Marzo de 2025

Este sábado Hamas rechazó la propuesta israelí de extender la fase 1 del alto el fuego. La segunda fase, que debería comenzar este 1 de marzo, estipulaba el retiro del ejército israelí de la frontera entre Gaza y Egipto, del corredor Filadelfia, y avanzar en la devolución de los 59 israelíes -entre vivos y muertos- que quedan en Gaza. El portavoz del grupo, Hazem Qassem, informó que no había conversaciones en curso. La milicia palestina ya había advertido el viernes que solo liberará a los restantes rehenes si se mantiene el compromiso acordado. Sin embargo, Netanyahu postergó durante semanas las negociaciones y el viernes propuso prorrogar la primera fase otros 42 días, manteniendo los canjes sin comprometerse a poner fin a la guerra. La fase 1 del acuerdo estuvo llena de provocaciones por parte del sionismo: bloqueó en gran medida la entrega de grúas, excavadoras, materiales de construcción, carpas y la ayuda acordada en virtud de los términos del alto el fuego. También solo autorizó con cuentagotas la salida de palestinos gravemente enfermos y mató más de 130 personas desde que éste entró en vigor, el 19 de enero. Nunca pensó avanzar a la segunda fase “que significa declarar el fin de la guerra. Eso nunca sucederá. Israel mantendrá la mayor ambigüedad posible”, confió a Ynet un alto vocero militar. En los últimos días, varios miembros del gobierno azuzaron la reanudación de los bombardeos en un contexto en que la mayoría de la población considera correcto vaciar Gaza de palestinos (Hareetz, 28/2). El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la mejor forma de recuperar rehenes es que “Hamás sepa que Israel está preparado para reanudar la guerra”. Y Nissam Vaturi, jefe de la bancada del Likud y vicepresidente del parlamento, pidió en sesión que se mate a todos los hombres de Gaza y que los niños sean separados de sus madres. Vaturi prometió pronto “convertir Yenín en Gaza” y deploró la “excesiva indulgencia” del gobierno con los gazatíes (MOM, 25/2). En la misma línea, el general de brigada Amir Avivi afirmó que el próximo ataque a Gaza será decisivo para erradicar por completo a Hamas y liberar a los rehenes restantes. El tipo de ataque, aseguró, es de un tipo que aún no fue utilizado en los últimos 15 meses (Ynet 26/2). A pesar de los bramidos fascistas, la prensa israelí desestima que los combates se reanuden inmediatamente porque “se entiende que Donald Trump quiere un acuerdo regional más amplio” y piensan avanzar en sintonía. Netanyahu también pretende que Hamas entregue las armas y se autoexilie. Días pasados, uno de sus más veteranos dirigentes, Ismail Radwan, dijo que Hamas no pretende gobernar Gaza en soledad, sino que aceptaría un «consenso nacional» palestino sobre el órgano de gobierno que gobernaría tanto la Franja como Cisjordania y Jerusalén (Mondoweiss 2572). Sin embargo, puntualizó, el derecho a resistir la ocupación es innegociable, sigue siendo una «línea roja». Es evidente que Israel ha fracasado en su propósito de destruir a las milicias que, por el contrario, han reclutado miles de nuevos combatientes y se han ganado una enorme autoridad política en Cisjordania y en todo el mundo árabe. Por otra parte, Egipto desestimó ásperamente la propuesta formal del líder de la oposición israelí, Yair Lapid, que pretendía que El Cairo tomara el control de Gaza por 15 años y timoneara la reconstrucción a cambio de cancelar su deuda externa de más de 150 000 millones de dólares. En Tel Aviv Este es el primer sábado en que no se libera a ningún rehén. La ruptura de las negociaciones pone al rojo vivo la relación de las familias de los rehenes con el gobierno Netanyahu. Los choques comenzaron muy temprano, cuando se hizo evidente que la prioridad del gobierno era la demolición de Gaza, aunque esto les costara la vida a los rehenes. Otro factor fue la negativa a crear una comisión que examinara las responsabilidades militares y del gobierno por “el increíble fallo de seguridad” que permitió el ingreso de cientos de milicianos a Israel. Las familias de los 251 rehenes secuestrados el 7 de octubre representan a todos los sectores de la sociedad israelí y “se han convertido en un bloque poderoso que influye en la política israelí, aunque tienen opiniones diferentes sobre la guerra” (NYT 27/2). Un puñado de familias se opone a cualquier acuerdo con Hamas, aunque eso signifique que sus parientes mueran en Gaza, pero la abrumadora mayoría exige un acuerdo que devuelva los rehenes a casa a cambio de un alto el fuego y la liberación de los prisioneros. Los choques ganaron en virulencia e incluso sitiaron la casa de Netanyahu. La policía israelí no tuvo empacho en reprimir más de una vez las manifestaciones y cortes de ruta de los familiares y de quienes los apoyan. Los familiares, que se movilizaron durante toda la semana, han dicho de muchas maneras que consideran que retomar los bombardeos significaría la muerte segura de sus familiares y la pérdida de los cuerpos. Aunque pocos la mencionan, nadie ignora que el ejército israelí tiene una normativa -la doctrina Hannibal- que ordena matar a los propios con tal de evitar que caigan prisioneros. “Si todo el proceso se detiene ahora, la ira pública, contra Hamas y su propio gobierno, aumentará”, vaticina la BBC. Tres de los cuatro rehenes devueltos el último miércoles murieron en cautiverio, “aunque se desconoce si en los bombardeos israelíes o a manos de sus captores”, dice El País (28-2) en una digna diferenciación del grueso de la prensa occidental y argentina, repetidoras automáticas de la campaña sionista contra Hamas urbi et orbi. Israel acusa a las milicias palestinas de torturas y de haber asesinado a los niños “con las manos desnudas” (sic) sin molestarse a explicar por qué los palestinos matarían a quienes son la llave maestra para postergar un nuevo ataque sobre Gaza o para liberar más prisioneros de las cárceles sionistas. Son mentiras de la misma calaña que los bebés decapitados y las mujeres violadas, denuncias que carecen de denunciantes, según la misma fiscal que lleva la causa en Tel Aviv. Este jueves, Danny Elgarat, hermano de Itzhak, cuyos restos fueron devueltos el miércoles, prometió iniciar un juicio penal contra el primer ministro. Lo demandará como responsable de la muerte de su hermano. Durante meses, Danny lideró campañas para exigir un acuerdo y se convirtió en una de las primeras voces críticas contra el gobierno de Netanyahu, a quien acusó de “sacrificar a los rehenes en el altar de su coalición”. El miércoles pasado, una multitud acompañó los funerales de la familia Bibas, que pidió expresamente que ningún funcionario se acercara al cortejo. También hubo concentraciones masivas en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, con carteles de pésame y “cierren el trato ahora, tráiganlos a casa”. Todos los discursos en el entierro apuntaron al gobierno. “Ahora no buscamos venganza”, dijo Ofri, tía de los niños. “En este momento difícil, seguimos exigiendo la devolución inmediata de los rehenes que aún están en cautiverio. No hay misión más importante que esta”. Muchos de los rehenes que siguen en Gaza son del mismo kibutz de los Bibas. La familia también exigió al gobierno “que se calle” y no dé detalles sobre el asesinato de la mujer y los niños dado que la familia no ha recibido ningún informe oficial al respecto. “Solo digan que fueron asesinados” fue el reclamo, una fórmula que no explicita quién los mató. En noviembre de 2023, Hamas había informado que los tres habían muerto por los bombardeos israelíes. Los intentos de devolver los cadáveres fueron frustrados por el gobierno israelí. La hermana de Shiri también acusó al gobierno y al ejército "que no estuvieron para la familia ese día y que tardaron tanto en traerlos de vuelta a casa". "Podrían haberlos salvado, pero prefirieron venganza. Perdimos. Nuestra imagen de triunfo nunca se hará realidad. Nuestra lucha contra los enemigos será eterna, pero siempre debemos santificar la vida, el respeto a los muertos, y nunca dejar a nadie atrás", sentenció. El miércoles pasado, como parte de la campaña de victimización, Netanyahu pidió un minuto de silencio por los Bibas al acudir a testificar en su juicio por corrupción, según recogió el medio israelí Haaretz. En Ginebra, el británico israelí Daniel Levy, que participó en las conversaciones de paz en los Acuerdos de Oslo II (1995), le contestó que era muy justo el minuto de silencio por los niños Bibas “como también lo sería un minuto de silencio por cada uno de los más de 18.000 niños palestinos asesinados en la devastación de Gaza por parte de Israel. Ese silencio se prolongaría durante más de 300 horas”. Según Naciones Unidos, Israel asesinó a un niño cada diez minutos en Gaza, incluidos a los que hoy llora Israel y cualquier persona decente. Los últimos son por lo menos seis bebés que murieron debido al frío y a la falta de refugio y calefacción adecuadas, y otra beba en la zona de al-Mawasi. Su tío relató que la niña estaba sana pero que cuando su madre la tomó en brazos para amamantarla durante la noche la había encontrado "tiesa como una madera por el frío". En Gaza, las familias siguen sacando cadáveres de entre los escombros, a veces con sus propias manos.

Decreto mediante, el gobierno nacional ha resuelto la “desregularización” del sistema de cobro del llamado salario diferido de los artistas por la utilización y o reproducción de sus obras en el mercado de consumo. El decreto modifica la ley vigente que centraliza toda la actividad de control, fiscalización y cobro por parte de las asociaciones de artistas como SADAIC, Sagai, AadiCapif, DAC y Argentores sobre los derechos de autor de músicos, actores y bailarines, grabaciones, directores de cine y guionistas. La modificación de artículos permite la creación de nuevas entidades y la posibilidad de que los artistas negocien con sus patrones, empleadores y o contratistas las tarifas y salarios diferidos de forma personal, sin ninguna entidad de por medio. A esto los liberales llaman libertad de competencia. Federico Sturzenegger, ministro de desregularización del estado, lo anunció vía cuenta X. La liquidación de agentes de control y centralización hace muy difícil imaginar cómo los artistas cobrarían a los infinitos medios, plataformas, empresas, comercios y eventos privados por el uso de su trabajo creado. Pero hay más. “Para el público podría implicar que los espectáculos sean más baratos”, afirma el diario La Nación (28 de febrero), ya que, argumenta, la eliminación de SADAIC como ente intermediario ahorraría a los productores un porcentaje que retiene la entidad. Es lo que señaló con énfasis el megaempresario nacional de la industria de la música Grinback en entrevista con Alejandro Bercovich en su programa de radio. Para Grimback, esto habilitaría una etapa de inversiones y multiplicaría la producción y eventos que terminaría generando más trabajo para los artistas. La asociación de músicos SADAIC, por su parte, ha emitido un comunicado para rechazar la medida y anunció una nueva apelación a la justicia. El año pasado, al principio del mandato del gobierno de la Libertad Avanza, SADAIC apeló, sin éxito, otro decreto en la misma línea que permitió que salones de fiesta y hoteles ya no paguen a los artistas por la utilización de sus creaciones. La desregularización en estos términos apunta a descentralizar y debilitar los entes existentes, ya que este decreto ni ninguna reforma -necesaria, por cierto, aunque en otra dirección- ha sido producto de una deliberación de los músicos y trabajadores. Pone en una relación absolutamente desigual a los artistas con los empresarios del espectáculo. El decreto viabiliza legalmente la extorsión del empresario para con los artistas. Es un gran beneficio de costos para el empresario a costas de una profundización de la explotación de los artistas y conduce en perspectiva a la elitización de la profesión. En la entrevista mencionada, Grimback señala que la mutual SADAIC no se verá afectada: “el que quiera seguir en SADAIC, podrá seguir”. Es que SADAIC funciona como una obra social para los asociados. El decreto es sin dudas un fuerte retroceso para la organización de los derechos de los artistas. Los músicos tienen muchísimas críticas al funcionamiento de SADAIC en un campo laboral profundamente precarizado como es el de los músicos. Las nuevas plataformas de reproducción y difusión que no pagan casi nada a los músicos, han profundizado la crisis. Pero todos estos problemas no han venido siendo organizadas por la herramienta sindical que es el sindicato de músicos (SAdeM). Éste ha sido vaciado literalmente con la eliminación de su padrón de afiliados por su dirección transformándolo en una cáscara vacía que ha ido debilitando a los músicos. La oposición a este decreto por parte de los músicos y artistas en general a través de acciones colectivas como han sido las iniciativas del colectivo de artistas a nivel nacional frente a la ley de bases debe ser el puntal para abrir un canal de deliberación, postergado y necesario, sobre la situación de los músicos y poner en pie así, una alternativa a las reformas y decretos del gobierno y empresarios.

La política de cierre de cursos que venimos padeciendo desde el 2022 en San Isidro no fue otra cosa que la sala de ensayo de lo que hoy acontece en toda la provincia. Las escuelas afectadas entre otras son la secundaria N° 12 (cierra todo un turno); secundarias N° 3, 9 y 11; jardín N° 907. El cierre de cursos es un VACIAMIENTO de la escuela y la caída de secciones conlleva la pérdida de cargos como preceptor, EMTP, Equipos de Orientación etc. Por ese motivo, en el día de ayer, bajo una intensa lluvia, docentes y delegados de escuelas se presentaron en la secretaría de inspección cuyos inspectores en un primer momento se negaron a recibirlos, como ya es una costumbre. La lucha recibió la solidaridad de las maestras de primaria que estaban en acto público de reubicación. Después de varias horas fueron recibidos por los inspectores, se firmó un acta donde los cierres se postergaron hasta el próximo miércoles y donde se convoca a una mesa de trabajo formada por dos docentes por escuela o curso afectado y directivos. La caída de la matrícula no se produce "porque se van a la privada" como nos quieren hacer creer. Hay un contexto social explosivo como nunca antes se había visto: caída histórica del consumo (de carne y leche principalmente; 1 millón de chicos se van a dormir sin comer cada día). Como consecuencia de la falta de oportunidades, nuestra juventud cae en la ludopatía que está haciendo estragos y hay barrios tomados por bandas narco, como el caso de La Cava, que hacen imposible la concurrencia en clases vespertinas o nocturnas que afectan a las escuelas aledañas (como la secundaria N° 12 que ofrece ese servicio). Por último, 6 de cada 10 adolescentes son pobres. Este es el contexto social en donde se produce la caída de matrícula. Sin embargo, la preocupación de las autoridades educativas es que a la provincia le "cierren los números". La semana pasada hubo movilización en La Matanza de docentes y estudiantes, hoy fue San Isidro. Se debe multiplicar en todos los distritos este tipo de marchas, la política de cerrar cursos es provincial. Llamamos a todos los docentes, padres y centros de estudiantes a preparar una gran movilización para el día miércoles 5 contra el desguace de la escuela pública.

La Gendarmería de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y la policía provincial del Gobernador, Gustavo Sáenz, han salido al rescate de la Seaboard E.R., dueña del ex Ingenio Tabacal, para quebrar el paro por tiempo indeterminado votado por los obreros, ante los 24 despidos sin justa causa establecidos este martes por la patronal yanqui. El miércoles 26, el paro fue total gracias a los bloqueos de los ingresos a la planta y a las colonias por parte de los huelguistas, lo que impidió el ingreso de contratistas y obreros tercerizados para las tareas de puesta a punto del trapiche. La Seaboard denunció públicamente estas medidas como “ilegales” y amenazó con acciones penales. El auxilio del gobierno nacional y provincial no se hizo esperar y mediante un fuerte operativo represivo evitaron el bloqueo de los ingresos al ingenio y posteriormente el corte de la ruta provincial 50 en el ingreso del pueblo de Hipólito Yrigoyen. La Seaboard ha salido a anunciar que el día viernes el paro no llegó al 10 % del personal de convenio en actividad, sin mencionar que esto se debió a un feroz apriete sobre los huelguistas con sanciones y despidos y la militarización de la zona. Mientras tanto, los obreros siguen apostados al costado de la ruta 50, a la par de que las negociaciones en el ministerio de trabajo no van a ningún lado. La patronal yanqui se arroga el derecho de despedir según esquemas de reorganización y tecnificación de la producción, sin importarle el destino de los despedidos y sus familiares, como tampoco sus derechos adquiridos desde el punto de vista laboral (valor de las indemnizaciones) como sindical (fueros). Esta posición de la patronal bloquea por el momento la capacidad del sindicato para aceptar a los despidos. Por otro lado, y a sabiendas de que estos despidos condicionan la discusión paritaria en curso, el sindicato hasta el momento no ha unido la lucha contra los despidos a la lucha por aumento salarial, lo que podría ser un gran factor de impulso y cohesión de la lucha. Los piquetes obreros han jugado un rol central en las principales huelgas de los obreros del ex Ingenio Tabacal. A sabiendas de ello, la patronal yanqui, junto con Bullrich y Sáenz, se han dispuesto a evitarlos. El activismo obrero y su sindicato debe discutir esta situación y retomarlos, ya que al revés de lo que dice la Seaboard y sus alcahuetes, estos sirven para que los obreros que se encuentran bajo el apriete de la patronal puedan sumarse a una medida de fuerza que indudablemente apoyan. Es necesario preparar una marcha multitudinaria que oficie como un gran piquete obrero y popular, como se hizo en 2016 y 2018; y que quebrará sin dudas por su masividad cualquier intento de represión, so pena de provocar una pueblada. La solidaridad del pueblo trabajador del departamento se nota en el apoyo a las medidas tomadas hasta el momento, sólo es cuestión de convocarlos y organizarlos bajo el llamamiento de los obreros del ex Tabacal. Vamos por el triunfo de los obreros de la Seaboard E. R. LEER MÁS: Ex Ingenio Tabacal: paro por tiempo indeterminado contra los despidos Por Violeta Gil y Julio Quintana, 27/02/2025.

En el acumulado de 2024, el retroceso de ventas fue del 11 %, en los autoservicios mayoristas la baja alcanzó al 15 % y en los centros de compra se redujeron el 5,8 %, según los informes del INDEC (Clarín 27/02). En los rubros supermercados y autoservicios, los datos de diciembre 2024 son peores porque marcan una caída de 3,3 % con respecto a los datos de diciembre de 2023, los cuales ya indicaban una caída del consumo de más del 6 %, ocasionado por el Rodrigazo de principios del gobierno. Con relación a diciembre 2022, la caída en el último mes de 2024 es del 9,6 % y, con relación a diciembre 2021, el retroceso es del 11,4 %. Esto marca, además, que la caída excede al gobierno de Milei y viene de largo (Idem). Estos datos son consecuencia del hambre salarial y jubilatorio y la pérdidas de empleos en blanco que se llevó puestos los aguinaldos de muchos trabajadores que pasaron a estar precarizados. Pero, según los datos analizados por la consultora Empiria del exministro Hernán Lacunza, la caída del poder adquisitivo arroja cifras peores, lo que indica que es posible que la caída de las ventas haya sido amortiguada por el gasto de los ahorros, uno de los objetivos que se propuso Caputo al iniciar sus funciones, cuando dijo sin desparpajo que propiciaba que la gente tuviera que sacar los dólares del colchón para poder llegar a fin de mes. La otra explicación posible es el endeudamiento y el uso de la tarjeta de crédito. Según datos del INDEC, éste fue el medio de pago más usado durante el 2024 en los supermercados, lo que indica que los pagos se patean para adelante, acrecentando una burbuja que en algún momento encontrará un límite, no puede crecer sin fin. Según el informe de Empiria, el poder adquisitivo de las familias del área metropolitana cayó 18 % en 2024, por el impacto de las fuertes subas de servicios. La consultora midió esa pérdida de poder adquisitivo al descontar del ingreso de las familias lo que se destina al pago de servicios: gas, luz, agua, transporte y expensas. Como los servicios aumentaron más que la inflación, cada vez es mayor la parte de los ingresos de los últimos meses que se destina a cubrir esas facturas y queda menos plata disponible para consumir. Las familias de ingresos altos vieron afectada su capacidad adquisitiva en solo un 8,9 %, en comparación con los niveles de 2023, mientras que los segmentos de menores ingresos sufrieron un recorte de su poder de compra del 19 %, mucho peor. Si el INDEC hubiera actualizado su canasta de consumos para medir la inflación en función de considerar esta mayor incidencia de los servicios, la inflación anual hubiera sido casi 20 puntos superior y los ingresos disponibles, descontados los servicios, hubieran mostrado la caída del 21 % contra 2023. Es por esto que los anuncios optimistas de los liberticidas no condicen con la realidad. En el único lugar donde no cayeron las ventas es en los shoppings , donde compran las familias que se benefician con el carry trade , las desregulaciones de todo tipo y la reducción de impuestos a los bienes personales. En la medida en que el gobierno siga promoviendo los tarifazos -se vienen nuevos aumentos- y siga pisando paritarias, más porción del salario se destinará a pagar los servicios y menos ingreso quedará destinado al consumo. En la misma sintonía, la consultora Proyección relevó que la principal preocupación de los argentinos es no llegar a fin de mes y más de un 44 % considera que esa situación va a ser igual de mala o peor en los próximos meses. Esta situación no se resuelve esperando que más enfriamiento de la economía pise una inflación que de todas formas va a continuar disparada por un gobierno que sigue emitiendo pesos para comprar dólares a los exportadores y luego quemarlos en los mercados paralelos de dólar con la intención de planchar el precio. Se puede decir que Caputo se quedó “sin dólares en el colchón” -de las reservas del Banco Central- antes que los pequeños ahorristas argentinos a los que se propuso fundir desde un principio. Para derrotar al gobierno hay que luchar por un salario igual a la canasta familiar y romper el techo a las paritarias.

Durante casi una hora y media, Milei aburrió a la audiencia de la cadena nacional con una vieja receta. Volvió a autoproclamarse como “el mejor gobierno de la historia” después de recitar una larga lista de mentiras. Habló de un repunte “en V” de la actividad económica, cuando los datos de consumo popular muestran una caída implacable incluso en los meses más recientes (10 % de retracción en enero según la consultora Scentia). Celebró un superávit financiero que no contabiliza los intereses devengados por la deuda que el Banco Central le transfirió al Tesoro (Lecaps) y mintió también al anunciar una ¨menor presión impositiva¨. El liberticida y Caputo han restaurado el impuesto a las ganancias sobre el salario . Este “balance” no contabilizó la caída del 34 % en el poder de compra de la jubilación mínima y del 30 % de las partidas sociales. Milei celebró también la desaparición de la obra pública, sin mencionar el desplome de la inversión privada ni el boicot del capital privado a la construcción de obras de infraestructura, incluso si cuentan con aval del estado. En el día de ayer, Milei se pronunció por llevar el atraso histórico de Argentina a sus últimas consecuencias. El pago de la deuda pública consume lo que queda del capital acumulado. El Tesoro debería equilibrar los gastos y los ingresos corrientes; el corte de gastos de inversión constituye un suicidio económico. La revalorización de la deuda pública, el único “logro” de su año de mandato, que sin embargo no reivindicó, ha sido el resultado de la poda del ingreso de los trabajadores activos y pasivos y de las fuerzas productivas subsistentes . La revalorización ficticia de la deuda pública ha comenzado a desmoronarse, sin embargo, casi en simultáneo con el discurso a la semi Asamblea Legislativa. Apenas un día antes, el Banco Central debió vender 600 millones de dólares para ‘contener’ una venta masiva de bonos de deuda . El anuncio del “inminente” y “próximo” acuerdo con el FMI recibió un gesto de sorpresa de Caputo. La ‘primicia’ le ofreció la oportunidad de señalar que el acuerdo endeuda al Tesoro, probablemente en 12 mil millones de dólares, para pagar al Banco Central títulos del estado de valor cero y definitivamente desvalorizados por la inflación rampante de los últimos 20 o 25 años. El acuerdo representa una estafa económica que empalidece al “cripto-gate” y un perjuicio para los contribuyentes que deberán solventar el pago de la nueva deuda. La inflación por esa deuda del Tesoro es un asunto del pasado y no del futuro, como ayer mintió Milei. Su efecto inflacionario ha reducido esa deuda a cero. La ‘limpieza’ del balance del Banco Central podría hacerse simplemente mediante la eliminación de esa deuda depreciada y no mediante nueva deuda con el FMI. Es obvio que el valor que Milei le puso a esa deuda, 110 mil millones de dólares, es impagable, pero ese monto ya fue borrado por la depreciación del peso y de la base monetaria, que es el pasivo del Banco Central. Milei anunció que un eventual acuerdo será enviado para su aprobación al Congreso, una exigencia que le habría formulado el propio Fondo. No se trata de una concesión de los liberticidas a la democracia o la Constitución; necesitan que el parlamento y sus partidos pongan los dedos en el desfalco. Es parte de la operación para desarmar los efectos judiciales del criptogate . Milei aseguró que cumplió en doce meses con “el 75 % de lo previsto” para su mandato. Es una pretensión prematura, porque nada de lo que hizo previene el default sino que compromete un monto de deuda mayor –que creció en el año en el equivalente a 100 mil millones de dólares- . Lo mismo vale para la destrucción del derecho laboral y previsional, cuyo destino final está en manos de una lucha en escala de los trabajadores. El macaneo triunfalista del liberticida contrasta con el hundimiento de la economía mundial, la guerra comercial y financiera, y la guerra lisa y llana. Milei anotó a Argentina en el campo del imperialismo norteamericano comandado por Trump, contra el imperialismo europeo que comandan Francia, Alemania y Gran Bretaña. El tono beligerante del discurso tuvo connotaciones fascistas; por eso no sorprende que la Asamblea haya concluido con la amenaza de Milei y la agresión de Santiago Caputo contra el diputado de la UCR Facundo Manes. La denuncia de la designación de la Corte por medio de decretos , por parte del radical, fue un broche adecuado, más aun por inesperado, para una ceremonia que tenía más de Bierhalle de Munich en los años 20 del siglo pasado, que de una exposición acerca del Estado de la Nación ante una representación electa por el voto.

La Fiscalía de Panamá solicitó a la Corte Suprema de Justicia anular por inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a Panamá Ports Company (PPC), subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los accesos del Canal de Panamá. El fiscal jefe presentó la solicitud en el marco de dos demandas en curso contra la concesión, argumentando que el contrato viola 15 artículos de la Constitución panameña. Además, critica la renovación automática de la concesión en 2021 por 25 años adicionales, asegurando que se realizó en “condiciones desventajosas para el interés público”. La petición de la fiscalía, curiosamente, se da en paralelo a la auditoría sobre la misma empresa que está siendo realizada por la Contraloría General de la República, la cual investiga si Panamá Ports Company cumplió con sus compromisos financieros con el Estado. Tanto las demandas interpuestas como la auditoría buscan que la justicia panameña anule el contrato de concesión. Todas estas operaciones, impulsadas por el mismo gobierno panameño del presidente Jose Munilo, son parte de los requerimientos de Donald Trump, quien declaró sus pretensiones de recuperar el Canal para los Estados Unidos ni bien asumió. El secretario de Estado Marco Rubio, en su paso por el país, declaró su preocupación por el avance chino en la región y le arrancó al presidente Munilo el anuncio de no renovar el acuerdo comercial con China sobre la ruta de la seda. Esto dificultará el paso de los buques chinos por el canal, los cuales ocupan el segundo lugar en frecuencia, por detrás de los norteamericanos. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, sostuvo la semana pasada reuniones clave en Panamá, enfocadas en la seguridad del Canal y las denuncias de la influencia de China en la región, en las cuales se discutieron los mecanismos para rescindir los contratos. Sin embargo, la gestión hongkonesa de los dos puertos no forman parte del acuerdo de la Seda de 2017 sino que son muy anteriores. Se trata de dos de los cinco puertos adyacentes al canal, situados en los lados Pacífico y Atlántico respectivamente y qué han sido operados por una filial de Hutchison Port Holdings desde 1997. Este es un conglomerado con sede en Hong Kong fundado por el empresario hongkonés Li Ka-shing y tiene operaciones portuarias en 24 países, incluido Reino Unido. Es decir que las operaciones en ambos puertos fueron comenzadas por un empresario privado de Hong Kong que data de los tiempos en que la ciudad era colonia de Gran Bretaña, ni siquiera son de capital mixto. El avance chino La injerencia china se intensificó por las necesidades de inversión que requería, no sólo el canal, sino toda su infraestructura adyacente, las cuales fueron ignoradas por Estados Unidos. En 2017, Panamá rompió lazos diplomáticos con Taiwán y estableció relaciones formales con China, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en unirse a la iniciativa china Belt and Road, un proyecto mundial de infraestructuras e inversiones valorado en un billón de dólares. Hoy son 40 las empresas que operan en el país. La República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras la siguieron y también rompieron lazos con Taipei en favor de Pekín. Ahora, en esta reorganización del mapa mundial en la que Trump plantea enfocarse en América Latina, el expurgue de los capitales chinos del continente le resulta una prioridad, a pesar de que el canal es administrado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y de que todavía goza de privilegios de los cuales no se benefician los demás países. El canal fue construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, pero fue entregado a Panamá hace 25 años, tras la firma de los tratados Torrijos-Carter. Desde entonces, los buques de defensa norteamericanos siguen teniendo prioridad de paso. Además, continúa vigente el Tratado de Neutralidad de la Enmienda Deconcini, que otorga a Estados Unidos el derecho a “defender” el Canal ante cualquier amenaza, sea de potencia extranjera o de una manifestación pacífica, sin requerir la aprobación de Panamá. Sin embargo, Trump pretende más, como concesiones portuarias, bajas de aranceles a los barcos estadounidenses, prioridad de paso y una presencia militar propia permanente en la zona. Esto se evidenció cuando Rubio anunció hace un mes la anulación de aranceles a los buques yanquis, algo desmentido rápidamente por el presidente de Panamá. Esos buques representan más del 70% del tránsito del canal y esos ingresos son fundamentales para el presupuesto nacional. Parte de los acuerdos del gobierno con Marco Rubio consistió en aceptar a migrantes deportados desde Estados Unidos. Ya hay más de 300 inmigrantes de origen asiático, familias enteras, en el centro de migración que se encuentra en la selva del Darién, a los cuales no pueden acceder los abogados ni las organizaciones de derechos humanos. Todos estos avances de Trump se dan a la par de una reforma previsional y laboral que el gobierno de Muriño quiere hacer aprobar por ley en la Asamblea Nacional. Esta situación –las reformas más la injerencia norteamericana– generó movilizaciones y piquetes de sindicatos, agrupados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida que fueron respondidas con una fuerte represión. En el marco de las protestas, 83 miembros del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) fueron detenidos, se les abrieron causas y sufrieron torturas que fueron denunciadas frente a la Organización Internacional de Comercio. La injerencia de Trump sobre la soberanía nacional y el agravamiento de la crisis humanitaria de los migrantes va encontrando como respuesta la movilización popular. Se hace necesario un canal político que se levante contra el imperialismo y todos los gobiernos y partidos colaboracionistas determinados en darle sobrevida al capitalismo hundiendo las condiciones de vida de los trabajadores.

Por lo menos 20 médicos y 140 trabajadores de la salud gazatíes siguen detenidos y son torturados diariamente en las prisiones sionistas (The Guardian 25/2). Entre ellos se cuentan algunos de los especialistas más prestigiosos de Gaza. Algunos que ya han sido liberados denuncian que fueron sometidos durante meses a torturas físicas y psicológicas. Hay otros 24 profesionales, capturados en los hospitales donde trabajaban, de los que se ignora si están vivos. Khaled El Serr habló por última vez con su familia en marzo del año pasado, una semana antes de que los israelíes atacaran el hospital en el sur de Gaza donde trabajaba como cirujano. “Nadie ha vuelto a verlo ni a saber nada de él”, dijo su primo, Osaid AlSerr, residente de cirugía en Estados Unidos. “Ni siquiera sabemos si está vivo o muerto”. (NYT 2/8/24) Otro de los médicos asesinado fue Adnan al-Bursh, de 50 años, jefe de ortopedia del Hospital Al-Shifa. Murió en abril en la prisión de Ofer, en Cisjordania. Ayman Salha, jefe del Cirugía del Hospital Deir Balah, fue asesinado junto con toda su familia -la esposa, los cinco hijos, los padres, los hermanos- por aviones dirigidos ex profeso contra su hogar. “Equivale a un promedio de dos trabajadores de la salud asesinados cada día, con uno de cada 40 trabajadores de la salud, o el 2,5 por ciento de la fuerza laboral de la salud de Gaza, ahora muerto”, dijo Medical Aid for Palestines, una organización benéfica británica, en un comunicado. Healthcare Workers Watch (HWW), una ONG médica palestina, confirmó que 162 médicos, enfermeros y paramédicos permanecen detenidos. Su director, Muath Alser, señaló “que el ataque al personal sanitario está teniendo un impacto devastador en la prestación de asistencia sanitaria a los palestinos, con un gran sufrimiento, innumerables muertes evitables y la erradicación efectiva de especialidades médicas completas”. HWW ha verificado que 339 trabajadores sanitarios de Gaza fueron hechos prisioneros por el ejército israelí. Israel no devuelve los cadáveres de cuatro médicos que asesinó. El abogado que representa al pediatra Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, cuya detención por parte de las fuerzas israelíes en diciembre provocó la condena internacional, recientemente pudo verlo en la prisión militar de Ofer. Después contó que el pediatra ha sido torturado, golpeado, sometido a aberrantes humillaciones y que se le niega tratamiento médico. En un video difundido por el gobierno israelí poco después de la detención se lo ve caminar, rodeado de uniformados, con enorme dificultad. Safiya ya había sido detenido y torturado meses antes por negarse a evacuar el hospital a pesar de estar sitiado por los israelíes. The Guardian y Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) también han relevado el testimonio detallado de siete médicos de alto rango que afirmaron haber sido sacados de hospitales, ambulancias y puestos de control en Gaza, trasladados ilegalmente a través de la frontera a instalaciones penitenciariass y sometidos a meses de tortura, palizas, inanición y trato inhumano antes de ser liberados sin cargos. “Francamente, por mucho que hable de lo que viví en prisión, es solo una fracción de lo que realmente sucedió”, dijo el Dr. Mohammed Abu Selmia, director del hospital al-Shifa, detenido durante siete meses en prisiones israelíes antes de ser liberado sin cargos. “Hablo de palizas, de recibir golpes con la culata de un rifle y de ser atacado por perros. Había poca o ninguna comida, no había ninguna posibilidad de higienizarse, no había jabón dentro de las celdas, no había agua ni inodoro, no había papel higiénico... Vi a gente que se estaba muriendo allí... Me golpearon tan fuerte que no durante mucho tiempo no pude usar las piernas ni caminar. No pasa un día sin que te torturen». La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha declarado que «está claro» que la detención de un gran número de trabajadores sanitarios por parte del ejército israelí contribuyó al colapso del sistema sanitario en Gaza. Ajith Sunghay, jefe de la oficina para los territorios ocupados, declaró: «Los responsables de crímenes de derecho internacional deben rendir cuentas». Se sabe que dos de los médicos más veteranos de Gaza, el Dr. Iyad al-Rantisi, obstetra y ginecólogo consultor del hospital Kamal Adwan, y el Dr. Adnan al-Bursh, jefe del departamento de ortopedia del hospital al-Shifa, murieron detenidos. En el pasado, Israel ha defendido sus operaciones militares en el sistema sanitario de Gaza alegando que Hamás estaba utilizando los hospitales como centros de mando militar y que los trabajadores sanitarios detenidos eran sospechosos. Hasta la fecha, Israel no ha podido demostrar estas acusaciones. The Guardian presentó todas las denuncias de los médicos relativas a su detención a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que no respondieron a los casos individuales, pero proporcionaron una declaración general en la que afirmaban que estaban «operando para restablecer la seguridad de los ciudadanos de Israel, traer de vuelta a los rehenes y lograr los objetivos de la guerra, operando al mismo tiempo de acuerdo con el derecho internacional» y que actúan de acuerdo con la legislación israelí. Los relatos de los médicos son similares a los de otros ex detenidos palestinos sobre su estancia en centros de detención israelíes, que describen abusos y torturas sistemáticos. El año más mortífero de la historia para los periodistas El sionismo ha definido que también los periodistas son enemigos a liquidar. 2024 fue el año más mortífero de la historia para los periodistas y casi dos tercios del total de muertes fueron palestinos asesinados por Israel. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó de que 85 periodistas fueron asesinados por Israel en 2024, y 78 en 2023. Y añadió que la campaña militar de Israel en Gaza era la «situación más peligrosa para los periodistas» jamás registrada. Durante los 15 meses de bombardeo y devastación de Gaza, Israel prohibió a la prensa internacional ingresar a la Franja. Esto convirtió a los periodistas palestinos en los responsables de investigar, traducir y denunciar la situación, que incluyó el desplazamientos de cientos de miles y la masacre de 48.000 personas, la mayoría niños y mujeres. Al Jazeera ha denunciado “una campaña sistemática contra los periodistas de la cadena y sus familias desde octubre de 2023”. El gobierno de Netanyahu no desmiente esos asesinatos, que a veces eliminaron a la familia completa, pero los defiende con el argumento que participaban de la resistencia armada. Los periodistas palestinos continuaron informando bajo ataques aéreos dirigidos a las carpas de los medios de comunicación, durante los ataques a los hospitales e incluso cuando se enfrentaban al hambre y la desnutrición. Su papel se volvió fundamental para documentar los crímenes de guerra de Israel (Mondoweiss 2/3). LEER MÁS: Netanyahu sabotea el inicio de la fase 2 de la tregua y el retiro del ejército sionista de Gaza Por Olga Cristóbal, 01/03/2025.

Al cumplirse dos años de la masacre ferroviaria de Tempe , la más letal en la historia griega, que dejó un saldo de 57 muertos - en su gran mayoría estudiantes universitarios y secundarios - una gran manifestación recorrió el país y el mundo en reclamo de justicia por las víctimas. Las cifras de manifestantes varían según la referencia de los medios y organizaciones convocantes, a las proporcionadas por la policía - que suele bajarle el precio a toda expresión popular -, pero incluso el número más conservador indica que 170 mil personas se movilizaron al Parlamento en Atenas y un total de 325 mil personas a lo largo del país. En el exterior, se realizaron cerca de 165 manifestaciones en las principales ciudades y capitales del mundo. Grecia fue un hervidero, más de 260 manifestaciones sacudieron al continente y a todas las islas que lo rodean. La conmoción popular se ha visto profundizada por la publicación de diversos archivos el pasado 26 de enero que pusieron al desnudo la responsabilidad estatal y la profunda complicidad política del gobierno para encubrir las responsabilidades estatales. Una llamada de una pasajera al 112, el servicio de emergencias de la Unión Europea (UE), se convirtió en un reclamo popular. “No tenemos oxígeno” fue la frase emitida antes de morir por asfixia en las siguientes horas. El servicio de rescate, bomberos y ambulancias, se vio demorado a pesar del alerta casi en vivo del accidente. El pueblo trabajador de Grecia ha realizado su jornada más convocante de la historia moderna, que obligó a la convocatoria de una huelga general de 24 horas a la Federación de Gremios Estatales ADEDY y a la Confederación General de Trabajadores Griegos, que nuclea a los gremios privados. Las manifestaciones del 28 de febrero, también multitudinarias, tuvieron una convocatoria a cargo de los familiares y amigos de las víctimas, lo que obligó a la burocracia sindical a adherir a las mismas y comprometer una masiva protesta el día de su segundo aniversario. Los principales oradores han sido las familias, lo que muestra el lugar desdibujado que ocupa la dirección sindical que, a excepción del gremio ferroviario, se ha mantenido alejado de un pedido genuino de justicia. La versión del gobernante Nueva Democracia (ND) del primer ministro Kyriakos Mitsotakis apunta a descargar la responsabilidad sobre el jefe de estación de Larissa, el único acusado en la causa que investiga la justicia griega. Un reciente informe de la Agencia Nacional de Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios de Grecia (Eodasam), publicado el 27 de febrero, reconoce la “falla humana” como un factor del accidente, pero asegura que esa falla humana es el resultado de un desfinanciamiento y la casi inutilidad del sistema ferroviario del país helénico. La red nacional ferroviaria fue desmembrada durante el gobierno de Syriza para cumplir con las exigencia de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el recorte del “gasto público”. La red que une Atenas y Tesalónica, la segunda ciudad más habitada de Grecia, fue vendida al grupo italiano Ferrovie por solo 45 millones de euros, una liquidación fenomenal. Desde ese momento, las medidas de seguridad han pasado a ser una preocupación de décimo orden, incumpliendo con la normativa más elemental de la UE sobre seguridad vial. La red ferroviaria griega no cuenta con elementos considerados vitales como sistemas de seguridad como ETCS (siglas en inglés de Sistema de control ferroviario europeo) o ATP (Protección Automática de Trenes), lo que impide la detección automática de errores y la detención de trenes en caso de peligro. Los trabajadores ferroviarios, reconoce la Eodasam, son expuestos a tomar decisiones peligrosas de manera cotidiana, lo que afecta no sólo la integridad de los pasajeros sino la salud del personal encargado de tomar decisiones arriesgadas día a día. La situación tras dos años no ha visto mejoras, según denuncia la población movilizada. El rechazo del gobierno a reconocer su responsabilidad e, incluso, su propensión a echar culpas sobre un trabajador individual sumado a la detección de irregularidades en la investigación constatadas por la fiscalía, han hecho explotar la cólera de un pueblo hastiado por reformas laborales, previsionales y el constante ataque a sus condiciones de vida. Los informes dan cuenta de un acatamiento que supera el 90% de la actividad estatal e industrial, pero - para sorpresas de la prensa - un acatamiento similar se ha visto en supermercados, cafés y tiendas, así como en exclusivos restaurantes, los gimnasios y sectores de “trabajadores independientes”. Una demostración popular que no puede pasar desapercibida. La oposición al gobierno, de izquierda a derecha, no se ha mantenido alejada de la movilización. Ha decidido salir a la rastra de la manifestación. Syriza y el PASOK, que había sido desarticulado por las protestas y la crisis del 2008, han prometido una moción de censura contra el gobierno. La viabilidad de la misma es dudosa, pero nace como consecuencia de un sentimiento de rebelión que ha calado en las masas. Los medios han graficado la manifestación como una expresión que ha conmovido hasta los niños: “Clases enteras de escuelas primarias han marchado juntas enarbolando las pancartas que habían elaborado los días anteriores” (El País, 28/02). Los trabajadores, en sus lugares de trabajo, han iniciado la huelga de manera anticipada en varias fábricas, aeropuertos, puertos y centros comerciales. El país fue paralizado y conducido en trenes, que solo transportaban manifestantes, a la Plaza Syntagma del Parlamento. El pedido de justicia por las víctimas de la masacre de Tempe es la expresión superficial de un hartazgo generalizado con una sucesión de gobiernos que han sumido al pueblo griego en la miseria. El ingreso a una etapa de crisis políticas y movilizaciones populares contra los gobiernos de la guerra y la miseria marcan un cambio de situación en Europa que se encuentra discutiendo el reforzamiento de la guerra y ataques más profundos contra las masas. Es necesario seguir el desenvolvimiento de la crisis y la evolución política de las masas, como parte de una construcción política independiente de la clase obrera.

El 14/1/25, el gobierno de los liberestafadores publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/25 por la cual la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) establecía un cambio en el baremo utilizado para clasificar el nivel de funcionalidad laboral de personas con discapacidad para evaluar el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC). Dicho decreto establecía como parámetros de clasificación los índices de coeficiencia intelectual (CI), según los cuales una persona con discapacidad podría ser calificada de “idiota, débil mental o imbécil”. Por ejemplo: “los idiotas tendrían un CI de entre 0 a 30; los imbéciles de 30 a 50; los débiles mentales profundos un CI de 50 a 60; los débiles mentales moderados, CI de 60 a 70; y los débiles mentales leves un CI de 70 a 90” (Resolución 187/25, BO), y los describía de la siguiente manera: “Idiota: no sabe leer ni escribir, no controla esfínteres, no maneja el dinero, no podría subsistir solo”, mientras que en el otro extremo del baremo, una persona calificada como débil mental leve, podría “realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos con los que tienen un CI cercano a lo normal” (Ámbito Financiero, 27/2/25). Estas denominaciones dejaron de ser utilizadas desde hace décadas por ser discriminatorias, estigmatizantes, lesivas e insultantes para las personas con discapacidad. Las expresiones de rechazo, por parte de numerosas organizaciones defensoras de derechos de las personas con discapacidad, no se hicieron esperar. El escándalo alcanzó tal magnitud que el gobierno salió a echar lastre con dos medidas: 1- apartó de sus funciones a la responsable de la redacción del decreto, Myriam Améndola, la cual se preparaba para asumir la Coordinación de Fiscalización Médica; 2- sacó un comunicado alegando que los términos discriminatorios en el comunicado oficial fueron incluidos producto de un error. Es decir, argumentos infantiles que insultan la inteligencia de quien los lea. Renglón seguido, el mismo comunicado reafirma la línea de poner bajo un manto de sospecha las PNC ya otorgadas, al decir que: “La ANDIS reafirma su compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica, que garantice que las PNC por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan”. Es decir, el gobierno de los estafadores de $Libragate se arroga la autoridad moral (que no tiene) de poner en tela de juicio el otorgamiento del mísero monto que personas con discapacidad perciben (el 70% de la jubilación mínima). Es que la motosierra de Milei viene podando las PNC. Desde fines de 1024, la ANDIS viene revisando todas las PNC. Intima masivamente, bajo apercibimiento de quitar el beneficio, a personas con discapacidad que la perciben a presentar documentación médica actualizada y respaldatoria para la revisión de dicha prestación. Esto, somete a las personas con discapacidad a tener que recorrer efectores públicos de salud en busca de sobreturnos, sobrecargando además, a los servicios que ya están desbordados, por la falta de personal, la precarización laboral, los bajos salarios, los ajustes sistemáticos, la falta de insumos y recursos, y por la demanda creciente. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, en su pronunciamiento, estableció que las dificultades para el ejercicio de una vida social autónoma no son intrínsecas de las personas con discapacidad, sino que están estrechamente relacionadas y fuertemente condicionadas por el contexto social, político y económico en el cual deben desarrollar su vida. Por lo tanto, no se trata de situaciones que puedan ser evaluadas sólo desde la medicina con un diagnóstico que etiquete a las personas, sino que debe ser evaluado en la particularidad de cada caso y en su contexto, ponderando su entorno social y económico, variables que son cambiantes y no estancas e inamovibles. El otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, por ejemplo, deben ser otorgadas contemplando todas estas variables socioeconómicas. Los burros del gobierno, haciendo gala de su brutalidad, borraron de un plumazo toda esta perspectiva, reforzando la discriminación y la estigmatización que padecen las personas con discapacidad. Señalamos que, más allá (y además) de la gravedad que implica el intento de reinstalar conceptos y nominaciones retrogradas y discriminatorias, este episodio constituye un intento de omitir de las evaluaciones para el otorgamiento de las PNC todas las variables socioeconómicas, circunscribiendo y limitando para ello sólo criterios médicos. En el contexto de desastre social y económico, dónde arrasan con despidos y los niveles de pobreza son escandalosos, omitir las variables sociales para la evaluación del otorgamiento de las PNC tiene como finalidad 1- restringir aún más el acceso de personas con discapacidad a la PNC por un lado, y 2- reunir más argumentos para las revisiones de las PNC ya otorgadas, por el otro. Es un episodio más de una política criminal con la que pretenden justificar mayores ajustes para el regocijo de los tenedores de deuda, el FMI, las patronales, y la especulación financiera. Estas medidas, de las que echa mano el gobierno liberticida, son un intento de apuntalar el abandono de la perspectiva de DDHH del Estado argentino, la cual goza de jerarquía constitucional, en la línea de ir configurando un estado de excepción e ir desentendiéndose de toda una franja de la población que necesita de la asistencia estatal para la propia subsistencia. El estado moderno actual no tiene la soberanía sobre la vida o la muerte, como en el pasado la tuvieron las monarquías. Ejerce lo que Foucault llama: "racismo de Estado”, la política de dejar morir por omisión y abandono. Esta política continúa vigente, con mayor o menor sutileza, según el gobierno de turno. Llamamos a combatir esta política criminal con la más amplia deliberación en todos los efectores de salud, las dependencias asistenciales y en el colectivo de personas con discapacidad, para acordar y poner en marcha medidas de acción directa y de lucha.

Este 8 de marzo, Día internacional de la Mujer Trabajadora, tenemos la posibilidad de protagonizar otra movilización multitudinaria . Tenemos que salir a enfrentar los ataques fascistas de Milei contra los derechos de las mujeres y diversidades , contra el gobierno por decreto, los despidos masivos, la destrucción del derecho laboral y previsional y la represión de la Gendarmería. El combate a las diversidades, a los inmigrantes, a los pueblos originarios, han sido tomados, como ocurre en todo el mundo capitalista, como un grito de guerra civil contra la democracia y contra el socialismo. El desguace de la salud pública es brutal. Despidos masivos; desmantelamiento de programas de prevención y cuidado; privación de cobertura a personas con VIH, con enfermedades oncológicas, con discapacidad. Los secuaces de Milei repiten que, en una próxima pandemia, serán suprimidos los cuidados colectivos y la vacunación obligatoria y gratuita. El derecho al aborto legal está en manifiesto peligro. No se garantiza por la falta de la medicación y de profesionales, y figura en el listado de contrarreformas de los liberticidas . Está en marcha la privatización general de la educación y de la investigación científica. La destrucción del derecho laboral y previsional está en el tope de la lista de la patota cripto-mafiosa. La pobreza, a valores históricos, golpea más duramente a las mujeres trabajadoras. Nueve de cada 10 mujeres han quedado sin jubilaciones. Este 8 de marzo tenemos que mostrar la incompatibilidad irreconciliable entre las trabajadoras y trabajadores, por un lado, y el gobierno de fascistas y estafadores, del otro. “El robo cripto más grande de la historia” ha llegado a la sección Fraudes del Departamento de Justicia norteamericano y a tribunales internacionales. El 8M es el día internacional de las mujeres de todo el mundo. De las masacradas en Gaza y Cisjordania, en África y en Ucrania. Una guerra imperialista que se expande bajo la consigna mentirosa de “la paz” y de la falsa “autodeterminación nacional”. La guerra sólo puede ser abolida mediante la unidad internacional de los trabajadores para poner fin a la explotación de unos pocos contra la inmensa mayoría. Este 8 de marzo desarrollemos autoconvocatorias y coordinadoras como hicimos el 1 de febrero. En apoyo a los docentes y las trabajadoras y trabajadores de la salud, y en apoyo a los trabajadores de Morvillo (Avellaneda), de Granja Tres Arroyos (Concepción del Uruguay-Entre Ríos), y de los ingenios Ledesma y Tabacal (Jujuy y Salta). A través de la lucha, reuniremos las condiciones para una huelga política de masas contra los fascistas libertarios, secuaces de criminales de guerra, estafadores y contra los gobiernos patronales en su conjunto . Viva el 8M; viva el 117° Aniversario del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Cuando todavía no se había asentado el polvo levantado por la pelea protagonizada por Trump y Zelensky en la Oficina Oval , Estados Unidos acaba de anunciar el congelamiento de toda ayuda militar a Ucrania, “hasta que Trump determine que los líderes del país demuestren un compromiso de buena fe con la paz”, dijo a Bloomberg una fuente que pidió no ser identificada. Todo el equipo militar estadounidense que no se encuentra actualmente en Ucrania será suspendido, “incluidas las armas en tránsito en aviones y barcos o que esperan en zonas de tránsito en Polonia” (Bloomberg 3/3). "El impacto será enorme. Yo lo llamaría devastador", dijo Mark Kansian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales a la CNN. La ayuda alternativa de Europa evitaría que Ucrania "caiga inmediatamente por un precipicio", pero "cuando sus suministros se reducen a la mitad, eso acaba afectando a las líneas del frente". La estimación sobre cuánto tiempo podrá sobrevivir Ucrania sin suministros de Estados Unidos, son pesimistas. Los sistemas de misiles HIMARS y proyectiles de artillería son un punto sensible. Sigue sin estar claro si la suspensión abarca el “apoyo blando” (datos de inteligencia), sin el cual las fuerzas de defensa aérea y de misiles quedan "cegadas". Los drones y las comunicaciones en combate operan mediante la conexión a Starlink. Su cierre podría “paralizar” muchos procesos en el ejército. En Ucrania se desarrolla una guerra industrial que consume enormes cantidades de munición y armas. Estados Unidos proporciona a Ucrania todo el espectro de equipamiento que necesita un ejército. Los paquetes abarcan desde armas pesadas (tanques) hasta municiones (proyectiles de artillería, misiles de defensa aérea) y suministros (equipo médico, ropa para clima frío). Aunque el debate sobre la ayuda militar se centra generalmente en las armas más importantes, la clave es la cantidad. Además de las armas, los ejércitos en combate necesitan municiones de todo tipo, desde armas pequeñas hasta morteros y artillería. Lo fundamental, por tanto, es el tamaño del flujo. La información de inteligencia es vital para leer el panorama estratégico (es decir, lo que el enemigo está haciendo o pretende hacer) y el nivel táctico, por ejemplo, adónde debería disparar Ucrania sus municiones de largo alcance. Los europeos podrían reemplazar parte del apoyo retirado, pero Estados Unidos tiene capacidades que el resto de aliados no posee y una escala de alcance que es difícil de reemplazar. Ucrania fabrica drones en su casi totalidad por sus propios medios. "Todos los cuentos de que ganarán con los drones son pan comido”, dijo, sin embargo, un ex asesor militar de Kiev. “En cuanto se corte toda la ayuda, empezando por la de inteligencia, el ejército se queda ciego y bizco.” Lo máximo que puede hacer es realizar algunos movimientos tácticos, contraatacar con drones, pero todo el contorno estratégico queda completamente fuera de combate. La preparación de ataques, el reconocimiento satelital, las intercepciones, las operaciones cibernéticas, etc. quedan completamente fuera. “Sin la ayuda estadounidense, todo empezará a desmoronarse en un mes y medio o dos" (Strana Today). La CNN escribe, citando fuentes, que la suspensión de la ayuda es una medida de la administración Trump para obtener una disculpa pública de Zelensky por el altercado en el Salón Oval. "A primera vista, esto tiene muy mala pinta. Parece como si nos estuviera empujando hacia la capitulación, es decir, hacia (aceptar) las exigencias de Rusia", afirmó el jefe del comité de Asuntos Exteriores del parlamento ucraniano (Reuters). Keith Starmer, el primer ministro británico, anunció que junto a Francia y otros países europeos propician una “coalición de los dispuestos” para alcanzar la paz con "botas en tierra y aviones en el aire". La UE no rechaza “un cese del fuego” de un mes, señaló Macrón, “en el aire, en el mar y en las infraestructuras energéticas”, cosa que Rusia ha rechazado de plano por razones obvias. Los aliados de Kiev están intentando ganar tiempo ante una circunstancia desfavorable. Rusia quiere asegurar un acuerdo antes de acordar un alto el fuego. El acuerdo debería establecer el levantamiento de la mayor parte de las sanciones económicas, el descongelamiento de los activos rusos, por parte del G-7 al Banco Central de Rusia en 2022, que asciende a unos 300.000 millones de euros. Para Trump, este pago a cuenta de un arreglo final, es inadmisible. El cese de la ayuda militar norteamericana a Ucrania es un señuelo insuficiente para Putin, quien adelantó repetidamente que quiere un cambio de régimen político en Ucrania y una “nueva arquitectura de seguridad” en Europa. Es un escenario de alternativas incompatibles Los restos de la OTAN Estados Unidos tiene la mira puesta en la salida de Zelensky. La CNN recoge del asesor en seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Walts, que “Washington no está seguro de si Vladimir Zelensky (lo norteamericanos han empezado a mencionar el nombre de pila de Zelensky, que es Volodimir, en ruso) sea el hombre adecuado para liderar a Ucrania en este momento”. Trump había catalogado las declaraciones escépticas de Zelensky, acerca de una paz con Rusia, como “la peor declaración que podría haber hecho (…) Estados Unidos no la tolerará por mucho más tiempo!"*… Este conflicto de “alternativas de acuerdo” se dirimirá mediante confrontaciones militares y guerras, y por medio de golpes de Estado. La política de Trump para alcanzar la “paz’ en Ucrania desarrolla las tendencias a una ampliación de la guerra imperialista desarrollada por Obama, Trump (primer mandato), Biden y Trump-Musk ahora. LEER MÁS: La segunda invasión de Trump a Ucrania Por Jorge Altamira, 25/02/2025. El descuartizamiento de Ucrania El estallido de la Unión Europea. Por Jorge Altamira, 14/02/2025.

A través de un comunicado, la conducción Celeste del SUTEBA La Matanza (y los demás gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense) ha largado una campaña antihuelga con el objetivo de boicotear el paro convocado por las seccionales de la lista Multicolor, votado en recientemente en un plenario de delegados con mandatos de escuelas. Se trata de una campaña común con los inspectores y funcionarios del gobierno provincial y distrital. Al igual que Milei pretenden amedrentar a la docencia para que no ejerza su legítimo derecho a huelga. En el texto que difunden (redes oficiales de SUTEBA La Matanza) afirman que “Habitar la escuela en comunidad es la tarea”. ¿“Habitar la escuela” con salarios de miseria? ¿“Habitar la escuela” con una infraestructura que da pena? ¿“Habitar la escuela” con comida insuficiente en los comedores escolares? ¿“Habitar la escuela” con cientos de cargos faltantes? ¿“Habitar la escuela” con numerosos cierres de cursos y pérdidas de fuentes de trabajo? A la lista Celeste de SUTEBA no le importan las condiciones de trabajo de la docencia, sino garantizar que el gobernador Axel Kicillof pueda tener la foto del “normal inicio de clases” a cualquier costo. Manifiestan en el mismo texto que van a “denunciar el ajuste del gobierno nacional”, pero han dejado pasar la eliminación de la paritaria nacional docente, la quita del FONID, etc. Al igual que los gremios docentes de la CGT, que levantaron de manera vergonzosa el paro, son colaboradores del ajuste en curso. Daniela Spossato, Sec. Gral. del SUTEBA La Matanza recorrió escuelas el día viernes 28/2, amenazando a los compañeros con que el paro es “ilegal”. El sindicato que debería estar impulsando un plan de lucha por el salario y las condiciones de trabajo, se encuentra en una campaña contra el paro. Queda claro de que “lado de la mecha” se encuentran. Reforcemos la difusión y la adhesión a la huelga docente del miércoles 5/3. Tenemos motivos de sobra para parar: Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, contra las reformas antieducativas, para que IOMA cubra todas las prestaciones, por obras de infraestructura, por el nombramiento de todos los cargos faltantes y contra el ajuste del gobierno nacional y provincial. Convocamos a participar de la radio abierta el día miércoles 5/3 a partir de las 10 hs en la Plaza de San Justo, convocada por la Lista Multicolor. Tendencia Docente Clasista La Matanza Contacto: 1131919427 LEER MÁS: Docentes: ante la defección de la burocracia sindical, paremos el 5 de marzo. Comunicado de la Tendencia Docente Clasista. ¡La defensa del salario no puede esperar! Por Mesa Nacional de la Tendencia Docente Clasista, 28/02/2025.

El viernes pasado, la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Salta dictó la conciliación obligatoria en el Ingenio Seabord (ex Tabacal). El miércoles 26, los obreros habían iniciado una huelga por tiempo indefinido. La resolución admite que la Seaboard pueda terminar el conflicto si los despedidos aceptan su oferta de indemnización, que se encuentran consumados por la liquidación de las indemnizaciones y que dependerá de la decisión individual de cada trabajador. El Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) ha firmado en disconformidad, denunciando la vulneración de la “paz social”, y ha levantado la medida de fuerza. La conciliación fue impulsada por los gobiernos provincial y nacional, y por la Seaboard. Los trabajadores fueron amenazados con la aplicación de fuertes descuentos, sanciones laborales y denuncias penales; posteriormente con la militarización del Ingenio y la ruta 50 contra los piquetes obreros. El año pasado, la conciliación viabilizó el despido de 34 despidos en conflicto. La conciliación obligatoria irá acompañada por nuevos aprietes al interior de la fábrica y en las colonias contra los obreros del surco. La patronal acelerará las tareas de puesta a punto del trapiche con mano de obra tercerizada para neutralizar un paro antes del comienzo de zafra. Al darse a la par de las negociaciones paritarias, que vencen en abril próximo, estos despidos apuntan contra el reclamo de mejores salarios. Los sueldos obreros en la Seaboard E. R., van desde los ochocientos mil a el millón cuatrocientos mil pesos mensuales, por debajo de la línea de la pobreza. La reducción sistemática de la planta laboral, tanto temporaria como permanente ha agravado las condiciones laborales y salariales para el sector. Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. No a los despidos, por el reparto de las horas de trabajo disponibles en toda la planta sin afectar el salario. LEER MÁS: Salta: fuerte operativo represivo contra los obreros de la Seaboard (ex Tabacal) Por Julio Quintana, 01/03/2025.

Finalmente, Trump cumplió su amenaza de subir aranceles a las importaciones, violando el tratado comercial de América del Norte (T-MEC) vigente y las reglas comerciales establecidas por la Organización Mundial de Comercio. A partir de este martes, las importaciones provenientes de Canadá y México tienen un impuesto del 25 %, mientras que a los productos energéticos canadienses se les aplica un 10 %. Además, el arancel del 10 % impuesto por EE.UU. a las importaciones chinas en febrero se duplicará, situándose al 20%. Crisis Estas –junto con la motosierra a nivel interno y externo– son parte de las medidas que Trump tiene pensadas para dar respuesta al desbalance de las cuentas públicas y comerciales norteamericanas. En un artículo de Oren Cass 'Free Trade's Origin Myth' (El mito del origen del libre comercio), publicado en Law & Liberty, en enero de 2024, se exponen los números: “...las importaciones estadounidenses estaban más o menos equilibradas en 1992; en 2022 el déficit comercial superó los 900.000 millones de dólares por primera vez. Incluso en productos de tecnología avanzada, en el mismo período de 30 años, EE.UU. pasó de un superávit de 60.000 millones de dólares a un déficit de casi 250.000 millones. El crecimiento económico y la inversión empresarial se desaceleraron, y las décadas de 2000 y 2010 se convirtieron en la peor y la segunda peor década del período de posguerra. En la industria manufacturera, el crecimiento de la productividad se volvió negativo: las fábricas estadounidenses necesitaban más mano de obra en 2022 que en 2012 para alcanzar la misma producción. Las joyas de la corona de la industria estadounidense, innovadores revolucionarios como General Electric, Boeing e Intel, perdieron sus posiciones de liderazgo mundial. La relación comercial entre EE.UU. y China se convirtió en la más desequilibrada de la historia mundial y costó millones de empleos estadounidenses." Nvidia llegó a desplazar a Microsoft en capitalización bursátil, pero la irrupción de la compañía china DeepSeek en el campo de la inteligencia artificial (IA) la pasó por arriba, al punto de hacerle perder, en horas, 600.000 millones de dólares. El 'efecto DeepSeek' hizo temblar a todas las tecnológicas de EE.UU. Según el Instituto Australiano de Política Estratégica–que lleva un registro detallado de sesenta y cuatro tecnologías criticas– entre 2003 y 2007, EE.UU. fue líder en 60 de 64 tecnologías, mientras que China lo fue en solo tres de ellas. Sin embargo, entre 2019 y 2023, EE.UU. fue líder en solo siete de las 64, mientras que China lo fue en cincuenta y siete. Desde Política Obrera ya desarrollamos como la industria naval china tiene una producción 200 veces mayor a la norteamericana, lo cual no es un tema menor ya que Estados Unidos, rodeado de océanos, sigue dependiendo de su poder naval para mantener proyección mundial e influencia comercial y militar. Y a las capacidades chinas hay que sumarle las rusas. Sólo en 2024 Rusia dio el alta a una treintena de buques y submarinos. Estados Unidos tiene limitadas sus posibilidades de inversión por una deuda pública inmensa, de 36 billones de dólares, la cual no ha parado de crecer y es la que se propone disminuir Trump. Según datos de 2023 de la Reserva Federal, EE.UU. debía pagar 1.026 billones de dólares en intereses, lo que representa cuatro veces el PIB de Portugal y dos veces y media el de Austria. En 2021, el pago de la deuda era de 500.000 millones de dólares. En 2022 subió a 635.000 millones. En 2023, la cifra era de 873.000 millones. En 2024 debieron pagarse 7,6 billones de dólares en bonos. El pago de la deuda ha pasado a ser el segundo mayor gasto del presupuesto federal, sólo superado por lo destinado a la Seguridad Social (1,4 billones, el 21% del presupuesto) y por encima del gasto militar que, ya sabemos, es el mayor del mundo (La Haine 25/02). El plan de Trump La suba de aranceles no es simplemente un instrumento para beneficiar productos norteamericanos en el mercado interno, sino que forma parte de un instrumento de presión –como mensaje– hacia los países tenedores de dólares y de deuda para acordar una devaluación del dólar y lograr una baja de las tasas de interés de los bonos a 10 años. La acción disolvente de Trump va más allá de los acuerdos bilaterales con sus vecinos -que son puerta de entrada de los productos chinos– o con la misma China, sino que aspira a alterar las relaciones de comercio en el mundo a través de la desvalorización del dólar. Una segunda fase, un poco más lejana, consiste en lograr una reestructuración de deuda para canjearla por bonos a 100 años. Cada una de las acciones de Trump que parecen patoteadas irracionales e inconexas –la política antiimigratoria, la retirada en Ucrania , hasta el acuerdo con Maduro - forman parte del objetivo de bajar el déficit norteamericano a través de la motosierra, la baja en los precios de los combustibles, la devaluación del dólar y una reestructuración de deuda. Sin embargo, ninguna de esas medidas es inocuas para la economía norteamericana. Las razias contra los inmigrantes están dejando sin mano de obra a la economía agrícola del país y los aranceles alteran la cadena de suministros de la industria nacional, que inevitablemente depende de insumos y partes externos. Muy por el contrario de lo que argumenta Trump, la industria norteamericana va a ser una de las principales perjudicadas por los aranceles. Las exportaciones de esos productos también van a ser menos competitivos. Los efectos inflacionarios van a ser inmanejables y van a golpear a la economía interna. Los mercados lo dejaron claro con el cimbronazo que hubo en la Bolsa el mismo martes que se implementaron las medidas. Las respuestas de Canadá, México y China Desde la asunción de Trump, los mandatarios de Canadá y México se mostraron por demás condescendientes con él, pero el norteamericano ya no les estaría dejando margen para que se arrastren aún más. El canadiense, Justin Trudeau, afirmó que su país responderá con aranceles del 25 % contra 155.000 millones de dólares de productos estadounidenses. México “anunció que anunciará” aranceles y otras medidas el domingo 9, como dando tiempo -en una señal de esperanza inútil– a que Trump se retracte. Por su parte, China impondrá aranceles del 10% y el 15% a una serie de importaciones agrícolas estadounidenses, entre otras cosas. Trump, consciente de que los Estados Unidos no iban a tener impunidad para endeudarse hasta el infinito sólo por ser los garantes del orden mundial –como sí creyeron sus predecesores– está pateando el tablero de ese mismo orden mundial que su país pergeñó desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Pero cada paso genera nuevas contradicciones y socava sus propias bases económicas. LEER MÁS: Trump avanza sobre el canal de Panamá para expulsar a los capitales chinos Por Aldana González, 03/03/2025. El segundo golpe de Estado de Donald Trump Por Jorge Altamira, 10/02/2025. Trump: un programa de guerra interno e internacional Inaugura mandato con doscientos decretos ejecutivos. Por Jorge Altamira, 21/01/2025. Trump hace saltar al gobierno de Trudeau y lanza una ofensiva contra México, Panamá y toda América Latina Por Jorge Altamira, 08/01/2025.

La huelga docente del miércoles 5/3 ha recogido una adhesión muy importante y dejado enseñanzas políticas fundamentales. Este paro había sido convocado en principio por los gremios docentes de la CGT a nivel nacional, que de manera vergonzante lo levantaron a cambio de nada. Pese a su carácter aislado, se había instalado rápidamente en las escuelas. La CTERA y SUTEBA ni siquiera eran convocantes. Conocido este autoboicot, desde numerosas escuelas los docentes se pronunciaban y ratificaban la decisión de parar. El paro fue mantenido por las seccionales de Marcos Paz y Tigre, conducidas por la Lista Multicolor, en un plenario provincial, aunque recién el viernes por la tarde. No fue el caso de Bahía Blanca, cuya conducción también Multicolor convocó a una jornada de protesta sin paro. El gobierno de Axel Kicillof, que según Baradel (Sec. Gral. de SUTEBA) es “amigo de los docentes”, emprendió una campaña furiosa contra el paro que dejó chica a la ex gobernadora Vidal. A través de comunicados, amenazas de los inspectores y los alcahuetes de turno bombardearon los teléfonos de los docentes hasta últimas horas de la noche del día martes 4/3. La bajada fue “el paro es ilegal”, “irá a descuento” y “se pondrán faltas injustificadas”. Estos mismos argumentos fueron esgrimidos por la conducción provincial de SUTEBA y con el acompañamiento de todos los sindicatos del FUDB, que actuaron así en común con la patronal. A la campaña se subieron con fervor el diario Clarín y La Nación. El mismísimo vocero del gobierno de Milei, Manuel Adorni, felicitó al gobernador Kicillof por ir sin tapujos contra el derecho a huelga. Pero todos parecen olvidarse que Kicillof ya obró de esta forma el año pasado, aplicando descuentos a miles de docentes. Cuando se trata de atacar a los trabajadores se acaban las disputas o peleas para la tribuna. El paro se abrió paso contra todo este operativo antihuelga y se hizo sentir. Hubo muchas escuelas de La Matanza que directamente no pudieron abrir sus puertas. Es que la bronca crece día a día. Por los magros salarios, por las condiciones laborales, por el vaciamiento de la obra social IOMA, porque se han cerrado cursos y dejado a a docentes sin trabajo, y porque la ruina en la infraestructura escolar es cada día mayor. En el marco de la medida de fuerza se realizaron actividades distritales en La Matanza, San Isidro, Mar del Plata y Bahía Blanca. Nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, dio una batalla para garantizar la huelga, salimos a cruzar los aprietes con acciones de agitación y de lucha. Por las propias circunstancias, la huelga docente también se convirtió en la defensa del derecho a huelga. La huelga dejó en evidencia la distancia irreconciliable que existe entre las bases del sindicato, de un lado, y las conducciones de los aparatos burocráticos, del otro. Roberto Baradel y los demás dirigentes del FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense) quedaron nuevamente desautorizados. Numerosas seccionales de la oposición sirvieron, luego de las discusiones políticas que motivó el levantamiento de la huelga por parte de todos los colores de la burocracia, como punto de apoyo de la lucha. Está abiertamente en disputa la perspectiva de la docencia para el año escolar que ha comenzado. Es necesario entonces impulsar foros de debate, comités de base, asambleas y plenarios. El año docente y estudiantil, en la secundaria y la universitaria, no ha comenzado. En la agenda está colocado el tema de la organización de la huelga docente estudiantil.

Finalizando un contundente paro de 72 horas de no inicio del ciclo lectivo en Santa Cruz, ADOSAC movilizó a la inauguración de las sesiones legislativas que el gobernador trasladó a la ciudad de Pico Truncado, en la zona norte de la provincia. Este despliegue de funcionarios y diputados se comprende porque el gobernador cuenta en la zona norte con su aparato de patota sindical, desde el inicio de su mandato como secretario general de Petroleros. Así fue que al vallado metálico montado por la policía con anticipación, le precedió un vallado de la patota sindical que no dejaba acercar a los docentes. Como si eso fuera poco, se instaló una tercera valla de policías. En definitiva, el nuevo gobierno de Vidal inició las sesiones legislativas lejos de la capital, de YCRT, recientemente privatizada, de los despedidos de la represa, de los despedidos de la minera, y ni así logro suprimir la movilización afuera. La docencia está encarando una lucha decisiva, en defensa del salario y las condiciones laborales. En este proceso participamos activamente desde el Frente de Lucha Docente-Tendencia Docente Clasista, de reciente conformación, defendiendo una recomposición salarial que cubra el costo de la canasta familiar, el reforzamiento gremial mediante la conformación de cuerpos de delegados y la determinación de una lucha decisiva contra la extensión progresiva de medidas de fuerza, que solo nos debilitan. Es necesario que ADOSAC convoque en la provincia, a los trabajadores de base, delegados, juntas internas combativas a coordinar acciones de lucha en defensa de los puestos de trabajo, el salario y las condiciones de infraestructura.

Trump brindó un discurso ante una sesión conjunta del Congreso el martes por la noche. Todo irradiaba prepotencia: además de descalificar a las diversidades y a la “agenda woke” (cambio climático, asistencia social, feminismo), anunció que "obtendrá Groenlandia de una manera u otra", y prometió “hacer la guerra” a los cárteles de la droga en México. Reiteró su empeño en anexar el Canal de Panamá, casi en simultáneo con la compra del 90% de la acciones de Hutchinson, una compañía de Hong Kong que maneja los dos puertos en el canal y otro gran número de infraestructuras en Europa y Asia, por parte de BlackRock, el número uno mundial de los fondos de cobertura. Con relación a Ucrania, prometió “recuperar” 350 mil millones de dólares que EE.UU. le habría otorgado como consecuencia de la guerra, o sea, tres veces más de la ayuda real. Aseguró que “es una indecencia” semejante uso “del dinero de los contribuyentes”. La cadena de televisión estadounidense CNN enumeró al menos 18 puntos del discurso que "distorsionan la realidad o son falsos". Fue "interminable", para Le Monde: “Los republicanos se empeñaron en demostrar una lealtad inquebrantable. Sus aplausos sincronizados alcanzaron niveles norcoreanos”. Una parodia de los discursos en el Reichstag, de hace un siglo, aunque esta vez faltó el saludo romano de Elon Musk. Trump se centró en temas internos, en especial con la reducción draconiana del presupuesto federal, por medio de despidos masivos y la liquidación de las instituciones estatales de la Salud, saludando los esfuerzos del empresario Elon Musk para reducir el gasto del presupuesto federal. Se felicitó por haber firmado casi 100 decretos presidenciales y más de 400 órdenes ejecutivas en solo seis semanas: “El pueblo me eligió para realizar este trabajo y lo haré”. De suma relevancia, pero poco mencionado, fue el anuncio de una nueva oficina de construcción naval. Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo la armada dominante del planeta, pero su capacidad para producir buques de guerra se ha atrofiado. Palidece en comparación con la de China, en especial en lo que refiere a submarinos. Diversos observadores coinciden en señalar la cálida descripción que Trump hizo de la carta que le envió Zelensky. Sugiere que el enfrentamiento con el líder ucraniano quedó atrás. Zelensky, en efecto, ha ratificado la decisión de firmar el acuerdo de entrega de los recursos minerales nuevos a compañías norteamericanas (al cual incluso Putin prestaría adhesión). La guerra ha servido para conquistar a Ucrania por medio de la ocupación económica y política, y el reparto del territorio con el gobierno de Rusia. El recurso militar está siempre disponible, como se manifiesta en la amenaza a Hamas de que desataría “un infierno” en Gaza sino capitula a la brevedad. La suspensión del intercambio de información de inteligencia es muy selectiva, pues se refiere solamente al apoyo satelital que recibía Ucrania para atacar blancos en territorios de Rusia. La amenaza de Trump de iniciar una guerra, no una represión al narcotráfico, fue otro punto relevante. Estados Unidos ha incluido a ocho carteles, entre ellos seis mexicanos, en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. La clasificación de “terrorista” le otorga al gobierno estadounidense acceso para lanzar operaciones encubiertas autorizadas por el presidente. Un ejemplo de ese tipo de operación sería el lanzamiento de drones sin etiquetar contra territorio mexicano. El cartel de Sinaloa, ha sido señalado por tener vínculos con China. La implementación de aranceles a todos quienes son señalados como rivales económicos de Estados Unidos, ocupó buena parte del discurso. "Habrá una pequeña perturbación”, intentó subestimar Trump. Pero la guerra comercial fue tratada en el marco de la guerra mundial. Por ejemplo, el anuncio de la construcción de una “cúpula dorada”, que permitiría proteger a Estados Unidos de una guerra nuclear. El peligro de “una destrucción mutua” ha sido levantado. Trump retoma los objetivos de Ronald Regan, para desarrollar “una guerra de las estrellas”, mediante la colonización militar del espacio exterior. El programa expuesto por Trump ha sido recogido por el imperialismo europeo como una oportunidad para imponer a sus pueblos la consigna del “rearme”, incluso si la factura puede ser de un billón (“trilllion”) de dólares.

El pasado viernes, en horas de la madrugada, unos 1.800 estatales que trabajaban en el Ministerio de Capital Humano fueron despedidos por correo, o pasados a disponibilidad. Nuevamente, la modalidad fue no renovar a los “contratados” que revisten en el Ministerio desde hace varias gestiones. De esa manera, trabajadores con décadas de continuidad precaria (algunos de 15 o hasta 20 años) fueron dados de baja sin indemización. En el caso del ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), los 400 despidos se suman a los 100 del año 2024, lo que implica una reducción del 50% de la planta; con consecuencias desastrosas para el saneamiento, limpieza, control de contaminación y vivienda del Riachuelo, que afectan a una población de 8 millones de habitantes. Desde la camarilla liberticida informaron que esta nueva ola de despidos, largamente anunciados y preparados desde el gobierno, son parte del 'plan motosierra 2.0' del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. El martes 4 salieron a la luz nuevos videos con alimentos y útiles escolares retenidos en galpones de Capital Humano. Diferentes organizaciones anunciaron acciones legales y una denuncia penal contra Sandra Pettovello. Estos alimentos y útiles se encuentran retenidos en 13 depósitos del Ministerio desde el comienzo de la gestión liberticida, aunque no ha trascendido el monto de las toneladas de mercadería implicadas. El Ministerio ha incumplido varias resoluciones judiciales para el reparto de esos alimentos retenidos. Parte de ellos fue repartida a través de Caritas y el Conin. Mientras tanto, los comedores inscriptos y conveniados en el Programa Alimentar Comunidad no reciben los fondos y alimentos prometidos desde octubre-noviembre. En Casa Rosada apuntaron a que estas dependencias eran parte de un armado estatal del Movimiento Evita de Emilio Pérsico bajo el gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Sturzenegger usa como excusa para los despidos la duplicación de funciones establecida, o sea, que estas áreas de políticas sociales a nivel nacional serán eliminadas. El plan es llevar los 35 mil despidos efectuados a arriba de 50 mil.

Mientras las pesquisas judiciales en torno a la cripto estafa de $Libra avanzan en Estados Unidos, se ha reforzado el operativo político para proteger al presidente argentino , Javier Milei, partícipe indispensable de aquella operación fraudulenta. En las últimas horas se conoció que la sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano emitió citaciones y pedidos de informes para reconstruir cómo fue el operativo con la criptomoneda e identificar quiénes manejaron las billeteras virtuales que embolsaron casi 100 millones de dólares con el timo presidencial. La justicia norteamericana apunta al clan Davis, propietario de la empresa Kelsier Ventures, que sirvió de fachada para el fraude. Sus miembros tienen un largo historial delictivo, empezando por el padre, Tom Davis (“Dr Tom”), quien estuvo preso un año y ´renació´ como pastor, colectando fondos para causas solidarias, antes de fundar la nueva empresa junto a sus hijos Hayden y Gideon. La “billetera virtual” de Dr Tom, señala La Nación (1/3), “refleja su involucramiento en los lanzamientos de $LIBRA y otras ´monedas reportadas como estafas, según detectaron especialistas. Entre ellas, $CAR, #Melania, #Trump, $Melania, $Car, #Ryan, #M3M3, $Aiai y $Enron´”. La pesquisa del Departamento de Justicia también tienen en la mira a Sergio Morales, de la Comisión de Valores y cercano a Karina Milei. Sin embargo, una entrevista reciente brindada por Mauricio Claver-Carone, delegado del Departamento de Estado para Latinoamérica, parece indicar cuáles son los límites a priori de la causa judicial . En CNN, Claver-Carone advirtió que hubo ciudadanos norteamericanos “defraudados”, pero agregó que el jefe de Estado argentino puede aprender con esto “en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes” (LN, 2/3). Es una expresión ´adecuada´ a la defensa ensayada por Milei, quien finge haber dado el paso en falso por ´exceso de entusiasmo´, sin admitir su participación en el mecanismo que permitió a los embaucadores embolsar decenas de millones de dólares en menos de una hora. Mientras tanto, en el plano local, la oposición también finge; en este caso, que procura avanzar en el parlamento con algún tipo de iniciativa relacionada con el caso. El “juicio político” impulsado por el kirchnerismo es un fraude a varias bandas. En primer lugar, es digitado con la certeza de que no se reunirán los votos ni siquiera en la comisión respectiva, cuya presidencia se encuentra en entredicho pero corresponde a los ´mileístas´. En segundo lugar, se trata de una medida institucional que arrojaría como resultado, llegado el caso, una presidencia de la videliana Victoria Villarruel. En cuando a la variante de una interpelación, la norma no prevé la citación del presidente sino de otros funcionarios del Ejecutivo y requiere del aval de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz, un libertario que jamás lo pondrá en el orden del día. Ni siquiera la vía de la comisión investigadora parece viable: requiere el aval de dos comisiones estratégicas: Peticiones, Poderes y Reglamento, en manos de la macrista Silvia Lospennato, aliada del oficialismo, y la ya mencionada comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de Mayoraz. “La posibilidad de poner contra las cuerdas a Milei en el Congreso choca con otros dos obstáculos”, agrega La Nación (3/3), “el desinterés de los gobernadores de enfrentarse con el Presidente por un tema que no repercute en sus provincias y la esperanza de parte de la UCR y Pro de forjar un acuerdo electoral con el oficialismo”. El fiscal argentino Eduardo Taiano ha lanzado exhortos internacionales con vistas a reunir información y preservar información de las redes sociales que los mismos implicados -hasta ahora, no imputados- borraron o intentaron borrar. Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, designó al frente de la investigación interna a su mano derecha, María Florencia Zicavo. Milei continúa con la tesitura de seguir cada paso de Donald Trump y su conducta venal, en todos los planos. No sería extraño que una nueva Corte remozada por el libertario concluya en que el Presidente está libre de conductas delictivas en el ejercicio del cargo, como dispuso la Corte trumpista en relación al presidente norteamericano . La ´inmunidad´ de Milei no proviene de otra fuente de ´razón y justicia´ que su condición de representante de la reacción internacional. Esto no soslaya la crisis política abierta, que recorrerá varias fases al ritmo de factores locales e internacionales. Pruebas e indicios Los elementos que dan cuenta de que el cripto escándalo $Libra fue resultado de una conspiración fraguada en la cúpula del gobierno abundan. El tuit de Javier Milei de las 19:01 del 14 de febrero de 2025 fue la señal de largada de la operación largamente orquestada. El ´apoyo´ del presidente argentino disparó el precio del token supuestamente vinculado al fondeo de pymes locales, pero menos de una hora después se desplomó. Unas pocas billeteras virtuales concentraban el 82% del circulante. En forma coordinada se retiraron y transfirieron las ganancias a compañías financieras, haciéndose del dinero líquido mientras dejaban un tendal de víctimas de la estafa. La preparación del fraude se artículo a través de un contacto local -Mauricio Novelli- sindicado como quien cobraba tarifas a los empresarios para reunirse con Milei. De ese modo llegaron los Davis al despacho presidencial. Hayden Davis recorrió la Argentina promoviendo un “banco de criptomonedas”. Su presencia en Casa Rosada y otros eventos compartidos con Milei y funcionarios de primera línea está abundantemente probada. Su hermano, Gideon, se jactó de haber firmado una carta de intención con Milei para la promoción del negocio cripto que desembocaría en $Libra. LEER MÁS: La crisis política abierta con el criptogate a todo trapo Por Marcelo Ramal, 25/02/2025.

El miércoles pasado tuvo lugar una Asamblea Extraordinaria del sindicato AGD de la UBA. Asistieron alrededor de 80 personas de los 5000 afiliados que tiene el sindicato. La mayoría de los presentes eran integrantes de fuerzas políticas y de las listas que se presentan a las elecciones del gremio próximamente. En la asamblea se discutió cómo encarar el comienzo de año de cursada. Se señaló que el salario perdió muchísimo poder de compra desde que asumió Milei, al tiempo que la investigación y las condiciones de cursada están siendo destruidas. Se reivindicaron las grandes marchas universitarias del año pasado que impulsaron rectores, gremios y estudiantes, como así también la jornada de clases públicas que impulsó AGD en solitario en Plaza de Mayo. Se señaló que existen limitaciones estratégicas que se reflejan en que no se ha recuperado ni detenido la pérdida salarial que se profundiza mes a mes. Muchos docentes se expresaron a favor de que hay que ir “más a fondo”, que hay que “ser audaces”, que hay que tener un plan de lucha definido e incremental. Desde la Tendencia Universitaria Clasista señalamos la importancia de organizar asambleas interclaustros para retomar la acción directa como los paros activos, los cortes de calle y autopista, las clases públicas y las tomas. De modo general, si uno juzga por las intervenciones, la asamblea fue positiva. Sin embargo, cuando llegó el momento de votar, todo el ímpetu de las intervenciones quedó diluido en medidas a corto plazo o actividades sin una fecha definida. Muy lejos de un plan de lucha y de un abordaje estratégico de la situación. De cara al comienzo de clases, la asamblea se limitó a ratificar un paro de 72 hs. desde el 17/3, reductible a 48 hs, según lo que se acordara con otros sindicatos de Conadu Histórica y del Frente Sindical de Universidades Nacionales. En la asamblea se denunció la experiencia del año pasado, donde este frente funcionó como un tapón a la lucha. Sin embargo, las resoluciones de la asamblea de AGD no reflejan una intención de constituirse como un polo que impulse, por medio de la agitación y la organización, la tendencia a la ocupación de facultades y la huelga general. Como hace con cierta frecuencia, la conducción de AGD (Agrupación Naranja-Partido Obrero) evitó que se voten mociones por separado, trató de armar una síntesis ‘a capela’ de lo que se dijo durante la asamblea, y que se votara esa síntesis como un ‘combo’. Pero este método impide que funcione una regla básica de la democracia obrera: que las mociones se voten. Se busca forzar una ‘unanimidad’ que descalifica la contrapropuesta y está vaciada de contenido. Así la conducción se reserva la redacción de las mociones que se publican unos días después. El único punto donde se pusieron a votación dos mociones distintas ayuda a entender la raíz de este problema. El momento más agitado de la asamblea tuvo que ver con la marcha del 24 de marzo. Por un lado, se propuso que la asamblea se pronuncie por una marcha unificada el 24 de marzo y que haga llegar esta posición al Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) del cual AGD participa desde su fundación. En definitiva, una marcha con Kicillof y Daer, o sea el PJ. El planteo se había hecho al comienzo de la asamblea, pero la conducción de AGD no desarrolló a fondo una crítica a esta posición, ni planteó una marcha política independiente de los partidos patronales, que colaboran con el gobierno e ilegalizan las huelgas en la provincia de Buenos Aires, y reciben luego el aplauso de Adorni. El debate no progresó, se pateó la pelota para el final. Cuando se insistió con la moción, la conducción de AGD a manos del Partido Obrero oficial que presidía la asamblea, con mayoría de militantes presentes, gritaba: “no podemos votar esto porque si no nos tenemos que quedar hasta las once de la noche debatiendo”– un argumento que raya la necedad. Terminó improvisando una moción pretendidamente alternativa: pronunciarse por un documento propio y una columna propia del EMVyJ. Es evidente que se puede ir a una marcha unificada en una columna propia y con un documento propio. Algunos comentaron que la conducción de AGD solo está dispuesta a que se vote lo que ellos proponen. Pero es más que eso. Es una política de eludir controversias, para no tener que delimitarse ni oponerse a la moción de la marcha unificada así como estaba planteada. De haberse dado el debate en forma abierta, hubieran emergido con claridad las diferentes posiciones al respecto: 1) La marcha unificada sin delimitación con el PJ y el kirchnerismo. 2) La marcha unificada con columna y documento alternativo como promueve el FITU. 3) Nuestra posición de marchar por separado, manteniendo la delimitación e independencia histórica o tradicional del EMVyJ. Existe un problema de método que afecta las asambleas y la orientación del gremio. La delimitación del PJ y kirchnerismo es un punto crucial para los docentes, que se hace evidente en la reciente declaración del paro del 5 de marzo como “ilegal” por parte de Kicillof. Combatir esta orientación reaccionaria y defender la independencia de clase es central para que nuestra lucha supere la experiencia del año paso. Eludir el debate, un síntoma siempre de impasse, promueve una política confusionista. Los trabajadores docentes de las universidades enfrentan un año de ataques, por un lado, y de lucha, por el otro. ¿Sirve a nuestra lucha marchar bajo la batuta de Kicillof y de los Kirchner? ¿La lucha y la victoria de los universitarios figura en la agenda de Cristina Kirchner – quien denunció a la docencia en un discurso de dos horas y media ante la Asamblea Legislativa? Marchar con el kirchnerismo es patear en contra de nosotros mismos Frente a la cuestión estratégica de cómo desarrollar la lucha universitaria contra el ataque del gobierno privatizador, desde Política Obrera propusimos que el gremio convoque a comienzos de cuatrimestre asambleas interclaustros por cada facultad y colegio. Porque es en cada unidad académica donde se encuentran los docentes (afiliados o no), y también los estudiantes y no-docentes que podrían nutrir mucho más las asambleas y discusiones e impulsar acciones conjuntas. En cambio, las reuniones convocadas en la sede central de AGD o de forma virtual, dificultan una participación y un debate más amplios. En ningún momento la conducción se delimitó de esta propuesta hasta que llegó el momento de votar. No quisieron que AGD convoque a interclaustros con el argumento de que cualquier tipo de reunión o asamblea era válida, por lo tanto proponer ‘interclaustros’ únicamente era una imposición. Lo que ocurre es que en algunos lugares, como por ejemplo Exactas, la conducción de AGD se ha unido a otras conducciones para convocar asambleas “intergremiales” que se contraponen a las asambleas “interclaustros” existentes y autoconvocadas. Este aparente juego de palabras expresa con claridad que, en los hechos, se inclina por la unidad por arriba con otros gremios conducidos por La Cámpora y no la unidad por abajo desde las autoconvocatorias. Elude los debates porque se prioriza el control de la asamblea y del gremio por sobre desarrollar posiciones y estrategia. Dicho de otro modo, si hacen explícitas sus posiciones deben enfrentar las contradicciones internas y las consecuencias que esto puede generar. El costo es no profundizar la discusión estratégica, lo que se traduce en estancamiento y una falta de iniciativa. Otro punto donde esto se repitió tuvo que ver con realizar una acción independiente de las burocracias. Fue la propuesta de poner una fecha concreta para realizar una nueva jornada de clases públicas en Plaza de Mayo. Lo propuso un docente del CBC, nosotros reforzamos el planteo en nuestra intervención, pero cuando llegó a votación la conducción que preside la asamblea argumentó que “no podemos poner una fecha concreta porque hay ver qué pasa con otros gremios”. Para saber “lo que pasa en otros gremios” hay que ir con un planteo; lo contrario es el acuerdo con las burocracias, que no han tenido ningún resultado positivo. Para enfrentar el ataque de conjunto contra la educación y la ciencia públicas que está llevando adelante el gobierno, es necesario promover la más amplia deliberación, participación y tener una iniciativa decidida para salir a la pelea. Impulsemos asambleas de docentes, estudiantes y no-docentes en las distintas unidades académicas. Que las asambleas generales del gremio se hagan en forma rotativa en diferentes facultades para que sean ellas mismas un acto de agitación y masificación. Demos un carácter amplio y democrático a los debates, donde las mociones se anoten, se lean tal como fueron presentadas, y se voten. Es necesario impulsar la lucha de forma vigorosa, con iniciativas propias, sin subordinarse a lo que decidan “por arriba” las federaciones que abonan el quietismo, y promoviendo la acción mancomunada de los trabajadores y estudiantes universitarios, en unidad con el resto de la clase obrera Ver Resoluciones Asamblea Extraordinaria (26/2/25): https://agduba.org.ar/resoluciones-asamblea-extraordinaria-26-2-25/

Médicos y médicas que se desempeñaban en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), que depende del Ministerio de Salud, renunciaron masivamente el día viernes 28 de febrero. En un comunicado expresaron: “No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley”. La DiCEI, tiene a su cargo garantizar la seguridad y calidad de las vacunas, coordinar acciones en casos de brotes y asegurar su accesibilidad en todo el país. La motosierra en salud avanza Las renuncias masivas se enmarcan en la grave situación que vienen atravesando los trabajadores del Ministerio de Salud: a partir del 2024 los contratos pasaron de ser anuales a trimestrales a lo que se le sumaron amenazas de ajustes permanentes. Los despidos se efectivizaron a fines de enero, a pesar de que todos los trabajadores del área realizaron y aprobaron el examen de idoneidad. Esto implicó la reducción del 40% del equipo de VIH y del 30% del equipo de Vacunas. Dentro de los despidos se incluyeron personas que desempeñan tareas en áreas claves, como en el área de datos, quiénes se encargaban, por ejemplo, de que las vacunas figuren en la aplicación Mi Argentina; y despacho, quiénes respondían en relación a la compra de vacunas. En el área médica, por su parte, desvincularon a cuatro médicos con más de 10 años de experiencia y difíciles de reemplazar porque llevaban adelante campañas sobre vacuna antigripal, vigilancia de coqueluche (también llamada tos convulsa), vigilancia de hepatitis A y de sarampión. Frente a esta reducción de personal, los profesionales expresaron que no podrían seguir realizando las tareas que venía llevando adelante la Dirección y solicitaron que vuelvan los compañeros despedidos, pero la respuesta de las autoridades fue que no van a tomar a nadie ni reincorporar a los profesionales despedidos. El recorte en salud se produce en medio de un aumento de los casos y muertes por tuberculosis, de nuevos diagnósticos de VIH, Hepatitis y en pleno brote activo de sarampión y de hepatitis A. Mientras, disminuye el nivel de vacunación de la población. El desmantelamiento de estas áreas implica abandonar el seguimiento , supervisión e implementar campañas de prevención a nivel nacional. Una tendencia mundial La reaparición de brotes de enfermedades que se consideraban erradicadas y el ajuste brutal de la salud no se limita a nuestro país, es una tendencia de escala mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, el sarampión se propaga de forma acelerada . Frente a la tendencia facistizante, del “sálvese quien pueda” que impulsan Trump y su ladero criollo Milei, opongámosle la nacionalización del sistema de salud bajo control de trabajadores y usuarios para garantizar el acceso a medicación y vacunas de toda la población. Para impulsarlo, es importante la deliberación en los hospitales y centros de salud con reuniones y asambleas, dándole continuidad a lo expresado en la movilización del 27F . LEER MÁS: La guerra de Trump contra la OMS: una contrarrevolución internacional del capital financiero contra la salud pública Por Julián Asiner, 08/02/2025. Despidos, cierre de programas y recortes en medicamentos para privatizar la salud Por Daniela Magoc, 01/02/2025.

Durante la jornada de intensas lluvias del pasado lunes 3 de marzo por la tarde, dos trabajadores de una cooperativa, contratada por la Municipalidad de Berazategui, se encontraban destapando un desagüe obstruido por basura y desechos plásticos, que impedían el flujo normal de las aguas, en un puente del Arroyo Giménez, sobre la intersección de las Avenidas Eva Perón y Dardo Rocha, uno de los principales vectores hídricos del Distrito de Berazategui. En medio de esa tarea que correspondería a personal capacitado y entrenado de Defensa Civil, Gabriel Cáceres Casal, vio resbalar y caer a uno de sus compañeros. Se arrojó en su ayuda. Por fin, el primero de los caídos logró salir, pero no pasó lo mismo con Gabriel, quien fue arrastrado por la corriente y quedó atrapado debajo de un puente pluvial. Tras cinco horas de búsqueda, el cuerpo fue hallado por equipos de Defensa Civil, Bomberos y Policía. No fue un accidente laboral Las primeras versiones periodísticas dieron cuenta de que Gabriel Casal era parte de la Cooperativa “Pacha Limpia”, del Movimiento Evita local, subcontratada para el “Programa para Mantenimiento de Arroyos y Cauces Hídricos con Participación de Organizaciones Intermedias”. El caso de Gabriel debe incorporarse a la larga lista de asesinatos laborales que han golpeado a la clase obrera de Berazategui en los últimos años: desde el joven obrero papelero de Zein Cía S.A., Brian “Mechi” Cantero , a otro obrero de Papelera Berazategui , pasando por obreros de Rigolleau -como Elvio Dalto . Las mal llamadas “cooperativas de Trabajo” fueron formadas para precarizar aún más a los trabajadores desocupados y municipales. La Municipalidad de Berazategui fue desde 2011 el principal “Ente Ejecutor de Módulos de Trabajo” del extinto “Argentina Trabaja”, luego “Hacemos Futuro” (bajo Macri-Vidal, cuando la “Economía Popular” creció exponencialmente). Los Mussi -el clan que gobierna el distrito- son campeones de la “Economía Popular” y el emprendedurismo. Berazategui es la capital de la precariedad laboral, la tercerización y el trabajo en negro. Sus sueldos –o mejor dicho ‘pluses salariales’- la Municipalidad los paga en negro y en mano y no llegan al salario mínimo, vital, y móvil; sin herramientas de seguridad e higiene laborales, con una “capacitación” mínima, nunca logran el pase a la planta permanente municipal. De esta forma el que trabaja no tiene derecho a ninguna protesta reivindicativa. Si lo hacen, son apretados por los responsables de la cooperativa, matoneados de ambos lados (punteros y gobierno comunal).

Con salarios de junio 2024, innumerable cantidad de reuniones, cuartos intermedios y más que vencidos plazos de conciliación obligatoria, los siderúrgicos siguen esperando en vano que haya algún avance en las audiencias llevadas adelante en Secretaría de Trabajo por la cuestión salarial. Para los trabajadores metalúrgicos, la situación no fue muy distinta: si bien consiguieron cerrar su paritaria con las cámaras empresarias hasta marzo 2025, la misma no fue homologada por el Ministerio de Capital Humano por no cumplir con los techos salariales que pretende imponer el gobierno libertario, copiando viejas recetas del kirchnerismo. Las patronales siderúrgicas se mantienen en una posición inflexible ofertando valores que rondan el 50% por debajo del IPC (como si el IPC reflejara fielmente el aumento real del costo de la canasta familiar) generando un ahogo económico y buscando desgastar a los trabajadores. Tanto Siderar como Acindar están generando dudas respecto al bono que se paga anualmente por producción, alineándose así con patronales de otros rubros. Mientras tanto, la UOM con Abel Furlan a la cabeza, quien buscaba mostrarse como distinto a Caló, no está generando ninguna acción que modifique las posiciones tanto patronales como del Estado. En las mesas de dialogo nada se resuelve; los trabajadores metalúrgicos no pueden seguir esperando. Los ya deteriorados salarios dejados por la anterior dirección del sindicato justamente por aceptar los techos salariales impuestos por un gobierno afín, los ha dejado lejos de poder cubrir el costo de la canasta familiar. Es necesario salir a las calles y demostrar la fuerza que existe en la base de la UOM y que está presente en toda la Argentina. Hay que dirigir el reclamo contra el gobierno que está llevando adelante políticas que destruyen nuestros puestos de trabajo y negando el poder recuperar al menos una parte de lo perdido. Debemos realizar bloqueos en la mayor cantidad posible de rutas a lo largo y ancho del país. Un impacto económico que vuelva a poner a la UOM en el lugar que nunca debió perder. Una acción que convoque a participar a los trabajadores, así como lo demostraron las luchas por la paritaria a inicio del año pasado, donde los congresos de delegados eran frecuentes y no sólo se debatía también se resolvió llevar adelante acciones donde participaban muchas seccionales. Es más que necesario romper la inercia y reclamar que se realicen asambleas en los establecimientos y congresos de delegados para así ir organizando y coordinando acciones. La crisis está afectando a prácticamente todo el sector metalúrgico y los desafíos venideros serán cada vez más complejos, con un sindicato que no organiza la resistencia. No queda otra alternativa que la autoconvocatoria, no sólo para resistir, también para avanzar con el reclamo de un salario inicial que cubra el costo de la canasta familiar y sea la base para el resto de las categorías, junto a la premisa de la defensa de los puestos de trabajo, no mediante suspensiones sino desde la reducción de la jornada laboral. Hay que pararle la mano a las patronales y al gobierno antes de que sea demasiado tarde y para eso es necesaria la participación activa organizada. LEER MÁS: Acindar: acuerdo de suspensiones con salarios de junio Por Christian Miguez - Miembro de la Comisión Interna Acindar Villa Constitución, 14/02/2025.

Ayer 5 de marzo, como todos los miércoles de Jubilados en Congreso, a la tradicional radio abierta, ronda y "semaforazo" de las agrupaciones de jubilados y jubilados independientes, se sumó la hinchada de Chacarita, por iniciativa de algunos compañeros que concurren los miércoles y son hinchas del club. La radio abierta se desarrolló con total normalidad entre medio de numerosos representantes de prensa y los cánticos de los hinchas en apoyo a nuestros reclamos. Como es habitual, estaba el desmesurado despliegue de la Policía Federal y Gendarmería haciendo alarde de su "poderío" de represión. Al finalizar todos los oradores, se formó la columna para iniciar la ronda alrededor del Congreso y, como siempre sucede, la Policía Federal cortó la intersección de Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, impidiéndonos el paso y obligando a dividirnos. La ronda continuó con algunos empujones por parte de las fuerzas de seguridad y, al llegar a la esquina de Entre Ríos, la policía continuó provocando con empujones y "pecheos", que generó indignación por parte de quienes nos manifestábamos. En ese momento le tiraron gas a varios compañeros y compañeras, lo que ocasionó la dispersión de este entre la columna que, entre tos, ahogos y ardor en los ojos, no pudieron impedir la continuidad de la marcha y el “semaforazo”. Una vez en la esquina de Callao y Rivadavia, los "representantes del orden" gasearon a compañeros y periodistas, e inclusive, estando arriba de la vereda del Congreso, con sus atropellos intentaron por todos los medios dar finalizado nuestro acto. Indudablemente, este gobierno liberticida está preocupado por la trascendencia pública que los miércoles de los jubilados autoconvocados ha alcanzado y quiere acallar nuestra protesta reprimiendo semana a semana, ya no para cumplir el protocolo criminal de Bullrich, sino para sacarnos de la calle y silenciar nuestros reclamos. Los miércoles, mal que le pese a este criptogobierno, se han convertido en un clásico de lucha al que se van sumando cada vez más compañeros.

Tras un duro enfrentamiento en Washington el presidente de Ucrania Volodimir Zelensky acepta las condiciones de Washington para negociar una paz precaria con Moscú a menos de una semana del incidente. Mientras la lucha imperialista por los despojos de Ucrania ha provocado una severa crisis entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE). La crisis estalló el viernes 28 de febrero cuando el presidente estadounidense Donald Trump suspendió la visita del presidente de Ucrania. La reacción de Donald Trump fue en respuesta a la negativa de Zelensky a firmar un acuerdo para la explotación al 50% entre EEUU y Ucrania de sus yacimientos de tierras raras y minerales estratégicos. Zelensky justificó su rechazo porque Trump no aceptó comprometer a EEUU en la defensa incondicional de Ucrania frente a Rusia. La negativa de Zelensky desató la ira de Trump y su vice presidente J.D.Vance. El conflicto tuvo todas las características de una encerrona al presidente ucraniano por parte de dos matones. Zelensky terminó virtualmente expulsado de la Casa Blanca. Una semana después, Zelensky afirmaba que estaba dispuesto a firmar el acuerdo, se disculpaba por su actitud el viernes 28 de febrero en Washington y afirmaba que: “Estamos dispuestos a trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump para conseguir una paz duradera”. Entre el viernes 28 y el martes 4 de marzo lo que ocurrió fue que Trump anunció la suspensión del envío de armas a Ucrania y la detención del flujo de la información de inteligencia que ha sido vital para que Kiev pudiera hacer frente a los ataques de Rusia. Esto desnuda la absoluta incapacidad de Europa para suministrar la inteligencia y las armas necesarias para contener el avance de las tropas rusas. Todo ello a pesar de que el jueves 6 de marzo Zelensky está invitado a una cumbre europea en la que se discutirá un presupuesto excepcional para el rearme de Europa a propuesta de la Unión Europea. Bruselas ha aprobado un paquete de gasto en armamento de 800.000 millones de euros para lograr una autonomía militar. Para ello ha propuesto suspender de un lado y modificar parcialmente las normas de gasto público de los 27 estados miembro. El presidente Emmanuel Macron se ha dirigido a su nación el miércoles 5 para esbozar una propuesta para evitar, según el, el riesgo palpable de una ofensiva de Rusia contra Europa y ha sugerido la extensión a otras naciones de la capacidad nuclear francesa “aunque bajo control de la presidencia de Francia”. Esa misma noche cenaba con el presidente de Hungría, Viktor Orbán quien es un aliado del presidente de Rusia Vladimir Putin. El contexto europeo En Europa la respuesta a estos hechos fue la convocatoria por parte de Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido, a una reunión de “aliados voluntarios” en Londres el domingo 2 de marzo para elaborar una posición conjunta que pueda servir de base a las negociaciones con Rusia sobre un armisticio en Ucrania. Ocurre sin embargo que tanto Starmer como la cohorte de invitados consideran al mismo tiempo indispensable el acuerdo con Washington. Con lo cual la cumbre se inició devaluada. El primer ministro británico que dijo haber hablado con Trump sobre la posibilidad de ofrecer un plan de paz apoyado por un grupo de países afirmó que era posible obtener el respaldo estadounidense. Está claro que tanto Washington como Moscú y también los “aliados voluntarios”, dan por hecha la partición de Ucrania porque no entra en los planes de nadie obligar a Moscú a retirarse de sus actuales posiciones. La UE se muestra incapaz de hacer frente a EEUU y sólo considera viable una paz en Ucrania con su apoyo. Los planes del matón de Washington chocan con las expectativas de la UE: cooptar Ucrania al eje de Bruselas y a la OTAN como reaseguro. Esta había sido la estrategia conjunta bajo la presidencia de Joseph Biden. La situación ha cambiado en tanto que Trump ha hecho un acuerdo transitorio con Rusia para lograr una paz inestable en Ucrania que sea también desfavorable a Rusia en la que EEUU saque el mayor partido posible del expolio y utilizar ese acuerdo para golpear a la UE y a la OTAN, a la que considera un instrumento inservible, algo que ya había hecho en su anterior mandato. El objetivo de fondo de Trump es China y para ello quiere neutralizar a Rusia. En la reunión en Londres el dos de febrero los “aliados voluntarios”, acordaron apoyar la elaboración de un plan de paz que diseñarían los gobiernos de Reino Unido y Francia, las dos potencias nucleares de Europa. Tanto Starmer como Emmanuel Macron se reunieron la semana anterior con Trump pero fracasaron en el intento de embarcarlo en un pacto con Europa. Starmer sugirió la posibilidad de que EEUU acepte actuar como fuerza de respaldo al estacionamiento de 30.000 soldados de una fuerza franco británica en Ucrania. Los países de la cumbre informal de Londres ratificaron su compromiso de aumentar el gasto militar y acelerar su ritmo. El primer ministro británico anunció un crédito por 2.000 millones de euros a Kiev para suministrarle 5.000 misiles para su defensa aérea que se fabricarían en Irlanda del Norte. El reforzamiento de la guerra Los precarios equilibrios entre los intereses imperialistas se han roto de forma definitiva. Cualquier pacto, acuerdo de paz o armisticio en Ucrania será la antesala de nuevos enfrentamientos militares en el seno de Europa, en el Oriente Próximo y en Asia. Esta es la dinámica de la crisis irreversible del capital imperialista a escala internacional que no es capaz de rentabilizar los gigantescos recursos acumulados durante años volcados en los circuitos especulativos y que amenazan con una crisis financiera colosal a los mercados de acciones y de deuda pública. Estamos ante una guerra imperialista que se propone la conquista de mercados y recursos naturales de todo tipo. La estrategia de EEUU y Europa de extender la frontera de la OTAN hasta Rusia, que derivó en la invasión rusa de Ucrania, ha sido desbaratada con el cambio de gobierno en Washington. El objetivo de forzar un cambio político en Moscú o una derrota militar rusa en el frente de Ucrania para acceder al mercado interior de Rusia y extender ese dominio a Asia Central ha quedado congelada de momento. Ha sido sustituida en el corto plazo por un más que frágil entendimiento entre Washington y Moscú para el reparto de Ucrania. El viaje del presidente de Ucrania a Washington para su reunión el viernes 28 de febrero estuvo precedida del encuentro en Riad de delegaciones de Rusia y EEUU en la que se acordó iniciar negociaciones de paz para Ucrania sin la presencia del gobierno de Kiev ni de una representación de la UE. Una reunión bilateral en la que a todas luces se esbozó un reparto del botín de guerra entre Washington y Moscú. Tanto el gobierno de Ucrania, un títere de la UE y la OTAN, como el eje imperialista europeo incapaces de enfrentar a Washington pretenden presionarlo para que apoye el plan de paz que diseñarán Londres y París. Trump advirtió el lunes 3 de marzo que no tomará distancia de Moscú. El esfuerzo por recomponer el frente imperialista con EEUU está condenado al fracaso. Mientras tanto el apoyo de la ultraderecha europea al gobierno de Trump que ha definido a la UE como un engendro desarrollado para atacar los intereses de EEUU, está abocada a una crisis creciente. Al igual que la propia UE en la cual países como Hungría, Eslovaquia, y partidos como AFD, el segundo más votado en Alemania o Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen en Francia, apoyan a un Trump cuyo objetivo es asfixiar a Europa con una guerra de tarifas. La clase obrera debe hacerse presente Este escenario de ruptura del frente imperialista que sostuvo la guerra de la OTAN en Ucrania contra Rusia y que supone una descomunal crisis con Europa ocurre en ausencia hasta ahora de la clase obrera. Ésta aún no se ha hecho presente con su propia voz, es decir con su propio programa contra la barbarie. La izquierda se ha visto atrapada en este giro del imperialismo norteamericano y los que apoyaban a Ucrania en nombre de la defensa de su autodeterminación ante la invasión rusa y los que defendían a Rusia en nombre de la lucha contra el imperialismo de la OTAN han quedado sin ejes y desmentidos por las circunstancias. El compromiso para un mayor gasto militar, que cuenta con el apoyo del “gobierno de progreso” de España amenaza las partidas presupuestarias para la salud, la educación y las pensiones. Va a provocar una congelación de los salarios de los empleados públicos, y se ha expresado en España en el intento por retacear los ingresos de las mutualidades sanitarias de empleados públicos. Mientras la industria armamentista expande sus actividades a escala continental, la locomotora económica europea, Alemania, sigue sumida en su crisis. Pese a ello un reguero de conflictos dispersos, sin centralización ni convergencia se suceden en el continente como la colosal movilización y huelga general en Grecia tras un accidente ferroviario. El papel de las burocracias sindicales para evitar la confluencia de conflictos sindicales y luchas sociales y la incapacidad de los sindicatos alternativos por reagrupar a las vanguardias obreras bloquean la respuesta a la política de ajustes contra la clase obrera y los trabajadores. La política de presionar a los parlamentos por parte de las plataformas sociales que lideran las luchas por la educación y sanidad públicas y las pensiones, y su capitulación ante gobiernos calificados como progresistas como es el caso de España, ponen la cuestión de la dirección del combate de los trabajadores como el mayor problema en la lucha contra la ultraderecha y por las reivindicaciones salariales y sociales de los trabajadores. Restauración capitalista y guerra mundial El surgimiento de Ucrania como una nación independiente ha sido históricamente el resultado de la revolución obrera rusa y el establecimiento del estado de los soviets en 1917. La reconquista de parte de su territorio de manos de Polonia y la integración de territorios antes sojuzgados por el imperio zarista fue obra de la revolución de octubre. La nación consolidó sus fronteras para constituirse como república dentro de la federación soviética en medio de la guerra civil pos revolucionaria durante los años de 1920. Aunque la consolidación de la burocracia estalinista volvió a sojuzgar al proletariado ucraniano el surgimiento de esa nación estuvo indisolublemente vinculado a la revolución de octubre. Por contrapartida la tendencia a su disolución es el resultado de la restauración del capitalismo en la ex Unión Soviética, al igual que los conflictos militares en la región y la tendencia a la guerra civil que se expresa de forma velada en algunas ex repúblicas soviéticas y en la propia Ucrania donde la resistencia a la guerra, la instauración de la leva forzosa tras el colapso del reclutamiento voluntario, son signos del descontento popular y la creciente escisión social que amenaza con estallar. La lucha contra la guerra en Ucrania, por el derrocamiento del gobierno del capital oligárquico de Kiev que la alimenta, contra el gobierno anti obrero de Putin y su camarilla de oligarcas que desempeña su papel de imperialismo subsidiario es indisoluble de la lucha contra los gobiernos belicistas de Europa controlados por su capital imperialista en descomposición. No existe posibilidad de una paz justa y sin anexiones sin el derrocamiento de los gobiernos del capital en la UE, Ucrania y Rusia. Por la independencia política de la clase obrera, construyamos un partido obrero. Contra la guerra imperialista, contra los ajustes sociales y salariales, contra la carrera armamentista, por gobiernos obreros, por una federación de estados socialistas de Europa.

Desde el pasado miércoles 26, los trabajadores de la gráfica Morvillo mantienen una permanencia en la planta de la firma, ubicada en Avellaneda, contra el despido de los 250 trabajadores que allí trabajan. La patronal, que comunicó el cese de actividades y luego cortó todo tipo de comunicación con los trabajadores y cualquier tipo de actividad en la fábrica, insiste por la vía legal con un pedido de quiebra, a todas luces trucho. Morvillo supo ser una de las más importantes del sector. Su dueño presidió la Cámara de Empresas Gráficas (FAIGA) durante varias décadas. En la pandemia, Morvillo, junto a otras grandes fábricas, produjo material para el Estado, como folletos ilustrativos para la campaña contra el covid y, luego, manuales para las escuelas. Uno de los últimos trabajos realizados en los días previos al cese de actividades estaba dirigido al Ministerio de Capital Humano. Como se ve, la planta ha funcionado durante décadas realizando trabajos como proveedor del Estado. En primera instancia, el juzgado comercial 12 rechazó la quiebra, a lo cual la patronal presentó una apelación en la Cámara de Apelaciones. Todo este operativo judicial se ha realizado sin ningún tipo de comunicación con los trabajadores que, sin embargo, acataron la conciliación obligatoria, dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, presentándose en la planta, respetando los turnos. El viernes pasado (28/02), un plenario de delegados convocado por el sindicato gráfico en la puerta de Morvillo, rechazó el planteo de la asamblea de los trabajadores: una movilización general de los trabajadores gráficos, “en defensa de los puestos de trabajo en Morvillo, y en todas las plantas, ya que es un problema (los despidos) que azota a todo el gremio”. La única resolución adoptada por la burocracia de la Verde fue impulsar que los talleres rechacen hacer el trabajo de Morvillo, algo que los trabajadores gráficos hicieron de manera natural puesto que en 21 años Morvillo nunca pudo producir el trabajo de plantas en conflicto. La conciencia de una clase se forja en la lucha. Ante la defección de la burocracia, la asamblea de fábrica discutió una convocatoria para este jueves 6 a un plenario abierto, en las puertas de la planta, para impulsar una movilización a la sede de la UIA y discutir otras iniciativas. Política Obrera estará presente con una delegación militante. La patronal, que apuesta al desgaste de los trabajadores, cuenta con la complicidad de un Estado que está moldeando una reforma laboral sanguinaria , que busca despedazar todas las conquistas obtenidas por el movimiento obrero. Desde la estabilidad laboral hasta la posibilidad de cobrar una jubilación, pasando por la indemnización por despidos y otras. El otro gran cómplice es la Federación Gráfica Bonaerense , que viene observando desde la distancia la pérdida de puestos de trabajo. Está planteada la unidad con el resto del sindicato, asamblea por asamblea, para defender los puestos de trabajo, y las condiciones laborales en todo el gremio. Es rechazar la reforma antiobrera que la CGT viene haciendo pasar . Repartir las horas de trabajo disponibles entre los trabajadores y la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. La extensión territorial de conflictos obreros, a los cuales se han incorporado los docentes de varias provincias, plantean la necesidad de unificar la lucha mediante un programa y una acción común . LEER MÁS: La patronal de Morvillo promueve un lockout, los trabajadores responden con una permanencia Avellaneda. Por Eme Ku, 27/02/2025.

La totalidad de los 600.000 usuarios y casi dos millones de personas que se quedaron sin luz este miércoles están conectadas a Edesur. No puede sorprender, entonces, que las acusaciones por desinversión y falta de mantenimiento recayeran sobre la distribuidora eléctrica que continúa controlada por la firma italiana Enel. En 2023, Enel anunció su retiro de Argentina, que suspendió cuando Milei, como flamante presidente electo, les ofreció “garantías” de una rápida elevación de la rentabilidad. No les mintió, porque las tarifas eléctricas aumentaron un 420% al año siguiente. El libertario Milei, además, les dictó un DNU de “emergencia energética” -que al Congreso ni siquiera se le ocurrió revisar. Ese decreto habilita todos los tarifazos posteriores de la electricidad, el gas y el agua. Pero la “emergencia” no dispone ni una sola medida que obligue a los prestadores a la menor inversión para la recuperación del parque eléctrico, vaciado durante décadas por esos mismos privatizadores. Los cortes de luz ganaron “prensa” con este apagón masivo. Pero se han sucedido durante todo el verano en las regiones centro y norte del país. Transmisión El apagón de este miércoles, según han informado los técnicos, se debió a la caída de dos líneas de transmisión de alta tensión -aquellas que conectan, justamente, con la distribuidora Edesur. Por eso mismo, la falla no puede atribuirse solamente al desquicio de esta distribuidora. Al menos en su origen, comenzó en el sistema de transporte. Existe una licitación largamente demorada para la ampliación de la red de transporte, adjudicada a una empresa de origen chino. Pero la demora en ejecutarla no obedece solamente a razones “geopolíticas”: lo que ocurre es que el gobierno de la motosierra no quiere poner un peso para afrontar obras de infraestructura. En la Secretaria de Energía se debatió la financiación de esa y otras obras aplicando un “poderoso” cargo fijo sobre las facturas que pagan los consumidores. O sea, un tarifazo especial, que debía añadirse a los que ya se aplicaron durante todo 2024. Como algunos recordarán, a comienzos de febrero fue anunciado un aumento del 12% en la tarifa de luz, por parte de funcionarios del Ente Regulador y de la Secretaría de Energía. Pero Caputo se apresuró a desmentirlo de inmediato, porque ese aumento de tarifas amenazaba con desbancar el índice de inflación en febrero y marzo. El resultado fue el inmovilismo: la licitación de la red de transporte continúa paralizada. Default de CAMMESA En las previsiones de los especialistas, aparecen nuevos colapsos energéticos ligados a los picos de consumo en jornadas de elevadas temperaturas. En este caso, el cálculo no se asocia solamente a la distribución o al transporte de energía sino a su fuente, la generación en usinas. La demanda energética global amenaza con superar a la oferta de las usinas en operación. Pero también en este caso el sistema se encuentra en estado de infarto: si hacemos un poco de memoria, se recordará que las generadoras le reclamaron a Caputo una deuda del orden de los 1200 millones de dólares por energía vendida -y no pagada- desde las generadoras a las distribuidoras y transportadoras. En el régimen que rige en el mercado eléctrico mayorista (CAMMESA), el Estado debe cubrir las diferencias y saldos impagos entre el final de la cadena energética (distribuidoras) y su comienzo. Caputo, en este caso, arregló a las generadoras con un bono, que aquellas aceptaron. Pero unos y otros -gobierno y empresas- sabían cuál sería la consecuencia de este pagadios disimulado: cesar todo tipo de inversión en la generación de energía, por parte de los privados. Cuando la ex canciller Mondino advirtió que debíamos preparar “las velas” para este verano, no hacía sino manejar información privilegiada. Ahora, los funcionarios de Energía discuten con Milei y Caputo la disolución de CAMMESA y un régimen de contratos “libres” entre generadoras, distribuidoras y transportadoras. Ello solo podría viabilizarse con un recontratarifazo, y plantea una crisis política en puertas. Fracaso La crisis energética, en definitiva, no es un episodio fortuito de una línea de transmisión eléctrica. Delata al régimen económico liberticida en cuerpo y alma. Los tarifazos han alimentado un engorde parasitario de beneficios para los monopolios privados. El presupuesto público, diseñado en función del pago de la deuda pública, ha dejado en banda a las inversiones elementales en materia de infraestructura eléctrica. El Estado libertario, reorganizado a voluntad de los fondos internacionales, consume el ahorro público -expresado en redes eléctricas, gasoductos, usinas o rutas- de un modo impiadoso. La única salida que tienen a ese desquicio es un “tarifazo sobre el tarifazo”, o sea, los trabajadores y usuarios pagando las obras no realizadas. Como esa “salida” desbanca al régimen económico de seudoestabilidad pergeñado por Caputo, lo que prevalece es la parálisis, que pagan los usuarios con cortes masivos. El apagón masivo ha mostrado el verdadero color del gobierno trumpista de Argentina: negro. La crisis planteada exige la nacionalización integral del parque eléctrico, y la apertura de sus costos al control de los trabajadores. LEER MÁS: El "default energético" y la cuerda floja de Milei y Caputo Por Jorge Altamira, 12/05/2024.

Horacio Giménez reemplazará a Waldo Wolff como ministro de Seguridad porteño. Giménez es un exjefe de la Policía Metropolitana, custodio de vicepresidentes, protagonista de la represión en los setenta y con procesos abiertos por represiones policiales entre ellas la del Hospital Borda. La salida de Wolff fue justificada por las fugas recurrentes de presos y en una extendida corrupción policial. Patricia Bullrich, ministra nacional, exigió la salida Wolff. Wolff ha acusado a la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) Pilar Ramírez de una operación de espionaje hacia su persona. En una interpelación en la Legislatura declaró: “Yo estoy recibiendo espionaje en el ministerio. Esa es mi denuncia. Sale información que no tendría que salir, a mucha de la cual usted tiene acceso por eso va a ser citada”, añadiendo que “mi familia le tiene mucho miedo porque usted viene del kirchnerismo y tiene información privilegiada, como tenía el kirchnerismo cuando me perseguía”. Desde PRO de la ciudad señalaron que Wolff deja el Ministerio de Seguridad "para tener un rol más activo en la campaña”. Pilar Ramírez reiteró lo contrario: “Después de 80 presos fugados Jorge Macri entendió lo obvio. Tarde, pero entendió que no podía sostener al Ministro de Inseguridad” festejando el giro del macrismo. También salió eyectada Leticia Montiel, una larretista que fue reemplazada por José Grippo en la Secretaria Legal y Técnica, y se incorporó al gobierno Hernán Lombardi como ministro de Desarrollo Económico. Lombardi junto con un grupo de diputados PRO viene amagando con pasarse a las filas liberticidas. Estos cambios y salidas profundizan la disyuntiva política que afronta el PRO para estas elecciones, frente a la LLA e incluso frente a Leandro Santoro, de la tropa de Kicillof. Giménez “Es tiempo de policías …”, proclamó Jorge Macri en referencia a Giménez; “no tenemos dudas, agregó, de que su profundo conocimiento en la materia y su compromiso con el orden serán clave”. Horacio Giménez, fue jefe de la Metropolitana en tiempos de Mauricio Macri y había sido clave en la creación de la Policía de la Ciudad. Antes de trabajar en la Ciudad, Giménez llegó a comisario general durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2016, Larreta creó la Policía de la Ciudad fusionando metropolitana con la PFA del distrito. En abril del 2013, Giménez llevó adelante una fuerte represión a una protesta de trabajadores, médicos y pacientes del Hospital de Salud Mental José Tiburcio Borda, que se habían movilizado contra la demolición de parte de sus instalaciones y de un taller de actividades culturales. Fue procesado en una causa aún abierta. En noviembre del 2024, el juez a cargo de la causa del Borda, Carlos Rengel Mirat dictó la reparación integral del daño efectuado por Giménez, Roth y Pedace (subjefe), como “coautores del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves reiteradas en 32 oportunidades”. El monto de la reparación podría ser superior a los $2.500.000 por cada víctima. Lo más oscuro de la trayectoria de Horacio Giménez es su participación en el ‘Operativo Independencia’ que comandó Antonio Bussi en febrero de 1975 en la provincia de Tucumán. Antes en 1974, Giménez se había sumado a los operativos desplegados en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Una zona de luchas populares y puebladas como el “Villazo”, que fue seguido por la declaración de “zona de emergencia” del radio que va de San Nicolás a San Lorenzo. Giménez nunca fue incluido en las causas de lesa humanidad, como suele ser la regla para con los “jóvenes oficiales” que participaron en estos operativos que contaron con muertos, desaparecidos y torturados en centros clandestinos. El nuevo Ministro de Seguridad ya dijo presente esta media semana de carnaval: el lunes a la tarde reprimió con disparos y palos a vecinos en el festejo de carnaval del Bajo Flores, en Villa 1-11-14. En la semana llevo adelante varias redadas en la propia Villa, entró a domicilios y militarizó calles completas bajo la excusa del comercio de celulares robados. Los delegados del barrio denunciaron: "Repartieron golpes y perdigones contra nosotros. Había muchos chicos y no les importó".

El anuncio de los cursos de formación política que dictaremos durante este primer semestre de 2025 ha suscitado verdadero interés entre nuestros lectores y hemos recibido numerosas consultas y pedidos de inscripción a través de los canales habilitados. Se trata de dos cursos gratuitos, abiertos a la militancia y al público en general. Ambos se dictarán en vivo por Zoom, a razón de una clase cada dos semanas, y la última clase será también presencial, además de la transmisión. No habrá clases grabadas. La duración de cada clase será de dos horas. La bibliografía estará disponible online. El curso “La economía política y su crítica”, a cargo de Marcelo Ramal, comienza el viernes 14 de marzo, a las 19 hs. Las fechas de las clases serán la siguientes: 14 y 28 de marzo; 11 y 25 de abril; 9 y 23 de mayo; 6 y 20 de junio; 4 y 18 de julio; 1 y 15 de agosto. El curso “Cuestiones de historia política contemporánea: Socialismo y fascismo en el siglo XX”, a cargo de Patricio Meincke, comienza el lunes 17 de marzo, a las 19 hs. Las fechas de las clases son las siguientes: 17 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 12 y 26 de mayo; 9 y 23 de junio; 7 y 21 de julio; 4 y 18 de agosto. Las inscripciones están abiertas a través de este formulario , por mail a politicaobreracentral@gmail.com o por WhatsApp, al +54 9 11 7360-0817. Es importante consignar a cuál de los dos cursos desea inscribirse o si desea hacer ambos. Mäs información aquí.

Durante la madrugada del viernes en la ciudad bonaerense cayeron casi 300 mililitros de agua. La ciudad todavía está completamente paralizada por la inundación, se debieron suspender todos los servicios y se cortó la luz adrede para evitar más víctimas. Hasta ahora son 6 los fallecidos. Hasta el Hospital interzonal Penna -que atiende también a gente de otras provincias- debió ser evacuado. El anegamiento también se extiende hacia otras localidades del sur de la provincia de Buenos Aires, como Tres Arroyos, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso. A pesar de que el municipio habilitó centros de evacuación, muchos vecinos tuvieron que autoevacuarse por sus medios debido a que defensa civil no dio abasto para atender a los damnificados. Hasta ahora son más de mil personas evacuadas. El servicio meteorológico había anunciado alerta naranja, pero para los bahienses estas alertas tienen una frecuencia casi semanal, desde que en diciembre de 2023 ocurriera un evento similar que se llevó 13 vidas debido a los fuertes vientos que volaron más de 10 mil techos, construcciones y árboles. El intendente ya había anunciado que el cambio climático había llegado “para quedarse" y que había que “acostumbrarse a estos eventos”. Sin embargo, ni las previsiones meteorológicas ni las certezas del intendente sirvieron para que él o algún otro nivel del estado se digne a realizar las obras necesarias para prevenir las inundaciones. La ciudad se encuentra atravesada por el arroyo Lapostá, que se desbordó por la lluvia y el agua que viene bajando por la montaña. Bahia Blanca no sufrió mayores inundaciones anteriores gracias al Canal Maldonado, cuya construcción data de la década del 50, pero esta vez también se desbordó debido al que se considera el peor temporal del que se tenga registro en Bahía Blanca. Es decir que la ciudad depende de las obras que se hicieron hace 70 años y, pese a reconocer el cambio climático, el estado municipal ni siquiera pide nueva infraestructura. Por su parte, el cuervo Larroque, ministro para el desarrollo de Kicillof, dijo que habían hecho todas las inversiones para evitar las inundaciones. Las realidad lo desmiente. El Gobierno nacional, que no reconoce el cambio climático ni la responsabilidad del estado en la obra pública, esta vez ni siquiera se acercó. Anunció que el sábado irá la ministra Bullrich. En el temporal de diciembre de 2023, Milei se había apersonado disfrazado de fajina solo para decirles a los damnificados que estaba perfectamente confiado en que los bahienses “van a poder resolver esta situación con los recursos existentes". El Gobierno que paga intereses de deuda con la plata del ANSES y que subsidia a Galperin y a las empresas asentadas en Tierra del Fuego como la de la familia Caputo, se niega a usar dinero de los contribuyentes para ayudar a los contribuyentes ante la emergencia. En Bahía Blanca, en la urgencia, se necesitan los recursos para atender a los damnificados que se siguen autoevacuando, pero además, los gobiernos nacional y provincial tienen que brindar los recursos para reparar las pérdidas materiales y atender las obras que eviten las consecuencias de nuevos desastres climáticos.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales acordó un paro de 4 horas para el 17 y 18 de marzo, luego de que Milei anunciara a través de la Secretaría de Políticas Universitarias un aumento por decreto del 1,5 % para enero y 1,2 % para febrero, sin paritarias y sin presupuesto universitario definido para el 2025. Estas cifras miserables sólo vienen a profundizar el hundimiento salarial del año pasado. El paro del Frente Sindical fue anunciado al día siguiente de que los gremios de docentes provinciales vinculados a la CGT levantaran el paro del 5 de marzo, bajo el argumento que habrían iniciado un proceso de discusión con el gobierno y quieren ser garantes de la paz social. El Frente Sindical de Universidades Nacionales vuelve a aparecer en escena. Su última “acción de lucha” fue una foto, literal, en diciembre de 2024 en Pizzurno y luego de que la FATUN, que representa a los trabajadores no docentes, hubieran logrado un miserable bono de 50 mil pesos. Todo indica que la película se volverá a repetir, ya que el paro de 48 horas no tiene un programa y por eso mismo no es más que una acción aislada, carente de continuidad. El Frente Sindical se anticipa, y actúa como válvula de escape, cuando ya en diversas universidades, los docentes y estudiantes han comenzado a ponerse de pie reuniones y asambleas autoconvocadas. Su alineamiento con las centrales sindicales, (CGT y las CTA) lo coloca dentro del arco burocrático colaboracionista con el gobierno y enemigo de cualquier lucha independiente que abra paso a un proceso de huelga general y de rebelión educativa. Con este escenario, es necesario concretar asambleas, reuniones interclaustros, donde se debatan y se voten los reclamos referidos al salario, las becas estudiantiles, los presupuestos para asegurar el funcionamiento de las universidades, y sobre esa base, el 17 y 18 parar masivamente e impulsar acciones movilización y coordinación con otros sectores educativos en lucha.

No es ninguna "catástrofe natural", es producto de un plan sistemático de saqueo, de choreo a las clases explotadas, a los jubilados, desocupados, por parte de todos. Sí, todos los partidos patronales: el peronismo, el radicalismo, el Pro, la Coalición Cívica, etc., y ahora, La Libertad (nazi) Avanza. Así malinforman exprofeso los medios privados, como Crónica, que al titular "catástrofe natural”, oculta el fondo político de la cuestión. La ciudad del sur bonaerense, Bahía Blanca, es un clarísimo ejemplo del abandono exprofeso del Estado burgués. Otra vez, como en 2023 por el tornado que mató gente y ocasionó gravísimos daños, Bahía Blanca se hunde como el país. En aquel año, el reciente usurpador del poder, el facho de Milei, viajó a esa ciudad para decirles a sus ciudadanos que se arreglen solos. Pero 2 años después, porque estamos cerca de las elecciones, mandó a la “tirabombas en jardines de infantes exmontonera”, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y a su colega de Defensa, Luis Petri, a montar una puesta en escena "para coordinar la ayuda" a los damnificados de la lluvia torrencial de ayer inusitada, una cantidad de agua excepcional para un solo día. Y lógicamente, si nunca hicieron obras para prevenir la descarga de la naturaleza producto del asesinato de los capitalistas al medio ambiente, ¿cómo una ciudad o un pueblo no va a estar directamente bajo el agua con muertos incluidos? ¡¡¡Sólo un gobierno de trabajadores en un sistema Socialista puede terminar con tamañas injusticias!!!

Ayer viernes se firmó la paritaria de los trabajadores de la Alimentación para el periodo que va de enero de 2025 a abril del mismo año. El aumento, firmado por la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) y la cámara empresaria, totaliza un 5,8 % de incremento salarial en tres cuotas. El acuerdo se amolda perfectamente a la pauta salarial impuesta por el gobierno para el año 2025. El pelotón de sindicatos que firmó convenios similares fue encabezado en diciembre de 2024 por el sindicato de Camioneros, al que se sumaron Sanidad, Comercio, el sindicato de la Carne, etc. La novedad en este acuerdo es que el aumento salarial para el mes de enero es igual al cero por ciento, algo que fue notado por Ricardo Cárpena, periodista especializado de Infobae. En febrero, los trabajadores recibirán un aumento del 2 %, en marzo del 1,9 % y en el mes de abril del 1,8 %. Las cuotas son acumulativas, por lo cual el aumento completo será en abril igual a un 5,8 %. Como parte del acuerdo, las empresas abonarán una suma extraordinaria de 30.000 pesos. Para la cámara empresaria, los trabajadores de la Alimentación tuvieron en el período pasado paritarias que superaron porcentualmente a la inflación. Pero la base salarial de los trabajadores de la alimentación está por debajo de la canasta de pobreza. Un oficial de las categorías más altas de la Alimentación percibió un salario de 1.200.000 pesos en diciembre. Como ya es una tradición, la Federación negoció las paritarias 2025 a espaldas de los trabajadores. Ninguna seccional, excepto Capital, realizó plenarios de delegados ni para aprobar el acuerdo con la patronal. . El acuerdo de las paritarias del STIA coincide con un escenario de despidos (Mondelez, Bimbo), “retiros voluntarios”, suspensiones (Nestlé, Georgalos) y reducciones salariales (Alijor, Granja Tres Arroyos). El sindicato de la Alimentación en sus distintas seccionales ha coincidido en acompañar el ajuste patronal. Los trabajadores, en cambio, han enfrentado esta avanzada con huelgas y movilizaciones (cómo en Alijor y Granja Tres Arroyos). Para una parte de la conducción del gremio, los empresarios son víctimas de un “modelo económico” que golpea a la producción nacional. El planteo del reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario, estuvo ausente de parte del gremio en todos estos procesos. Es necesario impulsar asambleas en los lugares de trabajo, como recientemente lo hicieron los trabajadores de Georgalos, para votar pliegos de reivindicaciones y planes de lucha.

En la madrugada de ayer, un diluvio cayó sobre la ciudad de Bahía Blanca. Luego de varias jornadas con calor récord, con temperaturas que superaron los 37° C, el ingreso de masas de aire frío desde el sur, en una época del año que es de transición entre el verano y el invierno, provocó lo que muchos meteorólogos ya venían advirtiendo, posibles tormentas MUY fuertes. Los fenómenos meteorológicos de este tipo son esperables en este período del año, al igual que en la intersección entre el invierno y el verano, de esas fuertes tormentas, en agosto-septiembre, la cultura popular ha identificado a una con el nombre de ¨Tormenta de Santa Rosa¨. En el marco del cambio climático que el planeta viene sufriendo, que se observó con el calor de esta semana, pero que vuelve a aparecer con estas lluvias, todos los fenómenos regulares conocidos por la ciencia meteorológica se exacerban, cambiando la calidad de los mismos y la mecánica de su comportamiento. Lo que todo esto significa es que cada uno de los elementos que se conjugaron en la tormenta y en las inundaciones de Bahía Blanca son perfectamente conocidos, esperables y abordables. Hablar, en este contexto de desarrollo del conocimiento de la ciencia y de la política del cambio climático, de ¨desastre natural¨, omite la responsabilidad del estado y en particular del gobierno liberticida de Milei, quien viene librando sistemáticamente a los trabajadores afectados por estos fenómenos a su propia suerte. Hasta ahora, se habla de una acumulación de 300 mm de agua, caídos en media mañana. La inundación ha destruido centenares de casas y ya hay más de 1000 evacuados, incluyendo personas mayores y discapacitados. Se cuentan de momento 6 fallecidos. La lluvia ha obligado al municipio a activar el protocolo de desastres, cortando la luz de la ciudad. Los trabajadores de Bahía Blanca están soportando, en un estado de shock que traspasa la pantalla de la tele, la inundación, la pérdida y el apagón. El Hospital Penna, especializado en neonatología, se inundó, llegando el agua a más de un metro y obligando al traslado de pacientes y de la sala de neonatología a pisos superiores. Todo esto sin la menor aparición, hasta el momento, del gobierno nacional, que la semana pasada desmanteló el área de vivienda encargada del abordaje de desastres y atención de damnificados. El gobierno del negacionismo climático despidió también personal del Servicio Meteorológico Nacional, herramienta fundamental para planificar el abordaje de la inundación. Ese negacionismo es el que sustenta el planteo que rige toda la política del gobierno frente a estos fenómenos meteorológicos extremos: ¨yo se que ustedes se van a arreglar¨. El negacionismo climático, sustenta una política de desidia que redunda en grandes pérdidas para la clase obrera porque, de seguir así, saldremos de esta situación con una infraestructura de vivienda, barrios y hospitales más deteriorada que lo que estaba antes de la inundación. Es fundamental organizarse frente a este desastre y reclamar la inversión del estado. Que se aborde a los damnificados con la correcta atención sanitaria y se garantice su hospedaje provisorio. Que se releven los daños y el estado se haga cargo de la reconstrucción. Reincorporación de todos los trabajadores del Estado despedidos y pase a planta permanente de todo el personal de las áreas relacionadas al abordaje de desastres naturales. LEER MÁS: Sobre el temporal en Bahía Blanca, la puesta en escena del Gobierno nacional y el rol de los medios privados CORREO DE LECTORES. Por Fernando Lothar (locutor LRA1, Radio Nacional, de Bs. As.), 08/03/2025. Otra catástrofe climática en Bahía Blanca La inacción de los gobiernos. Por Aldana González, 07/03/2025.

El ataque violento lanzado desde la Casa Rosada contra el movimiento de la Mujer, el 8 de Marzo, expresa la posición del sector abiertamente reaccionario, incluso fascista, de la burguesía internacional. Como ocurre con la guerra europea y las masacres sionistas en Palestina y Medio Oriente, y con los ajustes contra los trabajadores en todos los países y la ofensiva contra el derecho de asilo y la represión a los trabajadores migrantes, la reacción de la cripto banda de Milei es el reconocimiento de que el capitalismo ha ingresado en una crisis catastrófica, que compromete el destino y la supervivencia de la humanidad. Este ataque no es, como pretende el gobierno y disfruta la pseudooposición, una embestida contra la “ideología o movimiento ‘woke’”. Es un ataque a la Jornada Internacional que conmemora la masacre de las obreras textiles norteamericanas en Nueva York, en 1908, y establecido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora por las organizaciones de mujeres socialistas. Este movimiento internacional es el reconocimiento de que la emancipación de la mujer, oprimida durante siglos, es incompatible con el capitalismo. Que la banda de la cripto estafa denuncie el uso irregular de los recursos del Estado para atender las necesidades de las mujeres es un despropósito. Nada es comparable con el incremento de la deuda pública, el pago de intereses y capital y el remate de las reservas internacionales que favorece la fuga de capitales y la especulación con la moneda, o la reducción de impuestos a los ricos. La experiencia “woke” ha fracasado, por cierto, y ha sido previsible; por de pronto, al igual que la banda, ha desvalijado financieramente a Argentina y provocado una pobreza sin precedentes. No ha resuelto, ni siquiera atenuado, los problemas sociales de la mujer y de la familia trabajadora en su conjunto. La conquista del derecho al aborto no es una victoria “woke” sino de la movilización de masa de las mujeres, incluso contra las corrientes “woke” (al punto que fue resistido bajo las presidencias de CFK). Pero la atención gratuita de la mujer y la protección del embarazo no querido no está garantizada o simplemente no existe. La Educación Sexual Integral no está asegurada en las establecimientos privados y del clero, y es harto limitada en las escuelas estatales. El gobierno mafioso que alega cuestiones presupuestarias para no atender las reivindicaciones de la mujer, es el mismo que corta la atención a la población con discapacidades, con términos usados por la eugenesia nazi. El femicidio, que crece a la par que las masacres capitalistas en todo el mundo, no será superado por una cláusula del Código Penal; sostener lo contrario es una hipocresía. El avance de la barbarie capitalista refuta el concepto de que el femicidio es una cuestión de género y no una cuestión históricosocial. El planteo acerca de que la violencia contra la mujer responde a un odio intrínseco de género es un comodín pseudoteórico para mantener la lucha contra esa violencia en los límites del régimen actual. En su defensa propia, la mujer debe organizarse en forma independiente en los barrios y crear lazos de lucha con el activismo obrero combativo. Las reivindicaciones para la protección de la mujer por parte del Estado tendrán un apoyo masivo si se sustentan en una consciencia y en una organización obrera y socialista La “ideología woke (no) busca dividir a la sociedad”, como sostiene la Rosada. Los partidos patronales de centro y en particular el peronismo, propugnan y promueven la colaboración de clases y “la comunidad organizada”. Han fomentado una burocracia sindical empeñada en esa colaboración de clases dentro del movimiento obrero, y la exclusión del activismo clasista. Por eso cuenta con el apoyo de Milei y viceversa. La sociedad está objetivamente dividida, básicamente entre explotadores y explotados; la superación de esa división pasa por el socialismo, por la abolición de las clases y, por lo tanto, de ese antagonismo histórico. Las embestidas fascistoides contra el movimiento de la Mujer tienen un carácter estratégico, no circunstancial. Es necesario que este Movimiento señale su propia estrategia y un programa de reivindicaciones. Una estrategia socialista cuya piedra basal sea la lucha por un gobierno socialista de trabajadores. LEER MÁS: Este 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, salgamos de nuevo a las calles contra el fascismo ‘libertario’ y la guerra imperialista Fuera la Gendarmería de las fábricas, de la Patagonia mapuche y del Norte bagayero, 04/03/2025.

“Cuando era un niño, yo pensaba que mi padre era invencible”, sonríe Basel Adra. Ahora sabe que, para echar a la ocupación, hay que tener paciencia y aprender a fracasar las veces que sea necesario. Es hijo, dice, de una familia de activistas, y es uno de los directores palestinos de “No hay otra tierra”, el documental sobre cómo Israel destruye a fuerza de milicos, topadoras y patotas las aldeas milenarias de la Cisjordania. Un niño al que le parecía normal que el papá durmiera con las zapatillas puestas por si se tenía que escapar por la noche. La película ganó el Oscar la semana pasada y antes la Berlinale, el prestigioso festival de cine de Berlín. La tierra de la que habla es Masafer Yatta, 20 aldeas de montaña en Hebrón, en el extremo sur de Cisjordania, justo en el borde palestino de la llamada Línea Verde de 1948, la frontera legal de lo que hoy son los territorios ocupados. Basel y otros tres directores (dos palestinos, dos israelíes) relevaron una década de agresiones de la ocupación israelí y sus colonos a una comunidad de aproximadamente 4.000 personas que vive allí desde los tiempos bíblicos, y que por los desalojos han tenido en muchos casos que volver, como en los tiempos bíblicos, a vivir en las cuevas de las montañas. En la década del 70, Israel declaró la zona “campo de tiro” y les confiscaron 10 km2 de los 36 que tenían. En 1999, el ejército expulsó a unos 700 palestinos de 12 aldeas, territorio donde los colonos fueron construyendo asentamientos. Hace poco trascendió un documento militar secreto que dice que el campo de tiro fue una excusa para montar los asentamientos. Desde ese entonces, filman con lo que pueden los atropellos. Basel, el pastorcito, aprendió primero a hablar ante la cámara que ahora maneja con maestría y lo llevó a la alfombra roja. El documental se pasea por un paisaje árido, reseco, montañoso, atravesado por camiones del ejército y topadoras que derriban casas construidas hace siglos, piedra sobre piedra, en la boca de las cuevas. Entre risotadas, los soldados sionistas destruyen las torres de electricidad, los pozos de agua, los paneles solares, los corrales de cabras, los paneles de la escuela que las mujeres construyeron de día y los hombres de noche, en secreto, para eludir al ejército. En esa escuela, inaugurada hace muchos años por Tony Blair, la noche de los Oscar se transmitió la película ante un auditorio de residentes y activistas internacionales. En represalia, hubo redadas del ejército. Basel filma a los colonos, brutales, que en el nombre de dios queman cultivos, roban ganado, incendian casas. Los escoltan soldados del ejército israelí, seguidos e insultados por las mujeres. “Empecé a grabar cuando llegó nuestro fin”, dice Basel. Fue en el verano de 2019, cuando después de 20 años sin pronunciarse el Tribunal Supremo avaló la destrucción de la mayoría de las aldeas y la expulsión de sus habitantes. Los palestinos tienen prohibido reconstruir viviendas o servirse de la red de agua que Israel construyó para los asentamientos. Tampoco pueden usar los dos pozos subterráneos que los proveyeron de agua desde hace siglos. “¿Cómo esperan que olvidemos el lugar donde hemos nacido?”, pregunta mansamente el abuelo de Basel a otro de los directores, el periodista israelí Yuval Abraham. Y le pregunta de dónde es. “De Ber Sheeva”, contesta el joven. “Ah, ¡es palestino!”, retruca socarrón el abuelo y repregunta: “¿Ustedes cuándo llegaron?”. En esos diálogos precisos, el film despliega ante el espectador la barbarie de una fuerza de ocupación embrutecida, cuyo norte histórico es la limpieza étnica. También la determinación absoluta de los palestinos a permanecer en su tierra, una resistencia que atraviesa las generaciones. “No hay otra tierra” muestra la complejidad del vínculo entre israelíes y palestinos, aunque Yuval sea, como dice el padre de Basel, “un israelí de los de derechos humanos”. “Vos te vas pero yo no puedo salir de aquí” le espeta una noche Basel a Yuval. Socios, amigos, cómplices. Pero uno puede manejar hasta su casa y el otro tiene prohibido desplazarse más allá de la línea de check points . El apartheid no es solo una palabra. Dos días después del 7 de octubre, en una de esas aldeas, Umm al Khair, “la mitad de la comunidad fue atacada, les vendaron los ojos en mitad de la noche y les obligaron a jurar lealtad a Israel", explica Sam Stein, un activista judío de Nueva York que lleva años viviendo en la zona. En 2024, a las topadoras y los camiones se sumaron los tanques y un tal Ilan, encapuchado pero de uniforme. Está encargado de las demoliciones. “¿Por qué pierdes el tiempo? No nos iremos”, le gritan: “Nací aquí hace 70 años. No nos iremos”. Ladrón, ladrón, no nos iremos, le gritan mientras un hombre seca con el dorso de la mano la cara empapada de lágrimas de una muchacha. Los soldados y las topadoras avanzan hacia la placita con juegos que donó Noruega. No más placita. Enseguida, destrozan los tanques de agua, las cisternas, las cañerías, el baño químico. “Si no se van los detengo”, grita Ilan pero nadie se va. Una niña recupera entre los escombros las pinzas de su padre, una mujer recupera una bolsa de pan. Dentro de unas horas, cuando termina de ordenar la cueva, abraza entre risas a los niños: “Vengan, vengan, vamos a comer rico pan”. La emocionante capacidad de resistencia del pueblo palestino. Esa noche, en la cueva, una nena juega con un trompo: “Giro y giro así nadie me atrapa”. Afuera, un camión baja clandestinamente materiales de (re)construcción. Los hombres levantan una pared nueva. Basel se pagó como albañil sus estudios de Derecho en Beer Sheva: “Siempre soy la mano de obra barata”, le dice a Yuval. A la mañana, el ejército vuelve a destruir todo, confisca las herramientas de construcción. Cuando intentan llevarse el generador de electricidad, hay un forcejeo desesperado. Se zanja con un disparo, certero, en la columna vertebral del palestino. Harun es albañil, en las herramientas se le iba la vida. Y casi: la puntería implacable de la única democracia de Medio Oriente lo deja paralizado, para siempre, de los hombros para abajo. En el escenario de la Berlinale, el palestino fue el primero en hablar: “Es muy, muy difícil para mí celebrar algo mientras decenas de miles de mi gente están siendo masacradas en Gaza en este momento. Como estoy aquí en Berlín, me gustaría pedirle a Alemania que respete los llamamientos de la ONU y dejar de enviar armas a Israel”. Luego habló Yuval. “Yo vivo en un régimen civil y Basel bajo un régimen militar. Vivimos a 30 minutos el uno del otro, pero yo tengo derecho a voto y Basel no. Yo puedo moverme libremente por el país, pero Basel, como millones de palestinos, está atrapado en Cisjordania. Esta situación de apartheid entre los dos, esta desigualdad, tiene que terminar”, señaló. La sala de la Berlinale estalló en un intenso aplauso que significó que arreciaran pedido de renuncia a la ministra de Cultura, Claudia Roth. El lunes, un twit del ministerio reinterpretó el aplauso “que iba dirigido al periodista y cineasta judío-israelí”, no al palestino” (sic). En Los Angeles, a la hora de recibir el Oscar, Basel insistió: “Hace dos meses me convertí en padre. Mi esperanza para mi hija es que no tenga que vivir la misma vida que estoy viviendo yo: siempre temiendo la violencia, las demoliciones de nuestros hogares y los desplazamientos forzados que enfrentamos cada día bajo la ocupación''. Y llamó al mundo “a detener la limpieza étnica del pueblo palestino''. Lo aplaudieron de pie. El ministro de Cultura israelí Miki Zohar, describió los premios como “un momento triste para el mundo del cine” y llamó a no exhibir la película. El filme carece de distribuidor en Estados Unidos y no se proyectó ni proyectará en salas comerciales de Israel. Las amenazas, públicas y anónimas, tomaron tal dimensión que ambos directores suspendieron todas las entrevistas y el israelí postergó su regreso. “He recibido cientos de mensajes anónimos avisando que me van a matar, que me esperan en el aeropuerto”, le contó a Haaretz. Una multitud fue a su casa en Beer Sheva y amenazó a familiares directos, que tuvieron que huir a otra ciudad durante la noche. Los ataques son fogoneados por el gobierno: la misma noche de la Berlinale, la televisión pública israelí tituló: “El discurso antisemita del creador israelí”. En Masafer Yatta los premios se entendieron como “una victoria para toda Palestina y para todo Masafer Yatta”. Pero un hermano de Basel contó que desde el estreno las amenazas contra su familia han aumentado, los colonos apedrearon su coche y los militares requisaron una y otra vez a la familia. Más de 40 cineastas israelíes, entre ellos Ari Folman (Vals con Bashir, El congreso, Dónde está Anne Frank…) y Guy Nattiv (Oscar al mejor cortometraje en 2019 por Skin y reciente autor de Golda), se solidarizaron con el dúo. Acusaron a la televisión pública de “populismo barato e incitación en el discurso público” y subrayaron que nada en el discurso de Abraham era antisemita, sino una “descripción factual de la realidad en Cisjordania”. Ya en octubre unos 700 cineastas israelíes decidieron boicotear y repudiaron la creación de tres fondos estatales que financiarán exclusivamente “a creadores fieles al estado judío”. Uno de ellos es para Cisjordanía y excluye a los cineastas palestinos, cuando los palestinos son el 80 % de la población. Además, las ayudas al desarrollo del proyecto tras el guión son solo para residentes de asentamientos. Con subtítulos en español, el documental se puede ver acá: https://ok.ru/video/8836492954209

Cuando Donald Trump declaró el martes ante el Congreso que "Europa ha gastado tristemente más dinero en comprar petróleo y gas rusos que en defender a Ucrania", admitió que fue un fracaso el intento de destruir el mercado de demanda del gas ruso a través de la guerra en Ucrania. Este intento tuvo lugar por medio de sanciones económicas que vetaban su compra como por medio de la destrucción lisa y llana de su gasoducto ubicado en aguas internacionales en el mar Báltico. Trump tiene compulsión a la exageración y la mentira, pero en este caso los datos le dan la razón. Desde antes del atentado terrorista al gasoducto Nord Stream II –que nunca llegó a usarse– Europa se surte de energía a través del gas licuado, el cual mayormente proviene de Estados Unidos, pero también de Rusia, por ser éste más barato. Por esta razón el GNL quedó fuera de las sanciones hasta que Estados Unidos logró imponer la prohibición de que pudieran exportarlo a terceros países. Bélgica, Francia y España, miembros de la UE (Union Europea), siguen siendo los principales puntos de entrada del GNL ruso. Moscú también ha podido eludir las sanciones a las importaciones de petróleo gracias a su flota fantasma de petroleros operados por empresas vinculadas al Kremlin (Euronews, 07/03). El informe anual de la UE sobre el estado de la Unión de la Energía, publicado el pasado septiembre, revela que seguía dependiendo de Rusia para casi una quinta parte (18 %) de sus suministros de gas, incluso después de que la guerra hubiera entrado en su tercer año. Según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio -una organización independiente- , en el tercer año de guerra los países de la UE pagaron 21.900 millones de euros a Moscú por su petróleo. Según la Comisión Europea, la ayuda financiera, militar y humanitaria total de la UE a Ucrania asciende a 133.400 millones de euros. Eso es un 35 % menos que la cantidad estimada gastada en importaciones de combustibles fósiles rusos (Idem). Por lo tanto, Estados Unidos no logró afectar totalmente al gas ruso pero sí logró generar una crisis energética e industrial en Europa debido a que el GNL es 4 veces más caro que el gas que llegaba por los gasoductos que atravesaban Ucrania antes de la guerra. La Asociación Automovilística Alemana informó que más de la quinta parte de sus miembros están trasladando su producción al extranjero, en especial Estados Unidos, pero la industria química, por ejemplo, prefiere trasladar partes de sus instalaciones a China, como Basf, que es la más grande del mundo del sector. Nuevos intentos de Estados Unidos En algunos medios europeos trascendió que entre las negociaciones de Estados Unidos y Rusia se planteó la reconstrucción del Nord Stream II y su compra por empresas norteamericanas. De esta manera, Estados Unidos haría de intermediario entre el gas ruso y Europa. Esto fue desmentido por ambos países –en momentos en que ni siquiera se firmó el acuerdo de paz que sería necesario para garantizar el plan–, pero inversionistas norteamericanos hicieron presentaciones frente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con intención de comprar el gasoducto y Gazprom, la empresa rusa dueña, viene pateando el pago a acreedores y la quiebra en espera de poder lograr los dólares para su reconstrucción. De ser cierta, esta salida tanto para Rusia como para Europa quedaría bajo la tutela y el beneficio de Estados Unidos, y coincide con los planes de Trump de bajar el precio de los combustibles como ancla antiinflacionaria. El rearme de Europa El armamentismo en Europa, que fue reclamado por Trump y levantado por la UE, implica un negocio redondo para el principal vendedor de armas, Estados Unidos, ya que las empresas europeas no llegaron ni siquiera a abastecer a Ucrania, mucho menos podrían cubrir las necesidades de todo el continente. Y el negocio va más allá, porque incluso las empresas armamentísticas europeas tienen accionistas norteamericanos. Rheinmethall, la principal empresa alemana, tiene como principales accionistas a entidades financieras norteamericanas - la mayoritaria es Black Rock-, y su vicepresidente,Timo Hass, trabajó para el Ministerio de Defensa de Barack Obama. Es más, el reciente canciller electo Friedrich Merz, que en su discurso de triunfo arengó en la necesidad de armar a Alemania frente a Putin y frente a Trump -una buena coartada– fue director de Black Rock. En su trayectoria corporativa en Estados Unidos –que es más amplia aún – promovió la compra de empresas alemanas por capitales yanquis. Es decir que Alemania, en sus últimas elecciones votó en primer lugar por un personero del fondo buitre más grande del mundo, con asiento en Nueva York y, en segundo lugar, a un partido de neonazis apoyados por Elon Musk. Son relaciones de vasallaje que hasta ahora solo se veían en el tercer mundo. El boliviano Sanchez de Lozada puede considerarse más cipayo que Merz sólo porque, siendo dos veces presidente de Bolivia, nunca aprendió a hablar bien el castellano. Mientras Rusia reanuda los ataques para forzar la firma de un acuerdo de “paz” que concluya en un reparto de Ucrania con el imperialismo norteamericano, Trump sobreactúa su enojo con Putin, que prosigue con ataques a ciudades e infraestructuras, al que amenazó con sanciones y aranceles imposibles, si torpedea ese descuartizamiento. Las contradicciones entre las partes en pugna pueden destruir los acuerdos alcanzados, a costa de una guerra mundial de mayor alcance. LEER MÁS: Trump aparta de un codazo a Europa y Zelensky acepta la partición de Ucrania Por Grupo Independencia Obrera, 06/03/2025. Trump no logra imponer un ‘alto al fuego’, que rechazan Putin, Zelensky y la Unión Europea Congela el suministro de armas a Ucrania y el acuerdo sobre minerales queda en el limbo. Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 04/03/2025. Trump-Zelensky: implosiona el frente imperialista Por Jorge Altamira, 28/02/2025.

El FMI parece haber llegado a la conclusión de que sin un nuevo préstamo internacional Argentina entraría en default . Esto es lo que explica la decisión, largamente diferida, de ampliar el endeudamiento del país, aparentemente por una suma adicional de 20 mil millones de dólares. Al gobierno se le gastó el combustible. A pesar del elevado superávit del comercio exterior, las reservas netas del Banco Central no salen del saldo negativo: 2.900 millones de dólares. El excedente comercial se disuelve en el gasto de servicios, como el pago de intereses, los giros de utilidades, el pago de tarjetas por turismo y un despilfarro significativo de dólares para sostener el tipo de cambio. Esta fuga de divisas muestra que hay un sobrante de pesos que no se canaliza en crédito e inversiones internas. El Tesoro, por su parte, también compra dólares al Central para absorber los pesos sobrantes, mediante los pesos que recauda de su endeudamiento doméstico. Se trata de un equilibrio profundamente inestable, porque el Tesoro debe renovar montos elevados de deuda todos los meses. En marzo están en juego 13.7 billones de pesos; para que no vayan al dólar deberá ofrecer rendimientos y condiciones más beneficiosas. La deuda pública, entre dólares y pesos, es un esquema Ponzi, donde el pago de los vencimientos crecientes deben ser sostenidos por una recaudación cada vez mayor. El acuerdo con el FMI es ‘innovador’. El Tesoro, con el dinero del Fondo, compraría una deuda que tiene con el Banco Central por 22.931 millones de dólares. Es el remanente contable de una deuda del Tesoro con el Central por 68 mil millones de dólares, bajo la forma de letras intransferibles, o sea que no se negocian en el mercado ni tienen un valor mercantil. A pesar de su valor nulo ese resto será rescatado por el Tesoro mediante los dólares que ingresen como resultado del acuerdo con el FMI. La deuda pública de Argentina aumentaría por ese valor, ya que las letras tienen valor cero. El Banco Central habrá logrado aumentar su patrimonio real en esa suma, a costa de los contribuyentes del Tesoro y de los gastos destinados a salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. El acuerdo refuerza el ajuste de un modo excepcional. El ajuste de Milei no se ha limitado al plano fiscal y cuasifiscal (déficit del Central), como dijo en campaña y evaluó en un 15 % del PBI, alrededor de 70 mil millones de dólares, sino que agrega un 4 % más, hasta redondear en el 20 por ciento. Pero el acuerdo está lejos de asegurar una estabilidad cambiaria, de la que depende el futuro de la inflación. Las reservas del Banco Central tienen por función cubrir los desequilibrios cíclicos del comercio exterior y del régimen cambiario; Argentina está afectada por un desequilibrio estructural, de un lado (la deuda a pagar) y cambiario, del otro (la fuga de divisas). El acuerdo con el FMI no resuelve este desequilibrio; lo acentúa. Tampoco influye el mayor o menor patrimonio del Banco Central; en los ochenta, George Soros le ganó una fuerte pulseada al Banco de Inglaterra. El propósito del acuerdo es permitir que Milei llegue a las elecciones sin sufrir una crisis cambiaria. Es cierto que el peso sobrevaluado perjudica a la exportación y al mercado interno industrial, y al empleo; pero una devaluación podría hundir a la deuda pública doméstica, la otra gran pata de la deuda del Tesoro y de los acreedores internacionales y nacionales. Pulverizaría el poder adquisitivo del superávit comercial. La preocupación del oficialismo y opositores es por este derrumbe, no el impacto de la inflación en la economía de las masas, aunque el impacto político podría ser demoledor. El gobierno ha dicho que no dará a conocer los “detalles técnicos” del acuerdo, de modo que será un acuerdo secreto. Es que el FMI condicionará el préstamo a mayores ajustes contra la población y al establecimiento de medidas económicas y financieras que protejan al préstamo de un desborde económico. Puede incluir cláusulas geopolíticas, en torno a los recursos naturales. El acuerdo secreto no solamente agravará las condiciones de las masas, sino que provocará fisuras mayores en la clase capitalista. Hará menos ‘calmo’ sino más explosivo el proceso electoral. Es necesaria una campaña entre los trabajadores para desarrollar una deliberación política que ayude a establecer conclusiones para derrotar este pacto y para marcar una salida socialista. LEER MÁS: El “estado de la Nación” convertido en una arenga liberticida Por Comité Editorial, 02/03/2025. FMI: ¿salvataje o naufragio? Por Comité Editorial, 30/01/2025.

La docencia santacruceña encara la tercera semana de lucha. Al paro de 72 horas que no inició el ciclo lectivo 2025, se suman esta semana un paro de 48 horas. El nivel de acatamiento de la semana de inicio supero el 90 %. En la semana siguiente se mantiene en un 85 %. Además, se movilizo en la apertura de las sesiones legislativas, en el acto montado por el gobernador Vidal, con vallado, patotas sindicales y la policía custodiándolo. Las asambleas vienen de rechazar una amenazante conciliación obligatoria, que intentó disciplinar, a la par de la multa multimillonaria que el gobierno le ejecutó, aún sin cumplir, a la entidad gremial. Multa que de cobrarse dejaría sin fondos económicos ni bienes materiales a ADOSAC. En línea con el resto de los gobernadores, Vidal propone un 9,5 % con cláusula gatillo anual, hasta octubre. La confiscación salarial es enorme, teniendo en cuenta que en la actualidad el cargo testigo se encuentra por debajo del nivel de pobreza. Además de la miseria salarial arrecian los despidos con el cierre de secciones en los distintos niveles y el recargo de estudiantes en la modalidad especial. La docencia santacruceña, que en el perído anterior en su mayoría se ha manifestado en apoyo a Vidal y Milei, ha procesado muy rápidamente su descontento y desacuerdo, convirtiéndose hoy en un sector de vanguardia que enfrenta el ajuste salarial. Las asambleas están cruzadas por el debate en torno al reclamo salarial y los métodos que debe encarar la lucha. La nueva conducción ha oscilado entre la conciliación obligatoria y promover la aceptación de estas cifras miserables, llevando como contrapropuesta el ajuste del tiempo, que sea semestral. Esto se ha sumado a la defensa acérrima de que el techo sea el costo de la canasta de pobreza (“ningún docente pobre”), votando en contra de mantener el histórico reclamo gremial de que el cargo base debe ganar el costo de la canasta familiar. Desde nuestro agrupamiento defendemos la lucha por un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Es de fondo una perspectiva que defiende las condiciones de vida, contra el desgaste físico y mental que provoca el recargo laboral. Consideramos también que la lucha debe resolver medidas decisivas, en tanto los paros progresivos y extendidos en el tiempo desgastan y desmoralizan. Estas medidas deben concentrarse en mayor cantidad de días de paro, tendientes al paro por tiempo indeterminado y actividades profundizadas. Para esto es necesario reforzar la entidad gremial en las escuelas con la conformación del cuerpo de delegados, asambleas por nivel y una agenda anticipada detallando las actividades los días de paro. Plenario de Trabajadores de Base Adosac es hoy quien encabeza un proceso de lucha provincial en forma sistemática. Sin embargo, no es el único. Trabajadores despedidos de la represa se encuentran afuera de casa de gobierno. Cientos de petroleros están a la deriva ante la retirada de YPF; trabajadores de YCRT se encuentran en estado de alerta y movilización ante el proceso de privatización que implicó la conversión de la empresa en Sociedad Anónima. Los estatales provinciales inician una paritaria de ajuste. El sector salud ya ha rechazado las ofertas miserables. Este contexto sienta las condiciones de una organización de base de los distintos trabajadores en reclamo del salario y los puestos de trabajo. Esta perspectiva debe superar a las conducciones que en los distintos sectores están funcionando como freno a cualquier organización y lucha. La convocatoria a plenarios abiertos por localidad posibilitaría este proceso de unidad. LEER MÁS: Santa Cruz: Vidal inaugura las sesiones legislativas con vallado, policías y patota sindical Movilización de ADOSAC. Por Vanesa Costancio, 06/03/2025. Santa Cruz: la docencia no inició las clases con un gran paro de 72 horas Por Vanesa Costancio, 26/02/2025.

En Ciudad de Nieva, se incendió un supermercado de la cadena Comodín, un súper provincial vinculado con la familia del empresario Pedro Segura, otrora diputado provincial. El incendio se produjo el viernes 28 de febrero, en horas de la mañana, dejando un saldo de cinco víctimas fatales, dos hombres y tres mujeres, una de ellas una niña de tres años. Además, más de una treintena de personas resultaron heridas. El siniestro se produjo mientras estaban realizando tareas de mantenimiento en el techo de chapa del supermercado, específicamente colocando membranas para que no filtre el agua de lluvia, aunque el motivo del mismo no queda claro ya que El Tribuno informó que también podría ser por un problema eléctrico en la parte delantera del comercio (El Tribuno de Jujuy, 1/3). Se encuentran detenidos con prisión preventiva el gerente del súper y los dos obreros que realizaban las tareas en el techo del inmueble. La empresa emitió un comunicado lamentando las víctimas fatales y el accidente, pero no se ha hecho presente con los familiares de las víctimas y damnificados para dar explicaciones o responder frente a las necesidades drásticas de este hecho. Con el correr de los días, mientras el resto de las sucursales abrieron normalmente, los familiares y conocidos de la víctimas y damnificados pedían justicia y el esclarecimiento del hecho, inclusive convocaron una marcha el 7 de marzo a Casa de Gobierno exigiendo justicia. Hasta el momento no obtuvieron ninguna respuesta. Luego de esta tragedia han quedado varias incógnitas dando vueltas entre los familiares y afectados en relación al siniestro. El fiscal investiga la posibilidad de que la salida de emergencia haya estado obturada, por lo cual dispuso también una investigación en las 11 sucursales restantes. Queda en evidencia que esta tragedia era completamente evitable si hubieran funcionado todos los mecanismos ante una emergencia de estas características y se hubiera actuado con la celeridad que ameritaba. En el discurso de apertura de sesiones, el gobernador pidió un minuto de silencio por las víctimas del incendio, pero en términos generales se ha corrido del foco a la empresa y su responsabilidad frente al siniestro, como así también a los funcionarios que habilitaron el comercio. La detención de dos obreros busca descargar la responsabilidad sobre ellos, mientras la empresa continúa con sus actividades cotidianas sin siquiera haber sido convocada a dar explicaciones y responder mínimamente ante los requerimientos de familiares y heridos. ¡Que se investigue a fondo las responsabilidades de los funcionarios que habilitaron el lugar y la responsabilidad empresarial! Justicia por Blanca Isabel Coca Contreras, Rafael Maldonado, María Sylvia Liliana Cresppe, Olivia Fernández y Enrique Benítez.

A 48 horas de la tormenta que inundó la ciudad con más 300 mm de agua en un santiamén, la situación sigue siendo crítica. En primer lugar, se ha informado de 16 personas fallecidas, mientras que hay denunciadas al menos 100 personas desaparecidas. Muchas personas fueron arrastradas por correntadas de más de un metro y medio de profundidad, mientras luchaban por defender su hogar. Existen zonas enteras, como la localidad de Ingeniero White, que aún permanecen bajo el agua. Oficialmente se cuentan también 1450 evacuados y autoevacuados, siendo esta última cifra extensamente mayor porque muchas familias tomaron esta decisión ante la ausencia completa de algún tipo de auxilio gubernamental. Quienes pudieron, se quedaron en pisos o directamente en las terrazas de sus casas. La asistencia con colchones, ropa, comida, artículos de limpieza, son muy insuficientes y se buscan superar mediante un enorme esfuerzo voluntario y de donaciones. Muchos docentes, en la medida de sus posibilidades, están organizando colectas y ayudando con la asistencia. Miles de viviendas han sido arrasadas por el agua, que se llevó absolutamente todo de su interior. La inundación dejó barro y material proveniente del desborde de napas y cloacas, que a la fecha sigue siendo retirado con muchísimo esfuerzo y solidaridad de vecinos y amigos. En muchos casos, sin contar siquiera con suministro de agua y tampoco agua potable. Cientos de autos fueron arrastrados provocando daños y quedando arruinados. Más de la mitad de la ciudad permanece sin energía eléctrica. Las calles más afectadas son intransitables, con restos arruinados de casas, barro y otros desechos que son retirados muy lentamente por el gobierno. Se han desplomado asfalto, puentes y rutas aledañas. El Hospital regional Penna ha quedado inundado y otros hospitales privados también. Muchos pequeños comercios han perdido todos sus muebles y mercancías y algunos de ellos fueron saqueados. El local de Política Obrera de Bahía Blanca ha quedado destruido y la correntada se llevó prácticamente todos sus insumos materiales. En estas circunstancias, el gobierno nacional habilitó una asistencia por $10.000 millones. El intendente Susbielles, por su parte, afirma que se necesitan $400.000 millones –lo que le enviará Milei es un 2,5 % de lo necesario-, que la provincia haría un “anuncio importante” y que además va a gestionar un “algún crédito internacional”. Este revoleo de cifras es pura distracción. Lo que deben resolver en forma urgente es la situación de vecinos desaparecidos, el agua todavía en las casas, la falta de colchones, comida, luz y agua potable, entre otras tantas demandas que requieren un gasto extraordinario en forma inmediata, completamente contrario a la “motosierra” del gasto público y anuncios inciertos de carácter futuro. En este sentido, ya se han difundido por los medios todos los estudios que alertaban con mucha anterioridad la incapacidad de las obras existentes de desagüe de la ciudad para hacer frente a una lluvia de este caudal (Canal Maldonado y Arroyo Naposta) –poco probable, pero aun así previsible, esto sucederá e incluso con mayor frecuencia producto del cambio climático que es negado por el presidente- y que jamás se hicieron por los gobiernos radicales, peronistas y macristas que gobernaron la ciudad en las últimas décadas. Aseguraron un emporio para las empresas del Polo Petroquímico al tiempo que se gestaba una trampa mortal para el pueblo. El principal informe es uno elaborado por el CONICET en 2012, un organismo que Milei está desmantelando. Mientras los trabajadores buscan hacer frente a los primeros y más duros golpes de esta catástrofe, debemos organizar una movilización política para reclamar a todo el Estado por la asistencia necesaria más inmediata mediante una organización en los barrios, escuelas y hospitales. LEER MÁS: Inundación en Bahía Blanca, no es un ¨desastre natural¨ Por Patricia Urones, 08/03/2025.

Entre fines de marzo y comienzos de abril se desarrollarán las elecciones en las distintas universidades para la renovación de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica. Se presentan dos listas: la de la actual conducción de la federación y la Multicolor, que agrupa a la oposición encabezada por las conducciones de tres sindicatos seccionales, el de la UBA, la Universidad de Tucumán y la de Entre Ríos, junto a delegados y activistas de numerosas universidades. Las elecciones tendrán como telón de fondo al agravamiento de la crisis universitaria y un obligado balance de la lucha universitaria de 2024. Los rectores en el campo del ajuste; la burocracia sindical, en ascuas El año lectivo ha debutado con brutales ajustes en el CONICET y con “ofertas” mentirosas de aumento salarial, dirigidas a consolidar el monumental retroceso del salario universitario, que promedia el 40 %. Los nuevos ataques del gobierno desnudan el fracaso de la política de los rectores, la mayoría de ellos vinculados con el peronismo y el radicalismo, y de las burocracias docentes universitarias. Desde mediados del año pasado, la orientación de este bloque fue congelar la lucha de la docencia universitaria, incluso y principalmente cuando el movimiento estudiantil desplegaba un vasto movimiento de ocupaciones y autoconvocatorias. En cambio, los rectores y las burocracias llamaban a colocar la expectativa en las negociaciones parlamentarias en torno del presupuesto 2025. El fracaso de esta política fue completo, pues el presupuesto ha sido prolongado por decreto, naturalmente con la complacencia de los bloques políticos de la llamada “oposición”. En consecuencia, la “motosierra” universitaria continúa y en versión agravada. Desde que comenzó la lucha universitaria en 2024, el Consejo de rectores y las direcciones de las federaciones docentes se empeñaron en abortar cualquier lucha resuelta y continuada. Más que al Gobierno, le temían a una verdadera rebelión universitaria. Por eso mismo, buscaron desde el momento cero regimentar la lucha y ponerla bajo su control. Se valieron del apoyo de la burocracia sindical y estudiantil y de diversas maniobras distraccionistas parlamentarias posteriores. Los rectores, al frente del ajuste Frente al nuevo año lectivo, los rectores asumen al ajuste brutal de 2024 como un hecho consumado; por tanto, están abocados al trabajo sucio de “acomodar” y recortar salarios, cursadas y becas a los niveles miserables de los fondos otorgados por Milei-Caputo. Cumplen en la Universidad el rol que cumplen los gobernadores peronistas, radicales o macristas, que trasladan a los distritos las consecuencias de la “motosierra” nacional. Los funcionarios libertarios han adelantado la pretensión futura de “provincializar” a las universidades, librando su sostenimiento a los presupuestos exiguos de los distritos. Las camarillas de gobernadores y rectores ya se preparan para ese escenario, con mayores ajustes. ¿Qué mensaje baja desde los rectorados? El mismo de los gobernadores a los docentes: “Nada de paros”. La burocracia sindical universitaria es la correa de transmisión de esta política en nuestros sindicatos. Comenzado el año, ha convocado a un paro de 48 horas, pero se trató de una acción aislada y pasiva, sin movilizar a la docencia ni a los claustros. Su propósito no es impulsar una verdadera lucha, sino desmoralizar y desgastar al movimiento universitario. La actual conducción de CONADU Histórica (seguidores de la CTA Godoy, PCR y aliados) ha subordinado todo su accionar al Frente Sindical Universitario, liderado por las centrales universitarias ligadas a la CTA Yasky y a la CGT. La pregonada “Unidad contra Milei” es, en realidad, la unidad de los que NO quieren enfrentar a Milei. El yaskismo ha debutado en 2025 arreglando a la baja los salarios de los docentes de las provincias, comenzando por Buenos Aires. El horizonte de este bloque político -que integra la dirección de la CONADU H- es colocar al sindicalismo universitario bajo la égida de la CGT, o sea, de la más completa colaboración con el Gobierno. Por una orientación de lucha e independencia política Durante 2024, quienes integramos la Tendencia Universitaria Clasista (Política Obrera) hemos impulsado una orientación antagónica: sostener la lucha por el salario y contra los recortes en base a una lucha de conjunto; la unidad con el movimiento estudiantil, en asambleas y autoconvocatorias conjuntas; la preparación de la huelga general. En torno de este balance y esta orientación de lucha y en el período que precedió a la presentación de listas en CONADU H, hemos conformado un reagrupamiento con presencia en 10 universidades del país. En un compromiso dirigido a presentar un frente común contra la burocracia que lidera la CONADU H, nuestro agrupamiento ha resuelto ingresar a la lista Multicolor, la cual integramos con cinco candidaturas titulares. Haremos de esta campaña electoral en las universidades una tribuna para el impulso de una lucha consecuente y la preparación de la rebelión universitaria, en medio del agravamiento del ajuste de los liberticidas sobre nuestras casas de estudio. Pero principalmente, nos dirigiremos a la docencia para explicar, en forma sistemática, que una lucha para derrotar a los ajustadores plantea la independencia política respecto de los rectores y los partidos capitalistas, además del desarrollo de una corriente universitaria ligada a la lucha y a los propósitos estratégicos de la clase obrera. Con este planteo, llamamos a votar a la Multicolor y a desarrollar el paro del 17 y 18 de marzo próximos. LEER MÁS: Lucha Universitaria: 17 y 18 paro en todas las Universidades Nacionales Por Diego Toscano- Anahí Rodríguez, 08/03/2025. La lucha universitaria y las elecciones en CONADU Histórica Por Corresponsal, 20/02/2025.

Cientos de estudiantes de la Escuela Secundaria Internacional de Occidente en Detroit, el 4 de marzo pasado, salieron del establecimiento en protesta contra las redadas de agentes de inmigración y Control de Aduanas de Trump (ICE). Con pancartas que expresaban consignas como “Ningún humano es ilegal”, “Abolir la ICE”, “América fue construida por inmigrantes”, los jóvenes salieron de su escuela y se unieron a una movilización convocada por grupos de defensa de los inmigrantes, sobre la avenida Vernor en un barrio de mayoría latino-inmigrante (World Socialist Web Site, 5/3). Horas antes, en la sesión conjunta del Congreso, Trump se jactó del accionar de las patrullas de ICE y alertó sobre una “invasión de pandilleros, asesinos y violadores inmigrantes”. Más temprano había publicado en X un mensaje amenazando con la deportación a estudiantes nacidos en el extranjero si participaban en "protestas ilegales" en campus, como aquellos contra el genocidio sionista en Gaza . La acción de los jóvenes de Detroit es parte de una serie de protestas similares, que se suceden desde el inicio de la implementación de la ICE y es parte de un cuadro de movilización más amplia contra la política de liquidación de la educación pública de Trump. Las escuelas, fundamentalmente en los condados con mayor peso inmigratorio, son espacios de una gran agitación política tanto sobre la cuestión educativa como la inmigratoria. Desde que en enero Trump eliminara la restricción que hasta entonces impedía la actuación de ICE y de la Patrulla Fronteriza en lugares “sensibles” -escuelas, hospitales e iglesias, por ejemplo-, se han sucedido diversas acciones juveniles como la mencionada de la escuela de Detroit. En este cuadro, el 26/02 agentes de ICE arrestaron a un padre cuando dejaba a sus hijos en una escuela. Esa noche padres y jóvenes hicieron una vigilia contra el cierre de escuelas charter (escuelas cuyo financiamiento estatal depende de su matrícula) debido al recorte presupuestario. El miércoles 5, cientos de estudiantes de Monroe, Carolina del Norte, salieron de sus aulas a protestar contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las escuelas, el desfinanciamiento educativo y las escuelas charter. Estas acciones fueron antecedidas por una ola de paros y movilizaciones estudiantiles realizadas de modo disperso, pero extendidas a lo largo de distintos estados de la Unión. En Los Ángeles, cientos de estudiantes de diferentes escuelas se reunieron durante distintos días en el centro contra las redadas y deportaciones. Más de 200 estudiantes del McClatchy High School salieron de clase el 6 de febrero de 2025 para protestar contra las órdenes ejecutivas de Trump en contra de los inmigrantes y el colectivo LGBT. En Redwood City, California, más de 600 estudiantes, padres y profesores de varias escuelas marcharon al Centro Cívico. Las protestas continuaron durante el fin de semana, incluidas mil personas que marcharon por las calles del distrito Fruitvale en Oakland (California) contra los ataques a los inmigrantes. En la misma semana, otras huelgas estudiantiles se produjeron en Rockford (Illinois), San Antonio (Texas), Denver (Colorado), Tulsa (Oklahoma). Las redadas contra inmigrantes han generado un régimen de terror provocando un gran ausentismo escolar en distintas ciudades. Tal es el caso de Denver (Colorado), que recibió 43.000 inmigrantes en 2024 y sufrió una reducción en la asistencia en las escuelas de mayor concentración de niños inmigrantes. En este distrito, una redada en un complejo de apartamentos provocó que decenas de estudiantes de distintas escuelas locales dejaran de asistir a clases por temor a que sus padres, no hallados en su domicilio al momento del operativo, sean detenidos en los establecimientos al dejar a sus hijos (Infobae, 18/2). En Fresno (California) el miedo frente a rumores sobre supuestas redadas de inmigración ha impactado fuertemente en el ausentismo escolar. Según el Distrito Escolar Unificado de Fresno, se ha registrado una disminución diaria de entre 700 y 1.000 estudiantes desde la asunción de Trump. Derecho a la educación vs. régimen de excepción El sistema educativo norteamericano no es ajeno a la tentativa del trumpismo de establecer un régimen de excepción como método político . En este marco, el superintendente de Oklahoma Ryan Walters (republicano) impulsó una resolución que habría requerido a los padres presentar pruebas de ciudadanía para inscribir a sus hijos en las escuelas; resolución que viola la 14° Enmienda constitucional que establece el deber de los Estados miembros de permitir a los hijos de inmigrantes indocumentados asistir a las escuelas públicas en iguales condiciones que los ciudadanos. La norma finalmente fue vetada por el gobernador Kevin Stitt ante la movilización del 28/01 a la Junta de Educación del Estado de Oklahoma. Similarmente, en Tennessee, legisladores republicanos han presentado un proyecto de ley que permitiría a los distritos escolares decidir si aceptan o no a estudiantes sin estatus legal. La lucha por los “derechos civiles” es la forma dominante que ha adquirido la lucha política de masas en la historia de EE.UU. (su caso emblema es la lucha contra la segregación “racial” de los afroamericanos entre 1956 y 1969). Las huelgas estudiantiles de los hijos de inmigrantes recogen esta tradición histórica asentada en el mito de la democracia americana de la igualdad de los individuos ante la ley; 70 años después esta nueva generación política lo hace confrontando con la inexorable decadencia de “la democracia en América" .

La compra de Telefónica de Argentina por Telecom es una operación de alto voltaje político, como lo evidencian los choques entre Milei y el grupo Clarín. Sucede que entre los aspirantes a quedarse con Telefónica había grupos económicos internacionales, especialmente norteamericanos, para los que Milei opera favoreciendo sus negocios en Argentina. Entre los varios interesados en Telefónica estaban el grupo Werthein -donde Gerardo W, canciller de Milei, es propietario de DirectTV-, que tiene un acuerdo como operador local de la internet satelital de Amazon (Jeff Bezos). Carlos Slim -propietario de América Móvil (Claro) y financista de la campaña de Milei-, y Xavier Niel -propietario de la operadora francesa Illiad, la centroamericana Millicom y la británica Liberty Global-, quien tuvo reuniones con Milei el año pasado. La compra de Telefónica le otorga a Clarín un poder decisivo en el mercado de telecomunicaciones. Bloquea el ingreso de grupos económicos con más espalda financiera y le otorga una ventaja competitiva al poder integrar a la oferta de internet y televisión la telefonía móvil, terreno donde solo opera Claro. Telecom, controlada por el grupo Clarín y Fintech (David Martínez) pagó USD 1.245 millones en efectivo, 25 % por encima del valor estimado por los analistas -entre 800 y 1.100 millones de dólares-. La compra relámpago fue facilitada mediante créditos internacionales del BBVA, Deutsche Bank, Santander y el ICBC, revelando que venía siendo tejida hace rato. Con el hecho consumado e irreversible, Clarín buscará la aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD), cediendo porciones de espectro radioeléctrico y poco más. Para eso cuenta con amplia “experiencia” en fusiones y adquisiciones y su aprobación por el poder político y el Poder Judicial. En 2006 compró el proveedor de internet Fibertel; en 2007 fusionó Cablevisión con Multicanal, cuyo monopolio del cable aprobó Néstor Kirchner. En 2016 compró Nextel y en 2017 Telecom, ambas operaciones aprobadas por Mauricio Macri. Mientras ordena los papeles regulatorios, brindará la pantomima de dos empresas separadas, pero la estrategia es fusionar ambas empresas para consolidar costos y puestos de trabajo de forma brutal. De los oferentes, Telecom produce el mayor beneficio por ahorro de “costo laboral” e inversiones al quedarse con Telefónica. Miles de puestos de trabajo quedan duplicados, abren la repetida perspectiva de aprietes, amenazas y despidos inducidos mediante “retiros voluntarios”. ¿Monopolios? Públicos no, el de amigos sí La privatización de Entel fue justificada con el argumento de introducir competencia y libre mercado para agilizar y fomentar inversiones. Después de 35 años volvemos a un monopolio, ahora privado, de la mayoría de las redes de transmisión y distribución, fija y móvil. Clarín sostiene querer mayores inversiones e innovación de las redes y servicios, pero el pago del crédito internacional en dólares y el incremento de la competencia de la internet satelital es un condicionante. Por otro lado está su objetivo declarado de expandirse a nivel latinoamericano, lo que requiere apalancar sus beneficios en Argentina. Aprovechando el fortalecimiento de su monopolio, presionará por mayores tarifas, recortar puestos de trabajo, y presionará contra las inversiones. Milei se declaró a favor de los monopolios, pero significa el de su círculo de negocios. No cuenta de todas formas con los recursos políticos e institucionales para enfrentar a Clarín. La consolidación de las telecomunicaciones es un proceso internacional que promete nuevos capítulos. También sus trabajadores.

La represión sistemática y creciente a la marcha de los jubilados de los miércoles , por parte de Bullrich, Milei y Jorge Macri, ha despertado la indignación general. Las hinchadas de fútbol se hicieron cargo de ese repudio y han convocado a marchar al Congreso el próximo miércoles . Los alcahuetes del gobierno califican a la convocatoria de los hinchas como una conspiración de “barrabravas”. No saben de qué hablan. Muchos de los que han subido sus flyers y convocatorias en las redes forman parte de las fracciones “antifa” (antifascistas) de cada club, que así se diferencian de los “barras”, siempre propensos a arreglar con el poder de los clubes y el poder político . Las directivas de los clubes se han apurado a aclarar que “no son parte” de la convocatoria. El mundo futbolero que va a acompañar a los jubilados es el de los tablones, no el de las patotas y los negocios. El llamado a movilizar ha animado a organizaciones obreras independientes, estudiantiles o barriales, que acompañaron en diferentes circunstancias esta lucha, a reforzar su participación este miércoles. El andamiaje represivo del gobierno se va enfrentar, por lo tanto, con una movilización masiva. “Trescientos viejos locos” La convocatoria de los miércoles ha querido presentarse como el capricho de “trescientos viejos locos”, los sesentistas que marcaron historia. Una movilización jamás es minoritaria, en perspectiva, cuando levanta reivindicaciones históricas cruciales. En este caso, la cuestión jubilatoria cruza por la médula al conjunto de la clase obrera. La jubilación que se expropia es también el salario que se confisca a quienes aportan para ella . Es lo que ocurre también con el salario de los hijos que contribuyen a la supervivencia de esos padres. Las jubilaciones han caído un promedio del 20 % en el último año y más de un 40 % durante el último lustro. Antes de Milei, los dos Fernández, Martín Guzmán y Massa habían hecho lo suyo : los “nac & pop”, encabezados por su todavía "Jefa", consideraban a la movilidad jubilatoria como “inflacionaria” ; no que sigue a la inflación, sino que la provocaría. En el caso de la “motosierra” de Milei-Caputo, a la trepanación de los ingresos jubilatorios se suman los recortes del PAMI a los medicamentos y a la atención médica . Mientras tanto, la hípersuba de los alquileres y expensas comunes ha expulsado a miles de jubilados de sus domicilios. Ahora, la supresión de las moratorias previsionales dejará a un altísimo número de trabajadores sin posibilidad siquiera de acceder a una jubilación mínima. Milei tiene en la gatera , lo ha repetido, el aumento de la edad jubilatoria, la supresión de los regímenes que todavía reconocen el 82 % y una pensión -asistencial- para quienes no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse. La eugenesia de los jubilados es lo que exige la clase capitalista en todos los países, para hacer frente a la bancarrota financiera del Estado, al default de la deuda pública y a la quiebra económica Estas son las cuestiones que se ponen en la agenda, todos los miércoles en el Congreso. La calle La marcha de los jubilados ha colocado otra cuestión crucial: el derecho a ocupar las calles y a manifestarse. Las reivindicaciones obreras o los derechos democráticos son incompatibles con un régimen político que se derrumba. La orden de pedir permiso para manifestar violenta cualquier principio de la democracia , incluso de los que no manifiestan hoy, pero deberán hacerlo mañana. Desde que Bullrich y Milei sancionaron el protocolo antipiquetes, la burocracia sindical y los partidos patronales se acogieron a esta arbitrariedad ‘libertaria’. Las “movilizaciones con mordaza”, con tránsito y ruta designadas por los criptoestafadores, en la vereda, bajo la mirada policial, es la versión callejera de la expresión de la connivencia de esos partidos con el Gobierno. Las marchas de los miércoles han ejercido una enérgica ocupación de las calles : enfrentando los gases, empujones y palos de la policía que pretendía descargarlos a la vereda. De ahí la consigna de las hinchadas, la “defensa de los viejos”, es decir, de los padres y las madres de la clase obrera. La presencia de hinchadas de fútbol, motoqueros y toda clase de organizaciones autoconvocadas subraya la ausencia completa de la CGT, o sea, de la burocracia sindical que se reivindica peronista. Política Obrera coloca todo su empeño y militancia en concurrir este miércoles 12 al Congreso y llama a hacerlo en todas las ciudades del país.

Luego de la guerra de las Malvinas, el Reino Unido ha mantenido una presencia militar permanente en las islas . Tiene como centro de operaciones Monte Agradable, donde se encuentran los cazas Eurofighter Typhoon, sistemas de defensa antiaérea y efectivos rotativos de diversas unidades. En otras partes del territorio insular se alojan tropas de infantería y unidades navales. En los últimos años los ejercicios militares británicos a gran escala han aumentado en frecuencia y en intensidad (Escenario Mundial, 19/2). Según medios especializados, las condiciones climáticas y geográficas del archipiélago ofrecen condiciones óptimas para que la Real Fuerza Aérea (RAF) lleve adelante entrenamientos militares aéreos, a los que se suman los terrestres. Con presencia desde 1986, el escuadrón 1435 Flight realiza operaciones con cazas Phantom, Tornado F3 y con los Eurofighter Typhoon, así como patrullajes regulares de la Royal Navy y la presencia naval rotativa de buques como el patrullero HMS Forth, el rompehielos HMS Protector y el RRS Sir David Attenborough, cuyo reciente paso por aguas argentinas, en la primera semana de febrero pasado, generó controversia. A los entrenamientos, se suma la “marinización”, ejercicios en ámbitos marinos. En febrero pasado, la Sección 2 del Regimiento Real de Fusileros Gurkhas realizó este tipo de ejercicios en conjunto con la Compañía de Infantería Permanente Rotativa (RIC) y la tripulación del HMS Forth de la Royal Navy (Ídem). El gobierno de Milei es un nuevo mojón en la entrega de la soberanía sobre el Atlántico Sur y las Islas Malvinas . Está dando vía libre a la injerencia militar británica y al saqueo de recursos naturales . Con el pretexto de reestablecer la diplomacia entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, el gobierno de Carlos Menem y con Domingo Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores, se firmaron, a comienzos de 1990, los Acuerdos de Madrid sobre cuestiones militares, económicas y políticas, ratificados por el Congreso de la Nación por medio de la Ley 24.184. Analistas sobre el tema han señalado que “permitieron el sometimiento y el control de las Fuerzas Armadas argentinas, y de nuestros espacios marítimos y aéreos. Empresas y servicios públicos, que formaban parte de los activos estatales argentinos, fueron liquidados y adquiridos por el capital británico, como así también recursos naturales”. Desde Londres justifican el andamiaje militar en el Atlántico Sur con la cantinela de la defensa de la protección de los habitantes de las islas. La revista digital Forces Network, en 2017, en un artículo titulado “¿Dónde están nuestras Fuerzas Armadas esta Navidad?”, daba cuenta de que de los “más de 5 mil marines, soldados, aviadores e infantes de marina” que eran parte de las “25 operaciones en más de 30 países”, más de un tercio de esas fuerzas estaban concentradas en dos destinos: uno de ellos era Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, con más de 1.000 militares en el archipiélago. Es decir que para el 2017, Londres tenía apostados en el Atlántico Sur la misma cantidad de soldados destinados a la lucha contra el Estado Islámico en Irak y Afganistán. Al día de la fecha los agentes del ejército británico y la Marina Real suman 1.500 en total, que entran y salen de las islas según lo estipulen las autoridades británicas. El reforzamiento de la ocupación del Atlántico Sur y de las Islas Malvinas, cuenta con el apoyo del gobierno de Milei, en tanto y en cuanto representa un activo estratégico para el imperialismo y para la OTAN en el marco de la guerra imperialista mundial. LEER MÁS: Malvinas, una base petrolera y militar de la OTAN... y del sionismo Por Patricia Urones, 07/11/2023.

La Casa Blanca ha confirmado los cambios anticipados por Donald Trump y Marc Rubio sobre la licencia de operaciones especiales (licencia 41A) para Chevron en Venezuela. La nueva normativa difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) obliga a la empresa a cesar sus operaciones en territorio venezolano el próximo 3 de abril. Habilitadas por Joe Biden a finales de 2022, las actividades podían extenderse durante 6 meses más, pero Trump ha decidido ponerle fin de inmediato. Según estimaciones bastante precisas, Chevron paga en impuestos entre 400 y 500 millones de dólares al Estado venezolano. Un ingreso anual que, junto a otras compañías europeas, roza los 3.200 millones de dólares. Chevron produce 256 mil barriles diarios, que representan un 40% de la producción diaria de Venezuela. Según Trump, el propósito es ponerles un final a las medidas “que han financiado vergonzosamente al régimen ilegítimo de Maduro” (La Nación, 26/02). Trump acusa a Maduro de no haber cumplido con la repatriación en tiempo de inmigrantes, a pesar de que Venezuela puso a disposición dos aviones de la estatal Conviasa y realizado tres viajes. Los repatriados fueron 190 desde Miami y otros 176 desde Honduras. El gobierno venezolano hizo saber a la administración Trump que suspende por tiempo indeterminado la repatriación de nuevos contingentes de migrantes en respuesta al retiro de Chevron. En un acto oficial realizado en conmemoración del 8 de marzo, Maduro aseguró que “se ha creado un problemita” que destruye las vías de comunicación abiertas con la visita del enviado especial, Richard Grenell, el pasado 31 de enero. Maduro repitió que esperaba gustoso poder repatriar a sus compatriotas “con abrazos amorosos”. Calificó a la salida de Chevron como “un negocio que ellos se pierden”. Durante enero se ha visto un rebote de la inflación y una devaluación significativa del bolívar. Las expectativas de sostener un crecimiento económico del 4% del PBI, como en 2024, se han transformado en una alarmante contracción del 2%. Corina Machado y González Urrutía, a quien Estados Unidos reconoce como presidente electo, han saludado la decisión de Trump. Pero la oposición que dirige más de un centenar de municipios y cuatro gobernaciones, ha denunciado que esta medida solo afectará al pueblo venezolano, y exige que se renueven las licencias. Hace años que la derecha se ha dividido entre quienes defienden “espacios de intervención democrática” a cambio de reconocer a Maduro y todos los poderes del poder chavista, y un sector ligado por completo a los servicios de inteligencia estadounidenses que reclaman una intervención militar extranjera. La salida de Chevron es celebrada como un puntal en dicha política. Las elecciones regionales y la crisis por el Esequibo Las elecciones regionales convocadas para este año han sido retrasadas para mayo por la ausencia de candidatos opositores, a lo que se han sumado los gobernadores y legisladores del partido Acción Democrática, al igual que en 2017 y 2021. La mayor apuesta de Maduro es lograr llevar adelante elecciones en la zona del Esequibo, una zona rica en petróleo y otros minerales que disputa con el gobierno de Guyana . La Guyana es un reducto de la colonización británica de América, un país con 800 mil habitantes que viven en la pobreza extrema. Para la petrolera Exxon Mobile es la gallina de los huevos de oro: una reserva submarina con 11.000 millones de barriles de crudo, según los estudios realizados. El PBI ha crecido a tasas astronómicas anuales del 20 por ciento. La integración de Esequibo es una reivindicación histórica de Venezuela, que han compartido todas las fuerzas políticas, incluso la izquierda desde la fundación del Partido Comunista. El nacionalismo caribeño ha sido incapaz, sin embargo, de plantear la salida a este conflicto desatado por la ocupación colonial británica , mediante una unión federativa de ambos países. Sólo la Unión Socialista de América Latina pondrá fin a las disputas de fronteras en el continente y al fin de los enclaves del imperialismo, como Malvinas o Puerto Rico. La tensión en la frontera ha escalado a niveles sin precedentes. Venezuela ha denunciado la presencia de bases y marines estadounidenses en la zona del Esequibo, algo que el gobierno de Guyana ha rechazado y pedido arbitraje de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el apoyo del gobierno estadounidense. Trump ha declarado su intención de recolonizar América Latina a como dé lugar . Ha ordenado al fondo norteamericano BlackRock a comprar las instalaciones portuarias del canal de Panamá a una empresa de Hong Kong, un territorio autónomo de China . Venezuela se ha transformado, con más fuerza que en el pasado reciente, en un terreno de guerra en el marco de una guerra imperialista mundial. LEER MÁS: Maduro acordó con Trump la repatriación de venezolanos y la paulatina salida de capitales chinos de Venezuela A cambio le renuevan la licencia a Chevron para operar en el país. Por Aldana González, 10/02/2025. Biden prorroga las licencias petroleras en Venezuela Por Jacyn, 13/01/2025.

El gobierno de Maximiliano Pullaro logró imponer en diciembre pasado la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de la Provincia. Con las encuestas en la mano, huele que es la mejor posibilidad de conseguir el derecho a la reelección del Gobernador. El proyecto de reforma fue aprobado por los dos tercios de ambas Cámaras de la Legislatura, lo que significa que ha habido un acuerdo político de los partidos de gobierno (UCR, socialismo y el PRO, entre otros) y el peronismo y la centroizquierda. La reforma ha sido vestida como “una necesidad histórica” que actualiza una Constitución de más de sesenta años y que adaptaría a Santa Fe al régimen constitucional nacional adoptado en 1994. Esta intención ya abre un velo sobre la verdad de la reforma, pues la Constitución del 94 habilita los “decretos de necesidad y urgencia” que le sirven a Milei para instaurar un régimen de gobierno personal. Maximiliano Pullaro no quiere perder la oportunidad de establecer este método de gobierno en la provincia, aunque lo ha usado ‘de facto’ desde que asumió la gobernación. Con ese fin, pactó con el pejotista Perotti la designación de tres nuevos jueces de la Corte, quienes tendrán la última palabra en la interpretación de la “nueva constitución”. La propuesta de que los legisladores se limiten a una reelección no cambia la naturaleza reaccionaria de la reforma. Con el intermedio de un periodo, toda la llamada casta puede volver a ejercer una representación remunerada sin el derecho de revocatoria por parte del electorado. Peor aún, se propone derogar la inmunidad política de los legisladores, al servicio de eliminar a la auténtica oposición política. La inmunidad parlamentaria fue establecida luego de grandes luchas de los partidos socialistas en el siglo XIX. Mayor atención tiene que llamar el intento de regular el derecho de reunión, un verdadero “protocolo antipiquetes” con raigambre constitucional. La “modernización y la adaptación” que se esgrimen para justificar la reforma son meros pretextos. El listado de propósitos aprobados por la Legislatura dice algo muy diferente. Para entender los objetivos de la reforma hay que ponerlas en un contexto histórico y político, que en este caso es el ajuste violento de Milei contra trabajadores y jubilados, y contra los derechos sociales y a favor del privilegio de los acreedores de la deuda pública. Es el contexto del rearme militar y guerra imperialista en que están comprometidos Trump, la Unión Europea, Putin, China y varios poderes capitalistas más. Es el contexto de la decadencia capitalista y de la fascistización de sus fuerzas políticas. Ahora mismo, en Estados Unidos, Elon Musk está en una guerra abierta contra los derechos sociales y políticos de los trabajadores norteamericanos, incluidos derechos históricos a la atención médica y a la salud. Que el kirchnerismo avance con Pullaro en esta reforma tampoco debería sorprender, porque Kicillof aplica su propio ajuste en la provincia de Buenos Aires y ha declarado ilegal la recientes huelga de las seccionales docentes de SUTEBA. Con la reforma en el bolsillo, el gobernador se ha sincerado: el ajuste fiscal, proclamó, será una norma constitucional. Habla de establecer en la Constitución el “equilibrio fiscal” a sabiendas que ese objetivo no se aplica a los capitalistas y a los ricos, sino que es una contraseña contra el salario, contra el derecho a la educación y la salud, y el empleo. Ahora mismo Pullaro ha negociado un préstamo de Arabia Saudita, con el aval de Caputo, para financiar a grandes constructoras, sin que la deuda pase por las cuentas del Tesoro santafesino, mediante un fondo especial extrapresupuestario. Pullaro tiene toda la intención de violar el “equilibrio fiscal” con fondos paralelos, mientras lo usará para imponer el congelamiento de los ingresos populares y los despidos de personal ‘superfluo’. La garantía fiscal no viene acompañada de la garantía al trabajo, al salario mínimo que cubra una canasta familiar ni a una jubilación del 82 por ciento. Es una Constitución “garantista” para los patrones y arbitraria para los trabajadores. Los trabajadores debemos repudiar esta reforma, que no es más que la generalización de la reforma previsional provincial ya impuesta por Pullaro, que corta derechos irrenunciables de los trabajadores del Estado. El tope fiscal de Pullaro ordena toda la economía de la provincia en perjuicio de la clase obrera y los trabajadores. Pero hay mucho más en el paquete, porque se anuncia poner la “ficha limpia” en la Constitución. Esto significa privar de los derechos políticos a quienes no han recibido una condena definitiva (solo parcial) en sede judicial. En una provincia donde el entrelazamiento entre la Policía, la Justicia y el poder político es manifiesto, la “ficha limpia” es un arma de proscripción del adversario político. Pullaro, como se ve, no quiere ‘actualizar’ la Constitución del 62 sino constitucionalizar normas de un régimen político de excepción. En un compendio de las declaraciones de prensa del gobernador y de los políticos que reclaman esta reforma, aparecen cosas graves. La militarización de los barrios, por ejemplo; un régimen carcelario de castigos y no de reconstrucción personal. En la reforma han metido mano no solamente Patricia Bullrich sino Bukele, quien ha convertido a El Salvador en una gran cárcel. Pullaro hace abstracción de la complicidad del poder con el narco. Hace abstracción de la Hidrovía como canal de la droga; de los puertos privados. Pullaro y los partidos que lo acompañan se ‘olvidan’ del juego, una gran caja fuera de control, que habilita el blanqueo de dinero en gran escala. Ninguna casa de juegos se ha pronunciado contra la reforma; para los que envenenan a la juventud, la reforma constitucional es ‘indolora. Pero no hay una verdadera autonomía política para los municipios, como pretenden los partidos de este régimen, cuando los puertos de esas ciudades están manejados por los cómplices de los traficantes o los mismos traficantes. La militarización es siempre un arma contra las libertades y la democracia. El nido de la inseguridad ciudadana es el régimen político y social. “No habrá una Constitución garantista”, proclamó el ‘proge’ Pullaro, sin siquiera advertir la traición de su subconsciente. La Constitución como tal es, históricamente, sinónimo de garantías; Pullaro quiere inscribir en ella el Código Penal agravado. Una versión dice que propondría que se establezca que el Jefe de Policía, como ocurre con jueces, sea designado por la Legislatura, a propuesta del Ejecutivo. Sería un Cuarto Poder. Este es el proyecto que impulsan los dos tercios de la Legislatura, con disidencias menores. El Estado seguirá siendo “neutral” en materia religiosa, lo cual no quiere decir que se supriman los subsidios a la Iglesia y las escuelas confesionales. Los “40 puntos” a reformar abundan en garantías a los capitalistas y su poder despótico. Nada aportan a los trabajadores. Por último, recogiendo la peor tradición nacional se establece un piso electoral, para los partidos legalmente reconocidos, como el nuestro Política Obrera, del 2.5% sobre el padrón electoral. Con una concurrencia del 70%, este porcentaje se convierte en un 4% sobre el total de votantes. El piso es un peaje dolarizado de esta ‘democracia’. Nuestro partido, Política Obrera, lanza con esta declaración una campaña política de clarificación, con el propósito de organizar un gran partido de la clase obrera, que nos prepare a los trabajadores, para conquistar nuestro propio gobierno.

El debate nacional sobre la crisis de inseguridad, asesinatos, femicidios y desaparición de personas, se encuentra totalmente falseado. Mientras en Salta el aparato del Estado está infiltrado por todos los poros por el negocio del narcotráfico, con la complicidad de jueces y fiscales, el poder político y las fuerzas de seguridad, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, quiere que creamos que él y sus funcionarios, y Bullrich, podrán ofrecer una solución. El consumo de estupefacientes y alcohol entre los jóvenes y la población se ha propagado en los últimos años como un alud, según los especialistas. A la par, el gobierno de Milei favorece el narcotráfico, la trata de personas y la delincuencia económica, mediante el blanqueo de capitales y criptoestafas en beneficio personal y el desarrollo descomunal del juego de azar y apuestas sobre todo lo que se mueva. El beneficio económico del capital se entrelaza cada vez más con el ejercicio parasitario de la economía y, como cualquiera puede ver, la guerra y los gastos armamentistas En el otro lado del escenario crecen la pobreza y deserción escolar, y disminuyen las posibilidades de un empleo digno, protegidos por el derecho laboral; los salarios no cubren la canasta familiar o incluso básica. Las escuelas no cuentan con gabinetes psicopedagógicos ni existe acceso al sistema de salud pública, psicológico y general. Milei ha ordenado que se pase la motosierra a estas atenciones fundamentales, pero no a la infame deuda pública financiera. Los jóvenes abandonan el secundario para trabajar, y cuando lo obtienen, uno de cada dos lo hace de manera precaria. En los barrios las familias viven hacinadas, con dos y hasta tres familias en una misma vivienda. Los alquileres son inviables; los requisitos para el ingreso son excluyentes. Los planes que habilitó Sáenz, cubren la necesidad de vivienda una ínfima porción de la población– la que tiene ingresos superiores a los tres millones mensuales. La solución de Sáenz es militarizar la frontera y las barriadas con el "Plan Güemes", bajar la edad de imputabilidad para los jóvenes y endurecer penas. Es una política para encubrir su responsabilidad directa por la inseguridad ciudadana, que es resultado del enriquecimiento ilimitado un puñado de ricachones y del empobrecimiento de la masa de los pueblos. Las ‘razzias’ de la policía en los barrios, el "gatillo fácil", los asesinatos como el de Lucas Mercado, en las puertas del Hospital Ragone, cuando pedía ayuda, exponen la naturaleza criminal de la política oficial. Construir una ciudad carcelaria y combatir la lucha por un mundo de igualdad y libertad. Las zonas que se ‘liberan’ para robos y el paso y comercialización de droga viene desde las comisarías, y de la conexión de las fuerzas de seguridad con la delincuencia organizada. La represión está puesta contra el delito individual, no del delito organizado que respaldan poderosas organizaciones capitalistas. Para salir de esta situación es necesario un gobierno de trabajadores, no de aprovechadores. Un gobierno de trabajadores garantizará trabajo genuino e ingresos adecuados a la población trabajadora. Apoyará la educación desde la cuna hasta la tumba y alfabetizará a la población sin adecuada formación escolar. Atenderá prioritariamente a los barrios, con luz, pavimento y servicios básicos, y la reforma y construcción de viviendas. En cuanto al combate al delito organizado, ordenará la apertura de las cuentas de bancos y compañías, anulará el secreto comercial y financiero, investigará la deuda pública financiera y las conexiones bancarias y empresariales que la promovieron. En cuanto a la complicidad del Estado capitalista con el delito y la inseguridad ciudadana, pondrá a todo el Poder Judicial en comisión, como paso previo a la elección popular de jueces y fiscales. Pondrá a votación un nuevo Código Penal y de Procedimientos, para combatir la impunidad de los grandes capitalistas y el hacinamiento en las cárceles de un contingente enorme sin proceso. No bajará la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que la subirá a los 18 años. La condena penal no debe ser un castigo sino para reintegrar a los condenados a una vida social igualitaria y libre. Establecerá el derecho a la revocación de los cargos públicos, electos y no electos, por medio del voto. En cuanto a la seguridad y libertad ciudadana, reemplazará a las llamadas fuerzas de seguridad por organizaciones responsables ante sus distritos y jurisdicciones. A nivel nacional establecerá un directorio electo por los representantes del pueblo, con derecho a la revocación. Expulsará del país a los servicios de espionaje de los Estados imperialistas. Ante la ofensiva desatada por las patronales contra los trabajadores, planteamos: -Reparto de las horas de trabajo, público y privado, sin afectar el salario. -Acceso pleno a la salud pública, reequipamiento de salitas y hospitales, pase a planta de los trabajadores tercerizados y monotributistas, salario inicial igual al costo de la canasta familiar. Política Obrera

El pasado sábado 8 de marzo se llevó adelante en Catamarca una multitudinaria movilización conmemorando el día internacional de la mujer trabajadora. La movilización se impulsó desde la asamblea antifascista y antirracista, como continuidad de la masiva movilización del 1F. La movilización se convocó en la plaza La Alameda y recorrió las calles del centro hasta llegar a plaza principal. Al cierre de la movilización se realizaron intervenciones, turnándose en la palabra diferentes compañeras. Se destacaron las denuncias de casos de abusos, causas estancadas en el Poder Judicial por las interminables dilaciones en los casos. También se hicieron presentes docentes autoconvocadas, que denunciaron al gobierno provincial como responsable del vaciamiento en la educación, los salarios miserables, la desocupación de la docencia y las amenazas de cierres de cursos. En el mismo sentido, estudiantes secundarias intervinieron para señalar la necesidad de promover la salud mental en las escuelas, ante los constantes problemas en los estudiantes, que en muchos casos están relacionados con las denuncias de abusos. Desde Política Obrera intervenimos destacando la continuidad de la movilización del pasado 1 de febrero y la necesidad de seguir por este camino impulsando la organización independiente, por medio de autoconvocatorias y sobre esa base preparar masivas movilizaciones.

Un rompecabezas sin una pieza, sigue formando una imagen. Pero es la pieza que falta lo que más resalta al observar. Eso es gran parte del sentido, lo que transmite, representa “Aún estoy aquí” (“Ainda estou aquí”, en su idioma original), película ganadora del Oscar a la mejor película internacional, superando en las nominaciones a “Emilia Pérez”, de Francia; “Flow,” de Letonia; “Pigen med nålen” (“La chica de la aguja”) de Dinamarca; y “The Seed of the Sacred Fig” (“La semilla de la higuera sagrada”) de Alemania. “Aún estoy aquí” fue dirigida por Walter Salles, uno de los cineastas más célebres del Brasil (entre sus películas más destacadas, se encuentran “Estación Central” y “Diarios de motocicleta”) y protagonizada por Fernanda Torres, la hija de una de las mayores estrellas del país, Fernanda Montenegro, quien interpreta al mismo personaje en su vejez. “Aún estoy aquí” se basa en la novela autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva, publicada en 2015, cuyo padre, el diputado por el Partido Laborista Brasileño (PTB), electo en 1962, Rubens Paiva, fue una de las 20.000 personas torturadas durante la dictadura militar de 1964-1985, el golpe militar probablemente más importante de la historia golpista en América Latina y que representó potencialmente las condiciones de una situación revolucionaria . La película se divide en cuatro bloques. Al principio describe a la familia Paiva intentando vivir de la manera más normal posible bajo la dictadura, con más militares de los caben por metro cuadrado desplegándose por las calles. Luego salta a los episodios que les cambió la vida -el secuestro del padre- a partir del 20 de enero de 1971 y los días posteriores, a la reacción y búsqueda de explicaciones por lo sucedido, y finalmente a la posterior resolución de los hechos veinticinco años más tarde y aún después. Dolorosa, cruda, fuerte, explícita, hasta cierto punto lo es y sin embargo su enfoque es totalmente lo contrario. Y es desde esa perspectiva, que el filme brilla con singularidad, particularmente por el aclamado trabajo de Fernanda Torres que pasa de ser una reposada y sosegada mujer, que se baña en el mar a un vendaval difícil de detener. Su actuación está llena de matices, que van desde el sentimiento del dolor al de la felicidad con la que intenta sostener a su familia, aun frente a la desaparición, a las desapariciones. Dicho acto atroz es el catalizador narrativo, pero no necesariamente el tema central. Esto se ve reflejado en la primera parte del relato, o al menos hasta que ocurre el crimen. En primer plano está la familia. Nos hablan de sus miembros, nos llevan a simpatizar con ellos. Incluso invitándonos a su propia casa. Y en el fondo, está el tema de la bomba de tiempo de la dictadura, de la cual “escuchamos a lo lejos su temporizador”, lentamente consumiéndolo todo, a cada segundo. Esto se advierte, por ejemplo, en una escena que captura una foto familiar, en la playa durante un día soleado con toda la familia sonriendo... excepto por la madre, cuya mirada nos indica que algo está mal. Ella no sonríe, no ve a la cámara, y nos damos cuenta, posteriormente, que está mirando a los camiones militares que pasan sin cesar, armados hasta los dientes, a la par que se disfruta un hermoso día de playa. Corresponde entender que hay una cuota de compromiso personal del director Salles con su material: en su niñez y juventud mantuvo una relación personal con la familia Paiva, y en alguna declaración periodística dijo que sentía como un deber de justicia llevar este testimonio a la pantalla. Por su parte, el alcalde de Río, Eduardo Paes, anunció que su gobierno comprará la casa donde se filmó la película en la exclusiva región de Urca, con un precio actual de 20 millones de reales brasileños (3,35 millones de dólares) para que pueda transformarse en un museo de cine y los festejos por el Oscar alcanzado desbordaron a todo Brasil, incluyendo a ciudades como Brasilia, ciudad donde los militares tuvieron injerencia en el impulso dado al golpe trumpista de Bolsonaro hace solo dos años . La película utiliza la peripecia personal de la familia Paiva para sintetizar medio siglo de la historia de Brasil, en dictadura y después. El tránsito del relato, de la alegría al drama, al desconcierto, a la búsqueda de la verdad, a la lucha por los derechos humanos, al reconocimiento del horror y a la entereza para seguir adelante no dejó indiferente a casi nadie. Premio en Venecia a mejor guion, Globo de Oro a mejor actriz (Torres), Goya a mejor película iberoamericana, el Oscar obtenido, contrastan con la abstención política que Lula produjo al marginarse siquiera de mencionar al golpe en su aniversario 60, al pedir que la ‘disputa’ quede en el pasado, en una fecha tan sensible, siendo de esa manera el vuelto que le dio al alto mando militar . En el filme, el suspenso es un género que también participa, donde la intriga y el miedo se hacen visibles e incluso a partir de lo auditivo. De hecho, la película destaca no solo por su guion y sus interpretaciones, sino también por su elección musical, que, en varias escenas, dialoga directamente con los discursos de los personajes. Como gran parte de la trama se sitúa en los años 1970, las canciones de la música popular brasileña (MPB) y del movimiento Tropicália fueron seleccionadas con sumo cuidado para componer el tono de las escenas y transportar al espectador al contexto histórico de la época. Hay una razón por la que la película está basada en el libro de Marcelo Rubens Paiva y no de los hechos en sí. Esto se debe a que es su perspectiva, desde el niño que sufrió en carne propia la desaparición de su padre a manos de los aparatos represivos del Estado, hasta palpar en primera persona no solo el modo en que su madre elevó los cimientos de la lucha por la verdad y la justicia, si no también cómo era ella hasta en las fibras más íntimas de su ser. Tal es así, que Fernanda Torres contó que el director Salles cortó todas sus escenas de llantos en el filme y esto se podría deber a que Marcelo Rubens Paiva dijo en su momento que su madre Eunice nunca lloró en frente de su familia y era contenida en sus emociones. La manera en cómo se cuenta esta historia no nos sumerge en la miseria de una desaparición, sino que incita a mantener la felicidad, pese a tenerlo todo en contra. Esto se ve fuertemente en una escena en la que unos fotógrafos van a tomar un retrato de la familia y le piden a la madre que no sonrían. Ella responde, dirigiéndose a su familia que no, que sostengan su expresión y sonrían. Como si se tratar de aprovechar al máximo cada instante de alegría que se encuentre, por más fugaz que resulte. Como si se tratara de evitar que les arrebaten lo único que puede florecer, después de semejante crimen y afrenta. En ese sentido, el título de la película contiene una fuerte carga significativa, ya que ese buen padre y amado esposo ya no está, pero Eunice sigue ahí. De frente, con el desafío salir adelante, siempre. Es la presencia de una lucha. De la lucha de una clase, aún emanando por los poros de su sentido más humano, de pervivir y persistir, enfrentando toda explotación y opresión.

La extraordinaria movilización popular en ayuda a los afectados por la inundación de Bahía Blanca contrasta con la indefensión premeditada del Estado, los gobiernos y el gran capital frente al desastre. La ayuda de elementos de abrigo o alimentos es reunida por voluntarios, a través de decenas de miles de pequeñas donaciones. A ningún gobierno se le ha ocurrido imponerles un aporte compulsivo de colchones, artículos de limpieza o alimentos a los monopolios industriales que los producen. Una sola información retrata las condiciones de la ayuda y -a la vez- las causas de fondo del desastre: el tren solidario que salió de Buenos Aires con pertrechos demorará más de un día en llegar a las inmediaciones de Bahía, el doble de tiempo que hubiera tardado… en 1940. La inundación ha desnudado un extraordinario proceso de liquidación de fuerzas productivas y de capital fijo que todos los gobiernos, sin excepción, han perpetrado, para que el presupuesto nacional asegure el pago de la deuda pública. Lo que restó para inversión “pública” ha financiado las obras requeridas por el agronegocio o la gran industria, pero nunca para mejorar la vida de sus obreros. Bahía Blanca es, junto al cordón de San Lorenzo, el enclave industrial y agrario más poderoso del país. Allí se radican las plantas compresoras que procesan el gas de Vaca Muerta, el polo petroquímico y el puerto de Ingeniero White. Pero los barrios donde habitan sus trabajadores fueron arrasados por el agua, carentes de infraestructura y de elementales obras de defensa. La “planificación urbana” de los Estados capitalistas organiza las necesidades de la especulación inmobiliaria, pero deja a los improvisados distritos obreros librados a su suerte. La emergencia ha sacado a la luz la negativa conciente de los gobiernos de turno a prevenir un desastre largamente anunciado por técnicos y especialistas. Un estudio de la UNS y Conicet, del año 2012, advertía sobre el riesgo hídrico planteado por el desborde del canal Maldonado y el Arroyo Napostá, como resultado del crecimiento urbano y de las obras inconclusas. Esas advertencias fueron regularmente desoídas, porque afectaban intereses capitalistas: es que la contaminación de ese último arroyo está relacionada con el manejo inescrupuloso de los desechos de la actividad ganadera, cuyos propietarios jamás pagaron las costas de ese daño ambiental. Ningún gobierno atendió, tampoco, a las advertencias de fuertes desastres en centros urbanos del Atlántico Sur, relacionados con el cambio climático –Porto Alegre, La Plata, y la propia Bahía Blanca en 2023. Motosierra La reconstrucción de Bahía Blanca después del desastre ha sido calculada en 400 millones de dólares. Pero el gobierno liberticida, a través de Luis Caputo, apenas anunció el envío de 10 millones, el 2,5% de los fondos necesarios. Solamente la reposición del destruido Hospital Penna representa el doble de la “ayuda” nacional. ¿Se tratará de un primer aporte de fondos? De ninguna manera. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, ha sido muy claro al señalar que “la reconstrucción (de Bahía) es un tema del municipio y de la provincia”. De este modo, le puso un candado al Tesoro Nacional en relación al desastre de la ciudad sureña. La declaración de Caputo tuvo lugar el mismo día en que el gobierno publicaba su DNU en relación a un acuerdo con el FMI que aún no consiguió cerrar. Las palabras de Francos fueron dirigidas a los oídos de los acreedores internacionales, con un mensaje claro: no hay catástrofe que aparte al gobierno liberticida de su objetivo primordial –garantizar el pago de la deuda pública usuraria. Milei se ha vanagloriado por la desaparición de la obra pública, a la que denunció como “fuente de corrupción”. Pero la pretensión del “libertario” es reemplazarla por otra corruptela mayor, la participación público-privada, dirigida a hacer de las obras un nuevo factor de endeudamiento y tarifazos. Naturalmente, ningún emprendimiento “público-privado” se ocupará de reponer o renovar la condición de los barrios de trabajadores. Las cifras del daño contemplan la destrucción de la infraestructura de la ciudad. Pero de ninguna manera toman en cuenta las pertenencias arruinadas de miles de hogares. En este punto, Patricia Bullrich ha explicado en qué consistirá la “ayuda” oficial: líneas de financiamiento y “créditos blandos”. A los vecinos hundidos en el agua, la ministra del protocolo antipiquetes les ha propuesto hundirse en un mar de deudas. Antes de que formulara esa “propuesta” cínica, la población bahiense abucheó a Bullrich y al ministro Petri cuando llegaron a Bahía ´para la foto´, el sábado pasado. En estas horas, se han multiplicado las iniciativas de ayuda a los afectados. En Bahía, el descenso de las aguas multiplica los reclamos de la población afectada. La lucha planteada es que el capital y el Estado, responsables del desastre, afronten integralmente las costas de la población afectada. Que el Estado reponga la pérdida sufrida por las familias trabajadoras, sin que ello comporte deuda alguna; que se reintegren los salarios perdidos; urgente plan de reconstrucción bajo control de las organizaciones obreras y vecinales; para ello, desconocimiento de la deuda pública provincial y nacional; impuesto extraordinario al gran capital agropecuario, gasífero y petroquímico radicado en la zona; empadronamiento de los desocupados, con salario y convenio, para participar en el cúmulo de tareas planteadas. Las catástrofes sociales en las zonas más ricas del país retratan al polo de riqueza y al polo de miseria que deja a su paso la organización social capitalista. Un gobierno de trabajadores emprendería con toda energía las obras de reparación y prevención, a expensas del capital, y aseguraría el equilibrio entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el medio ambiente. LEER MÁS: Bahía Blanca: crónica de una inundación anunciada Cómo superamos las peleas de los de arriba y damos una salida en beneficio de los trabajadores. Por Patricia Urones, 11/03/2025.

Del 21 al 25 de abril se desarrollarán las elecciones para renovar la Mesa Ejecutiva y las comisiones directivas de la Asociación Gremial Docente de la UBA. En ese marco, presentamos la lista “Sociales en lucha” para la CD de la Facultad de Ciencias Sociales, formada por un conjunto de docentes y activistas, algunos integrantes de Política Obrera y otros independientes. En esta Facultad, también se presentan otras dos listas: “Unidad Docente” (la actual conducción, a cargo de la Agrupación Naranja junto a otros sectores del FITU) y “Sociales en común” (Lista Violeta). Las elecciones tendrán lugar en medio del brutal ataque al sistema universitario y científico públicos que está llevando adelante el gobierno, que busca desguazarlo y reconfigurarlo en vistas a su creciente privatización. El recorte presupuestario y salarial han sido las vías privilegiadas para ello, que se pretende profundizar en 2025. Con un presupuesto prorrogado por decreto por segundo año consecutivo, se hará un manejo discrecional de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales. También se agravará el derrumbe estrepitoso que han sufrido los ingresos de docentes y no-docentes, así como de los jubilados universitarios. Las elecciones ocurrirán luego de la experiencia de lucha del año pasado que, por un lado, puso de manifiesto la gran capacidad de convocatoria y movilización del movimiento universitario y, por otro lado, el papel que jugaron los rectores (radicales y peronistas) y el frente de sindicatos universitarios que, en distintos momentos del proceso, buscaron desactivar el conflicto, desviarlo hacia el Parlamento y, finalmente, levantarlo luego de la irrupción de las tomas y asambleas estudiantiles. Este año, el movimiento universitario tiene el desafío de superar ese tipo de maniobras de los partidos “opositores” y los aparatos sindicales burocratizados que colaboran, más o menos abiertamente, con el gobierno. Indudablemente, la docencia nucleada en AGD tuvo un papel activo en la lucha del año pasado, que nutrió las asambleas, las marchas, los cortes, las clases públicas, los paros, entre otras actividades. Pero este reconocimiento no impide un balance crítico de la orientación promovida por la actual conducción del gremio (Naranja-Partido Obrero). De modo general, y salvo algunas excepciones (como la jornada de clases públicas en Plaza de Mayo), primó una adaptación a las medidas acordadas por el frente sindical (incluido el apoyo parlamentario a la ley de financiamiento) y una falta de iniciativas y acciones propias para impulsar los reclamos, además de la insistencia reiterada en reclamar un plan de lucha a la CGT (cuando todo el mundo sabe que es una vía muerta). Esto contrasta con la trayectoria histórica de la gremial, particularmente en la Facultad de Sociales, que siempre tuvo un protagonismo destacado en los procesos de lucha, tanto dentro como fuera de la universidad. Pero en un contexto como el actual, marcado por una agitación fascista del gobierno y un ataque de conjunto, no sólo contra la universidad, sino contra los derechos y conquistas de los trabajadores y oprimidos, se necesitan iniciativas audaces, vigorosas, que impulsen la deliberación, la participación, la organización y la movilización colectivas. Por este motivo, decidimos conformar la lista “Sociales en lucha”, que se propone ser un factor de impulso en esa dirección. Apostamos a la organización independiente, clasista y movilizada de los docentes e investigadores universitarios, en unidad con los estudiantes, los no-docentes y los demás niveles de enseñanza, en defensa de la educación y del sistema científico públicos. En 2025, el movimiento universitario tiene que volver a salir a las calles y profundizar el camino de lucha del año pasado, con el horizonte de la huelga general, las autoconvocatorias y la coordinación de los reclamos. Impulsemos asambleas y reuniones interclaustros para debatir y resolver medidas para exigir el aumento presupuestario y salarial, el salario para los ad-honorem, las becas estudiantiles, los programas de investigación, el boleto educativo y todos los reclamos pendientes. Promovamos la acción mancomunada con otros sectores en lucha, para conquistar nuestras reivindicaciones y terminar con la prepotencia de quienes nos gobiernan.

La ofensiva contra la educación pública está encabezada sin dudas por la liquidación del salario docente en todo el país. En forma complementaria, el gobierno nacional retiró su mínimo aporte comprendido por el ‘Incentivo Docente’ mientras las provincias rebajan el salario progresivamente. Esto es lo que se ha puesto en evidencia ante una reciente convocatoria de parte de Milei a una “Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado”, de la cual participan representantes del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación (CFE) – es decir, de los gobernadores. La propuesta fue establecer un piso nacional de $500.000, una verdadera burla a toda la educación pública. Mientras esta secuencia se llevaba a cabo, en las provincias los topes de actualización ofrecidos e impuestos oscilan entre el 1% y 2% de recomposición mensual. Según un informe de la Secretaría de Educación de la Nación, para diciembre de 2024 el sueldo bruto de un maestro de grado con 10 años de antigüedad fue en promedio de $857.179. Según un informe difundido por los sindicatos docentes de la CGT, el salario docente mínimo nacional y promedio es de unos miserables $626.388 actualmente. El salario docente ha sido desfigurado, provincia por provincia, como resultado de la provincialización de la educación durante el menemismo. Por esta razón, a modo de ejemplo, en el norte el 30% del salario docente es no remunerativo mientras que en el centro es el 18% y en el sur, el 14%. El desfinanciamiento generalizado de la educación expresa la responsabilidad irrevocable de la clase capitalista y sus partidos en la gran crisis educativa en curso, para ofrecer un terreno favorable al desarrollo de la educación privada. Los sindicatos docentes nacionales rechazaron el ofrecimiento de la paritaria nacional. Sin embargo, nunca presentaron qué salario pretenden; mientras tanto, sus filiales provinciales firman paritarias a la baja, sin mandato de las bases. CTERA y CGT convocaron a un paro aislado, para echar lastre, el 24 de febrero. La CGT poco después levantó un paro nacional que había convocado para el 5 de marzo, sin haber conseguido compromiso alguno y a la espera de una nueva reunión. Esta burocracia sindical es un engranaje clave del desguace salarial. El rechazo a las rebajas salariales se expresa sistemáticamente con el resurgir de luchas docentes en las provincias. Ahora mismo, en Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y en Buenos Aires se desarrollan paros docentes por mejoras salariales. En ningún caso estas luchas han sido inspiradas por la burocracia sindical de la CTERA o de la CGT. Son las bases que motorizan la lucha, con enormes dificultades, luchando contra las acciones burocráticas de las conducciones sindicales o directamente poniendo en pie autoconvocatorias. Esto último se manifestó notablemente en Misiones, Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires. En este cuadro, nuestra corriente lanza una campaña por pronunciamientos masivos en las escuelas para reclamar un salario mínimo docente en todo el país de $1.600.000, por un cargo, todo al básico y con ajuste automático por inflación. Este es el monto calculado por la comisión interna de ATE INDEC, valiéndose de los datos del propio organismo sobre el costo de vida según la evolución de los precios. Debe ser por un solo cargo, porque la única manera de comenzar a mejorar la calidad educativa es reduciendo la sobrecarga laboral. La reivindicación salarial, junto a otras determinadas por la docencia, deben dar paso a acciones de lucha o a su continuidad. Proponemos una autoconvocatoria del activismo docente, incluyendo sindicatos y seccionales independientes de la burocracia sindical para motorizarlas. En este camino, unir fuerzas con la docencia universitaria que irá a un paro nacional el proximo 17 y 18 de marzo.

Las inundaciones en Bahía Blanca han captado la atención de todos los trabajadores. Es que el nivel de destrucción y daños que dejó el torrente de agua, que todavía yace estancada en varios barrios y localidades del distrito, es el más nocivo desde hace por lo menos 12 años, cuando las inundaciones de 2013 azotaron el AMBA y la ciudad de La Plata. En Bahía, todavía hay más de 500 evacuados y se registran, hasta ahora, 16 fallecidos y 100 desaparecidos. En las últimas horas ha circulado profusamente por los medios de comunicación “opositores” algo harto conocido: que las inundaciones pudieron ser evitadas. Es que hace varias décadas ya que profesionales y científicos vienen alertando acerca de la necesidad de realizar obras pluviales y de contención de agua. Bahía Blanca tiene serios antecedentes de inundaciones, que llevan más de un siglo. Esto ha dado lugar a investigaciones al respecto como la del Conicet, de la geógrafa Paula Zapperi, muy citada en estos días. Allí, en base al análisis de mapas de la ciudad, y de las planificaciones urbanas del municipio a lo largo de varios años, se concluye que las características topográficas naturales, la saturación de los desagües pluviales y las modificaciones provocadas por el crecimiento urbano, son las causas fundamentales del aislamiento de distintos sectores de la ciudad e, incluso, de su evacuación, durante los fenómenos meteorológicos de lluvias torrenciales. Bahía Blanca se encuentra en la base del desagüe del Arroyo Napostá y del canal Maldonado, cuya naciente se encuentra en el sistema de la Ventania. Según este estudio, un trabajo serio y coherente, implica la liberación de zonas naturales de inundación, lo que significa la relocalización de barrios enteros. pero este no es el único alerta. Otros medios mencionaron que es un consenso académico, que incluye a la UNS y la UTN, la idea de que son necesarias obras hidráulicas de relevancia para contener este tipo de eventos excepcionales. Desde la década de 1980, varios ingenieros han alertado al municipio acerca del peligro de que un evento con caída de grandes cantidades de agua podría derivar en un desastre. En estos casos, se ha propuesto un dique de contención en Puente Canessa, que retenga el excedente de agua. Otros han hablado de medidas menos onerosas, como la remoción de las líneas ferroviarias que limitan el cauce del Arroyo Napostá. Lo que todo esto deja claro, es que la posibilidad de un evento meteorológico con grandes caídas de agua que transformen a la ciudad en una trampa mortal, ya han estado presentes en la cabeza de los bahienses hace mucho tiempo y que las alternativas de solución estuvieron largamente propuestas al municipio, por lo menos, desde hace 40 años. No sólo el conocimiento científico-técnico ya estaba largamente disponible. El Estado provincial hace largos años que viene trabajando lo que se llama “riesgo hídrico”. La Autoridad del Agua, organismo dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, hace mucho tiempo ha confeccionado lo que llama un “mapa de pendientes”. Ese mapa contiene una paleta de colores que va del verde al rojo para indicar los diferentes riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos asociados a las lluvias. La región de Bahía Blanca aparece pintada de color rojo, lo que indica que es una zona de riesgo por “flujos de tipo torrencial”. Este tipo de lluvias abundantes no son “imposibles” como dijo el gobernador Kicillof, aunque se cuidó de usar, para matizar este adjetivo, la palabra “estadísticamente”. Esto porque la ciudad se encuentra en medio de dos masas de aire -las cálidas provenientes del ecuador, y las frías provenientes de La Antártida. Es por este motivo, y por otra constante en la ciudad, que es la falta de agua, que en 2001 se conformó la Autoridad de la Cuenca del Sauce Grande, que tenía como objetivo reunir a los municipios que fueran atravesados por la misma para “gestionar” los problemas de la cuenca. Que este organismo nunca funcionó, lo prueba un pedido de informes hecho por la Coalición Cívica a la Cámara de diputados de la provincia en 2013, en ocasión del año de las inundaciones. Este pedido intimaba a la provincia a dar muestras de que estuviera operativo. El año pasado la “Autoridad de la Cuenca” se reactivó y se designó como su presidente al flamante intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles. La reactivación, que se produjo seis meses después del desastre de diciembre de 2023, nunca ponderó la puesta en marcha de las obras pluviales; “nunca pensamos que esto iba a pasar, porque a Bahía le falta agua, no le sobra”, decía el gobernador en una extendida entrevista el sábado por la noche en C5N. El intendente, según lo transmitido por los medios, en aquella ocasión, tampoco tuvo como norte la exigencia de esas obras. Cuando Kicillof habló de imposibilidad, dió la razón a los temores de varios bahienses, cuando sospechaban que las obras nunca se harían porque tenían como objetivo prevenir un evento meteorológico excepcional: “no vamos a gastar una millonada en algo que tal vez nunca pase”... Así piensan los gobiernos del capital. Todo esto significa que, a lo largo de cuarenta años, y habiendo gobernado la provincia todos los partidos patronales, ninguno de ellos hizo nada para avanzar en la solución concreta del replanteamiento de las obras pluviales y/o de la ciudad. Es decir, el Estado, no hizo nada para evitar este desastre. ¿Quién paga los platos rotos? En una conferencia dada el domingo, el intendente Susbielles puso un piso de cuatrocientos millones de dólares a la estimación de daños de la ciudad. Aunque el agua todavía no bajó, el municipio ha enumerado una larga lista de infraestructura dañada o destruida totalmente, como por ejemplo la destrucción total del Canal Maldonado, la rotura de caños de gas, infraestructura del servicio de electricidad, aguas y caminos y de la infraestructura sanitaria, totalmente diezmada. Se estima que el 70% de la población ha sufrido daños, que consisten en la pérdida total o parcial de viviendas, vehículos y pertenencias de uso cotidiano. Todavía hay localidades como Ingeniero White o Cerri en las que aún no ha bajado el agua. Es conocido también el alto nivel de contaminación de los arroyos y canales como consecuencia de la actividad de la industria química. Las consecuencias del contacto de la población con estos fluidos aún están por verse. Esto requerirá un monitoreo exhaustivo del estado de salud de los vecinos. Aún no se ha dicho si la infraestructura industrial fue dañada también. Anticipándose al anuncio de este monto aproximado de reparación de daños, en la noche del sábado, en una extendida entrevista en C5N, el gobernador Kicillof reclamó al gobierno nacional que “ayude” y se refirió a los fondos ATN (Asistencia del Tesoro Nacional), que se forman con la retención de un porcentaje de la coparticipación de cada provincia para ser utilizado en caso de problemas presupuestarios o emergencias de las mismas. El gobernador habló de un fondo acumulado de 900.000 millones de pesos, que plantea que la nación “no les puede negar”. El gobierno viene negando fondos a las provincias desde sus inicios. Lo que Kicillof quiso decir con su perorata de 30 minutos al aire, fue que, si el gobierno nacional no pone la plata, la provincia no lo va a hacer. Es lo que hizo con el FONID: mientras despotricaba contra el “antiestatismo” libertario y el abandono a las provincias, de otro lado, le trasladó el recorte de esos fondos al salario de los docentes. Si Kicillof tuviera una consecuente política estatista, asumiría el gasto, por ejemplo, con un impuesto extraordinario al gran capital sojero. En cambio, el gobernador se la ha pasado exaltando los valores solidarios de los trabajadores, que sí han asumido, dentro de sus posibilidades, el costo de la provisión de víveres a sus compañeros de clase en Bahía Blanca. En Constitución, los mismos obreros que saltan el molinete, y que iban o volvían a y de su lugar de trabajo, dejaban lo donaciones en masa. El gobernador reivindica para su política, un valor de clase que le es ajeno, porque, en todo caso, el único presupuesto que puede llegar a facilitar para la reconstrucción, se destinará a recomponer la infraestructura que afecta a los negocios del capital, no las pérdidas de los trabajadores bahienses. La reacción del sábado por la noche se debió a la maniobra del criptoestafador Caputo, quien ofreció una limosna, 10.000 millones de pesos. El ministerio de Caputo, absorbió el área de obras públicas, justamente con el fin privatizarlas. El negocio gigantesco de estas obras, que han sido recortadas a cero, en manos de privados, busca “eficientizar” el gasto, que en el lenguaje de los capitalistas significa que no se hará ninguna obra que no redunde en negocios para el capital. Con esta lógica la infraestructura de barrios, hospitales y escuelas públicos, están fuera del radar. Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, que posteó todo el día sábado para anunciar el envío de solo 20 toneladas de “insumos” (?) ha actuado como la presidenta de una organización de beneficencia, no como ministra. Sucede que toda la política del gobierno nacional está orientada a “colaborar” (con una limosna) y no a la recuperación de la ciudad. La ministra Bullrich fue el blanco de la bronca de los bahienses por este desprecio. A diferencia de su aparición en El Bolsón, en ocasión de los incendios, donde se mostró sin tapujos con el gobernador Weretilneck, la Ministra Bullrich no quiso aparecer, para los medios, junto al gobernador Kicillof. Ha habido una similitud, sin embargo, en el tratamiento que el gobierno liberticida dió tanto a la crisis ígnea de los bosques patagónicos como ahora, a la crisis desatada por las inundaciones en Buenos Aires: su único “aporte” ha sido el de la logística proporcionada por las Fuerzas Armadas. El Ministro Francos ha dicho que no se pondrá un peso más, y que quien debe afrontar los costos es la provincia. Intuyendo este desprecio, es que los trabajadores tiraron a Patricia Bullrich al agua –“mojate como nosotros”. La ministra debió haber seguido su instinto de clase (burguesa) en El Bolsón, que le aconsejó no caminar por los barrios afectados por los incendios. A pesar de esto, no se privó de hacer gala de sus virtudes de provocadora, afirmando que el servicio meteorológico, no había dado las alertas, cuando unas horas antes del diluvio, el municipio suspendió las clases, justamente sobre la base de las alertas. La actitud de Bullrich delata a un gobierno reaccionario, que bajo el discurso del negacionismo climático ha desmantelado todas las estructuras cuyo objetivo era colaborar en el conocimiento del problema ambiental, la elaboración política y el abordaje de desastres. El gobierno está liquidando los servicios meteorológicos, satelitales, de manejo del fuego y de atención a los damnificados; también ha cortado becas y presupuesto al área de ciencias sociales dentro del CONICET y censura todos los trabajos que refieran al cambio climático, como el que alertó sobre las inundaciones de la ciudad. Tampoco se privó de atacar a las organizaciones sociales y políticas de los barrios, acusándolos de su bien merecido baño. Donde el gobierno liberticida pisa, destila veneno contra los trabajadores. ¿Cómo superamos las riñas de los de arriba? La disputa entre el gobierno nacional y el provincial se produce porque ninguno quiere pagar los costos de la reconstrucción. La pelea se volverá más encarnizada cuánto más presione la burguesía industrial y exportadora, que está exigiendo obras. En todo caso, el gasto que se haga no irá a parar a la reconstrucción y puesta a punto de barrios populares, escuelas y hospitales públicos. El gobierno liberticida volverá a dejar a los trabajadores librados a su suerte, de la misma manera que lo hará el gobierno provincial, invocando su impotencia. Si esto prosigue así, los trabajadores y la infraestructura que hace a su calidad de vida (vivienda, salud y educación) se verá diezmada y saldrán de la inundación más pobres que antes de ella. Pero los trabajadores bahienses y alrededores ya saben esto. Los instintos de la clase obrera están muy bien calibrados, solo hace falta darles una orientación política, señalar un camino de salida al impasse. Hay organizarse y movilizarse para arrancar todo el presupuesto necesario para la asistencia a los damnificados, durante la etapa de emergencia y en la reconstrucción. LEER MÁS: Catástrofe de Bahía Blanca: la responsabilidad de libertarios, macristas y kirchneristas Por Marcelo Ramal, 11/03/2025.

Desde hace meses, los jubilados que reclaman contra la miseria jubilatoria vienen siendo golpeados, gaseados o detenidos por la policía y gendarmería en las veredas y calles del Congreso. Entre ellos se encuentra Carlos, de 75 años, al que todos llaman “Chaca”, un jubilado hincha del club Chacarita que fue reprimido por la policía. Es conocido por su presencia en estas manifestaciones portando la camiseta del club de franjas rojas, negras y blancas. "Si no vengo a luchar me siento mal, me deprimo. Vengo a defender los derechos de los jubilados. A mí no me regalaron nada, laburé 30 años", dijo Carlos al ser entrevistado. Él fue un empleado de Correo Argentino que, en 1994, tomó el retiro voluntario tras la privatización de Carlos Menem. Luego de la golpiza del miércoles 26, la situación empezó a ser compartida en grupos de WhatsApp de hinchas de su club, generando una ola de indignación, y así estos resolvieron estar presentes el miércoles siguiente. Como sucede con otros clubes de futbol, hay una historia que hermana a Chacarita a las luchas populares. El Club Atlético Chacarita Juniors fue fundado por amigos del barrio homónimo en un local del Partido Socialista el 1 de mayo de 1906, los colores que lo identifican son el rojo por el socialismo vinculado a sus fundadores, blanco asociado al progreso y negro por su cercanía al Cementerio de la Chacarita, de ahí su apodo de “funebrero”. El miércoles pasado se viralizaron las imágenes de jóvenes hinchas junto a los jubilados en las puertas del Congreso, enfrentando un operativo con gases lacrimógenos que buscaba cercarlos y correrlos. Al ser entrevistado, Jorge, uno de ellos fue contundente: "Este hombre podría ser mi papá, mi abuelo, mi tío y se merece el acompañamiento" y con sus palabras invitó al miércoles siguiente. “Por supuesto vengan de otros clubes, somos todos normales, gente de trabajo, que se convoque para todos los clubes. El que no quiera venir, que se quede en la casa. Nosotros somos afines a pelear por este derecho de Carlos y venimos a acompañarlo". Martín, otro hincha, dijo: “Le pegaron a un amigo, empezó con esto y nos sumamos. Nos sumamos por empatía, por cariño, por respeto. Dijimos basta del atropello". Esta convocatoria fue ganando la simpatía de la población en general: al momento son más de 30 grupos de hinchas que se autoconvocan para apoyar a los jubilados este miércoles 12. Entre ellos, se encuentran un campeón del mundo del 86’, “El Negro” Enrique; Ángel Cappa, ex-DT de Huracán, y Dalma Maradona. Antifa Entre los hinchas convocantes, esos que cada fin de semana hacen el aguante a sus clubes, se encuentra una cantidad de agrupaciones ´antifascistas´, una facción futbolera que lleva en Argentina casi una década de trayectoria. Tienen como objetivo la lucha contra la xenofobia, el racismo y la homofobia en las canchas. Estas tendencias nacieron y se organizaron en clubes como Ferro, Vélez, Argentinos e Independiente. Hoy esta corriente también tomó fuerza en Racing, Nueva Chicago, Newells, Almagro y San Miguel. Tomaron la influencia de toda una corriente instalada en países de Europa, nacida hace más de 40 años para enfrentar a los grupos fascistas o neofascistas -en ocasiones llamados “ultras”- que imponen la violencia dentro de los Estadios, llegando incluso a amenazar a sus propios jugadores según su procedencia o color de piel. El caso más grave ha sido el de Italia, donde portan banderas con símbolos nazis y fascistas, como sucede en el club Lazio de Roma. Del otro lado, hinchadas como la del Rayo Vallecano en España, St. Pauli en Alemania son abiertamente de izquierda y antifascistas, llevan campañas contra la misoginia, la xenofobia y a favor de los refugiados. La movida también tiene fuerza en Brasil, donde hinchas antifascistas de Gremio, Flamengo, Corinthians y Santos tienen agrupaciones numerosas, con la lucha contra el racismo como bandera, y han participado en numerosas movilizaciones contra Jair Bolsonaro. Hoy en un futbol argentino, cruzado por el debate por la instalación de las SAD (sociedades anónimas deportivas) el ´movimiento antifa´ en nuestro país busca organizarse en una coordinadora propia. Este miércoles continúan el hilo del masivo del #1F antifascista contra Milei y sus desvaríos reaccionarios en Davos y del reciente #8M. Miércoles 12, cita de honor En el recuento final estarán presentes clubes como Boca, River, San Lorenzo, Estudiantes, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia La Plata, Chicago, Estudiantes de Caseros, Temperley, Almirante Brown, All Boys, Atlanta y Excursionistas, Tigre y Deportivo Merlo. También grupos del mundo del boxeo, de las artes marciales y los Motoqueros Unidos, los deliveries y mensajeros en motocicletas. Muchos, en estas horas, recordaron a Diego Maradona, quien, en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, dijo: "Yo defiendo a los jubilados, ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. A muerte estoy con los jubilados". Los hinchas Xeneizes colocaron la frase en sus flyers. Otros recordaron a la histórica luchadora Norma Plá y sus combates contra la policía y Domingo Cavallo durante el menemismo. Los hinchas de Lanús fueron bien concretos: "¡Ayúdame a luchar! El próximo viejo sos vos". Desde el gobierno liberticida y su manada digital a cargo del ‘Gordo Dan’ relacionaron la convocatoria a las barras bravas de los clubes. Sin embargo, ninguna “barra oficial” proclamó su presencia. Más bien al contrario, la burocracia sindical que tiene ascendente en ellas mantiene una fuerte distancia de cualquier convocatoria contraria al gobierno. Una política del peronismo hermana a la que llevan las cúpulas de la CGT y la CTA. Por ejemplo, la organización de barras creada durante el kirchnerismo -“Hinchadas Unidas Argentinas”- no hizo ninguna convocatoria, ni ahora ni menos aún antes. El jefe de gabinete Guillermo Francos minimizó el impacto de la convocatoria. Dijo: "Es insólita, me parece ridículo, aparecen chicos con distintas camisetas de fútbol con el mismo vocabulario. Invocando a la marcha, tiene una motivación política. No tiene nada que ver con la realidad". Francos tiene razón en una cuestión, la convocatoria en solidaridad a los jubilados tiene motivos políticos; es en reclamo por el 82% móvil, contra el fin de la moratoria previsional dictada por el gobierno que dejará a miles sin posibilidad de jubilarse, aunque sea por la mínima. Y que obligará a la mayoría a tener sólo la PUAM, transformando el derecho a un salario diferido en una mera asistencia social. En esta ola de indignación ante otra golpiza a los jubilados, en estas horas peñas de futbol y pequeños clubes de barrio se sumaron con sus planteos. Como el Club de Amigos del Parque Saavedra con la cita: “La calle nos enseñó que a los más grandes se los respeta y se los defiende, no se les pega”. La extensión, ahora masiva, de la convocatoria tiene de trasfondo un descontento por la caída de los ingresos y salarios en las familias trabajadoras. En medios periodísticos se preguntaron si esto era parte de una acción espontánea o dirigida e indagaron en el histórico vínculo entre luchas obreras y futbol argentino. Para responder el dilema, fueron al libro “Solo Para Hinchas”, de nuestro compañero Juan Ferro, donde explica cómo los ingleses trajeron el deporte en el siglo XIX como un show para las clases altas, buscando generar fidelidad de los trabajadores con las empresas y talleres, muchos de ellos ferroviarios y frigoríficos. Sin embargo, los obreros lo tomaron como espacio de autorganización, vida social y debate “…así comenzó la cosa”, es decir los inicios del futbol. Que este miércoles 12 sea un gran ‘así comenzó la cosa’ contra el gobierno liberticida y su ataque al salario, los ingresos y las jubilaciones.

Pese al cambio de día de la marcha, debido al fuerte temporal que afectó a la provincia, este lunes 10 cerca 5.000 personas acudieron a la convocatoria del 'Ni Una Menos Tucumán', bajo la consigna “abajo el fascismo, fuera Milei estafador”. Durante el recorrido se hizo un pañuelazo en el Sistema Provincial de Salud para denunciar la falta de medicamentos y profesionales para acceder al aborto legal. Entre las consignas también se levantó el reclamo contra el ajuste y la represión, la defensa de la salud y la educación públicas y el apoyo a la lucha de los jubilados y el planteo de la huelga general para derrotar al gobierno fascista. La convocatoria se pronunció contra la integración de Argentina a la guerra de Trump y de la OTAN y la solidaridad con el pueblo palestino. Un debate que recorrió la preparación de la marcha fue el problema de la independencia política frente al Estado y los gobiernos. En la discusión con la 'Multisectorial de Mujeres', dirigida por el PCR, desde 'Ni Una Menos' se vetó la presencia de una funcionaria de la municipalidad de Tafí Viejo, actual concejal, en la reunión de coordinación y en el encabezado de la marcha. Hasta hace un mes atrás, este sector del PJ estuvo alineado con Jaldo, firmó solicitadas llamando a apoyar la Ley Bases y acompañó con su silencio la votación de los diputados y senadores provinciales a favor del veto a la ley jubilatoria y al financiamiento universitario. En febrero pegó el portazo saliendo del pacto fiscal de los intendentes con el gobierno provincial, pero como parte de la interna peronista a nivel nacional, en este caso alineándose con Manzur y CFK. La respuesta del PCR fue defender a este sector del gobierno y su integración a la marcha. Es así que hicieron su propia convocatoria a la que confluyeron sectores de ATE y el Movimiento Evita. Agruparon menos manifestantes que la convocatoria del 'Ni Una Menos'. Tanto el PTS como el MST, en los debates preparatorios, eran partidarios de la “marcha única”. No importa de qué lado de la lucha de clases se ubiquen, mientras sean mujeres estos partidos aceptan su presencia. El feminismo identitario es llevado al extremo, contra la clase obrera y los explotados en su conjunto. Desde Política Obrera fuimos parte de la preparación de la marcha y de los distintos debates en torno a la independencia política y al contenido de las consignas. Al momento de tomar la palabra en el acto, marcamos la incompatibilidad irreconciliable entre las trabajadoras y trabajadores, de un lado, y el gobierno de fascistas y estafadores, del otro. Subrayamos en la necesidad de desarrollar las autoconvocatorias y las coordinadoras de lucha para poner en pie una huelga política de masas para derrotarlos y poner en pie un gobierno de las trabajadoras y trabajadores. Planteamos también la lucha contra la guerra de rapiña imperialista, que hoy tiene su expresión en Gaza, África y Ucrania, y la unidad socialista e internacionalista de los trabajadores y trabajadoras. LEER MÁS: Este 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, salgamos de nuevo a las calles contra el fascismo ‘libertario’ y la guerra imperialista Fuera la Gendarmería de las fábricas, de la Patagonia mapuche y del Norte bagayero. Declaración nacional de Política Obrera, 04/03/2025.

El Gobierno ha resuelto imponer el acuerdo con el FMI, cuyos términos se desconocen, a través de un “decretazo” de necesidad y urgencia. Es un cheque en blanco enviado con la complicidad del mismo Fondo. Se trata de otro autogolpe de Estado, que el Congreso dejará pasar conforme a su propia trayectoria. Implicaría un fenomenal aumento de la deuda con el FMI contraída por Caputo, bajo el gobierno de Macri, por 45.000 millones de dólares. Para disimular el atropello, el Gobierno dice que ella está al servicio de cancelar otra deuda, que el Tesoro nacional tendría con el Banco Central. Pero el Banco Central ha admitido que esa deuda tiene un valor ficticio cuando la redujo de un equivalente a 67.200 millones de dólares a 23.500 millones, a mediados del año pasado. Este resto es igualmente ficticio, porque se trata de letras “intransferibles”, que no tienen valor de mercado. Quedaron definitivamente desvalorizados por la inflación que produjo su emisión, durante los últimos quince años. El daño inflacionario de esa deuda pagadiós se ha producido en el pasado, no tiene vigencia para el futuro. Forzar al Tesoro a pagar esta deuda inexistente significa imponer un nuevo ajustazo a los trabajadores, del orden del 4 % del PBI. Si se lo suma al ajustazo impuesto hasta ahora, que para Milei ha sido del 15 % del PBI, el saqueo a los trabajadores equivaldría a 120.000 millones de dólares. Luis Caputo, sin embargo, dejó trascender en declaraciones el propósito de rescatar toda la deuda ficticia de las letras intransferibles, a medida de su vencimiento. En ese caso, el ajustazo se acercaría al 30 % del PBI, o sea, al equivalente de 180.000 millones de dólares. Como diría el criptoestafador, sería “el mayor ajuste de toda la historia de la humanidad” . Pero los 20.000 millones que el FMI entregaría al Tesoro no resuelven nada de fondo. El Tesoro tiene una deuda doméstica equivalente a unos 150.000 millones de dólares y una externa de alrededor del mismo monto, más las deudas de provincias y empresas por una suma similar. El préstamo del FMI no cubre, ni como garantía, la tendencia al default. Solo consigue que la deuda de Argentina con el Fondo pase de 45.000 millones a cerca de 70.000 millones, a una tasa anual de interés exorbitante del 6.5 por ciento. El Congreso se apresta a ser cómplice de este autogolpe y de esta megaestafa por medio de un decreto que viola la legislación vigente, que exige que el acuerdo con el Fondo se haga por ley. Bien mirado, se trataría de una absolución de “facto” de la criptoestafa de Milei. El acuerdo con el FMI significa nuevas Bahia Blanca a lo largo del país. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, ‘sinceró’ que la ayuda a los bahienses será cero, porque lo contrario afectaría el ‘equilibrio fiscal’. El directorio del FMI, dividido como nunca por la ofensiva de Trump contra un sinnúmero de países, debe aprobar el acuerdo secreto o cheque en blanco dentro de un mes. Es un período suficiente para que lo quebremos mediante movilizaciones y huelgas.

Un juez federal de Nueva York bloqueó “cualquier intento” del gobierno de Trump de deportar al estudiante palestino Mahmoud Khalil, uno de los dirigentes de la rebelión estudiantil en la Universidad de Columbia. Khalil es uno de los investigados por un nuevo comité universitario que presentó cargos disciplinarios contra decenas de estudiantes por su activismo propalestino. En Columbia, Khalil había sido elegido mediador durante el Campamento de Solidaridad con Gaza, una coalición liderada por estudiantes de un centenar de organizaciones, entre las que se incluyen Students for Justice in Palestine y Jewish Voice for Peace, para protestar por la “continua inversión financiera de la universidad en corporaciones que se benefician del apartheid israelí, el genocidio y la ocupación militar de Palestina”, según CNN 11/3. El estudiante fue detenido el sábado a la noche cuando hombres de civil le tendieron una emboscada en el edificio de departamentos propiedad de la universidad donde vive con su esposa, ciudadana estadounidense. No se sabe de qué se lo acusa. Lo que está claro es que el gobierno de Trump envía “un mensaje escalofriante a la gente de todo el país, dentro y fuera de los campus, de que cualquiera que ejerza sus derechos será objeto de represión, detención y posible deportación”, apuntó un comunicado de Amnesty. Los hombres, que se declararon autoridades federales de inmigración (ICE), dijeron que tenían orden del Departamento de Estado de revocar su visa de estudiante. Cuando la esposa, que está embarazada de ocho meses, les dijo que su marido no tiene visa de estudiante sino la Green Card, que otorga residencia permanente, “un agente se mostró visiblemente confundido y llamó a alguien por teléfono”. Sin embargo, continuaron con el operativo. La esposa de Khalil llamó entonces a su abogado, que les pidió a los agentes que le enviaran la orden de deportación, pero le cortaron la comunicación. Durante gran parte del domingo, ni los abogados ni la esposa sabían dónde estaba: lo habían mandado en secreto a 2,100 km de distancia a un centro de detención privado en Luisiana. Una distancia que dificulta la asistencia legal y el contacto con su esposa, y socava la jurisdicción del tribunal. El día antes del arresto, Khalil había advertido a la presidenta interina de la Universidad, Katrina Armstrong, que estaba siendo sometido a una campaña coordinada de doxxing (publicación de información personal en línea) dirigida por el profesor sionista Shai Davidai y otros, quienes lo calificaron como terrorista, “amenaza para la seguridad” y pidieron su deportación. El arresto es parte de la escalada de Trump contra el movimiento estudiantil que multiplicó las manifestaciones propalestinas en los campus universitarios. De hecho, lo llamó “el primer arresto de muchos por venir”. Columbia se ha convertido en el primer objetivo de la campaña de Trump para recortar los fondos federales a las universidades acusadas de permitir “protestas ilegales” y “tolerar el antisemitismo”. El 7 de marzo anunció que le retiraba a Columbia unos 400 millones de dólares en subvenciones y contratos federales. El comunicado cita la supuesta “inacción continua de la universidad frente al acoso persistente a los estudiantes judíos”. A poco de ser elegido, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a cancelar los visados de los estudiantes extranjeros que participaron en las protestas: “A todos los extranjeros residentes que se unieron a las protestas proyihadistas, les advertimos: cuando llegue 2025, los encontraremos y los deportaremos (…) También cancelaré rápidamente los visados de estudiante de todos los simpatizantes de Hamás en los campus universitarios, que se han visto infestados de radicalismo como nunca antes”. Simultáneamente, el Departamento de Estado anunció que utilizará la IA para “rastrear la actividad en redes sociales de alumnos extranjeros y revocarles su visado en caso de que se presuma su simpatía por Hamás y otros grupos que Washington considera terroristas” (El País 7/3). El seguimiento relevará decenas de miles de publicaciones de titulares de visados estudiantiles, en una imposición de un estado policial en los claustros estudiantiles. Los otros campus en la lista negra son la Universidad de California, Berkeley; la de Minnesota; la Northwestern y la Universidad Estatal de Portland. Junto con Columbia, todas recibieron la visita del equipo que investiga antisemitismo. Los expertos señalan que solo los jueces de inmigración tienen autoridad para revocar el estatus migratorio de una persona, sea una visa de estudiante o una Green Card. La Justicia de Nueva York reclamó para sí el derecho a decidir una eventual expulsión. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, escribió en X que está “extremadamente preocupada” por la detención de Khalil y añadió que su oficina está vigilando la situación y en contacto con Amy Greer, su abogada. “El gobierno de EE. UU. ha dejado claro que utilizará la aplicación de la ley de inmigración como herramienta para reprimir las críticas a Israel”, denunció Greer. La detención de Khalil indignó a las organizaciones de defensa de los derechos civiles. Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, lo calificó como una «afrenta» a la Primera Enmienda, mientras que el Consejo de Relaciones Estadounidenses- Islámicas opinó que es un ataque a “la propia humanidad de los palestinos”. “Este arresto no tiene precedentes, es ilegal y antiamericano. El gobierno federal está reclamando la autoridad para deportar a personas con profundos lazos con EE. UU. y revocar sus tarjetas de residencia por defender posiciones a las que el gobierno se opone”, dijo el director de la Unión Americana de Libertades Civiles, Ben Wizner. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recurrió a Twitter para expresar que está «extremadamente preocupada» por la detención de Khalil y añadió que están en contacto con su abogado. Trump está imponiendo un Estado policial en colegios y universidades, criminalizando la oposición bajo la amenaza de arresto o deportación. El Wall Street Journal escribió el lunes que “Columbia se ha convertido en el punto de partida de la campaña del gobierno de Trump para desmantelar lo que llama la ideología de extrema izquierda en las universidades de Estados Unidos”. La detención de Khalil fue condenada inmediatamente por organizaciones y activistas de derechos humanos que criticaron la complicidad de la dirección de la Universidad, que publicó recientemente un nuevo protocolo que revoca el anterior estatus de campus santuario y permite a ICE acceder a la universidad sin orden judicial en «circunstancias apremiantes». Este fue el caso. En respuesta al nuevo protocolo universitario y al arresto de Khalil, el sindicato de trabajadores de la Universidad de Columbia exigió a la presidenta de la universidad, Katrina Armstrong, que restablezca a Columbia como campus santuario y se niegue a colaborar con la Administración Trump. «Al permitir la presencia de ICE en el campus, Columbia se rinde ante el asalto de la administración Trump a las universidades de todo el país y sacrifica a los estudiantes internacionales para proteger sus finanzas», se lee en la declaración (Mondoweiss 9/3). Más de 1,2 millones de personas enviaron cartas y otro medio millón firmó peticiones exigiendo su libertad. Un centenar de profesores de Columbia dieron una conferencia de prensa reclamando la libertad de Khalil. El lunes por la noche, un millar de personas desfiló por Manhattan exigiendo la liberación de Khalil. Lo mismo pasó en numerosas universidades de todo el país.

La pelea contra los despidos en la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo –ACUMAR- está en manos de una autoconvocatoria organizada entre trabajadores despedidos y otros que permanecen contratados por el organismo. El viernes 28 de febrero, cuando los rumores de que esa noche llegarían los emails con despidos, un sector de los trabajadores recorrió el edificio piso por piso intentando que se convoque a una asamblea ante el silencio de los sindicatos. Pasadas las 23 horas empezaron a llegar los emails con el despido injustificado de cerca de 300 trabajadores; el organismo cuenta con un convenio propio que garantizaba la estabilidad de los y las trabajadoras con contratos a “tiempo indeterminado”, por lo que los despidos contemplan la reubicación de trabajador y el pago de indemnización mientras que, en los organismos con convenio del Sistema Nacional de Empleo Público-Sinep, el Gobierno despide tras el formato de “no renovación” de los contratos trimestrales. La suma de los despidos de 2024 con los que llegaron hasta el momento en 2025 reducen a la mitad la planta de trabajadores del organismo y paraliza de hecho la actividad de ACUMAR, que consiste en el control industrial, la erradicación de basurales, la relocalización de la población de un territorio que abarca a cerca de 6 millones de habitantes que pueblan la Cuenca Principal y la Sub Cuenca -que son un conjunto de arroyos-, el monitoreo sanitario y otras actividades vinculadas a la recuperación de la Cuenca. El vaciamiento del organismo fue posible debido a que la Corte Suprema archivó en octubre de 2024 la Causa Mendoza, por la cual debía tener un seguimiento y auditoría de los avances de las tareas del organismo. El argumento por el cual la Corte se lava las manos y habilita el desmantelamiento del organismo es que ya estaba presentado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental – PISA, desde 2010 con modificaciones en 2016. El 50 % de despidos del personal redunda en que ACUMAR ya no cuenta con la capacidad técnica ni con los trabajadores para desenvolver las obligaciones que se desprenden del PISA. A los 280 despidos injustificados se suman 101 despidos entre abril y junio de 2004 que se realizaron como un “procedimiento sancionatorio”. La patronal despidió con una supuesta causa justa, por ende sin indemnización, a los trabajadores que tuvieran ausencias o licencias sin justificar. Lo perverso de esos despidos de 2024 y 40 más con el mismo método en 2025 es que los empleados realizaban tareas en “territorio”, o desde su casa, y no tenían la obligación de fichar o de dejar sentado que lo hacían porque desde la pandemia ese régimen se sostenía legitimado. Las revisiones del ausentismo se basaron en un período en el que el régimen de asistencia lo definía la gestión anterior. Los autoconvocados ayudaron a apelar cada imputación de la patronal y denunciaron la persecución a los trabajadores con denuncias infundadas. Mientras en el resto del Estado se despedía a miles de trabajadores y trabajadoras, en ACUMAR encontraron ese recurso para ahorrarse las indemnizaciones. Donde los convenios planteaban un derecho, el Gobierno buscó cómo sortearlo, de igual forma que con los despidos Acara en el Ministerio de Justicia. Los principales damnificados por el vaciamiento del organismo son los habitantes de la Cuenca. Una traza conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Si bien ya los cerca de 420 despidos paralizan la actividad del conjunto del organismo, los rumores que circulan hablan de una reestructuración que convertiría al ACUMAR en un programa o una Dirección Nacional eliminando definitivamente todas las áreas de política social y el achicamiento de las áreas técnicas. Los autoconvocados sostienen reuniones regulares y contactaron abogados por su propia iniciativa para evaluar las medidas gremiales y judiciales. Los sindicatos –la Asociación Trabajadores del Estado y la Unión Personal Civil de la Nación- no convocaron a asambleas ni se comunicaron con los despedidos. La medida realizada el 6 de marzo pasado surgió como iniciativa del sector en lucha y con posterioridad se sumó la Junta Interna de ATE. Consistió en una radio abierta en la puerta del edificio central desde el que trabajadores y vecinos de la cuenca denunciaron las consecuencias del vaciamiento y los despidos. La acción atrajo la solidaridad de otros sectores dentro de ATE. Ya pasaron 12 días desde los despidos. ATE informó que, una vez que se hayan cobrado las indemnizaciones, iba a hacer una presentación legal. Es necesario llamar a una asamblea de trabajadores dentro y fuera del organismo, sin distinción de afiliación ni antigüedad y definir un plan de lucha que supere la inacción de los sindicatos. Está en juego la continuidad de la política estatal de 15 años de recomposición ambiental del Riachuelo.

Bajo la excusa de supuestas irregularidades y funciones duplicadas con otros organismos, el ministro Mario “Prepagas” Lugones anunció el cierre del prestigioso Instituto Nacional del Cáncer (INC). La Ley 27.285, sancionada en 2016, le había dado al organismo el estatuto de un ente descentralizado y autárquico dentro del Ministerio de Salud, lo que le otorgaba autonomía funcional, administrativa y financiera, con el objetivo de disminuir lo que es la segunda causa de muerte en la Argentina. Ahora, el Ministerio de Salud aseguró cínicamente que “absorberá” sus funciones para “mejorar el control” y cumplir sus tareas “de manera más eficiente”. Desde que esta decisión fue adoptada la semana pasada, médicos oncólogos, investigadores especializados, organizaciones de pacientes y familiares y delegados de los trabajadores del INC se han dedicado a refutar la maraña de mentiras vertidas por el ministro-empresario de Milei. El comunicado del liber-prepago afirmaba, por ejemplo, que la tarea del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (SIVER) dependiente del INC estaba duplicada con la función que ya realiza la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica. A través de una carta pública, la Dra. Gisel Fattore, excoordinadora del SIVER despedida el 31 de enero pasado, denunció que esto es completamente falso. La médica especialista explicó que el SIVER permite gestionar datos sobre el cáncer a través de un Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA) creado por el INC, que pone a disposición de los hospitales una plataforma web para cargar datos de manera sistemática y acceder a la información de los pacientes. Estos registros complejos cuentan con un sistema de codificación propio (CIE-O; TNM) y no son de notificación epidemiológica obligatoria. Solo gracias a ellos es posible un monitoreo específico que genera información para programas de prevención (cáncer de mama, cuello uterino y colorrectal), estrategias de abordaje, tratamiento e investigación científica. El SIVER, a su vez, ofrece múltiples cursos de capacitación para profesionales y residentes en Epidemiología del Cáncer y permite contar con datos actualizados de mortalidad por cáncer a nivel nacional y para todas las provincias. El golpe final al INC se produce tras el desmantelamiento, el mes pasado, de lo que fuera el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. La médica Mariana Pechenik, referente del área, afirmó en sus redes sociales que “los cuidados paliativos argentinos estamos de luto” y explicó que este programa aseguraba la provisión de morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar el tratamiento del dolor severo por cáncer, indispensable en las provincias con menos recursos, a la vez que se dedicaba a formar profesionales y equipos interdisciplinarios especializados en cuidados paliativos a través de becas, cursos y asesorías. Pechenik denunció que 6 de los 8 integrantes del programa fueron despedidos y que el Gobierno decidió suspender las compras de opioides, lo que implica abandonar al dolor y la muerte indigna a los pacientes que no cuentan con otra cobertura. Por su parte, la Dra. Carolina Reinhardt, miembro de la Asociación Argentina de Oncología, señaló la función trasversal del INC desde la oncología pediátrica a la de adultos, cumpliendo tareas fundamentales en la capacitación de profesionales en relación a los estudios a realizar para cada tipo de cáncer, la lectura de imágenes y la elaboración de informes. La médica especialista destacó la “red de asesoramiento a nivel nacional para el personal de salud, médicos, enfermeros, técnicos vinculados a la oncología, personal de farmacia” sostenida por el INC y denunció que ahora “esa función no la va a cumplir nadie”. En el mismo sentido se pronunció el científico Daniel Gómez, director del Centro de Oncología Molecular y Traslacional (COMTra) de la Universidad Nacional de Quilmes y exdirector del INC, quien sentenció en una carta pública que “lo que está en juego no es una estructura administrativa, sino vidas”. Gómez argumentó que disolver el INC dentro de la Dirección General de Enfermedades No Transmisibles representa un desconocimiento absoluto de la complejidad de esta enfermedad, que requiere “un enfoque integral, con equipos especializados, infraestructura dedicada y financiamiento específico”. Para este investigador especialista en cáncer, “equipararlo a otras patologías, como la diabetes o la hipertensión, ignora su impacto devastador y la necesidad de estrategias particulares” y afirmó que los más golpeados serán los pacientes más vulnerables: “¿quién garantizará ahora que estos pacientes sigan recibiendo su medicación y sus terapias sin obstáculos burocráticos adicionales?”, inquirió. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSA) denunció que en 2024 murieron 60 personas debido a la interrupción de tratamientos oncológicos provocada por la falta de medicación proporcionada por el Estado. Esto se debió a la decisión de Milei de paralizar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que era la entidad encargada de distribuir medicamentos de alto costo a los pacientes que los necesitaban. Así, más de mil pacientes oncológicos y con enfermedades raras vieron frenados los tratamientos que les permitían sobrevivir. Organizaciones de pacientes y familiares llevaron el reclamo a los tribunales y en diciembre pasado el juez Marcelo Bruno Dos Santos emitió un fallo que obligaba al Gobierno a resolver los pedidos y subsidios demorados, entregando los medicamentos de manera inmediata. Sin embargo, el 3 de enero el Ejecutivo apeló el fallo, argumentando que las provincias debían asumir la responsabilidad y que las asociaciones de pacientes no tenían legitimidad para reclamar. En relación a la situación de los trabajadores, Tomás Rodríguez, delegado de ATE en el INC, denunció que fue despedido un tercio del personal del organismo. Desde el 31 de diciembre de 2024 los contratos no fueron renovados y hay trabajadores a los que les adeudan ya tres meses de sueldo. Rodríguez subrayó además el fuerte desfinanciamiento, con un presupuesto que se viene prorrogando sin aumentos desde 2023, e insistió en que la vigilancia epidemiológica del cáncer no tiene los mismos parámetros que la epidemiología en términos generales y que “en el Ministerio no hay ninguna otra área que trabaje cáncer”. El desmantelamiento del INC se produce junto a los recortes de medicamentos a jubilados, de las prestaciones en discapacidad y a los 1400 despidos que golpearon a los hospitales Posadas, Bonaparte y Sommer y a las estructuras del Ministerio de Salud de la Nación, que en las últimas semanas fue noticia por la renuncia masiva de médicas y médicos que se desempeñaban en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) [https://politicaobrera.com/13689-renuncias-masivas-de-medicos-en-el-ministerio-de-salud] y denunciaron que fueron privados de las condiciones para cumplir con sus responsabilidades y tareas. Estamos ante un golpe a las posibilidades de vida de las masas cuando crecen los casos y muertes por tuberculosis, se desarrolla un brote activo de sarampión y hepatitis A y Brasil atraviesa una epidemia récord de dengue con más de 400.000 casos y 160 muertes en 2025 y la reaparición del virulento serotipo 3 (DENV-3), que según la OPS amenaza con expandirse por Latinoamérica. La liquidación de la salud pública en este contexto, para promover su completa privatización y arancelamiento, representa una política de eugenesia social contra los sectores más explotados de la clase obrera. Un estudio en Estados Unidos, donde Trump está promoviendo un desguace similar, calculó que, durante la pandemia, el Estado yanqui se “ahorró” 300.000 millones de dólares en jubilaciones gracias al “exceso de muertes” que provocó la política criminal de “libre contagio”. La conclusión que se deriva de este panorama devastador es muy clara: es necesario sacar de inmediato las garras de estos enfermadores seriales y de los parásitos financieros a los que representan, de la salud pública, sus hospitales y trabajadores. Nacionalizar el conjunto del sistema sanitario bajo el control y la gestión de médicos, profesionales y pacientes, sin resarcimiento a sus vaciadores capitalistas, es una medida de autodefensa indispensable para proteger la vida y la salud de la clase obrera.

El lunes por la noche, en su editorial de Odisea, el periodista Carlos Pagni habló de “revuelo en la Aduana” por el caso de un vuelo privado de lujo procedente de Miami cuyo equipaje, “por órdenes de arriba”, no fue revisado. A bordo viajaba, entre otros, Laura Belén Arrieta, una exazafata que habría jugado algún papel en la Conferencia de Acción Política Conservadora, realizada en diciembre pasado en el Hotel Hilton, donde se fotografió con Javier Milei. En la CPAC participa el "núcleo duro" del Gobierno -empezando por los Milei y Santiago Caputo-. “Ella habría llegado desde Miami con una cantidad de valijas. Aunque no se sabe cuántas, sí eran muchas. Y cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana realizaron un operativo, hubo una orden de arriba que indicó que no se revisara nada. En la Aduana dan por seguro este episodio”, señaló Pagni. La nave permaneció en un hangar de Aeroparque durante una semana y luego continuó su trayectoria hasta Paris, Francia. La información no fue desmentida por las autoridades aduaneras. Si bien aseguraron que se cumplió el protocolo, admitieron el inicio de un sumario interno. El asunto ha sacado a la luz nuevamente los vinculos de camarilla de los Milei y sus acólitos con el lumpenaje de la derecha internacional. Arrieta, de 32 años, integró el comité organizador del mitín de la CPAC. Es empleada de las empresas OCP Tech y COC Global Enterprise. Su empleador, Leonardo Scatturice, es señalado como el mentor de haber convertido a la CPAC “en la meca de las derechas en el mundo” (La Nación, 12/3). “Se trata de un empresario tecnológico radicado en Miami que se integró a la cúpula de la CPAC en los Estados Unidos gracias a sus vínculos con Matt Schlapp -un activista y lobista nacido en Kansas, exdirector de Estrategia Política de la Casa Blanca- y a Barry Bennet, uno de los principales gurúes de Donald Trump”. La aeronave que trajo a Arrieta al país proveniente de Miami y su misteriosa carga, pertenece, precisamente, a la firma COC Global Enterprise. Gracias a sus buenos lazos con el trumpismo, Scatturice “les abrió puertas a los libertarios en Washington” (ídem). En octubre de 2024, Clarín identificó a Scatturice como un exagente de la SIDE que tendría lazos con Santiago Caputo y sería el responsable de haber propuesto a Andrés Vázquez para la DGI. Se radicó en Estados Unidos hace cinco años. Es “experto” en “antilavado”. “Cuando, hace más de una década, Scatturice vivía en Buenos Aires, era el CEO de una agencia de inteligencia privada llamada C3 Consultings que en 2012, en medio de la guerra de espías del kirchnerismo, fue investigada en una causa que se conoció como Dark Star” (LN, 11/3). Por otro lado, el hermano de la valijera Laura Arrieta, Fernando Arrieta, es titular de la Fundación Dale, desde donde "asesora" a Karina Milei y al "armador" bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja. A Arrieta Fernando se lo vio “en la primera fila de la CPAC de Buenos Aires junto a Daniel ´Gordo Dan´ Parisini, el líder de los trolls de Caputo y Romo” (La Política Online, 11/3). El mismo medio asegura además que Arrieta estuvo en la Rosada en dos ocasiones reunido con Santiago Caputo. El ´valijeo´ parece ser una de las ocupaciones más comunes entre quienes transitan por la Casa Rosada. Basta recordar, a principios de los años 90, a la valijera menemista Amira Yoma. Más tarde llegarían los bolsos que ´valijeaba´ el luego ´arrepentido´ Leonardo Fariña para Néstor Kirchner y el emisario venezolano Antonini Wilson, con su valija repleta de dólares para la campaña de Cristina Fernández. ¿Esta valijera libertaria tendrá que ver con la criptoestafa que protagonizó Milei? No olvidemos que Hayden Davis, el organizador del millonario fraude de $Libra, aseguraba tener en su poder 100 millones de dólares “de la Argentina” y estar aguardando “órdenes”. La Coalición Cívica ha expedido un proyecto de “pedido de informes”. Al igual que otras iniciativas parlamentarias relacionadas con la criptoestafa, probablemente caiga en saco roto. Al menos hasta que la crisis política se abra paso, al calor de la corruptela que recorre al Gobierno, estará el derrumbe de la economía y los salarios y los desastres como los de Bahía Blanca, donde la responsabilidad de todos los gobiernos de turno es indeleble.

Más de 200 personas se inscribieron en los cursos de formación política organizados por Política Obrera. Son actividades abiertas a la militancia y al público en general. El primer curso, “La economía política y su crítica”, a cargo de Marcelo Ramal, comenzará este viernes, a las 19, y continuará cada dos semanas, en las siguientes fechas: 14 y 28 de marzo; 11 y 25 de abril; 9 y 23 de mayo; 6 y 20 de junio; 4 y 18 de julio; 1 y 15 de agosto. El segundo curso comenzará el lunes 17, también en el horario de las 19, y lleva por título “Cuestiones de historia política contemporánea: Socialismo y fascismo en el siglo XX”. Estará a cargo de Patricio Meincke y las fechas de las clases, también cada dos semanas, son las siguientes: 17 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 12 y 26 de mayo; 9 y 23 de junio; 7 y 21 de julio; 4 y 18 de agosto. Entre los inscriptos hay estudiantes, docentes, trabajadores y trabajadoras de la salud, metalúrgicos, aceiteros, estatales, entre otros, y también un número apreciable de simpatizantes de Política Obrera de otros países (España, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico, Chile, República Checa y más). Ambos cursos se dictarán en vivo por Zoom. Ya comenzamos a enviar por correo electrónico los links para acceder a las clases y al material bibliográfico. La última clase de cada curso, además de transmitirse, será presencial para quienes quieran asistir. La inscripción es gratuita y hay tiempo hasta última hora de este jueves 13. Para anotarse, escribir a través de este formulario , por mail a politicaobreracentral@gmail.com o por WhatsApp, al +54 9 11 7360-0817. En cualquier caso es indispensable consignar a cuál de los dos cursos desea inscribirse o si desea hacer ambos. “Sin teoría revolucionaria, no hay movimiento revolucionario”, decía Lenin. La formación política es un arma indispensable para la lucha contra el Estado capitalista y sus agentes. Invitamos a todo el activismo obrero y juvenil, del movimiento de la mujer y de las barriadas a participar.

Las conversaciones entre las delegaciones estadounidense y ucraniana en la ciudad de Yeddah, Arabia Saudita, duraron unas nueve horas. Estados Unidos reanudará inmediatamente la asistencia militar y de inteligencia a Ucrania, que probablemente nunca fue “pausada”. EE. UU. y Ucrania han acordado concluir lo antes posible un acuerdo sobre minerales, aunque el punto figura al final del comunicado de la reunión. La propuesta de un alto el fuego total por treinta días será comunicada a Rusia, para implementarlo a la brevedad. Mientras tanto, “Rusia ha hecho retroceder a las fuerzas ucranianas en la provincia rusa de Kursk”, de acuerdo al Wall Street Journal. Contradictoriamente, el mismo martes, quien encabeza las negociaciones en representación de Ucrania, Andrey Yermak, publicó una columna en The Guardian, en la que llamó a Europa a no permitir un alto el fuego completo en Ucrania hasta que se establezcan garantías de seguridad. Zelensky había planteado un alto al fuego acotado: un “régimen de silencio en los cielos y en el mar”. En realidad, una tregua sólo favorecería a Ucrania, cuando Rusia se encuentra en plena ofensiva militar. Pero, como se sabe, la diplomacia es el arte de la simulación. “El secretario de Estado, Marco Rubio, de camino a las reuniones, dijo que Ucrania tendría que hacer concesiones sobre la tierra que Rusia ha tomado desde 2014 como parte de cualquier acuerdo de paz.” (New York Times 11/3). Mientras tanto, la guerra no ha cedido en lo más mínimo. Un enjambre de aeronaves golpeó el oleoducto Druzhba, que bombea crudo de Rusia a Hungría y Eslovaquia, un componente crítico de la infraestructura energética de esos países. "La pelota está ahora claramente en la cancha de Rusia", coincidieron varios mandatarios de la Unión Europea, pero lo cierto es que Rusia tiene pocos incentivos para promulgar un alto el fuego temporal. Trump admitió recientemente que Putín tiene todas las cartas en la mano (y Zelensky ninguna). La posición de Rusia para arribar a un acuerdo de paz es muy compleja, pues reclama la destitución de Zelensky, la reoficialización del ruso en la educación y la relegalización de la Iglesis ortodoxa rusa, la purga de todo el personal “nazi” del régimen ucraniano y la prohibición de fuerzas militares extranjeras en Ucrania. “Rusia ha pedido públicamente que se impongan condiciones antes de que entre en vigor un alto el fuego, y Putin ha señalado que quiere conseguir una serie de concesiones de Ucrania y Occidente.” (NYT). Para resolver el intríngulis de un alto el fuego sin supervisión de fuerzas extranjeras, como reclama Rusia, Rubio dijo que podría monitorearse mediante satélites. Una pausa, sin más, es recelada por el Kremlin como un cubileteo para ganar tiempo y despojar a Rusia de todas las ventajas tácticas y operativas que ha acumulado. Todos los medios de información coinciden en que, durante las últimas 48 horas, las tropas de Rusia han avanzado en Kursk y ocupado doce aldeas, lo que las coloca a un paso del Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, al norte de las zonas ocupadas. Las defensas ucranianas colapsaron después de la incursión de varios centenares de soldados rusos que se desplazaron ocultos dentro de una tubería que hasta el 1 de enero había suministrado gas a Europa. La audaz operación implicó que el ejército ucraniano perdiera el 33 % del territorio que controlaba de Kursk en menos de 24 horas. “La mayor parte de las fuerzas ucranianas, incluidas algunas de las brigadas más pesadas del ejército ucraniano, han evacuado Kursk y se han reposicionado en el lado ucraniano de la frontera”, sincera Forbes (11/3). Fuentes rusas “en condiciones de saber” dan cuenta a diario de los ejercicios de la infantería de marina rusa para cruzar ríos, lo que podría ser el indicio de la preparación para un desembarco en la costa del mar Negro y en la ribera enemiga del Dniéper. Lejos de un acuerdo de paz “Seguimos viendo evidencias de que Rusia podría estar preparándose para nuevas ampliaciones de sus objetivos militares”. Al cierre de esta nota se confirma que el ejército ruso ha tomado Sudznha, el único gran asentamiento en Kursk que conservaban las tropas de Kiev. El acuerdo alcanzado en Arabia Saudita es un pretexto para intentar organizar una reunión de Trump con Putin, donde buscarán un acuerdo para el reparto de Ucrania. LEER MÁS: Trump no logra imponer un ‘alto al fuego’, que rechazan Putin, Zelensky y la Unión Europea Congela el suministro de armas a Ucrania y el acuerdo sobre minerales queda en el limbo. Por Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay), 04/03/2025.

La convocatoria a la Marcha de los jubilados este miércoles recibió una gran acogida popular. La multitud desoyó la campaña de amedrentamiento difundida por el gobierno y sus alcahuetes mediáticos, que insistieron en calificar como "barrabravas" a las hinchadas que se han solidarizado con los jubilados , muchas de ellas autodenominándose “antifascistas”. En la faena se destacó Clarín, que quiere asegurar la compra de Telefónica y obtener la licitación del 5G. Lo mismo ocurrió con TN, por supuesto, y con A24 y LN+. La masa de manifestantes luchó a brazo partido por conquistar la calle contra todas las fuerzas de represión unificadas. Cuando era dispersada se reagrupaba en otro espacio para retomar la lucha y el enfrentamiento, como ha ocurrido en todas las manifestaciones combativas de los últimos 150 años. La premura del gobierno por reprimir y desalojar la plaza del Congreso, con bastante antelación al horario de la convocatoria, demuestra que preveía, en caso contrario, el acercamiento de una multitud. Tuvo, pues, el inequívoco propósito de evitar una manifestación todavía mayor, a la multitud que finalmente se reunió. La concentración de hoy, 12 de marzo, ha iniciado la lucha por la calle, contra la represión y el conjunto del aparato estatal. Ha sido acicateada por la ocupación de Facultades, a finales del año pasado, que se han de reanudar con el comienzo del ciclo universitario. Se han terminado las manifestaciones “woke” toleradas por gobiernos anteriores para desgastar y agotar el control de la calle y convertirlo en inofensivo. Se peleó en el área del microcentro hasta Plaza de Mayo durante tres horas seguidas. La represión dejó un saldo de más de 60 detenidos y 6 heridos -entre ellos, un fotoperiodista, que se encuentra en estado reservado. La movilización ha sido un gran avance en la comprensión de que la jubilación es un asunto de toda la clase obrera . El gobierno, que no ha vacilado en decir que no dará ayuda a la población bahiense, porque quiere preservar el mentiroso superávit fiscal, prepara una reforma previsional que lleva la edad de retiro a los 70 años, luego de haber eliminado la moratoria. En definitiva, los metodos del combate de calle han vuelto a entrar en la agenda de los miembros más activos de la clase obrera y la juventud. Nuestro partido, Política Obrera, que acudió a la cita, impulsará, por medio de la propaganda y la agitación, la incorporación de la organización de la lucha por la calle en la agenda de los trabajadores y la juventud.

Los casos de sarampión en el país están en aumento: a la fecha se contabilizan ocho casos (seis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en la Provincia de Buenos Aires). Este brote se une al aumento de casos de enfermedades como hepatitis A y tos convulsa. En el momento en el que más se necesita reforzar la prevención y el cuidado, gobiernos como el de Milei en Argentina y Trump en Estados Unidos proceden a desmantelar el sistema público de salud. El brote de sarampión en Argentina y Estados Unidos Entre los meses de febrero y marzo de este año los ministerios de Salud de Nación, CABA y provincia de Buenos Aires ya emitieron dos alertas epidemiológicas: la primera, ante la confirmación de un caso de sarampión en una niña de seis años, residente en la comuna 14 de CABA y con antecedente de viaje junto a su grupo familiar desde Rusia con escalas en Vietnam, Dubai y Río de Janeiro. Todas las infecciones ocurrieron por situaciones de contacto entre los pacientes de Provincia de Buenos Aires y los previamente confirmados en la Ciudad de Buenos Aires. De estos, un solo caso derivó en neumonía y requirió de internación. El brote de sarampión es una tendencia a nivel mundial: al 28 de febrero, la OPS (PAHO, por sus siglas en inglés) notificó 268 casos en la región de las Américas, incluyendo una defunción de un niño no vacunado. Este total representa un incremento de 4,5 veces en comparación con los 60 casos registrados en el mismo período de 2024. Por su parte, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), hasta el 6 de marzo del 2025, 12 jurisdicciones (Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, la Ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Washington) notificaron un total de 222 casos de sarampión , a los que se le suma una muerte confirmada, siendo ésta la primera muerte por sarampión en una década, y se encuentra en investigación una segunda muerte. Por su parte, en Canadá, este año se han registrado 95 casos de sarampión, mientras que en todo el año pasado hubo 147 casos. Aumento de casos de hepatitis y tos convulsa. Al ritmo que se aceleran los casos de sarampión, se propagan otras enfermedades como hepatitis A y tos convulsa. En relación a la hepatitis A, en las primeras seis semanas del año suman ya 24 los casos en nuestro país que la ubican en zona de brote. Otra enfermedad infecciosa que enciende las alarmas es la tos convulsa, también conocida como pertussis o coqueluche. La misma es una enfermedad sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas que afecta principalmente a niños, aunque también puede atacar a adolescentes y adultos y sigue siendo una de las principales causas de muerte en menores de cinco años a nivel mundial. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, se registraron en el país 19 casos confirmados, contra ninguno en el mismo periodo de 2024. El control de esta enfermedad requiere una alta tasa de protección inducida por la vacuna en todas las edades, dado que ni la infección natural ni la vacunación generan inmunidad de por vida. La disminución de la vacunación es un problema mundial Estos brotes están relacionados con la reducción del número de personas vacunadas. Por ejemplo, la tasa de vacunación para prevenir el sarampión (la triple Vvral), en nuestro país es menor al 90%, cuando lo recomendado por parte de la OMS, es del 95%. Siendo en 2023 para la primera dosis del 81,6% a nivel nacional, con casos muy por debajo de ese promedio, como CABA, con el 66%. Para la segunda dosis el resultado fue de 54,8% promedio en todo el país, según el informe de coberturas de vacunación del calendario nacional 2023 (actualizado al 18 de diciembre de 2024). Pero la baja en el número de personas vacunadas también es una tendencia mundial: la mayoría de los casos de sarampión en Estados Unidos se ubican en el oeste de Texas. Allí, el condado de Gaines, que concentra la mayoría de los casos, tiene una de las tasas más altas de niños en edad escolar que no recibieron al menos una vacuna requerida, con casi el 14 por ciento de los niños desde jardín de infantes hasta 12º grado en el año escolar 2023-24. La motosierra en salud, también es una tendencia mundial Mientras los profesionales recomiendan la vacunación como principal medida de prevención, la respuesta del gobierno de Milei es desmantelar los programas de prevención y cuidados, al punto tal que despidió a profesionales que realizaban el seguimiento del sarampión, Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) , que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Esto es una réplica de lo que sucede en Estados Unidos: el Departamento de Eficiencia Gubernamental comandado por Elon Musk ha destruido la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), poniendo en suspenso investigaciones científicas sobre vacunas contra el VIH/SIDA, por ejemplo. Mientras Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU, en una entrevista en un medio televisivo, insinuó que las lesiones provocadas por la vacuna contra el sarampión eran más frecuentes de lo que se sabe, y que la vacunación es una decisión personal. Además elogió tratamientos, como el aceite de hígado de bacalao o con esteroides o antibióticos, poco comprobados. El discurso antivacunas es el taparrabo que utilizan para desmantelar el sistema de salud y dejar a miles de personas sin protección. El recorte, la baja tasa de vacunación, la propagación de enfermedades y aparición de las consideradas erradicadas son un combo mortífero contra la clase obrera mundial . Fuentes: Boletín Epidemiológico Nacional: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2025/01/ben_746_se_9-10032025.pdf Informe de coberturas de Vacunación del Calendario Nacional 2023: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/05/nacion_cnv_2023_actualizado-18dic2024.pdf Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas: https://www.dshs.texas.gov/news-alerts/texas-announces-first-death-measles-outbreak Centro para el control y la prevención de enfermedades: https://www.cdc.gov/measles/data-research/index.html https://www.clarin.com/sociedad/viejas-enfermedades-vuelven-ataque-advierten-gente-preparada-enfrentarlas_0_YYsUuUucdr.html LEER MÁS: Oncólogos refutan las mentiras del Gobierno para disolver el Instituto Nacional del Cáncer Abajo la eugenesia social de Milei y Lugones. Por Julián Asiner, 12/03/2025.

Como ocurrió en CABA, en Mar del Plata cientos de manifestantes se movilizaron el miércoles 12 para reclamar por los derechos de los jubilados y contra la represión que cada miércoles descarga el gobierno nacional en las protestas que se llevan adelante en el Congreso. Política Obrera fue parte de las organizaciones convocantes a la movilización que comenzó con una concentración a las 17 hs. en la sede central de PAMI. Desde allí, jubilados agrupados en la Multisectorial e independientes, junto a militantes de organizaciones de izquierda, agrupaciones sociales y estudiantiles, hinchas de distintos clubes y vecinos, marcharon por las calles céntricas de la ciudad hasta el monumento a San Martín. La CGT y CTA estuvieron ausentes y sólo se pudo ver una pequeña delegación del gremio de los docentes universitarios (ADUM) y de SUTEBA, ambas integradas exclusivamente por sus respectivas comisiones directivas y algunos delegados de ATE. Con pancartas y cánticos, los manifestantes repudiaron las políticas llevadas adelante por el gobierno de Milei y en especial la represión ejercida por la ministra Patricia Bullrrich. El aumento de los haberes previsionales y el "fin de la represión" fueron los principales reclamos.

El gobierno interino de Siria anunció haber puesto fin este domingo a la operación militar en las provincias costeras del país, Latakia y Tartus. Se trata de pogromos contra los partidarios del viejo régimen de Bashar al Assad. Aunque, según reportó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), fueron masacrados más de 973 civiles, hay informes de persecuciones, asesinatos y saqueos que continuaban el fin de semana pasado en las zonas de montañas. La masacre fue justificada como una respuesta a supuestos ataques contra el gobierno actual. Las autoridades del país pertenecen al grupo islámico HDS, ex filial de Al Qaeda. En su último informe, la ONG detalló que la cifra total de muertos asciende a 1.311, incluyendo 231 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y, por otro lado, 250 militantes leales al antiguo régimen. El OSDH acusó a las fuerzas gubernamentales de cometer crímenes de guerra y señaló que los operativos militares se llevaron a cabo en un contexto de represalias masivas contra la minoría alauita. El presidente interino Ahmed al Sharaa amenazó con “tolerancia cero” para los responsables de crímenes de guerra y volvió a prometer por enésima vez que todas las minorías serán respetadas. Este es un ‘acting’ para evitar incomodar al elenco internacional que lo apoyó en su lucha contra la tiranía de Al Assad. Los pogromos provocaron que miles de sirios -alauitas y cristianos- cruzaran la frontera hacia el Líbano. Otros fueron a la base naval rusa, en Tartus, en busca de ayuda. El presidente interino de Siria Ahmed al Sharaa -en el pasado conocido como Abu Mohamed al-Golani– es el líder del HTS, un grupo que se desprendió de Al Qaeda. Estuvo preso entre el 2006 al 2011 por las fuerzas estadounidenses en Irak. Luego de ser liberado se unió al Estado Islámico. Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que favoreciera su captura. La oferta fue retirada en 2024, cuando el terrorista se puso traje y corbata y se convirtió en un héroe de liberación nacional en un parpadeo, tras reunirse con una subsecretaria de Estado norteamericana. Buena parte de la izquierda democratizante internacional aplaudió el derrocamiento de Al Assad como una epopeya libertadora. Ahora sus tropas siguen cometiendo masacres semejantes a las del Estado Islámico, pero esta vez por parte de un gobierno que cuenta con el apoyo, aunque condicional, de Israel. La prensa occidental sigue hablando de “enfrentamientos” ignorando las imágenes de asesinatos de niños a sangre fría. Contexto El HTS tomó el poder con ayuda militar de Turquía, que entre sus propósitos fundamentales ha estado el desalojo de YPG, la organización kurda que controla el noreste de Siria. Los esfuerzos de Erdogan, el presidente de Turquía, se han concentrado en aniquilar la presencia del PKK, el Partido de los Trabajadores, en el sudeste de Turquía. Con relación al gobierno de las organizaciones kurdas en el norte de Irak ha establecido un régimen de colaboración mutua. El YPG, en el noreste de Siria, cuenta con el apoyo del imperialismo norteamericano, que lo sostiene contra el llamado terrorismo islámico. La ofensiva de Turquía contra el YPG, región kurdosiria -Rojava- ha proseguido desde la toma del poder por el HDS. El este de Siria es una suerte de corredor desde el Mediterráneo hacia Irak e Irán. La noticia es que el nuevo gobierno sirio anunció este lunes la integración de la administración kurdosiria al Estado, en lo que sería una región autónoma. Marcos Rubio, el secretario de Estado norteamericano, saludó el acuerdo como un buen paso para la unificación de Siria. Se trata, en realidad, de un intento de pacto entre Turquía y Estados Unidos para cesar sus enfrentamientos militares y pasar a codirigir el país. En una reunión con Mazlum Abdi, el líder de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) —alianza formada mayormente por kurdosirios— se acordó "integrar todas las instituciones civiles y militares del noreste de Siria en la administración del Estado sirio, incluidos los cruces fronterizos, el aeropuerto y los yacimientos de petróleo y gas". En la región se encuentran los principales yacimientos petrolíferos del país. Asimismo, se indica que "la comunidad kurda es una comunidad indígena del Estado sirio, y el Estado sirio garantiza su derecho a la ciudadanía y todos sus derechos constitucionales". El PKK, el partido que se presenta como representante de toda la nación kurda, renuncia de este modo al objetivo histórico de construir un Estado nacional del Kurdistán, que reuniría a los kurdos de Turquía, Irak, Siria e Irán. En este contexto, el máximo líder del PKK, Oçalan, preso en Turquía desde hace treinta años, convocó al desarme militar del partido, lo que fue apoyado por su dirección y saludado por Recep Erdogan. Relación con Turquía El PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) anunciará un alto al fuego y un posible desarme en Turquía después de 40 años de lucha. Oçalam, ha planteado incluso la disolución del partido. Un acuerdo con Turquía establecería garantías culturales y lingüísticas para los kurdos, con la seguridad de que no estaría al servicio de un reagrupamiento de fuerzas para reiniciar una lucha. Erdogan saludó el anuncio, sin por eso cesar la persecución a cientos de políticos, activistas y periodistas. El PKK fue declarado terrorista no sólo por Turquía, sino por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que, por el contrario, el YPG, su organización hermana en Siria, fue financiada por Estados Unidos como un bastión contra el extremismo islámico. Con el frente político alcanzado por Trump y Erdogan, en cuanto a Siria, el YPG ha quedado en el vacío. La causa nacional kurda fue funcional al imperialismo norteamericano. Netanyahu, el criminal de guerra del sionismo , ha extendido, mientras tanto, la ocupación militar en Líbano y Siria –en este caso, más allá de los Altos del Golán, una colina estratégica. El descuartizamiento de Siria sigue en pie. La intención de Israel es crear una región tapón en el sur de Siria, El pretexto para el caso es defender a la comunidad drusa, repartida entre Líbano, Israel y Siria. Israel le pidió a Putin y le reclamó a Trump que Rusia mantenga su base naval en Tartus y la base aérea de Jmeimim para involucrar a otro socio en el reparto de Siria, y a otro cómplice con el desalojo de Gaza, o sea la limpieza étnica del pueblo palestino. A la luz de los últimos acontecimientos en Europa y en Estados Unidos, este negociado en el Medio Oriente ha entrado a formar parte del arreglo Trump-Putin en Ucrania y en Europa parece más bien ser parte de un intercambio de figuritas asincrónico y, conociéndolo a Trump, sin garantías. LEER MÁS: El descuartizamiento de Siria Estados Unidos y el Estado sionista destruyen los activos militares de Siria y se reparten el territorio. Por Jorge Altamira, 11/12/2024. Derrocamiento de Bashar al Assad: “No la vieron venir” Los despojos de Siria y la guerra mundial. Por Jorge Altamira, 08/12/2024.

Pablo Grillo es fotoperiodista y militante de Nuevo Encuentro. En la movilización de los jubilados el miércoles 12, mientras sacaba una fotografía en la calle Hipólito Yrigoyen, un gas lacrimógeno le pegó en la cabeza. En este momento sigue en el Hospital Ramos Mejía luchando por su vida. Desde las redes sociales la ministra Patricia Bullrich difundió que estaba detenido, lo que no es cierto, y lo acusó de ser militante kirchnerista para justificar el intento de homicidio de parte del operativo policial que ella dirigió. Grillo tiene 35 años y vive en Lanús. Estaba agachado tomando una imagen. En el video se ve perfecto cómo un gas tirado adrede hacia abajo le parte la cabeza y le produce una fractura y pérdida de masa encefálica. Después de dos intervenciones y evaluaciones, el diagnóstico sigue siendo muerte cerebral. El operativo policial consistió en apalear jubilados, trabajadores y retomar el ataque puntual contra los periodistas. En la Conferencia de Prensa convocada por ARGRA el jueves 13 se denunciaron que, con menos gravedad fueron varios los periodistas víctimas de la represión. El número de detenidos superó las 120 personas, entre ellos niños que salían de la escuela. El antecedente se dio durante las represiones por la Ley ómnibus. La policía disparaba a la prensa como uno de los objeticos para evitar la cobertura. Desde ARGRA/ SiPreBA y varios sindicatos se exige la renuncia indeclinable de Patricia Bullrich. En un comunicado, el sindicato denuncia que: “No hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina”. Y por esa razón exigen: “al presidente de la República que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la Justicia, a ella y a sus subalternos”. Durante la conferencia de prensa se denunció que el cartucho con el que le rompieron la cabeza a Grillo es el mismo con el que mataron a Carlos Fuentealba y esa era una de las causas por la que ese tipo de arma estaba prohibida. Fue Patricia Bullrich quien derogó la prohibición, junto con otros 20 puntos que recrudecen las condiciones de la represión. La jueza de la Ciudad, Karina Giselle Andrade, que ordenó la liberación de 114 de los detenidos concluyó que las detenciones "afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión". En respuesta, el gobierno la denunciaría por “incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos”. Manuel Adorni, afirmó que "la Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina". En conferencia de prensa, Patricia Bullrich declaró que el Poder Ejecutivo va a intervenir el Poder Judicial: “Vamos a actuar en contra de la jueza que liberó a los detenidos”. Por Justicia para Pablo Grillo y el conjunto de los heridos y detenidos, redoblemos la movilización en apoyo a los y las jubiladas. LEER MÁS: Jubilados: una movilización valiente y masiva escala el desafío contra el gobierno liberticida Por Jacyn, 12/03/2025.

La convocatoria de este miércoles de las agrupaciones de jubilados logró concitar la simpatía de un sector de la población que son las hinchadas de futbol . Esto se hizo viral y se hicieron eco del llamado trabajadores en conflicto, gráficos, del neumático, de la salud, docentes, asambleas barriales y jóvenes estudiantes. Esta participación muestra la conciencia que van tomando los trabajadores de que el ataque a la jubilación es un ataque al conjunto de la clase obrera. La brutal represión antes del horario de la realización del acto era para impedir que una multitud se reuniera en un gran acto frente al Congreso Nacional. Esa multitud se manifestó a pesar de la salvaje represión en todo el centro porteño. Los videos que circulan desmienten la sarta de mentiras de los medios de comunicación. El golpe artero del policía en la cabeza de la jubilada de 80 años, el disparo de la granada de gas en la cabeza del periodista que estaba haciendo su trabajo, el camión hidrante que circula reprimiendo y diciendo por su parlante “vengan zurdos”, el arma plantada por la policía. Todo da por tierra con el armado político de Milei-Bullrich de una provocación de las barras bravas salvajes . Ante un gobierno liberticida que nos hambrea y reprime brutalmente con la complicidad de todos los partidos patronales y de una CGT, CTA y CTERA al servicio de estos planes, un importante sector de los trabajadores y jubilados ha demostrado la intención política de recuperar las calles. Desde el colectivo de agrupaciones de los miércoles hemos repudiado la salvaje represión, exigimos la inmediata liberación de los detenidos y enviamos nuestra mayor solidaridad a los compañeros heridos . Sólo una huelga general frenará esta barbarie, y hay que impulsarla y organizarla. Y convocamos el próximo miércoles 19 de marzo a las 17 horas en el Anexo del Congreso. Nuestros reclamos son: no al cese de la moratoria previsional que va impedir a millones de trabajadores acceder a su merecido beneficio jubilatorio, el 100% en medicamentos y el aumento de los miserables haberes que cobramos. La lucha continúa.

La comisión interna del diario Clarín publicó en sus redes sociales un comunicado delimitándose de las patrañas vertidas por ese medio en relación a la movilización y la represión del miércoles. En la víspera, el diario de Magnetto y su gerencia periodística tacharon la convocatoria como una marcha de “barrabravas”, a la que sumaron los partidos de izquierda. Luego, ha dado un apoyo cerrado a la represión. Acusa de “camporista” a la jueza Karina Andradre por haber liberado a 114 de los detenidos arbitrariamente por la policía, en un fallo completamente ajustado, sin proveer un solo elemento de prueba sobre su filiación política. Las notas publicadas hoy en su edición en papel, donde se reproducen ésta y otras afirmaciones mendaces, han salido sin firma. Es evidente que Clarín pretende asegurarse la compra de Telefónica y otros negocios. Otros medios también han hecho propia la versión oficial, amplificando todo tipo de mentiras obscenas. Convocamos a reproducir el ejemplo de la CI de Clarín en todas las redacciones y estudios de radio y televisión. Comunicado de la CI de AGEA Rechazamos la cobertura de Clarín sobre la marcha de jubilados e hinchas que terminó en una brutal represión por parte de las Fuerzas de Seguridad y con un fotógrafo herido y con riesgo de muerte. Cabe aclarar, una vez más, que las y los trabajadores del medio no representamos su línea editorial. Observamos con preocupación y repudio la deliberada omisión de hechos y la calificación tendenciosa de colectivos para justificar un accionar represivo desmedido. En su portada, Clarín no menciona la principal razón de la convocatoria: el legítimo reclamo de los jubilados, que semana tras semana son golpeados por exigir un ingreso digno (el haber mínimo es de $279.121 cuando la línea de indigencia en CABA es de $564.757). Soslaya también que trabajadores y trabajadoras de prensa sufren el mismo trato violento por parte de la Policía al realizar sus tareas periodísticas, lo cual volvimos a denunciar desde @SiPreBA el día previo a la marcha. Además, al mencionar a quienes se convocaron se los engloba y califica como "militantes k", "barrabravas" o "piqueteros", olvidando a los jubilados y a muchos otros colectivos e independientes, pretendiendo ningunear un derecho básico para la sociedad como es el de manifestarse. Poco y nada dice de un operativo violento que hirió de gravedad a Pablo Grillo, quien sacaba fotos de los hechos cuando recibió el impacto en la cabeza de un gas lacrimógeno disparado de forma criminal. Un hecho que está grabado y deja en evidencia el accionar de la Policía. En reiteradas oportunidades, periodistas y fotógrafos de Clarín, así como de otros medios, sufrimos la misma violencia a la hora de realizar nuestro trabajo en las calles. Repudiamos todo tipo de agresión a las y los trabajadores de prensa y exigimos al diario una cobertura ecuánime y profesional, sin omisiones tendenciosas ni estigmatizaciones a quienes reclaman. Comisión Interna de Clarín/AGEA, 13/3/2025 LEER MÁS: El detrás de escena de las hinchadas que se convocan a defender a los jubilados Miércoles 12, 17 horas, todos al Congreso. Por Leonardo Perna, 11/03/2025. El miércoles 12, todos a Congreso con los jubilados “Defendemos a nuestros viejos”, gritan las hinchadas que llaman a tomar las calles. Por Marcelo Ramal, 10/03/2025.

El pasado 26 de febrero, el presidente Javier Milei nombró por decreto al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al día siguiente, García Mansilla juró como juez de la Corte Suprema de Justicia en una ceremonia cuasisecreta. Esta operación generó numerosos rechazos. En su presentación ante el Senado de 2018, García Mansilla sostuvo que “El supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”. García Mansilla también se opuso al fallo F.A.L, en el que la Corte Suprema determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible. Por otra parte, García Mansilla fue uno de los más férreos detractores de anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La vicepresidenta Victoria Villarruel, conocida defensora de genocidas, contó en una ocasión que lo tenía como especialista de consulta en temas constitucionales. Desde 2010 trabajó en el estudio jurídico fundado por los hijos de Horacio Tomás Liendo, ministro de Trabajo de Videla, que integran la asociación Justicia y Concordia, la cual milita la impunidad de los genocidas de la dictadura. Los resortes de García-Mansilla García Mansilla cuenta con el respaldo de otros organismos y personalidades, como Será Justicia, la Asociación Civil Lógica, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. También cuenta con estrechos vínculos con los otros miembros de la Corte, como Carlos Rosenkrantz, un abogado del grupo Clarín e iniciador de la campaña contra la consigna “donde hay una necesidad hay un derecho”, si esa necesidad no tiene financiamiento Pero el verdadero respaldo a García Mansilla proviene de los lazos que tejió durante su actividad privada con los grandes pulpos petroleros y gasíferos. Su designación “fue recibida de manera auspiciosa entre los principales jugadores del sector energético” (Portal de Noticias Transporte y Energía, 28/8/24). De acuerdo a su CV, trabajó de 1997 a 2005 en el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los principales bufetes de abogados del ámbito local que tiene como clientes a la mayoría de las empresas privatizadas y compañías hidrocarburíferas. García Mansilla fungió allí como asesor y abogado de las principales firmas de Oil&Gas y participó en la preparación de demandas contra dos provincias por regalías mineras y contra las administraciones provinciales de Buenos Aires y Tierra del Fuego por cuestiones relativas a la reglamentación del comercio interior. Luego, entre 2005 y 2010, se desempeñó directamente en la industria del gas y petróleo en las empresas Occidental Argentina Exploration and Production Inc., y Vintage Oil Argentina Inc., donde brindó asesoramiento legal y llevó adelante la negociación de convenios relacionados con la adquisición de distintas áreas de explotación y exploración de hidrocarburos. En la petrolera Oxi Argentina, su mayor “logro” provino de su participación en el equipo que negoció la extensión de 15 concesiones de explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años en la provincia de Salta, entre otros casos. Entre los clientes de su cartera que García Mansilla le detalló al Senado hay varias empresas o empresarios ligados al negocio energético, como Euclides Bartolomé Bugliotti o José David Peñafiel Salgado, que aparece como integrante de Tripetrol Petroleum. También “Madalena Energy SA –actual Centaurus Energy–, President Petroleum SA –una compañía británica con operaciones en Río Negro que está en concurso de acreedores desde el año pasado- y Sinopec Argentina Exploration and Production, filial local de la compañía china de petróleo y gas. Sinopec anunció en 2021 que se iba a desprender de sus activos en el país y que los vendería a la Compañía General de Combustibles, de la familia Eurnekian” (Página/12, 12/3/25). Entre 2010 y 2014, García Mansilla trabajó en el estudio Liendo & Asociados, fundado por Horacio Liendo, quien fuera Secretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante el gobierno de Carlos Menem y uno de los principales laderos de Domingo Cavallo. Su vínculo con las compañías del sector lo llevó a convertirse en Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la entidad del sector que agrupa a las petroleras y productoras de gas más emblemáticas del país, cargo que ejerció durante diez años. Desde ese cargo, en el 2016 expuso en una audiencia pública a favor del aumento de tarifas hechas durante la gestión de Mauricio Macri. Una de sus últimas acciones en la entidad fue la elaboración de la carta que Ormaechea remitió al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, rechazando el pago de las deudas de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a los generadores eléctricos y productores de gas con bonos del Tesoro que vencen en 2038. García Mansilla hizo un máster en Georgetown University, en los Estados Unidos, donde se recibió con la tesis “La crisis de la separación de poderes, el caso Argentina”, que se centra en la crítica al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Argentina. “En la Argentina, los DNU han destruido la separación de poderes y los contrapesos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Además, a cierto nivel, la Corte Suprema ha hecho poco para hacer cumplir los requisitos de que la legislación provenga del poder legislativo y no de los presidentes”, dice la tesis. Sin embargo, aceptó su designación por medio de un decreto. LEER MÁS: La Corte por decreto está ‘conversada’ con el kirchnerismo El cripto-liberticida se blinda judicialmente. Por Marcelo Ramal, 26/02/2025. La fórmula Lijo-García Mansilla Por Jacyn, 21/03/2024.

Israel interrumpió el suministro de electricidad a toda la Franja de Gaza, incluida la única planta desalinizadora que proporciona agua potable a unos 600.000 gazatíes a través de camiones cisterna. La planta sigue funcionando al 20 % de su capacidad, impulsada por un generador, pero se calcula que en una semana se quedará sin combustible. Una semana antes, el 1 de marzo, el gobierno de Netanyahu había bloqueado la entrada de toda ayuda humanitaria -alimentos, medicinas, carpas-. Ahora, sumó la privación de agua a una población ya asolada por enfermedades generadas por el uso de aguas contaminadas. El presidente ejecutivo de la Corporación Eléctrica israelí, Meir Spiegler, recordó que Israel desconectó “sin excepción” las diez líneas de electricidad que llegaban a Gaza en octubre de 2023, cuando el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró: “He ordenado un asedio total a Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Todo está cerrado. […] Nos enfrentamos a animales humanos y actuamos en consecuencia”. Es una de las frases en las que Sudáfrica apoya su acusación de genocidio en el Tribunal Internacional de La Haya. En diciembre, Amnistía Internacional informó que, en la mayor parte de Gaza, los palestinos tenían acceso a solo entre 2 y 9 litros de agua por persona y día, muy por debajo de los 15 litros estipulados para la supervivencia básica. A partir de la restauración del bloqueo, seis de las 22 panaderías que seguían en funcionamiento han cerrado por falta de combustible. Las que restan podrían cerrar en una semana más o menos, según el jefe del sindicato de panaderos de Gaza. En Yan Yunis, en el sur, cerraron todas las panaderías porque dependen de aceite de cocina. En este momento apenas se entrega media barra de pan por persona. Tanto Naciones Unidas como organizaciones humanitarias afirman que Gaza está a solo unos días del colapso total. La misma política genocida se aplica en Cisjordania. En un informe publicado el 10 de marzo, B'tselem, una organización israelí de derechos humanos, acusó a Israel de llevar a cabo la «gazaficación» de Cisjordania. Detenciones masivas, severas restricciones de movimiento, ataques aéreos y destrucción generalizada. “Israel pretende establecer hechos irreversibles sobre el terreno: remodelar Cisjordania para desplazar permanentemente a algunos palestinos y obligar a otros a vivir en condiciones que eventualmente los llevarán a irse”, aseguran. El domingo, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, un colono, anunció que el gobierno está creando una administración para la migración «voluntaria» de palestinos. Y dijo que «fuentes del gobierno estadounidense» estaban de acuerdo en que «es imposible que dos millones de personas que odian a Israel permanezcan a tiro de piedra de la frontera. Si eliminamos 5.000 al día, vaciaremos Gaza en un año», añadió. En Tel Aviv, familiares de los 59 rehenes que siguen en Gaza presentaron el miércoles una petición ante el Tribunal Supremo israelí para que revoque el apagón eléctrico al que Israel somete a la Franja. Argumentan que la decisión "pone en peligro directa e inmediatamente la vida de los rehenes, ciudadanos israelíes, que no pueden protegerse a sí mismos”. Hamas advirtió que el corte, al que llama “un castigo colectivo sin precedentes” constituye “un crimen de guerra que amenaza con desencadenar una sequía catastrófica en la Franja de Gaza". La semana pasada, Adam Boehler, el enviado de Trump para discutir la situación de los rehenes, mantuvo reuniones con Hamas sin dar parte al gobierno de Netanyahu, que criticó severamente estos contactos. En declaraciones a la prensa israelí, Boehler había dicho que creía factible “un acuerdo por el cual se libere a todos los rehenes” en cuestión de semanas a cambio de “algo así como una tregua a largo plazo” (Times of Israel 12/3). Este viernes, en Doha, Hamas informó que aceptaba devolver un rehén de nacionalidad estadounidense, el soldado israelí Edan Alexander, y cuatro cadáveres en el contexto de un acuerdo en el que supuestamente serán más numerosos los prisioneros palestinos liberados. A principios de marzo, el enviado especial de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, había dicho que lograr la liberación de Alexander era una “prioridad absoluta”. Que se dé prioridad a los rehenes de otra nacionalidad “provocó de inmediato una furiosa denuncia por parte de los familiares de los rehenes israelíes retenidos en Gaza” (NYT, 14/3). “Si Israel insiste en detenerse a mitad de camino y dejar atrás a sus ciudadanos, que todas las madres israelíes sepan que deben conseguir un pasaporte extranjero para sus hijos, o de lo contrario serán abandonados”, señaló un comunicado del Foro de Familias de Rehenes. La reacción de Netanyahu fue acusar a Hamas de “guerra psicológica”, convocar al consejo de guerra y hacer regresar a Tel Aviv la delegación negociadora que estaba en Doha. En este contexto, la prensa israelí considera poco probable que el gobierno libere a prisioneros palestinos.

Los sindicatos aceiteros de Rosario y del Cordón de San Lorenzo llevan adelante una huelga con piquetes en respuesta a la represión del gobierno nacional a los trabajadores de la empresa Explora, ubicada en la localidad de General San Martin. Esto, cuando está vigente una conciliación obligatoria. A últimas horas de la noche, la Federación Aceitera anunció el levantamiento de la huelga a partir de la convocatoria a una reunión con la cámara patronal (CIARA) para el lunes 17. La situación de la paritaria aceitera no escapa a la norma general: las patronales no han hecho todavía ninguna oferta satisfactoria, cuando el convenio está vencido desde hace dos meses. Dánica y Vicentín se encuentran con atrasos en los pagos o directamente cierres. El bono anual, establecido por convenio, no fue pagado en varias empresas. Es lo que ocurre también en Fate y Georgalos (ex Stani). Explora SA, una empresa argentina controlada por el grupo Endriven, produce y comercializa biodiesel y glicerina cruda. Los obreros no han cobrado el “bono gratificación anual” que perciben los aceiteros. Los trabajadores realizaron medidas de fuerza dentro de la planta. La patronal de Explora después de la huelga finalmente pagó la gratificación, pero despidió a 4 trabajadores. Casi al mismo tiempo, la empresa del Grupo Vicentín pagó solamente el 30 % de los salarios del mes de febrero. La cerealera, está concursada desde marzo de 2020. En una audiencia del 7 de marzo, Vicentin expuso que no contaba con la liquidez necesaria para afrontar el pago Ante la paritaria congelada, los despidos en Explora y la falta de pago en Vicentín, la Federación Aceitera (FTCIODyARA) convocó a un paro nacional para ayer jueves 13, que amenazaba con paralizar la salida de granos. La cámara empresarial apuró el pedido al gobierno nacional para que dicte la conciliación obligatoria, aunque dejó afuera de la misma a Vicentín. La patronal se negó a dejar ingresar a los despedidos, como la obliga la ley. Los trabajadores no aceptaron acatar una conciliación obligatoria que la patronal desconoce: inmediatamente decidieron seguir la huelga con un piquete en la entrada de la planta de San Martín. Patricia Bullrich envió un destacamento de la Prefectura Naval Argentina a desalojar. En la represión nocturna, un móvil de la PNA atropelló a un trabajador. Luego de la represión, el Sindicato Aceitero de Rosario y el del Cordón de San Lorenzo decidieron volver a la huelga, con piquetes en las grandes fábricas. La participación de los trabajadores fue masiva. La Federación anunció su apoyo pero no convirtió a la huelga del Cordón y Rosario en una huelga general en todo el país. El paro alcanzó a las tres plantas de Bunge (Puerto Gral San Martin, Ramallo y San Jerónimo), las dos de Cargill (Pta Alvear y Quebracho), dos plantas de Cofco (Puerto General San Martín y Timbúes), las dos plantas de Dreyfus (General Lagos y Timbúes), la planta de Molinos Agro en San Lorenzo y de Renova en Timbúes. La planta de Vicentín, fuera de la Conciliación Obligatoria, siguió en medidas también. A última hora de la noche del jueves, el SOEAR (Aceiteros de San Lorenzo) y la Federación anunciaron el levantamiento de la huelga; Capital Humano se había comprometidó “a tomar el asunto entre sus prioridades”. El levantamiento de los paros no fue decidido por asambleas ni plenarios de delegados. Los trabajadores aceiteros del Cordón de San Lorenzo y Rosario han vuelto a demostrar el espíritu de lucha de la clase obrera. La lucha continúa para sacar a la Prefectura Naval y la policía de Bullrich de los conflictos; para reincorporar a los despedidos en Explora SA y en Dánica; por la prioridad al pago de los salarios, mediante un comisión obrera de control de la ‘liquidez’ de la patronal.

Tanto el gobierno de Milei como el de la Ciudad han lanzado un feroz ataque contra la jueza contravencional porteña Karina Andrade por haber dispuesto, en la madrugada del jueves 13, la libertad de 114 detenidos durante la marcha de los jubilados y sus alrededores. El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona -un verdadero delincuente- amenazó con abrirle un sumario en el Consejo de la Magistratura y pedir su destitución. Por su parte, Jorge Macri -que sumó a la Policía de la Ciudad al operativo represivo orquestado por Patricia Bullrich- fingió indignación porque la mitad de los liberados tendría “antecedentes penales”, lo cual no ha sido corroborado por ningún medio judicial ni periodístico. El hecho es que Andrade se atuvo estrictamente a lo previsto en las leyes y en la Constitución. No abrió juicio sobre las cuestiones “de fondo” ni puso coto a la investigación de los hechos. Simplemente señaló que habían transcurrido largas horas desde que la fiscalía convalidó las detenciones, sin que se aportaran datos sobre las circunstancias que las rodeaban ni de los supuestos delitos que se les atribuían a los detenidos. “A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, apunta Andrade en su resolución. También desmiente a los medios y pseudoperiodistas ensobrados por el gobierno, al destacar, por ejemplo, que “ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”. Los reportes policiales remitían en forma genérica a “los hechos del Congreso de la Nación”, sin aportar ningún tipo de detalle. “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”. Esto lo atribuye a “las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”, diseñado por Bullrich, que consistió en una cacería de manifestantes y no manifestantes. Andrade apunta también que, al momento de resolver, tuvo en cuenta “que se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”, a los que considera “baluartes del sistema democrático”. La represión dispuesta por Bullrich y Macri tuvo el propósito indisimulable de dispersar tempranamente a jubilados e hinchas ante una manifestación que se perfilaba muy numerosa –en las primeras horas de la tarde había varios miles frente al Congreso-. Las denuncias contra Bullrich se multiplican: provocadores policiales infiltrados, torturas, arbitrariedades y atropellos de todo tipo. El hecho más grave, por lejos, ha sido la tentativa de homicidio contra el fotógrafo Pablo Grillo , quien todavía pelea por su vida. Grillo recibió el impacto directo de una granada disparada con una pistola lanza gases, como se aprecia en las imágenes difundidas en las redes. De la misma manera fue asesinado el docente neuquino Carlos Fuentealba. La pistola lanza gases se encuentra prohibida en gran parte del mundo justamente por considerarse un arma potencialmente letal, y Bullrich la puso nuevamente en uso para dispersar multitudes. La ministra mintió descaradamente, afirmando que Grillo había sido afectado por un ´rebote´ y lo justificó al ´revelar´ que era militante kirchnerista. El próximo miércoles, salgamos nuevamente a las calles en apoyo a los jubilados y sus reclamos. El 24 de marzo, seamos multitudes en todo el país contra el gobierno represor.

Tomando como mojón la criptoestafa $LIBRA , el gobierno nacional viene cosechando todo tipo de trapisondas. Luego de que Carlos Pagni expusiera un nuevo escándalo del gobierno liberticida ligado al vuelo privado que arribó a Buenos Aires el 25 de febrero procedente de Miami, que traía como pasajera a Laura Belén Arrieta, miembro del comité organizador de la ultraderechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), custodiando una decena de valijas que en la Aduana no fueron revisadas por “ordenes de arriba”, la Procuraduría de Investigación Administrativas (PIA), abrió una investigación de oficio con el objetivo de estipular si hubo irregularidades al arribar el vuelo y solicitó los registros de las cámaras de seguridad del hangar en el que estuvo parado, “en tránsito”, el avión entre el 26/02 y el 05/03, y de los pasajeros en su ingreso al país. Rápidamente, el inefable vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a aseverar que se trataba de una fake news que las valijas estuvieran llenas de dinero y negó cualquier relación del gobierno con Laura Arrieta. Mal que le pese al vocero presidencial, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que obvió decir Adorni es que desde el gobierno liberticida aseguran que se “se trata de una interna entre los distintos sectores que responden a servicios de inteligencia, algunos dentro del Gobierno y otros inorgánicos.” (Perfil 15/03) Mientras el gobierno nacional trata de borrar las huellas que lo unen con los Laura y Fernando Arrieta, titular de la Fundación Dale, desde donde "asesora" a Karina Milei y al "armador" bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja https://politicaobrera.com/13731-la-valijera-de-milei , comienzan a salir a la luz los vínculos entre los hermanos libertarios y la agrupación, Fuerzas del Cielo . La exazafata, desde hace dos años, viene cultivando relaciones con la madeja de lúmpenes que conforman el mundillo libertario. Como es el caso de Lucas “Sagaz” Luna, miembro del “brazo armado” del gobierno y director de Intercargo Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), empresa que pertenece al Estado argentino, que se encarga de todos los servicios operativos relacionados con el despegue y aterrizaje de los aviones. Luna fue uno de los que ofició como puente entre el gobierno liberticida y la CPAC. Por su parte, el empresario Leonardo Scatturice, dueño del avión Bombardier Global 5000 y empleador de Arrieta, tiene una estrecha relación con Diego Colunga, responsable de Royal Class, de quien depende el hangar donde la nave estuvo estacionada durante siete días antes de partir rumbo a Paris. Colunga cercano a Santiago Caputo, fue colocado por éste como director de Aerolíneas Argentinas. Pagni señala que Scatturice fue quien digitó a las autoridades de la Aduana y a instancias de Caputo fueron nombrados en el área. (La Nación 12/03/2025) Scatturice, especialista en antilavado, además de abrir empresas off shore en Panamá, se ha dedicado al desarrollo de empresas de vigilancia digital, actividad en la que se adentró a partir de los vínculos con la SIDE, de la cual fue agente y con las distintas fuerzas de seguridad. En el caso de las valijas voladoras libertarias, debido al estrecho vínculo que Scatturice mantiene con el exmontonero Mario Montoto, lobista en materia de ciberseguridad y proveedor de dispositivos que se utilizan en el área de la seguridad, surgen las sospechas de que, en las valijas en cuestión, trasladaran materiales destinados al espionaje. Montoto, oficialista en todos los gobiernos desde Menem a la actualidad, ha construido estrecho vínculos con el sionismo vernáculo, a través de negocios con empresas israelíes y es asiduo concurrente de la embajada yanqui, proveyó a la Ciudad de Buenos Aires tecnología de reconocimiento facial. El caso de las valijas libertarias y las sospechas de que en las mismas se encontraban material para el ciberpatrullaje pone en el centro de la escena a Santiago Caputo, quien maneja a gusto y piacere la SIDE y es el responsable de su reorganización, que tiene como objetivo el reforzamiento represivo, que se plasmó en el aumento descomunal del presupuesto destinado a los “sótanos de la democracia” . En este marco de situación, el gobierno nacional, por medio de un decreto presidencial, aumentó el presupuesto para inteligencia con un adicional de $7000 millones de pesos, de los cuales, $1650 millones figuran como gastos reservados, que están sujetos a un uso discrecional y por el que no debe rendir cuentas Sergio Neiffert, director de la agencia de inteligencia y hombre del “funcionario sin firma”, Santiago Caputo. La persecución, carpetazos y provocaciones contra las manifestaciones populares y sus organizaciones, se multiplicarán exponencialmente en la medida que la gangrena vaya avanzando en el tejido del gobierno liberticida, que al igual que el pescado, se pudre por la cabeza..

La tarde noche del viernes concentró cerca de un millar de personas en el barrio de Remedios de Escalada, de donde Pablo Grillo es oriundo y mantiene su actividad política. La convocatoria fue realizada por amigos y familiares de Pablo que encontraron de parte del Estado no solo un accionar criminal y un intento de homicidio contra él, sino la justificación de parte de la principal responsable política del hecho, la ministra Bullr(e)ich . La concentración demostró un enojo popular en el barrio y una muestra enorme de solidaridad con Pablo, que continúa luchando por su vida en el hospital Ramos Mejía. Un cacerolazo fue tomando forma desde las 19 hs y se extendió hasta cerca de las 22 hs. Los conductores de los diversos vehículos acompañaban el ruido de las cacerolas y los cantos con sus bocinas. La actividad, planteada para realizarse sobre la plaza, quedó desbordada y debió ganar varios carriles de la avenida. Cacerolas, pancartas y cánticos que se centraron en la consigna “que se vayan todos” y el reclamo particular por un “que renuncie Bullrich” fueron los más coreados, el rechazo a la represión fue total. El carácter autoconvocado de la actividad desenmascaró al municipio, conducido por el kirchnerista Julián Alvarez, que no logró -a pesar de la adscripción de Pablo la misma corriente política- usufructuar el reclamo popular. Su distancia marca la desconfianza del peronismo en todas sus variantes por “hacer olas” en momentos que crece un fuerte rechazo al gobierno y la movilización cobra tenacidad para enfrentar la represión y el estado policial que pretende imponer el gobierno liberticida. La concentración concluyó convocando a redoblar esfuerzos el próximo miércoles, acompañando una nueva movilización de los jubilados. La actividad fue acompañada por diversas agrupaciones obreras, centros de estudiantes de la UNLa y organizaciones de izquierda, entre ellas, Política Obrera. Justicia por Pablo Grillo, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales.

Inmediatamente después de desatar una represión contra los trabajadores e hinchas que se movilizaron al Congreso en apoyo a los jubilados, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich desenvolvió una campaña de desinformación y mentiras para justificar el operativo represivo y encubrir las huellas del accionar criminal de Gendarmería. En conferencia de prensa, entre otras cosas, Bullrich se refirió al caso de Pablo Grillo , el fotógrafo que se encuentra con pronóstico reservado en el hospital Ramos Mejía luego de que un gas lacrimógeno golpeara directamente contra su cabeza. La ministra responsabilizó a los propios manifestantes por la situación de Grillo cuando aseguró que el proyectil en realidad “rebotó en una barricada que habían hecho los militantes violentos y por eso cambió la dirección y le pegó al fotógrafo militante". Según sostuvo, el gendarme que disparó "tiró el disparo como dicen los manuales" y el proyectil "rebotó, no sabemos si en el piso de una estructura metálica muy dura toda quemada que ellos mismos habían puesto ahí como una barricada, con tal mala suerte que cuando rebota como el fotógrafo estaba sacando (fotos) tirado en el piso, en el rebote... No sabemos si es la granada, un desprendimiento de un fierro que le pegó en la cara. El policía tira la granada correctamente". Hasta el momento se había dado a conocer solamente una grabación de video en la que se ve cómo Grillo recibe el cartucho y cae inconsciente cuando se encontraba agachado sacando una fotografía a la Gendarmería. Pero un video que se dio a conocer recientemente, tres días después de los hechos, acaba de desbaratar completamente las mentiras de la ministra. Se trata del primer registro que aparece en el que se ve quién y cómo disparó el proyectil de gas lacrimógeno. En una toma aérea que muestra el momento exacto en el que el oficial de gendarmería lanza el cartucho, a un costado de la Plaza del Congreso. Según explica Clarín, “lo que puede observarse en el video es que “el efectivo lo dispara [al gas lacrimógeno] sin respetar el protocolo que indica lanzar las cápsulas en ángulos de 45 grados. Apenas después de hacerlo, el oficial se repliega, corre y se coloca detrás del grupo de agentes de seguridad”. Del video se concluye que la versión de un rebote del cartucho antes del impacto fue una mentira de la ministra. El disparo se realizó en forma recta y fue directo a la cabeza de Grillo, sin rebotar previamente en ningún lado. Este video en realidad sólo viene a confirmar algo que ya había asegurado el perito físico y científico del Conicet, Rodolfo Pregliasco, que además cuenta con respaldo de la comunidad científica. En declaraciones radiales, Pregliasco había explicado que hubo una "trayectoria rectilínea de arriba hacia abajo, que si la proyectás hasta el cordón policial te da la altura de una persona" y que "ese cartucho no rebotó en ningún lado (…), la trayectoria del disparo va derecho a la cabeza” de Grillo. El Grupo Ciencia y Técnica Argentina, que agrupa a miembros de la comunidad científica, habían reclamado "que se difunda el análisis realizado por los Doctores Guillermo Pregliasco, y Martin Onetto, que son investigadores del CONICET en el Centro Atómico Bariloche". Además de comprobarse la trayectoria del proyectil, se sabe que el tipo de cartucho utilizado estaba prohibido para su uso y la ministra Patricia Bullrich lo autorizó a fines de 2023. El video que se dio a conocer recientemente fue tomado por un dron del canal TN y apareció luego de que trabajadores del grupo Clarín rechazaran públicamente “la cobertura de Clarín sobre la marcha de los jubilados” . Mientras tanto, Pablo Grillo sigue peleando por su vida. Su padre aseguró que "hubo una leve mejora de unos estudios que le hicieron, pero dentro del marco de su gravedad". El impacto en la cabeza le generó politraumatismos y pérdida de masa encefálica. El jueves, en conferencia de prensa, Bullrich ratificó que no se tomará ninguna medida sobre el oficial que disparó la cápsula de gas lacrimógeno y que no habría ninguna investigación interna. Desde el gobierno, en realidad, aseguraron que "denunciaremos penalmente a todos los responsables”, en referencia a los manifestantes, no a los gendarmes que golpearon jubilados y dejaron cientos de heridos. Reclamamos justicia para Pablo Grillo y todos los heridos por el accionar criminal de las fuerzas represivas.

La jornada del 24 de marzo de este año tiene algunas peculiaridades. Como consecuencia de 42 años de pseudodemocracia y de ‘ajustes’ nacionales y populares, incluido el de Chacho Álvarez y De la Rúa, más los macristas de la UCR, el gobierno de Argentina ha quedado en manos de los representantes ‘civiles’ de la dictadura militar. En el país del “nunca más”, ha tomado el gobierno la reacción a ultranza. La responsabilidad inapelable de quienes gobernaron en estos 42 años -radicales, macristas y kirchneristas- no es cuestionada por nadie, ni por ellos mismos. La ‘democracia’ rescató la herencia de la dictadura, desde la deuda externa hasta el gatillo fácil . En el último año, el Congreso avaló por acción u omisión todos los decretazos y vetos, y se apresta a hacerlo con el cheque en blanco que representa el acuerdo con el FMI . Los responsables directos de este retroceso han puesto todo el aparato del que disponen para volver a copar la manifestación nacional del 24 de Marzo. Ausentes de la Plaza desde 1983 a 2006, incluido el voto al indulto a las Juntas por parte de Menem, han logrado cooptar el 24 de Marzo e incluso convertirlo en un feriado, como la burguesía mundial lo ha hecho con el 1 de Mayo. Ni memoria, ni verdad A despecho de todo lo anterior, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que agrupa a los partidos de izquierda y a diversas organizaciones de derechos humanos, ha dilapidado las preciosas semanas previas a la marcha en la búsqueda esforzada y desesperada por arribar a un acuerdo político con el kirchnerismo, es decir, a un frente político con la dirección nacional del Partido Justicialista. Cuando nada impedía marchar con consignas y reivindicaciones propias, y en especial con una fuerte denuncia política de la burocracia sindical y de la colaboración en los hechos con el gobierno de Milei, el FITU presentó dos mil versiones de un documento común para poder subir al escenario del acto final de la marcha. Los K, como se puede imaginar, les rechazó otras dos mil veces la tentativa y los acusó de sabotear la ‘unidad’ de la movilización. El FITU ha mostrado, en la circunstancia, su condición de promotor reaccionario de la confusión y la colaboración de clases. Cuando las movilizaciones de jubilados, trabajadores, jóvenes e hinchadas han asestado un golpe político poderoso al gobierno liberticida (como lo reconocen Clarín y La Nación del domingo 16), la marcha del 24 enfrenta una tentativa de domesticación, contención y desvío por parte de los K, un baluarte del sistema político de Argentina. Los organizadores oficiales de la marcha ‘rehabilitan’ a la burocracia de la CGT, que para ganar un lugar en la jornada ha prometido un paro difuso para mediados de abril. En estas condiciones, el deber de las corrientes obreras es movilizar fuerzas para disputar a los K-K (Kirchner-Kicillof y sus gobernadores e intendentes) a los sectores aún numerosos que los siguen, aunque con una desconfianza política enorme y creciente. Fue lo que Política Obrera planteó en solitario en esas reuniones. Por el contrario, el FITU se prodigó en reuniones con el kirchnerismo, ofreciendo versiones cambiantes de declaraciones que lo conformaran. Una vez que el kirchnerismo rechazó el reclamo de una lectura de “dos documentos en la Plaza”, el FITU les propuso un “texto que podamos firmar todos” –desde los que luchan contra los ‘ajustes’ de Kicillof contra los docentes bonaerenses, hasta la cúpula K que se dispone a votar a Lijo si se amplía el número de jueces de la Corte-. Una declaración política que emparde las posiciones de unos y otros es muy diferente a un frente con el diablo, sin declaraciones de por medio, para reconquistar la calle de la policía. Un acuerdo práctico para ocupar las calles es muy distinto a un frente con los políticos de la patronal. El ‘plan B’ del FITU Esta tentativa de disolución política en el kirchnerismo ha terminado, naturalmente, en una crisis. Los K le han anticipado al FITU que todo el dispositivo organizativo de la jornada -como el palco- estará en sus manos. “Mariano Ferreyra, presente!” es toda la ‘concesión’ del texto K, para ocultar la participación de miembros de su gabinete en el crimen. El FITU se ha metido en un callejón sin salida. Después de un mes de tentativa de frente de colaboración con los K, ha perdido autoridad para convocar a una acción que no sería independiente sino un simulacro de ella. Izquierda Socialista y el MST se oponen a un cambio de política; el PTS y el aparato del PO no han dado a conocer cuál es el viraje mentiroso que están tramando. Apelan a un viejo recurso: no queremos dividir al EMVyJ. Este cenáculo restringido es convertido en el chivo emisario de lo que no es más que la política del FITU. En medio de un retroceso político parcial del gobierno liberticida ($Libra, jubilados, marchas antifascistas, FMI por decreto), el izquierdismo ‘woke’ se desintegra cuando debía fortalecerse. La operación “frente político con los K” para el 24 de Marzo, ocurre cuando el kirchnerismo ha emprendido la formación de un frente político con la derecha para relevar al gobierno de Milei, como Lula lo logró contra Bolsonaro. Es la operación Lula, que viene con el regalo de una absolución de delitos por corrupción, como ocurrió con el líder del PT brasileño. Esta es la “nueva partitura” que plantea Kicillof, que simplemente ve a CFK como un impedimento. Los Lousteau, Larreta, Pullaro o Pichetto no admitirán que “la nueva partitura” sea dirigida… por Cristina. En Brasil, la dirección del PSOL junto a otros izquierdistas del mismo partido se han sumado a ese frente desde el Congreso. El resultado es que el PT ha quedado como un muerto viviente, como lo demostraron las recientes elecciones municipales , y el candidato del PSOL, Guilherme Boulos, ha fracasado sin atenuantes. Ahora, y de cara al 24 de marzo, la “alternativa” de tener que deglutirse un palco con Daer o Kicillof ha dejado al FITU y al propio Encuentro “Memoria Verdad y Justicia” en terapia intensiva. El PTS ha planteado, en la última reunión, la peregrina tentativa de contraponer a los K una marcha “sin palco” ni figuras. El planteo ha enfurecido al MST e IS, a sabiendas de que la propuesta será rechazada. En cuanto al aparato del PO, viene ensayando un método sibilino de aceptar el frente político con los K: “reivindicar” una “marcha independiente", pero aclarando que se subordinarán a la opinión mayoritaria del Encuentro, que quiere encuadrarse en el acto K. Nuestra política En todas estas reuniones, Política Obrera ha defendido la necesidad de una columna independiente, con consignas y programas, claramente delimitados de la vergonzosa tentativa de colaboración de clases con el kirchnerismo, por parte del FITU. Difundiremos nuestro programa y consignas entre todas las columnas de la marcha. Es necesario potenciar la acción de la Marcha Antifascista del 1F y el combate de jubilados y de los sectores obreros y populares que se suman. La ocupación de las calles y la concreción de una movilización masiva no obliga a ninguno de sus participantes a soslayar o escamotear un balance de las responsabilidades políticas del golpe, que señalan a Perón e Isabel Perón, los agentes políticos de la Triple A. Tampoco la responsabilidad de los gobiernos posteriores. La columna de Política Obrera defenderá esas banderas históricas el próximo 24 y convocamos a todos los luchadores y activistas a engrosarla. La derrota real y efectiva del gobierno liberticida exige luchar por una dirección obrera y socialista de las masas explotadas. Organicemos agrupamientos de activistas en todas las empresas; desarrollemos comité autoconvocados; preparemos una huelga general. LEER MÁS: Un 24 de marzo multitudinario y despolitizado Faltaron las consignas para derrotar a Milei por medio de luchas masivas. Por Jacyn, 24/03/2024.

Con 269 anotados para el curso “La economía política y su crítica” -que comenzó el viernes pasado y dicta Marcelo Ramal- y 229 para el curso “Cuestiones de historia política contemporánea: socialismo y fascismo en el siglo XX” -que tendrá su primera clase hoy, a cargo de Patricio Meincke-, se pusieron en marcha los cursos de formación organizados por Política Obrera que se dictarán durante este primer semestre. Ambos cursos se dictan en vivo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. A través de un enlace también, los inscriptos tienen acceso a la bibliografía . Las clases tienen lugar cada dos semanas y duran dos horas. Está previsto que la última clase de ambos cursos sea presencial, de manera optativa, para quienes tengan posibilidades de acercarse al barrio de Almagro, en CABA. La propuesta tuvo repercusiones en todo el país e incluso en el extranjero, atrayendo tanto a activistas y militantes motivados por armarse teóricamente para la lucha de clases cotidiana como también a curiosos e interesados en conocer las ideas del marxismo. Ya finalizado el plazo de inscripción , continuaron llegando consultas. Todos los interesados quedan invitados a participar de los cursos que organicemos en la segunda mitad del año.

En los últimos días distintas conducciones escolares de la CABA transmitieron a la docencia la “dificultad” de llevar adelante el acto del 24 de Marzo en las escuelas. En algunas de ellas, la comunidad educativa ha salido a enfrentar este atropello. Tal es el caso de "La Rosarito", Escuela N° 20 del distrito 2, donde las familias, alarmadas ante la pérdida de este espacio, se organizaron, redactaron una nota dirigida a la supervisión del distrito e invitaron al resto de las escuelas del distrito a sumarse. Finalmente, la supervisión tuvo que poner fecha para el acto. Este atropello no es aislado. La última modificación del reglamento escolar prohíbe expresar durante el desarrollo de las clases opiniones políticas, habilitando que un equipo interventor externo a la escuela actúe para el caso; es decir, una suerte de correccional itinerante. Este intento de prohibir el aniversario del 24 de Marzo no obedece a un simple ‘negacionismo’ . Se desarrolla en circunstancias en las que la movilización de los jubilados de los miércoles al Congreso trasciende la cuestión jubilatoria, dramática de por sí, para convertirse en un canal de lucha del conjunto de los trabajadores por ganar la calle. Tiene el potencial de convocar al conjunto de los trabajadores por sus derechos en una confrontación con el gobierno liberticida . Con sus fuerzas represivas, el gobierno porteño es una pieza clave de la política represiva del gobierno nacional y es responsable de las detenciones ilegales que desempeñaron sus fuerzas el miércoles 12. Enfrentemos este intento de prohibir el aniversario del 24M convocando a nuestras escuelas a movilizarnos. En el marco del paro convocado por ADEMyS, este miércoles 19 de marzo, sumémonos a la convocatoria de los jubilados de los miércoles, parando y movilizando al Congreso. Preparemos desde nuestras escuelas una gran movilización para que el 24 de Marzo ubique a los trabajadores en el centro de la escena políca nacional.

La reconstrucción de la agresión que tiene al fotógrafo y militante Pablo Grillo luchando por su vida conoció varias etapas. Primero, inmediatamente después del hecho, circularon en las redes sociales las imágenes de Grillo desvaneciéndose, tras recibir en su cabeza el impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada desde una línea de gendarmes. Cuando ya se sabía de la gravedad de la herida de Grillo, la ministra responsable por el operativo represivo, Patricia Bullrich, aseguraba, sin embargo, que el fotógrafo estaba preso. Poco más tarde, cuando todos supimos que Grillo había ingresado al hospital malherido directamente desde la movilización en apoyo a los jubilados y la mentira quedó deschavada, Bullrich habló de un ´rebote´, una fatalidad. Aseguró que la pistola lanza gases -prohibida en buena parte del mundo por su potencialidad letal, a la cual conocemos, en nuestro país, por el asesinato del docente Carlos Fuentealba- había sido disparada “siguiendo el protocolo”, es decir en un ángulo de 45 grados, pero habría golpeado “contra alguna estructura” que desvió su trayectoria. En su cerrada defensa del atropello represivo, Bullrich rechazó iniciar cualquier investigación interna. Sin embargo, una fuente insospechable como La Nación , desmintió la versión -la segunda mentira de la ministra- y demostró que se había tratado de un disparo directo, ratificando un estudio previo de dos investigadores del CONICET sobre la trayectoria del proyectil. Ahora, gracias a una reconstrucción realizada por el CELS, en base a numerosos registros, el gendarme responsable del disparo fue identificado como el cabo primero Guerrero, de Gendarmería Nacional, legajo de servicios 103208, miembro de la Unidad 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI). La cadena de responsabilidades, naturalmente, involucra a Bullrich como cabeza política de todo el dispositivo y en el encubrimiento del atentado criminal de uno de sus subordinados. https://x.com/mapadelapolicia/status/1901600137136234815 Denuncian a la jueza Andrade En este contexto, Bullrich denunció penalmente a la jueza Karina Andrade por haber liberado, en la madrugada del jueves, a un centenar de detenidos arbitrariamente. La jueza destacó la falta de información proporcionada tanto por la policía como por el fiscal de turno. El Gobierno la acusa de presunto prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento. En su disparatada acusación de que la jueza habría sido “funcional a la sedición”, Bullrich proclama que la decisión de liberar o no a los detenidos correspondía al fiscal, omitiendo el rol de control de garantías que debe asumir el juzgado de turno en todos los casos. Bullrich miente en grandes cantidades. La denuncia cayó por sorteo en el juzgado de Servini de Cubría. Servini tuvo a su cargo la situación de los detenidos durante las manifestaciones contra la ley Bases. A pesar del excesivo tiempo que mantuvo a muchos de ellos privados de libertad, concluyó liberándolos a todos. Entonces el Gobierno también agitaba la “sedición” como excusa. La jueza, sin embargo, no pudo avanzar: “Los expedientes vinieron cada uno por su lado muy mal instruidos, faltaba mucho”, dijo en relación a los sumarios entregados por las distintas fuerzas de seguridad que participaron del operativo represivo de aquel entonces (La Nación, 22/6/24). Arrestos al voleo y justificaciones disparatadas. No es casualidad, es un modus operandi.

La irrupción de Donald Trump en la guerra de Ucrania es un hecho poco común. El mandamás de Estados Unidos pasó por encima de todos los estados en guerra, como la OTAN, la UE y el gobierno de Ucrania, para arbitrar la guerra, con métodos personales. Fue reconocido como tal por Vladimir Putin, a pesar de que Rusia libra una guerra contra una coalición entera de Estados, incluso más allá de la OTAN. Quedó consagrado, de este modo, como un Bonaparte imperialista internacional, al menos en estado de tentativa. Ha convertido a una guerra del G7 contra quien consideran el autócrata de un Estado multinacional, en una guerra de dirección personal, no militar, pero geopolítica, contra sus propios aliados. En Estados Unidos, Trump gobierna por medio de decretos y en constante desautorización a jueces y congresistas. La propuesta de un cese del fuego por treinta días a Putin, por parte de Trump y Vance, el vicepresidente fascista, tiene un carácter completamente unilateral. De este modo, el mundo asiste a una suerte de golpe de Estado descargado contra todos los protagonistas de la guerra: el gobierno de Zelensky, la Unión Europea y la misma OTAN. Es una tentativa de confinar a Rusia a los márgenes de la guerra, a la que asigna la administración de las regiones ocupadas. La exigencia, aceptada por Zelensky y no rechazada por Rusia, para que Ucrania ceda a Estados Unidos la explotación de minerales especiales del país, convertiría a Ucrania en una semicolonia exclusiva del imperialismo norteamericano, y en el árbitro del conflicto que lo tiene como protagonista principal. Oportunamente, deberá desarrollar en Ucrania las condiciones políticas de esta dominación, o sea, por medio de golpes de Estado. En estas condiciones, el reconocimiento, por parte de Trump, de la jurisdicción de Rusia sobre los territorios que ella ha ocupado militarmente es muy significativo por lo irrelevante. Putin ha anexado esos territorios a la Federación Rusa, incluso adoptando referendos constitucionales, o sea que ha procedido a una secesión de Ucrania. Trump, sin embargo, no intenta revertir por el momento esa situación. Como consecuencia, la guerra, lejos de detenerse, se convertirá en más devastadora, dado el desplazamiento relativo de las batallas terrestres por la guerra aérea electrónica, para dirimir el reparto del país y del conjunto de la economía mundial, como lo muestra la guerra arancelaria y geopolítica internacional. La negociación de una tregua temporal de las hostilidades en Ucrania sin su participación representa, para una mayoría de la Unión Europea, una exclusión del nuevo reparto del mundo que está impulsando la administración norteamericana; una minoría, encabezada por Polonia, pretende asociarse al reparto norteamericano. La UE ha visto arrebatada su propia tentativa de anexión económica y política de Ucrania. Al final de cuentas, la guerra fue desatada por la intención de incorporar a Ucrania a la Unión Europea y, en concomitancia, a la OTAN. Por otro lado, la UE es un blanco de preferencia en la guerra comercial desatada por Trump, que les ha impuesto aranceles prohibitivos a las importaciones, ha anunciado impuestos al ingreso de capital extranjero y exige desmantelar el sistema impositivo europeo en aquello que perjudica a las grandes empresas tecnológicas norteamericanas. La demanda a la UE para que duplique los presupuestos de defensa apunta a ampliar el mercado de la industria de armamentos de EE. UU., de la cual depende en forma abrumadora. La lucha contra la UE por un nuevo reparto económico y geopolítico del mundo se manifiesta en la intención de Trump de apropiarse de Groenlandia, que se encuentra bajo la soberanía de Dinamarca y la Unión Europea, incluso por medio de las armas. Recientemente, Trump hizo realidad su avance sobre el canal de Panamá cuando ordenó al fondo BlackRock comprar los dos puertos extremos del canal en manos de la empresa Hutchinson, con sede en Hong Kong, China. Hutchinson terminó vendiendo los puertos en su poder en varias partes del mundo y ha suscitado una crisis política en China. Trump, además, estaría detrás de las negociaciones para comprar del gasoducto ruso Nord Stream II, en el Báltico -que él mismo hizo cerrar en 2020- para monopolizar ahora la venta de gas ruso a Europa. El éxito de una operación de este alcance dejaría en evidencia un pacto Trump-Putin para despedazar a la Unión Europea. En Medio Oriente, Putin no ha movido un dedo para detener la masacre en Gaza, ni lo hace ahora cuando Trump y Netanyahu buscan territorios en África para proceder a la limpieza étnica en Palestina. En Siria, Putin ha dejado sin red de seguridad a Bashar Al Assad, su cliente político. Robert Kagan, un “neocon” partidario de una guerra ‘a finish’ contra Rusia, ha acusado a Trump de entregar Ucrania a Putin, como lo hicieron Gran Bretaña y Francia con Hitler en el acuerdo de Munich de 1938. Es lo que también sostienen varios gobiernos de la UE. Es al revés: es Putin quien se ha encaminado, aunque tentativamente por ese camino, al reconocer la batuta exclusiva de Trump, cuando su frente enemigo es más amplio. La denuncia del marido de Victoria Nuland, exsubsecretaria de Estado norteamericana, quien orquestó el golpe de Estado en Ucrania en 2014, muestra la hondura de la división que se ha desarrollado en el bloque imperialista de la OTAN. La semana pasada, el G7, que reúne a las principales potencias de la OTAN, rechazó sin medias tintas e incluso con el voto del secretario de Estado Marco Rubio, lo que llamó “los reclamos previos” de Rusia. “Las demandas previas de Moscú” (previas a la entrada en escena de Trump), según denuncian, “acabarían con Ucrania como un estado con capacidad de funcionar (…) y limitaría severamente la presencia de la OTAN al este de Alemania”. El condicional que se usa en esta frase pone a Alemania en negociación. En definitiva, la nueva hoja de ruta geopolítica trazada por Trump implica una continuación más encarnizada de la guerra. Los tambores de la guerra han sido funcionales al impulso de economías de guerra en todas las potencias imperialistas, a costa de enormes ‘ajustes’ contra las masas y los derechos democráticos. El presupuesto de Defensa será duplicado en la mayor parte de los países de la UE. El frente de guerra del imperialismo se encuentra sin duda en todo el mundo, pero principalmente en sus propios países. LEER MÁS: El segundo golpe de Estado de Donald Trump Por Jorge Altamira, 10/02/2025. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Socialismo o Barbarie Episodio 3 Emitido el 11 de febrero de 2025 por el Canal de YouTube de Política Obrera.

En febrero, Donald Trump propuso expulsar a casi dos millones de palestinos de la Franja de Gaza, apropiársela y hacer en ella un megaproyecto turístico e inmobiliario que bautizó “la Riviera de Medio Oriente” . A cambio, dijo, los gazatíes vivirían fuera de Palestina, pero en casas bonitas y en regiones en paz donde “podrían vivir una vida plena”, tal vez Jordania y Egipto, que “les deben muchos favores”, opinó. Los israelíes vibraron de felicidad, desde los colonos fascistas hasta la oposición “democrática”, que propuso coronar la expulsión con la condonación de la deuda externa egipcia. Los países involucrados y la Liga Árabe rechazaron el dislate, que hundiría en una inestabilidad política de consecuencias inimaginables, dijeron, a los potenciales anfitriones. El régimen de Al Sisi advirtió que semejante migración podría significar la disolución nacional de quienes los recibieran. Estados Unidos e Israel no dieron el brazo a torcer. Las “casas bonitas” que Trump prepara para los palestinos están en un territorio en guerra y el más pobre del planeta. La semana pasada trascendió que funcionarios estadounidenses e israelíes habrían contactado formalmente a Sudán, Somalia y la flamante Somalilandia “para explorar la posibilidad de reasentar allí a los palestinos”. Los tres países se hallan en el Cuerno de África, una región dominada por la pobreza y las guerras intestinas, que en general son guerras por procuración de países imperialistas interesados en las enormes riquezas naturales de unos y otros. Associated Press citó fuentes en Sudán que declararon haber rechazado la oferta, mientras en Somalia y Somalilandia afirmaron desconocer las conversaciones. Sudán es uno de los cuatro países, junto con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos, que firmaron los Acuerdos de Abraham de 2020 para normalizar sus relaciones con Israel. Meses antes de la firma, Netanyahu se había reunido con el jefe del consejo soberano de Sudán, el genocida Abdel Fattah al-Burhan, y es un secreto a voces que lo provee de armamento en su guerra contra un desgajamiento de su propio ejército, el grupo paramilitar RSF (Fuerzas de Resistencia Árabes/Fuerzas de Apoyo Rápido). En las actuales negociaciones les habrían prometido reforzar la entrega de armas y apoyar la reconstrucción del país. Los paraísos de Trump Sudán “se encuentra actualmente en la crisis humanitaria más grande y devastadora del mundo” ; es el tercer país más grande de África y la tercera nación más poblada, con 45 millones de habitantes de los cuales 30 millones -la mitad niños, según UNICEF-, “viven en las garras de atrocidades masivas, hambruna y enfermedades mortales". Más de la mitad de la población se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda cuando no directamente a la hambruna. En los campos de refugiados -atacados por bombardeos y drones- campea el cólera y el sarampión. Las mujeres y las niñas son víctimas de violaciones masivas, matrimonios forzados y secuestros. Los varones adolescentes han sido forzados a sumarse a cualquiera de los dos bandos. Somalía es uno de los países más pobres del continente, con 18 millones de habitantes; no tiene relaciones diplomáticas con Israel y es defensor de la causa palestina. Pero Estados Unidos es el mayor proveedor de armas en su guerra contra el grupo yihadista Al-Shabab. Somalilandia es una región autoproclamada separatista que Somalía considera parte de su territorio y carece de reconocimiento internacional como Estado independiente. Ubicada en el Golfo de Adén, cerca del estratégico estrecho de Bab al-Mandab, Somalilandia ha atraído el interés israelí desde hace algunos años. En 2024, el Middle East Monitor informó que Israel pretendía establecer una base militar allí a cambio del reconocimiento de su independencia, aunque las autoridades israelíes no confirmaron esta afirmación. Israel y Estados Unidos parecen confiar en el poder de convicción de los incentivos militares y financieros, para que estos países acepten el traslado de casi dos millones de personas al Cuerno de Africa. Este plan, cuando el destino era Egipto y Jordania, ya fracasó. Sin embargo, el ministro de Finanzas, un colono fascista, Bezalel Smotrich, anunció que Israel trabaja para identificar países que acepten a los palestinos y dijo que están preparando un “departamento de emigración muy grande” dentro de su Ministerio de Defensa. LEER MÁS: El ejército sionista impide el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza Limpieza étnica en Gaza y Cisjordania. Por Olga Cristóbal, 14/03/2025.

En la semana que pasó, tanto el gobierno provincial como el nacional realizaron anuncios relativos al problema de la reconstrucción de Bahía Blanca. El primero en hacerlos fue Kicillof. El gobernador afirmó que estábamos en “la etapa de normalización”, una etapa intermedia entre la de emergencia y la fase de “reconstrucción”. Esta normalización consistiría en la puesta en funcionamiento de todos los servicios de la ciudad, mediante la reparación y puesta a punto de caminos, hospitales, escuelas y comercios. Se mencionaron diez medidas, cuyo costo total sumaría unos 280.000 millones de pesos. El gobernador dejó para una “próxima etapa” la puesta en marcha de las obras hidráulicas y de planificación urbana necesarias para evitar la reiteración de este desastre en el futuro. El argumento dado para este aplazamiento es que la etapa de reconstrucción necesitaría de “seriedad, planificación y tiempo”. En realidad, esto es una excusa. Las propuestas de obras y planificación urbana están largamente elaboradas. Kicillof pegó un viraje discursivo: hablaba de la “imposibilidad” de la lluvia, ahora habló del cambio climático. Por su lado, el gobierno nacional hizo anuncios también. El Suplemento Único para la Reconstrucción, tal como lo llamó, consiste en la formación de un fondo de 200.000 millones de pesos, que se destinará al pago de subsidios a los damnificados por la inundación. El SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo) y la recientemente creada AFE (Agencia Federal de Emergencias) implementarán el pago de subsidios para atender a la reconstrucción de las viviendas. Los damnificados deberán comprobar que la inundación les significó pérdidas totales o parciales de sus bienes. Bullrich se mofó de los magros 800.000 pesos que Kicillof prometió para la reconstrucción de viviendas, a las “33.000 familias más vulnerables”, La erosión que provocó el torrente de agua y que produjo socavones hará un trabajo de zapa a largo plazo. En estos montos recortados e insuficientes, sin el compromiso de la obra del Estado, no contempla los salarios caídos. El gobierno nacional resolvió que el pago se haga a individuo por individuo, con el argumento de que se previenen los “choreos de la política”, que roba con intermediarios, sobreprecios de contratistas y proveedores. No dice que el gran intermediario de esos 200.000 millones de pesos será Mercado Pago y las billeteras virtuales bancarias, único medio por el cual se hará efectivo el embolso del subsidio, y que se embolsarán jugosas comisiones cuando los bahienses comiencen a gastar ese dinero en los comercios. En realidad, como orientación política, la medida de darle la plata a cada damnificado por separado para que cada uno sea responsable de su propia reconstrucción perjudica a los trabajadores bahienses y agudiza la anarquía de la reconstrucción. Si el subsidio lo permite, tiene que negociar con las contratistas de obra. Perjudica la PLANIFICACIÓN urbana, que toma en cuenta las características geomorfológicas del terreno y otros criterios. La atomización es funcional a una política reaccionaria, que propagandiza la destrucción de la obra pública y la descapitalización del patrimonio de los trabajadores, tales como la vivienda, las escuelas, los hospitales y los espacios de recreación. La suma de los montos de los gobiernos nacional y provincial totalizan con una exactitud milimétrica lo sugerido por el intendente Subsielles, 400.000 millones de pesos. En realidad, este monto solo debería cubrir el resarcimiento por daños ocasionados por décadas de desidia estatal. Han transformado el piso en un techo. El gobierno nacional cerró la persiana y el provincial habló de futuras obras, que la crisis fiscal mandará al fondo del archivo en pocos meses. La crisis abierta en Bahía Blanca ha puesto de manifiesto la depredación del medio ambiente que ha ejercido el capital desde hace dos siglos. El gobierno liberticida no pondrá un solo peso para transformar el perfil de la ciudad tal como lo amerita la situación, porque ya ha dicho que el eje ordenador será el pago de la deuda externa. Este criterio rector de los gastos del Estado es el que ha guiado los despidos en el sistema de salud, educativo, científico, de la obra pública y de los organismos de atención de catástrofes. En principio, es necesario deliberar y elaborar un pliego de reclamos frente a la situación de crisis que se abrió en la ciudad. Hay que garantizar que la ayuda llegue a todo el mundo y que se cumpla en tiempo y forma con los pagos de los subsidios, sin postergar el reclamo por la realización de planes de viviendas. Es fundamental la organización y movilización para el cumplimiento de las obras hidráulicas y de planeamiento urbano necesarias. Por un plan de viviendas, incluidas las relocalizaciones necesarias, a cargo del presupuesto estatal. Por obras de descontaminación de arroyos, ríos y de la costa. Finalmente, es necesaria una profunda deliberación política sobre la responsabilidad del capital y de sus gobiernos en el deterioro del medio ambiente y de las condiciones de vida de los trabajadores. Se hace imperativo que la clase obrera discuta la necesidad de construir el partido de los trabajadores, porque una política cuya prioridad sea la salud del ambiente y del ser humano nunca provendrá de una clase social cuya prioridad es la ganancia. LEER MÁS: Catástrofe de Bahía Blanca: la responsabilidad de libertarios, macristas y kirchneristas Por Marcelo Ramal, 11/03/2025. Bahía Blanca: crónica de una inundación anunciada Cómo superamos las peleas de los de arriba y damos una salida en beneficio de los trabajadores. Por Patricia Urones, 11/03/2025.

Este lunes 16, luego de un enorme esfuerzo militante a fin de enfrentar las maniobras proscriptivas para presentar lista en las elecciones del 13 de mayo en el SUTEBA (comenzando por los escasos días con que contamos para obtener todos los requerimientos legales), se logró arribar a un acuerdo entre las agrupaciones Tendencia Docente Clasista (Naranja), Fucsia y Marrón, junto a docentes independientes, destinado a presentar una lista opositora a la actual conducción. La lista “Multicolor + Naranja” está poblada de delegados, activistas y docentes de base que representan la lucha antiburocrática y la independencia política del gobierno de turno, de los últimos años. Además de la Multicolor/Naranja se presentan otras dos listas: la Celeste /Violeta (que está dirigiendo actualmente el vaciamiento del sindicato y dejando pasar todos y cada uno de los ataques a la docencia y a la educación pública) y un desprendimiento de la misma, la Lista “Beige”, dirigida por "celestes" relegados que integran una línea interna del peronismo local, subordinada a la intendencia Granados, y que a su vez forma parte de la burocracia de la CTA de Ezeiza. El propio intendente habría estado mediando hasta último momento para evitar la división del oficialismo docente. Nuestra tarea, como Tendencia Docente Clasista, en este contexto es impulsar la lucha y la organización por dentro y fuera del sindicato, mediante las autoconvocatorias, las asambleas por escuela y los plenarios de delegados con mandato, para avanzar en la lucha hacia la huelga general. En el plano electoral, nos dirigimos a las demás corrientes opositoras agrupadas en la Multicolor local con el fin de explorar la posibilidad de conformar un frente común. Les expresamos claramente nuestra delimitación del programa y la estrategia de La Multicolor en SUTEBA , aunque no obstante, no renunciamos a una presentación común que permita visualizar una oposición concreta a la burocracia del SUTEBA. Una vez conformado el frente, nuestra lista, La Naranja, aportó el 40 % de los candidatos constituyéndonos en la principal agrupación considerada individualmente. Es por esta representatividad, por implantación y trayectoria, que consideramos que nos correspondía encabezar la lista. No obstante, al tratarse de un frente entre la Naranja y la Multicolor, hemos aceptado el segundo lugar a condición de mantener la independencia nominal de la Naranja respecto a la Multicolor en la denominación del frente. Esta unidad en claridad, manteniendo una coherencia con la posición de la Tendencia a nivel provincial , derivó en la salida de la discusión de la lista Verde local, que pretendía imponer un relegamiento a cualquier precio de nuestra lista Naranja. Con el retiro de la Verde, las listas Fucsia y Marrón mantuvieron para sí la denominación “Multicolor”. Queda por delante desarrollar una fuerte campaña, que sacuda al sindicato del aletargamiento derrotista impuesto por el oficialismo. Vamos a una lucha voto a voto denunciando la política complaciente de los “amigos del gobernador”, que en esta oportunidad van en dos listas. Vamos por un sindicato democrático y de lucha que responda a las bases. Pero no obstante la campaña no es únicamente por el voto, sino que además pasa por impulsar la deliberación y la organización en las escuelas, docente a docente, para reunir las enormes reservas de lucha que anidan en la docencia (como se demuestra en cada paro) y proyectarlas hacia la lucha decidida, hacia la huelga general, por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar ($2.500.000) para enfrentar las reformas antieducativas, defender los puestos de trabajo, eliminar la precarización laboral en la docencia, defender el Estatuto Docente, contra el proyecto de ‘ley de libertad educativa’, por IOMA, por la jubilación y por todos los reclamos pendientes. ¡Manos a la obra!

Como parte integrante de una ficción llamada Estado, en cada oportunidad en que se producen brutales ataques perpetrados por las mal llamadas “fuerzas de seguridad”, al Poder Judicial le compete la tarea de sancionar a los responsables de esas criminales conductas. ¿Resulta sencillo que un integrante de ese Poder falle contradiciendo los pilares sobre los que se asienta el modelo social del que, precisamente, emana su jurisdicción y competencia? Para dar una razonable respuesta a ese interrogante en el marco de las relaciones sociales vigente, es útil tener presente que, como lo explica Marx, todo derecho es derecho de la desigualdad; o sea la aplicación de una medida igual a aquello que es desigual. Esa dificultad evidente a la que siempre se enfrenta cualquier juez, hoy se acentúa por la incuestionable y escandalosa degradación institucional vigente. Por ello pueden sumarse (al menos) los siguientes interrogantes: ¿Es esperable una postura jurisdiccional independiente cuando, en los hechos y sin el más mínimo pudor, el Poder Ejecutivo prácticamente designa a un delegado para integrar al máximo órgano judicial del país y, como si eso no fuera suficiente, los restantes integrantes de ese órgano aceptan esa inconstitucional designación? ¿Es previsible una actuación independiente e imparcial de un juez cuando el Poder Legislativo, ante semejante ataque a la Constitución, se muestra inactivo renunciando al ejercicio de las más básicas facultades constitucionales que le dan sentido a su existencia? Al abordar la cuestión vinculada con el ejercicio de la función judicial en el marco de un efectivo Estado Constitucional de Derecho, Ferrajoli señala: "Puesto que los Derechos Fundamentales son de cada uno y de todos, su garantía exige un juez imparcial e independiente, sustraído a cualquier vínculo con los poderes de mayoría y en condiciones de censurar, en su caso, como inválidos o como ilícitos los actos a través de los cuales aquellos se ejercen. Este es el sentido de la frase ¡Hay jueces en Berlín!: debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas, para tutelar los derechos de un individuo, aunque la mayoría o incluso los demás en su totalidad se unieran contra él; dispuesto a absolver por falta de pruebas aún cuando la opinión general quisiera la condena, o a condenar, si existen pruebas, aún cuando esa misma opinión demandase la absolución" (Luigi Ferrajoli. Derechos y Garantías. Página 27 Editorial Trotta. 1994) El Derecho de Protesta cuenta con consagración Constitucional y Convencional. Forma parte de los Derechos Fundamentales. El Estado no solo no debe violar los Derechos Fundamentales. Además, debe impedir, prevenir, reprimir y reparar la afectación de los mismos. Salvo que se pretenda ocultar lo absolutamente evidente, una persona que en el tramo final de su vida percibe una misérrima retribución es víctima de un daño que no ha provocado y que la sitúa en una situación de necesidad incuestionable. Para el caso en que los manifestantes los hayan causado, las imágenes que circulan por el mundo mostrando la cobarde y feroz violencia ejercida contra adultos mayores, e incluso niños, resultan igualmente repugnantes y elocuentes para evaluar la escasa de magnitud de los mismos, comparados con los producidos por el Estado. Eso sin contar la abrumadora supremacía que, desde todo punto de vista, detentan quienes representaban al Poder Público; y sin perder de vista que circulan secuencias fílmicas que acreditan la actuación de agentes encubiertos. Avergüenza todo eso a quienes poseemos un sentido básico del honor y la dignidad. Al marchar los manifestantes ejercieron el Derecho Fundamental de Protesta. Además, lo hicieron al amparo de una causa de justificación ya que, muy eventualmente, con su protesta solo podían causar un mal menor que el que desde hace décadas les produce el Estado privándolo de las más elementales condiciones de subsistencia digna. Por ello, en el contexto de un legal ejercicio de un Derecho Fundamental, el más básico sentido de conmiseración hacia ellos, justifica humana y legalmente a quienes los acompañaron (y seguirán acompañando) actuando en su defensa. Frente a tanta defección y podredumbre, son todos ellos los que, junto a los jubilados, avalan la decisión de la Sra. Jueza ; brindándole a la misma el más valioso galardón que puede obtenerse ejerciendo la función jurisdiccional de juzgar. Es que ella, a través de su fallo, exhibe una estatura moral y legal absolutamente incompatible con la escandalosa degradación institucional reinante. Muestra el modo en el que debe ejercerse el control judicial del poder. (*) Cuento sobre el control judicial del poder.

Las fuerzas armadas estadounidenses han comenzado una serie de ataques aéreos sobre posiciones civiles y militares de los hutíes en Yemen. Los bombardeos, según el gobierno yemení, han dejado un saldo de 53 muertos hasta el momento y cientos de heridos. Los ataques se dieron el domingo por la noche en Saná -capital del país- y en la provincia norteña de Saada, replicándose el lunes por la mañana, según recogen medios internacionales de un informe de la televisión estatal yemení Al Masirah, en la ciudad portuaria de Hodeida, en el mar Rojo, y la gobernación de Al Jawf, al norte de la capital, Saná. Esto sucede tras una serie de mensajes realizados por Donald Trump, presidente estadounidense, mediante su red social Truth Social, asegurando que “el infierno caerá” sobre los hutíes, como represalia por sus ataques a diversos buques mercantes y militares en el Mar Rojo, en represalia a la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza tras la incursión del 7 de octubre de 2023. Los bombardeos contra la población yemení vienen llevándose adelante desde, por lo menos, enero de 2024 cuando las fuerzas británicas y estadounidenses, bajo la gestión Biden, pusieron en marcha un operativo que hasta el momento ha atacado más de 260 veces. En el pasado, los bombardeos fueron encabezados por Arabia Saudí en el marco de la guerra civil que comenzó en 2014 cuando los hutíes tomaron el control de Saná y desplazaron al gobierno de Al Hadi. El propio Trump ha tildado las operaciones dirigidas por Biden como una respuesta cobarde. Por su parte, Marc Rubio, el secretario de Estado, ha declarado en la televisión estadounidense que llevarán adelante los bombardeos hasta que los huties no puedan bloquear el cruce por el Mar Rojo, el Canal de Suez o el pasaje de Aden: “no vamos a permitir que estas personas controlen qué barcos pueden pasar y cuáles no (...)”, fueron las declaraciones de Rubio. Los primeros bombardeos -ha declarado Michael Waltz, el asesor de Seguridad Nacional de Trump- “en realidad apuntaron a múltiples líderes hutíes y los eliminaron”, aunque no presentó ninguna prueba. Los medios internacionales ha ubicado como principales víctimas a la población civil, el gobierno yemení no ha dado a conocer bajas sustanciales ni la pérdida de ningún dirigente de primera línea. Tras los ataques de la armada estadounidense, los hutíes aseguran haber realizado una “operación” contra el portaaviones estadounidense Harry S Truman en el Mar Rojo con “18 misiles balísticos y de crucero y un dron" (La Nación, 16/03). Los hutíes han asegurado que responderán a la escalada de Trump con un ataque a toda embarcación estadounidense que sea vista en el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Una manifestación, con centro en Saná y réplicas en múltiples zonas del país, aseguran que ha reunido a un millón de personas que han expresado su solidaridad con el pueblo gazatí y agrupado bajo la consigna "Seguimos firmes con Gaza y enfrentamos la escalada estadounidense con escalada". Diversos representantes de los hutíes han asegurado que endurecerán el bloqueo marítimo a Israel. Trump ha respondido, mediante Truth Social, "cada disparo de los hutíes será considerado, de ahora en adelante, como un disparo de las armas y el liderazgo de IRÁN, e IRÁN será responsable y sufrirá las consecuencias" (DW, 17/03). Los hutíes y el gobierno iraní son viejos aliados, aunque cotidianamente el gobierno de Irán intenta despegarse de las decisiones que toman los hutíes en relación a los ataques a embarcaciones en el Mar Rojo. Diversas fuentes periodísticas ubican la presión sobre Irán en el intento de obligar a una nueva negociación sobre el programa nuclear que se encuentra desarrollando el régimen de los Ayatolas y cuyas negociaciones se encuentran quebradas desde la primera gestión de Trump, tras el retiro estadounidense del mismo. La escalada norteamericana en Oriente Próximo demuestra que el “plan de paz” de Trump no es más que un peldaño de una guerra superior en extensión territorial y en sus alcances políticos de fondo. El “infierno” ha sido la advertencia permanente de Trump para los regímenes de Oriente desde su victoria electoral sobre Kamala Harris. El objetivo declarado es la imposición de un cambio de régimen político en todo Próximo y Medio Oriente, así como un reordenamiento del comercio internacional en favor de los intereses estadounidenses. De la misma manera que ha eliminado a China del Canal de Panamá , ahora pretende unificar el comercio del Mar Rojo y el Canal de Suez bajo la hegemonía norteamericana. Rubio al señalar que “estos tipos” (los hutíes) no pueden decidir sobre el comercio, reclama el monopolio estadounidense sobre las rutas del comercio. Los bombardeos sobre Yemen son la confesión del cese definitivo de toda tregua en Gaza y el Medio Oriente . Es la expresión de una nueva etapa, más encarnizada, en el desarrollo de la guerra imperialista internacional. Los trabajadores debemos tomar parte de este debate trascendental, mediante huelgas y movilizaciones contra los gobiernos de la guerra y la barbarie. LEER MÁS: La guerra mundial en el Medio Oriente Por Leib Erlej, 26/11/2024.

En la madrugada del martes, Israel lanzó una terrorífica oleada de bombardeos en toda la Franja de Gaza que mató por lo menos a 404 palestinos -dos tercios, niños y mujeres- aunque el ejército y el Shin Bet pretendieron que son “células terroristas y posiciones de lanzamiento de cohetes”. Además, se reportaron 562 heridos. Los bombardeos se producen después de dos semanas en las que el régimen de Netanyahu bloqueó el ingreso de alimentos y medicación y cortó el acceso a la electricidad y al agua potable. Un plan de exterminio en regla. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió a Hamás que libere a todos los rehenes de inmediato o "intensificará" los ataques. “Israel actuará, a partir de ahora, contra Hamas con una fuerza militar creciente”, declaró la oficina de Netanyahu. Los bombardeos israelíes acabaron con la vida de Esam al Dalis, jefe del gobierno en la Franja, según anunció Hamas en un comunicado. También fueron asesinados el ministro del Interior, Mahmud Abu Watfa, y el director general de los servicios de seguridad interior, Bahjat Abu Sultan. Aunque Israel pretende que el asalto se justifica por la negativa de Hamas a ajustarse a las nuevas exigencias sionistas, los términos pautados en el acuerdo establecían que durante la primera fase del alto el fuego debía negociarse el paso a la segunda etapa, durante la cual serían liberados los rehenes restantes, no antes, como ahora exige el autoproclamado Estado judío. “Netanyahu y su gobierno extremista han tomado la decisión de revocar el acuerdo de alto el fuego, exponiendo a los prisioneros [en referencia a los rehenes] en Gaza a un destino desconocido”, ha reaccionado Hamás en un comunicado. La derrota definitiva de Gaza y el aniquilamiento de los palestinos es una de las condiciones para el reordenamiento imperialista de Medio Oriente. El ataque tuvo la venia de la Casa Blanca que expresó su apoyo a la masacre en tanto funcionarios israelíes afirmaron que “la operación no tiene un plazo definido y que probablemente se expandirá”. “Como ha dejado claro el presidente Trump, Hamás, los hutíes, Irán —todos aquellos que buscan aterrorizar no solo a Israel, sino también a Estados Unidos— pagarán un precio y se desatará el caos”, ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista televisiva. Todos ellos, ha agregado, “deberían tomar muy en serio” al mandatario estadounidense “cuando dice que no teme defender a los ciudadanos que cumplen la ley, a Estados Unidos y a nuestro amigo y aliado Israel”. “El cielo estaba lleno de drones, cuadricópteros, helicópteros, aviones de guerra F-16 y F-35. Los disparos de los tanques y vehículos no cesaban”, dijo Abubaker Abed, periodista de Drop Site News, que informa desde Deir al-Balah, Gaza. “No dormí anoche. A las dos de la madrugada, cuatro explosiones sacudieron mi casa. El cielo se tiñó de rojo y quedó cubierto de densas columnas de humo” (…) "Los lamentos de las madres y los gritos de los niños resonaban dolorosamente en mis oídos. Atacaron una casa cerca de nosotros. No sabía a quién llamar. Es la misma sensación que hemos tenido durante los 16 meses de intensos bombardeos y ataques. La pesadilla nos ha perseguido de nuevo", informó. El ejército israelí ordenó la evacuación de zonas de Beit Hanún, en el norte, y de Jan Yunis, en el sur, cercanas a la franja lateral en la que Israel concentra sus tropas desde el inicio de la tregua. Esta medida, en opinión de los analistas, sugiere que reanudarán pronto las operaciones terrestres. Las imágenes difundidas por los periodistas locales (Israel impide la entrada libre a Gaza a la prensa desde el inicio de la guerra) muestran cadáveres de bebés y de niños en el hospital, decenas de cuerpos sin vida en las morgues, incendios provocados por los bombardeos y gritos de la población al ver el cielo iluminarse en la oscuridad de la madrugada. Los cadáveres se acumulan en el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur, donde se han producido la mayoría de los muertos. “Recibimos muchos cadáveres y partes de cadáveres, la mayoría de ellos niños y mujeres [...] Estaban por todas partes en la sala de urgencias y la gente estaba sumida en un estado de confusión total”, ha relatado Mohamed Qishta, doctor de urgencias de Médicos sin Fronteras. Desde los altavoces en los minaretes se exhortaba a la población a practicar en casa el primer rezo del día, porque era demasiado peligroso intentar llegar a las mezquitas (El País 18/3). Tras el ataque, el partido del legislador ultraderechista Itamar Ben-Gvir anunció su retorno a la coalición de gobierno liderada por Netanyahu, de la que se había ido cuando se decidió el alto el fuego. “No dejaremos de luchar hasta que todos los rehenes hayan regresado a sus casas y que todos los objetivos de la guerra se hayan cumplido”, afirmó por su lado el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado. No es lo que opinan los familiares, que acusaron al gobierno de retirarse del alto el fuego, diciendo que “eligió renunciar a los rehenes”. “Estamos conmocionados, enojados y aterrorizados por el desmantelamiento deliberado del proceso para devolver a nuestros seres queridos del terrible cautiverio de Hamas”, dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado. Netanyahu lanzó los bombardeos cuando Israel atraviesa una crisis interna por su decisión, anunciada el pasado domingo 16 de marzo, de despedir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar. El anuncio del máximo mandatario fue aplaudido por la bancada ultraderechista de su gobierno, pero fue duramente criticada por la oposición y la fiscal general Gali Baharav-Miara la calificó como una medida “sin precedentes” y subrayó que el jefe del Shin Bet no debe lealtad al primer ministro sino al país. Un comunicado del líder opositor, Yair Lapid, afirmó que Netanyahu “durante un año y medio no vio motivos para despedirlo, pero cuando comenzó la investigación sobre la infiltración de Qatar en la Oficina de Netanyahu y los fondos transferidos a sus asesores más cercanos, sintió de repente la urgencia de despedirlo de inmediato". Para el jueves fueron convocadas protestas en el país contra la medida. LEER MÁS: Trump insiste con su política de limpieza étnica en Gaza Por Olga Cristóbal, 17/03/2025.

Las jefaturas regionales y distritales de Bahía Blanca decidieron iniciar las clases en instituciones “que se encuentran en condiciones”. El ministro provincial de educación Alberto Sileoni había afirmado en este sentido que “los chicos pueden estar mejor en la escuela, socializando con otros chicos y aprendiendo, que en la angustia de sus casas con los mayores sacando barro”. En el mismo sentido, tanto el intendente de la ciudad, Federico Susbielles, como el ministro provincial de gobierno Carlos Bianco, han afirmado recientemente que Bahía Blanca estaría recuperando la “normalidad” y dan como prueba el reinicio de las clases. Kicillof anunció que de los $273.000 millones para la reconstrucción de la ciudad, habrá unos $20.000 millones para infraestructura escolar. De parte de la secretaría nacional de educación, por ahora nada. Las autoridades educativas dicen que aspiran a habilitar para las actividades pedagógicas unas 5 instituciones por día. Es un numero completamente arbitrario porque se debería cumplir que no haya daños en infraestructura –un 70% de las escuelas se vieron afectadas en algún grado-, que exista una desinfección completa y contar con personal auxiliar y docente en al menos un 70% en condiciones de asistir, sin que se hayan abierto suplencias extraordinarias. Así ya se ha impuesto retomar las clases, dentro de las escuelas públicas, en al menos siete jardines, ocho primarias, tres secundarias, una escuela especial y un terciario. Las instituciones privadas han reabierto prácticamente en su totalidad. La concurrencia a ellas está siendo muy reducida por el momento. La ciudad cuenta con un total de 360 establecimientos educativos. El Estado no atiende la crisis post-inundación En primer lugar, es cierto que el barro y otros desechos que menciona Sileoni todavía se sigue sacando de las casas. Lo que no dice Sileoni son en las condiciones en lo que esto sucede: en muchos casos sin agua potable, mientras que la lavandina y otros artículos de limpieza depende casi exclusivamente de las donaciones y de su llegada a los hogares que tambien depende de los trabajos voluntarios. Los docentes saben de esta realidad por haberlo sufrirlo en primera persona o por constatar la situacion desde las escuelas que estan abiertas como centros de donaciones, porque a ellas no ha llegado ninguna asistencia estatal, siquiera la que se entregaba antes de la inundación como el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) ni tampoco kits escolares. Además, siguen faltando colchones, pañales y comida a las familias más humildes y damnificadas. Luego, no es solamente sacar el barro de la casa. Es reconstruir una casa en todos sus cimientos. Es reponer la heladera, el lavarropa, los muebles. Todo esto los trabajadores deberán hacerlo endeudándose con los “créditos blandos”. Sin embargo, muchos trabajadores perdieron el trabajo y otras tantos, a pesar de haber perdido todo, estan siendo obligadas a retomar la jornada de trabajo cuando el cuadro de catástrofe plantea una prohibición de los despidos de todos los trabajadores y dispensar con goce de haberes a todo trabajador con cargas de familia. Como ha sucedido con la pandemia, el capital exige la vuelta a la “normalidad” y los partidos patronales responden al llamado, tomando medidas como el reinicio de clases. De igual modo con el COVID, este apresuramiento por iniciar las clases puede significar un remedio peor que la enfermedad. Por empezar, ninguna escuela ha recibido materiales sanitarios extraordinarios y las que fueron afectadas estan siendo limpiadas únicamente por el personal que puede movilizarse y voluntarios. Luego, el Consejo de Salud Ambiental y Medicina Respiratoria de la Sociedad Argentina de Medicina ha emitido un comunicado con recomendaciones y consejos para la contaminación aérea con polvo post-inundación en donde establecen la importancia de no exponer a niños, embarazadas, ancianos y personas con enfermedades crónicas respiratorias o cardiovasculares o, en todo caso, a que utilicen barbijos que una vez más no existen en las escuelas. Otra cuestión básica de higiene en medio de esta catástrofe es lavarse las manos con jabón, el cual tampoco está siendo entregado a las escuelas. El tránsito hacia las escuelas tambien significa una complicación cuando el barro (que en realidad es una combinación de tierra, agua y desechos cloacales) que se quita de las casas todavia está en las calles, junto a tantos otros desechos que son una gran fuente de contaminación, y se está retirando muy lentamente. En barriadas enteras se han disparado brotes de gastroenteritis. Parte de la ciudad está parcialmente incomunicada por la rotura de puentes, calles destruidas y anegadas mientras que el transporte público funciona con frecuencias reducidas. Todo esto se puso en evidencia este lunes cuando el Municipio anunció una suspensión de todas las actividades en la ciudad y la zona por una alerta de lluvia amarillo, comunicando que “algunos caminos todavia estan endebles y el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad”. En este cuadro, el Suteba Bahía Blanca convocó a una manifestación anunciando que “no hay condiciones para iniciar” e informando que, según las autoridades educativas, los docentes y estudiantes afectados estan dispensados de asisitir a las escuelas hasta nuevo aviso y no se tomará asistencia. Que el retorno a clases sea decidido por los docentes En estas condiciones, es claro que no estamos bajo ningún “retorno a clases” y que el mismo es solo un operativo para encubrir el abandono del Estado a una ciudad destruida que lejos está de “volver a la normalidad”. Asistimos una crisis humanitaria que está en pleno desarrollo y está siendo enfrentada fundamentalmente por el enorme esfuerzo de voluntarios dentro de los cuales se encuentran varias escuelas con sus docentes. El Suteba Bahía Blanca debe convocar a una asamblea para debatir esta situacion y establecer un plan de acción para formar comités de emergencia en todas las escuelas, reclamar por las necesidades más apremiantes y establecer con poder de veto cuando pueden realmente iniciar las clases. LEER MÁS: La ‘reconstrucción’ de Bahía Blanca Por Patricia Urones, 17/03/2025. Rechazamos que el Estado reanude las clases mientras no hace frente a la crisis humanitaria Comunicado de Prensa de la Tendencia Docente Clasista de Bahía Blanca, publicado en el FB Nacional de TDC, 14/03/2025.

El miércoles 12 se presentaron los frentes hacia las elecciones del próximo 11 de mayo. El oficialismo presentó tres frentes, integrados por 15 sellos electorales y una decena de agrupaciones municipales, en un mecanismo de colectoras que consagran, a su vez, un frente de frentes, una maniobra sin antecedentes más que en Salta. La lista de sellos que banca Gustavo Sáenz abarca desde el Partido Renovador, que gobernó bajo la dictadura, hasta Libres del Sur –‘libre’ de principios y prejuicios. El PJ, intervenido por CFK , la presidenta del Justicialismo, integra también un frente con partidos vinculados al kirchnerismo. El Partido por la Victoria se desmembró: su presidente integra un acuerdo con Sáenz, por fuera del sello partidario. A su vez, el Frente Libertario oficializó una lista que agrupa una fracción de liberticidas, enfrentada a LLA local. Está dirigido por un funcionario de Sáenz que se encarga del lobby con las empresas mineras en Salta. Tiene una agenda que elimina los impuestos al capital minero y agroexportador y reclama el levantamiento del cepo. Ante la ‘crisis de seguridad’ en Salta, agita la reducción de la edad de imputabilidad para niños. La UCR y el PRO (ex JxC), terminaron separados en frentes distintos. Este alineamiento de las fuerzas políticas patronales en Salta muestra el control asegurado de las elecciones provinciales de Gustavo Sáenz , el gobernador, un proto mileísta . El escenario probablemente se modifique para las elecciones nacionales de octubre, cuando el ‘triángulo de hierro’ de la Rosada irá a la conquista de los diputados y senadores nacionales, que le refuercen el número en el Congreso. En vísperas de las elecciones, la Seabord Co. (ex Ingenio El Tabacal) despidió 24 trabajadores ; Sáenz y Bullrich militarizaron la planta y la ruta 50 en Orán para quebrar la huelga de los trabajadores ; Sáenz eliminó la paritaria de los estatales con una confiscación del 30% de sus ingresos; el llamado "boom" minero encubre que el negocio está garantizado para una red empresas tercerizadas como Audis, que acaba de despedir a 130 trabajadores calificados. La obra pública que no existe para urbanizar barriadas y evitar la inundación de comunidades originarias y criollos en el norte y en la quebrada del Toro, solo está reservada para la construcción de rutas e infraestructuras de luz y gas para las empresas mineras. Los partidos patronales en presencia, están comprometidos en asegurar y profundizar esta situación. Al igual que en las elecciones de 2023, el FIT-U se presenta dividido, aunque bajo una forma diferente . Esta vez es el MST quien hace rancho aparte, cuando hace dos años eso lo hizo el PTS. Ahora, el MST va por un lado y el aparato del PO y el PTS, para el otro. El MST alega, según sus propias publicaciones, que se separó del FIT-U porque no llegó a un acuerdo de cargos en la conformación de listas. La explicación no conforma, ya que el MST tenía asegurada la primera candidatura a diputados en la ciudad de Salta, y seguramente en el departamento de Orán. La división también resulta sorprendente porque disminuye la posibilidad del ex FIT-U de consagrar un diputado en la Legislatura provincial, donde nunca ha logrado una representación. Es probable que el MST confíe en obtener sólo lo que no pudieron en conjunto, y deshacerse de ese modo de la obligación de compartir una eventual diputación con los otros grupos, en virtud de la cláusula de rotación de cargos. La ruptura tampoco debe desligarse de la política reiterada del MST de ampliar el FITU hacia la derecha, en el caso de Salta con los remanentes del Partido de la Victoria y sectores de centro ligados a la CTA. Lo que resulta claro es que el FITU no ofrece ninguna alternativa de conjunto a los trabajadores, cuando su prioridad (la de ambos bloques) es prosperar a la sombra del parlamentarismo burgués. El aparato del PO ha logrado convertir al partido en un espectro lúgubre de su pasado histórico, incluso peor que en el resto del país. En este cuadro, Política Obrera interviene en las elecciones, para hacer una campaña por recuperar y superar la trayectoria histórica del PO. La búsqueda desesperada, por parte del gobierno, de un acuerdo con el FMI, muestra el derrumbe de las expectativas depositadas en Milei, tanto de parte de la clase patronal local como del imperialismo . Hemos presentado un programa de reivindicaciones que choca de frente con el gobierno reaccionario nacional y sus secuaces provinciales , que debe ilustrar la necesidad de preparar una huelga general y lucha por un gobierno de trabajadores. Nuestra campaña va pegada al combate de los jubilados y del creciente número de trabajadores que se han unido a él, así como retomar la lucha contra el desguace de las Universidades y el conjunto de la educación, mediante el método de ocupar las facultades y organizar un comité de huelga. Si se considera a cada partido de izquierda por separado, en votos, Política Obrera ha obtenido los resultados mejores en la elección pasada . Vamos por un aumento de esos votos, para recuperar el espacio histórico nuestro lugar en la Legislatura de Salta.

Reproducimos a continuación la cart a abierta que Manuel, delegado y activistas de la empresa de repositores TMT, envió a sus compañeros. Compañeros: Esta semana, la empresa tomó una decisión inaceptable: prohibió el uso de motos para ir a trabajar, usando como excusa los accidentes y el aumento de la cuota de la ART. Pero no se quedaron ahí: amenazaron con despedir sin causa a cualquier trabajador que tenga un accidente en moto y recurra a la ART. Si usás la ART, quedás sin trabajo: la empresa está dispuesta a despedir sin causa, no le importa el costo. ESTO ES UNA AMENAZA DIRECTA Y UNA VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS. La ART es un derecho laboral básico, y la empresa no puede obligarnos a renunciar a ella. Si permitimos esto, ¿qué sigue? ¿Licencias? ¿Vacaciones? ¿Cobertura por enfermedades laborales? La prohibición de las motos no sólo nos limita en nuestra movilidad, sino que también nos obliga a asumir mayores costos y riesgos. Muchos de nosotros dependemos de las motos para llegar a tiempo al trabajo, y ahora la empresa nos deja sin alternativas viables. Pero hay algo aún más indignante: la empresa ahora "evalúa" pagar el viático del primer mercado, algo que siempre se negó a hacer. ¿Por qué ahora lo considera? Simple: porque le conviene para evitar que aumenten los costos de la ART. Esto es algo que debería haber pagado desde siempre, ya que somos nosotros quienes asumimos los gastos y riesgos de trasladarnos para cumplir con nuestro trabajo. Además, el ruteo se usa como castigo: nos cambian los recorridos sin aviso, nos envían a zonas más lejanas o peligrosas como represalia. Esto no solo nos afecta económicamente, sino que nos expone a mayores riesgos. La empresa traslada sus costos y peligros a nosotros, mientras maximiza sus ganancias a costa nuestra. Pero lo más grave es que esta decisión fue hablada con todas las empresas y con los delegados, lo que demuestra que es una maniobra organizada para que nadie se anime a reclamar. Los delegados no han negado ni tomado ninguna medida en defensa de los trabajadores, permitiendo que esta amenaza avance sin resistencia. Esto es una clara traición a nuestra confianza y una complicidad con los abusos de la empresa. ¿QUÉ EXIGIMOS? -Pago del viático desde el primer mercado hasta el último, sin excusas: La empresa debe reconocer este derecho, no solo "evaluarlo" cuando le conviene. El viático debe cubrir todos los costos de traslado, ya que somos nosotros quienes asumimos los gastos de movernos entre mercados. -Que la jornada laboral comience al salir de casa: La empresa nos cambia de ruteo a zonas más lejanas o nos obliga a usar transporte público, lo que aumenta significativamente nuestro tiempo de viaje. Este tiempo debe ser reconocido como parte de nuestra jornada laboral, ya que es la empresa quien decide cómo y dónde trabajamos. Fin del uso del ruteo como castigo: No somos piezas descartables. El ruteo no puede ser una herramienta de presión y disciplina. -No a las represalias por usar la ART: Si nos accidentamos, tenemos derecho a cobertura médica sin miedo a represalias. -Restablecimiento de préstamos sin interés para compra de vehículos: Si nos prohíben usar motos, deben darnos herramientas reales para movilizarnos. No podemos permitir que nos sigan pasando por encima. Si no actuamos ahora, mañana será tarde. Hablemos entre nosotros, organicémonos y exijamos lo que nos corresponde. Manuel - Delegado de base Contacto: 11 6432-1706

Los planes de ´estabilización´ del FMI en Argentina han seguido un hilo conductor. Llegaron para rescatar planes económicos fundidos, sin poder evitar, a término, un desenlace de bancarrotas sociales y políticas. Ocurrió con el megacanje de 2001, que financió la última salida de capitales antes del derrumbe de la convertibilidad; también con el préstamo de urgencia a Macri, que rescató parcialmente a los fondos internacionales que había atraído Caputo en 2016-17 y precedió, otra vez, a la debacle política del macrismo. El nuevo préstamo que tramitan Milei y Caputo no desmiente ese derrotero, pero tiene una singularidad: los fondos del acuerdo en puertas llegarían tarde y no serían suficientes para afrontar las contradicciones acumuladas por el plan Caputo y las bancarrotas anteriores, que dejaron un endeudamiento del orden de los 500.000 millones de dólares que el gobierno liberticida engrosó con otros 100.000 millones. La percepción de que estamos a las puertas de un acuerdo “mezquino” se puso de manifiesto en las últimas horas, cuando los especuladores obligaron al Banco Central a liquidar reservas internacionales por un monto superior a los 700 millones de dólares y los dólares financieros y paralelos se disparaban, mientras el riesgo país volvía a trepar por encima de los 750 puntos. La suba de este indicador cancela la posibilidad de nuevos préstamos para reciclar la deuda pública en dólares. La súbita demanda de dólares se explica por un “desarme de posiciones” por parte de quienes venían especulando con colocaciones financieras en pesos cuyo rendimiento duplicaba a la tasa oficial de devaluación de la moneda (carry trade). Como estas operaciones se financiaron tomando préstamos en dólares, los especuladores se apresuran a comprar divisas para cancelarlos, ante la presunción de que la devaluación del peso podría acelerarse o incluso precipitarse. La desconfianza del capital financiero fue alimentada también por el índice de inflación de febrero -2,4%- extraordinariamente alto en relación a la tasa de interés vigente y también a la devaluación oficial. Si el carry trade ha sido el principal instrumento del gobierno para sostener un cierto flujo de divisas, su defunción constituye un golpe letal a la seudoestabilidad cambiaria del plan Caputo. FMI Desde hace varios meses, el FMI colocó como condición para su nuevo préstamo una alteración de la política cambiaria, que el gobierno no quiere avalar por sus consecuencias inflacionarias explosivas. Más recientemente, Caputo había asegurado que el FMI no sostenía esa exigencia devaluatoria, y que el préstamo tendría como propósito central “recapitalizar” al Banco Central por la vía de facilitarle fondos al Tesoro para que rescate su deuda -las llamadas Letras Intransferibles- con el Banco. Hace un mes atrás, Caputo dijo que había cerrado con el FMI “montos y condiciones” del préstamo”. Pero en las últimas horas se desmintió, al afirmar que “el monto no está asegurado”. Sin embargo, la información sobre esos “montos y condiciones” abunda. El préstamo estaría compuesto por dos ítems: una parte, destinada a afrontar los vencimientos de deuda con el propio Fondo durante los próximos cuatro años, que ascienden a unos 14.000 millones de dólares. Es el “ida y vuelta” que ya existía bajo el acuerdo de Guzmán y los Fernández con el FMI, y que sólo implica, en los hechos, una prórroga de los vencimientos de deuda y un mero asiento contable. La otra parte del préstamo se destinaría a rescatar una parte de las Letras del Central y a contar con “dólares frescos” para enfrentar la demanda de divisas en curso. Pero si -como ha circulado reiteradamente- el préstamo total ascendiera a 20.000 millones, el monto que restaría del dinero destinado a reciclar la misma deuda con el Fondo -solamente 6.000 millones- apenas alcanza para cubrir el 30% de la deuda del Tesoro con el Central o, alternativamente, no más de veinte días de venta de dólares a los promedios diarios actuales. A esta altura, no se sabe si la presente corrida cambiaria se debe a la “incertidumbre” sobre el acuerdo con el Fondo o, por el contrario, a que ya han circulado sus limitadas posibilidades frente a la magnitud de la hipoteca nacional. El FMI, en definitiva, no se movió de su posición devaluatoria, apenas cambió la forma de plantearla -ahora, por la vía de ofrecer un rescate restringido. Con ello, ha insertado al precario plan Caputo en el escenario convulsivo de la economía mundial, que Trump no ha hecho sino precipitar. La escalada de ventas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, en medio de la guerra comercial declarada, elevó los rendimientos de esos bonos, encareciendo el financiamiento de los llamados países emergentes. El plan Caputo cruje entre las garras del “amigo americano”, y el FMI lo sabe mejor que nadie. ¿“Sin pesos”? Caputo, en estas condiciones, admitió en las últimas horas la variante de la “flotación cambiaria”, que dice no temer porque no existirían “pesos suficientes” para provocar una corrida. Aduce, para ello, que la base monetaria -pesos en circulación más los pasivos bancarios- no superaría al 4% del producto bruto, cuando el promedio de los últimos treinta años ha sido el doble. Este cálculo, sin embargo, no toma en cuenta a la “base monetaria ampliada”, que incluye a la deuda en pesos del Tesoro que cuenta con garantía última del Banco Central. Esa deuda, que equivale a 130.000 millones de dólares, desataría una corrida definitiva en caso de que una parte significativa de ella no fuera renovada porque los acreedores decidieran pasarse al dólar. La necesidad de contener esta tendencia -y también de sostener al carry trade- obligará al gobierno a levantar la tasa de interés y, por esa vía, a reforzar las tendencias recesivas. Milei y Caputo esperaban afrontar la campaña electoral con la rueda auxiliar del FMI. Pero en las actuales condiciones, el acuerdo irresuelto se ha convertido en una crisis financiera y política en ciernes. En las negociaciones en curso, comienza a terciar el escenario más general de la crisis política, o sea, las tendencias a la rebelión popular y la pérdida de autoridad política de los criptoestafadores. Patricia Bullrich no es la única rueda loca del gobierno liberticida -asistimos a una crisis de conjunto. LEER MÁS: El acuerdo no visto con el FMI desata un debate en la burguesía sobre la catástrofe que se avecina Un régimen “encepado”. Por Jorge Altamira, 18/03/2025.

A medida que pasan los días, pareciera que el decreto de necesidad y urgencia para que el Congreso refrende un acuerdo con el FMI que todavía no se conoce, pretende forzar la mano del Fondo para que no demore la aprobación de algo que está todavía sujeto a discusiones. Abonan esta impresión los debates que ha hecho circular Clarín acerca de la conveniencia de que “el cepo” sea o no levantado; o de si habría que hacerlo en forma gradual. Ricardo Arriazu, un economista libertario anticipado, ha advertido, en una conferencia ante dueños y jefes de empresas, que la supresión del “cepo” provocaría “una explosión social”– ni más ni menos. El mensaje está dirigido al FMI, para quien el stock negativo de reservas del Banco Central hace inviable sostener el tipo de cambio actual, no importa cuán grande sea la suma que se aporte para sostenerlo. Por otro lado, agregar más deuda de 45 mil millones de dólares que se deben al FMI, con una tasa de interés elevada del 6.2% anual, acabaría creando una crisis de liquidez (de fondos) al FMI, que lo incapacitaría para ejercer su función de rescatista financiero internacional. El otro gran deudor del Fondo, Ucrania, enfrenta una crisis presupuestaria enorme, sin que la cuestión de la guerra haya sido superada. Todo lo contrario. Donald Trump, por último, le hace ascos a tener que rescatar al mismo FMI con aportes adicionales de dinero. Él mismo estaría pronto, o al menos dispuesto, a repudiar la deuda pública de Estados Unidos, de 35 billones de dólares, al declararla “perpetua”, lo cual significa que no devuelve el capital y se limita al pago de los intereses. Sería un default contra los acreedores norteamericanos, por supuesto, pero esencialmente contra China, Japón y Alemania– los enemigos declarados del magnate y su camarilla. El planteo de Trump, un libertario, crearía una masiva clase capitalista que viviría de la renta del Estado. Para zafar de este impasse, una devaluación del peso favorecería una mayor acumulación de reservas y pondría fin a la maniobra caputiana de despilfarrar dólares para mantener la cotización actual. El pronóstico ‘catastrofista’ de Arriazu hay que tomarlo con pinzas, esto porque hay un arsenal de herramientas para controlar un impacto desmedido en los precios internos, entre ellas ‘moderar’ la devaluación. El temor de Arriazu es que la devaluación que acompañaría a la devaluación del peso ponga fin al negociado del “carry trade” (tomar préstamos internacionales baratos para comprar deuda argentina con rendimiento superior), y provoque pérdidas sustanciales a los acreedores de la deuda doméstica. Ésta es la catástrofe que teme Arriazu; por eso prefiere un cepo “perpetuo”, aunque perjudique a las compañías que quieren remitir ganancias al exterior, que permita seguir con el “carry trade”. Lo sugestivo es que, según coinciden diversas informaciones, Milei sería partidario de liquidar el cepo y Caputo tendría una posición intermedia entre Milei y Arriazu. O sea que habría una crisis de gobierno, mientras en el Congreso flota el espectro de un cheque en blanco bajo la forma de un DNU. Lo que ha alterado los ánimos, sin embargo, ha sido la corrida hacia el dólar el viernes pasado –alrededor al equivalente de 1400 millones de dólares. Algunos medios la atribuyen a “un desarme” de deuda doméstica (venta de títulos) que otros niegan. En este último caso, la pregunta es de dónde salieron los pesos para ir al mercado paralelo, cuando Caputo asegura que esos pesos no alcanzan para ese tipo de operaciones. El desconocido acuerdo con el FMI tiene una peculiaridad: no es un préstamo al Banco Central, sino al Tesoro. Para poder ser usado en el mercado de cambios se ha recurrido a una manipulación que no es solamente contable. Se ha inventado una deuda del Tesoro con el Banco Central, para que pueda utilizar el dinero sin convertirse en deudor del FMI. El Tesoro rescatará “letras intransferibles” (o sea que no tienen mercado ni valor de mercado) por alrededor de 20 mil millones de dólares, que serán malgastados mediante la venta de esos dólares por pesos. Esas letras, anotadas en el Central por 69 mil millones de dólares, ya fueron amortizadas por inflaciones del 200% anuales, que barrieron con el valor del peso nacional. La “recapitalización” del Central, como se llama a esta operación, oculta una descapitalización del Tesoro, que deberá sumar esos 20 mil millones a los 45 mil millones de deuda con el FMI, que no puede pagar. Pero el aumento de esa deuda será el pretexto para aumentar el superávit del Tesoro, mediante el uso implacable de la motosierra a todos los derechos sociales. El colmo de la estafa es el propósito de usar fondos del Banco Interamericano y del Banco Mundial, que deben ser usados obligatoriamente para financiar obra y servicios públicos, para traficar con los especuladores en el mercado de cambios. Como lo advirtió un reputado economista liberal, a principios de los 80 del siglo pasado, la cuestión vuelve a ser la siguiente: “Si se devalúa, quiebra media Argentina; si no se devalúa, quiebra la otra mitad” (Economic Survey, diciembre de 1980, Rodolfo Katz). Dos años después quebraron las dos mitades por entero, y Domingo Cavallo debutó mediante su estatización. Se concluye de todo esto que es hora de ‘jubilar’ la deuda pública, no de aprobar el DNU como lo harán los agentes parlamentarios de la burguesía– un decreto que es de lesa democracia y de lesa humanidad. Seguir dopando al capitalismo sólo conduce a mayor miseria social y a fomentar la guerra mundial. LEER MÁS: FMI: un acuerdo demorado y “mezquino” que adelanta el réquiem del plan Caputo Por Marcelo Ramal, 18/03/2025.

El 49 aniversario del 24 de Marzo se enmarca en una corriente de luchas que se desarrolla a la par de corridas cambiarias políticamente desestabilizadoras. La jerarquía excepcional que ha alcanzado la movilización semanal de los jubilados sigue la ruta de la enorme marcha "contra el fascismo", el 1 de Febrero, impulsada por las disidencias sexuales y, con anterioridad, por la ola de ocupaciones de facultades de parte de la juventud estudiantil y sectores de la docencia universitaria. El bloqueo impuesto al movimiento obrero, organizado por las burocracias sindicales y la CGT que colaboran con el gobierno de Milei, ha sido desbordado en forma masiva en las fronteras de los aparatos colaboracionistas y de los partidos patronales. Que en Argentina gobierne en la actualidad la pata ´civil´ de la dictadura militar es una responsabilidad de quienes la han gobernado desde 1983. Descargaron sobre las masas hiperinflaciones brutales a fuerza de subsidiar a mansalva a las grandes patronales, como ocurrió en la última pandemia, o por devaluaciones del peso forzadas por el capital internacional y los acreedores extranjeros y nacionales del Tesoro nacional. Hoy, esos responsables colaboran con un gobierno manejado por un fascista ostensible, que habla de "suprimir", "eliminar", "aniquilar", "desaparecer" a "los socialistas" y a cualquier expresión de progreso social. Un gobierno que, como sucede con Trump, pretende gobernar con los métodos del "estado de excepción". Son los aspirantes a una nueva Triple A. Frente a esto, la llamada "oposición" acepta DNU y vetos, negocia el reparto de la Corte Suprema, o gobierna las provincias con violentos ajustes a docentes y trabajadores del Estado. La rama sindical del peronismo -la CGT- es la principal ´colaboracionista´. Es así que en el país del Nunca Más gobierna un aspirante a Videla con peluca. El 24 de Marzo no ha sido jamás una fecha exclusivamente conmemorativa. Hubiera descalificado la memoria de los 30.000 desaparecidos, que cayeron luchando en un momento histórico excepcional del país. Es, sin embargo, lo que ha intentado el kirchnerismo, ausente durante veinte años de estas movilizaciones. A partir de 2005 ha intentado cooptarlas al servicio del poder estatal, al cual se había encaramado de la mano del pejotismo responsable del asesinato de los compañeros Kosteki y Santillán. Ahora, en la oposición y frente a un gobierno reaccionario de ultraderecha, se empeña de nuevo en encerrar la Marcha del 24 en la consigna: "30.000 desaparecidos, presentes". Pero los 30.000 desaparecidos sólo pueden estar presentes, realmente, si la Marcha es encabezada por un programa de lucha para poner fin al gobierno liberticida y para desarrollar la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Un programa que tenga por eje la organización de una huelga general hasta la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores, los jubilados, la docencia y la educación, de las disidencias de género y las mujeres trabajadoras. Un programa de ruptura con el FMI, por la anulación total de la deuda pública financiera. Un programa que denuncie la guerra imperialista mundial y convoque a la acción unida de la clase obrera de todos los países contra el imperialismo y que apoye con movilizaciones, armas y hombres la lucha contra la limpieza étnica de la nación palestina. Un programa que enfrente la ofensiva colonizadora y criminal contra América Latina, contra las deportaciones y la represión de trabajadores migrantes. Contra los alambrados que Bullrich quiere imponer en las fronteras. Es con esta posición que llamamos a ganar las calles el 24. A ganar las calles con independencia de todos los partidos patronales, por supuesto, pero también del FITU, que ha intentado, durante un largo mes, hacer un frente político con el PJ y su presidenta, Cristina Kirchner, con un escenario y programa político común. El fracaso de esta tentativa por el rechazo del kirchnerismo, embarcado en negociaciones con el ajustador Pullaro, Lousteau, Llaryora y otros fugados de JxC, incluso Larreta, no absuelve al FITU ni lo convierte en una alternativa independiente en la Marcha del 24 de Marzo. Todo lo contrario: la duplicidad política es el peor enemigo que enfrenta el activismo obrero y el conjunto de la clase obrera. Desde nuestra corriente, Política Obrera, llamamos a venir a nuestra columna, a distribuir una agitación entre todos los participantes de la Marcha y a cerrar la movilización con un acto independiente. Construyamos un partido socialista e internacionalista de la clase obrera. Política Obrera, 19/3/2025

En su momento de esplendor, cuando copó el prime time televisivo de la televisión pública entre fines de los años 80 y principios de los 90, Antonio Gasalla se consagró como el eslabón entre dos generaciones que, por prepotencia de trabajo y calidad, alcanzaron la popularidad desde los márgenes del circuito teatral convencional. Junto a Carlos Perciavalle, Edda Díaz y Nacha Guevara, entre otros, Gasalla fue protagonista de ese antecedente inevitable del under de los años 80 que fue el café concert. Esa generación, marcada por el Mayo Francés, cultivó la crítica social bajo la dictadura de Onganía en un circuito inventado por ella misma. Formado en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde trabó amistad con Perciavalle, formaron una dupla que unía lo profano y lo sagrado, con reinvenciones de Shakespeare y Chejov en clave satírica. La carrera artística de Gasalla se funda en un acto de disidencia, cuando se atrevió a declararle a su padre -un inmigrante de carácter severo que quería ver a sus hijos recibirse de médicos- que se dedicaría a la actuación y este le retiró la palabra. En la década del 80, Gasalla conocería la popularidad de la mano del cine y la televisión. Su personaje de Mamá Cora -con reminicencias a La Nona que interpretó Pepe Soriano en la obra de Roberto Cossa- fue el centro de gravedad de la chispeante comedia costumbrista “Esperando la carroza”. Poco después, Gasalla llegaría a la TV con su propio programa. Se rodeó de contemporáneos como Roberto Carnaghi y Norma Pons, pero también reclutó a un elenco joven talentosísimo, empezando por Juana Molina -una comediante brillante que finalmente forjó una gran carrera musical-, Juan Acosta -antes de convertirse en bufón del macrismo- y el recientemente fallecido Atilio Veronelli, entre otros. Gasalla, sobre todo en el último tramo del ciclo, puso en valor a toda la reserva del teatro underground de la ciudad de Buenos Aires, cuyo foco se encontraba en el célebre Parakultural que dirigía Omar Viola. Es posible establecer una conexión entre la generación del Di Tella y el Mayo Francés con estos ´hijos de la Dictadura´. Gasalla llevó a su programa a Las Gambas al Ajillo -Verónica Llinás, Alejandra Fletchner, entre otras- y, sobre todo, a la dupla que conformaban Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese (el tercero de aquel núcleo dulce y despiadado, Batato Barea, ya había muerto) e impulsó a un joven Alfredo Casero y a artistas de otras disciplinas, como Sergio De Loof y Renata Schussheim, entre otros. Los unía con ellos esa intensa veta sátírica que derramaba ácido sobre el “Ser Nacional” que las dictaduras y sus alternativas constitucionales pretendieron forjar de arriba hacia abajo. Trasvestidos, desaforados, de lengua filosa y físicamente comprometidos, los personajes que habitaban “el mundo de Antonio Gasalla” brillaban en la mediocridad menemista y sus aspiraciones ´primermundistas´. En las décadas siguientes, aquellos artistas serían protagonistas de numerosos éxitos televisivos, teatrales y cinematográficos. Gasalla creó a una veintena de personajes que se convirtieron en arquetípicos, vigentes todavía hoy, a pesar de los años transcurridos. Tuvo el talento, la visión, la audacia y la generosidad para saber impulsar a una nueva generación y hacer popular lo grotesco, lo incómodo, lo salvaje que, en ese entonces, se cocía en los sótanos porteños.

El fin de la moratoria jubilatoria, prevista para el próximo 23 de marzo, establece de hecho una "reforma previsional". Los próximos jubilados ya no podrán acogerse a ese beneficio limitado que pretendía subsanar, parcialmente, la falta de aportes previsionales en un mercado laboral caracterizado por el trabajo en negro y la informalidad. En los últimos años, casi el 80 % de los jubilados recurrieron a la moratoria, para lo cual continuaron aportando -descontando de sus propios haberes- los años que les restaban. Por caso, en 2024, solamente el 18 % de los jubilados reunía entre 25 y 30 años de aportes. Sin la moratoria previsional, se estima que el 50 % de los varones -que cumplen 65 años- y el 69 % de las mujeres -que cumplen 60 años- este año no podrán acceder a la jubilación contributiva (Clarín, 19/3). En lo sucesivo, quienes no reúnan los 30 años de aportes, a partir de los 65 años -tanto para hombres como para mujeres, que hasta ahora se jubilaban a los 60- tendrán que demostrar una situación de “vulnerabilidad social y patrimonial” para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y cobrar el 80 % del haber mínimo. A valores actuales, la PUAM significa un haber de $223.300 -sin importar los años aportados- y es incompatible con cualquier otro ingreso, como la pensión por viudez o seguir trabajando. Es evidente que se trata de ingresos por debajo de los umbrales de subsistencia. No hay ya ´canasta´ estadística contra la cual compararlos. Millones de trabajadores se encotrarán pronto ante la disyuntiva de caer en la miseria o continuar trabajando hasta el final de su vida. Asimismo, se crean las condiciones para un nuevo desembarco de los fondos de pensión -como las viejas AFJP- para el segmento de mayores ingresos. Este destino ha sido labrado por los sucesivos gobiernos, desde la reducción de los aportes patronales del menemismo -que ningún gobierno repuso- y el vaciamiento de la Anses para financiar el pago de la deuda. Toda la asistencia social estatal se nutre del mismo fondo. En nombre de la ´insustentabilidad´ del régimen previsional, el Gobierno impulsará una reforma, no de hecho sino por ley, para llevar la edad de retiro a 70 años y consagrar el retorno de la jubilación privada. A la luz de esto, es necesario reforzar las movilizaciones que los jubilados realizan los días miércoles, desde hace 30 años. Sus concentraciones frente al Congreso cobran renovado vigor, en la medida de que no es un "reclamo sectorial", sino una lucha de interés para toda la clase obrera. La decisión de dejar caer la moratoria -es una ley a término, que se venía prorrogando hasta ahora- en medio de la crisis con los jubilados, la represión de Bullrich y las negociaciones con el FMI, apunta a mostrarle ´firmeza´ a los parásitos de la deuda pública. Pero todo sacrificio es insuficiente frente a una deuda impagable. En el mejor de los casos, el sacrificio de los jubilados presentes y futuros no tiene otro alcance que el interés dirigido a ´levantar´ el precio de los bonos argentinos y renovar los vencimientos. Bajo el peso de la llamada "deuda externa", el país entero sufre privaciones insoportables. La burocracia sindical le da la espalda al reclamo de los jubilados. En los años 90, la misma burocracia se asoció a grupos capitalistas en la conformación de las AFJP y otros negociados, como las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). De la mano de Milei, consensuaron una reforma laboral que elimina el trabajo estable y desarma todas sus conquistas, habilitando el reemplazo de los planteles de contrato por tiempo indeterminado por monotributistas y ´colaboradores´ sin derechos de ninguna especie. Con esos antecedentes, es perfectamente razonable que la CGT estuviera completamente ausente en las últimas marchas. La lucha de los juiblados es una lucha absolutamente vital, que une el reclamo por la mejora de haberes con la defensa del derecho a la jubilación de los actuales trabajadores activos y, se agrega, el derecho a la protesta, que Milei-Bullrich quieren erradicar a palazos. Los jubilados han sufrido los embates más duros del gobierno. A la devaluación de salarios y jubilaciones, debe sumarse el enésimo reemplazo de la fórmula de movilidad -´perdiendo´ la actualización del trimestre de la´híper´ posterior a la devaluación de diciembre de 2023-, la postergación indefinida del pago retroactivo de las demandas por mala liquidación y el recorte de los medicamentos gratuitos. Esta es la batalla fundamental que debe unir a la clase obrera.

Tras el fallecimiento José Alfredo Garavento, un extrabajador rural y paciente oncológico, la dirección de UATRE denunció penalmente al ministro de Salud, Mario Lugones, al superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo, y a Marcelo Petroni, actual interventor de la obra social OSPRERA designado por un decreto de Javier Milei, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, y abandono de persona seguido de muerte.” (Clarín 17/03) Garavento fue diagnosticado de cáncer de colon en 2020, por lo que comenzó un tratamiento de quimioterapia y fue sometido a una cirugía. Luego de tres años, los médicos detectaron que el cáncer se había hecho presente nuevamente y determinaron que debía retomar el tratamiento, que efectivizó a comienzos de 2024, con la provisión de las aplicaciones por parte de OSPRERA. La ya maltrecha obra social de los trabajadores rurales por los desmanejos de la burocracia sindical, en octubre de 2024, sufrió un nuevo golpe con la intervención dispuesta por el gobierno liberticida, poniendo al frente de la misma a Marcelo Petroni, quien dispuso la interrupción del tratamiento de Garavento y el rechazo a acceder a la medicación para poder seguir adelante con el tratamiento necesario. Petroni llegó a ser interventor de OSPRERA de la mano de Martin “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la secretaría general de la Presidencia, un subordinado de Karina Milei. El gobierno liberticida, que no tiene ningún interés en solucionar los problemas de funcionamiento de las prestaciones de salud, intervino la obra social de los trabajadores rurales y estibadores a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, a partir de los desmanejos de la burocracia sindical, que mantenía “una deuda prestacional de casi 44.000 millones de pesos y 172 acciones judiciales iniciadas por incumplimientos de prestaciones y 16.410 reclamos de beneficiarios solamente en el ejercicio 2022/23.” (Bichos de Campo 21/08/2024) El caso de Alfredo Garavento no es un hecho aislado, sino que, muy por el contrario, el abandono de pacientes que cursan enfermedades por parte de la intervención se ha convertido en la regla. Desde la dirección del gremio sostienen que son “cientos los casos de trabajadores rurales que a partir de la intervención del gobierno a la obra social sufren de cortes masivos en sus tratamientos. Son pacientes graves oncológicos HIV, hemofílicos, que se encuentran en riesgo por la falta de cobertura.” En la Argentina las obras sociales de los sindicatos cubren a 15 millones de trabajadores y son la confesión de parte de que “la ausencia de una garantía de salud pública que debería cubrir el Estado es suplida por la organización de los trabajadores. Las obras sociales sindicales [se han convertido en el principal resguardo de la vida misma del trabajador y su familia”]( https://politicaobrera.com/12781-la-crisis-de-las-obras-sociales-un-problema-de-toda-la-clase-obrera La situación que atraviesan las obras sociales de los sindicatos pone en el centro de la escena la recuperación de las mismas por parte de los trabajadores, “para terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado en todos estos años por la burocracia y el Estado.” En este ángulo de acción las reivindicaciones de los trabajadores contra la política criminal del gobierno liberticida, que cuenta con la anuencia de la burocracia sindical, deben comenzar planteando la apertura de los libros contables y reclamar por directorios electos por los afiliados; por un Programa Médico Obligatorio (PMO) universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales; el pase a planta de los precarizados y el blanqueo de todas las sumas en negro, que recompongan los ingresos de las obras sociales y por un aumento en el presupuesto de salud pública que garantice una calidad de vida del conjunto de los trabajadore .

El primer ministro del Reino Unido, “Sir” Keir Starmer, anunció esta semana el desmantelamiento del prestigioso Servicio Nacional de Salud (NHS), que aseguró el acceso a la salud pública y gratuita de la población de las Islas desde finales de la segunda guerra mundial. Ahora, el gobierno laborista resolvió tirar abajo los resabios de lo que fue una conquista sanitaria histórica de la clase obrera británica, mientras se comprometió a aumentar el gasto militar y el presupuesto de Defensa para afrontar la guerra imperialista en desarrollo. El discurso del líder del Partido Laboralista tuvo todos los condimentos de los brutales ataques contra la salud pública que el dúo Trump-Musk profesa en Estados Unidos y que Milei ejecuta en la Argentina. Starmer, quien llegó al gobierno con el auspicio del fondo BlackRock , apuntó contra “la casta” del NHS al señalar una supuesta duplicación de funciones entre lo que llamó la “capa burocrática” de este organismo y el Departamento de Salud y Asistencia Social que depende del gobierno. La conclusión fue el despido de 9.000 trabajadores, que representan aproximadamente a la mitad del plantel de ambas instituciones. Hasta el momento, el NHS, como organismo autónomo, se encargaba de supervisar el funcionamiento del sistema de salud público, gestionar recursos, coordinar los servicios de medicina general y de atención primaria de la salud, organizar la formación profesional y recopilar información epidemiológica. Según los anuncios del gobierno, estas funciones serán “reabsorbidas” por el actual secretario de Salud, Wes Streeting, que asumirá un control directo del sistema, en un movimiento que provocó la renuncia semanas atrás de Amanda Pritchard, directora ejecutiva del NHS. Los miles de despidos y la abolición del NHS se producen tras años de políticas de austeridad, recortes y reformas privatizadoras, que provocaron una quiebra de la capacidad de atención en paralelo al agravamiento de todos los padecimientos y la demolición de las condiciones materiales de vida de las masas trabajadoras de las islas. El Brexit, prometido como un respiro frente a un cuadro de decadencia económica y social, no hizo más que sumar nuevos ajustes y crisis políticas, que provocaron la caída de sucesivos gobiernos. La pandemia, primero, y la guerra de la OTAN en Ucrania, después, llevaron este cuadro social al paroxismo. Así, el NHS pasó de ser la institución pública más prestigiosa del país a someter a sus pacientes a 18 meses de demora para conseguir un turno para una derivación médica. Se calcula que 7,2 millones de personas se encuentran a la espera de un tratamiento en el Reino Unido, mientras que el acceso a pruebas de diagnóstico, como una tomografía, puede dilatarse durante meses y meses. Los salarios de sus profesionales, al igual que ocurre con los del conjunto de los trabajadores, se deterioraron verticalmente, en lo que provocó la huelga de la salud más importante de los últimos 75 años ( https://politicaobrera.com/9930-inglaterra-medicos-residentes-protagonizan-la-huelga-de-la-salud-mas-larga-de-los-ultimos-75-anos ). En el país de la City de Londres, la plaza financiera más importante del mundo junto con Nueva York, progresan las enfermedades infecciosas del siglo XIX . En los últimos meses, ha habido brotes de sarna, sífilis y gonorrea, todas asociadas al crecimiento de la miseria social y a la destrucción del sistema de prevención de la salud. Entre los niños, aumenta el sarampión y la tos convulsa, como consecuencia de la caída de las tasas de vacunación. La mala alimentación y la pobreza, que es la más alta en los últimos 30 años , trajeron aparejado el incremento del raquitismo, el escorbuto y la desnutrición. En estas condiciones, los voceros del capital financiero protestan por el aumento de las prestaciones sociales por incapacidad laboral y discapacidad, que involucran a 4 millones de personas y un presupuesto de alrededor de 65.000 millones de libras al año. Según un informe que publicó en estos días el Financial Times (16/3), el gasto en pensiones para personas en edad laboral aumentó exponencialmente en la última década, llegando al 3 % del PBI, lo que compensó el recorte de programas como el Universal Credit (ingreso mínimo para desocupados) ejecutado por los últimos gobiernos conservadores . De acuerdo con este informe, el principal motor de la demanda de pensiones del llamado Personal Independence Payment (PIP) es el agravamiento de los problemas de salud mental tras la pandemia. La retracción de la economía británica, que en enero se redujo un 0,1 % a pesar de las expectativas oficiales de crecimiento, está provocando una crisis política en las islas. La popularidad del gobierno laborista cayó drásticamente y, debido a este freno económico, no logró obtener los ingresos fiscales esperados por el aumento de los impuestos a las empresas ejecutado al inicio de su mandato. En paralelo, la carga exorbitante de la deuda pública alcanza al 100 % del PBI, el nivel más alto desde 1960. En este contexto, se espera que la jefa del Tesoro, Rachel Reeves, anuncie en estos días un nuevo paquete de recortes, acompañado por el incremento del gasto militar y medidas de desregulación financiera.

Desde que asumió, Trump hizo foco en recuperar el terreno perdido ante China. En lo que respecta a América Latina, uno de los puntos clave es el canal de Panamá, donde transita alrededor del 5 % del comercio marítimo mundial. Desde un comienzo, declaró su intención de recuperar el Canal que Estados Unidos manejó hasta 1999. En estos días, Trump solicitó formalmente al Pentágono un abanico de “opciones militares creíbles” para que Estados Unidos pueda acceder sin restricciones al Canal. Un primer paso sería imponer una “asociación” con las fuerzas panameñas para “colaborar” y realizar actividades conjuntas. Estados Unidos ya tiene, al menos, alrededor de 200 militares en Panamá. Otras opciones que se están considerando incluyen el uso del ejército de Estados Unidos para “colaborar” en asegurar los puertos existentes en Panamá, construir nuevos puertos y el uso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para operar las esclusas del canal. La toma directa del Canal por los ‘marines’ es considerada la posibilidad "menos probable". La colonización velada a través de una “asociacion” es considerada la estrategia más efectiva y que a Trump le serviría tanto con gobiernos de centro derecha –como el del panameño Munilo–, como con gobiernos democratizantes al estilo de Sheinbaum. Tras lanzar proclamas nacionalistas, la mandataria ha ido presta a movilizar a las fuerzas de seguridad mexicanas dónde y cuándo le mande Trump. Por esto es necesaria una clarificación acerca de las diversas formas de dominación que va ejecutando el imperialismo. Los puertos chinos Hay dos puertos, uno a cada lado del canal, que pertenecen a un consorcio hongkonés, CK Hutchison. El gobierno de Trump comenzó a presionar para erradicar a los capitales chinos de la zona de influencia del canal. Para eso, Black Rock y otros fondos han comprado los activos de Hutchinson para adueñarse de los 43 puertos que CK Hutchinson opera en 23 países, debido a que su dueño ha querido desvincularse de otras instalaciones que pudieran incomodar a Trump. El gobierno chino ha salido a criticar duramente la transacción aduciendo que ponía en juego la influencia china sobre una ruta marítima clave. Influencia que se ve más necesaria cuando Trump manifiesta abiertamente la intención de que los buques chinos paguen un mayor arancel por utilizar el paso bioceánico. Estas críticas de Beijing generaron que se desplomaran, el pasado viernes, las acciones de CK Hutchison. El gobierno de Xi Jinping también está analizando posibilidades legales contra la venta de los puertos, como alegar práctica monopólica. Xi tiene antecedentes de haber intervenido para evitar la venta de empresas chinas a capitales norteamericanos: Pan Shiyi y Zhang Xin, dos empresarios inmobiliarios, acordaron en 2021 vender una participación mayoritaria de su empresa, Soho China, a Blackstone, consorcio estadounidense. Pero el gobierno chino se negó a aprobar la transacción y se vino abajo. CK Hutchison está controlada por el multimillonario de Hong Kong Li Ka-shing, cuya fortuna, según Bloomberg News, asciende a 31.000 millones de dólares. Li hizo en su momento declaraciones que se interpretaron como favorables a las movilizaciones en Hong Kong contra el gobierno. Vender los puertos, en este contexto, le generaría un conflicto más grande con Beijing y este ya está analizando las posibles sanciones si no logra impedir la venta. A la vez que se dan estos pleitos comerciales, el gigante asiático hace ejercicios de colaboración militar con Rusia e Irán en el golfo de Omán utilizando artillería real en el simulacro de rescate de barcos mercantes secuestrados.

La conversación entre Trump y Putin se convirtió en la más larga en la historia de las llamadas entre presidentes. Duró aproximadamente dos horas y media. Vladimir Putin aceptó una propuesta del presidente estadounidense, para que Rusia y Ucrania dejen de atacar las infraestructuras energéticas respectivas durante 30 días, en reemplazo de una tregua integral plagada de contradicciones. Se refiere al cese del ataque a centrales eléctricas y sistemas de distribución de Ucrania y a refinerías, centros de tránsito de petróleo y gas, oleoductos y plantas de almacenamiento de combustible, de Rusia. Trump sólo obtuvo un compromiso de tregua restringido. La cosecha de EE. UU. como mediador es magra. El acuerdo, sin embargo, incorpora un dato estratégico, pues establece el comienzo de negociaciones respecto al mar Negro, de un lado, y al mar Rojo, en el Medio Oriente, del otro. “Acordaron coordinar esfuerzos para estabilizar las zonas de crisis y fortalecer la cooperación en materia de no proliferación nuclear y seguridad global” (RT). Esto lo dice un vocero de Putin, no de Trump. Al meter en un paquete común estos dos frentes de guerra, habilita canjes y concesiones geopolíticas recíprocas Con referencia a Irán, por ejemplo, afirma que “nunca debería estar en condiciones de destruir a Israel”. Estamos ante una reclamación para que Irán ceda a las exigencias de Trump en materia nuclear y que desarme de las milicias del Yemen o las neutralice. Los términos del comunicado dejan ver aval de Putin para el caso de que se desate un furioso ataque contra este país desde los numerosos portaviones que ha enviado Trump al Mediterráneo. Es la primera vez que se hace pública una conexión entre la guerra de la OTAN en Ucrania, y las masacres y ocupaciones territoriales de Israel en sus países vecinos. “Las conversaciones comenzarán de inmediato en Oriente Medio, indicó la Casa Blanca, sin especificar quién las liderará.” señala Bloomberg. Por lo pronto, se trata de una negociación bilateral de la que no participan Zelensky ni la Unión Europea, donde Alemania y Francia, especialmente, y el Reino Unido están dispuestos a iniciar un despliegue militar para defender su lugar en el reparto y la explotación de Ucrania. Putin exige, en cambio, el cese completo de la ayuda militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev. El abismo que existe para alcanzar un acuerdo acerca de Ucrania confronta con la política de Trump de alejar a la UE de esa esfera geopolítica y de descargar sobre ella la crisis económica, mediante una guerra comercial y financiera. Las cuestiones técnicas de supervisión del cese del fuego son secundarias, cuando se toma en cuenta el gigantesco impasse internacional y el crecimiento de la guerra imperialista. “La idea es buena, pero no factible”, resumió Putin, en relación a la factibilidad de una tregua. El Kremlin la supedita a un acuerdo estratégico sobre el futuro de Ucrania y a la oposición de la UE a un arreglo. Esta posición ultimatista es, sin embargo, manifiestamente inconsistente, pues supone marchar directamente a un conflicto atómico, cuando a Rusia le ha llevado tres años ocupar una parte de las regiones costeras del mar Negro. Trump ha impuesto un status de negociaciones, bajo su batuta, mientras bombardea Yemen, respalda la nueva ola de masacres de Netanyahu, copa el canal de Panamá y apoya un acuerdo en el Cáucaso, entre Armenia y Azerbaidjan, que favorece el aislamiento de Irán. Las diferencias abismales entre Washington y el Kremlin podrían determinar una mayor escalamiento de la guerra en Ucrania y crear un terreno más propicio a un acuerdo o, como difunden los ‘neocom’ de la guerra global, a una alianza parcial de Trump y Putin, a costa de la Unión Europea (los ex “aliados”). La clase obrera internacional debe rechazar en forma completa las voces apaciguadoras que vienen desconociendo el desarrollo de una guerra mundial, y movilizarse para derrotar la guerra y convertirla en una tumba del imperialismo.

Luego de la lucha de la semana pasada contra la represión a la marcha semanal de los jubilados , apoyada por numerosos sectores, el Gobierno anunció un ´corralón´ que debía convertir a la plaza del Congreso en una “zona estéril”, acompañada de inhibidores de señal. Sin embargo, ni siquiera pudo ejercer un control efectivo en los accesos y un bloqueo a los medios de transporte de ingreso a la Ciudad. Todo esto fue dejado en reserva para asegurar un objetivo supremo: que ningún incidente afectara a los congresistas que debían aprobar del DNU del ignoto acuerdo con el FMI . El escenario intimidatorio que buscó crear antes de la marcha no logró su propósito, porque tambien del otro lado creció la conciencia de que había que derrotar ese desafio. Es asi como se hizo presente una multitud de 25.000 personas, frente al enorme vallado que cubrió un espacio menos extenso del anunciado, aunque con un vasto dispositivo de todas las fuerzas de seguridad. El repudio popular a la represión de la semana pasada, así como la indignacion por el intento de asesinato del fotógrafo y militante Pablo Grillo -quien aún pelea por su vida-, pusieron al gobierno políticamente a la defensiva y provocó la convocatoria de la Side, con la expectativa de recuperar terreno con la aprobacion del DNU del FMI. Los ‘mercados financieros’, atentos a la situación, se ‘comieron’ 600 millones de dólares y llevaron la cotización por encima de los 1.300 pesos. Este el cuadro de situación que precede a la Marcha del 24 de Marzo. Dentro del Congreso, en cambio, el panorama fue otro. El cheque en blanco que valida un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo detalle nadie conoce, fue aprobado con el voto favorable de los diputados propios, el macrismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y la mayoría de los bloques ´intermedios´ (el Encuentro Federal de Pichetto e Innovación Federal). Caputo consiguió los 129 votos mínimos necesarios para hacer pasar el engendro. En la Unión por la Patria se registró la mayor cantidad de ausentes, lo cual muestra el entorno amplio que no quiso incomodar al FMI. Como la validación del DNU requería solamente mayoría simple en una sola de las cámaras del Congreso, los ausentes fueron funcionales a su aprobación, una ´táctica´ que el bloque ´nacional y popular´ ya había introducido bajo el gobierno Macri. En la víspera, Cristina Fernández, en su carácter de jefa del PJ, prometía la expulsión de quienes apoyaran el decreto fondomonetarista. No fue necesario lo uno ni lo otro: los ´bravos´ senadores no tuvieron necesidad de sentarse en sus poltronas ni el pejotismo necesidad de echar a nadie, porque los ‘disidentes’ votaron a favor en forma indirecta, por medio de la ausencia. Una puesta en escena premeditada para hacerle un servicio al Gobierno como ya había ocurrido con la aprobación de la Ley Bases . Las columnas ocuparon ampliamente la avenida Rivadavía y la calle Hipólito Yrigoyen, también buena parte de la Plaza, y se extendían varias cuadras por Avenida de Mayo. Nuestro partido, Política Obrera, reunió una columna numerosa. Cerramos la jornada con un acto, que se caracterizó por su combatividad . El próximo desafío será la marcha del 24 de Marzo.

El 15 de marzo, mediante un comunicado, la comisión interna informó que “después de 99 días de lucha, las y los trabajadores de Linde Praxair Pacheco llegamos a un acuerdo con la patronal logrando la reincorporación de cinco de los 10 trabajadores despedidos el 5 de diciembre de 2024.” Los despidos en Linde-Praxair tuvieron el objetivo de desarmar una organización sindical de base con casi 20 años de experiencia en la zona norte del Gran Buenos Aires. La ofensiva patronal tuvo una respuesta por parte de los trabajadores acorde a su tradición: asambleas, paros y solidaridad obrera de organizaciones sociales políticas y sindicales de la Zona Norte. Los puntos más altos en la lucha de los trabajadores fueron los paros realizados en diciembre por 24 hs. y en febrero por 96 hs. en las cinco plantas del grupo; también el piquete y la movilización en Panamericana y 197 del 10 de febrero que desafío el protocolo de Bullrich. Si la lucha de los trabajadores de Linde-Praxair no resultó en la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, lo que hubiera significado una derrota total de la patronal, fue por el esfuerzo sistemático de la burocracia sindical del Sindicato Químico de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores (SPIQyP) para que esto no ocurra. Desde el comienzo del conflicto se colocó como agente de la patronal. Los propios trabajadores lo resumen de esta manera en el comunicado “Lamentablemente en estos 99 días las y los trabajadores de Linde Praxair además de luchar contra la patronal tuvimos que lidiar con el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de CABA y Zonas Adyacentes que nunca comprendió la importancia de la lucha y en lugar de ayudar a preparar las medidas de fuerza en enero firmó un preacuerdo con la patronal en la Secretaría de Trabajo de la Nación sin consultar a los trabajadores que al enterarnos lo rechazamos unánimemente por asamblea, se encargó permanentemente de llenar de dudas a los compañeros de las sucursales y del resto del gremio planteando que en Pacheco “son todos zurdos”, que “lo único que quieren es más plata”, que “quieren armar un sindicato de bases” y que “buscan puestos en las listas de Kicillof”. La burocracia envió a un directivo a las sucursales para plantear a los trabajadores que si paraban el paro podía ser declarado ilegal y que los iban a echar a todos con causa, o que por desabastecer de gases a YPF podía corresponderles una causa penal y que por teléfono, hizo levantar en las sucursales un paro histórico de cuatro días cuando la patronal estaba sintiendo el rigor de un paro en todas las plantas.” Lo que dejó de manifiesto la lucha de los trabajadores de Linde-Praxair es que las condiciones para la reincorporación de todos los trabajadores estaban al alcance de la mano en el pico del conflicto, cuando luego de los cinco días de paro en las plantas del grupo, la patronal salió de su postura intransigente y pidió al sindicato una reunión con la condición de levantar la huelga, a lo que la burocracia se aprestó de inmediato. Las cinco reincorporaciones tienen el valor de haber desnudado los objetivos patronales de desarmar la organización de los trabajadores, más aún en un contexto político desfavorable signado por la colaboración de la CGT con el gobierno liberticida. Es muy valioso el aporte a la experiencia del papel jugado por la burocracia sindical, también del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que garantizó que las reincorporaciones no incluyan a los activistas históricos y más reconocidos de la planta. “En las ultimas audiencias, fue el mismo Reboredo (delegado del Ministerio de Trabajo de Kicillof) quien cambió de discurso y les dijo a los trabajadores y al sindicato: <El ministerio hasta acá los va a acompañar>, lo que significaba que solo respaldarían las cinco reincorporaciones que finalmente se concretaron" (gestiónsindical.com 18/3).

Precios y consumos La caída de la venta de libros durante 2024 informada por la Cámara Argentina del Libro fue mayor al 20 % respecto de 2023, comenta La Nación, 8-3-25. El mismo diario había informado a fines de 2024 que dicha caída oscilaba, según las distintas declaraciones ofrecidas por las editoriales, entre un 10 a 13 % para los grandes sellos hasta 40 % para los más pequeños. Habida cuenta de que el aumento del precio del papel en esa etapa fue del 150 y hasta del 300 % dependiendo del tipo (obra, para el interior, o ilustración, para la tapa) y que esa suba fue de poco más del 120 % en 2024, tenemos que en total en esos dos años aumentó un 300 % si redondeamos grosso modo. Pero el incremento en el precio del papel es prácticamente mundial. En España, por ejemplo, en 2022 la tonelada pasó de costar 400 euros a 1.200 (El Confidencial Digital, 30-1-2023), hecho que tendría una explicación en que las papeleras prefieren la fabricación del cartón para cajas de empaque destinadas al envío de compras por correo electrónico (estilo MercadoLibre), pero también por “daños colaterales” de la guerra de Ucrania en cuanto a la importación. Libros y lectores Pese al enorme aumento en casi todo el mundo por razones “de mercado” del principal material para la fabricación de libros, que es el papel, en Estados Unidos (“el gigante de la industria editorial en América”) las ventas treparon en 2024 un 6,5% con respecto a 2023, recogiendo para las editoriales unos 14.000 millones de dólares. En España, a su vez, el récord de ventas anual en 2024 fue histórico: 9,8 %. Estamos hablando de todos los géneros literarios: ficción (poesía, relato, cuento, novela) y no ficción (ensayo, religión, ciencias, derecho, etc.). En EE. UU. los libros religiosos le ganaron por lejos a la ficción: un 18,9 % proporcional con respecto a los demás géneros. “El oscurantismo avanza”, podríamos parafrasear, comparando al nombre del partido de Milei con este resultado en el país que gobierna Trump. ¿Cómo se explica, al menos, en principio, que, con iguales o mayores aumentos en el precio del papel que en Argentina, EE. UU. y España disfruten de crecimientos en la adquisición de libros impresos por parte de sus lectores nacionales e internacionales y aquí no? ¿Por qué a esos países “del primer mundo” ni siquiera los afecta negativamente la frecuentación unánime de lectura y compra de textos en formatos virtuales, con respecto a la adquisición del libro impreso? La respuesta es, al parecer, sencilla: el volumen monetario de la venta de libros a nivel mundial sería de unos 140.850 millones de dólares, mientras que el número de compradores sólo alcanzaría a unos 2.140 millones de personas. Vale decir, pese a la terrible crisis del imperialismo capitalista, el nivel adquisitivo de sus masas de trabajadores sigue siendo muy superior al del resto del mundo. Escritores y lectores por debajo de la línea de pobreza Con un “salario mínimo, vital y móvil” mensual que no supera los $300.000 y que solamente por luchas sindicales algunos trabajadores alcanzan a elevarlo hasta a un millón, cuando el alquiler de una pequeña vivienda representa unos $400.000, prácticamente se puede decir que la clase trabajadora argentina se halla “por debajo de la línea de pobreza”. Con esos números, el libro pasa a ser un objeto de lujo: casi no se hallan por menos $10.000 y “los buenos”, de 30.000 para arriba. ¿Y los escritores? Lo mismo, porque casi ninguno vive de la venta de sus textos literarios. La mayor parte son docentes o empleados/as en cualquier otro rubro laboral. La excepción es de autores y autoras que ocupan las vidrieras atestadas de títulos impuestos por los monopolios editoriales. Las pequeñas editoriales o, si se prefiere llamarlas así, las “independientes”, o le cobran al/la autor/a para publicarle o lo hacen por su propia cuenta y riesgo, pero con resultados ínfimos con respecto al mercado editorial. Sus ingresos no les permiten exponer en las grandes ferias, ni pagar avisos en los medios de comunicación, ni organizar giras a los escritores, ni ocupar las vidrieras de grandes librerías, etcétera. Autoconvocarse, organizarse, articularse Hasta ahora, las asociaciones de escritores en la Argentina (SADE, SEA, UEE) por lo general apenas si han emitido algún comunicado al respecto y han adherido a alguna marcha general de la cultura, en especial, por el cierre y/o desfinanciación de los organismos estatales de cultura. También la UEE lo hace por los jubilados y ésta y la SEA por el 24 de Marzo, pero ambas sostienen una actitud de “té a las 5, o’clock”. Ninguna de ellas convoca a la organización masiva por los derechos de los escritores. Tampoco se han pronunciado explícitamente contra ninguna guerra a nivel mundial o persecución y asesinato de escritores, salvo PEN Club que lo hace internacionalmente, pero no tiene objetivos sindicales. Derechos específicos como derecho de autor, de contrato, jubilación o pensión, tanto como libertad de expresión, solo pueden ser defendidos autoconvocándose, organizándose y articulándose, ya sea desde dentro de las asociaciones existentes, o desde afuera, o formando nuevas asociaciones.

Apenas transcurridos dos meses desde la asunción, Trump viene atacando sistemáticamente las libertades civiles y potenciando una dictadura de poder personal. La criminalización de los inmigrantes sin papeles, la persecución de los estudiantes legales extranjeros que se movilizan en solidaridad con Palestina, las amenazas a la prensa, son una constante. Esta ofensiva ha provocado numerosos choques con los tribunales de Justicia. El último ha sido el abierto desacato a una orden judicial que dejaba en suspenso la expulsión de cientos de inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Trump utilizó para esa expulsión ilegal una llamada “Ley de Enemigos Extranjeros”. Trump, sin embargo, estaría perdiendo apoyo popular. La caída de las bolsas, la guerra arancelaria, una aceleración de la inflación y la tendencia a una recesión, golpean políticamente al gobierno. También crece el rechazo a Elon Musk, quien dirige el recién creado (por decreto) Departamento de Eficiencia gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), al punto que los autos de Tesla son ahora objeto de repudio e incluso muchos de ellos han sido vandalizados. A través del DOGE, Musk ha emprendido una ofensiva contra los funcionarios públicos, con despidos masivos y el desmantelamiento de departamentos estatales (como por ejemplo el de Educación, cuya plantilla fue reducida a la mitad). La cotización de TESLA ha caído en torno a un 50% en lo que va del año. Por otra parte, crecen las manifestaciones de rechazo a Musk y sus empresas. El sábado 15, Trump ordenó la expulsión de los venezolanos supuestamente integrantes del Tren de Aragua a una cárcel de extrema seguridad en El Salvador de Bukele. La “Ley de Enemigos Extranjeros” de 1798 ha sido utilizada solamente tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas en tiempo de guerra. Sirvió para el confinamiento en campos de concentración de personas de origen japonés durante la Segunda Guerra mundial. Según el gobierno trumpista, el Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio” estadounidense. La invocación de esta normativa permitiría la detención, confinamiento y en última instancia la expulsión de todos los venezolanos mayores de 14 años, incluso si contaran con el estatus de residentes permanentes. El fascista Bukele había ofrecido al secretario de Estado, Marco Rubio, la mega cárcel CECOT, en la cual miles de prisioneros permanecen incomunicados, muchos sin proceso ni condena. Bukele percibirá unos 6 millones de dólares al año por encerrar a unos 300 presos enviados por Estados Unidos. El mismo sábado 15, el juez federal James E. Boasberg ordenó cesar el uso la Ley de Enemigos Extranjeros, prohibir la expulsión de los presuntos pandilleros, y el retorno de los aviones que los transportaban hacia El Salvador. A diferencia de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, autotitulada fascista, que tuvo que traer de vuelta inmigrantes expulsados a Albania, Trump desoyó la orden judicial y pasó a atacar abiertamente al juez, y reclamó el juicio político en su condición “lunático radical de izquierda”. “Este juez”, agitó en las redes, “como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!”. Mientras el juez denunciaba el desacato, el Departamento de Justicia solicitaba a una Corte de Apelaciones el reemplazo de Boasberg, por “ejercicio inapropiado de jurisdicción”. El ataque público al juez por parte de Trump y sus funcionarios obligó al presidente de la Suprema Corte de Justicia -el derechista John Roberts- a salir al cruce de esos cuestionamientos. “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el proceso de destitución ( impeachment , en inglés) no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito”, aseguró Roberts en un comunicado. Eso no significa que la Suprema Corte apoye al juez Boasberg en la cuestión de fondo. La Corte ha sentenciado que Trump no puede ser enjuiciado en el ejercicio de la Presidencia. Otro choque ha tenido lugar en torno a la orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio de Estados Unidos. En lugar de apelar los fallos judiciales que pusieron un freno a este decretazo anticonstitucional, “el Gobierno utilizó (…) una serie de apelaciones de emergencia para argumentar que los tribunales inferiores están excediendo ampliamente su autoridad para bloquear la agenda de la Casa Blanca” (CNN, 14/3). “La Corte Suprema ya se ha negado en dos ocasiones a anular las decisiones de los tribunales inferiores que bloquearon las iniciativas de Trump desde el 20 de enero”, mientras que “(…) algunos jueces conservadores cuestionan el poder de los tribunales inferiores para obligar a la administración a frenar una orden ejecutiva. La última apelación de Trump, que cita repetidamente a los jueces conservadores, parece diseñada para conseguir más apoyo para esa posición” (ídem). En enero un juez federal declaró que el decreto trumpista era “flagrantemente inconstitucional” por violar la 14a Enmienda y ya “tres tribunales de apelaciones se negaron” a dejar sin efecto ese fallo. Pero la ofensiva contra el derecho de ciudadanía de los nacidos en EE.UU. de padres (ambos) indocumentados, avanza. Los jueces supremos Gorsuch, Thomas y Alito intentan anular la condición “judicial universal” de ese derecho ciudadano, para proceder a las expulsiones en casos particulares o puntuales. Es un intento de desfigurar la enmienda constitucional. Se trata de una ‘innovación’ que contraría resoluciones de la Suprema Corte. En el caso de una contienda acerca de una orden ejecutiva que congela gastos del Presupuesto, el juez Alito denunció al tribunal inferior (de primera instancia) que rechazó esa medida, de “arrogancia judicial” (?): “¿Tiene un solo juez de un tribunal de distrito”, se interroga Alito, “que probablemente carece de jurisdicción, el poder ilimitado de obligar al Gobierno de Estados Unidos a pagar (y probablemente perder para siempre) US$ 2.000 millones de los contribuyentes? La respuesta a esa pregunta debería ser un enfático ‘No’”, escribió Alito. Estados Unidos enfrenta una disputa acerca de su régimen político y de lo que la doctrina establecida llama “el estado de derecho”. Trump apunta a un cambio constitucional de fondo, que establezca la primacía del “decisionismo” del Poder Ejecutivo. Trump tiene una mayoría propia, de seis a tres, en la Suprema Corte. Esta mayoría votó, el año pasado, que el presidente del país cuenta con “inmunidad absoluta contra el procesamiento penal” por las acciones de carácter oficial durante su mandato. El único freno para sus desmanes ha quedado reducido a la posibilidad de un juicio político por parte del Congreso, lo que a todas luces no está en el horizonte dada la mayoría del partido Republicano (y del trumpismo en su seno). Diez senadores del Partido Demócrata -encabezados por su líder Chuck Schumer- dieron su voto a la ley de Presupuesto presentada por Trump. “Según mis mensajes directos de hoy, una gran cantidad de trabajadores federales están furiosos con el líder de la minoría del Senado”, escribió Jeff Stein, jefe de las páginas económicas del Washington Post. No en las páginas del periódico, que apoya a Trump, sino en la red X (14/3). Trump, por otra parte, pretende un cambio constitucional en los hechos. Con referencia a la numerosa serie de delitos que cometió sin sanción judicial (como la intentona golpista para anular el resultado electoral de 2020), ha declarado que “Las personas que nos hicieron esto deberían ir a la cárcel”. “Expulsaremos a los actores deshonestos y las fuerzas corruptas de nuestro Gobierno. Expondremos, y mucho, sus crímenes atroces y su grave mala conducta, como nunca se ha visto”. Trump también se despachó contra la prensa: “Creo que CNN y MSDNC, que escriben literalmente un 97,6% de cosas malas sobre mí, son brazos políticos del Partido Demócrata”, “Y, en mi opinión, son realmente corruptos e ilegales. Lo que hacen es ilegal”. Según el presidente, los medios de comunicación que “influyen en los jueces”, “está(n) cambiando la ley, y simplemente no puede ser legal. No creo que sea legal. Y lo hacen en total coordinación entre sí” (DW, 14/3). Para la agencia de noticias The Associated Press, “esta comparecencia marcó el ejercicio más claro hasta la fecha de control personal de Trump sobre el aparato federal de seguridad pública del país”, ya que usualmente los gobernantes mantienen cierta distancia del Departamento de Justicia, en tanto que el actual presidente pretende utilizarlo “como su propia herramienta personal de venganza” (ídem). A fines de febrero, Trump procedió a una purga masiva en el Pentágono, removiendo al Jefe del Estado Mayor, el general Charles Brown, y designando a un general afín al trumpismo. También fueron destituidos la jefa de la Marina y otros altos mandos considerados “woke” (progres). Brown fue sustituido por el teniente general de la Fuerza Aérea John Dan “Razin” Caine, “una medida extraordinaria ya que Caine está retirado, según un funcionario de la Fuerza Aérea, y no es un general de cuatro estrellas”. El secretario de Defensa, el fascista Pete Hegseth, afirmó que “estamos poniendo en marcha un nuevo liderazgo que centrará a nuestras fuerzas armadas en su misión principal de disuadir, luchar y ganar guerras ”. Una retórica que contrasta con el gobierno supuestamente “pacificador” que dice encabezar Trump. La nueva ofensiva en Medio Oriente contra los hutíes de Yemen y la nueva masacre sionista-estadounidense en Gaza, echaron por tierra ese discurso de “acabar con las guerras”. Los atentados liberticidas se completan con ataques a las universidades y en particular a las movilizaciones estudiantiles en solidaridad con Palestina. En ese sentido, se destaca el caso del estudiante palestino de la universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, que tiene permiso de residencia permanente (green card) y está casado con una ciudadana estadounidense embarazada de ocho meses, quien fue detenido y al que pretenden deportar por haber participado de las campañas de repudio a Israel y la política del gobierno Biden, avalando el genocidio en Gaza. Le revocaron el permiso de residencia con acusaciones de “actividades alineadas con Hamás”, ser “aliado de terroristas” y “una amenaza para la política exterior y los intereses nacionales de Estados Unidos”. Trump lo ha acusado de “actividad antiestadounidense”, un eslogan típicamente macartista, y dice que Khalil es “el primero de muchos por venir”. El caso pasará a un tribunal de New Jersey, y se ha convertido en un eje en la defensa de las libertades democráticas. Las purgas de funcionarios públicos, mandos militares y personal de los servicios de seguridad, junto con los ataques a la prensa y a sus opositores, y el desacato abierto a los tribunales, marca una tentativa declarada de instaurar un régimen de dictadura bonapartista, violando todas las limitaciones constitucionales y legales al poder presidencial. La represión política y la creciente militarización de la sociedad expresada sobre todo en la cuestión migratoria, muestra una tendencia a un régimen policiaco. Mientras la oposición parlamentaria es impotente, o incluso abiertamente colaboracionista, se desarrollan protestas de trabajadores despedidos, estudiantes, y organizaciones civiles de defensa de los inmigrantes, que intentan superar la pasividad de sus direcciones sindicales y políticas.

Después de la brutal represión del miércoles 12, con su tendal de heridos, apaleados y gaseados, la campaña intimidatoria del gobierno y los medios montada para desalentar la movilización del 19/3 no logró su cometido. Durante la semana, en la medida que los videos mostraban la total responsabilidad del gobierno de Milei-Bullrich con la represión, fue creciendo la empatía de la población con la lucha de jubilados y trabajadores. La indignación contra la bestial agresión del fotógrafo Pablo Grillo fue generalizada. El cambio de estrategia del gobierno fue sólo con un objetivo: que nada ni nadie impidiera la votación en el Parlamento del acuerdo con el FMI. En el día de ayer, miles de jubilados y trabajadores ganamos las calles por nuestro elemental derecho a la protesta. Los millones de pesos gastados por el gobierno, el “corralito” al Congreso, la intimidación en las estaciones de tren, los miles de efectivos armados hasta los dientes, no alcanzaron para frenar esta ola de luchadores que movilizamos por nuestras reivindicaciones. Mientras afuera los gritos de miles de luchadores invadían la zona alrededor del Congreso por sus reclamos, adentro los diputados también a los gritos votaban un desconocido acuerdo con el FMI. Nuevamente, un gobierno que en sus propias filas pelean entre sí, los partidos de la “oposición” nuevamente con sus enjuagues parlamentarios -unos votando, otros retirándose para garantizar su aprobación- validaron este cheque en blanco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este nuevo endeudamiento acrecentará la deuda, una deuda que no contrajimos jubilados y trabajadores, y que estamos pagando con los millones de dólares confiscados por todos los gobiernos a nuestros haberes y salarios. La ausencia de la burocracia sindical (CGT, CTA, CTERA) en la marcha, muestra claramente los lazos con los planes antiobreros y antijubilatorios de este gobierno. Con este balance intervinimos los compañeros de Jubilados Clasistas, sosteniendo como corolario que para torcer el brazo a todos esto planes del gobierno liberticida y sus cómplices debemos impulsar y organizar una huelga general, mediante autoconvocatorias, asambleas, plenarios junto a los trabajadores ocupados, desocupados y estudiantes. El próximo miércoles 17 hs. volveremos al Congreso, por el aumento de nuestros haberes, por la prórroga de la moratoria previsional, por el 100% en medicamentos, fuera el FMI, no al pago de la deuda externa. Ganamos las calles. Nuestro próximo compromiso es el lunes 24 de marzo.

“Será necesario entonces, que cada hombre asuma en la hora crítica, las responsabilidades constructoras, así como lo están haciendo las Fuerzas Armadas frente a la subversión. Porque el fusil por sí solo no será suficiente.” (“Solicitada de varias regionales de la CGE”, 1975, p. 5). “Es unánime la posición de todo el empresariado sobre la necesidad de atacar en sus raíces los males que afectan a la Patria. Sólo una acción enérgica y un cambio profundo podrán modificar la actitud de desconfianza, desorientación, falta de autoridad, ausencia de seguridad y orden en que viven los argentinos. Cumplida esta condición fundamental, deberá encararse una drástica modificación del esquema económico-social que nos está llevando al derrumbe como Nación.” (“Declaración de la APEGE”, 1975, p. 3) Resumen En el presente artículo se desarrollará el apoyo del empresariado al golpe militar de 1976 en Argentina. Se intentará mostrar cómo se conformó una dirección política civil-empresarial que instigó el golpe. En primera medida la Asociación Permanente de Entidades Gremiales y Empresarias (APEGE) y luego el conjunto de empresas nucleadas en la Confederación General Económica (CGE) promovieron la desestabilización económica y el golpe de Estado. Al analizar la problemática desde las posiciones políticas de las centrales empresariales se focalizará en los intereses económicos que promovió esta coalición política, donde las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor. Palabras Clave: Golpe de Estado; Dirección política civil-empresarial; Fuerzas Armadas; Dictadura militar argentina. Introducción Mucho se ha escrito sobre la complicidad civil del golpe de Estado de 1976; más específicamente sobre su “base social”. Mucho se ha analizado sobre el rédito económico que obtuvo el conjunto de la clase empresarial con la dictadura militar. No obstante, un gran debate surge a la hora de señalar las responsabilidades: ¿Fueron solo algunos empresarios, terratenientes, banqueros o industriales los que instigaron el golpe? Recientemente, el Diputado Héctor Recalde presentó un proyecto de ley (expediente 1.676-D.-2014) para crear una Comisión Bicameral “de identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura militar” (Argentina. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2015, para. 1). Según sus promotores, el objetivo es elaborar un informe para identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con los delitos cometidos mediante el terrorismo de Estado. Como se desprende del proyecto de Ley, el análisis es abordado desde una visión individual: directivos y empresarios. El procedimiento analítico parte del resultado, no de los hechos en sí: se busca probar quienes se habrían beneficiado mediante “delitos económicos” (Argentina. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2015). Este documento analizará la complicidad y el apoyo empresarial al golpe de Estado de 1976 desde otra perspectiva: desde las posiciones que tuvieron las entidades patronales en ese momento (cámaras, asociaciones y federaciones empresariales). No se partirá del resultado: quiénes se beneficiaron y quiénes no, sino que se analizarán las posiciones políticas y las acciones que llevaron a cabo estos actores. La pregunta, entonces, toma más fuerza: ¿existió algún sector antigolpista en el empresariado?. Para responder este interrogante se analizarán las dos centrales empresariales más importantes de esa época: la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) y la Confederación General Económica (CGE). Como se desarrollará más adelante, estas dos asociaciones postulaban posiciones políticas disímiles respecto del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, la salida de Celestino Rodrigo del Ministerio de Economía en 1975 empujada por una movilización obrera de masas, hizo confluir en el golpismo a prácticamente todo el empresariado nucleado en esas dos centrales. Se prepara el golpe: se funda la APEGE En agosto de 1975, los grandes grupos empresariales fundaron la APEGE, cuya finalidad política fue promover el golpe de Estado. La APEGE estaba conformada por el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural, la Confederación de Sociedades Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), y cámaras empresariales de diversos sectores (construcción, comercio, grandes tiendas, importadores, exportadores, supermercados y bancos). El CEA había sido fundado en 1969 ante la creciente presencia de los representantes de empresas internacionales en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina. Reunía a dueños y gerentes de los grupos que crecieron en los 60 y 70, a la sombra de los grandes proyectos de obras públicas y se fortalecieron como proveedores del Estado nacional (Chiaruttini, 2006). Esta entidad empresarial estaba integrada por lo más concentrado de la cúpula empresarial nacional: Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín (Banco Comercial del Norte), Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate, y Pérez Companc. Es decir, la APEGE agrupaba a casi la totalidad del empresariado nacional y del imperialismo. Contrastaba políticamente con otra asociación patronal, de orientación peronista: la CGE, fundada, entre otros, por el ex ministro José Ber Gelbard. En contraposición, esta central apoyaba al gobierno de María Estela Martínez de Perón y había firmado el acta de Paz Social de 1973. No obstante, en el desarrollo político de los años 1975 y 1976, cuando “quemaban las papas” como dice el dicho popular, la CGE y la APEGE confluirían en el golpismo. El programa político-económico de la APEGE planteaba la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio (“Enérgico reclamo del empresariado”, 1976, p. 1). Para la supresión directa de los obstáculos legales, se necesitaba un completo cambio de régimen. A lo que apuntaba la APEGE era claro: la eliminación de las comisiones internas, cuerpos de delegados, gremios y activistas combativos del movimiento sindical. A su vez, planteaban medidas concretas que se podrían resumir en las siguientes: eliminar los factores que impedían aumentar la productividad, tanto jurídicos como sindicales; recortar el gasto público para enfrentar la inflación; y liberación de precios y del comercio exterior (Baudino & Sanz Cerbino, 2011). El presente político y la historia argentina mostraban a las claras que el disciplinamiento de la clase obrera y la eliminación de su vanguardia, requisitos indispensables para la implementación del programa, solo podrían obtenerse bajo un régimen de excepción. Por eso, la APEGE concentrará su acción en generar las condiciones para el golpe, actuando como un partido; y para ello, era necesario desorganizar por completo la vida económica. Entre las principales acciones promovió la inflación y el desabastecimiento; la especulación desenfrenada, la fuga de divisas, la cesación de pagos con el exterior y organizó una huelga impositiva. En este contexto, el 18 de diciembre de 1975 se produjo un primer levantamiento militar de un sector ultraderechista de la Fuerza Aérea que reclamaba que Videla fuese designado presidente. El golpe liderado por Capellini fracasó de inmediato, y el golpista Agosti desplazó a Fautario en la jefatura aeronáutica. El levantamiento había quedado aislado; la dirección de las Fuerzas Armadas de Argentina (FFAA) entendía que el golpe debía ser institucional, encabezado por los jefes de las tres fuerzas. Todavía los altos mandos dudaban de la viabilidad del mismo. Empero, en un mensaje de navidad desde Tucumán, Videla le puso fecha: noventa días… el 24 de marzo de 1976. Y la revista The Economist anunciaba que el Ministro de Economía del nuevo gobierno sería José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del CEA y de Acindar. El fracaso de Celestino Rodrigo y la invención del “subversivo” En diciembre de 1975 la Coordinadora fabril de Capital y Gran Buenos Aires de cuerpos de delegados emitió un comunicado donde decía: (…) ¿Por qué nos acusan de ´guerrilla industrial´? Si la huelga y la movilización son tan viejas como la clase trabajadora misma. ¿A qué obedece esta acusación? Ante la tremenda resistencia que está ofreciendo la clase trabajadora a la política de hambre y represión, ya no bastan las tradicionales maniobras patronales, despidos, suspensiones, desconocimiento de delegados, descabezamiento de direcciones combativas, etc. Es necesario poner en marcha todo el arsenal represivo con que cuenta el sistema para frenar estas nuevas formas de organización que no estamos dando (Cieza, 2012, p. 8). En todo el periodo 1969–1973 hay una tendencia insurreccional independiente de la clase obrera, donde el peronismo quedó paralizado o intentó actuar como freno: el Rosariazo, el Cordobazo y el Viborazo. Esta tendencia se interrumpió con la llegada de Perón (1973), para luego tomar fuerza a fines del ´74 con la huelga del Rodrigazo y las Coordinadoras de la Provincia de Buenos Aires. La huelga general contra el Rodrigazo, el primer paro general bajo un gobierno peronista, había sido un llamado de alerta. En una nota emitida por la embajada norteamericana señalaba: (...) la guerrilla de las fábricas está clasificada ahora con sus primos rurales y urbanos como una gran amenaza subversiva. El público, el gobierno y las autoridades militares están ahora comenzando a apreciar el grado en el que ésta ha tenido éxito. No se ha concertado aún ningún tipo de plan para contrarrestar la subversión industrial, pero se puede esperar algún tipo de plan, principalmente militar, en un futuro cercano (Cieza, 2012, p. 5). Puntualmente, de junio-julio de 1975 al golpe de 1976 hay una revitalización de lucha obrera que se expresa políticamente de forma independiente (como en el Cordobazo), conformando las mencionadas Coordinadoras. Muchos historiadores sostienen que en este periodo “toda la burocracia sindical nacional fue puesta contra la pared. Es el hecho de masas más importante de la historia argentina” (Sartelli, 2007, p. 127). El Rodrigazo será un llamado de atención para la cúpula empresarial nacional. Celestino Rodrigo llegó al Ministerio de Economía el 2 de junio de 1975. El gobierno de María Estela Martínez de Perón buscaba un violento giro en materia económica, en consonancia con los reclamos que le realizaban todas las entidades patronales. Desde marzo de 1975 se produjeron cuatro lock outs agrarios que totalizaron 32 jornadas de paro. Los organizadores fueron Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA). En un documento que CRA y FAA presentaron al gobierno de María Estela Martínez de Perón en septiembre exigían el derecho a la elaboración de la política económica nacional. Puntualmente: cambiar los precios máximos, desgravaciones impositivas y también la aplicación de medidas cambiarias que posibiliten la exportación fluida de la producción agropecuaria (“Lock-out para ilegalizar a la clase obrera y preparar el golpe”, 1976, p. 3). Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) había adoptado, inicialmente, una posición más cauta, asistiendo a las reuniones convocadas en el Ministerio de Economía. Empero, una vez fracasadas las negociaciones decidieron sumarse a los lock outs de la CRA y la FAA señalando: "La dramática situación que vive la Nación obliga a analizar situaciones, fijar posiciones y asumir responsabilidades (...) Un sistema equivocado basado en un creciente intervencionismo estatal (...) ha llevado a los extremos actuales de empobrecimiento general y de una inflación nunca vivida, con su secuela de especulación e inmoralidad que lleva a la descomposición económico-social" (Sanz Cerbino, 2010, p. 185). Durante ese año el gobierno fue cediendo en reclamos varios de la patronal agraria: reajuste de la cotización de los cereales, liberación del precio de la hacienda en pie, pago de saldos adeudados, aprobación de los precios propuestos. Una vez llegado a la cartera económica, Rodrigo lanzó un conjunto de medidas que completaban la totalidad de las demandas de las entidades patronales del agro: inmediatamente después de haberse cerrado las paritarias salariales, el ministro anunció una maxidevaluación y una espectacular suba del precio de las naftas y las tarifas públicas. Sin embargo, pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de la clase obrera. Rápidamente comenzaron a estallar paros parciales y movilizaciones a lo largo y ancho del país. La derrota sufrida con la salida de Rodrigo, y la forma en que se produjo, empujada por una movilización de masas, marcó un punto de inflexión. Para un conjunto de asociaciones patronales, la vía democrática había llegado a su fin. Desde ese momento, comenzó una ofensiva con un objetivo cada vez más claro: derrocar al gobierno. Gonzalo Sanz Cerbino (2010) señala que a partir de aquí: (…) aumentan las referencias [públicas] al problema de la ´subversión´, con la que se hace referencia ya no sólo a las organizaciones armadas, sino también a las fracciones de la clase obrera que actuaban bajo la dirección de la izquierda, la ´guerrilla fabril´. Por último, se insiste una y otra vez en la incapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de un permanente llamado al ´restablecimiento del orden´, con claras connotaciones golpistas (p. 183). Las dirigencias de algunos sindicatos se alinearon también en el ataque al gremialismo combativo. Por ejemplo, el 4 de noviembre de 1975 el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) publica una solicitada en la cual se sostiene que el conflicto en Mercedes Benz es artificialmente promovido por los agentes del caos y la subversión (Cieza, 2012). Todo el bagaje ideológico detrás de “eliminar la subversión” no era nuevo, venía de antes, también los preparativos de inteligencia. Fue un proceso histórico de décadas: la Doctrina de la Seguridad Nacional, las FFAA y la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) son una evidencia de ello, sin dejar de mencionar que estuvieron presentes en el Operativo Independencia (que se inicia en febrero de 1975) y en la represión en Villa Constitución (marzo de 1975), entre otros. Empero, lo que se busca destacar aquí es cuándo los grandes grupos empresarios decidieron llevarlo adelante como programa de gobierno. Identificamos al Rodrigazo como el punto de inflexión en ese sentido; la extensa cita de la coordinadora es ejemplificadora. Del lock out de la APEGE al golpismo de la CGE Durante las primeras semanas de 1976, los grupos empresarios agrupados en la APEGE, profundizaron el desbarajuste económico armando el “respaldo civil” del golpe. El 16 de febrero, se convocó a un lock out patronal con un programa político-económico bien claro: “… existe un solo camino para que el empresariado deje sin efecto su plan de medidas de fuerza, y ese camino es la rectificación total de la filosofía política, económica y social que ha llevado a nuestra Argentina al borde del caos.” (Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, 1976, p.1). Este lock out se distinguía de los lock outs agrarios antes mencionados por abarcar al conjunto de las patronales de Argentina. Incluso la gran mayoría de los sectores organizados en la CGE, la entidad empresarial más afín al gobierno peronista, se sumaron al paro patronal. Después de que su dirección proclamara la “libertad de acción”, nueve de sus federaciones, entre ellas la poderosa Federación Industrial de Córdoba, adhirieron al paro declarado por las grandes cámaras industriales, la SRA y los banqueros. Encontrándose entre la ofensiva de la APEGE y la resistencia obrera, la CGE se plegó de lleno al lock out del 16 de febrero. Días después, entre el 21 y el 28 de febrero, la propia CGE convocó a una “semana de protesta”. Ya desde septiembre de 1975 un considerable número de corporaciones empresarias regionales se habían ido desafiliando de la CGE, criticando el respaldo de ésta al gobierno. Muchas de ellas se sumaron a la APEGE, como por ejemplo la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (COPAL), y el Movimiento de Unidad Industrial (MUI) que nucleaba muchas cámaras empresariales. La FAA ya se había desvinculado a mediados de julio de 1975. Para septiembre de 1975, dos entidades agropecuarias siguieron el mismo camino: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Unión General de Tamberos. De esta forma la CGE perdía a las últimas corporaciones agrarias que permanecían bajo su dirección. La crisis de la CGE se profundizó aún más una vez que la ofensiva golpista ya era totalmente explícita. Una de las disidencias más importantes fue la de la región del NEA (Nordeste Argentino). Ya para diciembre de 1975 varias federaciones regionales de la CGE salieron públicamente a criticar el apoyo que ésta le daba al gobierno. Firmaban la solicitada la Federación Económica de Catamarca, Confederación Económica de Jujuy, Confederación Económica de Misiones, Federación Económica de Mendoza, Federación Económica de San Juan, Confederación General Económica de Salta, Confederación General Económica de Santa Cruz y la Federación Económica de Tucumán. En esa nota plantearon: “Será necesario entonces, que cada hombre asuma en la hora crítica, las responsabilidades constructoras, así como lo están haciendo las Fuerzas Armadas frente a la subversión. Porque el fusil por sí solo no será suficiente, todo argentino (...) deberá ser el protagonista de una auténtica creación de la Patria que todos, con justicia, aspiramos a realizar.” ("Una política económica que frustró a los argentinos", 1975, p. 11). En ese diciembre también la Federación de Asociaciones de Bancos Argentinos se desvinculó de la CGE. Una de las entidades de esa federación, ADEBA, terminó ingresando en la APEGE. Con el fortalecimiento de la APEGE, de cara al lock out, la sangría continuó siendo cada vez más severa. Finalmente, el Consejo Superior de la CGE respondió a los reclamos internos y el 4 de febrero de 1976 publicó una solicitada con una serie de demandas al gobierno en consonancia con los reclamos de la APEGE. Allí instaban a que: “El gobierno asegure el orden, el respeto y la tranquilidad física y jurídica del empresario; la modificación de la ley de Contrato de Trabajo y de todas aquellas normas legales que atentan contra la productividad y el desenvolvimiento de las empresas, junto con una política laboral que preserve la neutralidad del Ministerio de Trabajo y el trato equitativo para sectores laborales y empresarios; que se eviten los enfrentamientos estériles entre sectores; [...] la necesidad de implantar un programa coherente de contención del proceso inflacionario, de incremento de la productividad y de la inversión privada productiva, y la aplicación de una política salarial coordinada con la estabilización económica y el incremento de la producción” (Diario La Nación, 1976, citado en Baudino & Sanz Cerbino, 2011, p. 141). La cita anterior muestra que la APEGE reclamaba medidas económicas similares a las de la central empresarial. Es interesante, también, remarcar la activa participación de la cúpula de la FAA en todas estas jornadas, y su posterior apoyo a la dictadura militar. El relato histórico reciente obvió el compromiso político de la FAA con los mandos militares. En la Memoria y Balance de la FAA del período 1975-1976, el director de la misma, Humberto Volando, escribía: “La paz alcanzada [en alusión al gobierno militar] en este aspecto interno permite visualizar la formación de una conciencia de unidad frente a quienes quisieron imponer la violencia como método” (Baudino & Sanz Cerbino, 2011, p. 151). El 16 de febrero el lock out fue total. Carlos Túrolo, autor de "De Isabel a Videla", remarcaba que la masividad del paro de la APEGE “fue la prueba de amor que necesitaban los militares para saber que no estaban solos. Ese día prestaron mucha atención y se quedaron tranquilos cuando vieron que cerró desde la industria más grande hasta el kiosko más chiquito” (Muleiro, 2001, para. 3). Según Gonzalo Sanz Cerbino (2010), en base a lo publicado en el diario La Nación de esa semana, estimó que alrededor de 1200 cámaras comerciales e industriales apoyaron la medida. La contundencia de este lock out contrastó fuertemente con el accionar de la CGT, que se limitó a publicar una solicitada el 13 de febrero llamando a los empresarios a reflexionar. Consideramos que la ausencia de medidas de fuerza por parte de las cúpulas sindicales en contra de la política de la APEGE, dejó entrever a los golpistas que no iban a tener respuesta por ese lado. El genocidio: los militares al Ejecutivo, la APEGE a los ministerios El 24 de marzo de 1976, los militares dan el golpe de Estado más anunciado de la historia argentina. Tanto desde el programa económico, como desde los cuadros técnicos de gobierno, la APEGE hizo un aporte fundamental; fue un cogobierno militar-empresarial. De esta forma las asociaciones empresariales no solo promovieron el golpe de Estado, sino que lo apoyaron durante todo el periodo. Al frente del Ministerio de Economía se nombró a José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del directorio de Acindar y del CEA. La Sociedad Rural se quedó con la Secretaría de Ganadería: se nombró como Ministro a Jorge Zorreguieta, quien había sido Secretario de CRA, de la SRA, y presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias. Y ADEBA se quedó con el Banco Central: se nombró a su cargo a Adolfo Diz que había sido director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y pertenecía a la asociación. En su conjunto, las asociaciones patronales celebraron jubilosamente al nuevo gobierno. El 5 de abril se reanudan las operaciones en la Bolsa de Buenos Aires y la elite empresarial saludó el ascenso del régimen del terrorismo de Estado con una espectacular suba de las acciones: el 250% en una sola jornada ("Reabrió la bolsa marcando los más excitantes records", 1976, pp. 12-13). Un año después del lock out que abrió el camino del golpe, la principal entidad empresarial golpista enunciaba: “en este aniversario, la APEGE considera un deber ineludible expresar su reconocimiento a las FFAA y de seguridad por la decisión, coraje y eficacia con que asumieron la responsabilidad de restablecer el orden” (Muleiro, 2001, para. 5). Queremos destacar aquí que la clase empresarial no solo promovió la desestabilización del gobierno de María Estela Martínez de Perón, sino que se involucró directamente en apoyar y acompañar a los mandos militares en la dirección del Estado. Conclusión En este artículo se describió como se fue configurando (en el conjunto del empresariado) la posición política de promover un golpe de Estado en la Argentina en 1976. Distintos sectores de la cúpula empresarial empezaron a conspirar desde el inicio de 1975. Primero, fueron los lock outs de la CRA y la FAA, y, luego, la constitución de la APEGE como “partido golpista”. Hasta este momento podemos diferenciar a todo este conglomerado de la fracción empresaria nucleada en la CGE, que se planteaba como un soporte del gobierno. Estas diferencias, no obstante, empezarían a diluirse a partir del Rodrigazo. La exitosa resistencia obrera a estas medidas fue una alerta de que lo que estaba en juego excedía los intereses parciales de cada fracción empresarial por separado. A partir de entonces hay una migración de regionales enteras de la CGE a la APEGE. Y, a su vez, dentro de la CGE un sector mayoritario hace llamamientos golpistas a las FFAA y a la población en general. Finalmente, la CGE también se pone en la ofensiva de reclamar un programa económico similar a la APEGE. De lo anterior, queremos remarcar que la promoción empresarial del golpe de Estado en 1976 no se debió simplemente a una sumatoria de decisiones de individuos empresarios, como se criticó en la introducción. Lo que estaba en cuestión era lo que convertía a esos individuos en empresarios: la capacidad de extraer beneficios de la explotación del trabajo ajeno. En ese sentido, la derrota de las medidas del ministro de Economía planteó esta cuestión a todo el empresariado. Con el golpe de Estado el empresariado se trazó objetivos bien claros: disciplinar a la clase obrera, derrotar y eliminar a su vanguardia. Para tales fines, fue necesario construir la imagen del “subversivo”, sinónimo de quien se oponía a esa transformación. Rodolfo Walsh lo grafica muy bien en su carta abierta a la Junta Militar: “han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.” (Walsh, 1977, para. 33). Los empresarios actuaron como clase, no fueron simplemente empresarios-personas. Las organizaciones patronales siguieron una línea política clara. Conformaron organizaciones para el golpe, lo promovieron, elaboraron un programa, reclutaron en los mandos militares el personal para llevar a cabo el genocidio y se beneficiaron en su conjunto eliminando físicamente a la resistencia obrera. Referencias Argentina. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (2015). Ley de creación de la Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia. Recuperado de http://www.jus.gob.ar/media/1316031/proyecto_en_pdf.pdf Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). (1976, Febrero 13). Comunicado. Revista Política Obrera, 253. Baudino, V. & Sanz Cerbino, G. (2011). Las corporaciones agrarias e industriales frente al golpe del ‘76: apuntes para la reconstrucción de la fuerza social contrarrevolucionaria. Documentos de Jóvenes Investigadores, Instituto Gino Germani. Facultad de Ciencias Social, Universidad de Buenos Aires, (30), 1-166. Chiaruttini, C. M.(2006, Febrero 16). Amalita ¿qué pasó con la burguesía nacional?, Prensa Obrera. Cieza, D. (2012). Subversión industrial y estigmatización de los Sindicalistas en la última dictadura cívico-militar, Trabajo presentado en Jornadas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 2012. Recuperado de: http://www.relacionesdeltrabajo.fsoc.uba.ar/prod/SUBVERSI%C3%93N%20INDUSTRIALY%20ESTIGMATIZACION%20DE%20LOS%20SINDICALISTAS.pdf Declaración de la APEGE (1975, Diciembre 20). Diario La Nación. Enérgico reclamo del empresariado. (1976, Enero 29). Diario La Nación. Lock-out para ilegalizar a la clase obrera y preparar el golpe. (1976, Febrero 16). Revista Política Obrera, 256. Muleiro, V. (2001, Marzo 18). El golpe con traje y corbata. Diario Clarín. Recuperado de http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2001/03/18/z-00315.htm . Reabrió la bolsa marcando los más excitantes records. (1976, Abril 06). Diario La Opinión Sanz Cerbino, G. (2010). La burguesía agraria argentina y el golpe de estado de 1976. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, 2(4), 179-190. Sartelli, E. (2007). La Plaza es nuestra. Buenos Aires: Ed. R y R. Solicitada de varias regionales de la CGE (1975, Diciembre 12). Diario La Nación. Una política económica que frustró a los argentinos (1975, Diciembre 12). Diario La Nación. Walsh R. (1977). Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/la_ultima_carta_de_rodolfo_walsh.php Notas Profesor de Historia. Universidad de Buenos Aires (UBA). Correo electrónico: pauwermus@gmail.com MIRÍADA. Año 8 No. 12 (Ene-Dic 2016) p. 231-242 ©Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO). ISSN: 1851-9431

La marcha del 24 de Marzo, en una conmemoración de repudio al último golpe militar de 1976, congregará a una de las mayores concurrencias de los últimos años. Es que tendrá lugar en la secuencia de manifestaciones de lucha de creciente amplitud, como las ocupaciones de Facultades, la Marcha Antifascista del 1 de Febrero y la aguerrida lucha de los jubilados y trabajadores contra la barra brava militarizada de las fuerzas de seguridad . Tendrá lugar también en medio de una crisis financiera que atestigua el "impasse" estratégico del gobierno liberticida. La marcha será otra expresión de la voluntad de una mayoría del pueblo de deshacerse de un gobierno delincuente, tributario de las corporaciones financieras y del imperialismo embarcados en una guerra por un nuevo reparto del mundo entre las grandes potencias y el reforzamiento de la opresión de los pueblos y la clase obrera. La masacre del pueblo palestino y la ´limpieza étnica´ deseada por Trump y el sionismo, se emparentan con las peores barbaries de la Segunda Guerra Mundial. La Marcha del lunes, que vuelve a monopolizar el kirchnerismo políticamente, no tiene como eje ni la derrota del gobierno liberticida de Milei, ni la convocatoria a una lucha internacional contra la guerra imperialista y el sionismo. No hay una sola consigna de acción en esta dirección, como podría ser la huelga general. Es un manifiesto intento de excluir a los trabajadores de la situación política, que dejan reservada para las elecciones desdobladas y generales. Desde que, hace veinte años, el kirchnerismo cooptó a las Madres de la Plaza , la Marcha se convirtió, de una u otra forma, en una movilización oficialista o paraestatal. En las décadas precedentes había sido siempre una movilización políticamente independiente, fuertemente opuesta a los gobiernos de turno. Las Madres rechazaron el Juicio a las Juntas, apoyado por todas las fuerzas políticas patronales, como un intento extremo de preservar al conjunto del aparato represivo, del ejército, la policía y los grupos de tareas, como se evidenció enseguida, y culminó con el indulto decretado por el gobierno de Menem que apoyaban los Kirchner. La Marcha de 1989 repudió la salvaje represión al ocupado cuartel de La Tablada, por parte de los militares y carapintadas (militares de la dictadura), que recibió el apoyo unánime del Congreso Nacional. Madres denunció al gatillo fácil, que ha sido usado bajo todos los gobiernos desde 1983, como una continuidad de los métodos de la dictadura. Aníbal Fernández, reciclado como un ‘derechohumanista’, organizó el complot contra el movimiento piquetero, en 2002, que llevó al asesinato de los compañeros Kosteki y Santillán, y en 2010 fue responsable de la seguridad estatal que protegió a quienes mataron a nuestro compañero Mariano Ferreyra. El 24 de Marzo de 1976 no cayó de las ‘fuerzas del cielo’. Fue el escalamiento de la represión criminal de las Triple A, organizadas por el gobierno peronista y apoyadas por las Fuerzas Armadas. Sus víctimas forman parte de nuestros “muertos y desparecidos”. Ese mismo gobierno decretó el “aniquilamiento” de la ‘subversión’ y, a principios de ese mismo 1975, la militarización de la cuenca del Paraná, desde Ramallo-San Nicolás hasta el Departamento de San Lorenzo, en Santa Fe. En enero de 1976, Ricardo Balbín, presidente de la UCR, reclamó el aplastamiento de lo que denominó “la guerrilla fabril”. La inmensa mayoría de la burocracia sindical fue partícipe de esas persecuciones y esos asesinatos. Así fue como asesinaron a una parte vital de la vanguardia de la clase obrera. Toda la clase capitalista que ha lucrado con Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde, los Kirchner –y así de seguido- reclamó el golpe con un lock out de actividades en febrero del 76 . El golpe militar vino a cerrar con sangre el ascenso histórico de las luchas obreras desde el Cordobazo. Desde el copamiento y cooptación de las Madres, la reivindicación de "la Memoria” se convirtió en la producción sistemática de la desmemoria. Usurpación Esta usurpación histórica, porque se ha convertido en sistemática, ha sido adoptada progresivamente (‘un pasito aquí, otro para allá’) por la llamada “Izquierda”. Los organismos de derechos humanos ligados al kirchnerismo junto a los que integran el “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia” convocan a una “marcha unitaria” el próximo 24 de marzo y al acto que tendrá lugar en la Plaza de Mayo (junto, entre otros, al ‘cegetista’ Héctor Daer). En forma previa, el Encuentro presentará “nuestras consignas, documentos, cabecera y bandera”, en otro lugar, el Congreso. Ese documento será leído ante la propia militancia de los partidos del FITU –no en la Plaza de Mayo, donde se leerá “otro” documento, en un palco dominado por las figuras del kirchnerismo y la burocracia sindical-. Los ‘principios’ que se reivindicarán en una Plaza, serán negados u ocultados, en la otra. Es así como se ha armado una marcha “unitaria”. Son los famosos principios de Groucho –“si no te gustan éstos, tengo estos otros”-. Marchar juntos no es lo mismo que una marcha unitaria. Para que tenga este carácter es necesaria una unidad de propósitos. Es precisamente lo que buscó el FITU durante un mes, cuando trató de acordar un documento común con el kirchnerismo. La llamada izquierda oculta, con este pacto, no ya un acuerdo con un partido patronal que ha gestionado el estado nacional y gestiona estados provinciales, sino la usurpación política de la Memoria y el apoyo de todas las llamadas fuerzas democráticas al golpe militar. Es ocultar que los K, dentro de su condición de ‘oposición’, colaboran con el gobierno liberticida, como lo demuestran las burocracias sindicales y la CGT. El FITU no sólo desechó hacer una marcha independiente, como ocurría tiempo atrás, sino que desechó delimitarse de los usurpadores patronales , incluso yendo a una movilización que atraerá a grandes masas, alentadas a salir a las calles para acabar con el gobierno fascistoide. Un gobierno con desgastado ropaje constitucional, que toma medidas de excepción, pero cuya camarilla de poder es fascista. El FITU ha renunciado abiertamente a desempeñar un papel político independiente del estado capitalista y sus partidos. El acto en Plaza de Mayo ha sido organizado por un aparato político y sindical de contención y derrota de la clase obrera. No había que promover un acto ‘unitario’ sino rechazar cualquier acto unitario en favor de participar en la Jornada con posiciones propias, que ofrezcan una perspectiva de victoria a la lucha contra los liberticidas y todos sus secuaces o, si se entendía más conveniente, a un acto independiente. Queda claro que toda la jeringoza de estos años acerca de “columnas independientes” pretendía otra cosa, los actos políticamente ‘unitarios’. A la luz de ese derrotero, naturalmente que hoy no existe “marcha unitaria”: lo que se ha producido es la rendición de los animadores de la otrora movilización independiente al kirchnerismo, en nombre de la constitución de un “frente anti Milei”. La rendición, efectivamente, es sin condiciones, porque el documento, el diseño del acto y el palco “común” les ha sido impuesto por el pejota kirchnerismo. En esta factura, tuvo una gravitación decisiva la burocracia de la CGT, la cual ha disimulado su colaboración con Milei “comprando” un lugar en la jornada del 24 (lo de “comprar” no es metafórico, pues, según se ha informado en el EMVYJ, la burocracia sindical ha contribuido fuertemente al financiamiento del acto donde se subirán los animadores de la ‘marcha unitaria’). Para conseguir su pasaporte a la Plaza del 24, la CGT ha convocado a un paro aislado para dos semanas después. A ese palco, el FITU, le prestará un valioso servicio: a las miles de personas que concurrirán a manifestarse para repudiar al gobierno de Milei, los dirigentes de la izquierda le dirán que el camino para ello es la unión con los gobernadores ajustadores y la burocracia sindical cómplice. En los prolegómenos, los dirigentes K condicionaron el palco “común” a la lectura de un texto “que pudieran firmar todos”. En visperas del acuerdo entreguista con el FMI, no se puede hacer mención del último acuerdo con el FMI, para continuar el de Macri, por parte del gobierno de los Fernandez y Massa, y los diputados “sindicales’. La operación política que se ha puesto en marcha en este 24 es perjudicial para los trabajadores que quieren acabar con el gobierno de Milei. No hay espacio histórico para un retorno a la etapa pre-Milei. Las variantes patronales alternativas no se liberarán del yugo de la deuda financiera del Estado ni del FMI, y por lo tanto del ajuste. La bancarrota del capitalismo es mundial Marcharemos encolumnados junto a la multitud de trabajadores y desplegaremos una agitación con nuestra Declaración Política , y nuestros altavoces. Denunciaremos la duplicidad que se ha tramado contra la población que quiere luchar contra Milei, y levantaremos una tribuna propia al margen del acto oficial.

Luego de un reempadronamiento ordenado por la Secretaría de Trabajo, se dictó la baja de 406.000 personas, es decir el 60 % de todos los inscriptos al llamado monotributo social. La inscripción en esa categoría habilitaba a la elección de una obra social con cobertura médica y a realizar aportes previsionales . El resto de los inscriptos pasará a pagar el 50 % de la cuota de la obra social, antes cubierta en su totalidad por el Estado. Con esta poda, los monotributistas sociales pasaron de 673.000 a 267.000. El reempadronamiento para producir las bajas se lanzó en octubre del 2024. Los primeros convocados fueron los monotributistas de cooperativas y organizaciones sociales, quienes sufrieron los cortes y problemas en la atención en las obras sociales desde principios del 2024. Desde octubre, a los inscriptos se les impuso pagar el 50 % de la cobertura médica, $8.358 al mes, por cada miembro de su familia. Para una familia tipo, suman $33.432. Para los trabajadores superprecarizados que están en este tipo de categorías laborales, sostener este pago para una cobertura mínima de salud es todo un desafío. El resultado de esta poda lo afirma la propia Secretaría de Trabajo al señalar que el cambio se da por una medida del gobierno y no porque los inscriptos hayan conseguido empleo formal. Entre especialistas surge la duda de si estos 400.000 trabajadores que pasan a la informalidad laboral serán contabilizados por el gobierno en los índices de desocupación y subocupación. El régimen del Monotributo Social incluye a empleos signados por la precarización extrema, programas sociales bajo convenio, cooperativas de cartoneo, limpieza y saneamiento en municipios entre otros emprendimientos y modelos laborales. Muchos de ellos vinculados con el entramado de la llamada Economía Popular. La burocracia de la CGT “acoge” políticamente a sus organizaciones, como la UTEP. Pero al mismo tiempo, pacta con el gobierno la exclusión de los monotributistas -especialmente, los “sociales”- contra los que propugna o un incremento sustancial de sus aportes o directamente excluirlos de la atención de las obras sociales . LEER MÁS: Monotributo social: el gobierno golpea la salud y jubilación de medio millón de precarizados Por Leonardo Perna, 10/09/2024.

La presentación de alianzas electorales de cara a las elecciones legislativas de mayo próximo ha puesto de manifiesto la fragmentación política y derechizadción de los partidos tradicionales de la burguesía. Por el lado de la UCR, que desde la reforma de la Constitución y la represión que la acompañó, ha venido perdiendo todas las elecciones, presentó el Frente “Jujuy Crece”, compuesto por un reguero de 40 partidos, en su mayoría cooperativas o colectoras del radicalismo. La novedad es la incorporación del ‘lilito’ Albizo Cazon, quien se hizo conocido denunciando los atropellos del oficialismo, y el pasaje de una serie de intendentes y punteros del peronismo, entre los cuales se encuentra el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, y el de La Quiaca, Dante Velázquez. La UCR es la fuerza que más pone en juego en estas elecciones, 18 de las 24 bancas de la legislatura. Los diputados nacionales de la UCR han sido fieles votantes de todas las leyes que Milei llevó al recinto, incluido el DNU del ignoto acuerdo con el FMI. El radicalismo se jacta de haberse anticipado a Milei en materia de represión a la protesta social, ajuste y privatización de la salud pública en la provincia. El peronismo, por su parte, se presentará a estas elecciones dividido en, por lo menos, cuatro frentes. El PJ oficial, intervenido durante el gobierno de los Fernández, ha vuelto a quedar en manos de Rubén Rivarola, socio político y empresarial de Gerardo Morales, con la bendición de Cristina Kirchner. Allí se congregan la diputada Leyla Chaher, los Snopek, los Fellner y todos los dinosaurios del pejotismo provincial, junto a un sector importante de la CGT, Patria Grande y Libres del Sur. Los interventores del PJ, Anibal Fernández y Gustavo Menéndez, armaron la lista provincial a dedo, con candidatos que encabezan el ranking de impopularidad y repudio. Por otro lado, la senadora Carolina Moisés presentan el frente “Somos Más”. Moisés le ha votado el RIGI y otras leyes a Milei. Forma parte del grupo de cuatro senadores -con Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) que se escindió del bloque de UxP. También se ha acercado al gobierno de Sadir, especialmente en la Mesa del Litio, en cuya representación ha participado de diversos encuentros y conferencias. El exvicegobernador, el massista Carlos Haquim, hoy aliado al cordobés Schiaretti a nivel nacional, presenta en la provincia una alianza con el peronismo universitario, cuyo referente es el exrector de la UNJU y expresidente del CIN Rodolfo Tecchi. También fomalizó alianza el “Frente Amplio” y el frente “Por un nuevo Jujuy”, integrado por el PCR, el Movimiento Comunitario Pluricultural y el Partido “Haciendo Otra Historia”, impulsado por sectores de la dirección del SEOM (muncipales) y de CEDEMS (docentes), la segunda linea de la Tupac Amaru y otros sectores vinculados al kirchenrismo y a la CTA Autónoma. Libertarios para todos los gustos La oferta ´libertaria´ se presentará escindida en tres listas: las alianzas “Unir Liberal” y “Transformación Libertaria Jujuy”, además de la del partido La Libertad Avanza. Todos ellos se referencian en Javier Milei a nivel nacional pero mantienen una guerra a muerte a nivel local. A los libertarios les cuesta diferenciarse del gobierno provincial que, en los hechos, gobierna replicando los métodos de Milei y apoyando todas sus iniciativas. FITU También el FITU ha inscripto su alianza, aunque todavía no han acordado la prelación de candidatos en las listas, algo que ha trascendido públicamente. La disputa se concentra entre el PO y el MST por los segundos y terceros lugares. El PTS llevará nuevamente a Alejandro Vilca como candidato a diputado provincial a la cabeza de la lista. Escenario El cuadro general de la provincia es propicio para una agitación política obrera y socialista. El peso de la deuda pública, bajo el gobierno de los partidos capitalistas, asfixia cualquier posibilidad de mejora de la situación de los trabajadores. Las lluvias han expuesto la fragilidad de la infraestructura en la provincia, con pueblos anegados, barrios inundados, destrucción de calles y caminos, cortes de luz y de agua en todos los puntos. Después de los ataques a la docencia y los intentos de privatización de la salud pública, el gobierno anuncia un superávit fiscal con uno de los salarios del empleo público más bajos del país y paritarias por decreto. El cierre de puestos de trabajo en el sector industrial golpea a los obreros azucareros, metalúrgicos y de industrias livianas. La crisis del tabaco y el tomate están dejando cientos de trabajadores sin sustento para llegar a fin de mes. Los mismo ocurre con los obreros de la construcción desde la suspensión de la obra pública. La carestía en dólares ha asestado un golpe muy fuerte al turismo en las regiones de Puna y Quebrada, donde la mayoría de la población vive de éste de manera directa o indirecta. Politica Obrera participará de la contienda electoral denunciando el carácter reaccionario y derechista de las candidaturas capitalistas, con una agitación por el desarrollo de autoconvocatorias y la coordinación de las luchas, por la huelga general, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por la defensa de la educación pública y la salud, por un salario inicial igual a la canasta familiar y una jubilación del 82 % móvil; por el no pago de la deuda, para garantizar las condiciones de vida del pueblo trabajador a costa de los parásitos capitalistas.

La empresa del Grupo Techint anunció a la UOM un esquema de suspensiones rotativas que se extendería por lo menos hasta mayo. En la planta de Savio, ubicada en Ramallo, se esperaban producir 160 mil toneladas inicialmente para marzo. Pero las expectativas de producción bajaron drásticamente, según la empresa, al calor de los movimientos en el mercado del acero (levantamiento de aranceles a la importación en Argentina, nuevos aranceles a la exportación argentina a Estados Unidos). Los trabajadores perderán, en promedio, el 25 % de los salarios. Hace menos de un mes atrás, Techint anunció que no iba a pagarles a los trabajadores de la planta de Ternium el premio anual. La empresa propone reemplazar el Premio por Resultados Positivos (PRP) por un bono de 400 mil pesos, que significa una cifra mucho menor. El ataque a los trabajadores siderúrgicos no se limita a las suspensiones y a la pérdida de conquistas. Las empresas siderúrgicas han congelado la paritaria desde hace nueve meses, explotando la inmensa parálisis de la dirigencia de la UOM. Internamente, tanto Techint como Acindar vienen otorgando pequeños aumentos a cuenta de la paritaria, lo que equivale al reemplazo de la paritaria de rama por los acuerdos por empresa. La política de la UOM de Abel Furlán, de señalar a las empresas metalúrgicas como víctimas de la política económica del Gobierno, busca colocar a los trabajadores detrás de los intereses de los capitalistas. La UOM está paralizada frente una reorganización completa de las relaciones laborales, en beneficio de los planes de la patronal siderúrgica y en perjuicio de las condiciones de trabajo y de los salarios de los trabajadores. Furlán se bajó de cualquier lucha por los salarios, aun cuando las patronales han congelado la paritaria del acero. En Siderca Campana, la seccional de la UOM suscribió un acta acuerdo para habilitar las suspensiones como “dispensa de trabajo”. En 2024, Ternium-Techint ganó arriba de 100 mil millones de pesos, aun habiendo despachado 513 mil toneladas menos de acero que en 2023. Es evidente que el costo de los cambios en la producción puede ser asumido por las ganancias del capital, pero no por las familias de los trabajadores, con suspensiones y salarios congelados. Ante la crisis, hay que oponerle a las políticas patronales el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, a costa de las superganancias de Techint y los demás capitales de la rama.

Israel ha vuelto a bañar en sangre a Gaza. En cuatro días de bombardeos y ataques por tierra, hay más de 700 muertos y otros tantos heridos graves. Por la falta de combustible, menos de la mitad de las ambulancias gazatíes están operativas. El ejército israelí destruyó este viernes el Hospital de la Amistad Turco-Palestina, situado en el corredor de Netzarim, que divide el norte y el sur de la Franja. Fuentes médicas indicaron que el jueves las embestidas apuntaron contra viviendas en zonas del norte y sur del territorio gazatí. "Esta vez es todo peor porque la gente ya está exhausta. Son personas cuya salud mental ya estaba degradada, y muchos de ellos seguían al borde de la hambruna ", indicó por videoconferencia desde Gaza el subdirector de UNRWA en la Franja, Sam Rose. Si el alto el fuego no regresa, "habrá aún más pérdidas de vidas, de infraestructuras, y mayor riesgo de enfermedades infecciosas y trauma entre los dos millones de civiles que viven en Gaza, incluido un millón de niños", explicó. Hamás reiteró que cualquier acuerdo para liberar a más rehenes tendría que conducir a un fin permanente de la guerra. El ejército israelí ordenó nuevas "evacuaciones"-desplazamiento forzado- de zonas del norte y sur del territorio, avanzó a lo largo de la ruta costera en la zona de Beit Lahia y recuperó el Corredor Netzarim, lo que significa que ha vuelto a partir en dos la Franja. La Brigada Golani, conocida por su salvajismo, está desplegada en la parte sur de la frontera. Envalentonado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró este viernes que ordenó al Ejército que "se apodere de más territorio" y advirtió sobre una anexión parcial de Gaza si Hamás no libera a los rehenes. "Cuanto más se niegue Hamás, más territorio perderá, que será anexado por Israel", declaró en un comunicado en el que amenazó también con la "ocupación permanente" de las "zonas de contención" dentro de la Franja de Gaza. Katz es un considerado un vocero directo de Netanyahu. Máxima putrefacción La masacre de los palestinos no ha servido esta vez para calmar la crisis política dentro de Israel, que estalla por todos lados. Miles de israelíes tomaron la calle protestando contra la reanudación de la guerra, que entienden como una condena a muerte de los rehenes, y por el despido fulminante de Ronen Bar, el jefe del Shin Bet. El despido del jefe de los temibles servicios secretos sionistas ocurre por primera vez desde la fundación del Estado. "Todas las propuestas que Hamás recibió del enviado estadounidense Steve Witkoff se derivan de la negativa de Israel a cumplir su parte del acuerdo. Por lo tanto, el intento de presentar los rechazos de Hamás como una razón para reanudar los combates es una manipulación deshonesta ", señaló un editorial del diario israelí Haaretz. Los indicadores de putrefacción social son inocultables: una investigación del ejército corroboró que los soldados utilizan habitualmente palestinos como escudos humanos para explorar túneles o viviendas que consideran peligrosas. El cálculo publicado en Haaretz informa del reclutamiento de cuatro “esclavos” (así los llaman) por pelotón, doce por batallón y 36 en una brigada. Antes usaban drones, pero los “esclavos” son más rápidos, argumentan soldados que dieron su testimonio en forma anónima. Otro problema que se agrava para un gobierno que se jacta de tener 7 frentes militares abiertos es la reticencia de los reservistas a volver al combate. En algunas unidades no se presentan a filas ni la mitad de los convocados (Haaretz 16/3). Para paliar la escasez, los comandantes han convertido en centros de reclutamiento alternativos las cadenas de WhatsApp y las redes sociales. Seducen a la población con variados empleos: como soldados de combate, cocineros, médicos o choferes. Esto implica un relajamiento total: algunas propuestas “ofrecen puestos delicados que, incluso en tiempos de paz, requerirían estrictos controles militares antes de ser aceptados y una amplia formación posterior”, señalan entrevistados por Haarezt. “Las carencias actuales en las unidades de reserva se dan en todos los puestos”, admite un oficial superior. “No hay ni un solo comandante de batallón que diga que está listo para entrar en servicio operativo o volver a luchar en Gaza con todo el personal que necesita”. “Dicen que hay un 80 % de participación pero es mentira. Gran parte de los reclutados provienen de anuncios en redes sociales”. En muchos casos, a los requisitos se añaden exigencias religiosas. Por ejemplo, para integrar “un batallón de carácter religioso, con vínculos con el mundo de la Torá”. Quien publicó el anuncio explicó que prefieren reclutar principalmente a personas religiosas y colonos [de Cisjordania] “en aras de la cohesión y para permitir que los soldados mantengan un estilo de vida religioso sin interferencias. Si no eres religioso, te recomiendo que busques en otra parte, no encajarás con nosotros”. El gobierno de Israel destituyó en la madrugada de este viernes a Ronen Bar, jefe del Shin Bet (los servicios secretos en Israel y Palestina), después de que el gabinete de Benjamín Netanyahu, votara unánimemente el despido. Bar se negó a asistir a la reunión nocturna sobre su destitución y envió una carta mordaz dirigida al gobierno en la que afirmaba que el proceso era ilegal y que los motivos del primer ministro eran «fundamentalmente erróneos». Bar sugirió que el intento de destituirlo tenía la intención de socavar «casos graves que el Shin Bet está investigando en este momento». Las investigaciones involucran a asesores de Netanhayu por denuncias de filtración de documentos y trabajar para personas relacionadas con Qatar. De inmediato, el Tribunal Supremo frenó temporariamente el despido. El choque tiene como trasfondo las acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad por el ataque de Hamás en octubre de 2023. Mientras el ejército y los servicios de seguridad han asumido su responsabilidad, la cúpula política dice que solo se deberá investigar cuando termine la guerra. Netanyahu también desafió una opinión legal de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, quien advirtió que la destitución de Bar debe ser aprobada primero por un comité asesor que supervisa los nombramientos de altos cargos. Distintos ministros respondieron que la fiscal general será la próxima despedida. “En Estados Unidos e Israel, cuando un líder de derecha gana unas elecciones, el Estado profundo de izquierdas instrumentaliza el sistema judicial para frustrar la voluntad del pueblo”, escribió Netanhayu en X. “¡No ganarán en ningún sitio! Estamos unidos y fuertes”, amenazó. El exjefe de Shin Bet entre 2011 y 2016, Yoram Cohen, puso su grano de arena y afirmó que Netanyahu, le pidió hacer “cosas ilegítimas y legalmente cuestionables” cuando ocupaba el cargo. Cohen indicó que Netanyahu busca a un jefe de la inteligencia interior que le sea “leal personalmente” en detrimento de su deber y lealtad frente al país y la ley. El año pasado, Cohen reveló que el primer ministro le llegó a pedir que espiara en 2011 a los entonces jefes del ejército, Benny Gantz, y del Mossad, Tamir Pardo, ante el temor de que pudieran filtrar información sensible de una reunión. Miles de personas protestaron el miércoles y el jueves contra el despido. Una larga columna de académicos había marchado bajo un tiempo tormentoso desde un campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén hacia una de las residencias privadas del Sr. Netanyahu, tocando tambores, coreando «¡Democracia!» y forcejeando con los agentes de policía después de intentar romper una barricada. Figuras prominentes de la oposición se unieron a los manifestantes. Yair Golan, ex subjefe del ejército y ahora líder del partido demócrata de centroizquierda, acabó en el suelo. La policía utilizó un cañón de agua y roció a los manifestantes con un líquido maloliente en un intento de dispersarlos. “El amplio sentido de solidaridad nacional que prevalecía desde el 7 de octubre de 2023 se está deshilachando”, lamenta el New York Times.

Las elecciones a concejal que se vienen en Santa Fe serán simultáneas a una reforma constitucional. Aunque parecen dos comicios separados, la constituyente tendrá serias consecuencias para la vida de los municipios y su población trabajadora. Uno de los puntos de la reforma constitucional planteada por Pullaro es la “modificación del régimen de autonomía municipal”, esto es, la organización de los actuales municipios y comunas de la provincias. En las apreciaciones políticas de los propagandistas de la Constituyente, se alude a la “correspondencia fiscal” y a la “autonomía en la gestión de los recursos” . Aunque esto se asocia a un progreso político, el sentido de esta autonomía es el de todas las descentralizaciones que han llevado adelante los gobiernos capitalistas en las últimas décadas en Argentina: desentender a la provincia o a la Nación del financiamiento de los municipios y comunas, empujándolos a sostenerse en base a tarifazos e impuestazos a sus vecinos. Es la política del FMI, que reserva los fondos presupuestarios al pago de la deuda pública. La “autonomía” que se propugna no se dirige a habilitar a los municipios a gravar al gran capital radicado en sus jurisdicciones, porque los impuestos sobre el capital o los beneficios están fuera de su alcance. Sólo se refiere a la posibilidad de ampliar el peso de tasas o contribuciones que, por su propia naturaleza, afectan a inquilinos o propietarios de vivienda única. Esta es, por otra parte, la orientación que ha primado en las últimos años, en Capitán Bermúdez y en todos los municipios del cordón. Esta imposición creciente ha corrido de la mano de la mayor precarización laboral entre los trabajadores municipales. Es una inestabilidad que viene acompañada de la miseria salarial; la incertidumbre en el trabajo; a su turno, se corresponde con la ausencia de un plan sistemático de obra pública, de urbanización de los barrios y extensión de la salud pública. La inseguridad ciudadana se agrava por la indefensión de la población ante el narcotráfico; la depredación ambiental y los siniestros no previstos. Esta falsa “autonomía” municipal acentuará la escisión entre municipios con grandes recursos y otros desfinanciados. Pero a su vez, y al interior de cada municipio o comuna, reforzará la tendencia a convertir a la caja municipal en un coto cerrado de los contratistas privados o el gran capital radicado en el Cordón. Ni qué decir que en Capitán Bermudez, castigada por el cierre de fábricas y el abandono ambiental, esa “autonomía” es una sentencia de defunción. El Concejo, caja de registro de los intereses capitalistas Esta cuestión es crucial a la hora de considerar la elección municipal. El actual Concejo se caracteriza por el monopolio de los partidos capitalistas. Es cómplice de la gestión del ejecutivo municipal, abanderado del trabajo precario y flexibilizado. La ausencia de obras públicas importantes se hace visibles en cada tormenta y en las reacciones de la naturaleza frente al cambio climático. Las últimas inundaciones sacaron a la luz la ausencia de un plan de vivienda y las acuciantes condiciones de vida de cientos de familias de barrios periféricos. Frente al incendio del terreno de la ex Petroquimica, donde existe un pasivo ambiental de enormes proporciones, el gobierno de la ciudad culpó a los habitantes del barrio El Espillino. La orientación política del ejecutivo es premiar a las patronales y a las grandes inmobiliarias y permitir el avance del narcotrafico. Para que esta política avance, es necesario contar con socios y aliados. El Concejo deliberante es el principal aliado político del gobierno de Cinalli. Los bloques que dirigen y se dirimen la ciudad son los responsables políticos de esta catástrofe social y ambiental. Ambos tienen vasos comunicantes con la estructura del narcotrafico que asola las barriadas populares y han convertido al cordón Industrial en un territorio de disputa del fabuloso negocio de la droga. Nuestro planteo en Bermúdez y el Concejo Las elecciones municipales y constituyentes tendrán lugar en un escenario de agresión general contra el salario, las jubilaciones y la condición de vida de la clase obrera. En Santa Fe, Pullaro se ha cargado al hombro el programa reaccionario de Milei. El ataque a las jubilaciones y el derecho al trabajo son moneda corriente, y está en la política de todos los partidos capitalistas, llámense libertarios o nacionales y populares. La degradación del municipio, los impuestazos y despidos son la expresión de esa escalada en Capitán Bermudez y en el Cordón. En esos términos, nuestra postulación se propone reforzar la lucha y la agitación política por un programa de la clase obrera y una movilización política para imponerlo. Luchamos por una reorganización urbana que coloque las tierras ociosas a disposición de un plan de viviendas y obras públicas, a cargo de la provincia y del gran capital radicado en el municipio; por su ejecución bajo control de trabajadores y vecinos electos. Por un plan de saneamiento ambiental de los suelos contaminados durante décadas, a cargo del gran capital que lo depredó. Por el empadronamiento de los trabajadores desocupados para llevar adelante esas tareas. Por la estabilidad y el pase a planta de los trabajadores contratados, según la antigüedad; por un gran plan de formación laboral y profesional para capacitar a todos los trabajadores en función de las tareas planteadas. Por la expansión e integración de las salas de Salud, con profesionales y técnicos, en coordinación con el Hospital Regional. Atención inmediata del segundo nivel médico para los más de cuatro mil jubilados de nuestra ciudad. Abajo los impuestazos a la población trabajadora. Por un fondo de recursos para todos los municipios del cordón en base a un impuesto extraordinario a las grandes exportadoras y aceiteras de la región. En primer lugar, nuestra postulación al Concejo hará de la breve campaña electoral una tribuna de lucha y organización para derrotar al gobierno liberticida y sus cómplices, y por la organización política de la clase obrera en una partido propio, socialista e internacionalista.

Como ya ha ocurrido en años anteriores, el gobernador Pullaro se servirá de la jornada del 24 de marzo para recitar, en los actos oficiales, sobre la importancia de la democracia y las libertades civiles. En esta oportunidad, será un fenomenal ocultamiento acerca del golpe a esos derechos y libertades que prepara con su reforma constitucional reaccionaria. Esa reforma consiste, en definitiva, en la constitucionalización de un régimen de excepción. Con una expresión que remonta a la última dictadura, Pullaro plantea que el derecho de reunión debe ser limitado y “regulado” por el Estado. Estamos frente a un atropello descomunal al derecho de los trabajadores y de la población para organizarse y manifestar contra los vejámenes y arbitrariedades que el estado capitalista y las patronales consuman contra los explotados. Pullaro quiere llevar a la Constitución el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, bajo el cual se amparan los millonarios operativos represivos que se despliegan todas las semanas en el centro de CABA. El carácter reaccionario de esta reforma se acentúa con el apoyo del gobernador a la pretensión de bajar la edad de imputabilidad hasta los 13 años con el pretexto de combatir un narcotráfico, cuyas bases sociales -el capital radicado en el juego, los negocios inmobiliarios y la gran exportación- continuarán intactas. Desde Política Obrera denunciamos este proceso “constituyente”, cuyo contenido reaccionario obedece a una plataforma política que emparenta a Pullaro con Milei y Trump. En este 24 de marzo difundiremos este planteo en las movilizaciones que tengan lugar en Santa Fe y Rosario. Ningun régimen de excepción en la provincia de Santa Fe. Plena vigencia de las libertades democráticas. Abajo la guerra imperialista. Solidaridad de todos los trabajadores del mundo contra la masacre de Trump y Netanyahu contra el pueblo palestino. Huelga general. Fue genocidio, fueron 30.000. Luchemos por una perspectiva política de los trabajadores y por su gobierno propio.

A comienzos de marzo, la asesora parlamentaria de la Cámara de los Lores, la Baronesa Arlene Foster de Aghadrumsee, visitó las Islas Malvinas acompañada por los “Amigos de los Territorios Británicos de Ultramar” (FOTBOT, por sus siglas en ingles); allí se reunió con población isleña y con los ilegales legisladores británicos de las islas con el fin de “tratar temas claves". Foster de Aghadrumsee dejó en claro cuáles son los intereses de la Corona británica en el Atlántico sur: “Los territorios de ultramar no son reliquias, son clave para la seguridad del Reino Unido” (Escenario Mundial 12/3). Aghadrumsee se hizo presente en las Islas Malvinas buscando apoyo para los pobladores desplazados del archipiélago Chagos, luego de que la República de Mauricio, ubicada en el suroeste del Océano Índico, llegara a un acuerdo por el cual el Reino Unido transfiere la soberanía del archipiélago al país africano en octubre de 2024, a cambio de mantener una base de la OTAN por 99 años, compartida por EE UU. El gobierno de Milei desempolva el acuerdo Reagan-Galtieri para Malvinas . La Baronesa expresó que “esperamos convocar a los habitantes de las Islas Falkland en solidaridad con los exiliados forzados de las islas de Chagos y en su derecho a la autodeterminación”, y en la misma línea sentenció que “es una vergüenza que al pueblo del archipiélago Chagos no se les permita el mismo ejercicio a la autodeterminación que al pueblo de las Falklands.” La “autodeterminación” de las Islas Malvinas, por un lado, representa la negación de soberanía de Argentina sobre estos territorios y por el otro, convertir al Atlántico Sur en una base de la OTAN y para la depredación pesquera y la explotación petrolera por parte de empresas angloisraelíes . Luego de la visita a las islas Malvinas, Foster publicó una columna en el diario británico The Times en la que resaltó la importancia de las Islas para la seguridad del Reino Unido y aseveró que “ya no podemos permitirnos tratar estas zonas como notas a pie de página en nuestra estrategia de defensa: proporcionan la infraestructura que necesitamos para responder con rapidez a las amenazas (...) son activos vitales que proporcionan al Reino Unido una huella global inigualable. En un momento en que el mundo se enfrenta a crecientes tensiones geopolíticas, su importancia estratégica nunca ha sido más evidente.” Foster termina su columna en el diario británico, señalando la importancia estratégica de las Islas Malvinas, planteando que son “un activo clave para asegurar las rutas marítimas y los intereses antárticos”. En su defensa del activo estratégico, el Reino Unido, opera a varias bandas. Recientemente se conoció una publicidad oficial de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido en la que se promociona la oportunidad de conocer las Islas Malvinas. En el material propagandístico creados por la RAF, titulado “60 Second Update”, se habla de la belleza natural de las Islas y de cómo los ciudadanos “trabajando con la RAF tienen la oportunidad de ver algunos de los paisajes naturales más vírgenes”. (Escenario Mundial 26/02) Uno de los videos de propaganda comienza con un soldado afirmando: “Desde el complejo Mount Pleasant de la RAF, en las emblemáticas Islas Falklands, hogar de un millón de pingüinos de cinco especies, las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) han estado llevando a cabo un entrenamiento de reabastecimiento en vuelo para un destacamento de pilotos del Atlas A400M”. En el mismo material propagandístico se destaca que “los cielos vacíos” proporcionan “el campo de entrenamiento perfecto para los pilotos multimotor, que regresarán al Reino Unido para utilizar estas habilidades en operaciones en todo el mundo” (Ídem). El impulso británico del “turismo” en las Islas Malvinas tiene como objetivo camuflar la militarización del imperialismo británico del Atlántico Sur, pasando por encima de las Resoluciones de Naciones Unidas que no permite la realización de movimientos militares de manera unilateral. Como muestra de esto último hay que señalar el despliegue denominado “Cabo Kukri II”, de la que participó la Sección 2 del Regimiento Real de Fusileros Gurkhas en Malvinas, con el objetivo principal de entrenar a los tiradores en un ejercicio de fuego con munición de fogueo a gran escala. Las maniobras se desarrollan en Onion Range, en el centro de la Isla Soledad, cerca del Complejo Militar de Monte Agradable (Mount Pleasant). Adicionalmente, entre el 18 y el 21 de marzo, las tropas operarán en Stanley Common, con ejercicios en los montes Challenger, Wall, Harriet y Tumbledown, tanto en horarios diurnos como nocturnos. (Zona Militar 20/03) Todo esto se da con el aval del gobierno cipayo de la pandilla libertaria, que episódicamente ocupa el poder, representando un salto en la entrega de la soberanía de las Malvinas que han venido realizando todos los gobiernos desde 1982 a la fecha. Como ha sostenido nuestra corriente, Política Obrera, desde la guerra a la actualidad, una salida nacional a la cuestión Malvinas sólo se dará en el marco de la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto Rico, y en la unión de los obreros y campesinos de nuestro continente con el proletariado internacional.

Las patronales del neumático, en una clara acción coordinada, han decidido lanzar una nueva ofensiva sobre los trabajadores del sector. En los dos últimos años se han sucedido unos 1300 despidos en las tres grandes plantas del sector -Pirelli, FATE y Bridgestone-Firestone-. Ahora se han sumado 20 despidos en Bridgestone, que también ha decidido cerrar el turno noche y ofrecer los “últimos cupos” de retiros voluntarios. Hay sectores que tienen cerrado el listado de retiros voluntarios porque dejarían inoperativa la planta. La reducción de personal se excusa en el “alto costo laboral” y se ha recurrido a importaciones. Bridgestone ocupa el primer lugar en la lista de importadores. El SUTNA denuncia que esta nueva ola de despidos en Bridgestone se desarrolla en el marco de un boicot completo de las patronales a la paritaria. La enorme mayoría de los despidos ha recaído en los activistas, según denuncian los trabajadores. En Bridgestone han sido despedidos reconocidos activistas de la lista Bordó. Anteriormente, una camada de probados activistas de la Negra también había recibido el telegrama de despido. El sindicato ha convocado a un paro el próximo 26 de marzo, en el marco de una nueva reunión paritaria en la sede de la Secretaría de Trabajo en CABA. Los despidos han sido la respuesta de la patronal al paro. Las patronales vienen incumpliendo con toda la legislación, tanto en las leyes nacionales como en los acuerdos internacionales (Convenio OIT). La pretensión es impulsar una reforma laboral y una destrucción de todas las conquistas que han obtenido los trabajadores en los últimos años, comenzando por la pulverización de los salarios. En la última reunión, Pirelli ofreció un 1 % de aumento mientras que FATE-Bridgestone un 0 %. A esto se suma el no pago de vacaciones en FATE. El ataque de las patronales es permanente. Las patronales cuentan con el aval completo de Julio Cordero, un hombre de Techint en la Secretaría de Trabajo Nacional, para desguazar todo derecho obrero en las plantas del neumático y con la complicidad y el desgaste –vía conciliación obligatoria que solo ata de pies y manos a la reacción obrera– del ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, el burócrata del sindicato de Curtidores. Kicillof expone así, como si no faltarán muestras, su rechazo a una acción obrera para enfrentar cualquier ataque patronal. El SUTNA y su conducción no han reaccionado a toda esta ofensiva con una acción sistemática y decidida. El paro del 26 de marzo ha sido decretado desde la propia directiva sin asambleas previas en las plantas. Hace tiempo que el sindicato ha optado por “volantear los portones” para hacer llegar sus decisiones. Es necesario crear las condiciones para una lucha a fondo, de conjunto, ofreciendo una política de clase al carnereaje de las importaciones. Es necesario un frente único de los sindicatos del Neumático, en primer lugar, el brasileño, con el cual se han hecho varios ágapes. Por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

La Comisión Directiva de la CGT anunció sorpresivamente un paro para el 10 de abril. En un ´consenso dividido´, según informan los medios, la cúpula cegetista anunció 36 horas de “acciones sindicales”: el miércoles 9 se movilizará al Congreso “en apoyo a los jubilados” y a las 00 horas del jueves 10 comenzaría la huelga. Otros popes de la burocracia sindical consideraron “apresurada” la medida. Entre ellos, Luis Barrionuevo y Gerardo Martínez. Roberto Fernández, del estratégico sindicato de choferes de colectivos, no participó de la reunión y su adhesión, por estas horas, todavía se encontraba en duda. En el caso de Comercio -1,5 millón de afiliados-, Armando Cavalieri no se pronunció. Se descuenta la adhesión de las dos CTA. La CGT mantiene, desde agosto de 2023, una tregua inconmovible a cambio de que no avance en el Congreso la reforma de la ley de asociaciones sindicales y el cobro de cuotas solidarias, aportes extraordinarios y reelecciones indefinidas. Según la versión oficial de la CGT, los motivos del paro serían: el tope del 1 % a las paritarias impuesto por el gobierno; la suspensión de la obra pública, la crisis de las obras sociales; y hasta el acuerdo con el FMI que transcurrió sin la menor resistencia de la burocracia. El gobierno se jacta de una mentirosa “baja conflictividad” para desacreditar el paro. En los hechos, numerosos conflictos se libran al margen, cuando no en abierta oposición, a la burocracia sindical de todos los matices -Granja Tres Arroyos, Linde-Praxair, Acindar Villa Constitución, Ingenio El Tabacal, Aceiteros, Neumáticos, docentes bonaerenses, entre otros-. En las grandes concentraciones del 1 de febrero y del 12 de marzo (jubilados), las consignas contra el gobierno competían con las puteadas a la burocracia. La CGT no ofrece ningún canal a estas luchas. Su “apoyo a los jubilados” es una estafa: se ausentó de la autoconvocatoria de los hinchas y de la lucha contra la represión y volvieron a borrarse al miércoles siguiente, cuando el Congreso aprobó a libro cerrado -con la colaboración de los gobernadores peronistas y varias ausencias del bloque de UxP- el acuerdo con el Fondo Monetario. La ‘iniciativa’ del paro responde a la necesidad de mantener unificada a una burocracia que es mordida por la cometa de los liberticidas. El paro fue anunciado en vísperas de un nuevo aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976 con el propósito de subir al escenario de la marcha. La jornada ha sido copada por un operativo del pejota-kirchnerismo al cual se plegó el FIT U desde hace un mes, que también reclamó un lugar en la misma tribuna. El paro de la CGT no modifica en nada el colaboracionismo de la burocracia con el gobierno liberticida.

María Belén Almejún, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, docente e investigadora del Conicet, sostuvo un debate con militantes de La Libertad Avanza en la puerta de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA el miércoles pasado. El hecho fue filmado y Almejún fue blanco de un ataque coordinado por las ‘fuerzas del cielo’ en las redes sociales. El presidente Javier Milei formó parte de este hostigamiento, reposteando un tuit de la cuenta de ‘La Derecha Diario’. Al día siguiente de este accionar de Milei, y luego de que la cuenta @Anti_Peron45 publicara la dirección familiar de la investigadora, una persona entró a la casa, rompió un caño y cortó el suministro de agua. Almejún es especialista en inmunología y en el debate que sostuvo con el grupo de militantes de La Libertad Avanza, que fueron a volantear a la puerta de la facultad, había argumentado acerca del desfinanciamiento del CONICET y el deterioro salarial de docentes. La docente denunció “la censura a través del hostigamiento” y realizó una denuncia penal por el ingreso ilegal a su domicilio, a la vez que pidió una custodia policial permanente por la gravedad de los hechos. También agregó que “no solo está en juego mi seguridad, sino la de todos los investigadores y docentes que intentamos visibilizar el deterioro del sistema científico”. El Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se pronunció repudiando el atentado. Exigimos la inmediata investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados y la identificación de los responsables. Apoyamos el reclamo de los docentes e investigadores contra el recorte presupuestario que ha reducido, según denuncia Almejún, su salario en un 70 % y que mantiene frenadas numerosas investigaciones, entre otras, por tratamientos de enfermedades poco frecuentes y de pacientes pediátricos.

La jornada del 24 de Marzo tendrá características peculiares. Por un lado, una extraordinaria concurrencia de manifestantes se volcará a las calles a repudiar al gobierno liberticida de Milei, a la represora Bullrich, al nuevo acuerdo con el FMI y a apoyar a los jubilados. La Jornada está precedida por las combativas jornadas de lucha de los miércoles; por la marcha antifascista del 1F y por la jornada del Día Internacional de la Mujer Trabajadora; y más atrás, por las movilizaciones y ocupaciones de Facultades por la juventud y la docencia universitaria. En oposición a ese derrotero, el palco y la “organización” del 24M ha sido monopolizado por quienes no sólo no aportaron un gramo a la lucha contra Milei, sino que colaboran con él desde el Congreso, los sillones de los sindicatos, las gobernaciones y las intendencias Nos referimos al pejota-kirchnerismo, que consiguió en este 24 de marzo lo que no había logrado en sus quince años de gobierno: monopolizar la jornada central. El rol del FITU En 2025, se ha ido hasta el final: el acto central y único del 24 ha quedado en manos de la burocracia de la CGT, Kicillof y la Cámpora. Desde hace un mes y medio, las organizaciones del FITU habían colocado como eje de este 24 la concreción de un “acto único” con el kirchnerismo, a través de un acuerdo político con sus organizaciones. Con ese fin, se concretaron diferentes reuniones con los K, con vistas a redactar un “documento” común, o sea, a establecer un frente político. Una marcha “unitaria” representa la unificación de propósitos del FITU con el kirchnerismo. La “unidad en la lucha”, sin confundir objetivos ni banderas, fue dejada de lado por la “unidad programática” en un acto en común. A nadie escapaba que semejante frente político representaba marchar con los responsables del arribo de Milei al gobierno y de la continuidad de los acuerdos con el FMI. Sin perjuicio del rol estatal del pejotismo K y del carácter patronal y antiobrero de sus funcionarios y de la burocracia de los sindicatos, los partidos del FITU renunciaron, incluso incondicionalmente (o sea sin dejar lugar a otra alternativa), a organizar una columna política independiente, con un programa definido, para rematar con un acto propio. Pero esa tentativa de frente político con los K terminó con un fracaso: los “nacionales y populares” recibieron al FITU con un tome o deje: el único “acto único” posible es el que ya habían diseñado los K, con el documento para la circunstancia. Ya sin tiempo ni voluntad política de poner en pie una convocatoria independiente, los integrantes de “Memoria, Verdad y Justicia” y el FITU aceptaron, con mayor o menor entusiasmo, insertarse en el acto kirchnerista. Implosión A horas del 24, la evidencia de este bochorno político ha desatado una implosión en el EMVYJ: el PTS, el aparato del PO y el Nuevo Mas han anunciado que “leerán un documento propio en la Plaza de Mayo”, “una vez finalizado el acto de la Mesa de Organismos”. (¡Mesa de Organismos! Este es el nombre que le ponen al acto, que nunca denuncian, de la burocracia sindical y los K). Un comunicado separado del aparato del PO llama a participar de la marcha y de “la lectura del documento del EMVYJ en Plaza de Mayo”, después del acto oficial, sin decir una palabra del contenido de clase y de la política del kirchnerismo. El comunicado practica un confusionismo deliberado -porque no menciona los intentos reiterados de subirse al acto oficial-. No es, de ningún modo, un “documento alternativo”, porque no tiene el propósito de delimitarse políticamente de la marcha oficial. Otra fracción, liderada por el MST y organizaciones sociales como el Frente Darío Santillán, el FOL y los ex detenidos desaparecidos, rechazó esa maniobra por improvisada, o sea contradictoria con el propósito de sumisión que guió las negociaciones con los K. En consecuencia, resolvió seguir con el plan original -o sea, participar y adherir al acto “único” (kirchnerista) sin ninguna clase de documento. La movilización del 24 de Marzo , con la colaboración del FITU, completa una usurpación que se montó a partir de 2006. El FITU ha dejado estampada, más que en el pasado, su tendencia a la colaboración de clases en un “frente nacional y popular”.

El discurso de Cristina Fernández en el congreso educativo desarrollado el sábado pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tuvo el objetivo de postular al peronismo ante el FMI y la gran burguesía planera que vive de los bonos del Estado para relevar al gobierno de Javier Milei en la tarea de aplicar las contrarreformas educativas que exige el imperialismo en tiempos de guerras mundiales y decadencia del sistema capitalista. El congreso mismo tuvo ese sentido al plantear el debate en torno a un documento titulado “Líneas para una nueva estatalidad en materia educativa”. El objetivo de su intervención fue claro: “tenemos que reformular un nuevo Estado. Así como está, no sirve. Y si no lo reformulamos y si no lo replanteamos, vienen planteos como los de este gobierno, que es el planteo de la destrucción, el planteo de la eliminación del Estado (…) porque si hay un lugar y un espacio político en la Argentina que puede replantear el Estado desde la seriedad y desde el crédito de haber hecho algo en este país, somos nosotros…”. Se trata de una advertencia al gran capital, cuyo principal temor es que la brutalidad del ajuste de Milei genere las condiciones de una rebelión popular en la Argentina. En ese sentido, CFK, como presidenta del PJ, plantea un acuerdo con las contrarreformas que Javier Milei está llevando adelante en el Estado, y con las que en materia educativa está implementado el macrismo en la CABA, pero plantea hacerlo “apalancándose” en su experiencia de gobierno de 12 años. Es lo que dijo inmediatamente luego de detallar el CV de sus gobiernos en materia educativa: “Pero ojo que esta enumeración no nos tiene que llevar a la nostalgia de que tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Porque lo mismo, ¿para qué sirve esta enumeración? Para apalancarnos en un lugar, para apalancarnos en los créditos que somos. Si hicimos todo esto, ¿cómo no vamos a ser capaces de poder encarar la transformación y el cambio que el sistema educativo argentino requiere? ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer?”. Sus dichos sobre la docencia y la educación no innovaron en nada sobre lo que ya viene diciendo en intervenciones anteriores recientes, o en sus ataques a los docentes cuando era gobierno y alimentaba el mito de que los docentes “trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones”. La primera arremetida en su discurso contra los docentes fue un clásico patronal: el cuestionamiento a los paros “porque hay malestar porque los chicos no tienen clases todos los días”. Esto, cuando Kicillof viene de descontar los días de huelga en la provincia de Buenos Aires. Luego agredió al conjunto de los trabajadores estatales, calificándolos como “privilegiados” al cuestionar la estabilidad laboral y las licencias médicas, derechos conquistados con la lucha. Para eso apeló a la canallada de oponerlos a las condiciones de la inmensa masa de trabajadores precarizados de la Argentina, fogoneando una grieta dentro de la clase trabajadora. Nada más patronal que eso. El cuestionamiento a la estabilidad laboral en el Estado por parte de CFK ocurre a días de que se hayan conocido rumores sobre la intención de Javier Milei y Federico Sturzeneger de avanzar en ese sentido (Mundo Gremial, 18/3). Luego pasó al tema de la formación docente, otro de los 4 ejes colocados en el documento que debatió el congreso. Criticó la carrera docente y la modalidad de acceso a los cargos directivos “por simple antigüedad”, cosa que por otra parte es falso, ya que el trabajo docente es un trabajo altamente profesional –aunque malamente remunerado– y en el que la formación permanente es una constante, fundamentalmente para acceder a los concursos de cargos directivos. ¿Cuál fue el sentido de esta intervención entonces? Lo que postula es la formación de tecnócratas, para que ocupen los cargos jerárquicos en el sistema educativo y no lo hagan los propios docentes, y de esa manera tener una mayor eficacia en la implementación de las contrarreformas antieducativas que forman parte de los proyectos del gran capital para la educación. El mismo sentido tuvieron las loas a la COENAU, encargada de adaptar los planes de estudios de las universidades a los requerimientos de los organismos internacionales. En su discurso, CFK hizo una férrea defensa del presentismo, que fue el método con el que el bulrrichista y mileista Pullaro logró quebrar las huelgas docentes de Santa Fe: “tiene que haber un premio al maestro que va todos los días a trabajar. Esto es así. Premiar el esfuerzo, se llama. Nada más peronista que eso. Premiar el trabajo. ¿Qué puede haber más peronista que premiar a los que trabajan todos los días y se rompen el alma? Nada. Nada más peronista que eso.” ¿Nadie más peronista que Pullaro, entonces?. Las referencias a la caída en la tasa demográfica, la disminución de la natalidad y el envejecimiento de la población, tuvieron el doble objetivo de respaldar las reformas jubilatorias que no pudo aplicar Macri en 2017 pero que están aplicando Milei a nivel nacional, Pullaro en Santa Fe y Frigerio en Entre Ríos, por un lado, y de respaldar, por otro lado, la reforma educativa de Jorge Macri en CABA, que postula integrar a las empresas privadas a la escuela pública, y que tiene el objetivo de orientar la educación a formar trabajadores precarizados que sean un apéndice de las plataformas y la inteligencia artificial: “Necesitamos que la población económicamente activa aumente la productividad con valor agregado, con innovación tecnológica, para poder sostener a los mayores”. En ese sentido postuló la necesidad de la “dualización” del nivel medio: “Un secundario para los que tengan continuidad universitaria, y un secundario para [los que tengan que estar] (…) preparados para afrontar el mundo del trabajo”. Es decir, por un lado, la educación ya no sería científica y universal, sino que habrá una escuela para pobres, “en donde el pibe desayune, almuerce y meriende, después a su casa” y otra parta la clase media. Evidentemente no se aspira a revertir de manera urgente la condición infrahumana a la que enormes masas de trabajadores se encuentran arrojados, sin poder garantizar el alimento para sus familias, sino que el sometimiento a los planes del gran capital financiero internacional deja en claro que esta situación será “la nueva normalidad”, para la cual el peronismo ya postula su “protocolo”. Frente a este proyecto claro de gobierno en materia educativa y laboral, que se plantea como continuidad en la misma dirección del de Javier Milei, necesitamos construir una verdadera alternativa clasista. Ese es el objetivo con el que construimos nuestra agrupación Tendencia Docente Clasista en cada provincia en la que estamos presentes y a nivel nacional. Convocamos a la docencia a acercarse a nuestra agrupación y conocer nuestros planteos, para construir una educación socialista y derrotar los planes del capitalismo a escala mundial, que solo ofrecen un futuro de muerte y destrucción.

Cuando el gobierno argentino enfrenta, al menos supuestamente, divergencias acerca del rumbo económico con el FMI, Marcos Rubio, el secretario de Estado, y Donald Trump han prohibido el ingreso de Cristina Kirchner y otros exfuncionarios kirchneristas el ingreso a Estados Unidos. El ejercicio del bandolerismo diplomático y geopolítico se ha convertido en una marca del nuevo gobierno norteamericano. Exceptúa, como es sabido, a Benjamín Netanyahu, no sólo procesado por crímenes de lesa humanidad, por parte de la Corte Penal Internacional, sino por una variedad de delitos económicos, por parte de la Corte Suprema de Israel. Netanyahu ni siquiera pasa por Inmigraciones y tiene acceso inmediato al Congreso norteamericano. En cuanto a Marco Rubio, su prontuario de provocador anticomunista y profesional de las desestabilizaciones y golpes de estado, habla por su propia cuenta. Trump mismo no se encuentra preso, a pesar de contar con sentencias definitivas por delitos económicos y civiles, por la complicidad de la Corte ultraderechista de Estados Unidos, que las inhabilitó para quienes ejerzan la Presidencia del país. Esta pareja de “rápidos y furiosos” se ha asignado una tarea que es atributo del Congreso de Argentina. La sanción contra CFK equivale a la aplicación de la llamada “ficha limpia” que despoja de derechos políticos a los condenados en dos sentencias judiciales, que sin embargo no son definitivas. Estamos ante una suerte de decreto de necesidad y urgencia de Trump, antes de que el Congreso apruebe esa norma e incluso antes de que Milei intente imponerla por medio de un decreto de necesidad y urgencia propio. Quienes han interpretado este a ataque a la expresidenta como un apoyo político a Milei, no han dado el paso siguiente de caracterizarlo como una exigencia de proscripción política ya para las elecciones de este año. La propia CFK ha dilatado la proclamación de su candidatura –que sería a primera diputada bonaerense en la lista pejotista de UxP-. Cristina Kirchner recogió el guante de la descalificación al instante, para hablar de un nuevo Braden o Perón. El ataque de Trump y Rubio sirve como oportuna garrafa de oxígeno para su decaída imagen política. Después de todo, la presencia de Spruille Braden, embajador en Buenos Aires, a la cabeza de la manifestación de la Unión Democrática, en septiembre de 1945, no sirvió a una victoria segura contra Perón. Esa manifestación de conservadores, radicales, socialistas y comunistas, acabó siendo funcional al peronismo. La operación del convicto Trump y del ‘gusano’ Rubio puede tener la misma suerte; los Estados Unidos de hace ocho décadas representaba la victoria contra el fascismo alemán, italiano y japonés, mientras que Trump representa a los fascistas contemporáneos. Los violentos ataques de Trump contra el canadiense Justin Trudeau han levantado la intención de voto por el candidato del partido Liberal del ex primer ministro, al punto que muchos consideran segura la victoria de Mark Carney, el candidato de ese partido. Lo mismo ha ocurrido con el respaldo de la mexicana Claudia Scheinbaum, atacada por Trump, en los sondeos. Después del encuentro bochornoso con Trump y J.P. Vance, el vice, lo mismo ha ocurrido con la imagen de Zelensky. Milei, más que contento, debería estar preocupado. Pero Cristina Kirchner no las tiene todas con ella. Cuando gran parte de las operaciones corruptas que ahora se invocan ya habían sido ejecutadas, como el ocultamiento de los mil millones de dólares que recaudó Nestor Kirchner por la cesión de las acciones de Santa Cruz en YPF, el futuro matrimonio presidencial era parte del gobierno de las “relaciones carnales’ con Estados Unidos de Menem y Cavallo –la Unión Democrática del peronismo-. Los K fueron socios activos de la década de la gran entrega y de la desocupación en masa. Luego de asumir la presidencia, la pareja bajó el martillo de la inauguración diaria de la Bolsa de Nueva York. Bajo el gobierno que Alberto Fernández compartió con CFK, fue votada la continuidad del acuerdo con el FMI firmado por Macri. Como no puede desconocer esta entregada, CFK se repliega diciendo que no contrajo nueva deuda. Pero fue incluso peor que eso, porque autorizó a AF a negociar con el FMI la transición entre el gobierno de Macri y el nuevo gobierno del FdT, para seguir con el programa del FMI y promover la devaluación del peso. Es lo que ocurrió cuando su designado presidente ‘sugirió’ que debía estar a 60 pesos el dólar, lo que ocurrió de inmediato. Cristina Fernández no ha promovido ninguna alternativa al nuevo acuerdo con el FMI autorizado por decreto. No es casual que no haya convocado a ninguna movilización contra el acuerdo (nunca lo hace), mientras su gente en la CGT diluye el rechazo para dentro de más de dos semanas. La desarrollada crítica al acuerdo, por parte de la diputada Julia Strada, rechaza la sustitución de la deuda del Tesoro con el Banco Central por una mayor deuda (eventualmente 20 mil millones de dólares) con el FMI. No es lo mismo, dice, una deuda intraestatal que una deuda externa. Con este criterio, defiende el pago eterno de la deuda pública por medio de las divisas del superávit comercial que acumula el Banco Central. La deuda intraestatal no es otra que el saqueo de los recursos impositivos e internacionales para pagar a los acreedores financieros extranjeros y domésticos, como se hace también con el Fondo de Anses, todos los fondos con superavit e incluso los bancos públicos. Pero este recurso del kirchnerismo no es un barril sin fondo: se ha agotado. Argentina ha llegado al limite de las posibilidades de servir la deuda pública –en eso consiste la crisis-. Es lo que pasa también en Estados Unidos, donde, según el hiperinformado Financial Times, Trump prepara el cese de las amortizaciones de capital, declarando la perpetuidad de la deuda, para cumplir sólo con los intereses. Los capitales de argentinos fugados al exterior y colocados en deuda norteamericana, sufrirán en la metrópoli del imperialismo lo que CFK, Macri y Milei le han ahorrado en su propio suelo. La proscripción a CFK y otros, para ingresar a Estados Unidos, tiene una consecuencia ulterior para toda Argentina. Si el operativo para imponer la “ficha limpia” contra ella tampoco cumple con el objetivo de que Milei gane las elecciones parlamentarias de octubre próximo (sin la candidatura de CFK), quedaría planteada una crisis de poder. La camarilla de Trump podría responder con acciones desestabilizadoras y golpistas Esta posibilidad dependerá, es claro, de un conjunto de factores; Estados Unidos mismo podría enfrentar una crisis similar. El desarrollo y desenlace de la crisis dependerá, por sobre todo, del vigor de la lucha de la clase obrera y las masas. Pero el lineamiento ‘golpista’ del ‘Norte’ está planteado; es lo que ocurre en Venezuela, Colombia e incluso México, y en Siria y Ucrania, y la guerra que Trump amenaza contra Irán. La “democracia argentina” (los partidos e instituciones establecidas), cuando no ha saludado con fervor el atropello de Trump y Rubio, ha guardado silencio. Los trabajadores no tienen otro recurso que tomar la lucha en sus propias manos, y organizar su propio partido.

El sábado 22 de marzo se llevó adelante el Congreso Educativo Nacional "Imaginar y transformar", en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FSOC UBA) y contó con la presencia de la expresidenta CFK (1). Cabe destacar la escisión entre la propuesta, un congreso educativo nacional, y su preparación. Porque no contó con difusión en ningún gremio, ni siquiera desde la Facultad de Ciencias Sociales se hizo una campaña de convocatoria. La docencia en su totalidad desconocía la existencia de este mal denominado congreso educativo nacional; ni siquiera circularon las propuestas para poder conocerlas a los fines de debatirlas con anterioridad. Es decir, que fue un acto impulsado por militantes del peronismo con responsabilidades en la conducción en diversos sindicatos docentes. Contó con la presencia de miembros de la comisión directiva de CTERA, el secretario general de UTE, miembros de SUTEBA. No así las primeras líneas, que están con el gobierno de Kicilof. También estuvo presente y promocionó, tímidamente, la actividad el gremio FEDUBA, que es uno de los tantos que integra el Frente Sindical Universitario y que está formado por funcionarios estatales y de altos cargos en la universidad. Surge bajo el gobierno de Néstor Kirchner en 2007, luego de que el movimiento docente, junto a estudiantes, le asestará un golpe contundente a las políticas de desfinanciamiento con huelgas y movilizaciones, alterando el normal funcionamiento del segundo cuatrimestre de 2005. La participación de CFK evidencia que no se pretende enfrentar la barbarie social que está generando el gobierno de la camarilla fascista de Milei sino que, por el contrario, se apresta a asegurar continuidades, en caso de recambio político. La intervención de Cristina caracterizó que el país atraviesa una “descomposición institucional en un marco grave de la economía”, que el “decreto 70 es una reforma encubierta de la constitución y que aún está vigente”. Cuando desde el público le cantaron el vetusto “vamos a volver”, CFK respondió que “el pueblo tiene que volver, pero tiene que volver organizado” a lo que agregó, “para eso estamos hoy acá” porque frente a las crisis pasadas “Argentina tenía un sistema bipartidista” y eso implicaba que “había solidez institucional” pero en el presente, según CFK, “eso no existe”. El sistema político, según la expresidenta, “se exhibe a la sociedad como una casta.” Para evitar el quebranto de las instituciones burguesas, CFK convoca a organizarse, es decir, encolumnarse en la política del peronismo y de un recambio “institucional” en 2027. Entre sus pretensiones para asegurar la solidez institucional, CFK, ya había expresado su interés en reformar la Constitución Nacional (diciembre de 2024). Promover líneas para una nueva estatalidad en materia educativa Se plantea una nueva estatalidad porque “tenemos que reformular un nuevo Estado. Así como está, no sirve. Y si no lo reformulamos y si no lo replanteamos, vienen planteos como los de este gobierno, que es el planteo de la destrucción, el planteo de la eliminación del Estado.” Preocupada por la institucionalidad, CFK no promueve una alternativa, es decir, no hay una propuesta programática de cómo frenar esta destrucción, sino su reformulación. El interrogante de ¿cómo enfrentar el avance de Milei? estuvo ausente en su discurso. La jefa del peronismo “woke” evidenció que quieren construir fuerzas para continuar a partir de lo que dejen los liberticidas y ausentarse de enfrentar al gobierno de turno. Quizás previendo una crisis fatal para los liberticidas, CFK apeló en su discurso a organizar a la tropa en el peronismo. Se presentó como la única fuerza capaz de impulsar una nueva estatalidad y la organización del pueblo recordando que ante una huelga general docente en Entre Ríos, Nestor Kirchner y Daniel Filmus viajaron a la provincia, que estaba gobernada por el radicalismo, con la finalidad de “levantar esa huelga” (Mayo de 2003). Vale recordar que ese accionar del presidente, levantar la huelga, le valió el elogio por parte de la secretaria general de CTERA, Marta Maffei. Cristina retoma los ataques al trabajo formal de la docencia, como supo hacerlo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de 2012, cuando dijo que la docencia “trabaja 4hs por día y tiene 3 meses de vacaciones”. En ese momento, Milei no existía. En esta ocasión, el ataque lo expresa al decir que el trabajador formal, informal, privado, registrado o no, “pero que está fuera del Estado siente que el trabajador estatal es un privilegiado”, porque “tiene estabilidad, cosa que no le pasa a ningún trabajador en el sector formal o informal". ¡Impresionante! Se avala la informalidad y la inestabilidad laboral para cuestionar las condiciones de estabilidad. CFK se presentó para fortalecer el ataque al estatuto docente y quebrantar el convenio colectivo de trabajo que, por cierto, viene siendo degradado de manera sistemática por las burocracias sindicales docentes y por las actuales modificaciones educativas que impulsan los gobiernos de Kiciloff en PBA y de Macri en CABA. Se trató, entonces, de un congreso para impulsar el desarrollo de la informalidad en la educación. Para atacar el estatuto expresó con claridad que “tiene que haber un mérito y un premio a la capacidad. Como tiene que haber un premio al maestro que va todos los días a trabajar. Esto es así. Premiar el esfuerzo, se llama. Nada más peronista que eso." Estemos atentos a un mensaje de Adorni felicitando a CFK por plantear que la docencia tiene que ir a trabajar todos los días, una realidad cotidiana pero que sólo se plantea para atacar el derecho de huelga. Otra de las propuestas que mencionó tiene que ver con promover que la conducción de los establecimientos educativos no resulte de docentes con antigüedad, sino que surja de una carrera particular que sería la carrera directiva porque "conducir un grupo es una cuestión de liderazgo, de relaciones humanas y de preparación y de aptitudes naturales para eso. Tenemos que indagar y ver cómo vamos por ahí también"; es decir que se promueve una jerarquización creciente y una escisión entre los educadores. Se apuesta a consolidar una carrera de capataces quebrantando la identificación entre directivos y docentes como integrantes del cuerpo de educadores. Sobre la educación en tiempos de guerra CFK promueve que “nuestro CONICET, nuestro sistema científico se meta en el colegio secundario conjuntamente con las empresas privadas a partir de políticas tributarias, arancelarias”, plantea como necesidad “dualizar el secundario” generándose de este modo “un secundario para los que tengan continuidad universitaria” y otro secundario “para afrontar el mundo del trabajo." La elitización de la educación cobra nuevas fuerzas; CFK dio un discurso en los marcos de las políticas educativas internacionales. CFK comenta que “hoy los pibes y las pibas, lo veo con mis nietos, son consumidores digitales, consumidores”, propone entonces que la escuela “convierta a esos consumidores en creadores, productores y desarrolladores digitales, de manera tal de que puedan desarrollar una economía digital” porque, para ella, se trataría de lograr que “la población económicamente activa aumente la productividad, aumente la productividad con valor agregado, con innovación tecnológica para poder sostener a los mayores" identificando que la tendencia, a nivel mundial, es el incremento del envejecimiento poblacional y la reducción de la natalidad. Para CFK el proceso educativo no debe terminar “únicamente en el perímetro del colegio. Hay otras vivencias. Los clubes” por ejemplo, porque juegan un rol “en todo lo que es el tejido social, el tejido comunitario”, lo mismo para Kiciloff que en su actualización del regimen académico 2024-2025 propuso la distinción entre trayectoria educativa y trayectoria escolar . CFK menciona que a los pibes que están en la calle “hoy se los está llevando y organizando el narco” sin embargo eso no le basta para impulsar acciones de lucha por el contrario, apela a que “el próximo gobierno, después de este desastre” sea el que saque a los pibes de la calle. Es decir, que se deje a los pibes en la calle estos años hasta que regresen. El congreso educativo realizado ayer es la expresión local de las políticas educativas internacionales que promueve la UNESCO y que se encuentran en su último informe “Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación” (2021). La similitud aparece hasta con el nombre con el que bautizaron el Congreso educativo “Imaginar y Transformar la educación”. El informe de la UNESCO manifiesta que el mundo se encamina a una crisis de dimensiones desconocidas, por el cambio climático, por las tensiones y conflictos, por las migraciones y por la caída demográfica. Para la UNESCO ingresamos a una era de economías “gig”, que implica un modelo laboral basado en trabajos temporales y flexibles, en lugar de empleos tradicionales a tiempo completo. Según el mismo informe esto “reforzará la importancia de la economía informal para miles de millones de personas” sumado "al envejecimiento de la población” generando “una presión adicional sobre la seguridad social”. Por eso se afirma que “la longevidad humana también puede aumentar y con ella, al menos para algunos, la prolongación del periodo de vida laboral” (2). Conclusiones La “nueva estatalidad” es la búsqueda, por parte del peronismo, de asegurar la derrota de la clase trabajadora luego del paso de Milei por el gobierno. Asegurarla reorganizando el Estado en el sostenimiento de la informalidad, de la precarización y la segmentación. Una educación en los marcos de Estados en guerra. Se comprende que CFK pretenda reflotar la comunidad organizada, incluso reivindicando el grado de General de Perón, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar, cuando critico a aquellos que dicen “que no queremos a los militares, pero si somos peronistas, hermanos, del general Perón.” El cadáver insepulto del peronismo pretende erigirse gobierno para asegurar el régimen del capital, con posterioridad del golpe asestado a la clase trabajadora por parte de la “pata civil” de la última dictadura militar. El congreso educativo nacional de CFK de ayer es, a escala nacional, lo que el informe de UNESCO a nivel internacional. La manifestación de que la educación se ha vuelto incompatible con el régimen social en el que vivimos. Ambas propuestas evidencian una crisis humanitaria, global, del régimen histórico en el que vivimos y plantean, la adaptación a estos modos de vivir. Promueven la organización de la informalidad, de la precarización y de la segmentación; por eso es un plan educativo para un mundo en guerra. Ni para el organismo internacional ni para la jefa, aparece la posibilidad de promover una reflexión que estimule un pensamiento y una acción que permita la apropiación del mundo bajo los intereses del cuidado humano y de la naturaleza. Esto no podría ser posible, claro está, porque para hacerlo se debe colocar de relieve que el mundo está dañado como resultado de la explotación sin límites de la gran producción capitalista y de la búsqueda indiscriminada de explotar recursos naturales y minerales, para el beneficio y la obtención de ganancia. La burguesía sólo tiene para ofrecer planes de contención y asimilación esperando que lo peor suceda. El peronismo, a través de CFK, pretende encorsetar a un sector social para separarlo del movimiento obrero, conformando el peronismo "woke". Para fortalecer una perspectiva histórica, a través de un programa que sea capaz de orientar a la clase trabajadora ante los ataques del capital es que debemos fortalecer nuestra delimitación en esta marcha del 24 de marzo y afianzar y sistematizar una campaña de clarificación del rol de la oposición patronal y sus seguidores que buscan la unidad, con ellos. Notas: (1) Todas las citas están extraídas del discurso de CFK, que se puede encontrar en: https://www.cfkargentina.com/participacion-en-el-congreso-nacional-educativo-imaginar-y-transformar/ (2) UNESCO, 2021, p. 52

Política Obrera presentó formalmente sus candidatos de cara a las elecciones provinciales del mes de mayo. Se inscribieron candidatos para los departamentos de Orán, San Martín y Capital; y los municipios de Salta, Colonia Santa Rosa, Mosconi, Tartagal y Aguaray; además de sus respectivas convenciones constituyentes. En Salta capital, la lista estará conformada por el obrero de la construcción Julio Quintana en el Senado; por la trabajadora de prensa Violeta Gil como Diputada; y los estudiantes Diego Luna y Miguel García para el Concejo Deliberante y la Convención Constituyente capitalina respectivamente. En el caso de Orán y San Martín, los docentes autoconvocados y dirigentes de Política Obrera Georgía Romero y Walter Acevedo encabezarán las listas de Diputados. “Vamos a esta elección a enfrentar a los candidatos de Milei y Sáenz, que están unidos por el cordón umbilical del ajuste sin precedentes contra los trabajadores. Sáenz ha sido un puntal fundamental para el sostenimiento de Milei, como lo demostró el acompañamiento sistemático de todas sus medidas y el voto de sus diputados de un cheque en blanco para un nuevo endeudamiento con el FMI, que impondrá más confiscaciones contra la clase obrera y una nueva bancarrota al país en beneficio de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes. Denunciamos ante los trabajadores que Sáenz es Milei y que debemos organizarnos en un partido político propio para derrotar a ambos y a su ajuste criminal”, declaró Violeta Gil. Para concluir, sentenció: “Mientras crece la pobreza, la precariedad laboral y la desocupación, los candidatos de Sáenz se jactan de ser lobistas de las empresas y terratenientes y encubren la infiltración en el Estado del negocio del narcotráfico. Van a la legislatura a defender negocios capitalistas a costas de las condiciones de vida de la clase obrera y los explotados salteños. Por el contrario, llamamos a los trabajadores al voto por nuestra lista como parte de la organización y la lucha por el salario, el trabajo y la vivienda, el medio ambiente y contra la inseguridad que emana de un Estado y poder político vinculado al crimen organizado. Luchamos por un gobierno de trabajadores, el único capaz de dar una salida en favor de los que vivimos de nuestro trabajo". Contacto: Violeta Gil: 387 5088605 Julio Quintana: 387 512-3583 Miguel García: 387 522-4151 Georgía Romero: 3878 24-3082 Walter Acevedo: 3873 61-0050

La movilización de este 24 de Marzo marcó un nuevo jalón en las manifestaciones populares contra el gobierno liberticida. Una marea humana tomó el centro de la ciudad; lo mismo ocurrió en todo el país. Todos los medios de comunicación admiten que fue una de las más masivas de los últimos años. Se inscribe en un largo hilo de marchas y demostraciones, desde la de abril del año pasado, contra la poda brutal del presupuesto de las Universidades, las ocupaciones de Facultades, la Marcha Antifascista del 1 de Febrero, y la escalada de movilizaciones por los reclamos de los jubilados, contra el malón policial. El 24 de Marzo se ha convertido en una demostración única de conciencia política democrática, que se ha agudizado de cara a una camarilla gobernante de corte fascista. La masa más importante de la movilización estuvo representada por familias y grupos que encuentran en los aniversarios del golpe militar una oportunidad única de expresarse políticamente sin mediaciones. En el caso de la juventud, su presencia masiva refuta la especie de que se hubiera convertido en base del liberticismo; un cenáculo fascista sin asiento en la juventud está forzado a depender del apoyo condicionado e inestable del imperialismo internacional. La calle se ha convertido en el sustituto de masas de las huelgas y acciones directas de los sindicatos, paralizados por la burocracia peronista y no peronista, y en la herramienta que impulsa a breve plazo una ola de luchas de la clase obrera. La masividad de la convocatoria iluminó el patetismo del gobierno. En primer lugar, aquel de que no aplicaría el “protocolo antipiquetes”, tratando de hacer ganancia de una causa perdida. La policía, asomó, por supuesto, bajo la forma de infiltrados de civil. Por otro lado, el gobierno publicó un video de 20 minutos protagonizado por el promotor de cripto estafas Agustín Laje, un energúmeno de la camarilla de Santiago Caputo. Para describir una “memoria completa”, Laje recurre a la muletilla de ´los dos demonios´ y a cuestionar la cifra de desaparecidos. Laje no inventa nada, pues repite la versión ´oficial´ de los partidos de ´la democracia’ y de los alegatos en el juicio a las Juntas, inscripta en el Nunca Más. El gobierno ha procurado obtener un efímero protagonismo al anunciar una ambigua desclasificación de archivos, que, de acuerdo a algunas versiones, buscaría comprometer al gobierno de Perón-Perón en el secuestro y muerte de militantes, orquestados por Osinde y López Rega a través de la triple A. Esta versión es seguramente falsa, simplemente porque los twiteros del gobierno impulsan algo parecido a aquella organización paraestatal y el mismo Santiago Caputo ha llamado a “hacer desaparecer” a los socialistas y a los que denomina “woke” (la versión de “progre” en inglés). Es cierto, sin embargo, que los Organismos de DD.HH. han desvinculado a los asesinatos anteriores al golpe del Nunca Más, en una condena a la lucha extraparlamentaria, y no solamente de grupos armados, contra gobiernos constitucionales. Pero la militarización de la cuenca del Paraná, a partir de 1974 y el Operativo Independencia, en 1975, han sido el prólogo del golpe y un instrumento para su éxito. El gobierno de Juan Perón, por otra parte, fue explícito en el apoyo al golpe y al gobierno de Pinochet, en 1973. En definitiva, la versión de los “dos demonios” apunta sólo a uno -a la oposición al gobierno de Perón y al golpe- donde la acción de las FF.AA. es justificada para asegurar la integridad del Estado, bajo una forma u otra. En definitivo, hubo sólo “excesos” y no “asesinos del Proceso”. Los organizadores públicos u oficiales de la convocatoria -organismos de derechos humanos- leyeron un documento con denuncias al gobierno de Milei. El texto reclama la derogación del megadecreto 70/23 (que contiene la reforma laboral), la anulación del protocolo represivo de Bullrich y el rechazo al acuerdo, por decreto, con el FMI. No denuncia, sin embargo, la colaboración prestada por la burocracia sindical a la permanencia de esas medidas, ni la colaboración de los gobernadores peronistas con el gobierno y el ‘ajuste’, ni la nula movilización del pejotismo encabezado por los Kirchner (madre e hijo). Reivindica sí la necesidad de un paro general, ya declarado con anticipación por la burocracia, para el 10 de abril. Otro paro aislado, con una participación del transporte condicionada a un acuerdo en la paritaria de UTA. Estas limitaciones políticas no son menores. Son, al revés, fundamentales porque hacen a una lucha efectiva y consecuente por los reclamos populares. Esto resalta el carácter pernicioso de cualquier acuerdo político con los convocantes oficiales, porque significaría, como ha ocurrido, un abandono de los métodos para desarrollar una lucha de masas que ponga fin a la ofensiva liberticida. Una marcha coincidente en tiempo y lugar, unificada, no debe convertirse en una marcha unitaria, pues ésta supone unidad de métodos y objetivos políticos. El FITU, principal promotor de ese ´acto unitario´, (con La Cámpora y la CGT), provocó un doble daño: primero, al buscar con ahínco (un mes entero), integrarse, o sea disolverse en la convocatoria oficial, e incluso llegar a un principio de acuerdo, y segundo, al romper ese acuerdo (con excepción del MST), y ofrecer alimento a la acusación de “divisionista”, que no demoraron con endilgarle sus adversarios decepcionados. El FITU, en su conjunto, ocultó a su militancia estas operaciones políticas –primero oportunistas (un frente político con el kirchnerismo), y segundo ‘sectarias’, o mejor autoproclamatorias. En el camino quedaron encajonadas las denuncias de que todos los partidos patronales presentes han gobernado en base a los intereses de la misma clase burguesa que prohijó a la dictadura, apoyó su gestión y colaboró con las desapariciones. El FITU se partió: un sector encabezado por el MST ingresó por Diagonal Sur, mientras que el resto del FITU y el Nuevo MAS, luego de haber ´consensuado´ y ‘desconsensuado’ la convocatoria ‘unitaria’ con los K, lo hizo por Avenida de Mayo, para leer ‘su’ documento en Plaza de Mayo. Cuando la corriente kirchnerista denuncia al “poder económico” simplemente lo extorsiona (incluso en sentido literal, los Cuadernos de Centeno) para que la siga apoyando. CFK lo reunía en el Patio de las Palmeras de la Rosada y, por ejemplo, en 2013, lo llevó casi entero a Santa Cruz, para que no apoyaran a Massa contra su candidato, el lomense Martín Insaurralde. En los 15 años de gobiernos K se ensayaron todo tipo de variantes represivas –´brigada antipiquetes´, vallado en Plaza de Mayo, tercerización de la represión, Gendarmería, gatillo fácil, leyes antiterroristas, etc. El documento leído en la Plaza condena a los “autores políticos” del asesinato de Kosteki y Santillán”, sin señalar que fueron duhaldistas que se pasaron al Kkrchnerismo (Felipe Solá, Aníbal Fernández). Luego de su discurso en la Plaza, Estela de Carlotto declaró: "El gobierno no nos respeta, nos humilla, pero los votaron”. Estas fueron las posiciones que sostuvo nuestro partido, Política Obrera, en todo el período preparatorio de la Marcha. Se distribuyeron miles de declaraciones y las consignas se multiplicaron en los cánticos y la agitación de la columna. Concluimos con un acto, centrado en las conclusiones que dejaba la Marcha: los acontecimientos que se avecinan exigen un fuerte partido de la clase obrera para asegurar la victoria. Ese partido será construido en el desarrollo de la crisis de conjunto del capitalismo mundial y, fundamentalmente, por una intervención decidida y consecuente en las luchas que van escalonando los trabajadores en Argentina e internacionalmente. Cerramos con un llamado a la participación activa en la marcha de los miércoles y una campaña para derrotar el acuerdo con el FMI en su conjunto.

El gobierno de Milei ha vuelto a ´recibir´ al 24 de Marzo con un video para confrontar con las marchas que tendrán lugar en todo el país. En este caso, ha puesto al frente de una perorata acerca de la “violencia setentista” a Agustín Laje, un apologista de la violencia fascista paraestatal. Uno de sus socios, Daniel Parisi (“el Gordo Dan”), se ha proclamado “brazo armado” del gobierno libertario . Los secuaces de Laje y Dan acaban de amenazar a la familia de una investigadora del CONICET y docente de Ciencias Exactas. Laje rechaza la “demonización” de la dictadura, y se refiere largamente a las acciones armadas de los Montoneros y el ERP. Se apodera del juicio a las Juntas, o sea, de la biblia del progresismo (woke) para defender la tesis de los “dos demonios”. En este caso, las FFAA han salido en defensa del Estado, una asignación que les da la Constitución Nacional. Cometieron “excesos’, ciertamente, pero no se habrían comportado como una banda. En definitiva, el “demonio” es uno solo, la ‘subversión’. El video oficial oculta que la raíz ‘remota’ del golpe videliano es el golpe de Estado de 1955, con el que forma una curva perfecta. La proscripción de Perón y el derrocamiento de los gobiernos civiles posteriores (Frondizi, Illia), casi dos décadas después, concluye con la desproscripción de Perón y su plena habilitación electoral. Incluso la UIA, que luego sería punta del golpe del 76, se disuelve para afiliarse a la CGE peronista. El “eterno retorno” se reveló enseguida como un mito: el jefe militar ungido por una pueblada obrera, el 17 de octubre de 1945, dejó a su sucesora una pueblada obrera contra el gobierno peronista –la huelga de masas de junio-julio de 1975- cuando su gobierno fue el primero en intentar el ‘ajuste más grande de la historia de la humanidad’. El retorno de Perón había fracasado en el propósito de detener el ascenso obrero iniciado en el Rosariazo y Cordobazo de mayo de 1969. Montoneros, al iniciar la lucha armada por ese retorno, se convirtió en el primero en buscar una salida del régimen, dentro de la legalidad histórica de un jefe militar. No solamente las FFAA sino todo el arco político vio en ese retorno una salida dentro del Estado vigente, incluidas, por sobre todo, las fuerzas de seguridad. El fracaso de Perón, López Rega y el mando militar del momento para contener a la clase obrera, como lo mostraron sucesivas huelgas, en especial la de metalúrgicos de Villa Constitución , y la huelga general de mediados del 75 , produjeron el relevo militar del comandante Numa Laplane por Jorge Rafael Videla y la cuenta regresiva del golpe del 76. El protagonismo huelguístico de la clase obrera había relegado a Montoneros, que había fracasado en convertirse en el relevo político, a su muerte, del general Perón. El golpe de Estado tiene lugar, como lo han señalado varios historiadores, en la fase de reflujo de Montoneros y ERP, que fracasó duramente en su ataque al cuartel de Monte Chingolo. El golpe fue contra la clase obrera combativa y sus cuadros más avanzados . Constituye el contingente más numeroso de muertos y desaparecidos. El golpe venía a poner término a “la guerrilla fabril” , como la caracterizó Ricardo Balbín en la proclama llamando al derrocamiento del gobierno de “su amigo” Juan Domingo Perón. Laje, el designado ‘historiador’ del liberticismo, vuelve a meterse en el debate sobre “si fueron o no 30.000”. Pero como señalara, en un discurso, Hebe de Bonafini: “nosotros, los familiares organizados, hablamos no sólo en nuestro nombre, sino también de todas las madres y familias que, por miedo o desconocimiento, no concurren a denunciar sus casos”. En los barrios más recónditos del país, en la zafra, en las escuelas del interior, muchísimos trabajadores secuestrados no contaron siquiera con la posibilidad de su registro. El video oficial se relame con los episodios relacionados con la cooptación de los “derechos humanos” por parte del kirchnerismo. Lo que, otra vez, no dice, es que esa cooptación fue parte de otra operación política para devolver al Estado la iniciativa política luego de la rebelión popular de diciembre de 2001 a mediados 2002. Los Kirchner fueron ajenos a la lucha antidictatorial y al posterior combate por el “juicio y castigo” –militaban en el campo del Punto Final, la Obediencia Debida y el Indulto de Carlos Menem. Por sobre todas las cosas, el video de Laje se propone algo que también es remanido: sustraer al 24 de Marzo de la crisis política presente y de la lucha planteada contra el gobierno ajustador y represivo. El video de Laje-Milei, en este sentido, juega “en espejo” con las tentativas de una conmemoración despolitizada, que confine la jornada del 24 a la Memoria y no a la lucha de masas del momento presente . En lugar de atribuirle al kirchnerismo la promoción de la marcha, le advierte a los manifestantes lo contrario -que no se conviertan ellos en ‘funcionales’ al kirchnerismo ‘corrupto’ y ‘cooptador’. El video de Laje constituye un discreto recule respecto a los dichos de Caputo para hacer “desaparecer el socialismo”. Es que las movilizaciones del primer trimestre del año los ha golpeado e intimidado¨ . Pero no demorarán en volver a sus andanzas, desde el próximo miércoles.

El viernes 21, en el Centro Cultural “José Alonso” de San Justo, los compañeros de Política Obrera llevamos adelante una jornada de cine debate. Proyectamos el documental “Milagros no hay” de Gaby Weber, que relata el caso de los trabajadores desaparecidos de Mercedes-Benz y la participación de la empresa en estos crímenes. En la actividad contamos con la presencia de Hector Ratto, ex trabajador detenido y desaparecido, el único de los sobrevivientes de aquellas jornadas. También estuvo José Lisi, ex trabajador despedido en el año 1978, luego de una importante huelga con ocupación de la planta. También hubo una presencia importante de docentes, delegados, trabajadores de la salud y trabajadores de Mercedes Benz. El caso que trató el documental es emblemático. Contribuyó a demostrar la complicidad empresarial en el plan sistemático de la dictadura para eliminar al sindicalismo combativo de la época . Incorpora también el desarrollo de la causa y el derrotero judicial en todos esos años, que circuló por la Justicia argentina, estadounidense y alemana, mostrando la responsabilidad civil. Según el gerente de Mercedes Benz, Tasselkraut, los obreros de aquella heróica clase obrera eran un “obstáculo” para la producción. El caso de los trabajadores desaparecidos de Mercedes Benz forma parte de los juicios de la megacausa Campo de Mayo. Siete trabajadores de la empresa fueron desaparecidos entre 1976 y 1978: Alberto Francisco Arenas, Juan José Mosquera, Jorge Alberto Leichner Quilodran, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Nuñez y Fernando Omar Del Contte. Héctor Aníbal Ratto (sobreviviente). Todos pertenecían a la Comisión Interna que no estaba alineada con el SMATA nacional, dirigida por José Rodríguez. Actualmente Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente de Producción de Mercedes Benz, fue acusado por el secuestro en 1977 de siete trabajadores con militancia sindical . El ejecutivo fue procesado por dos casos, pero en los restantes cinco le dictaron el sobreseimiento . Actualmente las causas siguen su curso. Luego de la proyección se desarrolló un debate acerca de la situación política actual en dónde se destacó la complicidad de las burocracias sindicales en las políticas de ajuste y su rol colaboracionista con el gobierno de Javier Milei. Se destacaron las marchas autoconvocadas que se fueron desarrollando en este último período, como la última jornada de lucha de los jubilados. Se destacó la importancia de marchar de manera independiente de los partidos patronales y las burocracias sindicales. A 49 años del último golpe de Estado, la complicidad civil con el terrorismo de Estado sigue sin ser investigada por la Justicia en los casos de lesa humanidad. Los militares juzgados fueron a cuentagotas. Nos comprometimos con los compañeros a seguir de cerca el desarrollo del juicio contra Tasselkraut y difundirlo entre los activistas y los trabajadores en general.

En Campana ocurre una crisis humanitaria. Cada semana una persona, mayormente adolescentes o jóvenes, se quita la vida . Históricamente, la tasa de mortalidad infantil del municipio está entre las más altas de la provincia. En 2020, dato más reciente, la tasa fue de 13,4, mientras que la media regional fue de 7,8 (Campana Noticias). En un contexto en dónde el 66,1% de los niños de entre 0 y 14 años está bajo la línea de la pobreza , sumado a que la cantidad de personas desempleadas pasó de 0,8 millones a 1 millón de personas de diciembre del 2023 a diciembre del 2024, es decir, 25% de crecimiento del desempleo interanual (INDEC), da como resultado una juventud con condiciones de vida precarias y presionada bajo un sistema que ahoga cada día más. En paralelo, hay una tendencia a la extensión de la jornada laboral entre la juventud, escondida bajo la figura de las “horas extras” o el “emprendedurismo”, cuando no impuesta directamente a través del trabajo en negro. Al mismo tiempo, se pulverizan los salarios docentes, los tarifazos al transporte limitan el acceso a las instituciones educativas, el recorte presupuestario en las escuelas y universidades junto con la quita de comedores, provocan que el acceso a la educación corra peligro bajo el gobierno liberticida de Milei. El municipio no contabiliza el número de fallecidos por suicidios, negándose a otorgar los registros oficiales que permitirían tener conocimiento público de la magnitud de la crisis en curso. El ocultamiento de estas tasas coincide con la negación a tomar ninguna medida para paliar el aumento de los casos. En 2015 el Congreso aprobó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Sin embargo, esto no modificó sustancialmente la cantidad de casos a nivel nacional. En el año 2020, el concejal de JxC, Ernesto Meiraldi, tomó como única medida de “prevención” solicitar que se coloquen alambrados en los puentes para evitar que la gente se arroje desde ellos, alegando que “esta situación acarrea inconvenientes y caos en el tránsito, pudiendo producirse, debido a la reducción de los carriles de circulación, nuevos accidentes y embotellamiento de vehículos” (Campana Noticias, 06/10/2020). Estas medidas generaron el rechazo de los vecinos, quienes insistían que se le dé mayor atención e inversión a las políticas de salud mental. En el 2023 se despertó una ola de reclamos a raíz de las imágenes de una menor de 15 años con una urgencia psiquiátrica, cuya vida corría riesgo, durmiendo en los pasillos del hospital esperando ser atendida. Actualmente, Campana sólo cuenta con un Centro de Día. No existe en la ciudad ninguna guardia psiquiátrica. Nos enfrentamos a un sistema de salud saqueado, tanto en el hospital como en las clínicas privadas, Delta y UOM, se encuentran sin guardia psiquiátrica y sin personal suficiente para tratar esta crisis, dejando a las personas en listas de espera de hasta 18 meses. Somos una ciudad obrera en dónde los despidos aumentan día a día: los conflictos en Siderca son un gran ejemplo de esto. Los trabajadores, los jóvenes y los jubilados son quienes más sufren las consecuencias de este sistema descompuesto. La salud mental está en caída y los responsables son Sebastián Abella, intendente de Campana, y su séquito, en complot con el gobernador Kicillof, que siguen la misma línea que Milei: el ajuste y la opresión despiadada a la clase obrera. Los trabajadores tenemos que salir a luchar contra el gobierno liberticida en defensa de todos nuestros derechos. Organicemos una campaña en defensa de la salud mental: necesitamos un sistema de acompañamiento y concientización que sea efectivo de forma urgente. Abajo la precarización laboral y los despidos que llevan a nuestros vecinos al suicidio. Por salarios y condiciones de vivienda dignas. Abajo la precariedad habitacional en los barrios . Queremos guardias psiquiátricas ya. Por todos los pibes que perdimos en el camino.

No quedó ni uno solo de los ministros que Petro nombró cuando asumió en el 2022, tras ganar las elecciones precedido por un proceso de rebelión popular. Hace un mes pidió que todos pusieran la renuncia a su disposición y ahora acaba de nombrar a Germán Ávila -su amigo personal- como Ministro de Hacienda. Es el cuarto que ocupa el cargo. La crisis política se da por la impotencia de Petro para implementar las reformas limitadas que se propuso, debido a la falta de apoyo, no sólo por parte de la oposición, sino de la propia coalición que le hizo ganar las elecciones. El Congreso de Colombia rechazó en diciembre una propuesta de aumento de impuestos, dejando al gobierno con poco margen fiscal después de registrar un déficit el año pasado del 6,8 por ciento del PIB, muy por encima de su meta del 5,6 por ciento, y menores ingresos que los proyectados (Financial Times, 19/03). Diego Guevara, el ministro saliente -tras acusaciones de corrupción- era partidario de efectuar recortes en gastos sociales a los que Petro se niega y a los que pretendía cubrir con la reforma tributaria. Esta situación está generando una devaluación del peso y la agencia calificadora Fitch rebajó la perspectiva crediticia de Colombia de "estable" a "negativa", alegando preocupación por el deterioro fiscal y la incertidumbre sobre las medidas. La deuda pública equivale al 60% del PIB y a eso hay que sumarle la deuda flotante por los compromisos de pago no ejecutados que en 2024 ascendió a 61 billones, casi el doble de 2023. La otra gran reforma que Petro quiere implementar es sobre el sistema de salud. Actualmente está privatizado y la cobertura a la población sin recursos se hace por medio de un sistema de subsidios. Pero además, entre la recaudación de los recursos (tarifas y subsidios) y los servicios de salud, existen unas intermediarias –que pueden ser públicas o privadas– las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales dan lugar a corrupción y generan un sobrecosto parasitario. El presidente pretende aumentar el control estatal y reducir el papel de las EPS. Como esto fue rechazado por el Congreso, Petro pretende ejecutar las reformas directamente, pero no cuenta con el apoyo de la coalición de gobierno. El mero intento de reforma produjo la reacción de las empresas de la salud que están acaparando medicamentos –generando desabastecimiento– y obstruyendo la atención médica, dilatando los turnos, generando una crisis sanitaria de magnitud. Esto llevó a Petro a declarar que era un “presidente revolucionario en un gobierno que no lo es” y que se equivocó en creer que se “podía hacer una revolución desde el gobierno”. Para conseguir apoyo el presidente convocó a la movilización popular protagonizada principalmente por los sindicatos. Crisis general En enero, Petro declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica debido a los hechos de violencia protagonizados por el ELN y desprendimientos de las FARC que se disputan el control de los recursos y las rutas del narcotráfico en la región del Catatumbo. Los enfrentamientos dejaron unos 80 muertos, más de 20 heridos y más de 11.000 personas desplazadas. Esto al mismo tiempo que se lleva a cabo el juicio por los falsos positivos -la masacre de más de 6.000 campesinos que los militares llevaron adelante para hacerlos pasar por guerrilleros y hacer carrera en el ejército. Los responsables políticos como el ex presidente Uribe, y decenas de jerarcas militares implicados están quedando exentos de presentarse ante la Justicia. Además, el Consejo de Estado tumbó la personería jurídica del partido político de la vicepresidenta Francia Márquez, después de que ella lanzara críticas sobre corrupción de un sector del gobierno y renunciara a dirigir un ministerio. Petro mismo se puso entre la espada y la pared. De un lado, la burguesía no está dispuesta a ceder ni el más mínimo privilegio. Del otro, las reformas de Petro son tan limitadas que no son capaces de despertar el fervor popular que pueda obligar a llevarlas adelante. No tiene a su favor ni una renta de hidrocarburos extraordinaria ni el boom de la soja, ni ningún otro escenario internacional favorable, como sí tuvieron otros gobiernos nacionales y populares cercanos en el tiempo, los cuales tuvieron margen para hacer reformas menores y beneficiar a amplios sectores de la burguesía al mismo tiempo. Muy por el contrario, como paso previo de una guerra mundial, la guerra comercial amenaza con llevarse puestos economías y gobiernos sin distinciones ideológicas.

Este viernes 21 de marzo, a las 6 am, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, llevó a cabo un megaoperativo con más de 15 patrulleros y decenas de policías quiénes ocuparon el predio donde funcionaba la feria los días lunes, miércoles, viernes y sábados que abarcaba desde los elementos nuevos a usados y reciclados, con un crecimiento semana a semana. El objetivo de la policía comandada por los funcionarios del gobierno municipal es claro: desalojar a los feriantes de las inmediaciones de la estación de tren de Mariano Acosta. La feria nació “guacha” y da de comer a más de 150 familias que desde el viernes pasado no pueden trabajar y poner un plato de comida en sus mesas. Su nacimiento es el resultado del crecimiento del desempleo formal e informal, de la pobreza y la miseria social causadas por las políticas económicas de hambre que aplica el gobierno de Milei-FMI y que acompañan los gobernadores de todo signo y color. Con este marco el gobierno municipal emprendió el desalojo con los métodos represivos de Milei y con el verso político que usa Jorge Macri para perseguir a los vendedores ambulantes de CABA: venimos a “ordenar el espacio público”. Al no poder armar los puestos para trabajar se produjo un choque entre los funcionarios de Menéndez y la policía contra los puesteros que cortaron la ruta por algunas horas. El “gobierno del pueblo”, como reza la cartelería de propaganda municipal, pretende empadronar a los feriantes y mandarlos a un galpón lejos de la estación donde sus ventas caerían a cero y los feriantes plantean que los dejen trabajar mientras se hacen las obras necesarias para “ordenar el espacio público” y brindar condiciones adecuadas de trabajo a los feriantes (baños, veredas, luminaria, etc.). Destacamos que posteriormente al día del desalojo ha quedado una mínima representación de familias de los trabadores feriantes haciendo vigilia para no perder su espacio y seguir la lucha y resistencia hasta que le den una mejor condición laboral o respuestas favorables a la situación. Por nuestra parte seguiremos de cerca la situación y acompañaremos su lucha con la idea de tomar conciencia clasista obrera que nos permitan que el obrero sea representante por su clase, que sea capaz de crear condiciones económicas y sociales y emplear a todos los desocupados según sus conocimientos y cualificación laboral. Denunciamos la política selectiva de “ordenamiento del espacio público” de Menéndez como una política de clase de los capitalistas contra los trabajadores ya que en las zonas céntricas del distrito de Merlo los comerciantes de “bien” ocupan a sus anchas veredas y calles sin que la policía bonaerense y funcionarios municipales los molesten. Abajo la represión. No al cierre y desalojo de los trabajadores feriantes de Mariano Acosta.

El director de cine palestino Hamdan Ballal, uno de los cuatro ganadores de un Oscar por el largometraje documental “No Other Land”, fue malherido el lunes 24 por colonos israelíes que irrumpieron en su casa en Cisjordania. Más tarde, el ejército israelí lo sacó por la fuerza de la ambulancia que lo llevaba con una herida en el estómago y otra en el cráneo. Casi 24 horas después, el codirector israelí de la película, Yuval Abraham, informó que “después de estar esposado toda la noche y haber sido golpeado en una base militar, Hamdan Ballal es libre y está a punto de volver a su casa con su familia". Basal Adra, también codirector palestino film, dijo que Hamdan se encuentra en un hospital en Hebrón, en Cisjordania. El cineasta fue uno de los tres palestinos detenidos en el pueblo de Susiya, según la abogada Lea Tsemel. Si bien la policía dijo extraoficialmente que estaban retenidos en una base militar -invariablemente los palestinos son detenidos en bases militares- los abogados no pudieron comunicarse en ningún momento con ellos. Basel Adra, otro de los directores palestinos, presenció la detención de su compañero. Dijo que alrededor de dos docenas de colonos -algunos enmascarados, otros armados y otros con uniforme israelí- atacaron la aldea. Cuando llegó el ejército, los soldados apuntaron con sus armas a los palestinos, mientras los colonos seguían lanzando piedras. “Volvimos de los Oscar y desde entonces nos atacan todos los días”, dijo Adra a The Associated Press. “Puede que sea su venganza por haber hecho la película. Es como un castigo”. Adra dijo que los colonos entraron en el pueblo el lunes por la noche, poco después de que los residentes rompieran el ayuno diario por el mes sagrado musulmán del Ramadán. Un grupo de alrededor de 20 colonos enmascarados con piedras y palos también agredió a activistas del Centro para la No Violencia Judía, rompiendo las ventanillas de sus coches y rajando los neumáticos para hacerlos huir de la zona, dijo a la AP uno de los activistas que se encontraba en el lugar, Josh Kimelman. Un vídeo proporcionado por el Centro para la No Violencia Judía mostraba a un colono enmascarado empujando y golpeando con los puños a dos activistas en un campo polvoriento por la noche. Los activistas corren de vuelta a su coche mientras se oyen las piedras golpeando el vehículo. Otro colono, que según Adra ataca frecuentemente al pueblo, se acercó a la casa de Ballal con los militares, y los soldados dispararon al aire. La esposa de Ballal oyó como golpeaban a su marido y lo escuchó gritar “me muero”. Adra vio que los soldados llevaban a Ballal, sangrando, esposado y con los ojos vendados, desde la ambulancia hasta un vehículo militar. En declaraciones telefónicas a AP, dijo que la sangre de Ballal todavía estaba salpicada en el suelo frente a la puerta de su casa. No fue una simple emboscada, sino un ataque bien orquestado: los hombres llegaron armados con piedras, cuchillos y toda la furia para destrozar lo que se les pusiera en el camino, como vehículos y cámaras de seguridad. Hamdam estuvo esposado durante horas, tirado en el piso, con frío y sin recibir atención médica. Durante toda la noche los soldados lo golpearon, lo maltrataron y lo mantuvieron en pésimas condiciones. Según su abogado, Hamdan y sus compañeros fueron tratados como animales, sin siquiera darles algo para comer o beber. El ejército israelí dijo que había detenido a tres palestinos sospechosos de arrojar piedras a las fuerzas y a un civil israelí involucrado en un “enfrentamiento violento” entre israelíes y palestinos, versión desmentida por todos los testigos, que incluyen a cuatro judíos norteamericanos que visitaban la aldea. El ejército dijo que los había trasladado a la policía israelí para interrogarlos y que había evacuado a un ciudadano israelí de la zona para que recibiera tratamiento médico. «No Other Land», que ganó el Oscar este año al mejor documental, narra la lucha de los residentes de la zona de Masafer Yatta para evitar que el ejército israelí derribe sus aldeas. Ballal y Adra, ambos de Masafer Yatta, realizaron la coproducción palestino-israelí con los directores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor. La película ha ganado una serie de premios internacionales, empezando por el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2024. Israel y Estados Unidos han vetado su distribución en el circuito comercial. La película cuenta la resistencia de los residentes de Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania, después que el ejército israelí se apropió de un tercio de su territorio en la década de 1980 y ordenó la expulsión de los residentes. Aunque muchos permanecen en el lugar, los soldados regularmente demuelen las casas y los tanques de agua y queman sus olivares. No Other Land abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en el hogar del periodista palestino Basel Adra, la aldea de Al Tuwani en Masafer Yatta en las que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí. La Corte Internacional de Justicia determinó el año pasado que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y apeló a Israel a desalojar a los colonos -que superan en número los 700 000-, eliminar los asentamientos y retirar el muro que rodea a este territorio palestino. En los últimos dos meses el gobierno de Netanyahu declaró a Cisjordania como uno de sus frentes bélicos, expulsó cerca de 40.000 palestinos, invadió parte del territorio y lo colocó bajo control militar.

“Después de mucho tiempo, logramos la unidad”, se señaló desde la tribuna de Plaza de Mayo. De acuerdo a La Nación , se refería a la confluencia entre la Mesa de Organismos de Derechos Humanos (en la que tiene presencia el kirchnerismo) y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (conformado por agrupaciones de izquierda) quienes acordaron el documento leído. Desde agrupaciones como el MST, destacaban esa confluencia “después de veinte años” de "hacer actos separados”. Este resumen de situación expresa una unificación política del MST ‘trotskista’ con el kirchnerismo, que, para mejor clarificar, lamenta veinte años de separación, la mayor parte bajo gobiernos pejota-kirchneristas. Es decir, un frente con el mismo Estado capitalista. Pero la Marcha ‘conjunta’ de ayer no se diferenció de las anteriores en términos de número de asistentes, ni tampoco hubo una asistencia mayor para celebrar la ‘unidad’. Ayer, como en las últimas dos décadas, cada uno organizó su columna y arribó a la Plaza para repudiar el golpe. La unidad, esta vez, consistió en la elaboración de un documento común que omite o desfigura los planteos de la izquierda revolucionaria. Ha sido una unidad política, plasmada en texto y programa. O sea que es una unidad negativa para la lucha, no positiva, ni aporta o ha aportado nada, salvo la confusión política. El resto del FITU desistió de firmar el documento de consenso, no por una cuestión de método o principios, sino coyuntural. Ese resto laboró incansablemente por un frente político con el kirchnerismo con la propuesta de otro documento; no obtuvo resultados . El MST, por su parte, consensuó un documento que no reclama el cese de la persecución contra el Polo Obrero. Lo que el MST consiguió en la práctica, el resto lo hizo en grado de perseverante tentativa . Nuestro partido no propuso una “marcha independiente” en la Costanera Sur, sino hacia la misma Plaza, con un planteo diferente de rechazo a cualquier frente con los partidos patronales. El eje de la delimitación política NO pasaba por señalar, destacar o subrayar las diferencias políticas con los K en si mismas, como se puede hacer en una charla, y por medio de la propaganda, sino por plantear como eje del momento la necesidad de preparar la huelga general, mediante los medios de agitación y organización conocidos o por conocer. Hacer del 24 de Marzo, ella misma, un jornada de lucha. Hemos publicado y distribuido una Declaración con ese planteo . La tribuna oficial defendió “un paro general”, al igual que el conjunto del FITU, como sería el nuevo paro aislado , anunciado con anterioridad a la Marcha, por la burocracia de la CGT. El FITU en su totalidad ha buscado medrar en la confusión (que es mayor en tiempos de crisis políticas crecientes), incluso crisis históricas, como las que se manifiestan en las masacres de pueblos y en guerras internacionales, o sea, cuando es más necesaria, precisamente la claridad política. Ayer, el FITU se dividió entre ‘los unidos a los K’ declarados y confesos (los que entraron últimos al FIT, con la única oposición de quienes encabezarían la futura Tendencia del Partido Obrero), y aquellos que le hacen seguidismo –una diferencia que no es de calidad sino de grado. Unos entraron a la Plaza con la marcha principal, levantando los dedos índice y medio en forma de V (MST), los otros haciendo rancho aparte, a expensas o lo contrario a una delimitación política. El más ‘sectario’ por supuesto. El 24 de Marzo no es una fecha neutra para ninguna fuerza política en presencia, ni podría serlo; es el espejo en que se despliegan todos los antagonismos y cruces fundamentales entre las clases en disputa y entre sus partidos. Al final de la Marcha, hicimos un balance político de ella, por medio de un acto público .

Este martes, un sector de la UOCRA liderado por Iván Tobar -interventor de la seccional sindical de La Plata- se enfrentó con un grupo liderado por Cristian Camilieri, alias “el Volador”, líder de la barra de Gimnasia. Esta disputa se originó cuando fue intervenida la regional de la UOCRA que encabezaba el "Pata" Medina . Con causas judiciales contra este último, su sobrino, “el Puly” Cristián Medina, es quien sigue en la disputa por retomar el control del sindicato a nivel regional. Hubo numerosas peleas estos años, en distintos escenarios. En la calle, en la puerta de YPF, a la salida de partidos de fútbol de los clubes de La Plata, entre otros. Iván Tobar, por otra parte, está ligado a la barra de Estudiantes, aunque este lo niega públicamente. Lo designó interventor en la UOCRA regional Gerardo “Batallón 601” Martinez, luego de que Medina fuera destituido. Julio Alak se mostró públicamente brindándole su apoyo. Tobar tenía vínculos con Carlos Vergara, de la UOCRA Rosario, y con Pillín Bracamonte , el narco asesinado que encabezaba la barra de Central. Tobar reclutó barras de distintos lugares del país y tomó el control de la barra de Estudiantes y se dispone a ir por la de Gimnasia. Días atrás se difundió un video de un altercado en la Ruta 2 entre un sobrino del “Volador” e Iván Tobar. El "Volador" publicó un video donde desafiaba a Tobar luego del hecho. El día martes, por quinta vez el intendente platense Alak reinauguró la Plaza San Martín, luego de una remodelación de seis meses. La obra estuvo atravesada por una ´polémica´, ya que el municipio sacó de la plaza y “relocalizó” lejos del centro -y solo los fines de semana- a decenas de trabajadores que vendían sus mercaderias allí. En esa ocasión, el “Volador”, que maneja una cooperativa municipal, apretó a vendedores ambulantes relocalizados en el barrio Meridiano V, recibiendo como respuesta el rechazo de estos. Por otra parte, en el acto de la plaza estuvo presente, invitado por Alak, precisamente, Iván Tobar. Segun su relato, allí habría llegado el “Volador” con alrededor de 70 personas preguntando por Tobar. Por la tarde se produjo un enfrentamiento en el barrio de la Loma y uno de los heridos fue trasladado al hospital San Roque, de Gonnet. Allí se produjo una emboscada por parte de los seguidores de Tobar. Se pudo ver imágenes de Camilieri siendo asistido con heridas en todo su cuerpo. Hubo destrozos en el hospital y trabajadores y pacientes tuvieron que evacuar el lugar. La regional La Plata de la UOCRA se encuentra bajo intervención desde la época macrista, sin llamado a elecciones hace años, luego de la destitución del "Pata" Medina a través de la intervencion judicial y política al gremio . De la mano de la parálisis de la obra pública decidida por el gobierno liberticida de Milei, los escasos cupos de trabajo son un botín preciado por estas fracciones de la burocracia sindical. Los negocios de las barras se entrecruzan con la disputa por el manejo de la regional, generando este cóctel explosivo. La región de Berisso y Ensenada presenta una elevada concentración de obreros de la construcción, principalmente en las plantas de YPF y sus subsidiarias postprivatizacion. Allí la UOCRA pisa fuerte sosteniendo los esquemas de precarización laboral, legitimados por el convenio más regresivo de todos, que fue tomado por toda la burguesía del país como marco de referencia para la reforma laboral aplicada en la Ley Bases. Por otra parte, “el Volador” Camillieri ve cuestionado su poder interno en la barra de Gimnasia, en donde segundas líneas ligadas a Tobar están disputando su liderazgo. Estos dos sectores se encuentran bajo la órbita del PJ local, siendo el reaccionario Julio Alak su jefe político. En sus mandatos anteriores, Alak requirió de los “servicios” de las barras para disciplinar protestas de socios de Gimnasia, contra comisiones directivas alineadas con él, que llevaron a Gimnasia a abandonar su estadio compulsivamente para jugar en el Estadio Único. Otro tanto ocurrió en la disputa contra el Club Estudiantes por el mismo motivo. Es el modus operandi de la burocracia sindical y el PJ para dirimir los conflictos. El acto del martes 25 en Plaza San Martín reunió a todo este abanico de burócratas sindicales y barras, casualmente un día después del 24 de Marzo, y dos días después de la tradicional marcha de repudio que se realiza en La Plata en vísperas del aniversario del golpe. El municipio mantuvo cerrada la plaza durante 6 meses, y estando terminada extendió su reinauguracion hasta el 25/03, manteniéndola cerrada el 23 y 24 de Marzo, con la excusa de la remodelación, impidiendo que militantes de la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada coloquen como todos los años desde hace décadas las fotos de los compañeros y compañeras desaparecidos en la plaza, y que lean el documento enfrente de la Gobernación. La apertura de la plaza justo un día después del 24/03 demuestra que hubo una intención política de Alak de obstaculizar la actividad de homenaje y repudio al golpe por parte de agrupaciones de izquierda e independientes, opositoras al Intendente y al Gobernador Kiciloff. La violencia de estos grupos ligados al aparato del PJ local revela una vez más el carácter reaccionario y antiobrero de esta fuerza política, en tiempos donde la lucha autoconvocada de jubilados, hinchas de clubes -que no son barras como pretende instalar la nefasta Bullrich -, deportistas, estudiantes y demás sectores de trabajadores, empieza a dejar al desnudo las contradicciones del régimen político y del plan económico de Milei y Caputo, así como de todos sus cómplices autodenominados opositores. Movilicemos el miércoles al Congreso para superar al gobierno liberticida y a la burocracia sindical, impulsemos la huelga general.

Se acaba de firmar la paritaria de Camioneros. El acuerdo entre el sindicato y las cámaras patronales establece un incremento en tres tramos: 1,2 % en marzo,1 % en abril y 1 % en mayo. Se acordó además una suma no remunerativa de $ 13.240 a cobrar en marzo, pasando a formar parte del básico a partir de abril, esto último como “compensación por lo perdido” en la paritaria anterior. De esta forma, Moyano acaba de firmar el acta de defunción de los acuerdos paritarios que ya había insinuado en el trimestre anterior, cuando se bajó del 15 al 5,8 % en línea con los techos impuestos por el Gobierno . Sin embargo, el derrotero de los acuerdos a la baja del moyanismo viene de larga data y ha provocado una caída histórica del sueldo camionero, que lo lleva hoy a orillar la línea de pobreza . En este sentido, sólo en la paritaria anterior, la pérdida frente a la inflación del primer trimestre fue de más del 3 %, si diéramos por ciertos los indicadores del gobierno que descartan parámetros de medición que elevarían el promedio significativamente, sobre todo en el rubro de servicios que tienen un impacto enorme en la canasta familiar y no son tenidos en cuenta en la medición oficial, pero que colocan las necesidades esenciales de una familia trabajadora tipo en el orden de ingresos mensuales por arriba de los 2 millones de pesos. Es por eso que los miserables $13.240 de “recomposición salarial” son una burla al bolsillo de los trabajadores camioneros, cuyo salario promedio ronda el millón y medio sumando premios de viático y comida, algún acuerdo por empresa y horas extras, muchas horas extras. La entrega del salario y los negocios familiares Desde la pandemia, la crisis precedente de las obras sociales se profundizó al punto de la quiebra y el consiguiente derrumbe de la atención para los afiliados . El desfalco es el resultado de los negociados de la burocracia, por un lado, y la caída general del salario por el otro, agudizado en la última década y media bajo todos los gobiernos. La reducción o inexistencia de especialidades para los afiliados es desesperante, quienes son lanzados a la atención de una salud pública vaciada. En el caso de la obra social de camioneros (OSCHOCA) es ilustrativa la responsabilidad de Hugo Moyano no solo porque es la cabeza del sindicato, sino porque además la empresa gerenciadora es propiedad de su esposa . Es así que, desde mediados de 2022, cada negociación paritaria viene acompañada del reclamo de fondos frescos provenientes de las arcas patronales. En las últimas dos paritarias, Moyano acordó la suma de 17.000 pesos por trabajador lo que representa unos 3.500 millones de pesos mensuales. Sin embargo, estos acuerdos no han implicado una mejora en la atención y, por el contrario, la situación ha empeorado . Se cae de maduro que el dinero que inyectan las patronales a las arcas de la obra social son un condicionante de primer orden en las negociaciones y una de las causas principales de la entrega del salario, por eso el Gobierno avala sin problemas esos acuerdos en función de garantizar un techo a los aumentos. De este modo, el financiamiento de la obra social pasa a depender en gran medida de esos acuerdos y no de los aportes de los afiliados que cada vez ganan menos. Otro punto a destacar es que para las patronales es más conveniente ceder el aporte directo a la obra social en detrimento del salarial, ya que le representa un menor gasto. El de la obra social es directo y en carácter de donativo, mientras que el aumento paritario es acumulativo tanto en cuestiones como el pago de la antigüedad, o como en las cargas sociales que deberían pagar ante salarios cada vez mayores. Mientras tanto, para la burocracia la salud es un negociado que les permite hacer caja a costa de la salud de los trabajadores. El acuerdo se produce pocos días después del anuncio del paro de la CGT para el 10 de abril, formalmente convocado “contra el tope a las paritarias” . Moyano ha venido a desmentirlo, con este misérrimo aumento. El rol de la burocracia moyanista no es más que una muestra del papel general que juegan las conducciones burocráticas en su conjunto, frente al gobierno antiobrero de Milei. Es indudable que cualquier intento serio de organización independiente y clasista de los trabajadores debe partir de una denuncia descarnada y sin concesiones a estas direcciones sindicales burocráticas, que no tienen para ofrecer más que la ruina para el salario y las condiciones de trabajo. En este aspecto resulta necesario la autoorganización independiente de los camioneros para terminar con este orden de cosas.

El miercoles pasado fue detenido el alcalde de Estambul y principal líder opositor del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ekrem İmamoğlu, acusado de terrorismo y corrupción . Inmediatamente estallaron protestas masivas. Decenas de miles de personas salieron a las calles en Estambul y se congregaron frente a la alcaldía que ocupaba Imamoğlu desde el 2019, a pesar de que las protestas fueron prohibidas. Las manifestaciones se replicaron por todo el país, noche tras noche, a pesar de que el gobierno limitó el tráfico y el transporte público, restringió el acceso a redes sociales como X, TikTok, YouTube e Instagram y reprime con hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. El CHP comenzó a convocar a las movilizaciones el viernes por la noche, cuando estas ya habían demostrado ser autoconvocatorias imparables. La detención de Imamoğlu se formalizó este domingo, cuando su partido tenía planeado votar en las primarias para elegirlo como candidato para las elecciones presidenciales, previstas -por ahora- para 2028. Las primarias se celebraron igual y, según el CHP, casi 15 millones de personas votaron por él -era el único candidato – en parte como señal de solidaridad por el arresto. El CHP quiere desviar el apoyo popular hacia la vía electoral cuando Erdogan -quien lleva 22 años en el poder - viene profundizando la veta represiva y está envalentonado por haber logrado la disolución del PKK -al mismo tiempo que continúa asesinando a militantes kurdos- y por contar con el apoyo de Trump y la UE, quienes lo necesitan para sus respectivos planes en Medio Oriente y en Ucrania. Erdogan tiene planeado modificar la Constitución para poder ser reelegido en 2028, pero las encuestas le dan demasiado bien al CHP. Por eso precisa poder imponer un régimen aún más represivo para hacer viable un golpe de ser necesario. Se emitieron órdenes de detención contra 106 personas, además de İmamoğlu. También fueron arrestados los alcaldes de los municipios de Beylikdüzü y Şişli en Estambul, quienes fueron destituidos de sus cargos. El Colegio de Abogados de Estambul también ha sido acusado de terrorismo. La ola de detenciones siguió con funcionarios de partidos políticos de izquierda que apoyaron las protestas como el Partido Comunista de Turquía (TKP), el Movimiento Comunista de Turquía (TKH) y el Partido de Izquierda de Esmirna. La sede del sindicato Enerji-Sen en Estambul fue allanada y su líder, Süleyman Keskin, fue detenido. El ministro del Interior anunció que 1.133 personas fueron detenidas entre el 19 y el 23 de marzo de 2025, entre ellos también periodistas que registraban los hechos. Mientras en las movilizaciones empieza a surgir la consigna de Huelga General, las confederaciones sindicales tanto oficialistas como opositoras están tratando de desviar la lucha, como el CHP, que está alineado tanto a la OTAN como a la UE y pretende llegar a un acuerdo con Erdogan. La dimensión de las protestas alertan a todos los campos patronales. La aceleración represiva de Erdogan se enmarca en un cuadro reaccionario mundial y de militarización en Europa. Va de la mano del fascismo de Trump, con quien acordó la “unificación” de Siria bajo el mando de los yihadistas títeres, y con quien discute el cese de las sanciones a Turquía. Pero también sintoniza con la reacción de la UE, no solo por la xenofobia de Meloni y la ultraderecha, sino también por las acciones de los socialdemocratas y centroderechistas, quienes recientemente convalidaron la anulación de las elecciones en Rumania -por consagrar a un outsider rusófilo -, mientras prohíben las movilizaciones por Palestina en todo el continente y se aprestan a acentuar el ajuste en pos de la militarización. A pesar del avance de Erdogan, a nivel interno y externo -o justamente por eso– la rebelión popular se abre paso sorteando los palos en la rueda puestos por la burocracia sindical, la oposición patronal y la claudicación del PKK. Que triunfe dependerá de que pueda construir una dirección política en la marcha.

La docencia de Santa Cruz se encuentra en una lucha decidida contra el gobierno provincial en reclamo de aumento de salarios, contra los despidos en educación y en defensa de las condiciones laborales. Actualmente, se lleva a cabo una huelga de 96 horas de toda la semana. Ha sido la consecuencia de atravesar paros progresivos en las semanas previas, sin que el Gobierno atendiera los reclamos. Lo unico que ha ofrecido el Gobierno son aumentos salariales miserables. El nivel de adhesión supera el 85 % y las movilizaciones en la provincia son masivas, lo que demuestra la disposición de lucha de la docencia. El gobierno provincial ha intentado quebrar al sindicato ADOSAC, estableciendo multas millonarias , apelando a las conciliaciones obligatorias, que han sido desconocidas por la base docente votando en asambleas. El Gobierno, que tenia entre manos un proyecto de ley de presentismo, lo tuvo que cajonear debido a la fuerza de la movilización. La CTERA, en todo este periodo, se ha encargado de aislar la lucha de la docencia de Santa Cruz. Es esta misma dirección la que firma acuerdos miserables en todas las paritarias provinciales. Llamamos a rodear de solidaridad la lucha de los compañeros, a realizar actos y acciones de apoyo por su triunfo. En definitiva, sus reclamos son los de la docencia de todo el país. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Todo al básico. Abajo los aprietes del gobierno. Si gana la docencia de Santa Cruz, ganamos todos. Tendencia Docente Clasista Nacional 26/3/25 LEER MÁS: Docentes Santa Cruz: discutamos cómo ganar esta lucha La docencia enfrenta el ajuste de Vidal. Por Vanesa Costancio, 09/03/2025.

La patronal de Alijor pagó ayer -martes 25 de marzo-, a última hora, las sumas adeudadas desde noviembre a sus trabajadores . Es un triunfo obrero haberle torcido el brazo a una empresa de las más precarizadoras del gremio de la alimentación, a pesar de que fabrica una marca líder de tapas de tartas y empanadas, La Salteña. Desde el mes de noviembre que la empresa venía pagando los adelantos, los salarios y las vacaciones en partes. Los trabajadores hicieron dos semanas de huelga , entre noviembre y diciembre del año pasado, en reclamo del pago. Fue levantada por pedido de los delegados y del Sindicato de la Alimentación de Buenos Aires, que dirige Rodolfo Daer desde 1985. El STIA había firmado un acuerdo con la empresa por el cual los trabajadores volvían a trabajar sin haber cobrado aún sus salarios , algo que los trabajadores rechazaron. Con el correr de los días los trabajadores, bajo amenaza de despidos, terminaron aceptando que la empresa siga produciendo sin pagarles el salario completo ni las deudas. El escenario con el que empezaron el año los trabajadores de Alijor era con la fábrica produciendo, pero con la empresa pagando en negro pequeñas sumas para que los trabajadores puedan “ir tirando”. Los días viernes los trabajadores, algunos con décadas de antigüedad en la empresa, debían hacer fila en las oficinas de Recursos Humanos para pedir algún pago extraordinario. La deuda, mientras tanto, seguía creciendo mes a mes. Mientras los trabajadores estaban en esas condiciones, el STIA Capital se borró completamente de la fábrica. La empresa hizo y deshizo a su gusto. Hace pocos días, el sindicato montó una megafiesta en su camping de José C Paz. A los trabajadores de Alijor no les dejaron en claro qué era lo que se festejaba. A principios de marzo, los trabajadores se agotaron de esta situación humillante y dijeron basta. Iniciaron una huelga que duró diez días. Se movilizaron a las oficinas de la empresa y hasta a la mansión de los dueños, la familia Beiderman. El cuadro de movilización y huelga obligó a la empresa a asumir un compromiso de pago para ayer martes, con la condición de que se vuelva a trabajar, otra vez sin cobrar. Los trabajadores se mantuvieron firmes y dejaron en claro que no se iba a amasar un solo bollo de masa antes que la empresa pague las deudas. Ayer a la tarde y ante el incumplimiento de parte de la patronal del compromiso de pago, los trabajadores mostraron haber aprendido muy bien la lección. Salieron de la planta -ubicada en el Parque Industrial de Garín- a hacer un piquete en la colectora de Panamericana, mano a capital. A última hora de la noche, finalmente la empresa pagó las deudas. Un pequeño triunfo de los trabajadores, que muestra que la lucha de los trabajadores es el único límite a la avanzada de la patronal y del Gobierno.

En Córdoba, a diferencia de Buenos Aires, se realizaron dos convocatorias para marchar el 24. Una convocada por la “Mesa de Derechos Humanos” que conforman el PJ cordobés, el kirchnerismo, organizaciones de Derechos Humanos, como Abuelas de Plaza Mayo -filial Córdoba- y parte del FITU, se concentró en Av. Colón y Cañada. La otra convocatoria, de la que participó la otra mitad del FITU, lo hizo en Av. Colón y Gral. Paz, aunque con una asistencia menor, afectada considerablemente por las idas y venidas en el interior del FITU. La intención de adaptarse a la convocatoria de la mesa pejotista no fue sólo del MST, que se plegó sin discutir ni una coma del documento, sino también del PTS, que reclamaba la lectura de dos documentos. Finalmente esa posibilidad de leer un documento pejotista y otro trotskista no se dio y la marcha “única” se dividió en dos, y creó incertidumbre. Al final de la movilización, los partidos del FIT leyeron un documento propio. Nosotros, desde Política Obrera, participamos de la movilización independiente con otras organizaciones y realizamos un modesto megáfono abierto, a una cuadra antes del acto del FIT-U, sin MST. Los oradores en general hicieron hincapié en la necesidad de preservar la independencia de clase este 24, en contraste con todo lo que habían hecho para acercarse al acto pejotista y coincidieron, ya sin el impedimiento de subir a una tribuna con el PJ, en caracterizar el escenario previo a la dictadura, durante el gobierno de J. D. Perón e Isabel de Perón como su antesala, donde se ejecutaron numerosos crímenes de Estado contra la clase obrera, como la persecución a activistas sindicales, estudiantes y militantes socialistas, contra lo que categorizaron como la ´insurgencia fabril´. No es esto, seguramente, lo que decía el texto que se quería leer en el acto común. El acto llamó la atención de los transeúntes que iban hacia la marcha “oficial” y se detenían a escuchar a los oradores. Pero el acto independiente careció de una consigna independiente. El paro general ya ha sido tomado por la burocracia de la CGT, aislado, para hacer con él lo que le convenga . La diferenciación con el pasado del peronismo no alcanza para delimitarse del presente, como tampoco ocurrió en el pasado. Los grupos morenistas hicieron propio en ese pasado el reclamo del retorno de Perón , que llevó a la Triple A. La consigna y perspectiva de nuestra corriente, Política Obrera, es preparemos y organicemos la huelga general.

Los trabajadores de la cerámica Cerro Negro, de Olavarría, se encontraron el jueves con despidos en el turno mañana. Los delegados pararon la línea, desde las 9, en medio de una gran confusión. A las 10 se realizó una asamblea con el turno mañana. Para las 14:40 horas, ya había llegado la conciliación obligatoria. Los despedidos sumarían, en total, 96 trabajadores. Los compañeros están trabajando mientras dura la conciliación. Cerro Negro es pionera en el mercado de los materiales para la construcción. Actualmente es controlada por Sociedad Comercial del Plata. En el informe de los estados financieros del ejercicio 2024, acusaron una "abrupta caída de la demanda que impactó fuertemente los volúmenes comercializados", en un periodo donde se dio "un aumento en los costos que no pudieron ser trasladados a los precios" (LPO, 22/3). “La situación se veía venir”, dicen los trabajadores. Hace un tiempo cerró definitivamente una línea completa de fabricación de Loza que ocupaba a 50 trabajadores. Ladrillo, que eran 4 turnos, pasaron a 3 bajo un régimen de 6x1, por lo que sobraría un turno. Esto prueba que la empresa tenía a los obreros trabajando en turnos americanos y se sobreestoqueó; ahora, busca descargar la crisis económica sobre las espaldas de esos mismos trabajadores. Los despidos tienen una clara ilegalidad, por otro lado, ya que la empresa no puede despedir a un tercio de la plantilla obrera de la fábrica sin contar con un Procedimiento Preventivo de Crisis aprobado. Entre el listado de los despedidos están principalmente los activistas, candidatos y avales de la Lista Verde, una lista opositora que se presentó en el Sindicato Ceramista de Olavarría en 2024. Mientras trabajadores nuevos y sin antigüedad vinculados al Sindicato y a la Comisión Interna son efectivizados, otros con mayor antigüedad fueron despedidos. Esto, además de violar el principio de las desvinculaciones por orden de menor antigüedad, pone bien en claro que la lista de despedidos fue armada en común entre la empresa y el Sindicato Ceramista. Los trabajadores despedidos y no despedidos están, por estos días, todavía dentro de la fábrica, a la espera de alguna respuesta del Sindicato Ceramista, que no va a llegar. Solo se podrían llegar a evitar los despidos de algunos trabajadores que no tienen vínculos con la oposición. El sindicato esquiva realizar una asamblea general de la planta. Los ánimos están más que caldeados. Es preciso discutir la autoconvocatoria a una asamblea general de trabajadores de Cerro Negro y no esperarla del sindicato. Al ajuste de la patronal, los trabajadores deben oponerle un programa: el reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores, sin afectar el salario. Sociedad Comercial del Plata es un holding que, además de Cerro Negro, tiene entre sus principales inversiones a Morixe, Destilería Argentina de Petróleo (Dapsa), Compañía General de Combustibles y Ferroexpreso Pampeano, entre otras. Está planteado luchar por una restructuración de la producción que proteja los intereses de los trabajadores, a costa de las ganancias del capital. LEER MÁS: Cerro Negro: 200 obreros cortaron la ruta 226 contra las rebajas salariales Por Nahuel Mirande, 11/05/2020.

El arresto de Ekrem Imamoğlu, el intendente de Estambul, la mayor ciudad de Turquía, ha desencadenado una ola de manifestaciones sin precedente en más de una década. La detención tuvo lugar en las vísperas de las primarias del Partido Republicano (CHP), que debía consagrar a Imamoğlu candidato a presidente para las elecciones previstas en 2028. Los sondeos de opinión lo indican largamente ganador para ese evento, lo que podría fin a dos décadas de un régimen que la prensa califica acomodaticiamente como “un autoritarismo competitivo”. La Justicia de Erdoğan acusa a Imamoğlu por corrupción y connivencia con el terrorismo. El CHP ha sido el partido histórico de la burguesía nacional, con un enorme seguidismo de masas. Fue fundado por Kemal Ataturk a la salida de la Primera Guerra Mundial, que puso fin al Imperio Otomano. En las condiciones de Turquía, ha sido un partido laico con un gran apoyo de las Fuerzas Armadas. Como ocurrió con otros regímenes del Medio Oriente inspirados en Kemal, el agotamiento del nacionalismo laico dio paso al islamismo ‘competitivo’ con fuerte apoyo en el oriente de Turquía, no obstante lo cual Erdoğan logró conquistar electoralmente la ciudad ‘europea’: Estambul. La semana pasada, en cambio, cuando el CHP llamó a la ciudadanía a participar de sus primarias, para mostrar “un voto solidario”, quince millones de sufragios acompañaron al millón y medio de votos de los afiliados al partido. Turquía es uno de los pocos grandes protagonistas de la guerra imperialista desatada en Ucrania y en Medio Oriente (Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria). Es también el protagonista de talla en la semiguerra que se desarrolla en el Cáucaso sur (Azerbaiján, Georgia, Armenia), con alcance en Irán y el Golfo Pérsico. Tiene la llave de paso en el Mar Negro, bordeado por numerosas naciones de Asia y Europa, por el control del estrecho de los Dardanelos. Erdoğan ha dejado en claro las pretensiones territoriales y políticas de Turquía frente a la guerra en desarrollo. Sin negar la importancia de la crisis sistémica que atraviesa Turquía en el plano económico (es un competidor de Argentina en cuanto al ranking de inflación), la tendencia de Erdoğan a instaurar un régimen de excepción está determinado fundamentalmente por la guerra interimperialista. El intento de descabezar al CHP constituye un golpe preventivo para gobernar con plenos poderes los años de la guerra. Las pretensiones de Turquía en un nuevo reparto territorial y político en Europa y Asia es ‘generoso’; por eso es altamente probable que se involucre bastante más en la guerra. El nuevo gobierno de Siria es, por lo pronto, una hechura de Erdoğan (con auxilio de EE. UU. y la UE) , o sea que apunta a transformar a Siria en una semicolonia . Esto lo ha llevado de cabeza a un conflicto con Israel, que ha ocupado un tercio del territorio y formado sus propias milicias. Turquía tiene un antiguo reclamo por el norte de Irak y su región turcomana, por las cuales ha estado a punto de entrar en guerra en varias ocasiones. En el Cáucaso sur , apoya el planteo de Azerbaiján para construir un corredor en territorio armenio, que linda con Irán. Erdoğan ha puesto sus huevos imperialistas en los dos canastos que lideran la guerra. En un viraje de casi 180`, Turquía fue invitada a una reunión cumbre liderada por el Reino Unido y la Unión Europea. En pleno rearme militar, el imperialismo de Europa quiere incorporar a la cadena de provisión de armamentos a la importante industria de defensa de Turquía. En pelea contra Trump por el control de Ucrania, la UE ha propuesto que las fuerzas armadas de Turquía ejerzan como garantes de un cese el fuego entre Putin y Zelensky. Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, ha roto con un largo impasse de la UE, para apoyar el pedido de ingreso de Turquía. Erdoğan, simultáneamente, ha declarado su apoyo a las negociaciones entre Trump y Putin. Es un factor clave en el acuerdo que se acaba de alcanzar por una tregua en el Mar Negro y la reanudación de las exportaciones de Ucrania y Rusia en cuanto a cereales y fertilizantes. Erdoğan hace equilibrio a tres bandas (Trump, Putin, UE) para obtener una tajada propia del imperialismo que salga vencedor. En este cuadro, lejos de desempeñar un papel ‘pacificador’ hacia la guerrilla kurda del PKK, acusa a Imamoğlu de trabajar para el ‘terrorismo’ . En este cuadro de guerra imperialista, Erdoğan necesita un régimen interno de “paz civil”. No tiene condiciones de obtenerlo por medio de un frente nacional o frente popular, como ha ocurrido en el pasado en varios países de Europa. O quizás esté procurando, con la proscripción contra Imamoğlu, forzar al CHP a un colaboracionismo de guerra. Deberían ponerse de acuerdo acerca de la lista de pretensiones de Turquía. El CHP, sin embargo, rechaza el acuerdo de Trump con Moscú y se alinea en el campo opositor a Trump. En otro terreno, macanea sobre los “dos estados” en Palestina, mientras continúa la masacre sionista; en cuanto a Siria, Irak o el Cáucaso sur va a la rastra de Erdoġan. Cualesquieras sean las variantes que prosperen en el marco de la presente guerra, la crisis política que ha estallado en Turquía, tres años largos antes de las elecciones, no es una tormenta en un vaso de agua, es una crisis de larga duración. La clase obrera debe combatir el despotismo de Erdoğan, no hace falta decirlo, con una posición clara sobre la guerra misma; de lo contrario será devorada por los bloques imperialistas al exterior y al interior, en este gran enfrentamiento nacional de alcances revolucionarios. La movilización de la juventud es de una intensidad enorme y debe servir de puente a la numerosa clase obrera en Turquía, así como a las masas pobres y confesionales que han servido de base a Erdoğan. Como ocurre en la mayor parte del mundo, la mitad del pueblo turco vive abajo de los niveles de pobreza. Lo que ocurre en Turquía es asimismo muy instructivo, porque es el primer país donde la guerra y la crisis mundial desatan una crisis política de excepción (si excluimos, claro, las movilizaciones contra Netanyahu, en Israel, que tienen otro carácter). LEER MÁS: Rebelión popular en Turquía Por Aldana González, 26/03/2025.

Milei y Luis Caputo decidieron poner fin a la moratoria previsional , el régimen que permitía jubilarse con un haber mínimo a quienes no contaban con 30 años de aportes. La moratoria era un “parche” que, en los últimos años, se aplicó para habilitarle la jubilación a miles de trabajadores a quienes sus patrones no les hicieron los aportes o sufrieron períodos de desocupación. Esa moratoria no constituía ningún regalo: ponía la condición de que el jubilado pagara en cuotas los aportes faltantes. Según los liberticidas, la moratoria implica “una sangría” al Estado. Pero los responsables son los evasores capitalistas y el mismo Estado, que no garantiza el derecho al trabajo. Mientras la patronal evasora ha sido premiada con un cuantioso blanqueo, a los trabajadores precarizados se los ha despojado del derecho a la jubilación. En lugar de ese derecho, sólo podrán acceder, de aquí en más, a una pensión de indigencia, equivalente al 80 por ciento de la mínima. El fin de la moratoria es una contrarreforma previsional, o sea, una confiscación económica y una privación de derechos. Siete de cada diez mujeres y cinco de cada diez hombres no tendrán los 30 años de aportes en este año; hay seis millones de trabajadores en negro. Una mayoría de futuros jubilados ni siquiera percibirá la mínima, sino una pensión de indigencia. Sólo en 2025, 240.000 adultos mayores han sido despojados del derecho a jubilarse. Este robo previsional ha sido parte del cheque en blanco con el FMI . La privación jubilatoria es una garantía de pago para los acreedores de la deuda pública . El mismo día en que se aplicaba esta motosierra sobre los haberes, el Gobierno anunciaba un nuevo título de deuda “atado” a la evolución del dólar, para para contener la actual corrida cambiaria de los dueños de deuda pública en pesos. ¿De donde saldrán los beneficios de este seguro de cambio? De las jubilaciones despojadas a miles de trabajadores. La oposición -“dialoguista” o no- no se ha quedado callada: decidió correr al Gobierno por derecha. Radicales y “cívicos” han presentado un proyecto de jubilación “proporcional” a los años aportados: es la legitimación definitiva de los evasores y la condena a jubilaciones de 150.000 pesos. Los gobernadores, sean radicales, macristas o kirchneristas se han adelantado a Milei y Caputo, en las provincias. La burocracia de los sindicatos mira, sin embargo, para otro lado: reclama por el mantenimiento de la cuota sindical solidaria para su caja, pero no por los jubilados. El tamaño del ataque exige una huelga general hasta la derrota completa de los proyectos liberticidas y ‘opositores’, y un aumento inmediato del ciento por ciento. Que la clase capitalista pague los aportes sustraídos a los trabajadores. Por el derecho incondicional al trabajo. Por una jubilación mínima igual al 82 % móvil de la canasta familiar integral.

El historiador y escritor Osvaldo Bayer se ganó un monumento en Santa Cruz, al recopilar y difundir la historia de lucha de los peones rurales de la Patagonia, organizada por luchadores anarquistas ejecutados en 1921, que pelearon por condiciones laborales, salariales y el derecho a sindicalizarse. La lucha llevada adelante puso a los terratenientes y a la burguesía en línea con el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen, que dispuso al ejército para reprimir y derrotar la lucha. Cientos de fusilamientos y detenciones fueron la base con la que ahogaron la rebelión que cruzó toda la provincia de Santa Cruz. Muchos años después, la destrucción de la figura de Osvaldo Bayer, ordenada por el gobierno nacional de Milei a la Dirección de Vialidad Nacional, tiene un mismo objetivo: simbolizar el propósito de liquidar toda expresión de organización obrera independiente. Santa Cruz rebelde En nuestra historia reciente, las grandes rebeliones en la provincia estuvieron protagonizadas por petroleros desocupados o por estatales. En la actualidad estos sectores están en una grave situación. 3.000 despidos en el petróleo, con la retirada de YPF , resultan una bomba de tiempo, por ahora frenada por una burocracia sindical mafiosa. Por otro lado, la docencia está protagonizando una heroica lucha por recomposición salarial , contra el intento de quebrar económicamente a su asociación gremial ADOSAC, con una multa multimillonaria ejecutada por el gobierno de Vidal, y el proyecto de retorno del presentismo presentado por el partido del gobernador. El gobierno provincial critica la demolición de la obra, en una supuesta defensa de la Historia y el disenso. Una impostura, cuando al mismo tiempo ataca a la docencia o a cualquier sector en lucha. Si los luchadores de la Patagonia Trágica vivieran, Vidal estaría del otro lado de la trinchera. El monumento volverá a erigirse, pero la verdadera reivindicación a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde es luchar contra el gobierno ajustador y represor y sus aliados provinciales como el gobernador Vidal. La docencia con un paro de 96 horas, acampe, vigilias en la ruta y movilizaciones mantiene vigente la rebelión. ¡Viva la Patagonia Rebelde! VER EL SIGUIENTE VIDEO: Socialismo o Barbarie Ep 9: ¿Qué dejó el 24 de Marzo? LEER MÁS: Argentina toda será una Patagonia Rebelde Por Artistas, escritores y trabajadores de la cultura en Política Obrera, 27/03/2025.

El gobierno de Javier Milei estableció por decreto el nuevo salario mínimo docente en $ 500.000. En agosto de 2024, había sido fijado en $420.000. Estas cifras, sin embargo, no impactan en los bolsillos de los docentes, porque la llamada “paritaria nacional”, aunque dejó de existir como tal y ha sido reemplazada por este mecanismo de “salario mínimo”, solamente fija montos de referencia, porque las negociaciones paritarias son potestad de las provincias, que son las que se hacen cargo de pagar los sueldos de maestros y profesores. Por otro lado, casi todas las provincias llegan a ese mínimo, por lo que el gobierno nacional se asegura de no tener que agregar un peso más. El gobierno ha eliminado hace tiempo distintas partidas que les correspondían a las provincias. Esta nueva imposición por decreto del salario mínimo docente establece un monto que se ubica por debajo de la línea de pobreza, incluso trabajando dos cargos. La cifra se encuentra a tono con lo que se vienen firmando en las paritarias provinciales los diferentes gobernadores, peronistas y radicales, con los gremios que integran CTERA. Por ese motivo no sorprende que la central no haya convocado a ninguna medida de fuerza para enfrentar este nuevo atropello contra los trabajadores de la educación. Lo único que ha hecho CTERA ha sido emitir un comunicado donde le exige al gobierno “la inmediata convocatoria a la paritaria nacional”, que el gobierno eliminó apenas asumió. “La educación no se sostiene con imposiciones ni ajustes, sino con inversión y diálogo”, clama la burocracia docente (CTERA 26/3). A un gobierno que está dispuesto en arrasar con las conquistas obreras del último siglo, con ir a fondo con la privatización de la educación y que viene de reivindicar el terrorismo de estado de la última dictadura militar, le piden “diálogo”. De luchar, ni una palabra. Impresionante. Para que no queden dudas de que no piensan mover un dedo por los trabajadores de la educación, CTERA ha llamado a mantenerse en “estado de alerta y movilización” (ídem). En declaraciones radiales, Sonia Alesso ha manifestado que, de confirmarse el paro de la CGT el 10 de abril próximo, CTERA "se sumaría". Pero en los sindicatos no hay ningún debate al respecto ya que las asambleas son inexistentes. Nuestra corriente, Tendencia Docente Clasista, ha lanzado una campaña por un salario mínimo nacional de $1.600.000 por cargo, que es lo equivalente a una canasta familiar. Llamamos a la docencia a pronunciarse contra el decretazo de Milei y la colaboración de los gremios. A organizar autoconvocatorias que abonen el camino de una huelga general indefinida para conquistar los reclamos.

Desde hace más de 10 días, la crecida del río Pilcomayo, ha desatado inundaciones devastadoras en el departamento de Rivadavia, ubicado en el noreste salteño. A la fecha hay más de 500 familias evacuadas por el gobierno provincial, miles de autoevacuados y otros miles aislados en parajes y localidades de la zona, como La Puntana, Alto Carmelo, Santa Victoria Este, Alto la Sierra o Misión La Paz. La mayoría de la población de la zona es originaria de las etnias wichí, toba y qom. Muchos de los pobladores, organizaciones y hasta personalidades, como los cantantes folclóricos Lucio y Jorge Rojas y el “Chaqueño” Palavecino, han denunciado la demora e insuficiencia del operativo del gobierno de Sáenz para actuar ante la catástrofe en curso. La gran mayoría de la ayuda de alimentos, ropa, agua potable y medicamentos a los damnificados llega por la solidaridad de la población y diferentes organizaciones populares. Desidia Estatal Por las características del Río Pilcomayo, uno de los ríos con más transporte de sedimentos y con nacientes a más de 5.500 metros sobre el nivel del mar (en Potosí, Bolivia), sus desbordes son espontáneos y feroces pero previsibles. De hecho, existe un Sistema de Alerta Temprana del Pilcomayo (SATP), desoído por el gobernador Sáenz, que advirtió sobre la inminencia de su desborde por las intensas lluvias del lado boliviano. También ignoró el alerta hidrológico resuelto por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (Senamhi), realizado el 10 de marzo. Por otro lado, la desidia estatal y de Sáenz se refleja en la ausencia de una coordinación regular con los gobiernos de Bolivia y Paraguay, que comparten la cuenca del Pilcomayo con Argentina, Salta; y por la falta de un dragado y manutención de las obras de infraestructura necesarias. Los anillos de contención realizados durante la primera gestión de Sáenz (2019), cedieron del lado boliviano (se hicieron en colaboración entre Salta y Tarija) dando paso al desmadre de las inundaciones en curso. Un miembro del SATP, Luis María De La Cruz, ha declarado en diversos medios que “Gran parte de todos estos desbordes tiene que ver con la gran sequía que hubo los siete años anteriores. No tuvimos crecientes grandes y eso hizo que se enlamara mucho el fondo, que se elevara el fondo. Entonces el río no tiene por donde correr y desborda por todos lados”, dejando en claro que las inundaciones podrían haberse por lo menos atenuado en su magnitud mediante un dragado del río y que su carácter “histórico” no es una simple desgracia. Además, denunció la "respuesta tardía del Estado en los tres países” y la contrapuso con la rápida acción de autoevacuación de miles de pobladores de la zona (Salta/12, 15/03). “Puesta en escena” En los últimos días, el gobernador salteño ha procurado mostrarse interviniendo físicamente en los operativos estatales de asistencia a los inundados y aislados. Sin embargo, su primera reacción fue utilizar las inundaciones en Rivadavia para justificar un nuevo acto de sostenimiento del gobierno de Milei. El 19 de marzo pasado, a casi una semana del inicio de las inundaciones en territorio salteño, el gobernador no se había hecho presente en el departamento. Por el contrario, viajó a negociar los votos de sus diputados nacionales para aprobar el DNU que habilita un cheque en blanco para un nuevo endeudamiento con el FMI, a cambio de obras públicas que ya habían sido prometidas y acordadas cuando Sáenz garantizó el apoyo de sus diputados a la aprobación de la Ley Bases del gobierno liberticida. Entre estas obras se encuentra la ruta 54, que conecta con La Misión La Paz y que quedó aislada. A estas alturas, es muy claro que esas obras no se sustanciarán porque el nuevo endeudamiento con el FMI impondrá un mayor ajuste fiscal y la negativa del gobierno de Milei a financiar obras públicas. Sáenz insiste con el sambenito de dar “gobernabilidad” a cambio de obras públicas que nunca llegan y ahora finge quejarse por la falta de ayuda de Nación ante la crecida del Pilcomayo, cuando éste ya conocía muy bien la negativa de los liberticidas de financiar la ayuda necesaria para los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca en nombre garantizar el “superávit fiscal”. Crisis, hoy y el día después Mientras las lluvias y la crecida del Pilcomayo no amainan, ahora se suman las crecidas de los ríos Bermejo y Teuco, que extienden el cuadro de catástrofe a buena parte de la banda norte del departamento de Rivadavia. Aún si las lluvias cesaran en lo inmediato en el chaco salteño y boliviano, la crecida, que ha llegado a niveles superiores a los siete metros, tardará semanas en drenar. Los pobladores de Rivadavia ya advierten sobre el brote de enfermedades como el dengue, diarreas; la falta de agua potable y asistencia sanitaria. Sobre esto y sobre un resarcimiento por las pérdidas de ganado y pertenencias de las familias afectadas, el gobierno de Sáenz no ha abierto la boca. Menos aún sobre la limitación y la recuperación de tierras afectadas por los desmontes y el monocultivo de soja de los últimos 20 años y que han incidido tanto en el territorio nacional y provincial como en el boliviano. Por el contrario, Sáenz hizo aprobar hace un par de meses un nuevo mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, incorporando 700 mil nuevas hectáreas de tierra a las 1.500.000 ha en producción agrícola y ganadera. Este mismo proceso de acumulación y depreciación de tierras, no sólo agudiza las consecuencias de las inundaciones, sino que ha producido un desplazamiento, particularmente, de las comunidades originarias hacia territorios inhóspitos, tanto por su improductividad, como por su anegabilidad y accesibilidad. Ante semejante cuadro es necesario que los trabajadores de la provincia, junto con las comunidades originarias y criollas afectadas, exijamos un adecuado plan de intervención garantizado con fondos del Estado y un impuesto extraordinario a los grandes terratenientes y capitalistas de la provincia, bajo control de las organizaciones obreras y populares -que ya están ayudando en la zona de manera autoconvocada- y de los pobladores afectados. Es necesario también abrir la discusión sobre el uso social del suelo y frenar su depredación por los capitalistas y terratenientes.

Los republicanos hace rato que quieren modificar los contenidos y la vida interna de las universidades norteamericanas. Desde que comenzaron los acampes en solidaridad con Palestina, la bancada republicana interpeló y presionó para que renunciaran las autoridades de las universidades de la elite, acusándolas de cómplices del antisemitismo y de desproteger a los alumnos judíos. Una infamia: gran parte de los acampes fueran sostenidos por agrupaciones de estudiantes y profesores judíos antisionistas. Trump asumió la misma tarea con una virulencia enorme, amenazando con deportar a los estudiantes extranjeros, expulsar de los claustros a los norteamericanos y bloquear el financiamiento federal a las universidades que no se sometieran a sus dictados. La semana que termina la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Katrina Armstrong, se rindió a esas exigencias que cercenan la libertad de cátedra y penalizan la actividad política estudiantil y docente que no esté en línea con los postulados del gobierno. La universidad adoptó una nueva definición de antisemitismo que lo confunde deliberadamente con el antisionismo y reprime la oposición a los crímenes de Israel. Armstrong aceptó prohibir el uso de barbijos que cubran el rostro y las protestas en edificios académicos. Borrando el carácter de santuario preservado de la represión del que hacía gala Columbia, se incorporó a la universidad una fuerza de seguridad interna de 36 “oficiales especiales” de la Policía de la Ciudad de Nueva York, facultados para "expulsar a personas del campus y/o arrestarlas cuando corresponda". También avasalló la autonomía académica nombrando un nuevo vicerrector que "revisará" el departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, y el Centro de Estudios Palestinos. La Junta Directiva canjeó la libertad de expresión y de cátedra por la ilusión de que Trump les restituirá los 400 millones en fondos federales que retuvo con el argumento falaz del antisemitismo. Sin embargo, autoridades del Departamento de Justicia pusieron en duda esa devolución; las concesiones, opinan, “son insuficientes”. “Columbia tiró la toalla y las otras universidades seguirán su ejemplo. Esto es solo el principio”, se alborozó en las redes sociales Christopher Rufo, del Manhattan Institute, un think tank conservador. Rufo se ha jactado de que su función en el gobierno es presionar con los aportes federales para que las universidades “sientan un terror existencial”. No todo el stablishment celebra la rendición de Columbia, que, se preocupa el New York Times, “está siendo visto ampliamente como un punto de inflexión en las relaciones de Washington con las universidades del país” (22/3). El 10 de marzo, el gobierno envió una carta a más de 60 instituciones académicas -desde Hawaii a Harvard- donde las declaraba bajo investigación por “acoso y discriminación antisemita” y las amenazaba con nuevas medidas policiales y recortes de fondos si no cumplían con la ley federal de derechos civiles, una formulación cínica para acallar las críticas al genocidio palestino. Tres días después, Columbia anunció que había suspendido, expulsado o revocado los títulos de 22 estudiantes involucrados en la ocupación pacífica de Hamilton Hall. El lobby sionista presionó por todos lados. En febrero, una carta abierta firmada por 200 profesores instó a la universidad a proteger a los estudiantes judíos y destituir e investigar a Joseph Massad, profesor de Política Árabe Moderna e Historia Intelectual. También exigió que la universidad adoptara la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que cataloga las críticas a Israel como tales, y que contratara profesorado titular proisraelí. En ese contexto, la Junta Directiva no se pronunció acerca del secuestro y posterior detención del estudiante graduado Mahmoud Khalil, preso desde el 8 de marzo y trasladado a un centro de detención en Louisiana, a 2.700 km de su casa. A pesar de que no infringió ninguna ley, Trump le quiere revocar la Green Card (la condición de residente) y deportarlo. En una carta desde la cárcel, Mahmoud Khalil escribió: “Las presidentas de Columbia, [Minouche] Shafik, [Katrina] Armstrong y Dean Yarhi-Milo sentaron las bases para que el gobierno de los Estados Unidos me atacara disciplinando arbitrariamente a los estudiantes propalestinos y permitiendo que las campañas virales de doxing, basadas en el racismo y la desinformación, se desplegaran fuera de control”. A Khalil le han seguido docenas de estudiantes extranjeros, la mayoría postdoctorales, con residencia perfectamente legal, que han sido emboscados en las calles o en sus domicilios por patotas de la policía de inmigración (ICE). La desaparición de la joven Rumeysa Ozturk, secuestrada por agentes enmascarados del ICE en Boston el miércoles, generó una movilización de varios miles de personas. Algunas órdenes judiciales ordenan que los liberen o que se suspenda la deportación. Todas han sido desacatadas por el gobierno federal. Profesores de Derecho de Columbia denunciaron que Trump ha violado la ley federal de derechos civiles y la Constitución. El carácter dictatorial del gobierno es señalado por el Financial Times. En un contundente artículo titulado “Je sui Khalil” (14/3) advirtió que “si Trump se sale con la suya, su licencia para castigar cualquier discurso que considere proterrorista o en contra del interés nacional de EE.UU. lo convertiría en juez y jurado sobre los derechos de la primera enmienda. Pondría en riesgo a todos los ciudadanos estadounidenses, no solo a los residentes permanente” El gobierno no solo no parece sensible a las críticas, sino que amplía las causas de penalización: el miércoles anunció que retendrá unos 175 millones de dólares de la Universidad de Filadelfia (Penn) porque permitió que una mujer transgénero formara parte de su equipo de natación femenino en 2022, “dos años antes de su orden ejecutiva que prohíbe a los hombres biológicos infiltrarse en los deportes femeninos” (npr 20/3). Ya desde el gobierno de Biden, que respondió a los masivos acampes estudiantiles con represión policial (WSWS, 25/3) y vía libre a las patotas sionistas, la mayoría de las universidades se han asociado a la represión estatal. La Universidad de Cornell intentó suspender por tercera vez al estudiante de posgrado Momodou Taal, ciudadano británico-gambiano por participar en las protestas propalestinas. La sanción creó las condiciones para que el gobierno de Trump lo deporte. Taal presentó una demanda federal contra las órdenes ejecutivas de Trump como ilegales e inconstitucionales. Hasta la otrora progre Universidad de Michigan le pidió a la fiscal general demócrata Dana Nessel que presente cargos penales contra 11 manifestantes estudiantiles. Esta semana la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, tomó medidas disciplinarias contra siete estudiantes que participaron fuera del campus de marchas por la libertad de Khalil. La capitulación de Columbia está en línea con la proximidad de su Junta Directiva y la misma Armstrong al Partido Demócrata y a sus nexos con el mundo de las finanzas. Los fondos de Columbia “llegaron a la asombrosa cifra de 14.800 millones de dólares al 30 de junio de 2024, con casi el 80 por ciento de sus inversiones vinculadas a fondos de cobertura, capital privado y acciones globales”. De los $4.1 millones en contribuciones políticas hechas por los fideicomisarios de Columbia durante los ciclos electorales de 2020 y 2024, el 88 por ciento fue a los demócratas. Solo uno de los miembros de la junta, Adam Pritzker -de la multimillonaria familia Pritzker- donó casi $1 millón a la campaña de 2024 de Kamala Harris. El exsecretario de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, también forma parte de la Directiva. “La presidenta Armstrong está entre los que se rinden con demasiada facilidad”, evaluó el FT. Y dio un ejemplo en contrario: el fiscal interino de Washington demandó a William Treanor, decano de la facultad de Derecho de Georgetown, para que “pusiera fin a las políticas de diversidad, equidad e inclusión de la facultad”. Treanor respondió: “Dada la protección de la Primera Enmienda de la libertad de una universidad para determinar su propio plan de estudios y cómo impartirlo, la violación constitucional que subyace a esta amenaza es clara”. El asalto de Trump a los derechos democráticos “cuenta con la colaboración activa de ambos partidos, los tribunales, los medios de comunicación, las universidades y la élite corporativa”, apunta WSWS. El propósito es convertir los centros de estudio en máquinas de adoctrinamiento. El abandono de las formas democráticas está en sintonía con la guerra furiosa del capital contra los trabajadores, el recorte del derecho de huelga y sindicalización, la asfixia o anulación de los programas de salud pública, la educación y en general, las políticas sociales. En el caso de los inmigrantes toma características directamente fascistas. La represión en los campus es indisociable también de la masacre en Gaza y Cisjordania, de la extensión de la guerra a todo Medio Oriente y de los preparativos a avanzar sobre China. Lo mismo pasó durante las masivas movilizaciones contra la guerra de Vietnam en la década de 1960. Como entonces, miles de estudiantes y profesores han salido en Estados Unidos y Europa a pedir la libertad de Khalil.

El martes 25 de marzo, tan solo un día después de las masivas movilizaciones en todo el país por el aniversario del golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, el gobierno de Javier Milei dio la orden a Vialidad Nacional de demoler el monumento en homenaje a Osvaldo Bayer, ubicado en la ruta 3, el ingreso a la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La estructura fue “descabezada” utilizando una pala mecánica y un martillo hidráulico, sin dar siquiera aviso a la actual Subsecretaría de Derechos Humanos. La decapitación es un símbolo del odio más exacerbado. Esto no es un mero episodio de “batalla cultural”, esto es un acto de guerra fascista contra la libertad de expresión y pensamiento político, que define la orientación y perspectiva del gobierno nacional. El monumento había sido inaugurado hace dos años y se encontraba en el Paseo de la Memoria, dentro de los jardines del Complejo Cultural de Río Gallegos. En la inauguración, Esteban Bayer dijo: “Es un gran abrazo a Osvaldo como también a los 1.500 obreros fusilados, a los 30.000 desaparecidos y a los exiliados”. El Diario Santa Cruz, cuyo dueño sería cercano a Javier Milei, justificó en redes sociales la demolición: “La limpieza del adoctrinamiento kirchnerista avanza en el país, y esta vez le tocó a un símbolo del relato impuesto durante años”. Pero las diferencias ideológicas entre Osvaldo Bayer y el peronismo kirchnerista son tan grandes como el abismo entre la defensa incondicional de los derechos de la clase obrera frente al asesinato de militantes sociales, gremiales y políticos durante la gestión kirchnerista (Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba y muchos otros), a la sombra de su “ley antiterrorista”. A pesar de ello, la burocracia sindical del modelo de la CGT que Cristina Fernández reivindicó poco antes de que una patota de Pedraza de la Unión Ferroviaria asesinara a Mariano, tuvo su lugar en el palco este 24 de Marzo, en el acto “unitario” del peronismo. Bayer fue historiador, periodista, militante anarquista y, en especial, autor de La Patagonia Rebelde. Su libro, publicado en cuatro tomos (1974/1978), destapa la masacre de 1.500 obreros rurales de la corriente anarcosindicalista a manos del ejército argentino, entre 1920 y 1922, cuando luchaban por sus reivindicaciones contra la oligarquía terrateniente de la provincia de Santa Cruz. También dio origen a una película dirigida por Héctor Olivera que, aunque obtuvo el premio Oso de Plata en la Berlinale, fue censurada sucesivamente por Juan Domingo Perón, quien luego se ve obligado a levantar la censura, pero vuelve a censurarla Isabel Martínez de Perón, siendo exhibida en cines libremente solo a partir de 1984. Osvaldo Bayer encarnó decisivamente la figura de un escritor comprometido profundamente con la defensa de los derechos de clase de los trabajadores y de los derechos humanos en general. Fue despedido del diario Clarín por ser delegado gremial y, cuando ingresó en Página 12, a diferencia de las tendencias kirchneristas y otras, cumplía rigurosamente las decisiones de huelga. Ahora, el gobierno liberticida decapita su imagen. Ese es el sentido de esta destrucción de una obra de arte: erradicar el pensamiento, la cabeza, la conciencia de un pueblo, pero no podrá, mientras estemos en las calles y tomemos la palabra para defenderla. Valu Viglieca, Silvia Jayo, Ceferino Cruz, Sergio Escalas, Maxi Cortés y Eugenia Cabral

La línea de colectivo municipal 707 eliminó en San Isidro un tramo de recorrido, dejando sin cobertura a zonas del Bajo Boulogne y Villa Jardín, desde este martes 26. La empresa pegó un texto en las paradas informando esta decisión, pero sin firma. El recorrido de la Línea 707 (Azul) es clave para unir las distintas localidades que componen el distrito de San Isidro. Esta decisión impide el acceso a escuelas, hospitales y cementerio. Las escuelas afectadas serían la secundaria 14, Primaria 33, Secundaria 26, Jardín de infantes 913 y Técnica 2. También se verían afectados el colegio San Martín y Leonardo Da Vinci. El día miércoles 27 hubo una autoconvocatoria de vecinos a la que asistimos los compañeros de Política Obrera. También se presentó el peronismo local que, fiel a su estrategia "hay 2027", propuso encerrar el reclamo en los pasillos del Concejo Deliberante y esperar a la próxima sesión. Con esta propuesta pasaban 10 días sin actividad de ningún tipo. Un llamado a la pasividad. Con nuestras intervenciones criticamos esta postura y propusimos una línea de acción inmediata: sacar un comunicado y preparar una movilización que podría ser al municipio o a la terminal de la empresa. El Municipio, por su parte, cuando la arbitraria medida de la empresa alcanzó, por la actividad vecinal, status de escándalo público, fingió ponerse del lado de la gente comunicándose con la empresa, que por ahora realiza el servicio a medias, poniendo en dificultades al pasaje, especialmente los de edad escolar. Ante el crecimiento de las crisis, surgen las autoconvocatorias.

Un detallado informe publicado el martes por iProfesional (25/3) destaca que luego del impacto de la reforma laboral de la Ley Bases, por empresas y por convenios colectivos de trabajo -es decir de la mano de los sindicatos y de las comisiones internas- avanzan nuevas reformas de las relaciones de trabajo, sin necesidad de una nueva reforma de la ley. El autor, Julián de Diego, es un conocido abogado patronal cuyo estudio representa a varios grupos empresarios. Según de Diego, las llamadas “reformas laborales” -antiobreras- nacen por “generación espontánea”. No serían el resultado, por lo tanto, de la avanzada patronal contra el derecho laboral. La “deslaboralización” del mundo del trabajo, dice, es un resultado “natural”: “Sencillamente porque la realidad impone los cambios exigidos por las nuevas formas de organizar el trabajo, por la demanda de los consumidores y clientes, y en especial por las necesidades que deben cubrir los trabajadores a la luz del impacto transversal de las tecnologías exponenciales”. “Trabajadores, nos quiere decir De Diego, es en vano ir contra las leyes de la naturaleza”. Puntos claves Dice de Diego: “a las vacaciones concedidas durante todo el año, a los tipos especiales de jornada previstas para el teletrabajo, y el banco de horas y a la jornada promedio, se le han agregado, por generación espontánea (SIC), una serie de herramientas impensadas”. A saber: El trabajo solo de viernes, sábado y domingo, en especial en los centros de compras, con hasta 12 horas de duración, y sin adicionales por horas extras. Se trata de la extensión de una modalidad que ya existía en comercios y fábricas, bajo el encuadramiento fraudulento del “régimen de trabajo por equipos”, que le permite a las patronales suspender la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de las nuevas leyes, el fraude del trabajo por equipos no es más necesario. La remuneración totalmente afectada a sistemas de productividad y por resultados, prescindiendo de las escalas de convenio. También se trata de algo preexistente a la reforma laboral, pero que ahora tiene un nuevo marco de legalidad. La “deslaborización” del trabajo implica el desconocimiento de la relación de dependencia, y de los derechos que por ella obtenía el trabajador. Las guardias pasivas de 12, 24, 36 y 48 horas, con guardias activas o efectivas de ocho horas promedio diario. La jornada de trabajo de ocho horas también ha sido una víctima de la “deslaboralización”. La sustitución del beneficio social de comedor de la empresa por un ticket de comedor externo de proximidad que impide la sustitución del beneficio por una suma de dinero. Por los salarios a la baja, existen una infinidad de convenios en los que los trabajadores evitan gastar la remuneración por comedor, percibiendo luego su equivalente a fin de mes. Con esta nueva modalidad, si el trabajador no hace uso del ticket (que nunca es el 100% del valor de un plato menú) pierde el derecho a cobrarlo a fin de mes. Los procedimientos de cambios automáticos frente a las trabas del ius variandi del art. 66 (LCT) con la dinámica de la aplicación de las nuevas tecnologías, que imponen modificaciones prácticamente inmediatas y sin solución de continuidad en base a cláusulas contractuales que combinan capacitación con singularidad tecnológica. Esto, que parece complejo, es simplemente que las patronales se han ganado el derecho legal de modificar las condiciones de trabajo y remuneraciones de los trabajadores, con la excusa de una supuesta revolución tecnológica. Anteriormente, la justicia laboral protegía hasta cierto punto al trabajador de las variaciones de derechos (ius variandi). El ensamble de la licencia gremial de los delegados del personal amparados por la tutela sindical de la Ley 23.551 con el fin de mejorar la dinámica de las comunicaciones con el sindicato sin interferencia en la producción ni en la dinámica de los cambios tecnológicos. Este es un punto central. Lo que se reivindica es el fin del permiso gremial/horas gremiales, es decir la actividad sindical al interior del lugar de trabajo, en beneficio de la continuidad productiva. Su generalización equivale a la liquidación de los cuerpos de delegados y comisiones internas, algo que ya se ha puesto en marcha en Toyota, Volkswagen y otras plantas. “La utilización de nuevas formas de contratación que permitan adecuar las prestaciones requeridas por los clientes en condiciones especiales y que en forma cotidiana superan todos los límites, como los paseadores de canes, la asistencia de personas con discapacidad, los asistentes terapéuticos, los entrenadores y personal trainers, y los profesores liberales de artes marciales o de Tai Chi o similares y muchos otros.”. Este punto es simplemente la abolición de la relación de dependencia, equivalente a la abolición práctica del derecho laboral. “El delivery de alimentos, pedidos, mercaderías, encomiendas y otros servicios a través de organizaciones que cuentan con un software especial que relaciona al porteador con el cliente y con el proveedor de la mercadería, como RAPPI que opera en forma independiente cuando se trata de un operador independiente o autónomo, similar a la del transporte de personas por medio de vehículos que también realizan lo propio en forma autónoma como UBER.” El capital busca erradicar el costo de mantener una logística propia, tercerizándola en las aplicaciones. La deslaboralización del mundo del trabajo no nació con los cambios operados por la Ley de Bases 27.742 al excluir en el art. 2 (LCT) de la aplicación de la legislación laboral a los contratos previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que es un largo proceso de precarización de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo. Esto explica el desplome estadístico de los trabajadores en relación de dependencia y en beneficio del monotributismo o trabajo por factura. Los contratos que han crecido se rigen ahora no por la Ley de Contrato de Trabajo sino por el Código Civil y Comercial (CCCN), que parte de la premisa de una relación individual de igualdad entre explotadores y explotados. La deslaboralización del mundo del trabajo equivale a la deshumanización de las relaciones humanas de producción -una condición necesaria para un régimen social que se prepara para la guerra. En nombre del avance tecnológico, de la inteligencia artificial y de la generación espontánea, el capital busca extraer una tajada más de plusvalía de las espaldas de los trabajadores, sometidos a una legislación más propia del siglo XIX que del trabajo hiperproductivo del siglo XXI. La perspectiva revolucionaria, que oponga a este régimen de guerras mundiales y contrarevoluciones laborales un régimen que priorice la vida de los trabajadores, se hace más necesaria que nunca.

El sábado 22 de marzo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales dio un discurso en el marco de un supuesto “Congreso Educativo” con poca y nada de difusión, casi clandestino, que no convocó a otros educadores sino a los propios – n rigor, fue un acto partidario con el objetivo de encolumnar a la base detrás del programa pejotista. “Hay que preparar la escuela para el mundo que se viene” fue el eje de su planteo. En el plano educativo enumeró tres puntos que forman parte del documento que aprobó este autopercibido “congreso educativo”: 1- “Formación Docente”: propuso separar la selección de directivos de la carrera docente. El Director/Gerente no es una novedad, ya estaba incluido en el famoso Plan Maestro de Esteban Bullrich. El objetivo es borrar toda función pedagógica y dejar únicamente el aspecto de administración/gestión y liderazgo. De esta manera la escuela pública se convierte, en el día a día, en una empresa privada. CFK repitió lo que había dicho en marzo del 2012: el empleado estatal es un “privilegiado” porque tiene estabilidad laboral y puede tomarse licencia. “Hay que premiar al docente que viene a trabajar todos los días”, adujo. Y remató: “Nada más peronista que premiar el mérito”. Es decir, presentismo y eliminación de la estabilidad laboral y la carrera docente. 2- “Nueva ética digital”: en línea con el “emprendurismo”, “convertite en tu propio jefe”, es decir el avance del cuentapropismo, propuso convertir a los estudiantes en desarrolladores de economía digital. 3- “La escuela como una comunidad con una nueva arquitectura institucional”: todo este palabrerío pseudoprogre sirve para sostener que “escuela” puede ser cualquier cosa: una unidad básica, una escuela de futbol, un club, un galpón. Otra propuesta que ya tiene largos años. Luego reconoció el avance del narcotráfico en las barriadas y reclamó escuelas de jornada completo, sin advertir que gobernó el país durante 16 años. Con una habilidad discursiva sorprendente, en el medio de su alocución, CFK se las ingenió para reivindicar la reforma laboral con el argumento de “aumentar la productividad”. De lo contrario, dijo, el sistema jubilatorio -que actualmente tiene a más del 70% de los jubilados cobrando la mínima- sería “insostenible”. Es una nueva exculpación de las patronales, que han dejado de aportar a la caja previsional. “Dualidad de la escuela secundaria” Quizás este sea el punto más ´escalofriante´ de la reforma educativa que quiere implementar Cristina Kirchner: propone tener dos escuelas secundarias, una que prepare a los estudiantes a ingresar a la universidad y otra que los prepare como mano de obra. Conclusiones Su discurso empezó con una enumeración de ´avances´ durante su gobierno en el terreno educativo (FONID, Conectar Igualdad, Becas Progresar, etc) para concluir que sólo el peronismo sabe cómo llevar adelante la ´gestión´ (destrucción) de la escuela pública. Traducido en criollo: frente a la destrucción del salario, sumas en negro (incentivo docente); frente al avance de la pobreza, asistencialismo (planes y becas); frente a la destrucción de las condiciones edilicias, una notebook; y así sucesivamente. Para CFK, el ajuste para que pase debe ser ´compensado´, a diferencia del método Milei de “ajuste y punto”. “El mundo que se viene”, de acuerdo a la expresión que utilizó la expresidenta, es el del capitalismo en decadencia, donde la desocupación, las guerras y la miseria serán moneda corriente. El “mundo que se viene” es donde se paga la deuda con el FMI y es una hipoteca para las jóvenes generaciones. Para “el mundo que se viene” necesitamos otro programa: salario igual al costo de la canasta familiar, reparto de las horas de trabajo, no al pago de la deuda externa, 82% móvil para nuestros jubilados, concentración horaria para nuestros docentes, pago de horas extra clases, respeto al Estatuto del Docente, plan federal de viviendas, urbanización de la villas y barrios precarios.

Este miércoles se llevó adelante el paro anunciado la semana pasada por la Lista Negra que conduce el SUTNA. Fue convocado sin asambleas generales de fábricas. El SUTNA convocó al paro contra la “destrucción de las paritarias”, al tiempo que la multinacional Bridgestone, despide arbitrariamente a medio centenar de trabajadores , entre los cuales se cuentan activistas reconocidos de la lista Bordó. Las patronales aluden a la recesión industrial causada por la política económica de Milei-Caputo. La política de dólar barato, apertura de las importaciones y rebaja de aranceles a la importación, apunta a derrotar a la clase obrera del Neumático. Las condiciones de súperexplotación sobre la cual se asentará el ciclo económico de recuperación que sigue a toda crisis. Desde de diciembre de 2024 la patronal viene dilatando la negociación paritaria. Recurrió a varias provocaciones: procesos preventivos de crisis truchos, no pago del bono de fin de año acordado en un acta ministerial a fines de 2024, no pago del plus vacacional en FATE y varios centenares de despidos arbitrarios y encubiertos (“retiros voluntarios”) . El resultado de esta política está a la vista: pérdida salarial de entre 12-14 por ciento y varios centenares de despidos. La dirección del SUTNA afrontó está ofensiva con insistentes reclamos ministeriales tanto a la Secretaría de Trabajo de la Nación y, especialmente, en el Ministerio de Trabajo Provincial (Kicillof–Correa) y sus resultados son los que están a la vista. Paro sin movilización El acatamiento del paro en el gremio fue disímil. En FATE, por ejemplo, el paro fue total y estuvo precedido por un paro en el sector de depósito, impulsado por los delegados y los trabajadores, contra el intento de la patronal, una vez más, de cambiar el método de trabajo que redundaba en un mayor sobreesfuerzo del trabajador por el mismo salario. El paro se levantó cuando la patronal desistió de imponer los cambios. En Pirelli, horas antes de comenzar la medida de fuerza, la dirección del SUTNA hizo una asamblea informativa y luego se realizó una manifestación dentro de la planta, pero el turno tarde que debía comenzar el paro entró a trabajar. En Bridgestone, donde la semana pasada hubo despidos, se trabajó normalmente. La movilización prevista para las 15.30 horas a la Secretaría de Trabajo sede Av. Callao y Mitre en Capital Federal, fue levantada en forma intempestiva por Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, sin reunir a la Comisión Directiva y sin consultar al Cuerpo de Delegados de las tres grandes fábricas. Esto generó enorme confusión en la base, al punto que muchos delegados de la agrupación Negra seguían convocando a la movilización y otros avisaban por WhatsApp que el paro se mantenía, “(…) pero la movilización no (…) debido a que tenemos información que hay un fuerte operativo policial etc.”. La ofensiva de conjunto de las patronales del neumático (despidos masivos, caída del salario e intento de demolición del convenio de trabajo) no puede ser enfrentado con una política gremial de aparato centrada en los cabildeos en los ministerios de Trabajo, no sirve para frenar la ofensiva patronal . Es lo que impulsa, sin embargo, el aparato el Partido Obrero, que miente alevosamente cuando afirma que el paro y la movilización trunca fueron una “medida de lucha colectiva de los trabajadores del neumático”; nada de esto fue puesto a consideración y debatido en asamblea general. Aumento salarial por encima de la inflación. Reincorporación de todos los despedidos. Por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Asambleas, plenarios para decidir.

Hace apenas un par de semanas, Javier Milei aseguró que llevaría la cotización del dólar a 600 pesos. Su espada, Luis Caputo, le dio la derecha –dijo que no había suficientes pesos en circulación para agotar las reservas líquidas en las cajas del Banco Central. En contraste con este pronóstico enviaron un papel en blanco al Congreso para que lo apruebe como un acuerdo con el FMI. Desde que se produjeron esas declaraciones de “los economistas que supimos conseguir”, el Banco Central no se dedicó a otra cosa que a vender reservas para contener un alza del dólar, que se disparó por encima de los 1.300 pesos. Las reservas se deterioraron en unos 3 mil millones de dólares, entre el saldo negativo de la cuenta de pagos y los gastos efectuados en los mercados paralelos. Los contratos de compra a término (‘futuros’), para abril y mayo, ubicaban al dólar entre los 1.400 y 1.500 pesos. Con las nubes de la devaluación cubriendo a las “fuerzas del cielo”, los importadores apuraron el pago de las compras externas, y los exportadores retuvieron sus excedentes en los almacenes. Aunque un gorrión no hace verano, ‘populistas’ y ‘libertarios’ acabaron coincidiendo por una vez en que Argentina ha vuelto a sufrir una crisis de dólares. Pero pocas veces, esta perorata ha vuelto a ser falsa, porque el comercio exterior ha vuelto a ser largamente superavitario. Ese saldo positivo fue consumido por encima de sus cifras para el pago de la deuda nacional de Argentina, pública y privada. El excedente de 15 mil millones de dólares se escurrió en el pago de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública externa, en los giros autorizados de ganancias al exterior, en fletes de navegación, en turismo y en la venta de divisas en los mercados paralelos. El movimiento inverso, las inversiones extranjeras han brillado por su ausencia, a pesar de las abusivas concesiones fiscales y crediticias que aprobó el Congreso nacional. La especie de “la falta de dólares” que alega el medio pelo de la política y la academia oficiales, simplemente apunta a ocultar la dependencia financiera histórica, crecientemente agravada, de la burguesía y el Estado nacional. Las tenencias financieras en el exterior, de parte del capital nacional, que es equivalente al total de la deuda pública, es un mecanismo para transferir el pago de esta deuda al conjunto de los asalariados. La remanida tesis de la falta de pesos para alterar la cotización del dólar, es otro proceso de desinformación. Tiene el propósito de validar otra tesis falsa, que es la ausencia de emisión monetaria. Los bancos y fondos comunes tienen depósitos en pesos y divisas por el equivalente a 100 mil millones de dólares –suficientes para hacer volar el mercado de cambios y desatar una crisis bancaria y financiera. El superávit del comercio exterior fue adquirido por el Banco Central con pesos, que enseguida se distribuyó entre el sistema bancario y la deuda doméstica del Tesoro. El gobierno de Milei y Caputo, con el invalorable aporte del Congreso que -de nuevo, “supimos conseguir”- simplemente ha armado un esquema Ponzi, que paga deudas con mayor endeudamiento. Este esquema se encuentra concatenado a la expectativa de que Argentina se convierta en el Qatar de Sudamérica con los RIGI para Vaca Muerta. Los libertarios se han gastado por anticipado un proyecto relativamente incierto para el mercado de gas y petrolero, y dañino para la industrialización. En el caso de la soja, al menos, el futuro glorioso de los precios altos duró alrededor de una década y es seguido por una fase de desinversión. La camarilla oficial sale a pedir el bote salvavidas al FMI, con una mochila de 45 mil millones de dólares de deuda, para lo que se necesita un carguero. Los vencimientos de semejante hipoteca se distribuirían hasta los años 40. Argentina se pone al frente de una innovación que viene entusiasmando al mundo entero –el recurso a la deuda centenaria o perpetua. Es lo que está mascullando Donald Trump para salvar a la monumental deuda pública norteamericana y al mismo dólar –la divisa que funciona como equivalente monetario a nivel mundial. Pero la salida que, incluso para Estados Unidos, podría señalizar un derrumbe internacional, para Argentina equivale a una dependencia financiera que provocaría corridas cambiarias y bancarias cada cinco años. Pero tampoco son necesarias las proyecciones futuras para advertir que el acuerdo con el FMI podría precipitar otra crisis a corto plazo. De acuerdo a las informaciones conocidas, no están decididos los montos del préstamo, las cuotas de entrega, ni el ‘precio’ próximo de la divisa. La devaluación amenaza quebrar el mercado doméstico de deuda, que es en pesos el equivalente a 140 mil millones de dólares. Por eso Caputo ha ofrecido en el día de hoy, jueves 27, títulos indexados al dólar, para que los vencimientos de hoy no vayan al dólar. Pero la indexación cambiaria en medio de una crisis cambiaria, es una garantía cuestionable. En cuanto a la deuda externa en dólares, similar en valor a la doméstica, disminuirá el valor en dólares del superávit fiscal (ficticio), dificultando el pago de los intereses de la deuda pública. Lo único seguro del nuevo acuerdo con el FMI es que la poda de las jubilaciones y los servicios sociales será mayor a la actual. Milei se va a poner ´más pesado´ en cuanto a derechos constitucionales. Tomada en su conjunto, la crisis de deuda afecta a toda la economía internacional, incluidas las instituciones encargadas de su regulación. El capital no va a escapar de la crisis a través de los laberintos en negro del bitcoin, porque su solvencia es inferior a la del sistema internacional. El no pago de las deudas públicas financieras está a la orden de las reivindicaciones políticas. La bancarrota financiera es la expresión ‘en vivo´ de un sistema económico en disolución y de un modo de producción social definitivamente agotados. LEER MÁS: FMI: un acuerdo demorado y “mezquino” que adelanta el réquiem del plan Caputo Por Marcelo Ramal, 18/03/2025. El acuerdo no visto con el FMI desata un debate en la burguesía sobre la catástrofe que se avecina Un régimen “encepado”. Por Jorge Altamira, 18/03/2025.

Los trabajadores de Laboratorio Rivero, ubicado en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires, se encuentran en paro por tiempo indeterminado desde hace más de un mes, porque la empresa lleva acumulada una deuda de pago de diez salarios y 8 aguinaldos en promedio por cada trabajador. Los trabajadores de la otra planta de la empresa, en Junín, también afrontan la misma situación. Los trabajadores pertenecen al sindicato de Sanidad, que encabeza Héctor Daer, que también es parte del triunvirato de la CGT. Durante largos años de atrasos el sindicato no apoyó el reclamo salarial de los trabajadores, aunque en los últimos meses viene acompañando la huelga. La empresa produce medicamentos, material descartable y biomédico. Lo que dicen los trabajadores es que Rivero está muy lejos de perder plata: “Es el único productor de bolsas para transfusiones de sangre, que provee a clínicas y hospitales, exporta a distintos mercados y tiene un catálogo amplio de fármacos”, Nacida como un emprendimiento familiar, creado en 1932 por Pedro Luis Rivero, su primera sede aún funciona en el barrio porteño de Flores, pero décadas después se expandió a Junín. Rivero padre la condujo hasta su fallecimiento en 1980. Desde entonces quedó en manos de la siguiente generación. La patronal del laboratorio Rivero juega sucio para quebrar a los trabajadores: solamente le paga parte de los salarios a los trabajadores que trabajan a pesar de la huelga. A los trabajadores de licencia tampoco les paga un mango, incluso a trabajadores que arreglaron su desvinculación tampoco les paga. Como en Alijor o Granja Tres Arroyos , la patronal va pagando semana a semana el salario en partes, acumulando deudas mes a mes. Está situación que se prolonga desde el 2021 ha llevado a los trabajadores a una situación desesperante, que desató la huelga general. Un trabajador de la planta de Junín declaró a Página/12: “Nosotros vemos que quieren vaciar el laboratorio o dejarlo morir y no sabemos exáctamente por qué. La consecuencia lógica de esta falta de pago es que los trabajadores más jóvenes, los de menor antigüedad, se van. Se están yendo por goteo, a medida que consiguen otros trabajos. Y obviamente no toman a nadie en su lugar. El tema es que la mayoría tenemos antigüedades muy altas, que van de veinte a treinta y cinco años, y no estamos dispuestos a regalar eso. No queremos irnos gratis después de tanto esfuerzo.” Durante la tarde de hoy los delegados de los trabajadores tenían pautada una audiencia con la empresa, por lo que antes iban a realizar una asamblea de planta.

Un nuevo escándalo estalló en el día de ayer en Jujuy cuando salió a la luz que, por directivas del nuevo director del PAMI provincial, que responde al diputado nacional Manuel Quintar -un ‘karinista’ que proviene de las filas del kirchnerismo- se estaban enviando pacientes con diferentes discapacidades a realizarse estudios en la clínica privada que pertenece a su propia familia. La triangulación se realizaba desde el PAMI hacia la clínica privada “Los Lapachos”, que tiene un policonsultorio en Alto Comedero. La denuncia fue replicada por varios medios, pero el diputado Quintar no hizo ningún descargo. Evaristo Bautista, administrador de la clínica de Quintar, fue designado director del PAMI Jujuy por el gobierno liberticida. El ex ´nacional y popular´ Quintar aplaudió a dos manos la decisión del gobierno provincial de privatizar la salud pública. Evidentemente, esperaba llenarse los bolsillos. No es un hecho aislado A medida que pasan los meses, estallan nuevos escándalos de los liberales jujeños. En ocasión del reempadronamiento de los desocupados que cobraban el Plan Progresar, los liberticidas provinciales los mandaban a los beneficiarios a sus propios locales para 'asesorarlos' con el trámite y, de paso, les asignaban tareas de contraprestación en beneficio propio. Unos verdaderos negreros. Mientras a nivel nacional los liberales han congelado el bono a los jubilados, modificaron la movilidad jubilatoria para ajustarla aún más, eliminaron la moratoria provisional -con la complicidad de todos los partidos patronales del Congreso-, los reprimen en las marchas y eliminaron los remedios gratuitos del PAMI , además se valen de ellos para negocios en provecho propio. Los liberales, que del pico para afuera decían que venían a eliminar el estado, se están llenando los bolsillos con su desfalco, como cualquier partido patronal del pasado. La salida a la descomposición política de la casta pasa por el desarrollo de una alternativa propia de los trabajadores.

El sábado 29, los obreros de la gráfica Morvillo están organizando un festival de difusión y apoyo de su lucha. Luego de un mes de ocupación, los trabajadores de la planta gráfica Morvillo continúan con la ocupación de la planta, respetando sus turnos de trabajo. La patronal permanece incólume en su anuncio de quiebra, aceptado, de manera veloz, por el juzgado comercial N°12 de la Ciudad de Buenos Aires . El síndico nombrado por la justicia ha dejado la custodia del inmueble, parte de los bienes de Morvillo, bajo la responsabilidad de los propios trabajadores, sin exigirle a la patronal que “honre” su principal deuda: los salarios caídos y el sostenimiento de los puestos de trabajo de 180 familias obreras. La lucha de los trabajadores se ha sostenido al margen y a pesar de la burocracia sindical del sindicato gráfico y de la propia CGT, que entre sus “motivos” para convocar al paro nacional del 10 de abril no ha mencionado siquiera los conflictos obreros en curso. Están concentrados en ahogar y desmoralizar la respuesta obrera al gobierno liberticida. La movilización a la que se habían comprometido, en un plenario de delegados del sindicato gráfico en las puertas de la fábrica hace casi un mes, brilla por su ausencia. Las acciones en sede judicial o ministerial no han ofrecido ninguna respuesta a los obreros, el gobierno del “soviético” Kicillof se ha limitado a declarar conciliaciones obligatorias incumplidas por la patronal que nunca se ha sentado en la mesa. La justicia provincial se ha declarado “incapaz” de actuar, resulta que Morvillo tiene domicilio legal en CABA. El municipio de Avellaneda, bajo mando del barón Jorge Ferraresi, se ha limitado a colaborar con bolsones de alimentos tras 30 días de ocupación . Así es como entiende el peronismo en el gobierno que se debe enfrentar la nueva situación creada con la ola de despidos y cierres que azota a la clase obrera. Lo demuestra que sus siempre críticos vecinos de Lanús y Quilmes, Julián Álvarez y Mayra Mendoza, no han abierto el pico sobre el conflicto. La solidaridad se ha expresado desde todas las cooperativas que pueblan la zona, marcas del “industricidio” tolerado por décadas por la burocracia sindical y los gobiernos del PJ, y en las propias familias de los trabajadores que acompañan cotidianamente la ocupación. Política Obrera llama a apoyar la lucha de Morvillo y a participar en el festival de este sábado.

Los despidos en el Estado Nacional ya llegaron a 40 mil desde que asumió el gobierno de Javier Milei. El 31 de marzo vencen 50 mil contratos más. Aunque el número de despidos de esta tanda aún no se conoce, ya hay organismos bajo amenaza como la Secretaría de Trabajo. El 24 de marzo se cumplió un año de los primeros pases a disponibilidad de la planta permanente del INCAA, o sea el despido efectivo y la demostración de que se terminó la estabilidad en el empleo público, un derecho consagrado que todos y todas los trabajadores estatales reclamaron por décadas y fue negado por los gobiernos de todos los signos. En el Boletín Oficial del miércoles 26 de marzo pasado se publicó la Resolución Administrativa 7/25 que premia económicamente a los funcionarios que despidan trabajadores. El artículo 5 dice: “Podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores” en “función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”. En otras palabras, es un premio a los que despidan. El reparto de las Unidades Retributivas (UR) siempre fue discrecional. Podían repartirse entre los trabajadores o jefes de manera indistinta y a pedido del funcionario, lo que se modificó es que ahora las pueden recibir los funcionarios mismos. Para poder calcular en cada organismo cuánto dinero se puede repartir los verdugos hay que tener en cuenta la dotación de personal. En 2023, en la Secretaría de Trabajo había 3.600 trabajadores y, actualmente, son 2.900. Dado que el valor de la UR, en diciembre, fue de $783, y tomando como salario promedio el de un profesional con más de 15 años de antigüedad ($1.200.000), se puede calcular que: “el organismo recibiría más de 64.000 UR adicionales. Sería el equivalente a casi $52 millones para repartir entre las autoridades superiores” (La Nación, 27/5). El argumento para la resolución se basa en el congelamiento salarial de ministros y secretarios de Estado: un régimen que servía para premiar productividad e iniciativas de los empleados y que muchos años se utilizó como recomposición salarial para otros, se convierte así en un estímulo para el despido de trabajadores. Otro argumento es que son los responsables de llevar adelante el objetivo propuesto “de promover la reducción del gasto público para que crezca la economía”. La caída del poder adquisitivo de los estatales fue del 44,4 % durante el 2024; en lo que va del año los aumentos fueron de 1,5 % en enero y 1,2 % en febrero. El congelamiento salarial es, de hecho, otro método de expulsión de trabajadores. Las renuncias por los bajos salarios se suman a los despidos en casi todos los organismos. La misma resolución aclara que por cada trabajador despedido, en 2024, el gobierno va a asignar un 6 % del salario promedio como premio al Gabinete. Más de tres veces el porcentaje cerrado en las paritarias, en el mes de marzo la mesa salarial no se reunió. En medio de una nueva ola de despidos y con salarios de hambre la resolución no es solo una provocación al conjunto de los y las trabajadores del Estado Nacional, están premiando a la propia tropa que muchas veces ya no tiene a quien más despedir para justificar su puesto dentro de los organismos. La resolución oficial, a cinco días de conocerse la nueva nómina de trabajadoras y trabajadores despedidos, debe ser rechazada oficina por oficina, organismo por organismo, por afiliados y no afiliados. LEER MÁS: Sturzenegger: despidos, desguace y arancelamiento universitario Por Valu Viglieca, 11/07/2024.

En un acto en la Casa Blanca, rodeado de una escenografía de niños y jóvenes sentados en pupitres, Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la que instruye a su secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar las medidas necesarias para iniciar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados de la Unión. En EE.UU., la política educativa (programas educativos, salarios docentes, etc.) es propia de cada estado. Sin embargo, el Departamento de Educación gestiona el otorgamiento de los fondos federales para programas de apoyo a estudiantes sin hogar, escuelas de bajos ingresos, becas de estudio para estudiantes universitarios y becas de investigación. Con “la devolución de la autoridad educativa a los estados”, las decisiones sobre el otorgamiento de los beneficios contemplados en estos programas quedan a merced de los estados y alcaldías (la mayoría gobernados por republicanos). Como el Departamento de Educación fue creado por una ley del Congreso en 1979, su cierre debería hacerse mediante una ley aprobada por el Congreso. Pero la orden ejecutiva obvia su trámite parlamentario, lo que retrata a un gobierno que despliega su política con métodos propios de un régimen de excepción. Sin embargo, con o sin decreto, el cierre ya fue iniciado con los recortes implementados el Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por el archimillonario Elon Musk y el despido de la mitad de los profesionales dedicados a los programas mencionados (2.100 sobre un total de 4.400 trabajadores). La letra de la orden es explícitamente ideológica (fascista): "Los programas o actividades que reciban los fondos remanentes no promoverán iniciativas de diversidad, equidad e inclusión ni la ideología de género" (El Mundo, 21/03). El ataque a la educación pública se completa con un proyecto impulsado por los republicanos, para instaurar un sistema de cupones mediante el cual empresas y particulares que donen a programas educativos, recibirían el 100 por ciento de su dinero cuando declaren sus impuestos” (Washington Post, 6/03). Las empresas podrían invertir en estos programas, obteniendo deducciones de impuestos y evitando los impuestos sobre las ganancias de capital. Se estima que este plan desviaría $5-10 mil millones en fondos públicos a la educación privada (Work Socialist Web Site, 11/03). Este proyecto está en línea con la orden ejecutiva del 29 de enero pasado, titulada “Ampliar la libertad y las oportunidades educativas para las familias”, y otra, llamada “Poner fin al adoctrinamiento radical en la educación primaria y secundaria”. Ambas fueron inspiradas por America First Policy Institute (AFPI), un lobby fundado en 2021, liderado por la actual secretaria de educación Mc Mahon. La AFPI quiere redefinir la educación norteamericana en torno al chovinismo y a la revisión historiográfica en relación al racismo: “Las élites y corporaciones antipatrióticas (...) han utilizado su poder y dinero para crear y normalizar la narrativa de que Estados Unidos y la fundación estadounidense son inherentemente malos, una narrativa según la cual ser patriótico es ser racista”; y concluye que su misión es “investigar y desarrollar políticas centradas en el patriotismo” (AFPI, 28/06/21). Desfinanciamiento educativo, rescate al capital por vía impositiva, ataque a los derechos a la educación y chovinismo patriótico son los elementos distintivos de la política educativa trumpista. El ataque de Trump a las universidades Al anuncio del congelamiento de fondos por 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia, "debido a su pasividad ante el persistente acoso a estudiantes judíos" - una coartada para prohibir las manifestaciones contra el genocidio sionista en Gaza - le siguió la detención ilegal de Mahmoud Khalil , dirigente estudiantil de la rebelión en la Universidad de Columbia contra la “continua inversión financiera de la universidad en corporaciones que se benefician del apartheid israelí, el genocidio y la ocupación militar de Palestina”. La extorsión financiera a Columbia no sólo busca la prohibición de manifestaciones antisionistas; procura intervenir su gobierno y régimen académico. El 13 de marzo pasado, “la administración Trump envió una carta a Columbia exigiendo que la administración realice cambios en su gobierno, sus procesos de admisión y sus programas académicos ‘como condición previa para las negociaciones formales’ con la administración” (New York Times, 18/03). Una pretensión que viola groseramente el régimen universitario. La respuesta de las autoridades de Columbia a la extorsión fue “la contratación de 36 ‘oficiales especiales’ con el poder para sacar y arrestar a individuos; y la supervisión de los Departamentos de Estudios de Oriente Próximo, el Sur de Asia y África, así como el Centro de Estudios Palestinos, bajo un vicerrector nombrado por la universidad” (World Socialist Web Site, 25/03). El método de bloqueo de fondos federales como chantaje para introducir cambios en el régimen universitario es sistemático. Como parte de la campaña de eliminación de los programas de “diversidad, equidad e inclusión”, 52 universidades en 41 estados son objeto de investigaciones del Departamento de Educación. “Los estudiantes deben ser evaluados según su mérito y logros, no prejuzgados por el color de su piel”, afirmó Linda Mc Mahon (La Nación, 14/03). Las investigaciones fueron anunciadas un mes después de que el Departamento de Educación emitiera un memorando donde amenaza a las escuelas y universidades con perder los fondos federales si adoptan dichos programas en las admisiones, becas o cualquier otro aspecto de la vida estudiantil. Perversamente, el argumento del gobierno es que esos programas violan la Ley de Derechos Civiles de 1964, al excluir a estudiantes blancos y estadounidenses de origen asiático, cuando su promulgación fue el resultado de las movilizaciones de masas contra la segregación de los afroamericanos de la vida civil. Si en la segunda posguerra, la política del imperialismo logró integrar a la academia en su desarrollo tecnológico y esfuerzo militar, el trumpismo las extorsiona, desfinancia e interviene en su vida académica. Esto es percibido por sectores académicos: “Lo distintivo de lo que está sucediendo es que el concepto mismo de la universidad como institución autónoma está bajo ataque directo. (...) Si durante la Guerra Fría el gobierno financió las universidades para fortalecer a Estados Unidos, la segunda administración del Sr. Trump las trata como una amenaza a desmantelar”, dice una profesora de Yale en una columna de New York Times (18/03). Las tendencias al pasaje del imperialismo democrático al fascismo se expresan dramáticamente en la vida académica de EE.UU. . LEER MÁS: Estados Unidos: un juez limita las prohibiciones de libros en escuelas y bibliotecas Podían llevar a la cárcel a docentes y bibliotecarios que no los censuraran. Por Olga Cristóbal, 29/12/2024.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, irá a juicio oral por abuso sexual a quien fuera su secretaria Melody Rakauskas. Espinoza es acusado también, de desobediencia y de violar la medida preventiva de distanciamiento hacia la víctima. El juez de caso, Fernando Caunedo, no dio lugar al pedido de sobreseimiento que realizó la defensa del dirigente peronista. Caunedo consideró la etapa de juicio oral como instancia definitiva para su resolución. La sala VII de la Cámara de Crimen ratificó lo dispuesto por el juez y se estima que el juicio se lleva adelante a principios de julio. La defensa de Espinoza sostiene que el juez actúa con “desconocimiento del expediente” y que ignoró el pedido de los fiscales de sobreseimiento por “falta de pruebas concretas”. El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza insiste en la presentación un proyecto para licenciar de su cargo al intendente. Aquellos que pretenden embanderarse en una supuesta defensa de los derechos de las mujeres son los que han intentado sacar la figura de femicidio del Código Penal y son también los que pretender dejar sin jubilación a miles de mujeres con la suspensión de la moratoria. En el 2024, cuando Espinoza fue procesado, hubo un reordenamiento de gabinete con nuevos nombramientos para las subsecretarías en el distrito matancero. Ante esta nueva crisis, el peronismo ha profundizado su división. La Cámpora (Máximo Kirchner) tomó distancia de Espinoza, mientras que el sector de Axel Kicillof lo sostiene con uñas y dientes. “Le están haciendo un daño terrible al partido, se tiene que correr y dar un paso al costado”, le dijo un dirigente del municipio de La Matanza al diario La Nación (26/3). Obviamente, temen un impacto electoral negativo en el principal distrito de la Provincia de Buenos Aires. El “caso Espinoza” es un nuevo episodio de la crisis en el PJ. Todavía no han saldado si desdoblarán o no las elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires. Los partidos del régimen operan y hacen demagogia con este caso, en función de sacar alguna tajada electoral. Son los responsables del ataque sistemático de las condiciones de vida de los trabajadores y de las mujeres en particular.

Desde la cuenta de la Casa Rosada, luego de la multitudinaria marcha en el aniversario del golpe, se hizo el siguiente posteo: "Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, una fecha en la que hacemos un llamado a la defensa de la vida humana desde su concepción y reafirmamos que la vida siempre vence a la muerte". La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó, por su lado, un acto en el Senado y en sus redes expresó que desde la promulgación de la ley se produjeron más abortos que habitantes tiene Tierra del Fuego. Agregó: “una política estatal que engendra muerte no representa un avance ni un derecho”. “El Día del Niño por Nacer” fue instaurado por Carlos Menem, intransigente defensor del aborto ilegal. Fue aprobada por el Congreso en 1998, luego de que Menem visitara al entonces papa Juan Pablo II en el Vaticano. Argentina fue el primer país de Latinoamérica en sumar esa fecha a su calendario institucional. Esta disposición reaccionaria se remite a la propia la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la ONU, que define al niño como todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad, a la cual se le otorgó rango constitucional en la reforma ‘woke’ de 1994. El acto de Villarruel en el Senado trascendió no sólo por sus declaraciones sino también por los dichos de Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA. Este se expresó en contra de la inserción laboral de las mujeres, y hasta en los deportes, de la anticoncepción y de la prevención del embarazo no intencional adolescente. Los mensajes de los bandos libertarios anticipan su intención de volver a la carga con la derogación del aborto legal , luego del recambio legislativo y del resultado de las elecciones de octubre próximo. En un cuadro de debilidad política y financiera, pretende galvanizar el apoyo de las huestes clericales, especialmente evangélicas. Urge que el movimiento de mujeres gane las calles en unidad con los jubilados y los sectores en lucha para enfrentar a las camarillas gobernantes de corte fascista. Hay que recurrir a las autoconvocatorias para superar el bloqueo que pretenden imponer las organizaciones pejotakirchneristas en nombre de golpear al gobierno en las elecciones parlamentarias .

Los salarios de los choferes de colectivos están muy atrasados, con paritarias congeladas desde hace meses, sin que el sindicato convoque a luchar. La convocatoria a un paro general de la UTA para este viernes, sin embargo, no tuvo nada que ver con los intereses de los choferes. La conciliación obligatoria dictada por el gobierno Milei-Pettovello-Cordero por 15 días se ejecutó automáticamente. El “paro que no fue” se trató de una maniobra conjunta entre la UTA y el Gobierno para darle una cobertura legal a los dirigentes del sindicato para bajarse decorosamente del paro de la CGT y dejarlo sin su principal herramienta de presión. En medio de la ‘deslaboralización’ de las relaciones laborales , que ha generado un mar de monotributistas, independientes, trabajadores en negro, por objetivos, etc.; el paro convocado por los sindicatos orgánicos de la CGT solo se siente si se le quita a los precarizados la posibilidad de llegar a sus lugares de trabajo. Aún con paro de la UTA, en las localidades del interior este tipo de medidas prácticamente no tienen impacto. Según La Nación, “desde el Gobierno sostienen que la UTA está imposibilitada de tomar medidas de fuerza por el período de conciliación dispuesto. En caso de adherir, el gremio se expondría a una sanción, que podría ir desde una pena económica a la pérdida de la personería gremial”. Esto es falso; la adhesión a un paro general queda afuera de la ‘conciliación’ con la patronal del transporte. Pero no sé trata de un problema legal sino político, pues la conciliación obligatoria aplica a una medida de naturaleza diferente a la adoptada por la CGT. “Si el Gobierno quisiera condicionar a los sindicatos y aplicar la conciliación obligatoria para la huelga general, tiene que convocar a integrantes del propio Gobierno y a la CGT y aplicarle la conciliación obligatoria a ese conflicto. Esto implicaría que no podría haber un paro general y que el Gobierno debería dar marcha atrás con la política económica de la cual se deriva esa convocatoria a paro general, y las partes sentarse a negociar. Pero el Gobierno no puede decir, ustedes la UTA, o ustedes Calzado, o ustedes los metalúrgicos, o cualquier sindicato, como tienen un conflicto con su patronal en el que hay conciliación obligatoria no pueden adherir a un paro general de la CGT. No tiene ningún sustento jurídico”, opinó el abogado laboral Gustavo Ciampa en el portal www.mundogremial.com. Prueba de ello es que los trabajadores de Granja Tres Arroyos pararon rotundamente contra el no pago de los salarios, aun cuando existía una conciliación obligatoria vigente por los 80 trabajadores despedidos. En conclusión: la conciliación obligatoria solo le servirá a la UTA como una excusa para bajarse de un paro general al que no quiere adherir. La crisis del régimen de transporte subsidiado ha alineado a un conjunto de patronales detrás del reclamo de la liberación de las tarifas y el fin de los subsidios. El gobierno, aunque todavía no liberó las tarifas, le ha concedido un megatarifazo a las empresas de colectivos, mientras sigue pagando miles de millones de pesos en subsidios. Las líneas de colectivos redujeron notoriamente las frecuencias de los ramales y horarios menos rentables, mientras los salarios de los trabajadores siguen congelados en $1.050.000 – otro gran subsidio al capital. Detrás de esta orientación patronal, está alineada la conducción de la UTA. Roberto Fernández, secretario general, valoró en su comunicado de ayer la política del gobierno frente al transporte. Fernández tiene 80 años y es desde 2008 secretario general de la UTA, que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. La UTA no acompañó en su momento los intentos de algunos gremios del transporte de tomar medidas al margen de la CGT . El alineamiento de la conducción de la UTA con el Gobierno coincide con el conjunto de las direcciones sindicales, con el moyanismo a la cabeza . La consistencia del paro de la CGT está fuertemente cuestionada, por la defección de la UTA, pero también por las características del paro, que fue llamado sin que se modifique un milímetro la colaboración de los sindicatos con el Gobierno . El paro, en su consigna central, cuestiona los topes a las paritarias que los mismos dirigentes sindicales de la CGT firman. Algunos medios atribuyen la convocatoria al paro a la búsqueda de una negociación con el Gobierno para evitar que se modifique el aporte de los no afiliados, una de las principales cajas de los sindicatos.

La utilización de una aplicación de mensajería comercial por parte de los miembros del gabinete trumpista, para intercambiar sobre secretos militares, y su filtración en la prensa, ha abierto una crisis política en Estados Unidos. El medio The Atlantic informó que su editor en jefe, Jeffrey Goldberg, había sido incluido en un chat del gobierno en Signal, que no es un mecanismo oficial de comunicación, y que en dicho intercambio se habían expuestos secretos y planes militares referentes al ataque de EE.UU. contra los hutíes de Yemen . Posteriormente, ante diversos desmentidos oficiales sobre el carácter reservado de los datos manejados, Goldberg hizo públicos los mensajes del chat, con datos de armamento y horario de bombardeos. En la conversación participaron el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de Defensa, Peter Hegseth, el consejero de seguridad nacional, Michael Waltz, el secretario de Estado, Marco Rubio, el emisario de Trump para negociaciones en Medio Oriente y Ucrania , Steve Witkoff, y el director de la CIA, John Ratcliffe, entre otros. El chat de los jerarcas trumpistas pone de relieve que no había ninguna agresión a los Estados Unidos ni amenaza inminente. En nombre de la defensa de la “libertad” del tráfico marítimo en el Mar Rojo, el propósito del ataque era el apoyo a la limpieza étnica del régimen sionista. Los hutíes impedían con sus ataques la circulación de barcos israelíes, como respuesta a la violación del cese al fuego por parte de Netanyahu y en tanto se mantuviera el bloqueo al ingreso de alimentos y medicamentos a Gaza. Trump y Pete Hegseth ordenaron los ataques contra una fuerza política a la que califican de una sucursal de Irán, por eso han sido interpretados como parte de una guerra contra el régimen persa, que Trump y Netanyahu han reclamado en forma reiterada. No se puede descartar que el jefe de la publicación The Atlantic haya sido utilizado como un apremio militar contra Irán. Algo parecido habían hecho Trump y Vance en ocasión de la reunión con Zelensky en la Casa Blanca, donde el maltrato al ucraniano quedó ampliamente difundido . En la conversación quedó expuesto un debate acerca de la oportunidad de este ataque. El vice Vance planteó que sería conveniente demorar un mes los ataques para generar mayor ambiente en la población. Joe Kent, quien es propuesto por Trump para dirigir el Centro de Contraterrorismo, escribió en el mismo sentido: “no hay nada urgente que nos apure, tendremos las mismas opciones en un mes”. Hegseth descartó esperar, afirmando que nada cambiaría en un mes. “Esto no se trata de los hutíes”, afirmó, sino de “restaurar la libertad de navegación” y “restablecer la disuasión”. Toda la conversación, más allá de los detalles sobre armamento y lanzamiento de ataques, pone de relieve la completa liviandad con la se deciden bombardeos masivos que asesinan a decenas de civiles y al personal civil del gobierno yemení (lo cual está prohibido por convenciones internacionales). La oposición demócrata norteamericana ha denunciado la “brecha de seguridad” que significa la comunicación por mensajerías públicas o comerciales, más la incorporación de periodistas. Tampoco el propósito de extender la guerra en Medio Oriente a Irán. Algunos trumpistas sostienen no se dio difusión a ningún “plan de guerra” … y que una guerra debe ser aprobada por el Congreso. Trump, que gobierna por decreto , milita en el campo de quienes sostienen que el Ejecutivo tiene facultades para iniciar la guerra, y ofrecerla al Congreso como un hecho consumado. Trump ha declarado a la inmigración una invasión enemiga contra territorio norteamericano y enviado al ejército a la frontera, sin molestarse en consultar al Congreso. Otro aspecto de los chats, es el desprecio de los integrantes del gobierno trumpista a sus “aliados”. Se ve en los discursos de Vance, el episodio de destrato a Zelensky en la Casa Blanca, y los contínuos ataques del propio Trump a la Unión Europea. Los intercambios particularmente entre Pete Hegseth, J.D. Vance y el subjefe del gabinete Stephen Miller, plantean el “odio” que les produce “volver a rescatar a Europa”. Vance es quien protesta en mayor medida, dando a entender que deberían ser los imperialistas europeos los que paguen esta operación, ya que la mayoría del tráfico marítimo afectado por los hutíes los afecta a ellos. Michael Waltz plantea que están recopilando los gastos asociados a ese ataque para “imponérselos a los europeos” (Como cuando Bullrich pretende que piqueteros y jubilados costeen la movilización de que son víctimas. El fascista Stephen Miller (no es una exageración, es conocido por ser defensor del supremacismo blanco) también apunta que EE.UU. debe “dejar claro pronto a Egipto y a Europa lo que esperamos a cambio”; “Si Europa no nos remunera, ¿entonces qué? Si EE.UU. consigue restablecer la libertad de navegación a un alto coste, tiene que obtener algún beneficio económico a cambio”. El propósito de Trump de apropiarse de Gaza para convertirla en un “resort” , no figura en esa factura. Trump ha minimizado la importancia de esta crisis, afirmando que los ataques a Yemen fueron “increíblemente exitosos” y que la filtración de esa información no tuvo efectos. Afirmó que la prensa y los demócratas realizan una “caza de brujas” a propósito de este escándalo, y reiteró su apoyo público a Waltz, el que asumió la responsabilidad de haber creado el grupo de chat y de haber agregado al periodista de The Atlantic, y en particular al secretario de Defensa Hegseth. “Es poco probable que Trump despida a su asesor de seguridad nacional (…), según dos funcionarios cercanos al presidente” (The Guardian, 27/3). Los Demócratas viven su propia crisis La crisis instalada se produce entre dos variantes políticas de la guerra imperialista. Los demócratas acusan a Trump de dar la espalda a Ucrania y de pactar con Putin, y reclaman continuar con la guerra de la OTAN contra Rusia . No plantean ninguna objeción frente a la escalada en Medio Oriente, ni a la persecución contra los estudiantes que se movilizan contra el genocidio israelí , incluso cuando esto es abiertamente expuesto ante sus narices, como sucedió en la Cámara de Representantes donde el director del FMI Kash Patel confirmó que dicha agencia de inteligencia estaba espiando y haciendo un seguimiento de las personas que participan de protestas en defensa de Palestina en los campus universitarios. La complacencia con Trump, y el voto al presupuesto que facilita los recortes y despidos encabezados por Elon Musk, está generando un amplio repudio y potencialmente una crisis en el P.D., que se expresó deformadamente incluso a nivel parlamentario, cuando buena parte de los integrantes de la Cámara de Representantes cuestionó la actuación de la minoría del PD en el Senado, y en particular a su líder Chuck Schumer. “Hay un profundo sentimiento de indignación y traición”, afirmó la representante de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez (CNN, 13/3). La “izquierda” demócrata se alinea también con la guerra de la OTAN y con la defensa de Israel frente a Hamas, discrepando en aspectos parciales, pero acordando con la orientación estratégica. Su impotencia y seguidismo a los Hillary Clinton, Joe Biden y Kamala Harris ha sido una constante. El senador Bernie Sanders, quien realiza una gira de denuncia del “autoritarismo” de Trump y del dominio de la “oligarquía” -junto a la congresista Alexandra Ocasio-Cortez- también se coloca en la defensa de la guerra de la OTAN. El 3 de marzo tuiteó: “Los estadounidenses se sienten avergonzados de tener un presidente que dice que Ucrania inició la guerra con Rusia. Debemos defender nuestra tradición de 250 años de ser el líder democrático del mundo y no darle la espalda a un país en dificultades que está tratando de salvar a su gente”. La defensa de la “tradición” del imperialismo yanqui y de la guerra de la OTAN no podía ser más clara. La elevada concurrencia de miles de personas a los actos “antioligárquicos” de Sanders es otra expresión más del malestar no sólo con el régimen trumpista sino también con la “oposición” . Consultado sobre la política del PD, Sanders declaró: “El Partido Demócrata está fuertemente dominado por la clase multimillonaria, dirigido por consultores que están totalmente desconectados de la realidad. El Partido Demócrata prácticamente no tiene apoyo popular”. A continuación, busca canalizar la bronca hacia la interna de ese mismo partido : “Intentamos, de una forma u otra, crear un partido dentro del partido, para reunir a millones de jóvenes, trabajadores y personas de color, para exigir que el Partido Demócrata empiece a apoyar a la clase trabajadora de este país y se enfrente a los poderosos intereses corporativos que nunca lo han tenido tan bien” (CNN, 19/3). Respecto a la cuestión palestina, si bien han denunciado los actos genocidas de Netanyahu, tanto Sanders como Ocasio-Cortez han reivindicado “el derecho a la defensa de Israel” frente a Hamas. Sanders declaró en noviembre de 2023: “No sé cómo se puede lograr un alto el fuego, un alto el fuego permanente, con una organización como Hamas, dedicada a la agitación y el caos, y a destruir el Estado de Israel” (CNN). Ocasio-Cortez incluso ha participado de actividades en favor de declarar antisemitas a quienes cuestionan la existencia del Estado sionista.

El torneo de versiones en torno del futuro acuerdo con el FMI pone de manifiesto un choque de intereses y un conflicto político al interior del bloque que llevó a Milei a la presidencia. Los analistas económicos que atribuyen la corrida cambiaria a la “incertidumbre” del acuerdo con el FMI, no pueden explicar porqué esa corrida no retrocede, sino que se acelera a medida que aumentan las precisiones sobre sus términos. Es que el motor de la crisis devaluatoria es el acuerdo mismo . No es un secreto que, de los 20.000 millones de dólares anunciados, el 70 % de esa cifra -14.000 millones- deberá destinarse al pago de los vencimientos con el propio Fondo de los próximos cuatro años, y serán desembolsados a medida que se produzcan esos mismos vencimientos. En cuanto a los 6.000 millones de dólares restantes, que podrían arribar de inmediato, son ultralimitados para enfrentar la tendencia de los tenedores de deuda doméstica a dolarizarse. Un monto superior de fondos “disponibles”, por parte del Banco Mundial o del BID, es incierto, porque esos bancos sólo están autorizados a otorgar créditos para infraestructura o gastos sociales (por ejemplo, los fondos que el BID asignó para la renovación de las vías del ferrocarril San Martin). En definitiva, el ‘plan’ económico libertario se ha agotado. Esto plantea una crisis política. Es probable que el FMI condicione los fondos a una salida política. El fracaso de la renovación de deuda doméstica (9 billones de pesos) es lapidario. No la salvó el ofrecimiento de bonos indexados por dólar. De los 6,5 billones que se renovaron, el Banco Nación tuvo que tomar 5,5 billones –un 90 por ciento-. Los signos son claros. Milei no le aprobó a los bancos una serie de medidas para salir a comprar deuda porque ellas ampliarían la base monetaria presente. Si eso es lo que los bancos efectivamente necesitan, buscarán otras vías para lograrlo. La salida del actual régimen cambiario ha desatado, en efecto, una deliberación furiosa en los bancos y en el conjunto de la burguesía. De un lado, entre los que se endeudaron en dólares para cambiarlos a los pesos “fuertes” y especular en el mercado local. Esa fracción exige las garantías para salir del esquema actual sin quebrantos. Del otro, la burguesía agraria e industrial se ve amenazada de una quiebra en masa de no mediar una devaluación. Ahora Milei tiene que poner garantías políticas para obtener un préstamo. Puede ser el mismo préstamo del que se viene hablando, pero la base del gobierno debería ampliarse. Otro gabinete y otras listas electorales, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. El recambio significa que el bloque dispuesto a votar la Ficha Limpia para proscribir a CFK, debería ser invitado a ingresar al Gabinete. Los hechos darán su veredicto, pero esta es nuestra caracterización del momento. La mayor dificultad para el gobierno es que la exigencia de este cambio lo agarró desprevenido. Caputo deberá renunciar otra vez. Macri y Pichetto podrán poner su gente en el gobierno y obligar a un replanteo de las listas y la campaña para octubre próximo. Si el motorista de la sierra no quiere desprenderse de su hermana y del sobrino de su ministro de Economía, un desbande electoral lo pondría patitas afuera. El capítulo político del rescate del FMI, o sea, el imperialismo, todavía no se ha explicitado en forma oficial. Pero la integración al gobierno del macrismo equivale a la recreación del bloque político que le permitió a Milei ganar el balotaje en octubre pasado, aunque golpeado y considerablemente disminuido; es una apuesta frente a un callejón con escasa salida, si es que es alguna. El telón de fondo de estos enjuagues es el arribo de la camarilla de los hermanos Milei a los estrados judiciales del criptogate . Por el otro, un escenario de movilizaciones callejeras, en solo un trimestre. La crisis se ha planteado, con toda su fuerza, en el cierre de las listas porteñas, con la división de los libertarios entre Adorni y Marra, y la fractura entre éstos y los candidatos macristas. Milei tendrá que decidir si, frente al abismo, sigue dando pasos al frente. La clase obrera Un reconocido economista del establishment, Daniel Artana, se ha anotado en la legión de los que afirman que la devaluación “moderada” podría funcionar siempre y cuando actúe el otro cepo, la CGT. Aunque la pelea por el desenlace económico se libra principalmente por “arriba”, el fantasma que desvela a los diferentes grupos de explotadores es la reacción de abajo. La burocracia se está encargando de deshilachar el paro aislado que convocó para el 10 de abril , ahora que la UTA lo abandona bajo la excusa de la conciliación obligatoria . En la gran industria -siderurgia, neumático- la tensión salarial se une a la persistencia e intensificación de la política de despidos. La clase obrera debe entrar en la crisis con su propia perspectiva, en especial porque el kirchnerismo querrá copar la cartelera. Como la crisis es integral, la necesidad de impulsar una huelga general está a la orden del día . Es la vía para autorganizarnos: recuperar los salarios, las jubilaciones y los derechos políticos, sociales y laborales; y desbaratar la maniobra del “recambio”, o sea la pata ‘popular’ que llevaría a nuevas derrotas. LEER MÁS: “Síganme que los voy a devaluar” El gobierno acuerda con el FMI un programa de guerra social. Por Jorge Altamira, 27/03/2025.

En la jornada del 24M, las calles de Catamarca fueron recorridas por centenares de manifestantes. La marcha culminó en la plaza principal de la capital catamarqueña. La marcha del 24M fue convocada inicialmente desde la Asamblea Antifascista Antirracista , formada por la autoconvocatoria, al calor de la movilización del 1 de febrero y sostenida hasta la fecha, incluyendo la organización del 8M. La convocatoria de la Asamblea recogió la propuesta transmitida por expresos políticos y jubilados de realizar una acción independiente, contemplando horario y lugar de concentración en la Plaza de “La Estación”, una marcha hasta la Plaza 25 de Mayo y el cierre con una radio abierta, con el uso democrático de la palabra. De esta asamblea participaron autoconvocados, organizaciones feministas y la diversidad, como también Política Obrera y los partidos del FITU. Con posterioridad a esta convocatoria y en paralelo, los partidos del FITU catamarqueño (el aparato del PO y el MST), junto con sectores kirchneristas y la CCC, impulsaron la formación de una comisión organizadora que adoptó para la marcha las mismas acciones promovidas por la Asamblea Antifascista Antirracista, e integrando a expresos políticos y jubilados. A partir de esta comisión FITU-K, se realizaron acciones tendientes a monopolizar la organización de la jornada del 24M. El gobierno peronista de Raúl Jalil en la provincia se abstuvo de realizar cualquier tipo de acción durante la jornada del 24M. Del mismo modo actuó el intendente de la Capital, Gustavo Saadi. Sin embargo, los sectores del PJ-K intervinieron en la manifestación con sus legisladores provinciales y nacionales, a instancias de la comisión FITU-K. Al llegar a la Plaza Principal, la radio abierta fue manipulada y la comisión FITU-K impuso una lista de oradores cerrada. De esta manera fueron marginados del uso de la palabra Centros de Estudiantes, el grupo de teatro Constructores, organizaciones políticas e integrantes autoconvocadxs de la Asamblea Antifascista Antirracista. Política Obrera participó de la jornada del 24M promoviendo una columna independiente junto a manifestantes referenciados con las asambleas antifascista y universitaria, con los centros de estudiantes de los institutos terciarios recuperados y con sectores autoconvocados. En la Plaza principal realizamos nuestra agitación, cuestionando la unificación que la comisión FITU-K pretendió imponer y promoviendo el rumbo de la autoconvocatoria, las asambleas y la coordinación por una huelga general como horizonte, para alcanzar las reivindicaciones de todos los sectores en lucha. VER LOS SIGUIENTES VIDEOS: Intervención de Política Obrera, a cargo del compañero Bruno Corzo, en la movilización del 24 de Marzo en Catamarca Publicada en el FB de PO Catamarca y Nacional. Cobertura de El Ancasti y Canal 7 de Catamarca al Acto del #24DeMarzo con entrevista a Lucía Coronel, militante de la Juventud de Política Obrera en la Provincia Publicada en el FB Nacional de Política Obrera.

Luego del paro de 24 horas convocado por el SUTNA contra la dilación infinita de las patronales al pedido de actualización salarial , la patronal lanzó en la tarde del viernes 28 de marzo una juntada de firmas, comandada por capataces y supervisores, para obligar a los trabajadores a aceptar en forma individual y bajo amenazas el sistema de trabajo que los trabajadores rechazaron en dos asambleas generales . La campaña relámpago lanzada por la patronal motivó asambleas informativas convocadas por la seccional San Fernando del SUTNA en la cual se instó a los trabajadores a no firmar ningún petitorio promovido por la patronal. En clara represalia a la reacción obrera contraria al cambio de sistema de trabajo y por la actualización del salario, FATE, en la mañana de hoy 29 de marzo, arremetió con al menos 5 despidos antisindicales. A partir de esta abierta provocación de Madanes Quintanilla, el SUTNA San Fernando decretó un paro de 24 horas de cumplimiento macizo en toda la fábrica y por medio de un comunicado planteó que “(…) darán continuidad a la respuesta obrera ante este ataque de la patronal serán informadas a la brevedad, pero anticipamos que ellas incluirán tantas asambleas, acciones directas y todo tipo de acción de lucha que sea necesaria”. Casi al unísono de los despidos en FATE, la patronal de Pirelli emprendió una nueva ronda de aprietes contra los trabajadores para que acepten “su propio despido”. Al momento de escribir este artículo fueron al menos 10 compañeros los convocados por el gerente de RRHH de Pirelli. Las patronales del neumático arremeten contra el salario, el empleo y el convenio colectivo en forma coordinada y con el apoyo explícito del gobierno de Milei-FMI. La respuesta de los trabajadores también debe ser de conjunto. Reincorporación de todos los despedidos. Abajo los aprietes de las patronales para lograr la renuncia de los trabajadores. Aumento de salarios por encima de la inflación. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

Un conjunto de delegados y activistas y trabajadores de FOETRA, acabamos de oficializar la Lista Naranja, una alternativa clasista para las elecciones de FOETRA del 15 de mayo. Los trabajadores telefónicos volverán a poder votar por la Lista Naranja, con décadas de tradición clasista y de lucha en el gremio. Con un gremio en profundo retroceso y una oposición paralizada, la Naranja se presenta ante los telefónicos como una nueva alternativa. Necesitamos una alternativa porque el retroceso del salario no se detiene . La Azul y Blanca, conducción del gremio, firma paritarias a la baja sin pelear -como los demás gremios de la CGT y la CTA, cómplices del Gobierno-. La Lista Naranja planteará la lucha por un salario igual a la Canasta Familiar, al cual hoy no llegamos. Ponemos en pie una lista que enfrentará el proceso de ajuste sobre los puestos de trabajo, las condiciones laborales y el salario. La fusión de Telecom y Telefónica promete agravar esta avanzada contra los trabajadores; las presiones y la caída del salario llevan a muchos trabajadores a arreglar su salida. Nos presentamos porque necesitamos un planteo integral. La caída de los puestos laborales y del salario desfinancia nuestra Obra Social. También el Plan Solidario para jubilados, que deben cubrir de su bolsillo. Telecom decidió desfinanciar el Fondo Compensador, haciendo caer las prestaciones. Presentamos la Lista Naranja, con una larga tradición de lucha en FOETRA, porque es necesario un sindicato que funcione democráticamente . Que convoque elecciones de delegados para defender cada sector, hoy bloqueadas. Que funcione periódicamente el Plenario de delegados. Presentamos una lista independiente, porque la lista Granate se encuentra totalmente adaptada al retroceso al que la Azul y Blanca lleva a los trabajadores, y que cuenta entre sus dirigentes exladeros de Marín. Necesitamos una nueva dirección para los trabajadores telefónicos. Ante la monopolización por parte del Grupo Clarín que destruye puestos laborales y salarios, abriremos un debate por la nacionalización de las telecomunicaciones. ¡Por una nueva dirección en el gremio telefónico! Flavio Pereyra, candidato a secretario general Guido Fuentes, candidato a secretario adjunto LISTA NARANJA

Las elecciones legislativas porteñas han alcanzado un volumen político elevado. Sin PASO, serán el primer test electoral; los encuestadores le asignan impacto nacional. La apuesta del gobierno es un resultado que le abra camino para el desalojo del PRO del gobierno de la Ciudad en 2027. Contradictoriamente, influiría en las posibilidades de un frente de “al carajo con la libertad” y el PRO para enfrentar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. El test electoral porteño dejará establecida la posibilidad o no de una alianza en la estratégica provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Mauricio Macri mantiene el reclamo de ingresar al gabinete, luego de haber dado sobradas muestras de compromiso parlamentario. El rechazo de los liberticidas podría llevar al PRO del paraoficialismo a la oposición. En este ajetreo deberá influir mucho el tipo de salida que tenga la corrida cambiaria. La cuestión del acuerdo forma parte de las negociaciones con el FMI. El gobierno nacional ha puesto al frente de la lista porteña al vocero Manuel Adorni, un allegado 'íntimo' de la camarilla Milei-Santiago Caputo. Sin caudal de votos registrados, opera como una transferencia de Milei, cuyo fracaso sería un golpe político de altura. A los personeros que han comprado la franquicia 'libertaria' en elecciones locales no les ha ido bien. Karina Milei, dicen los diarios, hubiera preferido mantenerlo en el cargo, para no arriesgar tanto. La candidatura de Adorni sondea un reclutamiento de votos entre los electores del PRO que han votado, en 2023, por Patricia Bullrich –de quien se dice va ‘a patear’ el distrito-. La lista del PRO, por su parte, estará encabezada por la ‘sorora’ Silvia Lospennato , con intenso protagonismo en Diputados. Ocupa el lugar que estaba reservado para María Eugenia Vidal. Los ‘libertarios' Ramiro Marra y Yamil Santoro correrán con sus propias listas, como también ocurre con un renegado del PRO y JxC, Horacio Rodríguez Larreta. La disgregación de la ‘oferta’ de la derecha es la característica fundamental de la elección porteña. Pero oculta, toda sumada, una preponderancia electoral. El primer lugar que las encuestas le asignan a Leandro Santoro, con menos del 30 % de los votos, es vivido en el kirchnerismo como el anticipo de una victoria en Provincia. La habilidad de Santoro ha sido, sin embargo, la de distanciarse mediáticamente de los K y, por sobre todo, del último gobierno de los Fernández, sin importarle que haya apoyado “al Alberto” hasta el último suspiro de aquella coalición. Santoro tiene incluso la intención de rehabilitar su antigua condición de radical; donde hubo fuego quedan las cenizas. Ese retorno a las ‘fuentes’ es la excusa que ha encontrado Guillermo Moreno para negarse a votarlo; “peronistas votan peronistas”, contrariando los veinte años en que se disfrazó como Frente para la Victoria, Frente de Todos y Unión por la Patria. ‘Doctrinario’ del peronismo, Moreno ha sido un rabioso partidario del gobierno Menem-Alsogaray-Cavallo. El FITU también anotó su lista “independiente”, luego de haberse esforzado por armar un frente político “unitario" con el kirchnerismo para la marcha del 24 de Marzo y, más atrás, el llamado a votar a Massa en el balotaje con Milei . En su primera declaración pública, Vanina Biasi, la cabeza de lista, denunció al kirchnerismo por su ‘ausencia’ en las luchas de “los trabajadores y los jubilados”: no escarbó más allá de esto en la delimitación política con un partido patronal. Los sondeos no son generosos con el FITU, aunque pueden esconder un sesgo antiizquierdista de parte de las agencias de opinión. Desde un enfoque objetivo, enfrenta una inclinación del voto opositor hacia Santoro, a quien no le han propuesto ninguna marcha “unitaria”. Alternativamente, la podría ayudar la irrupción de la crisis financiera, pero se desconoce cuál es el programa del FITU, si lo tuviera, porque no lo presentó para la inscripción de listas. El FITU, una coalición decididamente oportunista, no es un canal para el descontento creciente y veloz de las masas trabajadoras . La elección porteña, así como el conjunto de elecciones desdobladas antes de las parlamentarias de octubre próximo, transitarán una etapa de crisis financieras agudas , por un lado, y una aceleración de luchas de distinto carácter, por otro. Ninguna encuesta refleja una tendencia a la abstención o al voto en blanco. Reforzado por el hecho de que no son elecciones ejecutivas, es probable que registre una dispersión de votos acentuada. Es lo que no logrará evitar la camarilla cuyo etiquetado frontal es “al carajo con la libertad”.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) dictaminó por unanimidad el pasado miércoles que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) irá a juicio por haber planeado un golpe de Estado para permanecer en el poder, con la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023 como acto último de ese plan . El expresidente derechista puede llegar recibir hasta 40 años de prisión. Además de Bolsonaro, entre los acusados se encuentran Alexandre Ramagen, exjefe de Inteligencia; Almir Garnier, exjefe de la Marina; Mauro Cid, asistente presidencial; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional; Paulo Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Braga Netto, exjefe de Gabinete y compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022. Según la justicia, todos ellos formaron el “núcleo crucial” de la trama golpista. Bolsonaro permanecerá en libertad durante el juicio. Cinco magistrados del TSF aceptaron el pedido de la fiscalía de llevar a Bolsonaro a juicio, argumentando que existen indicios razonables “que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal”, cuyo plan contemplaba el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes y la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa”. La conspiración se inició desde antes de los comicios de octubre de 2022 y culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023. El objetivo era desconocer la victoria de Lula da Silva en las elecciones de 2022, pero el complot no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército. Tras esa negativa, Bolsonaro animó a sus partidarios a asaltar la capital el 8 de enero de 2023, pocos días después de que Lula asumiera su mandato. Entre las pruebas figura los testimonios del teniente coronel Mauro Cid, ayudante del expresidente. Los exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea dijeron haber recibido una propuesta de golpe de Estado de parte de Bolsonaro. El juez del TSF, Alexander de Moraes, afirmó que no hay duda de que Bolsonaro conocía la existencia de un documento llamado “propaganda golpista”, que fue discutido con el alto mando de las Fuerzas Armadas y con quienes intentaron anular el resultado de las elecciones de 2022. La sumatoria de pruebas llevaron a que Bolsonaro sea imputado por cinco cargos, entre los que se destacan el intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del estado de derecho (por su ataque a los poderes Legislativo y Judicial) y organización criminal armada (que, según explica la justicia, se desarrolló con orden jerárquico, contaba con influencia de sectores militares y presentó una división de tareas entre sus integrantes). La decisión del tribunal entierra aún más las aspiraciones del líder opositor de regresar en algún momento al poder. A pesar de que Bolsonaro, que ya se encuentra inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, el expresidente insiste en que “por el momento, soy candidato”, aclarando que él es el plan “A, B y C” para 2026. En su cuenta de la red social X denuncia una persecución política y afirma que “el proceso contra mí avanza 14 veces más rápido que el de Mensalao y al menos 10 veces más rápido que el de Lula en Lava Jato”. Afirma que buscan proscribirlo debido a que ningún candidato lo vencería en 2026. Es cierto que en estos momentos la imagen positiva del actual mandatario Lula se encuentra en su punto histórico más bajo del 24 %, debido a la crisis económica brasileña. Pero el bolsonarismo tampoco da muestras de vitalidad. El clan Bolsonaro buscó consolidar antes de la sentencia un apoyo político en el Estado y en las calles, con escaso resultado. Una protesta convocada en su apoyo en Río de Janeiro a principios de este mes, en la cual el expresidente buscaba reunir al menos un millón de personas, congregó apenas a cerca de 18.000 manifestantes. No son pocos los analistas que sostienen que su capacidad de movilización se ha desplomado. Bolsonaro ha convocado una nueva manifestación para el próximo 6 de abril en São Paulo. A falta de un apoyo al interior de Brasil, la familia Bolsonaro busca la intervención de Estados Unidos. En una entrevista con The Wall Street Journal en noviembre pasado, Bolsonaro había afirmado que contaba con el apoyo de la administración Trump para poder eludir la prohibición de presentarse a las elecciones de 2026, y que éste ejercería presión sobre el gobierno de Lula mediante sanciones económicas contra Brasil. Ahora, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, miembro del Congreso, sostuvo que dejará el Congreso y buscará asilo político en Estados Unidos, donde espera conseguir apoyo político para amnistiar a los condenados del motín del 8 de enero e impulsará sanciones contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. En una entrevista con el Financial Times el mes pasado sostuvo que Moraes cumplía los requisitos para las sanciones estadounidenses bajo la Ley Magnitsky, originalmente diseñada para castigar a funcionarios rusos y congelar sus activos en el país. “Mientras los problemas legales de su padre empeoran, afirma el Financial Times (25/3) , Eduardo ha pasado gran parte de este año en Washington presionando a miembros del Congreso de Estados Unidos y a la administración Trump”. Según este diario mismo, “hay indicios de que la administración Trump está prestando atención a la campaña de la familia Bolsonaro”. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en febrero de este año el proyecto de ley “No Censors on our Shores Act” que despojaría al juez brasileño de Moraes de su visa estadounidense, junto con las de otros funcionarios extranjeros acusados de censurar la libertad de expresión de las personas en Estados Unidos. La campaña de Eduardo Bolsonaro busca apoyarse en el conflicto que se desató el año pasado entre el ahora funcionario de la administración Trump, Elon Musk, y el juez de Moraes, cuando la justicia brasileña cerró su plataforma X durante más de un mes en Brasil por acusaciones de que difundía discursos de odio. Musk calificó al juez de dictador en X, acusándolo de usar las facultades del tribunal para investigar, procesar y silenciar a los adversarios de Da Silva en redes sociales. El grupo de medios de Trump demandó a de Moraes en febrero de este año por sus medidas para impedir que los brasileños accedan a Rumble, una plataforma de video con sede en Florida. En su gira en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro aseguró que "todas las reuniones que solicitamos son aceptadas", remarcando los estrechos vínculos que mantiene con el equipo de Trump, aunque se negó a revelar con qué funcionarios de la administración estadounidense se reunió durante tres viajes a Washington en enero y febrero, o dar detalles de las conversaciones. Aseguró que no estaba pidiendo una intervención directa de Estados Unidos sino “la restauración de la democracia y la libertad”. El Wall Street Journal afirma que la decisión del TSF “supone un golpe a uno de los aliados más cercanos del presidente Trump en América Latina” (26/3). Eduardo Bolsonaro ha viajado varias veces a Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la presidencia. Un legislador del PT solicitó al Tribunal Supremo el 27 de febrero la incautación de su pasaporte debido a que Eduardo Bolsonaro ha intentado negociar con legisladores estadounidenses un proyecto de ley para "atacar e intimidar" al Tribunal Supremo de Brasil desde la investidura de Trump. Algunos analistas dan por descontado que Bolsonaro será condenado por los delitos de los que se lo acusan. La situación, sin embargo, dependerá probablemente de los vaivenes políticos nacionales e internacionales. El periódico brasileño Folha de Sao Pablo (26/3) aseguró que uno de los cinco miembros del TSF, Luiz Fux, allanó el camino para cuestionar el acuerdo de culpabilidad de Cid y revisar las sentencias del 8 de enero, cuando expresó sus desacuerdos respecto a las posiciones del juez de Moraes y sostuvo que “juzgamos con una emoción violenta tras la tragedia del 8 de enero. Fui a mi antigua oficina, donde la ministra Rosa [Weber] era mi vicepresidenta, y vi un escritorio quemado, papeles quemados. Pero creo que los jueces, en su vida, siempre deben reflexionar sobre sus errores y aciertos”. Según Folha , “la postura de Fux esta semana sería, más que un giro hacia un mayor conflicto con Moraes, la marcación de posiciones y un llamado a la reflexión sobre detalles y matices de los casos que se tramitan en la Corte Suprema”. El gobierno de Lula, por su parte, acorralado por la aceleración de la inflación y la caída de su imagen, busca no hacer olas y complacer las demandas de los sectores militares, los cuales brindaron un amplio apoyo al bolsonarismo en su ascenso al poder. Para este año, el gobierno de Lula decidió mantener la política adoptada desde 2023 de ignorar el aniversario del golpe militar de 1964 , que cumple 61 años el próximo lunes 31. El diario Folha asegura que “Lula y militares mantienen un pacto de silencio en el aniversario del golpe de 1964”. El acuerdo prevé que la fecha no será celebrada en los cuarteles ni repudiada por el gobierno. “El silencio es parte del esfuerzo del ministro de Defensa, José Mucio Monteiro, para conciliar las demandas del gobierno del PT con el ánimo de los militares”. El gobierno de Lula evalúa que la fecha para la realización de actos en defensa de la democracia ya no sean el 31 de marzo sino el 8 de enero, en referencia a los atentados contra las sedes de los Poderes ocurridos en 2023 . Esa iniciativa, sin embargo, “también ha sido una fuente de tensión en la relación entre Lula y los militares, (…) en parte por las acusaciones contra generales por participar en el intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro” ( Folha, 26/3 ). El candidato del presidente Lula a la jefatura del PT y favorito para las próximas elecciones internas, el ex alcalde Edinho Silva, adoptó por su parte una posición derrotista frente a un Bolsonaro en retirada. Aseguró públicamente que el bolsonarismo tiene base y que el PT, en cambio, tiene que “sudar sangre” para sacar 10 mil personas a las calles. Edinho Silva es el nombre que apoya Lula para liderar el PT. Diversos medios han asegurado que la decisión del TSF de llevar a Bolsonaro a juicio se trata de una decisión histórica, ya que es la primera vez en la historia de Brasil que acusados de intentar un golpe de Estado serán juzgados por ese crimen. La dictadura militar (1964-1985) , de la cual Bolsonaro es un ferviente admirador, culminó con una ley de amnistía para todo el personal militar. Pero los volantazos políticos en Brasil han demostrado una extrema volatilidad. Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero por el juez de primera instancia Sergio Moro en 2017 y, luego de más de un año y siete meses de prisión, fue liberado y en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia, para volver a la presidencia en 2022. El futuro político de Brasil no se definirá en los tribunales sino, antes que eso, en el terreno de la crisis mundial.

Los funcionarios del gobierno de Sáenz han saludado con bombos y platillos la llegada del Grupo Río Tinto a la provincia de Salta. El grupo anglo-australiano, en efecto, ha pasado a ser operador y controlante del Salar del Rincón, donde promete una inversión de 2.500 millones de dólares para la producción de carbonato de litio. La información oficial, sin embargo, omite decir que esta empresa internacional llega a Salta y a la Argentina como consecuencia de una operación de carácter global. Río Tinto adquirió la operación mundial de otra minera, Arcadium Lithium. Como consecuencia de ello, la compradora se quedó con Rincón del Salar -antes operada por Arcadium- y con actividades mineras de cobre y oro en la provincia de San Juan. Río Tinto ha pasado a ser la principal operadora de litio en el país, y la segunda productora del mundo. Las fusiones y adquisiciones en el negocio mundial del litio han sido precipitadas por la fabulosa caída en el precio del mineral, desde 80.000 a 12.000 dólares la tonelada, como resultado de la sobreproducción mundial y la caída de la demanda china. Los quebrantos producidos por este derrumbe expulsan del mercado a los productores más débiles, a expensas de los grupos con mayores “espaldas” para concentrar el negocio y “copar” yacimientos y salares a la espera de una reversión del mercado mundial. En Salta, Río Tinto ha anunciado la duplicación de los actuales niveles de producción de Rincón, pero hacia el año 2028. Vista la depresión mundial de precios, la expectativa de una reactivación más temprana es muy incierta. Sin perjuicio de ello, Río Tinto ya se aseguró beneficios extraordinarios para el Salar del Rincón. Después de reunirse tres veces con Milei y cortejar a los funcionarios de Sáenz, Río Tinto logró ingresar al RIGI, obteniendo ventajas excepcionales en materia de remisión de utilidades al exterior, retención de las divisas de la exportaciones y beneficios impositivos , por caso, la “amortización acelerada”. Por este mecanismo, que constituye un fraude contable “consentido”, la empresa puede descontar de sus balances la depreciación de sus inversiones antes de que el desgaste de las mismas efectivamente tenga lugar. Y, de ese modo, reducir ficticiamente sus utilidades y pagar menos por el impuesto a las ganancias. Este cheque generoso fue extendido por Milei-Saenz por una “inversión” -la compra de Rincón- que ¡hubiera tenido lugar de cualquier modo!, porque fue motivada por una fusión de alcance mundial. De Salta a Serbia Lo que ni Sáenz ni Milei han revelado, por cierto, es que este mismo grupo Río Tinto ha sido repudiado por movilizaciones masivas en la república de Serbia. En este país, centenares de miles de estudiantes y campesinos ganaron las calles en los últimos meses. Entre las principales razones del repudio al presidente derechista Alexander Vucic, se encuentra la oposición a que Río Tinto lleve adelante su proyecto de explotación de litio en el valle de Jadar. La población de esa región, que cuenta con un rico patrimonio agrícola, teme su completa depreciación a causa de la utilización abusiva de agua y de la contaminación ambiental que causarían la explotación de litio. Río Tinto viene preparando su desembarco con la compra de fincas en esa región serbia. Pero como el proyecto se demora, hay una legión de casas en completo abandono desde al menos cuatro años. Vucic aspira a que el proyecto de litio sea la puerta de entrada de Serbia a la Unión Europea. Aunque el consumo de litio para el mercado de autos eléctricos está en crecimiento, ninguno de los países de la UE quiere hacerse cargo de la provisión de litio, por sus graves efectos ambientales. En este cuadro, la UE pretende que países como Serbia actúen como basureros del continente. Por esta y otras razones, en las últimas semanas las protestas contra Vucic lanzaron a centenares de miles de serbios a las calles. Y otra vez Salta Río Tinto se ha quedado ahora con el proyecto de Rincón, cuya capacidad potencial de producción de litio parece cercana a la del cuestionado emprendimiento de Serbia. No hay porqué suponer que los procedimientos de producción resulten diferentes a los que en este momento son objeto de rechazos masivos en Europa. Mientras que debe esperarse un enorme pasivo ambiental en puerta, los beneficios del proyecto lograrán, RIGI mediante, quedar afuera del país. En sus primeros pasos en la provincia de Salta, la actividad minera ha reflejado todos los vaivenes de la crisis mundial y el derrumbe de precios . Las empresas operadoras redujeron su producción, licenciando o despidiendo a trabajadores de acuerdo a esas fluctuaciones. Ello significa que el régimen laboral de las mineras responde a las necesidades de los monopolios mineros : a través de la tercerización y la subcontratación en condiciones precarias, los que pagan los cimbronazos del mercado mundial terminan siendo los trabajadores. Milei y Sáenz, en definitiva, quieren hacer de Salta un “vertedero” de los monopolios mineros del planeta, y ofrecen hacer de la provincia una verdadera zona franca, en materia de impuestos y precariedad laboral . Para quebrar esta pretensión, se impone la nacionalización integral de la “cadena” de litio (Salares, plantas de tratamiento), bajo la dirección de sus trabajadores y técnicos. Solo de ese modo podrá establecerse un régimen de producción en equilibrio con el medio ambiente, y un régimen laboral que asegure salario y estabilidad a sus trabajadores. En lugar de la evasión de divisas y beneficios promovida por el Estado, la nacionalización permitiría constituir un fondo de recursos para asegurar el equilibrio ambiental y la estabilidad laboral de los trabajadores mineros.

En la ultima semana el foco de la atención no han sido las elecciones provinciales del próximo 13 de abril, sino el destape de un complejo armado de corrupción que vincula a empresarios, la ex AFIP y la Justicia Federal. Los nombres vinculados al poder que estarían involucrados todavía no se conocen en su totalidad. Sucede que el exdirector de AFIP Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, se encuentra siendo investigado por una decena de delitos vinculados al ejercicio de ese cargo público. Trafico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, entre otros delitos que se repiten en más de una oportunidad. “Acorralado” en la instancia judicial en que se encuentra, Vaudagna decidió declarar y acogerse a la figura de “imputado-colaborador” para verse beneficiado por una condena menor a la que pedirían los fiscales. A partir de su declaración se conoce cuál era su rol, quiénes los beneficiarios y perjudicados de una trama que usaba al Estado, incluyendo al Poder Judicial . Desde el mismo asesoraba a capitalistas de renombre para consumar evasión de impuestos: aquí aparece el nombre de Nahuel Caputto, socio mayoritario del diario santafesino “El Litoral”, además de estar involucrado en un fallido de compras de islas para la reubicación del puerto santafesino. A partir de estas maniobras, se esperaba que luego el Estado Provincial tenga que expropiárselas para dicha construcción y así hacerse de una cuantiosa indemnización. A su vez, este directivo se encargaba de impulsar investigaciones por incumplimientos fiscales que no llegaban a resolución, ya que en el ínterin se arreglaban sobornos que llegaban a sus bolsillos. Lo mismo con respecto a hacer la “vista gorda” respecto a empresarios sin los estados contables en regla. Incluso está involucrado uno de los exdirectivos de Vicentin SAIC, Omar Scarell, quien a partir de lo recolectado fue asesorado por Vaudagna para apropiarse de reintegros de IVA durante más cuatro años, cuya cifra alcanza los nueve dígitos. Asimismo, el asesoramiento con respecto al blanqueo de los créditos que fue tomando la cerealera previo a su desfalco, con las intenciones de que no recaigan denuncias penales en su contra a raíz de la administración fraudulenta. Lo dicho solo es un botón de muestra que lejos está de despejar el camino. Pero él no estuvo solo en esta serie de maniobras, ya que para desenvolverlas sobre un manto de legalidad tuvo el concurso de un juez federal con nombre y apellido. Es el caso de Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Rosario, que se encuentra investigado por el Consejo de la Magistratura y las fiscalías federales por, básicamente, utilizar sus facultades judiciales a conveniencia . Resuena el caso en el que este ordenó un allanamiento contra un candidato a hacerse de la dirección de una aseguradora y que este, a petición de parte, sin delegar en terceros este trabajo, allanó el domicilio del mencionado para ensuciarlo públicamente. Pero esto no es lo único que vincula al juez Bailaque. También se le reprocha no haber llevado adelante los procesos judiciales contra capos narcos de la provincia . Tal es el caso de Esteban Alvarado, hoy condenado a perpetua por la justicia provincial, ya que tuvo una de sus causas por narcotráfico en su juzgado y su conducta fue la inactividad y la inexistente diligencia en la investigación. Al tiempo se conoció públicamente que incluso compartía contador con Alvarado. Pero al igual que Vaudagna, no es la única de sus fechorías. Se lo acusa también de haber beneficiado a empresarios para hacerse con la concesión de los puertos de Rosario, que en su momento estuvieron intervenidos y cuya cooperativa pretendía quedársela este financista de apellido Whpei. En ese trajín, se benefició a una mutual de su propiedad que recibió fondos retenidos ya que ofrecían una mejor tasa de interés que los bancos. Al juez se lo vincula, dentro de la organización judicial, a Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema, y según las fuentes al momento de su designación fue impulsado por el kirchnerismo. Este capítulo de entrelazamiento entre el crimen organizado, capitalistas de renombre y el Estado todavía no se ha agotado. Que todo esto explote en medio de contiendas electorales y políticas expresa la crisis que tenemos en ciernes.

En una escuela de Salta Capital, un joven de 14 años ingresó a la escuela con un machete, amenazando de matar a sus compañeros. A razón de este hecho, Analía Fiore, la ministra de Educación, ordenó que se aplique el protocolo reaccionario que tiene Sáenz que, al mejor estilo trumpista y sionista, detiene a los menores y comienzan procesos judiciales. Pero este no es un hecho aislado. La directora del establecimiento declaró que ese protocolo lo aplican a diario en la escuela de Barrio Esperanza, en Salta Capital. Por otra parte, en la universidad, una docente fue agredida por alumnos y sus padres, al no poder responder a las demandas sobre unos exámenes y, al igual que los docentes de la escuela primaria, sienten su integridad física en juego. Esta semana, Salta -y en particular, sus instituciones educativas- fueron noticia porque comienza a verse cómo la crisis de descomposición social que está produciendo Sáenz, con altos índices de pobreza, desocupación y trabajo en negro, se refleja y cae con todo su peso en las escuelas, como extensión de la realidad social que vivimos en la provincia, también con la inseguridad. El gobierno de Sáenz ha dejado una radiografía social que muestra cómo empuja a la juventud y a la niñez y la muerte. La provincia encabeza por encima de la media nacional los índices de suicidios adolescentes. Por un lado, el suicidio, y por otro, la delincuencia, son las dos opciones que parece ofrecerles este régimen político. Producto de sostener un ´déficit fiscal cero´, al mejor estilo de Milei, este año las cifras de deserción estudiantil son drásticas. En la universidad casi un 40 % menos de concurrentes, en terciarios un 20 % y en nivel secundario 100.000 jóvenes menos, que ya ingresaron al mercado laboral precario y en negro. La provincia más pobre del país no tiene salida ni perspectiva para la juventud más que la represión y la descomposición que promueve el mismo Estado salteño, metido hasta los huesos en el negocio del narcotráfico . Por otra parte se desmantelan hospitales, instituciones educativas, centros de salud mental y la salud privada es un privilegio. Familias y docentes deben trabajar dobles jornadas para poder sobrevivir. Las familias y barriadas están en los límites entre la supervivencia y la muerte y son empujadas al abismo por estos gobiernos. Desde Política Obrera estamos abordando el problema de la “inseguridad” , que es en realidad la descomposición social que el mismo gobierno genera en la sociedad promoviendo los negocios más espurios, y nos oponemos por el vértice a su agenda reaccionaria, que pretende enfrentar a la población entre sí misma. Nuestro programa implica la recuperación de la niñez y la juventud y no su descarte, por medio de la salud, la educación, la cultura, el deporte. Por el acceso al trabajo y un salario igual a la canasta familiar, que le permita a las familias abordar sus problemas y acceder a las necesidades básicas de las cuales hoy estamos privados. No queremos más cárceles ni la baja de la edad de imputabilidad, sino que queremos la recuperación de esa juventud para rescatarla de las garras de un capitalismo en descomposición. Luchamos por una transformación social de raíz, que busque transformar los vínculos y relaciones humanas. Denunciamos al estado de Sáenz y Milei como los responsables de esta barbarie.

Ante la contundencia del paro que comenzó el sábado a la mañana contra los despidos ilegales y el intento de imponer un nuevo sistema de trabajo flexibilizador, que fue rechazado en dos asambleas generales por los trabajadores, la dirección del SUTNA extendió el paro de 24 horas hasta las 14 horas del lunes 31 de marzo, en el cual hay prevista una Asamblea General de fábrica para discutir la situación en su conjunto y votar las medidas a tomar. En la tarde de ayer, con el paro en pleno desarrollo, la patronal continuó con sus aprietes y hostigamiento, vía mail, sobre los trabajadores para imponerles el nuevo sistema de trabajo. El SUTNA denunció públicamente “el envío a cada trabajador de una comunicación digital mediante su aplicación (Humand), en la que describe su intención de avanzar en forma unilateral y prepotente con la imposición del cambio del sistema de trabajo”. La Asamblea General de FATE prevista para el 31/3 se llevará adelante en un contexto de ofensiva general de las patronales contra el empleo, el convenio y el salario. Efectivamente, las patronales vienen ninguneando las negociaciones paritarias desde fines de diciembre de 2024, incumplieron con el pago del bono de fin de año, pago de plus vacacional en FATE y continúan con su política de despidos directos y encubiertos. Hace 15 días la patronal de Bridgestone despidió de un saque 80 trabajadores y cerró el turno noche . En Pirelli, luego del paro nacional del 26/3, la patronal retomó la faena de aprietes a los compañeros para obligarlos a firmar su propio despido. El viernes fueron citados al menos 10 compañeros y el lunes 31/3 habría más y la patronal pretende reconfigurar la dotación del personal y pasar a operar con 3 grupos de trabajo en vez de 4. Las patronales actúan en forma coordinada para arremeter con el salario, las condiciones de trabajo y el convenio. Para alcanzar estos objetivos, las patronales se apoyan en un gobierno en crisis, a pesar del nuevo megaendeudamiento con el FMI, y en la colaboración infinita de la burocracia de la CGT y la CTA. Sin embargo, las movilizaciones de masas se producen cada vez más con más frecuencia e ímpetu. El macizo paro de los obreros de FATE muestra las enormes reservas de lucha que hay en el neumático y sobre esta base está planteado impulsar una lucha coordinada y de conjunto en todo el gremio, para derrotar el plan de destrucción del salario y el convenio de trabajo de las patronales del neumático. Abajo la flexibilidad laboral. Ningún despido. Reincorporación de todos los compañeros. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Aumento de salario por arriba de la inflación LEER MÁS: Paro total en FATE contra despidos arbitrarios y anti-sindicales Por Julio Gudiño, 29/03/2025.

El 29 de marzo se cumplieron 15 años del asesinato de Silvia Suppo, militante política y social, exdetenida desaparecida en 1977 a sus dieciocho años, en Rafaela (Santa Fe), su ciudad natal. Declaró sobre su caso como testigo clave en la Causa Brusa, en la que fue condenado ese exjuez federal, pocos meses antes de que le dieran muerte de varias puñaladas a plena luz del día en su local comercial de la calle Sargento Cabral, en el centro de Rafaela. Cuando hizo su declaración, en octubre de 2009, ante el Tribunal Oral de Santa Fe, contó detalles de los tormentos que recibió, las reiteradas violaciones que sufrió y el aborto forzoso y clandestino que le provocaron, “para salvar el error”, como le dijeron con cinismo sus represores. Era la primera vez que se juzgaba un aborto como delito autónomo de lesa humanidad. Cinco meses más tarde, dos jóvenes marginales, a plena luz del día, la ejecutaron de nueve puñaladas dentro de su negocio. Silvia debía testimoniar en la Megacausa Rafaela. Los jóvenes fueron condenados a prisión perpetua. Pero sigue en un limbo la investigación para dar con los verdaderos responsables de este crimen político. Sus hijos Marina y Andrés, más distintas organizaciones políticas y de derechos humanos, junto al Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, siguen reclamando justicia en las calles, por este hecho aberrante.

La comunidad educativa de la provincia sufrió un duro golpe la semana pasada al enterarse del fallecimiento de la docente Adriana Armella, vicedirectora de la Escuela normal “Juan Ignacio Gorriti”, de San Salvador de Jujuy. La docente se encontraba en medio de una reunión de padres que se puso tensa, cuando sufrió una descomposición que obligó a llamar a emergencias y llevarla internada. Al día siguiente, la docente falleció producto de un ACV. La triste muerte de esta docente ha dejado expuesto no sólo el grado de sobrecarga laboral que sufren los docentes, sino que son la variable de ajuste de un régimen social que no da para más. Luego de esta noticia, los docentes de la institución junto a otros colegas, padres, alumnos y la comunidad, convocaron a una marcha de antorchas por el centro de la ciudad. Docente hiperexplotado La escuela, entendida como un segundo hogar para los niños y jóvenes que asisten, tiene que abordar situaciones cada vez más complejas de la vida cotidiana e intervenir para contener el cuadro de descomposición social al cual este régimen empuja a la familia obrera. Sin recursos y sin la disposición de abordar estos problemas por parte de los que gobiernan, la variable de ajuste siempre recae en el docente, que no sólo tiene la tarea de educar, sino que sistemáticamente va ocupando nuevos roles en este cuadro critico de la sociedad. Los docentes tienen que detectar e intervenir en situaciones de violencia doméstica o, muchas veces, del abandono de los padres, detectar posibles abusos, capacitar en la prevención del grooming, del bullying, etc. El docente debe participar en la alimentación de los niños que reciben alguna colación en la escuela, incorporar contenidos en sus materias de educación sexual, cuidado del medio ambiente, protección animal, o de la campaña que el ministerio disponga trabajar en determinado año. Sumado a eso debe capacitarse a costa de su propio bolsillo y las directivas indican la obligación a una capacitación permanente que se realiza a costa de los docentes y no ayudando. A ello se agrega que las aulas están cada vez mas superpobladas con niños que reflejan todos los problemas y las vicisitudes que padece la familia obrera. El docente enfrenta todas estas tareas con salarios de miseria, que no cubren la canasta familiar y que obliga al docente muchas veces a una sobrecarga laboral que afecta gravemente su salud física y psíquica . La lucha de la docencia no solo pasa por pelear una mejora salarial, sino también por una defensa de la educación publica y de calidad, es decir, una política que establezca un tope de 20 alumnos por grado, mejores condiciones edilicias, becas para los estudiantes, gabinetes psicopedagógicos para abordar problemáticas sociales, mejores condiciones edilicias de las escuelas. Es decir un plan integral que solo puede ser impulsado y garantizado por los propios trabajadores de la educación. Esta muerte evitable ha sido un llamado de atención a toda la docencia de la provincia en un cuadro particular, donde los docentes han recuperado una parte de su poder adquisitivo con la monumental huelga educativa de 2023, que les permitió recuperar los gremios docentes de media y primaria -que la docencia combativa esta luchando por su reconocimiento frente al fraude estatal- . Este llamado de atención tiene que movilizar a la docencia por mejores condiciones de trabajo para todos. Justicia por Adriana Armella. El Estado es responsable.

A dos semanas de la elección de convencionales constituyentes para reformar la Constitución Provincial de la provincia de Santa Fe, uno de los temas a tratar obligatoriamente por la ley que declaró la necesidad de su reforma es el punto que trata sobre la eliminación de los fueros o inmunidades parlamentarias. Es decir, la imposibilidad de que el legislador, en ejercicio de su actividad política, sea foco de represalias por parte del mismo Estado y por lo tanto entorpecer y hasta censurar sus planteamientos políticos. Orígenes: el cartismo Este tipo de garantías sobre los legisladores fue receptado en varios periodos históricos que hicieron al desarrollo de la clase obrera como sujeto político. En la transición de la Edad Media a la Modernidad capitalista, nos podemos remontar al cartismo inglés, que en tanto cuna del proletariado como tal, también gestó las primeras movilizaciones políticas en pos del reconocimiento de derechos que luego se extendieron al conjunto. Entre las pretensiones de la “Carta del Pueblo”, cuyo espíritu era la democratización del sistema inglés, están los derechos políticos de los trabajadores, tanto del sufragio universal como de la posibilidad de ser electos para cargos públicos, todo esto en función de arrancar mejoras en las condiciones de vida de los asalariados. En este entendimiento, se incluía que ante la facultad de que un proletario pueda ser elector, su agitación política que de por sí chocaba enteramente con la orientación de la monarquía anglosajona, esta no pueda ser objeto de escarmientos contra sus autores. Es el germen de la libertad de opinión y de evitar las persecuciones políticas a quienes la llevaran adelante. Este reclamo, junto a la dieta parlamentaria (sueldo del legislador), la libertad de prensa y asociación, eran el complemento necesario para poder desarrollar la organización política de los trabajadores. Modernidad Con el advenimiento de las revoluciones burguesas del siglo XIX, emerge el planteo del Estado de Derecho como contrapartida al poder monárquico absoluto de los reyes. En términos sintéticos, el concepto concentra que ningún ciudadano ni autoridad se encuentra por encima de la ley, todos debajo de su peso. Y que, en términos de la distribución del poder, este se dividiera en tres partes claramente diferenciadas. Es lo que luego se conocerá como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que antes se concentraban en una sola cabeza -el monarca absoluto-. Ahora bien, nunca se consideró que esto eliminara la tensión entre cada uno, sino que, de lo contrario, la preocupación se transformó en interpretar cómo cada uno de los poderes puede influir sobre el otro en tanto atañe a sus intereses. La cabeza del Estado, el ejecutivo, no dejoóde entrever su rol preponderante en tanto es la administración general, además de que sobre este recae casi enteramente la disposición de la violencia organizada (el monopolio de la represión). La consagración de las indemnidades que actualmente conocemos buscaba justamente contrariar las represalias de los ejecutivos de la república para con opositores y su agitación política en los congresos, donde a la inmunidad de opinión se le adicionó la inmunidad de arresto. La lucha socialista de los siglos pasados El producto de estos esfuerzos ha sido pieza fundamental en el trabajo político de los partidos socialistas, socialdemócratas, de los siglos XVIII y XIX. Con la penetración de los primeros programas revolucionarios entre los trabajadores de Europa, dio como resultados en más de una instancia, la consagración de escaños en los parlamentos europeos. El ejemplo singular de ello lo fue la socialdemocracia alemana, con cuya extensión e ideas se identificaron generaciones de obreros. La agitación socialista hasta entonces había alcanzado un grado de desarrollo sin precedentes, lo cual puso en vilo al imperio alemán durante su vigencia. Este llevó a fondo la persecución política de los socialistas, inclusive sancionando leyes que censuraban su participación, el derecho a reunirse y la libertad de prensa. Bismarck en numerosas ocasiones ordenoóel arresto de los militantes del SDP, inclusive de sus dirigentes. Si se toma en cuenta la participación de August Bebel en todo este periodo, podemos indicar que el mismo encontró amparo para llevar adelante una agitación sistemática contra la guerra, sobre las condiciones de vida de la clase obrera alemana, la situación social que sojuzgaba a la mujer, gracias a la imposibilidad que tenia el Estado de cercenar su opinión y su libertad por los fueros parlamentarios. ¿Cómo hubiera sido posible la agitación revolucionaria en el preludio a la Primera Guerra Mundial, que llegó al punto de fracturar la socialdemocracia alemana, sin la garantía de libertad de opinión? Las acusaciones de traidores de la patria se extendieron sobre todos los que se opusieron a financiar una guerra imperialista, pero la existencia de estos fueros operó como contralor, al menos parcial, de la persecución política y la arbitrariedad del Estado capitalista. Un ataque directo a las conquistas históricas En la actualidad, el gobernador Pullaro ha habilitado que, para modernizar la Constitución provincial, sean eliminados los fueros parlamentarios. La modernización de la que trata es la que pretende Milei y Trump , que tiene su precedente histórico en la Constitución nacional de 1994. La concentración de facultades, nuevamente, en el poder ejecutivo, bajo el ropaje de los decretos de necesidad y urgencia, son el advenimiento del Bonaparte del siglo XXI. Esta discrecionalidad está amparada en las recurrentes situaciones de crisis, de emergencia, por lo que las normativas “garantistas” quedan de lado. Es la legalización constitucional del estado de excepción, que se convierte en la regla. Este encasillamiento nada tiene que envidiarle al liberticida Milei, que gobierna mediante decretazos junto a su camarilla presidencial, ni a la pretensión belicista de Trump. La modernización entonces, sobre este aspecto busca colgarse del affaire de Armando Traferri, senador peronista del departamento de San Lorenzo, acusado de jefe de una asociación ilícita de juego clandestino . Haciendo memoria, al mismo no se lo ha podido imputar siquiera, ya que, según la Constitución provincial actual, los privilegios son de carácter absoluto. Significa que ni siquiera puede ser investigado, formalmente, hasta que se halle desprovisto de esas inmunidades. Ahora bien, el episodio donde se “intentó” quitarle esas prerrogativas terminó en un fiasco. La mayoría de la Cámara de Senadores votó en contra de quitárselos, ante la inminencia de que mañana serían objeto de ataque ellos mismos. Pero en estas elecciones, estos mismos senadores y sus partidos son los que militan la quita de los fueros, cuando fueron el cerrojo que resguardó a Traferri. Son los mismos que luego, desde la Legislatura, que lleva adelante el control sobre los fiscales, votaron la suspensión del fiscal Matias Edery que se encargaba de esta investigación. Ese fue su final, mientras que a Schiappa Pietra, también de la Fiscalía contra el crimen organizado, fue dispuesto a investigar delitos cometidos por menores. La hipocresía es total. Lo mismo que el argumento utilizado, el cual es una banalidad: si no tienen nada que “esconder”, entonces no necesitas ningún tipo de fuero. Es una versión actual del “algo habrás hecho”, desconoce la naturaleza conflictiva de la actividad política y los intereses contrapuestos que se anidan en ella. Incluso es un cheque en blanco para los que hoy se destacan impolutos, nada garantiza que a raíz de las crisis futuras no se encuentren sin la cobertura del poder de turno y sean foco de persecución política. En un cuadro general, puede convertirse también en un antecedente que elimine los fueros en general, por ejemplo, sobre la actividad sindical, como ha propinado el chubutense Ignacio Torres. Este argumento está en boca de todo el oficialismo de la UCR, el PRO y el Partido Socialista; se han plegado la centroizquierda de Del Frade, ya que la exministra de educación Claudia Balague se pronunció por la liquidación de las garantías parlamentarias. Es por todo lo expuesto que denunciamos este ataque antidemocrático a derechos políticos logrados sobre luchas históricas de la clase trabajadora a lo largo del mundo. Rechazamos abiertamente esta reforma constitucional que busca consagrar un estado de excepción permanente y liquida garantías constitucionales básicas. Nuestra campaña no proyecta ningún atisbo de progresividad ni expectativa en esta empresa reaccionaria .

Desde el 18 de marzo, los aviones de combate israelíes retomaron un feroz bombardeo sobre Gaza al que se sumaron los tanques. Israel prohibió el ingreso de la ayuda humanitaria desde el 2 de marzo . Casi dos millones de gazatíes han vuelto a carecer de luz, agua, combustible, alimentos. Los sionistas en un solo día asesinaron a 200 criaturas, el mayor infanticidio de su historia, que ya tenía un abultado prontuario. También a 200 adultos, la mayoría mujeres. Los muertos contados por Hamás ya superan los 50.000 y hace casi un año que The Lancet triplicó la cifra . Los médicos en Gaza describen un desastre humanitario que supera al de los meses anteriores: hospitales sin lo más elemental, médicos que tienen que elegir a quién tratar y a quién dejar morir, bebés desnutridos sin acceso a suplementos alimenticios, cientos de miles de personas casi sin agua potable, 30.000 enfermos de cáncer sin tratamiento, familias que no pueden huir porque no tienen una silla de ruedas en la que transportar a su hijo amputado, padres perturbados por pensamientos suicidas porque no saben cómo ayudar a sus hijos hambrientos, enfermos, heridos, aterrados. Más de 10.000 pacientes necesitan ser evacuados de manera urgente e Israel no les autoriza la salida. La descripción completa de este genocidio se puede encontrar en El País. El ejército ordenó la evacuación, pero nadie sabe hacia dónde ir, ni cómo, alquilar un burro para el traslado cuesta una fortuna, Israel sembró Gaza con miles de explosivos que no han explotado y que cuando lo hacen “provocan heridas catastróficas”. La evacuación conlleva ese riesgo. La gente se amontona entre las ruinas, en los hospitales, en donde puede, y espera. Faltan por lo menos un millón de carpas, ni siquiera durante el cese del fuego Israel permitió que entraran. Durante varios días de esta semana, por primera vez desde que Israel invadió Gaza, algunos cientos de personas desesperadas se manifestaron entre los escombros de Beit Lahiya, Jabalia, un barrio de la ciudad de Gaza, y en Khan Younis y Nuseirat (BBC 26/3), todos lugares arrasados repetidamente por los israelíes durante meses. Llevaban banderas blancas, pedían el fin de la guerra: “Queremos vivir. Detengan el genocidio”, insultaban a Israel. Sin embargo, entre las consignas aparecieron algunas pidiendo la dimisión de Hamás y la Yihad en la ilusión -le explicaron a la BBC- de que eso detendría a los sionistas. Unos pocos atacaron a las milicias con argumentos caros a Netanyahu: “Son una banda de asesinos”, “Hamás terrorista”, “Hamás destruyó Gaza”. Estas protestas callejeras habían sido precedidas por mensajes de ese tipo en las redes por parte de personajes vinculados al gobierno israelí y a la Autoridad Nacional Palestina , cuyos voceros se apresuraron a reclamar que Hamás “oiga la voz del pueblo”, abandone el poder y se lo entregue a la ANP (El País, 26/3). Los medios de comunicación israelíes editaron (recortaron) inmediatamente las imágenes para dar su propia versión de las manifestaciones. Con cierto pudor, Times of Israel dijo que participaron “cientos, si no miles, de palestinos”. La BBC, la CNN, el NYT menciona cientos. La usina sionista y sus repetidoras expandieron urbi et orbi que los gazatíes exigían desalojar del gobierno a Hamás. Tras unos días de silencio, un comunicado de Hamás calificó de “espontáneas” las consignas en su contra y ratificó el “legítimo derecho de los palestinos a expresar sus opiniones y participar en manifestaciones pacíficas”. Las protestas, aseguran, “no reflejan la posición nacional general”. “Más bien -agrega- son el resultado de la presión sin precedentes que está experimentando nuestro pueblo y de los constantes intentos de la ocupación de incitar a la lucha interna y desviar la atención de sus continuos crímenes”. Los más fieles voceros del imperialismo (CNN, TWP, NYT 26/3) destacan que “sigue siendo poco menos que milagroso que, tras diecisiete meses de guerra, la sociedad palestina siga mostrando profundas formas de solidaridad interna”. Hace apenas dos meses, en enero, el entonces secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, no tuvo más remedio que admitir que “Hamás ha reclutado casi tantos nuevos militantes como ha perdido. Cada vez que Israel completa sus operaciones militares y se retira, los militantes de Hamás se reagrupan y resurgen”. Las Facciones de la Resistencia Palestina (un órgano de coordinación compuesto por 12 grupos de resistencia armada palestinos) y la Asamblea Nacional de Tribus, Clanes y Familias Palestinas han emitido, por separado, sendas declaraciones advirtiendo contra los “movimientos sospechosos destinados a socavar la resistencia”, y acusando a individuos de colaborar con Israel y trabajar para desestabilizar la unidad palestina. Las Facciones advirtieron que estos esfuerzos se alinean con la estrategia más amplia de Israel para eliminar la resistencia palestina a través del desplazamiento, el hambre y la división interna. “La resistencia es un derecho legítimo de nuestro pueblo... afirmado por todas las cartas y leyes internacionales”, afirmaron, prometiendo “hacer responsables a quienes trabajen contra la resistencia”. Las declaraciones cierran el paso a “los esfuerzos israelíes para explotar las divisiones internas con el fin de debilitar la resistencia y desviar la presión política de las acciones militares de Israel”. Tanto las Facciones como la Asamblea afirmaron que “Israel sigue siendo el único responsable del sufrimiento continuo en Gaza” y dijeron que cualquier colaboración con Israel “sería tratada como una traición directa a la causa palestina” (dropsites news). Ya el año pasado Israel había tratado de negociar con algunos clanes que despojaran a Hamás y a la UNRWA de la distribución de la ayuda humanitaria, intento que fracasó estrepitosamente. El carnicero Netanyahu declaró inmediatamente que las manifestaciones demostraban que “la decisión de renovar su ofensiva estaba funcionando en Gaza” (Reuters 26/3), convirtiendo las imágenes de la protesta en un elemento central de la justificación de la limpieza étnica. La ofensiva militar es necesaria, predican los medios oficialistas, para que los palestinos reconozcan que ellos mismos provocaron la violencia y se atribuyan la responsabilidad del genocidio. El régimen sionista enfrenta movilizaciones masivas que exigen un alto el fuego para garantizar el retorno de los rehenes, en repudio al despido del jefe del Shin Bet , Ronen Bar; contra el despido de la fiscal general del Estado y contra la aprobación de un proyecto de ley de reforma judicial que entrará en vigor en la próxima Knesset y coloca a los jueces bajo la férula del poder político. Existe una guerra civil en el interior del aparato sionista, que se refleja en las calles. A pesar de los choques con el Poder Judicial, la Corte Suprema de Israel acaba de darle un espaldarazo al genocidio con un fallo que afirma que es legítimo imponer la hambruna y bloquear el ingreso de toda ayuda humanitaria en la Franja porque "la legislación internacional sobre la guerra no se aplica en Gaza". Simultáneamente, el gobierno ha dado instrucciones al Mossad para que “busque países que puedan recibir a gran cantidad de palestinos”. La agencia Axios reveló que Israel está sondeando a países de África Oriental como Somalia y Sudán del Sur , además de Indonesia. Este sábado se espera que miles de personas se manifiesten en todo el país para pedir la liberación de los rehenes, así como contra la renovación de la reforma judicial, el despido del jefe del Shin Bet, Roner Bar y el avance del despido del fiscal general Gali Baharav-Miara. Aunque la principal protesta será en Tel Aviv, también habrá concentraciones en todo el país, incluidas Jerusalén, Carmiel y la intersección de Sha'ar HaNegev. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas instó “a todos los israelíes, de cualquier origen y punto de vista político” a asistir a las protestas. Esta semana, también Israel estrenó movilizaciones que no se habían visto en más de dos décadas. Por primera vez desde entonces, decenas de personas hicieron un plantón levantando fotos de niños palestinos masacrados. En Jerusalén varios miles de jóvenes marcharon pidiendo a los soldados que no acepten participar de la masacre. En Tel Aviv, activistas contra el genocidio de @RadicalBlocTLV se manifestaron frente a la sede del Ejército y el Ministerio de Defensa portando carteles que decían: "Cualquier persona que lleve uniforme es cómplice del asesinato de decenas de miles". Una encuesta emitida ayer por el Canal 12 mostró un resquebrajamiento de la férrea adhesión al genocidio por parte de los israelíes: el 69 % apoya el fin de la guerra a cambio de un acuerdo que libere a todos los rehenes que quedan en Gaza, frente al 21 % que se opone. Incluso entre los votantes de la coalición de gobierno, una mayoría (54 %) respalda un acuerdo, frente al 32 % que se opone a ella.

Hace dos años atrás, el ya jubilado exjuez de la Corte Suprema, Daniel Rafecas, condenó a dos años de prisión a Américo Balbuena, un espía que se hacía pasar por periodista . La semana pasada los cortesanos Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y el designado por decreto presidencial, García Mansilla, dejaron firme la condena. El “Pelado” Balbuena durante años se infiltró en las marchas, en las que entablaba relación con militantes, activistas y trabajadores. Como señala el diario Página 12, el modus operandi de Balbuena era propio de un infiltrado, ya que “tenía lo que a otros militantes les faltaba: tiempo y plata” (Página/12, 29/03). Agente de la Policía Federal e integrante del Cuerpo de Informaciones de la fuerza, durante más de 10 años estuvo infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. En la década del 90 el “Pelado” estudió periodismo, recibiéndose en el instituto Santo Tomás de Aquino y años después quiso ingresar a la radio comunitaria FM La Tribu, como corresponsal, pero no fue admitido en la emisora. Fue Rodolfo Grinberg, docente, que fundó la Agencia Walsh, quien lo incorporó como movilero, que tenía como objetivo la difusión de las luchas sociales. Según María del Carmen Verdú (CORREPI), Balbuena “siempre estaba interesado en las medidas de seguridad que ella tomaba. Le preguntaba con insistencia sobre el caso Cromañón o el asesinato de Mariano Ferreyra” (Página/12 29/03). La inteligencia de la PFA comenzó a conformar su estructura durante el primer peronismo. En 1963, el Congreso de la Nación aprobó la Ley Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. En la Ley Orgánica se explicita que el Cuerpo debe regirse por el secreto y que sus agentes pueden incluso tener un empleo en una repartición de la administración pública para ser usado como pantalla y no pueden blanquear, bajo ninguna situación, que son espías de la Federal. Entre los agentes más conocidos se encuentra José “Iosi” Pérez, quien estuvo infiltrado en la comunidad judía. Miembros del Cuerpo de Informaciones fueron participes de los centros clandestinos de detención durante la última dictadura. Y es al final del gobierno dictatorial que Balbuena ingresa en el Grupo de Informaciones, luego de un malogrado paso por la UBA en la carrera de Ingeniería. A través de un conocido de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), ingresó al Cuerpo. El panorama de Balbuena comienza a cambiar cuando “Iosi” les brinda testimonio a Mirian Lewin y Horacio Lutzky, en el que, además de revelarles su infiltración en la comunidad judía y “su temor de haber aportado información que hubiera servido para los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA” (Ídem), también les advirtió de Balbuena y su “trabajo” en la Agencia Walsh. En 2023, diez años después de que se presentara la denuncia contra Balbuena, el juez federal Daniel Rafecas sentenció al “Pelado” y a sus superiores, Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez. Durante el juicio, Balbuena declaró que él “no estaba infiltrado en la Agencia Walsh, sino que estaba haciendo una ´pasantía´ para ganar experiencia para cuando se retirara de la PFA y pudiera ejercer el periodismo” (ídem). Rafecas lo encontró culpable no solo de espiar a sus “compañeros” de la Agencia Walsh, sino que su rol en la misma le permitió llevar un espionaje hacia dentro de otras organizaciones, todo a pedido de sus superiores. En la sentencia del juez federal se puede leer que “la actividad principal de Américo Alejandro Balbuena no se desarrollaba dentro de la dependencia policial a la que pertenecía, sino que era aquella que desempeñaba como movilero de la Agencia Rodolfo Walsh, a la que le dedicaba exclusividad y absoluta disponibilidad, y que claro está, era evidentemente avalada por sus superiores en la fuerza a la que pertenecía.” Según el equipo de abogados que acusaron a Balbuena, integrado por Myrian Bregman, Matías Aufieri y Liliana Mazea, la condena a Balbuena sienta jurisprudencia sobre la infiltración de agentes del Estado realizando inteligencia en organizaciones sociales. La condena a Balbuena y a sus superiores se da en un momento en el que el gobierno liberticida destina cuantiosas sumas de presupuestos y gastos reservados a las tareas de espionaje , a cargo de Santiago Caputo, con la finalidad de la puesta en pie de un Estado policial , que les garantice hacer pasar el plan de guerra libertario contra los trabajadores, violando las más elementales libertades democráticas.

El viernes 27 de marzo, la seccional José C. Paz del SUTEBA convocó a una reunión de delegados con un solo punto en el temario: “recursos didácticos de los Derechos Humanos en el aula” (sic). De un Cuerpo de más de 200 Delegados contó con una participación de menos de 40, de los cuales 10 pertenecían a agrupaciones de la oposición. La reunión intentó simular una mesa de trabajo ´workshop´, en otras palabras, tuvo un carácter patronal. Comenzó con un informe de situación política, por parte del secretario general de la seccional, haciendo un recorrido sobre las movilizaciones que vienen ganando la calle y desafiando al protocolo del tándem Bullrich-Milei (marcha antifascista, 8M, jubilados, 24 de Marzo). El informante no tuvo ni un poco de vergüenza al comentar que “en todas estas movilizaciones estuvimos promoviendo la más amplia unidad” (sic). El “estuvimos” de la mesa seccional hace referencia a la presencia eventual y testimonial de parte del aparto sindical del SUTEBA para ocultar lo importante: el empeño sistemático en desmovilizar a la docencia para todas estas jornadas de lucha. En algunas seccionales, el miércoles 19 de marzo convocaron a reuniones de delegados para luego movilizar en apoyo a los jubilados, pero en el caso de la seccional José C. Paz no hubo ni siquiera flyer de convocatoria a ninguna de estas marchas. En el informe de la mesa se esquivaron de manera quirúrgica todas las problemáticas de la docencia, que en una reunión gremial se deberían abordar como puntos centrales, más en el contexto actual, que tiene a los salarios entre la línea de indigencia y la pobreza, a las reformas antieducativas que precarizan el trabajo docente, y el aumento de los hechos de violencia en los establecimientos donde se ataca a docentes y auxiliares. Tampoco se señaló la cuestión de la imposición unilateral por parte del gobierno nacional del salario mínimo docente en 500 mil pesos , cuestión que motivó a CTERA a declararse “en estado de alerta y movilización” en un comunicado, pero que no derivó, por supuesto, en ninguna acción de lucha real; en el caso de José C. Paz, ni siquiera el comunicado fue difundido por la conducción de SUTEBA. Tiene sentido: oponerse de manera real al salario mínimo docente impuesto por los liberticidas los expondría en la aceptación cómplice de los salarios de miseria que impone Kicillof a los docentes. Se acoplaron al paro que la CGT sacó de la galera para el 10 de abril , sin ninguna perspectiva, Luego del informe se pasó a presentar la “herramienta didáctica”, para pasar a trabajar en grupos, sin abrir el debate sobre los puntos presentados y obviados. Ante esto, algunos delegados opositores señalaron que correspondía abrir un debate sobre el informe, lo cual fue negado por la mesa alegando que se abriría el debate solo “para presentar las conclusiones del trabajo sobre los materiales didácticos” y que “ellos eran la dirección y tomaban las decisiones”. Ante este planteo, un grupo de delegados opositores nos retiramos. Desde Tendencia Docente Clasista denunciamos que la dirección de la mesa seccional ha pasado a ser, de hecho, una oficina más de la Dirección General de Cultura y Educación de Kicillof y se ha consolidado como un aparato vaciado y patronal, totalmente desconectada de las reivindicaciones más básicas de los docentes. Nada progresivo vendrá de la mano de estos aparatos que por acción y omisión colaboran con las políticas de ajuste. Llamamos a los docentes del distrito a organizarse en autoconvocatorias para discutir y organizar una salida propia de los docentes.

Con el título “El ataque a la jubilación es un ataque a toda la clase obrera”, el sábado pasado se realizó el tercer plenario de agrupaciones y jubilados independientes que movilizamos todas las semanas en el Anexo del Congreso nacional. Colmamos el local de la Mutual Sentimiento en el barrio de Chacarita. Este plenario es el corolario de grandes luchas en las últimas semanas. El apoyo y difusión por parte de los hinchas de fútbol puso en la mira de los trabajadores que el ataque a la jubilación es un ataque al conjunto de la clase obrera. Así fue como trabajadores y jóvenes se hicieron eco del llamado. La brutal represión del miércoles 12 de marzo quedó plasmada en los videos que demostraron la total responsabilidad de Milei-Bullrich-Jorge Macri y aunque en toda su campaña posterior intentaron a través de amenazas amedrentar a la convocatoria del miércoles 19, no lo lograron . Cada movilización de los miércoles se ha convertido en una llama encendida que convoca a los trabajadores y a la juventud a sumarse a ganar las calles contra los planes antiobreros y antijubilatorios de este gobierno. Somos conscientes de que Milei-Caputo aplican este brutal ataque a nuestras condiciones de vida con la complicidad de todo el arco patronal de macristas, radicales, peronistas, kirchneristas y massistas y fundamentalmente de la burocracia sindical de la CGT, CTA y CTERA. La intervención de Jubilados Clasistas en el plenario fue dejar en claro dos puntos fundamentales con los que no acordamos, que están en la declaración presentada y surgieron en el debate, aunque a pesar de estas defendemos la unidad en acción. Uno es el tema del haber: nosotros luchamos por un salario mínimo igual a la canasta familiar -que hoy casi nadie calcula- que es de $ 2.200.000. Por lo tanto, la jubilación debe ser el 82 % móvil de esa canasta. Consideramos que el cálculo de la canasta del Adulto Mayor de la Defensoría es insuficiente y desligado del salario en actividad. El otro tema en debate fue y es cómo encaramos el tema de la burocracia sindical, porque algunos sectores entre los que se encuentran las agrupaciones de jubilados ligadas al FITU entran en contradicción cuando en la declaración señalan: “En este sentido (en relación a los ataques del gobierno), es determinante la complicidad deliberada de sectores del sindicalismo nucleados en la CGT, que ha priorizado sus negociados, en lugar de defender los intereses de los trabajadores y jubilados que dicen representar. Esta traición, se refleja en la falta de acciones concretas, frente al ajuste previsional y la represión, y las CTAs, que no han actuado a la altura de las circunstancias”. Para finalmente plantear: “Basta de colaboracionismo de la burocracia sindical. Plan de lucha de la CGT.” La pregunta es: ¿si los burócratas son traidores y colaboradores del gobierno y defienden sus intereses de casta, para qué los convocamos a que lancen un paro y un plan de lucha? Las distintas luchas que se han desarrollado en este último año contra despidos, suspensiones, por aumentos salariales, de los estudiantes universitarios, la marcha antifascista, el día de la mujer y el 24 de Marzo se han dado por fuera de las direcciones sindicales. El conjunto de los trabajadores odia a la burocracia sindical y la historia nos ha demostrado que las medidas que toma la burocracia son para confundir, desviar y derrotar toda lucha independiente de los trabajadores. Esta movilización y acto de aparatos convocados por la CGT para “acompañar” a los jubilados el 9 de abril y el paro “dominguero” y sin continuidad del 10 van en esa dirección. Con estas maniobras, por ejemplo, la UTA se borró bochornosamente del paro del 10 previo acuerdo con el gobierno (conciliación obligatoria) . Lo tenemos que denunciar con todas las letras, sin depositar ningún tipo de expectativa en que puedan adoptar medidas en defensa de nuestros reclamos. Ellos no adoptan estas medidas por la presión de las luchas obreras, sino en base al sostenimiento de los planes del gobierno y sus cómplices. Nuestra posición y nuestras energías deben estar destinadas al llamamiento de los trabajadores ocupados, desocupados y estudiantes que, mediante autoconvocatorias, debates, asambleas, plenarios, impulsemos y organicemos una huelga general hasta obtener nuestros reclamos. Este es el camino del triunfo. Ganamos las calles, no las abandonemos. Te esperamos todos los miércoles, 17 hs., en el Anexo del Congreso Nacional.

El Congreso de ADOSAC ha aceptado la última oferta que realizó el gobierno provincial y decidió levantar la huelga, que esta semana cumplía 96 horas de paro con un nivel de acatamiento por encima del 85 %. La "oferta" salarial no distaba mucho de la anterior. En definitiva, la conducción de ADOSAC promovió la aceptación de un aumento del 6,5 % para el primer cuatrimestre y un 4 % para el segundo, todo en míseras cuotas. Se trata de, como dijeron varios docentes, "chauchas y palitos". En el Congreso se expresaron las filiales de Las Heras y Calafate por el rechazo. En las asambleas del miércoles pasado, en Caleta Olivia, la conducción de ADOSAC (Lista 7 y Tribuna Docente) sostuvo la aceptación de la miseria salarial, colocando como un "triunfo de la lucha" que el gobierno mandara a archivar un proyecto de ley por el presentismo (que nunca pasó de la comisión). El día anterior, el diputado autor del proyecto subió a las redes sociales que habían llegado a un acuerdo con el gremio para levantar la huelga y que se retorne "a las aulas", a cambio de retirar el proyecto. Lejos de que la extorsión mellara la participación de las bases, la había acrecentado, viéndose el gobierno obligado a retirarlo por la tenacidad de la huelga y las movilizaciones que crecían en número. El reclamo de recomposición salarial más cláusula gatillo, condiciones edilicias y contra el cierre de secciones y despidos (mantenimiento del acuerdo 052) fueron las consignas que motivaron el reclamo. En medio del proceso de lucha el gobierno no escatimó ataques: cerró la paritaria y en conferencia de prensa informó el decreto de aumento, dictó dos conciliaciones obligatorias y amenazó públicamente con descontar los días de paro, como realizó el gobierno kirchnerista en el periodo anterior. La fuerza de la lucha había logrado que el gobierno dé marcha atrás con cada ataque . La lucha logró no sólo superar todas las extorsiones y amenazas, sino también mantener los puestos de trabajo por un año (extensión del acuerdo 052). Pero esto, lejos de ser usado por la conducción para ir por más, fue el requisito para llamar "egoístas" a quienes defendimos seguir luchando por el salario también. La alta adhesión al paro y la participación masiva en las marchas y vigilia en la ruta establecían las condiciones para lograr la recomposición salarial. Desde nuestra agrupación (Lista Roja-Tendencia Docente Clasista) planteamos en la asamblea rechazar el acuerdo salarial por miserable, mantener las 96 horas de paro, con vigilias a los costados de las rutas el día de la paritaria, para quebrar la política del gobernador e ir por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Nuestra moción fue apoyada por numerosos activistas, pero la conducción se impuso por escaso margen y se terminó aceptando la oferta. En definitiva, el gobierno de Vidal logró imponer su pauta salarial a la baja, que seguirá obligando a la docencia a una súper explotación laboral para poder llegar a fin de mes, esto con los anuncios de aumentos de las boletas de gas en un 500 %. Llamamos a la docencia a hacer un balance del conflicto. Queda pendiente la recomposición salarial. Es necesario prepararnos para la lucha que se viene. Hemos planteado reforzar la deliberación sistemática en las escuelas, venimos proponiendo y votando en las asambleas la conformación del cuerpo de delegados y convocatoria a asambleas por nivel. Seguiremos defendiendo y desarrollando una tendencia clasista y combativa en ADOSAC, para que la lucha se desarrolle profundamente y logremos nuestros reclamos. Ante el primer conflicto, la "nueva conducción" no pasó la prueba de los hechos.

La CTA “Autónoma” realizó su cuarto congreso nacional. No tuvo debate previo entre las bases de la central, sino que cumplió con el procedimiento “clásico” de la burocracia sindical de votar por unanimidad la norma estatutaria de la “Memoria y Balance”. Aunque en el congreso abundaron las denuncias contra el gobierno de Milei y se ratificó la adhesión al paro dominguero de la CGT , lo central de ese congreso fue el avance del proceso de la unificación de las dos CTA existentes actualmente. Nada se informó en el propio congreso sobre cuál sería la estrategia de esta unidad de las dos CTA. Sin embargo, Roberto Baradel -de la CTA de Yasky- lo ha explicitado largamente en distintas entrevistas. Según Baradel, “uno de los puntos centrales de la reunión [entre los dirigentes de ambas CTA] fue la necesidad de que se apruebe el presupuesto provincial enviado por el Ejecutivo bonaerense. Según las dos CTA, este presupuesto y otros instrumentos legales son esenciales para que la provincia pueda enfrentar las medidas de asfixia financiera que limitan su capacidad de acción”. “Las CTA expresamos la necesidad de que se apruebe el presupuesto provincial enviado por el Ejecutivo y todos los instrumentos legales que le permitan al gobierno bonaerense enfrentar las medidas de ahogo financiero y ejecutar políticas públicas que beneficien al pueblo bonaerense”, enfatizó el dirigente (Info Gremiales). Como se puede apreciar el acuerdo de las CTA bonaerenses es el apoyo abierto al gobernador de la provincia de Buenos Aires que hunde los salarios docentes y estatales, acepta procesos preventivos de crisis en centenares de fábricas y es el principal precarizador de los estatales provinciales. La unidad de las CTA es, además, una jugada política de intervención a favor del gobernador en la interna del peronismo. El congreso de la CTA votó en los hechos liquidar la palabra “autónoma” , para transformarse al igual que la burocracia de la CGT en una agente de un partido patronal, el peronismo. “Cachorro” Godoy, por su parte, reivindicó la fundación de la CTA en 1991 sin hacer un balance de cómo la misma se fue deshilachando entre rencillas de sus principales dirigentes. La “unidad” representa una llegada tardía al peronismo, cuando este ya nada representa para los trabajadores. Godoy y compañía están siguiendo el camino de su fundador de la CTA, Víctor De Gennaro, que hoy es concejal del PJ de Lanús. Fue un congreso donde estuvieron ausentes la memoria y el balance.

Horas antes de empezar el fin de semana, llegó una notificación a los trabajadores del Ente ESMA avisando que Nación no había enviado los fondos necesarios para pagar los salarios del mes de marzo. La causa del congelamiento del presupuesto es una supuesta auditoría que va a durar 60 días. El Ente ESMA es un organismo tripartito entre Nación, Ciudad y los Organismos de Derechos Humanos. Los salarios eran responsabilidad del Gobierno Nacional. Entre las tareas que desarrollan sus trabajadores están las visitas guiadas, la seguridad y mantenimiento del predio, su promoción, etcétera. Al conocerse la noticia, la Junta Interna de ATE Ente ESMA resolvió un cese de actividades desde las 12 horas del viernes hasta el mediodía del lunes, en el que se reunirán en asamblea. Dadas las tareas que realizan los trabajadores del ENTE, si se prevé que no cobren el salario por más de 60 días, se prepara un cierre de hecho de toda la ESMA. La auditoría tiene fecha de inicio el 1 de abril, por lo que el dinero de los salarios de marzo ya debía estar depositado dado que los trabajadores del Estados Nacional cobran el primer día hábil del mes. La provocación se inscribe en un ataque constante a los trabajadores de los distintos organismos que funcionan en el predio. Las 17 hectáreas ubicadas en la Av. Libertador al 1800 tienen un valor simbólico en disputa, pero también un valor inmobiliario que también tiene en vilo a diversos intereses . Territorio en disputa El Gobierno nacional, en lo que va del año, logró cederle la seguridad de los edificios dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos a la Policía Federal. Ante la denuncia de los trabajadores, realizó una lista de despidos que amparó en “falta de disciplina” del personal. La policía no permitía el acceso a los lugares de trabajo de los delegados. Además, pretendió que los despedidos no retiraran sus pertenencias de las que habían sido sus oficinas. Alberto Baños, secretario de derechos humanos, prohibió que se realizara el recital de Milo J dentro del predio, una vez que ya estaba armado el escenario y la presentación de un libro. Con el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti en enero se anunció un cambio en la programación y en el funcionamiento que debiera haberse puesto en marcha a principios de marzo. Esa agenda sigue sin existir desde el cierre del Conti. El Gobierno avanza en el vaciamiento de un espacio de interés histórico, que debe ser preservado como una hipoteca sobre los intereses sociales y políticos que promovieron el golpe y para reivindicar la memoria de los luchadores desaparecidos. La pretensión de declarar “crimen de lesa humanidad” el accionar de la guerrilla y la demolición del monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz , a menos de 24 horas de la movilización del 24 de Marzo, van a en el mismo sentido: validar el accionar de las fuerzas represivas contra las huelgas obreras y a la dictadura misma. PRO: “Devolverles la ESMA a los militares” El diputado santafesino Gabriel Chumpitaz (PRO), a través de su cuenta de X aseguró que: “El museo de la memoria divide a los argentinos, nos impregna de odio y pasado. Haremos una propuesta formal para que en la ESMA se monte un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”. Su propuesta choca con la declaración de la Unesco de “Patrimonio de la Humanidad”, sin embargo, deja a las claras a quién creen que pertenece el predio los miembros del gobierno y sus aliados directos. En enero pasado el Juez Ariel Lijo, a cargo de la Megacausa Esma, dijo que debía garantizarse el funcionamiento de los sitios, puntualmente la apertura del predio y la limpieza de las canaletas. En el predio siguen surgiendo pruebas concretas que aportan al desarrollo de los juicios por los cerca de 5.000 detenidos que pasaron por ese centro de detención clandestino. La “propuesta” de Chumpitaz debe ser rechazada de plano. La ESMA abierta debe ser un recordatorio permanente de los más de 300 niños que aún no fueron restituidos, de los archivos que siguen sellados negando la información de dónde están los desaparecidos, de los cientos de militares con prisión domiciliaria cuando deberían estar en las cárceles comunes y otros tantos que ni siquiera fueron juzgados. Un recordatorio de la vigencia de los intereses que motivaron tanto la dictadura militar como todos y cada uno de los gobiernos democráticos posteriores. La lucha por los puestos de trabajo y por el acceso a los museos que funcionan en el predio es parte de la reivindicación a organizarse, luchar y enfrentar al régimen.

El miércoles 26 de marzo pasado, el Colectivo Nacional Mario Bosch, de abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes contra la Humanidad, presentó una denuncia por graves violaciones a los derechos humanos, contra la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich; el jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Comisario Mayor Diego Ariel Casaló; el jefe de la Policía Federal, Comisario General Luis Alejandro Rolle; el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Claudio Miguel Brilloni; el comandante Héctor Ferreira (responsable de la Unidad 6 del SEI); el comandante Fabián Porra Melconian (Jefe del Comando Región I de la Provincia de Buenos Aires); el cabo primero Guerrero (Legajo 103208), integrante de la Unidad Móvil 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI) de la Gendarmería Nacional, quien fuera el autor material de la tentativa de homicidio del fotoperiodista Pablo Grillo ; el subinspector de la Policía Federal Gonzalo Farías; el jefe de Prefectura Prefecto Nacional Naval Guillermo Giménez Pérez; como así también a los demás integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios del Estado que participaron de los hechos que se denuncian y que, con el avance de la investigación, se logren identificar. La denuncia cayó por sorteo en el Juzgado Federal N°12 y registrado bajo el N° CFP 1233/2025. En la denuncia se dijo que el impacto de los delitos cometidos afectó gravemente no solo a quienes ejercieron, el 12 de marzo pasado, su derecho a la protesta , sino también a eventuales transeúntes que circulaban por la zona del Congreso de la Nación Avenida de Mayo, Avenida 9 de julio y alrededores, y la Plaza de Mayo. Y que las acciones represivas de las fuerzas, al mando de Patricia Bullrich, se dirigieron indiscriminadamente, en un ejercicio brutal e ilegal de violencia estatal, afectando también a niños, adultos mayores e incluso a personas con discapacidades varias, quienes conforman un grupo de personas especialmente vulnerables. Se afirmó que, de no avanzar en una pronta investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de los hechos denunciados se pone en juego la responsabilidad internacional del Estado Nacional. Luego de detallar el accionar delictivo de las fuerzas represivas, la denuncia señala que ese fue el contexto en el cual sucedieron los hechos, con fuerzas represivas violentando a la población que participaba de la marcha y a quienes no lo hacían también. Con infiltrados que protagonizaron situaciones vandálicas, como la quema del móvil policial y de contenedores de basura, para generar un escenario de caos que justificara el ejercicio de la violencia y las detenciones arbitrarias. Asimismo, junto a los hechos vandálicos protagonizados por personal policial, se denunciaron los siguientes: 1- La tentativa de homicidio del fotógrafo Pablo Grillo . 2- El ataque a la jubilada Beatriz Blanco. 3- La detención de dos adolescentes de 12 y 14 años. 4- 114 detenciones arbitrarias. 5- El ataque a 5 periodistas de distintos medios de comunicación. Se concluyó que los hechos delictivos denunciados no fueron acontecimientos aislados e inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores; que la tentativa de homicidio de Grillo, las lesiones, privaciones ilegítimas de la libertad, abusos y demás delitos cometidos son parte de un ataque organizado y planificado desde la cúpula del Ministerio de Seguridad , con la finalidad inmediata de reprimir de manera ilegal, mediante la comisión de graves delitos, y con el objetivo mediato de disciplinar a la sociedad, a fin de coartar el derecho de protesta, reunión y petición ante las autoridades , e incluso el ejercicio de la profesión de lxs periodistas que cubrían la protesta, y la libre circulación de quienes no participaron de la manifestación y aun así fueron víctimas de los delitos cometidos en forma indiscriminada. Colectivo Nacional Mario Bosch. República Argentina, 31 de marzo de 2025.

El candidato a senador provincial, Julio Quintana, cuestionó la falta de independencia en la Legislatura y planteó que una fuerza obrera será clave para enfrentar la crisis económica y laboral que atraviesa el país. Por Aries, el candidato a senador provincial de Política Obrera, Julio Quintana, afirmó que, tras establecerse durante la campaña electoral y sus resultados, su espacio político, buscará “conquistar” una agenda obrera que “hoy en día, está siendo fuertemente atacada”. Dentro de sus principales propuestas mencionó la necesidad de garantizar un salario mínimo acorde a la canasta familiar y la defensa de las jubilaciones, incluyendo el 82 % móvil y el acceso a la moratoria previsional . El candidato también puso énfasis en la problemática habitacional en Salta y la lucha contra el trabajo no registrado. "Desde nuestras bancadas pelearemos por la prohibición del trabajo en negro en la ciudad", aseguró. Además, Quintana advirtió sobre el difícil escenario económico del país y las posibles consecuencias de las políticas del gobierno nacional. "Probablemente este gobierno nacional esté ante la inminencia de una devaluación impuesta por el FMI . Hoy en día tenemos nuevas corridas bancarias, las reservas del Banco Central son inexistentes y esto se va a pagar con un feroz ajuste contra los trabajadores", expresó. En este contexto, resaltó la importancia de que la elección sea una oportunidad para construir "una alternativa política de los trabajadores y una fuerza propia de la clase obrera" . Así también cuestionó el papel de la Legislatura provincial, afirmando que funciona como "una escribanía del gobernador", tanto con Gustavo Sáenz como con sus predecesores, Urtubey y Romero. Finalmente, Quintana señaló que una bancada obrera en la Legislatura "no cambiará estrictamente ese carácter", pero sí serviría como "una tribuna para el desarrollo de las luchas y la construcción de un partido de la clase obrera que luche por un gobierno de los trabajadores".