Septiembre de 2021

Un reciente debate televisivo en tn puso de manifiesto los límites y las imposturas del candidato de la pretendida derecha antisistema, pero no sólo de él, en el abordaje de la crisis nacional. Javier Milei se chicaneó largamente con la economista kirchnerista Fernanda Vallejos. Por debajo de los choques, sin embargo, sorprendieron al recaer en los mismos yerros conceptuales, a veces, y en coincidencias estratégicas, en otras. Vimos a Milei y a Vallejos lamentarse por la escasez de “dólares que no se pueden fabricar”. Ninguno de los dos recabó, sin embargo, en primer lugar, que el ingreso de esos dólares depende de la posición relativa del país en la economía mundial, o sea del rendimiento del trabajo en los diferentes países. Se trata de la vigencia de la ley del valor, que pena a los países donde el trabajo necesario aplicado a la producción es superior al que valida el mercado mundial. El saldo de las reservas internacionales depende, a su vez, del nivel de la hipoteca financiera, en este caso de Argentina, y de la volatilidad del capital que especula con las tasas de interés diferentes en los distintos mercados. En un programa salpicado de alusiones a la “historia del pensamiento económico”, Milei y Vallejos actuaron como los mercantilistas primitivos, que en el siglo XVI atribuían el atraso de Inglaterra a la falta de oro, sin comprender que la cosa era al revés – que sólo una mayor productividad del trabajo podía aumentar el peso de Inglaterra en el comercio mundial e incrementar las reservas monetarias. Fue lo que ocurrió ulteriormente. Esa penetración comercial no era otra cosa que la potenciación del trabajo humano. No fue un “error” de Adam Smith la elaboración de la teoría valor-trabajo, como dice Milei, sino la comprensión acerca de lo que funda la riqueza en el capitalismo. Esa comprensión convirtió a la economía política en ciencia. El valor “subjetivo”, determinado por las ´preferencias´ de los individuos, sólo podría servir para un estudio de mercado, pero de ninguna manera para explicar el funcionamiento de la economía mundial, los ciclos económicos y menos que nada las crisis. Desde un punto de vista histórico, el subjetivismo ha sido motivado por la necesidad de negar la condición irreductible del trabajo como creador de valor y, por lo tanto, de la clase obrera. Los economistas se sumaron a la lucha del capital contra la fuerza de trabajo con este ‘aporte teórico’, o sea el subjetivismo, en especial cuando arreciaba la lucha de clases y el desarrollo de los sindicatos. La hostilidad visceral hacia el mundo del trabajo caracteriza a todos los defensores “ideológicos” del capital. Milei reconoce que él atrasa 400 años y más en materia económica cuando reivindica a los escolásticos españoles del siglo XVI. Si Smith, y definitivamente Marx, elevaron a la economía política a la condición de ciencia, Milei la convierte en misticismo y religión. Estatismo y Banco Central Los libertarios son ‘anti-estatistas’ cuando se trata del mal llamado “gasto social”. Aquí no aplican la teoría subjetiva del valor, aún cuando se trata de un expendio (educación, salud) que el trabajador en la lucha y el ciudadano con el voto han consagrado como prioritarios en su mapa de “preferencias”, como dirían los Milei. Pero se transforman en estatizantes a la hora de los megarescates a los bancos y a las corporaciones capitalistas. En 2002/3, el Banco Central y el Poder Judicial encabezados por Blejer y Prat Gay y la Corte menemista salieron al rescate de los bancos con dos medidas extraordinarias y caras: la Justicia valuó los activos bancarios a la par o valor nominal, y no al precio de mercado, en ese momento un precio de quiebra y liquidación, para que pudieran presentar un balance positivo y recibir en consecuencia enormes redescuentos del Banco Central. Los Milei, Espert y López Murphy no abrieron la boca en ese entonces ante este emisionismo feroz. Tampoco se valúa ahora a precio de mercado a las Leliq, cuando se sabe que si el Banco Central las pagara en lugar de renovarlas indefinidamente, las haría caer al piso. Ni qué decir de la renegociación de la deuda externa, donde Martín Guzmán se compromete a pagar a la par, sin quitas, títulos que el mercado está cotizando a 30/35% de su precio nominal. Está bien que Milei reivindique a los escolásticos españoles: estafas de este porte sólo se pueden justificar en un concilio, aunque la Biblia las condene. El mismo personaje que en 2016 calificó como “un acontecimiento histórico” a la designación de Sturzenegger al frente del Banco Central, ahora dice querer “disolver” ese Banco y prohibir el uso de los depósitos en los bancos con fines crediticios. En ese ese caso, el crédito sería financiado por el capital de los mismos banqueros. Es lo que ocurre, precisamente, con los ´modernos´ fondos de diferente tipo, que reciben aportes sin ofrecer otra garantía que la de sus propias inversiones, y que no son regulados por un Banco Central sino por sus propias normas (clearing de derivados). Un régimen monetario sin garantía ni supervisión del Banco Central reforzaría la actuación de los fondos internacionales que casi quiebran el sistema bancario norteamericano (el caso del Long Management Capital en el 2000) y que se desarrollaron ampliamente después de la gran crisis de 2008. “Avance Libertad” es el grito de BlackRock, Templeton y otros, que vaciaron a Argentina bajo el macrismo. El jefe de BlackRock fue designado para gerenciar las operaciones con títulos públicos y obligaciones privadas de la Reserva Federal de EEUU – un mercado de 20 billones de dólares. ¡Pero la Reserva Federal es el Banco Central de EEUU y el mundo todo! Milei y quienes le soplan el ‘anarcocapitalismo’ fingen ignorar la crisis capitalistas cada vez más intensas y frecuentes, que los bancos centrales jamás podrán evitar, pero que salen al rescate del capital después que estallan. En “A dos Voces”, Milei rechazó la “estigmatización” a los paraísos fiscales, desde donde operan los fondos internacionales – los mismos que vaciaron Argentina bajo la gestión Macri-Sturzenegger-Caputo, y que fueran magullados por el derrumbe final de aquel gobierno. Estatismo y FMI Pero cuando el capital financiero recala en la deuda pública –como ocurriera con estos fondos en la Argentina- no vacila en exigir que los organismos internacionales le hagan cumplir a los Estados sus obligaciones nacionales. O sea, pagar. El FMI es una organización para-estatal. Muy significativamente, Milei apoyó en “A dos voces” el acuerdo que se anticipa con el FMI. En este punto, se dio la mano con la “nacional y popular” Vallejos. O sea que el enemigo de los garantes nacionales de última instancia –el Banco Central- quiere rescatar al garante de los garantes, es decir, al Fondo Monetario Internacional. Milei es, por lo tanto, más que un estatista - es un “supraestatista”, estatista del parasitismo económico. Defiende la institucionalidad mundial del capital financiero, incluso y sobre todo cuando está en juego una operación como el financiamiento de una fuga de capitales contra el país. El acuerdo con el FMI es estatismo al cuadrado por otra razón sencilla: obligará a emplear todo el peso del Estado argentino contra la población trabajadora. Por caso, para volver a reformar negativamente el régimen previsional, un aspecto central de todos los acuerdos de ´facilidades extendidas´ firmados por el organismo. Los BlackRock han lucrado largamente con los fondos privados de jubilaciones, que en Argentina volverán a ser presentados como complemento o alternativa ante la miseria previsional. El otro pilar de esta escalada estatal es una reforma laboral, dirigida a convertir a la clase obrera argentina en una legión de monotributistas. La juventud, que hoy se gana la vida trabajando en las aplicaciones de reparto, sabe que el libertarianismo la condena a un régimen de sobreexplotación a perpetuidad. El de Milei es un anarco capitalismo disminuido, cuando se lo compara con la Ucede de Alsogaray, que se hizo cargo de la década menemista (las privatizaciones kirchneristas en Santa Cruz) y remató a precio vil el patrimonio estatal. El planteo de Milei debutó como un anacronismo en el siglo XIX; hoy se reduce a una bravata que abrazan gobiernos como el de Trump y Bolsonaro, con su propio costo político.

El juez Daniel Rafecas del 3° Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, hizo llegar por medio de la Policía Federal la orden de desalojo a las familias de la toma que se desarrolla en terrenos ferroviarios en la villa 21-24. Varias horas antes que llegara la notificación, durante la madrugada, la Policía Federal y de la Ciudad estacionaban 16 carros de asalto; reforzaban y formaban numerosas filas en cada una de las entradas del predio; se quitaban las placas con sus identificaciones; y amenazaban con disparar balas de plomo al cordón de seguridad de las mujeres de la toma mientras cargaban sus armas. Aunque no existe ninguna orden que lo prohíba, la Policía que asedia a las familias sin casa y continúa negándoles el ingreso de alimentos, medicamentos, pañales o frazadas. Tampoco han permitido que entren médicos y enfermeras para atender a personas enfermas, así como tampoco dejaron entrar otra vez al predio a las madres que debieron salir para llevar a sus hijos a la escuela. Durante la tarde del lunes, a vista y paciencia de los medios, el personal a cargo del comisario Ponce, de la PFA, agredió a un niño que intentaba ingresar al predio donde lo esperaba su mamá luego de volver de la escuela. “Tenemos menos derecho que un recluso que puede recibir visitas”, denunció Nahuel Arrieta, dirigente de la toma. Desde las oficinas del ferrocarril también están haciendo lo suyo. Ayer en un comunicado señalaron que el “Control de líneas-II y Roca-1 mantendrán observación ante la posible desconcentración de personas” dado que el predio en cuestión se encuentra cedido a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); aunque también se han acercado ´funcionarios´ del Ferrocarril para traer el rumor de que llevarán adelante un paro si no hay pronto un desalojo; y de paso, se han ofrecido amablemente para ayudar con el mismo. Repercusiones Durante los últimos dos días distintos sectores se expresaron contra el desalojo. Las organizaciones del Comité de Crisis, la Junta Vecinal y los curas villeros del barrio, firmaron un comunicado donde rechazan la orden de desalojo y exigen un plan de urbanización. Desde la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, se realizó una presentación a Rafecas, donde se pide el “cese del desalojo y de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas”. Las expresiones de solidaridad más destacadas han llegado de la mano de los vecinos y trabajadores del barrio. Las donaciones de alimentos secos y frescos de vecinas y vecinos de la villa han sido permanentes, y se han acercado médicos, enfermeras, y asistentes sociales del barrio para ponerse a disposición. Asamblea, conferencia de prensa y petitorio Durante la tarde del pasado martes, las familias de la toma realizaron una asamblea en la que votaron tres puntos que luego fueron transmitidos por el abogado Pablo Viñas: 1) Que se conforme una Mesa de Diálogo con el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Ciudad y los delegados de la toma; 2) Que se acabe el asedio policial y se levante el cerco; 3) Que se retire la orden de desalojo; y 4) Se rechaza que los llamen “usurpadores” y que los gobiernos no les den una solución habitacional, mientras les regalan a las empresas privadas terrenos fiscales. Desde el Polo Obrero Tendencia llamamos a todas las organizaciones a solidarizarse frente a la posibilidad de un inminente desalojo y a colaborar con el sostén de la toma, reclamando junto a los vecinos que se constituya una Mesa de Diálogo y el Estado brinde una solución habitacional definitiva a las familias del predio. Por la coordinación de todas las luchas obreras del barrio y la Capital. Por el triunfo de la lucha de las familias de la toma en villa 21-24.

La huelga de la docencia domina el conjunto de la situación política de la provincia. Desde hace cinco semanas, los docentes vienen marcándole el pulso al gobierno con piquetes, acampes y marchas, ganando una gran solidaridad entre el pueblo trabajador ante la caída de los salarios y el aumento de la pobreza. Desde distintos puntos de la provincia, los docentes autoconvocados rechazaron en sus asambleas la pauta salarial, ratificaron el paro por tiempo indeterminado y el reclamo por un salario mínimo igual a $120.000. Esta semana, el acatamiento no baja del 70% en toda la provincia, a pesar del llamado cuasi fascista del triunvirato de ministros de Sáenz que amenazaron con descuentos y llamaron al resto de los trabajadores a la resignación para que cierren filas contra la huelga. Se agudiza la crisis Atrás quedó el supuesto “espaldarazo” que Sáenz decía haber recibido en la elección de medio término del 15 de agosto pasado. Un “espaldarazo” que no llegaba -en el caso de Capital- al 20% del total del electorado y con una abstención arriba del 40%. La precaria mayoría absoluta que consiguió otrora en las cámaras locales, ahora tendrá que pasar los embates de la crisis nacional – atravesada de choques y disgregaciones. Sáenz, con una pata en cada canasta de la grieta, lleva dos frentes oficiales. Por un lado, la lista del “nacional y popular” Estrada en la interna del Frente de Todos, como parte de su acuerdo con Fernández. El ex ministro de Urtubey y miembro de la Comisión de Acción Política del derrumbado PJ, tuvo que presentar su candidatura vallado por temor a la docencia. Contra él compite Jorge Guaymás, actual delegado del Ministerio de Trabajo nacional y ex secretario de la CGT local, bien conocido por ser un alfil contra las luchas obreras. En este marco, el Frente Unidos por Salta, encabezado por el actual Senador Durán Cornejo, y que es parte de la “ingeniería electoral” de Sáenz, buscará canalizar el voto contra el gobierno nacional. Completan los frentes patronales JUNTOS POR EL CAMBIO +, la interna constituida por el PRO-UCR, con el olmedista Zapata a la cabeza, recientemente bendecido por el ex gobernador Romero, quien busca armar su propia agenda para ir más a fondo con los terratenientes que exigen revisar el mapa de reordenamiento territorial. Cierra el FRENTE SI + PRS con Felipe Biella, promotor de los negociados inmobiliarios. Todos estos bloques cerraron filas con Sáenz frente al conflicto docente durante las primeras semanas. Que ahora le reclamen la “falta de diálogo” solo puede explicarse por el fracaso del gobierno para cerrar un conflicto que comienza a extenderse y que ya produjo resquebrajamientos en su gabinete. El gobierno Sáenz también “ordena” las finanzas locales en función del acuerdo con el FMI que unificará la grieta en el Congreso. No hay que olvidar que uno de los principales acreedores de la provincia es el Estado Nacional. Cualquier acuerdo con la docencia sería acusado de “desequilibrar el fisco”. En este cuadro, los caudillos locales ya pusieron el grito en el cielo, y advierten que no podrán afrontar un nuevo aumento del 15%. Algunos ni siquiera pagaron los acuerdos salariales anteriores. La negativa de Sáenz solo agudiza más las confrontaciones, y no sólo con la docencia. Luego de la movilización de la docencia y el sitio a la Casa de Gobierno, Sáenz paso en cuestión de horas del ataque a la maniobra: tuvo que recibir a un sector de docentes -más afín- y hacerles una nueva oferta salarial, aunque miserable y lejos del pliego reclamado, cuando ya había cerrado la paritaria. El régimen deberá aún atravesar una elección que puede agudizar la crisis y obligar al gobierno a más volantazos. Pandemia, miseria social y salarios Los analistas no descartan un nuevo pico de contagios para los próximos meses, ahora bajo la variante Delta. Con los hospitales vaciados, y poco más del 20% de la población salteña inoculada con dos dosis, puede volver a colocar a la provincia en rojo. Cada uno de los frentes patronales exigen una apertura sin restricciones de la economía y la orientación de los recursos para honrar la deuda en dólares con los acreedores internacionales. Este cuadro se combina con una profundización de la miseria social. Los 60.000 nuevos desocupados, se combinan con la caída de los ingresos en las familias asalariadas. La docencia abrió un rumbo para un conjunto de trabajadores como salud, municipales, ordenanzas, activistas barriales, que confluyen con su lucha. La campaña electoral que abordamos es un gran escenario de agitación y clarificación política de esa crisis y de la incapacidad del régimen para dar salida a la agenda de los trabajadores. Abordamos esta campaña para impulsar las luchas y la inmediata organización de los trabajadores para que tomemos en nuestras manos la salida a un régimen responsable de la catástrofe social y humanitaria, lo que solo podremos por un gobierno de trabajadores.

El pasado lunes 30 de agosto Jorge Altamira visitó la ciudad de Pergamino, desarrollando una intensa agenda de medios y actividades, en las que volcó los principales ejes de la campaña electoral de Política Obrera en la provincia. Nuestra agitación y propaganda está centrada en la denuncia del pacto a firmar con el FMI y las consecuencias regresivas que tendrá sobre las condiciones de vida de los trabajadores ocupados y desocupados. La recorrida de radios y canales de Altamira marcó un contrapunto en relación a la campaña de los demás partidos del régimen y de la izquierda. Así lo señalaron los mismos periodistas. Altamira denunció la confiscación del trabajo durante la pandemia, mediante la inflación y el corte agudo del “gasto social”. Para el capital, por el contrario, la baja de salarios, el desarrollo de un mercado nacional de deuda pública, la deuda del Banco Centra por medio de Leliqs y los subsidios para paga salarios, representó un negocio fenomenal. En el Barrio Kennedy donde se desarrolló una asamblea con compañeros del Polo Obrero Tendencia y vecinos. En la misma los compañeros intervinieron para interpelar a Altamira sobre la falta de trabajo, el problema de la vivienda y consecuencias sobre los trabajadores del acuerdo con el FMI. Se arribaron a conclusiones comunes sobre la necesidad de organizarse para arrancar al Estado las reivindicaciones inmediatas, pero también la lucha por un gobierno obrero y socialista. Para cerrar la jornada, se realizó una actividad de agitación y propaganda en la peatonal. Los trabajadores, jubilados y vecinos se acercaron a charlar con Altamira acerca de sus inquietudes y de las elecciones. Luego, tuvo lugar un reportaje extraordinario en MAS Pergamino, que recomendamos a los lectores.

Los observadores políticos y los analistas de opinión no son, por supuesto, imparciales. De un modo u otro trabajan, al menos en su mayoría, para ‘lobbies’ capitalistas. Con respecto al resultado de las Paso se encuentran divididos, tanto en cuanto a los resultados electorales como a su alcance político. Gran parte de ellos se ajusta todavía a la cuestión del margen que alcanzaría la victoria del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. De otro lado, se centra en las modificaciones que esos resultados provocarían en la composición del Congreso – que el FdT obtenga el quórum propio en Diputados, o que pierda la mayoría de dos tercios en el Senado. A partir de esto especulan acerca del destino que tendrían algunos proyectos de leyes o nuevos cambios en el gabinete nacional. Entienden, asimismo, que los resultados de las Paso anticiparían el alineamiento de fuerzas para las elecciones presidenciales de 2023. Toda esta elucubración acerca de las Paso es de todos modos significativa, porque, al fin de cuentas, la elección decisiva es la de noviembre cuando se decide efectivamente la composición del Congreso y, en algunos casos, legislaturas y municipios. Ocurre que después de lo ocurrido con las Paso de agosto de 2019, cuando el macrismo fue abatido por un huracán de votos frente a la apresurada coalición del Frente de Todos, todo el mundo está atento a lo que pase el próximo 12 de septiembre – dentro de diez días. A diferencia de lo que ocurría con anterioridad, los partidos están atravesados en su mayoría, en estas Paso, por disputas internas. Otra versión acerca de todo esto emergió cuando el periodista Carlos Pagni desarrolló en La Nación la hipótesis del cisne negro, o sea un evento aparentemente sorpresivo, que advierten algunas encuestas. El cisne negro alude a una implosión de la polarización electoral entre las dos orillas de ‘la grieta’. En este caso, la derecha disidente del macrismo obtendría una votación inusitada – adentro y afuera de JxC. Los datos que se exhibieron es un 15% de votos para Milei en la Ciudad (y hasta un 9% en Chubut) y la posibilidad de que López Murphy derrote o se acerque mucho a María Eugenia Vidal. En este marco, la intención de voto al FIT-U, en CABA, oscilaría entre el 5 y el 8 por ciento (en Jujuy llegaría al 15%). Consideradas en términos electorales estrictos, este fenómeno no es nuevo, pues la Ucede de Alsogaray recibió votos similares hace treinta años en el distrito porteño, en tanto que los votos sumados de la Izquierda, en el año 2000, alcanzaron un 20 por ciento (en 2001, Luis Zamora consiguió el 7%, prácticamente sin hacer campaña, y en 2003 el 14 por ciento). En aquellos años, sin embargo, no existían las Paso. Ahora, en cambio, este escenario podría cambiar la perspectiva de las elecciones generales de noviembre. El FMI En este contexto, es significativo que Kicillof llegara a un acuerdo de renegociación de deuda de la Provincia, en los términos reclamados por los acreedores extranjeros y nacionales. O sea que busca el respaldo político del capital financiero para asegurar que no haya un desmadre devaluatorio. El gobernador no dio a conocer el nuevo contrato de deuda, pero se informó que no establece ninguna quita de capital; que paga la deuda vencida este año; que la tasa de interés oscila en 4% (tres veces por encima de la internacional); y que reduce el número de bonos a sólo cuatro, lo que evita que situaciones de emergencia Argentina pueda hacer arreglos parciales. Kicillof se jactó de que obtuvo mayores plazos de pago, pero esto significa en definitiva la eternización de la deuda pública. Este ‘arreglo’ y la decisión de destinar la cuota de la moneda que emite el FMI a pagar la deuda con el mismo, refuerza la caracterización de que la presión electoral que vislumbra el gobierno, lo lleva a convocar con desesperación el apoyo de los grandes capitales. En la misma línea va la decisión de vedar el acceso a planes sociales a nuevos demandantes. Estas medidas han provocado una suba espectacular de las acciones de empresas locales en la Bolsa de Nueva York – aunque desde niveles bajísimos. Más importante aún, seguramente, ha sido la decisión del Banco Central de Estados Unidos de mantener en nivel ultra bajo su propia tasa de interés. De lo contrario hubiera suscitado una salida de capitales hacia Nueva York y la correspondiente devaluación del peso en los mercados paralelos y luego en el oficial. La preocupación del Banco norteamericano es que una suba de la tasa hunda a Wall Street. La tasa de préstamos para comprar acciones ha alcanzado un récord histórico, de modo que una suba de intereses quebraría a los compradores de acciones y a las acciones mismas. Es un error serio de método aislar el análisis de las economías nacionales del contexto de la crisis mundial. La búsqueda de un apoyo (o neutralidad) del capital financiero, frente a la presión electoral, parece haberse extendido a procurar un adelantamiento del acuerdo con el FMI. De acuerdo a los medios de comunicación, la presión en esta dirección parte de una coalición entre Massa y la Cámpora. ‘Después de todo, dicen, hemos cerrado acuerdos con todas las categorías de acreedores sin provocar ningún estallido político ni social. Nos bastaría decir que le arrancamos al Fondo una anulación de la sobrecarga de intereses, para cantar victoria. El acuerdo reactivaría algunos negocios, probablemente en la construcción, y nos ayudaría a pasar el trance electoral. Simplemente, necesitaríamos disimular la aceptación de liquidar el derecho laboral y jubilatorio’. Cuerda floja Un adelantamiento del acuerdo con el FMI significaría, entonces, la emergencia de otro ‘cisne negro’. Por encima de las elecciones, la crisis política ganaría nuevos espacios. Pondría en aprietos a quienes sostienen que apoyar al gobierno es compatible con posiciones anti-imperialistas. Deterioraría la capacidad de arbitraje de CFK en el gobierno, y acentuaría la crisis con la camarilla de Alberto Fernández. Quizás le saque al gobierno la presión de las derechas políticas y de un parte del capital agrario, pero sería un mensaje contundente contra la clase obrera y los trabajadores en general. Es una miopía política evidente intervenir en las elecciones desde una perspectiva electoral. Nuestra corriente, Política Obrera, boicoteada por los medios de comunicación, que sólo brindan servicios pagos, y cercada por una publicidad de coste multimillonario, en especial el que despliega el FIT-U, ha acentuado el desarrollo de una propaganda y agitación electoral que pone el acento en la catástrofe social, por un lado, y la crisis política, por el otro. El ‘voto útil’ es simplemente un macaneo que encierra a los trabajadores en un callejón sin salida.

Este martes por la noche, después de una nueva y multitudinaria movilización de la docencia autoconvocada salteña y un verdadero sitio de la Casa de Gobierno, Sáenz se vio obligado a recibir a un sector de los manifestantes y hacer una nueva oferta salarial, después de haber dado por cerrada la paritaria docente. Esa misma tarde Sáenz había probado antes una salida represiva, movilizando más de mil efectivos contra la docencia en lucha, que respondió con firmeza y reunió un fuerte apoyo popular. La rebelión de la docencia ha comenzado a extenderse a directivos, supervisores y rectores. En abierta solidaridad con los huelguistas, rehusaron enviar la información exigida por el Estado para establecer descuentos y eventuales sumarios contra los miles de educadores protagonistas de esta lucha. Antes, ya se había producido el paro del sector administrativo de liquidación de haberes con el mismo propósito solidario. El intento de poner a la población contra la huelga también fracasó rotundamente. Mientras la docencia movilizó más de 10 mil personas, un puñado de punteros del gobierno y sectores de la pequeño burguesía sostuvieron un tímido reclamo contra la huelga en una escuela céntrica – un ‘acting’ mediático. Las redes y hasta los medios pagos del gobierno fueron invadidos por pronunciamientos que superaron con creces a los trolls que atacaban la huelga. Recepción amañada Para evitar un retroceso en toda línea, Sáenz armó una conciliación obligatoria unilateral con Sitepsa, uno de los gremios en paro, y admitir la presencia de los autoproclamados – los Delegados de la Plaza, pero dejó afuera al Movimiento Docente y a los delegados de la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada. Al mismo tiempo que tenía lugar esta reunión, el ministerio Público Fiscal también convocaba a una mediación con el gobierno. Los fiscales y jueces del estado provincial tenían la obligación de actuar de oficio contra la violación flagrante del derecho a huelga, por parte del Poder Ejecutivo y contra las represiones ilegales. La acción del ministerio fiscal devino finalmente en abstracta ante la reunión arrancada por la docencia y debió ser suspendida. El indiscutido lastre que significa la nueva “oferta” paritaria del gobierno, es también indiscutidamente miserable. Se propone un aumento del 5% a un ítem (449) que no significa más que entre 200 y 500 pesos según la antigüedad, lo que lleva el salario inicial a 50 mil pesos, 3 mil más que la paritaria ya firmada por la burocracia. A la vez se completan las cuotas de lo ya firmado por la Intergremial para ser cobrados en 2021 y se extiende el plazo hasta el próximo viernes para reintegrarse y acceder a un plan de recuperación de los días caídos, en vez de rechazar esta extorsión. Es lo que reclamaban Sitepsa y los delegados de la Plaza. Los 3 mil pesos más en cuotas para los docentes que recién se inician mantienen este salario 17 mil pesos debajo de la línea de pobreza, en principio hasta diciembre, y acrecientan las sumas en negro del salario. Sumado al aumento del código 449, la oferta del gobierno avanza en el achatamiento de la escala y del escalafón docente. Las bases deciden Lo más destacable de la autoconvocatoria docente y en particular de esta huelga, ha sido la firme consciencia de las bases de que a ellas les corresponde decidir. Son ellas las que deben decidir. Sitepsa y los Delegados de la Plaza se han visto obligados a llamar a asambleas, aunque amañadas y tuteladas. Por el contrario, y como lo ha hecho desde su conformación, la asamblea provincial docente autoconvocada ya ha llamado para mañana a la mañana una verdadera asamblea, de carácter bimodal, para rechazar esta oferta ruinosa y determinar cómo se prosigue la lucha.

Los trabajadores de la salud nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Medicina de Corea (KHMU), han decidido ir a la huelga por mejores condiciones laborales y mejoramiento del servicio de salud debido a la sobrecarga laboral que recae sobre sus espaldas y que fue agudizado por la pandemia. Comenzará este jueves 2 de septiembre en caso que el estado no cumpla sus peticiones antes de la fecha señalada. El cese de actividades será acompañada por una gran movilización. La medida fue refrendada por el voto positivo del 89,8% (41.191 votos) de un total de 56.091 afiliados al sindicato que representan a 136 instituciones de salud. Reclaman cantidad suficiente de personal por tipo de trabajo, legislación para regular el número máximo de pacientes por enfermera; horarios de trabajo regulares y predecibles y ampliación del apoyo a las enfermeras dedicadas a la formación; eliminar las prácticas médicas ilegales; aumentar el número de médicos y facultades médicas públicas; la construcción de hospitales especializados en enfermedades infecciosas lo antes posible; un centro de servicios de salud adicional para cada una de las 70 zonas médicas de Corea del Sur; y mejoras a la infraestructura médica existente, así como un mayor financiamiento para abordar los problemas del déficit (Hankyoreh, 19/8). La pandemia en Corea del Sur como en todo el mundo ha servido de excusa para atacar las condiciones de trabajo. Una enfermera contagiada de Covid en una sala de aislamiento le dijo al diario Hankyoreh: “Incluso cuando estoy enferma, no puedo tomarme un día libre, tengo que volver a trabajar porque tenemos poco personal (...) Mucha gente hizo campaña durante un tiempo para aumentar el número de trabajadores sanitarios, pero seguimos trabajando en las mismas condiciones que el año pasado. Mucha gente se ha olvidado de nosotros. Los hospitales públicos representan menos del 10% de los hospitales de Corea, pero están a cargo de más del 80% de los pacientes con COVID-19 y que debido a esto y a las malas condiciones laborales”. “El 80% de las enfermeras están considerando cambiar de trabajo y el 42,7% de las nuevas enfermeras renuncian a sus trabajos en el plazo de un año”, denuncia el sindicato. La única respuesta que obtuvieron luego de once reuniones infructíferas con el ministerio de salud, vino por parte del mismo ministro de Salud y Bienestar Social, Kwon Deok-cheol, quien pronunció un discurso al público explicando que las demandas del sindicato no podían resolverse de inmediato y solicitando que se abstengan de llevar adelante la medida de fuerza. La huelga tendrá lugar cuando una nueva ola de contagios, que tiene como datos un aumento del 26,2% de los casos nacionales confirmados durante la semana pasada y que de ese número el 90,4% de los pacientes estaban infectados con variantes importantes, un aumento de 3,5 puntos porcentuales en comparación con el 86,9% registrado la semana anterior. La defensa de las condiciones de trabajo por parte de los médicos y enfermeros coreanos vista en su conjunto es la defensa al derecho a acceder a la salud en medio del vaciamiento y el ajuste capitalista al sistema de salud pública.

Hace unos días se reunió en Bariloche el llamado “Foro Consenso Bariloche”. Se trata de un rejunte francamente racista, integrado por representantes de las cámaras empresariales, la Sociedad Rural y terratenientes que despojaron a los mapuche de sus tierras. Lo integran incluso “consejeros” chilenos, que trasmitieron sus experiencias criminales contra los mapuche. Abrió el evento la gobernadora de Rio Negro, Arabella Carreras, y participaron también el intendente Gustavo Gennuso y todo el elenco electoral de Juntos por el Cambio y Juntos por Rio Negro. El Parlamento mapuche y las asambleas contra la mega minería de Río Negro consideraron este foro como la continuación del “Comando Unificado” creado por Patricia Bullrich en el 2017 después del asesinato de Rafita Nahuel. Al día siguiente, Diego Frutos, conocido agitador anti mapuche instalado en el Parque Nacional Mascardi, fingió haber sido atacado por la comunidad que ocupa las tierras del lugar. Se montó todo un operativo de fuerzas de seguridad digno de un diseño a lo Bullrich-Berni. Esta iniciativa contra los pobladores originarios, tanto el foro como el operativo Mascardi están originados en las acciones de las comunidades originarias contra la instalación de la mega minería en Río Negro, que cerraron las tranqueras de sus territorios para impedir la entrada de materiales para la explotación mega minera que pretende usar el agua, escasísima, de la estepa rionegrina. Dos proyectos, Calcatreu y Amarillo Grande, para la extracción de oro y plata, y un tercero en inicio, El Rosillo, están en plena exploración. El ex senador por Rio Negro Miguel Pichetto, dirigente del reciente Peronismo Republicano y alma mater de la corriente fascista contra los pueblos originarios, afirmó en un programa televisivo que reivindicaba la Campaña del Desierto y expresaba su admiración por Roca y proponía una actualización de esa campaña aniquiladora con la instalación de fortines para aplastar al “indio” tal como lo hizo el militar entre 1876 y 1879. Recordó que Rio Negro es una provincia pródiga en recursos naturales: litio, oro, plata, hidrocarburos, ganado ovino. Ese es el destino que Pichetto al mismo tiempo que el capital internacional, proponen para la provincia. Esa es verdadera causa del ataque al pueblo mapuche tehuelche, expulsarlo para la instalación de la mega minería contaminante. Nos oponemos tanto a la expulsión como a la mega minería contaminante, ambas expresiones de un capitalismo decrépito y destructivo.

El retorno a la presencialidad en los organismos públicos tiene fecha fijada. Según una resolución del Gobierno Nacional, los y las trabajadoras estatales debemos presentarnos a trabajar de manera presencial a partir de este miércoles 1 de septiembre. La misma norma señala que cada área deberá disponer el armado de las burbujas para garantizar el retorno y que los trabajadores deberán ser convocados con 72 horas de antelación. La noticia llegó de manera dispar a los organismos ya que algunos desde la semana pasada se disponen a garantizar que se cumpla con la norma mientras otros hablan de un retorno “flexible” o por etapas porque, en la voz de los jefes directos, “el teletrabajo funcionó y no hay que apresurar”. Las diferencias tienen más que ver con el grado de organización que se dieron los trabajadores en cada lugar que con si funcionó o no el teletrabajo. El teletrabajo funcionó en todos los organismos no esenciales, inclusive se ha cuantificado que se trabajaron más horas y con franjas horarios superiores ya que quienes desenvolvían tareas de cuidado ingresaban a cumplir sus tareas cuando podían. Para que funcione los trabajadores pusieron a disposición del Estado sus propios equipos de trabajo, el gasto de luz y de Internet, nada de eso fue contemplado en la reciente paritaria. Andrés Rodríguez de UPCN hace semanas que está recorriendo los medios de comunicación militando el regreso a las oficinas. En un año y medio, los edificios no fueron modificados y, los que trabajaron con presencialidad como es el caso de ANSES, registran un número de contagios y muertos equivalente al de la ´primera línea´ de salud. Ni UPCN ni ATE convocaron a los trabajadores y trabajadoras para ver qué opinan del retorno en medio de que la Cepa Delta llegó a la Ciudad y ya se presentaron dos casos en la Biblioteca Nacional dependiente del Ministerio de Cultura. ¿Por qué habrían de haber consultado a sus afiliados si tampoco lo hicieron para firmar una paritaria que deja a la mayoría de los salarios por debajo de la línea de pobreza hoy en 65 mil pesos? En la mayoría de los organismos no existe la ventilación cruzada, ni la posibilidad de distanciar a los y las trabajadoras por más de metro y medio. Las licitaciones millonarias con empresas tercerizadas de limpieza son harto conocidas como negociados donde siempre falta personal y materiales para higienizar. La presencialidad en el Estado no será otra cosa que un espejo de lo que ya está sucediendo en las escuelas: decenas de burbujas suspendidas por contagios y centenares de alumnos aislados a dos semanas de empezar con la presencialidad total. El retorno a la normalidad haciendo oídos sordos al crecimiento de los asilamientos, el sostenimiento de los contagios, la falta de segundas y primeras dosis de vacunas, la llegada de la Cepa Delta y el abarrotamiento del transporte público es una política de Estado. La de garantizarle a las patronales privadas que avancen sobre las licencias y el personal de riesgo. Además, se proponen llegar a las PASO con una apertura total. Desde Tribuna Estatal Tendencia sostenemos que hay que apostar a las asambleas de sector que van surgiendo por la propia inquietud de los trabajadores y defender el no retorno. Ni ATE ni UPCN van a convocar a nadie para defender el derecho a no enfermarse en este escenario, por eso las autoconvocatorias acompañadas por los delegados y delegadas honestas y por el activismo tiene que ser el camino para frenar un retorno injustificado por donde se lo mire. Allí donde hay organización, primero “van a medir las oficinas y verificar los protocolos”. Por eso hay que llamar a organizar asambleas por sector sin distinción de afiliación que impongan el teletrabajo y recuperen las licencias para los trabajadores de riesgo y las trabajadoras encargadas del cuidado de los menores. No a la presencialidad de los no esenciales. Licencias pagas para las y los trabajadores con tareas de cuidado durante los aislamientos de los y las niñas. Vacunación masiva.

En el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires, los militantes de Política Obrera se encuentran desenvolviendo una intensa campaña. Mediante charlas políticas y encuentros abiertos, hemos debatido con numerosos vecinos las principales preocupaciones que atraviesan a los trabajadores. Hemos realizado actividades con dos barrios de Villa Celina, en Ciudad Evita, y en los barrios de Dorrego y La Justina, de González Catán. Las compañeras y compañeros tomaron la palabra para denunciar la situación de miseria social que atraviesan, la falta de trabajo, el aumento de precios de los alimentos y la escasa asistencia social que llega a los comedores populares, cuestiones que se repitieron en todos los debates. En el conurbano las cifras de pobreza superan el 50% que marcan las estadísticas nacionales. Otro de los puntos fue la problemática del hacinamiento y de falta de vivienda. En La Matanza hay más de 122 asentamientos. En Ciudad Evita, nos reunimos con vecinos que denunciaron que el Municipio de La Matanza está por comenzar a construir viviendas en “El Campito”, un predio que todas las familias del barrio utilizan para realizar actividades recreativas al aire libre. El plan de viviendas, por otro lado, se vuelve inaccesible para cualquier vecino del barrio porque piden requisitos imposibles. Ciudad Evita es uno de los barrios más cercanos a la Capital Federal y por eso el valor del suelo es de los más caros del distrito. La reunión que realizamos finalizó votando la realización una campaña en defensa de este espacio público, comenzando por una juntada de firmas de los que utilizan y mantienen el lugar. Como resultado de estas actividades, se han conformado comités de apoyo a la campaña de Política Obrera. Compañeros y compañeras del Polo Obrero (tendencia) se encuentran realizando recorridas de volanteada por los barrios de La Tablada y Dorrego. También participan en mesas de agitación en el centro de González Catán y en puertas de fábrica. Delegados y activistas, a través del debate y participación en la campaña electoral, se encuentran avanzando en su consciencia política para construir un partido propio de la clase obrera. Otro aspecto de la campaña en es la realización de agitaciones en las fábricas. En la metalúrgica Acindar tuvimos una muy buena recepción de nuestros materiales y recibimos el reconocimiento de algunos compañeros. Hemos concurrido en Ramos Mejía a la empresa Swiss Meddical y a la alimenticia “5 Hispanos”, que ha sido siempre protagonista de luchas obreras de importancia. En el SUTEBA, donde tenemos una activa participación militante, hemos notado una valoración de un conjunto de activistas a nuestra lista, por haber sido consecuentes en todo el año con nuestra posición de rechazar la presencialidad en pandemia. Luchadores multicolores han expresado su desacuerdo las “campañas vacías” y de “puro marketing” que realizan las corrientes del FIT-U, en nombre de una “unidad” que no ven reflejado en el propio sindicato. Sobre la base de contrastar consignas y métodos de campaña al interior de la izquierda, trabajadores de la educación nos han manifestado su interés por comenzar a realizar una experiencia política común. En lo que resta de la campaña hemos planificado el sostenimiento de la agitación callejera, debido a que son los días claves en donde un sector de la población empieza a definir su voto. Nos preparamos para reunir cientos de fiscales que de manera consciente defiendan el voto por una política obrera y socialista frente a la crisis en curso.

A partir del 1 de septiembre, según informa la última resolución que actualiza el “Plan Jurisdiccional de regreso seguro a clases presenciales”, Kicillof se ha embarcado en imponer la presencialidad total en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Se trata de cinco millones de alumnos que estudian en 20 mil establecimientos. Esto ocurre al mismo tiempo que las autoridades sanitarias oficiales informan que está circulando de manera comunitaria la variable delta del covid-19. Como lo demuestran todas las experiencias internacionales, será cuestión de días o semanas para que se convierta en el contagio predominante entre la población. Tomando como base la resolución que aprobó la semana pasada el Consejo Federal de Educación, el gobierno provincial barre las mínimas medidas de cuidado de seguridad e higiene. No sólo reduciendo el distanciamiento social de 1,5 metros a 90 centímetros dentro del aula sino que habilita “la posibilidad de situaciones excepcionales, en las que incluso se puede incorporar más chicos al aula robusteciendo otras medidas de mitigación” (Infobae, 30/8). Según el gobierno, se trata de “garantizar la presencialidad cuidada plena de la sección completa en su jornada habitual” (DGCyE 30/8721). Esto es la asistencia a clases durante todos los días en el horario que se asistía “normalmente”. La pandemia para el gobierno ya sería cosa del pasado. La inconsistencia de esta medida queda delatada en sus propios fundamentos. El gobierno provincial intenta cubrirse de los futuros rebrotes admitiendo que la situación epidemiológica puede ofrecer “giros impredecibles”, porque la “coyuntura es muy dinámica” (ídem). Lo único “predecible” es que el gobierno está levantando todas las medidas de aislamiento, no sólo en el ámbito educativo, y eso va a hacer estallar la próxima bomba de contagios. Los gobiernos son rehenes de los intereses privados, que han impuesto el levantamiento de todas las medidas de prevención, para seguir acumulando ganancias. En este caso, prevalece el lobby de la educación confesional y privada. En países como Gran Bretaña e Israel, que superan largamente el 70% de la población con ambas dosis de la vacuna, la variable Delta provocó un aumento sin precedentes de los contagios. En Argentina, que apenas tiene al 30% de su población vacunada con las dos dosis, no es difícil acertar cómo esta presencialidad escolar impactará en los contagios. Así ocurrió cuando la ´segunda ola´, que se disparó con la falaz ´presencialidad segura´. El estado levanta el dedo acusador contra el “adoctrinamiento escolar”, pero obliga a la docencia y a los estudiantes a convivir con un virus mortal en las aulas sin tomar en cuenta ni siquiera su opinión. Todas estas medidas tienen el aval y el apoyo militante de la dirección provincial del SUTEBA que, al igual que negoció la última paritaria, acordó sin el mandato de sus bases con el gobierno este atropello. Por su parte, las fracciones del FIT-U que dirigen las seccionales multicolores de SUTEBA, continúan defendido como desde principios de año, que la presencialidad en pandemia se realice, pero con determinadas “condiciones”. En esa línea, por ejemplo, el PO (o) reclama “agrandar las aulas y mejorar la infraestructura” y “el respeto a los protocolos que garanticen una presencialidad cuidada” (Prensa Obrera, 25/8). Al retornar del receso invernal, el gobierno no tuvo que enfrentar ninguna medida de fuerza de los sindicatos y por eso tuvo el terreno despejado para avanzar. El escenario planteado coloca la necesidad de impulsar una deliberación en cada una de las escuelas, organizar comités de base y de exigir la convocatoria a asambleas en todas las seccionales para rechazar las nuevas medidas del gobierno y preparar medidas de fuerza en defensa de la salud y el salario. El camino lo marca la histórica huelga docente salteña.

El radical Gustavo Valdés obtuvo la reelección como gobernador de Corrientes con el 76,76% de los votos. Se trató de una elección ejecutiva en medio de las elecciones de medio término a nivel nacional. El candidato K, Fabián Ríos, sacó el 23,24%. En 2017, la victoria de Valdés fue por el 55%, con una diferencia de 10 puntos con el segundo. Esta vez la diferencia fue de 50 puntos. En 2019 Alberto Fernández le había sacado 20 puntos a Macri en 2019. El FdT perdió significativamente, el domingo pasado, en los distritos más importantes que elegían intendente. La abstención fue del 35% del electorado, 16 puntos más que en las anteriores elecciones. Fue una elección dirimida, en buena medida, “facón y punta de pistola”. Un diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, fue baleado en un acto político. Durante los comicios, en la localidad de Mburucuyá, el candidato a intendente del Frente Amplio, Gustavo Aromí, fue atropellado por el intendente Pablo Guastavino, de la alianza Adelante Mburucuyá (ECO + Vamos Corrientes de Valdés). Más tarde, un concejal del espacio de Aromi fue perseguido con un cuchillo por militantes cercanos a Guastavino (télam, 30/8). La participación fue baja, del orden del 65%, cuando en las últimas elecciones había sido del 80%. El voto en blanco fue 7% (40.000) y el nulo 5.5% (31.000). Los radicales fueron a Corrientes a festejar la victoria, tratando de nacionalizar la victoria. Los radicales obtienen los dos tercios en la cámara provincial. Del lado del Frente de Todos, el gobierno guardó silencio frente a la apabullante derrota. Esto irá a “reforzar” las elecciones del FdT en las legislativas de noviembre. Esta elección es un llamado de alarma para el gobierno nacional, que viene de perder las cuatro elecciones provinciales realizadas este año.

La directiva de ATSA Buenos Aires -el sindicato de los trabajadores de la salud privada que preside Héctor Daer- ha convocado a elecciones generales del gremio para el próximo 14 de octubre. El cuadro de los trabajadores del gremio es crítico. Los salarios mínimos de los convenios rondan entre los 60 y 64 mil pesos de básico, por debajo de la canasta de pobreza, hoy en 66 mil. En las Clínicas, Sanatorios y establecimientos de la salud privada, prevalecen una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras contratados. Las patronales utilizan las modalidades de contratos eventuales y monotributo, que les permiten contratar personal en función de la demanda y luego desligarse de ellos a bajo costo. La precarización de las condiciones de trabajo no se corresponde con el lugar de primera línea frente a la pandemia cuando las grandes patronales de la medicina privada embolsan fortunas y son beneficiadas con subsidios para costear salarios o excepciones impositivas. La oficialista Celeste y Blanca de Héctor Daer se conduce con los métodos que conocimos en el proceso de lucha por nuestros salarios, es decir con completa ausencia de democracia sindical: plenarios de delegados/as donde sólo habla la directiva, levantamiento de medidas de forma inconsulta y el cierre de un acuerdo paritario sin debate con los trabajadores y trabajadoras. En definitiva es el método que ha llevado a los trabajadores a este profundo malestar. El aparato de la Celeste y Blanca es descomunal y comanda la mayoría absoluta en los establecimientos. El método antidemocrático de la conducción Celeste y Blanca de Atsa Bs. As responde a su complicidad extrema con las patronales de la salud privada. A tal punto es así que en todo el conflicto salarial actuaron en función de garantizar el aumento de las cuotas de las prepagas. Actuando como verdaderos voceros de las patronales han manifestado públicamente que es “correcto” un aumento de las cuotas de las prepagas, a pesar de que significaría un golpe al bolsillo de una gran parte de la clase obrera. La complicidad con la patronal se expresó en toda la pandemia cuando frente al reclamo por protocolos o elementos de protección por parte de los trabajadores, se instaba a no elevar reclamos ya que podría significar el cierre directo de distintos establecimientos. Las respuestas de la Celeste y Blanca a conflictos graves como la falta de pago de sueldos y aguinaldos en cuota, siempre ronda en cartas documentos, que las patronales ignoran. Ni hablar de que en establecimientos como el Sanatorio Güemes, han despedido a trabajadores y trabajadoras por reclamar el pago completo del sueldo, con la absoluta inacción de la conducción del sindicato. Daer necesita mantener al gremio unido bajo su mando de cara a los rearmados de las próxima elección de autoridades de la CGT y de cara a las elecciones de juntas internas del próximo año, donde intentará evitar el surgimiento de listas independientes o semi independientes de la Celeste y Blanca. La Bordó Luego de un fallido intento de proscripción, la burocracia finalmente ha oficializado la presentación de la opositora lista Bordó que impulsa el MST, con presencia en la comisión interna del Hospital Italiano. El intento proscriptivo ha tenido como primer objetivo tapar el malestar general de los trabajadores y trabajadoras de la salud privada. En los días previos a la presentación de listas, patotas de la Celeste y Blanca, en el sanatorio Güemes, Sagrado Corazón, Hospital Alemán, y muchos otros lugares, increpaban a quienes recogían avales para la lista opositora – el estatuto del gremio exige un 3% de avales del total del padrón de afiliados para presentar lista. En el conflicto por la paritaria, la lista Bordo frente a los enormes bloqueos que imponía la directiva al desarrollo del plan de lucha tuvo una política de autoproclamación que la aisló de las bases movilizadas de cada establecimiento que encendieron las paritarias. No todos los delegados y delegadas de la Celeste y Blanca actuaron como quiso la conducción y la Bordó perdió una oportunidad de contraponer a la burocracia un espacio y alternativa que ofrezca e impulse la organización de asambleas generales y movilizaciones en la lucha, acompañando los tiempos de los trabajadores y trabajadoras de los distintos sanatorios y clínicas. Nuestro planteo Desde Tribuna de Salud llamamos a votar críticamente a la lista Bordó con la perspectiva de debilitar a la burocracia de Daer para la etapa que se viene. Llamamos a los activistas y delegados honestos a preparar listas independientes de la patronal y de la Celeste y Blanca oficial de cara a las elecciones de comisiones internas para iniciar una recuperación gremial de los trabajadores en sanidad.

La reunión entre Alberto Fernández y la CGT dejó como saldo, por un lado, el reintegro de 7.000 millones de pesos a las Obras Sociales; por el otro, un nuevo intento de reforma laboral en agenda, vinculada principalmente a los planes sociales. "El saldo que más destacaban ayer en la "mesa chica" de la CGT es la cumbre que se prepara para la semana que viene con empresarios de varios rubros en Azopardo 802. Se trata de una reunión del Gabinete socioeconómico que, según los funcionarios a cargo de la convocatoria, será tripartita con integración de ejecutivos de empresas". Así lo registraron distintos medios. "Si bien al oficialismo no le gusta llamarlo reforma laboral por una cuestión políticas y electorales, lo cierto es que el debate se acelera y las reuniones con sectores clave, también. Pensando en la postpandemia y con la mira puesta en los próximos 2 años que el presidente Alberto Fernández intentará usar para revertir presente y expectativas pesimistas, la Casa Rosada viene encarando una serie de encuentros con industriales y sindicalistas. La pata principal de la etapa que viene son los planes sociales. El Gobierno comenzó a desarmar varios de ellos para integrarlos en el Programa Potenciar Trabajo. A su vez, los gobiernos provinciales y sus ministerios de Trabajo ya están en condiciones de adherir al decreto 514/2021 con el que se compatibilizan los beneficios y asignaciones con el trabajo rural registrado” (Urgente24). El esquema se extendería a sectores como el textil, la construcción, el reciclaje y la producción alimenticia. La “compatibilización” de los planes sociales con el empleo temporal o discontinuo en el agro significa que al trabajador no se le dé la baja del plan social que percibe una vez registrado en el Renatre. Si bien no se ha dado a conocer aún la reglamentación del decreto, es probable que el empleador pase a pagar durante los meses de contrato sólo la mitad del salario mínimo a los trabajadores que incorpore, complementado con el subsidio del Potenciar Trabajo. Una suerte de Repro permanente. Fuera de temporada, el trabajador continuará percibiendo los poco más de 14 mil pesos que paga el plan, o sea, medio salario mínimo. La canasta famiiar, recordemos, alcanza actualmente los 130 mil pesos. La campaña mediática de los empresarios del agro contra los planes, que supuestamente los dejaban sin mano de obra, ha dado su resultado: el Estado los ha convertido en un subsidio a las patronales. Es una reivindicación de la clase capitalista. La Confederación de la Mediana Empresa (Came) fue una de las cámaras empresarias que más presionó por esta compatibilidad, sobre todo en el agro. “Será un beneficio para todos: para los productores, para el Estado, y para los trabajadores del agro, uno de los sectores más vulnerables”, anticipó a Ámbito Pablo Vernengo, de Came. El plan Empalme, en cambio, “nunca funcionó, tardaban en volver a dar de alta los planes y los trabajadores se quedaban meses sin cobrar, por lo que era dificultoso luego que quisieran trabajar. Ahora lo van a seguir cobrando todos los meses”. Por otra parte, los trabajadores rurales que no perciben el Potenciar Trabajo correrán serio peligro de ser despedidos -o directamente de no ser contratados-, para ser reemplazados por quienes sí lo perciben, porque al empleador le saldrían un 50% más baratos. Como se ve, el objetivo de integrar a los desocupados al "mundo del trabajo" puede terminar en una andanada de despidos. El Gobierno busca ampliar esta compatibilidad a otras cinco ramas de actividades: construcción, producción de alimentos, actividad textil, economía del cuidado y reciclado. Son gremios que tienen en común salarios que bordean la indigencia Todo indica que la modalidad será la misma: el capitalista pagará durante el contrato del trabajador del plan solamente el 50% del salario mínimo. Con la integración de trabajadores más baratos a sectores industriales como el textil o alimenticio ocurre lo mismo que en el agro, los trabajadores bajo convenio correrán el riesgo de ser despedidos. Cómo anticipara Política Obrera, la agenda post electoral viene con una reforma laboral (y una previsional) a la medida del FMI, pero de ninguna manera se reduce a convertir los planes en subsidios al capital: "El oficialismo entiende que es inevitable analizar eso y ahora intenta retomar la iniciativa. Indemnización, jubilaciones, alivio tributario y más está puesto sobre la mesa a la hora de sentarse a dialogar." Este es uno de los problemas fundamentales que están en juego para los trabajadores en estas elecciones.

Según dichos del ex ministro Arroyo hoy en día en la economía popular se agrupan alrededor de 3 millones de personas. Son trabajadores prácticamente sin derechos laborales en cooperativas de toda índole, desde el cartoneo hasta pequeñas producciones agrarias. A esto hay que sumar los municipios, que emplean por un plan a los compañeros para tareas de barrido y limpieza. Al momento esa es la propuesta que ha impulsado el gobierno frente al reclamo de trabajo genuino. El gobierno se felicita por un ajuste del déficit fiscal de alrededor de 870 mil millones de pesos, parte de los deberes previos al acuerdo con el FMI sobre el ya raquítico presupuesto aprobado en el Congreso el año pasado. La preocupación para “atraer” inversores pasa por acelerar una flexibilización completa del régimen laboral. Esto es parte de un paquete de medidas de la mal llamada post-pandemia armado en Casa Rosada tras una serie de reuniones con las cámaras empresarias. Desde hace meses sectores del empresariado rural llevan adelante una campaña anti-piquetera, aduciendo que los planes les impiden explotar a más de 150 mil trabajadores eventuales y que este año perdieron por eso un 30% de la cosecha. Es cierto, el subsidio si bien miserable, anualizado está por encima de la bruta explotación en las cosechas a cambio de un jornal que no contempla ni los costos de traslado ni la temporalidad del trabajo. Lo correcto sería exigir estos puntos a los empresarios, sin embargo, el gobierno toma la política contraria. Con la aprobación del decreto 514/2021 que compatibiliza los beneficios y asignaciones de los planes sociales del Potenciar Trabajo con el del trabajo rural registrado. Apunta a una reconversión masiva de los planes sociales en un subsidio para las patronales agrarias en forma del 50% del costo laboral. Este nuevo decreto es una verdadera precuela de la reforma laboral que los diputados se preparan a votar pasadas las elecciones. En el mismo sentido esta en discusiones la cuestión de las indemnizaciones, las jubilaciones y un alivio tributario al gran capital. Zabaleta: “no va a haber más incorporaciones a los planes” En una larga entrevista por las elecciones el flamante ministro Juan Zabaleta anunció el cierre de la inscripción a los planes sociales como parte de su política de ´empalme´ entre planes y trabajo formal. La única opción de acceder a nuevas altas será a través de la limpieza de los listados y de las bajas que informen las organizaciones. También negó cualquier tipo de aumento en los montos o bono para las asignaciones ya atrasadas. Mientras continúa la pandemia, las familias buscan recomponerse por sus seres queridos perdidos y la baja de sus ingresos. Zabaleta pinta un panorama oscuro, ni más ni menos en el momento más crudo de la crisis económica y social se cierra toda posibilidad de ingreso a un mísero subsidio para los millones de desocupados que están sin nada. El ministro afirma que los cortes de calle de las organizaciones son por fines electorales, una forma más de negar la pobreza y las tasas de desocupación récord. Sin sonrojarse, asegura que Alberto Fernández debe tener un segundo mandato porque es un gobierno exitoso. ¿La inflación del 51%? No importa porque vamos a crecer. Cuando le consultaron sobre qué tipo de representación gremial podrían tener esta masa de nuevos trabajadores precarizados, fue tajante, la UTEP es una entidad transitoria todo quedara encuadrado en la burocracia de la CGT. Toda esta información fue brindada livianamente mientras el ministro repartía 700 tarjetas alimentarias en el municipio de San Martín, por supuesto ningún fiscal se acercó a investigar si este acto de punterismo se daba en un marco de peculado o de malversación por parte del funcionario. Hay que analizar la actual campaña judicial de ataque contra el movimiento de desocupados junto con el impulso a una precarización aún mayor del trabajo formal. El gobierno quiere ir por las conquistas históricas del movimiento obrero para rendir tributo a los fondos financieros y al FMI. Frente a esto las masas empobrecidas discuten la necesidad de una rebelión popular para enfrentar en las calles todo este paquete de medidas.

La campaña chabacana y de términos ordinarios en la que se embarcaron de los principales candidatos no ha corrido al gobierno del Frente de Todos de su preocupación principal, el ajuste económico y social que requiere el nuevo acuerdo con el FMI. En los últimos días surgió la novedad de que una cantidad de desocupados de diferentes organizaciones sociales no cobraron los pagos comprometidos por el Ministerio de Desarrollo nacional. Estos compañeros son parte de organizaciones como OCR, Mariano Ferreyra, TODU y CPS 29 de mayo entre otras. ¿La excusa? Un pedido del fiscal Marijuán de suspender los pagos a aquellas organizaciones denunciadas penalmente por coacción, en una causa armada para criminalizar la protesta. Cabe resaltar que este pedido de Marijuán no tiene ningún respaldo legal y que el ministro Zabaleta la lleva adelante de oficio. El gobierno se apropia de un ingreso de emergencia que los compañeros necesitan para no pasar hambre, dando lugar a acciones de legales de los afectados hacia el Juez y el Ministro. Esta situación es un precedente negativo para el conjunto del movimiento. En realidad, la extorsión al trabajador con el hambre y la miseria es la herramienta predilecta del Estado y sus funcionarios, que es el responsable de los pagos, las altas y las bajas . Dentro de la causa también se coloca como delito de amenaza la movilización misma y el reclamo a Desarrollo Social, un absurdo legal que pondría en jaque todo reclamo del movimiento obrero. Rápidamente aprovechando el ataque a los desocupados el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés "el Cuervo" Larroque, aseguro que "hay que redefinir" el sistema de planes. Para estas horas, se cierne la preocupación de que tampoco se deposite el pago sobre aquellos compañeros que ya fueron reconocidos previamente. Extendiendo el ataque al conjunto de desocupados de estas organizaciones. Mientras avanza en la justicia federal la causa contra dos de los dirigentes de la movilización del 18 de agosto pasado , Eduardo Belliboni del Polo Obrero oficial y Diego Quiroga de la OCR. La jornada fue convocada por la Unidad Piquetera en reclamo de los compromisos incumplidos por el gobierno. Este ataque legal se da en un contexto de recrudecimiento de la situación social donde los ingresos se encuentran cercanos a un piso histórico. Los índices muestran que de 2013 a hoy la capacidad de compra de las familias se redujo a la mitad. Esta semana también se dio el reclamo de cientos de familias de la Villa 21-24 que ocuparon un predio ferroviario sin uso para reclamar tierra y una vivienda digna, como paso en Guernica. La solidaridad desplegada por vecinos y organizaciones está impidiendo que se haga efectivo el desalojo y muestra también el respaldo al reclamo. En este marco, el movimiento piquetero debe discutir y preparar acciones, el régimen y sus funcionarios buscan amedrentar la creciente lucha de los desocupados. Denunciemos la criminalización a todos los compañeros imputados, sin especulaciones y en absoluta unidad preparemos una gran jornada. Para que los trabajadores desocupados castigados por esta medida no sigan pasando hambre y por todos los reclamos pendientes.

Este próximo 12 de septiembre, en las PASO Política Obrera se presentará por primera vez en las elecciones como una alternativa política a los partidos patronales y a la deriva parlamentarista de la izquierda integrada al régimen. Nuestra corriente ha centrado su intervención, en la campaña, en denunciar a las coaliciones oficialista y opositora, que votarán en el próximo Congreso un acuerdo colonial con el FMI, y en denunciar el carácter histórico del empobrecimiento de la clase trabajadora -con y sin empleo- como resultado de la crisis capitalista, en medio de una crisis humanitaria. El acuerdo con el FMI traerá un mayor ajuste, una devaluación del peso, la aplicación de una reforma laboral y un achique aún más brutal que el actual sobre las jubilaciones. Está en juego, en estas elecciones, cómo enfrentar esa tentativa de ofensiva capitalista que desatará una rebelión popular, como las que vienen recorriendo el continente desde hace dos años a esta parte. Política Obrera viene librando una enorme lucha política desde su nacimiento, primero, por conquistar la legalidad electoral; segundo, realizando una campaña electoral con base en la agitación en puerta de las grandes fábricas, en la recorridas de los barrios obreros, de las villas de la Ciudad, en un mano a mano con trabajadoras y trabajadores, desarrollando un programa frente a la crisis capitalista. Se trata de fortalecer una posición socialista y romper la polarización que tratan de imponer los partidos patronales. El enorme descontento popular debe dar lugar a que se promueva la organización de los explotados, utilizando estas elecciones para poder avanzar en las luchas que están en curso, El único voto “útil” de los explotados es el que promueve la organización política propia en un partido de la clase obrera. Por eso necesitamos defender el voto a Política Obrera, con miles de fiscales en todo el país que actúen para que no falte una expresión socialista en las urnas. Te llamamos a sumarte como fiscal en y defender el voto a Política Obrera en las próximas elecciones. Anota haciendo click acá.

Luego de varias asambleas, los trabajadores de Radio Nacional, a través de la convocatoria general del sindicato Atrana (Asociación de Trabajadores de Radio Nacional), pararon por 24 horas el pasado lunes 30 por la reapertura de las paritarias. Este fue el tercer paro del año, luego de los de mayo y agosto pasados, por una recomposición real del salario. El paro El llamado al paro tuvo un alto acatamiento en la emisora cabecera de Buenos Aires LRA1 y con réplica en varias emisoras de distintas provincias que se plegaron a la medida. Fue el canal para rechazar lo ´ofertado´ por la empresa en el marco de la revisión paritaria: un irrisorio 1% más para este año y otro 5% a cobrar recién en febrero 2022. Las cuotas del 34% acordado en mayo, que se iban a terminar de cobrar en abril de 2022, se adelantaron todas para este año fruto de la persistente lucha. La burocracia sindical, signataria del CCT 32/75 que rige nuestra actividad en Radio Nacional, firmó sin chistar la propuesta, dándole por enésima vez la espalda a los reclamos y urgencias de los trabajadores. La nota disonante la dio la Federación argentina de trabajadores de prensa (Fatpren), quien rechazó la oferta de la reapertura paritaria, incorporó en su rechazo varios puntos planteados por Atrana y la Asamblea de los Trabajadores, y anunció a través de un comunicado el inicio de una serie de medidas sectoriales; sin embargo, se mantuvo distante del paro y se abstiene de participar de la asamblea general. En cuanto a ATE, se halla en estado de deliberación y concuerda en líneas generales con los reclamos de la Asamblea. El reclamo de los trabajadores El renovado ataque al salario se da en un periodo de ajuste fiscal del gobierno, cuando la inflación se proyecta superior al 50% para 2021 y se prepara un nuevo acuerdo con el FMI. La Asamblea General que resolvió el paro se pronunció a favor del reclamo por un aumento ya del 53%, a fin de recomponer la situación salarial de los trabajadores, para poder igualar el poder adquisitivo que tenían en enero de 2018, último acuerdo salarial que empardó la inflación. Asimismo, la Asamblea votó la incorporación de una cláusula que ajuste de manera automática el salario mensualmente a la par del IPC, el pase a planta permanente de los trabajadores contratados, un 3% en concepto de antigüedad desde el mes de agosto de este año y que todo lo acordado aplique a todos los trabajadores sin distinción de forma de contratación. Por otra parte, se votó un rechazo absoluto a la vuelta masiva a la presencialidad que viene barajando la empresa y la defensa estricta del protocolo que logró imponer Atrana y la Asamblea General en marzo de 2020. Frente único por el salario La asamblea realizada luego del paro, que contó con la participación de contingentes de compañeros de todo el país, resolvió la elaboración de un petitorio con las reivindicaciones para difundir y lograr aún más fuerza en todo el país. Para derrotar el ajuste sobre nuestros salarios, es necesario fortalecer las próximas asambleas generales en un frente único de trabajadores de todos los gremios donde confluyan todos los reclamos por un salario igual a la canasta familiar y el pase a planta de todos los compañeros precarizados.

El miércoles pasado Jorge Altamira estuvo en Berazategui. Despertó el interés de numerosos medios locales, recorrió la peatonal y asistió a una asamblea organizada por el Polo Obrero Tendencia y la UJS (T), en la plaza del barrio La Loma. Altamira planteo la necesidad de debatir y contestar inquietudes, no escuchar un nuevo discurso. El método fue bien recibido. Fue interesante que, a partir de inquietudes sobre trabajo y vivienda, el intercambio de ideas llegó a la responsabilidad del Estado y sus poderes. Esto facilitó que se llegara a la cuestión de la asamblea constituyente con poder para gobernar y pasar a discutir los cambios urgentes que necesita el país para elevar la condición material y moral de la clase trabajadora. Para llegar a “una nueva forma de poder donde haya soberanía completa de los trabajadores”. En un debate con la juventud, Altamira denunció a los partidos patronales de hacer demagogia. “Vivimos en un mundo tan podrido que ahora descubrieron que existen los jóvenes. Los problemas que tienen los jóvenes, señaló Jorge, son los problemas que tiene la clase obrera, los adultos, las mujeres, todos sujetos a la desocupación, a despidos, a los salarios bajos y a la flexibilización laboral”. “No hay una cosa llamada jóvenes, en el que tenga 18 años y que pertenece a una clase trabajadora y otra de la misma edad y que vive como un payá, no tienen nada en común. Ese joven que tiene problemas de vivienda tiene más en común conmigo de lo que puede tener con un joven de cualquier otra clase”. “Nosotros denunciamos a los que hablan de los jóvenes. Basta de demagogia. Necesitan vivienda al igual que sus padres, salario mínimo igual a la canasta familiar, y que los acreedores internacionales dejen de saquear con la deuda externa”. La asamblea terminó con la invitación a sumarse a fiscalizar para cuidar los votos obreros, a pasar el 1,5 % necesarios en las PASO, y con la promesa de que volvería una vez finalizadas las elecciones para seguir con los debates.

El concurso de quiebra iniciado por Molino Cañuelas se suma a las iniciadas por la cerealera Vicentin, Garbarino y otras cadenas comerciales. Es una evidencia, en primer lugar, que la crisis financiera que irrumpió en 2018 está muy lejos de haber concluido. Se asemeja como dos gotas de agua al default del estado argentino, que ha acumulado una deuda pública de 400 mil millones dólares. En ambos casos, es el resultado de la anarquía que caracteriza por definición a la economía de mercado, que se ha acentuado como consecuencia de la volatilidad de los movimientos de capital financiero. La deuda pública de los estados nacionales es equivalente a 400 billones (millones de millones) de dólares – cuatro veces el PBI mundial. El sector privado de Argentina tiene una deuda internacional de 100 mil millones de dólares, lo cual no es moco de pavo. La devaluación del peso, a partir de la devaluación de abril de 2018, produjo pérdidas significativas a numerosos capitales, entre ellos la alimenticia Arcor y la azucarera Ledesma. A la vista de esto, las diatribas que se dirigen al sobreendeudamiento del sector público de Argentina, pretenden disimular una crisis de conjunto del capitalismo mundial y la necesidad de descargar las consecuencias de esta crisis en los trabajadores. Nadie goza del derecho, entre estados y capitales, a tirar la primera piedra. De acuerdo a la información conocida, Molino Cañuelas colocó deuda y acciones para financiar una expansión que veía apetitosa por una circunstancia económica y otra política – nada menos que por 1.300 millones de dólares, casi lo mismo que su predecesora Vicentin. La primera circunstancia era la expectativa de un mayor aumento de los precios de los alimentos en los mercados nacional e internacional; la segunda fue la emergencia del gobierno de Macri, que ofrecía garantías políticas al capital internacional, como lo demostró el paso por Buenos Aires de los jefes de estado de todas las potencias capitalistas. Como dijo el ex presidente, “pasaron cosas”. Las cosas que pasaron fue una suba de la tasa de interés internacional, que ahuyentó precisamente a esos capitales volátiles, y el temor a una recesión interna como consecuencia de las altas tasas de interés reales que impuso Sturzenegger desde el Banco Central. La devaluación que siguió a estas peripecias hizo impagable una deuda contraída en moneda extranjera. El concurso de Molino Cañuelas se parece, de nuevo, al concurso que tiene ocupado a Martín Guzmán con el FMI. Los acreedores no han aceptado la oferta de la empresa para reestructurar su pasivo y ajustar personal – tampoco se logró todavía con Vicentin. La razón es que dudan de las cuentas que ofrece el deudor, como ocurre con las dudas del FMI con las de los Fernández. Vicentín ha vendido una empresa de su conglomerado a la multinacional Glencore – el FMI reclama la venta de terrenos fiscales para alimentar la especulación inmobiliaria. En la lista se encuentra Costa Salguero, los terrenos de Boca en la costanera, el barrio de Boedo y la zona sur porteña, en lo que respecta a CABA. En todas las provincias ocurre lo mismo, como se observa en el incesante desalojo de los vecinos sin vivienda que ocupan terrenos. La joya de la corona es la Patagonia, el ´lugar en el mundo´ de Macri y de los billonarios norteamericanos. Este remate, luego del que liquidó el patrimonio estatal bajo Menem, es lo que acaba de reclamar Paolo Rocca, la cabeza de Ternium, en el día de la industria. En un mundo abarrotado de acero, el ítalo-argentino ponderó las ventajas del desarrollo de la construcción para su industria, entendiendo a los edificios en torre, no a lo que demandan los vecinos que ocuparon terrenos en Guernica. La industria de Rocca está ampliamente diversificada -en Brasil, México, Estados Unidos, la Unión Europea- de modo que puede mover sus inversiones de un lugar a otro, sin preferencias por ninguno. O sea que, en una Argentina en crisis, saca de aquí lo que manda allá. Esto vale especialmente para los tubos para oleo y gasoductos – por eso reclama reactivar Vaca Muerta, o sea que insiste en subsidios, porque el ´fracking´ en Neuquén no tiene precios internacionales que compensen los costos. Molino Cañuelas se quiere salvar como lo hace Techint – a costa del Estado, es decir los contribuyentes, o sea los trabajadores. En su caso, al igual que Vicentín, a expensas del Banco Nación – su acreedor principal. Se le exige también que desguace parte de la empresa -destrucción de empleos- y reforma laboral – mayor flexibilidad y salarios más bajos. ¿No es un calco de lo que exige el Fondo? Por eso Rocca reclamó un rápido acuerdo con el FMI, en línea con lo que vienen planteando Máximo Kirchner y Massa, que seguramente ´conversaron´ esto antes con el patriarca. El costo de esta reestructuración de un capitalismo quebrado es muy oneroso para una nación con 50% de pobres, cuatro millones de desocupados y subocupados, una jubilación mínima de 26 mil pesos y un salario mínimo de 28 mil – el veinte por ciento del costo de una canasta familiar. El gobierno, la oposición y las patronales tienen toda la intención de seguir adelante – como Bolsonaro. En Brasil acaba de recibir media sanción un proyecto de ley que elimina las vacaciones pagas, el aguinaldo y el pago especial de horas extras. Por otro lado, la policía militar ha sido convocada por el presidente a desfilar el próximo 7 de septiembre, con una proclama claramente golpista. La advertencia a los trabajadores es clara: nos enfrentamos a luchas decisivas. Es necesaria la organización y una perspectiva propia de poder. Jorge Altamira, precandidato de la lista 322, POLÍTICA OBRERA, por la provincia de Buenos Aires

Un reciente debate televisivo puso de manifiesto los límites y las imposturas del candidato de la pretendida derecha antisistema, pero no sólo de él, en el abordaje de la crisis nacional. Javier Milei se chicaneó largamente con la economista kirchnerista Fernanda Vallejos. Por debajo de los choques, sin embargo, sorprendieron al recaer en los mismos yerros conceptuales, a veces, y, en coincidencias estratégicas, en otras. Vimos a Milei y a Vallejos lamentarse por la escasez de “dólares que no se pueden fabricar”. Ninguno de los dos recabó, sin embargo, en primer lugar, que el ingreso de esos dólares depende de la posición relativa del país en la economía mundial, o sea del rendimiento del trabajo en los diferentes países. Se trata de la vigencia de la ley del valor, que pena a los países donde el trabajo necesario aplicado a la producción es superior al que valida el mercado mundial. El saldo de las reservas internacionales depende, a su vez, del nivel de la hipoteca financiera, en este caso de Argentina, y de la volatilidad del capital que especula con las tasas de interés diferentes en los distintos mercados. En un programa salpicado de alusiones a la “historia del pensamiento económico”, Milei y Vallejos actuaron como los mercantilistas primitivos, que en el siglo XVI atribuían el atraso de Inglaterra a la falta de oro, sin comprender que la cosa era al revés: sólo una mayor productividad del trabajo podía aumentar el peso de Inglaterra en el comercio mundial e incrementar las reservas monetarias. Fue lo que ocurrió ulteriormente. Esa penetración comercial no era otra cosa que la potenciación del trabajo humano. No fue un “error” de Adam Smith la elaboración de la teoría valor-trabajo, como dice Milei, sino la comprensión acerca de lo que funda la riqueza en el capitalismo. Esa comprensión convirtió a la economía política en ciencia. El valor “subjetivo”, determinado por las “preferencias” de los individuos, sólo podría servir para un estudio de mercado, pero de ninguna manera para explicar el funcionamiento de la economía mundial, los ciclos económicos y menos que nada las crisis. Desde un punto de vista histórico, el subjetivismo ha sido motivado por la necesidad de negar la condición irreductible del trabajo como creador de valor y, por lo tanto, de la clase obrera. Los economistas se sumaron a la lucha del capital contra la fuerza de trabajo con este “aporte teórico”, o sea el subjetivismo, en especial cuando arreciaba la lucha de clases y el desarrollo de los sindicatos. La hostilidad visceral hacia el mundo del trabajo caracteriza a todos los defensores “ideológicos” del capital. Milei reconoce que él atrasa 400 años y más en materia económica cuando reivindica a los escolásticos españoles del siglo XVI. Si Smith, y definitivamente Marx, elevaron a la economía política a la condición de ciencia, Milei la convierte en misticismo y religión. Estatismo y Banco Central Los libertarios son ‘anti-estatistas’ cuando se trata del mal llamado “gasto social”. Aquí no aplican la teoría subjetiva del valor, aún cuando se trata de un expendio (educación, salud) que el trabajador en la lucha y el ciudadano con el voto han consagrado como prioritarios en su mapa de “preferencias”, como dirían los Milei. Pero se transforman en estatizantes a la hora de los megarescates a los bancos y a las corporaciones capitalistas. En 2002/3, el Banco Central y el Poder Judicial encabezados por Blejer y Prat Gay y la Corte menemista salieron al rescate de los bancos con dos medidas extraordinarias y caras: la Justicia valuó los activos bancarios a la par o valor nominal, y no al precio de mercado, en ese momento un precio de quiebra y liquidación, para que pudieran presentar un balance positivo y recibir en consecuencia enormes redescuentos del Banco Central. Los Milei, Espert y López Murphy no abrieron la boca en ese entonces ante este emisionismo feroz. Tampoco se valúa ahora a precio de mercado a las Leliq, cuando se sabe que si el Banco Central las pagara en lugar de renovarlas indefinidamente, las haría caer al piso. Ni qué decir de la renegociación de la deuda externa, donde Martín Guzmán se compromete a pagar a la par, sin quitas, títulos que el mercado está cotizando a 30/35% de su precio nominal. Está bien que Milei reivindique a los escolásticos españoles: estafas de este porte sólo se pueden justificar en un concilio, aunque la Biblia las condene. El mismo personaje que en 2016 calificó como “un acontecimiento histórico” a la designación de Sturzenegger al frente del Banco Central, ahora dice querer “disolver” ese Banco y prohibir el uso de los depósitos en los bancos con fines crediticios. En ese ese caso, el crédito sería financiado por el capital de los mismos banqueros. Es lo que ocurre, precisamente, con los “modernos” fondos de diferente tipo, que reciben aportes sin ofrecer otra garantía que la de sus propias inversiones, y que no son regulados por un Banco Central sino por sus propias normas (clearing de derivados). Un régimen monetario sin garantía ni supervisión del Banco Central reforzaría la actuación de los fondos internacionales que casi quiebran el sistema bancario norteamericano (el caso del Long Management Capital en el 2000) y que se desarrollaron ampliamente después de la gran crisis de 2008. “Avance Libertad” es el grito de BlackRock, Templeton y otros, que vaciaron a Argentina bajo el macrismo. El jefe de BlackRock fue designado para gerenciar las operaciones con títulos públicos y obligaciones privadas de la Reserva Federal de EEUU, un mercado de 20 billones de dólares. ¡Pero la Reserva Federal es el Banco Central de EEUU y el mundo todo! Milei y quienes le soplan el “anarcocapitalismo” fingen ignorar la crisis capitalistas cada vez más intensas y frecuentes, que los bancos centrales jamás podrán evitar, pero que salen al rescate del capital después que estallan. En “A dos Voces”, Milei rechazó la “estigmatización” a los paraísos fiscales, desde donde operan los fondos internacionales, los mismos que vaciaron Argentina bajo la gestión Macri-Sturzenegger-Caputo, y que fueran magullados por el derrumbe final de aquel gobierno. Estatismo y FMI Pero cuando el capital financiero recala en la deuda pública –como ocurriera con estos fondos en la Argentina- no vacila en exigir que los organismos internacionales le hagan cumplir a los Estados sus obligaciones nacionales. O sea, pagar. El FMI es una organización para-estatal. Muy significativamente, Milei apoyó el acuerdo que se anticipa con el FMI. En este punto, se dio la mano con la “nacional y popular” Vallejos. O sea que el enemigo de los garantes nacionales de última instancia –el Banco Central- quiere rescatar al garante de los garantes, es decir, al Fondo Monetario Internacional. Milei es, por lo tanto, más que un estatista, es un “supraestatista”, estatista del parasitismo económico. Defiende la institucionalidad mundial del capital financiero, incluso y sobre todo cuando está en juego una operación como el financiamiento de una fuga de capitales contra el país. El acuerdo con el FMI es estatismo al cuadrado por otra razón sencilla: obligará a emplear todo el peso del Estado argentino contra la población trabajadora. Por caso, para volver a reformar negativamente el régimen previsional, un aspecto central de todos los acuerdos de “facilidades extendidas” firmados por el organismo. Los BlackRock han lucrado largamente con los fondos privados de jubilaciones, que en Argentina volverán a ser presentados como complemento o alternativa ante la miseria previsional. El otro pilar de esta escalada estatal es una reforma laboral, dirigida a convertir a la clase obrera argentina en una legión de monotributistas. La juventud, que hoy se gana la vida trabajando en las aplicaciones de reparto, sabe que el libertarianismo la condena a un régimen de sobreexplotación a perpetuidad. El de Milei es un anarcocapitalismo disminuido, cuando se lo compara con la Ucede de Alsogaray, que se hizo cargo de la década menemista (las privatizaciones kirchneristas en Santa Cruz) y remató a precio vil el patrimonio estatal. El planteo de Milei debutó como un anacronismo en el siglo XIX; hoy se reduce a una bravata que abrazan gobiernos como el de Trump y Bolsonaro, con su propio costo político.

El gobierno utilizó la pandemia para atacar las jubilaciones. Alberto Fernández asumió diciendo que no iba a pagar las Leliq y a los especuladores para aumentar a los jubilados, y terminó haciendo lo opuesto. En el último año, los intereses de las Leliq superaron el billón de pesos. El ´ahorro´ provino de las cuentas de los jubilados, asistencia social y salarios. En septiembre, dos de cada tres jubilados serán indigentes, a pesar del último aumento. La cantidad de jubilados mermó en los últimos años, y más pronunciadamente durante la pandemia, por el crecimiento del trabajo en negro y precario, que supera el 45%. Durante la pandemia hubo 340 mil aportantes menos al sistema previsional, cayó en 100 mil el número de jubilados. Cada vez menos asalariados aportan al ANSES, el empleo en negro creció de manera exponencial. Millones no podrán acceder a ningún tipo de jubilación en los próximos años. La PUAM -una prestación universal de carácter asistencial que instauró Macri para adultos mayores sin aportes- representa el 80% de una jubilación mínima, lo que la ubica por debajo de la indigencia. El número de beneficiarios creció un 23% bajo los Fernández. Es un proceso de sustitución de la jubilación como salario diferido por el de un ingreso universal a la vejez, por la vía de los hechos. Este acuerdo con el FMI implica un aumento de la edad jubilatoria en 5 años (65 y 70 para mujeres y hombres, respectivamente), y un haber inicial más bajo que el actual en relación al salario percibido en actividad. “Desenganchar” salarios y jubilaciones es el paso necesario para crear las condiciones que habiliten el negocio de los fondos de capitalización, orientados a captar a los trabajadores de mayores ingresos, que puedan realizar un aporte complementario para intentar evitar la caída en la miseria absoluta al momento de su retiro. Por esto mismo el FMI tiene también en la mira los llamados “regímenes especiales”, como el de los docentes, que se jubilan con el 82% móvil. Jubilación mínima, movilidad y la izquierda La movilidad jubilatoria es clave para entender que la jubilación es un salario diferido, esto es, que mediante una parte del sueldo y de los aportes patronales (beneficios o parte de las ganancias que emanan del propio trabajador), se apartan para que la persona siga recibiendo un ingreso cuando se retire que tiene que estar ligado necesariamente al de los activos. Es por ello que la defensa del 82% móvil es crucial para mejorar las magras jubilaciones y para unir a jubilados y trabajadores activos en la lucha paritaria. Debido al estado de calamidad social que enfrentamos el planteo de fondo debe ser que el salario mínimo sea igual a la canasta básica familiar que no baja de 130 mil pesos, y que la jubilación mínima, hoy en 26 mil pesos, debe ser el 82% de esa canasta básica, o sea que no debe bajar de 100 mil pesos. El aparato del Partido Obrero se enfrenta a ese planteo y definen “un programa”: “Contra esa orientación, que comparten ambos lados de la grieta del régimen político que gobierna el país desde hace décadas, la salida progresiva pasa por un aumento de emergencia que lleve la jubilación mínima a 65.000 pesos, equivalente a la canasta básica del jubilado, y el establecimiento del 82% y la movilidad automática sobre la base de los sueldos o de la inflación, lo que sea más favorable” (26/8). Se delatan, buscan una “salida progresiva” en términos capitalistas, no un planteo transicional hacia un gobierno de trabajadores. El aparato del PO plantea una jubilación mínima de “65 mil pesos”, o sea, un aumento de 29 mil pesos, ya que sería algo “posible”. De esta manera quieren condenar a los jubilados a bordear la pobreza, en vez de plantear que deben cobrar el 82% móvil de un salario mínimo igual a la canasta básica de 130mil pesos. Plantean legalizar la miseria contra los jubilados, acabar con el 82% móvil en los hechos –sustituirlo por un aumento de emergencia– y bajarse también del reclamo del salario mínimo igual a la canasta familiar que no baja de 130mil pesos. El planteo del PO (oficialismo) termina siendo funcional a la desindexación de salarios y jubilaciones que reclama la patronal, los bonistas y el FMI. Estas declaraciones ya las hizo el dirigente del Polo oficial, Eduardo Belliboni, reclamando 60 mil pesos para los desocupados, o cuando discutieron el salario mínimo en el consejo del salario con la burocracia sindical. Quieren lo posible y aceptable para el régimen del FMI y los Fernández, como el planteo de la jornada de 6 horas, porque “otros países ya lo hicieron” y “es posible”, bajo este régimen podrido. Son los consejeros del régimen, que aspiran a ser tercera fuerza. El ahorro nacional y el FMI El Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que depende del ANSES, en vez de ser utilizado para invertir en desarrollo industrial, es utilizado para financiar a las petroleras y pagar la deuda externa. De la misma manera que lo fue el "aporte solidario" del Frente de Todos, que los jubilados no vieron, pero sí los empresarios petroleros y los especuladores. Tenemos que utilizar ese ahorro nacional, que implica ganancias que terminan fugándose al exterior, para industrializar al país, generar empleo, dividir las horas de trabajo con igual salario, y aumentar salarios y jubilaciones al menos al nivel de la canasta familiar. Buena parte del ahorro nacional sale del "ahorro" en las jubilaciones y la miseria de los jubilados, es el botín de guerra del FMI para pagarle la deuda que no recibipo quita de capital y sólo se ampliaron un poco los plazos. Todos los diputados se aprestan a votar luego de las elecciones de noviembre ese acuerdo nocivo para los trabajadores. El 50% de pobreza, un 20% de indigencia, 30% o más de desocupación real, 45% de trabajo en negro, jubilaciones de indigencia y salarios de pobreza, es el resultado de la bancarrota de un régimen que quiere preservar estos indicadores y seguir atacando a los trabajadores tras el acuerdo con el FMI. Para enfrentarlo, luchemos y organicemos a trabajadores y jubilados por un salario mínimo igual a la canasta básica de 130 mil pesos y jubilaciones del 82% móvil de ese salario.

La alusión ´destituyente´ de Mauricio Macri -o “cambian o se tendrán que ir”- incorporó una nueva pieza al torneo de chicanas que ha caracterizado a la campaña de las PASO. La decrepitud de una clase social y de su régimen político se advierte, también, en el tenor de sus debates políticos, y más todavía en la ausencia de ellos. Pero en este caso Macri, sin proponérselo, ha bordeado el corazón de la crisis nacional. Ocurre que, desde que comenzó el derrumbe de su propio gobierno, en 2018, Argentina asiste a un gigantesco concurso de acreedores, del Estado y del capital privado. Una bancarrota de este alcance plantea una crisis de régimen y de poder político. En 2018/2019, la mega devaluación de la moneda, la retirada de los fondos internacionales y el préstamo del FMI para financiar parcialmente esa retirada, colocaron agudamente la incompatibilidad entre la mayoría nacional, de un lado, y el gobierno del desfalco (Macri), del otro. El imaginario popular, en las marchas y en las canchas, reclamaba sin embargo que se fuera (MMLPQTP ). Pero los Fernández y Massa de aquel momento dejaron que el desfalco llegara hasta el final, y se ofrecieron para hacerse cargo de la factura cuando les tocara gobernar –“hay 2019”, fue el lema de aquel “que se queden todos”. La izquierda, para no ser menos, evitó plantear “Fuera Macri”, y salió de campaña electoral con un año y medio de antelación. Ahora, Macri parece que no está dispuesto a devolverles la gentileza. ¿Es así? No exageremos. El establishment financiero que sostuvo a Mauricio Macri no quiere destituciones postelectorales: es que Alberto y su gabinete tienen por delante la sagrada misión de firmar el acuerdo con el FMI, que tendrá como plazo límite el mes de marzo antes de que el país caiga en default con el organismo. Ese acuerdo será refrendado en el Congreso, naturalmente, con el voto de los pretensos “destituyentes”. Bien leída, la advertencia de Macri – “o cambian o se van”- debe leerse del siguiente modo: la sobrevivencia del gobierno depende de cerrar el acuerdo con el Fondo. ¡Pero esto es lo que piensan también los Kirchner y los Fernández! Conscientes de ello, dejaron de lado las bravuconadas y destinaron los 4.300 millones de dólares recibidos del FMI a cancelar los vencimientos de este año con el propio organismo. Al igual que los Fernández y los Macri, la burguesía argentina apuesta al acuerdo con el FMI para refinanciar sus propios quebrantos y volver al crédito internacional. Una vez más, sin embargo, Mauricio la pifia, y gruesamente. El acuerdo con el FMI no resolverá la crisis de régimen que estalló en 2018, y con toda seguridad la agravará. El acuerdo implicará consolidar el brutal ajuste fiscal perpetrado por el gobierno durante la primera mitad de este año, y que representó entre 6.000 y 8.000 millones de dólares ahorrados a costa de jubilaciones, salarios estatales y asignaciones. Pero en la agenda fondomonetarista está también la reforma laboral -que el gobierno ha comenzado a instrumentar al convertir a los planes sociales en subsidios al capital- y la reforma previsional, con un aumento de la edad jubilatoria. Este escenario abrirá un choque entre el gobierno de “Todos” y las masas, que viene siendo postergado con maniobras y con el concurso de las burocracias sindicales y “sociales”. Los Larreta y Monzó ya tienen preparada la carta del gobierno de unidad nacional para cuando esa colisión se produzca. Pero Macri-Fernández se equivocan, también, cuando esperan del acuerdo con el FMI un relanzamiento económico y social de alcance sostenido, a caballo de la liquidez internacional y de las bajas tasas de interés. Los voceros de la Reserva Federal han advertido que esa tendencia podría revertirse antes de lo previsto, como consecuencia de una inflación internacional que pone de manifiesto el carácter eminentemente especulativo de la actual empinada en los “mercados”. En ese caso, asistiríamos en Argentina a una “remake” de la experiencia macrista, que atrajo capitales especulativos durante dos años hasta que la volatilidad del mercado internacional los succionó. Mientras tanto, y a la espera del FMI, nadie saca los pies del plato. Guzmán se reúne con Kristalina, y le muestra un déficit fiscal cercano a cero. Ferraresi, el ministro de ¡Vivienda!, diserta en la Cámara Americana sobre futuros proyectos inmobiliarios; los matarifes protestan contra el cepo a la carne, pero “descartan un paro”. En la Argentina del “que se queden todos”, la llave de la puerta la tiene Kristalina. Mal que les pese a todos, sin embargo, detrás de la puerta no hay otra perspectiva que nuevas crisis y rebeliones populares. Nos hemos servido de esta campaña electoral para llamar la atención de los trabajadores de este escenario convulsivo, y preparar una intervención obrera en el período que se viene.

Texas acaba de pasar una ley antiaborto que se llevó los titulares de los diarios del jueves. La ley fue firmada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, y prohíbe el aborto una vez que se detecta el latido del corazón del embrión, por ello se llama la “ley del latido”. Para que se entienda, esta ley es una maniobra de los republicanos para bloquear el derecho al aborto, ya que luego de las seis semanas de embarazo prohíbe los abortos, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. En los hechos, es una prohibición del aborto, ya que se estima que entre 85 y 90% de las mujeres que abortan en Texas superan las seis semanas de gestación al momento de interrumpir el embarazo. La última noticia fue que la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de esta ley. Tres de los jueces elegidos por el expresidente, el golpista Donald Trump, definieron este fallo reaccionario. Lo sucedido en Texas forma parte de una tendencia, impulsada por los republicanos. También otros estados aprobaron prohibiciones casi totales del aborto, y la situación amenaza con extenderse aún más. ¿Un movimiento feminista o revolucionario? La revista Left Voice -La Izquierda Diario (PTS)- llamó a construir un “movimiento de masas” como se hizo en Argentina. "Esto es lo que se necesitó para legalizar el aborto en Argentina: un movimiento de masas. Esto es lo que necesitamos en Estados Unidos para contraatacar" (Télam, 2/9). Left Voice dijo: “Si bien el año pasado Argentina legalizó el aborto, Estados Unidos está tomando medidas para prohibirlo. Necesitamos un movimiento de masas para defender el derecho al aborto” (1/9). Pero sin definir qué carácter tendría. Víctor Hugo Morales en su columna de C5N tomó el tuit de LID para reivindicar al Gobierno de Alberto Fernández, que “escuchó” al movimiento. Laclau no podría estar más feliz con Left Voice. El carácter del “movimiento de masas” fue explicado por LID y Left Voice. En la nota hay un link que lleva a otra tras la legalización del aborto el año pasado, donde explican concretamente en consiste el “movimiento”: “En una victoria monumental del movimiento feminista (sic), Argentina ha votado para que el aborto sea legal y gratuito durante las primeras 14 semanas de embarazo”. La “victoria” fue del feminismo, del “movimiento feminista”, no de la clase obrera. En una nota del año pasado de La Izquierda Diario se reflejaba esta misma postura: “Ahora, después de décadas de lucha, ya no habrá casos como el de Belén, quien fue encarcelada por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo. Ya no habrá cientos de personas sin nombre que mueran cada año como resultado de abortos inseguros y clandestinos” (ídem). Sin embargo, lo que sucede en Texas es la demostración palmaria que bajo el régimen político y social capitalista, estas conquistas pueden revertirse. Lo que se necesita para que no haya más Belén ni violencia contra la mujer por parte del Estado, es un gobierno de los trabajadores y trabajadoras. La Izquierda Diario refleja en la nota el twit de Luciana Peker que dice “¿Se dan cuenta lo que significa el ejemplo del feminismo en Argentina para el mundo?”. Justamente lo que demuestra la reversión del derecho al aborto en Texas son los límites del feminismo en el mundo. En Argentina, buena parte del “feminismo” fue cooptado por el estado nacional, y sus lideresas terminaron calentando la silla de diferentes despachos en ministerios y delegaciones. Myriam Bregman es reflejada en LID en un café con “feministas”, quienes reclaman votar al FITU porque tiene listas que son “100% verdes”. El PTS plantea que “Miriam tiene que estar” porque “Es parte de una lista 100 % verde: la agenda feminista no se terminó con la legalización del aborto, ella formó parte de todas las luchas del movimiento de mujeres en las calles y seguirá en el Congreso” ( https://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=voice&id_article=206764 ). Del goce del FMI a la violencia estatal contra la mujer Mientras, la campaña del Frente de Todos reivindica el “goce”, cuando durante la pandemia y pocos meses tras aprobar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, reprimía y desalojaba ferozmente a 1.500 familias en Guernica, la mayoría con mujeres como cabeza de hogar. La misma juventud precarizada y que no tiene acceso a una vivienda, para ´goce´ de los especuladores y el FMI. El mismo gobierno que se “olvidó” de las mujeres durante la pandemia. Mientras que la violencia de género aumentó durante la pandemia, el gobierno no movió un dedo para enfrentar esta situación. La ESI prácticamente desapareció durante la pandemia, con un presupuesto irrisorio. Y que eliminó las ayudas sociales a fines del año pasado. Es el mismo gobierno que derogó el DNU que prohibía desalojos en marzo, habilitando los desalojos de familias con chicos. Es el mismo gobierno que se apresta a desalojar a las familias de la 21-24. Las lecciones para Argentina es que la lucha de las mujeres trabajadoras codo a codo con los hombres trabajadores es la lucha por un gobierno obrero.

Medio siglo después de que el aborto fuera despenalizado en Estados Unidas, los antiabortistas del estado de Texas (30 millones de habitantes, 10% de la población estadounidense, gobierno republicano) lograron que la Corte Suprema avale, de forma “provisional”, una ley que impide la práctica, incluso en caso de incesto o violación. Desde el martes pasado está prohibida la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas de gestación, el periodo en el que grupos "provida" afirman que se oyen los latidos del corazón fetal. Un disparate: a las 6 semanas no hay ningún feto sino un embrión que no tiene corazón sino un grupo de células que aún no alimenta el sistema circulatorio. La mayoría de las mujeres, tan tempranamente, ni siquiera saben que están embarazadas. Texas tiene alrededor de 24 clínicas de aborto, en 2013 tenían más de 40, cuando la Legislatura estadual impuso las primeras restricciones. La nueva ley impone un bloqueo total: entre el 85 y el 90 de los abortos se producen después de la sexta semana. Grupos de mujeres se han movilizado ante la Corte y en distintas ciudades del Estado. Los proveedores de servicios de aborto en Texas, que atendieron en los últimos días a miles de desesperadas, ya rechazaron a las pacientes de más de seis semanas. Los días previos las clínicas fueron sitiadas por energúmenos provida, en un nuevo ensayo general del fascismo a la manera de Donal Trump. La ley de Texas es más pérfida que las presentadas hasta ahora: invita a toda la población a convertirse en cazarrecompensas y delatores, ya que ofrece 10.000 dólares a los que denuncien a quien abortó y a quienes facilitaron la interrupción del embarazo. Los delatores no están obligados a vivir en Texas ni a tener algún vínculo con la mujer, lo que abre el camino a un dispositivo nacional de delatores. Según informes de prensa, los antiabortistas de Texas Right to Life ya solicitan voluntarios anónimos en su sitio web para "unirse al equipo de pro-vida que trabaja para hacer cumplir" la ley. Un formulario en línea solicita a los informantes que nombren una clínica o un médico potencialmente involucrado y se compromete a "garantizar que estos infractores de la ley sean responsables de sus acciones". Las mujeres deberán mantener su embarazo en el más espantoso secreto “porque absolutamente cualquiera puede beneficiarse de su condición. Y será penalizado cualquiera que la ayude, desde el taxista que la llevó a la clínica hasta el médico”. (The Guardian 2-9). Las consecuencias de convertir el aborto en un delito son conocidas: algunas podrán huir a un Estado más permisivo pero las migrantes indocumentadas, las pobres, las jóvenes, o las que están bajo el control de cónyuges o familias reaccionarias -como la que denunció a la médica en Salta-, terminarán en los mortíferos abortos clandestinos. La perfidia de la ley es extraordinaria. Quienes sean demandados, deberán pagar defensores particulares -se prohíbe intervenir a funcionarios del Estado- e incluso si la demanda es desestimada, deberán informarla cuando renuevan las licencias o ingresan a trabajar en hospitales. Muchos trabajadores de las clínicas se preguntan cómo defenderse de las acusaciones en la Justicia. La Corte Suprema de EE.UU., de mayoría conservadora, con argumentos formales y sin pronunciarse contra la cuestión de fondo, votó 5 a 4 contra el amparo que presentaron organizaciones civiles y proveedores de servicios de aborto. Los otros jueces calificaron la ley de “absurdo jurídico”. Es un viraje: en fallos anteriores, la Corte Suprema había prohibido a los estados prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal, el punto en el que los fetos pueden mantener la vida fuera del útero, o alrededor de las 22 a 24 semanas de embarazo. Numerosos constitucionalistas objetaron la ley de Texas y Biden se comprometió a defender el derecho al aborto, a través de “consultas” (sic). Sin embargo, “dada la forma en que está estructurada la ley, solo los tribunales de Texas pueden fallar sobre el asunto y solo en el contexto de las demandas contra los proveedores de servicios de aborto por violar la ley”. Esto cierra el paso a los tribunales federales y constituye “una anulación sigilosa” del fallo Roe vs Wade, que en los 70 legalizó el aborto. (NYT 1-9) El vigor de la derecha religiosa y el Partido Republicano se ha mostrado en su esplendor en Texas durante 2021: eliminaron el requisito del permiso para llevar armas, aumentaron las dificultades para poder votar, prohibieron que la historia del racismo se incluya en el currículum escolar. Pero no es solo Texas: en los últimos años, los activistas contra el aborto han tenido éxito a través de leyes locales, y una amplia franja del sur y el medio oeste ahora tiene acceso limitado a los abortos. En octubre, la Corte Suprema decidirá si Roe v. Wade -el fallo que legalizó el aborto en 1973- debe ser anulado en un caso de Mississippi. “Se espera que hasta dos docenas de otros estados sigan el ejemplo de Texas. La ilegalización del aborto en la mitad del país no esperará una decisión formal de la Corte Suprema para anular Roe v. Wade: ya ha comenzado” (WSW 3-9). Las mujeres fueron la avanzada en la lucha contra Donald Trump y protagonistas en las movilizaciones antirracistas. Hay que saltar el corsé legalista del Partido Demócrata y no dejar pasar esta vulneración de sus derechos, que se mide en vidas.

El juez Rafecas está tratando de desalojar de hecho a las familias que mantienen ocupado el predio ferroviario abandonado en la villa 21-24. Desde el pasado miércoles ha dado la orden política a la Policía Federal y de la Ciudad de amedrentar con todo a las familias de la toma, y a los vecinos y activistas que se solidarizan con ella. Al momento de escribir este artículo, cerca de 100 policías federales y de la Ciudad cercan dos de las entradas al predio ocupado. Amenazas de muerte y allanamientos ilegales Durante la noche del miércoles, un policía federal amenazó de muerte al principal dirigente de la toma, Nahuel Arrieta. Nahuel y testigos del momento, denunciaron que un policía de la guardia nocturna a cargo del subcomisario Fernández de la división Sarmiento de la PFA, se sacó la placa de identificación, y apuntó con su arma de fuego a quemarropa contra el pecho de Nahuel. Y el día jueves, luego de una movilización hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que reunió a más de 250 vecinos y activistas, los amedrentamientos continuaron: mientras la guardia de la PFA a cargo del subcomisario Mazzaferri cercaba un pasillo de la villa lindero a la toma, la Policía de la Ciudad a cargo de la guardia del comisario Zorrillas allanaba sin orden judicial la casa de dos activistas que colaboran con ollas populares para las familias del predio. Durante el allanamiento, los policías levantaron, sacudieron y desclavaron las chapas de las casas; violentaron físicamente y verbalmente a las mujeres del hogar; y establecieron desde entonces una guardia permanente en el pasillo. Cuando los compañeros del Polo Obrero Tendencia acudimos a los hogares allanados, el oficial Pérez y el cabo Tejeda de la PFA de la superintendencia de transporte enviados para la guardia nocturna, se resistieron a identificarse y quisieron tomarnos detenidos con amenazas e insultos con connotaciones sexuales. Hoy, durante el mediodía, la policía Orellana de la Ciudad empujó y apuntó con su arma a dos hermanas menores 11 y 3 años de edad que deseaban ingresar al predio para reunirse con su madre. Lo mismo pasó cerca de las 14 horas con un policía federal sin placa de identificación que empujó a un niño de 9 años. Reagrupemos a las fuerzas del barrio Aunque el GCBA no quiso atender a los familiares de la toma que se movilizaron junto a organizaciones del barrio, la acción permitió un reagrupamiento de organizaciones y activistas de la villa. Desde el Polo Obrero Tendencia llamamos a todos los dirigentes y referentes honestos de la villa 21-24 a repudiar no sólo declarativamente el asedio del Estado. Rechazamos la ausencia de radio de la Junta Vecinal liderada por Movimiento Evita y Corriente Villera. La Junta Vecinal debe ser un brazo de lucha de los vecinos y vecinas del barrio, y no una mesa burocrática que se limite a viralizar los videos de la represión policial desde la clandestinidad. La ocupación del predio no es un accidente sino el resultado de la crisis habitacional de la Ciudad, y debe convertirse en la punta de lanza para construir un frente de lucha permanente que recupere las asambleas por manzana; que trace y vote un plan de acción por la urbanización real de la villa y la relocalización de las familias del Camino de Sirga y las vías; y que marque el camino para el resto de las villas y barrios proletario de la Ciudad. Desde el Polo Obrero Tendencia, nos sumamos a la movilización de este lunes 06 de septiembre que saldrá a las 10 horas desde Obelisco hacia el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, convocada por la Asamblea de vecinos y vecinas autoconvocados de la toma de villa 21-24. Ningún desalojo. Abajo la represión y el cerco policial de Rafecas.

El programa que el FIT U inscribió para las elecciones parlamentarias de 2021 es la expresión de la maduración gradual de las tendencias oportunistas dentro del Frente de Izquierda, de su integración ´parlamentarista´ al régimen político y del retroceso político e ideológico de la izquierda democratizante en su conjunto. Bajo la pomposa denominación “Plataforma electoral, declaración de principios y bases de acción política del FIT-U”, encontramos, no una guía para la acción, sino un texto banal. “Este frente unitario, que nuclea a la casi totalidad de las fuerzas de izquierda de nuestro país”, dice, “lucha por la independencia política de los trabajadores de los distintos bloques capitalistas que expresan el gobierno, sus opositores patronales y las diferentes variantes de la centroizquierda”. Bajo un lenguaje trotskizante tenemos aquí la fórmula que luego utilizó en la campaña – “la tercera fuerza” del parlamentarismo. La autonomía política debe referirse, en primer lugar, al proletariado o la clase obrera, no al conjunto de los trabajadores, que incluye también a un parte de la pequeña burguesía, y la manifestación histórica de ella es el desarrollo de un partido proletario y socialista. Se trata de convertir a la clase obrera, por esta vía y ninguna otra, en la dirección política de las masas. El frentismo político, por otra parte, puede cumplir un rol progresivo en ciertas circunstancias, pero es, como concepción estratégica (“la izquierda que se une”) una conciliación oportunista de posiciones, que en este caso tiene un propósito electoralista declarado. Esto fue señalado en forma abierta por Altamira, con referencia al propio FIT que pasaría a encabezar, en marzo de 2011. La “izquierda que se une” pero va a las Paso extiende la ´amnistía´ que el PO “oficial”, el PTS e IS otorgaran al MST, en 2019, para su incorporación al FIT. Proclamaron que “el FIT y el MST comienzan una experiencia común, luego de haber tenido no pocas diferencias políticas”. El resultado, dos años después, es la concurrencia a unas PASO en todo el país -a tres bandas, en el caso de Córdoba- a pesar del ‘borrón y cuenta nueva’ a las “no pocas diferencias políticas”. En esta línea han acordado una “declaración”, nada menos “que de principios”, para ir enseguida a internas, a pesar de los “principios”, para dirimir candidaturas. Esta pelea de cargos se convirtió desde el comienzo en un cuestionamiento, por parte del MST, a los otros partidos del FIT-U, a los que desafía a “revolucionar a la izquierda”. Para el grupo de Bodart esto no significa otra cosa que incorporar el centroizquierdismo al FIT-U, que es repudiado en la “declaración de principios” en nombre de una “independencia política” sin contenido – o en abstracto. La “declaración de principios” se ha convertido en papel mojado apenas fue firmada. El pasaje del FIT al FIT-U, en estos dos años, ha coincidido con el abandono de la “independencia política” en el parlamento. El PO y el PTS han votado, en el Congreso, la ´emergencia alimentaria´ de Macri-Fernández (con la abstención de Izquierda Socialista). También aportó quórum a la modificación del régimen jubilatorio del poder judicial, que forma parte de la liquidación de los regímenes especiales que exige el FMI, en relación a docentes, Luz y Fuerza y otros, que los ha protegido de la destrucción jubilatoria que han ejecutado kirchneristas y macristas. Interpelado por esto, un dirigente del PTS, Guillo Pistonesi, justificó que se alinearan con el FMI contra la ‘casta judicial’ y ´contra los privilegios´. Otro sacrificio de la “independencia política”, en el parlamento. En la Legislatura porteña aprobaron el delito de opinión contra la crítica al Estado sionista – una declaración elaborada por Netanyahu y Trump, para la que Felipe Solá había pedido ratificación parlamentaria. Luego vino la aprobación de los negocios inmobiliarios de Tinelli-Lammens en el barrio de Boedo, que ya ha recibido una promesa de préstamos por 15 millones de dólares. Todo esto es, en castellano, una integración parlamentaria al régimen capitalista. En Córdoba, la legisladora del PO (o) admitió un acuerdo extraparlamentario en la Comisión de Labor Parlamentaria con los partidos del régimen para reducir la dieta de los legisladores por el plazo de cuatro meses. Fue la mascarada de un ajuste que iría acompañando otros recortes, por caso, a los salarios de los trabajadores del Banco de Córdoba, la Lotería provincial y el EPEC (compañía de electricidad). En Chaco, el aparato del PO hizo aportes decisivos desde su bancada para la aprobación del presupuesto de Capitanich primero y luego para la privatización de tierras públicas de la provincia; el PTS, el MST e IS han guardado religioso silencio sobre esto hasta el día de hoy. Al MST, suscribir proclamas sobre la “independencia de clase”, que reiteraron los otros tres socios por rutina, lo tiene sin cuidado. En estos dos años, el FIT-U ha protagonizado todo tipo de reyertas faccionales – o sea la ‘unidad’ de la que presume no es más que una corta tregua electoral, y hasta ahí. En este contexto, el PTS propone fundar, en forma instantánea, un 'partido único' basado en la “declaración de principios"; el MST, un “partido de tendencias”, que incorpore “personalidades e intelectuales”; IS, que todo siga igual. El PO “oficial” continúa sosteniendo que el FIT-U es un bloque de “programa y estrategias’, pero rechaza la formación de un partido único (incluso de abrir un debate en esa perspectiva) en nombre de las ‘diferencias’. El silencio de todos ellos ante la expulsión de 1.200 militantes, que reclamaban el derecho estatutario de Tendencia, prueba que el único acuerdo que tienen es la defensa del monolitismo ´a la Zinoviev´. El Partido Obrero oficial ha echado por la borda 50 años de delimitación política frente a la izquierda democratizante. El FIT-U ha asegurado que “se valdrá de la campaña electoral para movilizar políticamente a la clase obrera”, pero lo cierto es que ha desarrollado otra cosa: una pelea costosa en las redes sociales que limitan el espacio de las ideas políticas. En su lugar ha promovido la ‘imagen’ de sus candidatos. Caracterización A la hora de caracterizar el cuadro político de la elección, la plataforma alude a una “crisis histórica” que no define. Es curiosa esta caracterización por parte de organizaciones que aseguran que la burguesía mundial goza de una considerable “iniciativa política”. De esta la lo que llama la “pasividad” popular. Esta perspectiva de revoluciones y contrarrevoluciones no es siquiera señalada en el texto. El carácter histórico de una crisis está determinado por la declinación del régimen existente, el capitalismo; por crisis económicas más frecuentes y más profundas; incluso por una crisis de civilización, como ocurre con la destrucción del medio ambiente y la proliferación de epidemias. La “declaración” no ofrece un balance de la posición del FIT-U contra el “aislamiento social” y a favor de la “presencialidad segura”. Por eso ha ganado el apoyo de Convergencia Socialista, un duro partidario del boicot a las medidas necesarias para cortar “la circulación comunitaria del virus”. Es notorio para todo el mundo, que la libertad económica ha sido causa de millones de contagios y decenas de miles de muertos. La “declaración” de marras hace una descripción estrictamente nacional de la “crisis histórica”. Pero desde su incorporación al mercado mundial, hace 500 años, el desarrollo de la América india ha estado sujeta a los golpes de la economía internacional. Es lo que ocurre, más que nunca, con la crisis desatada en abril de 2018. De otro lado, la estrechez nacional inviabiliza el planteo de un programa de transición, que apunta a convertir las reivindicaciones inmediatas en una lucha de poder, y a las luchas nacionales en internacionales. En una crisis histórica, las campañas por un ‘voto útil’ sumen a las masas en la mayor de las confusiones; más que nunca, la campaña electoral debe tener un distintivo alcance estratégico y desarrollar una crítica socialista al Estado capitalista y todas sus instituciones. Es algo completamente opuesto lo que hacen quienes tiene “el oído pegado” a una parte de la hinchada de San Lorenzo. La declaración de principios del FIT-U subraya las reivindicaciones inmediatas y las nacionalizaciones en el marco capitalista. Recula con respecto al Manifiesto del FIT de 2013, presentado por el Partido Obrero y redactado por Altamira, que el PT e IS se apuraron en firmar. El programa de transición es otra cosa – su método es colocar las aspiraciones de las masas en el cuadro de un choque político con el régimen burguesa y la propiedad privada del gran capital. El planteo del FIT-U de una “crisis histórica” es, en este sentido, contradictorio o superficial – pues no integra a sus “bases de acción política” la potencia explosiva de la rebelión popular. En medio de luchas poderosas, aisladas unas de otras, ni siquiera aborda la cuestión de la huelga general, la coordinación de las luchas (incluso entre obreros ocupados y desocupados, como ocurrió en 2001/2). Cuando el Congreso se prepara para ratificar el acuerdo que negocian los Fernández con el FMI, el tema de la huelga general es de primera importancia – porque promete reformas laborales y jubilatorias que dejarán a los trabajadores sin protección legal. Dicho esto, la pandemia es un factor irrelevante en el planteo del FIT-U. Aparece simplemente como un problema sanitario, cuando lo cierto es que la pandemia -y las pandemias - son el producto de un profundo ataque del sistema capitalista al medio ambiente y de una tecnología de salud privatizada, que apunta a la medicalización y de ningún modo a la prevención. La medicina preventiva derribaría a las grandes farmacéuticas del podio que tienen en las Bolsas. La humanidad ha sido colocada en una amenaza permanente poniendo en riesgo la vida misma y es lo que le da un carácter histórico inédito a esta crisis mundial. Los partidos del FIT-U despreciaron este abordaje desde un inicio – como lo subestimaron también Ginés García y Bolsonaro, cada uno a su modo. A la guerra comercial desatada en torno a la vacuna, el programa del FIT-U opone la liberación de las patentes, no la nacionalización de las farmacéuticas. Ninguna de ellas ha prosperado sin el apoyo de la ciencia en el sector público y los subsidios del Estado. Es, en enorme medida, una industria parasitaria. El planteo del FIT-U es la “Centralización estatal de todo el sistema de salud bajo el control de las y los trabajadores y profesionales de la salud en camino (SIC) a la nacionalización”. Es el planteo de Cristina Kirchner, que sin embargo no incluye a las farmacéuticas. Pero la nacionalización de las AFJP ya ha demostrado a quién sirven las centralizaciones y nacionalizaciones burguesas, incluso puede servir para que el sistema público rescate al sistema privado, en medio de una inflación desmedida, en especial en la salud. La lucha por elevar la condición salarial, laboral y de formación del personal de salud, debería servir de plataforma para plantear el control obrero de todo el sistema, a partir de la formación de coordinadoras de los trabajadores de la salud, o sea desarrollar el sujeto que debe asumir, con la clase obrera toda, la tarea de nacionalizar el conjunto de la industria bajo dirección obrera. Para avanzar en esta dirección es necesaria la nacionalización del capital financiero en todas sus formas, que permita sustentar un salto histórico en el hábitat y en el equilibrio medioambiental. Esta crisis plantea en forma directa la cuestión del poder político y del socialismo. El carácter “histórico” de la crisis, en la caracterización del FIT-U, minimiza todo lo que la hace, precisamente, histórica. Esto encierra mucho más que una polémica de ocasión – se trata del programa, es decir, del gen de una corriente política.

El pasado martes 31 de agosto, y con solo 72 horas de anticipación, la actual conducción del CECSEA (Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Economía y Administración), en manos de la Juana Azurduy (integrada por La Cámpora, Alianza Universitaria, la CEPA-PCR y el MUI-PC) llevó adelante una reforma inconsulta del estatuto de nuestro centro de estudiantes. La reforma atiende a tres puntos centrales: 1- la extensión de 1 año a 2 años la duración de los cargos electos; 2- la separación de los padrones de Sociales y Economía y Administración, algo ya rechazado hace años por los propios estudiantes en un plebiscito; 3- la incorporación del “protocolo contra la violencia de género” redactado por la gestión universitaria, supeditando así la decisión soberana de los estudiantes a revocar a sus representantes en manos de un elemento ajeno a los propios estudiantes. Esta maniobra fue acompañada por la Franja Morada, que aportó el quórum para viabilizar este atropello. El objetivo es sencillo: perpetuar al oficialismo en la conducción del centro para desde allí intentar neutralizar cualquier oposición contra la reforma educativa que se encuentra en la agenda del Banco Mundial y el FMI. El Frente de Todos firmará el acuerdo con el Fondo que implicará estas “reformas estructurales” apenas finalizada la elección nacional, y será avalado en el Congreso por el voto de las dos principales coaliciones capitalistas. Crisis educativa y crisis nacional La crisis educativa es indisociable de la crisis histórica a la que asiste la Argentina – 50% de pobreza y un 60% de niños y niñas pobres, contrastan con el slogan oficial de “la vida que queremos”. Lo mismo sucede en la universidad, que ha visto como de 10.000 estudiantes que quisieron realizar el ciclo introductorio en 2020, 5 mil fueron expulsados sin más. La orientación social de una virtualidad sin ningún tipo de financiamiento para estudiantes y trabajadores de la educación no podría ofrecer otro panorama. En este marco, “La Juana” abandonó a la “buena de dios” a los estudiantes que dice representar, mientras la gestión universitaria, durante la pandemia, selló múltiples negociados con compras de acciones, venta de patentes y de acuerdos con el capital financiero -el Banco Santander- para elevar sus activos a más del doble en solo un año. Mientras los estudiantes eran expulsados de la universidad, la camarilla universitaria veía acrecentar sus activos en el banco sin conmoverse por la expulsión de estudiantes o los salarios de miseria de sus docentes y no docentes. Esa fue la orientación que acompañó “La Juana”. Mandatos y elecciones La reforma del estatuto de nuestro centro de estudiantes estuvo antecedida por otro escándalo, la auto-extensión del mandato por parte de la conducción. Esta no convocó a una sola acción ni deliberación en 22 de meses de conducción – 19 de pandemia. En otras palabras, la reforma del estatuto es consistente con esta política. En la historia del movimiento estudiantil las direcciones han sido validadas y mandatadas en el terreno de la lucha, no de las maniobras legales. La UJS-Partido Obrero (Tendencia) rechazó la modificación del estatuto, ya sea previa o posterior a las elecciones. Rechazamos cualquier reforma que pretenda consolidar la desarticulación del movimiento estudiantil para luchar contra el FMI y la reforma educativa y laboral que se avecina. Llamamos a los estudiantes a poner en pie un polo de reagrupamiento independiente de la gestión y de sus agrupaciones afines bajo un programa de denuncia contra el avance de la privatización educativa, que es la exigencia número 1 del FMI en las universidades. Defendamos nuestros centros de estudiantes como la defensa del derecho a la organización estudiantil y de sus métodos de lucha, que expusimos de a miles en la rebelión educativa del 2018.

La toma de tierras en la villa 21-24 del barrio de Barracas se instaló en la agenda mediática. El predio tomado por más de cien familias fue donado al Estado Nacional por el ferrocarril. Las familias de la toma, rodeadas por los policías de la Federal y de la Ciudad, aún no han sido atendidas por los gobiernos nacional y porteño. El censo que realizaron los propios vecinos de la toma indica que se trata de familias compuestas, en su mayoría, por mujeres solas con hijos, familias en condición de hacinamiento - hasta 18 personas en dos ambientes - y trabajadores precarizados que no cubren el valor de un alquiler con sus ingresos salariales. La toma de la 21-24 es la punta del iceberg de un drama que abarca a millares de familias en todos los centros urbanos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, según la Dirección de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad, el salario promedio es de 57 mil pesos, mientras que en la zona norte sube a 77 en la zona oeste y sur, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes de las villas, el promedio de ingresos baja a 40 mil. Sin embargo, uno de los delegados de la toma en conferencia de prensa informó que para acceder a un crédito ProCrear del complejo de viviendas “Estación Buenos Aires”, aledaño a la ocupación, hay que tener ingresos familiares que sumen 80 mil pesos de mínimo. Inauguradas en 2019, de las 2.396 viviendas del complejo que darían vivienda a 10 mil personas, el delegado informó, que solo el 3% se encuentra habitado. Según los censos, el crecimiento poblacional de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra prácticamente estancado en tres millones de personas desde el año 1947. Para 2010, la población total censada fue incluso menor. Esto demuestra que en la ciudad no faltan viviendas, y que inclusive en los últimos 60 años ha proliferado la construcción de edificios y torres para especulación inmobiliaria, pero poco y nada para vivienda de trabajadores. Puerto Madero es el ejemplo de esto, donde sólo 4 cada 10 departamentos están ocupados. Una ciudad repleta de viviendas de lujo y desocupadas han aumentado exponencialmente el valor del metro cuadrado del suelo en la ciudad, en una relación inversa a la caída de los ingresos salariales de los habitantes. Para fines de los 80, la dictadura a través del funcionario impuesto Osvaldo Cacciatore había expulsado a 180 mil personas de la villa 31. Con el retorno a la democracia, el último intendente porteño, el peronista Jorge “Topadora” Domínguez fracasó, en el mismo barrio, con su propio intento violento de desalojo. De allí en adelante se dio comienzo a una nueva etapa de expulsión por goteo de la clase trabajadora de la ciudad. Durante la gestión macrista en la Ciudad, se han otorgado para negociados inmobiliarios 500 hectáreas fiscales, donde se han construido torres de lujo, estadios y polos gastronómicos. El Frente de Todos ha acompañado absolutamente toda esta entrega de tierras en la Legislatura con excepción y, en el actual contexto electoral, del proyecto del grupo IRSA llamado “Costa Urbana” que permite la construcción de torres de lujo de hasta 145 metros avanzando sobre el barrio “Rodrigo Bueno” y sobre las aguas del Río de la Plata. Luego de diez días de iniciada la toma y a diez días de las PASO, los dirigentes sociales, políticos y funcionarios del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad no han hecho mención al tema ni mucho menos se han acercado a las familias. En la toma la policía que no deja ingresar lonas o materiales de construcción. Por la solidaridad e insistencia populares se lograron ingresar víveres, pañales y medicamentos. La falta de respuesta de las gobernaciones a las necesidades de vivienda de las más de cien familias y las amenazas de desalojo violento por un lado responden a la defensa de una política de negociados millonarios en el mercado inmobiliario sobre la base del usufructo de tierras fiscales, es decir públicas. Por el otro, a la defensa de una orientación social capitalista en materia de políticas de vivienda. Las represiones de las tomas de tierras en el parque Indoamericano en la zona oeste de la ciudad, la represión a la resistencia de los trabajadores al intento de desguace del hospital Borda y la feroz represión a las familias en Guernica dan claras muestras de la defensa de fuertes intereses capitalistas sobre la tierra. La existencia de 300 mil personas que habitan en las villas, más de 80 mil en hoteles e inquilinatos y que los costos de los alquileres se lleve en promedio, el 50% de los ingresos familiares, pone en evidencia que la crisis habitacional no puede entenderse aislada de la crisis social general del país. Un plan de obras públicas que construya viviendas populares con la masa actual de mano de obra desocupada requiere de una reorientación política y de que la planificación del uso de la tierra entienda definitivamente a la vivienda como un bien social y no un negocio capitalista. La solidaridad con la ocupación de la toma de la 21-24 abre la posibilidad de lograr que el problema de la vivienda se instale definitivamente en la agenda de la campaña electoral obligando a unos y a otros a pronunciarse por una solución definitiva. La victoria de la ocupación de los vecinos de la villa 21-24 debe abrir una política obrera para la lucha contra la crisis habitacional.

En la mañana de ayer, el juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, ordenó la detención de una médica, acusada por el “delito de aborto”, a pedido del Fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega. Fue liberada horas después, cuando su detención amenazaba con convertirse en un escándalo nacional de proporciones. La doctora MLR (se la identifica por sus siglas) es residente en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal y forma parte de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Es la única que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) en ese departamento. La paciente que solicitó la práctica tuvo que viajar 53 kilómetros hasta el hospital. Varias organizaciones feministas señalan que la médica sufre una persecución por haber sido denunciante de un médico del hospital por abuso sexual a una joven, el cual goza de impunidad por parte del Ministerio de Salud, a cargo de Juan José Esteban. Rápidamente, la condena a este nuevo agravio corrió como reguera de pólvora, con pronunciamientos y acciones a nivel nacional. En Salta, se llevaron adelante pañuelazos en la puerta del Ministerio Público Fiscal y el Hospital Materno Infantil. Se sumó una concentración en las puertas de la Casa de Salta (CABA). A las 15.30hs, la Justicia tuvo que otorgar su libertad, aunque aún sostiene la imputación. El acceso al aborto legal y la batalla contra el régimen clerical Hace un mes, se conoció la advertencia desde el propio Ministerio de Salud de la Nación de que en Salta se exigía una denuncia previa para el acceso a la ILE y IVE. Las profesionales de la Línea 0800 de Salud Sexual y Reproductiva fueron reasignadas a otras áreas, produciendo una mayor demora en el acceso a la práctica, que puede llevar a más de dos semanas. Son pocos los médicos no objetores, la mayoría de ellos (3) se encuentran en el principal hospital de la provincia, el Materno Infantil. La objeción de conciencia impulsada por los sectores clericales de la provincia viene desde arriba. El Estado provincial postrado garantiza las presiones clericales, políticas y judiciales. En el mes de junio, se derrotó la intentona de prohibir el acceso al ILE a una mujer, dando lugar a la figura de “los derechos del progenitor”. Entonces, no es casual que la mayoría del personal actual se declare “objetor” y que se avance en imputar a los profesionales que sí lo garantizan. Sáenz y el régimen pretenden imponer hasta con la Justicia un disciplinamiento a los profesionales, situación que se agrava con la precariedad laboral y falta de resguardos jurídicos a los residentes como pasó con esta doctora. Pero esto va más allá. En abril pasado, el gerente del Materno Infantil, Federico Mangione, denunció que no contaba con el personal necesario para el acceso a la ILE. Expuso, a su vez, que quienes se declaran objetores en la pública, no lo son en sus consultorios privados. Las clínicas privadas y obras sociales se niegan a cumplir con el derecho al aborto por los costos de la práctica. Lejos ya de los velos de la moralidad, la objeción de conciencia queda expuesta como una garantía a los capitalistas de la salud a no hacerse cargo de la práctica, reforzando el cuadro de colapso sanitario público. Una muestra de por qué los capitalistas defienden la injerencia clerical en su Estado. Con la libertad de la médica, reforcemos nuestra organización La movilización inmediata que hizo recular al régimen de Sáenz en cuestión de horas, debe ser la base para derrotar a la Justicia y al gobierno clerical salteño en esta nueva intentona y arrancar que caigan todas las imputaciones contra la médica residente. Llamamos a una gran campaña en este sentido y en la perspectiva de demoler al conjunto del régimen político y jurídico reaccionario.

Hace un mes atrás, la patronal de la metalúrgica Gri-Calviño paró la producción por "falta de pedidos". Ante esta nueva paralización de la producción, los trabajadores lograron preservar el goce de sueldos y las reivindicaciones conseguidas luego de la encarnizada lucha que libraron en 2020, que incluyó una toma de planta y movilizaciones al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la empresa ha hecho correr el aviso de que hay 30 despidos en carpeta y que pretende desconocer algunos de los premios obtenidos de la lucha pasada. Gri Calviño fabrica antenas eólicas y las exporta. Su producción se basa en pedidos puntuales en un mercado caracterizado por la sobreproducción y la descarnada competencia capitalista; y dentro del ámbito nacional y provincial, es una empresa "mimada" por los gobiernos. La UOM de la Seccional Quilmes-Berazategui-Varela, en plena lucha de 2020, trató de dejar sin fueros a los combativos delegados de planta, luego de ver qué junto a la patronal y los gobiernos no pudieron doblegar la lucha de los obreros. La lucha de 2020 consistió en recuperar premios y plus por categorías, que en muchos puntos superaban el convenio general de los metalúrgicos que la burocracia impuso relegando conquistas en "el año de la pandemia", que usó de excusa para entregar las conquistas obreras. El próximo 6 de septiembre, los metalúrgicos de Gri-Calviño comenzarán un plan de lucha contra el ajuste a los salarios y la tentativa de echar a compañeros.

Compañeros de Política Obrera: hace ya algunos años que no milito en el partido, pero como muchos, me indigné con el desvío oportunista de la actual dirección del PO oficial. Con el fin de colaborar mínimamente con la Tendencia del Partido Obrero, es que hice una modesta campaña para juntar firmas por el voto a Política Obrera. He reunido apoyos de docentes, trabajadores de la construcción, la alimentación y la salud, desocupados, artistas, jóvenes y jubilados. Lo que sigue es el texto que quienes firman han suscripto. Saludos, Mauricio Fau. Los abajo firmantes llamamos a votar en las próximas elecciones a la lista de Política Obrera en todas las categorías y distritos en los que se presenta. Nuestro voto es a la única lista de izquierda que tiene la claridad para decir que la crisis actual es una crisis humanitaria generada por el agotamiento de un régimen social que privilegia los intereses del los grandes laboratorios y grupos empresarios sobre la vida de la clase obrera empujándola a una presencialidad laboral criminal en medio de la pandemia. Que ningún problema aislado será solucionado en los marcos del capitalismo, porque el problema es el capitalismo en sí mismo. Que ni la desocupación, ni los bajos salarios, ni la miseria de los jubilados, ni la opresión de género, ni los problemas ecológicos, ni ninguna otra cuestión, tienen salida sin que gobiernen los trabajadores. Tanto la campaña electoral como la acción legislativa de la izquierda deben estar al servicio de la organización política de la clase trabajadora y su objetivo de llegar al poder, y bajo ningún punto de vista disimular o licuar esa meta estratégica detrás del parlamentarismo o el movimientismo. Firmas: Mauricio Fau (Politólogo UBA) Daniel Miguel Forte (Ingeniero/escritor) Cecilia De Luca (Docente Educación Especial) Dario Nasta (Autónomo) Hugo Degiovanni (Jubilado) Miguel Angel Aguirre (Construcción) Sergio Romero (Conductor Profesional) Selva Fau (Estudiante secundaria) Nelly Diaz (Maestra jardinera NI) Cristian Emanuel Silva (Docente desocupado) Mario Cejas (Jubilado) Andrés Clarissi (Oficial Pintura) Germán Olivera (Artista) Francisco Postiglioni (Docente) Diego Hernán Gonet (Camillero Hospital Mercante) Ricardo Bittencourt (Editor) Marisa Garavano (Peluquera) Jorge Brodsky (Docente) Daniel Pereyra (Artista) Gastón Brizuela (Trabajador industria láctea) Martin Bessonart (Cajero) Silvia jayo (Docente) María Rios (jubilada docente) Jorge Pedro Arroquy (jubilado monotributista) Juan Torales (Docente) Lucas Torres Carbonell (empleado) Mabel Schmidt (Trabajadora informal) Liliana Pereyra (pensionada) Julian Yoverno (empleado estatal) Matias Ovejero (Desocupado) Gustavo De Lellis (empleado) Miguel Galarza ( Docente) Juan Gabriel Abad ( Estudiante y comerciante) Pablo Bertolami (Abogado) Miguel Angel Frarzese (Técnico Metalúrgico) Carlos Aráoz (Ingenier Agrónomo, consultor, docente universitario) Julio Matas (Ebanista) Valeria Merlo (Docente) Juan Escobar (Escritor) Gabriel Banderali (Auxiliar de Educación) Daniel Enrique Fernández (Desocupado) Eric Talamo (Docente) Ernesto Iche (Trabajador del arte) Silvina Rodríguez (docente SUTEBA) Martín Benítez (obrero de la construcción) Damián Porta (trabajador gastronómico) Daniel A. Cifuentes (Lic. en Bioimágenes) Yain M. Llanos (Trabajador industrial) Antonio Santos Castillo (Empleado municipal) Esteban Zoric (Trabajador UOCRA) Lucas Ruiz Beltrán (Gastronómico) Emanuel Uñac (Empleado de comercio) Fernando Lavatelli (Artista) Gabriel Montes (docente) Siguen firmas...

En mayo de este año, el gobierno nacional y la burocracia sindical de la docencia universitaria (Conadu/Fedun) firmaron una paritaria que establecía una pauta salarial que no sólo no recuperaba ni un punto de todo lo perdido en los años anteriores, sino que buscaba deliberadamente seguir retrasando los salarios con relación a la inflación. Una paritaria en línea con las negociaciones entre Guzmán y el FMI. Como resultado de ese acuerdo, que estableció un "aumento" en 6 cuotas no acumulativas, los salarios de docentes universitarios y preuniversitarios están hoy 19% por detrás de la inflación. Preocupado por el impacto electoral que puede llegar a tener semejante ajuste sobre una parte de sus propios votantes, el gobierno nacional armó distintas maniobras con sus burocracias aliadas (Ctera, Ate, Fedun), buscando contener los daños pero sin salirse del libreto del FMI. La propuesta de reajuste salarial que Trotta realizó a la docencia universitaria el jueves pasado se inscribe enteramente en esa línea. Planteó sumar tres cuotas más al esquema existente, un 6% en septiembre, 2% en octubre y 4% en enero de 2022, y dos cláusulas de revisión en diciembre y febrero del año que viene. La paritaria pasó a cuarto intermedio hasta el martes 7 por la tarde. Todo indica que la burocracia pediría un adelantamiento de las cuotas y firmaría la propuesta. Pero lo que resulta enormemente preocupante es que la propia CONADU Histórica parece encaminarse en la misma dirección. En los comunicados y en el plenario de sercretarios generales del viernes 3, un sector de la conducción de la federación (PCR), que hoy se encuentra alineado con el gobierno, evaluó con simpatía la propuesta y propuso aceptar la propuesta (San Juan, Comahue). Con esa orientación, ha impulsado la convocatoria a un congreso de Conadu Histórica para el martes 7 a la mañana. La conducción de la federación no busca con este congreso desenvolver un plan de lucha contra la rebaja salarial en curso. Tampoco puede decirse que busque estampar su firma en el acta acuerdo por los fondos de capacitación u otras dádivas que suele monopolizar la burocracia sindical de Conadu/Fedun, pues Conadu Histórica ha logrado este año poner un límite (provisorio, eso sí) a los mecanismos de exclusión permanente con los que el kirchnerismo ha castigado la autonomía de la federación. La conducción de la federación ha puesto en marcha un conjunto de maniobras tendientes a reposicionar al gobierno ante la base docente universitaria y a recomponer su relación con las camarillas ministeriales y universitarias, en un cuadro de creciente disgregación del Frente de Todos a lo largo y ancho del país. Un mal resultado electoral agravaría ese proceso de disgregación política y, en su horizonte cercano, están las elecciones en numerosos sindicatos locales y en la propia federación. Desde la Agrupación Naranja (Tendencia) llamamos a rechazar la firma del acta y a desenvolver un plan de lucha real por el salario y las condiciones de trabajo, haciendo efectivo el paro que se había votado y luego suspendido. Vamos por un verdadero aumento salarial, sin cuotas y ajustado por inflación; media canasta familiar para el cargo testigo (hoy alrededor de $65.000); por salario para todos los docentes ad honorem. Rechazamos la presencialidad educativa orquestada por los gobiernos nacional y locales, que ha desmantelado todo protocolo en las escuelas y que ha comenzado a avanzar en las universidades. Exigimos conectividad e internet a cargo de Estado para garantizar las clases virtuales en condiciones de pandemia y ante la inminente propagación de la variante delta. Las condiciones de cualquier retorno presencial y los protocolos deben ser discutidos por comisiones de docentes, no docentes y estudiantes. Rechazamos asimismo el negocio y la sobreexplotación laboral implicada en las "aulas híbridas" que quieren el gobierno y el CIN. Llamamos al conjunto de la docencia universitaria de todo el país a pronunciarse contra el acuerdo con el FMI y a preparar una gran movilización de rechazo cuando sea tratado en el congreso de la nación.

Más de cincuenta vecinos del barrio Uruguay de Béccar, en el distrito de San Isidro, cortaron una mano de la avenida Centenario durante cuatro horas exigiendo ser recibidos por las autoridades municipales porque su barrio ha sido tomado por narcotraficantes. Ocurre que bandas narcos (procedentes de San Martin, según cuentan los propios vecinos) llegaron al barrio y literalmente lo tomaron por asalto. Con armas en la mano ocuparon los pasillos y a la vista de todos, al aire libre, se pusieron a vender drogas. Enseguida empezaron los tiroteos a cualquier hora del día con total impunidad. La vida de las familias se convirtió en un infierno. Los vecinos -la mayoría mujeres, madres de familia y jefas de hogar- nos contaron cómo fueron sucediendo los hechos. Es difícil explicar en un artículo lo que parecía ser una de esas historias de origen colombiano o mexicano que uno ve en Netflix. Lograron que la policía entrara al barrio. Les marcaron las casas de los transas, que se retiraron, pero dejaron a sus peones y amenazan con volver. El Municipio no los ha recibido. Los partidos del régimen se llenan la boca hablando de la “inseguridad”, pero la realidad es que finalmente son los mismos trabajadores los que deben echar a los narcos del barrio con su propia iniciativa. Los funcionarios y politiqueros hablan de más presupuesto para la policía, más cámaras y de imponer la "doctrina Chocobar", pero la policía no pisa el barrio. Su connivencia con el delito organizado es clara. Las políticas de reforzamiento policial y represivo sólo sirven para encubrir el vínculo narco con los poderes e instituciones del Estado. En San isidro hemos tenido ejemplos de sobra: en 2011, Raúl Papas, jefe de la bonaerense en el distrito, y su segundo, de apellido Albornoz, fueron removidos, acusados de proteger a una banda de secuestradores formada por ex policías (en marzo de este año fue nuevamente apresado, ahora por extorsionar a presos exigiendo dinero por protección). En 2012, Marcelo Gustavo Godoy y Pablo Javier Sosa, subcomisario y comisario de Villa Adelina, fueron grabados pidiendo coimas a una banda que se dedicaba a robar autos para dejar salir a un cómplice. La lista puede seguir, pero esto demuestra que para resolver el problema del narcotrafico lo importante es romper sus vínculos con el Estado. Desde el Partido Obrero Tendencia de San Isidro vamos a seguir acompañando a los vecinos quienes en asamblea decidirán los pasos a seguir.

Yoshihide Suga es un operador político acostumbrado a recorrer los pasillos oscuros y la vida burocrática dentro del Partido Liberal Democrático (PLD). Al momento de asumir, Suga recibía un gobierno con niveles del 70% de aprobación de parte de su antecesor. Tan solo un año después, tiene apenas un 26% de imagen positiva. Esto llevó a que renunciara a la presidencia del partido para las próximas elecciones partidarias. Esa decisión equivale, en la práctica, a la renuncia al cargo de primer ministro: el país debe celebrar elecciones generales a fines de noviembre y el líder que elija el PLD será el candidato de esta formación conservadora para encabezar el Gobierno, debido a su amplia mayoría en el Parlamento. El primer ministro declaró a la prensa: “Quiero concentrarme en los esfuerzos para luchar contra el coronavirus y por ello no me presentaré a las elecciones para liderar el Partido Liberal Demócrata”. La decisión sorprendió a propios y extraños. Así lo dejó en claro el número dos del PLD, Toshihiro Nikai, quien dijo “estar sorprendido”. Lo que no sorprende es el motivo de este ´renunciamiento´. Desde junio, Japón registra cifras de contagios muy altas, que alcanzan los 20.000 nuevos casos diarios. El Gobierno tardó en lanzar una campaña de vacunación general y decretó en varias ocasiones el estado de emergencia, pero este dispositivo se basa sobre todo en recomendaciones cuyo cumplimiento no es obligatorio. La medida se mostró ineficaz para frenar los contagios y, al mismo tiempo, comenzó a generar un enorme hastío entre la población. Lo que terminó de sentenciar la suerte de Suga fue su empeño por mantener a cualquier precio los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este año, pese a que la mayoría de la población se oponía a su celebración.

La bajante critica del rio Paraná está afectando a la producción de frutillas y a la comunidad santafesina debido al daño irreversible generado por la deforestación y el uso intensivo del suelo por parte del agro, que está convirtiendo los humedales en planicies aptas para sus negocios con la agricultura y la ganadería teniendo como consecuencia el caudal más bajo en medio siglo y el aumento de la temperatura. Esta bajante que empezó en 2019 suma una situación de sequía en el amplio paisaje regional, ya que el pantanal brasileño atraviesa una sequía más severa que el nordeste del país. El Servicio Meteorológico Brasileño emitió una alerta por la peor racha de lluvias en 91 años que afecta directamente al Paraná, más las quemas de los humedales que impiden que se recuperen. Los responsables de esto son los que festejan las “cosechas récord" de soja, maíz o alguna otra oleaginosa y las agroganaderías arrasadoras Actualmente en la provincia a las poblaciones se les dificulta el acceso al agua dulce-potable ya que los niveles de salinidad de agua que comúnmente eran de 0,50 se dispararon a 4 puntos 9 veces más de lo normal. Muchas personas presentaron problemas de salud al consumir el agua lo más frecuente problemas en los riñones por este motivo y por el distinguido sabor salado acudieron a la compra de bidones. El alto nivel de sal presente en el agua pone en peligro la producción de frutilla secando las raíces de las plantas y poniendo sus hojas marrones por lo que se estima una pérdida del 40% perjudicando la economía de las ciudades en Santa Fe, especialmente en Coronda que es el epicentro de la misma. Se ve venir un aumento del costo de la fruta. En plena pandemia continúa el precarizado trabajo golondrina donde la mayoría de los trabajadores no tienen recibos de sueldo ni equipos de trabajo ni de transporte ni de protección contra el Covid-19. Acá se conjuga la precariedad, la inestabilidad laboral, la escasa retribución económica, extensas jornadas laborales que requieren un gran esfuerzo físico, riesgo a lesiones sin contar con una obra social, mala nutrición también malestar emocional por estar lejos de sus familias y sus lazos sociales. Esta situación laboral que ninguno de los gobiernos pasados y presentes hizo/hace algo al respecto por estos obreros que tienen que padecer degradación física, mental y emocional sin remuneración para que los agros se llenen los bolsillos. El agua es prioridad para la existencia de las comunidades y el medioambiente, los gobiernos que permiten estos atentados ambientales abismales a sus amigos agros perjudican nuestras vidas, el río nunca va a volver a ser lo que era. Basta de quemas, deforestación, explotación de la vida humana y del ambiente por una salida obrera que luche por nuestra supervivencia.

Los medios de comunicación posicionan como la voz de la juventud a nuevos partidos liberales que poco tienen de novedosos, siendo portavoces de los más intrínsecos intereses de la burguesía. Las caras visibles de estas agrupaciones se pasean por los “programas de actualidad” manifestando, en forma más o menos directa, que la manera de generar más puestos de trabajo es flexibilizando el Orden Público Laboral. Los candidatos liberales, o autoproclamados libertarios, suben la apuesta proclamando como solución que el Contrato De Trabajo quede fuera de la órbita del orden público y se convierta en un contrato privado entre las partes. Es lógico que este tipo de ideas sean del agrado de una clase que nuclea el capital y los medios de producción. Lo que no es lógico es que una gran cantidad de jóvenes simpatizantes, que en gran medida son víctimas de la falta de empleo y de oportunidades, puedan apoyar estas doctrinas que lo único que tienen de nuevas es el peinado del vocero de turno. Víctimas de medios tendenciosos y/o peor aún de un sistema educativo que omite dar luz de la historia, parecen desconocer que lo que se plantea se remite a fines del Siglo XVIII con el nacimiento de las fábricas y de lo que podemos considerar como el origen más cercano de la lucha obrera como hoy la entendemos. Durante la Revolución Industrial el trabajo, que históricamente había existido en formas de esclavitud, vasallaje o de talleres artesanos, adquiere la forma de lo que hoy llamamos relación de dependencia. Esa relación entre el trabajador y el empresario surgía de un contrato individual como los que hoy nos plantean a modo de solución. Dicho contrato entre “personas libres” partía de una gran falacia: la igualdad de las partes al momento de negociar no era tal. El trabajador, que vivía en la peor de las miserias, no era genuinamente un igual ante el empleador al momento de celebrar el contrato. Debía someterse a salarios denigrantes, condiciones de trabajo insalubres, jornadas de trabajo eternas y una constante violación a sus derechos. ¿Qué opción tenía el trabajador? Esa supuesta igualdad se veía limitada y cercenada por una dicotomía: morir de hambre o someterse a una vida infame que solamente serviría para cubrir necesidades mínimas (que en la práctica no sucedía tampoco). El trabajador era descartado de la fábrica ante la más mínima exigencia de derechos, por edad avanzada, enfermedad o situación que lo transformara en una molestia para el burgués. La puerta del establecimiento de trabajo era el límite que demarcaba hasta donde una persona era “libre”, es decir donde empezaban y terminaban sus derechos. El comienzo de la jornada laboral significaba el inicio de todo tipo de abusos aberrantes y para el Estado liberal eso carecía de importancia. Esas relaciones laborales, originadas en este contrato libre entre partes que hoy nos plantean como solución, fueron sinónimo de trabajo infantil, violencia hacia la mujer, discriminación y abuso de poder. Años de lucha obrera, de condiciones laborales prácticamente esclavistas y de vidas perdidas llevaron a ese Estado ausente a involucrarse, construyéndose muy lentamente lo que hoy conocemos como Orden Público Laboral. Ese orden de carácter protectorio de los derechos del trabajador nace y tiene como fin limitar el libre accionar del empleador dentro del establecimiento de trabajo, ponderando que los derechos humanos de los trabajadores no se restrinjan por el hecho de vestirse con un overol y estableciendo un piso (que claramente aún no alcanza) de condiciones y de salario que no se puede profanar. Es por esto que cuando nos hablan de instaurar un contrato individual entre el trabajador y el empleador sin la injerencia del sistema protectorio laboral como forma de “generar nuevos puestos de trabajo”, lo que se está buscando es retornar a un sistema que la misma historia nos demuestra que causo hambre, muertes, enfermedades e injusticia a los trabajadores. Es fundamental dar luz a la gravedad de estas ideas, ya que muchos jóvenes se ven embelesados por discursos vistosos y argumentos quirúrgicamente moldeados que tienen como único objetivo perjudicar a la clase obrera y limitarla en sus derechos. Carlos A. De Vito 28.865.160

El partido por la sexta jornada de las eliminatorias a Qatar 2022, entre Brasil y Argentina, que debía jugarse el domingo por la tarde, fue suspendido por las autoridades sanitarias brasileñas con la razón de que había cuatro futbolistas argentinos que juegan en la Premier League y venían de Inglaterra. Brasil requiere un periodo de cuarentena a todos los visitantes que provengan de ese país. “La Selección argentina se retiró hoy del campo de juego con la venia de Conmebol, después de que autoridades sanitarias brasileñas quisieron sacar de la cancha a cuatro jugadores albicelestes por supuestamente haber incumplido el protocolo previsto” (Perfil, 5/9). Cuando el partido había comenzado, representantes del ministerio de Salud de Brasil se metieron al campo de juego, en una operación. Más temprano, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) emitió un comunicado en el que instó a las autoridades de Brasil a deportar a los futbolistas argentinos Emiliano "Dibu" Martínez, Emiliano Buendía, Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso, tres de los cuales estaban en cancha. De acuerdo a Anvisa, los deportistas suministraron "informaciones falsas" durante su proceso de inmigración. Según las declaraciones de Anvisa, "cuatro jugadores argentinos ingresaron a Brasil incumpliendo las normas sanitarias del país al declarar supuestamente información falsa en un formulario oficial", a raíz de que aseguraron "no haber pasado por ninguno de los cuatro países con restricciones en los últimos 14 días". Sin embargo, las diez federaciones miembro de Conmebol firmaron un acta con el acuerdo de sus respectivos gobiernos para aceptar el corredor sanitario para estos encuentros internacionales. No es la primera vez que hay jugadores de fútbol que no cumplen las cuarentenas porque, justamente, existen los corredores sanitarios que se aplicaron también para deportistas brasileños en otros países, como así también en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en este caso se suspendió el partido por razones sanitarias luego de que hubiera comenzado. Las autoridades brasileñas ya estaban advertidas de esta situación como así también la Conmebol. La Confederación Brasileña (CBF) negó su participación en algún tipo de negociación para omitir el protocolo sanitario vigente. Consideró, además, que Anvisa "pudo actuar con antelación" y haber evitado el desgaste de hacerlo en pleno partido. "La CBF respeta los protocolos de Anvisa y en ninguna situación queríamos esquivar la Legislación", pero, a su juicio, "esto causa indignación porque Anvisa se extralimitó en sus decisiones y podría haber evitado eso antes" (Clarín, 6/9). Flavio Bolsonaro, hijo del presidente y senador por Río de Janeiro, dijo que “Los argentinos jugaron malas pasadas. Sabían que estaban infringiendo la ley brasileña, impidieron que Anvisa se fijara en ellos y, a la fuerza, incluyeron a los cuatro [jugadores] de Inglaterra” (ídem). Además, reclamó sanciones duras contra el seleccionado de Scaloni. Bolsonaro llamó a las autoridades, pero cuando ya había sido suspendido, como si desconociera lo que estaba pasando (ídem). Las razones políticas ¿La suspensión del partido entre Argentina y Brasil tiene razones políticas? Es lo que se pregunta la afición. Bolsonaro y su hijo convocaron para el martes 7 a una movilización, incluida la Policía Militar. Clarín sacó una nota de opinión preguntando “¿Bolsonaro intentará dar un golpe de estado?” (5/9). “La manifestación (pro Bolsonaro) prevista para el 7 de septiembre, por la "libertad", la "intervención militar", "contra el STF", "por el voto impreso" y quién sabe qué más” (ídem) ha alimentado esa sospecha. “Bolsonaro dará el golpe porque siempre ha sido autoritario y sabe que sus posibilidades electorales son escasas. Ha adoptado un comportamiento histérico y paranoico que denota su aislamiento político. Con la economía debilitada, el desempleo, la inflación y las altas tasas de interés, la sequía, la crisis energética a la vista y la pandemia del Covid-19 gestionada criminalmente y aún lejos de su fin, es poco probable que Bolsonaro gane las elecciones de 2022 (si es que las hay)” (Clarín, ídem). Estas razones son, sin embargo, las que deberían hacer inviable un autogolpe, y en caso de que tuviera lugar precipitar un contragolpe. Si las FFAA están dispuestas a respaldar un autogolpe de Bolsonaro, habría que preparar todavía la oportunidad. Jair Bolsonaro, mientras moviliza sus tropas fascistas, tiene siete investigaciones abiertas contra él y sus adeptos por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) y el Tribual Supremo Electoral. También las investigaciones sobre el asesinato de Marielle Franco, cuya responsabilidad directa llega hasta el presidente, su familia y colaboradores. Bolsonaro intenta rearmarse, pero no sólo simbólicamente: las intervenciones de sus facciones en las favelas del país, como así de los militares en el estado, muestran sus intenciones. “Las instituciones brasileñas están destrozadas y el Estado está cada vez más ocupado por los militares desde el golpe de 2016. También sucede que Bolsonaro tiene sus partidarios: empresarios aventureros, parte del agro, asociaciones de camioneros, las cumbres de las iglesias evangélicas, clubes de tiro, paramilitares. Y lo principal: importantes contingentes de la policía militar (que pueden decidir responder directamente a él y ya no a los gobernadores) y posiblemente las Fuerzas Armadas y la Policía Federal parecen dispuestos a seguir a Bolsonaro en su putsch” (ídem). Sin embargo, indica que “No hay un apoyo popular mayoritario para un intento de golpe de Estado. (...) Tiene todo para salir mal” (ídem). También habrá otra movilización el 7, opositora, para reclamar “Fuera Bolsonaro”. No participarán de ella ni Lula ni sus partidarios. Doria, el gobernador de San Pablo, asistirá a un acto del MBL (Movimiento Brasil Libre). Sea como fuere, la jornada del 7 reúne las características de una asonada golpista, de un carácter más amplio y de un alcance mayor que el ataque de la tropa de Trump al Capitolio norteamericano. En Argentina no existen todavía fuerzas de choque ni instituciones militares y paramilitares. Pero la llamada ingobernabilidad está creciendo, con un gobierno a la deriva y una situación económica y social explosiva.

La insólita y escandalosa suspensión del principal partido de las eliminatorias vuelve -ya reiteradamente -a un conflicto de poderes en el fútbol mundial que se ha planteado ya muchas veces en el pasado, entre las leyes y disposiciones de los estados y el omnipotente poder y las propias leyes de ese “Vaticano del fútbol” que es la FIFA. El partido suspendido por la intervención de la agencia de vigilancia sanitaria (ANVISA), a raíz de la participación de jugadores que juegan en el Reino Unido, es absolutamente irregular. Estas agencias actúan en las fronteras en combinación con las fuerzas de seguridad, las cuales no actuaron ante el ingreso del seleccionado argentino a tierras brasileñas. Que hayan actuado días más tarde durante el transcurso del partido mismo, es claramente una decisión política del gobierno de Brasil. La “extrema” preocupación sanitaria de Bolsonaro contrasta violentamente con un gobierno que consideró que el coronavirus era “una gripecita” y que la pandemia se solucionaba con la llamada “inmunidad de rebaño”, decisión criminal que arrojó 20 millones de infectados y 584.000 muertos en todo el país. La “preocupación” sanitaria viene además del mismo gobierno que se propuso como sede de la Copa América en medio de la segunda ola de Covid, donde paradójicamente jugaron los jugadores brasileños y argentinos que participan en el fútbol del Reino Unido. Estos últimos se retiraron de Brasil con una causa penal por deportación. La medida de Bolsonaro es un mediocre intento chauvinista de un gobierno en bancarrota de defensa de una selección que no necesita para nada de su ayuda, pues marcha cómodamente a ser la primera en su grupo clasificatorio del próximo mundial. Cuando baje la polvareda de este bochornoso suceso, el pueblo brasileño repudiará a Bolsonaro por su criminal actuación en la pandemia, llevar a los trabajadores brasileños a salarios miserables y por la liquidación de la salud pública de su país. Y por casa cómo andamos... Las autoridades de la selección argentina sabían de las aguas revueltas que traía la decisión de llevar a los jugadores del Reino Unido para el clásico y también que Brasil no había convocado a sus jugadores de la Primier Ligue para el encuentro. Pero no tuvieron mejor idea que buscar un reaseguro de su participación apelando nada menos que al “Chiqui” Tapia para que gestionara un “salvoconducto” ante la COMEBOL. Mediante este mecanismo, habilitó a jugadores de 300 federaciones menores del futbol y el aforo en los estadios, largamente vulnerado por las barras de los clubes y los países. En estos acuerdos “protocolares” emanados de la sucursal sudamericana de la FIFA -que tiene sus propias leyes- se habilitó a la selección argentina a jugar -para decirlo en forma popular- “floja de papeles”. En vez de jugar un partido de fútbol, en la tarde del domingo asistimos al lamentable papel de Daniel Scioli, embajador en Brasil, tratando de arreglar “los papeles flojos” para que la selección argentina pudiera salir del país. Siga siga…. Las dos selecciones irán cómodamente al próximo mundial. El fallo que se emane del bochornoso suceso posiblemente se dilate pues la FIFA tiene su propio Tribunal en Suiza (TAS) que quizá emita su decisión cuando las eliminatorias hayan concluido. Los jugadores siguen sin una representación internacional que defienda sus derechos como futbolistas. Son presos de los intereses capitalistas de los clubes, de sus propios intereses y de la organización del futbol mundial, donde cada día es más cuestionado que tenga sus propias leyes.

El Programa Radar Media de Radio Simphony organizó un debate político con candidatos locales. Los representantes de las alianzas Juntos y el Frente de Todos estuvieron ausentes, pero sí concurrieron, en cambio, los de las fuerzas del vecinalismo sanisidrense, los fascistoides de “Libertad Avanza” y nosotros, Política Obrera, a través de nuestro candidato a diputado Walter Sánchez. Nuestro compañero, al inicio del debate, puso sobre la mesa la lucha de los trabajadores del barrio Uruguay que horas antes habían estado cortando la avenida Centenario exigiendo ser recibidos por el intendente, ya que su barrio fue copado por bandas de narcotraficantes. Desarrolló la denuncia de la connivencia entre las fuerzas represivas, el poder político y la burocracia del Estado, con el delito organizado. Ante la pregunta del periodista sobre qué cambiarías en San Isidro, Sánchez puso de relieve el salario de pobreza que cobran los trabajadores municipales, en especial los trabajadores de la salud. Con básicos de 22 mil pesos (mucama), 24 mil (camillero) y 45 mil (licenciada en enfermería), "en un país donde hay que cobrar 68 o 69 mil pesos para no ser pobre, los trabajadores de la salud de San Isidro no superan esa cifra (...) Un distrito rico con trabajadores pobres, esta es la ecuación que debemos revertir". Después puso en el debate la lucha contra la especulación inmobiliaria que quiere llevarse puesto los pocos espacios verdes que existen, como se intentó hacer en Villa Adelina y Béccar (los vecinos de esta localidad llevan más de 20 años de lucha por el predio de Obras Sanitarias). También habló del libre acceso a la costa, hoy privatizada por clubes y restaurantes. Walter también denunció que la reforma laboral ya está en marcha, como lo demuestra los trabajos por aplicaciones donde el trabajador tiene un salario miserable y carece de toda protección. Desde Política Obrera, vamos a estas elecciones no desde la adaptación parlamentaria o el carrerismo, sino como un instrumento de agitación política para que la agenda política estén los reclamos de los trabajadores. Ponemos nuestra campaña, recursos y voceros a disposición de las luchas.

El día de ayer la asamblea de los vecinos y vecinas autoconvocados de la toma en villa 21-24 votó levantar la toma frente al inminente desalojo violento y continuar movilizados por todas sus reivindicaciones. Los delegados de la toma fueron convocados ayer a una reunión por el Juez Daniel Rafecas, a la que también asistieron funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y el Ministerio de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad; y de los Ministerios de Seguridad, de Desarrollo Social y de Justicia del Gobierno de la Nación. Los delegados denuncian que la reunión giró en torno a la amenaza de desalojo violenta y no en torno a la solución habitacional. Adrián Rivera Solsari, secretario de Rafecas, presente también en la reunión, advirtió a los delegados que el desalojo sería llevado adelante el martes a las 00 horas con la ayuda de la Policía Federal y de la Ciudad. Luego de una larga y dura negociación, acordaron otorgar conjuntamente subsidios habitacionales y de emergencia para hasta 135 familias; aumentar el monto del subsidio habitacional hasta 15 mil pesos para aquellas familias que ya lo tuvieran; y organizar una mesa de trabajo entre los representantes de la toma, el IVC, el Ministerio de Hábitat de la Ciudad y el Ministerio de Vivienda de la Nación para el próximo martes 14 de septiembre a las 10 horas en la Cámara Federal. La propuesta fue votada en asamblea, y ayer antes de las 23 horas, todas las familias del predio ya habían levantado la toma. Sin duda, la resolución más importante votada por la asamblea fue mantenerse en estado de alerta, organizados y movilizados. Por esto, convocan a los vecinos y vecinas y organizaciones del barrio a movilizar junto a las familias el martes 14 para acompañar a los delegados que entrarán a la mesa de trabajo. En las difíciles condiciones que se planteó la toma durante estos 13 días, no sólo quedó expresada la crisis habitacional en la Ciudad, sino también las reservas de lucha del barrio y las familias trabajadoras más pobres. Las familias en lucha debieron enfrentar el permanente asedio de la policía que les impedía el ingreso de agua, alimentos y medicamentos; los amedrentamientos de las patotas y punteros a sueldo del Estado; y la decisión corporativa del Gobierno de la Nación, del Gobierno de la Ciudad, las organizaciones del Frente de Todos y la Iglesia de aislar la lucha del resto del barrio y los medios de comunicación. Las familias rompieron día a día todos los cercos impuestos, y frente al ultimátum de Rafecas y la Justicia que prometía arrasar violentamente con todo, votaron dar un paso atrás que sin embargo, no significa renunciar a sus reivindicaciones. El reclamo de vivienda digna ahora se mantiene por la vía de la movilización, y lo fundamental es obtener de la mesa de trabajo una respuesta positiva y concreta para las 160 familias. Los vecinos y vecinas, activistas y organizaciones políticas reagrupadas en torno a la toma, tenemos el deber de seguir acompañando a las familias, porque ellas han marcado un camino de organización y lucha para todo el barrio contra la miseria que impone el Estado. Desde el Polo Obrero Tendencia, ese es nuestro compromiso: alentar y organizar el desenvolvimiento de una vanguardia de trabajadores al interior del barrio, que supere los espacios cooptados por el Estado y luche para que alguna vez entre las calles Luna e Iguazú, exista una barrio obrero que valga la pena ser habitado. A la ignominia del capitalismo, el socialismo. En los barrios, para eso luchamos.

La patronal ha reclamado desengancharse de los “gastos Covid-19”, algo que fue respondido positivamente por el Ministerio de Trabajo. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo controla y regula que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) otorguen las prestaciones necesarias paras los pacientes con enfermedades profesionales. La patronal y las ART reclamaron contra los riesgos Covid-19, debido a que la “nueva normalidad” hace difícil rastrear si el contagio se produjo “dentro de la empresa”. Durante la pandemia, muchas empresas no aislaron según las regulaciones a las y los trabajadores con contactos estrechos, como sucedió en empresas de salud o de seguridad privada. La patronal ya había advertido que quiere acabar con la “industria del juicio”, que también provienen de la falta de prestaciones médico-asistenciales durante la pandemia. Las aperturas indiscriminadas del gobierno de los Fernández -de la mano del acuerdo con el FMI, un plan de guerra contra trabajadores y jubilados- permitieron que muchos esenciales se contagien y mueran o queden secuelados (en muchos casos de por vida). Según Clarín “La cobertura de COVID está financiada por el fondo que el sistema acumuló, a lo largo de casi 24 años, para cubrir los costos de enfermedades profesionales no listadas”, lo que significa que no hubo gastos extra por parte de las aseguradoras. Sin embargo, buscan recapitalizar el fondo con dinero del Estado antes de que llegue la cuarta ola de Covid o que la cepa Delta se expanda. La Asociación de Industriales Metalúrgicos -ADIMRA- reconoce que “las principales causas de ausentismo laboral estuvieron vinculadas al Covid-19: el 25% fue por contagios, seguido por otros motivos vinculados como contacto estrecho”. O sea que abrieron las plantas a sabiendas de que los contagios iban a subir, eliminaron licencias y descontaron parte del salario a trabajadores exceptuados de la presencialidad por riesgo y ahora pretenden que el Estado pague las consecuencias de dicha apertura. Formalidad e informalidad Los casos de Covid-19 en el mundo laboral fueron, al 6 de agosto, 452.374. Según la actividad económica, “el 16% trabajadores de salud, 13% fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y bomberos, 9% venta minorista y servicios, 6% transporte, 5% limpieza y mantenimiento, 3% seguridad privada. Muchos de estos rubros todavía no están vacunados con dos dosis. En términos de mortalidad: 11% corresponde a transporte, 10% a salud, 8% limpieza y mantenimiento, 7% seguridad privada, y 7% seguridad, fuerzas armadas y bomberos. La apertura cambió los porcentajes, mientras que, al principio de la pandemia, los trabajadores de salud -que cobran sueldos miserables y salieron a pelear contra esto- registraban 2/3 partes de los contagios totales. Todos estos informes se basan en datos del trabajo formal, cuando la informalidad, según CIPPEC, supera el 45% (Clarín, 5/9), sobre todo en rubros como comercio, construcción o la industria textil y derivados, empleo doméstico y tareas de la cuidad. En estos ámbitos “no hay control de la jornada, del ambiente de trabajo, ni de la utilización de los equipos de protección”. Para tomar una muestra, de las trabajadoras domésticas informales sólo el 16% tiene acceso a alguna licencia por enfermedad, y apenas el 3% tiene cobertura por accidente o enfermedad profesional. Nueve de cada diez no accede a una obra social. Si se tuvieran en cuenta a los trabajadores informales, crecerían exponencialmente las estadísticas. Fondo de Enfermedades e inflación Desde septiembre entró en vigencia un aumento de la cuota de seguro Covid-19 que pagan las empresas por sus trabajadore, para financiar a aquellos que se contagiaron o fallecieron por la pandemia. Las muertes sobre todo afectaron a los adultos mayores. Pero debido a las subsecuentes aperturas laborales, el número de muertos y contagiados en los espacios laborales sigue creciendo. Sobre todo de cara a nuevas variantes, como la Delta o Mu. Los trabajadores entre 30 y 45 años fueron los más afectados por la enfermedad (Clarín, 5/9). Desde este mes la cuota que deben pagar las empresas al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, de acuerdo a la resolución 47/2021 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pasa de $40 a $45,07 (Clarín, 2/9). La medida repercute sobre 9 millones de trabajadores y trabajadoras aseguradas. Se trata de una cuota según la evolución trimestral del RIPTE, un índice que toma la evolución de los salarios formales. Se trata literalmente de “dos mangos” por trabajador, que ni siquiera cubre el valor con el cual había comenzado esa norma en los ’90 de 60 centavos (que equivalían a 60 centavos de dólar, hoy más de 100 pesos). Sobre todo considerando que estamos en pandemia y que los gastos sanitarios se multiplicaron. Cabe recordar que bajo el gobierno de Menem también se redujeron los aportes patronales, que los subsiguientes gobiernos mantuvieron, como así la mísera cuota aportada al Fondo de Enfermedades Profesionales. “Presumible” enfermedad laboral y Comisiones Médicas La Organización Internacional del Trabajo -OIT- realizó un informe sobre la pandemia y los trabajadores de 2020 -"La Covid-19 y el mundo del trabajo"- en el que sostiene que la región de América Latina y el Caribe fue la más afectada por la pandemia a nivel mundial, en términos de horas trabajadas e ingresos laborales. Ese informe muestra cómo los casos de Covid-19 en el mundo laboral se producen en los trabajos esenciales (salud), pero también en tareas donde “no se respetan las medidas sanitarias” o “existe contacto físico estrecho”, que es lo que sucede en la enorme mayoría de los empleos y lugares de trabajo. La presencialidad termina siendo mortal. El informe indica que “la desaceleración económica, la precariedad del trabajo y los bajos salarios, la crisis sanitaria y económica aumentó las brechas y expuso las debilidades de los sistemas de protección social, así como la vulnerabilidad de amplios sectores de la población” (Clarín, 5/9). La desprotección se evidencia en la Argentina donde el trabajador no recibe ni asistencia ni cobertura inmediata. En primer lugar, porque los testeos por habitantes son de los más bajos del mundo. Y al no haber testeos, no se puede “trazar” el origen del contagio. En segundo lugar, porque el trabajador contagiado debe hacer la denuncia, demostrar que se contagió en el trabajo, mientras que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo evaluará la “determinación definitiva” (Clarín, 2/9). En caso de ser rechazado, el trabajador debe ir a la vía judicial. Con la flexibilización de las cuarentenas y los aislamientos, las disipaciones oficiales consideran “presuntivamente” al covid-19 como una enfermedad laboral. Esto va en línea con lo expresado en marzo de 2020 por la OIT que consideró que las patologías contraídas por exposición al coronavirus “podrían considerarse como enfermedades profesionales”. Desde que se abrieron más sectores de la economía, se levantaron las medidas sanitarias y aumentó la circulación de la población en el transporte público, se volvió más difícil constatar el “origen” de la enfermedad. Y las ART, que nunca hicieron tanta plata como durante la pandemia, comienzan a poner trabas en las prestaciones médico-asistenciales. “Si se pretende el reconocimiento de secuelas o los familiares desean cobrar una indemnización para los casos mortales, esto debe presentarse ante comisiones médicas” (Clarín, 5/9). El sistema de riesgos del trabajo recibió un espaldarazo de la Corte Suprema de la Nación, que en un fallo confirmó la constitucionalidad de las comisiones médicas dispuesto en la Ley 27.348 de Riesgos del Trabajo (ipro, 2/9). Es un espaldarazo a las ART ya que se establece que las “Comisiones Médicas (son) instancia previa, excluyente y obligatoria para la solución de los conflictos derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, y ,sin embargo, no tienen nada de imparciales ni de independientes. Al paso del acuerdo con el FMI que se disponen a votar todos los bloques luego de las elecciones, e implica no sólo más pobreza y desocupación, informalidad y precariedad laboral, la patronal avanza en medio de la apertura indiscriminada de los Fernández a mayor desprotección de los trabajadores en medio de la pandemia y a una reducción y eliminación de los “costos covid”.

“Miles y miles de jubilados y pensionados siguen esperando que la Corte Suprema resuelva las demandas y fallos de primera y segunda instancia que se acumulan desde comienzos de 2018 en relación al retroceso de los haberes producidos por las modificaciones en la movilidad previsional”, dice Clarín (5/09). Según informó el ministro Santiago Cafiero al Congreso Nacional la cantidad de juicios por movilidad y otros reclamos alcanza el número de 268.898. Mientras a los jubilados se les va la vida en la pelea por recuperar el verdadero valor de sus haberes, el tribunal supremo no tiene plazos para expedirse. Los reclamos se incrementaron ante la implementación de tres leyes previsionales entre los años 2017/2021. Según dichos de la especialista en Seguridad Social, Elsa Rodríguez Romero, en marzo de 2018 con la ley N° 27.426, se otorgó una movilidad inferior a la que correspondía con la ley anterior que estaba vigente hasta diciembre del 2017. Aquella preveía que la evolución de las variables -julio a diciembre del 2017- debían aplicarse en marzo del 2018, cosa que no ocurrió. La ley N° 27.426 fue votada por el gobierno de Mauricio Macri y apoyada por los diputados peronistas en diciembre del 2017, mientras el Congreso era rodeado por una verdadera rebelión popular que enfrentó durante horas gases y palos de la policía y la CGT miraba para otro lado. Aquella ley significó un manotazo de casi $ 100 mil millones de los fondos previsionales. A la hora de entrar en vigencia, el incremento que recibieron los haberes en marzo del 2018 fue del 5,71 %, cuando correspondía en realidad el 14,5%. Por los cambios introducidos en septiembre del 2017 y agosto del 2021, la pérdida de los haberes ronda entre el 22 y el 29%. Dos tribunales de cámara, ante distintos reclamos, se pronunciaron por la inconstitucionalidad del aumento del 5,71 % y ordenaron que se otorgue el 14,5 %, con el argumento de que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. El Procurador de la Corte también dictaminó a favor de ese reclamo. Luego, los haberes jubilatorios perdieron entre 2018/2019, un 19,5% por el desfasaje de la movilidad y la inflación, cuando el gobierno FF suspende la fórmula aprobada en el 2017. Con los aumentos por decreto se abrió una nueva etapa de pérdida de los haberes jubilatorios. Los miserables bonos otorgados para ´paliar´ la situación de indigencia de millones de jubilados son absolutamente insuficientes. Los reclamos se acrecientan reclamando la inconstitucionalidad de la declaración de ´emergencia´ de AF, la suspensión de la movilidad y la insuficiencia de los incrementos del 2020. Los haberes deben ser aumentados tomando en cuenta la diferencia entre el 42,13% según la movilidad suspendida y el 24,3 y 35,3% según el rango del haber que se aumentó por decreto. Continúa el achatamiento de la pirámide previsional. A favor de esto último se pronunciaron las Salas de Cámara de Mendoza y de Bahía Blanca. En cambio dos salas de cámara de CABA no hicieron lugar a los reclamos. Tanto el gobierno de Macri como el de los Fernández, han llevado adelante los planes del FMI, en su propósito de desligar el haber jubilatorio de los salarios y convertir a la jubilación en una miserable pensión a la vejez. El 70 % de los jubilados cobramos haberes de indigencia de $ 26.000 cuando la canasta familiar está en $ 130.000. Todo esto mientras se paga puntillosamente una deuda usuraria indexada por inflación de millones de dólares y los jubilados pasamos nuestros últimos años recorriendo los pasillos de Tribunales. Vienen por más. Luego de las elecciones, “Todos” y “Juntos” votarán un nuevo ataque a las jubilaciones – aumento de la edad jubilatoria, universalización de haberes de indigencia. Hay que organizarse y luchar por: un aumento de emergencia de $ 40.000 a jubilados, pensionados y rentas vitalicias. Restitución de los aportes patronales. Haber mínimo igual al costo de la canasta familiar de $ 130.000. No al aumento de la edad jubilatoria. No al pago de la deuda usuraria. Fuera el FMI.

Una indignación va creciendo entre los docentes provinciales que, habiendo cumplido tanto con los aportes requeridos como con la edad exigida por la legislación previsional y educativa (Decreto 137/2005 y las leyes de jubilación 24.016 y 24.241), se encuentran con que su trámite jubilatorio está detenido y el estado de los expedientes figuran “a la espera de un nuevo marco legal”. ¿De qué marco legal hablan? Como todos sospechan, suponemos que se refiere a alguno que esté en sintonía con la eliminación de las cajas especiales y, sobre todo, con las ´reformas´ que el FMI exigirá sobre las jubilaciones, con posterioridad a las elecciones – que los salarios diferidos que el trabajador cobra, pasen a ser una pensión universal a la vejez. Todo parte de una gran irregularidad cuyo origen son los salarios en negro. La provincia no hace los aportes que corresponden y cuando acuerda aumentos salariales con el sindicato docente de la provincial, Unter, estos son mayormente en negro – figuran como ítems “no remunerativos” en el recibo. Como esto desemboca en un cálculo bajísimo a la hora de jubilarse, el gremio acordó con el gobierno provincial, la patronal en estos casos, que los últimos dos años blanquee los ítems no remunerativos. Es así, que un trabajador docente lejos de la edad para jubilarse posee solo el 20 % de su salario en blanco y con aportes, el resto 80 % figuran en el recibo como “sumas no remunerativas”. Y en aquellos casos que están próximos a cumplir con la edad de jubilarse, les blanquean el salario en su totalidad, paulatinamente, a partir de los dos años previos al retiro, para que reúnan el derecho del 82 % del haber al cese (Diario Río Negro, 26/8). Más allá de la maniobra de la patronal provincial -donde todas las instituciones involucradas han sido y son conscientes- los más de 300 docentes a jubilarse que han quedado en un limbo, cumplen con el requisito legal a derecho. Y así funciona un régimen perverso hasta la médula porque es el propio Estado quien evade sus obligaciones y contribuye con la desfinanciación de la caja jubilatoria. Agreguemos que el docente hace un aporte extra durante toda su vida laboral para llegar a cobrar una jubilación aceptable. Es de esas mal llamadas “jubilaciones de privilegio”, cuando en realidad son insalubres, que los gobiernos presentan como injusticias y atacan en el Congreso Nacional. La Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta de La Cámpora, dio la orden de frenar las liquidaciones como resultado de las reuniones sostenidas con la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carrera, de Juntos Somos Río Negro. Encuentros que fueron organizados por el Senador provincial Martín Doñate, de la misma filiación política de la primera y por su llegada a ella, con la participación del diputado del Frente de Todos Marcelo Mango. Este último, ex Secretario General de la UNTER y ex ministro de educación de la provincia bajo la gobernación de Alberto Weretilneck. El propósito del avasallamiento del derecho al docente es que el gobierno provincial se comprometa y presente un plan para “regularizar” lo adeudado al fisco. Caben las comillas ya que el diario habla de regularizar el aporte de tres años. Es lo que están proponiendo, y no regularizar el 100 % de lo trabajado por el docente en su historia laboral. Todos y todas y juntos sabían y fueron y son artífices de la irregularidades a las y los trabajadores. Insistimos: los más de 300 docentes lo son al día de hoy. Todos los días se siguen iniciando trámites que reúnen el requisito para ser jubilados. Usarlos a los fines de reyertas entre nación y provincia, es extorsivo para el trabajador, porque es a quien le coartan el derecho. Los inconvenientes nefastos que esto representa en momentos de jubilarse surgen a la luz de la indignación: compañeras con problemas de salud que esperan la jubilación para poder transitar la recuperación jubiladas, en momentos de pandemia donde corren severos riesgos; la incertidumbre sobre la planificación escolar; los casos en los que desplazarían a compañeras o compañeros que están haciendo suplencias, y vivencias que solo los trabajadores como clase entendemos. Los patos de la boda son los docentes. Por ahora. Llamamos a difundir extensamente esta canallada y a organizarnos en asambleas por escuela y por distrito para debatir y prepararnos para cobrar ya lo que nos corresponde.

Los compañeros y compañeras del Polo Obrero Tendencia de Córdoba desde hace meses venimos desarrollando la tarea de empadronamiento y organización de desocupados en un importante sector de la zona sur y obrera de la ciudad capital. Entre las actividades políticas solidarias, venimos realizando todos los domingos al mediodía una olla popular en la glorieta de la plaza del barrio SEP (Sindicato de Empleados Públicos), que se ha convertido en una referencia para el vecindario. Domingo tras domingo se van sumando trabajadoras y trabajadores, con y sin empleo, jubilados y jubiladas, vecinos y vecinas solidarias que se acercan a acompañarnos, hacer donaciones, dialogar y compartir sus problemas y sus luchas cotidianas. El domingo 5, las precandidatas del sello oficialista “Hacemos por Córdoba”, Alejandra Vigo -esposa del actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti- y Natalia De La Sota, hija del difunto ex gobernador, habían programado realizar un acto de campaña con su aparato partidario y los punteros de la UTEP-Movimiento Evita, precisamente en la glorieta de la plaza, al mediodía. Enterados de esa actividad unos minutos antes, los compañeros de la delegación del Polo Obrero (T), al llegar a la plaza se instalaron en las mesas y bancos habituales para comenzar a preparar la olla popular, distante a 10 metros de la glorieta. Inmediatamente, dos punteros del Evita -que poco antes habían reunido apenas a un puñado de personas- se acercaron a solicitarnos que retiráramos nuestra bandera del sector que estábamos ocupando porque al mediodía iban a presentarse las precandidatas oficialistas para realizar un acto con los vecinos; y que teníamos que esperar a que ellos terminaran su actividad para volver a colocarla. Nuestra terminante respuesta fue que de ninguna manera retiraríamos nuestra bandera ni demoraríamos nuestra actividad, que en todo caso, bien podían ellos esperar a que nosotros termináramos de cocinar y distribuir la comida a los vecinos. Nuestra determinación suscitó el enojo de los punteros, señalándonos una “falta de respeto” a las precandidatas del gobierno que “hicieron y pintaron” la plaza; y que, además, algunos de nosotros no somos vecinos del barrio. Incluso uno de los punteros lanzó una agónica “advertencia” si persistíamos en nuestra decisión. Nuevamente respondimos que continuaríamos con la actividad tal como la realizamos todos los domingos; que la falta de respeto provenía de sus precandidatas, que “pisan” el barrio una vez para juntar votos y desaparecen por veinte años; que las verdaderamente ajenas al barrio eran sus precandidatas; que la olla popular y las actividades del Polo Obrero se hacen para luchar contra la pobreza y la desocupación generada por esas precandidatas y por casi todos los otros. Poco después, los vecinos, comenzaron a acercarse a la olla -como todos los domingos- para esperar y retirar sus viandas, y por supuesto, a saludarnos y solidarizarse, distanciándose claramente de los oportunistas electoreros, a quienes reconocen e identifican clara y conscientemente como los responsables de sus padecimientos económicos y sociales. Finalmente, la actividad del Polo Obrero (T) se realizó con una inexpugnable determinación política, y concluyó cumpliendo los objetivos con todo éxito. Por lo contrario, antes que terminara la olla popular, el acto del gobierno y el Movimiento Evita fue levantado por falta de concurrencia -apenas reunieron 15-20 personas, contando 7 u 8 elementos del aparato gubernamental, ajenos al barrio- es decir, porque los trabajadores del barrio SEP le dieron abiertamente la espalda, y las “precandidatas” nunca aparecieron. Lo ocurrido este domingo en la plaza de barrio SEP constituye una verdadera lección clasista y una elección política por parte de los vecinos, mucho más representativa aún que la que sucederá el domingo 12, aunque su resultado no figure en ningún medio de prensa ni en ninguna “boca de urna”, porque se trata de una ostensible demostración de repudio al sistema político y a sus “precandidatos”, y por lo tanto implica una derrota política para ellos. Los vecinos trabajadores del barrio SEP eligieron permanecer junto a sus pares de clase -en la olla popular o en sus hogares- dándole la espalda a sus explotadores, los responsables de la catástrofe humanitaria que recorre al país castigando los hogares de todos los trabajadores. Esa elección, representa también una valiosa victoria política de los trabajadores que se están organizando en el Polo Obrero (T) de Córdoba. ¡Adelante, compañeros!

El portal MDZ Online publicó un artículo insólito desde el punto de vista periodístico - y macartista en cuanto a su contenido político. El tema son los elevados gastos de publicidad del FITU que se manifestan en las gigantografías que pululan en las paredes y muros de las ciudades, las ´pautas´ que se pagan en las redes sociales y otras manifestaciones de accesos a los medios. En todo caso, ese gasto es incomparable con el de las campañas en el pasado reciente. Si esta es la inversión aplicada a las PASO, ¿a cuánto llegará en la campaña electoral para el Congreso, legislaturas y Concejos Deliberantes? Bajo el título “El excesivo gasto electoral del Frente de Izquierda genera muchas sospechas” (mdzol.com, 6/9), el periodista que las alberga apunta a otra cosa que al gasto mismo, sino a poner en duda el financiamiento de la campaña del FITU. Para ello se nutre de fuentes vagamente identificadas. Cita “el mundo político”, “los comités de campaña de los diversos espacios políticos”, “un experto en campañas del Gran Buenos Aires” (sic), y “voceros” del FdT y del “PRO bonaerense”. Desde estos espacios divaga en torno a quién sería el proveedor de los fondos del FITU – si el FdT o JxC. Acerca de los enormes gastos de macristas y kirchneristas, sin embargo, el articulista no sospecha nada. Sabe con certeza que los fondos que derraman estos partidos, en publicidad y en punteros, provienen de las grandes corporaciones capitalistas y de los tesoros del aparato estatal, o sea los ingresos que reciben gobiernos provinciales y nacional y de las numerosas intendencias. Estamos entonces ante un intento macartista de difamación. Según el articulista, voces anónimas del “mundo del centro derecha porteño” se quejan de que “Ricardo López Murphy y Javier Milei no tienen la visibilidad del espacio trotskista”. “Es cierto que los libertarios y Republicanos Unidos están haciendo su debut en la competencia electoral”, señala, “pero sus postulantes miden bastante más que los de la alianza izquierdista”. Las preferencias del periodista por la derecha lo llevan a un juicio prematuro, pues todavía no sabemos lo que gastarán Milei y López Murphy en la campaña a noviembre. El ex ministro de la Alianza será arropado allí por JxC. La comparación de Milei con el FITU es perversa, porque el libertario fascista es un producto sin antecedentes, en tanto que el bloque de la izquierda democratizante está compuesto de partidos de mucha mayor trayectoria. Sin ninguna vergüenza, el periodista concluye que “todo (¿?) parece indicar que el Frente de Izquierda empieza a estar bajo sospecha en un escenario electoral poco transparente”. Esto es una incitación a la judicialización. El artículo no cuestiona el gasto de esa izquierda en una campaña preelectoral en términos políticos, o sea, como una contradicción de parte de organizaciones que reivindican una condición socialista o revolucionaria, sino para desarrollar una sospecha acerca de las fuentes de ese gasto. Ahora, si de “escenario electoral poco transparente” se trata, de nuevo, que los mayores recursos de campaña están concentrados en “Todos” y “Juntos”, que pueden echar mano a las arcas del Estado, de manera discrecional, por ejemplo en nombre de la “publicidad de actos de gobierno”. Pero no solamente. El ´neurocientífico´ Facundo Manes, bancado por los intendentes radicales del interior de la provincia de Buenos Aires, acusó que la campaña de su competidor Diego Santilli en la interna opositora es financiada por el erario porteño. Por otra parte, los referentes de la coalición derechista han creado “fundaciones” ad hoc para blanquear fondos, sin el menor disimulo. Por caso, nada despertó más “sospechas” que las bolsas con dólares en efectivo halladas en el domicilio de la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti, que la justicia finalmente amparó como ´donaciones´. O los aportes a María Eugenia Vidal, en una lista de ‘jubilados’ y ‘vecinos’ que nada tenían que ver con esto. En el caso del FdT, entre sus antecedentes, descollaron los aportes económicos entre los representantes de la industria farmacéutica. Ambas coaliciones han acaparado cuantiosos medios de comunicación, ya sea por medio del entrelazamiento con los empresarios mediáticos -lo que le cabe a Mdzol.com respecto a los gobernadores mendocinos-, la distribución de la pauta oficial o directamente a través de su adquisición, como es el caso del (módico) emporio amasado por Víctor Santa María -del PJ porteño- con los fondos del sindicato de encargados de edificios. Finalmente, los capitalistas dominan las campañas electorales no sólo inyectando fondos directamente a las formaciones políticas en competencia sino también creando escenarios propicios a sus intereses por medio de la fuga de capitales, la manipulación de precios, la huelga de inversiones, el sabotaje y otras formas de intervención económica. Una campaña “módica” de las grandes coaliciones de gobierno no debe bajar de los 500 a 1.000 millones de pesos, según las estimaciones que consultoras y asesores dejan trascender periódicamente. Dicho esto, es indiscutible que los partidos del FITU han volcado recursos millonarios a sus campañas. Aun antes de contar los votos, el FITU podría autoproclamarse tercera fuerza en materia de gastos. Cabe preguntarse, sin embargo, si esta exhibición impúdica de candidatos en gigantografías es el método obrero y socialista de una campaña electoral. Se parece como dos gotas de agua al método de campaña de los partidos de las corporaciones capitalistas. No se percibe que los protagonistas de este tipo de campañas tengan por estrategia el derrocamiento de la burguesía y el establecimiento de la dictadura del proletariado. Todo lo contario sería que ese gasto estuviese empleado en grandes escuelas de cuadros y universidades obreras – lo cual supone financiar a elencos de ´profesores´ socialistas y proveer al sustento de los ´alumnos´ (obreros y obreras) para que puedan asistir a ´las clases´. El exhibicionismo electoral sigue la traza del parlamentarismo que se ha fagocitado a la izquierda democratizante. Es una manifestación poderosa de la cooptación de esa izquierda por el parlamentarismo estatal. En esa medida, expresa el impasse histórico de esa izquierda, que sustituye la propaganda y la agitación por la publicidad y el slogan. No apela a la lucha de clases sino a una publicidad carísima de carácter auto-referencial (“tercera fuerza”). ´Contra el ajuste´ es otro slogan de una izquierda neo-keynesiana. Algo similar podría aplicarse a la campaña del Nuevo MAS, que propone “renovar a los renovadores” - ya vendrán “los renovadores de los renovadores de los renovadores”, y así hasta el infinito. Luego de rechazar unas PASO de toda la izquierda, siguiendo una agenda de debates, como propusimos desde Política Obrera, el FITU -que de todos modos no ha podido evitar ir a una interna- pretende competir en el mismo terreno y con los mismos métodos que los partidos de la burguesía. Los carteles más grandes, las sonrisas más amplias y la ´espontaneidad´ mal ensayada de los candidatos en la búsqueda quimérica de “generar empatía” con un electorado cada vez más empobrecido, son recursos típicos de las campañas de los políticos burgueses y pequeño burgueses. No era el método de campaña del FIT hasta 2015, ni tampoco del Partido Obrero. El aparato ha forzado la expulsión de 1.200 militantes para obtener las manos libres para esta orgía electorera. La izquierda democratizante imita a los partidos patronales. El presupuesto de los spots es lo de menos, cuando se tiene en cuenta que su contenido despotrica contra “el capitalismo salvaje” (ver “Los Emuladores 2”, spot del Partido Obrero), un concepto inédito en el lenguaje político de la corriente de la cual fuimos fundadores. Pareciera reivindicar a un capitalismo civilizado, que arranca la plusvalía sin explotación. El cambio de significante (publicidad vacía de contenido) altera el significado (propaganda de lucha de clases y socialismo), y esto inevitablemente se traslada al programa político, como lo explicó con mucha claridad nuestro compañero Maxi Cortés en Política Obrera ( “El programa del FITU” ). El medio mendocino aprovecha la metamorfosis de esta izquierda, para incorporarla al paquete de denuncias por ´irregularidades´ y ´falta de transparencia´ que se entrecruzan los partidos patronales entre sí. Vocero el macrismo, MDZ Online atribuye los gastos del FITU a una financiación provista por el kirchnerismo, con la clarísima intención de capturar para la ´opo´ a los votantes que se desgajan del gobierno de los Fernández, pero fundamentalmente para imponer la conclusión de que de la corrupción no se salva nadie – “corruptos somos todos”.

El jueves 2 de setiembre cuatro mujeres que se encontraban alojadas en la Brigada Femenina de Concepción fallecieron a causa de un incendio. Las autopsias revelaron que no murieron incineradas, sino asfixiadas. Las encontraron todas juntas en la ducha donde buscaron protegerse del fuego. Otras siete personas también resultaron afectadas por inhalación de gases. Familiares de las víctimas manifiestan que el incendio podría haber sido intencional y que también las abandonaron a propósito, dado que las mujeres no fueron rescatadas ni bien se inició el siniestro. La brigada queda a la vuelta del cuartel de bomberos, pero estos se habrían demorado en sofocar las llamas y rescatar a las víctimas, por fallas en la autobomba del camión. Entre las denuncias de los familiares también trascendió que en la brigada la policía promovía peleas entre las reclusas nuevas con las de mayor antigüedad. También que dos de las víctimas eran de Capital, mientras la brigada de Concepción queda a una hora de viaje, y pedían el traslado para poder recibir la visita de sus hijos y familiares. Esta tragedia pinta de cuerpo entero la política criminal del Ministerio de Seguridad que mantiene condiciones de detención inhumanas y que no investiga las permanentes denuncias por apremios y torturas. En 2015 se produjo un hecho similar en la Brigada Norte que se cobró la vida de Ariano Biza y Emanuel Gallardo, caso que se encuentra impune, quienes también unos días antes habían denunciado tratos crueles. En 2016 la propia Corte de Suprema de Justicia de la provincia, a raíz de un habeas corpus interpuesto por dos fiscales, verificó violaciones a normativas con rango constitucional en las condiciones de alojamiento y detención. Con tal motivo ordenó al poder ejecutivo trasladar a personas detenidas en comisarías a unidades del servicio penitenciario. Ninguna de estas disposiciones se cumplieron. El mismo día del incendio también se viralizó un video donde un policía remonta su escopeta y le dispara a escasos metros a un joven de la Costanera, una de las barriadas más pobres de la capital. El joven, que no estaba armado ni denunciado por ningún hecho, tenía impactos de perdigones de goma en el abdomen. La persecución a los jóvenes y el gatillo fácil son otra manifestación de esta política criminal. El Ministro de Seguridad, Claudio Maley, y el gobierno provincial son responsables de este crimen social y para que la causa no quede impune y se avance sobre el es fundamental poner en pie la coordinación de los familiares de las víctimas junto a las compañeras y compañeros que luchan contra el gatillo fácil. Hay que exigir la inmediata separación de los policías implicados y la investigación sobre todas las denuncias que pesan sobre la brigada y exigir que también sean imputados los funcionarios del Ministerio de Seguridad que son la cabeza de este régimen carcelario totalmente descompuesto.

Mi nombre es Nicolas Melnyk y me incorporé al Partido al calor de la lucha docente en 2014. Antes de eso, yo ya conocía al Partido, con el que tenía casi un año de discusión. Una de las posturas que me convenció de incorporarme fue la posición sobre la legalización de las drogas. Por mi parte siempre rechacé la postura de la izquierda y del resto de las fuerzas por la legalización. De hecho tenía el prejuicio de que el Partido estaba a favor. Debatiendo con los militantes de la regional de San Isidro acordé con la postura de despenalización para evitar que la juventud sea perseguida por consumo pero jamás con su legalización. Mucho antes de incorporarme, a mis 20 años, siempre pensé que los jóvenes de mi edad usaban las drogas para buscar una salida a la realidad que debían tener casi como una purga en su propio barrio o lugar de trabajo. En estas elecciones, y estando enterado de la ruptura (siempre fui simpatizante del PO) buscando información en redes encuentro una publicación de campaña electoral en Instagram de Tatiana Fernández Martí, precandidata por el Partido Obrero oficial en Ciudad de Buenos Aires en la que sin ninguna explicación política promueve la legalización de las drogas, históricamente opuesto al programa que yo milité y defendí. El Partido Obrero que yo conocí lo decía abiertamente y sin eufemismos: necesitamos una juventud lúcida para enfrentar las luchas que hubiera por delante, por eso combatimos el consumo de drogas y su legalización. Esas posiciones regulacionistas fueron siempre caracterizadas como oportunistas, en particular a las corrientes que provienen del MAS. Por esta razón y por otros cambios de postura, mi conclusión como ex militante del PO es que la continuidad histórica del programa político general es la Tendencia del Partido Obrero.

La necesidad de protección con una ley previsional a la vejez y/o la discapacidad para artistas y escritores es un tema de viejos debates que, a partir de los años 80, comenzó a tener respuesta por parte de algunos estados provinciales. Respuesta que, en general, se logró mediante movilizaciones y reclamos. Las principales leyes vigentes son las de La Pampa, Salta, Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, pero faltan en muchas provincias. El otro problema es que estas leyes de restringido alcance territorial establecen diferentes requisitos para obtener el beneficio. Así, no solo abarcan grupos poblacionales disímiles -según la edad mínima requerida- sino que resultan muy dispares en el criterio de otorgamiento -acorde a distintas exigencias de desarrollo profesional- en el monto del haber (que se homologa según variados patrones), en la procedencia de los fondos para abonarlos (de Rentas Generales u otros), en si es haber vitalicio o heredable, en la compatibilidad con otra percepción de haberes, en si permite el acceso a obra social o no y otros detalles. Agreguémosle a esto que quienes residen en provincias o ciudades donde no existe tal beneficio quedan totalmente excluidos, y que las finanzas provinciales en algunos casos son más débiles e inestables y, en otros, más factibles de manipulaciones arbitrarias que la administración nacional. La demora, a veces muy larga, en abonar el haber termina siendo el resultado adverso. Estas leyes que, en general, se denominan de “reconocimiento artístico” son diferentes de las jubilaciones que pueden llegar a obtener, por caso, los actores/intérpretes o los músicos, que acceden al beneficio jubilatorio mediante aportes realizados durante su actividad contratados por “industrias culturales”. En cambio, quienes se dedican a la literatura o cualquier disciplina del arte en forma independiente, esto es, sin contratos, o con muy escasos, con alguna “industria cultural” o entidad estatal, en la mayor parte de nuestras provincias carecen en la vejez de beneficio previsional y de obra social. Dichos contratos -cuando se logran- habitualmente son precarios, circunstanciales y a menudo obligan a desarrollar lo que la “industria cultural” requiere, no lo que desea la creatividad. Por tanto, la mayor parte de escritores y artistas debe costear su actividad echando mano del propio bolsillo. Se paga para publicar, para actuar, para exhibir. Si se trabaja en “otra cosa”, al llegar a la edad jubilatoria habrá que aceptar el haber que corresponda según el gremio donde se haya ganado un salario, haber que no contemplará tampoco la “segunda actividad laboral” (literaria o de otras artes). El problema económico en la vejez y/o la discapacidad se torna entonces serio. En otras palabras: si usted decidió ser artista o escritor/a en vez de “trabajar”, jódase. La creación de un régimen nacional de tipo previsional a la vejez y/o discapacidad por mérito, para los creadores del arte y la literatura es imprescindible. La pandemia en sus etapas más crudas dejó al desnudo la vulnerabilidad de nuestro sector. Y no ha terminado. Se espera la expansión de nuevas variantes de Covid. Las “industrias culturales” se comportan como el resto de las empresas capitalistas: pidiéndole socorro al Estado para conservar sus privilegios, en vez de destinar los fondos acumulados con la producción de los creadores y de los trabajadores culturales a socorrer a estos últimos. Y el Estado socorrió a las empresas y les dio un mísero IFE a los artistas y escritores, que suman cientos de miles en nuestro país. Tantos, que el ministro Bauer ni siquiera la enormidad de la cifra. Ahora y especialmente después de las elecciones, en el Congreso Nacional TODOSJUNTOS van a votar a favor del acuerdo con el FMI. Ajuste al 100x100 sobre salarios y jubilaciones, gasto social, cultura, educación y otros rubros. Empecemos ya mismo una campaña exigiendo el apoyo de las asociaciones y gremios del sector, para reclamar al estado y al gobierno una Ley Nacional de Reconocimiento al Mérito Artístico y Literario, sin aporte jubilatorio previo -compensando este mediante CV con actividades no asalariadas durante 20 años (o proporcionales, en caso de discapacidad)-, que abone tres jubilaciones mínimas y media, con cobertura médica total en la institución que fuere oportuna y necesaria, todo ello sufragado con fondos nacionales administrados por el Ministerio de Cultura de la Nación. Para abonar el conjunto de estos beneficios y prestaciones, sería necesario que el estado les imponga un aporte específico a las glamorosas “industrias culturales”. No olvidemos que, de múltiples maneras, se apropian incluso gratuitamente de la producción creativa de artistas y escritores.

En el día de hoy, Bolsonaro concretó su propósito de copar el día de la Independencia de Brasil con una serie de manifestaciones. No fue, con todo, la Marcha sobre Roma, del presidente brasileño, ni llegó a convertirse en un amotinamiento. De acuerdo a la información de la secretaría de Seguridad de Sao Paulo, los bolsonaristas habrían reunido 125 mil personas en la capital del estado – en un día feriado. Aunque el dato luzca desinflado, el doble de esa cifra tampoco conmueve. La misma fuente asigna 15 mil personas al acto con Bolsonaro en el Vale do Anhangabahu, en el centro viejo de la ciudad – muy lejos de una movilización de fuerza, que incluye caravanas de ómnibus desde todo el país. Las noticias del día no recogen una participación armada de las milicias bolsonaristas ni de parte de la Policía Militar. El diario de mayor circulación de Brasil, Folha de Sao Paulo, sacó la interesada conclusión de que Bolsonaro ha salido debilitado de la jornada. Esto habría sido cierto si la oposición a Bolsonaro hubiera salido a disputar la calle al gobierno. Prefirió, en cambio, la ‘astucia’ – ‘no hacerle el juego’ al hombre empeñado en pasar de un bonapartismo que ha fracasado, al fascismo. En las grandes crisis políticas, se imponen la decisión y la fuerza, no la falsa prudencia de los timoratos. Lula no se hizo siquiera presente en las débiles manifestaciones que reclaman ‘Fora Bolsonaro’. El hombre con la mayor intención de voto en el país, entendió en exceso que los jefes militares de mayor peso político en las Fuerzas Armadas protegen al ‘loco del Planalto’. En lugar de pelear la jornada de la Independencia al gobierno, una coalición de once partidos opositores, prefirió hacer ‘mutis por el foro’. Antes, había ‘sondeado’ la opinión de los militares. Bolsonaro se ve acosado por el Tribunal Superior de Justicia, que lo investiga por demagogia “autoritaria”, ya que cuestiona el sistema de voto electrónico y ha dicho, a lo Trump, que no reconocerá ningún resultado electoral obtenido por ese método, que rige en Brasil desde hace 25 años. Más prosaicamente, se encuentra investigado por haber embolsado dinero en la adquisición de vacunas y otros actos de corrupción que involucran a sus hijos. Contra el 51% que favorece a Lula para las elecciones del año que viene, Bolsonaro exhibe un triste 24 por ciento. El hombre asegura, sin embargo, que “sólo Dios” lo sacará de Brasilia. Luego de haber sido el principal organizador del golpe de estado que derribó a Dilma Roussef, el ejército no está ‘preparado’ para admitir un retorno del PT al gobierno. El armado de una “tercera vía” luce cada vez más difícil. La perspectiva de un golpe militar no la excluye ningún protagonista de la política y la burocracia estatal brasileña, aunque aparezca inviable en el momento actual, por un conjunto de razones. Recientemente, en Perú, fracasó el intento de utilizar a la Marina para bloquear el ascenso de Pedro Castillo a la Presidencia, pero esto no ha amainado la movilización del fujimorismo para echarlo a corto plazo – como lo acaba de reclamar en estos días, la llamada “vacancia” de poder, nada menos que la presidenta del Congreso peruano. A Castillo lo protege Biden. En un par de años, Brasil ha sido desalojado del podio de las naciones emergentes en poderoso crecimiento. La gran industria ha retrocedido, en contraste con el agro negocio, cuya frontera se expandido, como es el caso de la Amazonia. El ejército respalda la destrucción capitalista de este territorio, por razones de seguridad nacional, con un mayor poblamiento. De otro lado, el PBI ha dejado de crecer, la inflación alcanza el 10% anual y se han violado los topes de gasto presupuestario. La gran banca y la industria se han dispuesto contra Bolsonaro y han trabajado por desarrollar un frente de oposición Henrique Cardoso-Lula. El Congreso ha rechazado una enmienda de Bolsonaro para volver al voto papel, y una comisión lo investiga por su manejo de la pandemia. En los esquemas de auto-golpe, Bolsonaro pretende repetir la experiencia de Fujimori – intervención del poder judicial y, eventualmente, cierre del Congreso. Apuesta cada vez más alto, frente a una oposición quietista, que opera tras bambalinas y no quiere ‘incomodar’ a las fuerzas armadas. Biden es una barrera a las ambiciones de Bolsonaro, y más todavía después de la fuga de Kabul. El fiel de la balanza es el alto mando militar, que se encuentra dividido. Bolsonaro logró desplazar a los comandantes en jefe opositores, como lo hizo Trump con varios ministros de Defensa. La política lulista, ‘habemus 2022’, que sería completada con una fórmula presidencial de compromiso -a la CFK en 2019- le da cuerda al bolsonarismo. La división de las fuerzas armadas, en un cuadro creciente de crisis, se encuentra entre los escenarios posibles. La clase obrera brasileña está políticamente desarmada. Diputados acaba de dar media sanción a un proyecto de ley que elimina aguinaldo, vacaciones pagas y pago especial de horas extras, y ha establecido un régimen de pasantías semi-gratuitas para quienes buscan primer empleo. Ni la CUT ni el PT mueven un dedo. Es necesario rearmar a la clase obrera, de cara a crisis que rápidamente se convertirán en pre-revolucionarias. De acuerdo a lo que los brasileños llaman el ‘efecto Orloff’ -por el vodka- la resaca de la crisis en uno de los países, sea en Argentina o Brasil, tendrá una repercusión fulminante en el otro. Las más de tres décadas de ‘democracia’ en América Latina, han entrado en cuenta regresiva.

En el día de ayer, el Partido Obrero Oficial de Merlo, tapó una pintada que el Polo Obrero Tendencia hiciera en la pared de su local, ubicado entre las calles Garmendia y Ampere, en el barrio Martín Fierro. Es la segunda vez que esto sucede durante la campaña electoral a pesar de haber reclamado a la dirección zonal del PO O que cesaran con estas provocaciones. El local en cuestión, es una de las casas históricas del Polo, y se defendió del intento de copamiento del aparato durante la crisis del partido. La vandalización se produce con el agravante de que el nombre de Jorge Altamira, nuestro primer pre-candidato a diputado nacional por la provincia, fue tapado por la cara de Nicolás del Caño, es decir que el aparato del PO se liquida a sí mismo. La entrega es total. La lucha es contra el capital y su Estado La solidaridad entre organizaciones obreras en la lucha contra el capital es un principio político practicado desde la primera Internacional en adelante. El Partido Obrero, ahora, Partido Obrero Tendencia, defendió este principio en forma sistemática durante toda su historia. Recientemente, rechazamos los procesamientos de los dirigentes de las organizaciones de desocupados (entre ellos Belliboni) por el Fiscal Federal Guillermo Marijuan, a pesar de las diferencias estratégicas que separan a ambas organizaciones, y denunciamos que esta judicialización tenía como objetivo último, golpear a las organizaciones obreras para arrodillarlas al mandato de ajuste del FMI. Para derrotar el ataque del Estado y de la burguesía planteamos la unidad de acción en la lucha entre todas las organizaciones de desocupados (politicaobrera.com, “Tras la denuncia penal cortan asistencia a organizaciones sociales”, 03/09). Llamamos a todos los militantes del Partido Obrero Oficial y del Polo Obrero Oficial a dar la espalda a estas acciones hostiles y faccionales contra otras organizaciones obreras y a discutir la crisis del Partido Obrero Oficial, su deriva electoral y su método liquidacionista.

En un fallo que tiene alto impacto para miles de trabajadores, la Corte Suprema de la Nación resolvió por unanimidad darle validez constitucional a la actuación de las comisiones médicas, como instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente, para los trabajadores que pidan la determinación de una incapacidad o reclamen el carácter profesional de su enfermedad. Un reclamo de un trabajador llego a la Corte con el planteo de que la ley 27.348 -que lo obligaba a esta instancia previa- era inconstitucional, ya que otorgaba a las comisiones médicas facultades propias de los jueces y no estaba garantizada su imparcialidad, ya que el sistema era financiado por las ART y porque el control judicial no era amplio ni suficiente. La Corte rechazó esos contundentes planteos del trabajador y confirmó la constitucionalidad de las cuestionadísimas Comisiones Médicas, de modo que deja momentáneamente sin posibilidades de prosperar miles de juicios en curso de trabajadores afectados por accidentes laborales o enfermedades profesionales. El paso por las Comisiones Médicas -obligatorio y excluyente- le significa al trabajador aceptar dos aspectos claves. Primero, el dictamen médico de una institución financiada por los patrones. Segundo, aceptar el monto de un eventual resarcimiento económico, también dictado por ellos y establecido por una tablita (el baremo) confeccionada por las propias comisiones médicas para ponderar los daños sufridos por el trabajador. Las ART celebran este fallo porque primero disminuye el riesgo de pagar inmediatamente en forma plena la reparación de los daños; segundo, al actuar a las ART como intermediarias, las patronales deslindan sus responsabilidades sobre los incumplimientos a las medidas preventivas de riesgo y seguridad de trabajo. La obligatoriedad de pasar por la Comisión Médica coloca al trabajador siniestrado, o a sus familiares en caso de muerte, en la disyuntiva de aceptar el dictamen de la Comisión o no cobrar resarcimiento alguno. Esto es, en criollo, la llamada caída de la litigiosidad y de la “industria del juicio”, un viejo reclamo patronal. Un sector de trabajadores condicionado por su situación debe aceptar la limosna de la ART a costa de su propia salud. La convalidación de la Corte hace oficial que la Comisión Médica actúe además como “mediadora” de las diferencias que pudiesen surgir entre las aseguradoras y los trabajadores, en relación a prestaciones estipuladas, indemnizaciones previstas y tratamientos médicos pactados por ley. Las empresas, saludan estas “mediaciones” anti obreras cuyo resultado es que el 89% de los fallos de las comisiones médicas es aceptado por ellos mismos. Como una de las tareas de estas “comisiones” es el reconocimiento o no de enfermedades preexistentes en los trabajadores, llueven las solicitudes de los patrones de no responsabilizarse de las mismas. Los fallos de las comisiones médicas tienden (cada vez más) a desligar de responsabilidades al empleador por las enfermedades contraídas en la empresa. Enfermedades como las varices, la lumbalgia, la tendinitis, nunca son atribuibles a las patronales y así se sacan de encima tres enfermedades generalizadas de la clase obrera y, por lo tanto, evitan el resarcimiento correspondiente. Este desconocimiento es parte del “ahorro” de las patronales. Hay que terminar con las ART Las ART han estado constitucionalmente cuestionadas desde su nacimiento, pero han recibido siempre un espaldarazo de parte de los gobiernos patronales, desde el 2012 al 2021, en once años se han creado cuatro leyes específicas para defender el régimen de privatización en la reparación del daño a un trabajador sin “grieta” alguna. “Todo patrón que tenga a su cargo la realización de trabajos será responsable de los accidentes ocurridos a sus empleados y obreros durante el tiempo de la prestación de los servicios, ya con motivo y en ejercicio de la ocupación en que se les emplea, o por caso fortuito o por fuerza mayor inherente al trabajo”. Este es el texto de la vieja ley de Accidentes de Trabajo de Alfredo Palacios rigió desde 1916 hasta el menemismo. Lo convalidado por la Corte es una forma cruda de deslindar a la patronal por el daño causado. Por eso que hay que terminar con las ART. Las mismas constituyen una masacre laboral. Es una tarea de las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los sindicatos de lucha intervenir en las fábricas quebrando esta ofensiva en su mismo origen, con delegados electos por los trabajadores, que tengan poder de veto ante los peligros y con facultades para alterar los ritmos de la producción a favor de la salud integral del trabajador La necesidad del establecimiento de “protocolos de trabajo” de delegados y comisiones internas que impidan los accidentes se ha transformado en una necesidad objetiva frente al despotismo patronal y del Estado.

Una multitudinaria asamblea de los trabajadores de Educación de la Provincia de Buenos Aires realizada en el Ministerio dio rienda suelta a la bronca de los trabajadores al ver mermado sus salarios respecto del mes anterior. Tal como lo advertimos en el mes de julio desde estas páginas, la propuesta de la “bonificación del 125%” que el gobierno de Kicillof acordó con los gremios estatales, fue una estafa a los trabajadores y un intento por avanzar contra los derechos adquiridos. Esto es así porque la bonificación del 125% del básico, remunerativa y no bonificable, que se otorgaba al aceptar el cambio de régimen laboral de 30 a 40 horas, iba a absorber otros ítems salariales. De manera que la pérdida de los ítems salariales anteriores resultó mayor que lo que cobran por la bonificación del 125%. De esta manera muchos trabajadores perdieron entre $6.000 y $15.000 de sus salarios. ¡Una verdadera estafa! La bronca estalló contra la administración de Agustina Vila y las conducciones gremiales que sellaron esta entrega, ATE Provincia, Soeme y UPCN. La Junta Interna de ATE Educación y SOEME no tardaron en reaccionar en contra de la merma salarial. Desde la primera asamblea a hoy, la protesta se masificó porque se verificó los descuentos que afectaron a diversos sectores como Mantenimiento -quienes desde la semana pasada realizan medidas de fuerza de dos horas diarias cortando la calle-, Tesorería, Liquidaciones, etc. La protesta continuará en las puertas de la Dirección General de Cultura y Educación miércoles y jueves y se prepara una gran movilización para el día viernes a las 10,00 hs en contra de los recortes salariales. Los trabajadores de Educación son la punta de lanza de las luchas que se vienen entre lo estatales de la Provincia de Buenos Aires, quienes vienen perdiendo poder adquisitivo colocando a la gran mayoría por debajo de la línea de pobreza. Rodeemos de solidaridad esta lucha porque su triunfo abrirá el camino por todos los reclamos. Salario igual a la canasta familiar, calculada en $170.000. Pase a planta permanente de todos los contratados. Ningún recorte salarial ni cambio de régimen laboral.

El panorama electoral provincial no es el mismo de las elecciones provinciales. Los protagonistas de junio se han reagrupado en distintas coaliciones. La decena de listas de hace tres meses, ahora se reduce a tres: Cambia Jujuy, Frente de Todos y el FITu. Morales y el caballo del comisario El gobernador Morales refuerza su lista incorporando al partido del vicegobernador. Por un lado, busca reforzar su bloque en el Congreso, y por el otro renovar parcialmente su gabinete, alejando a dos funcionarios fuertemente cuestionados durante la pandemia. Morales apuesta a su objetivo presidencialista y a sumar más diputados para la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional. El PJ Las cuatro listas que el peronismo presentó en junio, fueron completamente desplazadas, debido a su estrepitoso fracaso, del armado de la lista a diputados nacionales. El PJ local tenía todo armado para que la lista la encabece el rector de la UNJU, Tecchi. El rector adelantó varios meses la elección universitaria para dejar todo en orden antes de su partida del Rectorado. Pero sufrió el veto desde Buenos Aires. La pre-candidata es Leila Chaher, diputada provincial y referente de la Campora (aunque responde políticamente por el presidente del PJ jujeño Rivarola). El escenario de las PASO Morales ha utilizado el resultado electoral Provincial para insistir en grandes anuncios en base a un esquema de endeudamiento cada vez más agotado y por lo mismo dependiente del acuerdo con el FMI. Sin embargo, no ha logrado reactivar ningún negocio, en especial el litio, porque todas las inversiones están atadas al acuerdo con el FMI. Jujuy es una de las siete provincias donde la cantidad de planes supera el trabajo privado. Morales es un adelantado de la línea de Zavaleta en el recorte de los gastos sociales y eso ha desatado una ola de movilizaciones; hemos construido nuestro bloque piquetero. El anuncio de la vuelta a clases presenciales totales y la paritaria del 12% ha abierto una incipiente movilización de rechazo entre docentes y trabajadores de la salud. El FIT, tercera fuerza y las PASO El FITU, como en el resto del país, va a las Paso, que de boca para afuera ha rechazado. La lista 1A lleva como primeros pre-candidatos a miembros del PTS en los tres candidatos a diputados nacionales titulares a miembros del PTS, dejando al interventor del partido obrero jujeño solo un cargo suplente, lo mismo que a IS, que no cuenta con personería. La camarilla interventora ha logrado, mediante nuestra exclusión, sacar al PO de las elecciones nacionales en Jujuy. Por su parte, el MST presenta lista para competir en estas PASO contra el PTS. El centro va a estar puesto en Palpala, donde el FIT obtuvo dos concejales con 7,8% de los votos, en las elecciones provinciales. Queda claro que un escenario con sólo 3 listas, aumenta objetivamente el caudal de votos de los participantes, y por lo tanto del FITU. Una reciente encuesta ha colocado una intención de voto al FITU en Jujuy muy cerca del PJ, con un 15%. A pesar de estas posibilidades, el FIT, y particularmente el PTS, está ausente de las principales luchas provinciales: la de los municipales de la provincia (SEOM) y del movimiento de desocupados. El paso del FITU a las elecciones generales está asegurado. Se mantiene, sin embargo, la disputa entre el PTS, el interventor del PO e IS, por un lado, y el MST, por el otro. Está claro que nuestro Partido Obrero (T), no debe optar por alguno de los protagonistas en la pelea faccional en una coalición democratizante. Diferente será, en principio, la situación en noviembre, incluidas las condiciones políticas generales de ese momento.

Una de las situaciones más críticas en el país es la situación habitacional. Los ingresos de miseria, con un salario mínimo de 28 mil pesos y una jubilación mínima de 26 mil, no alcanzan ni para cubrir la mitad de un alquiler familiar. Somos testigos de la crisis habitacional en las villas. Es lo que acabamos de presenciar en la villa 31 y en la 21-24 de la ciudad, pero es moneda corriente en las más de 5.000 villas y asentamientos del país donde viven casi un millón de familias (Infobae, 24/3). Los subsidios habitacionales se restringieron, mientras se sigue subsidiando a los dueños de los hoteles y pensiones. El gobierno de los Fernández suspendió las ayudas el año pasado (IFE) y habilitó los desalojos, no extendiendo el DNU 320/2020 que los prohibía, congelaba alquileres y extendía contratos. El “boom” de la construcción que el gobierno anuncia en medios afines tiene dos contracaras. En primer lugar, la extensión del trabajo informal en la construcción. Por otro lado, el aumento de la construcción presiona sobre las viviendas “irregulares”, que implica que se produzcan desalojos para que luego el Gobierno “ceda” esas viviendas a los negocios inmobiliarios. Para poder anotarse, los planes de vivienda del ministro Jorge Ferraresi (Procrear, Casa Propia, etc) hay que justificar ingresos por 80 mil pesos y otros requisitos más, algo imposible para la mayoría de las familias trabajadoras del país Los alquileres Los alquileres vienen creciendo muy por encima de la inflación y los aumentos de salarios. Según un relevamiento de Reporte Inmobiliario, la inflación interanual de julio a julio (20-21) fue de 51,8% según INDEC, el alquiler promedio aumentó un 58% para un dos ambientes y 61% para un tres ambientes. Las consultoras ligadas a los sectores inmobiliarios aducen que esto se debe a la caída de la oferta. Pero no mencionan que lo que se construye, en un 90%, no es para alquiler, sino para especular y hacer negocios a costa de la expulsión de los trabajadores de sus viviendas y de los lugares donde alquilan porque no pueden pagarlo. En CABA, según un informe, el 9,2% de viviendas están vacías, mientras que el déficit habitacional es del 11,6% (5,3% de viviendas necesitan mejoras estructurales, y 6,3% están en viviendas irrecuperables). Entre 2005 y 2018 se construyeron 195 mil viviendas, pero la mitad fueron viviendas suntuosas y de lujo (acij.org.ar 1/9). Sin embargo, la población en CABA es la misma desde 1947: es la radiografía de la expulsión de las familias trabajadoras.

“Antes nos mataban con armas, uno por uno. Pero hoy nos están matando con una lapicera”, declaraba el cacique João Paté de la etnia Xokleng, haciendo referencia al juicio que se lleva a cabo en el Supremo Tribunal Federal (STF), donde se discute el proceso del “Marco Temporal”, que puede marcar el destino de numerosas tierras indígenas. Afuera, en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, miles de indígenas hacen oír sus voces contra el gobierno de Jair Bolsonaro. El acampe “Lucha por la Vida” comenzó el domingo 22 de agosto y llegó a reunir a más de 6.000 integrantes de pueblos originarios que llegaron desde todos los rincones del país, representando a más de 170 etnias. Según la prensa local, es "una protesta de dimensiones históricas", una “primavera indígena”, según los propios manifestantes. Imágenes y videos en las redes sociales muestran grandes columnas que avanzan en el centro de la capital con barbijos y pancartas dónde se lee “las vidas de los indígenas importan”, “fuera Bolsonaro” “genocidio” o “Tierra, vida, Justicia, demarcación”. Durante los últimos días, en más de 11 estados se vieron manifestaciones, incluso varios cortes de rutas. ¿Qué es el Marco Temporal? Hoy en día, los indígenas son dueños de un 12,2% de las tierras de Brasil, según la Fundación Nacional del Indio (Funai). Sin embargo, varios pueblos pelean en la justicia por las tierras de sus ancestros, de donde fueron expulsados por dueños de haciendas, madereros y explotadores de piedras preciosas. Muchos de estos procesos de expulsión ocurrieron durante la dictadura, mientras se priorizó el desarrollo económico en la selva. Justamente, el “Marco Temporal” que cuenta con el lobby de la agroindustria que busca expandir las fronteras de la soja, abrir rutas para su traslado y seguir acaparando tierras, propone que solo se reconozcan los pueblos que estaban en sus tierras en 1988, el año en que se promulgó la Constitución después del régimen militar, dejando sin derechos de reclamar sus tierras a quienes habían sido expulsados por el gobierno de facto. En la actualidad, existen 680 procesos de demarcación de tierras indígenas, de los cuales 443 son de territorios homologados, con sus límites definidos, y reconocidos oficialmente. Los demás son reivindicados por pueblos nativos cuyas delimitaciones están en trámite, bajo una compleja evaluación, que incluye la pesquisa antropológica de sus tierras ancestrales. Una sentencia favorable a los terratenientes podría excluir muchos de los procesos de demarcación que se arrastran hace años en la justicia y ponen en riesgo las tierras ya oficializadas como indígenas. Defensa del Medio Ambiente Derrotar el nefasto Marco Temporal se hizo necesario también para la supervivencia de la humanidad frente a la actividad de la agroindustria y sus aliados, que promueven la desertificación de territorios y deforestación sin fin. Informes aseguran que preservar los territorios indígenas es una de las mejores maneras de evitar la destrucción de la Amazonia y frenar el cambio climático, especialmente cuando la deforestación y la minería ilegal tuvieron un fuerte repunte desde la llegada al poder de Bolsonaro. Entre agosto de 2020 y julio de 2021, un total de 8.712 km2 de selva fueron arrasados, según datos oficiales. Según Folha de Sao Paulo, en base a un estudio de la organización MapBiomas, las tierras indígenas presentan los niveles más bajos de deforestación en comparación con otras categorías de tierras, como propiedades privadas, tierras públicas no designadas e incluso unidades de conservación. “Sólo el 1,6% de la deforestación observada en todo Brasil entre 1985 y 2020 tuvo lugar en tierras indígenas demarcadas”. Derrotar el Marco Temporal pondría un coto a la privatización y el acaparamiento de los grandes terratenientes brasileños, aparte de ser un gran golpe político a Bolsonaro, cuando según advierte la prensa está preparando un autogolpe de estado para después de las elecciones.

Los trabajadores de la empresa Naturgy protagonizaron paro con corte en Avenida constituyentes y General Paz en el partido de General San Martín, en el marco de las medidas que vienen tomando desde la semana pasada contra la precarización y por el pase a planta de los trabajadores tercerizados. Desde Política Obrera nos acercamos a apoyar la lucha y entrevistamos a dos trabajadores, Carlos Vera (delegado efectivo de APJ Gas) y Diego Cajal (delegado tercerizado de APJ Gas). PO: ¿A qué se debe este piquete y el paro que están llevando adelante? Carlos Vera: A que el sistema de trabajo en la empresa es precarizado. En principio, este es un reclamo viejo, lleva bastante tiempo; hemos hecho notas, pedidos al Ministerio de Trabajo, a la empresa misma, porque acá en Naturgy Ban, ex Gas del Estado, ha tercerizado el trabajo, al punto tal que hoy tenemos más personal tercerizado que efectivo. Esto lleva a que los compañeros tercerizados cobran por quincena entre 15 y 30 mil pesos, siendo que la empresa paga sumas siderales por cada puesto a las contratistas. El último expediente del reclamo lleva dos años en el ministerio, pero es algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, muchos años. PO: ¿Qué antigüedad tienen los tercerizados? CV: Naturgy Ban tiene trabajadores tercerizados de 4, 10 y 20 años de antigüedad, y no solo eso, los trabajadores cumplen tareas por las cuales son considerados esenciales para que la empresa funcione. Hoy, la realidad es que, si los tercerizados no trabajasen, la empresa no funcionaría, los efectivos no podríamos cubrir el trabajo porque no alcanzan. Por eso el reclamo, porque las condiciones laborales y salariales sobre todo son insostenibles para los compañeros. PO: ¿Hasta cuándo van a seguir con estas medidas? Hasta que tengamos una respuesta del ministerio de Trabajo o de la empresa misma. Queremos que nos escuchen. Creemos que nuestro reclamo es justo porque hay compañeros que no soportan más. Imagínate, en el país, como están las cosas, con 30 mil pesos no se puede vivir. Vamos a seguir con estas medidas hasta que haya una respuesta o la empresa o el ministerio nos convoquen. PO: ¿Cuál es la perspectiva que ven ustedes? Diego Cajal: Esto antes era Gas del Estado, en los 90 se privatizó, hubo muchos despidos y la empresa empezó a tercerizar. Esto solamente les sirvió a los dueños de las empresas que se llenaron de plata, a los capos que quedaron acá en la cúpula hace diez años, manejando todo el teje y maneje. A ellos les sirvió, pero los trabajadores, a través de los años, la única pregunta que nos hacemos es si está el sueldo depositado o cuándo cobramos, porque no llegamos a fin de mes. Una empresa que antes de la pandemia ganaba 350 millones de pesos limpios y hoy con pandemia facturaron 575 millones de pesos el primer semestre. Entonces no es una cuestión de plata, es una cuestión política que tienen ellos de precarizar. Yo siempre digo que nosotros estamos colonizados, de manera sofisticada, porque todos los servicios públicos están en manos de extranjeros. Los tipos vienen, se quedaron con las empresas, se llevan toda la plata y sortean la Constitución. El artículo 14 dice que a misma tarea de un trabajador corresponde mismo salario, sin embargo, eso no se está cumpliendo. PO: ¿Cuál es la diferencia entre un efectivo y un tercerizado? DC: Mira, empresas como RG -que el dueño es Ricardo Gómez- pagan quincenas de 13 mil pesos. Entre dos quincenas no llegan al mínimo vital y móvil. Es algo que no se puede creer. ¿Cómo Naturgy permite eso? Y aparte, ¿cómo el Estado permite eso? Porque vos no podes ir a cualquier país y hacer lo que se te antoje, pisotear las leyes de contrato laboral y sortear la misma constitución. No lo podes hacer, pero acá vienen y hacen lo que quieren, no entiendo. Por eso digo que hay que recuperar los servicios públicos, hay que recuperar esta empresa, el trabajo que hacía Gas del Estado. Los trabajadores están muy angustiados, no pueden sustentar sus familias, yo tengo testimonios de compañeros que son aterradores, intentos de suicidio, compañeros que, de tanta mala sangre, murieron de paro cardíaco. Hace poco falleció un compañero que no debería estar trabajando en pandemia, salió a trabajar, presionado por los jefes que hay en las tercerizadas y hoy no lo tenemos más al compañero. La situación es muy mala, malísima, necesitamos la intervención del ministerio de Trabajo, no solamente acá, por todos los trabajadores tercerizados que hay en nuestro país que son más o menos un millón de trabajadores y están todos en la misma situación. No es que no hay plata, las facturas durante el gobierno de Macri se aumentaron un 300 %. Es impresionante la guita que se han llevado. ¿Por qué tienen que estar los trabajadores padeciendo hambre? ¿Las familias no pudiendo llegar a fin de mes? PO: ¿Durante la pandemia, notaron con más crudeza las diferencias entre los contratados y efectivos? DC: Sí, porque a pesar de ser una sola industria, hay un gremio que es el tongo de Naturgy, que para los tercerizados hizo un convenio inferior, firmó un convenio inferior, y algunos no tienen obra social. Para los tercerizados se les asignó el plan más bajo de Galeno. Todos los trabajadores tercerizados tenemos que pagar para atención médica (copagos), entonces queremos las mismas condiciones como manda la Constitución. No es tan difícil eso. PO: Con respecto a las elecciones que se vienen, ¿pensas que el proceso electoral puede resolver los problemas de los trabajadores? ¿Viste reflejado tus problemas en el proceso electoral? DC: Salimos porque hace 14 meses de la última nota que elevamos, sinceramente, independientemente del gobierno que esté, los sindicatos tienen que pelear por los trabajadores, los gobiernos pasan y los delegados a partir de su mandato deben seguir peleando por los derechos de los trabajadores. Cuando estaba Macri, aún más querían precarizar, querían tercerizar todo. Creo que este gobierno, si tiene más afinidad con el trabajador, debería pensar más en el trabajador, debería tomar cartas en el asunto. Si me preguntas a mí, no lo sé, creo que si se enterara de lo que está pasando debería solucionar el problema de los trabajadores tercerizados. Queremos trabajar con condiciones dignas. La plata está, no hay razón para que no tengamos condiciones dignas. Es una cuestión política. Vamos a estar acá, seguir adelante hasta que logremos el objetivo, que se cumpla la Constitución. PO: ¿Sigue el corte? DC: Eso lo vamos a resolver ahora en la asamblea. Hoy, a pesar de la lluvia, hubo buena convocatoria, pero creemos que puede haber más convocatoria. Se puede agravar más el conflicto también. Por ahora cortamos sólo esta parte. Comprendemos el enojo de los transeúntes, pero pedimos que nos entiendan. Hay trabajadores que tal vez están escuchando este mensaje, que no tienen quién los represente, que están atemorizados por sus patrones, hay un montón de casos. Lo mismo digo para Edenor, Aysa, todas las privatizadas de servicios, no puede ser que un trabajador esté cobrando 20 o 25 mil pesos por quincena. Ni siquiera estamos hablando de fábricas que bajaron su producción porque no venden, acá nunca se dejó de cobrar la facturación en pandemia. PO: ¿No habría que hacer una coordinadora por ejemplo de empresas de energía? Sí, estamos tratando de organizar con otros sectores, que salen con sus reclamos, que se ven en los medios. Estamos tratando de dialogar y llevar el reclamo juntos.

Las primarias obligatorias de este domingo difícilmente servirán para 'ordenar’ el escenario político. Por el contrario, y a modo de ejemplo, puede verse lo que ocurre en CABA con “Juntos” (?), donde se ha iniciado una agria disputa por la posibilidad de que López Murphy sea desplazado con la excusa del cupo femenino. Del otro lado del Riachuelo, otro radical -Manes- ha acusado a Larreta de haber dejado “acéfala” a la Capital. Los distintos protagonistas de las PASO, en el campo capitalista, se encuentran fuertemente enfrentados acerca de la salida al derrumbe económico, el acuerdo con el FMI y el llamado 'equilibrio macroeconómico’. En resumidas cuentas, la disputa tiene que ver con qué sector capitalista reúne las condiciones y se reserva las ventajas de un futuro 'plan económico’. El derrumbe del gobierno macrista dejó expuestas las enormes limitaciones de una salida 'neoliberal’, incluso cuando el conjunto de la burguesía vuelve a denunciar el carácter asfixiante del 'cepo’, como lo hiciera entre 2011y 2015. Del lado del oficialismo, se está cocinando una crisis de alcance mayor. Este domingo, el columnista económico de Pagina/12, Alfredo Zaiat, un alter ego de Cristina Kirchner, advirtió sobre las “graves consecuencias sociales” que acarrearía una devaluación de la moneda para después de noviembre. Zaiat acusa de ello a los “factores de poder” que “presionan al gobierno”. El columnista se las arregló para no nombrar al FMI en toda su columna, a pesar de que la devaluación es una de las exigencias del Fondo, acompañada de un alza fuerte de la tasa de interés. Zaiat tampoco menciona la 'reforma’ laboral y previsional, o sea la extensión del monotributismo entre los trabajadores y la derogación de los aportes patronales, que vienen en el paquete del acuerdo con el Fondo. El aumento de la tasa de interés es un 'incentivo’ para que el capital financiero acuda a sostener el déficit del Tesoro, y del otro lado, al Banco Central. La burguesía argentina, que acumula concursos de acreedores y exige un socorro financiero internacional, reclama el acuerdo con el FMI. Pero el escamoteo de Página/12 -hablar de la devaluación sin nombrar al FMI-, hace suponer que los Fernández están negociando el aumento de la tasa de interés interna para evitar la devaluación. La devaluación macrista, en 2016, se convirtió en lo contrario al cabo de seis meses, o sea en una revalorización del peso, cuando los capitales golondrinas volvieron a Argentina para aprovechar la alta tasa de interés de Sturzenegger. En la celebración del día de la industria, el 7 de septiembre, Paolo Rocca -de Techint- se convirtió en vocero excluyente del conjunto de la gran burguesía, cuando reclamó el levantamiento del 'cepo’. Ocurre que ese conglomerado económico tiene estrechos vínculos con un número elevado de ramas industriales – desde la construcción, los automotores y la maquinaria agrícola hasta el petróleo y el gas convencional y no convencional. Techint necesita recuperar la ventaja de expatriar sus ganancias en Argentina a sus numerosas filiales en el exterior. La burguesía local, tomada en su conjunto, no tiene una inserción en el mercado mundial – ni con la soja, condicionada como consecuencia del progreso de China en la industria del aceite y otras manufacturas de la soja. El kirchnerismo, con todos los dedos colocados en el acuerdo con el Fondo, está negociando desesperadamente para atenuar algunas de sus exigencias más duras. Alberto tendrá que elegir entre “Guzmán o Kicillof” dice el macrista Laspina, un fracasado del anterior gobierno. De ese modo, plantea los términos que aceptaría Larreta para negociar un compromiso con el gobierno después de las elecciones. Entre las PASO y noviembre Nada asegura, en este cuadro, que el tránsito a noviembre no sea más tormentoso que lo visto hasta ahora. El dólar paralelo toca los 183 pesos, con una brecha del 88% respecto del oficial. El retraso cambiario -que el gobierno intenta mantener para evitar una hiperinflación- es cada vez más precario. El mercado de deuda en pesos, la gran criatura de Guzmán, se renueva a plazos cada vez más reducidos y a tasas de retornos mayores. Por el lado del Banco Central, tiene un patrimonio fuertemente negativo, pues las reservas internacionales netas enfrentan un pasivo monetario -depósitos y deuda- que las superan largamente. El gobierno llega a las PASO con una venta diaria de 100 millones de dólares de reservas, una cifra incompatible de sostener hasta noviembre. En la campaña PASO, el gobierno echó mano de algunas concesiones – elevación del piso del impuesto a los salarios, reapertura de paritarias. Pero ningún “bono” ni aumento salarial en cuotas salariales corrige la monumental confiscación a trabajadores y jubilados operada en desde 2018. El salario medio de Argentina, según el estudio Broda, es el de menor poder adquisitivo de los últimos dieciocho años. Un cimbronazo devaluatorio o inflacionario haría volar por los aires esta “calma” social sostenida con alambres. Lo mismo vale para los desocupados y precarizados, que soportan una carestía del 50% anual sin aumentos ni paritarias. Ficción política Es muy claro que la campaña electoral, a la luz de lo anterior, ha sido un gran operativo de ocultamiento. Las divergencias entre las distintas fuerzas patronales en presencia son, sin embargo, explosivas. Los candidatos oficialistas abandonaron cualquier referencia popular para embanderarse con la “cultura del goce”, pero las encuestas delatan una caída en la intención de votos, como consecuencia de un impasse económico, en el marco de un empobrecimiento gigantesco. El macrismo ha intentado disimular su bancarrota política cambiando de jurisdicción a sus candidatos, pero enfrenta el desafío de la UCR, que pone en cuestión la supervivencia de la coalición que Macri adquirió hace siete años. La izquierda democratizante no discierne la quiebra que se procesa en la burguesía, amparada en su autismo electoral, ni la crisis histórica que representa el empobrecimiento, al que reduce a un 'ajuste’. No atisba una crisis de régimen, ni una tendencia a la ingobernabilidad; tampoco asume la crisis nacional como una expresión de las crisis en América Latina. Política Obrera Política Obrera llegó a esta campaña electoral apenas unos días después de obtener la legalización, que incluso nos fue denegada en el distrito de la provincia de Buenos Aires – lo que nos impidió presentar boletas provinciales y locales. Arrancamos con el desconocimiento y una ausencia de registro de nuestra sigla política, por parte de la generalidad del electorado. Hemos desarrollado una campaña a “pata y pulmón” – en fábricas, asambleas barriales y radios regionales. Hemos logrado un reclutamiento militante – hombre a hombre, mujer a mujer. Como consecuencia de nuestra campaña, la confrontación entre una izquierda revolucionaria y otra en franca cooptación política por parte del Estado, pasó del debate interno al escenario público. O sea que mostró su vigencia histórica para la clase obrera. Se trata de un avance tremendo. Con el correr de las semanas, aquella confusión del inicio de las PASO ha dado lugar a un conocimiento más profundo y también más amplio de nuestra delimitación con el arco político izquierdista democratizante. El nivel de agitación en las fábricas, reparticiones y escuelas ha sido intenso; muchos compañeros se han registrado para fiscalizar. La posibilidad de que esta actividad en ascenso nos permita superar el piso de las PASO sólo podrá ser verificada por la lucha y la experiencia de estos días, de aquí al domingo, pero lo que es irrevocable es el fracaso contundente de la tentativa de liquidar a la izquierda revolucionaria y a la IV Internacional. Peleamos y crecemos.

De cara a las elecciones legislativas de este año, la Tendencia del Partido Obrero, bajo la denominación corriente Política Obrera, ha puesto toda la militancia de la provincia a disposición de los desafíos que se nos presentan en el cordón industrial de San Lorenzo, donde presentamos listas municipales en las principales ciudades. La campaña electoral se desarrolla en un cuadro de crisis política del gobierno provincial. Perotti debe sortear una interna que lo tiene como candidato suplente, donde parte de la burguesía que apostó por él en 2019 hoy se desplanta. Esto tiene como correlato los carpetazos contra el senador Armando Traferri, oriundo de San Lorenzo, quien enfrenta causas judiciales por vínculos con el delito organizado. Vicentín, la hidrovía, el cepo a la exportación de carne, son todos flancos donde se desenvuelven las discrepancias dentro del Frente de Todos y la oposición, y sobre esta perspectiva asoma el acuerdo con el FMI. Sobre esa caracterización es que estamos desarrollando las campañas en Granadero Baigorria, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Hemos puesto de relieve los problemas de los trabajadores de la región. La precarización laboral en cada uno de los municipios es moneda constante, al igual que en la provincia – el gobierno pretendió despedir a todos enfermeros contratados para afrontar la pandemia. La cuestión del salario es fundamental – el 50% pobreza no deja exento a los santafesinos de estos índices nefastos y debemos poner en la agenda la lucha por el salario básico igual a la canasta familiar. Tal como lo hicieron los obreros aceiteros, que durante el 2020 mediante una huelga general regional de hecho lograron arrancarlo a los pulpos exportadores. El tinte de una campaña obrera y socialista es que hemos dirigido estos planteos al conjunto de los trabajadores industriales. Por acaso, hemos agitado las aceiteras Vicentín, ACA, ADM y Molinos Agro, junto con las químicas TFA, ARAUCO, IDM y Synthon, Varteco y Nouryon. Como lo hemos hecho en provincia de Buenos Aires y CABA, una campaña obrera y socialista no puede prescindir de las agitaciones en puerta de fábrica. Asimismo, tanto en Fray Luis Beltrán como en Granadero Baigorria, que hemos recorrido los barrios San Fernando, Retiro y Fonavi 2, y San Fernando, San Miguel, entre otros barrios, recorriendo los domicilios con nuestros planteos y entablando discusiones políticas. También hemos agitado las fábricas metalúrgicas del gran Rosario, como Liliana y Argental. Hemos podido constatar el amplio rechazo a la política a secas. Ha sido un primor filtro a superar, debido a la bronca que existe entorno a los partidos patronales -peronistas, progresistas y macristas- que durante los últimos años han llevado al país y a la provincia a la miseria y el derrumbe. Desde nuestro punto de vista, ese presupuesto es la punta del debate, el cual los candidatos de los mencionados partidos no se vinculan con los vecinos justamente para evitar las responsabilidades políticas que les compete. En Capitán Bermúdez tenemos un desafío político mayor, ya que en esta ciudad hemos sabido conseguir en dos oportunidades una banca en el concejo y la mejor votación del FIT en las elecciones provinciales del 2019. Nuestras listas de obreros, trabajadores de la salud y docentes, la hemos puesto a disposición de la organización y recorrida en los barrios, como Villa Cassini, Villa el Prado y, finalizando, el resto de la ciudad en esta última semana de campaña. Bajo esta impronta, llamamos a que sumen decenas de fiscales para defender el voto en cada una de las localidades. Estamos poniendo el punto de partida de un desarrollo posterior: trasladar la experiencia en este centro industrial a toda la provincia, lo cual será requerirá una labor militante excepcional.

Después de las manifestaciones bolsonaristas del día de ayer, una nueva movidad fascistoide subió la temperatura política en Brasil. Flotas de camiones han cercado el Superior Tribunal de Justicia en Brasilia y han rodeado por completo el Congreso nacional. El propósito es tomar por asalto la sede de la Corte Suprema, que se ha reunido para tratar la constitucionalidad de una ley de desalojo de indígenas de sus tierra en la Amazonía. La policía ha intentado contener la manifestación, sin por ello lograr que se aparte de su objetivo. Los grupos bolsonaristas reclaman la destitución del Tribunal o al menos la del juez supremo Alexander de Morais, que investiga actos de corrupción del Presidente. Los camiones han sido fletados por compañías poderosas del agro-negocio. Cuatro camiones de gran porte, estacionados en la explanada del Planalto, la sede de los tres poderes del estado, llevan inscripciones del Grupo Brasil Nuevo, una empresa que sirve al transporte de carga del agronegocio. Diecisiete camiones se identifican con la empresa Arroz y Feijao Grano Dorado, del interior del estado de Goias. La otra flota fue enviada por la compañía Hermanos Chiari Agropecuaria y una más de la empresa Diez Alimentos. El bloque parlamentario de Bolsonaro, “balas, bueyes y biblia”, está integrado por gran parte del capital agrario de Brasil. El agronegocio se encuentra entre los promotores de la deforestación de la Amazonía, la apropiación de tierras indígenas y la formación de milicias – los grupos armados encargados del asesinato de los luchadores campesinos. Los asaltos al Congreso y al STF habían sido pronosticados para el día de ayer, fecha de la independencia de Brasil – o sea del establecimiento de un régimen monárquico oriundo de Portugal, separado de la metrópolí, bajo la protección del Imperio Británico. De acuerdo a versiones, el retorno a una suerte de régimen imperial sería una de los delirios de Jair Messias Bolsonaro. La operación de las empresas transportistas del agro-negocio está inspirada en la llamada “insurreccióm” que Trump planeó, el 6 de enero pasado, contra el Congreso de Estados Unidos. Una delegación de representantes de Trump participó en las jornadas del día de ayer. En conformidad con toda su conducta reciente, la oposición brasileña y el PT en especial se atendrán a una salida ‘institucional’ de este atropello golpista, sin reparar en que estamos ante métodos de guerra civil, que solamente pueden ser combativos con eficacia mediante la movilización popular, en especial la huelga general, y el desarme de las milicias bolsonaristas y la Policía Militar que responde al mandatario.

El dirigente de izquierda busca superar las PASO con una lista propia tras su expulsión del Partido Obrero, la organización que fundó en 1963. “No voy a permitir que naufraguen esos 58 años”, aseguró . Después de seis años de ausencia en el cuarto oscuro, la boleta de Jorge Altamira volverá a estar en las PASO del próximo 12 de septiembre. Será un regreso oficial como precandidato a diputado nacional, después de la ruptura (o ”expulsión”, según él define) del Partido Obrero en 2019 y la derrota contra Nicolás del Caño en los comicios presidenciales de 2015 en el marco del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-Unidad). Esta vez, la prueba política será sin una alianza detrás. “Política Obrera”, la rebautizada organización política que lidera el histórico dirigente trotkista, tendrá como desafío superar el umbral del 1,5% de los votos de las primarias obligatorias en los seis distritos a los que se presenta. El interés estará puesto sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde las boletas están ilustradas con su rostro; y en la Ciudad de Buenos Aires con la lista del economista Marcelo Ramal. A pesar de los reveses, Altamira sigue activo. Con sus 79 años, en ocasiones se lo ve repartiendo volantes. Ante cualquier insinuación de jubilarse de la lucha política, o abrir paso a un recambio generacional, responde con firmeza: “Soy parte de una tendencia que se fundó en 1963. Probablemente esta sea la etapa más rica de mi vida. No voy a permitir que naufraguen esos 58 años”. En una larga entrevista con Infobae, Jorge Altamira evaluó de manera crítica el derrotero de las fuerzas de izquierda -”está acomodada, integrada” al sistema, asegura- y reformula su propuesta política ante la situación de “explosiva” que atraviesa el país y el escepticismo de la población. “Nosotros planteamos una solución para los salarios y la desocupación que choca con el régimen político”, advierte en caso de ser elegido para el Congreso. ¿Cómo atravesó la pandemia? Durante ese tiempo hice una actividad física muy buena, tuve mucho trabajo como periodista político, como militante. Escribí mucho. Para un socialista como yo, lo que hice fue cumplir rigurosamente las normas establecidas por el Estado. Entendimos que había un planteamiento científico sobre circulación comunitaria del coronavirus y mantuvimos una línea constante en la pandemia frente a lo que decía el Frente de Izquierda (FIT) que fue aperturista. Nosotros defendimos el confinamiento en marzo de 2020, que solo trabajaran los esenciales y luego nos opusimos a la presencialidad. El tema era proteger a la población y le asignamos al Estado la responsabilidad de sostenerla económicamente, lo que planteaba el problema de la deuda externa y el FMI, algo contradictorio con la pandemia. En 2020 hubo un optimismo de sectores progresistas o de izquierda con lo que podría surgir de la pandemia. El Gobierno utilizó como slogan “vamos a salir mejores”. ¿Qué pasó? Nosotros caracterizamos a la pandemia no como un problema sanitario, sino como una crisis humanitaria de un régimen social donde se viola el medio ambiente y es funcional a la aparición de virus cada vez más frecuentes. El sistema sanitario, comercial y lucrativo se siguió manejando en términos rigurosamente capitalistas durante la pandemia. La Bolsa de Nueva York explotó permitiendo ganancias fabulosas a los especuladores, y el Gobierno financió ayudas a las empresas con préstamos al Banco Central o tomado del mercado de capitales una tasa del 40% de interés, algo usurario a nivel internacional. Por eso hay 4.200.000.000.000 millones de pesos de deuda del Banco Central en las Leliq y los pases, un crecimiento fenomenal de deuda pública con los mercados locales. De manera que se ha creado una situación impresionante de cara al futuro: lo que antes eran procesos sociales de importancia ahora se han transformado en urgentes, como el hacinamiento en la vivienda o los salarios insustentables. Estamos peor que nunca, no solo Argentina; en el mundo entero. Pero en Argentina tenemos un 50% de nivel de pobreza, con una situación mucho peor de lo que registran las estadísticas. Esta hostilidad a votar, el escepticismo, se debe a que el sistema político se ha demostrado hostil a la ciudadanía. Tenemos una crisis de régimen muy aguda. ¿En qué se diferencia esta crisis de otras? Usted ha dicho esto varias veces en otras circunstancias... Cada vez que se sale de una crisis de régimen, el estadio político es peor que el anterior. Esta coalición del kirchnerismo con el Frente de Todos es una salida precaria al derrumbe del macrismo. Es peor de la que salimos en 2001, y peor que la de Menem. La pandemia lo puso de manifiesto de manera mucho más rotunda porque medidas muy importantes se tomaron por decreto, donde el Poder Legislativo no quiso o no supo intervenir, y el Poder Judicial avaló en temas como la cuestión jubilatoria sin modificar la miseria actual. Brasil es un espejo para la Argentina, aunque sean situaciones políticamente muy diferentes, retrata un cuadro de ingobernabilidad cada vez es más evidente. Es un régimen de camarilla: el de los amigos que se vacunan primero; o el de los cumpleaños, mientras los demás están confinados. Es una característica de todos los regímenes democráticos, donde el pueblo cree que designa a sus representantes, pero se gobierna en círculos estrechos de amigos y relaciones económicas. Por lo tanto, se abre un período nuevo muy fuerte a nivel internacional. La prueba está en que el FMI se asignó el derecho a emitir moneda, los Derechos Especiales de Giro (DEG), cosa que ningún Milei lo denuncia. Han autorizado la emisión de 650 mil millones de dólares en DEG para hacer frente a los problemas de la pandemia. La situación es explosiva. ¿Por qué es explosiva? Porque esa moneda no existe, es la moneda más espuria del mundo. A la Argentina le dieron unos 4.500 millones de dólares en DEG, y Argentina se la devolvió al FMI para pagar cuotas de la deuda. Es una moneda que, aplicada sistemáticamente, genera un proceso inflacionario. Brasil ya está con el 10% de inflación anual, y Estados Unidos con el 6%, cuando antes estaban en el 1% y el 2 por ciento. ¿La economía mundial no puede tolerar ese nivel de inflación? En este momento, la deuda pública de los estados es superior en cuatro veces al PBI mundial. El día que todo esto explote vamos a descubrir no se podía tolerar. Los economistas más reputados no dudan que esto es insostenible, porque el número de empresas con endeudamiento es tal que no les permite ninguna clase de inversión frente a tasas de interés que, en Estados Unidos, alcanzaron un 40 por ciento, y podrían llegar a futuro al 60. El sistema está entrando en una parálisis que la resuelve financiando. Los gobiernos están inyectando mucho dinero y gasto público para revitalizar la economía... Es difícil que este gasto revitalice la economía. Estados Unidos tenía una deuda pública del 40% del PBI y ahora es de 120 por ciento. El estatus del dólar se va resentir en un mundo donde hay una guerra comercial muy fuerte. Por lo tanto, aplicar una dosis elefantiásica de gasto va a hacer estallar el sistema monetario. La aparición del Bitcoin es una señal que los grupos económicos se quieren refugiar en transacciones que sean independientes del manejo del dólar. Tienen la expectativa de que el dólar se devalúe y suba el Bitcoin. Eso ocurría antes con el oro, y en mi opinión va a ocurrir con el Bitcoin, aunque no tenga ningún peso en la economía mundial. Indudablemente va a ocurrir un estallido muy fuerte con el dólar. ¿Qué proponen desde Política Obrera frente a este contexto? Argentina tiene una crisis histórica que afecta al conjunto de las relaciones sociales. Argentina se distinguió del resto de América Latina por el avance en sus derechos sociales, y ahora está con un 50% de la población bajo la línea de pobreza. Esto es una situación intolerable, con un Estado que además está quebrado y que por el acuerdo con el FMI va a tener un mayor nivel de exigencia en términos de ajustes y de reformas sociales anti populares. Nosotros planteamos en esta campaña electoral que la solución para los salarios y esta desocupación choca con el régimen político. El salario mínimo tiene que estar igual al costo de la canasta familiar, como lo establece el 14 bis de la Constitución Nacional que asegura un salario vital que no es de pobreza. Yo suelo decir irónicamente que somos el único partido constitucional de la Argentina porque queremos que esto se respete. La desocupación es tan grave que deben tomarse medidas compulsivas, como aceptarse el personal desocupado y repartir las horas de trabajo existentes. Apuntamos a un fuerte impulso a la condición moral y material de los trabajadores, en el sentido de que se sientan empoderados y se acomode su situación económica. Para ello, el primer tema es el desconocimiento total y completo de la deuda pública argentina para los grandes acreedores. La emisión de los DEG es una vergonzosa admisión del FMI de que la deuda es impagable. Fue el Fondo que nos perdonó la deuda al darnos esos 4 mil millones de dólares. Esto es una gota de agua en un océano, pero hay un reconocimiento vergonzoso y deformado porque Estados Unidos tiene una cuota de DEG infinitamente superior, lo que hace inviable al sistema capitalista en las actuales condiciones. ¿Cómo se logran esas medidas de alcanzar el nivel salarial igual al de la canasta básica y el reparto de las horas de trabajo sin todos los efectos indeseados, como la inflación? Esos efectos indeseados ya han ocurrido. El salario y las jubilaciones ha caído de una forma dramática en un 25% en los últimos tres años, y tenemos una inflación que raja las paredes. Los efectos indeseados son la reacción de la clase capitalista a una medida como estas, es la hostilidad del capital. Desde un punto de vista económico, la incorporación de más obreros frente a una capacidad instalada ociosa en la industria podría ser saludada. Si hay un gobierno apoyara estas medidas, enfrentaría a los capitalistas para que cesen con este tipo de hostilidad. Es un aspecto de la lucha de clases, una palabra que nadie usa en la campaña electoral porque los creadores de imagen pensarán que no le hace bien a algún candidato. Todo esto implica un choque con el régimen político. Hay que formar una asamblea constituyente libre y soberana para que ejecute estas medidas. El sistema democrático argentino ha demostrado su quiebra completa desde la última dictadura militar, ya vamos para los 40 años y todavía tenemos legislación de esa época porque no pudieron derogarla. Si soy elegido para el Congreso, trabajaré en contra de este régimen político y ese mismo Congreso, procurando desarrollar un movimiento popular en torno a reivindicaciones para ir a una democracia de otro orden. Nada de esto es demagogia, es un planteamiento estratégico. Si se está de acuerdo muy bien, y si no, se puede votar al PRO o a quien sea (sonríe). ¿Por qué Política Obrera no está en el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U)? Hubo un planteo de ustedes para integrarse en una PASO. ¡No, jamás! Lo rechazo, te pido por favor que esto lo coloques. ¿Ustedes no pidieron ingresar ahí? Nosotros hemos sido expulsados contra todas las normas estatutarias del Partido Obrero (PO). El Partido Obrero ejerce un poder de veto contra Política Obrera para que esté en el FIT. El conjunto de los partidos del FIT no se han pronunciado sobre esta crisis del Partido Obrero (PO) después de la expulsión, lo que contrasta con lo que nosotros hicimos cuando se rompió el Movimiento al Socialismo (MAS) a fines de los ochenta. Si uno se deslinda de esto cuando se violenta la democracia interna en una fuerza política de tu palo, que se reinvidica socialista e internacionalista, no explicar tu posición te hace cómplice. La democracia es fundamental en un partido de izquierda, porque le dice al pueblo cómo va a ser el gobierno de ese partido. Lo que propusimos fue hacer unas PASO de toda la izquierda, ellos la rechazaron. Nosotros queríamos que en esas PASO cada uno exponga su posición política y que la ciudadanía vote. Este planteo de la PASO de “toda la izquierda”, tanto en 2015 y en 2017, no estaba tan presente... En 2015 lo planteé yo, lo sostuve enérgicamente en las elecciones que perdí por 20 mil votos con Nicolás del Caño. Todo el Partido Obrero defendió esas PASO. Luego no hubo PASO porque la actual conducción del PO le tiene pánico a las primeras. Piensan que van a perder como en la guerra y eso no es verdad, sino que retrata a la dirección. Nuestra campaña como Política Obrera es una ilustración de cómo se puede hacer una campaña contra el régimen y, al mismo tiempo, hacerlo con una línea diferente. Al final ellos van a ir a unas PASO después de acordar un programa conjunto, lo que quiere decir que están peleando por cargos. Lo que nosotros proponíamos eran unas PASO en la que nadie renunciara a sus ideas, combinando claridad con unidad. ¿Por qué sería tan distinta la propuesta de Política Obrera a la del FIT-U? Las posiciones que tenemos nosotros no son las del FIT. En esta crisis histórica nosotros no podemos ir a una elección para pelear por un cargo, nosotros queremos llevar un planteamiento político. Se podría decir que ir en cuatro listas distintas en una PASO “debilita la lucha”. No es cierto, porque al final sale una lista única, lo que es un acierto fabuloso porque a la gente le cuesta reconciliar la divergencia con la unidad, y nosotros la estaríamos resolviendo. Nosotros vamos a ir finalmente a una lucha con nuestros recursos, y el FIT irá con recursos que no se de dónde salen, porque son extraordinarios... Eso es objeto de otra polémica: en qué medida un partido socialista debe aplicar sus recursos y debe desarrollar una campaña que no se distingue de la tradicional del capitalismo y de los partidos burgueses. Eso es fuerte... ¿En 2015 era tan distinta la campaña del Frente de Izquierda a la actual? ¡Absolutamente! La campaña de #UnMilagroporAltamira, en su momento, fue muy ‘marketinera’... Marketinera o no, ahí no hubo un mango. Fue un día que me llama a la mañana Jorge Rial para la radio, me hace dos preguntas banales y me pregunta: “¿Qué te parece la campaña “Un Milagro por Altamira”? Yo le respondí: ‘Mire, yo no soy creyente, pero si ustedes son, hagan lo que quieran’. Y eso fue todo. Después nosotros no hicimos una campaña en función de ese ‘milagro’. Hubiera sido una torpeza mía decirle que no queríamos que se haga eso. En una lucha política hay recursos que no son los tuyos y tenés que aceptar los de otros. A un ‘creyente’ no le voy a rechazar un voto... Para cumplir con el programa político de Política Obrera van a necesitar aliados. ¿Cómo podrían lograr convencer a la población en general si no están pudiendo acordar con, al menos, sus antiguos compañeros de frente? No es un planteamiento discursivo. Ninguna asamblea constituyente surgió de una propaganda si no, como dirían los brasileños, “na marra”; es decir, en caliente, luchando en las calles. Es muy importante llegar a esa instancia con un trabajo de preparación política. Si se saca de la manga una solución improvisada en un momento de crisis culminante, sos un torpe. Las cosas no van a ocurrir como exactamente prevemos, pero vamos ajustando el tiro. Este es un régimen político que no va más: los conflictos con el Poder Judicial, la denuncia contra el Presidente y la insatisfacción popular lo demuestran. La Asamblea Constituyente es una vía de salida donde hay que ir a votar una nueva representación y circunstancia política. Lo nuestro no es bíblico; una consigna siempre es una aproximación. La realidad siempre es más rica. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Partido Obrero? Un momento...¿Quién te dijo que yo no estoy en el Partido Obrero? Soy parte de una tendencia que se fundó en 1963 y que cumplirá 60 años en 2023. Nosotros nos llamamos “Política Obrera” porque no podemos tener el mismo nombre. Nos consideramos una Tendencia del PO porque el Estatuto nos da ese derecho a ejercer una tendencia. Nosotros no vamos a permitir que se falsifique la historia política de nuestro partido y comprometa duramente su futuro como lo están comprometiendo, votando leyes de especulación inmobiliaria en Boedo en la Legislatura porteña, ratificando una ley pedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores por el pacto entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump sobre la crítica al sionismo, o con leyes a pedido de (el gobernador de Chaco, Jorge) Capitanich para privatizar tierras públicas. Eso el PO no lo hizo nunca y empezó a ocurrir desde que fuimos expulsados. Le reformulo: ¿Qué le pasa, en términos personales, al principal dirigente de una organización política cuando es expulsado de ella después de 58 años? Me confirma en una convicción muy profunda. No hay proceso político que no sufra las consecuencias de cambios sociales y alteraciones. Un partido de izquierda, revolucionario, no es inmune a la crisis. Todo el mundo se está acomodando a los sistemas parlamentarios. Nos han afectado ciertas transformaciones, como el arribismo parlamentario y el reflujo parcial en las luchas. Después de 58 años, me di cuenta que tenía los recursos para seguir con la pelea. En dos años y en pandemia, logramos reconstruir una fuerte tendencia política y conseguimos la legalidad. Estamos en una etapa difícil, no tenemos los recursos, ni los medios. Además, al ser una fuerza nueva, esto no se entiende. En medio país que recorrí siempre me preguntan ‘qué pienso como precandidato del Frente de Izquierda’ y tengo que aclarar que no soy precandidato del FIT; todo el mundo me ha puesto a la cabeza de una coalición que no es la mía. Probablemente, ésta es la etapa más rica de mi vida. No voy a permitir que naufraguen esos 58 años (sonríe). Los dirigentes de las organizaciones políticas a veces concluyen que tienen que dar un paso al costado para que se produzca un recambio generacional. ¿En algún momento pensó correrse del lugar de dirigente? Iría contra mis principios. En primer lugar, todos en mi partido me repudiarían... Un sector decidió expulsarlo. Un sector decidió expulsarme y votar con Capitanich. Conmigo ahí eso no iba. ¿Está claro? No conozco a nadie en el campo marxista y revolucionario que haya dicho “me jubilo”. El planteo del recambio generacional es falaz y lo usa la burguesía que, frente a tipos que roban como animales, tienen que cambiar la cara con otra gente. Y es falaz porque la juventud siempre irrumpe, no es que viene un viejo y se la lleva. Si se la lleva, quiere decir que esa juventud está vieja. Siempre destaco a personajes como el “Che” Guevara y a Fidel Castro, que hicieron una revolución a los 27 y 29 años, respectivamente. Los militantes revolucionarios tienen que irrumpir y en la medida que lo hacen, se hacen cargo de numerosas tareas. Mirá, hace 40 años yo llegaba a las 7 de la mañana a la sede del Partido Obrero y me iba alrededor de las 10, seguía el trabajo político y organizativo todo el tiempo. Eso ya no lo hago así, ahora hay otros compañeros. Es más, estoy militando con mejores características porque intervengo con más espacio donde se necesita aportar reflexiones políticas novedosas. Hay una complementariedad. Nuestros compañeros, que son 1200 personas, siguen los principios de irrupción de la juventud porque atacaron duramente a un “aparato” político por sus inconductas. ¿Desde cuándo se está presentando a elecciones? En el 1983 no participé y en 2007 fue candidato a presidente Néstor Pitrola. Tampoco era mi intención serlo en 2011, pero estuve ahí luego de una tremenda lucha. He hecho cosas más importantes en materia de liderazgo. En la lucha contra el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, que yo la conduje, conseguimos la condena de José Pedraza en dos años. Eso modificó el panorama político y habilitó la posibilidad de construir el Frente de Izquierda. La propuesta para ser candidato en ese momento la hizo Izquierda Socialista y sentí la responsabilidad de estar. Retomo su definición sobre la democracia interna de los partidos, que habla mucho sobre “cómo gobernarían”. ¿Qué dice esto cuando el principal liderazgo de un partido es el mismo durante décadas? Fantástico, habla muy bien... En primer lugar, nosotros hacíamos congresos todos los años, ninguna decisión era individual. En segundo lugar, después de mucho discutir, nosotros decidimos que los dirigentes del PO tenían que presentarse a elecciones. Los del PTS y los de Izquierda Socialista ninguno da la cara, trabajan “por detrás”. Cada cual elige lo que quiera, pero nosotros elegimos que no queríamos ser caciques de sectas, los dirigentes tenían que enfrentar a la opinión pública y a los trabajadores. Si el escrutinio público es positivo, lo seguís desarrollando porque ya es una trayectoria y lo prueba la elección actual. En esta campaña política lo que valoran los trabajadores es que yo esté al frente: porque me conocen y, ante una crisis tremenda, salgo a la calle de nuevo a dar combate para superarla. En la izquierda tradicional argentina hay, tal vez, cuatro nombres importantes de los últimos 50 años: Nahuel Moreno (MAS), Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), Patricio Echegaray (Partido Comunista) y usted. Después de tanto recorrido y estrategias tan variopintas, ¿por qué la izquierda nunca termina dando el salto y logra disputar la conducción del país? Para disputar el poder tiene que producirse una situación revolucionaria. Nosotros no nos perdimos ninguna situación revolucionaria. La gente se convence desde su experiencia, no discursivamente. Por ejemplo, una persona puede estar en contra de lo que decís o le resulta indiferente hasta que, en su experiencia, descubre que tenías razón. Nahuel Moreno nunca se presentó en ninguna elección, aunque con una trayectoria muy larga, construyó un marco teórico conocido en el mundo. Él militó en un período donde ser trotskista se contaba con los dedos de una mano. Dicho esto, no se puede compararlo con Zamora o Echegaray. Echegaray murió muy joven, su protagonismo fue mandar a la izquierda un partido que se comprometió con Videla, no le veo más que eso. Zamora sí fue un candidato electoral que tuvo atracción y que la demostró cuando se fue de todos los partidos, con dos elecciones muy significativas. Pero hablábamos del poder. Bueno, la izquierda justifica toda una serie de trapisondas cuando dice que no hay una situación revolucionaria. Un socialista es un socialista en las buenas y en las malas, con situación revolucionaria o contra-revolucionaria. No vota paquetes de leyes del enemigo aunque nos vengan degollando. Por eso resistimos dictaduras. No adaptamos nuestros principios a la coyuntura política. En el caso del FIT en 2013, o lo que protagonizó Luis Zamora después del 2001, la percepción es que luego de un ascenso electoral se produce rápidamente un retroceso en la izquierda. No, hay un cambio cualitativo. Inclusive cuando se vuelve atrás se conserva ese cambio. La campaña de 2013 fue histórica en votos, tuvimos dos dígitos en varias provincias como en Mendoza con el 14% o en Salta, donde le ganamos al peronismo. ¿Cuándo viste a la izquierda ganarle al peronismo? Son manifestaciones rotundas de una nueva etapa. Puede haber bajones, pero ha quedado inscripto en el pueblo una tendencia histórica diferente. La presencia sindical de la izquierda en el movimiento sindical argentino no tiene paragón. Antes era un coto cerrado del peronismo, ahora hay sindicatos y comisiones internas. Estamos en una etapa de avance aunque no se vea. Para que no haya un cambio cualitativo tiene que haber una tendencia en contra, por ejemplo, como la que llevó a la disolución de casi todos los partidos comunistas en el mundo. ¿No ocurre que la población solo confía en la izquierda para ocupar un rol de denuncia, o bien en sindicatos o universidades, y ello no se extiende a los cargos para ejercer el poder desde el Gobierno? Es un relato. La población aprovecha la elección parlamentaria, donde hay una representación más proporcional, para ver la calidad de una intervención política. A la luz de esa calidad, se la juzga. Yo encuentro a muchos trabajadores atentos a lo político decir que la izquierda está integrada al sistema. La ve “electorera” y como un factor regresivo de la conciencia de los trabajadores. Eso significa que no pasó la prueba, como cuando van al Parlamento para que Matías Lammens y Marcelo Tinelli empiecen su negocio inmobiliario en Boedo. Mirá, viejo: el bajón ideológico de la izquierda es brutal. La simiente ya viene de antes y en parte esto explica la crisis en el Partido Obrero. Tenemos un rol en una lucha política en la que, vigorosamente, estoy embarcado.

Los oportunistas aprovechan los tiempos de crisis para ascender en la estructura de la burocracia. Cuba no es la excepción. Lo jóvenes oportunistas saben decir lo que quieren escuchar los jefes, cuándo lo deben decir y dónde se debe decir. Algunos, logran una sofisticación tal que parecieran ser sinceros. Incluso, en algún momento pueden ser críticos, pero siempre sus críticas se realizarán en abstracto, diciendo que hay “problemas” sin detallar ninguno, menos aún analizarlos; a no ser que reciban la orientación de sus jefes. Como se ve, las “críticas” de los jóvenes oportunistas no guardan ninguna espontaneidad. Esas “críticas” no son más que la orientación de sus jefes para hacerse un lavado de cara o silenciar a quienes verdaderamente son críticos y no pueden controlar. Los jóvenes oportunistas pueden haber sido incluso, personas incómodas por sus criterios políticos que llegaron a tener enfrentamientos con algunos funcionarios. Sin embargo, una vez que estos jóvenes inician su carrera en el oportunismo, tratan de demostrar que son incondicionales. Para ello, no dudan en entregar la cabeza de antiguos compañeros que sí se mantienen siendo coherentes con sus pensamientos y acciones. No hace falta que los jóvenes oportunistas reciban orientaciones para perseguir a los jóvenes que disienten. Los jóvenes oportunistas saben que eliminar voces críticas les otorga legitimidad política ante sus jefes y lavan pecados anteriores. El daño que realizan los jóvenes oportunistas no solo alcanza a quienes ellos destruyen, sino también al país y al proyecto socialista. Mienten, adulan y persiguen con tal de ascender, obtener más prebendas o simplemente conservarlas –que muchas veces no pasan de ser un simple celular con internet gratis o la oportunidad de publicar en medios de alcance nacional-. Otra motivación de los jóvenes oportunistas es proteger y hacer crecer sus proyectos profesionales. De esa manera, proyectos jóvenes que alguna vez fueron incómodos porque desarrollaban un pensamiento autónomo y crítico, ahora derivan hacia la docilidad total. Esa es una de las principales características de los proyectos que han degenerado burocráticamente: realizar la menor cantidad de críticas posibles y atacar, incluso perseguir a quienes critican. La principal virtud de un joven oportunista es la obediencia y no el talento, del cual suelen carecer. León Trotski calificaba a uno de los más sangrientos jefes de la policía política estalinista, Genrij Yagoda, como una “insignificancia diligente”. A lo que agregaba: “Yagoda había sido farmacéutico en su juventud. En una era de paz, podría haber muerto como propietario de una droguería de pueblo”. Esto es algo que tienen bien claro los jóvenes oportunistas: su mediocridad. Saben que por su propio talento son incapaces de brillar. Tienen entonces que echar mano de una extrema obediencia, disciplina y capacidad de adulación. Obediencia, porque los burócratas oportunistas no perdonan a los jóvenes que desobedezcan órdenes; disciplina, porque los burócratas oportunistas, debido a su propia ineficiencia, necesitan de quienes sepan ejecutar sus órdenes de manera diligente; y capacidad de adulación porque no es solo adular, sino saber hacerlo –los burócratas oportunistas pueden sentir repulsa o percibir falsedad en los jóvenes oportunistas ostensiblemente aduladores-. El peligro radica en que la burocracia sí oye a los jóvenes oportunistas quienes, para conservar las prebendas, dan una imagen distorsionada de la realidad social. En momentos de crisis como el que estamos viviendo si un Gobierno pierde el contacto con la realidad, sufrirá crisis consecutivas. Aún más en un Gobierno que pretende construir el socialismo y por tanto, su fuerza radica en el apoyo de la clase trabajadora. La mejor metáfora que podemos encontrar para entender el daño que hacen los jóvenes oportunistas es la de una persona enferma de una dolencia grave a quien los médicos, para no decirle que su estado de salud es complicado, no solo le ocultan la verdad, sino también lo medican mal. Sobra decir que en realidad a esos médicos no les importa la salud del paciente, sino que tienen un móvil egoísta. O quieren matar al enfermo, como lo hicieron los Yeltsin y compañía con la Unión Soviética, o simplemente están lucrando con los medicamentos que le suministran al enfermo –como sucede con los oportunistas, quienes buscan cada vez más cualquier tipo de prebendas, materiales o profesionales. No se demoran mucho en ascender estos jóvenes oportunistas. En medio de esta crisis hemos visto más de un nombramiento incomprensible de jóvenes que no tienen capacidad para asumir las funciones otorgadas. En realidad, ellos saben que no tienen la capacidad para ocupar el cargo, pero la tentación del poder y las prebendas les anula todo sentido de coherencia –la cual hace tiempo han desechado-. Estos ascensos de jóvenes -muchas veces desconocidos- son un lavado de cara para demostrar que la juventud sí tiene poder de decisión. Que la burocracia ascienda a dos o tres jóvenes oportunistas no significa que la juventud tenga real capacidad de decisión en la esfera pública. Tampoco se logra con que las instituciones amparen un espacio de debate a donde ir a hacer catarsis. Cuando a estos espacios de debate asisten personas fuera de quienes estaba planificado y traigan con ellos un discurso fuera del permitido, los jóvenes oportunistas entran en crisis, buscando siempre a quién responsabilizar por esas presencia non gratas. No tanto temen perder el debate -algo que tiende a suceder-: temen perder la confianza de sus jefes. Por lo general, esos espacios de debate solo ayudan al currículo político de los jóvenes oportunistas. Ese es su verdadero interés: ascender en el sistema. Sea como sea. Saben que concentrar en un espacio las críticas, es encerrarlas. Sin embargo, está lejos la época en que esos espacios eran los únicos donde expresar no solo la inconformidad, sino plantear proyectos que están fuera de lo establecido. La masificación del internet quebró el monopolio que ejercía el Estado sobre la información y la propaganda política. La burocracia y sus jóvenes oportunistas cometen un grave error si creen que con esos espacios de debate logran contener el malestar de una juventud crítica cada vez más creciente. En el diálogo está la solución, pero no en reuniones que no pasan de ser un cúmulo de catarsis donde después todos regresan a sus casa con el mismo nivel de insatisfacción, el mismo cúmulo de problemas y sin respuestas reales. Eso no le interesa a los jóvenes oportunistas: ellos después se sentirán porque la jornada ha sido exitosa. Los espacios de debate serán fructíferos cuando los organice la juventud que no tiene nada que perder, ni aspira a prebendas o cargos públicos. Es decir: la juventud revolucionaria. En las protestas del 11 de Julio, la mayoría de los manifestantes eran jóvenes. No están las cifras, pero solo basta con mirar las fotos y videos. Quienes estuvimos detenidos también sabemos que las celdas estaban llenas de jóvenes trabajadores. Los jóvenes oportunistas niegan todo esto. Niegan además que al menos en La Habana -en la marcha del Parque de la Fraternidad al Parque Máximo Gómez- las manifestaciones fueron pacíficas durante las primeras horas; los oportunistas niegan también que hubo miles de jóvenes en las calles, niegan todas las irregularidades cometidas y cualquier hecho de violencia cometido por el Gobierno. Ese ocultamiento oportunista de la realidad que hacen los jóvenes oportunistas solo ayuda a que el Gobierno cubano se aleje de la realidad. No son los jóvenes manifestantes del 11 de Julio quienes pueden derrocar al Gobierno: son los jóvenes oportunistas desde dentro del sistema quienes tienen el poder de destruir el Estado cubano. Si esto sucede, con tal de obtener cuotas de poder político y económico, los hoy jóvenes oportunistas, ya para entonces burócratas oportunistas, pactarán con la ultraderecha de Miami, introducirán el neoliberalismo y entregarán el país a las transnacionales. La mayoría de los jóvenes que salieron a la calle el 11 de Julio no lo hicieron para derrocar al Gobierno: ejercieron su legítimo derecho a la protesta. Recientemente, en medios de la prensa estatal se hizo énfasis que el derecho a manifestarse en Cuba es legal. ¿Qué sucedería si cientos de jóvenes salieran a manifestarse con banderas rojas, exigiendo la construcción del socialismo en libertad? ¿Dónde estarían los jóvenes oportunistas? ¿Saldrían con palos a golpear a los manifestantes o estarían junto a quienes exigirían más socialismo y más libertad? Castigar es la mejor manera de demostrar obediencia. Ambas citas han sido tomadas del libro de León Trotski “Stalin. Una valoración del hombre y su influencia”. Editorial Fontamara, México, 2017 p. 479 Ilustración: Kazimir Malevitch Comunistas solo se responsabiliza por los artículos publicados a nombre de su Comité Editorial.

Luego de dos años de Fernández-Fernández nos encontramos con una mayor degradación de las condiciones de vida, y más de la mitad de la población sumergida en la pobreza. El ajuste fiscal, a pesar de los gastos por la pandemia, es record. La expectativa de que con el fin del macrismo se terminaban las penurias y recuperábamos el salario está agotada. Mientras la enorme riqueza social generada por los que trabajamos, es acaparada por los bancos, fondos de inversión, industrias y monopolios. Quienes vivimos del trabajo o jubilación (un salario diferido) nos sumergimos cada vez más bajo la canasta de pobreza, incluso teniendo empleo. La economía es orientada a satisfacer al FMI, los bancos, los acreedores de la deuda, pero no a las necesidades populares. ¿Recuperación? Con todos los niveles estatales en bancarrota, el FMI exige para refinanciar la deuda (y que se siga pagando), más ajuste: quitar subsidios a las tarifas, reforma laboral orientada al monotributo y la precariedad, y una reforma previsional que consolide las jubilaciones de indigencia. Esta será la agenda del Congreso electo, al que el FMI ya exige la aprobación del nuevo acuerdo, porque necesitan reunir la autoridad política para aplicar la agenda del ajuste. Para esto piden el voto, los partidos y referentes de un lado y otro de la grieta, libertarios incluidos: todos unidos votaran en el Congreso este nuevo ataque a nuestras condiciones de vida, y para la tribuna quedaran las descalificaciones de la campaña. ¿y por otro lado? Un régimen social que nos hunde cada vez más en la miseria no da lugar para reformas progresivas o expectativas de mejores proyectos de ley. La agenda del salario mínimo equivalente a la canasta familiar, el fin de la precariedad laboral, planes de vivienda contra el hacinamiento son nuestras aspiraciones vitales, pero incompatibles con esta agenda. Qué hacer No hay bancada parlamentaria que pueda quebrar esta orientación social, por más diputados que tenga. De lo que se trata, es de cambiar el fiel de la balanza política mediante la movilización popular. Es lo que sucede en Chile, Colombia, y fermenta en toda América Latina. Este es nuestro punto de partida. Organizar y desarrollar una vasta movilización popular que derribe el acuerdo con el fondo y el ajuste. Es así como los trabajadores impusieron históricamente sus derechos, la lucha de las mujeres por el aborto legal y contra la violencia es el ejemplo reciente. Este rol que jugamos en la campaña es el que tendríamos de ser electos: utilizamos nuestro lugar como caja de resonancia. Al saqueo, le oponemos una orientación estratégica para el desarrollo nacional que solo es posible rompiendo con el FMI, y con la reapropiación de la riqueza nacional que fugan como “ganancia”, y que luego prestada al Estado, es retribuida a tasas usurarias. Mientras el arco sindical acompaña el ajuste, firmando paritarias y actas a la baja, incluso cuando las compañías aumentan sus ganancias, los compañeros de la Naranja Mayoría que somos candidatos, al igual que en el gremio, seremos un factor de reagrupamiento. No hay voto más útil que al repudio al acuerdo con el fondo, y a favor de la organización y movilización. Superar las PASO nos permitirá seguir desarrollando este planteo en la campaña. Con este objetivo llamamos a votar las listas de Política Obrera que encabezan Marcelo Ramal en CABA y Jorge Altamira en provincia de Bs As, e integradas por luchadores obreros que son un factor y un canal de organización para luchar contra los recortes de salarios, salud, jubilación, y educación.

La campaña electoral del 2021 se ha caracterizado por el palabrerismo. En contraste con eso, en los barrios más pobres de la Capital, cientos de trabajadoras, desocupadas, madres, estudiantes, luchadoras, compañeras, se han puesto a la cabeza de una inmensa campaña política por difundir las posiciones y los candidatos de Política Obrera. Con las delegadas y delegados de las asambleas a la cabeza, ha cobrado fuerza una batalla política contra los inmensos recursos invertidos en publicidad por las restantes fuerzas políticas. Las compañeras del Polo Obrero Tendencia de la Capital han tomado en sus manos la organización y puesta en marcha de gran parte de la campaña de Política Obrera, con iniciativas que surgen desde cada una de las asambleas. Los volantes y los afiches vuelan de las manos de las asambleas. A todas horas salen actividades de pegatinas y volanteos cada día, que inundan los grupos de whatsapp con fotos y videos que reflejan el orgullo de llevar a cabo esta campaña. Las compañeras más antiguas, que han vivido el proceso de la ruptura del PO, sostienen que hace muchos años que no tomaban una campaña con tanto entusiasmo. La inclemencia del tiempo no ha hecho retroceder en lo más mínimo este entusiasmo. Las compañeras y compañeros se las han ingeniado para poder difundir nuestros materiales aún bajo las fuertes lluvias. Salen actividades adentro de estaciones de tren o en otros espacios cubiertos concurridos. Otras actividades se cambiaron de volanteos callejeros a rastrillajes casa por casa para poder repartir los volantes. Las afichadas salen igual bajo la lluvia, cosa pocas veces vistas. Las asambleas han mejorado la preparación de los materiales para poder pegar los afiches sobre carteleras mojadas. No hay forma de que se convenzan las compañeras de suspender una actividad. Las asambleas han redoblado la apuesta en los últimos días de la campaña, “para que ningún material se desperdicie”. Han salido todo tipo de actividades, no sólo en sus propios barrios, sino que han salido a recorrer otros barrios de la capital. Se han arrimado a estaciones de tren y a los barrios más al borde de la capital, donde se pegaron afiches de provincia para los trabajadores que pasan por esos lugares. Las asambleas reclaman día a día mayor cantidad de materiales de capital y de provincia que se les acaban enseguida, con decenas de actividades por día. La escasa aparición de nuestra lista en los medios, a comparación de otras listas con millonarios recursos, se contrarresta con la visibilidad que el Polo Obrero Tendencia le ha dado a nuestra campaña. El entusiasmo y la convicción que reflejan las compañeras y compañeros del Polo demuestra un enorme salto político que está dando un sector de la clase obrera. La última campaña que queda por delante es la de cuidar los votos que hemos conseguido con esta enorme campaña. Luego de tanto esfuerzo, no podemos permitir que los punteros de toda índole anulen nuestra presencia en el cuarto oscuro con los métodos más miserables. Distintas fuerzas van a querer silenciar al único partido que ha colocado en esta campaña electoral el eje del que nadie quiere hablar: la vuelta del FMI a través de un acuerdo que traerá más ajuste. El Polo Obrero Tendencia se ha puesto en campaña para conseguir la mayor cantidad de fiscales que se pueda para defender el voto por esta orientación política. ¡Vamos, compañeras y compañeros!

Todos los diarios nacionales han publicado la crisis en seguridad que asola a la provincia de Santa Fe, especialmente a la ciudad de Rosario. Esta semana, han sido asesinadas seis personas en menos de 20 horas. Todo indica que fueron crímenes cometidos por las principales bandas del narcotráfico. Limitar estos sucesos a una sección de policiales sería una miopía política, porque estos episodios deben ser caracterizados en un cuadro de aguda descomposición social y crisis política. Los periodistas llaman "Sinaloa" -en referencia a la ciudad mexicana que es sede de uno de los mayores carteles del narcotráfico del continente- a Rosario, por el desarrollo del crimen organizado, "in crescendo" desde aproximadamente 2009 y que atravesó a todos los gobiernos ´socialistas´ del Frente Progresista. Dicha situación comenzó a vislumbrar la complicidad, ya sea por omisión, como activamente (tal lo fue el caso del Jefe de Drogas Peligrosas de la policía, Hugo Toniolli, hoy condenado) de la responsabilidad del Estado en la proliferación de estas actividades prohibidas. Las instituciones como la policía y el poder judicial se complementan con la constitución de Casinos y otros establecimientos de lavado de dinero que, hasta los años mencionados, no existían en muchos puntos de la provincia. Lo que se manifiesta en las calles y en los medios de comunicación son principalmente la punta de un iceberg que simboliza la decadencia del capital que busca maximizar sus recursos mediante asociaciones ilícitas en la provincia exportadora por excelencia y la irrefrenable criminalización del Estado, especialmente de su aparato represivo. Los crímenes perpetrados han emplazado a todas las fuerzas en presencia, dentro y fuera de los límites provinciales. En primer lugar al gobierno de Perotti, que ha solicitado con el aval de Fernández, el envío de fuerzas de seguridad federales para expandir lo que llaman "prevención" del delito que no es más que la militarización de los barrios. Ante el reclamo, la ministra Frederic no tuvo reparos en indicar que la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes no era lo suficiente como para justificar esa serie de medidas. Afirmó que la tasa de homicidios en CABA es superior a la de Rosario, lo que provocó la reacción airada de Larreta y Santilli. Por su parte, el ´sheriff´ Berni concretó un operativo en Rosario, en un territorio cuya competencia le es ajena, sumando un nuevo choque entre el ministro bonaerense "que trabaja" y la antropóloga, abanderada de la seguridad democrática. Sobre este entuerto se busca provocar un cambio en el gabinete. Perotti expuso otros ámbitos dónde se resquebraja el FdT a horas de la veda electoral y que una derrota en su interna como algunas encuestas se animan a vislumbrar podría precipitar oficialmente el descalabro de su gobierno a dos años de finalizar el mandato. Ante semejante crisis, el Frente Progresista ofreció consagrar un acuerdo provincial, argumentando que está temática sobrepasa las barreras partidarias y de las gestiones, por lo cual es necesario el consentimiento unánime de las fuerzas en presencia. Pero esto bien visto, se asemeja al resguardo de la gobernabilidad provincial, dónde las responsabilidades políticas se distribuyen entre oficialistas y opositores. La implosión del FdT, de trasferirse al conjunto del régimen, sería un salto cualitativo a la ya medrada "institucionalidad". El Ministerio Público de la Acusación insiste en imputar a Armado Traferri como jefe político de una asociación ilícita sobre el juego clandestino, lo que ha dividido al poder ejecutivo de la provincia. Es fundamental tomar consciencia de la magnitud del naufragio en el que está zozobrando el régimen político.

El debate sobre la legalización de la marihuana siempre fue intenso en las filas del partido obrero, el contexto de las marchas nacionales por la legalización de la marihuana siempre despertaba interés. Las fuerzas que integran el FIT-U entre otras participaban orgánicamente. Una nota de Katerina Matsas publicada en prensa obrera en 2009 titulada “Legalización de las drogas: un llamado a la apatía política (y un fraude)”. Disparó un debate dentro del partido sobre la legalización en donde aparecieron posiciones que eran, en esencia, regulacionistas. La nota de Matsas termina planteando “Contra la reaccionaria política de penalización y represión de los adictos, así como contra la manipulación liberal y demagógica del problema social de la adicción a las drogas mediante su legalización y perpetuación en beneficio del dominio capitalista, necesitamos una política realmente radical y emancipatoria, de comunidades terapéuticas basadas en una filosofía revolucionaria y una práctica de liberación social, apoyada por un gran movimiento social y popular contra el sistema capitalista, responsable de generar la presente tragedia humana, que incluye la tragedia de nuestros hermanos y hermanas atrapados en la adicción a las drogas”. 1 Las posiciones regulacionistas eran bastante fuertes en este debate y ya hablando del partido estaban arraigadas en la juventud al punto de llamar a las posiciones mayoritarias oscurantistas 2 y participar sin banderas en las marchas por la legalización de la marihuana. 3 La posición que aduce Nicolas M. como nueva, en la nota publicada en política obrera 4, en realidad no lo es, el debate nunca fue zanjado y las posiciones regulacionistas siguieron siendo reproducidas en los debates internos y en la prensa. El cambio de posición queda oficializada luego de la expulsión masiva de militantes en 2019, planteado por Guillemo Kane en una nota de febrero de 2020 donde dice “(…) La legalización bajo el capitalismo, como la que promueven funcionarios del actual gobierno o la que ha avanzado en Holanda, Uruguay o una buena parte de Estados Unidos, operará en el marco de la brutal alienación que vive toda la población explotada bajo el capitalismo. (..) La libre disponibilidad de drogas será otra fase de descomposición social capitalista. La salida no es la persecución a quienes lo consumen sino la investigación científica, la información sanitaria para la población y la cobertura del sistema de salud. En ese sentido defendemos la legalización”. 5 En la campaña presidencial del 2015 y posteriormente Nicolás del Caño y el PTS planteaban una legalización radical de todas las drogas defendiendo el consumo personal. Es claro que bajo consignas que parecen transicionales la fracción oficial del partido se ha amalgamado al programa democratizante del morenísmo y el kirchnerismo. https://prensaobrera.com/politicas/legalizacion-de-las-drogas-un-llamado-a-la-apatia-politica-y-un-fraude/ https://prensaobrera.com/sociedad/una-posicion-oscurantista-sobre-las-drogas/ https://prensaobrera.com/correo-de-lectores/opinan-nuestros-lectores-16/ https://politicaobrera.com/correo-de-lectores/5521-el-partido-obrero-o-y-las-drogas-esta-no-es-la-postura-del-partido-que-yo-conoci https://prensaobrera.com/sociedad/que-posicion-debemos-tomar-los-revolucionarios-sobre-la-legalizacion-de-la-marihuana/

Debido a la crisis habitacional, las tomas de tierras son una herramienta cada vez más recurrente en la lucha de la clase obrera. La de la villa 21-24 fue la más reciente; hace largos meses tuvo lugar la toma de terrenos en Guernica. No sólo son desocupados los que llevan a cabo las tomas; los trabajadores ocupados, cuyo salario no les alcanza para un alquiler, se ven empujados a la ocupación de tierras, en la expectativa de construir su vivienda. La capacidad productiva existe para construir existe, como lo prueban los grandes proyectos inmobiliarios; la construcción privada es el rubro que más ‘rebotó’ en la fase reciente de la pandemia. La mano de obra está disponible en abundancia. ¿Qué impide resolver el problema de la vivienda en CABA? El acaparamiento del suelo por los monopolios, el negocio bancario y el lucro industrial. La vivienda, en las grandes y pequeñas metrópolis es inaccesible. Se ha extendido el área de terrenos sobre el Río de la Plata, para fomentar la construcción de barrios de torres, a lo largo de toda la costa – de La Plata a Zárate. El libro de Engels, Contribución al problema de la vivienda, escrito entre 1872 y 1873, viene muy a propósito de todo el asunto. El texto describe las viviendas obreras en el régimen capitalista como “focos de epidemias, que no cesan de reanudarse” - “El cólera, el tifus, la fiebre tifoidea, la viruela y otras enfermedades devastadoras esparcen sus gérmenes en el aire pestilente y en las aguas contaminadas de estos barrios obreros. Aquí no desaparecen casi nunca y se desarrollan en forma de grandes epidemias cada vez que las circunstancias les son propicias”. A pesar de toda la legislación burguesa por mejorar las condiciones sanitarias de los barrios, no dieron ningún resultado. En el momento en que el autor escribía esas líneas, se estaban desarrollando debates en Alemania y en otros países de Europa acerca de cómo resolver la crisis de la vivienda en una etapa de poderoso desarrollo industrial. Engels señaló que el capitalismo no podía resolver el problema de la vivienda, sino que incluso era un causante de esta crisis: “En Inglaterra, la construcción de viviendas obreras al lado de cada gran fábrica rural y simultáneamente con ella, ha sido regla general desde hace 60 años y aún más. Como ya hemos señalado, muchos de estos pueblos fabriles se han convertido en el centro alrededor del cual se ha desarrollado más tarde una verdadera ciudad industrial, con todos los males que ésta implica. Tales colonias, pues, no han resuelto el problema de la vivienda; en realidad, ellas lo han provocado por vez primera en sus respectivas localidades.” Engels arremetió primero contra la “generosa” política capitalista de construcción de viviendas para que sus obreros puedan alquilar cerca de su trabajo. Por eso explicó que “(...) los fabricantes ingleses, los propietarios de minas y de fundiciones conocían ya por experiencia la presión que podían ejercer sobre los obreros en huelga, cuando eran a la vez propietarios arrendadores de estos obreros”. Luego explicó cómo, aún contando con una vivienda en condiciones, esta mejora en la vida del obrero se le vuelve en contra bajo el régimen capitalista: “Supongamos que en una región industrial determinada sea normal que cada obrero posea su propia casita. En este caso la clase obrera de esta región está alojada gratuitamente; los gastos de vivienda ya no entran en el valor de su fuerza de trabajo. Pero toda disminución de los gastos de producción de la fuerza de trabajo, es decir, toda reducción por largo tiempo de los precios de los medios de subsistencia del obrero equivale, «en virtud de las férreas leyes de la doctrina de la economía nacional», a una baja del valor de la fuerza de trabajo y lleva, en fin de cuentas, a una baja correspondiente del salario. El salario descendería así, por término medio, en una cantidad igual a la economía realizada sobre el alquiler corriente, es decir, que el obrero pagaría el alquiler de su propia casa, no como antes en dinero al propietario, sino bajo la forma de trabajo no pagado que iría al fabricante para el cual trabaja. De esta manera, las economías invertidas por el obrero en la casita se convertirían, efectivamente y en cierta medida, en capital, pero no para él, sino para el capitalista de quien es asalariado”. Con estos argumentos, Engels golpeaba con fuerza las propuestas “cooperativistas” que buscaban en las mutuales obreras y la ayuda estatal una salida a la crisis habitacional de la clase obrera. Engels pregunta: “Pero, ¿de dónde procede la penuria de la vivienda? ¿Cómo ha nacido? Como buen burgués, el Sr. Sax debe ignorar que es un producto necesario del régimen social burgués; que no podría existir sin penuria de la vivienda una sociedad en la cual la gran masa trabajadora no puede contar más que con un salario y, por tanto, exclusivamente con la suma de medios indispensables para su existencia y para la reproducción de su especie; una sociedad donde los perfeccionamientos de la maquinaria, etc., privan continuamente de trabajo a masas de obreros; donde el retorno regular de violentas fluctuaciones industriales condiciona, por un lado, la existencia de un gran ejército de reserva de obreros desocupados y, por otro lado, echa a la calle periódicamente a grandes masas de obreros sin trabajo; donde los trabajadores se amontonan en las grandes ciudades y de hecho mucho más de prisa de lo que, en las circunstancias presentes, se edifica para ellos, de suerte que pueden siempre encontrarse arrendatarios para la más infecta de las pocilgas; en fin, una sociedad en la cual el propietario de una casa tiene, en su calidad de capitalista, no solamente el derecho, sino también, en cierta medida y a causa de la concurrencia, hasta el deber de exigir sin consideración los alquileres más elevados. En semejante sociedad, la penuria de la vivienda no es en modo alguno producto del azar; es una institución necesaria que no podrá desaparecer, con sus repercusiones sobre la salud, etc., más que cuando todo el orden social que la ha hecho nacer sea transformado de raíz. Pero esto no tiene por qué saberlo el socialismo burgués. No se atreve en modo alguno a explicar la penuria de la vivienda por razón de las condiciones actuales. No le queda, pues, otra manera de explicarla que por medio de sermones sobre la maldad de los hombres, o por decirlo así, por medio del pecado original”. En la actual campaña electoral, el paladín de los libertarios, Javier Milei, vuelve a plantear que el capitalismo soluciona por sí sólo todo este tipo de problemas. El candidato ha visitado la villa 31 y en una reciente entrevista planteó que la pavimentación de las calles se puede lograr con la privatización de las mismas, por lo que cada peatón o automovilista debería pagar por pisar la calzada, con variación de la tarifa de acuerdo al lugar donde transite. El tipo que juró por su honor no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes, ya encontró una gabela que no se le había ocurrido hasta ahora a ningún populista. La pavimentación, sin embargo, y su consecuencia, la urbanización de las villas, aumentaría potencialmente el valor del suelo; con bajos salarios o desocupados, los dueños de las casillas precarias venderían su ‘propiedad’ al mejor postor, y partiría hacia lugares tan pobres como el que dejó. La Villa 31, especialmente, se convertiría en un espacio para el capital inmobiliario y la salida de sus vecinos. El Estado ha retrasado las urbanizaciones porque destina el dinero al pago de la deuda pública, y por otro lado, porque no ha ofrecido suficiente ‘confianza’ de su capacidad para sostener una corriente de capitales hacia ese destino. Los hacinamientos no concluirían, sino que se desplazarían hacia otras zonas. Caba no es un territorio de industrialización sino de alejamiento de industrias, que son sustituidas por servicios financieros y tecnológicos, y por el turismo. En este aspecto, las tomas de tierras representan un ariete de la clase obrera contra la crisis habitacional generada por el capitalismo. El Estado (y muchos medios de comunicación) arremete contra ellas, a las que denuncia como una violación al derecho de propiedad. La crisis capitalista, sin embargo, se encarga por sí sola de violar ese derecho. En la mayoría de los casos de ocupación, el estado las deja libradas a si mismas, con la conciencia de que los ocupantes no tienen medios para construir vivienda, y menos aún una urbanización. Las tomas de tierras deben servir para impulsar coordinadoras barriales y comenzar a debatir una salida de fondo. El éxito en una lucha por vivienda sólo brindarlo un gobierno de trabajadores. Las palabras finales de este texto se las dejamos a Federico Engels: “He aquí un ejemplo elocuente de la manera cómo la burguesía resuelve en la práctica la cuestión de la vivienda. Todos estos focos de epidemia, esos agujeros y sótanos inmundos, en los cuales el modo de producción capitalista encierra a nuestros obreros noche tras noche, no son liquidados, sino solamente... desplazados. La misma necesidad económica que los había hecho nacer en un lugar los reproduce más allá; y mientras exista el modo de producción capitalista, será absurdo querer resolver aisladamente la cuestión de la vivienda o cualquier otra cuestión social que afecte la suerte del obrero. La solución reside únicamente en la abolición del modo de producción capitalista, en la apropiación por la clase obrera misma de todos los medios de subsistencia y de trabajo”.

El cierre de la campaña electoral puso de manifiesto el compromiso de todos los partidos del régimen -de los ´nacionales y populares´ a los ´libertarios´- con una reforma laboral. Se han pronunciado en forma expresa Rodríguez Larreta-Vidal, Randazzo y hasta Ricardo Alfonsín. La ´reforma laboral´ forma parte de las ´reformas estructurales´ que demandará el acuerdo con el FMI y se encuentra en la agenda del gobierno, aunque sus voceros intenten disimularlo en campaña. La cuestión se instaló con fuerza en el último tramo. “La salida de la pandemia se presenta para el sector privado como la oportunidad para rediscutir el marco legal laboral y semana a semana surge una nueva propuesta. El Gobierno buscará esta semana ganar esa agenda y analizará con sectores afines medidas para la próxima década. Uno de los puntos que los empresarios tienen en cuenta es que el Gobierno negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se apela a la generación de empleo desde el sector privado” (El Cronista, 22/8). Luego de los cruces con la UIA por la vacunación, sigue el diario, el Gobierno pasó de página con la UIA "a una agenda de propuestas", que buscará plasmar en un "Congreso de la Producción y el Trabajo". “El Congreso, del que participarán empresarios como Daniel Herrero de Toyota, José Martins del Consejo Agroindustrial, y desde los gremios Antonio Caló por la UOM, Ricardo Pignanelli de Smata y Gerardo Martínez de Uocra, entre otros. Busca fijar los ´lineamientos para construir un modelo que ponga a la producción y el trabajo argentino como eje central de la reconstrucción´ pospandemia en una agenda de largo plazo” (ídem). El eje de la ´reforma laboral´ sería la eliminación de la indemnización por despido, aunque no exclusivamente. El parlamento brasilero acaba de darle media sanción a un proyecto que crea nuevas modalidades de contratación precaria, sin seguro de desempleo, aguinaldo, vacaciones pagas, derechos sindicales y aportes, por salarios equivalentes al salario mínimo. También se prevé la extensión de la jornada laboral y una reducción en el pago de horas extras en gremios que cuentan con estatutos especiales (minería, bancarios, periodistas, entre otros). Esta ofensiva comenzó el año pasado sobre los trabajadores del Correo, que dieron pelea con una huelga. En Argentina, la burguesía apelará a la excusa de ´compatibilizar´ la oferta laboral con la competencia del país vecino para ´atraer inversiones´. Rodríguez Larreta fue explícito a la hora de plantear la eliminación de la indemnización por despido. Propuso reemplazarlo por un seguro de desempleo similar al que rige en la UOCRA. Lo reivindicó como una ´creación´ autóctona de empresarios y burócratas. Consiste en una “prestación” por la cual el trabajador recibe, por cuatro meses, el 50 % del salario en mano cobrado durante los últimos seis meses anteriores al despido. Durante los cuatro meses siguientes, ese porcentaje se reduce al 85 % de los cobrado en los primeros cuatro. Los fondos son aportados por el empleador y sólo acceden a ella los trabajadores que hayan trabajado al menos 8 meses en blanco durante los dos años anteriores al despido. Martínez, el mandamás del sindicato de la construcción, recordemos, es uno de los invitados destacados al congreso de “la producción y el trabajo” que proyecta el gobierno. Por su parte, el empresario ´albertista´, el textil Teddy Karagozian, aportó su propuesta, llamada la “mochila argentina”, a la que adhieren otros grupos capitalistas. Propone que las empresas paguen un “seguro de indemnización”, equivalente a entre el 2% y el 8,8% de la masa salarial, según el promedio de antigüedad de sus empleados. Lo cobrarían todos los trabajadores, con motivo de que renuncien, sean despedidos, decidan tomar licencia o se jubilen. El trabajador despedido, en este caso, dejaría de cobrar la indemnización completa para cobrarla de manera mensual, por un monto equivalente al salario que tenía, en la empresa, a razón de un mes por año trabajado. Los fondos serían administrados por Anses. Además de la cuotificación de las indemnizaciones, la propuesta de Karagozian abarata el despido de los trabajadores mayores. “En muchos casos, los mayores de cincuenta conservan sus empleos principalmente por el alto costo indemnizatorio. Con la Mochila se elimina ese desincentivo, la probabilidad de ser despedidos aumenta y nada se hace con las alternativas para una nueva contratación. Así, es esperable que de aprobarse la Mochila el desempleo en mayores de cincuenta aumente” (elpaisdigital.com.ar, 8/9). Por otra parte, si las empresas pagan entre 2 y 8,33 por ciento de la masa salarial como contribución al fondo de la Mochila, indudablemente este no va a alcanzar para pagar lo prometido a todos los trabajadores. “Hay dos opciones posibles: o los trabajadores perciben menos que lo que les corresponde o el Estado, administrando desde ANSES el fondo, paga la diferencia. Entendiendo que en la propuesta lo que parece imponerse es esta segunda opción (de manera implícita, ya que se afirma cuánto cobrarán los trabajadores y cuánto pagarán los empresarios, pero no se explicita que esos montos no son equivalentes), la Mochila no es otra cosa que un subsidio a las indemnizaciones para las empresas más antiguas, que puede provenir tanto del Estado como de las empresas más nuevas” (ídem). El año pasado, cuando la Cámara de Diputados discutía la reglamentación del teletrabajo, Facundo Moyano picaba en punta en apoyo a esta variante patronal de inspiración austríaca. En plena sesión, Moyano se preguntaba: “Tenemos que animarnos a hablar del fondo de desempleo, de la mochila austríaca, que fueron propuestas de partidos de centro izquierda y centro derecha en España. ¿Por qué nos vamos a limitar, inclusive yo proviniendo de las filas sindicales, de reconocer un problema que inevitablemente tiene que tener una solución?" (iProfesional, 1/7). La eliminación de la indemnización por despido, según sus auspiciantes, es ´un estímulo a la generación de empleo´ (“Nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste”, dijo Larreta) y apunta a reducir la litigiosidad laboral. Durante la ´década ganada´ de los K, el trabajo precario se generalizó a niveles inauditos. Prácticamente el 20% de la fuerza laboral activa es monotributista, no recibe aportes patronales -el monotributista paga sus propias cargas sociales-, ni goza de aguinaldo y vacaciones pagas. Sin embargo, en un juicio laboral, se reconoce una relación laboral de hecho, especialmente cuando los servicios son facturados a un único empleador. La ´formalización´ de este vínculo entre el trabajador y la patronal apunta a consolidar el despojo definitivo del primero. En el mismo sentido, el reciente fallo de la Corte Suprema, dándole validez a los díctamenes de las “Comisiones Médicas” de cuño patronal para zanjar reclamos en caso de accidentes o enfermedades laborales, es una fuerte señal “institucional” en el sentido de que la liquidación de derechos laborales que se está cocinando tendrá respaldo jurídico. La remodelación política de la Corte que se está tramitando en el Palacio de Tribunales -que incluiría el relevo del macrista Rosenkrantz por el peronista Rossati- sin duda estará ligado a apuntalar el blindaje jurídico de las ´reformas estructurales´ asociadas al acuerdo con el Fondo. Además de la reforma laboral, en materia previsional, están en agenda el aumento de la edad jubilatoria, la reducción del haber inicial, la eliminación de los llamados “regímenes especiales” y el regreso a los fondos de capitalización – remedo de las viejas AFJP. Esto es lo que está en juego en estas elecciones.

A raíz del debate suscitado en nuestro correo de lectores y redes sociales acerca de la posición frente al consumo de drogas y su legalización, reiteramos el presente artículo, publicado como editorial de Prensa Obrera el 3 de septiembre de 2009. Su autora, Katerina Matsa, es psiquiatra, directora de la Unidad de Drogadependencia «18 ANO» del Hospital Estatal de Salud Mental de Attica, Atenas, y miembro del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Grecia. En la medida en que un número cada vez mayor de jóvenes de todos los países del mundo se vuelcan al uso de drogas psicotrópicas de todo tipo, se plantea la pregunta crucial: ¿qué hace que estos sensibles jóvenes jueguen a esta ruleta rusa, en una obsesión mortal que se repite diariamente con todos sus costos y que los lleva a perder su propia esencia humana a través de un doloroso proceso? Muchas razones, que actúan en muchos niveles (psicológico, económico, político, social), empujan a los individuos más desesperados, usualmente durante la adolescencia temprana, a buscar una vía de escape a su insoportable rutina personal a través del uso de una droga psicotrópica, iniciándose con cannabis o alcohol, o con ambos. La búsqueda de experiencias nuevas y sensaciones intensas, imitar a sus pares, la curiosidad, el fácil acceso a las drogas, la atracción de lo prohibido y lo peligroso, la necesidad de provocar al conservadurismo de la familia y la sociedad: todos estos factores pueden jugar un papel para que el o la joven decidan consumir una droga. Pero para que una persona se vuelva adicta no es suficiente con probar. Se necesita consumir sistemáticamente la droga, en un proceso que tiene sus raíces en la necesidad imperativa de «escapar» de una realidad insoportable (personal, familiar y social), la cual es una fuente de malestar que lo condena a una vida sin sentido. En estas condiciones, las drogas funcionan como «un vehículo de escape», que aparece como «una solución» a sus problemas insolubles. Por lo tanto, la decisión personal de consumir drogas es producto de un impasse, de la incapacidad de la persona para encontrar alguna otra salida para su crisis, cayendo progresivamente en la adicción como un modo de vida definitivo. El consumo de drogas y la adicción se han convertido en una necesidad artificial (llamada «neonecesidad» por los psicólogos). Desde este punto de vista, la adicción parece una caricatura de la evolución de la civilización humana en dirección de la construcción de «neonecesidades» en lugar de las necesidades humanas reales, es decir: del desarrollo de su potencial, de su creatividad y de la comunicación interactiva con el otro, humano y naturaleza. Como plantea Marx en los Grundrisse, en tanto el dinero es la necesidad imperativa que funciona como coagulación de todas las relaciones humanas, las necesidades de muerte dominan los deseos y necesidades de vida. Una necesidad de vida es la necesidad de interacción, de comunicación con los otros (no sólo de información sino, sobre todo, de experiencias), de creación colectiva dentro del devenir social. Sólo en este contexto puede desarrollarse la personalidad humana, integrada y sentimentalmente madura, para poder lograr su autonomía como ser social, para llegar a constituir la individualidad social libre de la sociedad comunista. La autonomía y la libertad personal sólo pueden existir dentro de una comunidad liberada, a través de la emancipación humana universal y la más alta conciencia de la necesidad natural y de su trascendencia histórica. La «neonecesidad» de droga – una necesidad compulsiva, artificial y que consume al individuo– , viene a destruir toda otra necesidad y deseo, bloqueando la comunicación de experiencias con otros seres humanos, condenando al consumidor de drogas al extrañamiento del otro y al de su propio yo, de sus propios sentimientos, de la capacidad de expresar su potencial en la vida social y cultural, de buscar y encontrar el verdadero significado de una vida completa como sujeto en la historia. El efecto de la droga perturba la conexión necesaria entre el sujeto y el mundo objetivo, el diálogo necesario entre el ser humano y la naturaleza. Frena la necesaria acción social, no sólo durante el momento de consumo de la droga. Es un proceso de cambio del funcionamiento del individuo en el mundo, un proceso de total extrañamiento y destrucción de la subjetividad. En el presente período histórico, con el individualismo, el consumismo, el cinismo, el pesimismo y el extrañamiento que conforman las principales características de la decadente civilización capitalista, reproducidas por la ideología dominante, el proceso de subjetivización y socialización de una persona está bloqueado, ya que el lazo social humano ha perdido todo significado y está quebrado. Este proceso de aniquilación se convierte en fuente de un inmenso dolor físico, que torna al individuo vulnerable, inseguro y dependiente de sus padres o de los otros importantes, viviendo en un estado de continua chatura, insatisfacción y un sentimiento de vacío interior que persiste psíquicamente, incluso si el individuo consume grandes cantidades de bienes de todo tipo. El consumo de drogas representa su continua búsqueda de todo lo que falta en su vida, de toda fuente de satisfacción, de todos los medios de liberarla o liberarlo del sufrimiento, el dolor y la soledad. Las drogas, fetichizadas desde los medios masivos de comunicación y la narcocultura dominante, se presentan como la «salida» de una realidad infernal en lo personal, familiar y social. Toman gradualmente el lugar de «todo lo que importa» en esta vida miserable. Un sustituto artificial que reemplaza a la vida con su simulacro y, más allá, a la militancia política con la apatía política y la indiferencia social, evitando toda forma de lucha contra la pobreza, el desempleo, la represión, la inequidad social y la miseria. El síndrome a-motivacional, característico del consumo continuo de cannabis, es un ejemplo del aspecto político del problema, pues da forma a una vida alejada de cualquier tipo de interés en la política y en la vida real. Esta es una cuestión crucial para una juventud que enfrenta problemas vitales como el desempleo, la pobreza y la agresión. Vivir en el mundo artificial de las drogas permite que las clases dominantes tengan el camino libre para tomar cualquier medida de austeridad y violar todos los derechos democráticos, políticos y sociales de la juventud sin temer reacciones serias. Pero además del aspecto político del problema, está el aspecto económico. Las drogas son una fuente de inmensa riqueza, una mercancía que los capitalistas desean ver ingresar al mercado capitalista. Por esta razón, Milton Friedman, el Papa del neoliberalismo y mano derecha de Pinochet, realizó una campaña junto al semanario conservador británico, The Economist, a favor de la legalización de las drogas. Lo que importa para la clase dominante es el sagrado mercado capitalista y sus leyes. La legalización de las drogas, según Friedman, transformará a las drogas en una mercancía como cualquier otra, con las consiguientes ganancias legales y los consiguientes impuestos legales. Lo que se omite en este argumento es que se trata de una mercancía tan particular, con tanta demanda desde todas las zonas del mundo, que es imposible controlar la poderosa economía en negro que funciona codo a codo con la economía legal. El ejemplo más obvio es el tamaño inconmensurable del mercado negro de cigarrillos en todo el mundo, totalmente imposible de controlar. En relación al conocido argumento de que la legalización involucra sólo drogas para consumo personal, hay dos cuestiones cruciales a plantear: en primer lugar, en casi ningún caso se consume una droga sola. El principal fenómeno de nuestra época es el consumo de múltiples drogas (politoxicomanía). ¿El consumo de cuántas drogas se legalizará? ¿En qué cantidad? Segundo, una parte constitutiva del proceso de consumir drogas es el acto de iniciación, el acto de intercambiar. «Consumo personal» existe sólo cuando alguien se inicia en el consumo, durante un muy breve período, ya que toda droga psicotrópica se caracteriza por la necesidad de aumentar continuamente la dosis personal (lo que científicamente se conoce como «tolerancia»), lo que lleva al consumidor a buscar inevitablemente dosis mayores, así como otras drogas para lograr un efecto de «estupefacción». Al hablar de acción psicotrópica, debemos hacer hincapié en que la mayoría de los casos de adicción se ven precedidos por el uso simple y sistemático de la droga, ya que la adicción no es una enfermedad en el sentido médico del término. Constituye un fenómeno social multifactorial, que crea determinado modo de vida, de pensamiento, de funcionamiento y de comportamiento. Si tomamos el ejemplo de Holanda, donde el consumo personal de cannabis está permitido en lugares especiales (los ‘coffe-shops’), podemos observar claramente la impasse de la aplicación de un status de legalización de las drogas. Es bien sabido que Holanda se ha transformado en el mayor mercado de drogas (heroína y cocaína) de Europa. Más aún, quizás el consumo de cannabis se encuentre bajo control, ¡pero el consumo juvenil de otras drogas psictrópicas como las anfetaminas (éxtasis, etc.) ha aumentado! Y finalmente, pero no menos importante, Holanda es un país en el que la política de «un instrumentalismo gerencial», que otorga la mayor importancia a los costos y a la eficiencia, es al mismo tiempo una política de estricto control social por parte de las autoridades, que colocan bajo la vigilancia de los servicios sociales a los inmigrantes, la juventud, las familias «problemáticas» y a todo «sospechoso» de desviación de cualquier tipo, con el fin de «normalizar» el comportamiento de acuerdo a las «reglas sociales» de esta sociedad unidimensional en crisis. ¿Vale la pena luchar por este tipo de vida? Además, el uso de toda droga, inclusive de las «blandas» como el cannabis, puede producir problemas psiquiátricos serios (inclusive de tipo psicótico). Es interesante que la junta editorial del conocido diario británico The Independent se haya disculpado el año pasado con sus lectores por haber realizado durante muchos años una campaña a favor de la legalización de las drogas, mientras que la investigación científica demostró que el uso sistemático, incluso de drogas «blandas», está interconectado en la mayoría de los casos con trastornos psiquiátricos. Indudablemente, es peligroso e incluso catastrófico plantear como contrapropuesta a la legalización, la desastrosa y reaccionaria política de penalización. Pero es igualmente peligrosa la lógica que subyace a la política de despenalización y legalización. Es la lógica «gerencial» de un complejo fenómeno social que se expande en un contexto de malestar social generalizado, que tiene sus raíces en la actual crisis social y cultural del capitalismo. Lo que se presenta como «radical» es, en realidad, muy conservador, porque propone medios legales para «escapar» a las contradicciones sociales y conservar la apatía social y política. En nombre de los «derechos individuales» y particularmente bajo el pretexto del «derecho a disponer libremente de tu cuerpo», la falacia neoliberal y/o centroizquierdista oculta un problema con raíces profundamente sociales y lo manipula para introducir un mecanismo de control social de los oprimidos en condiciones de crisis sistémica, al mismo tiempo que cultiva el individualismo y la apatía, la adaptación al status quo. Contra la reaccionaria política de penalización y represión de los adictos, así como contra la manipulación liberal y demagógica del problema social de la adicción a las drogas mediante su legalización y perpetuación en beneficio del dominio capitalista, necesitamos una política realmente radical y emancipatoria, de comunidades terapéuticas basadas en una filosofía revolucionaria y una práctica de liberación social, apoyada por un gran movimiento social y popular contra el sistema capitalista, responsable de generar la presente tragedia humana, que incluye la tragedia de nuestros hermanos y hermanas atrapados en la adicción a las drogas. Nuestra experiencia de dos décadas de lucha continua en la comunidad terapéutica de «18 ANO», en el Hospital Estatal de Salud Mental de Attica, brinda señales optimistas en esa dirección.

Por segunda semana consecutiva confluyeron este miércoles trabajadores de la salud y docentes en Rawson a reclamar, entre otras cosas, recomposición salarial urgente y reapertura de paritaria. Esta vez se les sumaron judiciales y jubilados del Estado. De todos los sectores llegaron delegaciones desde puntos distantes de la provincia, ya sea cordillera o el sur. Las conducciones sindicales se pusieron de acuerdo para evitar cualquier tipo de deliberación colectiva con las bases. Por lo tanto, las más de mil personas se fueron con un sabor amargo de esta importante movilización. Se volvió a escuchar el reproche de que dieron la “vuelta al perro” una vez más. Quedó nuevamente en evidencia que el cacareo del kirchnerismo sindical tiene propósitos electorales pero sin pretender horadar la débil “gobernabilidad” de Arcioni. Este “pacto social” solo podrá ser roto con una intervención decidida de las bases estatales, ya sea en asambleas impulsadas en los marcos sindicales o en autoconvocatorias, como ocurrió en el pasado reciente, en especial en 2018 y 2019. Por lo pronto, la regional Trelew de la Unión de Asamblea de Comunidades convoca para este viernes a las 18 horas a una movilización contra la megaminería y el ajuste e invita a todos los sectores en lucha. ¡Tenemos que ser miles en las calles contra las políticas de Arcioni y la oposición patronal! El Sindicato de la Salud Pública (SISAP) fue el único del sector que movilizó ayer. Concentraron en el ministerio de Salud a las 10 horas con delegaciones de todo el Valle, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, entre otros puntos. Si bien, como dijimos, el SISAP es el único sindicato que viene realizando acciones de lucha en el sector, y en la actualidad se encuentra llevando adelante un paro de 120 horas horas, en esta oportunidad la actividad tuvo el límite de que no se aprovechó para deliberar en asamblea y, por ende, discutir un plan de lucha. De todas formas, adelantaron que muy probablemente la próxima semana volverán a parar por 120 horas y convocaron a una gran movilización provincial con el resto de los sindicatos para la semana siguiente. Además de recomposición salarial y apertura de paritaria, reclaman el cobro de recategorizaciones adeudadas desde hace dos años por mil millones de pesos, alrededor de dos masas salariales. El Frente de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia del Chubut se unió al SISAP en el ministerio de Salud. Exigen salarios adeudados, recomposiciones salariales y, sobre todo, la defensa de la caja del Instituto de Seguridad Social y Seguros y la obra social Seros. El Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH) concentró en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) a las 10:30 horas a reclamarle que apruebe la acordada emanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de una recomposición salarial. Desarrollaron un paro provincial y se acercaron dirigentes de Esquel y Comodoro Rivadavia, entre otros lugares. Los docentes se reunieron en el Ministerio de Educación a partir de las 11 de la mañana. Hasta el lugar llegó un colectivo con delegaciones de Comodoro Rivadavia y Sarmiento. Además, también se hicieron presentes trabajadores de la Comarca Andina, Esquel, Puerto Madryn y todo el Valle. A diferencia de otras oportunidades, esta vez no esperaron una hora para movilizar, sino que salieron a las 11:30 rumbo al ministerio de Salud para encontrarse con el resto de los sectores. La jornada confluyó con un acto afuera del vallado de Casa de Gobierno en el que solo tomaron la palabra las conducciones sindicales provinciales y un miembro de la Unión de Asamblea de Comunidades. Balance provisorio Las bases de conjunto se fueron descontentas de la jornada. Algunas hicieron entre 400 y 800 kilómetros de viaje para dar la “vuelta al perro”, como suelen denominar a la tradicional maniobra de las conducciones sindicales de marchar sin deliberar plan de lucha con el conjunto de los trabajadores en actividades donde solo tienen uso de la palabra la escueta dirigencia. Esta situación se viene repitiendo desde finales de 2017 y solo fue interrumpida cuando las bases se autoconvocaron y lograron desbordar a las burocracias sindicales, generando graves crisis políticas que pusieron en jaque en más de una oportunidad a Arcioni. Se desprende de lo anterior la necesidad de recuperar los sindicatos para los trabajadores, de involucrarse en las elecciones de delegados y defender las posiciones conquistadas allí donde las hubiera. El escenario para después de las elecciones generales de noviembre será aun más complejo ya que todas las fuerzas políticas patronales se aprestan a firmar en el Congreso de la Nación el acuerdo que se rubricará con el Fondo Monetario Internacional, que implicará contrarreformas previsionales y laborales. El cuadro de rebeliones populares que se vivieron en Chubut en los últimos años ya se está cocinando a nivel nacional. La situación amerita responsabilidad y compromiso. Allí donde las conducciones sindicales sigan “haciendo la plancha”, hay que autoconvocarse como primer paso para la coordinación de las bases. La experiencia ganada por cientos de activistas en los últimos años en la provincia debe ponerse al servicio de reorganizar a los que han mostrado signos de desgaste y sumarlos nuevamente a la lucha. El descontento con las políticas de Arcioni en Chubut y los Fernández-Fernández a nivel nacional es indisimulable y solo es contenido por el rol entreguista de las burocracias sindicales, cierta pasividad producto de la pandemia y una relativa desorganización y atomización de las bases, que se expresa por momentos en una relativa confusión, que será sorteada al calor del crecimiento de las movilizaciones. Es la lectura que parece haber hecho la regional Trelew de la Unión de Asamblea de Comunidades, que no esperará a la realización de las PASO para impulsar acciones concretas: llaman a movilizar contra la megaminería y el ajuste a toda la población y en especial a los sectores en lucha este viernes a las 18 horas en peatonal Gazin. Esta actividad debe ser el puntapié para la unidad y coordinación de todos los sectores afectados por las políticas de los gobiernos y la oposición patronal.

Se cumple 20 años del ataque a las torres gemelas que dejó miles de muertos y heridos en el pleno corazón del capitalismo financiero norteamericano. Cuatro aviones fueron secuestrados y desviados de sus destinos, impactando dos en las Torres y uno en el Pentágono. Estaban piloteados por personas que recibieron entrenamiento en suelo norteamericano y pasaron por arriba durante meses de los “ojos de halcón” de la inteligencia yanqui, que no desconocía la posibilidad de estos atentados y cuyos ideólogos estuvieron en la “mira” de los servicios durante tres décadas (BBC, 6/9). Muchos documentos próximamente desclasificados mostrarían la complicidad de un aliado estratégico de EEUU, Arabia Saudita, en los atentados (The Guardian, 3/9). Antes de que el polvo de estas estructuras bajara del aire en el “ground zero”, EEUU ya tenía armado sus planes de invasión a Afganistán e Irak, que dejarían un saldo de millones de muertos y heridos, y hundió a la región de Medio Oriente en una crisis generalizada. Los acusados por el atentado del 11-S son criaturas de la CIA, formados y pertrechados durante la guerra contra los rusos en Afganistán, decíamos horas después del atentado (Nota de tapa de Prensa Obrera #721, 13/9/01). Una masacre y una derrota Desde el primer momento, en las páginas de Prensa Obrera, alertamos sobre el uso de este atentado para “desencadenar una masacre en el Lejano Oriente”, como efectivamente ocurrió a un costo de 1,3 millones de civiles afganos muertos (Infobae, 9/9). El objetivo del imperialismo y de Bush era “lanzarse a la dominación de una vasta área rica en petróleo y gas. Desde la disolución de la URSS, el imperialismo norteamericano ha puesto sus ojos en las ex repúblicas soviéticas de Asia, desde donde pretende sacar el petróleo hacia el mar Caspio, a través de Turquía, un país de la Otan” (Nota de tapa de Prensa Obrera #723, 27/9/01). Esto desembocó en la “la guerra global contra el terrorismo”, que sufrió su primera derrota por las revoluciones árabes y que ha culminado con el desastre en Afganistán, luego de sembrar muertes por todos lados. Desde Bush hasta Hillary Clinton y el actual presidente Biden, apoyaron esta etapa de guerras. La guerra en Medio Oriente no se dio en el vacío. Este objetivo estratégico tenía como objetivo “desbloquear el empantanado proceso de la restauración capitalista en Rusia. A este objetivo estratégico apuntó y sigue apuntando la dominación de los Balcanes, bisagra entre Europa y el Cáucaso y el Asia central”. “Una invasión imperialista a Afganistán, decíamos, no solamente podría convertirse en un «replay» de Vietnam o en la tercera edición de las descomunales derrotas que sufrieran allí los dos cuerpos expedicionarios ingleses en el siglo XIX los rusos recientemente” (“La situación mundial después del atentado”, Jorge Altamira, Prensa Obrera #722, 19/9/01). Es lo que ocurrió. Indicamos que no había ninguna “exportación de la democracia”, sino barbarie capitalista agravada en su etapa de descomposición: “Es indudable que el imperialismo capitalista ha integrado a todos los regímenes sociales contemporáneos a las mallas del capital financiero, pero esto solamente significa que esos regímenes no tienen ninguna posibilidad de evolución independiente del imperialismo. Lo que el imperialismo no puede, de ningún modo, es imponer su propia realidad social a las naciones atrasadas o anular las contradicciones propias de éstas. Al revés, ha agravado estas contradicciones y las ha integrado a las contradicciones del capital financiero internacional. Así, un derrumbe financiero en Moscú, Ankara o Buenos Aires puede provocar, y provoca, la debacle en Wall Street; las crisis políticas en Islamabad sacuden a Nueva York; las bandas terroristas armadas por el imperialismo para combatir a los pueblos, se vuelven contra el imperialismo y lo enfrentan con sus mismas armas. Es necesario tomar en cuenta este conjunto de factores, para evitar el impresionismo en lo que se refiere a las posibilidades del imperialismo” (Altamira, PO #722, 19/9). La crisis del imperialismo Marcamos que la tendencia era a “Desarrollar Estados policiales, incluido EE.UU. por sobre todo, es la tendencia más importante que habrá de desarrollarse luego del atentado. Al fracaso del espionaje y de la seguridad, el imperialismo no tiene otra respuesta que más del uno y de la otra. La «defensa de la libertad y de la democracia», que es ritualmente invocada contra el terrorismo, apunta a liquidar, precisamente, las libertades democráticas. La respuesta del imperialismo es una amenaza a la libertad mucho más seria que la que representa el terrorismo para-estatal o de los Estados marginales” (Altamira, PO #722, 19/9). Emergieron leyes contra los derechos democráticos más elementales como el “patriot act”, de vigilancia a su propia población. La denuncia de la barbarie imperialista, incluso por soldados norteamericanos, como Chelsea Manning, fue atacada y criminalizada. Desde los Wikileaks se pudo ver como bajo la excusa del ataque del 11-S, EEUU lanzaba un sistema de espionaje internacional sobre diferentes países, muchos de ellos competencia en el mercado mundial. El que puso en evidencia esto, Julian Assange, se encuentra detenido y enfrenta el peligro de la deportación y la pena de muerte en EEUU. Surgieron luego del atentado cárceles clandestinas y el campo de confinamiento de Guantánamo, la barbarie imperialista registrada en Abu Grahib, o la guerra a través de drones que asesinan civiles. Incluso los pertrechos militares desechados en los frentes de batalla, fueron utilizados por la policía para reprimir y asesinar a ciudadanos norteamericanos en diferentes rebeliones populares contra el asesinato de negros y latinos que estallaron en 2014 y dieron vida a Black Lives Matters. La guerra imperialista siempre es una guerra contra la propia clase obrera. Advertimos que los yanquis pretendían avanzar en una “guerra global”, la llamada “guerra contra el terrorismo”, que en América Latina significó afianzar el “Plan Colombia”, que apuntaló 20 años de masacres uribistas contra la población civil en Colombia, miles de “falsos positivos”, equipamiento del ejército y de la policía, utilizada para atacar a líderes sociales y reprimir ferozmente a las manifestaciones y huelgas generales en Colombia contra el plan de guerra de Duque en los últimos años. Una guerra contra el terrorismo de un estado policial, que desarrolla un ataque racista continuo contra los negros, latinos e inmigrantes. El correlato de la guerra imperialista es también el ataque contra la clase obrera al interior de EEUU, contras sus salarios, derechos y condiciones materiales de vida. En América Latina, el “patio trasero”, el avance de la guerra imperialista significó también la ocupación de Haití, en la cual participó Argentina y Brasil, el primero con la venia del gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner y el segundo con el de Lula. Esos militares que ocuparon Haití, son los que darán luego el golpe de Estado junto a Bolsonaro. También implicó la ampliación de la intervención imperialista en la región y un intento de “colonización” del capital financiero y de inversiones norteamericano en la región: el golpe en Honduras, Paraguay, el Golpe contra Dilma en Brasil, realizado por la ayuda de los servicios norteamericanos en el caso Odebrecht, el golpe en Bolivia contra Evo de la mano del propio Bolsonaro y la embajada norteamericana, o las asonadas contra Venezuela. Guerras parturientas Otro acierto de nuestra caracterización temprana fue declarar que “las guerras imperialistas han sido en la historia las madres de las grandes crisis revolucionarias. Los yanquis acabarán convirtiendo a Asia, Rusia y Medio Oriente en una gigantesca geografía de levantamientos populares” (ídem). Efectivamente, tanto la “guerra contra el terrorismo”, la ocupación de Irak y Afganistán, seguido de la crisis internacional de 2008 con la caída de Lehman Brothers, impulsó la llamada “primavera árabe” un proceso revolucionario en Medio Oriente que se llevó puesto a muchos gobiernos de décadas de dominación. Desde Plaza Tahrir, en El Cairo, hasta la Plaza Taksim (Gezi), en Estambul. La retirada del imperialismo de la región es la consecuencia de las revoluciones árabes, incluso derrotadas.

Desde los primeros meses de la pandemia, Prospettiva Operaia ha analizado la crisis pandémica como factor histórico de la crisis capitalista y ha puesto en evidencia cómo las medidas encaminadas a frenarla, aplicadas por los distintos estados, tenían como objetivo, en primer lugar, salvar a la burguesía mediante una convivencia forzada con la enfermedad para mantener activa la producción, relegando así a la humanidad al papel de un sujeto impotente e incapaz de salir de la emergencia sanitaria. En segundo lugar, estaba el objetivo de proteger la salud de la fuerza de trabajo indispensable con cierres (mal tolerados por los industriales y la pequeña y mediana burguesía vinculada al comercio), sin embargo estas medidas solo podían llevarse a cabo dentro de los límites dictados por el primer objetivo, la salvaguardia de la naturaleza del Estado burgués y la tentativa de frenar la crisis económica que se había desarrollado mucho antes de la pandemia. Las preocupaciones sobre la "salud pública" siempre han tenido intereses burgueses inherentes y evidentes. No es casualidad que, además de mostrar un falso sentido de protección hacia los ciudadanos, con el objetivo de hacerlos mansos y evitar levantamientos populares inmediatos, el objetivo de evitar enfermar a demasiadas personas al mismo tiempo apuntaba sobre todo a evitar un colapso total del sistema sanitario (ya agobiado por recortes económicos de larga data) y para asegurar la continuidad de la producción, necesaria para la supervivencia misma del estado burgués. Por tanto, lo que protegía este último era la estructura del sistema capitalista. Como resultado, hemos sido testigos de una gestión global fallida de la emergencia, que se ha prolongado indefinidamente, produciendo casi 130.000 víctimas en Italia y más de 4 millones en todo el mundo. El final de esta crisis aún no se ve y no podría haber sido de otra manera porque el cuadro actual esboza un retrato perfecto del impasse del régimen del capital en la época de su descomposición. Pase verde, el chantaje de un poder decadente Un año y medio después del inicio de la emergencia, las cosas incluso han empeorado. El virus ha mutado a variantes nuevas y más agresivas, y la única novedad en la lucha contra el virus fue el descubrimiento de las vacunas. El pase verde es la nueva medida política de convivencia con el virus, aplicada en diferentes formas por muchos países del mundo y vigente aquí en Italia desde los primeros días de agosto. Como cualquier otra medida adoptada por los gobiernos de la capital, parece estar llena de contradicciones, tanto por su efectiva aplicabilidad como porque causa muchos inconvenientes a quienes no pueden acceder a la vacuna. Esto ha provocado un acalorado debate entre las diversas fuerzas atomizadas de la izquierda radical y la izquierda clasista. Como cualquiera puede notar fácilmente, la disposición es en efecto una especie de obligación de vacunación, obtenida, sin embargo, con el arma del chantaje por un gobierno que no tiene autoridad, capacidad organizativa y fuerza política (aparte del autoritarismo y la dictadura). Por otro lado, esta medida genera la ilusión de un retorno seguro a la existencia normal, para garantizar el trabajo y la escuela presencial (quitándoles la responsabilidad al l Estado y los empresarios del transporte público, los lugares de trabajo y las aulas), un repunte del consumo y al menos una recuperación momentánea de la economía. Como se ha podido observar en Inglaterra e Israel, la vacuna por sí sola no es suficiente para detener las infecciones con la variante Delta actual, por lo tanto, la eliminación completa de la noche a la mañana de todas las restricciones y protecciones individuales, incluso entre los vacunados, plantea el riesgo de una mayor escalada de la crisis sanitaria. Además, estas vacunas no tienen una duración prolongada y, al igual que las demás, es posible que no siempre tengan éxito en todas las personas. Hasta la fecha también hay casos de muertes por Covid (especialmente ancianos) a pesar de la inoculación de la doble dosis. Por tanto, esperar que la vacuna por sí sola nos saque de la emergencia es algo más parecido a un pensamiento religioso que a uno científico. No será un pinchazo el que nos sacará de la crisis. Cierre, vacunas y clase obrera Que la pandemia no ha golpeado a las clases sociales de manera "democrática" es un aspecto evidente y conocido. Las clases más pobres de todos los países y las grandes masas de los países menos industrializados, también las más pobres desde el punto de vista sanitario, son los que han pagado el precio más alto. Además, en algunos casos como India y Brasil, la libre circulación del virus ha permitido el nacimiento de nuevas variantes. La clase trabajadora mundial es la más afectada por los contagios y muertes. Incluso durante los períodos de falsas restricciones, que, bajo los dictados de los industriales y banqueros, se han ocupado de aspectos de la vida social en mayor medida que de los lugares de trabajo y producción, se vio obligada a ir a trabajar por su cuenta y riesgo. Desde las fábricas de Bérgamo hasta las minas de Antofagasta en Chile y la fábrica de FCA en Sterling Heights en Detroit, desde el transporte público hasta las oficinas y escuelas de todo el mundo, el virus ha viajado en los cuerpos de millones de proletarios y proletarias. Al mismo tiempo, a la clase trabajadora se le ha negado un verdadero derecho a la salud debido al mal funcionamiento de los hospitales públicos, ya arruinados por años de privatizaciones y recortes de fondos, y ahora atascados con hospitalizaciones de COVID. La clase trabajadora siempre ha sido expropiada de su propio tiempo libre y sociabilidad, mostrándonos a todos cuál es el propósito esencial de la vida en la sociedad del capital: trabajar y producir. Que la superación de la crisis pandémica era un interés inmediato de los trabajadores quedó claro de inmediato, ya que en el norte de Italia la gente moría en las fábricas bajo el silencio del gobierno y los patrones y con la conformidad de los sindicatos del régimen. El encierro, la única arma inicialmente conocida para hacer frente a la emergencia, fue en todos los aspectos un interés de la clase, como lo confirmaron las huelgas espontáneas que estallaron en fábricas y almacenes. Si bien no fue un encierro real, ya que mientras tanto muchos seguían trabajando y contaminándose incluso en sectores no esenciales para la gestión de la emergencia, no había un interés real de los trabajadores en exigir el fin. Por el contrario, al proletariado le interesaba reclamar su extensión a todos los sectores de producción no esenciales hasta el contagio cero. En las regiones italianas menos industrializadas, especialmente las del sur, el éxito de esta maniobra, a la que se vio obligado el gobierno burgués y contra la que la derecha de Salvini y Meloni intentó construir su propio ascenso electoral al grito de "libertad" (¡de explotación hasta la muerte!), fue certificada por la casi reducción a cero de infecciones y hospitalizaciones en la primera parte del verano de 2020. A partir de este año, sin embargo, la nueva arma en la lucha contra la pandemia ha sido la de las vacunas, elaboradas y probadas en muy poco tiempo, aunque hay que precisar que la experimentación ha sabido explotar los resultados previos de investigaciones recientes sobre las epidemias de coronavirus que estallaron a principios de la década de 2000. También en este caso la humanidad tuvo que lidiar con todos los límites impuestos a la ciencia por el capitalismo. También en este caso la primera consigna fue la defensa de la propiedad privada sobre las vacunas (patentes), que afectó la calidad de la investigación y la eficiencia de producción y distribución, una demostración más de cómo este sistema es asesino e impotente en la resolución de las crisis generadas. En consecuencia, la campaña de vacunación ha tardado en despegar de forma verdaderamente criminal, especialmente en los países más pobres, lo que podría llevar a una extensión del estado de emergencia también durante los próximos años. La aparición de nuevas variantes del virus (al menos hasta ahora completamente ajenas a los efectos de la campaña de vacunación, como la propaganda anti vacuna nos querría hacer creer), la eficacia la vacuna ha disminuido en el organismo humano, también muestra que este virus viaja más rápido de lo que el sistema actual puede perseguirlo. Sin embargo, los datos relativos al impacto de las vacunas siguen siendo positivos, el efecto en la reducción de infecciones incluso ante una variante agresiva con un índice de contagio R0 entre 8 y 10 (como la varicela, casi 4 veces más contagiosa que la Virus de Wuhan) es evidente. Los datos reportados en agosto por la ISS [1], con más de la mitad de la población vacunada, indican que la vacuna reduce en gran medida las muertes, cuidados intensivos, hospitalizaciones y, de forma menos eficaz pero aún positiva, infecciones entre los vacunados. Las mayores dudas que quedan están relacionadas con la duración de la cobertura de vacunación. Fuente: Boletín de vigilancia integrada Covid19 - Istituto Superiore di Sanità, 11 de agosto de 2021 A menudo, de una manera sarcástica y totalmente acientífica, existe una tendencia a reducir demasiado el valor de los medicamentos actuales, poniendo el acento en informes aislados de personas que murieron con la dosis doble, sin centrarse en datos masivos o centrándose en datos muy engañosos que comparan la situación de hace un año (sin variante Delta, con más restricciones y después de un encierro que prácticamente había eliminado los casos en el sur) con la de este año (después de un año de convivencia continua con el virus sin parar jamás la producción y llegar a una caída significativa de los contagios, además en presencia de una variante casi cuatro veces más contagiosa). La ciencia estadística, por otro lado, en una pandemia ayuda mucho a comprender y predecir los posibles riesgos y beneficios. Por lo tanto, comparamos los datos de julio / agosto reportados en la TABLA 3 (ver arriba) con las proporciones derivadas de una población totalmente no vacunada y una población totalmente vacunada. Evidentemente nos encontraremos ante números aproximados, pero son los que sugieren los porcentajes calculados sobre los datos recogidos. Pasamos de 173.983 infecciones en una población totalmente no vacunada a 63.288 en una completamente vacunada, de 10.288 hospitalizaciones a 1.123, de 990 terapias intensivas a 54, de 944 muertes a 40. Para el cálculo de los diagnósticos de no vacunados en los distintos grupos de edad, se redistribuyó el número de diagnósticos sobre el total de la población y lo mismo se hizo para los vacunados, obteniendo así las proyecciones de los diagnósticos sobre una población totalmente no vacunada y sobre a completamente vacunado dividido por grupos de edad. En general, se extrae la siguiente fórmula: DiagnosisPNV [2] = DiagnosisNV [3] * 100: PercPopNV [4]. En el caso particular del grupo de más de 80 años, tenemos que Diagnóstico PNV = 756 x 100: 9,2 = 8217. A continuación, se calculó el número proporcional de hospitalizaciones sobre este número con base en el porcentaje de hospitalizaciones obtenido de la TABLA 3 OspPNV [5] = OspNV [6]: DiagnosisNV * DiagnosisPNV = 220: 756 x 8217 = 2391 Lo mismo se hizo para Cuidados Intensivos y Defunciones. Y así sucesivamente para cualquier otro valor que desee calcular. Cabe destacar que este es un modelo muy simplificado que no toma en cuenta múltiples factores, sin embargo logra dar una idea de los efectos de la vacuna y brindar al lector una visión correcta de los datos estadísticos, comparando las dos situaciones límite. Los valores iguales a 0 (*) son los menos seguros, porque se obtienen en muestras que son demasiado pequeñas y pueden variar en algunas unidades. Entre otras cosas, aquí no se tiene en cuenta que el aumento o disminución de infecciones entre los grupos más jóvenes, que son los más afectados, puede afectar directamente de forma negativa y positiva incluso entre las infecciones de otros grupos etarios. Si bien somos conscientes de que cualquier vacuna contra el Covid 19 es solo un paliativo temporal en una situación de salud históricamente condicionada por el declive del capitalismo, y también teniendo en cuenta que una campaña de vacunación masiva inevitablemente deja víctimas en el camino, hay que aceptar de manera realista que, en vísperas del próximo otoño, cuando la emergencia estará lejos de terminar, estas vacunas son lo mejor que la ciencia limitada por el capital y su poder decadente que ha podido ofrecer en estos momentos. La crisis del capital es la crisis de la humanidad, las ilusiones de convivencia con este sistema caen día a día, por eso para salir de este infierno no podemos pensar como individuos sino como clase obrera internacional, y como tal debemos protegernos. Creemos entonces que la vacunación masiva, así como la obtención del trabajo presencial retribuido en un 100% para los que no se puedan vacunar o para los sujetos más frágiles son reivindicaciones fundamentales y forman parte de nuestros intereses inmediatos. Coerción, libertades personales e intereses de clase: un enfoque dialéctico Al mismo tiempo que esta tragedia histórica del proletariado y de la humanidad, especialmente en los países del Occidente rico, se formó en el humus de la pequeña burguesía (otra clase económicamente atormentada por la emergencia) una oposición estéril a las medidas “semicoercitivas" adoptadas por los gobiernos. En algunas de estas protestas, protagonizadas principalmente por la derecha, las más liberales y las más reaccionarias, se tiende incluso a negar la existencia de una pandemia que pueda justificar las restricciones, balbuceando sobre la presencia de una fantasmagórica dictadura sanitaria que pisotearía las libertades personales. ¡Negar la emergencia significa negar la crisis del régimen burgués! Desafortunadamente, incluso una parte de la autodenominada izquierda clasista, el movimiento de izquierda y el sindicalismo de base están escalando estos senderos oscuros. Se basa en los conceptos de libertad de elección para decidir sobre el propio cuerpo, de decisiones inconstitucionales, de tratamiento sanitario obligatorio ilegítimo, de cálculos personales sobre riesgos / beneficios, de denuncia de la gestión autoritaria de la emergencia, de "no dejar las plazas a la derecha”. Lástima que aquí no estemos hablando de elegir la cura para una enfermedad personal, del aborto o de la eutanasia (¡esos, sí, derechos inviolables del individuo!). La libertad de elección, si no quiere arriesgarse a ir de la mano con los anti vacunas, libertarios fanáticos del modelo y neofascistas, es un concepto inadecuado en el contexto de una pandemia, que no es una enfermedad del individuo sino de la humanidad entera. Sobre el tema de la pandemia, la coacción y la libertad personal, exigimos un enfoque dialéctico. Empecemos por el hecho de que ante una enfermedad infecciosa epidémica el concepto de propiedad privada del propio cuerpo se desmorona: cada cuerpo, al estar sujeto a enfermarse e infectar a otros, depende del estado de salud de la comunidad y al mismo tiempo lo afecta. Parafraseando los nobles términos del análisis marxista, la propiedad privada del cuerpo se convierte en una especie de superestructura incompatible con la estructura sanitaria de la salud colectiva. Por tanto, la libertad de no vacunar no es más que el reclamo de esta superestructura, que, en este caso, no puede dejar de contemplar el aplastamiento y expropiación del derecho a la salud ajeno, lo que lo convierte en un pariente cercano en términos dialécticos de la propiedad privada de los medios de producción que expropia al trabajador de la estructura económica de la producción industrial. Rebelarse contra la vacunación masiva no puede beneficiar a la clase trabajadora, que es la primera víctima de la emergencia, como no podría ser la rebelión contra el encierro, las restricciones y por tanto ahora la rebelión libertaria a una medida como el pase verde (a lo que también en este mismo artículo adelantamos las críticas necesarias). En consecuencia, la denuncia de la coerción como tal, sin analizar dialécticamente la relación entre su contenido y los intereses de clase, limitándose sólo a señalar con el dedo el "poder", es sólo una simplificación infantil del pensamiento que no puede más que llevar a la clase obrera a la impotencia histórica para actuar sobre la crisis de la sociedad capitalista y de la humanidad, y en este caso al impedimento del progreso, aunque pequeño, hacia la superación de la emergencia actual (o al menos mitigar los daños en términos de vidas humanas, mayoritariamente proletarias ). Esto es algo que la clase trabajadora no puede permitirse, y mucho menos en defensa de la libertad individual y burguesa, que pone la elección individual por sobre los intereses colectivos y de clase, haciendo referencia en algunos casos, incluso al ámbito del derecho liberal democrático cuando, para defender “la ilegitimidad de la obligatoriedad de la vacunación, se utilizan ordenamientos y constituciones de la democracia burguesa. En la gestión fallida de la crisis pandémica por parte del capital, la clase obrera ha sido puesta ha prueba al tener que separar algunas características parcialmente progresivas de las medidas del estado burgués, como ciertas restricciones, cierres y vacunas, de las reaccionarias jugadas sobre el conflicto capital / trabajo que imponen muertes, despidos y convivencia forzada con el virus. Sobre el problema del pase verde, por ejemplo, al despejar el campo de cualquier acusación tonta de superposición con lo que dice el tragicómico ministro de educación Bianchi o amenaza de la criminal Confindustria de Bonomi, rechazamos enérgicamente el uso de esta herramientas como arma de despido, suspensión de salarios y cualquier procedimiento disciplinario sobre el trabajo. Esto se debe a que, si bien la decisión de rechazar la vacuna sigue siendo equivocada, exponiendo a los colegas y compañeros de trabajo a un mayor riesgo de contagio, se cree que las responsabilidades de la gestión de la pandemia siguen siendo todas, sin distinción, atribuibles al Estado burgués, y no a los individuos. Para la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, en esta fase del limbo donde la emergencia de la pandemia se descarga en las elecciones del individuo, donde no puede decirse que haya concluido la campaña de vacunación, a los que no estén vacunados se les garantice trabajo no presencial percibiendo el salario total. La coacción que queremos y debemos combatir es la que nos obliga a trabajar cara a cara en sectores no relacionados con la gestión de la crisis sanitaria, con incluso menos seguridad de la habitual, incluso cuando fuera hay decenas de miles de contagios al día. y cientos de muertes, con el temor de enfermarse, morir, llevar el virus a casa y a la vida fuera del trabajo, contagiando a seres queridos, conocidos e incluso extraños. Ese es el mayor chantaje, invisible a los ojos del pensamiento individualista pequeño burgués, que es incapaz de ver al individuo como otro que él mismo, y la única defensa que conoce es la de la preservación de su propia condición. Esta visión es completamente barrida por la crisis del sistema enfermo que le permitió nacer y desarrollarse. La crisis de la pequeña burguesía, que como nunca se ve aplastada como clase, no es solo económica sino ideológica y en la era de la crisis del capital se muestra al mundo escenificando toda la impotencia y la miseria que reina fuera de los intereses. y el papel histórico del proletariado. Pero si la condición de pequeño burgués está en cierto sentido legitimada para aceptar tales aberraciones y ondearlas descaradamente como una bandera de la vergüenza al margen del fluir de la historia, este pensamiento no puede ser aceptado por los trabajadores y trabajadoras, que al fin y al cabo, por el contrario, forman la única clase que puede sacar a la humanidad de la crisis. En el camino hacia su propia emancipación y liberación, la clase obrera solo puede sino expulsar de su pensamiento el individualismo, los métodos anticientíficos de análisis, el complotismo y todo lo execrable que tiene el riesgo de absorber de la actual sociedad enferma. Notas https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_11-agosto-2021.pdf?fbclid=IwAR0gIuScHCQroMAOzLrW6fr_11jWhbnEfIZqkZ1Zhiy5kFZl-Zl Diagnóstico PNV = número proporcional de diagnósticos en una población totalmente no vacunada Diagnóstico NV = diagnóstico real en julio de los no vacunados (datos extraídos de la TABLA 3) PercPopNV = porcentaje de la población no vacunada en julio (datos extraídos de la TABLA 3) OspPNV = número proporcional de hospitalizaciones en una población totalmente no vacunada OspNV = hospitalizaciones reales en julio de personas no vacunadas (datos extraídos de TABLE3)

Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono inauguraban, 20 años atrás, un nuevo periodo político. Sobre los escombros del World Trade Center, el imperialismo norteamericano lanzaba a una agresiva intervención militar sobre Medio Oriente, en nombre de “la lucha contra el terrorismo”. Un enemigo difuso, personificado en Osama Bin Laden y su organización, Al Qaeda, prácticamente desconocidos hasta entonces para el gran público, serviría para encubrir la ocupación de Irak y el aplastamiento de las revoluciones árabes. Bin Laden era un viejo conocido de los servicios de inteligencia norteamericanos. Fue uno de los líderes de las guerrillas que combatieron contra la ocupación soviética de Afganistán, enseguida después de la victoria de la revolución iraní de febrero de 1979. Esa guerrilla ‘islámica’ fue financiada y equipada por la CIA. Hijo de una familia saudí acomodada, fundó la organización islamista paramilitar que se atribuyó los atentados. A Bin Laden se le atribuyen también numerosos ataques alrededor del mundo contra Estados Unidos y otras potencias. Entre los más relevantes se cuentan los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, en 1998. Ambos fueron respondidos por el gobierno demócrata de Bill Clinton con bombardeos sobre supuestas bases militares de Al Qaeda en Afganistán y Sudán. La iniciativa bélica que sobrevendría después tuvo, por lo tanto, un largo periodo de gestación. La premura con que el gobierno de George W. Bush identificó a los autores de los atentados insinuó que la seguridad yanqui dejó correr la operación, la cual llevó un largo tiempo de preparación. Entretanto, los servicios norteamericanos tenían a Bin Laden y a Al Qaeda bajo vigilancia desde su creación – una suerte de ´conexión local´ de los atentados. Los familiares de las casi 3.000 víctimas han reclamado la desclasificación de los archivos del FBI, bajo la sospecha, nada menos, de la colaboración de Arabia Saudita -un aliado estratégico de Estados Unidos- con los atacantes. El baño de sangre sirvió de excusa a Bush para llevar al siguiente nivel las incursiones bélicas que en los años 90 habían ensayado su padre y Bil Clinton, en el Golfo Pérsico y Afganistán y los Balcanes, respectivamente, durante sus presidencias. El propósito estratégico siempre fue la colonización económica, política y militar del ex espacio soviético en Europa del Este y Asia. Afganistán, en particular, era un punto clave para controlar la entrada y salida de petróleo en el Mar Caspio y el Cáucaso, que afectaría a Rusia e Irán, entre otros. El atentado ofrecía al gobierno Bush la cobertura para un desembarco de tropas a gran escala, como ocurrió efectivamente en Afganistán en 2001, y luego en Irak, en 2003. No obstante todo esto, los gobiernos de Rusia e Irán abrieron sus espacios aéreos para permitir la ocupación norteamericana de Afganistán. Para la burocracia restauracionista, esa ocupación fue entendida como una ‘protección’ contra sublevaciones en los territorios musulmanes de la ex URSS. La “guerra global contra el terror’ fue acompañada de un ataque brutal contra el “estado de derecho” en Estados Unidos como en Europa. El Congreso norteamericano sancionó, apenas un mes después de los atentados, el Patriotic Act. Habilitaba la detención de personas dentro y fuera del territorio de lo Estados Unidos, sin orden judicial previa, y el espionaje sobre la correspondencia privada de sus propios ciudadanos. Autorizó la aplicación de la Justicia Militar y la supresión del debido proceso a los detenidos por las fuerzas armadas y al secuestro de ciudadanos extranjeros y nacionales, sospechados de terrorismo. Estas normas típicas de un estado de excepción fueron ratificadas por la Suprema Corte norteamericana. Significó colocar al derecho internacional bajo un régimen de excepción. Es lo que ocurrió con las “leyes antiterroristas” aprobadas en Argentina durante la presidencia de Néstor Kirchner – una exigencia del gobierno norteamericano. Ofrecían una definición tan ´amplia´ de terrorismo (aún vigentes) que invertían el principio de inocencia. Muchos otros países aprobaron legislaciones similares. Se instauró una suerte de ´estado de excepción´ global, cárceles secretas y centros de torturas a cargo de funcionarios norteamericanos en numerosos países, con la complicidad de sus gobiernos, en especial en la UE y países del este europeo. En la base militar de Guantánamo, Cuba, continúan alojados 39 presos, de los cuales solamente 12 han sido acusados formalmente por algún delito. Por las torturas contra prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, durante la ocupación yanki, donde fueron condenados los soldados y oficiales directamente involucrados, no ocurrió lo mismo con la cadena de mandos que amparaba y ordenaba esas prácticas. Los aprestos de guerra requirieron una inyección inicial de 40 mil millones de dólares al presupuesto militar. La guerra en Afganistán finalmente insumiría la friolera de 5,6 billones de dólares; la de Irak otros tres billones. Veinte años más tarde, con un saldo de al menos 240 mil muertos, el Pentágono huiría del escenario, bajo el asalto de los talibanes, a quienes primero armaron y luego fueron a combatir. No es la primera vez, por supuesto, que los intereses nacionales de los agentes del imperialismo se imponen contra su mandante. En la secuela de la “guerra global contra el terror” y el régimen de excepción a que dio lugar nacieron los Trump y el reciente asalto al Capitolio de Estados Unidos.

El final de la campaña electoral ha servido para que, desde todos los rincones de la “grieta”, asome la propuesta de la eliminación de las indemnizaciones por despido. El planteo, que implica la virtual derogación del actual régimen laboral en Argentina, fue lanzado por Rodríguez Larreta en el curso de un reportaje, y enseguida refrendado por el escolta de Vidal en la lista macrista de CABA, Martin Tetaz. Pero desde la otra “orilla”, Facundo Moyano, un pollo de Sergio Massa, respaldó la propuesta, que también había insinuado semanas atrás cuando renunció a su banca. “¡Flexibilización!” salieron a denunciar los corifeos del kirchnerismo. Con un solo detalle: que el autor intelectual del proyecto que abole las indemnizaciones es “Teddy” Karagozian, un empresario textil que se “desilusionó” del macrismo cuando las megadevaluaciones del 2018/2019 cargaron los pasivos empresarios con otra mochila – la de las deudas en dólares. Ya formado el Frente de Todos, pasó a formar parte de los apoyos empresariales de Alberto Fernández. El proyecto de Karagozian sustituye las indemnizaciones por un fondo constituido con aportes patronales y administrado por el Anses. Sus recursos se formarían con un aporte de hasta la doceava parte de un salario (8,33%), que pasan a engrosar una “cuenta” de la que el trabajador dispondrá en caso de despido, renuncia o retiro. En ese caso, el trabajador retirará sumas mensuales equivalentes al último salario percibido, y a razón de un mes por cada año trabajado. La proporción del aporte patronal respecto del salario se va reduciendo a medida que aumenta la antigüedad del trabajador, hasta un piso del 2%. Los impulsores de la mochila señalan que, de ese modo, el proyecto “premia” a las patronales que retienen a los trabajadores, y castiga a aquellas empresas que cuentan con una alta rotación – al obligarlas a realizar aportes más cercanos al máximo del 8,33%. Los críticos y los defensores de este “Mochila” han colocado en la balanza diferentes aspectos económicos y financieros que debieran colocarse en la balanza de trabajadores y patrones. Por caso, el trabajador pierde el derecho a la percepción integral de la indemnización y pase a cobrarla en cuotas mensuales. Además, el trabajador más golpeado por la “mochila” sería el que cuenta con mayor antigüedad, ya que allí es donde el patrón hará la mayor diferencia entre la “cápita” y una indemnización que acumularía muchos años trabajados. Por lo tanto, los despidos de mayores de 50 años estarán a la orden del día, con un agravante: en la agenda fondomonetarista hay otra “mochila”, la del aumento de la edad jubilatoria. Los voceros de la patronal arguyen que la “mochila”, considerada en un horizonte de tiempo, podría implicarles el desembolso de una suma mayor a la que resultara de pagar indemnizaciones – ello, porque la “cápita” de la mochila se paga por el conjunto de la nómina laboral, y -se supone- el número de despidos en el tiempo será inferior a ese plantel total de trabajadores. Pero es justamente en esto -en el pago anticipado de un “seguro” por despido de todos y cada uno de los empleados- donde reside el mayor elemento extorsivo de la mochila. Al pagar la “cápita”, el patrón tiene habilitado el despido incondicional, en cualquier momento y circunstancia. Es más: cuanto más despida, mejor habrá sacado provecho de las cápitas pagadas. Se podrá decir, es cierto, que si rota mucho el personal resulta sancionado con una cápita mayor (recordemos que ella sube cuando el personal es de reciente contratación). Pero ese “castigo” es compensado, primero, con el pago de salarios “jóvenes”, que apenas se aproximan al básico. Luego, y mucho más importante: con el reforzamiento de la extorsión patronal al interior de la fábrica, habiendo sido liquidado el derecho indemnizatorio. La eliminación de ese derecho es una alteración crucial de las relaciones de fuerza entre el capital y la fuerza de trabajo al interior de la fábrica. Ante cualquier reclamo por salarios o condiciones laborales, la patronal podrá colocar sobre el colectivo de trabajadores la espada de Damocles del despido, que ya está “pago”. Rescate estatal El régimen de mochila prevé que el fondo de despidos esté bajo la administración del Anses. Como ocurre con todos los fondos de origen empresario bajo tutela estatal, en esta mochila también hay gato encerrado. Ocurre que, al menos durante todo un período, los aportes de la mochila al fondo podrían no alcanzar para pagar los despidos. Si el Estado paga la diferencia para “facilitar” la puesta en marcha del nuevo régimen, asistiríamos a un gigantesco financiamiento estatal de los despidos, concentrados naturalmente en los trabajadores de mayor antigüedad y edad. Otra variante sería “respetar los derechos” de los que ya están trabajando, y cargarle la ´mochila´ a los que ingresan al mercado laboral. Esta escisión aceleraría una política de retiros de los trabajadores con derechos y antigüedad, como viene ocurriendo en los últimos años, y particularmente, durante la pandemia del Covid. Al fin y al cabo, los que se embanderaban con “la creación de empleo” no tienen otra cosa para ofrecer que un régimen de abaratamiento del despido. La cantinela sobre el “costo laboral” no tiene lugar, pues ese “costo” ha llegado a niveles irrisorios en Argentina, medido en dólares o en poder de compra. El compromiso, directo o indirecto, de todos los bloques políticos y fracciones del capital con la liquidación del derecho indemnizatorio, ha aportado un factor clarificador para los trabajadores en este último tramo de la campaña electoral. Necesitamos desembarazarnos de la “mochila” del capital y sus políticas.

La reapertura de las clases por parte del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una política destinada a propagar la pandemia. Argentina apenas llega al 40% de su población adulta con ambas dosis. Sin embargo, las campañas electorales oficiales se ufanan de la “salida”, de lo cercano del “día 100”, y de la nueva normalidad, en medio de un brote de la variante Delta, mucho más contagiosa y mortífera. Esta política que cierra la “grieta” entre gobierno y oposición, es requisito sine qua non en la negociación con el FMI, que pretende forzar la reapertura escolar y de las empresas y fábricas. Minimiza, la vez, los “costos Covid” de la patronal (comisiones médicas). El ministro de Educación, Trotta, había indicado que sólo se necesitaban pocos centímetros de separación entre los chicos en las aulas, incluso por debajo del metro, desconociendo las recomendaciones internacionales. También indicó que se eliminarían las burbujas, de la mano de la ampliación del “aforo” en los lugares públicos. Las aulas son espacios de contagio, porque son ámbitos cerrados y el contagio de coronavirus se transmite a través de aerosoles, que pueden encontrarse incluso en ductos de ventilación y se esparcen con mucha facilidad. Las escuelas son verdaderas incubadoras de la variante Delta, ya que puede transmitirse entre los alumnos que no están vacunados. Las trasmisiones comunitarias se retroalimentan con las escuelas, y las de las escuelas con las de las comunidades adyacentes. Separar a las “escuelas” de las comunidades es un error metodológico y científico grave. En diferentes países del mundo que ha reabierto las escuelas, tuvieron que inmediatamente cerrarlas debido a la variante Delta. El Centro de Control y prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) emitió un comunicado el mes pasado en donde indica que la variante Delta, altamente contagiosa, “había reconfigurado las líneas de batalla de la pandemia” (NYT, 3/8). En Israel, un enorme brote de la variante Delta se produjo cuando se abrieron las escuelas, “cuando las autoridades retiraron temporalmente la obligación de utilizar mascarillas y los alumnos se amontonaron en las aulas con aire acondicionado” (ídem). “Datos recientes sugieren que las personas infectadas con delta pueden ser portadoras de una cantidad de virus mil veces mayor”, indican los especialistas (ídem). incluso las personas que están vacunadas, pueden acarrear altos niveles de virus en nariz y garganta, lo que significa que los riesgos de transmisibilidad aumentan. Cuando el procentaje de contagios supera el 1%, “Delta tarda entre 3 a 4 semanas para ser dominante” (La Voz, 28/8). Ya el hecho que haya propagación comunitaria de variantes, indica que la capacidad de mutación del virus compite con las tasas bajas de vacunación y de inmunización, alargando la pandemia y los peligros y secuelas sobre la población. A medida que la pandemia sigue evolucionando, nuevas variantes más peligrosas terminarán emergiendo. Propagación comunitaria CABA comenzó el 4 de agosto la presencialidad plena en los diferentes niveles educativos (La Nación, 11/9). Más de 200 docentes fallecieron según relevamientos de las propias organizaciones de docentes durante la pandemia. En el colegio ORT de Belgrano hay 43 niños contagiados, presumiblemente debido a la variante Delta, aunque todavía no están los resultados de los tests en el Malbran. Los chicos son de diferentes cursos, y todos rápidamente presentaron síntomas. En un colegio en donde hay 500 alumnos, “se han detectado 43 casos positivos de Covid-19 entre nuestros alumnos y alumnas de la sede Belgrano -Nivel Primario-, cuyas burbujas se encuentran aisladas a partir de haberse confirmado los resultados” (La Nación, 11/9). De confirmarse que los contagios son debido a la variante proveniente de la India, se trataría de la confirmación de la existencia de circulación comunitaria de la variante Delta (ídem). Clarín indica que “La sospecha de que algunos casos de los 43 puedan corresponder a la variante Delta surgió por los análisis provisorios que se realizaron en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Cuando aparece la mutación L452R en la secuenciación clásica da esa pauta, ya que es la única variante de preocupación en la Argentina en la que está presente. Si hubiese aparecido la mutación E484K, en cambio, hubiera sido una pauta clara de que se trata de la variante Gamma (Manaos). Por ese motivo es que en el caso de la escuela ORT surge la sospecha y se mandan las muestras a secuenciar al Malbrán, donde deben terminar de confirmar si se trata de la Delta” (11/9). Hasta ahora había sólo cinco casos positivos de Delta en CABA. Desde el inicio de las clases presenciales se contagió el 1,7 por ciento de los alumnos y entre los docentes los casos positivos alcanzan el 6,7 por ciento desde marzo. Pero estos números se pueden disparar rápidamente. En medio de un brote Delta las cllases son imposibles de manera presencial. Muchos padres no quieren enviar a sus hijos por miedo al contagio, pero están presionados por la patronal para volver a la presencialidad en empresas y fábricas. Hay chicos que completaron pocos días de clases desde la vuelta a las aulas, debido a los contagios y aislamientos preventivos.

Alrededor de 500 personas se congregaron ayer en Trelew en la movilización organizada por la regional local de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC). Se acercaron personas de otras ciudades como Puerto Madryn y Rawson. A pesar de que la actividad fue convocada contra la megaminería y el ajuste, y de que se invitó a todos los sectores en lucha, las conducciones sindicales brillaron por su ausencia en una provincia en la que hace 2 años los trabajadores no reciben recomposiciones salariales y los recortes presupuestarios se sienten con vigor en todas las dependencias del Estado. Es la enésima muestra en los últimos años del pacto social rubricado entre la mayoría de los sindicatos, el PJ-kirchnerismo, la UCR y el PRO con el debilucho gobierno de Mariano Arcioni. En la movilización provincial del miércoles en Rawson ya habían adelantado que las acciones en las calles habían terminado por esta semana. Es evidente que, al no convocar a la actividad, pretendieron evitar por todos los medios una movilización de masas contra las políticas de ajuste del gobernador a menos de 48 de las elecciones. Es que el descontento en la población es masivo y una convocatoria de los sindicatos a los trabajadores contenía el peligro no solo de acciones multitudinarias en las calles sino también que ese disgusto sea llevado a las urnas pocas horas más tarde. No hay tutía, solo las bases lograrán romper este impasse: hay que retomar el camino de 2018 y 2019: el de las autoconvocatorias y la coordinación de todos los sectores en lucha. De todas formas, la actividad tuvo como saldo positivo la coincidencia entre todos los presentes en la necesidad de la coordinación activa de las luchas y en que megaminería y ajuste vienen de la mano. La regional Trelew parece haber llegado a esta importante conclusión, lo que implica un cambio cualitativo respecto al discurso estrictamente ambientalista que supo tener en varias oportunidades del último año. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández ha sido claro con sus mandatos hacia Arcioni: no solo ordenó avanzar con la megaminería sino también con la “reestructuración del Estado”, es decir una reorganización social de conjunto reaccionaria contra las conquistas de los trabajadores estatales en particular y contra la población chubutense en general. Esta política se expresa en los recortes presupuestarios en salud y educación, y se vio con toda su brutal crudeza en los incendios en cordillera del 9 de marzo, en el que todos los expertos coinciden en la falta de mantenimiento de las líneas eléctricas y los bosques como uno de los principales factores del siniestro que les costó la vida a varias personas y arrasó con más de 500 viviendas. La mayoría de las conducciones sindicales se encuentran ante la disyuntiva de sostener el pacto con el gobierno de Arcioni en detrimento del salario de sus afiliados o tomar la iniciativa antes que lo hagan las bases. Esta contradicción se presenta con más claridad en la ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut), donde se llevarán a cabo el próximo 21 de octubre elecciones para la renovación de autoridades a nivel provincial y en todas las regionales. Esta situación es la que obliga a la Celeste, que conduce el sindicato, a estar cada tanto en las calles pero intentando tutelar con minuciosa rigurosidad el descontento de las bases mediante movilizaciones en las que no se abren canales para la deliberación colectiva ni mucho menos para construir un plan de lucha en serio contra las políticas de ajuste. Las llamadas “vueltas al perro” a Rawson solo podrán combatirse si las bases llegan organizadas a esas acciones y las aprovechan para autoconvocarse y discutir democráticamente, como ocurrió hace 2 semanas con los docentes afuera del ministerio de Salud. Otra conclusión inobjetable es la necesidad de recuperar los sindicatos para los trabajadores.

Nosotros, Leonardo Romero Negrín y Alexander Hall Lujardo, consideramos necesario aclarar determinados elementos respecto a los sucesos en que nos hemos visto involucrados, a raíz de las manifestaciones del 11 de julio: El artículo periodístico publicado por la “Revista Alma Mater” bajo el título de “Deudas” con fecha 7 de septiembre de 2021, bajo la rúbrica de Rodolfo Romero Reyes, Max Barbosa Miranda y Armando Franco Senén, narra las experiencias, análisis y perspectivas de tres estudiantes universitarios involucrados en los sucesos del 11-J (Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall Lujardo y Jorge Alfonso Pita), que padecieron un sin número de excesos policiales, irregularidades y procedimientos al margen de la legalidad que decidieron relatar al citado medio de prensa. Sin embargo, en el trabajo periodístico, se evidencian una serie de omisiones y perspectivas parcializadas. De modo que se aprecia a lo largo del texto el apego a los informes de Fiscalía Militar, proporcionándole un criterio de autoridad incuestionable. Era necesario, en aras de la objetividad, triangular los hechos o analizar críticamente los resultados de la investigación y contrarrestarlos con las pruebas aportadas en los testimonios de los entrevistados. Por ejemplo: en el caso de la detención de Leonardo, el informe de Fiscalía enuncia que la cámara del Hotel Saratoga no captó el momento exacto de los hechos. No obstante, este mencionó la existencia de otras cámaras en el Capitolio y en la escuela Concepción Arenal. Ante dichas posibles pruebas, la respuesta fue que el resto de las cámaras no estaban funcionando en la tarde del 11 de julio. Dicho argumento resulta cuestionable, teniendo en cuenta que esa zona es altamente sensible, pues a pocos metros sesiona la Asamblea Nacional. La afirmación de que Leonardo se resistió al arresto no está del todo explicada. Su alumno quien solo estaba filmando los hechos, fue neutralizado por quienes suponemos “agentes del orden vestidos de civil” que le arrebataron su cámara. Ante esta situación Leonardo se lanzó sobre su alumno sin tocar a ningún policía. Su detención fue realizada de igual manera por “agentes vestidos de civil”, lo cual quedó fotográficamente evidenciado. Claramente se resistió al no tratarse de agentes uniformados, ni de una situación que lo ameritase. No obstante, la resistencia al arresto que refieren Fiscalía y “Alma Mater” se resume a una persona siendo inmovilizada por el cuello. Cuando Fiscalía alega que el médico en el centro penitenciario no anotó las lesiones en las costillas de Leonardo, deja espacio a la duda sobre la veracidad de tal lesión. Desde su entrevista con el instructor, Leonardo pidió hacer una denuncia que fue negada sin razón legal. La consulta con el médico fue incompleta debido a que lo sacaron en contra de su voluntad. Es inconcebible que ante la negativa de formular una denuncia con el instructor no intentara hacerla luego en presencia de un médico y un oficial que estaba expresamente para ello. No obstante, desde su detención hay testigos de tal dolencia y un dictamen médico, hecho el 20 de julio, que fue notificado por Medicina Legal en presencia de la Fiscalía. La respuesta otorgada por Fiscalía Militar se limitó a una escueta nota en la que abundan elementos que les fue imposible comprobar. Si firmamos la conformidad con la investigación fue debido a que extender el proceso no arrojaría resultados diferentes, ya que en la mayoría de los puntos en conflicto se trataba de nuestra palabra en contraposición con la de los oficiales. Fiscalía admitió la existencia de lesiones físicas en el caso de Leonardo, sin embargo, no pudo probar que dichas lesiones fueran provocadas por los sujetos que este señaló como culpables en todos los casos. Solamente el oficial que lo golpeó con una tabla admitió el hecho. En cambio, el policía 03912 niega haberle golpeado en la nariz alegando que solamente cruzó palabras con este. Tres elementos resultan curiosos: Fiscalía admitió que el médico de la prisión notificó el hematoma en la nariz que Leonardo refiere como consecuencia del encuentro con dicho oficial. Tal suceso se corresponde en tiempo y espacio con la narrativa de Jorge Alfonso Pita, quien declara haberlo visto en el suelo: “lucía como mareado, trataban de levantarlo del piso y lo golpeaban”, acotó a la revista. Por último, ¿cómo es posible que dicho oficial admitiera recordar que cruzó palabra con Leonardo, entre tantos detenidos y en una situación caótica, si no hubiera tenido con él un trato distinto? Esto ilustra que firmamos el acta de Fiscalía Militar porque no había nada más que hacer en materia de investigación, lo cual no demuestra nuestra total conformidad, sino la aceptación de un proceso cuya dilatación sería –y estamos convencidos de ello- completamente en vano. Con respecto a los abusos de autoridad cometidos por la oficialidad del Ministerio del Interior, Fiscalía Militar pudo haber empleado muchas otras formas de verificación de los planteamientos. Al mismo tiempo, resultan escasos los testimonios tomados en la investigación, a pesar del gran número de detenidos que validarían tales criterios, para lo que sólo bastaría acudir al listado de los presos que se encontraban en el Colectivo #6 del Cotorro, coincidieron en Zanja y que igualmente fueron trasladados en las condiciones descritas. Con respecto a la detención de Alexander Hall Lujardo, la “Revista Alma Mater” declara que “no fue víctima de golpes porque mantuvo un comportamiento adecuado”, sin embargo, se omiten las denuncias realizadas por este sobre los abusos hacia otros detenidos. De igual modo, durante nuestra estancia en la estación de Zanja, le restan importancia a la aglomeración de personas en el lugar, así como atenúan los sucesos relatados en torno a las condiciones del traslado de la unidad policial hacia el centro penitenciario “Jóvenes del Cotorro”, en el que le restan connotación al tiempo de espera en un camión herméticamente cerrado bajo un intenso calor durante un tiempo aproximado de una hora, lo que provocó el desmayo de varios detenidos, hecho que le fue expresado a la revista y que consta en las investigaciones efectuadas por la Fiscalía. Sobre el procedimiento del “somatón”, argumentamos que si bien no sufrimos agresiones directas por parte de los oficiales, presenciamos como se establecieron de forma predeterminada filas a la derecha y a la izquierda por parte de los guardias del penal, en el que indistintamente golpeaban a los detenidos, cuya particular ensañamiento sufrió un joven conocido como Jose “el panadero”. De igual modo, luego de transcurrido un tiempo al interior del penal en el intercambio con otros reclusos, supimos que los detenidos conocían esta práctica con ese nombre y la daban como naturalizada en este tipo de espacios. En el caso particular de Alexander Hall, es preciso aclarar que se le ordenó de forma violenta el retiro de una camisa del equipo Cuba de béisbol con el número 10 en su dorsal, así como la ocupación de una bandera cubana por quien se identificó como el político de la unidad. Por todas las razones anteriormente enunciadas, entendemos la necesidad de esclarecer algunos puntos a raíz de las lecturas que se han hecho de “Deudas” y debido al resultado de un trabajo periodístico con el que manifestamos inconformidades. Por último, resulta necesario aclarar que en la publicación se colocaron frases descontextualizadas que pudieran generar confusión y polémica. Por ende, sobre el artículo publicado por la “Revista Alma Mater”: RECHAZAMOS: -El lenguaje sexista, machista e irrespetuoso empleado para referirse a la periodista Lisbeth Moya González como “la novia”, quien estuvo presente también en la conversación. Si ella se refirió a la necesidad de aclarar la no pertenencia de Leonardo al 27N y al MSI fue porque él mismo en reiteradas ocasiones ha negado tal vínculo ante la intención de deslegitimarlo como actor independiente en los sucesos del 30 de abril. -Rechazamos las sistemáticas violaciones a la privacidad, acoso policial y judicialización a que se han visto expuestos los miembros del MSI, el 27-N y demás actores cívicos, cuyos derechos constitucionales han sido reiteradamente violados. Pues, aunque no compartamos determinados puntos de su accionar, métodos y posturas políticas, reconocemos la necesidad de la pluralidad, la profundización democrática y el diálogo inclusivo como vía para solucionar las problemáticas sociales en Cuba. -Rechazamos cualquier alusión que se haga a nuestra plena conformidad con los resultados de la investigación, pues Fiscalía tomó nota de su insatisfacción, tras notificar a Leonardo, hecho que no fue reflejado en el trabajo periodístico. -Rechazamos la omisión de la incomunicación denunciada por los familiares de Alexander Hall, en los que reportaban el desconocimiento de su paradero durante más de 72 horas; hecho que tipifica legalmente como desaparición (ver acta de denuncia ante la PNR al final del texto), reconocido incluso como irregularidad por parte de las autoridades del MININT en el informe recogido por la Fiscalía Militar. -Rechazamos las lecturas que pretenden la revictimización de las personas involucradas en las protestas del 11-J sin prestar atención a sus demandas políticas y razones que motivaron su movilización. RECLAMAMOS: -El cese del bloqueo/embargo económico contra Cuba y de cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos de nuestro país. A su vez, condenamos el imperialismo y la opresión en todas sus variantes, así como la burocracia que pesa sobre el socialismo cubano. -Reclamamos el respeto a la verdad de las personas involucradas en los hechos del 11-J, de modo que sea posible reflejar sus testimonios, contar sus historias y experiencias, sin ser revictimizadas y sin que caigan sobre ellas represalias. Así como la liberación inmediata de quienes ejercieron su derecho constitucional a manifestarse. Por ende, exigimos que los agentes del orden involucrados en actos de violencia de cualquier índole sean juzgados como establecen las leyes vigentes. -Reclamamos la creación de nuevos espacios de participación plural y debates públicos en el seno del estudiantado entre todas las tendencias políticas que se manifiestan en el escenario universitario, cuyo liderazgo padece de extrema burocratización, falta de autonomía y distanciamiento con su base social. -Reclamamos se escuchen las demandas de la sociedad civil cubana en sus múltiples variantes (antirracistas, feministas, sexodisidentes, ecologistas, etc) y respete la pluralidad en sus múltiples formas de expresión. Que el disenso no sea motivo de represión, ni aislamiento político y social. -Reclamamos, como socialistas, el respeto a las múltiples tendencias de izquierda, debido a la extensión de discursos de odio tanto anticomunistas, como neo-estalinistas que ganan fuerza en el seno de la sociedad cubana actual. RATIFICAMOS: -Nuestro emplazamiento como jóvenes estudiantes universitarios que reafirman sus ideas socialistas, latinoamericanistas, martianas y antimperialistas, al mismo tiempo que abogamos por la profundización democrática en la Isla, el respeto a todas las formas de expresión, pensamiento político y creación artística. -Ratificamos nuestra solidaridad con los distintos actores de la sociedad civil que padecen de acoso policial, amenazas del DSE, violaciones a su privacidad, reclusión domiciliaria y prisión provisional, entre otras medidas impuestas por el ejercicio de sus actividades políticas, de modo que sus derechos a exteriorizar públicamente su disenso del actual modelo, resultan enteramente vulnerados por el Estado y sus órganos represivos. -Ratificamos nuestra convocatoria al establecimiento de un diálogo nacional entre todos los sectores de la sociedad cubana. Redactado en La Habana, 8 de septiembre de 2021. Por: Leonardo Romero Negrín y Alexander Hall Lujardo. https://telegra.ph/A-prop%C3%B3sito-del-art%C3%ADculo-Deudas-publicado-por-la-Revista-Alma-Mater-las-posturas-de-Leonardo-Romero-Negr%C3%ADn-y-Alexander-Hall-09-08

Apenas conocidos los resultados provisorios de las Paso del domingo 12 de septiembre, hacemos llegar a la opinión pública y en especial a los trabajadores nuestras primeras conclusiones políticas. El gobierno ha sufrido una derrota política contundente, pues tiene lugar apenas dos años después del derrumbe del gobierno macrista. En la provincia de Buenos Aires, ‘madre de todas las batallas’, una constelación de fuerzas de derecha (Juntos, Randazzo y Espert) se lleva poco menos del cincuenta por ciento de los votos, En la Ciudad ese porcentaje llega a más del sesenta por ciento. En principio, son las consecuencias políticas de una gestión sanitaria y económica que ha perjudicado enormemente a las clases populares. La interna propiciada por la UCR resultó un factor aglutinante para el bloque derechista. Estos resultados convierten a la campaña de las elecciones generales en una transición política de crisis y para consagrar las exigencias del FMI. El avance electoral de López Murphy y Milei debilitan, sin embargo, las posiciones de sectores como el que encabeza Larreta, que postula una suerte de ´modus vivendi´ con el gobierno nacional de cara a las presidenciales de 2023. Los resultados obtenidos por el FITU concretarían una larga aspiración a obtener un diputado nacional por la Capital e hipotéticamente tres por la Provincia, también por primera vez. Previsiblemente, hizo una importante elección en Jujuy y aspira también a un diputado. Para alcanzar este módico progreso ha sacrificado la independencia política frente al estado y el programa socialista. En Salta, el Partido Obrero oficial sufrió una severa derrota y lo mismo ocurrió en Córdoba, donde no contó, como confiaba, con el apoyo político del movimiento piquetero. Aunque nuestra corriente política ha obtenido un resultado marginal en la Ciudad y en Provincia, los propósitos políticos de la presentación electoral han sido cumplidos. Legalizados tardíamente en pandemia, con boleta corta en Provincia y sin recursos materiales, el espacio de un mes de campaña no alcanzó para llegar al conjunto del electorado o para que éste asimilara nuestra diferenciación política de una izquierda que marcha a una acelerada integración al estado. Lo contrario ha ocurrido con el sector más politizado de la izquierda y de la clase obrera. Por otro lado, en Salta hemos superado las Paso y confirmado el avance electoral registrado en las elecciones provinciales. Lo mismo en Santiago del Estero y en los municipios del cordón industrial de Rosario. De cara a la transición electoral de crisis hacia noviembre, intervendremos con una enérgica campaña política. En los últimos días de la campaña que ha concluido, se ha iniciado una campaña para imponer una reforma laboral “a la Bolsonaro”. Mientras los candidatos oficializados pugnarán por sus ambiciones parlamentarias, nuestra corriente lanzará una campaña para derrotar esta y otras reformas en marcha y en oposición al acuerdo con el FMI. Haremos valer el programa que hemos desarrollado en las Paso. Marcelo Ramal, Valentina Viglieca, Eva Gutiérrez, Jorge Altamira

Política Obrera se va a involucrar fuertemente en la elección a noviembre, con independencia del resultado que obtuvimos en las PASO en CABA, Provincia y Tucumán. Lo haremos naturalmente en Salta, Santiago del Estero y Capitán Bermúdez, en el cordón industrial de Rosario, donde hemos superado la exigencia del piso mínimos de votos. En realidad, haremos una campaña fuerte en todo el país. Daremos continuidad a la enérgica actividad que hemos desarrollado en las PASO, ´a pata y pulmón´, donde nos hemos movilizado con mucha fuerza, progresado en penetración política en barrios y empresas, y en reclutamiento. Como advierten la mayor parte de los observadores y los partidos en presencia, Argentina ingresa en una transición política de fuertes contradicciones sociales e internacionales de aquí a noviembre y más allá. La campaña electoral se verá surcada por una explosión de conflictos en todos los niveles, que ocuparán el primer lugar de la lucha política. Se pondrá a prueba la capacidad oficial para controlar el mercado de cambios y la inflación. La reactivación económica no amortiguará la crisis de empobrecimiento social, podría acentuar el crecimiento de precios y dar paso a luchas reivindicativas. La pandemia tampoco ha concluido, como se pretende. Aparece incluso información acerca de mortalidad materna, que ha sido ocultada hasta ahora, como tantas otras – cardiovasculares, cáncer- por dilaciones en la atención del sistema de salud. El gobierno no se atreve a proceder a un cambio de gabinete por razones contradictorias. De un lado, para no acentuar una percepción de inestabilidad; del otro, porque ya tiene decidido un rumbo de conjunto. Es lo que ocurre con la intención de convertir los planes sociales en trabajos altamente precarizados y proceder a una reforma laboral que arranca con la eliminación de la indemnización por despidos. Desde ya, irá a un acuerdo con el FMI, sin considerar las diferencias internas en su seno, que podrían haberse acentuado. Lo hará en condiciones de debilidad política. Un punto nodal será la discusión del Presupuesto 2022, que el gobierno pretende aprobar en el Congreso antes de las elecciones y de la inauguración de un período parlamentario en el cual contará con una posición minoritaria en Diputados. El proyecto de Presupuesto introducirá muchos de los acuerdos ya negociados con el FMI. Una campaña verdaderamente socialista no puede reducirse a ofrecer una indicación de voto. Bajo ninguna circunstancia debe confundirse con la de las corrientes de izquierda, como el FITU y AyL, que seguramente profundizarán su carácter electoralista. No obstante, es necesario observar el desarrollo que estas campañas vayan asumiendo y adoptar, al final, un planteo de voto. Nuestra campaña se centrará en impulsar debates y pronunciamientos acerca de la reforma laboral y jubilatoria, y el reclamo de la incorporación inmediata al trabajo de los trabajadores desocupados, mediante una Bolsa de Trabajo, independiente del Estado y de las burocracias estatizadas. Reivindicaremos, asimismo, el salario y jubilación mínimas iguales a la canasta familiar –no la canasta de pobreza, de sesenta mil pesos, que reclaman varias organizaciones sociales. Nos empeñaremos en verificar, mediante una campaña, la adhesión de las organizaciones clasistas y los trabajadores a movilizarse por medio de pronunciamientos. La firma de un acuerdo con el FMI está decidida a nivel oficial y por parte de la oposición patronal. Pero no es un asunto concluido ni tendría, necesariamente, un alcance estabilizador de la situación financiera. La pseudo pos pandemia internacional no ha dado lugar a un reactivación económica sustentable, como se había pronosticado apresuradamente. Los índices de crecimiento del PBI han disminuido a nivel mundial, y hasta han revertido. En Brasil son negativos. La inflación de precios se ha disparado en todo el mundo. En varios países, el aumento de las tasas de interés para controlarla ha sido muy alto y provocado efectos recesivos, incluso quiebras empresarias. Otro fenómeno es la disparada de la crisis en China; los conflictos desatados entre compañías y el Estado; y la perspectiva de bancarrotas fuertes, como consecuencia del freno oficial a la especulación inmobiliaria. En este marco, el conflicto entre republicanos y demócratas en Estados Unidos ya tiene un impacto financiero negativo, cuando el endeudamiento público se acerca al tope establecido por ley y amenaza con un default oficial. Una combinación de altas tasas de interés internacionales, por un lado, con las vulnerabilidades financieras en China, por el otro, amenazan con una crisis internacional mayor a la de 2007/8. América Latina es la región más golpeada por la inestabilidad financiera internacional. Un arreglo con el FMI, en definitiva, no resolvería ninguno de los desequilibrios financieros de Argentina. No debe dejarse de lado la influencia de la crisis política en Brasil. El golpismo fascistizante de Bolsonaro no ha sido enfrentado por el arco político opositor, desde la derecha hasta el PT y el Psol. Este inmovilismo refuerza la campaña del pequeño Trump. Las centrales sindicales no han abierto la boca ante la liquidación del derecho laboral. La victoria macrista del domingo augura una continuación de la ofensiva de provocaciones del gobierno brasileño. El voto por el FITU -arriba del 5% a nivel nacional- importa a la luz de esta transición política a noviembre y en la etapa inmediatamente posterior. Es cierto que el voto cae considerablemente en distritos de alta votación en el pasado -Córdoba, Mendoza, Salta- y de que no tiene el alcance político que marcan los números, en provincias como Chubut, Entre Ríos y La Pampa, con escasa presencia militante. Se destaca también el derrumbe del aparato del PO en Córdoba (terceros dentro del FITU) y Salta (segundo, en alianza con el PTS, con una votación inferior a la de Política Obrera). En Jujuy podría obtener, en noviembre, un diputado nacional. En poco tiempo se verá si es un crecimiento episódico y fluctuante, como otras veces, y la capitalización de viejas corrientes de izquierda venidas a menos y un llamado “voto castigo”, o la expresión de una radicalización política, con independencia del oportunismo parlamentarista de la campaña del FITU. La práctica zanjará si se trata de una cosa o la otra; lo que importa, en todo caso, es poner a prueba estás alternativas mediante una campaña política de agitación y reclutamiento. No se debe confundir una indicación de voto con el apoyo a una campaña política oportunista; cada cosa tiene su tiempo. Pero el giro de la situación política, a partir de la derrota del oficialismo, exige responder con una campaña política de debates y pronunciamientos, que sirvan para reunir las condiciones de una acción histórica de las masas. VER MÁS PASO 2021: primeras conclusiones políticas FIT-U versión 2021

El llanto cínico del “progresismo” chubutense -la mayoría de ellos abreva en el PJ-kirchnerismo y fuerzas afines- debido al contundente triunfo de Juntos por el Cambio es la crónica de un balance anunciado: responsabilizar al electorado del crecimiento de la derecha en las urnas. Que se vean “sorprendidos” por los resultados de los comicios deja al descubierto la impotencia de la estrategia de conciliación de clases que se expresó, en lo concreto, en un “pacto social” antiobrero para garantizarle la gobernabilidad al pusilánime Arcioni en los últimos 4 años. El saldo de varias rebeliones populares contra las políticas de ajuste y megamineras fue canalizado en el cuarto oscuro de la democracia burguesa con un rechazo a las políticas del Frente de Todes de conjunto, es decir el oficialismo a cargo del gobierno provincial y la falsa oposición pejotista y de la burocracia sindical K. Más de 180 mil personas no se presentaron a votar, lo hicieron en blanco o impugnaron de un total de alrededor de 448 mil electores, es decir arriba del 40%. Muy por debajo le sigue Juntos por el Cambio con 108 mil votos. El Frente de Izquierda capitalizó el llamado “voto bronca” superando el 9% de los votos. Una elección histórica por una parte pero que no disimula una contradicción inapelable: su también histórica marginalidad en la lucha de clases provincial. Si tomamos como referencia a la categoría a senador, con más del 97% de las mesas escrutadas, el Frente de Todos obtuvo tan solo 73 mil votos (26,65%) y el oficialismo provincial de Chubut Somos Todos, que responde a Sergio Massa a nivel nacional, llegó a la escueta suma de 36 mil votos (13,42%), llevando como cabezas de listas al fascistoide ministro de Seguridad Federico Massoni y al alicaído titular de la cartera de Salud, Fabián Puratich. Si bien se presentaron por separado, ambos sectores responden al Gobierno Nacional. No cabe duda de la notoria impugnación del pueblo chubutense al oficialismo en sus distintas variantes. Por su parte, en la interna de Juntos por el Cambio, el candidato del PRO se llevó el triunfo contra dos listas de la UCR, siendo además el más votado en la general. Si los resultados se mantienen en las generales, el kirchnerismo perderá dos senadores en manos de Cambiemos. Asistimos a la primera derrota del pejotismo chubutense desde que Mario das Neves recuperó la gobernación para dicha corriente en 2003, tras más de una década de gestiones radicales menemistas en la provincia. El escenario de las fuerzas políticas patronales se completa con una buena elección del PICH (Partido Independiente del Chubut), un aparato sin fuerza militante que solo aparece en las elecciones, con 19.991 (7%) de los votos. La campaña electoral de conjunto se caracterizó por intervenciones anodinas y vacías en la que primó un marketing despolitizado, sin ningún tipo de diálogo con los grandes problemas que aquejan a las castigadas masas chubutenses. El Frente de Todes cacareó contra Arcioni pero sin llamar a enfrentar en las calles sus políticas de ajuste, de las cuales ellos son parte necesaria. Es lo que explica que tan solo 100 mil personas de casi 450 mil hayan optado por las variantes peronistas. Los resultados pueden prestarse a la confusión si se los lee como la expresión de un descontento organizado en las fuerzas que obtuvieron mayor apoyo del esperado. Por caso, el PRO tuvo que reclutar radicales para poder enfrentar al partido centenario ya que no tiene una estructura sólida aun en la provincia, que se reduce a empresarios desencantados de lo que alguna vez fue el PACh (Partido Acción Chubutense) y a la figura pública de Ignacio Torres, quien pasará de ser diputado nacional a ocupar una banca en el Senado, si se mantienen los números de cara a noviembre. Las contradicciones de la histórica elección del FITU El avance electoral de la izquierda puede sorprender a propios y extraños, pero si se hace un recorrido por los resultados de los comicios de la última década y media se encontrará que estas fuerzas sumadas solían obtener buenos resultados. Por ejemplo, en las PASO de medio término de 2017 si se suman los guarismos del PO, MST y PTP se obtiene un 8,64% de los votos, y si se le agrega el PSA (kirchnerista pero que en el imaginario social era ubicado como de izquierda) el porcentaje se eleva a 11,85%, superando holgadamente los 34 mil votos. Como en el resto del país, el Frente de Izquierda fue a internas en Chubut pese a no existir diferencias programáticas y estratégicas sustanciales entre los partidos políticos. De un lado la lista Unidad de la Izquierda, comandada por el PO oficial, el PTS, IS y el PSTU, obtuvo 13.970 votos (54,71%), y por el otro la lista (R) evolucionemos la Izquierda del MST superó los 11.563 votos (45,28%). La lista ganadora logró sacar diferencia en el departamento Biedma (Puerto Madryn), y se valió del apoyo del PSTU, que aportó como candidato al petrolero procesado Daniel Ruiz, para disputarle palmo a palmo en Comodoro Rivadavia, donde el PO oficial solo tiene algunos militantes contados con los dedos de la mano. El FITU también capitalizó que partidos municipales como el Partido por Trelew y MAPU no se presentaran a elecciones. Lo que hay que explicar es por qué si la izquierda tiene tradición de buenos resultados electorales no logra construirse en la provincia y superar la marginalidad en la lucha de clases. El único partido con responsabilidad de dirección en el movimiento de trabajadores, aunque integrado al Frente de Todos, es el PCR, que dirige la regional sur de la ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) e impulsa la Corriente Clasista y Combativa entre los desocupados. En la izquierda trotskista, el MST tiene algún trabajo minoritario en docentes y estatales, lo mismo ocurre con el PSTU. El PO oficial integra la lista Multicolor en Puerto Madryn pero no mucho más, y el PTS sufrió un pronunciado retroceso de su ya de por sí minúscula construcción, pese a que la provincia es un hervidero de lucha de clases en los últimos 4 años. La campaña electoral del FITU puede arrojar algunas pistas a la pregunta. Como ocurrió en anteriores oportunidades, la agitación estuvo muy lejos de una política obrera y socialista de cara a las masas. El centro que ocupó en el pasado la legalización del aborto ahora fue reemplazado por el rechazo a la megaminería, lucha muy sentida en la provincia pero que para nada puede ser el centro de la intervención de los revolucionarios en elecciones. Chubut se encuentra devastada económica y socialmente, endeudada hasta el tuétano con acreedores internacionales, con congelamientos salariales a los trabajadores estatales que llevan 2 años, crecientes índices de desocupación y precarización laboral y una pronunciada pauperización de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Esta situación estuvo relegada a un segundo plano en la lista que se autoproclamaba como “100% verde”. Las contrarreformas laborales y previsionales que se avecinan luego de las generales, cuando el Congreso de la Nación se preste a rubricar el acuerdo con el FMI, no jugó ningún rol relevante en la campaña electoral. No hubo caracterización seria de la etapa que transita el país y la provincia ni mucho menos se propugnó una salida para enfrentarla, que en Chubut debe empezar por la coordinación de las luchas y el incentivo a la autoorganización de las masas, como ya ocurrió en 2018 y 2019 y por momentos en este 2021. Ese es el rol que debe jugar la izquierda en el presente de cara a los grandes choques sociales que se avecinan.

Las elecciones son un reflejo deformado de la realidad política. Analizar las elecciones implica no caer en el impresionismo, ni en análisis y conjeturas apresuradas. En primer lugar, hay que decir que votó el 67% del padrón, 10 puntos por debajo de este tipo de elecciones. En segundo lugar, se puede decir que aproximadamente el 95% de los votos a nivel nacional corresponde a fuerzas políticas que van a terminar votando en el Congreso el acuerdo con el FMI, y una reforma laboral y previsional. Los mercados festejaron el resultado electoral, con la suba de las acciones argentinas en la bolsa de Nueva York. Se alegran de la cachetada que recibió el gobierno de Alberto Fernández. Asistimos a un escenario de fragmentación política en todos los bloques políticos. El Frente de Todos, que en términos generales fue “unido” a las PASO, sacó el 31% de los votos a nivel nacional y, de mantenerse este resultado, perdería la mayoría del Senado y muchas bancas en Diputados. Fue derrotado en los cinco principales distritos electorales del país: además de CABA y provincia de Buenos Aires, sacó 25% en Mendoza, 10% en Córdoba y 29% de los votos en Santa Fe. Los intendentes, que ya avanzaron en el Gabinete (Zabaleta, de Hurlingham, y Ferraresi, de Avellaneda), apenas sostuvieron sus distritos. Lo mismo Espinoza en La Matanza. El mercado vio de manera positiva el resultado electoral, entendido como una presión mayor hacia la apertura y al acuerdo con el FMI. Todo deberá pasar por la mesa de negociación con el FMI, el síndico de la crisis de Argentina. ¿Bronca y castigo, o disolución del régimen? Los medios registraron esta elección como parte de un “voto bronca”. Igualmente lo hizo un sector de la izquierda. Supone que el electorado les pertenece y que, cambios mediantes, volverá al redil. Lo mismo vale para el “voto castigo”. Durante la pandemia, el gobierno aplicó las políticas de reducción fiscal del FMI, eliminó ayudas y facilitó despidos y suspensiones. No solamente florecieron los escándalos como el vacunatorio vip y las festicholas, sino que el gobierno forzó la apertura de las clases y de la economía. La paradoja del “voto castigo” es que premió a aquellos que hace menos de dos años castigó. La sucesión de ‘votos-castigo’ pone de manifiesto un régimen político en impasse. Esta vez no hubo ausencias de internas, sino que las hubo para todos los gustos. La elección del FdT se basó en la vuelta a la ‘normalidad’, con niveles de vida materiales cada vez más bajos. Fue repudiado. A su vez, para muchos ha habido una “victoria de la derecha”. Claro que depende de lo que dure, y, en todo caso, de una derecha mucho más fragmentada. En 2015 se celebró la adquisición de la UCR por Macri. Ahora el precio ha sido más alto. La ‘oposición’ no mencionó hasta último momento que iban a ser los que impulsarán el acuerdo con el FMI y la reforma laboral y previsional, aunque todo el mundo lo supone. Lógicamente, un sector importante de la clase obrera los apoyó como en 2015, con la expectativa de que reactive la economía con financiación extranjera o retorno de dinero argentino. El espacio de Juntos fue modelado por el ala moderada de Larreta, siempre más negociador con el gobierno, que dejó a Macri en un lugar secundario. El triunfante Larreta consiguió imponer el recambio que un sector del PRO reclamó en 2018: la no reelección de Macri. Puso a Santilli en Provincia de Buenos Aires como si fuera una extensión matancera del metrobus. El radicalismo formó rancho aparte y Manes (con el 40% en la interna) ahora festeja con Larreta: el mismo que se robaba, dijo, dinero público para hacer campaña. Mario Negri, con el apoyo de Mauricio Macri, cayó derrotado ante Luis Juez, antiguo socio del MST y factótum de la patronal industrial y agraria cordobesa. La emergencia de Milei en CABA lo pone a la altura de históricas elecciones de la UCEDE en la ciudad. Espert en PBA hizo una elección más reducida. Ahora formarán parte de la misma “casta política” que va a aprobar el acuerdo con el FMI. Se trata de una expresión deformada de fenómenos que han sido derrotados en el mundo por rebeliones populares. La izquierda y el electoralismo El FITU salió a festejar una “elección histórica”. En la provincia de Buenos Aires obtuvo el 5,21 % de los votos, el 6,23 % en la Ciudad de Buenos Aires y el 23,37 % en Jujuy. Hay un ascenso en relación a las PASO de 2013 y 2017, pero que no logra capitalizar de manera consistente la crisis de régimen. Recordemos que ha dado quórum para aprobar el presupuesto y la privatización de tierras de Capitanich; votó leyes al FMI (Ley de emergencia alimentaria, reforma jubilatoria de la Justicia), negociados inmobiliarios, la ley sionista, y apoyó la “presencialidad con condiciones”. Solano, que siguió la recomendación de su amigo Santoro para votar el negociado inmobiliario de Lammens-Tinelli en Boedo, twiteó que el FITU es la “tercera fuerza a nivel nacional”. Por este resultado de la izquierda, el PTS plantea que no hay una “derechización” sino una “polarización”. El otro polo del FITU serían los libertarios. Sería una polarización ‘ideológica’ entre los márgenes ( https://www.laizquierdadiario.com/Con-mas-de-un-millon-de-votos-el-FIT-U-es-tercera-fuerza-nacional ). El FITU plantea “transformar la desesperación en lucha”, aunque nunca buscó el voto de los desesperados, salvo que allí revista el constitucionalista Gargarella. Desde Política Obrera hicimos una campaña que se centró en una “crisis histórica” de empobrecimiento, que irá adquiriendo un carácter revolucionario, e hicimos eje en un programa de transición para las masas. No en slóganes publicitarios ni en la oposición entre el trotskismo liberal y el liberalismo propiamente dicho. Advertimos a la población el fraude político de un acuerdo con el FMI votado por el Congreso, que fue lo que Del Caño planteó como necesidad ‘democrática’ en 2018. La lucha por la independencia política de los trabajadores sigue vigente, pero se resolverá de manera revolucionaria, no democratizante.

code block El resultado en Jujuy de estas PASO han dado que hablar a nivel a nivel nacional. Como ya habíamos planteado en una nota previa a la elección, el hecho de que sólo se presentaran tres alianzas en estas PASO, iba a concentrar objetivamente el cuadro de dispersión de los votos que hubo en las elecciones provinciales de junio. Si bien Cambia Jujuy ha contado con un triunfo “cómodo”, no ha podido ampliar los guarismos de las elecciones de junio pasado, aun cuando en esta oportunidad integraba también en la lista a los aliados del gobierno, el peronismo del vicegobernador Haquim. Gerardo Morales votó y voló al bunker de JxC en Buenos Aires para la celebración nacional para no perder pisada en la interna dentro del frente. Ahora también vendrá la convención nacional de la UCR, a la que aspira a dirigir. El PJ, a pesar de su crisis interna, logró concentrar un importante caudal de votos, superando el 28% cuando en junio había obtenido el 13%. La lista fue estrictamente del PJ de Rivarola, y dejó afuera a todas las otras ramas del peronismo, quienes no terminaron manifestando un apoyo concreto al PJ oficialista. Ahora se abre la incógnita, en el marco de la crisis del FdT nacional y la necesidad de asegurar todas las bancas posibles, de buscar un acuerdo con todos los sectores desplazados del PJ. Si esto se llegara a producir, plantea objetivamente una derechización de estos sectores que habían sido desplazados y derrotados en junio, lo que refuerza una línea de ataque a las masas en la provincia. El FIT El FIT obtuvo el 23% de los votos entre sus dos listas, y como el MST superó el 20% de los votos en la interna, va a integrar la lista final y entra en la rotación si consiguen la ansiada banca nacional. Salió segundo en San Salvador y en Palpalá. Pasan las elecciones, siguen los reclamos Pasadas estas PASO sigue el cuadro de luchas y reclamos obreros. Al plan de lucha de los municipales de provincia y del movimiento de trabajadores desocupados, se suma este viernes un acto y movilización de la docencia autoconvocada en rechazo de la paritaria miserable que pretende imponer el gobierno y contra la persecución a los trabajadores. El gobierno se juega a reforzar su línea de ataque a los trabajadores: ya ha decretado un aumento del 12% escalonado para los estatales y docentes lo que deja los salarios de miseria en la provincia. Continúa los ataques al movimiento de trabajadores desocupados ahora empalmando con el decreto antiobrero de Zabaleta para superexplotar a los compañeros en la temporada de frutilla o el tabaco (que mueve decenas de millones en la provincia). Queda claro que este proceso, que se da en un marco de crisis, ha conformado en los hechos un canal donde se ha expresado un sector importante de los trabajadores mediante un voto al FIT-U, frente a los ataques que vienen sufriendo.

Los hechos que afectaron la acción comicial de Política Obrera fueron múltiples. Comenzaron días antes cuando nos avisaron que no habíamos enviado los votos por correo a todas las mesas, cuando eso había sido supercontrolado. Ya en elecciones pasadas, se denunció al Correo por operar de manera mafiosa a favor del poder de turno, tanto en el envío de los votos como en el traslado de las urnas. Luego fuimos excluidos de la entrega de los padrones electorales con diversos pretextos. El día del comicio, en la apertura de varias escuelas, en distintos puntos de la provincia no dejaban entrar a los fiscales de mesa de Política Obrera con el argumento de que junto con la credencial no presentaban los padrones de la mesa que iban a ocupar. Ese argumento ilegal se fue generalizando, lo que dio lugar a que a primera hora de la mañana se hicieran las primeras denuncias en el juzgado y en los medios de comunicación, lo que produjo un escándalo que hacía recordar a los acontecimientos de la elección fraudulenta del 2015 que consagró a Manzur como gobernador. En varias escuelas, a fuerza de pechar, lográbamos instalarnos, y actuaba la gendarmería para desalojar a nuestros fiscales. La presión y las denuncias comenzaron a hacer efecto. Todos los medios llamaban al juzgado para averiguar qué pasaba. Del juzgado respondían que tenían sólo un vehículo para intervenir presencialmente. Señalaban que los delegados de escuelas, en la mayoría de los casos, se imponían por encima de las autoridades de mesa, e incluso pasaban a ordenar a la Policía y a la Gendarmería para imponer sus propios puntos de vista en el proceso comicial. Tuvo que intervenir uno de los jefes de la Gendarmería frente a personal subalterno que acataba las órdenes de los directores de escuela, en muchos casos punteros del gobierno, pero no al juzgado y hasta al propio jefe de la fuerza. Hacia el mediodía, cuando las cosas comenzaron a normalizarse, y se logró que dejaran entrar a los fiscales de mesa, se encontraron que en las aulas donde tenían que fiscalizar no estaban los votos de Política Obrera, cuestión que con fiscal, o sin fiscal, obliga al presidente de mesa a suspender el acto comicial porque debe garantizar que todos los votos estén en el cuarto oscuro. Pero la cosa no concluyó aquí. Viendo todas estas acciones contra nuestros derechos de fiscalización, adoptamos diversas medidas de traslado de compañeros y fortalecimiento de determinadas zonas, lo cual generó nuevos conflictos. Esta vez con el argumento de que el fiscal de mesa debía estar presente en la mesa desde las 8 de la mañana. Cuando se logró que ingresaran, los punteros directores decidieron que sólo podían fiscalizar de parados. O sea todos los fiscales de las otras fuerzas sentados y sólo los de Política Obrera de pie. Eso nos obligó prácticamente a instalarnos en el juzgado federal, a verificar que se hablara escuela por escuela y se fueran subsanando problema por problema. Todos estos hechos no tuvieron nada de inocencia o de ignorancia del personal a cargo de las escuelas y demás autoridades. Es claro que hubo una acción orquestada, focalizada contra Política Obrera, dirigida a perjudicar nuestra votación y sacarnos de las generales de noviembre. Los perjuicios en términos electorales que nos causaron todas estas situaciones son inmedibles. Acá vale el reconocimiento militante a los más de 1.000 fiscales que en ningún momento arrugaron, enfrentaron los atropellos, y hasta donde pudieron, defendieron el único voto revolucionario en esta contienda electoral. VER MÁS PASO 2021: primeras conclusiones políticas

Los resultados provisorios de las PASO presentan a Tucumán como uno de los reductos donde el Frente de Todos pudo obtener una importante votación: 48% y una gran diferencia sobre Juntos por el Cambio, que reunió el 35%. La votación del Frente de Todos dirimió, en gran medida, el choque que se había abierto en el seno del gobierno entre el gobernador Manzur y el vice Jaldo. Ambos integraron las listas internas: el primero iba como suplente a senador, mientras que el segundo, Jaldo, encabezaba la lista de diputados. El triunfo fue para Manzur que reunió el 60% de los votos, y se impuso en 14 de los 15 departamentos, incluso varios reductos jaldistas, como la Banda del Río Salí, Trancas. La lista de Jaldo solo logró imponerse en Famailla. Ahora, habrá que ver como continua la crisis en el gobierno de Manzur, porque a pesar de haber ganado no va a poder escapar de la onda expansiva del derrumbe político nacional del Frente de Todos, y Jaldo no puede abandonar sus pretensiones gubernativas para el 23, pues le explotaría todo su armado político. En la Legislatura hay temas pendientes impulsados directamente por Jaldo, como el juicio político y el pedido de renuncia al ministro de Educación y al de Seguridad de Manzur, que si no se resuelven mediante un acuerdo de gobernabilidad -que solo pasaría si Manzur reconoce que el próximo candidato a la gobernación va a ser Jaldo- la crisis se podría reabrir a escalas impensadas. Con todo, Tucumán no dejó de reflejar la debacle del Frente de Todos a nivel nacional como se pudo ver en los resultados de San Miguel de Tucumán, una de las 10 capitales, o sea de grandes centros urbanos en los que triunfo la lista de Juntos por el Cambio. En la capital Tucumán triunfó con un gran margen el actual intendente que encabeza la lista de senadores, Germán Alfaro, un peronista que fue aliado con el intendente del PRO, Sánchez, de la ciudad de Concepción. La lista alfarista se impuso, además, en la interna de Juntos por el Cambio donde el gran derrotado fue la UCR. Las candidaturas de Cano y Elías de Pérez quedaron descartadas de las generales de noviembre. Tucumán también tuvo su expresión bolsonarista, a través de Ricardo Bussi, el hijo del genocida, quien encabezaba la lista de Fuerza Republicana con un discurso haciendo hincapié en el reforzamientos de los aparatos represivos y una suerte de prédica contra la casta peronista. Obtuvo el 7,4% de los votos, acrecentando los votos de las PASO pasadas en dos puntos. Otra fuerza fue el denominado Frente Amplio que reunió un 2,5 % de la votación, encabezado por el actual legislador Masso y uno de los dirigentes nacionales de Libres del Sur, quien se presentó desenvolviendo un discurso de atender los problemas sociales (comedores), hasta de mejoramientos de los sueldos de la policía. Libres del Sur cuenta con una enorme red de comedores y merenderos y se apoyó en ello para hacer su campaña. Respecto de la izquierda, el FIT-U superó el 2% de la votación. La campaña de ambas listas fue una copia de los slogans desenvueltos a nivel nacional. Sólo lograron realizar una acción unitaria de cierre de campaña con escasa concurrencia. Política Obrera obtuvo provisionalmente el 1,10 %. Desarrollamos una campaña militante, una de las más intensas de la historia, con decenas de actos, asambleas públicas, interpelaciones, acciones virtuales (varias charlas y mesas debates). Se hizo un acto a mitad de campaña que reunió más de 2.500 compañeros y que abrió paso a los medios. Los medios fueron ocupados con importantes intervenciones de todos los candidatos. En el haber, se abrieron nuevos grandes frentes obreros y de trabajadores y nuevas localidades. Fue la campaña más austera desde el 83. Desplegamos en el acto comicial más de 1.000 fiscales: con más de un centenar de ellos se ha abierto el debate en vista a su reclutamiento partidario. El obstáculo principal fue el debut de Política Obrera, que no alcanzó a popularizarse a pesar de que la lista estaba integrada por compañeros conocidos por importantes franjas de las poblaciones. Hasta el último día, por confusión, nuestros candidatos eran presentados como integrantes del Partido Obrero, o en otros casos formando parte del Frente de Izquierda. El día del comicio sufrimos una acción hostil y fraudulenta, concentrada sobre Política Obrera (ver nota aparte), que evidentemente nos perjudicó. El FIT-U no presentó en todo el desarrollo comicial ninguna queja ni en el juzgado, ni en los medios. Tenemos por delante nuevos desafíos. Hemos sufrido un revés en un proceso de desarrollo y fortalecimiento partidario. VER MÁS Los desafíos de la transición política a las elecciones de noviembre, por Jorge Altamira [FIT-U versión 2021, por El BE]( https://politicaobrera.com/politicas/5561-fit-u-version-2021 ]

Los trabajadores tercerizados de limpieza del hospital Moyano pararon en reclamo del pago de sus haberes correspondientes al mes de agosto. Desde las 00 del sábado 11, los trabajadores dieron el presente en su turno y salieron a la puerta del hospital como expresión de protesta, dado que no han cobrado sus magros haberes -40 mil pesos promedio- que, en muchos casos, son únicos ingresos de hogares familiares con los que se pagan alimentos, alquileres, remedios y el cuidado de niños. Frente a los reclamos, la empresa tercerizadora Gedelimp S.A. denunció al Gobierno de la Ciudad por no haber depositado aún los fondos y se había comprometido a pagar el día viernes con “fondos propios”. Los trabajadores respondieron que si los sueldos no eran depositados para esa fecha, se iniciaban las medidas de fuerza. Finalmente, la empresa depositó una parte menor de lo adeudado y los trabajadores se encuentran firmes en su posición de no levantar hasta que se deposite la totalidad. Gedelimp S.A. es uno de los tantos nombres que toma la empresa fantasma que gerencia el trabajo de limpieza en el hospital, usufructuando un convenio distinto al del empleado público: les paga a sus trabajadores la mitad del salario correspondiente. Cada 5 o 6 años, la patronal lanza una convocatoria de acreedores, disuelve la empresa y forma otra con distinto nombre -cambia de razón social- eliminando la antigüedad, vacaciones y evitando cargas sociales. De esta forma, se consuma el fraude laboral a los trabajadores por partida doble. Este fraude laboral es una de las tantas formas en las que se expresa la malversación de los fondos públicos por parte de los funcionarios gubernamentales que hacen sus propios negocios mediante licitaciones que ganan empresas que crean en acuerdos con la burocracia sindical. Por ejemplo, es sabido el negociado que se ha montado desafectando la maquinaria del lavadero de ropa, que supo servir no solo al hospital Moyano, sino también a los hospitales Borda y Tobar García, reemplazado por un servicio privado. Este tipo de fraude se instaló fuertemente durante el gobierno de De la Rúa, luego de que el menemismo traspasara los hospitales de salud mental nacionales a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza como respuesta de los trabajadores responde a varios factores. Por un lado a la desesperante situación económica que viven el conjunto de los trabajadores del país en la crisis humanitaria que impactó desde la llegada de la pandemia. Por otro lado, a la bronca acumulada de permanentes maltratos, persecuciones -moneda corriente en el sistema de tercerización- y de una brutal explotación laboral de parte de la “empresa”. Los trabajadores son sometidos a un régimen inhumano donde una falta justificada con certificado médico inclusive no es aceptada, con descuentos que se acercan al tercio del monto total del salario. La agrupación Naranja Blanca de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (AGIHM) ha emitido un comunicado de solidaridad con los compañeros, denunciando estos atropellos, el fraude laboral del Estado, y reclamando el fin de la tercerización y pase a planta. Llamamos a las organizaciones sindicales del hospital a pronunciarse. Sutecba también ha expresado su apoyo. La lucha de los tercerizados se suma a la de los trabajadores del Moyano que hemos salido a pelear por nuestra vacunación frente a la pandemia, por nuestros protocolos, insumos y la defensa de nuestros salarios. Como en todo el país, maduran la crisis y la lucha de los trabajadores.

Compañeros de Política Obrera deseo compartir con todos ustedes este poema que nació mientras fiscalizaba la lista 322 en una de las escuelas del bajo Boulogne. Aprovecho este espacio para expresarles mi admiración. A mis casi setenta años mi espíritu se alimenta con la fuerza y la energía de jóvenes como ustedes, que con claridad de pensamientos y objetivos claros me demuestran que ante la adversidad todo es posible con militancia consciente. Los felicito por elegir la honestidad, la sabiduría, la experiencia de un líder como Jorge Altamira. Me siento orgullosa de ustedes, de TODOS, por eso no los nombro porque seguramente me olvidaría de alguien. Todos y cada uno de ustedes representan a Política Obrera ¡Adelante! Ahí va mi poema. APATIA Por Luisa Haded 12 de Septiembre del 2021 Pueblo cansado, sufrido, destruido Apatía de ser y de vivir Engaños tras engaños en la historia de reclamos, injusticias y mentiras Tu pensamiento se esconde tras un muro de lamentos, desaparecidos de crímenes sin razón y sin justicia Trabajo en negro precario Patrón ausente, usurero, ladrón Maldito hacedor del desenfreno Qué te hizo el obrero? que lo niegas, lo usas y lo abusas sin descaro Tienes el poder de lo inaudito lo corrupto,el egoísmo ilimitado Lograste tu objetivo carcelero para ser el supremo. Turbaste las mentes Hiciste añicos los sueños de la gente Aprovechaste el virus asesino para seguir tu absurdo plan siniestro Dejando desamparo hambre y muerte Y así seguir reinando… Vendiste el futuro al extranjero endeudaste al trabajador sin pan Hambre,desgracia, ignorancia armas de tu mandato despiadado Al nuevo día los autómatas te rinden honores, aplauden, bailan en un festejo de diabólicos sonetos Y pienso en el futuro de mis hijos, y se destroza mi corazón vencido Esos platos vacíos, esa mirada incierta Quién abrirá sus mentes, sus anhelos de una Patria grande y sana Cuando yo no esté… quién abrirá sus caminos, en esta patria muerta. Tal vez revivirán sus pasos... Vendrán a su sendero nuevos aires La juventud, la fuerza elevará las reivindicaciones perdidas Entonces el verdadero poder será del pueblo como siempre debió haber sido!

A nivel provincial, las elecciones PASO nacionales del domingo último, han significado un revés para el oficialismo. La abstención electoral creció 5 puntos con respecto a las elecciones provinciales de hace un mes, rozando el 42% en promedio. El FDT y JxC han obtenido una suerte de empate técnico -30,17% a 29,75%-, mientras que la lista apadrinada por el gobernador, Unidos por Salta, quedó tercera con un 12,13% de los votos. Es lo que obtuvo el candidato de Saenz, Durand Cornejo, quien utilizó las redes institucionales del gobierno provincial para hacer campaña electoral: 8 puntos por debajo de Emiliano Estrada pejotista del FDT, 20,75%-. Sáenz apoyó a su otra vertiente filo macrista, Unidos por Salta, con el mismo resultado negativo que en agosto pasado. Las PASO de la grieta Tanto para el FDT como para JxC, la posibilidad de aglutinar para las elecciones generales los votos obtenidos está cuestionada. La interna de JxC fue entre cuatro listas y en medio del proceso electoral hubo diversas crisis. Algo similar ocurre en el FdT ya que los votos obtenidos por el moyanista Guaymas, quien quedó cuarto con un 9,43% de los votos totales, pueden dispersarse en una lista k residual, el Partido Felicidad, quien obtuvo un 3,56%. Ambas coaliciones perdieron miles de votos con respecto a las PASO del 2019, especialmente JxC. La Izquierda En el campo de la izquierda, el FIT-U obtiene un 5,06%. Un crecimiento de 8 mil votos con respecto a las PASO del 2019. La beneficiaria de ese nuevo flujo de votos fue Andrea Villegas del MST, quien compitió contra Cristina Foffani en representación del aparato nacional del PO encabezando la lista del PTS. Villegas obtuvo 17.916 votos -3,13%- mientras que Foffani conquistó 11.071 (1,94%). Política Obrera ha obtenido 16.261 votos -2,84%- y el 3,24% y 4,57% en Orán y Capital respectivamente. En Orán, San Martín y Metán, los tres principales departamentos, hemos salido primeros en la votación de la izquierda. En casi todas las localidades de la provincia hemos derrotado a la lista del PTS encabezada por Foffani. EL Nuevo MAS por su parte, no pudo superar el piso proscriptivo del 1,5% en tanto obtuvo un 0,75%. La elección que se viene Las elecciones PASO nacionales en Salta comenzaron tardíamente no solo por la elección provincial del 15 de agosto pasado. La poderosa huelga docente autoconvocada llamó a silencio a los candidatos, mientras que por debajo cerraban filas con los ataques del gobierno contra los huelguistas. El haber pasado las PASO coloca a los compañeros del Politica Obrera de Salta frente al desafío de avanzar sobre lo conquistado en dos elecciones sucesivas y reforzar la lucha docente. VER MÁS Los desafíos de la transición política a las elecciones de noviembre, por Jorge Altamira

Los resultados electorales del FIT-U en todo el país fueron objeto de balances contradictorios por parte de sus organizaciones. Para Izquierda Socialista y el PTS, el resultado electoral es “un premio a la izquierda que se une”. IS se repite a sí misma, pero para el PTS habría dejado de ser el “campo en disputa”, ahora que impuso a sus candidatos sobre sus adversarios, en toda la línea. ‘Autoproclamación mata diferenciación’. La “izquierda que se une” no es, sin embargo, un concepto táctico. Significa una unidad de programa y de estrategia. Miryam Bregman celebró que esa unidad cumpliera ya su onceavo aniversario. La conclusión es que, ahora con el MST, se ha convertido en un proto partido con tendencias permanentes. Todo esto supone una declaración de amnistía para los repetidos quórums otorgados por el aparato del PO a Capitanich; o el voto a favor de la especulación inmobiliaria en Boedo, que Bregman y Solano apoyaron por completo, con el silencio cómplice de sus socios; y el más ‘ruidoso’ del apoyo al tratado Netanyahu-Trump acerca del sionismo. Las internas con el MST en todos los distritos y la triple interna en Córdoba, serían un sucedáneo de lo que ocurre en los partidos patronales, y por sobre todo una aceptación de las repudiadas PASO, caracterizadas en el pasado como una injerencia del estado en la organización de los partidos políticos. El balance omite lo fundamental: si fue el canal electoral de una vanguardia obrera que progresa en su autonomía política o, principalmente, un heterogéneo voto policlasista, con énfasis especial en el cantero que vota a la izquierda – desde el Frente Grande de Chacho Álvarez, o el Frente del Pueblo con el Partido Comunista. Lo que sería necesario saber es si este resultado electoral es la expresión de una conciencia socialista de una parte de la clase obrera y si prefigura una perspectiva revolucionaria. De lo contrario sería una expresión de izquierda de carácter democratizante, en concordancia con la publicidad electoral que el FITU desplegó en toda la campaña. El desarrollo político de las masas en un cuadro de crisis y disgregación política general debería concentrar toda la atención de un partido revolucionario. El balance del PO oficial tiene un lenguaje más trotskizante. En lugar de hablar del “premio a la izquierda que se une” prefiere hablar de “la amplia votación a las listas de frente único de la izquierda”. Bajo otro ropaje, expresa la misma idea. El frente único permanente no puede existir sino en una forma conservadora y fosilizada. El mentado ‘frente único’ no tiene ninguna expresión fuera del campo electoral, y en algunos sindicatos asume una carácter francamente divisionista. El aparato que dirige el PO encubre el oportunismo con un lenguaje pseudo marxista. A todo fin concreto hace seguidismo al PTS, en especial en la cuestión del feminismo y del trosco liberalismo en el consumo de drogas. En el archivo digital de Prensa Obrera aún figura un artículo de Altamira de 1999 titulado “La unidad de la izquierda debe ser revolucionaria” (aunque el autor de la nota fue cambiado por la enigmática firma de “Editor”). En ese artículo se explicaba que “hay que hacer una unidad para impulsar un Plan de Lucha y una Huelga Nacional; para luchar en los sindicatos con una política revolucionaria; y para oponer a las burocracias sindicales, sin excepción, un Polo Clasista. La participación en las elecciones deberá dar una expresión a esta política y deberá servir para desarrollarla”. Los militantes del PO oficial deberían revisar de tanto en tanto el archivo de Prensa Obrera (y denunciar la omisión stalinista de quiénes han sido los autores de la principal literatura del partido. Las tapas escritas por Altamira aparecen firmadas Partido Obrero). Es necesario recordar que la “izquierda que se une” fue dividida en las PASO. Contrariamente al balance inspirado por la “izquierda que se une”, el MST hace otro diferente: “Dentro de esto, las listas que impulsamos desde el MST obtenemos más de 280.000 votos, llegando casi al 30% del total [de los votos del FIT-U]. Convirtiéndonos así, claramente en una de las principales fuerzas del frente. Ya que la otra lista 1A que integran 3 partidos y varias organizaciones más, obtiene el resto, una cantidad que no se divide en partes iguales entre los tres, sino con claras diferencias entre ellos”. Agregan que ganaron la interna en Salta, San Juan, La Rioja y Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires, el MST sacó el 19,72%. Esta cifra los dejaría afuera de la rotación de cargos parlamentarios, ya que, según afirman en su nota, las otras fuerzas del FIT-U impusieron un piso proscriptivo del 20% para entrar en el esquema de rotación. El MST plantea que “a la luz de los resultados, la Lista 1A debería abrirse a modificar ese reglamento electoral antidemocrático, no puede haber excusas”. Fuego amigo. En la provincia de Salta el PO oficial perdió la interna frente al MST. El derrumbe del aparato del PO, que se presentó en la lista del PTS porque carece de personería, es patético. Mientras en 2019 se jactaban de haber derrotado por medio de un frente de cuatro partidos, al PO real de Salta, ahora ocultan que obtuvieron, por lejos, menos votos que Política Obrera. En las recientes elecciones provinciales aseguraron que los votos de Política Obrera en los distritos del norte eran de ellos. El pasado domingo fue ratificada la primacía sin atenuantes de nuestros compañeros salteños, que llegó en Colonia Santa Rosa, departamente de Orán, al 20 por ciento de los votos. La otra provincia destacada por su triple interna fue la de Córdoba. Al momento de redactar esta nota, ninguna de las fuerzas del FIT-U ha publicado una sola línea sobre los resultados en esta provincia. En esta interna se impuso la lista de IS-PTS, seguida por el MST y más atrás el PO (O), en tercer lugar. El balance del PO (O) hace hincapié en los resultados “marginales e irrelevantes” de quienes nos presentamos por fuera del FIT-U, pero no hay una sola mención al precipicio de la marginalidad en Córdoba, donde no los votaron las mujeres, a pesar de su feminismo (o precisamente por eso), ni el mismo Polo Obrero oficial. El slogan “la izquierda que se une” pretende construir un cerco en torno a estas tendencias disolventes. Las bancas parlamentarias irían, al menos en un 90%, al PTS en la elección de noviembre. Después de esta fecha vienen las elecciones en fábricas y sindicatos. En varios casos la guerra ya está declarada. En vísperas de las PASO propusimos una interna abierta de toda la izquierda, donde se expondrían las posiciones políticas de unos y otros, y sus diferencias, para enseguida concretar un frente único electoral. Como siempre: unidad en la claridad. El rechazo a la propuesta se explica fácilmente: el oportunismo no admite que se ventile su estrategia y su política. Esta es, con toda evidencia, la cuestión decisiva. VER MÁS Los desafíos de la transición política a las elecciones de noviembre, por Jorge Altamira

Luego de la crisis política abierta por la derrota electoral, el Gobierno anunció que postergará la presentación del proyecto de Presupuesto 2022, previsto para el miércoles en el Congreso, junto a la Ley de Hidrocarburos. “Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el nuevo cálculo del presupuesto 2022 lo mandarán al Congreso después de firmar un acuerdo por la refinanciación de la deuda con el FMI” (A24, 14/9). La decisión inicial fue frustrada por los resultados del domingo, ya que una aprobación del Presupuesto por el Congreso en su actual composición, entre las PASO y las generales, habría desatado una hecatombe política. El gobierno ha renunciado a ejercer su derecho constitucional, incluída Cristina Kirchner. Esto ocurre cuando “Hace unos días, según Ámbito, el Palacio de Hacienda había terminado una versión que fue revisada y devuelta con el pedido de profundos cambios” (13/9). Se trata de una revisión de la revisión. “Los lineamientos del Presupuesto estarían siendo conversados con los técnicos del Fondo Monetario Internacional, en virtud del interés de las autoridades de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el pedido de rectificaciones no provino del organismo, sino de sectores del propio Gobierno nacional” (ídem). “ Ante la evidencia de que el próximo Congreso condicionaría fuertemente el Presupuesto del año que viene y los favoritismos que conlleva, el kirchnerismo está forzando la adopción de un Presupuesto para los tres meses finales de 2021, con el propósito de acortar diferencias el 14 de noviembre próximo. Ayer hubo reuniones de “emergencia”. El FMI se mantiene firme en su reclamo de superávit fiscal primario, que no incluye el pago de intereses de la deuda pública. A julio, el rojo primario había acumulado un 0,7% del PBI contra una pauta del 4,5% fijada en el presupuesto 2021. La previsión para fin de año era considerablemente mayor, metiendo presión sobre el financiamiento del Banco Central. Según adelantaban los medios, el “Presupuesto 2022 anticipa una baja del déficit fiscal con respecto al 4,5% previsto para este año y una meta de inflación del 34%” (El Cronista, 13/9). El déficit estimado sería del orden del 3%. El Fondo ha puesto también los ojos sobre el desequilibrio del Banco Central, el denominado déficit cuasi- fiscal, que se origina por el pago de la deuda de la entidad. Los pasivos remunerados del BCRA (Leliq, pases) alcanzarán a $4 billones y medio o 40.883 millones de dólares hacia fines de 2021. El doble de los dos últimos años, según cálculos de IERAL-Fundación Mediterránea (Ámbito, 13/9). Los pagos de intereses sobre esa deuda se estiman en 150 mil millones de pesos anuales – unos 15 mil millones de dólares al cambio oficial. Guzmán dijo que “bajar el déficit no implica ajustar”, lo que revela que está discutiendo con el Fondo, por un lado, y con el kirchnerismo, por el otro, la composición del gasto público, para asegurar las exenciones fiscales ya otorgadas a numerosos capitalistas amigos, un mayor gasto en la construcción y una reducción de aportes patronales, vía reforma laboral. Guzmán supone que podrá seguir financiando gastos por vía del endeudamiento local, o sea incrementando el gasto total, que sí incluye el pago de intereses por la deuda ‘local’, en la cual participan acreedores extranjeros por un 18-20 por ciento del total. La reducción del déficit fiscal, en 2020 y la primera mitad de 2021, implicó la quita de ayudas durante la pandemia (IFE, ATP). También significó seguir financiando a los empresarios con lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas, como en el caso de las petroleras. Agotados los recursos impositivos, una mayor recaudación supone otra devaluación del peso para extraer más ingresos de las retenciones a la exportación, y una suba de tarifas. “Las medidas que previsiblemente pedirá el Fondo para tender a equilibrar las cuentas argentinas no serán de fácil digestión. Por caso, es sabida la oposición de los técnicos del organismo internacional al subsidio de las tarifas. En la actualidad, el precio que pagan los consumidores por la electricidad representa 36,8% del costo. Los expertos calculan que las subas en las tarifas energéticas no deberían ser inferiores a 70% el año que viene” (Ambito, 13/9). El anuncio de que el Presupuesto 2022 lo trata el próximo Congreso, anticipa la decisión de dar una voz decisiva a la oposición de derecha. La expectativa de dividirla a la hora de la votación, se ha convertido en su contrario, cuando ella tiene puestos los ojos en las presidenciales de 2023. La división en el campo oficialista, por el contrario, se va haciendo sentir, como lo demuestran las divergencias patéticas entre Duggan y Sylvestre en la agencia estatal de C5N. La transición política hacia las elecciones generales se encuentra sometida a una exacerbación del impasse económico de Argentina, que objetivamente coquetea con una explosión. La cuestión del Presupuesto ocupa un lugar especial. Una campaña electoral consecuente de parte de la izquierda atacaría todas las medidas que pretenden salir de este impasse, en lugar de sloganes vacíos de contenidos.

El Partido por un Santiago Obrero -nombre de Política Obrera en la provincia de Santiago del Estero- superó el piso proscriptivo que imponen las PASO. El 1,65% de los votos nos permite ir hacia las generales, como la única fuerza de izquierda que presentará candidatos a diputado nacional por la provincia. El MST no superó el piso. La campaña se desarrolló mediante actos barriales, asambleas y volanteos de agitación de nuestro programa, en las que pudimos percibir el descontento por el agravamiento de la crisis social en una de las provincias más castigadas por la pobreza y la precarización de la clase trabajadora. Este descontento se vio reflejado en el descenso de votos a la lista del gobernador Zamora, que siempre se presentó como una expresión independiente de las fuerzas nacionales para poder acomodarse con quienes detentan el poder en la Rosada. Esta vez el tiro le salió por la culata, pues su alineamiento con el Frente de Todos, junto con el progreso de la vacunación y un maquillaje prebendario, no le alcanzó para mantener los plebiscitarios caudales electorales pasados. La fuerza del gobernador retrocedió en votos y esto lo va a obligar a diversos replanteos, teniendo en cuenta que hacia adelante no solo se encuentran las elecciones nacionales generales, sino también las provinciales en las que se renuevan las cámaras, consejos y la gobernación. La izquierda democratizante, por su parte, representada por una alianza del MST, IS y agrupamientos del Polo aparato, se orientaron a desenvolver una campaña hueca, vacía de contenido, pero llena de acciones y actitudes provocativas contra Política Obrera. Lo que lograron fue quedar fuera de la elección general. La campaña de Política Obrera tuvo como punto culminante la fiscalización. Con más de 800 compañeros defendiendo nuestra boleta con uñas y dientes, superando todo tipo de irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral, desde la falta de boletas en la apertura del comicios hasta los intentos de impedir el ingreso de nuestros fiscales con la excusa de los protocolos por el Covid 19. De este enorme padrón, organizado en el Polo, se han destacado importantes activistas que tienen que pasar a transformarse, en el próximo periodo, en militantes y futuros cuadros de la organización. A pesar de contar con escasos recursos, logramos instalar la difusión de nuestro programa en los medios televisivos y radiales más importantes de la provincia. La campaña militante logró desarrollar un comité de apoyo en núcleos de distintos barrios que aportaron fiscales, que agitaron nuestro programa en lugares de trabajo, hospitales, consejo de educación y reparticiones públicas. Logramos consolidarnos en ciudades del interior como Beltrán, Las Termas de Rio Hondo que aportaron en la fiscalización y registro de votantes. Frente a las elecciones generales, que se presentan en el marco de una profundización de la crisis política, nuestro partido seguirá interviniendo y desarrollando nuestros planteos en rechazo al acuerdo con el FMI y por una salida obrera y socialista a la crisis.

Anoche, en el día de la votación y mientras se conocía la votación del FITU, los principales referentes de la lista interna 1A (PTS-IS-PO -O) hicieron un balance que debería ser considerado “llamativo”. En representación del PO aparato estuvo Romina del Pla que, en su alocución, sostuvo que la votación a la lista 1A refleja la disputa con el peronismo por la independencia política de nuestra clase. Esta declaración rimbombante parece un chiste en sí mismo. La campaña del FITU nunca fue más adaptada al régimen y como nunca estuvo desprendida de los intereses de la clase obrera. Las fotos con imágenes de los carpinchos del Nordelta o con los chanchos de origen chino o el debate de la legalización de las drogas, demuestra una campaña alejadísima de los problemas de la clase. Los videos en la red social Tik Tok -la mayoría dedicados a Milei para disputar la condición de “tercera fuerza”- demuestra que la campaña del FITU estuvo orientada a la juventud pequeño burguesa. Como admitió el PTS, ‘polarizaron’ con Milei por la medalla de bronce. El año escolar empezó con todas las fuerzas del FITU defendiendo la “presencialidad segura”. El debate sobre la legalización de la droga, que el aparato introdujo por la ventana en un video para las redes sociales, se produjo en un contexto en el cual el narcotráfico tomaba por asalto los barrios (como denunciamos en el Barrio Uruguay o en La Cava, ambos de Béccar, San Isidro). Esto sobra como prueba de la lucha ficticia que libraron contra el peronismo. Antes que liberar a la clase obrera de la tutela del peronismo, debería hacerlo el FITU de la dependencia de Capitanich, Lammens-Tinelli e incluso de Netanyahu-Trump. La campaña giró en torno a consignas vacías como “la tercera fuerza” o “somos el 80% de la izquierda”, que nada tienen que ver con la disputa con el peronismo. Una verdadera campaña socialista pone en la agenda aquello por lo que el FMI ha condicionado estas PASO: los derechos laborales y jubilatorios. Una campaña clasista contra la reforma laboral y previsional. Por último, llama mucho la atención el tono triunfalista si tomamos en cuenta que PO sufrió derrotas terminales en Salta y en Córdoba. Allí donde ganó la interna lo hizo con el PTS a la cabeza (salvo Chaco y Santa Fe), además de perder lugares estratégicos como la provincia de Buenos Aires o no tener ninguna representación en los debates televisivos como los de TN. La disolución del aparato del PO en el PTS también es una renuncia a la lucha por la independencia política. Conclusión No hubo tal “disputa con el peronismo”. Lo que hubo es una adaptación bochornosa y cerrada, alejada de las reivindicaciones de la clase obrera y más alejada aún de un programa socialista. Hasta noviembre una verdadera campaña de independencia política debe tener como eje la coordinación, pronunciamientos, declaraciones para organizar a la clase contra las reformas que promueve la burguesía. Una campaña para poner en pie a la clase. Lo demás es palabrerío.

Este 11 de septiembre falleció en la Base Naval del Callao -una verdadera fortaleza ubicada en un sitio inexpugnable y donde sólo permanecen en reclusión un puñado de “presos peligrosos”- Abimael Guzmán, cuyo nombre de guerra era Gonzalo, y que fundara a fines de los años 70 la organización Sendero Luminoso (en realidad, el nombre era “Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui”). El grupo, surgido en la zona rural de Ayacucho, se convertiría en una organización de gran penetración en ciertos grupos campesinos que se lanzarían a la así llamada Guerra Popular Prolongada. La estrategia política y militar se llamó Marxismo-Leninismo-Maoísmo-Pensamiento Gonzalo, ya que consideraban a Guzmán como el continuador de “las tres espadas de la revolución”. Sin embargo, mientras el ejército se volcaba a la represión de las comunidades campesinas senderistas, como en un espejo invertido, Sendero atacaba a aquellas que no se plegaban a la guerra popular. Si bien no obtuvieron la misma adhesión en las ciudades, en particular Lima, eso no impidió que se formaran núcleos clandestinos y que, a fines de los años ochenta, cometieran grandes atentados con autos bomba -algunos de ellos causaron masacres en edificios de los sectores medios- y que fuera una costumbre cotidiana la voladura de torres eléctricas, que sumían en apagones diarios a Lima. En 1992 la dirigente María Elena Moyano, que centraba su trabajo social en un barrio popular de Lima y que militaba en Izquierda Unida, fue volada con dinamita atada a su cuerpo, luego de dispararle dos tiros mortales. Su tumba fue volada cuatro días después del entierro. Para estos momentos, Sendero Luminoso sostenía la teoría del “equilibrio estratégico” e incrementaba las acciones armadas con el fin de provocar la acción de las fuerzas represivas, que movilizaran a la población. El momento era explicado por Abimael Guzmán en la llamada “Entrevista del Siglo” en El Diario, que era aliado de la organización. Los orígenes políticos de Guzmán se remontan a principios de los 70, cuando oficiaba como profesor de filosofía en la Universidad de Ayacucho, donde sus ideas políticas ganaron el favor de sus alumnos. Guzmán había viajado a la China de Mao en 1965, de donde volvió convencido de sus ideas. Alrededor de esa época gana la disputa dentro del Partido Comunista Peruano, que se declara entonces maoísta y que planteaba una revolución realizada por el campesinado que debía tomar las ciudades. Mientras tanto, se casaba con Augusta La Torre, cuya familia era comunista. En 1979, luego de todo un periodo de organización clandestina, Sendero Luminoso comienza sus acciones armadas. También el arrasamiento de las comunidades que no se plegaran al partido. Augusta La Torre comandó la primera de estas acciones. La organización se caracterizaba por incentivar la violencia y protagonismo de las mujeres. La década del ochenta fue testigo del ascenso de Sendero. Finalmente, luego de un trabajo investigativo llevado adelante por un organismo independiente de las otras fuerzas represivas, Abimael cayó preso junto a su mujer Elena Iparaguirre (La Torre había muerto durante la realización clandestina del primer congreso en condiciones nunca aclaradas), con quien vivía en el piso superior de una escuela de danza y domicilio de Maritza Leica, una joven perteneciente a los sectores acomodados limeños. La acción de Sendero había redundado en 70 mil muertos, 30 mil provocados por las fuerzas represivas y 40 mil por la organización maoista, según la Comisión de la Verdad. El gobierno de Alberto Fujimori, secundado por Vladimiro Montesinos, había realizado un autogolpe cerrando el parlamento y ejecutando masacres de estudiantes o la irrupción de jueces enmascarados que condenaban a mansalva-. En septiembre se detuvo a Guzmán e Iparraguirre, y comenzó a caer toda la cúpula senderista. Fueron presentados a la prensa vestidos en uniforme a rayas de reos y dentro de una jaula de barras de acero. La diatriba de Guzmán fue interrumpida por el himno cantado por periodistas (y también, se supo luego, por servicios de inteligencia). Un tribunal anónimo los condenó a reclusión perpetua. Luego de negociaciones con Montesinos, Abimael Guzmán -a cambio de beneficios en la prisión para él y la cúpula- anunciaría el acuerdo de paz y renegaría de la acción llevada durante todos esos años. Fujimori y Montesinos, responsables del desfalco al Estado peruano, fueron condenados a prisión por la masacre de La Cantuta, en la fueron asesinados nueve estudiantes y un profesor universitario, además de negociados millonarios. Guzmán, y la organización que dirigía bajo el seudónimo de Presidente Gonzalo, fueron protagonistas de una experiencia caracterizada por su extrema violencia. Llegó a contar con 4.000 combatientes y 50.000 militantes durante su apogeo en los años 80. Su pretensión era instaurar un régimen comunista campesino en el Perú, lo que lo emparenta ideológicamente con Pol Pot y los jemeres rojos que gobernaron Camboya entre 1975 y 1979. El terror ejercido en las comunas rurales contra campesinos y pequeños comerciantes acusados de “contrarrevolucionarios” y ejecutados de las maneras más brutales, liquidaron la simpatía que algunas de sus acciones contra latifundistas, militares y emisarios del gobierno habían despertado en un principio. Esto les valió su aislamiento definitivo de la clase social que pretendían llevar al poder y, más aún, de cualquier base de apoyo urbano entre las organizaciones de masas y los sindicatos. La condena de Guzmán, a pesar de haber sido impartida por la dictadura fujimorista, fue recibida con indiferencia por el activismo peruano. Pedro Castillo, el actual presidente de Perú, de origen campesino, fue miembro de las “rondas campesinas” armadas que combatían a la guerrilla. Murió en prisión, a los 86 años.

El examen de ingreso a los nuevos cargos de residencias y concurrencias del sistema de salud fue un bochorno y el escenario de un nuevo ajuste contra los trabajadores de la salud pública. El concurso debió suspenderse y reprogramarse en sucesivas ocasiones, ya que el Ministerio de Salud nacional y los ministerios provinciales fueron incapaces de garantizar las condiciones mínimas de operatividad y seguridad. A pesar del año trascurrido desde el fatídico ingreso de 2020, nada se hizo para revertir esa experiencia demoledora, que ayer involucró a 10 mil aspirantes en una verdadera tortura virtual. Durante el examen, la página oficial se cayó una y otra vez, impidiendo que se contestaran las preguntas. La angustia y la bronca desbordaron a quienes se vienen preparando desde hace meses y meses para atravesar esta instancia, determinante para su futuro laboral. Médicos/as, kinesiólogos/as, psicólogos/as y profesionales se manifestaron al mediodía frente al Ministerio de Salud de Nación para denunciar al examen como un fraude, exigir que sea anulado y que se reprograme bajo modalidad presencial. Una delegación fue recibida por la Dirección de Talento Humano y Conocimiento, de la cual depende el concurso, que se comprometió a dar una respuesta en una nueva reunión el día jueves. El bochorno de Vizzotti, Quirós y compañía excedió por mucho a la cuestión técnica. El padrón de aspirantes fue publicado a horas del propio concurso. En este padrón, se excluyeron a 300 profesionales que sí habían sido aceptados en el padrón provisorio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los funcionarios decidieron echar mano, a último momento, a un artículo del reglamento de concurso que prohíbe la inscripción a residencias básicas de quienes ya están cursando una residencia en el sistema de salud. Originariamente, este artículo buscaba impedir las renuncias para pasarse de una sede a otra (esas personas tenían que esperar un año para volver a presentarse). Pero ahora, por primera vez, el artículo se aplicó contra quienes están finalizando sus residencias. Es decir, 48 horas antes del concurso, centenares profesionales se enteraron que no estaban habilitados para rendir, por lo que quedarán en la calle en 15 días, cuando en octubre finalicen los actuales contratos. Este manoseo es intolerable contra profesionales que se bancaron la pandemia trabajando sin licencias, sin descanso y por sueldos miserables. Ocurre que, como el sistema de salud no abre nuevos cargos de planta y año a año recorta la formación en las llamadas “posbásicas”, hacer una nueva residencia básica es la única posibilidad que tienen muchos residentes para obtener una continuidad laboral (precarizada). Esta medida expulsiva ejecutada contra las residencias va en la línea del recorte de centenares de cargos de concurrencias realizado por el gobierno porteño hace un par de meses. Como anticipamos en ese entonces, el ataque al eslabón más precario de la carrera sanitaria (las concurrencias que trabajan sin sueldo) era un tiro por elevación al conjunto de los trabajadores de la salud. De fondo, la expulsión de residentes y concurrentes del sistema público busca reforzar el negocio de la capacitación en salud en manos de las camarillas privatistas de las universidades y de los hospitales e institutos privados, que regentean toda clase de cursos, posgrados y especializaciones pagas. La privatización de la formación en salud se produce, sin embargo, cuando su socialización es más necesaria que nunca, ya que los profesionales escasean en los hospitales y centros de salud en el contexto durísimo de la pandemia. Es un achique de personal, apenas disimulado por el trabajo a destajo de residentes y concurrentes, que redunda en jornadas extenuantes y el deterioro de la atención que recibe la población. El Estado alienta una migración constante de profesionales del sistema público al privado, a través de una rigurosa reducción salarial que está en línea con el mandato del buscado acuerdo con el FMI. En el día de hoy, sesionará una asamblea general de aspirantes junto a residentes y concurrentes para discutir los pasos a seguir. Los brotes de la variante Delta ya provocaron nuevas internaciones y muertes en nuestro país, mientras sigue el aperturismo indiscriminado promovido por los gobiernos y el gran capital. Quienes luego tendrán que enfrentar, en las salas y terapias, un desastre sanitario que no provocaron, son manoseados por los contagiadores del régimen político una y otra vez. Es la hora de poner en pie una lucha a fondo para derrotar esta nueva provocación contra los trabajadores de la salud y asegurar que nadie se quede sin rendir. Se impone la necesidad de una coordinación nacional de toda la salud en lucha para ponerle fin a tantos atropellos.

Ayer, en el programa de Antonio Fernández Llorente en C5N (14/9), Néstor Pitrola presentó su versión del balance electoral que hace el FITU. Pitrola aprovechó el espacio para pronosticar que las medidas que el gobierno va a tomar luego de las elecciones son “aspirinas”. Llamó al nuevo “bono de 5mil pesos para los jubilados en octubre”, como propone el Gobierno un “bonito”. En suma, prevé una atenuación del empobrecimiento, aunque mínima. Oficializó que el FITU se ha bajado del reclamo de un salario mínimo igual a la canasta familiar, para reivindicar un monto inferior a la mitad, de 60mil pesos, rozando la media del salario que gana hoy un trabajador ‘formal’. Lo mismo planteó para la franja de jubilados que cobra la mínima de 29mil pesos, e ingresos para los desocupados por debajo de ese nivel de pobreza . A esto llamó Pitrola “un giro copernicano”. El FITU liquida el salario mínimo igual a la canasta familiar, una reivindicación histórica en el marco capitalista, que está evaluado en 130mil pesos, y liquida otra reivindicación también histórica, el 82% móvil para los jubilados. Aunque en la lucha cotidiana se debe apoyar toda reivindicación de una masa moviizada, un partido revolucionario no puede amputar por ello su programa histórico. Ese trabajo liquidar hay que dejárselo a Grabois, Alderete o Pérsico. En otro orden de cosas, Pitrola indicó que “podemos consagrar concejales en decenas de municipios de la Provincia (de Buenos Aires). Lo cual es un cambio del escenario político”. También podría ocurrir lo contrario o algo intermedio. Lo que no clarificó es con qué política apunta a conseguir ese resueltado, ante la crisis de gobierno creada por la derrota fulminante del FdT en las PASO, a manos de la derecha. Se desprende de aquí que seguirá con el slogan vacío de contenido – “la tercera fuerza”. El periodista no lo interpeló acerca de otro punto vital, toda vez que Pitrola representa al Partido Obrero oficial. El aparato de este partido sufrió derrotas descomunales en Salta (un bastión histórico) y en Córdoba, donde no logró los votos del Polo Obrero oficial. En numerosos distritos marchó a la cola del MST. El MST reclama integrar la lista del FITU en la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo el 20% de los votos dentro de las PASO. Una pregunta acerca cómo “conservar” el voto al FITU, mostró un escepticismo del periodista K acerca de las posibilidades de creccimiento electoral. Pitrola respondió que “Yo no comparto que el voto nuestro sea sólo enojo”, o sea que es también, en forma adicional, un voto con contenido político. Acerca de qué significa esto, destacó su carácter feminista, ambientalista y “renovador”.No conciencia de clase y socialista. La respuesta revela que el aparato del PO asumió sin medias tintas la condición de democratizante y posibilista de sus aliados. La crisis del Partido Obrero ha dejado de obedecer al “personalismo del grupo de Altamira”, sino a una diferencia de porte histórico. Nuestra corriente, Política Obrera, no posee, como se ve, el monopolio de destacar la diferenciación política que se manifestó en la reciente campaña – Pitrola también ha hecho su propiia contribución. Arribismo mata programa revolucionario. Para Pitrola, “se ha resuelto una polémica en el Frente de Izquierda que se impuso ante las variantes divisionistas, el FITU ganó ampliamente y con un planteo de independencia política de los trabajadores”. No dice que, para eso, habilitó unas PASO que siempre rechazó – por ejemplo cuando la planteó Política Obrera antes de las primarias. Acostumbrado a la falsificación, no le contó a Llorente que, en el caso de Córdoba, aportaron su cuota al ‘divisionismo’ que atribuye al MST. O sea que Pitrola comparte el divisionismo que condena. Con relación al “planteo de la independencia política de los trabajadores”, sabe mejor que ningún otro que eso es falso, porque el FITU mismo y el PO oficial no reúnen esas características “independientes”. Lo ponen en evidencia los quórum otorgados a Capitanich para pagar la deuda y privatizar tierras; el voto para entregar a Boedo a la especulación inmobiliaria, con el pretexto de que prestó ‘oídos’ atentos a los anhelos de la hincada sanlorencista; o el voto que iguala anti-sionismo con anti-semitismo – y otros proyectos de leyes y declaraciones más. En Santiago del Estero, Política Obrera superó las PASO, lo que no logró el FITU, y en Salta obtuvo más votos que la facción del PTS y el oficialismo pitrolista local. En Santiago del Estero si pasamos . Donde el oficialismo del PO ganó la interna lo hizo con el PTS a la cabeza (salvo Chaco y Santa Fe). En los principales departamentos de Salta, Orán, San Martín y Metán, Política Obrera superó al FITU (que iba con un triple interna). En la gran elección en Jujuy el divisionismo se le coló por la manga: el MST superó el 20% en la interna, e integrará, por lo tanto, la rotación de una futura banca nacional. Pitrola anunció “un plenario del clasismo”, con el objetivo de reforzar electoralmente al FITU. El objetivo del plenario es toda una confesión de oportunismo de baja categoría, en momentos que ha subido al primer punto de la agenda de la burguesía la ‘reforma laboral’. El derrumbe electoral del gobierno ha precipitado decisiones anti-obreras que se esperaban para después de las elecciones generales, incluso el acuerdo con el FMI. La transición ‘electoral’ se ha convertido en directamente política. Deja planteada la cuestión de un plan de lucha en medio del proceso electoral – como ya ocurre con las organizaciones sociales - en las cuales interviene el Polo Obrero oficial, y en las que intervendrá el Polo Obrero Tendencia. El plenario del clasismo se encuenta, de todos modos, en aguas de borrajas, porque no dice si participarán de él los otros grupos del FITU. De confirmarse está omisión, no pasará de ser una maniobra de aparato, con el fin de disimular el retroceso político del PO oficial en el FITU, donde teme convertirse, efectivamente, en “tercera fuerza”. Pitrola agregó que “Tenemos que mostrarle al votante, al trabajador, al votante, a las clases medias, que no van a vivir mientras no haya un mercado interno y un salario igual a la canasta familiar”. “Un mercado interno”, Cuando Gabriel Solano repitió algo parecido, recientemente en Crónica, Guillermo Moreno, otro de los invitados al programa, le contestó: “te hiciste peronista”. El trotskismo de mercado que anunció Pitrola, es una señal definitiva de bancarrota política. “Nuestros legisladores con esta estrategia van a estar a favor de cada reclamo popular”, remató. Pitrola reforzó en su intervención el planteo ambientalista (“listas 100% ecológicas”), feminista (“listas 100% verdes”) y juveniles (“legalización de la mariguana”).

Una familia de cuatro miembros que vive en la Ciudad de Buenos Aires debió contar en agosto con $ 67.780 para no ser considerada pobre - un aumentó un 1,85% en relación a julio (Dirección General de Estadística y Censos). Aquellos que ganan por debajo de $ 35.700 están en situación de indigencia. Para ingresar a la “clase media” se necesitaba el mes pasado $ 104.966, pero sin considerar los gastos de alquiler, por lo que un alquiler de tres ambientes en CABA (para 4 personas), no baja de $ 45.000 pesos. Por lo tanto, el indicador familiar sube a $ 150.000 pesos. La Canasta Básica Total (CBT) determina los límites de la pobreza; la Canasta Básica Alimentaria (CBA), marca el tope de la indigencia. En la medición de los últimos doce meses, el aumento fue mayor para los sectores indigentes (52%) que para los pobres (47,56%) y los de clase media (47,07%), indica El Cronista. El mayor aumento para el estrato de indigencia se debió a que los alimentos (especialmente la carne) y los bienes en general tuvieron incrementos superiores a los servicios. Los especialistas indicaron que existe un “retraso” en los precios de los servicios. Los millonarios subsidios de los servicios son uno de los recursos que el FMI quiere eliminar para el pago de la deuda. Si se incorporara el valor del alquiler a estas mediciones, que ha subido en torno al 50% y más en los últimos 12 meses, para no ser indigente, los ingresos tendrían que duplicar los valores indicados, y para no ser pobre se tendría que ganar en CABA por encima de 100mil pesos. La canasta familiar no es menor a $ 150.000 pesos. Según el Índice Barrial de Precios elaborado mensualmente por la organización Barrios de Pie, “una familia tipo (en situación de indigencia) necesitó $19.829, casi $8.000 más que en diciembre de 2020. Mientras que, para no ser pobre, una familia tipo necesitó $70.695, es decir $17.376 más que en diciembre de 2020” (fénix, 951, 8/9). En comparación con agosto del año pasado hubo un 57,28% de aumento en la canasta. La disparada de la inflación hace que las familias con ingresos más bajos sufran más los efectos de esta disparada, porque utilizan casi la totalidad de sus ingresos en comida, una demanda “inelástica”. En CABA, el 7,5% de los hogares experimentaron riesgo alimentario mientras que en el Conurbano Bonaerense alcanzó el 27,6%. El resto urbano del país, la inseguridad alimentaria afectó al 21,4% de los hogares, reveló El Observatorio de la Deuda Social de la UCA junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ámbito, 8/9). “2 de cada 10 hogares urbanos registraron inseguridad alimentaria durante el segundo semestre de 2020. De manera más grave, el 8,8% sufrió situaciones de hambre (inseguridad alimentaria severa). Pero la cifra recrudece en hogares del nivel socioeconómico más bajo - ascendiendo al 57%, que implica una incidencia casi 3 veces mayor que para el total de los hogares urbanos” (ídem). Mientras que en la población general la pobreza es del 50%, en el caso de los niños/as y adolescentes este indicador alcanzó al 64,6%. “Mientras que el 30% de los hogares con niños del total urbano de Argentina su sufren de inseguridad alimentaria, dicha situación alcanza al 14% de los hogares sin niños” (ídem). La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos más ricos del Continente y el más rico por habitante del país. Sin embargo, buena parte de los trabajadores de la ciudad están por debajo de la línea de pobreza. Los trabajadores del Gobierno de CABA están precarizados y cobran sueldos en negro, muchos ni siquiera ganan lo suficiente como para seguir viviendo en la ciudad, convirtiendo al conurbano en “dormitorios” y llenando el transporte público, hacinados en medio de la pandemia y la explosión de nuevas variantes. Está situación explica la debacle electoral del gobierno. No será resuelta ni atenuada en los próximos sesenta días. Se agravará con las consecuencias económicas recesivas de un acuerdo con el FMI.

Luego de la realización del juicio oral contra el exconcejal Daniel Zisuela y su hermano Martin, del Frente Renovador de Florencio Varela, detenidos en noviembre del 2018 por los delitos de facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años, el próximo jueves 16 de septiembre se dictará sentencia. Durante más de 5 años, Daniel Zisuela regenteó una red de prostitución de mujeres menores y mayores de edad. Pero la red prostibularia salpica a todo un régimen que abarca todo el arco político de los partidos patronales, burócratas sindicales, encubrimiento judicial y policial. El acusado en 2018 (al momento de ser detenido) poseía cuatro cargos en simultáneo: era concejal de Florencio Varela, presidente del bloque de concejales del Frente Renovador que lideraba Sergio Massa, secretario general del sindicato de gastronómicos UTHGRA de la zona sur de la provincia de Buenos Aires (Varela, Quilmes y Berazategui) y presidente del Club Argentino de Quilmes. (Página/12, 3/09). Pero sus actividades y vinculaciones políticas vienen desde la década del ´90. En 1997 era concejal por PJ y era dueño de una whiskería donde prostituía jóvenes y respondía directamente al entonces intendente, Julio Pereyra. También, en el ´98 Zisuela fue condenado por explotación laboral de trabajadores rurales donde fueron condenados Pereyra y funcionarios municipales. La punta del iceberg que afecta a ´todos´ y ´juntos´ Las revelaciones durante el juicio han demostrado que durante el periodo 2013 y 2018 Zisuela y su hermano regentearon una red de prostitución de menores de 15,16 y 17 años que eran reclutadas de la puerta de los colegios para ser ofrecidas en distintas fiestas o puntos de reunión para obligar a menores a prostituirse. Las escuchas de la investigación, por ejemplo, lo revelan, “preparate mamita que tenés que laburar, mañana a las tres te paso a buscar ahí en la curva”. “¿Cómo andan tus cosas en la escuela? eso no inhibe a otras cosas entre nosotros”. “Te espero mañana mamita, livianita de ropa”. “Haceme un favor, mándame una fotito linda bien sexy, estoy con una amiga acá a ver si te puedo vender” (Página/12, 3/09). En una de las audiencias, una de las víctimas declaró que en el reconocido pub “Prince”, ubicado en el Cruce de Varela, mediante catálogo, Zisuela ofrecía los servicios de las víctimas. La testigo describió los abusos sexuales que dieron cuenta del nivel de brutalidad a la que fue sometida, fueron drogadas y golpeadas en reiteradas oportunidades. Además, señaló un departamento de la calle Berutti, en el Cruce Varela, y una casa amarilla alquilada con quincho, a la que iban Hugo Pereyra (hermano de Julio Pereyra ex Intendente de Fcio. Varela), El ´Lagarto´ Olmedo (ex concejal por FR en Fcio. Varela y dirigente de la UOCRA Quilmes), Diego Giménez, también, de la UOCRA y candidato por de Hacemos (sector de Kanashiro que se presentó en las PASO en una de las listas que competía en CAMBIEMOS); Darío Olmedo, de ATE, y Cacho Escobar, denunciado hace años en la causa de los colectivos truchos y señalado como barón de la droga en Varela. El restaurante Prince’s también era un lugar de reclutamiento. Ahí comían el titular de Defensa Civil del Municipio de Varela, Franco Risso, el director de Seguridad, Barraza, también el sindicalista Darío Olmedo. Ahí elegían pibas que derivaban a los hoteles alojamientos: Susurro, de Federico Negri; Ruca Malen y El Refugio, en Varela. Según la denuncia, Zisuela le ofrecía pibas a Amancia Baez que se acostaba con ellas. Otro de los lugares donde fueron obligadas a prostituirse más de 40 mujeres que fue revelado en varias declaraciones de las víctimas para ser llevadas obligadas a Pinamar en la temporada de verano. La ´facilitadora´ que las reclutaba a cambio de dinero era Pamela Sosa, militante del PJ y otra también identificada durante el juicio, fue Mirta Rojas, candidata a concejal de Florencio Randazzo en Varela, denunciada por estas actividades desde hace una década, como aportante de chicas por las que Zisuela le pagaba por mes, con dinero que sacó un maletín. Al menos en una ocasión llevó diez pibas. Tras los alegatos de las víctimas durante el juicio el fiscal pidió 20 años de prisión para Daniel Zisuela, y está por verse el resultado de la acusación hacia su hermano Martín, que posiblemente sería absuelto por los delitos de “facilitación del ejercicio de la prostitución” por falta de pruebas. El próximo jueves 16 nos movilizamos a los Tribunales de Quilmes junto a organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda y organizaciones piqueteras para que se cumpla el pedido de JUSTICIA para todas las víctimas y tome impulso un gran movimiento contra todo el régimen político patronal, el Estado encubridor y toda la burocracia sindical. Condena efectiva y cárcel común a Zisuela Daniel y sus cómplices. Exigimos profundizar nuevas investigaciones para identificar a todos los responsables. Desmantelamiento de las redes de trata prostibularias que están amparadas por todos los poderes del Estado. Reparación económica (con un subsidio igual al costo de la canasta familiar), reparación psicológica y legal para todas las víctimas de los hechos. Cumplimiento efectivo de la “Ley de Víctimas de Trata”.

En la plataforma electoral de Avanza Libertad se afirma que la decadencia Argentina "lleva 7 décadas de variantes del mismo modelo nacional y popular de economía cerrada al comercio; indisciplina fiscal e intervención generalizada del Estado", es decir que la decadencia se iniciaría con el primer gobierno de Perón que se caracterizó por promover desde el Estado la más amplia organización de los sindicatos y una frondosa legislación social, como una forma de contención y cooptación del movimiento obrero, preexistente al general. La propuesta política se destaca por trazar una perspectiva de ataque a los sindicatos, definidos como fuerzas "extorsivas" y "anticuadas" que deberían sujetar los salarios a los "aumentos de productividad". En toda la línea de la plataforma electoral se elabora un plan de acción política que, de suceder, implicaría un retroceso histórico en las conquistas de los trabajadores. Para Milei (el outsider de la política), el proyecto de país pasa por estimular a los sectores productivos "primarios, los industriales de exportación y los servicios capaces de generar o ahorrar divisas de una manera menos costosa", una nueva versión de los planes de Menem-Alsogaray-Cavallo. Reforma laboral y flexibilización Avanza Libertad, de Milei, promueve una reforma del régimen laboral con aumentos salariales atados a la productividad empresarial, convenios por empresas, anulación de las indemnizaciones por despido a las que considera uno de los principales obstáculos "para generar empleo en blanco". Según la plataforma la indemnización por despido debería ser reemplazada por un "seguro de desempleo", que deberá estar a cargo del trabajador mediante "aportes personales al fondo de desempleo". En caso de que ese fondo no se use o se use parcialmente debería funcionar, siempre según Milei, como "ahorros personales que estarían disponibles al momento del retiro, engrosando los ahorros previsionales para obtener una mayor jubilación; o aumentar el acervo hereditario del trabajador fallecido". Ahorrar para el desempleo, la jubilación o la muerte. Argumentando que pretenden "eliminar los privilegios de la dirigencia sindical", proponen enfrentar "el problema político primario" que es "el comportamiento del movimiento sindical", porque resuelve "en las calles lo que se debería dirimir en el Congreso a través de los representantes del electorado". A sabiendas que sus propuestas políticas generarán resistencias plantean, dentro del punto "reforma laboral" un ataque al movimiento sindical, proponiendo promulgar leyes para lograr la "eliminación" de las "huelgas generales" y de la "ocupación de los espacios públicos", todas acciones a las que denomina "extorsivas" y que deberían ser enfrentadas mediante un régimen de "tolerancia cero". El libertario (del capital) quiere un Estado de control (para el trabajo), promoviendo restricciones al derecho de huelga, multas y prisión para quienes impulsen y realicen acciones de lucha. La represión, "legalizada", que quiere impartir Milei está sujeta a los fines de instaurar una reforma laboral reaccionaria. Avanza Libertad impulsa “declarar a la educación como servicio público esencial, eliminando o limitando severamente el derecho de huelga” a los fines de penar con prisión a “los dirigentes sindicales que provoquen huelgas ilegales”. Plantea eliminar el estatuto docente y quitar la cláusula sobre despidos, habilitando “el despido justificado o no”. Plantea también que los salarios estén sujetos a la eficiencia de cada docente y promueve un financiamiento a las escuelas privadas (subsidios) por alumno matriculado, profundizando la competencia y por lo tanto promoviendo el progresivo abandono del financiamiento de las escuelas de gestión estatal. Eso sí, como todos los gobiernos del régimen, mantendrá la descentralización financiera operada a partir de la dictadura genocida de 1976. En lo referido a la universidad se plantea que la gratuidad debe ser “rápidamente reemplazada por un sistema de becas”, que deberían ser otorgadas “cuando el alumno reúna las condiciones de méritos académicos suficientes demostrados antes y durante su carrera universitaria”, la vieja concepción meritocratica que pretende justificar las diferencias sociales por razones individuales. El "antisistema" promueve una flexibilización de los contratos laborales “para adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos y maximizar la productividad”, pretende modificar “los plazos y modos de contratación” y reconocer “el carácter multifuncional, multiprofesional y polivalente de las tareas”. La juventud que votó a Milei por sus improperios al régimen político no tiene salida sí deposita su confianza en el aventurero del gran capital que sólo garantizará mayor precarización y maltrato laboral. La retórica outsider Milei, que se ha presentado como un "outsider" de los partidos políticos tradicionales, se postula como antisistema y enarbola, retóricamente, un ataque al régimen social vigente que capta la atención de quienes se han visto defraudados y descreídos de las experiencias vividas con los partidos tradicionales. A diferencia de otras aventuras antisistema, Milei se apoya en arengas sin tapujos contra la izquierda, a la que dice ver en todos los espacios políticos, denominando al Frente de Todos y a Horacio Rodríguez Larreta como zurdos o socialistas. Pero no desconoce las divergencias entre las fuerzas políticas en pugna, sucede que en un contexto de crisis del régimen social pretende desacreditar la perspectiva socialista calificando a los partidos patronales, responsables de esta crisis, de ese modo. Busca así robustecer una fuerza civil de choque contra los trabajadores y sus organizaciones como también contra las fuerzas políticas de izquierda. Milei quiere instaurar el "Reich de los mil años" en una versión criolla, cuando manifiesta que "la magnitud de las reformas necesarias...no será tarea para un solo periodo de gobierno", el libertario quiere ser un monarca. Con un lenguaje soez le hace saber "a la casta política de mierda, chorra, parasitaria e inútil", que será un garante de la propiedad privada porque, dice, "jamás iré contra la propiedad privada" . El ataque a los representantes políticos como “casta” pretende ocultar que estos políticos, incluso Milei, son "una junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa" (Marx, Manifiesto). Al hablar de “casta” encubre el carácter de clase de los políticos patronales, algo que tienen en común. La retórica agresiva contra la "casta" sirve a los fines de pretender contener y conducir la indignación genuina de la población contra los políticos del régimen social capitalista, salvaguardando la sacro-santa propiedad privada. Su retórica antisistema (referido a la casta política) tiene un peso específico que solo puede entenderse por la dimensión de la crisis real, material y cultural que vive nuestro país y el mundo. Milei, con su plataforma política y con su retórica, pone de relieve que no está participando en la contienda para obtener meramente “bancadas” o ser una fuerza más en el congreso (ni 1era, ni 2da, ni 3era). La plataforma evidencia que utiliza esta contienda legislativa con una perspectiva de poder. Avanza Libertad se muestra más agudo en su visión de la magnitud de la crisis que la izquierda unida, que pretende enfrentar a Milei de un modo ideológico, poniéndolo como enemigo a derrotar, en el propósito de convertirse en 3era fuerza, de este régimen social. La izquierda (el FITU o los (r)evolucionados) al centrar su campaña en ser 3era fuerza se muestran con la preocupación de integrarse al sistema y, por lo tanto, se convierte en parte de la casta porque si pretenden ser 3era fuerza, luego querrán ser 2da para finalmente (e ilusamente) convertirse en primera fuerza. La campaña de la izquierda, en este marco de crisis, queda así relegada a un carrerismo en el parlamento. La izquierda: en las redes por las bancas o una perspectiva de poder La izquierda, en particular el PO (dentro del FITU), han colocado a Milei como su gran contrincante. Lo que demuestra un problema de cómo entienden la dimensión de la actual crisis mundial. Frente a la situación catastrófica que vive nuestro país y la conflictividad en el mundo, está planteada una crisis de régimen que pone a la orden del día el desafío, para la izquierda, de presentarse como alternativa a dicho régimen en bancarrota, no una pelea por quién ocupa un determinado lugar según disponga el electorado. Por el contrario, el peluca Milei y Espert pareciera que han comprendido mejor la magnitud de la crisis que vivimos. El día después de la elección Milei ya ha dicho que la perspectiva que se le abre al gobierno actual es avanzar en un ajuste inmediato o llevarnos a un proceso más agudo que el “rodrigazo” (reportaje en Radio con vos, 13-09). El camino hacia el rodrigazo fue señalado, oportunamente, por la corriente histórica del Partido Obrero (hoy Política Obrera), en 2018. El día después de las elecciones, Milei se ha mostrado moderado y reconociendo que recién pasó las PASO, si bien con su moderación ya ingresa en los protocolos institucionales del respeto y los buenos modales, su programa y su perspectiva pone de relieve que estamos ante la representación del intento de la burguesía por retomar su iniciativa a costa de imponer la derrota en la clase obrera. La campaña de la izquierda por ser tercera fuerza es incapaz de enfrentar esta variante porque a Milei no se lo derrota con "un enorme crecimiento de la batalla política en las redes sociales", ni convocando a la juventud a que revolucione "las redes sociales" (discurso de Biasi en acto de la juventud del FIT-U) o convocando a una lucha contra Milei, "por más votos" (Solano entrevistado por Prensa Obrera, el 12-09). La izquierda que hace gala de unidad sostuvo una campaña electoral mediante gigantografías, afiches, emulación de series taquilleras y convocatorias a intervenir en Tik Tok. Los libertarios convocaron a arengas públicas y concentraciones. La fisonomía de campaña de Milei fue en la calle, la de la izquierda (oficial), en las redes. La batalla política, en este marco de crisis, está planteando una perspectiva de poder, es decir, contra la clase capitalista (que se disgrega y se encuentra desorientada) en su conjunto. En tal sentido, no se trata de autopercibirse, autonombrarse o creerse que uno se erige en 3era fuerza para garantizar derechos y una perspectiva histórica, sino de desarrollar esa perspectiva. Una campaña del frente de izquierda debería, en primer lugar, establecer una propuesta política al conjunto de la población, promover la organización para derrotar todas las reformas en marcha y el pacto con el FMI que se apresta a ser votado en el congreso; para lo cual correspondería poner en alerta y movilización a trabajadores/trabajadoras de todos los ámbitos y en especial allí donde el FITU conduce (Ademys, AGD, SUTNA, Sutebas, etc.). Convocar a una amplia deliberación y posicionamiento por parte de trabajadoras y trabajadores para afianzar las bases de una lucha consecuente por los derechos que se pretenden avasallar. Y dotar de una comprensión política de conjunto a la clase, por una política de frente único ante el derrumbe en toda la línea del régimen social vigente, por una asamblea constituyente y soberana.

Estás PASO nos presenta un terreno de convulsión política donde los sectores políticos que se alzan con la mayoría de los votos, son en gran parte reaccionarios. Desde JxC hasta Milei configuran un espacio de distorsión política enorme que convierte al electorado en consumidores con los cuales las listas de los partidos patronales especulan como si el voto fuese una cuasi-moneda. Pero como sabemos, una de las consecuencias más inmediatas de la circulación de este tipo de monedas es la devaluación. Claro que esta conceptualización no es capaz de representar la totalidad del fenómeno en términos políticos, sin embargo, es esa inmediatez de las elecciones la que termina traduciéndose en una baja en el valor del voto debido al creciente descontento de la población frente a las alternativas políticas que se van desarrollando en un contexto de crisis humanitaria como el que caracterizamos desde hace tiempo. Lejos de la generalidad de las PASO, lo importante a señalar aquí es lo siguiente: las tendencias de derecha crecen, pero todavía tienen que ser probadas. La capacidad de cooptación del voto por parte de estas nuevas propuestas políticas tendrán la posibilidad de ser demostradas en las elecciones generales, donde se verá si realmente son alternativas políticas con gran terreno electoral, o si simplemente son un intento del liberalismo por quitarse la marca que les pesa desde el menemismo en adelante. Sea como sea que se desarrolle la campaña electoral de cara a noviembre, la intervención de Política Obrera en la concientización de los trabajadores será clave para comenzar a marcar un camino revolucionario que tenga en perspectiva un estallido social de características históricas. El desarrollo de la conciencia de las masas puede significar un parte aguas entre el patíbulo y la libertad de la clase obrera.

El lunes 20 de septiembre a las 13hs va haber una concentración en Comodoro Py, por la absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, y la inmediata libertad del compañero Sebastián Romero, preso político desde el gobierno anterior. Estos tres compañeros fueron perseguidos judicialmente por haber enfrentado, en las jornadas del 14 y 18 de diciembre, a la reforma previsional del macrismo y la seudo-oposición, que tenía como objetivo robarles millones de pesos a los jubilados. La reforma previsional que se votó en aquel entonces en la Cámara de Diputados de la Nación -pacto mediante con los gobernadores del PJ- luego fue derogada por AF y reemplazada por otra fórmula de movilidad, nuevamente en detrimento de los jubilados. Ambas ´reformas´ fueron la antesala de las futuras ´reformas estructurales´ que están en la mesa de negociación con el FMI, y que intentaran legitimarlas por medio de su aprobación en el Congreso. La reforma previsional de Macri fue enfrentada por una enorme movilización obrera y popular, a pesar de la represión por parte de la Policía de la Ciudad y Gendarmería, que dejó un saldo de centenares de manifestantes heridos, varios de ellos gravemente. El Estado se ensañó con los compañeros, persiguiéndolos, iniciándoles causas, incluso metiéndolos en prisión. Se los pudo liberar por medio de la movilización popular – Sebastián Romero cumple prisión preventiva en su domicilio, a pesar de estar acusado por un delito menor. La persecución judicial por parte del régimen patronal continúa contra ellos. La continuidad de la violencia contra los activistas que salieron en defensa de los derechos de los jubilados demuestra una vez más que la grieta, no es entre “Nac &Pop” y “neoliberales”, sino entre los trabajadores y la burguesía. Llamamos a apoyar a Cesar Arakaki, a Daniel Ruiz y Sebastián Romero, concentrar en Comodoro Py y exigir la absolución de los perseguidos políticos, la libertad de todos los presos por luchar.

La pretensión oficial de 'enderezar el rumbo', anunciada por Alberto Fernández en la noche de la derrota electoral, ha tomado un sesgo ‘golpista’ al interior del gobierno – “un golpe de palacio”. No cabe otra etiqueta a la fila de ministros y funcionarios de todos los niveles que han `puesto su renuncia a disposición´ del Presidente – hasta Victoria Donda. Todos de cepa ‘cristinista’. Lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires. No son, sin embargo, “renuncias indeclinables”, aseguraron los renunciantes que no renuncian. De qué servirá este renunciamiento que no es tal en la reversión de la derrota del gobierno en las PASO, nadie se ha tomado el trabajo de aclararlo. Porque en definitiva debería tratarse de esto, porque el ‘enderezamiento del rumbo’, si existe tal cosa, podría haber sido dejado para diciembre próximo. ¿No ha insistido Guzmán en que el gobierno tiene las cuentas controladas? Los Fernández corren ahora el riesgo de adicionar a la crisis de gabinete del día de hoy otra a fin de año, si en lugar de revertir los resultados electorales de hace tres días, los empeora. Cristina Kirchner ordenó la oferta de disponibilidades de ministros, para sacarse a otros de encima, supuestamente los del charco albertista. Entre ellos la de Martín Guzmán, el ministro que estampó la firma en la reestructuración de deuda hace más de un año, y ha desarrollado un mercado de endeudamiento ‘local’, con la garantía de su sola firma. Es, por sobre todo, quien negocia con el FMI. Pero al final de la noche del miércoles nos enteramos que “el pibe” había enviado al Congreso el proyecto de Presupuesto de 2022, nada menos que “la ley de leyes”, con el aval de la vicepresidenta que aprieta el Presidente. Esto quiere decir que la jefa eterna no ha sacado los pies de la firma de un acuerdo con el FMI. ¿Cree el kirchnerismo que con este Presupuesto dará vuelta la derrota en las PASO? De ocurrir tal cosa, el electorado argentino merecería un premio Nobel en la especialidad de cuentas públicas. Como es conocido desde hace tiempo, Cristina Fernández quiere la cabeza de Cafiero, el jefe de Gabinete. Se supone que es para copar la burocracia de gobierno, con el pretexto de ‘homogeneizar la gestión”. Pretende recuperar la adhesión de los gobernadores pejotistas y asegurar que su hijo arribe, finalmente, a la presidencia del PJ bonaerense. Con esto impondría un comando único a la campaña electoral del oficialismo. Que esto sirva para revertir la elección, es más o menos como “elige tu propia aventura”. Los maliciosos interpretan que quiere poner a Sergio Massa en lugar de Cafiero, lo que acabaría con la línea de sucesión presidencial, pues en caso de una renuncia forzada de AF, sólo quedaría la sucesión CFK o la Corte Suprema y adelantamiento de las elecciones presidenciales. Es una suerte de ‘yo o el caos’. El afán de superar la derrota electoral cobra una dimensión desconocida, porque pone en crisis la línea de defensa de la Vice en casos de corrupción como el memorando con Irán, y hasta resucitar incluso la muerte de Nisman. Si la preocupación es esta, el kirchnerismo debiera haber ido a unas PASO del FdT, en todos los distritos. Como no tenía rienda para tanto, ahora ha sucitado esta crisis, que es un reverso de la triple alianza que tejió en 2019 para ganar los comicios de ese año. El cuento del que va por lana y acaba esquilado. Para Alberto Fernández, una reorganización del gabinete debía esperar a la finalización de las elecciones generales. Suena razonable. Pero entretanto había que atravesar dos meses al acecho de una crisis de financiamiento y, por supuesto, de movilizaciones y luchas en el marco de un empobrecimiento enorme. Las cuentas que Guzmán tiene encuadradas han salido de cuadro, y podrían no soportar una nueva derrota electoral, que podría ser todavía mayor. Macri ya ha advertido que, en tal caso, el gobierno “se tiene que ir”. La fracción cristinista, que fue lenta en adelantarse a los acontecimientos, ahora se apresura en el propósito de prevenirlos. Al final, el golpe palaciego encuentra su raíz última en una crisis de conjunto, de características terminales. Una crisis terminal significa que involucra a la oposición, tan incapaz de ofrecer una salida sin choques como el oficialismo. Lo demostró en 2016. Vista en su conjunto y de forma dinámica, la victoria electoral de la derecha el 12 de septiembre, desata una crisis que la supera, o sea al régimen político como tal. Es lo que hemos advertido desde el lunes siguiente a las PASO: Argentina no ingresa a una etapa constitucional de renovación de representantes, sino a una transición de carácter político general – la campaña electoral de los participantes muta en una lucha política abierta ante un gobierno que tambalea. Si la deuda externa, el FMI y el ajuste no los divide sino que los mantiene unidos, el golpe palaciego traduce un impasse de gran envergadura y una reacción ciega frente a las perspectivas. A la alternativa final de un gobierno de la Corte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana, que asuma el poder político, representa la única alternativa realmente progresista y concretamente revolucionaria. Esta consigna no debe faltar en ningún programa de la clase obrera. Con esta política lanzamos nuestra campaña de propaganda y agitación, paralelamente a la campaña electoral que se inicia en octubre. No es el momento de una indicación de voto independiente del contenido de conjunto de la campaña. Esa indicación debe estar condicionada al desarrollo de la crisis y de las posiciones de unos y otros en esa crisis. La indicación de voto debe estar al servicio de reforzar la posición de lucha de la clase obrera contra el capital y el Estado. No puede comprometerse con la política parlamentaria que promete la izquierda democratizante, a la luz de la trayectoria que ha tenido en los parlamentos y del programa que esgrime. Los períodos transicionales son pródigos en crisis y giros políticos de todo orden. Es lo que ha aprendido el socialismo internacional a lo largo de la historia.

Este viernes 17 de septiembre a la mañana una coordinación de organizaciones piqueteras saldrá a reclamar nuevamente al gobierno. Denunciamos que llevamos meses sin respuesta a nuestros reclamos. Los comedores y ollas populares aguardan los alimentos comprometidos. Los compañeros sufren bajas y descuentos en sus planes sociales. Las tandas de aumentos con la Ley Ramona y duplicaciones están pendientes. Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo incumplen los compromisos acordados con las organizaciones y llevan un recorte del presupuesto social de más de la mitad en el último año. En un contexto de crisis económica y social, con millones de nuevos desocupados, con la caída a pique de salarios e ingresos, con la inflación y aumentos en los alimentos de la canasta básica. Los planes sociales están reducidos a meras ayudas que están lejos de los 29.000$ de una canasta de indigencia. La situación es insostenible para millones de familias y en cada barrio se siente la bronca. Al contrario de atender estas demandas el gobierno, golpeado por la bronca por abajo y rechazado a nivel popular, lleva adelante un ajuste brutal que apunta a retroceder las condiciones de vida 20 años. A pedido del FMI pretende avanzar sobre conquistas históricas de los trabajadores: la indemnización por despido, la edad de jubilación y los derechos laborales. Reclamamos un plan de obras públicas de viviendas y trabajo genuino, en blanco, con aportes, obra social y jubilación. La única respuesta de parte del gobierno son planes con montos de miseria. Que ahora quieren reciclar transformándolos en un subsidio al capital rural e industrial para que configuren la mitad del costo salarial. El famoso "empalme" del Ministro Zavaleta no es más que una gran operación para precarizar a millones de desocupados y una extorsión al trabajador ocupado para que pase la destrucción de sus convenios colectivos y sus conquistas laborales. La salida para el más del 50% de la población pobre no es con más precarización y trabajo basura. Salimos a las calles por estos reclamos y llamamos a la unidad de todo el movimiento de desocupados, rechazamos cualquier tipo de tregua o colaboración con esta política de hambre y ajuste con la que se pagan millones a la usura financiera, los bancos y al FMI. Por pan y trabajo - ¡Basta de miseria! - No al acuerdo con el FMI 17/9 JORNADA DE LUCHA PIQUETERA NACIONAL Concentramos a las 10:30hs en Plaza Constitución y en todo el país. Polo Obrero Tendencia - MTR Histórico – FTC M29 - Resistencia Popular – 19 y 20 de Diciembre –

Los contagiados en el nivel primario de la escuela ORT (sede Belgrano) han ascendido a 61. Al menos tres de ellos fueron confirmados como portadores de la variante Delta. Esta dramática y, a la vez, previsible situación ante el escenario aperturista ordenado por los gobiernos, contrasta con la decisión de Larreta-Acuña de flexibilizar aún más los “protocolos” en las escuelas. La problemática de la ORT se enmarca en un cuadro más general de la Ciudad: en el mes de agosto, más de 15.000 estudiantes debieron ser aislados, lo que implicó un aumento del 97% de aislamiento preventivo en las escuelas ante casos sospechosos y confirmados de Covid 19 (Página 12, 15/09). Desde el gobierno porteño, en cambio, aseguran que la mayoría de esos aislamientos luego se tradujeron en testeos que dieron resultados negativos, por lo que dicen estar analizando dos variantes para aplicar al ya derrumbado “protocolo”: que al aislamiento se proceda únicamente cuando el estudiante presente dos síntomas compatibles con el Covid 19 o bien que se aísle únicamente a dicho estudiante hasta realizar un hisopado y descartar la duda. Esto pone en peligro, absolutamente, al conjunto de la comunidad educativa y la población en general. Un estudiante con síntomas compatibles al Covid debería realizarse un hisopado a los tres días de comenzados los síntomas, para descartar un falso negativo. Mientras tanto, los estudiantes y docentes que hubieran sido contacto estrecho de ese estudiante, seguirían en las aulas sin ningún tipo de aislamiento y exponiéndose a una situación como la que ahora atraviesa el colegio ORT, o aún peor. Si bien desde la UTE reclaman al gobierno materiales de seguridad, medidores de dióxido de carbono y vacunación para menores, sabemos que esos son reclamos para la tribuna: el mismo Trotta fue quien, a nivel nacional, avaló la reducción de la distancia social en todas las aulas del país y aseguró que habría elementos de seguridad que se contraponen con la situación de precariedad que se transita cotidianamente en la gran mayoría de las escuelas del país. Ademys, por su parte, se ha manifestado en contra de la eliminación de las medidas de “cuidado” y rechaza la flexibilización de los protocolos, en la línea de la “presencialidad segura”. Mientras tanto, médicos alertan sobre la disparada de casos que puede provocar a población pediátrica que se encuentra expuesta en las escuelas a la convivencia con el virus. Seguimos sosteniendo que ningún protocolo es viable en un contexto de pandemia. La eliminación de cualquier tipo de medida de distanciamiento social confirma la línea presencialista que han defendido los gobiernos, porteño y nacional, en la línea de los reclamos de las grandes patronales y el FMI para llevar adelante una “nueva normalidad”, con graves consecuencias. La confirmación de nuevos casos de la variable Delta en la Ciudad de la mano de los contagios en la escuela ORT (cuando en CABA había cinco casos confirmados al momento) es el botón de muestra de esta bomba de tiempo que es la presencialidad escolar en pandemia.

El juez de garantías número 1 de Orán, Federico Oyarzú, decidió elevar a juicio a Yolanda Vargas, la madre salteña que perdió a sus dos hijos cuando se incendió su casilla a principios de este año en la localidad de Colonia Santa Rosa. Hace dos meses, la Fiscal Claudia Carreras había solicitado la elevación a juicio de la causa bajo la figura de “abandono de persona, seguido de muerte y agravado por el vínculo”, una carátula que lleva hasta 20 años de prisión. El juez falla, en contra del pedido de sobreseimiento, realizado por la defensa en tiempo y forma. Mientras, decide hacer lugar al pedido de la Fiscal que, como denunciamos, acusa a Yolanda de una acción deliberada contra sus hijos y está plagado de irregularidades para sostener una imputación, que -como ya han demostrado las enormes muestras de solidaridad, por las condiciones sociales y los testimonios de vecinos, familiares y compañeros- se cae por su propio peso ( https://politicaobrera.com/mujer/5157-yolanda-vargas-la-fiscal-vuelve-a-la-carga ). Oyarzú y Carreras son instrumentos de un Estado que ha puesto todos sus instrumentos para culpabilizar a una madre y dar impunidad a los que gobiernan y han gobernado en la Colonia Santa Rosa y en la provincia, como Sáenz o el intendente Guerra. Muestra de ellos es que jamás comparecieron ante la justicia para siquiera rendir cuentas de las condiciones a la que Yolanda, sus hijos, al igual que cientos de familias se encontraban (y se encuentran). Este fallo de Oyarzú es un mensaje de advertencia a las trabajadoras y a nuestras familias que estamos relegadas a la miseria social, a la falta de trabajo, de viviendas y de urbanización. Mientras ellos buscan nuestra resignación, el camino es el abierto por la propia compañera Yolanda Vargas o Marina Cruz: rebelarnos ante el Estado, sus funcionarios, responsables de nuestras penurias. Convocamos a las compañeras, a las familias a redoblar la lucha por el desprocesamiento de Yolanda, por el acceso a la vivienda y el conjunto de nuestras reivindicaciones. Las convocamos a una agenda de lucha contra el Estado. Convocamos a personalidades, a artistas y a la población en general a sumar las voces contra la Justicia, cómplice de los verdaderos responsables de nuestras penurias.

En los primeros días de setiembre, las autoridades del Hospital Mercante de José C. Paz fueron removidas por el Ministerio de Salud. Los trabajadores organizaron asambleas para defender que las nuevas autoridades se voten entre los trabajadores del hospital. El Gobierno Provincial, sin embargo, designó nuevas autoridades, lo que despertó una reacción masiva entre los trabajadores, en rechazo a la intervención y denunciando que el objetivo es la municipalización del hospital. La votación masiva de los trabajadores y la elección de una de las listas abrieron una pulseada entre los trabajadores del hospital, con una larga tradición de lucha, y los gobiernos provincial y municipal. Tras caer la Dirección del Hospital, los trabajadores se plantearon elegir de manera directa a quienes van a ser las nuevas autoridades, un método que vienen sosteniendo desde hace 20 años. El miércoles 8 de septiembre realizaron una elección en la que participaron dos listas, una de ellas con la participación de Silvia Mistchenco, una de las referentes sindicales de la Lista Negra del Hospital. Durante la misma mañana de la elección, se presentó un director enviado por el gobierno provincial (y vinculado al municipio), dispuesto a ocupar el cargo, algo que se interpretó como un desconocimiento a la elección de autoridades por parte de los trabajadores. Esto generó una rebelión entre los trabajadores del hospital, quienes expresaron activamente su rechazo a la dirección impuesta y defendieron su derecho democrático a la organización decidida por el conjunto. El intento de disciplinamiento del gobierno hizo estallar la bronca. En asambleas masivas se votó el rechazo a la dirección impuesta, no se les permitió asumir y se garantizó la elección democrática de la nueva dirección, sosteniendo el método que desarrollan desde hace décadas. Las recorridas del interventor por el hospital fueron rechazadas por los trabajadores. Con más del 60% de los votos y una altísima participación (votaron cerca de 600 trabajadores) se impuso la lista encabezada por el Dr. Franco y Silvia Mistchenco. Este resultado fue refrendado en asambleas que expresaron la decisión categórica de que la nueva Dirección sea reconocida por el Ministerio, respetando el sentimiento generalizado de quienes sostienen el funcionamiento del Hospital. Solamente un sector, ligado a la lista que perdió la elección y a los Jefes de Sector, intenta deslegitimar el acto electoral. Tras estar a favor de la organización independiente de los trabajadores, como no ganaron la elección, le dan la espalda abriendo la puerta a la intromisión de una dirección al servicio del gobierno. La discusión de fondo Nuestro posicionamiento político es que debemos apoyar esta rebelión. Detrás de la discusión sobre quien elige las autoridades, en realidad están confrontando intereses muy profundos. El Gobierno Provincial, busca imponer las autoridades para profundizar la precarización laboral ya existente en el Hospital, atacar todavía más las condiciones de trabajo, y ajustar todavía más el presupuesto. Una agenda de reforma laboral, en perjuicio de los trabajadores del hospital y de los pacientes. Para lograrla, el Estado debería arrancar de raíz la organización independiente que representa al colectivo de trabajadores del Hospital y que se expresa en su cuerpo de delegados con una larga tradición en defensa de los trabajadores. La agenda de los trabajadores se opone por el vértice a la del gobierno provincial: la defensa de las prestaciones a los pacientes, el reclamo de insumos, la defensa de los puestos de trabajo ha concitado la adhesión de la comunidad del hospital. Detrás de la defensa de la elección de autoridades está el rechazo al vaciamiento del hospital y el rechazo a la municipalización -un objetivo histórico del gobierno paceño-. No se trata de un caso aislado: la agenda de profundizar la precarización laboral y reducir el presupuesto de salud -así como la suba de la edad jubilatoria y la liquidación de los regímenes especiales jubilatorios- están en línea con los planes del nuevo acuerdo con el FMI. Cómo se ve, detrás de la discusión de quién elige las autoridades hay intereses estratégicos. La lucha del Mercante se encuentra en pleno proceso. Las medidas de acción resueltas continúan con quites de colaboración, difusión al conjunto de los pacientes y vecinos y a las organizaciones de trabajadores, comprometiéndolos con la defensa del Hospital y la pelea por el reconocimiento de la Dirección que votaron sus trabajadores. En el marco de las medidas resueltas, ayer miércoles 15 se realizó un corte de la ruta 197 a la altura de Muñoz, José C. Paz.

Esta campaña electoral tuvo como novedad, la aparición de una tercera fuerza. Con 13%, la lista de Javier Milei superó a la de Myrian Bregman, que obtuvo el 6 por ciento. Estuvo a la altura de los votos de Zamora, un 14%, en las generales de 2003. Pablo Stefanoni, un conocido periodista, había pergeñado la tesis de que la rebelión había pasado del campo de la izquierda al de la derecha. Es un medio acierto, porque el conformismo ‘izquierdista’ ya lleva algunas décadas. Los libertarios se han apropiado del discurso de la española Podemos y de Del Caño y Bregman, que trocaron la denuncia del capital por el de la casta. Asesor económico del monopolio Eurnekian, Milei quiere pasar a la casta pública para defender los intereses de los capitalistas ‘prebendarios’ del Estado. La acumulación originaria de cualquier capitalista arranca con el saqueo de los fondos públicos. Para terminar con el Banco Central, como insiste en proponer, Milei deberá antes estatizar las Leliq y los pases, o sea cargar al Estado con una deuda pública 40 mil millones de dólares mayor. Luego, para “abolir” el Estado, su otra propuesta, deberá hacer pagar a los trabajadores una deuda pública que habrá llegado al medio billón de dólares. La conquista de la libertad, su objetivo moral, según dice, se alcanzaría cuando decenas de millones de trabajadores sean reducidos al estado de esclavitud. El FITU, contrariamente, en vez de plantear el derrocamiento del régimen político, llama a democratizarlo. Lo ilustran discursos como “Pueden coincidir o no con nosotros, pero saben que saben que hay peleas y luchas que la izquierda está dando en estos años, que si no está la izquierda no van a tener nombre.” (Bregman) [1], “Vote en defensa propia, denos una oportunidad a la izquierda” (Bodart) [2], “Te llamamos a Votar al frente de izquierda que es el único voto que le va a doler a los dueños del poder” (Del Plá) [3], “En esta elección se decide si la izquierda puede estar en el Congreso” (Giordano) [4]. El FITU, en cambio no se planta como una alternativa obrera y socialista, e incluso Bodart llama a “revolucionarla” mediante el ingreso de centroizquierdistas, como ya hizo, con malos resultados. Milei es ‘más osado’ en su planteo contrarrevolucionario. Fuentes https://www.youtube.com/watch?v=fc8lBs-7g8g&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=uT_Z7Kntqxs https://www.youtube.com/watch?v=sn_bCoYeq4U https://www.youtube.com/watch?v=uT_Z7Kntqxs

Los resultados de las primarias en Santa Fe corroboran el golpe que ha sufrido el gobierno nacional. En la Provincia se impuso Juntos Por el Cambio, con un 40,21%, y en segundo lugar al Frente de Todos, que obtuvo el 29,23 de los sufragios. Detrás de quedó el Frente Progresista, con el 10%. La victoria de Juntos por el Cambio ocurrió en 14 de los 19 departamentos en la categoría de senador nacional y en 16 de los 19 en diputados. Solo en 5 distritos el FdT pudo repetir el caudal de votos de 2019. Tres corresponden al norte (Garay, Vera y San Javier) y dos del Sur (Rosario y los departamentos del Cordón Industrial de San Lorenzo). La provincia está devastada por la desocupación, la miseria, el narcotráfico y la precarización laboral. Los analistas señalan que esta victoria se basó principalmente en la presión del capital agro-industrial, sobre todo en el centro oeste y el norte provincial, pero el peronismo fue derrotado inclusive en el departamento Constitución, de amplia composición obrera. En la interna de Juntos se impuso Carolina Losada, de referencia radical, por sobre Maximiliano Pullaro y Federico Angelini. Este último era el candidato de Patricia Bullrich y Mauricio Macri; la maniobra de cambio de fachada dio resultado. En realidad, refleja un realineamiento de los sectores capitalistas, que observan que las condiciones generales de Argentina son infinitamente peores que las que aprovecharon en 2015 En la interna del Frente Progresista, el PS se impuso en las categorías de diputado y senador, aunque perdió la interna de concejales en Rosario a manos de Ciro Seisas, candidato del actual intendente Pablo Javkin, parte del armado radical que se sostiene al FP. El progresismo vuelve a retroceder luego de perder la Provincia en 2019. En la interna del Frente de Todos se enfrentaron las listas apoyadas por el gobernador Perotti (que se presentó como pseudo candidato suplente) y la vice-gobernadora Rodenas. Con la bendición de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Marcelo Lewandowsky, del palo del gobernador, venció al ex ministro de Seguridad y Defensa, Agustín Rossi, que contaba con el apoyo del Movimiento Evita y el massismo. El aparato del estado peso mucho más que las “figuras conocidas” que acompañaban a Rossi. La elección de la izquierda El FIT-U obtuvo el 1,7% de los votos para diputado nacional y 1,69 % para senadores – uno de los peores números desde la configuración del FIT. En la interna del FIT-U se impuso la lista conformada por el PTS, el PO oficialista e Izquierda Socialista por sobre la lista del MST. El Nuevo MAS sacó un 0,38 % de los votos. En la campaña de la lista “Unidad” la única iniciativa común fue un acto de cierre en Rosario, bajo la consigna “tercera fuerza”. La campaña del FITU permitió observar que la reivindicación contra el ‘ajuste’ es distorsiva, porque no es presentada como una ofensiva de clase del capital, sino como una reducción del “gasto público”. Se esquiva la lucha de clases y por lo tanto los métodos de la lucha de clases. El PO oficial se colocó en ese marco (“enfrentemos el ajuste con la izquierda”). También se acentuó la tendencia al feminismo y el ambientalismo, vaciados de contenido de clase. La elección a concejales en Rosario no satisfizo la expectativa del PTS - Octavio Crivaro recogió el 1,66 % de los votos válidos, insuficiente para superar el piso del 1,5% del padrón electoral, un 0,85% del padrón. La fuga de votos de los partidos patronales derivó al voto en blanco y nulo. Carlos del Frade obtuvo, en la categoría de diputados un 3,11%, apalancado por el conocimiento de su figura y sostenido por el aparato del PCR y la CCC, y Ciudad Futura en la categoría de concejales en Rosario. Esta pseudo coalición política se ha convertido en colateal del Frente de Todos. Nuestras candidaturas En el marco de la pandemia, en el PO Tendencia, bajo el rótulo de Política Obrera, conquistamos la legalidad en los 4 distritos del Cordón Industrial de San Lorenzo (Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y San Lorenzo). De los 4 distritos, solo hemos superado las PASO en Capitán Bermúdez, con el 4,3 % de los votos. Jorgelina Signa, enfermera del Hospital Eva Perón y concejal de la ciudad durante dos mandatos, encabeza la lista para las elecciones del municipio, el 14 de noviembre, junto a destacados dirigentes obreros. Realizamos una grandísima recorrida de barrios y fábricas, y a todo el polo petroquímico y aceitero. En los otros tres distritos obtuvimos nuestra legalidad al filo de la elección, lo cual limitó el tiempo y alcance de la campaña. La referencia de nuestros candidatos, sin duda, era la de miembros y dirigentes del “Partido Obrero” usurpado por la camarilla rosarina, que intervino la regional para luego expulsar a más de la mitad de ella. Inclusive hasta minutos antes de la elección y durante el escrutinio, muchos simpatizantes y fiscales no habían distinguido que nuestra lista era “Política Obrera” y no “Partido Obrero”. Señaladas estas limitaciones, Política Obrera de Santa Fe ha ganado un mayor desarrollo político. Hemos pasado, en dos años, de una crisis partidaria a una campaña electoral. Refleja una poderosa dinámica. Nuestra pelea por una banca en el Concejo de Bermúdez nos permite proseguir, en un período de tiempo mayor, la campaña que habíamos iniciado hace solo un mes. Recogeremos para la nueva etapa la experiencia de la que ha quedado atrás.

El viernes 17 de septiembre, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que integran organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y políticas- realizará un acto en Plaza de Mayo por los 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, ocurrida en democracia. Julio López fue un albañil sobreviviente a los campos de concentración de la dictadura videliana, que, tras testificar contra el genocida Miguel Etchecolatz (mano derecha del ex jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps), desapareció el mismo día que se daría a conocer la sentencia contra el represor. Todos los indicios apuntan al mismo Etchecolatz, quien mantenía -y mantiene- fluidos lazos al interior de la fuerza y con policías retirados. Al momento de su desaparición, todavía revestían en la fuerza al menos 9 mil efectivos que transitaron la dictadura militar. La justicia ordinaria, en cambio, caratuló el caso como un “búsqueda de paradero” y lo encaró como si López se hubiera extraviado. ´La bonaerense´, que debía haber sido apartada de la investigación desde su inicio, la entorpeció por todos los medios a su alcance. Luego de las movilizaciones por su aparición con vida, la investigación pasó a la justicia federal. Tampoco avanzó un milímetro. Las primeras líneas investigativas apuntaron al ´entorno´ de López, esto es a sus propios compañeros. Luego se realizaron allanamientos que eran publicitados antes de realizarse, dando tiempo a remover pruebas. Se incorporaron al expediente centenares de fojas con supuestas “pruebas” que oscurecían más que lo que aclaraban. Frente al impasse, en mayo de 2014, los organismos de derechos humanos recurrieron a la CIDH. Solicitaron que se investigue “la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso Jorge Julio López”. La respuesta, que finalmente llegó en 2018, fue instar a las partes -los organismos y los funcionarios del Estado- a “iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa”. Esta convocatoria fue reiterada más recientemente, tras la asunción del gobierno FF. Los organismos reclaman una condena al Estado, no hay “solución amistosa” posible sin López. La continuidad de los Camps y Etchecolatz en las fuerzas represivas estatales es patente, como lo demuestran las masacres cotidianas del ´gatillo fácil´ y los vejámenes y crímenes en cárceles y comisarías. Los discípulos de Etchecolatz son responsables además por las desapariciones seguidas de muerte de Luciano Arruga y Facundo Astudillo Castro. Durante los gobiernos kirchneristas y macristas, nada se hizo para saber el paradero de López. López integra la lista de alrededor de 200 desaparecidos en democracia por gobiernos constitucionales, demostrando la continuidad represiva de la dictadura que todavía sigue vigente. La desaparición de López fue un intento por amedrentar y atemorizar a víctimas y testigos de los juicios por la memoria y justicia, que comenzaron en 2003. El viernes volvemos a la Plaza a exigir su aparición con vida. ¡El estado es responsable! ¡Castigo a los culpables!

Sin mencionar las rebeliones populares de los últimos años ni la necesidad de coordinar las luchas en curso contra las políticas de ajuste de Arcioni y la oposición patronal, los balances del Frente de Izquierda discurren en la autoproclamación y el exitismo por resultados que consideran históricos para la izquierda en general. El electoralismo rabioso oculta que en las elecciones de medio término de 2017 la izquierda consiguió cifras similares pese a que la provincia aún no se veía convulsionada por movilizaciones masivas ni la crisis económica y social se hacía sentir como en la actualidad, con cuatro años de arrastre. No explica tampoco por qué los más de 25 mil votos obtenidos se expresan solamente en una treintena de militantes desperdigados en 6 o 7 localidades entre 4 fuerzas políticas con más de una década de existencia en la provincia. El tufillo triunfalista de estos análisis pretende persuadir a quienes los votaron de que la salida a la crisis está principalmente en las urnas. “En las localidades de Puerto Madryn y Esquel, el Frente de Izquierda Unidad logró superar en el terreno electoral a los candidatos de Arcioni, lo que deja planteado el desafío de volver a derrotarlos hacia las generales, para terminar de asestarle un golpe a la orientación saqueadora, ajustadora y represiva del gobierno provincial y a la campaña fascista de Massoni”, esgrime Gloria Sáez, candidata a primera senadora nacional por el PO oficial en el FITU. Es decir, que, si el Frente de Izquierda logra derrotar en las urnas a la lista del denostado gobernador Arcioni, las políticas de ajuste y los intentos de avanzar con la mega minería se finiquitan en el acto. ¡Electoralismo al palo! La articulista agrega que “se colocó la campaña al servicio de las luchas en curso, para reforzarlas y ofrecer una alternativa. Cada voto logrado tiene un contenido claro contra este régimen de saqueo y endeudamiento”. Pero en realidad las luchas en curso solo fueron referenciadas tangencialmente en la campaña, en la que primó la agitación a votar a la única lista “100% verde”, es decir anti minera, o sea fuera de una perspectiva socialista. Se trata de un viraje copernicano: una lista ecologista, feminista, indigenista, generacional, que reemplaza la lucha de clases por las identidades auto-percibidas. Por otro lado, ha relegado a un segundo plano la agenda de la catástrofe social y económica que vive la provincia. Lo cierto es que asistimos a un voto volátil al FITU en el que es difícil distinguir el nivel de conciencia que ello expresa al no agitar una campaña obrera y socialista. De hecho, los apoyos de activistas independientes se reducen a compañeros de lucha ambientalistas o de derechos humanos y no a trabajadores, en una provincia que tiene movilizados a los estatales hace 4 años. No registraron apoyos públicos de petroleros ni de obreros de Aluar ni lograron que la lista docente Multicolor de Puerto Madryn convoque a votarlos. No hay que olvidar que el 40% (más de 180 mil) de los electores no se presentaron a votar, lo hicieron en blanco o impugnaron. Que Juntos por el Cambio ganó con 108 mil votos y que al peronismo -en sus dos variantes, es decir el oficialismo de Chubut Somos Todos y la falsa oposición del Frente de Todos- lo eligieron tan solo 100 mil personas, o sea que casi 350 mil de 448 mil decidieron no apoyarlos. En ese marco, en los balances del Frente de Izquierda se devalúa el hecho de que el descontento fue aprovechado en las urnas por la derecha. El hermano de Gloria, Martín Sáez, candidato por el PTS, señaló que “el crecimiento de la izquierda tiene que ver con una provincia donde los trabajadores, la juventud y el movimiento ambiental, luego del desvió electoral del 2019, vienen haciendo una experiencia con el gobierno provincial y nacional y la alta votación de casi el 10% expresa la vinculación de la izquierda clasista y socialista con estos movimientos de lucha”. El PTS no tiene forma de probar una incidencia real en esta experiencia, por lo que tuvo que recurrir a otro artículo en el que un ínfimo puñado de los 25 mil votantes les enviaron mensajes de WhatsApp felicitándolos por las elecciones. A eso se reduce la capacidad de aglutinamiento de una fuerza política con más de una década de existencia en la provincia. Lo concreto es que tanto por derecha (PRO y UCR) como por izquierda (FITU), ninguna corriente puede capitalizar con capacidad de movilización los resultados obtenidos en las elecciones. Lo que pone de manifiesto la crisis del régimen político chubutense; de un lado, un escenario signado por la necesidad de profundizar el ajuste de parte de las clases dominantes, y del otro, la confusión política de los trabajadores y el pueblo que la resiste. En ese impasse el FITU no aporta un norte clarificador, sino que se adapta al movimientismo ambientalista y feminista ganado por el progresismo, es decir, a una intervención policlasista. Las tareas inmediatas en la provincia pasan por superar una crisis de dirección de la lucha contra el acuerdo con el FMI y las reformas previsionales y laborales, y la resistencia contra los pulpos mineros y sus agentes políticos. La salida a la crisis de dirección pasa por recuperar los sindicatos, promover las autoconvocatorias de las bases y la coordinación de las luchas, es decir, oponer al gobierno un poder de los trabajadores. El escenario de un “chubutazo” contra el ajuste y la megaminería sigue abierto, y necesita ser encarado con el método de la lucha de clases y una agitación obrera y socialista.

La paliza que recibió el Frente de Todos el domingo pasado no hace más que acrecentar la aguda crisis política que atraviesa a un régimen en disgregación. Al momento de escribir estas líneas Tristán Bauer, ministro de Cultura, junto a otros ministros kirchneristas, ponen a disposición su renuncia. Sin embargo, eso no cambiará lo que venimos denunciando desde Política Obrera en relación a la cultura: la orientación social capitalista y la política de miseria que el gobierno nacional tiene como ejes. Precarización extrema Si algo dejó en claro la pandemia es que la mayoría de los artistas y los trabajadores de la cultura (incluyendo los técnicos) nos desempeñamos en una situación de total precarización, comparada al del changarín que vive de su labor día a día, sin obra social ni convenio colectivo ni los más elementales derechos laborales. Las restricciones hicieron que muchos tuvieran que buscar trabajo de cualquier rubro que no sea el de su expertise, para subsistir. Con la contagiosa variante Delta circulando cada día más, la problemática no terminó: necesitamos salir a trabajar, pero es peligroso para nuestra salud y la del público, más si tenemos en cuenta que muchos de los espacios no respetan los protocolos. Un ministerio de Cultura “solidario” y miserable A esta situación desastrosa, el Ministerio de Cultura respondió vanagloriándose de la gran “ayuda” extraordinaria que supuestamente brindó al sector entre las Becas Sostener Cultura, el apoyo económico Fortalecer Cultura y las cuatro cuotas del subsidio “Cultura Solidaria”. Es todo un entramado de mentiras y exageraciones que esconde una política de miseria, acorde al ajuste fiscal que el gobierno viene desarrollando en pos del acuerdo con el FMI. Veamos: en un año y medio de pandemia y mientras aumenta exponencialmente la pobreza y la desocupación las “ayudas” no alcanzaron ni el irrisorio número de 90.000 beneficiarios entre, dicho por el ministerio en la web del Fondo Nacional de las Artes, los “músicos, escritores, actores, artistas plásticos y productores audiovisuales; artesanos y acróbatas, técnicos y auxiliares” de todo el país, que son cientos y cientos de miles. Estas ayudas fueron de montos muy bajos. Con cinismo en la misma web el ministerio dice: “Este abrazo a la cultura va más allá de la asistencia: pretende ponerla de relieve como una parte imprescindible para sostener un modelo de país capaz de proyectarse al futuro”. Se atajan por lo que se hace evidente: la política implementada no fue más que de un asistencialismo miserable. Un modelo de país que pone a la Cultura en ese lugar es el de un futuro atravesado por el hambre y la pauperización de las condiciones de vida de quienes hacemos al arte y la cultura. Hay más: si se lee el listado de beneficiarios de los subsidios son en su mayoría trabajadores de la cultura de áreas urbanas, esto debido a que el registro para los mismos requería de acceso a internet y cierto manejo de la tecnología, dejando fuera a miles que no tienen estas condiciones, en especial personas del interior del país. El verso federalista del ministerio choca con la cruda realidad. El cinismo no se detiene allí: por ejemplo, a los beneficiarios de la “Beca Sostener Cultura” el ministerio les exigió como contraprestación que dieran una “acción solidaria” en asociaciones civiles, gremiales o públicas. La “solidaridad” pedida se extiende a quienes recibieron el subsidio de 4 cuotas de $15.000. Lo que parece una burla desnuda la política del gobierno nacional: el ministerio es una ventanilla de asistencialismo, un ente al qué hay estar agradecido por su buena voluntad, no un verdadero garante de la cultura como bien colectivo y por lo tanto de que los trabajadores de la misma vivamos dignamente. Otro punto a tener en cuenta es que hasta el día de hoy el Ministerio de Cultura solo ejecutó el 57% de su presupuesto anual. ¿Qué sucederá con el restante 43% a poco más de 3 meses para fin de año? Según el boletín oficial gran parte del dinero se utilizará para fomentar sectores de la cultura como “festivales, artesanías, trabajadores (...) de la cultura, industria editorial, artes escénicas, industria editorial (...)” etc. Sin embargo, se abren interrogantes: ¿el ministerio lo utilizará de manera desesperada para repartir subsidios y así intentar ganar votos para las elecciones de noviembre? O acaso, ¿no se usará ese total, volviendo el dinero así al Ministerio de Economía, lo que se traduciría en una baja del otorgamiento de presupuesto del 2022 para el ministerio y como ajuste indirecto para el pago del FMI? El desarrollo explosivo de la crisis política lo irá definiendo. Burócratas, patronales y la necesidad de organizarnos Los sindicatos de la rama artística no hicieron absolutamente nada para enfrentar esta política de ajuste, ya que están completamente cooptados por el oficialismo, con el sindicato de músicos (Sadem) y la Asociación Argentina de Actores (AAA) a la cabeza. Igualmente representan a una minoría. Los sellos patronales como ACCMA (de Managers argentinos) han defendido su visión de la cultura como un mero negocio al presentar por medio del diputado oficialista Lisandro Bormioli un proyecto de ley para que las “industrias culturales” (esas que exprimen y explotan a sus trabajadores) tengan exenciones de impuestos y beneficios fiscales. Fueron organizaciones patronales cómo estás los que presionaron a los gobiernos para que habiliten nuevos aforos en venues, teatros o bares, aun cuando es peligroso para la vida de todos, utilizando nuestra extrema necesidad de trabajar y mostrar nuestro arte. La orientación social capitalista del gobierno nacional en cuanto q la cultura queda en evidencia con estas alianzas con burócratas y capitalistas del arte. Ninguna de estas variantes representa nuestros verdaderos intereses: de cara al voto positivo que se dará al acuerdo con el FMI en el congreso luego de las elecciones de la mano del oficialismo y la oposición y que traerá mayores ajustes, debemos organizarnos con independencia de clase por nuestras reivindicaciones, centralmente por un subsidio igual a la canasta familiar mientras dure la pandemia (que está lejos de acabar). El debate y la acción en todos los lugares donde circulemos los artistas (o virtualmente) es necesario para plantarnos por nuestros derechos.

El gobierno se ha pulverizado. Luego de sufrir una derrota importante el domingo pasado, enfrenta las elecciones de noviembre en la anarquía más completa. La lista de candidatos del FdT, ya inamovible, ha quedado privada de capacidad electoral, porque representa esto y lo contrario, algo probablemente inédito en la historia. Las listas que compitieron en las PASO para salir luego unificadas, enfrentan a una lista oficial que las atravesó unida para salir escindida. Es una lista que no podría descifrar el significado del voto que reciba, si es que lo recibe. Probablemente pierda a una mayoría de ellos y caiga en la insignificancia. Quienes votaron por el oficialismo hace cuatro días, se dispersarían en varias direcciones y se refugiarían en el voto en blanco. El Congreso que asuma en diciembre perderá, políticamente, representatividad, y carecerá de autoridad. Una victoria opositora tendría lugar en el vacío. El gobierno que preside Alberto Fernández no tendrá una bancada con peso propio. Los proyectos de leyes navegarán por el “salón de pasos perdidos”. La prensa diaria observó que para el kirchnerismo no son extrañas las situaciones como estas. Le ocurrió en Santa Cruz con dos gobernadores puestos por los Kirchner – Acevedo y Peralta. Volteó al primero pero no pudo con el segundo. La crisis desatada por iniciativa de CFK ha creado ahora un gobierno “doble comando”, porque la Vicepresidencia también importa. Es una situación radicalmente inestable, que no puede durar en el tiempo. El peronismo no ha podido imponer esta vez la fórmula “Cámpora al Gobierno, Perón al Poder”. Esta fórmula, que gozó del apoyo de toda la oposición, fracasó en su momento, y dio paso al golpe militar. Cristina Fernández no logrará lo que no pudo el viejo caudillo. Alberto Fernández se ha apresurado en internacionalizar la crisis y darle un carácter político definido al anunciar ayer que no hay otra vía que la del FMI. Aseguró que un acuerdo traería financiamiento, reactivación y crédito a la mediana industria. El Presupuesto que el ministro Guzmán mandó al Congreso solo promete una inflación elevada y la reducción de las partidas destinadas a pagar los juicios ganados por los jubilados. Es un atropello que pasa por encima de fallos de la Suprema Corte. Pero el FMI ya ha dicho que quiere un acuerdo firmado por el Congreso, y ahora debería hacerlo con un Presidente solitario, que no domina su propio gobierno, ni tampoco va a contar con una bancada propia real en el Congreso. Los macristas no correrán a rescatarlo de su debilidad con sus parlamentarios, ni menos con ministros. De una u otra manera, Argentina marcha a un acortamiento del mandato de los Fernández y nuevas elecciones, y a alternativas todavía más críticas. Alberto Fernández no cuenta con el apoyo de una Liga de Gobernadores, en las que no estarían Mendoza, Córdoba ni Santa Fe, ni tampoco Salta. El apoyo de la burocracia de la CGT, fundamentalmente Gerardo Martínez, y Moyano, vale lo que la cotización del peso – sirve para transar pero no para acumular valor y poder. El otro apoyo es el de las organizaciones sociales pro gubernamentales, desde el Evita hasta la CCC. El gobierno de Fernández en solitario tendería a convertirse en un bonapartismo suma cero, cuyo equilibrio reposa en la paridad de las fuerzas antagónicas que lo acosan. El abandono del gobierno por parte del kirchnerismo no expresa una izquierdización o radicalización, sino lo más cercano a un desbande. Ha defendido hasta el final los golpes a los salarios y jubilaciones, y los falsos planes de empleo para los desocupados. El peronismo, históricamente un cadáver, no está recibiendo una sepultura digna – tampoco podía ser de otro modo. Dijimos desde estas páginas que luego de las PASO, Argentina ingresaba en una nueva transición política de mayores alcances que en el pasado – desde el Argentinazo y el derrumbe del macrismo. No será una etapa electoral y parlamentaria, aunque sea pródiga en votaciones, elecciones y luchas parlamentarias. Se abre un periodo político e ideológico para las masas, cada vez menos referenciadas en el peronismo. Argentina no va a ser rescatada por medio de un “plan Marshall”, cuando ni Biden consigue el diez por ciento de eso para Estados Unidos. Por eso crece la tendencia a una ofensiva política y económica del capital. Queda planteado a todas las corrientes políticas y sindicales de izquierda y clasistas la convocatoria a un Congreso Obrero, un congreso de activistas y electos en sus lugares de trabajo, y militantes, para lanzar una campaña de agitación y lucha en defensa de los derechos laborales, un salario y una jubilación mínimas igual al costo de la canasta familiar, reparto de las horas de trabajo. Que lance un plan obrero de protección de la salud de los trabajadores, frente a una pandemia que no ha cesado y, que por razones varias, podría agravarse. Por una campaña contra el acuerdo con el FMI y el no pago de la deuda externa. Por una plan de salida a la crisis en función de los intereses históricos de la clase obrera. Es indudable que el período electoral a noviembre se encuentra condicionado por la crisis del conjunto del régimen político. En este marco, este Congreso debería intervenir en la campaña electoral para impulsar las listas existentes que hagan suyo este programa, así como los métodos de lucha que corresponden.

“Creo que la vice se ha disparado un tiro al pie. Probablemente creyó que tenía más fuerza que la que tiene, no creo que sea por incompetencia, es porque está enfrentando una maraña de contradicciones muy explosivas. No por nada perdió las elecciones. Hay una crisis de pobreza fenomenal, es una crisis histórica, y porque tiene una serie de aprietes internacionales de todo tipo que van a agravar esta situación. Todas las medidas que el gobierno ejecutó durante este año para contener los problemas se embarraban. La inflación en escalada y también apoyada en el congelamiento de una serie de servicios y un retraso relativo con el dólar. Ya anticipábamos nos en artículos del día lunes que comenzaba una etapa muy crítica, que no se iba a renovar normalmente el Congreso, iba a ser un periodo de dos meses de conflictos políticos agudos. El kirchnerismo, acorralado, ha cometido una torpeza fenomenal, porque así como va termina con el resto de la caída del gobierno y la convocatoria de nueva elecciones. Claro, que si el gobierno cae, tendrían que caer todos. Porque si se cae Alberto Fernández, gobernaría Cristina. La fórmula Fernández-Fernández de 2019 ya era una forma de vaciamiento. Porque se colocaba como candidato presidente a alguien que no represntaba a nadie. Simplemente el kirchnerismo quería decirle a la población que ampliaba sus alianzas, que incorporaba a Massa, es decir que cambiaba su enfoque anterior bajo CFK. Él se va a transformar en un presidente si resiste este golpe. Pero ¿en qué condiciones va a gobernar? ¿Por qué fue una torpeza? Tienen elecciones en noviembre, ¿se cree que con esto tiene más chances de recuperar lo perdido? Entonces en noviembre puede haber una sepultura del gobierno. La racionalidad en la maniobra de Cristina se podría apoyan en la especulación de que mucha gente no fue a votar en rechazo al gobierno pero sin querer votar a la oposición. Entonces “recuperemos los 8 puntos” teóricos que se abstuvo de asistir a votar en el padrón electoral, sería la idea. Entonces, pongo mi gabinete y lanzo una campaña fuerte, demagógica, movilizadora. Primero esa campaña hay que ponerla en duda porque siempre se está ajustando contra los trabajadores. Los salarios y jubilaciones están por por el suelo y no hay ninguna medida de aporte de 2 mil pesos, 5 mil pesos, que lo vaya a cambiar. Lo que no aparece como alternativa, irrumpe en medio de una crisis. Esto es una crisis de todo el régimen político, por ejemplo, es un golpe para la oposición. Porque Larreta quería simplemente ganar las elecciones y posicionarse para 2023, pero acá hay una crisis de gobierno, ya Macri había dicho que si siguen así se tiene que ir. Hay una crisis dentro de la derecha también, ahora se trata de ganar y esperar a 2023 o de algo más profundo. Están todos divididos, los radicales, el PRO, Bullrich. Es una crisis de todo el régimen político. Los que se postulan como representantes, entre 2016 y 2019 fracasaron como nunca antes en la argentina. Si la izquierda que ha diseñado su rumbo con dirección a las elecciones de noviembre, recaracteriza y recalcula la situación y lanza una campaña de movilización política, que hay que discutir muy bien los términos, y deja atrás la cartelería electoral, somos “tercera fuerza”, autoproclamaciones de distinto tipo, puede ser esa la salida. Puede ser la irrupción de esa fuerza, indudablemente. De lo contrario se va ir cocinado entre facciones de derecha. Argentina ha entrado en una crisis que va a ser más grande que la de 2001, indudablemente.” LEER MÁS La venas abiertas no sólo de Argentina, por Jorge Altamira y Marcelo Ramal

La elección puso de manifiesto lo que se sentía en las barriadas y en los lugares de trabajo. Estamos frente a un gobierno derrumbado, a tal punto de que en los spot de campaña reconocían que no habían "arrancado". Del otro lado, una oposición que anela no hacer olas, en función de sostener el acuerdo no firmado con el FMI, y de que el gobierno continúe con el ajuste y realice él mismo las contrareforma laborales que ellos no pudieron imponer. En este cuadro, es necesario poner todas nuestras energías en prepararnos para el estallido social (El cabezón Duhalde está alertando este desenlace). Con respecto al Frente de Izquierda y su autopercepción de "elección histórica", debemos poner de manifiesto que tienen la responsabilidad por ser la tercer fuerza nacional de agitar la caída del gobierno, en función de desarrollar la perspectiva de que la clase obrera tome el poder. Son momentos históricos, esos momentos donde los que tienen el poder no pueden seguir dominando en los mismos términos que hasta ahora y los explotados empiezan a ver la debilidad de esa dominación.

“Con 280.000 juicios y 80.000 sentencias firmes de jubilados y pensionados de la ANSES, el proyecto de Presupuesto 2022 prevé destinar una menor cantidad de dinero al pago de esos fallos judiciales. En cambio, habrá una partida mayor para la cancelación de las sentencias de los pensionados y retirados de las Fuerzas Armada y de Seguridad” (Clarín, 16/9). En el proyecto de Presupuesto que presentó Guzmán, se prevé la suma de $ 80.086 millones al pago de las deudas que sean reconocidas judicialmente y además de aquellas que surgen de los acuerdos realizados en el marco de la Ley N° 27.260 de Reparación Histórica. En el año 2021, en cambio, se destinaban para este efecto $ 91.277 millones. Esto significa un 12,3% nominalmente más bajo, pero tomando la inflación oficial del 2022 calculada en un 33%, la caída real se eleva a un 34%, sumando unos $ 40.000 millones. En cambio, en el caso de las partidas para sentencias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad incluyendo al Servicio Penitenciario Federal estas son aumentadas de $ 39.329 millones en 2021 a $ 60.148 millones en 2022. Nominalmente es un aumento 52,9 % superior a la inflación. Además el proyecto disminuye en términos reales la partida para las Cajas provinciales de jubilaciones no transferidas, su monto para 2022 sería de $ 58.477 millones siendo en este año de $ 43.965 millones, luego fue ajustado a $ 56.064. Esto significa un mísero aumento del 4,3% frente a una inflación del 33%. Los pagos de sentencias rondan los últimos años en 40.000/45.000 por año, pero el stock se mantiene, según reza un informe del ministro Cafiero, en casi 270.000. A pesar de que la ANSES paga mensualmente 4.000 sentencias, ingresan nuevos juicios y se acumulan nuevas sentencias. Según la ley previsional las sentencias firmes deben ser pagadas dentro de los 120 días. Pero esto no se cumple porqué la ANSES paga de acuerdo a lo marcado en el Presupuesto Nacional. Los jubilados recorriendo los pasillos de tribunales es el cuento de nunca acabar. La demanda de reclamos aumentó frente a las decisiones de la Corte Suprema en relación a los reclamos de menores aumentos (caso Badaro en 2007 y Elliff 2009), al ajuste de los haberes frente a la variación de los cálculos para el haber inicial. Además desde comienzos del 2018 se agregaron nuevos reclamos. Esto fue por la aplicación retroactiva del cambio de la movilidad previsional de fines del 2017, los aumentos por decreto de 2020 inferiores a los de la fórmula suspendida y reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas. Este proyecto que el ministro Guzmán elevó al Congreso es un atropello que pasa por encima de fallos de la Corte Suprema de Justicia. Los reclamos van en aumento, distintas Salas se pronuncian unas a favor y otras en contra y la Corte Suprema se toma todo su tiempo para decidir. Los jubilados y pensionados nunca sacamos la sortija en esta calesita que gira y gira con la música de fondo del FMI y de los gobiernos de turno, ayer Macri, hoy los Fernández. Ahora “TODOS” “JUNTOS” van preparando el voto en el próximo Congreso que será electo en noviembre de un nuevo ataque a los jubilados y pensionados empezando por la elevación de la edad jubilatoria. Frente a este ataque está a la orden del día la convocatoria a un congreso de trabajadores ocupados, desocupados y de jubilados y pensionados donde aportaremos nuestras reivindicaciones. Por un haber mínimo igual al costo de la canasta familiar hoy en $ 130.000. Por un plan de salud comenzando por la vacunación de las 2 dosis a todos los adultos mayores. Por la restitución de los aportes patronales No al aumento de la edad jubilatoria. No al pago de esta deuda usuraria. Fuera el FMI. VER MÁS La venas abiertas no sólo de Argentina, escriben Jorge Altamira y Marcelo Ramal

El próximo 21 de setiembre se conocerá la sentencia contra Roberto Rojas por la desaparición de Milagros Avellaneda y su hijito de un año, Benicio Coronel. La última vez que se los vio fue el 28 de octubre de 2016 cuando fueron a encontrarse con Rejas, un ex guardacárcel. La joven buscaba que éste reconociera la paternidad del niño. En audios Milagros le cuenta a una amiga que se había cansado de pegarle. Luego de esos mensajes se perdió todo rastro de ambos. Desde ese mismo momento Rejas realizó distintas maniobras para asegurarse impunidad y para ello contó con la ayuda de su familia integrada por policías federales. Apagó su celular durante varias horas, buscó por internet cómo descomponer un cadáver, intentó tener acceso a las cámaras de monitoreo de la ciudad y lavó su auto con clarificantes. Como siempre, la policía facilitó todo este montaje en tanto demoraron 3 días en tomarle la denuncia a la familia. Luego cuando se ordenaban los allanamientos Rejas se enteraba de antemano e hizo desaparecer cualquier tipo de prueba. A poco de cumplirse 5 años, la instancia del juicio es resultado de la denuncia y movilización sistemática durante todo este tiempo. La mamá de Milagros, Amalia Ojeda, la buscó por todos lados y denunció la falta de interés del Estado y la precariedad con la que se llevaba- y se lleva actualmente- la búsqueda de personas en la provincia. Se transformó en una referente del movimiento de lucha contra la impunidad y ha estado en cada movilización del movimiento de mujeres. Todo esto permitió hacer frente a cada uno de los ataques y maniobras de Rejas y su familia para dilatar el juicio y conseguir un salvataje del propio Estado. Estamos preparando una gran movilización. No tenemos ninguna confianza en la justicia quien ha dado sobradas evidencias de su complicidad con femicidas y su menosprecio por la vida de las mujeres. Exigimos la perpetua a Rejas, imputado por homicidio agravado por alevosía en el caso de Benicio y por homicidio agravado por el vínculo, privación ilegítima de la libertad y violencia de género en el caso de Milagros. También reclamamos el castigo a sus cómplices. Seguiremos la lucha para saber qué pasó con ellos y por el fortalecimiento de la organización independiente del Estado de los familiares y la lucha en las calles para derrotar este régimen de Impunidad.

El pasado 16 de setiembre, coincidentemente con un nuevo aniversario de la “Noche de los lápices”, finalmente se dictó sentencia para el exconcejal de Florencio Varela Daniel Zisuela , “acusado de facilitación y promoción de la prostitución” hacia mujeres mayores y menores de edad. El juicio se llevó a cabo en los tribunales de Quilmes, donde una movilización y radio abierta en la que participaron organizaciones piqueteras, de derechos humanos y partidos de izquierda de zona sur de GBA esperó la sentencia exigiendo los 20 años de cárcel pedidos por el fiscal. Finalmente el tribunal dictó 13 años de prisión para el acusado y la apertura de causas para todos los implicados en la red prostibularia que afecta a miembros de ´Todos´ y ´Juntos´, además de burócratas sindicales de la zona sur de GBA, funcionarios judiciales y policiales. La condena será revisada a pedido del fiscal y se abren causas en otro juicio en el que estarán acusados Darío Olmedo (actual Secretario gral. de ATE Fcio Varela); Juan Olmedo (ex Secretario gral. de la UOCRA zona Sur); Diego Giménez (ex tesorero de la UOCRA y actual candidato a concejal de JUNTOS); Octavio Astudillo (ex colaborador de Zisuela y actual candidato a séptimo concejal por JUNTOS); Mirta Rojas (referente de Libres del Sur y candidata a concejal por el partido de Randazzo); Amancio Báez (ex concejal del Frente para la Victoria y actual gerente de ANSES Florencio Varela); Hugo Pereyra (Secretario de Articulación Institucional de Florencio Varela), Franco Risso (Subsecretario de Seguridad y Defensa Civil de Florencio Varela); Negro Barraza (funcionario de la subsecretaría de Seguridad y Defensa Civil de Florencio Varela); Pamela Sosa (ex colaboradora de Zisuela y militante del Frente de Todos), Cacho Escobar (colaborador y actualmente empresario). Tal como dijo Paula, una de las víctimas, “fui víctima de Daniel Zisuela durante 5 años, no estoy contenta con los 13 años que le dieron a este hombre, por todo el daño que hizo a mí y a un montón de chicas que quedaron en el camino que eran obligadas a por un plato de comida…”. Y continuó: “no es el único, tienen que pagar todos sus cómplices que todavía están en el Municipio, no me mataron, estoy viva, acá estoy, y voy a seguir con esta lucha, voy a buscar a todas las chicas que fueron víctimas. Otra mujer también pidió que Zisuela “se tendría que morir en la cárcel”. En la radio abierta, intervinieron compañeras de Política Obrera. Bárbara Carrillo, de Almirante Brown, remarcó que, a pesar de las condenas a los proxenetas, no se lleva adelante la incautación de los bienes de los tratantes, lo que lleva a que ese negocio, se siga desarrollando a través de las cárceles (VIP), y sosteniendo esas redes desde las sombras. También, se remarcó que a pesar de que existe una “Ley de Trata”, promulgada en el año 2008, no llevó al desmantelamiento de ninguna red. Las víctimas no son asistidas ni reparadas de manera integral. El Estado debe garantizar un trabajo con un salario igual a la canasta familiar, vivienda y asistencia psicológica. Algo que choca con las pretensiones de todos los partidos del régimen, las reparticiones estatales y la justicia que están dispuestas a sostener el negocio de la trata en perjuicio de las mujeres y sus hijas. Por otro lado, la compañera Rocío, delegada de SUTEBA e integrante de Tribuna Docente Tendencia, hizo hincapié en la continuidad que existe entre las desapariciones forzadas de la dictadura, y las y los miles de desaparecidos en democracia para ser reclutados/as en las redes de trata. La continuidad, la marca ese mismo régimen social capitalista, que ante una crisis de la envergadura que vivimos hoy, se aferra a este tipo de prácticas totalmente barbáricas. Para desmantelar las redes de trata, debemos luchar para desmantelar este régimen social y reorganizar la sociedad sobre nuevas bases. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpoliticaobreraberazategui%2Fvideos%2F1497244200638611%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write;

La explosión provocada en el seno del Frente de Todos se proyecta en el conjunto del régimen político. En ese atolladero, es interesante analizar las razones de la conducta de varios gobernadores, principalmente del peronismo. Por acaso, nueve han sido los gobernadores de cuño oficialista que manifestaron su apoyo a Alberto Fernández, entre ellos, Bordet (Entre ríos), Manzur (Tucumán) y Rodríguez Saa (San Luis). Llamativa es la abstención, en cambio, de Schiaretti y Perotti, dos peronistas “pivotes”. En sigilo trazan una “tercera posición” en el acelerado desbande político. El cordobés ha optado por seguir su agenda. Es un tema que “no le compete”. “Es un tema absolutamente interno” (Letra P, 16/09) indicó, mientras confirmaba su postura con la Mesa de Enlace contra del cepo a la exportación de carnes (La Nación, 16/09). Ese sector -que ha descartado una medida de fuerza por el momento-, pide además la revisión de la ley de biocombustibles, que afectan a las exportadoras de maíz en beneficio de las petroleras y azucareras, y la rebaja en las retenciones a las exportaciones. Este sector espera una relación “más amigable con el mercado” (Diario Alfil, 16/09), por parte del gobierno luego de la derrota de los candidatos “intervencionistas”. En el caso de Perotti, confía en que su victoria en la interna sobre el díscolo Agustín Rossi opere como un disciplinamiento del aparato del PJ santafesino. El desplante de Rossi obedeció al auspicio de las grandes cerealeras y pooles de siembra. El que gana, comanda, y el que pierde ¿acompañará? Perotti señala que los cambios de gabinete serán luego de noviembre; allí se encuentra Roberto Sukerman, ministro de Gobierno, hombre de Rossi. Desde el círculo rojo exportador, manifiestan que no los convence la “victoria amarilla” en Santa Fe, y que podría ser remontada (Letra P 16/09), Este círculo está preocupado por las quebrantadas Vicentín y Molinos Cañuelas, la Hidrovía, el p*Presupuesto 2022 y el acuerdo con el FMI. Perotti quedó, el domingo pasado, 10% debajo del macrismo. La situación provincial es un desmadre. La semana previa a los comicios se produjo un baño de sangre narco, como mensaje al gobierno. El Frente Progresista reclamó un “pacto provincial” de defensa de las instituciones y la gobernabilidad. LEER MÁS La venas abiertas no sólo de Argentina, escriben Jorge Altamira y Marcelo Ramal

Del 27 de septiembre al 1° de octubre se desarrollarán en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) las elecciones de consejeros estudiantiles y centros de estudiantes. La UJS y el Partido Obrero (Tendencia) presentan la lista 2018, “Por la unidad de los estudiantes”. Estaremos presentes en la lucha por el ingreso al consejo superior y departamental de Ciencias Sociales, y defenderemos nuestro consejero en la Escuela Universitaria de Artes. En centro de estudiantes nos presentamos en el CECSEA, a pesar de las maniobras de la conducción para reformar el estatuto y convocar unas elecciones “express” . Elecciones y crisis Las elecciones van a desarrollarse en el cuadro de crisis abierto por la derrota del oficialismo el domingo, algo que no estaba contemplado por la gestión universitaria. Los roces de las alas “albertistas” y “cristinistas” habían sido dejadas de lado, logrando listas únicas en el claustro docente y no-docente. Acordaron, además, quien será el sucesor del actual rector, Alejandro Villar. El elegido es su vice Alfredo Alfonso, secundado por Alejandra Zinni, actual directora del departamento de Ciencia y Tecnología. El oficialismo también espera imponerse en los claustros graduados y estudiantes, dominando así el consejo superior, aunque no ha podido evitar la presentación de una lista alternativa de su propio espacio, impulsada por la la CEPA-PCR, que de todos modos continúa integrando el frente PJ-K “Juana Azurduy” que dirige el centro de estudiantes. Pandemia, cursada, elecciones Bajo la gestión actual, el manejo de la pandemia se tradujo en una crisis educativa fenomenal. En 2020, de 10 mil ingresantes sólo han quedado 5 mil. A esto debe agregarse que solo el 60% de los estudiantes aprobó una materia en 2020, lo cual deja a la universidad prácticamente con 7 mil estudiantes menos. Esta expulsión no intentó ser atendida en ningún momento, por el contrario, el rectorado intentó ocultarlos luego de que lo denunciáramos. La campaña entraña un gran desafío, por los tiempos escasos y cursadas virtuales. Las elecciones serán presenciales. Nuestra se centrará en alertar y movilizar a los estudiantes contra las reformas que cocinan los Fernández y el FMI, con su correlato en las universidades mediante la reforma educativa. El sistemático vaciamiento de las cursadas y las carreras busca destruir los planes de estudios para convertir a los estudiantes en la mano de obra precarizada que reclaman a cuatro vientos los capitalistas. No puede entenderse esta reforma educativa separada de la laboral. La gestión intentará legitimar el rumbo de reformas y privatización por medio de la elección. “La Juana”, por su parte, también busca legitimar con su reelección la reforma del estatuto del centro para continuar vaciándolo como herramienta de organización independiente. Respecto de la ´oposición´, Franja Morada se ha reciclado bajo el nombre “Estudiantes por la UNQ” y busca abrirse camino en los centros y los consejos. No posee consejeros y solo tiene una secretaría en el CECSEA. ¡Vamos por la unidad de los estudiantes! En este marco de crisis, hemos conformado una lista con compañeros y compañeras que han visto en la lucha contra las extensiones de mandatos, contra las restricciones a la cursada, la lucha contra la privatización y la reforma educativa un eje común: la necesidad de organizarnos contra las reformas del FMI. El resto de la izquierda ha decidido tomar otro rumbo, con una campaña autorreferencial, con el PTS a la cabeza, que proclama luchar “contra el avance del peronismo en la universidad”. El Nuevo MAS, por su parte, ha planteado la necesidad de luchar por la presencialidad educativa en pandemia, un planteo en el que coinciden con la camarilla universitaria y las patronales. En momentos que se aceleran los tiempos de la crisis política nacional, los estudiantes debemos avanzar en la discusión para defender nuestros centros de estudiantes y nuestras carreras contra los planes de los Fernández, el FMI y los rectores. Vamos a la lucha por recoger un pronunciamiento favorable a esta orientación.

El lunes 13 el conjunto de las federaciones de docentes universitarios, incluida la Conadu Histórica, firmó la propuesta salarial del gobierno consistente en un 6% en septiembre, 2% en octubre y 4% en enero y un bono de $2.000 por conectividad desde octubre hasta marzo. La paritaria convalida el retroceso salarial que viene sufriendo la docencia universitaria y preuniversitaria con respecto a la inflación presente y pronosticada para los próximos meses. En un artículo anterior, caracterizamos que la propuesta de reajuste salarial se trataba de un intento del gobierno y de la burocracia sindical de contener daños electorales en un cuadro de creciente rechazo popular, pero sin salirse del libreto de FMI. Tras haberla declarado "insuficiente" en un primer momento, la Conadu Histórica terminó suscribiendo la paritaria luego de un congreso de la federación, en la que la posición de aceptar se impuso sobre la de rechazar por un margen de votos muy ajustado (49 a 42) y con la ausencia de varios delegados que podrían haber alterado ese resultado. La federación en una encrucijada La firma por parte de Conadu Histórica merece una reflexión de conjunto por parte del activismo de la docencia universitaria. En la paritaria de mayo, la burocracia sindical impuso la firma a pesar del descontento docente. La dirigencia de la otra Conadu lo hizo con dificultades, debido al rechazo abierto de una parte de sus asociaciones de base. En ese momento, Conadu Histórica no firmó, pero tampoco desarrolló una orientación de lucha independiente, convocando a la docencia a organizarse contra el recorte salarial que se había firmado. Carcomido rápidamente por el proceso inflacionario, el rescate del acuerdo paritario comenzó a cocinarse en julio. Frente a ese escenario, la Conadu Histórica se mantuvo en una parálisis completa. En ningún momento la conducción de la federación (PCR / Lista Verde de la CTA Autónoma) planteó un proceso de movilización o un plan lucha nacional contra el ajustazo en curso, sino que incluso votó sistemáticamente en contra de las mociones de paro que venían desde distintas asociaciones de base (AGD, SITRADU, ADIUNT, entre otras). Sólo se avino a votar un paro luego de varios manoseos y postergaciones del gobierno, que terminó suspendiendo de manera vergonzosa. Finalmente, sólo en ADIUNT se materializó un paro de 24hs en rechazo del acuerdo salarial y contra el desmantelamiento de los protocolos por parte de la UNT. La alta adhesión al paro del jueves 9, apenas 4 días antes de las PASO, fue un claro indicio de lo que iba a suceder el domingo 12. Frente a una propuesta de 12% en 3 cuotas no acumulativas, que no podía defender ni ante su propia base como positiva, el PCR llamó a aceptarla casi como un acto de apoyo político al gobierno (y una confesión de impotencia ante la burocracia de las otras federaciones). La firma del acta -prevista originalmente para el viernes 10- tuvo que suspenderse supuestamente para no quebrar la veda, pero en realidad porque la propuesta era impresentable ante las bases. En un cuadro en extremo volátil tras el derrumbe electoral del gobierno y su posterior implosión, y en un escenario que augura un ataque todavía más profundo contra las condiciones de vida los trabajadores, urge la convocatoria a una deliberación general en los sindicatos y en la propia Conadu Histórica, para poner en pie un proceso de lucha por un salida a la crisis en función de los intereses de la clase obrera. La conducción de la federación debe salir de su adaptación al gobierno que la lleva a la parálisis, e impulsar un plan de lucha nacional por todas los reivindicaciones salariales y laborales de la docencia universitaria y preuniversitaria. En ese camino, también debe pronunciarse contra el acuerdo con el FMI y llamar a organizar una gran movilización para cuando se lo quiera aprobar en el Congreso (moción que la Naranja Tendencia ya presentó en dos instancias y no fue votada). La etapa que se abre combinará el derrumbe político del gobierno y del Frente de Todos con un proceso de deliberación creciente del movimiento obrero, que se expresará, seguramente de manera distorsionada también en la seguidilla de elecciones sindicales que comenzarán hacia finales de año. El activismo combativo que quiere defender la independencia de la federación -no sólo del gobierno sino también de las corrientes que pretenden subordinarla al cadáver insepulto del nacionalismo burgués- debe comenzar coordinarse para intervenir audazmente en la etapa que se ha abierto.

Según se anticipa en estas horas, Alberto Fernández procedería a un recambio parcial de gabinete con el propósito de obturar la crisis que se ha adueñado del Frente de Todos y de su gobierno. Dice que “los cambios” apuntan a “ordenar la gestión”. Califica de este modo a la cesantía de tres ministros de su palo, entre los que no figura el de Economía, y tres del otro. Para la ´nueva gestión´ no tiene todavía un jefe de Gabinete. En este lugar, CFK pretende a Sergio Massa, no se sabe si por sus relaciones excelentes con Washington, o para alejarlo de la línea sucesoria en caso de vacancia presidencial. La designación del nuevo presidente de Diputados dependería de los resultados en noviembre. La oposición le concedió ese lugar al kirchernismo luego de la derrota del oficialismo en 2009, pero se juramentó varias veces después de que no volvería a cometer ese “error”. Massa no ha aceptado el convite, lo cual no cambia la posibilidad de que pierda esa presidencia, salvo que llegue a un acuerdo con Larreta, lo que supondría un paso hacia el otro lado. Massa no quiere ser un fusible de la crisis, o sea que se ha convertido en otra facción en la pugna. Alberto Fernández ha sondeado también la posibilidad de un frente ´albertista´ con gobernadores, intendentes, la burocracia de la CGT y los movimientos sociales. Intentó, sin el apoyo de Santa Fe y Córdoba, armar una “liguita” de gobernadores que no prosperó – el sanjuanino Uñac rechazó la jefatura de gabinete, al igual que el tucumano Manzur. El lobbista de los laboratorios tiene su propia Cristina K en la provincia, en la figura del vicegobernador Jaldo. La variante de un golpe de palacio albertista no ha progresado, desairando los consejos de quienes creen que es el momento oportuno para dar vuelta la mesa. Confiesan su fracaso Los audios de la diputada Vallejos, y la carta de la propia Cristina, denuncian la responsabilidad de los propio K en la confiscación que han sufrido los trabajadores con el gobierno “nacional y popular” – incluido el derrumbe sanitario que ha sido reivindicado hasta ahora como el mayor de los éxitos oficiales. CFK llega a la denuncia de crimen de responsabilidad cuando atribuye la reducción del déficit fiscal a una sub-ejecución de partidas sociales. Martín Guzmán podría verse envuelto en una causa judicial. Vallejos, por su parte, rebautiza a la movilidad jubilatorio, que ella dice que se “la hicieron” votar, como una “fórmula de mierda” (sic). Todas estas felonías, que la Vice dice que “las ve en las calles, sin necesidad de estadísticas”, el cristinismo sólo las ´descubrió´ al perder las elecciones. La ejecución del presupuesto 2021, que permitió un ajuste fiscal de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares sobre salarios estatales y jubilaciones, fue piloteada en el Congreso por el bloque de Máximo Kirchner. Vallejos, en sus audios, reconoce que “cuando había que privilegiar la salud se eligió la economía”, una filigrana macrista que esconde los subsidios descomunales otorgados a las grandes patronales. Cristina Kirchner mira ahora espantada las consecuencias de todo esto sobre las elecciones de noviembre – más el escándalo político que significa coordinar una renuncia colectiva de ministros y funcionarios. Esto supera cualquier celebración de cumpleaños en cuarentena. El acuerdo con el FMI, que debía pasar por el Congreso una vez aprobado por el Ejecutivo, ha entrado en un cono de crisis política – tanto para el FMI como para el gobierno. Cualquier compañía de seguros exige al cliente más garantías que las que puedan ofrecer ahora los Fernández. Ni la Vice ni Vallejos aluden al acuerdo con el Fondo en sus diatribas de ayer, lo cual las convierte en papel mojado. Los vituperios lanzados contra el vocero de prensa de AF, no compensan el silencio cómplice acerca de las tratativas con el Fondo. Un desembarco de CFK del gobierno tiene el límite infranqueable de los procesos que se han amontonado contra ella en la Justicia. La clase obrera y los trabajadores Los resultados del domingo han sido ventajosos para el bloque de derechas: la suma de los votos del radical-macrismo, el peronismo republicano y fascismo-libertario de Milei lograron casi dos tercios de los votos en provincia y en la CABA. Ahora emergen quienes sostienen que una lectura de los comicios es la derrota del gobierno, no por la derecha sino por la abstención de una masa irreductible de kirchneristas. No hubo, sin embargo, corte de boletas a favor del matancero K, Fernando Espinoza o la quilmeña K, Mayra Mendoza. Los resultados electorales, el desmembramiento del FdT y una potencial caída del gobierno, ha empezado a conmover a una masa creciente de trabajadores. Las organizaciones sociales del gobierno se han escindido con el avance de la crisis política en las tres fracciones en que se ha dividido el oficialismo en su conjunto: un gobierno albertista, un gabinete proto camporista y una salida de compromiso. Tres rumbos hacia la nada, que deben ser aprovechados para desarrollar en la base una perspectiva independiente de los trabajadores. El escenario político se presenta singularmente confuso para la clase obrera. La división política del gobierno es vista por muchos como un regalo de Navidad en beneficio de una suerte de Unión Democrática versión 4.0. De otro lado, la suba del desempleo y la caída descomunal de salarios y jubilaciones es sangrienta. El asfalto, el agua potable, la vivienda y la salud están más ausentes que nunca. Pese lo que le pese a Vallejos, que reniega de “la apertura de la economía”, Kicillof y el kirchnerista Gollán siguen abriendo las puertas al virus como Larreta – ´desaforo´ incluido. En este marco, un sector calificado de la clase obrera, aunque minoritario, vuelve a depositar expectativas en un financiamiento internacional, después de un acuerdo con el Fondo. La responsabilidad de la izquierda democratizante por esta confusión es innegable, porque ofrece nada menos que una salida en términos electoralistas. Ya emite señales de que celebraría un derrumbe mayor del oficialismo en noviembre a manos de JxC y Milei, del cual descuenta para ella algunos puntos más que el 12 de septiembre. Hemos dicho, el lunes mismo y al día siguiente y después, que el país ha entrado en una nueva transición política, que agudizará todos los antagonismos de clases y la lucha de clases correspondiente. La tarea principal -disipar la confusión política de las masas- requiere una fuerte agitación por las reivindicaciones e iniciativas directas de lucha, pero simultáneamente con la organización de una respuesta obrera a la crisis política. Las condiciones para organizar un Congreso obrero, fundamentalmente de activistas y militantes, están reunidas. La preparación y desarrollo del Congreso tendrá un impacto creciente en la masa de trabajadores. El desarrollo de un Congreso obrero permitirá verificar las condiciones de un planteo de poder, para la clase obrera y para los partidos presentes en ella. Es necesario dirigirse al activismo que ha votado y llamado a votar al FdT, que se encuentra ahora en un impasse político que cualquiera puede ver. Las crisis de poder son propicias para despertar políticamente a las masas y para convertir una puja al interior de la burguesía en una lucha de los trabajadores contra el capital, sus partidos, las burocracias sindcales y el Estado. El derrumbe político no es solamente un privilegio de Argentina – Brasil, en primer lugar, Perú enseguida, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, atraviesan crisis similares más allá de sus diferencias. Más que nunca es necesaria una perspectiva continental e internacional. La derrota norteamericana en Afganistán ha profundizado una crisis en la principal metrópoli imperialista, que ya tiene un largo recorrido – con conato de golpe incluido. Esta es nuestra política. Desde ahora iniciamos una campaña de asambleas en los barrios y plenarios en sindicatos y lugares de trabajo, para avanzar con pronunciamientos reivindicativos y políticos, o sea en una perspectiva propia de poder. VER MÁS Jorge Altamira: “Cristina se pegó un tiro en el pie y en noviembre podría haber una sepultura del gobierno”, reportaje en Radio Aries (Salta)

Si es cierto que “Cristina ganó la pulseada” con Alberto Fernández, entonces el armado del nuevo gabinete retrata cuál es la orientación del kirchnerismo para salvarse a sí mismo y al gobierno “de Todos”. El elenco ministerial es un rejunte de figuras desgastadas que recorrieron a todos los gobiernos K, con algunos hilos conductores muy claros: el Pejota, la gran patronal agraria e industrial, la burocracia sindical y el clero. En el tablero, quedó atornillado Martín Guzmán, el intermediario con los fondos internacionales y el FMI. El nuevo jefe de gabinete, el tucumano Manzur, surgió como propuesta de la propia Cristina. En el pasado reciente, trascendió, entre otras cuestiones, por la política furiosamente hostil a la mujer y a la interrupción del embarazo, con casos tristemente famosos en su provincia. En el plano político más general, fue uno de los arquitectos del acuerdo entre Macri y los gobernadores pejotistas que viabilizó la reaccionaria reforma previsional del 2017. Otro de los que asoma en la lista de los “nuevos” funcionarios es Julián Domínguez, el ex ministro de los K a quien se atribuye el “acercamiento de posiciones con el campo” después de la crisis de las retenciones, en 2009. El Consejo Agroindustrial Argentino, que el año pasado recibió el apoyo de CFK a su plan “agroexportador”, ya saludó su designación. Como Manzur, Domínguez es un activo militante de la Iglesia y el Vaticano. Según informó el periodista Diego Genoud hace un mes atrás, las figuras de Domínguez y Aníbal Fernández fueron arrimadas al gobierno por el burócrata Pignanelli, del SMATA. El “tridente” principal de los nuevos ministros lo completa Aníbal Fernández, un viejo protagonista de los episodios represivos más salientes de las últimas dos décadas, desde Kosteki y Santillán hasta Mariano Ferreyra. Luego, Daniel Filmus, el eterno vocero de las reformas educativas del Banco Mundial en los gobiernos peronistas, ha sido ubicado en la cartera de Ciencia y Tecnología. Significado En los últimos días, se afirmaba que Alberto Fernández había considerado, al menos como posibilidad, el armado de un bloque de gobernadores, la burocracia sindical y los movimientos sociales para rearmar su gobierno, incluso aceptando la dimisión de los ministros kirchneristas. Pero este bloque de fuerzas no le dio sustento a Alberto –la bajada de pulgar tuvo lugar cuando el Chino Navarro, por pedido de los gobernadores, levantó la marcha que había previsto para el miércoles pasado en apoyo al gobierno. Sin embargo, el gabinete pejotista -clerical se terminó consumando, solo que inspirado por la otra vereda - por la jefa del golpe palaciego. De un lado, Alberto Fernández ha sido reducido a la condición de un espectro. Del otro, Cristina ha entregado al gabinete a un elenco de viejos amigos del capital y la reacción política. Bien mirado, el nuevo gobierno es una junta de síndicos destinada a administrar un gobierno en ruinas. En las últimas horas, los voceros del FMI ya han advertido sobre las “escasas garantías” (Infobae, 18.9) que la situación argentina ofrece para un acuerdo. Las “garantías” deberán otorgarse de aquí a marzo, incluso con relativa independencia del resultado electoral. Mientras pergeñaba al gabinete, Guzmán, el “inamovible”, desplegaba una maniobra monetaria para utilizar los 4.300 millones de dólares de derechos de giro cedidos por el FMI como respaldo de una emisión de pesos equivalentes. Con esos recursos, el gobierno espera financiar las medidas “excepcionales” de carácter salarial, jubilatorio o social a desplegar en estos dos meses de campaña. El término “excepcional” no es gratuito, pues se trata de bonos o adicionales que no alteran el núcleo de la miseria social o previsional. Vallejos, en sus famosos audios, había planteado la derogación de la “fórmula de mierda” (sic) que ajusta las jubilaciones. Pero su gobierno la sostendrá a muerte, mientras apaga el incendio con un bono misérrimo. La mayor de las ingenuidades o imposturas de estos días es la versión de que la derrota electoral - “el mensaje de las urnas”- debía llevar al gobierno a “escuchar los reclamos” jubilatorios o salariales. Cuando un gobierno o una corriente del capital sufre un revés político, se dirige en primerísimo lugar al capital, no a las masas. El nuevo gabinete es un intento por recobrar el crédito de los agroexportadores, de la Iglesia y de los intereses capitalistas que se articulan en torno de los gobernadores pejotistas. El FMI, por su parte, ha consentido la emisión excepcional que llevará adelante en estas horas el gobierno, para facilitar el tránsito al acuerdo que tiene, en sus gavetas, a la reforma laboral y a la reforma previsional. Si una nueva derrota electoral no lo deglute, el gabinete Manzur-Guzmán-Domínguez –Fernández tendrá que pilotear ese acuerdo, y dar cuenta de sus consecuencias explosivas. La clase obrera no puede ser convidada de piedra en esta crisis: organicemos un congreso obrero, que establezca un programa, un plan de acción, y una perspectiva de poder propia para los trabajadores.

El golpe que el oficialismo recibió en las urnas el domingo pasado fue una respuesta frente a la crisis social y económica que atraviesan los trabajadores. Los niveles de desocupación no han retrocedido ante la esperada recuperación económica que iba a traer la apertura total según los guarismos oficiales. La pobreza y la indigencia no han encontrado aún su techo. El golpe al gobierno generó una crisis mayor debido a que los planes de la política económica oficial no son de reactivación económica sino de un ajuste mayor de la mano de un acuerdo con el FMI. En su guerra de camarillas, ninguno de los dirigentes políticos del gobierno rechaza el acuerdo con el FMI. Pero este último ya no tiene ninguna garantía de la capacidad del gobierno para aplicar el ajuste. Unos pocos días después de las elecciones, y en medio de la crisis política, los desocupados volvieron a copar las calles en todo el país poniendo sobre la mesa todos los reclamos postergados. El nuevo ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, declaró a los medios hace algunos días que “por ahora no va a haber más incorporaciones” a los programas de los planes sociales y que tampoco tenían previsto aumentar su valor. Su orientación se centró en la transformación de los planes sociales en subsidios a las patronales (“empalme”). Una política acorde con la reforma laboral que reclama el FMI. La semana siguiente a las elecciones estuvo colmada de acciones de lucha de los desocupados. El pasado jueves salió una acción del frente integrado por el Polo Obrero oficial junto con el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. y MST, entre otros. Denunciaron el ajuste y la falta de entrega de alimentos por parte del gobierno. Según Prensa Obrera, Barrios de Pie pidió a la mesa del frente “un mes de licencia en la lucha” para apoyar en su campaña electoral a la lista derechista de Florencio Randazzo. El Polo Obrero oficial propuso a las organizaciones con las que se movilizó un “congreso piquetero” para enfrentar la crisis. La nota distintiva fue la aparente disolución del frente llamado Unidad Piquetera, que había movilizado en conjunto los últimos meses y que agrupaba a la mayoría de las organizaciones sociales. Una parte de ellas se movilizó por su cuenta el mismo día, llevando a cabo una “jornada nacional por tierra para vivir, producir y autogestión de la vivienda” (FOL, FOB, Movimiento de los Pueblos, MULCS, ILS, etc.). Las razones de la disolución del frente de Unidad Piquetera aún se desconocen. Al día siguiente, el viernes, se llevó a cabo la movilización de otros sectores del movimiento de desocupados, entre los que se encuentra el Polo Obrero Tendencia. De esta jornada nacional de lucha participaron el MTR Histórico, la FTC-M29, Resistencia Popular, entre otras organizaciones. El Polo Obrero Tendencia participó con una columna de 4000 compañeros y compañeras de Capital y Gran Buenos Aires y con distintas columnas en 19 provincias y regiones del interior, como El Dorado, Chacho, San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca, Pergamino, etc. Nos movilizamos por el rechazo al acuerdo con el FMI y por las reivindicaciones de los desocupados, principalmente el trabajo genuino. Denunciamos atraso en la entrega de mercadería para los comedores y le reclamamos al gobierno la apertura de los programas sociales y el aumento de los montos. El Ministerio intentó meter una cuña divisionista entre las organizaciones anunciando que sólo recibiría al Polo Obrero Tendencia, pero no al resto de las organizaciones. Eva Gutiérrez, en representación del Polo, rechazó la oferta y la denunció como una maniobra. Luego de desbaratar esta maniobra, el ministerio aceptó recibir a todas las organizaciones presentes. Desde el Ministerio, los funcionarios argumentaron que debido a la crisis política que están atravesando no pueden dar respuesta a los reclamos y propusieron una nueva reunión para la próxima semana. La resolución de las organizaciones presentes fue concurrir a esa próxima reunión y debatir luego una resolución de plan de lucha si la respuesta no es satisfactoria. En el cierre de su discurso, Eva Gutiérrez reivindicó la unidad que se ha gestado entre las organizaciones presentes y llamó a luchar por un congreso obrero para que la agenda del movimiento obrero se imponga en el escenario político nacional.

Alberto Fernández no logró graduarse de Presidente. Los cambios en el gabinete (seis ministros y un secretario de Estado), anunciados pasadas las 22 del viernes dejan afuera a Santiago Cafiero de la jefatura de gabinete y a otros ministros cuestionados por la Vicepresidenta, como Sabrina Frederic, Nicolás Trotta, Roberto Salvarezza, Ross, Felipe Solá y Claudio Basterra. Cafiero se recicla como ministro de Exteriores. Sigue adentro el camporista “Wado” de Pedro, el primero en poner “a disposición” su cargo como ministro del Interior. Otros ministros siguen, como Matías Kulfas, objetado por CFK, y Martín Guzmán, a la cual ésta dice no haberle pedido la renuncia. El nuevo jefe de Gabinete, José Manzur, entra en carácter de “interino”, con licencia como gobernador de Tucumán, a riesgo de ‘perder la silla’, acosado por su Vice, Osvaldo Jaldo. Alberto devolvió las cajas de la Anses y el Pami a la Cámpora, aunque ésta no la había entregado sino por medio de una renuncia sin efecto. El’okupa de la Rosada’, según lo tildió Fernanda Vallejos, sigue amparado en un edificio ahora con riesgo de derrumbe. La demolición del albertismo difícilmente pueda ser juzgada como una victoria de CFK o la Cámpora, como si los cascotes los pudieran dejar ilesos. El objetivo de “relanzar al gobierno” es completamente incierto. De lograrse colocaría a CFK en la conducción del gobierno; de ocurrir lo contrario, la crisis tomaría otros contornos, como un adelantamiento de las elecciones previstas para 2023. Para impulsar un paquete de subsidios de aquí a noviembre, los procedimientos de la Vice han sido, digamos, groseros. El camporismo espera de este modo que vengan a votar dos milones de electores que se quedaron en casa, que supone kirchneristas. Una repetición de los resultados del domingo pasado (podría ser peror), dejaría al oficialismo completamente desnudo. Un gabinete con Manzur y Aníbal Fernández, inspirará difícilmente a las masas. Los saben los obreros del azúcar y los cítricos en Tucumán. A Aníbal Fernández se atribuye la derrota del ex Frente para la Victoria en 2015, en la provincia de Buenos Aires. Es uno de los responsables políticos de dos crímenes: la masacre de Avellaneda, en junio de 2002, y del asesintao de nuestro compañero Mariano Ferreya, el 20 de octubre de 2010. Como secretario de Seguridad, por segunda vez, es una declaración de guerra contra el movimiento piquetero y una licencia al gatillo fácil. Estas modificaciones no son auspiciosas para el ‘relanzamiento’ del porteño Santoro en CABA. Manzur es uno de los operadores de las inversiones contaminantes en Argentina, y junto a Capitanich de las granjas porcinas de China. Se apresta a reunirse con el Banco Mundial en un proyecto para “reducir la informalidad laboral” (LN, 18/9). “Julián Domínguez, en tanto, irá al ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un cargo que ya ocupó bajo el gobierno kirchnerista. Se va Trotta, un ‘aperturista’ de escuelas, sólo superado por el hijo político dilecto de CFK, el gobernador Kicillof. Daniel Filmus asumirá en Ciencia y Tecnología para reemplazar a Roberto Salvarezza, uno de los funcionarios cercanos al kirchnerismo que se había sumado a la ola de renuncias en masa y que causó irritación en el Presidente” (LN, 18/9). Una parte del ‘relanzamiento’ no es otra cosa que un cambio de figuritas en la ‘nomenklatura’ del kirchnerismo. Trotta es el responsable de que las escuelas se conviertan en incubadoras de nuevas variantes como la Delta. Lo emula el nuevo ministro de Educación, Perczyk, para quien “Hay que recuperar la normalidad, iremos a buscar a los chicos uno por uno” (Clarín, 18/9). Alberto Fernández no se ha recibido de Presidente, pero ha derechizado los “contrapesos” con la Vice. Esta situación ya fue vivida cuando el nombramiento de Capitanich como jefe de Gabinete en el último gobierno de Cristina, y de la candidatura fracasada de Aníbal. Detrás del ‘relanzamiento’ se monta un esquema de operadores políticos encargados de seguir serruchando la coalición gubernamental. Para después de noviembre ya hay pensadas nuevas ‘renuncias disponibles’, casi con seguridad sin ‘relanzamientos’.

El gobierno nacional, luego de decretar la prórroga de los mandatos vencidos de las direcciones sindicales, ahora con la apertura de todas las actividades, ha habilitado las elecciones sindicales. La Comisión Directiva Provincial de AMSAFE ha llamado a elecciones de delegados de escuela de toda la provincia, por turno (un titular y un suplente), fijando el período del 10 al 20 de septiembre. Para los sectores antiburocráticos y combativos la elección de delegados de escuela es fundamental, porque es la herramienta para organizar a la base docente y luchar por una nueva dirección, que desaloje a las direcciones sometidas a los gobiernos de turno. En nuestro gremio esa ha sido la experiencia de la AMSAFE Rosario recuperada. En la actualidad, el camino que está siendo recorrido por la docencia autoconvocada de Salta, con los métodos de las asambleas, la autoconvocatoria y la huelga, se convierten en un ejemplo crucial para toda la docencia, ante la etapa de crisis abierta. Los sindicatos docentes, como la directiva de la Amsafe Provincia, han acompañado la política de ajuste del gobierno de Fernández-Perotti. No se han posicionado frente a la reforma laboral (que abiertamente pregonan todos los candidatos patronales, incluido el Frente progresista de Santa Fe), junto al ataque a nuestras conquistas jubilatorias. Pese a la crisis política, que ha desatado la derrota del gobierno en las PASO de este domingo 12, la agenda está marcada por las exigencias del FMI. Con una inflación interanual que supera el 51% y la que, en 8 meses de este año, en Santa Fe (según el IPEC) ya lleva acumulado el 33,8%. El mismo porcentaje acordado por SADOP y AMSAFE Provincial para todo el 2021, rápidamente ha quedado en evidencia el fracaso estruendoso de la política de suscribir acuerdos salariales escalonados y en cuotas y sin cláusula de actualización, porque son licuados por la inflación pulverizando el poder adquisitivo y quedando siempre a la saga de un aumento de precios galopante. La evidencia del deterioro salarial producto de los acuerdos ruinosos firmados por la burocracia, sumado al impacto por la derrota del gobierno provincial en las PASO, han llevado a Perotti a tener que anunciar una reapertura de la paritaria salarial docente, convocando a una reunión para este jueves 23 de septiembre. Pero ha fijado claros condicionamientos: en primer lugar, es para el último trimestre (octubre-diciembre) o sea ningún aumento hasta noviembre, ratificando sin modificaciones el cronograma, a pesar de la disparada de la inflación y extendiendo las clases hasta el 21 de diciembre. Una vez más, la CDP de Sonia Alesso se apresta a concurrir, sin ningún mandato y en el mejor de los casos para discutir algunos puntitos más (no están exentos de aceptar “bonos” o “sumas en negro”) para salarios de trabajadores que están muy por debajo de la “línea de pobreza”. Los sectores de oposición tienen la responsabilidad de organizar reuniones de delegados o asambleas, para que la docencia santafesina no sea una vez más la “convidado de piedra” en la negociación de sus salarios. Por otra parte, Perotti-Cantero siguen a rajatabla imponiendo la presencialidad plena, cuando se han modificado todos los protocolos (que nunca tuvieron una verdadera eficacia para evitar la circulación), no se discute la vacunación en los niños, ha disminuido el distanciamiento social dentro de las escuelas. El diario La Capital (17/9) informa que en el 10% de las escuelas de la zona sur de la provincia, la presencialidad plena no se ha podido implementar, por las condiciones edilicias de las escuelas, por la falta de inversión, siguiendo con las burbujas y la alternancia. Más que nunca, los sindicatos y la docencia deben tomar posición, pronunciarse y tomar resoluciones de lucha para enfrentar la reforma laboral y el ataque a las jubilaciones. Tenemos que defender la vida; la salud; la educación pública y el salario y jubilación, igual a la canasta familiar, por el blanqueo de las sumas en negro y cláusula de indexación salarial automática por inflación. La elección de delegados es una tarea fundamental para organizar la lucha por estos reclamos, recuperando los mandatos y las asambleas. Por delegados paritarios elegidos por las bases.

El presente artículo fue elaborado originalmente Por Pablo Rieznik como nota de polémica con el Congreso Pedagógico convocado por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1986. Años más tarde fue incluido en el libro compilatorio Marxismo y Sociedad, publicado por Eudeba (2000). En su despedida en el cementerio de la Chacarita, Jorge Altamira destacó la intensa militancia de Pablo desde la adolescencia y también su penetración en la teoría marxista. El amplio campo de intereses que recorrió a lo largo de su vida le valió el reconocimiento de militantes y académicos de todas las corrientes políticas. En el presente texto, Rieznik resume el punto de vista socialista sobre la cuestión educativa. Volvemos a ponerlo a disposición de los lectores en el sexto aniversario de su fallecimiento, producido, por una de esas singularidades del calendario, un 17 de septiembre, día del profesor. Origen de la educación La educación, como actividad específica del hombre, como una tarea diferenciada a través de la cual se establece la transmisión de conocimiento de generación en generación, es un aspecto del desarrollo de las fuerzas productivas y de la división del trabajo social. En las fases muy primitivas, como tal formaba parte de la vida misma, tenía un carácter espontáneo, directamente asociado a la lucha cotidiana por la subsistencia y la auto preservación, una empresa colectiva y absorbente para el conjunto de la comunidad. Cuando los progresos en el dominio de la naturaleza permitieron el surgimiento de un excedente económico y la progresiva acumulación de riquezas que quedaban al margen del consumo inmediato de la sociedad, el trabajo directo ya no fue una necesidad para todos, el alejamiento de la producción inmediata fue posible para algunos, el tiempo libre la condición para el desarrollo intelectual de unos pocos. El fenómeno educativo fue adoptando lentamente características propias, el educador y el educando tomaron forma en el curso del desenvolvimiento histórico en torno a la labor distintiva del enseñar y aprender. Así como desde un principio los productos crecientes del trabajo humano se concentraron en forma desigual, tornándose propiedad privada de los sectores sociales dominantes, así también, a partir de la aparición de los rudimentos de la instrucción formal, ésta fue concebida como privilegio natural de los hijos de las clases propietarias. El trabajo de la mayoría constituía no sólo la base para el no trabajo de una minoría gobernante, se consideraba en la antigüedad incompatible con las virtudes propias del hombre cultivado: «El aprendizaje es incompatible con la vida del obrero y del artesano» (Aristóteles). De este modo, la educación se estructuró naturalmente, desde sus orígenes, como un fenómeno clasista colocado al servicio de los dueños de la riqueza y del poder, recurso para afirmar la cultura y los valores de la clase explotadora gobernante y también para preparar a sus funcionarios y cortesanos. Un propósito que, por otra parte, fue explícito durante muchos siglos. Burguesía y educación La revolución burguesa y sus ideólogos democráticos pretendieron, en cambio, imponer la educación igualitaria como parte integral de la transformación política que acabó con las relaciones de servidumbre propias del régimen medieval. El capital triunfante planteó una supuesta doble victoria al emancipar a la educación de su carácter clasista y liberarla, al mismo tiempo, de los grillos de la religión y teología, abriendo completamente las puertas al conocimiento científico y racional. La nueva ideología revolucionaria, que pregonaba los derechos del ciudadano frente a la nobleza y el clero y reclamaba la libertad de comercio y producción, exigía también la libertad de pensamiento, el conocer y aprender, como atributo propio de cualquier ser humano. Por el mismo motivo repudiaba la enseñanza basada en el prejuicio religioso. «Los pueblos que tienen por educadores a sus sacerdotes no pueden ser libres», señalaba Condorcet, hombre de la Revolución Francesa. El capitalismo es el triunfo de la ciudad sobre el campo, de la gran producción sobre el artesanado, de la vida urbana, la industria y la universalización del consumo mercantil. La alfabetización formal se transformó en una necesidad social para el nuevo modo de producción, la escolarización primaria en un requisito económico, susceptible de aumentar la productividad del asalariado moderno y la ganancia del propio capital. Esta última se transformó en el centro de gravedad del sistema productivo y el progreso técnico en instrumento clave de la competencia, de los lucros crecientes de la empresa capitalista. La ciencia se abrió paso, entonces, como nunca antes, vinculada al incremento de la productividad del trabajo y su desarrollo alcanzó un ritmo inigualado en las etapas pretéritas de la humanidad. La superestructura educativa alcanzó una enorme envergadura y sus instituciones fueron un ámbito de instrucción de contingentes masivos de la población. Educación clasista La educación, no obstante, no abandonó su carácter clasista: no pudo ni puede por sí misma superar la base económica desigual en la cual se funda la sociedad capitalista, la separación establecida entre los detentadores de la propiedad de los medios de producción y los trabajadores «libres» para vender su capacidad de trabajo a los industriales modernos. En este sentido, la escolarización moderna permitió a lo sumo acceder a los rudimentos de la lectura y escritura a los asalariados, mientras los escalones de la formación superior fueron -y son- coto exclusivo de las clases poseedoras y de las capas no proletarias de la sociedad moderna. Pero este corte horizontal en el sistema educativo es, además, acompañado por una escisión en cada fase del mismo, a partir de la misma escuela primaria: los mejores establecimientos, recursos y materiales, corresponden al ámbito en el cual aprende el hijo de los ricos, mientras que el instituto miserable y las peores condiciones físicas se concentran allí donde concurre la prole del pobre y el trabajador. El miserable es miserablemente educado; una realidad que se presenta, aun con diferencias relativas, en todos los países capitalistas. En un sentido general, las limitaciones clasistas para el desarrollo educativo y científico de la humanidad son en la actualidad fronteras infranqueables del propio capital. La reducción del tiempo social del trabajo necesario para mantener y acrecentar las condiciones materiales que satisfacen la existencia humana resulta de una revolución científica sin precedentes. Por primera vez, el hombre se encuentra en condiciones de disfrutar la conquista de la automatización, que reemplaza la labor agotadora, imprescindible durante milenios, para «ganarse el pan de cada día». Esta emancipación del hombre de la producción directa es, a su turno, un requisito para su educación plena e integral, base para disponer del tiempo capaz de dotarlo de una comprensión acabada y completa del fruto del desarrollo histórico de su propia especie. Tiempo disponible para elevar no a unos pocos, sino al conjunto a la condición de administradores conscientes del proceso productivo y social. Pero estas condiciones materiales creadas por la sociedad capitalista entran en contradicción creciente con las necesidades del propio capital, toda vez que mantener y asegurar su ganancia significa involucrar masas crecientes de trabajo en la tarea embrutecedora de la gran corporación moderna, alargar la jornada laboral, desvalorizar el salario a veces en forma absoluta, en definitiva, dotarse de todos los medios para profundizar la explotación del trabajador. Para este último, el progreso de la ciencia implica ritmos más intensos de labor, descalificación de su oficio, cuando no la miseria inmediata de la desocupación frente a la maquinaria más moderna y automatizada. La conquista de las cumbres del conocimiento y de la ciencia por el conjunto social no pasa por emancipar a la ciencia, la educación y la escuela del capital sino por emancipar a la humanidad del capitalismo. Escuela capitalista La escuela capitalista no puede menos que reproducir y mistificar la cultura dominante al servicio de perpetuar el orden establecido. En su estructuración jerárquica, en las formas de organización del gobierno escolar, en el currículum y los programas oficiales, en la regimentación disciplinaria, se procura inocular en el niño y el adolescente los valores compatibles con el mundo burgués. Por esto mismo, la veneración del trabajo miserable y sacrificado, el respeto a la propiedad, la obediencia irreflexiva al superior, la aceptación de un sistema de premios y castigos que desestimulan la solidaridad colectiva y fomentan el individualismo egoísta, forman parte integral de la educación burguesa. El carácter memorístico de la instrucción impartida, la falta de incentivos al espíritu crítico, los métodos de evaluación, etc., son aspectos inseparables del ideal pedagógico cuya función es adaptar al educando a las condiciones propias de la sociedad explotadora. Es importante comprender, sin embargo, que la propia escuela no deja de ser un terreno de la lucha de clases y no un mero aparato impermeable a la organización colectiva de docentes y alumnos. El propio desarrollo del sistema educativo supone la difícil asimilación por parte del Estado y los explotadores de elementos contradictorios y conquistas de las masas que en este terreno toman como propias. Ya en el siglo pasado un patrón inglés afirmaba ante una comisión investigadora del Parlamento británico que «la mayor suma de educación de que ha disfrutado una parte de la clase trabajadora en los últimos años es perjudicial y peligrosa, la hace demasiado independiente». La burguesía se ve obligada a intentar liquidar banderas y reivindicaciones que en su momento blandió contra sus enemigos del pasado -sectores feudales o pre capitalistas- y que más tarde la clase obrera puede tomar como propias dándole un alcance todavía más audaz (laicismo, gratuidad, escuela común y obligatoria, acceso irrestricto a todos los niveles educativos). Esto es particularmente pertinente en países que, como el nuestro, se han incorporado al mundo de la producción capitalista en las condiciones de hegemonía de las tendencias más reaccionarias del capital, es decir, países que bajo la colonización imperialista y de la burguesía financiera nunca alcanzaron un desarrollo cabal de la industrialización moderna, de un mercado nacional y de los atributos propios de una nación capitalista avanzada. Educación y economía Fue Jorge Taiana, en pleno auge del camporismo, quien señaló que la dimensión del aparato educativo debía ajustarse a la necesidad de «relacionar la cantidad de cursantes con el ingreso de éstos y las reales necesidades del mercado». La virtud de este planteamiento es que postula claramente que el problema de la educación es un problema de «mercado». Pero el «mercado» no son las necesidades racionales de un país atrasado y estancado sino los requerimientos de una calificación fragmentaria, parcial, súper especializada y de rápida obsolescencia que demanda la gran empresa moderna. Gran empresa que, en el caso de los países sometidos por el imperialismo, obtiene sus súper lucros precisamente en la recreación del atraso y la miseria nacional. Entonces, se parte de la incapacidad del capitalismo para absorber a los egresados de los diversos niveles educativos y se deduce en consecuencia toda la política de asfixia de la educación pública bajo el pretexto de adecuarla a la economía, al «mercado». La «modernización» que pregona el oficialismo, como integración del país al mercado mundial, debe reproducir en una escala mayor los efectos de la misma en los grandes países desarrollados: creación de un enorme ejército de desocupados, subutilización de los recursos humanos, mutilación del sistema educativo «excedente», desarrollo unilateral de ramas bajo financiamiento y control privado, etc. El capital no puede resolver esta contradicción porque, en la misma medida en que estimula la productividad del trabajo, provoca desempleo; en cuanto crea las condiciones de un mayor tiempo libre para la población, reduce su existencia a la miseria; y mientras potencia los elementos del capital fijo (maquinaria, automatización), desvaloriza el «capital» humano, la fuerza de trabajo. El elemento estructural del capitalismo tiende a predominar en forma abrupta en épocas de crisis como la actual. Educación y trabajo La educación como transmisión del saber acumulado por la humanidad tiene como punto de partida el trabajo social. Es en la tarea productiva que el hombre aprendió a conocer, a observar las regularidades del mundo externo y de su misma actividad, a formular entonces las leyes de los fenómenos materiales y vitales, a encarar en consecuencia, de un modo reflexivo y consciente, su propia labor. La experiencia es la madre del conocimiento, y la práctica el criterio de verdad que delimita su alcance y su capacidad de dar cuenta de la esencia de aquello que el hombre procura aprehender y dominar. La educación asegura la continuidad de este conocimiento y que pueda ser mantenido y acrecentado en el curso de la evolución. Su función específica se ve potenciada por la extensión del sistema de enseñanza, su capacidad para asegurar la incorporación creciente de la juventud en su conjunto a la asimilación del saber pasado y transformar al hombre en sujeto colectivo de su propio destino. Las condiciones para una formación prolongada e inclusive permanente y de masas están planteadas por el estadio de desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de la ciencia y la técnica, la sustitución del trabajo humano por la máquina moderna, crearon las bases para la superación histórica del antagonismo entre la labor intelectual y manual. Una educación politécnica, apoyada en una sólida cultura general y un estrecho contacto con la producción social, es no sólo posible sino necesaria para un desenvolvimiento ulterior del progreso humano. Esta perspectiva es incompatible con el capitalismo: sólo es posible concretarla en la medida en que el hombre se apropie de las condiciones objetivas de la producción de riqueza y de su propia vida. El capitalismo ha difundido el mito de la sociedad libre y de las bondades de la libertad de comercio y de competencia en la misma medida en que desarrolló el monopolio privado de la propiedad de los medios de producción. Abolir este monopolio, eliminar la anarquía en el terreno productivo y proceder a la planificación racional de los recursos, es condición para una nueva sociedad y ésta para la nueva educación. Pretender, como sostienen los ideólogos oficiales, la «progresiva reducción del aporte muscular y la progresiva extensión del aporte inteligente» al proceso productivo sin alterar las raíces económicas de la explotación y descalificación del trabajo humano es, en el mejor de los casos, un simple despropósito. Educación y socialismo se reclaman mutuamente porque educación y capitalismo se han tornado definitivamente incompatibles. Educación y política La cuestión educacional no gira en el aire, no es una cuestión académica sino una cuestión social y política: refracta las tendencias y fuerzas en pugna que se hallan en la base de la sociedad y como tal su resolución está en la arena de la lucha de clases y en esa medida, inscripta en el movimiento de la clase obrera hacia su emancipación. Contra la demagogia hueca de la burguesía es necesario propugnar una escuela para la emancipación nacional y la politización de la educación para que sea un arma contra el imperialismo y para que sirva al predominio político de los explotados y de los trabajadores. El proyecto de educación depende del proyecto de país: una auténtica educación popular sólo puede ser obra de un gobierno de trabajadores. Las tareas democráticas pendientes en el campo educativo sólo pueden ser asumidas por los trabajadores, como un aspecto de la transformación revolucionaria de la sociedad que los contará como sus principales artífices y constructores.

El 7 de septiembre pasado, Bolsonaro amenazó con un golpe de estado, al convocar a sus huestes a rebelarse contra la Justicia y el Parlamento. El agro negocio lo acompañó con bloqueos de camioneros por buena parte del país. Dos días, asesorado por el golpista Michel Temer, ex vicepresidente y ex presidente, escribió que “Nunca he tenido intención de agredir a ninguno de los Poderes”. La asonada bolsonarista, inspirada en el golpe ejecutado por Trump en el Capitolio norteamericano, fue resignificada como un ‘malentendido’ por algunos pocos. El presidente del Congreso, Arthur Lira, mencionó que: “Todo lo que pasó y fue ´fuera del guion´, lo podemos enmarcar como el fervor de la política, la emoción del momento”. Por su parte, para el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, la carta era “una señal positiva de Bolsonaro” y “cumple con lo que espera la mayoría de los brasileños”. “Nem Lula, nem Bolsonaro”, o “Lula 2022” El 12 de septiembre, diversos partidos y movimientos políticos de derecha salieron a la calle contra Bolsonaro. La manifestación fue convocada por el Movimiento Brasil Libre (MBL) y Vem Pra Rua. Contó con la participación del gobernador de São Paulo, João Doria, Ciro Gomes del Partido Laborista Democrático (PDT), partidarios del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y las principales centrales sindicales brasileñas, con excepción de la CUT. No contó con la participación del PT ni del PSOL porque según los presidentes de ambos partidos, “nao fomos invitados”. Para la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, “necesitamos reunir el campo democrático y construir juntos. “Lo principal es esto. No es una adhesión, sino un camino conjunto”. Asistir al evento hubiera sido dinamitar al PT y a la CUT en un par de horas, pero resalta la falta de iniciativa de ambos. El ex presidente, se presenta a la burguesía “criolla” como “unificador”. En vísperas del 7 de septiembre lanzó un comunicado público donde denuncia que “en lugar de unir fuerzas, estimulan la división". Lula juega un juego conocido: “hay 2022”.

Este 20 de setiembre inicia el juicio por el asesinato de Facu Ferreira en manos de la policía tucumana. Facu tenía 12 años cuando fue fusilado por dos efectivos el 8 de marzo de 2018 cuando en horas de la noche regresaba a su casa en una moto junto a un vecino del barrio, otro niño de 14 años. Había salido sin permiso a ver una picada de motos y camino a su casa se encontró con estos asesinos, Nicolás Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres. La acción criminal intentó ser justificada bajo el argumento que los niños “circulaban en forma sospechosa” por la calle y que dispararon para “repeler” el tiroteo que estos habrían iniciado. Llegaron a plantar un arma en el lugar donde Facu cayó herido mortalmente. El ministro de seguridad de ese momento -que continúa en la actualidad- era Claudio Maley. Junto a la también entonces ministra de Nación Patricia Bullrich, ambos salieron a respaldar la actuación de la policía. Todas estas maniobras de encubrimiento fueron enfrentadas por la familia de Facundo, los familiares contra el gatillo fácil y la impunidad. Pese a que en poco tiempo se desmanteló el montaje de la policía, y se comprobó que Montes de Oca actuó bajo el efecto de cocaína y marihuana, ambos continuaron en funciones. Seis meses después Montes de Oca fue atrapado robándole la cartera a una mujer y recién ahí fue detenido y pasado a disponibilidad. La policía que mató a Facu Ferreira con su ministro Maley fue la que en 2020 desapareció y asesinó a Luis Espinoza y que violentó y asfixió a Ceferino Nadal. Hace dos semanas 4 mujeres detenidos en la Brigada de Concepción murieron asfixiadas bajo responsabilidad de la policía. Estos hechos, aunque la lista sigue, evidencia que nos enfrentamos a un aparato criminal. Este 20 de setiembre vamos a movilizar para el inicio del juicio y vamos a desplegar una campaña junto a los familiares contra el gatillo fácil para que los asesinos de Facu sean condenados y enfrentar el gatillo fácil con la organización independiente de los familiares y agrupamientos que defienden las libertades democráticas.

“La CTA frente a la crisis” (17/9), es el texto con el que la burocracia de cuño kirchnerista pretende diferenciarse del apoyo que recibió Alberto Fernández de la burocracia de la CGT y de Moyano. Copia y pega la carta de CFK, acerca de “la pobreza, la caída de los salarios y el aumento de los precios de la canasta básica” ( https://www.cta.org.ar/la-cta-frente-a-la-crisis.html ) y del “castig(o) en las urnas”. Los “padecimientos” -paritarias a la baja, precarización laboral, despidos, reducción de jubilaciones, etc- han contado, sin embargo, con el apoyo de la CTA. Cuando, por ejemplo, la docencia salteña encaró una huelga general por aumento salarial fue olímpicamente ignorada por las centrales K. O sea que la CTA sido cogestora del ajuste contra los trabajadores, en el medio de una pandemia, mientras los bancos y las patronales se sirvieron de multimillonarios subsidios estatales. El texto a que el gobierno “recupere la iniciativa y ponga en marcha un plan de medidas que den respuesta a las expectativas y necesidades de los sectores populares” (ídem), es una confesión de que la CTA en cuanto tal no piensa hacer nada en defensa de los trabajadores. El pedido ha sido respondido por el gobierno nombrando un gabinete de ajustadores, cómplices y derechistas clericales, ratificando un rumbo contrario a las “necesidades de los sectores populares”. Esto reafirma la intención del gobierno firmar un nuevo acuerdo con el FMI, con reforma laboral, cuyo punto de partida es la eliminación de la indemnización por despido, y la liquidación del sistema jubilatorio y los regímenes “especiales” de docentes y otros sectores. Esta dirigencia K es la misma que hasta hace poco presentaba un proyecto por la reducción de la jornada laboral que ahora deja en el olvido. El martes 21 el Consejo del Salario Mínimo se reunirá para llevar el salario a $32.000, cuando la canasta familiar supera los $120.000. La perpetuación de la miseria salarial.

Horacio Rodríguez Larreta anunció el jueves 16 de septiembre nuevas flexibilizaciones de los protocolos en la Ciudad de Buenos Aires (Perfil, 17/9). Modificó el protocolo para las clases presenciales, con una novedad: la burbuja solamente se aislará ante un caso confirmado de coronavirus. Según lo anunciado por Quirós, primero se aislará únicamente al caso sospechoso con síntomas compatibles de Covid-19, y se le realizará un test rápido de antígeno y PCR dentro de las 24 horas siguientes. Mientras tanto, el resto de la burbuja continuará con las clases presenciales habituales, como si nada hubiera pasado. En caso de que el resultado del test rápido es negativo, la burbuja no se aísla, pero el caso sospechoso permanecerá aislado hasta contar con el resultado del PCR. En caso de no contar con el resultado del test para confirmar o descartar la infección del caso sospechoso dentro de las 48 horas, se deberá proceder al aislamiento preventivo de la burbuja hasta contar con el mismo. Pero sólo en estas circunstancias. Otra de las “flexibilizaciones” dictadas por el gobierno de CABA fue la ampliación de la nocturnidad - bares y boliches pueden trabajar hasta las 3 de la mañana. El transporte público de la Ciudad estará habilitado para todos los usuarios, permitiendo también el uso de espacios comunes de edificios y hoteles. Desde el gobierno de CABA dijeron que "las nuevas medidas responden a una situación epidemiológica favorable y tienen como objetivo garantizar aún más horas de clase en las aulas para seguir recuperando los aprendizajes perdidos durante la pandemia" (Perfil, 17/9). Si las "burbujas" (los grupos de alumnos que no tienen contacto con otros grupos en la escuela) ya no cerrarán ante cada caso sospechoso de Covid-19 y se aislará únicamente al caso sospechoso con síntomas compatibles de Covid, lo que se está haciendo es permitir que el virus se esparza rápidamente entre la comunidad educativa en las comunidades locales, indican especialistas. Solo si el resultado del test es positivo "se aísla a toda la burbuja por diez días corridos desde el último contacto con el caso confirmado". Los docentes, no-docentes y estudiantes de Nivel Primario y Secundario con indicaciones de aislamiento podrán testearse al séptimo (7°) día desde el último contacto con el caso confirmado para confirmar o descartar la infección, se informó oficialmente. Esta semana se confirmaron más de 60 casos de contagios, incluso de la variante Delta, en el Colegio ORT. El linaje Delta es 60% más contagiosa que el virus original. El doctor Oscar Atienza, advirtió que con la reapertura parcial de los establecimientos educativos "los casos van a volver a aumentar y eso se va a notar claramente". Dijo que "el retorno a la presencialidad plena es apresurado", sobre todo "porque tenemos la variante Delta que está ingresando en el país" y además estimó que "a través esa situación hasta le estaríamos facilitando las condiciones a la variante Delta para que se propague rápidamente en la Argentina". En julio de 2021 Delta significó casi el 90% de las muestras secuenciadas a nivel mundial. El linaje ya está presente en 180 países. Se anunció que para detectar casos asintomáticos y cortar la cadena de contagios, habrá unidades de testeo móvil recorriendo las escuelas de Nivel Secundario para realizar testeos rápidos a los estudiantes de manera voluntaria, con autorización previa de sus familias. Pero no se indicó que se aumentará la capacidad de testeo, sino que será “móvil”, y “optativo” (Cronista, 17/9). Los testeos brillan por su ausencia, lo que es extremadamente peligroso porque hay muchos contagiados asintomáticos. El gobierno “promueve” los testeos cada 15 días para los docentes, pero sin aumentar la capacidad de los mismos, lo que implica que el docente tiene que movilizarse por su propia voluntad.

La arremetida política de Cristina Kirchner no ha sido un golpe de estado porque no tenía el propósito de llegar hasta sus últimas consecuencias, ni reunía las condiciones para ello. Ha sido peor que eso, si se puede hablar en estos términos, porque un golpe de estado a medias deja establecido un régimen político de doble poder en la cúpula – o sea efímero. Alberto Fernández sobrevivió sin contar con el respaldo de algún gran aparato; apenas con el apoyo ‘político’ de la burocracia sindical y el moyanismo, y con el de la gran industria – metalúrgica, automotriz, construcción. La finalidad política de la Vicepresidenta no es otra que retener el control de la sucesión presidencial que se define dentro de dos años. Desde todo punto de vista se trata de un objetivo mediocre y de una política de camarilla. El estallido que han producido los resultados de las PASO de hace una semana, es en cierto modo más fulminante que el del 18 de agosto de 2019, cuando estaba en juego la Presidencia – ahora sólo se disputaba el control de las Cámaras. Desde 2015 las PASO crean una crisis de poder, al dejar al gobierno de turno al borde de la cornisa. El invento que concibió Néstor Kirchner para evitar que los partidos tradicionales se despedazaran no sobrevivió al certificado de emergencia. Así como están las cosas, CFK no ha previsto que, en 2023, si siguen las PASO no podrá evitar las PASO dentro del peronismo o del Frente de Todos. El golpe de estado a medias ha puesto en pie a un gobierno descartable. Tiene fecha de vencimiento el lunes 15 de noviembre. Habrá que alterarlo de todos modos, incluso si el oficialismo logra atenuar o remontar las diferencias en la votación reciente. Si la brecha creciera se abre un abanico de posibilidades: entre ellas la renuncia de la Vice y la renuncia conjunta. En este gobierno de descarte, coexisten dos coaliciones y varios arribistas, que ahora asumen un carácter público. Se han obligado a convivir por dos meses para salvar la lista oficialista, porque de otro modo los electores no sabrían reconocer qué y a quienes está votando. Antes de ser enviado al contenedor de residuos, el nuevo gabinete debe asegurar la ficción de que las boletas oficiales sirvan para algo, fuera de estar en el cuarto oscuro. La precariedad del remedo político encontrado se manifiesta en la elección de Juan Manzur como jefe de Gabinete, aún a sabiendas que desataría una crisis de gobierno en Tucumán, con el Vicegobernador, Osvaldo Jaldo. En otras provincias hay también ‘dualidades’ como la tucumana. La selección de los nuevos ministros, secretarios y funcionarios es otro tiro al pie que se propina Cristina Fernández. Es un gabinete anti-feminista y anti-laicista, por una parte, y responde al aparato de represión, por el otro. Darle el certificado de ‘gobierno de derecha’ no tiene cualquier sentido, porque se le ascribe una estrategia política, que es de lo que carece. Aníbal Fernández, que le ganó el lugar a Sergio Berni, será tan eficaz contra el narcotráfico en Rosario, como todos sus antecesores. Con Sabina Frederic, la ‘paloma’ de Seguridad, el ‘gatillo fácil’ tampoco retrocedió en absoluto. Con relación a la pandemia, finalmente, Kicillof es el que más lejos ha ido en la política de “inmunidad de rebaño”. Los nuevos funcionarios no traen nada nuevo, ni buenas nuevas. El gobierno por descarte le da la bienvenida a la variante Delta. Tampoco habrá IFE, por esas mismas razones. Los cagatintas de la política están ansiosos por conocer la próxima llamada infiel de Fernanda Vallejos. En cuanto a Martín Guzmán, el Dujovne del actual gobierno, ‘nadie’ quiere su renuncia. Quienes aseguran que es el próximo a caer en la crisis que sigue, evitan mencionar a su sucesor. Podría ser un Guzmán al cuadrado. El ministro ha demostrado tener más muñeca que quienes lo critican, porque ha logrado sacar de la manga una emisión potencial de más de cuatrocientos mil millones de pesos, sin dejar de pagar al Fondo los más de cuatro mil millones de dólares que debe hasta fin de año. Logró zafar del tope de “adelantos transitorios” al gobierno, de parte del Banco Central, sin dejar de usar la nueva moneda que le entregó el FMI – los DEG – para pagarle la deuda que vence en el último trimestre del año. Antes había mostrado saber manejar la mesa de dinero del Banco Central para contener la devaluación del peso en el mercado de títulos públicos. Se ha mostrado como un auténtico ‘boy’, en este caso de la universidad de Columbia. La carta de CFK que disparó la crisis es intencionalmente confusa cuando discute el ‘ajuste’ que habría disuadido a los votantes del kirchnerismo a hacer la cola de las escuelas el domingo fatídico. La Vice aprobó con sus diez dedos la renegociación de la deuda pública en moneda extranjera (arriba de ochenta mil millones de dólares), sin sacarles a los fondos nacionales e internacionales un peso de “quita”. En cuanto a los intereses, los redujo a un 3.5/4% anual - a todas luces usurario. Le quedó como premio consuelo la dilación de los plazos de pago, pero es esto precisamente lo que dispara el ajuste fiscal, porque hay que ir amontonado pesos y divisas para pagar en los nuevos tiempos establecidos. Lo mismo hizo Cristina Fernández con la deuda de la provincia de Buenos Aires, que Kicillof, su hijo adoptivo, firmó en términos iguales a los de Guzmán. Las demás provincias siguieron el trazado de este GPS. Podríamos decir que en materia de ajuste fiscal la Vice la jugó de ‘visionaria’, porque ‘acompañó’ la ley de emergencia que, en el comienzo del mandato, antes de la pandemia, dinamitó el ajuste de jubilaciones por inflación. Algo que no le ha quitado a quienes compran bonos del estado en el mercado local. La carta de la Vice no rememora la estafa que permitió al fondo Pimco trocar sus bonos en pesos a dólares al tipo de cambio oficial. Quienes denuncian, sin embargo, a Guzmán y a CFK de ‘neoliberales’ de útlima hora, se equivocan. Estamos ante el derrumbe de una política nacional y popular – no ‘neoliberal’. Lo prueba el cepo cambiario, que implica fuertes límites al giro de utiilidades y dividendos al exterior. También las retenciones a la exportación o los cupos a la venta de carne al extranjero – para “cuidar la mesa de los argentinos”. Es un gran error de método caracterizar las políticas oficiales de acuerdo a la ‘ideología’ de quienes ocupan el gobierno. Las contradicciones del capitalismo, las crisis que engendrán y las luchas de clase y política que desatan son una veta más sólida para una caracterización adecuada que las imputaciones ‘ideológicas’. En especial con gente que fue alfonsinista, menemista, chachoalvarecista y kirchnerista. Importantes sectores de la burguesía argentina prefieren (hasta cierto punto, claro) a Guzmán que a Caputo o Sturzenneger. Guzmán, por de pronto, logró continuar la política del macrismo de convertir los salarios, en Argentina, en los más bajos de los principales países de América Latina. Cristina Kirchner es la responsable de la elección de Guzmán como ministro de Economía. Fue lo que le recomendó el tutor del ministro, Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, a la que la Vice ha prestado una atención especial. De modo que la crisis actual ‘é stata fatta in casa’. Stiglitz, junto con otro Nobel, Paul Krugman, son pupilos del kernesianismo – ‘a la Kicillof’. Son los teóricos de la “multicausalidad de la inflación’; no la reducen a la emisión de moneda. La atribuyen al “desequilibrio macroeconómico”, lo que significa que obedece a una falta de inserción o a una inserción inadecuada de la economía nacional con la economía mundial. Lamentablemente para este grupo, la economía mundial en su conjunto se encuentra en un “desequilibrio macroeconómico” de conjunto. Para sobrevirir en este marco, el capital (algunos capitales) necesita una fuerte desvalorización de la fuerza de trabajo. Es lo que han hecho los Fernández. Es obvio, entonces, que la responsabilidad de la derrota del oficialismo hace siete días no la tiene Santiago Cafiero, ni será superada por Wado de Pedro o Fernanda Vallejos. El “desequilibrio macroeconómico” es la contraseña nacional y popular para tener abierto el ‘mail’ del FMI. Los Fernández pueden producir un ‘minipaquete’ para noviembre, como cualquiera recurrir a una aspirina sin necesidad de receta (o algunos ‘progresistas’ a la marihuana ‘recreativa’ en el mercado negro). La crisis vendrá con los términos concretos del acuerdo con el Fondo- pero acerca de esto CFK no escribió nada por una falta súbita de tinta. La información de hoy es que el FMI exige, con mayor vigor que antes, un acuerdo ratificado por el Congreso. El capital financiero dejó de confiar en la homogeneidad del gobierno desde mucho antes del proto golpe de estado de la semana que termina. Con una elección parlamentaria a punto de arrancar, es natural que las oposiciones se interroguen acerca de cómo hacer crecer sus votos en las PASO. Milei, por su lado, y el FITU, por el otro, ya anunciaron su candidatura para recoger los naufragios del alberto-kirchnerismo. La cuestión es, fundamentalmente, como la clase obrera y los trabajadores en general, están viviendo y asimilando la situación creada por la crisis que ellos habrían causado con sus propios votos. Es natural que una respuesta a cómo evolucionará la conciencia popular no se pueda dar en un plazo tan corto como el que falta para ir a votar de nuevo. El gobierno y el FdT no llegó aún a la UTI, pero se encuentra peleando por su salud en la sala intermedia. Habrá nuevas crisis. En el curso de la campaña electoral próxima, cuando el debate entre los frentes y partidos gane en intensidad, se podrán avanzar pronósticos acerca de los resultados. Se verá si se confirma la supuesta “indiferencia” que se atribuyó al electorado en las PASO, o si la crisis la ha enterrado con buenas razones. En las vísperas de la nueva campaña, el único que presenta a su corriente como alternativa de gobierno o poder es el libertario proto fascista Javier Milei. El resto se encuadra en una pelea de alcance parlamentario. Esta posición es muy fuerte en JxC, que quiere evitar cualquier responsabilidad en una caída del gobierno. Lo mismo ocurre con el FITU, como lo dejó claro en las PASO – ‘tercera fuerza’. Este slogan es un modelo de lo que se llama oportunismo, porque procura explotar “el voto útil” y la oportunidad que ofrece una elección parlamentaria o de medio término. Apuntar a lo posible e inmediato choca, sin embargo, con una política que prepare políticamente a las masas para una nueva etapa de grandes crisis y de mayores luchas. Para que se separe realmente de la burguesía y se prepare para luchar por su propio poder. La conquista del poder nunca se presenta como una posibilidad inmediata si el partido no ha preparado a la vanguardia de la clase obrera y a si mismo. Los giros políticos de las masas tienen lugar por medio de las luchas, pero también dependen del peso y la política de las organizaciones clasistas. Es necesario explicar que nos encontramos en una crisis terminal del kirchnerismo y el peronismo, que tampoco empieza ahora, y que el uno y el otro buscarán salir de ellas por medio de una alianza con el capital financiero. En cierta fase de esta crisis se planteará la cuestión de una Asamblea Constituyente soberana, pero por sobre todo el gobierno de los trabajadores. Si es cierto que Argentina asiste a una polarización política derecha-izquierda, como aventuran algunos candidatos de la izquierda entusiasmados por los resultado de las PASO, esta consigna sería más ‘oportuna’ que nunca. Lo que caracteriza a la crisis de régimen político, en Argentina, como “histórica”, es que constituye un eslabón de una crisis mundial gigantesca del capital – sus regímenes y sus gobiernos. Como nos dijo una periodista novel en San Isidro – “¡pero entonces ustedes no están en una campaña provincial!”. Aplausos del público.

El sábado 18, en el marco de una tarde primaveral perfecta, a pleno sol y con cielo despejado, se llevó adelante un Show Musical en las puertas de la Secundaria 17 con un doble objetivo: visibilizar y potenciar la lucha por la expropiación del predio donde funciona la escuela y por las obras de infraestructura para enseñar y aprender en forma segura. La organización del Festival Cultural, de gran calidad artística, estuvo a cargo de la comisión de padres, alumnos y docentes. El sonido, el armado del escenario, el corte de la Av Libertador, el buffet y el mobiliario usado fue garantizado por la comisión de padres y por docentes a “pata y pulmón”. Participaron del Festival media docena de bandas de rock que tocaron solidariamente, posicionándose a favor de la lucha de la comunidad educativa de la 17. Grupos como “Tocando a fondo”, “El Río Musical”, “Mundo Paralelo”, entre otros, nos deleitaron con su música durante toda la tarde. Así, la Cultura y el Arte se fusionaron con la lucha de estudiantes, docentes y padres. Crece el apoyo popular Durante el desarrollo del Show, grupos de estudiantes y docentes, pedían a los presentes y transeúntes que acompañen con su firma el reclamo de expropiación del inmueble. En menos de 1 hora se juntaron más de 300 firmas. Todo el mundo pedía firmar (trabajadores, comerciantes, estudiantes de otros colegios, etc.). Fue conmovedora la intervención de una jubilada, vecina del colegio, quién pidió el micrófono para “saludar la lucha y convocar a no aflojar” porque estamos enfrentado un entramado de intereses económicos y políticos muy poderosos que quieren el inmueble del colegio para alimentar los negocios inmobiliarios de un puñado de capitalistas ( https://politicaobrera.com/politicas/5076-merlo-menendez-y-jxc-defienden-los-negociados-del-capital-inmobiliario ). Las adhesiones de organizaciones sociales y políticas del campo popular y de izquierda fueron múltiples, entre las que debemos destacar el saludo del Suteba Matanza quién exige “el reconocimiento inmediato del edificio propio para la EES 17”. Esta definición política del Suteba Multicolor contrasta con la pasividad del Suteba Merlo que se borró del Festival a pesar de que están en juego 350 puestos de trabajo porque la situación de incertidumbre provocó que entre 60/80 alumnos migraran a otras instituciones educativas. Sin embargo, el hecho político más importante es la participación de una treintena de estudiantes secundarios del distrito de Merlo cuyos Centros de Estudiantes votaron participar y apoyar la lucha “contra el traslado de la EES 17”. Incluso hubo delegaciones de estudiantes del distrito de Moreno. El conjunto de estos hechos, por sí mismos, indican el grado de popularidad de la lucha en curso y de la simpatía creciente que gana en el conjunto de las clases sociales del distrito (trabajadores, estudiantes, comerciantes, etc.). Desde el Partido Obrero Tendencia y Tribuna Docente Tendencia hemos estamos comprometidos a fondo por el triunfo de esta lucha y por la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Ante la inminencia del traslado “transitorio” del colegio, a un edificio alquilado a UPCN, planteamos profundizar la organización de padres, trabajadores y estudiantes para conquistar el derecho a que el colegio funcione en el lugar en el que funcionó más de 60 años. La lucha continúa.

Luis Juez, flamante ganador en Córdoba de las PASO contra Mario Negri, como precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, representa una de las corrientes más oscurantistas del culto católico, el Sedevacantismo. Si te gustan las historias de terror, leé lo que sigue. A la derecha del obispo Lefebvre Durante su gestión como intendente de Córdoba (2003-2007), Luis Juez logró un récord político burgués: concretar la mayor y más implacable censura y represión de artistas del periodo democrático abierto en 1983. Claro, quien lo vea por tevé exagerando la tonada cordobesa para adornar con chistes su discurso político no podría imaginar su alianza con una secta católica de ultraderecha, pero tan ultra que ni siquiera está dentro de la iglesia vaticana. Los hermanos Espina, de origen español y asentados en Argentina -desde que su padre vino de embajador apoyando la “Revolución Libertadora” de 1955-, son la cabeza del Sedevacantismo, corriente que desconoce a los papas desde Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, por sus reformas eclesiásticas en cierto grado progresistas, y considera que la sede del Vaticano “está vacante” pues la ocupa un antipapa. Ni siquiera el obispo Marcel Lefebvre, reaccionario por antonomasia, había llegado a tanto. En 1996 el cura y abogado Julián Espina (autoproclamado “Esclavo de la Virgen María”) había intentado impedir la proyección de La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, en el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, sin alcanzar su cometido. El Sedevacantismo tuvo que esperar hasta que Luis Juez lo autorizara a censurar y reprimir. El “Martillo de los herejes”… en el siglo veintiuno Siglo 17: Giordano Bruno y Galileo Galilei padecen la Inquisición en procesos dirigidos por el cardenal Belarmino, “el martillo de los herejes”. Siglo 21: Belarmino resucita en el poder de Espina-Juez. En diciembre de 2004 la muestra “Navidad, 10 artistas, 10 miradas”, organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, incluye una obra de Roque Fraticelli con la figura de la Virgen María siendo penetrada en su vientre por el pico de una paloma. Las hordas oscurantistas de los Espina invaden el Cabildo Histórico de la Ciudad y consiguen el cierre de la exposición. Días después, durante una gran manifestación -frente al Cabildo- de artistas, escritores, intelectuales, los sedevacantistas irrumpen a cadenazos, golpes de puño y patadas contra los manifestantes, portando una Virgen María. La muestra nunca se reabrió. En 2005, el Concejo Deliberante de Córdoba debía discutir la renovación de los contratos de las empresas proveedoras del mobiliario urbano. El grupo Urbomaquia, cuyas obras de contenido social y político se instalaban en espacios públicos, creando gran interés por su calidad artística, decide escribir una frase sobre los tachos de basura de la peatonal: “Hay mundo por poco tiempo”. Un vecino, “indignado”, avisa a la policía y a Cadena 3. Las artistas son detenidas y pasan varias horas en la comisaría. La denuncia penal es por vandalismo. 48 horas después, la tevé muestra al “vecino indignado” recibiendo la distinción de Ciudadano Destacado que le otorga el intendente Luis Juez… El 6 de junio de 2007, el Centro Cultural España Córdoba, organismo dependiente de la Municipalidad y del Consulado, iba a inaugurar una muestra del dibujante y músico Alfonso Barbieri. Espina ya había cuestionado a La Voz del Interior la reproducción “sin censura previa” de ciertos dibujos de Barbieri al anunciarla. Las imágenes “herejes” claman contra la alienación social. Hay un Cristo crucificado por el teléfono, el automóvil, el televisor, la bebida alcohólica y la vivienda privada. La secta liderada por los Espina, sumando a “barrabravas” del Club Belgrano, un cura con acento extranjero y niños y adolescentes utilizados como escudo humano, solicita al director del CCEC “parlamentar” con Barbieri, pero en vez de ello arrasa el edificio destrozando vidrios, puertas y los cuadros ya colgados en la sala de arte, ante el terror de los empleados y el público. Barbieri, a quien buscan para golpearlo, se protege en un sótano. La noticia recorre los medios nacionales y el artista acepta integrar una mesa contra la censura con el Partido Obrero, en la cual participé. Ni olvido ni perdón El chistoso político Luis Juez, ahora en “Cambiando Juntos”, versión cordobesa de Juntos por el Cambio, en nada va a cambiar con respecto al oscurantismo religioso, el racismo, la xenofobia y el machismo. Trató de mugrientos a los ecuatorianos mientras él mismo era titular de la embajada argentina en… Ecuador. Votó contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo ¡y a su propia hija extra matrimonial, nacida de una mujer habitante de un barrio muy pobre, la abandonó y -citado por la Justicia- se negó a someterse al examen de ADN! Solo la asistió tras un fallo judicial adverso, pero jamás se vinculó con ella afectivamente. El segundo de su fórmula, Rodrigo de Loredo, también proviene de la derecha católica. Socio en el estudio jurídico de su suegro, Oscar Aguad (alias “el milico”), de Loredo gestionó el ARSAT entre 2015 y 2018, mientras Aguad era Ministro de Comunicaciones de Mauricio Macri… El capítulo “corrupción juecista” llevaría muchas páginas. Igual, no os preocupéis: si el chiste es firmarle un acuerdo al FMI, Junto con el Frente de Todes, para precarizar hasta la servidumbre a los trabajadores, lo va a hacer. Pero los artistas y los trabajadores de la cultura de Córdoba no olvidamos ni perdonamos su oscurantismo religioso, su fascismo.

En el curso de la mañana del lunes se confirmó que el gobernador Juan Manzur asumirá la jefatura de gabinete del gobierno nacional. El nombramiento estuvo a punto de diluirse ante la decisión del vicegobernador Osvaldo Jaldo de no renunciar a sustituirlo. Anunciada la promoción de Manzur, Jaldo se autoproclamó como sucesor interino. El trasfondo de esta fractura es la guerra por la sucesión provincial en 2023. En este cuadro, tras negociaciones en la que intervinieron funcionarios nacionales, incluso el propio Alberto y Cristina, se acordó que Jaldo pasaría a ocupar la gobernación, en calidad de interino. A cambio de esto debe mantener el gabinete provincial manzurista. En paralelo, renunciará el legislador jaldista a cargo de la presidencia subrogante de la legislatura, que pasaría a ocupar el principal vocero de Manzur, el legislador Mansilla; en simultáneo, se re-unifican los bloques legislativos. Todos estos acuerdos no resuelven la cuestión de fondo. Manzur vuelve en diciembre y la disputa continúa. Jaldo ha anunciado que va a comenzar una ronda de reuniones con los delegados comunales y las intendencias. En la agenda legislativa está el nombramiento de jueces en lugares claves, tanto en el ámbito penal, como en la Cámara en Contencioso y Administrativo, y la resolución de los juicios políticos que se le ha iniciado al actual ministro de Educación y de Seguridad. Todos estos temas tienen plazos constitucionales y se tienen que resolver antes de las elecciones de noviembre.

En 2007/8 China le hizo el ‘aguante’ a la crisis mundial que disparó el desplome de bancos en Estados Unidos y Europa (o incluso Nepal), como consecuencia del derrumbe del mercado hipotecario. En respuesta a la crisis lanzó un plan de gastos públicos del orden del 25% del PBI y autorizó una expansión monumental del crédito. Repitió de esta manera una gran performance previa, en 1997, como fue evitar la devaluación de su moneda en medio de una crisis de deuda externa privada en el Sudeste de Asia, que contuvo la ola devaluatoria en estos países. Aun así la crisis del 97 se extendió por el planeta hasta el default de Argentina en 2002. En el recorrido volteó a Rusia y a Brasil, y quebró al fondo de inversiones más grande de Estados Unidos – el LTGM. En la segunda ola sólo logró atenuar la “gran recesión” de 2009/10. Ahora, la misma China enfrenta una crisis financiera, con repercusiones internacionales que no han demorado en manifestarse. Evergrande, el desarrollador chino más grande del mundo, marcha a una quiebra inevitable con una deuda total de u$s300 mil millones, parecida a la deuda pública de Argentina. La crisis del grupo inmobiliario se viene arrastrando desde hace tiempo, en un esfuerzo de las autoridades chinas para que los acreedores busquen refugio a la hecatombe. El culebrón parece haber terminado y los accionistas de Evergrande deberán perder la totalidad del capital, y los acreedores anotar elevadas pérdidas. Entre ellos los poderosos fondos Ashmore Group y BlackRock, y los bancos UBS, suizo, HSBC, el anglo-chino. Tienen títulos impagables por mil millones de dólares en su conjunto. Para absorber el shock, el Banco Central proveyó u$s 15 mil millones a los bancos públicos de China. A diferencia de lo ocurrido con anterioridad, ahora habrá que hacerle el ´aguante´ a China por la decisión de Biden de vender submarinos nucleares a Australia, para acordonar el litoral marítimo de la República Popular. El derrumbe de Evergrande es, sin embargo, un operativo de estallido controlado. Ocurre que el mercado inmobiliario chino se encuentra supersaturado. El mismo gobierno quiere aprovechar la circunstancia para bajar los precios de venta y alquiler de las propiedades. La consecuencia es, sin embargo, que una liquidación de activos de Evergrande, al acentuar el derrumbe de los precios, llevaría a la quiebra a otros desarrolladores grandes que hoy tienen, a los precios actuales, las cuentas en equilibrio. Muchos de ellos cotizan en Hong Kong, que podría venirse abajo. La desarrolladora, por otro lado, tiene unos 150 acreedores de gran porte, que podrían tener que vender bonos u obligaciones privadas en su poder para resarcir a sus propios inversores. Por eso están cayendo los títulos públicos y privados en las Bolsas de los mercados periféricos. La posibilidad, por ejemplo, de que se revaloricen los títulos de la deuda Argentina se fue al diablo, y con ello la expectativa de nuevo financiamiento en caso de acordar con el FMI. De otro lado, la reactivación económica internacional se desvanece, y con ella las expectativas de ganancias elevadas que se registran en el precio elevado y creciente de las acciones. Estas acciones, además, han sido adquiridas a crédito, contra la garantía de su alta cotización actual. Una corrida bursátil desataría simplemente una catástrofe. La chispa de ello puede ser la corrida que no puede dejar de provocar la quiebra de Evergrande. Después de todo ‘vivimos’ en un mundo ‘globalizado’, lo cual tiene sus consecuencias. En un punto de este desarrollo, los mercados financieros nacionales se podrían encerrar en sus propias fronteras. La deuda pública de Argentina ha recibido la crisis con una caída del 3%, y cotiza como las acciones de Evergrande – al 30% de su valor de emisión. En los países vecinos del Mercosur ha ocurrido algo semejante. No es, claro, lo mejor para sostener el peso y controlar la inflación. La política provinciana de los Kirchner, madre e hijo, y de los Fernández, presidente y vice (más, ahora, un ministro de Seguridad), tiene tanto futuro como el desarrollador que ha caído en desgracia en China.

El mes pasado se informó al conjunto de los trabajadores de las autopistas que la paritaria que se inició en junio pasado estaba cerrada. Con el reciente retorno de Facundo Moyano al gremio se anunció de modo rimbombante un aumento “que le ganaba a la inflación”. Pero nada se dijo sobre el bono de fin de año que se nos quitó después de nuestro trabajo sistemático en pandemia como “esenciales”. En estos días, tras la salida de Moyano del Frente de Todos, y después de la derrota electoral del gobierno, los trabajadores y trabajadoras del gremio nos enteramos que la paritaria, anunciada con bombos y platillos, no había sido firmada. A la irregular situación que tenemos desde hace meses, con un sindicato aceptando múltiples renuncias y ninguna información clara, ahora le sumamos inconsistencias en lo que respecta a nuestro salario. En una situación tan acuciante como la que vivimos, con inflación del orden del 50% y con miras a meses de profunda inestabilidad por delante, el SUTPA lanzó de urgencia una asamblea informativa para indicar que se realizarán paros de una hora en los momentos menos transitados del día -una medida de dudosa efectividad. Los delegados informaron que la empresa no quiere largar un centavo hasta que no aumenten las tarifas. Con una paritaria que no termina de definirse, la incertidumbre salarial es absoluta. Otro importante factor en la discusión es que quieren liquidar al personal eventual, cuyo vínculo con la empresa se extiende de forma irregular. AUSOL viene amenazando con estos ajustes desde la paritaria anterior: “cuando el gobierno aumente las tarifas nosotros pagamos” (el año pasado se retardó el aumento por esta misma cuestión). A ello, se suma ahora el despido de compañeros eventuales, trabajadores que tienen tres o cuatro años de antigüedad con contratos basura. Como se ve, no quieren largar el aumento salarial, pero piden que aumenten el peaje y los servicios. AUSOL es una empresa que está en pleno litigio, porque se le otorgó una garantía de ganancia de más de 1.700 millones de dólares por tarifas futuras. Mientras el gobierno mueve su gabinete porque “escucha” al pueblo, Moyano hijo renuncia a su banca y comienza la gira sindical para su armado político propio. Todos juntos cuecen una reforma y flexibilización laboral que tiene a Facundo como uno de sus principales animadores. Los y las trabajadoras del peaje necesitamos un aumento urgente de salario, con actualización por inflación. Impulsemos asambleas para ir a la huelga por un salario igual al costo de la canasta familiar.

En la provincia de Buenos Aires, donde también se procesa la crisis de la coalición, Axel Kicillof ha sido un convidado de piedra en el recambio del gabinete bonaerense. Detrás de los movimientos de ministros se encuentran Máximo Kirchner y “el Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, quienes habilitaron a una mayor injerencia de los intendentes. El recambio supone un giro de Axel Kicillof hacia los barones del conurbano. Quien salió a respaldar los cambios es el inefable Anibal Fernández, ex intendente de Quilmes, que supo pertenecer a la liga de los barones y con los que tiene una fluída relación. Martin Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, pasará a ocupar la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Carlos Bianco –relegado ahora a jefe de Asesores. Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, fue nombrado en el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, desplazando a Agustin Simone, que pasa al Instituto de la Vivienda. Este ministerio es fundamental en el manejo de la caja de la obra pública por parte de los intendentes. Los nombramientos son una fuerte jugada de CFK de cara a la disputa por el control del aparato del PJ. Los “flamantes” ministros están ligados a Máximo Kirchner, quien busca reforzar el entramado de los intendentes pejotistas para ser ungido como presidente del PJ bonaerense con su acuerdo. La derrota del oficialismo en la provincia, a apenas dos años de una victoria plebiscitaria, forzó la búsqueda de este entendimiento. Según Axel Kicillof, son cambios necesarios para la post pandemia, que el gobernador ha dado por clausurada. Esto va de la mano con su política aperturista en las escuelas de la provincia, durante la segunda ola de contagios de Covid y en vísperas de la tercera. Al sintetizar la línea del nuevo gabinete, Carlos Bianco señaló que hay que ponerle “unos manguitos en el bolsillo a la gente”. Quiso decir con ello que buscarán el remedo de algunos bonos y subsidios para aminorar la magnitud de la derrota, pero sin atender las raíces profundas de la miseria social. Lo que omitió el funcionario es el brutal ajuste que sufren los trabajadores de la salud, estatales y docentes a manos de Kicillof y el empobrecimiento de millones de personas del conurbano y de todas las ciudades de la provincia. La clase obrera ocupada y desocupada de la provincia, que viene librando luchas parciales contra el gobierno de Kicillof, debe se protagonista de una salida propia a la crisis.

El gobierno nacional anunció nuevas medidas de apertura frente a la pandemia. Entre otras, el fin de la obligatoriedad del uso de barbijos al aire libre para la “circulación individual”, la habilitación del 100% del aforo para toda actividad laboral y otras relacionadas con el turismo, los boliches y eventos masivos. Las medidas llegan luego del cambio de gabinete y de la crisis política que desató la derrota del gobierno en las PASO. La Ciudad de Buenos Aires ya había anunciado nuevas aperturas y la “flexibilización” del sistema de las “burbujas” en las escuelas y abriendo bares y boliches hasta las 3 am. Trotta, el ministro de educación saliente, había reducido las distancias mínimas dentro de los ámbitos escolares, incluso por debajo de las recomendaciones internacionales. Las medidas anunciadas por la ministra Carla Vizzotti y el nuevo ministro de gabinete, Juan Manzur, prevén la liberación de toda actividad a puertas cerradas mientras se cumplan con las medidas “de prevención, tapabocas, distancia y ventilación”. En los lugares de trabajo donde no exista organización gremial, su cumplimiento no lo verificará nadie. Aunque en su anuncio Vizzotti reconoció que las discotecas y bares son las actividades de mayor riesgo, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de la variante Delta, se autorizó el aforo del 50% para personas con esquema completo de vacuna en los 14 días previos al evento. También fueron habilitados los salones de fiestas, bailes, viajes de jubilados y de egresados siguiendo los protocolos recomendados. Vuelve el fútbol con un aforo de 50%. El partido de Argentina contra Bolivia por las eliminatorias fue la prueba “piloto” con un aforo del 30%. En el partido tenía que haber 17 mil personas y había más de 40 mil, violando el protocolo. A partir del 24 de septiembre se elimina el aislamiento “a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria”. Desde la próxima, se autoriza el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. Al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada, se dejará de realizar tests de antígeno al ingreso (salvo los no vacunados) y PCR a la semana, y se podrá levantar el cupo. Sin embargo, uno de los consejeros del gobierno, Eduardo López, dijo que la variante Delta se contuvo parcialmente gracias al cierre de los vuelos. Con estas medidas, precipitadas por la derrota del pasado domingo 12, el oficialismo pretende dar muestras de haber “escuchado el mensaje de las urnas”. En verdad, el “mensaje” que interpreta el gobierno es el del gran capital, que reclama el cese de toda restricción. Las aperturas de las actividades recreativas, sociales y económicas realizadas por los países europeos durante el verano, devinieron luego en fuertes cierres debido a la explosión de casos de la variante Delta, que se ha convertido en la cepa predominante a nivel mundial Para muchos analistas, el retorno a la presencialidad plena es apresurado. Del otro lado, el gobierno no anunció ninguna medida para aumentar la cantidad o capacidad de testeos, o alguna medida para procurar la trazabilidad de los nuevos infectados y detectar si los nuevos contagios corresponden a la Delta. La pandemia no ha concluido y seguramente conoceremos nuevos zarpazos. La responsabilidad de una gestión guiada por los intereses del capital será inocultable.

Las elecciones en el STIA Buenos Aires se realizarán el 29 de setiembre, luego de casi dos años de postergaciones por la cuarentena, en las fábricas alimenticias de la Ciudad Autónoma y el primer cordón de la Provincia de Buenos Aires. Se presentan tres listas: la Verde, encabezada por Rodolfo Amado Daer; un frente de agrupaciones de lucha, la lista Bordó-Naranja-Transparente y la lista Celeste y Blanca animada por la Comisión Interna de Mondelez Pacheco. Pandemia, salario y despidos La elección no puede analizarse sin hacer un balance de como atravesó el Stia la pandemia. A diferencia de otros rubros, el sector alimenticio fue declarado esencial desde el día 1 de la cuarentena, a pesar de que el por lo menos la mitad de las fábricas beneficiadas no producen ningun alimento esencial (golosinas, chocolatería, confituras, etc). Esto representó por un lado, un beneficio extraordinario para las empresas del sector, que continuaron produciendo mientras el resto de la industria se detuvo. Por el otro, la esencialidad significó una exposición superior de los trabajadores alimenticios al virus, privados de cualquier derecho de cuarentena, con sus consecuentes contagios masivos, trabajadores internados y varios obreros muertos. Desde el inicio de la cuarentena en varias fábricas hubieron manifestaciones denunciando la esencialidad trucha y en otras la ausencia de protocolos sanitarios adecuados. La conducción del STIA Buenos Aires no cuestionó en ningún momento el dictamen trucho de esencialidad: incluso llegaron a presentarlo como un beneficio para los trabajadores -al evitar ser suspendidos percibiendo solo el 75% del salario, un perjuicio contra los trabajadores que el mismo Daer pactó con la Uniom Industrial Argentina. Por otro lado, el beneficio extraordinario recogido por las patronales de la alimentación -algunas con picos de producción- no tuvo ninguna repercusión a la hora de la discusión salarial. La conducción de la Federación -encabezada por Morcillo, del STIA Córdoba, pero donde el qué corta el bacalao es Rodolfo Daer- pactó un incremento salarial del 0% para el primer trimestre de la pandemia (mayo/junio/julio de 2020) y un 6% de miseria para Agosto. Los acuerdos posteriores, con tres cláusulas de revisión de por medio, dejaron a los trabajadores de la alimentación perdiendo frente a la inflación. La esencialidad otorgada para el trabajo alimenticio no cesó con la sangría de puestos de trabajo. Al cierre de PepsiCo, donde la conducción de la Verde gestionó los despidos en común con la patronal yanqui, siguieron despidos y cierres en distintos establecimientos. Los despidos masivos en la ex-Farm Frites cierre de Fargo Pacheco, Fargo Bertrand y el reciente cierre de Bimbo Victoria contaron con el guiño cómplice de la Verde. Lo mismo que las contrataciones truchas por agencia o las tercerizaciones masivas en Mondelez. La patronal de Alijor no paga los salarios y los trabajadores van a la huelga a pesar de la amenaza pública de la empresa de cerrar definitivamente el establecimiento. La Directiva del STIA no tiene en agenda la defensa de los puestos de trabajo, por lo que llega a una elección con un Sindicato semi-vaciado y un padrón de electores reducido a casi la mitad. La Celeste y Blanca, colectora de Daer Toda esta gestión común entre la Verde y las patronales de la pandemia, los despidos y el salario, han contado con el apoyo político explícito de quienes ahora han conformado la Lista Celeste y Blanca, que han votado a favor de las paritarias de miseria, en nombre de "la unidad del campo popular" con Daer, las patronales y la embajada yanqui. Los dirigentes de la CyB no serán ricos como Daer y compañía, pero defienden la misma agenda antiobrera. Han levantado de la mano del Gobierno los paros votados en asamblea en defensa de la salud: por último, ha rechazado cualquier posibilidad de integrar una lista opositora única. La CyB ha animado, en común con sectores de la Verde, un reagrupamiento político de conciliación de clases, trabajadores de la Alimentación en el Frente de Todos, que han mandado a guardar para mejores épocas a la luz de la crisis del gobierno. Como se ve, la presentación de la CyB es una colectora de la Verde de Daer. Votar la Multicolor contra la reforma laboral De la confluencia fe distintos procesos de lucha de fábricas de la Alimentación ha surgido la lista Bordó/Transparente/Naranja, compuesta por distintas agrupaciones de trabajadores vinculadas a la izquierda. En las dos plantas de Mondelez la lista Bordó actúa como principal fuerza de oposición a la Verde en Planta Victoria y a la Celeste y Blanca en Planta Pacheco. La Agrupación Transparente está organizada alrededor de la Comisión Interna de Felfort, principal planta alimenticia de la CABA. La Naranja del STIA Buenos Aires fue construida alrededor de la Comisión Interna de Lodiser, de su lucha por el descanso de los fines de semana. Por una maniobra de la dirección del STIA los delegados fueron destituidos y los trabajadores dejados sin delegados durante toda la pandemia, a pesar del trabajo presencial. De conjunto, la presentación de una lista vinculada a la izquierda en uno de los principales sindicatos industriales del país expresa un potencial enorme para un desarrollo clasista. La votación del STIA Buenos Aires se da en el punto más alto de la discusión de una nueva reforma laboral, cuyo eje central es la eliminación de las indemnizaciones por despido y también el punto final a los planes sociales. Sobre esto se discutió largo y tendido en la reunión organizada por la Embajada de los Estados Unidos de la que participó Daer el pasado fin de semana. Por eso el STIA ya se anotó a la cabeza para que las empresas puedan contratar a los desocupados con planes sociales. ¿Cuál es el beneficio? Que después del sexto mes de trabajo, el patrón pasa a pagar sólo la mitad del salario mínimo, convirtiendo el plan en un subsidio al capital. Entre los rubros apuntados para el "Plan Empalme" están los más explotados del país: los textiles, los rurales y los alimenticios. El desafío de las agrupaciones opositoras, en primer lugar de la Naranja, es la organización de la lucha contra la reforma laboral en ciernes; denunciando el balance de la gestión de la pandemia, del salario y los puestos de trabajo. Con pronunciamiento de trabajadores y cuerpos de delegados, luchar por la organización de un Congreso Obrero que de una respuesta de clase a la crisis nacional, alrededor de la defensa de un salario y una jubilación equivalente a la Canasta Familiar de 130 mil pesos. Debemos explicar a todos los trabajadores la confrontación estratégica que anida en las elecciones; que el voto por la Bordó-Naranja-Transparente es un voto en defensa propia, porque un triunfo de la Verde reforzará la agenda de nuestros verdugos; la reforma laboral, los salarios de hambre y los despidos.

Ante el golpe electoral, el Ministerio de Trabajo decidió adelantar diez días la reunión del Consejo del Salario, para que el aumento del salario mínimo empiece a cobrarse desde el próximo mes. Entre otras medidas se enumeran un bono para los jubilados, un plan de créditos, aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias o anticipar jubilaciones para desocupados con 30 años de aportes (según un estudio, alcanzaría a solamente 30.000 trabajadores). El Consejo, entre patrones y burócratas sindicales y del estado, decidió elevar en cuotas el salario mínimo desde los $29.000 hasta los $33.000 en febrero del 2022. Es todo lo que avala la patronal y lo que el gobierno consiente. Para lograr el llamado “equilibrio macroeconómico” que pondría fin a la crisis según las patronales, los obreros deben cobrar un mínimo inferior a la cuarta parte de una canasta familiar. El salario mínimo es la referencia para los planes sociales – la mitad. Lo reclamaron las patronales agrícolas (pero también las automotrices), que reclaman trabajadores para sus cosechas. Establece el piso de la competencia entre los trabajadores por el puesto de trabajo. Entre 16 representantes de las cámaras patronales y 16 de las direcciones sindicales, se mencionaron a Héctor Daer (sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y Hugo Yasky (CTA) entre otros. Este último que vociferaba por un mínimo de $35.000, se mostró luego “conforme” con la primera cuota de $29.000. El frente de Unidad Piquetera se movilizó a la sede de la reunión, la Casa Rosada, con un reclamo de $70.000. En una Plaza de Mayo que desbordaba por las diagonales, se leyó un documento que rechaza el ajuste y al FMI. Luego se llevó a cabo un pañuelazo contra el reaccionario ‘celeste’ Manzur, jefe de gabinete. La masividad de la convocatoria reflejó la enorme crisis social y económica y un crecimiento del espíritu de lucha. Las filas de las organizaciones de desocupados crecen, en proporción a la contraofensiva que intenta desplegar el gobierno. Esto plantea a sus direcciones un desafío político. Varias de ellas se referencian en candidatos patronales, como ocurre con Barrios de Pie con Randazzo, otras rehúsan ir más allá de la lucha piquetera, el Polo Obrero oficial profesa una “independencia política” que no es tal. La convocatoria en Plaza de Mayo no formó parte de un plan de acciones de lucha más general. Durante las PASO los frentes piqueteros se replegaron. Barrios de Pie pidió una “licencia” en la Unidad Piquetera para hacer campaña por Randazzo. El ex ministro de Transporte hizo campaña con su propuesta de reforma laboral, que prevé bajar salarios y aumentar la flexibilidad del trabajo, con la promesa de aumentar la demanda de empleo. La marcha multitudinaria a Plaza de Mayo esconde una heterogeneidad política de alcances paralizantes. El eje de la acción en Plaza de Mayo fue la reivindicación de un salario mínimo de $70.000. En toda su larga trayectoria, nuestra organización levantó la consigna del salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. Esto siempre fue así y se puede cotejar en el archivo de Prensa Obrera (ver la intervención de Néstor Pitrola en el “Foro Sindical”, PO 462, 1995; ver “Demandas del movimiento de trabajadores ocupados y desocupados” firmado por el Bloque Piquetero Nacional, PO 803, 2003; ver las posiciones del Frente de Izquierda hasta el 2015; por señalar sólo tres ejemplos de una línea histórica de décadas). Es obvio que aunque el salario mínimo de $70.000 se coloca apenas por encima del salario de pobreza, es más del doble del que ofrece el gobierno y mucho más de lo que se cobra en Potenciar Trabajo. Pero esta baja en la reivindicación no la ha hecho más ‘posible’. Diferente es aceptar una propuesta de 70 mil pesos por parte del gobierno, incluso si estamos reclamando los $130 mil de una canasta familiar. La factibilidad de arrancar conquistas al gobierno no depende de una ‘moderación’ de los reclamos sino de una estrategia política adecuada. Nuestro planteo es impulsar una unión de los trabajadores ocupados y desocupados que desemboque, por un lado, en un plan de acción, y, por el otro lado, en una agitación entre todas las clases trabajadoras del país, a favor de una Bolsa de Trabajo, el reparto de las horas de trabajo entre toda la población en condiciones de trabajar, un salario y jubilación mínimos iguales al costo de la canasta familiar, el rechazo al FMI y un plan de lucha para bloquear una renegociación de la deuda, y por el no pago de la deuda pública a los grandes capitalistas. La desocupación en masa es la manifestación más terminante de la agonía del capitalismo, que prueba de este modo que es una traba al desarrollo de las fuerzas productivas y a las perspectivas de un bienestar social mínimo. La lucha contra la desocupación no puede ser abordada, entonces, solamente como una lucha reivindicativa separada. Más que ninguna debe tener un carácter obrero de conjunto, que en esa medida adquiere un carácter político.

Durante la jornada de ayer, los trabajadores de Alijor realizaron una huelga total de actividades, en respuesta a los atrasos en los pagos y las amenazas de cierre definitivo de parte de la empresa. En la planta de Alijor, ubicada en el Parque Industrial de Garin, partido de Escobar, se producen panificados, principalmente de la marca La Salteña. Durante la tarde de ayer, por orientación del STIA y solo con el compromiso de pago del 50% de la deuda para hoy y el 50% restante para el viernes 24, la medida de fuerza se levantó. "Comunicado al personal: Por el presente informamos a todo el Personal que la Empresa depositara el día jueves (22/07/2021) en la cuenta sueldo el anticipo de haberes correspondientes al mes de Julio de 2021 por lo cual la empresa no autoriza al personal la realización de la asamblea solicitada por la comision interna caso contrario de no cumplir con la directiva NO SE PROCEDERÁ A DEPOSITAR EL ANTICIPO DE HABERES. LA EMPRESA". Con este comunicado amenazante la empresa anunciaba en el mes de julio el pago atrasado del adelanto, extorsionando a los trabajadores y a la Comisión Interna a desistir de realizar la asamblea convocada: caso contrario la empresa no pagaba. El último comunicado de la empresa, del día 20 de setiembre, fue todavía más amenazante: "Comunicado al personal. Importante: se comunica a todo el personal que el anticipo de sueldo correspondiente al mes de setiembre de 2021 será efectivo el día 24/09/2021. En caso de no obtener una respuesta afirmativa a la propuesta de la Empresa se PROCEDERÁ al cierre definitivo del Establecimiento. BENJAMÍN". El dueño de Alijor -Benjamín Biderman- vuelve con la vieja amenaza de cierre como en 2019. Mientras los dirigentes del STIA Buenos Aires "buscan puntos de conciliación", la patronal recurre a amenazas, aprietes y descuentos. Los delegados también denunciaron que a los trabajadores que estuvieron aislados por Covid no se les pagaron los premios durante la pandemia. La respuesta obrera, votada en asamblea y organizada por la Comisión Interna, contó con piquetes en los portones en defensa de la medida. La huelga votada y llevada a cabo demuestra que está en la conciencia de los trabajadores de Alijor que no es a través del diálogo que se van a defender de los ataques de la patronal. La Comisión Directiva del STIA vino al rescate de la empresa, que finalmente pudo imponer, contra la voluntad de los trabajadores, la mitad del pago del adelanto para el 24 de septiembre próximo.

El Gobierno Nacional anunció que elevará por decreto el piso del Impuesto a las Ganancias a 175 mil pesos, como parte del paquete de medidas para intentar recuperar los votos que perdió en las PASO. A principio de año se había anunciado la suba a 150 mil pesos, pero como resultado de la inflación y las paritarias, una gran parte de los trabajadores que quedaban exceptuados siguieron pagando el impuesto. Por otra parte, el aumento del piso -no del mínimo no imponible, que sigue fijado en $75 mil- se aprobó en abril pero se implementó recién en septiembre. Los trabajadores gravados recibieron la devolución retroactiva del impuesto pocos días antes de las elecciones. En marzo, dijimos en Política Obrera que "La actualización del Mínimo no imponible seguirá siendo anual, lo cual, con una inflación del 4% mensual y con el conjunto de las paritarias acordadas en cómodas cuotas, conducirá a una enorme distorsión: una parte sustancial de los que hoy han sido eximidos podría volver a estar gravado, apenas perciba una o dos cuotas de sus aumentos." (Política Obrera, 27/3) La obsolescencia de la suba del piso, reconocida por el propio gobierno, llegó mucho antes de fin de año. "Queda demostrado que la última reforma tuvo una obsolescencia prematura por la dinámica de la inflación y además porque no se realizaron las modificaciones de fondo requeridas, como la actualización semestral, y no anual, por IPC en lugar de Ripte, de todas las deducciones personales, como mínimo no imponible, cargas de familia, entre otras, con la pertinente actualización de las tablas de alícuotas y la equiparación en el tratamiento a los autónomos que son permanentemente ninguneados” (La Nación, 21/9). Como la reglamentación de la suba del piso anterior fue demorada por varios meses antes de llevarse a cabo, por lo que el Gobierno actúa contra reloj para que la nueva suba del piso impacte antes de los comicios de noviembre. "Así, aunque el decreto se difunda a comienzos de esta semana, luego debería ser reglamentado, la AFIP tendrá que difundir las nuevas normas y procedimientos técnicos y después las empresas ajustar sus dispositivos contables e informáticos con los nuevos valores, recalculando los distintos parámetros desde enero en adelante. Todo este procedimiento insume largos días y ya esta misma semana las empresas empiezan a preparar la liquidación de los sueldos de septiembre que deben efectivizar a fin de mes o en los primeros días de octubre. En consecuencia, los tiempos no dan para que los empleadores puedan incluir con el pago de los sueldos de septiembre el nuevo piso salarial de $ 175.000 y ajustar en la misma proporción la retención de Ganancias para el segmento salarial de entre $ 150.000 y $ 173.000 brutos, que pasarían a $ 175.000- 201.890" (Clarín, 20/9). Pasamos del "alivio que no fue" de 150 mil, al "manotazo de ahogado" de 175 mil. ¿No resulta significativo que, en medio de la implosión del gobierno, nadie abra la boca sobre la necesidad de derogar definitivamente el impuesto al salario? Ni la oposición triunfante, ni los liberales anti-impuestos, ni los kirchneristas. La agenda del FMI está por encima de todo el debate electoral. Cómo desarrollar la lucha por erradicar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, deberá ser parte de la campaña y deliberación por un Congreso Obrero, que ofrezca una respuesta de clase a la crisis nacional.

Clarín (21/09) anticipa que “en la Jefatura de Gabinete hay un borrador de DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que, si es firmado por el presidente Alberto Fernández, los trabajadores desocupados-mujeres entre 55 y 59 años y varones entre 60 y 64 años, con treinta años de aportes ingresados en la Seguridad Social-podrán jubilarse con el 50 o 80% (según lo que finalmente se decida) del haber que le corresponde. Y cuando alcancen la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los varones) pasarían a cobrar el 100%.” Al jubilarse anticipadamente tendrán cobertura médica del PAMI y en caso de fallecimiento del titular, el derecho de pensión del cónyuge. Son los conocidos como “jóvenes para jubilarse pero grandes para trabajar” . Se calcula que serían unos 33.000 los beneficiados con este DNU. Del otro lado de la moneda están los que tienen la edad para jubilarse pero les falta años de aporte para completar los 30 requeridos. En la Cámara de Diputados, por otra parte, hay proyectos de Mirta Tundis (diputada oficialista) y de Alicia terrada (diputada opositora) relativos a reflotar la Prestación Anticipada por Desempleo (PAD), similar a la ley Nª 25.594 sancionada en enero del 2005 y vigente hasta el 2007. En esa fecha accedieron a la PAD 54.000 beneficiados. Tenían derecho a cobrar la mitad del haber que les correspondería cuando llegasen a la edad de jubilarse. Cumplidos los 60 y 65 años, hombres y mujeres respectivamente, pasaban a cobrar la jubilación completa. Pero a diferencia de aquella ley, estos proyectos plantean que la PAD sea incompatible con la percepción de otra pensión graciable o no contributiva, jubilación, planes sociales de cualquier tipo, retiro civil o militar, realización de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia. Otro requisito es una evaluación socio-patrimonial previa al beneficio con el objeto que llegue a los sectores de bajos ingresos. Las versiones en danza son un “parche” frente al derrumbe social motorizado por las reformas previsionales de “Todos” y “Juntos”, que han convertido a la jubilación en una miserable “pensión a la vejez”, y con una CGT que le da la espalda a los jubilados y pensionados. Actualmente más del 60% cobramos la indigencia de $ 26.000, cuando el costo de la canasta familiar es de $ 130.000. En nuestro país, más del 50% de los trabajadores no se va a poder jubilar, como resultado del trabajo en negro y los despidos. Después de las elecciones de noviembre un nuevo ataque se prepara contra los jubilados y pensionados, comenzando por la elevación de la edad jubilatoria. Es materia de negociación con el FMI. Los bloques de las dos coaliciones mayoritarias levantarán sus manos en el Congreso para admitir el pago imposible de cumplir de 400 mil millones de dólares de esta deuda usuraria, a expensas del trabajo y las jubilaciones. Ningún jubilado debe ganar menos de la canasta familiar hoy, en $ 130.000, como haber mínimo. Fuera el FMI. No al pago de esta deuda usuraria. Por un congreso nacional de trabajadores ocupados, desocupados y jubilados que debata una salida a esta crisis.

El 21 de septiembre, día de la Sanidad en nuestro país, fue una jornada de lucha impulsada desde el sector público de la salud, que se expresó en tres acciones distintas en el centro porteño. La burocracia sindical de Sutecba, ATE y Sanidad, por su parte, estuvieron ausentes. Por un lado, Fesprosa (Federación de Profesionales - CTA), que dirige algunas seccionales de provincia de Buenos Aires, incluyendo la Junta Interna del hospital Posadas, convocó a delegaciones de todo el país para movilizar desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Participaron representantes de Tucumán, Salta, Río Negro, Chubut, Santa Fe, Reconquista, Chaco, Catamarca, San Luis y San Juan, entre otras provincias y localidades. La última vez que las seccionales del interior confluyeron en Buenos Aires fue hace tres años. Desde la tribuna, la dirección de Fesprosa reclamó la reapertura de las paritarias y anunció un plan de lucha que incluye un paro de 24 horas para este jueves y otro de 48 para la semana próxima. Por otro lado, una delegación de trabajadores de ALE (Asociación de Licenciados en Enfermería) se movilizó al ministerio de Salud porteño para hacer entrega de 5.000 firmas recolectadas en su campaña por el pase a la carrera profesional de salud (ley 6.035) de los licenciados. Acompañó una delegación de la asociación de profesionales y técnicos del hospital Garrahan, quienes por su parte llevaron la denuncia de los descuentos salariales que han sufrido los trabajadores del hospital por los días de huelga por el reclamo de reapertura de su paritaria y nuevo convenio de trabajo. Los descuentos sufridos en agosto y septiembre llegan a 25 mil pesos en el caso de los trabajadores del fin de semana. Ante la traición de la burocracia sindical de ATE y Sutecba, los trabajadores autoconvocados de la agrupación “Elefante Blanco” se concentraron en el Obelisco para montar una actividad de fotografía donde se recordó a compañeros fallecidos en pandemia, que denunciaron como muertes laborales. Los trabajadores reclaman también el pase a la carrera profesional para enfermería para todo el personal, no sólo los licenciados. La jornada se desarrolló en un cuadro de agotamiento de los trabajadores de ´la primera línea´, olvidada y condenada a la más fuerte explotación laboral y miseria salarial. Quienes no olvidan y valoran son el resto de la clase. A su paso por diagonal Norte, la columna de la Fesprosa fue aplaudida por una delegación de obreros de vigiladores que les abrió paso. Ha quedado en claro que tanto la oposición como el oficialismo defienden el próximo acuerdo con el FMI que significara un nuevo avance sobre la degradación de las condiciones de vida de las masas y los derechos de los trabajadores. La CTA, que ha sido cómplice del ajuste sufrido por los trabajadores, ha emitido un documento llamando al gobierno del nuevo gabinete a “enderezar el camino”. Un aviso de que por su parte no piensan modificar su traición a los trabajadores. La jornada del día de la sanidad se desarrolló cuando tanto el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional han dispuesto dar por concluida la pandemia de un plumazo. Han dado fin a las medidas de prevención, sin testeos y sin haber medido el impacto que va a tener la variante Delta. La lucha de los trabajadores de la salud es permanente, como la de toda la clase obrera y atraviesa etapas, momentos de alza y baja, de acción y deliberación. Debe abrirse la deliberación en hospitales, sanatorios, clínicas y centros de salud para organizarnos en la defensa de nuestros derechos y contraponer un programa íntegro para la salud donde el salario del trabajador -mínimo igual al costo de la canasta familiar, hoy en 130.000 pesos - y la jornada de trabajo sean compatibles con las necesidades de los trabajadores y no con la agenda de ajuste del FMI, los grupos financieros internacionales, las patronales y los gobiernos de turno.

En medio de la batahola y la crisis política el gobierno, el “irrenunciable” Guzmán ha enviado el proyecto de presupuesto 2022. El apartado universitario ya ha causado roces con los rectores porque se reduce en un 20% lo solicitado dos semanas atrás por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La brecha entre los 335,7 mil millones que propone el gobierno y los 407,9 mil millones que había elevado el plenario de rectores es un ajuste de proporciones que continúa la senda de “reducción del déficit” en detrimento de salarios y jubilaciones que Guzmán viene aplicando para arribar a un acuerdo con el FMI. En la preocupación de los rectores, ya se encontraban ausentes un aumento a los docentes o las correspondientes medidas para asegurar el tramo gratuito, con conectividad y las reformas edilicias correspondientes. Emiliano Yacobitti, el jefe de la Franja Morada, actualmente diputado nacional y vice decano de Económicas de la UBA, anunció que el presupuesto “no garantiza siquiera el pago de los salarios acordados en paritarias” - es decir, los salarios de ajuste. Denunció, además, en una queja “provinciana”, que la UBA viene perdiendo terreno dentro del miserable reparto presupuestario. En 2016 una situación idéntica despertó decenas de movilizaciones y ocupaciones, las cuales tuvieron incluso un impulso “desde arriba” -los rectores-, frente a lo cual el gobierno de Macri se vio obligado a retroceder parcialmente. La crisis actual se encuentra en el contexto de mayor impasse político y económico del gobierno. El rector de la Universidad de Hurlingham y representante del sector peronista en el CIN, Jaime Perczyc, nuevo titular del Ministerio de Educación en reemplazo de Nicolás Trotta, debutó con una defensa encendida del ´éxito´ de la educación virtual y un planteo de la “bimodalidad educativa” de características permanentes (Ámbito, 10/9). Este sector de las camarillas ha visto en la modalidad virtual que forzó la pandemia, la posibilidad de profundizar la devaluación de los contenidos de grado y acrecentar el negocio de la venta de cursos y posgrados, incluso al exterior. Las “aulas híbridas”, el plan de las camarillas para la “pos-pandemia”, implicarán en primer lugar una mayor explotación a los docentes, que tendrán -sin ningún aumento salarial ni de personal- que combinar las dos modalidades de enseñanza. Ni hablar de la posibilidad de grabar y repetir una y otra vez la misma clase y desprenderse de la necesidad de incorporar nuevos docentes. En la UBA, donde se anuncia la presencialidad, se plantea de todas formas convertir al conjunto del CBC en un dictado virtual, con el correspondiente desmantelamiento de cátedras y cursos. La Universidad Argentina no sólo se encuentra ante un nuevo ajuste, sino además ante un planteo capitalista de devaluación de contenidos y de precarización de sus docentes. El señalamiento del ajuste por parte de las camarillas le ha soltado la boca a la FUBA -dirigida por los radicales- que ha replicado la denuncia de Yacobitti. El movimiento estudiantil universitario ha transitado la “paz social” decretada por todas las federaciones y la mayoría de centros de estudiantes durante toda la pandemia, con extensiones de mandatos mutuas incluidas. El parcial regreso presencial que se lleva a cabo ya ha expuesto los enormes límites para asegurar cualquier tipo de distancia y “protocolos”, lo mismo ha sucedido con el abandono a la suerte de cada estudiante durante la cursada virtual que continua. Es necesario que los centros de estudiantes se reúnan, discutan esta situación y tomen medidas de lucha. Esa es la propuesta que la UJS Tendencia llevará a cada uno de ellos.

La pretensión de que los cambios de gabinete servirían para revertir la crisis política desatada con la derrota de las PASO ha durado lo que un suspiro. Las primeras medidas del “nuevo” elenco de los Fernández no sólo pusieron de manifiesto que ese “relanzamiento” enfrenta límites insuperables. Peor aún, se ha instalado la impronta propia de un gobierno en declinación, que es el rechazo de todas las clases sociales a sus iniciativas políticas. El nuevo gabinete debutó con anuncios improvisados de aperturismo sanitario a mansalva, desde la eliminación del barbijo callejero hasta la libertad del ingreso de viajeros. Pero hasta los sanitaristas afines al oficialismo tuvieron que advertir acerca de una directiva que puede terminar diseminando la variante Delta a escala nacional. Ocurre algo parecido con las medidas “sociales” para paliar “la pobreza”. El gobierno dispuso una mejora “adicional” del salario mínimo a unos $ 32.000, que es menos de la mitad de la canasta de pobreza actual. Habría un bono de $ 6.000 para los jubilados y, posiblemente, un IFE para el 30% de los que lo percibieron durante la pandemia. Todo por “única vez”. El gabinete “remozado”, sin embargo, acompaña este ´paquetito´ con el mantenimiento de la fórmula de movilidad jubilatoria que excluye a la inflación – una estafa económica y moral. Los anuncios tampoco tocan al salario, coto que deja reservado a la burocracia sindical y los patrones. Entre el macrismo y los Fernández, los salarios perdieron un 25% de su poder de compra en el caso de los trabajadores formales, y -por lo menos- diez puntos más en el caso de los estatales y precarizados. A este paquete se agrega una nueva vuelta de tuerca a los créditos al consumo, para una población que ya saturó sus tarjetas y sus posibilidades de crédito. El gobierno agregaría una moratoria para las deudas fiscales de los pequeños contribuyentes, o sea que eximirá de que paguen lo que, de todos modos, ya no podían pagar. “Hannibal” Fernández acompaña este paquete “social” con una cuota de insultos diarios por medio de C5N. Demasiado poco y demasiado falso para conmover a un país con 50% de pobreza, más de 100.000 muertos de Covid y 30% de desocupación real. Por partida doble La capacidad de gobierno del Frente de Todos se ha quebrado por partida doble. Por ´abajo´, porque está expuesta la fractura entre el pejota-kirchnerismo y la masa trabajadora, que es mucho mayor de lo puede traducir una PASO. Por arriba, porque la demolición del gobierno pone en juego la continuidad de la camarilla tripartita entre los dos Fernández y Massa. La permanencia de Guzmán es un indicador de que la coalición gobernante no se ha movido un milímetro del propósito de arreglar con el FMI. Nada, sin embargo, es seguro en este mundo, si los chinos dejan caer a la endeudada inmobiliaria Evergrande – con una deuda de 308 mil millones de dólares, sólo en la parte registrada. En la otra, llamada “fuera del balance”, el monto es desconocido. La mitad de la deuda ´en blanco´ vence en el plazo de un año. Si China se sacude en serio, el que va a tener que pedir socorro será el propio FMI. La crisis de gobierno y de poder está en desarrollo. Para el FMI, los Fernández han dejado de ser una garantía; será necesario mucho más que la garantía que pueda ofrecer el propio Congreso. Cuando De la Rúa enfrentó una situación similar, Chacho Álvarez convocó a Cavallo, aunque al final tampoco sirvió de mucho. ¿A quién recurrirá Cristina? Cuando se busca responder a esta pregunta siempre aparece el nombre de Redrado, siempre dispuesto a servir a quien se lo pida. Si el FdT pierde mayor cantidad de votos y se queda sin mayoría en Diputados, para que continúe la presidencia de Massa serán necesarios los radicales y a los macristas ´moderados´. Un acuerdo entre Massa y Larreta-Vidal, obligará a los K a ‘relanzar’ el gobierno diez veces hasta el 2023. El gabinete de los Manzur, Domínguez y Hannibal, demostró que es un cero a la izquierda desde que prestó juramento.

El recambio de ministros y el ´relanzamiento´ del gobierno, después de varios días de forcejeos y disputas públicas, han parido una farsa. La designación de Juan Manzur como jefe de Gabinete es un insulto a la inteligencia del pueblo. Para resolver la crisis de Argentina traen a un hombre que tiene metida a su provincia, Tucumán, en una crisis peor. Después de cacarear acerca de los derechos de la mujer, designan en la jefatura de ministros a un embanderado del clero jugado contra la causa de las mujeres y por lo tanto contra la democracia. A Cristina Kirchner no se lo ocurrió mejor cosa, para ´relanzar´ al gobierno, que sacar de un mueble viejo a Aníbal Fernández, un cadáver político que se anotó, como responsable o encubridor, en los mayores crímenes políticos contra la clase obrera de las últimas dos décadas – Kosteki y Santillán y Mariano Ferreyra. Para que la farsa no tuviera atenuantes, Kicillof también jubiló a sus ministros, todos partidarios de un ´relanzamiento´, para ´relanzarse´ a sí mismo con funcionarios de su propio palo. El ´relanzamiento´ no ha pasado de ser más que una puja de camarillas, para endilgarse unas a otras la responsabilidad de una derrota electoral. Ha salido un gobierno más agotado que el que viene a reemplazar. La conclusión es terminante: el gobierno ´relanzado´ no reúne las condiciones ni tiene el propósito de resolver los problemas del pueblo – fundamentalmente la miseria social. Es un cero a la izquierda. Se reiterará en nuevas crisis. Argentina necesita un poder político distinto, un poder político de los trabajadores. Las medidas económicas que ha adoptado el gobierno ´relanzado´, tampoco relanzan nada, salvo los compromisos con el FMI y el pago de la deuda con el mismo. El nuevo salario mínimo, 32 mil pesos, es menos de la cuarta parte del costo de una canasta familiar. Algunas medidas impositivas benefician al 0,01 por ciento de la masa de trabajadores. Nada comparable con los casi mil quinientos millones de dólares que paga por la deuda con el FMI, tomando para ello por asalto las reservas del Banco Central. De nuevo: el gobierno ´relanzado´ no tiene voluntad ni reúne las condiciones para superar la crisis histórica de la miseria social – 20 millones viviendo por debajo de la línea de pobreza. En realidad son muchos más si agregamos la falta de vivienda, cloacas, agua potable o pavimento, ni qué decir si metemos en la bolsa la salud y la educación. Los ´relanzadores´ esperaron la derrota en las urnas para acusarse unos a otros de las tropelías que han hecho en dos años de gobierno y en especial en la pandemia. ¡Ellos mismos admiten su completa responsabilidad en este empobrecimiento, que sigue al del gobierno anterior y al del anterior al anterior! Es una responsabilidad de todo el régimen político – los partidos de la clase capitalista, los gobiernos y los parlamentos y la Justicia de la clase capitalista, y la burocracia sindical empresaria y patronal. Se vota de nuevo Las elecciones del próximo 14 de noviembre no van a resolver los problemas del pueblo. Nadie lo dice, pero todos lo saben. Es probable, además, que se agrave la crisis de gobierno si obtiene menos votos que en las PASO. En cualquier caso, el gobierno actual es definitivamente impotente para enfrentar la crisis histórica del país. Todos los actores de la clase patronal reconocen que enfrentan una crisis de poder. Para enfrentar esta situación única o especial necesitamos nuevos métodos. Las luchas reivindicativas y las grandes movilizaciones deben ser acompañadas por la lucha por una unidad política de una gran parte de la clase obrera. Por eso entendemos necesario lanzar una campaña por la realización de un Congreso Obrero. Este Congreso Obrero debemos convocarlo activistas y luchadores y todas sus organizaciones, sean sindicales, piqueteras, reivindicativas y políticas (y, sobre todo, por parte de las organizaciones que nacen y se desarrollan en las luchas actuales) por medio de reuniones, plenarios y asambleas. Las luchas por las reivindicaciones más elementales, como ocurre con las de los compañeros que reclaman el derecho al trabajo, chocan, como se ve todos los días, con el poder político y con la crisis y el impasse de ese poder político. Las elecciones de noviembre no deben postergar la lucha por un Congreso Obrero, porque estas elecciones no son, ellas mismas, una salida. La necesidad de un Congreso Obrero, que vote un plan de lucha y una línea política, es irremplazable. Las elecciones por las elecciones mismas son una gran trampa. Enfrentamos, como trabajadores, una crisis de poder en desarrollo de los partidos de la clase capitalista y, en definitiva, de los partidos y del régimen al servicio del Fondo Monetario Internacional. Fuera del gobierno actual, la clase capitalista no tiene una alternativa de poder, porque ni los macristas ni la cohorte que los sigue reúnen en este momento las condiciones para ello. Los votos que esta oposición reunió en las PASO no le dan la capacidad para ofrecer una alternativa. El impasse abarca a todo el régimen político. Si los partidos de izquierda que han llegado a las elecciones generales (FIT-U y AyL) quieren desarrollar una campaña realmente obrera e independiente por el voto, deberían plantear e impulsar la convocatoria de un Congreso Obrero, de lo contrario no solamente recaerían en el electoralismo. Dejarían pasar una intervención en la crisis política del régimen en su conjunto, cuando éste desnuda por completo que no tiene política de salida para la pobreza y cuando se apresta a llegar a un arreglo con el FMI. Programa de reivindicaciones ¡Abajo la destrucción del salario! Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, hoy en $ 130.000. Jubilación mínima del 82% de ese salario. Abajo la reforma previsional. Contra la reforma laboral que preparan la UIA y el FMI, control obrero de las condiciones de trabajo. Abajo la desocupación, por una Bolsa de Trabajo bajo el control de las organizaciones independientes de los trabajadores sin trabajo. Por el reparto de las horas trabajo; plan de obras públicas y vivienda popular. Asistencia alimentaria incondicional a los comedores y barrios populares, bajo control de las organizaciones de desocupados. Refuerzo de los planteles de salud para la lucha contra la pandemia; derecho de trabajadores y docentes a suspender la presencialidad en las condiciones de la pandemia, con cobro de salarios. Fuera el FMI, anulación de la deuda pública con el gran capital, apertura de los libros de las grandes empresas, injerencia obrera en la producción. Fuera la burocracia de los sindicatos, por sindicatos democráticos, independientes del Estado y clasistas. Por un plan de lucha del conjunto de los trabajadores, incluida la huelga general. Por la autonomía e independencia política de la clase obrera. Ante la agonía del régimen político y social de la Argentina, por un gobierno de trabajadores. Contra golpes y autogolpes de estado, ´parlamentarios´ o militares, por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Política Obrera 21/9/2021

Las elecciones en Córdoba exhibieron una atomización de las fuerzas políticas. Más de un 1.100.000 electores decidieron no presentarse. El 48% de los votos de Juntos por el Cambio equivalen a 27% del padrón. La fórmula que se impuso en JxC, De Loredo-Juez, obtuvo casi 500 mil de los 870 mil del conjunto de la lista. Luis Juez se declaró abiertamente contra Macri antes y después de los comicios. El radical De Loredo, por otra parte, se postuló en oposición al oficialismo radical. La fórmula ‘macrista’, Negri-Santos consiguió 314 mil votos. A la tarde de ese mismo día, Larreta salía a desmentir que apoyara a esa fórmula. Patricia Bullrich apoyó a los ganadores, pero sin acercarse a la provincia, Los medios políticos especulan sobre la fuerte crisis que se avecina en Juntos por el Cambio. Hablar de un “triunfo de la oposición” en bloque confunde. Por otra parte, el Frente de Todos realizó una de sus peores elecciones. Obtuvo menos del 11 % en la provincia y el 8.37 % en la capital. Su candidato, Martin Gil, lejos de polarizar la elección con el schiaretismo, como se le pedía, dijo que venía a tender “puentes”. El secretario de Obras Públicas de la Nación se mostró en campaña conciliando con Schiaretti. Su estrepitosa derrota desencadenó una crisis a tres bandas. El jefe del PJ provincial, el senador nacional Carlos Caserio, caracteriza a Schiaretti como “opositor al gobierno nacional”. El Movimiento Evita, por su parte, apoya al gobernador. Alberto Fernández no asomó por Córdoba. El oficialista Hacemos por Córdoba recibió 440 mil votos (24,4 %), con el gobernador. El resultado abre un fuerte interrogante hacia el interior de esa coalición, frente a las próximas elecciones del 2023, donde se pondrá en juego la gobernación. El PO (o), en la pluma de su dirigente provincial, Jorge Navarro, declaró rápidamente que Córdoba está domada por la derecha. Señaló que Juntos por el Cambio realizó su mejor elección en las PASO. JxC sacó 22.000 votos más que en las PASO de 2019, pero 6.000 menos que las del 2017. Navarro, autor del “anticordobazo de Schiaretti”, quiere dar una justificación ‘sociológica’ al derrumbe del PO (o) -tercero en la interna que propició en el FITU. Lo cierto es las tres principales fuerzas -Juntos por el Cambio, Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos-, juntan apenas poco más del 50 % de los sufragios del padrón de electores - 3 millones - de la provincia. Están cruzadas, además, por fuertes disputas internas que no harán más que seguir profundizando el hastío social. La elección del FIT-U La “izquierda que se une” concurrió a una disputa acerca de quién encabezaba el frente. La dirección del PO (o) local no aceptó que la mayor instalación mediática de las otras corrientes fuera motivo suficiente como para cederles el primer lugar. Salió a disputar la interna contra las listas de IS-PTS (Liliana Olivero-Vilches) y el MST (Luciana Echeverría). El contenido de su campaña del FITU se asemejó a la de una fuerza de centro izquierda. “La izquierda que no mira para otro lado”, “la renovación de la política” “La (R)evolución de la izquierda”. Enormes gigantografias que ocupaban los laterales de edificios enteros con la cara de los candidatos - un dineral, también invertido en publicidad en los diarios de mayor circulación de la provincia con notas cotidianas. Con 77.000 votos es la segunda peor elección en PASO de los partidos que componen el FIT-U. Consiguieron 15.000 votos más que la cosecha de las PASO del 2019, aunque quedaron 50.000 votos abajo de los resultados de 2017, cuando aún el MST no se había incorporado al frente. IS y el PTS ganaron la interna con 51.6 % de los votos, luego el MST con 27.6 % y tercero el PO O con 20.7 %. Un párrafo aparte merece el desmoronamiento del PO O. Durante la campaña, el PO (o) aseguró que las otras listas de izquierda estaban compuestas por quienes le daban la espalda a las luchas. Que ellos, en cambio, encarnaban “la lista de los más pobres” y los luchadores. Al principio de la campaña electoral, el aparato realizó un acto que señaló como “histórico”, donde habrían confluido 9.000 personas. Lo cierto es que los asistentes a aquel acto habrían decidido no votar a la lista “obrera y popular”. El Polo Obrero que el aparato del Partido Obrero maneja en Córdoba no movió el amperímetro de las barriadas obreras, donde al igual que en el resto de la provincia, el PO (o) perdió a manos de IS-PTS. En los circuitos 5, 10,12 y 13, la lista de Olivero-Vilches se impone a Soledad Diaz-Berardo por 8.000 votos contra poco más de 5.000. De conjunto la izquierda hace una elección en las barriadas obreras, un 7%, que está apenas por encima del promedio general (6.28 %).

Las medidas de flexibilización de las restricciones por la pandemia Covid-19, desde la flexibilización de las burbujas hasta el no uso de tapabocas, tanto en ámbitos de estudio como en industrias, empresas y actividades sociales y privadas, anunciadas tanto por el gobierno de CABA como por el gobierno nacional no han tomado en cuenta la experiencia de otros países, que luego de medidas similares, tuvieron que ir a fuertes cierres debido a la expansión de nuevas variantes mucho más contagiosas y mortales (Delta, Mu). Esto fue reclamado por la patronal durante mucho tiempo, para garantizar la vuelta a la presencialidad laboral. Sin embargo, no se les escapa que la capacidad de ir a nuevos cierres por la expansión de contagios, es puesta en cuestión como consecuencia de la crisis política del régimen desatada por los resultados electorales. Especialistas, consejeros de diferentes gobiernos, acuerdan que la entrada de la variante Delta, causante del 90% de los nuevos casos a nivel mundial, es “inevitable”. Más si se promueve la apertura de los viajes internacionales y se eliminan las cuarentenas y seguimientos. Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial, dijo que “cerrar los aeropuertos”, ayudó al no ingreso de la variante Delta, y que su apertura puede permitir su ingreso (el intransigente, 21/9). Está comprobado que la variante Delta puede convertirse en hegemónica en pocos días, y que tiene capacidad de diseminarse rápidamente entre los jóvenes y niños. En el país la vuelta a la presencialidad escolar, la reducción de la distancia en las aulas a pocos centímetros y lo que significa el transporte abarrotado en los horarios de movilidad escolar, junto a una tasa de vacunación muy baja como así de testeos y seguimientos, estamos ante un escenario perfecto para que la Delta se propague velozmente en diferentes comunidades utilizando las escuelas como incubadoras. El gobierno de CABA y el nacional, apuestan a que ocurra un milagro: que la variante Delta no se propague antes de noviembre y que no tengan que ir a cierres abruptos sin recursos económicos y políticos para realizarlos. Chau a la inmunidad de manada El miércoles, un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que habrá brotes de coronavirus “hasta bien entrado el 2022”. La región se ha visto más afectada que otras partes del mundo, con más de 2 millones de muertes. Brasil, Colombia, México, Perú y Estados Unidos se encuentran entre los 10 países con mayor número de muertes acumuladas a nivel mundial. América Latina y el Caribe han tenido más muertes por coronavirus que Asia y África combinadas. El informe ha detectado la variante Delta altamente transmisible. Y ya está detectada en más de 135 países del mundo. La vacunación en los países más ricos duplica a los países más pobres, y esto promueve la creación de nuevas variantes y nuevas “pandemias”, lo que para muchos especialistas significaría el fin de la idea de la “inmunidad de manada” (llegar a una tasa de inmunidad que proteja a la población). El virólogo del CONICET, Mario Lozano, anticipó: “Es muy probable que, en Argentina, dentro de un mes la cepa de esta variante (Delta) sea mayoritaria”, y “Cuanto más dejemos circular el virus, garantizamos que genere más y más variantes. Siempre hay que recordar que esta pandemia que afectó a todo el mundo, empezó con un solo caso humano”. La variante Delta, más contagiosa y mortal, se disemina tanto sobre la población vacunada como sobre la no vacunada, y en muchos países están evaluando un refuerzo y pensando en una cuarta dosis. Frente a estas nuevas variantes, la prevención de la vacuna Pfizer cae al 75% y al 62% para Astrazeneca (ipro, 6/9). No todas las vacunas están aprobadas para el uso entre niños, lo cual representa un problema extra. Y en las escuelas primarias, donde ya se han registrado brotes infantiles cuando falla la vacunación y el uso de mascarillas, los padres se debaten entre arriesgar a sus hijos al contagio o permitirles recuperar algo de la normalidad del salón de clases. “Un estudio realizado en California mostró cómo se propagó el coronavirus cuando una docente sin vacunar y contagiada se quitó el cubrebocas en un aula de primaria, un acto que desencadenó 26 infecciones” (NYT, 30/8). En EEUU se utilizó el metro y medio de distancia entre los alumnos, algo reducido por Trotta a 60 centímetros. Muchos docentes han pedido el retiro obligatorio. En México, donde solo el 28 por ciento de la población está totalmente vacunada y también reabrieron ya las escuelas, más de 200 padres de niños de entre 12 y 18 años han presentado recursos legales [en inglés] para que un juez les permita vacunar a sus hijos contra la covid cuando el gobierno aún no autoriza la inmunización a los menores (NYT, 14/9). En Israel, luego de una campaña de vacunación que supuestamente había conquistado la “inmunidad de manada” (a pesar de haberle negado vacunas al pueblo Palestino) y haber eliminado el uso de tapabocas, la variante Delta se expandió rápidamente entre la población vacunada y no vacunada, y con una tasa de contagios del 5,5% volvieron las restricciones y el cierre de escuelas. Muchos casos se dieron porque la apertura de los aeropuertos hizo que los israelíes importaran la variante Delta del exterior (El País, 20/8). En muchos países de Europa la explosión de casos de la variante Delta llevó a la vuelta de protocolos estrictos y el cierre de las aulas. No sólo hay preocupación por Delta, la variante Mu fue inicialmente detectada en Colombia y las autoridades locales afirman que es la responsable, de un número de contagios “muy superior” a las demás olas que había atravesado el país. La OMS señala que Mu podría ser más resistente a las vacunas (France24, 9/9). Estamos ante aperturas que van en contra de las recomendaciones de especialistas y científicos.

Entre las bestias negras con las que Alberto y Cristina Fernández han engalanado su gabinete de apuro, Juan Manzur es descollante. La designación de un energúmeno del Opus Dei, militante provida, ferozmente clerical enfureció a muchas mujeres, que desempolvaron en las redes su prontuario. Sin embargo, el cristiano maronita contó con defensoras entre algunas feministas K, para quienes las críticas respondían a una mirada centralista (“hay que mirar más allá de la General Paz”) o azuzaron el espantajo de la derecha. “La derecha y Milei me asustan más que Manzur en el Gabinete peronista”, escribió Mariana Carbajal en TT, y no estuvo sola. La declaración del FITU también entiende el nombramiento de Manzur como prueba de un viraje a la derecha del gobierno de los Fernández, “un empoderamiento del ala más reaccionaria y clerical del PJ para profundizar este curso en medio del revés electoral”, dice. Más que empoderamiento, lo que se ve es una crisis de régimen que la derrota electoral puso en debate nacional. El rejunte al que echó a mano la dupla de F y F tiene fecha de salida si se confirma la derrota electoral en noviembre. Es el gabinete que intenta equilibrar el tembladeral de un gobierno incapaz de imponer los requisitos del FMI y de una oposición que tampoco tiene condiciones para reemplazarlo en la tarea. Consciente de que avanzar en el ajuste lo llevará a choques ineludibles con las masas, CFK apeló a expertos en represión y a los nexos con el clero en la perspectiva de tratar de amortiguar la reacción popular. La abogada feminista Sole Deza, prestigiosa defensora de Belén, la joven que en 2014 fue condenada a 8 años de prisión en Tucumán por un aborto espontáneo, reivindicó que “Tucumán puso 4 votos para el aborto” y que “ya se han hecho 1.836 abortos voluntarios”. “Antes de la lapidación de Manzur en nuestro nombre, pregunten. Quizás hicimos bien y entendió. No todo es tan lineal acá en el norte!”. Manzur se lapida solo Nacido en 1969, el jefe de Gabinete acumula un prontuario tan frondoso como su fortuna -fue el ministro más rico del gabinete de CFK, donde no escaseaba la competencia. Entre 2003 y 2014, mientras era funcionario provincial y nacional, su patrimonio se multiplicó por 42. Se formó como sanitarista con Ginés González García, uno de sus padrinos políticos. Su otro mentor es el ex gobernador y actual senador en uso de licencia José Alperovich, procesado por abusar de una sobrina. Tiene inmejorables relaciones con la burocracia sindical, con el Big Farma y con el Estado de Israel, que asesora desde la época de Alperovich a la policía de la provincia (Perfil 20-9). Como ministro de Salud provincial, Manzur pasó a la historia por truchar las estadísticas de muerte infantil. En tres años de gestión, la tasa de mortalidad pasó de 24,3 casos por cada mil nacidos vivos en 2002 a 13,5 en 2006. La jefa de Epidemiología, la de Estadística y trabajadores de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes denunciaron que el Ministerio había ordenado no asistir a los bebés con menos de 600 gr. Eso permitía anotar su muerte, que ocurría a las pocas horas, como defunción fetal. Si vivían unos días no había modo de no incluirlos en las de mortalidad infantil. (Crítica, 10-6-08; https://prensaobrera.com/politicas/el-trabajo-criminal-de-alperovich/ ) Un ejemplo de cuánto les importa la vida a los provida. Y una advertencia sobre la verosimilitud de las estadísticas en el ajado gabinete de relanzamiento. La Tucumán de Manzur todavía no adhirió a la Ley Nacional de Educación Sexual (ESI) ni al protocolo nacional que garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sancionada en 1921, hace un siglo. Es más, el gobernador impulsó un proyecto de ley provincial para prohibir el acceso a la ILE en caso de que fuera producto de una violación. Que se practiquen los abortos voluntarios solo dice que el fuerte movimiento de mujeres le ha doblado el brazo. Tucumán no solo mantuvo presa a “Belén”. Fue declarada “provincia ‘pro-vida’” en agosto de 2018 y Manzur encabezó algunas marchas contra el aborto, rezando a voz en cuello. En 2018, su policía brava asesinó a Facundo Ferreira, un niño de 12 años, con un disparo por la espalda. “El gobernador nos quiere hacer callar con casas, poniéndonos una panadería”, denunció una tía de Facundo. El “jardín de la república”, la provincia donde asesinaron a Paola Tacacho, fue la última en adherir a la ley (inútil) Micaela contra la violencia de género. En 2019, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de Mujeres y Género -que ahora saluda a su jefe con el puñito pandémico- denunció a Manzur ante la Justicia por forzar la maternidad de una nena de 11 años, Lucía, que pidió abortar después de que la embarazara el marido de su abuela. La médica que la asistió está aún procesada. Como prueba de la deconstrucción del jefe de Gabinete, feministas K mencionan el nombramiento de Valeria Zapesochny ¡una lesbiana! como la primera Secretaria de Medios y Comunicación. Piensan que la disidencia sexual da patente de progresista. ¿Ignoran acaso que la campaña de la ultraderecha alemana tiene como divisa “que los gays puedan caminar tranquilos por Berlín”, un ataque xenófobo contra los inmigrantes turcos e islámicos? El nombramiento de Manzur puede entenderse como una prueba de buena memoria. El movimiento de mujeres fue uno de los factores que le firmó la partida de defunción al gobierno de Macri, a quien alguna funcionaria feminista de Juntos por el cambio llamó “el feminista menos pensado”. Es imperioso recuperar la autonomía del movimiento de mujeres, organizar encuentros regionales en el camino a un Encuentro nacional que debata un programa de defensa de nuestros derechos que van más allá de llamados “los derechos de género”. El derecho al aborto y a la anticoncepción, y a la maternidad. La organización contra la violencia, contra el abuso sexual, contra las redes de trata. Que incluya la defensa de las condiciones de vida, a la vivienda, a la salud. Que incluya la defensa del trabajo y del salario y las jubilaciones. El movimiento de mujeres trabajadoras tiene un lugar ineludible en la lucha general de los trabajadores por construir su propia alternativa política, su propio gobierno.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta y Acuña ha flexibilizado el protocolo escolar por COVID 19. Ese protocolo, que nunca pudo garantizar ningún tipo de cuidado (ya que es inviable cualquier medida de regreso “seguro” en un contexto de pandemia), ahora se encuentra reducido a la inexistencia. Lo mismo ha pasado con el “protocolo” a nivel nacional cuando el -ahora ex- ministro Trotta dispuso la reducción de la distancia en las aulas, sumado a los recientes anuncios de Vizzotti sobre la flexibilización más general del uso del tapabocas y el aforo al 100% en espacios cerrados. Frente a la variable Delta que azota el mundo, la “relajación” de los gobiernos aperturistas en beneficio del capital es una alerta que no deja de sonar para el conjunto del movimiento obrero. Pero, al mismo tiempo, otras problemáticas recaen con fuerza sobre el gremio docente porteño: una de ellas es el salario. Y es que la docencia de la Ciudad percibe un salario de $45.900 por jornada simple, un monto absolutamente insuficiente frente a la canasta familiar estipulada en unos $130.000. Esta situación fuerza a los y las docentes a tener que tomar dos o hasta tres cargos para poder paliar los gastos cotidianos de una familia en un contexto de aumento constante de precios (ya sea de vivienda, alimentos y cualquier otro rubro). La Comisión Directiva de Ademys se ha pronunciado al respecto, pero sostiene el planteo de un salario de $70.000. Ha abandonado la consigna de salario igual a la canasta familiar por jornada simple y la ha reemplazado por el pedido de un salario que cubra la línea de pobreza, naturalizando el hecho de que la docencia trabaje dos cargos, como mínimo, para poder sobrevivir. Desde la UTE ni siquiera ha habido un pronunciamiento reciente al respecto del salario; muchos menos, la organización de la lucha en torno a esta u otra reivindicación. La huelga de la docencia salteña, que se sostuvo largas semanas, peleaba por un salario igual a la canasta familiar y un aumento de emergencia, además de pronunciarse en rechazo a la presencialidad en pandemia. Si bien esto fue saludado a modo general por la Directiva de Ademys, el planteo de un salario de pobreza choca absolutamente con la reivindicación de la huelga de Salta. En el caso de la CTERA, directamente la burocracia ha jugado un papel de contención como ya es histórico en su accionar; lo mismo la UTE, su gremio de base, en CABA. Otra situación de extrema gravedad es el estado de las escuelas en cuanto a infraestructura, falta de vacantes y materiales pedagógicos. Esta situación fue puesta en evidencia, aún más, en el contexto pandémico, cuando la falta de conectividad (dado que no fue garantizada por el Estado) fue resuelta por los propios docentes poniendo sus recursos a disposición para continuar el vínculo pedagógico; también cuando faltaron elementos de higiene en escuelas ya abiertas por la política de la presencialidad; y en el hacinamiento en la mayoría de escuelas de la Ciudad debido a la falta de vacantes y de creación de nuevos edificios escolares. En un hecho reciente, estos problemas fueron expresados en la escuela 19 del Distrito Escolar 19, uno de los distritos más castigados de la Ciudad, ante Fabián Capponi, director de Gestión Estatal. El gobierno de Larreta quiere sancionar a los docentes, en una operación mediática que ha instalado de la mano de la persecución política de la docencia que se organiza y reclama, por increpar a uno de los funcionarios responsables del retorno a la presencialidad durante el pico de contagios. En esta línea, llamamos la atención sobre declaraciones de Larreta en campaña electoral sobre la “Secundaria del futuro” y el “impulso de prácticas formativas obligatorias en el sector privado y ONG” en el último año de la escolaridad media. Esto ya ha sido rechazado por el conjunto de la comunidad educativa en años anteriores, pero el GCBA vuelve a arremeter con la excusa de “preparar” a los estudiantes para su salida laboral. Esto va en las mismas vías de los intereses patronales con “foco en las habilidades que requieren los empleos actuales” -las “habilidades blandas”-, la degradación de la currícula escolar en función de esos mencionados intereses y la reforma laboral que los partidos patronales y el FMI tienen en agenda. Asamblea unificada del gremio Los cambios de gabinete son, principalmente, la expresión de una crisis de todo un régimen político. El arribo de viejos conocidos como Manzur, Aníbal Fernández y Domínguez viene con el agregado de sus prontuarios anti derechos y represivos bajo el brazo. En lo que respecta a la pandemia, si bien los casos están bajando y se avanza en la inmunización, lo cierto es que aún no se han alcanzado índices de inmunización masiva y nada indica que lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo (en relación a la proliferación de la variante Delta en forma grave, como en Israel), no suceda aquí también. En ese contexto, en la Ciudad de Buenos Aires, es necesario que pongamos en pie instancias de deliberación a nivel general y distrital en la que la docencia discuta y delibere sobre esta serie de reclamos y cómo llevar adelante una campaña de recorridas por escuela y pronunciamientos contra la reforma laboral y previsional que está en la agenda de los gobiernos. Consideramos urgente el llamamiento a una asamblea unificada del gremio para debatir un plan de acción que coloque, en primer plano, la lucha por el salario y nuestras condiciones laborales, en defensa de la salud y la vida.

El martes 21 de septiembre, acompañados por una gran movilización de los compañeros del subte de prácticamente todos los sectores, delegados del taller Rancagua junto a directivos de Agtsyp, concurrimos a una audiencia en la Subsecretaria de Trabajo de CABA, para tratar las obras y la limpieza integral de dicho sector, afectado por la exposición al asbesto. Se trata de reclamos largamente postergados por la empresa y el Gobierno de la Ciudad. Por haber estado expuestos a este material cancerígeno durante años, tenemos doce compañeros afectados solamente en este taller, lo que provocó una medida de retención total de tareas que ya lleva más de dos años de cumplida. Se concurrió a esta audiencia con medidas de acción directa votadas en caso de continuar la empresa y el gobierno con su tesitura de minimizar y, cuando no, ningunear los reclamos. Gobierno y empresa acusaron recibo, no solo de la gran movilización de trabajadores, sino de su firme decisión de incrementar las medidas. En este cuadro de situación , la empresa realizó una propuesta: un compromiso de limpieza bajo normativas vigentes en fecha a confirmar en el mes de octubre, y proyecto de obras de inyección y recambio del aire ambiental en el taller, que los trabajadores junto a asesores técnicos evaluarán para establecer posición al respecto. La concreción de los reclamos del taller Rancagua deben ser el inicio de un reclamo más general en todos los sectores del subte y el Premetro, y los métodos empleados, asamblea, Plenarios de Delegados, medidas de acción directa y movilización de los compañeros, el camino a seguir. Recambio de flotas contaminadas. Plan de desasbestización de las 6 lineas y el Premetro. Incorporación de todos los trabajadores al RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo).

A dos años de la presentación del pedido de elevación a juicio de la causa contra el ex cura Emilio Lamas, la Corte de Justicia de Salta no dio lugar a este pedido y falló a favor de la prescripción de la misma. Este lunes pasado, los denunciantes conocieron un fallo de impunidad al clero salteño. En 2018, Juan Carlos García y Carla Morales Ríos, dos de sus víctimas, tomaron la valiente decisión de denunciar a Lamas. Cometió sus abusos cuando era sacerdote en la parroquia de la ciudad de Rosario de Lerma, cercana a la capital salteña, en los años noventa. El fallo La justicia salteña cosidera prescripta la causa por acción penal por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y por promoción de corrupción de menores agravados. Los fundamentos de los jueces que votaron favorablemente dicen que “tiene dicho que el instituto de la prescripción constituye la renuncia del Estado a la potestad represiva, en tanto cumple un relevante papel en la preservación de la defensa en juicio al impedir que los individuos tengan que defenderse respecto de acusaciones en las cuales los hechos básicos han quedado oscurecidos por el paso del tiempo y al minimizar el peligro del castigo estatal por hechos ocurridos en un pasado lejano”. Una falacia. Juan Carlos denunció el abuso, en aquellos años, ante la jueza de menores Bustos Rallé. Lo mismo hizo ante la cúpula clerical de ese momento. La respuesta que recibió antes y ahora, es la impunidad de Lamas. Impunidad y encubrimiento El argumento de “el paso del tiempo” es la garantía de impunidad de cientos de sacerdotes pederastas, aprovechan el temor de las víctimas, en su gran mayoría niños y adolescentes, a efectuar la denuncia. Que el tiempo haya pasado es responsabilidad estricta de la justicia que encubrió a Lamas y cajoneó la denuncia de Juan Carlos durante más de 20 años. El clero solo reconoció el abuso y le quitó el estado clerical a Lamas cuando los denunciantes tomaron coraje para salir a luchar. Todo avance fue por la lucha al igual que el allanamiento, por primera vez, del Arzobispado de Salta. El clero solo encubrió y sigue encubriendo a centenares de curas abusadores como el que fuera obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, hombre muy cercano al Papa. Justicia clasista y crisis del régimen político Este fallo es parte de un disciplinamiento a aquellos que se atreven a cuestionar los intereses del régimen político y social que domina con el favor del clero. El rol que juega la institución de la Iglesia de regimentación y sumisión al pueblo trabajador es fundamental para sostener al estado capitalista. En cuadro de agravamiento de la crisis política que atraviesa el gobierno de Saénz, cuya expresión fueron los resultados desfavorables en las elecciones de la provincia, se intenta avanzar contra las víctimas de abusos eclesiásticos como ya sucedió este mismo año con el cura José Aguilera, también también beneficiado por la prescripción de la causa en su contra. Al mismo tiempo, enfrentamos la elevación a juicio -en tiempo récord- de la denuncia contra Yolanda Vargas, la joven madre que perdió a sus hijos en el incendio de su precaria vivienda en Colonia Santa Rosa. El gobernador salteño, va a atornillar a los jueces a través de la reforma reaccionaria de la Constitución para perpetuar este régimen judicialn antiobrero. Hay que desmantelar al aparato judicial hostil, responsable y garante de la impunidad en abusos eclesiásticos, femicidios, gatillo fácil; debemos reemplazarlo, en lo inmediato, por un organismo electo y revocable por el voto popular. La lucha contra la prescripción Este miércoles, la agrupación de “Autoconvocados LGBTTTIQ + de Rosario de Lerma” donde milita Carla Morales, impulsó una conferencia de prensa con los denunciantes para repudiar este agravio y el anuncio de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir el fallo. Están convocando a una movilización a Ciudad Judicial para el miércoles 29 y un plan de lucha de alcance nacional. Familiares de víctimas de femicidios e impunidad se suman con sus reclamos para coordinar las luchas.

De acuerdo a una pericia forense llevada adelante por la Gendarmería, la ropa de Facundo Castro, hallada en una mochila cerca de donde fue encontrado su cuerpo en agosto de 2020, muestra signos ígneos, cortes y puntazos. La gorra, la remera y el jogging que se encontraban en la mochila descubierta por un pescador un mes después del hallazgo del cuerpo en un cangrejal de Cerri, son las mismas que el joven lurense llevaba puestas al momento en que le fue tomada una foto al lado de un patrullero. Facundo fue detenido a la vera de la ruta por la policía bonaerense el 30 de abril de 2020 cuando se dirigía desde Pedro Luro a Bahía Blanca para visitar a su novia. Desde los primeros momentos de su desaparición, la madre de Facundo, Cristina, junto con sus abogados, denunció que lo sucedido fue una desaparición forzosa seguida de muerte por parte de la policía bonaerense y de un operativo de encubrimiento posterior. Estas pruebas periciales, añadidas al expediente, refuerzan el planteo de la querella y suman un elemento nuevo: Facundo habría sido vejado o torturado en los momentos finales de su vida. Las marcas cortantes e ígneas habrían ocurrido cuando las ropas analizadas se encontraban colocadas. El basamento de esto lo explica a InfoBAE (22/09) un investigador judicial, apuntando que “si los cortes se producen con la prenda apoyada en el piso, por ejemplo, los daños estarían en el frente y en la espalda, es decir en ambos lados, pero en estos casos, los cortes están solamente en una de las caras de la remera, o del pantalón”. A la luz de estas pruebas, los abogados de Cristina Castro, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, han anunciado que pedirán pruebas ampliatorias para determinar los elementos y mecanismos utilizadas para efectuar el daño sobre la ropa. En sus declaraciones al dar a conocer esta pericia, plantearon que lo sucedido con Facundo constituyó un hecho criminal, lejos de la teoría de la muerte accidental que cimenta desde el Juzgado n° 2 la jueza del caso, María Gabriela Marrón. Otras pruebas que sostienen la hipótesis de la querella se han ido recolectando en este año de investigación y lucha. Así se encontró un amuleto de Facundo, una sandía con una vaquita de San Antonio de madera, en el destacamento de Teniente Origone, se ubicó a un patrullero en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado Facundo mediante triangulación de GPS y se halló una piedra turmalina y un pelo pertenecientes a Facundo en el patrullero señalado. Mientras tanto, la familia, los abogados y los amigos de Facundo sufrieron constantes amenazas y hostigamientos. En Bahía Blanca, militantes y activistas fueron detenidos por realizar pintadas exigiendo justicia. No obstante lo dicho, al día de hoy el caso continúa sin imputados. Los cuatro policías nombrados en el proceso, Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González incluso nombraron a un abogado que tiene acceso al expediente y los asesora. Las diferentes intervenciones políticas por parte del gobierno, sus funcionarios y de la oposición prometiendo celeridad, han sido vanas, quedando en meras reuniones publicitarias. El propio Berni operó a través de los medios de comunicación, y en esto le siguieron los candidatos principales de las listas de Frente de Todos y de JxC, que se sacaron fotos con el libro Operación Facundo, un libro que defiende abiertamente el accionar policial. En el caso de Sabina Frederic, que se reunió con Cristina Castro y sus abogados en agosto pasado, no le ha evitado las consecuencias de la crisis política post PASO, luego de la cual fue reemplazada por Aníbal Fernández, responsable de los crímenes políticos de Kosteki, Santillán y Mariano Ferreyra. Con la ministra de la “seguridad democrática” no hubo avances; el advenimiento de Aníbal Fernández anticipa más impunidad. A la espera de los resultados de próximas pericias, continuamos exigiendo justicia por Facundo y castigo a los responsables políticos y materiales. Las implicancias han cubierto a la justicia, a la policía y a funcionarios políticos. La lucha de la familia de Facundo y de las organizaciones que la rodearon de solidaridad es lo que, hasta ahora, ha descubierto la desaparición de Facundo como un crimen de Estado.

El documental La Sesenta-Crónicas de una lucha obrera, realización del colectivo de cine político Silbando Bembas, retrata en lenguaje cinematográfico dos momentos de lucha fuerte, de todas las que ha realizado hasta la actualidad, uno de los planteles de personal más combativos del gremio del transporte: los trabajadores de la línea 60 de colectivos. En los últimos años los trabajadores de la 60 han protagonizado luchas gremiales de diversa índole: reclamos salariales, defensa de los puestos de trabajo (la tradicional línea, de la que se supo decir que llevaba “a todos lados”, ha perdido al menos 19 ramales) y también condiciones seguras de trabajo. Este último contexto es el que ha llevado a un enfrentamiento aguerrido de los choferes y demás trabajadores de la 60 con la empresa del Grupo DOTA. A fines de 2016, David Ramallo, mecánico de la empresa, pierde la vida a causa de la desidia patronal respecto de las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo. El documental aborda también la lucha del 2015, en la que los trabajadores sostuvieron épicamente cuarenta y dos días de huelga a raíz del despido de Ariel Benítez. El enfrentamiento con la patronal y el Estado (kirchnerista) puso a prueba los nervios y la paciencia de los compañeros de trabajo, a la vez que colocó, blanco sobre negro, por ejemplo, el rol del Estado y los sindicatos en el conflicto. Justamente, uno de los aportes de mayor importancia de la película es mostrar que la complicidad de los sindicatos y del Estado con las patronales no es exclusividad del macrismo sino que tuvieron plena vigencia en el kirchnerismo. En el caso de David Ramallo, el impacto por la muerte del compañero, la inmediata claridad respecto del desprecio patronal por la situación laboral material del personal, llevaron a una lucha por el reclamo de justicia para el compañero fallecido y su familia, y una exigencia de condiciones seguras para todos. Por otra parte, el desarrollo de estas luchas, su éxito en términos de conciencia, compromiso y participación, además del logro de una cantidad de objetivos (con altibajos, como en toda lucha: tal el despido de diez compañeros en el conflicto por David Ramallo), están directamente vinculados a la organización que el cuerpo de delegados trabajó con mucha paciencia en los años previos a ambos conflictos, haciendo escuela de intervención sindical con talante combativo. El documental recoge esas gestas para relatarlas en la voz de uno de sus protagonistas, en un lenguaje claro, apoyado con profusión de imágenes relevadas por Silbando Bembas. Esta compañía audiovisual surgió a finales de 2007 en la carrera de Comunicación Social de la UBA, con la intención de intervenir de modo militante “en diversas luchas populares de carácter sindical, socioambiental, de género, de derechos humanos y contra el gatillo fácil, entre otras, desde donde construyó otros dos largometrajes”. La claridad política en la actividad del grupo estriba en su intención de contribuir con su cine a la lucha de clases, “que no tenga una orientación comercial, sino cultural, política, artística, que le permita al público de la clase trabajadora verse representado”, según palabras de Lucía Casado, una de sus integrantes de Silbando Bembas, a la agencia Télam. El guión del filme está basado en las crónicas de los conflictos registradas por un joven maestranza de la empresa, Santiago Menconi, volcadas en su libro Sesentazo; crónicas de un lockout. De hecho, son dos los libros que el cuerpo de delegados ha editado, en una excelente iniciativa para consolidar en la memoria la historia de lucha del conjunto de los trabajadores de la conocida línea de colectivos. Las crónicas de Menconi se imbrican con las imágenes tomadas por los realizadores durante los conflictos, complementadas por tomas espontáneas de trabajadores con sus celulares, e incluso con imágenes captadas por cámaras de seguridad de la misma empresa. La película relata el crimen laboral de Ramallo y la subsiguiente lucha, y da un salto a la formidable lucha del año anterior, en la que UTA estuvo groseramente ausente, cuando no franca y violentamente en contra, y la complicidad del Estado con la patronal, no sólo por las conciliaciones obligatorias sino por el desalojo de la ocupación de la sede de Barracas y la represión de Berni en Panamericana y 197. Contada en primera persona por Menconi –que extrapola con su voz las palabras que había volcado en su libro– y por los mismos compañeros en huelga –con lo cual tenemos a trabajadores contándole a otros trabajadores su propia historia–, retrata el dolor de los compañeros y la familia por la muerte del mecánico, la camaradería refractada en organización y lucha, las asambleas y los métodos desplegados: pasaje gratis, paro, festivales artísticos, ollas populares, etc. Un acampe en un puente de Barracas aporta momentos particularmente emotivos, blues de por medio, que tiene como compositor e intérprete a uno de los trabajadores en lucha. Bien dice Néstor Marcolín (delegado de la 60) que el Estado y las patronales abominan de los trabajadores con inquietud artística, y desalientan con la explotación ese desarrollo. También repasa el método de la lenta y paciente construcción de una agrupación sindical combativa que ha desplazado a fuerza de conciencia y perseverancia a las burocracias en la conducción sindical de los trabajadores de la empresa. Finalmente, en lo que el filme se impone como un planteo de los trabajadores con absoluta vigencia, se pone de manifiesto el claro ataque que se viene espesando en estos días: la inminencia de una nueva reforma previsional y una feroz reforma laboral. Las palabras de Rodolfo Walsh, que funcionan como prólogo tanto al libro como al documental -ineludible para todo trabajador y para todo luchador-, colocan bien uno de los sentidos profundos del trabajo de Menconi y Silbando Bembas, al rescatar para la memoria -cuestión de fundamental importancia- la experiencia de lucha de los compañeros de la 60: “Nuestras clases dominantes siempre han procurado que no tengamos historia, doctrina, héroes, ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas". La conciencia y la lucha constituyen el camino para rescatar, defender y preservar la memoria de la clase, que es a su vez insumo para la conciencia de clase y la lucha hacia la emancipación social. “La Sesenta” se puede ver actualmente en la plataforma Cine.Ar

Los golpes de mano se han anotado un nuevo gol con la movida que ungió ayer al santafecino Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema. De los cinco miembros del Tribunal, Rosatti fue votado por tres – con él mismo incluido. También se autovotó el actual presidente Rosenkrantz, como vice de Rosatti. Otros dos miembros, Lorenzetti y Highton de Nolasco, se ausentaron de la reunión. Rosatti y Rosenkrantz fueron designados inicialmente por decreto de Macri, para luego ser refrendados por el Senado, en 2016. Rosatti fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner; luego se alejó del cargo en protesta por un caso de sobreprecios en la construcción de cárceles. A despecho de ello, carga con denuncias en su contra, precisamente, por enriquecimiento ilícito, en los tribunales de Santa Fe. Recientemente, el radical Yacobitti, operador de Lousteau, presentó un proyecto para que los presidentes de la Corte roten “de acuerdo a la edad”. Era un boleto ganador en favor de Lorenzetti. Según parece, el tándem Pichetto-Bullrich-Macri decidió pinchar esa posibilidad, lo que llevó a Lorenzetti a ausentarse de la reunión que votó a Rosatti. ¿Qué significa esta movida? En las oficinas del tribunal reposan diecisiete recursos y causas relacionadas con Cristina Kirchner y sus hijos, y con el viejo clan K, de Julio de Vido a Lázaro Báez. Están referidos a los sobreprecios de la obra pública santacruceña, el lavado de dinero en los hoteles del sur, la ruta del dinero K y la causa de los cuadernos. En esta última, se acaba de producir una operación en la AFIP para confirmar el fallo del juez Ercolini que justifica las coimas pagadas por el pulpo Techint al gobierno, por razones de “fuerza mayor” – una forma ´elegante´ de absolver al coimero y al coimeado. La “fuerza mayor” esgrimida -la necesidad de sobornar a Hugo Chávez para que permita repatriar a los funcionarios de Techint en Venezuela-, no tiene el respaldo de ninguna prueba. Lo que sí está probado es que el gobierno de CFK medió ante el venezolano para que Techint reciba una indemnización de cuatro mil millones de dólares – dos mil millones en dinero y los otros dos por absorción de pasivos ocultos de la sociedad del grupo en Venezuela, la ex Sidor. Los otros cargos contra la camarilla K dependen de las causas que se guardan en los cajones de Rosatti y compañía. Como se ve, la continuidad del gobierno K depende mucho más de Rosatti y Rosenkrantz que de los votos que reciba el FdT el próximo 14 de noviembre. Claro que si CFK pierde la mayoría que tiene en el Senado, las cosas se facilitarían sin ninguna duda. Los salarios de la inmensa mayoría de los trabajadores escasean, pero las maniobras golpistas abundan El nuevo dúo de dirigentes de la Corte le recuerda a CFK que tiene en las manos su futuro político y personal.

El jueves 23 de septiembre, en la ciudad de Rosario, alrededor de mil trabajadores de la educación, estatales y de salud, confluimos en una importante movilización que partió de la Plaza 25 de Mayo, hasta la Plaza San Martín frente a la Sede de Gobierno. La movilización fue convocada por Amsafe Rosario, Ate Rosario y Siprus, en el marco de las reuniones paritarias que se realizaron este jueves entre el gobierno y los gremios estatales y docentes. Fue lanzada apenas tres días antes y sin una campaña de parte de los sindicatos, que no realizaron ni una conferencia de prensa para anunciarla. La movilización con desobligación, resuelta en la reunión de delegados de Amsafe Rosario, tuvo como consigna: "por una verdadera recomposición salarial camino a la canasta familiar y en defensa de la caja de jubilación y el IAPOS". Sin embargo, la secretaria general de Amsafe Provincial, Sonia Alesso, asistió nuevamente a reunión paritaria sin mandato de las bases y sin convocar a una sola asamblea. La reunión entre el gobierno y la directiva provincial se realizó de modo virtual, cuando se ha empujado a la presencialidad plena. Tribuna Docente Tendencia, Tribuna Estatal y Tribuna de Salud Tendencia y trabajadores de la junta interna del hospital Eva Perón de Baigorria, se movilizaron en la jornada con las consignas por: Salario igual canasta familiar y jubilación del 82% móvil de ese salario. Defensa de las jubilaciones. No a la reforma laboral y planteando la necesidad de la discutir la continuidad del plan de lucha. Cómo sigue El resultado de las reuniones paritarias docentes y estatales demuestra que se ha tratado de una pura formalidad. Han pasado a un largo cuarto intermedio hasta el próximo viernes 1 de octubre, con el propósito de tirar la pelota para adelante, repitiendo el viejo mecanismo de desgaste para en sucesivas e intermitentes reuniones ´descomprimir´ la bronca de las bases. Aun así, Perotti, que había dicho apenas antes de las elecciones, que no se rediscutiría el salario, se ha visto obligado a anunciar la convocatoria a la paritaria luego de la derrota en las PASO provinciales, junto a otros anuncios desesperados, en un intento de revertir el resultado en noviembre. La burocracia, que ha cogestionado el ajuste, ahora se ve apremiada por los reclamos, frente a la evidencia de que el acuerdo salarial en cuotas ha quedado pulverizado por la inflación. La burocracia celeste tampoco ha dicho nada sobre el incumplimiento del acuerdo de marzo respecto al blanqueo de las sumas en negro. Perotti se jacta de tener superávit fiscal en la provincia, lo que ha obtenido gracias al ajuste y un enorme desguace y desmantelamiento presupuestario de la educación y la salud. En cuanto a los trabajadores de la Salud, el mismo jueves en Santa Fe Capital, se realizó una concentración y asamblea de profesionales nucleados en SiPrUs - Regional Santa Fe. Los compañeros se encuentran en la quinta semana de lucha con paros, asambleas y movilizaciones en las principales localidades y departamentos de la provincia, en reclamo de aumento salarial y por el incumplimiento del acuerdo paritario. Participaron de la jornada, además, trabajadoras de Salud, "contratadas covid" de distintas áreas y disciplinas, presentando la preocupación sobre la situación de los miles de trabajadores con estos contratos eventuales, muchos de los cuales culminan sus contratos 31 de octubre y 31 de diciembre, reclamando continuidad y estabilidad. Tras la votación de la continuidad de las medidas de fuerza el gobierno ha convocado al Siprus, a reunión para el próximo lunes 27. La operación del gobierno de Perotti y las burocracias de AMSAFE Y ATE provincial, de perpetuar la miseria salarial y el ataque a las condiciones de trabajo de estatales y docentes, debe ser desbaratada con asambleas y plenarios de delegados con mandato, impulsados por las seccionales opositoras, con Amsafe Rosario a la cabeza, para fijar un plan de lucha provincial con paros y movilizaciones hasta arrancar los reclamos. Por aumento de salarios y jubilaciones, por paritarios electos en asamblea, por un salario mínimo por cargo igual al costo de la canasta familiar ($130.000), indexado por inflación. Jubilaciones del 82% móvil de ese salario. Y por un enorme pronunciamiento que se traduzca en resoluciones de lucha, de todos los sindicatos contra la reforma laboral que la burguesía y el FMI han puesto en agenda.

En la llegada de la primavera, el gobernador Kicillof (re) lanzó otra medida para intentar revertir la derrota “sin precedentes” (según CFK) del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En este caso, en el ámbito educativo y con el objetivo de “recuperar contenidos” que se haría con la implementación de clases presenciales a contraturno y los días sábados mediante el programa “Más ATR”. Ante la profundidad de la crisis educativa, esta medida tendrá el mismo destino inocuo que el resto de las miserables medidas de asistencia social. Sucede que todo el aislamiento preventivo que se mantuvo en 2020 no contó con el sostenimiento del Estado para garantizar la educación por medios remotos, sino bajo los recursos personales y sobreesfuerzos de la docencia. Kicillof anuncia que son 4 millones los alumnos que debieran recibir este “complemento” educativo. Que millones de estudiantes hayan quedado afuera del sistema educativo es otra de las realidades que el gobierno descubre después de sufrir un cachetazo electoral. La realidad es que no solo no ha existido la inversión necesaria para ampliar la infraestructura escolar, abrir nuevas divisiones y nombrar más personal -medidas elementales para sostener la educación publica bajo pandemia- sino todo lo contrario. La “presencialidad plena” está demostrando el estado ruinoso de las escuelas en donde se procede a un amontonamiento del alumnado en contexto de previsibles nuevas olas con la cepa delta de COVID. Los nombramientos de cargos bajo estatuto se realizan a cuentagotas y sin los plazos oportunos. Kicillof, que despotrica por los canales de TV “contra la precarización laboral” ha impulsado desde fines del 2020 un nuevo plan de precarización laboral (además del FINES), que es el “ATR”, que supone la contratación de docentes por fuera del estatuto docente, sin ninguno de sus derechos, por tiempo parcial y con extendidos plazos de pago. Esta violación al Estatuto Docente viene siendo amparada y hasta celebrada por la burocracia sindical Celeste (Baradel). Es la reforma laboral que exige el FMI. El programa ya está teniendo limites insuperables, al momento que las escuelas tienen que “identificar todos los espacios que puedan ser utilizados y realizando acciones de vinculación con el municipio y con la comunidad para ampliar los espacios educativos cuando sea necesario” (ámbito.com, 23/09). Concretamente, se refiere a precarizar también el propio ámbito de trabajo educativo que podría tener lugar en clubes, sociedades de fomento, iglesias, etc. En estas condiciones deberían asistir los alumnos que además de no disponer wifi y computadoras, no tienen para comer y por eso crecen los reclamos por la asistencia alimentaria en las escuelas. Abajo la reforma laboral y el ajuste sobre la educación pública. Más escuelas, mejoras edilicias y nombramientos docentes bajo el estatuto docente lo cual es incompatible con un nuevo acuerdo con el FMI y el pago de la deuda externa.

La participación electoral en la ciudad de Bahía Blanca fue un 10% menor que las PASO 2019. Juntos -actual gobierno de la ciudad- obtuvo 71.746 votos (47,76%) frente a los 74.588 recogidos en las PASO de 2019 (serían unos 20.000 votos menos que en las generales de 2019 y 2017). En la sexta sección electoral, en la interna de Juntos fue derrotado el candidato de Santilli y Gay (intendente de Bahía Blanca) frente a un periodista ignoto en la política puesto por la UCR en la lista de Manes. Por su parte, la caída electoral del Frente de Todos es simplemente estrepitosa pues recolectó 70.143 votos (41,51%) en las PASO para intendente en 2019 -a muy poco de disputar la intendencia- y ahora solo obtuvo 32.929 (21,92%), menos de la mitad de los votos. La polarización electoral que marcó 2019 se pulverizó. La lista de Espert fue la sorpresa al ser “tercera fuerza”-desplazando de ese lugar al FITU- llegando a 13.000 votos (8,75%). Es evidente que acaparó votos de Juntos, pero también del peronismo. En cuanto a la izquierda, las listas del FITU sumaron 9.520 votos (6,33%), unos 500 votos más que en las PASO de 2019. Para llegar al concejo requeriría superar el umbral del 8,33% delos votos. Durante la campaña, el FITU hizo eje, precisamente, en el ingreso de un concejal, algo que solo fue una posibilidad cierta en el año 2013. El FITU ha convertido la conquista de una banca en un fin en sí mismo, ajeno a la crisis política y social. Agregamos también ajeno a la organización socialista de los trabajadores porque ya por el 2019 el aparato del PO expulsó a la mayoría de sus militantes, arrebató el local partidario e impuso las principales candidaturas en las listas locales. La crisis en la ciudad Al finalizar el 2020 el índice de pobreza de la ciudad llegaba a superar el 24%. La tasa de desocupación durante el segundo trimestre del año se ubicó en 8,8%, según datos difundidos por el Indec. El porcentaje es el equivalente a unas 13.000 personas, superior a los niveles registrados antes de la pandemia. El ingreso necesario para que un hogar bahiense no sea considerada pobre se ubica en $72.935. Bajo la pandemia los hospitales públicos colapsaron en varias oportunidades, con cierres completos de guardias. Se llevaron a cabo grandes ocupaciones de tierra, reclamos por el acceso a servicios esenciales como el agua y la reapertura de salas médicas en las barriadas. Fue destacada la lucha de docentes autoconvocados para enfrentar la presencialidad escolar que catapultó la extensísima “segunda ola” de la pandemia – lucha que enfrentó en todo momento la resistencia del FITU coaligado con Gandolfo en SUTEBA). La campaña de Política Obrera La agitación y debate de nuestra plataforma llegó a trabajadores del Polo Petroquímico y el Puerto como Dow, Profertil, Cargill, Oleaginosa Moreno. También en el Hospital Municipal y regional PENNA. Docentes y trabajadores de comercio realizaron una inmensa colaboración en la tarea de nuestra legalidad y luego en la campaña. Realizamos recorridas y timbreos barriales, junto con agitaciones céntricas. En ocasión de visita de Jorge Altamira se desarrolló una concurrida charla en el local del Polo Obrero Tendencia del barrio Bordeu de la cual participaron también compañeros de la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados). Altamira brindo una conferencia de prensa en el local bahiense de Política Obrera -abierto durante la pandemia con gran esfuerzo militante- junto con los referentes y candidatos Emiliano Fabris y Agustina Vaccaroni, quienes además estuvieron en actividades de campaña en las localidades de Azul y Tandil. En una campaña 100% militante se destacaron las pintadas en varios puntos de la ciudad, que enfrentó además un nuevo episodio de amedrentamiento policial contra nuestra militancia. Fiscalizamos prácticamente la totalidad de escuelas, reponiendo en varias mesas las boletas que no habían llegado del correo. La campaña ha resultado en un nuevo agrupamiento de militantes. Un valioso paso por reconstruir un partido revolucionario de la clase obrera.

El empresario Leonardo Peiti, conocido como el “Zar del juego clandestino”, aprovechó el acuerdo que le ofreció la fiscalía para reducir su condena y se plegó a la figura de "arrepentido", en la causa que lo investiga por regentear casinos ilegales en las ciudades de Rosario, Rafaela y Melincué. La rúbrica del acuerdo es un nuevo capítulo dentro de una megacausa iniciada a principios de 2020, cuando se produjo el asesinato de un gerente bancario en el casino City Center de Rosario. El diario La Nación confirma que Peiti, en su declaración que se produjo el 13 de septiembre, ante la jueza Eleonora Verón y cuatro fiscales, realizó aportes claves en la causa, con datos precisos sobre cómo funcionaba esta organización ilícita y las vinculaciones que tenía a nivel político. En su declaración, Peiti reveló que pagaba sobornos a legisladores provinciales. Uno de ellos sería el senador por el departamento San Lorenzo, el senador pejotista Armando Traferri, socio político de la vicegobernadora Rodenas, ambos enfrentados con Perotti, pero también dos legisladores radicales y cuatro peronistas de la fracción del Ejecutivo. La coima alcanzaría la suma de 250.000 dólares. En paralelo a esta causa, la viuda de David Perona, considerado el “Rey del juego clandestino” de la Ciudad de Rafaela, declaró que su esposo había aportado unos 8 millones de pesos a Traferri para una de sus últimas campañas electorales. El pago de coimas tenía el propósito de asegurar un escudo judicial que no complicara su anhelo de quedarse con el juego online legal. Para los fiscales, Peiti conformó una asociación ilícita como organizador junto con el ex fiscal Serjal y el senador Traferri. De la banda delictiva, también serían parte el ex fiscal Ponce Asahad, el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini, David Perona y el comisario retirado Alejandro Torrisi. Recordemos, que en la primera declaración que hizo Peiti, fue lapidaria para los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, que terminaron detenidos, luego de que los funcionarios a cargo de la Unidad de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, corroboraran sus dichos y las reuniones y contactos que había mantenido con los imputados. A raíz de esta causa también está detenido el ex diputado provincial peronista Darío Scataglini, los fiscales lo acusaron de hacer uso de sus influencias durante una negociación que tenía como objetivo que la Lotería de Santa Fe le otorgue a la empresa Wildar Gaming SRL, cuyo titular es Leonardo Peiti, la explotación de las terminales de lotería virtual. Finalmente, la licitación terminó en manos de la firma porteña Boldt – a la que Perotti cedió también la impresión de boletas para las PASO. Esto motivó incluso una denuncia penal contra el gobierno provincial, impulsada por la oposición. La vida política de las últimas décadas de la Provincia de Santa Fe tiene un eje rector: la corrupción estatal vinculadas con las mafias capitalistas del narcotráfico, el juego privado y otras actividades lícitas. La declaración de Peiti puso a la vista de todos la connivencia de todos los poderes del estado con las bandas organizadas.

El gobierno de Sáenz ha tomado la decisión de avanzar en su política aperturista dado el descenso de los contagios. Sin embargo, los hospitales están al máximo de su capacidad, pero no con casos de covid-19 sino con pacientes con otras patologías crónicas. La nueva escalada de apertura genera las condiciones para agravar esta crisis en el sistema de salud público, aun cuando ya se encuentran en la provincia casos registrados de las variantes MU y Delta. Marcelo Nallar, gerente del hospital Oñativia, denunció que los principales hospitales de la capital se encuentran abarrotados de pacientes secuelados que transitaron covid-19 y con pacientes oncológicos, diabéticos, con obesidad, entre otros. Como los pacientes con enfermedades crónicas no fueron atendidos durante todo el 2020, la situación se ha agravado y por lo mismo necesitan atención permanente e intensiva. El sostenimiento del régimen de gerenciamiento y autogestión ha acentuado la crisis en el sistema de salud pública y el gobierno provincial sigue sin colocar los recursos necesarios aun cuando propicia, con esta nueva apertura, la agudización de esta crisis. El gobierno provincial habilitó los boliches y bares bailables en un 50% de su capacidad, con “burbujas” de hasta 8 personas. El turismo en Salta ya no solo estará habilitado para los habitantes argentinos, se extiende a los extranjeros. Los que arriben a la provincia desde el extranjero ya no estarán obligados a un aislamiento preventivo si es que presentan esquema de vacunación completa. Los empresarios del turismo -boliches, gastronomía, casinos, servicios de viajes, hotelería- tienen su propia ley recientemente sancionada con un pack de beneficios que va desde eximiciones impositivas hasta subsidios y créditos sin intereses. El fin de semana pasado el ensayo de apertura de boliches se desmadró por falta de infraestructura de los locales bailables y descontrol de los empresarios de la noche. Los docentes están denunciando la plena apertura de la presencialidad escolar. La mentada “recomposición económica” que traería aparejada la apertura indiscriminada propicia el mejor escenario para que circulen las variantes MU y Delta. Las vacunaciones con las dos dosis no superan el 30% y no hay una campaña en regla para fomentar la vacunación. El gerente del hospital Materno Infantil, Federico Mangione, informó que ya registraron 9 casos de la variante Delta -entre los contagiados hay profesionales de la salud- sin nexo epidemiológico (El Tribuno, 22/9), lo cual significa que hay circulación comunitaria, señalan los infectólogos. También se explicó que, desde el momento en que el 1% del total de los positivos es Delta pasan de cuatro a seis semanas para que esa prevalencia tenga 20% de Delta y de 10 a 12 semanas para que tenga más del 80% de prevalencia. Eso pasó, por ejemplo, en Reino Unido. El gobernador del poncho rojo y negro hace caso omiso a los informes de los especialistas. La provincia se encuentra con una “economía frágil” según el ministro de Economía Roberto Dib Ashur. Aun así, están dispuesto a seguir beneficiando al capital local con tarifazos al pueblo salteño. La masa de recursos debe colocarse en la salud para terminar con la autogestión y gerenciamiento, y así asegurar la plena atención sistemática de pacientes con enfermedades crónicas como los oncológicas quienes denuncian la falta y retraso de medicamentos para los tratamientos. La exigencia de los testeos masivos está más vigente que nunca al igual que una campaña en regla de vacunación inmediata. Hay que asegurar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y un subsidio al desocupado del 80% de esa canasta familiar. Reducir las horas de trabajo de los trabajadores de la salud sin afectar el salario y la integración de todos los profesionales y trabajadores de la salud a la planta permanente. Debemos ir por la suspensión de la presencialidad escolar mientras dure la pandemia.

Luego de arduas negociaciones con la la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que han llegado a un callejón sin salida, el IATSE, sindicato que aglutina a trabajadores audiovisuales y afines, prepara una votación nacional con el fin de que sus afiliados aprueben una huelga general nacional en Estados Unidos. Súper explotación, pandemia y huelga general La IATSE, es, en sus siglas completas, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, Técnicos de Imágenes en Movimiento, Artistas y Oficios Afines de los Estados Unidos, sus Territorios y Canada. Fundada en 1893, aglutina a 150.000 técnicos, artesanos y artesanos en la industria del entretenimiento, incluyendo teatro en vivo, producción cinematográfica y televisiva, transmisiones y ferias comerciales. Mediante un duro comunicado, ha salido a denunciar la situación de híper explotación que viven sus afiliados, perpetuada por las grandes productoras de cine y de streaming y que creció exponencialmente durante la pandemia. Dan cuenta de que a las larguísimas y extenuantes jornadas laborales se le suma el hecho de que no se respetan los mínimos descansos para comer o entre los días laborales y los fines de semana. En cuanto a los salarios, los mismos son muy bajos para los oficios peores pagos y a los trabajadores de ciertos proyectos de streaming de “nuevos medios” se les paga menos, incluso en producciones con presupuestos que compiten o superan a los de los éxitos de taquilla lanzados tradicionalmente. Textualmente, el comunicado denuncia que “es incomprensible que el AMPTP, un conjunto que incluye megacorporaciones de medios de comunicación con un valor colectivo de billones de dólares, afirme que no puede proporcionar a los equipos detrás de escena las necesidades humanas básicas como dormir lo suficiente, descansos para comer y salarios dignos.” Es decir: los ritmos de producción que exigen las productoras se vuelven incompatibles con el desarrollo de una vida mínimamente digna. Y continúa: “la explosión del streaming combinada con la pandemia ha elevado y agravado las condiciones laborales, lo que ha llevado a 60.000 trabajadores detrás de escena cubiertos por estos contratos a un punto de ruptura.” Esto, dicen, a costa de su salud y su seguridad debido al Covid. En la “tierra de las oportunidades” los trabajadores audiovisuales no soportan ni un segundo más la voracidad capitalista con la que productoras que facturan fortunas están destruyendo sus más elementales derechos, no solamente laborales, sino humanos. En respuesta a esta situación desesperante, “los miembros de IATSE se están movilizando en preparación para una votación de autorización de huelga a nivel nacional.” Este llamado puso el dedo en la llaga y está comenzando a recorrer el mundo. El paralelismo con Argentina Argentina ha sido un país elegido históricamente por productoras internacionales para realizar todo tipo de producciones, como sucedió hace años con la publicidad. Las jornadas laborales que podían llegar a casi un día entero de trabajo corrido, los descansos casi nulos entre un día de filmación y el otro o el pago en negro han sido moneda corriente de este fenómeno. Ahora, parece que el fenómeno se repetiría: el excelente nivel de mano de obra, los bajos salarios, los altos niveles de desocupación y el precio del dólar convierten a Argentina en tierra fértil para que las productoras de streaming, esas que denuncia el IATSE, vengan con su esquema de súper explotación a exprimir a artistas, técnicos, etc. Los trabajadores audiovisuales de Argentina debemos estar alertas para ponernos en pie de lucha frente a este escenario.

El candidato ´todista” Daniel Gollán fue escrachado por prometer “platita en el bolsillo de la gente”, la manera punteril de aludir al paquete oficial destinado a remontar la derrota electoral. En algo, sin embargo, no se equivocó: las medidas anunciadas apenas alcanzan a ser “platita”, es decir, una gota en el océano del empobrecimiento general. El paquete oficial representa unos 160.000 millones de pesos. En esa cuenta se inscribe el aumento del salario mínimo, que impacta sobre los planes sociales –que pasarán de 14.500 a 16.000 pesos. Luego, para llegar al 82% del nuevo piso salarial, las jubilaciones mínimas deberán recibir la “friolera” de …318 pesos más. Es bueno recordar que la canasta familiar alcanza ya los 140.000 pesos. En cuanto a jubilaciones, se anuncia un bono de 6.000 pesos para aquellos que cobren por debajo de dos haberes mínimos. En los últimos tres años y medio, la caída del poder de compra de las jubilaciones se sitúa entre el 21 y el 29%. Es un despojo mensual de entre 5.000 y 10.000 pesos, de acuerdo al monto jubilatorio que se considere. El bono oficial “devuelve”, ¡sólo durante un mes! el dinero confiscado en estos años, para seguir arrebatándolo una vez pasadas las elecciones y el paquete “social”. En la “cuenta” del gobierno, se anota también el ajuste en el mínimo no imponible para el pago de ganancias sobre el salario. En realidad, esa “corrección” enmienda –tardíamente- la erosión sufrida por el mínimo anterior como consecuencia de una inflación del 3-4% mensual. Pero el estado no devuelve a los afectados ese despojo retroactivo, el cual, además, comienza a ´correr´ de nuevo hasta la próxima ´corrección´ del mínimo, que tendrá lugar en enero. El gobierno anuncia también un IFE acotado de 15.000 pesos, que sólo cubriría al 30% de los que lo percibieron en 2020. Mientras tanto, ha decidido desconocer todos los compromisos contraídos con las organizaciones sociales en relación a los planes Potenciar Trabajo. Como ocurre con todos los paquetes “sociales”, adentro de la bolsa hay una generosa dosis de subsidios a la patronal. Entre un 25 y 30% de los 160.000 millones adicionales corresponden a ello: por caso, la extensión de los Repro y moratorias e incentivos en favor del llamado sistema “Pyme”, el cual, por diferentes mecanismos, terminan siendo transferidos a las grandes empresas capitalistas que tienen a las pequeñas como proveedoras. Ahora bien: el gobierno señala que estas medidas “corrigen” el ajuste fiscal que tuvo lugar durante todo el 2021, y que sólo sacaron a la luz después de la derrota electoral del 12 de setiembre. ¿ Es asi? El presupuesto 2021 le asignó un 21% de incremento al rubro “Prestaciones Sociales” , donde se incluyen las jubilaciones y todos los gastos del llamado ´desarrollo social´. La inflación interanual, sin embargo resultó del 52%. La ´brecha´ del 31% entre uno y otro índice determinó, entre enero y julio de este año, un ajuste fiscal de 870.000 millones de pesos, es decir, cinco veces y media lo que gastarán en el paquete electoral. En cambio, quienes sí accedieron a una indexación puntillosa son los acreedores de la deuda pública, tanto los del Tesoro como los del Banco Central: los vencimientos del segundo semestre de la deuda indexada –por inflación o por el dólar- alcanzan a 1,8 billones de pesos, más de diez veces el paquete “electoral”. Los intereses por Leliqs, que remuneran a los bancos privados por la absorción de los pesos que emite el Banco Central, representan otro billón de pesos. Gollán tiene razón: al lado de esta retribución usuraria, los jubilados y desocupados sólo recibirán “platita”. Siempre el FMI El carácter impostor del paquete oficial demuestra que el eje rector del gobierno y del régimen político no se aparta del acuerdo con el FMI. Las medidas “por única vez” dejan en pie la arquitectura del ajuste que ya se ha perpetrado. Pero por las mismas razones, el kirchnerismo descuenta una nueva derrota electoral en noviembre, y está preparando, con insinuaciones facciosas, la próxima crisis de gabinete. En este caso, el pato de la boda será Martín Guzmán, que ya inició su riña particular con Cristina Kirchner. Según informan los diarios de este domingo, nada menos que Martín Redrado, el candidato de la “señora” al ministerio de Economía, se encuentra en Washington discutiendo los “términos y condiciones” de un acuerdo con el Fondo. En el plano económico, está la exigencia de una unificación cambiaria “al menos parcial”, lo que plantearía una devaluación en regla para el dólar oficial. Luego, la elevación de la tasa de interés, como premisa para el ingreso de fondos especulativos. Las consecuencias recesivas de estas medidas son incuestionables. En el plano político, el Fondo ha refrendado la exigencia de una ley del Congreso que avale el acuerdo, e incluso un “acuerdo político” entre el vapuleado gobierno F F y la oposición. A la vuelta de las elecciones, por lo tanto, asoma una nueva crisis política y un cimbronazo social. El plan “platita” es una tentativa burda y sin futuro de encubrir esta perspectiva, que debe ser puesta de manifiesto ante el conjunto de la clase obrera, como punto de partida de una campaña de plenarios y deliberaciones en la perspectiva de un congreso obrero.

El próximo lunes 27 comenzarán las elecciones de centro de estudiantes en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y el martes 28 las de los consejos departamentales y el superior. Se votará hasta el viernes 1 de octubre. En ambas estará presente la UJS - Partido Obrero (Tendencia), que impulsa la lista 2018 “Por la unidad de los estudiantes”. Vamos defender consejeros y secretarías para seguir organizando la lucha contra la privatización y las reformas educativas que promueve el FMI y lleva adelante el rectorado de la universidad, con el aval y los votos de “La Juana Azurduy”, actual conducción del centro de estudiantes. Campaña Es la primera elección en dos años, desde que comenzó la pandemia. En 2020, tanto la gestión como “La Juana” se extendieron el mandato a sí mismas. Estas elecciones serán presenciales, mientras que el grueso de los estudiantes continúa cursando de manera virtual. Por lo tanto, la concurrencia a las urnas dependerá de la movilización política del estudiantado. Tanto la gestión universitaria como “La Juana” han buscado que la elección transcurra en el más completo sigilo. Han operado para que medien apenas siete días entre la oficialización de listas y la apertura de las urnas. Al tiempo, existirá una veda total durante los comicios. Nosotros nos hemos plantado ante esta tentativa. Reclamamos, en primer lugar, que exista un debate de todas las listas involucradas en el proceso electoral que fue aceptado y realizado, finalmente, el jueves 23. Se debatieron diversos tópicos relacionados a la educación en pandemia, la situación política nacional y la universidad y las propuestas y perspectivas de cada lista. Por otra parte, hemos recibido una solidaridad muy extendida de la docencia universitaria que ante nuestro pedido de ingresar a las cursadas virtuales han respondido de manera satisfactoria y hasta felicitando nuestra iniciativa de ir en busca de todos los estudiantes en este contexto. Una clara diferenciación con la camarilla universitaria que ha negado todo medio para garantizar un debate entre estudiantes y entre los diversos claustros que componen la universidad. Debate En el debate público de candidatos, participaron todas las listas. De nuestra parte, desarrollamos a fondo nuestro planteo respecto al ataque que el FMI prepara para las universidades como requisito para firmar un acuerdo con gobierno, en sintonía con las reformas previsionales y laborales. Desnudamos la complicidad de “La Juana” y Franja Morada (reciclada bajo “Estudiantes por UNQ”), enroladas en coaliciones políticas cuyos diputados y legisladores aprobarán en el Congreso el acuerdo colonial y en la universidad intentarán desarticular cualquier lucha estudiantil. El resto de la izquierda -“Unidad de la Izquierda”, integrada por el FIT-U, y la lista del Nuevo MAS- se limitó a reiterar su campaña a nivel nacional, denunciar a Manzur como “antiderechos” y, en el caso del NMAS, defender furiosamente el retorno a las aulas. Nuestra lista se destacó con el eje en luchar contra la privatización de la UNQ y las reformas educativas, ligando estos planteos con la necesidad de un nombramiento docente masivo para garantizar la cursada del conjunto de los estudiantes, la lucha por el sostenimiento de los miles de estudiantes expulsados por la ausencia de soportes en materia de conectividad y computadoras, básicos para sostener la cursada virtual en el contexto de la pandemia. Señalamos que todas estas reivindicaciones provendrán de la deliberación y la acción directa, es decir, de las asambleas y el debate con los estudiantes para hacerse de sus propios espacios de organización Orientación de lucha Nuestra conformación como lista defiende desde su nombre y número de lista la rebelión educativa del 2018, toma como bandera los métodos históricos del movimiento estudiantil y el movimiento obrero así como la unidad obrero-estudiantil. La próxima semana continuaremos, bajo las limitaciones que impone una veda total durante el proceso electoral, el desafío por transformar esta campaña en posiciones de lucha para seguir organizando la lucha contra el régimen de las patentes, la privatización y las reformas educativas.

La burocracia sindical del Sindicato Argentino de Músicos (Sadem), de filiación moyanista, enquistada en su conducción desde hace años, prepara una maniobra frente a las elecciones de renovación de mandato que tiene como fin excluir la presentación de cualquier lista alternativa. El 19 de mayo la dirección del sindicato publicó en su sitio web que aquellos afiliados que debían cuotas al mes de septiembre de 2020, quedarían fuera del padrón y perderían todos sus derechos sindicales -es decir, a votar, formar parte de una lista, participar de las asambleas, etc.- si no pagaban la totalidad de la deuda en el plazo de un mes. La resolución fue firmada por la comisión directiva el 15 de abril, lo que significa que al momento de hacerla público todos los que debían cuotas ya estaban fuera del padrón. Una maniobra vil para vaciar el sindicato, dejar afuera a todos los afiliados opositores y proscribir las listas de estos. Además, la resolución significa una expulsión masiva, ya que se toma en un periodo en el que es de público conocimiento que el sector de músicos y trabajadores de la música fue uno de los más golpeados por las restricciones de la pandemia, generando una ola de desocupación masiva. Exigir la totalidad del pago de las cuotas sindicales en este marco es de un cinismo propio de una burocracia podrida. Un “detalle”: las cuotas pasaron de costar $3 a $200 por mes. Durante la pandemia la dirección del sadem, en vez de cuidar la salud de los trabajadores de la música y exigirle al estado que cumpla el rol de sostenerlos económicamente, hizo una campaña aperturista con la consigna “la música no contagia”, haciendo causa común con los dueños de venues, bares y teatros. Esta colusión con los capitalistas del arte demostró que sus intereses se encuentran con las patronales y no con los músicos, que en un momento tuvieron que elegir entre morirse de hambre y no trabajar o salir a tocar y morirse de Covid. La asamblea extraordinaria que debe elegir junta electoral para las próximas elecciones se realizará el martes 28 de septiembre, a las 11 hs, en un camping en Ensenada, con el obvio fin de complicar la concurrencia de afiliados. Es la gota que rebalsa el vaso. Diez días después de realizada la misma, se cierra el plazo para presentar listas. El fraude electoral está en camino. La Asamblea de Trabajadores de la Música, formada por músicos jóvenes y de larga experiencia de lucha en el gremio, entre ellos quienes fueron los principales impulsores de la combativa lista Naranja, como Adriana de los Santos, que disputó la dirección del sindicato en dos oportunidades; la ATM es la organización que defendió durante la pandemia los derechos laborales y la salud de los músicos, y que se movilizó exigiendo al Estado un subsidio igual a la canasta familiar mientras dure la pandemia. Esta Asamblea convoca al conjunto de los músicos a repudiar esta maniobra, especialmente a quienes están afiliados al sindicato, como así también a las agrupaciones opositoras que pregonan la democracia sindical. Es importante que se produzca una cadena de pronunciamientos públicos en contra de este nuevo intento de fraude electoral. Que se convoque a una asamblea para resolver que se declare nula la deuda de los músicos desocupados durante la pandemia, que se los reingrese al padrón y que se convoque a una asamblea para elegir Junta Electoral con la debida difusión y anticipación.

Este martes 28 de setiembre, las mujeres marchamos en todo el país por el efectivo cumplimiento del aborto legal. Esta reivindicación, central en la agenda histórica del movimiento de Mujeres, ha gestado asambleas, piquetes y movilizaciones numerosísimas en forma de mareas por décadas. Nos convocamos en las diferentes plazas políticas del país para exigir que la Interrupción Voluntaria del Embarazo, votada el 30 de diciembre pasado, sea garantizada para el conjunto de las trabajadoras. En los 9 meses transcurridos desde la aprobación en el Senado y en medio de una crisis social acuciante, la pelea por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está a la orden del día. La demanda en los centros de salud ha aumentado un 40%, sin que esto se traduzca en el aumento del personal. Los profesionales denuncian la sobrecarga de los centros que atienden IVE, además de la precarización laboral y sobreexplotación que les pesa. Las consultas pueden demorar entre 10 días y hasta 3 semanas. Las ecografías -indispensables para realizar este procedimiento- son inaccesibles para muchas de las obreras. Están obligadas a pagar entre 2 y 4 mil pesos por la ecografía o esperar un turno con demora de hasta dos meses. Es una trampa mortal. Las 14 semanas, el límite que plantea la ley, y la falta de recursos son factores determinantes que limitan el acceso a la IVE y golpean principalmente a nuestras compañeras de clase. Las mujeres que concurren a los centros de salud denuncian la falta de métodos anticonceptivos. Los más solicitados llegan con escasez, principalmente los métodos de larga duración como el implante subdérmico (chip) y otros que no volvieron a ingresar como los inyectables. También falta el misoprostol, la droga que provoca el aborto medicamentoso. A su vez, la salud privada no solo está plagada de objetores de conciencia fomentado desde el directorio de esas instituciones, sino que la mayoría de obras sociales y prepagas no están garantizando el acceso al IVE, o lo hacen exigiendo autorizaciones y trámites burocráticos que dilatan el procedimiento. Se han presentado una serie de acciones ante la Justicia para frenar el acceso de este derecho. Por ejemplo, en Salta, en la última semana, se presentó una apelación para que cualquier ciudadano pueda pedir la suspensión de la ley de IVE, como ocurre ahora en Texas. Este mismo debate se reproduce en diferentes tribunales del país. Este gobierno se ha jactado desde sus inicios de ser pionero en materia de derechos de la mujer. Sin embargo, la situación de las mujeres durante el gobierno de los Fernández se vio determinada por el crecimiento meteórico de la miseria social durante la pandemia, la subejecución de las políticas sociales, el hundimiento salarial y de las jubilaciones, la carestía y la inflación. Y, simultáneamente, los femicidios y la violencia contra las mujeres. La farsa ha terminado con la integración de un militante celeste, el tucumano del Opus Dei Juan Manzur, a su gabinete. Sumando a un agente clerical más a sus filas, el gobierno cree que podrá frenar la crisis y la lucha social. Política Obrera le ha dedicado varias líneas a su asunción ( https://politicaobrera.com/politicas/5622-el-gobierno-feminista-y-manzur ) desenmascarando el prontuario del mismo. Con 20 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, garantizar el acceso al aborto legal y el derecho a la maternidad están a la orden del día. Por eso llamamos a movilizarnos en todo el país. Cumplimiento efectivo de las IVE en el sistema público y privado de salud. Anticonceptivos en todas sus variantes de acceso gratuito en salitas y hospitales. Por el derecho a la maternidad. No a la objeción de conciencia. Separación de las iglesias y el estado. Nombramiento de personal de salud en planta permanente.

Luego de la derrota electoral el pasado 12 de septiembre, el gobierno decidió tomar una serie de medidas de cara a noviembre. Detrás de algunos anuncios cosméticos que no pasan de ser insumos artificiales para la propaganda electoral (un aumento del salario mínimo de $3.000 en cuotas por 6 meses, un bono miserable para los jubilados, entre otros), el oficialismo ha decidido tomar la agenda de la oposición derechista que se impuso en las PASO. En ella, se encuentra una fuerte ofensiva sobre los planes sociales y los derechos laborales. Así lo manifestó el propio Ministerio de Desarrollo Social el pasado viernes en una reunión con dirigentes del Polo Obrero Tendencia y de otras organizaciones que forman parte de un frente común de lucha de los desocupados. En esta reunión, el gobierno no sólo desconoció los compromisos asumidos previamente -lo cual ya es una constante-, sino que además se encargaron de dejar en claro que la política oficial ahora es terminar con los planes sociales, algo que viene reclamando la derecha hace tiempo. La propuesta del gobierno es que la entrega de cupos del Potenciar Trabajo a los desocupados sea reemplazada por un monto de dinero entregado a las organizaciones para que éstas se encarguen de poner en pie proyectos productivos propios; la famosa “economía popular”. Es lo que viene reclamando la burocracia piquetera, integrada al gobierno, administradora de una gigantesca maquinaria de microempresas y cooperativas. A los desocupados y trabajadores precarizados que reclaman por un trabajo genuino, el Estado y la burocracia piquetera les propone que se transformen en cooperativistas (es decir, trabajadores precarizados, sin derechos laborales) y salgan a vender sus productos (para colmo, en una economía que se derrumba). En síntesis, la fórmula es la siguiente: que el Estado se abstenga de hacerse cargo de los desocupados para que cada quién se las arregle como pueda en el mercado. Milei ha ganado nuevos adeptos. La otra política del gobierno hacia los planes sociales es el llamado “plan empalme”. Bajo la fachada del “acceso al empleo formal”, lo que hay detrás es el reclamo de los empresarios por transformar a los planes sociales en subsidios a las patronales, para que éstas se ahorren el costo de la fuerza laboral. El engaño es evidente, porque en el país no se está abriendo ningún puesto de trabajo, sino más bien al contrario. El plan empalme no tiene como fin la creación de puestos de trabajo, sino darle impulso a una mayor precarización laboral. Por eso los empresarios levantan también otro reclamo, que es el de la eliminación de la indemnización por despido, para reemplazar a unos trabajadores con otros más precarizados (y con salarios pagados por el Estado). En resumen, estamos ante una enorme ofensiva capitalista sobre los trabajadores y los desocupados. Esta orientación del gobierno debe abrir una importante deliberación en el movimiento obrero ocupado y desocupado. La adaptación de la burocracia piquetera y de la burocracia sindical a esta política sólo puede aumentar la bronca de su propia base social. El frente de Unidad Piquetera que hace algunos días protagonizó una multitudinaria jornada de lucha en Plaza de Mayo debe convocar a todas las organizaciones de desocupados a discutir un plan de lucha contra esta ofensiva anti-obrera y anti-piquetera. Desde el Polo Obrero Tendencia saldremos a las calles el día de mañana en defensa del trabajo genuino, junto con distintas organizaciones en todo el país. Contra el cierre de los cupos del Potenciar Trabajo, por el cumplimiento de los compromisos rotos por el gobierno, por los ingresos pendientes y nuevas tandas de ingresos, los comedores y los alimentos. ¡Por una gran convocatoria de la Unidad Piquetera a un plan de lucha para derrotar la ofensiva del Estado y los capitalistas! ¡Por un congreso obrero de trabajadores ocupados y desocupados!

El 22 de septiembre se dio a conocer la sentencia a cadena perpetua del ex guardiacárcel Roberto Rejas, responsable de la desaparición y femicidio de Milagros Avellaneda y su bebé de 2 años, Benicio Coronel. El tribunal dictaminó que hasta tanto la sentencia quedara firme, Rejas quedara detenido en la Dirección Central de Bomberos, donde se hallan detenidos otros 10 policías con cuentas pendientes con la Justicia. Es un lugar abierto, que no cuenta con calabozo ni con cámaras de seguridad y tampoco con personal para el cuidado de detenidos. La desaparición de Milagro y Benicio se produjo hace 5 años. En todo este tiempo hubo numerosas irregularidades policiales y judiciales. El femicida tuvo tiempo de borrar las pruebas porque la policía demoró más de 3 días en tomar la denuncia. También le avisaban de los allanamientos. La familia de Rejas, pertenece a la policía provincial y a la Federal. Ahora trascendió que el domingo a la noche tres individuos fueron a visitar a Rejas. Una visita no controlada: los visitantes no dejaron DNI ni domicilio asentados. La sentencia contra Rejas fue arrancada con la lucha inclaudicable de la mamá de Milagros, Amalia Ojeda, junto al movimiento de familiares de lucha contra la impunidad. Se transformó en un reclamo popular que estuvo presente en cada fecha del movimiento de mujeres -8 de marzo, 3 de junio y 25 de noviembre- y en cada jornada de lucha contra la impunidad. A Amalia Ojeda quisieron sobornarla con el ofrecimiento de un subsidio económico que rechazó para mantener su independencia del gobierno y el estado. Por eso cuando se dio a conocer la sentencia de perpetua a Rejas fue saludada ampliamente y reconocido el método de la lucha con el que se llevó adelante la lucha por justicia. Justamente por tratarse de una causa popular la noticia de la fuga de Rejas produjo una conmoción social. Vecinos de la familia de Milagros y Benicio rodearon la casa para protegerlos y armaron un piquete para exigir la inmediata captura y que se investiguen a todos los responsables. Luego se movilizaron casi 3 km hasta la Unidad de Bomberos en medio de la noche. Una conocida periodista twiteeó “Tucumán no duerme”. Ayer, 28 de septiembre, tuvo lugar una movilización a Tribunales, con la adhesión de un conjunto de organizaciones, convocada por los familiares. Esta demostración de complicidad policial y judicial, ha vuelto a poner al gobierno de Manzur y Jaldo en la picota. Lo mismo quedó demostrado en otras causas, como la de Paulina Lebbos, Marita Verón, etc, que suscitaron la movilización popular. Jaldo, quien preside interinamente la gobernación, ahora guarda silencio. Todo se orienta a la defensa del ministro de Seguridad, un ex comandante de Gendarmería, con causas judiciales pendientes, y una de las piezas centrales en la organización del fraude electoral de 2015 que consagró a Manzur-Jaldo en la gobernación. Está planteada la destitución de la cúpula de la policía provincial y de todo el ministerio de Seguridad. Una Comisión investigadora independiente integrada por representantes de los organismos de lucha contra la impunidad, y representantes probadamente defensores de los DDHH.

La empresa Toyota busca implementar un nuevo regimen de trabajo semanal, que establece el trabajo obligatorio los sábados. Los trabajadores pasarían a un sistema rotativo de 5x2 (cinco días trabajados por dos de descanso), con franco fijo los días domingos y un franco semanal. Los trabajadores se niegan a asistir los días sábados por el impacto del Impuesto a las Ganancias. La empresa ofrece pagar $8.000 adicionales por cada sábado trabajado -actualmente las horas se pagan con el recargo del 50%- y la efectivización de unos mil contratados. El SMATA ha aprobado la reforma y en dos semanas se realizará una asamblea para que los trabajadores lo ratifiquen. El convenio colectivo del SMATA hace rato que ha dejado de regir: cada empresa discute, de acuerdo a sus necesidades, los regímenes de trabajo, premios y contrato. Los convenios por empresa han sustituido al convenio de rama. En Toyota la empresa impuso, por ejemplo, un sistema de premios al presentismo que penaliza la falta un día a la fábrica con la pérdida de cuatro meses de premio. Uno de los últimos derechos que asiste al trabajador de Toyota en el convenio de empresa es no hacer horas extras los días sábados. El artículo 31.2 del convenio dice con claridad que “la jornada habitual del trabajo será de lunes a viernes con los siguientes horarios: trabajando en un solo turno, de 8 a 17:10. Trabajando en dos turnos de 6 a 15:10 y el 2do turno, de 15:40 a 00:11hs” (CCT 1482-2015). Los trabajadores hacían uso de ese derecho para evadir el pago del Impuesto a las Ganancias. Por el sistema de producción propio de la cadena de montajes, bastaba que un 15% de la fábrica no asistiera para que la misma no pueda funcionar. La actualización del piso del impuesto a las ganancias -primero a 150 mil pesos y ahora a 175 mil- no tuvo el impacto que buscaban las empresas. Ocurre que, por un lado, la actualización por paritarias volvió a meter al grueso de los trabajadores en la franja que paga el impuesto y, por el otro, las cargas de familia y las deducciónes tampoco fueron actualizadas. El impuesto se lleva el 31% de lo que perciban por arriba del piso. La modificación del regímen de turnos de lunes a viernes afecta aun más la vida social y familiar de los trabajadores, ya alterada por los turnos rotativos entre turno tarde y turno mañana. Ningún trabajador de Toyota tiene, por ejemplo, debido a este régimen de turnos, la posibilidad de estudiar. Una empresa que se queja públicamente de la falta de cultura del estudio, lo obstaculiza todavía más. En su propuesta, la empresa se compromete a efectivizar a alrededor de 1.000 operarios que están trabajando por agencia. Estos trabajadores tienen varios años de trabajo en la planta. Los contratos por agencia -en la modalidad a plazo fijo- pueden extenderse hasta 5 años sin necesidad de efectivizarlos. La existencia de 1.000 trabajadores de agencia en la planta de Zárate, todos ellos con secundario completo, desmiente por sí sola las afirmaciones del CEO de Toyota, Herrero, de que “se perdió el valor del secundario” – que, dicho sea de paso, Toyota no paga. Las 1.000 efectivizaciones que serán presentadas por el SMATA como una gran conquista son, en realidad, el pase a planta de trabajadores que son efectivos, desde el punto de vista de la justicia laboral, desde hace varios años. El nuevo acuerdo, dice SMATA-Toyota, será presentado ante la asamblea de trabajadores para su aprobación en dos semanas. Pero lo que va a hacer el Smata es reunir a los trabajadores de planta, a la vista de la patronal, sin otro orador que el Secretario General. Es así desde que la planta Toyota se instaló en el país: en ninguna reunión tomaron la palabra los trabajadores. La regimentación de los trabajadores de Toyota es una olla a presión. El ataque al regímen de descanso de los trabajadores de Toyota se inscribe en una linea general de la clase capitalista.

En un balance de las PASO, Fernando Rosso, el director de la Izquierda Diario, caracteriza que el comicio produjo una “polarización a los extremos” (Le Monde, 12/9). En la misma línea, Christian Castillo, le pone nombre a esta ´polarización´, pues asegura que el creciente descontento popular con el oficialismo, cuando está presente lo que fue la catástrofe macrista, daría lugar a una tendencia a la “polarización a izquierda y derecha”, nada menos que entre el FITU y los ´libertarios´ (LID, 19/9). Convertir a Milei en un polo de la crisis política (no digamos el mismo FITU) tiene un aspecto alucinante. Más interesante es la proposición de una polarización de orígen electoral, que no se manifestó social o políticamente antes de las elecciones. Los autores no dicen que se trata de una polaridad proletariado-burguesía sino “izquierda-derecha”, o sea dos categorías extraterrenales, de característica auto-proclamatorias. La caracterización es asimismo curiosa cuando las dos primeras fuerzas reunieron más del 70% de los votos, mientras que los ´polos´ en cuestión juntaron el 7% promedio nacional. La lucha que tendrían planteado los trabajadores no es contra el gobierno de los Fernández-Manzur, ni contra la oposición macrista-radical, sino contra el asesor del empresario Eurnekian. Como ocurre con toda polarización política efectiva, en Argentina habría quedado planteada una lucha por el poder, que el FITU no planteó ni de lejos en la campaña electoral. Polaridad mediante, el FITU se habría convertido en la “primera o segunda fuerza” real. Ninguno de los señalados describe la acción política del FITU que contribuyera a atraer a las masas al campo de un lucha de clases política, que es la única forma en que puede desarrollarse un polo revolucionario. No basta para eso la crisis de “los de arriba”. La crisis del “extremo-centro” alude a una combinación política entre el albertismo y el larretismo, que en ningún momento, sin embargo, funcionó como gobierno ni tampoco como alianza parlamentaria o legislativa. El retroceso electoral del oficialismo se manifestó en la tasa de abstención, por un lado, y en el voto a JxC, por el otro. Lo destacado no es la memoria de lo que fue el gobierno macrista, sino la velocidad que adquirió su recomposición política, que tampoco es la misma que en 2019. Electoramente hablando, las de medio término ofrecen un espacio de crecimiento de la izquierda, pero todavía le falta pasar por una experiencia de elecciones ejecutivas. En 2017, el PTS conquistó la mayoría en Libertador General San Martín, Jujuy, que perdió en elecciones provinciales y nacionales subsiguientes. El mismo ciclo ocurrió en Mendoza y Salta, y también en Córdoba, aunque con menos notoriedad. La crisis ha puesto en evidencia el agotamiento terminal del gobierno, lo cual lleva a una crisis de régimen político. Esto conlleva, en principio, a un derrumbe de los planes económicos, con un impacto extraordinario en las de condiciones de las masas. El volumen de las movilizaciones piqueteras son un anticipio de la potencialidad de ese impacto. Rosso y Castillo se han puesto de acuerdo en no mencionarlas, debido a su hostilidad histórica a los movimientos de los trabajadores sin empleo. Pero llama la atención esta omisión en la construcción que hacen de una situación pre-revolucionaria, de confrontación entre Del Caño, de un lado, y Milei, del otro. Lo que uno y otro denominan polarización no es más que el diseño de una reconfiguración del mapa electoral, efectuada con métodos arbitrarios. En esta línea electorera, el aparato del PO sostiene que una “movilización política, incluso reforzará a la izquierda como alternativa de cara a las elecciones de noviembre, por las bancadas que tenemos en juego y las que podemos conquistar” (Prensa Obrera, 16/9). La “movilización política” se refiere a convocar a un congreso del FIT-U. Un congreso encuadrado no es, por ciento, una movilización sino electoral, además de una maniobra de ese aparato para confrontar a un PTS que juzga mediático, con el Polo Obrero que responde al oficialismo. Mientras la izquierda se debate en este oportunismo electoral, buscando su mejor diseño como receptora de votos de un electorado ´descontento´, el país asiste a un cimbronazo social y político. Un gobierno cada vez más desvencijado avanza hacia una ´implosión´ interna, con alcances hacia todo el régimen político. La ´implosión´ afecta ya a la Corte Suprema. La módica ´chequera´ electoral que habilitó el oficialismo sólo ofende a los trabajadores que vieron hundirse sus condiciones de vida durante la pandemia. El precario rearme oficial junto a algunos gobernadores procura rescatar del naufragio un acuerdo con el FMI. Esta crisis no encontrará salida con las elecciones de noviembre.

Las autoridades de la Universidad anunciaron recientemente que los exámenes finales del Ciclo Básico Común (CBC) se llevarán a cabo de manera presencial, sin consultarlo previamente con los docentes ni los estudiantes. A su vez, establecieron que las cátedras podrán decidir, informando y sacando un turno previamente para que se asigne un aula, dar clases “optativas” presenciales, que se sumarían por fuera de la carga horaria de los docentes, que debe cumplirse en su totalidad de manera virtual. Durante los últimos años, los docentes del CBC han sufrido numerosos ataques contra sus condiciones de trabajo: profundización de la precariedad de los contratos, despidos encubiertos, falta de transparencia en los concursos docentes, sobrecarga laboral en el marco de la virtualidad, desguace de cátedras, etc. Todas medidas arbitrarias por parte de las autoridades, que no hacen más que reafirmar el carácter antidemocrático del CBC y el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo en la UBA. En la actualidad, la presión para tomar exámenes presenciales en el CBC se da en un marco de aumento de la vacunación y descenso de casos de covid, dos hechos que son condición necesaria para comenzar a debatir la presencialidad. No obstante, permanece la incertidumbre de qué puede suceder con la irrupción de las nuevas variantes, más contagiosas, sobre todo en los grupos más vulnerables de la población, por edad o enfermedades preexistentes, y el descenso de la inmunidad pasado cierto tiempo de aplicadas las vacunas, de lo cual todavía la información es deficiente. El abandono edilicio de las instalaciones de la UBA requiere una fuerte inversión económica en infraestructura para que se cumplan las condiciones de prevención de contagios. El presupuesto destinado a la Universidad no contempla este aspecto en absoluto. Ya lo vemos en cientos de escuelas primarias y secundarias en las que los alumnos vuelven a estar hacinados en condiciones insalubres como antes de la pandemia y ahora con el constante riesgo de infecciones. La presión por las instancias presenciales exige la vigencia de las licencias y dispensas para los grupos de riesgo, así como la puesta en marcha de comisiones de seguridad e higiene con capacidad de veto, conformadas por docentes, no docentes y estudiantes, para controlar las condiciones edilicias y sanitarias en cualquier instancia presencial y el desdoblamiento de comisiones con nombramiento de nuevos docentes para asegurar grupos de trabajo reducidos. Nada de esto será posible con el presupuesto de ajuste del año próximo, según fue aprobado por el CIN, en ese momento liderado por el flamante Ministro de Educación Perczyk, y según consta en el proyecto de ley de Presupuesto nacional. El día lunes 20 de septiembre, la AGD convocó una reunión abierta de la comisión directiva del CBC, que contó con poca participación a pesar del enorme descontento que recorre a la docencia y al estudiantado del CBC. En el marco de la reunión se propuso y se votó por unanimidad que se organicen asambleas por sede para discutir estas cuestiones.

En los últimos 20 años, medidos en dólares, los salarios en Argentina cayeron un 14% y las jubilaciones, 9%. Si los números se focalizan sobre los informales, la cosa se pone peor: una pérdida del 35 por ciento (La Voz, 6/9).“Hoy en términos reales el salario está en franca y sostenida caída desde 2013. En ese punto, que fue el máximo de la serie, los ingresos medios de los argentinos estaban en 89.657 pesos. El derrumbe desde entonces es del 24%” (ídem). Precarización La informalidad también creció exponencialmente durante estas últimas dos décadas, llegando a la alarmante cifra del 45%, casi la mitad de la población trabajadora, siendo el estado el principal empleador en negro, con los efectos que esto tiene sobre las condiciones de trabajo, de vida y las jubilaciones. La caída de los salarios en este sector es mucho mayor. Si los números del INDEC se focalizan sobre los informales, vemos que en mayo de 2004 (sin números anteriores) “el salario medio estaba en 416 pesos y hoy, en 15.452. La inflación en el período fue de 9.001% y el salario apenas subió 3.614, poco más de un tercio de lo que subieron en promedio los precios de la economía” (ídem). Según un informe del INDEC para el segundo trimestre del año se sigue expandiendo el trabajo precario y el desempleo. Muchos de los desocupados ni siquiera salen a buscar trabajo, sube la cantidad de gente desalentada en la búsqueda de empleo.. La sub-ocupación creció del 11,9% al 12,4%. La cantidad de gente que tiene que trabajar más horas; los trabajadores con más de 45 horas semanales, subió del 25,6% al 26,9%. Salario mínimo Según un informe de este mes del Instituto Cifra de la CTA el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) ha sufrido un deterioro continuo. Para la CTA en el último año del gobierno de Macri el SMVM perdió un 25% de poder de compra, en relación al promedio de 2015. Pero “En 2020 el SMVM perdió un 10% adicional de su capacidad de compra”. En diciembre de 2020 el nivel real del SMVM se ubicaba “32,7% por debajo del promedio de 2015”. El informe concluye que para recuperar el poder adquisitivo de 2015, donde los salarios ya venían en espiral descendente, se necesitaría un SMVM “de $ 44.700 a diciembre de este año –lejos de los $ 32.000 definidos” (ídem). El SMVM cubre poco más que una tercera parte de la canasta de pobreza de 70mil pesos, y cubre una quinta parte (20%) de la canasta familiar que según indicadores que incluyen alquileres no baja de los 150mil pesos. Jubilaciones La jubilación también muestra un deterioro mayúsculo. En las jubilaciones se gasta el 45% del presupuesto argentino, por eso los ajustes sobre este sector son claves en la política fiscal. En 2001, la mínima era de 150 pesos, que equivalían a 150 dólares. De ese valor hace 20 años pasó a 25.922 a setiembre de 2021: es una suba del 17.181%, casi el doble de lo que subieron los precios. “En dólares, el haber mínimo tuvo una suba del 60% (en dólares oficiales), ya que subió de 150 a 241, pero cayó 8,7% en términos del blue en 20 años” (ídem). Y si se la compara con el mejor momento que fue en septiembre de 2017, la mínima cayó de 418 dólares blue a los 137 de hoy, 67% menos. “Los 150 pesos/dólares de 2001 equivalían, a precios de hoy, a 14.272 pesos. Frente a los 25.922 actuales de la mínima, hay una mejora real del 81%” (ídem). Hoy “una mínima cubre un tercio de la canasta básica de alimentos”. La mínima es hoy percibida por el 70% de los 5,46 millones de jubilados y pensionados de Anses. Hasta 2007 había 1,8 millón de beneficiarios y con las moratorias se incorporaron 3,25 millones personas sin aportes o con aportes incompletos, que pasaron a cobrar la mínima” (ídem).

Días pasados, en diversos anuncios periodísticos, la patronal de Acindar -perteneciente al gran pulpo internacional Acerlor Mittal- anunció un plan de inversiones por 200 millones de dólares hasta 2025. Para el año en curso hay en ejecución iniciativas por 58 millones de dólares. La empresa salió muy bien parada de la pandemia, cuando mezquinaba los pagos al 100% de los trabajadores de riesgo. En la planta reina un profundo malestar. La inflación ha devorado los salarios de los metalúrgicos convenidos en la pésima paritaria última. Ante esta situación, la Comisión Interna comenzó a impulsar, mediante la realización de asambleas por sector, deteniendo la producción, un reclamo por la reapertura de paritarias. El planteo es rechazado por la empresa, que aduce que la revisión ha quedado establecida para diciembre.Los trabajadores reclaman un aumento de salarios hasta que se produzca la reapertura. Los trabajadores siderúrgicos no sólo venimos perdiendo poder adquisitivo debido a la inflación; también seguimos sufriendo una gran pérdida de nuestros salarios debido al impuesto a las ganancias. Con las últimas paritarias no hemos recuperado lo perdido durante la paritaria 2018 – más de 24%. Las paritarias firmadas a nivel nacional en abril siguen siendo una condena a la pobreza, ya que recién en octubre el IMGR (Ingreso Mínimo Global de Referencia), que cobra la mayoría de los trabajadores metalúrgicos, llegará a los $60.000. Necesitamos impulsar, como en Acindar, asambleas y, llegado el caso, una asamblea general acompañada por congresos de delegados, por un plan de lucha por un básico equivalente al costo de la canasta familiar – y terminar definitivamente con los ítems “no remunerativos” y los aumentos insuficientes que seguirán incentivando a arreglar sumas en negro o caer en la permanente necesidad de realizar horas extras para poder llegar a fin de mes.

Luego de un proceso de deliberación y de lucha, conquistamos el pase a planta permanente de los últimos tres trabajadores que quedaban con la modalidad de contratación por agencia. Esta victoria es un paso importantísimo en la lucha contra la flexibilidad laboral dentro de planta y un punto de apoyo para encarar las luchas que los trabajadores debemos librar contra los ataques que se vienen. En abril de este año, llevamos adelante dos jornadas de asambleas permanente en defensa de los puestos de trabajo de tres compañeros eventuales que la empresa pretendía despedir. De este modo, la intransigencia patronal tuvo que ceder ante la presión obrera y se logró la extensión del contrato por seis meses más, evitando el despido de los compañeros. El primer objetivo se había logrado: conservar los puestos de trabajo. La discusión sobre la efectivización siguió entre la Comisión Interna y la patronal, hasta que finalmente, el pasado jueves 24 de septiembre, se confirmó el pase a planta permanente de los tres compañeros. De este modo, se termina la modalidad de trabajo eventual dentro de planta, una victoria que nos fortalece frente a futuros intentos de flexibilización y reafirma el método de lucha y organización llevado adelante por la Comisión Interna y el conjunto de los Trabajadores de BedTime. Este triunfo de los trabajadores, se da en medio de una de las crisis más importantes que atraviesa el país. En este marco, el gobierno nacional ha sido un gestor en favor de las grandes patronales, dejando un salario mínimo por debajo de la línea de miseria, miles de despidos, suspensiones, contratos basura e impulsando paritarias a la baja. En otro aspecto, pero en la misma dirección, el gobierno Fernández prepara un acuerdo con el FMI que será acompañado por las distintas variantes de la oposición derechista y aprobará el próximo Congreso. Este acuerdo será acompañado de un plan de guerra contra los trabajadores – reforma laboral y previsional. La eliminación de las indemnizaciones, los contratos basura y la extensión de la edad para jubilarse, son algunos de los atropellos que tienen en carpeta. Un gigantesco plan de flexibilidad laboral a escala nacional, al cual los trabajadores de BedTime debemos enfrentar en la calle así como lo hacemos en la fábrica; y así como ya lo hicimos en 2017 contra la reforma jubilatoria de Macri. Nuestra lucha no se da en solitario. La clase obrera viene dando peleas importantísimas contra de los despidos, por la defensa del salario, por los protocolos sanitarios; los desocupados, luchando por trabajo genuino y un salario mínimo igual a la canasta familiar. La clase obrera es la única capaz de derrotar los ataques que preparan las patronales y sus servidores políticos. Los trabajadores de BedTime somos parte de todo este proceso y seguimos firmes en la defensa de nuestras conquistas y por la mejora de nuestras condiciones de trabajo. La experiencia de esta nueva batalla ganada por el pase a planta la ponemos al servicio de todos los trabajadores del gremio plástico y de todos los trabajadores y trabajadoras en general. Una experiencia que tiene como eje la independencia política de la clase obrera, la defensa de los puestos de trabajo, del salario y del conjunto de las condiciones laborales.

Los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad) fueron los encargados de presentar el “Plan Registradas”. Según los anuncios, el Estado pagará por seis meses hasta el 50% del salario de las empleadas domésticas, con un tope de $15.000. El empleador debería hacerse cargo de la parte restante del sueldo, aportes, contribuciones, la ART y todo lo que representa registrar a la trabajadora. El programa, dirigido a un sector de la economía altamente feminizado, no representa ninguna mejora salarial sino un beneficio al empleador que contrata en negro. El proyecto, por caso, ni siquiera reconoce la antigüedad de la persona empleada. Desde el mes de septiembre para la quinta categoría (personal para tareas generales) el salario alcanza los $28.457 con retiro, esto es por debajo del salario mínimo vital y móvil ($31.104), que a su vez representa la cuarta parte del costo de la canasta familiar. De acuerdo al Informe del INDEC del primer trimestre de 2021, sobre 1.533.000 trabajadoras de casas particulares, el 67,7% (1.038.000) no está registrada y sólo 495.000 se desempeñan en la formalidad (Clarín, 27/9). Esta situación nunca cambió desde que, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, se estableció el Régimen de Trabajo en Casas Particulares. Este incluía otros beneficios para las patronales, por ejemplo, deducir del Impuesto a las Ganancias tanto la remuneración como las contribuciones patronales de las empleadas hasta el máximo previsto para 2021, que es $167.678,40. Desde los años 90 a esta parte, los subsidios y exenciones de cargas sociales ofrecidos a las patronales nunca han sido motor de una recuperación del empleo. Por el contrario, contribuyeron a una mayor pauperización de la clase trabajadora. En un cuadro donde la pobreza avanza, esta medida se suma a otras de carácter cosmético, como el “aumento” del salario mínimo, que no llega a cubrir ni la mitad de una canasta de pobreza, una nueva ronda de IFE que llegará a menos de un tercio de los beneficiarios que fueron alcanzados en 2020, y subsidios para ampliación de viviendas para mujeres de barrios populares que no da ningún tipo de respuesta a la crisis habitacional. Un paquete lanzado por un gobierno derrotado en las urnas y que atraviesa una crisis política profundísima, como resultado de la crisis económica y social.

Los medios de comunicación británicos advierten que la enorme suba de los precios mundiales del gas provocará un gran "invierno de descontento". Según la Oil & Gas UK, el precio del gas al por mayor se ha cuadruplicado, desde esta época del año pasado. El aumento obedece que el almacenamiento de gas es bajo en la mayoría de los países, particularmente en Europa, cuando comienza una reactivación de las economías. Por otro lado, hay una mayor demanda en Asia, principalmente de China. Algunos periódicos como The Guardian señala que "A medida que los envíos de gas se han desplazado desde Europa hacia China, los flujos a Europa desde Rusia no han podido compensar el déficit"- El boicot de parte de Estados Unidos a la finalización del segundo gasoducto ruso que atraviesa el Mar Báltico hacia Alemania, ha sido respondido con un freno del fluido que pasa por Ucrania hacia Europa. La crisis es especialmente profunda en el mercado del Reino Unido, donde las compañías eléctricas no pueden trasladar a los consumidores el incremento de los precios mayoristas y decenas de ellas afrontan la amenaza de una quiebra este invierno. Nueve firmas han colapsado desde que empezó el año, lo cual expone a casi 1,5 millones de personas a nuevos contratos y tarifas mucho más elevadas. Se espera que los precios lleguen a un récord en octubre y prosiga en abril. Se estima que las aproximadamente 60 empresas de energía del Reino Unido podrían reducirse a 10 a finales de año. La crisis del mercado de gas ya paralizó las fábricas del norte de Inglaterra y descarriló la cadena de suministro de dióxido de carbono, que es vital para las industrias de producción de alimentos, bebidas y carne. La financiera Bloomberg advierte que este aumento de los precios amenaza con detener la recuperación económica y un alza el precio de casi todo. A esto se le suma que desde casi una semana se pueden ver largas filas de automóviles en muchas gasolineras británicas después de que British Petroleum (BP) anunciara que se vio obligada a cerrar "temporalmente" algunas de sus estaciones debido a la falta de combustible. A BP se sumaron otros distribuidores. La escasez de combustible se ha agravado por la escasez de conductores de vehículos de carga pesada, como consecuencia de los cambios de licencias a camiones extranjeros. Para tratar de solucionar el problema, el gobierno está ofreciendo visas “temporales” a 5.000 conductores extranjeros de camiones cisterna de combustible y a camiones de comida. Con la amenaza de que se vea interrumpido el rentable período navideño, se ha habilitados el ingreso a 5.500 camiones avícolas extranjeros. También está intentando recuperar alrededor de un millón de conductores de vehículos pesados de la industria, que se han ido debido a las intolerables condiciones de trabajo y los bajos salarios para lo que es un trabajo altamente calificado. Boris Johnson ha solicitado que el ejército del transporte de carga. A medida que se acerca el invierno, la paranoia crece. Los analistas advierten que se está formando una “tormenta perfecta” para una crisis política y social de envergadura.

Durante las últimas semanas, se ha producido una ola de efectivizaciones en la industria del neumático – y también fuera de ella. En Firestone, más de 200 trabajadores pasaron del “contrato a plazo fijo” al contrato por tiempo indeterminado. En Fate, unos 100 trabajadores que habían sido contratados como eventuales en reemplazo de los licenciados por la pandemia pasarán gradualmente, de aquí a diciembre, a revestir como personal efectivo. Desde principio de año, además, los trabajadores de Pirelli que realizaban guardias de mantenimiento tercerizados en la empresa RVD pasaron a planta, bajo el convenio Sutna. Bridgestone-Firestone anunció un plan de inversiones por USS 5 millones, que incluye la puesta en marcha de una planta en Deán Funes, Córdoba. Pirelli amplió las líneas de producción de neumáticos para SUV, pick-ups y motocicletas, que hasta ahora eran mayormente importadas. Las importaciones se encuentran limitadas por el cepo en el comercio exterior. Se trata de una reversión del proceso de importaciones masivas que fueran denunciadas en mayo del año pasado. Se han producido cuellos de botella en los más variados abastecimientos industriales en todo el mundo. La modalidad “a plazo fijo”, presente en diversas industrias, significa que el contrato puede renovarse cuantas veces fuera necesario, posponiendo la efectivización de los trabajadores hasta 5 años. Esta modalidad supone, según la Ley 20.744, “que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen”, algo que no controla nadie. Se trata de un fraude laboral que permite a los capitalistas tener como eventuales a los trabajadores por 5 años, sin costo indemnizatorio alguno. La eliminación de los contratos-basura (llámense a plazo fijo, eventuales o tercerizados) y su reemplazo por contratos por tiempo indeterminado (efectivos) es importante, claro, para la estabilidad laboral de los trabajadores, pero también desde el punto de vista de la seguridad laboral. La mayoría de los accidentes laborales coinciden con estas modalidades de contratos. El Sutna había reclamado el pase a planta de todos los contratados en notas y audiencias con la patronal. “El sindicato comprobó que, además de deficiencias en las condiciones de seguridad, el motivo de los accidentes estaba atado al tipo de Contrato Laboral denominado 'a plazo fijo' con el cual se mantiene ilegalmente a muchos trabajadores en un estado de inestabilidad laboral, que implica, además de una clara violatoria a la normativa vigente en Argentina, un elemento de presión sobre estos compañeros que deben realizar todo tipo de tareas, en una actividad tan dura como es la de la industria del neumático, con tal de mantener la posibilidad de lograr que los efectivicen. Esta condición ilegal en la que se mantiene a estos compañeros, que vulnera los más elementales derechos laborales establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo, que rige en una fábrica, en un quiosco o en cualquier actividad, condiciona injustamente a estos compañeros y a todos los trabajadores de Bridgestone, dado que se les obliga a realizar acciones que el resto jamás aceptaría, perjudicando toda decisión colectiva y acuerdo vigente” (Anred, 16/9). La conquista de efectivizaciones en las tres plantas de la industria del neumático contrasta con lo que ocurría bajo la anterior dirección de la burocracia Violeta de CTA. Waysesko, el burócrata Violeta se ha reconvertido en Presidente del Astillero Rio Santiago, donde impulsa la contratación precaria.

Este miércoles 29, bajo la consigna “Por pan, techo y trabajo. ¡El Fondo al carajo!”, un arco de organizaciones piqueteras salió en todo el país en forma coordinada, denunciando los incumplimientos del Ministerio de Desarrollo Social y la baja de programas sociales en el marco de una crisis económica y social como no se ha visto en décadas. Las organizaciones, en su comunicado, también denunciaron el gigantesco esquema de trabajo precario que promociona el gobierno. Ofrece de manera directa una parte de los montos recaudados a través de las bajas de programas a las organizaciones para que pongan en funcionamiento pequeños proyectos productivos de todo tipo. Una cuña punteril y patronal hacia adentro del movimiento de desocupados. Mientras, avanza el “Plan Empalme” -que ahora suma a las empleadas domésticas con el “Plan Registradas”- subsidiando de manera directa el 50% del salario de las patronales que entren al programa. De esta manera se establece una competencia desigual entre los trabajadores formales y los que no lo son. Un ataque a los convenios laborales a pedido de los sectores empresarios. Jornada de lucha Desde la mañana empezaron a organizarse las columnas en los puntos de acceso a Capital: en el Puente Pueyrredón con más de 3000 compañeros, en Puente Saavedra con 4000 y en Acceso Oeste Liniers con 4000. A pesar del gran operativo policial para impedirlos, la masividad de la acción habló por sí misma y garantizó la medida hasta altas horas de la tarde. Estuvieron presentes en forma coordinada el Polo Obrero Tendencia, OCR, Resistencia Popular, 19 y 20 de Diciembre, Ana María Villarreal, FTC-M29, MUP-20 y Juventud Combativa. La jornada, a lo ancho del país, contó con la participación de decenas de miles de piqueteros. En las provincias se sumó la coordinación por los reclamos regionales. En Bahía Blanca, junto a la UTD, corte frente al municipio y movilización; en San Salvador de Jujuy se movilizaron más de 12 de barrios; en Salta capital, cortes en Colonia Santa Rosa y en Mosconi; en Chaco, gran jornada en varios municipios; en Mar del Plata, junto al FOL, Segunda Independencia y la Darío Santillán, frente al Municipio; en Entre Ríos, corte de accesos en la ciudad de Paraná junto a FOL, MTR-H y la OLP; en Pergamino, marcha a Desarrollo Social; en Mendoza, corte en el nudo vial; en Santiago del Estero en la capital, en Termas de Rio Hondo y en varios municipios; en Misiones, a pesar de la lluvia, en El Dorado y en Posadas cortando la Ruta 12 de tráfico pesado; en Tucumán, jornada en coordinación con cortes de ruta. También estuvimos presentes en Córdoba. Estas son algunas de las acciones llevadas adelante en el día de ayer. La repercusión en los medios de comunicación -con entrevistas radiales, televisivas y en los portales de Internet- recogió todo el impacto de la medida, en un marco de corrida financiera y de crisis política del gobierno. Los funcionarios de Desarrollo Social, en lugar de ponerse a la altura de semejante situación social y de reclamos, se dedicaron a mal informar a los medios planteando que el conflicto estaba resuelto y que ya estaban definidas reuniones con las organizaciones como parte de una supuesta agenda de trabajo común que no existe. El desafío por delante Esta acción es la primera respuesta del movimiento obrero y popular contra el gigantesco plan de ataque sobre conquistas obreras históricas. La prácticamente nula respuesta del gobierno es parte de sus intentos para mantener en pie el “empalme” y los esquemas de trabajo basura. Estos son un punto crucial para mantener el nivel de ajuste fiscal y de presupuesto social que requieren los pagos de deuda y el acuerdo con el FMI, haciendo punta en voltear los convenios laborales. Mientras no hay noticias sobre el aumento de partidas a los comedores, las cargas al Potenciar Trabajo y otros programas adeudados, menos aún para los millones de desocupados desesperados sin plan y sin noticias del IFE y ni hablar de la burla de los 318$ para los jubilados. La famosa “platita” no aparece por ningún lado. Para derrotar esta ofensiva de un gobierno políticamente acabado llamamos al conjunto del movimiento piquetero. La Unidad Piquetera debe convocar a una acción común y un plan de lucha para poner fin a esta política hambreadora y anti-obrera. Solo con más unidad y lucha será posible frenar el ajuste y que se atiendan los reclamos. Los desocupados no pueden ser usados como tropa de maniobra contra los compañeros ocupados. Como señalamos en el comunicado común es necesario un gran debate a la altura de la situación: un Congreso Obrero de trabajadores ocupados y desocupados es un paso fundamental para interceder en la crisis política a favor de los intereses de los trabajadores.

El 28 de Septiembre, día de acción por el Aborto Legal seguro y gratuito, ATSA Bs. As. (Sanidad, salud privada) realizó una publicación en sus redes sociales en referencia a la fecha, como "el día internacional de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Intentaba ocultar el verdadero carácter que la convoca: las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de Latinoamérica. En su intento por mostrarse afín a los derechos de las mujeres trabajadoras, en la publicación se habla de que "las causas por las cuales 16 millones de adolescentes en el mundo dan a luz, es producto de embarazos no deseados y relaciones sexuales forzadas". La conducción Celeste y Blanca oculta que la principal causa de los embarazos de niñas y adolescentes son violaciones, muchas dentro del propio seno familiar. Las cosas por su nombre. ATSA realiza un reconocimiento a la Marea Verde: "ya que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue un gran avance en materia de derechos para las mujeres y se ganó gracias a la lucha de la marea verde que inundó las calles con la causa como bandera". Pero no se puede ocultar que el sindicato no movilizó ni convocó a movilizar a ninguna de las instancias por las reivindicaciones de las mujeres. Los paros internacionales por el Día de la Mujer Trabajadora pasaron, mal que les pese a los y las burócratas sindicales, sin convocar a asambleas, ni reuniones, ni movilizaciones. Sin conseguir permisos para que las compañeras pudieran dejar sus lugares de trabajo para asistir a las movilizaciones. Lo mismo sucedió con los últimos Encuentros de Mujeres. Las compañeras nos organizamos en los lugares de trabajo para poder asistir por nuestra cuenta. Héctor Daer, secretario general del Sindicato de la Sanidad y de la CGT, es un antiaborto declarado. La Conducción Celeste y Blanca realiza encuestas de salud reproductiva, y promociona con enorme orgullo la paridad de género en la lista de cara a las elecciones de comisión directiva. Una estafa. El sindicato de Sanidad, un sindicato de salud, es un enemigo de la salud de las mujeres y de las niñas y niños: la obra social de Sanidad, no tiene turnos ni canales para que las compañeras puedan solicitar la interrupción del embarazo. Los teléfonos están colapsados y la página de turnos de la Obra Social no funciona. Si se acercan de forma presencial, las compañeras son derivadas a llamar por teléfono o solicitar el turno en la página. Un incordio de trámites, que ayuda a que las consultas médicas ginecológicas y en general, se pospongan. ¿Cómo podrá entonces una compañera solicitar que se practique una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)? Esto se reproduce a lo largo y ancho del país. Desde la promulgación de la ley hasta el 9 de junio hubo 134 reclamos a la Superintendencia de Salud, por incumplimiento de la Intervención Voluntaria del Embarazo (IVE) en las obras sociales. En el 49 por ciento de esos casos, la práctica directamente fue negada. En otros casos, el reclamo fue porque hubo obstaculización. En los sanatorios y clínicas privadas abundan los objetores de conciencia. Las compañeras de Sanidad no necesitamos que nos aplaudan por trabajar y realizar las tareas de cuidado haciendo malabares, ni que Daer nos diga "qué tan deconstruido" está. La Celeste y Blanca, con mucho orgullo, reivindica a las compañeras que son madres y que lo pueden todo, pero no ha movido ni un dedo para defender las licencias por el cuidado de hijos e hijas en edad escolar. Llegó al colmo de pedirnos que las horas de lactancia las arregle cada compañera de forma individual con su patronal. Todo un logro de la actualmente "aggiornada Secretaría de Género". Necesitamos organizarnos y pelear por nuestras reivindicaciones. Si el sindicato no se pone a la cabeza, lo seguiremos haciendo nosotras, que ya hemos aprendido. Las compañeras de Sanidad hemos participado de las movilizaciones por el derecho al aborto legal, de los Encuentros de Mujeres, defendemos nuestro derecho a las licencias y fuimos la cara visible de los reclamos por nuestro salario. Basta con ver las imágenes de los cortes de calle de las compañeras agitando pancartas y golpeando tambores. Trabajadoras y trabajadores de la salud, debemos estar al pie del cañón por la efectiva implementación de la IVE en todos los centros de salud. Por la defensa de las compañeras y compañeros que se rehúsen a ser objetores en los sanatorios y clínicas. Y por todas las reivindicaciones y nuestros derechos: por el derecho a la maternidad, por el respeto de las licencias y por un salario igual a la canasta básica familiar. Es necesario que se promuevan reuniones, asambleas y se organicen comisiones de mujeres y géneros en nuestros establecimientos.

Luis Bruno -ex decano de la Facultad- convocó el lunes 27 a un abrazo en Ciudad Universitaria. ¿El motivo? Cuestionar la modificación arbitraria del plazo electoral para que los profesores (concursados, regulares) y los graduados voten a sus representantes en el próximo Consejo Directivo y, por traslación, al próximo decano e incluso al rector. Esta postergación se produjo a instancias del actual decano, Carlos Venancio, y de la ´nueva´ mayoría del Consejo Directivo, violando todas las normativas vigentes. Venancio asumió el cargo en reemplazo de Guillermo Cabrera, desplazado como consecuencia de una denuncia por violencia de género. El nuevo realineamiento de las camarillas de la Facultad, con Franja Morada a la cabeza, ha desplazado al sector que responde a Bruno. La postergación electoral se encuentra al servicio de una mayor manipulación del padrón, con nombramientos docentes mediante, que le pueda asegurar al oficialismo su victoria. La “lucha” que ha emprendido Luis Bruno es completamente ajena al interés de estudiantes y docentes, que no tienen posibilidad de incidir en el resultado. Sólo están habilitados para votar los docentes titulares, una ínfima minoría de la población de la facultad, que detenta la mitad de los votos del Consejo. En cambio, la mayoría de los docentes deben empadronarse en el padrón de graduados, que elige un cuarto de los representantes. Los estudiantes -que detentan otro cuarto de los votos- no tienen siquiera fecha de votación. La ponderación del voto hace que lo que opine la mayoría sea decorativo. Por supuesto, en la convocatoria de Bruno -socio titular de “Point Design” y conocido en su gestión de la FADU por acreditar la carrera de arquitectura a la CONEAU- todos estos señalamientos sobre el régimen despótico que gobierna la UBA se encuentran ausentes. No hubo lugar tampoco, en este ´abrazo´, para alguna referencia a la caída estrepitosa del salario docente y no-docente, a la inexistencia de recursos tecnológicos gratuitos para poder cursar, como tampoco se han mencionado las arbitrariedades del regreso presencial, que incluye toma de exámenes ´in situ´ de una cursada que fue completamente virtual. Tampoco se ha denunciado el enorme ajuste presupuestario que ha enviado el gobierno para ser aprobado por el Congreso. Lo que sí ha logrado Bruno -nada más y nada menos- es el apoyo de un variopinto arco político, que va desde La Cámpora, La Corriente (ex PCR) y la ¿sorpresiva? incorporación del FITU (PTS y PO oficialista). Todos ellos han convocado a ´abrazarse´ sin delimitación alguna ni referencia sobre el ex decano. El caso de “La Corriente” es ilustrativo: tras 15 años al frente del centro de estudiantes (CEADIG) a través de distintas alianzas con la izquierda, su pasaje al kirchnerismo y al actual gobierno la han fulminado como agrupación política, perdiendo el centro en 2019 en manos de Franja Morada. La ´expectativa´ de recuperarlo mediante una alianza con Bruno, un histórico enemigo de los trabajadores, probablemente sea la última de sus acciones como fuerza política actuante. Por su parte, el “debut” del FITU en este ´frente´ apuntala un camino de integración que ya ha tenido como antecedente el voto en el Consejo Directivo de un recorte salarial a los docentes del curso de verano. Decimos ´debut´ por el simple hecho de que el PTS se ha caracterizado por boicotear todas y cada una de las luchas y las acciones del CEADIG independiente, por lo que esta coincidencia con el aparato del PO implica una novedad. La orientación de esta izquierda es un factor de enorme retroceso político. Lucha independiente, autoconvocatoria La convocatoria de Bruno, aunque marginal en su concurrencia, da cuenta de un proceso de fraccionamiento y crisis de las camarillas. Del gobierno ´unitario´ pasamos a un escenario de choques y zancadillas mutuas, con un final incierto. El movimiento estudiantil y docente ha tenido la dificultad del aislamiento para “hacerse notar” pero esto no implica ni por un segundo que el descontento no crezca. Nadie sabe, por ejemplo, cómo va a terminar el cuatrimestre, al subir la gestión un video del ´regreso´ y anunciar la convocatoria presencial a los exámenes. Hay estudiantes que ni siquiera se encuentran en Buenos Aires, con toda la lógica que implica haber cursado virtualmente todo el año. Contra esta arbitrariedad se organizó un petitorio virtual que reúne, a la fecha, más de 50 mil firmas. El anunció del retorno a la presencialidad convive con el recorte del 20% del presupuesto universitario. Esto significa que las reformas edilicias para asegurar el distanciamiento no se encuentran ni en los planos, ni hablar de alguna restitución del tremendamente golpeado salario docente y no docente. Los estudiantes y trabajadores tenemos la necesidad de colocar nuestras reivindicaciones -y no las ajenas- al frente de la situación. La Franja Morada como conducción del centro de estudiantes es un lastre y no va a mover un dedo por todo esto. Se impone la necesidad de la autoconvocatoria. Es en definitiva lo que han hecho durante esta pandemia los trabajadores, y en especial los trabajadores de la salud, ante la entrega por parte de la burocracia sindical de todas sus conquistas.

Después de 18 meses de trabajo en pandemia, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto, según un comunicado oficial del día 28 de septiembre, dar de baja contratos temporales de personal de enfermería con el que se había reforzado el sistema de salud público. Se vería afectado personal de los hospitales, centros de salud, unidades febriles y distintos dispositivos -salas Covid, de terapia, postas de testeo y vacunación. Serían 2.000 trabajadores según informa el gobierno. ATE del Durand denuncia, por ejemplo, la baja de 110 trabajadores de los 184 contratados en el hospital. El gobierno de Larreta pretende reducir el sistema sanitario como si la pandemia no existiera más y el proceso de vacunación hubiese concluido. Dicho esto, en lugar de un sistema de salud robustecido, como conclusión de la pandemia, se perpetúa su vaciamiento – hasta la próxima crisis, claro, con el costo humano que ello pudiera implicar. Hubo 37 trabajadores de enfermería fallecidos por Covid sólo en la ciudad de Buenos Aires. Estos despidos son el correlato de la precarización. Son trabajadores que fueron contratados con salarios de 50 mil pesos. El personal de enfermería no es reconocido como profesional de salud y es contratado con una ley de trabajo para personal administrativo donde no se contemplan los derechos específicos de un trabajador de salud. Es el cierre de las concurrencias ad honorem y de la tercerización semi esclava del personal de limpieza en los hospitales. La pandemia tomó al sistema de salud desprovisto de personal desde un principio, y no solo de personal de enfermería sino de todo el equipo, incluyendo médicos y terapistas – en muchos casos tuvieron que ser contratados desde otras provincias. Otro tanto ocurre con los jóvenes trabajadores de las residencias y concurrencias, que son desechados en vez de pasar a planta, luego de cuatro años de servicio y experiencia en el sistema público. La defensa del derecho laboral comienza por el acceso a él y la lucha por la estabilidad. Los sindicatos del Estado hacen la vista gorda ante el avance de la precarización laboral y este fraude de los contratos temporales. Los despidos encubiertos con la no renovación de contratos exige la lucha por el pase a planta permanente de todos los contratados y monotributistas en el sistema de salud y en todo el sistema público en general. Distintas asociaciones gremiales, juntas internas y gremios de CABA han emitido pronunciamientos y están discutiendo la situación en este momento. ATE ha mantenido reuniones con el Gobierno de la Ciudad, pero mientras tanto los trabajadores ya están recibiendo notificaciones de baja vía mail. Ante la ola de rechazo que crece entre los trabajadores, ATE, que habló de acciones para el jueves, plantea el estado de alerta. Es momento de actuar convocando a la movilización hacia el Ministerio de Salud y rechazar el despido masivo.

Cerca de las 7 de la mañana, cuando muchas de las madres de la toma Fuerza de Mujer en Villa 31 salían de sus carpas para llevar a sus hijos a la escuela, la Policía de la Ciudad llegó con topadoras a la toma para desalojar a las más de 100 familias de la toma. La orden de desalojo fue emitida desde la fiscalía n°11 a cargo de Valeria Massaglia. La policía reprimió a las familias y activistas que resistieron al desalojo, y luego prendieron fuego a las carpas y casuchas de madera, cartón y nylon. Las familias, al igual que en Guernica, perdieron todo: frazadas, ropa, colchones, carritos de bebés. El predio, que se encuentra bajo el dominio del Gobierno de la Ciudad, fue ocupado el 30 de junio de este año, y durante estos tres meses ambos gobiernos se negaron a dar una mesa de diálogo a las familias. La mayoría de las familias están compuestas por mujeres con hijos, solas y desocupadas, que atravesaban situaciones de violencia doméstica. Al momento del desalojo, en la toma vivían cerca de 200 niñas y niños. La ministra María Migliore, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, mandó a censar hace unas semanas a las familias para ofrecerles subsidios habitacionales a cambio de desalojar el predio. Las familias se negaron porque conocen, por experiencias anteriores de desalojos en la Ciudad, que muchas veces el estado utiliza luego los datos recaudados para levantar demandas judiciales contra los ocupantes. La vecina de la toma, Soledad, denunció la crítica situación de las mujeres desalojadas: “En la toma éramos la mayoría mujeres solas con niños que sufrimos violencia y tenemos denuncias o perimetrales. Nadie quiere vivir en una toma con piso de tierra y sin agua o baño. Pero era la única forma de arrancar de que te maten. El gobierno sabe todo eso y no nos dio ninguna mesa de diálogo. Lo único que nos ofrecieron fue un subsidio habitacional y un plan del Programa Acompañar, pero yo no puedo recibir el Acompañar porque cobro del Potenciar Trabajo y ya tengo un subsidio habitacional, pero no me alcanza. Una pieza cuesta 20 mil. No queremos subsidios, queremos una casa y un trabajo”. Los alquileres en la villa 31 superan los 20 mil pesos aún cuando hablemos de habitaciones pequeñas con baño compartido. Por su parte, el Programa Acompañar -reclamo en torno al cual giró la propaganda de organizaciones de mujeres, incluyendo las de la izquierda- no resuelve el problema de la desocupación ni mucho menos el de la violencia contra las mujeres. La pandemia ha agudizado la crisis de la vivienda en todo el mundo. En CABA y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires se suceden las tomas de terreno cada vez con mayor frecuencia. La respuesta de los distintos gobiernos ante la falta de vivienda comienza siempre con una “oferta” miserable (un subsidio habitacional que ronda los $7000) y termina con represión y desalojo violento hacia las familias que sostienen el reclamo por una vivienda digna. Las tomas son protagonizadas por las desocupadas y desocupados y cada vez más por trabajadores y trabajadoras ocupados cuyo sueldo no alcanza para un alquiler. Es lo que ocurre en el Hotelito, o lo que ocurrió en la toma de villa 21-24. Debemos desterrar de nuestras luchas por la vivienda y la urbanización las maniobras de la oposición y el oficialismo de presentarnos el falso dilema de responsabilizar sólo a un sector u otro. El Gobierno Nacional y el de Ciudad son responsables de la miseria de las mujeres y familias de las villas cuando ambas endeudan a la Argentina y precarizan o cierran los puestos de trabajos; achatan los salarios; cierras los refugios de mujeres y guarderías de niños (como la Casa de la Mujer de Villa 31); y especulan con los valores del suelo de la ciudad o arman negociados inmobiliarios para que torres enteras como las de Retiro se encuentren ociosas. Debemos poner en pie un gran congreso obrero de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados que discuta el problema del trabajo y del salario unido al problema de la vivienda, que resuelva una acción unificada por estos reclamos. Estos son los asuntos fundamentales que deberán discutir también los próximos encuentros regionales de mujeres.

La fábrica Vicentín, en San Lorenzo, tiene una capacidad de molienda de 20 mil toneladas de grano por día, una envasadora de las más modernas y más grandes de Argentina y Latinoamérica que refina y embotella el aceite, y tiene muelles para exportar. La otra parte del grupo Vicentín tiene frigorífico, algodonera, viñedos, textiles. Al día de hoy el grupo Vicentín en toda la provincia cuenta con unos 1.000 trabajadores directos y unos 5.000 indirectos, de los cuales 2.500 son de la construcción (precarizados). La planta de San Lorenzo es de carga y descarga, trabaja todo el año y tiene el mayor número de obreros; la de Ricardone tiene movimiento de noviembre a enero; y la más chica, la de Reconquista, unos 300 operarios a los que hace un tiempo les vienen planteando el retiro voluntario. Esto genera mucha preocupación porque tiene 90 años en la ciudad y todos sus obreros son vecinos. La deuda de la empresa es de “$ 99.000 millones, unos USD 1.419 millones al dólar oficial. La mayor parte de las acreencias son de 37 bancos, de los que el Banco Nación es el más afectado. El segundo grupo más grande son productores agropecuarios (unos 2500). El tercero, accionistas y empresas vinculadas” (Infobae, 28/9). Entre los acreedores está el ACA, que le suministró materia prima por unos 9 millones de dólares. Inclusive “Vicentín le debe a Vicentín”, por créditos millonarios que ha contraído para la continuidad de su funcionamiento. Pero al momento sólo se conocen las deudas. Nada dicen respecto del patrimonio de la empresa ni de su capacidad de pago. A finales del gobierno macrista la empresa se declaró en default. Con la asunción del Gobierno de los Fernández se anuncia por DNU que “el Estado se hace cargo de los salarios y de los costos de trabajo”. El intendente de Avellaneda en aquella oportunidad, Dionisio Scarpin, convocó a una protesta por la posible intervención. Entre las diez empresas que producen aceite y granos en 15 km de la costa del Paraná, sale el 80 % de la exportación del país. No pararon ni un día en cuarentena. Sin embargo, la situación de Vincentín no solo no mejora sino que ya se habla de “posibles compradores pero con un reajuste de las plantas para garantizar su funcionamiento”, es decir, una adquisición con despidos en la mano. Algunos de los nombres que circulan con mayor fuerza son el Grupo Glencore, los dueños de Renova y además socios de Vicentín. La CGT de San Lorenzo, dirigida desde el 2019 por Jesús Monzón y Pablo Reghera, habla de medidas de fuerza, pero con distintos órdenes de jerarquía. En 2015 al 2019, dejó caer 4.000 puestos de laburo, que han engrosado el número de desocupados. Además de Vicentín también está DOW, que inclusive adelanta el cierre de la planta del año que viene para este año. Por otro lado, el anuncio de concurso de acreedores de Molinos Cañuelas pone en peligro también a trabajadores pasteleros. Sin embargo, la presión de que "no hay que hacer quilombo" recorre la planta en función de esperar la novia para Vicentín, como si no hubieran sido en el pasado las fórmulas del desastre para las fábricas que cerraron y nunca llegó nadie. Una política del fracaso. El 16 de diciembre próximo se espera como fecha límite para encontrar alguna propuesta. Esa fecha significa arreglos voluntarios para desarmar cualquier posibilidad de lucha. Esos puestos de trabajos no se recuperan más. Los trabajadores quieren defender los puestos de laburo, sea estatizada o con un nuevo comprador. Prefieren, incluso, este último. La situación de los obreros, en un cuadro tan serio, es de mucho temor, pero también de mucho agotamiento por parte del gremio de aceiteros de San Lorenzo. Buscan organizarse para defender los puestos de trabajo y el reclamo de una comisión investigadora sobre Vicentín. Entre Vicentín, que tiene entre 170-200 familias en Capitán Bermúdez, y el resto, que son trabajadores de Dow y de 9 de Oro, más las que ya cerraron antes, el golpe a las familias obreras de la región superaría en gravedad a la del 2001. La defensa de todos los puestos de trabajo en el cordón se convierte en el corazón de nuestra campaña política.