Febrero de 2025

La ceremonia realizada en conmemoración del 80° aniversario de la liberación de Auschwitz tendió un nuevo manto del silencio que hace ocho décadas cubre la atrocidad de los crímenes nazis. Comenzando por el mismo gobierno polaco, en cuyas tierras ocupadas por la Alemania de Hitler se levantaron los más descomunales campos de exterminio. La participación de la clase dirigente de Polonia con la política criminal del nazismo se ha declarado un crimen político en suelo polaco. Hace apenas tres años, la Justicia de Varsovia ordenó a los historiadores Barbara Engelking y Jan Grabowski a disculparse por haber acusado al ya fallecido alcalde de una región ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Edward Malinowski, de complicidad con el régimen nazi, en su libro titulado Dalej jest noc (traducida como "La noche sin fin"), publicado en 2018. La demanda estaba respaldada por una fundación polaca llamada "Reduta", organización ultranacionalista que dice “luchar por el buen nombre de Polonia y contra toda sospecha de complicidad con el régimen nazi” (Clarín, 9/2/21). El libro de los historiadores acusaba al alcalde de entregar a 22 judíos que se encontraban ocultos en un bosque y que terminaron su vida en los campos de concentración nazis. Según relata el libro, Malinowski fue exonerado de culpabilidad en un proceso durante la postguerra gracias a una declaración falsa. No es la primera vez que el Estado polaco actúa para encubrir su complicidad con la ocupación nazi. En 2018 el gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS) aprobó una ley destinada a impedir que se realizaran contra formulaciones, inclusive involuntarias, que apuntan a una complicidad con la ocupación nazi y tipifica penalmente las acusaciones a Polonia de complicidad con los crímenes del Tercer Reich. Polonia tenía la mayor población judía antes de la II Guerra Mundial y tres millones de los seis millones de judíos aniquilados por los nazis en la “solución final” fueron asesinados en campos de concentración ubicados en la Polonia ocupada por los nazis, como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Sólo 380,000 de los tres millones de judíos polacos sobrevivieron al exterminio. El entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, consideró inaceptable la adopción de una ley que limita la investigación de crímenes contra ciudadanos ucranios en el actual territorio polaco. Pero Polonia no fue el único país que contó con colaboradores de los nazis entre las esferas del Estado. Otro gran colaborador en el exterminio fue el gobierno de Bélgica. Más de 25.000 judíos y 352 gitanos fueron deportados de la ciudad belga de Malinas hacia Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Herman Van Goethem, del museo Kazerne Dossin y profesor de Historia contemporánea en la Universidad de Amberes, asegura que “en 1941 fue la administración belga la que tomó la iniciativa de deportarlos y ordenó a la policía que los arrestase”. El historiador denuncia la complicidad del Estado belga, empezando por el rey Leopoldo III, “colaboracionista durante la ocupación entre 1940 y 1944” y agrega que “casi nadie pagó por la complicidad con los alemanes, excepto doce personas ejecutadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial” (El País, 6/12/12). A pesar de este colaboracionismo de la clase dirigente, las familias belgas escondieron a 30.000 perseguidos que lograron así sobrevivir al Holocausto. Recién en el año 2012, Bruselas celebró la primera ceremonia oficial para reconocer y pedir disculpas por la implicación de las autoridades de la capital belga en las deportaciones de judíos hacia Auschwitz. La complicidad fue moneda corriente también en Amberes y en Flandes. El caso de colaboración más emblemático sigue siendo el gobierno de Vichy, encabezado por Pierre Laval. El momento más tristemente célebre de Francia es la redada del Velódromo de París, cerca de la Torre Eiffel, en el distrito XV de París, que fue la mayor deportación de judíos que hubo en aquella época del país ocupado por los nazis. El operativo fue llevado adelante por la policía francesa e incluyó la detención de más de 13.000 judíos extranjeros residentes en París, luego traslados a los campos de concentración. El gobierno francés se había comprometido con los alemanes a arrestar a todos los judíos extranjeros censados en la capital. “Las SS pidieron al principio que solo se incluyera a adultos de ambos sexos, en condiciones de trabajar, pero la policía parisiense decidió incluir a los niños de 2 a 12 años, pese a que muchos de ellos habían nacido en Francia. En menos de 48 horas, la policía francesa detuvo a 13.152 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños” (Infobae, 5/4/24). El artículo agrega que “en cuanto a los niños, que la policía francesa había incluido en la redada sin que los nazis se lo pidieran, después de consultar con Berlín, se decidió enviarlos al campo de exterminio de Auschwitz, en la Polonia ocupada, donde fueron llevados directamente de los trenes a las cámaras de gas. Ninguno de los niños detenidos en el Velódromo sobrevivió”. El Estado francés, por otra parte, destinó hacia el campo de concentración de Mauthausen a miles de republicanos españoles que se habían exiliado en Francia y fueron capturados allí por la policía local. “Fueron unos 7.000, considerados por el régimen hitleriano apátridas enemigos del Reich no reeducables, con la categoría de "Rotspanier", rojos españoles, identificados con el triángulo azul y una S (de Spanier, español) y privados de todo derecho jurídico” (El País, 6/5/19). El diario español asegura que “en total 190.000 presos fueron deportados a Mauthausen, cerca de Linz, a 170 kilómetros de Viena, y sus campos satélites, el peor de los cuales era Gusen, donde la esperanza de vida se reducía a seis meses. Más de la mitad de los presos de Mauthausen murieron en el campo y el porcentaje entre los españoles sube al 65 %. (...) De las condiciones del lugar dio fe el peso medio de los presos tras ser liberados: 40 kilos” (ídem). La complicidad de las autoridades de los países ocupados por los nazis nunca fue juzgada por ningún tribunal, salvo muy contadas excepciones. Esta política de impunidad fue sólo una extensión de la impunidad que las fuerzas aliadas tendieron sobre la Alemania nazi una vez finalizada la guerra. “Un cálculo del Centro Simon Wiesenthal apunta que desde los juicios de Nuremberg unos 106.000 nazis han sido acusados de crímenes de guerra, de los que cerca de 13.000 han sido hallados culpables, y más o menos la mitad, sentenciados. Sin salir, por ejemplo, de las SS, la organización del aparato nazi más íntimamente implicada en el Holocausto, la mayoría de sus líderes 'fueron tratados con una magnanimidad considerable', en palabras del historiador y periodista Heinz Höhne” (El País, 18/3/17). Al estilo de la ley de obediencia debida argentina, el sistema judicial de Alemania impidió durante décadas la condena de guardias y trabajadores de bajo nivel. Eso recién cambió con la condena de John Demjanjuk en 2011, quien había sido guardia en el campo de exterminio de Sobibor en Polonia y fue condenado por 28.000 cargos de complicidad en el homicidio de miles de personas. Pero ya era demasiado tarde. En el año 2017, murió sin haber entrado en prisión Reinhold Hanning, el último nazi condenado por su accionar como guarda del campo Auschwitz. Condenado como cómplice en la muerte de 170.000 personas, fue sentenciado a ... cinco años de cárcel. “La Audiencia admitió como atenuantes su avanzada edad, el tiempo transcurrido desde los hechos -más de 70 años- y también el arrepentimiento demostrado ante los supervivientes y familiares de víctimas que formaban la acusación particular” (ídem). Su muerte impune se produjo cuando tenía aún pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo el recurso presentado contra su sentencia. La impunidad de todo el aparato estatal que colaboró con el nazismo, en Alemania y en el resto de los países europeos, fue una política deliberada de las potencias imperialistas vencedoras, en complicidad con el stalinismo, para contener la ola revolucionaria que levantó cabeza con la caída de los regímenes fascistas. Con la reconstrucción de Europa como objetivo inmediato, se tendió aquel gigantesco mando de impunidad sobre los crímenes del nazismo, dejando incluso intacto gran parte de sus organismos de gobierno. Los gobiernos que hoy impulsan nuevas masacres y genocidios en diversas partes del mundo son incapaces de reconocer los crímenes perpetrados en el pasado por regímenes que llegaron al poder producto de la misma descomposición del sistema capitalista que hoy está en evidencia nuevamente.

La última ronda de negociaciones paritarias viene dando que hablar: de conjunto, la burocracia de la CGT suelda su apoyo político al gobierno de Milei, firmando paritarias a la baja. La última novedad es la paritaria de los Vitivinícolas, que debía discutir la revisión del último cuatrimestre - noviembre a febrero. La paritaria Vitivinícola está dividida en dos sectores: el de viñas y el sector de bodegas. Los básicos de ambos ramos están desde octubre en 350 mil pesos. A esos básicos se le suma dos asignaciones no remunerativas de más o menos 150 mil pesos cada una, que las patronales amenazan con dejar de pagar a partir del vencimiento de la paritaria. En total los trabajadores terminan cobrando alrededor de 750 mil pesos. La patronal ofreció, en la discusión paritaria, un aumento cero para los trabajadores de viñas y un aumento, que no se dió a conocer, para Bodegas. Ante esto, FOEVA (Federación Vitivinícola) decidió dar por concluidas las negociaciones. En una circular, el Secretario General denunció una actitud “segregacionista que no puede ser tolerada”. Anunció que “da por cerrada la revisión paritaria por la actitud denostable de la Cámara Empresaria. Asimismo, informamos que se abrirá la paritaria 2025 (que va de marzo a febrero) y que se hará público en los medios de comunicación tan denostable actitud”. Si es cero para unos, dice el Sindicato, que sea cero para todos. Todo muy extraño. En un comunicado que círculo en redes sociales, los Delegados de Fernet Branca denunciaron que “La Federación de obreros y empleados vitivinícolas renuncia a luchar, una vez más, por el salario diciendo que los empresarios son mezquinos, como si fuese que los trabajadores no saben eso. El comunicado pinta de punta a punta a la burocracia, denota la pasividad que tiene con los empresarios y la brutalidad que guarda para los trabajadores tratándolos de estúpidos e ignorantes. Se viene otra cosecha de riquezas para los empresarios y de miserias para los obreros. La canasta básica está a tres techos de los sueldos vitivinícolas y el sindicato se refugia en el supuesto miedo de los trabajadores para luchar. La burocracia podrida de Foeva responsabiliza a empresarios y a trabajadores, pero sabemos que, con tal de lucirse, un chancho es capaz de comerse un jamón”. La lucha de los trabajadores Vitivinícolas ha acumulado ya una vasta experiencia: funcionan, en las provincias con mayor concentración de bodegas, agrupamientos autoconvocados, que reclaman condiciones de trabajo en las viñas y un aumento salarial y que han emprendido una campaña por el rechazo a la paritaria, con participación en los medios de la provincia de Mendoza. Potenciemos las autoconvocatorias mediante una campaña nacional de rechazo a la revisión cero paritaria.

El desarrollo de la corriente ultraderechista internacional que encarnan los Trump y Milei, es caracterizado entre la intelectualidad ‘woke’ como un “tecnofeudalismo”. Es lo que sostiene en un libro, videos y reportajes, Yanis Varoufakis, el exministro del gobierno ‘woke’ de Syriza que en 2015 capituló vergonzosamente ante la Troika del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Varoufakis atribuye a los “capitalistas de la nube” la condición de nuevos señores feudales. “La ganancia ha sido reemplazada por la renta (de nube)”. “El capital-nube no produce nada”, asegura Varoufakis; sólo se dedica a “modificar la conducta humana”, moldear “deseos o inclinaciones”, “secuestrar la atención” de los usuarios. “El comercio ya no está en los mercados sino en los feudos de la nube”, afirma, en relación a las aplicaciones que operan como grandes oferentes de mercancías. Según el economista griego, han consagrado el “triunfo de la renta sobre el beneficio”. Para Varoufakis el trabajo aplicado a la economía digital no crea valor, ni por lo tanto plusvalía, ni finalmente tasa de beneficio. Asistimos a un retorno al feudalismo, donde no existe el trabajo “en general” sino los trabajos particulares, no hay creación de valor ni plusvalía, sino “renta”. Si la generación de la riqueza no surge de la ganancia ni del mercado, concluye, “no es capitalismo”. En una operación de malabar, cancela el agotamiento del capitalismo como forma histórica determinada de explotación social, y decreta un pseudo retorno al pasado – precapitalista-. De aquí nace la ‘tesis’ de que los Trump, Musk o Milei plantean ‘retrotraer’ el capitalismo a formas perimidas de organización social, cuando en realidad se proponen acentuar un mundo capitalista imperialista mediante guerras y masacres. “El capitalismo está muriendo” -dice sin tapujos el exministro griego- “víctima de su mayor creación: los cloudistas o nubelistas”. El capitalismo se ha disuelto a sí mismo (algo cuya posibilidad los ‘woke’ negaron todo el tiempo), no por una vía revolucionaria sino contrarrevolucionaria. Renta, ganancia y competencia El primer exabrupto conceptual del economista griego es asociar a la renta con el feudalismo, y oponerla a la ganancia como dos categorías históricamente excluyentes. Pero la renta es el ingreso de la clase social que monopoliza los medios de producción vinculados a los atributos naturales -el suelo, el subsuelo, las fuentes de agua-. Kautsky, gran estudioso de la renta del suelo, señaló que “no (hay que) confundir la renta territorial capitalista con las obligaciones impuestas en otros tiempos al campesino por el señor feudal” (La cuestión agraria). Es, sin embargo, la confusión que exhibe Varoufakis, que ve un renacimiento de la renta feudal (tributos impuestos desde afuera), en reemplazo de la retención de una parte, crecientemente menor, del beneficio capitalista por parte del capital territorial. La renta territorial aparece en el periodo histórico de la subordinación definitiva de la agricultura -y de un modo general, de todas las formas del trabajo humano- al capital. Marx, por eso mismo, consideraba a la renta como una forma particular de la ganancia extraordinaria, es decir, del beneficio adicional que obtenía un capitalista que lograba producir en condiciones medias superiores a las de sus competidores. La renta no existe como “nube” -sea digital o no-: es una detracción del plusvalor proveniente de la explotación capitalista de la fuerza de trabajo. En la tecnología digital hay trabajo humano, creación de valor y plusvalía. En el “capitalismo en la nube”, no hay nada que no corresponda a una ganancia extraordinaria, cosechada sobre medios estrictamente capitalistas, incluida la apropiación privada del conocimiento generado en la academia -como ocurrió con Google y la Universidad de Stanford- o el financiamiento generoso del presupuesto público, como lo reconoce el propio Varoufakis. Trátese de una renta o una ganancia extraordinaria, ella, insistimos, es una detracción del trabajo no retribuido a la clase obrera. El malabarismo conceptual de Varoufakys no tiene otro propósito que el de sustraer a la industria digital del proceso de explotación social, para postular una regulación capitalista del proceso que caracteriza como feudal. Deseos, necesidades y explotación social En sustitución de un análisis concreto que vincule a la industria digital con las relaciones sociales existentes, Varoufakis echa mano de un conjunto de vaguedades que colocan a su análisis en una “nube”. El “cloud capital” (capital en la nube) “no produce nada”, dice, apenas trabaja para “modificar la conducta humana”. “Entrenamos a la red- afirma Varoufakis- para que ella nos entrene en determinar qué queremos”. Esta inocuidad económica no le impide al capital tecnológico encabezar el alza de las Bolsas, lo que probaría que el dinero puede salir de la nada y otros dislates. Entre las "modificaciones de la conducta humana” Varoufakis no incluye a las Fuerzas Armadas, que se valen de la IA para masacrar pueblos y establecer nuevas formas de colonialismo sin salir de un escritorio o central de comando. Con este conjunto de afirmaciones, Varoufakis pretende sustraer a la industria digital de las leyes de circulación del capital y de la creación de riqueza social adicional por medio del trabajo humano. Pero ninguna de las funciones de la “nube” puede apartarse de la metamorfosis del capital: las grandes plataformas se nutren de la publicidad, o lucran con la monetización de sus contenidos. Cuando, por fin, contribuyen a la manipulación ideológica o política, lo hacen como parte de una operación mercantil: los candidatos del capital “monetizan” esas manipulaciones con aportes económicos millonarios a la red. De un modo pueril, Varoufakis asume que las plataformas de compra y venta de mercancías o servicios “han terminado con el mercado” (“Amazon determina lo que puedes comprar o no”). No advierte, sin embargo, el carácter contradictorio de esa relación mercantil: Amazon o Mercado Libre ejercen una exclusión sobre los productos o capitales que no participan en su aplicación; pero al mismo tiempo, concentran y potencian la circulación de las mercancías de quienes sí lo hacen. Varoufakis caracteriza a esas empresas dependientes del comercio digital como “capitalistas vasallos”…del “tecnofeudalismo”. Pero no existe entre ellos nada diferente a lo que ya existía entre el capital productivo y otras formas funcionales del capital, como el capital comercial y el financiero. “El Capital” de Marx se ha ocupado extensamente del vínculo dialéctico -de colaboración y antagonismo- entre esas diferentes formas funcionales. El capital comercial asegura a la gran industria la centralización y distribución de mercancías a la mayor escala; el capital financiero, a su turno, los medios para la reproducción ampliada del capital, y para el consumo de las masas más allá de las posibilidades inmediatas y limitadas del salario. A través del comercio y del crédito, ofrecen una salida provisional a la contradicción planteada por la expansión constante de la producción, de un lado, y su realización, del otro, en el marco de “la expropiación y pauperización de grandes masas de productores” (Marx). Entre los emprendedores digitales de “garaje” (Apple) o un gabinete universitario (Google) y los actuales colosos capitalistas, han mediado la Bolsa y los fondos internacionales. A través de la Bolsa, los “capitalistas vasallos” entrelazan su futuro con el de los supuestos “señores feudales”. Por otra parte, la separación entre las diferentes formas funcionales del capital es también premisa de su entrelazamiento: Elon Musk, el “nubelio” por excelencia, se ha ensuciado las manos con los autos eléctricos de Tesla y la industria satelital. La industria digital y de la IA está sedienta de los recursos energéticos que consumen (y que explican la lucha por el acaparamiento de los mismos a escala planetaria). Varoufakis ha convertido en “feudal” a la oligarquía capitalista de la industria digital, por eso se abstiene de explicar las transferencias de valor que tienen lugar en el conjunto de la economía. “Nube”, clase obrera y explotación Varoufakis describe al empleo derivado de la industria digital como una legión de “Proletarios precarios de la nube”. Afirma que existe un “desvío de la plusvalía” generada por esos trabajadores hacia los “tecnofeudalistas”. Con ello, admite que la supuesta renta de las “Tecnos” es un producto de relaciones sociales capitalistas. Pero lo anacrónico es considerar a ese beneficio como un “desvío”: como ya se explicó, la gran industria actual no podría prescindir de la “nube” para la realización de sus mercancías. En oposición a los idealizadores del capitalismo de robots -o de las máquinas valorizándose a sí mismas- el capitalismo nubelio se ha encargado de articular una gigantesca plataforma de fuerza laboral -solo por citar un caso, los miles de trabajadores concentrados en Amazon-. Los tecnofeudales han parido, no un mundo de siervos, sino un salto fantástico de la proletarización general. Nada de esto escapa a las contradicciones del capital, que necesita compensar el incremento extraordinario del trabajo pretérito (no creador de valor), que domina en la industria digital, con un aumento en el grado de explotación absoluta de la fuerza de trabajo en otras ramas vinculadas a esa misma industria. Por las mismas razones, los Musk y sus sirvientes políticos son defensores acérrimos de las reformas laborales flexibilizadoras y de la eliminación de impuestos. Su afirmación de que “los sindicatos sólo se ocupan de los trabajadores formalizados” es notoriamente falsa, porque en todos lados se firman convenios a la baja y suspensiones sin remuneración. Tecnofeudales “en apuros” Varoufakis caracteriza al enfrentamiento entre las tecnológicas norteamericanas y chinas como “una rivalidad entre feudos, y no una competencia entre capitalistas”. Según él, los tecnofeudales compiten por otras fuentes rentísticas -el suministro de materias primas y energía-. Pero a Varoufakis se le quemaron los papeles después de la emergencia de la start up DeepSeek, cuya irrupción -a costos de producción muy inferiores a las IA americanas- ha provocado un derrumbe, no en un feudo, sino en la muy capitalista bolsa de Wall Street. En un video muy reciente, el economista griego admite ahora que el tecnofeudalismo está “in trouble” (en dificultades). Pero las “dificultades” obedecen a las leyes estrictas del capital. Los expertos empiezan a referirse a una “commoditización” de la industria digital. Varoufakis no se ha detenido en las consecuencias últimas de la competencia capitalista en curso -ni más ni menos que el salto de la guerra comercial y tecnológica a la guerra imperialista. Los recursos de la digitalización y de la Inteligencia Artificial están crecientemente volcados a la industria bélica. No es un retorno al feudalismo: la expropiación del capital y la dirección consciente del proceso social por parte de la clase obrera-se plantean como necesidad histórica. Coalición política Varoufakis, en cambio, constata que el socialismo “no llegó”, pero sí un “postcapitalismo” que, como vimos, sería un retorno sui géneris al pasado “feudal”. La organización obrera, de cara a esa realidad, seria “insuficiente”. Lo que plantea es una “gran coalición” integrada por los actuales “vasallos” del tecnofeudalismo -los capitalistas que ofrecen sus productos en la red, sus usuarios y los trabajadores. El programa de este frente no sería siquiera la nacionalización o expropiación de la industria digital sino iniciativas de “boicot a los tecnofeudos” o “huelgas de pagos” -enfrentar al capital en la nube con métodos mercantiles-. Varoufakis llama a los trabajadores y a la izquierda a encolumnarse contra los “dueños de la nube”. Trata de “feudales” a los Musk y sus jefes políticos con el propósito de reivindicar a los agentes “democráticos” del capital imperialista, igualmente partidarios de afrontar las contradicciones en curso por medio de la competencia, de la guerra y de la acentuación de la explotación laboral. Nada que no hubiera dicho y hecho como ministro de Syriza hace década y media. Cuanto más ‘innova’, Varoufakis más marca el paso en el mismo lugar. A despecho de los Varoufakis, el llamado capitalismo digital ha desplegado sobre la mesa todas las contradicciones del régimen social. Por un lado, permitió un salto en la productividad del trabajo, la producción y la circulación internacional de mercancías a escalas antes desconocidas. A término, ha agravado el choque entre producción y valorización, entre una apropiación de trabajo ajeno que es cada vez más estrecha en relación al capital pretérito que reclama un beneficio. La acentuación de un “polo de riqueza”, de un lado, y un “polo de miseria”, del otro, de guerras y choques entre capitalistas, acentúa la transición histórica entre el capitalismo y el socialismo, y agudiza los antagonismos que preparan la revolución socialista. Pone a la humanidad ante el desafío, no del poscapitalismo o de un tecnofeudalismo, sino del socialismo. El obstáculo para ello no es el “proceso objetivo”, como cree Varoufakis. El gran obstáculo son los izquierdistas “a la Varoufakis”, en especial sus seguidores ‘troskistas’, como el varoufakiano Fernando Rosso .

La ocupación de Textilcom por sus trabajadores por casi tres meses durante el año pasado, reteniendo las maquinarias e incluso en algún momento poniéndolas a producir, obligó al gobierno de la Provincia a transferirla al grupo Mon Sport, mediante el otorgamiento de grandes subsidios. El nuevo grupo empresarial recibía una fábrica en funcionamiento, equipada y con personal entrenado . La experiencia duró 4 meses. En ese lapso, la textil Mom Sports incumplió sistemáticamente sus obligaciones con los trabajadores y ahora anunció su retiro de la Provincia. En los medios, los trabajadores indicaron que recibían pagos semanales y a través de transferencias en billeteras virtuales, lo que da cuenta de una estafa en la relación laboral desde el inicio, avalado por el gobierno. El grupo se había comprometido a recontratar a todo el personal de la ex Textilcom, cuestión que también incumplió . Como parte del “Programa de Fortalecimiento y Apoyo Productivo”, la nueva patronal recibió $135.000.000 para compra de nueva maquinaria, y $50.000.000 como aporte para el pago de salarios de los trabajadores, lo que constituía un aporte de $450.000 del salario de cada uno de ellos (65 % del salario medio), aporte que se realizaría durante 20 meses mientras la firma mantuviera al total de los 127 empleos. Luego de la primera quincena de enero, la empresa buscó diversos artilugios legales para violar el acuerdo con el gobierno, despidiendo a 23 trabajadores por supuesto mal desempeño en el período de prueba. Todo decantó cuando a inicios de esta semana la patronal manifestó no estar en condiciones de cumplir sus obligaciones y en la anulación del acuerdo por parte del gobierno. Desde la Unión Industrial de Catamarca, artífices de estos acuerdos con las distintas patronales y el gobierno, declararon que todo se debe al “momento difícil que vive la industria”. El gobierno da vía libre para que los empresarios se fuguen con los aportes millonarios de las arcas del Estado y promete un “subsidio de 3 meses” y realizar el mismo aporte para los salarios a las “empresas del sector que decidan recontratar algún operario”. En paralelo, y demostrando que el gobierno ya sabía del retiro de la empresa, el día que la patronal les informo a los trabajadores que la fábrica cerraba ya estaba la infantería, argumentando que era para cuidar que no se llevaran las maquinarias, cuando en realidad, el motivo central era impedir que se pudiera reeditar una nueva ocupación de la empresa. Jalil ha demostrado que no se inmuta en dar por saldados los despidos, “lamentando” que “el presidente nos lleva a un nuevo paradigma respecto a las importaciones, un modelo en el que hay ganadores y perdedores”. Por su lado el sindicato que nuclea a los trabajadores, SOIVA, se limitó a las negociaciones por indemnizaciones y salarios adeudados, obligaciones que aún ni la expatronal de Textilcom ha cumplido. Estamos ante un nuevo episodio de la crisis y el plan de guerra del gobierno, las patronales y la burocracia sindical contra los trabajadores. Como se planteó durante la ocupación de Textilcom, ante la falta de soluciones por la vía privada, el camino para defender los puestos de trabajo y asegurar los salarios pasa por la estatización de la planta textil y la producción bajo control obrero.

El ataque a la salud pública perpetrado por el gobierno liberticida de Milei y el ministro de salud Mario Lugones está generando graves consecuencias en la población trabajadora. Comenzó en 2024 y continúa en 2025 con la intervención del Hospital Laura Bonaparte y el despido de 1400 trabajadores de distintas dependencias del Ministerio de Salud. De esta forma, se produjeron ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-48 %), ANMAT (-17 %), hospitales nacionales, en el Instituto Nacional del Cáncer (-13 %) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15 %). En total se contabiliza una reducción del 16 % de personal que depende del Ministerio De Salud. En este contexto, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte convocan a un nuevo abrazo este viernes 31. Recorte de medicamentos, un crimen social Una de las situaciones más graves es la que se atraviesa en relación a la entrega de medicamentos por medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), organismo que entrega medicamentos y/o elementos de tecnología sanitaria a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que presenten un problema agudo o grave de salud en el que corre riesgo cierto su vida (enfermedad terminal o patología crónica grave), y que no cuenten con obra social, ni cualquier otro tipo de cobertura de salud. La demora en la entrega de los medicamentos y los recortes resultaron en la muerte de al menos siete pacientes oncológicos, aunque desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), contabilizan más en todo el país. Frente a esto, organizaciones de la sociedad civil realizaron un amparo en abril del 2024 por el cuál obtuvieron una respuesta favorable el 30 diciembre del 2024. La respuesta del gobierno fue disolver la Dadse, bajo el argumento de que el Ministerio de salud “absorbería” las funciones de la disuelta dirección. Por su parte, las exigencias para el acceso a la medicación gratuita de PAMI también se volvieron más restrictivas y se denunciaron más de 550 despidos en los últimos 13 meses, 200 de los cuales ocurrieron en las primeras semanas de enero. El cierre de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis El ataque a la salud incluye también el cierre de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis. Mario Lugones y el viceministro Alejandro Vilches argumentaron que las funciones de estas coordinaciones serán mantenidas en la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis. Pero circuló una documentación oficial que expone que los contratos de todas las personas que trabajan y forman parte del equipo de la Dirección tienen fecha de vencimiento el 31 de enero de 2025 (Perfil 25/01). Esta situación se da en el marco del aumento de los casos de tuberculosis, el crecimiento de la sífilis, el VIH y la mortalidad por SIDA. Mientras que las hepatitis virales continúan siendo de las infecciones con más alta prevalencia en el país (Ídem 25/01). Enfermedades como la tuberculosis están relacionadas con el empeoramiento de las condiciones sociales, situación que se va a ir agravando a medida que la crisis social aumente producto del programa recesivo de los liberticidas. Por otro lado, se evidenciaron fuertes recortes en los programas destinados a las personas con discapacidad. La decisión de ejecutar en 2025 el mismo presupuesto aprobado en 2023 agrava la situación de la salud pública. La privatización de la salud empieza llevándose por delante a los más vulnerables, quiénes no pueden costear tratamientos y los necesitan de suma urgencia. Pero el acceso a la salud no sólo se ve dinamitado por la privatización: el aumento de las tarifas del transporte afecta considerablemente la concurrencia a turnos médicos o consultas por guardias o la realización de trámites sumamente burocráticos para poder acceder a un tratamiento o la medicación. Una lucha en defensa de la salud pública En este contexto, la lucha contra los despidos en el Bonaparte, el Sommer, Posadas, PAMI, y en Salud en general toma un aspecto fundamental que debe ser tomado por toda la población trabajadora. No se trata de un conflicto meramente sindical; se trata de evitar una reforma reaccionaria de la salud, que tiene como objetivo beneficiar a los dueños de las prepagas, laboratorios y farmacéuticas. Las direcciones burocráticas que intervienen (UPCN, ATE) sólo se limitan a armar mesas de negociación y a realizar acciones aisladas que sólo llevan a desgastar el conflicto. Esperar de ellos la convocatoria a un paro cae en saco roto. La contracara a la complicidad sindical es la masividad con que la población (no solo trabajadores de la salud) apoya por ejemplo las convocatorias del Hospital Bonaparte. Un escenario similar se reprodujo el sábado pasado en el Parque Lezama, aunque sin aparatos sindicales imponiendo vallados de por medio. Este viernes, día en el que efectivamente cierran los contratos y se efectivizarían los despidos, los trabajadores del Bonaparte están convocando a una nueva acción en las puertas del Hospital, participemos masivamente.

La salud se encuentra en el centro de todos los ataques del gobierno liberticida. El viernes pasado, 31 de enero, finalizaron miles de contratos y se efectivizaron buena parte de los 1400 despidos anunciados con algarabía por el ministro Lugones, Adorni y sus secuaces. La jornada puso en evidencia la entrega de la burocracia de UPCN, que se sienta con el gobierno a confeccionar los listados de trabajadores a despedir, así como el sin salida de la política de dilaciones e inmovilismo que caracteriza a la cúpula de ATE. En el Ministerio de Salud, donde quedaron en proceso de disolución organismos como la Dirección de Vacunas, la de VIH, Hepatitis y Tuberculosis y el Instituto Nacional del Cáncer, los trabajadores organizaron una asamblea autoconvocada venciendo las amenazas de represión de la policía. En el Bonaparte, un nuevo acto-festival masivo volvió a mostrar que hay reservas para enfrentar el desguace oficial. La situación crítica exige un replanteo político y una acción enérgica independiente para defender a la salud pública y a todos sus trabajadores. Dos políticas en el Bonaparte La movida en el Hospital Bonaparte contó con una amplia participación que ocupó toda la calle Combate de los Pozos. La burocracia de ATE llegó al acto golpeada, tras el fracaso de todas las negociaciones con el gobierno. A diferencia del abrazo anterior, esta vez ni se propuso armar un vallado para separar a los trabajadores del resto de la población que asistió a la convocatoria. Sí montaron un camión con sonido propio, con el que pretendieron rivalizar con el escenario organizado por la Comisión de Cultura de trabajadores autoconvocados del hospital. El derrumbe de la autoridad de ATE y de su capacidad para encuadrar políticamente la jornada se expresó en la realización de una radio abierta multitudinaria en el escenario independiente. Por allí desfilaron decenas de trabajadores, como los despedidos de Shell, agrupaciones de jubilados, usuarios y usuarias del Bonaparte, personas de la comunidad LGTBQ+, trabajadores del Hospital Posadas y una larga lista de oradores que no pudieron llegar a hablar por cuestiones de tiempo. Más tarde tocaron allí bandas como Los Besos y la Delio Valdez. En el camión de ATE tomaron la palabra los despedidos del hospital, que leyeron un documento que llamó a participar de la marcha antifascista de este 1 de febrero. “Que esta marcha sea el punto de inflexión para todos los que nos queremos sacar de encima a este gobierno”, resaltaron. Hablaron luego dirigentes de ATE y del FITU. Cuando fue el turno de los representantes de ATE, desde el público emergió un cántico ensordecedor exigiendo un “paro general”. La respuesta más combativa a las dilaciones de los aparatos sindicales fue la intervención de una activista LGTBQ+ desde el escenario independiente: “el paro lo hace el pueblo, no la CGT, como lo logramos el sábado pasado en el Lezama y lo vamos a lograr mañana (por la marcha del sábado)”. El relato de las usuarias y usuarios fue impactante en relación a la atención que brinda el hospital y que los liberticidas quieren desmantelar. “No somos números, somos personas”, gritaron. La jornada también mostró la energía y creatividad de decenas de activistas, estudiantes de la UNA, la UBA y el colectivo de musicoterapia, que se habían juntado previamente para ensayar canciones para apoyar la lucha y hasta grabaron un “BonaDesk”. Un ataque de conjunto, una respuesta de conjunto La situación en el Bonaparte sigue siendo crítica. La burocracia de UPCN, ausente en la jornada del viernes, negocia los listados de despedidos con el gobierno. En los últimos días, se sumaron alrededor de 30 despidos nuevos, mientras que algunos compañeros que habían sido despedidos fueron reincorporados. Se espera que en las próximas semanas el gobierno avance con 30 despidos más, hasta alcanzar el cupo que se había fijado como supuesta “dotación óptima”. La dirigencia de ATE había rechazado colaborar en la confección de los listados, pero sus promesas de paro no llegan y estas dilaciones no hacen más que ahogar el conflicto, desgastando la energía que demuestran, una y otra vez, los trabajadores. El gobierno aprovecha estas circunstancias para avanzar con un ataque de conjunto sobre el sistema de salud. Hoy salió en el Boletín Oficial la resolución que habilita la derivación de aportes de forma directa a la medicina prepaga, lo que afecta a un millón y medio de trabajadores y llevaría a la destrucción de buena parte de las obras sociales. La resolución fue firmada por un asesor del Ministerio, que no tiene rango para asumir esa medida. Lugones habría rechazado firmarla, ya que sus vínculos con el Sanatorio Güemes podrían favorecer impugnaciones en la Justicia. De la misma forma se excusó el Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, asociado a OSDE. El ataque a la salud forma parte de una política internacional de guerra contra los trabajadores, cuando Milei se propone, copiando a Trump, retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es una orientación que busca despejar todos los bloqueos para hacer de la salud un campo de beneficios exclusivos para los grandes pulpos capitalistas. Es el corolario, a su vez, de la política que siguieron el mismo Trump y Bolsonaro durante la pandemia de Covid, la llamada “inmunidad de rebaño”, que llevó a cifras récord de muertes y contagios en Estados Unidos y Brasil para no interferir con el proceso de acumulación capitalista. Trump acaba de designar a un reconocido antivacunas, “Bobby” Kennedy, al frente de la cartera de salud. El terraplanismo es la cara medieval de una política dictada por los intereses del capital financiero. La ofensiva contra los hospitales nacionales y el sistema de salud en su conjunto, requiere de una respuesta de conjunto. El desmantelamiento de la salud pública está destruyendo servicios programas esenciales que garantizaban tratamiento y medicación gratuita a sectores de la población con diversos padecimientos y patologías. Su supresión conllevará más muerte y enfermedad para pavimentar una reestructuración privatizadora del sistema de salud. Es necesario frenar esta barbarie con acciones contundentes, que incluyan la ocupación de los lugares de trabajo donde se producen los despidos y la organización de un paro general autoconvocado y de una movilización de toda la salud. Superemos la entrega y la política de derrota de la burocracia con asambleas y coordinadoras hospitalarias e interhospitalarias y una gran acción de lucha independiente.

Hace exactamente dos meses, Sergio Pignanelli, el hijo del Secretario General del Sindicato de Mecánicos (SMATA), intervino el cuerpo de delegados de Toyota, la principal planta del gremio. Pignanelli (h) hizo arreglar su retiro voluntario y la renuncia de la Comisión Interna, para asumir personalmente la representación sindical. En noviembre, señalamos que detrás de la interna gremial entre Smata Central y el cuerpo de delegados, se ocultaba el interés estratégico de la multinacional de liquidar a la comisión interna y al cuerpo de delegados . Después de la intervención Toyota ha aprovechado las manos libres para avanzar con la reducción de personal, algo que inició pagando dos grandes tandas de “retiros voluntarios”: primero con los operarios de convenio y luego con los jerárquicos. Esta última semana comenzó a despedir trabajadores sin causa,. Un medio especializado, Infogremiales, destaca las “indemnizaciones agravadas” que se pagaron en las tandas de arreglos. El plan patronal es reducir todavía 500 puestos de trabajo más. La avanzada ha sido anunciada a los trabajadores por el interventor del SMATA, Sergio Pignanelli, que actúa al interior de la fábrica como un vocero de la patronal. Reforma laboral Las patronales reemplazan los trabajadores bajo el régimen de contrato anterior a la Ley Bases, por trabajadores nuevos, sometidos a un incremento de la precarización laboral. Las empresas se abalanzan para ello sobre las oficinas de la secretaría de Trabajo de Julio Cordero para presentar cada una de ellas su Procedimiento Preventivo de Crisis, que también las habilita a despedir con el artículo 247 con indemnizaciones a la mitad de su valor. El Gobierno está aplicando su propio PPC en el Estado. La mayoría de las modificaciones laborales que se incluyeron en la Ley de bases regían hace años dentro de la planta de Toyota. De la mano del SMATA, la multinacional japonesa había ya aplicado su propia reforma laboral en la planta de Zárate. Para ello ha hecho y deshecho cuánto quiso con los ritmos y las condiciones de trabajo de la planta. Desde sus inicios, Toyota somete a sus trabajadores a un régimen de turnos rotativos insalubre que no es cuestionado por el Sindicato. Ha incorporado primero un premio de presentismo anual que luego ha empeorado al hacer trimestral (para cobrar un mes de premio primero hay que acumular 3 meses sin faltar); al momento de implementar el tercer turno, hubo un periodo en el que Toyota tuvo que contratar mucha gente para ir ubicando y capacitando. Al haber sobrante de gente en 2 turnos implementaron los relevos obligatorios en los breaks . La producción no paraba en los breaks de 10 min, y el trabajador hacía el descanso con la fábrica andando. Toyota, cuando le fue necesario, ha reformado el convenio de trabajo para hacer obligatorio el trabajo de los días sábados; luego incorporó el turno noche forzando a volver al trabajo a todos los que estaban en reserva de puesto; por último, ha mantenido un régimen de contratos a plazo fijo en el que el periodo de prueba se extendía por 5 años. Pignanelli quiere hacer pasar los despidos Toda esta avanzada patronal Toyota la hizo bajo gobiernos “nacionales y populares” y con anterioridad a la ley bases del Gobierno de Milei. El papel protagónico para el dominio patronal en la planta de Zárate lo ejerce desde hace décadas el SMATA central directamente. Los últimos despidos sin causa aplicados por la empresa son atribuidos por el SMATA a la presentación de parte de los trabajadores, de certificados médicos “dudosos”. Los ritmos de producción de la empresa tienen consecuencias tremendas en la salud de los trabajadores, con la mayoría del sector más antiguo de la planta con enfermedades profesionales inculpables al empleador. El diagnóstico de “tarea liviana” significaba ser mandado a reserva de puesto (sin goce de sueldo, o con salario reducido) porque en la planta de Zárate para la empresa no existen tareas livianas. Los que tenían ese diagnóstico fueron forzados al arreglo o a volver al trabajo a “tareas pesadas”. Es natural que se dispare la cantidad de licencias. Enfrentemos la nueva escalada El anuncio de una próxima tanda más de 500 despidos, abiertos o encubiertos, para la próxima etapa, está fundada en una baja de producción. La patronal ha reducido algunos mercados de exportación (Brasil, Centroamérica). Además la empresa tiene previsto la automatización del sector de soldadura, donde están centradas las desvinculaciones. La nueva escalada de despidos promete tensar al máximo la presión entre los trabajadores y la gestión personal propatronal de Sergio Pignanelli. Pero la conflictividad es como las devaluaciones: no puede ser pisada eternamente. Enfrentemos la escalada patronal y a su vocero, Pignanelli, con el reclamo del reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, reincorporación de los despedidos, comisiones obreras de seguridad e higiene para cuidar la salud obrera; prohibición del turno rotativo.

El gobernador de la provincia de Salta dió la nota racista y xenófoba esta semana, con el anuncio de la construcción de un alambrado en el municipio de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia. El salteño se cuelga de la ola reaccionaria de los Trump, Milei y compañía. El anuncio desató un revuelo internacional y hasta el cuestionamiento de autoridades diplomáticas del país vecino. La prensa nacional se instaló en Orán y Aguas Blancas y descubrió, entre otras cosas, que los verdaderos cargamentos, que conforman miles de kilos de droga, entre ellas cocaína, éxtasis y en menor medida marihuana, que ingresan y circulan en Argentina, no ingresan por chalanas, ni tampoco en las espaldas de los bagayeros que cruzan el río Bermejo. Un artículo en Clarín denuncia la infiltración del negocio del narco en el aparato del estado (29/01/25). En el caso del "Gringo Palavecino", uno de los "jefes narco" en la zona, detenido hace un año, la investigación judicial encontró videos de torturas a deudores y armas, entre ellos, el vídeo de Nicolás Torres, hijo de un exjefe de Gendarmería de Orán. Recientemente, ambos fueron detenidos por transportar 34 kg de cocaína. Además, la Justicia encontró un video de Palavecino con Darío Monges, acribillado en Salta en 2022 por un ajuste de cuentas. En el vídeo conversan y mencionan a funcionarios del gobierno de Gustavo Sáenz; la Justicia todavía no avanzó en investigarlos. Clarín señala que el negocio del narcotráfico financió campañas electorales para "ganar intendencias". El alambre en Aguas Blancas tiene por blanco el menudeo de los bagayeros, pero jamás a la infiltración del Narco en el aparato del estado, concluye el periodista. La Nación (31/01/25) señala la existencia de fincas privadas, una en particular, que hace las veces de "by pass" de gigantescos flujos de comercio ilegal. Liliana Ledesma, una trabajadora rural de Salvador Mazza (departamento San Martín), la otra frontera de Salta con Bolivia, denunció al clan Castedos hace 19 años por usar sus tierras para el contrabando de cocaína y fue asesinada brutalmente. El poder político, en ese caso, también estuvo implicado, pero no fue juzgado. Gobernaba la provincia en aquel entonces Juan Carlos Romero, ahora Senador aliado a Milei y Sáenz. Las denuncias de pistas de aterrizaje clandestinas en fincas privadas en toda la provincia y en provincias vecinas son históricas; las realizan los lugareños; el ministerio de Seguridad y la Justicia no investiga allí. El comercio ilegal de mercancías sencillas fue lo que evitó que Orán, Tartagal y decenas de municipios de frontera no estallaran, hundidos en el hambre; fue lo que permitió también, el floreciente desarrollo de grandes comercios en la región. Entre ellos el negocio ilegal de miles de toneladas de granos que se fugan por la frontera para no pagar impuestos. Nada de eso detendrá el alambrado de Sáenz. Bullrich ha incitado contra los extranjeros para anunciar que reforzará la presencia de Gendarmes en la frontera con Brasil y no descarta la intervención de las Fuerzas Armadas. Sáenz representa, en un acuerdo político con Milei, un choque directo contra los trabajadores a los cuales pretende militarizar y regimentar en nombre de combatir el comercio ilegal y el narcotráfico, la vieja tesis del "enemigo externo". El "muro" en Aguas Blancas no solo es el encubrimiento de una política de regimentación social. Milei encabeza un quiebre comercial con los países del Mercosur, una política que, a lo Donald Trump contra los tratados de comercio con México y Canadá, busca reforzar un monopolio comercial del imperialismo norteamericano en América Latina, con Argentina como principal aliada. Está política no será, sin embargo, indolora, ya que Salta, por sus capitales asiáticos en la minería y desarrollos productivos en el campo, fue el promotor del corredor bioceánico, una ruta comercial entre el norte argentino y los puertos en el Pacífico, lo que podría beneficiar directamente a China que acaba de inaugurar un gran puerto en Perú, en contra de los circuitos costosos de exportación por Santa Fe y Buenos Aires. El famoso federalismo de Sáenz choca de bruces con el monopolio norteamericano de los negocios en Argentina que pregona Milei.

En el día de ayer, frente al Palacio Municipal, se desarrolló una fuerte represión por parte de la policía a familiares, amigos y vecinos de Lucas Aguilar, el joven repartidor asesinado por Luis Benitez, al intentar detenerlo luego de que éste hiriera de gravedad a un vendedor ambulante. La movilización frente al municipio no obtuvo ninguna respuesta por parte de la intendencia. Esto llevó a que se desenvolviera un ataque con piedras al municipio y la posterior represión por parte de la policía. Los compañeros de Lucas Aguilar sostienen que viven en una "zona liberada" donde constantemente son víctimas de robos violentos y reclaman a la intendenta Mariel Fernandez más seguridad. Sin embargo, en las últimas horas, el ministro de seguridad del distrito, Ismael Castro, hizo caso omiso a este pedido, aclarando que el crimen no fue en ocasión de robo, sino producto de una pelea, y que desde la intendencia ya estaban en comunicación con la familia de la víctima. Frente a este crimen, el gobierno nacional, de la mano del ministro de justicia Mariano Cuneo Libarona, se encargó de responsabilizar a Kicillof y al kirchnerismo por la inseguridad y por el garantismo que permite la salida de la cárcel de este tipo de criminales. Por su parte, Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, responsabilizó al Gobierno Nacional por el ahogo presupuestario en materia de seguridad. Ambos bandos se tiran el fardo de una responsabilidad política y social que les corresponde por entero a los dos. El ajuste brutal que la clase capitalista y sus representantes políticos viene descargando sobre las espaldas de los trabajadores, provocando la desocupación, la miseria y la falta de perspectivas en una población históricamente golpeada como la morenense, se convierte en un caldo de cultivo para la violencia, el delito y los crímenes. No por nada Moreno suma 4 muertes violentas en las últimas 72 hs., figurando como uno de los distritos de mayor inseguridad en el conurbano. Es necesario que los trabajadores debatamos una salida a este estado de cosas. Construir espacios de deliberación en cada barrio y lugar de trabajo, votar un plan de lucha para poner en jaque a estos gobiernos capitalistas que por medio de la liquidación de nuestras condiciones de vida, pretenden sumirnos en la barbarie.

La marcha antifascista que tuvo su centro en Buenos Aires, con actos y marchas que se desarrollaron en más de un centenar de ciudades, movilizó en las calles de todo el país a cerca de un millón de personas. Entre la Plaza de Mayo y Congreso hubo medio millón, igualando a la gran jornada del 2x1 a los genocidas en 2016. La movilización en Córdoba y Rosario superó las 50.000 personas. Lo mismo ocurrió en Tucumán y Mendoza, con entre 15 y 20.000 manifestantes. Las demostraciones se prolongaron en el interior de las provincias, como los balnearios de la Costa, en Buenos Aires , o Villa María, Cruz del Eje y muchas otras localidades de la provincia de Córdoba. Frente a los consulados y embajadas de Europa, se convirtió en una jornada internacional contra la entente fascista de los Milei y los Trump. Cristina Kirchner redujo esta gran marcha (a la que no concurrió) a una expresión de “aspiraciones y emociones”, que ella, además, no comparte como expresión de la libertad individual. Es un fracasado intento de malversación política. CFK tiene una larga tradición clerical en oposición al derecho al aborto y a otros derechos (así como una pasión mileista por la destrucción de glaciares y perjuicios al equilibrio climático), que tuvo que replegar ante la demostración de fuerza del movimiento de la mujer, bajo el gobierno de Macri, para imponer el derecho al aborto. La prensa patronal fue todavía más siniestra: luego de una semana de advertencias al gobierno contra el peligro de politizar su hostilidad a los derechos de la mujer y a los derechos de las disidencias sexuales, los editoriales del domingo privaron a la marcha de su carácter político antifascista. Aprovecharon para esta marcha atrás el recule del ‘gatillo fácil’ Bullrich, que entregó a la metropolitana la supervisión policial de la demostración; el macrismo se ganó, así, su momento ‘woke’. En algunos medios se ha intentado iniciar una pseudo discusión respecto de lo que es o no es fascismo, incluido el intento de psicoanalizarlo, cuando lo que importa, en concreto, cuando una parte considerable de las masas convoca a un lucha contra el fascismo, es reforzar todavía más la agitación contra él. Por otro lado, Milei es un aliado estratégico de Trump y Bolsonaro, los organizadores de los asaltos al Capitolio norteamericano y a la sede de los Tres Poderes, en Brasilia, acciones directas incuestionablemente fascistas. Es además un aliado de sangre de Netanyahu, el perpetrador del bombardeo de quince meses de la Franja de Gaza, carente de defensa antiaérea, para proceder a una “limpieza étnica” –típicamente fascista-, que Trump acaba de oficializar con todas las letras. Ante el hecho consumado de una convocatoria antifascista, la izquierda ‘woke’ se empeñó en aligerar la carga bélica de la consigna. Derrota de los liberticidas, los desafíos para los trabajadores Milei encomendó a Bullrich no aplicar el protocolo antipiquetes y retirar de la circulación a todas las fuerzas federales en la tarde del sábado, “para evitar incidentes con los manifestantes”. Los liberticidas cedieron así ante la fuerza de las masas y la simpatía generalizada con la manifestación. El Gobierno se declaró derrotado de antemano. Incluso el Arzobispado porteño, como también ocurre con el rechazo de la iglesias al neonazismo en Alemania, protestó por la decisión oficial de vallar a la Catedral. Lección importante: se puede derrotar al Gobierno y a las patronales dando un impulso de masas a la lucha contra los despidos y por las reivindicaciones de trabajo y salario. En la tarde de ayer, los represores debieron meter violín en bolsa ante una movilización de carácter masivo. Cuando los burócratas se refugian en la “pasividad de la gente” o “el protocolo de Bullrich” para no luchar, sólo buscan una coartada para disimular su propia complicidad y compromiso con el gobierno liberticida. La marcha antifascista los ha desenmascarado sin atenuantes. Las luchas por delante son enormes: la defensa de la Salud y la Educación Públicas; contra un nuevo acuerdo con el FMI y una mayor esclavización financiera. En cuanto a la Reforma Laboral, avanza a un ritmo impresionante, mediante el despido o la desvinculación de la planta existente para reemplazarla por una fuerza de trabajo sin contratos ni derechos. El pelotón lo encabezan Toyota, Acindar, Bridgestone, Techint, las petroleras, y se difunde en todo el tejido industrial, con la colaboración directa de las burocracias sindicales, que supervisan este desguace, y en otros casos por inmovilismo u omisión. Es la gran guerra de clase que han desatado Trump y Musk a escala internacional. Es una lucha que también debe ser encarada internacionalmente por la clase obrera.

Ayer las calles han sido una expresión de un fuerte paso al frente contra la política del gobierno de Milei, pero también del conjunto del régimen que le ha servido como sostén. En Salta, la movilización fue preparada por una asamblea numerosa en la capital y reuniones impulsadas en varios puntos de la provincia, como en Orán, Cafayate y Tartagal. La asamblea de Capital recogió entre sus consignas y propósitos la lucha por la absolución para Yolanda Vargas y la justicia para sus hijos. Se votó además la adhesión a las acciones convocadas para el lunes 3. Yolanda pone sobre la mesa a una justicia plenamente clasista que no ha tenido empacho en armar una causa contra una madre, para ocultar las responsabilidades políticas de la tragedia. La característica de la movilización en Capital fue el fuerte componente juvenil y el activismo de la diversidad, columnas nutridas de docentes y estudiantes universitarios -parte de las luchas más importantes contra el gobierno, que no está saldada-, movilizaron estudiantes secundarios del colegio de arte Tomás Cabrera, jubilados autoconvocados. Un sector de docentes autoconvocados votó en asamblea participar de la movilización. Además, rechazaron el aumento del 4 % miserable que ofrece el gobierno y los despidos a 126 docentes; convocan a una nueva asamblea el 15 de febrero. La marcha arrancó pasadas las 18 hs. y recorrió puntos centrales de la Ciudad –entre ellos la Central de Policía como repudio a la represión sistemática sobre la comunidad trans- y culminó en la Usina Cultural, donde leyeron un documento e intervinieron artistas con sus pronunciamientos y un festival, organizado por La Minga. Entre ellos se destacó las palabras de la cineasta Lucrecia Martel y la coplera Mariana Carrizo. Nuestra compañera, Violeta Gil intervino para poner en advertencia el nuevo cuadro abierto en el caso de Yolanda Vargas. El viernes 31 por la tarde, el juez suspendió indeterminadamente el juicio que iniciaba este lunes 3/2. La justicia de Orán asistió el golpe de una movilización extraordinaria. Bajo este cuadro, la convocatoria fue a redoblar toda la movilización y acciones por el cierre de esta causa aberrante, lo que implica su inmediato sobreseimiento. En el caso de la acción de ayer en Orán, la convocatoria arrancó a las 20 hs. Llamó a enfrentar la política fascista del gobierno nacional, pero no podía dejar de convertirse también en una tribuna de denuncia contra Sáenz, que -a escala provincial- caza trabajadores en el norte, como hizo con Fernando Gómez y sus compañeros, y que impulsa su propia agenda reaccionaria con la construcción de un alambrado en la frontera de Aguas Blancas con Bolivia, el cobro del acceso a la salud, las cesantías de 126 docentes. En la concentración de Orán, una compañera dedicada a la docencia en Aguas Blancas señaló “estamos frente a un Trump versión Manaos”, a la par que destacó que era una estafa para combatir el narcotráfico. En el acto, convocado en Plaza San Martin –Orán-, nos hicimos presentes junto a Yolanda Vargas, quien cerró el acto convocando a luchar por su inmediato sobreseimiento: “El incendio de mi casilla arrancó por el incendio del medidor”, esto es un elemento determinante en la causa, pero es algo común en las barriadas de Orán. El viernes se incendió un comercio en la localidad de Embarcación, arrancó en el medidor. Las altas temperaturas, ponen al rojo vivo una crisis energética en el conjunto de los departamentos. Yolanda no es sino una víctima de la responsabilidad estatal, pero es un caso testigo también de la criminalidad de un gobierno que sostiene al parasitismo empresarial, que han vaciado las empresas prestatarias del servicio de electricidad. Varias corrientes de Orán y la capital han confirmado su presencia el lunes para acompañar el reclamo de Yolanda por justicia y el cierre de la causa. LEER MÁS: La marcha “antifascista”, una derrota para el gobierno y sus secuaces Por Marcelo Ramal, 02/02/2025.

El lunes 27 se concretó una asamblea en la plaza Independencia con el propósito de replicar la convocatoria resuelta días antes en el Parque Lezama. La asamblea fue impulsada por la “Mesa del Orgullo y Lucha (integrada por compañeros de Política Obrera e independientes) y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, (liderada por sectores K y del peronismo y el PCR). La convocatoria reunió alrededor de 1000 participantes En la misma confluyeron sectores docentes, numerosos estudiantes universitarios muchos de ellos activistas de la asambleas y ocupaciones del año pasado, jubilados, y diversos sectores referenciados con el movimiento de la mujer y del LGTBI+ En la asamblea se acordó con la consigna: “marcha del orgullo antifascista y antirracista”. Los sectores peronistas pusieron el acento en que se debía denunciar la alianza de Jaldo con Milei. Sectores vinculados al FITU plantearon que se debía dar oportunidad a otros sectores que nunca gobernaron. El PCR planteo la necesidad de armar un frente del campo popular. Desde la “Mesa” pusieron el acento en la necesidad de armar una agenda que le continuidad a la movilización. El debate político fue extendido. Esto luego se tradujo en un pliego de consignas que presidieron y que fueron leídas en el acto que se concretó en la jornada del 1. Abajo el fascismo. Fuera Milei y sus políticas de odio. Plena vigencia de los derechos conquistados por el colectivo LGTBIQ+ La ESI, la IVE no se tocan. ¡Efectiva implementación! Basta de femicidios, transfemicidios y travesticidios. Justicia por todas las víctimas. Abajo el protocolo antipiquete, el plan Güemes y la militarización del gobierno liberticida. Abajo el ajuste, no a la reforma laboral y previsional. En defensa de la educación y la salud públicas. En defensa de los sitios de la memoria. Ningún despido. Memoria, verdad y justicia. Fueron 30.400. No a la impunidad a los genocidas. No la discriminación y persecución de los migrantes. Unidad y coordinación de las luchas. No a la integración de Argentina a la guerra de Trump y de la OTAN. Fuera Milei El 1 de febrero, a pesar del calor extremo, se hizo presente una multitud de alrededor de 15 a 20 mil manifestantes que marcharon desde la plaza Urquiza hasta la plaza Independencia. Allí, se concretó un acto en el que alrededor de 20 oradores hicieron uso de la palabra, entre ellos Raquel Grassino por Política Obrera y Anahí Rodríguez en representación de Adiunt, quienes plantearon la necesidad de darle continuidad a la jornada con nuevas movilizaciones independientes que unifiquen los reclamos de las mujeres, las disidencias sexuales, con la lucha de los jubilados y la clase obrera. LEER MÁS: La marcha “antifascista”, una derrota para el gobierno y sus secuaces Por Marcelo Ramal, 02/02/2025.

El gobierno redujo la partida para el pago de las sentencias firmes a los jubilados en un 13,2 % en relación al mismo presupuesto de 2024, y así quedó en $ 160.751 millones. Ya ese mismo presupuesto había sido reducido en un 63 % con respecto al de 2023 en términos reales gracias al método de no votar presupuesto y prorrogar el anterior, utilizando a la inflación como método de ajuste. La reducción por lo tanto es del 70 % en dos años. Esto va a empeorar una situación que se viene dando desde el gobierno de Cristina Kirchner y que consiste en el atraso durante años de las liquidaciones de las sentencias firmes de los jubilados qué le reclaman y le ganan en la justicia a la ANSES por el mal cálculo de sus haberes. En este 2024 las sentencias firmes pendientes de liquidación superan los 98.000 casos. Por su parte, los juicios iniciados aún sin sentencia firme superan los 200.000, pese a que una buena parte cuenta con fallos favorables de primera y segunda instancia. Y no avanzan a pesar de que se dictaron hace más de 10 años porque aún falta el pronunciamiento de la Corte Suprema, que se toma sus tiempos pese a que son miles de casos similares (Clarín, 30/01) Y esto se da a pesar de que el gobierno está obligado por ley a pagar el ajuste y el retroactivo dentro de los 120 días de producido el fallo. Por la falta de presupuesto, la ANSES separó el ajuste para pagarlo antes que el retroactivo, el cual es postergado hasta el infinito. Los abogados de los jubilados están logrando embargar directamente las cuentas de ANSeS para efectivizar el cobro de esas sentencias firmes. El proceso judicial ya es largo de por sí, porque la ANSES apela cada uno de los fallos para postergar la liquidación y porque una vez salidas las sentencias realiza mal los cálculos, lo que genera nuevos pleitos judiciales. De esta manera, al igual que lo hicieron los gobiernos anteriores, Milei posterga los ajustes previsionales y los retroactivos que los jubilados que pudieron litigar consiguieron, impidiendo que muchos de ellos los cobren en vida, violando, una vez más, la propiedad privada de los trabajadores.

En el día de ayer, el gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir, emitió un decreto que adelanta las elecciones legislativas provinciales para el 11 de mayo. La constitución provincial lo habilita, sin necesidad de pasar por la legislatura. Jujuy se suma a Santa Fe, Chaco, San Luis, Salta y Caba. El radicalismo gobernante pone en juego la mayoría de las bancas que posee, 18. El PJ, intervenido, debe ir a internas el 9 de marzo para elegir autoridades partidarias provinciales; recién ahí se verá si hay un armado unitario o varias listas. El debut libertario a nivel provincial es un capítulo todavía indefinido El exgobernador Morales, se ha encargado de reunir a todos los intendentes, comisionados y delegados de la provincia, para motorizar la campaña territorial de cara a los comicios. El gobernador Sadir no dijo presente en ninguna de las dos. Mientras Morales y Milei han tenido fuertes encontronazos, Sadir busca acuerdos permanentes con el gobierno nacional. El gobierno suma varios escollos judiciales, en especial por el uso y disposición de los terrenos del pueblo en función de sus propios intereses.

En Jujuy, como en el resto del país y en varias ciudades del mundo, se dieron cita miles de personas para manifestarse y repudiar los ataques de odio volcados por Milei en el último periodo, en sintonía con declaraciones de Trump. La movilización, organizada por organizaciones LGTB, diversidades, organismos de DDHH, destacó fuertemente la necesidad de conservar los derechos por los que durante años se pelearon en las calles hasta ser conquistados. A pesar del intenso calor, miles de personas -en su mayoría jóvenes- se hicieron presentes en la jornada que arrancó con un acto y luego continuó con una marcha masiva que llenó de colores las calles céntricas de Jujuy hasta la Casa de Gobierno. En los discursos se reflejaron varios planteos, desde la denuncia contra los ataques mileístas a las diversidades y los derechos de las mujeres (que este gobierno pretende perseguir), pero también la ‘agenda amplia’ de reclamos de los trabajadores y las barriadas. Los ataques a los comedores, a los jubilados, los recortes en salud y educación del gobierno liberticida y sus acólitos en el gobierno provincial. La Marcha, antifascista y antirracista, sumó también la denuncia de las comunidades originarias contra el saqueo y la discriminación que sufren, potenciadas por el discurso de odio oficial y la idea de poner muros en las fronteras. En la marcha, participaron ademas de los colectivos LGTBI, organizaciones sociales, de la cultura, Docentes universitarios, el gremio CEDEMS y los partidos de Izquierda. Politica Obrera estuvo presente en la marcha central que se realizó en San Salvador de Jujuy, como tambien en las marchas que se realizaron en Ledesma y San Pedro de Jujuy. LEER MÁS: La marcha “antifascista”, una derrota para el gobierno y sus secuaces Por Marcelo Ramal, 02/02/2025.

La marcha antifascista se desarrolló en Mar de Ajó y San Clemente del Tuyú, del partido de La Costa. Cientos de personas, la mayoría jóvenes cubrieron tres cuadras al movilizarse contra Milei, en el centro de Mar de Ajó. No sólo participaron los residentes, sino que también lo hicieron, trabajadores en medio de sus vacaciones: docentes de la Universidad de Gral. Sarmiento y no docentes de Rosario. Las consignas que se cantaron fueron contra Milei, “la dictadura” y consignas reivindicando la lucha de las mujeres y por las libertades sexuales. Antes de marchar, La Cámpora organizó el micrófono donde intervinieron dirigentes feministas y LGBTQ+, del SUTEBA, de agrupaciones peronistas y otros oradores. Sus intervenciones se centraron en la defensa de la libertad sexual, la situación de los jubilados, también marcaron la lucha que se avecina en el terreno educativo universitario. Desde Política Obrera pudimos intervenir al finalizar la marcha explicando que Milei ataca los movimientos que lograron grandes avances en los últimos años, preparándose para reprimir e imponer la reforma laboral, despidos y bajas salariales y en ese sentido impulsamos las asambleas en lugares de trabajo para preparar la huelga general y la participación en próximas movilizaciones. La explicación de la complicidad clave de la CGT con Milei fue aplaudida. Polemizamos sobre que no se puede esperar a las elecciones. También que la acusación de pedofilia sobre las disidencias sexuales, encubre a la protección estatal y policial de las redes de trata de niños. Nuestras pancartas planteaban “Abajo el fascismo”, “Huelga general”, “Socialismo o barbarie” y “Absolución para Yolanda Vargas”. El “Pollo” Sobrero estuvo presente con algunos militantes de Izquierda Socialista pero no fijaron posición. El intendente De Jesús, del PJ, sacó un comunicado de apoyo a la marcha, pero es un enemigo de los trabajadores: mantiene a los municipales y jubilados con salarios de indigencia . Eso no es luchar contra el fascismo, sino que es reforzarlo. Hay un proceso político por desarrollarse, la combatividad de muchos jóvenes y trabajadores choca contra la política no solo de Milei y sus aliados directos, sino también con todos los sectores del PJ. Este proceso de delimitación será clave para luchar contra el fascismo. LEER MÁS: La marcha “antifascista”, una derrota para el gobierno y sus secuaces Por Marcelo Ramal, 02/02/2025.

La manifestación recorrió la capital de Catamarca y tuvo réplicas en localidades del interior de la provincia. La movilización, que emergió por la iniciativa y autoconvocatoria de miembros de la comunidad LGBTIQ+, puso el acento en el repudio al presidente Milei, la defensa de los derechos conquistados y la lucha de los sectores vulnerables. El martes 28 de enero, en la Plaza La Alameda de la capital catamarqueña, se realizó la Asamblea Autoconvocada Antifascista y Antirracista, en consonancia con la movilización nacional promovida por la Asamblea de Parque Lezama. En la asamblea se hicieron presentes agrupaciones y asociaciones de la diversidad, organizaciones sociales y políticas, jubilados, estudiantes y docentes. Las intervenciones repudiaron el discurso del presidente y reivindicaron las conquistas de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres, llamando a adherir y realizar la marcha federal antifascista y antirracista en suelo catamarqueño. El 1° de febrero a las 17.30 horas, a pesar del intenso calor, la concentración para la marcha fue numerosa. La columna encabezada por la asamblea antifascista y las agrupaciones de la diversidad partió desde Plaza La Alameda hasta la Plaza 25 de Mayo de la capital. La marcha finalizó con un micrófono abierto en el que tomaron la palabra referentes de la asamblea y las organizaciones participantes. En la marcha resonó el rechazo a los discursos de odio y el repudio contra la figura del presidente. Se destacaron con sus banderas la presencia de jubilados autoconvocados, la asamblea autoconvocada de la Universidad de Catamarca y CONICET, MST y Política Obrera. También participaron con su delegación UPCN, ATE y el aparato del PO. En el cierre de la movilización quedó planteada la continuidad y la unidad de los sectores participantes en la lucha. Ni un paso atrás. LEER MÁS: La marcha “antifascista”, una derrota para el gobierno y sus secuaces Por Marcelo Ramal, 02/02/2025.

Una multitud se movilizó este sábado 1 de febrero en la capital de la provincia, ocupando desde Patio Olmos, sobre la calle Vélez Sarsfield, aproximadamente cinco cuadras, hasta llegar al Paseo del Buen Pastor, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. A la convocatoria también se sumaron ciudades del interior de la provincia, como Villa María, Alta Gracia, Villa de las Rosas, Cosquín, Santa Rosa de Calamuchita, Cruz del Eje y San Marcos Sierras. Múltiples sectores se plegaron a la convocatoria, como el estudiantil con la asamblea de la Facultad de Artes, y el movimiento de jubilados, que todos los miércoles por la mañana realiza su ronda en la Plaza San Martín. También participaron trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, SRT por su sigla, quienes el año pasado enfrentaron despidos. Esta marcha no solo representó un avance político al confrontar directamente con el Gobierno, calificado como fascista y liberticida, sino que también funcionó como un catalizador para sectores en lucha que protagonizaron las movilizaciones más importantes del año pasado. Al final de la movilización en un escenario se leyó un documento que, entre otras cosas, le exige a la CGT “que se ponga a la altura de las circunstancias”. La capacidad política de convertir esta marcha en un proceso de lucha continuo no va a venir de la mano de las burocracias sindicales, que para esta marcha se encontraron sin un rumbo claro, pues la CGT a nivel nacional no convocó a movilizarse y dio libertad de acción a los sindicatos. En Córdoba una de las dos fracciones convocó a movilizarse. La experiencia de esta marcha convocada por una asamblea espontánea, que logró tal masividad en todo el país, demuestra que la línea reduccionista de exigir un paro nacional a las centrales obreras alineadas con el plan de vaciamiento y ajuste del gobierno de Milei está completamente desacertada. El rumbo a seguir es el de la organización independiente, en asambleas y plenarios autoconvocados que se dirijan a una acción política de masas, es decir, la huelga general. LEER MÁS: La marcha “antifascista”, una derrota para el gobierno y sus secuaces Por Marcelo Ramal, 02/02/2025.

En la última pasada de motosierra, el Gobierno disolvió este lunes 3 el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), suprimiendo su registro de conciliadores y el fondo de financiamiento destinado a cubrir honorarios y notificaciones. La Ley Bases es la que habilita al gobierno a cometer la disolución del servicio que atendía los reclamos de los consumidores y usuarios realizados a empresas por fallos en los productos o conflictos en la facturación, y actuaba como mediador. El monto del reclamo implicado no podía exceder un valor equivalente al de 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El argumento contradictorio de la Secretaría de Comercio para realizar el cierre fue que el organismo “duplicaba funciones y tenía bajos niveles de eficiencia: el año pasado sólo resolvió el 28% de los reclamos ingresados.” Si el organismo hacia el trabajo que ya hacían otros, no se entiende por que quedaron más de 70% de los casos sin resolver, salvo que se entienda -como en muchos otros organismos del Estado- que, por el contrario, no daban abasto para atender los reclamos. De todas maneras, los trabajadores afectados desmienten los datos dados por el gobierno y advierten que la cifra de casos resueltos por el Servicio durante 2024 es ocho veces mayor. La Secretaría de Comercio dice, además, que ahora los reclamos podrán hacerse vía web. El problema es que ahí quedarán amontonados en su sitio web, ya que no habrá quien los atienda. Esta medida no solo implica un ajuste por la plata que se ahorra el Estado, sino que es un beneficio directo para las empresas que ahora podrán salir al mercado sin bozal ni correa. Otro de los argumentos del Gobierno es que el funcionamiento del COPREC encarecía los costos de las empresas, lo cual es lógico, ya que es de esperar que los reclamos sobre la calidad de los productos los obliguen a invertir más y los reclamos por sobrefacturación les erosionen mínimamente las ganancias. La medida en sí es un paso más en la desregulación del mercado en el cual, según los postulados liberticidas, no debería intervenir el Estado. La cuestión es que la posición oligopólica de las grandes empresas bloquea cualquier “regulación” por la demanda, como es el caso bien claro de las telefónicas o las prepagas. Por lo tanto, la medida no es más que otra invitación a cazar en el zoológico que precariza aún más productos y servicios.

En la provincia natural compuesta por el Bosque Andino Patagónico, se está desarrollando un incendio masivo. Sus focos más importantes se encuentran en el sur del Parque Nacional Lanín, en Neuquén (Huiliches); en Los Manzanos, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi; en Confluencia, ambos puntos entre Bariloche y El Bolsón, y en Epuyén, Chubut. Los incendios ya consumieron alrededor de 20.000 hectáreas según las estimaciones satelitales, que aún deben ajustarse. El incendio más dañino se produjo en Los Manzanos, con 10.000 hectáreas quemadas y donde viene avanzando desde fines de diciembre. La jornada más crítica se produjo el pasado domingo, cuando el fuego en actividad se conjugó con ráfagas de viento que actuaron como acelerador de los incendios. Esta misma sincronía produjo el desastre de California que se controló hace tan solo unos días y que terminó con la vida de 28 norteamericanos y varios miles de heridos. El Bosque Andino Patagónico posee una superficie aproximada de más de 3 millones de hectáreas repartidas en la franja oeste de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Desplegado como alfombra sobre la cordillera de Los Andes, el BAP, desde el punto de vista de su vegetación, pertenece a la región de los bosques subantárticos y pertenecen a esta misma región subantártica junto con Nueva Zelanda, la Antártida y las islas subantárticas. Muchas de las proyecciones e hipótesis sobre la vegetación cuyos restos yacen debajo de los témpanos de la Antártida se basan en los estudios de la vegetación del BAP. La pérdida de estos bosques no solo representa pérdida de biodiversidad presente, sino el conocimiento de cómo fue la misma en el pasado, cuando la “tierra” estaba compuesta por un solo continente. El capital científico-cultural que contienen estos bosques está siendo liquidado por el desprecio de una organización social capitalista en avanzado estado de descomposición. Los incendios han reducido a cenizas las casas de más de dos centenares de familias. La semana pasada, sin embargo, el gobernador Weretilneck afirmaba que la situación estaba controlada, escondiendo la tragedia por la cual estaban pasando los lugareños… todo para no indisponer a los turistas. La jugada fue peligrosa, puesto que se dejó a los mismos hasta el último momento en los refugios de montaña. En el pico de la crisis ígnea, el gobernador de Chubut, “Nacho Torres”, dio rienda suelta al discurso fascistoide, llegando a afirmar que los incendios fueron provocados por “gente del conurbano bonaerense” que iría a la Patagonia a ocupar y delinquir. La prueba que apuntalaría estas “hipótesis” sería “una botella de vidrio" (¿?). Se han difundido abundantemente, sin embargo, videos de tendidos eléctricos que friccionan con los pinos, que no son correctamente podados, lo que es responsabilidad de las prestadoras de electricidad. De otro lado, es sabido que el 95 % de los incendios es producido por la mano del hombre, en una lógica capitalista de urbanización y uso del suelo (para vivienda, para actividad agroganadera o para turismo). En un orden más general, el aumento de la cantidad e intensidad de los incendios es producto del calentamiento global y la tropicalización de las temperaturas cada vez más al sur del globo. En la Patagonia, así como sucedió en California también, la estación seca fue más larga e intensa de lo habitual, llevando a niveles mínimos la humedad de los ecosistemas. Los vientos, que sobran en el sur, son un condimento fatal para estos fenómenos. Pero el cambio climático, provocado por la emisión pavorosa de gases de efecto invernadero, es una comprensión de la cual los lobistas del petróleo de Vaca Muerta quieren privar a los trabajadores, que son los que más sufren las consecuencias de estos fenómenos. Los gobernadores de Río Negro y de Chubut no ahorraron, sin embargo, agradecimientos a “Pato” Bullrich y al gobierno del negacionismo climático tirando números de cantidad de brigadistas de ataque al fuego, algunos aviones fumigadores reconvertidos en hidrantes y soldados del ejército. Lo que se observa en los videos es otra cosa: un desborde del personal idóneo por la masividad de los incendios. Los brigadistas tenían que escalar cerros empinados utilizando las mangueras y desmalezando en el mismo proceso, lo que indica que estas situaciones no han sido correctamente previstas y planificadas. Esto nada tiene que ver con la capacidad y voluntad de los brigadistas, que es sobradamente demostrada. Tiene que ver con una orientación política. Las temporadas de incendios están siendo enfrentadas con una ola de despidos masivos en el Servicio Meteorológico Nacional y en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, dos pilares fundamentales a la hora de montar el plan de ataque al fuego en el terreno. La campaña fascistoide de los Torres y los Weretilneck pretende ocultar una política de vaciamiento presupuestario de los programas de protección medioambiental, mientras benefician con ajustes fiscales criminales a unos pocos financistas de la Bolsa, que luego acaparan lagos y montañas, poniendo cerco de alambre y guardias privadas, al patrimonio natural… que es de los trabajadores. Desde El Bolsón: desidia estatal, auto-organización popular Por Mali Quintillán, 05/02/2025.

En el mediodía del miércoles 5 de febrero, el vocal 3 de la sala 1 del Tribunal de Juicio del Distrito Orán, dictaminó “de oficio” el SOBRESEIMIENTO TOTAL Y DEFINITIVO para Yolanda Vargas, por la causa de "Abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo" que pesaba sobre ella, por la que la justicia la juzgaba y buscaba condenarla respecto de la muerte de sus hijos Thiago y Melanie, en febrero de 2021, durante el incendio de su casilla en Colonia Santa Rosa. La Justicia de Sáenz desarmó, en tiempo récord, una causa que había construido contra Yolanda para condenarla a título individual y exculpar las responsabilidades políticas y empresariales, detrás del estallido del medidor de luz en la puerta de la casa de Yolanda, tal y como lo indica el informe ocular del expediente de la causa. El fallo que, según cita, se fijó de oficio, dictamina “pena natural” sobre Yolanda, es decir que la justicia considera que Yolanda fue culpable por lo ocurrido el 9 de febrero de 2021, pero a su vez reconoce que la condena por la muerte de sus hijos es una pena suficiente. De todos modos, sobresee a Yolanda y cierra la causa. La pena natural vale solo en casos de “homicidio culposo” y no de “abandono de personas”, como era la imputación que la fiscal Carreras sostenía contra Yolanda. Es el costo que decidió pagar el Estado ya que sentó una nueva jurisprudencia ante este caso, por el que en el futuro se podrá apelar a él. El Poder Judicial de Salta construyó una coartada para salir de manera decorosa, salvando las responsabilidades de un procedimiento judicial plagado de irregularidades que ya no solo no reunía condiciones para llevar a Yolanda a juicio, sino que no reunía razones para hacerlo. A pesar del sobreseimiento, el Poder Judicial no se ha privado de imputarle un delito que jamás hubiera podido probar en los estrados. Del comienzo al final de este largo derrotero de cuatro años, Yolanda ha sido, como sus hijos, víctima de un régimen social que condena a los oprimidos al hacinamiento, a la falta de un techo, a la miseria social y a la indefensión permanentes. Hasta el último minuto de esta causa, ese régimen y ese Estado han buscado disimular su verdadera condición de responsable de los hechos por los cuales se pretendió culpar a Yolanda. Luego de todas las irregularidades que denunciamos en el desarrollo de la causa de 2021, el viernes 31 de enero, a 48 horas del inicio del juicio, el Juez Primucci dictó la suspensión por tiempo indeterminado. Los abogados defensores solicitaron formalmente el sobreseimiento de Yolanda y la disolución de la causa, apelando a la prescripción de los plazos judiciales. Este fallo judicial no responde a la presentación formal de los defensores, sino que, de un modo atípico, actuó de oficio. Es un fallo que se da en el contexto de una enorme movilización antifascista en Salta y en el país, contra el Gobierno, y de una importantísima movilización y lucha política nacional e internacional en favor de Yolanda, denunciando al gobierno de Sáenz y su Poder Judicial. Este resultado significa un golpe al corazón del aparato judicial del gobierno de Sáenz, que opera contra los trabajadores. En el último mes, Orán, Embarcación y las localidades del norte de Salta fueron noticia por el estallido de los medidores de luz reiterados y los daños materiales que produjo en comercios y viviendas. La responsabilidad es de las empresas prestadoras del servicio eléctrico, pero son amparadas por el Poder Judicial y el régimen político. El Poder Judicial de Salta no ha investigado ninguno de estos incendios. Yolanda es inocente, el tribunal de Orán tiene que decir lo contrario, sin pruebas, solo para no investigar las verdaderas causas que llevaron a la muerte de Thiago y de Melanie, el 9 de febrero de 2021, en el barrio Las Palmeras en Colonia Santa Rosa. LEER MÁS: Yolanda Vargas: la “suspensión” de un juicio fraudulento y arbitrario Reclamamos su inmediato y definitivo sobreseimiento, 31/01/2025.

El incendio iniciado el jueves 30 de enero en la zona de Mallín Ahogado de El Bolsón continúa activo. Arrasó con casi 3000 hectáreas, produjo pérdidas totales a cientos de familias, un vecino falleció defendiendo su casa, familias evacuadas, pero la organización de una red de solidaridad autoconvocada intenta cubrir el vacío que dejan las políticas oficiales. Desde que el fuego comenzó, corre el firme rumor de la intencionalidad del incendio, junto al reclamo frente a la pobre respuesta del gobierno y la falta de medidas de prevención. El 30 de diciembre, el Gobierno pretendía finalizar el contrato a brigadistas del organismo provincial de Manejo del Fuego. Si no lo hizo, fue porque estaban afectados a un incendio que se había desatado hace más de un mes en el lago Los Manzanos, al sur del Parque Nacional Nahuel Huapi. Ese otro incendio ha consumido hasta la fecha más de 8000 hectáreas y sigue activo. A esos brigadistas les renovaron los contratos sólo por tres meses. Los partes oficiales hablan de la presencia de varios organismos dedicados al manejo del fuego, precisan la cantidad de efectivos y el uso de tres aviones y dos helicópteros en las zonas críticas y altas. Pero nada dicen de la falta de indumentaria e insumos que esos brigadistas padecen, o de la inestabilidad laboral de muchos de ellos. La colaboración de cientos de voluntarios acompaña a los brigadistas en los lugares más bajos. Además, cuentan con la protección de las casas de la zona y el suministro solidario de botines, guantes, machetes y palas, provistos por la población. Las altas temperaturas, los vientos fuertes y el inmenso bosque permitieron que el fuego se propague rápidamente por lo que el primer día se quemaron muchas chacras. Y cuando se dice que se quemó una chacra, ello significa: vivienda, galpones, corrales, animales, siembra, herramientas. La respuesta de la población fue inmediata. Ya en el segundo día de incendio había, en cada chacra en riesgo, decenas de vecinos y vecinas autoconvocados limpiando la zona, regando, evacuando niños y mascotas. Rápidamente se organizaban en el pueblo vecinas y vecinos en los centros de evacuado, en casas y en centros comunitarios la recolección de ropa, calzado, herramientas, guantes y la preparación de comida para brigadistas y familias afectadas. El reclamo de la población también está orientado hacia la falta de controles en el desarrollo urbano y del turismo. No existió iniciativa estatal para la instalación de un refugio en la montaña, y el incendio permitió ver que no cuentan con una motobomba -que equivaldría al matafuego en un local comercial-. Tampoco hay control respecto del cúmulo de caminantes por día. Al respecto, es necesario tener en cuenta el proyecto autorizado por la provincia para que un empresario qatarí, junto al extenista Gastón Gaudio, construyan tres centrales hidroeléctricas en la cordillera entre Bariloche y El Bolsón para autoabastecimiento de su complejo turístico. Tampoco debe olvidarse que no existe restricción para la venta de tierras y el negocio inmobiliario está fuertemente instalado en la Cordillera. Los incendios intencionales en la Patagonia dejan dudas y certezas, pero lo que debe quedar muy claro es que no es el fuego, es el capitalismo. Y contra el capitalismo y sus representantes debemos organizarnos, para derrotar al incendio y sus consecuencias. Pero, principalmente, para derrotar a sus responsables políticos y empresariales y cambiar al mundo de manos. LEER MÁS: Incendios en El Bolsón Por Patricia Urones, 05/02/2025.

Milei consiguió dictamen parlamentario para suspender las PASO, con el aporte decisivo de diputados pejotistas de Catamarca y Santiago del Estero, que sumaron al quórum necesario. El santiagueño Zamora era el principal apoyo con el que contaba el kirchnerismo en el club de los gobernadores peronistas. Cristina Fernández, con su silencio sobre el asunto, ha sido un artífice de la suspensión de las PASO, porque corría el riesgo de quedar relegada electoralmente antes incluso de la primera vuelta, ya sea a un segundo lugar lastimoso o al tercero. El apoyo tácito a la suspensión podría estar vinculado también con las negociaciones de trastienda que mantiene con Milei por la designación de los jueces a la Corte y por su propia situación judicial, con dos condenas confirmadas en segunda instancia. La llave de la bóveda la tiene un tercer proyecto de ley, el de “ficha limpia”. Su conversión en ley y luego su sanción por el Ejecutivo privaría a CFK de la posibilidad de registrarse como candidata, pero es también una espada de Damocles para todo el bloque de Milei, desde el presidente para abajo, por los delitos ya denunciados de violación de la Ley Financiera, blanqueo sin restricciones, venta arbitraria de divisas en el mercado de cambios y propiedades y capitales sin declarar en el exterior (no blanqueadas). Con su omisión acerca de las PASO, CFK ha desairado al 80 % de sus bloques en Diputados y Senado (donde también milita el massismo), que la rechaza. Podría llevar a su desbande en un año electoral. La suspensión de las PASO está conectada a la crisis que enfrenta al kirchnerismo con el gobernador Kicillof y una mayoría de intendentes del conurbano. Sería una oportunidad para que Kicillof se despegue del kirchnerismo, mediante el desdoblamiento de la elección nacional de la provincial. En esta variante, la lista nacional que encabezaría CFK llegaría muy debilitada. Luego de la derrota que sufrió CFK, en 2017, frente a JxC en circunstancias similares, la posibilidad de que ocurra lo mismo frente a LLA se agranda. Es indiscutible que una candidatura de CFK conduce al peronismo a un callejón sin salida, tanto electoral como político, pero el socavamiento de ella por una ‘nueva generación’ llevaría adicionalmente al pasaje de muchos intendentes hacia el gobierno liberticida, para conseguir fondos que el estado provincial no tiene. La burocracia sindical ya ha tomado ese camino, como lo demuestra la estrecha colaboración entre el SMATA y Toyota para establecer en la automotriz un régimen de contratos individuales eventuales (en gran parte ofrecido por agencias) en reemplazo del Derecho Laboral todavía vigente. La coalición de facto que Milei articula para votar la suspensión de las PASO (lo mismo que hace con los proyectos de reformas del Código Penal) supera a las adhesiones que conquistó para la Ley Bases o los vetos presidenciales. Adicionalmente, estas sesiones extraordinarias tendrán lugar en medio del pasaje de varios miembros conspicuos del macrismo a las filas de LLA: Luis Juez, por ejemplo, se prepara para ser candidato ‘libertario’ a gobernador de Córdoba; Santilli le ha advertido a Macri que no se pondrá al hombro una candidatura minoritaria. En ausencia de PASO, los macristas escogerán en cada provincia la lista más conveniente para candidatearse. La prueba ácida del conflicto entre el macrismo y la LLA tendrá lugar en el distrito porteño, donde algunos libertarios expulsados han empezado a buscar acogimiento en otras tiendas; en CABA, la LLA, el macrismo ‘woke’ y el frente ‘woke’ de peronistas, radicales y pichettistas se repartirían un 25 % de los votos cada uno, con el resto para variantes no registradas individualmente por los sondeos. Jorge Macri, Pullaro y Llaryora (CABA, Córdoba, Santa Fe) forman el trío de la oposición ‘woke’ a la camarilla de Milei, que es adonde busca meterse Kicillof. Las PASO ya han sido suspendidas en casi todos los distritos. Por el momento, las elecciones no diseñan un resultado plebiscitario, sino el pasaje a un régimen político de coalición. La perspectiva de lo que pueda ocurrir no depende, ni de lejos, de estas maniobras de aparato, ni de las conjeturas de prensa: depende de la crisis mundial acelerada y de la lucha de clases internacional y nacional. Trump ha desatado una guerra comercial recargada; en realidad, la destrucción de la estructura jurídica y política del sistema internacional, posterior a la Segunda Guerra y posterior a la disolución de la URSS. Pero las consecuencias económicas de esta guerra son especialmente gravosas para la economía norteamericana (‘declinante’, según Trump). El ultimátum enviado a Putin para que Rusia acepte el plan norteamericano para un cese de hostilidades en Ucrania constituye una renovada declaración de guerra. El anuncio de expulsión de dos millones de palestinos no es todavía el holocausto, sino la operación previa (1939/41) de repartir a los judíos en innumerables guetos marginales en Polonia. Las fuerzas políticas en presencia, en Argentina, deberán pronunciarse frente a la tendencia fascista que impulsa el imperialismo dominante, de un lado, y la guerra, del otro. Argentina misma se ha hundido en una enorme miseria social, sin atisbos de freno a la gigantesca crisis industrial y agroindustrial. Las negociaciones con el FMI no arriban a puerto porque Argentina rifaría cualquier préstamo nuevo en el pago de la deuda, la defensa de la especulación financiera (‘carry-trade’) y el subsidio a los tenedores de deuda pública local. La cuestión de las elecciones debe ser subordinada a este impasse histórico catastrófico del capital y sus Estados. El planteo estratégico de la vanguardia de clase obrera en toda esta lucha es la defensa del socialismo y los métodos revolucionarios para derrotar a los gobiernos de derecha, al fascismo y a la guerra imperialista. No es fortuito que el socialismo sea el enemigo designado por la oligarquía capitalista en esta guerra, porque el socialismo está instintivamente presente en toda gran lucha contra la opresión y la miseria del capitalismo imperialista.

Reproducimos a continuación el comunicado emitido por los trabajadores de la planta alimenticia de Alijor ubicada en Garín-Escobar: A LOS TRABAJADORES Y LA OPINIÓN PÚBLICA: Queremos informar a través de este comunicado la situación que estamos padeciendo los trabajadores de ALIJOR. ALIJOR es una empresa alimenticia de capital 100 % nacional y desde 1989 produce tapas de empanada, pascualinas, panificado y distintas variedades de pastas. La fábrica está ubicada en Panamericana Km 37,5 en Garín-Escobar y su dueño es Benjamín Biderman. Actualmente somos 174 trabajadoras y trabajadores que venimos sufriendo el hostigamiento y persecución llegando a un punto de vulnerabilidad extrema por parte de la empresa, que aprovecha las condiciones que les da el gobierno nacional. Se dice que "El salario de los trabajadores es un derecho humano de carácter alimentario". Desde el 20 de noviembre se incumple de forma completa el pago del salario de los trabajadores. Exigimos urgentemente el correspondiente pago, ya que se adeuda más de $2 millones (aproximadamente) por trabajador. Hemos pasado unas fiestas amargas sin salario ni aguinaldo y existen compañeros con familiares e hijos enfermos. Se nos priva de pagar servicios, deudas de tarjetas y alquiler del hogar. Nuestras condiciones laborales se han precarizado terriblemente: no tenemos renovación de calzado, utilizamos una cofia por semana (violando la seguridad e higiene que corresponde), comedor indigno (solo comemos pastas con sal), no cambiamos nuestra muda de ropa hace 3 años y la planta se encuentra de hecho abandonada. La empresa no está en crisis, solo que nos quiere desangrar para despedir sin justificación. Durante la pandemia no respetaron el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y murió el compañero Ramón Frías infectado de COVID. Creemos que la dirección de la empresa ha cruzado un límite y solicitamos a las autoridades del Estado nacional, provincial y municipal el compromiso de intervenir inmediatamente ante estos hechos de injusticia y falta de humanidad que se están cometiendo. Por estas razones, alertamos a la comunidad a solidarizarse en defensa de los trabajadores y la producción nacional. Trabajadores de ALIJOR, febrero, 2025. LEER MÁS: La Salteña-Alijor: la situación de los trabajadores se agrava La burocracia de Daer clausura la lucha. Por Pablo Busch, 09/01/2025.

Con el cobro del mes de enero, los profesores de educación física que trabajan en los 18 polideportivos municipales de Tigre se desayunaron con un recorte de sus salarios básicos del 45%. Si bien no hay una explicación oficial de la medida, ni respuesta interna para los trabajadores, está claro que no se trata de un error involuntario, sino de una decisión política. En el área de deportes de la municipalidad, donde trabajan unos 400 trabajadores, se acaba de llevar a cabo una poda brutal del salario básico, desatando mucha bronca entre los profesores municipales. En un acto que, además de ser ilegal, constituye un peligroso antecedente de reducción nominal del salario, ya que recortaron en un 45% el sueldo básico, reemplazando la diferencia por “horas producción”, un ítem no remunerativo que ya cobraban los profesores y trabajadores que prestan servicio en el área, pero en menor porcentaje. Cabe destacar que, al ser enero el mes de mayor carga horaria debido a la colonia de vacaciones, la consecuencia inmediata que esto le ocasionará a los trabajadores es en el cobro del aguinaldo, el cual sufrirá una reducción de igual proporción. Desde las oficinas de la Secretaría no dan ninguna respuesta a los trabajadores y nadie se hace responsable del atropello. Hay mucho malestar entre profesores. Sumado a esto, ninguno de los dos sindicatos municipales ha movido un dedo para enfrentar el ataque o peor aún: lo justifican. Desde la asunción del gobierno de Milei y el anuncio del plan motosierra, lejos de salir a enfrentarlo, el peronismo y la burocracia sindical han sido cómplices por acción u omisión. Julio Zamora en Tigre impulsó en Tigre un recorte “soft” (gradual) de presupuesto intentando no quedar pegado al planteo de Milei. Pero, gradual o motosierra, es ajuste igual. Es así que, en los hechos, en muchas áreas se dejó de incorporar personal y los puestos que quedaran vacantes por renuncia o fin de contrato no eran cubiertos con nuevos trabajadores, se ralentizó o se frenó el pase a planta, además de otras medidas que intentaban reducir gastos. El peligro que entraña este ataque contra los salarios es que, de pasar inadvertido, puede replicarse en otras áreas y avanzar hacia un ataque general hacia los municipales. Los trabajadores de deportes ya hicieron una interesante experiencia de lucha durante la pandemia por el salario y las condiciones de trabajo junto a otros municipales, sobre todo del área de salud, en la que impulsaron acciones autoconvocadas como asambleas, petitorios y movilizaciones al municipio. El ataque actual al salario de los profesores municipales, plantea el desafío de encarar la lucha contra el recorte salarial, de forma independiente y partiendo de la experiencia previa de la pandemia.

El final de la feria judicial dio paso a la presentación de recursos preventivos de crisis por parte del Grupo Los Grobo, Agrofinia, Red Surcos y SanCor, lo que representa una fuga hacia delante en relación a las deudas que mantienen con los acreedores. Héctor Huergo, desde las páginas de Clarín Rural, se pregunta “¿Cómo puede estar sucediendo esto en el sector más dinámico, eficiente y promisorio de la economía argentina? ¿Es culpa del gobierno? ¿Son los precios internacionales? ¿Es la sequía?” (3/02/2025). Es todo esto y otras aristas que Huergo no menciona, como, por ejemplo, la injerencia, cada vez mayor, del sector financiero en los agronegocios, que, en una fase de iliquidez, bajos precios, altos costos y sequía, hace saltar los tapones por los aires a través de las deudas por capitalización. Mientras Huergo asevera que “la realidad es que el campo la está pasando mal, pero está lejos de una caída en cascada” (Ídem), otros analistas ven en el derrumbe de estas empresas, la punta del ovillo de quebrantos por venir en el sector. En diciembre pasado se conoció que el Grupo Los Grobo, por el incumplimiento del pago de títulos de deuda de corto plazo (pagarés bursátiles) y la acumulación de una deuda de más de 200 millones de dólares, cayó en default. El derrotero del grupo no se detiene y han solicitado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el concurso preventivo de crisis. Lo mismo hizo su empresa subsidiaria de producción de agroquímicos, Agrofina. Es decir, solicitaron una protección legal para reestructurar el pasivo consolidado distribuido en pagarés bursátiles, obligaciones negociables y deuda financiera. En un comunicado institucional, desde el grupo señalaron, que mientras buscan “una solución integral” a la situación de quebranto, la medida le permite mantenerse operativo. A finales de enero, la planta del grupo ubicada en San Miguel del Monte, fue bloqueada por productores y transportistas. Ante la acción directa de los productores, el grupo comenzó a entregar parte de la mercadería. Pero al momento de retirar la mercadería de los silos de Los Grobo, los productores comenzaron a ser intimados por medio de sus correos electrónicos por la empresa TMF Trust Company S.A., “que es agente de la garantía de un préstamo por 50 millones de dólares que había sido otorgado por la institución holandesa Promontoria Holding 318 a fines de 2019” (Bichos de Campo 30/01/2025) en la que los productores, sin saberlo, oficiaron de garantes por medio de la mercadería entregada al grupo. De esta manera la empresa garante “mantendrá los bienes fideicomitidos hasta tanto sean requeridos para cancelar las obligaciones a medida que estas resulten debidas y pagables” (Ídem). Ante la situación de quebranto de Los Grobo, Victoria Capital Partners (VCP), que posee el 90% del capital accionario, está negociando la entrada de nuevos accionistas, entre los que se encuentran capitales chinos. También la cooperativa láctea SanCor -que ha reducido significativamente su producción- acumula deudas por casi 400 millones de dólares, presentó en un juzgado de Rafaela un concurso preventivo de crisis. El combo incluye el despido de 300 de los 1400 trabajadores de las plantas de Córdoba y Santa Fe, y todo señala que el número de despidos se incremente al ritmo de la crisis. Los problemas financieros de SanCor vienen de larga data. En 2017, en medio de un proceso de reestructuración debió desprenderse de áreas, que le permitió arribar a una precaria estabilización. La empresa Campo Avanzada acumula 205 cheques rechazados por una suma de $1.150 millones y una deuda acumulada de $2.267 millones. Por su parte, la Red Surcos comunicó a la CNV la imposibilidad de hacer frente a deudas por 300 millones de pesos “correspondientes al tercer pago de los bonos Serie XIII que vencieron el 30 de enero.” (LPO 31/01/2025) Surcos, empresa de insumos para las actividades agropecuarias “fue creciendo bien pero muy apalancada en financiamiento costoso.” (Clarín 3/02/2025). La empresa -que, en su momento, se capitalizó para llevar adelante un proceso de nanotecnología aplicado a los agroquímicos, se vio afectada por la combinación de bajos precios, la caída de la demanda y las complicaciones para cobrar a clientes, es decir la ruptura de la cadena de pagos en el sector- ha presentado también un concurso preventivo de crisis. Las contradicciones del plan económico de Milei–Caputo impacta de lleno en los agronegocios que fogonea una devaluación en regla que recomponga los márgenes extraordinarios de ganancias, dejando atrás los altos costos de producción y trasladando el ajuste al conjunto de los trabajadores. Lo cierto es que la imposibilidad de hacer frente a compromisos financieros, el no acceso al crédito, el desmoronamiento de la producción y la caída de los commodities, en un contexto atravesado por la guerra internacional, prefiguran una situación de “crack” financiero en más empresas del sector y una escalada del conflicto entre los farmers y el gobierno nacional.

Del Bonaparte al Ministerio de Salud, las asambleas autoconvocadas se multiplican entre los profesionales y trabajadores de la salud. Demuestran ser la única vía de resistencia y lucha contra los despidos y embates del gobierno, ante la deserción de las burocracias sindicales de todos los pelajes. Pero estas autoconvocatorias no se limitan a los trabajadores de base. Una autoconvocatoria reciente reunió a 25 jefes de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (prácticamente, la mitad de los CeSACs) de la ciudad e impulsó una potente carta abierta contra el intento del gobierno porteño y la burocracia de Médicos Municipales de dividir la carrera profesional . Por su claridad y contundencia, el texto representa un importante progreso de la campaña contra la destrucción de la carrera; contribuye, a su vez, a la elaboración de un programa para enfrentar las políticas de mercantilización, vaciamiento y precarización laboral contra la salud pública y sus trabajadores. La autoconvocatoria de 25 jefes y la formulación de un planteamiento de estas características implican, ya de por sí, una mini insurrección al interior de la cadena de mandos del Ministerio de Salud de CABA. Los funcionarios del Ministerio que conduce Fernán Quirós y su orientación insalubre, contraria a las necesidades de salud de la población trabajadora de la Ciudad, ha quedado desenmascarada y denunciada ante los ojos del conjunto de los trabajadores y usuarios del sistema. El texto parte de ubicar una política gerencial de reestructuración del sistema de salud público porteño, que se expresó en el traslado compulsivo de los trabajadores de las áreas programáticas de los hospitales a la Subsecretaría de Atención Primaria . En lugar de fortalecer a la llamada “salud comunitaria”, esta política impuso nuevos ritmos y lógicas de trabajo que obstaculizaron el trabajo territorial de los equipos locales en pos de un sistema de atención dictado por las normativas de las patronales de la medicina privada . Este control autoritario y vertical de los procesos de trabajo llevó, según denuncian los jefes de los CeSACs, a desatender necesidades de salud impostergables de la población de la ciudad, como “el abordaje de familias con problemáticas de violencia/abuso, la emergencia habitacional, la tuberculosis, la mejora de circuitos en diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la detección y tratamiento del cáncer, entre otras”. A su vez, esta línea mercantilista se llevó a cabo en el marco de un acentuado ajuste presupuestario, que según la carta abierta está implicando una crisis en el funcionamiento de las farmacias y la entrega de medicamentos, obras edilicias que no se realizan y cargos que no se cubren. Es en este contexto que la carta abierta ubica al intento de dividir la carrera profesional, que según sus firmantes “provocaría la fragmentación de los equipos de trabajo interdisciplinarios, el deterioro de las condiciones y derechos como trabajadores de la salud”. En contraposición, los jefes de los CeSACs se pronuncian por “la inclusión de enfermería y el pase a planta permanente de administrativos y promotores de salud”, una figura ultraprecaria promovida en los últimos años para incorporar a personal proveniente de los barrios vulnerados con salarios bajísimos, que representa un subescalón del escalafón sanitario. La rebelión de los jefes de los CeSACs porteños contra la política de Macri, Quirós y la burocracia sindical de Médicos Municipales evidencia la inviabilidad de un sistema de salud manejado por los privatizadores de la salud y los destructores sistemáticos de los derechos laborales de sus trabajadores. Por eso, la carta abierta deja planteada la cuestión del poder al interior de los hospitales y CeSACs, en el sentido de colocar en agenda la necesidad de que sean sus propios profesionales, investigadores, técnicos y trabajadores quienes controlen y gestionen, junto a la población usuaria, los procesos de trabajo y las estrategias de abordaje y atención de los padecimientos y problemas de salud. Llamamos a impulsar la difusión de la carta abierta y a promover la realización de nuevas asambleas y autoconvocatorias a escala de todos los efectores y de toda la ciudad. La campaña contra la destrucción de la carrera profesional debe incorporar la cuestión del salario , que este mes se cobró con cero (0) aumento, a pesar de la caída sufrida el año pasado y de que los precios y las tarifas siguen escalando. La burocracia de Médicos Municipales, que pone sus energías en la fragmentación de la carrera, no abrió la boca sobre este derrumbe de los ingresos de sus afiliados. Tendría asegurada por esta labor propatronal una caja propia, imponiendo en su ansiada “carrera médica” el pago de una matrícula en CABA, un negociado similar al que ya existe con el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Los ataques a la salud de Milei, Macri y los gobernadores requieren una respuesta de conjunto por parte de sus trabajadores. Como enseñó la masiva marcha antifascista, es necesaria una gran autoconvocatoria para organizar un paro nacional y una movilización independiente para derrotar los ataques contra la salud pública y los derechos de sus trabajadores. A continuación, reproducimos el texto completo de la declaración firmada por los 25 jefes de los CeSACs de CABA: Carta abierta dirigida a la comunidad, a los profesionales de la salud y al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Desde el 2018 la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires viene implementando cambios estructurales, acordes a una lógica gerencial y centralizada del sistema público de salud del GCBA, que ponen en jaque a los procesos de trabajo locales/territoriales de la gestión de la salud colectiva. Proceso que, si bien ya lleva varios años de desarrollo, ha encontrado un escenario de expansión durante la pandemia y de consolidación en la actual post pandemia. Las coordenadas de eficiencia y eficacia irrumpen en las planificaciones gerenciadas por equipos técnicos, trazando un modelo o plan de acción universal, y por lo tanto descontextualizado de los territorios, en torno a objetivos y metas por ellos definidas. En este escenario, una sucesión de instrumentos y protocolos de atención han aterrizado en los CeSACs: HCE-Gestor de Encuentros, imposición de las agendas -Fila Cero- información epidemiológica centralizada en la plataforma Owncloud Salud, etc. A este movimiento se sumó el traspaso del personal de salud desde los efectores del primer nivel articulados a sus áreas programáticas, a la dependencia administrativa de la Subsecretaría, implementando nuevas plataformas de regulación y control para tal fin (SIAL, MIA, SIGAF). Este proceso viene provocando un desgaste en los equipos, se empiezan a instituir lógicas y prácticas que generan malestar, cansancio, angustia y desmotivación en los y las trabajadoras de los CeSACs. En la actualidad estamos haciendo frente a una nueva embestida, que de concretarse, detonaría a los equipos de salud y marcaría un punto de inflexión en este proceso de reorganización de la Atención Primaria de la Salud de la Ciudad. El planteo de desdoblar la carrera profesional entre profesionales médicos y profesionales no médicos, reformulando la ley Nº6035, hoy nos encuentra en estado de alerta. De concretarse, provocaría la fragmentación de los equipos de trabajo interdisciplinarios, el deterioro de las condiciones y derechos como trabajadores de la salud. Nos preguntamos ¿quién y desde dónde se define la acreditación de la complejidad para la carrera profesional? ¿Bajo qué paradigma y concepción de salud? Acaso la jerarquización entre profesionales desde la asimetría, ¿no sería un retroceso a un modelo médico hegemónico empobrecido y a una salud integral desintegrada? En este marco se inscriben las siguientes declaraciones y/o propuestas: Gestión centralizada: Esta lógica de planificación centralizada y homogeneizante, plantea una división entre quienes planifican, organizan el trabajo e instituyen metas y quienes las llevan a cabo. Esto tiene como efecto una expropiación del proceso de trabajo en su integralidad. Esta reorganización no puede captar la complejidad de la vida de la población, plantea un modelo de agenda rígido que espera productividad, que no permite la flexibilidad ni los tiempos que el trabajo en atención primaria requiere. El abordaje de problemas complejos no puede estar sujeto a mecanismos que en lugar de ordenar y facilitar el acceso a la salud, lo terminan limitando y obstaculizando. Homogeneización: Es imprescindible que se respete el trabajo y la organización propia de cada CeSAC en tanto y en cuanto ésta es fruto de conocer las necesidades, demandas y derechos de la población a cargo. Impacto disruptivo de las agendas en la organización del trabajo interdisciplinario: la lógica propuesta por la implementación de las agendas se centra en la atención individual uno a uno. Esta modalidad de trabajo no es la única ni la hegemónica en los centros de salud, siendo mucho más pertinente y productiva la atención conjunta en consultorio, así como la cocoordinación de dispositivos grupales. Impacto disruptivo de las agendas en la gestión del tiempo: el tiempo cronometrado en el otorgamiento de turnos no contempla la disponibilidad de tiempo para reuniones de planificación, para reuniones y coordinación con otros actores e instituciones intervinientes en el abordaje de los pacientes y para la articulación intersectorial. Es decir, los seguimientos no se agotan en una cantidad de turnos mensuales/anuales, sino que requieren de una flexibilidad acorde a los trayectos terapéuticos de cada paciente y/o familia. Impacto disruptivo de las agendas en los procesos de trabajo: abona a la fragmentación de los procesos de trabajo, obstaculizando la planificación estratégica, la cooperación entre pares, limitando la autonomía y la creatividad. Asimismo, el rendimiento basado en el criterio de “criticidad”, fomenta la competencia entre profesionales. Algunas propuestas: Necesidad de que las planificaciones anuales de los CeSACs tengan carácter local, a partir de los diagnósticos de los equipos, de la población usuaria y de las competencias de las jefaturas y áreas para su implementación y evaluación. Poner en agenda los reclamos y necesidades de la gestión diaria de los CeSACs (abordaje de familias con problemáticas de violencia/abuso, emergencia habitacional, tuberculosis, mejora de circuitos en diabetes, enfermedades cardiovasculares, detección y tratamiento del cáncer, etc), desplazados frente a la insistencia por parte de la Subsecretaría de centrar la atención en la formalización de las agendas. Marcha atrás al potencial desdoblamiento de la carrera profesional entre profesionales médicos y profesionales no médicos. Pase a carrera profesional de lxs enfermerxs y pase a planta permanente de lxs trabajadorxs administrativos y promotorxs. Jerarquizar el trabajo en el primer nivel de atención, acompañando personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad, promoviendo la salud en comunidades atravesadas por una marcada desigualdad social, por lo cual solicitamos se incorpore al salario de los trabajadores de atención primaria un ítem como plus por trabajo en atención primaria. Contabilizar dentro de las horas asistenciales tanto la atención conjunta interdisciplinaria como las consultas prolongadas atribuibles a problemáticas complejas que lo requieren, incluyendo la atención domiciliaria, cuidados paliativos, los triages, los relevamientos epidemiológicos, etc., así como también las agendas asistenciales reservadas para manejo de los integrantes de los diferentes equipos territoriales. Agenda electrónica para el equipo de salud mental supeditada al fortalecimiento efectivo de “la red de cuidados progresivos” en salud mental. Esto significa incluir criterios rectores para la inclusión y permanencia de un paciente/familia en dispositivo terapéutico del primer nivel de atención, su inclusión/permanencia en un dispositivo terapéutico del segundo nivel de atención, así como su ingreso a un dispositivo de urgencias y/o de internación, garantizando la referencia y contrarreferencia. Entrega de turnos de seguimiento terapéutico según criterio de los profesionales de salud mental tratante, así como las “metas” en cuanto a cantidad de turnos y modalidad de atención (admisión y atención grupal). Garantizar la continuidad de los cuidados, así como la articulación oportuna y adecuada al segundo nivel y al área de urgencias, SAME, etc. Cubrir los cargos vacantes de jefes de unidad y de sección de los CeSACs, por concurso. Respetar el rol de las Jefaturas, siendo que estas están cubiertas por profesionales capacitados, que dan muestra de su idoneidad y cumplen una función esencial en el funcionamiento de los Centros de Salud, con una responsabilidad legal que no se evade. No renunciamos al derecho que nos asiste a ejercer las Jefaturas, lo que involucra la planificación y toma de decisiones a nivel local, que no siempre se puede amalgamar de manera homogénea a la imposición central. Se deben respetar las particularidades de cada barrio y cada comunidad, y son los equipos y los jefes quienes más las conocen. Garantizar la convocatoria a concursos de cargos vacantes y según emergentes de cada efector. Resolución definitiva de la situación de las farmacias de los CeSACs (farmacéuticos de planta, reemplazos por licencias, técnicos de farmacia) y la continuidad de los insumos y presupuestos. Agilizar los tiempos y proyectos de construcción y mejoras edilicias de CeSACs, para mejorar la accesibilidad y cobertura, especialmente para la población con cobertura pública exclusiva. Mejorar en tiempo y forma la información epidemiológica que los equipos producen cotidianamente y a la que no se tiene acceso más allá del Owncloud, que ha demostrado que no es efectiva ni eficiente. Los equipos necesitan de dicha información para una mejor gestión de nuestras instituciones. Recuperar el diálogo franco entre las autoridades ministeriales y los jefes de los Centros de Salud, sin bajadas de línea dogmáticas, en el que la voz de los actores sea escuchada y tomada en cuenta, lo que nos permitirá recuperar la confianza en pos de una mejor gestión de la salud para el beneficio de los ciudadanos.

Milei y Sturzenegger tienen en carpeta un nuevo DNU, que según trascendió en los medios se daría a conocer este fin de semana, que les permitiría eliminar, achicar o fusionar cerca de 50 organismos estatales. “Vamos a aplicar el método Elon Musk. Le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando y, una vez que tenemos lo que se está usando, todo lo demás lo vamos a derogar”, con estas declaraciones Milei afirma que irá con la motosierra a ampliar los despidos estatales, cierres y destrucción de los organismos de financiamiento Estatal. El paquete de medidas apunta, en el caso del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), a la modificación de su presupuesto, reglamento y esquema de financiamiento. Por un lado, se plantea una posible derogación del estatuto, modificando y limitando el ingreso a la carrera docente y el régimen de incompatibilidad, para librar al Estado de tener que pagar salarios por dedicación exclusiva. Esto obligaría a los investigadores a buscar trabajos complementarios y aumentar la precarización laboral, que afectaría directamente a la investigación y a la calidad de los proyectos. Algo similar ya sucede en la docencia universitaria, donde el mayor porcentaje tienen dedicación simple o semi y tienen que recurrir a los múltiples empleos para poder llegar a fin de mes. Por otro lado, se plantea que algunos organismos de la ciencia y la tecnología se fusione, como el INTA, INTI, CONAE, para reducir al máximo el presupuesto. En el caso de las disciplinas que están vinculadas a las Cs. Sociales y las Humanísticas, que representan un 25% del organismo, sean trasladadas a las universidades. El gobierno liberticida arrancó el año con la resolución 19/25 donde puso en peligro más de 70 programas sociales de investigación, y todo lo que no esté vinculado a la agroindustria, energía y minería. Con el desguace generalizado del CONICET y sin presupuesto, el gobierno pretende arrojar el organismo a las provincias. La provincialización es una idea que viene barajando el gobierno libertario hace rato, incluso fue afirmado por Carlos Torrendell el año pasado en su ponencia en el Rotary Club, sólo que en el caso de la universidad no lo pudieron aplicar porque luego del veto a la ley de financiamiento tuvieron como respuesta la rebelión estudiantil que ganó la escena política del país. Durante enero y marzo del 2024 en el CONICET tuvieron lugar más de 140 despidos y un 40% de reducción de becas doctorales. Actualmente, el organismo cuenta con más de 10 mil investigadores, más de 11 mil becarios de doctorado y postdoctorado, más de 2.600 trabajadores técnicos y miembros de la Carrera de Personal de Apoyo a la investigación y aproximadamente 1.500 trabajadores administrativos. Milei pretende ir a fondo con la destrucción de todo el sistema científico argentino, desfinanciamiento, mayor precarización y una ola de despidos. Tenemos que prepararnos para enfrentar con una respuesta de conjunto. Preparemos una gran huelga científica ganando las calles, en coordinación con el conjunto de los trabajadores, para derrotar las políticas de este gobierno liberticida.

El jueves 23 de enero, el trabajador municipal de Vicente López, César Andrés Castro, falleció tras sufrir una caída mientras realizaba tareas de poda en la intersección de las calles Deán Funes y San Martín, en la localidad de Florida Oeste. Hasta la fecha, ningún funcionario del municipio, dirigido por la macrista Soledad Martínez, ha proporcionado una explicación sobre este trágico hecho que conmovió profundamente a sus compañeros y a la comunidad de Vicente López. Aunque la noticia se presenta como una tragedia, la verdadera tragedia es la que padecen los trabajadores municipales de este distrito. La falta de herramientas adecuadas para el personal suele ser una constante; en este caso, se carecía del correspondiente arnés de seguridad, antiparras y del mantenimiento de grúas viejas e inestables. Este hecho se suma a lo ocurrido en 2014 en Carapachay, donde falleció otro trabajador mientras operaba una grúa. Esta práctica de podas indiscriminadas es una de las tantas "podas de corredor", que se ha llevado a cabo desde 2024, provocando graves daños en valiosos ejemplares arbóreos, ya que las mismas deben realizarse a fines de otoño y principios del invierno. Es necesario investigar las circunstancias y responsabilidades que rodean esta muerte. Ningún concejal se ha hecho presente, ni el Concejo Deliberante ha solicitado un informe al Ejecutivo sobre lo sucedido. La familia de César ha quedado acéfala, ya que él deja dos hijos huérfanos tras el fallecimiento de su madre hace un año. Los trabajadores del municipio se encuentran con salarios por debajo de la línea de pobreza y expuestos a condiciones laborales paupérrimas. Lo ocurrido con César es un nuevo crimen del régimen macrista que gobierna el distrito desde hace años, por lo que es necesario desarrollar un proceso de lucha, convocar de inmediato una asamblea del gremio y elaborar reclamos que exijan la investigación de lo sucedido, así como un pliego de reivindicaciones que contemple la mejora de las condiciones de trabajo y el salario.

Donald Trump propuso trasladar a dos millones de palestinos a “casas bonitas de muy buena calidad, como una ciudad hermosa, donde sean felices”, construidas en “numerosos emplazamientos o un gran emplazamiento en otros países”. Vaciar la Franja de Gaza. Entre tanta generosidad no se ahorró la amenaza: “Un lugar donde puedan vivir y no morir, porque Gaza es una garantía de que van a terminar muriendo”. Lo único que le faltó decir fue que Israel necesita un espacio vital. El programa de Trump para que Medio Oriente no se convierta “en un infierno”, como supo decir después de que toneladas de bombas entregadas a Israel por los norteamericanos redujeron a escombros la Franja, significa dar curso a “la solución final”, a la limpieza étnica que comenzó con la expulsión -la Nakba- en 1948. Los “dispersados” en 1948 -la diáspora palestina- son 6 millones de personas que desde entonces viven en las tiendas de campaña de 59 campos de refugiados en El Líbano (800.000), Jordania (2 millones), Siria, Cisjordania y la misma Franja. Ahora Trump propone dispersarlos en distintos países árabes y tomar el control del territorio: “Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza, y también haremos un trabajo con ella. Será nuestra”, dijo. Y aseguró que si fuera necesario enviaría tropas norteamericanas: “Vamos a tomar el control de ese lugar y lo vamos a desarrollar, a crear miles y miles de puestos de trabajo». No son solo consideraciones geopolíticas, Trump “planteó un negocio para construir una “Riviera del Oriente Medio”. Turismo y casinos sobre el exterminio de por lo menos 47.000 gazatíes –170 mil según la revista The Lancet. No en vano el enviado de Trump para Medio Oriente, Stevie Witkoff, no tiene en su legajo antecedentes diplomáticos, pero sí un prontuario de desarrollos inmobiliarios. Netanyahu y el gobierno de guerra del Estado sionista tiene su propia hoja de ruta: la construcción de un Gran Israel- el Eretz Israel bíblico- a costa del genocidio palestino, una política que antecede largamente el ingreso de las milicias el 7 de octubre. En Cisjordania ya hay 700 asentamiento y aproximadamente un millón de colonos. Netanyahu aprobó en 2024 la mayor incautación de tierra palestina en tres décadas y arma a los colonos para que se apoderen del territorio a un ritmo nunca visto. Este mes anunció que el ejército sionista permanecerá en Yenin. A pesar de los términos del acuerdo de paz, Israel no se ha replegado del sur del Líbano, lo que significa que sus 15.000 soldados ocupan el 25% del país. En el mapa de Medio Oriente, que Netanyahu mostró a la Asamblea General de Naciones Unidas en 2024, no existían territorios palestinos. La segunda parte del acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros palestinos y el retiro del ejército sionista de Gaza, ha sido suspendido, como preveía una mayoría de observadores. Trump y Netanyahu están rediseñando el Medio Oriente. Según los asesores de Trump, solo un puñado de miembros del círculo íntimo conocía el plan y altos funcionarios de Defensa dijeron que se enteraron durante la declaración pública del presidente. «Nadie sabe lo que está pasando», aseguró un funcionario al Wall Street Journal. El primer ministro saudí Mohamed bin Salmán rechazó sin matices el traslado de la población gazatí y exigió que Israel reconozca al Estado palestino y privilegie la tregua en la Franja. La salida de los “dos Estados” ya se encontraba muerta antes de la masacre sionista. La oposición a la Riviera de Gaza, sobre la base de dos Estados, es una estafa. El rechazo de un conjunto de potencias a la transferencia de población y a la toma de la Franja por parte de Estados Unidos, no tiene una contrapartida digna de ese nombre. El destino de Palestina lo determinará una guerra mundial, o la insurgencia internacional de masas contra el Estado sionista. Trump y Netanyahu se ha complotado para producir un cambio de régimen en Irán Egipto, Jordania y otros aliados de EE.UU. también advirtieron a Trump que “reubicar” a los palestinos amenazaría la estabilidad de Oriente Medio y “socavaría el impulso de décadas de EE.UU. y sus aliados para una solución de dos Estados”. La estabilidad en cuestión ha dejado de existir por completo, lo mismo que la salida bi-estatal. El Partido Demócrata de EE.UU. ha adoptado también el lenguaje opositor, como si durante su gobierno Biden no hubiera preparado el terreno, armando el brazo del exterminio con la entrega de “un arsenal de armas destructoras de ciudades” incluidas al menos 10.000 bombas de 907 kg que devastaron manzanas enteras. Trump ha asegurado a Netanyahu que el gobierno norteamericano proveerá a Israel bombas de mayor tonelaje aún. El Wall Street Journal, el diario que controla el multimillonario Rupert Murdoch e hizo campaña por Trump, opinó que la idea de “tomar el control de Gaza divide a la base de MAGA”, es decir al trumpismo. No podría ser de otro modo, cuando no se han creado las condiciones internacionales que habilitaron al hitlerismo a hacer lo mismo con millones de judíos. Para que el plan funcione, dice WSJ, “Trump tendría que persuadir a los países vecinos que se resisten a acoger a los dos millones de palestinos de Gaza, sacar a esas personas de su hogar, enviar potencialmente fuerzas o contratistas estadounidenses para destruir municiones sin explotar y edificios en estado de derrumbe, atraer a empresas para nivelar y construir en Gaza cuando su seguridad no esté garantizada”. El diario ya está evaluando la posibilidad del asunto. El senador republicano Lindsey Graham le bajó el precio al planteo de Trump: “el enfoque, dijo, será muy problemático» “Sugeriría agregó, que volvamos a lo que hemos estado tratando de hacer, que es destruir a Hamás y encontrar una manera para que el mundo árabe se haga cargo de Gaza y Cisjordania, de una manera que conduzca a un Estado palestino con el que Israel pueda convivir». Más guerra, más escombros, más muertos para tener un ‘Estado palestino’. Así las cosas, la vocera del gobierno, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que los contribuyentes no tendrían que cubrir el costo de desarrollar Gaza, que la “reubicación de los palestinos sería temporaria” y que “no se enviarían tropas estadounidenses a la región”. El Secretario de Estado y portavoz de Donald Trump, Marco Rubio, describió la propuesta como una oferta «muy generosa» solo para ayudar en la retirada de escombros y la reconstrucción, “sin que Estados Unido aporte un solo dólar” (“mientras tanto es obvio que la gente tendrá que vivir en algún sitio”). La ‘limpieza étnica’ está a la orden del día. En una reunión con Netanyahu en el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que el ejército está «preparado para estudiar todas las opciones» para la reconstrucción de Gaza, aunque voceros del Estado Mayor Conjunto y del Comando Central, responsable de las operaciones militares en Oriente Medio, “aún no han recibido una solicitud formal para redactar un plan para enviar tropas a Gaza”. Rubio insistió en que la postura de Trump «no pretendía ser una medida hostil» sino las tareas de reconstrucción “para que la gente pueda volver a entrar”. El ministro de Defensa Israel Katz ya ordenó al ejército los preparativos para facilitar la emigración de un gran número de palestinos de Gaza a través de cruces terrestres, así como mediante “arreglos especiales para la salida por mar y aire”. La orientación general del imperialismo es la expulsión, el exterminio. Un plan largamente preparado; lo divulgó, hace un año, Jared Kuchner, el yerno de Trump. Con el verso de ‘terminar con las guerras’, Trump las eleva a una nueva etapa en el marco de una guerra imperialista en todos los terrenos.

En una entrevista con el periodista de LN+, Esteban Trebucq, Milei anunció la intención de avanzar en cuestión de días con otro decreto “desregulador”, impulsado por Sturzenegger que amenaza la continuidad de unos 50/60 organismos del Estado. Aunque no hay información oficial, trascendió en algunos medios que impulsaría la reestructuración, fusión o cierre de una serie de organismos desconcentrados o descentralizados, desde el CONICET o la Agencia de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Hábitat y Vivienda, Acumar, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Aerolíneas Argentinas, AySA, el Banco Nación y el Correo. Del total de organismos afectados, aseguró que se cerraría “el 60%”. Esto implica despidos a mansalva. En algunos medios, señalan que la transformación podría incluir la fusión de áreas enteras que tienen funciones específicas, como el INTI, el INTA, la CONAE, un traspaso a la órbita de las provincias, o, en casos como CONICET, el traspaso de áreas enteras (como las ciencias sociales y humanas) a las también desfinanciadas universidades. Un programa similar al impulsado por el menemismo. El número de decreto no es casual, sino que buscaría generar un impacto similar al mega DNU 70/2023 de principio de su gobierno, gran parte del cual fue luego “ratificado” por la Ley de Bases. La continuidad de la tendencia al régimen de excepción. A la avanzada del gobierno y la complicidad de las centrales sindicales y los partidos patronales que han dejado pasar cada DNU, cada ley y cada despido, mientras se han sentado a negociar con el gobierno, se le debe oponer una enérgica respuesta de los trabajadores autoconvocados. Debemos movilizarnos masivamente a Plaza de Mayo, retomando el ejemplo de la marcha antifascista.

En la mañana del martes 4 de febrero, Jubilados Autoconvocados en Lucha de Salta, nos movilizamos al PAMI con un petitorio que reúne una inmensa cantidad de reclamos que fueron incorporados por los que padecemos los maltratos y ajustes de nuestra obra social. En la concentración en las puertas de PAMI, exigimos que nos reciban las autoridades y, ante la desidia sistemática a la que largamente nos tienen acostumbrados, resolvimos ingresar a las oficinas centrales de la delegación de PAMI con los bombos, la bandera y el megáfono. En las oficinas, cientos de jubilados, esperando durante horas, haciendo fila parados, apoyó de inmediato la denuncia que realizábamos, lo que obligó de inmediato a las autoridades a recibirnos. La reunión fue registrada en un acta por iniciativa de nuestra organización de jubilados y el funcionario de PAMI fue obligado a firmar. En la reunión, se comprometieron a resolver la gigantesca crisis de las prestaciones, la contratación de profesionales, el reconocimiento del costo de los medicamentos para todas las enfermedades crónicas, la agilización de turnos, por los que tenemos que esperar hasta tres meses, denunciamos además los despidos de trabajadores de PAMI, más de 500 a nivel nacional y 10 en la provincia de Salta, lo que produjo que sedes en el interior quedaran prácticamente sin personal. El mandato que llevaron las voceras en la reunión, fue el de advertir a los funcionarios de PAMI que tenían un plazo de 30 días para resolver el vasto pliego de reclamos que presentamos. Cumplido este plazo, volveremos a desenvolver todas las medidas de lucha que sean resueltas en asamblea. Para eso, los jubilados autoconvocados nos venimos reuniendo semanalmente para ampliar y desarrollar una mayor organización. La política de genocidio contra los jubilados que desarrolla Milei es la forma más brutal que muestra, cómo nuestros reclamos son incompatibles con este gobierno. Entre las denuncias que realizamos en las puertas de PAMI, ante los medios de comunicación es la situación de los jubilados de IPS (la obra social provincial). Sáenz en Salta reproduce el ataque feroz contra los jubilados, cortando la soga por lo más fino. Los jubilados afiliados a IPS directamente deben pagar las prestaciones médicas ya que la provincia no deriva los recursos a la obra social y ésta no paga a los profesionales, en el último mes, fisioterapeutas, quinesiólogos, dermatólogos, oculistas, psicólogos, dejaron de brindar atención por medio de la obra social. Forma parte de la política de vaciamiento de la salud que desarrolla Gustavo Sáenz, en un avance privatista. Los jubilados autoconvocados que participamos de la movilización antifascista y antirracista contra el gobierno de Milei y nos hicimos eco de la lucha por el sobreseimiento de Yolanda Vargas, seguimos perteneciendo a la masa de la población explotada, antes, como trabajadores activos, ahora como jubilados, somos todos parte de una misma clase social, que está siendo brutalmente atacada por el gobierno nacional y provincial. Nuestra lucha es la de mucho que ya pasaron y será la de muchos más en el futuro. ¡Viva la lucha de los jubilados y de todos los trabajadores! LEER MÁS: Milei sigue robando a los jubilados Reduce nuevamente el presupuesto para las sentencias firmes. Por Aldana González, 02/02/2025.

El 5 de febrero de 1975 se inició el “Operativo”, bajo el gobierno peronista, en ese momento a cargo de Isabel Perón, con la emisión del decreto 261/75 S (secreto) por el cual se ordenaba la creación de una zona de operaciones militares en Tucumán con el fin de "neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos". El 9 de febrero se puso en práctica el decreto con el desembarco de 1500 efectivos del ejército. El decreto del gobierno peronista permaneció oculto y recién lo publicó el diario La Opinión en septiembre de 1983. El general de Brigada Acdel Vilas fue el comandante del operativo hasta el 18 de diciembre de 1975, cuando fue reemplazado por el general Antonio Domingo Bussi quien, a su vez, tras el golpe de Estado, fue designado gobernador interventor de la provincia de Tucumán. El pretexto para introducir a las FFAA en la represión interna fue combatir a la Compañía “Ramón Rosa Jiménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que desde 1974 buscaba crear un foco guerrillero en el monte de Tucumán. En el gobierno se había definido que el accionar subversivo tenía sus centros operacionales en los centros fabriles y que, por lo tanto, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el cordón industrial de Villa Constitución, San Nicolás, y la zona de San Lorenzo y la provincia de Córdoba eran prioritarias para combatir a la subversión. Por eso mismo, en el mes de marzo de 1975, un decreto similar al 261 se emitió (abril/75) para Villa Constitución para derrotar a los metalúrgicos del sur santafesino y en octubre, en este caso firmado por Luder como presidente interino, pues Isabel había pedido licencia, se emitió el decreto 2772/75, mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional extendió la función represiva contrainsurgente del Ejército de Tucumán a todo el territorio argentino. En noviembre de 1974 Isabel había declarado el Estado de Sitio para institucionalizar la represión y facilitar el accionar ilegal de la Triple A. Pero el decreto “S” expresó un salto, a partir de ese momento el Ejército controlaría la seguridad interna y comandaría todas las acciones realizadas en Tucumán. La posición de Política Obrera Al interrogante de porque se eligió a Tucumán, Política Obrera señalaba, en febrero de 1975. “La lucha del gremio azucarero durante todo el año pasado destacó la fuerza de los trabajadores…. La lucha salarial tucumana, …significó un gran avance de la conciencia obrera y una gran huelga que contribuyó a hundir el pacto social”. (Ídem) La gran huelga de septiembre de 1974 duró 17 días. El comisario Villar, uno de los jefes de la Triple A, fue el encargado de reprimir ferozmente la huelga junto a mil efectivos de la Policía Federal. “La lucha azucarera fue también un factor que impulsó el reanimamiento en otros sectores del movimiento obrero”. (ídem PO 222) “La intervención militar es preventiva de una más profunda irrupción de la crisis social. Mientras ocupa militarmente la Provincia, repartiendo algunos víveres entre la población, las FF.AA. buscan ganarse su neutralidad. Pero lo que está claro es lo siguiente: el gobierno peronista se encuentra en el punto más alto de su crisis política. Ya no confía en los aparatos de contención del movimiento obrero; no confía en su base social de apoyo, en progresivo disgregamiento. Tiene que apelar al Ejército, lo cual acelera más todavía su crisis. El gobierno provincial de Juri no es más que una fantochada; de aquí, al nombramiento de un interventor militar en la Gobernación, no hay más que un paso”. El “operativo” Seis mil efectivos fueron llegando a lo largo de las primeras semanas. El “teatro de operaciones” ocupaba por lo menos un tercio de la provincia y las fuerzas militares se dividieron por zona. La Quinta Brigada se encargó de enfrentar a la guerrilla en el monte al mando de Mario Benjamín Menéndez. Según los documentos del PRT-ERP, la compañía tenía entre 100 y 150 combatientes. Los únicos enfrentamientos importantes entre las fuerzas del Estado y el pequeño destacamento del ERP fueron en Manchalá y Acheral. Mientras tanto, Gendarmería vigilaba y reprimía a la población rural y los comandos formados por militares, policías y personal de inteligencia actuaban contra la población civil en San Miguel de Tucumán y en zonas donde la conflictividad social y obrera era alta: Concepción, Famaillá, Bella Vista y Monteros. En el operativo actuaron efectivos del ejército, la fuerza aérea, la policía Federal, la gendarmería, la policía provincial, y también los grupos de tareas de las Triples A, a quienes se les había encargado tareas específicas bajo el control operacional de las FFAA. El Ministerio de Bienestar, dirigido por López Rega, brindó apoyo logístico con automóviles, armas y hombres de la Triple A que actuaron coordinadamente con la Alianza Nacionalista del Norte, su organización hermana en Tucumán. Una cuestión clave fue la manipulación de la opinión pública, para lo cual echaron al corresponsal en la provincia de la agencia estatal de noticias Télam y lo remplazaron por Héctor D’Agostino, una persona sin antecedentes periodísticos, y por dos hombres de Inteligencia del Ejército comandados por el sacerdote dominico Aníbal Fósbery, uno de los creadores –en 1962– de la organización católica integrista Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) 17. (precisamente de esta vertiente proviene Jaldo, ante de pasarse a las filas del peronismo orgánico) Los apoyos al accionar represivo Uno de ellos fue la burocracia sindical. No sólo señalaron y entregaron a quiénes “estorbaban” en las fábricas, también aportaron hombres a las bandas armadas. Cuando a fines de 1975 Vilas es reemplazado por el general Bussi, la burocracia de la FOTIA sacó una solicitada para que Vilas se mantuviera en el cargo y lo llamó “ejemplar soldado de la patria”. Otro sector fue la Iglesia. Según el libro “Profeta del genocidio” de Lucas Bilbao y Ariel Lede Mendoza, cuarenta y tres sacerdotes participaron del Operativo Independencia. Prestaron apoyo espiritual a los soldados y colaboraron en la construcción del relato de la “guerra antisubversiva” desde los sermones de domingo. Hubo la colaboración de actores empresariales que cedieron predios, como el Ingenio La Fronterita, o el ingenio Concepción, poniendo a disposición los móviles para facilitar la logística del accionar represivo. En esos dos ingenios hubo por lo menos 50 obreros secuestrados y asesinados -muchos de ellos secuestrados dentro de las propias fábricas-. El ex Ingenio Santa Lucía se convirtió en la base operacional más grande con tres mil soldados. También los partidos patronales, desde ya el peronismo que gobernaba el país y la provincia, pero también el Partido Radical, reclamaban que los militares actuaran. Otro tanto con la APR (Alianza Popular Revolucionaria que luego devendría en el Partido Intransigente, cuyo referente era Oscar Alende). El periodismo local y especialmente el nacional presentaron el teatro de operaciones como una guerra convencional. Clarín, destinó enviado especial para cubrir las acciones represivas, y luego, a partir de noviembre de 1975, incorporó como corresponsal al tucumano Joaquín Morales Solá, quien era redactor de La Gaceta. Sola difundió fotos públicas con Vilas en uno de los campos de concentración. Clarín y otros medios destacaron la llamada “acción civil” de las FF.AA., como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas, la limpieza de las ciudades y la realización de actos cívico-militares, con el propósito de ganar el apoyo de los trabajadores. Desde el inicio del Operativo, la dictadura diseñó una estrategia bonapartista, que luego Bussi encarnó con mayor consistencia. Las acciones En Famaillá fue establecida la infraestructura táctica del operativo represivo que funcionó como centro de operaciones a nivel provincial. “La Escuelita” Diego de Rojas de Famaillá fue el primer centro clandestino del país y el más importante de la zona. En la provincia se impuso la militarización absoluta más allá de los límites de la zona de operaciones, con más de 4000 militares y un número también elevado de fuerzas de seguridad, algo que excedía largamente el presupuesto para combatir a un puñado de guerrilleros que según Gorriarán Merlo no superaba los 100 guerrilleros. Fue una acción preparatoria para relevar al gobierno constitucional y establecer una dictadura militar. Solo hubo dos combates con la guerrilla. El resto fueron operaciones de secuestro, traslado, tortura sistemática, asesinato y desaparición de cuerpos. Por la escuela “Diego de Rojas” pasaron más de 3000 tucumanos y luchadores de otras provincias. La mayoría de los Operativos se efectuaban entre las 24:00 y las 05:00 de la madrugada en casas de familia; el 2 % de las personas secuestradas, torturadas y desaparecidas tenía entre 14 y 18 años; el 48 % 19 a 24; 20 % de 25 a 35 y 3 %, 35 o más. Estudiantes; Obreros; Empleados; Profesionales; Docentes y Amas de Casa, encabezan los mayores porcentajes de Desaparecidos, según actividad. Bajo un gobierno constitucional, se operaba fuera de toda legalidad. Los campos de concentración se fueron multiplicando. El operativo Independencia se extendió hasta diciembre de 1977, ya bajo la dictadura, y los campos de concentración sumaban ochenta. Democracia e impunidad Recién en 2013, 38 años después, el operativo Independencia, fue incorporado en un juicio de Lesa Humanidad. Fue en la causa del III cuerpo de ejército y tuvo un solo condenado, Benjamín Menéndez. En 2016 se inició la megacausa por el Operativo Independencia. Tuvo 20 imputados y se dictaron solo 10 condenas; una segunda megacausa, en 2020, tuvo 3 condenas, todo esto frente a miles de militares, gendarmes, policías, curas, empresarios, periodistas, burócratas sindicales, etc., que fueron participes de crímenes, torturas, etc. Tampoco Vilas y Bussi fueron condenados. Conclusión: El operativo Independencia tuvo un propósito inmediato, aplastar una insurgencia de trabajadores en el Norte, y preparar el golpe genocida. El Operativo Independencia fue concebido en esa perspectiva. Mediante un sistema de rotación cada 45 o 60 días, los cuerpos de oficiales y subalternos de las distintas fuerzas fueron llevados a experimentar en el terreno lo que después aplicaron en todo el país bajo la dictadura. La lucha contra la impunidad, por el juicio y castigo a todos los genocidas, sigue en la agenda.

La Dirección Nacional de Migraciones eximió a las empresas de transporte internacional -ya sea aéreo, terrestre y/o marítimo fluvial- de verificar la documentación correspondiente a chicos menores de 18 años cuando viajan al exterior. El gobierno anula uno de los filtros clave para detectar el tráfico de niños y niñas. El texto publicado en el Boletín Oficial indica que, desde ahora, y en contra de lo que venían haciendo, "las operadoras de transporte internacional de pasajeros resultarán dispensadas de requerir la documentación accesoria de egreso" de los y las menores de 18 años que viajasen en las empresas del rubro. La eximición abarca a toda operadora de transporte internacional, lo que supone serios riesgos para los menores de edad ante delitos como la trata de personas. Antes de esa disposición, las empresas de transporte internacional estaban obligadas a constatar la identidad de los menores y la autorización de sus progenitores o tutores para poder salir del país. La medida permite sacar niños fuera del país sin que las empresas revisen la documentación del menor ni la que acredita el vínculo con el adulto que lo acompaña. Dicho de otra manera: es un riesgo mayúsculo para los menores de edad porque facilita que pasen las fronteras sin más control que el de la oficina de Migraciones. La resolución se implementa en el marco del plan desregulatorio impuesto por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y está avalada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que fue al Congreso acompañado de organizaciones de padres acusados de abusar de sus hijos e hijas. Las redes de paidófilos suelen estar vinculadas con las redes de trata que reducen a la esclavitud a niñas y niños para la explotación sexual. Desde el Poder Ejecutivo indicaron que la medida "responde a una necesidad de brindar un servicio más eficaz y eficiente". El gobierno aclaró que los controles quedarán en manos del personal fronterizo de Migraciones, que debe hacerlo de manera obligatoria. Sin embargo, desde junio del año pasado el gobierno viene cerrando oficinas de Migraciones. Por ejemplo, la de San Rafael, Mendoza, la de Paso de los Libres, en Corrientes, y la del El Calafate, Santa Cruz. El cierre de Paso de los Libres, que linda con Uruguayana en Brasil, es escandaloso. Paso de los Libres fue mencionado repetidamente como una de las vías por donde podrían haber sacado a Loan Danilo Peña, de cuyo destino aún no se sabe nada. (Noticiero 9 31/1/25). El gobierno de Milei ha paralizado desde que asumió los organismos de lucha contra la trata. Cerró todas las delegaciones provinciales del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas; subejecutó el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas de trata y, en noviembre del año pasado, directamente lo anuló junto con el Programa de Asistencia a las Víctimas, dejando en total desamparo económico, pero sobre todo ante las represalias de los tratantes a las mujeres y criaturas recuperadas. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145, según detallan en este informe periodístico de DiarioAr. En los últimos 5 años la línea 145 había recibido más de 1.309 denuncias sobre trata de menores, el 13 por ciento del total. El 32% de las denuncias se concentraban en la provincia de Buenos Aires (419 casos). Marta Pelloni, la monja que se erigió en símbolo de la lucha contra la trata, afirma que la trata está estrechamente vinculada al poder político e “incluye a empresarios, jueces, fiscales, artistas… Es una lucha fatal. Y esos chiquitos pasan por manos y manos de gente desconocida. Solo sabemos que fueron vendidos”. El desmantelamiento de las redes de prevención y los mecanismos de control no tiene una hebra de inocencia. Una de cada tres víctimas de trata en el mundo son niños o niñas, cifra que se triplicó en los últimos años. En la Argentina la trata de menores involucra la explotación de niños y adolescentes con fines laborales, sexuales y de mendicidad forzada. En el 2023, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, se lograron rescatar 1609 personas que estaban en una red de trata, de las cuales 73 de ellas eran niñas o niños. Tal vez la patente de corso para las redes de trata tenga relación con una declaración del entonces candidato Javier Milei, usada como argumento contra la legalidad del aborto. En un video que se viralizó, Milei se declaró partidario de la compra y venta de niños, a la que definió como una forma posible del libre mercado (Pág. 12 17/10/23). Este gobierno no se ahorra ninguna forma de la barbarie. Es necesario construir una poderosa organización de los trabajadores que pueda enfrentarlo, y frenarlo.

Seis de los diez trabajadores despedidos de Linde-Praxair Planta Pacheco no pudieron ingresar el viernes pasado a la planta. Ante el vencimiento del acuerdo de tregua firmado entre la patronal y los trabajadores, la empresa finalmente concretó 6 de los 10 despidos que realizó en diciembre. En respuesta, la asamblea del lunes votó unánimemente la huelga por tiempo indeterminado. Las otras plantas de la empresa, ubicadas en Avellaneda, Ensenada, Pilar y Lanús, se plegaron a la medida, acompañadas por el Sindicato Químico de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores (SPIQyP). Sobre la planta de Linde Praxair de Rosario, sin organización gremial, se organizó una agitación, con el apoyo de las organizaciones sindicales y políticas de la zona. La huelga en Pacheco se sostiene con un acampe en la puerta donde cada día llega la solidaridad de organizaciones de la clase obrera. Al prolongarse, el mandato de la huelga volvió a discutirse en asambleas el miércoles y el jueves: los trabajadores ratificaron la continuidad de la lucha, que reúne el apoyo de organizaciones de la zona norte. La medida continuó hasta anoche en las cinco plantas de Linde Praxair. La patronal pidió a última hora una reunión con el Sindicato Químico que se realizará el lunes próximo, con la condición de que la huelga se levante. Al cierre de esta edición las otras plantas de Linde Praxair habían levantado la medida y los trabajadores de Pacheco discutían en asamblea si continuaban la huelga solos o si levantaban a la espera de la reunión del lunes. La orientación de la empresa Linde-Praxair es la línea general de la clase capitalista en esta etapa; eliminar la resistencia sindical, avanzar en la precarización laboral y en la flexibilización de las condiciones de trabajo, explotando la reforma laboral y el golpe de Estado económico llevado adelante por el Gobierno de Milei contra la clase obrera. Los despidos en Linde-Praxair tienen un fundamento eminentemente antisindical: los trabajadores de la Planta de Pacheco, cómo resultado de años de luchas, tienen mejores salarios y condiciones de trabajo que los trabajadores de otras plantas de la misma empresa. Los despidos y el achique buscan suprimir o reducir al mínimo todas las conquistas de los trabajadores de Pacheco. La planta de Pacheco, que produce gases en tubos para la industria y para las empresas de salud, buscaba ser achicada desde hace años, algo que la patronal debió posponer ante la escalada de producción de tubos de oxígeno para los entubamiento para los afectados por la pandemia del COVID. Durante la pandemia, la planta de Pacheco tuvo su pico más alto de producción, algo que le valió a la empresa ganancias extraordinarias a costa de la exposición al COVID de sus trabajadores, considerados esenciales por el decreto del Gobierno de Alberto Fernández. La patronal se monta sobre la baja de la industria automotriz (que utiliza los tubos de oxígeno para soldar) y de la industria de la construcción, provocadas por la recesión autoinducida por el Gobierno de Milei, para volver a la carga con el anhelo de ajustar a los trabajadores de Planta Pacheco. De ninguna manera la patronal afronta una baja productiva real ni una crisis de mercado, que domina monopólicamente. La fusión de Linde-Praxair le ha valido en 2024 un fallo negativo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por ocupar más del 95 % del mercado de gases liquidos. La empresa ha trasladado parte de la producción de Pacheco a las otras plantas: ha reemplazado el transporte del gas entubado por la instalación de cisternas en las empresas de mayor consumo, que son cargadas por camiones propios de la empresa (ubicados en otras plantas). Esto redujo en gran parte la actividad de la planta de Pacheco, que cómo parte de un largo proceso de vaciamiento se dedica sólo a generar gases en tubos. La huelga de 96 horas de los trabajadores de Praxair no ha logrado torcerle aun el brazo a la empresa, aunque ha reducido en forma contundente su margen de maniobra en la negociación (en algunas industrias el gas empieza a escasear). Se ha comprobado una fuerte reserva de lucha de la clase obrera, a contramano de la idea que domina incluso a buena parte de la izquierda. A pesar de la prolongación del conflicto la Secretaria de Trabajo no dictó la Conciliación Obligatoria, algo que se reserva para cuando la patronal necesite oxigenar sus fuerzas. El acompañamiento de los trabajadores de las otras plantas de Linde Praxair es un factor fundamental en esta lucha, pero la huelga en solidaridad será muy difícil de sostener si la patronal decide ir a un conflicto prolongado en el tiempo, cómo parece. A diferencia de prácticamente el conjunto de los sindicatos del país, el Sindicato Químico de Avellaneda viene acompañando la huelga desde su inicio. Hay trabajadores y activistas históricos de la planta de Linde Pacheco que integran la Comisión Directiva del gremio. En su momento, el sindicato había dado su acuerdo al plan de la empresa de “4 reincorporaciones, 6 despidos” que se había presentado ante la Secretaría de Trabajo y que fue revertido por la oposición de los trabajadores en una asamblea en planta . Este punto es clave porque del acompañamiento del sindicato depende en buena medida el acompañamiento de la huelga en las otras plantas de Linde-Praxair. La clave del conflicto es golpear en el momento de ascenso de la lucha. Hay que convertir a la solidaridad masiva que han recibido los trabajadores a través de pronunciamientos, en acción: planteando un paro general de los trabajadores químicos de todo el país - un gremio que viene acumulando procesos de lucha como PR3 en Córdoba, Fademi en Entre Ríos y otras plantas. Un paro general de químicos convierte el problema de los despidos, las suspensiones y la precarización laboral, que actualmente se discuten fábrica por fábrica, en un problema nacional: ejercerá una presión inmensa sobre la patronal para que retroceda en su acción.

El gobierno provincial decidió llamar en el día de ayer jueves a todos los gremios de educación de la provincia para la primera reunión paritaria del año. Recibió a los gremios por separado, pero no realizó ninguna propuesta salarial concreta -ni siquiera una propuesta para iniciar las conversaciones-, aduciendo que tiene que ver cuál es la disponibilidad presupuestaria. No solo está planteado el salario, sino el sostenimiento del incentivo docente, el ítem frente al aula, el blanqueo de sumas, los abonos para viajar a dar clases y las condiciones edilicias de las escuelas. Operativo Distracción El gobierno, antes de discutir las condiciones edilicias y laborales para el arranque del ciclo lectivo, ha lanzado el plan Acuerdo Escolar 2025, con descuentos y opciones de financiamiento para indumentaria, calzado y materiales escolares con algunos comercios adheridos en la provincia. También ha retrasado el inicio de clases para el día 5 de marzo, después del carnaval. Por último, ha anunciado la continuidad del Boleto Estudiantil, a pesar del recorte de fondos nacionales del Gobierno de Milei, lo que llamó la atención es que las placas del anuncio estuvieron firmadas como Juventud Radical y no como gobierno de la provincia o del Municipio, en una claro intento de manipulación electoral. Una nueva provocación a los docentes de primaria El gobierno decidió no recibir a los representantes docentes de primaria de ADEP, gremio donde ganó una lista combativa y antioficialista , con el argumento que la elección se había anulado y que era un tema que tiene que definir el Ministerio de Trabajo de Nación. Sin embargo, el estatuto docente preve que ante casos de quedar acéfalo el gremio, corresponde convocar asambleas zonales y que se ahí se elijan los delegados paritarios, cosa que los docentes realizaron en los días previos. La decisión de no recibir a los docentes primarios fue una decisión política del gobierno que pretende no solo desconocer el triunfo del activismo sino también condicionar la negociación paritaria en detrimento de los docentes. Los docentes primarios, autoconvocados en la puerta de Casa de Gobierno cantaban que, si no son recibidos por el gobierno para la discusión paritaria, no hay inicio de clases. A esta provocación se sumó otra previa, que fue la llegada de causas contravencionales contra los docentes que realizan una vigilia en las inmediaciones del gremio reclamando se reconozca el triunfo de la Lista 5. Una verdadera provocación ya que los docentes realizan el reclamo de manera pacífica sin siquiera obstaculizar el tránsito. Docentes, a organizarse El gobierno ha pateado los tiempos convocando una nueva reunión ‘técnica’ para el 18 de febrero sin ninguna propuesta formal, casi dos semanas después de la primera reunión y con los docentes ya teniendo que concurrir a los establecimientos. La maniobra del gobierno busca acortar los tiempos de negociación, y meter presión a los docentes con el inicio de clases para imponer una paritaria miserable, que como ya planteó también Milei “no debería superar el 1 % mensual”. La directiva del gremio de CEDEMS (Media) y los docentes de ADEP que pelean el reconocimiento como directiva han acordado un planteo de salario inicial igual a la canasta, hoy en $1.024.000. Esto significaría reclamar un aumento de aproximadamente un 70 % del salario inicial docente actual, que ronda los $600.000. Una puja de estas características requiere una gran organización del colectivo docente para tener la fuerza de imponer sus reclamos. En este punto, la lucha contra el fraude y por el reconocimiento de la Comisión Directiva electa de ADEP, se vincula con la pelea por las paritarias y los derechos de los docentes. Es necesaria la convocatoria urgente de plenarios y asambleas docentes abiertas y una campaña para la participación masiva en todas las regiones, junto a la coordinación tanto de los docentes de media como primaria para lograr conquistar sus reclamos. LEER MÁS: Docentes: por un plan de lucha nacional contra el desmantelamiento de la educación pública encabezado por Milei y los gobernadores Hacia la Conferencia Nacional de la Tendencia Docente Clasista. Declaración de la Tendencia Docente Clasista hacia la Conferencia Nacional del 22 de febrero. Por Por Tendencia Docente Clasista: Raquel Grassino(Tucumán), Mariano Hermida (La Matanza), Emiliano Fabris (Bahía Blanca), Vanesa Constancio (Santa Cruz), Germán Lavini (Santa Fe), Alejandro Barton (CABA), Daniela Romano (Salta), 07/02/2025.

Matías Paredes tenía 26 años, era albañil y padre de una nena de 3 años. Fue asesinado de cuatro balazos en la madrugada del 6 de febrero por policías de civil que se movían en vehículos sin identificación. Matías y tres amigos se trasladaban en un Fiat Palio rojo cuando volvían de la presentación de la camiseta del club Alvarado para la nueva temporada. Los amigos que sobrevivieron contaron que estas personas que se trasladaban en dos automóviles intentaron detener el auto en el que viajaban, pero, pensando que querían asaltarlos, ellos se asustaron y aceleraron. Según las pericias, en la persecución no hubo un tiroteo sino una balacera atroz. Los amigos de Paredes prestaron declaración en calidad de testigos. Ni ellos ni la víctima tienen antecedentes, admitieron los investigadores. La causa fue caratulada como "homicidio agravado” y aunque los cinco agentes fueron identificados, todavía no se dispuso la detención de ninguno ellos. Este nuevo caso de gatillo fácil se produce tras la seguidilla de episodios de inseguridad que se dieron en el conurbano de la provincia en las últimas semanas (La Matanza, Rafael Castillo, Florencio Varela y en Moreno donde la policía reprimió a fines de enero una protesta de repartidores que se manifestaban pidiendo justicia por el crimen de Lucas Aguilar ); pero especialmente en el marco de los escándalos que envuelven a la bonaerense en Mar del Plata . El martes 4 de febrero, el Ministerio de Seguridad bonaerense removió a los máximos responsables de la policía en Mar del Plata tras la conmoción que produjo el asesinato de Cristian Velázquez, un kiosquero del barrio Peralta Ramos Oeste. Según trascendió, la medida no sólo respondió a este crimen puntual, sino a una evaluación negativa del desempeño de la cúpula policial en la ciudad en la que la cifra de homicidios aumentó un 50 %. En reemplazo de Luis Senra, fue designado como nuevo Jefe de la Departamental de Mar del Plata Edgardo Vulcano, quien en marzo de 2021 había asumido como Jefe Comunal de Policía en Miramar y fue removido en diciembre del mismo año luego del caso de gatillo fácil de Luciano Olivera . Por otra parte, el 5 de febrero, páginas y portales de medios de prensa revelaban que la dependencia local de Drogas Ilícitas de la bonaerense robaba droga y dinero de los operativos que luego eran “plantados” en otros allanamientos. El entramado mafioso involucra a comisarios y varios funcionarios policiales que se apoderaban y repartían el dinero y los estupefacientes encontrados en los operativos (La Capital, 5/2/25). Se trata del mismo modus operandi llevado a cabo en La Matanza (Infobae, 6/2/25). En este cuadro, este viernes 6 Patricia Bullrich arribó a Mar del Plata y con el intendente Guillermo Montenegro anunciaron en una conferencia de prensa la llegada de más fuerzas federales a la ciudad. Así, desembarcarán en “La Feliz” la policía federal, la gendarmería y prefectura. En la conferencia se mencionó la reciente incorporación de pistolas especiales de parte de Montenegro, las cuales consideró “muy efectivas para ciudades que tienen masividad de gente”, y que ya fueron utilizadas por la Patrulla Municipal. Ya lanzado a la campaña electoral y en un probable salto a las usinas libertarias, Montenegro no había perdido la oportunidad de volver a mostrarse como el abanderado de la “mano dura” luego del asesinato del kiosquero. “Tenemos una posición muy dura” dijo, al referirse al asesinato del comerciante y pidió modificaciones en las leyes, precisando que se necesitan modificaciones respecto a la reiterancia, a la imputabilidad, y a las cuestiones que tienen que ver con la dureza en el accionar. (Infobrisas, 4/2/25). Sin embargo, la patrulla municipal de Montenegro no estuvo para prevenir el asesinato del kiosquero. Para el intendente los delincuentes son los trapitos, limpiavidrios y personas en situación de calle, a quienes hay que reprimir, despojar y ocultar . Tal es la misión del organismo del cual se enorgullece Montenegro por las redes sociales y otros medios de comunicación (Política Obrera, 22/1/25). Sobre el brutal asesinato de Paredes no hubo declaraciones ni de Montenegro ni de Bulllrich. Obviamente tampoco las hizo Kicillof, que acaba de instalar a Vulcano hace dos días y que además está embarcado en la campaña electoral, uno de cuyos ejes es también la “mano dura” frente a la onda expansiva de inseguridad en un cuadro de descomposición social atroz. Mar del Plata y el asesinato de Matías Paredes, en particular, exponen una convergencia y hasta una competencia entre el peronismo y el oficialismo local y nacional por la represión, en un contexto donde las grandes mayorías subsisten con empleos informales o changas, avanzan los despidos, y la pobreza y la indigencia, arrecian. Exhiben el entramado de negocios, delitos e inseguridad de la provincia de Buenos Aires y del país cuyos responsables son la justicia y las fuerzas de seguridad amparadas por los partidos de un régimen político y social en absoluta decadencia. La crisis de las fuerzas de seguridad es la crisis del Estado, capitalista. Al momento de cerrar esta nota aumentan en la ciudad los reclamos de justicia por Matías Paredes y todos los asesinados por el aparato represivo del estado.

El gobierno liberticida anunció el miércoles que Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como argumento esgrimen "las diferencias en relación al tratamiento de la pandemia". Milei acusa al organismo de "someter a la gente al encierro más largo de la historia". Otro de los argumentos esgrimidos fue "la falta de independencia frente a la influencia política de otros estados". Milei apoyó incondicionalmente la cuarentena de los Fernández, con reiterados tuits que reclamaban la aplicación a fondo del Código Penal a los infractores del encierro. En los mismos términos se había expresado Manuel Adorni, el chirolita de prensa. Los argumentos que se exponen ahora son una impostura y una manifestación de la incurable mala fe de los charlatanes libertarios. En 2020/21, Milei había evitado convocar a la “inmunidad de rebaño” por el temor a las muertes que podía provocar entre la población. Milei se retira de la OMS inmediatamente después de que lo hiciera Trump, como expresión del acompañamiento a la guerra comercial y política que ha descargado el norteamericano contra el más variado conjunto de países. La OMS no pudo reunir nunca un presupuesto internacional para una lucha coordinada contra el Covid, ni pudo siquiera mitigar la lucha entre las grandes potencias por los barbijos y respiradores, y por el monopolio de producción de una vacuna eventual. El capitalismo mundial fue el único responsable por la expansión del virus como consecuencia de su oposición a una colaboración internacional y por el privilegio al beneficio privado por encima del interés general. Estados Unidos cerró el mercado mundial a la vacuna Sputnik, de Rusia, y a las diferentes vacunas de China. El propósito de Trump, como ya lo ha dejado en evidencia, es quebrar la regulación internacional que obstaculice la guerra comercial y política que ha desatado de un modo unilateral. Ha roto el acuerdo de libre comercio de América del Norte a fuerza de la imposición de aranceles y pretende seguir por ese camino contra la Organización Mundial de Comercio y contra todos los tratados vigentes, como el del canal de Panamá, que limiten sus intereses. En el caso de la Salud, el propósito de Trump es imponer una destrucción de la Salud Pública y el acceso irrestricto de los Fondos de Inversiones en el seguro de salud y el monopolio de las Pfizer y Moderna en el mercado de vacunas, como hizo en su primer mandato. Milei, como ocurre con los bufones, sólo busca imitar al dueño del trono. Las implicancias de la salida Este anuncio se da en el marco del desmantelamiento de hospitales nacionales (como el Posadas, Laura Bonaparte, Sommer), la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis y la Dirección de Vacunas con 1400 despidos en las áreas que dependen del Ministerio de salud. También se produce en el marco del fin de la triangulación con las obras sociales que favorece a los empresarios de las prepagas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), creada en 1948, es la agencia de salud especializada de las Naciones Unidas; la sigue la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OMS establece ciertos criterios y recomendaciones basadas en evidencia científica, impulsa programas para garantizar medicación y vacunación e impulsa la transferencia de tecnologías. Trump anunció la salida de la OMS días antes de la asunción. A su vez, nombró como secretario de Salud a Robert Kennedy Jr., un connotado militante antivacunas. Kennedy fundó en 2007 la ONG Children's Health Defense, dedicada a denunciar lo que considera prácticas dañinas en la industria farmacéutica y en la producción de vacunas. Durante años, Kennedy sostuvo que existe una ligazón entre la vacunación y el autismo, algo que nunca se comprobó. La salida de Estados Unidos de la OMS provocará graves problemas, ya que es el mayor aportante (un 22 % del presupuesto que recibe de países miembros). Sin este financiamiento, el organismo tendrá que someterse a una reestructuración, perjudicando los esfuerzos mundiales en materia de salud pública. principalmente en vigilancia y combate contra epidemias. Una contrarreforma de la salud La salida de Argentina, por su parte, no sólo apunta a seguir la línea privatista de la salud adoptada por Estados Unidos. Advierte contra una coordinación internacional ante amenazas sanitarias globales, como por ejemplo el tratamiento de pandemias. Los laboratorios que cuentan con acuerdos con la OMS, como el Malbrán o Incucai, quedarán excluidos del intercambio de información y de la recepción de insumos (reactivos para la detección de casos). El gobierno alega que el retiro sirve para ahorrar en gastos superfluos, pero finge ignorar que la integración a la OMS permite, a través del fondo rotatorio, acceder a medicamentos, insumos, tecnología y vacunas de manera más económica. A su vez, el Gobierno argumenta que las compras de vacunas e insumos críticos se podrían hacer mediante la OPS (Organización Panamericana de la Salud), a la que, por ahora, no han renunciado. El anticiencia y antivacunas es un taparrabos: es funcional al ataque reaccionario al racionalismo y a las advertencias acerca del deterioro climático, pero no apuntan a perjudicar a Pfizer o a los Fondos de Seguros de Salud, ni a la incursión privada en dominios que se mantienen en el Presupuesto del Estado. Pfizer recibió subsidios de parte de Trump hasta el último día de su primer mandato, mientras Moderna fue enteramente subvencionada por el Estado. La destrucción del sistema público de salud es común a todas las corrientes capitalistas, liberticidas o ‘woke’, porque se trata de ponerlo bajo la tutela de la Bolsa. La salida de Argentina de la OMS fue criticada por el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós. Para Quirós, “la OMS es el principal instrumento que tenemos. Por supuesto, no es perfecto, ha tenido dificultades para la coordinación en el período de la pandemia, pero necesitamos fortalecer las estructuras que nos ayudan a coordinar”. También remarcó que el Gobierno nacional aún no proporcionó "la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante". Lo que Quirós olvidó es que los hospitales que dependen del Gobierno de la Ciudad están sufriendo un duro ajuste macrista. Un crimen social Los casos de Covid-19 continúan en aumento a nivel mundial, así como los casos de gripe. En nuestro país se ha emitido alerta epidemiológica por un caso confirmado de Sarampión en la CABA. Enfermedades como Tuberculosis se propagan como producto del empobrecimiento de las condiciones de vida. La salida de la OMS impulsa este cuadro de ‘ajuste’. El desmantelamiento de la salud pública, por parte de Trump y Milei, sólo hará aumentar el desarrollo de enfermedades nuevas y enfermedades erradicadas. La nacionalización del sistema de salud, sin resarcimiento a las patronales y fondos de seguros, es el medio para garantizar la prevención y la curación, y para acabar con el lucro capitalista con la vida.

El lunes 2 de febrero, Madanes Quintanilla, dueño de la fábrica de neumáticos FATE, emprendió una nueva ola de despidos. Arrancó por cuarenta supervisores y jerárquicos, y se prevén cuarenta más. De acuerdo a lo que han recogido los activistas, se preparan 120 despidos de trabajadores bajo convenio. Según la patronal, el propósito es adecuar la dotación de personal a las “necesidades del mercado”. Se trata, como es obvio, de una falacia, porque esa ‘adecuación’ puede llevarse a cabo por medio de una reducción de la jornada laboral con todos los trabajadores actuales dentro. Lo que está juego son las ganancias de las patronales, que deberían pagar los mismos salarios por una jornada menor, es decir, pagar relativamente el costo de la crisis capitalista, que es el modo de explotación que defienden Fate y todas las patronales. La multinacional japonesa del neumático, Bridgestone, ha despedido, entre fines de 2023 y de 2024, a la mitad del plantel obrero, o sea mucho antes de las presentes condiciones del “mercado". La empresa tramita, ante la secretaria de Trabajo de la Nación, la ampliación ilegal del PPC (Preventivo de Crisis), con el objetivo de despedir a 300 obreros más en la planta de Llavallol. El propósito de las patronales es poner fin al sistema de convenio en función de contratos individuales eventuales, o sea producir una modificación radical de las relaciones de trabajo y una mayor explotación. Es la orientación estratégica del gobierno de Milei y de su secretario de Trabajo, un (¿ex?) abogado de Techint. Otra multinacional, Pirelli, sigue los pasos de Bridgestone y FATE. Luego de la parada técnica de enero, comenzó otra ola de despidos sin necesidad de PPC u otro artilugio legal: convoca a los trabajadores más activos sindicalmente a la oficina de RRHH y les ofrece una indemnización de retiro un poco más elevada de lo que marca la Ley de Contratos de Trabajo. La consecuencia de una negativa es el despido directo. No solamente las patronales de la industria del neumático impulsan esta “limpieza" de personal activo y bajo convenio. Ocurre en Acindar, con el despido masivo del personal tercerizado, en Toyota, en Nissan, en General Motors, en Praxair, ahora en Nestlé. Los despidos masivos apuntan al reemplazo de trabajadores con convenio por compañeros precarizados, contratados a través de agencias tercerizadas y monotributo sin derechos laborales. La ofensiva de conjunto de las patronales cuenta, en algunos casos, con la complicidad de las direcciones involucradas, como ocurre en el SMATA y en la UOM. En Toyota, el hijo de Ricardo Pignanelli, el secretario general del SMATA, comanda el plan de ‘limpieza’ laboral en favor del trabajo precario eventual. Furlán, el secretario general de la UOM, un kirchnerista como Pignanelli, ha atado de manos al sindicato, en especial en la siderurgia, frente al congelamiento de salarios que persigue Techint, así como frente a suspensiones y despidos. El sindicalismo histórico, monopolizado por una burocracia empresarial, se ha quebrado frente a la motosierra del liberticida antiobrero que se encuentra en el gobierno, y frente al propósito de borrar de la historia la defensa colectiva de la fuerza de trabajo frente al capital. En Davos, Milei acaba de reclamar la necesidad de “extirpar del género humano” cualquier pensamiento opositor, pero en especial el que sostiene el antagonismo irreversible entre el capital y la fuerza de trabajo, o sea la clase obrera. En este contexto, el Sindicato del Neumático ocupa un lugar singular. La dirección del SUTNA ha recorrido todos los pasillos ministeriales de Trabajo, en Nación y en Provincia, o incluso los tribunales de Justicia, contra la legalización de los despidos que autorizarían los Preventivos de Crisis, pero no ha respondido con planes de lucha ni con asambleas y plenarios que puedan tomar decisiones de lucha frente a los despidos y el congelamiento salarial. Los figurones del Partido Obrero oficial multiplican los videos de denuncia y llaman a la defensa de la industria nacional, pero esquivan la responsabilidad de ofrecer una política para lo que se está convirtiendo en un derrumbe sindical. Donde la burocracia ‘histórica’ exhibe complicidad, la dirección del SUTNA practica un inmovilismo consecuente, bajo una pantalla de negociaciones y declaraciones. Alejandro Crespo, el dirigente del SUTNA, dilapidó sus minutos al aire en la 750 con Víctor Hugo Morales para explicar que “Bridgestone no estaba habilitado legalmente a la ampliación del Procedimiento de Crisis”, sin insinuar siquiera un planteo de movilización y lucha. La única asamblea que convocó el SUTNA en Fate fue para aprobar una modificación del régimen laboral que le llevó la patronal – que fue derrotada por un número holgado de votos. Siempre existe una salida de lucha; una derrota sin pelea es la peor variante. La dirección sindical tiene la obligación de presentar un plan, discutirlo en las secciones, recoger aportes, organizar piquetes de activistas y llamar a una asamblea general. El dilacionismo se ha cobrado ya una serie de reveses. Es necesaria una campaña para que las patronales se avengan a discutir el reparto de las horas de trabajo entre todo el personal sin afectar los salarios. Sobre esa base hay que preparar una convocatoria con otras organizaciones en lucha, desde Praxair a la interna de Acindar. Una campaña en las zonas donde se encuentran las fábricas –Zona Norte, Llavallol, Merlo-. Que se ponga fin al inmovilismo. Preparemos una gran asamblea general en Fate.

La mañana del 6 de febrero inundó las redes sociales con diversos videos y testimonios de vecinos de Sarandí y, particularmente, del barrio Villa Inflamable, que mostraban al arroyo de dicha ciudad teñido completamente de rojo. El arroyo Sarandí tiene la mayor parte de su recorrido entubado y sólo queda al aire libre en las cercanías al barrio -con las consecuencias sanitarias que esto conlleva- y comparte recorrido con los municipios de Lomas de Zamora y Lanús. A lo largo de este trayecto se encuentran una gran cantidad de industrias, principalmente textiles y curtiembres, que hace décadas han adoptado como norma arrojar sus desechos sin tratamiento alguno al arroyo. Los impactos ambientales son evidentes y los vecinos denuncian que la situación es cotidiana. En las cercanías del arroyo se encuentra la planta potabilizadora General Belgrano, responsable de asegurar agua potable al sur de la Ciudad de Buenos Aires y a casi la totalidad de los municipios de la zona sur. Apenas cobrado el estado público de la cuestión, diversas brigadas municipales y del Ministerio de Ambiente provincial se hicieron presentes. La primera información dada a la prensa fue “inicialmente no parece tóxico”. Esta afirmación rápidamente quedó fuera de lugar: la presencia de anilina -un colorante para ropa- demostró que era tóxico. Al mismo tiempo los vecinos denunciaban un olor moribundo y efectos de picazón en la garganta y ojos. “Soy vecina de toda la vida de acá. Hoy tenemos así, el agua roja. Ha estado gris, ha estado verde, ha estado color medio violeta, azulada, cuando está podrida el agua, con grasa. También, bien marrón, de todo tipo aceite parece arriba. Yo he hablado hace un rato con la gente del municipio y me decían que creen que es más arriba”, dijo a La Nación María Ducomls, de 52 años. María, denunció la presencia de una fábrica que se encarga del tratamiento de desechos peligrosos en la zona, implicada en la causa Mendoza - un caso judicial de contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La misma no cumpliría con los protocolos necesarios y aportaría una importante responsabilidad a la contaminación de la zona. “Yo veo el camión cisterna que viene a la empresa y pasa esto cada vez que el camión viene a la empresa. Capaz que puede ser de más allá, pero el camión ¿dónde lleva estos líquidos a tratar a veces en menos de una hora, a veces un poquito más? ¿Quién controla?”, expresó. La denuncia contra las autoridades municipales y provinciales estuvo presente en los testimonios de los vecinos. Unas horas antes, el municipio de Avellaneda aseguró que como el desecho vertido no se pudo comprobar su procedencia, toda la responsabilidad pasaba al organismo provincial que debía realizar los controles. Sin embargo, estos controles deberían partir, en primer lugar, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Producción e Industria, encargados de regular la situación al interior de las plantas y establecimientos de trabajo. Lo mismo vale para los entes municipales que abordan la cuestión. La burocracia sindical ha abandonado -sin empezar jamás una lucha- la conformación de comités de seguridad e higiene en las plantas para ejercer un control sobre las ilegalidades que cometen las patronales con el tratamiento de desechos. La contaminación que sufren los vecinos de Villa Inflamable ha sido demostrada en sede judicial, la enorme cantidad de testimonios que incluyen a vecinos con problemáticas de salud derivadas de su exposición a diversas sustancias tóxicas ha suscitado la realización de diversos estudios y hasta de documentales de la National Geographic. Mientras tanto, las autoridades, denuncia María, “(...) vienen y dicen que no encontraron nada, que está todo bien, y no pasa nada.(...)Si van a ocupar un sillón y no se van a hacer cargo, que den un paso al costado. Porque están haciendo daño a los vecinos, al medio ambiente y a todos los animales, el agua, mirá lo que es”, concluye en su denuncia. La investigación sobre este aberrante caso, dada las contundentes denuncias de los vecinos de la zona, no puede quedar en manos del gobierno municipal ni provincial que han hecho, a partir de la complicidad con las patronales, un daño inestimable al ambiente y los habitantes de la zona. Por una investigación independiente conformada por una comisión de vecinos y representantes obreros de todas las fábricas que arrojan sus desechos al arroyo Sarandí a lo largo de todo su trayecto. Por comisiones de seguridad e higiene para frenar la destrucción de la salud y el ambiente que promueven las patronales en función de sus ganancias.

Por Tendencia Docente Clasista: Raquel Grassino(Tucumán), Mariano Hermida (La Matanza), Emiliano Fabris (Bahía Blanca), Vanesa Constancio (Santa Cruz), Germán Lavini (Santa Fe), Alejandro Barton (CABA), Daniela Romano (Salta) Desde Davos, Milei volvió a recordar el lugar que ocupa la guerra que ha emprendido contra la educación pública en su agenda de mutilación de derechos y en beneficio de los fondos financieros internacionales. En medio de su alocución claramente fascista, tildo como “artificial” el derecho a la educación y lo presentó como un elemento de subversión contra “los valores occidentales”. Es claro que lo que pretende es liquidar completamente el sistema educativo público. En efecto, el gobierno liberticida ha pulverizado todas las partidas presupuestarias educativas nacionales -encabezadas por el Fondo de Incentivo Docente, que ya se habían reducido a su mínima expresión-. La meta del “déficit cero” ha sido ratificada para el próximo periodo, mientras los agroexportadores y especuladores aguardan una nueva devaluación. Todas sus diatribas contra el intervencionismo estatal encubren que Milei es un fiel defensor de la clase capitalista y por ello ha inventado un nuevo subsidio a los ya existentes -"voucher”- que beneficia a la escuela privada. La mercantilización educativa completa, con ayuda del Estado, es el horizonte de este gobierno. Milei se ha sumado a una campaña internacional que presenta a la escuela como una usina de la “izquierda woke”. Pero como Trump en EEUU y Meloni en Italia, Milei quiere en realidad imponer en la educación la ideología del imperialismo en decadencia, de sus guerras, de las deportaciones humanitarias, de la destrucción de todo derecho democrático, laboral, matrimonial y sexual. Quiere que las escuelas dejen de “engañar” sobre un cambio climático que niega sistemáticamente, en tiempos de pandemias, graves sequias e inundaciones mundiales. A los docentes que critiquen esta agenda reaccionaria, promete persecución y sanciones como se plasman en los recientes cambios en la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes La “motosierra” educativa la encabezan, naturalmente, los salarios docentes que han perdido al menos un 25 % de su poder adquisitivo. Bajo el amparo de la normativa menemista que provincializó la educación pública para desfinanciarla progresivamente, Milei relegó en los gobernadores todas las paritarias, mientras se negó a homologar aquellas que superaran los techos establecidos por él mismo. Comenzó el 2025 queriendo imponer un fantasioso tope salarial del 1 % mensual, cuando la inflación oficial viene de superar ese índice sólo en diciembre y subvalúa el costo de los principales servicios. Los gobernadores que son la principal patronal de la docencia, sin excepción alguna, trasladaron automáticamente el ajuste salarial mediante ajustes a la baja y congelamientos, adaptándose completamente a la agenda mileísta. La docencia además ha sufrido importantes reveses en sus derechos laborales y previsionales. El Congreso Nacional ha dado media sanción para que la educación sea un “servicio esencial” (sin incrementar presupuesto alguno) y restringir el derecho a huelga). En Santa Fe, una reforma previsional para los estatales incrementa la edad jubilatoria fuertemente. En Neuquén, se ha impuesto un apriete contra la huelga docente mediante una cláusula de “presentismo”. En Buenos Aires, una reforma de la secundaria impone una sobrecarga laboral mientras los días de paro son descontados. En CABA, la ESI está siendo apartada de las currículas y una reforma educativa quiere degradar aún más los contenidos para adaptarlos a las necesidades precarias de las empresas, incluso las tecnológicas que demandan en buena parte fuerza de trabajo mínimamente calificada. La reforma amenaza con producir despidos masivos como lo muestran las plantas docentes previstas para 2025 en las escuelas “pioneras” Lejos de la pasividad, el 2024 fue un año de fuertes luchas docentes, cuyo motor fue la movilización activa de las bases, a contramano de las direcciones burocráticas encabezadas por el kirchnerismo de Alesso-Baradel de la CTERA. Es lo que demostraron las autoconvocatorias con cortes de ruta y huelga indefinida en Misiones, y las asambleas y movilizaciones en Entre Ríos. Las luchas votadas por la base en AMSAFE Santa FE, ATEN Neuquén y ADOSAC Santa Cruz, a pesar de que sus conducciones no se volcaron a preparar lucha alguna e hicieron lo imposible por levantarlas. En Buenos Aires, la base docente volvió a parar ante los paros convocados por la Multicolor en repudio a los acuerdos de Baradel con Kicillof y realizó una importante autoconvocatoria en defensa de la educación especial. En CABA, se ha producido un vasto movimiento con pronunciamientos de rechazo a la reforma. El 2024 dejo una conclusión clara: la docencia no está dispuesta a perder sus derechos y conquistas. Estas luchas, si bien aisladas, han tenido el gran telón de fondo de una impresionante rebelión universitaria que revela que estamos ante una cuestión educativa y política de conjunto. La coordinación de toda la docencia, de todas las escuelas y universidades bajo un programa de defensa de la educación pública se vuelve absolutamente esencial. La subordinación al ajuste educativo le ha valido importantes derrotas electorales a la burocracia sindical. En Jujuy, una lista de luchadores independientes ha ganado las elecciones que pretenden ser anuladas en forma fraudulenta. En ADOSAC Santa Cruz, fue desplazada una lista que hace 20 años controlaba el sindicato practicando acercamientos permanentes con el Estado y los partidos patronales. El 2025 presenta importantes luchas electorales porque habrá elecciones en AMSAFE y en AGMER. La conclusión es clara: necesitamos desembarazarnos del control ejercido por la burocracia sindical. que quiere coexistir con el fascismo incipiente de Milei, que actúa en nuestro nombre sin mandato alguno y construir una dirección docente para la lucha sobre bases netamente clasistas. A un ataque histórico de estas proporciones debemos enfrentarlo con una huelga general educativa. La huelga indefinida ha sido el puntal de las principales luchas del último tiempo, pasando por Misiones y antes San Juan y Jujuy. Las huelgas que se extienden en el tiempo en forma intermitente son la forma mediante la cual la burocracia sindical busca desangrar las reservas de lucha. La preparación de una huelga de no inicio de clases adquiere una importancia vital cuando además el conflicto universitario retomará con mayores fuerzas. Está planteada en todo el país la convocatoria a un gran paro de advertencia de 24 hs. seguido de una huelga general. Necesitamos poner en pie un plan de lucha nacional. Llamamos a los numerosos sindicatos y seccionales independientes de la burocracia sindical junto con los movimientos autoconvocados en lucha a establecer una dirección de lucha común. A convocar para ello a plenarios de base y establecer un programa de reivindicaciones y una coordinación nacional para la acción. El retroceso histórico educativo que enfrentamos es consecuencia directa de la debacle del capitalismo, de la cual Milei y su agenda antiderechos es una de sus máximas expresiones. La única salida es luchar por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Nuestra Tendencia Docente Clasista realiza una conferencia nacional el 22 de febrero para procesar y debatir a fondo estos procesos de lucha y sus perspectivas. En forma previa, realizaremos reuniones abiertas en donde invitamos a todos los luchadores docentes a participar y llevar su propia experiencia. Nuestra perspectiva es resolver una agenda de propaganda, agitación, organización y construir un agrupamiento combativo y clasista en todo el país. Programa de reivindicaciones Abajo el congelamiento salarial. Por un salario nacional docente inicial por cargo igual al costo de la canasta familiar, todas las remuneraciones en blanco, de una vez y computables para jubilación. Aumentos de emergencia del 100 %. Indexación automática por inflación. Defensa del 82 % móvil. Triplicación inmediata de todos los presupuestos educativos, abajo la motosierra. Creación y nombramiento de los cargos faltantes. Plan de obras de infraestructura escolar. Por un acceso libre e irrestricto. Otorgamiento masivo de becas educativas. Eliminación completa de los subsidios a las escuelas privadas, estatización de las escuelas cuyos salarios sean pagados por el Estado. Defensa irrestricta del derecho a la huelga. Abajo la “esencialidad educativa”. Retiro de las faltas injustificadas y devolución de los días descontados. No al “presentismo” para castigar a la docencia. Abajo las causas de Pullaro contra docentes y estatales en Santa Fe. No al despido de los docentes huelguistas de Salta. Abajo las multas millonarias a ADOSAC Santa Cruz por ejercer el derecho a huelga. Abajo las contrarreformas educativas del capital. Por un sistema educativo estatal, laico, gratuito, cuyos contenidos, modalidades y necesidades presupuestarias sean determinados por un congreso nacional docente. Abajo las contra reformas educativas. Por una educación socialista, contra la explotación social, la destrucción del medio ambiente y la guerra imperialista. Por un gobierno de trabajadores. Por una dirección clasista y revolucionaria en los sindicatos docentes, independiente del Estado y las patronales. Por la sindicalización del conjunto de la docencia, en escuelas públicas y privadas. Por la rotación de todos los cargos directivos en cada renovación. Por el control de las cuentas del sindicato por sus afiliados. Por mayor representación de minorías. Tendencia Docente Clasista

Las declaraciones de default , cheques rebotados y quiebras en las empresas de la agroindustria han dado paso a despidos y suspensiones de los trabajadores del sector. La Red Surcos, productora y comercializadora de agroquímicos, que con deudas que rondan los $ 100.000 millones de pesos presentó ante la Comisión Nacional de Valores un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPV), ha comenzado un proceso de reestructuración por el eslabón más débil: los trabajadores. En este sentido, despidió a 50 trabajadores y, por haber presentado el PPC, recibirán sólo el 50 % del monto total de indemnizaciones y en cuotas. (Democracia, 8/05/2025) De esta forma, la Red Surcos despidió al 20 % del plantel que al inicio de la crisis financiera que atraviesa a las empresas de la agroindustria contaba con 220 trabajadores. Desde el directorio de la empresa justificaron la medida, planteando que “permitirá lograr la sustentabilidad de la deuda incurrida por la sociedad, tanto en términos de volumen como de costos y, de este modo, continuar con las operaciones”. Es decir que, a costa de despidos y el no pago de las indemnizaciones correspondientes, el empresariado busca recomponer sus alicaídas finanzas. Por su parte, Nestlé, la empresa de la alimentación, con fuerte ligazón con el sector de los agronegocios, ha comunicado que detendrá la planta ubicada en Villa Nueva, Córdoba, hasta finales del mes de marzo, lo que impactará en los 183 trabajadores que entrarán en “vacaciones” compulsivas. La planta que produce leche en polvo instantánea, descremada y las Ultra – High Temperature (UHT), destina el 80 % de su producción a la exportación. En un comunicado dado a conocer por la empresa sostienen que la “suspensión temporaria de la producción (...) debido a la necesidad de reducir los volúmenes de producción principalmente por la baja de las exportaciones y una adecuación a la demanda local”; es decir, Nestlé ha acumulado un stock , que, en principio, se le hace difícil colocar en el recesivo mercado interno, en el que la demanda está por el piso, y rebate los postulados del gobierno liberticida en materia de desregularización del mercado. Desde la dirección del sindicato de la alimentación (STIA) local, lejos de discutir en asambleas un plan de lucha, “denunció” un sobrestock de productos por “las dificultades para colocarlos en el mercado ante un panorama de baja demanda” y se encuentran a la espera de la convocatoria del Ministerio de Trabajo para arribar a un acuerdo. El dilacionismo es una constante de la burocracia sindical durante el año de gobierno de la camarilla libertaria, a la que le han hecho un favor para poder imponer una contrarrevolución en el mundo del trabajo. En San Nicolás, la empresa Casport S.A., que opera en terminales portuarias del Río Paraná y tiene como principal actividad la logística en exportaciones e importaciones, anunció el despido de 17 trabajadores. En los telegramas de despido que recibieron los trabajadores, la empresa justifica la medida por “la disminución del volumen de actividad en el sector agropecuario”, ya que “una parte significativa del volumen de facturación de Casport proviene de los agronegocios, específicamente de la aplicación de fertilizantes en el sector agropecuario”. Desde la empresa también hicieron referencia a las desregulaciones impulsadas por la camarilla libertaria, que dieron lugar a la creación de una zona franca en Villa Constitución: “la creación de esta zona franca, operada por nuestra competencia directa y uno de los principales traders de la región (NITRON) ha impactado directamente en nuestras operaciones de importación de fertilizantes y desplazando exportaciones habituales”. La crisis en las empresas de la agroindustria está dando paso a la liquidación de capital sobrante, a manos de empresas que tienen más espalda para surfear la falta de liquidez, los altos costos y la baja de los precios internacionales, sumado a las sucesivas sequías. El pato de la boda son los trabajadores que pagan con despidos y suspensiones la política económica del tándem Milei – Caputo, que actúan con la complicidad de la burocracia sindical. LEER MÁS: Respondamos con planes de lucha a la ola de despidos en la industria Abajo la complicidad de Pignanelli y Furlán, pongamos fin al inmovilismo en el SUTNA. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 07/02/2025. La ola de quiebras en la agroindustria Los Grobo, Agrofinia, Red Surcos y SanCor presentaron recursos preventivos de crisis. Por Lucas Giannetti, 06/02/2025.

Al sentarse a debatir la cuestión de las PASO en sesiones extraordinarias, el Congreso ha legalizado un atropello mayúsculo del gobierno liberticida: el presupuesto 2025 volverá a ser ejecutado por decreto. Los “demócratas” que se habían juramentado en boicotear las extraordinarias “si no se discutía el presupuesto”, terminaron, una vez más, sometiéndose al gobierno y oficializando de ese modo la arbitrariedad de Milei-Caputo. El mismo periodismo que ocultó esta capitulación del parlamento exagera al presentar a la media sanción en favor de suspender las PASO como una “victoria resonante” de Milei. En relación al propósito de terminar con las primarias abiertas, los libertarios apenas consiguieron suspenderlas para estas elecciones legislativas. Votar sólo la suspensión es una manera de establecer que habrá PASO en las elecciones presidenciales de 2027. Volver a conseguir los votos para dejar sin efecto las internas abiertas en una elección presidencial no será tan fácil. La suspensión tampoco implicará el fin de los acuerdos o coaliciones políticas que preceden a las primarias, en particular, la que podría armarse entre el gobierno y el macrismo. Lo que ha cambiado es la vía o el procedimiento para esos acuerdos, que podrían prosperar apelando, por ejemplo, a las encuestas que circulan sobre la “imagen” o la intención de voto de los diferentes candidatos o bloques políticos. Milei ni siquiera puede atribuirse la autoría de esta suspensión, respecto de las “castas”. En varias provincias donde gobierna el pejota ya se han suspendido las primarias. Lo mismo hizo Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires -o sea, el gobernador del bloque que, según algunos, sería perjudicado por la ausencia de PASO-. Pero entonces: ¿cuál ha sido el interés del gobierno liberticida para dejar a las PASO en el limbo? La respuesta es sencilla: Milei -y también varios otros gobernadores- quieren ahorrarse el cimbronazo político que implica un resultado electoral perdidoso en las primarias, o que simplemente no se corresponda con los sondeos preliminares a la elección. Situaciones de este tipo, en el pasado reciente, han conducido a transiciones entre las PASO y las generales sacudidas por crisis políticas y corridas cambiarias. Un escenario de este tipo podría barrer con el castillo de naipes que representa el gobierno libertario, o al menos sus operaciones especulativas con los títulos de la deuda pública. Naturalmente, esto vale para los gobernadores que impulsaron la misma suspensión en sus distritos. Este terror a desencadenar un terremoto político es común a todos los “partidos de Estado”; es lo que explica la votación relativamente cómoda que obtuvo la iniciativa del gobierno en Diputados. Lejos de evidenciar una fortaleza política, la suspensión de las primarias pone de manifiesto la precariedad del armado político y económico del gobierno “libertario”. Después de tachar provisionalmente a las PASO, los Diputados tratarán la semana que viene el proyecto de “ficha limpia”. Aunque el gobierno puso los dedos en la nueva redacción del proyecto, algunos de sus antiguos impulsores -como los diputados de Carrió- sostienen que Milei no tiene real interés en ir hasta el final en su sanción. Estos opositores se lo atribuyen a los acuerdos con el kirchnerismo por la composición de la Corte. Pero la razón del desinterés es otra: el gobierno que ha rematado 20.000 millones de dólares de reservas para sostener la especulación con el peso; que se ha embarcado en una turbia licitación en la Hidrovía y que está ejecutando un desguace criminal del sistema de salud, le teme a los futuros juicios y vetos políticos en su contra. Cuando piensan en la ficha limpia, Milei-Caputo piensan en sus propias tropelías. Después de todo, los referentes internacionales de los liberticidas cargan con prontuarios frondosos, como ocurre con Trump o con Bolsonaro, a quien se ha despojado de los derechos políticos hasta el año 2030 . Por esa razón, algunos observadores políticos afirman que la “ficha limpia” será negociada -o al menos neutralizada- a cambio del voto de los senadores kirchneristas a favor de la suspensión de las PASO. Milei se evitaría, además, cargar con una ley que contiene una proscripción a medida -la de Cristina Kirchner-. Al final al cabo, y si se trata de enfrentar a los K, Milei se está sirviendo de un arma más poderosa y efectiva: la fractura en varias partes de la Unión por la Patria y la posibilidad de la concurrencia a elecciones en listas separadas. Las sesiones extraordinarias, en suma, no han puesto de manifiesto nada “extraordinario”: el régimen político, y el gobierno libertario en primer lugar, camina por la cornisa . Intenta mostrarse fuerte para redoblar su agresión a la clase obrera en todos los planos. Una lucha decidida del lado de los trabajadores pondría de manifiesto la endeblez de estos fascistas en grado de tentativa. LEER MÁS: La pelea por las PASO en medio de la declaración de guerra de Trump a América Latina y a los pueblos de todo el mundo Por Comité Editorial, 05/02/2025.

A más de 3 meses de que se votara la ley de necesidad de reforma constitucional, ninguno de los partidos que participarán de las elecciones a convencionales en Santa Fe ha abierto la boca acerca de su contenido político. Con la excusa de que están recién presentando las candidaturas, subyacen vasos comunicantes con la política que pretende impulsar el gobernador. El objetivo oficial de la Reforma es habilitar la reelección del Gobernador. Hemos denunciado oportunamente que el propósito de Pullaro es darle carácter constitucional al ajuste del gasto público para jubilaciones, salud, educación, salarios e inversión pública. La “constitucionalización del ajuste” judicializa al Presupuesto público, cuando éste incurre en un déficit fiscal, y otorga al Ejecutivo a proceder a cortes de partidas por decreto. Los presupuestos provinciales, sin embargo, dependen considerablemente de la coparticipación federal, o sea de impuestos nacionales. En caso de recesión o crisis industrial y una caída del IVA o Ganancias, la Provincia se vería obligada a ajustar por acontecimientos fuera de su control. Ahora mismo, Caputo y Milei van a seguir gobernando sin Prespuesto, lo cual les facilita disimular gastos mediante maniobras contables. En el caso de Pullaro, acaba de decidir un aumento de Ingresos Brutos, que grava el giro comercial y se traslada a los precios, propiciando una suerte de inflación provincial y la correspondiente desvalorización de los salarios. Los ingresos por la retención a las exportaciones agroindustriales no tienen carácter coparticipativo, de modo que el estado nacional los utiliza para sus operaciones financieras y el pago de la deuda externa. Derecho de reunión Si nos adentramos al texto que se pretende votar, tiene una cantidad de regulaciones y cambios que atentan contra los derechos políticos. Ha llamado poderosísimamente la atención el enunciado de que se encontraría en la agenda el derecho de reunión. “Articulo 13. Revisar la extensión del derecho de reunión de acuerdo con los estándares reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. ¿Qué significa, sin embargo, “revisar la extensión”? Semejante frase es ajena al castellano. Los textos constitucionales deben ser taxativos, no anuncian intenciones indefinidas. La reglamentación de un derecho constitucional se hace por ley, no en la Constitución misma. La sanción de un protocolo antipiquetes vulnera el derecho de reunión y el método para su reglamentación; es inconstitucional. Es incuestionable que Pullaro quiere valerse de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico' para violentar el derecho de reunión, sin por eso disminuir en nada el tránsito de droga por la Hidrovía y los puertos santafesinos. Jubilaciones y pensiones En materia previsional, Pullaro quiere declarar “intransferible” a la Caja de Jubilaciones, para que los aportes sigan entrando a la Provincia, pero reduciendo la jubilación a quienes no tengan los aportes completos (eliminó el cómputo del 2x1 y elevó la edad para jubilarse). Sería una caja ‘excedente’ mediante el corte de los gastos. Todo esto ha sido justificado para evitar transferirlas al ANSES y unificar todos los regímenes. La administración de la Caja debe estar a cargo de una comisión revocable elegida por trabajadores activos y pasivos, y debe ser reforzada con un impuesto a las grandes patronales y grandes fortunas. Servicios públicos Este apartado establece “principios rectores en materias de servicios de competencia provincial y local orientados a la eficiencia en las prestaciones…”. Con este tipo de norma, tanto las concesionarias como las empresas públicas tendrán las manos libres para realizar cualquier tipo de modificación en la regulación tarifaria y las disposiciones internas, cuando existen reglamentaciones que impiden justamente la arbitrariedad sobre el precio. Es la excusa histórica para proceder a la privatización. Autonomía municipal El otorgamiento a los municipios y comunas de la facultad de darse sus propias cartas orgánicas va en desmedro de toda la legislación de “base” actualmente vigente en todo el territorio provincial. La autonomía responde directamente a que cada uno de los estados municipales pueda sancionar sus propias normas, más allá de las ordenanzas que tienen permitidas. Esto abriría el camino para sancionar sus regímenes laborales, y que, junto a la falta de financiación de estos, resulten de los mismos un golpe a las condiciones de vida de los empleados públicos. Actualmente, la inmensa mayoría de los municipios y comunas santafesinos requieren de aportes del Estado Provincial para su desenvolvimiento ordinario. La reforma constitucional de Santa Fe es un atentado contra los derechos democráticos e impone la política criminal de los Trump y Milei. LEER MÁS: Santa Fe: la convocatoria a la Constituyente es un violento ataque a los trabajadores y una estafa política Por Jorge Altamira, 15/01/2025.

Las elecciones generales que tendrán lugar en Ecuador el próximo domingo se desarrollan en un clima de militarización. El presidente Daniel Noboa, quién ganó las elecciones del 2023 cuando renunció Guillermo Lasso , busca un mandato completo. Es seguido en las encuestas por Luisa González, candidata del correísmo por “Revolución Ciudadana”, quien fue derrotada por Noboa en esa ocasión. Si bien formalmente hay 16 candidatos a la presidencia, Noboa y González concentran cerca del 90 % en las principales encuestas. No habrá debate presidencial obligatorio. Se calcula que Noboa ha gastado cerca de un millón cuatrocientos mil dólares para las plataformas Facebook e Instagram. Noboa tiene como principal bandera la lucha contra el narcotráfico y los delitos asociados. La violencia derivada de los negocios del narco se acerca a los 38 cada 100 mil habitantes, un número espeluznante. Ninguno de los 16 candidatos propone otra alternativa que un reforzamiento del poder de las Fuerzas Armadas y la policía, incluido el “marxista” Unidad Popular que propone “depurar las Fuerzas Armadas” y a renglón seguido promete volcar toda la tecnología y presupuesto disponible al control de la frontera y una lucha a fondo contra el narcotráfico. El narco se ha aprovechado de los puertos ecuatorianos sobre el Pacífico para generar una amplia red de distribución hacia Europa, Australia y los Estados Unidos de diversas sustancias. Existe una violenta puja por copar los mercados de la droga y la trata de personas, situación que ha contado con la complicidad estatal en todas sus esferas como lo han demostrado diversas investigaciones judiciales . Noboa ha protagonizado recorridas con chaleco antibalas en diversas redadas de las fuerzas armadas en “bunkers narcos”. Durante el 2024, se valió de una declaración de “estado de conmoción interna” . La lucha contra el narcotráfico ha sido utilizada para el desarrollo de un estado de sitio permanente y la puesta en marcha de un poder unipersonal. Desde hace una semana, el control fronterizo ha sido infestado de oficiales en la frontera con Colombia, Según declaraciones oficiales “se busca evitar cualquier interferencia con el proceso electoral”. Luisa González, una “neoliberal” confesa, ha hecho su campaña centrada en las barriadas populares que se encuentran golpeadas por la militarización y ha convocado “a construir la paz” y dejar de lado “los discursos de guerra” - que asocia a su rival Noboa. El correísmo ha sido un puntal insoslayable en el desarrollo de un estado policial con la excusa del combate contra el narco . Ahora, busca evadir sus responsabilidades políticas y hacerse eco del fuerte odio popular contra las patrullas de soldados y gendarmes que se encuentran involucradas en el asesinato de 4 niños en un barrio (Las Malvinas) ubicado en las afueras de Guayaquil. La política a lo Bukele o Milei que puede ofrecer Noboa le aseguraría una fuerte ventaja en los barrios acomodados de la capital y el interior. Proveniente de una de las familias más adineradas del país, no ha abandonado su perfil de outsider construido en el 2023 mediante su figura joven y su uso de las redes sociales. La situación económica no acompaña al presidente : el déficit fiscal -unos 5 mil millones de dólares- sólo ha disminuido como consecuencia de la suba del IVA del 12 % al 15 % y por el retiro de subsidios a la gasolina -cuyos intentos en el pasado desataron dos rebeliones populares-. El 56 % de la población se encuentra en una situación de extrema precariedad, cobra por debajo del salario mínimo de 450 dólares, que ya es insuficiente. El FMI prevé una caída del PBI cercana al 0,4 %, mientras otras consultoras hablan de un 1,4 %. La inflación del 0,5 % refleja la caída fenomenal del consumo como resultado del fuerte ajuste sobre los ingresos de las familias obreras. Esto augura nuevos choques entre una masa empobrecida y sus gobernantes. Noboa enfrenta una cruzada con su actual vicepresidenta, Verónica Abad, que lo ha denunciado por querer dar un golpe de Estado. Esto se debe a un polémico decreto que fue rechazado por la Corte Constitucional. Según la ley, el presidente en ejercicio debe solicitar licencia de su cargo para desarrollar una campaña electoral. Esto llevaría a Abad a la presidencia, algo que Noboa rechaza. En su lugar ha nombrado una "vicepresidenta encargada", Cynthia Gellibert. El parlamento ha rechazado este mecanismo, lo que muestra las contradicciones de Noboa a la hora de imponer una política de mando fuerte en el ejecutivo.

En una continuidad de lo que venimos observando desde el año pasado, se vuelve a confirmar una baja del trabajo estable y un crecimiento del monotributo social, la categoría más baja de todas. Esta categoría fue creada originalmente para aquellos trabajadores vulnerables que desarrollan trabajos de cartoneo, venta ambulante, recolección o acarreo. El monotributo social permite al trabajador al ser registrado tener una protección de seguridad social mínima. El retroceso en los planteles de trabajadores de los sectores tanto públicos, privados, como de casas particulares tuvo una caída de 186.500 trabajadores, mientras que en el mismo periodo el trabajo sin relación de dependencia creció en 248.600 personas; con el monotributo social (+6 %) siendo el rubro que más creció dentro de ellos. Este año la cuota para un monotributista social por cada integrante de su familia que inscriba en la obra social pasó a $8.358 por mes, a cargo claro, del trabajador. Los adherentes a esta forma de cobertura médica son unas 600.000 personas. Por otro lado, las patronales que tomen estos trabajadores no tendrán problemas de compatibilidad con los programas sociales del Ministerio de Capital Humano e incluso con la jubilación o la pensión. El año pasado fracasó el intento de eliminar esta modalidad por parte de Javier Milei y Sandra Pettovello durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. Donde hubo en las comisiones una variada presión: desde pequeños productores rurales, a cooperativistas, organizaciones sociales y la llamada economía popular. Este profundo cambio está detrás de numerosos conflictos en fábricas e industrias motorizando los despidos e impulsando una rotación completa con contratados, tercerizados y monotributistas en gremios como el SMATA, la UOM y el SUTNA. A nivel nacional los monotributistas registrados en todas las categorías ascienden a 3.073.000. Con estas modalidades flexibilizadas, el ejército de reserva, los desocupados y precarizados, está siendo absorbido en la cadena productiva. Pero esta reconfiguración tiene observaciones legales, además de las sindicales, en cuestión del retroceso de derechos laborales. Especialistas marcan para el caso del monotributo social que fue creado para aquellos “en situación de vulnerabilidad que realizan una única actividad económica por cuenta propia y se encuentran fuera del mercado formal laboral o trabajando en relación de dependencia con ingresos brutos inferiores al haber previsional mínimo” con lo que se advierte que la finalidad de la categoría no está siendo respetada. LEER MÁS: Aumento del desempleo y del monotributismo: hay que organizar la lucha en defensa del trabajo Por Aldana González, 24/09/2024. El “boom” del monotributo Una avanzada de dos décadas contra la clase obrera. Por Pablo Busch, 01/08/2024.

El 11 de mayo próximo se realizarán las elecciones departamentales en Uruguay. Se eligen los intendentes de los 19 departamentos, además de ediles y alcaldes. La principal competencia tiene como objetivo la capital del país, Montevideo, donde el Frente Amplio gobierna hace 35 años. La derecha, luego del revolcón que se llevó en las elecciones nacionales, ha armado un lema especial para comparecer en forma unida. Así, los tradicionales partidos Colorado y Blanco, junto a Cabildo Abierto y el Partido Independiente se presentan bajo el nombre “Coalición Republicana”, tanto en la capital como en Canelones y Salto, los otros dos lugares donde el FA tiene las intendencias. El resto de los gobiernos departamentales pertenecen al Partido Nacional (Blancos) con la única excepción de Rivera. Las características de la elección permiten presentar hasta tres candidaturas al cargo de intendente por lema. Tanto el FA como la “Coalición Republicana” van a hacer uso de este recurso. El primero presenta a Mario Bergara como principal candidato; un hombre del ala derecha del FA, el denominado “astorismo”, por el antiguo ministro de economía Danilo Astori, ya fallecido. Los demás candidatos provienen del aparato del FA, sin mayor relevancia pública. Bergara cuenta con el respaldo del MPP, el sector de Mujica y principal grupo de la centroizquierda. El Partido Comunista (PCU) respalda a Veronica Piñeiro, una funcionaria de la Intendencia de Montevideo cercana a Carolina Cosse, la exintendenta y actual vicepresidenta electa. Aunque la derecha se ha coaligado nada indica que el FA pierda en la capital, los sondeos le dan una ventaja interesante. Por otra parte, la derecha ha tenido dificultades para presentar los nombres para su terna El Partido Nacional ya manejaba un candidato desde hace al menos un año, los Colorados, que atraviesan una crisis interna, se pusieron de acuerdo al filo de los plazos. El tercer candidato, que le correspondía al Partido Independiente, uno de los socios menores, desistió de presentarse y dejó el lugar para Cabildo Abierto, la formación del excomandante en jefe del Ejército, Manini Rios. CA está en proceso de disolución luego de haber perdido doscientos mil votos en octubre pasado (el 80 % de sus votos). En el aparato del Partido Nacional domina la idea de que ganar en Montevideo es casi imposible. Los propios Blancos atraviesan una crisis; la derrota electoral en octubre-noviembre afectó a todas las tiendas . Desde el Partido de los Trabajadores presentaremos con nuestra propia lista en Montevideo, Canelones y Rivera, la número 1917, bajo el lema Unidad Popular – Frente de Trabajadores, un acuerdo electoral con otras organizaciones de izquierda, al igual que lo ocurrido en octubre pasado. Este sábado 8/2 realizamos la convención departamental, una exigencia formal de las autoridades electorales, donde se proclamarán las candidaturas a la intendencia y luego llevaremos a cabo el acto de lanzamiento de la campaña . El eje de nuestra intervención y campaña será la situación nacional atada a la crisis internacional, una campaña provincial sería veneno en este momento de conmociones, pero además nos arrastraría a una propaganda anodina . El semanario Búsqueda publica este jueves un trabajo sobre los impactos en Uruguay de las medidas de Trump, la visibilidad que ganemos en este marco debe ser para agitar consignas contundentes, porque la realidad es contundente. Gaza, Ucrania, guerra comercial, deportaciones. Este es el marco de la elección, que el 1 de marzo verá asumir al nuevo gobierno de Yamandú Orsi, quien ya ha asumido por adelantado toda una serie de compromisos con las cámaras empresariales y le ha dado garantías en los negocios firmados a las apuradas por Lacalle Pou. En el centro de la polémica se encuentra actualmente el denominado “Proyecto Neptuno” una gran obra de infraestructura para tomar agua del Río De La Plata como recurso ante la sequía, que vuelve a amenazar este año. Un pool de empresas se ha visto favorecido con este proyecto, ruinoso desde todo punto de vista y denunciado profusamente desde los más variados ámbitos. “los contratos se firman para cumplirse” finiquitaron desde el entorno de Orsi. Se trata de una centroizquierda que va a mantener las AFAPS, el pago de la deuda y el envío de tropas a donde se lo indique el imperialismo: Haití, el Congo o el Golán. La idea de un “despegue” económico que prima en un sector del equipo de gobierno electo en el marco de una guerra comercial e internacional, constituye una fantasía. Por el contrario, van a un ataque a las conquistas, y así lo muestra la crisis industrial, los despidos, recientemente, con el cierre de una autopartista Yasaki (multinacional japonesa), que exportaba principalmente a Argentina, alegando “altos costos” y las “medidas gremiales”, es decir, el asunto es el sindicato. La conquista, eventualmente de un espacio en las juntas departamentales debe estar al servicio de las luchas, ser un punto de apoyo para la movilización. Contra el ataque del capital y sus ataques y por una salida obrera y socialista.

El próximo lunes 10 de febrero a las 6 de la mañana, los trabajadores de Linde-Praxair convocan a una movilización a todos los trabajadores contra los despidos que se dieron en la Planta Pacheco. En su comunicado dicen que “los trabajadores de la multinacional de gases industriales y OXÍGENO MEDICINAL Linde Praxair, proveedores de empresas como YPF, VW, Ford y Toyota, convocan a una concentración en Panamericana y 197 para rechazar los despidos. “A las 7:30 hs, se realizará una conferencia de prensa para informar sobre la situación y los objetivos de la lucha. Posteriormente, se llevará a cabo una movilización para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos. Los trabajadores de Linde-Praxair vienen realizando un paro total en sus 5 plantas ubicadas en Avellaneda, Ensenada, Lanús, Pilar y Gral Pacheco desde hace 4 días, en respuesta a los despidos.” La convocatoria de los trabajadores de Praxair es un gran paso al frente para la clase obrera, y debe ser tomada y discutida de conjunto con una comprensión: el ataque a los trabajadores de Linde-Praxair es parte de una avanzada reaccionaria general sobre la clase obrera, de la mano del Gobierno de Javier Milei. Los despidos acechan al conjunto de trabajadores de la industria, de la obra pública y del Estado. La zona norte es un reguero de fábricas con despidos, suspensiones y Preventivos de Crisis. La movilización convocada por los trabajadores de Praxair se opone por el vértice a la política de los sindicatos de llevar cada problema a morir al altar de la Secretaría de Trabajo, reparticiones que están bajo la órbita del Gobierno de Milei. La burocracia de la CGT no quiere saber nada con los planes de lucha, y viene de ser felicitada por el Gobierno por la baja conflictividad laboral del 2024. Luego de una semana de huelgas, la Secretaría de Trabajo no ha dictado la conciliación obligatoria, una carta estratégica que se guarda para abortar cualquier ascenso del proceso de lucha, lo que revela el carácter de clase del arbitraje estatal. La burocracia sabe hartamente de este carácter, pero explota las ilusiones de los trabajadores para justificar su complicidad. La convocatoria de los trabajadores de Praxair es una gran oportunidad para dejar planteado un frente de lucha nacional contra los despidos, las paritarias cero y los Preventivos de Crisis truchos, es decir, un polo opositor al gobierno bajo un programa de defensa de la clase obrera. Un paro nacional de los trabajadores de las industrias químicas y petroquímicas es la clave para derrotar los planes precarizadores de la Multinacional Linde-Praxair. LEER MÁS: Linde-Praxair: dejemos a la patronal sin oxígeno con un paro nacional químico Después de una semana de paro en las 5 plantas. Por Pablo Busch, 07/02/2025.

La salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud ejecutada por el gobierno de Trump dejará al organismo rector de la salud global sin financiamiento. Los EEUU eran el principal país proveedor de fondos para la OMS, representando alrededor del 18 % de su presupuesto. Esto afectará la continuidad de programas de vigilancia epidemiológica y asistencia sanitaria frente a enfermedades como la tuberculosis, el VIH y el sarampión, en particular en los países llamados de “bajos ingresos”, así como la capacidad de respuesta frente a nuevos brotes y pandemias, potencialmente más letales aún que el Covid como ocurre en estos momentos con el virus de la gripe aviar (H5N1). Pero la guerra de Trump contra la salud púbica se dirige, especialmente, hacia el interior de los Estados Unidos y sus trabajadores. La semana pasada, los funcionarios del pomposo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que preside Elon Musk, aterrizaron en la Agencia Federal de Salud (CMS) que desarrolla, entre otros, los programas Medicare y Medicaid, que proporcionan seguro médico a más de 150 millones de personas, un cuarto de la población norteamericana. Medicare financia la cobertura de salud en el caso de mayores de 65 años y personas con discapacidad, mientras que Medicaid se destina a la población más precarizada y con escasos recursos. La CMS requirió en 2024 1,5 billones de dólares, alrededor del 22 % del presupuesto del Estado. Trump calificó como “fraudulento” este gasto y se propuso avanzar con fuertes recortes. Según la revista científica The Lancet, este ajuste “pondrá en peligro el funcionamiento de Medicaid” y paralizará “las actividades del Instituto Nacional de Salud (NIH) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)” (8/2). Además, Trump y Musk quieren deshacerse de la Ley de Atención Médica Accesible (ACA, también conocida como Obamacare), que colocaba límites y regulaciones sobre el costo de los medicamentos y las coberturas privadas de salud. El objetivo es colocar, sin más mediaciones, al conjunto del sistema de salud en manos del capital financiero. En el país donde crece el apoyo a Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de la United Health Care, la principal aseguradora de medicina privada, que se negó a cubrir el tratamiento del dolor crónico que sufría en su espalda, las medidas de Trump y Musk amenazan con provocar una verdadera conmoción social. La designación de un abogado antivacunas, Robert Kennedy, al frente de la cartera sanitaria representa un retorno a la política del “sálvese quien pueda” (o quien quede) de la “inmunidad de rebaño”, que llevó al récord de 1,2 millones de muertes por Covid en EEUU, justo cuando este país atraviesa un nuevo rebrote del virus bajo la variante XEC. En la época de ascenso histórico del capitalismo, la salud pública emergió como disciplina científica ante la necesidad de poner un límite al aumento indiscriminado de la mortalidad que el proceso industrial estaba provocando en las filas de la naciente clase obrera. En la época de su decadencia, tras dos guerras mundiales, el Holocausto y las masacres atómicas, la creación de la OMS, la ONU y las políticas del llamado “Estado de bienestar” pretendieron blindar al capitalismo decrépito frente a la amenaza de la revolución social que había prevalecido en Rusia y se extendería a China y el continente americano. Hoy, el “ajuste internacional” contra la salud pública que encabeza Trump forma parte de una salida contrarrevolucionaria a la quiebra de todos los equilibrios y acuerdos preexistentes. La lucha en defensa de la salud, por su nacionalización bajo el control y la gestión de sus trabajadores, representa para la clase obrera mundial un desafío impostergable, frente a un régimen social que en su agonía pone en cuestión la propia supervivencia de la humanidad y del medio histórico natural en el que se desenvuelve. La clase obrera argentina y los trabajadores de la salud no debemos perder de vista este panorama estratégico, al momento de enfrentar al imitador criollo de Trump y a su séquito de comisionistas y vaciadores que se proponen destruir conquistas históricas arrancadas con años de lucha y organización popular independiente. LEER MÁS: Milei retira a la Argentina de la OMS al servicio del sistema de seguros privados de la Salud Por Daniela Magoc, 07/02/2025. Trump: un programa de guerra interno e internacional Inaugura mandato con doscientos decretos ejecutivos. Por Jorge Altamira, 21/01/2025.

Entrevistamos a Nahuel Arias, de El Bolsón. Nahuel es docente de primaria. Participo de la concentración realizada el miércoles a las puertas de la comisaría, para averiguar sobre las personas detenidas y que fue atacada por una patota parapolicial que actúa bajo las ordenes de Lewis y el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano. Nos cuenta sobre los antecedentes de la lucha de La Comarca contra la empresa Laderas, de los ataques de la patota y de la situación de los brigadistas. - Nahuel, el pueblo de La Comarca tiene una historia de larga data con la empresa Laderas S.A, contanos un poco de eso… -Lewis, junto a la empresa Laderas SA están llevando a adelante un loteo importante en una zona que se llama La Pampa de Luden (1), que es un humedal, que abastece a toda la zona del Mallín. Hacer un loteo ahí implica que toda esa zona se seque, con todo lo que deviene de eso. Gran parte de los vecinos del Mallín se reunieron en una asamblea que se llama Asamblea por el Agua y la Tierra, y son los que están luchando desde hace más o menos, si no me falla la memoria, veinte años, para que este proyecto no se haga. Ellos se juntaban en un centro comunitario del Mallín que fue incendiado dos veces. Las versiones que circulan son que estos incendios fueron atentados que buscaron desarticular y desarmar a esta organización de vecinos. Porque esta iniciativa de los vecinos es el freno más importante que tiene Lewis para hacer el negociado con la empresa Laderas. En la mitad superior del recuadro amarillo se observa la ladera del Cerro Perito Moreno que está siendo utilizada como pista de sky. En el recuadro inferior, en la zona amarillenta, está la Pampa de Luden, donde se pretende lotear para llevar a adelante el emprendimiento inmobiliario llamado “La Balconada”. Tanto La Balconada, como la pista de Sky son parte del mismo megaproyecto de Laderas SA que incluye una villa residencial y una turística. -¿La empresa Laderas logró avanzar en el Loteo? -Si, avanzó en el loteo de la villa residencial, pero no en la construcción. En la base del cerro, ya se inauguró un hotel, como parte del negocio de la pista de sky. -Yendo ahora a los incendios. El gobierno de Río Negro y el Intendente de El Bolsón dicen que los incendios son intencionales, y en el día de ayer (por el miércoles) hubo detenciones e incidentes en El Bolsón ¿Qué pasó? -Lo que pasó ayer fue que estas detenciones fueron orquestadas en la búsqueda de un chivo expiatorio. Ahora estoy viendo que todos los medios nacionales salen a decir que el gobierno tiene a los responsables de los incendios. Incluso los medios de acá del Bolsón dicen eso “atraparon a los responsables”, cuando en realidad es todo lo contrario. A dos de los compañeros que atraparon son compañeros que están desde el día uno en la lucha contra el fuego. Compañeros conocidos de acá de la zona. El kilombo que armaron ayer fue a propósito, agarrando gente “random”, sabiendo que a los que agarraban estaban colaborando, no los verdaderos responsables. Los detuvieron en el momento en el que estaban en las “zonas calientes”, en los focos de incendio activos, trabajando para apagar el fuego. Los vecinos que colaboran en forma autoconvocada con el ataque al fuego trabajan de forma separada de las brigadas oficiales, no trabajan de forma mancomunada. Hay muchas brigadas que se acoplan al trabajo de ataque al fuego de manera voluntaria. La cuestión es que detuvieron a estos tres chicos y los llevaron a la comisaría (2). Comenzó a correr la voz en el pueblo de que se habían dado detenciones en la comisaría y nosotros (por los vecinos que fueron a la comisaría a averiguar por las detenciones) fuimos a la comisaría. Paralelamente, mientras estábamos ya en la comisaría, en las redes, se comenzó a hacer correr de que “los hippies iban a la comisaría a liberar a los responsables del incendio” y se empezó una campaña muy violenta llamando a ir a la comisaría para linchar a esta gente que estaba en la comisaría. Cuando estábamos a las puertas de la comisaría, en un momento aparece la patota del intendente y de Lewis. Nosotros estábamos en el patio de la comisaría y detrás nuestro, había un cordón como de 15 policías, es decir, estaba la comisaría, nosotros y detrás nuestro, la línea de policías. Entonces la patota viene, rompe el cordón de policías y viene a pegarnos, la policía liberó la zona, los dejó pasar para que nos peguen. Nosotros nos metimos a la comisaría para protegernos y la policía nos sacó a palazos. La policía no actuó frente a la patota para dispersarla ni detuvo a nadie. Frente a nuestro reclamo, la policía decía que no podía detenerlos porque “no había ninguna denuncia hecha”. Quisimos hacer la denuncia y no nos la quisieron tomar. Los integrantes de la patota tenían cuchillo muchos de ellos. ¿Hubo algún hospitalizado? -Hubo gente con golpes de rebenques en la cabeza. La policía también reprimió y pego a varios manifestantes. No tengo información si alguno terminó en el hospital. ¿Se conoce a la gente que promovió esta campaña en redes sociales? -No sabemos en redes sociales, pero si todo el mundo conoce al líder de la patota que fue a la comisaría a golpear a los manifestantes. El cabecilla es un patotero del intendente y de Lewis, Hugo Araneda. Según pudimos saber, Araneda trabaja como operador del 911, para la policía e identificando gente en ruedas de reconocimiento. Por eso la policía no lo toca. Siempre que hay que defender la propiedad de Lewis frente a las diferentes protestas, este patotero aparece a pegarle a la gente. Yo quiero hacer una mención aquí: se quiere generar una división entre “recién llegados” y “verdaderos pobladores del Bolsón”. El primero en promover este enfrentamiento es el intendente. Por otro lado, hay posteos en redes contra “los gauchos” (por la patota que aparece a caballo y con boina), esos no son gauchos, son la patota del intendente y de Lewis. No hay que confundir a los gauchos con la patota. Todo lo que importa aquí, es que la lucha contra los incendios generó un movimiento de solidaridad con los vecinos que perdieron sus casas y que se vieron afectados por los incendios. La verdad es que todo el pueblo, “gauchos”, “hippies”, docentes, jóvenes etc., todos o la pelearon codo a codo contra el fuego o trabajaron juntos en los centros donde se recibían donaciones o saliendo a repartir. Aquí se quiso instalar en la opinión pública una división entre “gauchos” de un lado y “hippies” de otro. Incluso, esta división busca enfrentar a los vecinos y atenta contra una solidaridad que surgió naturalmente de la tragedia del incendio. Puede ser que esta división no logre nada, y finalmente, la patota se mande a guardar hasta la próxima. -Claro, esta dicotomía pareciera querer legitimar el derecho de unos sobre otros con respecto a la propiedad de las tierras, “los que vinieron antes…” ¿Por qué crees que el intendente y compañía quieren dividir a la población y difamar a quienes justamente están colaborando en apagar el suelo? -Yo creo que no hay intención de apagar ningún fuego, sino que lo que se quiere es desviar la investigación. Acá se quiere vender todo a Lewis. El intendente, antes de ser intendente, era contador de Lewis. Algo que te quería agregar, es sobre la situación de los brigadistas del SPLIF: a muchos de ellos, se les terminaba el contrato a fines de diciembre, se les renovó, solo por tres meses, porque el fuego inicio en Los Manzanos el 27 de diciembre, si no, los rajaban. Si el incendio empezaba en enero, agarraba al gobierno y al SPLIF con muchos brigadistas menos, y la situación hubiera sido mucho peor. Por otro lado, las condiciones de trabajo de los bomberos, son muy malas. Son monotributistas y muchos de sus materiales de trabajo los tienen por donaciones de la población. El gobierno provincial y municipal ahora felicitan a bomberos y brigadistas, pero la verdad es que tienen contratos de trabajo precarios y condiciones de trabajo miserables. Notas La Pampa de Luden se encuentra al pie del Cerro Perito Moreno, entre Bariloche y El Bolsón. Los detenidos fueron luego trasladados desde El Bolsón hasta las comisarías de Bariloche y Dina Huapi. En el día de ayer al mediodía, fueron liberados por la justicia dos, por falta de pruebas, mientras a uno, quién aún nadie sabe quién es, se le imputarían cargos hoy, viernes 7/2. LEER MÁS: Incendios en El Bolsón Por Patricia Urones, 05/02/2025. Desde El Bolsón: desidia estatal, auto-organización popular Por Mali Quintillán, 05/02/2025.

El jueves 6 de febrero, en la localidad de La Quiaca, efectivos de Gendarmería asesinaron al joven Ivo Rodrigo Torres de 22 años. Torres, oriundo de San Juan de Quillakes, había ido a comprar hojas de coca a La Quiaca en su moto. A media mañana se produjo una persecución al joven por parte de gendarmería que lo persiguió por el barrio Praderas de La Quiaca, acabando con su vida. Los medios han informado más de 6 disparos que realizaron los oficiales sobre su cuerpo. Sólo encontraron hojas de coca y turrones que el joven llevaba encima. Ivo Rodrigo tenía 22 años, era albañil y estudiante. Ayudaba en las labores de pastoreo de su familia. El reforzamiento represivo de las fuerzas de seguridad está en función del control social y no de una supuesta “lucha contra el narcotráfico y la delincuencia”. Los circuitos del contrabando y del tráfico de drogas pasan por otro lado y con la venia de las fuerzas de seguridad y la política. Mientras el gobierno nacional descarga un brutal ajuste sobre las espaldas de los trabajadores, con salarios de miseria, liquidación de las jubilaciones y la pérdida de puestos de trabajo formal, se ha montado una feroz campaña mediática sobre la inseguridad que apunta a “justificar” la mano dura y los excesos de las fuerzas de seguridad. La política de gatillo fácil y de persecución a los trabajadores empobrecidos conduce a estos hechos repudiables, como fue el asesinato del joven bagallero en Salta en el marco del operativo Güemes en diciembre, o el asesinato del joven Matías Paredes en Mar del Plata -también el 6/2- que había ido a ver un partido de fútbol, por parte de policías de civil. Vamos por los responsables políticos Los 4 gendarmes que participaron de este aberrante hecho están detenidos. Son 3 hombres y una mujer. Sin embargo, hay que seguir peleando y denunciando a los responsables políticos, que pretenden instaurar la política de Tolerancia 0 y de persecución a la población, encabezada por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. ¡Basta de Gatillo Fácil! Exigimos justicia por Ivo Rodrigo Torres.

Estados Unidos e Israel parecieron dar por concluida la segunda fase del cese del fuego en Gaza, que suponía la liberación de todos los cautivos israelíes a cambio de una retirada total de Israel. Mientras taanto Trump bramaba “Gaza será nuestra” y Netanyahu repitió que su escurridizo objetivo seguía siendo destruir a Hamas, “que no puede gobernar la Franja nunca más”. O sea, que ambos estaban listos para una nueva masacre. Fuentes cercanas a las conversaciones en Doha han informado que el equipo negociador israelí se reunirá con responsables cataríes para abordar “la continuación de la primera fase” de la tregua, ya que no está autorizado a debatir sobre la segunda fase del pacto. Cada entrega de rehenes estuvo signada por alguna provocación de Netanhayu, la última fueron las amenazas por el deterioro físico de los tres hombres devueltos este sábado. Su situación es idéntica a la de cientos de miles de gazatíes condenados a la hambruna porque la falta de comida fue y es un arma de guerra utilizada por Israel, que sigue obstaculizando la entrada de camiones con argumentos del tipo “son vehículos más altos que los permitidos”. “Si el público israelí no ejerce una fuerte presión sobre el gobierno para avanzar a la segunda fase del acuerdo y asegurar la liberación de los 76 rehenes que quedan en la Franja de Gaza (más de la mitad de los cuales se presumen muertos), seguirán sufriendo en condiciones similares, y tal vez incluso más duras” (Haaretz 9/2). Nada comparable con la privación deliberada de alimentos y las torturas infligidas en las cárceles sionistas. Muchos palestinos liberados debieron ser hospitalizados de urgencia porque mostraban signos de inanición y por las consecuencias de años de tortura. En consonancia con su planes bélico-inversionistas, Estados Unidos e Israel se retiraron del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Trump firmó un decreto que congela cuentas bancarias y propiedades y anula visas de los funcionarios del Tribunal Penal Internacional y sus familiares por efectuar "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano, Israel", algo que el Senado norteamericano había frenado. La tercera fase, la reconstrucción de la Franja, en la versión que Trump expuso ante Netanyahu en Washington D. C., exige que Israel finiquite la limpieza étnica y después se lA entregue “limpia” a Estados Unidos para convertirla en una suerte de Riviera, con hoteles de lujo, casinos y toda la podredumbre capitalista sobre los cadáveres de miles de palestinos. Tanto Trump como su yerno, Jared Kushner, y el enviado presidencial a Medio Oriente, Steve Witkoff, son multimillonarios inversores inmobiliarios. En julio del año pasado, Kushner había pronosticado una Gaza sin gazatíes que facilitara “las increíbles oportunidades de desarrollo que presenta la zona costera, 40 km de playa frente al sol”. En estos planes, quién gobernará la Franja sigue siendo una nebulosa. Trump dijo “será nuestra”, pero también habló de que quede bajo control de los gobiernos árabes aliados, o se abra a una recolonización sionista total. La opción de la fuerza de “paz” internacional que acompañara un gobierno de la odiada Autoridad Palestina puede darse por olvidada. Itamar Ben Gvir, exministro de Seguridad Nacional y líder de facto de la derecha religiosa sionista, pidió pista en el acto: dijo que, si Trump empezaba a aplicar su plan, su partido volvería a unirse a la coalición. Los corcoveos contra un plan que muchos han caracterizado como fantasioso e inviable trataron de ser apaciguados por el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, otro empresario de desarrollos inmobiliarios, quien afirmó que si bien la tercera fase era «físicamente imposible» por el grado de destrucción, los palestinos podrían regresar tal vez en cinco años. Mientras tanto, en el cementerio a cielo abierto que dejaron los israelíes, los palestinos tratan de espantar a los perros cimarrones y dar sepultura a los cadáveres que encontraron en las calles o bajo los escombros. Y de limpiar lo que alguna vez fue su casa. Las condiciones son dramáticas: las tuberías de agua municipales funcionan una vez por semana, no hay baterías ni ninguna otra fuente de electricidad. La mayoría tiene que caminar entre los escombros con bidones de plástico para llenarlos en el punto de suministro de agua más cercano, ya que los camiones cisterna no pueden llegar a la mayoría de las zonas que no han sido despejadas de escombros. Sin embargo, la prensa internacional no encontró todavía ningún gazatí entusiasmado con “las casas bonitas” que les ofrece Trump. Apenas firmado el cese del fuego iniciaron el largo viaje a pie, a sabiendas de que en el Norte no les quedaba nada. «El objetivo de esta guerra es dejar sin hogar al mayor número posible de palestinos, esta destrucción es deliberada y planificada», dijo a Mondoweiss Alaa Subaih, residente del barrio de Shuja'iyya, en el este de la ciudad. «El objetivo era que abandonemos nuestro país y nos mudemos. Si Trump quiere darme un castillo en Egipto o Jordania, o incluso en Estados Unidos, no lo reemplazaría con los escombros de mi hogar. No nos iremos jamás». Los grupos de voluntarios limpian a mano las carreteras, rehabilitan los mercados, tratan de despejar lo que queda de las escuelas y las mezquitas. Pero “cualquier rehabilitación seria de los espacios urbanos de Gaza debe esperar a la entrada de materiales y equipos de construcción, incluyendo cemento, hierro, excavadoras, camiones y combustible”. Aún no han llegado. La magnitud de la destrucción causada por Israel en Gaza durante los últimos 15 meses cuenta que 450 000 viviendas resultaron dañadas o destruidas, 170 000 de ellas «completamente destruidas», 80 000 «gravemente dañadas» y 200 000 «parcialmente dañadas». Médicos Sin Fronteras ha advertido sobre dramáticos niveles de desnutrición y que proliferan la hepatitis, la disentería y otras enfermedades infecciosas producto de la falta de agua potable durante meses. Por lo menos 17.000 niños gazatíes han sido separados de sus padres por el conflicto. La semana pasada, un hombre reconoció a su bebé, ahora un nene de más de un año, en brazos de un joven, que lo cuidó como si fuera su hijo después de que lo encontró todavía abrazado al cadáver de su madre. En tanto, en Cisjordania, el ejército israelí ha expandido su ofensiva al campamento de Nur Shams, en la gobernación de Tulkarem, al norte. Varios palestinos han muerto en el asalto, entre ellos una mujer embarazada de ocho meses. Mientras tanto, en el cercano campamento de Tulkarem, numerosos efectivos israelíes continúan allanando viviendas, muchas de las cuales están ya vacías y en ruinas tras dos semanas de redadas. Los sionistas anunciaron que efectivos del Ejército, de la guardia fronteriza y del Shin Bet (la agencia de inteligencia interior) ya han abatido a varios "terroristas" y detenido a numerosas personas. La agencia palestina Wafa informó que las excavadoras israelíes arrasaron calles y destruyeron la infraestructura tanto en Tamoun como en Al-Far’a, donde fueron dañados los sistemas de agua potable y electricidad. A medida que se extiende el asedio, aumenta la necesidad de suministros alimentarios básicos, alertó. La máquina asesina del sionismo no cesa.

Según declaraciones en el canal de TN, el director ejecutivo de la Administración de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, ratificó que el gobierno buscará impulsar una reforma previsional antes de fin de año destacando que uno de los puntos a debatir será el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación. En sus declaraciones el funcionario no certificó cuáles serían las edades mínimas. Lo más probable es que disminuirían en forma gradual. A la fecha hoy pueden jubilarse con 30 años de aporte, las mujeres a los 60 años y a los 65 años los hombres. Según el funcionario hoy el que no llega a los 30 años de aportes no puede jubilarse. A partir del 23 de marzo, cuando vence la moratoria y el gobierno ya ha dicho que no la prorrogará, millones de hombres y mujeres no podrán acceder a su beneficio jubilatorio. Las razones de que millones de trabajadores no cuenten con los años necesarios para jubilarse son consecuencia del trabajo precario, los despidos, las suspensiones, los montos de aumentos no remunerativos, la excepción a las patronales del pago de sus obligaciones previsionales. En esta situación se encuentra el 85 % de los trabajadores. Las moratorias fueron una alternativa frente a este cuadro que deja a millones sin su derecho elemental a terminar sus días como corresponde. Acotemos que la ANSES descuenta los años que no fueron aportados. De los Heros mencionó nuevamente la creación de una Prestación de Retiro Proporcional, a saber: una jubilación garantizada mínima equivalente a la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) cuyo valor es el 80 % de una jubilación mínima, siendo el valor de la misma, al mes de febrero de $218.000. Si bien el funcionario no se refirió a otros temas relacionados a esta reforma, se ha filtrado versiones referidas a otros puntos a los cuales aplicar la “motosierra”. Hace años que el FMI propone un retoque en los mal llamados regímenes “especiales” de jubilación. Por un lado, están los regímenes de insalubridad o de envejecimiento prematuro que permiten jubilarse antes, como en el caso de los mineros o estibadores; por otro lado los docentes, docentes universitarios nacionales e investigadores científicos, que se jubilan con el 82 % de su cargo, aportando el 13 % en lugar del 11 %, y además los trabajadores de Luz y Fuerza y del Poder Judicial. Si bien estos sectores mantendrían sus “derechos adquiridos”, la reforma afectaría a los que se jubilen de hoy en adelante, con la consecuencia de la disminución del haber que correspondería a obtener un 60 %/65 % de su sueldo en actividad. Además, pretenden revisar las pensiones; en primer lugar, las que son por discapacidad y modificar las pensiones por viudez, con la exclusión de los cónyuges jubilados y en el caso de aquellos en actividad se les mantendría la pensión en relación a sus años de casados o de convivencia. Actualmente los que perciben la PUAM están excluidos de esta pensión por viudez. El Gobierno lentamente propone una variante de jubilación privada, con aportes voluntarios. En los planes de todo el arco político patronal está el retorno de la jubilación privada, negocio que solo beneficia a las compañías de seguros de las multinacionales. Actualmente de los casi 7 millones y medio de jubilados y pensionados, 4 millones tienen beneficio por moratoria o plan de pago previsional y 3 millones y medio lo tienen por contribuciones puras. De este universo de beneficiarios casi el 60 % cobra la jubilación mínima de $ 273.000 más el bono “basura" de $70.000. Haberes de indigencia frente a una canasta familiar que hoy ronda los $2.200.000. Jubilación automática a todos aquellos con edad jubilatoria, no al cese de la moratoria, no a la reforma previsional del gobierno liberticida de la “motosierra”. Todos los miércoles a las 17 horas, te esperamos para luchar por nuestros derechos en el anexo del Congreso Nacional.

El ex Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que Benjamín Netanyahu destituyó en noviembre pasado y cuya captura pide la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, prendió el ventilador contra el primer ministro, con quien tuvo crecientes choques durante todo el desarrollo de la invasión a Gaza. Gallant se opuso a mantener de forma indefinida la ocupación militar en la Franja “para cumplir los sueños de personas desconectadas de la realidad, de establecer asentamientos en el corazón de Gaza”, como recordó en la entrevista. También exigió la incorporación al ejército de los religiosos, rechazada bajo amenaza de abandonar el gobierno por los partidos que los representan. Este asesino sin escrúpulos, de propios y extraños, admitió en declaraciones al popular Canal 12 (6/12) y al diario Yedioth Ahronoth haber implementado la "doctrina Hannibal", que ordena asesinar a los propios soldados para evitar que sean capturados. Gallant reconoció que habían matado a “algunos de los suyos tras bombardear vehículos donde sabían que se encontraban los efectivos israelíes”. Altos jefes militares sionistas ya habían dado cuenta de que, en realidad, Israel desplegó el 7 de octubre los temibles helicópteros Apache, drones y tanques contra los kibutzim y en el festival Nova, asesinando a cientos de combatientes de la resistencia palestina, pero también a israelíes que se habían encerrado en sus casas, a jóvenes que trataban de huir de la rave y a los propios soldados. En cuanto al desarrollo de la guerra en Gaza, en la primera declaración desde noviembre, Gallant denunció las “vacilaciones” de Netanyahu para atacar Gaza y El Líbano y le adjudicó “el fracaso (sic) para prevenir y responder” a los ataques de Hamas. Dice que propuso lanzar un gran ataque contra Hezbollah en El Líbano, el 11 de octubre de 2023, en ocasión de una importante reunión de jefes de la organización -incluido Nasrallah- y comandantes iraníes. Calificó el hecho de que el gobierno no hiciera caso de su consejo como “la mayor oportunidad perdida por el Estado de Israel, en términos de seguridad, desde su fundación”. (Times of Israel 7/2) Según Gallant, la “operación con los beepers”, que significó la desactivación de las redes de comunicación de Hezbollah, la muerte de cientos de personas y el inmediato asesinato de Nasrallah, estaba lista mucho antes que la invasión de las milicias palestinas, pero se llevó a cabo 11 meses después del 7 de octubre cuando él propuso que se ejecutara en simultáneo con la invasión a Gaza. Netanyahu dijo que consultara con los norteamericanos y tanto el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan como el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer contestaron “un rotundo 'no'”, recordó Gallant. Respecto de los rehenes, Gallant opinó que Netanyahu los dejó librados a su suerte. “Le dije que nosotros y Hamas, esos animales humanos, solo tenemos una cosa en común: ambos queremos proteger a los rehenes”, dijo Gallant. “Podríamos haberlos traído [a casa] antes y a un costo menor porque hay menos rehenes vivos y estamos pagando un precio más alto, 110 asesinos más serán liberados en este proceso”, dijo el hombre que prometió y cumplió en dejar sin electricidad, agua, alimentos ni medicinas a los “animales humanos” de Gaza. “La propuesta de cese de fuego que Hamas aceptó a principios de julio era idéntica a la actual. Todo el gabinete de guerra estaba de acuerdo con que nos retiráramos del corredor Netzarim a cambio del canje”, dijo Gallant. Pero el ministro de Economía, Bezalel Smotrich, “que no debía saber sobre este plan”, irrumpió en la reunión amenazando con retirarse del gobierno si se producía el canje, recordó. En ese momento, la prensa acusó al entorno de Netanyahu por la filtración. Ahora, Gallant pidió que se constituya una comisión investigadora que determine las responsabilidades. El aplazamiento de la finalización del acuerdo hasta el mes pasado “costó la vida de rehenes y de decenas de soldados en la guerra de la Franja, que ya podría haber concluido”. Las declaraciones de Gallant se produjeron tres días antes de que, en la noche del sábado al domingo, las fuerzas israelíes se retiraran de todo el corredor de Netzarim, que divide la Franja al sur de la Ciudad de Gaza. Simultáneamente, cientos de palestinos regresaron a las zonas que habían estado controladas por los sionistas desde los primeros días de la invasión terrestre del enclave. En Tel Aviv, las familias de los rehenes exigen que se respete la totalidad del acuerdo. Sin embargo, según Haaretz, Netanyahu, que prolongó su estancia en Washington, “está invirtiendo considerables esfuerzos para frustrar la transición a la siguiente etapa del acuerdo”. “Trataremos de traerlos a todos”, fue su evasiva respuesta en Washington D. C., en la conferencia de prensa que compartió con Trump. La propuesta de los sionistas, según Haaretz, sería retirarse del corredor de Filadelfia y de la zona de amortiguación a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel solo si los líderes de Hamas y «todos los relacionados con la organización» son exiliados. Si Hamas «no acepta dejar de existir en la Franja de Gaza» (sic), las opciones son reanudar los combates o ganar tiempo ampliando la primera fase del acuerdo, esto es, la liberación semanal de tres rehenes vivos a cambio de la liberación de palestinos encarcelados en Israel, especuló Haaretz (9/2).

Los incendios en la región de los Bosques Andino Patagónicos (BAP) siguen avanzando. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, estimó en 7.000 hectáreas las ya afectadas por los incendios, más de un 50% de las informadas a mitad de semana. Tomando los datos oficiales, entre los focos del Parque Nacional Lanín, Los Manzanos y Confluencia y Epuyen la zona incinerada sería de aproximadamente 24.000 hectáreas. Los datos respecto de las familias afectadas tampoco son certeros: hace una semana que el gobernador viene diciendo que son 120 casas. Pero a principio de semana los lugareños afirmaban que eran más de 200 las familias afectadas. El fuego arrasó con chacras y con animales adentro. ¿Cómo respondió el Estado a la crisis ígnea? El gobernador Weretilneck y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, hablaron de “intencionalidad” de los incendios. Sin embargo, hasta bien entrada la semana ningún fiscal se había puesto a investigar los hechos. El miércoles, se procedió a la detención de tres personas, de las cuales dos fueron liberadas el jueves por falta de pruebas: eran brigadistas que estaban colaborando en forma voluntaria para apagar el fuego, no para prenderlo. El tercer detenido, a quien dieron prisión preventiva, declaró a la prensa que le habrían “plantado” una botella de combustible para acusarlo, e involucró a un hombre que sería el chofer del intendente. Otros seis detenidos durante un allanamiento en la semana, fueron liberados el sábado por falta de pruebas. Ni el gobernador ni el intendente promueven el desarrollo de una investigación seria, más bien todo lo contrario. Pogliano salió a decir al diario Río Negro que “nos han infundido miedo”. Pero la patota parapolicial que se dirigió a la comisaría a pegarle a quienes estaban allí reclamando por los brigadistas detenidos, tiene lazos estrechísimos con el intendente y con Lewia, como lo revelaron los mismos habitantes de La Comarca. Quiénes están definitivamente agitando la campaña de terror y división son Weretilneck y Pogliano. La búsqueda de un chivo expiatorio tiene el objetivo de desviar la atención respecto de los verdaderos responsables políticos de estos incendios. Desde hace dos décadas, las empresas satélites de Joe Lewis, buscan avanzar en desarrollos turísticos e inmobiliarios. La empresa Laderas SA, contra quien el pueblo de La Comarca viene luchando desde hace más de una década, intenta desplegar a sus anchas un mega proyecto que consiste en la instalación de una villa residencial y una villa turística al pie del Cerro Perito Moreno, en la zona conocida como La Pampa de Luden. En un fallo de la justicia de Bariloche, que impidió “innovaciones” inmobiliarias en esa zona, se planteó lo que ya ha sido descubierto hace más de un siglo: que en esa zona hay un acuífero, el de la Vertiente Pacífica que pertenece a la cuenca de los ríos Manzo y Puelo. Es una condición suficiente para que la zona sea catalogada como de importancia estratégica. Ese fallo de la justicia contradice el Ordenamiento Territorial, aprobado con la Ley provincial 4552 de 2010. , que facilita los emprendimientos empresariales de Lewis. La infraestructura asociada a esos proyectos se inserta en el corazón del bosque, aumentando estadísticamente las posibilidades de un incendio. En consonancia con esta escalada de negocios, en 2023 el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló el fallo de la justicia de Bariloche y dio vía libre a lo establecido por el ejecutivo y votado por todos los partidos en la cámara legislativa de la provincia: Así, el Estado privatizó las tierras del acuífero primero, armó un ordenamiento territorial adaptado a esta privatización y luego la justicia avaló este estado de cosas. Ahora, este estado y esta justicia, acusan a los pobladores por la catástrofe que su propio régimen promovió y avaló. Hace unos días, fue autorizada la construcción de dos hidroeléctricas en la misma zona, que utilizaría el agua de los arroyos y ríos que bajan de la cordillera para generar energía para el Complejo turístico Baguales, cuyos capitales asociados son argentino-qataríes. El despeje del terreno que dejan los incendios allana el camino, en el mediano y largo plazo, para el avance de estos proyectos turísticos. Esos proyectos no podrían levantarse volteando árboles de forma masiva sin ganarse a cambio una ola de repudio y una pueblada. En unos 20 años, cuando cunda la falta de agua, el ejecutivo no va a tardar en culpar a los trabajadores por el derroche de agua y el mal uso de la misma. Cuando Pogliano fue interrogado acerca de las motivaciones de quienes serían los iniciadores del incendio, no tardó en echarle culpas a las comunidades originarias, las cuales, desde el punto de vista de la ocupación del suelo, se encuentran en retroceso. El que se encuentra en expansión, en cambio, es el capital inmobiliario y turístico, al cual representa Pogliano. ¿Cómo responden los trabajadores y lugareños a la crisis ígnea? El accionar de los Weretilneck y los Pogliano ha quedado claro con los ataques de la patota de Araneda: buscan terminar con el activismo de La Comarca, que es un escollo para que estos capitales inmobiliarios y turísticos se desplieguen con toda su voracidad. De otro lado, el desfinanciamiento y abandono del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales) y de los bomberos de la región muestran, no una política para superar la crisis ígnea, sino todo lo contrario. El gobierno de la provincia replica la política de vaciamiento del gobierno nacional. A pesar de que el gobernador afirmó en su cuenta de X que el gobierno aportará $5.000 millones, lo cierto es que desde Nación aún no respondieron al pedido. Frente a al vaciamiento estatal, emergió la iniciativa desde abajo. Se montaron brigadas autoconvocadas, incluso viajaron desde Córdoba brigadas que actuaron en los incendios de esa provincia el año pasado. Se organizaron grupos para alimentar a los brigadistas y articular las donaciones a los damnificados, se organizó un festival y se prepara una movilización. Los trabajadores y pobladores han superado en iniciativa y claridad de objetivos al divisionismo y la confusión que sembraron intendentes, gobernadores, fiscales, ministros y patotas desde el Estado. A la organización destructora de los capitalistas y sus representantes en el estado hay que oponerle la organización de los trabajadores y productores del BAP, únicos interesados en la conservación del bosque y del acuífero. En el plano estratégico, lo que se plantea es la expropiación y estatización completa de la región del BAP. La propiedad privada y los mega emprendimientos turísticos son incompatibles con la conservación de los ecosistemas más sensibles. Como ya dijeron los trabajadores y productores de Uspayata, Mendoza, cuando se levantaron hace tan solo dos semanas contra la minera San Jorge, “Mientras estén acá, va a haber conflicto siempre… se tienen que ir”. Investigación, juicio y castigo a los culpables de los incendios en el Bosque Andino Patagónico. Monitoreo constante del cumplimiento de las normas de conservación del bosque y de la política de prevención y ataque al fuego. Reforzamiento de planteles, presupuesto y estabilidad laboral para los trabajadores del Servicio de Lucha contra el Fuego. Estatización de las tierras apropiadas por el capital privado en la región del BAP. Por una comisión de trabajadores y pobladores electos de la región que siga los primeros tres puntos y con poder de veto sobre las políticas que afectan al BAP. Notas https://web.legisrn.gov.ar/digesto/normas/documento?id=2010070018&e=DEFINITIVO

Donald Trump ha vuelto al gobierno del mismo modo que se fue de él: por medio de un golpe de Estado. The Wall Street Journal, el vocero de la Bolsa de Nueva York, lo puso con todas las letras: no se ha producido un pasaje del mando de un presidente a otro, de Biden a Trump, sino de “una toma del poder”. En un par de días, Trump emitió varios centenares de “órdenes” que exceden las atribuciones de la Presidencia, invalidan leyes del Congreso, habilitan la infiltración de personas desconocidas en áreas decisivas del Estado (como el departamento del Tesoro y de Estado), crea una Dirección extraministerial para proceder al ajuste administrativo y económico del sector público (el Departamento de la Eficiencia), ejecuta despidos bajo la forma de ‘retiros voluntarios’, violenta normas constitucionales decisivas (como el derecho a la ciudadanía), e incluso anuncia en una conferencia de prensa la toma del territorio de Gaza, una vez que Netanyahu declare cumplida la destrucción de Hamas. En relación con esto último, otra orden ejecutiva establece sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional, que ha condenado como criminales de guerra a Netanyahu y a jefes militares sionistas por la masacre perpetrada en Gaza. Consultado acerca del silencio sepulcral del Congreso por este asalto al Estado, el jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes respondió que las apoyaba como parte de “un desarrollo largamente debido”; el bloque demócrata ha hecho mutis por el foro. Para el WSJ, todos estos acontecimientos han reducido el sistema de poderes en Estados Unidos de tres a dos (Ejecutivo y Judicial), con la aclaración de que dos tercios de la Corte Suprema se encuentra en manos trumpistas. El Poder Judicial ha retirado los diversos cargos que pesaban sobre Trump y la misma Corte calificó a Trump de “inimputable” por los delitos que haya cometido o cometa en ejercicio de la Presidencia, entre ellos el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. En estas condiciones, el contrapeso a la suma del poder público por parte de Trump queda relegado a las Fuerzas Armadas. En la crisis golpista de 2021, varios mandos del Estado Mayor declararon que sólo debían obediencia a la Constitución, no al Poder Ejecutivo. Trump se propone, a su debido momento, hacer cirugía mayor en las Fuerzas Armadas. El billonario Elon Musk, a cargo de la ‘limpieza civil’ de la Administración y del Estado, ha asumido poderes extraordinarios. No es responsable ante ninguna institución electa ni ante el propio gabinete. Ha ganado acceso a información sensible o reservada en cuanto a datos financieros y de salud del personal estatal y de la ciudadanía en su conjunto. Tiene en la mira del ajuste al sistema de Seguridad Social y de Salud (Medicaid) y acceso a la base de datos de los centros de Medicaid, que participa de un tercio del gasto público. Es en este contexto que debe interpretarse el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud; la primera víctima de este atropello es el cierre del Centro de Control de Enfermedades, una institución que jugó un rol decisivo durante la pandemia y que tiene a su cargo la supervisión sanitaria del país. La intención es recurrir a la llamada “inmunidad de rebaño” en las pandemias que se consideran inminentes por los investigadores. Musk ha cerrado USAID, una agencia que distribuye 40.000 millones de dólares al año en servicios sociales en el extranjero con el propósito de apuntalar la penetración política del imperialismo en los países de menor desarrollo. El perjuicio para países con epidemias de Sida o con elevados tratamientos sanguíneos puede ser demoledor. Además de un ajuste de gastos, el propósito del cierre es deshacerse de las ONG que colaboran con USAID, a las que denuncia por tendencias 'woke' o liberales, una 'purga’, sencillamente. Musk se ha comprometido a hacer un ajuste de dos billones de dólares en el Presupuesto estatal (un tercio del total), concentrado en Seguridad Social, Salud y salarios, que luego redujo a un billón (trillón en inglés). Los demócratas y la burocracia de algunos sindicatos han recurrido a la justicia contra los ataques de Trump, pero como insiste el WSJ, “las ruedas del sistema judicial giran mucho más lentas que las de Musk”. Bonapartismo El golpe de Estado de Trump-Musk no ocurre en el vacío. Es la expresión más acentuada de la decadencia irreversible de “la democracia en América”. La división de poderes ha entrado en un impasse mortal. En Estados Unidos se ha establecido una oligarquía capitalista, que se concentra en las compañías de Silicon Valley y en un puñado de fondos de cobertura (el fondo BlackRock tiene a su cargo la negociación de la deuda pública estadounidense). Algunos asimilan a estas “Siete Magníficas” a los “robbers” de principios de siglo XX (Rockefeller, etc.), pero se distinguen en un aspecto fundamental: la época de ascenso del imperialismo norteamericano y la de su declinación. Desde las crisis financieras del 2000 (“dot.com”) y fundamentalmente el derrumbe hipotecario de 2007/8, el Estado ha actuado como una gigantesca máquina de rescate capitalista, que se acentuó a principios de 2020 con la irrupción de la pandemia, lo que lo ha llevado a una quiebra financiera sin atenuantes. Así como el ascenso del capitalismo es la base de la democracia burguesa, su declinación lo es de su hundimiento. Esta decadencia se acentúa cualitativamente cuando el imperialismo se ve obligado a defender su hegemonía con guerras a repetición. El asalto de la OTAN a Ucrania y ahora al Medio Oriente marcan un punto de no retorno. Por estas razones, el bonapartismo en Estados Unidos es inviable sobre una base nacional. Para imponerlo, Trump necesita una base internacional. Este es el objetivo de la guerra comercial, financiera y política que ha desatado contra Estados de diverso carácter y magnitud, pero que apunta a doblegar a Rusia y a China, en primer lugar, y a someter a la Unión Europea. El desencadenamiento de una guerra arancelaria, en gran parte indiscriminada, por parte de Trump, no tiene la capacidad de revertir el persistente déficit comercial de Estados Unidos, en particular con China. Este déficit fue fomentado, en primer lugar, por Estados Unidos, que financia sus importaciones con la emisión de deuda pública internacional. Fue el arma principal para proceder a la penetración capitalista (no solamente norteamericana) en China, que fue convertida en plataforma de exportación. Este acople se ha convertido en su contrario: la deuda pública de Estados Unidos, de 37 billones de dólares (que algunos elevan a 50 billones), es el 120 % del PBI (o 160 %), generando un déficit fiscal del 6 al 8 % anual del producto, acercándose a los dos billones de dólares. El reequilibrio internacional implica un reajuste sin precedentes de las finanzas norteamericanas. Sin este reajuste, la guerra arancelaria producirá una inflación internacional creciente y, a término, el cierre de fronteras económicas y la acentuación de la guerra mundial. El impasse adquiere una magnitud sin antecedentes cuando se toma en cuenta que Trump y Musk pretenden imponer este ajuste reduciendo aún más los impuestos a las ganancias capitalistas. Detrás de la guerra arancelaria y comercial asoma un escenario de guerra civil contra los trabajadores de Estados Unidos. La distancia que el WSJ ha adoptado frente a la rueda compresora de Trump deja ver una oposición de la Bolsa norteamericana. Wall Street, por de pronto, ha rechazado financiar una expansión del GNL de Estados Unidos, debido a la caída manifiesta de la tasa de beneficio de la industria petrolera. De otro lado, el derrumbe de la productora de semiconductores norteamericana Nvidia, frente a la irrupción de una start up de China, ha dejado ver que las relaciones económicas no pueden ser encapsuladas por resoluciones administrativas; la movilidad extrema del capital encuentra formas de zafar a regulaciones o sanciones estatales. Es altamente probable que Trump y Musk pretendan convertir esta guerra económica en un fuerte elemento de presión para establecer un acuerdo internacional, por un lado de ajustes internos, por otro lado de nuevo reparto de mercados. Un intento de este tipo tuvo lugar en 1985, en el llamado Acuerdo Plaza, para corregir los desequilibrios que favorecían a Japón y Alemania en perjuicio de Estados Unidos. Los resultados fueron escasos; Japón entró en una depresión de tres décadas, estalló la gran crisis asiática de la década del 90 (que se hizo internacional) y Estados Unidos perdió rápidamente sus superávits para ingresar en el déficit permanente. La cuestión de los reequilibrios globales entre grandes potencias no se puede separar de los enormes desequilibrios internos que cada una de ellas busca descargar en el mercado mundial. Guerra mundial Este impasse ha abierto una nueva etapa en la guerra mundial. En la cuestión de los puertos en el canal de Panamá, China no los transferirá a otros operadores, ni es viable su cierre. La apropiación de Gaza por parte de Estados Unidos implica primero una escalada de la guerra contra el pueblo palestino y la posibilidad de un ataque contra Irán, lo que llevaría, a término, a un involucramiento de Turquía y otras potencias. Los términos de un acuerdo de cese al fuego en Ucrania han sido rechazados claramente por Putin, al menos por ahora. Trump presiona a China para revertir la oposición de Rusia al acuerdo que promueve Trump. Es cierto que el plan ofrecido por China, hace tiempo, difiere de las condiciones que reclama Rusia, que es un cambio de régimen político en Ucrania. La nota de la semana la dio el pronunciamiento del bloque ultraderechista Patriotas (la tercera fuerza del Parlamento Europeo), que se reunió en Madrid. Los Patriotas declararon a Trump el jefe internacional de la ultraderecha, poniéndose al servicio del imperialismo norteamericano. Adhirieron sin reservas al combate contra la migración, el derecho de asilo, la presencia de extranjeros, y se inclinaron a favor de la aplicación de ajustes sociales violentos. Celebraron la Reconquista de España de la dominación de los moros en el siglo XV, que equivale a una declaración de guerra contra África del norte y los pueblos árabes. Los Patriotas hicieron un esfuerzo por mostrarse más fascistas que nunca. Curiosamente, sin embargo, no abrieron el pico acerca de la guerra comercial que Trump prometió contra la UE, ni acerca de la guerra OTAN-Rusia, donde conviven los partidos pro OTAN, de un lado, y los pro Rusia, del otro. El éxito de la tentativa de bonapartismo internacional, por parte de Trump y Musk, no sólo no está asegurado, sino que está, objetivamente, fuertemente cuestionado. Es una ruta hacia nuevos desarrollos de la guerra mundial, en unos aspectos, y de crisis revolucionarias, en otros. Por primera vez en la historia, Estados Unidos es llevado a un gigantesco ajuste social y al intento de instalar un régimen de excepción.

El pasado viernes 7, un incendio se cobró la vida de cuatro niños de entre 1 y 8 años. Esto fue a causa de una explosión de la garrafa que utilizaba la familia para cocinar y para la calefacción del hogar. Los niños y la madre se encontraban durmiendo cuando ocurrió la explosión de la cual la madre pudo salir con algunas quemaduras y fue trasladada al hospital. En los barrios de Campana, la mayoría de los hogares no cuentan con servicios básicos como gas natural o sistema cloacal. Teniendo en cuenta que la ciudad es un polo industrial importante de Buenos Aires, donde residen más de 120 empresas, el que los barrios sigan sin contar con dichos servicios es una burla hacia los trabajadores de la zona. El intendente, Sebastián Abella, declaró dos días de luto, en los cuales no se realizarán actividades culturales y se comprometió desde el municipio a acompañar a la familia. Sin embargo, las condiciones precarias a las que las familias están sometidas son de amplio conocimiento para el municipio, que no hace más que tapar agujeros con las manos cada vez que ocurren estas desgracias. El año pasado, en invierno, nos llegaban las noticias de casas incendiadas, familias que lo perdían todo y varias víctimas de estos accidentes al menos cinco veces por semana. No podemos seguir permitiendo que esto continúe, el Estado es responsable. Exigimos condiciones de vivienda dignas y seguras. Ofrecemos nuestras condolencias y apoyo a la familia que enfrenta tan terrible pérdida.

Esta semana se reunió el enviado de Trump, Richard Grenell, con Nicolás Maduro. Grenell consiguió los objetivos propuestos, ya que logró liberar a los seis norteamericanos que se encontraban asilados en la embajada argentina en Caracas, el compromiso de que Maduro reciba a los 600.000 venezolanos que se encuentran asilados en Estados Unidos bajo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y, de yapa, que se haga cargo del transporte. Además, en el marco de su guerra comercial con China, consiguió que una petrolera de este país -Sinopec- vendiera sus activos de PetroParia -empresa de mayoría venezolana- a la empresa estadounidense Amos Global Energy Management. A cambio, Maduro consiguió la renovación de la licencia general que le permite a Chevron operar en Venezuela. Desde 2022, esa licencia es una fuente de financiamiento esencial para el régimen de Maduro, ya que las empresas con licencia producen alrededor de un tercio del petróleo venezolano. De esa producción, el gobierno se queda con al menos el 30 % en concepto de regalías e impuestos, dólares de los que Maduro dispone discrecionalmente sin rendir cuentas, gracias a la Ley antibloqueo de 2020 que le habilita firmar contratos en estricto secreto, por lo cual no hay ninguna clase de información pública sobre lo que entra y a dónde va. De esta manera, los 600.000 migrantes venezolanos son utilizados como moneda de cambio por el régimen de Maduro, al mismo tiempo que Trump no tiene reparos en aflojar su mano dura contra Venezuela enfocado como está en lograr la limpieza étnica de latinos en EE.UU., que es la piedra basal de su política fascista. Así mirado, también puede decirse que Trump entregó el apoyo a María Corina Machado y compañía como moneda de cambio en pos de esta política. Después de todo, no es la democracia de Venezuela lo que le importa, sino la posibilidad de imponer sus condiciones al país con las reservas de petróleo convencional más grandes del mundo y que está a sólo unos kilómetros de Miami. Esto es una mala señal para la internacional de derecha y sus esperanzas en algún tipo de colaboración por la mera afinidad ideológica. A Milei lo ayuda su importancia como pieza clave en el mapa mundial y no su verborragia homofóbica. Desde su aparición pública -encabezando una movilización que fue menos multitudinaria de lo que se esperaba- y aparente secuestro por unas horas, este último 9 de enero, María Corina Machado ha vuelto otra vez a la clandestinidad. En los grupos de la derecha discuten la conveniencia de que marche al exilio. También a la derecha venezolana sus migrantes le interesan bien poco. En declaraciones de esta semana, desde el exilio, González Urrutia, el presidente venezolano reconocido por Estados Unidos, propuso llevar a sus compatriotas migrantes a otros países latinoamericanos. Ni siquiera atinó a sugerir el derecho a residencia del que él sí goza frente a la persecución política a la que son sometidos sus partidarios. Esta vez, pese a que el triunfo de la derecha en las últimas elecciones presidenciales fue más indiscutido que en las de 2019 -en las que el opositor a Maduro fue Juan Guaidó-, el reconocimiento mundial como presidente electo hacia González Urrutia consiguió muchos menos adeptos. La Unión Europea, por ejemplo, se abstuvo de reconocerlo, al contrario de lo que había hecho en 2019. Esto en parte es producto del fracaso que implicó el antecedente inmediato, es decir, las malogradas operaciones internacionales en torno a sostener la legalidad de Juan Guaidó, que incluyeron la confiscación de los bienes y las reservas del Estado venezolano en el exterior, todas presiones que no lograron voltear a Maduro. El principal sostén del régimen sigue siendo el ejército y el fracaso de la movilización opositora del 9 de enero parece haber sellado la suerte de la derecha por el momento. El régimen de Maduro también se ve beneficiado porque buena parte de la oposición se encuentra entre la diáspora de 8 millones de venezolanos que huyeron del país y porque la prórroga de la licencia a Chevron la ha dado un oxígeno invaluable, desde 2022, que le permitió aliviar la economía. El pacto de Trump con Maduro es la continuidad de la política que venía llevando el gobierno de Joe Biden. Este también acordó la continuidad de la Licencia a Chevron a cambio de que Maduro acepte repatriar a los inmigrantes venezolanos, algo que debía concretarse a fines de 2024, pero que Maduro no le cumplió a Biden, como parece que sí va a hacer con Trump. De momento, la postura del Secretario de Estado, Marcos Rubio -quien no se cansó de lanzar amenazas sobre Cuba y Venezuela-, de acentuar la presión diplomática sobre Maduro parece haber quedado suspendida. Y el desembarco de marines es algo que sería vetado por Chevron por inoportuno para los negocios. El que parece que ha dado un giro en su política y acepta todos los condicionamientos de Estados Unidos es el presidente venezolano en funciones, en sintonía con el colombiano Gustavo Petro, quien también aceptó recibir repatriados, y la mexicana Claudia Sheinbaum, quien cedió a militarizar la frontera. Mientras tanto Trump avanza en su política fascista de razias buscando latinos, imponiendo cupos mínimos de detención a la policía, lo cual ha paralizado algunas ramas de la producción que utilizan mano de obra migrante. Frente al miedo de ser apresados, no se presentan a trabajar. Al mismo tiempo, envió los primeros aviones con inmigrantes a la prisión de Guantánamo, como parte de su plan de alojar allí a 30.000 de ellos, algo inviable materialmente por los altos costos que implica y la escasez de instalaciones.

La primera vuelta en las elecciones generales ecuatorianas ha confirmado las especulaciones que se hacían saber en las encuestas y las calles. La elección presidencial sólo llevaba dos contendientes: Luisa González, del correísta Revolución Ciudadana (RC), y el actual presidente Daniel Noboa, con su sello Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Este panorama de polarización se trasladó a las otras categorías, aunque con resultados dispares en algunas prefecturas (provincias) para las asambleas regionales. Noboa (44,3 %) y González (43,8 %), que resultaron en un empate técnico al no sacarse más que medio punto de distancia, se verán nuevamente en un balotaje el próximo 13 de abril. La novedad es que, a diferencia de 2023, Noboa se encuentra en caída y González ha dado la sorpresa al superar ampliamente el 33 % que alcanzó en aquella ocasión. Diferentes encuestas habían ofrecido una resolución en primera vuelta a favor de Noboa, quien hizo su campaña electoral con un eje en la militarización del país y un enfrentamiento con el correísmo. “Ecuador ha elegido cambiar” fue su frase de campaña, que buscaba combinar su carácter de “outsider” y mano dura. Tras ser la sorpresa en las elecciones anticipadas de 2023, en las cuales ganó el derecho a completar el mandato de su antecesor Guillermo Lasso, ahora enfrenta, según varios analistas, un techo en su votación. Noboa ha recibido un duro golpe, acusado de violar la Constitución -que obliga al presidente en funciones a dejar el cargo a su vicepresidente mientras sea candidato- se había jugado a ganar en primera vuelta. Según el analista Leonardo Laso, la votación de Noboa es un techo y no un piso, puesto que hizo del “anticorreísmo” un eje central. Fiel a su perfil, 100.000 policías y militares fueron movilizados para “asegurar el proceso electoral”, más de 10.000 fueron colocados en la frontera con Colombia. González, por su parte, se ha distanciado de Rafael Correa -exiliado en Bélgica-; ya en 2023 aseguró que un gobierno de RC no sería una reedición del pasado. Con posiciones cercanas a la iglesia y con un perfil de madre soltera de origen campesino, buscó distanciarse de la imagen de magnate de su principal contrincante. Mientras Noboa hizo un esfuerzo por reforzar su “perfil de cambio”, Luisa González ha realizado un guiño al candidato indigenista Leónidas Iza, que obtuvo un 5 % de los votos y se ubicó en 3° lugar. En este marco, el balotaje favorece a la candidata del correísmo. El eje del proceso electoral ha sido ganado por la crisis de inseguridad. Ecuador ha tenido 731 asesinatos solo en el mes de enero. La jornada electoral dejó como saldo un policía muerto y otro herido en Guayaquil, asociado a un ataque narco. González, que hizo campaña centrada en las barriadas pobres golpeadas por los operativos militares, no propuso otra alternativa, simplemente agregó que lo haría con “justicia social” y respeto a los derechos humanos. En Guayaquil, donde cuaatro adolescentes fueron masacrados por 16 gendarmes de la Fuerza Aérea, González se impuso con el 48 % (vs. 43 % de Noboa) de los votos mientras que en Quito, capital del país, Noboa obtuvo un resultado favorable (48 a 37). Las zonas fronterizas con Perú y las zonas costeras, donde los narcos se disputan el control de los puertos, fueron divididos casi a partes iguales. Diversos medios, entre los que se enrolan La Nación y Clarín, han señalado que la elección de asambleístas nacionales permitirá un Poder Legislativo menos caótico, puesto que las minorías fueron reducidas al mínimo. Tampoco habrá mayorías, puesto que ADN obtuvo un 43 % de los votos y RC un 40 %. Lo que no comentan los diarios es que ADN es un rejunte de oportunistas y carreristas que se han sumado para darle “músculo político” a un presidente sin militantes ni cuadros que lo precedan. Una derrota en el balotaje abriría un choque en el interior de este movimiento que lo fragmentaría en diversos bloques. El bloque de RC no enfrenta mejores pronósticos, aunque se encuentre contenido por un aparato que responde a un grupo importante de prefectos y alcaldes a lo largo y ancho del país. La crisis política que enfrenta Ecuador se encuentra instalada en los fundamentos mismos de la organización estatal por la proliferación del narco y las amplias redes de complicidad estatal; así lo han demostrado múltiples investigaciones judiciales. A esto debe sumarse una crisis energética, como consecuencia de las sequías y un aumento de temperaturas desmedido, y la quiebra del Estado. La deuda pública de Ecuador se ubica en el 57 % del PBI según el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) y acarrea una serie de compromisos impagos que lo alejan del acceso al crédito internacional. El FMI accedió a otorgar un rescate financiero de 4.000 millones de dólares que el gobierno de Noboa precisaba para llegar con la naríz fuera del agua a las elecciones; el déficit fiscal alcanza los 5.000 millones de dólares y ha sido reducido a 3.000 millones de dólares por un aumento del IVA y de la gasolina. La pobreza, que el INDEC ecuatoriano sitúa en el 28 %, es un completo dibujo cuando más del 60 % de la población no accede siquiera al salario mínimo de 450 dólares. Las previsiones más optimistas plantean una reducción del PBI cercana al medio punto porcentual. Un punto central, ausente en el debate electoral, son las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump. Dado que en 2024 más de 6.000 millones de dólares ingresaron como remesas provenientes en su mayoría desde los Estados Unidos, esto representaría un golpe duro a las cuentas estatales. Noboa ha aceptado los envíos de deportados sin chistar, González ha preferido no opinar al respecto. La segunda vuelta, que tendrá lugar en más de 60 días, promete un proceso explosivo. Las masas ecuatorianas no encontrarán, como en el pasado, una salida a su situación desesperante. Las barriadas más precarias representan los medios, expresan un agotamiento de una población empobrecida y golpeada por los tiroteos cotidianos, así como hastiada por las redadas militares y policiales, donde el caso de los 4 de Guayaquil fue la gota que rebalsó el vaso.

Una paritaria premium y exprés El 6 de febrero Patricia Bullrich firmó la Resolución 176/2025, mediante la cual el gobierno nacional oficializó un incremento del 5 % a partir de marzo en los haberes y compensaciones del personal en actividad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. El aumento rige para Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, que desde el inicio de la gestión de Milei pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Desde el ministerio salieron a destacar que "Las fuerzas de seguridad federales desempeñan un papel esencial en la prevención del delito, una tarea que ha cobrado mayor relevancia ante el incremento de la violencia en diversas zonas del conurbano bonaerense" (iProfesional, 7/2/25). Pero lo cierto es que un informe de la Sala de Situación de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal alertó a la ministra sobre la situación de malestar en las fuerzas de seguridad federales, en especial, la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria, por cuestiones salariales. El documento menciona además la formación de un grupo de WhatsApp con 751 integrantes, mediante el cual se estaban coordinando acciones de protesta para el lunes 10 de febrero. Al tomar estado público las convocatorias de protesta en varias ciudades, Bullrich corrió a anunciar el aumento. Las maniobras de la ministra, sin embargo, no parecen desactivar el conflicto. Por un lado, el 5 % otorgado causó más indignación que serenidad entre los efectivos de la fuerza y, por el otro, las tareas de inteligencia que la ministra ordenó realizar dentro de Gendarmería habrían provocado más irritación. Con orden de cumplimiento para el 7 de febrero, bajó la orden de interrogar a los uniformados acerca de quiénes eran los que pedían aumentos de sueldo, quiénes formaban parte del grupo de WhatsApp denominado “familias reclamando lo que corresponde”, si tenían conocimiento de la convocatoria a una marcha para el 10 de febrero de 2025 hacia el Monumento a la Bandera en Rosario y qué efectivos tenían intención de participar e incitaban a la participación de otros. En los chats y mensajes del grupo no hay quejas de que los mandan a reprimir, lo que reclaman es que reprimir requiere de otros sueldos. Traducido: tienen que pagar mejor para que sigan reprimiendo. En este cuadro y pese a que un portal castrense reportó el mismo 7 de febrero que, con la actualización de haberes, Bullrich desactivaba la protesta de familiares de gendarmes (tiempomilitar.com.ar, 7/2/25) todo parecería indicar, al menos hasta ayer domingo, que las protestas se concretarán tal como estaban previstas para el lunes 10 de febrero. Según pudo conocerse, para evitar represalias, en todos los casos los que se convocan son familiares de efectivos en actividad y retirados (La PolíticaOnline, 8/2/25) y en base a lo planificado lo harán frente al Edificio Centinela (CABA), en el Monumento a la Bandera (Rosario), en Plaza San Martín (Jesús María, Córdoba), en Plaza Belgrano (San Salvador de Jujuy), en Plaza San Martín (Tartagal, Salta) y finalmente el día 25 frente a la Escuela de Gendarmería en Mercedes (tiempomilitar.com.ar, 7/2/25). Victoria Villarruel: “Señora Presidente” El Gobierno navega en aguas turbulentas. De un lado precisa contener a la tropa, pues la necesita para la represión de la protesta. Del otro, para evitar una fuga mayor hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel. El neonazi Alejandro Biondini ya había advertido a través de su cuenta de la red social X, el 7 de febrero por la noche, que “por estas horas en distintos sectores de las FFSS y FFAA se la llama 'Sra. Presidente' a Victoria Villarruel, así es el término utilizado en circulares internas que se distribuyen entre grupos de uniformados. Veremos si la crisis se agrava o finalmente se diluye, pero ese es el clima actual y el lunes se perfila como un día muy movido”. Al día siguiente, volvió a intervenir: “Crece el malestar en Gendarmería, que sería la punta de lanza de otros reclamos mayores”. En las últimas horas comenzó a conocerse que en los mensajes del grupo de WhatsApp se mezclan algunos que llaman a Victoria Villarruel como “señora presidente”. También que un grupo de los rebeldes, los Gendarmes Autoconvocados, le enviaron una carta abierta a Villarruel enumerando sus reclamos (Página 12, 9/2/25). Las amenazas de sanciones, los informes de inteligencia y el cuestionario exigiendo delaciones, provocaron un silencio en las últimas 24 horas en el grupo de WhatsApp y en los posteos de los gendarmes. Al cierre de esta nota, la combinación de los factores mencionados pone algún interrogante en que las concentraciones se concreten este lunes 10 de febrero, pero una versión que corre es que podrían sumarse integrantes de otras fuerzas que están haciendo el mismo planteo, en especial los del Servicio Penitenciario. Patricia Bullrich sabe que todo está por desbordarse. El gobierno nacional sabe que, conforme avance esta política de saqueo, las protestas se incrementarán. La manifiesta crisis de las fuerzas de seguridad, que tienen el monopolio de la violencia legítima, no es otra cosa que una crisis de Estado.

La concesión del dragado y balizamiento del río Paraná llega a su fin y las denuncias de corrupción sobre el nuevo proceso de licitación comenzaron a hacerse públicas. Precedentemente, el gobierno liberticida “eliminó la histórica Administración General de Puertos, suprimió además la secretaria de Vías Navegables, cerró la delegación Rosario que controlaba la Hidrovía y dejó fuera de las decisiones sobre su funcionamiento a todas las provincias de orillas del Paraná.” La Agencia Nacional de Puertos creada por el gobierno liberticida, que depende del ministerio de Economía, fue la encargada de establecer los términos de la licitación. El 12 de febrero se revelará quiénes son los candidatos a adjudicarse la concesión, uno de los negocios más rentables que tiene para ofrecer el gobierno liberticida. Eso se traduce en enfrentamientos internos del régimen político. Lo que está en juego es el modelo de comercio fluvial argentino y una jugosa caja de recaudación La Hidrovía conecta 79 puertos ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Formosa. Por esta estratégica vía de navegación, comunicación y comercialización sale el 80 % de las exportaciones argentinas, con una facturación de 410 millones de dólares al año. A esto hay que sumarle las cargas subdeclaradas de granos y minerales que facturan cientos de millones de dólares y el tráfico de drogas por medio de los puertos privados, donde la Prefectura Argentina no tiene injerencia, ya que la seguridad de los mismos es privada. Con la concesión de la década del 90 el Estado ha dejado su rol de controlador del comercio del río Paraná, proceso que fue reforzado gobierno tras gobierno, dejando en manos privadas un sector estratégico de la economía argentina y dando vía libre al contrabando, la sobrefacturación y la depredación ambiental. Pelea de buitres y corrupción La empresa de capitales de origen belga DEME, patrocinada en el país por Sergio Massa, ha advertido que el gobierno liberticida está intermediando para favorecer en los pliegos a la actual concesionaria, la belga Jan de Nul. Por los mismos motivos, el macrismo también ha puesto el grito en el cielo en representación de los capitalistas holandeses Boskalis y Van Oord. A las críticas por los pliegos a licitar se sumaron la empresa china CCCC Shanghái Dredging y la brasileña DTA Engenharia. La empresa china pide que se anule todo el proceso de licitación o en su defecto el inciso 8 del artículo 16 del pliego, que excluye del proceso a empresas "controladas, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma." Al tener participación del Estado chino, la dragadora asiática queda descartada para hacerse con la licitación. (LPO 7/02/2025) Mientras tanto, la brasileña DTA a través de un comunicado, en el que abundan las críticas al gobierno liberticida, señalan que en el pliego se impusieron "requisitos técnicos inusuales e incompatibles", elaborados por la mismísima Jan de Nul. Desde DTA sostienen que, desde la actual concesionaria, convencieron “a los técnicos de la administración de que sólo ella tiene la base de conocimientos necesaria para continuar con el servicio", cuando se trata de procesos que requieren un bajo nivel de tecnología aplicada. Por su parte la UIA, a través de la Junta Directiva, presidida por Daniel Funes de Rioja, le salió al cruce al Gobierno, haciendo públicas las dudas que tiene la entidad de la burguesía vernácula sobre los pliegos de la licitación y, de paso, le pidieron al Gobierno inversiones que se traduzcan en infraestructura en la Hidrovía. Los “planeros” de la UIA le piden al Gobierno que se incremente el dragado hasta 40 pies efectivos, mejorar el balizamiento y bajar el valor del peaje Santa Fe al norte, para abaratar los costos de transporte. (Noticias Argentinas.com 4/02/2025) Del Pacto de Olivos a Milei Francisco Javier Amorrortu, especialista en dinámica del río Paraná, viene denunciando los crímenes hidrológicos e hidrogeológicos y, a su vez, ha puesto de manifiesto la connivencia política que rodea a la concesión del río Paraná y que se puede situar como punto de comienzo en el Pacto de Olivos que trabaron Alfonsín y Menem. En una reciente nota realizada en el streaming Up River, Amorrortu señaló que “la sociedad Hidrovía S.A., conformada inicialmente por Jan De Nul, Albano Ingeniería y Construcciones, Emepa y Kocourek, terminó con el 50 % del negocio en manos del radicalismo, desplazando a los jugadores más pequeños y obligando a la empresa belga a resignar parte de su paquete accionario” y sentenció que “Alfonsín aseguró el sostén económico del partido Radical.” (SL24 6/02/2025) Así las cosas, la nueva concesión ha abierto una guerra de rapiña entre las camarillas capitalistas nacionales e internacionales y sus representantes políticos, como Macri y Massa, por el reparto del botín del comercio legal e ilegal que fluye por el río Paraná. La cuestión de la Hidrovía ha sido reforzada por la avanzada de Trump sobre el Canal de Panamá. Está planteada la anulación de todas concesiones portuarias y la nacionalización del comercio y mantenimiento del río Paraná, bajo control de los trabajadores, que opere como defensa del medio ambiental del sistema de humedales más grande del mundo. La nacionalización del comercio, el dragado y balizamiento del Río Paraná y de todos los puertos, hoy en manos privadas, bajo el control de los trabajadores, es una respuesta programática a la pelea entre buitres a la que asistimos los trabajadores.

La Ministra de Seguridad se hará presente en Aguas Blancas, para ratificar el cada vez más cuestionado Plan Güemes . El balance de su implementación carga con la muerte de un bagayero por parte de Gendarmería y la construcción de un inútil cerco fronterizo mientras el narcotráfico continúa por sus vínculos con el propio Estado, como lo demostró, por enésima vez, la detención de un ex alto mando de Gendarmería. Siguiendo con la provocación de la construcción de un muro fronterizo , y aún más la instalación canallesca de un puesto para las personas afectadas por trata de personas en la frontera, cuando el Gobierno Nacional acaba de eliminar la obligación a las empresas de transporte de solicitar la documentación correspondiente para los menores de edad que viajan en sus colectivos y cruzan la frontera del país. Este gobierno da vía libre a la trata de personas y niños. Los anuncios de Bullrich y Sáenz en Aguas Blancas son un enjuague para encubrirse. En vez de dar explicaciones por el asesinato de Fernando Gómez y las heridas de por vida que produjo Gendarmería sobre otros tres bagayeros, en el marco del Plan Güemes, vienen a reforzar la militarización contra los trabajadores y a entregar la frontera argentina al cuidado del imperialismo yanqui, bajo un sistema de control de personas y tecnología establecido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. A través de este programa, EE.UU. se hará cargo del monitoreo de personas en la frontera argentina. Esta es una nueva provocación que los trabajadores tenemos que rechazar y enfrentar sobre la base de la movilización contra el Gobierno liberticida de Javier Milei y su advenedizo Gustavo Sáenz. POLITICA OBRERA

Los trabajadores de Praxair convocaron ayer a una acción sobre Panamericana y 197, en reclamo de la reincorporación de los seis despedidos. Desde las 6 de la mañana, delegaciones sindicales, de trabajadores en lucha y de partidos de izquierda se hicieron presentes para acompañar el reclamo. El Sindicato Químico que nuclea a los trabajadores de Linde-Praxair no se hizo presente en la acción, votada en asamblea por los trabajadores de la Planta Pacheco. A las 6:30 de la mañana, se inició el corte de la ruta 197, en medio de la hora pico del tránsito por la zona. No se vieron practicamente manifestaciones de rechazo de los trabajadores que circulaban por la zona, a pesar de las demoras que el piquete generaba. Participaron unos 500 trabajadores en total, con una enorme repercusión mediática ( hubo cobertura de prácticamente todos los canales y diarios del país). El reclamo de la reinciporacion de los despedidos sonó fuerte en la agenda nacional. Durante la conferencia de prensa en el piquete, Maxi Areco, uno de los despedidos, relató que la intenciones antisindicales de la empresa Linde-Praxair vienen de largo, y que ya sufrieron varias derrotas judiciales en el pasado. Denunció el intento de despedir a los trabajadores como una medida para desarmar al activismo con una larga tradición en la planta de Pacheco y con el objetivo final de precarizar todavía más a los trabajadores de la empresa. Denunció que la empresa no tenía ninguna crisis, sino todo lo contrario, porque los balances últimos arrojan ganancias fenomenales. Convocó a los trabajadores presentes a movilizar a la puerta de la planta. La jornada de lucha finalizó en la puerta de la planta de Pacheco donde los trabajadores sostuvieron durante toda la semana un acampe, y recibieron la solidaridad de organizaciones y trabajadores de la zona. La acción de lucha de los trabajadores de Linde-Praxair contrasta rotundamente con la complicidad de los sindicatos de la CGT y de la CTA que dejan pasar despidos y suspensiones a diestra y siniestra. Los trabajadores de Linde Praxair enfrentan el levantamiento de la huelga por parte del Sindicato, que en forma intempestiva levantó la medida en las otras cuatro plantas de la empresa por el solo pedido de una reunión por parte de la misma. El SPIQyP levantó la huelga en el punto exacto en el que la patronal empezaba a sentir el efecto, sin poder abastecer de gases a distintas industrias. En la reunión que se realizó ayer a la tarde, la empresa no realizó ninguna propuesta: solamente escuchó el reclamo de los trabajadores de Pacheco por la reincorporación de los seis despedidos, y quedó en contestar mañana miércoles. LEER MÁS: Linde Praxair en huelga convoca a una acción en 197 y Panamericana Un gran paso adelante hacia un plan de lucha nacional contra los despidos. Por Pablo Busch, 08/02/2025.

A poco más de dos semanas del anuncio realizado por el gobierno nacional de reducción de derechos de exportación para la producción agrícola, los resultados no son los esperados por las autoridades económicas. Así lo demuestran las declaraciones juradas de exportación que “desde el jueves 23 de enero hasta este viernes 7 de febrero, apenas llegaron a un valor FOB de 742 millones de dólares, sumando las correspondientes a soja (harina y aceite), maíz, trigo y cebada” (Página 12, 9/02/2025). El principal objetivo del ministro de Economía, Luis Caputo, era el de hacerse de dólares para darle aire a las alicaídas reservas del Banco Central que están prontas a caer por debajo del piso de los 29 mil millones de dólares. En diciembre pasado superaban por poco los 32 mil millones de la divisa extranjera. (LPO 5/02/2025) El revés sufrido por el gobierno a manos de los exportadores se evidencia en los datos brindados por la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI) que arrojan “que la liquidación promedio de divisas del sector fue de 54 millones de dólares, mientras la semana anterior al anuncio de la baja de retenciones era de 117 millones” (idem). El golpeado ministro de Economía estimaba que con la baja de los derechos de exportaciones se iba a hacer con un botín de 3.000 millones de dólares, que le diera oxígeno a la espera del incierto desembolso del FMI. Días antes del anuncio de baja de retenciones, la misión técnica del FMI que arribó a Buenos Aires advirtió a la cartera de Economía “la evidente debilidad de la situación de las reservas internacionales, (y) anticiparon probables complicaciones por la persistencia de la política oficial de atraso cambiario y señalaron su preocupación por la salida de divisas provocadas por las intervenciones del Banco Central en el mercado de dólares financieros” (Página 12, 9/02/2025). Ante los señalamientos de la comitiva del FMI, Caputo les aseguró que las reservas se fortalecerían a través de un boom exportador, cosa que no sucedió y no sucederá , en tanto y en cuanto las exportadoras apuestan a una devaluación en regla . Hasta el momento, lo concreto es que el gobierno ha resignado recaudar por derechos de exportación y no se ha producido la liquidación que esperaba. Ni chicha ni limonada para el tándem Milei–Caputo. Según estimaciones de especialistas el costo fiscal estimado por el Gobierno por baja en las retenciones es de unos 800 millones de dólares (aunque cálculos de privados señalan que podría oscilar entre los 839 millones de dólares) en caso de que no se acelere la liquidación de divisas, y los 1.162 millones de dólares” (LaVoz, 7/02/2025). Por su parte, la Mesa de Enlace tiene prevista una reunión con Caputo para los próximos días, en la que le plantearán que la baja de las retenciones sea permanente y no hasta el 30 de junio, mientras que el ministro de Economía pondrá sobre la mesa la “que la prioridad de su programa es el equilibrio fiscal”, que permita cumplir con los pagos de deuda por venir. Milei, en su cruzada contra quienes lo quieren empujar a devaluar, entre ellos Domingo Felipe Cavallo, en una entrevista radial aseguró que “no vamos a devaluar.” Según el presidente la desvalorización de la moneda que le piden desde el FMI hasta el sector agroindustrial, no se va dar porque, por un lado, la “Argentina no emite pesos (sic)” y, por el otro, por la entrada de “los 5.000 millones de dólares que vamos a estar acumulando como consecuencia de la baja transitoria de retenciones.” (Infobae 11/02/2025) Las declaraciones de Milei se dan cuando la presión para que lleve adelante una devaluación se acentúan y las exportadoras siguen sentadas arriba de los silos, liquidando a cuentagotas.

Pasaron solo 15 días desde el paro total de la planta que Granja Tres Arroyos tiene en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y los trabajadores han decidido volver a la huelga. El viernes pasado la patronal violentó la supuesta “Conciliación Obligatoria” dictada por la Secretaría de Trabajo de Nación incumpliendo el pago de la quincena, anunciando que pagaría en cuotas. Una de esas cuotas debía cobrarse ayer, pero la empresa volvió a faltar a su palabra. Para las 18 horas los trabajadores seguían sin cobrar y el clima dentro de la planta era irrespirable: los trabajadores no querian continuar trabajando, los delegados impulsaron asambleas por sector. Los jerárquicos, voceros de la empresa, decían que si los sectores paraban para las asambleas la producción se podía atorar y que de ningún modo se podía detener la faena, en medio de una conciliación obligatoria. Para las 19 horas la planta estaba totalmente parada. El turno mañana de hoy martes 11 de febrero al ingresar continuó sin prestar tareas. La empresa Granja Tres Arroyos está sometiendo a los trabajadores a una verdadera extorsión. Los más de 70 despedidos para lograr su reincorporación, dependen de que se le acepte a la empresa las condiciones de su Preventivo de Crisis, que incluye una reducción salarial del 21%. Ayer se realizó la última audiencia por los despidos, y se prolongó por cinco días hábiles más la conciliación obligatoria. Según trabajadores que tuvieron acceso al trámite del PPC, las condiciones que implica aceptarlo son peores aún que la reducción salarial. Mientras esta extorsión se lleva a cabo, la empresa anunció que pagaría los salarios en tres cuotas, algo que hizo con todos los trabajadores del grupo. (Tiene otras plantas en Entre Ríos, en Córdoba y en varias localidades de la Provincia de Buenos Aires). La crisis de Granja Tres Arroyos está floja de papeles: la empresa viene hace muy poco de quedarse con la operación completa de Cresta Roja: domina el mercado interno con casi el 41%, y es la principal exportadora de pollos del país. El consumo de pollo creció en los últimos años exponencialmente -al ritmo de la caída del consumo de la carne vacuna- y en 2024 fue record. La empresa argumenta una crisis a causa de la gripe aviar, por la que tuvo que matar pariciones completas en sus granjas: algo totalmente circunstancial y de ninguna manera tienen por qué pagar sus trabajadores con despidos y rebajas salariales. Los trabajadores estan ante un PPC trucho más . La política del STIA de Entre Ríos y de la Federación conducida por Morcillo y Daer es inducir a la empresa a un camino para que la crisis la paguen los trabajadores pero en forma atenuada: en la reunión de ayer, el STIA propuso que la empresa pague “previsional no remunerativo, retiros voluntarios, reducción de horas de faena, reducción de días de faena, para no echar trabajadores por un tiempo determinado”. Las medidas propuestas por la Federación bien podrían ser la de los propios directivos de la empresa. Un punto relevante es que la propuesta de reducción horaria sería con afección de los salarios (no dice lo contrario) por lo que en vez de reclamar que el capitalista absorba las pérdidas, el STIA plantea que se repartan entre todos los trabajadores por igual. La otra parte fundamental de la política del STIA es encaminar los reclamos en las oficinas de la Secretaría de Trabajo para evitar por todos los medios la huelga de los trabajadores. En la huelga de enero esa política fue arrollada por la voluntad de los trabajadores, algo que volvió a pasar ayer. Esta fractura entre la voluntad de lucha de los obreros y la política dialoguista del sindicato queda cada día más expuesta por la avanzada antiobrera de las patronales y el gobierno, y deja planteada la necesidad de recuperar los sindicatos. La misma fractura quedó expuesta también en el levantamiento de la huelga de Linde Praxair . La huelga de Granja Tres Arroyos tiene un significado político clave: mientras el Gobierno de Milei intenta mostrar que en la superficie de la clase obrera “no pasa nada”, que la conflictividad obrera ha prácticamente desaparecido, porque tiene postrados ante sí a los jefes de la CGT y de la CTA, de a poco entre los trabajadores se empieza a abrir un proceso de conflictividad creciente. Los trabajadores no están dispuestos a ser sometidos a las condiciones de esclavitud para salvar de su crisis al capital. Que la crisis la paguen los capitalistas: reincorporación de los despedidos; ninguna reducción salarial : abajo el preventivo de crisis trucho de Granja Tres Arroyos y todos los demás. LEER MÁS: Granja Tres Arroyos: parazo y conciliación obligatoria Vamos por la reincorporación definitiva de los compañeros despedidos. Por Pablo Busch, 28/01/2025.

Milei ha respondido a las críticas por la “apreciación del peso” con los métodos que lo caracterizan: improvisación, ansiedad y un cúmulo de burradas. Por un lado, atacó por los medios a quienes propugnan una devaluación de la moneda o el desdoblamiento del mercado de cambios, como Domingo Cavallo . Por el otro, inició otra purga de funcionarios: a la hija del propio Cavallo y al director del ANSES, al que echó por anticipar que se viene un aumento en la edad para jubilarse . Para Milei, perpetrar ese nuevo manotazo a las jubilaciones requiere esperar hasta después de las elecciones de octubre. El nuevo director es un antiguo socio de Luis Caputo en los fondos “off shore” denunciados en los “Panamá Papers” por lavado de dinero. Una asociación para delinquir. Impasse económico Pero la histeria de Milei no es inocente: en 2024, se evaporaron de Argentina 20.000 millones de dólares por parte del Banco Central. El Central continúa con casi 10.000 millones de dólares de reservas negativas. Cavallo, el castigado, había denunciado la pretensión de recomponer esas reservas “con nueva deuda externa”, es decir, lo que quieren hacer Milei y Caputo a través de un préstamo del FMI o bancos privados. En el arco de enfrente están los capitales que quieren conseguir esas divisas por medio de exportaciones, la eliminación de las retenciones al agro y la industria, y la devaluación del peso. También el Fondo quiere el ajuste del dólar y fomentar la exportación. Teme una reanudación de la fuga de capitales si se sigue incentivando su ingreso por medio de un peso sobrevalorizado y una tasa de interés elevada. Esa fuga podría acelerarse como consecuencia del caos monetario internacional que ha creado la guerra comercial desatada por Trump y Elon Musk. Caputo se metió en la disputa con una frase que dejará huellas:“ el dólar no está bajo, sino que los precios están altos”. No solamente “están altos” sino que siguen subiendo –la baja del dólar no los redujo: la inflación en dólares es la más alta del planeta . Tampoco redujo los precios la caída de la demanda (de consumo personal o inversión), agravando la crisis industrial, las suspensiones de actividad y el cierre de empresas. El dúo Caputo-Milei es consciente de que camina por el borde de una cornisa, sin red de seguridad . Quienes intentaron ese malabarismo en el pasado (dictadura, Cavallo, Macri) se estrellaron sin remedio. Caputo quiere, de nuevo, un dólar bajo para que los pesos del superávit fiscal alcancen para comprar las divisas para pagar la deuda externa. Si “los precios (no siguieran) altos” no podría ejecutar su principal cometido. Milei se niega a discutir el Presupuesto en el Congreso porque depende de su desmanejo y la arbitrariedad para continuar como garante de una deuda pública que es creciente. Ha puesto en marcha una nueva Motosierra, con recortes y cierres de organismos públicos, en particular en el área de la salud. En cuanto al sistema universitario y científico, los anuncios recientes reducen el Conicet a la mínima expresión, y el salario de los investigadores pasará a depender de los fondos ya recortados de las universidades. Los despidos de funcionarios y las polémicas cambiarias han provocado un revuelo mediático. La pelea entre prodevaluadores y antidevaluadores encierra una crisis de conjunto ; hay desesperación por contenerla en un año electoral. En las diferentes clases sociales influye la extorsión de que una devaluación llevaría a una hiperinflación. Es lo que pretende contener (pero no evitar) Cavallo con la creación de dos mercados de cambios –uno comercial, el otro financiero. El liberticida repite la historia, aunque con dosis aún más explosivas.

El gabinete de seguridad israelí, que toma las principales decisiones en torno a la guerra, acordó este martes proseguir con el alto el fuego siempre y cuando Hamás libere este sábado rehenes israelíes, como estaba previsto. Eso abre un interrogante sobre si se refieren a los tres rehenes que establece el acta de acuerdo o a la exigencia de Trump de que liberen a todos. «Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará y las FDI reanudarán los intensos combates hasta que Hamás sea derrotado de forma decisiva», dijo Netanyahu, añadiendo que la decisión había sido tomada por unanimidad por los miembros del gabinete. La formulación es ambigua. Una fuente confirmó que “todos los miembros del gabinete expresaron su apoyo a la demanda del presidente estadounidense Donald Trump de liberar a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado y a su visión revolucionaria para el futuro de Gaza". Más que avanzar en la segunda fase de la tregua, cuya negociación debería haber comenzado en Doha (Qatar) hace ocho días y que Israel mantiene bloqueada, la reunión del gabinete discutió una respuesta a Hamás (TWP 11/2) que anunció que “congelaba hasta nuevo aviso” la entrega de rehenes, que debía producirse el sábado, en represalia a las violaciones al pacto efectuadas por Israel. Aunque Hamas dejó abierta la puerta para modificar la suspensión si entraban las tiendas de campaña y la ayuda humanitaria, y se autorizaba el pase a Egipto de los enfermos graves, como se había acordado, Donald Trump terció “con una nueva bomba que contradice los términos de la tregua” (NYT 11/2). Trump dijo que si Hamás no liberaba a todos los rehenes israelíes restantes antes de las “12 del sábado”, el acuerdo de alto el fuego con Israel debería cancelarse. Y prometió abrir “las puertas del infierno”. Sin embargo, el acuerdo no prevé que Hamás entregue el sábado, de golpe, a los 76 rehenes, entre vivos y muertos. Lo que establece son canjes semanales durante meses. En realidad, antes de que Hamas suspendiera la liberación de los rehenes Israel ya estaba preparando un nuevo ataque: en la tarde del lunes, el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las tropas prepararse “al máximo nivel de alerta para cualquier escenario posible en Gaza” y el ejército anunció la congelación de los permisos “para los soldados de combate y las unidades operativas del Comando Sur” y un “refuerzo significativo” del despliegue de tropas. Poco después, los gazatíes vieron sobrevolar cazas y drones, prohibidos en el acuerdo de alto el fuego. También Itamar Ben Gvir, líder del principal partido ultraderechista en el Parlamento y ministro de Seguridad Nacional hasta el mes pasado, cuando abandonó la coalición de Netanyahu en protesta por el alto el fuego, pidió bombardeos “masivos” por tierra y aire sobre Gaza e impedir todo ingreso de ayuda humanitaria, “incluidos electricidad, combustible y agua”. “¡Debemos reanudar la guerra y destruir!”, escribió el fascista en X. En la misma línea, el ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, reclamó: “Debemos darle un ultimátum a Hamás. Cortar la electricidad y el agua, frenar la ayuda humanitaria”, ha reclamado Smotrich. Hamás respondió este martes que el empleo de amenazas no va a salvar la tregua. Uno de sus dirigentes, Sami Abu Zuhri, advirtió a Trump que “el lenguaje de las amenazas no tiene ningún valor y solo complica las cosas”. Trump no solo patoteó a los palestinos. El lunes aumentó la presión sobre Egipto y Jordania avisando que podría cortarles la ayuda si no acogen a los palestinos expulsados de Gaza. Jordania, al igual que Egipto, también se encuentra entre los principales receptores de ayuda militar estadounidense (WSJ 11/2). Más de la mitad de la población de Jordania es palestina; la llegada de cientos de miles de desplazados pondría en cuestión la existencia misma del país. “Lo que ha hecho el Sr. Trump es poner en juego el futuro del Reino de Jordania”, dijo Khalil Jahshan, director ejecutivo del Centro Árabe de Washington D.C. En tanto, en Tel Aviv, desde muy temprano a la mañana, familiares de los rehenes, junto con otras decenas de personas, han cortado la carretera 1, que une Jerusalén y Tel Aviv. Exigen que se siga cumpliendo el alto el fuego para que regresen todos los secuestrados. En Jerusalén, otra marcha llegó a la oficina del primer ministro en Jerusalén, donde se han producido algunos encontronazos con agentes de policía. LEER MÁS: Estados Unidos e Israel se preparan para iniciar nuevas masacres en Gaza Buscan dar por concluida la “segunda fase” del cese al fuego. Por Olga Cristóbal, 10/02/2025.

A mediados de la semana pasada, el primer ministro francés, François Bayrou, y el presidente Emmanuel Macron, lograron que la Asamblea Nacional aprobara la invocación al artículo 49.3 de la Constitución que permite al primero imponer un presupuesto sin votación parlamentaria. De esta manera, el oficialismo se anota un triunfo que parecía en extremo lejano unos meses atrás, cuando la elección al parlamento europeo desató una crisis política que llevó a Macron a disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas. Este triunfo se cuenta por partida doble, porque, para lograr esta aprobación, contó con los votos del Partido Socialista, lo que implicó el entierro definitivo del Nuevo Frente Popular (NFP), que había ganado las últimas elecciones parlamentarias pero que no hizo valer su triunfo para imponer un primer ministro . El escenario político francés terminó así de completar un giro político espectacular, con la victoria del fascista Reagrupamiento Nacional de Marie Le Pen en junio de 2024, seguido por una victoria del NFP un mes después, una alianza del NFP con el oficialismo en la segunda vuelta en favor de este último, y finalizando con una nueva victoria política de Macron sobre sus adversarios y aliados. El presupuesto que acaba de sortear la moción de censura presentada en aislamiento por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon (integrante del NFP), forma parte de la escalada de la guerra que tiene lugar en Europa en línea con la política que Donald Trump busca imponer en el mundo. Los 53.000 millones de euros en recortes a la seguridad social, servicios, educación y seguridad previsional, y los grandes aumentos de impuestos, son las claves de un presupuesto de ajuste en beneficio de un incremento del gasto militar. El gobierno francés busca llegar al equilibro fiscal (déficit cero) que le permita sortear las normativas de la Unión Europea que impide aumentar gastos para la guerra. Pero Francia tiene un déficit fiscal muy elevado, del 7% del PBI, y las medidas de ajuste apenas servirían para bajarlo al 5,3%. En la misma situación se encuentran numerosos países del continente. Es por eso que, en estos momentos, “la Comisión Europea sondea relajar aún más las reglas fiscales —e incluso algún tipo de suspensión extraordinaria, como sucedió con la covid-19— para dar a los Estados más margen en su gasto militar, sin ser sancionados por déficit excesivo” (El País, 5/2). Esto permitiría “impulsar la (durante años descuidada) industria de la defensa europea y el refuerzo de las capacidades militares. Todo ello cuando la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania va a llegar a su tercer aniversario, y al otro lado del Atlántico, el presidente estadounidense, Donald Trump, empuja a los aliados europeos a gastar más en defensa” (ídem). El gobierno francés prevé llevar los gastos militares a 69.000 millones de euros para 2030, duplicando así lo que gastaba en 2017. No hay que olvidar que Macron encabeza la ofensiva en Europa por llevar la guerra de la OTAN a una nueva etapa, reclamando el envío de tropas de los países miembros para enfrentar a las tropas rusas. Pero las contradicciones de la guerra son insoslayables. Trump ha lanzado una fuerte ofensiva para presionar a los países europeos de la OTAN a que lleven sus gastos militares al 5% del PBI. Las medidas de ajuste, sin embargo, han desatado grandes movilizaciones en Francia durante el último período. Las movilizaciones de cientos de miles de personas a finales del año pasado llevaron a la caída del primer ministro designado por Macron, que cayó en diciembre apenas tres meses después de haber asumido. El gobierno de Macron y del actual primer ministro Bayrou se ha anotado su triunfo con la imposición del presupuesto, lo cual sólo significa que ha zafado del derrumbe y que se vale de medios de un estado de excepción para sortear el enorme impasse en que se encuentra la Asamblea Nacional francesa. Sólo el apoyo del NFP logró que el gobierno salvara la ropa, por ahora. Pero la enorme crisis política que atraviesa Francia (cuatro primeros ministros sólo en 2024) se acrecienta en un cuadro de enorme descontento social y grandes movilizaciones de masas. La agudización de la guerra no hará más que acentuar este carácter explosivo. La aprobación de parte del NFP a este presupuesto de guerra no sorprende a nadie. El propio frente se formó sobre la base de un apoyo al imperialismo de la OTAN y han sido propulsores indiscutidos de una campaña por el acrecentamiento de la industria militar y el apoyo al genocidio que perpetra el sionismo contra el pueblo palestino. A pesar de ello, los partidos del FITU, algunos desde Buenos Aires y otros desde París, apoyaron al NFP en la segunda vuelta del año pasado. El FITU celebró también aquel resultado electoral como un triunfo ; una caracterización que ya hemos refutado y que recibió el último mentís con el desbande actual del NFP. Desde estas páginas advertimos oportunamente que el resultado de las elecciones francesas no significaban un triunfo de la izquierda sino la capitulación de ésta en favor de Macron y caracterizamos desde un comienzo al NFP como un frente pro-OTAN. Los partidos del FIT-U aún no han abierto la boca sobre la deriva del proceso político actual ni realizaron un balance sobre sus caracterizaciones. Por el contrario, un reciente congreso de la agrupación hermana del PTS en Francia concluyó que tienen que seguir “el ejemplo de Argentina, donde el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) agrupa a las principales organizaciones de extrema izquierda y les ha permitido obtener posiciones en las instituciones legislativas para llevar allí una voz obrera y revolucionaria al servicio de las luchas (en particular contra la extrema derecha de Milei)”. Es decir, una ratificación de la política de disolver los intereses de la clase obrera detrás de acuerdos electorales sin principios, en nombre de reunir fuerzas contra la derecha. Mientras los gobiernos europeos discuten presupuestos para escalar la guerra de la OTAN, en estos días el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea advierte de que ni siquiera se ha logrado aún “el objetivo de garantizar un desplazamiento rápido y fluido de personal, material y equipos militares dentro y fuera de la UE con poca antelación y a gran escala”, por lo cual sostienen que es necesaria una revisión completa del estado de caminos, carreteras, puentes y puertos para poner toda la infraestructura europea al servicio de la guerra. La escalada de la guerra mundial agudiza las contradicciones explosivas de la crisis.

La policía de Israel allanó el domingo las dos sedes de la Librería Educativa, una librería histórica de Jerusalén Este y detuvo a los vendedores, Mahmood Muna y Ahmed Muna, miembros de la familia propietaria. El lunes, la Justicia ordenó reabrirla pero dejó a ambos jóvenes bajo arresto domiciliario durante cinco días y les prohibió regresar a su trabajo por otros 15. “Creemos que se trata de una detención política e ilegal”, dijo el abogado Nasser Oday, al que no se le permitió hablar con los detenidos. Desde principio de los años 80, la Librería Educativa es “una piedra angular cultural de Jerusalén Este y sus dos locales son visitados por diplomáticos extranjeros y autores destacados”, señala el New York Times (10/2). Se especializa en obras sobre “el conflicto entre Israel y Palestina” pero también se exhiben películas y se organizan presentaciones y actos culturales. Sin comprender el contenido, solo guiándose por el traductor de Google, títulos sobre Gaza o imágenes de banderas palestinas, los policías se llevaron un centenar de libros -incluido uno infantil para colorear- que “podían incitar a la violencia” o “apoyaban al terrorismo”. Las fotos muestras muchos otros, descuadernados en el suelo por la brutalidad policial. “Empezaron a tirar libros de las estanterías. Buscaban cualquier cosa con una bandera palestina”, dijo Mai Muna, esposa de un detenido. "Es simplemente una locura. Están matando a gente y atacando a los libros", completó Mai (France2 10/2). La noticia y las imágenes se propagaron rápidamente, causando indignación y un aluvión de mensajes de solidaridad. La respuesta fue inmediata, una pequeña pero connotada multitud se presentó ante los tribunales en la primera audiencia, el lunes. Por ejemplo, diplomáticos de nueve países europeos, además de los de la Unión Europea. "Esta redada es un atentado contra la libertad de expresión. Esas presiones deben cesar ya", declaró la delegación de la UE. “Yo, como muchos diplomáticos, disfruto buscando libros en la Librería Educativa”, escribió en las redes el embajador alemán Steffen Seibert. También fue al juzgado el escritor estadounidense Nathan Thrall, ganador del Premio Pulitzer por “Un día en la vida de Abed Salama”. Dijo que las detenciones “dejan la sensación de que no habrá absolutamente ninguna consecuencia, de que la policía tiene total impunidad, de que puede perseguir a dos de los palestinos con más contactos en Jerusalén Este», opinó. David Grossman, destacado novelista israelí, dijo que es cliente de la librería y que el arresto de los Muna era “indignante”. Más de un millar de escritores, artistas, instituciones culturales y comerciantes del sector editorial hebreo firmaron una petición para "condenar" la detención de Mahmoud y Ahmad y reclamar su "liberación inmediata", una demanda a la que también se sumaron la asociación mundial de escritores PEN Internacional y Publishers for Palestine. Apenas reabiertas, los dos locales se vieron abarrotados de clientes y simpatizantes, algunos israelíes con carteles como "no a la persecución política, no a la policía fascista, no a la censura" o "los cobardes confiscan libros". “Si las autoridades buscaban infundir miedo a los palestinos -dijo Murad Muna, hermano de uno de los detenidos- ésta es nuestra respuesta”. Murad negó que los libros promovieran la violencia y que, de hecho, “los libros extranjeros pasaron la censura israelí cuando fueron importados”. Estaba “sorprendido por la solidaridad de la gente de todo el mundo y de la gente local”. "Creo que es un arresto político, nada más", enfatizó el hermano de Mahmoud. "Intentan callar nuestra voz, intentan asustarnos. Aquí tenemos libros internacionales que hablan del conflicto; tenemos muchos de ambos lados. Hay textos de escritores israelíes y de palestinos. Creo que la Policía no tiene elementos para armar un caso, pero intentan armar una gran propaganda". Desde la invasión del 7 de octubre, la policía israelí detiene a palestinos –“árabes israelíes”- solo por condolerse de la masacre en Gaza o pedir el fin de la guerra en las redes sociales. También prohíbe la proyección de películas que critican al ejército o al gobierno. El ataque a la librería refleja la magnitud de la censura y las restricciones a la libertad de expresión. La Asociación para los Derechos Civiles en Israel denunció que los arrestos eran un paso más “en los esfuerzos de las autoridades israelíes para intimidar y silenciar a los palestinos” y destacó “el número sin precedentes de interrogatorios y arrestos de palestinos por delitos relacionados con la expresión” como parte de “una tendencia más amplia de silenciar la voz palestina y cualquier iniciativa o actividad social”. Desde otra ong, B'Tselem, afirman que "los intentos de aplastar al pueblo palestino incluyen el acoso y arresto de intelectuales" como Mahmoud y Ahmad, "dos figuras reconocidas de la escena cultural de Jerusalén que lideran un punto de encuentro de discusión política y cultural". "Israel debe liberarlos inmediatamente y dejar de perseguir a intelectuales palestinos", reclamaron. Otro caso reciente, “que se suma a la preocupación generalizada en la ciudad”, es el arresto desde el 6 de enero de Shaden Al-Qous, una activista afropalestina de Jerusalén con ciudadanía estadounidense y estudiante de Derecho, por supuesta "incitación" en sus publicaciones de redes sociales. Tras pasar semanas en la prisión de Ofer, Al-Qous fue liberada bajo fianza el domingo, un día después de que su padre, Musa Qous, otro reconocido escritor y líder de la comunidad afropalestina, muriera en un trágico incendio en Jerusalén. Jerusalén Este es una parte de la ciudad que Israel arrebató a Jordania en 1967. Israel considera que toda Jerusalén es su capital indivisa aunque la mayoría de los residentes de Jerusalén Este son palestinos y las Naciones Unidas la consideran territorio ocupado.

En las últimas semanas, se conoció la noticia del intento de cierre del canal de televisión Somos Santa Fe, uno de los pocos canales regionales que quedan en la ciudad de Santa Fe y que es propiedad del grupo Telecom Flow. La decisión de la compañía se basa en el decreto 1094/24, firmado por el Gobierno Nacional, el cual facilita a las empresas de telecomunicaciones el cierre de canales locales. En la filial santafesina de Somos -que, como ocurrió en el resto del país, adoptó este nombre cuando Telecom se hizo cargo de Cablevisión y los canales locales fueron reformados según los intereses de la nueva gerencia- trabaja un importante plantel de empleados. Entre ellos se encuentran trabajadores técnicos (camarógrafos, directores, sonidistas, editores, videografistas, etc.) y periodistas. En este momento y como resultado del vaciamiento por parte de la patronal, el canal opera con una capacidad mucho menor de la que podría. Actualmente solo hay un noticiero, un programa de deportes y alguna que otra propuesta más. Asimismo, los trabajadores denuncian que no se están llevando a cabo nuevas producciones. Todo esto tiene un trasfondo. Desde el área de recursos humanos de la compañía, como han asegurado los trabajadores, el canal cerraría sus puertas el 28 de febrero. Para lograr este objetivo, se ha buscado imponer retiros voluntarios. Si bien algunos empleados han aceptado, un grupo importante ha rechazado el apriete patronal y ha asegurado que, si no se resuelve el conflicto, iniciarán un plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo. En las últimas horas, el SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión), en un breve comunicado anunció que envió una carta documento a la empresa, exigiendo clarificar la situación de los trabajadores y trabajadoras del canal. Sin embargo sin llamar a la organización de las bases sindicales, a la organización y lucha de los trabajadores del canal para estar alerta y para realizar las medidas de lucha correspondientes. Por su parte, la Asociación de Prensa de Santa Fe, no ha hecho mención alguna al conflicto. Apoyemos a los trabajadores del Canal Somos para defender los puestos de trabajo.

Convocados por la junta interna de ATE-CONICET (CABA) y Jóvenes Científicxs Precarizadxs, cerca de 300 trabajadores de CyT nos reunimos el lunes 10/02 en el predio del Polo Científico–Tecnológico. Los trascendidos en los medios sobre la posibilidad de que el decreto 70/2025 de supresión y fusión de organismos públicos alcanzara al CONICET y a distintos organismos de Ciencia y Tecnología generaron una gran inquietud entre los trabajadores y la necesidad de dar una respuesta anticipada y que no actúe frente a hechos consumados. ¿Un impasse en la avanzada del Gobierno con su programa de CyT? En un cuadro de rencillas internas en el área de Ciencia y Tecnología (CyT), la semana anterior el Gobierno debió salir a negar que el mencionado decreto alcancase a CONICET; aunque sí trascendió en los medios que el decreto incluiría a organismos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto nacional de Tecnología Industrial) y la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) (Clarín, 7/02/25). También circuló la versión de que el Gobierno proyectaría la provincialización de varios de los 330 institutos de CONICET (algo que implicaría su desfinanciamiento) y el cambio de su estatuto, eliminando el régimen de exclusividad (Periferia, 7/02/25). Es decir, sería considerar el trabajo científico en un régimen part-time, que requiera de otros ingresos para desenvolver la vida de un investigador, lo que equivaldría a disolver la carrera científica, transformar a las áreas sociales en profesiones liberales desjerarquizadas y reducir el plantel de investigadores, en las áreas Ciencias Naturales, a un pequeño sector de trabajadores contratados por empresas de desarrollo tecnológico. Según lo trascendido (El Cronista 10/02), las escaramuzas de palacio se desarrollan en torno a las contradicciones de intereses entre las camarillas liberticidas que entran en pugna con las fusiones de organismos de CyT que estaría impulsando Sturzenegger, principalmente en relación con la CONAE. De un lado, Darío Genua (secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación), del otro Santiago Caputo -ligado a la cúpula de VENG SA (empresa estatal de la que CONAE es accionista principal)-. Finalmente, en este cuadro de fuego amigo, el decreto 70/2025 no contempla tales fusiones, sino que ha disuelto la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía. Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de que intente el desguace de las áreas de CyT por otros medios. Sturzenegger mismo ha declarado en la red social X que el decreto 70 sería el primero de una serie de decretos que él llama “motosierra 2.0”. La asamblea Los rumores sobre una inmediata arremetida contra los organismos de CyT generaron un estado de alerta y movilización de hecho en el sector más activo de los trabajadores de CyT y se convocó a una multitudinaria asamblea en el Polo. En la asamblea, las intervenciones dieron cuenta de los problemas que arrastra el sector (asfixia presupuestaria, recorte de becas y puestos de trabajo, caída salarial, congelamiento de los ingresos a carrera del investigador), pero también de una gran voluntad de lucha. En este sentido, se destacó la necesidad de impulsar un verdadero plan de lucha contra la política liberticida. Asimismo se señaló la importancia de coordinar con otros sectores en lucha, desde estatales (INTI, INTA, CONAE, otros afectados por el decreto), pasando por los trabajadores de la salud, de las fábricas en lucha contra los despidos como Linde Praxair y el nucleamiento en torno a la asamblea antifascista y de las diversidades de Parque Lezama, que convocó a la enorme marcha del 1 de febrero. Entre las resoluciones de la asamblea se votó el inmediato piquete y movilización desde el Polo científico hasta Avenida Santa fe, donde se logró sostener un animado corte parcial. Además, se convocó una nueva movilización en el Polo Científico el próximo miércoles 19/2, en el marco de la reanudación de las sesiones de Directorio, para rechazar cualquier tentativa de profundizar el desguace del organismo, y por todos los reclamos: ampliación del cupo en becas de finalización de doctorado; efectivización inmediata de los ingresos pendientes a CIC y CPA; regularización del cronograma de promociones en CPA; renovación de todos los contratos art. 9 y pase a planta permanente; regularización de las reconsideraciones posdoc pendientes; recomposición salarial urgente. La misma concentración incluirá un ruidazo en la Agencia para reclamar por la cancelación de becas, por el pago de las actualizaciones de estipendios y por la regularización de los PICT. Se votó el estado de alerta y movilización ante la posible salida de un nuevo decreto que ataque al organismo y la solidaridad con otros sectores del Estado afectados, así como el apoyo a la concentración en Obelisco contra los incendios en la Patagonia y la “Marcha de la Resistencia”. El estado de movilización del sector más activo de trabajadores de CyT propicia un punto de partida para organizar, desde los distintos organismos de CyT y lugares de trabajo, una movilización política, junto a los demás trabajadores del Estado y de las universidades, que enfrente con vigor al gobierno liberticida. Más allá de la ofensiva que el Gobierno pudo impulsar en 2024 en relación al vaciamiento del sistema de CyT (desfinanciamiento presupuestario, despidos de trabajadores administrativos, restricción de becas), las rencillas que trascienden evidencian una dificultad para desenvolver plenamente su programa en CyT sintetizado en su “plan estratégico de la ciencia 2024-25” (ver Política Obrera 14/01/2025). Este relativo impasse en la política liberticida en CyT no debe reflejarse en un impasse propio; los trabajadores de CyT debemos aprovechar todo rumor que se filtre entre sus rencillas para desarrollar una iniciativa política que enfrente el liberticidio de la investigación científica y tecnológica nacional. LEER MÁS: Milei anuncia cierres y despidos masivos en el Estado con el decreto 70/2025 Por Agustina Martelli, 06/02/2025. Un nuevo DNU que pretende destruir el CONICET Ganemos la calle contra el fascismo cultural ¡Preparemos la huelga general! Por Anahí Rodríguez, 06/02/2025. CONICET: retomemos la organización por las becas y contra el ajuste Por Agustina Martelli, 24/01/2025. El gobierno intenta imponer su programa en Ciencia y Tecnología con métodos liberticidas Por Alejandro Barton y Agustina Martelli, 14/01/2025.

Reproducimos a continuación el comunicado emitido por la comisión interna de la planta de Linde Praxair en el día de ayer con motivo del dictado de Conciliación Obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. ¡CONCILIACIÓN OBLIGATORIA EN LINDE PRAXAIR! ¡El MIÉRCOLES 12, LOS DESPEDIDOS DEBEN SER REINCORPORADOS! En el día de hoy, la intervención de oficio del ejecutivo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires se dio luego de la extraordinaria convocatoria en Panamericana y 197 y la posterior movilización a la puerta del establecimiento, que contó con la presencia de más de 300 personas y la participación de organizaciones sindicales como bancarios, gráficos (FGB), subte (AGTSyP), aeronáuticos (APA), CTA-T, CTA-A, ATE, FETIA, SUTEBA Tigre, ATE Tigre, ATE Sur, SUTNA, FeTARA, Municipales de Vicente López, AGD-UBA, cuerpos de delegados y comisiones internas de la 60, Frigorífico Rioplatense, Mondelez, trabajadores de FATE, Cooperativa Madygraf, canillitas, telefónicos, docentes de Escobar y Malvinas Argentinas, organizaciones políticas y territoriales como el Partido Justicialista de Tigre, La Cámpora Tigre, Agrupación Siempre Peronista, el Ateneo Néstor Kirchner, Agrupación Talar Sur, la Mesa Cristina Conducción, el MST, PTS, OS, NMAS, PO, IS, Agrupación Primero La Patria, COR, la Corriente Nacional Martín Fierro, el Movimiento Evita, entre otras, los diputados nacionales Esteban Paulon, Christian Castillo y Vanina Biasi, el exdiputado Luis Zamora y los concejales Lucas Gianella de Tigre y Valeria Bibiano de José C. Paz y muchos vecinos de La Paloma, Ricardo Rojas, Las Tunas y Los Troncos. Después de la movilización se realizó una nueva reunión en el sindicato con la empresa, en la que nuevamente no hubo ninguna propuesta concreta de la patronal y se pautó una nueva cita para el miércoles 12. Por todo esto, mañana miércoles, estaremos informando la situación y convocando a una nueva reunión del Comité de Solidaridad con las y los Trabajadores de Linde Praxair y a todas las organizaciones y vecinos que nos apoyan para conversar distintas acciones. ¡Los derechos se defienden luchando! ¡La única lucha que se pierde es la que se abandona! Vienen por todos/as! ¡Organicemos, unifiquemos y coordinemos todas las luchas! ¡UNIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y DE TODOS LOS SECTORES EN LUCHA! Comisión interna y trabajadores/as de Linde Praxair Pacheco (11/02/25) LEER MÁS: Conciliación Obligatoria en Linde-Praxair: la patronal se niega a reinstalar a los despedidos Por una movilización de conjunto para lograr su reincorporación definitiva. Por Pablo Busch, 12/02/2025. Piquete y movilización de los trabajadores de Praxair La lucha continúa. Por Pablo Busch, 11/02/2025.

Ayer martes, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino de oficio en el conflicto por los despedidos en Linde Praxair y dictó la Conciliación Obligatoria, por lo que los despedidos debían volver a sus puestos de trabajo hoy. Sin embargo, la empresa ha decidido esta madrugada no dejar ingresar a los 6 trabajadores reinstalados, argumentando que todavía faltan “cumplir formalismos” para que se haga efectiva su reinstalación. La audiencia se realizó en la Delegación de Tigre del Ministerio de Trabajo provincial, solamente con los representantes de la empresa porque el SPIQyP de CABA y Zonas Adyacentes no se presentó, luego de haber levantado intempestivamente la huelga en las plantas de Ensenada, Pilar, Avellaneda y Quilmes el jueves pasado, a pesar de que no se había llegado a ningún acuerdo de reincorporaciones y que la asamblea de trabajadores de Pacheco seguía con la huelga. La intervención del Ministerio de Trabajo de Provincia fue interpretada por los trabajadores como una respuesta a la “extraordinaria convocatoria en Panamericana y 197 y la posterior movilización a la puerta de planta”. Las negociaciones entre la empresa y los trabajadores amenazaban una nueva ronda de huelgas -en Planta Pacheco seguro-, algo que la patronal no tuvo margen para sostener. La Conciliación Obligatoria no debe ser nunca confundida con la reincorporación definitiva de los trabajadores, que es una derrota completa de la patronal. En una lucha contra los despidos y sólo con los despedidos adentro, puede convenir a los trabajadores para reforzar la lucha, pero la reinstalación de los trabajadores es momentánea y la patronal puede volver a la carga con los despidos una vez se venza el período de duración de la conciliación. Desde la burocracia sindical se vende a la instancia de CO como una conquista, porque saca la discusión del ámbito huelguistico para llevarlo a las oficinas del Ministerio de Trabajo -donde la patronal puede discutir con los trabajadores individualmente-. La reinstalación significa una derrota de la patronal, de las maniobras del SPIQyP (CABA y zonas adyacentes) y un segundo triunfo de los trabajadores de Linde-Praxair Planta Pacheco (el primero fue la reinstalación de todos los trabajadores durante la tregua de diciembre-enero). Ahora viene la lucha por la reinstalación con tareas en sus puestos de trabajo y luego la lucha por la reincorporación definitiva. Un triunfo de los trabajadores de Linde-Praxair significará un gran punto de apoyo para la lucha contra los despidos en la zona norte. LEER MÁS: Comunicado de los trabajadores de Linde Praxair Por Comisión interna y trabajadores/as de Linde Praxair Pacheco, 12/02/2025. Piquete y movilización de los trabajadores de Praxair La lucha continúa. Por Pablo Busch, 11/02/2025.

A fines de 2024, el Ministerio de Capital Humano, ante el reclamo de alimentos por parte de los comedores organizados con las organizaciones sociales, dispuso otorgar una tarjeta para la compra de alimentos. De la totalidad de 44.000 comedores presentados en diciembre del 2023, inscribió sólo a 4000 comedores para recibir los alimentos con esa modalidad. Las tarjetas debían estar en manos de los comedores en enero de 2025. Las organizaciones debieron presentar documentación al día en la Inspección General de Justicia y en AFIP. Luego, firmaron convenios con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con todos los requisitos cumplidos. Sin embargo, en una nueva maniobra de Capital Humano, retroceden y rechazan el otorgamiento de tarjetas convenidas con las organizaciones. Ahora dispone que los convenios deben ser realizados con el aval de un organismo gubernamental, es decir, municipios y gobernaciones, o de una ONG, como la iglesia. Los responsables delegados del Polo Obrero Tendencia, como otras organizaciones, prepararon las planillas, documentación, fotos, firmas y avales en una nueva presentación. Desde la asunción del gobierno liberticida, continúan las medidas para liquidar las organizaciones de lucha. Las llevó adelante pérfidamente con el retiro de los alimentos a los comedores y merenderos, mientras en los depósitos se pudrían. Congeló el plan social desde hace un año a $78.000, desenganchándolo del salario mínimo vital y móvil. Se retiró del pago del monotributo social en un 50 %. Hoy una gran cantidad de compañeros están sin cobertura de salud o sin aporte jubilatorio por no poder hacerse cargo de pagar la cuota del monotributo social, en $ 8300. Reprimió las protestas mediante la aplicación del protocolo represivo antipiquetes de Milei-Bullrich. Armó causas judiciales, procesos, persecuciones, allanamientos, detenciones. Usó una campaña mediática de difamaciones contra las organizaciones de lucha. Las nuevas maniobras del Gobierno tienen la intención política de ir contra todos los derechos: el derecho a comer, a la vivienda, salud, educación, derechos laborales, derechos de la mujer, de las disidencias de género, derechos de los migrantes etc. Hace falta una respuesta unificada de todas las organizaciones, todos los comedores, merenderos de los barrios, para quebrar esta política antiobrera reaccionaria, de degradación social. Por la entrega inmediata de los alimentos a comedores y merenderos. Trabajo bajo convenio, presentación de una bolsa de trabajo a cargo de las organizaciones. Por un seguro al desocupado igual al 80 % del costo de la canasta familiar. Entrega de útiles y guardapolvos para el inicio escolar.

Después de la última huelga y el golpe de los 126 compañeros cesanteados con el que el Gobierno pretende terminar con la autoconvocatoria a fin de liquidar el salario en la provincia, el movimiento docente ha comenzado a reunirse, a deliberar y a retomar un principio de reacción para frenar estos ataques del Gobierno y la total entrega de los últimos delegados cooptados por Sáenz. Es así que compañeros autoconvocados de bases convocaron una primera asamblea reorganizativa, donde 20 docentes votaron contra las cesantías, pidiendo inmediata reincorporación y también rechazó el escandaloso 4 % que ofrece Sáenz a la intergremial. Luego de la asamblea, Sáenz elevó a ese miserable 4 % un 2 % más que, sin dudas, volverá a ser repudiado por los docentes y el conjunto de los trabajadores. Esta asamblea además votó un plan de reorganización de la asamblea provincial, con reuniones y plenarios que pudieran garantizar una nueva asamblea provincial para el día sábado 15, ya que se discutió la gravedad de la liquidación del salario docente. La medida pretende atacar cualquier intento de lucha y huelga para recuperar el mismo y defender la escuela pública de la política privatista de Sáenz y Milei. La primera asamblea, aún minoritaria, también votó plegarse a las acciones convocadas por los docentes de Tartagal. Uno de los cesanteados participó en la asamblea y planteó que es inviable el avance legal, en tanto en Salta no existe independencia de la justicia y el poder político. Y la necesidad de retomar la autoconvocatoria y la huelga como único camino. El derrumbe general de las condiciones de vida, el salario y las condiciones educativas, que se agravarán este año sin paritarias por decisiones de Milei y con el mismo presupuesto que en 2023, plantea que los docentes debemos impulsar con todo este principio de reacción y reagrupamiento, como único método que puede organizarnos frente al Gobierno. Para avanzar, deberá reorganizarse sobre una nueva dirección de delegados de bases, que sean revocables y sobre todo respondan a un método de independencia política del gobierno. Esto implicará ser un genuino y férreo defensor de lo votado en la asamblea por las bases, para no terminar con delegados de Sáenz como Bazán, Uriona, Di Piazza, Caliva y cuantos otros, que entregan nuestros enormes esfuerzos en huelga por acomodos y prebendas políticas, dejando en el olvido el mandato por el cual fueron elegidos. Tenemos un gran testimonio de lucha y organización de la autoconvocatoria en nuestra propia historia. Como dijo la primera asamblea de este año, debemos aprender de ella. Romero no pudo, Urtubey no pudo y Sáenz no podrá. Vamos por un aumento del 100 % del salario, que ha quedado hundido en la pobreza, hasta el docente de mayor antigüedad. Abajo las cesantías que son un golpe al derecho a reclamar por el salario. Reincorporación de los cesanteados y pliego histórico que nos adeudan los gobiernos de Salta. Todos a la asamblea del 15. Impulsamos con todo este principio del reagrupamiento y reacción de los docentes salteños, vanguardia de la clase obrera salteña. LEER MÁS: Salta: abajo el despido de docentes autoconvocados Por Violeta Gil, 28/01/2025.

Donald Trump se ha apoderado del poder político en Estados Unidos. Trump reanuda la tarea; corona, de este modo, el golpe de Estado que no logró imponer hace cuatro años , en enero de 2021. En estas primeras tres semanas, Estados Unidos ha caído en un régimen de gobierno por decreto , lo mismo que viene haciendo Javier Milei desde que dictó la Ley Bases y el DNU 70/2023, aún vigente. Siguiendo el precedente ‘argentino’, Trump ha decretado el cierre de organismos del Estado, numerosos como importantes, ha impulsado despidos masivos, ha cercenado derechos democráticos (como el de ciudadanía) y entregado a Elon Musk un poder estatal paralelo para liquidar el sistema de salud y establecer un sistema de espionaje social y financiero sobre la masa de contribuyentes. Nada que no haya hecho Milei. Milei ha seguido a Trump en la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud . La OMS es el último despojo que quedaba para coordinar internacionalmente el combate a las pandemias, que reciben ese nombre porque atraviesan todas las fronteras. Trump ha encargado a Musk la liquidación del mayor programa de asistencia a la Salud (Medicaid) , con un presupuesto de un billón y medio de dólares, al igual que lo hace Milei con la privatización generalizada, la arancelización del hospital público y la liquidación de las Obras Sociales. Lo más grave, sin embargo, es la decisión de Trump de ejecutar la "limpieza étnica” final del pueblo palestino . Fue exactamente lo que hizo Hitler, en 1939, en la primera fase de “la solución final” que se había asignado con el pueblo judío. Milei ha anunciado su decidido apoyo a este crimen de lesa humanidad. Los Congresos nacionales, tanto de Estados Unidos como de Argentina, guardan un silencio cómplice frente a estas atrocidades. En este marco debe entenderse la ola de deportaciones de inmigrantes, la violación del derecho de asilo y la reapertura de la siniestra cárcel de Guantánamo. La crisis de la humanidad, provocada por el sistema capitalista y sus gobiernos, ingresa en la etapa de la tragedia. La guerra mundial, que se ha desarrollado hasta ahora en Ucrania, Europa y Medio Oriente, pasa también a una nueva etapa. El propósito declarado de retomar el control del canal de Panamá es una declaración de guerra contra China, para despojarla de los dos puertos que ha construido para hacer viable el paso por esa vía marítima. Lo mismo ocurre con las amenazas a México y Canadá, dos plataformas de las cadenas de producción de China hacia Estados Unidos. Sin aviso, Trump echó a la basura el tratado de libre comercio con estos países, redactados por él mismo en su primer mandato. La guerra arancelaria desatada por Trump agravará aún más la crisis económica mundial y la penuria de los trabajadores, con inflación y despidos. En esto, Trump dejó de lado a Milei al meter un fenomenal arancel de importación indiscriminado contra el acero y el aluminio. El intento de restablecer la dominación mundial del imperialismo norteamericano, en el marco de la decadencia del capitalismo, anuncia crisis sociales mayores y guerras de destrucción masiva. Necesitamos una movilización masiva internacional de los trabajadores para parar en seco los estragos de la agonía capitalista y abrir una perspectiva de confraternización de todos los pueblos y naciones. Más vigente que hace doscientos años: Proletarios de todos los países, uníos.

Lucas Mercado tenía 20 años. En el marco de una severa crisis descripta como emocional, o de ansiedad y pánico, y problemas con el consumo de sustancias, recurrió al Hospital de Salud Mental Miguel Ragone para pedir ayuda. En la guardia no lo recibieron y luego de la intervención policial terminó muerto. Su madre relató en los medios que, al momento de asistirlos, la policía los separó en dos camionetas respectivamente, y cuando ella regresó encontró a su hijo muerto, esposado en el piso, con golpes en el rostro, la nariz, la frente y el pecho. El hecho ocurrió el 3 de enero pasado y desde entonces sus familiares y amigos han convocado a actividades y movilizaciones reclamando justicia y denunciando la brutalidad policial y el abandono de persona por parte del hospital. El abogado de la familia ha declarado en los medios que hay testigos que vieron a la policía reprimir a Lucas con golpes y hasta con una picana eléctrica; no obstante, la partida de defunción no señala que haya muerto a causa de los golpes, sino por un problema cardiovascular. Tres de los policías intervinientes dieron positivo en cocaína en un estudio toxicológico. Al cierre de esta nota, sin embargo, no hay sanciones ni mucho menos imputaciones. El caso refleja los profundos lazos entre el narcotráfico y el Estado salteño (de Sáenz para abajo, pasando por la complicidad de jueces y fiscales y, por supuesto, su institución policial). El consumo y la distribución de droga dentro de las fuerzas no es sorpresa para nadie. La drogadicción dentro de las filas de la policía y la creación de grupos especializados refuerza su accionar descompuesto, hostil, contra las masas. El muro de Bullrich “para combatir el narcotráfico” sólo contribuye a la militarización contra los trabajadores salteños y a que el gobernador monte un Estado policial en la provincia. Mientras, crece la adicción en los barrios a la vez que prevalece la nula ayuda estatal para estos casos. A su vez, la lucha que han emprendido los familiares y amigos de Lucas enfrenta a una Justicia clasista que en casos anteriores de gatillo fácil se las ha ingeniado para absolver a los policías asesinos o involucrados, como ha ocurrido ante el asesinato de Cristian Gallardo, la mutilación de Luciano Cruz y el crimen de Agustina Nieto. Incluso, el llevar a juicio a los policías ha significado conquistas parciales de la Comisión de Familiares después de largas batallas. El juicio próximo contra los asesinos de Gury Farfán se inscribe en esta línea. En conclusión, los tres efectivos policiales apuntados como autores del crimen de Lucas no constituyen un caso aislado o “de irresponsabilidad” únicamente de ellos, dentro de las fuerzas represivas: es un modo de actuar de las mismas, un método. Sáenz se vale de esta policía para avanzar contra el salario, contra los puestos de trabajo, y reprimir las luchas que se levantan por la vivienda, la educación y la salud. Por eso, a finales de 2024, anunció con bombos y platillos el Plan de Renovacion de la Flota Policial, donde entregó nuevas camionetas y motos al Jefe de Policía, al Director del 911 Victor Claros, y equipamiento al Director del Servicio Penitenciario. Una “inversión” que realiza el gobernador en contraposición con el reclamo de acceso a la salud, donde han desarrollado una política fascista contra trabajadores extranjeros. En lo que respecta a “seguridad”, Sáenz busca avanzar en línea con el gobierno de Milei. El crimen contra Lucas y los distintos casos de gatillo fácil en la provincia torna necesario, por lo tanto, rodear de solidaridad la lucha por justicia por él y cada uno de los casos: para derrotar al adversario común de los trabajadores y a su brazo armado represor.

Algunas horas antes de que comience el recital de Milo J en el predio de la ex-ESMA, la justicia federal dio lugar a la medida cautelar presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ordenó su suspensión. La misma fue acompañada de un gigantesco operativo represivo que contó con una desproporcionada cantidad de efectivos federales y camiones hidrantes que amedrentaron a los cientos de adolescentes y familias que estaban esperando para entrar al predio. La madre y manager del músico denunció que desde la Secretaría amenazaron que “si no se suspendía el recital iban a reprimir a los chicos que estaban en la puerta”. Se esperaban 20.000 personas. La Secretaría, a cargo del ex juez Alberto Baños, depende del Ministerio de Justicia conducido por Cúneo Libarona, un negacionista confeso y ejecutor de la política criminal de desmantelamiento de los espacios de memoria. A diferencia de la cautelar, que aducía que el Estado nacional no había sido notificado del evento, lo que suponía razones operativas y de seguridad para suspender el recital, en declaraciones en X Cúneo Libarona dejó en claro el verdadero motivo, al considerar que “se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley.” No solo se arroga la potestad del Estado nacional sobre un espacio que en realidad depende de un órgano ejecutivo con autarquía administrativa (lo que también refleja la complicidad de la Justicia en la aceptación de la cautelar); sino que, además, al catalogar al recital como “político”, pone de relieve que la presentación judicial tenía como único objetivo la censura del mismo. La cautelar también es un acto político, la de un gobierno negacionista que impide con una presentación judicial de última hora el recital de un músico comprometido con la defensa de los derechos humanos. Respecto a la cautelar, Milo J dijo que “el Gobierno Nacional mostró papeles, datos de salud y planos de evacuación que eran falsos, salidas de emergencias que dijeron que no están y sí estaban”. Contra la censura se pronunciaron varios artistas e incluso el Club Morón. Uno de los artistas fue Charly García, que se comunicó con el músico y lo impulsó a continuar con su compromiso, relatándole su propia experiencia con la censura. Los reivindicadores de los Juan Represión y las Botas Locas en el gobierno ven, como entonces, una amenaza en el arte comprometido. Es otro frente donde dar la batalla contra la política criminal del gobierno.

A finales del 2024 la Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo rubricado por Rosatti, Lorenzetti y el ya jubilado Maqueda, traspasaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires la revisión de sentencias de la Justicia Nacional. Los cortesanos tomaron como base la causa que los familiares del artista plástico León Ferrari mantiene con Levinas, reforzando la autonomía de judicial porteña, “otorgando al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad la facultad de resolver recursos extraordinarios en causas tramitadas por la Justicia nacional.” (Quorum10/02/2025) La reforma constitucional de 1994 le concedió a la ciudad de Buenos Aires autonomía en su régimen de gobierno, la cual se vio cercenada por la Ley Cafiero (Ley 24.588) de 1995 que legisla sobre “la relación entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fijando los límites y alcances de las competencias locales y nacionales dentro de su territorio” (Ídem). La ley en cuestión plantea que, más allá de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, los fueros de la justicia penal ordinaria, el civil y el comercial, permanecerían bajo la jurisdicción nacional, hasta que se completara la transferencia de competencias. Un ejemplo de esto fue la creación de la Policía de la Ciudad en 2016 y la “ampliación del sistema judicial local.” (Ídem) El fallo en el caso “Levinas” por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en diciembre pasado, sentó precedente para que “el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) será competente para resolver los recursos extraordinarios presentados en procesos que tramitan ante la justicia nacional ordinaria en la Ciudad.” De esta manera “las decisiones de las Cámaras de Apelaciones de la Nación en causas no penales ya no podrán ser recurridas directamente ante la CSJN.” (Ídem) Así, los litigantes deberán acudir al TSJ porteño y sólo, luego de que el TSJ emita su fallo, podrá interponerse el recurso extraordinario federal ante la Corte. Rosatti, Lorenzentti y Maqueda, justificaron el fallo en el caso “Levinas”, amparándose en que la reforma constitucional de 1994 le dio a la ciudad de Buenos Aires una situación de autonomía equiparables al de las provincias. Por su parte el juez Rosenkratz votó en contra, entendiendo que “los jueces nacionales con competencia ordinaria en CABA forman parte del Poder Judicial de la Nación. Según su criterio, la Corte no tiene facultades para modificar el esquema de competencias establecido por ley ni para asignar funciones propias de un tribunal nacional a uno local.” Rosenkratz, en su momento, ha señalado que el fallo de la Corte “representa un rediseño institucional” y convierte al TSJ porteño en un tribunal nacional, lo que está por fuer a en el ordenamiento constitucional. La Causa Correo Argentino y el enroque del macrismo La resolución de caso Ferrari–Levinas le habilita una fuga hacia adelante a Macri en la causa Correo Argentino, por la que debería pagar una deuda millonaria que mantiene desde 2001 con el Estado argentino. La CSJN le concede una ofrenda a Macri, ya que el fallo habilita a que el expediente por la causa Correo, que se tramita actualmente en el fuero comercial nacional, sea investigada por el TSJ, donde el macrismo hace sentir su influencia. La causa está caratulada como SOCMA AMERICANA S.A., empresa matriz del grupo Macri, que tenía bajo su égida al Correo Argentino y es la que debe hacerse cargo de la quiebra en el caso de que quede firme la resolución. Dos décadas después de que se dé inicio al expediente (2001), la jueza Marta Cirulli realizó la declaración de quiebra que, por apelación, fue suspendida. En 2017, cuando Macri era presidente, la fiscal Gabriela Boquin presentó en la Cámara Comercial las pruebas del entramado con el Estado para licuarle el 98,87 por ciento de la deuda. (Página 12 27/12/2024) La familia Macri, además de no tener intenciones de pagar la millonaria deuda, quiere sacarse de encima las irregularidades que se dieron en el concurso de acreedores, denunciado por la fiscal Boquin, que expuso los mecanismos de vaciamiento que se ejercieron en el Correo Argentino. “Son aspectos determinantes en cuanto a las consecuencias económicas para la extensión de la quiebra a SOCMA. Pero, además, el grupo empresario aspira en otro fuero, si sale ganador, conseguir alguna clase de resarcimiento por la expropiación de la empresa.” (Ídem) Macri en el TSJ de CABA juega de local. La pléyade por la que está compuesto el tribunal responde en casi su totalidad al macrismo. El TSJ está integrado por Inés Weinberg, candidata de Macri a la Procuración General, Vivian De Langhe, que se desempeñó como directora del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, Santiago Otamendi, ex viceministro durante la gestión de Garavano y al staff lo completan el juez Luis Lozano, afín al macrismo, y la jueza Alicia Ruiz, la única no alineada. Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia se erige como árbitro de la crisis de régimen. Una caída en desgracia en términos económicos del Grupo Macri, se traduciría en un desplome político del ya resquebrajado macrismo, que está siendo torpedeado por Milei en todas sus líneas.

El miércoles 12/02 los docentes de CABA recibimos desde nuestras cuentas oficiales un mail de la ministra Mercedes Miguel, donde se adjunta el nuevo Reglamento Escolar. No tardaron en circular por los diversos grupos docentes expresiones de indignación ante la lectura de la normativa de “convivencia” escolar que se persigue. La resolución que establece el nuevo reglamento (el anterior data de 2004) se enmarca en la reforma educativa que anunciara en 2024 el gobierno de Macri con el nombre de “Plan Estratégico Buenos Aires Aprende.” Al contenido reaccionario en materia de degradación educativa y de despidos docentes, se agrega ahora un régimen de represión interna que procura el disciplinamiento de docentes y alumnos. El capítulo referido como “Prohibiciones del personal docente” es propio de un régimen de dictadura. Entre otros puntos, prohíbe: “Expresar durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia. En caso de que estos surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante, el docente deberá informar al equipo de conducción para que los equipos especializados (!) puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación”. Con la figuración de una psiquis del adolescente como una tábula rasa, permeable acríticamente a cualquier idea que se le presente, todo conocimiento que se presente en forma crítica por el docente, se presenta como una manipulación ideológica que tiene como fin alterar el desarrollo psíquico del joven. Es la narrativa de Milei de que lo que llama “ideología de género” constituye abuso infantil. El recurso discursivo a la “libertad individual” habilita al liberticidio educativo y cultural. El agregado del adjetivo “partidaria” al sustantivo “política”, busca legitimar la prohibición de todo debate sobre la realidad social y política en general. Cualquier simple opinión puede interpretarse como propia de un “partido”, en la medida en que un partido expresa un conjunto de ideas, programa, etc. sobre la realidad social y política; de modo que cualquier mención a ésta habilita la intervención de la conducción escolar y sus “equipos especializados”. Figura, esta última que no existe en el actual sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se afirma con esto la constitución de un cuerpo de control ideológico? Por último, señalemos en este punto la mención a la familia en el “acompañamiento” al estudiante “frente a estas situaciones”; punto que incentiva un régimen de hostigamiento de la labor docente y de denuncias con consecuencias laborales. Dentro del mismo artículo referido como “Prohibiciones del personal docente”, se establece dentro del reglamento escolar un punto ya presente en la ley nacional de esencialidad educativa, que tiene media sanción en Diputados: “Desarrollar toda conducta, acción, o actividad que implique la interrupción del servicio o apertura regular del establecimiento, afectando con ello el Derecho a la Educación Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes, reconocidos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Tratados Internacionales, bajo apercibimiento de ser pasibles de sanciones disciplinarias, en el marco del procedimiento sumarial correspondiente.” ¡La normativa escolar de CABA se reserva para si la potestad de anular el derecho a huelga anticipándose al Estado Nacional! Una tendencia internacional reaccionaria que debe ser enfrentada por la organización de los docentes y estudiantes en las escuelas. El reglamento que impulsan Macri y su ministra Mercedes Miguel, tiene su antecedente en la decisión del gobierno de CABA de dar de baja los contenidos sobre Educación Sexual Integral del del portal virtual Educ.ar (productos audiovisuales con contenidos sobre grooming, anticoncepción y prevención de VIH). En dicha oportunidad, Jorge Macri había sostenido que “Todos los documentos, imágenes, videos, cursos, actividades y bibliografía de esta materia serán objeto de un estudio neutral”; la misma línea argumental que sostiene el reglamento escolar sobre (aquellas opiniones o conductas que) “de manera intencionada pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad (...)” El argumento en el decreto de Milei que incorpora en la Reglamentación de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es el siguiente apartado: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar política partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”. La política educativa de Jorge Macri se alinea con la corriente internacional reaccionaria de Trump, Meloni y Milei (ver Política Obrera 23/01/2025). Enfrentemos estos intentos fascistizantes con la organización de docentes y estudiantes en las escuelas por la defensa de una educación crítica y emancipadora.

La fiscalía a cargo del fiscal Gerardo Pollicita ha pedido el juicio oral para Eduardo Belliboni y 17 miembros de las organizaciones Polo Obrero -oficial- y Barrios de Pie en la causa por extorsión y fraude al Estado. El pedido, que se realizó el lunes, incluye un supuesto desvió de fondos del plan Potenciar Trabajo y de diferentes convenios con el ex ministerio de Desarrollo Social para financiar actividades políticas. La fiscalía ha armado una campaña de difamación de los imputados por medio de la filtración de información no verificable, a través de LN+ y América TV. El fiscal encuadra la acusación directamente como un esquema mafioso. “Entre junio de 2020 y marzo de 2024 (se desarrolló) una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica”. Los acusados se habrían valido de “la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”. Suma a lo anterior, el pedido de investigar a otra cadena de acusados como parte de una asociación ilícita y de lavado de dinero. La filtración de supuesta información a Luis Majul y Luis Gasulla ha puesto en evidencia que se prepara un “informe especial” contra Belliboni y el Polo Obrero con documentos de la causa que no son públicos. La decisión de LN+ de no presentar apenas fue denunciada la intención de hacerlo, fue relevada por América TV y por los periodistas Nicolás Wiñazki y Emilio Fioriti, que apoyaron su operativo de desinformación con la presencia de Manuel Adorni, el especialista oficial en esos menesteres. La Cámara de Casación ha rechazado la presentación de testigos por parte de las defensas, mientras convalida a los ‘protegidos’ anónimos que ha seleccionado Pollicita. Jueces y fiscales han violado todas las reglas de la defensa en juicio. Ni en su pedido de juicio oral ni en instancias anteriores Pollicita incluyó, más allá de alguna insinuación periodística, a los funcionarios a cargo de estas estructuras y del control de los fondos, como el ex secretario Emilio Pérsico y los ex ministros Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz. Como en el tango, los fraudes y desvíos de fondos requieren dos partes –los ejecutores activos y los ejecutores pasivos o cómplices. Las organizaciones sociales habían instalado afiliados, a pedido del ex Ministerio, para colaborar en esos controles con los funcionarios del gobierno Pollicita, excediendo su función acusatoria, señala un esquema piramidal de extorsión y estafa con los planes sociales, a partir de las contribuciones de los miembros de las OOSS al mantenimiento de la organización. El rufianismo libertario que gobierna a Argentina ha elevado al autofinanciamiento (de la salud, la educación, las Obras Sociales) a una categoría suprema, para acabar con “el Estado estafador”, por un lado, y poder destinar todo el excedente financiero del Tesoro al pago de la deuda externa. Pollicita no vacila en atribuir a Belliboni y a otros dirigentes un “enriquecimiento ilícito”. Deberá probarlo en el juicio oral, aunque lo más seguro es que los presente por ‘inferencia’, o sea que sería lo que Pollicita habría hecho en circunstancias semejantes. Los pedidos de la defensa La defensa ha pedido de apartamiento del fiscal Pollicita por filtrar información de la causa a la prensa, lo cual define como un “proceso altamente mediático y estigmatizante”, por haber impedido el acceso a las pruebas y los testimonios de los testigos reservados de la acusación a la presentación de pruebas y testigos propios. Consultado, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, dijo: “Pollicita debe ser apartado de la causa por mentir y operar para perseguir la protesta social”. Su abogada denunció a la ministra Sandra Pettovello por falso testimonio y falsedad ideológica, tras ocultar documentación del Ministerio sobre las rendiciones de cuentas, pidiendo que se la aparte como querellante de la causa. Es viernes 14 tendrá lugar una conferencia de prensa frente a los Tribunales de Comodoro Py. Esta causa contra organizaciones sociales contiene imputaciones que implican más de 10 años de cárcel. El gobierno ha declarado desde el primer día su intención de destruir las organizaciones sindicales y sociales desde mucho antes de haberse impuesto en el balotaje.

El viernes 14 de febrero a las 16 hs. se realizará una asamblea abierta autoconvocada de trabajadores profesionales y jubilados municipales de la salud de La Matanza en la plaza de San Justo . Los motivos son el salario básico por debajo de la línea de indigencia, el básico no llega a $200.000 , la incorporación al básico de un vario pinto de sumas en negro, bonos y presentismos, el vaciamiento sistemático de los centros de salud, la falta de personal, la carencia de insumos necesarios, el estado edilicio deplorable, el posible cierre del CEMEFIR y la pérdida de 70 puestos de trabajo , entre otros reclamos, Estarán presentes trabajadores del Policlínico de San Justo que están en asamblea permanente, los trabajadores del Hospital Teresa Germani de Gregorio de Laferrere, los trabajadores del Hospital Equiza de González Catán y los trabajadores del Hospital del niño de San Justo. La autoconvocatoria es la vía de resistencia contra los embates del gobierno nacional, provincial y municipal y ante la deserción y el inmovilismo de las burocracias sindicales, tanto de CICOP (sección municipal) y el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (STMLM) Jubilados municipales se suman a la asamblea El miércoles 12 de febrero jubilados municipales realizaron una manifestación en la plaza de San Justo en reclamo de mejora de sueldo para los trabajadores activos municipales y para los jubilados. Reclaman que cobran los aumentos tres meses después de haberse generado, mala liquidación de haberes, etc. Los jubilados municipales cobran $312000, se suman a la asamblea del viernes 14 de febrero en apoyo a los trabajadores activos y en defensa de sus derechos. Los ataques de Milei, Espinoza y los gobernadores sobre la salud requiere una respuesta de conjunto como la masiva marcha antifascista. La situación exige una acción de lucha independiente para defender la salud, a los trabajadores, a los profesionales y a los jubilados.

En el día de ayer, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich viajó a El Bolsón. Voló sobre la zona de los incendios en helicóptero, evitando el contacto directo con los vecinos, que se encuentran combatiendo las llamas desde hace dos semanas, contra la campaña de hostigamiento de los gobiernos de Weretilneck e Ignacio Torres. También anunció, junto al Ministro de Defensa Luis Petri, la conformación de la Agencia Federal de Emergencias. La Agencia, centralizaría todos los organismos del Ejecutivo, de distintas carteras, cuyo objetivo es el combate de desastres naturales. Bullrich planteó que el Ministerio de Seguridad sería el único organismo del Estado idóneo para trabajar en el combate de estos desastres y que la centralización eficientizaría las tareas. En realidad, como no nos cansaremos nunca de decir, lo que está en discusión aquí no es una cuestión de organización de “las estructuras del Estado”, aunque eventualmente, la organización de las brigadas autoconvocadas, y los materiales acordes, por ejemplo, bajo la batuta de una comisión independiente de vecinos, permitiría planificar y mejorar el ataque del fuego. Todo lo que importa es qué política dirige la prevención y, una vez ocurrido, el plan de respuesta a estos eventos (sean incendios, inundaciones, etc.). La ministra hace este planteo pasado un mes y medio desde el inicio de los primeros incendios y estando perfectamente estudiados y establecidos los períodos de sequía en todo el territorio nacional. Es claro que la política que orientará a la AFE será la del negacionismo climático y la jerarquización de los intereses del capital, tal como ahora esa misma política demoró un mes el plan de ataque. Contrariamente, trabajadores y lugareños, únicos interesados en el cuidado de la tierra y el agua, se han cargado la campaña de combate al fuego al hombro. La concentración de “estructuras” en el ámbito del Ministerio de Seguridad, tiende a un reforzamiento de las Fuerzas Armadas del Estado, y de la figura de Bullrich, quien se prepara como posible figura de Milei en Capital Federal. La ministra habló de “verticalidad” y orden, en el combate del fuego. Esta mañana, en el medio nacional TN, se apuntó contra la organización autoconvocada de las brigadas y de los centros de acopio y reparto de alimentos y otros materiales para asistir a los damnificados, cuyas casas fueron reducidas a cenizas. Se planteó que “hay que registrar” a quienes ayudan y que estas personas que ayudan, deben actuar bajo la órbita del Estado (Parques Nacionales y Municipio). Se busca regimentar a las organizaciones de trabajadores y lugareños que actúan con independencia del Estado. El argumento de la necesidad de este registro, sería que “hay gente mala que quiere hacer daño”. El gobierno disputa el monopolio del combate al fuego y de la asistencia a los damnificados. Los trabajadores de La Comarca denuncian que los intendentes de El Bolsón y de las localidades del noroeste de Chubut, acopian mercadería en los municipios y no la entregan a quienes la necesitan con carácter de URGENCIA, con la excusa de que deben inventariarla. En realidad, se la dan a sus punteros, quienes deciden quién la recibe y quién no. Simultáneamente a estos anuncios de Bullrich, se produjo una ráfaga de allanamientos en domicilios particulares y radios comunitarias de las comunidades mapuches-tehuelches de Chubut, las cuales han colaborado también en el combate del fuego. Hoy, en su cuenta de X, la ministra utilizó estos allanamientos y las detenciones producidas para aplicar la Ley Antiterrorista. Si sumamos los intentos de imputación de responsabilidades a brigadistas, la semana pasada en La Comarca, se está produciendo una criminalización de las comunidades mapuches-tehuelches y de los trabajadores y productores que están en la primera línea de combate del fuego. A esto se suma la campaña de difamación de quienes están, también, en la primera línea de asistencia a las víctimas. Toda la acción del Estado está encaminada a atacar, por medio de la campaña de divisionismo y criminalización, a la organización autoconvocada en Río Negro y Chubut, que tomó en sus manos el abordaje de la crisis ígnea. Existe un reclamo histórico de regularización de títulos de propiedad, que los municipios y las provincias en cuestión desoyen hace muchos años. Los lugareños denuncian que los incendios tienen el fin de desalojar familias de zonas apetitosas para el capital inmobiliario y turístico, a quiénes el Estado concede propiedad perfecta, y para quienes, incluso, adapta el mapeo del ordenamiento territorial, como es el caso de Lewis. Todo el accionar del Estado (nacional, provincial, municipal) ha tenido un hilo conductor: permitir que el correr del fuego produzca un “desalojo natural” de zonas en las cuales quiere desembarcar el capital, y cortar la asistencia a quienes lo perdieron todo, para que no puedan reconstituir sus hogares en esas mismas zonas, obligándolos al “exilio”. Simultáneamente, pretende regimentar y desarticular cualquier red organizativa que se independice de esta política de privatización y destrucción de los bosques y recursos naturales. Con la conciencia de que se debe derrotar esta política de negacionismo climático, de privatización y destrucción de los recursos naturales y de criminalización y ataque a la organización independiente de los trabajadores. Política Obrera convoca a la concentración de mañana a las 18 horas en el Obelisco. Planteamos: 1- No a la criminalización de los brigadistas. Libertad y desprocesamiento de los brigadistas detenidos. 2- Investigación, juicio y castigo a los responsables materiales y políticos por los incendios. 3- Aumento del presupuesto para el combate a los desastres naturales.

La detención de inmigrantes en la cárcel de la base de Guantánamo ha comenzado. Un fallo judicial que cuestiona la posibilidad del traslado para tres ciudadanos venezolanos. La pretensión de Trump es enviar 30.000 personas a este verdadero infierno, ya utilizado en el pasado sobre todo para prisioneros acusados de terrorismo (sin proceso ni condena). Estos detenidos se encuentran por fuera de la rama judicial de Estados Unidos. En cada viaje de “repatriación” se menciona que los expulsados pertenecen a carteles de droga o son criminales, lo cual obviamente de ser cierto sería un contrasentido, ya que la ley obligaría a juzgarlos conforme a la ley. El gobierno colombiano afirmó que ninguno de los deportados recibidos por dicho país tenía antecedentes penales ni en EE.UU. ni en Colombia. La expulsión sumaria impide precisamente a los acusados la posibilidad de defenderse y contraría el principio de presunción de inocencia. La agitación contra los inmigrantes es una plataforma que coloca a Trump como referente de grupos de extrema derecha y corrientes fascistas en Europa y América Latina. Es lo que declaró abiertamente la reunión de Patriotas, el grupo neo fascista europeo, que se reunió la semana pasada en Madrid. Una de las “órdenes ejecutivas” niega el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados, violando la 14a Enmienda constitucional. Otro decretazo fue la declaración de emergencia en las fronteras bajo el pretexto de una “invasión”, lo cual permitió dejar sin aplicación el derecho a solicitar asilo, así como militarizar la frontera. Por otra parte, la ley antiinmigrante “Laken Riley” exige la detención y expulsión de todos los inmigrantes acusados incluso de delitos menores (sin proceso ni condena). Con todo este arsenal, Trump ha fijado en un mínimo de 1400 las deportaciones diarias que deberá realizar el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo que llevaría a casi duplicar el número récord de deportaciones del año 2024 (que llegó a 271.000). En la legislación de Estados Unidos está tipificado como un delito menor cruzar la frontera sin inspección, y como delito grave intentar ingresar al país luego de haber sido deportado. Pero vivir sin autorización o estatus legal no es en sí una falta criminal sino civil, por lo que es falso que los miles de detenidos tengan “antecedentes criminales” sólo por el hecho de ser indocumentados. Por otra parte, según estudios estadísticos de la Universidad de Stanford, “los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados por un crimen que las personas nacidas en EE.UU. Otra “orden ejecutiva” permite el encarcelamiento en la cárcel de la base de Guantánamo de cientos de indocumentados. “Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales criminales que amenazan a los estadounidenses”, afirmó Trump, “algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo”. En otras palabras, realizar con los inmigrantes lo mismo que hicieron con miles de prisioneros acusados de terrorismo, sin darles derecho a la más mínima defensa judicial. Por otra parte, la declaración de los carteles de la droga como “organizaciones terroristas” (que en otra orden ejecutiva Trump ordenó concretar) facilitaría también las detenciones y la militarización de la represión con la excusa del combate al narcotráfico. El martes 4 se envió a Guantánamo a la primera decena de inmigrantes-prisioneros; la Casa Blanca afirmó -sin prueba alguna- “que el grupo de migrantes enviado a la base naval de Guantánamo (Cuba) está compuesto por presuntos ‘miembros’ de la banda transnacional Tren de Aragua” (France24, 5/2). La portavoz del gobierno Karoline Leavitt afirmó que la detención será “temporal” hasta que puedan “ser transportados a su país de origen u otro destino apropiado”. Según la misma Leavitt, el número de detenciones en EE.UU. superó las 8.000 personas en las primeras semanas desde la toma del poder por Trump, de las cuales apenas 400 fueron liberadas “por falta de espacio de detención” o “por condiciones médicas graves” (ídem). Según el Washington Post (8/2), “Los más de tres docenas de inmigrantes detenidos en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, han entrado en lo que los abogados llaman un ‘agujero negro legal’”. “Cuatro abogados que conocen bien la prisión militar dicen que el gobierno de Trump está violando la ley al negarles a los migrantes que han llegado a Guantánamo el acceso a asistencia legal (…) Incluso si se confirma que los migrantes son miembros de la pandilla Tren de Aragua, con base en Venezuela (…) los migrantes no califican para ser retenidos en el área de alta seguridad de la base que algunos prisioneros han descrito como una ‘tumba sobre la tierra’” ( https://archive.is/bYz7d ). Con la amenaza de aplicar sanciones económicas (aranceles), Trump logró la capitulación de los gobiernos latinoamericanos. La presidenta de México Claudia Sheinbaum aceptó enviar tropas a la frontera con EE.UU. (reforzando con 10.000 soldados). El secretario de Estado, Marco Rubio, realizó una gira por varios países latinoamericanos buscando acelerar el proceso de deportaciones. El presidente salvadoreño Nayib Bukele también se ofreció para recibir inmigrantes de otras nacionalidades como “tercer país seguro”, e incluso ofreció su megacárcel (CECOT): “Le hemos ofrecido a EE.UU. la oportunidad de externalizar partes de su sistema penitenciario”, declaró Bukele en la red X. “Estamos dispuestos a aceptar solo a criminales presos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión (CECOT) a cambio de una tarifa”. La inhumana megacárcel podría encerrar a 40.000 personas; actualmente “alberga” a 15.000, por lo que de concretarse el acuerdo con EE.UU. posibilitaría una megatercerización de 25.000 plazas. Los obstáculos legales que enfrentaría este acuerdo parece preocupar poco a EE.UU. y nada a Bukele. El régimen de Maduro también acordó con el gobierno yanqui la recepción de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, que serán expulsados de los Estados Unidos, hasta ahora amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El gobierno venezolano se hará cargo además del transporte de estos deportados. Trump concedió a cambio “la renovación de la licencia general que le permite a Chevron operar en Venezuela”. Maduro había “celebrado” los acuerdos entre Sheinbaum y Trump: “Conversando se entiende la gente” (Telesur, 3/2). El opositor González Urrutia había propuesto como medida alternativa llevar a sus compatriotas a otros países de América Latina, en lugar de defender el derecho al asilo. Todas estas resoluciones enfrentan obstáculos jurídicos y contiendas en los tribunales. Diversos jueces han ordenado suspender la orden ejecutiva referida a dejar sin efecto el derecho a la ciudadanía por nacimiento. También el envío de inmigrantes a Guantánamo enfrenta objeciones jurídicas: “Ahora ha sido un magistrado federal en el estado de Nuevo México, el juez Kenneth Gonzales, quien ha emitido una orden temporal para prohibir que tres inmigrantes irregulares venezolanos, retenidos en un centro de detención del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), puedan ser trasladados a la base naval de Guantánamo, en Cuba.” (El País, 11/2). Según la corresponsal del diario español, “El caso de los tres venezolanos es muy concreto y, por tanto, poco extrapolable para las situaciones de muchos otros migrantes irregulares detenidos. Pero sí pone de relieve los múltiples problemas legales que afronta la orden presidencial”. Los tres venezolanos están detenidos hace meses, y no habían sido repatriados a Venezuela porque “el régimen de Nicolás Maduro no aceptaba vuelos de repatriación de sus nacionales deportados”, lo que acaba de ser acordado. De todas formas, es un antecedente de posibles obstáculos legales a las detenciones en Guantánamo. Por otra parte, muchos señalan las dificultades logísticas no solamente para poner en condiciones la cárcel para tan alto número de presos, sino además para alimentarlos. Muchas organizaciones “denuncian que, una vez en la base, los migrantes tendrán graves problemas para acceder a sus abogados... o para poder tener representación legal... Tampoco está claro si tendrían acceso a algún tipo de servicios sociales” (ídem). Otras órdenes ejecutivas, no relacionadas con la cuestión migratoria, que han sido dejadas en suspenso en otros tribunales, como los “despidos incentivados” a los funcionarios del gobierno federal, han sido apeladas con posibilidades de éxito. Lo mismo ocurre con el fin de la agencia USAID, la congelación de las “ayudas públicas”, el traslado de las mujeres transgénero presas a cárceles de hombres y el acceso por parte de Elon Musk a la información de Tesorería (que le permitía acceder a información del sistema de pagos y cobros del gobierno federal, con información de seguridad social de millones de personas). La “oposición” del Partido Demócrata brilla por su ausencia, o directamente ha colaborado con el gobierno, como se expresó en el voto de algunos senadores y congresistas a la ley fascista Laken Riley. Mientras Trump le pasa por arriba al Congreso, con el aval expreso de la mayoría republicana y la colaboración de la “oposición” demócrata, se abre paso una crisis con la Justicia que deberá resolver en última instancia (en los casos en que Trump decida apelar las resoluciones de jueces federales) la Suprema Corte que tiene mayoría trumpista. La “separación de poderes” es cosa del pasado, se va imponiendo a los tumbos un régimen bonapartista, más adecuado a una época de guerra -que intenta responder a la declinación del imperialismo yanqui en el mercado mundial- y de ataque a los derechos políticos y sociales de los explotados en función de una recomposición de la tasa de ganancia del capital. Esta tentativa de un bonapartismo en la principal potencia abre un período de intensificación de las guerras y de agudización de la lucha de clases, que exige una respuesta revolucionaria de la clase obrera y de la izquierda.

La Cámara de Diputados ha dado media sanción a un proyecto manifiestamente inconstitucional, esto porque violenta el principio de igualdad ante la ley y el derecho a ser elegido. Priva de derechos políticos a ciudadanos que no han recibido condena definitiva, en este caso por corrupción. Se viola, de este modo, el sacro principio de inocencia. La condena en dos instancias no cierra el proceso judicial; todavía falta la sentencia de la Corte, que podría revertirlas. FL voltea un cimiento del Estado de derecho. Un examen más detenido demuestra que la Ficha Limpia es un arma de provocación para eliminar a adversarios políticos de las instancias representativas del sufragio popular. Lo curioso del caso es que el gobierno libertario se haya puesto a la cabeza de una ley ‘woke’, o sea inspirada por sus rivales culturales, calificados por Milei como “excrementos ideológicos”. Donald Trump, el referente internacional de Milei junto a Benjamín Netanyahu, consagrado como criminal de guerra, nunca hubieran podido pasar el detector de una Ficha Limpia en sus territorios. Trump, admitido orgullosamente por él mismo, jamás pagó impuestos –se las ingenió, al revés, para recibir créditos fiscales. Acaba de recibir ahora, de parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos (de mayoría trumpista), una patente de corso que lo absuelve de cualquier delito que cometa bajo su Presidencia, empezando por los de su administración anterior, que incluye una tentativa de golpe de Estado. Sin un pelo de zonzo, Trump pretende usar este salvoconducto para desconocer cualquier fallo de este mismo Poder Judicial que contraríe sus decisiones políticos. Estados Unidos enfrenta la posibilidad de la “suma del poder público”, calificada por la Constitución de Argentina de 1853, como un acto de “traición a la Patria”. La pretensión de que la Ficha Limpia es un instrumento para sanear al Estado de la corrupción, o al menos convertirla en inocua, es típicamente liberal-conservadora, reformista, conciliadora entre extremos. Es lo que rechazan los libertarios y ahora impulsa Milei y su doctorada hermana. Es soberanamente hipócrita, porque se la vota conjuntamente con la conversión del Tribunal Superior de la Ciudad en revisor de fallos de la Justicia nacional, con el propósito de exculpar a Mauricio Macri de diversas estafas financieras. Pero como el mono baila por la guita, la familia Milei se pasó al ‘wokismo’ para encarar maniobras políticas alternativas: obligar a Cristina Kirchner a que dé los votos para designar a Ariel Lijo para la Corte a cambio de evitar que el Senado vote la sanción que falta para convertir a Ficha Limpia en ley. Javier Milei, dispuesto a cambiar FL por Lijo, no es fiel ni con su propio oportunismo. La posibilidad de que dos sentencias condenatorias priven del derecho a ser elegido es un arma para proscribir a cualquier de relativa consideración. Solo es necesario encontrar la combinación adecuada con el Poder Judicial. La segunda sentencia condenatoria que privó a Lula, en 2017, de la posibilidad de presentarse como candidato para las elecciones presidencias en Brasil, es muy ilustrativa en ese sentido. Él, un ‘woke’ de pies a cabeza, había sido el promotor de la Ficha Limpia. En un contexto en que el establishment brasileño, las Bolsas y las Fuerzas Armadas habían decidido que el PT no debía volver al gobierno, luego de la destitución de Dilma Rousseff, se armaron las acciones judiciales, que llegaron en apelación o segunda instancia al Tribunal Superior. De acuerdo a la prensa brasileña del momento, no se habían logrado reunir los votos para dictar una segunda condena contra Lula; había una diferencia de un voto a su favor. La mañana del día de la votación, exactamente entre 7 y 7.30, el comandante en jefe del Ejército, general Vilas-Boas, publicó en un twitter que las Fuerzas Armadas no admitirían un voto desfavorable. A la tarde, ese Tribunal condenó en segunda instancia a Lula para consagrar su proscripción. Este Tribunal nunca revirtió ese fallo sino que lo anuló, tres años más tarde con el argumento de que el procedimiento legal empleado, desde el lugar del fallo de primera instancia hasta las complicidades de su promotor, el fiscal Sergio Moro, había incurrido en irregularidades. La burguesía brasileña había cambiado de frente como consecuencia de la gestión Bolsonaro, llevando a los golpistas de 2016 a un frente con el PT. Los hechos comprobaron que Sergio Moro, recibido con pompa en Buenos Aires por el supremo Raúl Lorenzetti, era un ‘degenerado judicial’. La ley ‘woke’, impulsada por el ‘excremento’ libertario, el macrismo y los ‘cívicos’, ha servido, sin embargo, para quebrar al peronismo en Diputados y eventualmente en el Senado. Ni el peronismo ni La Cámpora han movido un dedo contra la proscripción de Cristina Kirchner, alcanzada nominalmente por la ley. La cuestión de la composición de la Corte juega un papel relevante en esta crisis, porque los hechos han probado que ha quedado acéfala. Una sentencia final apurada contra la expresidenta con solo tres votos ( y peor si resulta 2 a 1) tendría una consecuencia imprevisible. En los distintos fueros judiciales (Trabajo, Comercial, Civil) se desarrolla un movimiento contestatario contra la decisión del Supremo que pone al Tribunal Superior de Caba por encima de los juzgados nacionales. También son inciertas las derivaciones de una proscripción electoral de CFK en el tablero del peronismo bonaerense. Mientras se dilucidan estos interrogantes de la crisis por arriba, es necesario dejar perfectamente claro que Ficha Limpia es un proyecto de ley al servicio de las provocaciones políticas de la banda ‘libertaria’, de naturaleza completamente antidemocrática y seguramente inconstitucional, y que forma parte del ataque liberticida contra los derechos de organización de los trabajadores.

La guerra imperialista en Europa y Ucrania ingresa en una nueva fase. Donald Trump y Vladimir Putin se pusieron de acuerdo, en una conversación telefónica de una hora, en realizar una reunión en tiempo breve, probablemente en Ryad, la capital de Arabia Saudita. Los lineamientos de un acuerdo, según se desprende de las informaciones obtenidas, prevén el reconocimiento de la anexión a Rusia de la península de Crimea y de la región oriental del Donbass, que ya tuvieron una aprobación en referendos constitucionales. Las tropas de Ucrania se retirarían de Kursk en el sur de Rusia. No está claro si Zelensky sería parte de esta negociación o de un eventual acuerdo, o si el representante de Ucrania debiera ser designado en elecciones generales con la participación de todos los partidos políticos. Tampoco se prevé una participación de la Unión Europea en las negociaciones, luego de una participaciôn militar activa desde 2014. Europa es conminada a subordinarse a un acuerdo consumado. De acuerdo al Financial Times (13.2), “Los diplomáticos de la Unión Europea han buscado sin éxito presionar a la administración Trump por un rol en las conversaciones….Las capitales europeas creen que serán presionadas para pagar todo, lo que se acuerde en dinero, armas y fuerzas de paz en el terreno”. Trump no dejó de presentar, sin embargo, su lista de reclamos. El lugar destacado es la entrega a compañías de los yacimientos de tierras raras –una variedad de minerales estratégicos entre los que se encuentra el tugsteno. Los fondos de cobertura norteamericanos han tenido una activa participación en la privatización del campo del principal país cerealero de Europa. Las ofertas y reclamos de Trump carecen de todo punto de contacto con borradores de acuerdo presentados con antecedencia por parte de un variado número de mediadores. El plan de China reivindicaba la soberanía integral de Ucrania, al cabo, es cierto, de un indeterminado plazo de tiempo. Esos lineamientos de un plan de ‘paz’, replantean el desarrollo de la guerra imperialista. Así como ha sido definido supone una fortísima militarización de la UE, con presupuestos de defensa del orden del 6 al 7% anual, que en muchos casos triplican a los presentes. Esa remilitarización sería el canto de responso a la democracia constitucional europea, así como al desarrollo de condiciones prefascistas y prerrevolucionarias. Desde el comienzo formal de la guerra de la OTAN y Rusia en 2022, hemos repetido con insistencia que bajo la superficie se desarrollaba una guerra del imperialismo norteamericano contra sus rivales imperialistas europeos . La información no señala que ocurriría con las sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia, que no podrían ser administrativamente levantadas como resultado de algunas firmas sobre papeles. Trump cuenta con que su ofensiva política internacional modifique en forma sustancial las relaciones interminables y pongan a Rusia en una posición de sumisión proclive a nuevas imposiciones. No estamos en el final de la guerra. Como advirtió el jefe del Pentágono, el imperialismo norteamericano ha estado financiando una guerra estancada con lenta definición –de lo que se trata entonces es de financiar guerras ‘a finish’. El infierno de los infiernos que Trump ha prometido descargar sobre Gaza, para proceder a una limpieza étnica gigantesca y apropiarse de toda la Franja, no aparecerá cuestionado en ningún acuerdo por Ucrania. Pero esa ofensiva criminal contra Palestina tendrá consecuencias imparables para toda la situación de Ucrania, Europa y por sobre todo Rusia. Trump se ha lanzado a una ofensiva apresurada para evitar la trampa del inmovilismo que dañó todo su mandato. No ha reunido los contingentes necesarios y suficientes para un ataque en todos los frentes: ha salido a conquistarlos. El mayor obstáculo se encuentra en los Estados Unidos mismos, en donde, bajo la batuta de Musk, apunta a quebrar el sistema de seguridad social y salud , para evitar una quiebra generalizada. El cruce de los 3000 dólares de la onza troy, replica el temor a un derrumbe del dólar y del monumental castillo de naipes del Bitcoin. Los cañones de Trump apuntan contra China, lo que explica la ofensiva contra Panamá y contra la fuerte presencia de China en América Latina. El liderazgo imperialista de la UE es perfectamente consciente que el descuartizamiento de Ucrania significa el potencial derrumbe de la llamada “construcción europea”. En un determinado punto de la crisis, Trump ofrecerá un canje entre cancelar el aumento de aranceles contra Europa a cambio de un acelerado rearme continental, bajo la supervisión financiera y tecnológica de Estados Unidos. Putin no recibe nada del acuerdo que ya no haya obtenido –la anexión de Crimea y el Donbass. La UE reclama que los activos confiscados a Rusia sean destinados a la reconstrucción de Ucrania, no a devolverlos a Putin. El fracaso de la invasión rusa a Ucrania es absolutamente patente. Levantemos, contra la guerra imperialista mundial, la unidad de los trabajadores de todo el mundo por el abatimiento del capitalismo. LEER MÁS: Rusia – Ucrania semana 152 Trump mantiene la asistencia militar de Biden. Por Camilo Márquez, 26/01/2025.

Las últimas horas han sido prolíficas en movimientos políticos. El nuevo gobierno que asume en tres semanas ha anunciado la designación de Jimena Pardo como presidenta del BPS. Se trata nada menos que de la representante del FA [Frente Amplio] en la denominada comisión de expertos, que presidida por Rodolfo Saldaín engendró la última reforma jubilatoria. Siendo francos, se trata de una estafa jubilatoria en regla que aumentó la edad de retiro y modificó el cálculo jubilatorio, muy perjudicial para los trabajadores. Pardo fue vicepresidenta de República Afap y es una de los 111 firmantes de la declaración pública “Frenteamplistas por el NO” que se opuso públicamente al plebiscito por la papeleta blanca impulsado por el PIT-CNT, Fucvam, la FEUU y el Mondess. Reúne una serie de atributos que autorizan a sostener que el gobierno de Orsi ha decidido en forma inequívoca liquidar cualquier aspiración que pudiera existir en el llamado “diálogo social”. Esta expectativa existe en todo un sector de base, incluidos los que impulsaron decididamente el plebiscito. Al nombramiento de Pardo podemos sumar el de Hugo Bai anunciado como “coordinador” de ese diálogo. Bai fue el representante del PIT-CNT en la misma comisión de expertos. Una vez lanzado el plebiscito por parte de los sindicatos y organizaciones sociales, Bai se mantuvo al margen, aunque más bien hay que decir que pasó a paradero desconocido. El llamado diálogo social nadie sabe exactamente en qué consiste. Según trascendió estaría en manos de una comisión dependiente de la OPP, donde Hugo Baí tendría un rol similar al de Saldain bajo el actual gobierno. Desde el punto de vista político, el “diálogo” actuó como recurso de los sectores de la izquierda sindical del FA para salir al rescate de una candidatura patronal, y de un más que probable gobierno Orsi (y en última instancia del propio FA). Otro elemento que grafica la situación lo da la propia campaña departamental. El Frente Amplio acaba de aprobar los tres candidatos que competirán por la Intendencia de Montevideo. Entre quienes se postulaban se encontraba Juan Ceretta, abogado muy reconocido por su papel en infinidad de procesos y litigios judiciales en los que representa a las partes más desfavorecidas. Además fue uno de los juristas que participó en la redacción del texto de la papeleta blanca del SI, con un papel muy activo durante toda la campaña. Su postulación no recogió, sin embargo, el apoyo unánime de los sectores que ensobraban la papeleta blanca. El PCU apoyó a Veronica Piñeiro, y cerró un acuerdo con el MPP para respaldar a Bergara y Salvador Schelotto (Vertiente Artiguista). El PCU tiene un peso determinante en la estructura plenaria, tanto que Piñeiro fue la más votada. La postulación del abogado generó una pequeña tormenta interna en el FA. Según Búsqueda la declaración en la que oficializaron la candidatura de Ceretta destacaron su “saber en el reciente proceso del plebiscito de la Seguridad Social”, un tema que en el MPP entienden “complicó la campaña presidencial de Yamandú Orsi”. Toda una declaración de principios. Esta línea es consistente y sistemática con todo el proceso recorrido: desde que el FA rechazó derogar toda la LUC, limitando el referéndum a un puñado de artículos entre los que dejaron fuera especialmente el referido a la creación de la “comisión de expertos”. Tempranamente la pata izquierda del FA mostraba sus limitaciones para ir contra una ley promovida por la “derecha oligarquica” y los “malla oro”. También confirma lo que desde la Unidad Popular–Frente de Trabajadores machacamos durante toda la campaña electoral, que las escaramuzas entre los bloques de la coalición derechista y el FA configuraba una falsa polarización, y lo que prima son los grandes acuerdos: mantener las AFAPs, exonerar de impuestos a los grandes capitales, mantener el pago de la deuda, seguir enviando tropas a donde el imperialismo indique. La verdadera polarización social, entre explotadores y explotados, no tuvo expresión en las elecciones nacionales y no la tiene ahora la elección departamental. Está enmascarada. Para ponerla de relieve es necesario constituir una alternativa política de los trabajadores, que es el planteo del Partido de los Trabajadores.

El martes pasado se arribó a un preacuerdo entre la UOM y Acindar Villa Constitución para avanzar con suspensiones de trabajadores. Los siderúrgicos seguimos con los salarios de junio y este jueves habrá una nueva reunión en la Secretaría de Trabajo para tratar de resolver la paritaria 2024. A diferencia de otras siderúrgicas que generaban anticipos arbitrarios a cuenta de futuros aumentos, Acindar los utilizó permanentemente como elemento de extorsión. Por lo tanto, ese preacuerdo estuvo condicionado a un anticipo de paritarias que la empresa viene pisando y los trabajadores seguimos exigiendo, ya que es imposible sostenerse con los salarios de junio. La política del gobierno ha llevado a un derrumbe de la industria y la acería no es la excepción: se encuentra trabajando al 50% de su capacidad. Pero Acindar viene de tener muy buenos resultados económicos y no sólo ha invertido en varios sectores mejorando el equipamiento y la productividad, también se está stockeando con chatarra (materia prima para la producción). Sin embargo, la empresa se apoya en el cuadro general de derrumbe industrial para montar una campaña de presiones mediante numerosos comunicados y permanentes provocaciones contra los trabajadores con ‘errores’ en la liquidación y persecuciones desde servicio médico, apuntando al desgaste y que se acepten los retiros voluntarios. Buscan instalar el mensaje de la necesidad de ‘reducir costos’ y ‘mejorar la competitividad’. Está claro que el objetivo trazado por la empresa es pasar el ajuste a los trabajadores. Reduciendo planteles y flexibilizando tanto a los trabajadores de planta de Acindar como a los tercerizados. Generando peores condiciones al momento del repunte y a los futuros trabajadores. El acuerdo de suspensiones no sólo no se debatió en asambleas, sino que además la información a los delegados fue escasa. Desde la organización gremial sólo se apuesta a negociaciones que redundan en acuerdos no remunerativos que benefician económicamente a la empresa y que, en el mejor de los casos, los trabajadores salen hechos. Esto, en vez de gestar una resistencia a este plan de ajuste. Entre 2023 y 2025 se han perdido muchos puestos de trabajo y ya ascienden a 500 los afiliados UOM perdidos sólo en la seccional. A los ataques de las patronales y el gobierno se los debe enfrentar con organización desde las asambleas y la lucha participativa y consciente de los trabajadores. LEER MÁS: Respondamos con planes de lucha a la ola de despidos en la industria Abajo la complicidad de Pignanelli y Furlán, pongamos fin al inmovilismo en el SUTNA. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 07/02/2025. Amenaza de despidos en Acindar Villa Constitución: cómo los enfrentamos Por Christián Miguez - Miembro de la CI Acindar Villa Constitución, 24/01/2025.

Lo de los trabajadores de Granja Tres Arroyos es una auténtica rebelión: luego del paro de 24 horas contra los despidos y el dictamen de una conciliación obligatoria -con los despedidos adentro-, la empresa planteó una auténtica extorsión; para que los despedidos sean reincorporados, los trabajadores deben aceptar el Procedimiento Preventivo de Crisis, que empieza con una reducción salarial del 21% pero que implica varias pérdidas de derechos más. Como una prueba de su muy cuestionada “situación de crisis”, planteó que no podía abonar completos los salarios del mes de enero, anunciando un pago en 3 cuotas para todos los trabajadores del grupo (de los frigoríficos, de las granjas, del transporte, etc.). GTA pagó una primera cuota el jueves de la semana pasada, una pequeña parte el viernes y el día lunes incumplió el pago de la última parte. Ante la falta de pago, los trabajadores de la Planta de Concepción del Uruguay comenzaron en forma autoconvocada un trabajo a desgano, que comenzó a atrasar la faena, complicando la continuidad de la producción. La patronal finalmente tuvo que parar la producción, intentando trasladar los pollos a la planta del frigorífico Beccar, ubicado a metros de la planta de GTA. La lucha de los trabajadores de Concepción del Uruguay golpea a la complicidad con empresa que lleva adelante la que la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), dirigida por Daer y Morcillo. Las plantas que tiene la empresa en la provincia de Buenos Aires (Capitán Sarmiento, Pilar, Ezeiza, etc.) también están sin cobrar, pero los trabajadores siguen trabajando. El STIA PBA le firmó a la empresa el Preventivo de Crisis, aceptando la reducción salarial, y aun así los trabajadores no cobraron la tercera cuota del salario. En la última audiencia el sindicato propuso variantes para que la empresa no llegue a los despidos: reducción horaria, reducción semanal (todo a costa del trabajador) y retiros voluntarios. Son todas alternativas para que la dudosa crisis de la empresa la paguen los trabajadores, sin ningún planteo alternativo para que si hay crisis sea asumida por las fabulosas ganancias del capital, cómo el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. El miércoles, las familias de los trabajadores sin cobrar se acercaron a protestar a las puertas del frigorífico. Las ex-mujeres de los trabajadores, que cobran los alimentos de sus hijos a través del descuento que realiza la patronal, también se manifestaron. Para ayer jueves directamente la empresa suspendió la producción, por lo que los trabajadores convocaron al apoyo popular para la tarde. La manifestación, entre familiares, trabajadores de distintos turnos, ex trabajadores, representó un apoyo fenomenal a la lucha de los trabajadores que se manifestaban adentro de la planta. Los trabajadores del Frigorífico Beccar fueron convocados por la patronal a realizar una faena “extraordinaria” el sábado, con una paga de 140 mil pesos cada uno, acordada con el Secretario General de la Carne, Vereda, que tiene en su haber varias entregadas. Mientras la convocatoria avanzaba, cada vez más trabajadores del Beccar se definían por el rechazo a la faena del sábado, para no carnerear la lucha de los compañeros de GTA. La maniobra de la empresa y el Sindicato de la Carne no pudo con la unidad de la clase obrera: entre los trabajadores de Beccar hay familiares, amigos y ex trabajadores de la empresa en conflicto. Finalmente, la empresa al no reunir la cantidad mínima de trabajadores para faenar, anunció la suspensión de la faena, lo que se vivió como una gran victoria de los trabajadores Granja Tres Arroyos. Para la tarde-noche de ayer, la convocatoria del pueblo de Concepción del Uruguay en las puertas del frigorífico. La permanencia reunía a última hora de ayer a las familias de los trabajadores, y se renovaba está mañana con una permanencia. La empresa llamó a una reunión de urgencia a los directivos del sindicato, que suele reunirse sin la presencia de los delegados ni de los despedidos. Entre los trabajadores movilizados recorrió un fuerte reclamo de que los representantes directos de los trabajadores puedan participar de la reunión. Hasta última hora, mientras se escriben estás líneas, la empresa no quería reunirse con presencia de los delegados. La extraordinaria lucha de los trabajadores de Concepción del Uruguay deja planteado un desafío a los trabajadores de todo el grupo Granja Tres Arroyos: para que el pato de la boda no sean los trabajadores, hay que movilizarse sin esperar que lo haga el STIA: por la reincorporación de todos los despedidos; por el pago de los salarios en tiempo y forma: por el rechazo al PPC trucho: que la crisis la paguen los capitalistas, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. LEER MÁS: Entre Ríos: Rebelión en la Granja Los trabajadores de Granja Tres Arroyos se rebelan contra la patronal y la política conciliadora del STIA. Por Pablo Busch, 11/02/2025. Respondamos con planes de lucha a la ola de despidos en la industria Abajo la complicidad de Pignanelli y Furlán, pongamos fin al inmovilismo en el SUTNA. Por Comisión Sindical de Política Obrera, 07/02/2025.

Entre los días 1 a 4 de marzo se llevarán adelante los campamentos de la juventud de Política Obrera en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca. El objetivo de estos es impulsar el reagrupamiento y el debate político al interior de la juventud estudiantil y trabajadora, en la perspectiva de la organización de una corriente socialista juvenil. Un aspecto a destacar es la afluencia de todo un sector de estudiantes universitarios, terciarios y secundarios que se han interesado en participar como consecuencia de una experiencia de lucha contra el gobierno liberticida de Javier Milei, lo que otorga al campamento un fuerte carácter militante y combativo que busca ser entrelazado con una férrea formación política. El curso central está orientado al estudio de la guerra imperialista - conocido popularmente como las dos guerras mundiales - en conexión con la etapa actual de guerra interior y exterior abierta por el retorno de Trump a la presidencia estadounidense. El curso central lleva el título de “Historia y presente de la guerra imperialista”. A lo largo del siglo XX y XXI, la humanidad se ha visto embarcada en una serie de guerras imperialistas de alcance mundial, las cuales contrastaron con el carácter progresivo de las guerras nacionales libradas a lo largo del siglo XIX. La cuestión de la guerra ha sido objeto de debate y agitación política para la clase obrera organizada en la Segunda, Tercera y Cuarta Internacional. La guerra mundial en curso es, como las anteriores, de carácter imperialista y reaccionaria. En ella juega un rol destacado la restauración capitalista en los ex estados obreros de Rusia y China y la incapacidad del propio imperialismo de subordinar dichos procesos bajo su dirección propia. Este fracaso ha sido la expresión no de un fenómeno aislado, sino de la propia crisis capitalista en curso, y ha sido impulsada a través de la expropiación de las masas y su incorporación como mano de obra precarizada en el mercado mundial por parte de la burocracia dirigente de los estados obreros. La guerra en curso es la salida ensayada por las potencias imperialistas ante la crisis actual y el fracaso de dicho proceso de restauración. La puesta en pie de los campamentos requerirá un gran esfuerzo organizativo y político. En primer lugar, para obtener los recursos que posibiliten una actividad de estas características, que incluye el transporte, la comida y, por supuesto, la estadía en los campings, junto con la pileta. En ese sentido ya están planificadas distintas actividades financieras y culturales, así como reuniones políticas de invitación. Los campamentos que llevaremos adelante serán una instancia para reforzar la formación política y los lazos de camaradería entre las nuevas camadas de activistas que se incorporan a la lucha política en un contexto histórico de guerras y revoluciones. CURSO: "HISTORIA Y PRESENTE DE LA GUERRA IMPERIALISTA" CLASE 1: LA CUESTIÓN DE LA GUERRA Y EL IMPERIALISMO Guerras nacionales y guerras imperialistas. Las guerras nacionales en el período de ascenso del capitalismo, contra el absolutismo y la opresión nacional. Las guerras imperialistas. El lugar histórico del imperialismo como etapa superior y de declinación del capitalismo. La socialdemocracia frente a la gestación y estallido de la primera guerra mundial. La corriente internacionalista y el derrotismo revolucionario. Conclusión: naturaleza de las guerras imperiallistas. ¿”Geopolítica” o forma extrema de la lucha de clases ? CLASE 2: LAS GUERRAS Y LAS GRANDES FUERZAS EN DISPUTA El lugar del imperialismo norteamericano en las dos grandes guerras y en la actual. La primera y segunda guerra, como emergencia y consolidación de la hegemonía política y económica de los Estados Unidos. La guerra presente y la declinación del imperialismo norteamericano. La inviabilidad de un mundo “multipolar”. La guerra como tentativa extrema para la recuperación de la hegemonía yanqui. El lugar de los Estados Obreros en las guerras imperialistas. La lucha contra la primera guerra y la revolución bolchevique. La segunda guerra mundial y la cuestión de la defensa de la URSS. El debate en la IV Internacional. La derrota del nazismo y su desenlace político. Los ex estados obreros en la guerra actual: la disolución de la URSS y la decadencia de Rusia. China y las contradicciones explosivas de la restauración en medio de un capitalismo declinante. Qué intereses defienden las burocracias de China y Rusia en la presente guerra. Guerras imperialistas y opresión nacional. Cómo fueron planteadas por Lenin y la tercera internacional. La expansión del nazismo y la cuestión nacional en los Estados ocupados de Europa. La intervención norteamericana en la II guerra y la táctica planteada por Trotsky para los soldados reclutados. La guerra actual y la operación de exterminio contra el pueblo palestino. CLASE 3: UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO FRENTE A LA GUERRA IMPERIALISTA El “Fascismo del siglo XXI”, sus particularidades históricas. Fascismo y guerra imperialista. Bonapartismo y fascismo. El gobierno de Trump y la tentativa de cambio de régimen político en los Estados Unidos. La corriente internacional ultraderechista -Milei, Bolsonaro, Meloni. Contradicciones y limites. El lugar de los Putin y XiJin Ping, como liquidadores de los estados donde se expropió al capital. El Frente Popular y la corriente del imperialismo “democrático” . El apoyo a la guerra imperialista con las banderas de la democracia y la autodeterminación nacional. La cooptación de las organizaciones obreras al campo de la guerra. La complicidad con el genocidio palestino. La impotencia de la izquierda “woke” frente al progreso de la barbarie. Conclusiones y delimitaciones en la izquierda. Ucrania: guerra por la autonomía nacional o guerra imperialista? Guerra “localizada” o guerra mundial? El imposible retorno al status quo anterior. La neutralidad reaccionaria ante la cuestión palestina: el lugar del opresor y del oprimido. Consideraciones finales ¿Regreso al pasado o revolución socialista? Las tareas planteadas. La lucha por un internacionalismo socialista y revolucionario. Bibliografía: Clase 1: Resolución del Congreso de Stuttgart sobre el militarismo. Segunda Internacional, (1907) Manifiestos de Zimmerwald y Kienthal contra la primera guerra mundial (1915) Lenin, “La bancarrota de la II internacional” (1915) Lenin, el imperialismo , fase superior del capitalismo (1916) Capítulos IX y X Clase 2: Leon Trotsky, Qué es la URSS? Capitulo IX de “La revolución traicionada” León Trostsky, “A donde va la URSS, Capitulo XI, de “La revolución Traicionada. La guerra y la IV Internacional (junio 1934) Manifiesto de la IV Internacional sobre la guerra imperialista y la revolución proletaria mundial (mayo 1940) Trotsky, “No cambiamos nuestro rumbo” (junio 1940) Altamira: Trotsky, la Cuarta Internacional y la guerra imperialista, 23/08/2023. https://politicaobrera.com/revista/10043-trotsky-la-cuarta-internacional-y-la-guerra-imperialista “Revolución y contrarrevolución en la URSS”, Altamira, EDM, octubre 1991. “La crisis mundial”, Altamira, EDM, mayo 1992 en: Teoría marxista y estrategia política, Rumbos, Buenos Aires, pp. 239-256. Tesis Programáticas para la IV° Internacional Jorge Altamira, 2004. “Rusia y la colonización del ex espacio soviético” en “El renacimiento de la Internacional” (2018) Clase 3: Por revoluciones obreras en cada nación de Europa. Por los Estados Unidos Socialistas de Europa, declaración del Grupo Independencia, marzo 2023, publicado en Política Obrera https://politicaobrera.com/9104-por-revoluciones-obreras-en-cada-nacion-de-europa-por-los-estados-unidos-socialistas-de-europa Intervención de Jorge Altamira en el debate internacional del III Congreso Nacional de Política Obrera, Julio 2024, en https://politicaobrera.com/12192-intervencion-de-jorge-altamira-en-el-debate-internacional-del-iii-congreso-nacional-de-politica-obrera III Congreso Nacional de Política Obrera, Lineamiento acerca de la situación internacional disponible en https://politicaobrera.com/12198-lineamiento-acerca-de-la-situacion-internacional Declaración Política Internacional del III Congreso de Política Obrera, julio 2024 https://politicaobrera.com/12172-por-el-cese-de-la-guerra-mundial-entre-la-otan-y-rusia-por-la-defensa-incondicional-de-la-lucha-nacional-palestina-por-el-derrocamiento-de-los-gobiernos-imperialistas-y-belicistas “El centro de gravedad de la situación internacional es la guerra mundial”, Octubre 2024, https://politicaobrera.com/12952-el-centro-de-gravedad-de-la-situacion-internacional-es-la-guerra-mundial La agonía del capitalismo, la guerra imperialista y la crisis de la humanidad, Jorge Altamira, Octubre 2024 en https://politicaobrera.com/12931-la-agonia-del-capitalismo-la-guerra-imperialista-y-la-crisis-de-la-humanidad La guerra y la crisis mundial, Intervención de Jorge Altamira en la mesa redonda realizada en la Facultad de Ciencias Sociales UBA (19/10/2024), https://politicaobrera.com/12947-la-guerra-y-la-crisis-mundial Trump: un programa de guerra interno e internacional, Altamira, enero 2025 https://politicaobrera.com/13423-trump-un-programa-de-guerra-interno-e-internacional Fernando Rosso tranquiliza: “Milei no tiene futuro”, Ramal, 21.1.2025 https://politicaobrera.com/13431-fernando-rosso-tranquiliza-milei-no-tiene-futuro Fracción trotskysta y PTS sobre Palestina, una ignomia, Ramal, 20.10.2023 https://politicaobrera.com/10403-fraccion-trotskista-y-pts-sobre-palestina-una-ignominia

Ante un informe de la Procuración de Investigación Administrativa (PIA), en el que se denunció el direccionamiento en el pliego de licitación en favor de la empresa belga Jan de Nul, el gobierno liberticida, terminó postergando la privatización del dragado y balizamiento de la red fluvial del Paraná, que se financian a través del cobro de un peaje. El texto presentado por fiscalía, rubricado por Sergio Rodríguez y Esteban Venditti, ratificó que “hubo un direccionamiento explícito para favorecer a la belga Jan De Nul y excluir competidores internacionales, no hubo un dictamen fidedigno de la comisión evaluadora y no se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes.” (El Destape 13/02/2025). Ante los señalamientos de la PIA, el gobierno liberticida reculó en chancleta y para evadir problemas administrativos y judiciales, canceló la licitación y en una maniobra distraccionista para no quedar pegado, por el momento, a la red de corruptela, convocó a la Comisión de Defensa de la Competencia para que “investigue presiones sobre la única oferente o la presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado nacional". Once empresas se habían manifestado interesadas de hacerse de la privatización de la red fluvial Paraná, pero, al momento de abrirse los sobres, solo una empresa ofertó por la concesión, la belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME), patrocinada en la Argentina por Sergio Massa. Ante esta situación, el gobierno nacional, por medio del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció que abrirá una investigación contra DEME por “posibles presiones”, sobre sus competidores, cuando fue la empresa belga la que puso de manifiesto, días antes, el favoritismo para con Jan De Nul . De esta manera el ejecutivo busca salirse del centro de la escena del bochornoso proceso de licitación comenzado el pasado 20 de noviembre, dado a conocer en su momento por el jefe d Gabinete, Guillermo Francos, acompañado por Luis Zubizarreta, CEO de la francesa Dreyfus y presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales. También estaba presente el titular de la Cámara que nuclea a las grandes cerealeras (CIARA CEC), Gustavo Idigoras. (El Destape 12/02/2025). Lo que Adorni y el gobierno omitieron explicar es por qué las otras empresas se retiraron a último momento de la licitación, cuando desde Jan De Nul y la holandesa Van Oord, tenían todos los detalles para realizar la presentación. Según LPO un empresario del sector le afirmó que "el Gobierno les pidió que se retiren para dar de baja la licitación porque iba a terminar mal, pero no les avisó a los belgas de Deme justamente para preparar el terreno para la acusación que hizo Adorni, que curiosamente no hizo mención a la resolución de la PIA". Uno de los que sale herido de la malograda privatización, es uno de los integrantes del triángulo de hierro, Santiago Caputo, quien puso al frente del proceso a su socio Rodrigo Lugones, responsable del armado del irregular pliego. El gobierno nacional deberá presentar un nuevo pliego teniendo en cuenta las condiciones señaladas por PIA, que a su vez advirtió que, de no hacerlo, el gobierno nacional podría enfrentar un proceso penal. En este sentido PIA dictamino que “la cláusula redactada no parece garantizar la transparencia ni el cumplimiento por parte del Estado Argentino de las obligaciones asumidas en las Convenciones en materia de lucha contra la corrupción. Todo lo contrario.” La geopolítica del Río Paraná La vía fluvial Paraná-Paraguay conforma una unidad económica, conocida como Cuenca del Plata, conecta puertos de Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay con salida al océano Atlántico a lo largo de 3.400 kilómetros de navegación continua, por la que salen el 80% de las exportaciones argentinas, por un valor estimado en unos 65.000 millones de dólares. La red fluvial es indispensable para el complejo de los agronegocios y sus principales usuarios son las grandes multinacionales exportadoras de cereales, como Cofco (China), Cargill (EE. UU), Dreyfus (Francia) Bunge (Países Bajos). A finales de su mandato, Alberto Fernández entregó al cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos la planificación de la navegabilidad de la red fluvial Paraná. En su guerra comercial con China, los Estados Unidos no quieren injerencia alguna del país asiático en el Paraná. Con la pandilla libertaria al mando de la Casa Rosada, el nivel de cipayaje se plasmó en la firma del Acta el 7 de marzo pasado, la cual dio paso a un acuerdo entre el Estado Nacional y el Ejército norteamericano, que tiene como puntos nodales la “recuperación de tierras; diseño de políticas públicas hídricas, investigación y desarrollo en temas vinculados a la navegación y dragado; visitas e intercambio de personas o equipos de personas en las áreas técnicas relacionadas con el Memorándum". En Paraguay, el mismo movimiento de los EE. UU, tuvo un tratamiento diferente: el memorándum fue votado en el Senado del país vecino. Con todos estos movimientos se acentúa el manejo de la red fluvial Paraná a manos del capital financiero, dando paso a una profundización del modelo extractivista y la extranjerización sobre la navegabilidad del Río Paraná, controlando el comercio y el contrabando y la apropiación de recursos naturales a manos de las grandes cerealeras y el Comando Sur. La confirmación de la red de corruptela que envuelve a la licitación de la red fluvial más importante del mundo, debe ser utilizada por los trabajadores en la agitación de un programa de salida que plantee la anulación de todas las concesiones portuarias y la nacionalización del comercio exterior, el dragado y balizamiento del Río Paraná, bajo control de los trabajadores.

Javier Milei no sólo decidió imitar a Trump en la persecución a migrantes, disidencias sexuales, liquidación de la salud pública o la cesantía de trabajadores. Al igual que lo hizo el magnate americano semanas atrás, no tuvo mejor idea que salir a respaldar públicamente a una moneda cripto. Trump, sin embargo, había revelado de entrada que el único respaldo de “su” moneda digital eran él y su investidura -de ahí el nombre de “meme coin”, o sea, una moneda con la única garantía de su imagen. En cambio, Milei fue más lejos como embaucador, al presentar a “su” moneda como un serio “emprendimiento privado de inversión” dirigido a “fondear a pequeñas y medianas empresas”. En minutos, la demanda por la cripto de Milei llevó su precio por las nubes. Allí, los “fundadores” de la moneda virtual– no más dos o tres operadores que controlaban el 80% de lo emitido- se desprendieron de sus activos y derrumbaron el precio de casi 5000 u$s a 20 centavos de dólar. Según calculan algunos, la estafa asciende a unos 80 a 100 millones de dólares. En las redes, pululan los que perdieron decenas o centenares de miles de dólares en cuestión de horas. Muchos de ellos exhiben la foto de Milei en sus perfiles digitales. En suma, el mundo libertario ha sufrido un quebranto masivo, financiero y político, aunque también puede interpretarse como un sacrificio -o “contribución voluntaria”- en favor de sus jefes, incluyendo al principal, los cuales habrán vendido en el momento justo. Cripto monedas, crisis mundial La escandalosa operación liderada por Milei ha oscurecido, por un momento, que su mentor, Donald Trump, llevó adelante una estafa más o menos similar con su propia moneda digital. La Trump coin, en efecto, ya perdió el 80% del valor alcanzado en su punto más alto. Las pérdidas acumuladas por sus atribulados tenedores llegarían a los 2000 millones de dólares. La estafa de Milei, entonces, viene precedida por la de Trump -aunque nadie ha procesado o interpelado por ello al presidente americano, que goza de una inimputabilidad por sus actos de gobierno resuelta por la Corte de los Estados Unidos. El episodio del meme coin, eso sí, despertó la “reserva” y “preocupación” (sic) de la comunidad cripto, porque le restaría “credibilidad y confianza” a las monedas digitales. Ello, como si el conjunto de las cripto no constituyeran una creación monetaria carente de garantías reales en términos de valor, más allá de la confianza colectiva y provisional de sus diferentes inversores -es lo que los especialistas llaman pomposamente “red distribuida” o “descentralizada”. La proliferación de criptos no revela la vitalidad de un nuevo activo monetario, como pregonan algunos. Es, por el contrario, una manifestación de la debilidad del dólar como reserva de valor, en medio de la declinación económica de su emisor -el Estado y el capitalismo norteamericanos. Trump intenta remontar esa cuesta poniendo en caja al fenómeno cripto, a través del impulso de las llamadas monedas digitales estables -stable coins-, así llamadas por contar con una garantía efectiva en dólares. Lo cierto que esa garantía no son dólares líquidos, sino una promesa de pago -los bonos del tesoro norteamericano. Esta gigantesca articulación de capital ficticio registró un fuerte cimbronazo a la baja en los últimos días, después de los anuncios de Trump sobre la suba generalizada de aranceles al comercio. Como ocurre con el capital financiero y el crédito en su conjunto, el mercado cripto intenta sostener una valorización del capital en medio de los golpes de la guerra internacional y del colapso del comercio. Pero los límites de esa tentativa se han puesto de manifiesto con los recientes derrumbes de activos financieros, y no sólo de las cripto. Mucho ruido, ¿pocas nueces? Milei ha tenido la torpeza de apalancar a su cripto en medio de ese retroceso general. La palabra “torpeza”, naturalmente, debe ser colocada entre comillas, porque la operación Ponzi le ha dejado a él y a su “entorno” un jugoso resultado económico. La mesa chica libertaria, en definitiva, ha cosechado mucho más que una jubilación de privilegio. La participación descarada de Milei en esta operación corrupta desató en la oposición todo tipo de promesas y anuncios en torno de interpelaciones, comisiones investigadoras y eventuales juicios políticos. Nos permitimos dudar, desde estas páginas, que la sangre llegue al río. En definitiva, estos interpeladores y acusadores han brindado quorum y votos a las leyes, decretazos y vetos presidenciales que permitieron la confiscación perpetrada contra trabajadores, jubilados, universidades y hospitales públicos. Pero existe una razón más profunda para que la casta meta violín en bolsa: la burguesía argentina lo pensará muy bien antes de moverle el piso al régimen económico montado por Milei y Caputo, en sí mismo un gigantesco esquema Ponzi. Los grandes beneficiarios de ese esquema han sido los acreedores -fondos internacionales y capitales locales- de la deuda pública, que subió en su cotización gracias a las garantías brindadas por Milei-Caputo en torno de su pago futuro. Esas garantías no son otras que el brutal ajuste fiscal perpetrado contra la mayoría trabajadora. El dólar ha sido manipulado y abaratado con el único propósito de facilitar que el superávit fiscal -acumulado sobre la miseria social, educativa, sanitaria y de infraestructura- pueda comprar la mayor cantidad de divisas para pagar la deuda. A su vez, el aumento del endeudamiento público obliga a que esa motosierra sea creciente y permanente. Los capitalistas agrarios e industriales, que destilan sus quejas por el “atraso cambiario”, la caída de las ventas internas y de las exportaciones, son compensados cuando participan de la bicicleta financiera (carry trade) y de los “beneficios” de la reforma laboral. Un despido de Milei -lo único que cabría como resultado de esta estafa piramidal- pondría en peligro a esta “bolsa” millonaria en la que mojan todos. Al libertario, es cierto, se le han caído todas las caretas. Pero su régimen reaccionario, corrupto y antiobrero no se va a venir abajo por la acción de sus cómplices, “republicanos” o “nacionales y populares”. La caída vertiginosa de la Milei-meme, bien mirada, es un síntoma de la fragilidad del armado económico de los liberticidas, en conexión con una crisis internacional de conjunto. Los trabajadores, que soportan con despidos, liquidación de conquistas sociales y laborales esta fiesta de los especuladores capitalistas, son quienes ajustarán cuentas de verdad con los Milei-Caputo.

En las primeras semanas de febrero se desarrollaron autoconvocatorias de los trabajadores del Estado y la educación de la provincia. El reclamo salarial fue el denominador común y la constante en las acciones que se impulsaron frente a la paritaria del 12 %, acordada por el gobierno provincial y la burocracia sindical. Con asambleas, marchas y manifestaciones, los trabajadores del Estado y los docentes denunciaron el empobrecimiento y reclaman contra el ajuste salarial en curso. El primer lunes del mes, cuando los estatales se reincorporaron a sus puestos de trabajo se realizó una asamblea que determinó iniciar medidas de lucha. Las acciones de los trabajadores de obras públicas rápidamente se difundieron. Denunciaron al gobierno por empobrecerlos con sueldos básicos de $580.000 y elevadísimas tarifas de los servicios de luz, agua y gas. En el mismo sentido, se denunció la complicidad de la dirigencia burocrática de ATE y UPCN. Durante las últimas dos semanas se mantuvo el estado de asamblea y las medidas de lucha de los trabajadores de obras públicas, que incluyeron: manifestaciones en el predio de la administración provincial, frente al Ministerio de Trabajo y Casa de Gobierno; además, llevaron la manifestación al centro de la ciudad, marchando a las sedes gremiales de ATE y UPCN, donde realizaron actos denunciando la responsabilidad de la burocracia y reclamando su renuncia. Por su parte, los docentes autoconvocados se pronunciaron sobre reformas reaccionarias que el Gobierno aplica sobre el salario de los trabajadores de la educación y el sistema educativo. Respecto al salario, denunciaron la imposición de un nuevo régimen de presentismo, que el Gobierno instauró de manera unilateral e ilegal. Resulta que durante 2024 la administración provincial sostuvo el pago de FONID, material didáctico y conectividad, como ingreso no remunerativo. Sin embargo, para 2025 el gobernador Jalil anunció que transformaría esos ingresos en una “bonificación por asistencia”, un régimen de presentismo que parte del descuento de los ítems mencionados y que sólo contemplaría licencias ordinarias, embarazo y nacimiento. El nuevo régimen de presentismo fue repudiado por los docentes autoconvocados, denunciando el deterioro del salario y el empobrecimiento de los educadores. La política de ajuste salarial del Gobierno es complementada con un recorte y reformas en el sistema educativo. Con la justificación de la variable negativa en la tasa de natalidad y en nombre de la calidad educativa, se ha anunciado un “reordenamiento” en todos los niveles educativos, que contempla cierres arbitrarios de cursos, secciones y anexos en establecimientos educativos. Paritaria El viernes 14, el gobierno impuso una paritaria del 12 % hasta julio de 2025 y en dos partes, para trabajadores del Estado. Las burocracias de ATE y UPCN firmaron la paritaria sin oposición. El mismo esquema se prepara para la paritaria docente que se reanudará el próximo lunes. El rechazo de los trabajadores se expresa mediante la acción de los autoconvocados. La acción conjunta e independiente de los trabajadores resulta fundamental para romper el techo salarial e imponer una salida a la pobreza. Es un paso fundamental para abrir paso a una huelga provincial hasta arrancar los reclamos.

Este martes 18 de febrero las organizaciones de desocupados presentaremos nuevamente los reclamos que desde la asunción del gobierno liberticida de Milei estamos denunciando: el despojo y el saqueo a los comedores y merenderos, a los compañeros sin trabajo. El Gobierno y su ministra Sandra Pettovello persisten en liquidar a las organizaciones de desocupados. Continúan pérfidamente con el retiro de los alimentos, mientras se pudren en los depósitos. Congelaron el plan social desde hace un año en $78.000, desenganchándolo del salario mínimo vital y móvil. El Gobierno dejó de afrontar el pago del monotributo social en un 50 %. Hoy, una gran cantidad de compañeros están sin cobertura de salud o sin aporte jubilatorio por no poder hacerse cargo de pagar la cuota del monotributo social de $8300. Reprimió las protestas mediante la aplicación del protocolo represivo antipiquetes de Milei-Bullrich. Armó causas judiciales, procesos, persecuciones, allanamientos, detenciones. Usó una campaña mediática de difamaciones contra las organizaciones de desocupados. Las nuevas maniobras del Gobierno tienen la intención política de ir contra todos los derechos: a la alimentación, a la vivienda, salud, educación, derechos laborales, de la mujer, de las disidencias sexuales, de los migrantes, etc. Hace falta una respuesta unificada de todas las organizaciones, todos los comedores y merenderos de los barrios, para quebrar esta política antiobrera reaccionaria, de degradación social. Por la entrega inmediata de los alimentos a comedores y merenderos. Trabajo bajo convenio, presentación de una bolsa de trabajo a cargo de las organizaciones. Por un seguro al desocupado igual al 80 % del costo de la canasta familiar. A días de comenzar las clases anuncia el saqueo del ahorro de la AUH para la compra de comienzo de año: reclamamos entrega de útiles y guardapolvos para el inicio escolar. Este martes, el Polo Tendencia convoca a acompañar el reclamo a las 9:30 hs. en Perú y Av. de Mayo. TENDENCIA DEL POLO OBRERO Contacto: EVA GUTIERREZ 1138021092 LEO PERNA 1155010403 LEER MÁS: Los comedores continúan funcionando sin recibir ayuda del Estado nacional Por Eva Gutiérrez, 12/02/2025.

Las revelaciones que tuvieron lugar durante el fin de semana no dejan lugar a dudas. A pesar de la tentativa de Milei de despegarse del “supuesto emprendimiento” de la criptomoneda $Libra, las evidencias de sus vínculos con los fundadores de la megaestafa virtual son inocultables. Milei sostuvo reuniones y tratativas con ellos y con los empresarios de “Kip Protocol”, la firma que inspiró la creación de la criptomoneda. Pero Alconada Mon, en La Nación, va más lejos, pues revela que el vínculo entre el gobierno de Milei y el mundo cripto se encontraba aceitado a través de una red de sobornos. Según Charles Hoskinson, el propietario de la importante cripto Ethereum, el entorno de Milei tarifaba las reuniones con el mandatario. Esta red corrupta planeó el golpe de mano del pasado viernes, cuyas connotaciones políticas están demasiado claras: el link que promocionaba el proyecto $Libra rezaba “Viva la Libertad”. La sincronía entre el tuit de Milei que auspiciaba la compra de la flamante cripto y las primeras operaciones virtuales fue completa. Siguiendo los posteos de los figurones libertarios -como el Gordo Dan- puede apreciarse que la estafa había sido rodeada de aires mesiánicos y patrióticos: capturar fondos del mundo entero para “rescatar a Argentina” e, incluso, llegar a “prescindir del préstamo del FMI”, que continúa siendo retaceado por sus funcionarios. Por razones que deberán clarificarse, esa asociación ilícita entre los liberticidas y los timadores digitales ingresó en una crisis algunas horas después de su lanzamiento. La olla se destapó en las propias redes sociales, cuando algunos cripto-operadores advirtieron que el control de $Libra se encontraba en muy pocas manos y, por lo tanto, recomendaban “cautela” a los especuladores. Milei sólo se despegó de la estafa piramidal cuando la podredumbre empezaba a aflorar en los portales y aplicaciones digitales. Ahora, Hayden Davis, el dueño de $Libra, ha salido a culpar a Milei del derrumbe del viernes. No sólo eso: afirma que tiene en sus manos la “liquidez” obtenida con la venta “oportuna” de las cripto, la cual sería “del Estado argentino” y que espera una "señal” de los liberticidas argentinos para relanzarla. La jugada fue ensayada por el propio Milei en la tarde del lunes, al retuitear una indicación de cómo “comprar $Libra". Se puso de manifiesto, otra vez, que el vínculo entre Milei y los digiestafadores era muy profundo. Sólo se quebró por una fisura en el mundo de los cripto-especuladores. Rescate En medio de tanto palabrerío, expresiones de “preocupación” e intenciones de que “se investigue a fondo”, comenzó a tejerse el operativo político y financiero dirigido a rescatar a Milei de las consecuencias de la cripto-estafa. Los diarios destacan el “sugestivo silencio” de un amplio abanico de gobernadores, comenzando por Gustavo Sáenz en Salta y Maximiliano Pullaro en Santa Fe. No le han dedicado siquiera un tuit al episodio del viernes. Lo mismo vale para las centrales empresariales de toda laya. La burocracia de la CGT, por su parte, tacha a Milei de “irresponsable”, un suave reproche que acompaña a su completa parálisis en la lucha contra el gobierno. El elenco que se hizo cargo del poder ejecutivo en la Argentina se ha revelado como una banda de lúmpenes y aventureros. Pero los capitalistas le agradecen sus “servicios”; en primerísimo lugar, la liquidación del derecho laboral inscripta en la Ley Bases y en el decreto 70. Al conjunto del Congreso, con “nacionales y populares” incluidos, es probable que Milei les ofrezca un prudente receso de unos días. Tienen demasiadas “fichas limpias”, impunidades y jueces para negociar a cambio de congelar el episodio de la cripto. Al frente de esta operación de encubrimiento se ha colocado nada menos que Donald Trump, con un tuit antológico que muchos atribuyen al affaire Milei: “El que salva a su país, no viola ninguna ley”. Reclama para Milei la misma impunidad que logró para sí mismo o, dicho de otro modo, que el episodio cripto sea el puntapié inicial para un cambio de régimen en la Argentina. Si Milei sale indemne, habrá puesto a prueba las condiciones para erigir un gobierno de poder personal, ya anticipado en 2024 por los vetos, decretazos y el sometimiento del Congreso. Pero la crisis se ha agravado, porque Milei está siendo “atendido” por sus propios dueños: son los especuladores financieros quienes están ajustando cuentas con el especulador-estafador a cargo de la presidencia. Los mercados respondieron al cripto-escándalo con un derrumbe de las acciones y títulos de la deuda argentina, así como con la disparada de los dólares financieros y paralelos. En medio de denuncias y presentaciones judiciales, incluso ante la Bolsa Norteamericana y el FBI, el capital financiero -que aplaude el “milagro libertario”- teme que sus activos en Argentina se escurran como la arena entre los dedos. Pero ese tembladeral no nació el viernes pasado: pocos observaron que, en el curso de la semana pasada, la renovación de títulos de la deuda pública en pesos alcanzó un nivel de aceptación bastante inferior al previsto. Ello obliga al Gobierno a pagar mayores intereses por la deuda no renovada. Según Ámbito, no estaba claro de dónde saldrían esos recursos sin apelar a la “odiada” emisión de moneda o, en su defecto, a una motosierra todavía mayor. La misma incertidumbre rodea a la cuestión de las reservas internacionales, que continúan en baja y sin poder alimentarse de exportaciones. El edificio de Milei-Caputo no se zarandea por culpa del cripto-gate. Al revés: el cripto-gate es la manifestación grosera de un impasse general. Ante la amenaza de una virtual corrida, los liberticidas han salido a saquear (lo que queda del) Banco Central en la tarde del lunes, destinando sus recursos a sostener el valor de los títulos de deuda y evitar una disparada mayor del dólar. Milei-Caputo salen a tapar su delito con otro mayor. Si un desplome de más alcance ha sido contenido, es porque la gran vidriera de la especulación, la Bolsa de Nueva York, hoy gozaba de un feriado. La operación cripto pone de manifiesto un entramado confiscatorio que, naturalmente, no sale del aire ni por generación espontánea: las ganancias extraordinarias de los especuladores capitalistas se alimentan de la confiscación de salarios, jubilaciones y gastos sociales. Esa es la garantía que han ofrecido Milei-Caputo para elevar el valor de la deuda pública. El derrumbe político, moral y financiero de los liberticidas debe servir de aliciente para impulsar una lucha de conjunto de los trabajadores, por todas las conquistas arrebatadas en este tiempo. LEER MÁS: Milei-Caputo, de la gloria a Devoto El hundimiento de la Milei-coin es un anticipo. Por Marcelo Ramal, 15/02/2025.

El jueves 13 se llevaron a cabo acciones en distintos puntos del país como Bariloche, Trelew, Puerto Madryn, Santa Fe y CABA, entre otras, reclamando la liberación de los detenidos por los incendios en la Patagonia: Victoria Núñez Fernández, activista de la comunidad mapuche y Nicolás Heredia, y por el aumento del presupuesto para el combate del fuego. En El Bolsón, lugar donde fue la redada de la patota de Lewis-Pogliano contra los vecinos que pedían por la liberación de los detenidos, no hubo concentración. En CABA, la concentración fue convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Se inició en el Obelisco, donde se juntaron unas 300 personas. Se hicieron presentes una delegación importante de integrantes de las comunidades mapuche, agrupamientos ambientalistas pertenecientes al FITU -como la “Red Ecosocialista” del MST, el agrupamiento “Ambiente en Lucha” de Izquierda Socialista y “Acción Ecológica anticapitalista” del Nuevo Más-, además de delegaciones del PTS y del Partido Obrero oficial. Política Obrera estuvo presente, en CABA y en Bariloche. En Bariloche, la convocatoria fue de unas 150 personas. Se hizo un semaforazo, hablaron las comunidades mapuche y se leyó el documento de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Luego de la lectura del documento, se marchó hasta la Plaza de Mayo. A pesar de hacerse presente la Infantería, sin identificación de pertenencia, con carro hidrante, la movilización se orientó decididamente a la Plaza, marchando por Diagonal Norte y ocupando uno de los carriles. El documento denunció los negociados de Lewis y los capitales qataríes y el vaciamiento presupuestario del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Exigieron “tierra para los milenarios, no para los millonarios”. Los “millonarios” son representantes del capital y conforman, junto con el Estado que los protege (Bullrich, Weretilneck, Pogliano, justicia, etc.), la dirección política del régimen social actual. Se omite lo fundamental, que es el proceso privatizador y de acaparamiento del suelo por el capital (nacional o extranjero) y la complicidad y colaboración de su representante, el Estado. Desde Política Obrera, nos pronunciamos por la liberación de los detenidos por los incendios, señalamos que los responsables políticos son los acaparadores del suelo y el Estado, y exigimos el aumento del presupuesto para el combate al fuego. En Bariloche llamamos a los trabajadores, comunidades originarias y productores, a formar una comisión independiente del Estado, con poder de veto para todas las políticas que afectan a los bosques nativos. LEER MÁS: Bullrich encubre a los verdaderos responsables de los incendios y aplica la Ley Antiterrorista La ministra busca un chivo expiatorio. Por Patricia Urones, 13/02/2025.

El Gobierno ha puesto en marcha la privatización del Belgrano Cargas como consecuencia de la sanción de la “Ley Bases", donde quedó establecida como una de las firmas "sujetas a privatización". El gobierno nacional ya adelantó que habrá despidos en la nómina de 4.400 trabajadores. La privatización de las cargas ferroviarias arrastra varios fracasos en Argentina: hubo concesiones, primero al grupo Pescarmona y luego a la empresa América Latina Logística (ALL). Las dos concesiones terminaron abandonando ramales y dejando caer la infraestructura de vías y talleres, llevando a que resultara inviable el transporte. Ello afectó brutalmente a las economías regionales que dependían de este sistema de transporte. Hoy la privatización requiere de una inmensa inversión por el deterioro del parque rodante y las vías. El Belgrano funciona en tres líneas ferroviarias que cubren un total de 7.600 kilómetros, pero no existen oferentes para concesionar la totalidad del ferrocarril. Por eso el Gobierno ha ideado un proceso de siete concesiones. Según el vocero presidencial, habrá "una concesión por la vía, con derecho a cobro de peaje que incluirá el traspaso de los empleados afectados a la misma; dos concesiones de locomotoras que permitirá incentivar la competencia; dos concepciones de vagones; y dos concesiones de talleres que incluyan a los empleados asociados". Aunque el Gobierno se ilusiona con que todas "todas las vías quedarán concesionadas ", primero debe haber oferentes para cada una de las concesiones. De no cubrirse alguna de ellas, el tren no puede funcionar. La aplicación de la Ley Bases en la privatización del Belgrano aún mantiene las tierras y vías como propiedad del Estado; algo que los oferentes no apoyan. El uso de las tierras ferroviarias para uso comercial es un pedido al que se ha accedido en algunas privatizaciones ferroviarias de trenes de pasajeros. La única certeza de la privatización del Belgrano Cargas es una ofensiva de despidos que prepare las mejores condiciones posibles para los que quieran concesionar. Milei va por las migajas que sobraron de las privatizaciones del menemismo. Si esta privatización no funciona, el Belgrano Cargas se encamina al desguace. Pero los burócratas de la Unión Ferroviaria y de La Fraternidad “saludan” la privatización en nombre de una estructura “moderna” del transporte. Para la burocracia, perder dos mil afiliados es un “servicio” al “progreso de la patria”. LEER MÁS: Sasia y Milei, como Pedraza y Menem en los 90 Por Lucas Giannetti, 28/10/2024. La privatización del Belgrano Cargas Por Lucas Giannetti, 25/10/2024.

A través del ministro de educación, Goity, el gobernador Pullaro disparó una nueva amenaza a los docentes santafesinos, advirtiéndoles que “El inicio de clases no puede quedar supeditado a la discusión salarial”. Este ultimátum significa, además, el reconocimiento de antemano de que la oferta que formalizarán el martes 18/2 será ruinosa, una nueva estafa. Cartas marcadas El gobierno de Pullaro ha violado en forma sistemática la ley paritaria, primero desconociendo el acuerdo de 2023, que sigue incumpliendo. Luego, anulando las titularizaciones y traslados que debían concretarse -por acuerdo paritario- durante 2024 y, por último, cerrando unilateralmente y por decreto la negociación salarial en dos ocasiones, a pesar del rechazo votado por la docencia. Durante la última paritaria del año pasado, el Gobierno fue desenmascarado en su desfachatez, cuando quedó en evidencia la mentira de que estaban abiertos a la discusión “pero con los chicos en las aulas”. A pesar de que en esa ocasión la asamblea de Amsafe resolvió un rechazo sin medidas de fuerza, el Gobierno dio por concluida la discusión y aplicó el aumento a la baja por decreto. Salarios En estos días, Goity ha dicho que el desafío del gobierno “es poder mantener el poder adquisitivo de los salarios como lo venimos haciendo”, una canallada que consiste solamente en arrastrar la penuria y el estrangulamiento económico que hoy padecemos las familias trabajadoras de la provincia, con salarios lindantes con la línea de indigencia. Hoy el salario inicial y hasta cinco años de antigüedad se encuentra apenas por arriba de los $600.000 pesos, o sea, la mitad de la línea de pobreza y la cuarta parte del costo de la canasta familiar, que ronda los $2.000.000. Por su parte el Ministro de Trabajo, Roald Báscolo, adelantó que buscarán congelar los salarios por seis meses, ya que según el gobierno “los índices inflacionarios se proyectan a la baja”. Pullaro, abocado a la campaña electoral desde que asumió y despilfarrando millones en pauta para posicionar su imagen con el dinero que roba a los trabajadores provinciales, pretende llevar adelante una nueva estafa contra docentes, estatales y jubilados, abrochando un acuerdo semestral, a la baja, y despejando la primera mitad del año de conflictos que entorpezcan su performance electoral. Antiobrero y patotero Pullaro se jacta de haber aplicado la motosierra y el ajuste más que Milei. Ha hundido los salarios docentes en su piso histórico; en complicidad con la Legislatura provincial, consumó un robo contra las conquistas jubilatorias, al aprobar-represión mediante- la reforma previsional que liquidó el régimen opcional docente, aumentando la edad de retiro y los aportes, desfasando por dos meses la aplicación de los aumentos a jubilados y aplicando aportes compulsivos e ilegales a los pasivos. Durante el año pasado, además, se descargó un furibundo ataque contra los derechos laborales, implantando un perverso presentismo agravado (suma en negro) y descuentos contra el derecho a huelga, yendo al colmo de cortar continuidad a reemplazantes que no cobraron el mes de enero por esta razón. Pullaro ha desatado una feroz persecución contra delegados docentes, abriendo causas a luchadores que manifestaron contra la reforma previsional. Pretende amedrentar y escarmentar a la docencia que lucha. Teme como la peste la intervención de los trabajadores. A pesar de los aprietes, la persecución y la entrega de las conducciones, la docencia se las ha arreglado para continuar manifestando. Sobre el final de 2024 proliferaron los escraches. Donde sea que el gobernador o sus funcionarios aparecían, eran recibidos por cartelazos y manifestaciones autoconvocadas. Preparemos desde ahora el plan de lucha Luego de dejar correr todos los ataques del gobierno, la conducción de Amsafe vuelve a asistir a una paritaria que ya tiene las cartas marcadas, como si nada hubiese ocurrido, reiterando el mecanismo gastado de no exigirle a la patronal un pliego discutido por la docencia, sino subordinada a la espera de que el gobierno tire algo “que permita recuperar poder adquisitivo”- ¡¿cuánto?!-, para luego consultar por aceptación y rechazo. Las conducciones no han preparado a la docencia para enfrentar la ofensiva brutal que tiene en cartera el Gobierno. Reiteran el ritual de todos los años, para solicitar eventualmente una “oferta superadora”. Esta rutina lleva una y otra vez al fracaso. Posiblemente es el afán de cerrar rápido y despejar de conflictos este semestre para abocarse a la campaña electoral de Amsafe. Desde Tendencia Docente Clasista, planteamos la necesidad de preparar desde ahora el plan de lucha, que debe comenzar con un rotundo No Inicio, que emplace al Gobierno por nuestros reclamos. Impulsemos asambleas por escuelas y plenarios para fijar un pliego y abrir un camino de lucha. Por aumento de emergencia de 100 %. Salario igual a la canasta familiar. Aumento en blanco y en una sola vez. Abajo la reforma previsional fraudulenta. Ningún presentismo. No a los descuentos antisindicales, defensa del derecho a huelga. Inmediata anulación de las causas a los delegados procesados por manifestar contra la reforma previsional. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: ENTREVISTA A GERMÁN LAVINI, DIRIGENTE DE TENDENCIA DOCENTE CLASISTA Y DE POLÍTICA OBRERA SANTA FE, EN FM 92.5 MHz DE HERSILIA, 12/02/2025. LEER MÁS: Docentes: por un plan de lucha nacional contra el desmantelamiento de la educación pública encabezado por Milei y los gobernadores Hacia la Conferencia Nacional de la Tendencia Docente Clasista. Declaración de la Tendencia Docente Clasista hacia la Conferencia Nacional del 22 de febrero. Por Tendencia Docente Clasista, 07/02/2025.

Dos acciones de coordinación en defensa de la salud pública se llevaron a cabo la semana pasada y definieron una movilización para este 27 de febrero. Tanto el Foro en Defensa del Hospital Laura Bonaparte -realizado el lunes 10-, como la reunión convocada por la junta interna del Hospital Garrahan el jueves 13, resolvieron esa movilización frente a los embates perpetrados por el gobierno liberticida y su ministro de salud, Mario “prepagas” Lugones. De las mismas participaron, además, trabajadores del Hospital Posadas, Hospital Sommer, autoconvocados del Ministerio de Salud, trabajadores del Hospital Moyano, residentes, APSS (Asociación de profesionales de Servicio Social, CABA), AGIHM (Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano), asambleas barriales, Frente de artistas del Borda, delegaciones de CICOP, de ATE zona Sur, agrupaciones de lucha contra el VIH y organizaciones políticas. En el Foro en defensa del Hospital Bonaparte, además, participaron Elia Espen y una militante histórica de la campaña nacional por el derecho al aborto. La motosierra en salud El contexto de estas convocatorias es el de un ajuste brutal en salud: 354 despidos en el Ministerio, 200 en el Hospital Laura Bonaparte, 150 cesantías y vaciamiento en el hospital Baldomero Sommer y también en el hospital Posadas. Se han desmantelado las direcciones de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis, y de Vacunas. El interventor del Hospital Laura Bonaparte, Mariano Pirozzo, realizó una “auditoría” que deja entrever nuevos despidos. Según el interventor detectaron “irregularidades”, pero la auditoria tiene lugar después de que se perpetraron 200 despidos que alteraron todo el funcionamiento del hospital, por el vaciamiento de servicios enteros. Los trabajadores denuncian que se están cortando los tratamientos de hormonización que allí se realizan. En el Sommer, luego de los despidos, se están incorporando trabajadores bajo la modalidad de monotributo. Además, son presionados a dar altas compulsivas a los usuarios con Lepra que se encuentran internados, para desmantelar al área que atiende dicha enfermedad. En el Ministerio de Salud se vienen desarrollando asambleas, que tanto ATE como UPCN intentan bloquear. Denuncian casi un centenar de trabajadores despedidos que pueden ser más. Se anuncian cierre de contratos y renovaciones de un día para otro. Muchos asisten a trabajar sin saber si están o no despedidos. La incertidumbre hace que muchos trabajadores opten por renunciar. En marzo se producirían nuevos cierres de contratos. En el Posadas también hay despidos, se cerró el consultorio de Diversidad y sus trabajadores refieren que hubo 21 reincorporaciones. La marcha del 27 La movilización del 27 será un producto de la coordinación de autoconvocatorias, provenientes de la lucha de varios de los hospitales y centros de salud agredidos por el ajuste. Es el mismo camino que se ha recorrido desde que comenzó la lucha del Bonaparte y otros hospitales. En oposición a esas iniciativas, las burocracias sindicales solo promueven acciones aisladas o de aparato -como ocurre con ATE-, o colaboran directamente con las confecciones de listados de los despedidos. Es necesario asumir la convocatoria del 27 para tomar la iniciativa en nuestras manos y desarrollar a fondo asambleas y acciones en los hospitales, Cesacs, dependencias del Ministerio de Salud y establecimientos de la salud privada, que organicen y convoquen a la movilización del 27 e impongan un gran paro autoconvocado de la salud.

A la velocidad de la luz, el gobierno de Axel Kicillof y los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, SADOP, AMET, UDOCBA) pactaron una nueva miseria salarial para la docencia de la provincia de Buenos Aires. Durante los meses de diciembre y enero, la docencia no recibió actualización alguna. O sea que ya se partía con dos meses de confiscación. El acuerdo actual consta de un 9% a cobrarse en dos cuotas (7% Marzo, 2% Abril) sobre el salario de enero. Es decir que el acuerdo a cuatro meses (diciembre, enero, febrero y marzo) del 9%, en realidad representa aproximadamente un 2% mensual. Exactamente lo que difunde el informe mensual distorsionado del INDEC del gobierno. Pero incluso estos porcentajes acordados no se aplican sobre el salario básico, sino sobre un salario conformado por un sinfín de sumas en negro. En concreto, recién en abril el salario de un preceptor (cargo testigo en secundaria), que recién se inicia, estará en los $505.530 de bolsillo. En el caso de una maestra de grado estará en los $602.998 por cargo. Se trata de cifras que obligan a la docencia a trabajar tres turnos o superar largamente los 30 módulos para arrimar a una canasta de pobreza. Axel Kicillof -como el resto de los gobernadores- no se mueve un milímetro de la política de ajuste del gobierno nacional de Javier Milei. Cuestiones centrales como la implementación del Nuevo Régimen Académico en el Nivel Secundario, las condiciones de trabajo, el estado edilicio de las escuelas, el funcionamiento de la obra social, etc., ni siquiera fueron tratados en las reuniones paritarias. Las conducciones de los sindicatos informaron mediante un comunicado que pusieron la oferta a “consideración de los cuerpos orgánicos” pero nada de esto ocurrió. SUTEBA hizo la pantomima de convocar a reuniones -con 12 hs de anticipación- para asegurarse que la base del gremio no participe y fue aprobada la oferta, con la excepción de las seccionales de Marcos Paz, Bahía Blanca y Tigre que la rechazaron. En Marcos Paz y Tigre se expresó la necesidad de impulsar un paro de no inicio de clases. No fue así impulsado por la seccional de Bahía Blanca. En el caso de FEB, informaron que el Congreso aprobó por “escaso margen” la oferta del gobierno, pero no informaron los números concretos de las votaciones. La burocracia que dirige los sindicatos hace tiempo que no toma decisiones sobre la base de la democracia obrera. La voz de la docencia está ausente en cada acuerdo que se pacta. En el plano nacional, el Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA aprobó por unanimidad “dar mandato a la CTERA de resolución de Paro y movilización en el inicio de clases, con la máxima medida que se pueda garantizar, nacional y en unidad, en el Plenario de Secretarixs Generales y en el Congreso de la CTERA” en reclamo del pago del FONID, por mayor Presupuesto Educativo y transferencia de las partidas a las provincias y la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo (SUTEBA 12/2). De concretarse, estaríamos ante un paro nacional aislado, que no tiene por fin construir un movimiento de lucha general de la docencia, sino la de descomprimir la bronca que se está acumulando en las bases de las escuelas contra el gobierno nacional, pero también contra los gobiernos provinciales, a los que CTERA apoya con fervor. Nuestra corriente -Tendencia Docente Clasista- intervino en las asambleas distritales de SUTEBA denunciando las chirolas que representa el “aumento” del gobierno provincial y el congelamiento que sufrimos desde diciembre. Mocionamos el rechazo a la propuesta paritaria y defendimos que el salario mínimo sea igual al costo de la canasta familiar por un cargo. Propusimos que mediante asambleas y plenario de delegados de base con mandato de escuela, preparemos las condiciones para ir a una huelga indefinida. El próximo sábado 22/2, realizaremos una conferencia nacional docente para votar un plan de acción que contribuya a desenvolver un movimiento de lucha por los reclamos más sentidos de la docencia.

El gobernador Vidal, en su paso (sin publicitar) por la zona norte de Santa Cruz, recorrió la planta pesquera (Ex Barilari) donde cientos de trabajadores vienen recientemente de ser "despedidos" y luego reincorporados en peores condiciones laborales, a modo de cooperativas, que son la forma de contratación de las pesqueras desde comienzo de los 90. Un proceso de precarización absoluta, perpetrado por Néstor Kirchner y continuado por Vidal. La indignación de las y los trabajadores se hizo sentir. El gobernador debió salir con su escolta de matones, ante los gritos y silbidos que exigían "que se vaya". Lxs trabajadores acusan no haber sido atendidos por el gobernador en su reclamo. Como represalia, en el día de hoy los trabajadores se encontraron con los portones de la planta cerrados y personal policial custodiando que no ingresen 22 trabajadores, colocados en una lista negra. Pero el sol no puede ser tapado con un dedo. Al descontento y reclamo de los trabajadores de la pesquera se suma la lucha de los trabajadores de la represa que se encuentran afuera de Casa de Gobierno, ante la parálisis de la obra desde el año pasado. Por otro lado, la retirada de YPF, deja un tendal de 2500 trabajadores en la calle. Los llamados "retiros voluntarios" no han sido más que despidos encubiertos, con la connivencia de la burocracia sindical de petroleros. En otro orden, la docencia amenaza con el NO INICIO ante las ofertas miserables de un 2% mensual que ofrece el gobierno en paritarias. En el mismo proceso de deliberación se encuentran los municipales en Caleta Olivia. Visto de conjunto, el panorama en la provincia expresa el rechazo a las políticas de ajustes del "nuevo" gobierno y las reservas de lucha de los distintos sectores de trabajadores, el que habrá que unificar para lograr una victoria de los reclamos. Desde Política Obrera nos solidarizamos con los trabajadores de la pesquera Ex Barilari. Basta de precarización. Trabajo bajo convenio. Ninguna lista negra. Fuera la policía de la planta. Por plenarios abiertos de trabajadores y delegados de base de distintos sectores para unificar las luchas.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio a conocer la Resolución 49/25 sobre el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que estipula la eliminación de la necesidad de realizar ensayos comparativos de rendimiento (ECR) de semillas, proceso que puede llevar entre dos y tres años. La resolución lleva la firma de Claudio Dunan, director del INASE. Sturzenegger salió por las redes a festejar una medida que el ministro presenta como en favor de los productores, que supuestamente, podrán acceder a variedades de semillas con mayor facilidad. Según especialistas en el tema, los ECR realizados sobre una variedad de semilla, antes de su registro, buscan “acumular información sobre su comportamiento a campo, mucha información justamente para minimizar el riesgo de un equívoco que podría ser fulminante para el productor” (Bichos de Campo 14/02/2025). La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, N.º 20.247 del año 1973, en su artículo 1° se puede leer: “La presente ley tiene por objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.” Por su parte el INASE fue creado por decreto N.º 2817 en 1991, con el fin de dar aplicación a la Ley de Semillas y administra dos registros: el Registro Nacional de Cultivares (RNC), que habilita el comercio de una semilla, y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (RNPC), que acredita su propiedad intelectual. En resumen, su función es identificar y registrar nuevas variedades vegetales; proteger los derechos de los creadores de esas variedades; reconocer la actividad de los fitomejoradores. (Ídem) Hasta antes de la desregulación de Sturzenegger, en el Registro Nacional de Cultivares se debían inscribir todas las variedades vegetales que se identifican por primera vez, dándole legalidad a su venta. Los ECR, que el gobierno eliminó, “servían para acumular datos que permitieran probar finalmente que una variedad de soja resultaba diferente de otra, quizás prima hermana en la cadena de descendencias que se establece en las tareas de mejoramiento” (ídem) Todo este largo proceso de ensayo y error asegura cultivares que serán productivos. La desregulación de Sturzenegger, según los especialistas, implica que empresas mejoradoras de semillas “dejen de hacer concienzudamente ese trabajo tan necesario para obtener datos de utilidad para toda la cadena” (ídem). Si bien el INASE seguirá pidiendo que las empresas desarrolladoras de semillas presenten la información sobre rendimiento de las semillas por medio de declaración jurada, la diferencia es que los ECR ya no exigirán los tres años que el proceso llevaba hasta ahora. Según el portal Bichos de Campo, especializado en los agronegocios, “la decisión de flexibilizar los requisitos del INASE se apresuró para permitir a un grupo de grandes multinacionales acelerar la llegada al mercado de nuevas semillas de maíz con tolerancia a la chicharrita, la peligrosa plaga que atacó ese cultivo el año pasado”. Un engranaje clave en la desregulación de los ECR es Claudio Dunan, uno de los 23 socios fundadores de Bioceres, empresa desarrolladora de tecnología aplicada a la agricultura. Dunan fue elegido por el Secretario de Agricultura y Fernando Vilella para ocupar el cargo de director del ente, no sólo para apuntalar la desregulación del mismo, sino para que sirva de punta de lanza de una nueva Ley de Semillas en beneficio de las empresas desarrolladoras de semillas y del capital financiero que operan en los agronegocios, lo que limitaría los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación.

La propuesta del decano para financiar 18 becarios de finalización doctoral, que fueron rechazados por el CONICET en un proceso de recorte a la investigación básica, ha puesto sobre la mesa la situación crítica de financiamiento que tienen los departamentos docentes. El ajuste en presupuesto universitario ha saturado a los departamentos, que deberán recortar gastos para pagar estos estipendios. ¿Qué pasará con la cursada? El recorte para este año es monumental: se dará un 0.16% del PBI para Ciencia y Técnica, versus el 0.83 proyectado para este año. Esto se refleja en la cantidad de becas y subsidios que han sido ahogados durante el año 2024. Ahora están amenazados de darse de baja mediante la resolución 10/2025. Bajo la vara de ser “estratégicos”, sólo se mantiene la investigación relacionada al agro, la minería, y “la industria” (que pueda llegar a usufructuarla). Por si esto fuera poco, los salarios se encuentran congelados y con hasta un 60% de pérdida para los docentes y no docentes universitarios (y un 35% para los trabajadores en general). Esta situación prefigura un ataque total a nuestros docentes, que también son investigadores en una proporción importante. Sumado a esto, los departamentos no han estado recibiendo financiamiento suficiente desde hace mucho tiempo, y este se fue degradando paulatinamente. Por lo tanto, los docentes debieron adaptarse, tomando ellos el rol de financiamiento de los TPs de laboratorio, sobre todo en materias avanzadas. La prórroga del presupuesto 2023 –destruido por la inflación– sólo viene a poner más presión a los docentes en este sentido. Días atrás se conoció que más de una docena de doctorandos de la Facultad se han quedado sin beca por el ajuste de las becas de finalización de CONICET, que afectó al menos a 166 en todo el país. El monto percibido por la misma, aunque insuficiente, les permitía llevar a cabo trabajos de investigación en el marco de sus estudios doctorales, un primer peldaño en la carrera de investigador científico. Ante esta situación, el decano de Exactas, “Willy” Durán, se ha dedicado a administrar la miseria, pidiendo un aporte solidario de presupuesto a los departamentos docentes para pagar las becas a los doctorandos y reorganizando el presupuesto de la facultad. ¿Cómo harán estos departamentos, entonces, para pagar las licencias, reparación de equipos, entre otros gastos de emergencia? Por otro lado, ¿de dónde obtiene Exactas esos recursos? Estas situaciones no son nuevas: previamente al gobierno liberticida, las Facultades han salido a la búsqueda de “recursos propios”, lo que ha significado la privatización de cursos y posgrados, los convenios con diversas empresas de capital privado, que financian pisos enteros de investigación en universidades públicas cuyos resultados son propiedad del financista, y hasta el alquiler de predios universitarios, como es el caso del alquiler de Ciudad Universitaria para festivales y conciertos. Es así que el camino de adaptación a la miseria presupuestaria entraña también el desenvolvimiento paulatino del modelo liberticida para la ciencia: desguace y privatización. De este modo, la motosierra del gobierno a los científicos ha mostrado la crisis profunda de presupuesto que vivimos en nuestra Facultad. El discurso anticientífico que quiere imponer Milei es la fachada de una orientación capitalista que pretende regimentar la ciencia y la investigación argentinas a las necesidades del imperialismo, que actualmente se aventura a la guerra. Cuando en Davos habla de la "decadencia de Occidente" causada por "la ideología woke" busca culpar a los trabajadores (en este caso, científicos y universitarios) por las condiciones en las que el mismo capitalismo los ha puesto. Y así hacernos olvidar que cada peso que nos saca a los científicos es peso que va a la guerra, al mantenimiento de un superávit ficticio y al pago de la deuda. Al ataque del gobierno liberticida debemos enfrentarlo con un programa propio: triplicación inmediata del presupuesto científico y universitario, aumento salarial para recuperar lo perdido, ampliación del cupo de todas las becas de CONICET y de las universidades nacionales. Discutamos este programa entre estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes para volver a poner en pie un movimiento de lucha que, como el año pasado, tome las calles por todos los reclamos pendientes. Pero también, con una experiencia política transitada: no podemos confiar ni en las burocracias sindicales, ni en los decanos y rectores, que se han sentado a negociar con el gobierno sus prebendas para luego poner paños fríos a la lucha. Unifiquemos esta lucha con la de salud, la de jubilados, la de trabajadores de fábrica, y todo sector víctima de las políticas económicas del gobierno. Luchemos por nuestro presente y nuestro futuro, y que nada nos detenga hasta ganar.

La semana pasada Estados Unidos, junto a Japón y Francia, participó en un ejercicio militar conjunto en el Océano Pacífico occidental que es considerado una clara advertencia a Pekín. Estos ejercicios se dan en el contexto de la guerra comercial escalada por Trump contra China y son, por lo tanto, una demostración de fuerza. Industria naval Sin embargo, China ha superado a Estados Unidos en número de buques de guerra, y su capacidad de producción naval es ya 232 veces mayor. La china es la Armada más grande del mundo. Las instalaciones de Jiangnan, donde se construyen los portaaviones chinos, han aumentado su capacidad en un 50% en los últimos años. Según los expertos militares, el crecimiento de la Armada china es innegable. Según un informe filtrado de la Marina norteamericana, los astilleros chinos pueden producir aproximadamente 23.250.000 toneladas, mientras que los estadounidenses apenas alcanzan las 100.000 toneladas (El Confidencial 1/10/2024). El número de buques chinos ya superó al de Estados Unidos en 2020, con 350 barcos frente a los 296 de la Marina estadounidense. Pero este crecimiento no ha parado y el informe afirma que, para 2035, China habrá acumulado 475 navíos de guerra, incluyendo nuevos portaaviones de tipo 4, con motores nucleares. En esa fecha, Estados Unidos puede tener entre 305 y 317, según las proyecciones de la ONU (Ídem). Además, la Armada china ha incorporado submarinos nucleares equipados con misiles balísticos intercontinentales, destructores, con armas de energía dirigida y siguen los avances para fabricar portaaviones de propulsión nuclear y nuevos portaaviones centrados en el despliegue de enjambres de drones. A pesar de ser la menos interesada en escalar bélicamente, China se está preparando para un posible conflicto, en principio, con Taiwán. Para esto, la Marina china ha simulado ataques a buques estadounidenses en altamar y amarrados en un puerto simulado en el desierto de Taklamakán. Crisis industrial en Estados Unidos En contraste, la industria naval de Estados Unidos -que fue la más grande del mundo durante la Segunda Guerra Mundial- viene sufriendo una continua decadencia. La falta de inversiones y subsidios estatales han cerrado astilleros por todo el país. Un informe del Eno Center for Transportation señala que, entre 1987 y 1992, Estados Unidos vendió solo ocho barcos comerciales de más de 1.000 toneladas brutas, mientras que en 1975 esa cifra alcanzaba 77 por año. (Ídem) En la misma semana en que se hicieron estos ejercicios militares, Estados Unidos arribó uno de sus submarinos a Corea del Sur, lo que fue tomado como una provocación por Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un lo calificó de “acto militar hostil” y declaró que “pueden llevar la aguda confrontación militar en la región a un verdadero conflicto” y acusó a Estados Unidos de acrecentar los riesgos de una guerra mundial. El arribo del submarino es en parte una respuesta de Estados Unidos y Corea del Sur a los ensayos con misiles balísticos y proyectiles de artillería del régimen norcoreano. Este también ha apoyado activamente a Rusia en la guerra en Ucrania con armamento y tropas. Trump durante su anterior presidencia había intentado desescalar el conflicto con Kim Jong-un y trazar una vía diplomática que parecía que volvería a replicarse en este mandato, cuando nombró como encargado de esas relaciones, a Richard Grenell, quien viene de concretar un acuerdo con la Venezuela de Nicolás Maduro. Sin embargo, la dinámica de la guerra mundial es posible que lo lleve a Trump a buscar estrategias más agresivas con Corea del Norte. La logística en el marco de la guerra comercial Estados Unidos hace estos ejercicios cuando se están reconfigurando las rutas comerciales al compás de la guerra comercial y los conflictos bélicos. El puerto de Changay en Perú es uno solo de los hitos que marcan una reorientación del comercio hacia el océano Pacífico desde América, en detrimento del Atlántico. En función de este puerto, Brasil está culminando la construcción de la ruta amazónica qué atraviesa todo el país, pero además está impulsando, junto con Chile, el Corredor Bioceánico Vial, situado sobre el trópico de Capricornio, que atraviesa también a Paraguay y la Argentina y culmina en los puertos chilenos de Iquique y Antofagasta. Con el corredor vial se tardarían dos semanas menos de transporte de mercancías y Lula calcula un ahorro de 1.000 dólares por container. La piedra en el zapato para este proyecto es la motosierra de Milei sobre la obra pública, pero los mismos sectores extractivistas que se benefician con el RIGI son los que presionan para que se termine el asfaltado de las rutas que le corresponden a la Argentina. Desde que escaló la guerra en Medio Oriente, los barcos mercantiles que deben pasar por el mar Rojo hacia Asia debieron cambiar de ruta o encarecer sus costos debido a los drones de los Hutíes qué atacan a los barcos con bandera aliada a Netanyahu. Esto encarece aún más la soja norteamericana, por ejemplo, y beneficia a la brasilera que por ahora pasa por el Atlántico y el Pacífico a través del Cabo de Hornos. A medida que se recalienta el clima bélico mundial, las potencias salen en búsqueda de nuevas rutas alternativas. En ese marco es que el año pasado Milei había anunciado una base militar yanqui en Tierra del Fuego y que Trump no esconde sus pretensiones sobre Canadá y Groenlandia en miras de lograr una ruta por el Océano Ártico. La industria armamentística es un elemento crucial de la guerra mundial. De ahí la histeria de Trump en reclamarle a los países de la OTAN que aumenten su inversión en la materia. Mientras que China produce más de la mitad de los barcos del mundo, la participación de Europa en esa industria es solo del 5%. En el afán de conseguir una supremacía en el mercado mundial, el imperialismo promete un futuro inmediato de guerras. Solo la movilización de las masas contra cada gobierno beligerante y colaboracionista puede evitar que nos hunda junto con él.

El presidente de El Salvador -Nayib Bukele- viene siendo, desde su asunción en 2019, un fuerte promotor en la inversión en Bitcoin, la criptomoneda lanzada en 2008 que inauguró el mundo de las Blockchain. En 2021, había llevado al Congreso un proyecto de ley para convertir al Bitcoin en una moneda de curso legal en su país, junto al dólar estadounidense -que había reemplazado a su moneda nacional, Colón, en 2001. La reforma introducida a la Ley Bitcoin a fines de enero de 2025 muestra el límite alcanzado por el esquema presidencial, que tiene pendiente un gran pago de deuda externa en los próximos años. El argumento central en la salida del Bitcoin como moneda de curso legal, es decir, respaldada oficialmente por el Estado y el Banco Central de Reserva, es la obtención de diversos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto cercano a los 3500 millones de dólares. El rescate ofrecido por el FMI (1400 millones) se encuentra destinado a fortalecer las reservas ante un vencimiento cercano a los 2000 millones de dólares en 2027. Las negociaciones con el FMI se habían visto estancadas en 2022 cuando la principal exigencia del ente crediticio era el abandono de la moneda cripto por parte del país centroamericano. Al día de hoy, el Bitcoin ha dejado de ser una “moneda oficial” pero las reservas -según posteos en X del propio Bukele- han superado los 6000 Bitcoin (un equivalente a 635 millones de dólares). Según el propio gobierno, el 2025 será un año de crecimiento en la adquisición de criptomonedas por parte del Estado como reservas en su Banco Central. Este mensaje de auspicio está amparado en el apoyo de Trump al mundo cripto, algo que se ha demostrado como una estafa completa ante el lanzamiento de $Trump que ha visto pérdidas cercanas a los 2000 millones de dólares a solo 15 días de su lanzamiento. A la cual podemos sumar la estafa encabezada desde la Casa Rosada por el propio Milei y un esquema similar de un aprendiz libertario, el presidente Faustin-Archange Touadéra de la República Centroafricana. Estos desplomes son la manifestación de la crisis mundial que ha protagonizado una serie de derrumbes financieros en las últimas semanas. El Salvador se encuentra acuciado por una deuda externa cercana al 90% del PBI del país. Los compromisos de deuda han sido concentrados en el 2027 como resultado de una negociación a fines de 2022 cuando Bukele llevó adelante una recompra de bonos de deuda soberanos cercanos a 500 millones de dólares a precio de mercado, lo que permitió sortear el default en enero del 2023. Actualmente, la calificación de El Salvador como “basura” en el mundo de los mercados ha dejado la posibilidad de acceso al crédito en manos de los entes internacionales como el FMI. Las mieles de Bukele al mercado cripto no han redundado en un beneficio de la economía salvadoreña, cuya puesta en pie tuvo un costo cercano a los 400 millones de dólares. Fuentes del propio gobierno aseguran que las inversiones en cripto han generado un rendimiento favorable de 300 millones, es decir, que tras 4 años de puesta en pie de este sistema cripto el Estado solo ha recuperado la inversión -en el mejor de los casos. La retórica en favor del cripto tiene un puntal fundamental en las vías alternativas que ha adoptado Bukele para asegurar un financiamiento ante la ausencia del crédito internacional y una moneda propia, la emisión de “bonos volcán” respaldados en Bitcoin. En 2024, mediante esta vía, el gobierno buscó recaudar mil millón de dólares con vencimiento en 2029 y una tasa de interés del 6,5% anual, algo superior a la media internacional en el sistema bancario formal. El mismo estaba asociado a la proyección de una inversión hotelera de lujo -el aumento del turismo es la principal reivindicación del gobierno en materia económica- así como a la mentada “Ciudad Bitcoin”, de la cual no se han realizado ni los planos del primer cimiento. El colmo de la cuestión es que los token de deuda no cuentan con el respaldo en Bitcoin, sino en las operaciones hechas a futuro, una verdadera estafa. Bukele, que ha montado un régimen de poder unipersonal en el país, se ha montado sobre el esquema cripto para generar un drenaje de los fondos nacionales hacia un mercado que no cuenta con el control de ninguno de los otros poderes del Estado y, fundamentalmente, del cual solo se conocen “informes” por la cuenta de X del presidente. El abandono del Bitcoin como moneda de curso legal se muestra como un fracaso de esta política, que ha estado anclada en la nula penetración del mismo en la economía nacional. Se calcula que sólo un 8% de las transacciones se han realizado en esta moneda dentro del país. En el caso de las remesas enviadas desde el exterior, que llegan a representar un 20% del PBI, solo el 1% se han realizado en Bitcoin a pesar de la rebaja completa de impuestos para las transacciones en cripto impulsada por el propio Bukele. La ausencia de una base monetaria fuerte -un respaldo- marcaron el final de la aventura del Milei centroamericano. La tropilla “liberticida” ha recibido un duro golpe que ha expuesto los límites fundamentales del esquema económico, en momentos de una guerra por el comercio internacional impulsada por la Casa Blanca, la directora de la orquesta libertaria.

Reproducimos a continuación el comunicado que los trabajadores de Linde Praxair emitieron el día de hoy ante el desconocimiento de la patronal de la Conciliación Obligatoria ordenada por el Ministerio de Trabajo 18 de febrero de 2025 ¡NO A LOS DESPIDOS EN LINDE PRAXAIR! ¡REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE TAREAS A TODOS LOS DESPEDIDOS! En el día de ayer Linde Praxair negó, por cuarto día, el ingreso a los seis trabajadores despedidos obstruyendo la labor del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires conducido por Walter Correa que el día 11-02 dictaminó la Conciliación Obligatoria y ordenó la reincorporación de los cesanteados. Con este accionar la patronal dejó en evidencia que no tiene ninguna crisis económica y que prefiere pagar multas millonarias antes que ceder su actitud discriminatoria y antisindical. Además, Linde Praxair demostró que no le importan las leyes e instituciones argentinas y solamente quiere derrotar a los trabajadores para precarizar y empeorar las condiciones de trabajo y aumentar sus ganancias. Los antecedentes de Linde Praxair muestran a una patronal que entre 1996 y 2005 impidió la organización sindical con prácticas intimidatorias, persecutorias y discriminatorias, que en el 2005 cuando nos afiliamos al sindicato y por primera vez elegimos delegados echó a nuestro candidato Maxi Arecco (uno de los seis despedidos actuales) que tuvo fallos favorables del INADI, primer instancia, cámara de apelaciones y Corte Suprema exigiendo el cese de la actitud discriminatoria y antisindical y que entre 1997 y 2003 vendió al Estado argentino oxigeno medicinal para hospitales públicos con sobreprecios del 500% como demostró defensa de la competencia en 2005. Al mediodía se realizó una nueva audiencia en la Delegación Tigre del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos donde la comisión interna y los despedidos de Linde Praxair junto al SPIQyP de CABA y Zonas Adyacentes ratificamos el pedido de reincorporación de todos los despedidos y le exigimos a la patronal que acate la conciliación obligatoria. Los representantes de la empresa Néstor Bordigoni de RRHH y las abogadas Valeria Krause y Agustina Noelia Barone, a pesar de que en un primer momento rechazaron la conciliación, luego de un cuarto intermedio propusieron aceptar la conciliación, pero licenciando a los seis despedidos. Además, la patronal planteó la posibilidad de reincorporar algún trabajador más. Ante esta situación, los trabajadores junto al SPIQyP aceptamos la propuesta y solicitamos que, como muestra de buena fe, reincorporen de cara a la próxima audiencia a dos despedidos. Al finalizar se citó a audiencia el jueves 20. Por la tarde, continuando con el cronograma de actividades, se realizó en la puerta de la fábrica una reunión del Comité de Solidaridad donde se organizaron actividades para esta semana y se planteó empezar a planificar una nueva convocatoria y movilización como la del corte de panamericana y 197 del lunes pasado y realizar un festival por la reincorporación efectiva de los despedidos. Próximas actividades: Martes 18 17hs, Volanteada en barrio Ricardo Rojas Miércoles 19 17hs, volanteada en barrio La Paloma Jueves 20 11.30hs, Misa y Olla popular abierta para todos los vecinos y organizaciones de la zona. ¡Los derechos se defienden luchando! ¡La única lucha que se pierde es la que se abandona! ¡Vienen por todos/as! ¡Organicemos, unifiquemos y coordinemos todas las luchas! ¡UNIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y DE TODOS LOS SECTORES EN LUCHA! Comisión interna y trabajadores/as de Linde Praxair Pacheco (18/02/25)

Con el inminente comienzo del ciclo lectivo, el gobierno porteño habilitó la página web para tramitar el boleto educativo en el ámbito de la CABA. Sin embargo, a la fecha los estudiantes universitarios y terciarios se encuentran imposibilitados de inscribirse, pese que la ley 6.770 amplió el espectro de beneficiarios a ese sector. Es más, en la misma página el gobierno porteño omite a los universitarios y terciarios de los estudiantes a los que cabría aplicar el boleto educativo. No se trata de un error en la inscripción. Sucede que el ejecutivo porteño de Jorge Macri no ha reglamentado la ley 6.770. Esta ley, aprobada en la legislatura el 12 de diciembre con votos de su mismo espacio político, modifica la 5.656 ampliando, con importantes restricciones [ver: La “ampliación” (restringida) del boleto educativo en CABA], el boleto educativo a universitarios y terciarios residentes en CABA. La ley entró en vigencia a mediados de enero, pero aún resta su reglamentación. Es lo que informa Clarín, citando a fuentes del Ministerio de Educación porteño, y como se comprueba al buscar en el boletín oficial. La reglamentación de la ley no debiera insumir tanto tiempo, pues simplemente amplía el espectro de beneficiarios, el límites de viajes y la cobertura parcial a acompañantes de menores. En realidad estamos ante el desconocimiento de la ley por parte del gobierno porteño que, al no reglamentarla, pretende sumirla en un limbo y así evitar su aplicación. De esta manera, vulnera un derecho adquirido por ley. De persistir esta situación, una importante cantidad de estudiantes no podrían acceder al boleto. Quedan sujetos a los tarifazos del 10% en subte y colectivos, ya agendados para marzo. Es necesario encarar de forma urgente una campaña por la reglamentación y efectiva aplicación de la ley, y dejar planteada la lucha por la ampliación del boleto a estudiantes no residentes y trabajadores de la educación de todos los niveles.

El escándalo protagonizado por el gobierno a raíz de la estafa con un memecoin promovido por el presidente Javier Milei desató una de las peores jornadas en la Bolsa con una caída de casi el 6 por ciento. Al cierre de esa misma jornada, la calificadora S&P Global Ratings rebajó la nota de la deuda soberana en pesos a “Default Selectivo”, aunque la decisión había sido tomada ya unos días antes, tras el fracaso del canje títulos en pesos realizada por el gobierno el 12 de febrero. El martes, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, las llamadas ADR (American Depositary Receipts), mostraron pérdidas de hasta 6%. El dólar, por su parte, abrió a $1255, su valor más alto de este año. A partir del mediodía, la tendencia se revirtió: las bolsas rebotaron un 6% y el dólar cayó, cerrando a $1235. Diversos medios señalaron la sorpresa que significó este rebote que hizo que las acciones recuperaran lo perdido el día anterior. El portal de noticias La Política Online aseguró que “Caputo orden(ó) a la Anses hacer compras masivas de acciones y bonos para atenuar el golpe del Criptogate”. En las operaciones bursátiles de la rueda del martes el gobierno también echó mano de los fondos del Banco Central tanto para la venta de dólares como para la compra de bonos de la deuda. Según declaró un operador financiero a LPO, "para que no le dé negativo el CCL y el MEP se estima que el Banco Central y la Anses tienen que quemar unos 650 millones de dólares y otros 350 millones de dólares en el Merval, para salir empatados". El diario informa que uno de los datos que “confirma las intervenciones de Caputo, que Economía no informa, es la fuerte caída de reservas de este martes: El Banco Central perdió más de USD 380 millones de reservas, pese a que informó que compró USD 171 millones. Las reservas brutas de hecho volvieron a perforar su piso y se ubican apenas por encima de los USD 28.000 millones. Las líquidas como se sabe están unos USD 10 mil millones abajo”. Es por eso que, a pesar del rebote de las bolsas, el riesgo país superó los 700 puntos, marcando un nuevo máximo en meses. El gobierno liberticida lleva adelante un intervencionismo estatal al palo para rescatar los especuladores que compraban dólares y a los que se desprendían de los bonos de deuda argentina. Este desfalco de Milei-Caputo a los jubilados a través de la caja de la Anses representa una estafa mucho más grande de la que promovió el presidente con el memecoin.

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos se encontraron esta mañana con un nuevo ataque de parte de la empresa: la planta de Concepción del Uruguay estaba con las puertas cerradas y con un cartel anunciando que la faena se suspendía “hasta nuevo aviso”. Los trabajadores se movilizaron en masa hasta el Municipio, donde fueron reunidos por el Intendente de la localidad. Los atrasos en los pagos y los incumplimientos de parte de la empresa no se reducen a la planta de Concepción del Uruguay, sino que son generalizados: en las granjas de la planta, en el transporte y en todos los frigoríficos (Pilar, Ezeiza, Capitán Sarmiento, Córdoba, etc) la situación es igual. Eso ha llevado a que las medidas de fuerza como paros y quites de colaboración se reproduzcan en todo el grupo, aún sin el acompañamiento de los gremios. El cierre de la planta de Concepción del Uruguay es una respuesta de la empresa a los problemas que se le generaron constantemente en la faena, por el “trabajo a desgano” realizado por los trabajadores. La medida de fuerza obrera se disparó por la falta de pago de la empresa de la quincena, de las vacaciones, de las cuotas alimentarias, etc. La asamblea del domingo a la noche en la entrada de la planta ratificó seguir con la medida hasta que la empresa regularice su situación. Un prueba definitiva de los niveles de explotación vigentes de los trabajadores de Concepción del Uruguay es que la velocidad frenética de la noria -la línea de producción de las plantas avícolas - de Granja Tres Arroyos es incompatible con cualquier mínimo quite de colaboración de los trabajadores. La semana pasada, la patronal intentó trasladar la faena a la planta aledaña del Frigorífico Beccar, pero los trabajadores de ese establecimiento se negaron a carnerear la lucha de GTA. Hoy directamente la empresa suspende la faena hasta nuevo aviso, lo que significa una amenaza directa a los puestos de trabajo de sus 1200 etrabajadores. Los trabajadores de Granja protagonizaron una verdadera rebelión durante toda esta semana, con movilizaciones dentro y fuera de la planta en las que reunieron un apoyo popular inmenso. Durante esta mañana, ante el cierre de la planta, decidieron trasladar la protesta hasta las puertas del Municipio, donde fueron recibidos por el Intendente. El planteo de Jose Lauritto que gobierna el distrito por el peronismo desde 2023 estuvo a la derecha del sindicato de la alimentación: planteó que no podía profundizar las negociaciones porque el sindicato no se lo permitía, que la reducción salarial había que “judicializarla” pero que había que aceptar los despidos realizados por la empresa, porque la decisión estaba tomada. La postura del sindicato (STIA) es que la reorganización de la planta sea pagada por los trabajadores, pero en forma atenuada. En vez de despidos, promueve retiros voluntarios: que la empresa no pague aportes a la seguridad social, suspensiones, etc. El STIA se adapta sin lucha al discurso de la crisis de la patronal y a las salidas antiobreras. El reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, implica una reorganización de la producción, pero a costas de las ganancias de la empresa, cuya familia principal está entre las más ricas del país. La empresa no ha podido probar ninguna crisis, pero si la hay debe ser pagada por los beneficios extraordinarios del capital, y no por la miseria de los trabajadores. Este planteo debe ser debatido entre todos los trabajadores: el apoyo popular en Concepción del Uruguay a la causa de los trabajadores se hace con plena conciencia de que el pueblo para existir necesita que los trabajadores cobren y sigan con su fuente de trabajo. La patronal explota la división en distintos convenios de los trabajadores del grupo GTA. Los frigoríficos están algunos en Alimentación, otros en el gremio de la carne. Las granjas están encuadradas en Uatre. La empresa discute por separado con cada sindicato, que se ocupa de mirar su quintita en vez de salir a enfrentar la avanzada patronal. Reproducen en escala de empresa la política de la CGT con la avanzada reaccionaria del Gobierno de Milei. Está planteada la ocupación de la fábrica, el llamamiento a un plenario nacional en apoyo a los trabajadores de Concepción del Uruguay y un paro general de todos los gremios que intervienen en Granja Tres Arroyos, para convertir la lucha en una causa nacional de la clase obrera.

Los especuladores capitalistas han actuado con su característica duplicidad frente a la cripto-estafa de los hermanos Milei. Por un lado, cada uno por separado se desprendió de algunas de sus inversiones en acciones y bonos soberanos de Argentina, con la consiguiente caída de sus cotizaciones. Al mismo tiempo, los banqueros salieron a bancar “institucionalmente” a Milei, con pronunciamientos tajantes. El grupo Goldman Sachs y el Bank of America elogiaron los “resultados fiscales” de la Tesorería argentina, en el mismo momento en que los creadores de $Libra involucraban a Karina Milei en la percepción de coimas. El balance fiscal es una farsa, porque no registra el pago de intereses de la deuda local como un gasto del Tesoro. En este cuadro, la bolsa de Nueva York abría el martes con una caída de las acciones argentinas bastante menor a la esperada. En Buenos Aires, los liber-estafadores (Milei y Caputo) resolvieron tapar su cripto-delito con otro delito mayor: durante el lunes y el martes, el Banco Central y el ANSES -a través de su Fondo de Garantía-, salieron a vender dólares y a comprar títulos de deuda para evitar una disparada de la divisa, en un caso, y un mayor desplome de los bonos, en el otro. Este desfalco a los contribuyentes y jubilados ayudó a que los especuladores que comprar dólares y desprenderse de activos argentinos sin afrontar mayores pérdidas. Las centrales patronales de la industria y el campo, mientras tanto, mantenían un prudente silencio frente al `cripto-gate´. “Normalización política” Esta operación de rescate de Milei tiene su correlato en los grandes bloques políticos. Mauricio Macri ha reflotado la teoría del `cerco´, al señalar que Milei se encontraría ´mal asesorado´ y ´descuidado´. El macrismo explota la crisis para forzar a un gobierno de coalición. Es un lance tardío, porque el pasaje de figurones del macrismo al gobierno se encuentra demasiado avanzada. Ritondo y Santilli, posibles cabezas del transfuguismo, cerraron filas con la camarilla libertaria cuando estalló el cripto-escándalo. Inicialmente, se decía que la crisis desatada por el Milei-coin llevaría a un parate del Congreso. El Senado tiene por delante el tratamiento de la suspensión de las PASO, el nombramiento de los dos nuevos jueces de la Corte y la ley de “ficha limpia”. El intervalo parlamentario debía servir para aquietar aguas. Pero no es lo que ocurrió. Según La Nación, “desde la conducción del bloque kirchnerista se bajó la orden a todos sus senadores de que guarden silencio y no se metan en la polémica pública en torno al tema de la criptomoneda “(LN, 19.2). Así, el Senado le otorgaría a Milei el voto favorable para la suspensión de las PASO, con el aval de notorios kirchneristas y pejotistas. La cuestión de los jueces de la Corte aparece más incierta, y la ley de “ficha limpia” podría postergarse por tiempo indeterminado. Milei se reserva la carta de nombrar a los supremos por decreto. La cripto-bomba también se desmonta cuidadosamente en Diputados. El kirchnerismo ha bajado los decibeles con el reclamo de juicio político, para sumarse a un pedido de interpelación. Esto no involucra a Milei y a su círculo inmediato, creadores del memecoin $Libra. Los pies en el plato En el interín, las evidencias del carácter delictivo de la cripto-maniobra de Milei y su clan son abrumadoras. Sus –¿ex?– socios en Estados Unidos acaban de denunciar un régimen de coimas regulares manejado por Karina Milei. Es la ratificación de lo que el dueño de la cripto Ethereum le había revelado días atrás al periodista Alconada Mon. Significativamente, cuanto mayor es el barro, mayor es el empeño del capital financiero y de los partidos en pasar de página. La burguesía y sus editorialistas no olvidan lo que ha hecho por ellos el gobierno liberticida, desde la liquidación del derecho laboral hasta el brutal ajuste perpetrado contra los salarios y jubilaciones. Una parte del círculo rojo discute cómo neutralizar al elenco de lúmpenes de “guante blanco” que rodea al presidente, para lo cual tropieza con el inconveniente de que a Milei lo apoya Donald Trump – el creador del memecoin $Trump y $Melania. La Gran Estafa cripto es mucho más que una cuestión penal: los beneficios obscenos de los especuladores capitalistas se nutren de la explotación obrera, de la confiscación impositiva a los salarios, de la liquidación de la salud. Los únicos interesados en ajustar cuentas con los cripto delincuentes son los trabajadores. LEER MÁS: Milei-Caputo, de la gloria a Devoto El hundimiento de la Milei-coin es un anticipo. Por Marcelo Ramal, 15/02/2025.

Después del cimbronazo político causado por la estafa de la criptomoneda $Libra, Milei y Caputo decidieron renovar la confianza del capital financiero redoblando la apuesta, o sea, la estafa. En la mañana donde emprendían otro viaje a Estados Unidos, la camarilla libertaria anunció la transformación del Banco Nación en sociedad anónima, a través de un decreto. El Nación había sido retirado de las entidades públicas sujetas a privatización en la Ley Bases, sin perjuicio de lo cual los mismos que pidieron esa exclusión le votaron a Milei, a renglón siguiente, los poderes especiales. Por lo tanto, la venta del Nación quedó habilitada desde el mismo momento en que se votó la megaLey, aunque la Asociación Bancaria y el kirchnerismo celebraran a la falsa “exclusión” del Nación como una victoria. Por eso mismo, la venta del Nación no debuta con este decreto: viene siendo cuidadosamente preparada. En enero pasado, la Comisión de Valores adoptó una resolución que ‘flexibiliza’ la suscripción de obligaciones negociables -títulos de deuda- a empresas públicas, en el mercado de capitales local o en el exterior. Aunque esa decisión habilitaba al Banco Nación a endeudarse, el banco estatal no podía ofrecer como garantía a sus propias acciones. La conversión del Banco en una S.A. facilita ese paso crucial: la Bancaria acaba de denunciar que Milei-Caputo saldrán a buscar dólares en Estados Unidos colocando a las acciones del Banco como garantía. La capitalización posterior de esos préstamos daría lugar al ingreso de los acreedores privados como accionistas. De esta manera, el primer paso de la privatización del Nación permitiría a los liberticidas hacerse de dólares para sostener el actual régimen cambiario y financiero, y afrontar los vencimientos de deuda en ciernes. El FMI está celebrando el anuncio, el cual debe formar parte del acuerdo que se continúa tramitando con el gobierno argentino. El ingreso de dólares a cambio del remate del Banco reduce el monto de divisas que el FMI debería colocar para sostener al régimen libertario. El decreto de transformación en S.A. despoja al Banco del monopolio en la percepción de depósitos judiciales y otros depósitos de carácter oficial. Deriva esta fuente de financiamiento virtualmente gratuita a la banca privada. Bajo la lupa de los acreedores y futuros accionistas, el banco será sometido a dos fuertes cirugías. Una de ellas será la “racionalización” de personal y sucursales, o sea, un plan de despidos y de ataques a las conquistas laborales. El otro bisturí tiene que ver con la reorientación y centralización del crédito. Pero la captura de los recursos del banco a manos de las camarillas capitalistas más poderosas no augura ninguna solvencia patrimonial, como presume el decreto de privatización, sino más bien lo contrario. Para probarlo, y sin ir más lejos, está el rescate millonario a Vicentín, que le ocasionó al Nación fuertes quebrantos. Para esa circunstancia, la conversión a S.A. permite también la liquidación del banco. Milei y Caputo llegarán a Estados Unidos con este negociado en la valija. Es un motivo poderoso para que la administración yanqui ponga en el freezer a la causa $Libra y sus repercusiones. Como expertos en estafas piramidales, los liberticidas han resuelto un despojo con otro mayor.

El viernes 14 de febrero la Prefectura reprimió a obreros y obreras de una planta procesadora de pescado quienes, con el apoyo de sus familias, se manifestaban exigiendo que el propietario cumpla con el aumento salarial que ya había sido acordado para el sector entre una de las cámaras empresariales y el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP). La planta está ubicada en la calle Figueroa Alcorta al 1000, en el barrio Puerto. Opera bajo el nombre “Cañamar” y es una más de las tantas cooperativas truchas, que en este caso pertenece al empresario Roberto La Bella. Los trabajadores de Cañamar, como todos aquellos de estas cooperativas, se encuentran en la informalidad total. Son monotributistas, trabajan 12 horas por día en condiciones de extrema precariedad y sin ningún tipo de derechos. “Lo que se está pidiendo es que se pague el monto firmado”, explicó uno de los trabajadores a C5N en medio del operativo. La patronal dijo que no dan los costos para pagar los sueldos y pidió que se retirara el medio de prensa para negociar con los trabajadores. Cuando éste lo hizo, la Prefectura avanzó sobre los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Antes de comenzar la represión, el encargado del operativo afirmó que si los trabajadores no se retiran “se aplicará lo que está escrito. Hay una flagrancia y un delito. Ya se le dio aviso a la Fiscalía y al Juzgado” (el DiarioAr, 14/2/25). Como se ve, el protocolo antipiquete de Bullrich y la mano dura de Montenegro se conjugan no para impedir el delito organizado sino para la represión de la protesta.

El gobierno de Tucumán puso en marcha la paritaria con los sectores estatales, incluidos los docentes y los trabajadores de la salud. El viernes 14 de febrero fue el turno del FUDE (Frente de Unidad Docente Estatal que agrupa a ATEP, APEMY, AMET) sin ningún resultado. En simultaneo, ATEP, el gremio docente mayoritario convocó a las denominadas asambleas zonales de delegados. En esta oportunidad se concretaron cuatro asambleas cuyo epicentro fueron las ciudades de Alberdi, Famaillá, Concepción y en la capital. A esas asambleas concurren delegados con mandatos y hacia cada asamblea concurren delegados de departamento sede y de los departamentos vecinos. En el caso de la capital, se concretó la asamblea más importante con la presencia de 60 delegados. En todas las asambleas se polarizó el debate entre los delegados que llevaban mandatos con un sinnúmero de reclamos, con eje en el aumento salarial, las malas condiciones de las escuelas, y el cuadro de maltrato y persecución de parte de directivos y organismos del gobierno (Sesop) a la hora de otorgar licencia por cuestiones de salud y hasta por accidente, planteando que se debía respetar los días de licencia que otorgan los profesionales médico, a la par de señalar el mal funcionamiento de la obra social. Esto mandatos con estos reclamos y, en muchos casos, acompañado con el planteo de que si las negociaciones no avanzaban se debía concretar un paro provincial con movilización. En contraposición, el oficialismo se hizo presente con docentes adscriptos que desenvolvían planteos mas conciliatorios, pero en varios casos la situación de la docencia es tan calamitosa que no pudieron obviar formular denuncias y reclamos. En relación a la cuestión crucial del salario se votó reclamar un aumento de emergencia de 100 mil pesos y que el salario mínimo, o sea para el docente que recién se inicia este por encima de la canasta de pobreza, lo que abrió la discusión sobre cuál es ese índice en Tucumán. Los delegados activistas señalaron que era de 1.050.000, mientras que los delegados afines al oficialismo, incluida la secretaria adjunta de ATEP presente en la asamblea señalaron que en Tucumán era de 847 mil pesos a la que varios le respondieron que las tarifas de los distintos servicios públicos en la provincia son los más caros de país. Cuando la asamblea estaba llegando a su fin, se hizo presente el secretario general de ATEP, Hugo Brito, quien informó que venía de reunirse por segunda vez con el gobierno sin tener ningún ofrecimiento, pero tampoco aclarando cual es el mandato con el cual se concurre a discutir con el gobierno. Sólo se limitó a ensalzar los avances del gremio haciendo referencias a las nuevas hosterías, a los cursos sin explicar por qué son pagos y por qué de ahora en más se van a realizar mediante un convenio con la Universidad San Pablo T, que es privada y sus dueños son uno de los matrimonios más ricos de la provincia, aliados de Jaldo. Para completar declaró que, para combatir la corrupción, apoyaba que los fondos de aprestamiento de las escuelas rurales, que hasta ahora eran transferidos a los directivos de las escuelas, se lo va a dirigir a los delegados comunales, la mayoría de ellos con denuncias de corruptelas . Luego fue interpelado sobre su postura ante los temas que se había debatido en el desarrollo de la asamblea. Así, ante los reclamos por persecución y desconocimiento de las vías de licencia por parte de organismos gubernamentales, planteó que se adapten a los requerimientos del organismo. Respecto de lo salarial, declaró que quienes impulsan reclamos desmedidos son sectores opositores que solo aspiran a denostar a la comisión directiva ya que en 2026 habría renovación de autoridades del gremio. Ante el pedido de una Asamblea General que vote un plan de lucha se opuso de manera rotunda. Fue en ese momento que los delegados afines votaron el cierre de la Asamblea, y luego se pasó a votar y por mayoría se aprobó: Todo aumento el básico. 30% de aumento al punto más $100.000 por cargo. Blanqueo de todas las sumas en negro. Paro y Movilización si no se cumple con lo requerido. Solución de los problemas de infraestructura de las escuelas. Que se cobren todos los ítems y todo aumento también en el segundo cargo. Aumento de las partidas para comedores escolares. Descuento docente para transporte. Por plena cobertura en todos los estudios por parte del subsidio de salud. Votaciones similares se concretaron en las otras asambleas zonales. Un tema crucial fue debatido e incluido en el pliego. Es que en años anteriores las asambleas zonales fueron verdaderos plenarios de delegados con asambleas previas en las escuelas, sin embargo, sus resoluciones nunca fueron tenidas en cuenta por la conducción del gremio, que se atuvo a un llamado a Congreso provincial, que es un organismo que se elige una vez cada cuatro años y es completamente afín al oficialismo de turno. En esta oportunidad se votó que el Congreso de ATEP respete lo votado en las asambleas y, en simultaneo, los sectores más activos han decidido mantenerse en alerta para autoconvocarse en caso que las resoluciones votadas sean desconocidas, lo que requiere desde ya toda una campaña para efectivamente hacer valer el mandato de las bases.

A pocos días del inicio de clases se dio a conocer la intención del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de cesantear a cientos de maestras de acompañamiento (MA). Las maestras de acompañamiento ejercen el rol pedagógico de apoyo frente a los cursos superpoblados con 50 estudiantes. De aplicarse esta medida, estaríamos frente a una vulnerabilidad mayor para los/as estudiantes y se dejaría cientos de docentes sin trabajo. En paralelo con esta medida, el gobernador Axel Kicillof pretende llevar adelante un ajuste brutal en la Provincia con la indicación del cierre masivo de cursos. Esta decisión amenaza la estabilidad laboral y dejaría a miles de docentes sin trabajo. Esto ocurre aún cuando está abierto el periodo de inscripción en las escuelas. Los inspectores se pasean por las escuelas, realizan revelamientos y ordenan los cierres sin abrir ninguna instancia de debate. La continuidad pedagógica de los/as estudiantes es problemática por múltiples factores, agravados desde la pandemia hasta acá. Muchos alumnos no hay podido culminar sus estudios debido a la situación económica. El cierre de cursos implica el cese de miles de docentes, y a la vez desatiende la situación real de los estudiantes. No se busca la raíz del problema para que los chicos asistan, permanezcan y egresen. Se toma una medida que vacía las escuelas públicas. Lo cotidiano son escuelas donde faltan obras de infraestructura y en donde ya existen aulas superpobladas que no han sido desdobladas ni se han designado los miles de cargos faltantes. Los cierres de cursos no sólo representan una iniciativa de vaciamiento de las escuelas públicas, sino que también deja a docentes sin trabajo. Se produce el llamado “efecto cascada” donde los titulares pueden desplazar a provisionales o pueden quedar a “disponibilidad” y hacer toma de posesión de las horas que haya disponibles, quizás lejos de su lugar de residencia atentando con su organización laboral y familiar. El gobierno provincial ha prendido su propia "motosierra" contra los trabajadores de la educación. El ajuste brutal ejercido por el gobierno de la Provincia responde a una política general de ataque a la docencia, que se expresa con las paritarias a la baja, el descuento de los paros y la sobrecarga laboral que implica la reforma de la escuela secundaria. Los sindicatos provinciales avalan toda esta política de desguace de la escuela pública. Pero han surgido iniciativas de lucha desde abajo. Una movilización de más de 300 compañeras maestras autoconvocadas en La Plata se concentró en la gobernación. Esta semana se realizarán acciones en diferentes jefaturas distritales, como en La Matanza (viernes 9) convocada por la Lista Multicolor. En las escuelas se está produciendo una deliberación en las bases acerca de cómo enfrentar estos atropellos. Organicemos asambleas por escuelas y movilicemos en defensa de los puestos de trabajo.

El jueves pasado el INDEC publicó la inflación de enero y al gobierno le sirvió para vanagloriarse de que ese 2.2% fue el porcentaje más bajo de los últimos cinco años. El porcentaje anual nacional anunciado fue de un 84% Sin embargo, desde Política Obrera ya denunciamos por qué este porcentaje es mentiroso. En principio porque el INDEC sigue utilizando la canasta desactualizada del 2004 en la cual no se reflejan los cambios en el consumo como el aumento de la incidencia de las comunicaciones (internet, celulares, etc.). Por esto el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de CABA, viene dando por encima del dato nacional, como este mes de enero en que midió por encima de 3% y más del 100 % en el año. Algo similar pasó con Neuquén, en donde dio 3,5% para enero, cuya Dirección Provincial de Estadística y Censos señaló que su medición de inflación se calcula “como un promedio ponderado de las variaciones porcentuales de los precios de una canasta definida sobre la base de la Encuesta Nacional del Gasto de Hogares-ENGHo 2017/2018”, con una base de precios de 2022, al igual que sucede en CABA. Pero aún esa canasta del 2017/2018 -que es la que se usa en CABA y en Neuquén- está desactualizada porque no tiene en cuenta el peso que tienen hoy los servicios públicos en el bolsillo de las familias. Estos aumentaron un 500% en el año, un 4,3% en enero, lo que hace que el porcentaje de los ingresos que se destina a ellos sea mucho mayor que el 10% que se considera en la canasta. De más está decir que en esta medición anual no se toma en cuenta el rodrigazo que metió Milei apenas asumió en diciembre y que hizo pegar un primer gran salto en la inflación en enero 2024 mientras las jubilaciones y los salarios quedaron congelados durante ese mismo mes. Inflación en dólares El “Índice Big Mac”- indicador usado por la revista The Economist para medir el poder adquisitivo de las monedas de 47 países con respecto al dólar- confirmó que la Argentina es el segundo país más caro del mundo. En la misma línea, una comparación de precios en la región realizada por los periodistas de El País América dio por resultado que la Argentina es el país más caro de Latinoamérica mientras que su Salario Mínimo es el segundo más bajo del continente. Por lo tanto, no puede decirse que a los precios caros en dólares lo acompañen salarios altos en dólares, sino que la relación es prácticamente inversa. Techo a los salarios Sobre el Salario Mínimo, el gobierno dijo en diciembre que quería eliminarlo ya que le parecía un crimen fijar un precio e intervenir para evitar que alguien dispuesto a aceptar un salario menor, trabaje. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo sigue negándose a homologar paritarias que superen el techo dispuesto por el gobierno en un 1%, como pasó con Sanidad o los petroleros, por ejemplo. E incluso, Milei no tuvo ningún resquemor sobre esta clase de intervencionismo al anunciar en diciembre que pretende paritarias para los privados al 0% a partir de marzo. Planea intensificar la gigantesca transferencia de recursos desde los trabajadores hacia las empresas que, beneficiadas por el carry trade y su posición oligopólica para fijar precio, multiplicaron por seis sus ganancias en este último año. Para alcanzar esta cifra de precios mentirosa que los liberticidas enarbolan como un trofeo, Milei hundió al país en una recesión que ya cerró 15 mil empresas y arrasó 200 mil puestos de trabajo. También quemó el supuesto “superávit” alcanzado con el ajuste a jubilaciones y salarios en los mercados paralelos de dólar para evitar que una suba en la divisa repercuta en la inflación. Pero con el costo de pasar un año en la paz de los cementerios, sigue habiendo inflación, y el gran logro es haber bajado del 12% mensual al 2,2 mentiroso en un año. El congelamiento del dólar -y de los índices de inflación- también lo necesita el gobierno para pagar intereses de deuda externa y seguir con el carry trade evitando que los capitales se vayan de la bicicleta financiera, algo que empezó a pasar por ahora en forma aislada, junto con el cimbronazo que hubo en la Bolsa. Y es que, por mucho que Milei vocifere que ya tiene un acuerdo con el FMI para que le facilite los dólares, el vacío de las reservas dilapidadas en los mercados paralelos es un elefante en un baño. La subida del riesgo país se llevó el sueño de conseguir dólares en los mercados internacionales de deuda, mientras que la suba de los aranceles al acero impuesta por su amigo Trump no solo perjudicó a las empresas argentinas del sector, sino que fue una señal de que, al facista norteamericano, la homofobia verborrágica de Milei le importa bastante poco a la hora de tomar decisiones económicas. La otra gran iniciativa liberticida, la que iba a traer inversiones, el RIGI, hasta ahora solo trajo incendios para planes extractivistas en la Patagonia lejanos en el tiempo. Petronas se retiró del proyecto para hacer la planta de gas licuado y Chevron anunció un ajuste de sus inversiones en el país -con 20 mil despidos incluidos- para redirigirlas a Guyana, en el marco de una tendencia mundial a la baja del precio del gas. Otros grandes inversionistas de diversos rubros -bancos, indumentarias, autopartistas, farmacéuticas, y automotrices como Mercedes Benz- se siguen retirando del país, vendiendo empresas enteras, pese al sinfín de beneficios que los liberticidas le ofrecen a la burguesía internacional. Todo este esquema ponzi que se está quedando sin entrada de dólares frescos, explica en parte la histeria de Milei y Caputo, quienes dedicaron la semana a ir a estudios de radio y televisión y a hacer operaciones contra economistas de todo tipo. Quizás también por esto -que empieza a sonar como una cuenta regresiva- y en consonancia con el afán capitalista de llevarse lo más posible mientras se pueda, es que hayan incursionado este viernes en aquel otro esquema ponzi -aún más explícito y para beneficiar a un círculo aún más reducido- el de las cripto memes. Una forma novedosa de cobrar honorarios por los servicios prestados que nada tiene para envidiarle a los retornos millonarios de los kirchneristas.

Trabajadores de CONICET y de Agencia se movilizaron este miércoles al Polo Científico Tecnológico contra la política cientificida del gobierno y con un pliego reivindicativo: recomposición salarial, ampliación del cupo de las becas de finalización, renovación de los contratos y pase a planta permanente, los ingresos a carrera del investigador, la regularización de los PICTs y la actualización salarial de los becarios Agencia. También hubo movilizaciones en Rosario, Córdoba, Posadas y La Plata. La medida de lucha se había decidido en la nutrida asamblea de la semana anterior, convocada por la Junta Interna de ATE CONICET y JCP ante los rumores de reestructuración del organismo y los despidos de 166 becarios, y que culminó con un corte parcial de Av. Santa Fe. La movilización contó con una presencia mayoritaria de investigadores y becarios de todas las áreas del conocimiento, entre los cuales se destacó la delegación del IBYME-INGEBI, el Instituto de Biología y Medicina Experimental fundado por Bernardo Houssay en 1944. La jornada de lucha comenzó con un enérgico ruidazo enfrente del ex-MinCyT, degradado de Ministerio a Secretaría de Ciencia y Técnica, donde también se ubica la Agencia de I+D+I, uno de los principales organismos de financiamiento de la ciencia, que se encuentra en un proceso de crisis y vaciamiento desde el cambio de gobierno. Sus investigadores denuncian que el gobierno retiene sin ejecutar, desde el año pasado, $53 millones de dólares, provenientes de créditos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y destinados a la investigación. Reclaman el inmediato esclarecimiento sobre su paradero, que seguramente se encuentre camuflando la deuda del Tesoro. Más de 2000 investigadores firmaron un petitorio elaborado por la RAICyT (Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Técnica) y se ha presentado la denuncia ante las autoridades del BID. Incluye las firmas de reconocidos investigadores, como Jorge Geffner, Andrea Gamarnik y Diego Golombek. También se entregó un petitorio por la ampliación del cupo de becas de finalización para impedir que los 166 becarios queden en la calle. Luego tomaron la palabra los secretarios generales de la Junta Interna de ATE CONICET, representantes de JCP, compañeros que esperan su alta como investigadores de planta y otros afectados por las medidas de ajuste. Las intervenciones reflejaron un ánimo de profundizar las medidas de lucha ante los embates del gobierno. Además de los gravísimos problemas del sector, no se descarta la posibilidad de que vuelva a la carga con el intento de reestructuración a través de un decreto, como ya hizo la semana pasada con el área de Hábitat. Otros sectores también se encuentran amenazados: INTI, INTA, la CNEA, con los que se planteó la necesidad de coordinación. Se señaló también que el gobierno atraviesa un momento de debilidad, ya que debe responder por el escándalo de la criptoestafa, denuncias de coimas y entrevistas arregladas, lo cual ha mermado su credibilidad. Pero el régimen político y la burocracia sindical no sacan los pies del plato y es probable que ningún pedido de juicio político prospere. En definitiva, somos los trabajadores los que debemos impulsar la movilización para echarlos. Ante la noticia de que la reunión interna del Directorio había concluído y que rechazaban el pedido de reunión con los damnificados y los sindicatos, la movilización decidió ingresar al hall de entrada del ex-MinCyT y hacer una ocupación para reclamar ser recibidos por las autoridades del mismo. La permanencia se sostuvo durante tres horas e incluyó una variedad de cantos contra el gobierno: “llamen al peluca estafador, para que vea que este pueblo no cambia de idea pelea por la ciencia y la educación “, “si no aparecen la becas, qué quilombo se va a armar” y un contundente “¡que se vayan todos!”. Mientras esto se desenvolvía en el Polo Científico, llegaban las noticias de que, en la plaza del Congreso, las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich reprimieron a los jubilados, trabajadores de la salud y de otros sectores en lucha que se manifestaban allí, por lo que se expresó el repudio y la solidaridad. Los trabajadores se mantuvieron firmes a pesar de la amenaza de la Policía Federal de avanzar contra ellos, en teoría sin la orden de reprimir, y finalmente y después de muchas vueltas y dilaciones, representantes de ATE y JCP fueron recibidos por un par de funcionarios de la Agencia. La reunión no fue fructífera: los funcionarios intentaron que la conversación girara en torno a las “formas” adecuadas de protestar. ¡Lo dicen quienes responden al estafador del presidente y su camarilla! Se desentendieron de las problemáticas del sector y hasta insinuaron desconocimiento sobre las mismas. Una ratificación de que no puede esperarse nada de los funcionarios liberticidas y sus cómplices en el Directorio, por acción u omisión. El balance de la jornada fue muy positivo a nivel de la organización del sector, que ha logrado sostener dos movilizaciones importantes en poco tiempo. Mientras ATE Nacional juega con la idea del paro, pero no convoca, y ATE Capital guarda un silencio de radio, a pesar de los brutales ataques contra los estatales, la Junta Interna de ATE ha logrado, en estas dos instancias, superar lo meramente reivindicativo para pasar a la acción directa: con cortes y la ocupación, gracias a la fuerte presencia de investigadores y becarios en el Polo. Ahora debemos sostener y seguir desarrollando la organización en los lugares de trabajo con la perspectiva de continuar construyendo este tipo de medidas contra el gobierno liberticida y avanzar en la coordinación entre trabajadores de todos los sectores de ciencia (internos a CONICET y Agencia, INTA, INTI, CNEA), estatales, universitarios y otros sectores en lucha. Debatamos el balance en los lugares de trabajo, para fortalecer la organización y seguir construyendo un plan de lucha.

Conexión Ganadera ganó notoriedad en las últimas semanas al destaparse una estafa que afectó a más de cuatro mil inversores. La empresa inicialmente ofrecía un negocio de capitalización de ganado; vinculaba al propietario de tierra con un inversor, y cobraba por supervisar la operación y toda la cadena: cría, engorde, faena y exportación. Se calcula en 230 millones de dólares las pérdidas por la quiebra del mayor fondo de inversión ganadero del país. Conexión Ganadera prometía una renta fija de hasta 11% cuando “la mayoría de las fuentes coincide en que la rentabilidad del campo uruguayo no excede el 4% anual” (la Diaria 7/2). Con el paso de los días, y a confesión del propio titular de la firma, Pablo Carrasco, se confirmó lo que todo el mundo sospechaba, la empresa funcionaba con el Esquema Ponzi. Una bicicleta financiera donde se pagaban los intereses prometidos a los inversores con dinero de otros inversores más nuevos quienes garantizaban la liquidez. Las irregularidades son numerosas. Es claro que CG no sólo se dedicaba a la inversión en la cría de animales, además prometía tasas de rentabilidad por esa capitalización. Se trataba de una actividad sin encajes bancarios o fondos de reserva, y ausente de controles sobre el origen de los fondos depositados y esto pone en la picota al Banco Central que es quien debe regular este tipo de operaciones. El titular de la entidad, Washington Ribeiro, declaró que, dada la configuración de este tipo de inversiones, no pueden ser catalogadas como inversiones financieras, sino que son “contratos de capitalización ganadera”, por lo cual no se encuadran dentro del marco regulatorio legal del Banco. Ricardo Gil Iribarne, ex secretario para la Lucha contra el Lavado durante los gobiernos del Frente Amplio parece compartir esta caracterización y exime: “salir a buscar culpables para atrás, me parece que no es acorde. Acá se la comió todo el mundo, porque si vos decís que vas a hacer todo y todo bien, es mentira” (Crónicas Económicas 7/2). La solución sería mantener el certificado de pulcritud financiera para Conexión Ganadera, y mirar para adelante. Por si faltaba algo, existen contratos firmados por Gustavo Basso, director de Conexión Ganadera, después de su muerte. Basso falleció el 28 de noviembre del año pasado en un accidente de tránsito. Según uno de los abogados, figuran contratos firmados por Basso el 17 de diciembre por más de US$ 100.000 ( El Observador ). Debajo de todos estos desaguisados subyace el lavado de activos, algo que la Ley de Urgente Consideración (LUC) estimuló especialmente al modificar los topes para realizar pagos en efectivo, que hoy ronda los 150 mil dólares (un millón de Unidades Indexadas). El alcance de este desfalco se entrelaza con la crisis industrial que tiene un origen anterior pero que desnuda los vasos comunicantes entre el latrocinio organizado y la agroindustria, un sector fuertemente beneficiado por los distintos gobiernos, mediante exoneraciones y estímulos económicos. El caso más emblemático es el del frigorífico Casa Blanca (Fricasa), ubicado en Paysandú, que acaba de anunciar el despido de 450 trabajadores esta semana al confirmarse que la empresa tenía una deuda con CG de 23 millones de dólares. La patronal se escuda en que muchos productores dejaron de venderle ganado para faenar: “hubo un quebranto de confianza (…) Entonces no se puede conseguir materia prima, o sea, ganado y, por ende, bajaron las faenas”, explica el presidente del sindicato de trabajadores del frigorífico sanducero. El hilo se corta por lo más fino, los trabajadores. ¿Cuántos Conexión Ganadera existen?, se preguntan los más diversos comentaristas. Se trata de un ejercicio para lelos. Indiscutiblemente estamos ante un fraude con complicidades a varios niveles, incluido el Estado. Pero el asunto no obedece simplemente a “irregularidades” u “omisiones” de una autoridad circunstancial como lo ha catalogado el ministro de Ganadería entrante Alfredo Fratti. Más allá de las acusaciones entre el gobierno saliente y el entrante, se mantiene un hilo de continuidad que alienta las zonas francas, el secretismo, y en última instancia el lavado. El robo financiero ha hecho metástasis al conjunto de la economía y el mercado. En Argentina el presidente promociona una estafa piramidal a plena luz del día: Trump asumió emitiendo “criptomemes”, una variante de moneda digital cuyo valor es artificialmente inflado por la ‘autoridad’ del ‘meme’ de cada caso.

Mientras en la Secretaría de Trabajo, las discusiones de los reclamos patronales para habilitar los concursos preventivos de crisis dan idas y vueltas, los despidos y rebajas salariales no cesan. En Pirelli, por ejemplo, la patronal está despidiendo trabajadores a diestra y siniestra desde hace un mes bajo la extorsiva modalidad de “retiros voluntarios”. Los activistas de fábrica denuncian que son convocados por la gerencia de Recursos Humanos para lograr la “renuncia” de los compañeros a base de aprietes y amenazas. El SUTNA Merlo ha denunciado a Pirelli “por hostigamiento, amenazas y ejercer violencia sobre los trabajadores” ante el Ministerio de Trabajo de Morón. Luego de la denuncia y varias audiencias los despidos continúan. En FATE, la patronal prosigue con su plan de “retiros voluntarios” y poda de salarios. No pagó el bono de fin de año, al igual que Pirelli y Bridgestone, y desconoció el pago del fraccionamiento de vacaciones que es un derecho adquirido por los trabajadores. Bridgestone prosigue con los “retiros voluntarios”. Por medio de un comunicado interno advirtió a los trabajadores que “(…) el PPC continúa y no hay ningún dictamen, ningún escrito de la Secretaria de Trabajo, ni ninguna información del gobierno que manifieste que Bridgestone no tiene crisis (…)”. El objetivo de semejante apriete es claro: te “conviene” “renunciar” ahora y te llevas el 100% de la indemnización que marca la Ley de Contrato de Trabajo, de lo contrario te vas con el 50%. De acuerdo a las manifestaciones de los activistas, todos los días tandas de cinco-diez trabajadores de todas las secciones van a Recursos Humanos a “arreglar” sus despidos. La empresa, sin embargo, cerró el grifo de los “retiros voluntarios” porque secciones enteras como armado, por ejemplo, quedarían sin la dotación de personal suficiente para producir. En los últimos 16 meses, las grandes patronales del Neumático despidieron en forma directa y bajo el eufemismo de los “retiros voluntarios” el 40% de los trabajadores del gremio y la producción nunca bajó en la misma proporción. Ahora, las patronales van por el convenio colectivo y por los salarios. Los trabajadores del Neumático no tienen actualización de sus salarios en medio de una inflación del 3% mensual desde diciembre y la oferta que hicieron Bridgestone y FATE en la última reunión paritaria fue 0%. En este cuadro de situación, la dirección del SUTNA, alentada por el aparato del Partido Obrero, no sale del inmovilismo y del cabildeo en los ministerios de Trabajo de provincia de Buenos Aires y de la Secretaria de Trabajo de Nación mientras avanzan los despidos y el congelamiento salarial. Para el Partido Obrero “todo pasa” y, al fin de cuentas, hay elecciones en el SUTNA a fin de año. La dirección sindical no está cumpliendo con la obligación de presentar un plan de lucha, discutirlo en las fábricas y llamar a una asamblea general. La política de dilaciones se ha cobrado ya cientos de despidos. Es necesaria una campaña por el reparto de las horas de trabajo entre todo el personal sin afectar los salarios.

El martes 18/2, el conjunto de las organizaciones sociales se movilizó hacia Plaza de Mayo para presentar un petitorio en el Ministerio de Economía; diversos medios la presentaron como la primera marcha piquetera del año. El gobierno nacional desplegó un fuerte operativo represivo; el Protocolo Antipiquetes fue aplicado en conjunto por las fuerzas federales y la policía de la Ciudad. El reclamo central fue por un bono de emergencia de 300 mil pesos para hacer frente al comienzo de clases. Se exigió, además, la restitución de los alimentos a los comedores, actualización de los montos de los programas sociales y el cese de la persecución a los luchadores. La movilización se replicó en diferentes puntos del país frente a las oficinas de ANSES. La Tendencia Polo Obrero denunció el retiro de los alimentos, que se pudren en los depósitos. Congelaron el plan social desde hace un año en $78.000, desenganchándolo del salario mínimo vital y móvil. El gobierno dejó de afrontar el pago del monotributo social en un 50 %”. Eva Gutiérrez en la puerta de Hacienda dijo: “La Tendencia se moviliza por los alimentos que hace un año no se entregan, este gobierno criminal los ha sacado, ha preferido que se pudran y no los ha entregado. Y han estado demorando la entrega de una tarjeta, muy escasa, porque de 44.000 comedores solamente 4.000 fueron recibidos.” Esta movilización tiene lugar en un cuadro de inquietud popular, cuando el gobierno atraviesa un escándalo de corruptelas con la criptoestafa Libra. Otro reclamo son las tarjetas para comedores y merenderos, luego de más de 44.000 inscriptos solo unos 4.000 fueron aprobados por el Ministerio de Capital Humano. Las organizaciones sólo reciben alimentos y otros reclamos por medio de acciones en municipios y gobernaciones. Capital Humano y Sandra Pettovello siguen ignorando intimaciones judiciales que exigen volver a distribuir alimentos en los barrios populares. En un acto desvergonzado desde La Libertad Avanza circularon a medios de prensa una cuenta donde suman los importes de la AUH, la Prestación Alimentar y las asignaciones sociales que dicen, lograría cubrir el 100% de la canasta básica alimentaria. Este “fortalecimiento de las transferencias directas” como lo coloca el gobierno libertario es antojadizo e incorrecto, ya que un número muy reducido de familias compatibiliza estas fuentes de ingresos. Al mediodía, luego de presentar una nota y un petitorio se realizó un breve acto de cierre. La Tendencia realizó una asamblea con un informe de cierre de la jornada.

Las universidades están retomando la actividad académica con la carga de todos los problemas de financiamiento que se manifestaron en el ciclo 2024. Sin un presupuesto establecido para 2025, los rectores buscan negociar con el gobierno, incluso de la mano de diputados y gobernadores– todos ellos partidarios y ejecutores del ‘ajuste’ liberticida. Docentes y no-docentes están sufriendo una rebaja salarial de hecho ante la falta de paritarias. El estudiantado, por su parte, viene sufriendo la reducción de becas, de ofertas de cursos y una recesión general que impacta duramente en sus condiciones de vida, cursado y de empleo. Contra la cooptación Este balance será el eje del debate en las elecciones para la renovación de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica, la Federación más importante de gremios de la docencia universitaria, que tendrán lugar a fines de marzo y comienzos de abril. La actual conducción ha llevado a la federación a una integración completa con la burocracia sindical y los rectores, que a lo largo de todo 2024 sólo han buscado regimentar las movilizaciones de masas y contener la lucha huelguística universitaria. Durante todo el año, CONADU H apoyó esta política y se jugó al aislamiento de las tomas y a la desarticulación de la 3° marcha federal educativa convocada para el 12 de noviembre. Política que intenta reanudar en 2025. Ahora, para 2025 se orienta a una reedición de esta política. Para eso ha convocado a un congreso de la Federación para el 12 de marzo. Todo el escenario de vaciamiento presupuestario y hundimiento salarial vuelve a poner a la orden del día la preparación de la lucha. El horizonte debe ser la preparación de la huelga general educativa y el llamado a la huelga general.

Como todos los miércoles las agrupaciones de jubilados y jubilados independientes, que se acercan para sumar sus reclamos, nos convocamos por las miserables condiciones a las que este gobierno liberticida nos ha llevado. Pero este miércoles 19, además se sumaron, previo acuerdo y participación de las agrupaciones de jubilados en otras acciones de lucha, delegaciones de los más variados sectores que se encuentran en conflicto por cierres, vaciamientos y despidos. Entre estos se encontraban los compañeros despedidos de Shell, Pilkington, Linde Praxair, Volkswagen, Fate, Policlínico San Justo, Hospitales Bonaparte, Garraham, Paroissien y Posadas, Sitios de la Memoria, asambleas barriales, en lucha contra los despidos, docentes universitarios, centros de estudiantes de UBA y otros más, que llegaron para acompañar la ronda de los jubilados. El primer bloque se había resuelto previamente que sería para el conjunto de las organizaciones en lucha que habían comprometido acompañarnos. Las voces que se alzaron denunciaron en su conjunto la complicidad y entrega de las centrales sindicales de los trabajadores a manos de los gobiernos nacional y provincial, la estafa con la cripto $Libra "difundida" por Milei y el robo de Caputo al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de los jubilados. Todos los oradores destacaron la necesidad de coordinar las luchas para hacer frente al saqueo que diariamente perpetra Milei con sus cómplices a trabajadores y jubilados y un repudio masivo a la CGT, CTAs y CTERA como así también al Congreso Nacional, la Justicia y a todo el arco patronal. La multitudinaria marcha desbordó los límites de la vereda del Anexo de Diputados que al momento de realizar la ronda alrededor del edificio del Congreso Nacional, como es de costumbre todos los miércoles, la PF (Policía Federal) bloqueó la marcha empujando a un sector de la columna hacia la vereda a los empujones, golpes y gases. En el forcejeo hubo jubilados golpeados y “gaseados” y otra jubilada debió ser trasladada por efecto de los gases. Pese a la brutal represión con que actuaron las “fuerzas del orden”, a la que se sumó GNA, PNA y en forma amenazante la policía motorizada, la ronda continuó y avanzó sobre Av. Entre Ríos para concretar los habituales semaforazos al grito de “unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode” y otros críticos a la burocracia sindical, al gobierno nacional y al protocolo de Bullrich. Una vez más los jubilados junto con las organizaciones en lucha señalamos que el camino para vencer a este gobierno liberticida, hambreador, criminal y corrupto es la coordinación de estas para impulsar una huelga general que ponga freno a esta barbarie que pretende consumar. Nuestra respuesta es coordinar las luchas de todos los jubilados junto los trabajadores e impulsar una huelga general que ponga freno a esta barbarie. Repudiamos la salvaje represión del protocolo de Bullrich con palos, gases, patadas y golpes. Los jubilados ganamos la calle, no la abandonaremos. Los esperamos el próximo miércoles 26, a las 17 hs. para iniciar la campaña nacional por la prórroga de la moratoria. La lucha continúa.

Los sindicatos docentes han convocado a un paro nacional de 24 horas para el lunes 24 de febrero y otro también de 24 horas para el 5 de marzo, aunque para esta fecha solo lo hacen los sindicatos de la CGT, sin la CTERA. Ante el mayor ajuste educativo de la historia argentina, estas medidas completamente aisladas y sin continuidad alguna no moverán el amperímetro, tal como lo demostraron los hechos del último tiempo. Milei y los gobernadores, luego de estos estériles paros discontinuos, no aflojaron en el ajuste salarial, presupuestario, los ataques al derecho a la huelga, las contrarreformas laborales y previsionales, entre otras tantas provocaciones a la docencia y la educación pública. Los convocantes le piden al gobierno nacional la realización de la paritaria nacional, a sabiendas que en cada provincia ya se está llevando a cabo una nueva confiscación salarial que hace suyo el tope salarial mensual del 1-2 % mensual. Esta exigencia es completamente vacía de contenido porque no dice qué aumento salarial o qué piso salarial va a presentar como demanda. Es una cháchara funcional a que los gobernadores, que son apoyados por esta burocracia sindical, terminen de desguazar el salario docente en las paritarias provinciales. El gobierno de Milei ha respondido con una convocatoria a una “mesa de salario mínimo garantizado” para el propio lunes 24, cuyo desenlace no puede sorprender a nadie. En agosto del 2024, el gobierno de la “motosierra” y que quiere penalizar a los docentes por “adoctrinamiento”, determinó un insultante salario mínimo de $420.000. El paro aislado es para convivir con la política gubernamental de la motosierra. En este contexto, el paro de los sindicatos docentes de la CGT del 5 de marzo no pasa de una maniobra en la interna que atraviesa al peronismo entre cristinistas y kicillofistas. Nuestra corriente impulsará movilizaciones y piquetes en los días del paro para fomentar esta conciencia. Llamamos a poner en pie plenarios de delegados y activistas docentes en todos los distritos y conformar comités de lucha de la docencia. En definitiva, a construir una dirección clasista que verdaderamente defienda al salario docente y la educación pública mediante una huelga general educativa. Mesa Nacional de la Tendencia Docente Clasista 20/02/2025

Un conocido periodista -Pablo Wende- le puso el broche de oro a la semana. En un artículo de este viernes en Infobae señala que en los círculos financieros de Estados Unidos “la polémica $Libra ya es una anécdota”. Se refería al grupo de bancos y empresas que se reunieron en Nueva York en un evento organizado por el Bank of America, bajo el título de “El día de Argentina” (Argentine day). En el encuentro estuvieron presentes funcionarios de varias de las empresas locales que cotizan en Wall Street, como el banco Macro, Cresud y Edenor. La crónica señala, además, la remontada de las acciones argentinas en la mayor bolsa del mundo durante el día de ayer, “en medio de recomendaciones de compras como la efectuada por el Banco Pactual” (Infobae). Ese banco brasileño fue quien, apenas asumido Milei, hizo una oferta por el Banco Nación, que en el día de ayer fue transformado en sociedad anónima a través de un decreto. Para levantarle el pulgar a las acciones argentinas, los inversores tomaron en cuenta que en el Senado “fracasó la comisión investigadora (del caso $Libra que se quería formar” (Infobae, id.). Los acreedores de la deuda pública argentina, reunidos en “Argentine day”, celebraron la impunidad con la que el régimen político local envuelve al cripto-gate. El periodismo destaca y, en algún caso, se sorprende, por la acogida que la crema del capital financiero le dio a Milei y Caputo en Nueva York. Pero el episodio $Libra está incrustado en el meollo del régimen económico armado por los liberticidas en Argentina. Entre las cripto-estafas, las privatizaciones y el rescate de la deuda pública no hay compartimentos estancos. La misma camarilla de funcionarios de la Comisión de Valores que pergeñó la transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima está sindicada como inspiradora del affaire Milei-coin. Los bancos que estuvieron presentes en el evento neoyorquino que comenta Infobae hicieron su propia operación “Libra” con la deuda pública argentina, que duplicó su valor a partir de la “garantía de pago” brindada por Milei y la demolición de las jubilaciones y de todos los gastos sociales del presupuesto público. El Libra-gate es inseparable de las cripto-estafas armadas por una camarilla familiar mucho más importante que la de Milei: la de los Trump, cuyas cripto-memes fueron urdidas por “especialistas” muy cercanos a la banda que le pagaba regalías en Argentina a los Hermanos Milei. Para refrendar esa asociación, Milei espera ser recibido por Trump el lunes próximo. Senado, FMI Los banqueros han celebrado el rumbo que los partidos capitalistas refrendaron en el día de ayer en el Congreso. El Senado ni siquiera se animó a constituir una comisión investigadora que, en cualquier caso, hubiera dilatado “prudentemente” sus investigaciones y conclusiones hacia adelante. Sin embargo y a pesar de tanto jolgorio, Milei no consiguió en Nueva York una confirmación siquiera verbal del cierre de un acuerdo con el FMI. Los liberticidas reclaman un aporte de dólares de una magnitud que el Fondo no está dispuesto a ceder, a sabiendas de que cumplirán la misma función que los 20.000 millones de dólares de superávit comercial dilapidados en 2024 -el sostenimiento de la operación especulativa (carry trade) asociada al dólar planchado-. Pero Milei le ha llevado al Fondo una alternativa: colocar al Banco Nación como instrumento de endeudamiento externo, tomando deuda (obligaciones negociables) a cambio de las acciones del Banco y achicando de ese modo el monto del préstamo a otorgar por el Fondo. Al lado de semejante remate del patrimonio público, el affaire Libra queda reducido a la condición de un juego de play station. Mientras tanto, en Buenos Aires, el directorio del Nación daba la primera señal de la “nueva etapa” del banco, cerrando una sucursal en el partido de La Matanza. La gira neoyorquina de Milei-Caputo estuvo precedida por otros “embajadores” fundamentales del régimen libertario: una delegación de burócratas sindicales, encabezada por Gerardo Martínez, se entrevistó con la directora del FMI. Los visitantes le dieron a Georgieva una promesa mucho más importante que cualquier superávit fiscal: el empeño en continuar paralizando a los sindicatos frente al embate de Milei. El destaque otorgado a la visita de los burócratas es una manifestación distorsionada de lo que realmente preocupa a los banqueros: no se trata de los lamentos plañideros del kirchnerismo ni sus devaluados jefes sindicales, sino de la irrupción obrera que más temprano que tarde tendrá lugar en la Argentina. Los popes del Bank of America le han augurado larga vida al jefe de las cripto-estafas y su gobierno. Pero tanto va el cántaro a la fuente…

Rusia habría traspasado la frontera ucraniana en la región de Kursk e ingresado al oblast de Sumy por primera vez desde febrero de 2022. En agosto de 2024, Ucrania utilizó la zona para atacar la región rusa de Kursk y capturar varias aldeas fronterizas, así como la ciudad de Sudzha. Zelensky ha dicho desde entonces que planeaba utilizar la incursión a través de las fronteras de Rusia como palanca durante posibles conversaciones de paz. El ejército ucraniano sufre una escasez de personal creciente, lo que ha obligado a aumentar los incentivos económicos sobre todo dirigidos a los hombres entre 18 y 24 años que se encuentran exonerados del servicio militar. La primavera pasada, Ucrania redujo la edad de conscripción de 27 a 25 años, pero eso no ha logrado reponer las filas ni reemplazar las pérdidas en el campo de batalla. Muchos en esa edad se han trasladado al extranjero, mientras que las deserciones han socavado al ejército. Estos avances se dan cuando la fractura de la OTAN se profundiza. La situación de Europa es muy difícil porque Ucrania no es un factor independiente, es apenas una parte del problema europeo. Estados Unidos se encuentra en una situación contradictoria; por un lado, necesita presionar a Putin con la amenaza militar, la presencia de tropas en Ucrania y la posibilidad de destrabar un nuevo paquete de asistencia para armamentos, pero a la vez las medidas de recorte presupuestal a todo nivel que está emprendiendo paraliza la maquinaria gubernamental. La orden de recortar el presupuesto del Pentágono induce a error, porque las áreas comprendidas que alcanzan a un 8 % del total refieren a programas de equidad, diversidad y los vinculados al cambio climático. Su economía, su política, su militarismo llevan a la guerra. Quienes se muestran hostiles a un entendimiento con Putin han acuñado el término “Trumpberlain”, en referencia al primer ministro inglés, Chamberlain, célebre por favorecer una política de apaciguamiento con respecto al Tercer Reich. La fortaleza temporal de Trump reside en la bancarrota de la democracia imperialista europea. Trump apoya a Putin con el fin de alejarlo de China. Ucrania no es un precio demasiado alto y Estados Unidos necesita un respiro. Un acuerdo no depende solo de Trump. Por ahora Putin está rechazando la propuesta estadounidense, pero es probable que el Kremlin vea esta iniciativa como una victoria en sí misma. Se espera que adopte una posición más dura que en las negociaciones llevadas a cabo en la primavera de 2022, cuando buscaba una reducción de las fuerzas armadas de Ucrania y la prohibición de su membresía en la OTAN, dijo un ex alto funcionario del Kremlin. Putin podría posiblemente aceptar intercambiar territorio controlado por Ucrania en la región fronteriza de Kursk por territorio controlado por Rusia en la cercana Kharkiv y podría reconocer la “ocupación” por parte de Kiev de otras áreas reclamadas por Moscú, si Ucrania hiciera lo mismo, dijo el exfuncionario (Financial Times 19/2). En las conversaciones ya iniciadas en Riad entre EE. UU. y Rusia han quedado fuera de la mesa Zelensky y Europa . Washington no ha presentado una propuesta concreta, pero ha insinuado una serie de concesiones: la perspectiva de que Ucrania se uniera a la OTAN fue la principal razón del estallido de la guerra. Es posible que en algún momento Ucrania pase a formar parte de Rusia; tal vez haya llegado el momento de que Rusia se reincorpore al Grupo de los Siete (G7). A su vez ha multiplicado la retórica contra Kiev, en especial contra Zelensky: el miércoles, Trump dijo que “debería actuar rápido o no le quedará ningún país”. Putin busca antes que nada un cambio de régimen en Ucrania y, un escalón después, una “redefinición” de la arquitectura de seguridad europea, que estaría sobre la mesa en las conversaciones en Arabia Saudita y que consiste en la retirada de las tropas estadounidenses de todos los estados de la OTAN que se unieron a la alianza después de 1990, lo que engloba una quincena de países, entre ellos los Balcanes, los bálticos, Finlandia y Suecia. Volvería el reloj y las fronteras a la época de Gorbachov. La última revelación es que estadounidenses y rusos se han reunido discretamente en Suiza para discusiones no oficiales sobre la guerra de Ucrania al menos desde la victoria de Trump (Reuters 20/2). “Muchos otros detalles siguen sin estar claros, incluidas las agendas de las reuniones, si hubo ucranianos presentes y cuándo comenzaron los encuentros.” (Reuters 20/2) Los llamamientos a una paz duradera son una máscara, como lo es siempre bajo el dominio del capital: nunca se habló tanto de paz como en vísperas de la primera y segunda guerra. El aumento de los presupuestos y la producción de guerra crean una situación nueva, el armamentístico se vuelve un factor histórico independiente. En las conversaciones iniciadas en Riad, Trump es la parte activa, encarna la aspiración por retomar el predominio internacional; Putin marcha a este ritmo y sus ambiciones no superan los límites provinciales. Trump ha abierto una brecha en Europa. Sus agentes atizan rivales opositores a los gobiernos establecidos. Acusa a sus socios de la OTAN de no destinar suficiente presupuesto para la guerra y al mismo tiempo señala el aumento de los precios de la energía y la carestía, que son consecuencia del sabotaje a la infraestructura que abastecía de gas ruso a Europa y de los recortes sociales desviados al armamento; en síntesis, de la propia guerra. Europa, que salió de la segunda guerra como un imperialismo de segunda clase, tiene una total dependencia de EE. UU. Ninguna nación del viejo continente ha actuado militarmente fuera del ala yanqui desde la crisis del Canal de Suez en la década del cincuenta del siglo pasado. La cuestión más candente, con todo, es el de las Fuerzas Armadas de Ucrania: las deserciones indican que la base del ejército está conmocionada. Este asunto es silenciado por todos los bandos, temerosos de que cristalice el pasaje a una situación revolucionaria. Toda contradicción social se expresa en su forma más extrema en el ejército, poder armado de la sociedad.

La empresa postal OCA va a fondo con su objetivo de precarizar por completo a los trabajadores camioneros de correo que están en su órbita. En este sentido, ataca sin frenos para desarticular toda iniciativa de organización gremial independiente que asome en defensa del convenio, la Ley de Contrato de Trabajo y todas las conquistas históricas del movimiento obrero. OCA impulsa una fuerte represión hacia adentro de los lugares de trabajo con suspensiones arbitrarias, despidos infundados y retiros voluntarios donde chantajean al trabajador para que acepten el arreglo que propone la patronal; algo que es lo mismo que un despido encubierto y que ocurre en otros rubros, como el Neumático y la industria automotriz. Por una puerta se van los trabajadores de convenio, pero por la otra ingresan trabajadores de agencia y monotributistas, a quienes emplean en las peores condiciones de precariedad laboral, sin tener los derechos de un trabajador de convenio. En el caso de los monotributistas, además, a los sueldos se los pagan diferidos, con atrasos de dos meses. Trabajador fuera de convenio y trabajador de convenio En OCA se está yendo a fondo con la reorganización de las relaciones de empleo que plantea el gobierno de Milei y las nuevas leyes laborales votadas por el Congreso. Explota la diferencia esencial entre el trabajador de convenio y el fuera de convenio, pues el segundo le permite aumentar aún más la tasa de ganancia a la patronal en detrimento de las condiciones laborales del trabajador. Un trabajador contratado como monotributista o por agencia es muchísimo más "económico" que uno de convenio porque no tienen los derechos históricos que la clase obrera supo conquistar, como lo son: el derecho a poder enfermarse y gozar de una licencia por ello, a que se le reconozca la antigüedad, se le pague aguinaldo y vacaciones, entre otras cosas. Cuestiones que, vale aclarar, no son el resultado de la generosidad patronal, sino de la lucha de la clase obrera que consiguió que se le reconozca de algún modo que está dejando su vida y su salud en el trabajo. Cierre de la sucursal San Miguel El cierre de la sucursal San Miguel y el despido de los delegados es ejemplificador. OCA busca desarticular cualquier foco de resistencia a sus intenciones, mientras arregla directamente con los Moyano para avanzar en su plan precarizador. Es en este orden de donde los delegados de San Miguel salieron a denunciar el cierre trucho y fueron despedidos. Los cierres y las amenazas de traslados continúan a la orden del día mientras el sindicato guarda silencio, alineado con los planes del gobierno de Milei y las patronales. En este contexto es que se inscribe el pedido de OCA para solicitar el ingreso al concurso de acreedores. Lo esgrime como justificación para despedir, mientras desde el sindicato, sin sonrojarse, presentan el preventivo de crisis como conveniente ya que los sueldos ahora pasarán “a ser prioridad”. Los trabajadores de OCA tenemos que convocar a asambleas por lugar de trabajo para discutir un plan de lucha contra la persecución sindical. Para que se abran los libros contables de OCA. Por la defensa de los puestos de trabajo y el salario. No al cierre de sucursales, no al despido de trabajadores. LEER MÁS: OCA: detrás del cierre de la sucursal San Miguel, un propósito precarizador Por Corresponsal, 15/01/2025. OCA: no al despido de los delegados Acevedo y Grasso Por Corresponsal, 07/01/2025.

El viernes 21 de febrero se llevará a cabo el 32º congreso ordinario de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en la Facultad de Odontología de la UBA. Delegados de todas las universidades nacionales del país se reunirán para renovar la actual conducción de la federación, la cual se encuentra en funciones desde el congreso anterior, realizado a fines de 2022. Un trámite exprés del radicalismo, aliado del Gobierno y enemigo de la rebelión educativa. En 2022 el congreso reunió a menos de 500 delegados. Franja Morada/Nuevo Espacio (UCR) retuvo la presidencia de la federación con 322 votos. En ese momento hubo denuncias de robo de delegados por parte de sectores de la oposición. El congreso de la FUA ocurre en medio de los cursos de verano y a un mes del inicio del primer cuatrimestre, cuando el grueso del estudiantado regresa a las aulas. No ha sido antecedido por ninguna instancia de deliberación interna en las facultades, a pesar de que las autoridades de varias universidades han avanzado durante el verano con el recorte de becas de estudio ya asignadas, como ocurre en la UBA. La convocatoria al congreso se realizó de manera exprés y durante los meses de menor actividad académica del año. Sólo hace un par de días se hizo pública la fecha y lugar del mismo. El Congreso es cerrado, solo para delegados. La FUA hace años se ha convertido en un cascarón vacío. La actual conducción de la FUA estuvo en funciones durante la rebelión educativa del año pasado. Esta adquirió, con el pasar de los meses, un carácter político cada vez más decidido contra el Gobierno. No solamente desenvolvió a la movilización callejera y la ocupación de las universidades como método de lucha contra el Gobierno, sino que puso de manifiesto el rol colaborador del régimen político de pj/kirchneristas, radicales y macristas con Milei en torno a la convalidación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. También el rol de las propias autoridades universitarias nucleadas en torno al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las cuales rápidamente entregaron el salario docente y las condiciones de cursada a cambio del control sobre las cajas chicas que regentan en sus respectivas facultades, financiadas a través de cursos y posgrados arancelados, que en varios casos ascienden al 80 % de los fondos anuales de los que disponen las universidades nacionales. Esa tendencia a la radicalización de la movilización callejera no quedó confinada al ciclo lectivo del año pasado, sino que apareció nuevamente en la multitudinaria jornada del 1° de febrero, donde la juventud universitaria tuvo una participación destacada. Al igual que en el caso de la rebelión educativa, la convocatoria a la movilización surgió de la iniciativa del activismo, el cual marcó un rumbo de confrontación directa contra el Gobierno. En estas condiciones se desenvolverá, en pocas semanas, el inicio del primer cuatrimestre. La política dilatoria que ha impulsado la FUA y las federaciones regionales durante el año pasado ha buscado darle oxígeno a un gobierno comprometido con el remate de la educación pública y ha encubierto la política privatista de los rectores. Durante el año pasado ha funcionado como una correa de transmisión de estos últimos dentro de los centros de estudiantes, principalmente con el objetivo de desactivar las tomas que se desarrollaban en todo el país. Bajo esta orientación ha pasado revista tanto la conducción radical de la federación como la oposición peronista, que actualmente posee la secretaría general del organismo al haber sido la segunda lista con más votos en 2022. Todos juntos son la expresión estudiantil del régimen político que sostiene a Milei desde el Congreso. En esta sintonía han defendido la tesis, acuñada por el CIN, de que el conflicto universitario se trataba meramente de un “reclamo educativo” en defensa de la universidad como “garante del ascenso social”. En un contexto en el que lo único que asciende entre la juventud es la miseria y se profundiza cada vez más la deserción en todos los niveles educativos, la política de la FUA constituye una apología de un régimen social de pobreza, desocupación y destrucción de la educación pública. Han defendido, también, la proliferación a las apuradas y a fin del año pasado de tecnicaturas aranceladas y títulos intermedios; esto, por ejemplo, ocurrió en universidades nacionales como la UNA y la UBA. En paralelo a este proceso ocurre la prórroga del presupuesto nacional 2025, lo cual anticipa la intención del gobierno de ir a fondo con el proceso de liquidación de la educación llevado adelante el año pasado. El crecimiento de estos cursos arancelados, en un escenario de miseria social y deserción crecientes, ha sido festejado por la conducción de la FUA en reiteradas oportunidades -incluso en las vísperas de este congreso- como parte de un proceso de “adecuación de la educación a la situación actual del mercado”. La rebelión universitaria ha recorrido un camino durante el 2024: es el de la autoconvocatoria, la ocupación de las facultades, la huelga docente y la movilización callejera. Este método ha chocado directamente con el camino adoptado por las camarillas que gobiernan la universidad y sus personeros estudiantiles: la profundización de una orientación privatista que permita acomodarse a la motosierra libertaria. Debemos impulsar asambleas y autoconvocatorias en todas las facultades, para que esta orientación de lucha por la educación se abra paso desde el primer día del primer cuatrimestre y confluya en una movilización política de conjunto contra el gobierno nacional y las camarillas que gestionan la miseria educativa. Esta tarea, sin lugar a dudas, no estará a cargo de los partidos patronales que dirigen las federaciones estudiantiles, los cuales buscarán evitar un choque en las calles en vísperas de las elecciones legislativas y en defensa de sus acuerdos políticos con el gobierno nacional. Su apelación al Congreso como el actor que gestione una salida favorable a esta crisis ha sido parte de una estafa política para desmovilizar al estudiantado y la docencia. La tarea está en manos de las camadas de activistas que se han fogueado al calor de la lucha del último año.

Con diferentes nombres, en CABA, Buenos Aires, Tucumán y otros distritos, se despliega y avanza en nuestro país una reforma educativa. El eje fundamental que articula la reforma en cuestión es la formación, en tiempos relativamente breves, de una fuerza de trabajo apta para las necesidades actuales del capital y sus “nuevas formas de empleo”, caracterizadas por la precariedad laboral creciente como complemento del crecimiento exponencial de las inteligencias artificiales. Estos lineamientos ya están presentes en la Ley de Educación Nacional (2006) aprobada durante el gobierno de Kirchner; así en su artículo 33 establece: “Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales (...) que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías”. Más cerca en el tiempo, el macrismo dentro del plan Secundaria 2030, en el Marco Organizativo de los Aprendizajes (2015 MOA, p. 14), impulsa “la integración de las trayectorias escolares a la realidad compleja que presenta el siglo XXI, para lograr una articulación (...) entre los aprendizajes de la escuela y el mundo laboral”. Por último, en 2022 durante el gobierno de Fernández, el Consejo Federal de Educación ha ratificado este rumbo. Los gobiernos de los distintos distritos han avanzado en ese sentido en diferentes grados desde entonces. El “golpe de Estado económico” ejecutado luego de las elecciones 2023 no sólo ha significado un golpe histórico del capital al mundo del trabajo en relación al salario, condiciones laborales y derechos democráticos; también se expresa en el terreno educativo. El sistema educativo que procura la actual reforma no sólo mantiene su desfinanciamiento y tendencia privatista; está en juego un cambio en su régimen académico y laboral en función de las necesidades del capital, fundamentalmente de la industria tecnológica. La descalificación que se pretende con estas reformas es un paso cierto al abismo y busca justificarse en el derrumbe educativo presente. Según, la última encuesta nacional (Aprender 2023): “(un) 48,6 % no alcanza el nivel esperado en matemática. Mientras que en lengua no lo logran uno de cada tres.” Si, además, se considera el nivel socioeconómico, las cifras son aún más elocuentes: el 60 % de los alumnos provenientes de las capas más pauperizadas tiene un rendimiento por “debajo del nivel básico” o “básico”, en tanto que el 70 % de los alumnos provenientes de las familias acomodadas tiene un rendimiento “satisfactorio” y “muy satisfactorio”. Esta caída es sostenida desde 2013. En el caso de CABA, podemos leer tres de sus propósitos estratégicos que van en esa dirección: “Capital humano: Desarrollar en las personas las capacidades necesarias para (...) que puedan insertarse en los escenarios laborales cambiantes y también crearlos. Desarrollo productivo: Propiciar una Ciudad generadora de productos y servicios en las industrias más dinámicas y pujantes de la economía (...). Ciudad del futuro y global: Consolidar el aporte de la Ciudad de Buenos Aires en la economía global (…).” En esa línea se expresó la ministra de Educación de la provincia de Tucumán, Susana Montaldo, luego de haber participado del Consejo Federal de Educación, que reúne mensualmente a todos los ministros del país.: “(…) tenemos una responsabilidad en la formación de los jóvenes para que puedan insertarse en el campo laboral; no es solo enseñarles a leer y escribir” (L.G. 4.9.24). En la misma dirección apunta la reforma en PBA con la distinción establecida entre “trayectorias escolares” y “trayectorias educativas”, ya que esto habilita a que los estudiantes desarrollen tareas por fuera del sistema educativo formal (por ejemplo, en empresas), bajo el formato de “trayectorias educativas”, como ya sucede en el último año de las escuelas técnicas. Los lineamientos políticos de la reforma señalados son apuntalados por sectores capitalistas que intervienen activamente en las gestiones educativas. Bernardo Brugnolli (de la ONG Junior Achievement Argentina) expresa: “En primer lugar, buscamos generar experiencias en las que cada chico se conozca a sí mismo (...) y en segundo lugar, apuntamos a acercarles información sobre el mercado laboral, como los espacios en donde hay más oportunidades y las industrias más pujantes” (La Nación, 6/05). La vinculación con la escuela es explícita: “los programas de Junior Achievement Argentina tienen a la escuela como un aliado, trabajan fundamentalmente con instituciones de gestión estatal o privada con subvención. Con foco en jóvenes que están forjando su identidad y autonomía, las iniciativas son diseñadas a partir de tres ejes: emprendedurismo, herramientas para el trabajo y educación financiera” (La Nación, 6/05). Esta ONG tiene un vínculo estrecho con los gobiernos de los distintos distritos: “(...) la entidad trazó una estrategia de alianza con gobiernos provinciales y con el de la Ciudad de Buenos Aires a fin de alentar la capacitación de los docentes en estas temáticas” (La Nación, 6/05). Pasando en limpio, un “emprendedor autónomo” es un joven que con su bicicleta pone en riesgo su vida en el peligroso tráfico urbano o realiza tareas monótonas y circunstanciales desde una computadora que debe poseer en su hogar, en todos los casos sin derechos laborales algunos. Es la universalización del “monotributismo”. Educación y trabajo No es posible separar la educación de la evolución histórica del trabajo. La transmisión cultural entre generaciones se potencia con la extensión del sistema educativo. La ciencia y la tecnología que han desarrollado el capitalismo, al aumentar potencialmente el tiempo disponible para el desarrollo intelectual, han creado las bases para una formación cultural sostenida de las masas. Sin embargo, en la misma medida en que el capital estimula la productividad del trabajo, reemplaza fuerza de trabajo por capital constante (maquinaria, tecnología, etc.) y anula las singularidades del trabajo humano, proletarizando las profesiones y oficios. Para el capital, esta descalificación del trabajo torna progresivamente superflua una formación de calidad. Sobre la tendencia general señalada, la formación hacia el empleo que defienden las reformas en curso se desarrollan frente a una desocupación juvenil de 14,1 % en el caso de los varones menores de 30 años y de un 17,2 % en el caso de las mujeres, según INDEC (Infobae 26/06). Por otra parte, los sectores del capital que demandan fuerza de trabajo “joven” presionan hacia la descalificación educativa, incentivando las ya mencionadas “habilidades blandas”: “Según Diego Pasjalidis, head de Academy (unidad de higher education de Ticmas) “(…) en lo que varias organizaciones parecen coincidir es que muchos jóvenes carecen de las habilidades blandas necesarias para superar los desafíos diarios de la dinámica actual de los negocios.” (Infobae 26/06). Una pedagogía del capital La orientación de la política educativa hacia la “formación laboral” subordina la formación cultural de los jóvenes a la creación de una fuerza de trabajo apta para las necesidades del capital. Este principio general hoy se expresa en un reemplazo progresivo de contenidos disciplinares de las diferentes asignaturas por las llamadas “habilidades blandas” (manejos instrumentales propios de la formación que las empresas deben impartir a sus trabajadores: “resiliencia”, “habilidades socioemocionales”, etc.). Una orientación que se reclama desde el mundo empresarial y es recogida por los gobiernos. Con diferentes grados, las reformas que proponen los distintos distritos tienen en común una primarización general de la educación secundaria, esto es, “reforzar” los conocimientos básicos a expensas de contenidos propios de disciplinas específicas. En CABA esto se expresa con la distinción entre “materias troncales” (Matemática y Lengua) y “materias satélites” (Historia, Biología, etc., que se subsumirían en las respectivas áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) y serán dictadas en modalidades de talleres de carácter optativo, oficiando de “casos” de aplicación de saberes. En palabras de Macri (conf. de prensa 26/09): “a un chico muy avanzado podés vincularlo con un caso del año siguiente; a un chico que viene muy atrasado (...) podés vincularlo con un caso que se está estudiando en un año de abajo.” En PBA, el “nuevo régimen académico” propuesto para 2025 presenta rasgos similares. Así, podemos leer (art. 32): “se incentiva al trabajo conjunto entre docentes, a los fines de abordar por áreas o de manera interdisciplinaria casos, problemas, elaboración de proyectos compartidos según acuerdos institucionales.” Al respecto, es aún más elocuente en un documento titulado Análisis Régimen Académico Secundaria (6/06/24, PV-2024-19843873-GDEBA-CGCYEDGCYE): “la potencia de implementación de este régimen académico debe ir acompañada de una reducción de materias en el nivel” (p. 6). Así se plantea que la modificación del régimen curricular tiene como fin el reemplazo de las actuales materias por “espacios colaborativos” e incluso abre la posibilidad de estimular una diversidad curricular, donde la docencia ofertará propuestas y se abrirán o no cursos según el interés de los estudiantes. Uno de los rasgos de la reforma es la ponderación de las “habilidades socioemocionales.” Este enfoque, que pone el acento en el “autoconocimiento” y la “resiliencia” del individuo para “gestionar” sus emociones, convierte los padecimientos sociales que sufren los niños y adolescentes en padecimientos individuales que deben gestionar bajo el acompañamiento docente (para lo cual, se propone su formación bajo este marco). De esta forma, el Estado reduce la dimensión social de la salud mental de niños y jóvenes en una gestión individual. Además, los espacios curriculares destinados a la “Educación Emocional” podrían desplazar a los de la Educación Sexual Integral. Más allá del carácter potencial de esto, lo cierto es que el gobierno de CABA y el nacional desarrollan una política de infiltración clerical en la ESI, usando la educación emocional como caballo de Troya. Así, el Ministerio de Capital Humano contrató a la ONG chilena “Teen STAR” (en inglés: Educación Sexual en el contexto de la Responsabilidad Adulta) para desarrollar una jornada bajo el título “Encuentro Afectividad y Sexualidad- ESI.” Esta ONG, con vínculos con la derecha republicana de EE. UU., desarrolla desde 2019 una actividad docente dirigida a profesionales de la salud y de la educación en cursos organizados por la Iglesia (P12, 23/10/24). Su línea de intervención es la abstinencia sexual para evitar el embarazo adolescente. Su última actividad, presentada como un “plan de fortalecimiento de la ESI”, fue planteada como una “alfabetización emocional” (P12, 23/10/24). En definitiva, una colonización clerical de la ESI bajo el paraguas de la Educación Emocional. Descalificación del trabajo docente y despidos A la formación descalificada de educandos le corresponde una tarea docente descalificada, limitada a promover “habilidades” de los alumnos más que a educar en disciplinas con contenidos propios. Esta degradación de la labor docente no se limita a su contenido; se desarrolla también en el propio proceso del trabajo docente con el uso de las tecnologías que se pretende. Este aspecto es particularmente ostensible en CABA. En efecto, en la nueva escuela secundaria anunciada por Macri, la “orientación hacia el trabajo” consiste principalmente en la provisión de fuerza de trabajo a las empresas tecnológicas. Es lo que se desprende de las declaraciones de Macri durante el anuncio de la llegada de los “centros educativos TUMO”: “La ciudad, lo más importante que tiene es su gente, nuestra capacidad de agregar valor a través del conocimiento, la tecnología (…) la ciudad necesita ser más global (…) el litio de nuestra ciudad es nuestro ‘capital humano’.” Afirmaciones que no son otra cosa que uno de los principios establecidos en el programa de la reforma BA Aprende: “Ciudad del futuro y global: Consolidar el aporte de la Ciudad de Buenos Aires en la economía global”. Es decir, la escuela secundaria como capacitadora laboral de las empresas tecnológicas radicadas en CABA facilitando, a partir de su ampliación productiva, su participación en el comercio exterior. A la hora de caracterizar la reforma que se impulsa en CABA, resulta ilustrativa una descripción de los centros mencionados y el lugar que el gobierno porteño quiere darles en su política educativa. El proyecto “TUMO” (en armenio, Centro para las tecnologías creativas) fue creado en 2011 en Armenia. Sus centros educativos, de carácter extracurricular y optativo, se orientan a la capacitación de jóvenes en Robótica, Programación, producción audiovisual, Animación, entre otras actividades relacionadas con la industria de la producción tecnológica y sus derivados. Su pedagogía se basa en el “autoaprendizaje” (el incentivo de “habilidades blandas”, que no requieren conocimientos disciplinares) supervisados por “entrenadores” y el desarrollo de trayectorias por talleres de elección optativa. Que ese es el modelo de escuela secundaria que impulsa la reforma lo dice la propia ministra: “(...) Secundaria Aprende está totalmente conectado con lo que va a pasar acá con TUMO. Porque los chicos van a poder venir acá a desarrollar habilidades en talleres (…) donde ellos van a poder desarrollar la capacidad de la autogestión, del aprendizaje personalizado (…) y todo esto que va a pasar acá es lo que nosotros queremos que derrame y llegue a la secundaria que empezamos en 2025 con las 33 escuelas pioneras”. El vínculo con las escuelas se iniciaría a partir de las tareas a contraturno que desarrollen los alumnos de las escuelas aledañas: “Chicos que están en edad secundaria van a ir a contraturno a TUMO”, afirmó la ministra en la conferencia. Si tomamos a los centros TUMO como modelo a alcanzar con la reforma, el trabajo docente se limitaría progresivamente a la figura de “entrenador” de las “habilidades” de los alumnos: grupos reducidos de docentes reunidos en un turno completo que supervisan el desempeño de los jóvenes en el uso de las aplicaciones tecnológicas (modelo TUMO). Es lo que contempla la reforma en CABA con su cambio del régimen laboral: los cargos pasan a ser de turno completo (o incluso de jornada completa, 72 hs.) y los docentes pasan de ser del gobierno de la Ciudad (en el caso de las escuelas de gestión pública) a serlo de la escuela. Los directivos definen la planta docente de acuerdo al plan de horas asignado a los proyectos, pudiendo dejar en disponibilidad a docentes a su arbitrio. El gobierno ha viabilizado esto cambiando el estatuto docente por decreto. El sindicato Ademys ha estimado que este esquema dejaría a un 40 % de docentes sin cargo. Las definiciones de las plantas docentes en algunas escuelas “pioneras” que han anunciado el inicio de la reforma en 2015 han superado esta estimación. Similarmente, Tucumán tiene un proyecto por el cual en 101 escuelas se nombran docentes con más cantidad de horas (L. G., 4-9-24). El directivo puede tomar decisiones sobre qué docente incrementa horas y esto claramente desconoce el estatuto del docente (ley 3470), apunta a la eliminación de los mecanismos actuales de acceso al cargo, de estabilidad y de condiciones de trabajo. En el marco pedagógico ya señalado, el trabajo docente pasa a ser una tarea de organización y de seguimiento de la transferencia que realizan los dispositivos a las/los estudiantes, por medio de tutoriales y otras aplicaciones como IA. Estamos ante un proceso de expropiación del conocimiento y pericia técnica de la docencia como factor activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, despersonalizando la enseñanza y promoviendo su automatización y reproducción mecánica. La escuela secundaria, además de educar en función de las necesidades de fuerza de trabajo de la industria tecnológica, se convierte en el mercado por excelencia de esta industria. La propia pedagogía se mercantiliza bajo esta esta presión. Para el caso, Ticmas no sólo es el proveedor de contenidos educativos digitales del gobierno de CABA, además arma contenidos de capacitación docente en las escuelas públicas porteñas. La orientación pedagógica se subordina a la tecnología y no al revés. Esto es muy claro en el “nuevo diseño curricular” de la Escuela Primaria del “Plan Estratégico Buenos Aires aprende”. Con esta reforma, la materia “Prácticas del Lenguaje”, antes llamada “Lengua”, coloca en el centro la correspondencia grafema/fonema por sobre el significado; la alfabetización es identificada como “decodificación”, en lugar de comprensión. La promesa de este enfoque es la fluidez en la lectura. Se trata, ni más ni menos, que del enfoque que se pregona desde Ticmas y de las aplicaciones tecnológicas de lecto-escritura que produce. Más allá de que pudiera ser pertinente una discusión al respecto, ninguna discusión con pedagogos o docentes ha antecedido la implementación de los cambios de enfoque impulsados; sus interlocutores son los profesionales vinculados a las tecnológicas. En síntesis, la reforma impulsada no se limita a un ajuste presupuestario y privatización subsiguiente a fin de liberar presupuesto público para sostener, por ejemplo, a los usureros de la deuda pública; implica un cambio en el régimen académico y laboral docente fundamentalmente en función de las necesidades de la industria tecnológica. El ingreso de la tecnología al proceso educativo como una fuerza motriz que refuerce y profundice el conocimiento humano debe plantearse como parte de la apropiación de las fuerzas productivas por el trabajo; es decir, es una tarea socialista. Nuestro programa La educación, como toda cuestión social, refracta intereses sociales en pugna; como tal es un terreno de la lucha de clases. En esta línea, concebimos nuestro programa educativo como parte de la lucha por la emancipación social y política de la clase obrera. Su contenido debe apuntar hacia la propaganda socialista y la movilización política y no como un conjunto de reivindicaciones aisladas dirigidas a su cumplimiento por las instituciones del régimen vigente. Su plena realización es tarea de un gobierno de trabajadores. Por una educación integral que vincule la cultura general y la producción social: El ingreso de la tecnología en la educación debe favorecer la expansión del conocimiento y no sustituir la especificidad del vínculo docente–alumno en el proceso de aprendizaje, así como los contenidos propiamente disciplinares integrados en una educación científica e integral con una sólida cultura general vinculada con la producción social. La “educación orientada al trabajo” que proponen las reformas impulsadas en los distintos distritos del país orientan la educación hacia las necesidades de fuerza laboral del capital; principalmente del asociado a la industria tecnológica. Con ello el sistema educativo se subordina a la lógica del capital: descalificación de la formación cultural de los jóvenes, descalificación del trabajo docente, sustitución de la especificidad del trabajo docente por la supervisión del uso de aplicaciones informáticas, despidos. En definitiva, el capitalismo se ha vuelto progresivamente incompatible con una educación integral de masas. Frente al conjunto de reformas, con puntos de contacto con la reforma actual, que el gobierno de Alfonsín impulsó mediante su “Congreso pedagógico” (1984-1988), nuestra corriente ya había caracterizado la tendencia general que el capital imprime a la educación, sus potencialidades y contradicciones y la posibilidad de su superación histórica: “La educación como transmisión del saber acumulado por la humanidad tiene como punto de partida el trabajo social. Es en la tarea productiva que el hombre aprendió a conocer, a observar las regularidades del mundo externo y de su propia actividad (…) a encarar en consecuencia, de un modo reflexivo y consciente, su propia labor (...) La educación asegura la continuidad de este conocimiento (…) su función específica se ve potenciada por la extensión del sistema de enseñanza, su capacidad para asegurar la incorporación creciente de la juventud en su conjunto a la asimilación del saber pasado y transformar al hombre en sujeto colectivo de su propio destino. (…) El desarrollo de la técnica y la ciencia, la sustitución del trabajo humano por la máquina moderna creó las bases para la superación histórica del antagonismo entre trabajo manual e intelectual. Una educación politécnica, apoyada en una sólida formación cultural y una estrecha vinculación con la producción social es, no sólo posible, sino necesaria para un desenvolvimiento ulterior del progreso humano. (…) Abolir el monopolio (de la propiedad privada de los medios de producción), eliminar la anarquía en el terreno productivo y proceder a la planificación racional de los recursos es condición de una nueva sociedad y de la nueva educación (…) Educación y socialismo se reclaman mutuamente porque educación y capitalismo se han tornado definitivamente incompatibles (Pablo Rieznik. “La posición marxista frente al Congreso pedagógico". Ediciones Prensa Obrera, 1986). La caracterización de las reformas en curso aquí presentada da cuenta de una dramática agudización de los rasgos señalados entonces. Por un Congreso político y pedagógico convocado por la docencia: Los docentes somos los convidados de piedra en las reformas que se nos pretenden imponer; los únicos interlocutores son las ONG vinculadas con las inversiones tecnológicas en educación. Es instructivo observar que, para desenvolver una reforma con rasgos reaccionarios comunes a la actual, el ya mencionado “Congreso pedagógico” de Alfonsín haya convocado a sindicatos docentes, partidos políticos, Iglesia; desde entonces, las sucesivas reformas y sus distintas adecuaciones no han motivado convocatorias de este tipo. Esta observación es una de las tantas expresiones de la degradación del régimen democrático desde entonces. La contracara de esto es la discusión volcada en documentos desarrollados en asambleas y grupos por escuela que denunciaron las consecuencias de la reforma, evidenciando un terreno propicio para la discusión de un programa educativo elaborado por los trabajadores de la educación. Desarrollar una instancia como un congreso de la docencia que canalice esa discusión y desarrolle una campaña en consecuencia sería un importante aporte al desarrollo de una política, desde el campo de los trabajadores, en el terreno educativo. 2025 es el año de inicio de estas reformas (así lo pretenden los gobiernos de los distintos distritos); en consecuencia, será también un año de intensas luchas de la docencia. Sobre ese terreno, desde Tendencia Docente Clasista impulsaremos una campaña por el desarrollo de convocatorias que antepongan a la “reforma” educativa del capital una política educativa elaborada desde el campo del trabajo. LEER MÁS: Las perspectivas educativas en el contexto de una guerra mundial Por Andrés Soko y Julio Gudiño, 29/12/2024. CABA y PBA promueven una barbarie educativa Segmentación, valorización del capital, explotación, descalificación y monotributismo. Por Damián Melcer y Julio Gudiño, 15/08/2024.

La atención política internacional está centrada en las elecciones del próximo domingo en Alemania, aunque se descuenten los resultados anunciados por los sondeos de opinión. La Unión Cristiana Democrática tiene asegurado el primer lugar en los comicios, con el 30 % de los votos, pero lejos de una mayoría parlamentaria. A AfD, el partido neonazi, se le adjudica un 20 %, el segundo lugar, con la salvedad de que viene creciendo en las encuestas, que han llegado a darle hasta un 26 % de las intenciones de los votantes . Este escenario anticipa el estallido de una crisis poselectoral. La dificultad de la Unión Cristiana para formar una coalición con la Socialdemocracia y los Verdes obedece a divergencias programáticas de peso, que reflejan la hondura de la crisis histórica actual de Alemania. Puede ocurrir incluso que esta hipotética alianza de tres tampoco alcance para establecer una mayoría en el Parlamento. Los partidos menores podrían quedarse con la mayor parte de los votos que restan (un 15 %), si logran superar el mínimo electoral exigido por ley –el 5 por ciento-. Al partido La Izquierda se le otorga una intención del 6 % y un poco más al PSW, una organización escindida de La Izquierda, que ha pasado del stalinismo a un prefascismo. La gran prensa financiera norteamericana y británica (WSJ y FT) ha advertido a Friedrich Merz, el candidato de la UCD, contra cualquier forma de coalición con AfD, sea en un gabinete o en el Parlamento; la misma advertencia ha partido de la Bolsa de Frankfurt. Este proceso político ha sido adelantado en Austria, donde el partido fascista la Libertad no ha conseguido coaligar a la derecha tradicional, el Partido Popular, creando un impasse que obligaría a convocar a nuevas elecciones. Para agravar las cosas, las encuestas anticipan, para ese caso, un crecimiento de los neonazis austríacos. Los impedimentos programáticos para un gobierno de a tres (UCD, SPD, Verdes) no son menores. La Socialdemocracia y la UCD disienten en cuanto a eliminar el tope de endeudamiento fiscal (0.55 %) establecido en la Constitución. El objetivo de una reforma de esa cláusula constitucional sería financiar una reindustrialización de Alemania. Merz podría cambiar de opinión sobre este asunto, pero para financiar una amplia reducción de impuestos a las empresas y un megaprograma de rearme militar. Alemania ha entrado en su tercer año de recesión en un cuadro de fuerte crisis industrial . De un lado, el corte del gas de Rusia, vinculado con la guerra en Ucrania, ha elevado los costos de la industria alemana y dejado fuera de la competencia internacional. La industria automotriz alemana, del otro lado, pierde terreno en gran escala en el mercado chino, al punto que discute medidas proteccionistas contra la importación de automóviles, especialmente eléctricos, desde la República Popular. La crisis automotriz arrastra a la siderurgia; en las regiones del Ruhr, bastión electoral de la socialdemocracia, crece firme el voto a AfD. La dependencia de Alemania de la exportación a Estados Unidos, su principal mercado, ha crecido fuera de toda proporción, en momentos en que Trump se apresta a anunciar un fuerte arancelamiento del comercio con la Unión Europea. El plan de financiar mediante deuda el gasto militar, calculado en 500.000 millones de euros, requeriría la emisión de un bono comunitario en proporción al producto de cada país. Los conflictos por este punto, en la UE, podrían desatar una desintegración de la economía europea. Cuando se desmadeja esta trama salta a la vista el lugar decisivo que juega la guerra mundial en el destino de Alemania. Sin materias primas de Rusia, sin mercado de exportación chino y sin el control de Ucrania, Alemania ingresa en un callejón sin salida. Esto explica el furor antinorteamericano de la gran prensa germana ante el anuncio de un arreglo de Trump y Putin acerca de Ucrania, a expensas de Alemania y la UE. El vice de Trump, JD Vance, acaba de llamar a la UCD a coaligarse con AfD, e incluso a votar a los neonazis. El Consejo Editorial del Financial Times ha convocado, en cambio, a que “Alemania lidere a la UE” en la lucha contra un acuerdo Trump-Putin. El cristiano Merz tomó la posta: “No somos neutrales, declaró, estamos con Ucrania”. Las elecciones del domingo tienen que ver con el rearme alemán para disputar Ucrania a Trump y a Putin; en última instancia, con una guerra contra Rusia. El eventual pacto Trump-Putin ha partido a toda Europa y al mismo imperialismo norteamericano . Mientras la ultraderecha europea proclama su apoyo a Trump y a Putin (el húngaro Orban, la alemana AfD, la libertaria austríaca FPO, el gobierno eslovaco), el WSJ denuncia “la entrega” (sellout) de Ucrania a Putin, por parte de Trump, en compañía de su rival mediático, el New York Times. Esta división en el sistema imperialista deberá resolverse por medio de crisis políticas excepcionales y la ampliación de la guerra. Putin, anticipándose al acuerdo con Trump, no ha dejado de vender combustible al estado sionista durante la guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Trump ha hecho una “oferta pública de compra” hostil contra Ucrania, Gaza y, tentativamente, Panamá y Groenlandia, sin levantar la menor objeción del gobierno de Rusia. Putin ya ha reclamado, como contrapartida de ‘seguridad’, un cambio de régimen en Ucrania y la neutralización política de los Estados europeos que han estado bajo el control de la Unión Soviética. El impacto de esta demanda se siente en Polonia, donde oficialismo y oposición se acusan de fraude electoral y golpismo. La cuestión de la guerra imperialista no ha salido de escena por la oferta de acuerdo de Trump a Putin; está alineando y realineando a toda la política mundial y extendiendo su desarrollo territorial . Alemania no solamente se enfrenta a una aguda lucha de clases interna como consecuencia de un programa de ajuste para salir de la recesión y financiar el rearme y la guerra; también al desarrollo de un estado de excepción (anulación de garantías constitucionales). A la gran burguesía se le planteará, en una etapa de esta crisis, la cuestión de un Führer, como de un modo quijotesco lo busca interpretar Trump. Es probable que el impasse electoral lleve a elecciones sucesivas, como ocurrió a finales de los años 20 y principios del 30 del siglo pasado. La militarización y la guerra mundial ha invadido todos los poros del capitalismo. La clase obrera debe ponerla en el primer punto de una agenda de unidad internacional del proletariado.

La Federación de Trabajadores Papeleros realiza un paro nacional por 48 horas en reclamo de un aumento salarial y un bono de fin de año. El 14 de enero los trabajadores papeleros habían realizado un paro por el mismo reclamo, seguido por una Conciliación Obligatoria. Vencidos los plazos, la Federación vuelve a medidas de lucha por 48 horas. El salario de los trabajadores papeleros ha quedado entre los más bajos del país y de seguro entre los más bajos de todas las industrias. Hoy un trabajador papelero cobra un básico de 570.000 pesos mensuales y en mano no llega a 600.000. El convenio vigente tiene un punto, el “salario mínimo papelero”, que alcanza los 790.000 pesos mensuales (algo similar al IMGR de la UOM), pero que en la práctica las patronales se niegan a cumplir. La oferta de las patronales es un aumento salarial dentro de la pauta del gobierno de Milei: aumentos por debajo del 2 % mensual. Esta pauta del Gobierno resulta una rebaja salarial en vez de un aumento, a la luz de los retocados números de la inflación de enero. La oferta salarial no incluye bono alguno de fin de año, algo que se replicó en casi toda la industria. Incluso empresas con bonos acordados como Fate se negaron a pagarlo. El llamado a un paro de 48 horas por parte de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos es una nota disonante en el concierto de arreglos a la baja y complicidad con el Gobierno que suena en la CGT. Lo mismo ocurre con el Sindicato de La Fraternidad. Es contradictorio hasta con los propios acuerdos firmados por el gremio para la rama “bolsas”, donde el gremio firmó 3,4 % para diciembre 2024, 1,8 % en enero, 1,5 % en febrero y 1 % en marzo. El acuerdo para la rama corrugados es también en los términos del Gobierno. El acuerdo vigente, de octubre de 2024, también fue firmado a la baja. La huelga de 48 horas no fue antecedida por asambleas en los lugares de trabajo ni por plenarios de delegados ni deliberación obrera de ningún tipo. El comunicado de la Federación habla largo y tendido de la colaboración de la patronal papelera con la Dictadura Militar, pero se cuida de no decir qué reclamo salarial plantea el gremio, lo que da margen para firmar cualquier cosa y presentarlo como un triunfo. El paro papelero se cumplía hoy en todas las fábricas con un alto acatamiento, aunque la deliberación obrera sobre la lucha por sus propios salarios está acogotada por el manejo de la Federación. La huelga debe ser la oportunidad para impulsar asambleas por fábrica, votar pliegos de reclamos y un plan de lucha contra el congelamiento salarial del Gobierno y por un aumento de emergencia del 100 % de los salarios papeleros.

El gobierno nacional intenta tomar el control político de la crisis ígnea en la zona de los bosques andinos con una falsa salida: la regimentación, persecución y criminalización de las organizaciones de vecinos y comunidades originarias que estuvieron en la primera línea del combate de los incendios, trabajando codo a codo con los bomberos voluntarios y las brigadas de lucha contra el fuego. ¿Cuál es la situación de los incendios? El incendio en Epuyen Chubut, ya se encuentra contenido, el área incendiada es de 3000 hectáreas. Confluencia, la zona de interfase y más peligrosa del incendio de El Bolsón, se encuentra en etapa de guardia de cenizas, la zona incendiada es de cerca de 4000 hectáreas. En Los Manzanos, que se encuentra ardiendo desde fines de diciembre, el fuego sigue activo, y las llamas ya consumieron 12.000 hectáreas. La zona crítica se ha corrido ahora hacia el incendio del Parque Nacional Lanín, en la zona neuquina de los Bosques Andino Patagónicos, donde ya van incineradas 23.131 hectáreas. El Lanín, conserva, entre otros tesoros valiosos, la Araucaria, una especie vegetal del género de las coníferas. Es un árbol longevo: el más viejo de ellos encontrado hasta ahora, en Chile, tiene 1021 años. Son fósiles vivientes, y entre la información que se puede encontrar en ellos están los registros del cambio climático, de la misma manera que la incidencia de la era industrial en el recalentamiento del planeta Tierra se supo a partir del análisis de los glaciares del Ártico. La Araucaria debe su nombre al término araucano, que los españoles utilizaban para hacer alusión a los pueblos Mapuche, que dominaron la región de los bosques patagónicos antes del genocidio de Roca, durante la Campaña del Desierto. Esto porque la semilla de la conífera, era una parte importante de la dieta de estos pueblos, otro dato importante sobre la base del cual puede estudiarse la dieta, con sus beneficios y limitaciones, de nuestros antepasados. Estas relaciones entre clima y vegetación y entre ambos y animales (humanos o no) es a lo que se llama biodiversidad. Cuando hablamos de incendios o incineración de la región del BAP, hablamos de la liquidación de todo un capital de conocimiento, que no solo sirve para entender de dónde venimos, sino, y desde el punto de vista político, cuál es, para la humanidad, el mejor método para encarar de manera positiva nuestro futuro. Hay una cuestión más elemental todavía, y que tiene que ver con la supervivencia de la especie humana, en la medida en que nuestra existencia, es el producto de una historia natural. El ser humano existe, porque lo hace dentro de un medio ambiente históricamente dado, con sus respectivas relaciones entre clima y biodiversidad. La modificación de uno de ellos, o de ambos, debería dar lugar a nuevas configuraciones del medioambiente dentro de las cuales, la supervivencia de los individuos humanos en la tierra no está dicha de ante mano. La extinción de los bosques nativos es producto, y a su vez colabora en la aceleración de calentamiento global, con consecuencias para la salud humana que solo muy recientemente comenzaron a descubrirse. Una política incendiaria Mientras los incendios siguen, el gobierno intenta sembrar cizaña entre la población patagónica. En el día de ayer, se hizo una nueva audiencia, que debía definir la situación de Nicolás Heredia, acusado, y en prisión preventiva, de iniciar incendios. El Tribunal de Impugnación Provincial, conformado por la Jueza María Rita Custet Llambí y los Jueces Carlos Mohamed Mussi y Miguel Ángel Cardella, decidió mantener la formulación de cargos hacia Nicolás, bajo la carátula de “Incendio en grado de tentativa”, y mantener la prisión preventiva. Esto a pesar de que el peritaje de la única prueba objetiva, la supuesta botella de combustible que rodaba detrás de la camioneta que trasladaba a Nicolás, no demostró pertenecerle. Por el mismo motivo, hubiera sido posible dar por terminada la prisión preventiva. Sin embargo, la justicia mantuvo la imputación y la prisión preventiva. En Esquel, el gobernador de Chubut Ignacio Torres, intenta encarcelar a la activista mapuche Victoria Núñez, acusándola por el incendio de la estancia Amancay, el pasado 18 de enero. El gobernador del PRO, apareció en plena crisis por los incendios en la Patagonia, afirmando, primero, que los responsables por los incendios eran “delincuentes del conurbano bonaerense disfrazados de mapuche”, para luego ordenar una ola de allanamientos, el 11 de febrero, contra distintos asentamientos mapuche y casas de referentes de la comunidad. El día 12, Torres dio una conferencia de prensa, acusando a la activista Moira Millán y a Victoria Núñez de instigadora y autora, respectivamente, de los incendios de la estancia. La semana pasada, la defensa de Núñez presento pruebas que refutan la hipótesis de su participación en el incendio de Amancay. A Victoria le fue “concedida”, prisión domiciliaria, cuando debería haberse caído la causa por falta de pruebas. La ministra Bullrich, declaró a la RAM, reconocida por las mismas comunidades mapuche como una corriente ultraminoritaria e inactiva, organización terrorista. La ministra, es responsable política por el asesinato de Rafael Nahuel y el asesinato y ocultamiento del cuerpo de Santiago Maldonado, en 2017, a manos de la prefectura y de la gendarmería respectivamente. La campaña de persecución y criminalización del activismo de la zona de la comarca andina, tanto de mapuches como de trabajadores y productores, tiene el claro objetivo de servir de plataforma de una militarización de la Patagonia. Los vecinos de El Bolsón denuncian que, en la zona de El Manso, las fuerzas de seguridad no permiten el ingreso de los brigadistas autoconvocados y en El Mallín, la policía y el ejército “están por todos lados”. El gobernador Ignacio Torres anunció el envío a la legislatura de Chubut del proyecto de conformación de un Comando Unificado. El CU, que también se aplicaría en Río Negro y Neuquén, significa la, justamente, actividad mancomunada entre las fuerzas federales, de nación y de las provincias. Este es el mismo comando que se conformó en la provincia de Córdoba y en la misma Rosario, durante la crisis de la guerra narco del año pasado. En realidad, el comando unificado, incluye al ejecutivo nacional, provincial y a la mismísima justicia de Chubut y Río Negro, y su objetivo político es la regimentación de la población de la Patagonia. La regimentación es la condición necesaria para el avance a todo vapor de los proyectos inmobiliarios, turísticos y mineros que se encuentran trabados, justamente porque la lucha les ha puesto un freno. Recientemente, el gobierno de Río Negro, por intermedio del Departamento Provincial de Aguas, autorizó la construcción de tres represas hidroeléctricas para uso interno de un complejo residencial-turístico, de capitales argentino-qataríes, el Complejo Baguales. Aún se encuentra en disputa la ampliación del proyecto, también residencial y turístico, de Laderas SA., perteneciente al capitalista británico Joe Lewis. En Chubut, como también en Río Negro, varios proyectos mineros se encuentran frenados por la lucha de la población que defiende el agua, en una zona caracterizada por la escasez crónica de la misma. En Loma del Medio, por dar solo un ejemplo, los vecinos no tienen obras de agua potable, se abastecen de la misma pagando tarifas de hasta 30.000 pesos por mes, y durante el verano, carecen de agua hasta para bañarse. Luego de las elecciones de 2023, denuncian que las obras de aguas se pararon. La lucha por el agua, la tierra y los bosques El día miércoles, familiares, amigos y vecinos de Nicolás Heredia se movilizaron en Senillosa, Neuquén, su tierra natal, pidiendo por su desprocesamiento y liberación. También, en Esquel, comunidades mapuche y otras organizaciones reclamaron por la libertad de Victoria Núñez y denunciaron la campaña persecutoria de Nacho Torres. La semana pasada, en diferentes puntos del país, organizaciones ambientales, civiles y políticas se movilizaron a los centros políticos exigiendo por la liberación y el desprocesamiento de los presos por los incendios antes mencionados y por el aumento de presupuesto para el combate del fuego. Luego de interminables días de combate contra el fuego, donde la prioridad es apagarlo, los vecinos de la comarca se encuentran en pleno proceso de deliberación. Es necesario, en esta instancia, dar impulso a la organización, y establecer un programa de reivindicaciones que una a la población detrás de las principales necesidades y tareas que la crisis ígnea ha puesto sobre la mesa. La principal es la derrota del intento de Bullrich- Torres- Weretilneck de militarizar la Patagonia y regimentar al activismo de la misma. Para eso hay que luchar por el desprocesamiento y la liberación de Nicolás Heredia y Victoria Núñez. Por el aumento del presupuesto para el combate al fuego y por el pase a planta permanente de todo el personal de las brigadas de combate contra el fuego. Por la reanudación de las obras de agua potable para los barrios de El Bolsón. No a la privatización de las tierras del BAP, por su estatización. Formación de una comisión independiente del estado, con poder de veto, que haga seguimiento de la investigación de los responsables políticos y materiales de los incendios; que monitoree el cumplimiento de las normas de conservación de los bosques y todas las políticas que afecten al BAP. LEER MÁS: Nos movilizamos en apoyo al pueblo de El Bolsón Por Patricia Urones, 17/02/2025. Bullrich encubre a los verdaderos responsables de los incendios y aplica la Ley Antiterrorista La ministra busca un chivo expiatorio. Por Patricia Urones, 13/02/2025.

Los partidos que dominaron el escenario político desde la Segunda Guerra Mundial sufrieron un retroceso de época en las elecciones que tuvieron lugar ayer, domingo 23, en Alemania. Como consecuencia de ello, han perdido la posibilidad de introducir enmiendas constitucionales, que requieren los dos tercios del Parlamento. Esta limitación ha forzado al canciller electo, Friedrich Merz, a solicitar la convocatoria al Parlamento actual para votar la derogación del tope de endeudamiento público, que en Alemania tiene status constitucional. La divergencia acerca de esta enmienda, entre el SPD (socialista) y FDP (liberales), llevó a romper el gobierno de coalición y a adelantar el llamado a las elecciones de ayer. Merz, el candidato de la Unión Cristiana Demócrata y de la Unidad Social Cristiana de Baviera, no pusieron el eje en este asunto durante la campaña electoral. Pero la derogación del tope fiscal, una piedra angular de la política económica germana y de la misma Unión Europea (la motosierra de Milei), se ha convertido en una cuestión crucial debido a los dos años de recesión que sufre el país y a los planes de rearme militar que figuran en la carta política de todos los partidos del sistema. Merz y el exprimer ministro Olaf Scholz se pusieron de acuerdo en ejecutar este golpe de Estado, al alargar los poderes del Parlamento con mandato vencido y usurpar el poder del Parlamento electo. No podría haber mayor demostración de una derrota política que esta usurpación de funciones por parte de quien ganó las elecciones de ayer –con menos del 30 % de los votos: 28,5 %-. El cuadro que han dejado los comicios es claro. Con una participación récord del 83,4 % del padrón, la UCD-USC ha hecho la segunda peor elección de la posguerra; el SPD, la peor en estos años, que algunos remontan al año 1878, pasando del 26 al 16 % de los votos. El FDP no alcanzó el piso para ingresar al Parlamento. Los vencedores fueron, en primer lugar, AfD, un partido neonazi, que aumentó el ciento por ciento de sus votos para llegar al 20,5 % del total de los sufragios; en segundo lugar, el Partido de Izquierda (Die Linke), con el 8.7 por ciento. Tanto AfD como Die Linke obtuvieron sus mejores resultados en Alemania oriental, la región devastada por la absorción de la llamada RDA por Alemania occidental a partir de 1991; Die Linke ganó el distrito de Berlín, la capital de Alemania. Es necesario pasar estos resultados por un peine más fino, porque ni AfD ni Die Linke tienen un apoyo activo de masas. De acuerdo a observadores operó el famoso ‘voto castigo’ a los partidos tradicionales. AfD, por caso, tiene vínculos con la ideología del nazismo alemán, pero carece del atributo excepcional del hitlerismo, ese apoyo activo y la organización de milicias armadas. La línea política oficial de AfD es integrar un gobierno de coalición con los partidos ‘cristianos’, como ha intentado el Partido Libertario (neonazi) en Austria, por ahora sin resultado. El debate tradicional entre los partidos que ingresaron al Parlamento, en la noche posterior a los comicios, estuvo muy marcado por el apoyo de Trump, Vance y Musk al ultraderechista AfD –un giro de 180 grados en la alianza histórica de los partidos norteamericanos con los cristianos alemanes-. Ese apoyo se dio en el marco de otro giro: el de la política de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Merz, claramente, marcó la intención de convertir a Alemania en líder de la UE en la continuación de la guerra contra Rusia y en el propósito de convertir a Ucrania en su semicolonia. El choque abierto con Trump sirvió a Merz para justificar el rearme militar sobre las espaldas de un ajuste brutal y de un salto histórico en la deuda pública. Alice Weidel, denunciada como pro Rusia y pro Putin por sus adversarios, planteó, sin un mayor desarrollo, la necesidad de una alianza tanto con Trump como con Putin, invitándose al reparto de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia. No por eso dejó de sostener, en todo momento, de cogobernar con Merz, que se pronunció por un enfrentamiento con Trump. Merz, sin embargo, alentó la expectativa de que el Congreso de Estados Unidos (y Wall Street) pongan un freno a la aventura exterior del magnate inmobiliario norteamericano. Tanto Merz como Weidel son furiosamente sionistas, incluso cuando las Fuerzas Armadas de Israel han iniciado la ‘evacuación’ de palestinos (30.000) en Cisjordania, y cuando Trump ha anunciado la intención de tomar por la fuerza la Franja de Gaza. Palestina no solamente tiene una importancia ‘geopolítica’ incuestionable, representa también hasta dónde está dispuesto a llegar el imperialismo en esta etapa de guerra mundial. Los vasos comunicantes entre la derecha y la ultraderecha alemanas son tanto o más intensos que las divergencias estratégicas que han expuesto. El rearme alemán plantea un punto crucial poco mencionado, que es que Alemania tiene vetada la posibilidad de una fuerza nuclear, que monopolizan en Europa Francia y Gran Bretaña. Es lo que el imperialismo germano no demorará en plantear, con gran impacto en la unidad europea. Weidel, con una posición contraria a la continuidad de la UE, expresa la alternativa de un cambio de alianzas internacionales para alcanzar status nuclear. El rearme militar de Alemania y Europa (duplicar el presupuesto para Defensa) plantea una cuestión adicional decisiva, que es levantar una industria armamentista europea (con sus conexiones logísticas, satelitales, inteligencia artificial) independiente de Estados Unidos. El canciller electo, Friedrich Merz, no se ha cansado en repetir el propósito de convertir a Alemania en potencia “autónoma” durante el debate de anoche. En ese mismo debate, el representante de Die Linke evitó cualquier polémica sobre el armamentismo y la guerra; esta izquierda apoya a Zelensky en nombre de la autodeterminación de Ucrania. Completamente fuera de foco, se limitó a defender el “estado de bienestar”, que ha venido siendo demolido sin respiro en el último medio siglo; nada dijo de los métodos de lucha para esa ‘defensa’. La agudización de esta gigantesca crisis mundial pondrá de manifiesto los grandes problemas estratégicos y de dirección que atraviesan a la clase obrera y, al mismo tiempo, luchas históricas gigantescas. Esta es la perspectiva que abre camino al desarrollo de una dirección obrera y revolucionaria internacional. LEER MÁS: El asalto de Trump contra Ucrania y las elecciones alemanas El rearme germano. Por Jorge Altamira, 21/02/2025. Se hundió el gobierno alemán Una crisis que afecta a la Unión Europea y a la financiación de la guerra imperialista. Por Jorge Altamira, 09/11/2024.

En la noche de este domingo, los trabajadores de Granja Tres Arroyos convocaron a una movilización contra los despidos y rebajas salariales que impulsa la empresa. Luego de dos semanas de lucha creciente, el pueblo de Concepción del Uruguay realizó una manifestación contundente en apoyo a los trabajadores. Miles de personas poblaron el centro de la ciudad, bajo la consigna “el salario no se toca”. El objetivo patronal de aislar a los trabajadores como a gente que “reclama cosas raras” fue derrotado una vez más. Comerciantes, jóvenes y trabajadores de la ciudad se pronunciaron en una manifestación tan masiva que anticipó las fiestas del Carnaval. La manifestación del domingo a la noche se enlaza con la rebelión de la docencia entrerriana. Ante el cierre de la planta, los trabajadores realizaron una movilización al centro de la ciudad, donde fueron recibidos por el intendente, el peronista Lauritto. La posición del intendente de la ciudad es que los trabajadores se equivocaban en no aceptar los despidos. Además recomendó judicializar el descuento salarial, a sabiendas de que la justicia laboral puede tomarse años en resolver un juicio de estas características, además de la ola general de fallos que acompañan la liquidación de los derechos laborales, promovida por el Gobierno y las patronales. La CGT de Entre Ríos también busca meter la cola en el conflicto, para lo cual se reunió el viernes pasado. El proceso de lucha de Granja Tres Arroyos, conocida como Planta La China, fue superando uno a uno los obstáculos que se le presentaron. Luego del paro contra los despidos, en medio de una conciliación obligatoria, la empresa buscó forzar a los trabajadores a aceptar un procedimiento preventivo de crisis trucho para imponer una rebaja salarial del 21 %. Comenzó con pago del salario en cuotas, que se suma a habituales atrasos en los pagos de vacaciones, obra social, salarios familiares y jubilaciones. Los trabajadores de otras plantas de la misma empresa en la Provincia de Buenos Aires (Capitán Sarmiento, Pilar, Ezeiza) habían aceptado, a instancias del STIA, y siguieron trabajando aun sin haber cobrado los salarios. Los trabajadores de Concepción del Uruguay no aceptaron otro atropello y comenzaron un trabajo a desgano autoconvocado, que terminó complicando la continuidad de la producción. Esa lucha fue apoyada desde afuera por las familias de los trabajadores y por vecinos del pueblo. La patronal intentó faenar en el Frigorífico Beccar, que pertenece a la misma empresa, pero que está bajo convenio de la carne. Los trabajadores se negaron a ser los carneros de la lucha de Planta La China (muchos de ellos trabajaron en GTA o tienen familiares en la otra planta). La semana pasada, la empresa dobló la apuesta, suspendiendo la faena hasta nuevo aviso. Lejos de amedrentarse, los trabajadores incrementaron el proceso de movilización, sacando el conflicto al centro del pueblo. La política del STIA, que en Concepción del Uruguay tiene seccional propia, fue esquivar por todos los medios una confrontación con la empresa. El paro contra los despidos realizado en enero, el quite de colaboración y la movilización popular, en definnnitiva, todas las acciones de lucha fueron el resultado de la iniciativa de los trabajadores apoyados por el cuerpo de delegados de la planta. En las negociaciones, el sindicato realizó un sinfín de propuestas para atenuar el impacto del Preventivo de Crisis, pero, en todas sus variantes, la crisis era pagada por los trabajadores. Ante el proceso de lucha masivo, a la seccional del STIA de Concepción del Uruguay no le queda otra que ´acompañar´, sin ninguna condición para frenar o desarticular la lucha. La movilización del domingo es una derrota de la política del intendente, de la CGT y del STIA. Los obreros de Granja no están para aceptar ningún atropello: han antepuesto el interés del pueblo trabajador de Concepción del Uruguay a los intereses de mayor rentabilidad de una patronal multimillonaria. Han convertido a la causa de los obreros en una causa popular: una lucha sindical que toma tintes cada vez más claramente políticos. La polarización real en Entre Ríos es entre la clase obrera y el pueblo y las ganancias del capital. Por su repercusión nacional, abre camino a convertir el conflicto de Concepción del Uruguay en una referencia para toda la clase obrera. LEER MÁS: Granja Tres Arroyos: la empresa redobla la apuesta La planta de Concepción del Uruguay amanece cerrada “hasta nuevo aviso” Por Pablo Busch, 19/02/2025.

El sarampión se está extendiendo en Estados Unidos, sobre todo en los condados del oeste de Texas, donde se han notificado desde enero hasta la fecha 90 casos. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta principalmente a los niños y puede causar complicaciones graves que pueden resultar fatales, según la OPS (OPS, PAHO por sus siglas en inglés). Este organismo había declarado a la región de las Américas como libre de rubéola en 2015 y de sarampión endémico en 2016. Sin embargo, en octubre de 2024 ya había emitido una alerta epidemiológica, donde informaba que, hasta el 5 de octubre de dicho año, se habían registrado más de 14.000 casos sospechosos de sarampión, con 376 confirmaciones en ocho países de las Américas, principalmente en Estados Unidos (267 casos), Canadá (82) y Argentina (11). Brote Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), hasta el 20 de febrero del 2025, 8 jurisdicciones (Alaska, California, Georgia, la Ciudad de Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island y Texas) notificaron en total 93 casos de sarampión. Por su parte, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas ha reportado 90 casos desde finales de enero hasta el 21 de febrero de este año, de los cuales 16 requirieron hospitalización. La mayoría de los casos se dan entre niños en edad escolar. Las tasas de vacunación en los jardines de infancia contra el sarampión, las paperas y la rubéola han caído por debajo del umbral del 95 % que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades consideran necesario para prevenir brotes. En el condado de Gaines, perteneciente al estado de Texas, por ejemplo, la tasa de vacunación es de poco menos del 82 %, en comparación con la tasa del 90 % del estado. Es justamente donde se concentra el mayor número de casos (57). Desmantelamiento El brote de sarampión se produce en el marco de la salida de Estados Unidos de la OMS y el desmantelamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dispuesto por el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE) presidido por Elon Musk. Despidos masivos afectaron el funcionamiento de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Asimismo, se viene retrasando la reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, con el Secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. Este comité formula recomendaciones sobre qué vacunas deben incluirse en el calendario de vacunación, tiene el poder legal de determinar qué vacunas están cubiertas por los seguros y otros programas que mejoran la asequibilidad y la accesibilidad, actúa como organismo de control de las vacunas y revisa periódicamente la seguridad y eficacia de las vacunas existentes. La propagación de enfermedades ya erradicadas, así como de nuevas epidemias y pandemias, están a la orden del día en el marco del colapso del sistema capitalista. Las medidas en materia de salud que impulsa Trump apuntan a favorecer al lucro privado de la salud y eliminar cualquier tipo de programa público de prevención y tratamiento. Es la implementación de la “inmunidad de rebaño”. La defensa de la salud, para la clase obrera, adopta un carácter internacional. La nacionalización del sistema de salud bajo control y gestión de los trabajadores, se presenta como un programa estratégico para combatir “el sálvese quien pueda” que promueven Trump y su copia argentina, Milei. Fuentes: https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2025/02/20/nx-s1-5304233/cdc-vaccine-meeting-delayed https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2025/02/11/nx-s1-5292478/measles-vaccination-kids-health-disease https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2025/02/11/nx-s1-5292478/measles-vaccination-kids-health-disease https://www.paho.org/es/noticias/31-10-2024-ops-emite-alerta-epidemiologica-por-casos-sarampion-americas https://www.cdc.gov/measles/es/data-research/index.html#cdc_data_surveillance_section_1-casos-de-sarampion-en-el-2025 https://www.dshs.texas.gov/es/news-alerts/brote-de-sarampion-21-de-febrero-de-2025 https://www.cronista.com/usa/trending/despidos-masivas-en-el-departamento-de-salud-de-estados-unidos-como-afecta-a-medicare-y-a-la-fda/ LEER MÁS: La guerra de Trump contra la OMS: una contrarrevolución internacional del capital financiero contra la salud pública Por Julián Asiner, 08/02/2025.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y 33 militares y asesores de su gobierno fueron acusados por el fiscal Paulo Gonet, por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y pertenencia a una organización criminal, entre otros delitos. Bolsonaro podría enfrentar hasta 43 años de cárcel. La acusación se basa en una investigación de la Policía Federal que concluyó en noviembre pasado. El informe de 900 páginas describe una compleja red orquestada desde la Presidencia para desconocer la derrota electoral ante Luiz Inacio “Lula” da Silva, que incluía el asesinato del binomio presidencial Lula-Gerardo Alckmin y del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes. Entre los imputados se encuentran el militar retirado Walter Braga Netto, que fue candidato a vicepresidente en 2022, junto a varios de sus ministros y un antiguo jefe de la Marina. Braga Netto, preso desde noviembre pasado, junto a otros cuatro militares por intentar influir en las investigaciones. Es el primer general de cuatro estrellas encarcelado en la historia del país. Uno de los principales aportes que ha recibido la justicia brasileña ha sido la confesión del teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, excolaborador de Bolsonaro. Barbosa revela una amplia red de connivencia entre servicios secretos, fuerzas armadas y funcionarios civiles. Su testimonio sido reproducido por los principales medios del país. Barbosa detalla todos los vaivenes de la tentativa golpista y las divergencias y contradicciones al interior de la camarilla de conspiradores. Precisamente fueron esas divisiones las que determinaron el fracaso del golpe. Por eso Lula ha dicho que “hay que distinguir voluntades individuales de la actitud de las Fuerzas Armadas”. La defensa de Bolsonaro ha impugnado el testimonio de Barbosa Cid. Acusa a Moraes, además, de parcialidad y prejuzgamiento, en una causa que investiga un presunto intento de asesinato contra su propia persona. Moraes, en el pasado reciente, ocupó un lugar clave en las investigaciones del “lava jato” que habilitaron el golpe de Estado contra Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula en 2018. Desde 2022, sin embargo, se convirtió en impulsor de las causas contra Bolsonaro. Como presidente del TSE, dictó la suspensión de derechos políticos para Bolsonaro hasta 2030, por “abuso de poder”. También dictó múltiples bloqueos a cuentas de la plataforma X que emiten posiciones fascistas en favor de Bolsonaro o defienden la intentona golpista. En el campo político, Bolsonaro y sus hijos se encuentran a la ofensiva de eliminar o reformar la ley de “Ficha Limpia”, impulsada por ellos mismos en 2010 contra la corrupción del PT. Denuncian que “Ficha Limpia” es utilizada para “censurar a los candidatos de la derecha”. La ofensiva judicial contra Bolsonaro tiene lugar en vísperas de la contienda electoral presidencial de 2026. Bolsonaro busca sortear las trabas judiciales para candidatearse nuevamente. Espera capitalizar en Brasil el ascenso de la derecha internacional. Las encuestas ofrecen hoy una leve ventaja de intención de voto a Bolsonaro sobre Lula, lo que ha encendido las expectativas de la derecha y las alarmas del gobierno. La única que puede derrotar a los golpistas definitivamente es la clase obrera brasileña. La lucha por la cárcel a los golpistas es el primer peldaño para defender las libertades democráticas contra la barbarie del capital. LEER MÁS: Bolsonaro es acusado por intento de golpe de Estado Cuatro soldados fueron detenidos por planificar los asesinatos de Lula, su vicepresidente y el juez de Moraes. Por Aldana González, 24/11/2024. La Justicia presenta las pruebas del intento de golpe de Bolsonaro y de un numeroso grupo de altos militares en actividad Un asesor de campaña de Milei involucrado. Por El Be, 13/02/2024.

Por primera vez en cien años un Secretario de Estado norteamericano elige visitar primero Latinoamérica, luego de asumir el cargo. Uno de los puntos visitados fue Panamá -debido al canal bioceánico-. A pesar de las movilizaciones que hubo en contra suya, logró comprometer al presidente Murillo con la no renovación del acuerdo comercial por la Nueva Ruta de la Seda firmado con China en 2017. Entre las 40 empresas chinas que hacen negocios en el país se encuentran las que manejan los puertos Balboa y San Cristóbal, ubicados en ambos lados del canal. Estas son las que encienden las alarmas de Trump quien, para justificar sus pretensiones de retomar el control del canal, argumentó las posibilidades que tendría el gigante asiático de bloquear el paso bioceánico. También hubo un anuncio sobre “facilitar el paso” a los buques comerciales yanquis, algo que Rubio interpretó como una eliminación preferencial de tarifas a los barcos de su país. Esto fue rápidamente desmentido por el gobierno panameño. Los buques norteamericanos son, junto con los chinos, el grueso del tráfico del canal, por lo cual una eliminación de tarifas para los mercantes yanquis lo volvería insustentable. En cuanto a la política antiinmigratoria, desde julio hay un acuerdo firmado sobre repatriación, ya que Panamá es lugar de paso hacia los Estados Unidos - especialmente la selva del Darién -, a partir del cual ya se deportaron 1.700 migrantes. Ahora, además, el presidente José Raúl Mulino se comprometió a recibir migrantes de otros países, deportados desde Estados Unidos hacía Panamá. En El Salvador, Rubio se llevó más de lo que pedía, calificándolo como el acuerdo “más extraordinario del mundo” en materia migratoria: Bukele le ofreció su megacárcel para alojar migrantes deportados por Trump, de cualquier nacionalidad, incluso reclusos estadounidenses. A cambio, El Salvador recibiría una suma “relativamente baja” en palabras del mismo Bukele. En Guatemala, acordó con el presidente Bernardo Arévalo que se aumentarán un 40 % los vuelos de deportados desde Estados Unidos y, además, volverá a recibir migrantes de otras nacionalidades. La visita a República Dominicana estuvo centrada en los planes de injerencia en Haití, su vecino en la misma isla, donde Estados Unidos encabeza una nueva misión de intervención extranjera. Rubio también protagonizó una operación para confiscar un avión gubernamental venezolano que permanecía detenido en territorio dominicano bajo órdenes norteamericanas. En Guatemala, uno de los acuerdos alcanzados fue la colaboración entre el Gobierno y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para la planificación preliminar de la expansión de dos puertos estratégicos. En Costa Rica también ofreció ayuda contra el narcotráfico y felicitó al Gobierno por su política de prohibición del 5G y la tecnología china. En síntesis, Rubio consiguió compromisos para ubicar no sólo a los migrantes latinos, sino a los provenientes de todos los continentes, aun cuando no pueden volver a sus países por cuestiones políticas. Esto le resuelve gran parte de los problemas que implica la deportación, ya que así Trump se libra de respetar las leyes norteamericanas sobre acogida. Lo mismo pretende con la cárcel de Guantánamo , adonde ya trasladó a decenas de venezolanos que se encontraban en Estados Unidos pidiendo asilo. Sin embargo, los acuerdos sobre los migrantes presentan varios problemas para los países centroamericanos. Por un lado, están los gastos que genera el hecho de mantenerlos en espera en pseudocampos de refugiados y la crisis diplomática que implica lograr cada una de esas repatriaciones, ya que incluye países que no las aceptan y otros en los que la repatriación implica riesgo de vida por la persecución política que ejercen sus regímenes respectivos -muchos son emigrados recientes de Siria, por ejemplo, cristianos que escapan de los yihadistas que financiaron el mismo Estados Unidos, Turquía e Israel-. Ni hablar del desastre humanitario y la crisis política interna que pueda generar en cada país-albergue. Pero en otro aspecto, en referencia a los repatriados connacionales, implica una pérdida de entrada de divisas en forma de remesas que para esos países son un porcentaje importante de sus ingresos totales. Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024 de la OIM, las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron un récord de 155.000 millones de dólares en 2023. Otros países que no están en la gira En una competencia de cipayismo cabeza a cabeza con Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa anunció que impondrá un 27 % de aranceles a los productos mexicanos, siguiendo los pasos iniciales -luego revertidos- de Trump. Además, presentó un proyecto para reformar la Constitución y modificar el artículo 5 que prohíbe “la existencia de bases militares extranjeras”, anuncio que realizó desde Manta, rememorando la base que antes funcionaba ahí. Por el contrario, Xiomara Castro, de Honduras, fue la única que se negó de plano a recibir cualquier deportación e incluso amenazó con expulsar las bases militares de su territorio, las cuales continuaron funcionando durante los tres años que lleva de gestión presidencial. En México, en cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum cedió a todos los requerimientos de Trump -militarización de su frontera, deportaciones e injerencia norteamericana en su territorio-, sin abandonar la verborragia nacionalista. Para encubrir esta entrega, Sheinbaum impulsó una reforma constitucional a fin de establecer que no consentirá ninguna injerencia ni intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano , en el marco de las leyes aplicables. Es decir que las fuerzas represivas norteamericanas pueden actuar en territorio mexicano siempre que trabajen en conjunto con sus pares locales, reiteradamente acusados de corrupción y de estar implicados en la trata y el narcotráfico. Bajo los eufemismos de ‘colaboración’ y ‘coordinación’, Sheimbaum, al contrario de lo que pondera, entregó una soberanía que ya estaba vulnerada, con la esperanza de evitar los aranceles con los que la amenazó el fascista del norte. Trump, por su parte, puso a los carteles mexicanos en la lista de grupos terroristas -medida que replicó Canadá, a lo chirolita- para poder asignarse renovados derechos de injerencia. Desde que asumió su segundo mandato, se intensificaron los drones que traspasan la frontera. Estas medidas solo pueden empeorar la situación de la violencia en México, que desde que le declaró la guerra al narco, en 2006, con participación militar, acumula más de 480.000 homicidios y unos 110.000 desaparecidos. Esta política de Trump de injerencia en América Latina profundiza una tendencia, que se inició cuando se reactivó la IV flota en el 2008 y se aceleró cuando la generala Laura Richardson tomó el mando del Comando Sur y convenció al Congreso norteamericano de la importancia de aumentar su presupuesto para poner un freno al avance chino en la región. China es todavía el principal socio comercial de Brasil y el segundo de Argentina, México y Colombia. Al mismo tiempo, el gigante asiático aumenta sus inversiones en infraestructura vial y portuaria en la región para orientarlas hacia el Pacífico. A días de esta gira de Rubio y de ejercicios militares del imperialismo en el Pacífico, China también realiza los suyos en aguas internacionales cercanas a Australia, denominados “Ejercicios de entrenamiento en aguas lejanas”. Trump, emperrado en usar a los migrantes como chivo expiatorio de los males ocasionados por la barbarie capitalista, está empeñado en agravar la crisis humanitaria y utilizar métodos que remoran a los principios del nazismo, con deportaciones masivas y campos de refugiados, contando para ello con la total complicidad de los gobiernos latinoamericanos sin que todavía exista una movilización de masas contraria, acorde al tamaño de semejante deshumanización. LEER MÁS: Trump 2.0 Militarización, detenciones extrajudiciales, deportaciones masivas. Por Rafael Fernández, 26/01/2025.

La III Conferencia de la Tendencia Docente Clasista desarrollada el día 22 de febrero se pronuncia contra la criminalización a la docencia que lucha y se organiza para defender sus condiciones laborales. Los gobernadores, en sintonía con Milei, llevan adelante una política de persecución a la docencia procesando y despidiendo compañeros por luchar: en Santa Fe, con el procesamiento a luchadores que enfrentan la reforma previsional; en Chubut, condenando a un año de prisión al secretario general de ATECH por participar de manifestaciones; en Santa Cruz, intentando liquidar al sindicato ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa Cruz) con la aplicación de una multa millonaria; en Buenos Aires, con las sanciones a los paros del año pasado con "faltas injustificadas" por el gobierno de Kicillof; en Salta con la cesantía a 116 docentes que continuaron con el paro en la huelga educativa del 2023. La CTERA y los gremios nacionales docentes cierran la boca contra estos atropellos antidemocráticos, para seguir garantizando el ajuste a nivel nacional y provincial. Impulsamos y llamamos a acciones en solidaridad con los compañeros perseguidos en las distintas provincias del país, mediante la realización de actos, movilizaciones y piquetes. Abajo la persecución a los luchadores docentes. Desprocesamiento de los compañeros. Reincorporación a los puestos de trabajos a los docentes cesanteados salteños. Defensa del derecho a huelga y a manifestarse. LEER MÁS: Ante un ataque histórico a la educación: construir mediante la lucha una dirección clasista y combativa Por Mesa Nacional de la Tendencia Docente Clasista, 24/02/2025.

Días antes de que el gobierno nacional anulara la licitación por la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, la Coalición Cívica (CC) presentó una denuncia por el direccionamiento en los pliegos de licitación y por una deuda de 78 millones de dólares que el Estado tiene con Jan de Nul que, según el pliego no nato, en su artículo número 11, establecía que quien se quedara con la concesión de la Hidrovía iba a tener que pagarle esa suma al Gobierno para que cancelara la deuda. Una coima a la vieja usanza, en tiempos de criptogate. Ante la denuncia presentada por la CC, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó el allanamiento de las oficinas de Jan de Nul, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, que tenía como objetivo encontrar documentación sobre la deuda y las posibles comunicaciones de los directivos con funcionarios públicos sobre el tema de la licitación. El gobierno lúmpen-liberticida desestimó la denuncia, argumentando que la misma carecía de fundamento y tenía como fin desacreditar el proceso de licitación, calificado como ´transparente´. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, una resolución de la Procuraduría de Investigación Administrativa (PIA) expuso las irregularidades en la redacción de los pliegos y señalaba que no se encontraba debidamente documentada la existencia de la deuda, ni el monto de la misma . Con la caída de la licitación, la fiscalía concluyó que no se desprende la comisión de un delito de acción pública que amerite el inicio de un proceso penal y solicitó al Tribunal interviniente el archivo parcial de la causa. Macri vs. Caputo En su paso por la provincia de Santa Fe, en medio del escándalo por el criptogate, Mauricio Macri resaltó los “éxitos” económicos del gobierno liberticida, como la baja de la inflación y el déficit cero. El contrapunto se produjo cuando se refirió a la licitación de la Hidrovía y expresó que el gobierno nacional tendría que haber tomado los pliegos que su gestión había dejado listos para llevar adelante. Lo que omitió expresar el exmandatario es que los pliegos de su gestión también direccionaban la concesión de la red fluvial en favor de empresas ligadas al macrismo, como lo es la holandesa Boskalis y Van Oord. Mientras Macri, en medio de la crisis por el criptogate, le tiende una mano a Milei, desde la mesa chica de LLA, más precisamente Santiago Caputo, a través del titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Miguel Arreseygor, apuntó al titular del PRO y al exministro Guillermo Dietrich. Los acusa de haber saboteado la licitación. “Fuimos testigos de una operación sin precedentes orquestada, lamentablemente, desde equipos técnicos que supieron ser parte del gobierno (...) El exministro de Guillermo Dietrich, el expresidente Mauricio Macri”. El funcionario libertario también señaló que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fue parte un engranaje de la maniobra que hizo naufragar el proceso de licitación. Ante los dichos del funcionario libertario, Macri apuntó contra Santiago Caputo, señalando que “es él el que está detrás de la comisión trucha que se armó para la Hidrovía (...) Fracasó la única licitación que organizaron en un año y medio por intentar que no haya competencia”. La disputa Macri-Caputo en torno a la concesión de la red fluvial se cuela en la crisis abierta por el criptogate. El macrismo juega a favor de un gobierno de coalición. En esta línea de acción, Macri les recordó a los libertarios que fue el PRO el que le aseguró el triunfo en la segunda vuelta presidencial a Milei y la gobernabilidad en este año y medio de gestión liberticida y “hasta ayer mismo (en referencia a la última sesión del Senado) haciendo respetar la institucionalidad y que no se cree una comisión investigadora para investigar algo que tiene que investigar la justicia”. Los “guardianes de la República” se ponen a la cabeza de la operación rescate de Milei. Las declaraciones de Arreseygor (Caputo) y los decires de Macri son la manifestación del entramado de corruptela y pelea intercapitalista, que cruza a la concesión de la red fluvial por la que sale el 80 % de las exportaciones argentinas y en la que se cuecen formidables negocios a través del contrabando, con la complicidad de todo un régimen político.

Con la presencia de unos 100 docentes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Entre Ríos, Misiones, Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz y Neuquén, se realizó́ la III Conferencia Nacional de la Tendencia Docente Clasista, bajo la modalidad presencial y virtual. Compartimos sus principales conclusiones y resoluciones: El cuadro histórico de ataques salariales, presupuestarios, laborales a la docencia y a la educación pública que enfrentamos de parte de Milei y los gobernadores es garantizado por la burocracia sindical docente encabezada por la conducción kirchnerista de la CTERA, junto con los sindicatos docentes de la CGT, cuya pose opositora a Milei queda perfectamente anulada por su integración al FMI y las guerras del imperialismo. Esta burocracia anunció paros aislados para el 24 de febrero y el 5 de marzo contra la decisión de Milei de disolver la paritaria nacional docente sin levantar una sola cifra salarial, sin perspectiva de continuidad y mientras las provincias adoptan topes salariales de 1 y 2 %, imponen cláusulas de presentismo, descuentan por huelga, reforman negativamente los regímenes previsionales y criminalizan a docentes y sindicatos por luchar. Se trata de un claro sendero de derrota, mediante la cual la burocracia busca aplacar las reservas de lucha de la docencia en apoyo a fracciones peronistas para las elecciones generales, mientras el salario docente se sigue desvalorizando. En este cuadro, nuestra conferencia resolvió́ que iremos al paro el 24 y el 5 organizando acciones de lucha para esos días, para desarrollar esta conciencia, sin apoyar políticamente a esta burocracia. La conferencia constató un importante cuadro de luchas docentes actuales, que una y otra vez buscan superar el corset liquidacionista de la burocracia. En la provincia de Santa Fe, 18.000 docentes votaron parar contra la paritaria ruinosa de Pullaro, y desafiar los descuentos masivos. Santa Cruz llevará a cabo un paro de 72 horas, luego de una importante movilización la semana pasada. En Entre Ríos, el 24 está convocada una marcha provincial. En Tucumán, Salta y Catamarca, se reactivan los movimientos de lucha docente autoconvocados. En Buenos Aires, se desarrollaron movilizaciones contra el cierre de cursos y los cambios en las escuelas especiales de carácter autoconvocado y desde la Multicolor. Las movilizaciones parciales por reivindicaciones que surgen desde abajo adquieren una importancia política mayúscula, porque son el embrión de una nueva dirección combativa e independiente para la docencia. Nuestra corriente interviene en estas luchas para desarrollar esta premisa, convocando al activismo docente a reunirse, a desarrollar un plan de acción propio que tenga como norte la huelga general, a coordinar fuerzas regional y nacionalmente para construir un canal de lucha y político alternativo a la burocracia sindical. Las reivindicaciones fundamentales de la etapa son, en primer lugar, la defensa de un salario docente único nacional cuyo piso por un cargo debe ser igual al costo de la canasta familiar, hoy aproximadamente de $1.800.000, indexado en forma automática por inflación y todos sus componentes al básico. La defensa de las obras sociales y su cobertura integral sobre la salud del docente. Rechazar las reformas que extienden la edad jubilatoria. La Conferencia votó pronunciamientos de solidaridad ante la criminalización impulsada por los gobernadores. Para el desarrollo de esta política, nuestra agrupación impulsará recorridas de escuelas y reuniones de activistas en todos los lugares donde tengamos presencia. Resolvimos una campaña de difusión de nuestro boletín digital y desarrollar nuestra intervención en las redes sociales. La conferencia abordó el cuadro de contrarreformas educativas que se aplican en todo el país, encabezadas por las reformas curriculares de CABA, la persecución contra el “adoctrinamiento” y la reforma del régimen académico en Buenos Aires. Nuestra corriente ha desarrollado numerosos textos que exponen una crítica desde un punto de vista socialista, contra la adaptación de la educación a la descomposición social y laboral del capitalismo, en esta época de Inteligencia rtificial. Sobre esta base promovemos la realización de charlas, mesas redondas y debates para impulsar una lucha contra su implementación. Sobre estas bases políticas, nuestra corriente resolvió́ una campaña para constituir listas electorales en las elecciones de AMSAFE Capital, San Lorenzo y en AGMER Entre Ríos. Luchamos por sindicatos independientes del Estado y las patronales, para impulsar la lucha sobre los principios fundamentales de la clase obrera: asamblea, rotación de cargos, cuentas abiertas a los afiliados, representación de minorías. Las posiciones políticas que hemos adoptado deberán ser objeto de un balance en la intervención práctica en la base docente mediante la agitación, la propaganda y el acercamiento de nuevos compañeros a nuestra organización. LEER MÁS: Docentes: la burocracia sindical convoca a paros aislados para desmovilizar a la docencia Por Mesa Nacional de la Tendencia Docente Clasista, 21/02/2025. A propósito de la reforma educativa, aportes para el debate Uno de los temas que abordará nuestra conferencia del 22 de febrero próximo será las reformas educativas en marcha. Ponemos a disposición el siguiente documento para análisis y discusión de cara a nuestra Conferencia Nacional del 22 de febrero. Por Mesa Nacional de la Tendencia Docente Clasista, 21/02/2025. Docentes: por un plan de lucha nacional contra el desmantelamiento de la educación pública encabezado por Milei y los gobernadores Hacia la Conferencia Nacional de la Tendencia Docente Clasista. Declaración de la Tendencia Docente Clasista hacia la Conferencia Nacional del 22 de febrero.

El viernes 21 se llevó a cabo una concentración docente frente a la Jefatura Regional de La Matanza contra los cierres de cursos que se están llevando a cabo en el distrito, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Ocurre en el marco del ajuste que está aplicando Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en consonancia con el del gobierno nacional. La Jefatura Regional no sólo envía a los inspectores a cerrar cursos: también les cerró la puerta a los docentes que se movilizaron hasta allí para llevar sus reclamos y petitorios -en los que se detallaba los cursos cerrados y los compañeros afectados por esa medida- negándose, de este modo, a recibirlos y a tratar su problemática. Se hicieron presentes representantes de unas 20 escuelas. Si bien no fueron atendidos los reclamos, esta acción puede marcar el inicio de una lucha más a fondo de la docencia contra los cierres de cursos, para defender los puestos de trabajo y por el nombramiento de todos los cargos que quedan aún por cubrir. Nos hicimos presentes en esa acción compañeras y compañeros de la Tendencia Docente Clasista, repartiendo nuestro volante entre la concurrencia, denunciando no sólo el brutal ajuste en curso, sino también la completa ausencia del SUTEBA, que no apoya el legítimo reclamo de los docentes y sí, en cambio, respalda la política de “motosierra” del gobernador contra la educación pública. Como cierre de la actividad, se realizó una asamblea en la que los compañeros, en sus intervenciones, presentaron un panorama de la situación en cada escuela. En varias de ellas, la lucha de los compañeros y las compañeras dio como resultado que los inspectores dieran marcha atrás con los cierres, en una muestra más de que la lucha es el camino para defender nuestras condiciones laborales y nuestros puestos de trabajo. En nuestra intervención, planteamos que el paro convocado por la burocracia para el 24 es una maniobra, cuya convocatoria no estuvo procedida por ningún debate previo en las escuelas, ni en ninguna asamblea o plenario de delegados, y que no abre ninguna perspectiva de lucha, pues, además, con su ausencia, la dirección gremial no hizo más que boicotear el reclamo docente por los cierres de cursos. Necesitamos debatir en las escuelas para abrir un canal de lucha independiente contra el ajuste de Kicillof que supere el inmovilismo cómplice de la burocracia. LEER MÁS: Buenos Aires: Kicillof despide docentes y cierra cursos Defendamos los puestos de trabajo. Por Vanina Rojas, 20/02/2025.

Aunque aún no ha comenzado oficialmente la campaña para la elección de convencionales que redactarán la nueva Constitución de la provincia, en una entrevista en Aire de Santa Fe (15/2), Felipe Michlig, presidente de la UCR provincial y mentor político de Maximiliano Pullaro, dejó en claro que uno de los temas que desean incluir en la nueva Constitución es la ley de "Ficha Limpia". Esta ley, vigente en la provincia desde hace dos años, consiste en impedir que personas con dos condenas firmes por ciertos delitos puedan postularse a cargos públicos. La propuesta del oficialismo es elevarla a rango constitucional, garantizando que no pueda ser modificada por una nueva ley posterior. Esto tendría una clara intención de poder diferenciarse de La Libertad Avanza (LLA), que no ha querido imponerla en el Congreso. LLA se presentará con sello propio en Santa Fe y el frente Unidos teme que gran parte de los votos antikirchneristas vayan al partido de los hermanos Milei. Más allá de la intención de incorporarla a la carta magna provincial, la ley de "Ficha Limpia" viola el principio de presunción de inocencia, ya que una persona condenada en doble instancia aún tiene derecho a apelar su sentencia a la Corte Suprema. De esta forma, la ley podría despojar a alguien de sus derechos políticos antes de que el proceso judicial esté completamente resuelto. Desde el punto de vista político, la "Ficha Limpia" ha sido utilizada como una herramienta para bloquear a candidatos políticos opositores. Es el caso de Brasil. Este precedente despierta la preocupación de que pueda convertirse en un mecanismo de persecución y proscripción. El gobierno de Pullaro es altamente represivo. Durante la movilización contra la reforma jubilatoria, semanas atrás, hubo represión y maniobras dudosas dentro de la Legislatura. La Justicia santafesina dio rienda suelta a una cacería contra militantes sindicales, lo que incluyó allanamientos y detenciones. En Santa Fe, a la “Ficha Limpia” los trabajadores se la tenemos que pasar a todo un régimen social y político hambreador, que está ligado hasta lo más profundo con el crimen organizado y el narcotráfico. Esto va a ser con la huelga general y la lucha hasta desmantelar todo el régimen narco-sojero santafesino. LEER MÁS: La reforma constitucional de Santa Fe en el molde de Trump y Milei Por Agustín Fernández, 08/02/2025.

En el día de ayer se produjo un contundente paro de los trabajadores recolectores de residuos del distrito de Ezeiza, motorizado por el sector más joven y precarizado, los que corren al lado del camión y levantan las bolsas. Se sumaron al mismo la totalidad de los trabajadores de la recolección, es decir camioneros y tractoristas. El paro fue total. El servicio lo presta el municipio directamente, por lo que siempre se ufanaron de ahorrarse una buena cantidad de plata, que en otros distritos va a parar a empresas privadas. ¿Pero cuál es el origen del conflicto? En primer lugar la miseria salarial que cobran por jornada completa, quienes están bajo convenio municipal no llegan en general a los $600.000, rondando los $400.000 o $500.000 la mayoría; pero hay un sector que está peor, que hacen el mismo trabajo, son los ‘becados’, que cobran un promedio de $200.000 (en el caso de las mujeres ‘becadas’ que salen a barrer de madrugada o trabajan en el centro de reciclado, el monto que cobran está entre $75.000 y $120.000 por mes!). Y eso que estamos en un distrito donde se alardea con la protección de la mujer (“siempre con vos” es el slogan del sector femenino del poder municipal). Esta miseria salarial está acompañada con la falta de elementos necesarios de seguridad, ropa y elementos adecuados. Pero, con todo esto, la gota que rebasó el vaso fue que el viernes 21 quisieron obligar a estos trabajadores precarizados a quedarse hasta las 18 hs. por la misma plata. Por lo cual, ante la negativa de los mismos, dos funcionarios, que estarían con sueldos de $3.000.000, el Jefe Auditor General, Fernando Tobares, y el jefe del Centro Logístico, Esteban Carrizo, agredieron física y verbalmente a dos trabajadores. Ante este hecho los trabajadores reunidos en asamblea resolvieron llamar a un paro por todos los reclamos, convocando a sus familiares y vecinos a apoyarlos, concentrándose este lunes, desde las 5 am. en dicho Centro Logístico. Cabe destacar que el Sindicato de Municipales de Ezeiza, presidido por Walter Álvarez, otrora militante del PC en los ‘80, estuvo totalmente ausente, y es hasta repudiado por los trabajadores de este sector. Con el correr de las horas y ante la presencia de medios locales, FM 100.9 (programa “Me Tenés Podrido”), y Canal 4 de Ezeiza, y la difusión que los mismos trabajadores y sus familias hacían por las redes sociales, obligó al intendente Gastón Granados a arrimarse al lugar y procurar una suerte de compromiso. El Intendente Granados (hijo) se comprometió en forma no muy clara a revisar y/o mejorar la parte salarial en la medida que levanten al paro que el mismo lo dio por hecho para el día de mañana. Se refirió a “extorsión” respecto de la medida de fuerza; justificó la miseria salarial y el trabajo precarizado y en negro con que “cobran otras cosas, asignaciones familiares y Planes Sociales”. Lamentablemente los trabajadores no tienen representación, por la ausencia del sindicato, por lo cual algunos compañeros hicieron de voceros ante el intendente en una ronda general, pero no está claro cómo va a continuar la discusión entre las partes. Por lo tanto, entendemos que es un conflicto que recién empieza. Llamamos a rodear de solidaridad a los trabajadores de la recolección de residuos del distrito de Ezeiza, que bravíamente se plantaron ante el conjunto de los atropellos mencionados. Apoyemos la lucha de los trabajadores por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar Basta de precarización laboral. Pase a planta permanente de todos los trabajadores. Inmediata duplicación del salario de todos los trabajadores municipales. Ninguna sanción a los huelguistas. Que se sancione a los funcionarios agresores. Elección en asamblea de delegados de todos los sectores que representen a los trabajadores ante la patronal municipal, y que responda a la asamblea general del sector. Provisión inmediata de ropa y elementos necesarios para su trabajo.

El día 14 de febrero de 2025 suspendieron la proyección de “HAM, historia del agua en Mendoza, de cómo se protegió, se perdió, comenzó la lucha y se recuperó en 10 días”, en el marco de un ciclo de cine locales en el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La “explicación” fue que la película “estaba politizada”. Si bien ya había tenido otras suspensiones con excusas ridículas, en esta oportunidad la comunidad actuó rápidamente y se aseguró su proyección dentro de una radio comunitaria adonde concurrieron los vecinos que luego resistieron a una delegación policial de nueve efectivos enviada para tratar de impedir la proyección, algo que no pudieron concretar. ¿Pero por qué el gobierno de Mendoza censura y persigue a esta película? La película es un ejemplo de militancia ambientalista y muestra la gestación de la pueblada enorme del pueblo mendocino arteramente invisibilizada por los medios masivos. Además su realización y difusión trata justamente de romper ese cerco mediático y mostrar esta gesta como un problema vivo y actual. Por otro lado es un ejemplo de producción colectiva porque sus realizadores han recorrido la provincia en busca de los 23.000 archivos multimedia que componen este documental, videos de WhatsApp, mensajes, imágenes de canales de tv, drones, etc. que componen este documental surgido también de la indignación y bronca popular contra el complot de radicales, peronistas y el Pro para modificar y anular a la Ley 7.722 que protege las aguas del deshielo en Mendoza. Todo esto por encargo de las megamineras que necesitan acaparar cuantiosas cantidades de agua que luego quedaran contaminadas e inutilizables para siempre. Esta situación de acaparamiento y contaminación se da en una crisis hídrica por la que atraviesa Mendoza en la que los ríos están entre un 15% y un 20% de su caudal histórico. Esta voracidad y rapiña del agua por las megamineras es la que comanda el complot de los parlamentos y medios de comunicación contra la población en general. Este documental muestra todo el desarrollo de esa tenaz lucha del pueblo mendocino en contra de este complot para derogar la Ley 7.722 y en defensa del agua. “Que los políticos juntos se piensen que nos han vendido el agua, pero tendrán que venir a buscarla” Pero no sólo por esto el gobierno de Mendoza la prohíbe. Hay un motivo crucial: su proyección es el descubrimiento de una resistencia oculta para los ojos del país, ese poderoso descubrimiento coloca a la audiencia en una sintonía muy cercana a la bronca e indignación que muestran sus protagonistas e invita a sacar conclusiones importantes. Su realizador Bernardo Blanco cuenta que en las salas suele haber manifestaciones en forma de cantos y consignas tomadas de la película luego de su proyección. Es decir, es una película que esclarece y da una comprensión de la problemática y al mismo tiempo muestra una salida. La movilización de 48 hs. bajo la represión desde distintas ciudades de Mendoza, el ingreso a los parlamentos y las consignas, muestran un camino que está relacionado con la situación del extractivismo en Jujuy, donde también las luchas experimentaron un cerco mediático y realizaron cambios en la Constitución para la extracción del litio. Está emparentado con el Atlanticazo en Mar del Plata , con las movilizaciones en Chubut por la Ley 5.001 , y más cercanamente con los incendios en varios puntos del país y particularmente en La Patagonia . Organicemos funciones simultáneas este sábado 1º de marzo. La película muestra crudamente cómo los negocios extractivistas intentan arrasar absolutamente con todo. Desenmascara a los bloques parlamentarios de la UCR, PJ y PRO. Denuncia a la represión y al silencio de los medios y muestra a la población con sus autoconvocatorias, agrupamientos, asambleas y organizaciones, defendiendo al agua de Mendoza. Es un claro ejemplo de cómo resistir organizadamente los negocios inmobiliarios y la creciente militarización del sur. Luego de este intento de censura y para repudiarla e impulsar su proyección se ha lanzado la campaña: Si quieren censurar HAM. Organicemos funciones simultáneas Sábado 1º de marzo Proyectar HAM en veredas, bares, centros culturales, y abrir el debate. Megamineras y censura, no pasarán! Contactos para la campaña: https://linktr.ee/historiadelaguademendoza LEER MÁS: FIT y Mendoza: del “voto conservador” al “mendozazo” Por Joaquín Antúnez, 05/01/2020.

La adhesión a la huelga convocada este lunes 24 fue dispar. De entrada, la medida afectaba a las 13 provincias que iniciaban el ciclo lectivo. No hubo movilizaciones de importancia, ya que los convocantes al paro se esmeraron en desmovilizar. No existió una campaña para convocar a la docencia a ganar las calles. La concentración y el acto que realizó la CTERA en el Palacio Pizzurno (Ex Ministerio de Educación) fue de aparato y raquítica, anunciada el domingo por la tarde. La base del gremio no estuvo ni cerca de movilizarse. El acto duró 30 minutos. Sonia Alesso que tomó la palabra denunció de la boca para afuera “el ajuste de Milei”, pero no planteó ningún plan de lucha para derrotarlo. Omitió por completo el cierre de las paritarias provinciales que están a tono con el ajuste nacional. Una delegación de la Tendencia Docente Clasista se hizo presente en la concentración y repartimos una declaración entre los concurrentes. En la “Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado”, dónde se reunieron representantes del gobierno y los sindicatos docentes nacionales, el gobierno ofreció subir a $500 mil pesos el sueldo mínimo de los maestros (que es de $420.000 desde agosto pasado). Representa menos de la mitad de la canasta de pobreza. Los sindicatos lo rechazaron, pero solo de modo formal. No contrapusieron ninguna propuesta salarial. Los gremios docentes de la CGT ratificaron el paro del 5/3, mientras que la CTERA lo definirá este jueves en un Congreso, para el cuál no está recogiendo ningún mandato de las bases. El paro de este lunes afectó el comienzo de clases en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires -donde estamos en periodo de “intensificación- la adhesión al paro fue masiva en todos los distritos. En CABA, en cambio, fue dispar. En Santa Cruz, donde la docencia ha votado un paro por 72 horas en defensa de sus salarios, la adhesión alcanzó el 85%. Hubo movilizaciones en Pico Truncado y Río Gallegos. El gobierno respondió llamando a una conciliación obligatoria y habrá una asamblea para decidir su acatamiento o no. En Tucumán la adhesión fue muy importante, pero la movilización que se convocó a la plaza fue de un centenar de compañeros. En Santa Fe, donde se ha establecido un presentismo muy duro, la adhesión a la medida fue dispar, con mayor nivel de adhesión en Rosario. Hubo movilizaciones en esa localidad y en Santa Fe Capital. En Catamarca, todavía sin inicio del ciclo escolar, el paro fue dispar, pero un sector de docentes autoconvocados realizó una conferencia de prensa difundiendo el pliego de sus reclamos. El martes 25/2 habrá una movilización impulsada por docentes del Nivel Inicial por mejoras salariales y contra las cesantías. La huelga en La Rioja tuvo una adhesión baja. En Santiago del Estero el paro fue casi nulo, ya que los principales sindicatos no lo convocaron. En la provincia de Misiones el paro fue importante, en Montecarlo la docencia cortó la ruta. En Salta, el paro pasó prácticamente desapercibido en el Nivel Superior, el único que se encuentra en actividad. En Entre Ríos se estima que hubo un 80% de adhesión y hubo una movilización provincial de unas cinco cuadras. Nuestra corriente intervino en las acciones convocadas denunciando el carácter vaciador del paro de la burocracia sindical. Bajo esta perspectiva impulsaremos mandatos de escuelas para que la base tome en sus manos el paro del 5, conscientes de que, al igual que el del 24, se convoca de forma aislada. Es necesario que construyamos, junto a los activistas y delegados luchadores, un plan de lucha independiente de las conducciones sindicales que se encuentran garantizando la aplicación de la motosierra liberticida y el ajuste contra los trabajadores, impulsando asambleas y plenarios de base.

Luego del levantamiento del paro de las cinco plantas de la empresa, el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó una conciliación obligatoria. Pero la patronal no ha cumplido con su parte: impidió a los trabajadores regresar al trabajo. El Sindicato Químico no ha denunciado siquiera el incumplimiento. En el día de ayer se realizó una nueva audiencia donde participaron la comisión interna y los trabajadores despedidos de Linde Praxair junto al Sindicato Químico. La patronal ratificó el despido de los seis trabajadores. En un comunicado los trabajadores de Planta Pacheco relataron que “Al finalizar la audiencia las y los trabajadores de Linde Praxair junto al SPIQyP realizamos una asamblea en la puerta de la fábrica en la que discutimos lo ocurrido en la audiencia, rechazamos totalmente la propuesta patronal y comenzamos a elaborar la contrapropuesta, además de hacer un balance sobre los más de 80 días que lleva el conflicto. En estos más de 80 días de lucha, las y los trabajadores demostramos que con asambleas, medidas de acción directa, unidad y solidaridad, podemos enfrentar los despidos y el ajuste de la patronal. La empresa, por su parte, dejó en evidencia que no tiene ninguna crisis económica y que prefirió pagar multas millonarias antes que ceder su actitud discriminatoria y antisindical. Además, demostró que no le importan las leyes e instituciones argentinas y solamente quiere derrotar a los trabajadores para precarizar y empeorar las condiciones de trabajo y aumentar sus ganancias.” El comunicado plantea “Ante esta situación actual de intransigencia de la patronal, las y los trabajadores de Linde Praxair consideramos que debemos empezar a planificar junto al SPIQyP de CABA y Zonas Adyacentes y al resto de las y los trabajadores de Linde Praxair un nuevo paro de todas las Lindes y nuevas convocatorias como la del lunes 10-02 en Panamericana y 197 que derrote definitivamente los planes patronales que, como dijimos reiteradas veces, busca diezmar la organización en Pacheco para luego avanzar con despidos y precarización en el resto de los establecimientos.” Los trabajadores de Linde Praxair Pacheco han reunido a su alrededor a un sector importante de la clase obrera de la Zona Norte. Para que los trabajadores de Praxair triunfen, es necesario un paro nacional de las cinco plantas y del conjunto de los trabajadores químicos del país. LEER MÁS: Conciliación Obligatoria en Linde-Praxair: la patronal se niega a reinstalar a los despedidos Por una movilización de conjunto para lograr su reincorporación definitiva. Por Pablo Busch, 12/02/2025.

El gobierno de Jujuy le ha extendido a los docentes una propuesta salarial de menos del 2% mensual. Esto no sólo no cubre la pérdida mes a mes de la inflación, sino que tampoco recupera lo perdido por la devaluación de más del 60% cuando asumió el gobierno nacional. La propuesta del gobierno provincial llevaría en junio el salario inicial docente a la mitad de lo que debería ser la canasta familiar. Mientras se discute la paritaria, el gobierno sigue sin reconocer a la comisión directiva de ADEP que se impuso en las pasadas elecciones, el Hormiguero . Esta provocación por parte del gobierno provincial condiciona la discusión paritaria con los docentes de primaria, ya que no les permiten participar de las reuniones. Los docentes de CEDEMS, en asamblea, han rechazado la propuesta y fueron al paro por 48 horas este lunes y martes, mientras que los docentes de ADEP, armaron asambleas autoconvocadas en las diferentes regiones donde también votaron un paro este lunes 24 de febrero. En la capital también votaron una marcha. Las medidas de fuerza estuvieron atravesadas por la dificultades de las mesas de exámenes, y tampoco se logró una coordinacion con los docentes primarios para tengan una expresión de mayor cohesión y masividad en las medidas de fuerza. El gobierno ya preparó la liquidación de los salarios de febrero con el primer aumento, aunque no se haya aceptado la propuesta por la docencia. Es más necesario que nunca la coordinación de los gremios docentes de primaria y de media, la convocatoria de una asamblea general docente que pueda discutir reclamos y un plan de lucha que pueda quebrar la intransigencia gubernamental y arrancar nuestros derechos salariales y sindicales, como el reconocimiento de la nueva comisión directiva de ADEP, un salario inicial igual a la canasta familiar y las condiciones laborales de los docentes. LEER MÁS: Jujuy: el gobierno activa el operativo ‘Vuelta a Clases’ sin paritarias Por Iñaki Aldasoro, 07/02/2025.

Cerca de 40.000 palestinos han sido expulsados de Yenin y Tulkarem, en Cisjordania, desde el 21 de enero y el ejército israelí anunció que no les permitirá volver a sus hogares. Por otra parte, el gobierno de Netanyahu envió por primera vez en dos décadas tanques a Yenin. Naciones Unidas remarcó que es la operación “más larga” desde la Segunda Intifada (2000-2005). En Cisjordania hay un total de 19 campos con un millón de refugiados registrados ―la población real es superior— a los que UNRWA atiende, aunque la administración depende, en general, de la odiada Autoridad Nacional Palestina (ANP), agente directa del gobierno israelí. Las expulsiones, anunciadas por un dron o desde un tanque, se sucede en cuestión de minutos, en los que las familias toman lo que pueden o huyen sin nada antes de que comiencen los disparos. El domingo, los tanques ocuparon Qabatiya, la segunda ciudad en importancia de la gobernación, a seis km. de Yenin y, después de destruir las carreteras y bloquear las entradas a la ciudad, comenzaron a demoler el campamento. Las excavadoras israelíes arrancaron las tuberías de agua provocando inundaciones en algunas zonas y cortando el agua corriente en gran parte de la ciudad. También demolieron el muro exterior de un cementerio histórico que contenía un monumento en honor a 45 soldados iraquíes que murieron defendiendo Jenin en la Guerra de 1967. Iyas Sabaaneh, director de la escuela primaria, dijo a Mondoweiss que “las excavadoras de la ocupación demolieron los alrededores de un centro médico, el juzgado, el ayuntamiento, la antigua mezquita y nuestras escuelas”. El mercado de Qabatiya, que es la principal fuente de compra de productos agrícolas para decenas de aldeas al sur de Jenin y al norte de Nablus, está completamente cerrado. Eso afecta el acceso de la población a los alimentos, pero también a los agricultores que no pueden venir a vender sus productos. Sabaaneh explicó que muchos agricultores no pueden acceder a sus tierras y que miles de cultivos y de pollos, que dependen de sistemas de riego automatizados y de la electricidad, están «en peligro inmediato de morir». Simultáneamente, un comunicado del ministro de Defensa Israel Katz admitió que las fuerzas israelíes habían expulsado a 40.000 palestinos de tres campos de refugiados en Jenin y Tulkarem, una cifra comunicada por la UNRWA hace semanas. Agregó que los campos estaban ahora “vacíos de residentes”, que “la actividad de la UNRWA también se ha detenido” y prometió “continuar despejando los campos de refugiados y otros centros de terror para desmantelar los batallones y la infraestructura terrorista”. Bezalel Smotrich, el ultranacionalista ministro de Finanzas al que Netanyahu entregó amplias prerrogativas sobre Cisjordania, lo anticipó el 6 de febrero: “Funduq, Nablus y Yenín tienen que parecerse a Yabalia”, el campamento de refugiados de Gaza donde vivían 200.000 personas al que Israel convirtió en escombros. Pero la escalada contra Cisjordania ha recibido el apoyo de todo el espectro político sionista, incluido el líder la oposición, Benny Gantz, que opinó que Israel debe enviar aún más fuerzas. La acción del ejército israelí “más agresiva” que nunca, busca cambiar la fisonomía de un trazado de callejones en los que los soldados israelíes, pese a su superioridad, tienen a veces complicado hacer frente a los milicianos autóctonos. “Por eso se suceden las voladuras de edificios y el paso de excavadoras de gran tonelaje para abrir espacios más anchos, como reconoce el propio Netanyahu” (El País 24/2). El objetivo confeso es aniquilar los bastiones de la resistencia armada en los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams, sistemáticamente atacados tanto por las fuerzas israelíes como por la policía de la Autoridad Palestina. La ofensiva militar por todo el norte después del 7 de octubre, que se suma a las patotas de los colonos que queman aldeas y cultivos y se apropian del territorio, fueron extendiendo la resistencia de las ciudades al campo. Masivamente, adolescentes y jóvenes se incorporaron a las milicias tradicionales o armaron las propias, organizadas para repeler las redadas y los ataques (Mondoweiss 24/2, El País). La mayoría de los 600 presos que Netanyahu se negó a liberar el fin de semana pasado, incumpliendo los términos del acuerdo del cese del fuego, son palestinos de la Cisjordania, detenidos en los últimos años. Una extensa entrevista en El País de Madrid en los campamentos de desplazados recoge esas experiencias: madres con medallones con la cara de los hijos e hijas muertos o presos; padres y madres que han estado ellos mimos detenidos durante años y fueron liberados en las últimas semanas. Todos se declaran decididos a volver a su casa, aunque Israel la haya destruido. El espejo de Gaza muestra muchas realidades: la limpieza étnica, la barbarie del imperialismo y del sionismo. Pero también la de la heroica voluntad del pueblo palestino en la lucha por su liberación. LEER MÁS: Estados Unidos e Israel se preparan para iniciar nuevas masacres en Gaza Buscan dar por concluida la “segunda fase” del cese al fuego. Por Olga Cristóbal, 10/02/2025. Israel trasladó la limpieza étnica a Cisjordania y anunció que el ejército permanecerá en Yenin Por Olga Cristóbal, 31/01/2025.

En la jornada de ayer, una resolución de condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia fue rechazada por Estados Unidos, en la ONU, al cumplirse su tercer aniversario. Para Donald Trump, en plena negociación con el gobierno de Rusia por el reparto de Ucrania , la responsabilidad del atropello debería atribuirse a la propia Ucrania, al gobierno de Zelensky e incluso a la Unión Europea, o al menos a Francia y Alemania. De no haber sido por el fraude electoral de 2021, que le habría birlado la victoria presidencial en Estados Unidos y la reelección, la guerra en Ucrania, bajo su presidencia, asegura Trump, no hubiera tenido lugar. La controversia es, obviamente, largamente artificial, porque la responsabilidad de una guerra no recae en quien disparó el primer tiro, ni tampoco es la consecuencia de decisiones unilaterales. Son innumerables los casos en que el agresor se disfraza en su contrario, como ocurrió en la guerra de Estados Unidos contra España, a fines del siglo XIX, por el control de Cuba y el Caribe, o que es detonada a partir de un pretexto casual. Lo que importa es establecer el carácter histórico de una guerra ; los intereses sociales y nacionales en disputa; y el cuadro internacional del momento político. Hay, por otra parte, muchas clases de guerra: imperialistas, nacionales, revolucionarias. La antinomia entre guerra y paz es, en una sociedad mundial antagónicamente clasista, un caso de embuste agravado. Las guerras en Rusia y en el este de Europa conocen un giro especial a partir de la disolución de la URSS, que de por si representa el pasaje de sus Estados componentes a la tutela de diversas potencias imperialistas. Un segundo paso es la disolución de la Federación Yugoslava y el asalto a Serbia, por parte de la OTAN. El gobierno de Clinton, por un lado, y los de Alemania y Austria, por el otro, van a asumir un rol protagónico. Pero el voto de ayer pone a luz a quien se atribuía un papel secundario, incluso enfrentado al belicismo neoliberal. O sea, a Donald Trump. Trump fue el agente principal de la guerra en la Ucrania, aunque con una importante salvedad: nunca separó a esa guerra de una ofensiva política y económica contra la Unión Europea. En la guerra de la OTAN y Rusia se combinaron una guerra imperialista, de distinto carácter, de ambos lados, y otra guerra, subterránea, aunque no menos violenta, dentro de la OTAN –entre Estados Unidos y la UE . Esto fue planteado, en estas páginas, desde el comienzo. El acaparamiento de Ucrania ha ocupado un lugar relevante desde el día siguiente (o, más bien, desde antes) de la disolución de la URSS. A partir del derrocamiento del presidente pro-ruso Yanukovich, en 2014, tomó la forma de una guerra entre las zonas occidentales y orientales del país. Pero se produce un cambio fundamental bajo la presidencia de Trump, cuando en agosto de 2017, refrenda la ley de sanciones económicas contra Rusia, que apuntaba fundamentalmente a detener la construcción del gasoducto Stream 2, que debía reforzar la provisión de gas ruso a Europa, vía el marco Báltico y Alemania. Los gasoductos 1 y 2 servirían para el abastecimiento de un fluido barato y para cimentar una integración creciente de Rusia a la economía de la UE; un cambio geopolítico, como se dice en la actualidad. El crítico más feroz a estos acuerdos de gas fue Donald Trump, quien denunció en la OTAN que “Alemania se ha convertido en una dependencia de Rusia”. Trunp se había convertido en el lobbista más importante de las petroleras norteamericanas del ‘shale gas’ y de su conversión en gas licuado para exportación. Putin, por otro lado, firmó un contrato de largo plazo para el transporte del gas ruso por el gasoducto de Ucrania y Gazprom (la empresa estatal de Rusia) se avino a pagar 3 mil millones de euros en un arbitraje por controversias. Apenas horas después de estos acuerdos, Trump firmó una orden ejecutiva que sancionaba a las empresas que finalizaban la construcción del Stream 2. Los socios alemanes se retiraron del proyecto, que fue finalizado por Gazprom, aunque nunca llegó a funcionar por la capitulación de Ángela Merkel, la canciller de Alemania, a las presiones de Trump. Esta ruptura no solamente afectó el comercio de gas sino al conjunto de la integración económica de Rusia a Europa. La aspiración de Putin era servir de puente entre la UE, de un lado, y la Comunidad Económica de Asia Central, para desarrollar un bloque imperialista independiente de Estados Unidos. En esa etapa, los minerales y las tierras raras de Ucrania no figuraban en el tope de la agenda, pero sí la escrituración definitiva de las privatizaciones de tierra del país, que hoy dominan los fondos de cobertura norteamericanos. La aspiración de Merkel de que “Europa y Rusia quedarán vinculados en una relación segura y resiliente por las próximas décadas” quedó en la nada. Trump logró imponer el GNL, cuatro veces más caro que el gas natural, y asestar un golpe mortal a la industria alemana, que quedó fuera de competencia en el mercado mundial . Trump tampoco estaba improvisando –continuaba la política energética de Ronald Reagan, a partir de 1980, en esa época contra el gas soviético, cuando las compañías europeas empezaban a invertir en el gas de la región de Siberia. Se puede concluir, sin casi margen de error, que el bloqueo al gas y al acuerdo con Alemania, y luego el sabotaje a la vacuna rusa Sputnik (bajo el gobierno de Trump) fueron los factores eficientes que llevaron a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La actualidad de esta política imperialista es incuestionable. Trump ha lanzado una oferta hostil de compra de los activos minerales y agrarios de Ucrania, como base de un acuerdo de cese de la guerra con Rusia , en cuyos territorios ocupados se encuentran incluso los principales yacimientos de tierras raras. Con este planteo liquida la relación Europa-Ucrania y desvaloriza todo el capital invertido en Europa; los fondos de garantía de Estados Unidos dominan el mercado europeo y empresas norteamericanas han empezado a quedarse con las europeas que se declaran en quiebra. En la letra chica de un acuerdo eventual, Trump planteará la misma libertad de acceso a las riquezas naturales, siempre con el argumento de la necesidad de reconstruir Ucrania. Estamos ante una oferta a la oligarquía capitalista de Rusia. La lucha interimperialista entre EE.UU. y UE pasa a un plano más alto . Las implicancias estratégicas de todo esto son, por cierto, mucho mayores, como el rearme militar de unos y otros, para ‘garantizar’ el cumplimiento de los acuerdos. Pero queda claro que, lejos de mediador de la paz, Trump representa una tendencia más poderosa a la guerra y a los regímenes políticos de excepción .

Los elogios y fotos que recibió Milei por parte de Trump y algunos banqueros, en su enésima gira por Estados Unidos , no alcanzan para ocultar el impacto político y judicial del criptogate. Mientras Milei se pavoneaba en los foros de la internacional ultraderechista, el caso $Libra llegaba a la sección Fraudes del Departamento de Justicia norteamericano, al que ingresó como “reporte de operaciones criminales”. Algunos periodistas accedieron a un borrador de contrato entre la pandilla que diseñó la cripto $Libra y el gobierno argentino, cuya versión final contaría con la firma del mismísimo Milei. El acuerdo designa a la pandilla como “representante exclusiva” del Estado argentino en materia de criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial. Este contrato de privatización de los negocios digitales, cuyo original estaría en manos de los creadores de $Libra, coloca al futuro de Milei en las manos del FBI y de la Comisión de Valores norteamericana. Según Forbes, Milei está involucrado en “el robo cripto más grande de la historia”. En Argentina, el impacto financiero del criptogate fue aplacado con otra operación delictiva -el saqueo indiscriminado de recursos del Banco Central y del ANSES para, por un lado, frenar la disparada de los dólares financieros, y, por el otro, levantar la cotización de los títulos de deuda y acciones privadas, en desplome desde la operación criptopresidencial . Pero ese rescate financiero no implica un rescate político: las encuestas de opinión revelan que dos tercios del electorado considera a Milei partícipe de la estafa -ello involucra a la mitad de todos los que lo votaron en primera vuelta. Es un golpe político a la pretensión de urdir una elección plebiscitaria en octubre –y hacer de esa elección la plataforma para otra escalada de reformas reaccionarias, en primer lugar, laborales y previsionales. Con su enésimo viaje a los Estados Unidos, Milei quiso blindarse de ese desgaste con el apoyo de Trump. Pero ocurre que el propio Trump se encuentra en el ojo de la tormenta, inmerso en una crisis y división vertebral del imperialismo mundial . Esa fractura se puso de manifiesto en la votación de la ONU en torno de la invasión rusa a Ucrania , donde el gobierno liberticida se alineó con Trump y Netanyahu en oposición a la UE. El destino de Milei también se juega en el ruedo de esa crisis internacional. Mientras tanto, Macri se ha servido del golpe provocado al gobierno con la crisis del criptogate para ensayar una última tentativa de armar una coalición electoral con Milei, al que reprocha su “entorno”. Si Milei rechaza esa coalición, a Macri le queda la variante de explotar el criptogate contra el presidente, en nombre de una derecha “seria” o “institucional”. Pero una campaña de ese tipo terminaría de fracturar al PRO, como lo revela en estas horas la división entre los macristas que defienden el voto de Milei en la ONU sobre Ucrania y aquellos que lo critican. Milei ha respondido a las presiones macristas replegándose sobre su “entorno” y, probablemente, precipitando una nueva crisis de gabinete. En este caso, saldría eyectado el radical-bullrichista Luis Petri, que carga con las sospechas por las compras de los aviones daneses F 16 en desuso. El criptogate también desnudó el inmovilismo e impotencia del pejota-kirchnerismo, dividido en dos bloques que no desentonan con la partitura oficial de ajuste y reacción política. Kicillof, por un lado, ha armado su facción con el corazón de los gobernadores, intendentes y la burocracia sindical que negocian por separado sus rescates con Milei y Caputo. Cristina Kirchner, aislada, tramita su propio rescate -judicial- con el gobierno, el cual depende de la futura composición de la Corte. A la luz de este cuadro de conjunto, es muy claro que el criptogate abrió una crisis política que se encuentra en pleno desarrollo. La campaña electoral, que los liberticidas esperaban atravesar sin mayores sobresaltos, tendrá como telón de fondo a la crisis y división de los principales bloques políticos capitalistas, oficialistas y opositores, junto a una reconfiguración completa del escenario mundial. En el campo de la clase obrera, la extraordinaria movilización popular de Concepción del Uruguay, en apoyo a los trabajadores de Granja Tres Arroyos , es el pronunciamiento de una población entera contra las agresiones a la clase obrera. Esas agresiones están planteadas también en Villa Constitución, Campana y numerosos distritos de Buenos Aires. Es necesario intervenir en este cuadro con un programa -salario, reparto de las horas de trabajo, obra pública bajo control obrero- y una agitación política en todos los planos, por el desarrollo de una alternativa socialista contra el gobierno trumpista-cripto-libertario y sus cómplices. LEER MÁS: Milei-Caputo, de la gloria a Devoto El hundimiento de la Milei-coin es un anticipo. Por Marcelo Ramal, 15/02/2025.

En contraste con toda la charlatanería oficialista, una consultora -Pulso- reveló datos contundentes de la realidad social: -En el último mes, seis de cada diez argentinos tuvo que resignar consumos de alimentos. -El 39% de los hogares está atrasado en los pagos de impuestos y servicios. -El 47% contrajo nuevas deudas para afrontar sus gastos regulares. -El 30% de las familias que salían regularmente de vacaciones no lo pudo hacer este verano. En un año, las tarifas de luz, agua o gas crecieron más del doble que la inflación general. La inflación verdadera y la ‘oficial’ superan largamente el ciento por ciento anual. Las únicas ‘inversiones’ que atrae el gobierno es la “meme estafa” del elenco oficial; la rueda de la economía gira movida por la demanda de los ricos – el 1% de la población activa. El rubro que más mueve al PBI es, según el INDEC, “la intermediación financiera”, o sea el valor que los fondos, los bancos, las billeteras y las cripto sustraen a la fuerza de trabajo industrial. El gobierno, las patronales y la CGT han planchado las paritarias en el 1% mensual; la pandilla ‘libertaria’ ha ofrecido a los docentes un salario mínimo nacional inferior a los 500 mil pesos – la tercera parte de una canasta de pobreza. El meme presidencial generó más ganancias que lo que vale el conjunto de la educación nacional. A despecho de los dirigentes de la CGT y la CTA, la clase obrera está en movimiento, a partir de sus delegados combativos y de las organizaciones auto-convocadas. Los trabajadores de la Salud han convocado a una Marcha Nacional. Praxair está en lucha contra los despidos de activistas. En la Granja Tres Arroyos, un millar de trabajadores acaudilla una lucha masiva en Concepción del Uruguay contra la extorsión para cambiar despidos por una reducción del salario. Entre Ríos es, también, el epicentro de un gran movimiento de docentes autoconvocados. Los gráficos de Morvillo han ocupado la planta contra una tentativa de vaciamiento patronal. En el norte de Santa Cruz y en Comodoro Rivadavia los trabajadores petroleros enfrentan la decisión de las patronales de levantar campamento hacia yacimientos más productivos. La polarización entre los meme estafadores y el capital financiero, de un lado, y la clase obrera y los trabajadores, del otro, se agudiza sin pausa. A través de la lucha, la clase obrera reunirá las condiciones para una huelga política de masas contra el poder de la delincuencia capitalista.

Con suma tristeza hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestra compañera Catalina Mendoza, ocurrido ayer en Paraguay. Hace aproximadamente 18 años se incorporó a la lucha de los trabajadores desocupados en las filas del Polo Obrero de su barrio, Martin Fierro, y procuró su organización política bajo las banderas del Partido Obrero. En el proceso de las expulsiones no dudó en continuar sus tareas en la Tendencia del Polo y jugo un rol importante en el trabajo de poner en pie la legalidad de Política Obrera. Tomada hace dos años por el cáncer, impedida de asistir a las actividades callejeras, continúo siendo un factor organizativo, invitando a los compañeros a las asambleas y explicando la importancia de asistir a ellas y a las actividades que surjan en el debate. Sus compañeros de la Tendencia del Polo Obrero y de Política Obrera honramos su memoria y acercamos nuestro pésame a sus hijos y hermanos. ¡Hasta siempre Cata!

Tras un primer rechazo de la docencia entrerriana a la primera propuesta paritaria del 2025 del gobierno, y luego del paro de 24 horas del lunes, y de una movilización provincial de importancia, Frigerio volvió a ofrecer miseria a los docentes. La negociación paritaria se da en condiciones bajo las cuales ninguna dirección sindical que se reclame de la clase trabajadora debiera sentarse a negociar. Nos referimos a las altisonantes amenazas de descuentos por paro, que el año pasado fueron brutales, sin que tampoco las direcciones sindicales hayan luchado por su devolución; y a la persecución a los directivos de escuelas, supuestamente por no informar qué docentes se adhirieron a los paros del 2024. Durante la jornada de paro del lunes, llegó una notificación por correo a aquellos directivos que, según el gobierno, no delataron a los docentes que hicieron huelga, instruyéndoles un sumario administrativo. Frigerio aplica el mismo régimen persecutorio de su socio, el santafesino Maximiliano Pullaro, obligando a los docentes a presentar una declaración jurada informando si hacen paro o no. Sentarse en la paritaria en este contexto es avalar los aprietes de Frigerio. El gobierno quiere cerrar para todo el año la discusión salarial -pensando en el calendario electoral- y propone conformar a los docentes con una cláusula tramposa de actualización salarial según el IPC del mes anterior, pero -y aquí está la trampa- con base de cálculo en enero hasta el mes de marzo, base de cálculo en el mes de marzo hasta agosto, y base agosto en adelante. Es decir que en el mes 8, se estará actualizando en función del salario del mes 3, cuando la economía nacional está atada con alambre y bastaría cualquier brisa fuerte para que haga volar por los aires el precario equilibrio del que se jacta el gobierno de Milei. Una disparada inflacionaria pulverizaría el salario docente entrerriano, y nos dejaría atados a un acuerdo hasta diciembre. En los hechos, se trata de un congelamiento salarial. Además, en la última oferta el gobierno agregó un monto fijo, a pagar de marzo a diciembre, de 25 mil pesos sólo para los docentes que superan los 10 años de antigüedad. Estamos hablando del costo de dos kilos de carne, o una compra de verdulería. Discutir el reclamo Lo que hace que el planteo de “actualización” presentado por el gobierno esté totalmente escindido de la realidad de las familias docentes, es que los salarios actuales son de miseria. Si uno actualiza por inflación su propia miseria, al cabo del recorrido, sigue en la miseria. Esta paritaria es una gran estafa porque no ofrece una perspectiva de salida a la situación agobiante que vivimos los trabajadores. El curso alternativo de los acontecimientos lo debemos ofrecer los propios docentes, organizando asambleas y plenarios de docentes para discutir cómo poner en pie un plan de lucha desde abajo por el salario. Formemos coordinadoras de lucha y comités zonales de escuelas para poner en pie el reclamo salarial, fijando exactamente cuál debe ser el monto que debe ganar una familia docente. Desde la Tendencia Docente Clasista creemos que la cifra que hace que una familia trabajadora pueda acceder a lo mínimo indispensable es el costo de la llamada CANASTA FAMILIAR, que es superior a la línea de pobreza porque esta última no incluye el alquiler entre otras cosas. Hoy la canasta familiar se ubica arriba de $1.800.000. Planteamos hacer una moción de lucha en las asambleas: -Paro de 48hs los días 6 y 7 de marzo. -MARCHA PROVINCIAL el día 6 de marzo. -En caso de que el gobierno no acceda a otorgar un piso salarial IGUAL AL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR para el día viernes 7/3: Paro de 48hs los días 10 y 11/3 convocando acciones departamentales, asambleas resolutivas y congreso provincial para definir el plan de lucha a seguir. -Abajo los aprietes del gobierno, fuera la DDJJ y marcha atrás con los sumarios a directivos. Devolución de todos los días descontados del 2024. La huelga es un derecho constitucional, defendámoslo en las calles. -Abajo la reforma jubilatoria.

La patronal de Ingenio Ledesma dispuso, en el marco de las discusiones paritarias, el despido de 165 obreros del azúcar, entre trabajadores del campo y de la fábrica. El argumento esgrimido por la empresa de caída de los precios es insostenible. Ledesma ha producido una diversificación de su producción que le permite “compensar” una baja de precios momentánea en un área particular. Aun así, la empresa en su propio balance anuncia un aumento de la producción para este año y una ganancia de $ 39.160 millones de pesos el año pasado (www.Ledesma.com.ar). Entonces la reducción de gastos sobre la base de despidos injustificados busca quebrar la organización obrera e imponer una mayor explotación laboral de los trabajadores que permanezcan, donde la empresa apunta a aumentar la producción con menos trabajadores. En su comunicado, Ledesma intenta minimizar los despidos diciendo que representan menos del 3% de los empleados que tiene, que rondarían los 6.000. Lo que no dice la empresa es que, si se toma los despidos sólo en el sector azucarero, el porcentaje más que se duplica. Ledesma tiene como actividades principales, además de la producción azucarera, la producción citrícola (que ha crecido considerablemente en el último periodo) y la producción de papel. En el pasado ha habido también despidos en la papelera, y en enero la empresa despidió 9 obreros rurales del citrus por su actividad sindical. O sea que despidos hay en todos los sectores y son de carácter antisindical. Ledesma miente Según datos proporcionados por la misma empresa que demuestran la rentabilidad del negocio, el año 2024 fue “exitoso”. La empresa arguye la baja del precio del azúcar para consumo interno, pero se olvida del negocio del bioetanol. La molienda fue 11% superior a la de 2023, lo que resultó que la producción de toneladas de azúcar fuera de 300.000 toneladas de azúcar física, y destinará más a la producción de alcohol. Las exportaciones marcaron un récord, ya que se molieron 3.470.656 toneladas de caña, un volumen 11% superior al de 2023 y 13% por encima del de 2022. Estos datos según Ledesma permitirán consolidar un año récord en las exportaciones de azúcar, que llegarán a 240.000 toneladas y compensarán en buena parte la demanda retraída en el mercado interno. ¿De qué crisis habla Ledesma entonces? No hay ninguna. Es más: el récord de producción del que tanto se jacta Ledesma lo hicieron los obreros. Los del campo, los de la fábrica y todos aquellos que dejan años de su vida al servicio de la fábrica. Por lo tanto, ningún obrero debe quedar en la calle. El comunicado de la empresa anunciando los despidos, en un párrafo dice: “los salarios por paritarias aumentaron un 220%, mientras los precios del azúcar en góndola bajaron, tal como lo reflejan los informes mensuales del INDEC sobre inflación” (telegra.ph/comunicado-de-la-empresa-ledesma-SAAI-luego-de-los-despidos-02-05). Seria interesan preguntan desde que año la empresa toma la paritaria para decir que dio un 220% de aumento salarial. Hoy, la tira final de un obrero que recién se inicia llega a los $800.000 pesos, casi la mitad de la canasta básica. Patronal antiobrera Este anuncio se da en medio de una serie de conflictos entre el emporio Ledesma y los trabajadores. A fines de enero pasado, falleció electrocutado Arnaldo Aranda, un joven obrero de 30 años que realizaba tareas de mantenimiento en la Caldera 6, en la sección energía del Ingenio Ledesma. El joven obrero trabajaba para una tercerizada que realiza estas tareas de mantenimiento y según los testimonios se trató de una muerte que hubiera sido completamente evitable si la empresa cumpliera con las condiciones de mantenimiento y seguridad. En febrero la empresa Ledesma produjo el despido injustificado de nueve obreros cosecheros de citrus, a pesar de que aumentó la producción de esa actividad. Se trata de una medida antisindical porque los compañeros formaron parte de diversas actividades gremiales en reclamo de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Una salida de conjunto Los despidos son un ataque a todo el pueblo trabajador de Libertador, El Talar y todo el ramal jujeño. La solidaridad y el acompañamiento para con todos los obreros de Ledesma es una tarea de todo el pueblo, ya que como bien dijo un obrero de campo, “no sabemos, si luego de estos despidos vengan más". La empresa aprovecha el escenario nacional de ajuste brutal y recesión de parte de Milei -que fue acompañado por todos los gobernadores- para reducir personal y asestar un fenomenal golpe a la organización obrera. En el caso de los despidos a los obreros con mayor antigüedad, también busca cortar un hilo de continuidad de las grandes luchas que llevaron adelante los obreros de Ledesma en el pasado. Este ataque sistemático contra la organización sindical tiene casi una década, donde las patronales azucareras de la región han descargado profundos golpes contra los trabajadores como en Tabacal, el ingenio San Isidro en Salta, la privatización del ingenio La Esperanza en San Pedro de Jujuy y una persecución y ataques sistemáticos a la comisión directiva de Ledesma. El golpe de Ledesma apunta a desarmar la organización obrera, golpeando al sindicato y a los obreros. La FAR (Federación Azucarera Regional), que nucleaba a los azucareros de Salta y Jujuy, hace rato ha hecho agua frente a estos ataques del conjunto de la patronal. Frente a un cuadro de ajustes y despidos, es más necesario que nunca dar una respuesta de conjunto. El primer punto pasa por desenmascarar lo falso de la crisis de la empresa y de la política de despidos para reducir gastos. Si la empresa tiene ganancias récord y apunta a aumentar la producción este año, se deban mantener todos los puestos de trabajo mediante el reparto de las horas disponibles sin afectar el salario. A la intransigencia de la patronal tenemos que dar una respuesta de conjunto de todos los obreros de Ledesma y de todos los sectores en lucha.

En asambleas y congreso de ADOSAC, se votó no iniciar el ciclo lectivo, adhiriendo al paro nacional del 24 de febrero e incorporando 48 horas más. La semana anterior se realizaron movilizaciones en el marco de la reunión paritaria. Lo característico fue su gran concurrencia, a pesar de que no había paro. La oferta del gobierno se reduce a cláusula gatillo y aumento del 100% en las miserables asignaciones escolares (actualmente en $6.000) y familiares (rondando los $30.000). Una oferta que sigue manteniendo el cargo base por debajo del índice de pobreza. A la lucha por el salario se suma el reclamo contra el cierre de secciones, en los distintos niveles; la modificación horaria que redundaría en baja de la matrícula en las escuelas de adultos y el recargo de estudiantes en la modalidad de Educación Especial, por la falta de creación de cargos. La infraestructura de la mayoría de las escuelas ha colapsado. Durante el receso no se realizaron arreglos ni tareas de mantenimiento. La adhesión ha sido contundente: más del 85% de los docentes paró los 3 días. Las movilizaciones llegaron incluso hasta el acto de inicio del ciclo lectivo que presidió el gobernador en Pico Truncado. Un programa de lucha para recomponer el salario Desde el Frente de Lucha Docente-Tendencia Docente Clasista, venimos defendiendo en las diferentes asambleas la necesidad de luchar por un salario que cubra el costo de la canasta familiar, incluido el alquiler de la vivienda -situación habitacional en la que se encuentra la mayoría de la docencia- más cláusula gatillo. También llamamos a reforzar la deliberación en las escuelas, mediante la conformación de cuerpos de delegados y convocatorias a encuentros por nivel. Esto bajo la perspectiva de reforzar una lucha decidida ante un gobierno de patotas, que amenaza incluso con intentar destruir económicamente nuestra entidad gremial. Por su parte, la nueva conducción de ADOSAC ha mocionado reducir el reclamo salarial al costo de la canasta de pobreza – “ningún docente pobre” es el lema que levantan. Abandonan asi un reclamo histórico de ADOSAC, es decir que el salario de un cargo cubra las necesidades completas, que permitan trabajar para vivir y no lo contrario. Sobre el reforzamiento gremial en las escuelas, no han establecido aún ningún proceso de conformación de cuerpos de delegados. Conciliación obligatoria El gobierno ha dictado la conciliación obligatoria, lo que nos obligaría a finalizar cualquier medida de fuerza por casi un mes. En ese lapso, el gobierno puede, en términos legales, avanzar en el cierre de decenas de secciones en los diferentes niveles, y en la modificación de la carga horaria de las EPJAS. La conciliación está determinada estratégicamente para atarnos de mano. Desde nuestra agrupación hemos mocionado, en la asamblea de Caleta Olivia, como ha sido en los últimos años, el rechazo a esta conciliación y a sostener el plan de lucha la próxima semana. La nueva conducción ha votado divido, un sector defiende acatar y otro rechaza. La moción de acatar se impuso por un margen reducido de 7 votos. El congreso provincial que sesiona este miércoles 26 debe definir cómo continuamos. Las medidas de fuerza de esta semana, como las movilizaciones de la semana anterior, reflejan las intenciones de lucha de la docencia santacruceña. A esto hay que darle impulso, alejándonos de las vacilaciones frente a un gobierno que avanza contra nuestras conquistas y salarios. Debemos preparar una lucha a fondo, evitando el desgaste que provoca las medidas extendidas en el tiempo, como sucedió en los últimos años. Esta perspectiva defiende el Frente de Lucha Docente-Tendencia Docente Clasista.

El pasado 24 de febrero la multinacional Pirellii, controlada por capitales chinos, anunció la suspensión de los trabajadores y de la producción por una semana en su planta de Merlo. La empresa sostiene que el cierre temporario se debe al “(…) abultado stock de neumáticos que tiene en los depósitos y que no logra vender”. Sin embargo, los precios de los neumáticos, en pesos, siguen por las nubes; y los salarios, por el piso. Según fuentes periodísticas especializadas la acumulación de stock no está determinada por la baja de la demanda interna sino por el boom de importaciones de neumáticos producidas por filiales de Pirelli y Bridgestone instaladas en el sudeste asiático. Estos neumáticos entran al mercado interno a un menor costo como consecuencia de la baja de impuestos a la importación implementada por el gobierno de Milei. Las patronales del neumático azuzan con más y más despidos con el objetivo de lograr una baja de impuestos considerable por parte del gobierno nacional y forzar una devaluación del peso para mejorar la competitividad en el flujo comercial con Brasil. Entonces, Pirelli de argentina merma su producción local para importar neumáticos desde sus plantas instaladas en el sudeste asiático. Es decir, pasa de productora a importadora y en ese cuadro produce despidos masivos para arrasar con el salario, el convenio de trabajo y aumentar, por esta vía, su tasa de explotación y de ganancia. En este marco de suspensión de la producción decretada por Pirelli, la empresa continua con su política de despidos encubiertos bajo todo tipo de aprietes. Esta situación motivo varias denuncias, ante el Ministerio de Trabajo delegación Morón, por parte del SUTNA Merlo. En la última audiencia del 21 de febrero pasado, la empresa no se presentó, y ratificó por medio de un escrito todo lo actuado. El SUTNA solicitó al Ministerio de Trabajo “se fije pronta nueva audiencia, se exhorte a la empresa a abandonar su posición abiertamente reñida con la legislación vigente y dispongan los medios para que cumpla con sus obligaciones legales.”

Hayden Davis es uno de los creadores de la criptomoneda $Libra, CEO de Kielser Ventures, empresa involucrada en la estafa que incluye al presidente Javier Milei. En los últimos días se difundió que, el 14 de noviembre de 2024 viajó a Vaca Muerta, junto con Brooks Glenn Heard, un empresario norteamericano cercano al presidente Donald Trump y Leandro Aranda, ligado a las compañías del sector energético, Pérez Companc y Socma del Grupo Macri. También formó parte de la comitiva Marcelo Aranda, que está al frente de un negocio financiero con base en Paraguay y Brooks Glenn Heard (CEO de una compañía radicada en Singapur de servicios para petróleo y gas) y fundador de Heard Concrete Construction Corp, empresa de Virginia dedicada a la construcción, asociada a la Organización Trump, según lo que publicó Letra P (17/11/24). Este hombre sería, a su vez, el vínculo que permitió al creador de Libra acercarse a Javier Milei. ¿Por qué este viajecito a Vaca Muerta de los amigos de Trump y de Milei? Porque quieren hacer un negocio de minado de criptomonedas. ¿Qué es eso y qué relación tiene con el gas de Vaca Muerta? Las transacciones de criptomonedas y la creación de nuevas criptomonedas se validan mediante un proceso llamado minería. Esta “minería” se basa en aplicaciones de software (conjunto de programas) que se ejecutan en hardware (conjunto de computadoras) específicamente diseñado, y los “mineros” de todo el mundo conectan sus dispositivos para formar una red. Juntos, se "encargan" de mantener el registro de criptomonedas verificando que sólo se aprueben las transacciones legítimas, es decir, verificando que cada transacción es única y que nadie está intentando "gastar dos veces", copiando el mismo código digital de una criptomoneda. Este proceso de verificación de monedas que está al servicio de la especulación financiera, consume enormes cantidades de energía. En Vaca Muerta se ventea gas porque el petróleo crudo extraído llega con gas asociado y, como no hay infraestructura para evacuarlo, se termina quemándolo en antorchas. Este grupo de “amigos” de Trump y Milei quieren utilizar el gas para generar energía para los mineros de criptomonedas. Ya existe otra empresa que lo hace: Unblock Computing. En La Nación (30/12/24) se publica: “El emprendimiento no solo soluciona un problema que tienen las productoras de petróleo, que no saben qué hacer con el gas asociado, sino que permite a la compañía minar criptomonedas con costos de la energía prácticamente regalados.” Ya tienen dos instalaciones en los yacimientos de Tecpetrol (grupo Techint), y Pluspetrol. Entre los inversores hay fondos institucionales de Estados Unidos, un fondo climático europeo y las locales Pampa Energía, de Marcelo Mindlin y Petrocuyo. Nada más que en las instalaciones de Tecpetrol se consumen tantos megavatios (MW), equivalentes al consumo eléctrico de 300 casas promedio del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es decir, se han hecho inversiones para permitir el funcionamiento de las criptomonedas (minar criptomonedas), en lugar de construir instalaciones para proveer de energía a más hogares. La energía al servicio de las estafas y la especulación financiera. El negocio asociado al del fracking de Vaca Muerta deriva, en este caso, en ficciones destinadas al enriquecimiento no legal. ¿Esto es el avance tecnológico? Es lo que impulsan Trump Milei y compañía: pulpos petroleros, especuladores inmobiliarios, productores de nada, asociados ahora a los mineros de meme monedas destinadas a estafas y a ficciones delictivas. La tecnología es elegida y aplicada para el lucro de los capitalistas, con sus gobiernos, no está destinada a mejorar la vida de la humanidad. Por lo tanto, no es un real “desarrollo tecnológico” Todas las iniciativas empresariales están destinadas a salvarlos de las crisis que genera su régimen social agotado, en descomposición cadavérica, que a su vez producen más crisis y degradación a la humanidad y del planeta. El desarrollo tecnológico es aplicar la tecnología a la producción para reducir las horas de trabajo y para disponer de esos bienes para todos los productores (trabajadores), es decir con salarios que partan de la canasta familiar. La clase obrera es la única que puede lograr esto, con los medios de producción en sus manos y con su propio gobierno.

Cuando la periodista Cristina Pérez, en la pantalla de LN+ denunció hace unos días que el entorno del Jefe de Estado "cobra coimas" para "acercarle empresarios" y apuntó hacia Karina Milei, se puso en marcha una operación contra su marido, el Ministro de Defensa Luis Petri para dejar en evidencia sus propios negociados. Pese a los rumores de su renuncia y posible reemplazo por Luis Juez, Petri sigue en funciones, razón para creer que Cristina Pérez sabía lo que hacía ya que su marido parece tener cartas guardadas a lo Davis para no terminar eyectado como decenas de funcionarios por mucho menos. Todo es parte de la interna liberticida. Fantino en su programa Neura, dio a entender que Petri podría estar metido en múltiples negociados ya que, por ejemplo, fue responsable de la compra de los F16 a Dinamarca. Pero Petri también estuvo a cargo de la modernización de las instalaciones de la VI Brigada Aérea Tandil y el Área Material Río Cuarto, y el gobierno puso bajo secreto militar las inversiones relacionadas con la compra de los aviones y también las obras e insumos importados para modernizar el centro de instrucción y las pistas de las Bases. Sin embargo, a pesar del secreto acerca de la contratación y la construcción, empezaron a salir a la luz los papeles. Se supo que la empresa encargada de la obra es Antares Obras y Servicios S.A a la que se le dispuso un presupuesto de 3 mil millones de pesos para terminar la obra en un plazo de 420 días, a pesar de que entre las 13 empresas que se presentaron al pliego había una, DSI Constructora, que presentó una oferta más baja. (Data Clave 23/02) Además Petri tiene otros problemas. A criterio del personal de las tres Fuerzas, el gobierno en general, y en particular el Ministro de Defensa, no cumplió con lo prometido en campaña. Ni con los salarios ni con la garantía de impunidad. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la cartera le requirió a Petri que proceda a dar de baja a 50 condenados por delitos durante la dictadura y él procedió con 23, lo que implica que hubo una selección entre los que quedaron amigos de Villarroel como Horacio Losito, condenado por delitos de lesa humanidad por su participación en la Masacre de Margarita Belén. Losito se vio beneficiado en el inicio del gobierno liberticida por la prisión domiciliaria. Ahora, la medida que terminó ejecutando Petri implica que se quedan sin jubilación ni obra social. Solo a las esposas se les garantiza un 70% del haber. Sin embargo, esta medida no va a librar a Petri de ser citado por los tribunales por permitirle u ordenarle a la Armada la destrucción de archivos de la dictadura. También hay enojo por el manejo del sistema de previsión de salud de las fuerzas, IOSFA, que está en manos de un amigo personal de Petri e integrante de la Fundación "Mendocinos por el Futuro" que lidera el ministro. IOSFA es la tercer obra social más grande del país en cuanto a caudal de fondos, y asiste a alrededor de 600 mil afiliados. A principios de enero la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció el despido de 150 trabajadores de IOSFA en diversas sedes del país, incluidos quienes aprobaron exámenes de idoneidad. Este mes IOSFA volvió a pedir un crédito por $40.000 millones, con un interés anual del 52%, que se suma a los $113.000 millones de deuda que ya tiene. Se estima que está deuda creció más significativamente que la inflación de los costos del sector de la salud, lo que evidencia un vaciamiento. Como en muchas otras obras sociales los cortes de servicios, demoras en las entregas de medicamentos y el pago de reintegros son frecuentes, pero a esto se suman los rumores de privatización que promueve el gobierno. El gobierno de Milei es incapaz de beneficiar a su propia base social, sean aprendices de ‘trader del mundo cripto’, o represores. Su único apoyo es el del capital internacional, pero este se mueve al compás de una crisis que no van a poder controlar.

El viernes 21 de febrero la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó, en una sesión extraordinaria, el proyecto de ley del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, para suspender las PASO de este año. Fue aprobado por 55 votos (PRO, LLA y UxP), 3 en contra (FITU) y 1 abstención. La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio “agradeció a todos los bloques que acompañaron la medida” y reivindicó “el sistema de votación (la Boleta Única Electrónica)”. El proyecto votado desdobla las elecciones porteñas de las nacionales y las adelanta para el 18 de mayo. Jorge Macri ha querido evitar una elección primaria deslucida para el PRO y poner a la elección del distrito a cubierto de una derrota en la nacional. Los ‘libertarios’, dispersos en diferentes bloques, también dieron su acuerdo, aunque por la razón contraria – de que una elección unificada los perjudique en octubre próximo El ‘ahorro’ de 20.000 millones de pesos por la suspensión de las Paso, queda anulado por el mayor costo que imponen elecciones desdobladas. Las PASO no solo establecen un piso para poder participar de una elección general, sino que fuerza la realización de alianzas oportunistas entre fuerzas que de otro modo no conseguirían superarlo. Es, por, sobre todo, un método de estatización de los partidos, que deben dejar de lado sus estatutos internos para proceder a la selección de los candidatos. Al establecer que sean simultáneas, dejan de ser propiamente internas para convertirse en el primer turno de una elección general. El alto valor que los partidos del sistema le otorgan a las PASO, quedó de manifiesto en que no han sido eliminadas sino sólo suspendidas, para poder recurrir a ellas en 2027, cuando la elección es presidencial. Dado el verticalismo que impera en todos los partidos del sistema, la suspensión de las PASO refuerza el poder de digitación de candidaturas de sus autoridades. Al convocar las elecciones para dentro de pocas semanas, las disidencias internas pierden capacidad para hacerse valer. En el caso del peronismo, la suspensión de las Paso ha dejado afuera a Abal Medina, un puntal del espacio peronista armado por Axel Kicillof y gobernadores - el MDF (Movimiento Derecho al Futuro) – enfrentado a Cristina Kirchner. “Si Abal Medina quiere ser legislador no necesita cacarear en los medios, dividir al peronismo eso sí es ser funcional a Macri y Milei” dijeron desde el entorno Mariano Recalde uno de los principales candidatos del PJ de la Ciudad, en la lista que sería encabezada por Leandro Santoro. El mismo Leandro Santoro dijo “me parece correcto lo que hicieron los legisladores habiéndose derogado las PASO nacionales es absurdo pedirles a los porteños que vengan a votar a las primarias de la Ciudad” un argumento de ocasión como cualquier otro. Las bancadas del FITU votaron en contra de la suspensión de las Paso, a las que han denunciado siempre como proscriptivas. Semanas atrás se habían tranzado en una disputa, como siempre feroz, cuando el aparato del PO atacó al PTS, que llamaba a oponerse a la suspensión. Para votar en contra de los proyectos oficiales denunciaron una manipulación de los tiempos electorales por parte del PRO. La separación de las elecciones del distrito de las nacionales ha venido siendo reclamada desde hace tiempo por todos los partidos del sistema, como una defensa de la autonomía de la Ciudad y de la necesidad de crear un ámbito de discusión electoral de las cuestiones metropolitanas. Desde el Partido Obrero, nuestra corriente actual, Política Obrera, sostuvo siempre lo contrario, o sea hacer de cada cuestión parcial o local un asunto nacional, es decir, una cuestión de poder. Jorge Macri se había encontrado en dificultades para obtener el compromiso de LLA para pasar a votar la suspensión. Karina Milei había logrado el pase de 3 legisladores del PRO a las filas del gobierno nacional. Al final, LLA dejó de lado su propuesta de eliminación de las PASO y aprobó la suspensión por un año. Todos estos acuerdos deben ser vistos como una tregua en la guerra por imponer a LLA como dirección política de la burguesía, cuando se agudiza el impasse de la política económico, las protestas de los afectados por el tipo de cambio caro y las divisiones generadas por la crisis y la guerra mundial, como el alineamiento con Trump y Putin contra la Unión Europea.

La estafa perpetrada por Milei y su camarilla con la cripto moneda y su meme coin, $Libra, es apenas una parte de estafas de mayor envergadura, naturalmente, a nivel internacional. El libertario criollo y su camarilla, no solamente han estado embarcados en estos negocios espurios durante años, sino que se subieron a la ola de desfalcos impulsados por Trump apenas resultó electo. La euforia política abierta por la victoria de un candidato que promueve todas las formas de fraude y elusión fiscal habidas y por haber, ha concluido en las semanas recientes con un derrumbe del mercado cripto y una pérdida de valor de 800 mil millones de dólares desde el pico alcanzado en enero pasado. Hoy, miércoles, la caída del precio del bitcoin a 85.600 dólares la ficha, provocó una pérdida del 15% en un solo día, que fue aún mayor en otras monedas y activos de riesgo como consecuencia de ventas generalizadas. Para el Financial Times se trata de “la mayor pérdida de confianza por la ola de estafas de la que se tenga memoria en la industria”. El precio de la cripto moneda lanzada por Trump tres días después de su elección, se desplomó un 83% desde su precio tope, dejando en la vía a todos aquellos que entraron con demoras luego de la oferta inicial. Milei se montó con retraso en una onda especulativa que fue desatada con la expectativa de que Trump volvería a la presidencia. Un socio gerente del fondo de riesgo Compound, le dijo al FT que Trump “tiró abajo” su meme coin ($Trump) “con el propósito de destruir el mercado por unos meses por lo menos”. Es lo que hizo también la patota financiera de Milei, una ‘operación’ que es presentada como una “toma de ganancias”. La rapiña ha afectado a todo el mercado de moneda digital. Un ‘hackeo’, que le costó 1.5 mil millones de dólares, hundió el precio de la cripto moneda Ethereum en un 23%, y a la cadena Solana, por acoger a las cripto monedas, en un 42 por ciento. Dado que este mercado de cripto monedas se encuentra fuertemente “apalancado’ (o sea que opera con dinero a crédito), aún no se ha podido evaluar el impacto que ha tenido en el conjunto del sistema financiero. Lo que está ocurriendo no tiene sólo importancia financiera o institucional, por el golpe que recibe el manejo de la moneda y la política monetaria en su conjunto. Es que Trump venía propulsado por su intención de expandir el sistema bitcoin, al punto de convertirlo en un refugio contra la volatilidad de las divisas en el marco de una guerra comercial y financiera internacional. El Proyecto 2025 -el programa de Trump- impulsa la creación de un fondo estatal de cripto monedas, como fondo de garantía o rescate de un derrumbe de la deuda pública norteamericana, que alcanza a 35 billones de dólares y no tiene visos de parar. Una especie de retorno a la convertibilidad del dólar, pero no con el oro, que tiene su propio valor real, sino con un signo que no representa valor alguno. Estamos en presencia de un estallido más o menos inminente del sistema financiero mundial, que se ha expandido artificialmente sin resguardo por el valor del dinero. El propósito de Trump de ‘arreglar’ la guerra contra Rusia contra el empeño de las riquezas naturales de Ucrania, es una expresión de esa misma tendencia, aunque en este caso por medio de la confiscación, la expropiación y la guerra. Trump es el hombre adecuado para esta política, como lo demuestra el embolso de centenares de millones de dólares, en dinero y activos, que ha consumado desde su llegada a su segunda presidencia. Para ello sólo es necesario leer un informe del Wall Street Journal del 13 de febrero, que se parece más a un acta de acusación fiscal que a otra cosa. El magnate ha explotado hasta el final la disposición constitucional que no admite “conflicto de intereses” cuando se trata de un jefe de estado o presidente de la República, para imponer una tarifa de gestión pública a la mayor parte de los capitales circundantes.

Después de haber imitado a Trump en la consecución de estafas piramidales con cripto-monedas, Javier Milei ha decidido ir un poco más lejos. Así como el magnate americano, en su momento, moldeó a la Corte Suprema yanqui con el nombramiento de tres jueces adictos, Milei acaba de designar por decreto a Ariel Lijo y García Mansilla en el máximo tribunal de Argentina. La decisión abrió un conflicto político. Un comunicado presidencial justifica el decretazo por la mora del Senado en resolver los nombramientos. El “pliego” de Lijo había conseguido las firmas necesarias para su tratamiento, incluyendo a varios senadores kirchneristas. El de García Mansilla, un reconocido clerical antiabortista, no. Ahora, el gobierno ha nombrado a los dos por decreto, en comisión por un año, con opción a otro año. En el interín, la Corte por decreto podría avanzar en la cuestión de la coparticipación de la Ciudad; los fondos para la seguridad bonaerense y las deudas a las provincias por las cajas previsionales no transferidas. Nos permitimos agregar una cuestión de las últimas horas: la futura Corte deberá dictaminar en el litigio en torno de la compra de Telecom por parte de Telefónica-Clarín. Aunque Milei se declara “pro-monopolio” en sus libros plagiados, no se priva de atacar a la “concentración” cuando una operación de compra bloquea el ingreso de los capitales norteamericanos que rondan sobre la telefonía digital local. Fuera de lo estrictamente económico, la Corte que viene deberá decidir el futuro penal de Cristina Kirchner y, eventualmente, de Mauricio Macri, o de los propios libertarios con la estafa del criptogate, la licitación de la Hidrovía y los defectuosos aviones caza daneses. Las designaciones por decreto desataron un debate “institucional”. Si el Senado tiene o no condiciones para rechazar estos decretos. En el gobierno, aseguran que los nombramientos pueden durar un año, con independencia de lo que decida el Senado. La oposición, por el contrario, reclama la “competencia del Congreso”. El mileísmo aduce que el decreto, por su carácter “administrativo”, no requiere ser tratado en la cámara alta. Los senadores, sin embargo, tienen la carta de rechazar los pliegos de los dos jueces en el recinto. En ese caso, se desataría un conflicto de poderes. Lijo tampoco quiere renunciar a su actual cargo de juez federal, por si la designación para la Corte fracasara. Los magistrados se muestran “efectivos” para convalidar despidos de obreros o pérdidas de conquistas laborales, pero no sus puestos de privilegio Para el caso en que la Corte rechace su licencia y no se niegue a tomarle juramento, la pandilla libertaria guarda una carta final: juraría ante el propio presidente. El golpe de mano de Milei es, en lo político, un esquema piramidal; el valor de sus actos depende de que sean respaldados por Trump y el FMI, y que no sean afectados por la crisis financiera internacional y la guerra. Milei construye su Corte adicta gastando “a cuenta de”. El Congreso ya ha demostrado que no está para incomodar a Milei sino para acomodarlo. Los opositores que “trinan” por Lijo y García Mansilla, comparten el objetivo antiobrero estratégico de los ‘libertarios’. El “conflicto de poderes” podría terminar del mismo modo que el DNU 70 o los vetos presidenciales. Por lo pronto, en el bloque de senadores de Unión por la Patria “ratificaron este martes que están "abiertos al diálogo", donde se supone que seguirán negociando la sentencia final contra CFK por Vialidad, luego de haber obtenido el aplazamiento de ‘ficha limpia’. Por eso “confirmaron la intención de avanzar en gran mayor, que incluya no sólo los cargos de la Corte sino también el procurador general y el defensor del pueblo” (Clarín, 26/2). La misma nota señala que Cristina Kirchner incluyó en ese paquete una ampliación de la Corte a 7 o 9 miembros y los nombramientos de juzgados vacantes. En ese cuadro, la decisión de “vaciar la Asamblea Legislativa” de este sábado, por parte del kirchnerismo, sería como los ‘paros’ de la CGT. Los dimes y diretes en torno de la Corte por decreto ponen de manifiesto la voluntad de la oposición patronal de ‘aguantar’ a Milei “hasta que las velas no ardan”. Como ya dijo CFK, “hasta 2027”.

El gobierno de Milei acaba de acompañar el giro de Trump en la ONU contra Ucrania y la Unión Europea. De ‘militar’ a Zelenski, invitarlo a la asunción presidencial en 2023, recibir de su parte la ‘Orden de la Libertad’, solicitar membresía en la OTAN, ofrecer colaboración militar a Ucrania y abrazarse con ‘my friend’ en Davos, los criptoestafadores han pegado, sin mayores explicaciones, un giro de 180°. Ahora considera a Zelenski un presidente sin mandato que se ha robado la mitad de los fondos que EE.UU. aportó al financiamiento de la guerra. Milei copió, junto a los negociados de meme-coins y la designación de jueces supremos adictos de Trump, la política exterior del farsante norteamericano. Pero no solo Milei es un adicto a los virajes. También el PTS, que ha caracterizado a la guerra de la OTAN y Rusia como una lucha por la ‘autodeterminación de Ucrania’. Pero con una yapa, porque ahora dice que siempre caracterizó a la guerra en Ucrania como imperialista o interimperialista. Frente a la posición de Política Obrera, que denunció desde el inicio a la invasión de Putin, como la emergencia de una guerra imperialista de alcance mundial (no local) promovida por la OTAN, el PTS esgrimía que “esto aún no es una realidad” (el siempre ubicuo Matías Maiello en La Izquierda Diario y nuestras respuestas acá y acá ). En los tres años desde que Rusia invadió a Ucrania, el PTS denunció a Política Obrera de hacer una “exacerbación (sic) de la consigna ‘abajo la guerra imperialista’” . No solamente el PTS sino el conjunto del FIT-U había adoptado la posición de la inmensa mayoría de la izquierda democratizante internacional (el Psol de Brasil, el NPA de Francia), que cerró filas con el bando ucraniano, incluida su extrema derecha, que sostenía el apoyo a “la guerra de Ucrania” por la independencia y sus intereses nacionales. Uno de sus voceros más entusiastas, el MST, lanzó una campaña para que los devaluados trabajadores argentinos contribuyeran económicamente con Ucrania –más allá de los centenares de miles de millones de dólares de las Tesorerías de Estados Unidos y la Unión Europea. Otro sector de la izquierda (el Centro Rakovsky), adoptó la posición contraria, a saber, que eran Rusia y Putin los que defendían la causa del antiimperialismo y los vestigios del “socialismo”. Un reciente artículo de La Izquierda Diario, firmado por Philippe Alcoy, habla ahora de “Trump, Ucrania y el regreso (sic) de las rivalidades interimperialistas” . Es curiosamente ahora, sin embargo, que “regresa” la cuestión de la independencia nacional, por la simple razón de que el imperialismo norteamericano y la burocracia de la oligarquía rusa se han puesto de acuerdo para repartirse el territorio, las riquezas y la dominación política de Ucrania. La grosería del publicista de la LID-El es otra manifestación del diletantismo intelectual y del impresionismo político que siempre ha caracterizado a la corriente morenista. Desde el primer día de la invasión de Rusia a Ucrania, nuestra corriente explicó que, en forma paralela a la guerra entre la OTAN y Rusia se desarrollaba una lucha del imperialismo norteamericano por un nuevo reparto de influencia y poder en la Unión Europea; no podía tampoco ser de otro modo, porque el destino de Ucrania (y ulteriormente el de Rusia) sellaba el de la misma Unión Europea. Lo que el mundo y el PTS se desayunan ahora fue caracterizado por Política Obrera desde el mismo comienzo. Metodológicamente, la cuestión es clara: el debut de una guerra mundial (no un incidente local por grave que parezca) es la expresión del estallido de las contradicciones de un sistema histórico en decadencia, y por eso debe ser visto como una red de relaciones y conflictos, no solamente ‘geopolíticos’, o sea entre Estados, sino como la manifestación de una crisis de dominación política en cada país y en el conjunto mundial, o sea de agotamiento y agonía del sistema capitalista. Con tres años de demora, el PTS admite ahora que lo que “ha quedado claro es el significado más profundo de la guerra en Ucrania (…) La guerra no es sólo un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino que tiene un carácter global que afecta, entre otras cosas, a la relación entre los ‘socios’ dentro de la alianza transatlántica (OTAN)”. Más vale tarde que nunca, camarada Phillipe Alcoy, pero otra cosa es que la corriente del PTS diga ´como lo dijimos siempre´. Esto es una estafa, no de criptomoneda sino política. El tardío PTS no advierte, sin embargo, el lugar que ocupa ahora la lucha contra el reparto de Ucrania entre Trump, Putin y Zelensky, y la posibilidad de lucha contra la OTAN, la UE y la oligarquía de Moscú contra ese pacto y la importancia que cobra la consigna de la autodeterminación nacional de Ucrania en un marco de Unidad Socialista del Atlántico al Pacífico, y no la “unidad socialista” de la UE como plantea el PTS. La guerra en curso, repetimos, representa mucho más que la vigencia de las rivalidades interimperialistas: es la explosión de todos los pactos y regímenes a través de los cuales se buscó congeniar estas contradicciones históricas en el pasado. Esto incluye en primerísimo lugar al propio régimen interno de los EE.UU. y su trumpización; el intento por recolonizar a los Estados restauracionistas de Rusia, Asia central y, fundamentalmente, China; la liquidación de la Unión Europea; las masacres sionistas camino a un rediseño completo del mapa de Medio Oriente; la subyugación final de las naciones oprimidas de África y América latina. Muy lejos de ser un mediador de paz, como fue presentado, Trump recorre la ruta hacia nuevas guerras y a la instauración de regímenes políticos de excepción. Es lo que se desprende de las condiciones leoninas que pretende imponer a Ucrania, con el acaparamiento de sus tierras agrícolas y minerales, así como del intento de desplazar a China del control del Canal de Panamá, a Dinamarca de Groenlandia, anexar a Canadá, imponer gobiernos fascistas o protofascistas en Europa y expulsar al pueblo palestino de la Franja de Gaza y Cisjordania, entre otros despropósitos criminales. Un acuerdo con Rusia en torno a Ucrania no pondría fin a la guerra, sino que la relanzaría en un nuevo escenario mundial. Para el PTS, esta política agresiva de Trump está exponiendo “las debilidades estructurales del imperialismo europeo y su proyecto más exitoso, la UE”. En realidad, el ‘éxito’ de la UE que obnubila a nuestros izquierdistas se pinchó mucho antes, con la crisis financiera internacional de 2007/8, que detonó la crisis de deuda en Grecia y el posterior ‘Brexit’. Como ocurre con el conjunto de la izquierda democratizante europea, el PTS carece de una posición independiente -de clase- frente a esta fallida tentativa de integración capitalista, a la que no puede dejar de asumir como propia, y por eso se lamenta de que “las divisiones de Europa favorecen las políticas de Trump y del imperialismo estadounidense”. La unidad capitalista de Europa es tan materialmente imposible como reaccionaria. El PTS no puede dejar de embellecer al imperialismo, al calificar como ‘relativamente pacífica’ a una etapa que, tras la disolución de la URSS, incluyó el desmembramiento de Yugoslavia, guerras a repetición en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente y en África. La presente guerra tiene un indiscutible alcance mundial porque conjuga el retroceso histórico del imperialismo yanqui y europeo con los límites infranqueables a la integración de los regímenes restauracionistas de Rusia y China a un mercado capitalista mundial signado por la tendencia a la sobreproducción y las bancarrotas financieras. Es la manifestación extrema de una época de decadencia histórica del capitalismo, es decir, de pandemias, destrucción de las fuerzas productivas y del medio ambiente, que tiene como contrapartida la tendencia de las masas a la revolución social. Es un escenario que no admite atajos ni seguidismos: exige la reconstrucción de la fisonomía política propia de la clase obrera, la IV Internacional.

Ucrania y Estados Unidos han llegado a un acuerdo sobre recursos minerales. Si bien los detalles aún están surgiendo, el eje consiste en el desarrollo de un “fondo de inversión conjunto”. Ucrania cuenta con yacimientos de grafito utilizado para las baterías de automóviles, de litio necesario para las baterías de los teléfonos, de uranio utilizado para la energía nuclear y de titanio valorado por la industria aeroespacial. Según la información los términos son mucho menos onerosos que la propuesta inicial de Washington. Atrás quedaron las referencias a los 500 mil millones de dólares reclamados por Trump en Tierras raras y “tampoco hay ninguna garantía explícita de Estados Unidos en cuanto a la seguridad de Ucrania que Kiev quería a cambio de compartir los beneficios de sus valiosos recursos naturales” (Financial Times, 26/2). Se trata de un pacto impreciso sujeto a un acuerdo posterior. A los grandes yacimientos de minerales y tierras raras, se agregan las reservas de petróleo, gas y carbón. “Todas ellas están cubiertas por el acuerdo, siempre que sean propiedad “directa o indirecta” del gobierno ucraniano, así como la logística asociada” (ídem). Más directo, The Wall Street Jorurnal resume: “Los beneficios financieros del acuerdo siguen siendo un misterio.” Las tierras raras sustentan desde sistemas de armas avanzados, hasta energía limpia. China controla estos elementos y su cadena de suministros abrumadoramente, una vulnerabilidad estratégica que Washington lleva años desesperado por tapar. Bajo la administración de Biden, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron controles y restricciones a las exportaciones de minerales estratégicos y críticos para frenar el dominio de China en inteligencia artificial y semiconductores. En represalia, China impuso sus propias limitaciones al galio, el germanio y el grafito a lo largo de 2023. Según el propio Zelensky 50% de los yacimientos de Tierras Raras se encuentra en la zona ocupada por Rusia. Pero “Muchos de los depósitos de titanio fueron localizados en el noroeste de Ucrania, lejos de los combates” (Reuters, 7/2). Las tierras raras son un grupo de 17 metales que, a pesar de su nombre, en realidad no son tan “raros”. Lo raro es encontrarlos en concentraciones comercialmente significativas. Una vez extraídos y procesados, tienen aplicaciones militares cruciales: los aviones de combate Lockheed Martin F-35, por ejemplo, están construidos cada uno con unos 400 kilos de tierras raras. Las existencias de estos metales en el subsuelo ucraniano han sido puestas en cuestión por numerosos expertos del sector, ya que Ucrania no tiene depósitos comerciales de tierras raras, no produce tierras raras en la actualidad y no las ha producido en las últimas décadas. Los mapas existentes fueron realizados hace 30 a 60 años por la Unión Soviética y se basan en métodos de exploración antiguos. Las consideraciones que afectan la viabilidad comercial de los depósitos mineros incluyen la profundidad, la calidad del mineral, los subproductos y la ubicación. “No es la primera vez que Washington se equivoca en cuanto a geología en una zona de guerra. En 2010, Estados Unidos anunció que había descubierto un billón de dólares en depósitos minerales sin explotar en Afganistán. El Pentágono llegó a describirla como ´la Arabia Saudita del litio´. Pero fue, como muchos dijeron entonces y como todo el mundo sabe ahora, una completa fantasía. Lo mismo se aplica a las supuestas riquezas de Ucrania” (Bloomberg, 19/2). Ucrania tiene algunas minas comerciales de titanio y galio (minerales críticos) que son bastante valiosos y tienen cierta importancia estratégica, pero controlar cualquiera de ellos no alterará ninguna ecuación. Incluso con depósitos asegurados la minería es compleja y difícil, porque requiere todo un ecosistema de capacidades de refinación. Probablemente se necesitarían años de inmensas inversiones para lograr algún avance. No se trata solo de extraer minerales de la tierra, sino de procesarlos, llevarlos al mercado y convertirlos en parte de las cadenas de suministro. Es un desembolso a largo plazo y de gran intensidad de capital. Una mina nueva puede funcionar durante décadas, por lo que la estabilidad política resulta crucial, dado la magnitud y la longevidad de la inversión. El conflicto entre Rusia y la OTAN lleva 11 años, no solo los últimos tres de guerra. “Supongamos que Ucrania fuera capaz, como por arte de magia, de producir el 20% de las tierras raras del mundo, lo que equivaldría a unos 3.000 millones de dólares anuales. Para alcanzar los 500.000 millones de dólares propuestos por Trump, Estados Unidos tendría que asegurarse más de 150 años de producción ucraniana. Puro disparate” (ídem anterior). LEER MÁS: Rusia – Ucrania semana 152 Trump mantiene la asistencia militar de Biden. Por Camilo Márquez -Partido de los Trabajadores-Uruguay, 26/01/2025. Ucrania, en el tablero de la guerra mundial Por Leib Erlej, 19/11/2024.

El pasado martes 25 la patronal de la gráfica Anselmo Morvillo SA difundió un comunicado anunciando que su planta, ubicada en el barrio de Piñeyro, Avellaneda, “cesa sus actividades a partir del primer turno del 26/2”. El comunicado, enviado a sus trabajadores vía WhatsApp en horas de la noche del 25, plantea que el cierre de la planta se debe a una caída en el volumen de la producción del 63 %. Entre los motivos, cita la pérdida de clientes, el aumento de costos en insumos, y el pago anticipado del papel. Los trabajadores resolvieron en asamblea la permanencia en las instalaciones de la fábrica. La defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones conquistadas en años de lucha son los principales reclamos que levantan. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires citó a las partes a una audiencia, a la que la patronal faltó. A partir de esto, el Ministerio dictó una “conciliación obligatoria”, una medida aplicada a repetición en todo conflicto fabril por parte del gobierno de Kicillof. Habrá que ver qué forma toma esta resolución, toda vez que la patronal ya presentó un recurso de quiebra, que sería fraudulento. Morvillo SA es una histórica planta gráfica que produce desde el año 1974. En la planta industrial, que se levanta en un predio de más de 13.500 metros cuadrados, se produjo para algunos de los principales medios gráficos del país. Los trabajadores de Morvillo, han logrado que la burocracia del sindicato convoque a un plenario de delegados que se hará este viernes próximo. La comisión interna de Morvillo integra la Lista Naranja Gráfica. Desde hace 20 años que no se producen despidos en la planta (LPO, 26/2). Ante la caída de la producción, ningún despido: reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Esta crisis, que afecta al conjunto del movimiento obrero debe ser utilizada para forjar una nueva dirección del movimiento obrero, contra la burocracia sindical que ha pactado con los criptoestafadores la reforma laboral reaccionaria. Rodeemos de solidaridad la lucha de los gráficos de Morvillo con esta perspectiva.

Los obreros de la Seaboard Co. ex Ingenio Tabacal, resolvieron en asamblea iniciar un paro por tiempo indeterminado ante los 24 despidos que impuso la patronal yanqui el día martes. Los trabajadores llegaron a trabajar por la mañana, pero no pudieron ingresar a la planta, en la oficina de Recursos Humanos les dijeron que habían sido desvinculados de la empresa. Desde el Sindicato denuncian que se trata de despidos ilegales y que se aplicaron sobre trabajadores vinculados directamente a la actividad sindical. Como ya ocurrió en el pasado, la presión de las bases obligó a la directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) a convocar a una asamblea que reunió a un gran número de trabajadores de la fábrica y del campo. Allí resolvieron un paro por tiempo indeterminado hasta que se reincorpore a la totalidad de los despedidos. Durante la mañana del miércoles la planta quedó paralizada y sus accesos fueron bloqueados por los obreros. En horas de la tarde, los trabajadores resolvieron cortar Ruta 50, el acceso principal a los pueblos de Hipólito Irigoyen y la ciudad de Orán. La patronal ha denunciado públicamente el bloqueo por la paralización de las tareas de puesta a punto del trapiche para la próxima zafra, amenazando con acciones penales contra los obreros y su sindicato. Por su parte, el Sindicato denunció que, durante 2024, la patronal impuso despidos a granel, y que eso redundó en la sobrecarga laboral del resto de los trabajadores. En medios locales, los trabajadores denunciaron que la empresa no ha mermado la producción y que año a año la incrementa, por lo que no puede justificar los despidos con una situación de crisis. Ocurre lo mismo con el ingenio Ledesma, en Jujuy, que acaba de despedir a 150 trabajadores. Sólo con los datos de la última zafra, Seaboard Co. alcanzó casi dos millones de toneladas de caña bruta molida, lo que permitió una producción de 45 mil toneladas de azúcar. En diciembre de 2024 anunciaron la renovación de cañaverales para alcanzar 4.200 nuevas hectáreas de plantación. Se preparan para una mayor producción. La situación de empobrecimiento de las condiciones de vida de la clase obrera en el norte provincial tiene a los Sáenz y Milei como principales responsables gerenciando las ganancias capitalistas de las grandes empresas como la Seaboard Co. que prosperan sobre la base de devastar el territorio con la producción de monocultivo de caña, el consumo masivo de agua, la deforestación, los incendios, destruir el ambiente y la vida misma de los trabajadores. El paro por tiempo indeterminado y los piquetes que han resuelto los trabajadores recuerdan las viejas luchas de los obreros azucareros junto al pueblo de Irigoyen y Orán, que enfrentaron victoriosamente a los gobiernos de Romero y de Urtubey. Para quebrar la lucha, es inminente el llamado a una conciliación obligatoria de la Secretaría de Trabajo del gobierno de Sáenz, tal como lo hizo el año pasado ante la huelga por tiempo indeterminado ante 34 despidos. Con esta carta, y apoyándose en la directiva burocrática del STA de aquel momento que llamó a aceptar la misma, la Seaboard pudo levantar la huelga e imponer los despidos. Semejante entregada partió a la directiva e hizo perder al oficialismo las elecciones gremiales en setiembre pasado. La actual directiva, la Lista Gris, es una escisión de la directiva anterior y ahora se encuentra ante la disyuntiva de seguir el mismo camino que el año pasado o desenvolver a fondo la actual medida de fuerza, apoyándose en la población obrera del departamento. La patronal misma de la Seaboard ha puesto sobre la mesa el carácter estratégico de una medida de fuerza en época preparatoria de la zafra, golpeando el mito de que no se puede luchar en este período, lo que sirvió para quebrar la lucha del año pasado. Desde Política Obrera denunciamos los despidos, exigimos su reincorporación inmediata, la apertura de los libros contables de la empresa y su puesta bajo control de los trabajadores, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario para reincorporar a todos los despedidos del último período. Llamamos a los trabajadores y al pueblo explotado de Orán y de toda la provincia a apoyar esta nueva lucha de los obreros de la ex Tabacal.

El día lunes los trabajadores de Granja Tres Arroyos fueron convocados a una asamblea general en el predio del STIA Concepción del Uruguay, para definir si se aceptaba la propuesta de la empresa o se continuaba con la lucha. La propuesta de la empresa consistía en: 1) reincorporar a los 80 despedidos; 2) dejar sin efecto los otros 320 despidos y no despedir por el plazo de un año; y 3) una reducción salarial del 9% que los trabajadores de la Planta de Concepción del Uruguay perciben por arriba del convenio STIA, pagando una indemnización correspondiente a ese item. Si los trabajadores rechazaban la propuesta a los 80 despedidos vigentes se les sumarían 320 más por orden de antigüedad, y además, la planta permanecería cerrada durante un mes, con suspensiones sin goce de sueldo. Una verdadera extorsión. El STIA, vocero de la extorsión patronal En ese marco, el Secretario General del Sindicato explicó los términos de la propuesta, en conjunto con el abogado del STIA, y organizó una votación por urna con voto secreto, con la excusa de que así lo había pedido la Secretaría de Trabajo. El método tradicional de la asamblea con voto a mano alzada fue reemplazado para favorecer el levantamiento de la lucha, en su punto más alto, ante las presiones de la patronal. Además, el STIA dió participación en la asamblea a todo el sector administrativo de la empresa, que está dentro del convenio, pero que no participó en ninguna de las medidas de lucha. De esta manera, aunque las voces mayoritarias de la asamblea se pronunciaron por continuar la lucha, con fuertes cuestionamientos a la conducción del sindicato, la votación dio por resultado la aceptación de la extorsión, por 328 votos a 300. El Preventivo de Crisis de Granja Tres Arroyos ya había sido aceptado por la Federación, dejando aislados a los trabajadores de Concepción del Uruguay. Final abierto La experiencia recorrida en estos dos meses por los trabajadores de la planta entrerriana de Granja Tres Arroyos es histórica. En un mes, los trabajadores pararon contra los despidos, se rebelaron contra una conciliación obligatoria que la patronal incumplía pagando los salarios en cuotas, impulsaron en forma autoconvocada un trabajo a desgano que obligó a la empresa a parar la producción; organizaron movilizaciones dentro y fuera de la planta, en donde fue creciendo el apoyo a la causa obrera. El punto más alto fue la movilización del domingo pasado , en la que se movilizaron más de 6.000 personas por el centro de la “Histórica”, contra la orientación del intendente, de la CGT y del STIA. El acuerdo no significa una derrota de este proceso de lucha: los trabajadores lograron en este marco la reincorporación de los 80 despedidos -un precedente clave para todo el grupo Granja Tres Arroyos. El porcentaje del salario sujeto a reducción será indemnizado por la empresa, o cada trabajador puede apelar a un reclamo individual ante la justicia. El punto central es que el objetivo del PPC es la readecuación de la planta en toda la línea a una reducción de costos -empezando por los 400 puestos de trabajo, pero también con modificaciones de turnos y sectores. Aceptando el PPC se abre la puerta a otros caminos para buscar esa readecuación, que el STIA ya había enumerado (retiros voluntarios, suspensiones, etc). El objetivo de la empresa es una reorganización reaccionaria del régimen de trabajo en favor del beneficio patronal y en detrimento de los salarios y las condiciones de trabajo. El compromiso al que se ha arribado es de suma precariedad.

¡Cada día va a ser peor! No hay que bajar ninguna edad de imputabilidad, hay que meter presos a todos los gobiernos patronales y legisladores que son los únicos responsables de que muera gente todos los putos días, de hambre, por falta de remedios, por falta de trabajo, por dejar actuar al narco, por robos, etc.. Si hay pibes cada vez más chicos que afanan y matan es por un sistema que lo permite, que les esmerila el cerebro, que va descomponiendo la sociedad día tras día. La democracia burguesa "resuelve" cualquier problema con represión, ex profeso nunca va a atacar las verdaderas causas de las aberraciones que se cometen a diario como consecuencia directa de un sistema llamado capitalismo que lo único que persigue es el dinero y acumular poder. El capitalismo mató a esa chiquita en La Plata. Alegremente declaró a los medios el padre de uno de los asesinos quien dijo que su hijo "es una mierda de persona y que se tiene que pudrir en la cárcel". Así educa el puto sistema: linda forma de lavarse las manos. ¿Dónde estuvo ese padre durante la crianza, cómo lo educó, no lo acompañó, no hablaban? ¿Nunca vio nada raro, alguna conducta extraña del pibe para frenarlo a tiempo? No, no hizo un carajo. Pero, en definitiva, los padres son un subproducto del sistema que abandona, que se basa en el "sálvese quien pueda". La explotación, la dramática desigualdad, las clases sociales, la injusticia crónica, los ajustes, los feminicidios, los abusos, los asesinatos, la trata, la pedofilia, el narco, los robos, la corrupción de los políticos burgueses van a seguir creando monstruos y un desastre detrás de otro. La salida es el Socialismo.

Este jueves 27, activistas, delegados de escuelas de las agrupaciones que integran el frente Multicolor, y representantes de centros de estudiantes secundarios, se movilizaron a Jefatura de Inspección para reclamar que se dejen sin efecto los cierres de cursos que se están produciendo en escuelas secundarias y CENS. Los delegados presentaron notas con firmas de docentes de varias escuelas, pero no fueron recibidos dado que, según se informó, el jefe de inspectores no se encontraba en la sede. Desde la Tendencia Docente Clasista ya habíamos denunciado públicamente la semana pasada (Cazador de Noticias, 18/2/25) el cierre de cursos impulsado por los inspectores y como respuesta a la decisión política del gobernador Kicillof de aplicar un ajuste en regla a la educación, no sólo sobre los salarios docentes, sino también a partir de ceses y despidos. Volvemos a denunciar el silencio cómplice de la conducción Celeste de SUTEBA y demás sindicatos que integran el FUDB, así como el de la CTERA, totalmente alineados a la política de motosierra de Milei, Kicillof y los demás gobernadores .

Los sindicatos docentes de la CGT han levantado el paro nacional del 5 de marzo. Para justificar esta miserable decisión señalan que hubo un “acercamiento” con el gobierno nacional sobre una serie de temas enunciados vagamente. Peor aún, en materia salarial afirman que el gobierno se habría comprometido a una “convocatoria durante el presente trimestre” luego de haber ofertado una miserable suma de $500.000 como piso salarial nacional. Con la motosierra educativa funcionando las 24 hs, sin nada, la burocracia tira definitivamente al bombo su propia medida, que no estaba siendo difunda ni organizada demostrando que jamás hubo una intención de promover una lucha en defensa del salario docente. La CTERA, por su parte, ya tenía decidido no parar el 5 y anunció una lejana “jornada de protesta” para el 13 de marzo. A pesar de esto, la docencia ya estaba decidiendo parar desde las escuelas, debatiendo un pliego de reivindicaciones más amplio incluyendo el reclamo salarial en cada provincia y preparando manifestaciones. Hay sindicatos provinciales, como ATECH y ADOSAC, que tienen definido un paro provincial de 48 hs para el 5 y el 6, y otros como ADEMYS en CABA que han decidido parar el 5. En Buenos Aires, una asamblea de Suteba Bahía Blanca definió́ un mandato de paro para el 5 y hay cientos de mandatos en la provincia a favor de parar. Nuestra corriente llama a parar el 5 y convertirla en una jornada de lucha, resolviendo escuela por escuela. Tomemos la iniciativa. Luchemos por un salario mínimo nacional que sea equivalente al costo de la canasta familiar, hoy por encima de $1.500.000. La burocracia sindical demostró́ en menos de lo que canta un gallo su enemistad visceral con la lucha docente. Mesa nacional de la Tendencia Docente Clasista 27/2/2024 LEER MÁS: Docentes: discutamos los ‘paros’ de la burocracia Por Mariano Hermida, 25/02/2025. Docentes: la burocracia sindical convoca a paros aislados para desmovilizar a la docencia Por Mesa Nacional de la Tendencia Docente Clasista, 21/02/2025.

Como era previsible, los sindicatos docentes de la CGT levantaron la medida de fuerza que habían anunciado para el 5 . En el comunicado que difundieron hablan de un "acercamiento con el gobierno" sin que el gobierno nacional haya retrocedido un milímetro de su política de liquidación del salario docente y ataque a la Educación Pública. La CTERA, por su parte, anunció un plan de movilizaciones para el 13 de mayo. Estas maniobras responden a no querer perturbar el "normal inicio" del ciclo lectivo del gobernador de su mismo palo político, Axel Kicillof. Recientemente Roberto Baradel (SUTEBA) ha puesto el gancho (sin consultarle a ningún docente) en el "Movimiento hacia el Futuro" que lanzó un sector del peronismo. De entrada, nuestra corriente caracterizó que los paros anunciados por la burocracia sindical eran para desmovilizar a la docencia, de ningún modo eran el inicio de ningún tipo de lucha . El ajuste histórico sobre la Educación Pública encuentra a los gremios en abierta colaboración con la política del gobierno liberticida y su correlato en las gobernaciones de las provincias . Las paritarias miserables pactadas, la gigantesca sobrecarga laboral, las pésimas condiciones de trabajo, hicieron que el paro del 24 en Buenos Aires haya sido masivo. La adhesión al paro del 5 de marzo próximo ya había sido resuelta por un conjunto grande de escuelas. En Bahía Blanca, una asamblea de SUTEBA había votado impulsar el paro por unanimidad. Lo mismo ocurrió en una asamblea docente en Ensenada. En SUTEBA Tigre y Marcos Paz también se había votado la adhesión a la medida. Estas seccionales convocaron a una reunión de coordinación el jueves 27 de febrero, a las 17.30 hs, en formato virtual. Horas antes del inicio del plenario, llegó la novedad del levantamiento del paro de los gremios docentes. Nuestra corriente impulsó parar el 5, delimitándonos políticamente de sus convocantes. La reunión de coordinación se desarrolló de modo irregular. La sala de Zoom que se habilitó tenía un límite para albergar a 100 personas. La reunión sesiono igual sin la presencia de todos los asistentes. Recién a las 18.45 hs (1 hora y 15 min después del horario pactado) se habilitó una nueva sala para poder albergar a todos los que quisieron participar del debate. En el mejor momento estuvieron conectados 210 docentes. Las tres seccionales (Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca) sostuvieron posiciones divergentes. Se puso de manifiesto una clara vacilación en torno a sostener la huelga. Tigre propuso que el plenario no resuelva ratificar el paro sino realizar una "consulta" el día Viernes y recién ahí tomar una definición. Marcos Paz planteo ratificar, pero después no lo sostuvo. La seccional de Bahía Blanca se posicionó contra la postura de sostener el paro sin la burocracia. La representante de la directiva se retiró antes de la votación. Horas después se conoció que convocan a una "Jornada de lucha" (sin paro). La enorme mayoría de los asistentes al plenario nos pronunciamos por ratificar el paro y salir a una campaña por su adhesión en las escuelas. Fue también lo que reflejaron más de 100 mandatos de escuelas. Los compañeros que intervinieron por la Tendencia Docente Clasista planteamos que el plenario se pronuncie por ratificar el paro y señalamos que, en el escenario planteado, su concreción sería, además, un pronunciamiento contra la burocracia sindical. Propusimos realizar movilizaciones y piquetes para darle un carácter activo al 5, y convocar a una nueva reunión provincial para evaluar cómo debe continuar la lucha. Hicimos hincapié en la necesidad de construir un plan de lucha con independencia de lo que plantee la burocracia de los sindicatos para abrir un canal de expresión de la docencia. El plenario culminó con un compromiso precario entre las direcciones de Tigre y Marcos Paz, al que se le sumaron Tribuna Docente (Partido Obrero oficial), La Marrón (PTS) y Alternativa Docente (MST), de no ratificar la medida. Nuestra corriente y Docentes en Marcha (IS) nos abstuvimos. La declaración aprobada llama a realizar una consulta el día Viernes donde el mandato que se propone abre la opción a "No realizar el paro del 5/3". Hasta mete miedo con las injustificadas ("Ante el riesgo ya que Kicillof nos ha desconocido el derecho a huelga", Comunicado 27/5). La política antisindical y los descuentos se derrotan parando masivamente. La "consulta" es presentada como un mecanismo para "escuchar a las bases", pero éstas ya se habían expresado en las vísperas del levantamiento del paro. La propuesta de levantar el paro incluída en la consulta significa un boicot a la huelga del 5. La Tendencia Docente Clasista llama a parar masivamente el 5, realizando acciones de protesta por un salario mínimo igual a la canasta familiar por un cargo, contra la aplicación de las reformas antieducativas, contra los cierres de cursos y por todas las reivindicaciones de la docencia. Ese día paran también ADEMYS en CABA, la docencia de ADOSAC (Santa Cruz) y ATECH (Chubut) Promovemos la convocatoria a plenarios de activistas y luchadores para elaborar un plan de lucha, con el horizonte de una huelga general. LEER MÁS: Docentes: discutamos los ‘paros’ de la burocracia Por Mariano Hermida, 25/02/2025.

El jueves 27 de febrero, una movilización de trabajadores y usuarios en defensa de la salud pública marchó desde el Ministerio de Salud Nacional hasta Plaza de Mayo. Participaron trabajadores autoconvocados del Ministerio de Salud, del Hospital Posadas, Garrahan, Laura Bonaparte, Centro de Salud Mental N° 1 “Hugo Rosarios”, Hospitales Moyano, Gutiérrez y Sommer, delegaciones de CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires), Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA, FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) , APACSA (Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines del GCBA) , AGIHM (Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano) , APSS (Asociación de Profesionales de Servicio Social, CABA) y ALE (Asociación de Licenciados de Enfermería), entre otros. Acompañaron organizaciones de usuarios y usuarias, de jubilados y partidos políticos. En los días previos a la movilización, algunos hospitales realizaron acciones en sus propios centros de salud para convocar. En el Hospital Laura Bonaparte tuvo lugar una asamblea autoconvocada y una volanteada; en el Garrahan se realizó una asamblea previa. Residentes y Concurrentes de CABA votaron en asamblea el cese de actividades para el 27 desde las 15hs para poder participar de la movilización. En el Hospital Moyano se realizaron afichadas. Como viene siendo costumbre, la columna que partió del ministerio fue escoltada por un megaoperativo de la Policía de la Ciudad, impidiendo que ocupe toda la calle y limitándola a un solo carril. Pese al amedrentamiento, la marcha siguió su rumbo hasta la Plaza de Mayo, en donde se leyó un documento. El ministro liberticida Mario Lugones, no tardó en atacar a la movilización. “Marchan porque se les terminaron los privilegios”, publicó en su red social X. El ministro es un defensor celoso de los “privilegios” capitalistas, o sea, de la industria privada de la salud . Por eso mismo, el desguace perpetrado a la salud pública es brutal. A los miles de despidos se le suma el desmantelamiento de programas de prevención y cuidado, como el desmantelamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, que depende del Instituto Nacional del Cáncer (INC), la dirección de vacunas y la de prevención de VIHS, Hepatitis y Tuberculosis. Los principales afectados de la motosierra en salud no son “la casta”, sino personas con VIH, con enfermedades oncológicas, con discapacidad, jubilados o trabajadores. La movilización de ayer nucleó a los sectores más activos de los hospitales y centros de salud en una acción coordinada, por fuera de las burocracias sindicales que negocian los despidos e intentan ahogar acciones de lucha. La marcha superó el boicot de la burocracia, que en el caso de ATE convocó ese mismo día a una acción de aparato en el ministerio de Salud. También le dio continuidad a las acciones que se están realizando en los hospitales de CABA contra de la fragmentación de la carrera profesional, a partir de la “carrera médica” que impulsa la AMM (Asociación de Médicos Municipales) . Es importante llevar un balance y la necesidad de continuar realizando asambleas y acciones de lucha a todos los centros de salud. LEER MÁS: Este 27, vamos a la Marcha Federal de Salud Por un gran paro autoconvocado. Por Daniela Magoc, 17/02/2025.

Milei calificó a la extracción de gas y petróleo de Vaca Muerta como una panacea, porque revertiría las décadas de deterioro económico del país. La producción nacional de petróleo tuvo un aumento significativo en 2024 y se exportó más energía de la que importó. Pero los negocios petroleros en el mundo están en conflicto ascendente y en un escenario de guerra. Los pulpos petroleros señalan la carencia de infraestructura, estiman en unos USD 50.000 millones las inversiones necesarias para poder exportar masivamente gas en forma de GNL y la necesidad de una inversión constante para seguir produciendo. Se está retirando de Vaca Muerta la gigante noruega Equinor, que es “el tercer jugador internacional pesado que se baja de la gran promesa argentina y pone en duda la capacidad que tiene la cuenca patagónica de revertir la ecuación económica argentina.”(LP0, 20.2). Las que ya se retiraron son Exxon y TotalEnergies y es la segunda sociedad estratégica que pierde la gestión de Horacio Marin en YPF, luego de que Petronas abandonara el mega proyecto de GNL. El mismo medio señala que el problema es el cepo cambiario y “no hay RIGI que les alcance”. Los productores de shale exigen el fin del control de capitales, para facilitar la importación de equipos y el ingreso de más capitales. Como se señaló en un ‘streaming’ de “Socialismo o barbarie”, los salarios de los trabajadores de Vaca Muerta son más caros en dólares que en otros países sudamericanos con producción petrolera importante, como Brasil (y seguramente Guyana), cuando se trata de exportar. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el primero en adherir al RIGI, está tratando de conseguir un bono extraordinario millonario por la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que tendrían que pagar las principales 7 empresas que producen petróleo crudo en Vaca Muerta. Si se concreta, sería el primer gran cambio de reglas de juego del RIGI. Tampoco es menor el conflicto que pueda suscitar el alto consumo del agua para el fracking . Pero como problema mayor está el precio internacional del petróleo que hace de las esperanzas de salvación para el 2030, un verdadero mito. Daniel Montamat (ex Secretario de Energía) expresó: “Mientras los precios estén arriba de 70 dólares, incluso con dólar oficial, están bien para la Argentina. En Shale Oil los costos han bajado mucho y hay renta petrolera. Pero si los precios caen por debajo de 70, se seguirá produciendo, pero no se harán nuevos pozos”. Renovar pozos es clave para aumentar o incluso mantener la productividad en Vaca Muerta, porque tiene curvas de ascenso y declinación rápidas y empinadas. Es aquí, donde el amigo de Milei, Trump, le juega en contra. “Drill, baby, drill” (Taladrá, pibe, taladrá). Con esta frase, sintetizó Trump, su política energética. Colocó a Chris Wright, -un hombre de las compañías de fracking -, en la Secretaría de Energía en la administración de Trump para llevar adelante el abandono de cualquier mínima política de protección ambiental, un festival de aranceles al comercio y un fuerte impulso al fracking y a la llamada “carrera tecnológica” (IA; bitcoins) de alto consumo de energía. Así, emitió, el 20/1/25, la "Declaración de Emergencia Energética", para "liberar el oro líquido bajo nuestros pies" a través de la desregulación y apoyo irrestricto a los combustibles fósiles y la reducción de los precios del petróleo. De ahí su frase forzando el aumento de la producción de petróleo y gas, abriendo las tierras federales y con proyectos de infraestructura de transporte destinados a la exportación. También ha pedido a Arabia Saudita y a la OPEP que aumenten su producción para bajar el precio internacional. Si bien la baja en los precios globales beneficiaría a China (mayor importador), Trump podría imponer aranceles a exportaciones energéticas estadounidenses a China (como hizo en 2018-2020). Ahora bien, los hidrocarburos y la industria química son la parte del león de las ventas argentinas a EEUU, y se verían afectados por la política energética de Trump. Pero la baja de los precios del petróleo y el gas afectaría a Vaca Muerta con un impacto mayor. La Energy Information Administration (EIA), subraya que los “fundamentos de mercado” –por caso, la aparente cercanía de China a su peak oil o punto máximo de consumo de petróleo- pesarán más que las decisiones gubernamentales y estima que en los próximos dos años la provisión superará la demanda global de hidrocarburos, manteniendo una presión bajista sobre los precios, en coincidencia con lo que muestran los mercados de futuros. En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate ha descendido un 6,5 %. En cuanto al gas, Trump levantaría la moratoria impuesta por Biden, a la construcción de plantas de licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL), que impulsarían la exportación de EEUU. De hecho, Trump advirtió a la Unión Europea que tiene que comprarle más GNL a EEUU. Ya la guerra de la OTAN en Ucrania favoreció a Estados Unidos, que ha colocado sus barcos de GNL para sustituir parte del gas que Rusia vendía a Europa. Si se levantaran las sanciones a Rusia igualmente sería difícil para Europa recuperar el suministro de gas ruso más barato, porque los gasoductos Nord Stream 1 y 2, fueron saboteados en 2022 y siguen dañados. Si aumentan las exportaciones de gas de EEUU también se deprimiría su precio, y dañaría las perspectivas de los proyectos de exportación de GNL de la Argentina. Este es el verdadero escenario de crisis y guerra comercial, para Vaca Muerta. LEER MÁS: Ley de Bases: el capítulo de combustibles es sencillamente una estafa Confisca a los trabajadores en beneficio de los pulpos petroleros. Por Silvia Jayo, 03/05/2024.

Podrás inscribirte en https://politicaobrera.com/contacto o en politicaobreracentral@gmail.com Comienzan el 14 de marzo (curso 1) y el 17 de marzo (curso 2). CURSO 1: LA ECONOMIA POLÍTICA Y SU CRÍTICA A cargo de Marcelo Ramal Curso de 12 clases: Comienza el viernes 14 de marzo de 2025 a las 19 hs. La duración de cada clase -incluyendo exposición y debate- es de dos horas. Se dicta los días viernes en forma quincenal. Fechas de las clases: 14 y 28 de marzo; 11 y 25 de abril; 9 y 23 de mayo; 6 y 20 de junio; 4 y 18 de julio; 1 y 15 de agosto. Temario Clase 1. La economía, ciencia históricamente determinada Presentación del curso. Método de estudio. Economía y ciencia. El carácter mistificado de las categorías económicas bajo el capitalismo. El punto de vista ahistórico en la noción de economía como ciencia. El uso y abuso del concepto de escasez bajo la economía burguesa. Clase 2. Las primeras escuelas económicas La emergencia del conocimiento económico en la era del capitalismo comercial: el mercantilismo. La disolución de la corriente mercantilista y los primeros atisbos del liberalismo económico. Méritos y limitaciones históricas de la escuela fisiocrática. Clase 3. El tiempo y las ideas de Adam Smith La transición industrial en el siglo XVII. La división manufacturera del trabajo. Desarrollo y límites de una teoría del valor en Smith. La teoría de los costos de producción y la renuncia a una teoría del valor-trabajo. Precio natural, precio de mercado y “mano invisible”. Lugar histórico de Smith en la ciencia económica. Clase 4. David Ricardo, el economista de la revolución industrial Ubicación histórica: la emergencia de la revolución industrial. Los progresos de Ricardo en el desarrollo de una teoría del valor-trabajo. Bienes “raros” y reproducibles por medio del trabajo humano. La teoría de la renta diferencia y la lucha política entre la clase terrateniente y la burguesía industrial. Clase 5. La emergencia del socialismo y la crítica de la economía política La clase obrera en el período posterior a la Revolución Francesa. Los “socialistas utópicos”. Contexto histórico y fuentes del pensamiento de Carlos Marx. El materialismo histórico. El manifiesto Comunista. El “Capital” como crítica de la economía política. Clase 6. La mercancía La forma del valor. El carácter fetichista de la mercancía. El proceso de intercambio de las mercancías. El dinero: origen histórico y funciones. Clase 7. La transformación del dinero en Capital Proceso de trabajo y proceso de valorización. Qué es la plusvalía. Plusvalor absoluto y relativo. Cooperación, Manufactura y Gran Industria. Clase 8. La acumulación del capital Clase La reproducción simple y ampliada del capital. Concentración y centralización. Tendencia histórica de la acumulación capitalista. Clase 9. La transformación del plusvalor en ganancia. Formación de una tasa general de ganancia. Valores y precios de producción: la solución de Marx. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia y sus causas contrarrestantes. Las crisis capitalistas. El capitalismo en su etapa “superior” o declinante. Clase 10. La contrarrevolución teórica en la economía política “El capital” y la resolución de la ciencia económica. El surgimiento de una economía vulgar. El subjetivismo económico como doctrina de choque contra el socialismo científico. Sus premisas metodológicas. La llamada “escuela austríaca” y su derrotero reaccionario. Clase 11. La crisis capitalista y sus rescatistas de Estado La crisis de 1930. El surgimiento de la corriente keynesiana. Propensión al Consumo, Inversión y Gasto. El fantasma de la revolución de Octubre y su extensión a Occidente. El gasto militar y la guerra. La encerrona de la economía burguesa en la segunda posguerra: keynesianismo vs. Monetarismo. Clase 1 Keynes, J.M, “El principio de la demanda efectiva” Cap 2. De la “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”. 2: Conclusiones La mistificación del conocimiento económico: la intimidación de la economía anticientífica contra los trabajadores. Guerra, crisis mundial y decadencia del capitalismo. La vigencia de la crítica socialista de la economía política y su importancia en la elaboración de un programa de la clase obrera. Bibliografía Clase 1: Luxemburg, Rosa: Qué es la economía política”, puntos 1 al 6 de “Introducción a la economía política”. Clases 2, 3 y 4: Rubin, Isaac. “Una historia del pensamiento económico”. Capítulos 3 a 7; Capítulos 13 a 17. Clase 2. Marx. K. “Teorías sobre la plusvalía”; FCE, Tomo 1 cap. II. “Los fisiócratas” Clase 5: Engels, F., “del socialismo utópico al socialismo científico”. V.I. Lenin, “Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo”. Marx y Engels, “·Manifiesto Comunista”. Clases 6 a 8: Marx. K., “El Capital. Crítica de la economía política”, Tomo 1, caps. I, IV, V, X, XIV, XXI, XXIII puntos 1, 2, 3 y XXIV puntos 1 y 7. Varias ediciones. Clases 9: Marx, K. “El Capital” Tomo 3, caps. VIII, IX y XIII. Varias ediciones. Clase 10: Screpanti y Zamagni, “Panorama de Historia del Pensamiento Económico”, Cap. 5 y 6. Clase 11: Coggiola O. “La crisis de 1929 y la gran depresión de la década de 1930”. EDM, No. 37. Keynes, J.M, “El principio de la demanda efectiva” Cap 2. De la “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”. Clase 12: Jorge Altamira, “La metástasis de la crisis capitalista mundial, Noviembre 2009. Altamira, “la economía política de la guerra mundial”, en “Política Obrera, Mayo 2022 Curso 2 CUESTIONES DE HISTORIA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA Socialismo y fascismo en el siglo XX A cargo de Patricio Meincke Curso de 12 clases, abierto a la militancia y al público en general. Comienza el lunes 17 de marzo de 2025 a las 19 hs. La duración de cada clase -incluyendo exposición y debate- es de dos horas. Se dicta los días lunes en forma quincenal. Fechas de las clases: 17 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 12 y 26 de mayo; 9 y 23 de junio; 7 y 21 de julio; 4 y 18 de agosto. Temario Clase 1. Un método para el estudio de la historia Introducción al curso. Materialismo histórico y materialismo dialéctico. Las tres fuentes del marxismo. Economía política clásica. Filosofía alemana. Socialismo utópico. La historia como historia de la lucha de clases. Fuerzas productivas y relaciones de producción. Clase 2. La época del imperialismo: caracterización histórica El imperialismo como fase superior del capitalismo. La emergencia del Capital financiero. El imperialismo y la guerra. El reparto del mundo entre las grandes potencias. Una etapa de guerras y revoluciones. Clase 3. La Revolución Rusa I Desarrollo y atraso en la Rusia decemónica. Los partidos políticos: Kadetes, Octubristas, los Amigos del Pueblo, Social Revolucionarios. Introducción del marxismo en Rusia. La fundación del partido Social Demócrata. Bolcheviques y mencheviques. Clase 4. Revolución Rusa II La Revolución de 1905. El reflujo, la reacción y el exilio. Nuevo ascenso de la lucha de clases. La Revolución de Febrero. La crisis del Partido Bolchevique y las Tesis de Abril. Los acontecimientos de Junio. El levantamiento de Kornilov. El camino a Octubre. Clase 5. Revolución Rusa III Primeros decretos del gobierno obrero. La paz de Brest-Litovsk. La guerra civil: 1918-1920. El comunismo de guerra. La NEP. El kulak y el crecimiento de la burocracia. La muerte de Lenin. La troika Stalin-Kamenev-Zinoviev. La Revolución Traicionada. Clase 6. El fascismo italiano I La Italia de preguerra. Italia en la Primera Guerra Mundial. La izquierda italiana. La situación de posguerra. El Bienio Rojo: 1919-1920. Las elecciones y el ascenso del fascismo. El XVII Congreso del PSI y los debates en la III Internacional. La marcha sobre Roma. Clase 7. El fascismo italiano II Gobierno de Mussolini. El asesinato de Matteotti y el giro totalitarista. La estrategia de la izquierda. Hacia la Segunda Guerra Mundial. Clase 8. El nazismo alemán I Alemania y la Primera Guerra Mundial. La Revolución Alemana de 1923. La contrarrevolución. El putsch de Múnich. El período de estabilidad. La política de Stalin-Zinoviev. El nazismo y el KPD en “los años dorados”. Crisis mundial de 1930. Clase 9. El nazismo alemán II Las políticas del SPD, del KPD y de la Oposición de Izquierda. Crecimientos y retrocesos del nazismo. Régimen de Brüning. Gobierno de Hindenburg. Von Papen en el poder. 1933: Hitler al poder. La burguesía mundial frente a Hitler. La política de Stalin. La política de la Oposición de Izquierda. Clase 10. La Segunda Guerra Mundial El carácter histórico de la Segunda Guerra Mundial. La reconfiguración de alianzas en el escenario mundial. El pacto Hitler-Stalin. Los movimientos revolucionarios en Europa. El derrumbe de los regímenes fascistas. La revolución a las puertas de Europa. Yalta y Postdam: el pacto contra la revolución. Clase 11. Las décadas de posguerra La “Guerra Fría” y el imperialismo norteamericano como primera potencia mundial: Plan Marshall, Breton Woods, FMI, Banco Mundial. El desenvolvimiento de la crisis: Berlín, invasión soviética a Hungría, el Mayo Francés la Primavera de Praga y el Cordobazo. Clase 12. La crisis mundial desde los '70s: El inicio de la crisis: colapso del patrón oro, Vietnam, la crisis del petróleo. Ofensiva antiobrera en Estados Unidos y Gran Bretaña. Las dictaduras en América Latina. Colapso de la URSS. La polémica sobre el “fin de la historia”. Desenvolvimiento de la crisis mundial en la segunda mitad de los años 90. El 'acople' Estados Unidos-China y su agotamiento. El estallido de la crisis de 2007-2008. El camino de la guerra. Bibliografía Clase 1: Marx, Karl y Engels, Frederich: “Manifiesto Comunista”. Engels, Frederich: “Del socialismo utópico al socialismo científico”. Lenin, Vladimir: “Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo”. Clases 2: Lenin, Vladimir: “El imperialismo, fase superior del capitalismo”. Testa, Víctor: “El capital imperialista”. Rieznik, Pablo: “Las formas del trabajo y la historia”, Ramal, Marcelo: “'El imperialismo, fase superior del capitalismo', de Lenin, ayer y hoy”. Clases 3, 4 y 5: Trotsky, León: “Historia de la Revolución Rusa” y “La Revolución Traicionada”. Deustcher, Isaac. “El profeta armado”, “El profeta desarmado”, “El profeta desterrado”. Walter, Gerard: “Lenin”. Carr, Edward: “La Revolución Rusa”. Clases 6, 7, 8 y 9: Trotsky, León: “¿Qué es el fascismo?”; “La lucha contra el fascismo en Alemania”, “Bonapartismo, fascismo, y guerra”, “Por un frente único obrero contra el fascismo”, “El fascismo y las consignas democráticas”, “La democracia burguesa y la lucha contra el fascismo”, “La victoria de Hitler”, “Hitler y el Ejército Rojo”, Tasca, Angelo: “El nascimiento del fascismo”, Evans, Richard: “El tercer Reich en el poder”, Kershaw, Ian: “La dictadura nazi” Clase 10: Coggiola, Osvaldo: “Naturaleza de la Segunda Guerra Mundial”.; Broué, Pierre: “Curso de historia del siglo XX”; Trotsky, León: “Revolución y contrarrevolución en Alemania”, “Programa de Transición” y “El pacto-germano soviético”; Spriano, Apud Paolo: “El movimiento comunista entre la guerra y la posguerra: 1938-1947”. Clase 11: Savas Michael-Matsas: “Globalización y Socialismo” y “Declinación capitalista, Estado nacional y Estado de emergencia”, Altamira, Jorge y Magri, Julio: “Las 'tesis' del Comité Internacional”; Altamira, Jorge: “La crisis mundial”, en Revista EDM N° 4, Coggiola, Osvaldo: “Para la reconstrucción de la IV Internacional”. Clase 12: Altamira, Jorge “La metástasis de la crisis capitalista mundial”, “Tesis programáticas para la IV Internacional”, Rieznik, Pablo: “En defensa del catastrofismo” y “Catastrofismo, forma y contenido”, Altamira, Jorge: “La piñata no es sólo griega”; “Panorama mundial”.

La reunión que terminó a los gritos entre Trump y Vance, de un lado, y Zelensky y la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, del otro, tuvo la escenificación propia de Hitler, como cuando forzó al gobierno de Checoslovaquia a entregar el territorio en los Sudetes y al de Austria a entregar el país entero. El presidente de Ucrania no aceptó la exigencia de Trump de que firmara un cese del fuego incondicional con Rusia y un acuerdo que entrega los minerales en su territorio a los Estados Unidos . Zelensky ha quedado a un paso de un golpe de estado promovido por Trump , salvo que la Unión Europea convierta en prácticas las palabras de la presidenta del Consejo Europeo, la máxima autoridad de la UE, Úrsula von der Layen, quien señaló luego del choque en la Casa Blanca: “Tu dignidad (en referencia a Zelensky) hace honor a la bravura del pueblo ucraniano. Manténgase fuerte, sea bravo, no se deje intimidar. Usted no está nunca solo, querido Presidente Zelensky”. El enfrentamiento entre estos dos bloques imperialistas por el reparto de Ucrania y los recursos y mercados mundiales, ha quedado expuesto sin atenuantes. Desbocado por su prepotencia reconoció, sin advertirlo, de que él fue el principal provocador de la guerra con Rusia. Sobre el final de la pelea le dijo a Zelensky: “Yo te dí Javelin, Obama te dió mierda”. Los Javelin son los misiles personales que la primera administración Trump proveyó a Ucrania para atacar a los gobiernos regionales del este del país que resistieron el golpe de Estado que había impulsado Obama y la sub secretaria Victoria Nuland en febrero de 2014. Tanto Zelensky como la Unión Europea habían terminado por aceptar la exigencia de Trump de llegar a un cese del fuego con Rusia, si Estados Unidos ofrecía garantías políticas y militares de ese acuerdo. El patotero norteamericano se negó a ese pedido, a sabiendas de que la UE no puede emprender ninguna guerra de alcance mundial sin los sistemas antimisiles de Estados Unidos y sin el sistema satelital que controla, básicamente el Starlink de Elon Musk. La garantía que ofrece Trump es el acuerdo acerca del Fondo para la explotación de minerales, que convierte a Estados Unidos en dueño de Ucrania, con el acuerdo de Putin. El gobierno ruso, por su lado, había dejado en claro que rechazaría cualquier tregua en las hostilidades que habilitara a la UE a instalar tropas propias en suelo ucraniano. Precisamente debido a este conjunto de contradicciones, ni la UE ni Zelensky fueron invitados a la mesa de negociaciones entre Trump y Putin . Una ocupación militar de Ucrania, aunque parcial, por parte de la UE, ofrecía al capital europeo un lugar en el reparto de Ucrania. En las pocas horas transcurridas desde este show televisivo que batirá todos los récords de ranking comunicacional, no es posible medir la cadena de reacciones que no dejará de suscitar. No hubiera ocurrido lo contrario si Zelensky se avenía a las exigencias de Trump y Vance, porque una capitulación nacional de esa envergadura es propicia para provocar, como va a ocurrir de todos modos, conatos de guerra civil en Ucrania. Algunos voceros del Partido Demócrata rechazaron la posición de Trump, mientras la dirección de los Republicanos dio un apoyo incondicional. Este enorme tropezón internacional de Trump tiene lugar en medio de un violento ajuste económico contra los trabajadores y jubilados estatales, y un vaciamiento del sistema político. La cadena de retiros de fondos de las cripto monedas acelera el temor de que Estados Unidos sufra un colapso en su deuda pública. No está claro todavía quién ha salido más golpeado por el round de boxeo en la Casa Blanca, si la fracción política de Zelensky en Ucrania y la del Consejo Europeo en la UE, o el dúo de fascistoides del Ejecutivo norteamericano. Los trabajadores aprenderemos mucho del desarrollo de estos acontecimientos, porque ponen al desnudo la inviabilidad de una iniciativa estratégica o histórica del imperialismo. La clase obrera debe unir su fuerza internacional para terminar con un régimen que lleva, de otro modo, directamente a una guerra de destrucción masiva.