De acuerdo a todas las informaciones disponibles, la firma de un acuerdo con el FMI, para reestructurar la deuda de Argentina -de u$s44.500 millones- habría entrado en un severo impasse. Martín Guzmán, el ministro de Economía, ha utilizado un lenguaje inhabitual en él para referirse al FMI. Señaló, por ejemplo, que “hay que acabar con la dependencia del FMI”, e incluso de que “es un gran problema de (sic) la política económica”. Exhibió como una salida satisfactoria la reestructuración de la deuda con los acreedores privados por parte de la Nación, las provincias y el sector privado, para concluir que “el problema de la carga de la deuda es el FMI”. Esas reestructuraciones han sido un rotundo fracaso en cuanto a obtener financiamiento para Argentina, de modo que se han perdido dos años de los cuatro que fueron establecidos como período de gracia en el pago. En 2024 la hipoteca financiera exigida alcanzará un monto explosivo. Alberto Fernández también puso su parte en esta caracterización "positiva" del momento económico, al señalar que la economía nacional ha recuperado los niveles "pre-pandemia" (sic). Argentina, entonces, podría “vivir con lo nuestro”, porque ha "rebotado" sin la necesidad de créditos internacionales. El Presidente omitió, sin embargo, que el PBI sigue por debajo del nivel anterior a la recesión macrista que se disparó a partir de abril 2018; omitió que los pronósticos de crecimiento se reducen muchísimo para 2022/3; omitió que la reactivación no ha añadido un solo empleo formal; omitió que la inflación se ha disparado al 50% anual y está creciendo; y omitió que la pobreza enorme ha aumentado todavía más. Para la tribuna Para los especialistas en números, estos desplantes al FMI no pasan de bravatas. Para la mayoría, tienen el propósito de obtener del directorio del Fondo la anulación de una sobrecarga de intereses que penaliza a los países que incumplen con acuerdos previos –por el gobierno de Macri. Equivaldría a un ahorro de u$s900 millones por año (u$s9 mil millones en la década de vigencia del acuerdo). Sería, aseguran, un trofeo político, aunque curioso, porque sería reivindicado después de la prueba y la derrota electoral. Naturalmente, la concesión de parte del Fondo, de concretarse, no sería gratuita: las grandes potencias que manejan el FMI se la cobrarían tanto en mayores exigencias de ajuste como políticas. Otros reclamos, en este caso del cristinismo, como que los plazos de pago de la deuda fueran de veinte años y no de diez, y que se adjudicara un porcentaje mayor de la moneda creada por el FMI, los llamados DEG, para aplicar al gasto social, no han tenido destino. Guzmán admitió que se conformaría con una mención en el acuerdo de que Argentina sería alcanzada por ese beneficio en el futuro, si algo así fuera aprobado para el conjunto de los países sobreendeudados. Los DEG fueron creados, en realidad, para solventar a los países desarrollados, por eso se reparten en función de la cuota de cada país en el FMI. Es que esos países, luego de los subsidios entregados a las corporaciones con el pretexto de la pandemia, tienen una deuda pública que asciende a decenas de billones de dólares –y en varios casos supera al ciento por ciento del PBI (Estados Unidos, Japón). Estas manipulaciones monetarias, incluidas las monedas digitales, son una expresión de la declinación irreversible de las divisas que funcionan como moneda de reserva internacional. Es la razón fundamental de la nueva etapa inflacionaria que se registra ya en todo el mundo. Con el FMI, Argentina no sale del default El acuerdo con el FMI no aportaría al financiamiento de Argentina, porque se trata de pagar una deuda, no de contraerla. Los sabiondos aseguran, sin embargo, que el acuerdo, de todos modos, contribuiría a obtener financiamiento de otras fuentes. Pero con las "otras fuentes" pasa lo mismo que con el Fondo: hay que pagarles deuda, no acoger créditos. Los acreedores internacionales son, precisamente, quienes ejercen la mayor presión para que Argentina se someta a las exigencias más duras del FMI. Esperan con ello que se valoricen los títulos de sus créditos –que de una expectativa inicial de 58 centavos de dólar han caído a menos de 35. El escenario "positivo" que describen muchos "lobbies", para el caso de un acuerdo con el Fondo, repetiría, con suerte, lo ocurrido entre 2016 y 2018, luego que el macrismo generara un boom financiero de corto plazo seguido por un crack de largo alcance. La deuda pública, en el intermedio, se acrecentó en un 60%: esto cuando se le suma la deuda del Banco Central con el sistema bancario y la deuda con el mercado local. Entre ambas, reúnen, en pesos, una deuda de cerca de u$s100 mil millones, una suma igual al de la deuda externa privada. A una tasa de interés de alrededor del 40%, con un dólar oficial semi-planchado, es claramente un negocio usurario. Al mismo tiempo, constituyen una bomba a presión sobre el peso. Si el objetivo de un acuerdo con el Fondo es conseguir financiamiento en los mercados internacionales, será necesario, además de estabilizar el tipo de cambio, subir la tasa de interés –lo que hace repetidamente el Brasil de Guedes-Bolsonaro. Es invitar, en lo inmediato, a profundizar el ciclo recesivo de la economía nacional. El aumento de la tasa de interés significa encarecer la deuda local del Tesoro, que suma, aproximadamente, u$s 60 mil millones. Los diarios dieron a entender, en los últimos días, que Guzmán le ha pedido al FMI que disuada a los fondos Pimco y Templeton de convertir sus títulos, que están en pesos (indexados al dólar), en dólares, unos u$s7 mil millones, porque desataría una estampida en el mercado de cambios. Guzmán se podrá "quejar" de la "dependencia" de Argentina al Fondo y echarle la culpa a Macri, pero el resultado de su "gestión" ha sido transformar esa "dependencia" en tutela. Un acuerdo con el FMI no pondría remedio a las contradicciones explosivas de la economía nacional; más bien, a término, las acentuarían. La estabilidad, un “plan bomba” Carlos Melconian es, sin duda, un firme partidario de un acuerdo con el FMI, pero le pone condiciones especiales a ese acuerdo. Acaba de declarar que el gobierno no tiene las condiciones políticas ni económicas para ejecutar un ´plan de estabilización´. Que debe, al revés, mantener la inflación en el 50% anual, para desvalorizar la deuda en pesos del Banco Central, el gasto social y los salarios –exactamente lo que ha venido haciendo Guzmán. Al contrario de lo que sostienen Felleti y Myriam Bregman, el gobierno que dice querer congelar los precios fogonea la inflación, para que opere como gran licuadora de gastos y gran incubadora de ingresos fiscales –destinados al pago de intereses de la deuda pública. Melconian tampoco alienta la devaluación que, en dólares, llevaría a la quiebra del Tesoro. En el "plan" inflacionario de Melconian no hay alusión a la "brecha" del tipo de cambio, lo que no es un dato menor, porque incentiva la fuga de capitales. Por ejemplo, en setiembre pasado, sobre un superávit comercial devengado de u$s4 mil millones, lo efectivamente liquidado no pasó de poco más de mil millones. La "estabilidad", para Melconian, haría explotar toda la estantería financiera y política. Es exactamente la posición del gobierno nacional y de todas sus facciones, descripta por un ideólogo del macrismo o del "neo-liberalismo". Es posiblemente lo que piensa también alguien que actúa en las bambalinas -Martín Redrado- otro "neo-liberal", con llegada a la Vicepresidenta. El gobierno tampoco tiene condiciones políticas, dice Melconian, para hacer un ajuste violento y súbito de cuentas públicas, luego de una derrota electoral y con elecciones presidenciales en dos años. Lo que pone en evidencia el planteo de este analista es por qué el FMI no incomodó al gobierno de Todes, durante los dos años que han pasado. Lo que Melconian, por su lado, tampoco percibe, es que este plan de ajuste inflacionario, en lugar de uno deflacionario, agotó sus posibilidades económicas y políticas, como lo prueba, entre otras, la crisis terminal que enfrenta ahora. Es lo que pretende hacer Guzmán, tirando la carreta con el Presupuesto 2022. La receta Melconian choca con la de BlackRock, Pimco y otros, que tienen en el Fondo la sartén por el mango. La ausencia de “condiciones políticas” para aplicar lo que Melconian llama el “plan bomba” no se refiere a una acentuación de las luchas, que se encuentran en fase de ascenso. La posibilidad de un acuerdo que sea votado en el Congreso, como exige el FMI, ha entrado objetivamente en un impasse. No se trata de ajustes y de reformas, sino de una clarificación de la gobernabilidad. El "golpe de palacio" posterior a las PASO, deja paso ahora a otro tipo de golpe; no el que vaticina Tolosa Paz, sino desde el propio peronismo. Desde el 17 de octubre reciente, y gracias a los empeños de Berni, Grabois, la Cámpora, la burocracia sindical y la campaña anti-mapuche y anti-congelamiento de precios, la crisis ha avanzado en forma considerable. El desplazamiento de Alberto Fernández por Juan Manzur, en la difusión de los actos y políticas del gobierno, ha sido seguido por el desplazamiento del propio Manzur por la militancia cristinista de Felleti y Gabriela Cerruti. El resultado electoral de noviembre clarificará aún más el tamaño de la disputa oficial, y luego le tocará el turno a las Navidades. Todo con el telón de fondo de una pandemia que no ha sido eliminada, y que recrudece todos los días, en un país atrás del otro. Deuda fiscal y bancaria El "ajuste" que plantea el FMI podría ser más violento que el esperado hasta ahora, al menos para algunos comentaristas de economía. El acuerdo de “facilidades extendidas”, para pagarle al Fondo, entrañaría también una intervención del FMI en las cuentas del Banco Central, que anota un déficit financiero monumental, debido al pago de intereses por Leliqs y pases interbancos. Tiene una deuda de $6 billones, (unos u$s40 mil millones, calculados a ojo) que paga poco menos de $2.5 billones en intereses (unos u$s15 mil millones). Cuando se descuentan las utilidades ficticias que el Central obtiene de la valorización de sus reservas netas en dólares, el déficit neto es sencillamente descomunal. Cargar al Tesoro la eliminación de su propio déficit fiscal, de unos u$s15 mil millones, el déficit llamado "cuasi fiscal" del Banco Central, de un monto similar, significa una poda equivalente al 10% del PBI. No existe la posibilidad de obtener un crédito internacional que permita eliminar esta pseudo fiscal a cambio de una deuda dolarizada a largo plazo en cuotas. Entre tanto viaje, visitas, reuniones y gestiones, Martín Guzmán se hizo un tiempo para debatir con el economista griego Varoufakis, y el ecuatoriano Araúz: dos miembros del círculo de la cofradía "progre" internacional, que gana su sustento con la prédica de reformar las instituciones internacionales. La mención es oportuna porque el griego intentó hacer la "gran Guzmán" frente al default y la quiebra bancaria bajo el gobierno de Syriza; en tanto el último no pudo intentarlo porque perdió las últimas elecciones en Ecuador. Varoufakis peleó a brazo partido, no contra la Comisión Europea y el FMI, sino contra el pueblo griego, para que no intentara desconocer la deuda usuraria (el 300% del PBI) y romper con el euro y la Unión Europea. El Varoufakis argentino ha servido para entretener al pueblo con la creencia en la posibilidad de un acuerdo favorable y soberano con el FMI, que sostiene Cristina Kirchner. El ajuste aplicado a Grecia comportó un retroceso social catastrófico. Congelemos en verano Aunque el gobierno que fogonea la inflación tampoco tiene los recursos para imponer un congelamiento generalizado de precios, las pretensiones que exhibe son elevadas. Ha anunciado un plan para supervisar la producción y el stock de los productos bajo control. Podría haber arrancado de ahí. Significa, sin embargo, subir la barra del choque con las patronales, en especial, con la Cámara de las empresas norteamericanas. Si Melconian no condena como chavismo o madurismo a una economía con 50% anual de inflación, el cristinismo podría sentirse alentado a ir más lejos. Pero esta fracción K no tiene los recursos políticos que amasó Chávez, ni el seguidismo que supo conseguir de las masas venezolanas. La burguesía que opera en Argentina tiene otro volumen que la venezolana. Con elecciones en un mes, los anuncios, más que una política, son cortinas de humo. El gobierno se ha largado al congelamiento de precios como alternativa última, luego del fracaso del congelamiento de tarifas y del retraso de la devaluación del peso. Luego del intento de Felleti, no queda más pólvora. En contradicción con la excepcionalidad económica que se atribuye a Argentina, naturalmente negativa, se trata de un reflejo particular de lo que ocurre con el conjunto de la economía mundial. La economía mundial enfrenta un desequilibrio extraordinario entre endeudamiento, de un lado, y economía productiva del otro. El conjunto de la deuda de las compañías no financieras y el estado, es del orden del 300% del PBI mundial. La acumulación de un capital ficticio enorme -de títulos, bonos, obligaciones, contratos derivados, etc.- ha arribado desde hace tiempo a un punto de explosión, que se ha manifestado en crisis financieras internacionales repetidas. La pandemia ha agravado esta contradicción. La desvalorización simultánea de las monedas (inflación internacional) es un resultado de esta contradicción, lo mismo que las guerras comerciales y el retorno de las crisis monetarias. La inflación desvaloriza las monedas y las deudas registradas en esas monedas. Sin embargo, el tamaño de la inflación necesaria para reponer un equilibrio entre deudas y producto es simplemente enorme, de modo que la transición hacia un "nuevo orden" monetario y financiero no podrá ser "pacífico". A diferencia de lo que el FMI quiere imponer a Argentina, y a los países periféricos en general, la política monetaria internacional alienta la inflación en los países desarrollados y la política que ha expuesto Melconian. Esta diferenciación entre el centro y la periferia es explosiva, porque ningún país "en desarrollo" podría quedar marginado de una inflación que se expande "urbi et orbi". La pandemia ha hecho saltar los tapones de todos los desequilibrios acumulados. La propia Kristalina Georgieva, la directora del FMI, ha expresado su adhesión a la “teoría monetaria moderna”, que alienta el endeudamiento y la emisión de moneda, con el curioso argumento de que las deudas no se pagan sino que se refinancian, como si el capital fuera indiferente a su valorización, o sea a la acumulación basada en la explotación del trabajo ajeno. Rodrigazo, hiper, Argentinazo Esta consideración de conjunto determina la perspectiva de las salidas que las patronales discuten para el default corriente de Argentina. En tiempos que deberán ser verificados en la práctica, Argentina marcha hacia una nueva explosión financiera. Cuando el gabinete de Alfonsín buscó parar en seco una inflación que se desbordaba, elaboró una tabla de ajuste de las deudas internas, para que la valorización del peso no provocara la quiebra de los deudores. Un plan de ajuste monetario, como el que propugnan los funcionarios del FMI, en lugar de reponer un equilibrio entre producción y consumo, deudas y créditos, financiación del estado y gasto público, tendría el efecto de producir un desequilibrio más catastrófico. La razón es, simplemente, que no ataca los desequilibrios fundamentales: uno, entre la deuda pública y la privada internacional, de un lado, y la capacidad productiva interna y externa de Argentina; dos, entre riqueza nacional y pobreza gigantesca de masas. Por todo esto, retornan como fantasmas el "Rodrigazo" de 1975, la híper de Alfonsín, el Argentinazo de 2001. Se plantea otra vez una salida siempre vigente: la reorganización socialista de la sociedad, por medio de un gobierno revolucionario de trabajadores.