentean en sus respectivas Facultades, financiadas a través de cursos y posgrados arancelados, que en varios casos ascienden al 80 % de los fondos anuales de los que disponen las Universidades Nacionales. De este modo, se preparan para una posible provincialización del presupuesto universitario, lo cual ha sido adelantado por funcionarios del gobierno nacional vinculados a Capital Humano. En este contexto, ambas CONADU han llamado a un paro de 48 horas para el pasado 17 y 18 de marzo. En esa fecha estaba previsto el inicio de clases en un conjunto de Universidades. Los sindicatos plantean que “el gobierno insiste en sus políticas de ajuste que deterioran el salario de los trabajadores universitarios”. Según trascendidos, se prepara una marcha universitaria con fecha aún incierta. En varias Facultades se han sucedido asambleas autoconvocadas de estudiantes. La Federación Universitaria Argentina (FUA) ha evitado hacer referencia a este escenario en el cual inicia el ciclo lectivo. Durante el año pasado actuó como correa de transmisión del CIN dentro del movimiento estudiantil, principalmente con el objetivo de desactivar las tomas que se desarrollaban en todo el país. Bajo esta orientación ha pasado revista tanto la conducción radical de la federación como la oposición peronista, que actualmente posee la secretaría general del organismo. Tanto unos como otros son la expresión estudiantil del régimen político que sostiene a Milei desde el Congreso. Es necesario retomar un camino de confrontación política con el gobierno. El paro del próximo jueves será una instancia para debatir en las aulas, asambleas y reuniones de delegados la suspensión de clases y la movilización junto a los jubilados el día anterior. El surgimiento de grupos de autoconvocados que tomaron en sus manos la tarea de organizar la confrontación con el gobierno da cuenta de los límites de las actuales direcciones de los centros de estudiantes, actualmente subordinadas a las directrices de la FUA y el CIN. Han marcado un rumbo, asociado a la huelga, las ocupaciones y la movilización callejera. La experiencia recorrida en la lucha contra el gobierno liberticida ha arrojado, hasta ahora, una conclusión: que la lucha para derrotar el vaciamiento de la educación requiere de la independencia política respecto de los rectores, sus personeros estudiantiles y los partidos capitalistas, comprometidos con el arancelamiento educativo y la destrucción del salario docente. Pongamos en pie en la universidad y la juventud una corriente política que asocie esta perspectiva de lucha que se encuentra abierta en la actualidad a un programa obrero y socialista.

No es de buen augurio para Caputo la decisión de devaluar el peso en una Semana Santa, aunque los feriados bancarios del jueves y viernes próximos le podrían servir para evitar una crucificación del Gobierno. A breve plazo quizás no pueda repetir el apotegma de Alfonsín: “La casa está en orden”, quien logró apagar el fuego pero dejando focos de llamas adentro. La ‘autorización’ para que el Banco Central deje que el dólar llegue a los 1400 pesos tiene lugar cuando el índice de inflación de marzo llegó al 3.7 % y dejó una curva empinada para abril. Un traslado ‘liviano’ de la devaluación a los precios podría llevar la tasa al 5 % mensual para abril y para mayo, en especial porque la economía se encuentra indexada (alquileres, servicios, combustibles). El escenario de los precios volvería al de los últimos días de la gestión de Massa, cuando, según los liberticidas, Argentina habría estado al borde de la hiperinflación. La devaluación es precedida también por un elevado “riesgo-país” –alrededor de 900 puntos básicos sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos-. Esto señala una ola de ventas de títulos de la deuda de Argentina y una fuerte señal de fuga de capitales. En medio de un desplome del mercado de deuda pública de Estados Unidos y una guerra comercial sin precedentes , no se ven las razones que habría para que esta tendencia se dé vuelta. El 9 de julio próximo, nuestro “Día de la Liberación”, Caputo deberá pagar capital e intereses por 4.500 millones de dólares por vencimiento de Bonares y bonos Globales, más allá de los vencimientos repetidos de la deuda doméstica que se ajusta por inflación o dólar. La devaluación significa algo importante, como es la pérdida de valor del llamado superávit fiscal en pesos. El gobierno se ha adelantado en asegurar que lo subirá del 1.1 % al 1.6 % del PBI, revelando al mismo tiempo que espera un impacto inflacionario del orden del 50 por ciento. Esta tasa devora las ventajas competitivas de la devaluación en un tiempo muy rápido. Más allá de los enormes negociados que han hecho quienes estaban informados de la devaluación, el acuerdo con el FMI comporta una transferencia de ingresos extraordinaria de los contribuyentes al capital financiero. Los 15 o 20 mil millones de dólares que el préstamo pone en cabeza del Tesoro y por lo tanto de los contribuyentes, irán a las arcas del Banco Central. No financiarán el gasto público, aunque su devolución recaiga en ese público, sino que financiará las operaciones en el mercado de cambios y la salida de capitales. Se trata de un ajuste adicional del 5 % del PBI sobre el 15 % que presume haber realizado el mismo Milei –o sea unos 70 mil millones de dólares-. Esta confiscación brutal, lo es todavía más con los préstamos que anuncian el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo, o el que otorgaría el Tesoro de Estados Unidos. Los pone también a cargo del Tesoro, pero irán al Central en calidad de fondos de “libre disponibilidad”. Suponiendo que representan una suma similar a la del FMI, la carga fiscal sobre los contribuyentes alcanzaría otro 5 % del PBI, y superaría los 100 mil millones de dólares largamente. Entre el impuesto inflacionario –que el 3.7 % marzo lleva al 100 % anual– y los 30 mil millones de dólares que entrega el Tesoro al Banco Central, los liberticidas expropian a los trabajadores casi el 40 % del PBI, lo cual explica su odio al socialismo y el comunismo. La repetida afirmación de que la estabilidad cambiaria se encuentra asegurada cuando las reservas disponibles emparejan la base monetaria amplia, es un falacia que delata la mediocridad de quienes la sostienen. Simplemente, si la base cancelara por completo las reservas, se tendría una economía dolarizada, en el marco de una fuga monetaria. Para que esa reserva de valor se convierta de nuevo en medio de circulación es necesario superar la causa subyacente de esa fuga, que es el default interno y la ruptura de contratos. Siempre hay salida a una crisis, lo que no se puede de ningún modo es evitarla. Los liberticidas no aprendieron nada un cuarto de siglo después del derrumbe de la convertibilidad. La extensión, por otro año, del canje de monedas, 5 mil millones de disponibilidad inmediata, concedido por el Banco Central de China al Banco Central de Argentina, es una muestra definitiva de que la economía de Milei y Caputo se encuentra en llamas. Lo mismo ocurre con la decisión de Estados Unidos de abrir un crédito directo al BCRA por otros 5 mil millones de dólares. En este caso, Trump recula de la exigencia a Milei de que no renueve el canje con China, y que inicie, en cambio, una ofensiva contra las inversiones de China en el país. Mauricio Claver-Carone, enviado de Trump a América Latina, lo reclamó en forma explícita, al igual que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuya presencia en Argentina está prevista para los próximos días. Este giro político de parte de la Administración estadounidense ocurre cuando la guerra comercial lanzada contra China alcanza proporciones superlativas. Significativamente, la devaluación viene acompañada con el mantenimiento del ‘cepo’, incluso su profundización. Los importadores no recibirán dólares sino otra tanda de bonos. La única ‘liberación’ es para personas humanas, con cuentas bancarias, algo que los bancos han advertido que no ocurrirá de inmediato, porque necesitan ‘resetear’ sus operaciones. Un índice del estado de la crisis lo mostrará el grado de adhesión que tengan las licitaciones de renovación de deudas y los plazos que se suscriban. El tope de 1400 pesos el dólar podría ser superado a corto plazo. El dueño de Puente advierte de un “overshooting”, o sea disparada, mientras el kirchnerista Vanoli, ex presidente del Banco Central, pone al dólar de ‘equilibrio’ en 1557 pesos. Martín Redrado, quien busca empleo en la institución, ha llamado a no ilusionarse “con fórmulas mágicas”. El sismo financiero ha repercutido en el Congreso, donde la oposición ‘dialoguista’ busca cambiar de campo; un cambio de gabinete, no inmediato, ya se encuentra planteado. Los gobernadores de Córdoba y Catamarca, Llaryora y Jalil, han impulsado la investigación del $Libragate, desbaratando el bloqueo oficial. Caputo reconoce el desastre sin disimulo, cuando lo adjudica al intento de que el acuerdo con el FMI fuera discutido antes por el Congreso. Esto no ocurrió tampoco en 2018, sin por ello evitar el derrumbe. El oficialismo liberticida se defiende, por último, definiendo a la devaluación como un puente hasta la llegada de los dólares de la soja, el aceite y la energía. Los dueños de estos rubros esperan, a su vez, que se levante el ‘cepo’ para traer las divisas del exterior o acelerar importaciones. Todos “esperan a Godot”, mientras la economía mundial se disloca todos los días más y obliga al charlatán de los charlatanes a recular a los tropezones . El gobierno de Milei ha llegado al estadio recorrido por muchos otros antes , como la dictadura en 1981; Alfonsín en noviembre-febrero de 1988/9; Menem en 1994 y de la Rua en el 2000; el kirchnerismo en 2007 y a partir de 2011; Macri desde abril de 2018; y los Fernández a la salida de la pandemia. Es el estadio del inmovilismo político, cuando las iniciativas son reemplazadas por los golpes de mano y los volantazos. Es sobre la base de esta caracterización que estamos discutiendo y seguiremos discutiendo la política de la clase obrera, incluido el escenario electoral. LEER MÁS: Un acuerdo confiscatorio para colocar a la Argentina en la trinchera de Trump Por Marcelo Ramal, 12/04/2025.

Milei y Caputo no han sido originales para presentar al acuerdo que acaban de firmar con el FMI. Como todos los gobiernos que terminaron “en el Fondo”, sostienen que el auxilio de 20.000 millones de dólares constituye “otra etapa” de un plan que venía sin tropiezos. Por el contrario, el acuerdo con el Fondo es la confesión de que el plan Caputo se estrelló prematuramente . La carga explosiva de la deuda argentina -que ronda los 600.000 millones de dólares- no tiene condición de ser refinanciada . Pero los 15.000 millones de dólares de “libre disponibilidad” anunciados por el gobierno tampoco podrán afrontar esa hipoteca. Servirán, en lo inmediato, para solventar urgentes vencimientos de deuda externa con privados -en julio próximo, 4.500 millones de dólares de bonos ´globales´y Bonares-. Con 900 puntos de riesgo país, Caputo no tiene posibilidad de refinanciar esa deuda con privados. En la conferencia de prensa donde anunció el acuerdo, Milei comparó a la economía argentina con un “acorazado”. El barco, sin embargo, se encuentra averiado y los liberticidas han aportado su cuota. Para afrontar vencimientos anteriores de deuda pública y privada, gastos de turismo, utilidades y la salida de capitales especulativos, el gobierno evaporó 15.000 millones de dólares de superávit comercial . Como en otras bancarrotas nacionales, los recursos del FMI vienen a cubrir la salida de capitales que las exhaustas reservas internacionales ya no pueden abastecer. En la fila de los que quieren salir, se encuentra la remisión de utilidades y pago de deudas de las corporaciones capitalistas, así como las de los importadores. El acuerdo libera el cepo para los ahorristas. Le ofrece a una fracción social con mayores ingresos la zanahoria de subirse al carro de la fuga de capitales. Pero los beneficios de ese ahorro en dólares serán rápidamente devorados por las consecuencias inflacionarias y devaluatorias del acuerdo. Devaluación El acuerdo ratifica la parodia de la “emisión cero para financiar al Tesoro”, después que la pasada deuda del Banco Central fuera transferida compulsivamente al fisco. Ahora, esa deuda será bancada por trabajadores y contribuyentes. Pero la anunciada recapitalización del Banco Central comporta otro ajuste, porque ha reemplazado a la deuda del Tesoro con el Banco -unos pagarés de renovación indefinida y ya licuados por casi dos décadas de inflación- por otra deuda, del Tesoro con el FMI. Para afrontar esta nueva hipoteca, vendrán mayores ajustes contra los trabajadores. Pero el gobierno anuncia ahora que habrá una emisión dirigida a compensar las consecuencias monetarias de la devaluación –imprimir pesos equivalentes al nuevo valor del dólar-. El timador serial Caputo, que aseguraba que “no habría pesos” suficientes para una corrida, se encarga de proveerlos para cuando la “banda flotante” alcance el tope de los 1400 pesos. O sea que los sacerdotes de la escuela austríaca convalidan las consecuencias devaluatorias e inflacionarias del pacto con el FMI. Es lo que ya viene ocurriendo con la aceleración de la carestía en los últimos sesenta días. El mismo día en que Caputo y Milei celebraban el pacto fondomonetarista, la inflación de marzo (incluso malversada) llegaba al 3,7 %. Con paritarias del 1 % mensual y ajustes jubilatorios de acuerdo a la inflación pasada, el mundo del trabajo ha pagado estos cimbronazos con un nuevo desplome de sus ingresos. Esto ocurrirá en forma agravada con la devaluación que arranca el lunes. Los economistas que dicen que la inflación no debe dispararse, saben a qué apuntan: esperan que los salarios sigan planchados, con la colaboración de la burocracia sindical y la persistente recesión industrial. Después de haberse envuelto en la bandera de la “macro ordenada”, los que gobiernan se han subido al carro de los inflacionistas, para continuar perpetrando una confiscación a los trabajadores. Guerra internacional y letra chica “Estamos viendo”. Eso es lo que respondió Caputo cuando le preguntaron si el acuerdo implicaba una reforma previsional, laboral y tributaria. No es un secreto que el socorro del Fondo tiene en la mira al aumento de la edad jubilatoria, la cancelación definitiva del derecho del trabajo y un reforzamiento de la carga de impuestos a los asalariados y a las provincias. La apuesta a que estos fondos permitan una victoria electoral de Milei en octubre es la apuesta a que este paquete de reformas reaccionarias prospere después de octubre. Pero el acuerdo no puede ser considerado por afuera del escenario de la guerra internacional agravada después de los anuncios de Trump. Días pasados, los funcionarios yanquis manifestaron su “incomodidad” por el swap de China, que es el 60 % de las reservas internacionales de Argentina. La visita del titular del Tesoro, con la posibilidad de un auxilio financiero directo del gobierno de Trump, plantea una incorporación sin condiciones de Argentina al “campo de Trump”, en el escenario de la guerra imperialista. Las concesiones económicas y políticas por venir abren la puerta a nuevas crisis y choques, por caso, en el comercio con China. El acuerdo devaluatorio, inflacionario y confiscatorio sacudirá la estantería del movimiento obrero y la deliberación política en todos los planos. Es necesario un planteo de lucha por el salario y las jubilaciones, y una agitación resuelta en favor de una salida obrera y socialista contra los gobiernos y partidos de la deuda y de la guerra. LEER MÁS: FMI y devaluación, un volantazo con pronóstico reservado Para la clase obrera, el desafío de tomar la iniciativa política. Por Jorge Altamira, 12/04/2025.

En las últimas semanas los casos de violencia en la escuela y violencia entre jóvenes fueron temas recurrentes en los medios. El tenor de la situación se ha incrementado tanto que el gobierno de la Ciudad impulsa una plataforma virtual denominada “Escuela en Familia”, donde incorpora un plan de Salud Mental y de Neurodesarrollo porque, según ellos, el “eje es el bienestar socioemocional”. Por el lado de provincia de Buenos Aires, a través de una “carta abierta” a la docencia la Dirección General de Escuelas afirma que “somos testigos de la existencia de un contexto de agresividad y hostilidad que necesariamente impacta en la cotidianeidad de la escuela”. El poder político se declara testigo, es decir, ajeno y por lo tanto incapaz de asumir la responsabilidad de la violencia social que se incrementa a medida que la crisis económica y social se hace más apremiante como resultado de las políticas que llevan adelante el gobierno nacional y los gobiernos provinciales que encuentran, en las burocracias sindicales, los canales para viabilizarlas. La carta de marras menciona que “es fácil observar como se ha degradado la conversación pública en la sociedad argentina” pero no dice nada que esa degradación del lenguaje y de la conversación viene hace décadas y acerca de su estructura. Tampoco hace mención a que el lenguaje se degrada a la misma velocidad que se despliega la crisis económica y social y se refleja en el discurso soez del presidente Milei como también en las manifestaciones fascistas de su entorno y en las expresiones de Trump y Netanyahu, que tienen en común la pretensión de aniquilar o hacer desaparecer pueblos o expresiones de resistencia. Hace pocos días se publicó un estudio acerca de las perspectivas futuras de jóvenes del conurbano y se revela que “el 40 % directamente cree no tener futuro y renunció a sus aspiraciones, otro 40 % ve muy difícil progresar” (Clarín, 06/04). En ese mismo estudio se observa que las escuelas se presentan como instituciones viables para “ser alguien en la vida”; sin embargo, esta consideración se ve rápidamente frustrada ante el deterioro de las condiciones de cursada, de la falta de docentes y del poco sentido que tiene lo que se enseña con la vida que se vive. La escuela tiene un proyecto y un discurso disociado de la realidad, la escuela propone educarse para el futuro, pero sin interpelar el presente y sin cuestionar qué tipo de futuro propone. Es decir que la escuela no hace consciente, en la masa estudiantil, los problemas sobre los modos y las condiciones de vida. La escuela, como espacio social que impulsaría el progreso, la cultura, el humanismo y la convivencia, estalla con todo acto violento que allí acontece. La violencia dentro de ese ámbito es más compleja de aceptar porque quiebra la expectativa que refiere a que la formación o la cultura son los instrumentos capaces de frenar las manifestaciones de violencia. La escuela debe estallar o se estalla en la escuela. La violencia al interior de la escuela La escuela refleja y refracta la realidad social; todas las capas sociales se ven afectadas ante la crisis del régimen porque altera la vida cotidiana. La presente dislocación de las relaciones capitalistas, expresadas en la economía de guerra que impulsa el gobierno de Trump y en la tendencia a la crisis del sistema financiero presente, dislocan la vida cotidiana y la producción y reproducción del ser social y de la cultura. En estos marcos sociales, la escuela acompaña y observa cómo la situación del presente coloca a la orden del día la fragmentación de las tareas cotidianas y de los propios vínculos humanos. La relación social del capital y esta vida cotidiana promueven una anulación del otro como sujeto. La profundización de la desregulación de la vida social trae aparejado el incremento de los negocios del narco, que se ofrecen como alternativas de ingresos para sectores juveniles y el consumo como modo de vida. Ahora bien, la violencia es, también, la partera de toda vieja sociedad preñada de una nueva...es el instrumento del cual se sirve el movimiento social para abrirse paso y romper las formas políticas estancadas, siempre que se consolide una fuerza social capaz de llevar adelante ese movimiento. Sin la presencia de esa fuerza social, la tendencia al quiebre de las relaciones capitalistas se expresa y se resuelve a través de distintos modos de violencia, ya sea organizada desde el Estado sobre sus ciudadanos o entre Estados, en su camino a la guerra. En la sociedad, esa violencia puede cobrar expresión afectando a todos los integrantes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes y familias). El presente catastrófico, expresado en el genocidio sobre el pueblo palestino, pone de relieve las formas de reacción a las que está dispuesto el capitalismo para preservarse. Al concebir que el medio cultural es el elemento de formación es posible entender el alcance del concepto de andamiaje entre el ser y el medio, porque su entrelazamiento desarrolla la zona potencial de aprendizaje. Es el medio quien educa; lo que implica que no sólo es el aula, es más allá del aula; es el momento histórico en el que está situada esa aula, las prácticas del presente entonces aparecen como modos posibles de desenvolverse en la vida cotidiana, como dijo Walter Benjamin, “un individuo en situación de inmenso terror puede entonces verse compelido a imitar justamente aquello que lo aterroriza.” La guerra es la expresión de la dislocación de los lazos del capital sin una intervención organizada de la clase trabajadora. El capital ya no puede seguir desenvolviéndose como lo vino haciendo hasta el presente y por medio de la desorganización social busca una reorganización bajo su propia lógica que implica, como se puede observar, el incremento del empobrecimiento económico y un retroceso civilizatorio. El ámbito escolar no puede, en tanto institución, superar una relación social que lo constituye. La escuela, con su política de promover la gestión de las emociones (individuales), de brindar educación según las "trayectorias educativas" de cada estudiante ha convertido al individuo en un ente en sí mismo, presentando a lo social como una carga para su desarrollo personal. Se refuerza, de este modo, la concepción de que existirían fuerzas extrañas que imponen condiciones ruinosas sin poder comprenderlas, la escuela mistifica las relaciones sociales. La sociedad, el Estado, aparecen como carga, pero también como objeto capaz de generar daño. La salida de la pandemia incrementó esta perspectiva y colocó una ruptura entre las generaciones de adultos y jóvenes que la crisis económica profundizó; sobre todo en las perspectivas de unos y otros. Mientras los adultos se encuentran más sometidos a los ritmos laborales y a las flexibilidades de sus condiciones, la juventud no encuentra una propuesta de crecimiento en los marcos de la sociedad actual. Ninguno de los instrumentos constituidos para abordar la problemática de la violencia en el ámbito educativo, hasta el momento, han puesto en cuestionamiento las políticas educativas ni las políticas de Estado que conllevan a desarrollar los modos en que se vive la vida. Es decir, que no vinculan al ámbito educativo a la realidad social y política que condiciona los modos de existencia. La crítica a la educación debe tomar consciencia que el docente personifica tanto las relaciones sociales históricamente determinadas como también a los programas y los contenidos académicos. Si estos se degradan para favorecer el mercado de trabajo también se degrada el rol del docente; si se desvalorizan los contenidos también se desvaloriza el lugar del conocimiento que expresa, de un modo u otro, la figura del docente. La escuela se ha vuelto un ámbito de ocultamiento de las relaciones sociales y por lo tanto un peso muerto para los estudiantes. Las políticas de no repitencia solo buscan obtener datos para expresar que no habría fracaso educativo. La realidad educativa y la violencia en los marcos escolares muestra que la enseñanza y el aprendizaje se han vuelto incompatibles con el capitalismo, por eso no alcanzará con impartir programas de convivencia. Perspectivas En el ámbito escolar se entrecruzan las familias, los estudiantes y los docentes. Las contrarreformas educativas que impulsan los distintos gobiernos están generando un rechazo entre docentes y estudiantes que se expresa de diversos modos. La perspectiva está en que docentes y estudiantes concentren el cuestionamiento a las políticas educativas que apuntan a la desvalorización del conocimiento y a la reducción de cargos docentes, que se desenvuelvan convocatorias desde la docencia y los estudiantes junto a las familias para poner en pie un plan educativo, dónde se aborde la infraestructura, las condiciones salariales, el incremento de la planta docente e incluso la mejora de la calidad de acceso a las escuelas y de las viviendas. Al abordar los problemas sociales del presente, docentes y estudiantes, develarán que el pago de la deuda externa está en relación directa con el desfinanciamiento educativo, que se paga la deuda a costa de las condiciones de enseñanza, de aprendizaje y de vida. La escuela, cómo caja de resonancia de los problemas sociales debe convertirse en un faro que condense las problemáticas comunitarias y entrelazarlas con las luchas del presente en una perspectiva socialista, poniendo a la luz que el capitalismo se ha vuelto incompatible con la vida humana. LEER MÁS: La violencia en las escuelas de General Rodríguez Por Carlos Sánchez, 09/04/2025. La violencia escolar y la violencia política Por Ceferino Cruz, 08/04/2025.

La segunda vuelta en Ecuador repite a los contrincantes que se vieron las caras en 2023, cuando unas elecciones anticipadas fueron convocadas por el entonces presidente Guillermo Lasso, pero en una situación completamente diferente. En aquel entonces el outsider Daniel Noboa, actual presidente, había sorprendido a propios y extraños al catapultarse en una cómoda victoria en la segunda vuelta frente a Luisa Gonzalez. Ahora, Gonzalez aparece en una buena cantidad de sondeos como favorita o a una distancia ínfima (0,3 %) del actual mandatario. El candidato indigenista, Leonidas Iza, que obtuvo un 5 % en la primera vuelta, convocó a votar por Gonzalez, lo que inclina a creer en una ajustada victoria en favor de la candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa. Los medios ecuatorianos reflejan esta creciente incertidumbre, agregando un dato importante. Durante la primera vuelta se registró casi un 7 % de votos nulos y un 2 % de votos en blanco; el tercer lugar lo ocupó Pachakutik, el partido indigenista, con un 9 %, que llama a votar a Gonzalez. Los candidatos, que han cerrado su campaña el jueves, han buscado hasta último momento convocar a los indecisos a inclinarse por su voto y conquistar al electorado que se ha abstenido de elegir entre cualquiera de los 14 candidatos de la primera vuelta. Varias columnas de opinión lo reflejan del siguiente modo: elegir al mal menor para Ecuador y tu futuro próximo. Las encuestas callejeras recogen una sensación similar en la población, el impulso a elegir se rige más por miedo al otro que por una adscripción al programa del candidato en cuestión. Los candidatos ha expuesto programas fuertemente antagónicos –uno trumpista, el otro ‘woke’-, que en las condiciones de Ecuador adquieren la forma de una guerra civil; en el último tiempo, han sido asesinados varios candidatos. Ecuador se encuentra atravesado por las bandas delictivas y el narcotráfico. Registra más de 700 asesinatos de civiles por mes en 2025, en 2023 se registró la espeluznante cifra de 47 asesinatos violentos cada 100.000 habitantes. La política de “conmoción interna armada”, la definición de las bandas narcos como “terroristas” y la violación completa de los derechos humanos tanto en barriadas como en cárceles no ha redundado en una reducción seria de la violencia callejera ni del accionar de las bandas en el país. Por el contrario, el gobierno ha reconocido la incapacidad de su política al anunciar hace solo semanas un acuerdo con la empresa militar para estatal “Blackwater”, acusada de diversos crímenes de guerra en la ocupación norteamericana de Irak, a principos de los ochenta. Luisa Gonzalez sostiene una posición pacifista con el apoyo de las Fuerzas Armadas, un oximorón. Las ciudades más atravesadas por noticias diarias de asesinatos tienen alcaldías correistas y sus calles están infestadas de gendarmes, prefectos y policías. La crisis política que enfrenta Ecuador se encuentra instalada en los fundamentos mismos de la organización estatal por la proliferación del narco y las amplias redes de complicidad estatal; así lo han demostrado múltiples investigaciones judiciales. A esto debe sumarse una crisis energética, como consecuencia de las sequías y un aumento de temperaturas desmedido, y la quiebra del Estado. La deuda pública de Ecuador se ubica en el 57 % del PBI según el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) y acarrea una serie de compromisos impagos que lo alejan del acceso al crédito internacional. El FMI accedió a otorgar un rescate financiero de 4.000 millones de dólares que el gobierno de Noboa precisaba para llegar con la naríz fuera del agua a las elecciones; el déficit fiscal alcanza los 5.000 millones de dólares y ha sido reducido a 3.000 millones de dólares por un aumento del IVA y de la gasolina. La pobreza, que el INDEC ecuatoriano sitúa en el 28 %, es un completo dibujo cuando más del 60 % de la población no accede siquiera al salario mínimo de 450 dólares. Las previsiones más optimistas plantean una reducción del PBI cercana al medio punto porcentual. Tufillo golpista y tufillo de rebelión popular Desde que fueron conocidos los resultados de la primera vuelta electoral, el actual presidente ha asegurado en toda oportunidad que creyó oportuna que en diversas provincias se produjo una alteración de los resultados (fraude) que habría favorecido a González. Diversos alcahuetes periodísticos del gobierno -Jony Viale no es una excepción argenta- difunden a diario noticias de reparto de boletas ya marcadas, lo cierto es que la CNE ha aclarado que todas esas noticias no tienen fundamentos y que la boleta única de papel evita cualquier robo de boletas. Las acusaciones apuntan principalmente a que González es apoyada por las bandas narcos que operan en el país. Las pretensiones de asignar al correísmo un carácter dictatorial de gobierno, más bien debería definirse como bonapartista, le caben al propio Noboa, que ha sembrado esta semilla de fraude en una elección bajo su mando político y militar, al tiempo que ha violado diversos artículos de la Constitución durante la campaña electoral, al no abandonar sus funciones presidenciales de manera efectiva, y ha retirado -junto al apoyo de la Corte Suprema- los derechos políticos de su vicepresidenta, Verónica Abad con la cual se encuentra enfrentado desde comienzos de su gestión. Ha nombrado una vicepresidente especial, algo rechazado por el Parlamento en la primera vuelta. Como se ve, el Milei ecuatoriano sigue los pasos de Trump y Bolsonaro, aunque en una versión devaluada. Nadie puede asegurar una movilización popular en favor del magnate y el acatamiento de las Fuerzas Armadas se encuentra cuestionado. Por el momento, no pasa de un tufillo pero no por eso debe ser menospreciado. El resultado es impredecible, aunque las declaraciones de Noboa lo ubican en una situación complicada. Gonzalez de ganar no tendría una mejor suerte; la luna de miel con el electorado puede durar un suspiro. La creciente tensión social que se respira en las principales ciudades al calor de la elección, reflejan de manera reforzada las tensiones de clase que atraviesan a un país en ruinas y una población trabajadora en la miseria. Los asesinatos cotidianos, junto a la carestía anticipan nuevos levantamientos populares, cuyas banderas flameaban orgullosas “por nuestros muertos ni un segundo de silencio”. Es la característica de una clase social que busca una salida a una crisis que reconoce intolerable y, por lo tanto, terminal. LEER MÁS: Ecuador: un presidente en caída y un correísmo “revitalizado” se enfrentarán en balotaje Por Joaquín Antúnez, 10/02/2025.

El paro de la CGT del jueves 10 ha dejado distintos balances. Mientras el Gobierno se empeña en caracterizarlo como un fracaso, los dirigentes de la central sindical lo califican como un rotundo éxito, contabilizando una adhesión del 85 %, aún sin el paro del transporte. La CGT es un canal, ¿para quién? En los balances presentados por las fuerzas del FIT-U, hubo coincidencias en sumarse a la caracterización de que fue un paro contundente, en desmedro del sinfín de sindicatos, fábricas y establecimientos que no pararon. En Prensa Obrera, Néstor Pitrola planteó que “el gobierno de Milei, desde Davos en adelante, no para de acumular fracasos y recibir golpes. Y ahora recibió uno por parte de la clase obrera en la movilización en la Plaza de los Dos Congresos en apoyo a los jubilados, y en un paro general que aún con sus límites es el más fuerte en la era Milei”. No es un tema menor: si la clase obrera golpea a Milei a través del paro de la CGT, quiere decir que el PO Oficial reivindica a la CGT como un canal de expresión de la clase obrera. Desde estás páginas , caracterizando el paro de conjunto, llegamos a la conclusión opuesta: “el paro fracturado y rutinario de la CGT demuestra que la burocracia sindical no es un canal para la lucha de los trabajadores contra el Gobierno más antiobrero de la historia”. El aparato del PO viene haciendo seguidismo a la burocracia desde el día uno del gobierno de Milei, luego de haber dejado un casillero vacío para impulsar el voto a Massa. En ocasión del 24 de Marzo reciente, el FITU hizo esfuerzos, durante un mes, para formar un frente político con el kirchnerismo . Al forzar a la dirección del SUTNA a plantarse como “conducción” para reclamar mandatos indefinidos en medio de una ola sangrienta de despidos que no ha combatido de conjunto, el aparato del PO no tiene argumentos para denunciar a la burocracia de la CGT. La CGT ¿apoya a los jubilados? En el balance de esta movilización, Pitrola también rescata el rol de la CGT: “la movilización fue mayoritariamente compuesta por columnas obreras, fundamentalmente de los ‘cuerpos orgánicos’ de centenares (?) de gremios. Pero en casos como SMATA o Camioneros reunieron a miles de manifestantes -en el primer caso con abandono de plantas-, o las llamativas columnas de la Carne y la CATT, con las CTA con cierto número pero marcando el paso con paro sólo de ATE”. El escriba número uno del aparato distorsiona los hechos. Deforma una presencia de aparatos, que se convocó sin una sola asamblea, sin paro y en horario de trabajo, coartando la presencia de los trabajadores en la movilización, no favoreciéndola. El balance describe una marcha del SMATA con un supuesto “abandono de plantas” -que no fue tal- omitiendo que la burocracia del SMATA viene de liquidar a las comisiones internas de Toyota y Volkswagen , además de acordar sin luchar el cierre de Nissan y los despidos masivos en General Motors . La presencia de un número alto de manifestantes del Sindicato Camionero sólo expresa el tamaño del aparato que ha construido Moyano, pero no cambia un milímetro su política de apoyo contundente a Milei. La columna del Sindicato de la Carne, que le resultó “llamativa” a Pitrola el miércoles, carnereó el paro general del jueves, con la misma excusa que la UTA , una conciliación obligatoria sectorial. La movilización de la CGT en apoyo a los jubilados de los miércoles tuvo el carácter de una maniobra política . Es lo que hacía en un pasado reciente Pablo Moyano: tocar e irse. En esta ocasión, los dirigentes de la central sindical se habían comprometido a acompañar una ronda que no pudo hacerse -el Gobierno valló preventivamente las calles-. La radio abierta habitual, para todas las organizaciones, fue reemplazada por un documento único -que Política Obrera no firmó- que reivindica la presencia de la CGT y la CTA, a las que reclama, para ocultar el seguidismo, “un plan de lucha hasta la huelga general”. ¿Hace falta explicar que la burocracia sindical no hará esto nunca, bajo su propia iniciativa –que es lo que dice reclamar Pitrola-? La presencia del aparato del PO entre las organizaciones de jubilados que movilizan los miércoles ha sido vehículo para el operativo de copamiento de la movilización. La presencia del aparato sindical en Congreso ha sido funcional al ausentismo de ese aparato en las fábricas para evitar preparar el paro con asambleas y organización de piquetes. Pitrola no reivindica la presencia de contingentes del FITU en las puertas de fábrica en el paro, porque fueron inexistentes El día después “Como todo paro general, es un pronunciamiento político de los trabajadores; y en cada rincón del país y lugar de trabajo que se pudo organizar y realizar, el paro es un punto de apoyo para enfrentar a la patronal el día después”, dice Pitrola. No da, sin embargo, ningún ejemplo de haberse apoyado en algún punto de apoyo, aunque hubieron movilizaciones en algunos sectores en la zona de Rosario. Un paro vacío de reivindicaciones y contenido político de clase no puede ofrecer ninguna perspectiva, salvo acentuar la necesidad de nuevos métodos de lucha y una nueva dirección. La burocracia sindical apuntala la reforma laboral del Gobierno, pero no acepta la quita de los aportes extraordinarios a la caja sindical. ¡¡Ha apoyado la reforma de la Salud!! La burocracia estorba el aprovechamiento de la crisis que atraviesa el gobierno, que profundizará la devaluación. La ocupa, fundamentalmente, la división del peronismo entre CFK y Kicillof. Más que nunca, la política de la burocracia en los lugares de trabajo es ser “un canal” sí, pero de la avanzada patronal. Los sindicatos acompañan la política de ajuste, despidos, suspensiones, incluso Preventivos de Crisis y paritarias a la baja de las patronales. Mientras que en nuestro balance planteamos la necesidad de que la clase obrera desarrolle sus propios canales de lucha (autoconvocatorias, coordinadoras, etc), el balance del PO insiste en una orientación que sostiene la posibilidad de una huelga general por iniciativa y por lo tanto interés de la misma burocracia sindical que inmoviliza los trabajadores y en reclamar que los Daer, Moyano y compañía, que según Pitrola constituyen un canal de expresión de la clase obrera, un plan de lucha hasta la huelga general. Eso explica la presencia del PO Oficial en el acto de la CGT en Azopardo del 1° de Mayo pasado .

El paro del pasado 10 de abril tuvo en el Estado Nacional diferentes repercusiones según los organismos. El malestar por los despidos masivos y por los salarios es generalizado. El gobierno de la Ciudad circuló un mensaje por WhatsApp advirtiendo que sólo podrían ausentarse y pedir ausencia por “fuerza mayor” quienes vivieran en provincia. En la Secretaría de Cultura debieron levantar la programación del Centro Cultural Kirchner y abrir los museos con personal tercerizado de seguridad, mientras que en el sector administrativo el acatamiento disminuyó. El accionar de los sindicatos para garantizar el paro no fue homogéneo: en algunos edificios UPCN recorrió oficinas llamando a parar y en otras advertía por los descuentos para quienes adhirieran. Eso mismo pasó con ATE, que hizo más hincapié en los descuentos que en las razones para parar. Los sindicatos estatales hicieron pasar inadvertida la convocatoria al paro: sin plenarios de delegados, ni asambleas masivas, ni una pegatina de afiches: nada. El paro, allí donde se preparó con recorridas y asambleas, se debió a la actividad de cada delegado y al interés de los trabajadores. En Secretaría de Trabajo, las Agencias Territoriales superaron el 50 % de adhesión y en el edificio central la participación superó esa cifra. En la AFIP, el edificio central contó con un 60/70 por ciento de acatamiento mientras que en el interior las cifras fueron aún más altas. En Ministerio de Salud, donde vienen sufriendo despidos y recortes en áreas estratégicas, el cumplimiento fue muy alto. En una entrevista televisiva, una enfermera adviritó: “paro en mi trabajo en el Estado pero estoy yendo a la clínica privada porque ahí no se puede parar”. A 24 horas del paro, el viernes 11 de abril se reunió la mesa paritaria de los estatales y se informó un aumento de 1, 3% para los meses de marzo, abril y mayo más un bono de 45 mil pesos el último mes del trimestre. La CGT ahora vuelve a invernar bajo la manta de Milei. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Valentina Viglieca en SOY CASTA: sobre el paro general del 10/04 Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera.

El 9 de abril, la docente Ana Cecilia Contreras fue condenada por la Justicia Contravencional de La Pampa por “maltrato psíquico a una adolescente” por hechos ocurridos durante una clase de su materia Cultura y Ciudadanía en dicha provincia. Por primera vez se ha judicializado un hecho pedagógico dentro del aula de una escuela, sentando un precedente muy grave. Según lo declarado por la docente, en octubre del 2023 estaba llevando a cabo una clase referida a democracia y derechos humanos, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación provincial, y desde los propios alumnos surgió la inquietud sobre la situacion de Medio Oriente y en relacion a un video que circulaba por la red social TikTok. Habían pasado pocos días de la incursión de la guerrilla palestina en Israel y de los posteriores bombardeos del ejército sionista en Gaza. Contreras señala que, ante esas preguntas, ella primero alertó sobre el tratamiento que debe darse al material que circula por las redes sociales, lo cual se comprobó como un hecho muy acertado. Las violaciones a mujeres y decapitaciones de bebés que el sionismo atribuía a Hamas se demostraron completamente falsos . Por el contrario, se conoció que el ejército sionista asesinó a civiles y militares israelíes para que no cayeran rehenes, siguiendo los lineamientos de la doctrina Hannibal . Luego, Contreras explica que abordó el conflicto desde su contexto histórico, los cambios en el territorio palestino, aludiendo a las resoluciones de Oslo entre los Estados de Israel y Palestina, señalando que el primero no reconocía al segundo como objetivamente sucede. Dice haber señalado que las réplicas del gobierno de ultraderecha de Israel se anticipaban “desmedidas”, alertando sobre la posibilidad de una limpieza étnica y sobre las guerras como un hecho trágico para la Humanidad. Sus temores, lamentablemente, no solo se comprobaron sino que fueron superados por la masacre de palestinos y la destrucción completa de Gaza en manos del sionismo. En ese debate, una alumna afirmó que “Hamas quería eliminar a todo lo judío” ante lo cual la opinion de Contreras fue afirmativa invocando documentos escritos por la organización palestina (que luego se reformularon) y que ella consideraba que podria haber al mismo tiempo un incremento del antisemitismo en el mundo. Lo actuado por la docente Contreras es, pedagógicamente, intachable. Ante un interés de sus propios alumnos, buscó problematizar el tema introduciendo eventos históricos, proponiendo fuentes, invocando resoluciones internacionales de la ONU, otorgando un espacio para debatir, para que sus alumnos opinen y al mismo tiempo escuchen a su docente. Todo esto encuadrado en temas que la docente había planificado abordar en al menos cuatro clases, como genocidio, holocausto, terrorismos de estado, dictadura militar en Argentina, memoria y negacionismo. Contreras denuncia, con razón, que ella ejecutó una currícula propuesta por el propio Estado, quien ha abandonado a la docente por llevar a cabo sus propios lineamientos y contendidos, establecidos por ley. Pero el juez que condenó a Contreras, Maximiliano Boga Doyhenard, cae en flagrante contradicción que afirma que no sancionó a Contreras por sus expresiones en el aula o el abordaje de temas que se encuentran en la curricula educativa oficial de la provincia, sino porque al permitir que se discuta sobre la situacion en Medio Oriente habría tenido la intención consciente de afectar psicológicamente a una de sus alumnas por su origen judío, quien vivió en Israel en su infancia. Para probar esta intencionalidad, dio por válidos los testimonios de la alumna y de tres de sus amigas en Cámara Gessel. Otra alumna de Contreras, por el contrario, brindó un testimonio en defensa de la docente. En cuanto a las consecuencias psicológicas, solo se basó en informes de la psicóloga de la alumna. En la denuncia original que recibió Contreras de parte de la familia de su alumna -originalmente por “hostigamiento”- se invocaron como episodios previos para justificar una supuesta animosidad de la docente con su alumna, el abordaje de la ESI por Contreras en años anteriores y por proyectar la película XXY que aborda cuestiones de identidad de género. Doyhenard en otro fallo había habilitado a una familia evangélica a retirar a su hijo de una escuela pública para que sea “educado en su casa”, rechazando que reciba contenidos de ESI. Es claro, que no se trata de todas formas de determinar si la alumna se vio o no afectada desde un punto de vista psicológico, más allá de que solo existen evidencias testimoniales y parciales. A lo que se apunta es a imputar un hecho pedagógico como malintencionado . Siguiendo el razonamiento del juez, la libertad de cátedra no existe ya que debe procederse a una autocensura de parte del docente en la medida que ciertos contenidos puedan ser percibidos no con una intención pedagógica sino de “daño psíquico”. Si un alumno resulta ser familiar de un genocida condenado por crímenes de la dictadura militar argentina o quizás solo de alguien que pertenece actualmente a las fuerzas armadas o de seguridad, está ahora amparado por la justica para invocar que el abordaje de este proceso histórico en el aula podria significarle un “daño psicológico” y, más grave aún, originar una denuncia con una posible condena hacia el docente. El despropósito es manifiesto y se pone en evidencia cuando el juez que condenó a Contreras, Maximiliano Boga Doyhenard afirma, a fin de cuentas, que Contreras “justificó a Hamas, el asesinato de civiles e infantes” y que ello operó como un comentario “psicológicamente ofensivo” hacia su alumna. En estos términos, el fallo posee una gigantesca carga ideológica y además reposa sobre falsedades completas (“muerte de infantes”). Doyhenard se amparó en el reciente procesamiento dictaminado por el juez federal Daniel Rafecas contra la diputada nacional del PO-FITU, Vanina Biasi , por el delito de “incitación a la discriminación”, a raíz de una serie de publicaciones en X donde critica al Estado de Israel y denuncia la masacre del pueblo palestino. Ambos “magistrados” desoyen lo establecido por la Corte Penal Internacional –con alcance jurisdiccional en nuestro país- que ordenó la captura de Netanyahu por crímenes de lesa humanidad en Gaza y todo el Medio Oriente. Estamos entonces ante un fallo que constituye una severa persecución ideológica que ha escalado hacia la criminalización hacia la docencia, en defensa del sionismo y el oscurantismo clerical de parte del aparato judicial de la provincia y que sin dudas tiene el amparo politico del gobierno de Milei, promotor de perseguir a los docentes por “adoctrinamiento”. El fallo no puede leerse por fuera de las presiones del sionismo con base en Argentina para que se aplique la doctrina jurídica establecida en la declaración de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, según siglas en inglés) para imputar toda crítica al Estado de Israel como “antisemita”. La condena a Contreras llega luego de un juicio que se extendió a más de un año, con graves consecuencias laborales, económicas y en la salud de Ana Contreras, quien debe abonar una multa de $913.800, fue amonestada, exhortada a no volver a incurrir en "hechos de esta naturaleza", a cumplir una orden de restricción sobre su exalumna, y a “reeducarse” tomando un curso de “convivencia escolar”. Es, como se dice, un fallo “ejemplar” y humillante. Contreras apelará el fallo. La extensión del juicio revela al mismo tiempo el silencio de parte de los sindicatos docentes y de la CTERA ante un hecho grave que transforma en punible a toda actividad pedagógica que estimule la crítica hacia las barbaries de la sociedad capitalista. Compartimos un formulario que se ha creado para solidarizarse con Contreras y exigir su absolución . Llamamos a difundirlo y a realizar pronunciamientos en todas las escuelas. Reclamemos un paro nacional docente, seguido de una huelga general hasta la absolución de Ana Contreras y en defensa de la libertad de cátedra.

El Fondo Monetario Internacional descerrajó sobre Argentina un paquete de 20 mil millones de dólares para detener una corrida cambiaria que se ha llevado hasta el momento mucho menos: sólo la cuarta parte de ese monto. Aunque los pontífices de la oposición liberal, e incluso de la ‘libertaria’, alegaran que esa corrida estaba vaciando los encajes en dólares en poder de los bancos, unos 12 mil millones de dólares, la suma entregada es exorbitante para un país que le debe al Fondo 45 mil millones de dólares desde hace seis años y paga intereses 50% mayores a los de la tasa internacional. Encima de este socorro, el Banco Mundial y el BID han ofrecido 4 mil millones de dólares más y China renovó el canje de monedas con el Banco Central. El moño de esta operación se cerrará el lunes con la visita de apoyo al gobierno del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, cuando en Washington se desarrolla un derrumbe real y contante del mercado de deuda pública que se encuentra bajo la supervisión de este funcionario. Antes del anuncio del acuerdo, había circulado con firmeza la versión de que Trump y Bessent recurrirían a las reservas monetarias del Tesoro para rescatar a Milei, como lo había hecho Clinton, excepcionalmente, en 1995, con México, por 50 mil millones de dólares. El FMI ha venido a socorrer a una economía en llamas. El préstamo a Argentina, sin embargo, no va en cabeza del Banco Central sino del Tesoro. Las reservas que acumule el Central no irán al pago de la deuda. Será el contribuyente de a pie quien deberá pagar las garantías al capital, o sea, el seguro de cambio para toda la clase capitalista. La liberación del mercado cambiario para justificar esta enésima operación financiera no corresponde a la realidad: el ‘cepo’ sigue. Los importadores no recibirán los dólares necesarios para la compra, sino bonos del Banco Central. Las empresas y bancos podrán girar intereses y dividendos de aquí en más. Lo acumulado hasta seguirá haciendo fila por decenas de miles de millones de dólares, que suman más que lo que ofrece el FMI. El punto fundamental, la deuda pública en pesos del Tesoro de Argentina, equivalente a unos 250 mil millones de dólares, siguen sin la opción de transformarse en dólares, para que sigan obligadas a aceptar los refinanciamientos periódicos que realiza Caputo y no hagan saltar por los aires el tipo de cambio. La vigencia de estas restricciones está diciendo que seguirá habiendo un mercado de divisas paralelo, no importa lo que haga el gobierno para sujetar el nuevo dólar oficial. Argentina sigue parada en el mismo lugar de una crisis financiera, pero con una deuda considerablemente mayor. Por de pronto, los dólares que llegan deberán atender enseguida, en junio, el pago de un vencimiento por 4.800 millones de dólares por la cuota de capital y los intereses. En estas condiciones ‘incendiarias’, el discurso oficial vuelve a sus expectativas por la exportación de soja y de combustibles, pero ahora con un peso devaluado. Acerca de esto sólo se puede decir lo siguiente: el precio de la soja ya no es el que ‘supimos conseguir”, en especial porque China ha sancionado a las exportaciones de Estados Unidos. Trump replicó que subsidiará el uso de aceite de soja para bío-combustibles, lo que solamente cambia el rubro que será afectado por la sobre producción, con el agravante de que tira hacia abajo el precio de la nafta que se combina para el transporte. La OPEP, el organismo que agrupa a los estados petroleros y Rusia, acaba de anunciar un aumento general de la producción. Con independencia de lo que termine ocurriendo en mercados hiper volátiles, los exportadores de Argentina pueden dejar en el exterior todo el dinero que no necesitan para financiar las nuevas siembras y acarreos, o el capital de trabajo. El FMI festeja este nuevo nudo al aumento de la deuda de Argentina, con la noticia de que el país crecerá un 5.5% en 2025, sin el menor sonrojo por la manipulación estadística. Despojada de ella, una tasa optimista de crecimiento no pasa del 2.5% anual. Uno de los grandes aportistas a este aumento del PBI es el sector financiero, que participa en un 20 por ciento, y las mineras, petroleras y el agro. La llamada distribución “desigual” del crecimiento deja en la lona a la industria y a los servicios de consumo. La ‘patria financiera’ celebra el acuerdo, que refuerza el empobrecimiento de la población trabajadora. El acuerdo prevé que el superávit fiscal pasará del 1.3 al 1.6% del PBI. Acá el truco es más sanguinario. Lo que importa es conocer su valor en dólares, en momentos en que se devalúa el peso, porque el pago de los intereses de la deuda externa se hace en la moneda norteamericana. Lo que están diciendo es que se propone reforzar el ajuste, con más golpes al sistema jubilatorio. Para tapar la situación de emergencia, el acuerdo establece reformas impositivas en perjuicio del reparto nacional de los ingresos, que obligan al autofinanciamiento de las provincias. Este intento de redistribución negativa de impuestos, cuyo objetivo es que el estado nacional pueda pagar la deuda pública, va más allá de las posibilidades políticas de Milei. Habrá que seguir a la Constituyente que se elige hoy en Santa Fe, para ver cuán avanzado se encuentra este propósito. El gobierno de economistas insiste en que, más que nunca, tiene ahora más dólares que los necesarios para comprar toda la base monetaria en pesos. Sin embargo, hace lo contrario, devalúa, cuando debiera revalorizar la moneda nacional. Pero para que los dólares en manos del público se conviertan en dinero real, deben crearse las condiciones para su circulación – una operación política de alto riesgo. Tendría que dolarizar la deuda en pesos, que es casi diez veces las reservas internacionales. Como, por otra parte, no se podría emparejar una conversión de la base monetaria, esa conversión no suprimiría sino que acentuaría los desniveles de productividad entre Argentina y el mercado mundial. En este mismo mercado mundial, el dólar se encuentra jaqueado como reserva de valor, como lo muestra la huida de la deuda pública de Estados Unidos y la del dólar hacia el oro u otros sustitutos temporarios. Bessent viene a bendecir el acuerdo y a hacer negocios. El secretario de Trump reclama que Milei y Caputo rompan relaciones comerciales con China, el segundo mercado de Argentina y el primero en inversiones. También reclama la apertura de la importaciones de medicamentos para quebrar a la industria local. Pfizer va por la conquista del planeta, como mostró en la pandemia. Una Argentina arrastrada a la guerra comercial y financiera, terminará en la crisis más grande de la historia nacional. LEER MÁS: FMI y devaluación, un volantazo con pronóstico reservado Para la clase obrera, el desafío de tomar la iniciativa política. Por Jorge Altamira, 12/04/2025. Un acuerdo confiscatorio para colocar a la Argentina en la trinchera de Trump Por Marcelo Ramal, 12/04/2025.

La empresa de correo OCA tiene como último plazo para liquidar la totalidad de los sueldos el cuarto día hábil de cada mes. Algo que nunca pasa, violando sistemáticamente el convenio. Es que OCA, en este punto, corrió de forma arbitraria su deber patronal para el sexto día hábil, aduciendo desequilibrios financieros, falta de solvencia, baja rentabilidad y supuestas pérdidas que la imposibilitarían para cumplir no sólo con el convenio, sino también con la Ley de Contrato de Trabajo. En este punto, es preciso señalar que OCA también está incumpliendo con los aportes patronales que corresponden a las cargas sociales tanto previsionales como de obra social, así como con su responsabilidad de garantizar el suministro de indumentaria e insumos para la realización del trabajo, como son repuestos para arreglos de bicicletas, motos y camionetas. Este mes, cercano al plazo impuesto del sexto día hábil, la empresa informó que el sueldo no estaría ni siquiera para esa fecha, pero que se comprometía a depositar la totalidad para el día viernes 11, es decir, el séptimo día hábil. La paciencia de los trabajadores encontró su límite y el viernes mismo arrancaron las asambleas por base, con el conjunto de los trabajadores posicionados en que "si no pagan, no se trabaja". Si bien en algunos lugares los delegados de la burocracia en coordinación con los jefes de algunas bases pudieron "persuadir" a los trabajadores para que trabajen igual, el malestar se hizo sentir en todos lados, llevando a la mayoría de las bases a realizar un paro parcial en los hechos y a pesar de estas maniobras. Finalmente, el viernes por la tarde, a algunos les depositaron el 35 % del sueldo con la promesa de que para el día lunes 13 se completaría lo que falta. Ante esto, los trabajadores de OCA iniciaron un cese de actividades a partir de las 00 horas del lunes, el cual se sostendrá hasta que se deposite la totalidad del sueldo. Un escándalo La empresa de correo OCA se autoproclama deficitaria, que las cuentas no cierran, que da pérdidas, que solo se mantiene en pie gracias a la intervención constante de Moyano, quien sólo lo hace con el fin de preservar la fuente de trabajo. Sin embargo, la justicia comercial dio un revés a esta argumentación, rechazando la solicitud de preventivo de crisis, advirtiendo que la empresa da onerosas ganancias y que "proyecta una facturación mayor a $290.000.000.000, suma que convertida al valor oficial calculado a $1.100, equivale a U$S 263.600.000. Se está hablando de una facturación mensual superior a los $24.000.000.000 (equivalente a 22 millones de dólares), mientras que, descontándole a esa facturación bruta los impuestos, costo laboral y gastos operativos, queda una ganancia del orden de $23.720.000.000, que al dólar oficial estimado a $1.000, da una ganancia anual superior a los U$S 21.500.000, que prorrateada da como resultado cerca de $2.000.000.000 (equivalente a U$S 1.800.000) al mes." (JUZGADO COMERCIAL 22 - SECRETARÍA 44 COM 1463/2025 - OCA LOG S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO). Es decir, sí da ganancias, no hay motivos para pedir ningún preventivo de crisis. Sin embargo, el fallo del juzgado comercial intenta dar una explicación al pedido y en ese sentido destaca que "Esos 'acreedores', de naturaleza corriente, antes no existían; pero a partir de una decisión política de la empresa hubo que conformar un pasivo (supuestamente) impago, a los efectos de congregar una masa para neutralizar o contrapesar el gran débito fiscal, haciendo aparecer en modo exprés un pasivo que le permita ingresar al concurso preventivo, como instituto que consideró jurídicamente asequible, en un inocultable intento por licuar las deudas y cargas fiscales." (JUZGADO COMERCIAL 22 - SECRETARÍA 44 COM 1463/2025 - OCA LOG S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO). Es decir, una verdadera estafa que contradice la realidad del correo privado más importante de Argentina, que lo posiciona en la cresta de la ola de la actividad que más creció el último lustro. A nadie le podría parecer desatinado si pensamos que se están dando las condiciones para que estemos frente a un vaciamiento, similar al de la era Farcuh y el grupo Rhuo en 2016. Solo los trabajadores defienden al correo Los trabajadores tienen la última palabra ante este orden de cosas, ya que en la lucha por el salario que comenzó se encuentra la clave para salvar a OCA del abismo donde la quieren hundir. En síntesis, la defensa del salario es la defensa de la fuente de trabajo a manos de los empresarios buitres que destruyen empresas exprimiéndolas hasta llevarlas a la quiebra. En Argentina son numerosos los casos, como por ejemplo, lo que hicieron con el ferrocarril las concesionarias o las prestadoras del servicio eléctrico: cero inversión y extracción de ganancias hasta que no quede nada. Para esto es importante continuar con las asambleas a fin de discutir un plan de lucha y control sobre OCA de los trabajadores, por el bienestar de las miles de familias que de ella dependen.

La Federación de Aceiteros y el Sindicato Aceitero de Rosario firmaron el miércoles 9, a horas del paro nacional de la CGT, su paritaria 2025. El acuerdo representa un aumento del 20 % en 4 cuotas, que en julio llevarán el básico a los 1.875.000$. La primera cuota, a cobrar en abril, será del 13,3 %, en mayo del 3 %, en junio otro 3 % y cierra con un 1,7 % en el mes de julio. También establece un pago por el bono de fin de año 2024 de 500.000 pesos para la categoría más baja. El sindicato aceitero reivindicó su método de reclamar el Salario Mínimo Vital y Móvil como un equivalente a la canasta familiar. El acuerdo del 20 % de los aceiteros fue señalado por todos los medios sindicales como una “paritaria récord”, que hizo saltar por los aires el techo que el Gobierno había impuesto a los Sindicatos. Sin embargo, el 20 % de aumento por 6 meses es muy probable que se quede corto a la luz de la intensificación de la inflación de marzo que alcanzó un 3,7 %. La inflación real, que no quieren que mida en forma actualizada el INDEC, es mucho mayor. El aumento de Aceiteros es uno cuando se compara con los otros gremios y otro distinto cuando se compara con el costo de vida real. La paritaria de Aceiteros no conoció episodios de lucha: el sindicato llamó a un paro nacional, pero fue suspendido por la Conciliación Obligatoria. El resto de los sindicatos de la CGT y la CTA vienen firmando paritarias a la baja (camioneros, comercio, sanidad, vitivinícolas, gráficos, UOM, etc.). La firma del convenio aceitero no modifica el inmovilismo en que está sumido el sindicalismo. El intento de sus dirigentes de conformar “un bloque de la resistencia con un sector de la CGT, Pablo Moyano de Camioneros y Manrique, del SMATA”, no salió nunca del enunciado. Queda por ver si Milei va a oficializar el convenio aceitero, que sale del tope del 1 % mensual. El liberticida está extorsionando a las patronales a vender rápido la cosecha y el aceite, que siga relativamente detenida por el tipo de cambio bajo. Podría no homologar para golpear a los exportadores. Lo fundamental es que el inmovilismo del sindicalismo sigue imperturbable.

La segunda vuelta electoral para la presidencia de Ecuador despertó las sospechas largamente anunciadas de un fraude electoral por parte del gobierno de Daniel Noboa. Todas las encuestas, incluidas dos bocas de urna “oficiales” el día de la votación, otorgaban una ínfima diferencia para cualquiera de los dos candidatos en pugna -Noboa, actual presidente, y Luisa González de Revolución Ciudadana, la formación del expresidente Rafael Correa-. Contrario a todo esto, la Comisión Nacional Electoral (CNE) anunció a las 23 horas del domingo -solo 4 horas después de cerradas las urnas- que la tendencia era irreversible en favor de Noboa, quien con el 97 % de las actas escrutadas se ubica en un 55,65 % de los votos frente a un 44,35 % de la candidata del correísmo. El fraude electoral orquestado por Noboa se retrotrae a la primera vuelta, cuando sin fundamentos denunció alteraciones en diversas provincias que se habían volcado en favor de González por una mayor diferencia de lo que sus conteos previos habían calculado. La diferencia inexistente entre ambos de 17.000 votos había hecho suponer un ajustado resultado en esta segunda vuelta. El único candidato con un porcentaje considerable (5 %), Leonidas Iza del movimiento indígena Pachakutik, había convocado a votar por González. La diferencia final ofrece una distancia superior al millón de votos y 10 puntos porcentuales, algo que no estaba previsto en ningún relevamiento previo o encuesta de opinión. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, colaboró en el afán de sostener el resultado al asegurar: “Los resultados son fieles a la intención de los votantes” (La Nación, 14/04). Durante la campaña, Noboa esgrimía intentos de fraude contra él y buscaba asociar a la candidata del correísmo con las bandas narcos que operan en diversas provincias costeras del país. Esto llevó a prohibir el uso de celulares en los centros de votación, asegurando que los narcos exigían fotos de las boletas a los vecinos amenazados. Esta medida fue acompañada por la declaración de “estado de excepción” a siete provincias. En todas esas provincias se había impuesto González en la primera vuelta, por una buena diferencia a su favor. En la segunda vuelta, de manera misteriosa, Noboa se ha impuesto en Guayas, Orellana y El Oro. En las otras cuatro provincias quedó a tiro, no bajando del 40 % en ninguna de ellas. En un artículo de la revista Nueva Sociedad, se recupera el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señala como una gran irregularidad que las Fuerzas Armadas fotografíen las actas, siendo un exceso en sus funciones que solo incluyen la custodia de las mismas. El autor del artículo incluye la preocupación esgrimida por la misión de la Unión Europea (UE) sobre la transparencia de los comicios. La militarización de las elecciones por parte de Noboa se hace bajo el manto de la lucha contra los narcos. El día previo a la veda electoral, el presidente anunció que incrementará en 72 millones de dólares el presupuesto de la policía y las fuerzas armadas, que son quienes realmente controlan el territorio. La policía se ha convertido en una fuerza auxiliar, mientras los índices de asesinatos callejeros alcanzan el promedio aterrador de un muerto por hora. Noboa ha enviado un proyecto de ley para reformar la Constitución y permitir que existan bases militares extranjeras en el territorio del país: este gesto está en función de su relación con Trump para recolonizar América Latina. Trump no ha escondido sus intenciones de utilizar fuerza letal contra las bandas narco, a las cuales ha incluido en la lista de “terroristas”. Es lo que se debate al día de hoy para una intervención de la CIA sobre México. La instalación en Ecuador de bases militares ampliaría la frontera estadounidense hasta Perú y Colombia. El libreto de Noboa sigue lo realizado por Bukele en Nicaragua y la pretensión de Milei-Bullrich para imponer un Estado policial en la Argentina. Los principales medios no han tomado el dato más interesante de la elección. una consulta popular para eliminar derechos laborales, incluidos los fueros sindicales, fue derrotada ampliamente. “La verdadera fiesta democrática”, que auspició la presidenta del CNE ecuatoriano, por la participación superior al 80 %, busca esconder que la confrontación política desatada -un programa trumpista y otro “woke”- adquiere las formas de una guerra civil en las condiciones actuales del país. González y su mentor Rafael Correa son plenamente conscientes de este escenario. Es lo que ha decidido a la candidata a rechazar una convocatoria a movilizarse masivamente para desconocer los resultados. En su lugar, ha optado por la defensa de las instituciones, “un recuento y apertura de urnas”. Sin embargo, estas instituciones se han complotado para asegurar la victoria de Noboa. Lo curioso del caso es que el presidente ultraderechista ha utilizado los métodos del chavismo, al cual denuncia como una dictadura. El gobierno no cuenta con una mayoría propia en la Asamblea Legislativa. Las reformas constitucionales serán introducidas por plebiscito. Noboa cuenta con la diputada más votada, la madre del propio Noboa, que por ley tiene derecho a la presidencia del Congreso. Además, Pachakutik se encuentra fragmentado en diversas camarillas regionales, por lo que se descuenta la compra de diputados y cabecillas. De todas maneras, la situación financiera del país es explosiva, el temor a un default recorre casi cotidianamente la bolsa de Guayaquil y Quito. La situación social y política de Ecuador es un hervidero. La élite agroexportadora y bursátil ha hecho el negocio de su vida con el sostenimiento de la dolarización y la destrucción de casi todos los derechos laborales, beneficios otorgados por el correísmo. Ahora, está dispuesto a desarrollar una guerra de supervivencia contra una población arrojada a la miseria social más aberrante. Las rebeliones populares de los últimos años han mandado al fracaso a todos los gobiernos sucesores del correísmo. El resultado electoral traerá nuevas crisis, cuando la burguesía busca una salida.

El dato de inflación de marzo anunciada este viernes por el INDEC quedó opacada por los anuncios del Gobierno sobre el supuesto “levantamiento del cepo” que conlleva a una devaluación implícita, pero el dato es igualmente alarmante por que el 3,7 % de inflación implica una tendencia ascendente, en un mes en que no hubo tarifazos. El alza de precios fue del 8,6 % en el primer trimestre, mientras que la medición interanual alcanzó el 55,9 %. Como uno de los rubros que más subió fue el de alimentos, la inflación de la canasta de indigencia fue aún peor, casi un 6 %, y la de pobreza, que incluye también servicios, fue de un 4 %. Así, la canasta de indigencia para una familia constituida por una pareja con dos hijos alcanza los 500.000 pesos y la de pobreza ya supera el millón cien. Los liberticidas se excusan en las subas estacionales, pero la inflación núcleo -que deja fuera del conteo a estos bienes y servicios que fluctúan por decisiones del gobierno o por cambios climáticos- aumenta mes a mes. La inflación de marzo fue mayor que la de febrero y se esperan números más altos también para abril y mayo. Desde agosto del 2024 que la inflación no era tan alta. Los aumentos se deben en parte a la anticipación que los capitalistas hicieron de la devaluación pregonada por el FMI y numerosos voceros del capital, y se dieron al mismo tiempo que el Gobierno quemaba las reservas para frenar la subida del dólar en los mercados paralelos. Paritarias Mientras que la inflación retoma el ritmo del galope de los últimos meses de Massa, las paritarias sufren el tope mensual que impuso la Secretaría de Trabajo con el beneplácito de la burocracia sindical. De los 23 gremios que firmaron paritarias con el Gobierno, 15 fueron homologadas por debajo del nivel de precios proyectado para el primer trimestre del año. La mitad de los sindicatos pactaron ajustes mensuales por debajo del 2 %. Por ejemplo, Camioneros firmó un acuerdo trimestral de 3,2 % en cuotas, no acumulativo, de 1,2 % en marzo, 1 % en abril y 1 % en mayo, y UPCN acaba de acordar un 1,3 % para cada mes del primer trimestre. El futuro se ve más caro La “libre fluctuación entre bandas" del precio del dólar implica una devaluación del 20 % que impactará en los precios. Las tarifas, los combustibles, los alquileres y numerosos bienes importados están atados al dólar mientras que el Gobierno admite ahora que habrá una emisión de pesos. Los objetivos del FMI El FMI se cuidó de limitar un poco la fuga de capitales al mantener el cepo a los stocks, es decir, a las ganancias acumuladas para los cuales se emitirán nuevos bopreales. De no haberlo hecho el escenario sería peor que el de 2018. De todas maneras, permite llevarse los dividendos en dólares de acá para delante, lo cual abre la puerta para falsas liquidaciones y toda clase de trapisondas que los capitalistas ya hicieron en el pasado. La circular del Banco Central que se conoció el sábado y que limita la venta de dólares en efectivo a 100 mensuales -la compra que no tiene límites para personas físicas sería la de un dólar virtual o bancario– puso en circulación el hashtag “corralito”. Esto no queda claro porque aparentemente sí debería haber efectivo para los depósitos en dólares existentes. Si hay un límite para disponer del efectivo, estarían dando lugar a otro tipo de confiscación que también ya conocimos. En cuanto a los exportadores, el límite máximo del dólar en 1400, apenas 100 pesos por encima del dólar blend -que es el que usaban los sojeros- parece muy poco para el reclamo agrario que, debido al aumento de los insumos importados y a la baja del precio de los granos, se queja de estar trabajando casi al costo. Por lo tanto, la exigencia devaluatoria del FMI no tiene en mira tanto el beneficio capitalista general como el objetivo meramente confiscatorio de seguir carcomiendo los ingresos de jubilados y trabajadores para garantizar el pago de la deuda externa. Esto también debilita la confianza de los bonistas sobre el Gobierno, porque al sumar protagonismo el FMI como principal acreedor, su lugar de garante para los bonistas pasa a ocupar un segundo lugar. Entre los objetivos del FMI, por un lado, está este operativo internacional y desmenuzado por salvar al gobierno de Milei, que no solo implica un desembolso descomunal del FMI, sino que también hay miles de millones de dólares provenientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual implica una malversación de fondos expuesta, ya que esos organismos destinan las partidas para obras u asistencias de desarrollo concretas, no para pagar intereses de deuda. En total suman 42.000 millones de dólares. Según información dada por el Gobierno hay otros miles de millones de dólares más que provendrán de acuerdos con bancos privados y bilaterales con otros gobiernos, incluido Estados Unidos. Pero, por otro lado, la devaluación -que se suma a la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores venimos padeciendo en los últimos años, pero que ha acelerado desde Milei- implica una nueva confiscación que es inmensa por todo lo acumulado, junto con las reformas estructurales en jubilaciones y derecho laboral que están en el pliego del acuerdo. En abril se negocian el 60 % de las paritarias. La lucha por el salario está a la orden del día y es lo que puede empujar al fracaso este acuerdo con el FMI, si sigue la senda que están trazando los jubilados.

En las últimas semanas, el instituto educativo Joaquín V. González estuvo atravesado por acalorados debates en torno a la aplicación reglamentaria de la virtualidad. Después de la convocatoria a una reunión de Consejo Directivo para tratar este y otros temas, que quedó trunco por responsabilidad del Rectorado, las autoridades han difundido un proyecto borrador para que lo discutan y resuelvan las Juntas Departamentales. El documento cita la resolución 476/24 del Consejo Federal de Educación que plantea el achicamiento de los planes de estudio a 4 años y la implementación de hasta el 50 % de virtualidad, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. El organismo, que depende de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dice lo siguiente: "Cada jurisdicción, con un claro diagnóstico de necesidades y recursos disponibles (...) resolverá el porcentaje de actividades a distancia asignado". En este caso, el Rectorado del JVG ha planteado suscribir a un 30 % de virtualidad de forma asincrónica, y no ha sido informado si hay alguna resolución por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al respecto. Esto implica un recorte de los planes de estudio. La reforma de las carreras que dictan profesorados e institutos terciarios está íntimamente relacionada a la reforma que ya está aplicando el gobierno de Jorge Macri, en las escuelas secundarias con las denominadas "pruebas piloto". Con este mismo léxico se quiere imponer la virtualidad en los terciarios. Vale remarcar que el proyecto "Secundaria Aprende" ha eliminado decenas de materias y horas cátedra para disolverlas en "talleres multidisciplinares". Esto implica una degradación de los contenidos que se enseñan en simultáneo con despidos masivos de docentes. La secundaria del Siglo XXI es la escuela de la flexibilización laboral. El propósito no es preparar a los estudiantes para realizar trabajos especializados, mucho menos para continuar una carrera en el nivel superior: la perspectiva es que trabajen en Rappi o Uber. Nuevamente, la tecnología aplicada no está al servicio de mejorar las condiciones de estudio y de trabajo, sino al servicio de la explotación capitalista. La improvisación del proyecto "bajado" por el rectorado y la tentativa de querer aplicarlo de una semana a la otra, en el mes de mayo, cuando las clases ya han arrancado, no demuestra preocupación por el impacto negativo que esto traería a docentes y estudiantes. En el mismo se plantean varias alternativas para aplicar la virtualidad, alegando una comodidad para los integrantes de las carreras que lo suscriban, quienes no tendrían que viajar hasta la institución. A renglón seguido no se garantizan las condiciones para ello, es decir, conectividad y computadoras en el domicilio de estudiantes y docentes, sino que la propuesta es que ambos claustros se dirijan hasta el profesorado para realizar el respectivo trabajo asincrónico. Estas medidas ya están generando un rechazo en los pasillos del JVG. Vayamos a las reuniones y a las asambleas que se realizarán, para rechazar esta orientación reaccionaria en la educación, por mayor presupuesto educativo, por aumento de salarios a los docentes, becas de estudio, capacitaciones, computadoras y conectividad para todos.

Con el 35 % de los votos, el actual gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, logró su objetivo de cara a la próxima Convención Constituyente. Si se lo compara con la elección que lo puso en el sillón de la Casa Gris, los 450.000 votos representan 600.000 voluntades menos. En segundo lugar, con el 15 % de los sufragios quedó el Partido Justicialista, cuya lista estuvo encabezada por Juan Monteverde, de Ciudad Futura, quien resultó la apuesta ante la fractura del peronismo. Luego siguieron La Libertad Avanza, que se hicieron con el 14 %, y Amalia Granata, también con un armado derechista, se hizo con el 12,5 %. Como últimas listas que ingresarán convencionales están Marcelo Lewandosky, díscolo del PJ, quien esbozó una alianza con el exsocialista Rubén Giustiniani y la “Locomotora” Oliveras. La centroizquierda de Del Frade y el FITU quedaron lejos del piso mínimo, logrando este último sortear el mínimo requerido para concejales de Rosario. Por departamento también fue triunfo del oficialismo, que se impuso en 13 de los 19. El PJ sólo en 4 y La Libertad Avanza en 2, uno de ellos el departamento de Rosario. Dadas todas estas circunstancias, el frente de Unidos para Cambiar Santa Fe estará en condiciones de imponer una mayoría en el articulado a reformar. Un dato que ha llamado la atención es la baja participación. Sólo el 52 % del padrón acudió a votar, mientras que entre blancos y nulos el número ronda entre el 9 y 10 %. El oficialismo alentó a que así fuera. En otros términos, fue planteada de forma burocrática, de espaldas a más de la mitad de la sociedad. Ahora bien, el contenido de esta empalma con las exigencias que el FMI le ha exigido al gobierno liberticida para desembolsar los 20.000 millones de dólares. El ajuste fiscal será convertido en cláusula constitucional. El ahorro del Estado santafesino va a estar destinado íntegramente al pago de sus deudas, imponiendo un coto constitucional a la lucha por aumentos salariales, jubilaciones, paritarias libres y el pase a planta permanente. En el caso de que las autonomías municipales queden consagradas en el nuevo texto, serán la puerta de entrada de ciclos de endeudamiento sin necesidad de autorización de la Provincia y Nación. En esta tesitura, incluso antes de estas elecciones, Pullaro ya había comenzado a hacer la tarea. La reforma jubilatoria aprobada en el marco de la represión en la Legislatura el año pasado fue un cumplimiento por adelantado de los cambios estratégicos que exige el Fondo. Ahora se le adicionarán una reforma impositiva y laboral; Pullaro, en el último caso, no tiene ningún drama en plantear la ‘actualización’ del derecho laboral como eufemismo de una mayor flexibilización. Pullaro desarrolla una “nueva partitura”. Desenvuelve una política de recambio político, junto a sus pares Kicillof-Frigerio-Llaryora. Pullaro ha ido incorporando a sectores del peronismo en sus filas. Llaryora y Schiaretti saludaron fervorosamente los resultados del domingo. La Convención Constituyente buscará su reforma bajo un contexto inflacionario. No es conocida aún la fecha en la que se llevará a cabo, pero deslizó que podría ser a la brevedad (antes de las elecciones nacionales de octubre) y no dilatarlo hasta el 2026. En definitiva, dependerá de la aceleración de la crisis libertaria. El tercer lugar de LLA es visto como un fracaso estrepitoso, si se contrasta la performance de Milei en 2023, cuando obtuvo dos tercios de los votos. Nuestra campaña Desde Política Obrera hemos participado por primera vez de elecciones de alcance provincial. Allí hemos puesto a disposición candidaturas que oficien de tribuna de denuncia y esclarecimiento de una reforma constitucional que reorganiza el poder del Estado en contra de las aspiraciones y derechos de la clase obrera santafesina. Como tal, hemos llamado al rechazo de esta en los departamentos de la Capital, San Lorenzo y General Obligado. Nuestra declaración fue distribuida al público en general y en particular a trabajadores de la salud y de la educación, en puerta de fábrica y de cara a la clase obrera industrial. En el caso de la localidad de Capitán Bermúdez, única categoría a concejales que nos presentamos, superamos el piso proscriptivo de las PASO, lo que nos permitirá profundizar una agitación en el cordón industrial santafesino.

La apertura del nuevo régimen cambiario en Argentina, este lunes, fue piloteada en directo por los agentes de Trump y de los fondos internacionales que operan en el país. A la cabeza de esa comitiva estuvo Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, que arribó lleno de sonrisas, pero con los bolsos vacíos. Lo primero que hizo fue desmentir que su visita implicara un desembolso directo del tesoro yanqui para el gobierno de Milei. En cambio, se despachó con una filípica brutal contra las tentativas de penetración continental de China, poniendo como antecedente al desembarco de la potencia asiática en África. Bessent, en este caso, se refirió específicamente al acaparamiento de derechos mineros. Para que no quedaran dudas, advirtió que la “acumulación de reservas” exigida por el FMI a Argentina deberá contribuir a cancelar en un cierto plazo el swap de China. Bessent también se refirió al “potencial minero” del país, en el que ha tomado la delantera, precisamente, China. Apenas unas horas después, el gobierno chino respondía de un modo furibundo a las declaraciones de Bessent en Buenos Aires. Como se ve, el rescate del Plan Caputo está condicionado a un alineamiento incondicional de Argentina en la guerra internacional. Las crisis políticas y comerciales resultantes de este conchabo colonial están por venir. Fascismo y fondos internacionales En la misma jornada, Milei y Caputo recibieron juntos a Matt Schlapp, el titular del grupo de Acción Conservadora, la internacional ultraderechista que congrega a los Trump, Bolsonaro y Milei, entre otros, y también al titular del fondo de Inversión Discovery, Robert Citrone. Discovery ha tomado posiciones accionarias en el banco Galicia y varias otras empresas locales. Pero principalmente, es un poderoso tenedor de bonos de la deuda argentina, incluyendo a los que emitió el Banco Central con importadores (Bopreales). A raíz del rescate del FMI, el lunes ´volaron´ los bonos locales, recuperando las pérdidas incurridas por estos fondos en las últimas semanas. Los medios financieros afines al gobierno auguran el retorno del carry trade, es decir, la especulación con colocaciones en pesos que se sustentaría en un dólar flotante pero estable y cercano al piso de la banda oficial. Para ello, el gobierno ofrecería el aliciente de una tasa de interés elevada, que le sirve también contra una disparada de los precios. La recesión industrial resultante actuaría como acicate contra los salarios. Pero para volver a esa bicicleta, Caputo necesita los dólares de la cosecha. Con ese propósito, Milei exigió a los sojeros que “liquiden ahora”, advirtiendo que las retenciones volverán a subir en junio. Los sojeros piensan diferente -quieren que la “banda” desborde los 1.400 pesos. El rescate del FMI y el Banco Mundial es cuantioso, pero a la vez mezquino cuando se mira la magnitud de la hipoteca argentina. Por eso, el FMI, exige la “acumulación de reservas” -o sea, que la devaluación se active. En definitiva, y en cuestión de horas, se ha agravado la disputa entre quienes quieren salvar al régimen financiero y la paridad cambiaria anterior -para defender sus colocaciones “clavadas” en pesos”- y quienes refuerzan sus exigencias de devaluación. Jubilaciones y reforma laboral La cuestión del régimen cambiario pone también en la picota al pretendido “superávit fiscal”, porque una importante devaluación pulveriza su valor en dólares. La devaluación reclamada por el FMI, por lo tanto, obliga a una mayor motosierra, y es lo que señala la letra chica del acuerdo anunciado en este viernes. El principal blanco está colocado en el régimen previsional, para el cual el Fondo le exige al gobierno que eleve una “propuesta de reforma” hacia el último trimestre del año. La mira estará colocada en el aumento de la edad jubilatoria y en los regímenes que aún reconocen el 82%. En cuanto a la reforma laboral, el memo del Fondo alude a los “aspectos tributarios”, una referencia a la baja de aportes y contribuciones -el pasaporte a un mayor vaciamiento de las cajas previsionales y del sistema de salud. Los funcionarios oficiales se han fotografiado con sonrisas y carcajadas en este lunes. Pero la etapa abierta con el préstamo del Fondo augura una guerra agravada en todos los planos -en las disputas interimperialistas por Argentina; en las peleas de grupos capitalistas y el propio Fondo por la cuestión cambiaria- en el choque contra trabajadores y jubilados. LEER MÁS: Acuerdo con el FMI: no es un rescate, es un saqueo Devaluación con cepo, más un ajuste feroz. Por Jorge Altamira, 13/04/2025. FMI y devaluación, un volantazo con pronóstico reservado Para la clase obrera, el desafío de tomar la iniciativa política. Por Jorge Altamira, 12/04/2025. Un acuerdo confiscatorio para colocar a la Argentina en la trinchera de Trump Por Marcelo Ramal, 12/04/2025. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Jorge Altamira: “La devaluación está en curso y será un golpe brutal para trabajadores y jubilados” Entrevista a Jorge Altamira en Radio RealPolitik, 14/04/2025, en el canal de YouTube de Política Obrera.

El dato de la inflación de marzo del 3,7% -que no contempla la totalidad de los gastos de una familia-, ha hecho volar por los aires los acuerdos salariales firmados por el gobierno provincial y los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Como los alimentos subieron por encima de este porcentaje, la inflación de la canasta de pobreza fue del 4% y la de indigencia del 6%. La canasta de indigencia para una pareja con dos hijos es de $500.000, mientras que la de pobreza ya supera el millón cien mil pesos. La inflación de marzo fue superior a la de febrero y se descuenta que la de mayo esté por encima del 3,7%. Las últimas medidas que tomó el gobierno, además, implican una devaluación del 20% que se trasladará a precios. Se trata de una nueva confiscación, que se suma a la de diciembre de 2023. Ninguna “actualización salarial” ha recuperado esa pérdida de alrededor del 25% del salario. Javier Milei está decidido a destruir el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Es la garantía que el gobierno le ofrece al FMI y a los tenedores de la deuda, incluida una reforma jubilatoria integral. Los sindicatos firmaron con el gobernador Kicillof en febrero un aumento del 9% en dos cuotas ., 7% marzo, 2% abril. En números, un preceptor (cargo testigo en secundaria), sin antigüedad cobra $505.530 de bolsillo. Se trata de un sueldo de indigencia. En el caso de una maestra de grado gana $602.998 por cargo. Son cifras que obligan a la docencia a trabajar tres turnos o superar largamente los 30 módulos para arrimar a una canasta de pobreza. Maestras y profesores deben tener otros trabajos para llenar la heladera, incluso los fines de semana. La crisis social estalla todos los días en las escuelas en episodios de violencia escolar , en materia de infraestructura escolar, comida insuficiente en los comedores escolares, falta de obras, etc. El gobernador Kicillof, que realiza conferencias de prensa atacando las políticas de ajuste de Milei, efectúa lo propio en la Provincia de Buenos Aires. La docencia bonaerense, en materia salarial, ocupa el número 22 de las 24 provincias del país. La sobrecarga laboral se incrementa todos los días, a causa de una serie de reformas que terminan en mayor trabajo para el docente por el mismo sueldo . Todo esto sin contar las numerosas horas que el docente le dedica a la planificación, a la corrección, a la organización de sus clases, fuera del horario escolar. La salud física y psíquica de los trabajadores de la educación es destruida por largas jornadas laborales, incluyendo la 5ta. hora en la escuela primaria. En este contexto, el lunes 14/4 los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA. UDOCBA, FEB, UDA Y AMET) se reunieron con las autoridades provinciales para informar a través de un comunicado que “aguardarán a un nuevo encuentro” ( https://www.suteba.org.ar/reunin-del-fudb-con-el-gobierno-provincial-por-la-recomposicin-del-salario-docente-23939.html ). O sea, nada nuevo bajo el sol. En el comunicado los sindicatos se encargan de llenar de elogios a la gestión provincial. La integración de las organizaciones gremiales al Estado es absoluta. En SUTEBA, las asambleas y las reuniones de delegados son inexistentes. Las bases no son convocadas a deliberar y a fijar, por ejemplo, el monto salarial que correspondería cobrar una maestra o profesor. Las direcciones deciden en nombre de los docentes, que no tienen ni voz ni voto en los acuerdos que se firman. Desde nuestra corriente , Tendencia Docente Clasista, impulsamos la lucha por un aumento que lleve al salario mínimo al costo de la canasta familiar, hoy en $1.700.000, por un cargo. Y sobre esa base aplica una cláusula para que se indexe mes a mes frente a la inflación. Que todo aumento sea sobre el salario básico, nada de sumas en negro. Rechazamos la reforma precarizadora de la Escuela Secundaria. Proponemos la realización de reuniones autoconvocadas, de coordinadoras que se formen agrupando escuelas. Luego del paro provincial del 5/3 , de importante adhesión, promovemos las reuniones de delegados con mandatos convocadas por las seccionales opositoras a la conducción provincial, para desenvolver un plan de lucha, que tenga por fin desarrollar un movimiento por el paro por tiempo indeterminado, para conquistar las reivindicaciones salariales y laborales.

El pasado martes se llevó adelante la asamblea autoconvocada de los estudiantes de la carrera de Restauración de la UNA. Convocada para tratar las problemáticas propias de su carrera (falta de laboratorios, prácticas, bolsa de trabajo, materiales y mejores condiciones de cursada), participaron activistas independientes de Visuales, la presidenta del CEAVI y el consejero departamental de Estética. En total fueron 12 personas, de las cuales cinco eran de Restauración. Se expresaron las siguientes posiciones en la asamblea: los autoconvocados de Restauración explicaron sus problemas y llegaron a la conclusión de que la mejor forma de solucionarlo sería tener un director de carrera, como lo tienen algunas Universidades. En esa línea, otro sector del activismo dijo que se pueden lograr cosas a partir de escribir proyectos como el jardín Huergo que hay en la Universidad, es decir, una política dialoguista con la gestión. También intervino Estétika (la agrupación de la Decana) que mencionó que está bueno conocer la política universitaria, las autoridades y sus organismos como el Consejo Directivo. Por otro lado, el VOL (PO) se limitó a señalar que hay que pedir más presupuesto. Nosotros participamos de la misma y en este texto planteamos algunos ejes para continuar el debate: Queremos intervenir en este debate señalando tres cuestiones. La primera es que si bien se enumeraron los problemas estructurales que atraviesa la universidad, no se mencionaron a las responsables internas del ajuste, que son la Decana Arraga (Visuales) y la Rectora Sandra Torlucci (UNA) que en todos los años que llevan al frente de las mismas, en ningún momento se plantearon resolver los problemas de cursada, sino que garantizaron el desfinanciamiento a la par que impulsaban cursos y diplomaturas pagas, vulnerando la gratuidad universitaria y empalmando con la política privatizadora de Milei. Por otro lado, la segunda cuestión es que tener expectativas en el método de la colaboración con las autoridades es un camino sin salida. Lo vivimos el año pasado: la gestión de la UNA y de las universidades nacionales entregaron el presupuesto y el salario docente como moneda de cambio para seguir controlando sus negociados en torno a cursos arancelados y posgrados. La ley de Financiamiento Universitario fue un intento de contener la radicalización de la lucha universitaria en la línea de mantener la colaboración con el gobierno liberticida. En esta línea, hay que mencionar que no fue precisamente la política de los proyectos y articulación con las autoridades la que enfrentó y desafió al gobierno, sino las asambleas, movilizaciones y tomas de facultades que en Visuales el activismo se puso al hombro; es decir el método de independencia política frente a las autoridades. Respecto al planteo de tener un director, advertimos sobre las experiencias en el resto de las carreras. Sucede que las autoridades de carreras resuelven sobre las mismas dejando afuera tanto a estudiantes como al grueso de los docentes, como ocurre actualmente con los cambios en los planes de estudios, de los cuales no tenemos información porque se discuten a espaldas de los estudiantes. Frente a esto proponemos que se debata impulsar un gobierno asambleario de la carrera, donde las decisiones de la misma (presupuesto, horarios, materiales, etc.) sean discutidas democráticamente por el conjunto de estudiantes y docentes y se resuelva en función del interés de los mismos y no de lo que baja desde el Consejo. Por último, queremos señalar que los esfuerzos por solucionar los problemas de la cursada no pueden abstraerse del contexto que atravesamos a nivel nacional e internacional. Los gobiernos en todo el mundo y en Argentina buscan regimentar la educación y colocarla al servicio de la guerra y la política de miseria contra los trabajadores. Frente a esto, los proyectos que se puedan impulsar desde los Consejos (que subrepresentan a los estudiantes y excluyen a los trabajadores de la toma de decisiones respecto a la educación) muestran límites insalvables. Como estudiantes y trabajadores del arte y la cultura, llamamos a luchar contra el gobierno privatizador con los métodos históricos del movimiento estudiantil y la clase obrera: la movilización, la huelga y la lucha en las calles contra el protocolo represivo, como hacen los jubilados todos los miércoles. Finalmente, la asamblea planteó relevar todos los problemas que tienen los compañeros de Restauración y sistematizarlos, dejando planteada la convocatoria a una nueva asamblea para continuar el debate, con el objetivo de que se sumen más estudiantes. Desde Política Obrera entendemos que es necesario seguir participando de estos espacios y llamamos a todos los estudiantes a que se involucren. Más que nunca están planteadas las condiciones para pelear por presupuesto, bolsa de trabajo, materiales, y mejores condiciones de cursada. Sigamos el ejemplo de los jubilados, la huelga y la organización son el camino. LEER MÁS: Universidad: frente a una crisis que se agudiza, es necesario retomar el camino de la movilización contra el gobierno Por Nicolás Morel, 12/04/2025. Diplomaturas: avanza el arancelamiento en Visuales-UNA Por Iara Bogado, 17/01/2025.

Los periódicos conservadores de todo el mundo han lamentado como una pérdida propia a la muerte de Mario Vargas Llosa, uno de los escritores latinoamericanos más sobresalientes del último medio siglo. No les falta razón, porque Vargas Llosa también fue, al menos en las últimas tres décadas, una referencia de la derecha liberal del continente. Los que lo recuerdan de este modo dejan de lado, sin embargo, un hilo conductor que atraviesa a su obra: de un lado, aparece la insubordinación de los oprimidos del continente; del otro, la prepotencia del Estado y de los opresores. Pero en la prosa de Vargas Llosa, la victoria de éstos últimos se convierte en una realidad inexorable. El gran escritor peruano ha sido el cronista de las rebeliones fracasadas, a las cuales, sin embargo, ha vuelto una y otra vez. Ya en la “Ciudad y los Perros”, su primera novela consagratoria, la brutal coacción del Estado toma forma en el despotismo de los oficiales del colegio militar contra sus jóvenes cadetes, entre los que el propio Vargas Llosa se encontraba. “Conversación en la Catedral”, su novela posterior, recrea a la insurgencia estudiantil contra la dictadura militar de Odría, en los años 50. El libro traza un retrato implacable sobre los círculos del poder económico y político, sin dejar de lado a la corrupción y la descomposición personal -que el protagonista descubre con espanto en la figura de su padre. En el círculo del activismo comunista, Vargas Llosa guarda un lugar para el personaje que representa al frío burócrata estalinista, que con su “fina corbata morada” mueve los hilos que van desde los conciliábulos clandestinos a la traición política. En “Conversación..”, aparecen los trazos de la desilusión política del autor para con el comunismo oficial, que signaría a toda una generación de intelectuales del continente. En el caso de Vargas Llosa, esa decepción lo volcó sin reservas a la derecha, y no solamente en el plano literario. La obsesión de Vargas Llosa por las rebeliones continentales tuvo su punto más alto en “La Guerra del fin del Mundo”. Esta monumental obra relata la rebelión de Canudos, donde el campesinado liderado por Antonio Conselheiro enfrentó a un ejército de 10.000 hombres que defendía a los terratenientes del nordeste brasileño, a fines del siglo XIX. Para escribir esta novela, Vargas Llosa realizó una rigurosa investigación histórica. Entre los personajes que el peruano indaga y caracteriza magistralmente, se destaca el anarquista escocés Galileo Gall. Este libertario frecuentaba los círculos intelectuales progresistas de Bahía, que juzgaban de brutal y atrasada a la rebelión campesina de Canudos. Pero Galileo abandona a estos “socialistas de salón” con una determinación revolucionaria: entre los oprimidos y los opresores, señala Gall en la novela, estoy del lado de los oprimidos. Y con esa convicción se une al ejército de desarrapados que lidera Conselheiro. Algunos años después, Vargas Llosa retoma su obsesión, y relata la “Historia de Mayta”, es decir, la vida del trotskysta Antonio Mayta. La novela, incluso atravesada por la decepción política de Vargas Llosa, refleja la determinación revolucionaria de toda una camada de militantes, donde también aparece Hugo Blanco -quien se erigió en un líder del campesinado peruano en los años 80. En las entrevistas que el propio Vargas Llosa realiza para componer su historia, emergen los otros personajes -los que abandonaron la militancia y se dedicaron al carrerismo de la academia o la burocracia estatal. El relato de la opresión política tendría otro capítulo extraordinario en “La Fiesta del Chivo”, que hurga en el régimen policiaco del dictador dominicano Trujillo y las circunstancias de su asesinato. En el plano político, Vargas Llosa llegará a encabezar una candidatura presidencial por el “Frente Democrático”, perdiendo la elección en segunda vuelta con el fascista Fujimori. En el continente, la declaración de guerra a la clase obrera siguió de largo del liberalismo derechista de Vargas Llosa, y se encarnó principalmente en las dictaduras militares o los gobiernos de poder personal. La prédica derechista de Vargas Llosa, desde entonces, se confinó a las columnas de opinión de la “gran” prensa del mundo. El derrotero novelístico de Vargas Llosa es, en su conjunto, un gran panegírico contra la revolución social. Pero por eso mismo, es un reconocimiento de esa revolución como tendencia histórica inexorable, aún para los que tienen que lidiar con ella. Como dijo otro creador, “La mato y aparece otra mayor”. Vargas Llosa fue un cronista de la insurgencia continental, incluso a su pesar.

El gobierno de España ha reaccionado a la guerra arancelaria declarada por Donald Trump el 2 de abril convocando a los partidos políticos para informarles sobre su plan de emergencia. La primera reunión fue dedicada al Partido Popular, a quien transmitió las medidas que pretende adoptar “para proteger” a las empresas españolas. Pedro Sánchez, abriendo el paraguas ante el chubasco, se adelantó a las reuniones para anunciar ayudas del orden de los 14.200 millones de euros. El ministro de Economía Carlos Cuerpo fue el encargado de trasladar el proyecto al conjunto de los partidos menos Vox. El paquete de medidas se aprobó en el consejo de ministros del martes 8 de abril. Sánchez ha maniobrado con su anuncio aspirando a pactar el apoyo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, quien ha aprovechado la coyuntura para tomar distancia de Vox que pretende una negociación amistosa con la administración Trump. Los retos de Sánchez y sus aliados Las intenciones del gobierno se mueven en dos frentes, de un lado la protección de los sectores económicos más castigados por los aranceles de Trump, entre los que se encuentra la producción agropecuaria y la industria del automóvil y sus industrias auxiliares, y del otro el incremento en el gasto en defensa. Sánchez, que ha hecho trampas con los números contabilizando dentro del gasto en defensa todo tipo de expensas en las que incurren las fuerzas armadas, no puede seguir con el cuento. Sánchez y su gobierno han apoyado sin fisuras el aumento del gasto en defensa de la Unión Europea. El 27 de marzo Mark Rutte, el actual secretario general de la OTAN, afirmó que España se había comprometido a alcanzar el 2 % del PIB en el gasto en defensa este año. El gobierno “matizó” esas declaraciones para afirmar que ese incremento se alcanzará en 2029. Ya veremos… Mientras tanto el presidente Sánchez utilizó la semana del 7 de abril para hacer un viaje al sudeste asiático y a China, con escala en Camboya y Viet Nam. La excursión tiene por detrás no sólo su pretensión de asegurar mercado para la producción española castigada por EE. UU., sino además para medir la sensibilidad china ante una inminente negociación de la UE que busca acuerdos comerciales amplios con Pekín tras los ataques de Washington a las economías europeas. China es un mercado decisivo entre otras industrias para la del automóvil de Alemania. El viaje desató las críticas del PP a iniciativa del expresidente José María Aznar, un lobista de los grandes capitales estadounidenses. La UE teme además un aluvión de importaciones de China para compensar la pérdida de ingresos en EE. UU. que Bruselas intentará parar. Los planes de Sánchez chocan con la debilidad del Gobierno cuya estabilidad depende de que Sumar, un frente de partidos en retroceso por su sumisión al PSOE, les brinde un apoyo incondicional. Sumar se las apaña para criticar y denunciar de forma oportunista el aumento del gasto militar y los compromisos bélicos de Pedro Sánchez, sin bloquear sin embargo las decisiones del Consejo de Ministros. Su permanente capitulación mal encubierta sigue socavando su votación en el electorado de izquierda. Sánchez busca una aproximación al PP sin abandonar su discurso de supuesta solidaridad social porque gobierna sin presupuestos y corre el riesgo de que entre las corrientes nacionalistas, el PP, Vox y Podemos no logre convalidar decretos que es su única forma de gobernar por su precariedad política. Lo que ha allanado la posibilidad de un contacto más estable con el PP han sido precisamente los aranceles de Trump que han permitido que la aproximación de ambos partidos se haga bajo el barniz de una cuestión de Estado. El PSOE pretende mediante su aproximación al PP que este rompa sus acuerdos con Vox y respalde las medidas de su gobierno. Alberto Núñez Feijoo por su parte ha aprovechado la proximidad de Vox al Gobierno de Donald Trump, y a este mismo, para acusar a la formación de extrema derecha de antipatriota y falso nacionalismo. Mientras tanto se siguen apoyando en Vox para sostener sus gobiernos autonómicos, como en el caso de Valencia donde el cadáver político del presidente Carlos Mazón se mantiene en términos parlamentarios gracias al voto de Vox y a la pasividad del Gobierno. En Alemania la crisis internacional desatada por el anuncio de los nuevos aranceles estadounidenses ha acelerado un acuerdo de gobierno entre los conservadores de la CDU de Merz y los socialistas del SPD. Habrá que ver qué pasa en España. Debilidad y represión Valencia sin embargo es la piedra de toque de la política española porque desnuda la charlatanería del Gobierno de un lado y del PP del otro. Al margen de posibles combinaciones parlamentarias, los partidos de oposición se niegan a impulsar movilizaciones masivas y una huelga general para derribar al Gobierno. Ni qué hablar de las organizaciones sindicales, incluso las autodenominadas combativas, que han renunciado a esa convocatoria y a la lucha en las calles contra el gobierno de Mazón. Es la propia población trabajadora de Valencia la que pide la destitución del gobierno y la convocatoria a elecciones mientras se moviliza. Gobierno y oposición ocultan su complicidad ante la dana del año pasado. El gobierno de Sánchez se lavó las manos durante el episodio porque las competencias estaban en manos de la Comunitat Valenciana, aun sabiendo que el gobierno de la Generalitat estaba paralizado. No es casual que ninguno de los gobiernos de Sánchez y sus aliados haya derogado la Ley Mordaza. Los procesados por este instrumento represivo van en aumento. La represión policial contra las movilizaciones de pensionistas, la condena a 4,5 años de cárcel a los seis jóvenes de Zaragoza por protestar contra una reunión de Vox en Zaragoza, la persecución contra el comité de empresa de Acerinox por la dirección de una huelga por la que les piden una indemnización de 28 millones de euros, son algunos de los ejemplos. Con motivo de la huelga del metal en Cádiz procesaron a una vecina del barrio obrero de la ciudad por enfrentarse a la policía. Nada de esto es banal. El Gobierno y la oposición saben que la política de ajustes que se avecina va a provocar reacción social y quieren tener a mano una legislación apropiada para atacar a los trabajadores y maniatarlos. De dónde saldrá el dinero La autonomía del Gobierno PSOE-Sumar para hacer frente al tarifazo de Estados Unidos y al mismo tiempo incrementar el gasto militar es desde el punto de vista político próxima a cero. Sánchez cuenta para sus objetivos con la decisión de la UE de no tomar en cuenta el gasto militar como parte del gasto computable en el procedimiento de déficit excesivo.( https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/statement_25_673 ) Sin embargo esto no será suficiente mientras no tenga un pacto estable para convalidar los decretos que necesita. Detrás de ellos deberá apelar a los recortes sociales para hacer caja. La deuda pública de España que alcanzó en diciembre de 2024 los 1,6 billones de euros o el 101,8 % del producto interior bruto, una leve caída respecto del año anterior (107,7 % del PIB) debido al aumento del PIB el año pasado, supone un límite a la emisión de deuda pública. Sin una ley de presupuestos y con las perspectivas de una recesión internacional con la previsible caída de los ingresos fiscales por el impuesto de sociedades, al Gobierno le queda la herramienta del aumento de la presión fiscal sobre las familias y los trabajadores y el recorte del gasto social. El Fondo Monetario Internacional hizo irrupción el 10 de abril en el escenario político con su informe sobre la Misión a España de 2025. En este señala que el Gobierno debe avanzar en su plan de consolidación fiscal -reducción del gasto público- reforzando la incorporación de las regiones al freno del gasto para que colaboren en el proceso a fin de reducir la alta deuda. Esto supone restringir además la financiación autonómica. También apunta a la instrumentación de políticas de empleo que contribuyan a cerrar la brecha entre los “gastos en pensiones y los ingresos de la seguridad social”. Es decir, aumentar el retraso de la edad de jubilación en la línea de lo que “el gobierno más progresista de la historia de España” ya ha hecho. A los capitalistas lo que necesiten, a los trabajadores la austeridad El Gobierno ha vuelto a poner en escena su concepto del ”escudo social”, que consiste en la protección de las empresas amenazadas por el escenario económico internacional con el pretexto de mantener el empleo, a sabiendas de que serán los trabajadores por la vía fiscal y el Estado los que pagarán las consecuencias de esa “protección”, como ocurrió durante la pandemia. Al final del recorrido tampoco ha ofrecido mucho. Una línea de avales por 6.000 millones de euros y otra de liquidez de 8.000 millones de los cuales una parte significativa será el pago de los salarios de los trabajadores que vayan al paro por los expedientes de regulación temporal (ERTE). Mientras tanto, la movilización de la juventud y los trabajadores ha comenzado a reactivarse. El problema de la vivienda se ha convertido en un motor de la protesta social ante la imposibilidad de conseguir alquileres a precios asequibles mientras el parque de vivienda disponible en las grandes ciudades se orienta al alquiler turístico. Ni que hablar de la posibilidad de adquirir viviendas. La aceleración de la venta de propiedades y el aumento del crédito hipotecario en España en los últimos 12 meses, que ha marcado máximos similares a los de la burbuja inmobiliaria en 2010, se ha debido a la inversión en vivienda para alquiler por parte de inversores que amortizan la carga hipotecaria con las rentas que obtienen de los alquileres. Tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos hablan de la construcción de vivienda de protección oficial, pero no la acometen, y aunque lo hicieran es una solución para un futuro lejano… hay que construirlas. El deterioro de la sanidad pública es otro frente de combate, estrechamente vinculado a la privatización creciente en favor del modelo público-privado de atención sanitaria adoptado por muchas autonomías, como es el caso flagrante de Madrid y Barcelona. El Gobierno que critica por este deterioro a los gobiernos regionales del PP oculta que el problema se gestó bajo sus propias administraciones autonómicas como el caso de Andalucía. Mientras tanto se niega a derogar la Ley 15/1997 que es precisamente la que permite el desarrollo de este modelo sanitario privatizador. Se trata de la cesión de la atención sanitaria mediante contratos a los pulpos sanitarios privados, como la alemana Fresenius, propietaria en España de Quirón Salud, que tiene suculentos contratos con la Comunidad de Madrid por la subcontratación de servicios sanitarios públicos. La movilización de los estudiantes y del profesorado en defensa de la educación pública también se ha incrementado con conflictos generalizados. El profesorado de la universidad en Madrid ha llamado a la movilización a los estudiantes ante lo que considera una política de asfixia del sistema público de enseñanza universitaria en favor de la universidad privada controlada por fondos de inversión. En este contexto de conflictividad creciente una serie de luchas obreras, como el caso de Acerinox en Andalucía, han sobrevivido en el más absoluto aislamiento mientras los sindicatos negocian con las patronales los planes de privados de pensiones de empresa. Mientras las bolsas caen de forma estrepitosa a escala mundial, liquidando una parte de los excedentes de dinero volcados a la especulación financiera, en un proceso detonado por las decisiones estadounidenses, el Gobierno de España se apresta a un nuevo plan de salvamento de las empresas y de ataque a los intereses de los trabajadores. Las grandes organizaciones sindicales se han enfeudado una vez más en un acuerdo amplio entre gobierno y patronal para impulsar ese plan. España se encuentra en el ojo del huracán como el resto de la UE, incapaz de hacer frente a las decisiones del imperialismo estadounidense y maniobrando para descargar esta nueva crisis sobre los trabajadores. Washington pretende una restructuración de las relaciones capitalistas globales mediante la guerra para superar la incapacidad de sostener la rentabilización productiva del capital. Estamos a las puertas de un gran acuerdo nacional contra los trabajadores. Los trabajadores españoles deben organizarse para luchar contra la guerra, por el salario, en defensa de sus conquistas sociales como la sanidad, la educación y las pensiones públicas, por el acceso a la vivienda, contra la legislación represiva. Para combatir la dispersión y atomización de los movimientos que las diversas plataformas sociales impulsan en defensa de las conquistas sociales y salariales deben apelar a las asambleas en los centros de trabajo y de estudio, a fin de debatir la organización de una huelga general. Es necesario superar la fragmentación y parálisis impuestas por las burocracias sindicales y construir una nueva dirección en el seno del movimiento obrero. Ante los acontecimientos que se avecinan en España y a escala internacional es necesario agruparse en una organización política de los trabajadores, independiente de la burguesía, contra el capitalismo y por el gobierno obrero. Un partido independiente de los trabajadores por el socialismo y el gobierno obrero.

A días del recule de Trump y sus aranceles , mientras Estados Unidos vive una crisis comercial y de deuda fenomenal, el Secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, visitó insólitamente la Argentina. La visita de Bessent tiene varios objetivos, pero el que marca la urgencia es evitar la precipitación de la crisis argentina, no tanto por la afinidad ideológica de los liberticidas que están en el gobierno como la importancia del país como principal deudor del Fondo -que está cayendo por un barranco y con riesgo de llevarse puesta parte de la economía mundial-. El punto es que el acuerdo con el FMI -que representa un salvataje histórico y que pasa por alto las normas mismas del organismo- no logra, sin embargo, dejar satisfechos a los capitalistas de conjunto . El acuerdo no quitó la totalidad del cepo al no permitir pasar los stock a dólares -en cambio les van a dar bonos- y el rango de flotación del dólar se estableció en valores insuficientes para los exportadores. Por eso la principal actividad de Bessent fue el almuerzo con empresarios para alinearlos con Milei y dejar en claro que no hay alternativas al acuerdo firmado. Según el norteamericano, ahora tendrían que llover las inversiones para que la Argentina junte reservas y pague sus deudas. Sin embargo, los sojeros no están encontrando muy atractivo el precio tope en los 1.400 pesos del dólar para liquidar la cosecha, razón por la cual Milei pasó a amenazarlos con una reimposición de las retenciones para junio. Más lejos aún se ven las inversiones, cuando numerosas multinacionales están abandonando el país -entre otras cosas, por la imposibilidad de liquidar utilidades- y cuando el único plan parece ser Vaca Muerta que, en un contexto de derrumbe del precio de los combustibles, es cada vez menos rentable. En la entrevista que Bessent le dio a la agencia Bloomberg negó de plano un préstamo de su gobierno a la Argentina -algo que habían hecho trascender desde el gobierno de Milei- porque al liberticida hay que salvarlo, pero que otro ponga los dólares. También se mostró asertivo en declarar que espera que se cancele el swap con China, en sintonía con declaraciones en ese sentido que ya había hecho el enviado norteamericano para América Latina, Claver-Carone la semana pasada. El otro gran objetivo fue, justamente, encauzar al mismo gobierno liberticida fuera de la órbita china. Las exigencias no se limitan a la cancelación del swap. Trump también pretende que la Argentina prohiba la utilización de tecnología china para la red de 5G y bloquear la participación del gigante asiático en materia nuclear y en el acceso a ciertos recursos minerales. Incluso la base espacial china ubicada en la Patagonia está bajo la lupa yanqui. En Panamá, Trump no solo logró que los dos puertos del canal, propiedad de un hongkonés, fueran vendidos a Blackrock, sino que ya desembarcó tropas. En Argentina, la situación es más complicada porque la economía está tan acoplada a la China -su segundo socio comercial- que hasta la anterior renovación del swap fue aprobada por el FMI. Acuerdo con el FMI En estos días se empieza a conocer la letra chica del acuerdo con el Fondo , la cual da cuenta de un plan de colonización. La medida principal es la devaluación que corroe la capacidad de compra de los asalariados. Otra medida que pidió explícitamente Estados Unidos fue la importación de bienes de capital usados, algo ilógico un país que tiene ociosa la mitad de su capacidad instalada, y que implica atraso tecnológico. También se supo que hay una especie de cheque en blanco firmado, según el cual el gobierno argentino acepta nuevas condiciones que al FMI se le ocurran en el futuro al mismo tiempo que se compromete a vetar cualquier iniciativa del Congreso que afecte al déficit cero. Además, están las reformas estructurales en materia laboral, previsional y tributaria y las privatizaciones. El acuerdo está redactado de manera que compromete a gobiernos futuros, algo que también está garantizado por la historia y la manera en que los gobiernos de todos los colores “honraron” deudas, todas contraídas de forma ilegal, ya sea por gobiernos de facto, nacionalizando deudas privadas, violando los propios estatutos del FMI o malversándolas para fugar capitales. Cada dólar de deuda espuria e ilegal fue pagada por gobiernos peronistas sacrificando las sentencias de los jubilados que reclamaron el 82 % móvil y los salarios, que nunca recuperaron el poder adquisitivo anterior a la última dictadura militar. Bessent vino para atar un cabo suelto, los capitalistas que no quedaron conformes con el acuerdo con el FMI. El otro cabo suelto, los trabajadores que vamos a ver empeoradas nuestras condiciones de vida, le queda fuera de alcance y, de momento, es algo de lo que se encarga la burocracia sindical junto con las conducciones peronistas en todas sus variantes, incluido Grabois que pretende clavar una cuña, enfrentando a los trabajadores informales con docentes y trabajadores de la salud. La organización independiente de los trabajadores en su lucha por el salario es lo que puede derrotar al acuerdo con el FMI. LEER MÁS: Milei-Caputo, bajo el padrinazgo de Trump Argentina se zambulle en la guerra internacional. Por Marcelo Ramal, 15/04/2025. Un acuerdo confiscatorio para colocar a la Argentina en la trinchera de Trump Por Marcelo Ramal, 12/04/2025. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Jorge Altamira: “La devaluación está en curso y será un golpe brutal para trabajadores y jubilados” Entrevista a Jorge Altamira en Radio Realpolitik 14/04/2025. Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera.

Sembró la idea de fusilar a los docentes y trabajadores de salud que hacen huelga y dijo que "son peor que Milei". ¿Quién es como Milei, Pettovello y Bullrich? ¿Los trabajadores que luchan, o los dirigentes políticos que vociferan en contra de los trabajadores que luchan? Grabois se ubica en la misma línea de CFK en el "congreso educativo" trucho ( acá , acá y acá ), cuando atacó una vez más a las huelgas docentes y defendió el presentismo (como el de Pullaro y Reutemann en Santa Fe). El dirigente de Patria Grande fue mucho más lejos que la ex Presidenta... Grabois contrapone el derecho a huelga de docentes y trabajadores de salud con el derecho a la educación y a la salud, como si el Estado estuviera garantizando esos derechos. Es, por el contrario, la lucha de los trabajadores de estos sectores la única garantía de que podamos dar vuelta la tortilla. Él sabe perfectamente esto y, por eso mismo, difunde las ideas contrarias, buscando dividir y enfrentar a la clase trabajadora, y porque busca desarrollar una base de masas contra esas luchas. Grabois, un declarado clerical, enemigo del derecho al aborto, actúa como una espada del régimen social capitalista. Le teme, incluso más que Milei, al desarrollo de la conciencia de los trabajadores sobre la necesidad de una organización independiente de los partidos patronales y avanzar con una perspectiva socialista. LEER MÁS: “Al paredón”: el planteo fascista de Grabois contra docentes, médicos y enfermeros Por Walter Sánchez, 16/04/2025.

El domingo 13 de abril, Grabois fue entrevistado en el canal de YouTube Blender, donde se despachó contra la docencia y el personal de Salud. “Los que vivimos en la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia del país y usamos el hospital público o la escuela pública sabemos que no es una maravilla, que hay problemas de institucionalidad de esos que también tienen que ver con la pérdida del sentido del deber y del sacrificio y con el yo, yo y mis derechos, mis derechos mis derechos, y me cago en el otro…”, o sea que, para Grabois, los docentes y trabajadores de la Salud serían egoístas por pensar en sus condiciones de trabajo y salarios. Pero fue más allá: “flaco, vas todos los días y cumplís el horario entero y te rompés el orto y si no, al paredón, si no, sos un traidor a la Patria, si no, sos peor que Milei”. ¿Qué tal? El nacional y popular trata a los docentes, médicos y enfermeros como traidores y exige que vayan al paredón. Emula a Espert, quien pide "cárcel o bala" contra piquetes y huelgas . En su exposición reaccionaria, carga todo ese peso del derrumbe de la salud y la educación públicas sobre los trabajadores. Las declaraciones fascistas de Grabois van en línea con la política de ataque del gobierno nacional y los gobernadores: la Ley de Esencialidad Educativa, que tiene media sanción en Diputados (liquidación del derecho a huelga) , el presentismo impuesto en 13 provincias del país, las multas millonarias al sindicato docente de Santa Cruz ADoSaC. Axel Kicillof, el "compañero" de Grabois, ha calificado de ilegales las huelgas docentes en la provincia de Buenos Aires y ha sancionado y ejecutado descuentos a los huelguistas, recibiendo el apoyo de dirigentes de La Libertad Avanza . Milei ha eliminado de facto la paritaria nacional docente e impulsa la privatización definitiva de la educación pública. Sus declaraciones no fueron un "error". Se trata de un planteo que Grabois ya hizo el año pasado, cuando se pronunció a favor de terminar con el derecho a huelga para los docentes. Allí dio rienda suelta a su lengua sin privarse de nada: “soretes abusadores de chicos” (sic), “abusadores seriales de los estatutos docentes”, quienes “se inventan licencias para faltar”. Estamos frente a un fascista "nac & pop" , empeñado en meter una cuña entre la clase obrera y la docencia: según Grabois no es el Estado el que vacía las escuelas públicas y los hospitales, el problema son sus trabajadores que reclaman salario y condiciones de trabajo, ese es su planteo. Cuando se desarrolla una discusión acerca del carácter fascista, o no, de Milei, tenemos una expresión de fascismo explícito de parte de Grabois, lo que, sin embargo, no debe sorprender. El peronismo oficial desarrolló, entre 1973 y 1975, un terror paraestatal bajo la forma de la Triple A, que Grabois 8y no sólo él) nunca repudió. De modo que tenemos en Argentina manifestaciones fascistas a tres bandas: de parte de Santiago Caputo, que llama a ¨desaparecer a la izquierda y al socialismo¨, el vómito de Grabois y la asociación del poder judicial a la campaña que califica de antisemita a la izquierda , junto a un Presidente que saluda, en palabra y actos, la limpieza étnica contra el pueblo palestino. El aparato de la burguesía vomita fascismo por medio de sus diferentes costados políticos.

“Donald Trump ha lanzado un ataque sin precedentes contra las universidades estadounidenses. ¿Hasta dónde llegará? ¿Provocará una fuga de cerebros? ¿Y podrían otros países reemplazar lo que se pierda?” Las preguntas son del diario británico Financial Times, cuyos editorialistas afirman que “el daño al desarrollo científico y tecnológico del país será incalculable”. Una fracción del gran capital parece comenzar a preguntarse si el ferviente odio de Trump por la ciencia no redundará en un retraso de los Estados Unidos en ese campo. El ataque se centra en el retiro de los fondos del Estado, que sostienen desde las más sofisticadas investigaciones científicas hasta programas de ayuda estudiantil. Según la agencia PBS News, los fondos federales representan hasta el 40 % de los ingresos de algunas instituciones, como Johns Hopkins, que recibió 4.000 millones de dólares en 2023 para investigaciones en defensa y salud. En el último mes y medio Trump retiró más de 5.000 millones de dólares como presión para aniquilar la libertad de cátedra, la libertad de expresión y las libertades democráticas. El embate, que comenzó por las universidades de la Ivy League, las más prestigiosas de Estados Unidos, se extendió a otras 60 casas de altos estudios, amenazadas y sometidas a investigación gubernamental. El gobierno las acusa de tolerar el antisemitismo por permitir movilizaciones en solidaridad con Palestina y promover “ideologías divisivas” del espíritu norteamericano. Se trata del estudio del aporte de los esclavos a la construcción y riqueza de Estados Unidos, del aporte cultural de la negritud, de los pueblos originarios y los migrantes en general, de los derechos de las mujeres, las minorías y la disidencia sexual, etc. Lo que Trump y la derecha cavernícola llaman la ideología “woke”, vocablo acuñado por el activismo negro que describe el “despertar de la lucha contra las opresiones”. Trump ha reaccionado brutalmente a cualquier atisbo de resistencia. El 1 de abril, el presidente (rector) de Princeton, Christopher Eisgruber, reveló que el Gobierno ya había suspendido docenas de becas de investigación a la universidad. Princeton no figuraba entre las universidades incluidas en la lista de revisión, pero los fondos fueron cancelados en represalia a que “Eisgruber ha sido inusual entre los presidentes de universidades al hablar en defensa de la educación superior”. A mediados de marzo, en un ensayo, calificó la cancelación de 400 millones de dólares en subvenciones a la Universidad de Columbia como “la mayor amenaza para las universidades estadounidenses desde el miedo a los comunistas de la década de 1950” (FT 4/4). También es el presidente de la Asociación de Universidades Americanas, que el 31 de marzo emitió un comunicado en el que advertía de que “la retirada de fondos para investigación por razones ajenas a la investigación sienta un precedente peligroso y contraproducente”. Ahora se plantó Harvard, la más antigua, la más prestigiosa y, sobre todo, la más rica de las universidades de la Ivy Ligue (50.000 millones de dólares anuales de presupuesto). Palabras más, palabras menos, su presidente, Alan Garber, dijo que se apoyaban en la Primera Enmienda para exigir que Donald Trump quitara sus sucias manos de los planes de estudios de Harvard. Garber es el sucesor de la primera rectora negra de Harvard, la politóloga Claudine Gay, una autoridad internacional en políticas de raza e identidad, desalojada por el lobby sionista-republicano en enero del año pasado. Garber anunció que la universidad no “renunciaría a su independencia ni a sus derechos constitucionales. Ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”. Es una apuesta arriesgada: la financiación federal contribuyó con el 58 % del total de ingresos por patrocinio para investigación durante el año fiscal 2024, según la Universidad. El lunes, Trump congeló 2.200 millones de dólares en subvenciones multianuales y 60 millones en valor de contratos multianuales en Harvard, después de que la universidad se negó a cumplir con las demandas de eliminar sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), prohibir las máscaras en las protestas del campus y garantizar prácticas de contratación basadas en el mérito, entre otras medidas. Harvard recibe unos 9000 millones de dólares en fondos federales, de los cuales 7000 millones se destinan a los 11 hospitales afiliados a la universidad en Boston y Cambridge (Massachusetts), incluidos el Boston Children's Hospital y el Dana-Farber Cancer Institute. Los 2000 millones restantes se destinan a becas de investigación directamente para Harvard, incluidas las de exploración espacial, diabetes, cáncer, enfermedad de Alzheimer y tuberculosis. David Walt, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital Brigham and Women’s, dijo que un correo electrónico del Departamento de Salud y Servicios Humanos le informó que debía suspender de inmediato su investigación sobre ELA porque habían cancelado sus subsidios. Enardecido por el desafío, Trump dobló la apuesta y declaró: “Quizás Harvard debería perder su exención de impuestos y ser gravada como entidad política si sigue impulsando la 'enfermedad' política, ideológica y de inspiración/apoyo terrorista”. Perder la exención de impuestos podría costarle a Harvard progresivamente miles de millones de dólares. La ley federal prohíbe al presidente ordenar «directa o indirectamente» al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que lleve a cabo investigaciones fiscales específicas y no está claro si la agencia realmente seguiría adelante con una investigación. “La persecución selectiva de sus adversarios políticos a través del sistema tributario es propio de una dictadura”, dijo Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro y exrector de Harvard. “Esto es desmesurado e incorrecto, pero es una continuación de las tendencias que hemos visto en el enfoque del presidente Trump tanto hacia las universidades como hacia la aplicación de impuestos”. Y agrega: “La eliminación del estatus de Harvard, que no sucederá porque somos una nación de leyes, si sucediera, devastaría el progreso en la investigación médica y científica, el mantenimiento de los valores estadounidenses y occidentales, las oportunidades para la próxima generación de estadounidenses y un importante imán para Estados Unidos en el mundo”. “Esta es una crisis para Estados Unidos, pero también para el mundo”, dice el FT. El sistema universitario estadounidense, con sus 1,5 millones de profesores, es el que cuenta con más recursos de la historia mundial. Se basa en “riqueza más escala más libertad intelectual más inmigración. (Los académicos más destacados son inmigrantes en una proporción desproporcionada)”, afirma. En tanto, ya son más de 300 los estudiantes extranjeros detenidos en Lousiana con su visa cancelada y esperando la expulsión. LEER MÁS: Razzias y deportaciones en las universidades norteamericanas Por Olga Cristóbal, 10/04/2025. EE.UU.: regimentación y ´fuerzas especiales´ en los campus universitarios contra las protestas por el genocidio de Gaza Por Olga Cristóbal, 27/03/2025.

Las elecciones PASO a concejales en nuestra localidad tuvieron como ganador al partido que gobierna el municipio. Es un aparato político que tiene al PJ como fuerza rectora y una serie de agrupamientos -sociales, culturales- organizados y financiados desde el propio estado municipal, que incluso han aportado candidatos. La candidata oficialista sumó más de cuatro mil seiscientos votos; un aporte mucho menor tuvo el espacio que competía en la interna con aquel, con trescientos noventa y cinco votos. En Capitán Bermúdez ganó el partido que mejor defiende los intereses capitalistas radicados en el municipio. Triunfó el entramado de intereses industriales, inmobiliarios y comerciales que son responsables de la precarización laboral y la contaminación ambiental. Estos intereses se han impuesto a través de la lista pejotista. El agrupamiento del intendente logró imponerse en un electorado que padece la desocupación, la precarización laboral, los recortes salariales y el cierre de fábricas y empresas. En este cuadro, solo fue a votar un poco más del 50 % del padrón, unos 25.900 electores. De ellos casi el 9 % votó en blanco o anuló el voto. Con estos números el oficialismo podría quedarse con dos de los tres concejales que se eligirán en la elección general de mayo. El tercer concejal surgirá de un abanico de fuerzas que obtuvieron una votación marcadamente menor y disgregada. En ese cuadro, la LLA fue la segunda fuerza más votada con 2461 votos. Nuestra campaña La campaña de Política Obrera levantó las reivindicaciones sociales y laborales planteadas en Bermúdez, teniendo en cuenta la convocatoria a una Constituyente que intenta “ordenar” los municipios de acuerdo a los dictados de Milei y el FMI . Nos referimos a una “autonomía” que dejará a los municipios librados a sus propios recursos, para reforzar el agobio impositivo sobre su población. En nuestra plataforma electoral, repartida en diversos barrios de la ciudad, denunciamos la política de precarización laboral, comenzando por el propio Estado municipal, así como la evasión consentida a los capitalistas, que tiene su contrapartida en los tarifazos a la población trabajadora. Desplegamos una agenda de organización para enfrentar los impuestazos, defender el trabajo y la salud. Los desafíos Con 520 votos, Política Obrera obtuvo el 3,9 % de los votos positivos emitidos y logró superar el piso electoral proscriptivo. Nuestra candidatura confirmada será para reforzar la lucha y la agitación política por un programa de la clase obrera, que plantea, entre otras reivindicaciones, el pase a planta de todos los contratados y la defensa de los puestos de trabajo en los establecimientos, mediante el reparto de las horas de trabajo. Lucharemos también por la expansión e integración de las salas de salud, la atención inmediata del segundo nivel médico para los jubilados y derribar los impuestazos a la población trabajadora. El municipio debe ser sustentado con impuestos progresivos al gran capital. Utilizaremos las generales como tribuna de lucha y organización contra el gobierno liberticida y sus fuerzas asociadas en el Congreso y en los distritos, y por la organización de la clase obrera en un partido propio, socialista e internacionalista. LEER MÁS: Santa Fe: qué significa la victoria de Pullaro Por Agustín Fernández, 14/04/2025.

Nada es casualidad ni mucho menos con el gobierno fascista de coalición de Milei. El jueves pasado, nos desayunamos con una nueva cesantía: echaron a una compañera de planta con 17 años de antigüedad que estaba bajo la tristemente célebre Ley de Contrato de Trabajo "Banelco", aquella que salió hace años gracias al "adorno" millonario que recibieron muchos legisladores. Según reza el telegrama, la despidieron "sin motivo". Se ajustaron a la norma: te rajo y te indemnizo y a otra cosa mariposa. Así de fácil es esa ley para las patronales. Es el quinto despido, más contratados, en Radio Nacional durante este gobierno liberticida. En el caso de marras (nunca por el agente de Bolsa fascista Ramiro) se trata de un claro despido por persecución ideológica, porque la compañera locutora es kirchnerista y trabajó y trabaja en medios afines a ese espacio político, sobre lo cual tiene todo el derecho de hacerlo. Como en todas las dictaduras cívico-militares-eclesiales, echan para disciplinar, para amedrentar, para instalar el terror entre los trabajadores. Lamentablemente, no pudimos defenderla porque su gremio, ATE... bien, gracias. El resto de los gremios burocráticos tampoco quiso mover un dedo, como de costumbre. Solo el gremio ATRANA (Asociación de Trabajadores de Radio Nacional), al que pertenezco, fue el único que propuso un paro inmediato aquel jueves en el acto en la puerta de la emisora del microcentro porteño, pero el resto de los sindicatos hicieron oídos sordos y disolvieron el encuentro. Esto, terriblemente peligroso, se entronca directamente con la espeluznante censura, cerrojo informativo al estilo nazi "goebbeliano" que estamos sufriendo. La dirección de la emisora nos prohibió difundir cualquier hecho que huela a reclamo o que esté un milímetro corrido a la izquierda, y ni qué hablar de la mal llamada oposición (que siempre se opone a los explotados). La línea es reducir sobremanera el caudal noticioso, pero con declaraciones y hechos oficiales. La falta de libertad absoluta de expresión es propio de las dictaduras, como dije, y en este caso de la dictadura civil liberticida. Todo esto se enmarca en una política de vaciamiento de los medios estatales, como Telam, que viene desde los gobiernos patronales peronista y macrista, con sueldos de indigencia, falta de mantenimiento edilicio en las 49 emisoras de todo el país, tecnología obsoleta y hasta falta de insumos vitales de limpieza e higiene. Eso sí: plata no hay -vociferan-, pero contratan "figuras". Desde ATRANA, seguimos batallando para retomar la asamblea general desde que otrora logramos buenos aumentos de sueldo y mejoras laborales, hasta pase a planta de más de 400 compañeros allá por el 2004. Hoy es urgente no sólo reclamar la reincorporación de la compañera despedida, sino luchar por un urgente incremento salarial igual a la canasta familiar, impedir el vaciamiento y defender el rol social de la emisora que hace rato tiene escasa programación propia en cada provincia; deben conectar con Bs. As.. Si no logramos reflotar la asamblea general para votar planes de lucha, iremos camino a una muy posible desaparición. LEER MÁS: Sobre Radio Nacional CORREO DE LECTORES. Por Fernando Lothar (locutor LRA1, Radio Nacional, de Bs. As.), 03/04/2025.

Desde que De Narváez desembarcó en las cadenas de tiendas Walmart, hoy Dorinka, no cesa en su afán de imponer la flexibilidad laboral de facto. Para la faena cuenta con la colaboración del gobierno de Milei-FMI, que impulsan una reforma laboral de la legislación laboral, y con Pablo Osuna, Secretario General de la seccional Luján-Rodríguez y mano derecha de Hugo Moyano. Desde estas páginas hemos reflejado la lucha de los trabajadores de la logística de Dorinka, ubicada en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, contra la pretensión de la patronal de pisotear el Convenio de Trabajo, despedir al personal con antigüedad y efectivo y de imponer la multitarea. De Narváez intentó de todo para doblegar a los trabajadores. En primer lugar, promovió comprar a los delegados por medio del otorgamiento de 60 horas “gremiales”, con la venia de Osuna, para que no concurran a su lugar de trabajo y dejen el camino libre para arremeter con “retiros voluntarios” y la multitarea. Cuando la cooptación fracasó, porque tres delegados de la comisión interna denunciaron los sobornos, la dirección nacional de Camioneros promovió una asamblea general con el único fin de destituir a los delegados que denunciaron la complicidad de Osuna con la patronal para imponer la flexibilidad laboral. Como se observa, la patronal busca por todos los medios a su alcance aumentar la productividad del trabajo. La patronal vuelve a la carga La patronal, a pesar de los aprietes, no logró sacarse de encima a los trabajadores con antigüedad y con diversas dolencias, pero sí logró imponer la multitarea con la excusa de la “escasez” de trabajo. Sin embargo, sigue con su plan de reemplazar los "obreros rotos" por trabajadores temporarios jóvenes bajo la nueva legislación laboral y, para ello, Federico Giovenco, arquitecto del plan de reestructuración productiva, lanzó una campaña de provocaciones: cierre del turno noche; sanciones arbitrarias a los trabajadores y aplicación de suspensiones a diestra y siniestra que no admiten apelación alguna por parte de los delegados. El Servicio Médico, por su parte, desconoce certificados emitidos por otros profesionales y simulan visitas domiciliarias; se abolieron las tareas livianas que redundarán en una agudización de una patología determinada y, si el trabajador quiere preservar su salud, no le queda otro camino que renunciar. El objetivo de Dorinka es claro: modificar el proceso de trabajo y las relaciones laborales para procesar más mercadería en el mismo tiempo creando una situación de “abundancia” de fuerza de trabajo y, a partir de ese punto, proceder a una reestructuración productiva de conjunto. En base a esta caracterización debemos abordar la limpieza de Gerentes y Directivos y su reemplazo por Directivos que provienen de COTO los cuales, junto a Giovenco, implementaron la reestructuración que pretenden aplicar en Dorinka. En la línea de que el trabajador “produzca más en menos tiempo” el joven Giovenco abreva en los viejos métodos del control de tiempo que nacen con el capitalismo. En concreto, Dorinka lleva adelante una serie de modificaciones edilicias no para mejorar las condiciones de trabajo, sino para instalar molinetes electrónicos en el comedor, áreas de descanso y en el baño para controlar el tiempo que insumen los trabajadores para hacer sus necesidades fisiológicas. El “innovador” Giovenco imita a las patronales negreras como Bodegas Zuccardi, que instaló cámaras de seguridad en los baños de la fábrica. En conclusión, la patronal, con la colaboración de la burocracia camionera, pechea por una reforma laboral de facto que luego con una reforma de la legislación laboral legalizaría, y los trabajadores resisten la embestida. Está planteado desenvolver una campaña rigurosa denunciando la reestructuración laboral en curso y apoyarse en todas las instancias de deliberación, incluso en las asambleas informativas promovidas por la burocracia, para impulsar un programa de lucha que rechace los aprietes del servicio médico, la instalación de molinetes toma-tiempos, por la defensa del convenio de trabajo y todos los puestos de trabajo. Abajo la flexibilidad laboral. Defensa del convenio de trabajo. Aumento de salarios por encima de la inflación. Ningún despido.

Durante los meses que corren del 2025, el intendente de Pergamino, Javier Martínez (PRO-JxC), junto a sus secretarios y coordinadores de cada Secretaría, se han encargado de continuar perpetuando el ajuste y la precarización laboral a todos los trabajadores municipales , especialmente a aquellos que se encuentran en la mayor situación de desventaja: como monotributistas sin contrato con el municipio. Para caracterizar la situación, la cual se mantiene de esta forma desde hace décadas en nuestra ciudad, el Ejecutivo, acompañado del secretario de Gobierno, Karim Dib, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Andrea Lamelas, junto a los delegados gremiales de SOEM (Sindicato Municipal), UPCN, ATE y SOSBA (Obras Sanitarias), acordaron un aumento salarial del 4,7 % para los meses de marzo y abril del corriente año, viniendo de un aumento del 7 % que englobó enero (5 %) y febrero (2 %). Dichos aumentos continúan dejando los salarios pulverizados en relación con los índices de inflación que golpean a los trabajadores en lo que va del 2025. A su vez, si bien varía entre las categorías, antigüedades y modalidades de contratación (monotributistas, contratados y empleados de planta), el sueldo municipal de base ronda entre los $300.000 y los $500.000 que, a las claras, no cubre la canasta básica de indigencia que estipula el INDEC libertario. A esto se le suma la desfavorabilidad de los trabajadores municipales en condición de monotributistas, los cuales ven reflejados los aumentos salariales entre uno y dos meses después que los empleados de planta y contratados, sin contar que deben destinar parte de sus sueldos de indigencia (entre $20.000 y $50.000, según la categoría del monotributo), para pagar sus propios aportes jubilatorios, sin contar, a su vez, con obra social. Dicho monotributo es requisito obligatorio del Municipio para que un trabajador puede ser empleado por el mismo ente estatal. Por otra parte, es moneda corriente que, ante los reclamos organizados de los trabajadores a sus coordinadores de cada servicio y, posteriormente, a los secretarios de cada área municipal, se utilicen amenazas y evasiones como respuesta a cualquier planteo que se establezca. Por ejemplo, los trabajadores del Programa Envión (quienes perciben un sueldo de alrededor de $400.000 por 80 horas mensuales trabajadas en la institución), han iniciado un reclamo por el aumento del valor hora, dado que, entre octubre del 2024 y marzo del 2025, percibieron un valor de alrededor de $2.100, extremadamente por debajo de lo que estipulan los colegios profesionales de trabajadores sociales, psicólogos y psicopedagogos, que rondan alrededor de $23.000 el valor de la hora laboral. Vale aclarar también que el sueldo de los equipos técnicos de Envión se paga de forma dividida entre el municipio y la provincia, por ende, el aporte municipal sólo sería de unos $200.000, cifra que para el municipio resultaría un "gasto significativo". En este punto, se aúnan el ajuste de provincia y municipio. Ante lo mencionado, el secretario de Desarrollo Social (Secretaría a la cual pertenece el mencionado Programa), señaló la imposibilidad de que exista un aumento en el valor de la hora de los equipos técnicos, admitiendo la clara decisión de la Municipalidad de desfinanciar cada vez más las áreas municipales, principalmente aquellas que tengan que ver con programas sociales y políticas públicas de asistencia, entre ellos, Centros de Desarrollo Comunitario y de Atención Primaria de la Salud, Programas de Inclusión y Contención Social/Psicológica, Políticas de asistencia alimentaria y de vivienda, y vaciamiento de insumos y elementos sanitarios (por ejemplo, falta de preservativos y vacunas en los CAPs), entre otros tipos de recortes públicos. Los trabajadores municipales son la variable de ajuste del gobierno de Juntos por el Cambio, quien viene ejecutando su plan de privatizaciones de organismos públicos con la complicidad parlamentaria de los bloques de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y el radicalismo,másy Unión por La Patria, garantes para la aprobación de las ordenanzas que permitieron la privatización de vastos sectores de la municipalidad. Ante la inacción de la burocracia sindical y el avasallamiento de derechos laborales que el Municipio continúa llevando a cabo de forma sistemática, los trabajadores municipales debemos tomar la iniciativa de la organización autoconvocada, unificando los reclamos de cada sector y discutiendo plan de lucha, el cual debe enlazarse con los conflictos que atraviesan al país y que se multiplicarán como consecuencia de los planes de ajuste de los gobiernos nacional, provinciales y municipales. LEER MÁS: Pergamino: el Concejo Deliberante consuma una nueva estafa contra los trabajadores Por Lucas Giannetti, 19/11/2024.

Luego de un proceso de debate, frente al régimen académico de Kicillof que obstaculiza las cursadas, los estudiantes del Instituto de Formación Docente N° 45 de Haedo votamos visibilizar el conflicto y realizar clases públicas en Fasola y Gaona. Desde febrero de este año, en la provincia de Buenos Aires, luego de jornadas de “consultas” exprés, comenzó a regir un nuevo régimen académico. El mismo contiene una gran cantidad de aspectos que desde la conducción del Centro de Estudiantes señalamos que implican un gran retroceso no solo en las condiciones de estudio, sino que, junto con las reformas curriculares, atentan contra nuestra formación académica. El día 9 de abril, las autoridades del instituto dieron aviso a los estudiantes del cuarto año para que regularicen con inmediatez sus cursadas. Es decir, si no rinden las materias adeudadas de tercer año, perderían la condición de regular, y tendrían que esperar a cursar hasta el año siguiente. Esto significa un claro apriete e invitación a abandonar las trayectorias educativas, ya que muchas carreras de educación secundaria han tenido modificaciones en los planes de estudios, y este cuarto año es el último año de planes anteriores. Ante esta situación convocamos a reuniones de delegados y los estudiantes sacaron la conclusión que debíamos organizarnos para obtener respuestas inmediatas y una salida positiva frente a esto. Es por ello que el día lunes 14 de abril se votó llevar adelante una sentada que luego se convirtió en asamblea donde participaron decenas de compañeros. En la misma, se votó visibilizar el conflicto y realizar un corte de calle con clase pública en la sede Fasola anexo del instituto. La jornada del día de ayer culminó con una gran asamblea, en donde se discutió la situación de ofensiva por parte del gobierno liberticida y el gobierno de Kicillof, y se votó movilizar a Jefatura de inspección. Frente a este estado de situación el 45 sale a la calle a denunciar este nuevo régimen académico que la única certeza que nos deja es que es expulsivo. Nos han reducido la cantidad de llamados a finales, nos imponen un nuevo régimen de correlatividades y todo esto con la excusa de que ahora las materias son promocionales. Esta reforma no se da en un contexto aislado. En todo el mundo los institutos de formación docente son vapuleados y las carreras de formación en educación secundaria es tarea de las universidades. Esta es la lógica que oculta este nuevo régimen, que apunta a volar de un plumazo los terciarios y achicar el gasto. Basta con poner el ejemplo de la lucha de las universidades del año pasado, los discursos del presidente tomándonos a los docentes como adoctrinadores, el planteo de colocar a la educación como servicio esencial y en sintonía van los dichos del día lunes por parte de Grabois diciendo que nosotros tenemos que trabajar todos los días, atacando abiertamente nuestro derecho a huelga. Al finalizar la asamblea se nos anotició que habría tiempo para regularizar la situación de las cursadas hasta agosto. Entendemos que este es un paso más y que debemos redoblar los esfuerzos para que se tome en cuenta la lógica con la que veníamos cursando, es decir, poder cursar con las materias aprobadas y en el transcurso del año irlas acreditando. Redoblemos los esfuerzos compañeros, porque el devenir histórico nos ha demostrado que la lucha rinde.

Trump amenazó en diciembre pasado con recuperar el canal de Panamá y está cumpliendo. Ha logrado que se pusiera fin a los acuerdos con China , aunque todavía no se ha firmado la venta de 23 puertos a un consorcio liderado por BlackRock que incluye a los puertos ubicados a ambos lados del Canal. El gobierno de China está presionando al consorcio de Hong Kong, Hutchison, a que revea la carta de intención de la venta. Pero el último 10 de abril, Trump dio el zarpazo, al imponer la autorización a Panamá de la instalacion de bases para militares norteamericanas en la zona. De acuerdo al memorando firmado por el gobierno de Mulino, Panamá habilita, por un plazo inicial de tres años -renovables- el despliegue de militares y contratistas norteamericanos en territorio nacional panameño, en particular en la geoestratégica zona del Canal. “Contratistas” es un eufemismo para referirse a los mercenarios de las compañías de seguridad privada. La infraestructura comprendida en el acuerdo incluye al Aeropuerto Internacional y varias instalaciones militares como bases aéreas, navales, aeronavales, y edificios costeros. Algunas organizaciones anticipan que los panameños van a tener vedado el acceso a algunas playas, algo que ya pasó durante la ocupación norteamericana anterior. El memorándum permite que buques de guerra estadounidenses transiten por el Canal sin autorización previa ni restricciones de ningún tipo, le otorga un trato preferencial y un privilegio militar a los Estados Unidos que echa por tierra la neutralidad del país y da permiso a Trump para intervenir en las telecomunicaciones y la ciberseguridad de Panamá. El documento también establece que, si “ocurre un accidente” con el personal norteamericano, la autoridad encargada de dirimir cualquier conflicto sea la Secretaría de Defensa estadounidense, no la justicia local, lo que equivale a inmunidad e impunidad y socava la soberanía panameña. El acuerdo se implementó de inmediato y ya hay en el istmo una compañía de la Marina estadounidense, dos patrulleros de la guardia costera y aviones F18 que ocupan el Aeropuerto Internacional Pacífico. El documento está plagado de eufemismos como “ubicaciones autorizadas”, e “instalaciones de seguridad” para evitar hablar de “bases militares” y “ocupación militar permanente” a pedido del Presidente Mulino, quien, según sus propias palabras, teme que se “prenda fuego el país”. Peter Hegseth, Secretario de Defensa de los Estados Unidos, se jactó ante Trump de que “Hemos trasladado a muchas tropas a Panamá y hemos ocupado algunas zonas que ya no teníamos, pero ahora sí", en referencia a los lugares que controlaban antes de 1999. Además, en la versión en inglés de la declaración conjunta emitida por ambos países, el gobierno estadounidense decidió omitir la parte en que reconocía “la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes". Así, Trump y sus personeros torpedean todos los intentos de Mulino por ocultar la entrega y la violacion flagrante de la Constitución panameña . De momento, no hubo todavía una respuesta popular ante estos hechos pero la lucha por la soberanía está presente en la conciencia colectiva. La soberanía del Canal fue la principal reivindicación popular y nacional histórica, la cual fue defendida en las calles y cobró sangre de trabajadores y estudiantes. Estados Unidos tuvo el control del canal desde su creación hasta 1999 y, en 1989, invadió el país centroamericano para capturar al entonces dictador Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico. En la invasión fueron asesinados más de 5.000 panameños, por lo cual el sentimiento antinorteamericano no es mero material de slogan en en el país. Sin embargo, para Trump y su guerra comercial, el control del canal es igualmente crucial . El 40 % del tráfico estadounidense que navega por el mundo atraviesa el canal. El fascista del norte pretende el paso gratuito o subsidiado de sus mercantes, pero eso haría insolvente al canal, ya que la mayor parte del tránsito es yanqui. Un sólo buque tipo Neopanamax puede pagar hasta 1.5 millones de dólares por atravesar el paso bioceánico, y los ingresos derivados del Canal representan el 23 % de los ingresos anuales del país centroamericano. Además de toda la injerencia imperialista ya mencionada, Mulino acaba de implantar una segunda “Guantánamo” en la selva del Darién, donde son llevados los inmigrantes deportados de Estados Unidos; está a punto de reactivar la mina de cobre Panamá - que había sido cerrada por el reclamo popular contra la contaminación - con capitales mixtos; y acaba de aprobar una reforma previsional a la medida de la motosierra. Es un verdadero plan de guerra contra los trabajadores de Panamá que los encorseta en un estatus colonial. Como ensayo, es el ejemplo actual más acabado de ocupación militar en un país soberano de América Latina -dejando de lado Haití- si bien Trump viene avanzando con la excusa de la guerra al narcotráfico y con el eufemismo siempre presente de “operaciones conjuntas”. Esto profundiza en exceso una senda que ya estaba trazada en Panamá por 20 acuerdos bilaterales anteriores, firmados por diferentes gobiernos. Por eso, la lucha por la soberanía panameña solo puede llegar a la victoria si es parte de la lucha independiente de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida.

El miércoles 15 se llevó adelante la segunda audiencia en la delegación Tigre del Ministerio de Trabajo provincial, entre el SUTNA y FATE. La dirección del SUTNA Nacional y la Seccional San Fernando reclamaron la reincorporación de los 36 trabajadores despedidos. La patronal insiste en su intención de imponer un acuerdo que había alcanzado con la directiva nacional del SUTNA, que modifica la organización del proceso de trabajo, luego rechazado por un Asamblea General de la planta y vuelto a rechazar en una segunda consulta. En esta segunda audiencia, el SUTNA ha reclamado “la necesidad de que se reincorpore a los compañeros despedidos, se proteja el poder adquisitivo y las condiciones laborales, y se llegue a obtener por parte de la patronal, en todo entendimiento que ponga fin al conflicto”. Por su parte, FATE plantea “que es urgente, imprescindible y prioritario avanzar en la modificación del cambio de sistema actual de organización del trabajo en FATE, y su reemplazo para un diagrama ajustado a las características informadas por la empresa en sus múltiples presentaciones y comunicaciones. Sobre este punto específico, y con el objetivo precedentemente indicado, la compañía está dispuesta a iniciar una instancia de diálogo y procurar alcanzar un acuerdo y mantener una reunión en el ámbito privado el día 23 de abril“. En concreto, Madanes Quintanilla le da un ultimátum al conjunto de los trabajadores: si aceptan el cambio de sistema de trabajo que favorece los intereses de la empresa y que fue rechazado en dos Asambleas Generales de planta, FATE podría considerar reincorporaciones y reclamos salariales tales como el pago del fraccionamiento de las vacaciones, el bono de fin de año, etc., aunque no se compromete a nada de esto. Por otro lado, no es moco de pavo el reclamo político que hace FATE a la dirección del SUTNA en torno a “cerrar acuerdos que no queden sujetos a instancias de validación ulterior”. Es decir, Madanes Quintanilla instiga a la dirección del SUTNA a birlar la soberanía de una Asamblea General. Está claro que los trabajadores no pueden aceptar el condicionamiento a la reincorporación de estos compañeros despedidos a la renuncia de la defensa de sus condiciones laborales. FATE, por otra parte, ha consumado decenas de despidos y ‘retiros voluntarios’ sin tener que enfrentar una verdadera resistencia del Sindicato; lo mismo ha ocurrido en Pirelli y Bridgestone. El “mandato’ concedido a la dirección sindical en la última asamblea no puede entenderse como un cheque en blanco, pues sigue vigente el rechazo del cambio del régimen laboral, por una mayoría elevada de trabajadores.En la conciencia de los obreros del Neumático prevalece la defensa de la soberanía de la Asamblea General, sea de fábrica o de conjunto, contra la pretensión de sustituirla por la de “Crespo Conducción”, que se repite una y otra vez. La labor por persuadir en forma individual a los obreros a cambiar el voto de rechazo a las exigencias de cambios en el sistema de trabajo, por parte de la patronal, ha fracasado. Es necesario un plan de lucha de conjunto y de largo alcance, que reemplace los paros reactivos y aislados. La Asamblea es el ámbito donde deben resolverse las medidas que derroten los obstáculos que el Estado, las patronales y las burocracias sindicales de la CGT y CTA quieren imponer al conjunto de la clase obrera. LEER MÁS: FATE: movilización al Ministerio de Trabajo contra los despidos ilegales Por Julio Gudiño, 07/04/2025. FATE: balance de una importantísima Asamblea General La patronal pretende imponer un régimen de trabajo por medio de aprietes. Por Julio Gudiño, 02/04/2025.

Otro niño murió a causa del sarampión en Texas la semana del 6 de abril, la segunda muerte provocada por esa enfermedad en dicho estado. Ninguno de los dos niños estaba vacunado ni presentaban ninguna enfermedad subyacente conocida. Hay una tercera muerte de un adulto en Nuevo México, en investigación. Son las primeras por esta enfermedad en Estados Unidos en una década, que se consideraba “libre” de sarampión. Los casos aumentan al ritmo del desmantelamiento del sistema de salud por parte del gobierno de Trump , como el de su imitador Milei. Estados Unidos La situación en Estados Unidos es alarmante : al 10 de abril de 2025, se notificaron un total de 712 casos confirmados de sarampión, distribuidos en 25 jurisdicciones. Solamente en Texas se han confirmado 561 casos desde finales de enero (Texas Health and Human Services, 15/04). El número más alto de casos se concentra en el condado de Gaines (364 al 15 de abril). Por su parte, cincuenta y seis pacientes han sido hospitalizados. Según los Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), debido a la naturaleza altamente contagiosa de esta enfermedad, es probable que se produzcan casos adicionales en el área del brote y en las comunidades circundantes. Es decir, la situación en Estados Unidos, especialmente en Texas, es alarmante. Desmantelamiento de la salud pública Robert F. Kennedy Jr, Secretario de salud y Servicios Humanos, quien días antes declaró que la aplicación de la vacuna es una decisión personal, realizó una publicación en la red X en la que resaltó que "la forma más efectiva de prevenir la propagación del sarampión es la vacuna MMR". Y expresó que estaba trabajando con funcionarios de salud de Texas para “controlar el brote de sarampión”. El secretario declaradamente “antivacunas” asistió a dar las condolencias a la familia de la víctima, desligándose de la responsabilidad estatal y de su propia campaña por desinformar acerca del método más efectivo para prevenir los brotes de la enfermedad. En lugar de reforzar el sistema de salud para hacerle frente a esta situación alarmante, el gobierno avanza en un brutal ajuste : En todas las agencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), como por ejemplo en los CDC, la FDA (Food and Drug Administration, que regula la producción de alimentos y medicamentos) y los NIH (National Institutes of Health –Institutos Nacionales de Salud) se han producido despidos masivos sin precedentes de más de 10.000 trabajadores de la salud pública (WSWS, 10/4). Días atrás, se producía el desplazamiento de Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA . Su retiro fue acompañado por una fuerte denuncia a la política que impulsa el Departamento de Salud y Servicios Humanos y su secretario. Argentina En nuestro país, la propagación del sarampión también es motivo de preocupación. Al 1 de abril, fueron confirmados 17 casos, de los cuales nueve pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y ocho a la provincia de Buenos Aires. Del total de casos, tres son importados, ocho son contactos relacionados a los casos importados y tres se consideran de transmisión comunitaria debido a que no se pudo identificar contacto directo con los confirmados. Los últimos tres continúan bajo investigación epidemiológica para establecer su posible nexo (Ministerio de Salud, 1/04). El Ministerio de Salud lanzó una campaña de vacunación focalizada en el AMBA, aunque la entrega de vacunas llegó con demora. En el interior del país, como Córdoba, Santa Fe y el NOA, denuncian la falta de vacunas en general y escasez de insumos debido al recorte presupuestario en el Ministerio de Salud, que significó una caída del 52% en comparación con el 2024. La defensa de la salud pública, una lucha necesaria Este brutal ajuste está teniendo una valiente respuesta por parte de la clase obrera. “Hands off” (“Quiten las manos”) agitaron multitudes en Estados Unidos rechazando el ataque a las diversidades y el recorte de programas de asistencia social y salud. En Argentina la marcha antifascista convocó a miles, mientras que se defiende el derecho a movilizarse en las calles cada miércoles junto a los jubilados. El lunes 14, manifestaron personas con discapacidad y trabajadores, residentes de hospitales de todo el país pararon este martes contra el recorte de cupos de la RISAM (Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental). Para la clase obrera, cada vez más pauperizada, la defensa de la salud pública se hace sumamente necesaria. A la tendencia mundial de desmantelamiento y privatización, opongámosle la organización y la lucha de la clase obrera en todo el mundo.

Un miércoles más de movilización de los jubilados que culminó -represión mediante, a manos de las cuatro fuerzas de seguridad federal (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria y Federal) y la Policía de la Ciudad- con decenas de heridos, 70 compañeros que tuvieron que ser asistidos por los socorristas y dos detenidos. Palos, gas pimienta y brutales golpes con los escudos policiales son la respuesta de un gobierno que no cesa de atacar nuestras condiciones de vida. La lucha de los jubilados se ha convertido en un eje de movilización para muchos sectores, frente al inmovilismo de la burocracia sindical, cuando están en juego los ingresos de la clase obrera -los actuales y futuros- y el derecho a manifestar, que el gobierno liberticida quiere sofocar. El acuerdo con el FMI coloca el acento en una nueva “reforma previsional”, que apunta a la liquidación lisa y llana del sistema jubilatorio, para convertirlo en una asistencia a la vejez. Apuntan, en primer lugar, contra los mal llamados “regímenes especiales”, como los que todavía tienen los docentes, docentes universitarios y trabajadores de Luz y Fuerza, entre otros. El gobierno ha dado pasos claros en esa dirección. Ya derogaron la moratoria , razón por la cual 250.000 trabajadores no podrán acceder este año a su beneficio jubilatorio; en su inmensa mayoría, son mujeres, las cuales tendrán que aguardar a los 65 años para acceder a la miserable PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor), que conforma el 80% de la ya de por sí jubilación mínima y es excluyente con la pensión por viudez. Como la quita del 100 % en medicamentos, esto se añade a la gran confiscación inaugural del gobierno de Milei, la devaluación de diciembre de 2023, que desplomó las jubilaciones un 30%. Los partidos del régimen y la burocracia sindical -responsables de la demolición del sistema jubilatorio a través de los sucesivos gobiernos- han apoyado este despojo más o menos abiertamente. Ahora, estamos en vísperas de una nueva devaluación, mientras los precios se siguen disparando en una carrera inalcanzable para cualquier bolsillo de un trabajador o jubilado, con salarios y haberes de pobreza y de indigencia. Con un haber mínimo en mayo de $ 296.000 más el bono basura de $ 70.000 congelado desde hace más de un año, no podemos vivir: la canasta familiar alcanza a $ 2.500.000. Las organizaciones de jubilados de los miércoles convocamos para el miércoles 23 de abril a una nueva concentración en el Congreso Nacional, a partir de las 15 hs. para marchar hacia la Plaza de Mayo y realizar un acto. Hacemos un llamado a todos los trabajadores ocupados, desocupados, estudiantes secundarios, universitarios, a la juventud de los barrios, a las amas de casa, en cada rincón de nuestro país a debatir, en asambleas, plenarios, congresos, radios abiertas e impulsemos y organicemos una huelga general para frenar esta barbarie. Abajo la represión, libertad a los detenidos, aumentos de salarios y haberes jubilatorios mínimos acorde a la canasta familiar de $2.500.000, jubilación automática a todos en edad jubilatoria, no al acuerdo con el FMI, no al pago de la deuda usuraria. Ganamos las calles, no las abandonemos. LEER MÁS: Jubilados y la CGT: el abrazo del oso ¿Cómo seguimos? Por Sara Daneri - Jubilados Clasistas y Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 10/04/2025.

Con la excusa de la “lucha contra nuevas amenazas” (narcotráfico, terrorismo, ciberataques), el gobierno liberticida dio vía libre a una gran movilización de efectivos militares, con el objetivo de “reforzar” la seguridad y vigilancia de zonas fronterizas en el norte y noreste del país. Serían más de 10 mil los militares afectados a la “Operación Presidente Julio Argentino Roca.” El nombre elegido por los libertarios para estos movimientos militares es una nueva provocación, luego del descabezamiento de Osvaldo Bayer en la Patagonia. Con el decreto 1112/24 el gobierno libertario estableció un nuevo marco normativo en el que se amplían los alcances y capacidades de la actuación de las Fuerzas Armadas. El decreto en cuestión, que representa un cambio en la concepción de la defensa nacional, sustituyó al 727/2006 que limitaba la intervención de las Fuerzas Armadas a agresiones externas perpetradas exclusivamente por fuerzas armadas de otros Estados. La nueva (vieja) concepción de Seguridad Nacional establece “que los riesgos no siempre provienen de un Estado, sino también de actores no estatales con capacidad transnacional, como grupos terroristas y paramilitares” (Panorama Directo, 20/12/24), que, en términos generales, operan con la complicidad del Estado y los gobiernos. Otra de las aristas del decreto 1112/24 es “la incorporación de sistemas de inteligencia artificial, robótica y vehículos no tripulados (drones)”. En el artículo 17, se establece que las FF. AA pueden sustituir a las Fuerzas de Seguridad en las zonas de frontera, en las que podrán llevar adelante actividades de adiestramiento operacional. Todo un andamiaje represivo. Según información brindada por el Ministerio de Defensa, el “Operativo Roca” se llevará a cabo en zonas rurales y buscará resguardar la “soberanía nacional”, una broma de mal gusto frente al cipayismo explícito del gobierno de Milei y su pandilla. El despliegue operacional contará con radares móviles, drones, helicópteros, equipos de comunicación y hasta un avión Diamond, utilizado para realizar relevamientos en zonas de difícil acceso. El “Operativo Roca” se extenderá entre el 15 de abril y el 15 de diciembre de este año. El “Operativo Roca” se acopla al “Plan Güemes”, lanzado en la provincia de Salta por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Sáenz en diciembre pasado, que se ha cobrado la vida del bagayero Fernando Gómez. En su presentación, Bullrich lanzó “amenazas e intenciones de combatir al narcotráfico en la provincia. El mismo creció durante 30 años al amparo del poder político. Ahora se ha convertido en un elemento de choque y confrontación entre las camarillas del poder” . Los planes “Roca” y “Güemes” son planes que, por un lado, buscan controlar el regenteo del narcotráfico en la región -de ninguna manera “combatirlo”- y, por el otro, imponer una mayor regimentación y persecución contra la población trabajadora en una de las regiones más empobrecidas del territorio nacional y con una vasta tradición de lucha contra todos los gobiernos. Ambos planes consolidan la entrega del control de la frontera al imperialismo yanqui que, “bajo un sistema de control de personas y tecnología establecido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos” monitorea las zonas limítrofes de Argentina . En los últimos 20 años, los diferentes gobiernos han llevado adelante operaciones similares (Escudo Norte, Fortín I y II, Fortalecimiento Fortín, Fronteras, Integración Norte, entre otros) que les han allanado el camino a los narcotraficantes en lugar de amedrentarlos. Según el portal especializado Zona Militar hay discrepancias hacia dentro de las Fuerzas Armadas, ya que algunos sectores plantean que, ante un cambio de signo político del gobierno de turno, los uniformados temen que puedan ser sometidos a procesos penales. En este sentido, los altos mandos militares le piden un blindaje que le aseguren impunidad al personal de las fuerzas. Otro de los puntos de malestar que se debate en el ámbito castrense es el retraso salarial y, unido a esto último, “que los efectivos militares son empleados como mano de obra precarizada para cumplir labores propias de las Fuerzas de Seguridad Federales, las cuales poseen el amparo legal y jurídico que las habilita para estas funciones” (Zona Militar 14/04). El gobierno liberticida, con Petri y Bullrich a la cabeza de la “defensa nacional” y la “seguridad”, quiere la puesta en pie de un Estado policial. La “lucha” contra el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas son la coartada para la ampliación del aparato represivo, el cercenamiento de las libertades democráticas y la persecución de activistas y luchadores, complemento necesario para hacer pasar un brutal ataque contra la clase trabajadora.

La Asociación Bancaria anunció el acuerdo mensual de su paritaria de marzo, con un aumento salarial del 3,7% acorde a la inflación registrada ese mes, sobre los valores del salario de diciembre de 2024. A diferencia de lo que ocurre con alquileres y tarifas, donde los aumentos se calculan sobre el último importe pagado, 3.7% de marzo no es acumulativo. Sumado a los aumentos de salarios de enero y febrero, la Bancaria suma en total 8,6%, un porcentaje inferior, por ejemplo, al índice levemente inferior, pero inferior al fin, a la inflación o al promedio entre ésta y la remuneración salarial RIPTE. El básico de marzo, pagado retroactivamente, alcanzará. Además acordó el bono por el Día del Bancario por 1,5 millones de pesos. La paritaria de la Asociación Bancaria fue presentada, tanto por el sindicato como por los medios sindicales como una “paritaria que no perderá con la inflación”, cuando se trata de que recupere lo perdido en los últimos años. Ya hay un consenso nacional de que las mediciones del INDEC no se condicen con la inflación real . Hasta los técnicos de este Instituto aclararon que el Gobierno se niega a actualizar las fórmulas de cálculo para pisar la inflación a la baja. El sindicalismo burocrático se conforma con ‘acompañar’ la inflación, o sea que congela un poder adquisitivo bajo. Las patronales, en cambio, obtienen ganancias anuales de tres dígitos. El salario de los bancarios, aunque es más alto que la media de los convenios, está lejos de alcanzar una canasta familiar -a lo que ahora se ven forzados a renunciar. Los básicos de 1,8 millones de pesos distan mucho de alcanzar el costo de vida, que en los próximos meses promete seguir in crescendo –según las consultoras, en el orden del 5% mensual hasta agosto. La paritaria fue negociada entre las cúpulas, en ningún momento fue movilizada la masa sindicalizada y no sindicalizada. El kirchnerismo sindical está sumido en el inmovilismo tanto como los Gordos de la CGT, en medio de una avanzada antiobrera histórica. Mas allá de la paritaria, La Bancaria ha dejado pasar como si nada la conversión del Banco Nación en Sociedad Anónima , una antesala para su privatización. La lucha contra el Impuesto a las Ganancias sobre los, una bandera histórica de los bancarios, ha sido bajada sin chistar. Palazzo ya no agita que los bancarios sean exceptuados. La paritaria bancaria se ha firmado sin consulta ni debate con los trabajadores . No han habido ni asambleas ni congresos de delegados, como alguna vez se hicieran en el Banco Provincia de Buenos Aires. Los miles de trabajadores bancarios son convidados de piedra de las discusiones de sus propios salarios.

El día jueves 17 de abril tomó estado público la muerte de una obrera rural, cosechera de tomate, quien cayó de un acoplado cargado de cajones de tomates mientras se trasladaba por un camino interno de la finca de Guayacán, Fraile Pintado, Departamento Ledesma. La víctima es Ramira Ajadla Vega, de 32 años, que sufrió un golpe en la cabeza que le produjo un traumatismo encéfalo craneal grave (El Tribuno 17/4). Según denunció la pareja de la víctima, el tractor iba a alta velocidad, lo que generó saltos y la perdida de la estabilidad de la mujer, que venía sentada sobre los cajones de tomates en el acoplado. También denunció que cuando sucedió el accidente, el conductor del tractor siguió manejando a pesar de los gritos y las advertencias, y que también se negaron a trasladarla de inmediato a un hospital, dejando a la mujer inconsciente por más de 40 minutos (Quepasajujuy 17/4). La víctima llego al hospital ya sin signos de vida. Esta muerte, completamente evitable, pone de manifiesto una vez más las condiciones de extrema precariedad que sufren los trabajadores rurales, sin medidas de seguridad, con jornadas extenuantes, sin baños, muchas veces trabajando bajo el sol o la lluvia, sin un vehículo auxiliar por si ocurre algún accidente o eventualidad, casi siempre los trabajadores “colgados” de los tractores y acoplados, poniendo en riesgo sus vidas. Lamentablemente, este no es un hecho aislado: sin ir más lejos, el año pasado murió un obrero rural mientras cosechaba naranjas para la empresa Ledesma . El mismo se descompensó junto a otros dos obreros por las extremas temperaturas bajo las cuales estaban realizando sus tareas, en una finca aislada, sin medidas de seguridad, ni de hidratación (con temperaturas que superan los 45 grados) ni un vehículo a disposición por cualquier eventualidad. Estos crímenes contra la clase obrera ponen de manifiesto las condiciones de precariedad laboral de los obreros rurales y la complicidad de la burocracia sindical. Los obreros son la variable de ajuste de la producción agrícola, con salarios de miseria, muchas veces temporales (sólo se utilizan para las cosechas), sin condiciones de seguridad e higiene. Aunque las autoridades policiales han tomado la denuncia y fue remitida al Ministerio Publico de la Acusación, ya es tarde. Hoy la familia obrera llora la muerte completamente evitable de Ramira. ¡Por comisiones obreras que controlen las condiciones de higiene y seguridad en las fincas! ¡Justicia por Ramira!

La “apertura del cepo” cambiario y la “flotación cambiaria” han desatado un clima de jolgorio en los círculos del capital financiero. La clave puede encontrarse en el comunicado de J. P. Morgan sobre Argentina. Este fondo recomienda traer dólares a la Argentina, colocarlos en el mercado financiero local -deuda del Tesoro o depósitos a plazo- y obtener rendimientos extraordinarios en pocos meses. Esta operación especulativa, conocida como “carry trade”, se había derrumbado con la corrida cambiaria que precedió al acuerdo con el FMI. Ahora, Caputo y su séquito de financistas anuncian su reconstrucción. El gobierno sustenta esta tentativa en tres medidas adicionales a la flotación cambiaria. En primer lugar, convertir al “levantamiento del cepo” en una ficción. Es que la “libertad (cambiaria) avanza”, pero sólo para las personas físicas, porque excluye a empresas, al postergar indefinidamente la cancelación de deudas externas privadas o la remisión de utilidades al exterior. En segundo lugar, el Banco Central autorizó el “libre ingreso y egreso de capitales de no residentes” a través del mercado único de cambios, siempre y cuando esos capitales permanezcan al menos seis meses en el mercado financiero local. Cerrando la salida de dólares a las empresas, por un lado, y, abriendo el ingreso de dólares especulativos, por el otro, el gobierno ha recreado la promesa de rendimientos extraordinarios en los próximos meses -desde ahora hasta las elecciones de octubre-. La tercera medida en danza se relaciona con la oferta de dinero circulante -base monetaria- que será controlada para asegurar una tasa de interés elevada. Si, como consecuencia de este combo, el dólar flotante se acercara al valor más bajo de la banda -1000 pesos el dólar- los rendimientos esperados de las colocaciones en pesos se auguran “sensacionales” (Ámbito Financiero 18.4). La clave, la deuda en pesos Semejante jolgorio de beneficios es el precio dispuesto a pagar por Milei-Caputo para impedir el estallido de la mayor bomba de tiempo sobre la que se asienta el esquema liberticida: la deuda pública en pesos, ahora integralmente asentada sobre el Tesoro Nacional. La operación de "carry trade" y la persistencia del “cepo verdadero” (a las empresas) es una tentativa extrema de sostener la renovación de los instrumentos de deuda en moneda nacional, impedir que sus acreedores la liquiden para comprar dólares y, en consecuencia, disparar por los aires la cotización del dólar. El renovado "carry trade" es un gigantesco pagaré del Estado en favor del capital financiero, para sostener con vida al esquema económico que tuvo que ser rescatado por el FMI. Quién paga La cuestión de las cuestiones es: ¿quién paga esta operación parasitaria? La suba de la tasa de interés y un nuevo planchazo al dólar apuntan a un supuesto “freno a precios” que ya se han disparado en forma irreversible y que amenazan con llegar a 4-5 % en los próximos meses. Lo que queda por delante, en cambio, es recomponer los derruidos salarios frente a la renovada inflación. El “frenazo” cambiario y recesivo apunta a golpear sobre las negociaciones paritarias. Pero, nuevamente, la clave de la cuestión se encuentra en la deuda pública en pesos que se ofrece a los capitales que vienen a especular a la Argentina y cuya garantía es el superávit fiscal. El acuerdo con el fondo eleva la exigencia de superávit primario del 1.3 al 1.6 % del PBI. La promesa de mayores exacciones al pueblo es el seguro de pago de esa deuda pública y, por lo tanto, el pasaporte para su valorización. Por esa vía, Caputo y Milei quieren volver al mercado internacional de deuda y refinanciar los enormes vencimientos de los próximos años. En cualquier caso, lo que sustenta a la nueva “bicicleta” en curso son los ajustes por venir: la agenda que aplaude el capital financiero es la nueva reforma previsional, nuevos despidos de estatales y recortes a mansalva de los gastos sociales. Sin perjuicio de esta confiscación, el "carry trade" de Milei-Caputo está lejos de tener el futuro asegurado. Los liberticidas quieren armar un refugio financiero en Argentina, cuando la crisis mundial está dinamitando los refugios reputados como más seguros. El capital agroexportador vela sus armas , porque el gobierno lo amenaza con “un dólar a mil pesos”. Como compensación, le ofrece a ese capital la alternativa de liquidar y volcar sus dólares al mercado financiero local -o sea, asociarse al "carry trade"-. Es una apuesta peligrosa, de cara a la devaluación inminente que esperaban. El “nuevo” régimen cambiario y financiero augura choques todavía mayores a los que venían protagonizando los capitalistas antes del acuerdo con el FMI. Y plantea con urgencia un programa y una acción para defender las reivindicaciones obreras. LEER MÁS: Acuerdo con el FMI: no es un rescate, es un saqueo Devaluación con cepo, más un ajuste feroz. Por Jorge Altamira, 13/04/2025. Un acuerdo confiscatorio para colocar a la Argentina en la trinchera de Trump Por Marcelo Ramal, 12/04/2025. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Jorge Altamira: “La devaluación está en curso y será un golpe brutal para trabajadores y jubilados” Entrevista a Jorge Altamira en Radio Realpolitik 14/04/2025. Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera.

En la edición del 13-4-25, el comentarista del New York Times Simon Romero dice que se trataba de “uno de los comentaristas políticos más influyentes del mundo de habla hispana”. Su columna quincenal, “Piedra de toque”, se publicaba en periódicos en español de Latinoamérica y Estados Unidos y al crítico literario Ilan Stavans le inspiró decir: “Tenemos varios columnistas de prensa venerables en Estados Unidos, pero ¿quién de ellos tiene la talla de Vargas Llosa en la civilización hispana?” Vargas Llosa y los testimonios "Historia de Mayta es una de las novelas ‘más infravaloradas’, es no sólo la peor entendida y la más maltratada, sino también la más literaria de todas las que he escrito, aunque sus apasionados críticos sólo vieran en ella una diatriba política", dijo el propio Vargas Llosa en el prólogo a una reedición de esa novela suya. No es extraño que eso haya ocurrido siendo un texto difícil y arduo de leer, tanto literaria como políticamente. Publicada en 1984, Historia de Mayta va reconstruyendo la figura del trotskista peruano Alejandro Mayta, dirigente del Partido Obrero Revolucionario de los Trabajadores (PORT), quien inició en 1962 una insurrección armada en la cárcel de Lurigancho, en Jauja (sierra peruana). Detenido varias veces por causa de su militancia, Mayta, sin embargo, termina su vida en opaco olvido, esterilidad y anonimato. La novela de Vargas Llosa utiliza una técnica narrativa que consiste en presentar el texto como si fuera una serie de entrevistas que hubiera realizado un narrador a personas reales relacionadas con el protagonista, con la ficción de informaciones obtenidas; por ejemplo, la historia transcurre en 1958, antes de la revolución cubana, no en el 62, como sucedió realmente. No obstante, antes de escribirla había realizado, como siempre lo hacía, una rigurosa investigación histórica. Ahora bien, ¿por qué ocuparse, tras la muerte del autor, de su novela más “infravalorada”, “maltratada”, “peor entendida”, tratándose de quien no solamente ganó el Nobel en 2010, sino premios y distinciones mucho más respetados literariamente? Fue Premio Cervantes (1994), Premio Príncipe de Asturias (1986), Premio Planeta (1993), miembro de la Real Academia Española (1994) y de la Academia Francesa, a pesar de que nunca escribió en francés. Su éxito editorial comenzó en los 60 con La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966) y Conversación en La Catedral (1969). Junto con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes es uno de los mayores exponentes del boom latinoamericano de la narrativa. Entonces, ¿por qué ocuparse de su novela menos exitosa? Por su significado político, ante todo. Veamos. “Democratismo” y revolución El denominado “boom” latinoamericano adhiere sin retaceos a la revolución cubana, aunque paso a paso muchos escritores se van distanciando de ella por sus matices autoritarios. El punto de fricción más agudo fue el llamado “caso Heberto Padilla”, un poeta encarcelado en 1971 a quien se acusó hasta de trabajar para la CIA por sus declaraciones contra el régimen cubano y, en especial, contra las directivas estéticas para la cultura de la Unión Nacional de Escritores Cubanos (UNEAC). “Fuera del juego”, el libro de poemas de Padilla, contenía poemas como “Instrucciones para ingresar en una nueva sociedad” y en 1968 había sido premiado por un jurado designado por la propia UNEAC e integrado por eminencias literarias como José Lezama Lima. La imputación había provocado que “Escritores e intelectuales latinoamericanos y europeos enviaron una carta abierta a Fidel Castro pidiendo la liberación de Padilla. Algunas de los firmantes eran Ítalo Calvino, Simone de Beauvoir, Julio Cortázar, Marguerite Duras, Carlos Fuentes, Jean Paul Sartre y Mario Vargas Llosa…”. (Diego Rojas, Infobae, 25-9-2015). Padilla fue liberado 37 días después, pero tras firmar una “autocrítica” al mejor estilo estalinista donde “reconocía” todos los cargos como contrarrevolucionario. “Liberado” Padilla, se había enviado otra carta en la que sumaban sus firmas “Pier Paolo Pasolini y Alain Resnais y se bajaba Julio Cortázar” (Ídem). En ella, “Octavio Paz y Carlos Fuentes reforzaban en diversos textos las similitudes de la autocrítica de Padilla con los procesos de Moscú.” (Ídem). Entre los argentinos, “Rodolfo Walsh atacaba la carta” (Ídem) al igual que David Viñas, solo que Viñas discrepaba “con quienes (…) califican de ‘europeizantes’ a aquéllos para descalificarlos en sus juicios.” (Ídem). Por su parte, García Márquez decía no haber acordado con el envío de la carta, pero respecto de la retractación de Padilla opinó que “El tono de su autocrítica es tan exagerado, tan abyecto, que parece obtenido por métodos ignominiosos”. (Ídem) En definitiva, “El núcleo del boom latinoamericano, que había señalado a La Habana revolucionaria como una de sus capitales, quedaba dividido luego del affaire Padilla.” (Ídem) Vargas Llosa forma parte del éxodo del “boom” respecto de la revolución cubana, solo que él terminará no solo cuestionando al régimen cubano, sino a las ideas socialistas en general. Se convierte en un “liberal” que hasta llega a felicitar a Margaret Thatcher, para terminar confluyendo con los Fujimori y otras delicias de ese tipo, aunque también cuestionando a la dictadura militar argentina del 76 por la represión. Pues bien, en su deslumbrante novela Historia de Mayta queda expuesta la esencia de su sentimiento contrarrevolucionario, no solo de sus ideas. Hace encarnar en Mayta la invalidez y hasta la bajeza y el ridículo de una figura y de sus ideas revolucionarias mismas. Se regodea incluso en el desprecio racial y sexual. Habla del Perú como de un “basural político”, pero refiriéndose a la izquierda, no a los ultraderechistas. No se le ocurre salvar siquiera la labor literaria ni la integridad política de José María Arguedas y Manuel Scorza, dos novelistas peruanos de izquierda con gran renombre internacional, que además fueron sus contemporáneos. Su inicial “democratismo” a la europea lo llevará a formar su propio partido de ultraderecha, aunque perdiera frente a Keiko Fujimori, más hábil que él en los quehaceres domésticos de la política. Tampoco es para escandalizarse su “conversión”. Más de uno de los escritores del “boom” (Carlos Fuentes, por ejemplo) terminó apoyando a partidos reaccionarios, aunque siempre con cariz “democrático”. Lo bueno de Vargas Llosa era su frontalidad. Eso es algo que a los revolucionarios socialistas les haría bien apreciar, además de sus virtudes de eximio narrador. LEER MÁS: Vargas Llosa, el cronista de la revolución extraviada Por Marcelo Ramal, 15/04/2025. VER EL EPISODIO 12 DEL STREAMING SOCIALISMO O BARBARIE: Socialismo o Barbarie Ep 12: Hoy De Vargas Llosa al FMI Emitido por el canal de YouTube de Política Obrera el martes 15/04/2025.

En enero pasado, el gobierno nacional, a través del ministro de Economía Luis Caputo, anunció las bajas temporarias de los derechos de exportación (retenciones), una medida ampliamente reclamada por los productores agropecuarios como consecuencia del retraso cambiario. En su momento, Caputo presentó la medida como un cumplimiento de las promesas de campaña. Pero los farmers pampeanos deberían saber que las campañas electorales en el marco del estado burgués son campañas de engaño. La resolución tomada por el tándem Milei-Caputo en la temporada estival estuvo ligada a la sequía de divisas extranjeras de las arcas del Banco Central. Hay que señalar que durante el 2024 las bases agrarias comenzaron a discutir llevar adelante acciones directas ante la falta de respuestas del gobierno a los pedidos sectoriales. Fue la Mesa de Enlace, con Nicolás Pino a la cabeza, la que intercedió para que los tractorazos y asambleas con cortes de rutas no sean una postal para el gobierno liberticida. En su raid mediático luego del levantamiento del cepo cambiario, en una entrevista con Luis Majul, Milei les recomendó a los productores que liquiden lo que aún tienen acopiado en los silos, porque le 30 de junio les vuelve a subir las retenciones (33 % para la soja y del 12 % para los cereales), recalentando nuevamente la relación con el sector. El mismo día, pero con Alejandro Fantino, aseveró que “el campo debería estar agradecido que le eliminamos el cepo. No hay más brecha”. En el mismo fragmento de la nota, Milei develó los por qué de la medida tomada en enero pasado: “yo tengo un quilombo fiscal, ¿no? Entonces para tirarle un hueso al campo, ¿qué hice? (...) bajo (las retenciones) transitoriamente ¿Y alguna vez dije que no fueran transitorias?”. Milei se ufana de haber terminado, con lo que él considera la principal demanda del sector: la brecha cambiaria. El portal especializado Bichos de Campo asegura que “(...) la brecha sí que era un problema, es cierto. Pero especialmente para los dueños de los campos que cobraban el alquiler en quintales de soja y luego no podían pasarse a dólares (o perdían mucho dinero en el camino) y para productores de granos que tenían también insumos que cotizaban al dólar financiero. Era un problema, sí. Pero no el único. Y para muchos otros actores del negocio, no el más grave” (15/04/2025). Al igual que la baja temporaria de las retenciones, el levantamiento del cepo tiene gusto a poco para las patronales agrarias , ya que “el acuerdo no quitó la totalidad del cepo (...) y el rango de flotación del dólar se estableció en valores insuficiente para los exportadores”. Todo indica que la presión devaluatoria de los productores se va a mantener, más aún cuando el acuerdo con el FMI está atado a una “acumulación de reservas” por medio de una depreciación del peso. El lobista del sector y editorialista de la sección Clarín Rural, Héctor Huergo, señala que la exhortación a liquidar antes del 30 de junio “tiene un claro efecto bajista”, en momentos que se comienza a levantar la cosecha. Huergo señala que “los precios mejoraron algo en pesos, por mejora del tipo de cambio. Pero bajaron en dólares. Todos pierden: chacareros, gobierno y sociedad”. Esto se da en un contexto de depreciación del precio de la soja a nivel internacional y de las materias primas en general, condicionada por la guerra comercial agudizada por el arancelazo de Trump quien confirmó, por medio del USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU), los montos de los subsidios que recibirán los productores agrícolas bajo el programa de emergencia correspondiente a la campaña 2024, aumentando las desventajas de las patronales agrarias de la Argentina. En el campo se conjugan las contradicciones insalvables del plan económico de Milei–Caputo digitado por el FMI, que no sólo pone a la Argentina como un botín en el marco de la guerra comercial, sino que también agudiza los choques entre los bloques capitalistas que, en última instancia, mantiene como pato de la boda a los trabajadores y jubilados, sobre los que recae el grueso del ajuste libertario.

El artículo “Miyazaki, la IA, el arte y su relación con la lucha de clases” acierta al vincular el gesto de Miyazaki con la lucha de clases, pero se detiene justo antes de dar el paso necesario: el de una crítica materialista de la técnica y del arte. En lugar de profundizar en los conflictos de clase que determinan las condiciones de producción cultural, el texto opta por una defensa melancólica de “lo humano” frente al avance de la IA, como si el problema fuese la deshumanización tecnológica y no el capital. Ahí donde se requiere una crítica política, el artículo le escribe una carta de amor a la humanidad. Se advierte una nostalgia por el “arte auténtico” que corre el riesgo de despolitizar el problema. No se trata de una batalla entre artistas sensibles y algoritmos sin alma, sino de una disputa entre clases por el control de las fuerzas productivas. Toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, y toda lucha de clases es una lucha política por el poder. Si la IA aparece como una amenaza, no es porque carezca de sensibilidad, sino porque está al servicio del capital. Y eso vale también para los artistas humanos cuando su trabajo está encuadrado por la lógica de la ganancia. No se trata de si las máquinas pueden crear belleza o no, ni de si sus “obras” nos conmueven o nos repugnan. La cuestión es quién controla los medios de producción técnica y simbólica, y al servicio de qué intereses se ponen a funcionar. La sensibilidad no está en la herramienta sino en la estructura social que la configura. El famoso video donde Miyazaki rechaza una animación grotesca generada por IA ha vuelto a circular. Su gesto, potente y visceral, funciona como símbolo de resistencia frente a una tecnología que amenaza con automatizar la sensibilidad humana. Pero si ese gesto no se inscribe dentro de una crítica materialista, corre el riesgo de volverse una súplica impotente, atrapada en una estética de lo humano que el capital vació hace tiempo. La sensibilidad humanista que se detiene en el umbral de lo político termina por reforzar el mismo orden que dice rechazar. El artículo reprocha a Miyazaki haber abandonado el materialismo histórico, pero incurre en la misma claudicación al adoptar sin cuestionamiento su concepción humanista del arte frente a la IA. No desarrolla una posición propia, sino que reproduce, con silencio cómplice, la sensibilidad nostálgica del autor. Así, lo que se presenta como crítica, termina reforzando el mismo humanismo reaccionario que buscaba problematizar. La historia nos ofrece paralelismos útiles. En los albores del capitalismo industrial, los obreros luditas destruían máquinas porque las asociaban a la pérdida de sus fuentes de sustento. Tenían razón, aunque no por oponerse a la técnica, sino por oponerse al uso capitalista de esa técnica. Lo mismo ocurre con la IA: no es progresiva ni regresiva en sí, pero en manos del capital, deviene vector de precarización, vigilancia y sobretrabajo. En el mundo del arte esto tampoco es nuevo. Durante siglos, en los talleres medievales y del Renacimiento, aprendices trabajaron en condiciones de explotación, contribuyendo con su fuerza de trabajo a obras que llevaban exclusivamente la firma del maestro. La autoría era una ficción de clase, sostenida por una organización jerárquica del trabajo artístico que respondía a encargos provenientes de la nobleza o la Iglesia. Estas instituciones no sólo definían los temas y estilos legítimos, sino que también controlaban el acceso a los materiales, a los espacios de circulación y a los modos de representación. La estructura social determinaba quién podía producir, cómo, y con qué reconocimiento. El arte nunca fue pura expresión individual: siempre fue producción social mediada por jerarquías y apropiaciones. Hoy, la IA no reemplaza la creatividad, sino que cristaliza un proceso mucho más antiguo: la separación entre trabajo intelectual y manual, entre creación y ejecución, entre quienes diseñan y quienes producen. La apelación al “arte humano” frente a la IA suele operar como consuelo moral. Pero el arte, en el capitalismo, ya está subsumido: precarizado, espectacularizado, convertido en mercancía. La IA no amenaza al arte “puro”: revela su impureza estructural. Lo que colapsa no son sólo los servidores de OpenAI repletos de Ghiblis artificiales: lo que colapsa es la fantasía capitalista de producción infinita, sostenida sobre trabajo precarizado, devastación ambiental e industrias para la muerte. El problema no es que la IA reemplace artistas: es que, con o sin IA, el arte ya ha sido reemplazado por su simulacro, convertido en insumo decorativo para plataformas. La única posibilidad de revertir esto no está en la nostalgia por el taller ni en la defensa moral del artista, sino en una reapropiación colectiva de los medios de producción simbólica. No para volver atrás, sino para ir más allá. El alma no alcanza: hacen falta los medios de producción.

Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado al menos a 27 personas, en su mayoría niños, desde la madrugada de este sábado 19 de abril. En las últimas 24 horas, los muertos superan el centenar. El ejército bombardea refugios y los campamentos donde se alojan la mayoría de los desplazados. El jueves se recuperaron los cadáveres de 15 personas que murieron carbonizadas; entre ellos 8 niños, algunos con su mamá, en un ataque aéreo israelí contra un campamento para desplazados en la “zona segura” de Mawasi, en Jan Yunis. Las tiendas se incendiaron y sus ocupantes murieron quemados vivos. Esta escena se ha convertido en algo habitual en Gaza (Mondoweiss 17/4). “Nos dijeron que esta era la zona segura donde debíamos permanecer para salvar nuestras vidas”, exclamó Abu al-Rus, sentado al lado de los sudarios que envuelven los cadáveres de su hermana, sus propios hijos y sus sobrinos. “Era una trampa para matarnos y quemarnos. ¿A dónde podemos ir para estar a salvo? Enterramos a nuestros hijos como esqueletos y huesos derretidos”. Los que no mueren por los misiles, mueren por hambre. El bloqueo de la ayuda humanitaria se mantiene desde el 2 de marzo. La mayoría de la población gazatí come apenas una vez al día, una cantidad “mucho menor de lo necesario”, debido al agotamiento de las reservas. En marzo, más de 3.600 niños ingresaron a los hospitales por desnutrición aguda, frente a los 2.000 de febrero, lo que refleja “un rápido deterioro de la situación nutricional”. Acorralar a los gazatíes a las orillas del mar El ejército israelí está reforzando su control sobre la Franja de Gaza, amplió las áreas de amortiguamiento y los "corredores de seguridad" y mantiene cerrados los pasos fronterizos. El ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó el 16 de abril la presencia militar permanente “en las zonas de seguridad como amortiguador entre el enemigo y las comunidades [israelíes] en cualquier situación temporal o permanente tanto en Gaza, como en El Líbano y Siria", declaró en un comunicado. El pasado diciembre, Katz publicó en X que tras "eliminar las capacidades militares y gubernamentales de Hamas en Gaza, Israel tendría el control de la seguridad" sobre el territorio, con "total libertad de acción". Desde que Israel interrumpió el alto el fuego consolidó un nuevo eje en el sur, denominado "corredor Morag", entre las ciudades sureñas de Rafah y Khan Yunis, que deja a Rafah, cerca de la frontera con Egipto, completamente aislada. En el centro, las fuerzas israelíes también recuperaron el control del corredor de Netzarim, aislando la ciudad de Gaza del resto del territorio. Esta partición viene acompañada de la ampliación de la zona de amortiguación adyacente a la frontera israelí, que antes del ingreso de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 tenía unos 300 metros de ancho y ahora supera el kilómetro “creando una vasta tierra de nadie dentro del estrecho territorio palestino” (DW 18/4). Gaza ya era uno de los territorios más densamente poblados del mundo, Israel está reduciendo rápidamente su superficie habitable, mientras que tres cuartas partes de su infraestructura civil fue aniquilada. “Zona de muerte” En un informe publicado el 7 de abril y titulado "El perímetro", la ONG israelí Breaking the Silence estima que la zona de amortiguación representa actualmente más del 15 % del territorio de la Franja de Gaza y el 35 % de sus tierras agrícolas. “Totalmente vedada a los palestinos, constituye una zona de muerte de enormes proporciones", afirma la ONG, que advierte que se ordenó a los soldados "aniquilar deliberada, metódica y sistemáticamente todo lo que se encontrara dentro del perímetro designado". Esto ha incluido el fusilamiento de niños que solo trataban de encontrar familiares, dice Breaking the Silence y narra varios casos. Además de las vastas extensiones de territorio gazatí que Israel volvió inhabitables, gran parte está sembrado de minas y bombas sin estallar. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el 66 % del territorio del enclave "se encuentra en zonas prohibidas, o está sujeto a órdenes de desplazamiento, o ambas cosas". "Estamos siendo testigos en tiempo real de la destrucción y el desplazamiento forzoso de toda la población de Gaza", declaró Amande Bazerolle, coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el enclave. Según la ONU, 500.000 palestinos han sido desplazados en solo un mes. El 15 de abril, el Ministerio de Sanidad de Hamas afirmó que al menos 1.630 palestinos han sido asesinados desde el 18 de marzo. Israel controla actualmente la mitad de la Franja de Gaza. Por su parte, el Ejército israelí afirmó el miércoles haber transformado alrededor de 30 % del enclave en un "perímetro de seguridad" (Associated Press, 17/4). Según el Financial Times, el Ejército -con el apoyo de los ministros de la derecha religiosa que plantean directamente “vaciar” Gaza y la recolonización- ha propuesto un plan de ocupación a largo plazo que consiste en acorralar a los dos millones de palestinos en una línea de campamentos junto al mar, en una franja aún más pequeña de tierra árida, dependiente de la ayuda alimentaria para sobrevivir. La ayuda humanitaria estaría totalmente controlada por el Ejército o las ONG autorizadas. Ante la posibilidad de que la ocupación permanente desencadene una larga insurgencia contra las tropas israelíes, el objetivo es vaciar los centros urbanos y limitar la exposición de los soldados israelíes a los riesgos de la guerra de guerrillas. «Es un tipo de combate completamente diferente», afirmó un militar de reserva de alto rango, al que ahora se le ha ordenado prepararse para varios meses de operaciones de combate que implicarán «combate, victoria y administración», según sus propias palabras. Crisis militar Netanyahu se enfrenta además a una presión cada vez mayor de la opinión pública. Según una encuesta del Israel Democracy Institute, el 68 % de los israelíes afirma que la prioridad del gobierno debería ser la devolución de los rehenes en lugar de la destrucción de Hamas. Los analistas de Defensa afirman que tampoco está claro si el ejército puede alcanzar esos objetivos en unos pocos meses, dado el desgaste de sus fuerzas actuales y la necesidad de desplegar lo que, según ellos, serían al menos cuatro divisiones de soldados de combate. A esto se suma la oposición de muchos reservistas que han firmado una carta pública exigiendo el fin de la guerra y el retorno de los rehenes. Los medios de comunicación israelíes informan de un notable aumento del número de reservistas que se niegan a presentarse al servicio militar, “lo que apunta a un rápido descenso del apoyo a una guerra que, según los críticos -incluso dentro del Ejército-, ya no está motivada por los intereses de seguridad de Israel y la liberación de los rehenes retenidos en Gaza” (DW 17/4). La página de Instagram de 'Soldados por los rehenes' es un grupo de defensa contra la guerra fundado por el exreservista Yuval Green, que decidió abandonar la guerra en enero de 2024 después de que el comandante permitió que los soldados incendiaran las casas de palestinos desplazados en Yan Younis. Green es uno de los más de 100.000 israelíes que habrían dejado de presentarse al servicio de reserva, según la publicación en línea '+972 Magazine'. La emisora nacional israelí Kan ha calculado que la tasa de asistencia actual ronda el 60 %, lo que supone un fuerte descenso (France 24 17/4). La disidencia abierta se ha extendido en las últimas semanas, incluso entre las unidades de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sin embargo, pronto siguieron llamamientos similares, firmados por cientos de veteranos y reservistas de la Marina, la unidad de élite de inteligencia israelí 8200, la agencia de espionaje Mossad y el Cuerpo Blindado, incluido el ex primer ministro Ehud Barak (France 24 17/4). LEER MÁS: Netanyahu echa a un millar de reservistas porque exigen el fin de la guerra mientras planea borrar Rafah del mapa Por Olga Cristóbal, 11/04/2025.

En una tensa asamblea del pasado miércoles, los trabajadores de Vicentín y el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) aceptaron las condiciones de la empresa para volver a la producción. Las plantas de Ricardone y Avellaneda volverán a funcionar a fasón, mientras que la de San Lorenzo, la más grande, seguirá cerrada. Los trabajadores aceptaron la propuesta de pago, que incluye el 80 % del salario de marzo. Para que se apruebe la vuelta al trabajo, la empresa se comprometió a pagar el 40 % el mismo día, un 20 % para el 25 de abril y otro 20 % el 30 del actual. El 20 % restante será discutido en una nueva audiencia prevista para el martes próximo. En febrero pasado Vicentín pagó los sueldos en tres cuotas, anticipando la crisis actual. El pago de aquella deuda fue conquistado por una multitudinaria marcha autoconvocada que un grupo de trabajadores de Vicentín protagonizó en una de sus plantas, Ricardone, hasta la autopista que une las ciudades de Rosario y Santa Fe. El SOEA de San Lorenzo sostuvo una medida de fuerza, la “retención de tareas” en las plantas que la compañía administra en Ricardone, en Renopack —otra firma del grupo—, el puerto de San Lorenzo y la planta de biodiesel de Explora —también empresa del holding— por el despido de cuatro trabajadores. En esta última planta los trabajadores fueron desalojados por miembros de Prefectura Naval Argentina, en un operativo piloteado directamente por el Gobierno Nacional. La novedad es que en la asamblea, la principal defensa de la oferta patronal fue llevada adelante por Daniel Succi, dirigente del SOEA San Lorenzo. El secretario general desalentó cualquier propuesta de lucha que hicieron los trabajadores. Planteó que “por más que vayamos a hacer un corte de ruta, por más que vayamos a hacer un paro, si alguien no pone la guita, si alguien no pone semillas, no hay solución”. Denunció que el cierre de las dos plantas (Avellaneda y Ricardone) respondió a un lockout patronal, por orden de Pedro Vicentín. Durante conversaciones con los trabajadores, Succi cuestionó a quienes reclamaron por la via legal el no pago de la cuota alimentaria que le descuentan a los trabajadores: planteó que el directorio de la empresa busca con esas maniobras que se curse un pedido de quiebra. La dramática situación de los trabajadores del grupo Vicentín está ausente de cobertura en los grandes medios. Lejos quedó la campaña antikirchnerista “Todos somos Vicentín”, cuando el Gobierno de Alberto Fernández amagó con una nacionalización. La empresa que llegó a ser una de las principales exportadoras de granos del pais -la familia Vicentín calificaba entre las más ricas del país-, no reunió los fondos para pagar los sueldos de marzo, que llevó al cierre de sus plantas. Además la empresa acumula una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que pone en riesgo el suministro de energía en sus plantas. Vicentín seguirá produciendo a través de contratos de fasón, para terceros, una de sus principales fuentes de ingresos. Lo de Vicentín es un vaciamiento patronal obsceno. Los exdirectivos del Grupo se encuentran en prisión preventiva por maniobras fraudulentas contra la empresa. La Justicia santafesina ordenó el allanamiento en veinte lugares distintos, que incluyeron múltiples localidades de Santa Fe, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Los acusan de administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita junto a otras 15 personas. Los directivos habrían armado una estructura financiera para desviar fondos de forma sistemática mientras la empresa ya se encontraba en crisis. Además, se los acusa de continuar operando compulsivamente y a sabiendas de que la compañía era insolvente a nivel financiero, generando nuevos compromisos de pago que nunca se saldaron. Aún con la prisión preventiva, los exdirectivos de Vicentín siguen teniendo el control de la empresa, a través de mandos medios. La crisis de Vicentín se remonta a diciembre de 2019, cuando la empresa se declaró en cesación de pagos —que la situó al borde de la quiebra—, lo que derivó en un concurso de acreedores que aún no se resolvió. Los principales acreedores continúan presionando para que avance el proceso de “cramdown”, una instancia que permitiría que a partir del desguase de la empresa, otros actores tomen el control de la firma si no se llega a un acuerdo definitivo. Las alternativas planteadas hasta ahora para los trabajadores entonces son: continuar con la sangría que desatan los directivos que responden a los vaciadores, o esperar que la Justicia determine un desguace, el cual llevará a una reestructuración que pondrá en discusión los puestos de trabajo, los salarios, y las condiciones de trabajo. Es preciso que los trabajadores discutan una salida que proteja sus intereses. El ingreso de acreedores privados, que reclama el SOEA, alimenta la perspectiva del desguace de parte de la planta, una racionalización. Está planteada en forma cristalina la necesidad de una lucha por la nacionalización del pulpo, de sus bienes y de sus plantas productivas, bajo control de una comisión de trabajadores electa en asamblea. LEER MÁS: Vicentin cierra para presionar Por Mauri Colón, 08/04/2025.

Del Informe 142 enviado a la Cámara de Diputados por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, sobre cuestiones referidas al régimen previsional, se desprende un brutal ataque contra el sistema de Seguridad Social. El bono basura de $70.000 -otorgado con el objetivo nunca cumplido de equiparar las fórmulas de aumento jubilatorio a la inflación- seguirá congelado, según palabras del Jefe de Gabinete. El monto de este bono “basura” que cobran más de 5 millones de beneficiarios, los del haber mínimo, los de la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) y las PNC (Pensiones No Contributivas), debería ser de $ 150.000 si se actualiza al mes de abril. Es decir que solo en abril ya la confiscación es de $ 75.000, para los de la mínima. Este bono, además, no se computa para calcular el aguinaldo. En el año 2024, el aumento de la jubilación, contabilizando el bono, fue del 105,1 %, contra una inflación anual del 117,8 %; es decir, tuvimos una pérdida de 12,7 %. Esto sumado a las pérdidas previas de la mega devaluación inicial de Milei y de las pérdidas ocasionadas por los gobiernos de Macri y los Fernández. Considerando, además, que los datos de la inflación están desactualizados al tomar como datos los que surgen de la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares del 2004/2005 y no los de los años 2017/2018, la inflación anual real es del 133,6 % y por lo tanto a una pérdida mayor de los haberes. Esta desactualización de los datos de la inflación es reconocida por el mismo ministro en el informe mencionado. El ministro también defiende la postura de no prorrogar el mecanismo de la moratoria derogada en el curso del mes pasado para aquellos que cumplieron con la edad jubilatoria pero no con los años de aportes. Esto impedirá en el año 2025 que 250.000 trabajadores, en su mayoría mujeres, puedan acceder al beneficio jubilatorio. Por este beneficio, ahora derogado, desde su implementación se jubilaron 580.000 personas, 6 de cada 10 mujeres y 4 de cada 10 hombres. Ahora deberán gestionar la PUAM (65 años hombres y mujeres), con un haber menor, sin derecho a la pensión por viudez y con un examen socio-económico de por medio para su otorgamiento. Lo que sigue en pie es el Plan de Pago de Deuda Previsional para aquellos en actividad que consideren que no llegarán a los 30 años aportados al cumplir la edad correspondiente. Las mujeres entre 50 y 59 años y los varones entre 55 y 64 años, podrán completar períodos de aportes faltantes hasta marzo del año 2012 inclusive. Cada período mensual actualmente es de casi $28.000 actualizado por inflación. Esta gran parte de trabajadores no alcanzan los 30 años de aportes solicitados como consecuencia de los despidos, suspensiones, trabajo precarizado y aumentos no remunerativos, sumado a la exención de los pagos de las patronales al régimen previsional. Absoluta responsabilidad de los gobiernos de turno que representan a estos sectores capitalistas. Según el informe del ministro Francos, estas reformas y modificaciones deben comprenderse en un marco más amplio de revisión del sistema de Seguridad Social y se está en una etapa de preparación de un diagnóstico, sin definiciones concretas. Traducido: continúan con la política de todos los gobiernos de turno de la demolición del régimen previsional. Este informe 142 incluye la preparación de una reforma integral del sistema de pensiones, centrada en aumentar la edad jubilatoria de hombres y mujeres . La realidad es que en mayo el haber mínimo será de $296.000 más el bono congelado de $70.000, un total de $366.000, valor por debajo de la indigencia, cuando una canasta familiar hoy es de $2.500.000. Este miércoles 23 de abril los jubilados marchamos por nuestros derechos a las 16 hs desde Congreso a Plaza de Mayo. LEER MÁS: Jubilados: el miércoles 23 marchamos a Plaza de Mayo Contra la represión, no abandonamos las calles. Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 17/04/2025.

El voto en las elecciones del próximo 11 de Mayo debe ser un amplio repudio al ‘ajuste’ incesante contra los trabajadores y los jubilados; un repudio contra el cercenamiento al derecho a la educación, a la salud y a la vivienda. Después de un año y medio de “motosierra”, el costo de vida de marzo ha aumentado un 3.7 %, y los alimentos un 7 por ciento. Es el sexto mes consecutivo de una inflación en ascenso. Trabajadores, jubilados, la educación y la salud, fuimos el blanco directo de la guerra declarada por el gobierno. Argentina ha vuelto a caer en manos del FMI sin haber salido nunca de ellas. La deuda externa ha aumentado en otros 20 mil millones de dólares, que pagaremos con podas a los gastos sociales y a la obra pública y con un aumento de impuestos a los contribuyentes. Esta asalto a nuestras condiciones de vida tiene por objetivo pagar una deuda pública impagable del orden de los 500 mil millones de dólares. Mientras nuestro poder adquisitivo cae como una roca, las ganancias de los acreedores financieros (bancos y fondos) suben como misiles. Las elecciones próximas no cambiarán esta situación, pero deben ser usadas como una oportunidad para comenzar a dar vuelta a la tortilla. Un gran aporte a esta causa es el voto a Política Obrera y el ingreso de Violeta Gil, nuestra candidata socialista a la Legislatura. Una banca de la clase obrera en ese recinto servirá para potenciar la voz de protesta del pueblo y difundir nuestras reivindicaciones. Así de sencillo. Política Obrera, nuestro partido, y la 189, nuestra lista, son la expresión más consecuente del arco político de la Izquierda. En Salta, la agenda de Sáenz está diagramada por los intereses mineros y agroexportadores. Pagan salarios de miseria, exportan las ganancias, gozan de subsidios y exenciones impositivas, monopolizan el agua potable y devastan el territorio. El gobierno local y sus colectoras de arribistas, aplican en la Provincia la política de Milei y de su nefasto ministro, Luis Caputo. En 2024 se perdieron 9 mil puestos de trabajo en la provincia, el 53 % de los trabajadores está en negro y el 65 % de los trabajadores con ingresos regulares se encuentran en el nivel de la pobreza. De esto habla Sáenz cuando garantiza “seguridad jurídica” a las empresas, bajos salarios y condiciones precarias de contratación, además de subsidios y exenciones impositivas a las patronales. La Ex Tabacal, despidió a más de 200 trabajadores en los últimos años, desconoce jornadas de trabajo, indumentaria y liquidación según convenio; las empresas mineras están despidiendo a mansalva; Posco, antes Moncho, Ganfeng, y otras desconocen el salario y los convenios. Es necesario que el 11 de Mayo el voto sirva para empezar a dar vuelta la tortilla. El acuerdo con el FMI, que los diputados y senadores de Salta votaron en el Congreso, como un cheque en blanco, prevé subir la edad jubilatoria de la mujer de 60 a 65 años y la del hombre a 67 y enseguida a 70, y castiga a quienes la desocupación y el trabajo en negro han impedido el cumplimiento de los 30 años de aportes que indica la ley. El gobierno dejará de pagar durante cinco años las nuevas jubilaciones, para pagar los vencimientos e intereses de la deuda pública. En repudio a la representación oficial de Salta en el Congreso, llamamos a votar a Política Obrera, la lista 189. La política de “seguridad” de Saenz y la represora vocacional, Patricia Bullrich, apunta contra los migrantes y poblaciones fronterizas de las consecuencias del narcotráfico y el crimen organizado. El narcotráfico, sin embargo, es funcional a la política de Milei, porque ingresa dólares en negro que luego blanquea por medio de los bancos y financieras, y por medio del ’desarrollo inmobiliario’. Salta”la linda” es preciada por el narcotráfico como provincia de turismo y hotelería. Nadie habla de poner en comisión al Poder Judicial (sujeto a destitución) por su involucramiento con este delito. En las elecciones provinciales, Saenz pretende consolidar esta orientación antiobrera, a través de listas y candidatos que, revestidos de diferentes siglas y colores, responden invariablemente a su política, o sea, la de Milei. En oposición a este elenco de ´mileistas´ más o menos disimulados, tenemos que aprovechar nuestro voto para llevar a la Legislatura una voz que resuene y que organice. Desde, nuestro partido, Política Obrera, lista 189, planteamos un salario mínimo igual a la canasta familiar para los trabajadores públicos y privados; por el fin de la precarización y la vigencia del mejor convenio para cada actividad. Por el 82 % móvil de la canasta familiar para los jubilados, por el Anses y las cajas provinciales bajo control de trabajadores y pensionados electos. Por la nacionalización de la minería provincial, para llevar adelante un plan de producción minera compatible con el medio ambiente, la preservación del agua y los derechos laborales. Por la nacionalización del suelo ocioso para la construcción de viviendas, que aseguren el agua potable y de riego, y por un plan de obras públicas (escuelas, hospitales y centros de salud, cloacas, tendido de luz eléctrica y gas natural), con un costo que no supere el 10 % del salario mínimo. Por la puesta en comisión de los jueces y una investigación independiente, a cargo de representantes populares electos, del delito entrelazado con el poder político y el Estado. Por la investigación independiente de la deuda financiera de la Provincia; que se hagan cargo de ella los bancos y grandes pulpos capitalista Llamamos a los trabajadores y a la juventud a movilizarse con nosotros para meter una socialista combativa en la Legislatura. El 11 de mayo votá Política Obrera lista º189 Senador: Julio Quintana Diputada: Violeta Gil Convencional Constituyente: Miguel García Concejal: Diego Luna POLITICA OBRERA LEER MÁS: Presentan la agenda de Política Obrera para las elecciones de mayo Artículo publicado en el portal de Noticias Nuevo Diario de Salta, el 1 de abril de 2025. Publicado en políticaobrera.com el 03/04/2025.

Durante la mañana del viernes santo 18/04 se dio a conocer la noticia de que la sede de Apross se incendiaba. El fuego se mantuvo en el segundo piso, área de auditoría médica del edificio donde funcionaban las auditorías de salud mental, discapacidad, prótesis e insumos, medicamentos y otras prestaciones. Según lo detallado por la prensa la cronología de los hechos afirman que al rededor de las 12 hs. se estaban realizando tareas de mantenimiento eléctrico y media hora después se produjo una explosión en el segundo piso. El incendió se produjo en un contexto delicado, ya que la obra social está bajo investigación por fraude, donde habría 13 detenidos por consultas médicas falsas en las que estarían implicados medicamentos para el tratamiento de diabetes. Sin embargo las llamas no comprometieron documentación relacionada con la investigación, ya que ésta se encontraría en el tercer y cuarto piso del edificio, que apenas habrían sufrido daños leves. Sin embargo el hecho produjo cruces en la oposición entre De Loredo (radicalismo) y Siciliano (pj cordobés); el primero afirmando una intencionalidad del incendio con el objetivo de destruir documentación vinculada a la causa y el segundo refiriéndose a éste como patético y negando dicha hipótesis. Si el incendio de la sede de la obra social de los estatales tuvo detrás la intención de eliminar la documentación vinculada a la causa por fraude es algo que se dictaminará en la investigación del mismo, lo que se afirma públicamente es que esta documentación no fue comprometida durante el siniestro. Sí es relevante señalar que desde Apross destacaron que la detección de este fraude fue gracias a la inversión en desarrollo tecnológico y seguridad digital, y a pesar de ello, estas consultas falsas no se habrían detectado hasta que un afiliado hizo la denuncia de avistar consultas médicas que nunca había realizado en el portal de autogestión. Lo que es relevante señalar es la suba de aportes mensuales de Apross que se dictaminó hace algunas semanas; esta suba refiere a un 14 % más con el argumento de cubrir un déficit en la obra social; esto produjo un rechazo de parte de la burocracia que conduce los gremios estatales de la provincia, como el SEP y la UEPC provincial. Sin embargo, la lucha por un aumento salarial real equivalente al costo de la canasta familiar está más que ausente, en un contexto donde en los últimos días se registró una suba general de precios en alimentos e insumos básicos. Los cruces entre los políticos patronales no pueden representar un interés y de inflexión para los trabajadores estatales; la corrupción es un elemento inherente de una obra social que se encuentra administrada por una burocracia empresarial y no por sus propios afiliados.

Un día después de la maratónica entrevista a Javier Milei en Neura, el secretario general de Camioneros Santa Fé Sergio Aladio, enfrentado con Hugo Moyano, se sentó en la misma silla para exponer los puntos sobresalientes de la flamante reforma laboral que rige la actividad de los camioneros santafesinos desde el 1 de enero de este año. La medida está avalada por el sindicato y el 95 % de las empresas encuadradas en la actividad, según sus palabras. Los puntos destacados de la modificación del convenio en Santa Fé incluyen la extensión del periodo de prueba, un fondo de cese laboral puesto bajo la orbita de la comisión nacional de valores en manos de un fideicomiso financiero y la rebaja del sueldo inicial en periodo de prueba a la mitad del sueldo de un chofer cuando regía el convenio 40/89 de la federación nacional. En toda la entrevista, Aladio no se refirió al día por mudanza o el día femenino, que eran la zanahoria que promocionaban como mejoras en relación al convenio federal. Como hemos mencionado en estas páginas , Aladio hizo punta con su planteo de reforma laboral presentando su proyecto a fines de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernandez. Proyecto no entendido como borrador, sino como un trámite administrativo formal en el ministerio de trabajo, luego de un proceso de reuniones de componendas con las cámaras patronales que duró mas de dos años. Ahora, vencidos los plazos administrativos, han decidido avanzar con su aplicación de facto desde enero pasado. Según deslizó en la entrevista, se estaría aplicando todo el convenio reformado, a excepción del punto del fondo de cese laboral. Este fondo consistiría en un aporte a un fondo común de todas las patronales de forma solidaria. Es decir que está a disposición de los aportantes para responder en caso de despidos. El dinero irá a un fideicomiso que intervendrá en el mercado. De este modo, las patronales tendrían una suerte de seguro contra despidos que les ahorraría el esfuerzo financiero que conllevan las indemnizaciones tradicionales. Aladio explicó desvergonzadamente el punto destacando que una empresa que decide cerrar por falta de rentabilidad o por el motivo que fuera tendría la ventaja con el nuevo convenio de desentenderse del problema y el trabajador tendría garantizada su indemnización. Es un “win-win” según sus palabras. Lo que está diciendo es que los despidos son una realidad que habrá que aceptar, cobrar el dinero del fondo y quedarse en el molde. Se acabó la lucha contra los despidos. O mejor dicho, si los trabajadores quieren luchar contra ellos, deberán hacerlo por cuenta propia; el sindicato se declara incompetente de antemano (por convenio). Durante toda la tertulia con Fantino, Sergio Aladio hizo un llamado entusiasta al gobierno a oficializar la reforma laboral impulsada en Santa Fê para que sirva de “inspiración” y así anime a otros dirigentes gremiales a tomar su camino. Habló tanto de las garantías para las patronales y de lo dificil que es para las PyMEs afrontar un despido, que cualquiera que no supiera que se trata de un dirigente sindical, lo hubiera confundido con un representante patronal, con justa razón. Lo que Aladio no dice, es que toda la burocracia está embarcada en la reforma laboral. De hecho, la CGT presentó la propia y el mismo Moyano ya reformuló parte del convenio 40/89 de la federación en paritarias del año pasado cuando se habilitaron los turnos americanos y la contratación individual en rama logística y expreso y mudanzas. El gobierno es plenamente consciente de esto. Si algo lo frena a jugarse por entero por el disidente santafesino, es la seguridad de que su aliado más importante a la hora de avanzar con la reforma laboral sigue siendo la CGT. Mientras tanto, Cordero juega a dos puntas en Camioneros, manteniendo formalmente a Moyano como interlocutor y dejando correr los plazos administrativos sin aprobar el proyecto de Aladio, pero dándole argumentos legales para que pueda aplicar la reforma de hecho, que es lo que ocurre en definitiva. Como es sabido, Aladio viene de un prolongado enfrentamiento con Moyano que explotó en 2014 con choques de tinte mafioso. La ultima victoria contra el moyanismo se la anotó cuando, en febrero del año pasado, su pedido de separación de la federación nacional de Choferes de Camiones obtuvo fallo favorable de la corte suprema de justicia, poniendo un cierre a una larga disputa judicial en torno al punto. Tiene varios adeptos en distintas provincias y se perfila como posible reemplazo en una evantual debacle del Moyanismo, sin desestimar el desarrollo de un sindicato paralelo a lo largo y ancho del pais, señal que dio al tramitar la desafiliación de la federación. La reforma laboral que modificó el convenio de Camioneros en Santa Fé pone al denudo que la variante que representa Aladio plantea un escenario de mayor precarización para los trabajadores. Significa la quiebra del convenio único y un avance hacia los convenios regionales y por empresa en línea con el gobierno antiobrero de Milei. Moyano ensaya, con aproximaciones cada vez mas profundas con el gobierno, un camino similar. Con reformas totales o parciales, los dos bandos de la burocracia se disputan el favor de las patronales y el gobierno liberticida. Los trabajadores debemos luchar por construir un camino propio.

El 23 de abril se cumple un año de la primera marcha federal universitaria. Fue una movilización masiva. Alrededor de un millón de estudiantes, docentes, familias, se volcaron a las calles en defensa de la educación pública, respaldando los reclamos de mayor presupuesto y mejores salarios para la docencia. El arco político y gremial, el CIN en coordinación con las conducciones de las distintas federaciones docentes y no docentes que convocaron y condujeron aquella movilización se encuentra completamente atomizado y postrado frente al gobierno, como lo expresó acabadamente el plenario de rectores del CIN en San Luis (ver nota) , que le pidió a Milei una mesa de diálogo responsable y se comprometió a hacer funcionar las universidades “con normalidad”. El Frente Sindical de Universidades Nacionales (que agrupa a las conducciones de las distintas federaciones docentes y no docentes) que se conformó el año pasado para convocar la primera movilización educativa, actúa a control remoto de esos rectores dialoguistas. En este marco, en el último congreso de CONADU Histórica (el 8 de abril) se debatió ampliamente sobre las perspectivas que debía tener la lucha docente universitaria . La conducción que fue reelecta en dicho congreso, insistió con la necesidad de impulsar la “más amplia unidad para derrotar a Milei”, a partir de lo cual justifica la unidad con las autoridades universitarias y con las burocracias de las otras Federaciones y con ello todo tipo de dilaciones en post de acordar con esos sectores. En dicho congreso se aprobó proponer al Frente Sindical un paro de 48 horas en el “aniversario de la primera Marcha Federal”, sin convocar a movilizar. Sin embargo, esta propuesta no fue tomada por los aliados de “la más plena unidad”. La CONADU (sin H) por su lado convocó a parar sólo el miércoles 23 y a sumarse a la marcha de los jubilados, con clases públicas el día previo. También votaron sumarse al acto de la CGT el 30 de abril y proponer al Frente Sindical una nueva Marcha Federal Universitaria para mediados de mayo. El Frente de Asociaciones de Base (FAB), ala opositora de la CONADU, está analizando en algunas de las asociaciones de base que dirigen, parar el 22 y 23, como lo está impulsado CONADU H. El bloque cegetista del Frente Sindical de Universidades Nacionales, FEDUN y FATUN, hasta el momento no ha convocado a nada el 23; sólo comunicaron que están teniendo reuniones con la FUA y el CIN para la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario para ser presentado en el Congreso, es decir volver a llevar al conflicto universitario a la vía parlamentaria y participar del acto de la CGT del 30 de abril. Este año la situación en las universidades es más crítica de lo que fue el 2024. Asistimos a una desvalorización salarial récord. Desde que asumió Milei la inflación acumulada es del 197 % y los incrementos salariales oscilan alrededor del 86 % (según el cargo), mientras las paritarias siguen congelada desde agosto del 2024, en medio de una devaluación en curso. El paro de 48 horas de CONADU H tiene que servir para impulsar asambleas y debates e impulsar autoconvocatorias que permitan sacar de nuevo la universidad a la calle por medio de la lucha. Desde Tendencia Universitaria Clasista llamamos a parar masivamente el 22 y el 23, parar y confluir con la movilización de jubilados en Congreso para marchar a plaza de Mayo y en todas las plazas y centros políticos del país. Contra el acuerdo con el FMI, por los salarios, las jubilaciones y en defensa de la Universidad Pública.

Los trabajadores asistimos a una de las mayores crisis del sindicalismo en Argentina. Es la larga culminación de una decadencia sin fondo, que ha llevado a una pérdida descomunal de conquistas y derechos laborales. Este derrumbe se manifiesta en que la participación de los asalariados y jubilados en el Ingreso Nacional es la más baja en ochenta años (un 36 %). La existencia de seis millones de trabajadores en negro, sin convenio, es superior a los formales. Esta decadencia es el resultado del entrelazamiento de la burocracia sindical con el Estado, cuando no con la misma patronal, que se manifiesta en la abolición de la democracia sindical y en el atornillamiento de los mismos dirigentes en la conducción de los sindicatos, en algunos casos hasta medio siglo y más. La burocracia sindical es la responsable de la gigantesca confiscación económica de los trabajadores perpetrada por el gobierno de Milei. Ha firmado innumerables convenios a la baja, permitido el despido masivo y el cierre de organismos públicos de atención social y va en camino a la privatización completa de las Obras Sociales. La comprensión de esta realidad de conjunto es absolutamente necesaria frente a la convocatoria a elecciones en nuestro sindicato: FOETRA. Oficialismo… La Azul y Blanca que encabeza Claudio Marín reclama una nueva reelección, la octava, cuando tiene detrás un balance sindical negativo, incluso desastroso. Su orientación es la misma que las centrales sindicales: inmovilizar a los trabajadores, pactando con las empresas paritarias a la baja sin pelear, e introduciendo la flexibilización reclamada por las empresas. Ha entregado la jornada de 7 horas; firmado y promovido las 9 horas, con bonos por productividad sujetos a calificaciones totalmente arbitrarias por la patronal, que les sirve como mecanismo de presión. Esto fue justificado con la excusa de incorporar trabajadores al convenio… pero fue un ariete para destruirlo. Debido al derrumbe del poder adquisitivo del salario los trabajadores aceptan o piden el pasaje a categorías flexibilizadas con una remuneración superior, aun cuando el valor-hora es inferior. El incremento de las horas de la jornada apunta contra la cantidad de puestos de trabajo y por tanto de la estabilidad laboral. En plantel exterior FOETRA habilitó el trabajo los sábados y la rotación semanal, con la pérdida del descanso del fin de semana, también a cambio del pago de un plus. Los retiros voluntarios se imponen por la caída del salario y las presiones patronales. La conducción, sin embargo, no enfrenta estos atropellos, ni convoca a asambleas para que la base pueda decidir. En cuanto a las tercerizaciones, en 2023 se firmó un convenio a la baja para tercerizados instaladores y contratistas, que también actúa como un ariete contra nuestro convenio. De conjunto, el retroceso salarial es utilizado para introducir la reforma laboral mediante la zanahoria de sumas o bonos. La Azul y Blanca no realiza asambleas para organizar la lucha por nuestras reivindicaciones, ni para enfrentar los ataques patronales, como recientemente, en ocasión de los pedidos de informe y suspensiones de Telecom. Ocasionalmente hay Asambleas ´informativas´ que podrían resolverse con un correo electrónico, pero no resolutivas, como corresponde realmente. Claudio Marín ha quedado con el atributo de decidir, en una suerte de ¨Marín Conducción¨. Las elecciones de delegados se convocan sólo donde el oficialismo descuenta que impondrá a sus candidatos. Por eso edificios fundamentales como República, Paseo Colón, pasan años sin renovar mandatos. Mientras en el convenio de fija con 41 trabajadores hay 3 delegados y con 80 trabajadores son 5, con los nuevos convenios disminuyen a 1 delegado hasta los 50 trabajadores y 2 hasta los 100. Promueven delegados de sector y no por edificio, acortando la “movilidad” de los delegados y trabando la organización en los lugares de trabajo. Así, sectores enteros se quedan sin delegados. La elección periódica y la renovación e incluso la revocatoria de los delegados son la piedra angular de la democracia sindical y el método para la capacitación y maduración de una dirección obrera. El Plenario de delegados es convocado de forma rutinaria, esporádicamente, con frecuencia no se respetan sus resoluciones. El último plenario votó una huelga de 36 horas, para el miércoles 9 y jueves 10 de abril, que la Directiva bajó a 24 horas para evitar una concurrencia masiva a la movilizacio1n de jubilados. La democracia gremial fue reemplazada por un unicato de la agrupación oficialista Azul y Blanca. …y oposición La lista opositora Granate, una alianza de agrupaciones del FITU y de la CTA-A, que ya tiene 12 años, ha retrocedido sin pausa, desde el 42 % obtenido en 2013 hasta el 20 % en la última elección. Su papel se ha diluido como resultado de su adaptación al retroceso político y social de los trabajadores y al seguidismo a la burocracia sindical en su conjunto. Mientras denuncia retóricamente a la Azul y Blanca, en forma intermitente, no asume ninguna clase de iniciativa independiente de organización y lucha; se limita a declaraciones de compromiso y a solicitudes a que la directiva actúe por un tema u otro. Es, por la negativa, un factor de desorganización de los trabajadores En el reciente ataque de Telecom, en el edificio Paseo Colón, ante los pedidos de informe y suspensiones, la Granate se limitó a reclamar que las sanciones no afecten a sus dirigentes, por sus fueros gremiales. Pero renunció a hacer una campaña por la asamblea de edificio y otras medidas de agitación y de lucha. Actúa condicionada a su alianza con la burocracia de la CTA Autónoma. Dada la profunda decadencia del sindicalismo tradicional, estas alianzas socavan la lucha por el desarrollo de una nueva dirección. Este frente ha convertido en una rutina de los reclamos, una u otra medida, a la paralizada burocracia oficial longeva de Claudio Marín. Esto ocurre en todos los sindicatos donde esta corriente tiene presencia. Se ha convertido, de este modo, en una colectora exterior de la dirección del sindicato. Ante esta realidad, nuestra corriente Naranja ha tomado una decisión que debimos haber debatido y abordado mucho antes: afrontar la disputa por una nueva dirección de FOETRA en forma independiente y sobre los principios de nuestra clase. Qué planteamos La compra de Telefónica por Telecom apunta a grandes cambios en perjuicio de los trabajadores. Es un intento monopólico de ‘racionalizar’ costos, reduciendo los puestos laborales duplicados. El oficialismo no ha emplazado a Telecom a mantenerlos bajo la modalidad del reparto de las horas disponibles entre todo el personal. ‘Racionalización’ patronal, sí, pero ‘racionalización’ para mejorar la vida del trabajador, no. El sindicalismo independiente tiene en su programa el control obrero de las inversiones, ganancias y medidas laborales, de lo contrario las condiciones de vida del trabajador quedan a la deriva de la crisis capitalista y la crisis social. Obra social y Fondo Compensador: la caída del salario y de trabajadores en actividad desfinancia la Obra Social. La solución de Azul y Blanca no es recuperar el salario y los puestos laborales que las empresas tercerizan o sacan de convenio. Promueven aportes especiales, que disminuyen el salario de bolsillo, pero que, fundamentalmente, refuerza la vulnerabilidad de la Obra Social, que queda a merced de ´subsidios´ patronales. Un mes antes de la compra de Telefónica, Telecom se negó a pagar los aportes que financian el Fondo Compensador. Telecom financia la compra de Telefónica y anuncia su expansión regional, mientras desfinancia las prestaciones odontológicas, ópticas, amenazando la prestación del Fondo a los jubilados. La Azul y Blanca no tomó medidas gremiales contra la empresa y acordó un aporte reducido de las patronales, mientras sigue el demorado y arbitrario curso judicial. La automatización tecnológica, particularmente la Inteligencia Artificial, serán puntales de las patronales para bajar el costo laboral y reducir aún más las dotaciones. Frente a esto, la Azul y Blanca no plantea el rechazo al cierre de sectores, o sea que los acepta, ni la jornada laboral reducida proporcional, manteniendo el salario. Promueve que los trabajadores acepten cualquier tarea que la patronal quiera, fomentando el retiro voluntario. El brutal retroceso social impuesto por Milei-Caputo y el Congreso nacional es la consecuencia de la ausencia de los trabajadores de la escena política y de la usurpación de los sindicatos por la burocracia sindical, en muchos casos con empresas propias. El plan económico de Milei, sin embargo, ha fracasado, como lo muestra el recurso al FMI para evitar un defolt. Es hora de que revirtamos la situación, tomando la iniciativa política. FOETRA debe iniciar una campaña para organizar una huelga general hasta la satisfacción de nuestras reivindicaciones. Para eso debe ofrecer un programa de recuperación y acrecentamiento del salario, el control sindical de las condiciones de trabajo y un planteo de política económica de repudio de la deuda financiera usuraria y de nacionalización de los sectores estratégicos. Arsat. Año y medio después de que dejara de pagar la paritaria a sus trabajadores, la empresa sigue siendo vaciada. Su desfinanciamiento permite a monopolios como DirecTV, Starlink y Amazon vender servicios satelitales en la región sin competencia. FOETRA apoyó la creación de Arsat, pero la aceptación de las privatizaciones amenaza la condición de Arsat como empresa pública. El desarrollo de un plan de servicios e industrial viable y autofinanciable choca de frente con los intereses privados: Telecom, Claro, Starlink y Amazon que no quieren una empresa regional que tenga la capacidad de competir, por eso el vaciamiento que ejecuta el gobierno. Eventualmente Arsat será loteada. Para cambiar el destino debemos poner los objetivos y demandas de los trabajadores en primer plano. La movilización del gremio telefónico, en conjunto con el resto de los trabajadores, como un factor político independiente, es el norte para un rumbo diferente. El peso estratégico sobre las redes de comunicaciones sobre las que funciona la sociedad entera, bancos y empresas de todo tipo nos coloca en una posición favorable para nuestros reclamos, comenzando por el salario. Salario mínimo igual al valor del costo de vida real de la familia trabajadora. Reparto de las horas de trabajo. Reducir la jornada laboral preservando los puestos de trabajo y manteniendo nuestro salario. Reconquistemos las 7 hs. para todos. La mejora salarial, el freno a los retiros y nuevos puestos laborales debe servir para financiar la obra social y los servicios prestados a activos y jubilados. Ante un monopolio con influencia decisiva y hostil a los trabajadores orientado al beneficio privado, planteamos su utilidad pública. Mediante su nacionalización y un plan industrial, en manos de los trabajadores y en conjunto con una Arsat pública, transformar la industria de las telecomunicaciones, incrementando las fuentes laborales y su calidad. Convocatoria de las elecciones de delegados en cada edificio hoy negadas. Funcionamiento regular del plenario de delegados. Soberanía resolutiva de las asambleas. Por una campaña para organizar una huelga general de toda la clase obrera, hasta la conquista de nuestros reclamos. LISTA NARANJA Flavio Pereyra, candidato a secretario general Guido Fuentes, candidato a secretario adjunto Mariela Acosta, candidata a secretaria administrativa Cintia Benítez, candidato a secretaria de organización LEER MÁS: La Azul y Blanca altera la votación del plenario de delegados de FOETRA COMUNICADO LISTA NARANJA-AGRUPACIÓN CLASISTA DE LAS TELECOMUNICACIONES, 08/04/2025. Elecciones en FOETRA Buenos Aires: presentamos la Lista Naranja Necesitamos una nueva alternativa para los trabajadores telefónicos. Por Flavio Pereyra, 29/03/2025.

La imagen de Wara Puca, docente de la localidad puneña de Caspala, la muestra con una mirada firme y convencida sin miramientos ni debilidad, mientras sostiene entre sus manos un cartel que dice: "La docencia jujeña dice basta a las mentiras y fraude de Adep". Incluso sus propios compañeros la recuerdan como una madre y líder incansable. Wara fallece apenas pasado un mes de la muerte de otra maestra jujeña, Adriana Armella, en similares condiciones, un ACV. Estas muertes eran evitables. A Adriana, trabajando en San Salvador de Jujuy, y Wara en Caspalá a 240 km de distancia, las unía una misma situación: la hiperexplotación. Es que una maestra debe hacer todo en sus tareas cotidianas. La docencia en este cruel e inhumano sistema coloca al docente en un lugar de alta exposición, donde su trabajo de enseñar se ve arrollado por un sinfín de tareas "extras" que el Estado impone. Las maestras mimetizadas en algunas situaciones como las referentes de este segundo hogar, a su vez deben hacer de asistentes sociales, pedagogas, psicólogas, cocineras, planificadoras, electricistas, haciéndose cargo de todo lo que atañe en la actualidad “al mundo escolar”. Terminada la jornada laboral, llevar el trabajo a casa, pensar en la capacitación que sale en algunos casos de su propio bolsillo, según lo que disponga el Estado que, a su vez, paga miserables salarios y que, de manera bestial, descuenta "los días no trabajados" cuando las maestras realizan paro. Es demasiado y tiene nombre: explotación laboral. Las maestras y la docencia en general son las que se enfrentan en las aulas con la compleja situación de brutales contradicciones de todo un régimen social que hoy hace que, en Jujuy, la pobreza sea del 40 %. Y todo esto en escuelas y aulas superpobladas y en pésimas condiciones edilicias. El docente enfrenta las paupérrimas condiciones laborales con salarios de miseria que no cubren la canasta familiar. Esta dura cotidianidad es "El Paredón" diario al que se ve sometido y, desde ya, con las afecciones psíquicas y físicas que todo esto genera. Por lo tanto, debemos reafirmar que en las muertes de Wara y Adriana el Estado es responsable. Esos 30 días que separan sus fallecimientos es una horrorosa postal de todo un sistema social que pone en juego la vida de los que somos parte de la clase obrera. Otra imagen de Wara Puca la muestra con otro cartel, reclamando aumento salarial, con la convicción que la llevó a ser delegada escolar. Milei y los gobernadores, en connivencia con las “dirigencias” sindicales, sostienen la perpetuidad de las burocracias y sus negociados con las cuotas sindicales de los afiliados y la corrupción de las obras sociales sindicales. Ante esta situación las tareas que tenemos los docentes son inmensas. El año 2023, con la enorme e histórica lucha llevada adelante por la docencia jujeña de todos los niveles, demostró que se pueden arrancar mejores salarios y condiciones laborales. El fenómeno de la autoconvocatoria y autoorganización ante las dirigencias traidoras marca el camino. Que las muertes trágicas de Wara y Adriana nos movilicen, que sean un llamado de atención y que se vea reflejado en la movilización por mejores condiciones de trabajo para todos y por la recuperación efectiva de los sindicatos para ponerlos al servicios de los trabajadores y sus necesidades. Justicia por Wara Puca y Adriana Armella. El Estado es responsable.

Las causas civil y penal contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y todos los involucrados en el armado de la cripto-estafa con la memecoin $Libra, van cerrando el círculo sobre la necesaria existencia de una red organizada para la concreción del delito. Al contrario de la retórica oficial ensayada en la guionada entrevista de parte de Jonathan Viale al presidente, la justicia considera como un núcleo central de la investigación la existencia del tuit promocional que salió directamente de la cuenta de Milei. En los últimos pasos judiciales, el fiscal Eduardo Taiano ha pedido levantar el secreto bancario y comercial a Javier y Karina Milei como a Manuel Adorni, el vocero-candidato a las elecciones porteñas. A medida que la justicia en Argentina y otros países ha recepcionado diversas denuncias y abierto una multiplicidad de causas, en las cuales siempre figura el presidente argentino, han ido apareciendo nuevas denuncias sobre pedidos de dinero a cambio de obtener reuniones, fotos y gestos positivos del mandatario argentino. Así lo relata Alconada Mon en La Nación (14/04) cuando revela el caso de la empresa Render Network, del empresario Jules Urbach, que aportó 50.000 dólares para la realización del Tech Forum en Buenos Aires a fines de 2024, a cambio de 15 minutos para realizar una exposición y luego reunirse con el presidente. La gran promesa del evento era una foto con el líder ultraderechista como aval para las redes sociales. Muchos de los “aportistas” no lograron su cometido, por el contrario, debieron contentarse con fotos grupales y con pedidos de más dinero si deseaban un encuentro privado. Otro de los decepcionados, junto a Urbach, fue el empresario Charles Hoskinson, cofundador de la firma Cardano. Hoskinson fue el primero de los empresarios ligados al Tech Forum que denunció la exigencia de coimas a cambio de hablar con Milei, en las horas posteriores al derrumbe de $Libra en febrero pasado. Según sus propias palabras, se negó a dichos pagos consciente de la ley que penaliza en Estados Unidos las prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, en inglés). Quien sí obtuvo un final feliz fue Bartosz Lipinski, CEO de Cube Exchange, que aportó 40.000 dólares al evento y contrató los servicios del propio Hayden Davis -quien se embolsó los 100 millones de dólares- para tareas de “marketing” en la Argentina. Con estos servicios adquiridos, logró reunirse con Karina Milei en la Casa Rosada junto al propio Davis y Mauricio Novelli, el 16 de julio de 2024. Davis en otra de sus giras por Argentina, que incluyó a su “tío”, Glenn Brooks Heard, se reunió con empresarios, abogados y lobistas de diversas provincias como en Buenos Aires y en las provincias de Neuquén, Tierra del Fuego y Salta, gracias a dos contactos locales, los hermanos Leandro y Marcelo Aranda. La gira también incluyó un viaje a Asunción en Paraguay, culminando con una nueva visita a la Rosada, bajo el auspicio de Karina Milei. Muchas de estas personas visitadas por Davis fueron contactadas en marzo por diversos emisarios que adujeron ser representantes directos del norteamericano. Lo hicieron de manera casi secreta, con un perfil bajo e intentando no levantar la menor sospecha según el informe publicado en La Nación (20/04). El objetivo central del mismo parecía conocer hasta qué punto todas las personas con quienes Davis había compartido reuniones poseían información sensible que pudiera comprometerlo en la causa $Libra, así como otro tipo de contratos o acuerdos firmados pendientes de ejecución. El entorno allegado a Davis afirma que confía en una resolución en los tribunales que aclare el caso y le permita retomar sus negocios en la Argentina, donde tiene planteado la apertura de oficinas de su empresa, Kelsier Ventures. En sus pocas declaraciones públicas aseguró que el lanzamiento de la memecoin salió mal “por culpa de [sus] socios argentinos” (Novelli y Terrones Godoy), aunque se ha demostrado ampliamente que ha participado en diversos lanzamientos de monedas similares con resultado equiparable al de $Libra. A pesar de esta larga enunciación de redes, favores y complicidades, la causa penal en manos de la jueza federal Servini de Cubría duerme el sueño de los justos, ante la abrumadora evidencia de que un avance en la causa puede llevar al banquillo de los acusados a toda la camarilla libertaria. Una segunda causa, en el fuero civil, ha convocado a los hermanos Milei, Adorni, Novelli y Terrones Godoy para una audiencia el próximo 15 de mayo, lo que cierra el círculo de los principales responsables de la estafa en el plano local. La causa $Libra es un elemento de crisis política, porque expone de manera análoga la otra estafa que el gobierno ha llevado adelante, bajo la batuta de “toto” Caputo en el Ministerio de Economía y que ya ha generado ganancias que superan ampliamente al memecoin. Al servicio de esa operación parasitaria se ha colocado el FMI y su “rescate”.

Los diarios de todo el mundo han despedido a Jorge Bergoglio como un “reformador” e incluso como un “revolucionario” dentro de la Iglesia. Su papado estuvo precedido por la aguda crisis del clero católico, atravesado por denuncias de brutales de abusos sexuales y paidofilia en todo el mundo, escándalos financieros y de corrupción y una sensible disminución de su feligresía Bergoglio se vio encumbrado al frente del Vaticano luego de la inédita renuncia de su antecesor, el alemán Joseph Ratzinger (Benedicto XVI). Eligió su nombre, Francisco, en homenaje a San Francisco de Asís, para resumir sus pretensiones de inaugurar una nueva etapa de ´austeridad´ y cercanía con los pobres. Desde los primeros meses de su papado, Bergoglio/Francisco debió arbitrar en el ´saneamiento´ de las financas vaticanas, caracterizadas como “una selva” por periodistas especializados, para dar cuenta del descontrol y la corruptela reinantes. Jesuita y peronista, cercano a la ´ortodoxa´ Guardia de Hierro, Bergoglio se ordenó sacerdote en 1969. En 1973, a los 36 años, fue designado al frente de la orden jesuítica. En los años 90 fue promovido por el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Antonio Quarracino, caracterizado por su complicidad con la dictadura militar y enemigo recalcitrante de los homosexuales. Bergoglio lo reemplazaría al frente de la diócesis porteña en 1998 y continuaría en esa misma veta ideológica. Enemigo del derecho al aborto y al matrimonio igualitario, protagonizó un incidente destacado, en 2004, cuando despotricó contra una muestra del artista León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, a la que tachó de ´blasfema´, agitó contra ella. Algunos de sus seguidores irrumpieron en la exhibición y atacaron las obras. Entre otras piezas, se exhibía la icónica “La civilización occidental y cristiana” (1965), que representa a Cristo crucificado en una réplica de avión bombardero norteamericano. Bergoglio asumió al frente de la Iglesia católica con la misión de recomponer su acusada despomposición. Su nombramiento fue inesperado -nunca antes un latinoamericano había llegado al cargo-, aunque su potencia ´renovadora´ no pasó de las palabras. Más que a un revolucionario, el papado de Francisco se asimiló al “gatopardismo”, resumido por el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa en la máxima “cambiar todo para que nada cambie”. Al poco tiempo de asumir como Papa, Bergoglio desplazó al entonces secretario de Estado, Tarcisio Bertone, para reponer a los hombres de Ángelo Sodano, cuyo nombre está inevitablemente asociado a los desmanejos y enjuagues del Instituto para las Obras de Religión, IOR, llamado el “banco del Vaticano”. El IOR fue objeto de numerosas denuncias por lavado de dinero proveniente de la mafia y el narcotráfico. El cambio de nombres al frente del banco fue una exigencia del JP Morgan y el Deutsche Bank, como condición para su rescate. En 2019, Bergoglio-Francisco convocó a un ´histórico´ coloquio para tratar la cuestión de los abusos de menores. Sin embargo, las conclusiones de aquella cumbre apuntaron a sellar su tratamiento interno en la Iglesia, basándose en el derecho canónico. Pidió “perdón” a todas las víctimas, pero Bergoglio estuvo personalmente involucrado en el encubrimiento de varios curas acusados de pedófilos, aunque el caso más resonante fue su apoyo a Julio César Grassi, el monstruo que habitaba la fundación “Felices los niños”. En este caso, promovió la distribución de un pseudoinforme sobre Grassi que repetía las mismas mentiras de sus defensores. Grassi fue condenado finalmente por la justicia penal argentina. Bergoglio también promovió a los llamados ´curas villeros´ y a los movimientos sociales referenciados en Juan Grabois; el frente entre la UTEP de Grabois, el Movimiento Evita y la CCC era conocido como “los vaticanos”. En el escenario de la crisis capitalista mundial, su ´opción por los pobres´ era enteramente conservadora. Promovía ´la inclusión´ a través de las cooperativas truchas y la socialización de la miseria. Un referente del movimiento de los ´curas villeros´, el padre Pepe, fue un destacado expositor en el Congreso contra el derecho al aborto. Bergoglio se mostró coherente, nuevamente, con su denodada oposición a la Teología de la Liberación en los años 60 y 70 del siglo pasado. Su estilo demagógico y el desplazamiento de ciertas camarillas le granjearon enemigos ´unltraconservadores´ dentro de la Iglesia. Fuera de esta, algunos ´progres´ se manifestaron ´deslumbrados´ por la inclusión de mujeres en ciertos cargos religiosos, la ´comprensión´ hacia los homosexuales y la aceptación de ´algunos´ divorciados, en el marco de una institución completamente reaccionaria, como si esto pudiera ser considerado seriamente un ´progreso´. El papado de Francisco se caracterizó por abrazar la agenda ´woke´, hoy en crisis frente al ascenso de gobiernos de ultraderecha del tipo Trump y Milei. Jorge Bergoglio, el papa Francisco, fue un dirigente políticamente hábil y, por lo tanto, un conservador adaptado a los tiempos que corren, al cual se le asignó la misión imposible de recomponer a la Iglesia de su irrecuperable decadencia.

El ‘tema’ económico de la semana ha sido la pendiente hacia abajo que ha recorrido el dólar, cuando los mentideros de la prensa habían anunciado una suba rápida de la divisa hacia el tope de 1.400 pesos pactado en el acuerdo con el FMI. La paradoja de este relato es, sin embargo, para qué quería el gobierno un acuerdo con el Fondo si, tal como venía ocurriendo, el dólar reptaba en torno a los 1.000/1.100 pesos con el esquema anterior. Este esquema, no obstante, no había podido parar un ascenso de la suba de precios en el semestre, hasta llegar al 3,7% mensual en marzo, ni lograba frenar una salida persistente de divisas que profundizaba el saldo negativo de reservas del Banco Central. Pero entre los 1.100 pesos por dólar de antes y los mismos 1.100 pesos de ahora “pasaron cosas”. El FMI acompañó al Gobierno en una de las mayores estafas financieras que se conozca, aunque los medios de comunicación apenas la notaron o eligieron ocultarla. Se trata de un préstamo de 20 mil millones de dólares al Tesoro nacional, que fue transferido al Banco Central en calidad de pago de una deuda inexistente. De este modo, las reservas internacionales netas del Central se convirtieron en holgadamente ‘positivas’, y en un arsenal para intervenir en el mercado de cambios, luego de largos años de registros negativos, o sea cuando el disponible en el Central era holgadamente inferior a sus deudas o pasivos. El ‘muerto’ cargado al Tesoro -un 5% nada menos del PBI- será pagado por los contribuyentes, de un lado, y por un mayor ‘ajuste’, del otro. La insistencia de la camarilla oficial en que no ha aumentado la carga impositiva es redondamente falsa, porque cada punto de suba de la inflación representa otro tanto en el pago del IVA, en Ingresos Brutos y hasta los impuestos municipales e inmobiliarios. Como han escrito algunos boletines económicos, el excedente de reservas netas del Banco Central es para que los especuladores no salgan a comprar dólares con la intención de provocar una devaluación del peso. La estafa operada contra el Tesoro es la causa fundamental de la inversión de tendencia, a muy corto plazo, en el mercado de cambios. La política financiera oficial adolece de una ‘dólar-dependencia’ negativa. Para cumplir con el cronograma de pagos de intereses y vencimientos de la deuda externa necesita de un superávit fiscal creciente medido en dólares. Cuanto más se deprecia el dólar, mayor es el valor de ese superávit que se recauda en pesos. Una devaluación tiene el efecto contrario: obliga al Gobierno a pagar la deuda externa por medio de un mayor ajuste fiscal –algo que tiene un límite económico y político insuperable. El planteo de los críticos -‘devaluemos para que ingresen más dólares de exportación para pagar deuda externa’- es rechazada por el oficialismo como “inflacionaria”. La deflación, por otro lado, rinde enormes beneficios a los tenedores de deuda interna o local, que se encuentra nominada en pesos. El monto de la deuda en pesos no es moco de pavo, pues representa el equivalente a 250 mil millones de dólares. Aunque se encuentra indexada, sería perjudicada por una devaluación del peso y, no menos importante, aumentaría enormemente la deuda en pesos de la Tesorería con sus acreedores. El muro levantado por los 20 mil millones de dólares que han sido entregados en forma gratuita al Banco Central, opera como un seguro de cambio gratuito. Se esperan otros 4 mil millones de organismos internacionales, que irán al Central vía endeudamiento del Tesoro. Los especuladores dejan de endeudarse con los bancos para comprar ese seguro en el mercado de futuros; el seguro del Central lo paga ahora el Tesoro nacional, o sea, el ciudadano de a pie. Este muro se refuerza porque no ha sido levantado el cepo cambiario para los grandes operadores, o porque se les ha impuesto un bono en lugar de dinero, con el consiguiente aumento de la deuda pública. Los bancos, por su lado, han aumentado la tasa de interés, que en algunos casos llega al 50/55% anual. Han respondido, con esos aumentos, a la fuerte disminución del crédito de reposición por parte del Banco Central. Todo esto tiene un efecto económico depresivo y monetariamente deflacionario, pero ha permitido renovar con creces la deuda pública doméstica a cambio de mayores tasas de interés. Si los intereses que se refinancian por medio de este endeudamiento, fueran incluidos en una hoja amplia de balance del Tesoro, Argentina se convertiría en uno de los países con mayor déficit fiscal en el mundo. El elogiado “Masterclass” ha armado una bomba varias veces más potente que la que puso como ministro en el gobierno de Macri. El Gobierno ha pedido desesperado la ‘asistencia’ del FMI porque enfrentaba un escenario mutuamente alimentado entre default e hiperinflación. Contra todo el relato oficial, “La oferta de dinero en la economía sigue subiendo rápido”, dice el Financial Times (16/4). Un gurú del ‘libertarianismo’, el norteamericano Steve Hanke advirtió acerca de la “rápida expansión monetaria”; se refieren a la expansión secundaria del sistema bancario y de las operaciones con garantía de la deuda pública. De aquí desprenden las consultoras que el aumento del costo de vida seguirá a una tasa creciente. El resultado es un aumento de la mora en el pago de deuda corporativa –por ejemplo, Celulosa (Infobae, 16/4). Todo este esquema favorece, naturalmente, el negocio de vender dólares y poner los pesos a cambio de un interés (carry trade), acumulando más presión en el mercado de cambios a corto plazo. Pero los márgenes operativos no son los de antaño, porque la venta de dólares a mil pesos es equivalente a rifarlos. El Gobierno ha comprado muy poco tiempo, a cambio de una presión explosiva más intensa que la prevaleciente hasta ahora. Los más blindados del oficialismo esperan que las exportaciones del agro y la energía permita continuar con el pago de intereses y vencimientos a corto plazo de la deuda externa, y por este medio obtener acceso financiero en los mercados internacionales. Pero justamente ahora se desarrolla un derrumbe, tanto del comercio como del financiamiento internacional. Al fin de cuentas, toda crisis de envergadura en un país es una refracción, con características propias, de una crisis internacional. Ahora mismo, quienes tienen una crisis de deuda ‘à la Argentina’, son Donald Trump y el Tesoro norteamericano. El Gobierno tiene toda la intención de convertir su relato acerca de “la lucha contra la inflación” en una bandera para reforzar el congelamiento de las paritarias en torno a aumentos del 1-1,5% mensual. La burocracia de la CGT, encantada. Los activistas de la clase obrera, por el contrario, deben rechazar este verso como una extorsión, y agruparse para dar una respuesta de conjunto. LEER MÁS: Un redituable pagaré a seis meses, para rescatar a Milei-Caputo FMI, una operación parasitaria. Por Marcelo Ramal, 18/04/2025. Eliminación del cepo con gusto a poco para las patronales agrarias Por Lucas Giannetti, 18/04/2025. Acuerdo con el FMI: no es un rescate, es un saqueo Devaluación con cepo, más un ajuste feroz. Por Jorge Altamira, 13/04/2025. VER LAS SIGUIENTES ENTREVISTAS: Acuerdo con el FMI / "Que la deuda sea del Tesoro significa que la pagarán los contrubuyentes" Canal de YouTube de Política Obrera. Marcelo Ramal en Vanguardia Noticias - Caleta Olivia (19/04/205) Canal de YouTube de Política Obrera.

Los trabajadores municipales de San Isidro se encuentran atravesando un 2025 con un deterioro mayor de sus condiciones laborales respecto a lo que fue el 2024. Como ya hemos denunciado en este espacio, el intendente Ramón Lanús, desde que asumió, ha tenido una actitud en sintonía con el gobierno nacional. Paritarias a la baja y casi nulo diálogo que llevó a los trabajadores municipales a realizar medidas de fuerza esporádicas pero que marcaron un quiebre. Hoy vuelve a efervescer un clima de malestar, ya no solo por un salario golpeado por la inestabilidad que genera el gobierno nacional sino porque el intendente se resiste a discutir condiciones laborales. Entre ellas, una enorme deuda histórica (que incluye al anterior intendente Gustavo Posse, con más de 20 años de gestión) y es el pase a planta permanente de un enorme porcentaje de los trabajadores en diferentes áreas. En el caso de los hospitales municipales, un lugar que ha concentrado duras críticas en los últimos años, reflejo de una baja del presupuesto que es tendencia en la última década, hoy tiene a los trabajadores de la salud vivenciando condiciones deplorables en materia laboral. A un salario también atrasado se le suman problemas de infraestructura en las instalaciones (baños en malas condiciones, ascensores rotos, falta de pintura, etc.), aumento de la demanda de pacientes, presión laboral de superiores y también, una gran demanda por el pase a planta permanente (más del 50% del personal total). Lo mismo ocurre con trabajadores de espacio público que no cuentan en ocasiones con herramientas adecuadas, donde su salario cae ante la avanzada inflación y reclaman el pase a planta, lo cual les perjudica también salarialmente. La exigencia por el pase a planta permanente debe ser tomada con fuerza, porque su concreción es un triunfo sobre la estabilidad y condiciones laborales. Los trabajadores municipales, muchos de ellos con seis a ocho años trabajando a la espera del pase, atravesando una pandemia con toda la precarización y riesgo, contando en muchas ocasiones con escasos recursos y herramientas, deben tomar la posta, incluso por encima de cualquier actitud burocrática del sindicato local. El año pasado hubo un amague de lucha y en el 2025 no se convoca como corresponde ante semejantes atropellos. Un reflejo de la pasividad de la CGT a nivel nacional. Llegar a esto no es solo responsabilidad del intendente saliente y entrante sino de una conducción sindical que, teniendo un convenio colectivo de trabajo firmado desde 2015, permite que estos ataques sigan pasando. Es la discusión y la lucha por el pase a planta, junto a un aumento que represente un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, lo que debe convocar a todos los trabajadores de las diferentes áreas. Toda esta precariedad ha sido una herramienta desde el Estado en todos sus niveles para achicar el gasto público a través de la explotación de los trabajadores, generando un ahorro en los salarios de pobreza y esquivando cualquier obligación que conlleve una mejor estabilidad laboral. Además, los trabajadores de planta transitoria o contratados por tiempo determinado también son víctimas de un disciplinamiento patronal. Debemos ir por una lucha que abarque un proceso de asambleas constantes, movilizaciones y paros hasta derrotar todas estas políticas ajustadoras contra nuestras condiciones de vida. LEER MÁS: Municipales de San Isidro: necesitamos una lucha en serio Por Juan Linarello, 05/08/2024. Municipales de San Isidro: “municipio rico”, trabajadores indigentes Por Juan Linarello, 18/07/2024.

Pocos personajes en la historia suelen despertar la opinión unánime de los gobiernos del mundo. El recientemente fallecido “Papa Francisco”, nombre pontificio elegido por Jorge Bergoglio en marzo de 2013, lo ha logrado con creces. En medio de una escalada histórica de la guerra mundial y de enfrentamiento entre Estados a nivel militar y comercial, han lamentado al unísono la muerte de Bergoglio, tanto Zelenski y Putin, Maduro y Milei, Pedro Sánchez y Meloni, Trump y Sheinbaum, Erdogan y Pezeshkian, Ursula von der Leyen y Carlos III de Inglaterra. Todos han unido sus oraciones para despedir del obispo de Roma. Su pontificado es destacado en todos los medios del mundo por sus políticas de reformas y trasformaciones dentro y fuera de la Iglesia Católica. Al cabo de los once años que duró su papado, sin embargo, la institución no ha salido de la crisis que llevó a la renuncia del predecesor de Bergoglio. La intempestiva salida de Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) fue catalizada por una gigantesca crisis que atravesaba la Iglesia a raíz de la creciente denuncia de abusos sexuales y sus consecuentes encubrimientos, escándalos de corrupción y desfalcos de las finanzas del Banco del Vaticano; y una merma persistente de los fieles y de las vocaciones sacerdotales en todo el mundo. El diario The Independent sostuvo entonces que la renuncia de Benedicto XVI “fue meramente oportunista; ya no puede afrontar la situación. Habría sido sorprendente y valiente, hace unos años, si se hubiera ofrecido como expiación por la atrocidad ante la que había hecho la vista gorda durante 30 años: la violación, la sodomía y el abuso sexual de decenas de miles de niños pequeños bajo la tutela sacerdotal”. El día de la asunción de Jorge Bergoglio como Papa, el diario El País titulaba: “La Iglesia, en espera de una revolución tranquila. Reformar el Gobierno vaticano y recuperar el prestigio, desafíos del nuevo papa”. Es que en 2012 había estallado el escándalo de los Vatileaks, a partir de la filtración de una serie de documentos secretos de la Santa Sede que involucraban al Vaticano en casos de corrupción y lavado de dinero. El alemán Ratzinger, representante del ala derechista del clero, fracasó en el intento de superar la crisis de la iglesia. Bergoglio, llegado desde “el fin del mundo”, fue ungido para cambiar el rostro, convirtiéndose en el primer papa jesuita y no europeo de su historia. Se presentó, entre otras cosas, como un cruzado contra la corrupción. Para El País, iba a ser “algo así como una revolución moderada, sin sangre ni levantamientos violentos, que salve a esta institución de la actual postración”. El fracaso del recientemente fallecido Papa Francisco es notorio en todos los ámbitos. Algunos han destacado como su mayor mérito detener el derrumbe de la Iglesia, aunque no revertirlo. Diversos analistas han señalado que el Papa de la “paz” y del “diálogo”, que supo sentarse a conversar con todos los jefes de Estado y con las principales figuras de otras religiones del mundo, encontró a sus principales enemigos adentro del Vaticano. Por caso, los escándalos financieros no tardaron en volver a aparecer bajo su pontificado . El periodista Gianluigi Nuzzi reveló, en 2019, que la mayor parte del Óbolo de San Pedro, las donaciones de fieles de todo el mundo al Papa para los pobres, era usado en operaciones financieras secretas, especialmente inmobiliarias, en lugar de ir a parar a los parias de la Tierra. Nuzzi era un defensor de Bergoglio y aseguraba que el Papa “quiere invertir la tendencia actual, que no es una herida sino una hemorragia”. Sin embargo, aseguró que “los instrumentos que tiene a disposición son insuficientes”. La conclusión de este defensor de Bergoglio, que denunciaba “un sabotaje continuo de la acción del Papa para cambiar las cosas”, era que luego de seis años de papado de Bergoglio, “la situación vaticana ha empeorado respecto de cuando Ratzinger decidió dar un paso atrás y renunciar, en febrero de 2013”. Otra cruz con la que carga la Iglesia es el encubrimiento de una extensa red de pedofilia en todo el mundo, con miles de denuncias sobre clérigos y sobre aquellos que los han encubierto. Bergoglio, tras asumir el pontificado, anunció una política de “tolerancia cero” con la pedofilia y los abusos sexuales en la Iglesia. Pero la Comisión Pontificia para la Protección de Menores que creó un año después de asumir el cargo de Sumo Pontífice aseguró, en octubre el año pasado, que la Iglesia siguen sin garantizar que los abusos sexuales cometidos por clérigos se denuncien adecuadamente, a partir de un examen de protocolos en 17 partes del mundo, asegurando que encontró “una preocupante falta de estructuras de denuncia y de servicios de acompañamiento a víctimas y supervivientes” y una falta de transparencia “en los procedimientos y procesos jurídicos de la Curia Romana”. Es decir, toda la estructura sigue intacta y la impunidad sigue garantizada. Un tercer pilar de la crisis del catolicismo se centra en la tendencia persistentemente decreciente de la cantidad de fieles, que cae un nuevo escalón año a año. El principal declive se produjo en Europa. El cardenal Christoph Schönborn aseguró que allí “la Iglesia es vista casi como un cuerpo extraño”. En América viene perdiendo terreno con las religiones evangélicas. Bergoglio tenía intenciones de “modernizar” la Iglesia con diferentes reformas de sus tradiciones más conservadoras para que las puertas de la institución se abrieran a más fieles, sobre todo entre la juventud. Así, en los sínodos de 2023 y 2024 en Roma se otorgó el derecho a voto a las delegadas por primera vez y luego autorizó el bautismo de personas transgénero. Pero las reformas no fueron más allá. Bergoglio le negó a los obispos la posibilidad de nombrar diaconisas, no pudo avanzar en una reforma para facilitar la comunión a los divorciados vueltos a casar, ni permitir que hubiera sacerdotes casados y mantuvo la oposición de la Iglesia al matrimonio igualitario. Durante su pontificado, Bergoglio trató de mostrar a la Iglesia por encima de la crisis mundial y las guerras, y aparecer como mediadora entre los diferentes bandos de cada foco de conflicto. Así lo hizo entre Cuba y Estados Unidos, entre Israel y Palestina, entre el Estado colombiano y la guerrilla del país, entre las dos Coreas, etc. Incluso llegó a forjar un acuerdo “histórico” con Pekín para nombrar conjuntamente obispos en China. Hasta hace algunos años, ciertos analistas creían que este rol de mediación y de tender puentes con Estados y religiones no occidentales era un éxito que dejaría como legado Bergoglio para las generaciones siguientes. Al momento de su muerte, sin embargo, era claro para todos que la Iglesia Católica no sólo no logró resolver ninguno de los grandes conflictos mundiales. La propia “casa de Dios” no se encuentra por encima de la crisis, sino que estaba atravesada por ella. La Santa Sede es el escenario de choques entre diferentes camarillas y grupos que se disputan el poder y las finanzas, en una crisis estructural que parece no tener fin. Esas camarillas representan diferentes actores de la guerra mundial, que tiene su expresión dentro del Vaticano. Bergoglio llamó a combatir el cambio climático y a hablar en favor de los migrantes y refugiados del mundo, pero sin ir más allá de declamaciones. Eso no impidió que el papa Francisco fuera catalogado como “woke”, cuando no como “rojo” o “comunista”, por los representantes de las tendencias fascistizantes que tienen expresión dentro de la Iglesia Católica. El “legado” de Bergoglio será motivo de discusiones y disputas. Entre aquellos que más han combatido su papado (y, según algunos opinadores, los que impidieron que el Papa realizara cualquier reforma real y profunda), hoy se encuentran entre los favoritos para sucederlo, como el alemán ultraconservador Gerhard Müller y el norteamericano trumpista Raymond Burke, a pesar de que Francisco nombró a la mayoría de los obispos que integran el cónclave electoral. El nombre de Burke es el que suena con más fuerza. Es decir, la próxima etapa podría encontrarnos con Trump poniendo un pie en el Vaticano. Otra ala de la Santa Sede, en cambio, se inclina por buscar al sucesor entre los aspirantes africanos y asiáticos. La estrategia de este sector para salir de la crisis seguiría siendo buscar un pontífice “en el fin del mundo”. LEER MÁS: Jorge Bergoglio: el Vaticano en la crisis y la guerra mundial Por Jacyn, 21/04/2025.

Esta semana salió a la luz una valiente carta de los trabajadores del SAMEC -la empresa de traslados de emergencia de Salta- donde denuncian la gravísima precarización laboral a la que están siendo sometidos por parte del gobierno de la provincia y advierten que temen represalias y ser despedidos por denunciar la situación. Se animan a contarnos a toda la población que son obligados a realizar guardias de 24 horas que no son pagas y no tienen los elementos necesarios para salvar vidas; y como ellos mismos escriben en su carta, están “sobreviviendo” en todos los aspectos. Debemos de alertarnos de esta situación de casi esclavitud que viven los trabajadores de la salud, la mayoría de ellos en negro y con salarios miserables. En la noche del 19 de abril, 49 trabajadores de la Salud precarizados, del hospital “Joaquín Castellanos”, del departamento de Gral. Güemes, retomaron los cortes de la ruta nacional 34, exigiendo el pase a planta de los trabajadores incorporados en la pandemia, incluidos en los pedidos de la carta de los trabajadores del SAMEC. Aunque Sáenz se jacta de haber recaudado más de 2 mil millones con su política fascista de cobro a los extranjeros, vemos acá una clara muestra de que la misma no va a mejorar el sistema de salud de los salteños, sino todo lo contrario. La desinversión, que nos lleva directo a la privatización, es lo que prima en la política del gobierno de Salta. Punta de lanza del ajuste del Milei y el FMI. El ministro de Salud, Federico Magione, salió a responder en medios que “aunque corten la ruta, no van a cambiar la situación”, “es lo que hay”, “no tenemos plata”. El Ministerio les ofrece como salida que acepten la precarización casi esclavista a la que son sometidos o que renuncien. Que solo les queda esperar que “otros se jubilen o mueran”. Este planteo político intenta desmoralizar a los trabajadores que intentan levantar la cabeza en cuadro de opresión y flexibilidad tremendos, que aplica el mismo gobierno provincial y que no le avergüenza decirlo a los cuatro vientos. Al igual que el planteo fascista de Grabois -de trabajar o al paredón- los representantes de las diferentes facciones del régimen, impulsan una política de derrota hacia los trabajadores. Los trabajadores debemos ser conscientes de esta posición fascista frente a nuestros reclamos y organizarnos con mayor conciencia e independencia de clase. Ellos saben que, para imponer la política de la deuda con el FMI, deben derrotar a la clase trabajadora, tanto el gobierno de Milei como los “opositores”, todos garantizado el nuevo acuerdo en el Congreso. Desde Política Obrera llamamos a los trabajadores a deliberar y organizarse mediante autoconvocatorias y con total independencia de la tutela de la burocracia sindical y las facciones del régimen. Los trabajadores de Salta, si nos unimos como clase, podemos derrotar al Milei salteño.

El sábado 19 de abril llevamos a cabo una varieté cultural en nuestro local de la localidad de Boulogne, en homenaje a la heroica lucha de los jubilados contra el ajuste del gobierno. Esta jornada, en particular, contó con la presencia de los compañeros de la agrupación Jubilados Clasistas. El local fue adornado por fotos e imágenes que contaban, en secuencia, la lucha de los jubilados que ya tiene varias décadas. También había un inmenso cartel donde los participantes podían poner frases en su apoyo. Como la actividad era a micrófono abierto, muchos compañeros jubilados tomaron la palabra durante toda la noche pudiendo expresar las distintas visiones y experiencias sobre un mismo proceso de lucha. El compañero Juan Linarello estuvo a cargo de la presentación y conducción de la jornada. En el segmento artístico la actividad contó con la presencia del dúo compuesto por Ceferino Cruz y Fredy López, quienes tocaron chacareras y coplas. El profesor de música Santiago Puey realizó un homenaje a Charly García y Serú Giran, al que se sumó el profesor Eric Talamo tocando clásicos del rock nacional. También contamos con la presencia del escritor Juan Romero. Sus poemas mostraron una crítica profunda contra este sistema capitalista, contra el trabajo en negro, la precarización laboral y la codicia como forma de vida. El compañero Carlos Suárez recitó también unos poemas del escritor peruano y jubilado Alex Matu y de José Antonio Cedrón. A la hora de las intervenciones políticas, Carlos Petrillo, dirigente de Jubilados Clasistas, destacó la lucha de los miércoles como un eje para todos los trabajadores que luchan. Destacó que el ataque a las jubilaciones es un asunto de toda la clase obrera y que la lucha es por un salario igual a la canasta familiar, no por la “canasta de pobreza” del INDEC. Puso como ejemplo a los colectiveros de la 60, que exigen un salario de 2.500.000. La lucha de los jubilados, por lo tanto, es por el 82% móvil de esa canasta familiar y no la de pobreza. La CGT y la CTA han obstaculizado y fraccionado las luchas de la clase. Finalizó haciendo un llamado a sumarse los miércoles a la ronda al Congreso. Por su parte, Juan Ferro, miembro de la dirección nacional de Política Obrera, señaló que aun con el avance del trabajo en negro, precarizador y bajo un proceso de atomización de la clase obrera, ésta logrará abrirse paso. La juventud está haciendo su experiencia política, como ocurre en el campo de la universidad, donde choca con el gobierno de Milei. Esa experiencia forjará las próximas grandes movilizaciones de masas. La jornada terminó con un llamamiento luchar junto a los jubilados contra el ajuste de Milei y todos los gobernadores.

En el día de hoy, la Policía provincial desalojó de sus territorios, por orden de la jueza Liz Valdecantos, a la comunidad indígena de Cueva del Inca, situada en Tilcara. Este fallo judicial es un nuevo pronunciamiento a favor de la expulsión de las comunidades originarias para armar fenomenales negociados inmobiliarios con las tierras. En este caso, vinculados al desarrollo hotelero de grandes empresarios locales con vínculos políticos. Desde la reforma constitucional de 2023 a esta parte, se han incrementado y agravado los desalojos de comunidades originarias por parte del Estado en beneficio de privados, para hacerse de tierras en toda la provincia. Se han producido desalojos en Yala, Lozano, Guerrero, La Quiaca Vieja, Rio Blanco, y Tilcara, por nombrar los casos de mayor repercusión. La avanzada policial se llevó puestos tanto a hombres como mujeres, golpeando a personas mayores de la comunidad que viven hace años en la zona. La policía detuvo durante la represión a Walter Condori y Sebastián Copello, del PO-FITU, quienes ya fueron liberados. Esta política de desalojo de los territorios expresa la continuidad de intereses entre los gobiernos de Sadir y Gerardo Morales, quienes han avanzado armando importantes negocios inmobiliarios. Los beneficiarios son las empresas ´desarrolladoras´ vinculadas al poder político, armando negocios con radicales, peronistas y libertarios. Esta política de desalojos también se ha agravado por la derogación de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, por parte del gobierno nacional, dando vía libre a la embestida contra las comunidades. El golpe a las comunidades originarias no busca solamente usurpar sus tierras, sino también aplicarles un rotundo golpe político: en 2023, encabezaron el levantamiento contra la entrega del territorio y bloquearon los accesos y rutas en casi todas las comunidades de la Puna y Quebrada durante meses. Desde Política Obrera reclamamos el cese de la represión y de los desalojos. Denunciamos a la justicia capitalista, que dicta fallos siempre a favor de los empresarios y especuladores. ¡Por el derecho a la tierra y la vivienda! ¡Abajo la represión!

Sigue cayendo a paso firme la cantidad de chicos menores de edad cuyos padres cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Según lo informado en la Cámara de Diputados por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos en el periodo de noviembre del 2023 a marzo del 2025 -es decir, durante el mandato de Milei- suman 994.817 quienes perdieron esta asistencia. “El Ministerio de Capital Humano informa que la cantidad de beneficiarios de la Asignación por Hijo (incluye Asignación por Hijo con Discapacidad) correspondiente a los subsistemas de asalariados formales, monotributistas, titulares de beneficios previsionales y de la prestación por desempleo, abonada en diciembre de 2023 fue de 5.520.650 mientras que marzo de 2025 fue de 4.525.833”, dijo Francos sin mayores explicaciones. La Asignación Familiar por Hijo se encuentra atacada a dos bandas. Por un lado, por la reducción del tope de ingresos para poder percibirla. Por otro, por los despidos y suspensiones masivas entre los trabajadores de la industria. La caída principal se dio en el periodo de noviembre 2023 a noviembre del 2024 donde 870.981 menores de 18 años quedaron fuera de esta ayuda. El hachazo principal viene por el lado del tope de ingresos implementado. En diciembre del 2023 ambos padres no debían superar los $3.960.000, con ninguno de los dos por encima del monto de $1.980.000. Para marzo del 2024 la cifra tope fue modificada a $2.154.806 y $1.077.403 por padre. Estas cifras recortadas luego fueron mensualmente actualizadas según la movilidad previsional. Hoy el tope es de unos 2.105.438 por padre, un aumento que queda muy atrás de la inflación de estos 15 meses que estuvo por encima del 140%. Por el lado de la pérdida de puestos de trabajo la caída no fue menor, en noviembre del 2023 eran 9.870.069 los trabajadores registrados que pasaron a ser en enero del 2025 unos 9.685.908, una reducción de 184.161 trabajadores que impacta en un número aún mayor de niños menores de edad. Así cientos de miles de niños quedaron automáticamente fuera de la asignación, con el agravante de que con la liquidación de planes sociales y de cualquier seguro al desocupado pasan a quedar sin ningún tipo de cobertura social de emergencia. Como aliciente en estos casos, los padres pueden pasar a tramitar la AUH (Asignación Universal por Hijo) habilitada para desocupados, informales, trabajadores de casas particulares e inscriptos en el monotributo social. Para los trabajadores que superan el piso del impuesto a las ganancias pueden deducir la AUH de parte del pago del impuesto, con la salvedad de que pagan más, ya que se redujo el mínimo no imponible de ganancias. Otro aspecto a tener en cuenta es que la escala salarial impacta en el monto de la Asignación por Hijo, para salarios de menos de $795.000 es de $51.535, para salarios de $1.166.207 es de $20.949 y para los que están por encima de $1.346.428 es de $10.807 un número negligible. La disparada inflacionaria de los últimos meses, sumado a un nuevo ciclo de bicicleta financiera, impacta sobre los salarios e impulsa a la destrucción de más puestos de trabajo. Es lo que pidió el FMI: una reforma previsional, otra tanda de despidos en el Estado y como se ve más recortes de gastos sociales. LEER MÁS: Caen en picada las asignaciones familiares Por Jacyn, 03/04/2025. Cae el trabajo bajo convenio, sube el monotributismo La destrucción de derecho laboral. Por Leonardo Perna, 08/02/2025.

La crisis de la industria ceramista -ocupa a unos 4.000 trabajadores en forma directa- es de las más profundas de todos los rubros del país. La construcción se desplomó un 27,4% anual durante 2024 producto de la suspensión de la obra pública decretada por el gobierno de Milei-Caputo, y de la recesión económica, que se profundizó tras la fuerte devaluación del peso en diciembre de 2023. Una crisis de conjunto Las ventas de productos de pisos y revestimientos cerámicos cayeron 51,1% anual en marzo, proyectando para este año el nivel más bajo de los últimos 50 años, según lo comunicó la Cámara de Pisos y Revestimientos Cerámicos de Argentina. Los trabajadores asistimos a una verdadera catástrofe productiva: la entidad dijo que el sector “se encuentra al borde del colapso”. Los empresarios del rubro proyectan para este año una actividad similar a la registrada hace medio siglo atrás. El desplome fue descargado por los capitalistas directamente sobre las espaldas de los trabajadores ceramistas. Durante el mes de marzo, la Ceramista Cerro Negro de Olavarría , despidió a 60 trabajadores – entre ellos, a los principales activistas de oposición al Sindicato Ceramista. En Cerámica Alberdi, ubicada en José C Paz , la empresa paró a partir de abril el último horno que tenía en funcionamiento, suspendiendo a la totalidad del personal de la empresa -un horno en el cual invirtió millones de pesos y que se había puesto en marcha hace menos de tres años. Cerámica Fanelli, ubicada en la localidad platense de Los Hornos, informó la desvinculación de al menos 30 operarios. La fábrica, con más de 180 empleados, había anunciado hace dos años inversiones por 650 millones de pesos en 2023 para ampliar su producción. La fábrica Reino, de cerámica industrial en Bellavista, pasó de encender los hornos de lunes a domingo a solamente dos días de producción semanal. El panorama golpea también a las fábricas ceramistas de Neuquén, que se encuentran bajo gestión obrera: Fasinpat, Cerámica Neuquén y Cersinpat. Por no poder afrontar los pagos, las cooperativas neuquinas enfrentan cortes de servicios (luz y gas), por lo que impulsan medidas de lucha, movilizaciones y cortes de rutas para que el Estado provincial se haga cargo. Cortines se suma a la lista Una de más principales productoras del mercado de cerámicas, la empresa Cortines ubicada en la localidad homónima de la provincia de Buenos Aires presentó ante la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires el “Procedimiento Preventivo de Crisis”, lo que implica iniciar un proceso de restructuración que incluye un plan de retiros voluntarios, pago de indemnizaciones en cuotas y reducción del 40 por ciento de la planta de empleados. Según se detalla en el documento presentado por la empresa, la baja ha sido progresiva desde el año 2021, cuando se habían comercializado 11.175.000 metros. Al año siguiente, fueron 9.100.000 de metros; en 2023 se vendieron 7.100.000; y en 2024 se comercializaron 4.840.000 metros. En el caso de Cerámica Cortines, los trabajadores fueron suspendidos por 90 días desde febrero y hasta fines de abril. Sin embargo, la propia empresa reconoce que “dichas suspensiones no han sido suficientes para paliar la situación que ahora se va haciendo cada vez más asfixiante y grave”. La empresa dice estar “sobreestockeada” y que “no se llega a vender mensualmente ni un cuarto de las mercaderías necesarias para poder tan solo afrontar el pago de salarios. La empresa solo garantizará “la estabilidad laboral del 60 por ciento de los trabajadores.” Aquellos trabajadores que deban ser despedidos se les pagará la indemnización en cuotas. En medio de su ataque, la empresa reclama a los trabajadores “un acuerdo de paz social donde las partes comprometidas con la conservación de las fuentes de trabajo no efectúen durante 90 días ninguna medida de acción directa o indirecta que afecte la actividad industrial y comercial del establecimiento”. La paz social es condición para pagará el 80% de los salarios a los suspendidos. La posición del Sindicato Ceramista El Sindicato Ceramista anunció que intentará revertir la situación a través de negociaciones con la empresa y a través de la intervención de las autoridades del trabajo provinciales. Es la misma receta que llevó a que pasen los despidos, las suspensiones y los planes de crisis en las otras fábricas ceramistas. Cuarto intermedio tras cuarto intermedio, la empresa gana un tiempo que pierden los trabajadores. Es complejo desenvolver un planteo de lucha cuando los capitalistas paralizan la producción, porque no se verían afectados por la huelga. La baja de la producción tiende a desalentar los planes de lucha. Es por eso mismo que los trabajadores ceramistas, frente a esta crisis de conjunto, deben discutir un planteo en defensa de sus intereses, como el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores afectados por el párate, sin afectar el salario. El trabajo existente debe ser repartido entre todas las manos obreras existentes y es así como se determina la duración de la semana de trabajo en la industria, en este caso la producción de cerámica. Los trabajadores no pueden tolerar la transformación de cada vez más obreros en desocupados, monotributistas o trabajadores independientes sin empleo: es un retroceso histórico.

El Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca arrancó el año académico anunciando el cierre de carreras en casi todos los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia. En el Instituto Clara J. Armstrong se eliminarán los profesorados de Lengua y Matemática. El argumento del Ministerio consiste en que existiría una sobreoferta de egresados en estas carreras, lo que dificultaría su posterior inserción laboral. O, en palabras de la Secretaria de Gestiones Educativas: "hay más oferta que demanda". Una visión puramente mercantilista de la educación, que deja en claro que la medida no responde a ninguna planificación pedagógica, sino a una orientación de ajuste educativo liso y llano. Si bien aún no existe una resolución ministerial que le dé carácter legal al cierre de carreras, las inscripciones a las mismas se encuentran cerradas desde el año pasado. Esto se debe a que, a principios de 2024, el Ministerio dispuso “suspender temporalmente las inscripciones a las mencionadas carreras a fin de permitir que el personal docente pueda enfocarse en el fortalecimiento de los aspectos mencionados y garantizar una formación de calidad”. Un invento del Ministerio para disfrazar lo que en los hechos terminó siendo el cierre definitivo de las carreras. Durante el proceso de suspensión, se trasladó la responsabilidad de “garantizar una formación de calidad” a docentes y autoridades del instituto, quienes tuvieron que diseñar programas de contención y sistemas de tutorías para los estudiantes de los primeros años. Los docentes incluso sacaron de su propio bolsillo para difundir y promover las carreras en la Expo Carreras -jornada organizada por el gobierno para dar a conocer la oferta académica- generando confusión y falsas expectativas tanto entre los posibles ingresantes como entre la comunidad educativa en general. La incertidumbre generada por la discontinuidad y el posterior anuncio de cierrre ya generó una deserción masiva de estudiantes avanzados a quienes nunca se les brindó información detallada de cómo seguir, vulnerando el derecho a la educación de los estudiantes. Este proceso de cierre solo puede entenderse como parte de una estrategia más amplia de vaciamiento de la educación pública. El supuesto “exceso de oferta” es una falacia que encubre la responsabilidad del Estado en el desmantelamiento sistemático de los institutos: no hay inversión en infraestructura, se recortan becas, no se garantiza estabilidad laboral ni salario digno para los docentes. A principio de año, sin ir más lejos, el gobierno dio de baja a 279 docentes de nivel superior de toda la provincia que ya habían concursado, con la excusa de un supuesto error. Este ataque no es aislado. Responde a una política educativa de conjunto, impulsada por el gobierno liberticida de Milei y su ofensiva contra las universidades, los derechos laborales y las condiciones de vida de la clase trabajadora. El gobierno provincial, a su vez, actúa como ejecutor local del ajuste nacional. Frente a esto, desde el Centro de Estudiantes convocamos a reuniones abiertas con docentes y estudiantes, recorrimos los medios y realizamos una clase pública para denunciar y visibilizar esta situación. Todas estas acciones contaron con un fuerte apoyo de la comunidad, especialmente en nuestro instituto. Llamamos a organizar asambleas abiertas, a exigir la inmediata restitución de las carreras cerradas, y a poner en pie nuevamente la Coordinadora de Estudiantes en Lucha, para discutir un plan de acción unificado en defensa de la educación pública.

El Consejo Directivo de la CGT ha convocado a una marcha “contra el ajuste” para el miércoles 30 de abril próximo. El año pasado, los popes de la burocracia sindical esquivaron la Plaza y se refugiaron en la sede de la calle Azopardo. Este año, evitarán la fecha misma. Marcharán desde 9 de Julio e Independencia hacia el Monumento al Trabajo, ubicado en Paseo Colón al 800, un recorrido de pocas cuadras. No habrá paro. Tampoco será un acto por el Día del Trabajador. Gobernadores e intendentes peronistas serán invitados estelares a la marcha cegetista. “Luego de la marcha, los gremialistas esperan reunirse con gobernadores, entre los que estaría Axel Kicillof” (Clarín, 15/4). Pura burocracia sindical y Pejota. La excusa para la marcha es reclamar la reapertura de las paritarias. La burocracia viene de firmar a repetición acuerdos a la baja o por incrementos insignificantes del 1%. “Por la presión oficial del tope salarial en torno al 1% mensual -bajo amenaza de no homologar los acuerdos- las paritarias del sector privado acumularon en los tres primeros meses del año caídas promedio del 3% que en algunos casos alcanzan hasta el 6,8%” (Clarín, 16/4). Incluso Armando Cavallieri, faraón del sindicato de Comercio -1,5 millón de afiliados- ´descubrió´, según él, que “la gente gana poco porque el gobierno fija el salario” (Ámbito, 16/4). El promedio de los aumentos de los salarios de los trabajadores de Comercio en el último trimestre fue de 1,7 por ciento. Los burócratas de la CGT decretaron un año de tregua al gobierno liberticida exactamente después de haber acordado el texto de una ´reforma laboral´. Asimismo, han saboteado sistemáticamente las luchas librada por los trabajadores. Eso ha ocurrido con las movilizaciones de la UOM, que tiene parado un convenio colectivo desde hace un año en la rama de la Siderurgia. La mismo con el SUTNA que sufre despidos masivos de las patronales del Neumático. El inmovilismo de la burocracia no se modificará en absoluto con esta marcha –como tampoco cambió con el paro de hace dos semanas. La CGT se conforma con dar señales de vida vegetativa, en un año electoral. Sus invocaciones a la defensa de la ´industria nacional´ son un apoyo a la presión devaluacionista de las patronales de la industria. Con sus pseudo´medidas de fuerza´, la burocracia busca abrir un ´canal de diálogo´ con el gobierno liberticida. "Podemos tener muchas fallas, pero el sindicalismo está vivo. La CGT abrió una tregua razonable y fue una demostración de que nosotros también podemos sentarnos a dialogar cuando los resultados no son favorables", expresó Juan Carlos Schmid, secretario general del personal embarcado de Dragado y Balizamiento a Clarín (15/4). En el mismo sentido se pronunció Gerardo Martínez, connotado ´dialoguista´. El gobierno, por su parte, ha desplegado todo su arsenal extorsivo. “´Si siguen rompiendo mucho las pelotas y no aflojan, no sé cuánto tiempo más se puede frenar esa ley´, graficó a Infobae un funcionario de buena relación -hasta ahora- con los sindicalistas” (19/4). Se refiere a la eliminación de los aportes de los no afiliados a la caja sindical. El Ministerio de Seguridad, por otro lado, que comanda Patricia Bullrich, ha denunciado a una serie de sindicatos -incluidos algunos ´ultradialoguistas´, como la Unión Ferroviaria- por atentado y extorsión, a raíz del semiparo del 10 de septiembre, según supuestas denuncias anónimas a la línea 134. La marcha del miércoles 30 coincidirá con la ronda de los jubilados en el Congreso. “Los jubilados van a marchar junto con nosotros porque, precisamente, otra vez va a ser miércoles a la tarde. Hemos recibido el acompañamiento de muchos jubilados y tiene como coincidencia la necesidad de también llevar su reclamo en esta marcha”, vaticinó un vocero de la CGT. El pasado 9 de abril, “en apoyo a los jubilados”, las columnas concentraron en un horario diferente a la habitual ronda y se encajonaron en la plaza frente al Congreso, observando escrupulosamente el ´protocolo antipiquete´ de Bullrich. La marcha de la CGT no ofrece ninguna perspectiva. LEER MÁS: La CGT se ha ganado un escribiente rentado Acerca del balance del paro por parte del PO Oficial. Por Pablo Busch, 13/04/2025. Un paro sin perspectiva carnereado por casi toda la burocracia Es así cuando no se para, como UTA y la Carne, y cuando los sindicatos no lo organizan. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 10/04/2025.

El fallecimiento del papa Francisco permitió a los principales bloques políticos postergar por unas horas sus divergencias intestinas, que se agravan a medida que se aproxima la campaña electoral. Luego de la confirmación del desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, los diarios pusieron en duda la condición legal de LLA para competir en el orden nacional y provincial-, ya que no se acreditaron todavía las fichas de afiliación exigidas por la ley. Esta información renovó las versiones sobre un acuerdo electoral con el PRO. Pero apareció una novedad: la oposición de dirigentes provinciales del macrismo al acuerdo, entre ellos, el de los intendentes de Vicente López y de Junín. La disidencia se extendería a otros distritos del interior bonaerense. Como telón de fondo de esta grieta, aparece el choque entre el gobierno y el capital agrario, en torno del valor del dólar y los impuestos a las exportaciones (retenciones). La depresión del dólar, con el reanimamiento de la operación especulativa que sucedió al acuerdo con el FMI (carry trade) acentuó este choque. El dólar a 1000 o 1100 pesos pone “de punta” con el gobierno a una fracción patronal con fuertes lazos con el macrismo. En el Congreso, existen seis proyectos de ley que, con diferentes variantes, anulan la suba de las retenciones a la exportación agroindustrial que el gobierno prevé para el mes de julio. Estos proyectos fueron presentados por diputados de Pullaro, Llayora y la Coalición Cívica, pero descuentan el apoyo de la mayor parte de diputados del PRO. Milei, naturalmente, ha anticipado que los vetará. Por una pirueta de la historia, el gobierno que reivindica a la “generación del 80” y a la Argentina vacuna podría vivir su propio “conflicto del campo”, a imagen y semejanza del que vivieron los K en 2008. En cuanto al kirchnerismo, el avenimiento de Cristina al desdoblamiento electoral en la provincia estuvo lejos de cerrar la fractura expuesta entre la ex presidenta y Kicillof. Aceptadas las fechas separadas y la supresión de las PASO, la crisis volvió a estallar en torno del cronograma electoral. El gobernador es partidario de adelantar fuertemente los plazos de inscripción de listas para la elección provincial, para poder distanciar a una campaña electoral de la otra. Pero el planteo terminó derrotado en la Legislatura bonaerense, y los dos cronogramas han quedado “pegados”- En consecuencia, las listas provinciales y nacionales se inscribirán con una diferencia de diez días. Ello plantea una elección formalmente desdoblada, pero con una única campaña…y con CFK anotada para las dos. Como réplica, Sergio Massa podría postularse en la primera sección electoral. La supresión de las PASO ha dejado a Kicillof ante la disyuntiva de aceptar este copamiento o, en su defecto, disputar el protagonismo de la elección provincial concurriendo con lista separada. Para esta alternativa, se menciona a Verónica Magario como antagonista de Cristina. El estallido del pejotakirchnerismo en su distrito fundamental, es un terremoto político en el corazón territorial de la clase obrera. Como adelanto de este escenario de fragmentación política, tenemos a los comicios de la Ciudad de Buenos Aires. Acá, una fracción del peronismo podría alcanzar el primer lugar con un 23-25% de los votos. Hasta ahora, las encuestas colocan al mileista Adorni en el tercer puesto y al macrismo segundo , en lo que sería la primera derrota electoral en la Ciudad en los últimos quince años. Una editorialista de “La Nación” advierte sobre la contradicción entre lo que llama el “orden macroeconómico”, de un lado, y la “inestabilidad institucional”, del otro . La “matriz previsional, tributaria y laboral” ordenada por el FMI, señala, deberá ser abordada por un Congreso “cada vez más fragmentado”. La periodista, en cuanto a la economía, ha comprado el relato de Milei. Un socorro del FMI sólo se explica por un desbarajuste ‘macroeconómico’ . Las elecciones de medio término exponen una crisis extraordinaria de los bloques y partidos históricos del capital, libertarios o “nacionales y populares”. Esa crisis, por la mediocridad de la disputa, no ha atraído el interés de los electores, como tampoco ocurrió, recientemente, en Santa Fe . Pero dada la crisis de conjunto ofrece una oportunidad para desarrollar una agitación de carácter socialista y promover un reagrupamiento político de trabajadores.

Luego de dos audiencias en el Ministerio de Trabajo bonaerense delegación Tigre entre la patronal de FATE y el SUTNA, por la reincorporación de 36 trabajadores despedidos ilegalmente, entre otros puntos, la patronal continúa con los aprietes sobre los despedidos. Entre la última audiencia ministerial y hoy, hubo al menos 14 despedidos que “optaron” por el “retiro voluntario”. También hubo varias “reuniones privadas”, sobre las que, naturalmente, no se sabe nada sustancial. La realización de este tipo de “reuniones”, que suponen la confidencialidad entre las partes, son incompatibles con la práctica de la democracia sindical. Las reuniones en el ámbito privado entre FATE y el SUTNA fueron ‘gestionadas’ por Kicillof y su ministro de Trabajo, Correa. El SUTNA ha informado que llevó a la mesa de negociación el reclamo de una “solución integral”. Se refiere a “contemplar alternativas que garanticen la protección del poder adquisitivo y las condiciones laborales, compromisos que den la correspondiente certidumbre al conjunto de los compañeros, la necesaria reincorporación de los compañeros despedidos”. La “solución integral” excluye el rechazo al cambio del sistema de trabajo, como fue votado en dos Asambleas Generales de fábrica. La patronal de FATE por su parte, en la última audiencia ministerial accedió a considerar la “solución integral”, pero si se avanza en “el cambio de sistema actual de organización del trabajo”, que fue postulado conjuntamente por la dirección sindical y las patronales, tras los 250 despidos que se produjeron a lo largo de 2024. Un nuevo sistema de trabajo con semejante sangría de personal anuncia una fuerte precarización laboral. La función de la reunión privada fue claramente definida por la patronal: “la compañía está dispuesta a iniciar una instancia de diálogo y procurar alcanzar un acuerdo y mantener una reunión en el ámbito privado el día 23 de abril” (negrita del autor) (Acta Audiencia, 15-4-25). Luego de la reunión privada, FATE ha lanzado un ultimátum: aceptan el cambio de sistema de trabajo o cierro la planta y dejo a todos los trabajadores en la calle. Efectivamente, en un comunicado distribuido ayer a todo el personal, plantea que es “urgente modificar el actual esquema de turnos, adaptando la planta a la significativa reducción de ventas y producción”, de lo contrario “visualizamos un panorama de rápida reducción de la escala productiva, más pérdida de puestos de trabajo y de cierre de plantas”. Madanes Quintanilla no dice lo único que le preocupa: “la escala” de los beneficios. Sin esta obsesión de capitalista, los obreros podrían dirigir la fábrica sin agraviar la salud física y mental de los trabajadores. En conclusión, Madanes Quintanilla va a fondo en la prioridad de imponer un sistema de trabajo para aumentar la tasa de explotación de la fuerza de trabajo y amenaza en la “mesa de negociación” (privada) con el cierre de la fábrica. Los otros "problemas" (reincorporación de los despedidos, bono, fraccionamiento de vacaciones) pueden esperar. Las audiencias ministeriales, no hay que olvidarlo, corresponden a un sistema de estatización de las relaciones laborales, cuyo objetivo es enfriar la disposición de lucha y someter a los trabajadores a diferentes amenazas. Las “reuniones privadas” ya son un socavamiento a la democracia sindical. Hay que volver a los “viejos” métodos: imperio de la asamblea soberana. Dentro de la Asamblea soberana, todo; fuera de la Asamblea soberana, nada. LEER MÁS: FATE: una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo deja sin satisfacción la reincorporación de los compañeros despedidos Por Julio Gudiño, 17/04/2025.

El periodista Roberto Navarro, dueño del medio El Destape y de pública filiación kirchnerista, fue víctima recientemente de un cobarde ataque por la espalda. El atacante aún no fue identificado. Según el relato de sus colaboradores, Navarro se encontraba en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires manteniendo una reunión laboral cuando un desconocido comenzó a increparlo e insultarlo, mientras otro apareció por la espalda y le descargó un fuerte golpe en la nuca. Ariel Lijalad, integrante del staff de El Destape, relató que el primer agresor “le empezó a repetir las cosas que dicen de Navarro en tuits, en los canales de televisión... y Roberto finalmente se paró para pedirle que deje de insultarlo. El hombre lo siguió insultando y se empezó a poner más violento, y mientras Roberto intentaba pedir que pare y le decía a la gente que estaba ahí para que interviniera, vino otro hombre y le pegó por detrás un fuerte golpe en la cabeza”. Navarro llegó por sus propios medios al hospital, con la cara hinchada. Los médicos confirmaron la existencia de un hematoma en su cabeza. “En el hospital le hicieron estudios y se tiene que quedar por lo menos 48 horas porque es una persona anticoagulada. Y al haber un hematoma muy grande del lado de afuera de la cabeza, tienen que estudiar si no hay lo mismo dentro de la cabeza. Y por la edad de Roberto, eso puede suceder en las primeras 48 horas. No está fuera de peligro y estamos pendientes de su evolución clínica”, preciso el periodista al aire durante el programa radial que conduce. El ataque contra Navarro es inseparable de los agravios que diariamente reparte Milei contra cualquier voz opositora o crítica de su gestión, sin importar de qué expresión política provenga. Días atrás, había doblado la apuesta con un tuit donde expresaba que “la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas”. No se trata de un exabrupto, sino de una política. En el mismo sentido, su gobierno viene amenazando con desplazar al periodismo ´tradicional´ con medios e influencers adictos, en una réplica de la regimentación que impulsan Donald Trump y sus colaboradores, especialmente Elon Musk, dueño de la red social X, quien postuló que ciertos periodistas eran merecedores de “largos años de cárcel”. La aspiración de todos los gobiernos, con mayor o menor resultado, por ´modelar´ a los medios de comunicación de acuerdo a sus intereses ha escalado a un nuevo nivel, debido a la violencia promovida por los agentes de la reacción como Milei y el convicto norteamericano. La regimentación de los medios de comunicación es el correlato de la represión a la protesta, del ´protocolo antipiquete´ y los intentos por desterrar el derecho a la huelga y a la lucha. Una verdadera respuesta a estos agravios debe ser la movilización política democrática contra el intento de establecimiento de un estado policial a expensas de las libertades democráticas vigentes. Nuestra solidaridad con Navarro y deseos de pronta recuperación. VER EL EPISODIO 13 DE SOCIALISMO O BARBARIE: Socialismo o Barbarie Ep 13

Este Primero de Mayo los trabajadores de todo el mundo nos encontramos ante un agravamiento de la guerra imperialista, ante ajustes brutales mayores, ante una sistemática destrucción del clima y del medio ambiente y ante una tendencia a la instauración de gobiernos por decreto y estados policiales. Todas estas manifestaciones de barbarie capitalista están presentes en nuestro propio país. En el año que pasó, 50.000 palestinos de Gaza fueron asesinados, a cielo abierto, por el Estado sionista, financiado y armado por las potencias de la OTAN. La perpetración de este genocidio coloca a los trabajadores frente a una “Crisis de la Humanidad”. El golpe que asesta contra los trabajadores y la clase obrera de todo el mundo refuerza el poder de sometimiento del capital internacional y sus Estados, y prepara guerras de mayor amplitud. El Estado sionista ha ocupado una gran parte de Líbano y Siria, abriendo el camino de una guerra con Turquía, que abrazaría a todo el Medio Oriente y el Cáucaso Sur. Está listo para desencadenar una guerra atómica contra Irán. La “limpieza étnica” en Gaza y Cisjordania progresa por medio de “pogroms” de ‘última generación’ contra el pueblo palestino. El involucramiento de Israel en una guerra mundial ha creado un escenario de guerra civil dentro del aparato de Seguridad y las Fuerzas Armadas del mismo Estado sionista. Desde nuestro partido, Política Obrera, reclamamos el retiro del ejército sionista de Gaza y Cisjordania; el juzgamiento y condena de los acusados por los crímenes de guerra del Estado sionista; el fin de los regímenes políticos identitarios y confesionales, por una República laica y democrática en toda Palestina, que satisfaga el derecho al retorno de los habitantes expulsados y expropiados. En los últimos días se ha reforzado la posibilidad de un acuerdo entre Trump y Putin para descuartizar el territorio de Ucrania y someter al país a una explotación colonial. El éxito de esta operación sería otro golpe estratégico contra el proletariado mundial, porque erigiría un muro blindado contra la unidad de la clase obrera de los dos países. Desde nuestro partido, Política Obrera, llamamos a reclamar un referendo, tanto en Ucrania como en Rusia, con libertades políticas completas, para decidir sobre la unidad e independencia de Ucrania, en un caso, y sobre la guerra de opresión de la oligarquía de Rusia, en el otro. El brutal ataque arancelario desatado entre Estados Unidos y las potencias rivales, en especial China, ha superado las fronteras de la guerra comercial. Se trata de un verdadero bloqueo contra numerosos países, el paso previo a una guerra sin adjetivos. Es la respuesta que ofrecen las grandes potencias a la quiebra de los cimientos mismos del capitalismo: deudas públicas monstruosas e impagables; derrumbe del patrón monetario internacional. Esa respuesta es acompañada por la instalación de un estado de excepción y policial en Estados Unidos, que ya se encuentra presente en varios otros países, como China y Rusia. El desarrollo de esta guerra mundial ha generado manifestaciones masivas en numerosos países. Pero con claras contradicciones: quienes advierten la guerra de exterminio que se desarrolla en Palestina, atribuyen a la misma OTAN un propósito democrático en su guerra contra Rusia. Un amplio sector que se autodenomina de izquierda apoya esta guerra y vota en los parlamentos, como ocurre en Alemania y la mayor parte de la Unión Europea, su financiamiento. Esta orientación corrompidamente oportunista constituye una traición a la clase obrera de todo el mundo. La burocracia sindical de todo el planeta y la CGT argentina en especial han decidido mirar hacia otro lado, e incluso apoyarla directamente. En Argentina tenemos a uno de los gobiernos más comprometidos en la defensa de la guerra imperialista. Ha desarrollado un sistema de represión que no niega su semejanza con la dictadura militar. Este compromiso con la guerra imperialista se manifiesta en el sometimiento al FMI y en el pago de la deuda financiera usuraria, que alimenta la caja de guerra de las grandes potencias, como lo haría un voto directo en el Parlamento. A esta orientación responde el apoyo a la base militar británica y de la OTAN en que se han convertido las Islas Malvinas, la compra de aviación militar de segunda mano a Estados Unidos y la militarización del Norte argentino. Para ‘compensar’ la creciente dependencia comercial, industrial y financiera de Argentina con China, Milei está dispuesto a conceder bases militares a Estados Unidos y la OTAN. Para acabar con la guerra imperialista mundial es necesario acabar con el régimen que engendra esa guerra: la dominación capitalista, por otra parte en plena descomposición. La guerra une todos los hilos del ataque feroz contra los explotados: los ‘ajustes’, la precariedad laboral, el desempleo, la falta de vivienda, salud y educación. Todos los recursos del capital van a la lubricación de los mecanismos de la guerra. Sin un combate contra la guerra y el imperialismo no se puede combatir la miseria social que no cesa de crecer. La consigna de la hora es: Abajo la Guerra Imperialista; Abajo el Imperialismo. Al enemigo lo tenemos en nuestros propios países.

De la reunión de delegados que se desarrolló en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, el reciente martes 22, participaron unos 150 delegados. Teniendo en cuenta que el cuerpo de delegados de SUTEBA Matanza -informado por la dirección- es de casi 800 delegados, la participación fue raquítica. Más del 80 % de los delegados decidieron no concurrir al llamado de la dirección celeste. El vaciamiento era esperado, porque la dirección convocó a los delegados a "formarse". No fue una reunión resolutiva, o sea, que no se votó absolutamente nada. La reunión comenzó directamente separando a los asistentes en cinco talleres. "Transitar la ESI", "Actas y recursos", "Punto Género" -dictado por la secretaria de géneros del Municipio de La Matanza-, "Historia Sindical" y "Teatro Foro". Recién hubo un espacio para tomar la palabra en forma plenaria al mediodía. La Secretaria General, Daniela Spossato, en su informe señaló el ajuste que ya ejecutó el gobierno de Milei (quita del Fonid, eliminación de la paritaria nacional, etc), sin mencionar qué hicieron los sindicatos para impedirlo. “Lamentó" que, en la Provincia de Buenos Aires, los salarios hayan quedado "muy atrás de la inflación", omitiendo que fueron ellos mismos los que firmaron una paritaria miserable con el gobernador Axel Kicillof. El último aumento que percibimos los docentes fue del 2 %, cuando la inflación de marzo en alimentos superó el 4 %. Pero incluso admitiendo el fracaso de su propia paritaria, llamó a exigirle al Gobierno "una nueva oferta salarial", sin plantear ninguna medida de acción, ni tampoco el monto salarial que el sindicato debe reclamar. Sobre el nuevo Régimen Académico para el Nivel Secundario, que redunda en mayor precarización laboral (más trabajo por el mismo sueldo), planteó asombrada que "nosotros nunca fuimos consultados", cuando en la asamblea de diciembre de 2024 había presentado al RA como una "conquista". Una caradura. La única propuesta de acción fue invitar a "conmemorar" el 1° de Mayo -Dia Internacional de los Trabajadores- al acto que realizará el peronismo y los gobernadores con la CGT y las CTA el 30 de abril en Azopardo. De la actividad participará Axel Kicillof, quien tiene al docente bonaerense cobrando por un cargo un salario de indigencia ($500.000 en secundaria, $600.000 en primaria), ilegaliza las huelgas y aplica reformas precarizadoras. Buenos Aires está en el fondo de la tabla en el ranking de las provincias con peores salarios del país. Varios delegados de agrupaciones opositoras a la burocracia Celeste denunciaron el deterioro salarial, el cierre de cursos (secundaria 9, secundaria 15), los aprietes de inspectores y directores constantes para sostener las clases en escuelas sin agua y sin luz. También fue expuesta la crisis por la que atraviesa nuestra obra social, IOMA, y las constantes trabas burocráticas que aparecen cuando un docente debe tomarse licencia. Nuestra agrupación, Tendencia Docente Clasista, participó con una delegación. Distribuimos un volante entre los asistentes llamando a luchar por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar . Planteamos que el plenario se pronuncie en repudio a las declaraciones fascistas de Juan Grabois, quien pidió "paredón" contra los docentes que hagan uso de licencias. El planteo no fue respondido por la conducción, ni tampoco sometido a votación. Valoramos el paro que se realizó el 5 de marzo, que expresó el repudio al acuerdo salarial entre el gobierno de Kicillof y las cúpulas sindicales, convocado por un plenario de las seccionales opositoras. Destacamos que las últimas movilizaciones de carácter masivo (1 F, marcha de los jubilados, 8M, 24 de Marzo), no tuvieron como protagonistas a los sindicatos, demostrando que las actuales conducciones no representan para los compañeros un canal de lucha. El último paro nacional fue dominguero, no se llamó a ningun tipo de movilización. En relación al acto del 30 de marzo caracterizamos su contenido patronal y llamamos a boicotearlo. Una delegada de la lista Celeste respondió a este planteo argumentando que "no le molesta que esté Kicillof" en un acto del 1° de Mayo, porque este está "en contra de las políticas de ajuste de Milei". Quedó de manifiesto que el modelo sindical que defiende la burocracia es de entrelazamiento e integración con la patronal. Sobre este punto el resto de las corrientes de la Lista Multicolor no se pronunciaron, pese que algunas de ellas son convocantes al acto del 30, como Tribuna Docente-Partido Obrero. La reunión, como dijimos anteriormente, terminó sin resoluciones, ni votaciones de propuestas de lucha. Fue un fiel reflejo del obstáculo que representa la conducción del SUTEBA Matanza y en general de todos los gremios, para que los trabajadores se organicen y luchen por su agenda de reclamos contra Milei y el conjunto de los ajustadores.

El diario Clarín ha difundido por primera vez los videos que muestran que la Policía Federal dejó salir de su domicilio a Brenda Uliarte, acusada de haber sido la autora ideológica del atentado que sufrió Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022. El video describe un hecho conocido: el 4 de septiembre de 2022, efectivos de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal dejaron escapar a Brenda Uliarte de la casa donde se ocultaba, en Barracas, dos días después de que su pareja, Fernando Sabag Montiel, intentara asesinar a la expresidenta. En esa casa tenían su ´base´ “los copitos”, es decir, el grupo de jóvenes al que pertencecían Uliarte y Sabag Montiel, dedicada aparentemente a la venta de copos de azúcar. Uliarte fue detenida el mismo día, pero poco después, en la estación Palermo, cuando se encontraba a bordo del ferrocarril San Martín. Los dos consignas fueron sancionados con cuatro días de arresto. ¿Esto fue parte una conspiración que involucra a la Federal en el atentado o simplemente un acto de negligencia? La participación de la PFA en la causa judicial que investiga el atentado encadena varios episodios llamativos, como el hecho de que un perito de la Federal bloqueó el celular de Sabag Montiel sin poder extraerle los mensajes que almacenaba. Después de esto, supuestos especialistas de las Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) resetearon el dispositivo en “estado de fábrica”, borrando todo su contenido. También se indica que, al día siguiente del frustrado magnicidio, un vecino del edificio de Barracas donde se reunían “Los Copitos” llamó al 911 tras haberlos reconocido en la televisión y policías de civil se presentaron en su domicilio para que se quedara “tranquilo” y no se metiera “en estas cosas”. El artículo publicado en Clarín (19/4) señala: “En los tribunales de Comodoro Py también llama la atención las hipótesis de conspiraciones políticas sin fundamento que, hasta ahora, lanzó la defensa de la ex presidenta: el diputado del PRO Gerardo Milman, la conexión Panamá o el grupo de ultraderecha ´Revolución Federal´, sin pedir -hasta ahora- investigar estas irregularidades de la Federal y la PSA, que estaban en ese momento bajo las órdenes de Aníbal Fernández”. Bordea la hipótesis del autoatentado, expresada por Gerardo Milman, exmano derecha de Patricia Bullrich, una de las pocas dirigentes de peso que no se expresó en su momento sobre el intento de magnicidio. Milman había quedado asociado a la causa luego de que un testigo declarara que lo escuchó decir, poco antes del ataque, “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. La causa que se había formado a raíz de sus dichos se acumuló con la que investiga el papel de la policía. Por decisión de la jueza Capuchetti, el nombre de Milman ya no figura en la carátula. En una entrevista brindada el pasado 5 de abril al medio www.mdzol.com, luego de un largo silencio, Milman auguró que “pronto se sabrá quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”. Del otro lado, en Página/12 (23/4), se afirma que lo que califica como “volantazo” de Capuchetti se debería a que “en el juicio oral quedaron al desnudo situaciones anómalas comprometedoras para la jueza, en especial algunas vinculadas a la pérdida de información del celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel”. Según el mismo artículo, “la fiscalía ya investigó y analizó las llamadas de toda la custodia de la expresidenta, a cuyos integrantes también les intervino las comunicaciones y descartó connivencia o relación con el intento de asesinato”. En este caso, el diario de Víctor Santa María abreva en la tesis de la negligencia policial, con la pretensión de sobreseer a Aníbal Fernández y a toda la conducción política de la fuerza. Sería un caso de torpeza extrema: el atacante sorteó a la custodia de CFK y le gatilló a la cabeza; no fue detenido por ninguna fuerza de seguridad, sino por militantes de La Cámpora; el teléfono del principal acusado, señalamos antes, fue inutilizado por los mismos responsables de su cadena de custodia. Por otra parte, la Policía, como todo el aparato represivo estatal, tiene sus propios intereses creados y por lo tanto está capacitado para participar de conspiraciones a varias bandas. Uno y otro bando de la ´grieta´ política pretende instrumentar el atentado en función de su propio provecho político. Para los K, el papel de la jueza Capuchetti forma parte del ´lawfare´ que amenaza con llevar a CFK a la cárcel por corrupción en la obra pública. Para sus contendientes, se fraguó un autoatentado con el propósito de revitalizar su relevancia política y generar una ola de solidaridad, justamente, frente al asedio judicial. En el medio, está involucrada toda la inmundicia del aparato judicial, policial y de los servicios de inteligencia, todos duchos en materia de encubrimiento.

El pasado 4 de abril, en el Polo Educativo de la Armada, ubicado en la localidad de Vicente López, durante un entrenamiento antidisturbios una militar sufrió una contusión en la cabeza luego de caer de espaldas. La militar no recibió asistencia médica y debió seguir con el entrenamiento. Luego de que manifestara que el dolor persistía, fue trasladada a la enfermería donde se le suministró un calmante y se le colocó un cuello ortopédico. Más tarde, la militar comenzó a convulsionar, por lo que fue inducida a un coma farmacológico. Por este hecho, la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó la detención de ocho militares y se los separó de sus funciones, entre los que se encuentra el instructor, señalado de ser quien la golpeó y el marino a cargo del entrenamiento antidisturbio. Este suceso, por un lado, pone de manifiesto que las vejaciones en las Fuerzas Armadas son moneda corriente, pero por sobre todo ha servido para conocer que, por órdenes de Luis Petri, ministro de Defensa, la Fuerzas Armadas realizan entrenamiento antidisturbios prohibido por la Ley de Seguridad Interior y de Inteligencia. La iniciativa de involucrar a las Fuerzas Armadas en lo que respecta a la seguridad interior viene siendo cimentada por el tándem Petri-Bullrich. En esta línea de acción el gobierno liberticida ha movilizado a más de un millar de militares a Salta, más precisamente a la zona de frontera con Bolivia, donde son entrenados en tareas de control de los pasos fronterizos, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. El puerto final de Bullrich y Petri es que a fin de año 1.300 soldados sean parte de la militarización entre las ciudades fronterizas de Salvador Mazza y Misión La Paz. Las acciones llevadas adelante por Bullrich hasta el momento ya se cobraron la vida del bagayero Fernando Gómez, a manos de la Gendarmería, en el marco del Plan Güemes, y todo indica que la represión sobre los trabajadores se intensifique con el “Operativo Roca” En su afán por reponer política y funcionalmente a las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional, que reivindica a la dictadura, moviliza en el “Operativo Roca” al Regimiento de Infantería de Monte 28 del Ejército argentino, asentado en la ciudad de Tartagal, conocido como "Los rodillas negras", ya que los conscriptos eran obligados a recorrer cientos de metros arrodillados. La justicia ha determinado que las instalaciones del Regimiento del Monte fueron utilizadas como un centro clandestino de detención y torturas, teniendo una activa participación en la represión llevada adelante en la provincia de Salta. También participaron en el Operativo Independencia. Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS, ha señalado que el Gobierno no ha dado a conocer “las reglas de empeñamiento, es decir los límites que los soldados tienen a la hora de intervenir en el combate.” (Página/12, 17/04) Según el Gobierno esas reglas están siendo entrenadas, pero hasta ahora no se supo cuáles son. La “lucha” contra el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas son la coartada para la ampliación del aparato represivo, el cercenamiento de las libertades democráticas y la persecución de activistas y luchadores, complemento necesario para hacer pasar un brutal ataque contra la clase trabajadora.

El gobierno libertario logró asestar otro golpe al INTA, en su plan de desguace del Instituto. El Consejo Directivo del INTA, que tiene como presidente a Nicolás Bronzovich y como vicepresidente a Beatriz Giraudo, miembros de APRESID, hizo pasar una modificación de la estructura interna, añadiendo una Secretaría de Coordinación de Gestión que sustituye las facultades del Director Nacional. La Secretaría en cuestión, que aún no está conformada, actuaría como una intervención de hecho y, de este modo, será una herramienta para que los funcionarios libertarios tengan vía libre para llevar adelante las reformas planteadas por el Ejecutivo. Además de los funcionarios nacionales, el Consejo está conformado por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, CREA y Federación Agrarias (FAA). Todas las entidades, excepto FAA, votaron afirmativamente la reestructuración. Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Producción y lugarteniente del ministro de Economía Luis Caputo, es un engranaje fundamental en este proceso. En la última Expoagro, Pazo exhortó a las entidades de las patronales agrarias a avalar los planes de la pandilla libertaria. Como señala el portal especializado Bichos de Campo, “la línea política prevaleció sobre la científica, y con una votación (en el Consejo Directivo) que solo tuvo dos votos en contra y una ausencia, el resto votó a favor del desmantelamiento del organismo.” (Bichos de Campo 15/04/2025) La reestructuración aprobada profundiza la motosierra que se viene aplicando en el ente: concretamente tiene como objetivo despedir a 1.500 trabajadores, un 30 % de la planta, y poner a la venta tierras (unas 70.000 hectáreas) y edificios del INTA, que los interventores libertarios consideren “improductivas”. Uno de los puntos que figura en el ajuste libertario es el de llevar las investigaciones “hacia un esquema con participación activa de los productores agropecuarios, y ya no en territorio INTA” (Bichos de Campo, 24/04). Técnicos, empleados y directivos regionales coinciden en que la medida tomada por el Directorio “comience un período en el que se prioricen los negocios privados, y el extensionismo se transforme en un modelo similar al que estableció Aapresid en su sistema de chacras.” (Ídem) En síntesis estamos ante el comienzo de la privatización en regla del INTA y, por ende, asistimos al fin de la autarquía y descentralización del Instituto. Lucha de facciones A los intereses de Caputo sobre el INTA, se suman los del ministro de Desregulación, el inefable Sturzennegger, quien tiene en carpeta un decreto para fusionar al INTA con el INTI y la CONAE, la comisión de actividades espaciales, lo que podría dejar trunco el plan de reestructuración recientemente votado por el Consejo Directivo, pero no instrumentado por el momento. Según trascendió “el nuevo organismo podría pasar a llamarse Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE).” (Bichos de Campo 24/04/2025) La Integración Institucional, como la denomina el equipo de Sturzzenegger, tendría tres gerencias, de Agroindustria, Tecnología Industrial, Espacio y Datos y se conformaría un Consejo a tres bandas integrado por los representantes de los entes en cuestión. El plan de Sturzzenegger se plantea cinco objetivos a ser llevados adelante en un plazo de diez años. Entre los objetivos a llevar adelante se encuentran la "vinculación público - privada” y en lo que respecta a el área de recursos humanos tienen como norte "establecer programas conjuntos de posgrado con universidades y becas cofinanciadas para retener talentos en áreas estratégicas.” (Ídem) La facción que ocupa el ministerio de Desregulación también tiene previsto la venta de inmuebles y tierras que sirvan para financiar laboratorios de última generación. El fuego cruzado entre las facciones libertarias es la manifestación de una lucha de fondo por una de las ultimas joyas de la abuela y que tiene como estación final poner al INTA al servicio de los agronegocios y las patronales agrarias; para esto, los interventores del ente se juegan a fondo en el ajuste y el desguace del Instituto. La política patronal debe ser respondida con autoconvocatorias en todas las estaciones y dependencias del INTA, que elaboren un plan de lucha para poner fin al ajuste liberticida. LEER MÁS: Golpe institucional en el INTA. La asamblea general responde Por José Luis Perea, 05/04/2025. El gobierno liberticida aprieta el acelerador con su intervención al INTA Gran respuesta de sus trabajadores. Por José Luis Perea, 04/12/2024. Milei-Caputo apuran el remate de bienes del INTA y promueven 1500 despidos Ese es el mandato reaccionario del interventor o nuevo presidente Bronzovich. Por José Luis Perea, 24/11/2024.

La demanda de Harvard, la universidad más poderosa de Estados Unidos, para que la Justicia declare ilegal el recorte de fondos federales que le infligió Donald Trump tuvo un efecto dominó expresado en el rechazo de más de 200 presidentes (rectores) a los intentos de pulverizar la libertad académica y controlar desde los planes de estudio hasta la actividad docente y estudiantil por vía de la extorsión política y económica. El presidente de Harvard, Alan Garber, advirtió que las “exigencias radicales e intrusivas” del Gobierno “impondrían un control sin precedentes e inadecuado sobre la universidad”, con “graves consecuencias en la vida real para los pacientes, los estudiantes, el profesorado, el personal, los investigadores y la reputación de la educación superior estadounidense en el mundo”. Presidentes y decanos de universidades como Brown, Princeton, Stanford, Yale, Columbia o la propia Harvard, criticaron duramente la "extralimitación gubernamental", señalando que la presión financiera ejercida por Washington "pone en peligro la educación superior estadounidense". Para imponer una mordaza definitiva a las críticas a Israel y extirpar las políticas de diversidad que favorecen a las minorías, Trump quitó más de 2.200 millones de dólares a los 9.000 millones de fondos federales que recibía Harvard, cancelando una partida vital para sufragar becas y programas de investigación médica que afectan incluso el funcionamiento de los hospitales universitarios. Además, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación de una ayuda de 2.700 millones y exigió un registro de "actividades ilegales y violentas" de estudiantes internacionales, una demanda de persecución totalmente por fuera de la ley. Todos los días hay una novedad que agudiza el acoso gubernamental contra la educación superior. En un correo electrónico filtrado a la revista Nature y publicado en X el lunes, un alto funcionario de los Institutos Nacionales de Salud ordenó la suspensión de la concesión de subvenciones a las universidades de Harvard, Brown, Columbia, Cornell y Northwestern, sin dar ninguna razón para los recortes. Las subvenciones del año pasado a estas instituciones ascendieron a 1700 millones de dólares. Harvard puede permitirse resistir, porque es la universidad más rica (más de 50.000 millones de fondo de reserva patrimonial) y la más antigua (338 años) del país. Las autoridades que en un principio se habían doblegado a las exigencias del Ejecutivo reaccionaron cuando el campus expresó un profundo malestar: más de 800 docentes firmaron una carta impulsada por un profesor, Steven Levitsky, que exigía que Harvard se defendiera, a sí misma y a la libertad académica, mediante “una oposición coordinada a estos ataques antidemocráticos”. En línea con las capitulaciones en cadena de prácticamente todas las autoridades universitarias a los aprietes de Trump, el comunicado sin embargo abre una vía de negociación: “Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos oponemos a una supervisión gubernamental legítima”. Trump contestó el desplante de Harvard a su manera, amenazando con revocar el carácter de “libre de impuestos” a las universidades rebeldes. Según la legislación, la mayoría de las universidades están exentas del impuesto federal sobre la renta porque se considera que “funcionan exclusivamente” con fines educativos públicos (aunque sean instituciones privadas). Y agregó dos órdenes ejecutivas. Una obstaculiza las donaciones del exterior. La segunda reforma el sistema de acreditaciones descartando la llamada discriminación positiva que desde la década del 60 facilitó el acceso a los estudios superiores a las mujeres y a las minorías étnicas y de orientación sexual. También vomitó en las redes sociales que Harvard "es una institución antisemita y de extrema izquierda, al igual que muchas otras, donde se aceptan estudiantes de todo el mundo que quieren destrozar nuestro país". Obvió que en sus claustros se formaron ocho presidentes norteamericanos. La Asociación Americana de Profesores Universitarios, dura crítica del gobierno, retrucó: “La orden ejecutiva de Trump sobre la acreditación es otro intento de dictar lo que deben enseñar, aprender, decir y hacer los estudiantes universitarios y los profesores... tiene por objeto arrebatar a los educadores la capacidad de tomar decisiones en materia de educación y remodelar la educación superior para adaptarla a una agenda política autoritaria”. También senadores del Partido Demócrata, en una carta, donde urgieron al gobierno a “dejar de lado el uso del antisemitismo como un arma política para atacar" a las universidades. Los senadores, entre los que se encuentra el líder de la bancada demócrata, el sionista liberal Chuck Schumer, acusaron a Trump de valerse de "una crisis real como pretexto para atacar a personas e instituciones que no están de acuerdo con él". En tanto, desde finales de marzo, al menos 1.024 estudiantes extranjeros de 160 facultades han visto revocadas sus visas y más de 300 están presos en Louisiana, a la espera de la deportación. La pulseada tiene final abierto. Meter mano en la educación superior es un proyecto largamente acariciado por la derecha republicana y religiosa desde mucho antes de que en un centenar de campus se multiplicaran las movilizaciones contra la masacre el Gaza. La Fundación Heritage (el “disco duro del trumpismo”) propuso usar “tácticas antiterroristas para ‘perturbar y degradar’ el activismo estudiantil en nombre de la lucha contra el antisemitismo”. Las exigencias de Washington parecían resumirse en dos: el combate a muerte a la solidaridad con Gaza y la anulación de los criterios de diversidad, equidad e inclusión, la llamada “discriminación positiva”. Pero hay más que eso. Esta semana, el gobierno envió mensajes de texto a los teléfonos personales de la mayoría de los profesores de la universidad Barnard College, afiliada a Columbia, para preguntarles si eran judíos o israelíes y si habían sido víctima de actitudes antisemitas como por ejemplo ver carteles o grafitis que criticaran a Israel o si habían oído comentarios y bromas “desagradables”. “Que el Gobierno federal se ponga en contacto con nuestros celulares personales para identificar quién es judío es increíblemente siniestro”, afirmó Debbie Becher, profesora asociada de Barnard, que es judía y recibió el mensaje. “Barnard ha sido cómplice y ha colaborado con el gobierno en su falsa campaña contra el antisemitismo durante más de un año” - afirmó Becher--. Esta administración de nacionalistas blancos nunca se ha interesado por el antisemitismo, es una administración llena de odio. Es ridículo decir que están protegiéndonos del antisemitismo”. Estallado el escándalo, las autoridades tuvieron que admitir que habían entregado al gobierno la información de contacto personal con el cuerpo docente, avanzando un paso más en el descrédito de la universidad, que hace meses se somete a las presiones gubernamentales y no ha ensayado la más mínima defensa de sus alumnos detenidos o en riesgo de deportación. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) está investigando a Barnard por posibles prácticas antisemitas. La EEOC fue creada hace 6 décadas como una agencia independiente para controlar el cumplimiento de las leyes contra la discriminación por raza, religión, edad u orientación sexual en los lugares de trabajo. Trump la ha convertido en un ariete contra los programas nacionales para reforzar la «DEI» -diversidad, equidad e inclusión- y para atacar al profesorado alegando que beneficiar a las minorías más pobres, como negros o hispanos, discrimina a los blancos, lo que Trump describe como “ilegal e inmoral”. Profesores y alumnos afirman que estas encuestas tienen la función de impulsar la delación entre compañeros. Otro relevante dato de esta semana muestra que la persecución en los claustros empieza a delinear los contornos de la guerra mundial en la que está embarcado el imperialismo. A fines de marzo, la Universidad del Sur de California recibió una solicitud del gobierno en la que se exigía información sobre casi 6.000 estudiantes chinos. Este jueves, policías armados para la guerra patearon las puertas y violentaron los domicilios de estudiantes propalestinos en Anne Arbor, el pueblo de cuentos de hadas donde está la Universidad de Michigan, que tiene en su campus cinco hospitales, entre ellos dos en los que solo se enseña en chino. Entre los estudiantes que demandaron al gobierno norteamericano por cancelarles la visa arbitrariamente, también hay varios chinos y varios indios patrocinados por la Unión Americana de Libertades Civiles. La guerra mundial también se libra en las universidades norteamericanas. LEER MÁS: Trump le declara la guerra a las universidades norteamericanas Por Olga Cristóbal, 16/04/2025.

Las asambleas convocadas el pasado martes por el centro de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente “Joaquín V. González” reunieron a más de 150 personas entre estudiantes y docentes. También hubo reuniones interclaustros en distintos departamentos y reuniones de Junta de carrera. Estas expresaron varios debates en curso que se desarrollan en la institución; en el caso de la Junta de Historia se resolvió abstenerse de implementar la virtualidad, pero en otros departamentos se llegó a proponer una cursada 100 % virtual. Un caso testigo es el Instituto Superior N°8 que incorporó la modalidad virtual progresivamente hasta su cierre. La lucha contra la UniCABA sigue abierta; el propósito del Gobierno de la Ciudad era establecerla, y cerrar los profesorados de formación docente. La tentativa quedó a medio camino, pero el objetivo estratégico es el mismo. La cuestión principal de la virtualidad está atravesada por la crisis social y económica que ha provocado una baja en la matrícula de inscriptos, y un aumento de la deserción estudiantil respecto a años anteriores. Este problema para sostener la cursada, que sufren los estudiantes trabajadores y provenientes de familias trabajadoras, está siendo presentado por parte del Rectorado como el principal argumento para promover un porcentaje (30 %) de la cursada de forma virtual. Lo que se alega es que, de esta forma, los estudiantes tendrían menores gastos de viáticos, ya que cursarían una semana menos por cada mes. Pero lo que aparenta ser un paliativo no es más que un autogolpe a la organización estudiantil y docente en el propio profesorado. Es más, ni siquiera garantiza un aumento de la matrícula o una baja de la deserción estudiantil; es un experimento improvisado que atenta contra la cursada de los estudiantes y contra las condiciones de trabajo de los docentes. Por otro lado, se plantea que, a partir de la resolución 476/24 del Consejo Federal de Educación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “va a bajar” un proyecto de forma inminente en el que se aplicaría hasta un 50 % de virtualidad en las carreras e intentarían llevar adelante una reducción de las mismas a la duración de cuatro años. Esto implicaría una devaluación de los contenidos de las carreras y seguramente también la pérdida del carácter nacional y superior del título, como así también despidos en el plantel docente. Ante esta potencial amenaza, la reacción de las autoridades del Instituto fue promover “un proyecto propio” de cursada híbrida con el fin de “adelantarse” a las maniobras del Gobierno de Jorge Macri. En vez de fomentar la organización de estudiantes y docentes para enfrentar un peligro inminente a través de la lucha, con este “proyecto borrador”, el Rectorado busca negociar con el Gobierno “neoliberal” de la Ciudad de Buenos Aires. Acudir a la rosca entre cuatro paredes, y no a la movilización del conjunto del profesorado para rechazar esta tentativa privatista, demuestra que las autoridades depositan más expectativas en el gobierno del PRO que en “la comunidad educativa”. Este camino, que en las asambleas fue defendido por La Caravana-Patria Grande (agrupación kirchnerista), es garantía de derrota. Por el contrario, la amplia participación estudiantil y docente en las asambleas rechazó por mayoría la imposición de la virtualidad. También fueron aprobadas mociones, presentadas por la conducción del centro de estudiantes (FITU-29 de Mayo-NMAS), para que se trate el punto en el Consejo Directivo (máximo organismo de la institución), y para que se convoque desde ahí a jornadas institucionales de debate y a un plebiscito. Por nuestra parte, recogiendo las inquietudes de distintos estudiantes independientes en torno a la acción directa, planteamos la realización de jornadas de clases públicas en la calle para la semana entrante, lo que también fue aprobado. A pesar de ser una asamblea masiva, la conducción del centro de estudiantes acaparó la palabra en intervenciones redundantes, rutinarias y autorreferenciales. De esta forma se desalienta la participación estudiantil, el debate genuino, y las asambleas se hacen interminables, quedando menos estudiantes a la hora de votar las mociones. Por último, y no menos importante, en el día de ayer se difundió, no oficialmente por el Rectorado, un cronograma que llegó a docentes y luego a estudiantes, en el que se especifican las semanas de aplicación de la virtualidad a partir del mes de mayo en todas las carreras del profesorado. Vale remarcar que dicho cronograma “cocinado”, no fue tratado ni votado en el Consejo Directivo, ni tampoco en las Juntas de Carrera, de manera que carece de toda legitimidad institucional. El Rectorado debe dar explicaciones al respecto. Por todos estos motivos, organicemos asambleas por carreras, movilicémonos al Rectorado y preparemos para la próxima semana grandes jornadas de clases públicas cortando la calle Ayacucho. La respuesta a la carestía y a la deserción estudiantil debe ser el reclamo de becas integrales que garanticen la cursada, incluido el boleto educativo que fue votado en la Legislatura porteña el año pasado, y que Macri se está negando a garantizar. LEER MÁS: Joaquín V. González: la virtualidad, un caballo de Troya Por Nahuel BA, 14/04/2025.

Este miércoles 23 de abril, los trabajadores de la planta de producción de Laboratorios Rivero, de CABA, llevaron adelante una jornada de lucha que incluyó una batucada por todo el perímetro de la planta y pegatinas de afiches denunciando a la patronal por salarios adeudados. El gremio de Sanidad, ATSA Buenos Aires, en esta oportunidad acompañó, pero sin trazar ninguna perspectiva de lucha. Al finalizar la recorrida, desde el gremio solamente anunciaron replicar la acción en caso de no mediar una solución a los reclamos. En la planta de producción ubicada en Boyacá y Avellaneda, Caballito, trabajan alrededor de 300 empleados en tres turnos rotativos y producen principalmente soluciones y sueros para uso medicinal. Desde el año 2022 se vienen pagando los salarios en cuotas semanales que, en la suma, nunca alcanzan a cubrir el salario mensual de convenio. Los trabajadores denuncian que desde entonces se les deben 11 sueldos y 6 aguinaldos. En junio de 2024 la gerencia de la empresa había anunciado la llegada de un inversionista que pondría todos los sueldos al día, pero nada de esto ocurrió. Sólo se cumplió con un solo mes de pago salarial en tiempo y forma para luego continuar pagándolo en cómodas cuotas y siempre por debajo de lo que corresponde por convenio. En cambio, la novata gestión y sus inversionistas arribaron con un régimen de mayor opresión en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, desde entonces, los operarios deben marcar tarjeta al inicio y al fin del descanso de 20 minutos diarios en los lectores de tarjeta instalados para tal fin. Los despidos, suspensiones y apercibimientos están a la orden del día para todo aquel que intente reclamar. Pero no sólo la patronal encontró entusiastas inversores dispuestos a poner plata para implementar estos mecanismos de control sobre los trabajadores. Recientemente, se compró una máquina que acelera de manera exponencial los ritmos de producción. Es decir, invierten para acrecentar sus ganancias a expensa de los trabajadores y sus familias que son sometidos a enormes penurias. La aparición de afiches en las carteleras de la planta con deseos de “felices pascuas” por parte de la patronal generó indignación y echó más leña al fuego. La dirigencia de ATSA (Sanidad), desentendida todos estos años del conflicto, apareció con banderas y bombos para hacer ruido, pero no para trazar un plan de lucha consecuente para terminar con todos los agravios que la patronal imparte sobre los y las compañeras. Ocurre que este año hay elecciones en ese gremio dirigido por Héctor Daer, el mismo que desde la CGT se sienta a negociar con el gobierno de Milei la reforma laboral y deja pasar miles y miles de despidos. Nada puede esperarse de esa burocracia sindical. Es necesario organizar asambleas de base y autoconvocadas, para debatir un plan de lucha consecuente por todas las reivindicaciones. Ninguna confianza en la burocracia sindical. ¡Viva la lucha de los y las trabajadoras de Laboratorios Rivero! LEER MÁS: Laboratorio Rivero: otra patronal en cesación de pagos de los salarios Por Pablo Busch, 28/03/2025.

El Congreso de Mar del Plata de la UOM anunció, sin fechas certeras, 10 días de asambleas para después iniciar un plan de lucha con paros progresivos. Con estas medidas, Abel Furlán pretende seguir ganando tiempo y descomprimir la bronca de las bases metalúrgicas ante un retraso salarial que ya supera los 9 meses para rama 21 (siderúrgicos) y un salario de convenio que lejos está de cubrir las necesidades de una familia. El gobierno no homologa acuerdos paritarios que superen el 2 % mensual y las patronales rechazan una recomposición de la pérdida acumulada. En declaraciones a los medios, Furlán critica al gobierno liberticida respecto a la política antiobrera dictada por las multinacionales. Dice que los funcionarios “quieren que naturalicemos salarios de hambre”. Los salarios del convenio metalúrgico desde hace más de una década que están lejos de poder cubrir el costo de la canasta familiar. El sólo hecho de empatar a la inflación -propuesta de la UOM en la paritaria- serviría, en el mejor de los casos, por decirlo de alguna manera, para perpetuar estos niveles salariales de hambre. Para poder superar esta situación, los metalúrgicos debemos llevar adelante medidas contundentes: no sólo la paralización de las tareas, sino también marchas y bloqueos de rutas donde se hagan visibles tanto nuestros reclamos como la fuerza de la clase obrera para derrotar los planes antiobreros del gobierno y las patronales. Si todas las seccionales de la UOM convocaran a un bloqueo de rutas, se conseguiría paralizar prácticamente todo el país. En cambio, la dirección del sindicato se ha embarcado en interminables ´mesas de negociación´ sin resultado alguno. Desde las direcciones locales se debe superar esa parálisis, debemos discutir e impulsar autoconvocatorias que abran una perspectiva de lucha y tracen objetivos concretos, ya sea por mejorar nuestro convenio o las condiciones de la comunidad donde vivimos. Es hora de aprovechar las asambleas convocadas por el sindicato para desarrollar un verdadero programa de reivindicaciones, iniciando por la defensa de los puestos de trabajo y porque el salario de convenio desde la categoría ingresante cubra el costo de la canasta familiar y sea referencia para el resto de las categorías. LEER MÁS: La UOM no para y solo acumula fracasos Por Christian Miguez - Miembro de la Comisión Interna Acindar Villa Constitución, 09/01/2025.

Hinchas y socios de San Lorenzo se convocaron en la sede de Av. La Plata exigiendo la renuncia inmediata de Marcelo Moretti, presidente del Club, actualmente de “licencia” en el cargo, luego de que se difundieran imágenes suyas recibiendo 25 mil dólares a cambio de fichar a un juvenil. El reclamo de que se vaya se hizo escuchar también en la presentación del básquet masculino y se esperan nuevas protestas este sábado, cuando al conjunto azulgrana le toque disputar de local su partido frente a Rosario Central. Una cámara oculta tomó las imágenes que se difundieron en el programa de Tomás Méndez que emite canal 9. Allí se observa a Moretti llevarse a su saco un fajo de 20 mil dólares, primero, y otros 5 mil dólares en un segundo encuentro. En ambas oportunidades las filmaciones y otros audios previos difundidos no dejan lugar a dudas del estado de putrefacción y corrupción que anida en el club y en el conjunto del fútbol argentino. La coima de 25 mil dólares tenía el objetivo de ´acomodar´ a un juvenil en las inferiores del club, una práctica ´vox populi´ en muchos clubes pero que por primera vez es filmada y tiene a la máxima autoridad directiva de una institución deportiva como protagonista indiscutible. Quien le entrega ese dinero al presidente de San Lorenzo es María José Scottini, una empresaria de medios en La Plata que fue funcionaria del exintendente Pablo Bruera. Según ella, los 25 mil dólares son parte de una “donación”, aunque días después de aquella reunión con Moretti su hijo fue finalmente ´fichado´ por el club. De la reunión donde se pagó el soborno participó también Francisco Sánchez Gamino, funcionario de la jefatura de gabinete de Milei, quien fue echado al otro día de la difusión del video. Lo cierto es que los vínculos entre Moretti y estos empresarios exceden al juvenil. Involucran también obras de infraestructura en San Lorenzo y una cantidad de negocios ilegales innumerables. Moretti prometió una difusa inversión de “capitales colombianos” en la construcción del futuro estadio en Boedo, que albergaría también recitales y eventos privados, un hotel y encierra un enorme negocio inmobiliario. La difusión de la cámara oculta se mantuvo en reserva durante un año. Su publicidad -coincidente con el fallecimiento de Jorge Bergoglio, hincha caracterizado de San Lorenzo- se inscribe en una disputa de camarillas de larga data. De los videos difundidos se desprende que la corrupción es constitutiva en el fútbol argentino. En el año 2024, la reserva de San Lorenzo, que debería ser nutrida por sus propias divisiones inferiores, fue ´reforzada´ por 12 incorporaciones, la mayoría de ellas sin disputar un solo minuto, pero ´fichados´, es decir con un contrato y un sueldo. En el fútbol, la relación entre los dirigentes y los empresarios que actúan como ´representantes´ -e incluso, en algunos casos, como dueños de los propios clubes- se alimenta de un negocio millonario en perjuicio de las arcas de los clubes y del sostenimiento y desarrollo de las actividades deportivas. Ocurre en las inferiores, pero también en ´primera´, donde se celebran contratos millonarios impagables y el endeudamiento de los clubes se torna insostenible. El remate final de este proceso de desguace es la quiebra de las actividades sociales y deportivas y la privatización total de los clubes. La gestión de Moretti concluye de forma escandalosa apenas pasado el primer año desde que asumió. Ganó las elecciones prometiendo una “auditoría”, un plantel competitivo en el fútbol y la vuelta al estadio en Boedo. Los socios e hinchas de San Lorenzo ahora reclaman la renuncia no sólo de Moretti sino de toda la comisión directiva y el llamado a nuevas elecciones. La administración capitalista, bajo las SAD o las falsas SAD, es incompatible con una función social positiva del deporte. LEER MÁS: Sociedades Anónimas Deportivas: Vendrán con Tapia o sin Tapia Por Juan Ferro, 16/08/2024. Fútbol: los proyectos privatizadores del gobierno y la AFA Por Juan Arrecegor, 12/06/2024.

Con una marcha de Congreso a Plaza de Mayo los jubilados de los miércoles protagonizamos una nueva jornada de lucha. Fuimos acompañados por cientos de luchadores de organizaciones sociales, docentes universitarios, organizaciones de desocupados y partidos de izquierda. Como es costumbre antes de marchar, la represión, con gases y palos, se hizo presente contra algunos manifestantes en las adyacencias del Congreso. Después de estas escaramuzas se realizó la radio abierta frente al Congreso, así como la marcha por Avenida de Mayo, donde nos habilitaron 2 carriles, bajo una fuerte ´custodia´ policial. La caminata culminó en la Plaza de Mayo donde hicimos uso de la palabra las distintas organizaciones de jubilados. Las intervenciones de los compañeros giraron alrededor de los temas del haber de indigencia que cobramos, del quite del 100 % en los medicamentos, los 250.000 trabajadores que no podrán acceder al beneficio jubilatorio al derogar la moratoria, de los negociados con el FMI, la denuncia de la represión, de la necesidad de la unificación de las luchas, de la reforma previsional . La intervención de Jubilados Clasistas fue dejar en claro que enfrentamos un gobierno cuyo programa económico agoniza y ha pedido el salvataje del FMI, mediante un acuerdo que es una verdadera estafa: los 20 mil millones de dólares que serán destinados al Banco Central para continuar con los negociados capitalistas los deberá pagar el Tesoro Nacional, es decir, los trabajadores y jubilados con mayores impuestos, rebajas salariales y demolición del régimen previsional. Sostuvimos que todo este plan en contra de nuestras condiciones de vida está apalancado por los distintos partidos patronales, massistas, kirchneristas, peronistas, macristas y radicales. Pero que el pilar fundamental que lo sostiene es la burocracia de la CGT, CTA y CTERA, que bloquean todas las luchas de trabajadores y jubilados, con paritarias a la baja, aceptando despidos y suspensiones. En el seno de las agrupaciones hay un debate en relación a la actitud a adoptar frente a la burocracia sindical. Los sectores de jubilados ligados al FITU llaman a la CGT y CTA a que lancen un plan de lucha y la huelga general. Tildan a estos sectores de traidores, pero dicen que, de esta forma, se los “presiona” para luchar y se los “desenmascara”. La realidad demuestra que los trabajadores odian a la burocracia, razón por la cual se autocovocan y luchan por fuera de sus organizaciones, ya que la burocracia está completamente comprometida con el gobierno antiobrero de Milei. La CGT convoca a una marcha de su aparato con los intendentes y gobernadores del pejota, un día antes del 1 de mayo, el 30, sin paro. Será una procesión hasta el Monumento al Trabajo, homenaje al fallecido Jorge Bergoglio incluido. La CGT tiene la intención de contar con la presencia de Axel Kiciloff, que mantiene salarios de pobreza para los docentes y estatales de la provincia. Los jubilados y trabajadores no tenemos nada que hacer en esa convocatoria de la burocracia. Por ello, consideramos que debemos dirigirnos a las puertas de las fábricas, de los colegios, de los hospitales, colegios y universidades, mediante, asambleas, plenarios, radios abiertas, unificar las luchas e impulsar y organizar desde abajo una huelga general que le tuerza el brazo a este gobierno hambreador y represor y a todos sus cómplices. Todos los miércoles a las 17 hs., te esperamos en el Anexo del Congreso. Ganamos las calles, no las abandonemos. LEER MÁS: Jubilados: el miércoles 23 marchamos a Plaza de Mayo Contra la represión, no abandonamos las calles. Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 17/04/2025.

“Abajo la guerra imperialista. El enemigo se encuentra en nuestros propios países”. Bajo estas consignas, nuestro partido, Política Obrera, celebrará el próximo jueves 1 de mayo el Día Internacional de los Trabajadores en Parque Lezama. Los oradores serán destacados luchadores del movimiento obrero y la juventud. Hablarán Flavio Pereyra, dirigente de la Lista Naranja de Telefónicos, quien encabeza la nómina de candidatos para las elecciones de FOETRA del próximo 15 de mayo. Nuestra compañera Sara Daneri, de Jubilados Clasistas, se referirá a la tenaz lucha en defensa de las jubilaciones y del derecho a la protesta, que se dirime todos los miércoles en el Congreso contra el dispositivo represivo de Patricia Bullrich. Por la juventud, la oradora será Camila Alanis, presidenta del Centro de Estudiantes ISFD N°45 de Haedo. También hablará Pablo Busch, constructor de la Lista Naranja de la Alimentación y dirigente nacional de Política Obrera. El cierre estará a cargo de Jorge Altamira. La cita es a las 14:30 en Parque Lezama. LEER MÁS: Primero de Mayo: abajo las guerras imperialistas El enemigo se encuentra en nuestros propios países. Nota de tapa de Política Obrera N° 118 edición impresa. 23/04/2025.

En 2014, Rusia ocupó militarmente Crimea y, luego de organizar un referéndum señalado como ilegítimo, anexó oficialmente la península a la Federación Rusa. Enseguida fue construido un puente que conecta Crimea con la Rusia continental. El territorio constituye un importante activo estratégico por la presencia de la flota rusa en el Mar Negro. su ciudad portuaria, Sebastopol El estatus de Crimea ha producido una nueva crisis en la OTAN, luego que se conociera la intención de EEUU de reconocer de iure ese territorio como parte integral de Rusia. La propuesta está incluida en un plan de siete puntos que contempla el reconocimiento de facto de otros territorios ocupados actualmente en el este de Ucrania. El plan incluye algunos cambios a favor de Ucrania; Rusia cedería dos pequeñas zonas actualmente ocupadas por sus tropas. De ese modo, recuperaría el acceso sin obstáculos a la desembocadura del río Dnieper y Rusia se retiraría de una segunda zona de la provincia de Kherson, según detalla The Telegraph (22/4). La represa hidroeléctrica de Kakhovka se encuentra en esa región. El plan de siete puntos contempla un alto el fuego total inmediato y conversaciones directas entre Kiev y Moscú. Este plan contradice los apetitos de unos y otros, porque si bien el punto tres estipula que Ucrania se abstenga de ingresar a la OTAN, no dice nada del futuro de su ejército. “Nada de lo dispuesto en la propuesta impediría que Ucrania fortaleciera sus fuerzas armadas ni impediría que los países europeos siguieran suministrándole armas” (ídem). Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró poco después que probablemente no valga la pena establecer “plazos rígidos” ni pretender un acuerdo en un plazo corto. Trump ha amenazado con abandonar la mediación si no se llega a un acuerdo en breve. “Estamos intentando averiguar muy pronto, y hablo de cuestión de días, si esta guerra podrá siquiera terminar. Si no, el presidente dirá: «Se acabó»” sostuvo Marco Rubio. El secretario de Estado dejó plantada a la delegación ucraniana en una reunión que tenía por finalidad encauzar las conversaciones en Londres veinticuatro horas antes. “Sin la participación del lado estadounidense, todo el mundo inicia una carrera por el liderazgo y, en lugar de un plan claro, obtenemos una danza circular de ambiciones dispares”, aguijonea el medio ruso Izvestia (25/4). El miércoles Trump realizó un extenso y fuerte ataque público contra Zelensky, achacándole falta de voluntad para alcanzar un arreglo. "Estamos muy cerca de un acuerdo, pero el hombre que 'no tiene cartas que jugar' debería ahora, por fin, HACERLO". La exasperación de Trump se despertó por la portada del The Wall Street Journal que citaba las palabras del presidente ucraniano negándose a reconocer a Crimea como parte de Rusia. El magnate respondió en su red social que el territorio “se perdió hace años… y ni siquiera es un punto de discusión”. El jefe de la Casa Blanca enfatiza que interactuar con Ucrania es mucho más difícil que con Rusia. Una lectura más atenta permite un matiz: Trump parece distinguir entre el reconocimiento de la península como territorio ruso por parte de Ucrania, y el reconocimiento por parte de Estados Unidos. “Nadie le pide a Zelenski que reconozca Crimea como territorio ruso”, señaló. Algunos observadores coinciden en que Kiev y los funcionarios europeos, por mucho que discrepen, podrían tolerar esa posición estadounidense. Hay que incluir la disputa por el control de la central nuclear de Zaporizhia (la mayor de Europa) y el acuerdo sobre minerales. El vicepresidente J.D. Vance dijo que Kiev y Moscú deben "hacer concesiones en las negociaciones". El mando ruso, asimismo, ha incrementado los bombardeos en las ciudades, el último de los cuales, contra Kiev, fue especialmente dañino. Para excusarse, alega que el gobierno utiliza a la población ucraniana como escudo humano, colocando instalaciones militares y celebrando eventos con miembros del ejército en el centro de una ciudad densamente poblada. Putin plagia a Netanyahu. Este es el libreto que el sionismo viene usando desde hace 18 meses contra el pueblo palestino. Las “negociaciones de paz” han llegado nuevamente a un punto muerto. Esto explica por qué, a pesar de las marchas y contramarchas Estados Unidos, no ha finalizado la asistencia militar a Ucrania. Por su parte, si los rusos confiaran en llegar a un acuerdo con Estados Unidos, habrían reducido sus ofensivas militares. Eso tampoco ha sucedido. Los rusos avanzan por todo el frente. El comportamiento de unos y otros demuestra que no se llegará a ningún entendimiento y que una solución que excluya la militar está fuera del radar. Putín no quiere un acuerdo sobre Ucrania, sino una reorganización integral de las relaciones, que también afecta a terceros países (Irán), su reinserción en el mercado mundial y el levantamiento de las sanciones. Trascendidos manejan un acercamiento de los socios de la OTAN durante el funeral del Papa este sábado, al que asistirán tanto Trump como Zelensky. Kiev propone una cumbre con la participación de Italia, Francia, Gran Bretaña y, posiblemente, Alemania, según informan medios ucranianos. La logística para esto sería demasiado compleja, pero es probable que Trump tenga reuniones bilaterales en Roma, incluidas conversaciones con Zelensky, Macron y Starmer. Si el presidente estadounidense ignora a su homólogo ucraniano, quedará claro que la presión de la administración Trump sobre Ucrania aumentará. El laberinto de compromisos contrapuestos lejos de marcar el inicio de un proceso de paz, cualquiera sea su forma, señala un salto de la guerra mundial. LEER MÁS: Putin-Trump: una tregua a los tumbos que amplía el campo de la guerra imperialista Lo esencial es invisible a los ojos. Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 19/03/2025. La nueva hoja de ruta de Trump agrava la guerra mundial Los primeros pasos del Bonaparte del imperialismo. Por Jorge Altamira, 17/03/2025.

La convocatoria de la CGT para el 30 de abril no es una movilización sino un acto sin paro, en un día laborable y centrada en el Monumento al Trabajo. La celebración del ‘trabajo’ en una sociedad que se asienta sobre la explotación de la fuerza de trabajo es sencillamente contrarrevolucionaria; históricamente, es un planteo de la Iglesia, que festeja la ‘creatividad’ del esfuerzo humano y hace caso omiso a que es acaparada por el capital y de ningún modo por los creadores. De estas mañas nacen el “trabajo digno” y el “salario justo”, para disfrazar la deshumananización y el plustrabajo y la plusvalía. Se trata de una celebración y no de una acción reivindicativa. Es coincidente, a propósito, con el panegirico “urbi et orbi” al Papa ‘argentino’, nacional y popular. El acto está diseñado como una acción de aparato del sindicalismo burorático, no es una movilización obrera, preparada por medio de asambleas y agitaciones. La directiva cegetista ha invitado a gobernadores e intendentes del PJ, quienes, como agentes del estado, representan a la clase patronal y ‘ajustan’ salarios y condiciones de trabajo como el conjunto de la clase patronal. “El trabajo es sagrado, en defensa de la industria nacional, en defensa de las empresas estatales”, dice la CGT que apoyó las privatizaciones menemistas y no mueve un dedo contra la extranjerización de la economía del país. El acto de la CGT es un episodio de la ‘interna’ de la burguesía nacional. Las organizaciones del FIT-U han coincidido en participar de la movida anti-obrera de la CGT; para colmo, lo hará con una columna independiente, para que su apoyo a la burocracia no pase desapercibido. Para Pitrola, “no podemos dejar de participar de una movida (???) de las centrales obreras, porque cualquiera sean sus enormes límites se ubica en un escenario de crisis social agravada”. El oportunismo le trastoca a Pitrola el racionio; la CGT ha sido y sigue siendo una de las responsables, y por cierto la más importante, de “la crisis social agravada”, a lo largo de varias décadas. En algunas ocasiones puede ser conveniente participar en movilizaciones que, en última instancia son antiobreras, pero no para ‘profundizarlas’ sino para combatirlas. El PTS ha dicho que no participará del acto de la CGT, pero tampoco lo combate: tiene “una terecera posición” -sus agrupaciones sindicales, agrupadas bajo la sigla MAC, están autorizadas a hacerlo-. Esto significa que, en sus lugares de trabajo, deben explicar que no concurrirán a la ‘movida’, pero invitarán a sus compañeros a hacerlo junto con ellos. Los sindicalistas del PTS tienen permiso de asistir al acto de la CGT, pero sin exponer políticamente al partido ni, por sobre todo, a sus candidatos. Entonces, ¿no tienen trabajadores o sindicalistas en sus listas? El oportunismo tiene más vueltas que una calesita y más pasadizos que un laberinto. La coincidencia de los partidos del FIT-U termina el 30 de abril a la medianoche; a la medianoche vuelven a dividirse, para hacer actos por separado el Primero de Mayo. Una vez que los dirigentes de la CGT y los gobernadores peronistas vuelvan a sus mansiones, los cuatro partidos que componen el FIT-U realizarán cuatro actos por separado. Este ‘desorden’ conceptual, político y discursivo es una expresión del fracaso por completo para convertirse en canal del activismo obrero y en un factor de desmoralización política Nuestro partido, Política Obrera, es claro: "no vayas a la misa del ‘trabajo’". Alli no encontrarás una herramienta para barrer con Milei; para terminar con la asfixia de la deuda usuraria y la explotación social; para luchar, junto a los trabajadores de todo el mundo contra la masacre de palestinos y la limpieza étnica (en otro aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia contra el nazismo), y en definitiva, con la guerra mundial que ha desatado la OTAN en todos los campos con el propósito de doblegar a los capitalistas rivales, sin importar los millones de trabajadores que serán asesinados por la acción de sus propios estados. LEER MÁS: La CGT marcha para la tribuna Por Jacyn, 22/04/2025. La CGT se ha ganado un escribiente rentado Acerca del balance del paro por parte del PO Oficial. Por Pablo Busch, 13/04/2025.

El presidente norteamericano Donald Trump está focalizado en lograr el control de su zona de influencia próxima, el continente americano y en especial los pasos marítimos. En Panamá, desembarcó tropas del ejército y está logrando la expulsión de los capitales chinos con el propósito de retomar el control del canal que Estados Unidos ocupó durante casi todo el siglo XX. La disputa por el control de los pasos era algo que se preveía desde antes de que asumiera, debido al enfrentamiento comercial con China y, asimismo, por la saturación del Canal. Para contrapesar este control, muchos países latinoamericanos están emprendiendo corredores bioceánicos como pasos alternativos, impulsados claramente por China. México Desde el gobierno de López Obrador, México se puso el objetivo de construir y mejorar un paso interoceánico. El Tren Interoceánico -que conecta los océanos Pacífico y Atlántico en la parte más angosta de México-, a pesar de que está construido sobre líneas ya existentes, tiene un impacto ambiental que, según denuncian las comunidades aborígenes, no fue estudiado ni tenido en cuenta. El tren está conectado además con otras dos vías férreas que atraviesan al Istmo en forma transversal. Esto ha representado para los defensores indígenas del territorio una amenaza diaria, debido a las detenciones y acusaciones penales por oponerse a este proyecto. La obra ha sido criticada por deforestación excesiva, contaminación del agua, falta de información sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el bloqueo de la participación activa de las comunidades. (Mongabay, 3/02). Además, se pretende que el tren recorra más de 300 km en 3 horas y media, lo cual implica imposibilidad de paso para animales y personas con su correspondiente vallado. En enero fue asesinado Arnoldo Nicolás Romero, un comisario ejidal -autoridad encargada de la administración de tierras comunitarias- en San Juan Gichicovi, Oaxaca, uno de los estados que atraviesa el tren. Romero era uno de los líderes contra el corredor. Otros 23 defensores, muchas mujeres aborígenes, enfrentan un proceso penal desde 2023 por acciones pacíficas de resistencia contra el tren cuando, ni siquiera, hubo bloqueos. Según el monitoreo “Alas y raíces”, realizado por diferentes organizaciones civiles de México, Oaxaca es el estado más peligroso para la defensa de los derechos humanos. De 225 personas defensoras asesinadas en el país entre 2018 y 2024 –sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– 58 eran de este distrito, eso equivale a casi el 26 %. Además, del total de asesinatos cometidos en ese sexenio, un 41 % correspondía a personas defensoras del territorio y del medio ambiente. (Ídem) Mientras se hacían las obras, los asesinatos por arma de fuego crecieron en la región, irrumpió el crimen organizado y se descubrió una fosa clandestina en San Juan Guichicovi, en 2021. Y es que no solo se trata de las vías férreas y de las 13 contratistas a cargo del negocio –de las cuales 3 son españolas, a pesar de la promesa de AMLO de que solo habría contratación nacional–. Hay varios emprendimientos industriales y extractivistas vinculados al corredor, ya que toda la zona alrededor de las vías fue declarada zona franca. Sobre esto, hay numerosas denuncias por contaminación del agua, peces muertos y deforestación excesiva. Las 10.000 personas que durante el gobierno de AMLO siguieron desapareciendo por año, dan cuenta de que los gobiernos nacionales y populares no afectaron en nada al crimen organizado, mucho menos cuando ataca a las organizaciones populares. Sin embargo, en materia de “logros” se puede anotar un poroto. Esta semana, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec logró concretar su primer traslado en solo una semana -600 automóviles Hyundai- los cuales fueron movilizados desde el puerto de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. La misma operación, hecha por el canal, hubiera demorado mínimo 12 días. Brasil El Corredor Ferroviario Bioceánico Central busca conectar Brasil, Bolivia y Perú a través de una red ferroviaria. Esta línea uniría el océano Atlántico, desde el puerto de Santos (Brasil), con el océano Pacífico, mediante el puerto de Chancay (Perú), con una inversión de China estimada en 3.500 millones de dólares. En 2023 se había firmado un acuerdo entre los dos países del BRICS, pero recién esta semana funcionarios chinos viajaron a diferentes estados de Brasil para visitar las zonas comprometidas en el proyecto. El impacto ambiental y la afectación de las comunidades aborígenes que viven en la Amazonia es algo que tampoco se está revisando. Al mismo tiempo, Lula retoma junto con Boric el Corredor Bioceánico que implica una red de rutas para unir, a través de 2.400 kilómetros, el sur de Brasil, el Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. En la ya mencionada visita, los funcionarios chinos también se interesaron por el proyecto. En otro encuentro que Boric tuvo con Lula estos días, el presidente chileno asintió callado todas las palabras de acercamiento que el brasileño tuvo con China, cuando también lo invitó a vincularse a los BRICS. Sin embargo, casi al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile cuestionó la legalidad del convenio firmado entre la Universidad Católica del Norte (UCN) y el Observatorio Nacional Astronómico de China para realizar un proyecto astronómico en Antofagasta, Chile, y así confirmó su suspensión. Este límite a China se produce luego de una apretada del gobierno de Trump a Boric alarmado por el uso que de los telescopios se podía dar en defensa. Es una disputa por la influencia minuto a minuto. En cualquier caso, la reorientación del comercio hacia el Pacifico no cambia la matriz productiva de América latina. Es otra forma de consolidarla. China se asegura la provisión de materias primas y alimentos, y la colocación de manufacturas de todo tipo. Ártico La obsesión de Trump por Groenlandia y Canadá responde a un interés concreto que es el control del océano Ártico. El recalentamiento global, que en esa zona es cuatro veces mayor que en el resto del mundo, está provocando el descongelamiento que permite la navegación, antes casi imposible. China incursiona desde hace años en lograr esta vía navegable debido a que le acorta considerablemente los tiempos de llegada a Europa. Parte del interés de Trump de acercarse a Rusia tiene que ver con lograr dominar esta vía que por un lado le resulta una alternativa al canal de Panamá, y por otro es la ruta más próxima a parte de Europa y la misma Rusia. Los pasos son claves para el comercio y son estratégicos para la guerra, pero en esta disputa no entran en juego los intereses de los trabajadores. La soberanía que se encuentra comprometida -como la del canal de Panamá- o el cuidado ambiental, sólo pueden ser defendidos con una lucha consecuente contra el imperialismo y todas las formas de explotación humana.

El 23 de abril se cumplió un año de la primera marcha que logró reunir en todo el país a un millón de personas en las calles en repudio a las políticas de ajuste educativo por parte de Javier Milei. En ese marco la CONADU Histórica impulsó un paro de 48 hs (martes 22 y miércoles 23), mientras que la otra CONADU se limitó a un paro de 24 hs (miércoles 23). La adhesión a los paros de ambas CONADUs fue parcial, algunas clases públicas y prácticamente ninguna movilización numéricamente importante, solo el acompañamiento parcial a la movilización de jubilados. Las conducciones de ambas CONADUs convocaron a parar, pero no organizaron ninguna acción dirigida a asegurar el paro masivo. La excepción fue en la UNT (Tucumán) donde el paro fue masivo superando a otras jornadas y el 23 se concretó una concentración coordinada con dos agrupamientos de jubilados en la plaza Independencia donde se realizó un acto unitario. En otras universidades, como fue el caso de la UBA, el paro fue importante en el sector preuniversitario, fue menor en las facultades, pero en algunas de ellas se convocó a clases públicas. En Misiones, en la universidad de ese distrito, el paro fue importante donde tiene peso la oposición a la burocracia. En Catamarca un sector de docentes autoconvocados impulsaron clases públicas en la puerta de la UNCA en torno al día de la tierra (22 de abril) que logró reunir a un sector vinculado al activismo ambiental antiminero. En Rosario una votación que impulsó COAD (sindicato de docentes vinculado a la CONADU que impulsaba un solo día de paro), el 80 % de la docencia voto parar 48hs. También hicieron clases públicas. El resto de las federaciones (FEDUN, CTERA, FATUN) incluida la FUA, todas ellas integrantes del Frente Sindical Universitario brillaron por su ausencia. Solo sacaron un flyer con los reclamos universitarios que ni se difundió masivamente. FATUN (Federación que agrupa a los trabajadores no docentes), incluso, en las vísperas del paro docente, firmó un acuerdo con el gobierno de garantía salarial para las categorías más baja del escalafón no docente. El Frente Sindical ha demostrado, una vez más, que es un freno de mano para la lucha universitaria que las conducciones con supuesta vocación combativa tienen puesto para evitar tener que ir a una lucha en serio. El Frente Sindical actúa a control remoto de los rectores, que siguen esperando que el gobierno los convoque a “diálogo verdadero” mientras ellos imponen el ajuste al interior de sus casas de estudio. El CIN que se transformó en aquella oportunidad como la entidad convocante de la marcha federal educativa, esta vez solo se limitó a sacar un comunicado manifestando su preocupación y solicitando un plan de recomposición salarial. Activaron, mientras tanto, un nuevo proyecto legislativo para obtener el financiamiento universitario…2026. El gobierno aprovechó tamaña falta de perspectiva para imponer por decreto, una actualización salarial de solo el 1,3 % para marzo y 1,3 % para abril, en la línea de lo firmado por la burocracia de UPCN, (horas antes de que el INDEC anunciará el 3,7 % de inflación). Gana tiempo y mantiene cerrada la paritaria. Este año la situación en las universidades es más crítica de lo que fue el 2024. Asistimos a una desvalorización salarial récord. Desde que asumió Milei la inflación acumulada es del 197 % mientras que los incrementos salariales oscilan alrededor del 86 % (según el cargo). En una entrevista en Infobae Oscar Alpa (presidente del CIN) señaló “el 75 % de la docencia tiene dedicación simple”, por lo que los salarios varían entre un auxiliar docente $181.024; un jefe de trabajos prácticos $216.688; un adjunto $252.313; un asociado $287.813 y un titular $323.443. Es decir que para cobrar lo que equivale la canasta familiar un docente tiene que tener una dedicación exclusiva (full time) y una categoría de asociado o titular, que actualmente solo accede un 10 % de la docencia. En la misma nota, frente al presupuesto universitario, Alpa señaló “Históricamente, Argentina destinó alrededor del 0,8 % del PBI a su sistema universitario. España, por ejemplo, con una población similar –pero con la mitad de estudiantes de grado– y con universidades aranceladas, también invierte cerca del 0,8 %. Alemania llega al 1 %. Nosotros hemos bajado al 0,6 %, es decir, perdimos un tercio del esfuerzo que hacíamos como país.” Las 61 universidades públicas del país, reúnen 2.500.000 millones de estudiantes, que también están sufriendo las políticas de ajuste. Algunas becas desaparecieron, otras como el Progresar, por falta de actualización quedó reducida a la mitad, hoy apenas llega a $50.000 que no cubren ni los apuntes para poder estudiar. La deserción comenzó a crecer en el último año. Todo este escenario calamitoso va a empeorar con el reciente acuerdo con el FMI, que entre otras cosas han acordado que el gobierno va a vetar cualquier medida que afecte el equilibrio fiscal, con lo cual los nuevos proyectos parlamentarios de financiamiento universitario ya tienen el mismo destino que la ley de financiamiento que tuvo aprobación parlamentaria en 2024, y a pesar que solo representaba un aumento del 0,14 del presupuesto fue vetada por el gobierno. Con este escenario, las reivindicaciones no pueden quedar en manos de las autoridades universitarias y de las burocracias sindicales y estudiantiles. Es necesario abrir paso por medio de autoconvocatorias y coordinaciones una lucha independiente.

Desde su asunción, Trump ha intentado establecer un régimen dictatorial unipersonal , para el cual se viene preparando durante años. Desde la asunción del cargo, el presidente estadounidense ha desplegado -a través de decretazos ilegales, o abiertamente inconstitucionales- todo un programa de gobierno arrollador. A diferencia de los DNU, en Argentina, sin embargo, las Órdenes Ejecutivas no necesitan revalidación parlamentaria. Aplicado a través de maniobras y trampas legales, esta conducta guarda la apariencia de una infinita “improvisación”. Trump ejecuta, sin embargo, un programa expuesto en el ‘Project 2025’ de la Fundación Heritage, un think tank de ultraderecha. Trump, además, aunque cuenta con la complicidad de la Corte Suprema, ha desacatado fallos judiciales y ha justificado estos desacatos con una interpretación ‘sui géneris’ de la Constitución. El magnate tiene toda la intención de provocar una crisis constitucional y, eventualmente, enmendar las cláusulas vigentes El choque con la Corte Aunque el trumpismo cuenta con una mayoría clara (de 2/3) en la Corte Suprema, ha venido sufriendo algunos traspiés. La Corte le dio la autorización, por un lado, para continuar con las deportaciones, pero por una mayoría mínima. Aplicó un tecnicismo que reserva para la Justicia estadual la jurisdicción acerca de las expulsiones de inmigrantes y su confinamiento en las megacárceles extranjeras o extraterritoriales, por ejemplo, de El Salvador o Guantánamo. El caso del ciudadano salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, quien fue expulsado e internado en la megacárcel del fascista Bukele por un “error administrativo”, ha desatado una crisis internacional. No se trata del único caso de “errores” admitidos, pero es paradigmático en tanto Abrego García ha caído en un laberinto jurídico y diplomático que Kafka no hubiera imaginado. La Corte Suprema ha ordenado el retorno de Abrego desde El Salvador, a lo cual el gobierno responde que no tiene cómo hacerlo. En una reunión de Trump con Bukele, en la Casa Blanca, el dictador salvadoreño declaró que no pensaba devolver a Abrego García, a quien calificó caprichosamente de “terrorista”. Abrego había sido procesado en 2019, y un juez había ordenado su deportación (pero prohibiendo que fuera expulsado a El Salvador), en base a una evidencia policial un informante confidencial que lo señaló como miembro activo de la (pandilla) MS-13, sin brindar una prueba material. Abrego, por otra parte, se encuentra casado con una ciudadana estadounidense con la cual tienen hijos en común. El senador demócrata Chris Van Hollen de Maryland (donde residía Abrego García) viajó a El Salvador a reunirse con el prisionero y realizar gestiones para su retorno, y denunció al gobierno por “desafiar rotundamente” las órdenes judiciales de retornar al deportado. La voluntad de Trump de desacatar las órdenes judiciales ha quedado aún más clara tras el diálogo sostenido con Bukele (que fue grabado y reproducido por la prensa) en el cual el presidente le plantea al salvadoreño que van a seguir las deportaciones hacia la megaprisión… incluso de ciudadanos de EE.UU., algo que es todavía más inconstitucional. El 19 de abril, la Corte Suprema emitió un fallo por mayoría de 7 a 2 para prohibir en forma temporal el reinicio de los vuelos de deportación de inmigrantes a la prisión de Nayib Bukele. Trump reaccionó con furia: “Estoy haciendo lo que me eligieron para hacer: expulsar a los criminales de nuestro país, pero los tribunales parecen no querer que lo haga” (X, 21/4). En relación al debido proceso, señaló: “No podemos juzgar a todos, porque hacerlo tomaría, sin exagerar, 200 años. Algo así es imposible. ¡En qué situación tan ridícula nos encontramos!”. Stephen Miller, subjefe del gabinete de la Casa Blanca, reclamó, sin atenuantes, la instalación de un estado de excepción: “O nos unimos y apoyamos al presidente Trump para expulsar a estos terroristas de nuestras comunidades, o dejamos que un sistema judicial de izquierda radical y rebelde paralice la maquinaria de nuestro aparato de seguridad nacional. El presidente Trump hará de esta nación un lugar más seguro que nunca, y lo hará a pesar de la lucha y la oposición de los jueces comunistas de izquierda” (Fox News, 23/4). Trump intenta agitar a su base en un tema en que se siente fuerte, y en el cual la “oposición” demócrata ha mantenido una complicidad escandalosa (muchos de sus legisladores han votado las leyes migratorias trumpistas en ambas Cámaras). La cuestión migratoria es de las pocas cuestiones en las cuales las encuestas parecen darle un buen puntaje al gobierno, aunque en el caso de Abrego García el 50 % de los estadounidenses reclama su regreso. El trumpismo, sin embargo, no ha convocado a la calle a los partidarios de las deportaciones sin juicio; por el contrario, las calles tienden a ser ocupadas por las protestas de los trabajadores y los jóvenes, tanto contra las deportaciones como contra la masacre sionista en Palestina, como por los despidos masivos de empleados estatales. La guerra comercial, en pausa La opinión pública es claramente contraria a la guerra arancelaria desatada por Trump . Las grandes corporaciones y los tenedores de bonos estadounidenses, por su lado, han respondido a la guerra comercial con una fuga del mercado de deuda pública . El presidente dejó en suspenso por 90 días los aumentos de los aranceles , con excepción de los aplicados a China (que subieron hasta el 245 %), para atenuarlos luego en algunos casos. Aunque afirma que varios países le están “besando el trasero” (sic), Trump acusó recibo de la prohibición de China a la exportación de “minerales raros” ya refinados, donde tiene un monopolio sin rivales. La ola de corridas financieras, sin embargo, se reanudó, cuando Trump anunció su interés en echar al presidente de la Reserva Federal, Jared Powell, por la reluctancia de éste a reducir la tasa de intereses general. “Jerome Powell debería haber bajado los tipos de interés, como el Banco Central Europeo (BCE), hace tiempo, pero sin duda debería bajarlos ahora. ¡El despido de Powell no puede esperar!”, declaró Trump en su red social. “No tengo intención de despedirlo”, se desdijo después. La Reserva Federal es una federación de bancos estaduales y se encuentra bajo la supervisión del Congreso. ¿Divorcio por conveniencia? Otra expresión de crisis se manifiesta en la muy probable salida de Elon Musk de su rol de director de la llamada “Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Musk había volcado a los oligarcas de las grandes empresas tecnológicas hacia la candidatura de Trump. Musk se ha vuelto crecientemente impopular por su política de despidos y cierres de departamentos oficiales creados por el Congreso, convirtiendo en un activo tóxico para el gobierno. Musk se encuentra en una posición contradictoria con Trump con respecto a China, que es su principal mercado. Los ataques a Musk pronto se trasladaron a un boicot a sus empresas, con concentraciones frente a las concesionarias de Tesla en todo el país -e incluso en el exterior- en el movimiento denominado “Tesla Takedown” (o “Derribemos a Tesla”)-. Paralelamente, se comenzaron a producir actos vandálicos contra vehículos de esa marca, al punto que el propio Trump salió a amenazar a quienes los realicen no ya con ser perseguidos judicialmente sino directamente con ser tratados como terroristas y deportados a la megacárcel salvadoreña. Musk generó indignación internacionalmente con el saludo nazi en la asunción de Trump, y al apoyar públicamente a diversos partidos y candidatos fascistas en Europa. En el mercado europeo las ventas de autos autónomos de Tesla automotriz han caído incluso más que en EE.UU.: un 44 % en apenas dos meses, mientras que las ventas de autos eléctricos subían, y en particular las marcas chinas subieron un 82 %. Tras el apoyo los neonazis de AfD, las ventas en el mercado alemán (el mayor de Europa) cayeron un 75 % en apenas un mes. El empresario sufrió un revés político en las elecciones de un juez de la Corte de Wisconsin, donde se jugó a fondo por su campaña, quien fue derrotado en un Estado que había votado mayoritariamente a Trump unos meses atrás. La afectación al valor de las acciones de Tesla por el rol político, llevó a los accionistas a pedirle que o bien renuncie al gobierno o bien deje de presidir la empresa. Los choques con el asesor presidencial Peter Navarro -el ideólogo de la guerra arancelaria- tienen el carácter de una crisis de características políticas. Navarro había afirmado que Tesla “no es un fabricante de coches, sino un ensamblador de coches” (cuyas partes son fabricadas en el exterior, en especial en China). El CEO de Tesla ha evitado criticar públicamente la política trumpista, aunque en una reunión con analistas de Wall Street hizo una afirmación significativa: “seguiría argumentando que la administración Trump debería reducir los aranceles impuestos…” (NTY, 23/4). Los ataques a Navarro son disparos por elevación contra el propio presidente. Es cierto que la empresa del magnate “estaba menos expuesta a los aranceles que otros fabricantes de automóviles estadounidenses como GM, Ford y Stellantis” según el analista de la industria tecnológica, Dan Ives (BBC, 8/4), pero no menos real es que “Los aranceles en su forma actual afectarán a Tesla, a toda su cadena de suministro y a su presencia global, que ha sido una clara ventaja a lo largo de los años frente a competidores en ascenso como BYD” (ídem). La duración del contrato de Musk como líder de DOGE estuvo en discusión desde el principio. El megamillonario ha tenido choques con varios integrantes del gabinete, como el Secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent, en su condición de “asesor’ no funcionario. También ha generado resistencias entre los congresistas republicanos, que enfrentan una creciente bronca de sus bases electorales a consecuencia de los despidos y recortes sociales. Trump ha filtrado a su “círculo íntimo” y a los miembros del gabinete que Elon Musk dejaría su cargo en las semanas siguientes. La primicia fue furiosamente desmentida por la vocera Karoline Leavitt, “Elon Musk y el presidente Trump han declarado públicamente que Elon dejará el servicio público como empleado especial del gobierno cuando complete su increíble trabajo en DOGE.” Musk anunció que reducirá el tiempo que dedica a DOGE a “uno o dos días a la semana, mientras el presidente lo necesite”. Continúan las protestas Tras las enormes manifestaciones del sábado 5 , se ha producido una segunda ola de protestas contra el gobierno apenas dos semanas después. El sábado 19 se realizaron marchas y concentraciones en al menos 700 ciudades, menos masivas que la anterior movilización. La nueva demostración nacional adquirió un carácter más combativo y crítico de la “oposición” demócrata. Las denuncias a la política del trumpismo adquiere un carácter cada vez más destacado. “La democracia corre un gran peligro”, declaró a AFP Kathy Valyi, de 73 años, quien participaba de la protesta en Nueva York. Hija de supervivientes del Holocausto, advierte que lo que le contaron sus padres sobre la llegada de Adolf Hitler al poder en la década de 1930 en Alemania “está ocurriendo aquí ahora”. Existe una creciente conciencia de la necesidad de echarse a las calles. Otro manifestante declaró: “Hay que ponerle freno” a Trump, “El mecanismo que tenemos para hacerlo ahora mismo es salir a la calle y hacer oír nuestras voces”, aseguró a la AFP “mientras sostenía una pancarta con la foto del adolescente venezolano Merwil Gutiérrez, otro detenido por agentes migratorios y deportado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, pese a que no era un objetivo” (DW, 20/4). En la ciudad costera de Galveston, Texas, también se produjo una concentración: “Generalmente, esperaría con los brazos cruzados a las próximas elecciones”, dijo la escritora Patsy Oliver, de 63 años. “No podemos hacer eso ahora. Ya hemos perdido demasiado”, agregó (ídem). En las marchas se pedía por el retorno y la liberación del salvadoreño Ábrego García, por la liberación del estudiante palestino Mahmoud Khalil de la Universidad de Columbia -detenido para su deportación pese a tener residencia legal- y contra los ataques contra la enseñanza y la salud. La apariencia de omnipotencia del gobierno es cosa del pasado.

El (des)manejo oficial del concurso de ingreso a las residencias en salud es a esta altura un verdadero escándalo. La bibliografía para el examen fue publicada con semanas de demora, solo luego de que los aspirantes se organizaran en asambleas, iniciaran una campaña y elevaran petitorios. Los textos científicos debieron pasar por la censura liberticida, amputando aquellos que refieren a derechos de la población que el gobierno nacional pretende derribar (ver https://politicaobrera.com/13873-milei-y-lugones-atentan-contra-el-sistema-de-residencias-en-salud ). Pasados diez días del plazo que el propio Ministerio de Salud se había fijado para publicar la oferta de vacantes del 2025, la cartera que conduce Mario “Prepagas” Lugones se niega a brindar información. El motivo de la dilación es evidente. El gobierno ya informó a las provincias que pretende suprimir el financiamiento nacional a las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental (RISaM), dejando al borde del cierre a 47 equipos profesionales de todo el país. Ante la reticencia de información oficial, el Colectivo Argentino de Salud Mental realizó un relevamiento propio, del que participaron 31 equipos de la RISaM de 15 provincias del país. De acuerdo a los datos difundidos, el 80 % de las RISaM quedarán desfinanciadas este año, perdiéndose el 55 % de los cargos para ingresantes. Esta monumental amputación impactará de forma desigual en las distintas especialidades. Para algunas, significará la directa exclusión de las posibilidades formativas y de inserción en el sistema público de salud mental. Es el caso de musicoterapia, que perderá el 98 % de sus cargos, y el de terapia ocupacional, que perderá el 92 %. Trabajo social, por su parte, perderá el 70 % de los cargos en las RISaM; enfermería perderá el 53 % de los cupos, psicología el 33 % y psiquiatría el 20 %. Otra vía de expulsión se dará a través del recorte salarial: para aquellos profesionales que continúen en las residencias, la quita del financiamiento nacional implicará, en algunas provincias, una poda salarial del 25 %. Cerrados los ingresos, las residencias públicas de salud mental tenderán a desaparecer en la medida en que se vayan graduando los actuales profesionales. La misma decisión de no abrir cupos se tomó en relación a la Residencia de Trabajo Social del Hospital Garrahan. En este caso, implica el cercenamiento al trabajo y la formación en un hospital pediátrico de alta complejidad, en el cual las patologías crónicas o complejas requieren de un necesario acompañamiento y armado de redes para garantizar la accesibilidad y sostener los tratamientos de niñas y niños. Cuando se terminen los trascendidos y “Prepagas” Lugones informe efectivamente las vacantes ofertadas, la amputación de cargos que se revele podría ser mucho mayor aún. El ataque oficial a las residencias tiene lugar junto a otras ofensivas contra los trabajadores y profesionales de la salud. A través de una maniobra orquestada para engañar a incautos, el gobierno macrista de CABA y las burocracias de SUTECBA y de Médicos Municipales, cuyos dirigentes coparon las listas del kirchnerista Santoro, anunciaron con un mes y medio de anticipación un aumento salarial del 9 % que se cobrará en junio. En criollo, esto significa que el salario a cobrar en mayo tendrá 0 % (cero) aumento, a pesar de que la última inflación registrada en marzo fue del 3,7 % (¡5,9 % en alimentos!) y los trabajadores tenemos prácticamente el salario congelado desde el año pasado. La Federación de Profesionales denunció esta maniobra comunicacional, pero, como siempre, se abstuvo de adoptar medidas de lucha efectivas. Cuando no es la directa eliminación de cupos, es este marco de derrumbe salarial el que empuja a que los cargos de residencias, e incluso de planta permanente, queden vacantes o sujetos a renuncias que se presentan de manera sistemática. Un reciente comunicado del Foro de Sociedades Médicas Argentinas, que reunió a 21 asociaciones de diferentes especialidades, denunció que el 15 % de las residencias de cardiología están sin cubrir. En un sistema de salud desfinanciado por el Estado y por las patronales, debido a la debacle más general de los salarios de la clase obrera, las sociedades médicas advirtieron que la atención sanitaria está cada vez peor: demoras con turnos a dos meses, colapso de las guardias, pluriempleo generalizado y la falta de profesionales en especialidades clave. La política de motosierra de Milei y de los gobiernos provinciales que lo siguen o se adaptan a sus lineamientos está llevando al estallido del sistema de salud, con la complicidad expresa de una burocracia sindical que solo se preocupa por cuidar sus propias cajas y negociados. La defensa del derecho a la salud y de las condiciones laborales es una lucha que recae enteramente en manos de sus trabajadores y de la clase obrera en su conjunto. Impulsemos las asambleas y autoconvocatorias para luchar contra el cierre de las RISaM, la defensa de todos los cupos formativos en todas las jurisdicciones, la triplicación del presupuesto de salud y un salario mínimo para todos sus trabajadores que cubra el conjunto de una canasta familiar real, hoy no menor a 2,5 millones de pesos.

En un reciente acto del senador Bernie Sanders en Idaho se produjo un hecho muy significativo. Sanders, junto a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, de los “Socialistas Democráticos” que integran el ala izquierda del Partido Demócrata, impulsan una campaña nacional realizando actos “contra la oligarquía”. La asistencia de miles de personas a cada una de estas acciones en distintos puntos del país, muestran la voluntad de lucha de sectores del movimiento obrero y la juventud contra el régimen bonapartista de Trump. La complicidad demócrata con el régimen trumpista genera bronca creciente a nivel popular. El PD ha votado el presupuesto de la motosierra de Trump y Musk, y varios senadores y representantes votaron también leyes migratorias reaccionarias, dando aval así a la persecución fascista de los inmigrantes. El eje de los actos de Sanders y Ocasio-Cortez, la denuncia de la minoría de mil millonarios que ha tomado control del gobierno, apunta a fortalecer este ala izquierda dentro del PD y al PD como un todo. Para Sanders no sería una novedad el crecimiento, el peso y el poder de la oligarquía bajo gobiernos de uno y otro partido imperialista, es decir, no es una novedad introducida por Donald Trump. “El Partido Demócrata está fuertemente dominado por la clase multimillonaria”, afirmó el Senador por el estado de Vermont. Esto no ha impedido que Bernie Sanders y los “socialistas democráticos” hayan dado su apoyo una y otra vez a Obama, Hillary Clinton, Joe Biden y Kamala Harris, es decir, a los representantes de esos oligarcas. Sanders rechazó la posibilidad de presentarse como candidato independiente -tanto contra Trump como contra Clinton- en las elecciones de 2016, en un contexto en que algunas encuestas mostraban que tenía posibilidades de vencer en un escenario de tres candidatos. Ahora aparecen algunas pancartas impulsando a Ocasio-Cortez para sustituir en el senado al Demócrata Chuck Shumer e incluso para competir por la presidencia. De antemano está planteado, según el discurso de Sanders, la defensa de la unidad del PD, que incluye la defensa del Estado sionista y de la guerra en Ucrania. En el acto en Nampa (Idaho) el 14 de abril, en el que participaron más de 12.000 personas, la cuestión del genocidio en Palestina se convirtió en un eje de diferenciación con el propio Sanders. Mientras Sanders declaraba que “Israel tiene derecho a defenderse”, el despliegue de una bandera palestina detrás del estrado propició una reacción inmediata de los participantes del acto, aplaudiendo y gritando a favor del pueblo masacrado por Netanyahu y Trump. La policía fue de inmediato, por orden de los organizadores, a retirar la bandera palestina. Ante la protesta del público, Sanders intentó acallar los gritos. La respuesta de “su base” fue exactamente la contraria, ya que el grito de “¡Free Palestine!” (Palestina libre) se extendió masivamente. El hecho puede visualizarse en las redes sociales, donde el acto está publicado en su totalidad, así como este momento clave. El creciente apoyo a la resistencia palestina, en especial entre buena parte de los jóvenes de ascendencia judía, se ha puesto de manifiesto una y otra vez durante el genocidio que se desarrolla en Gaza, confrontando contra el gobierno de Biden primero y ahora contra el de Trump. En todo este proceso, los “Socialistas Democráticos” al estilo de Sanders y Ocasio-Cortez han defendido una y otra vez al Estado de Israel, defendiendo su derecho a “exterminar al terrorismo” pero reclamando que lo hagan sin bombardear indiscriminadamente a los civiles. Las escenas registradas en Idaho muestran lo desarrollada que está esta diferenciación política entre los sectores de base de la izquierda con sus supuestos “representantes” de la izquierda del Partido Demócrata. Las movilizaciones masivas del 5 y del 19 de abril muestran, por otra parte, que un sector cada vez más militante de los explotados intenta superar a estas direcciones para luchar ahora contra el trumpismo, sin esperar a las próximas elecciones.

La inauguración de la Feria del Libro es, desde hace mucho tiempo ya, una arena política, una combinación volátil de escritores y funcionarios con repercusión mediática asegurada . Los discursos que se pronuncian se suelen tomar como medida de la proximidad o distanciamiento de los intelectuales respecto del gobierno de turno. La mayor atención suele concentrarse, con razón, en el discurso inaugural que brinda el autor invitado por la Fundación El Libro, responsable de la organización de la feria. Este año, fue el turno de Juan Sasturain. A diferencia de los feroces discursos que pronunciaron Guillermo Saccomano y Liliana Heker, por ejemplo, en las dos ediciones anteriores, Sasturain estructuró un discurso ingenioso, pero elíptico en su crítica al gobierno en comparación a aquellos precedentes –Saccomano es un escritor de reconocida filiación kirchnerista, mientras que Heker brindó un alegato contra la pobreza y miseria social crecientes-. El hecho más destacado y expresivo de la inauguración de esta edición, en cambio, fueron los abucheos y el escrache contra el Secretario de Cultura del gobierno liberticida, Leonardo Cifelli. A pesar de la buena predisposición, digamos, de las nuevas autoridades de la Fundación El Libro, encabezadas por Christian Rainone, a habilitar un ´diálogo´ con el gobierno -el anterior presidente directamente había sugerido a Cifelli el año pasado que ni siquiera apareciera por La Rural- y de la disposición de invitados/aplaudidores distribuidos por el salón, un nutrido grupo de escritores, entre los que se encontraban Claudia Piñeiro y el mencionado Saccomano, lo increparon ante cada mención de los ´logros´ de su gobierno. Cifelli tuvo que interrumpir su discurso en varias ocasiones. Los escritores exhibieron pancartas con la imagen de Osvaldo Bayer, a modo de protesta por la destrucción a manos de Vialidad Nacional de la escultura que lo homenajeaba en el acceso a la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz . El discurso de Cifelli, por su parte, fue ‘consistente’ con aquel atentado a la memoria y la trayectoria del autor de “La Patagonia Rebelde”. Comenzó pidiendo dejar atrás "el tono politizado y confrontativo" de la inauguración de la Feria y felicitó a sus organizadores “por haber impulsado desde un primer momento un clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país". Así se presentó el vocero de un gobierno que se caracteriza por el recurso al insulto y la amenaza contra cualquier expresión opositora o incluso crítica – el lenguaje soez está inscripto en la genética del fascismo -. Cifelli dijo abogar por "una cultura libre y sin una orientación ideológica", e incluso remarcó que "la política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el motivo de gastos innecesarios" (¿?). A continuación, sin embargo, se jactó de los recortes de presupuesto en el área a su cargo, agradeció a Karina Milei por “su respaldo constante” y celebró, entre otras mentiras oficiales, la salida del cepo y la baja de la inflación, mientras retumbaban las protestas. Según Clarín (24/4), sin embargo, Jorge Macri no recibió el mismo tratamiento, a pesar de que sus diferencias con el gobierno nacional son apenas de grado y de que integra una fuerza política que pugna por llegar a un acuerdo con el mileísmo e incluso por ingresar a su gabinete. La cultura no puede ser ´desideologizada´, pues por definición es el terreno de la lucha de ideas que refractan, de múltiples modos, la lucha de clases que se desenvuelve en el seno de la sociedad. La ´cultura desideologizada´ que promueve el funcionario Cifelli se traduce en la persecución a la libertad de cátedra y en el reforzamiento del monopolio de la producción cultural en manos de los empresarios del espectáculo, que es el medio de donde él mismo proviene. Un gobierno cuyo ´dominio de la calle´ se asienta en un protocolo que persigue el derecho a la protesta y en la aplicación recurrente de palos y gas pimienta contra los jubilados, puntualmente, todos los días miércoles en los alrededores del Congreso, no tiene otra ´plataforma cultural´ que sofocar la libertad de expresión, incluido el derecho a huelga. La ´cultura desideologizada´ es el planteo de un gobierno que apoya las guerras de la OTAN y el genocidio del pueblo palestino. Luego del mal trago que pasó en La Rural, Cifelli fue a refugiarse al ultraoficialista canal LN+. Allí, en ejercicio del monopolio de la palabra, se dedicó a criticar a los escritores que lo abuchearon, cuando ninguno de ellos fue invitado a brindar su propia versión. “Son autoritarios y de intelectuales no tienen nada, no aceptan que pueda haber intelectuales de derecha”, dijo en su editorial el conductor Esteban Trebucq. Denunciar los crímenes sociales de Milei es un gran deber de todo intelectual. Todos los gobiernos acarician, a su turno, la pretensión de instaurar una ´cultura oficial´ que celebre sus actos y ´refute´ a los críticos –unos “desideologizada”, otros “ideologizada”, el látigo de batalla del kirchnerismo, combinando la cooptación y el ´escrache´-. Sin embargo, la crítica social impregna toda creación artística que se precie de tal. La ´cultura desideologizada´, en cambio, es el sello de los liberticidas, de los enemigos de la libertad. Combatir la cultura ´oficial´ es sembrar el pasto de la revolución social.

La actividad minera tiene su boom en el Noroeste argentino. Gobernadores, intendentes y legisladores han devenido en lobistas de la explotación minera , que compromete seriamente el medio ambiente, con el argumento de que la minería genera trabajo . Recientemente, los gobernadores de Catamarca, Jujuy y Salta firmaron un acuerdo para el desarrollo energético en la denominada Región del Litio con una inversión de 400 millones de dólares. Sáenz declaró “queremos que la riqueza que genera el litio se traduzca en caminos, escuelas, salud, energía y empleo para nuestra gente. Que los recursos queden en la región y ayuden a reducir las asimetrías históricas”. De lo que no se habló es de la verdadera “asimetría histórica”, que proviene de las condiciones de superexplotación de la clase obrera. La minería es una de las pocas ramas de la industria que está en ascenso, con una depresión general de salarios y condiciones de trabajo. La riqueza capitalista no ‘gotea’ hacia abajo . Salarios de hambre y destajo Una de las principales contratistas del litio es la empresa Maref Mining. Es una empresa argentina dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de aditivos para perforaciones mineras y HDD (Perforaciones horizontales dirigidas). Asimismo, ofrece servicios de asistencia técnica en operaciones con personal altamente calificado y aprovisionamiento de equipamiento para el control de sólidos en perforación con Diamantina y Rotary. Tiene su sede principal en Mendoza, pero tiene sucursales en Comodoro Rivadavia y en Añelo, el centro civil de Vaca Muerta. Presta servicios para Halliburton, YPF, Panamerican Energy, etc. En Salta, presta servicios para las explotaciones de litio de PAE (Panamericana Energy) y Eramine . El régimen de trabajo de los obreros de Maref Mining es ilustrativo del trabajo minero en general. La empresa paga un salario básico de 450 mil pesos, más un adicional por día en la mina de 67 mil pesos. Los sueldos según la categoría y la experiencia van desde 1.3 millones a 1.8 millones los que más ganan. En caso de licencia aún justificada, los trabajadores cobran solamente el básico. La patronal no paga nada más que los 67 mil pesos por día en la mina: no hay antigüedad, no hay nocturnidad, ni hay reconocimiento de trabajo en altura ni en pozo. Los trabajadores reciben un viatico cuando salen de Mendoza de 40 mil pesos y otro de 40 mil cuando salen de franco. La rendición del viático es con planilla y foto de los tickets, si no, los descuentan: el trabajador tiene sólo 5 días para rendir esos viáticos. Un régimen de jornada invivible El trabajo de los mineros es de los más explotados del mundo: el acuerdo UOCRA-mineras para obras establece un roster de 21 días por 7 días de descanso. Las jornadas laborales no pueden exceder las 8 horas (en un promedio de los ciclos de tres semanas, con un límite de 11 horas en una jornada como máximo). Pero los mineros de Maref -y otras empresas- trabajan 14 días seguidos de 12 horas, viviendo en el campamento de la mina, por 14 días de descanso. Cada campaña se cambia el turno, 12 horas de noche o 12 horas de día. La gran mayoría están con contrato “a plazo fijo”, es decir que pueden ser despedidos sin indemnización. La precarización laboral de los mineros de Maref contrasta con la altísima calificación del trabajo que realizan. Los trabajadores de Maref realizan perforaciones con equipo de diamantina y asistencia técnica y planta de tratamiento de lodo, y en litio hacen control de sólido e inyección. Tratan el lodo de perforación y se prepara el lodo con los productos de la empresa. La empresa Maref Mining tiene además fuertes vasos comunicantes con el poder provincial de Mendoza (donde tiene su sede comercial). El contador de la empresa es subsecretario del Gobierno provincial. Los trabajadores de Maref no cobran un peso adicional por realizar tareas en zonas inhóspitas, no les pagan las horas extras ni el trabajo en obras nocturnas. En San Juan trabajan en la explotación de oro y otros minerales a 4.500 metros de altura y en Salta entre los 3.500 y 3.000 sobre nivel del mar con todos los riesgos que incluye trabajar en la Puna para la salud. La perforación no se para ni aunque caiga nieve. En invierno se trabaja a muy bajas temperaturas con todo lo que conlleva trabajar en la zona de precordillera en Salta y en la Cordillera. El boom minero del litio no iba a ser desaprovechado por la burocracia hipercentralizada de la UOCRA. Los dirigentes locales fueron desplazados en marzo del año pasado y desde Buenos Aires se envió un delegado ‘normalizador’ proveniente de la UOCRA de Chivilcoy. Gerardo Martínez creó una seccional nueva, la “UOCRA PUNA”, que maneja la negociación con las mineras de Salta, Jujuy y Catamarca. Los trabajadores mineros del litio no tienen en la Puna derecho a huelga, ni derecho a organización gremial ni a elegir sus representantes. La UOCRA actúa como garantía de la producción para las mineras -de hecho, la producción no se paró por el paro nacional del 10 de abril ni en Río Tinto, ni en Posco, ni en Mariana, ni en Llivent ni en Galaxi, ni en Manfield, siquiera en el paro al que la UOCRA adhirió. A cambio, la UOCRA maneja la bolsa de trabajo que define la incorporación de trabajadores a los proyectos mineros. Los delegados de las minas son puestos a dedo por el “normalizador”, Luis Caballero. Los trabajadores denuncian que estos delegados exigen coimas para poder “subir” a trabajar. Son conocidos varios casos de trabajadores que se opusieron a algunos manejos de la UOCRA que no pudieron volver a trabajar en la minería. La UOCRA también maneja el servicio de comedor de los trabajadores de las minas. Aunque el servicio es malísimo, los trabajadores están impedidos de quejarse porque dependen de la autorización de la UOCRA para volver a subir a la mina. El problema del salario, del régimen de jornada, las condiciones de trabajo, el pago de los ítems, la seguridad laboral, en manos de la UOCRA no obtendrán respuesta nunca. Los trabajadores deben tomarlos en sus manos, autoconvocándose, eligiendo delegados por empresa, sin ninguna confianza en la intervención del sindicato. LEER MÁS: Salta: “No hay plata”, excepto para los negocios mineros Por Violeta Gil, 09/12/2023. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: #Salta | Violeta Gil, candidata a Diputada por Política Obrera en Pue! Canal de YouTube de Política Obrera.

En la semana del 12 al 16 de mayo se desarrollarán las elecciones en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de consejeros departamentales y superiores. Las mismas fueron adelantadas, dejando a muchos estudiantes fuera del padrón y se realizarán durante los parciales. Las conducciones de los centros de estudiantes se plegaron a este calendario y convocan también a sus elecciones. En Visuales, Política Obrera se presenta en la lista de "UNA Trinchera". Competiremos contra la actual conducción del CEAVI (Partido Obrero oficial) y contra la lista de la gestión de la Universidad (Estétika - La Cámpora). También se presentan una lista del NMAS y una agrupación llamada “Arde Visuales”. Las elecciones ocurrirán en medio de un agravamiento de la crisis económica y política del gobierno de Milei, algo que no atenúa sino que refuerza el ataque contra los trabajadores y la Universidad pública. Los estudiantes tendremos la oportunidad de deliberar en qué términos se debe establecer una lucha contra una corriente -la que gobierna- que apoya la guerra internacional, la masacre al pueblo palestino y desarrolla una agitacion fascista en todos los terrenos. Esos términos no pueden ser los de las autoridades universitarias y sus bloques políticos, que desviaron la lucha del año pasado en función de una ley inocua en el Congreso. Cuando ocurrieron las tomas, esas autoridades peronistas y radicales se declararon en contra y militaron su levantamiento. La colaboración con Milei envuelve al conjunto del Congreso Nacional, a la justicia y especialmente a las Centrales Sindicales. El resultado de esta política de Torlucci en colaboración con el gobierno lo tenemos a la vista. Se redujo el personal docente, aumentó la deserción estudiantil y avanzó la titulación intermedia en detrimento de la carrera de grado, como se ve en las reformas de los planes de estudio que se preparan. Se incrementaron los cursos de extensión y las diplomaturas pagas que funcionan como caja paralela de la gestión . Los cursos de oficios (COPAC) pasaron a ser arancelados. La nueva propuesta del decanato es la creación de la licenciatura de Digitalización, con la modalidad 100 % virtual, un deterioro laboral y educativo. Las autoridades y sus agrupaciones acompañan la "motosierra" privatizando a la UNA. La actual conduccion del CEAVI (Partido Obrero) no actúa ni se propone actuar como un factor de movilización independiente de los estudiantes. Apoyaron la ley trucha de “financiamiento educativo” junto a las autoridades y se han desplazado en tándem con ellas y con el “frente de gremios” de la burocracia sindical que ahoga la lucha universitaria. Durante la toma han chocado y boicoteado las resoluciones de las autoconvocatorias en función de un interés de aparato. Son funcionales a la gestión ya que no articulan un plan de acción involucrando al estudiantado, le exigen ese "plan de lucha" a la rectora Torlucci y a la decana Arraga. En años anteriores llegaron a votar en el Consejo Superior a favor de la continuidad de esas autoridades . UNA Trinchera se formó como agrupación al calor de las movilizaciones en lucha por el presupuesto universitario de 2024, con un método asambleario. La componen, junto a Política Obrera, activistas que enfrentan el vaciamiento de la facultad impulsado por el gobierno de Milei y las camarillas privatistas de la decana Árraga y la rectora Torlucci. Exigimos aumento de presupuesto para aumentar las comisiones, cuestión vital para carreras como escenografía y restauración, que tienen materias con un solo horario y una sola cátedra. La infraestructura de la facultad no da abasto. Los estudiantes necesitamos mesas funcionales, estufas, modelos vivos rentados, tableros, sistemas de representación, escenografía, acceso libre a las prensas de grabado y laboratorios de digitalización y restauración adecuados. El aumento del desempleo es moneda corriente en los estudiantes de Visuales. La Universidad debe garantizar las bolsas de trabajo y las pasantías rentadas. Para imponer nuestros reclamos y frenar el vaciamiento, debemos construir un movimiento estudiantil combativo que impulse la huelga educativa. Necesitamos un nuevo centro de estudiantes y nuevos representantes en los órganos de cogobierno en función de desarrollar esta perspectiva. LEER MÁS: UNA: asamblea autoconvocada de Restauración Impulsemos una movilización de conjunto contra el gobierno privatista. Por Marco Teno, 15/04/2025.

Próximamente tendrán lugar las elecciones en FOETRA, donde se presentan tres listas: una, la Azul y Blanca oficial, que va por el octavo mandato de Claudio Marín; el Frente Granate, que reúne a la CTA 'Autónoma', a un antiguo resabio conducido por Sergio Sosto y al FITU; y a la Lista Naranja, que se presenta en forma independiente de las burocracias de la CTA y de sus frentes. Nuestra agrupación ha concentrado en la Lista Naranja a más de ochenta candidatos. Más importante que todo esto, si se puede decir así, es que hemos producido una Declaración Política y un Programa en las condiciones actuales de crisis del sindicalismo que, incluida FOETRA, ha permitido un deterioro histórico de las condiciones y conquistas sociales y laborales de la clase obrera. El gobierno de Milei representa otro estadio en este deterioro, porque pretende ir hasta el hueso en la liquidación de los derechos sindicales, laborales y previsionales. Nuestra Lista Naranja ha presentado una caracterización de esta situación extraordinaria y un programa para superarla en todos los planos. Los telefónicos enfrentamos el desafío que representa la adquisición de Telefónica por Telecom . El grupo del Partido Obrero se ha inscripto, en estas elecciones, como parte del frente Granate. En estas condiciones ha salido con un artículo que no tiene el propósito de discutir nuestro planteo ni nuestro programa, ni el suyo propio, o sea, de la Granate. Travestidos deinitivamente en “granates”, denuncian la presentación de nuestra agrupación, La Naranja, como un acto de usurpación. No fue esto lo que vio la Junta Electoral de FOETRA, a quien le debe haber parecido un caso de daltonismo que un Granate pretenda al mismo tiempo ser considerado Naranja. El procedimiento de este grupo Granate es cuestionable. ¿Por qué? Porque ensucia una elección sindical que constituye una gran oportunidad para debatir el destino del movimiento sindical y del sindicato de los telefónicos. Pero este mismo grupo Granate ha anunciado, al igual que el resto de los granates, que se servirá del próximo 1 de Mayo para marchar, aunque un día antes, con Daer, Martínez y Rodríguez, en una misa de celebración al día del “trabajo” , no del Día Internacional de los Trabajadores, que es algo muy diferente. Al día siguiente, los granates ‘usurpados' competirán con un acto propio contra sus aliados del FITU, pero no por divergencia de programas o principios, sino por una razón de cartel. Disputan ‘visibilidad’ en un año de elecciones parlamentarias. ¿Por quién se sienten usurpados los granates del PO, cuando nuestra Naranja es opuesta a esta política y a estos métodos? ¿Qué sentido puede tener que una agrupación granate, que defiende el programa de la CTA y Sosto, acuse de usurpación a quienes levantamos a la Lista Naranja? Estamos ante dos programas, dos políticas, dos colores opuestos. Califican de “usurpadores” a quienes recogemos el legado clasista de la Naranja y de los principios clasistas sobre los cuales se fundó nuestra agrupación. Nuestros descalificadores se han disuelto en un agrupamiento permanente -cuyos principios no son por supuesto los del clasismo-. Quienes hemos mantenido la continuidad clasista de la Naranja levantamos el color de nuestra historia política y sindical. Cortito y al pie. Patente de corso Para probar lo que pretende ser una denuncia y es solamente una difamación, nuestros difamadores no son capaces de esgrimir una sola idea, un solo planteamiento. El apoderado de nuestra lista, Luis Farías, es un fundador de la lista Naranja en los años 70. La Naranja ha señalado a la burocracia sindical de la CGT y las dos CTA como quintacolumna del gobierno liberticida; son responsables de la miseria social que ha desencadenado la ultraderecha libertaria y encubren (y hasta ejecutan) la liquidación del derecho laboral. Los granates con pretensión de anaranjados no dejan pasar un momento sin hacer seguidismo a la burocracia sindical; donde nosotros la caracterizamos como una agencia de la patronal, ellos la caracterizan como una representación defectuosa de la clase obrera. En FOETRA, nuestro sindicato, nuestra Naranja caracteriza a la Azul y Blanca como la extensión de esas centrales burocráticas y de sus políticas en nuestro gremio. Firma las paritarias a la baja, para bloquear la pelea; introduce la reforma laboral de los pulpos de las telecomunicaciones; no enfrenta las presiones patronales por el vaciamiento y los retiros voluntarios. Para revertir esta situación y cambiar el rumbo, nuestra conclusión es elevar un programa asentado en la independencia política de toda la burocracia sindical de la CGT y las CTA. ¿Firmaría la Granate un programa de esta característica? Claro que no. La Granate tiene agrupaciones que integran y reivindican la CTA-A. Discutieron en varias reuniones integrar al moyanismo, parte de la médula espinal de la burocracia sindical. El ADN de la Granate es la reconstrucción de otra Azul y Blanca. La Granate no es un frente oportunista ocasional, se ha convertido en un agrupamiento permanente. Las agrupaciones del FITU, que son parte del ‘granatismo', dan un permanente “apoyo crítico” a las ficticias “acciones de lucha” de la burocracia. Este sometimiento ha conducido a que terminaran incorporando los métodos burocráticos a su propia acción. En los sindicatos dirigidos o influenciados por partidos del FITU, se ha extendido la práctica de perpetuar a sus dirigentes en sucesivos mandatos, como ocurre con Claudio Marín en nuestro sindicato (o Roberto Pianelli en el subte). Los dirigentes sindicales que nunca vuelven al trabajo se convierten, como consecuencia de ese cambio de status social, en una burocracia, o sea, en un sector que desarrolla intereses propios que son independientes o ajenos a los de la clase obrera. La Naranja propone que los estatutos de FOETRA establezcan la revocabilidad de los mandatos, la rotación periódica de los cargos directivos y la vuelta al trabajo. También proponemos la periodicidad mensual de los plenarios de delegados, la abolición de la asamblea “informativa” por la asamblea siempre resolutiva. Es lo que la Naranja defendió siempre, como también lo hicieron las agrupaciones del FITU, claro que de palabra. El abandono de este planteo convierte, a quien sea, en una colateral de la burocracia. No puede haber una dirección sindical revolucionaria que viva de rentas. Precisamente, los ataques de la Granate por haber presentado nuestra lista han residido en consideraciones de aparato. Por caso, porque podrían perder sus cargos de congresales por la minoría y los fueros gremiales que conllevan. En el último ataque de suspensiones de cientos de trabajadores de Telecom en el edificio Paseo Colón, la campaña de la agrupación Violeta, en la Granate, puso el eje en que no suspendan los fueros de sus dirigentes. Plantearon defender la “organización”, no una huelga general para rechazar las suspensiones. Esto no ocurre sólo en FOETRA: también en otros sindicatos se oponen a la huelga general porque llevaría a la ilegalización del sindicato. La Granate reclama a la Azul y Blanca y a la dirección sindical que se movilice, pero no toma la iniciativa de esa movilización por medio de una campaña de agitación y medidas de lucha parciales. La rutina y el declaracionismo sin consecuencias prácticas ha llevado a la Granate, que se presenta por cuarta vez desde 2013, a un retroceso sin pausa: desde el 42 % en su primera elección hasta el 20 % la última elección de 2021. No se ha molestado, sin embargo, en presentar un balance de esta desautorización político-sindical. Nos auto-criticamos por no haber realizado nuestra presentación de forma independiente con anterioridad , y haber sido parte de una lista que no jugó ningún papel . Sin embargo, lo peor no es cometer errores sino no corregirlos a tiempo. Naranja hay una sola. Se presenta de forma independiente y clasista, porque necesitamos otro rumbo, no un refrito . Quienes reclaman ser “la naranja" son, insólitamente, los principales candidatos de la Granate. No defienden el programa histórico de la Naranja sino otro rumbo político con la confusión que generan. Como el tero, ponen los huevos en un lado y el grito en otro. Ni despidos ni suspensiones Ante la fusión de Telefónica y Telecom, que apunta a reventar la estabilidad laboral, la Naranja plantea el reparto de las horas de trabajo, sin tocar el salario, y la puesta en acción del gremio para defender todos los puestos de trabajo. Reivindicamos, en oposición a este monopolio cuasi absoluto, la nacionalización de las telecomunicaciones y la defensa de una Arsat pública . Mediante su nacionalización y un plan industrial, en manos de los trabajadores y en conjunto con una Arsat pública, planteamos transformar la industria de las telecomunicaciones, incrementar las fuentes laborales y su calidad, y abrir el camino para un frente internacional clasista en las telecomunicaciones. Por un salario básico igual al costo de la canasta familiar. Por un porcentaje anual de mejora del salario real de todas las categorías. Por la integración al convenio telefónico de todas las ramas (por ejemplo construcción) que sirven a telecomunicaciones. Reconquistemos las 7 horas para todos La mejora salarial, el freno a los retiros y nuevos puestos laborales debe servir para financiar la obra social y los servicios prestados a activos y jubilados. La Obra Social debe ser elegida en forma directa por el voto de los afiliados. Convocatoria de las elecciones de delegados en cada edificio, hoy negadas. Funcionamiento regular del plenario de delegados . Soberanía resolutiva de las asambleas. Por una campaña para organizar una huelga general de toda la clase obrera, hasta la conquista de nuestros reclamos. El mundo vive una crisis de la humanidad. Es la manifestación bárbara (guerras, crecimiento de la pobreza, pandemias y enfermedades, crisis climática) de la descomposición del modo de producción capitalista. El desarrollo de una clase obrera consciente y organizada es una necesidad histórica

Hace unos días se difundió la noticia de que una persona en situación de calle falleció a causa de un cuadro de Tuberculosis en la zona de Costanera Sur (Capital Federal). A su vez, uno de los Centros de Inclusión Social que depende del Gobierno de la Ciudad, el parador Costanera, tuvo que cerrar preventivamente unos días a raíz de la detección de un caso de dicha enfermedad. Estos hechos son el reflejo de una enfermedad que se encuentra en aumento y que tiene una estrecha vinculación con las condiciones de vida de la población. En Argentina La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible y curable, causada por una microbacteria conocida como Bacilo de Koch. Su contagio se produce por la inhalación del bacilo que una persona enferma transmite a través del aire cuando habla, escupe, tose o estornuda. Para que se produzca el contagio, el contacto entre personas debe ser frecuente. En los primeros tres meses de este año se confirmaron 3488 casos. La tendencia al aumento de la enfermedad se mantiene constante desde la pandemia de Covid, cuando el promedio era de 2530. A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación ( https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024/04/boletin_n_8_tuberculosis_y_lepra_en_la_argentina.pdf ), dio a conocer 16.647 casos de tuberculosis (más del 90 % nuevos diagnósticos o recaídas) en 2024. En el Gran Buenos Aires, nueve municipios concentran el 30,6 % de los casos. Junto con Jujuy, Salta, Formosa y Chaco fueron las jurisdicciones que más casos notificaron al tener en cuenta la cantidad de población (por encima del promedio nacional de 33 casos por cada 100.000 habitantes). Es decir que estamos ante una situación alarmante. “A pesar de la importancia de la evaluación del tratamiento, en la Argentina, uno de cada cuatro pacientes no cuenta con información sobre su resultado terapéutico. En la provincia de Buenos Aires, esta proporción aumenta a uno de cada tres y en la región sanitaria [de nueve municipios del conurbano] uno de cada dos pacientes no tenía registrado su resultado final del tratamiento”, concluye el boletín difundido el mes pasado por el Ministerio de Salud de la Nación a propósito del Día Mundial de la Tuberculosis. Pero lejos de reforzar el sistema de salud para hacerle frente a esta situación, el ministro de Salud Mario “prepagas” Lugones impulsa un feroz ajuste , a través del cual se desmantelaron áreas estratégicas claves como la dirección de Vacunas y la de ITS, VIH, HEPATITIS Y TUBERCULOSIS, entre otras. Una tendencia mundial La Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés, 14/03/2025), por su parte, alertó que la tuberculosis probablemente ha vuelto a ser la principal causa de muertes por patógenos infecciosos a nivel global, superando incluso a la Covid-19 en los últimos años. Este organismo relevó que, en 2023, 1,25 millones de personas murieron de tuberculosis en todo el mundo, incluidas 161.000 personas infectadas por el VIH. Es decir, estamos ante una tendencia a nivel mundial. Las condiciones de vida, un agravante Profesionales refieren que las personas con VIH tienen 16 veces más probabilidades de contraer tuberculosis e identifican que el mayor riesgo hoy se encuentra en las personas institucionalizadas, que viven en barrios con hacinamiento, que trabajan en talleres clandestinos y, también, la desnutrición. La constancia en el tratamiento es muy importante, ya que se necesita la constancia de seis meses de tratamiento (La Nacion, 16/04/2025). Un problema creciente asociado a la discontinuidad del tratamiento es la resistencia a una o más de las drogas utilizadas, lo que empeora los cuadros. Pero ocurre que pese a que la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable, en un país donde la pobreza oscila por encima del 38 % (datos oficiales del INDEC), la mayor parte de la población asalariada no llega a cubrir la canasta familiar (valorizada por encima de 1.500.000) y se ve un aumento de personas viviendo en la calle producto de los precios exorbitantes de los alquileres, habitaciones de hoteles y pensiones. Resulta casi imposible sostener una vida saludable y mantener constancia en la realización de controles y tratamiento, aumentándose las barreras de accesibilidad. A esto hay que sumar el desguace que atraviesa el sistema de salud pública . Opongamos una salida Como venimos desarrollando en estas páginas, la destrucción del derecho a la salud, parte estratégica del ‘ajuste’ del capital para hacer frente a la crisis potencial más grande de la historia , es el principal responsable del aumento y la propagación de enfermedades; del ‘estado de bienestar’, la humanidad ha pasado al estado de la miseria social . En este sentido, la nacionalización del sistema de salud (atención médica y monopolios farmacéuticos), en el marco de una planificación de conjunto por parte de un gobierno de trabajadores, debe ir acompañada por un aumento sustancial de salarios y jubilaciones, de una modificación radical de los sistemas de trabajo y una reducción de la jornada laboral, acompañada de una política de vivienda e infraestructura urbana, en beneficio del conjunto de la población trabajadora.

Esta mañana, en la planta de Acindar de Villa Constitución se iniciaron acciones de reclamo por la paritaria de los siderúrgicos. Tal como lo resolvió el congreso de delegados de la UOM , se inició hoy en las puertas de la planta Acindar de Villa Constitución una manifestación con olla popular reclamando que se aplique el índice de inflación desde julio a marzo, que acumula 31,43 %, a partir de abril, y que se liquide la diferencia acumulada durante los últimos nueve meses debido a la falta de avances en las reuniones paritarias nacionales. Se ha acumulado una deuda que -más allá de los anticipos- perjudicaron notoriamente la economía de los trabajadores. La UOM seccional y el cuerpo de delegados de Acindar instalaremos una carpa en la rotonda de ingreso a la planta Esta actividad continuará hasta el 30 de abril, cuando se decretará un cese de actividades de 12 a 15 para realizar una asamblea general. De no haber respuesta favorable, se pondrá a consideración de la asamblea general el inicio de un paro por tiempo indeterminado a partir del lunes 5 de mayo. Como lo venimos planteando en estas páginas, estos métodos se deberian ir replicando en todas las empresas siderúrgicas para no solo cerrar la paritaria 2024, sino además comenzar a generar las bases para la defensa de los puestos de trabajo y porque el salario inicial de UOM cubra el costo de la canasta familiar.

Las “reglas de empeñamiento” son órdenes que reciben las tropas militares cuando son movilizadas. Según información difundida en las últimas horas, las “reglas de empeñamiento” que recibieron los soldados enviados a la frontera norte del país para participar del “Operativo Roca”, de carácter “reservado”, incluyen la autorización a detener civiles en caso de flagrancia. Según el ministro de Defensa, Luis Petri, “de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la Policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común. El aprehendido debe ser conducido a la brevedad posible ante autoridad competente para que se inicie la investigación”. Con esta falacia, Petri pretende cubrirse por enviar militares a realizar tareas policiales a la frontera norte del páis. Antes de que alguien lo cuestionara, Petri salió a atajarse con un posteo en X: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", postuló desafiante. Como fuente de autoridad, citó nada menos que la militarización de la frontera con México dispuesta por Trump: “Estados Unidos lo acaba de anunciar en enero, por qué (sic) acá algunos se escandalizan?", se pregunta Petri. Cabe agregar que Trump también proclamó pretensiones anexionistas, lanzó un programa arancelario equivalente a una declaración de guerra contra el mundo y encabeza una ofensiva belicista: si algo ha hecho el convicto magnate estadounidense es ´escandalizar´ a la humanidad. Con la excusa de “combatir al narcotráfico” y el contrabando, el Gobierno dispuso una movilización extraordinaria de personal militar a las zonas de Jujuy y Salta. Aspira a haber alcanzado el paso de 10.000 efectivos hasta fin de año. La militarización de la frontera norte tiene un innegable propósito represivo. Es una de las regiones más empobrecidas del país, pero que aloja, entre otros, algunas de las mayores reservas de litio del continente. La presencia militar, hasta ahora, no ha mostrado ninguna eficacia en la lucha contra la penetración de la droga; los narcos, en cambio, sí han demostrado una gran capacidad de penetración en el aparato represivo. La Gendarmería -la fuerza militarizada creada, precisamente, con el objetivo de patrullar las fronteras- y las policías provinciales han sido puestas sistemáticamente en la picota por su complicidad y participación en el tráfico de estupefacientes. Los especialistas en la materia, por otro lado, insisten en que el ingreso de la droga al país se realiza a través de avionetas o embarcaciones, su principal vía de salida son los puertos del río Paraná -en manos de concesionarios privados- y los beneficios son lavados a través del negocio inmobilario y el juego y acaban en el sistema bancario. En el norte de Salta, los operativos militares ´contra el narcotráfico´ detonaron una rebelión de bagayeros y la represión se cobró un muerto . Las objeciones de la oposición y pseudooposición patronal no denuncian el andamiaje represivo, sino la falta de garantías a los militares. Se cita abusivamente la Ley de Defensa de la Democracia -que deja un amplio margen para el despliegue de fuerzas armadas- para invocar la necesidad de su reforma, con el propósito, justamente, de habilitar la injerencia militar en materia de seguridad interior. “Una resolución ministerial, como en este caso, no es suficiente para modificar el texto de una ley, si ella determina algunas prescripciones, por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta”, señaló Horacio Jaunarena, exministro de Defensa del gobierno de Alfonsín, y agregó: “Creo que uno de los puntos de modificación legal del plexo normativo debe ser terminar con la concepción de dividir las funciones de las FF. AA. y de Seguridad” (Clarín, 28/4). Según Ricardo López Murphy, quien ocupó el cargo en el gobierno de la Alianza, los militares “no tienen protección jurídica suficiente” para realizar tareas policíacas (ídem). Del otro lado de la ´grieta´, el exministro K, Agustín Rossi, dice que Petri empuja “al personal militar a actuar fuera de la ley”. Durante su gestión, se puso en marcha el operativo “Escudo Norte”, como se llamó este mismo despliegue -aunque con menor cantidad de efectivos- por los gobiernos kirchneristas, luego continuado por el gobierno de Macri. Los medios militares, por su parte, coinciden en atacar a la supuesta ´desprotección jurídica´ a la que se verían expuestos y agregan quejas por la razones estratégicas (“¿Qué hipótesis de conflicto enfrenta la Argentina?”) y hasta salariales (Zona Militar, 28/4) Si en algo coinciden los representantes de los partidos patronales es en el anhelo de ´recuperar´ a las fuerzas armadas para la vida política del país y garantizarse su respaldo, como reaseguro frente a la crisis y levantamientos populares.

Como sucedió con cientos de edificaciones en la ciudad, la inundación del 7 de marzo en Bahía Blanca afectó severamente el local de Política Obrera. Ubicado en General Paz y Lamadrid, a unas diez cuadras del centro, ingresó más de un metro de agua, que dañó pisos, paredes, puertas, persianas y muebles. Un auto arrastrado por el agua quedó incrustado en la entrada principal. Como las cortinas de metal cedieron a la fuerza del agua, nuestras sillas, mesas, megáfonos y nuestro equipo de audio, entre otros tantos bienes, se perdieron. Algunos aparecieron a una cuadra del local, arrastradas y ya sin posibilidad de recuperación. El local de Política Obrera había sido reinaugurado hace poco más de un año, luego de un esfuerzo importante para acondicionarlo en el cual colaboraron militantes y simpatizantes, no sólo con insumos sino con su propio trabajo. Recuperamos lo que fue el histórico local del Partido Obrero y que fuera usurpado por una camarilla que cambió su cerradura en una noche del año 2019, previo a las miles de expulsiones de militantes. En el último tiempo el local fue espacio de encuentros, cenas, charlas, brindis y debates. Ha estado al servicio de organizar nuestra participación en movilizaciones, campañas de legalidad y electorales. En el marco de la inundación, Política Obrera no frenó su actividad: militantes y simpatizantes salieron a recolectar y entregar donaciones, aunque el local no pudo ponerse a disposición por los destrozos sufridos. Al mismo tiempo en que se colaboraba con los afectados, también se empezaba a limpiar de a poco nuestro espacio. El Municipio prometió asistencia a organizaciones civiles afectadas por la inundación que nunca llegó. Miles de vecinos afectados todavia siquiera cobraron los subsidios provinciales y nacionales. En este cuadro, lanzamos una campaña para poder restaurar nuestro local y volver a equiparlo con los insumos más básicos. Recibimos donaciones de banquetas, sillas, mesas, muebles y donaciones en general que puedan considerarse de utilidad. También tenemos habilitado un alias para recibir aportes: politicaobrerabb Llamamos a todos nuestros simpatizantes a colaborar y también a quienes consideran importante, desde un punto de vista democrático más general, la actividad política que desarrolla nuestro partido por una organización política independiente de los trabajadores y el socialismo. Para este fin y para apoyar todas las causas populares es que tenemos al servicio nuestro local.

El viernes 25 finalizaron las elecciones para renovar la mesa ejecutiva y las comisiones directivas por Facultad de la AGD-UBA. Para la comisión directiva de AGD-Sociales se presentaron 3 listas: “Unidad Docente” obtuvo 251 votos (61 %); “Sociales en Común”, 87 votos (21 %) y “Sociales en lucha”, 71 votos (17 %). Desde “Sociales en lucha” saludamos la participación en las elecciones del gremio y agradecemos a los docentes que acompañaron nuestro programa y nuestras propuestas con su voto. Nuestra lista señaló que, para enfrentar el ataque de Milei contra la universidad, es necesario apostar a la acción directa y la coordinación del movimiento universitario con otros sectores en lucha, sin depositar ninguna confianza en los rectores, ni las burocracias en el frente sindical y el Parlamento que colaboran con el Gobierno. Remarcamos la necesidad de reforzar la iniciativa de la gremial, con asambleas por facultad y en el caso de Sociales impulsando debates y actividades vinculadas a los problemas específicos de la Facultad. Siendo la primera vez en presentarse, “Sociales en lucha” tuvo un muy buen desempeño y estos planteos recogieron el apoyo de un número relevante de docentes. Sin embargo, concluido el escrutinio, esto no se vio reflejado en la nueva composición de la comisión directiva de AGD-Sociales. Aunque el estatuto del sindicato establece que la distribución de los cargos para las comisiones directivas debe realizarse según el sistema proporcional, este criterio no fue respetado. Producto de una interpretación arbitraria del estatuto, “Sociales en lucha” quedó excluida de la CD de Sociales. Esta forma de proceder constituye un atropello a la democracia sindical y la pluralidad de opiniones en la AGD, cuyo estatuto garantiza la representación proporcional de las minorías en los órganos directivos del gremio. Si se comparan los resultados de 2025 con los de las elecciones de 2022, donde se presentaron sólo dos listas, se advierte que la exclusión de “Sociales en lucha” es una barbaridad. En 2022, “Unidad Docente” obtuvo 252 votos (78 %) y “Sociales en Común”, 73 votos (22 %), lo que se tradujo en una CD conformada por 5 integrantes de la primera lista y 1 de la segunda. ¿Cómo puede ser que, en 2025, habiendo repetido la misma cantidad de votos absolutos, pero descendido un 17 % en la elección total, “Unidad Docente” retenga nuevamente 5 lugares en la comisión directiva? Ese 17 % es justamente el porcentaje que obtuvo “Sociales en lucha”. Esta exclusión no es casual, si se tiene en cuenta que nuestro agrupamiento viene polemizando con la actual conducción del gremio y, en 2024, cuestionó su adaptación a la orientación del frente sindical y la estrategia parlamentaria que se impuso el año pasado . La noche del escrutinio, las listas “Sociales en lucha” y “Sociales en Común” presentamos una nota conjunta ante la junta electoral de la AGD, reclamando que se respete el criterio de proporcionalidad. Con este comunicado, desde “Sociales en lucha” reiteramos esa exigencia, para que se respete la democracia sindical en el gremio, así como la voluntad de los docentes que acompañaron con su voto los planteos de nuestra lista. Llamamos a nuestros colegas a pronunciarse. LEER MÁS: Elecciones de AGD-UBA: presentamos la lista “Sociales en lucha” Por Patricia Lambruschini, 11/03/2025.

Hace varias semanas que la patronal de FATE viene desenvolviendo una violenta ofensiva contra los trabajadores, que incluye despidos, pedidos de desafueros, acoso y persecución. El propósito central de la empresa es imponer un cambio en el sistema de trabajo y una flexibilización laboral. El pasado 22 de abril la patronal sacó un comunicado que es una abierta extorsión: amenaza con el cierre de la planta y con dedicarse a la importación (en vez de la producción) de neumáticos. En criollo, puso el revolver en la mesa de “negociaciones”, entre comillas, porque está claro que la patronal no tiene intenciones de negociar nada. A esta actitud la confirman los sucesivos comunicados, donde aclara que el único punto a discutir es el cambio en el esquema de turnos. “…ante el escenario descrito de no haber un avance concreto en la próxima reunión debemos decidir el camino a tomar” dice un comunicado de la gerencia de relaciones industriales. Desde el sindicato se comunica que los trabajadores votaron “… un acuerdo por cambio de sistema de trabajo con las características actualizadas del preacuerdo alcanzado el año pasado...”, algo que llama poderosamente la atención ya que esta misma propuesta fue rechazada en dos asambleas. En definitiva, la situación es esta: la patronal dice ‘primero el cambio de turnos’, los demás puntos se verá después, la lista Negra se adapta al planteo de la patronal, pero le suma la reincorporación de los despedidos, aumento salarial etc. Frente a este enpantamiento el único camino es votar en asamblea un plan de lucha que unifique el gremio desde la base. LEER MÁS: FATE: Madanes Quintanilla amenaza con el “cierre de la planta” Las “reuniones privadas” con la patronal no han llevado a nada. Por Julio Gudiño, 23/04/2025.

Desde su asunción, el gobierno viene atacando discursiva y materialmente al CONICET, mediante el recorte de becas, los despidos, la retención ilegal de fondos internacionales y cerrando cualquier tipo de ingreso al organismo. A esto hay que sumarle el retroceso del salario que en lo que va de gestión: un 33% en 16 meses, según informe del grupo EPC-CIICTI. En su ponencia en el Congreso de la Nación, Guillermo Francos dio a conocer que no habrá nuevos ingresos a carrera y que tampoco ingresarán los postulantes 2022. El ingreso a carrera es el momento de afianzamiento de los grupos de investigación que logran coronar un doctor con formación posdoctoral en el equipo permanente de trabajo, lo que permite el crecimiento del grupo e incluso abrir nuevas líneas de investigación. El cierre de los ingresos significa el estancamiento, cuando no el desarme, de líneas de investigación completas y, por supuesto, la expulsión del sistema científico de jóvenes con formación de excelencia internacional. Lo mismo sucede con la Carrera de Personal Técnico (CPA), la cual se encuentra cerrada a los ingresos, las altas y las promociones. Entre despidos, jubilaciones y recorte de becas, se han perdido ya 1.300 puestos en el organismo. El 28 de abril, la Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos del CONICET sacó un comunicado en el que puntean los detalles de una reunión del 25 de abril con parte del directorio del organismo, donde buscan ilusionar: “La incorporación de nuevos investigadores se realizará de manera escalonada, priorizando según las bajas existentes (400 desde 2024) y sujeto a la disponibilidad presupuestaria” (sic). Los canallas del directorio plantean la posibilidad de recuperar apenas un tercio de los despedidos. También se deslizó que el financiamiento de los PICT (dinero internacional retenido ilegalmente por el gobierno) se regularizará, aunque no se sabe cómo. Por otro lado, la condición de exclusividad que tenemos los trabajadores del CONICET se encuentra cada vez más imposibilitada ya que los salarios se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. La cuestión del salario empieza a ser un tema de debate y motivo también por el cual jóvenes científicos y técnicos optan por otras ofertas laborales. Con la inflación elevándose nuevamente y paritarias fijadas con un tope del 1% para los próximos meses, se espera que el retroceso salarial sea aún mayor. La dirección sindical del CONICET está, por su parte, fuertemente comprometida con el ajuste y completamente paralizada. UPCN, el sindicato dirigido por el coleccionista de caballos de carrera y dirigente de la CGT, Andrés Rodríguez, viene de firmar un aumento paritario escalonado de 1,3% en marzo, 1,3% en abril y 1,3% en mayo. Mientras tanto, ATE ha iniciado planes de lucha que no llevan a ningún lado; lanza convocatorias relámpagos a paros o movilizaciones sin ningún tipo de organización asamblearia de por medio. Ambos sindicatos confluirán este miércoles en la misa de la CGT al monumento a la explotación (al trabajo). Necesitamos declararnos en estado de asamblea permanente para lanzar un plan de lucha y seguirlo paso a paso. Mediante autoconvocatorias, movilizaciones y toma de los lugares de trabajo podemos torcerle el brazo al gobierno, como en 2024, cuando la toma del Polo Científico logró que se den los resultados de las becas doctorales. LEER MÁS: Trabajadores del CONICET ocupan el hall del ex-Ministerio de Ciencia y Tecnología Contra los despidos y el ajuste en el sector. Por Agustina Martelli, 20/02/2025.

La convocatoria de este miércoles a la movilización de la CGT, en coincidencia con la ronda que hacemos los jubilados ese día, dio lugar a un debate y a una delimitación política entre las organizaciones de jubilados. La CGT ha convocado a una acción que está en estricta continuidad con el pacto trazado entre la burocracia sindical y el gobierno liberticida . El esquema cegetista en este 2025 es igual al del año anterior, siendo la única diferencia el día. Han cambiado el 1 de mayo por el 30 de abril, ¡hasta la jornada internacional de los trabajadores se ha entregado, sin siquiera convocar a un paro para el 30! Por segundo año consecutivo, la decisión de la CGT es desplazar hacia el Monumento del Trabajo el acto del 1° de mayo. En vez de una acción de lucha contra el Gobierno hambreador otra vez han optado por movilizar hacia Azopardo. Es un acto de autocelebración de la política de la burocracia, de colaboración con Milei y con Caputo. Como también ocurrió el año pasado, los partidos que integran el FITU han resuelto participar en esta convocatoria colaboracionista de los aparatos sindicales y el aparato del PJ , a través de una “columna independiente” que le reclamará a la burocracia “un plan de lucha” Pero este año, la adaptación del FITU a la burocracia tiene una connotación más grave: ocurre que la acción burocrática coincide con “los miércoles de los jubilados del Congreso”. La CGT le ha dado las espaldas a la lucha de los jubilados. En este largo año de reclamos sólo en una oportunidad se asomaron al Congreso, y para retirarse antes de que comience la represión. La CGT se vino a colgar de nuestra lucha para disimular su nula voluntad de luchar por los salarios y las jubilaciones. En estas condiciones, para los jubilados marchar con la CGT este 30 no solamente implicaría un apoyo a los cómplices del gobierno, sino también el vaciamiento de nuestra ronda de los miércoles. Por esa razón, varias agrupaciones de jubilados, como Jubilados Clasistas, los Insurgentes y los autoconvocados, sostuvimos que nuestro lugar no es con la burocracia corrupta y su aparato sino en el Anexo de Diputados del Congreso y la ronda posterior, ganados a fuerza de resistencia. Se ha establecido así una delimitación que es vital para el futuro de nuestro movimiento. Asimilarnos a una burocracia que acuerda con Milei-Caputo en detrimento de la vida de los trabajadores, implicaría un golpe mortal a nuestra lucha independiente. Más grave aún es que esta tentativa de sometimiento ha tenido como intermediarios a una autoproclamada “izquierda”. Finalmente, nuestra posición de defender nuestra ronda, junto con la de los otros compañeros, derrotó esta tentativa. Se ratificó la decisión de realizar el acto de todos los miércoles en el Anexo de Diputados del Congreso a las 17 hs. Los compañeros de las agrupaciones del FITU asumieron el compromiso de llegar a esta actividad después de ir a la de la CGT. Pero la historia les va a demostrar que no se puede estar en dos lugares (y en dos posiciones políticas) al mismo tiempo. La continuidad de la lucha está en impulsar autoconvocatorias, asambleas, plenarios, debates en las fábricas, escuelas, hospitales, barrios, para unificar los conflictos e impulsar una huelga general. LEER MÁS: Con una marcha de Congreso a Plaza de Mayo, los jubilados de los miércoles seguimos en las calles Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 25/04/2025.

Un conductor de la línea 378 de colectivos (empresa Almafuerte) fue brutalmente atacado durante un asalto en Isidro Casanova (La Matanza) en la noche del sábado. Hace poco más de un mes, seis líneas de colectivo de la misma empresa habían paralizaron el recorrido en forma de protesta tras el ataque que sufrió un colectivero en Virrey del Pino. Las situaciones de inseguridad son frecuentes en el distrito y los choferes lo vienen denunciando hace décadas. El compañero agredido relató que el agresor mantuvo una conversación con él durante el trayecto y lo atacó al finalizar el recorrido, despojándolo de sus pertenencias antes de huir. Sufrió cortes profundos en el rostro y el cuello, tras ser atacado con un arma blanca. En el hospital le dieron más de cuarenta puntos de sutura. El agresor aún no fue identificado. Este nuevo hecho de violencia se produce a pocos de conocerse los últimos datos de la Procuración bonaerense, que marcan que La Matanza es el municipio más violento de la provincia de Buenos Aires, incluso superando el promedio de la provincia. Apenas conocido el hecho, los colectiveros se reunieron en la cabecera de la empresa y definieron la realización de un paro por 24 hs. La medida de fuerza abarcó a las líneas 218, 284, 325, 378, 622 y 628. La huelga se respaldó con un corte en la rotonda de San Justo y se movilizaron a la Intendencia de La Matanza, para exigir medidas de seguridad al Intendente Fernando Espinoza. Otras líneas como la 96 y la 620 se acercaron a dar su solidaridad. “Hace un mes nos juntamos con autoridades de la seguridad municipal, nos prometieron que la policía iba a estar en la calle, estuvieron dos días, después desaparecieron y ahora tenemos el mismo drama que tuvimos hace un mes atrás. Nosotros no pedimos seguridad solo para nosotros, sino para toda la gente. Pero parece que a las autoridades no les importa la gente trabajadora. Les importa más llenarse los bolsillos”, señalaron los choferes durante la protesta a los medios locales. Exigieron mayor presencia policial en las cabeceras y recorridos, cabinas de seguridad y botones antipánico efectivos. En un comunicado señalaron: “Estamos totalmente hartos de que nadie se haga cargo de nada y que las promesas de seguridad no se cumplan”. En la asamblea que se realizó en la Plaza de San Justo, hubo críticas de muchos colectiveros a la conducción de la UTA por su inacción. Los delegados del sindicato, luego de una reunión con autoridades del municipio, propusieron que la reunión se traslade a la comisaría de Isidro Casanova, para quitar al conflicto del centro del poder político. Esto fue arduamente discutido en la asamblea que por escaso margen aprobó "mudar" la movilización a Casanova. Muchos compañeros advirtieron que esto era una maniobra para no chocar con el Ejecutivo municipal. Por la tarde se realizó la reunión con autoridades municipales, la empresa y la policía en la comisaría. Mientras tanto los trabajadores sostuvieron un corte de vías en la Ruta 3. Los compañeros exigían que también se hagan presentes autoridades provinciales, pero esto no ocurrió. Los delegados al finalizar la reunión informaron a los medios que el paro se levantaba, pero sin que les hayan dado respuestas concretas a sus reclamos. Uno de los trabajadores señaló: "Se trata de las mismas mentiras y promesas de siempre". Para este martes 29, los trabajadores han convocado a una “Marcha por seguridad”, que partirá desde la sede de Almafuerte y se dirigirá hasta la plaza de San Justo.

El 18 junio próximo, las elecciones en AMSAFE tendrán lugar en un marco excepcional. En tándem con Milei, el gobernador Pullaro: desconoció los acuerdos salariales del 2023; demolió salarios y derechos laborales con la colaboración de la cúpula del sindicato, cerró la paritaria por decreto en tres ocasiones, instauró medidas punitivas como el presentismo agravado y descuentos brutales por huelga; canceló titularizaciones y traslados. La reforma previsional ha sido sin dudas el atropello más grave , porque eliminó el régimen opcional docente, elevó la edad de retiro y los años aporte, y desvinculó las jubilaciones de los aumentos salariales. También judicializó a los delegados que se manifestaron contra la reforma previsional , una gravísima persecución antisindical. Ahora, Pullaro se encamina a reformar la Constitución provincial para consagrar el "equilibrio fiscal", y así apelar al “déficit cero” como una losa para estrujar aún más los salarios y jubilaciones estatales . Sin embargo, el año pasado, ante la parálisis gremial, la docencia buscó abrirse paso por sus propios medios, y salió a enfrentar a Pullaro . Surgieron autoconvocatorias, cartelazos y escraches donde sea que se presentaban los funcionarios del gobierno, pero ninguna conducción procuró organizar, ni provincial ni seccional, dar un cauce provincial a esta bronca. De este modo ha quedado planteada la necesidad de una nueva dirección en nuestro sindicato. Listas A nivel provincial se inscribieron dos listas: la oficialista Celeste, de la burocracia de Trabajadores de la Educación (alineado a la conducción nacional de CTERA, de Sonia Alesso). Esta dirección, encabezada por Rodrigo Alonso, ha quedado al descubierto como la garante necesaria del asedio del gobierno contra la docencia. Por la oposición, se presentó el FAD (Frente por una AMSAFE Democrática) que nuclea a sectores de centroizquierda, agrupaciones del FITU, de la CTA A y otros. Este frente que dirige cuatro seccionales opositoras se adaptó al apaciguamiento del oficialismo Celeste. Esta dirección de oposición se ha negado a abrir un curso de acción independiente, quedando atascadas en el reclamo estéril a la conducción provincial, para que convoque a asamblea, y para que luche “en unidad”, a sabiendas que la dirección provincial está jugada en contra de los trabajadores. Listas departamentales En el departamento La Capital, refugio del aparato Celeste, se apuntaron tres listas: la oficialista, de “Trabajadores de la Educación”; el FAD, o “Frente por una AMSAFE Democrática”. Esta etiqueta la adoptó también en La Capital lo que quedó de un Frente 4 de abril, que concluye así un rumbo de subordinación al FAD provincial, sumando a elementos centristas, con vasos comunicantes con los partidos que gobiernan y han gobernado la provincia. En la Capital, hemos construido la lista Frente de Lucha Docente, que integramos la Tendencia Docente Clasista, la Unidad Carlos Fuentealba, e independientes. La base de este nuevo frente, es un programa que coloca como puntos centrales: la independencia política de los gobiernos y la lucha por un salario inicial por cargo igual al costo de la canasta familiar, por tirar abajo la reforma previsional, por la derogación del presentismo y los descuentos, por la recuperación de los derechos confiscados por Pullaro, pero también para exigir una garantía salarial y cobertura social para reemplazantes. Llamamos a rechazar y enfrentar la reforma constitucional reaccionaria de Pullaro y sus secuaces. Por el impulso de autoconvocatorias en toda la provincia y por la preparación de la huelga general de todos los trabajadores, para conquistar nuestras reivindicaciones. Ninguna tregua con el gobierno de Pullaro-Milei. En el departamento San Lorenzo, donde la conducción Celeste de Monteverde, pierde sucesivamente las votaciones de mociones en las escuelas, se ha abierto la posibilidad concreta de expulsar a la burocracia. Por esta razón, el sector de la agrupación “Autoconvocados”, que hace tres años excluyó a la izquierda de las listas, en esta ocasión ha cedido a la necesidad de la conformación de un “frente para la recuperación gremial”, que será encabezado por Autoconvocados, seguido de Tendencia Docente Clasista en el lugar de la secretaría adjunta y en tercer lugar Tribuna Docente, en la Secretaría Gremial. En Rosario, la seccional más numerosa, e importante de la provincia, dirigida por la oposición del Frente 4 de abril-FAD, la burocracia Celeste ha conseguido imponer su Junta Electoral, y montado una operación para organizar el fraude y así torcer la votación a su favor en el departamento. Ha eliminado 50 mesas de votación y reconfigurado la distribución de las restantes en función de desalentar la participación de los compañeros de bases, en un operativo timoneado por la CD Provincial de Alonso. Frente a esta situación, denunciamos y llamamos a enfrentar el fraude Celeste. Hacemos un llamado a la docencia a sumarse, debatir y organizarse por este programa y esta perspectiva, a votar al Frente de Lucha Docente en la Capital, al Frente de Recuperación Gremial en San Lorenzo y a derrotar el fraude de la Celeste en Rosario. Convocamos a los trabajadores a hacer de esta elección un acto de resistencia y lucha contra los responsables de nuestra situación actual.

El gobierno liberticida avanza a paso firme en la entrega de los recursos naturales de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Sobre el espacio marítimo que rodea a las Islas Malvinas yacen 1.700 millones de barriles de petróleo, valuados en aproximadamente 127.000 millones de dólares, mientras la Argentina importa combustible anualmente por un valor de 5.000 millones de dólares. Las exploraciones dieron cuenta de estos yacimientos en 1998. Sobre este millonario botín hidrocarburífero ya hay proyectos de explotación del yacimiento que se encuentra dentro del llamado “limite exterior” de la plataforma continental del Estado argentino. Las empresas que se han anotado para llevar adelante el proyecto son la británica Rockhopper Exploration, con sede en Londres y que cuenta con accionistas de fondos de inversión de EE.UU. y Europa y la israelí Navitas Petroleum, especialista en la explotación marítima de crudo, que está integrada por capitales sionistas y estadounidenses y mantiene contratos militares con el gobierno del Reino Unido. La empresa israelí ha comprado la mayor parte del paquete accionario (hasta el año pasado poseía el 65% de las acciones) con lo cual, el mayor flujo de ganancias se dirigirá hacia Israel y Estado Unidos (The Telegraph, 30/06/2024). Según ha trascendido, el proyecto estima la extracción de 300 millones de barriles de petróleo en los próximos 30 años, lo que equivale a una ganancia estipulada en 25 mil millones de dólares. Por su parte, el gobierno británico obtendrá en concepto de regalías 6.000 millones de dólares. Nativas Petroleum ha dado a conocer que en 2026 comenzará con la explotación de 23 pozos en la zona norte de las Islas Malvinas, en el yacimiento conocido como León Marino, a casi 300 kilómetros de territorio insular, región calificada como de “calidad mundial”, por la calidad y la cantidad de reservas. La empresa israelí se encuentra en la ilegalidad ya que en 2022 la Secretaría de Energía, por medio de la resolución 240 resolvió la inhabilitaciion por 20 años a partir de que la empresa desarrolló actividades sin permiso previo en la plataforma continental argentina. Esta situación ha sido subsanada por el gobierno kelper, que le ha otorgado una licencia de carácter ilegal para que pueda operar libremente (Página/12, 23/04). La entrega del gobierno de los Fernández preveía permisos para la explotación de los recursos naturales y “mantuvo el litigio, convenientemente circunscripto al ámbito privado, para que esto no obstaculice el entendimiento que estaba llevando a adelante con el Estado sionista de Israel” “Los isleños podrían beneficiarse de millones de libras en regalías e impuestos sobre las ganancias, lo que podría transformar toda la economía de las islas, que actualmente dependen de la cría de ovejas y la pesca”, había anticipado The Telegraph (30/04/24). Uno de los puntos en conflicto es el de impacto ambiental. La ordenanza de las Islas Malvinas sobre minerales en alta mar, estipula que los proyectos de extracción deben sortear una Evaluación de Impacto Ambiental. El diario británico The Telegrapfh, también en 2024, advirtió sobre una posible crisis en torno a la explotación de las reservas en cuestión, ya que, “los planes podrían ser políticamente vergonzosos para el Reino Unido. La cantidad de petróleo producido abriría un enorme agujero en las promesas del Reino Unido de reducir las emisiones”. El primer Ministro Keir Starmer y el laborismo, han hecho bandera, en la campaña electoral del pasado año, con una rápida transición a la emisión cero de CO2 (dióxido de carbono), y, a su vez, prometieron prohibir nuevas explotaciones de petróleo y gas en aguas bajo control del Reino Unido. La coartada del gobierno laborista se encuentra en que es la administración que se ocupa de las islas la que tiene voz y voto sobre los derechos de perforación en las aguas aledañas a las islas. Por su parte, John Birmingham, titular adjunto de la cartera de recursos naturales, sobre esta cuestión sentenció que “los hidrocarburos en alta mar tienen el potencial de ser una parte importante de nuestra economía en las próximas décadas” (Ídem), borrando de un plumazo uno de los puntos del programa laborista en pos de las suculentas regalías a recibir a futuro. La gobernación de las Islas Malvinas recibió el informe presentado por Nativas, en el que se puede leer que “continuará haciendo todo lo que sea razonablemente posible con respecto al monitoreo y la gestión para minimizar los impactos/riesgos ambientales durante las Fases 1 y 2 de Desarrollo”, agregando que “las evaluaciones de impacto y riesgo se revisarán periódicamente para garantizar que los controles permanezcan vigentes y que las actividades que conducen a impactos y riesgos potencialmente significativos estén sujetas a una mejora continua cuando existan oportunidades” (Agenda Malvinas, 28/04). Así justifica Nativas la rapiña de recursos naturales en el Atlántico sur. El nombramiento por parte de Milei de Mariana Plaza, quien promueve lo que en Cancillería es denominado como “doctrina Plaza”, como embajadora argentina en el Reino Unido, representa un apoyo “(a)l acercamiento a las autoridades británicas para cooperar en diferentes áreas a cambio del abandono del reclamo por las Islas Malvinas.” (LPO, 28/04). Con la pandilla libertaria en el poder se acentúa la tendencia a que las Islas Malvinas se conviertan definitivamente en una base militar y petrolera al servicio del imperialismo y la guerra.

Los hutíes que controlan el norte de Yemén han denunciado mediante sus medios oficiales que el ejército norteamericano ha efectuado nuevos bombardeos y masacres sobre civiles. El de mayor magnitud ocurrió en la zona de Saada el 28 de abril sobre un centro de detención de migrantes que según los hutíes estaba bajo una zona abierta, lejos de bases militantes. Su destrucción dejó el saldo de 68 muertos y 47 heridos. También hubo bombardeos sobre la capital del país, Saná. Las víctimas fueron descriptas principalmente como migrantes africanos, incluyendo etíopes, que buscaban empleo en Arabia Saudita. Los migrantes viajan en barco desde el Cuerno de África, empujados por la devastación económica, política y ambiental. En 2024, se movilizaron 60.900 migrantes, a menudo sin recurso alguno para sobrevivir. En el año 2022, un ataque comandado por la propia Arabia Saudita y apoyado por EE.UU. se centró en este mismo centro de migrantes, según la agencia de noticias Reuters, y en donde murieron al menos 60 migrantes. Sobre esta masacre de civiles, el gobierno norteamericano no ha emitido declaración alguna. Se amparan en lo que denominan “seguridad operativa” para limitar la divulgación de información oficial. Los videos de Al Masirah -el canal de TV controlado por los hutíes- mostraron a socorristas recuperando los cuerpos de al menos una docena de hombres entre pedazos de concreto y escombros de metal en el piso de un gran edificio con paredes parcialmente destruidas y sin techo. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que los equipos de la Media Luna Roja de Yemen brindaron apoyo vital evacuando a los heridos a hospitales y recuperando cuerpos de los escombros. Estos lugares en Yemen ya habían sido blanco de ataque de EE.UU. y el 18 de abril de 2025, ataques aéreos estadounidenses contra el puerto de Ras Isa en Yemen causaron la muerte de al menos 74 personas y heridas a otras 171, entre ellos estibadores, camioneros y paramédicos. Es oficial el desarrollo la operación "Rough Rider" que consiste en el ataque norteamericano sobre posiciones hutíes en represalia por los ataques llevados a cabo por los insurgentes sobre Israel –en apoyo a la guerrilla palestina- y buques de carga comerciales que atraviesan el mar Rojo y el golfo de Adén. Así, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado haber atacado más de 800 “objetivos” en Yemen desde mediados de marzo, aunque los bombardeos se remontan hasta principios del 2024 . El ejército de EE.UU. dice haber matado a cientos de “combatientes” y diezmado la capacidad de bombardeo de los hutíes. Desde la ONU manifestaron su "grave preocupación" por los ataques aéreos estadounidenses en abril, particularmente el ataque al puerto de Ras Isa y evalúan que las víctimas civiles en Yemen se triplicaron de febrero a marzo de 2025, alcanzando las 162. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado informes las víctimas civiles en Yemen debido a los ataques aéreos de Estados Unidos. Los hutíes, por su parte, han calificado el hecho como un “crimen de guerra” y han respondido con bombardeos contra el portaaviones estadounidense USS Harry S. Truman en el mar Rojo, una operación que dicen que continuará hasta que cesen las agresiones sobre Yemen. Asistimos a un nuevo escenario de masacres bajo la batuta del imperialismo, que tiene por centro a la Franja de Gaza, pero que se ha extendido a Irán, Siria, el Líbano y ahora escalando en Yemen. En las vísperas del 1ro. de Mayo, la agenda de la clase obrera mundial es terminar con las guerras y masacres del imperialismo impulsando huelgas y manifestaciones.

OSPeTelCo, la obra social de FOETRA, comunicó que quienes tenemos el plan azul de Galeno deberemos comenzar a pagar una suma de $41.000 o hasta $70.000 por un “plan superador”. Esto es por integrante del grupo familiar. De no pagar, sufriremos una degradación al Plan Médico Obligatorio (PMO). La caída del salario con respecto al costo de vida culmina en que la obra social no puede financiarse, como históricamente lo hizo, con los descuentos y aportes establecidos por Ley: 3% aporta el trabajador sobre su salario bruto y 6% la patronal-. Sin duda, como dice el comunicado, la liberación de los precios efectuada por el gobierno de Milei es un factor. Pero se hacen los distraídos con respecto a que el salario cayó contra cualquier otro parámetro: alquileres, educación, etc. Esto es ocultado por un índice de inflación distorsionado, que se utiliza como referencia para las paritarias. Los sindicatos hacen oídos sordos ante los reclamos salariales. La CGT y las CTA son cómplices. No han hecho nada para organizar a los trabajadores en defensa de la salud y las obras sociales, debido a los compromisos que tienen con el Gobierno. Los paros que convocan son aislados y sin ninguna perspectiva para recuperar el salario, las jubilaciones, o el sistema de salud. La Azul y Blanca, que dirige FOETRA, está encuadrada en esta política. En las escalas de fija se mantiene de forma permanente el 15% del salario en el ítem “viático”, por el cual la empresa no tributa a la obra social -ni aportes previsionales. Esto es defendido como una gran estrategia salarial por la Azul y Blanca. Ahora, esa plata que se ahorra la patronal la tienen que poner los trabajadores de su bolsillo cada mes. Telecom desconoció recientemente su obligación de aportar al Fondo Compensador, pero tampoco la Azul y Blanca tomó medidas gremiales. Mientras tanto, demoran autorizaciones de óptica y odontología. Significa también un ataque al aporte que los jubilados reciben del Fondo, luego de haberlo financiado toda su vida. Necesitamos una conducción gremial cuya perspectiva sea recomponer el salario. Que el “viático” se incorpore al básico para financiar la obra social. Por una campaña en todo el movimiento obrero para defender la salud pública y las obras sociales. Salario mínimo igual al valor del costo de vida real de la familia trabajadora. Reparto de las horas de trabajo. Reducir la jornada laboral preservando los puestos de trabajo y manteniendo nuestro salario. Reconquistemos las 7 hs. para todos. La mejora salarial, el freno a los retiros, y nuevos puestos laborales deben servir para financiar la obra social y los servicios prestados a activos y jubilados. Ante un monopolio con influencia decisiva y hostil a los trabajadores orientado al beneficio privado, planteamos su utilidad pública. Mediante su nacionalización y un plan industrial, en manos de los trabajadores y en conjunto con una Arsat pública, transformar la industria de las telecomunicaciones, incrementando las fuentes laborales y su calidad. Convocatoria de las elecciones de delegados en cada edificio, hoy negadas. Funcionamiento regular del plenario de delegados. Soberanía resolutiva de las asambleas. Por una campaña para organizar una huelga general de toda la clase obrera, hasta la conquista de nuestros reclamos. LEER MÁS: Pongamos a FOETRA en acción, para recuperar el salario, defender el trabajo, el convenio y el derecho a una obra social que cubra nuestra salud Por qué debemos votar a la Lista Naranja en las elecciones del gremio. 21/04/2025.

En las últimas horas, los medios escritos y audiovisuales se han cansado de calificar de “imposible” y “caótico” al debate de los diecisiete candidatos inscriptos en la Ciudad de Buenos Aires, que en la noche de ayer expusieron sus planteos a razón de dos minutos por cabeza. Pero estos “denunciantes” se cuidaron muy bien de decir que sus emisoras tienen el acceso vedado a una parte de esos candidatos -de un modo general, los ligados a la izquierda, o retaceado a quienes no representan a los lobbys de cada medio-. La prensa, en definitiva, se escandaliza por el “hacinamiento de listas” (después de haber hablado hasta el infinito acerca de la “fragmentación” política) que fue producido en el único espacio de un canal estatal que depende del gobierno local por falta de la mas mínima autonomía de un medio público. El debate expuso, efectivamente, la extraordinaria fragmentación política de los partidos del régimen, aunque no tanto de sus planteamientos políticos; hubo un corrimiento de todos hacia la derecha. La ultraderecha se presentó partida en al menos tres candidaturas; esto, sin contar al neonazi Biondini o a un oscuro farmacéutico llamado Peretta, que solía frecuentar a Patricia Bullrich. Adorni, en primer lugar, reivindicó la impronta fascista de los Milei, para lo cual calificó a la izquierda de “zurda”. Reivindicó, en medio de la aceleración de la suba de precios, haber “aplastado” la inflación. La “carta” de representante de Milei en la CABA le augura un pronóstico reservado. En cuanto a los otros ‘fachos’, Marra y Yamil Santoro propusieron la erradicación de las villas de la Ciudad y la expulsión (¿adónde?) de las personas en situación de calle. Pero las gestiones de la Capital han elegido otro método para expulsar a los trabajadores de su perímetro: mediante el acaparamiento del suelo urbano por parte del capital inmobiliario. Después del fracaso de la “topadora” sobre las villas, los Macri y Larreta ofrecieron a sus pobladores urbanizaciones cosméticas, que han acentuado la crisis social al interior de los barrios precarios. En la larga noche del debate, la crítica socialista a esta gestión capitalista urbana cantó “ausente”. Del lado del pejota-kirchnerismo, Leandro Santoro se dedicó a exponer lo que Kicillof ha llamado la “nueva partitura”. Es decir, la adaptación de “nacionales y populares” a la agenda ultrarreaccionaria de los liberticidas. En un país y una ciudad golpeada por la polarización social, la crisis educativa o habitacional, Santoro se dedicó a perorar sobre los concesionarios de basura o las grúas porteñas. En ese ataque de localismo, el candidato de la UP se cuidó muy bien de ocultar los centenares de pactos que tuvieron lugar entre el peronismo y el PRO en la legislatura porteña, bajo los gobiernos de Macri y Larreta. Esos pactos permitieron un fantástico proceso de privatización de tierras y de superbeneficios a la patria contratista. Al declararse partidario del “Estado y también del mercado”, Santoro se ocupó de decirle a los contratistas del Estado porteño que nada deberían temer de una futura gestión “nac y pop” en la Ciudad. La izquierda La cuestión de la guerra internacional se coló en el debate a través de la cuestión de Medio Oriente. Fue el caso de Lula Levy, del radicalismo, de Yamil Santoro y del propio Larreta, que repudió los dichos de Vanina Biasi “contra el Estado de Israel”. Lucas Bonfante, el candidato que representó al FITU en el debate, replicó a este ataque denunciando el genocidio del Estado sionista contra el pueblo palestino, y rechazando la pretensión de asimilar como antisemita a la denuncia del sionismo. La insistencia en el punto, por parte de varios candidatos “centristas” del régimen, ha revelado el peso del sionismo en la elección de CABA. Bonfante, sin embargo, no se presentó al debate como un socialista. En su primera intervención, se autocalificó como “zurdo”, una inadmisible concesión a los liberticidas; se identificó como parte de la lucha universitaria y de las marchas por los jubilados. “Poner el cuerpo” y “ser solidario” fueron los atributos que añadió a su testimonio. Presentó a la izquierda como una fuerza “resistente” u opositora al gobierno libertario, no al conjunto del régimen capitalista. La ‘resistencia’ a Milei no caracteriza, sin embargo, a una fuerza obrera y socialista, ni tampoco la solidaridad con los jubilados y los estudiantes. El candidato del FITU no presentó un programa socialista. Denunció la masacre de Gaza de contragolpe, como resultado de los ataques de los candidatos sionistas, a quienes sí los caracteriza el antisemitismo. El planteo política y programáticamente restrictivo de Bonfante es otra expresión del corrimiento a la derecha de los protagonistas políticos en la Ciudad y en el país.

El pasado viernes 25 finalizaron las elecciones y se realizó el escrutinio en la AGD-UBA. En la elección de mesa ejecutiva, participaron 1.574 docentes afiliados a la gremial. La lista Unidad Docente (encabezada por la Agrupación Naranja e integrada por los distintos partidos del FITU) ganó nuevamente la conducción del gremio con 1.092 votos (70,1 %), contra la lista En Común (que nuclea diversas expresiones del peronismo y también a independientes), que obtuvo 466 votos (29,9 %). Comparada con la votación de 2022, participaron 21 personas más y hubo un leve crecimiento del oficialismo (2 %). En el caso de las comisiones directivas por unidad académica, las elecciones de la Facultad de Ciencias Sociales tienen cierta importancia, ya que es una de las facultades con mayor cantidad de afiliados y donde vota una mayor proporción de docentes (tanto afiliados como no). También es relevante desde el punto de vista del debate político. Mientras que en otras unidades académicas se presentaron sólo una o dos listas, en esta oportunidad, en las elecciones de AGD-Sociales hubo tres listas. A las dos ya mencionadas, se sumó Sociales en Lucha, conformada por docentes e investigadores de Política Obrera e independientes. Sobre un total de 411 votos válidos, Unidad Docente obtuvo 251 (61 %); Sociales en Común, 87 (21 %); Sociales en lucha, 71 (17 %) y hubo 2 votos en blanco. Con respecto a la elección de 2022, Unidad Docente descendió un 17 %, lo que refleja que un sector de la docencia ha transitado una experiencia, tiene una disconformidad con la actual conducción del gremio y ha buscado otra alternativa. Ese porcentaje es justamente el apoyo que recogió Sociales en Lucha, que fue la novedad de la elección y obtuvo un muy buen resultado en su primera presentación. Nuestra lista colocó un programa de lucha e independencia política, para enfrentar el ataque del gobierno contra la universidad y el sistema científico públicos. A la luz de un balance de la experiencia del año pasado, planteamos la necesidad de que el movimiento universitario vuelva a salir a las calles, con asambleas, medidas de acción directa y unidad con otros sectores en lucha, sin depositar ninguna confianza en los rectores, ni en las burocracias en el frente sindical y el Parlamento que colaboran con el Gobierno. Planteamos la necesidad de reforzar la iniciativa de la gremial, con asambleas por facultad y acciones propias y, en el caso de Sociales, impulsando debates y actividades vinculadas a los problemas específicos de la Facultad. A pesar de que, por la votación obtenida, a Sociales en Lucha le corresponde ingresar como segunda minoría a la nueva comisión directiva de AGD-Sociales, fue excluida mediante una interpretación arbitraria del estatuto del gremio. En lugar de respetarse el reparto proporcional para los 6 cargos que componen la comisión directiva, se excluyeron 2 cargos del reparto: la Secretaría General (1 de los 5 cargos titulares, con voz y voto en la CD) y la Vocalía Suplente. Es decir, se repartieron sólo 4 cargos titulares por sistema D’Hont y, como resultado de eso, nuestra lista quedó sin representación en la CD. Desde la noche misma del escrutinio, Sociales en Lucha está impulsando el reclamo de que se respete el criterio de proporcionalidad, la democracia sindical y la voluntad de los docentes que acompañaron nuestros planteos con su voto. Unidad Docente respondió con un comunicado donde pretende ampararse en el estatuto para justificar lo actuado, pero el estatuto en ningún momento plantea que haya cargos que queden al margen del reparto proporcional. Por el contrario, a fin de garantizar la representación democrática de las minorías en la dirección de la gremial, plantea el reparto proporcional para la integración de la mesa ejecutiva y las comisiones directivas. Aclara que la Secretaría General (y en el caso de la ME, también la Adjunta) necesariamente se adjudica a la lista mayoritaria, para asegurar que le corresponde la conducción del gremio, pero no queda al margen de la proporcionalidad. Negar y vulnerar el reparto de la totalidad de los cargos en forma proporcional, excluyendo a priori cargos del reparto, es negar y vulnerar el principio democrático del estatuto. El intento de excluir a Sociales en Lucha también tiene un trasfondo político. En el marco de los debates que vienen teniendo lugar en el movimiento docente y en los espacios asamblearios de la AGD, los planteos de nuestra agrupación y nuestra lista generan incomodidad dentro de la propia izquierda, porque el año pasado cuestionamos la adaptación a la orientación del frente sindical y la senda parlamentaria, porque polemizamos con la insistencia reiterada en reclamar un plan de lucha a la burocracia de la CGT, entre otras cuestiones. Pero en un contexto como el actual, cuando los trabajadores y los sectores populares están buscando con dificultades un canal para organizarse y expresar su rechazo al gobierno, es necesario impulsar los debates políticos, no obstaculizarlos. La clarificación y el debate político no impiden la unidad de acción. Exigimos que se reconozca la segunda minoría conquistada por Sociales en Lucha y se respete la voluntad de los docentes que han visto en nuestro programa una alternativa frente a la orientación de la actual conducción.

Ante el creciente malestar docente por la falta de pago de la llamada quinta hora en todo el 2025, que solo trajo sobrecarga y flexibilidad laboral para docentes y ordenanzas, el Gobierno anunció que llegará a su fin en mayo próximo y que el gobernador Saénz sólo garantiza el pago del 79 % del salario de marzo, adeudando además todo el mes de abril. Si bien este programa era nacional, dependia de cada provincia su implementación. Se cae el relato de que la falta de pago fuera por una cuestión administrativa; la ministra de Educación Fiore le tira la pelota a Nación por no haber enviado los fondos. El recorte en Educación es parte del acuerdo con el FMI que fue refrendado en el Congreso con en el voto de los diputados saenzistas. La ministra declaró que la hora focalizada "está fuera del salario docente", lo que no es otra cosa que la expresión de la precariedad laboral, sobrecargando a los docentes con montos no remunerativos. El Estado es el principal negrero. La improvisación del Gobierno, que ya el año pasado habia impuesto la quinta hora en noviembre y que ahora la suspende a dos meses de iniciado el ciclo lectivo, demuestra que no hay ningún interés en mejorar la "calidad educativa". Por el contrario, avanzan en un ataque sistemático con la suspensión del comedor en escuelas por falta de pago a proveedores, con la inacción sobre la intransitabilidad de los caminos producto de las lluvias en el norte de la provincia y la falta de actualización salarial -con montos congelados desde hace un año como el incentivo y transporte-, consolidando sueldos de miseria. Hoy el sueldo básico es de 450.000, la mitad de la linea de indigencia; y las horas cátedra en secundario y superior se pagan a razón de $18.860. Menos de lo que establece el convenio colectivo de Comercio. La hora focalizada era, para muchos docentes, una forma de engrosar sus ingresos, representando el 25 % del salario. La ultima huelga de 2023 tomó en su pliego el rechazo a la implementación de la misma, ya que se trata de una politica que busca responzabilizar a la docencia sobre el derrumbe educativo y la deserción escolar. El reclamo del salario igual al costo de la canasta familiar por cargo, tambien levantado en 2023, se opone a la precarización laboral que implica la 5° hora. La precarización de los trabajadores de la educación se agudiza cada día más. A la confiscación de los salarios de los docentes se le suma la situación del personal de maestranza que, con el "calendario regionalizado", son obligados a trabajar días sábados y domingos en algunos departamentos, sin que se paguen esas horas. La implementación de la quinta hora, además, extendía sus jornadas de trabajo, sin remuneración alguna. Trabajadores de la salud también denuncian trabajar 24 horas de guardia sin que sean pagas. La ADP no juega ningún rol en el conflicto, se limita a ser vocera del gobierno. Ante este cuadro de enorme flexibilidad y explotación laboral, con un salario totalmente empobrecido, llamamos a la docencia a reorganizarse para derrotar la politica negrera de Saénz, Milei y ADP.

En el marco de la actual crisis social y sanitaria, los residentes de Trabajo Social del hospital Garrahan se anoticiaron el pasado 25 de abril de que el ministro Lugones, tomó la decisión de no asignar más vacantes para la residencia de esta especialidad. Sugerentemente no se trata de un recorte presupuestario, sino de una decisión política de recorte en la atención especializada con perspectiva de derechos. Es sabido por los trabajadores que el recorte se aplica en Trabajo Social y que, de hecho, se asignaron más vacantes en otras especialidades. Este ajuste responde a una mirada biologicista, descontextualizada de la Salud. Va en contra de todas las legislaciones y perspectivas vigentes para la atención integral de los hijos de la población trabajadora. El hospital Garrahan es el único hospital federal que recibe a niñas, niños y adolescentes de todo el país y también es referencia en toda Latinoamérica. Esta medida tomada por el ministro de la Nación va en línea con el ataque sistemático que viene sufriendo el sistema sanitario, llevándolo a un colapso seguro, ya que partimos de un sistema sanitario desfinanciado desde hace décadas. En el día de la fecha, el Servicio Social de ese hospital convocó a una conferencia de prensa con el objetivo de visibilizar el conflicto. Acercaron su apoyo la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la excoordinadora general de residencias, gremios del área de salud y la mayoría de los servicios sociales de los hospitales de CABA. La actividad no tuvo carácter asambleario, sino como una manera de visibilizar el conflicto, quedando en estado de alerta. Desde Política Obrera llamamos a la coordinación de la lucha de los hospitales de la zona sur de la ciudad, en particular los especializados. Viva la lucha de las Residencias del hospital Garrahan. Ninguna confianza en la burocracia sindical.

Una denuncia formulada por el Nuevo PST, un partido que reivindica a la corriente morenista (por Nahuel Moreno), nos puso en conocimiento de que el interbloque del FITU armó un segundo interbloque, pero esta vez con dos diputadas de la UxP, bajo la rúbrica de “Frente de Izquierda- Nacional y Popular”. Como consecuencia de ello, las diputadas peronistas Mónica Macha y Julia Strada comparten espacio parlamentario con Christian Castillo, Alejandro Vilca, Nicolás del Caño (PTS), Vanina Biasi (PO) y Vilma Ripoll (MST). Macha y Strada recibieron la autorización del bloque de UxP para consumar esta ‘fusión’, de modo que estamos, en definitiva, ante una unión política parlamentaria de “la izquierda que se une” con el kirchnerismo y el peronismo. El propósito explícito de este operativo es lograr el ingreso de Castillo y Strada a la comisión investigadora del caso $Libra en representación de un grupo superior a los cinco parlamentarios, como exige su reglamento. La maniobra añade dos diputados a la Comisión, en beneficio del FITU, por un lado, y de la UxP, por el otro. Este tipo de maniobras no es una novedad en el kirchnerismo que, en su oportunidad, dividió a su bloque en el Senado con un propósito similar. Sí lo es para el FITU, que ha armado un bloque político con el partido Justicialista: el partido histórico de la patronal nacional. Julia Strada no es una activista de fábrica, sino una exdirectora del Banco Provincia, la caja de las patronales industriales y agrarias. Este acuerdo político es todavía deliberadamente ocultado por el FITU, que no ha emitido comunicado alguno, ni publicado ningún artículo en sus periódicos o redes sociales. Se confirma de este modo, sin atenuantes, nuestra advertencia de que el FITU marchaba derecho hacia un bloque político con el peronismo . La pseudoizquierda ha terminado aceptando la ‘oferta’ de Sergio Massa a Myriam Bregman, en el último debate presidencial, para actuar en forma conjunta en el Congreso nacional. El reglamento de la comisión -elaborado por el peronismo, Democracia para Siempre (UCR Martín Lousteau-Facundo Manes) y Encuentro Federal (Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot)- determina que cada bloque con cinco miembros tenga un representante y que los espacios con más de cinco puedan reclamar dos. Otorga, asimismo, un miembro adicional por cada 20 diputados que conformen los bloques. Este esquema debía garantizarle una mayoría a la oposición, encabezada por el peronismo, y fue concebido para recoger la adhesión de los bloques más chicos, como la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, con el ´gancho´ de incorporarlos a la comisión. Pero el FITU había quedado reducido a cuatro diputados como consecuencia del hiato producido en la rotación entre la diputada Mónica Schlotthauer (IS) y Vilma Ripoll (MST). Experto en explotar las vacilaciones y apetiros ajenos -en este caso, el oportunismo del FITU-, el bloque del pejota autorizó a las dos diputadas de Unión por la Patria a conformar el bloque “Nacional y Popular” y a sumarse al interbloque con el FITU para alcanzar los seis representantes y enviar dos diputados a la Comisión. La ´movida´ fue replicada en espejo por el oficialismo ‘libertario’, que incorporó a una diputada tucumana y promovió la ruptura definitiva del bloque de los ´radicales con peluca´. Con el mismo método, el bloque del PRO ‘integró’ al MID del desarrollista ‘libertario’ Oscar Zago y al monobloque Somos Fueguinos. Diputados, incluidos los supuestos trotskistas del FITU, entró en modo “swinger”, con intercambios a diestra (derecha) y siniestra (izquierda). El resultado es un virtual empate entre los 28 miembros de la Comisión. La mayoría de las previsiones anticipa que el resultado de esta “guerra de maniobras” (Infobae, 12/4) será un impasse. La maniobra parlamentaria, ¿justificaba un paso de alcance estratégico como un bloque político con la patronal justicialista? La posibilidad de que la comisión investigadora del caso $Libra arribe a un pedido juicio político a Milei es nula y menos aún es la posibilidad de que el juicio prospere. Los grandes desafíos políticos se resuelven en el marco de una lucha de clases, no por medio de arreglos de esta especie. El FITU sabe esto de memoria, pero ha vuelto a comportarse como cuando dio los votos (Solano, Bregman) a la ratificación del acuerdo sobre antisemitismo redactado por Netanyahu y Trump. Sabe también que la disputa por el delito $Libra ha sido introducida por el kirchnerismo para canjearlo con el oficialismo para que no se vote Ficha Limpia, que impediría la presentación electoral de Cristina Fernández, y para presionar contra una sentencia final de la Corte por el asunto Vialidad. $Libra vs. Vialidad. En definitiva, el FITU ha dado un paso estratégico, un pacto político con el Partido Justicialista, para conseguir un puesto en una comisión. La trapisonda perpetrada es una expresión de la bancarrota sin retorno de una izquierda trucha y democratizante. En la trapisonda, el rol del aparato del Partido Obrero ha sido fundamental. Ha roto una línea histórica y demostrado que las más de mil expulsiones de 2019 han tenido por objetivo esta integración al Estado capitalista. Esta política la ha llevado a buscar el apoyo del Ministerio de Trabajo de Kicillof para revertir los despidos masivos en SUTNA, en lugar de impulsar un plan de lucha de conjunto con base en asambleas soberanas. Lo que se presenta como una maniobra no es tal; es una capitulación estratégica. Tampoco es una ´palanca´ para movilizar a los trabajadores para acabar con Milei; por el contrario, es instrumental a la política de evitar la bancarrota del peronismo. El FITU avisó de sus intenciones cuando, en el balotaje de 2023, todos su partidos llamaron -unos de manera abierta, otros vergonzante- a votar por Sergio Massa, el exsocio de Macri, hombre de la AmCham y admirador de la ´tolerancia cero´ del trumpista Rudolph Giuliani. Sergio Massa ha asegurado, sin recibir ninguna réplica, que el FITU ha votado 25 leyes del gobierno de los Fernández. La participación en una comisión inocua, o más aún, distraccionista, y peor todavía, con el propósito de canjear la absolución de delitos recíprocos era la oportunidad, no para una operación ´táctica´ de apoyo, sino para una poderosa denuncia. Los ‘discípulos’ del estratega militar alemán, Carl Von Clausewitz, son unos farsantes. El secretismo de la maniobra, en cambio, subraya su carácter espurio. Lamentamos esta degeneración política, pero saludamos su contribución a la claridad de las posiciones. Llamamos a los militantes del FITU a que tomen la palabra.

En la asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial, Kristalina Georgieva aseguró que el plan económico de Milei-Caputo marchaba sobre ruedas y sólo podía llegar a descarrilar como consecuencia de los resultados electorales. La directora ya le ha encontrado el chivo emisario al fracaso. Pero, ¿por qué un plan encarrilado necesitó un nuevo préstamo del FMI y de otros organismos internacionales por 25.000 millones de dólares? Lo mismo dice Milei: “hicimos el ‘ajuste’ antes de recurrir al FMI”. El liberticida ´olvida´ que Argentina se encuentra bajo la tutela del FMI desde 2018, renovada en 2022 por los Fernández y Martín Guzmán. Desde que se firmó el acuerdo con el Fondo, sin embargo, han llamado a los especuladores a volver al ‘carry trade’, que permite obtener grandes beneficios con la compra de deuda pública en pesos. Es lo que Milei les dijo a los capitalistas agrarios: no importan los precios de la soja, lo que importa es que conviertan los dólares de exportación en títulos públicos, al 40 % anual, con un tipo de cambio congelado. Esta bicicleta se había derrumbado con la corrida cambiaria que precedió -y precipitó- al acuerdo con el FMI. El Gobierno debe comprar divisas a un precio bajo, porque de otro modo no le alcanzarían los pesos del superávit fiscal para pagar deuda externa; en junio hay un vencimiento por seis mil millones de dólares y, en enero de 2026, otro tanto. El Gobierno se vio obligado a poner los pesos de un fondo de reserva escaso, cuando no consiguió renovar el 30 % de los vencimientos de la deuda en pesos. El Banco Central ha transferido “utilidades” contables e incluso ficticias al Tesoro, por 12 billones de pesos o el equivalente a 10.000 millones de dólares, por medio de emisión monetaria. Las utilidades “devengadas” o contables se diferencian de las utilidades efectivamente realizadas en que aquellas son todavía hipotéticas y sólo las últimas producen el ingreso equivalente de dinero. Sin este ingreso, la transferencia al Tesoro sólo puede realizarse por medio de emisión de dinero sin respaldo. Cuando el Tesoro use ese montón de dinero para pagar la deuda no renovada, la emisión entrará en circulación, acicateando la inflación. La inflación abarata aun mâs el dólar, quitando capacidad de exportación y aumentando la de importación. El saldo comercial se convierte en negativo, en perjuicio de la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. En estas condiciones, los préstamos por 25.000 millones de dólares no han sido suficientes para “empujar el dólar a 1.000 pesos” y abaratar la compra de divisas para pagar la deuda externa. La divisa, por el contrario, cotiza en torno a los 1.200 pesos, lo que implica una devaluación del 16 por ciento. Los que participan del ‘carry trade’ quieren entrar con un dólar más alto y un peso más barato, y mantener la inversión a una tasa de interés superior a la devaluación. El Gobierno no cuenta con el recurso al ‘carry trade’, sino en forma muy limitada. Como se ve, la cosa no está “encarrilada”. El ‘carry trade’, por otra parte, es pernicioso para la inversión productiva, porque ofrece una tasa de beneficio superior en un tiempo menor. El Gobierno y el Banco Central se han convertido en una “cueva”; en tanto que la inversión real de capital es igual a cero, o sea, no supera la tasa de amortización o desgaste del capital invertido. La mayor parte de lo que se presenta como inversión, por ejemplo minera, es en realidad una adquisición de derechos de explotación. Todo esto explica que el ‘riesgo país’ se mantenga por encima de los 700 puntos (el valor de la deuda argentina no repunta), aunque numerosos boletines financieros aseguran que algunos bonos (los de mayor plazo) subirán entre el 10 y el 20 % en los próximos meses. Consciente de que Milei y Caputo caminan, en realidad, sobre la cornisa, el secretario de Tesoro de Trump aventuró la posibilidad de un préstamo extraordinario del Tesoro norteamericano, para el caso de un “evento” –o sea, de un colapso cambiario y financiero-. Estallido inflacionario Con mucha menos ´prensa´, la tendencia hacia la desorganización económica ha desatado una carestía que supera con creces las previsiones oficiales; la ‘desaceleración’ de los precios se ha invertido desde hace siete meses. La carne y los lácteos, componentes fundamentales de la canasta de alimentos, se han disparado en estas dos semanas en valores que van del 15 al 25 %. El reemplazo de la carne por alimentos más baratos dispara el precio del pollo y los huevos. Mientras tanto, el transporte público tendrá desde mayo un salto en los colectivos y subtes para todo el AMBA. El gasto promedio de transporte de un trabajador sube a los 55.000 pesos por mes. A la motosierra de despidos y recortes, se agrega ahora la confiscación inflacionaria. A nadie escapa que esta situación convierte en una hoja al viento a las paritarias del 1 % o 2 %, a la cual la burocracia de todos los pelajes se había aferrado con entusiasmo. A este cuadro, se le agregan los anuncios de Sturzenegger sobre nuevos despidos: los departamentos afectados son la atención a enfermedades como el cáncer, la atención a la discapacidad y la cancelación de la entrega de medicamentos para afecciones potencialmente terminales. La burocracia y los partidos capitalistas ocultan este escenario explosivo. A despecho de este trabajo consciente de derrota de los trabajadores, la deliberación en las fábricas y en las reparticiones es creciente. El Primero de Mayo es una oportunidad para exponer un programa de acción para una lucha de conjunto de los trabajadores.

A partir de un informe del Servicio Penitenciario, se conoció la urgencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por trasladar a los genocidas de la última dictadura militar condenados por delitos de lesa humanidad desde el complejo Penitenciario VII de Ezeiza a un penal “VIP”, parecido a una lujosa habitación de cinco estrellas. Este requerimiento fue presentado el pasado 16 de abril, pero aún no fue solicitado el traslado. Los primeros candidatos para este traslado son Alfredo Astiz y Ricardo Cavallo. Según el Tribunal Oral Federal N° 5, estos dos reclusos deben contar con las mismas condiciones que tienen en el penal actual, como por ejemplo el uso de software de comunicación, con el fin de no agravar sus condiciones de detención. Por otro lado, se nombra a Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. Estos son los mismos 19 genocidas que el año pasado fueron visitados por los “honorables libertarios”. Antes de su traslado los abogados de los condenados esperan un informe sobre la infraestructura de la Unidad 34 de Campo de Mayo, para tener garantías del régimen cerrado que tiene el penal. Aunque la unidad dice estar pensada para condenados con cuadros agudos de patologías mentales, en donde la finalidad es cuidar a los reclusos de una autoagresión o que atenten contra su propia vida, los genocidas del caso no presentan ninguna de esas características. Frente a este plan de impunidad que lleva la LLA, rechazamos en forma categórica, enfática y terminante la sola posibilidad de estos privilegios. Los genocidas deben cumplir la pena en cárcel común.

Pasadas las elecciones y los balances de los resultados, el gobierno de la provincia de Santa Fe comunicó la decisión de que la Convención comenzará el 14 de julio y no el año que viene, como se esperaba. El apuro no responde a ningún interés “democrático”, sino a tener controlada tanto la Convención como también los Concejos Deliberantes antes del recambio electoral de este año. La modificación de un tercio de la Constitución se hará, entonces, entre las generales de la Provincia y las generales de la Nación, de julio a septiembre. Un trámite exprés que augura poco debate. Pullaro buscó mostrarse abierto al diálogo, pero las reuniones que mantuvo con las fuerzas que integrarán la Constituyente no sirvieron para nada. La oposición, en su conjunto, quiere hacer la Convención en 2026. Sabe que tiene muy poco margen para maniobrar y apostaba a que pase el tiempo y a otro escenario político. Pero no se les dio. Pullaro tiene la potestad de convocar a la Constituyente y también posee una mayoría garantizada. Sus 33 alfiles, más los tres del Frente por la Esperanza, le dan la posibilidad de aprobar los cambios en la Carta Magna. De fondo, está la certeza de que, si bien ganó en casi todos los distritos, el oficialismo no tiene que desperdiciar tiempo antes de que el escenario político empeore. Perdió más de 500.000 votos y puestos claves -como el convencional por el departamento Rosario (que ganó La Libertad Avanza)- y en distintos Concejos, sobre todo en Rosario, donde salió tercero. Como la Constitución entra en vigencia una vez que finaliza la Convención, no quiere discutir autonomías municipales con los Concejos cambiados. Se juegan a dejar todo firme este año antes de octubre, incluso sin utilizar los 20 días de extensión. Hay un aspecto que deja tranquilo al oficialismo, además de su mayoría, y es que la oposición no representa amenaza alguna. El peronismo, abiertamente, no tiene conducción. Juan Monteverde de Ciudad Futura fue el ganador de una interna entre tres con Marcelo Lewandowski y Roberto Sukermann, que hace rato encontraron su techo político y electoral. Un candidato por fuera, como Monteverde, que todavía no se ganó el apoyo del Partido Justicialista ni de su estructura, es el mayor interlocutor que tiene Pullaro. Los personajes más o menos referenciados, como Agustín Rossi, no dijeron nada y se mantienen al margen a la espera de cerrar la lista de diputados nacionales para octubre. Porque el otro elemento del escenario es que en el medio de la Convención hay dos campañas electorales que tendrán a los partidos políticos en disputas internas. Todavía no se sabe si Monteverde no le gana el lugar a Rossi como cabeza de la diputación nacional, mientras en Unidos, el oficialismo, ya se augura una ruptura. El Partido Socialista, gran perdedor de todo este proceso, anunció que podría tener candidatos propios. Por el otro lado, Somos Vida de Granata y La Libertad Avanza conquistaron algunos lugares como convencionales, pero no han aportado ni siquiera al debate. Reclaman que Pullaro los escuche y no tome decisiones “unilaterales”, mientras proponen “bajar los costos de la política” y “eliminar el Senado”, aspectos que no forman parte ni entrarán en el temario, por la simple razón de que ya ha sido establecido. Lo mismo con las propuestas de aumentar las penas de los delitos considerados graves, ya que ni siquiera es materia provincial, lo cual sería aberrantemente inconstitucional. La Convención que reformará la Constitución no es soberana. Se discutirán los temas que se votaron en la ley de reforma y, como ya se está diciendo en todos los medios, el oficialismo tendrá el texto escrito para su aprobación o rechazo. En este contexto cobra mayor relevancia la campaña que desarrollamos desde Política Obrera en contra del proceso, que viene con las cartas marcadas, y también de la campaña que realizaron tanto el oficialismo como la oposición. Más allá de algunos comentarios aislados, todas las fuerzas se subieron al tren de la reforma constitucional como una “mejora democrática”. Las campañas fueron una estafa al electorado y no hubo una sola crítica a la forma en que fue convocada ni a los tiempos de la misma. Ahora, el oficialismo puede avanzar más tranquilamente que nunca al margen de los otros partidos y a espaldas de la población.

Un apagón sin precedentes ha sacudido a la península bérica en su conjunto, afectando a toda España, las principales ciudades de Portugal (como su capital, Lisboa), así como a zonas fronterizas de Francia, principalmente en el País Vasco. Tras más de seis horas de apagón, el servicio a nivel nacional en España ha sido restablecido en un 50 % aunque con grandes desigualdades entre las provincias y territorios autonómicos. Barcelona y Madrid se han normalizado, pero zonas del sur siguen en un 15 % de servicio operativo. Según las distintas fuentes oficiales del gobierno español, así como las empresas proveedoras del servicio, en un lapso de 5 segundos se perdieron 15 gigavatios de la red. Esto equivale al 60 % del consumo español, lo que originó un colapso masivo del sistema eléctrico. Las principales consecuencias fueron la pérdida de la red eléctrica, el detenimiento del transporte ferroviario y subterráneo, la suspensión y dificultad para operar en todos los aeropuertos del país. El primer ministro, Pedro Sánchez, ha reconocido que no se conocen las causas que originaron el apagón, no se ha descartado la posibilidad de un ciberataque, aunque las empresas francesas lo ven como una posibilidad remota. Otras versiones apuntan a un evento atmosférico atípico -una ondulación- que habría disparado la falla. De conjunto, las explicaciones abordan posibilidades catastróficas y niegan cualquier responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio. Entre las distintas postales del día, se reportaron más de 30.000 pasajeros varados en trenes de media y larga distancia, que ante el fallo eléctrico quedaron detenidos con sus pasajeros encerrados. La ola de calor en España viene dura esta primavera, lo que provocó sofocamiento y varias personas debieron ser trasladadas -una vez rescatadas- a los hospitales de la zona. Los videos y fotografías de pasajeros encerrados en trenes y el metro de Madrid inundaron las redes, principalmente X (ex Twitter), con mensajes de queja por la ausencia de sistemas de emergencia manuales para abandonar las formaciones por sus propios medios. En muchos casos, los pasajeros pasaron más de tres horas encerrados sin ventilación directa con el exterior. En las grandes ciudades, los trabajadores y estudiantes de escuelas salieron agolpados a las calles. Las avenidas se poblaron de peatones y autos que, sumado a la ausencia de semáforos, motivaron un gran embotellamiento. En los barrios, las familias enteras se agolparon a los bares y cafés, en busca de respuestas y de sentirse acompañados ante el inexplicable evento. Los medios españoles y de Europa recordaron rápidamente distintas series y películas que interpelan sobre la posibilidad de apagones masivos. En la ficción, los motivos son grandes eventos: ataques nucleares, tormentas solares, un hacker despiadado. En la realidad, que siempre logra superar cualquier ficción, lo ocurrido no tiene explicaciones directas: no hay hackers, no hay tormentas, solo tenemos una red privatizada, un tarifazo sin precedentes -que ha llevado a millones de trabajadores en España y Europa a reducir el consumo al mínimo- y gobiernos cómplices de dichas empresas, que no realizan controles ni exigen una inversión permanente en el mantenimiento del sistema eléctrico. Que el primer ministro español haya dado una conferencia de prensa, anunciando que la causa es desconocida y que su investigación depende de la propia empresa proveedora del servicio, pinta de cuerpo entero a Europa. La causa del abastecimiento energético en Europa es una crisis largamente incubada desde la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis del suministro de gas y petróleo ruso. La disparada de los costos y el abastecimiento por otras vías, incluido el gas estadounidense, ha llevado a una descomposición de todo el tendido energético, principalmente el eléctrico.

La Federación Judicial Argentina (FJA), que reúne a sindicatos judiciales de todo el país, realizó su 56° Congreso Nacional. Lo que llamó la atención fue que su orador principal fue Axel Kiccilof, que no sólo no es trabajador judicial, sino que al ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires... es el empleador de gran parte de ellos. Ni Baradel se atrevió a tanto. El colmo es que esto se da al mismo tiempo en que Kicillof incumple la paritaria que él mismo firmó en febrero con la Asociacion Judicial Bonaerense –que ya de por sí era paupérrima-, al no haber activado la cláusula de monitoreo, ni haber convocado a la reapertura durante el mes corriente, ni a la Mesa Técnica que estaba pactada para marzo para discutir la situación salarial de las categorías más bajas y que estaba todo previsto en el texto firmado. El acuerdo estableció además: un 7 % de aumento con los sueldos de febrero, un 2 % con los sueldos de marzo (ambas calculadas sobre los haberes de diciembre 2024). La propuesta no incluyó aumento retroactivo alguno para la paritaria 2024, lo que llevó los salarios a 22 puntos porcentuales de pérdida con respecto a la inflación –95,8 % de aumento salarial vs. el 117,8 % de inflación–. Es absurdo también que la negociación salarial de 2025 se discuta sobre la base de los salarios depreciados del mes de noviembre de 2024, sin tener en cuenta el acumulado. Para tomar dimensión de la miseria, basta con aclarar que el salario del ingresante al Poder Judicial de la provincia apenas supera la canasta familiar de indigencia que solo cubre los alimentos. Con este muestreo alcanza para dejar sentado que el gobierno de Kicillof está lejos de representar los intereses de los trabajadores y no hay ninguna razón para afiliarse con semejante patronal, que -como buen alumno de Milei- a los docentes de la provincia les descuenta los días de paro. Este es un escalón más en la sobreexposición obscena de connivencia política de los sindicatos con los gobiernos. Ya los sindicatos agrupados en la CTA de los Trabajadores habían sacado una declaración de apoyo a Kicillof. Sin embargo, esta militancia explícita ni siquiera es usada para encarar una lucha contra el gobierno de Milei. Por el contrario, como la conclusión de los burócratas nacionales y populares es que el ascenso de la derecha es consecuencia de haber luchado tanto en el pasado, no piensan hacer otra cosa que seguir haciendo la plancha para que todos los gobiernos -de uno y de otro lado- sigan ajustando y pagando deuda externa con la vida de jubilados y trabajadores. Para encarar una lucha por el salario hay que empezar por autoorganizarse con independencia de toda esta burocracia sindical.

En Agenda Abierta, la candidata a diputada de Política Obrera, Violeta Gil, lanzó duras críticas al gobierno de Gustavo Sáenz y al modelo impulsado en la provincia, al que calificó como “un negocio especulativo capitalista que se apoya en condiciones laborales miserables”. “Salta encabeza hoy los índices de precariedad laboral. Nos hablan del boom del litio y la minería como salvación, pero debemos preguntarnos: ¿a qué costo?”, sostuvo Gil y señaló que el desarrollo minero en la Puna se da en un contexto de contratos a término, salarios que rondan los $800.000 y condiciones laborales extremas. Según denunció, hay trabajadores que desempeñan tareas a 4000 metros de altura, bajo temperaturas de hasta 15 grados bajo cero, amparados por convenios que no corresponden a la actividad minera, y con jornadas extensas e inadecuadas. “No se condicen de ninguna manera con un convenio laboral minero real”, expresó. Para la candidata, el proceso electoral del 11 de mayo debe servir como una respuesta política de los trabajadores frente a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno provincial. “Sáenz y sus candidatos buscan revalidar una política de confiscación salarial, destrucción de la salud y la educación pública, y despidos masivos”, afirmó. Gil también apuntó contra el alineamiento del gobernador con el gobierno nacional. “Sáenz fue el primer gobernador en sentarse con los funcionarios de Javier Milei y avaló todas sus políticas económicas”, señaló y enumeró entre ellas la pérdida del valor de las jubilaciones, el avance de la Ley Bases y la legalización de formas de contratación precarias como el monotributo. “La mitad de los trabajadores en Salta están en negro, son monotributistas o están contratados con convenios precarios incluso dentro del propio Estado”, advirtió, por lo que enfatizó en que el proceso electoral debe transformarse en “un repudio de los trabajadores contra esta política de ajuste”.

Cuando merodeábamos los 20 años de edad cariñosamente lo llamábamos “Pileta”, por su temprana calvicie, que resaltaba su mirada franca, amable y profunda a la vez. Compartimos desde esa temprana edad un gran compañerismo en la militancia en Política Obrera por construir el Partido Socialista y Revolucionario desde dentro y desde fuera de fábricas y empresas. Compañerismo (vivienda incluida) que se fue haciendo amistad entrañable. El martes falleció Eduardo “el Pelado” de la Fuente. A su despedida se allegaron decenas de trabajadores de prensa a acompañar a su esposa y sus hijas y a rendir homenaje a la consecuencia de sus convicciones, al delegado y dirigente clasista electo en cien batallas (El Mundo, Confirmado, Tiempo Argentino, Telam…). Fue un profesional ampliamente reconocido por su capacidad como periodista económico. Nunca abandono sus convicciones. Ya retirado de su actividad y con la enfermedad que comenzaba a vulnerarlo, compartimos el “aguante” en la acampada de la huelga de Telam en 2019 contra los despidos y el vaciamiento que hoy intenta profundizar el Gobierno fascistoide. Ayer, en su despedida, Alejandro Bercovich recordaba sus agudos razonamientos cuando lo llamó para solidarizarse frente a la expulsión de 1.200 militantes, entre ellos sus históricos fundadores, por parte del aparto expropiador del Partido Obrero. Se fue un amigo, un luchador socialista. Deja su fecunda enseñanza de convicción, perseverancia y militancia clasista para sus compañeros y todos los trabajadores.