Agosto de 2021

Un vecino con padecimientos mentales fue ejecutado por la Policía del Chubut en su chacra ubicada en Las Golondrinas, en la que perdió pertenencias en el histórico incendio de cordillera de marzo. A 4 años del asesinato de Santiago Maldonado, otro crimen de Estado. La degradación de un régimen político no se mide solo en el incremento de la pobreza o la desigualdad social. El abordaje estrictamente policíaco de cuestiones que atañen a la salud pública, -en este caso al ámbito de la salud mental-, expone los límites de cualquier legislación concebida para combatir estas prácticas. La ejecución de Martín “Tino” John, vecino de Las Golondrinas, -uno de los barrios afectados por los históricos incendios en cordillera de marzo último-, y el disparo al estómago del músico “Chano” Charpentier en Exaltación de la Cruz, a más de 1700 km de distancia, dejan al descubierto algo mucho más profundo que el incumplimiento de protocolos para atender casos de padecimientos mentales o de consumo problemático de sustancias. Así como la crisis humanitaria que vive el mundo a raíz del contexto pandémico en que se encuentra se explica en la depredación del medioambiente y el negocio de las grandes farmacéuticas y el gatillo fácil en la necesidad de disciplinamiento y control social de los sectores populares por fuerzas de seguridad adiestradas para la defensa de la propiedad privada, las tramas que hacen a la proliferación cada vez más vertiginosa de asuntos que hacen a la salud mental también implican lecturas que vayan más allá de la sintomatología. Sin rodeos: nos encontramos en presencia de fenómenos que dejan al descubierto los estertores de un sistema económico-social que merece ser abolido por la intervención independiente de las masas. Es en la irracionalidad que prima bajo el capitalismo donde deben encontrarse explicaciones del por qué no estamos solo ante una problemática de cumplimiento o no de una reglamentación. Entrevistamos a Claudia Costa Basso, compañera y testigo del asesinato de Tino John, y hacemos un breve repaso por el protocolo de las fuerzas de seguridad para abordar estos casos. Veamos. El 9 de marzo último un incendio de proporciones desconocidas para zonas urbanas arrasó con 5 barrios de la Comarca Andina del paralelo 42 en Chubut, cobrándose la vida de al menos 4 personas y dejando decenas de heridos. El siniestro se desarrolló en zonas boscosas que no contaban con el mantenimiento del Estado tanto en líneas eléctricas, de gas como también en la maleza. A su vez, gran parte de la zona fue terreno del negocio de la madera durante décadas, en la que se sacrificó bosque nativo y se lo reemplazó por especies exóticas, en general pinos canadienses, mucho más propensas al fuego. “Tino” John era un comerciante de la zona que había heredado 6 hectáreas en Las Golondrinas, lugar en el que además impulsaba producciones relacionadas con la agricultura. Logró salvar su casa, pero no el galpón, invernadero y frutales que tenía en la propiedad. Las anunciadas ayudas del Estado -en sus expresiones Nacional, Provincial y Municipal- nunca le llegaron. Eso contribuyó a que su salud mental se resintiera. Padecía bipolaridad, por lo que hacía años estaba medicado al respecto, le cuenta a Política Obrera Claudia Costa Basso, su pareja durante los últimos 15 años. Esa situación combinada con una presunta ocupación de una parte de su terreno por desconocidos, lo habría llevado a un pico de estrés y a responder con disparos al aire durante la jornada del 26 de mayo. Vecinos habrían realizado la denuncia, que fue respondida con la visita de la Policía del Chubut durante esa tarde, aunque se retiraron porque habrían evaluado que era una acción de riesgo. En 2013 el ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré aprobó las “Pautas para la Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros”. Como su nombre lo indica, allí se establecen procedimientos para el abordaje de casos como el de “Tino” o “Chano”. Sin embargo, de la descripción de Costa Basso todo parece indicar que poco importó su cumplimiento. A media mañana del 27 de mayo mientras se disponía a ingresar a la chacra en la que convivían con Tino, se topó con personas en posición escondidas dispuestas a avanzar. Su compañero la esperaba en su casa. En fracciones de segundos varios efectivos del Grupo Especial de Operativos Policiales (GEOP) del Chubut ingresaron a la fuerza al domicilio, maniataron inmediatamente a la mujer y fueron por “Tino”, que escapó con su rifle hacia un cuarto en el piso de arriba de la vivienda. Desde afuera tiraron una granada sonora lumínica hacia el cuarto, se escucharon gritos y tiros. Costa Basso seguía precintada y gritaba por “Tino”. Por varios minutos nadie respondía. A la media hora le intentan dar la orden de allanamiento, pero ella continuaba exigiendo respuesta por el estado de salud de su pareja, hasta que en un momento ve a un efectivo con el portafolio de Policía Científica y escucha por un Walkie Talkie que sale la voz pidiendo confirmar la muerte de “Tino”. Las pautas mencionadas establecen que: “La finalidad de la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad es preservar la seguridad de estas personas, como también, facilitar las condiciones para la correcta intervención de los servicios de salud y sociales, asegurando el contacto con algún familiar o persona allegada”. Agregan que: “La atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia”. Remarcan en un recuadro con tipografía en mayúsculas y negritas que: “EL USO DE LA FUERZA PROVOCA EFECTOS ADVERSOS A NIVEL FÍSICO Y PSICOLÓGICO TANTO EN LAS PERSONAS INMOVILIZADAS CONTRA SU VOLUNTAD COMO EN EL PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR ESTA TAREA”. Sostienen: “Para abordar la situación de riesgo para la seguridad en forma clara y no confrontativa, se debe evitar el uso del arma. El arma debe ser mantenida en un lugar no visible durante la contención”. Sugieren la realización de preguntas para evaluar la conciencia de la persona a tratar y destacan, nuevamente en un recuadro y en negritas: “RECUERDE QUE SOLICITAR LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO DE SALUD ES LA PRIMERA ESTRATEGIA DE MAYOR UTILIDAD Y PRIORIDAD EN ESTAS SITUACIONES DE URGENCIA, PARTICULARMENTE CUANDO LA EVALUACIÓN INICIAL PERMITE SOSPECHAR O INCLUSO CONFIRMAR LA INTOXICACIÓN O ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS, O BIEN LA PRESENCIA DE OTROS PADECIMIENTOS FÍSICOS O MENTALES”. Indican que: “Informar rápidamente que la presencia del agente no responde a que haya cometido un delito, que se está allí para ayudar”. Y, entre muchas otras cosas, resaltan que: “Debe entenderse que no se trata de un problema esencialmente policial. Incluso cuando se esté frente a la comisión de un delito”. “No se tomaron todos los protocolos que se tienen que tomar y no se tuvieron en cuenta todos los recaudos para los casos de salud mental que está bien especificados y hay muchas entidades pare ello”, denuncia Costa Basso. Informa que un “juez toma una decisión a 180 kilómetros de acá -Ricardo Raúl Rolón, desde Esquel- y la orden de allanamiento llegó mucho después de que a ´Tino` lo habían matado”. Prosigue: “Mandan a un grupo especial como si fuera un terrorista. Era un paciente psiquiátrico y no tomaron ningún recaudo”. Exclama entristecida e indignada: “¡Cómo puede ser que si sabían que era un paciente psiquiátrico le tiran una bomba de estruendo cuando estamos en un lugar chiquito y son 20 contra 1 y Tino con un rifle 22!”. Ante la pregunta de si algún efectivo resultó herido en el operativo, contesta: “El ministro de Seguridad dijo que afortunadamente no hubo ningún policía herido. Acá hay una seguidilla de cosas, errores en el procedimiento por donde lo mires, y sobre todo hay muchos actores que cometieron errores por acción y omisión. Desde que empieza la orden de allanamiento a 180 kilómetros, en todo ese caminito que llega a un disparo en la cabeza, creo que hay muchísimas irregularidades, falta de valor a la vida, de capacitación, de educación”. Consultada sobre quiénes investigan la causa, responde que “los mismos que están involucrados. Hoy escuché en radio que los efectivos del GEOP que actuaron ahí siguen trabajando tranquilamente. Ni siquiera los suspendieron ni los apartaron, nada. Eso se pidió el 31 de mayo y hasta ahora no se cumplió”. A ello se agrega un trascendido de que se habrían “borrado” las imágenes captadas por las cámaras de la GEOP en el fusilamiento. Costa Basso exige que se aparten a todos los involucrados en el caso, “en especial a las fuerzas de seguridad como a los actores judiciales, de la investigación, y que se hagan por fuerzas independientes o distintas”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentará como querellante en la causa a instancia de la Regional Noroeste del Chubut de la organización. “A mí me destruyeron la vida y a ´Tino` se la arrebataron. Esto se podría haber evitado tranquilamente si cada persona que actuó, que tuvo que ver en este, entre comillas, procedimiento, estuviera capacitada, fuera humana, hubiera hecho bien su trabajo”, cierra la entrevistada. El contexto Mientras la GEOP fusilaba de un disparo en la cabeza a “Tino”, a 800 kilómetros la cúpula de la Policía del Chubut, el ministro de Seguridad Federico Massoni y el resto del Ejecutivo provincial se encontraban negociando cuestiones salariales. Ese mismo día trascendió una presentación de renuncia del mencionado ministro, -hoy también candidato a senador por Chubut Somos Todos- en solidaridad con los efectivos, al considerar que se los estaba discriminando respecto al resto de los empleados estatales en la forma de pago de salarios atrasados. Es que las arcas provinciales se encuentran literalmente quebradas desde hace una década aproximadamente, cuando las políticas de endeudamiento pegaron un salto. Esto provocó que a partir de fines de 2017 se profundizara el ajuste sobre los trabajadores y servicios del Estado y se intentara avanzar con la megaminería. La respuesta fueron enormes movilizaciones en todos los puntos de la provincia durante los últimos 4 años. En el transcurrir quedó más en evidencia que nunca que la provincia es gobernada por las petroleras, mineras y grandes terratenientes, como es el caso de Benetton. Un día como hoy se produjo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado por solidarizarse con la lucha de la lof en Resistencia Cushamen y exigir la libertad del lonko Facundo Jones Huala. La cordillera chubutense y rionegrina desde entonces vive una acelerada militarización en defensa grandes terratenientes, muchos de ellos extranjeros, con la consecuente criminalización de la protesta social y el estímulo a la impunidad de las prácticas de las fuerzas represivas, -las “legales”, como las ilegales, es decir el narcotráfico y la trata de personas, entre otras. A nadie puede extrañar, entonces, la entonación de cantitos “fascistoides” en la Policía del Chubut, una práctica recurrente en todas las fuerzas de seguridad, aunque esta vez se hayan esgrimido como adelanto de spot electoral en favor de Massoni: "Piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado, una noche muy oscura a tu villa entraré”, trascendió en el video publicado en medios oficiales del ministerio de Seguridad. Massoni se dispone a una campaña de corte fascista, al mejor estilo Donald Trump o Jair Bolsonaro, inspirada en las expresiones vernáculas de estos personajes como Patricia Bullrich o el propio Sergio Berni, ambos justificadores seriales del gatillo fácil en nuestro país. Chubut llega al lanzamiento de la campaña electoral entre la contradicción del sostenimiento de la “gobernabilidad” de Arcioni por todo el arco político y las exigencias de recomposiciones salariales tras dos años de congelamientos de sueldos y paritarias estatales, es decir un escenario potencialmente explosivo. El crecimiento de la “mano dura” es la contracara preventiva a la defensa de las conquistas obreras, que, como dijimos, se viene expresando en las calles hace varios años, es decir, es la expresión cruda y sin metáforas de la lucha de clases, de la que no quedan eximidas ni siquiera la alicaída clase media argentina, a la que pertenecen tanto “Tino” como “Chano”. Ninguna legislación, por progresiva que sea, será suficiente para combatir las siniestras consecuencias de la descomposición social. Las exigencias de justicia por “Tino” y “Chano” se entrelazan, de este modo, con las movilizaciones en defensa propia que ensayan las autoconvocatorias y coordinadoras embrionariamente contra el ajuste en todo el país. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmará todo el arco político patronal tras las elecciones anticipa mayores choques sociales y distintas formas de “gatillo fácil”, que es en última instancia la manifestación colectiva que tiene el capital de responder cuando se siente amenazado y/o desorientado.

Cuando el Ministerio de Salud de la Nación notifica que la variante Delta se reproduce de forma autóctona en el país, sin nexo epidemiológico con viajes internacionales, los gobiernos de CABA, Nación y las empresas prepagas se complotaron para darle un nuevo mazazo a los trabajadores de la salud en el cierre de las negociaciones paritarias. En el caso de la salud privada, los Fernández cedieron al lobby de Belocopitt y los sanatorios y terminaron convalidando un tarifazo del 41%, en cuatro cuotas acumulativas del 9%, muy por encima del aumento del 26% que había autorizado en la previa un fallo judicial. Si se suman a los incrementos de las prepagas de abril y mayo, el acumulado a enero del 2022 alcanzará un 61% (Página/12, 30/7). Después de menear con una supuesta “estatización”, el oficialismo perpetró esta operación de rescate al capital contra los usuarios de la medicina privada, es decir, contra los trabajadores. Si bien las empresas aducían tener “tarifas congeladas” por el único aumento de 10% en 2020, lo cierto es que solo una minoría de sus usuarios pagan la “tarifa pura” -1,2 millones de personas. La mayoría -4,8 millones- son trabajadores que derivan sus aportes desde las obras sociales, por lo que cuando aumentan sus salarios las prepagas incrementan su recaudación. Tal como quería la burocracia de Sanidad, el tarifazo permitió desbloquear el aumento de un 45% en cuotas en la paritaria. La burocracia de Daer actuó a lo largo de todo el conflicto como escudera de las empresas, amenazando con medidas de fuerza que luego levantaba para forzar la negociación a favor de los intereses patronales. Esto provocó una fractura con una tendencia huelguística que se expresó en todo un sector de delegados y de las bases de numerosas clínicas y empresas, que buscaron convertirse en protagonistas de una lucha en regla por el salario. Con las cuotas del 45%, el salario de un trabajador de la salud privada permanecerá al nivel de la canasta de pobreza. A pesar de seguir de atrás a una inflación que en 2021 se proyecta al 50%, este aumento no deja de estar por encima del que cerraron las burocracias de Sutecba y Médicos Municipales con el gobierno de Larreta, de apenas un 40% en cuotas para la salud pública. El desnivel en acuerdos de un mismo rubro, que cerraron a horas de distancia, refleja la exigencia del FMI de ajuste en los gastos del Estado, de un lado, y la política gubernamental de vaciamiento de la salud pública en beneficio de la privada, del otro. Es un paso más que apuntala el éxodo de miles de enfermeros que están renunciando al hospital público para tomar cargos en el privado. El ministro Quirós quiere reforzar esta fuga con el cierre definitivo de las concurrencias, que redundará en una privatización de la capacitación profesional para la cual ya conchabó a las camarillas que dirigen la UBA (que vienen de posicionarse del lado de Vidal en la interna porteña de Juntos). De acuerdo a la paritaria firmada por Sutecba, una enfermera recibirá como “plus sanitario” por su labor en la primera línea una suma de… 2.217 pesos, que se ajustarán a 2.699 en el mes de diciembre. El inicial de enfermería llegará para esa fecha a 62.562 pesos. Todo esto rubricado por una burocracia que no convocó a medida de fuerza alguna, a pesar de lo cual sus personeros dicen encabezar una “oposición” política al macrismo porteño en las listas del Frente de Todos. A contramano de esta entregada, se sucedieron paros como el del Durand, votados en asamblea por los trabajadores del escalafón general. En el caso de Médicos Municipales, la burocracia de Gilardi logró imponer una nueva paritaria a la baja a pesar del voto no positivo de algunos sectores que se desprendieron de la actual conducción, a los que se sumó la Lista 10 (PJ-K) y el Frente de Recuperación Gremial (FRG). Estos últimos coincidieron en reclamar que el acuerdo paritario pase por la consideración de asambleas por hospital. Sin embargo, este pedido no fue acompañado por la convocatoria a dichas asambleas en los hospitales que dirigen. En el caso de residentes y concurrentes, la voluntad de diferentes sectores de ir a la huelga por el salario se expresó, por ejemplo, en la asamblea del Ramos Mejía que se pronunció en ese sentido. Esta definición fue desalentada por el aparato oficialista del PO, que en los momentos cruciales de definición de la paritaria maniobró para que las medidas de fuerza quedaran “para más adelante”. Antes, había evitado que en la marcha que se realizó durante el único paro convocado por la burocracia se votaran acciones para darle continuidad al plan de lucha. En un sentido inverso, puede destacarse la pelea de los compañeros del Hospital Moyano, que enfrentaron el cierre paritario con piquetes y asambleas que atrajeron a trabajadores de distintos hospitales de la zona sur . Esta movida empalmó con la de los trabajadores autoconvocados del Garrahan, que se resisten a la rebaja salarial impulsada, en ese caso, por el ministerio de Vizzotti. La ofensiva contra el salario emprendida por los gobiernos de la grieta, las patronales de la medicina privada y las burocracias sindicales es solo una más de las que tienen reservadas para los trabajadores de la salud. La política aperturista, con su presencialismo laboral y educativo, es todo lo que necesita la variante Delta para volver a colapsar a las salas y terapias. Las luchas y autoconvocatorias en la salud pública y privada llegaron para quedarse y sus enormes desafíos están por delante. La defensa de un salario mínimo que alcance a la canasta familiar se torna incompatible con el régimen político que destruye la vida y la salud de las masas. Será la obra de un gobierno de trabajadores.

La militancia del Polo Obrero Tendencia de la Capital arrancó la campaña electoral con todo. Comenzó hace unos días con una extensa recorrida por la villa 31, con Marcelo Ramal como pre-candidato a primer diputado nacional por la Ciudad y Valentina Viglieca como pre-candidata a primera legisladora porteña, ambos por la lista de Política Obrera. Ahora fue el turno de la villa 1-11-14, en donde las recorridas por distintos sectores del barrio se combinaron con inauguraciones de nuevos locales del Polo Obrero Tendencia. El viernes pasado una caravana partió desde el local del Polo bautizado por la asamblea con el nombre de Santiago Maldonado, ubicado a metros de la calle Riestra. La actividad estuvo precedida por asambleas del Polo donde, entre otras cosas, se discutió la campaña electoral y se invitó a todos los compañeros a llevar a cabo esta campaña en el barrio. En las asambleas se dejó bien en claro que nuestros métodos son ajenos a los de las organizaciones punteriles, que presentan como una obligación de la organización la participación en actividades de tipo electoral con tomas de asistencia o con la promesa de prebendas a aquellos que participan a través de un sistema de puntajes. La participación de aquellos compañeros y compañeras Polo que han decidido sumarse a esta batalla política ha sido motivada por su convicción personal y su convencimiento militante. La cabecera de la columna que atravesó el barrio estuvo integrada, además de Ramal y Viglieca, por Florencia Palombo y Patricio Meincke, y por candidatos de la UJS-Tendencia del barrio, como Macarena Vargas y Franco Viñolo. También estuvieron presentes otros candidatos de los gremios de docentes y de la salud de CABA. La recorrida estuvo guiada por las delegadas del Polo del barrio, que debatieron con los candidatos sobre los problemas del barrio, los cortes de luz y de agua, el precario y peligroso tendido eléctrico, las inundaciones o las zonas liberadas, en un barrio marcado fuertemente por la desocupación y la precarización laboral. Las compañeras y compañeros de la asamblea Lealtad aprovecharon la presencia de Ramal y Viglieca para realizar la inauguración formal de su local, ya que fue abierto al comienzo de la pandemia y no hubo oportunidad de realizar ningún acto inaugural. La recorrida tomó por la avenida Perito Moreno y culminó con un acto frente a la cancha de San Lorenzo, a metros de otro local del Polo de la asamblea 18 de Diciembre. Al día siguiente, el sábado 31, una nueva caravana de Política Obrera cruzó el barrio, esta vez partiendo desde la zona del Barrio Rivadavia 1, donde se aprovechó la oportunidad para inaugurar un nuevo local del Polo. En el local se había montado una posta sanitaria, con enfermeras y con instrumentos para un control médico. Lo mismo hicieron las compañeras del local de Fortaleza, en la otra punta del barrio, donde un grupo de enfermeras esperaba a la caravana. Esta iniciativa de las propias asambleas desnudó una realidad que luego fue recogida por Marcelo Ramal en uno de sus discursos. La primera línea que enfrenta la pandemia, los trabajadores de la salud, se encuentran realizando extensísimas jornadas laborales, exponiendo su salud y su vida, a cambio de un salario de miseria. Mientras tanto, frente a las enormes necesidades sanitarias en plena pandemia, cientos de compañeras con preparación y estudios completos no consiguen ingresar al mercado laboral en ninguna institución de salud, sea estatal o privada. La población se priva de mayores recursos sanitarios, al tiempo que trabajadoras de la salud se encuentran desocupadas y las que están ocupadas deben cubrir tres o cuatro turnos diarios. Un retrato de la gestión capitalista de la pandemia. Lo mismo pudo observarse con el problema de la vivienda en el barrio. Al lado de las nuevas viviendas que el gobierno de la ciudad se jacta de haber construido, sin mencionar la precariedad de las mismas, se han levantado cientos de nuevas casillas de quienes se vieron obligados a montar unas chapas frente a la falta de vivienda. El ritmo de la urbanización precaria de Larreta va incluso por detrás de la velocidad en que crecen las villas y los nuevos asentamientos de los que no logran acceder a una vivienda digna. La crisis habitacional no tiene ningún tipo de salida en el marco capitalista, porque no se trata sólo de la construcción de viviendas, sino que es un problema de conjunto de la situación de la clase obrera. Las actividades en los barrios son en muchos casos el puntapié inicial de nuestra campaña electoral. Pero parten de un trabajo muy intenso de construcción del Polo Obrero Tendencia, de politización de los compañeros y de construcción del Partido y de la UJS. La inauguración del local de Barrio Rivadavia es el resultado de la lucha por la legalidad que las compañeras del Polo se pusieron al hombro con enorme arrojo. Las nuevas relaciones y debates que se abrieron al calor de esa campaña de afiliaciones permitieron llegar a nuevos sectores del barrio y poner en pie nuevas asambleas. Las recorridas han dejado un enorme entusiasmo entre las asambleas y han despertado el interés de muchos vecinos. Varios compañeros de las asambleas plantearon durante la recorrida su interés por incorporarse al partido. Un importante grupo de compañeros del Polo oficial saludaron y aplaudieron nuestra columna mientras hacían la fila para retirar una ración de su comedor, demostrando que la unidad de la clase obrera puede romper cualquier barrera que se intenta poner en el medio. Queda todavía un largo trecho por delante. ¡Vamos con todo con la campaña socialista de Política Obrera!

El aplazamiento de las elecciones provinciales del 4 de julio al 15 de agosto próximo, por parte del gobernador Sáenz, no sirvió para blindarlas de la crisis excepcional que se encuentra en curso. El ex titular del Comité Operativo de Emergencia, Francisco Aguilar, advirtió que la nueva fecha podría coincidir con el máximo pico de la “segunda ola”. Su sucesor, el actual ministro de Salud, Juan José Esteban, afirmó que las elecciones podrían suspenderse nuevamente por ese motivo. Sáenz especula con esta posibilidad, ante una importante tendencia a la abstención. Por lo pronto, el gobernador busca condicionar aún más la campaña electoral al cumplimiento de los “protocolos covid”, afectando a las fuerzas que, por falta de recursos, tienen menos posibilidades de propaganda audio visual. El anuncio de compra de vacunas a la farmacéutica J&J quedó en la nada. Con las vacunas otorgadas por el gobierno nacional apenas se ha vacunado con dos dosis al 13% de la población. Sáenz se ha visto obligado a extender por una semana las vacaciones de invierno para bajar el flujo de contagios, ante un sistema de salud extenuado. Según las denuncias de sus propios trabajadores, el hospital tartagalense Juan Domingo Perón se encuentra colapsado. El gobierno busca que los trabajadores dejen de lado la pelea por sus reivindicaciones. En el caso de la docencia ha establecido descuentos arbitrarios a los días de paro, al tiempo que adelantó a julio y agosto el pago de una cuota del 10% del aumento que inicialmente se pagaría en setiembre. La docencia autoconvocada salteña ha votado el no inicio de las clases. En el caso de los trabajadores de la Salud, estableció una mesa de negociación con el personal médico que reclama aumentos salariales y la creación de nuevos cargos. Ante la huelga de los obreros de Cerámica Alberdi que ya lleva más de 11 días, Sáenz respondió con el envío de la infantería contra el piquete obrero. El cuadro de miseria social que golpea a los trabajadores salteños, el colapso hospitalario bajo la pandemia, el crecimiento de la precariedad laboral y del déficit habitacional, no ocupa ningún lugar en las campañas electorales de macristas, kirchneristas y saencistas. Por el contrario, los macristas, coinciden con saencistas y fernandistas en que bajo la pandemia hay que apoyar al gobierno provincial. Los kirchneristas han quedado totalmente desdibujados, sobre todo después que el oficialismo nacional le impusiera desde Buenos Aires que la lista para diputados nacionales del FDT sea encabezada por el PJ de Sáenz. Por su parte el FIT-U repite su clásica campaña autoproclamatoria de “única oposición” al gobierno, sin mostrar ese carácter con ningún ejemplo concreto de luchas, aunque sí con proyectos parlamentarios que no trascienden. La campaña de Política Obrera, coloca fuertemente el acento en la necesidad de afectar los beneficios e intereses de los capitalistas para financiar las medidas necesarias en resguardo de la vida de los trabajadores salteños. En las barriadas de capital, los compañeros más activos del Polo Obrero se están sumando a la campaña, a la par de lucha la titularización de sus terrenos y la urbanización de los barrios. En el caso de Colonia Santa Rosa, se han sumado obreros y obreras rurales, que están luchado para acabar con el negreo patronal en las quintas y fincas, avalado por el gobierno y la burocracia sindical de Uatre.

El 20 de julio, Ailén, de 16 años, fue abusada por dos hombres en la estación de Jose C. Paz en pleno mediodía. A pesar de haber denunciado al instante, de haber señalado al siguiente día el recorrido y las cámaras que debían resguardar, de haberse dispuesto a todos los exámenes y peritajes que le solicitaron, nunca buscaron a los agresores. Por su parte, el fiscal Becerra declaraba en los medios que "hay dudas sobre la versión que denuncia el abuso" (El Primero Noticias, 28/7). Sin embargo, Ailen reconoció a uno de sus agresores al verlo en Crónica, luego de violentar sexualmente a otra nena de 11 años en la Villa 31. Lo que ha pasado es una radiografía de la situación de vulnerabilidad en la que vivimos las mujeres y niñas, con una impunidad fomentada en primer lugar desde el propio Estado. El fiscal Becerra permitió que "fuentes" de su despacho difundieran que no encontraban a Ailen en las grabaciones y que las pericias médicas y psicológicas habían dado resultado negativo. Sin embargo, en el hospital Mercante los médicos corroboraron el abuso y le dieron a Ailen el kit de profilaxis que ordena el protocolo (pastilla del día después, retrovirales). Los funcionarios judiciales no dejaron de revictimizar a Ailén, diciéndole que mentía para que sus padres no se enojen porque había tenido relaciones sexuales. Ailén entró a la pericia psicológica en llanto. Por último, uno de los dos CD con las grabaciones de las cámaras de la estación ni siquiera corresponde al rango horario cuando ocurrió el hecho. La ley de violencia de género y la de perspectiva es papel pintado, el Estado capitalista no garantiza ninguno de esos derechos. En el interin, uno de los abusadores de Ailén volvía a atacar en la Villa 31. A pesar de que lo habían identificado, la familia de la nena abusada denunció que la policía lo había dejado libre y difundió su imagen, en la que Ailén reconoció a su victimario, Federico Ruiz Díaz. El jueves, familiares, amigos, vecinos y compañeros del Polo Obrero Tendencia nos movilizamos a la fiscalía 14 para exigir el inmediato pedido de detención. El fiscal Becerra no se hizo presente ni se comunicó con la familia, y de la fiscalía anunciaron que el fiscal recién volvía en 15 días y que el trámite llevaba un tiempo que no definieron. Hacemos responsable al fiscal Mariano Becerra y a la fiscalía N°14 de San Martín de nuevas posibles víctimas de dos abusadores libres, que ya violentaron sexualmente a dos menores con total impunidad. Exigimos la búsqueda y detención inmediata de los abusadores de Ailén y la niña de la Villa 31. Reclamamos la asistencia psicológica y material para las víctimas. Basta de abusos sexuales contra mujeres y niñas. El Estado es responsable.

Diversos estudios están poniendo el foco en las secuelas que sufren un importante número de personas a lo largo del mundo, a consecuencia del COVID-19. Esto es conocido como “long COVID” o COVID prolongado. Un reciente estudio publicado en The Lancet detectó más de 203 síntomas compatibles con esta secuela a partir del estudio de 3.762 personas en 56 países. El mismo estuvo encabezado por especialistas de la Universidad de Londres. Estas secuelas están asociadas al cuadro inflamatorio sistémico que genera el Covid en el cuerpo de una persona contagiada, afectando a diversos órganos, más allá del sistema respiratorio. Ha resultado una afección común una falla en los riñones y también anomalías cardíacas, presentes en 1 de cada 8 pacientes (The Guardian, 15/07). Entre los síntomas más comunes se hallaron “la fatiga, el malestar post-esfuerzo (empeoramiento de los síntomas después de un esfuerzo físico o mental) y la disfunción cognitiva, a menudo denominada niebla mental”. Menos frecuentes resultaron “alucinaciones visuales, picazón en la piel, cambios en el ciclo menstrual, disfunción sexual, problemas de control de la vejiga, diarrea, palpitaciones cardíacas y tinnitus” (Infobae, 15/07). Entre las personas que sufren covid persistente, el 91,8% de los encuestados siguió presentando síntomas luego de siete meses. La mayoría (89,1%) no pudo recuperar su vida normal, incluso transcurridos siete meses desde la infección, afectando principalmente a sus trabajos. El 22% no pudo volver a trabajar y el 45% necesitó un horario reducido. No existe en ningún país del mundo alguna defensa legal para los trabajadores que sufren estas afecciones y que se desconoce cuánto pueden seguir atacando su organismo. Otros estudios de apoyo, como el realizado por investigadores de la Universidad de Birmingham y publicada en el Journal of the Royal Society of Medicine, asegura que “la mitad de los hospitalizados con Covid-19 desarrollaron al menos una complicación adicional durante su estadía, mientras que una cuarta parte de los pacientes fueron menos capaces de cuidarse a sí mismos cuando fueron dados de alta del hospital que antes de tener el virus” (The Guardian, 15/7). Diversos estudios recientes apuntan que entre el 10 al 15% de los niños infectados por Covid sufrirían síntomas persistentes. En Argentina esto equivale a 30 mil niños afectados aproximadamente según casos confirmados en menores de 20 años por el Ministerio de Salud de la Nación. Estos casos ahora presentan un cuadro más agudo a partir de la variante Delta, más virulenta. Los médicos desconocen el origen del Covid prolongado, pero aseguran que probablemente esté asociado al desorden que genera en el sistema inmunológico, generando anticuerpos “rebeldes” que atacan al cuerpo en vez de defenderlo. O a su capacidad de permanecer durante largo tiempo en el organismo con una suerte de “reservorio”.

Entre las novedades políticas que arrojan las PASO del Frente de Todos está la salida de Daniel Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social. Es un correlato directo de la crisis que recorre el gabinete presidencial. El ex ministro llevó adelante una política social sin rumbo criticada por propios y ajenos. La creación de fuentes de trabajo no pasó del discurso. Su impulso a la tarjeta alimentaria fue criticado fuertemente por quedar debajo de la inflación. Lo que si mantuvo a rajatabla fue no moverse de las exigencias presupuestarias del ministro Guzmán. El paquete de Economía para cumplir con el FMI y el pago de la deuda obligó a Arroyo al desembolso de los diferentes compromisos en tandas mensuales. Incumpliendo así con lo acordado con las organizaciones. Esto lo llevo a un choque aún mayor con el ahora funcionario Pérsico, el Evita y un sector de Barrios de Pie que habían pactado esos pagos, la llamada segunda línea del ministerio. Algo similar pasó con la entrega de alimentos a comedores durante los meses de diciembre, enero y marzo, recortadas para no excederse con el presupuesto acordado en el Congreso – la ´emergencia alimentaria´ que votaron los Macri, los FF y Del Caño-Del Plá, no sumaron un solo paquete de arroz a los comedores populares. Acorralado por movilizaciones y acampes, los acuerdos de ´paz social´ que los funcionarios construyeron con todo un arco de organizaciones volaron por los aires repetidamente. El fuerte desgaste de la carestía y las incesantes jornadas de las organizaciones que no acordaron, entre las que se encuentra el Polo Obrero Tendencia, tuvieron un papel crucial. Bajo el argumento del ´loteo´ de funciones entre diferentes capillas políticas oficialistas, Arroyo se mostró reiteradamente incapaz de llevar una agenda propia, para terminar acusado, dentro del gobierno, por ceder demasiado; y por las organizaciones, de ceder poco a los reclamos. El golpe de gracia a su política lo dio el acampe piquetero del 8 de julio, que arrancó un compromiso firmado a los funcionarios. Incluso fue recogido por los diferentes medios y portales, que a partir de ese momento Arroyo empezó a discutir su salida. “Los movimientos sociales exhiben su descontento todas las semanas con marchas a la sede del ministerio que encabeza Arroyo. Incluso, la semana pasada hicieron un acampe en la puerta del edificio, una postal poco vista durante un gobierno peronista” (LPO, 14/7). Fue el mismo Arroyo el que planteó ser candidato para retirarse del ministerio, cumpliendo la norma albertista para los funcionarios a motu propio. Finalmente quedó décimo en la lista de candidatos, lejos del cuarto puesto que discutió inicialmente. Zabaleta, de Hurlingham a Desarrollo Social El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, será el próximo ministro de Desarrollo Social. El 22 de julio pasado enfrentó una movilización del Polo Obrero (T) en su distrito tras cortar la asistencia a comedores en donde encerró a la delegación de referentes dentro del edificio municipal . Es denunciado por emplear sin contratación los compañeros que cobran un plan social en el Hospital Posadas, en el oftalmológico, en escuelas y otras dependencias municipales. En ese sentido Zabaleta viene a continuar lo hecho por Arroyo, no moverse un ápice de lo exigido por Guzmán como ya lo viene haciendo en su municipio. Se trata del intendente más cercano a Alberto Fernández, enfrentado con La Cámpora en su distrito, con la cual selló un acuerdo recién hace pocos días atrás. Cuando las internas dentro del Frente de Todos asoman, el jefe distrital se convierte en una de las principales espadas del Presidente, incluso cuando Fernández no quiere dar pelea. Esta fidelidad hizo que su nombre sonara varias veces durante estos meses en los que hubo distintos movimientos en el gabinete, pero recién ahora tendrá un cargo en el gobierno de su amigo Alberto. “En este gobierno hay vetos”, relata un viejo dirigente sobre el camino de Zabaleta para llegar al cargo. Eso tiene que ver con la aprobación del kirchnerismo. En el cierre de listas, peleó contra La Cámpora por la boleta de concejales. Con el ofrecimiento del ministerio de Desarrollo Social ya hecho, se resistió a entregar lugares al kirchnerismo y así dejar el distrito en sus manos. El intendente pujó con el número dos del PAMI, Martín Rodríguez, y presentó una nómina con su nombre a la cabeza. El pasado sábado a la medianoche, hubo frenéticas negociaciones para evitar internas en el distrito. El acuerdo logrado fue que el primer concejal responde al intendente y el segundo al cristinismo. Claro, ocurre que finalmente la asunción de Zabaleta en el gabinete nacional hará que al frente del municipio asuma el actual presidente del Concejo Deliberante, Damián Selci hombre del kirchnerismo. Toda esta puja y crisis entre intendentes, el kirchnerismo y el gabinete de gobierno ahora se traslada con fuerza al Ministerio de Desarrollo. Está en cartera un cambio de política para las organizaciones sociales, al compás de los tiempos que exige el acuerdo con el FMI y el pago de la deuda. El movimiento piquetero debe estar alerta y movilizado por cada punto y conquista obtenida, ya que el gobierno intentara usar esta crisis y la misma elección como cortina de humo para arrebatarlas.

Los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires han retomado las clases presenciales. Con la variable “delta” del covid avanzando, el gobierno bonaerense se encuentra en una ofensiva presencialista, poniendo en riesgo la vida y la salud de docentes y estudiantes. Kicillof va a fondo. La Dirección General de Escuelas informó que a partir del 9 de Agosto, se darán de baja las dispensas, por lo que docentes que estén vacunados e integran grupos de riesgo podrán ser convocados a “convivir” con el virus en las aulas. También deberán retomar la presencialidad quienes hayan “optado” por no vacunarse. Los compañeros que estaban realizando las suplencias de esas personas quedaran cesados en sus cargos. El avance de la presencialidad también significa un ajuste contra miles de docentes que verán recortado los ya magros salarios. Mientras el Ministro de Educación Nacional, Nicolas Trotta, se entusiasma y asegura que: “No vamos a volver para atrás con la presencialidad” (Clarín, 31/7), el infectólogo Pedro Cahn, que integra el grupo de asesores médicos del gobierno y es titular de la Fundación Huésped, alertó en relación a las mutaciones de los virus que “si queremos no lidiar en el futuro con otras letras del alfabeto griego, la única manera de hacerlo es reduciendo la circulación. Si no lo logramos, vamos a tener que lidiar con muchas variantes más que la delta” (La Nación, 31/7). Sólo en la provincia de Buenos Aires, donde ya existen 22 casos de covid “delta”, la presencialidad (y la movilidad que genera) impacta sobre 4.150.000 alumnos de todos los niveles bonaerenses repartidos en los 16 mil establecimientos provinciales. Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, dijo que ya con los casos detectados en el país “la variante delta va a empezar a circular de forma comunitaria” (ídem). Por su parte, Aída Torres, infectóloga, pronostica la “tercera ola” para “mitad de agosto o septiembre” (Radio Box 84.1). En definitiva, es el propio gobierno con su política aperturista, el que fomenta las “nuevas olas” y cepas del covid. Las principales interesadas en levantar todo tipo de restricción son las patronales de la educación privada y el clero. Lo que guía la política oficial, no es el cuidado de la vida y la salud de la población, sino el sostenimiento del lucro privado que el gobierno presenta como una “reactivación económica” que ningún trabajador ha sentido en sus golpeados bolsillos. Detrás de todo, se encuentra el pacto con el FMI, que el gobierno está buscando cerrar cuando el país está sumergido en una catástrofe social sin precedentes. La vacunación que el gobierno anuncia como “exitosa” en la provincia, al día de la fecha, no alcanza ni al 15% de la población con las dos dosis. Por otro lado, recién se han enviado los turnos para los primeros 100 mil menores de 18 años que sean factores de riesgo. Osea que todavía no existe ni un menor de edad vacunado. Los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaeresnse (SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP), como no podía ser de otro modo, han dado el “ok” a esta ofensiva presencialista sin convocar a ninguna asamblea o reunión para tener el mandato de los docentes. Militantes de la “presencialidad cuidada”, repiten el cassette de que se “cumplan” los protocolos (SUTEBA, 29/7), que prácticamente ninguna escuela está en condiciones de cumplir, por su estado calamitoso de infraestructura y de seguridad e higiene. En relación al salario, el gobierno adelantó el último tramo de la paritaria para el mes de Agosto, pero la promesa de “reabrir la paritaria” todavía no se hizo efectiva. La inflación anual proyectada es del 50%, mientras que la burocracia sindical había firmado un magro 30% en cómodas cuotas a comienzos de año. El salario básico de un preceptor (cargo testigo) quedó en $37 mil pesos. En Junio se calculó la canasta de pobreza en casi $67 mil. La lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, hoy por encima de los $100 mil pesos, es una necesidad imperiosa para la docencia, que tiene que hacer malabares y tomar otros trabajos para llegar a fin de mes. La Lista Multicolor, dirigida mayoritariamente por las corrientes del FIT-U, no promovió la convocatoria a ninguna asamblea previa al reinicio post invernal. Kicillof no ha encontrado ninguna complicación para retomar con “normalidad” el ciclo lectivo. En un último comunicado le “exigen” a la conducción de SUTEBA que “deje de avalar la política del gobierno de Kicillof y convoque a asamblea para resolver las acciones a seguir” (Sutebas Multicolores 31/7). “Una exigencia” al vacío. La lista celeste se encuentra integrada al gobierno de los Fernández y no moverá – como hasta ahora- ni un dedo en defensa de los trabajadores de la educación. La burocracia de Baradel pretende que las reivindicaciones de la docencia no se cuelen en la campaña electoral, para llevar agua al molino del Frente de Todos. La agenda de las necesidades de la docencia no puede ser sometida a los “tiempos” electorales. Exigimos la convocatoria a asambleas en todas las seccionales de SUTEBA. Promovemos la realización de asambleas por escuelas, auto convocatorias y la construcción de un plenario provincial de delegados con mandato para organizar la lucha por la suspensión de la presencialidad en pandemia en defensa de la vida, por una garantía salarial para todos los compañeros sin horas/ módulos, por vacunas para todos los trabajadores, por la reapertura ya de la paritaria y por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar indexado por inflación.

Reducir a la coacción, balas o pistolas con descarga eléctrica el abordaje y problemática de una persona en situación de descompensación psicótica y/o consumo problemático como en el caso Chano, está lejos del deber y responsabilidades del estado. Desde 2013 está en vigencia un protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, para las fuerzas de seguridad, donde queda prohibida la agresión debiendo acudir al llamado del equipo de salud Mental sólo como auxiliares. La ley de salud mental establece claramente que una persona puede ser internada de forma voluntaria o involuntaria, siempre como último recurso. Quita el poder absoluto de decidir descargando la responsabilidad sobre los trabajadores de la salud mental al momento de la internación. La ley no deja herramientas alternativas para actuar si el paciente presenta riesgo cierto e inminente contra su vida o la de terceros, dejando a la policía que controle la situación de la única manera que sabe, con un disparo de bala en el abdomen en el caso de Chano. Además, en los últimos tiempos, Victoria Núñez, una mujer trans, fue asesinada por asfixia (en una maniobra similar con al que fuera asesinado George Floyd en EEUU), en manos de la policía, que intervino tras un llamado al 911 del novio de la víctima, dando aviso de que su pareja estaba atravesando un episodio de descompensación en su salud mental. La intervención estatal estuvo otra vez, fuera de tiempo y espacio y llegó de la única manera que sabe: con represión. Estamos en presencia de un Estado que, por un lado se muestra “negligente” y “ausente” a la hora de asistir a las personas con patologías en salud mental; y por el otro, se hace presente para dar una respuesta represiva ante tanto abandono. Tenemos una ley de salud mental vigente que es letra muerta convirtiéndose solo en una simple declamación de derechos y deja a la luz la desprotección de todos los que necesitan atención, contención y constancia en un tratamiento de salud mental. Los gobiernos avanzan hacia la mentada “refuncionalización” de los Hospitales de Salud Mental, pero sin la inversión necesaria para el abordaje comunitario de las personas con patologías mentales, resulta lisa y llanamente el cierre de hospitales y un abandono flagrante de esas personas. Pero las problemáticas de salud mental y de consumo problemático crecen abruptamente con la crisis humanitaria que se desarrolla con la pandemia y el estado primero abandona, desprotege, luego criminaliza y reprime. El desinterés del Estado en Salud Mental es algo que denunciamos desde hace años. Paradójicamente, el Estado solo se hace presente para aplicar una lógica manicomial de dominación y opresión. Los trabajadores de salud mental debemos darnos un debate. Estas breves líneas pretenden ser un aporte al mismo. No a la represión a las personas con patologías psiquiátricas y en situación de consumo problemático. Inversión en Salud Mental, con salarios mínimos igual al costo de la canasta familiar, acordes para abordar y brindar una adecuada contención, institucional y/o en tratamientos en el ámbito comunitario.

En la provincia de Santa Fe podría desarrollarse una iniciativa única. Este lunes 2 de agosto se realizará un encuentro de mujeres y disidencias de la provincia que tiene por objetivo formar una red de denuncia y activismo en todo el territorio. La convocatoria surgió de la mesa Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe. Es para otras mesas NUM, agrupaciones y/o personas que quieran sumarse de manera individual. Aun con límites muy concretos, la posibilidad de establecer una comunicación provincial, que permita acciones comunes, reclamos masivos y respuestas inmediatas, es una oportunidad que debe aprovecharse, para poder desarrollar el debate político y la organización de acciones. Mesa NUM de Santa Fe Como se reflejó en distintas notas en Política Obrera, la mesa de la capital tiene un derrotero interesante. Se conformó como todas las mesas NUM del país en el 2015, y estaba integrada por diversos sectores, fundamentalmente partidos políticos con gran presencia del PJ/Kirchnerismo y de la burocracia sindical afín. La victoria de Macri a nivel nacional y un nuevo mandato del Frente Progresista en la provincia ese año, permitió a estos sectores protagonizar numerosas intervenciones, en un ambiente de mayor denuncia y más independencia con estos gobiernos. Este proceso intentó ser boicoteado desde el 2019 y las elecciones. Hubo un vaciamiento del organismo por parte del PJ/Kirchnerismo y una intención manifiesta de neutralizar el espacio. Tanto los sectores partidarios como las cúpulas sindicales afines a Fernández y Perotti, han hecho un trabajo de desarticulación y descrédito del organismo, sumado a que muchas de quienes participaban son ahora funcionarias. Esto se verificó en todo el país, con el planchazo después del debate parlamentario por la IVE en el 2018 y el proceso electoral en 2019. Santa Fe no fue la excepción. Pero el trabajo que se había conformado, persistió, a pesar de los ataques e intentos de desarticulación. El 8M del 2020 fue un momento clave: un documento de denuncia política y de reclamos sindicales fue leído en el acto, lo que produjo que el MOS (Movimiento Obrero Santafesino, que nuclea las dirigencias peronistas y kirchneristas) se negara a firmar por diferencias políticas. Lo mismo pasó el 25N, en plena pandemia, con un escrito contundente de independencia política y de reclamo, que incluyó una batería de demandas en el marco de la emergencia sanitaria. Este 8M de 2021, estalló la crisis en el organismo. Se trató, fundamentalmente, de qué posiciones políticas tenía el organismo y por qué se priorizaba la defensa de los gobiernos y no del movimiento de mujeres. A raíz de esta situación, se propuso realizar debates, definir un posicionamiento político y ampliar la convocatoria. En este proceso surgió la iniciativa de convocar un encuentro provincial, que permita tender puentes y conformar una red en distintas localidades. La provincia de Santa Fe Esta reunión se realizará en la provincia que presenta una de las situaciones más críticas de todo el país. La falta de cobertura médica, el nivel de subocupación y la pobreza infantil, son los principales flagelos para los santafesinos en la actualidad. El nivel de personas que sólo acceden a la salud pública creció tanto en el gran Rosario como en el gran Santa Fe. Esto va de la mano con el aumento del desempleo que subió al 13,6 y 7,8 %; y la suba de la subocupación que pasó del 9,6% al 12,2%; y del 9,8 al 12%. Esta situación afecta notablemente a mujeres y disidencias, más aún en contexto de pandemia, siendo que integran mayoritariamente los sectores que están en la primera línea como salud, la docencia, entre otros. A su vez, el 70 por ciento de los precarizados del Estado que heredó y mantiene Perotti son mujeres, sin derecho siquiera a la maternidad. En el territorio, aumentaron más de un 5 por ciento las llamadas por violencia de género a la línea 144. A la par de esta situación tanto la ciudad de Santa Fe como Rosario precarizan a trabajadoras que atienden los teléfonos, teniendo turnos de más de 12 horas para atender denuncias de importancia como violencia o desapariciones. Otro flagelo es la limitación al acceso a la IVE. En la “provincia modelo” han pasado gobiernos peronistas, socialistas y radicales, pero no se dio solución a ninguno de los problemas básicos de la salud sexual y reproductiva. Incluso han empeorado, llegando a límites extremos de violencia obstétrica y denuncia de familias por muertes de madres y bebes, como en el norte provincial. Esto en el marco de un preocupante aumento de los embarazos de niñas, abusos intrafamiliares y prostitución infanto-juvenil. La situación del centro de la provincia es similar: faltan anticonceptivos, hay ataques a los equipos que garantizan derechos, la imposibilidad de garantizar abortos quirúrgicos y la posterior derivación a Rosario, ambas zonas colapsadas por los casos de COVID que no dejan de aumentar. La conclusión es clara: estos gobiernos no dejan abortar ni tampoco ser madres. En los últimos días se replicaron denuncias y estallaron diversos casos de abuso sexual a menores. El epicentro fue en Rincón, pequeña localidad pegada a la capital provincial, pero ya tuvo eco en Santa Fe y Rafaela. Se dieron movilizaciones y cortes de calles en las distintas localidades. Esto sólo muestra que la situación no hizo más que empeorar, más allá de la cantidad de funcionarias u organismos de género que el ejecutivo intenta mostrar. El discurso del Gobierno provincial y del flamante Ministerio de Estado, Igualdad y Género, está escindido completamente de la realidad del territorio. No sólo porque son los ejecutores de despidos, precarización y explotación de mujeres trabajadoras, sino también porque son los responsables de la miseria, el hambre y la violencia que castiga a cada vez más personas. Por un movimiento de mujeres y disidencias independiente Desde el Plenario de Trabajadoras Tendencia tenemos una participación activa en la mesa NUM de Santa Fe y formamos parte de la organización de este encuentro. Realizamos dos plenarios con compañeras de Rosario, el Cordón Industrial, la capital y Reconquista, para definir una orientación e intervenir con un programa que abarque los principales aspectos de la situación actual: la pandemia, el hambre, el trabajo y la necesidad de organizarnos ante las nuevas medidas anti obreras que desplegarán después de las elecciones a nivel nacional y provincial. Este encuentro, con los límites de una orientación feminista muy diversa y con la participación de diferentes sectores, abre una posibilidad de organización y lucha común que tenemos que profundizar y replicar en todas las localidades de la provincia. La necesidad de autoconvocarse y organizarse es fundamental en este contexto, por lo que el próximo 2 de agosto en la primera reunión, propondremos que esta red sea independiente de los gobiernos y del Estado, que se convierta en una referencia de lucha en todo el territorio y encuentros y resoluciones provinciales.

En la mañana de este lunes, temprano, la noticia sacudía a toda la población. Dos operarios en estado grave fueron trasladados al Sanatorio Parque de Rosario. Uno de ellos debió esperar varias horas para que lo rescataran entre los escombros tapados de granos. Debió ser intubado para trasladarlo y sufrió el aplastamiento de sus piernas por pedazos de la construcción, al parecer de la sala de control u oficina. Hace una semana, en la Conferencia de Prensa de Política Obrera (Partido Obrero Tendencia), denunciábamos la depredación ambiental y laboral a que nos someten de manera directa e indirecta los grandes pulpos agroexportadores. Las muertes obreras tienen distintas causas, pero un factor común: la falta de escrúpulos del capitalismo para maximizar sus ganancias. Como ocurriera a lo largo de los 20 años, no hay granera/aceitera que no figure en la lista de obreros fallecidos. Vicentín, Renova, ACA, COFCO (ex Nidera), COFCO (ex Noble). Terminal 6 (AGD), la misma Bunge en el pasado reciente. Sólo por nombrar algunas. Siempre tratan de culpar a errores humanos de los obreros. En el caso de Bunge, estamos ante un problema ocultado por las patronales. Es el caso de cientos de silos verticales que están instalados en distintas plantas. Colapsó la estructura del silo, es decir “reventó” por el peso del grano. Los silos verticales tienen sensores cuando se llega al límite de acopio. Pero inclusive cuando rebalsa grano del silo, no debe colapsar. La diferencia entre la máxima cantidad de almacenamiento y el grano que rebalsa, como ocurrió en este caso, es muy poca, en cantidad de camiones o Tn/métrica. Este colapso estructural es una alarma para todos los obreros de las distintas empresas. Está denunciando la posible obsolescencia de algunos silos por deterioro, pero sobre todo por fatiga de los materiales. La carga física de los silos con el peso del grano almacenado a lo largo del tiempo, con variables muy grandes de la temperatura entre invierno y verano, etc. provocan que el metal resista menos presión. Por supuesto en este caso que puede resultar una prueba testigo, como en los otros “incidentes”, la ciencia hace muchas décadas que tiene dispositivos de todo tipo para prevenir y que no ocurra. Los dispositivos de seguridad en la era de la electrónica, cubren hasta el mal llamado “error humano”, para eso se inventaron. Alentamos la conformación de Comités Independientes Obreros, votados y revocables en Asamblea de cada Planta. Que las patronales financien todos los especialistas y dispositivos que sean necesarios, por y bajo control de estos Comité Independientes de Seguridad. Los Comités Mixtos de Seguridad creados por ley provincial, son un placebo ya que la patronal los integra en igual proporción y generalmente preside el Comité, con “voto de oro”. Estos Comités creados por la Ley 12913 promulgada en 2008, han demostrado ser una excusa para que la patronales “hagan como que se preocupan” por la seguridad e higiene. Otro tanto son las ART, que tendrían que controlar y no lo hacen para no perder un cliente. Derogación de la ley de ART, para que las patronales vuelvan a ser responsables directas. ¡Más que nunca, los obreros deben deliberar y resolver, tomar este flagelo en sus manos, porque les va la vida en ello! ¡Basta de muertes obreras! ¡Basta de depredación laboral y ambiental!

En el marco del paro convocado por Ademys, el colectivo “Docentes contra la Presencialidad en Pandemia”, con el apoyo de "Familias por el retorno seguro", realizó este lunes por la mañana un cartelazo y volanteada en el Obelisco. El objetivo fue repudiar la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de retomar la presencialidad plena en las aulas sin ni siquiera respetar el distanciamiento estipulado por los protocolos que el colectivo ya venía denunciando como "papel mojado". Para el gobierno porteño la pandemia ´ya fue´ y pretende apiñar a 30 o 40 niños por aula, en escuelas diezmadas por la desinversión educativa y sobresaturadas por la falta de vacantes histórica; retomar el horario total en jornadas simples y completas, abriendo el servicio de comedor en salones que carecen de condiciones mínimas sanitarias. Para garantizar la asistencia, el ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña sigue profundizando la política extorsiva sobre las familias que no envían a sus hijos a la escuela para preservar su salud, amenazándolas con la pérdida de la vacante y anunciando la suspensión de la entrega de bolsones de alimentos. Una política perversa, contraria a la salud y la vida. El mismo ministro Quirós dice que la llegada de la tercera ola es inevitable, mientras prolifera la variante Delta, mucho más contagiosa. Hay, en este momento, casi 800 casos diarios de covid en el distrito. "La inevitabilidad" que esgrime el ministro no es un producto 'natural'. Es producto de la política de apertura indiscriminada que llevan adelante todos los gobiernos en todas las ramas del trabajo al servicio de las grandes patronales a fin de levantar las licencias para los trabajadores a cargo de menores. La presencialidad escolar en particular y la movilidad de millones de personas que conlleva la misma son el detonante de los aumentos de contagios, del colapso sanitario y de la proliferación de nuevas cepas. La presencialidad "administrada" del gobierno nacional le da cobertura a Horacio Rodríguez Larreta. Estamos ante una política de administración de la enfermedad y la muerte. Los carteles y volantes repartidos en la acción del Obelisco por el colectivo de docentes y familias exigían la suspensión de las clases presenciales en pandemia, que el Estado garantice la conectividad y dispositivos para la virtualidad hasta que la vacunación alcance al porcentaje de la población que asegure la inmunidad de rebaño; licencias para las y los trabajadores con menores a cargo así como subsidios para todas las familias sub y desocupadas. En esta línea se van a seguir organizando y llamando al conjunto de la población a apoyar esta lucha en defensa de la salud y de la vida.

Estas elecciones legislativas se desarrollarán en medio de la ‘tercer ola’ de contagios, y habiendo superado las 100.000 muertes por Covid en el país. Menos del 18% de la población recibió las dos dosis de la vacuna y, según especialistas, la nueva variante Delta sería hasta un 60% más contagiosa, y aún resta ver la eficacia frente a la nueva cepa. La “nueva normalidad” que pretende montar el gobierno en base a la vacunación se cae por su propio peso. El régimen político gestiona la pandemia bajo los dictámenes del FMI y de los capitalistas. El presupuesto nacional ya votado no contempló la ‘segunda ola’ ni la ‘tercer ola’ en ciernes. Mientras el sistema de salud se encuentra colapsado y sus trabajadores super-explotados, el pago de los vencimientos de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas son una constante. La crisis sanitaria se enlaza a una crisis económica de características explosivas: el último año se han perdido 68 mil puestos de trabajo en el país. Frente a la falta de trabajo y la precarización laboral: Es inadmisible que los jóvenes del cordón industrial más importante del país nos encontremos desplazados de la industria y empleados en trabajos precarios (Uocra, Barrido y Limpieza, Carga y Descarga, Smata), con contratos temporarios, cuando no directamente ‘en negro’, mientras un porcentaje importante sufre el desempleo. Como si fuera poco, la mísera ayuda del IFE nos fue quitada durante los peores momentos de la pandemia Los despidos masivos y los cierres de fábricas fueron la constante en la última década: el vaciamiento empresarial de Ar-Zinc que dejó en la calle a 400 obreros y una fenomenal contaminación ambiental en Fray L. Beltrán, y más recientemente, los despidos ilegales en Buyatti –avalados por Reguera, De Grandis y Perotti- son claros ejemplos. Los despidos en medio de la pandemia demostraron que la ley anti-despidos de los Fernández era un ‘decorado’ que las patronales omitieron sistemáticamente. Los Fernández y el Estado en su conjunto han favorecido esta situación subsidiando a las empresas durante toda la pandemia (ATP, REPRO), otorgándoles ganancias fabulosas a las mismas patronales que luego despidieron o cerraron sus puertas. Bunge registró ganancias extraordinarias el último año, sin embargo, dos trabajadores resultaron heridos por el derrumbe de un silo en la planta de Puerto Gral. San Martín, dejando al descubierto la desidia patronal que opera en la lógica capitalista. El trabajo “cuentapropista” y en negro prolifera en el rubro gastronómico, en empleados de comercio y como repartidores, sin contar con seguro laboral, aportes patronales ni protocolos de salud en plena pandemia. La única manera de frenar la depredación laboral es mediante la organización socialista de la juventud trabajadora. Somos claves en la lucha por la defensa del trabajo, superando a las burocracias sindicales que funcionan como apéndices de las patronales y el gobierno. La huelga y la movilización, son los métodos que han demostrado ser exitosos en la lucha por la reincorporación de trabajadores y por los aumentos salariales: así fue en la huelga aceitera de fines del 2020 que conquistó un salario igual a la canasta básica familiar. La cuestión de la educación: Los estudiantes de todos los niveles educativos estamos imposibilitados de mantener en regla nuestros estudios a causa de la desocupación y la pérdida del sustento económico en nuestras familias. A lo que se suma la falta de subsidios y becas. La mayoría nos vimos perjudicados por la falta de equipamiento para conectarnos virtualmente, a la par que nuestros docentes son sometidos a condiciones de sobre-explotación con salarios por debajo de la línea de pobreza. A punto de comenzar el segundo cuatrimestre, las autoridades en la educación superior incentivan la vuelta a las aulas. Esta tentativa va en sintonía con la política de Perotti, la ministra de Salud Martorano y la ministra de educación Cantero, quienes, frente a un “amesetamiento de la curva”, retornaron rápidamente a la presencialidad en primaria y secundaria. Todo esto cuando recién estamos recibiendo la primera dosis de la vacuna. Con el riesgo de una tercera ola y la aparición de nuevas cepas, hablar de una vuelta a las aulas es sencillamente criminal, más aún para muchos jóvenes que viajaríamos para cursar en la UNR corriendo el riesgo de contagiarnos en colectivos en estado de hacinamiento. De esto se desprende la necesidad de organizarnos en todos los lugares de estudios en contra de la presencialidad criminal, por el equipamiento para cursar en forma virtual, conexión gratuita y becas. ¡Compañeras y compañeros, vamos con las listas de Política Obrera! Votar y participar en la campaña de Política Obrera significa apoyar tribunos obreros y socialistas que defiendan los intereses de la juventud trabajadora en el Cordón Industrial: Laura Alonso Herrera en Baigorria, Jorgelina Signa en Bermúdez, Martín Gauna en Beltrán, Luis “Cacho” Calarota en San Lorenzo. Los jóvenes que nos organizamos en los lugares de trabajo y estudio en defensa de los derechos laborales, por el derecho a estudiar sin correr el riesgo de contagiarnos, por becas e insumos que nos permitan cursar de forma virtual; contra los ataques anti-obreros del gobierno y las autoridades educativas, llamamos a apoyar las listas de Política Obrera como expresión de una misma lucha. Instagram: @ujstendenciaci Facebook: Ujs PO Cordón Industrial

El pasado lunes 2 de agosto, en el marco del paro que habíamos votado en forma previa al receso escolar, se desarrolló una asamblea docente convocada por Ademys. Sus resoluciones fueron las de llevar adelante un paro por 24hs el próximo lunes 9, impulsar asambleas por escuelas y con familias y acciones por distritos. Esta propuesta fue postulada por la Multicolor en la CD del sindicato. En la misma, además, incluyeron la ratificación de los “10 puntos por el retorno seguro” y la defensa del “índice epidemiológico” para “determinar el riesgo de las aperturas”. El escenario que atravesamos los y las trabajadores de la educación, los estudiantes y las familias es una avanzada del gobierno porteño de la mano de la nueva “normalidad”, reclamada por el arco empresarial. Amparado en la presencialidad que sostiene el gobierno nacional, Larreta pretende avanzar con una presencialidad plena en los tres niveles educativos y todas las modalidades. Esta pretensión choca con una realidad histórica de las escuelas en cuanto a deficiencias edilicias, aúlicas y otras cuestiones de infraestructura que han recrudecido con la pandemia en curso. Asamblea Diferentes posiciones fueron colocadas en las intervenciones, frente 150 asistentes a la asamblea. La posición de la Multicolor en el CD fue la de seguir sosteniendo el “retorno seguro”, haciendo eje en la necesidad de perpetuar los protocolos y apelando a los índices epidemiológicos para la suspensión -o no- de las clases presenciales. Esta posición implica aguardar a que la situación llegue al borde del colapso y, recién ahí, exigir la suspensión; además, está claro que no hay ningún retorno “seguro” o “cuidado” en este contexto epidemiológico y en puertas de la tercera ola. La variante delta está forzando al confinamiento en vastas regiones a nivel mundial. La presencialidad escolar (inclusive con esos protocolos), detonó la llegada de la segunda ola a comienzos de año. Hay evidencia de sobra. Recordemos, por otra parte, que incluso el ministro de Larreta, Quirós, calificó la llegada de una tercera ola como “inevitable”. La propuesta de Tribuna Docente Tendencia y Docentes en Clase (agrupación que integra la CD del sindicato) fue denunciar que la presencialidad está directamente conectada con el aumento de los contagios, la proliferación de nuevas cepas y el colapso sanitario; y que la presencialidad es el reclamo de las patronales de la educación privada para seguir cobrando sus aranceles y de las patronales en general, para no pagar licencias por el cuidado de hijos. Por todas estas consideraciones, señalamos, debíamos retomar el camino de la lucha por la suspensión de las clases presenciales en pandemia. Como medidas, y sumando la problemática salarial al cuadro de situación, propusimos el desarrollo de paros progresivos, comenzando con 48 horas de huelga la semana próxima y una nueva asamblea para definir continuidad. Mientras tanto, la UTE ha “organizado” plenarios por sector, con nula difusión y participación de las bases. Para intentar disimular su inacción frente a la adaptación absoluta a la política gubernamental nacional, el lunes -en el marco de un paro que no convocaron-, se hicieron presentes en la Jefatura del GCBA para presentar un escrito con firmas en contra del abandono de los protocolos por parte del gobierno porteño. Una puesta en escena fantasmal, repudiada por un amplio sector de la docencia. La lucha continúa En las escuelas, sin embargo, crece aún más la preocupación por el contexto que atravesamos. Es necesario el desarrollo de asambleas por escuelas, distritos, sectores y con familias que debatan estos problemas, con el norte de la suspensión. Desde Tribuna Docente Tendencia reivindicamos el paro del 2 de agosto, pero hacemos una crítica a los paros aislados que se proponen. Al contrario, creemos que hay que construir una perspectiva de la mano de los paros progresivos y señalando con claridad todos los problemas que implica la presencialidad escolar para el conjunto de la sociedad, en este contexto epidemiológico, organizando la lucha por la suspensión y el reclamo de que el estado garantice la educación virtual, licencias para todos/as los/as trabajadores con menores a cargo y la vacunación masiva. A su vez, sigue vigente la lucha por el salario igual a la canasta familiar, el aumento de emergencia del 50% y la lucha contra los descuentos por días de paro que hay vuelto a sufrir centenares de compañeros y compañeras con el pago de la última liquidación de haberes.

La prensa internacional se ha hecho eco de un nuevo brote, ocasionado por el ingreso de la variante Delta, en China. Incluso, la ciudad de Wuhan - señalada como cuna del virus - ha presentado una decena de casos sintomáticos, alarmando a las autoridades. El foco de los contagios habría sido un grupo de trabajadores de limpieza del aeropuerto internacional de Nanjing el 10 de julio. El virus habría sido un pasajero no deseado de un avión que provenía de Rusia. Rápidamente este foco se expandió a más de 20 ciudades y 12 provincias, ocasionando un aislamiento de millones de personas así como prácticamente un auto-sitio de Beijing, donde se detectaron más de 20 casos de transmisión local. A nivel país se registran más de 360 casos desde el 10 de julio. Los contagiados son, en su mayoría, personas que han sido completamente inoculados, es decir, con dos dosis. Sin embargo, las autoridades se consuelan porque el virus ha tenido una expansión lenta, lo que sería una demostración de la seguridad que aportan las vacunas. Otros focos importantes han sido los lugares turísticos, en China se encuentra la temporada alta de verano, lo cual ha puesto en jaque el plan de reactivación total de la economía impulsado por el Partido Comunista Chino (PCCh), luego de reducir a prácticamente cero los casos locales. Sin embargo, China sigue siendo frágil a una “desestabilización” externa, esto es la apertura económica y la circulación masiva de los habitantes así como la recepción de turistas extranjeros y otros pasajeros demuestra el carácter internacional, por un lado, de la pandemia así como su origen social, por el otro. No existe ninguna inmunización efectiva que no contemple a la población mundial en su conjunto. A esto debe agregarse que una de las zonas más comprometidas por el actual brote es Zhengzhou, la capital de la provincia central de Henan. Donde han aparecido más de 50 contagios confirmados y hace pocos días ha sucedido una inundación que ha dejado un saldo de 302 muertos y 50 desaparecidos. Justamente se asocia este crecimiento de contagios a los “impactos perjudiciales en los esfuerzos de control del coronavirus del hospital causados ​​por la tormenta”. (FT, 03/08) De esta manera, China comienza a enfrentar las contradicciones de la política de apertura económica. Incluso en países que daban por ganada la victoria contra el virus y asociaban esto al éxito de su política. El exitismo suele ser una política liquidacionista en política, más aún cuando se trata del manejo de una pandemia y que no se conocen las consecuencias ni el desarrollo final de la misma. Lejos de cualquier éxito China es presa de su política de restauración capitalista que ha sido una gran liquidadora de todas las conquistas de la revolución del ´49. Y ha sido el abandono de la política oficial, cuarentenas estrictas con testeos masivos, y no la continuidad de su política, la de la acumulación capitalista la que ha dado un golpe virulento a la circulación del virus. Ahora las autoridades se comprometen “a luchar a cualquier costo contra el virus”. Es justamente lo que se han negado sistemáticamente a realizar los Estados en el mundo, por el contrario, han rescatado por millones a los capitalistas. E incluso han realizado jugosos negociados con las asistencias a la población. El gobierno chino bien sabe que la población no toleraría una nueva expansión del virus, es lo que ha sucedido en múltiples países que se han sublevado contra el manejo de la pandemia por parte de sus gobiernos. El proceso de restauración anida en su interior un choque brutal entre las masas y la burocracia gobernante. La variante se ha colado no por la ventana sino por la puerta de entrada, el desarrollo de esta crisis está ligado a una de características aún mayor cuando se agoten los recursos de contención que hoy despliega el gobierno chino contra el virus.

Ya no quedan dudas de que la tercera ola se instaló en Córdoba y, con ella, la variante Delta, que ya cuenta, al menos, con 250 aislados y 23 contagios, burbujas aisladas y 4 colegios involucrados, incrementándose de manera constante los caso de contagios. Haciendo caso omiso a la información que a diario llega de la situación mundial con respecto al desarrollo de la pandemia, el gobierno de Schiaretti sigue firme en su campaña: Córdoba avanza y no debe parar, así como la política aperturista que se ve reflejada en el AMBA y el resto del país. Como podemos apreciar, Schiaretti no se diferencia de Kicillof o Larreta. La lucha de los docentes y familias derivó en la suspensión de la presencialidad donde se reflejó una reducción de 5.000 casos diarios a la mitad. Sin embargo, sigue siendo un número alto teniendo en cuenta que las camas de UTI todavía siguen ocupadas en un importante porcentaje. Con estos datos, la llegada de la tercera ola va a propiciar una mayor catástrofe. “El virus no se mueve si vos no te movés”, frase que forma parte de la campaña de prevención del gobierno. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. En todos los niveles se incrementó una hora más de escolaridad y 6° y 3° año del secundario unificarán burbujas a partir del 2 de agosto, lo que implicará mayor circulación de personas. Toda una contradicción. Volver para retroceder e impactar de lleno en la salud física y emocional de la comunidad educativa. El retorno a la presencialidad no tiene como objetivo la tan promocionada continuidad pedagógica. Docentes y estudiantes afirmamos que el “novedoso formato” impulsado por el gobierno Nacional y provincial no ha hecho más que dejar a muchos chicos y chicas fuera del sistema. La calidad y la igualdad educativa no se concretó no por responsabilidad de los docentes que doblegaron sus esfuerzos con su dinero y su tiempo sino por una desidia del gobierno de poner su mirada en otro lado. Mientras docentes y familias hacen el esfuerzo para sostener la educación, el gobierno de Schiaretti y el gobierno nacional siguen el libreto del FMI que plantea que hay que convivir con el virus, a pesar de que, el cordobés, a través de la Sec. de prevención y promoción de la salud afirma que está comprobado científicamente que la variante Delta “es altamente transmisible, superior a lo que son otras variantes, por lo tanto es importante seguir instando a la población para que se vacune para evitar el desarrollo de un cuadro grave o fatal”. Por su parte, el gremio no deja de sorprender con sus comunicados: “Hay que ser prudentes y no generar más preocupación ni miedo, sino conciencia de que la pandemia no ha pasado y que debemos seguir siendo cuidadosos y cumplir con las recomendaciones sanitarias”, y aclara, “los protocolos sanitarios están plenamente vigentes. Nosotros ponemos el centro en que se cumplan de forma estricta, que estén los insumos y que la ciudadanía acompañe en el cuidado sobre todo en las actividades periescolares”. Con estas declaraciones ya no quedan dudas de que, a UEPC, no le interesan ni los docentes ni las familias de los estudiantes. Quedó en evidencia que no existe protocolo seguro ni medidas que impidan que los contagios no sucedan. Nuevos desafíos Ante esta situación donde el gobierno va a profundizar la política aperturista y presencial, desde el comité de docentes y familias por la salud y la educación impulsamos un plenario el sábado 31 de julio donde resolvimos realizar las siguientes iniciativas para redoblar nuestra campaña contra la presencialidad. Consideramos que nuestra lucha no se puede limitar a Córdoba. Se trata de una lucha nacional: la política de Schiaretti no se diferencia de la Larreta o Kicillof. Por eso, llamamos todos los docentes, familias, comités y sindicatos a que se sumen a una lucha nacional contra la presencialidad escolar en defensa de nuestra salud, salario y educación.

Desde este lunes, la tarifa de colectivo en la ciudad de Rosario habrá pasado de $45 a $49,50, lo que representa un 10 % de aumento y el segundo en lo que va del año. El intendente Javkin y el conjunto de los bloques políticos que habitan el Concejo Deliberante aprobaron hace un año la “emergencia en el transporte”, lo que significó para los rosarinos un recorte de líneas que desconectó a gran cantidad de los barrios del centro de la ciudad, además de que reforzó los “superpoderes” del intendente para aumentar el boleto dos veces al año bajo su exclusiva discreción. Este decreto a medida de las patronales no tuvo diferencia de colores ni pelaje a la hora de votarlo, y como señalamos en las páginas de Política Obrera, desde el Frente Progresista en sus diferentes variantes, pasando por el PJ y Juntos por el Cambio y hasta los “centro-izquierdistas” de Ciudad Futura, levantaron la mano contra el bolsillo de los rosarinos. La secretaria de Movilidad y Transporte, Eva Jokanovich, ha manifestado una sentencia que no se le escapa a ningún rosarino: “la realidad es que el servicio no se puede sostener”. Las empresas que regentean el transporte local (Movi, Cacique Ros Rosario Bus) a través del Ente de Movilidad de Rosario han manifestado que el último “estudio de costos” realizado por el organismo coloca el boleto en $163. Aducen que la inflación, el aumento de los costos de los combustibles, el aumento de salario para los choferes y la baja cantidad de pasajeros que usaron el transporte durante la pandemia funcionan como factores para justificar el tarifazo. Esta reacción de las empresas prestadoras del servicio se dio automáticamente de que en Córdoba las patronales del transporte ubiquen su tarifa a $50. Las patronales han buscado hacer pasar el tarifazo como parte de la imposibilidad de hacer funcionar el transporte con la cantidad de subsidios que reciben de nación. Reclaman que la tarifa de $18 que se sostiene en Capital Federal es inviable de sostener en las provincias, que se verían obligadas a aumentar por lo menos dos veces al año. La realidad es otra. Las patronales del transporte local se han visto beneficiadas por subsidios multimillonarios, que no han ido a parar ni a el bolsillo de los choferes (que están en constante conflicto y alerta por el incumplimiento de la liquidación de los salarios) ni a la mejora de las unidades, que como advertimos, han sido recortadas en medio de una pandemia. Lo que las empresas pretenden es cargar sobre las espaldas de los trabajadores de la ciudad que utilizan el servicio el peso de la enorme crisis económica que vive la Provincia y la ciudad durante de la pandemia. Su política y la de los partidos del régimen es trasladar esas pérdidas al bolsillo de los trabajadores. Rosario y el Gran Rosario, en medio del cuadro electoral, viven horas críticas por la enorme miseria, desocupación y hambre que vive la población. Toda medida confiscatoria al salario y al bolsillo popular debe ser rechazada y combatida mediante la movilización de los trabajadores y usuarios, que deben trabajar en un frente común contra las patronales responsables de esta situación. Los libros contables de las empresas deben ser abiertos para corroborar cual fue la verdadera ruta de los subsidios. Estas empresas privadas son las responsables de tener en vilo constantemente a miles de trabajadores rosarinos que viajan en transporte público. El servicio debe ser estatizado bajo control de trabajadores y usuarios. La tendencia a la coordinación de las luchas se debe profundizar. Unificar los reclamos de los docentes, estatales, profesionales de la salud, choferes y trabajadores precarios es una tarea fundamental para el movimiento obrero de la región.

El jueves 29 de julio se cerró el acuerdo de las paritarias del gremio de Sanidad. Ese mismo jueves se había levantado un paro programado de 24 horas, luego de que el Ministerio de Trabajo prorrogara la conciliación obligatoria. El acuerdo es de un 45 % en 4 cuotas, cobrándose la última en febrero del 2022, con cláusula de revisión. Debajo de la canasta familiar Basta con ver las grillas salariales de los acuerdos firmados por FATSA para ver que los salarios continuarán estando por debajo de la canasta básica familiar y rozando la línea de pobreza. En febrero de 2022 los salarios van a superar los $80.000 mientras el costo de la canasta básica familiar está valorizada hoy en $140.000. Las cuotas congelan la pobreza porque son absorbidas por la inflación mes a mes que proyecta anualmente un 50%. No hay aumento. Al acuerdo se le suma un pobre bono por el día de la Sanidad de $4.100, menor al otorgado por decreto por el Gobierno Nacional y a los obtenidos por los gremios de actividades no esenciales. Pese a que la Celeste y Blanca presente con bombos y platillos el acuerdo, es insuficiente por donde se lo mire. Participación y burocracia sindical Uno de los datos más importante de estas paritarias de sanidad, es la intervención de los trabajadores y trabajadoras. Además de la enorme adhesión al paro del 23 de julio, se volcaron a las calles masivamente para visibilizar el reclamo. Si bien el plan de lucha fue convocado por la conducción Celeste y Blanca, a la medida de las necesidades patronales que pretendían que se les autorice un aumento de las cuotas de las prepagas; a diferencia de otros años en los que esperamos las noticias por Facebook, esta vez fuimos verdaderos y verdaderas protagonistas. El antecedente a la lucha por la paritaria 2021 se encuentra en el masivo paro del 26 de marzo por la cláusula de revisión que las patronales de la salud privada se negaban a abrir, a cuenta de que se otorgue la autorización para aumentar los aranceles. Pero ese paro fue masivo y en las asambleas “informativas” se colaban inquietudes y pedidos de los trabajadores y trabajadoras que veían un gremio ausente, en lo que va de pandemia. Con este antecedente a cuestas, la Celeste y Blanca se dispuso a ir a un desgaste por medio de idas y vueltas, anunciando un paro para el 1 y 2 de julio que luego suspendió horas antes, cuando el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación. Pero la presión de las bases los obligó a convocar movilizaciones ese mismo día, a regañadientes y anunciadas con poco tiempo de anticipación. Finalmente llegamos al paro del 23, con cortes de avenidas en los principales sanatorios de la CABA y con manifestaciones en todo el país. En los cortes asomaban carteles hechos a mano, y trabajadores, por fuera de la típica batucada del gremio, agitando con lo que haga ruido, superando lo que podría llamarse un paro de aparatos. Todos los trabajadores de la ciudad vieron al personal de salud luchando y manifestaron su solidaridad. La conducción logró mandar al freezer la enorme fuerza lograda. Convoca a un “plenario” de delegados para anunciar un paro de 24 horas para el jueves 29, con 3 días de anticipación para que las patronales puedan hacer y deshacer. Es decir, la burocracia convoca un paro cuyo objetivo es meterle presión al gobierno para que suban los aranceles que reclaman las patronales y su destino era que sea levantado. Si el paro fuera por los salarios, el paro se convocaría al otro día para que las patronales tengan que responder. Así y todo, este desgaste y manoseo por parte del Gremio a los trabajadores, delegados y comisiones internas; el anuncio de un paro de 24 horas fue arrancado por las bases, que veníamos discutiendo cómo seguir después del paro de 4 horas por turno del 23 de julio. A nadie le quedaba ninguna duda de que las medidas debían profundizarse. En un nuevo plenario de delegados de urgencia, Héctor Daer levantó el paro que selló el 45% y el aumento de los aranceles para las patronales, mientras que en el chat que finalmente la dirección del gremio tuvo que habilitar se proponían movilizaciones que el mismo Daer iba rechazando. Del acuerdo nos enteramos ese mismo jueves por los medios de comunicación. Ningún “plenario” dio voz a los delegados, todas las acciones del gremio fueron inconsultas con su base. Los trabajadores de sanidad, quienes hace muchos años no se encontraban frente a una lucha de estas características, nos topamos con una burocracia alejada de todo interés de los trabajadores y trabajadoras, que hizo y deshizo como quiso sin consultar, una burocracia que se construye sobre el peor de los métodos antidemocráticos. Un delegado o delegada, democrático y combativo, sabe el enorme esfuerzo que conlleva organizar un paro, convocar asambleas, hablar con sus compañeros, y ganarlos a la lucha. Estas idas y vueltas del sindicato buscan un desgaste ya que genera un cuadro de incertidumbre entre compañeros y compañeras. El enorme interés por intervenir en la negociación salarial y por luchar por un sueldo digno, sumó a una nueva camada de trabajadores luchadores en el gremio de la sanidad. La conducción Celeste y Blanca y las patronales detectaron esto, por esto se levanta el paro y prefirieron continuar las negociaciones entre cuatro paredes. Conclusiones El enorme enojo que se canalizó en la lucha salarial, es el enojo por los compañeros que fallecieron a causa de covid, los contagios masivos producto de la negligencia patronal, el incumplimiento de protocolos, la sobre exigencia por sobre los trabajadores y trabajadoras, las contrataciones precarias, todo esto a cambio de salarios de pobreza. El paro fue la oportunidad de desquitar esta bronca y de expresar la importancia que el trabajador y la trabajadora de la salud reviste para la sociedad. El “exigimos lo que nos corresponde” fue tomado como la consigna para esta lucha que seguramente se revitalizará y crecerá con nuevos reclamos al compás que se agrava la situación con el advenimiento de la variante Delta. La experiencia de esta enorme lucha nos deja una perspectiva: es necesario reforzar la organización en cada clínica y sanatorio con la experiencia acumulada para partir de nuevas bases en la próxima y temprana lucha. Un paso al frente de todos los nuevos activistas y luchadores del gremio para correr a la burocracia sindical con nuevos y nuevas delegadas, para avanzar en la conformación de comisiones internas democráticas y combativas, para lograr nuestros reclamos, en la perspectiva de una nueva conducción en el gremio de la sanidad, al servicio de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.

Distintos economistas salieron a agitar en los últimos días la bandera de un “plan antiinflacionario” para después de las elecciones. Un economista ligado al oficialismo, como Alvarez Agis, señaló que “desde la convertibilidad no hay un plan antiinflacionario serio” (sic), sin detenerse, claro, en la bancarrota del 2001. Los partidarios de un retorno al 1 a 1 aluden a la escalada inflacionaria que ya supera al 50% anual, y se acercará al 60% con las prepagas y las subas de tarifas que se reservan para después de las elecciones. Por supuesto, no se privan de lamentarse por la ´erosión de los ingresos de la población´. Pero no dicen en qué situación encontraría un “plan de estabilización” a los salarios y a las jubilaciones. El salario real actual es el más bajo de los últimos 18 años, o sea que está por debajo de los niveles catastróficos del período posterior a la bancarrota de 2001/2002. Lo mismo ocurre con las jubilaciones, las cuales apenas cubren el 35% de la canasta básica del trabajador pasivo. Como pasó con otros planes de “estabilización”, el que pergeñan algunos para después de noviembre encontraría a los ingresos del trabajo en estado de demolición, y tendría el claro propósito de consolidar en el tiempo ese estado de cosas. La inflación de la pandemia ha sido, bajo todo punto de vista, una inflación de beneficios: el Estado financió el gasto “pandémico” remunerando a los bancos con un 40% de interés por la absorción de los pesos que emitía. Y destinó 3 de cada 4 pesos de esa “asistencia” al capital. Así, los capitalistas se “posicionaron” en dólares, mientras los salarios y jubilaciones se desindexaban. Ahora, los “estabilizadores” quieren que esta confiscación social se perpetúe en el tiempo. Por ahora, el ministro Guzmán se demarca de los antiguos “planes de estabilización”. Los critica porque habrían tenido un alcance “sólo cambiario” , y porque tuvieron lugar en “marcos inestables”. Lo que reclama el ministro, sin decirlo, es que la “estabilidad” venga acompañada de las “reformas estructurales” , que se encuentran en la agenda del acuerdo que discute con el Fondo Monetario Internacional. Para que el presupuesto público resulte garante de una estabilización, debería cristalizarse una regresión social inédita, a la cual ha aportado fuertemente el gobierno “nacional y popular”. En efecto: el “1 a 1” con el que sueñan algunos consolidaría la pobreza del 50% y una desocupación real del 20%, presionando fuertemente sobre los salarios. Sin embargo, los economistas señalan que subsiste un problema de “organización” o “institucional” para que el ajuste se consolide. Aluden, sin nombrarla, a una clase obrera que podría revertir con su lucha los actuales retrocesos. Por eso, y junto a la liquidación definitiva del sistema jubilatorio, la agenda del acuerdo con el Fondo prevé un sistema “estable” y legal de precarización laboral. Los partidarios de la ´estabilización´ reclaman dotar al Banco Central de un colchón de reservas. El acuerdo con el FMI, por lo tanto, debería inaugurar un retorno al financiamiento internacional, o sea, la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento. Ello plantea también partir de salarios y jubilaciones fuertemente desvalorizados en dólares. Los voceros y técnicos del gran capital fantasean con aprovechar de este modo la liquidez internacional y la recuperación de los precios mundiales de las materias primas. Pero a medida que esa tendencia se acelera, los analistas remarcan el carácter especulativo e inflacionario de la pretendida recuperación global. La tasa de interés internacional podría remontar la curva, precisamente, en las vísperas de la supuesta “estabilización” argentina. Los aprendices de brujo “nacionales y populares” nos prometen algo demasiado parecido al macrismo de 2016-2017, y al mismo tiempo, no desconocen sus consecuencias. La campaña electoral no es ajena a esta elucubraciones económicas. Los que, desde los dos lados de la grieta, prometen “normalizar la economía” para ocuparse después de los ingresos del trabajo, saben muy bien que esa “normalización” exige la consolidación de un escenario histórico de miseria social en el país. El “crédito internacional” reclama la colonización definitiva del presupuesto público del país, y una regresión social a un siglo vista. En oposición a ello, Política Obrera reivindica la lucha por un salario mínimo que asegure la canasta familiar, hoy en 120.000 pesos, y jubilaciones del 82% móvil sobre el último salario percibido. La rebelión popular que inevitablemente engendrarán los supuestos “estabilizadores” levantará estas reivindicaciones elementales, como punto de partida de una reorganización social general. VER MÁS

Sheikh Jarrah es un barrio palestino en Jerusalén Este, a unos 2 kilómetros al norte de la Ciudad Vieja. El barrio se asienta fuera de los muros de la ciudad vieja. Israel ocupó Jerusalén Este durante la guerra de los Seis Días en 1967 y la anexó. Tras la declaración de la ciudad como su capital, anunciada pomposamente por Trump y Netanhayu, ambos acusados hoy de crímenes y corrupción, Israel considera ese barrio como una parte más de Jerusalén. El proceso de aparheid y colonización implica los desalojos de miles de familias y la ocupación por parte de colonos israelíes. Grupos israelíes de derechos señalan que hay más de 1.000 personas están en riesgo de desahucio (apnews, 3/8). Tras varias postergaciones, una nueva orden de desalojo pesa sobre un conjunto de familias del barrio, que reactivó las alarmas locales e internacionales. Esto se debe a la importancia reciente de este tipo de acciones de colonización del sionismo. Los desalojos ejecutados por las tropas de ocupación en Jerusalén el pasado mayo, junto a las incursiones violentas de las fuerzas israelíes al interior de la mezquita de Al-Aqsa durante el Ramadán, fueron la chispa que desencadenó la reciente guerra en Gaza y generaron solidaridad internacional y de los propios habitantes judíos con las familias palestinas a las que grupos de colonos y el Estado intentan desalojar. Se produjo una huelga general y una rebelión popular que escapó al control de la Autoridad Palestina, Hamas y el gobierno israelí, por lo que los bombardeos debieron ser detenidos. Para muchos en Israel la amenaza estratégica más importante para el país es la política de ocupación continua de los territorios en Cisjordania. El actual gobierno de coalición liderado por Naftali Bennett, el millonario derechista, incluye a tres partidos aliados de los colonos y una pequeña facción islamista, y esta será la prueba de fuego de su estabilidad política. El gobierno ha intentado dejar de lado las cuestiones palestinas para evitar fracturas internas, que sin embargo, explotan en su cara. La jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamamiento a Israel para que no ejecute ningún desalojo en Sheikh Jarrah, advirtiendo que una acción de este tipo podría constituir un “crimen de guerra” bajo la legislación internacional. Biden y la “comunidad internacional”, reconocen que de avanzar este proceso, puede nuevamente impulsar la movilización que tanto AP como el gobierno de coalición serían incapaces de detener, como así el proceso de acuerdos más generales que incluyen el acuerdo nuclear con Irán. Arbitraje de la Corte Suprema, apartheid y rebelión popular La Corte Suprema de Israel, cuyo anterior fallo a favor de los colonos israelíes encendió la llama de la rebelión, ofreció un acuerdo a los residentes palestinos del barrio para impedir su desalojo forzado por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, con la condición de que paguen “regularmente el alquiler” a un grupo de colonos judíos que se atribuyen la propiedad de los inmuebles. Los casos examinados el lunes afectaban a cuatro familias palestinas que agrupan a un total de unas 70 personas. La ley israelí permite a los judíos reclamar la propiedad de judíos antes de la guerra de 1948, pero prohíbe a los palestinos recuperar la propiedad que perdieron en la misma guerra, incluso si todavía residen en áreas controladas por Israel. Los palestinos no pueden recuperar los que eran sus hogares en la parte oeste de la ciudad antes de 1948. Tras la retirada británica de Palestina el 14 de mayo de 1948, el grupo paramilitar sionista “Irgún” logró invadir el barrio, pero el 19 de mayo de 1948, las fuerzas árabes reconquistaron Sheikh Jarrah. Es por eso que las familias palestinas reclaman el derecho de propiedad de ese barrio, que luego fue ocupado militarmente, en diferentes períodos, por las tropas israelíes. Como era de esperarse, las familias palestinas rechazaron el acuerdo ya que son los propietarios legales de esas casas. La propuesta de la Corte es un mecanismo de colonización y de expulsión, ya que reconoce como propietarios a los usurpadores y como inquilinos a los legítimos habitantes de ese histórico barrio. De no poder pagar el alquiler, estas familias serían expulsadas “legalmente” de sus casas. Una familia palestina indica “Viviríamos a merced de los colonos, pagaríamos alquiler para vivir en nuestros propios hogares y tendríamos que soportar todo tipo de arbitrariedades” (ídem). El abogado de las familias rechazó los reclamos de los israelíes sobre las propiedades. Indicó que “si una resolución viniera de la corte, tal vez no con una declaración completa sobre los derechos palestinos, puede ser algo satisfactorio para las familias palestinas” (BBC, ídem). Los palestinos ven el caso como parte de “un movimiento más amplio de los colonos israelíes para apoderarse de los hogares palestinos en Jerusalén Este, que los primeros reclaman como la capital de un Estado independiente aún por crear” (BBC, 3/8). En 2003, los derechos a la tierra donde viven en Sheikh Jarrah fueron comprados por una organización judía que planea desarrollar el área para asentamientos judíos. “El grupo israelí de derechos B’Tselem y la organización con base en Nueva York Human Rights Watch señalaron a esas políticas como ejemplo para afirmar que el país ha adoptado un régimen de apartheid” (apnews, 3/8). El gobierno de coalición se ha propuesto la reconstrucción de Gaza, una medida para aplacar los ánimos y tratar de no perder el sustento de la Autoridad Palestina, desbordada por las movilizaciones populares. Sin embargo, este proceso de arbitraje inestable entre las facciones árabes, colonos e israelíes del gobierno, puede desencadenar no sólo un nuevo rechazo popular que vuelva a unificar a las masas árabes e israelíes en la lucha conjunta contra la ocupación y el apartheid, como también la disolución del inestable régimen político.

El martes 3 de agosto, la Federación de empleados de comercio (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca), firmaron un reajuste paritario. El acuerdo consiste en agregar al firmado en abril una “gratificación extraordinaria” por única vez de $4.000 a cobrar durante la segunda quincena de agosto y un “incremento” de 9% a partir de noviembre. Ambas cifras son no remunerativas, por lo cual no se computan con el presentismo, antigüedad, adicional cajero ni sobre el aguinaldo de diciembre. Simultáneamente, se acordó la prórroga hasta diciembre de las suspensiones (art. 223 bis de LCT), de esta manera seguirán cobrando el salario reducido y se mantiene la cláusula de revisión para enero 2022. ¿Qué significa para los trabajadores este acuerdo paritario? Para nuestro bolsillo no significa ningún aumento frente a la inflación. Ayer mismo el Indec informó que los precios subieron 3,2% en junio; 25,3% en el primer semestre y 50,2% en los últimos 12 meses. En agosto, la inflación del 29% que había anticipado Martín Guzmán para este año en el presupuesto, ya habrá sido superada. Se estima una inflación superior al 50% anual. Los trabajadores de comercio venimos perdiendo un 10% del salario anualmente desde hace cinco años, entre paritarias y la devaluación del peso. Nuestro salario apenas cubre el 50% de la canasta básica familiar, hoy en $120.000, en un cuadro de mayores despidos y suspensiones en el gremio y una desocupación del 20%, que presionan fuertemente al salario. Nuevamente la paritaria se firma “A través de la vía del diálogo”, dice Cavalieri, remarcando que estos acuerdos y negociaciones se hacen a espaldas de los trabajadores y sin lucha alguna, cuando tendrían que llevarse adelante debates en todos los lugares de trabajo mediante asambleas que mandaten nuestros reclamos salariales y de condiciones de trabajo y el plan de acción necesario para conquistarlos. Contrariamente con la función que debe cumplir un sindicato, evade la organización para seguir beneficiando a las patronales. Hay una fuerte presión de las bases mercantiles que, en defensa de la salud y la vida en medio de una crisis humanitaria que ha expuesto la pandemia, desde el año pasado no han dejado de ser noticia los cientos de reclamos, protestas y medidas de fuerzas que recorrieron el país. Por los protocolos contra el Covid, por el cierre de los shopping, por la no presencialidad en las call center, por la reducción de la jornada laboral, por el plus por insalubridad que consiguieron los trabajadores de algunos mercados, por imponer el límite de clientes, las retención de tareas y cierres de los mercados por contagios e incluso la apertura de paritarias del año pasado y la más reciente la pelea que están llevando adelante los trabajadores de Garbarino contra los despidos y el reclamo de salario adeudados. Esto es lo que sirvió de presión a Cavalieri y la oposición burocrática, que tardíamente se colgaron del carro y no por un interés genuino de organizar a los trabajadores para obtener mejores condiciones laborales y salariales, más bien porque se avecinan las elecciones del 2022. Las “medidas” que llevaron adelante como la movilización del 26 de julio de la mano de Ramón Muerza y del sindicato del Cis-CTA no fueron más que un globo de ensayo. Mientras ellos se pelean por nuestro voto, nosotros tenemos que ponerlos en jaque y exponerlos por lo que son, defensores de los intereses de las patronales, que utilizan los mismos métodos podridos que la burocracia sindical oficialista. La defensa del salario, de la salud y de mejores condiciones laborales solo pueden ser garantizadas si están en nuestras manos. Debemos recuperar el sindicato para los trabajadores, desarrollando las autoconvocatorias y coordinadoras.

HBO lanzó el documental “Woodstock 99: Peace, love and rage” (“Woodstock 99: Paz, amor y furia”), dirigido por Garret Price, que trata sobre el festival que intentó emular el espíritu ´flower power´ del original, realizado en 1969, pero terminó con la destrucción total de las instalaciones, reducidas a cenizas luego de que gran parte del público las prendiera fuego. Génesis El festival Woodstock fue llevado a cabo entre el 15 y el 18 de agosto de 1969 en Bethel, Nueva York, y congregó a 500 mil personas. Se convirtió en uno de los hitos más importantes de la historia del rock, por varios motivos: uno fue su masividad, ya que nadie esperaba tal afluencia de público. Esto demostraba que el rock había calado en lo más profundo de la cultura de la juventud estadounidense y se convertía en un fenómeno de masas, poco después, a escala mundial. Los shows de artistas de la talla de Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane y Jimi Hendrix, en su apogeo creativo, fueron registrados en un célebre documental que los acercó a públicos de todo el planeta. Fue también el canto del cisne del movimiento hippie norteamericano, protagonista de aquellas jornadas, y de su filosofía de “paz, amor, drogas y liberación sexual”. La oposición a la guerra de Vietnam sobrevoló el ánimo de todo el festival. El festival fue, obviamente, un gran éxito para sus organizadores. Su romantización exagerada se instaló en el imaginario popular hasta alcanzar proporciones míticas. La súper explotación del gran negocio de la cultura rock mostraría los dientes en su reedición de 1999. Dame fuego Woodstock 99 se realizó entre el 22 y el 25 de julio en un gran predio en Rome, Nueva York, y reunió a 400 mil personas. El line up reunió a los artistas más reconocidos de la época, varios del estilo ñu metal (una mezcla de rap y metal) que se encontraba en auge, como Korn y Limp Bizkit, en la cúspide de su popularidad, y otras bandas como Metallica, Rage Against The Machine, The Offspring, Fatboy Slim, Red Hot Chili Peppers, entre otros. Desde un primer momento sus organizadores (Michael Lang y John Scher) intentaron emular el Leitmotiv de “tres días de paz y amor” del festival del 69. La campaña publicitaria se completó con la instalación de puestos de ONGs progresistas en el predio. Sin embargo, Lang y Scher perseguían ganancias monumentales, a costa del público y su salud, en su mayoría jóvenes blancos de no más de 25 años. Ni las entradas ni la comida dentro del predio eran baratas. La seguridad de la puerta no dejaba ingresar a nadie con alimentos o bebidas. Una ola de calor asolaba Nueva York, pero las botellas de agua costaban el exorbitante precio de 4 dólares, lo mismo que la cerveza. Según Scher, es que “no era un festival para pobres” (sic). Si se suma el hecho de que el predio no tenía ningún tipo de sombra, las fuentes de agua colapsaron el primer día, al igual que las rústicas duchas de campaña y los baños químicos, cubriendo gran parte de la superficie del predio de una mezcla de barro y excremento. Para el segundo día, todo lo que deberían haber previsto los productores fallaba por su propia voracidad de utilidades. El público comenzó a destruir las instalaciones. Se produjeron violaciones y abusos masivos. El sueño hippie se reeditó como pesadilla. Algo pasaba en la juventud de EE. UU. de aquellos años de la era Clinton. Tres meses antes del desastre de Woodstock, dos adolescentes habían irrumpido armados en su colegio y masacrado a 12 estudiantes y un profesor antes de suicidarse. La enajenación y opresión que vivían los jóvenes dentro del “imperio del mal” (como se llamó el segundo disco de los combativos Rage Against The Machine) era reflejo de las provocaciones belicistas del imperialismo en los Balcanes y Medio Oriente. Las miles de velas que había repartido una ONG para homenajear a las víctimas del tiroteo de Columbine durante la tercera jornada del festival, fueron utilizadas por parte del público para comenzar los incendios que redujeron equipamientos y pantallas a cenizas. Después de tres días de hastío, abuso capitalista, deshidratación y mal trato, los jóvenes mostraron su furia, destruyendo absolutamente todo lo que pudieron. Así concluyó Woodstock 99. El documental narra, de forma clara y cronológica, con un relato coral de testigos y protagonistas, archivo y testimonios del público, cómo fueron sucediendo los distintos hechos que desembocaron en el desastre final. Productores, músicos, periodistas, empleados de seguridad, paramédicos, asistentes al festival, dan testimonio desde diversos puntos de vista, que suelen contradecirse, pero ofreciendo al espectador los elementos para sacar sus propias conclusiones. Continuamente, los realizadores del film intentan encontrar respuestas políticas, culturales y sociológicas al por qué de la brutalidad de lo que se vivió esos días en el festival. Los productores, por su parte, intentan descargar responsabilidades sobre músicos, público y hasta MTV. Vale la pena verlo para entender lo sucedido, tanto en el festival como entre la juventud yanqui y la industria del entretenimiento en la década del 90. Que Woodstock 99 no arrojara el saldo de un gran número muertes fue pura suerte. Bajo el capitalismo, la “cultura” es otro gran negocio, y los apetitos de lucro son colocados por delante de la vida. Lo mismo ha ocurrido durante toda la pandemia, en la medida que las empresas, con el visto bueno de los diversos gobiernos, hicieron retornar a sus empleados a sus puestos de trabajo, sin importar los riesgos, en nombre de “la economía”. El problema es, una vez más, el capitalismo y, por eso mismo, hay que destruirlo. En Argentina tuvimos en nuestra historia reciente dos experiencias que muestran que las ansias de ganancias de los capitalistas del arte importan más que la vida del público: una fue, en 2004, la masacre de Cromagnon, cuando en un show de Callejeros el lugar se prendió fuego y las salidas de emergencia habían sido bloqueadas, con un saldo de 194 muertos. Otra más reciente fue la de la fiesta electrónica Time Warp, en 2016, en el que un entramado siniestro que mezclaba venta monumental de drogas, falta de agua en los baños, precios elevados de agua, nula ventilación, hacinamiento y altas temperaturas, dieron como resultado la muerte de 5 jóvenes por ingesta de drogas de diseño. En ambos casos, los jóvenes pagaron con sus vidas la connivencia de empresarios y funcionarios. Bajo un gobierno de trabajadores, veremos renacer nuevas formas de expresión y encuentro, disociadas del lucro que envenena todas las manifestaciones culturales de las masas.

Por disponer de regímenes especiales, con dos reajustes semestrales en marzo y septiembre de acuerdo a la evolución de los salarios de los docentes nacionales en actividad con aportes, a partir de septiembre -y hasta febrero de 2022- los haberes de los 183.000 jubilados docentes nacionales aumentarán el 19,06% y las jubilaciones de los 8.400 docentes universitarios nacionales subirán el 25,4%. En marzo de 2021, los jubilados docentes nacionales recibieron un incremento del 10,37%. Con el 19,06% semestral a partir de septiembre, acumularán un 31,4% interanual. Por su parte los jubilados docentes universitarios percibieron con el primer ajuste marzo, el 7%. Con el 25,4% semestral otorgado a partir de septiembre acumularán el 34,2% en el lapso de 12 meses. El aumento de septiembre corresponde a la variación de los salarios de los docentes y docentes universitarios entre enero y junio. Y el de marzo, a los incrementos salariales de julio a diciembre. El 19,06 % y 25,4 % de septiembre a febrero de 2022 corresponden a la variación de los sueldos del primer semestre de 2021. La aceleración de la inflación en el primer semestre de 2021 impactó negativamente sobre los salarios activos y eso, a su vez, se ve reflejado en los incrementos otorgados a los jubilados docentes. Este cuadro entonces da cuenta de la pérdida de poder adquisitivo tanto del sector docente en actividad como de los jubilados. Si se tiene en cuenta que la inflación ya acumulada y la proyectada para el semestre que entra, el incremento que percibirá el sector queda muy abajo de la inflación interanual que se calcula rondará el 50%. A esta pérdida interanual actual frente a la inflación se suma que, como el resto de los jubilados, los jubilados docentes nacionales llevan acumulado, entre 2018 y 2020, una pérdida del poder adquisitivo del 15% frente a la suba del costo de vida. En 2018, los jubilados docentes nacionales recibieron dos aumentos por un total del 22,3%, frente a una inflación del 47,6%. Los jubilados docentes universitarios recibieron el 21,76%. En 2019 el aumento de los docentes nacionales fue del 49,3% y la inflación del 53,8%. En 2020 hubo una recuperación mínima ya que el aumento de los docentes nacionales fue del 40,8% en contraposición a una inflación del 36,1% mientras que los jubilados docentes universitarios recibieron el 57,76%. Los aumentos diferenciados del régimen común para docentes responden a que las leyes previsionales de esos sectores fijan que los trabajadores activos aportan dos puntos adicionales (13% del sueldo) y se jubilan con el 82% móvil correspondiente al cargo que tenían en actividad. Las mujeres se jubilan a los 57 años y los varones a los 60 años, si estuvieron 10 años frente al aula. El proyecto de ley de Emergencia y Solidaridad buscaba avanzar en la suspensión de la movilidad de estos dos sistemas diferenciales-y de otros- como se hizo con el régimen especial durante 2020, con quórum otorgado por la izquierda FITU, que fue la puerta de acceso para profundizar el ataque sobre todos los regímenes diferenciados entre ellos los docentes. Debido al rechazo que esto generó en la docencia esa suspensión fue excluida al sancionarse la ley, aunque se estipuló que una Comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, de Trabajo y miembros de las Comisiones del Congreso "revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales" (Clarín, 3/8). Esa Comisión Bilateral aún no se pronunció al respecto así que, con el ajuste fiscal que votará el Congreso del FMI que resulte de las próximas elecciones, se buscará avanzar en este rumbo de ataque sistemático a las jubilaciones. Desde las candidaturas de Política Obrera, y desde las bancas que logremos ocupar, vamos a denunciar este robo contra los trabajadores y los jubilados y vamos a apuntar a organizar la fuerza necesaria en defensa de los salarios y las jubilaciones. En oposición a este saqueo nos pronunciamos contra cualquier intento de modificar los regímenes especiales. Ningún aumento de la edad para jubilarse. Reivindicamos una jubilación mínima igual al 82% del costo de la canasta familiar para todos los jubilados, un aumento inmediato de jubilaciones y pensiones de $40.000. El PAMI y el ANSES deben estar bajo la dirección de jubilados y trabajadores electos.

El presupuesto para Educación de la Ciudad baja año a año; en la última década perdió 10 puntos, pasó del 27,8% al 17,2%. El recorte no afecta, sin embargo, a la educación privada. Lo contrario: en la Ciudad de Buenos Aires, siete de cada diez escuelas privadas están subsidiadas, y van en aumento. En 2015 eran 789. En 2020, 1.002, contando sólo los niveles obligatorios. Las escuelas privadas, además, gozan de exenciones impositivas en IVA, Ganancias y aportes patronales. Los datos de esta nota surgen de un estudio que hizo la Auditoría de la Ciudad sobre aportes a las privadas durante el año 2018. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta gasta en subsidios, cada mes, 1.200 millones de pesos. Es el mismo monto que el presupuesto anual del 2021 para infraestructura escolar (subejecutado un 65% en 2020). Recibir un subsidio del 100% no implica que el colegio sea gratuito. En el nivel secundario, los privados gratuitos son cuatro. Aunque la Constitución porteña ordena que se prioricen las instituciones “que reciban alumnos de menores recursos”, muchos subsidiados cobran entre 15 y 30.000 pesos de cuotas mensuales. Un monto significativo en una Ciudad donde el promedio de ingresos por familia ronda los 57.500 pesos. A cambio de los aportes del Estado, la escuela se obliga a no superar cierto monto de matrícula. Sin embargo, nada les impide arancelar todas las actividades extra programáticas y cobrar cuotas de material didáctico, mantenimiento, equipamiento, seguridad y otras. “Esto permite que un colegio como el Guadalupe, ubicado en el corazón de Palermo, tenga un subsidio estatal del 40%, por el cual recibió en marzo de este año casi 2,5 millones de pesos, y cobre una cuota de 23.278 pesos por mes. O como el exclusivo colegio ORT, cuya cuota supera los 30.000 pesos pero que no se privó de percibir subsidios en el nivel secundario hasta 2019. En la actualidad tiene subsidiado en un 80% el nivel superior, beneficio por el cual recibió en marzo de este año 3.251.685 de pesos para su sede en Almagro y 3.233.829 por la de Belgrano”, señalan desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis. La Auditoria asegura que casi no existe control sobre el destino de los aportes estatales. En 2018, la mitad de los secundarios analizados no fueron supervisados y la otra mitad fue supervisada una única vez (sobre 12 entregas). El gobierno de la Ciudad se negó a informar a la Auditoría cuánto dinero recibió cada establecimiento. “Lo único seguro es que en el 2020 el área tiene reservados 18.000 millones de pesos que, a diferencia de otros presupuestos, se ejecuta en su totalidad” añade el Observatorio. En 2015, los subsidios a la educación privada representaban el 16,2% del gasto total del Ministerio de Educación. En 2020, el 17,9%. En 2020, a los casi 14.000 millones de pesos presupuestados se le sumaron 2.082 millones que fueron íntegramente utilizados. “¿De dónde salieron esos 2.000 millones de pesos extra? Nadie lo sabe con certeza, pero el monto es similar al recorte que sufrió el área de infraestructura escolar, que en 2020 suspendió la construcción de dos escuelas y sólo utilizó el 31% de los 3.068 millones de pesos presupuestados inicialmente”, apuntan desde el Observatorio. Lo único que no brilla en la educación privada son los sueldos docentes. Frente a los edificios rutilantes mantenidos con recursos públicos, las escuelas no reciben ni lavandina para higienizar los baños. La destrucción de la educación pública a través del desfinanciamiento y la promoción de los negocios de la educación privada, en general confesional, son una política de Estado. VER MÁS

Durante la transmisión dominical del COE (Comité Operativo de Emergencia), el gobernador anunció que estaba preparando un decreto para dictar la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid para el personal de la administración pública, y también para las personas que utilicen el sistema de transporte público de pasajeros, con el propósito declarado de evitar la propagación de los contagios en pandemia. El decreto vio la luz el martes 3 de agosto, y ahora deberá ser ratificado por la legislatura y municipalidades. El decreto establece que los trabajadores del Estado que no acrediten la vacunación no podrán asistir a prestar servicios, y esa falta se va a contar como inasistencia injustificada, con el correspondiente descuento del día “no trabajado". Con respecto al sector privado, extendió la invitación a los sistemas privados de salud, educación, seguridad, transporte, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas, a aplicar el mismo criterio. El decreto establece que los trabajadores deben tener al menos la primera dosis de la vacuna. En Jujuy, como en todo el país, estamos muy lejos de tener la segunda dosis de la vacuna de forma masiva. Sólo se está avanzando en la inoculación completa entre el personal de riesgo. Finalmente, el decreto no establece las medidas anunciadas por el Gobernador para exigir el carnet de vacunación a la hora de utilizar el transporte público, por lo improvisado de la misma, y en medio de un conflicto con los choferes por la falta de pago de sus salarios, a los que el gobierno pretende utilizar como vigilantes. Objetivo reaccionario El objetivo del decreto no es lograr una mayor inmunización de la población, sino avanzar aún más en un cuadro de reapertura de las actividades económicas y la vuelta a clases presenciales diarias, en medio de una escalada de contagios, muertes y variantes más agresivas del Covid, en nombre de la vacunación. El gobierno exige la vacunación para que todo el mundo vuelva a trabajar y así desentenderse de volcar los recursos necesarios para intervenir en esta pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario, como la situación de crisis social que ha generado la misma. Todavía estamos muy lejos de una vacunación masiva de la población con la segunda dosis. La apertura a la ´nueva normalidad´ significa una exposición aun mayor de las personas frente a variantes más contagiosas, como Delta. El anuncio electoral de la compra de un millón de vacunas por parte de la provincia fue solo eso, un anuncio electoral. Frente a un aumento descomunal de los casos de contagio en todo el país, en los últimos 45 días, Jujuy sigue teniendo índices por encima de la media nacional, tanto en infecciones como muertes. Jujuy ostenta, además, el trágico record de ser la provincia con más docentes fallecidos por Covid, lo cual no ha significado que el gobierno cesara de presionar por la vuelta a clases presenciales diarias. El gobierno incapaz de garantizar la inmunización y las condiciones mínimas para preservar la vida de los trabajadores, a quienes ha obligado a ir trabajar exponiéndose sin vacunas en medio de la pandemia, ahora presiona con sanciones contra los trabajadores, descuentos e inclusive la posibilidad de despidos, a quienes no concurran, a pesar de haber recibido sólo una dosis. Pretende trasladar la responsabilidad de la vacunación a los propios individuos. Denunciamos el propósito reaccionario del gobierno. Exigimos que se vuelquen todos los recursos necesarios para asegurar una vacunación masiva de la población, el reforzamiento del sistema sanitario y el aislamiento preventivo de todo trabajador que no sea esencial mientras dure la pandemia, con su salario asegurado, y un ingreso universal para todos los trabajadores desocupados equivalente al 80 por ciento del salario familiar, para poder mantener la cuarentena.

Cientos de habitantes de Gaza fueron encarcelados en campos de detención en condiciones inhumanas durante casi un año en 1971, según un el informe publicado la semana pasada por el periódico Haaretz (29/7) - "secretos que Israel está tratando de ocultar" (ídem). Se trata de una investigación realizada por el Instituto Akevot, que incluye documentos y fotos guardadas en los archivos israelíes, los archivos de la Cruz Roja Internacional y los archivos de la ocupación israelí. En 1971, Israel estableció dos campos de detención (Abu Zenima en el Golfo de Suez, y Nakhl en el desierto del Sinaí), usando como pretexto un ataque contra israelíes cerca de Gaza. Al primero fueron enviadas familias cuyos miembros pertenecían al movimiento Fatah (nacionalismo árabe), calificados como “sospechosos” de terrorismo. El segundo campamento se utilizó de manera “preventiva”, indica el informe, para alojar a jóvenes desempleados, a cientos de niños, mujeres y hombres, en pleno desierto. Los detenidos eran personas inocentes de cualquier delito. Estuvieron en detención durante períodos variables, según la decisión de los militares, a menudo durante largos meses, en condiciones que la Cruz Roja Internacional describió como "inaceptables". La ocupación israelí cerró estos campos menos de un año después, pero ocultó los protocolos y registros que los documentan durante 50 años. Un plan sistemático Después de la Guerra de los Seis Días y la ocupación en 1967, y en 1971, se llevó a cabo, en la Franja una campaña de asesinatos de supuestos “terroristas”, demolición de viviendas, toques de queda y allanamientos. Ariel Sharon, futuro primer ministro, era el jefe del Comando Sur de las fuerzas israelíes. Uno de los documentos revelados por el periódico muestra el protocolo usado por las “autoridades”. “El archivo de la ocupación aún se niega a revelar la mayoría de sus documentos y prácticas” (ídem). La cárcel de Abu Zenima se estableció el 5 de enero de 1971, a 300 km al sur de Gaza. Allí se detuvieron a 27 familias de manera ilegal, con decenas de niños. El 26 de enero, el coordinador de estas actividades, Shlomo Gazit, informó a la Knesset (parlamento) que “Incluye una tercera medida, que es la deportación de familiares” (ídem). El ministro en ese momento, Moshe Dayan, dijo: “Expulsar a las familias al campo de concentración no es un castigo sino un disuasivo para otras familias. Es como demoler casas: demolemos incluso si un miembro de Fatah es un inquilino y no es un propietario - si alguien se une a Fatah, la casa será demolida y, en este caso, la familia será exiliada” (ídem). Los representantes de la Cruz Roja escribieron: “El crimen de estas personas es que uno de sus familiares fue considerado terrorista, ¿pero el bebé de 7 meses y el de 80 años por qué están allí?” (ídem). Dijeron que la condiciones son "casi inhumanas". En segundo campo estaba destinado a los jóvenes desempleados sin sospechas. "La segunda medida y quizás la más radical que hemos tomado es una contra los desempleados", dijo Gazit. "Hay 10.000 personas que no están vinculadas al sector laboral, una gran parte o la mayoría tienen entre 18-25-30 años, y no tenemos ninguna solución para ellos, solían continuar sus estudios en las universidades, y hoy estas puertas están cerradas para ellos”. Los desocupados eran arrestados por “merodear”, se les presentaban cargos administrativos y eran “deportados” a Cisjordania. 50 años después Hace dos meses, se presentó un proyecto de ley que estipula que “los hijos de la familia buscada deben ser expulsados para completar la operación de disuasión, para que las familias palestinas impidan que sus hijos resistan la ocupación o llevar a cabo operaciones, y que la expulsión de familias palestinas salvará la vida de ciudadanos israelíes en el futuro” (ídem).

Siguiendo la nutrida agenda de actividades, actos y recorridas por los barrios, en el día de ayer el Polo Obrero Tendencia del Barrio de Once realizó su acto en la Plaza Manzana 66, en las Av. Belgrano y Av. Jujuy plena Ciudad de Buenos Aires. Un espacio recuperado por los vecinos de Once y Balvanera de la especulación y los negocios inmobiliarios del gobierno de Larreta. El acto contó con la presencia de Marcelo Ramal, pre-candidato a 1° diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Valentina Viglieca pre-candidata a 1° legisladora porteña y Patricio Meincke pre-candidato a 2° legislador por la lista de Política Obrera en CABA. Decenas y decenas de vecinos del barrio de Once estuvieron presentes en el acto, los compañeros del barrio llevaron adelante toda una serie de actividades previas como preparación en el marco de la campaña electoral de Política Obrera. Con agitaciones y sus propios materiales de difusión. Desde temprano junto con la colaboración de compañeros de varias asambleas prepararon el espacio y una merienda popular invitando a todos los vecinos del barrio con chocolatada, tortas fritas, facturas y tortas. Se acercaron vecinos de San Telmo, San Cristóbal, Parque Chacabuco, Villa 20, La Carbonilla, entre otros, interesados en avanzar en la construcción de Polo en sus propias barriadas o incluso que ya lo están haciendo. Además de la presencia de las asambleas de la capital que dijeron presente en importante cantidad. El acto también sirvió de inauguración oficial, impedida antes por la pandemia, de la asamblea del Polo Obrero Tendencia de Once que rompió de manera reciente con los métodos de maltrato punteril del oficialismo del PO. En las intervenciones de los candidatos se indicó el carácter netamente obrero de los barrios de Balvanera y Once, las luchas de los vecinos por trabajo y el espacio público. Como los gobiernos del FMI destruyeron el salario, la vivienda y las condiciones de vida de millones. Marcelo Ramal colocó con fuerza la denuncia a los grandes negociados en el acceso a la vivienda que llevan a los vecinos a vivir en condiciones indignas en barrios que están a pocas cuadras del Obelisco y la Plaza de Mayo. En pleno centro porteño se vive en situaciones iguales o peores que en las barriadas y villas sin urbanizar de la Ciudad. En conventillos, edificios y hoteles, las familias padecen la falta de agua, los cortes de luz, instalaciones de gas precarias y peligrosas. En pandemia tienen que compartir cocinas y baños mientras afrontan alquileres y tarifas desorbitantes que absorben hasta el 80% de sus ingresos. Los pocos compañeros que tienen trabajo lo hacen como manteros o feriantes donde también ahí en sus puestos deben pagar una tarifa para poder abrirlos. La desocupación y precarización laboral llevan a los vecinos a vivir cada día una situación más difícil social y económicamente. La gestión capitalista de la pandemia agravó todo lo que ya venía sucediendo en el barrio. Este acto y los siguientes son parte de un proceso profundo. Es una respuesta organizada de los trabajadores de los barrios de la Capital a la crisis, desde sus luchas y reivindicaciones propias. Por eso toman con tanta decisión la campaña electoral y la pelea por el voto a Política Obrera y sus candidatos. Como lo hicieron previamente por la legalidad de nuestro Partido. La jornada desbordó de entusiasmo, varios vecinos ahí mismo dejaron su contacto para organizarse con el Polo Tendencia del barrio. Estos son los primeros pasos de nuestra campaña obrera en las barriadas, pelearemos en cada lugar de la Ciudad el voto a Política Obrera.

En un año y medio de gobierno de Sáenz, los hospitales salteños se encuentran desbordados, los niveles de mortandad por covid están entre los más altos del país y los altos índices de pobreza y desocupación se han disparado. La causa de este desastre no es la pandemia. Es la política del gobierno. Mientras se produce este hundimiento social, los acreedores internacionales, el Banco Macro, los terratenientes exportadores, o los dueños de los Ingenios, las petroleras y las mineras, han ganado como si el covid no existiera, con subsidios y eximiciones impositivas millonarias. Miles de despidos y el reguero de contagios dan cuenta de una crisis humanitaria que recae exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores. El gobierno y las patronales violan las normas de bioseguridad, con una apertura indiscriminada de actividades, la presencialidad escolar y violando toda clase de protocolos. Los salarios, jubilaciones y la asistencia social se desvalorizan en primer lugar, por una política oficial que busca el ‘corte de gastos’ en perjuicio de los trabajadores. Día a día los comedores populares se cuadruplican, la deuda pública y los intereses, por el contrario, crecen en beneficio de los fondos privados. Mientras se habilitaban tarifazos, se otorgaron subsidios para beneficiar a Edesa, Aguas de Salta, GasNor y SAETA. Sáenz y los Fernández tomaron la decisión de liquidar el Ingreso Familiar de Emergencia atendiendo a las exigencias del FMI y los acreedores. Sáenz ha mantenido el sistema de gerenciamiento que ha vaciado los hospitales públicos y pugna por extender el sistema de autogestión a los hospitales del norte. El refuerzo presupuestario en Salud para este año se encuentra 15 puntos por debajo de la inflación anual proyectada. Isa vuelve a la carga con su propuesta de municipalizar la atención primaria de la salud, cuando las comunas están en completa quiebra. Las beneficiarias de toda esta política, fueron las clínicas privadas, como las de su socio el intendente oranense González. Bajo la “segunda ola” de covid, Sáenz ha impuesto una presencialidad escolar que en solo dos meses y medio ha duplicado los contagios acumulados; la tasa de contagios entre los trabajadores de la educación se ha triplicado. La vacunación con dos dosis, apenas supera el 10% de la población echando por tierra una correcta inmunización. El gobernador cortó los pocos subsidios que se destinaron para los que vivimos de nuestros empleos y changas. Las elecciones El corrimiento de la fecha de elecciones para el 15 de agosto próximo no está inspirado en un cuidado por la salud; sólo busca disipar un repudio del pueblo. Todos los partidos políticos, con la excepción de nuestro Partido Obrero, han apoyado la presencialidad laboral y escolar y han combatido las movilizaciones de los docentes autoconvocados. Kirchneristas y macristas prometen sacar a la provincia del pozo con el boom del litio, como antes lo prometieron con el azúcar, el tabaco, la explotación maderera, el petróleo, o la soja. Estamos, en realidad, ante una política de entrega, que impondrá mayor endeudamiento, no inversiones, y mayor precariedad laboral y mayor destrucción del medio ambiente. La provincia de Romero, Urtubey y Sáenz encabeza la tabla de la deforestación y la destrucción ambiental. Estamos ante una gestión capitalista de la pandemia, como ocurre con toda la vida social. Los trabajadores pagamos esta gestión con un nivel histórico de pobreza, de hundimiento de la salud y de destrucción de conquistas sociales. Los pueblos responden en todo el mundo a esta catástrofe humanitaria, y en especial en América Latina, con rebeliones populares. Declaran abiertamente que pretenden arrebatar el poder al capital y asumir su propio destino. En esta dirección se inscribe el Partido Obrero desde siempre. Mientras los gobiernos capitalistas no toman las medidas necesarias para bloquear la circulación del virus y vacunar a la población, porque ello afectaría sus intereses, desde el Partido Obrero planteamos financiar el aislamiento social de actividades no esenciales con el dinero que se destina al pago de los usureros nacionales e internacionales. Financiar un plan de testeos masivos y seguimientos de contactos estrechos. Llamamos a una lucha internacional para poner fin al monopolio de las farmacéuticas, que han sido financiadas por sus estados y por medio de un encarecimiento artificial enorme de los medicamentos. Planteamos la nacionalización de las farmacéuticas y la producción de vacunas por parte del Estado, como lo ha logrado Cuba y como lo hace incluso Brasil, mientras los Fernández inmovilizan al Instituto Malbrán. Nuestro programa Planteamos: Abajo el sistema de gerenciamiento y autogestión de los hospitales públicos. Estatización y centralización del sistema de salud privada, bajo el control de sus propios trabajadores. Nacionalización de la industria farmacéutica, bajo control obrero. Trabajo para todos los desocupados por medio de una Bolsa de Trabajo de sus organizaciones. Reducción de la jornada laboral, sin afectar el salario, mediante el reparto de las horas de trabajo. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil para las jubilaciones. Estatización del Banco Macro, que hoy monopoliza las finanzas públicas. Apertura de los libros de las grandes empresas, para que se conozcan sus ganancias y se pueda decidir democráticamente las inversiones. Sólo así acabaremos con el enorme subdesarrollo de los Departamentos de la Provincia. Vamos a estas elecciones como Política Obrera, que es nuestro nombre histórico, ilegalizado por la última dictadura militar, y en frente con el Nuevo MAS. Queremos llevar este programa a todos los rincones de la provincia y, de este modo, impulsar la auto-organización del mundo del trabajo, sin burócratas sindicales, porque sólo la clase obrera puede sacar a la sociedad de esta enorme decadencia.

El candidato a concejal porteño Gabriel Solano tuiteó su “rechazo a toda imposición y sanción a los trabajadores que hoy eligen (sic) no vacunarse”. Sin embargo, para el mismo Solano en su “hilo” de Twitter, “el problema de Argentina es la falta de vacunas y no que la población no quiera vacunarse”. “Aclarado esto”, continúa Solano, “puede existir (sic) un sector minoritario que se resista a vacunarse. Para superar esa resistencia es necesario recurrir a la persuasión y nunca a la imposición”. Pasado en limpio, Solano anticipa su repudio a la obligatoriedad de la vacuna, a pesar de que no le consta sino como posibilidad que “un sector minoritario se resista”. A continuación se despacha contra “los contratos secretos firmados con los proveedores de vacunas”, “las denuncias de que determinadas vacunas contienen veneno” y los “convenios firmados con los laboratorios”, por infundir “temor” entre la población, esto luego de haber aclarado “yo me vacuné”. Es sorprendente que esto lo diga el promotor de un bizarro proyecto para declarar de “utilidad pública” al laboratorio mAbxcience que ha inscripto en el programa del FIT-U el reclamo de “vacunas para todes”. ¿A título de qué viene entonces este pronunciamiento liberal frente a una cuestión de salud pública? Es evidente que el “trosko liberal”, obsesionado con dirimir el tercer puesto de los resultados electorales de Milei-Espert, intenta interpelar al potencial electorado de los ´libertarios´. Por otra parte, el pronunciamiento fue saludado inmediatamente por la más flamante incorporación del FIT-U, Convergencia Socialista, de porfiada militancia anti-vacuna y anti-cuarentena (“Las restricciones y cuarentenas nada tienen que ver con la defensa de la salud, más bien lo contrario, ya que atentan contra el necesario fortalecimiento de las defensas naturales”, en “Gabriel Solano y el debate sobre la obligatoriedad de vacunarse”, convergenciadecombate.blogspot.com, 5/8). Desde el comienzo de la pandemia, las fuerzas del FITU -especialmente el PO (o) y el PTS- sostuvieron que la política de aislamiento social obligatorio era la cobertura de la instalación de un “estado de excepción”. En aras de la “defensa de las libertades individuales”, la izquierda democratizante se colocaba en el terreno de los Trump y los Bolsonaro. La obligatoriedad de la vacunación, la imposición de su aplicación, en general, no puede dejarse librada a una decisión, a creencias ni a captaciones por persuasión de corte individual, porque se trata de una cuestión de salud pública. El argumento "mi cuerpo, mi decisión", en esta situación concreta, no aplica porque afecta al conjunto de la sociedad. De la mano del calendario obligatorio de vacunación se han desterrado o controlado enfermedades que en el pasado diezmaban a millares de seres humanos. Poner en tela de juicio la vacunación obligatoria es un camino al oscurantismo propiciado por la derecha más recalcitrante. Los Milei y Espert -y los anti cuarentena de JxC- pretenden capitalizar políticamente el descalabro de la gestión de la pandemia del gobierno de los Fernández, aunque después viajen a vacunarse a Miami. Los planteos anticientíficos deben ser combatidos. Es la única forma de disputar la conciencia “individualista”, propia de la sociedad capitalista, que solamente será desterrada a través de un gobierno de trabajadores que ponga al servicio de la humanidad el avance científico y técnico. Solano, como los viejos socialistas amarillos, considera al oscurantismo “un asunto privado”. Como suele ocurrir en estos casos, Prensa Obrera nuevamente ha prestado su espacio a la justificación de estos dichos. De tal modo, puede leerse que “en simultáneo [con los tuits de Solano], Gerardo Morales anunciaba que en Jujuy los empleados públicos deberán presentar un carnet donde conste la aplicación de al menos una dosis para poder ingresar a su trabajo, so pena de descuento salarial”. Para Prensa Obrera, exégeta de Solano, “las medidas coercitivas plantean la obligatoriedad de la vacunación no como una cuestión de salud pública y una responsabilidad del Estado, sino como potestad de las patronales de normalizar la actividad y una obligación del trabajador, sin que se le garanticen ni las segundas dosis ni condiciones laborales seguras”. A partir de un caso de abuso patronal, disfrazado como una preocupación por la vacunación, el aparato oficialista afirma una política presencialista -laboral y educativa- a rajatabla. Hace dos meses, el aparato oficial lanzó una campaña a favor de la vacunación privada, ejercida por las patronales para los trabajadores de sus empresas, con el propósito de defender la presencialidad laboral. Ahora, con el mismo propósito, sostiene lo contrario – la libertad para ir a trabajar para quienes rechazan de un modo definitivo la vacunación. La medida de Morales no tiene el propósito de doblegar a un supuesto “sector minoritario” que “desconfía” de las vacunas, sino asegurar la 'nueva normalidad' capitalista, el presencialismo a rajatablas, incluso a sabiendas que la vacuna no asegura contra el contagio, y menos en una sola dosis. El carácter “emergencial” de la aprobación de las vacunas es invocado en Prensa Obrera para justificar el “temor” de quienes rechazarían la vacuna, no para combatir el presencialismo, del cual son defensores furibundos – eso sí, al principio con protocolos y ahora con vacunas, cuya aplicación no debiera ser, dicen, sin embargo, obligatoria. Las familias, siguiendo este hilo, no deberían ser obligadas a vacunar a los bebés con las tres vacunas de este ciclo. Los liberal-troskistas han entrado en una celebración religiosa, pues justificarían a los mormones contra la cirugía médica. En su disputa retórica con Milei-Espert por el tercer puesto, Solano se asimila a los planteos de estos en materia de vacunación ´libre´ y presencialidad compulsiva. Para luchar contra la intromisión de la patronal y el Estado entre los obreros, en este asunto, la Izquierda debería promover una campaña socialista por la vacunación estatal y una campaña de los sindicatos con el mismo propósito – proteger la salud de la clase obrera. El aparato del PO critica la coerción, no el contenido social de la coerción. Olvida que las huelgas, los piquetes y las revoluciones, son coercitivas, pero de otro carácter al capitalista. En vísperas de la ‘segunda ola’, y ahora de la ‘tercera’, los capitalistas reclaman “libertad”, la abolición de las restricciones, mientras los accionistas se refugian en sus palacios. El marxismo ha sido denunciado, en todos los tiempos, por autoritario, sencillamente por asegurar que “la lucha de clases conduce a la dictadura del proletariado” (Lenin). Estas tres últimas palabras han sido abolidas del lenguaje inclusivo del aparato, cuando se trata de la categoría más inclusiva que pueda existir – en términos de género e internacionales.

El 6 de agosto se cumple un año del fallecimiento de Ramona Guananja, dirigente del Polo Obrero (Tendencia) de San Martín, quien defendió el funcionamiento del comedor de Villa Zagala durante 20 años. Su recuerdo está presente en nuestras luchas y desafíos. Seguramente se manifestaría orgullosa de la conquista de la legalidad de Política Obrera y de la Tendencia del Polo Obrero que lucha por un por una vida para ser disfrutada. El mismo orgullo que sentimos por haber sido sus compañeros nos fortalece cuando tomamos su ejemplo. Ramona comprendió la inviabilidad de que sus sueños pudieran cumplirse con este régimen de la mano de los confiscadores y la necesidad de organizarnos para configurar al país sobre nuevas bases sociales, bajo la dirección de los trabajadores. Lo hizo organizando el comedor, participando de charlas y actividades con los compañeros, movilizándose, apoyando las luchas obreras. Era una constructora. Con su recuerdo siempre presente y en la proximidad del aniversario de su fallecimiento, pensamos en un homenaje. Por eso resolvimos hacer una actividad que pusiera de manifiesto y expresara la continuidad de la lucha que ella habría impulsado: ¡Tenemos la legalidad y ahora vamos por las PASO! A este desafío también se estaría sumando con la misma convicción con la que se plantó ante la patoteada del Partido Obrero (Oficial) cuando intentó arrebatarnos nuestro local y no pudieron. El derrumbe del régimen, la crisis humanitaria, la campaña por superar las PASO, el cierre de campaña financiera y la presencia del compañero y precandidato Jorge Altamira harán que este acto conmemorativo concentre la síntesis de su lucha. Ramona luchó por el socialismo para acabar con la miseria y la degradación a la que este régimen somete a los barrios y deja sin perspectivas a la juventud. A un año de su muerte su lucha está presente. Ahora y siempre. Nuestro homenaje tendrá lugar frente a nuestro local, ubicado en 4 de febrero 2660, Villa Zagala, San Martín, este sábado 7 de agosto a las 14 hs.

Pocos días antes de asumir la presidencia, Luis Lacalle Pou dijo: “Soy liberal, creo en la libertad de las personas”. Lo hizo en el marco de la presentación de la ley de urgente consideración (LUC) que, ciertamente, recorta libertades. Palabras similares fueron dichas, una y otra vez, frente a la pandemia en Uruguay, bajo la idea de “libertad responsable”. A pesar del discurso envolvente, las libertades democráticas se encuentran amenazadas y, con ella, el principio mismo de la organización social democrática. Prueba de ello es el avasallamiento de las libertades de expresión y sindicales por parte de empresas y gobierno. En la enseñanza pública las autoridades sancionan docentes por actividad gremial a partir de las publicaciones de fotos en redes sociales o abren sumarios por expresiones en la prensa de dirigentes sindicales; en la enseñanza privada despiden docentes por realizar publicaciones personales en las redes sociales; en otras ocasiones publicaciones y videos de Facebook criticando conductas de las empresas, opiniones políticas y expresiones en defensa de los derechos de las mujeres en Instagram han tenido como desenlace el despido de las y los trabajadores. A nivel internacional este problema ha sido parte del debate de la jurisprudencia. Por ejemplo, en España en 2017 el Tribunal Superior de Justicia consideró la improcedencia de un despido de un trabajador por comentarios ofensivos hacia la empresa en redes sociales, señalando que el trabajador se encontraba en un momento de vulnerabilidad y que sus manifestaciones no constituían un hecho grave. En otros casos donde se empleó la expresión de “mafiosos” contra la empresa, si bien pueden ser consideradas reprochables moralmente, no superan los límites que otorga el derecho de libertad de expresión del trabajador sin que puedan ser merecedoras del despido.1 Minerva cercena la libertad de expresión Esta semana se suma una nueva perla del collar. La empresa Minerva, dueña de los frigoríficos Pul, Carrasco y Canelones, despidió a un trabajador (Gastón) de este último establecimiento por realizar comentarios políticos críticos contra la empresa en Facebook. Minerva es una multinacional latinoamericana (con plantas en Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Colombia) líder en la exportación de carne del continente, cuyo capital está compuesto por la familia Vilela de Queiroz, viejos terratenientes-ganaderos brasileños que tienen el 20% del capital accionario y gestionan la empresa; un fondo de inversión Salic (UK) Limited de Arabia Saudita con sede Londres, que controla el 25% de las acciones, y el 50% de las acciones se cotizan en la bolsa. La empresa realizó una donación de frazadas a un barrio carenciado y publicitó la acción. El trabajador comentó lo que muchos piensan en Canelones. Una actitud hipócrita de Minerva que mientras rebaja los salarios a sus trabajadores, se presenta con “responsabilidad social” en el pueblo. ¿Cómo es posible que la expresión de ideas, opiniones o críticas fuera del lugar de trabajo queden sometidas a la discrecionalidad empresarial o gubernamental? ¿Hay que permitir el avance del control de las patronales hacia fuera de las puertas de la fábrica, abarcando nuestra vida personal y social? La libertad de expresión se encuentra consagrada como un derecho ampliamente reconocido en la normativa internacional y nacional (especialmente en la Constitución). Como señala Andrea Rodríguez Yaben,2 los trabajadores están en todo su derecho de exteriorizar -por el medio que crean más conveniente- sus ideas, creencias y pensamientos, aunque estos pudieran molestar, inquietar o disgustar a quienes se dirigen, sin ser sancionados por eso, pues así lo requieren el pluralismo y la tolerancia, sin los cuales no existe sociedad democrática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de expresión requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento”.3 De modo que las restricciones a la libertad de expresión del trabajador por parte de la empresa –que adopten la forma de despido u otra conducta empresarial– deben considerarse en principio ilícitas y lesivas del derecho fundamental, salvo que exista una justificación de peso extrema y prioritaria para la salvaguarda de otro interés constitucional en juego. De fondo, lo que realmente busca Minerva es descabezar a un sindicato de base que se ha transformado en un símbolo de resistencia para los trabajadores del sector y del movimiento sindical. En este caso, no existe ninguna justificación de peso, por lo que el despido es simplemente un cercenamiento de la libertad de expresión como derecho fundamental. La huelga para defender las libertades y el trabajo El sindicato, Soofrica, resolvió no aceptar que se avasallen los derechos y libertades de expresión. Comenzó una huelga por el reintegro del trabajador, y los trabajadores se encadenaron frente a la fábrica. En una expresión de solidaridad de clase, la huelga fue decretada también por el sindicato de los trabajadores del frigorífico Carrasco, Sifrica. La Foica se declaró en preconflicto y discute una paralización de carácter general. Las libertades democráticas se defienden con los métodos de la clase obrera. Los sindicatos entienden que el despido es absolutamente injustificado. La empresa se encuentra, por el momento, en total intransigencia con respecto a mantener la desvinculación del trabajador. Mientras que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, realiza una “mediación” que consiste en trasladar los planteos de la empresa como propios. Frente a la huelga el gobierno desplegó la policía en la puerta de la fábrica para garantizar que las cuadrillas contratadas por la empresa ingresen a la planta. El operativo no logró, sin embargo, que ningún trabajador se animara a entrar a la fábrica. El despido es, como se dice, la punta del iceberg. Las y los trabajadores del frigorífico Canelones estuvieron un año y medio en el seguro de paro producto de un lock out patronal e ingresaron en febrero, luego de una lucha heroica, feroz y que significó una bandera para todo el movimiento obrero, que incluyó una verdadera pueblada en la ciudad de Canelones y la movilización a pie a Montevideo en medio de una pandemia. El acuerdo final fue con una rebaja salarial de 22,5%. Minerva continuó con una política agresiva contra el sindicato y los trabajadores: suspendieron al presidente, Raúl Torres, y despidieron a seis empleados. De fondo, lo que realmente busca Minerva es descabezar a un sindicato de base que se ha transformado en un símbolo de resistencia para los trabajadores del sector y del movimiento sindical, y avanzar luego contra los trabajadores de los demás frigoríficos. El contexto en el cual se encuadra este conflicto es muy distinto al de 2020. Luego de una relativa “calma” el movimiento obrero ha comenzado a mostrar signos de revitalización. Con el espaldarazo de las 800.000 firmas por el referéndum contra la LUC, un verdadero reguero de luchas ha comenzado a desarrollarse estas últimas semanas entre los trabajadores de las empresas públicas, del puerto y, especialmente, una poderosa huelga de los trabajadores marítimos. Esta última fue contra una brutal rebaja salarial de 40% y culminó con un triunfo, lo que refuerza las perspectivas de lucha de cara a la negociación colectiva en los Consejos de Salario que comienzan este mes, donde el gobierno planteó lineamientos salariales a la baja. Del otro lado, los trabajadores del Estado y de la enseñanza han comenzado a planificar huelgas y acciones de lucha contra el ajuste salarial y presupuestal en la Rendición de Cuentas, contra la persecución sindical y en defensa de las libertades democráticas. Como se ve, a la libertad y el trabajo no los defiende el gobierno sino la clase obrera organizada. Raúl Rojas, 12/06/2017 Revista Byte. https://revistabyte.es/actualidad-it/comentarios-en-facebook-causa-despido/ La Diaria 21/07/2021 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lagos del Campo vs Perú, sentencia del 31 de agosto de 2017

En el último año se sumaron a la estadística 2,5 millones de pobres, pero también muchos indigentes nuevos pasaron a engrosar las estadísticas oficiales. Esto representa que en Argentina hay 18,1 millones de pobres y 5,1 millones de indigentes (Clarín, 4/8). Las mediciones de pobreza son por ingreso, pero si utilizamos medidas multidimensionales de pobreza (acceso a cloacas, servicios, educación y salud, condiciones habitacionales, etc.) la pobreza crece exponencialmente. La pobreza no sólo afecta a desocupados, sino que también crece significativamente entre trabajadores registrados, no registrados y jubilados. “La indigencia o pobreza extrema subió del 8,6% al 11,2 % y la pobreza alcanzó al 39,5% frente al 34,6% en igual período de 2020, antes de la irrupción de la pandemia”. Pero esto no es todo, si se toman los ingresos familiares en su conjunto, “2,5 millones más de personas que un año atrás pasaron a vivir en hogares con ingresos insuficientes para comprar una canasta básica” (Clarín, 4/8). Los datos son de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de este miércoles que difunde el INDEC. Estos demuestran un deterioro de los ingresos reales sobre todo de la población que vive con recursos muy bajos. La pobreza del primer trimestre de 2021 de 39,5% es menor a cómo cerró el cuarto trimestre de 2020, pero esto se debe a la incidencia del aguinaldo, por lo que metodológicamente es correcto comparar el primer y tercer trimestre con el segundo y el cuarto. “En este caso, el 39,5% es superior también a la cifra de pobreza tanto del primer como del tercer trimestre del año pasado e inferiores al segundo y cuarto trimestre de 2020” (ídem). Así, en 2020 la inflación del primer trimestre fue del 34,6%, 47,2% segundo trimestre, 38,8% el tercer trimestre y 45,2% cuarto trimestre. Y la medición semestral fue del 40,9% en la primera mitad del año y 42% en la segunda. Este aumento de la pobreza es el resultado de haber eliminado las ayudas durante la pandemia (IFE, ATP), y de haber reducido drásticamente el déficit fiscal (0,4%) para llegar a las metas impuestas por el FMI para renegociar los vencimientos de deudas. También se eliminaron los bonos a los jubilados y pensionados con haberes mínimos que se dieron en el primer trimestre de 2020 (ídem). Las jubilaciones a marzo de este año subieron un 29,4%, mientras que la inflación también a marzo fue del 42% y el valor de la canasta de pobreza creció un 45%. La crisis fue descargada sobre aquellos trabajadores con ingresos más bajos: el 40% de los habitantes con menores recursos vio un incremento de sus ingresos del 27,4%, muy por debajo de la inflación interanual promedio del primer trimestre del año, que se ubicó en el 40,6%. Los trabajadores no registrados, quienes cobran la mitad que los registrados, tuvieron un incremento de 37,3%, que también perdió frente a la inflación. En la Ciudad de Buenos Aires, donde la Dirección de Estadística porteña difundió los datos del primer trimestre, la pobreza aumentó del 22,9 al 26,5% en un año. Pero en el resto del país, en regiones y provincias históricamente más pobres, el aumento es muy superior. Por ejemplo, en Resistencia, capital de Chaco, encabeza el ranking nacional con el 53,9% de pobreza frente al 45,9% un año atrás. En el conurbano bonaerense la pobreza subió del 39,8% al 44,4%. En el caso de la pobreza infantil, el dato supera al 60%. La crudeza de la crisis económica se evidenció ayer cuando un camión de alimentos volcó en la Panamericana altura Campana y fue saqueado por centenares de vecinos que no pueden pagar los alimentos con sus escasos ingresos. Una verdadera multitud se abalanzó para apoderarse de cartones de leche y otros alimentos, indica La Nación (4/8). “De la carga no quedó nada. A los vecinos de la zona, según el canal C5N, se sumaron automovilistas que se detuvieron para llevarse lo derramado”. “La gente del barrio tiene hambre”, dijo un vecino de la zona. La policía reprimió a la gente con hambre. Este es un termómetro importante de la crisis que tenemos en puerta. Precarización y caída de salarios En 2020 el sector perdió 75.000 empleos formales. En CABA, tomando en cuenta la Población Económicamente Activa, los ocupados plenos cayeron del primer trimestre del año pasado a este de 1.561.000 a 1.397.00 (Clarín, 4/8). Durante el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo fue de 10,2%. Esto suma 1,3 millones de desocupados en los 31 aglomerados urbanos que mide el INDEC, pero a nivel nacional implica que hay 2 millones de desocupados. El desempleo está aún 1,1 puntos porcentuales por encima del 9,1% de desocupación que había en el primer trimestre de 2019. El tema también es la “calidad” del empleo creado: la supuesta “recuperación” del empleo está liderada por el rezago en términos reales de los ingresos, por la creación de trabajo precario y creación de empleo no registrado. La desocupación, precarización y la pobreza son el corazón de la crisis que atraviesa el país, y su aumento es consecuencia del pacto con el FMI, de la necesidad de un ajuste fiscal, pagado por los trabajadores activos y pasivos. Frente a la pobreza y la desocupación planteamos un salario mínimo igual a la canasta familiar, 82% móvil para los jubilados, reapertura de paritarias sin techo, reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados manteniendo los ingresos.

A una semana de la elección provincial, diferentes luchas se procesan en la provincia y particularmente en el departamento de Orán donde los docentes autoconvocados, trabajadores y profesionales de la salud, ordenanzas, trabajadores del 911, trabajadora despedida de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y ahora los jubilados, enardecen el clima en pleno invierno. En la provincia el colapso sanitario no retrocede, lo que refuta la estadística oficial sobre los contagios. Tanto el COE provincial como los municipales no toman en cuenta al grupo familiar del contagiado. Vecinos y trabajadores de la salud denuncian sistemáticamente este encubrimiento por parte del gobierno de Sáenz cuyo propósito es ir más a fondo con su política aperturista que tiene como resultado la llegada de la variante Delta a Salta. Hay más de 77 mil contagios y 2133 fallecidos y solo hay un 13% de vacunados con la segunda dosis y 48,60% con la primera dosis (Clarín, 6/8) en la provincia. Los departamentos de Orán y San Martín han pasado de la zona amarilla a la zona roja por el aumento de casos, nuevamente, desbordando la atención de los hospitales de cabecera de Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán. En este cuadro es que se desarrolla la lucha de la docencia que, desde la pandemia, viene peleando contra la presencialidad escolar que ya se ha llevado a 29 docentes. Son los docentes quienes se han colocado a la cabeza para garantizar insumos para los hospitales ante la desidia de Sáenz de no colocar los recursos necesarios para garantizar la salud; a cambio, si ha privilegiado pagar deuda que ahora se dispone a seguir honrando. La docencia, con asambleas provinciales, cada vez más crecientes, ha votado el paro por tiempo indeterminado confrontando al gobernador ya no solo por obligar ir “al muere” a la docencia sino ahora también por los descuentos de los paros anteriores. Sáenz no solo desconoce a la docencia autoconvocada también hace lo mismo con el derecho a huelga que los trabajadores supimos conquistar con sudor y sangre. Por su parte, los trabajadores ordenanzas de la ciudad de Orán vienen peleando por el pase a planta permanente y por los salarios adeudados de dos meses. La mayoría pertenece al programa Potenciar Trabajo cuyo pago es de 10 mil pesos para realizar las mismas tareas que un trabajador de planta permanente. Por luchar han despedido a nuestra compañera Patricia Vaca y amenazaron a otros trabajadores también con despidos, lo que es ilegal ya que dependen de un programa que es pertenencia del trabajador tercerizado, en este caso. Este problema ya lo hemos desarrollado en otro artículo de Política Obrera. Con la lucha tenaz, hemos logrado la marcha atrás del despido de Patricia. Los trabajadores de la salud son la vanguardia de la lucha en la provincia, pero principalmente en Orán que han desnudado el vaciamiento del hospital San Vicente de Paul, denunciando los salarios magros y la sobre explotación. Ahora se encuentran junto a la docencia cortando la ruta 50 en una jornada provincial donde también confluyeron en la ciudad Capital una marcha docente con la marcha por la salud de los trabajadores, el jueves, con columnas de mas de 4 cuadras por sector en lucha. El reclamo es por el aumento salarial y de las horas guardias, por la incorporación de más trabajadores para alivianar a los que están sobreexplotados. Se sumaron los bioquímicos, con el lema “Sin bioquímicos no hay diagnóstico. Todos somos un equipo”, que también reclaman el aumento por las horas guardias. La pelea contra el monotributo que coloca la fuerza de trabajo a pagar por trabajar no solo se desarrolla en la salud y en la educación, también entre los trabajadores estatales como los del 911 que denuncian persecuciones y sobre explotación por salarios de pobreza para sostener un contrato de trabajo. Es el estado el que quiebra la relación laboral asalariada, con contratos eternos para luego desprenderse sin tener que pagar resarcimiento alguno ante despidos y mucho menos pagar aportes previsionales, vaciando las arcas del ANSES. En el mismo sentido va el despido de Marta Tarcuta, ordenanza de la sede en Orán de la Universidad Nacional de Salta, que luego de 9 años de prestación de servicio ha sido despedida sin miramientos. La lucha contra la precarización que el estado impulsa empieza a crecer entre los trabajadores tercerizados estatales y privados. Los más afectados por la orientación capitalista ante la pandemia han sido los jubilados. El histórico vaciamiento del PAMI y la corruptela de los gobiernos que han pasado y el actual hacen caja, con las arcas de la obra social, para pagar la deuda con el FMI. Los jubilados de la ciudad de Orán han marchado desde la sede del PAMI hasta la plaza San Martín para reclamar la renuncia de la titular de la obra social, Verónica Molina, en la provincia. Denuncian que hay sólo una farmacia adherida al PAMI la que colapsa de afiliados por la atención y, por ende, se queda sin los medicamentos necesarios y urgentes. La llamada “segunda ola” trae consigo una agudización de la tendencia a la rebelión de los trabajadores que viene desde el norte provincial, encabezando el departamento de Orán que ya se ha llevado puesta a la anterior ministra de salud y donde emerge siempre la lucha docente junto a la docencia del departamento San Martín. Tomemos el camino de la coordinación de las luchas para confluir en un congreso de trabajadores que discuta e imponga su agenda. Las elecciones serán la vidriera de la agenda de los candidatos de los explotadores que se juegan por el pago al Fondo Monetario a costa del salario, la salud y la vida de los trabajadores.

Desde este lunes 2, la docencia autoconvocada salteña se ha declarado en huelga por tiempo indeterminado. Reclama contra los descuentos de paros anteriores y por un inmediato aumento del 45% en una sola cuota y cláusula gatillo, sin dejar de lado su reclamo contra la presencialidad educativa en pandemia, un régimen de titularización anual y otras reivindicaciones. Con piquetes y movilizaciones en diferentes ciudades se ha desenvuelto esta primera semana de huelga. El crecimiento del paro en Capital, lo que se reflejó en una movilización de más de 3 mil docentes el miércoles pasado, ha elevado el acatamiento a un 70% (con picos de 90% en el interior). En los piquetes y movilizaciones, han confluido trabajadoras ordenanzas por el pase a planta permanente, trabajadores de la salud que reclaman haber quedado afuera del mísero aumento otorgado al personal médico; y trabajadores precarizados de diferentes municipios. Las ordenanzas están convocando a su propia asamblea provincial para sumarse a la huelga. Bajo semejante despliegue de fuerzas, el operativo gubernamental de ocultamiento de la lucha docente fue quebrado. Esta huelga fue precedida por una serie de paros escalonados en los últimos meses contra la presencialidad educativa y la convocatoria a preparar el no inicio para el segundo semestre a principios de julio. Los descuentos del gobierno de Sáenz, que no se restringen a los huelguistas, y el adelantamiento de la última cuota (un 10% a cobrarse en octubre) de un mentiroso 36% cerrado en marzo, para negar un nuevo aumento salarial, no han hecho más que atizar la bronca docente. Los llamados “delegados de la plaza” y Sitepsa, se vieron obligados a votar sus propias medidas, ambos rechazando la consigna de una huelga por tiempo indeterminado. Sólo después de la multitudinaria movilización provincial del miércoles, votaron la extensión de sus paros. Mientras que Sitepsa aprobó extender la medida por 72 hs más, los Delegados de la Plaza se vieron obligados a acatar el mandato de las bases de paro por tiempo indeterminado. Solo una vaciada asamblea autoconvocada de capital, dirigida por activistas pertenecientes al FIT-U, ha votado extender su paro inicial de 48 hs por el mismo plazo, en nombre de que la huelga “no da”. Su conducta ha sido repudiada ampliamente por el activismo. A la par de negarse a convocar a los autoconvocados la discusión paritaria, el gobierno ha lanzado una campaña contra la huelga, tildándola de “política” a través de la burocracia de ADP y los sellos que conforman la intergremial docente. Sáenz evalúa ahora anunciar algún limitado aumento, que no superaría un 10%, más algún anuncio de la paritaria nacional, para promover levantamiento del paro por los Delegados de la Plaza y Sitepsa, ya que estos piden un aumento de ese tenor. A esta maniobra de aislamiento de la asamblea provincial autoconvocada bien se podrían sumar los “izquierdistas” que dirigen capital. Sin embargo, experiencia recorrida en los últimos meses por el activismo, se caracteriza por una confrontación y una tendencia a la superación de todas estas facciones, por su rol carnero a los paros escalonados y su inacción ante la muerte de ya 26 docentes por covid. Por lo pronto, la docencia autoconvocada ya ha fijado una movilización y una nueva asamblea provincial para el 9 de agosto próximo, donde todo indica que se ratificará el carácter indeterminado de la huelga. A Sáenz le urge quebrar esta lucha para que no confluya con la última semana de campaña electoral y con las elecciones del próximo 15 de agosto. Si bien los candidatos del gobierno tendrían asegurado un triunfo, con cifras bajísimas por la alta abstención, la acción decidida de la docencia autoconvocada contra el gobierno puede incidir en el resultado electoral. La solidaridad que las movilizaciones y piquetes docentes han recibido en estos días da muestras del hartazgo popular contra el gobierno. Ante los ataques gubernamentales que necesariamente crecerán en los próximos días, es necesario impulsar la más amplia solidaridad de clase con la huelga de la docencia autoconvocada salteña.

Política Obrera, partido que encabeza Jorge Altamira a nivel nacional, tendrá en su lista representación pilarense: es que en el tercer puesto de la nómina para diputado nacional se encuentra Pablo Busch, trabajador del Parque Industrial de Pilar. “Soy trabajador de Unilever, en el Parque. Decidí ser parte de la lista por la situación catastrófica que atraviesan los trabajadores en el país. Desde hace varios años, con el gobierno de Macri y ahora con el de Fernández, pandemia de por medio, los trabajadores hemos perdido nuestro poder adquisitivo, nos han pulverizado el salario y en el medio, hemos sido expuestos, sobre todo los esenciales al contagio, a la gravedad del Covid y a las secuelas, en muchos casos a la muerte, para continuar con las ganancias de los capitalistas”, explicó Pablo Busch en diálogo con Diario Resumen. El precandidato, además, apuntó a que ese esfuerzo de los trabajadores no se vio reflejado en el salario, ya que muchos empleados de diversos rubros aún hoy continúan por debajo de la línea de la pobreza: “seguimos no pudiendo acceder a la canasta familiar, en una situación cada vez peor”. En esta oportunidad el partido no contará con lista a nivel local, cosa que esperan se pueda modificar en los próximos comicios, donde buscarán representar en cada distrito a los trabajadores. “Fui candidato a concejal hace dos años, en el Frente de Izquierda pero hoy esa lista no representa los intereses genuinos de los trabajadores, se han volcado a hacer oportunismo mediático, en función de promover candidaturas. Desde Política Obrera no hemos conquistado aún la posibilidad de presentarnos en el distrito, pero en el futuro vamos a dar la lucha en todos los frentes”, comentó. Por otro lado, consultado por cómo se ven en las elecciones siendo que la Izquierda se ha dividido, aseguró que “vamos a dar la pelea”: “a las organizaciones de Izquierda les propusimos una PASO de toda la Izquierda, para que según los resultados se conformara una sola lista, para buscar dar la pelea contra la clase capitalista. No hemos encontrado a ninguna organización dispuesta a aceptar el desafío. Lo que nos distingue es que no decimos que con nuestra lista se acaba el problema, lo que decimos es que lo que viene, lo que está en agenda es un enorme ajuste contra el pueblo y que deberán salir a luchar a la calle, por lo que tener dentro del Congreso a socialistas, como Altamira, le permitirá desenmascarar la trampa del acuerdo al FMI”. Respecto de lo que ocurre con los trabajadores en nuestro distrito, Busch apuntó contra el Parque Industrial. “El Parque Industrial de Pilar es tierra de nadie, las empresas hacen y deshacen a su propio deseo y no hay absolutamente ningún límite, excepto el que ponen los trabajadores con su lucha. Ni La CGT de Pilar, ni el Ministerio de Trabajo ni el gobierno municipal ha puesto un límite y las condiciones de trabajo, los protocolos y todo lo necesario para los trabajadores ha quedado en sus manos, ninguna institución ha resuelto ningún problema”, detalló. Asimismo apuntó a que los trabajadores de la salud fueron quienes han estado en primera línea durante la pandemia, pero que también son quienes continúan cobrando un salario por debajo de la línea de la pobreza. “La primera línea, que se comprobó es la esencial para salir adelante, necesita tener voz en el Congreso, necesita salario equivalente a la canasta familiar, reconocimiento de la profesión, protocolos obreros en las fábricas esenciales. Eso no está en agenda ni en el gobierno municipal de Achával, ni en el sector de Juntos por el Cambio. Ahora, a los trabajadores que están luchando, les llegará un nuevo ajuste”, expresó. Sobre cómo será la campaña indicó que se centrarán en las recorridas por los barrios, evitando eventos de concurrencia masiva por el coronavirus e incluso, contó que este sábado inaugurarán un local partidario en Pilar, en el barrio Agustoni (Chile 531, entre Colombia y Venezuela). “No vamos a hacer campaña con grandes concentraciones pero sí vamos a hacer recorridas por los barrios, con los candidatos, hablar con los vecinos y en los próximos días estaremos inaugurando un nuevo local en Pilar, con las medidas de protocolos necesarias”, concluyó Pablo Busch. Publicado en: https://diarioresumen.com.ar/politica/pablo-busch-el-trabajador-del-parque-industrial-que-es-precandidato-a-diputado-nacional/

Tras anuncios del gobierno bonaerense, un dirigente de Suteba Matanza salió al cruce en contra de sumar clases los sábados y subrayó que docentes estuvieron donde el Estado falló. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció días atrás que 5 millones de estudiantes regresaron a la presencialidad, protocolo mediante para evitar un rebrote del virus. Inmediatamente después de eso, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, aclaró que evalúan organizar clases a contra turno y los sábados para quienes necesiten recuperar contenidos pedagógicos. Pero desde el gremio docente responden con dureza. En diálogo con Infonews, el docente y dirigente de Suteba Matanza, Mariano Hermida, enfatizó que "si hay alguien que ha hecho, verdaderamente, todos los esfuerzos para que los chicos y las chicas puedan estudiar bajo la pandemia han sido los propios docentes, que han puesto de su propio bolsillo para la conectividad, que han trabajado jornadas laborales por fuera de lo que les corresponde a su horario habitual y han puesto de sí todo lo mejor para que la educación bajo la pandemia se pueda garantizar". Para él todos estos anuncios son "la confesión del propio gobierno de cómo ha fracasado su política educativa desde el comienzo de la pandemia. Según las cifras oficiales del propio Ministerio de Educación, como mínimo, tenemos casi dos millones de estudiantes en el país que han sido desplazados del sistema educativo y se debe, fundamentalmente, a que el Gobierno no ha garantizado lo mínimo, indispensable y necesario para mantener el vínculo pedagógico: estamos hablando de las computadoras gratuitas, del wifi, de un plan de conectividad, de plataformas digitales, de acceso a internet libre". El reclamo sobre la conectividad y la dirección de fondos hacia los pibes y las pibas que estudian sin recursos económicos fue lo reclamado durante las últimas horas en la calle y es algo, también, que Hermida critica. "Todo el dinero que se debería destinar a partidas presupuestarias para Educación han formado parte de un ajuste fiscal que ha hecho el Gobierno nacional para privilegiar los intereses de los grupos financieros, tenedores de la deuda y, en definitiva, de poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". En esa línea, el dirigente de Suteba denunció que un eventual pedido de dictar clases los sábados "constituye un ataque a las condiciones laborales de la docencia y del estatuto: no se puede pretender que un compañero vaya a dar clases los sábados porque son días no laborales". "Lo vamos a defender con todas nuestras fuerzas y por eso estamos reclamando que se convoquen asambleas en todas las seccionales de Suteba y gremios docentes para organizar un plan de luche por nuestras reivindicaciones, empezando por la exigencia de nuestras paritarias, que Kicillof dijo que iba a reabrir y hasta el momento no hizo nada; y la exigencia de que necesitamos un salario mínimo que cubra la canasta familiar", advirtió.

El Partido por un Santiago Obrero -como se denomina electoralmente la Tendencia del Partido Obrero en Santiago del Estero- realizó este jueves 5 un acto en la calle Almafuerte y Primer Pasaje, barrio Los Lagos, en La Banda. Los compañeros de la asamblea del Polo Obrero Tendencia organizaron está actividad acondicionado una cancha de fútbol que sirvió de escenario para el evento que conmocionó al barrio, acudiendo al mismo periodistas de medios locales y vecinos de zonas aledañas. La pre candidata a diputada nacional Valeria Morales se dirigió a la audiencia remarcando las luchas contra la violencia a la mujer que dio inicio a los núcleos de organización del barrio y envió un saludo a la mamá de Priscila Martínez, víctima de femicidio, quien estaba presente. La compañera prosiguió con la explicación de nuestra propuesta, haciendo foco en la crisis de régimen desatada por la pandemia y el quiebre del sistema de salud. Denunció que el FMI puso como condición que el Congreso vote el acuerdo después de las elecciones -algo que los bloques macristas y fernandistas van a hacer sin chistar-, cuando ese acuerdo es una condena perpetua a la miseria para mayoría trabajadora . Este incluye la exigencia de una reforma previsional que convertirá las jubilaciones en planes asistenciales, por un lado, y una reforma laboral que despojará a los trabajadores de sus derechos, con le propósito de legalizar la precarización laboral que ya existe en el país. Valeria llamó a apoyar la lista del Partido por un Santiago Obrero, que es la fuerza política que plantea el rechazo al acuerdo ruinoso del FMI y usará el parlamento como tribuna para convocar la rebelión popular en defensa de los intereses de los trabajadores, señalando que la salida es una asamblea constituyente libre y soberana que desplace del poder las instituciones del Estado burgués para reorganizar a la sociedad sociedad sobre nuevas bases sociales. También estuvo en el acto el pre candidato a diputado nacional Álvaro Reynoso, quien se refirió a la falsa grieta que quieren imponer en estás elecciones PASO, resaltando que JxC y el Frente Cívico están en la misma sintonía a la hora de votar el acuerdo colonial con el Fondo. Álvaro destacó que el Partido por un Santiago Obrero es la fuerza de izquierda en la provincia que mantiene el planteo del gobierno de los trabajadores, tras la bancarrota del FIT-U, entregado al electoralismo y el parlamentarismo. EFIT-U ha abandonado la perspectiva de formar en la clase trabajadora una consciencia que tenga como horizonte el socialismo. Álvaro también agregó qué los trabajadores santiagueños no pueden caer en las falsas promesas de JxC, el Frente Cívico o Mirolo -intendente de La Banda, del Frente Renovador), pues ya se tiene la experiencia de los años de gobierno de estos partidos que solo aumentaron la miseria de los santiagueños. Culminó llamando a realizar una campaña militante en los barrios, en los lugares de trabajo y estudio, para conquistar el voto de los trabajadores a las listas del Partido por un Santiago Obrero y sumarlos a la campaña de fiscalización para defender los votos . Luego de los discursos los pre candidatos se quedaron recibiendo saludos y el apoyo de los concurrentes y receptando las inquietudes de vecinos de barrios cercanos, que se acercaron a comentarles las problemáticas de la precariedad de las viviendas de la zona, la falta de iluminación en las barriadas, entre otras inquietudes. Y antes de retirarse, dieron una entrevista a medios radiales de La Banda que cubrieron el evento. En el barrio Los Lagos ya salimos a la cancha. Y la campaña continuará con actos y actividades en los próximos días.

Los trabajadores de reparto del estado Nueva York están enfrentando una enorme lucha por el reconocimiento al derecho de organización y sindicalización, y el acceso a las más mínimas condiciones laborales como, por ejemplo, cobrar el salario mínimo equivalente al que determina la ley de dicho estado - 15 dólares. Se calcula que existen 80 mil trabajadores de reparto registrados en por lo menos alguna “app” de reparto -Uber Eats, Grubhub, entre otras- siendo mayoría los inmigrantes latinoamericanos. No gozan de una jornada laboral regulada ni tienen seguro de riesgo para circular por una metrópoli como Nueva York. Como en todo el mundo, los trabajadores de reparto figuran como “contratistas independientes” -aquí, en Argentina, como monotributistas-; de esta manera reciben su paga por servicio y no jornada. De esta forma, el salario depende de la cantidad de entregas realizadas, y no del tiempo empleado. De igual forma, el mantenimiento de las herramientas de trabajo corre por parte del trabajador, así como el gasto de combustible y arreglos que deban realizarse a sus vehículos particulares. De acuerdo al New York Times, el salario de estos trabajadores ronda entre los 6,57 y 7,87 dólares por hora -incluyendo propinas-, cuando se traducen las entregas en tiempo de trabajo. La ley de Nueva York, en cambio, establece un salario mínimo de 15 dólares por hora. En 2003, el Partido Obrero planteó en la legislatura porteña el establecimiento de un salario mínimo local, que fue rechazado, en la comisión de Legislación del Trabajo, con el pretexto de que sólo puede ser de carácter nacional. Los trabajadores monotribustistas no cuentan con seguro laboral ni de ningún tipo, mientras sufren accidentes y robos cotidianamente. El sector de reparto ha tenido un crecimiento exponencial en la pandemia, no solamente debido los cierres de restaurantes y comercios, sino como resultado de los despidos en otros sectores. Los inmigrantes representan el 49% de la fuerza laboral en Nueva York, pero el 54% sufrió la pérdida de su trabajo durante la pandemia. Las condiciones actuales, según las propias empresas de entregas de alimentos, como ha sido recopilado por el Wall Street Journal, no alcanzan para volverlas rentables. La competencia dentro del rubro es feroz, por lo que buscan defender sus ganancias avanzando sobre las condiciones laborales. Los trabajadores han conformado una organización llamada “Los Deliveristas Unidos (LDU)”; luchan por una ley que regule su situación laboral. El agrupamiento es impulsado por un grupo llamado Workers Justice Project (WJP), sin reconocimiento sindical. La burocracia sindical del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SIES), que se encuentra bajo la tutela del partido demócrata, ha comenzado a operar dentro del WJP y la LDU para colocarla bajo su ala y contener la lucha. Reclaman la integración del trabajo de reparto en el ámbito del sindicato. los trabajadores de reparto sean reconocidos como afiliados a su sindicato La ley impulsada por esta burocracia no plantea, sin embargo, el pasaje del monotributismo a la dependencia, ni el reemplazo del pago por servicio al pago por hora o jornada. El descuento de la cuota sindical sería financiado por un aumento del precio del servicio. El SIES cuenta en Estados Unidos con más de 2 millones de afiliados.

La gestión capitalista de la pandemia golpea fuertemente a los trabajadores. En el plano de la salud, ha producido más de 35 mil muertes por Covid en el país. Con un rápido desconfinamiento, justificado por la vacunación masiva, el gobierno empuja el retorno a la normalidad capitalista, como el retorno a clases presenciales totales Acerca del cuadro de crisis política, los partidos del régimen quisieran sellarla con las elecciones generales, y no en la Convención Constitucional. Ahora bien, la Convención está atrapada en cuestiones formales y estatutarias. La elección de Jorge Arancibia, un ex edecán de Pinochet como miembro de la Comisión de DD.HH, sobresale como una fuerte provocación de la derecha, y una evidencia del impasse constitucional. Por eso la Convención no está despertando el interés en las masas, que sin embargo esperan la consagración de derechos largamente deseados, en educación, salud y la cuestión previsional. El aumento sideral del precio internacional del cobre se manifiesta parcialmente en cierto rebote de la economía pero no en la demanda de trabajo. Electoralmente, la derrota del PC ante el Frente Amplio, aun cuando sus programas eran similares, es tomada aisladamente. El PC sacó más votos, en la interna con el FA, que la derecha en todas sus variantes. Sin embargo, hay malestar en su militancia de bases por su alianza con el FA, uno de los partidos de la ex concertación. La predominancia de una “línea única” al interior del PC se rompe, y amenaza un quiebre con Apruebo Dignidad. La contrapartida de todo esto es el reguero de huelgas y luchas obreras. Además del desempleo, la quiebra de pequeños comerciantes y la fenomenal crisis de vivienda, la lucha contra el subcontrato y por el no pago de bonos y haberes, se encuentran a la orden del día. Es el caso de los subcontratados de Eulen, en Metro, a quienes se les han negado bonos y, mediante anexos, son obligados a renunciar para no pagarles los finiquitos. O el caso de los trabajadores de la imprenta Ártica, que reclaman bonos y reducción de la jornada laboral, días de festejo, entre otros puntos. La lucha también se da en los municipios gobernados por la corrupción, malversación de fondos y robo de dineros municipales en desmedro de los trabajadores, como en Maipú. El gobierno y el parlamento reconocen solo a los armadores para el bono Pyme, pero no a a los pescadores artesanales, quienes además en muchas caletas y puertos reclaman acabar con el impuesto específico a los combustibles, insoportablemente caros, por el fin de la pesca de arrastre, que barre con los recursos naturales y destruye el lecho marino, y el bono Covid. Por su parte, los obreros de planta y subcontratados de Inchape en BMW, denuncian despidos de trabajadores sindicalizados y suspensiones –obligándolos a sobrevivir con sus propios ahorros de cesantía y fondos previsionales mediante retiro de las AFP. En Unimarc, golpea el cierre de locales y los trabajadores luchan por recuperar sus puestos de trabajo y la normalidad en sus turnos. Los subcontratados de Provider, que terceriza para Enel y Aguas Andinas, exigen aumento de salario, la incorporación de los trabajadores de Enel al convenio colectivo, y el fin al subcontrato. En el norte irrumpen los mineros y la lucha en defensa del medio ambiente y contra las zonas de sacrificio se extiende. Sin embargo, aun rodeados por gestos de solidaridad, los enérgicos conflictos están aislados y dispersos, y en muchos casos dirigidos por una burocracia que actúa como chaleco de fuerza contra el desarrollo de la lucha. Los partidos y las organizaciones de la izquierda tampoco orientan los conflictos. Debemos superar estas limitaciones orientando las negociaciones colectivas y coordinando las huelgas y las medidas de fuerza. Por a un aumento general de salarios y jubilaciones; por expropiaciones a la gran industria, puertos, bancos, salud, educación y vivienda privadas y a las AFPs, sin indemnización, y bajo control obrero; por el fin al subcontrato y a la flexibilización y por el pase a planta de todos los trabajadores; por el no pago de la deuda pública al capital financiero, por inmediato aumento de salarios y jubilaciones, triplicación del IFE con cargo a los capitalistas, el fin al Código Laboral pinochetista –entre todas las otras urgentes medidas. Para dotar las luchas obreras, formemos comités de lucha, intervengan o no los sindicatos. Para articular estas organizaciones pongamos en la perspectiva un Congreso de bases del movimiento obrero. Por la liberación inmediata a los PP; desmilitaricemos los territorios, se repare a las víctimas de la represión, y se desmantele a las fuerzas represivas. Fuera Piñera, Asamblea Constituyente libre y soberana. Por un programa, un partido, y un gobierno obrero y socialista.

En el artículo “Salta: la docencia autoconvocada va a la huelga por tiempo indeterminado”, en donde dice: “Reclama contra los descuentos de paros anteriores y por un inmediato aumento del 45% en una sola cuota y cláusula gatillo, sin dejar de lado su reclamo contra la presencialidad educativa en pandemia, un régimen de titularización anual y otras reivindicaciones”, debe decir “Reclama contra los descuentos de paros anteriores y por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, equivalente a 120 mil pesos hoy en día, sin dejar de lado su reclamo contra la presencialidad educativa en pandemia, un régimen de titularización anual y otras reivindicaciones”. La consigna de un aumento del 45% corresponde a la asamblea de capital y fue rechazada en la asamblea provincial autoconvocada del primero de agosto pasado, en donde se ratificó por amplia mayoría la consigna votada desde principios de año de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y se le puso el monto concreto de 120 mil pesos.

De un modo impensado, el oficialismo gobernante acaba de confirmar una de las cuestiones que nuestra corriente, Política Obrera, viene señalando con fuerza. A saber, que la crisis histórica de la Argentina tiene como cuestión central al crecimiento exponencial de la pobreza. Ayer, sábado 7, los movimientos sociales afines al gobierno celebraron el día de San Cayetano con una marcha que no se dirigió en procesión a Liniers sino a Plaza de Mayo, y “con reclamos”. A la cabeza de la movilización se colocaron varios dirigentes sociales que son, a su vez, funcionarios del ministerio de desarrollo social – es el caso de Daniel Menéndez, dirigente de la fracción oficialista de Barrios de Pie y actual candidato a diputado del FdT. Uno de los referentes de la UTEP, Esteban Castro, advirtió que su organización “no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente”. La crisis social, como se ve, penetra por las rendijas de los movimientos oficiales. ¿Cuál fue el programa de la marcha cayetana? En un reportaje a La Nación, Menéndez subraya “el fracaso de los planes sociales para combatir la pobreza“. Suena fuerte, pero no deja de ser una verdad de Perogrullo. Por empezar, los planes representan la quinta parte de la llamada “canasta de pobreza” –no resuelven las necesidades elementales de una familia de desempleados. Por otra parte, sólo los cobran uno de cada 10 desocupados o subocupados. Más allá de estos datos, el funcionario Menéndez llega muy tarde a la constatación de que la asistencia social no resuelve la pauperización general. Los planes fueron una conquista arrancada por las luchas piqueteras del “Argentinazo”. Pero por su alcance nunca han sido un subsidio al desempleado, el cual debería estar vinculado al salario: el régimen social y político se las arregló para que nunca se acercaran a un salario, es decir, que cristalizaran la pobreza. Algunos animadores de la marcha Cayetana reivindican un “salario básico universal” en reemplazo de los planes, el cual se otorgaría a todos aquellos que no registren una relación laboral. Pero el gobierno debería pagar un costo muy alto por esa “universalidad”. Lo demostró el IFE, donde se terminaron inscribiendo la friolera de 9 millones de desocupados o precarizados. Precisamente, fue la desaparición del IFE, junto a otros ajustes, lo que pavimentó el inicio de negociaciones con el FMI. Ahora, una “asistencia universal” está fuera del radar de la austeridad fiscal que está en marcha y que se acentuará con el acuerdo con el Fondo. A menos, claro, que la “universalidad” tenga como contrapartida a un subsidio de monto irrisorio. Ninguno de los animadores de la marcha cuestionó el pacto en puertas con el FMI. Daniel Menéndez, en La Nación, plantea otra ruta-la “transformación de la política social en política productiva”, “a través de las cooperativas que dependen de los movimientos sociales”. Menéndez omite que ese “modelo” ya está presente en las actuales cuadrillas de los planes Potenciar Trabajo. Pero él sabe mejor que nadie, primero, que los desocupados rechazan trabajar por 17.000 pesos; segundo, que los municipios o estados provinciales, con presupuestos exiguos o absorbidos por los punteros y contratistas afines, no quieren ni pueden articular a las cuadrillas del “Potenciar”. La tentativa de “cooperativizar” a los desocupados ya fue recorrida por la gestión Arroyo: el rechazo de los ´beneficiarios´ a “trabajar por el plan” es, sencillamente, el rechazo de la clase obrera a descender al escalón más bajo de la miseria y la indigencia. La transformación de la UTEP en un sindicato –también reclamada en la marcha- es inseparable del planteo cooperativo. Los dirigentes de UTEP se han ocupado en señalar que “no le reclaman nada a la CGT”, es decir que no buscan agremiarse en tanto trabajadores, sino como federación de pretendidas “cooperativas”. En la línea del “rechazo a los planes”, y sin necesidad de ir a la marcha cayetana, se ha anotado alguien muy cercano a Alberto Fernández. En una nota publicada en Infobae, Gustavo Beliz, el secretario de “asuntos estratégicos” del gobierno de Todos, suscribe el planteo de Menéndez –abolir los planes y favorecer las cooperativas, como transición hacia “normativas (laborales) que permitan el trabajo formal”. El texto de Beliz rezuma el viejo planteo de hacer de las cooperativas una gran plataforma de trabajo precario, tercerizando tareas y servicios en favor de empresas de mayor porte. Se quiere pergeñar una salida de “monotributismo” masivo como respuesta a la actual catástrofe laboral. Beliz también propugna mecanismos de “transición” entre los planes y el ingreso al trabajo. Es lo que ya intentó el macrismo con los planes “Empalme”, sin mayores resultados. La crisis histórica de empobrecimiento abrió una deliberación entre todas las clases sociales. El piqueterismo afín al gobierno, detrás de algunas reivindicaciones, acompaña los planteos conceptuales del gran capital: la pauperización general no requiere una transformación social general, sino “otras modalidades de empleo” –o sea, la quimera de recuperar el derecho al trabajo a cambio de la precarización permanente. Es el camino ya recorrido por las reformas laborales menemistas y aliancistas, y consolidadas por los nacionales y populares posteriores. Esas reformas degradaron la condición laboral, facilitaron los despidos y no contribuyeron con un solo puesto de trabajo. Despejada toda esta maleza de propuestas de dudosa concreción, lo único que queda en el discurso de los piqueteros oficiales es “el fracaso de los planes”; o sea, una forma sinuosa de admitir que la tijera del ajuste fiscal también se meterá en los miserables “Potenciar Trabajo”, y en otras asignaciones que terminarán siendo licuadas por la inflación. El nombramiento de Juan Zabaleta en el ministerio podría ser la punta de lanza para esta tentativa. La crisis política concentrada en la pobreza obliga al movimiento piquetero a debatir un programa de conjunto: unidad con las organizaciones obreras para defender un salario igual a la canasta familiar; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; ingreso masivo al trabajo a través de un plan de obras públicas focalizado en la vivienda y en necesidades sanitarias, con salario de convenio y financiado a costa del desconocimiento de la deuda pública interna y externa. San Cayetano, en definitiva, no trajo milagros. Pero en la persona de más de 100.000 desocupados y empobrecidos movilizados por las organizaciones oficiales, puso de manifiesto la impotencia de la política oficial frente a la crisis histórica de Argentina.

Bajo el sol del sábado los compañeros del Partido Obrero (Tendencia) de Hurlingham lanzamos la campaña electoral votada por una gran asamblea de compañeros de los barrios quienes luego de escuchar los planteos de parte de los candidatos a diputados Eva Gutiérrez y José Aguilar, plantearon y debatieron preguntas, inquietudes y posiciones políticas. De la asamblea fueron parte activistas docentes, de la Comisión Interna del INTA y una nutrida delegación del Polo Obrero de Hurlingham, con presencia de los barrios Mitre, Athepam, Cartero, La Esperanza, 2 de Abril, Bonorino y Fargo. Eva Gutiérrez dijo en su discurso que "que mientras se mata de hambre a los jubilados y desocupados, el Congreso que se vote ahora va a votar un nuevo ajuste por cuenta y orden del FMI". Por su parte, José Aguilar describió "la quiebra del régimen político, expresada el empobrecimiento de los trabajadores, y la necesidad de plantear una Asamblea Constituyente Soberana como una salida a la crisis, un planteo que empalma con la crisis abierta en toda Latinoamérica". La asamblea transcurrió al ritmo de una mateada y agasajo de cosas ricas que prepararon los compañeros del Polo obrero de Hurlingham, muchos de los cuales nos han acompañado históricamente en otras campañas electorales, con mesas de agitación y pintadas en los barrios. Fue así que de los mismos compañeros surgieron propuestas de mesas en distintos puntos del distrito, cuadrillas de pintadas y comités de medios. También se anotaron muchos compañeros para fiscalizar el día de las elecciones así defender el voto a una Política Obrera y socialista.

Ante las dilaciones de parte del Gobierno y las condiciones de hambre y miseria generalizadas, el Polo Obrero (T) se moviliza este martes. Esta será una jornada nacional de lucha que impulsaremos en capital, el conurbano y en todo el país. Los incumplimientos de parte del gobierno pasan por encima de todo lo firmado por los propios funcionarios y de todos los acuerdos previos. Demoras y cambios en los cronogramas de pago, descuentos a compañeros, aumentos que no llegan, partidas de alimentos sin aumento ni variedad. Entre una cantidad de ajustes llevados adelante por los funcionarios del gobierno. De esta manera generando una situación de incertidumbre y angustia en miles de compañeros desocupados. Como coartada usan la excusa de los cambios en el gabinete y en el Ministerio de Desarrollo Social, mientras tanto en estos días se pagaron millones de dólares al FMI y la inflación arriba de 40% reduce los ingresos de millones de familias trabajadoras. Nos piden paciencia en el marco de 2,5 millones de nuevos pobres en el último año. Este pasado sábado en la celebración de San Cayetano las organizaciones sociales que son parte del gobierno alertaron sobre la situación de pobreza y revelaron que “no podrán evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida”. Durante la pandemia se recortó el IFE a los 9 millones que lo pidieron, para cumplirle las metas al FMI se redujo el déficit fiscal al 0,4%, se eliminaron bonos a los jubilados. El aumento de la canasta de pobreza llega al 45% mientras la mayoría de las paritarias se colocaron claramente por debajo de este valor. El mismo INDEC marca que el 39,5% de la población es pobre y el 11,2% indigente. Sabemos que la única salida a esta situación es luchando en las calles y movilizados. No aceptamos más espera. Rodearemos el Ministerio de Desarrollo Social exigiendo que nos atienda el ministro y la nueva plana de funcionarios para revalidar todos los compromisos previos y llevar el planteo de las nuevas reivindicaciones. Organicemos una gran jornada de lucha en todo el país que ponga en discusión la situación de hambre y miseria insoportable. ¡Basta de ajuste, miseria y hambre! Vamos por trabajo genuino. Por un plan de obras públicas que contemple viviendas populares y la urbanización de los barrios y villas. Implementando una bolsa de trabajo que esté a cargo de las organizaciones. Exigimos el pase a planta de todos los compañeros que llevan tareas por un plan en los municipios, hospitales y escuelas. En la ciudad y el conurbano, este martes 10, a partir de las 12hs, marchamos a Desarrollo Social desde Plaza Constitución.

Este lunes 9 de agosto, los trabajadores del Hospital Santamarina y del sistema de salud de Tandil (SISP) inician un paro por tiempo indeterminado por su salario. Seguirá funcionando la guardia con colaboración mínima, pero se estima que la mayoría de los trabajadores se sumará a la medida. El reclamo de los trabajadores es un 25% de bonificación en el salario y establecer la jornada de 6 horas por insalubridad, que también permite una jubilación con 25 años de servicio y 50 años de edad. Este reclamo es muy sentido porque la pandemia ha generado un enorme agotamiento entre los trabajadores del Hospital, sobrecargados de tareas sin que el gobierno municipal dispusiera la contratación de más personal. El conflicto lleva ya más de dos meses. La contrapropuesta del intendente Miguel Lunghi (Juntos por el Cambio) fue establecer las 6 horas para algunos sectores y sólo un aumento del 20% en la remuneración que reciben de la recaudación del Hospital, que asignaría como “premio”. Los trabajadores aceptaron la propuesta de la reducción horaria (parcial), pero repudiaron la oferta económica. La recaudación del Hospital, dividida la cantidad de trabajadores, resulta una suma mínima para un salario bajísimo. Se mantiene en pie el reclamo del 25% de bonificación, que se exigió al principio para hacer frente a una inflación imparable. El sindicato se ha mantenido mayoritariamente indiferente a los reclamos, y pactó con el Estado en esta ridícula oferta. Pero en asamblea de base, el voto fue para rechazar e ir al paro. Hasta ahora, el Municipio mantiene su rechazo al reclamo planteando que es “injustificado”. Pero antes de los reclamos particulares de este año, incluso antes de la pandemia, los trabajadores de la salud vienen arrastrando problemas en sus condiciones laborales, y el Estado es directamente responsable. El Municipio difundió un comunicado donde expresa que “luego de una serie de consultas en municipios de la región que cuentan con hospitales municipales, hemos arribado a la conclusión de que la inmensa mayoría no cuenta con reducciones horarias generales como las que se solicitan” (lavozdetandil.com,6/8). ¡El ajuste sobre el Hospital Público en pandemia es, efectivamente, universal en toda la provincia! Los trabajadores de la salud del SISP son de vital importancia para la comunidad de Tandil. Para trabajar bien necesitan más personal, menos horas de trabajo y un salario digno para vivir. Es lo mínimo que debe garantizar el Estado. Esto también debería pasar en el resto de los trabajos en Tandil y en la Argentina entera. Con las riquezas de la nación, es un crimen que los trabajadores, que somos el corazón del país, vivamos en estas condiciones miserables por poner en forma prioritaria el pago al FMI y los acreedores internacionales. ¡Apoyemos el paro del Hospital! Es importante apoyar el paro y solidarizarse con los trabajadores, la vida de muchas personas es salvada en el hospital, y no se puede permitir que trabajen en malas condiciones. ¡Unámonos a la lucha de los trabajadores de la salud del Hospital Ramón Santamarina!

El proyecto de ley de “estatización” de los corredores viales oeste y norte, que presentó el pasado mes de junio Facundo Moyano, ha suscitado una deliberación tanto dentro de la actividad de peajes como en la sociedad en general. La composición accionaria de la nueva empresa que se crearía para la explotación de los corredores, AUMET, sería síndico-estatal-privada. Un 10 % sería licitado a capitales privados, un 7 % quedaría en manos del sindicato de Facundo Moyano y el 83 % restante en manos del Estado. De esta manera Facundo Moyano pretende imitar el modelo de AUBASA (Autopistas Buenos Aires S. A., que administra la autopista Buenos Aires-La Plata) donde el sindicato SUTPA se asocia al negocio patronal. Desde el punto de vista de los trabajadores dicha asociación es incompatible con sus intereses y sus derechos. El proyecto dictamina que en materia tarifaria el aumento de los peajes de los corredores será automático y se actualizará según el IPC (indicador de los aumentos de los precios al consumidor). Lo notable es que las paritarias del SUTPA nunca siguieron tal evolución sino todo lo contrario: siempre estuvieron por debajo de la inflación. AUSA En declaraciones a distintos medios y en redes sociales, llama la atención que Facundo Moyano ponga como ejemplo a AUSA, la administradora de las autopistas de CABA. No solamente debido a que es administrada por la gestión de Larreta y del macrismo, sino porque reivindica la eficacia de la gestión. Para los trabajadores del peaje y los usuarios de esa autovía, se trata de una empresa costosísima. La automatización en AUSA avanza, y la regla es el pase a disposición de los trabajadores sin funciones ni tareas, lo cual significa el preludio de una cesantía generalizada. De esta manera, y de forma hostil, AUSA avanza sobre los derechos de los empleados de la empresa “modelo” que elogia Facundo Moyano. Consideremos que los puestos de trabajo en la actividad, y que están en peligro, se cuentan de a miles. En materia tarifaria, AUSA aumenta según el criterio propuesto por Moyano, dando por resultado la tarifa de peaje más cara del país al seguir la relación precio por kilómetro recorrido. La relocalización de los trabajadores en tareas efectivas es la prioridad que debe tener el SUTPA, para defender los puestos de trabajo. A su vez los trabajadores debemos organizarnos en asambleas soberanas para que nos informemos y debatamos el futuro laboral de miles trabajadores y de sus familias. La organización garantiza la efectividad de la relocalización de los puestos y su defensa inclaudicable. AUBASA En las mismas declaraciones, Moyano criticó a la gestión sindico-estatal de AUBASA por su ineficiencia. A esta crítica cuesta digerirla ya que el SUTPA no sólo es accionista de la empresa, sino que tiene cargos directivos en la misma y de que está, por lo tanto, a ambos lados del mostrador. El encargado de representar al SUTPA es la mano derecha de Facundo: Federico Sánchez. Un dato elocuente del fracaso de la administración de AUBASA es que en las autopistas oeste y norte se realizaron colectas para brindarle ropa de abrigo a los trabajadores, que no le son entregadas por parte de la empresa. Al incumplir con el aprovisionamiento de la indumentaria de trabajo, la firma incurre en ilegalidad. Por otro lado, ha habido retrasos en los pagos de los aumentos paritarios, que firmó el propio sindicato con las empresas del gremio. En este caso la gravedad es aún mayor, puesto que allí el SUTPA cogestiona la administración de la empresa. El bono de fin de año -que no se acreditó y que estaba firmado en el acuerdo paritario- es otro condimento de esta situación. En la peor etapa que han sufrido los trabajadores desde la fundación del SUTPA, y bajo una pandemia que se llevó a decenas de compañeros, Facundo Moyano y sus dirigentes han respaldado las ganancias de las empresas, en detrimento del ingreso y de la salud de los miles de trabajadores de la actividad. Su actitud es criminal y hostil a los intereses de los trabajadores de peajes y afines. AUSOL y GCO El amago de estatización de los corredores viales oeste y norte tiene otro detalle importante a considerar, que está vinculado con el CIADI y el FMI. Repasemos para algún recién llegado. El gobierno de Macri y su ministro Dietrich están imputados por otorgarle a estas empresas una garantía de ganancia de más de 1.700 millones de dólares por tarifas futuras, además de una venta fraudulenta de las acciones del propio Macri. Estos números son resultado de una dilatada auditoría que se dio a conocer esta primera semana de agosto. Además, les extendieron la concesión hasta el 2030. Esta entrega se dio en el marco del reingreso a la órbita del FMI que ejecutó el gobierno de Macri. Para ello el FMI exige estatutariamente que para realizar cualquier acuerdo con el organismo no debe haber juicios pendientes en el CIADI: Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, institución del banco Mundial con sede en Washington. La moneda de cambio de todos los beneficios descritos fue que las empresas de los corredores en discusión retiraran las demandas en dicho organismo. El punto está en que justamente en este momento el ministro Guzmán está negociando con el FMI un nuevo acuerdo con el aval de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, y una supuesta expropiación podría generar una nueva ola de demandas en el CIADI. La efímera visita de Pedro Sánchez, jefe del Estado español, tuvo como tema principal la defensa de los intereses de la compañía Abertis (accionaria principal de los corredores norte y oeste) y la negociación con el FMI. ¿Qué hacer? La principal preocupación de los trabajadores de la actividad de peajes es la defensa de los puestos de trabajo y la actualización del salario que pueda hacerle frente a una canasta básica que ronda los 120 mil pesos. La relocalización de los trabajadores en tareas efectivas es la principal tarea a desarrollar y conquistar por parte del conjunto de los trabajadores. Mientras la paritaria que debía iniciarse en junio sigue parada, la devaluación sigue carcomiendo el ingreso salarial y a la vez la inflación socava cualquier posibilidad de tener una vida digna. Defendamos el salario y los puestos de trabajo. Aumento salarial del 60 %.

La primera semana de campaña de Política Obrera en Tucumán arrancó con una conferencia de prensa de presentación de los precandidatos de la lista a senadores y diputados nacionales, que encabezan Daniel Blanco y Raquel Grassino, respectivamente, y varias notas televisivas y radiales. Luego se desenvolvió una agenda de actos presenciales, asambleas-interpelación, charlas por Zoom y reuniones para la formación de comités de apoyo. Se realizó una charla por Zoom a cargo de Daniel Blanco con veinte enfermeros y médicos, y estudiantes de enfermería. Dio inicio a una campaña para formar comité de apoyo a la precandidatura de Raúl Barrionuevo, un dirigente de los autoconvocados de la Salud. La actividad más impactante fue en Tafi Viejo, en la plaza de la Memoria, donde se concretó un acto con más de 400 asistentes, con participación de núcleos del Polo y vecinos de distintos barrios de la ciudad y localidades vecinas (Villa Carmela, Los Nogales, Nueva Esperanza). Se destacaron entre los asistentes los trabajadores del limón. Durante una semana, hubo una fuerte militancia de agitación de la convocatoria y para autofinanciar el acto. Mario Villacorta, obrero del limón candidato a diputado, y la dirigente de la juventud de la zona, la compañera Aylen, hicieron uso de la palabra. El acto ha sido un disparador de una campaña masiva en toda la zona. Diversos núcleos barriales influenciados por el gobierno han pedido realizar reuniones y asambleas para que expliquemos a fondo nuestro programa. En los días subsiguientes, se realizó una importante interpelación pública con más de 120 asistentes en la plaza principal del municipio de Las Talitas, con la participación de Daniel Blanco. A la asamblea se acercaron vecinos nucleados en otras organizaciones barriales, que dejaron las puertas abiertas para organizarse con el Polo. También participó un grupo de trabajadores ladrilleros. En el fin de semana, Daniel Blanco y Raquel Grassino, participaron en diversas actividades en pueblos y ciudades a lo largo de la ruta 38. En la Cocha, a 130 km de la capital, fue una asamblea con la participación de 70 vecinos, muchos de ellos obreros del tabaco, cosecheros del limón y el arándano. Estuvieron presentes compañeros agrupados en otras organizaciones de la zona que plantearon su decisión de agruparse con el Polo. En Monteros, se concretó una reunión con docentes autoconvocados, docentes de la UNT de la carrera de Kinesiología y familiares víctimas de la impunidad. Al día siguiente se concretó en el departamento de Famailla, una importantísima asamblea de trabajadores del limón de varias localidades, donde estuvieron presente delegados de sus zonas que encabezaron los piquetes de la gran lucha autoconvocada que se concretó a comienzo de la cosecha. Se convino en convocar a un plenario provincial de delegados autoconvocados, para encarar tres grandes desafíos: las elecciones en UATRE, y la lucha por un plan social intercosecha. También un plan de asambleas y reuniones en los pueblos con la presencia de Daniel Blanco y Raquel Grassino para ampliar el apoyo a las listas de Política Obrera. La jornada culminó con un acto en la ciudad de Concepción. En la actividad semanal también tuvieron protagonismo los compañeros precandidatos Laura Alegre, Ariel Osatinsky y Carina Costilla. Participaron en un acto-asamblea en Mancopa (en el departamento de Leales) con 80 vecinos de varias localidades (Romera Pozo, Fronterita, Oran, Los Chañaritos, Agua Dulce, Los Lotes, Cama Amontonada, Ranchillo). Los participantes, muchos de ellos trabajadores agrarios, jóvenes universitarios, obreros del ingenio Leales, denunciaron a los delegados comunales y al gobierno, y el agravamiento general de la crisis social. Otra importante actividad fue protagonizada por Laura Alegre y Marcela López, ambas precandidatas en un acto juvenil, en San Miguel y Cóndor Huasi, en el departamento de Leales. Esta agenda, en varios casos cubiertas por medios locales, ha puesto en campaña a círculos y núcleos del Polo en numerosas localidades, ha permitido el acercamiento de importantes sectores obreros, en especial del limón. En todos los escenarios se han acercado sectores agrupados en otras organizaciones predispuestas a organizarse en el Polo Tendencia, y en Política Obrera.

El 23 de enero de 2004 se publicó en Las 12, suplemento del diario Página/12, una bella semblanza de nuestra compañera Adriana de los Santos, reconocida pianista clásica y experimental, escrita por la cantante, actriz y escritora Rosario Bléfari, fallecida pocos meses atrás. Adriana es precandidata a diputada nacional en CABA en las listas de Política Obrera y una dirigente histórica de la lucha de los músicos, por lo que fue candidata a presidente en la Lista Naranja del Sindicato Argentino de Músicos (SADEM). Rosario Bléfari fue una artista multifacética, conocida principalmente por su rol como cantante de la banda Suarez, la cual fue en los años 90 un pilar fundamental del rock independiente nacional, cimentando el camino para que años después se desarrollaran cientos de artistas. Murió en 2020 a los 54 años de edad, dejando un enorme legado detrás. Reproducimos a continuación la nota. Piano tomado Adriana de los Santos es una pianista con formación clásica que evolucionó hacia la experimentación intentando esquivar los prejuicios que separan como abismos a improvisadores, intérpretes o compositores; a la música popular del rock o del jazz, por ejemplo. Enérgica y apasionada, elige tocar en fábricas recuperadas y milita a favor de los derechos de los músicos que no integran el privilegiado circuito de festivales. Por Rosario Bléfari Inclinados sobre el piano abierto, Adriana de los Santos y Mariano Losi, su compañero en la ejecución de estas obras y en la vida, parecen expertos mecánicos afanados en el motor de un fórmula uno. Hasta la lámpara que ilumina el interior del instrumento recuerda, por la bombita potente que casi encandila, a esas que cuelgan del capó de los autos, en los talleres. El piano se presta al experimento, se deja “tratar”. La resonancia es la madre pródiga, las cuerdas que no están siendo percutidas, pulsadas o provocadas de algún modo vibran por simpatía y hacen de las suyas: fenómenos múltiples que evolucionan y que de cierta forma están vivos. Vemos dos ejecutantes, pero están tocando con invitados invisibles. ¡Qué ejercicio de generosidad!, para que la resonancia colabore, se necesita “dar lugar” a esos ramilletes inesperados de reverberancia y –según la pieza– saber cómo alimentar los acoples que la amplificación del piano empuja en un circuito de micrófonos, un sencillo pedal de efectos y un pequeño amplificador de guitarra. Hay que llegar al descontrol para después poder cabalgar sobre los acoples. Intensidad, expectativa y paciencia: en un momento, Adriana toca y espera que se arme el remolino sonoro que Mariano recibe en el amplificador. Como esculturas de fuego, de hielo o arena, estas obras tienen en cuenta los movimientos presentes y los resultados futuros de fuerzas naturales en el juego orgánico de la ola; las progresiones de la retroalimentación y el tiempo, la electricidad y la resonancia son los elementos de la partitura. Sentado en el suelo, frente a una consola, en medio de una maraña de cables, tocadiscos modificados y cosas que no se alcanzan a definir del todo (¿los motores que anuncia el concierto?) está Federico Zypce, el compositor de las obras que se va a escuchar en la segunda parte del programa. Estamos en Grissinópoli, la fábrica reactivada por sus obreros y por supuesto el lugar resulta adecuado para esta “música para piano, motores, film y percusión”. Si bien comenzaron a tocar acá para sumarse a las actividades culturales de la fábrica y apoyar la reactivación, la ausencia de lugares para tocar es también otro de los factores que, no se puede negar, los trajo a este espacio. Por esta razón, los obreros que les prestan el lugar también se solidarizan con los músicos en una relación de apoyo recíproco. “Con este programa ya habíamos sido eyectados de varias salas; aunque yo ya no sé si quiero tocar en una sala. Nunca me prohibieron hacer nada, pero sí me han sugerido hacer cosas, porque sugerir un programa o armar con un productor un programa de concierto es una manera elegante de censurar.” Es una pianista formada en la música clásica que se empezó a interesar desde sus primeros estudios –en la Facultad de Música de Santa Fe– por los autores contemporáneos. Su repertorio se fue volviendo cada vez más actual, mientras su formación académica seguía con la música clásica. A partir de John Cage atravesó una frontera que ahora le permite improvisar, experimentar y tocar piezas de autores de su época. Después siguió sus estudios en Canadá –en la época de la dictadura– y formó parte de un grupo de música contemporánea en la Facultad de Montreal. “A mí el piano me encanta, y ser pianista y todo eso, pero al mismo tiempo una de las cosas que más me aburre en este momento es el sonido del piano. Sobre todo, la afinación. Hay gente que organiza las alturas con esa afinación y no le interesa “zafar” de eso, pero Federico Zypce, por ejemplo, trata el piano con la afinación temperada, lo usa casi como un instrumento de percusión, con dos alturas, nada más. Creo, coincidiendo con otros, que los dos parámetros a trabajar en estos tiempos son la afinación y el ruido”. Adriana de los Santos es parte del grupo Experimenta, que empezó como un ciclo ideado por Claudio Koremblit. Apenas Koremblit consiguió que fuera posible traer músicos de afuera dedicados a la experimentación y que tocaran con los de acá, también comenzaron los problemas interminables con las instituciones involucradas. Entonces Adriana pensó que Experimenta era algo más que un nombre y que tenía que ser un lugar donde se pudiera experimentar. “Así como el científico necesita el Conicet, nosotros necesitamos un lugar y ese lugar es el escenario mismo junto a la posibilidad de que los diferentes grupos lo transiten. Lo que finalmente decantó fue que se había nucleado un montón de gente que experimentaba desde distintos lugares y se empezaban a conocer. Yo estaba muy agradecida por eso. No despreciaba para nada a todos los que venían de afuera, maravillosos también, pero de alguna manera me parece que lo esencial era lo otro.” Al regresar de Canadá, democracia reinstaurada, se encontró en Buenos Aires sin parientes ni amigos. El hombre con quien se había casado y se había ido de Buenos Aires, no había querido volver. Solamente tenía una amiga pianista que justo se iba a vivir a Angola y que le dejó todos sus alumnos. Un día la llamaron para tocar en un concierto y a partir de entonces empezó a tocar todo el tiempo. Las distintas agrupaciones hacían ciclos y cobraban bien. Adriana lo recuerda como algo excepcional. Hoy integra el “Frente de artistas en lucha contra el 601”, una agrupación que exige la derogación del decreto 601/02 de Duhalde, por el cual se obliga a los artistas y trabajadores contratados por la Secretaría de Cultura de la Nación a presentar como condición para el cobro del contrato un certificado de “antecedentes penales” con costas a cargo de los contratados, por una suma de entre $30 y $100. “Yo integraba el Frente como independiente pero es muy difícil conformar organizaciones desde lo individual, entonces se pensó en reagruparse por géneros y me parecía que Experimenta debía estar para representar al que quisiera. De golpe se nos ocurrió formar un grupo de improvisación y actuar en fábricas recuperadas, lo íbamos hacer en Brukman pero la policía hizo el desalojo, después fue Grissinópoli en mayo de este año y nos fue bárbaro. En cuanto al 601, la Justicia falló en contra, pero el Estado apeló, dicen que es algo automático, pero todavía está en vigencia. El Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires dijo a través de los medios que las industrias culturales producían el doble que la industria automotriz, que hay festivales por todos lados, pero a los artistas que no entran en ese circuito de exportación siempre les dicen que no hay presupuesto. Es verdaderamente extraño como mecanismo. Miles de artistas pagan para actuar, pagan al lugar, pagan el flete, pagan el sonido, pagan las grabaciones y no están nunca en ese circuito de privilegio.” Hace poco tiempo en una crítica a un concierto, publicada en un diario, se mencionaba que no era necesario “preparar pianos” para ser innovador. En determinados ámbitos, incluso dentro de la música contemporánea, que tiene su sector ultra académico y conservador, sigue siendo Cage quien divide las aguas. Las diferencias entre compositor e intérprete que Cage se encargó de relativizar –entre otras cosas– saca de quicio a más de uno. “Hay muchos prejuicios, que los improvisadores, los intérpretes, los compositores, los profesores universitarios, la música popular, el rock. Es muy complicado. Nadie está libre de esos prejuicios pero es importante que haya un interés por no tenerlos, por cuestionarse, ¿qué estoy diciendo?, porque la única manera de desarrollar cosas y de cambiar el espíritu de todo es mezclándose con la gente. También hay que ver qué hace uno para romper eso. No está en los jóvenes naturalmente la falta de prejuicios, Picasso decía ‘para ser verdaderamente joven hacen falta muchos años’. Hay gente que está tan enamorada de la cultura clásica que le cuesta mucho entender otros fenómenos, otras necesidades. Me parece bien, lo que no parece bien es hacer una militancia de eso, es como si yo dijera ‘la verdad es que Beethoven es una mierda’. Es cierto que hay un desgaste de lo novedoso, pero son procesos, yo creo que en todas las épocas debe haber sucedido con el agravante de que a nosotros se nos complicó con la comunicación que le inyectó velocidad a todo. Antes los compositores para comunicarse tardaban décadas, después los románticos ya estaban más en relación, pero a partir del siglo XX fue una cosa detrás de la otra”. Siguiendo con los prejuicios, otros sectores acusan a los músicos que se dedican a la experimentación, utilizando instrumentos en un sentido diferente al que fueron fabricados o trasformando objetos en instrumentos, de excéntricos elitistas que tocan para su propio placer sin importarles que sus obras puedan resultar aburridas o que no se entiendan. “Es verdad que hay elitismo y que hay mucho prejuicio en cada uno sobre que nadie lo va a entender. Pero hay una confusión, yo tenía un maestro, un pintor, que cuando alguien decía ‘yo a esto no lo entiendo’, él contestaba: ‘y usted, de La Gioconda, ¿qué entiende?’. De Mozart, ¿qué entendemos? Lo que pasa es que hay un fenómeno de recurrencia, escuchamos todo el tiempo una música que está organizada de una manera determinada, que es la música del sistema y que está en la radio, en los jingles televisivos, en todas partes. Todo lo que escuchamos está en el sistema tonal, apenas te fuiste de ese sistema, estás afuera. Entonces es un tema de frecuentación, es muy difícil encontrarse con alguien, con esta gente que está afuera del sistema. Y cuando el sistema los adopta, por ejemplo, en el ciclo del San Martín de música contemporánea, que es un mes al año en el que vienen músicos de afuera, la gente ve que los curriculums son re importantes y que los que tocan acá ya tienen un cierto recorrido en la música, eso también es terrible. La salida de Experimenta a Grissinópoli este año fue de improvisaciones, 450 personas, 300 entradas vendidas, y la gente no se movió, se suponía que nos iban a tirar con sillas porque no era nadie del “ambiente” y sin embargo funcionó, estuvieron ahí, interesados por ese fenómeno. Eso me dio ánimo, porque si vos hacés eso en un contexto adonde la gente espera a una pianista de música clásica, no hay posibilidad de comunicación, está todo fallado. Una mujer nos escribió una carta que decía: ‘Tengo 60 años, era sábado a la tarde, me compré el diario y mientras mi marido dormía la siesta, leo que a la vuelta de mi casa iban a tocar. Yo no tenía idea de la fábrica tomada, le dije a mi marido por qué no vamos. Y les quiero agradecer porque pasé una de las noches más lindas de mi vida, estoy muy emocionada y me encantó’, pero entonces yo digo, ¿qué es lo que hay que saber para escuchar? El que está educado, está prejuiciosamente educado. La filosofía es tal, la música es tal, la lectura es tal, no hay otra cosa, entonces, esos cultos no pueden escuchar nada. Me parece que las sociedades que logran tener un poco de todo son las que más crecen, las que permiten que las cosas no se anquilosen en el poder porque a todo lo que le pasa eso, se muere.” https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-975-2004-01-23.html?mobile=1

Según datos de la Secretaría de Seguridad Social, en el último año ha habido una caída en la cantidad de trabajadores que aportan, lo mismo de jubilados y pensionados; “el avance de la informalidad redujo en 338.109 el total de aportantes a la Seguridad Social, es decir de los trabajadores formales o registrados y monotributistas autónomos” (Clarín, 7/8). Según este informe oficial, a febrero de este año el total de jubilados y pensionados se vio reducido en 82.562 beneficiarios. La caída en la cantidad de beneficiarios corresponde en su mayoría al Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA) y se produce como consecuencia de la disminución de los beneficios otorgados por moratoria (75.859 beneficiarios menos que el año anterior) mientras que el número de trabajadores que reciben jubilaciones ordinarias se redujo en 13.275 casos. Actualmente, sólo las mujeres pueden acceder a un beneficio por moratoria. Ésta vence en julio de 2022 y permite regularizar aportes hasta el 31 de diciembre de 2003. Mediante el reconocimiento de hijos e hijas para sumar años de aportes, se espera jubilar a un total de 155.000 mujeres, sobre más de 300.000 que se ven afectadas por la falta de aportes. Entre los beneficiados por las Pensiones No Contributivas (PNC) -entre las que se cuentan las pensiones por invalidez o por ser madre de 7 o más hijos- la que registra el mayor incremento interanual, con 35 mil beneficiados nuevos, es la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), que reciben por vejez los mayores de 70 años, con un haber de $ 16.152. La PUAM compensa parcialmente la baja de personas que accedieron por moratoria. El acuerdo con el FMI -que ´todistas´ y ´juntistas´ votarán en el Congreso luego de las elecciones, condición impuesta por el Fondo- será la culminación de este proceso de demolición. Con el macrismo sufrimos la confiscación de $ 100.000 millones de nuestros haberes. Los Fernández asumieron con la promesa de que privilegiarían a los jubilados, no a los bancos. Conclusión: los bancos se llenaron de millones haciendo negocios durante la pandemia y los jubilados estamos hundidos en la indigencia, con un haber mínimo de $ 23.000 y se acentúa el achatamiento de la pirámide. En setiembre, según los componentes de la fórmula de movilidad, el aumento de las jubilaciones debería ser del 13%. Significa que el haber mínimo alcanzaría apenas $26.000, cuando la canasta familiar hoy ronda los $130.000. La desocupación en masa y el trabajo en negro o precario, nos llevan inexorablemente a que más del 50% de los trabajadores no podrá acceder a su jubilación. Agudizado esto con la exención del pago de aportes previsionales a las patronales y la política de incorporar a los salarios cifras “no remunerativas”, que desfinancian al sistema previsional. El “Portal Empleo”, una plataforma nacional, digital, pública y gratuita, que vincula a los trabajadores en la búsqueda activa de la oferta laboral, otorga a las compañías que concreten por ese medio contratos laborales, una exención hasta del 95% de las contribuciones patronales durante 12 meses. El gobierno de los Fernández ha aplicado uno de los mayores ajustes de la historia sobre los salarios y jubilaciones. Luchamos por un aumento de emergencia de $ 40.000, restitución de los aportes patronales, por un PAMI y ANSES dirigido por afiliados y trabajadores y por un haber mínimo igual al 82% móvil de la canasta familiar (hoy en $ 130.000).

El 31 de julio finalizó la moratoria, extendida varias veces desde septiembre pasado. En junio, la Corte Suprema había votado por 5 a 4 que no había condiciones para seguir apoyando extensiones en la moratoria contra desalojos, salvo que sea aprobada una ley. Cuando llegó el 31 de julio y expiró la moratoria, Biden, después de decir que la Corte le había “atado las manos”, terminó emitiendo una regulación que se aplica solo a áreas del país que “experimentan niveles sustanciales y altos” de transmisión comunitaria del virus. “Biden y sus ayudantes afirmaron que extender la moratoria de desalojos a nivel nacional excedía los poderes de emergencia del gobierno en virtud de una ley de salud pública” (NYT, 7/8). La estrategia de la Casa Blanca sigue cuestionada por la Corte. El Centro de Control de Enfermedades (CDC) había propuesto extender la prohibición de desalojos en áreas comprometidas con la transmisión comunitaria del Covid-19, retomando un estatuto de 1944 (NYT, 7/8), en especial áreas en donde la variante principal es la Delta. Estas áreas en “rojo” representan el 80% del territorio norteamericano. La Corte Suprema rechazó el criterio del CDC, lo que ha dado lugar a una ola de demandas de grupos inmobiliarios y de propietarios que esperan que los tribunales invaliden la prohibición. Frente a eso, Biden ha pedido tiempo a los tribunales estatales y locales para que los inquilinos y propietarios puedan acceder a la asistencia de alquiler de emergencia. Se han asignado alrededor de $ 47 mil millones para este programa, pero sólo un pequeño porcentaje de esos fondos se ha distribuido hasta ahora. Pandemia, desalojos y boom inmobiliario La prohibición de desalojos ayudó a reducir la transmisión comunitaria, pero afectó los apetitos de los capitales inmobiliarios y de la construcción. Inclusive antes de la pandemia los desalojos se contaban por millones. Los inquilinos tienen las peores perspectivas en los estados del sur, donde la legislación es más agraviante para el inquilino. Por caso, los inquilinos de Mississippi pueden perder un caso de desalojo y estar en la calle el mismo día; los propietarios, en Arkansas, pueden presentar cargos penales contra los inquilinos que no pagan el alquiler. El mercado inmobiliario ha despegado en el último tiempo gracias a los “esteroides” de las diferentes ayudas estatales a la economía. Sin embargo, si los alquileres no se pagan, tampoco se pagarán las hipotecas. “Muchos propietarios están luchando para pagar sus hipotecas y servicios públicos... (ídem). La crisis hipotecaria del 2008 todavía late en el corazón del sistema yanqui. Algunos plantean que se deben aumentar los subsidios habitacionales o “vouchers” (vales), que cubren una parte de los alquileres. Según trabajadores sociales, los subsidios evitan la violencia doméstica. Pero muchos propietarios no quieren alquilar con estos vouchers. Los subsidios, asismismo, no modifican los elevados precios de los alquileres. Muchos trabajadores con empleo ya duermen en sus autos.

En Argentina, por la pandemia, la expectativa de vida retrocedió a valores de una década atrás, algo inusual ya que es un índice que tiende a subir año tras año (el DiarioAR, 4/8). La expectativa de vida (última registrada por el Indec), en 2008-2010, fue de 72,8 para varones y 78,8 años para mujeres. “El desembarco del CoVid-19 apenas empezado el 2020 impactó en esa expectativa, según la estimación demográfica: ese año la esperanza de vida al nacer retrocedió a 72,2 años para los varones y a 78,3 para las mujeres. En el primer semestre de este año la caída no se detuvo: llegó a 71,9 años para los varones y 78,1 años para las mujeres” (ídem). Pero “falta la segunda mitad de este año”, advierten los especialistas. El cálculo se realizó en base a los datos disponibles en el 2019, a los que se sumaron los fallecidos por pandemia hasta la actualidad (Leandro González, Ciecs, Conicet). “Los datos para el 2019 eran 73, 5 años para los varones y 79,5 para las mujeres. La caída de la expectativa de vida desde ese momento hasta mediados de este 2021 es de 1,5 años para cada uno de estos grupos” (Ídem). Según este estudio, la provincia que evidenció menor expectativa de vida fue Jujuy, en la cual, los varones bajaron de 72,9 en 2019 a 70, 5 en 2020; las mujeres pasaron de 79, 5 a 78, 1 en ese mismo período. Morales estableció una presencialidad compulsiva en las empresas y diferentes lugares de trabajo, escuelas y diferentes espacios cerrados. Pero esta catástrofe no afecta sólo al norte argentino. En ese mismo lapso de tiempo, la Ciudad de Buenos Aires pasó de tener una esperanza de vida de 76 años a 74 para los varones, y de 80,7 años a 79,4 para las mujeres. Larreta, otro cruzado de la presencialidad compulsiva, abre las escuelas a pesar de la información científica a su disposición y se apresura a normalizar la presencialidad en los empleos públicos y en los terciarios. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la caída fue de 73 a 71,3 años para los varones y de 78,3 a 77 para las mujeres. En Argentina, la mortalidad de los adultos mayores de 60 años por Covid19, representó el 80% de los casos; la edad media de los fallecimientos fue de 72 años, y el 15% de los diagnósticos ocurrieron en esa población (Ámbito, 2/8). La pandemia por Sars-cov2, arrasó con las predicciones de expectativa de vida ya que encontró personas afectadas por enfermedades crónicas, muchas veces no detectadas, y pacientes que evitaron los controles por posibilidad de contagios.

El grupo Morena Cantero Jrs., presenta su obra basada en Las de Barranco, de Gregorio de Laferrere. Doña María, viuda del capitán Barranco, vive con sus tres hijas en una casa alquilada. Son mujeres rodeadas del acoso de pretendientes de su hija mayor, Carmen. A estos visitantes Doña María exige regalos que permiten mejorar la economía familiar, para la que también sub-alquila otras habitaciones a ocasionales inquilinos. La situación pone en crisis a Carmen, que cuestiona su vínculo con esta casa. Son mujeres acosadas por hombres malos, buenos y por el Estado. Actúan: Ariel Aguirre, César Arakaki, Cintia Zaraik Goulu, Gabriela Colombo, Juan Gorriti, Luciana Morcillo, Mabel Berrina, María Alicia Gonzalez, Max Acuña, Patricia Alejandra Silva, Rubén Demichelis y Sergio Escalas. Diseño gráfico de Patricia Millán, escenografía y vestuario de Luciana Morcillo, iluminación de Vicente Wingeyer, variaciones en piano por Patricia Casares, dirección de Iván Moschner. Las funciones, sólo para diecisiete espectadores por prevención sanitaria, serán los viernes a las 21 hs.-puntual- en Paraje Artesón, Palestina 919, CABA. Anticipadas y contacto: WhatsApp: 1151230903 morenacanterojrs@gmail.com

Una de las decisiones más insólitas tomadas por autoridades y gobiernos durante la pandemia es, sin lugar a dudas, el cierre al público del predio de Agronomía, donde se encuentra emplazado el parque que constituye el corazón verde de la ciudad. Desde marzo de 2020, los vecinos de las zonas adyacentes, como los barrios Rawson, Agronomía, Paternal, Villa del Parque, Villa Ortúzar y Parque Chas, se vienen organizando en el “Movimiento Agronomía Abierta”. La semana pasada se realizó un nuevo abrazo al parque, del que participamos con una delegación de Política Obrera. En el colmo de los colmos, los funcionarios de los gobiernos nacional y porteño y las autoridades de la propia UBA anuncian la reapertura de todas las actividades no esenciales, incluyendo las clases en escuelas atiborradas y sin burbujas, pero se siguen negando a dar lugar al reclamo por el libre acceso a un parque a cielo abierto, de más de 60 hectáreas. Este aperturismo selectivo tiene fundamentos económicos: desde hace mucho tiempo que las autoridades universitarias vienen restringiendo los accesos al predio (Arata, Zamudio, etc.), que conciben como un escenario para levantar numerosos negocios, en detrimento de su función como parque público (ver https://politicaobrera.com/juventud/4448-la-uba-en-pandemia-presencialidad-si-espacios-verdes-no ). Los barrios de Agronomía y Paternal representan el segundo pulmón verde de la ciudad, solo detrás de los Bosques de Palermo. No por nada en esos barrios la temperatura desciende tres grados por debajo del promedio de CABA. Y es por eso mismo que se encuentran en la mira de los diferentes gobiernos, que conciben al metro cuadrado urbano como fuente de beneficios para el capital inmobiliario. El gobierno de Larreta y las autoridades de la UBA, con múltiples vínculos políticos, están coaligados en la explotación de dichas ‘oportunidades’ comerciales, a costa del medio ambiente, la biodiversidad y los derechos de vecinos y trabajadores. En efecto, el pulmón verde de Agronomía y Paternal se encuentra atacado por múltiples flancos. Cerrada Agronomía, el único predio que sigue abierto al público, el parque de la Isla de la Paternal, está amenazado por la construcción de once mega torres (ver https://politicaobrera.com/politicas/2494-larreta-quiere-destruir-el-segundo-pulmon-verde-de-la-ciudad ). Por eso es falso el discurso de las autoridades de la UBA, que aseguran que cierran el predio en beneficio de estudiantes, docentes y no docentes. Esta promovida escisión entre la comunidad universitaria y los vecinos de los barrios adyacentes es todo lo que necesita el capital inmobiliario para avanzar con las megatorres, que destruirían el entorno que da cobijo a la gran variedad de aves y especies que habitan las facultades de Agronomía y Veterinaria. El costado más perverso de esta división es el intento de las autoridades de utilizar a los trabajadores no docentes como escudo frente al reclamo vecinal. De acuerdo con su última resolución, el Consejo Directivo de Agronomía justificó la clausura del parque en el pedido de la Comisión Interna de APUBA. Las camarillas que gobiernan la UBA descargan su responsabilidad sobre el plantel no docente, que luego es ‘retribuido’ con salarios a la baja, contratos precarios y persecución a los activistas que se organizan. Mientras avanzan sobre el predio construyendo nuevos edificios para posgrados arancelados, las autoridades pretenden gestionarlo con una dotación mínima que se encuentra desbordada. El gobierno de Larreta no presionará jamás a las autoridades de la UBA para que abran el predio, porque necesita de su silencio para avanzar con las mega torres y otros emprendimientos inmobiliarios que están afectando a los barrios circundantes. Incluso empezó a circular el rumor de que, aprovechando el envión de la pandemia, la UBA pretendería restringir para siempre el ingreso de vecinos al predio, tal como hoy ocurre con los accesos a Ciudad Universitaria. Larreta y el rectorado de Barbieri vienen de cerrar cesiones mutuas de terrenos en Ciudad Universitaria, que incluyen negocios de los más diversos -hasta una estación de servicio. A esta santa alianza por los negocios inmobiliarios y educativos, tenemos que oponer la lucha conjunta de vecinos, estudiantes, docentes y no docentes, a través de asambleas, medidas de acción y pliegos reivindicativos comunes, que incluyan una gestión colectiva y democrática del predio. La universidad que responde dándole la espalda al reclamo no habla por sus necesidades formativas, científicas o sanitarias, sino por la boca de sus camarillas privatistas -hermanadas en sus negocios con todos los gobiernos de turno. La lucha por la defensa del espacio urbano, su disfrute y aprovechamiento en armonía con el medio ambiente, es parte de una lucha de clases de los trabajadores contra el copamiento destructivo del gran capital y sus partidos.

En el debut de los spots televisivos, el gobierno FF salió a refrendar el feroz aperturismo económico, comercial y educativo con el cual inauguró la campaña electoral. “Vamos a salir”, dice el slogan oficial, mientras las imágenes muestran a personas dejando sus casas o ingresando a sus trabajos. Apenas unos días antes, un decreto oficial resolvía la ampliación de las actividades económicas y del ingreso de personas del exterior, aun cuando sólo el 20% de la población se encuentra vacunada con las dos dosis – y cuando la incertidumbre sobre la capacidad de esas “dos dosis” para asegurar inmunidad aumenta, en la Argentina y en el mundo. La apuesta al aperturismo económico para ganar votos es, en estas condiciones, una pirueta con final incierto. Los propios expertos admiten que “el ascenso de la variante Delta puede coincidir con las elecciones” (La Nación, 9/8). El gobierno gasta a cuenta de una salida sanitaria que todavía no aparece, y lo mismo parece hacer en el plano económico: con la promesa de que “los salarios le van a ganar a la inflación” definitivamente enterrada, el gobierno apela al recurso remanido del crédito de consumo para empujar a una reactivación económica. La nueva generación de créditos “Ahora 12” o “Ahora 30”, sin embargo, viene con intereses cercanos al 30% anual, y difícilmente pueda desatar una ola significativa de compras financiadas. Las condiciones del crédito vienen dictadas por la mochila insoportable de la deuda pública, cuyo tramo “interno” se renueva a plazos cada vez más breves – y con menores niveles de renovación. Mientras tanto, el gobierno remata las escasas reservas internacionales para sostener la cotización de la moneda durante la campaña electoral. Pero el crédito precario que el capital financiero le extiende al gobierno FF sólo dura hasta noviembre, o sea hasta las elecciones generales y el acuerdo con el FMI. Pobreza, crisis social y salarios Los planes de cuotas, al igual que la postergación de los aumentos de tarifas, son tentativas extremas de convivencia con la condición miserable de salarios y jubilaciones, que están en su nivel más bajo desde 2002/2003. Ahora, el gobierno admite una echada de lastre respecto de las últimas paritarias, para que nuevos aumentos escalonados las lleven al 40/42% anual – ello, cuando la inflación prevé dispararse al 55 o 60%. Con el mismo propósito, el gobierno anunció un plan de bonos “por única vez” a jubilados, después de haber desindexado los haberes. En definitiva, y a pesar de los escandaletes que agitan a diario oficialistas y “republicanos”, el telón de fondo inocultable de las PASO es el crecimiento exponencial de la pobreza y la miseria social. La agenda electoral no puede disimularlo, y los candidatos capitalistas tampoco. La gran patronal ha instalado un debate sobre la “capacitación de los jóvenes” que tiene un doble propósito: de un lado, liquidar cualquier carácter universal o científico en la educación formal, para reemplazarla por conocimientos puntuales; del otro, degradar las condiciones de contratación laboral de los jóvenes, una de las claves de la reforma laboral que figura en otra agenda – la del acuerdo de “facilidades extendidas” con el FMI. El gran capital arremete también contra los planes sociales, pero sólo para promover un mayor ajuste fiscal y para que ´no compitan´ con la banda más baja de los salarios – es lo que han reclamado las patronales agrarias que contratan peones golondrina en el interior del país. Los fogoneros de esta orientación se reparten por todos los costados de la grieta, de Béliz a López Murphy, pasando por Randazzo. Derecha, der Las primeras encuestas electorales, en este marco, parecen dejar conformes a tirios y troyanos, pues auguran una victoria para el Frente de Todos en la provincia y el previsible resultado opuesto en la Capital. Detrás de esta “normalidad”; sin embargo, asoman varias tormentas. Algunos observadores señalan que una victoria módica del FdT en la provincia reabriría una aguda disputa de sus facciones después de las PASO, que tomaría la forma de una pelea por la composición del gabinete. La salida irresuelta de Agustín Rossi se conecta con la agenda del ´alineamiento internacional´, y reaviva la puja continental por la presencia comercial y militar de Estados Unidos y China. Otra disputa intestina asoma en “Desarrollo Social”, ubicada en el centro de la crisis social. La “asistencia” es objeto de otra pelea sorda, en este caso, entre los movimientos sociales oficialistas y los intendentes del conurbano. En otros distritos, como Salta, Tucumán o Santa Fe, las PASO reflejarán abiertamente las divisiones entre camarillas capitalistas en torno de los negocios que suponen asociados a una “normalización” financiera – el litio, la hidrovía, la explotación petrolera no convencional. Por el lado de la oposición, el foco de la atención fue ganado en estos días por la derecha “alternativa” o libertaria de Espert y Milei, que está escalando al 7 u 8% de las encuestas. Milei llevó adelante un acto con varios miles de personas en Palermo, donde el seudolibertario destiló sin filtros su prédica bolsonarista. El pretendido “fenómeno” Espert-Milei es un episodio de la descomposición del macrismo: el 48-50% del voto de “Juntos para el Cambio” en Capital se distribuye ahora entre Vidal (27-29%), López Murphy (11-14%), Milei (6-8%) y los radicales de Brandoni. Lo mismo ocurre con el ´viejo´ voto macrista en la provincia, hoy repartido entre Santilli, Manes y Espert. El derechismo carga con la hipoteca de su impasse mundial y continental, desde Trump a Piñera, pasando por Bolsonaro y Duque. Ese corrimiento de votos parece suficiente, sin embargo, para asegurarle a los derechistas el lugar de “tercera fuerza”, cuestión que a ellos los tiene sin cuidado, pero sí le importa al FIT-U, que ha hecho de esa consigna su principal slogan. Alberto Fernández se ha servido de los seudolibertarios para montar una operación de distraccionismo político llamando a apoyar un gobierno que se acerca al déficit fiscal cero, el principal lema de Espert, a costa de las jubilaciones. Nuestra campaña En nuestros materiales y spots, cercenados por una distribución de espacios cedidos absolutamente proscriptiva, Política Obrera ha llamado la atención sobre la cuestión de fondo que oculta la supuesta grieta, a saber, el compromiso de todos para colocarle el gancho al acuerdo con el FMI para después de las elecciones, a través de una ley del Congreso. En oposición a este pacto colonial, convocamos a la defensa del mundo del trabajo y sus reivindicaciones; la reconstrucción del salario presente o diferido (jubilaciones) igualándolos al costo de la canasta familiar; el ingreso compulsivo al trabajo de todos los desocupados; un reforzamiento decisivo del sistema sanitario y de sus trabajadores y, a partir de allí, las medidas de reorganización social que garanticen estas reivindicaciones elementales, como el desconocimiento de la deuda pública interna y externa. El agotamiento del régimen político y social que no puede siquiera asegurar el derecho al trabajo o a la salud, plantea la lucha por una salida política, una constituyente soberana y revocable. Vamos a una campaña con centro en las fábricas, las grandes concentraciones obreras y los barrios.

La lucha por las 8 horas de trabajo fue una lucha histórica del movimiento obrero. La lucha por el trabajo “excedente” expresó históricamente el desarrollo de la lucha de clases a lo largo de la historia. Los esclavos reclamaban por un “justo descanso”, o los siervos por reducir el tiempo de trabajo en las fincas del señor feudal. Los comuneros de París hace 150 años disparaban a los relojes, símbolo de la lucha contra la explotación laboral y que el tiempo de los gobiernos de trabajadores emergía en la historia. La reducción de la jornada laboral defiende la vida de la clase trabajadora. No existe una ley histórica que regule este vínculo, sólo la lucha de clases. Aumento de la productividad y jornada de trabajo El aumento de la productividad laboral es la base sobre la cual se puede desarrollar la reducción de la jornada laboral. En el capitalismo este aumento de la productividad es limitado por las mismas relaciones sociales de producción. El crecimiento de la productividad, bajo las relaciones sociales de producción capitalista, en vez de ser un beneficio para la clase trabajadora, es una carga: aumenta la desocupación, porque el reemplazo de trabajo vivo por trabajo muerto (maquinización) redunda en una apropiación del trabajo excedente por el capitalista y no su organización en función de las necesidades sociales. A pesar del aumento de la productividad, el capitalista se niega a reducir la jornada laboral porque del otro lado está la tendencia a la reducción de la tasa de ganancia, que presiona sistemáticamente sobre el carácter de la competencia internacional que se realiza sobre bases nacionales. Los trabajadores en muchos casos pelean contra la maquinización bajo el capitalismo, porque el reemplazo de trabajadores por máquinas implica familias enteras sumidas en la pobreza y el desempleo. Por eso, el problema es qué clase social organiza la producción en función de sus necesidades: la necesidad de la burguesía es la maximización de las ganancias, la del proletariado impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo sin explotación. Empresarios, libertarios, y la jornada laboral Para las cámaras empresariales, los libertarios y demás especímenes de la derecha, la reducción de la jornada de trabajo generaría un aumento de los precios, porque consideran al salario un “costo”, que interviene en los “costos finales” de los productos. Pero esto es falso: una reducción de la jornada, como un aumento del salario, no redunda en un aumento de precios sino en una reducción de la ganancia de los capitalistas. Los mismos capitalistas lo saben, porque presionan por diferentes devaluaciones para reducir salarios y aumentar sus beneficios, aunque estas devaluaciones, lejos de bajar los precios, los hacen subir muchas veces. Estos mismos sectores amenazan con una “huelga de inversiones” de reducirse la jornada laboral: esta huelga ya existe con una jornada extensa, 30% de desocupación real, pobreza del 50% y salarios en un pico mínimo histórico. El capital presiona constantemente para aumentar la plusvalía absoluta (aumento de la jornada), como así el aumento de la intensidad del trabajo y la flexibilización del mismo. La consecuencia es masas trabajadoras sumidas en la pobreza. La burocracia sindical y la jornada laboral Existen dos proyectos de ley “oficiales” para la reducción de la jornada laboral en Argentina. El primero propuesto por la diputada del FdT y dirigente de la Bancaria, Claudia Ormaechea, de un máximo de 6 h. por día, y un tope de 36 h. semanales. El segundo presentado por Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos y titular de CTA, quien propone una semana laboral de 4 días. La jornada legal es de 48 h. semanales. El primer proyecto pretende “redistribuir” el trabajo manteniendo los salarios de miseria y hambre: "Partimos de la premisa que el derecho del trabajo no crea trabajo, pero el derecho del trabajo con la modulación de la jornada permite su redistribución" (cronista, 3/8). Se puede elegir 6 horas, 36 semanales o 4 días semanales. Mientras, la burocracia sindical apoya el techo de las paritarias, que licuaría cualquier reducción de la jornada laboral en poco tiempo. En el otro proyecto, Yasky dice que "la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales". Siempre mientras no ataque los negocios. Jan-Emmanuel De Neve, director del Centro de Investigación del Bienestar de la Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford, afirmó que “una semana laboral de cuatro días que han analizado han mostrado resultados positivos en términos de productividad” (ídem). El mensaje es claro: pueden seguir fugando la plata en vez de invertirla, tenemos la salida a la crisis de “productividad”. En ninguno de los proyectos se explica que el salario tiene que ser igual a la canasta básica, o que hay que repartir las horas de trabajo con los trabajadores desocupados. Para eso está el “salario social” de pobreza. La ministra de trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruíz Malec, parece estar a favor. En Argentina "se trabaja muchas horas y, generalmente, eso no redunda en productividad" (El Cronista, 3/8). El ministro Moroni también estaría de acuerdo, aunque dijo que la situación en Argentina es “heterogénea”, por el 50% de trabajo en negro y precario, algo que quieren profundizar con el acuerdo con el FMI. La pandemia procesó un ajuste enorme sobre la fuerza laboral en argentina, que se expresa en que los empleos nuevos son precarios y crece el desempleo en relación a antes de la pandemia. Los empresarios usaron la pandemia para capitalizarse en dólares y descartar a trabajadores “caros” y contratar a nuevos “baratos”. La clase capitalista plantea “normalizar” la situación sobre este rasero extremadamente bajo para los trabajadores. Los proyectos de la burocracia son “jarabe de pico” porque los mismos que los proponen se aprestan a votar el acuerdo colonial con el FMI, que los rechaza. Detrás del acuerdo con el FMI hay una reforma laboral en marcha, para precarizar aún más el trabajo y aumentar la intensidad laboral (teletrabajo, home office). La pandemia también ha servido para pasar una parte del laburo a la casa, que es el método de superexplotar la fuerza de trabajo “con jornada laboral reducida”. La explotación es una relación social, no depende sólo de la extensión de la jornada, sino de la cantidad de trabajo excedente que el capitalista se pueda apropiar. ¿Terminar con la desocupación dentro del régimen? El PTS presentó un proyecto para reducir la jornada laboral a 6 horas y redistribuir el trabajo restante. En primer lugar, el proyecto del PTS es diferente al proyecto de 6 horas del subte de 2001, en el sentido que no plantea una movilización obrera y popular, la huelga como método para arrancar la reducción de la jornada. Por lo tanto, lo hace en términos parlamentaristas: voten a diputados de izquierda para ser la “tercera fuerza” y poder conseguir estos proyectos. La inversión del método revolucionario de utilizar al parlamento como una tribuna de agitación obrera para desarrollar la movilización obrera. El PTS dice que “Para terminar con la desocupación, proponemos la reducción a 6 hs” (LID, 3/8). Dicen que acabaría con la desocupación. Algo que ni el propio Marx se le cruzó por la cabeza, para quien hay que pelear por la reducción de la jornada de trabajo, pero esta no hace “magia”, y debe ser planteada en términos transicionales, algo que no hace el PTS. El PTS reaviva el sinsentido del “salario justo”, o una jornada laboral justa bajo el régimen capitalista. Tan “justa” es que permite “acabar con la desocupación”, y ¿por qué no?, ya que estamos, con la pobreza. Pero esto no necesariamente es así. El proceso constante de reemplazo de trabajo vivo por trabajo muerto, de maquinización, aunque limitado por la tensión incesante del capital a maximizar la ganancia de la tecnología actual en vez de liberar una nueva, reproduce el ejército de reserva. El PTS que no reconoce la “ley del derrumbe”, tampoco reconoce principios más elementales analizados por Marx. Trotsky, en el programa de transición, planteaba que había que repartir todas las horas entre trabajadores ocupados y desocupados: “El derecho al trabajo es el único derecho que tiene el obrero en una sociedad fundada sobre la explotación. No obstante se le quita ese derecho a cada instante. Contra la desocupación, tanto de “estructura” como de “coyuntura” es preciso lanzar la consigna de la escala móvil de las horas de trabajo. Los sindicatos y otras organizaciones de masas deben ligar a aquellos que tienen trabajo con los que carecen de él, por medio de los compromisos mutuos de la solidaridad. El trabajo existente es repartido entre todas las manos obreras existentes y es así como se determina la duración de la semana de trabajo. El salario, con un mínimo estrictamente asegurado sigue el movimiento de los precios. No es posible aceptar ningún otro programa para el actual período de transición” (Programa de Transición). Trotsky no plantea una jornada de 7, 6 o 4 horas, sino el reparto íntegro. Para el PTS, en cambio, hay que fijar una jornada de reducción laboral “posible” bajo el capitalismo, plantean como “modelos” la reducción de la jornada en Islandia y Suecia, y que “es posible” (LID, 1/8). Pero para Trotsky no se trataba de fijar una “jornada digna” de trabajo, sino que la duración de la jornada laboral esté determinada por el reparto de las horas totales entre ocupados y desocupados. Demagogia parlamentaria y capitalista El PTS presentó un proyecto de ley en Córdoba a través de Laura Vilchez para reducir la jornada laboral a 6 horas en enfermería (Diario Sindical, 2/8). Afecta a “todos los hospitales y centros de salud dependientes de la Provincia”, sólo estatales, mientras que en los privados, esos mismos trabajadores hacen turnos “extras”. Los trabajadores públicos muchas veces dividen sus cargas horarias en las clínicas privadas. Como se ve, esta ley es un “subsidio” a las clínicas privadas que seguirán con la misma jornada laboral. El vuelo bajo del FIT-U no escapa de la demagogia parlamentaria, no de la claridad meridiana que necesita en este momento la clase obrera. El PTS plantea que al reducir la jornada de trabajo: “Esta mayor productividad no dependió de ninguna inversión llevada a cabo para tecnificar los procesos productivos ni reorganizarlos en ningún sentido (…) cuando la fuerza de trabajo debe trabajar durante menos horas, sufre un menor ‘desgaste’. Esto puede redundar en que como resultado de afrontar una jornada laboral reducida la fuerza de trabajo tenga más ‘potencia’, es decir, que pueda producir lo mismo que antes usando menos tiempo” (ídem). No es necesario tocar las “ganancias” ni absolutamente nada de la estructura capitalista, han encontrado una “solución”. ¿Desde cuándo desarrollar una “mayor potencia” no significa generar un mayor “desgaste”? utilizan la “utilidad marginal” de la academia burguesa para explicar un problema que es político. La reducción de la jornada laboral no es un fin en sí mismo, ni para acabar con la desocupación, ni para estabilizar la acumulación, es un medio para convocar a todos los trabajadores ocupados y desocupados para derribar este régimen social. Los socialistas peleamos por el reparto de las horas de trabajo íntegras. Llamamos a movilizar a los trabajadores por el reparto de todas las horas entre ocupados y desocupados por un salario igual a la canasta familiar. La desocupación, precarización y flexibilización laboral sólo van a ser acabadas con un Gobierno de Trabajadores que utilice los avances de la ciencia y la tecnología en función de liberar el desarrollo de las capacidades humanas. Se necesitan millones de trabajadores que permitan desarrollar todas las necesidades insatisfechas por este régimen. El aumento de la productividad social del trabajo humano sólo puede redundar en un aumento del disfrute colectivo bajo el socialismo, o sea, sin relaciones salariales entre los productores libres organizados de manera social.

El proceso de rebelión popular en Guatemala adquiere una nueva dinámica luego de que masas campesinas y trabajadores bloquearan durante 12 días las rutas de todo el país, reclamando la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras. De acuerdo a los organizadores, unas 200.000 personas participan del movimiento, que abarca 21 de los 22 departamentos en los que se divide administrativamente el país, a las que se suman grupos que organizan cierre de calles y carreteras en pueblos y ciudades (El País, 9/8). El objetivo es realizar un “paro plurinacional” hasta que caiga el presidente y reclamar la formación de un gobierno transicional que convoque una Asamblea Constituyente. Para la ONG Transparencia Internacional, la imagen de Guatemala es la de un Estado gobernado por mafias que han generado un descontento social muy elevado y permanente (El País, 9/8). Para esta ONG “una represión terminaría por provocar un levantamiento social de consecuencias imprevisibles, porque el descontento sobrepasa al Gobierno. Es contra el sistema” (ídem). El conflicto viene del proceso de rebelión popular desatada a fines de 2020, cuando un grupo de manifestantes incendiaron el palacio presidencial debido al recorte de presupuesto de salud y protección social pare este año. Pero la nueva chispa fue la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval el pasado 23 de julio, por Porras y a instancias de Gianmmattei. El presidente y la fiscal general ya querían destituirlo hace tiempo. El fiscal removido destapó más de 50 casos de corrupción en los últimos seis años, fue destituido por supuestamente realizar una justicia selectiva, según el argumento de Porras. El que convocó a las protestas es el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y otras organizaciones de los pueblos de origen maya, que han bloqueado desde las 06:00 horas del lunes las rutas de conexión con los puertos y ciudades, en 4 rutas, Atlántico, Sur, Oriente y Occidente, “aislado a Guatemala del resto del mundo en una movilización que obedece, en palabras de sus dirigentes, al rechazo ‘a la corrupción, la impunidad y a la cooptación del Estado’” (El País, 9/8). Denuncian el “fraude electoral”, y piden continuar la lucha. A principio de año se manifestaron pidiendo la anulación de las privatizaciones del país y rechazando la criminalización de su lucha y el asesinato de varios de sus líderes. El brazo político de Codeca es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que tiene un programa de defensa de los campesinos e indígenas. Son diferentes sectores “sin tierra” que trabajan como jornaleros en las fincas o emigran en busca de trabajo en diferentes lugares y fuera del país. Codeca estuvo ausente de la rebelión popular de noviembre de 2020, catalogándola de estar organizada por grupos empresarios en disputa por el reparto del presupuesto. Dicen que “se ha utilizado el Covid-19 para endeudar más al país, para más corrupción y desmantelar el poder judicial”. Desde Codeca, pidieron la participación de todas las “fuerzas vivas” del país, y que “no es con la renuncia de estos personajes corruptos que se va a encausar este país. Todos los sectores que constituyen el Gobierno están corruptos”. Reconocen que “Las condiciones para que se vaya el presidente han estado, pero el problema es que nosotros no nos hemos sumado a esta lucha”. Se han convocado a diferentes organizaciones en el país, indican los coodinadores de Codeca. “Necesitamos una constitución nueva”. “Cada día las condiciones se van a profundizar”, indican (prensalibre, 9/8). Estas manifestaciones y bloqueos se suman a los realizados la semana pasada por los 48 cantones de Totonicapán, universitarios, médicos y la población que ha mostrado su molestia por la falta de vacunas contra Covid-19 en el país y contra la destitución de Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (telesurtv, 10/8). La Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala informó que se unirán a la manifestación de Codeca. Los manifestantes creen que los gobernantes son “titiriteros” y piden Fuera Giammattei “por haber traicionado al pueblo de Guatemala” (Codeca, 8/8). También demandan la suspensión de los festejos del bicentenario de la independencia de Centroamérica de España, el 15 de septiembre de 1821. El comunicado concluye con un llamado a todos los guatemaltecos a construir la unidad. En su propuesta de 'avanzar en el tejido en favor de la vida', amenazada por la gestión capitalista de la pandemia. El cierre de carreteras es un fuerte golpe al sector privado, que calcula que les puede provocar pérdidas de, en promedio, 50 millones de dólares por día. Reclaman la formación de un Gobierno transitorio y la convocatoria a una ‘Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional’ para redactar una nueva Constitución que recoja “la voluntad y aspiraciones de todos los pueblos y sectores del país”, aspiraciones imposibles de cumplir bajo el actual régimen político y social. El ex ministro de Exteriores Edgar Gutiérrez dijo: “Giammattei se metió en su propio laberinto y no podrá salir. La clase política tampoco tiene la madurez para proponer salidas institucionales. Así, el reto de encontrar una salida de transición corresponde a la sociedad” (El País, ídem). Según analistas el gobierno no esperaba la unidad con los pueblos indígenas, sectores campesinos y familias muy postergadas y castigadas por la crisis y pandemia, que han salido a las rutas y tienen la capacidad de desabastecer las ciudades. Reclamamos la conformación de una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que sustituya al Congreso y a la presidencia, y que discuta en función de los diferentes sectores de trabajadores movilizados y accione concretamente sobre los problemas fundamentales del país.

De todas las tropelías de Claudio del Pla, se ha destacado, últimamente, el boicot a la lucha por la libertad y el sobreseimiento de Yolanda Vargas. Yolanda es una trabajadora que reside en Colonia Santa Rosa, en el Departamento de Orán, Salta. Es una luchadora del Polo Obrero de la Tendencia. Yolanda ha sido acusada como responsable por la muerte de sus dos hijitos en el incendio de su humilde vivienda -una casilla-, cuando salió a hacer compras para cocinar en medio de una tormenta. En respuesta a esta infamia de lesa humanidad, se han producido movilizaciones en la provincia, desde hace medio año, que crecieron en número y alcanzaron la Plaza de Mayo, en una concentración multitudinaria. ¿Ausentes? Claudio Del Plá, el aparato del PO y el FIT-U en general. ¿Razones para este sabotaje? El empeño puesto en esta lucha por nuestra corriente política – Política Obrera. Los campeones mediáticos del feminismo y de los temas de género, no vieron el drama y el castigo que la justicia de Sáenz se ensañaba por imponer a una mujer súper-explotada. Cardozo Cisneros, a quien Del Pla ataca por haber defendido a un policía denunciado y condenado por apremios ilegales, no sólo es el abogado defensor de Yolanda Vargas, sino que ha participado y promovido las movilizaciones y actos de solidaridad en apoyo a su defendida. Del Pla sostiene, recién ahora, cuando han pasado largos meses desde que Cardoso Cisneros asumió esa defensa, que el abogado de Yolanda es (sic) “un defensor de la policía represora”. O sea que continúa defendiendo a responsables de apremios ilegales, mientras litiga y sale a la calle en defensa de Yolanda. Del Plá no dice que él conoce desde hace años a Cardozo Cisneros, ni que lo ha tratado con inusitada frecuencia. Hay que concluir de esto que se guardó semejante acusación hasta las vísperas de la elección provincial, que tendrá lugar el próximo domingo. El objetivo enlodar a la lista Política Obrera-NMas. Esto es propio de un delincuente, no de un militante socialista. Un militante socialista habría puesto en conocimiento de este antecedente a Política Obrera, para que corrigiera el error que estaba cometiendo, siempre y cuando fuera así. Habría debido ponerlo en conocimiento de toda la comunidad trabajadora de Oran, toda vez que Cardozo Cisneros es abogado defensor en muchas causas de persecución contra sindicatos y trabajadores. Del Plá prefirió, en cambio, la calumnia pública y la difamación, no a poner en alerta a organizaciones que luchan cotidianamente con las patronales y el Estado. Con el método de la denuncia pública, ha elegido golpear la lucha por el desprocesamiento de Yolanda, en la cual nunca ha participado. Lo ha hecho para para prevalecer en la disputa electoral del próximo domingo. Del Plá, por este motivo, no reclama que Cardozo Cisneros deje la defensa de Yolanda, lo ataca por su condición de segundo candidato a convencional constituyente en las elecciones del fin de semana que viene. Una de dos: o Cardozo Cisneros es un padrino de los policías que ejercen apremios ilegales, en cuyo caso debe ser expulsado como defensor legal de Yolanda, y de numerosos casos de defensa de luchadores populares, o la denuncia es falaz, y en ese caso es un candidato representativo de la defensa jurídica de las luchas populares. Del Pla, viejísimo conocido de Cardozo, eligió los últimos días de la campaña electoral para difamar a la lista Política Obrera-NMas, sin dar tiempo oportuno al derecho a réplica. Esto lo transforma en un perverso. Este tipo de gansterismo político fue moneda corriente de parte del stalinismo – y no solo del stalinismo. Del Plá trabó contacto con Cardozo hace doce años cuando éste participó de un levantamiento policial por reclamos salariales, y resultó cesanteado de la policía. Del Pla se solidarizó, en aquel entonces, con el levantamiento y con Cardozo, en su condición de dirigente del PO. Más adelante, ya en su condición de abogado, Cardozo intervino en una causa abierta contra varios policías acusados de apremios ilegales – un hecho del que tomamos conocimiento ahora. El defendió solamente a uno de ellos, con la tesis y las pruebas de que éste último no había intervenido en esos hechos – no como abogado de los otros imputados. El acusado fue condenado, de todos modos, aunque con una pena menor a la recibida por los otros. Si Del Plá desconocía esta participación de Cardozo en el juicio hasta ahora, deberíamos concluir que recibió la información de ella de las innumerables ‘amistades’ que tejió al cabo de más de década y media en la legislatura con la casta política de Salta, en especial la cúpula del PJ. Cardozo Cisneros, al momento actual, no es solamente el defensor de la trabajadora Yolanda Vargas, jefa de hogar, que vive en una casilla, con dos niños a su cargo que murieron en el incendio de la vivienda. Está acusada por la fiscalía, o sea el Poder Judicial de Salta. Cardozo Cisneros es, asimismo, defensor legal de toda una serie de causas obreras y populares en Orán y recibe el respeto de los luchadores del Departamento. Hoy en día, es representante legal de los obreros municipales autoconvocados de Orán, que se encuentran cortando la ruta junto a los docentes autoconvocados en huelga. También es abogado de Yanela Gutiérrez, despedida del Concejo Deliberante de Orán por haber denunciado al entonces presidente del Concejo, Lucas Tevez, por acoso sexual. (Ver: https://www.fmnoticias881.com/noticias/id-14803_Renunci-el-concejal-de-Or-n-Ra-l-Rodr-guez-acusado-de-violaci-n_Renunci-el-concejal-de-Or-n-Ra-l-Rodr-guez-acusado-de-violaci-n ) Pablo Cardozo Cisneros llegó a ser abogado de Yolanda por su rol en la huelga de los obreros del frigorífico Bermejo en 2020. Los huelguistas reclamaban la reincorporación de despedidos que habían denunciado el incumplimiento de las normas de bioseguridad en la planta y por reivindicaciones salariales. (Ver: http://www.eldiariodigital.com.ar/2020/10/19/se-recuperaron-de-covid-19-y-nos-los-dejaron-volver-a-trabajar ). Cardozo Cisneros se puso a disposición de esa lucha y promovió todas las iniciativas de acción directa de los obreros y de las organizaciones, que como el PO y el Polo Obrero oranenses (hoy Política Obrera) se solidarizaron con los huelguistas. Por la presión de diputados y burócratas del FdT local, fue desplazado de esta huelga por un abogado K, quien exigió el abandono de las medidas de acción directa y el paro, lo que terminó en una terrible derrota. Este mismo abogado K ofreció inicialmente a Yolanda oficiar como su representante legal, pero no para probar su inocencia y reclamar su libertad. Este abogado hizo eje en que la responsabilidad que el Estado le adjudicaba a ella por la muerte de sus niños, también debía caer compartida por su ex pareja. Cuando Cardozo Cisneros asumió esa defensa, de inmediato reclamó que se la declare inocente. Como abogado, Cardoso asumió también denuncias de abuso de mujeres policía contra sus jefes, con fuerte repercusión política. (Ver: https://www.google.com/amp/s/www.lagacetasalta.com.ar/nota/amp/133578/actualidad/por-acoso-sexual-hostigamiento-dos-mujeres-policias-denunciaron-jefe.html ). Estas causas le valieron atentados contra su persona, donde participaron notoriamente ex policías. (Ver: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2013-8-23-11-23-0-silencio-en-la-policia-en-torno-al-ataque-que-recibio-el-abogado-cardozo . Del Plá – y Pitrola, Solano, Cristina Foffani y Vanina Biasi - denuncian como ‘cana’ a un abogado perseguido por la ‘yuta’ y al defensor de una mujer trabajadora. El compromiso con la defensa de Yolanda y las diferentes luchas, llevaron a que los compañeros del PO oranense invitaran a Cardozo Cisneros a una asamblea abierta de luchadores del Departamento, donde se lo votó por unanimidad como candidato a segundo convencional constituyente de la lista del Departamento. Ni Cardozo Cisneros ni los luchadores y luchadoras que participaron en esa asamblea, avalan apremios ilegales ni pidieron a la policía provincial o a la casta de diputados y senadores de Salta, un acceso al prontuario de los candidatos de otras fuerzas; es suficiente para nosotros el conocimiento de los intereses de clase que representan. Somos luchadores socialistas, no ‘ortivas’. Hace mucho, muchísimo tiempo, que nuestros candidatos son indiscutibles luchadores de causas populares y contra el Estado. El “archivo” de última hora de Del Plá no pone en cuestión, siquiera un poco, la conducta de lucha socialista del PO salteño. Si lo pone en cuestión al FIT-U, que en Rosario de la Frontera hacía campaña públicamente hasta hace un par de semanas por “más presupuesto para las comisarías”, a través de su primer candidato a concejal, ¡a quién no lo sacaron de la lista, sino que le ordenaron bajar sus publicaciones de las redes sociales! Los secuaces de Capitanich, del voto a favor del sionismo y de los negocios inmobiliarios en Boedo, vuelven a mostrar la hilacha. Su moral y la nuestra.

El 9 de agosto, una nota firmada por Claudio del Pla en el que supo ser el periódico socialista más riguroso del país, acusa a Política Obrera de llevar como candidato a Pablo Cardozo Cisneros, el abogado defensor de Yolanda Vargas. Cisneros, que es un ex policía cesanteado, es un conocido defensor de los derechos humanos, de trabajadores en conflicto y de los derechos de las mujeres contra los abusos de jefes policiales y del poder político. Esa trayectoria le ha valido desde golpizas hasta amenazas de muerte. En el caso que falsifica Del Plá, Pablo Cardozo defendió a un único policía sobre cinco acusados, al que no estaba en el lugar del hecho ni aparece en el video incriminatorio. Política Obrera le dio la palabra al acusado: Usted fue parte de la Policía de Salta, ¿cuándo y por qué lo cesantearon? Ingreso a la policía de la Provincia como Agente Asesor Letrado. Desde 2004 al 2009. Fui cesanteado como consecuencia de mi participación en el paro policial de 2009, por ejercer actividades gremiales y por considerar que el policía también es un trabajador. ¿Qué lo decidió a estudiar Derecho? Comencé a estudiar Derecho en el año 1992 y recibí mi título ocho años después. Me decidí por esa carrera en virtud de mi vocación de defender a los trabajadores y desposeídos del mundo. Impulsado por las ideas presentes en mi familia, ya que soy hijo y nieto de socialistas. ¿Usted defiende a los trabajadores despedidos del Frigorífico Bermejo? ¿Y a los municipales? ¿Es habitual que lleve juicios laborales? Siempre estuve presente en luchas populares donde los obreros y trabajadores sufrieran persecución. Positivamente en representación de los camaradas trabajadores del Frigorífico Bermejo,… comprendiendo que mi labor no solo estaba en la asistencia legal como abogado laboralista sino también la presencia personal activa en la movilización y resistencia popular. ¿En 2013 fue golpeado y amenazado de muerte por el exdirector de Seguridad Raúl Rodríguez y su familia, ¿por qué? Como queda demostrado en los archivos de organismos de derechos humanos, fui amenazado, perseguido y sufrí consecuencias personales por mi militancia, en manos de patotas del gobierno del gobernador oligarca Juan Manuel Urtubey, personificados en este caso por el matón ex Director de Seguridad Raúl Rodríguez. Usted defendió como abogado en varias oportunidades a mujeres policías, víctimas de acoso sexual y laboral por parte de sus jefes. Ejercí la defensa de varias mujeres policías, Yanina Gay, entre muchas otras. La violencia contra las mujeres ¿es frecuente en la policía? La opresión que sufren las compañeras policías es ley dentro de la fuerza. No solo en el caso de Yanina Gay sino en general y motivo por el cual soy motivo de constante participación y consulta por parte de ellas. Puedo, a requerimiento, aportar muchos otros casos. ¿Cuál es su relación con la renuncia a la banca del concejal Ramón Isauro Rodríguez? El concejal Ramón Rodríguez renunció a su banca en razón de las denuncias de abuso sexual de una joven, representada por mi persona, y por el proyecto presentado por la compañera concejal Nelly Díaz. ¿En qué causa defendió a Yanela Gutiérrez? ¿Es cierto que la echaron? ¿En qué punto está esa causa? Defendí y represento a la compañera Yanela Gutiérrez por haber sufrido esta violencia institucional, laboral, sexual y discriminación racial (ya que Yanela Gutiérrez es afrodescendiente) por parte del secretario de Gobierno de Orán Cristian Aimo y del entonces presidente del Concejo Deliberante, Lucas Tévez. ¿Qué lo decidió a tomar la defensa de Yolanda Vargas? La defensa de Yolanda Vargas la asumo por ser, esta compañera, acusada injustamente de la muerte de sus hijos. Idea que me repugna y por ello sentí el deber de ejercer su defensa. Claudio del Pla, en el periódico Prensa Obrera, afirma que en 2016 defendió a policías acusados de torturar en una comisaría de Gral. Güemes. ¿Cómo fue eso? Es una afirmación malintencionada y parcial ya que sólo defendí a uno de los imputados de esa causa (Ramírez), quien no aparece en los videos motivo de esa denuncia. Usted lo conoce a Del Plá, ¿por qué cree que lo calumnia? Conozco a Claudio del Plá justamente porque fue quien nos contiene (a mis compañeros policías y a mí) tras ser cesanteados luego del paro policial de 2009, por lo que resulta incomprensible su ataque ya que sabe bien de mis orígenes y trayectoria. Entiendo que el ataque que recibo sólo obedece a mezquinos intereses políticos y porque pretende, injustamente, menoscabar a los camaradas del espacio donde milito. Es un uso ruin, canallesco y mal intencionado de una circunstancia de mi trabajo profesional. Mi canción de cuna fué "La Internacional Socialista". Mi padre, en vida, se llamó Pablo Iglesias Cardozo. Por Pablo Iglesias, de la República Española del 36 (a buen entendedor, pocas palabras). Y yo me llamo Pablo por la misma razón. Claudio del Plá no tiene derecho ni la autoridad moral para ofenderme de la manera en que lo hizo. No es justo y no lo voy a permitir. Que yo sea abogado es solo una circunstancia, y mi trabajo es solo una circunstancia. Nada más. Claudio del Pla dedicó cuatro décadas a la construcción de un partido revolucionario. Pero se ha convertido en un hombre sin escrúpulos, un mentiroso lustrador de bancas o, más exactamente, de promesas de bancas. Cumple esa ley de la física que explica que cuando desde más alto se cae, más velocidad toma la caída.

Los cinco sindicatos docentes (CTERA, CEA, UDA, AMET y SADOP) se reunieron el lunes pasado con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el marco de la promesa oficial de reabrir las paritarias. Página/12 informa que el resultado de la reunión fue igual a cero. “Concluyó sin definiciones salariales y pasó a cuarto intermedio, por lo que volverán a sentarse a negociar en los próximos días” (Página/12, 9/8). Los sindicatos, como de costumbre, concurrieron a la reunión sin el mandato de sus afiliados. CTERA dio a conocer luego de la fracasada reunión que su reclamo es que “los salarios superen el índice de la inflación programado para este año, que rondará entre el 45 y el 50%”; y que el aumento de las 11 provincias que cobran por la caja nacional, también se ajusten en esos términos (CTERA, 9/8). A principios de año, la burocracia firmó un aumento del 34% en tres cuotas – 29% anualizado (ver “La paritaria nacional de la infamia” , Política Obrera 1/3). Ahora, Sonia Alesso y cía, solicitan un 11% de “aumento”, cuando la inflación anual se acercará al 60%. Sergio Romero, de UDA, enrolada en la CGT, declaró que, en la reunión, no se llegó a ningún acuerdo porque los sindicatos “rechazaron la propuesta salarial del gobierno por insuficiente” (Info Gremiales, 9/8). Según el mismo medio, la “oferta” del ejecutivo fue del 40%, pero la información no fue confirmada por ninguna entidad sindical. La burocracia sindical vuelve con el verso de que “el salario le gane a la inflación” y los porcentajes, para volver a acordar sumas en negro, por fuera del salario básico -y por lo tanto no impacta en las jubilaciones- y, seguramente, en nuevas cuotas. Lo concreto es que el salario básico de un docente recién en septiembre será de $37.000, la mitad de una canasta de pobreza y quedando kilómetros de distancia de una canasta familiar, calculada alrededor de los $120 mil pesos. Por este motivo, un número cada vez mayor de compañeros y compañeras, están engrosando las filas de trabajadores sumergidos en la pobreza, la mitad de la población activa en todo el país. La docencia es empujada a super explotarse trabajando hasta tres cargos o a realizar trabajos por fuera de la educación para poder llegar a fin de mes. Esta política inocultable de ajuste salarial -en medio de una pandemia- forma parte de los “deberes” que el FMI le está exigiendo al gobierno para firmar un acuerdo que será ruinoso para los intereses de los trabajadores. Con respecto a la presencialidad escolar, los sindicatos plantearon que las provincias “aceleren y completen” el cronograma de vacunación de la segunda dosis para los docentes y reclamaron la convocatoria a la comisión de seguimiento de los protocolos. Los “protocolos” son ignorados sin que el gobierno nacional ni siquiera se inmute. Los gobiernos opositores de Larreta, en CABA, y Rodolfo Suárez, en Mendoza, avanzan hacia una presencialidad completa. Por el mismo camino se encuentra Kicillof en la provincia de Buenos Aires, alentando lo que oficialistas y opositores dan por hecho -y Quirós calificó como “inevitable”-: una nueva “ola” de la variante Delta. En Estados Unidos, a pesar de la vacunación, se está produciendo un contagio récord entre los menores de edad. El gobierno de Río de Janeiro, en Brasil, ha suspendido las clases presenciales nuevamente por la explosión de casos. La docencia de un conjunto de provincias se encuentra enfrentando la política de ajuste salarial del gobierno nacional y los gobernadores. En Chubut, el sindicato Atech ha convocado a un paro de 48 horas para la semana que viene, en reclamo de recomposición salarial. En Chaco, SITECH reclama la convocatoria a la comisión técnica salarial y ha decretado un paro para el jueves 12. En Salta, la docencia autoconvocada se encuentra en una huelga indefinida que se extiende por toda la provincia, protagonizando cortes de ruta y movilizaciones cada vez más numerosas. Este es el camino que deben tomar los trabajadores para defender el salario y el conjunto de sus reivindicaciones. Reclamamos la apertura inmediata de las paritarias. Planteamos un aumento del 60% de salarios y jubilaciones y un sueldo básico acorde a la canasta familiar ($120 mil pesos), indexado por inflación. Ninguna cifra por fuera del básico y rechazo a las cuotas. Que ningún acuerdo se firme sin el mandato de la docencia. Salario de emergencia para los que no pudieron acceder a cargos/módulos por la pandemia. Por asambleas y plenarios de delegados con mandato en todos los sindicatos docentes para organizar la lucha.

Una masa docente copó las calles este lunes en diferentes puntos de la provincia. La docencia autoconvocada salió a repudiar al gobierno de Sáenz por atacar la huelga, pero los huelguistas contraatacan con más paro, acampe y movilización. En lo que va de la pandemia un activismo docente muy aguerrido ha realizado enormes esfuerzos por reconstituir la autoconvocatoria y darle un curso de deliberación y acción a través de la defensa de la asamblea provincial. Las sesiones de la asamblea durante las vacaciones han votado el paro por tiempo indeterminado por parte de la docencia del interior, sobre todo. Los delegados de Capital, traccionados por la izquierda que dice que la docencia “no da” quedaron en soledad con su moción de paro por 48 horas, ya hemos escrito en este periódico al respecto. En un cuadro creciente de participación en las sesiones, en la asamblea se ha mocionado sostener el paro por tiempo indeterminado y una movilización para el pasado 9 de agosto. A la rastra de los autoconvocados y de sus propias bases, los “delegados placeros” quienes se separaron de las bases y Sitepsa, un sindicato docente burocrático, debieron tomar el paro por tiempo indeterminado y plegarse a la movilización. Con coplas y bombos, ingresaron a la plaza central de ciudad Capital los docentes de los valles calchaquíes y del valle de Lerma. Desde hace días, la docencia peregrinó desde Cachi, Cafayate, San Antonio de los Cobres, La Viña, Cerillos, Rosario de Lerma, Molinos, Campo Quijano y La Merced. Desde el norte bajaron los docentes de Embarcación en una caminata histórica. También llegaron docentes de Hipólito Irigoyen, Iruya, Nazareno, La Caldera, General Güemes, Vaqueros, Metan y Anta. Los docentes que días anteriores realizaron marchas de antorchas en sus pagos por los docentes fallecidos por Covid-19, pronunciándose contra la presencialidad, también marcharon este lunes. En Tartagal se concentró, para marchar, la docencia del departamento San Martín; en Orán cortaron la ruta provincial 50, plegándose los trabajadores ordenanzas, municipales y los monotributista de las dependencias estatales que reclaman el pase a planta y por el fin del monotributo. En Santa Victoria, Nazareno, Iruya y otras localidades aledañas también se concentraron aquellos docentes que no pudieron llegar a la ciudad Capital. La marea blanca congregó más de 8 mil docentes solo en el centro capitalino. Los carteles rezaban por el paro por tiempo indeterminado, otros decían “pueblo súmate a la lucha por el salario digno” y el infaltable “docente luchando también está enseñando”. El collage de los carteles reclamaba el salario igual al costo de la canasta familiar de 120 mil pesos, devolución inmediata de los descuentos ilegales del gobierno de Sáenz, titularizaciones anuales, por la estabilidad laboral. El repudio por los salarios de hambre y la precarización en la docencia se hizo sentir, sobre todo entre los docentes jóvenes que recién se inician con un sueldo que no supera los 30 mil pesos y que trabajan con contratos a término en los institutos de formación docente. Sáenz se encuentra acorralado entre la pandemia, que ya tiene a la variante Delta en la provincia, y el torrente de lucha, pero sobre todo la lucha docente a días de las elecciones provinciales. El candidato a senador del gobierno, Matías Posadas, ha salido a provocar a la docencia con declaraciones como “es descontextualizado e incompresible el paro y de un grupo minúsculo de la docencia” y desconociendo a los autoconvocados que son la expresión de las bases que se rebelan ante la burocracia y el gobierno. El candidato oficialista y a la vez secretario de gobierno desconoce el derecho a huelga que está por encima de cualquier reglamento o normativa diciendo que “cuando el paro es convocado ilegalmente corresponde el descuento”. La respuesta de la docencia ha sido la convocatoria a la asamblea provincial y una nueva movilización a coordinar con otros sectores en luchas como trabajadores de la salud, municipales y ordenanzas. Ahora se encuentran con cortes en los accesos a la ciudad de Salta y acampes en la plaza central. El camino a la victoria es el método de la coordinación de las luchas que quiebre al gobierno de Sáenz que se asienta en un pantano de contradicciones en medio de un proceso electoral, crisis políticas, presiones de las variantes capitalistas y endeudamiento. Un congreso de trabajadores podría ser un golpe decisivo al frágil gobierno de Sáenz.

A un mes desde el inicio de los reclamos por salario y convenio, los trabajadores del Garrahan continúan con sus acciones y asambleas. Retomarán el paro de actividades los días 13 y 14 y 15 de agosto próximos. En una asamblea que contó con la participación de 100 compañeros, el personal franquero propuso la continuidad del plan de lucha parando el día sábado 14 y domingo 15. Por su parte, el personal de Quirófano en su asamblea de sector propuso acompañar la propuesta de los franqueros, con un paro también. Estas propuestas, si bien fueron votadas a favor, llevaron a un debate en referencia a la situación del conflicto. La asamblea se dividió frente a la propuesta que llevó la asociación de profesionales de sumarse a la jornada nacional que resolvió la Fesprosa para este próximo jueves 12, con una concentración central en Congreso, por salario y pase a planta de miles de trabajadores precarizados. Además se han sumado a la jornada la asociación de profesionales de la provincia de Buenos Aires (Cicop) y otras asociaciones de CABA. La agrupación naranja que orienta el PO (oficial) y forma parte de la junta interna de ATE Garrahan, impuso la negativa por escasísimos votos a adherir a esta acción, con el argumento de que no se podía sostener paro cuatro días seguidos, es decir 12, 13, 14 y 15. También rechazaron la alternativa de parar 12, 14 y 15, para coincidir con la jornada de Fesprosa y sostener la medida de los franqueros del fin de semana. Los debates faccionales entre las corrientes de izquierda dentro del hospital son harto conocidos por los trabajadores. La asociación gremial -cuyo secretario general es del MST- , quien llevó la propuesta del 12 a la asamblea, en el inicio del conflicto directamente boicoteó su desarrollo, hasta que no tuvo más remedio que acoplarse. Las disputas entre estos grupos por el protagonismo de su conducción, amenazan causarle daño al movimiento al entorpecer la lucha por sus objetivos. La coordinación fue la herramienta que permitió ganar a los trabajadores de la salud en Neuquén y lo que le está dando fuerza a la lucha de los trabajadores de la salud en Mendoza en este momento. Por el triunfo de la lucha de los trabajadores del Garrahan acompañemos la jornada de lucha este 12A y avancemos por una coordinadora nacional de la salud interdisciplinaria de privados y públicos.

La Fesprosa (Federación de profesionales de la salud de Argentina, CTA), con el acuerdo de 19 seccionales, resolvió para este 12 una jornada nacional de reclamos y una concentración en plaza Congreso, a las 10 de la mañana. Las seccionales de Bariloche y Santa Fe anunciaron paros de 24 horas para acompañar la protesta. El reclamo central es el salario y el pase a planta de miles de trabajadores, actualmente con contratos precarios. De los 3.700 profesionales que trabajan en los establecimientos dependientes de la cartera de Nación, el 84% está precarizado y solo el 16% está en planta, denuncia Fesprosa. También denuncia que desde hace más de tres meses que el ministerio no informa fallecidos por Covid del personal de salud y reclama que se derogue la resolución 04/2021, que permite convocar a los trabajadores con comorbilidades licenciados. Sin embargo, el gobierno se aprestaría a dictar un nuevo DNU “normalizador”, sobre la base del progreso del plan de vacunación. Esto significa el retorno al trabajo presencial para miles de trabajadores del sector público, dando luz verde al conjunto de las patronales para hacer lo mismo. Entre los sectores privados de la salud, rápidamente se ha convocado, con el acuerdo de la burocracia sindical ´celeste y blanca´, al retorno de los trabajadores administrativos que hasta ahora hacían trabajo remoto (home office). Sin embargo, el “progreso” del plan de vacunación que entusiasma a Fernández marcha detrás de la aparición de nuevas cepas: del 44% de la población vacunada, sólo el 20% tiene las dos dosis. La jornada no puede ser más necesaria. La perspectiva de presencialidad total que ha impuesto Kicillof en las escuelas en la provincia de Buenos Aires y luego Larreta en la ciudad, marcan la agenda nacional de las grandes patronales de la industria y el comercio, incluso y a pesar de la circulación comunitaria de la variante Delta. Carla Vizzoti, ministra de Salud, fue clara: “el indicador a considerar a partir de ahora será el aumento de las internaciones en terapia intensiva por Covid-19 y la ocupación del sistema de salud” (La Nación, 6/8). El retorno al trabajo presencial es política de Estado. El personal de salud es consciente de este cuadro crítico. Luego de un año y medio de pandemia, los trabajadores han hecho una experiencia con el gobierno nacional y las gobernaciones. Las últimas paritarias impuestas desde arriba por las patronales privadas, la burocracia y el gobierno, del orden del 35 y 45%, han confirmado el desprecio y el maltrato hacia ´la primera línea´ de combate a la pandemia, que con estos aumentos en el mejor de los casos aproxima un salario mínimo de 80 mil pesos cuando las necesidades familiares mensuales en el país rondan los 120 mil. En peor situación se encuentran los tercerizados, monotributistas y precarizados con contratos temporales, quienes cobran salarios básicos mínimos de hasta 15 o 20 mil pesos, en algunas provincias. El gobierno y las burocracias adictas juegan con fuego al maltratar al personal de salud porque la bronca crece fuerte en las bases. Esto se expresó con los cortes de calle, en la ciudad de Buenos Aires y todo el país, de los compañeros de Sanidad, a pesar del maniatado plan de lucha de Daer y la celeste y blanca. También en la contundente adhesión al paro dominguero que llamó la burocracia de Médicos Municipales antes de firmar la paritaria del sector. En Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, los trabajadores también vienen de jornadas de movilización. Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) definió una acción el mismo día, en sintonía con los reclamos de la Fesprosa. Esta coincidencia es un avance. Por primera vez desde el inicio de la pandemia a contramano de los intereses mezquinos y de aparato de las conducciones, habrá una jornada unificada de protesta. Los trabajadores municipales autoconvocados del hospital Teresa Germani, de Laferrere, que forman parte de la coordinadora de salud de la zona oeste con los trabajadores del hospital Posadas y el hospital de Niños de San Justo, también se sumarán a la convocatoria luego de haberlo resuelto en asamblea. En la ciudad de Buenos Aires, parte de las asociaciones gremiales de salud que articula el MST y que forman parte de “la mesa del Amba” con Cicop, han anunciado su apoyo y adhesión. Los trabajadores que se organizan en la asociación interdisciplinaria del hospital Moyano -que vienen de un corte de la avenida Brandsen, en el núcleo de los hospitales de salud mental-, resolvieron en asamblea acoplarse a la jornada Nacional con un corte en Entre Ríos y Caseros, a pocos metros de los hospitales Británico, Udaondo, Muñiz y Bonaparte (Ex - Cenareso). Por su parte, el PO oficial, en una rivalidad de clave electoral dañina para los intereses de los trabajadores, ha militado en contra de la participación de la jornada, a través de su agrupación Naranja del Garrahan, en el contexto de un plan de lucha de los trabajadores del hospital que lleva más de un mes por la recomposición salarial y un convenio de trabajo propio contra la insalubridad. Tampoco han impulsado la jornada en la asamblea de Residentes y concurrentes, luego de la lucha contra el cierre de las concurrencias. La jornada del 12A, como todas las jornadas que impulsa la Fesprosa tiene un profundo límite que le pondrá un coto a la expresión de los trabajadores. No está siendo impulsado ni trabajado con asambleas por la mayoría de las 19 conducciones seccionales provinciales. El mismo límite presenta la convocatoria anunciada por Cicop. Ambas conducciones apoyan políticamente al gobierno nacional. Desde Tribuna de Salud (Tendencia) entendemos que estamos ante una oportunidad para poner un freno en cada hospital, en cada servicio, y abrir un debate entre trabajadores. Una oportunidad para asistir y reforzar cada herramienta de organización, a través de los sindicatos o de forma autoconvocada. Una jornada nacional, aún con estos límites políticos de sus direcciones, no dejará de exponer la crisis humanitaria que afrontamos los trabajadores de la primera línea. Esta tentativa de “aliviar” la tensión que recorre a las bases, dará lugar a una enorme fuerza que anida en el movimiento de lucha de salud (residentes y concurrentes de CABA, personal de enfermería autoconvocado de CABA y Gran Buenos Aires, la gran lucha de Neuquén). Por el triunfo de la lucha de los trabajadores del Garrahan, por el rechazo y reapertura de la paritaria de salud en CABA – firmada por AMM y acompañada por la burocracia de Sutecba y federación de profesionales. Por los salarios de toda la primera línea del país, contra la precarización laboral y por una ley de enfermería que jerarquice y reconozca la profesionalidad de la disciplina para todo el personal. Acompañemos la jornada de lucha este 12A y avancemos por una coordinadora nacional de lucha en salud.

Los tercerizados de EDESUR continúan dando pelea en su reclamo por la reincorporación, el re encuadramiento convencional (de UOCRA a EDESUR) y el pase a planta. En ese contexto en una reunión de solidaridad con su lucha, han convocado a todas las organizaciones políticas y sociales a apoyar un corte que realizarán este viernes 13 de agosto en el puente Pueyrredón. Los compañeros desde principio de año reclaman contra la precarización laboral, y desde mayo también reclaman contra los despidos represalias que sufrieron ese mes, con la omisión cómplice de las burocracias sindicales y el gobierno. Mientras se encuentran despedidos los “inspectores de medidores” (tal es la función que figura en sus credenciales de trabajo con el logo de EMA y EDESUR), los cortes de luz en las barriadas de zona sur se han multiplicado, generando protestas de los vecinos con las que se han solidarizado los trabajadores, que en su tarea de “guarda reclamo” deberían asistir a reponer el servicio. Por ello tras haber acampado en dos oportunidades en el ministerio de Trabajo, movilizado a la secretaría de energía eléctrica, a la embajada de Italia donde pertenece el poderoso grupo ENEL, y haber realizado numerosas protestas (en el Obelisco, Quinta de Olivos, etc.), los trabajadores vienen de realizar una masiva juntada de firmas de vecinos en Quilmes y han manifestado en la puerta del municipio, exigiendo respuestas. Mucho más luego de que Maira Mendoza, en las últimas semanas se reuniera con EDESUR y el ENRE, para donar transformadores, sin que la reincorporación de los compañeros ilegalmente despedidos haya estado en su agenda. Los trabajadores de EMA vienen sufriendo múltiples atropellos. En primer lugar el encuadramiento de miles de obreros tercerizados de EDESUR en UOCRA, que han dejado pasar primero Macri, y ahora la sub secretaria de energía eléctrica K de Basualdo, no tiene sustento jurídico alguno. Toda la actividad de las empresas y las tareas de los compañeros encuadran en Luz y Fuerza, en el caso de EMA incluso existe un convenio firmado entre esta tercerizada y Luz y Fuerza, del 2010 cuando miles de trabajadores lograron su convencionamiento (y más tarde el pase a planta). Luego los despidos son ilegales porque son notoriamente discriminatorios, y porque violan la “prohibición de despidos” que el gobierno permite sistemáticamente que las patronales pasen por arriba como papel pintado. En este contexto la responsabilidad de la burocracia de Luz y fuerza, y de los gobiernos nacional y provincial es completa. Así como Maira Mendoza se reunió con EDESUR, Moroni, el ministro de Trabajo, lo hizo con la burocracia Luzyfuercista, para discutir que no debe permitirse más en adelante las sub contrataciones. Pero sin dar respuesta a los trabajadores de EMA, que rechaza representar Luz y fuerza en complicidad abierta con la patronal, y a los que Moroni no les ha dado respuesta alguna, ni siquiera dictando una mísera conciliación obligatoria. Los compañeros sabiendo que les asiste por completo la razón mantiene firme su lucha, saben que EDESUR y el gobierno no quieren dar el brazo a torcer porque sería un ejemplo que podría desencadenar un reclamo en el resto de las tercerizadas. No solo eléctricas, sino también de las cableras, del gas, de la telefonía, y demás servicios públicos donde los sindicatos y el gobierno dejan pasar la precarización laboral. Pero también saben que cuentan con el apoyo y la solidaridad de los trabajadores, justamente por lo que implica su lucha. Lo que habrá que poner de manifiesto, una vez más, este viernes en el puente. Reincorporación de los compañeros de EMA-EDESUR. Encuadramiento laboral en Luz y Fuerza y pase a planta de EDESUR.

A partir del mes de setiembre, los haberes de jubilados y pensionados y demás prestaciones sociales tendrán un aumento del 12,39%. El haber mínimo pasaría a ser de $ 25.923, la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) será de $ 20.738 y la Prestación No Contributiva (PNC) a la vejez, $ 18.145. Todos valores por debajo de la línea de pobreza. Casi 5 millones de jubilados y pensionados cobran esta miseria. La fórmula de movilidad del gobierno FF debutó con un aumento trimestral del 8,07% tomando como base los cálculos del cuarto trimestre del 2020, cuando la inflación llegó al 11,34%. En junio, el aumento fue de 12,12% frente a una inflación en el primer trimestre del 2021 del 13% (Clarín, 10/08). Ante ese deterioro, la ANSES otorgó dos bonos de $1.500 en abril y mayo y otro de $5.000 en agosto, pero sólo para los haberes más bajos y por única vez. De esta forma, la pirámide se sigue achatando. Así en agosto cobraremos $28.000 y a partir de setiembre, volveremos a retroceder a $25.900. Este aumento del 12,39% no toma en cuenta el bono percibido en el mes de agosto. Por lo tanto la suba acumulada de las jubilaciones según el índice de movilidad más los bonos, sumarán el 36,2% a septiembre. En noviembre será la próxima actualización. Pero a esa altura, la inflación anual podría rondar el 45-50%. Seguimos perdiendo. Dada esta situación, el gobierno discrecionalmente puede decidir la entrega de más bonos, mientras sigue esquilmando a los jubilados. Según la ANSES, el aumento acumulado a setiembre del 36,2% es mayor al que hubiere resultado con la ley del gobierno anterior, estimado en 33,7%. Pero en 2020 no fue así. Según la fórmula del macrismo, el incremento hubiera sido del 42%, mientras los aumentos por decreto de los Fernández sumaron el 24,3% para el haber máximo y 35,3% para la jubilación mínima. Desde setiembre del 2017 a diciembre del 2019 las jubilaciones y pensiones perdieron un 19,5% frente a la inflación. En el 2020, la disminución fue del 8,7%. En la fórmula de movilidad no hay ninguna garantía que permita actualizaciones frente al aumento incesante de los precios especialmente el de los alimentos. A esto se suma la exención de los pagos previsionales a las patronales y el constante saqueo al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Mientras tanto se pagan millones de dólares de una deuda usuraria. El ataque al sistema previsional es demoledor. Ahora “todistas” y “juntistas” se subieron al ring electoral, embelleciendo sus discursos para ganar votos, pero la realidad es que ambos sectores levantaran unidos las manos en el futuro Congreso y sellando la grieta votarán las leyes de mayor precarización laboral y la profundización del ataque a las jubilaciones, en aras del acuerdo con el FMI. Fuera el FMI. No al pago de la deuda. Por salarios y jubilaciones igual al costo de la canasta familiar (hoy en $130.000).

El sábado 7 el Partido Obrero Tendencia de Pilar inauguró su nuevo local, ubicado en la entrada del barrio de Agustoni, en la calle Chile, a tres cuadras de la colectora Panamericana y Ruta 25. La actividad contó con la presencia de compañeros de los barrios Agustoni, Vicente López, Peruzoti y Del Viso, organizados en el Polo Obrero Tendencia; docentes y otros trabajadores del distrito. También la actividad fue el lanzamiento de campaña electoral en la Zona Norte, que continuará con actos y agitaciones en calles y fábricas, con la presencia de Jorge Altamira y otros candidatos. El compañero Pablo Busch, trabajador de Unilever y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aire, tomó la palabra en el acto de inauguración. “Nosotros no pedimos una oportunidad para ser tercera fuerza. Le decimos a los trabajadores que los bloques de Macri y los Fernández van a votar juntos, en el Congreso, el acuerdo del gobierno con el FMI y todo lo que eso implica en materia de ajuste y de destrucción de derechos laborales y previsionales. Lo que hay por delante es una confrontación enorme entre clases, y nosotros queremos un desenlace en los términos de quienes viven de su trabajo”. En las próximas semanas, la campaña electoral de Política Obrera en el distrito se desarrollará principalmente en los barrios de trabajadores de Pilar, en donde los compañeros organizarán recorridas y asambleas de fiscales.

En Ecuador tuvo lugar este miércoles una nueva marcha nacional de protestas contra la política de reducción de subsidios a los combustibles del presidente Guillermo Lasso, recientemente electo. La convocatoria reúne un conjunto de demandas de docentes, productores agrarios, estudiantes, transportistas e indígenas. Lasso pretende un incremento de cuatro a diez centavos del diésel y gasolina extra. Desde julio de 2020, se acumula un aumento de casi $ 0,61 centavos en el valor de ese combustible; es decir, más de 60%. El precio de ese combustible puede incrementarse hasta 3% cada mes, dependiendo del precio internacional de petróleo. Por otra parte, la subida del galón de gasolina extra y ecopaís puede ser de hasta 5% mensual (La Hora, 12/8). Las centrales sindicales también están movilizadas contra la reforma laboral, que está en línea con el acuerdo negociado con el FMI. Varias vías del país amanecieron bloqueadas con camiones, tractores, sacas de arroz y piquetes con quema de neumáticos. Agricultores bananeros bloquearon la vía Quevedo-Valencia con racimas de banano, para reclamar por el bajo precio del producto. El miércoles la marcha fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Desde las 16:00 en la Caja del Seguro Social, en Quito, se sumaron a este llamado la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) y la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) anunció su respaldo a la movilización convocada, aunque no aseguró su participación. “Empezaron una caminata hasta la plaza de Santo Domingo y entre sus consignas el “¡rechazo!” a las privatizaciones, al incremento de los combustibles, y reanimaban a los docentes que están en huelga de hambre desde hace 31 días pidiendo un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)” (nodal, 12/8). El Palacio de Gobierno fue rodeado horas antes de la manifestación ciudadana por policías antimotines, vallas de metal y concertinas. Huellas y lecciones La Conaie y los sindicatos que integran el FUT, como ocurrió durante la rebelión popular contra Lenin Moreno, reclama “negociar”. Par su presidente, Leónidas Iza, el pueblo ecuatoriano “no soporta un levantamiento” (ídem). “El movimiento indígena, además del congelamiento del precio de los combustibles, plantea una moratoria de un año en el sistema financiero, una rigurosa política fiscal para los grandes grupos económicos. Y además están en contra de la ampliación de la explotación minera y petrolera” (nodal, 11/8). Lasso rechazó derogar el decreto de los combustibles. Los docentes protagonizan 31 días de huelga. Isabel Vargas (UNE) declaró que “las movilizaciones se irán radicalizando si no encontramos respuesta de parte”. Muchos docentes se encadenaron fuera de la Corte Suprema de Quito en reclamo por la derogación de la reforma educativa. De forma paralela, en Guayaquil también se movilizaron. Los manifestantes eran en gran parte maestros, que insistían en que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las reformas a la LOEI. Los próximos días dirán si estamos en el comienzo de una nueva rebelión popular.

“El precio del metro cuadrado en el barrio de Boedo es de 2.136 dólares”, informa el Cronista Comercial (7/08), cuatro días después de que la Legislatura porteña votara a favor -con una abstención, de Autodeterminación y Libertad- de la rezonificación que permite la construcción del estadio de San Lorenzo en Avenida La Plata e Inclán. El diario comercial advierte que la consecuencia inmediata de la norma aprobada en la Legislatura porteña es la revalorización del metro cuadrado y adelanta que el estadio va a generar un polo gastronómico. Es que la ley habilita “espacios educacionales, talleres de formación laboral, salas multiuso, gimnasios, natatorios, oficinas, hotel, restaurantes, confiterías, farmacias, auditorios, destacamento de bomberos, sede comunal (CGP), cocheras, galerías comerciales, patios de comidas, entre otros”. El mismo diario señala que: “Lo que ocurrirá es que cambiará el perfil del barrio y muchos vecinos van a trasladarse hacia otras zonas”. Dicho sin sutilezas, el proyecto inmobiliario que tiene en mente el Marcelo Tinelli junto con sus socios del Pro y del kirchnerismo, va a expulsar a los vecinos históricos del barrio. Aquellos que no quieran convivir con eventos de miles de personas van a tener que malvender sus propiedades. La sola especulación va a disparar el precio de los alquileres. Aquella población feliz a la que hizo referencia la emocionada bancada del FIT-U, va a tener que irse del barrio. Vivimos en un país donde el 50% de los trabajadores cobra salarios por debajo de la línea de pobreza y los alquileres son impagables. Boedo, con el estadio, no va a ser para los cuervos que hoy viven ahí. Un proyecto así revaloriza el barrio en los términos del capital y del enriquecimiento de la policía, algo que ya pasa en las zonas aledañas a los estadios de la Ciudad: “trapitos” que controlan el lugar para estacionar, las bandas de barras instalados con sus negocios (venta de entradas, de drogas y de mano de obra violenta). El terreno se valoriza pero las viviendas se deprecian porque hay que querer vivir con las consecuencias harto conocidas del negocio del fútbol. El negocio de barrio es insostenible y en su lugar las cadenas comerciales arrasan. De eso se trata, de que los niños ya no van a jugar el fin de semana en la vereda, copada por el movimiento que van a generar recitales y partidos de fútbol. La votación no tuvo grietas de ningún tipo. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, votaron a favor de Tinelli. Amanda Martín del PO Oficial justificó su voto a favor del mega negociado inmobiliario mientras lucía un cartel que decía: “No al puerto Madero 2”, por el rechazo al negociado de IRSA en las tierras de la Costanera Sur. Los argumentos canallescos deberían avergonzar a más de un militante de su propia organización. Para empezar, comparó el regreso del San Lorenzo de Tinelli y Larreta a Avenida La Plata con “una reparación histórica”. Alguien podría pensar que quiso decir “un negociado histórico”, pero no. Amanda Martín tuvo que pasearse por todos los lugares comunes del electoralismo para justificar chocarle los cinco a Tinelli, Lammens y Larreta en la ciudad de las Villas sin cloacas y del inexistente plan de viviendas populares. Un abandono total del uso de las bancadas como tribunas socialistas y organizadoras de los y las trabajadoras por sus derechos. Un legislador socialista tendría que haber utilizado esos 7 minutos para denunciar la política expulsiva que tiene el Gobierno de la Ciudad para con los trabajadores y trabajadoras. Y haberse ofrecido como una organizadora de la lucha por un espacio verde en los terrenos en el que supo estar el supermercado, así como lo recomendó la Facultad de Ingeniería tiempo atrás: (que) “el terreno sea utilizado para la enseñanza y práctica deportiva y actividades sociales en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza de espacios verdes a crear”. Lo peor, de la justificación de la legisladora fue la advertencia sobre que el capital inmobiliario va a querer desvirtuar la ley y entonces “las hinchas y los hinchas” debían oficiar de fiscales durante la construcción del estadio. Una impostura. Los hinchas y las hinchas debían ser advertidos mucho antes de la votación de que el único resultado de tremendo negociado inmobiliario será la expulsión de los mismos que juntaron hasta el último peso para pagarle al supermercado el predio que la dictadura le había entregado luego de correr el Club. Que la restitución histórica para los cuervos de la Ciudad iba de la mano de un club que pusiera las instalaciones al servicio de la población y no de los empresarios del fútbol y de las industrias culturales y recreativas. Desde el primer momento denunciamos el carácter del negociado y nos hemos reunido con los vecinos de Boedo que no se comieron el sapo. Abogaremos por la organización de las y los vecinos para recibir a los “hinchas felices” cuando deban luchar por su derecho a no ser expulsados del barrio del Ciclón. LEER MÁS: El negoción de Tinelli y Lammens, sin grietas. Escribe Marcelo Ramal La quiebra de San Lorenzo y "la vuelta a Boedo", la estafa al descubierto. Escribe Juan Ferro “Utilizan la bandera de la reparación histórica para llevar adelante un negocio inmobiliario”. Marcelo Ramal en la audiencias pública por la rezonificación del predio de Avenida La Plata. Una Imagen dice más que mil palabras. Escribe Eduardo Longoni El presupuesto de Larreta, Tinelli y Costa Salguero. Escribe Marcelo Ramal

En la segunda semana de huelga por tiempo indeterminado de la docencia autoconvocada, caracterizada por multitudinarias movilizaciones y decenas de acampes y piquetes en toda la provincia, el gobierno de Sáenz zigzagueó del ninguneo a acusar recibo, para luego pasar a un operativo macartista y represivo. Después de mandar al secretario general de la gobernación, Matías Posadas, a declarar que los huelguistas eran un grupo minúsculo y que se iban a descontar todos los días de paro, Sáenz lo conminó a convocar a un “diálogo” con los diferentes sectores en huelga, ante el repudio que generaron sus dichos. Posadas es el candidato a senador por capital predilecto del gobierno, ahora licenciado de la reunión por estar en campaña electoral. La presión de las bases desalentó la concurrencia de los representantes de Sitepsa, Movimiento Docente y los “Delegados de la Plaza” a la convocatoria, a la que terminaron acudiendo sólo el delegado de la asamblea de Capital y uno de los delegados paritarios de la asamblea provincial docente autoconvocada. La reunión sólo sirvió para dejar en claro que el gobierno no quiere dar respuesta al reclamo de los huelguistas. Ante la convocatoria de la asamblea provincial docente autoconvocada a una movilización a Casa de Gobierno para el jueves, a la que se plegaron la asamblea de capital, Movimiento Docente, Sitepsa y los “Delegados de la Plaza”, el miércoles por la noche, el gobierno se jugó a desmovilizar convocando a una reunión a los Delegados de la Plaza y a Sitepsa. En la misma estos sectores tuvieron que aceptar la participación de la delegada de Orán y miembro de la mesa provincial de la asamblea autoconvocada, Josefa Cardozo. La reunión, encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco, estaba atada a un eventual ofrecimiento en la paritaria nacional, que al no existir, terminó en la nada. El resultado fue una marcha de casi 10 mil docentes al día siguiente. Fracasadas todas estas maniobras, el gobierno decidió virar hacia una campaña macartista en las redes y medios de comunicación, que ya venían desarrollando el macrista Martín Grande y la pata romerista del gobierno. Primero dio a conocer una grilla de sueldo de los Delegados de la Plaza, que al ser docentes con máxima antigüedad y carga horaria, además de cobrar ítems por zona desfavorable, son más altos que los de la masa docente. A la par hizo girar videos en donde tildaban a los docentes en lucha como “vagos” y “del PO”. Con un operativo de más de 500 policías de infantería reprimió y desalojó durante la noche el corte de la ruta de ingreso a Salta Capital, a la altura del ex peaje Aunor. A la madrugada del viernes, el gobierno mandó a vallar la plaza central de Salta Capital, la Plaza 9 de julio, donde aún siguen acampando docentes. Todas estas provocaciones han tenido como resultado un incremento de la huelga, que en toda la provincia hoy supera el 90% de acatamiento, con cientos de escuelas totalmente cerradas. A la par, el activismo autoconvocado que sostiene las medidas de lucha ha sacado la conclusión de que el gobierno les ha declarado la guerra y que la lucha se va a extender pasadas las elecciones, por lo que se apresta a una lucha de largo aliento, como lo fueron las huelgas autoconvocadas del 2005, 2007, 2014 y 2020. También entendieron muy bien que Sáenz no es el gobierno “de la gente” y “del diálogo” como se autoproclama, sino más bien una versión degradada del gobierno represor de Juan Carlos Romero, contra el cual nació la autoconvocatoria y junto con otras luchas, precipitaron su derrota en el 2007 ante Urtubey. Al momento de escribir estas líneas, los docentes autoconvocados estaban llamando a concentrar en Aunor para volver a imponer un piquete en el ingreso a Salta. A la vez, la mesa de la asamblea provincial docente autoconvocada, discutía cuando continuar con su asamblea bimodal, que en el día de ayer pasó a cuarto intermedio, ya que los participantes que se encontraban en Aunor, alertaron del operativo represivo y convocaron a la masa docente a sumarse para resistir la represión. En toda esta confrontación, el gobierno no ha salido ileso. Los docentes ya han tachado a su principal candidato en capital (Posadas), desprestigió a sus propios aliados al interior del movimiento (Delegados de la Plaza y Sitepsa) y su pliego del 25%, que fue rechazado por la masa de la docencia. Sáenz parece haber aceptado como un mal menor que la huelga continúe en medio del proceso electoral provincial a ceder ante ella, ya que esto no sólo sería un gran triunfo para la docencia sino que fortalecería las tendencias de lucha de otros sectores, que se han sumado a sus piquetes, también en la mayoría de los casos con el método de la autoconvocatoria. La huelga docente no sólo es un desafío al gobierno y a su burocracia sindical, sino también al proceso electoral mismo en tanto es un llamado de hecho a los trabajadores a tomar en sus manos la lucha por sus reivindicaciones contra la idea de “votar bien” para obtenerlas. Se impone la convocatoria consciente por parte de la docencia en lucha, a todos los sectores en lucha y al conjunto de la clase obrera y el pueblo salteño, agraviado día a día por este gobierno y todo el régimen, para triunfar.

El lunes 2 de agosto padres, alumnos y docentes de la Media 17 de Merlo se movilizaron a la Jefatura Distrital en defensa del histórico edificio ubicado en Av. Libertador, en el corazón céntrico del distrito. Una comisión de padres se entrevistó con el Jefe de Inspectores, Hugo Rosá, al cual le plantearon el rechazo total a la propuesta del gobierno provincial y municipal de trasladar la escuela a un predio ubicado en Balbín y Junín. Además, la comisión de padres entregó un petitorio con un planteo de fondo: expropiación del predio donde funciona la escuela y obras para ponerla en condiciones de habitabilidad. Al día siguiente, la comunidad educativa de la Media 17 volvió a ganar las calles concentrándose en las puertas del colegio para realizar un abrazo simbólico. (el1digital.com.ar, 08/11/21) Historia En 1960 la Escuela Nacional de Comercio de Merlo, “Manuel Belgrano”, abrió sus puertas a la juventud. El lugar elegido para funcionar fue el histórico edificio ubicado en pleno centro de Merlo, que la familia Landaburu le alquiló al Ministerio de Educación de la época. Desde entonces, por sus aulas pasaron cientos de miles de jóvenes y docentes que construyeron una institución educativa de gran renombre por su excelencia académica y su compromiso social como el caso del compañero detenido-desaparecido Alejandro Aibar. A comienzos de 1980, debido al crecimiento demográfico del distrito y al incremento de la matrícula estudiantil, el “Manuel Belgrano” traslada parte de sus actividades a un nuevo edificio ubicado a pocas cuadras de allí, dando nacimiento a la Escuela 16 y a la Escuela 17 que sigue funcionando en el edificio histórico. En los últimos años se aceleró el deterioro del edificio de la 17 porque el locador, la familia Landaburu, no hizo las obras de mantenimiento acordadas en el contrato de alquiler y el Estado, locatario, hizo la vista gorda frente a estos incumplimientos. Luego, los dueños dejaron de pagar los impuestos correspondientes y el Estado provincial dejó de abonar los alquileres hasta que los propietarios salden la deuda. Es así, que el edificio se tornó inhabitable. Vaciamiento educativo En el marco de la pandemia de Covid 19 y de la continuidad pedagógica virtual, el gobierno de Kicillof-Vila-Menéndez “descubrieron” que el edificio de la 17 no cumple con los 12 puntos de infraestructura que CTERA plantea como nodales para resguardar la integridad física de quienes estudian y trabajan. Lo singular del caso es que la 17 es la única Escuela, en todo el distrito, clausurada por la Dirección General de Infraestructura (DPI) a pesar de que una porción nada desdeñable de instituciones educativas tiene graves e históricas falencias edilicias. La DPI que clausuró la 17 es la misma que, durante décadas, miró para otro lado ante el proceso de vaciamiento educativo practicado por todos los gobiernos. Esta política de desinversión educativa es la que habilitó, en Moreno, el crimen contra Sandra y Rubén. A esta altura resulta evidente que detrás del traslado de la escuela hay mucho más que “la preservación de la integridad física” de los alumnos y docentes. Hecha la ley, hay que maniobrar para birlarla En enero 2013, como consecuencia de la movilización popular, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires votó la ley 14.452 que declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble” ubicado en Av. Libertador 472 para ser “transferido a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires con destino al funcionamiento de la Escuela de Enseñanza Media Nº 17, establecimiento de educación pública de gestión estatal”. En los fundamentos de la ley 14.452 se consigna que la expropiación del inmueble es la salida más conveniente para la comunidad educativa de Merlo y menos onerosa para el Estado. Acá teníamos el marco normativo que posibilitaba la construcción de un edificio propio, seguro y acorde a las necesidades de la escuela en su histórico lugar. El gobernador Scioli, el candidato de CFK en 2015 para “enfrentar” al Macrismo, sólo debía asignar las partidas presupuestarias necesarias para el pago del inmueble antes de que se cumpliese el plazo de 5 años que marcaba la ley en su artículo tercero. ¿Qué sucedió entre 2013/2018? Simplemente, Scioli y Vidal dejaron pasar los 5 años de plazo para que caduque la ley 14.452. Lo que está en juego Desde estas páginas hemos denunciado que la rezonificación urbana votada en el Concejo Deliberante de Merlo por Menéndez-Zencich-Cocuzza está al servicio del capital inmobiliario y de los especuladores porque habilita la construcción de torres de hasta 10 pisos en zonas céntricas y ello revaloriza el suelo urbano. Es claro que no hay “grieta” a la hora de legislar en favor de los capitalistas y especuladores y que, quienes luchan por el edificio histórico, enfrentan a poderosos intereses económicos y políticos que quieren lucrar con el suelo urbano . Llamamos a todos los luchadores a rodear de solidaridad a la comunidad educativa de la Media 17 y a extender la organización y la movilización por la expropiación del edificio histórico y por el presupuesto para construir uno seguro y habitable.

La multinacional norteamericana DOW anunció el cierre programado y desmantelamiento de su planta en Puerto Gral. San Martín, para mayo de 2022. El sindicato que nuclea a los obreros, SOEPU, y la población, se enteraron por los medios. Una verdadera declaración de guerra a los 120 obreros y a la clase trabajadora de conjunto. Al día siguiente del anuncio, los trabajadores instalaron una carpa en los portones, parando la producción. Reclaman a los gobiernos provincial y nacional que “intercedan” para que DOW ponga a la venta la empresa y continúe produciendo con otra patronal y no se pierdan los puestos de trabajo. DOW es la única empresa que produce poliuretano en el país, una materia prima que tiene múltiples aplicaciones industriales (autopartes, aislante térmico para la construcción civil, fabricación de colchones, entre otros). En Bahía Blanca produce polietileno bajo el nombre de PBB Polisur SRL, con un volumen muy importante. Como la empresa no manifiesta ningún tipo de reclamo empresarial al gobierno nacional, adquiere cierta veracidad, que su decisión obedece a una reestructuración mundial en el mercado de los productos químicos. Pasaría a concentrar la producción en Brasil, donde tiene varias plantas instaladas y la materia prima para producir poliuretano, óxido de etileno, la recibe desde ese lugar. El desmantelamiento anunciado de la planta, por otra parte, obedece al propósito de entorpecer un futuro competidor en el mercado nacional, al mismo tiempo se “compromete” a seguir proveyendo el producto desde Brasil. Solamente los trabajadores del Cordón Industrial, con su lucha, podrán defender los puestos de trabajo. Para cualquier variante de continuidad de la producción y defensa de los puestos de trabajo es necesaria la ocupación de la fábrica y la solidaridad de todos los trabajadores del Cordón. ¡Toda la solidaridad con los obreros de Dow, y el SOEPU! ¡Defensa de los puestos de trabajo!

Pasado mañana se realizarán las elecciones provinciales para concejales, diputados y senadores provinciales y convencionales constituyentes. La fecha de dicha elección, primero fue adelantada, luego suspendida sin fecha y por último establecida para el domingo próximo. Pandemia En este proceso, estalló una potente huelga general por tiempo indeterminado de la docencia autoconvocada, que ya lleva dos semanas. Hay acampes en las plazas de las ciudades y piquetes en las principales rutas. En el interior, principalmente en Orán y San Martín, trabajadores precarizados de los municipios, la salud y las ordenanzas de escuelas, obreros rurales, entre otros, confluyen con los piquetes docentes. El colapso del sistema hospitalario apenas ha cedido y la apertura económica impulsada por Sáenz ha redundado en el crecimiento de los conflictos sindicales. Una de las reivindicaciones de la docencia autoconvocada es la suspensión de las clases presenciales en pandemia. El gobierno pasó de ningunear a la docencia autoconvocada a recibirlos, pero sin dar respuesta alguna a sus reclamos; ahora desenvuelve una campaña macartista y represiva contra la huelga y sus piquetes. Pero el repudio y el hartazgo de la población trabajadora es más amplio aún. Según las encuestas más serias que se pudieron conocer, el nivel de abstencionismo podría superar el 40%; otro 20% de la población, todavía no definió su voto. En capital, por caso, el candidato de la lista romerista/macrista de Sáenz, el empresario de medios Emiliano Durand, encabeza la intención de voto con apenas un 24%; mientras que Posadas, el pollo del gobernador, no superaba el 17% y ahora es masivamente repudiado por la docencia por sus ataques a la huelga. En el caso de diputados, ninguno de los candidatos superaría el 10%, y en la categoría de concejales los guarismos son aún más bajos - dan ganador al pejotista Isa con apenas un 7%. Todavía no es clara la incidencia que la huelga docente y las luchas que confluyen con ella. La izquierda A pesar de la autoproclamación del FIT-U, no hay indicios de que se beneficie con esta fragmentación del campo patronal. Ha carnereado los paros que antecedieron a la actual huelga general de la docencia. Por su confinamiento a capital, han estado fuera de importantes procesos de luchas en el norte y el sur de la provincia. Parte de una caudal del 3% de los votos en la elección de hace dos años. La campaña del PO Las encuestas tampoco dan cuenta de una incidencia electoral del PO salteño, Política Obrera, en frente con el Nuevo MAS. La decisión judicial que obligó a nuestro cambio de nombre ya largado el proceso electoral, sólo ha incrementado el cuadro de confusión política. Nuestra agitación y propaganda electoral se centró en poner de manifiesto la fenomenal crisis histórica en curso y la responsabilidad de los partidos capitalistas. En esta lucha buscamos reconstituir el entrelazamiento histórico del PO salteño con los sectores de lucha y explotados, lo que se encarnó principalmente en una decidida movilización política de una amplia vanguardia de compañeras y compañeros del Polo Obrero a escala provincial. En el caso del departamento de Orán, se evidencia una corriente por el voto a nuestras listas por parte de obreros rurales, trabajadores de la salud y un sector de los delegados combativos del ingenio Seaboard (Ex Tabacal). Con esta tendencia obrera los compañeros de Colonia y Orán luchan por el ingreso a los concejos de estas localidades. En el caso de capital, contingentes de trabajadores de la salud, choferes, ambulantes y precarizados del comercio han decidido impulsar el voto a nuestra lista; lo mismo ha sucedido en Rosario de Lerma con todo un sector de la comunidad trans. Tanto en Orán como en San Martín, Capital y Metán, nuestros compañeros docentes y ordenanzas están en la primera línea de lucha con miles de activistas que se están jugando todo por el triunfo de su huelga. En esta última fase de la campaña, y después de un acto de cierre en capital que se convirtió en una tribuna de denuncia de la represión a la docencia (ver artículo), buscamos traducir obtener una amplia movilización de fiscales. Los militantes del PO salteño están al pie del cañón por el triunfo de la huelga docente y de todas las luchas.

La chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio, vicino Firenze, ha colto di sorpresa molti lo scorso luglio: certamente gli operai che hanno appreso la notizia via email dal giorno alla notte; no di certo le burocrazie sindacali che nemmeno una settimana prima avevano firmato lo sblocco dei licenziamenti in accordo con il padronato e con il governo Draghi. La chiusura però, non è un evento isolato che riguarda soltanto gli oltre 500 operai della GKN, è la notizia che migliaia e migliaia di lavoratori italiani ogni giorno stanno ricevendo dal proprio padrone. Significa la condanna alla disoccupazione che, nonostante la legge vietasse i licenziamenti, un milione di operai ha già subito dopo lo scoppio della pandemia. In questo contesto sociale la vertenza acquisisce una centralità politica: da un lato perché appare come la punta dell’iceberg, la vertenza simbolo per tante fabbriche in processo di smantellamento, dall’altro per la sua radicalità nel rispondere alla chiusura dell’impresa. Tra le decine di vertenze in corso per chiusura degli stabilimenti la GKN, insieme allo stabilimento Whirpool di Napoli, è la fabbrica più grande e importante per il sistema produttivo italiano; produce, infatti, semiassi per la ex Fiat, ora Stellantis. Per la sua centralità ha ottenuto un maggior rilievo mediatico e una maggiore attenzione da parte delle istituzioni borghesi che hanno promosso una passerella di fronte la fabbrica e una sequela di critiche al fondo inglese che ha stabilito la chiusura del sito fiorentino. L’ipocrisia e il finto patriottismo, soprattutto in occasioni come queste della lotta di classe, sono un marchio di fabbrica italiano. La lotta in GKN è centrale però, non tanto per la sua importanza “oggettiva”, ma per il fattore “soggettivo”. Il consiglio dei delegati in GKN è un consiglio combattivo e antiburocratico. Da anni i delegati Fiom, appartenenti all’opposizione di sinistra in CGIL, preparano la base operaia alla lotta: sia quando hanno promosso scioperi in solidarietà di altre vertenze - l’ultimo qualche mese fa in occasione della morte di Adil, sindacalista ucciso durante un picchetto operaio - sia quando criticavano la politica traditrice della burocrazia sindacale con la sua concertazione col padronato. Nonostante lo stupore per il licenziamento improvviso gli operai, la sera stessa della chiusura, hanno occupato una fabbrica dopo una partecipatissima assemblea di fronte i cancelli. Con la propria radicalità hanno strappato uno sciopero provinciale di tutta la burocrazia sindacale (CGIL, CISL e UIL) in sostegno della loro vertenza. Grazie i legami politici costruiti in anni di scioperi solidali, la stessa settimana una manifestazione di 5000 lavoratori, con la presenza di tutta la sinistra politica e sindacale, ha percorso le strade della cittadina in cui è situata la fabbrica. Il piano di lotta dei lavoratori GKN contrasta brutalmente con l’operato della burocrazia sindacale, che non solo ha permesso lo sblocco dei licenziamenti, “causa prima” della valanga di chiusure e licenziamenti in corso, ma nelle stesse vertenze locali boicotta la lotta, isolando le fabbriche l’una dall’altra ed evitando le misure più radicali come i blocchi stradali. Un focus critico Terminare l’analisi con toni trionfalistici, brindando alle grandi lotte di classe che verranno in Italia, e alla probabile vittoria, non farebbe onore all’intelligenza del lettore, né sarebbe utile per i militanti che stanno appoggiando, nel limite del possibile, questa lotta così importante. La situazione è estremamente complessa: gli stessi operai ne sono coscienti. Come più volte ripetuto dal delegato FIOM Salvetti, che nei suoi interventi pubblici ha sottolineato come l’azienda avesse preparato lo smantellamento della produzione da tempo e fosse preparata ad una eventuale occupazione per difendere i macchinari. Per questo un ritiro della chiusura dello stabilimento è alquanto improbabile da parte del fondo Melrose; come sembra pressoché impossibile l’acquisto di altre aziende del settore visto la crisi capitalistica e l’alto “costo” della manodopera italiana rispetto altri paesi europei, come la Polonia, in cui non a caso Melrose ha previsto dirottare la produzione. In questa situazione l’unica alternativa, per mantenere aperta la fabbrica, sarebbe la nazionalizzazione che però rimane un’ipotesi negata, anche formalmente, dalle regole dell’Unione Europea. Costringere il Governo Draghi ha rompere questa direttiva richiederà una pressione politica, frutto di scioperi, picchetti e blocchi stradali, come poche volte si è visto negli ultimi anni in Italia. Questo scenario dimostra come senza una generalizzazione della lotta, legando la GKN alle decine e decine di vertenze che stanno spuntando come i funghi per tutto lo Stivale, non sarà facile ottenere un risultato positivo per i lavoratori. Ciò che rimane certo è la combattività dei lavoratori che in queste settimane hanno colmato il calendario estivo della lotta di classe con numerose iniziative, di lotta e di propaganda, con scioperi e concerti per sostenere la cassa di resistenza. La sinistra rivoluzionaria in questo quadro può avere un ruolo non secondario: utilizzare la propria forza politica ed organizzativa, purtroppo ridotta all’osso dopo un decennio di reflusso e crisi politica dell’avanguardia, per rompere l’isolamento della burocrazie e mettere in contatto l’esperienza di Campi Bisenzio con le altre fabbriche in lotta. “Fare come in GKN” può diventare lo slogan per la prossima fase della lotta di classe in Italia.

El escándalo de las fotos de Olivos ha derrumbado definitivamente las pretensiones de una elección de medio término rutinaria y tranquila, sólo dirigida a la renovación parcial de los parlamentos. Si la inscripción de listas había destapado las fracturas múltiples del macrismo, la revelación de la festichola de Olivos colocó al gobierno de FF en estado de dislocación. El presidente de Todos ha pasado a ser el de “ninguno”, después de ser denostado en el curso de horas, entre otros, por La Cámpora, el cristinismo, Victor Hugo Morales y la candidata Tolosa Paz, que no podría seguir haciendo campaña sin tomar distancia de su “referente”. Después de las disculpas de Fernández, se ha abierto otra crisis, pues el jefe del gobierno ´feminista´ no tuvo mejor idea que echarle el fardo de la fiesta a la ´querida Fabiola´, en este caso, siguiendo el consejo de un antiguo gambeteador de responsabilidades políticas, Aníbal Fernández. En cualquier caso, la festichola terminó de exponer una fractura que ya se insinuaba, por ejemplo, en los choques sobre la política ´asistencial´, en medio de una crisis social y pauperización del alcance histórico; en la fractura del oficialismo en Santa Fe y en varias otras provincias estratégicas, y, finalmente, en el agravamiento de la crisis financiera del Estado. En las últimas semanas, el gobierno tuvo dificultades para renovar el pretendido mercado de “deuda en pesos” –es que la burguesía se dolariza plenamente, a la espera del acuerdo con el FMI. A la salida de las elecciones, el naipe que unifica todas las grietas -comenzando por las del oficialismo- es la firma con el FMI. Pero ese acuerdo, que exigirá una nueva y brutal vuelta de tuerca contra las masas -reforma laboral, reforma previsional- tendrá que ser piloteado por un gobierno golpeado y dividido. Alberto Fernández gobernaba por su capacidad de articular a la coalición improvisada de massistas, kirchneristas y otros. Pero ese intento de arbitraje se ha convertido ahora en un juego de suma cero. La festichola es sólo la superficie del problema: detrás de la foto de Olivos, hay un régimen agotado, que tiene por delante otro ajuste sobre un pueblo que no tolera más ajustes. Todas las festicholas La festichola es ilustrativa de otra cuestión, a saber, la completa falta de convicción con la cual el trío Alberto-Kicillof-Larreta encaró la cuarentena. La fiesta de Fabiola es la postal de los presencialistas, es decir, de los que abrieron la actividad económica cuando los contagios se encontraban en pleno desarrollo. Actuaron bajo la presión monumental del capital que exigía la apertura de fábricas y comercios – esenciales y no esenciales. Fernández señala que Olivos era un “mundo de gente” que ingresaba a visitarlo. Se refiere a los lobbies y cúpulas patronales que reclamaban volver a poner en marcha la rueda de la generación de beneficios. El ágape de Olivos también es expresión de otra festichola: mientras los precarizados y desocupados pasaban la cuarentena percibiendo un IFE de 10.000 pesos cada dos meses, la banca financiaba la “emergencia pandémica” ganando un 40% anual a través de las Leliqs. Y el 70% de esa asistencia se dirigía a diferentes tipos de subsidio a los capitalistas. Así, las grandes empresas se dolarizaron con los recursos provistos por el Estado. Mientras tanto, jubilados y trabajadores eran compulsivamente desindexados. Fue la festichola de los Fernández, sí; pero también de los Macri, los bancos, las cerealeras – es decir, los intereses sociales que se reparten a los dos lados de la grieta. Para la derecha, la revelación de Olivos es una coartada para golpear cualquier política de confinamiento o preservación de la población – presente o futura. Ayer, la atacaba en nombre de la “libertad”, hoy, invocando a la corruptela oficial. El diablo y los detalles Como ha ocurrido con otras crisis, esta también se ha filtrado por los ´detalles´. Una foto simboliza, en definitiva, al régimen que se ha servido de la pandemia para consumar una confiscación social en regla. La derecha especula con inclinar la balanza electoral a partir de este escándalo, aunque juega con fuego. Un revés electoral del gobierno no sólo golpearía su posición parlamentaria, sino que podría desatar una crisis política de mayor alcance. Ha entrado en discusión, en definitiva, cuál es el bloque de fuerzas y la clase de gobierno que deberá firmar el acuerdo con el FMI. El futuro de Alberto también divide a la oposición, pues los “duros” se han subido al carro del juicio político, mientras que Lousteau lo quiere arreglar con una pena de trabajos comunitarios, para que la sangre no llegue al río. El impacto del ´Olivosgate´ sobre la campaña de las PASO deberá verificarse en los próximos días. Para nosotros, Política Obrera, el dislocamiento de los de arriba es una oportunidad para redoblar la agitación por las urgentes reivindicaciones de los de abajo – que deben ser contrapuestas al banquete permanente del gran capital y sus gobiernos. Para después de las elecciones, los de la grieta preparan la mayor festichola de todas, que es el acuerdo con el FMI. A sabiendas de ello, la gran patronal ha comenzado a redactar la agenda del acuerdo: la UIA acaba de presentarle al gobierno un proyecto para eliminar la indemnización por despido. Hay que votar a Política Obrera para colocar con fuerza la oposición a ese arreglo colonial y la defensa del salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo.

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, planteó la posibilidad de dejar de pagar los salarios a aquellos trabajadores que no quieran vacunarse y regresar a sus puestos en las fábricas. "Es inevitable que quien quiera entrar en el lugar de trabajo colectivo tiene que tomar las medidas del caso y si no quiere vacunarse no podrá ingresar al lugar de trabajo", dijo el vocero de las patronales industriales. "En esos casos", agregó, "cesa la dispensa y también la remuneración". El gobierno le recordó al empresario que la vacunación es “optativa” y que el porcentaje de personas que no quieren vacunarse es mínimo. A través de la vicejafa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, invocó una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Salud, referida a que empleadores y empleados deben allanarse a un acuerdo de “buena fe” para “no afectar la producción ni a sus propios compañeros” (Página/12, 12/8). Entre las “diferentes opciones”, la funcionaria señaló “desde los testeos obligatorios para esos trabajadores, costeados por los empleadores; o jornadas de trabajo remoto, entre otros”. Según Página/12, otras fuentes de la UIA reconocieron en off que “no tienen calculados ni cuántos casos son” (ídem). Asimismo, voceros de otras cámaras patronales se refirieron al aluvión de juicios que una represalia de ese tipo podría desencadenar. También revelaron que, dependiendo del sector, faltan entre el 5 % y el 25 % de sus planteles, aunque ninguno arriesga que esos índices reflejen una resistencia a la vacunación. En realidad, la UIA presiona por la remoción definitiva de todas las restricciones a los despidos y el pago de licencias, lo único que les preocupa a las patronales en este cuadro. El gobierno, jugado por entero a la “nueva normalidad” y a la presencialidad laboral y educativa, apunta a postergar ese tipo de medidas para luego de las elecciones. Por ahora, ha instado a los empresarios a negociar con la burocracia caso por caso. La UIA ha presentado un pliego de reclamos de fondo, encabezado por la eliminación de la indemnización por despido y una rebaja de impuestos y aportes patronales, para “estimular la generación de empleo”. Las vacunas que se aplican tanto en Argentina como en todo el mundo fueron aprobadas con carácter “emergencial”. Su efectividad en el mediano plazo y ante el surgimiento de nuevas cepas es todavía una incógnita. La contradicción insoluble para la burguesía y sus gobiernos radica en conciliar la explotación de la fuerza de trabajo con evitar el derrumbe político como resultado de una catástrofe sanitaria. La vacunación en sí misma tampoco garantiza una inmunidad total. A pesar de la relativa caída del índice de casos graves, el número de contagios se mantiene alto y los muertos se contabilizan diariamente por centenares. Varios países comenzaron a aplicar una tercera dosis a personas con comorbilidades. El futuro inmediato plantea una gran incertidumbre al movimiento del capital. Las patronales reclaman un marco legal adecuado al nuevo escenario. Hasta ahora, el porcentaje de vacunación con la primera dosis ronda en el 80%, pero disminuye al 20% cuando de la segunda dosis se trata (Télam, 12/8). La campaña vacunatoria, a un mes de las elecciones, marcha por detrás de la diseminación de la variante Delta. Sin embargo, el gobierno empujó a los trabajadores a retornar a la actividad laboral con solamente la primera dosis – incluidos los sectores considerados de riesgo. El presente régimen es incapaz de unir la obligatoriedad de la vacunación con la suspensión de las actividades presenciales no esenciales. Ese debería ser el eje del reclamo de los sindicatos con relación a la salud de la población y a la seguridad sanitaria en los lugares de trabajo. Naturalmente, esto plantea el problema del financiamiento de una salida de esas características. Los capitalistas industriales reclaman nuevas concesiones y rescates – y una reforma laboral a fondo, que ya está inscripta en la agenda de las negociaciones con el FMI. El gran problema político planteado es el rescate de los trabajadores, incluida buena parte de la pequeña burguesía, hundidos en una miseria social sin precedentes.

A los 62 años, falleció de un paro cardiorrespiratorio Enrique “Pil” Chalar, cantante de Los Violadores y Pilsen. El músico murió en Lima, Perú, donde residía desde hacía varios años con su esposa y su hijo. Pil-Trafa, el nombre artístico con el que pasará a la historia del rock latinoamericano, fue un protagonista decisivo en la renovación del rock argentino en los años 80. Pocos mitos del rock argentino tienen una leyenda tan pulida como el del desembarco del punk en nuestro país. Patear el tablero, abofetear al poder asesino en la cara, expresarse con un grito de rebeldía y osadía: esas fueron las pulsiones con las que nació el género, en medio de una dictadura cívico-militar brutal. Dice aquella que a fines de los años 70, Pedro Braun, un jovencito porteño de clase acomodada volvió de un viaje familiar por Europa enloquecido con el naciente movimiento y una colección esencial de esos discos que acá todavía no se conseguían (Ramones, Sex Pistols, Clash, Stranglers). La leyenda cuenta que Pedro se rebautizó Hari B. y publicó un aviso en la revista Pelo de abril de 1978, donde sin impostar ninguna humildad proclamaba: “Les tengo que informar que el Punk en Argentina existe, porque yo estoy aquí y lo soy”. Otro pibe de Quilmes, Sergio, le contestó por el mismo medio, proponiéndole contacto, saludándolo como “un amigo punk”. El mito fundacional del punk rock dice que todo comenzó con la amalgama de esos dos adolescentes de orígenes tan diferentes, cuando formaron una banda llamada “Los Testículos”. Rápidamente se corrió el rumor, entre los pibitos que habían crecido bajo el terror videliano, de que la ciudad había sido inoculada por esa música urgente y revoltosa que la mayoría de las revistas oficiales del “rock nacional” desaprobaba o, en el mejor de los casos, miraba con recelo. Al poco tiempo, se sumarían los dos integrantes que terminarían de darle forma definitiva al proyecto. Primero fue Stuka, que se incorporó como bajista y más tarde pasaría a ser el guitarrista y principal compositor de la banda. Y finalmente apareció Pil, cuya incorporación fue decisiva. Lo apodaron así, dicen, porque solía lucir una remera de Public Image Ltd (PIL), la banda ´avant garde´ que formó John Lydon tras la implosión de los Sex Pistols. Antes de aceptarlo en el grupo, en 1980, los demás integrantes le pusieron a Pil Chalar una condición: “Queremos tu letra de ´Represión´”. Ese sería el primer hit de la banda y definitivamente su tema más emblemático. La canción fue una piedra lanzada hacia el futuro, cuando el rock argentino se encontraba entonces subsumido en una nube de metáforas y enredado en una escalada de virtuosismo técnico que las nuevas generaciones terminarían enterrando en aras de una música de expresividad más inmediata, directa e intuitiva. “Hermosas tierras de amor y paz / hermosa gente, cordialidad / Fútbol, asado y vino eran los gustos / del pueblo argentino...”, rezan los primeros versos de la canción, una parodia del Ser Nacional que invocaban los genocidas y también nacionalistas de distinto pelaje. Su estribillo -“Represión a la vuelta de tu casa / Represión en el quiosco de la esquina / Represión en la la panadería / Represión 24 horas al día”- probablemente fuese el más explícito que el rock local conociera desde su nacimiento hasta entonces. La letra de “Represión” atravesaría una década -la de los 80- en la que la lírica rockera se caracteríazaría, ya no por el recurso de la metáfora sino por el de la imagen. El punk rock de los 90, con bandas como 2 Minutos o Flema, revalidaría una década más tarde ese realismo sin anestesia que inauguró Pil, pero en clave de crónica barrial, para describir el derrumbe social y económico bajo el menemismo. Como principal letrista de Los Violadores, Pil le imprimió una impronta ´geopolítca´ a la lírica del grupo, compartida en cierta medida por otras bandas seminales del punk criollo (Los Laxantes, Los Baraja, Alerta Roja), inmersos en el clima de la llamada “Guerra Fría” entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Los Violadores fue un grupo desafiante, al cual la profesionalización y el éxito comercial -con el tema “Uno, Dos, Ultraviolento”, basado en “La Naranja Mecánica, invadieron las FM y las discotecas de todo el país- no movieron de sus coordenadas iniciales. Los “Violadores de la ley” siguieron cantando contra la guerra, el poder, las súperpotencias, la represión y la hipocresía de los políticos; a veces con candidez, y otras de manera muy incisiva. Bandas punks como Fun People o Eterna Inocencia recogerían el guante para transmitir mensajes politizados y contestatarios. La influencia de la banda fue fundamental en Latinoamérica. Durante los años 80, como pioneros del género, con sucesivas giras, influyeron en la formación de la escena punk en numerosos países. En Perú, fueron particularmente populares – incluso más que en Argentina. Pil continuaría desarrollando esa veta politizada durante toda su carrera posterior al grupo, incorporando nuevas temáticas – Monsanto y los agroquímicos, por ejemplo, es un motivo recurrente. En 1992, luego de una de las separaciones de Los Violadores, formaría Pilsen, otro gran aporte al punk rock argentino. En esa época utilizaba una boina con una estrella, en homenaje al Che Guevara. Los Violadores y Virus fueron los grupos “emergentes” que rechazaron la invitación a participar del “Festival de la Solidaridad Americana”, en mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas, por considerarlo la cobertura de un apoyo a la dictadura que había prohibido la difusión de música en inglés. Los “consagrados” que sí participaron -Porchetto, Baglietto, Charly, Gieco- intentaron zafar de esa incómoda posición con modales ´pacifistas´, lo cual no mejoraba tampoco las cosas. Las donaciones reunidas por la multitud que acudió a la convocatoria jamás llegaron a las trincheras donde los soldados argentinos, mal pertrechados y sometidos al maltrato de los oficiales de la dictadura, hacían lo que podían frente a un enemigo poderoso. Los choques de Los Violadores con la policía fueron habituales. Varias veces conocieron los calabozos de las comisarías de la Federal. En ese ambiente la pelearon durante tres años hasta publicar su primer álbum, que vería la luz recién en noviembre de 1983, con la retirada de la dictadura. Luego del debut, los sucesivos discos que editaron en los años 80 ganarían en calidad compositiva y de audio, en clásicos como “Y ahora qué pasa, eh?” o “Mercado Indio”. El 28 de abril de 1991 Los Violadores telonearon en el Estadio Obras a The Ramones en su segunda visita a la Argentina. Apenas una semana antes, durante un show de los Redonditos de Ricota en el mismo escenario, la Policía Federal había levantado a Walter Bulacio durante una razzia, quien murió como resultado de los malos tratos recibidos a manos de los uniformados. Pil abrió el set de la banda haciendo alusión al hecho antes de tocar “Represión”. El tema, escrito bajo una dictadura, volvía a sonar con la misma rabia y a destilar su ácida ironía sobre el estado de las cosas en democracia. Su legado será el de un fuego que nunca se apagará, el mismo que prendió fuego los cánones del rock argentino, el mismo que incendió Latinoamérica de punk rock. Hasta la victoria siempre, Pil.

A través de sus redes sociales, la presidencia del Centro de Estudiantes de Agronomía, la agrupación FANA, comunicó la reapertura al público del parque de Agronomía para actividades recreativas a partir del 1 de septiembre. La metodología informal del anuncio, sin comunicado oficial de la UBA ni convocatoria a los vecinos, generó malestar en los barrios adyacentes que se vienen organizando en el Movimiento Agronomía Abierta. Tras un debate en asamblea, el movimiento solicitó precisiones a las autoridades, seriedad en las comunicaciones y un pliego programático que incluye la apertura de todos los accesos cerrados durante los últimos años (se pasó de 7 accesos a solo 2) y la implementación de un plan conjunto de manejo del parque, debatido democráticamente entre la universidad y la comunidad barrial. Tras largos meses de lucha, asambleas, cortes de calle y múltiples actividades, la reapertura de Agronomía es una clara conquista arrancada a través de la organización independiente de vecinos y trabajadores. Enfrentada al despotismo del título de propiedad que se atribuye la UBA (cedido por gobierno que fue el resultado de un golpe de Estado), la comunidad de los barrios de Agronomía debió desplegar los métodos históricos de lucha propios de la clase obrera y los explotados, desde el inicio mismo de la pandemia en marzo de 2020. Todo esto es lo que no dice el FANA en su escueto anuncio, que oculta esta historia y la experiencia recorrida por los vecinos. No es casualidad, ya que esta agrupación, que votó a la actual decana Marcela Gally y ahora oficia como su vocera, le dio la espalda a las diferentes iniciativas y propuestas del movimiento. No se nos debe escapar que la reapertura del parque de Agronomía viene de la mano de un documento emitido por el Rectorado de la UBA, que invita a las facultades a un retorno “gradual y alternado” a la presencialidad. El rector Barbieri picó en punta en este aspecto, habilitando cursadas masivas ni bien el gobierno de Larreta declaró su voluntad de desmantelar burbujas y cuidados. En el Nacional Buenos Aires, los docentes que se autoorganizaron en asambleas y resolvieron la huelga contra esta imposición al contagio fueron sancionados con importantes recortes salariales. La universidad, que en los festejos de sus 200 años olvidó mencionar que durante la pandemia no aportó un peso a sostener la conectividad virtual, abandonando a docentes y estudiantes a su suerte, propone ahora una presencialidad sin garantías cuando el virus acecha con nuevas variantes y las vacunas aún escasean. Todo este escenario promete nuevos choques y luchas al interior de la universidad, entre las autoridades y su política de ajuste y privatización, de un lado, y la masa de estudiantes, docentes y no docentes que tendrá que poner el cuerpo en condiciones extremadamente precarias. Un síntoma de estas tensiones es la decisión de postergar, una vez más, toda elección estudiantil para un futuro lejano (primer semestre 2022), con la complicidad de las actuales direcciones adaptadas a las autoridades. Es de estas contradicciones que puede valerse el movimiento vecinal, invitando a estudiantes y trabajadores de la UBA a un frente único por todos los reclamos planteados, que en definitiva significa sustraer a la universidad de la órbita de los negociados privatistas y del corporativismo que proponen sus actuales direcciones, para colocar la totalidad de sus recursos humanos, científicos y materiales al servicio de las grandes mayorías. Frente a lo incierto de las comunicaciones oficiales, el Movimiento Agronomía Abierta decidió no quedarse en el molde. Para este fin de semana, se organizó un festival por el día de la infancia y se programan nuevas actividades de agitación y de lucha. La reapertura de Agronomía, de la totalidad de sus accesos y su manejo democrático a través de representantes electos por la comunidad, debe ir acompañada de una defensa integral del pulmón verde de la Comuna 15. Nos referimos a la necesaria lucha a emprender contra el nuevo código votado por la Legislatura porteña, que habilita a la construcción de megatorres de 17 pisos en el parque de la Isla de la Paternal, lindero a la facultad de Veterinaria. La defensa de la Isla y su integración a Agronomía en los términos de un gran parque central de la ciudad, como diseñaron Rawson y Tays a principios del siglo XX, es un desafío que requiere de la unidad de las comunidades barriales con los estudiantes y trabajadores de la universidad. En una época de capitalismo pandémico, donde la preservación de la naturaleza y de los espacios verdes al aire libre se convierte en esencial para la supervivencia de los trabajadores, la reapertura de Agronomía es un triunfo que abre nuevos horizontes de lucha.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Eduardo Righi y la jueza Angela Ledesma, absolvió a los hermanos Emilio y Julio Méndez, cómplices civiles de la dictadura genocida. Los hermanos Méndez pusieron a disposición de las fuerzas armadas una quinta de su propiedad donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Allí fue secuestrado y asesinado en 1977 el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, defensor de los obreros de la empresa Loma Negra que reclamaban por las condiciones insalubres en las que trabajaban, entre otros luchadores y activistas. El juicio a los hermanos Méndez por el secuestro y asesinato del abogado, llevado a cabo en el año 2012, fue emblemático, ya que era la primera vez que se enjuiciaba a civiles por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires, a más de 40 años de los hechos. Este fallo absolutorio del Poder Judicial, que ya les había otorgado a los Méndez el beneficio de la domiciliaria -a uno de ellos paseando por la ciudad en varias ocasiones- se inscribe en la línea de impunidad desarrollada por todos los gobiernos, desde las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, hasta el nombramiento de Milani al frente de Ejército, el 2x1 de la Corte durante el gobierno de Macri -rechazado por 500.000 personas en Plaza de Mayo-, y los llamados de Alberto Fernández a “dar vuelta la página”. Por otra parte, con este fallo la Justicia busca reforzar el manto de impunidad que cubre a todos los capitalistas, grupos económicos y empresas, que colaboraron y financiaron a la dictadura genocida. Es indispensable que se abran todos los archivos de la dictadura, para que todos los genocidas, civiles y militares, puedan ser juzgados y condenados. En los últimos años, la lucha por la aparición con vida y justicia por Santiago Maldonado, la lucha por justicia por Rafael Nahuel bajo el gobierno de Macri, la lucha por la aparición con vida y justicia por Facundo Astudillo Castro -cuya responsabilidad política corresponde al binomio Berni-Kicillof-, el repudio al violento desalojo en Guernica bajo el gobierno de los Fernández, muestran a las claras una enorme reserva de lucha de una clase trabajadora que no perdona, no olvida, no se reconcilia y sale a la calle a luchar. Desde Política Obrera repudiamos este fallo y exigimos cárcel común a todos los genocidas militares y civiles. Apertura de todos los archivos de la Triple A y la dictadura. ¡Por pronunciamientos en los lugares de trabajo y estudio, en los barrios y en todos lados para voltear esta absolución nefasta! ¡La movilización popular es el camino!

El femicidio de Paola Tacacho a fines de octubre del año pasado produjo una conmoción en la provincia. La joven docente de inglés fue atacada por quien la había acosado durante 5 años bajo la acción cómplice de la justicia y las instituciones del Estado, que desoyeron sus reiteradas denuncias y advertencias. La lucha de los familiares de Paola permitió reconstruir las 22 denuncias que realizó para solicitar protección estatal sin obtener respuesta. La completa falta de respuestas por parte de la justicia a las denuncias de Paola se explica por la pertenencia del femicida a una familia poderosa. Era hermano de un empresario vinculado al poder político de la provincia. Por ese motivo fue que las denuncias de Paola no prosperaban y que la causa por el femicidio se encuentre paralizada. El fiscal se niega a investigar y unificar todas las causas que inició Paola, para avanzar sobre las responsabilidades estatales. Sobre las 22 denuncias que realizó Paola, 14 fueron penales. De estas últimas, 13 fueron archivadas por los fiscales y sólo una llegó a elevación a juicio en 2017. En esta causa el juez Pisa, sin considerar los testimonios de Paola y otros testigos, ni investigar si había otras denuncias, bajo el argumento que era un gasto innecesario, decidió desestimar el requerimiento y sobreseer al futuro femicida. Es por esta actuación del juez Pisa que en noviembre se realizaron 8 pedidos de juicio político en la legislatura, reclamo que fue acompañada de un proceso de movilización popular. La comisión de juicio político, en una maniobra de impunidad, dejó dilatar los plazos, y permitió que el gobernador Manzur en febrero le firme la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio al juez. El retiro debía sustanciarse en 60 días caso contrario se reiniciaba el proceso de juicio político. Esto no se concretó por problemas previsionales de Pisa pero la legislatura se negó a reabrirlo. Frente a este salvataje del juez se presentaron nuevos pedidos de juicio político y se vuelve a repetir la actuación de la comisión de juicio político. El 20 de agosto se vence el plazo para que decida si formula la acusación o archiva los pedidos y todavía no se ha expedido. El trasfondo es que Pisa es ´el Oyarbide tucumano´: ha beneficiado a los gobernantes en numerosas causas por corrupción. Si bien en la provincia se ha desatado una interna feroz entre el gobernador Manzur y el vicegobernador Jaldo, y la legislatura es una escenario de guerra entre ambos, la protección a Pisa es una cuestión de Estado. La familia de Paola Tacacho, que desde un primer momento salió a la lucha para enfrentar la impunidad, convocó a una movilización a la legislatura este 17 de agosto a las 11hs para exigir el juicio político a Pisa. Es fundamental darle un carácter masivo a la convocatoria e impulsar un plan de lucha porque ya está demostrado que es el único camino para enfrentar al régimen de impunidad.

Durante el último viernes 13, el gobierno bonaerense reabrió la paritaria docente, tal cual estaba pautado en la paritaria "corta" firmada a comienzos de año. El 30% que el FUDB y el gobierno de Kicillof habían firmado ha sido pulverizado por una inflación que se instala por encima del 50%. El acuerdo original contemplaba un 14,1% de aumento en marzo, 7,9% en julio y 13,2% en septiembre, con una reapertura en noviembre. Avizorando una crisis con los docentes en el curso de la campaña electoral, el 13 de julio pasado Axel Kicillof decidió adelantar 8 puntos de la última cuota para julio y reabrir la discusión en agosto. El descontento salarial, sumado a la sobreexigencia laboral en pandemia, le hicieron tomar nota de la situación. El gobierno de Kicillof, sin embargo, no hace mención de las condiciones en las que se desarrolla la educación en medio de la crisis sanitaria ni la creación y el nombramiento de cargos, puntos de los más sentidos por la docencia bonaerense. El FUDB (encabezado por Suteba, Udocba y Feb) fue a la reunión con el gobierno sin ningún mandato. No hubo, siquiera, una sola reunión de delegados o asamblea en la que se abriera el debate en torno a las necesidades salariales de los docentes. Al finalizar el cónclave, las conducciones sindicales despacharon un comunicado que no dice nada, apenas generalidades. Nuevamente el salario docente, en momentos en que como nunca arrecian la desocupación y la subocupación entre los trabajadores de la educación, se discute a espaldas de los interesados. No hubo avances, apenas promesas. El fracaso de esta reunión hace juego con el de la Paritaria Nacional Docente, del lunes pasado, encabezada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el marco de la promesa oficial de reabrir las paritarias. El resultado de la reunión, tal como informó Política Obrera, fue igual a cero. La burocracia sindical vuelve con el verso de que “el salario le gane a la inflación” y los porcentajes, para volver a acordar sumas en negro, por fuera del salario básico -y por lo tanto no impacta en las jubilaciones- y, seguramente, en nuevas cuotas. Lo concreto es que el salario básico de un docente recién en septiembre será de $37.000, la mitad de una canasta de pobreza y quedando a kilómetros de distancia de una canasta familiar, calculada alrededor de los $120 mil pesos. Es necesaria una verdadera reapertura de paritarias con una participación activa de la docencia. Cada escuela, en asamblea, debiera discutir la situación salarial y formular un mandato para refrendarlo en asambleas y reuniones de delegados en cada distrito. En pleno proceso electoral, las conducciones sindicales están más preocupadas por no hacerle olas al gobierno al que se han integrado y hoy en disposición de encorsetar cualquier acuerdo a las restricciones fiscales que impone el FMI con el que el conjunto de las fuerzas políticas se apresta a acordar. No sólo es necesario discutir el salario: la presencialidad en pandemia, la infraestructura escolar, la creación y nombramiento de cargos, la subocupación galopante son parte de una agenda que la docencia deberá poner de pie, superando el inmovilismo oportunista de las conducciones gremiales. El programa que levantamos es: la apertura inmediata de las paritarias. Planteamos un aumento del 60% de salarios y jubilaciones y un sueldo básico acorde a la canasta familiar ($120 mil pesos), indexado por inflación. Ninguna cifra por fuera del básico y rechazo a las cuotas. Que ningún acuerdo se firme sin el mandato de la docencia. Salario de emergencia para los que no pudieron acceder a cargos/módulos por la pandemia. Por asambleas y plenarios de delegados con mandato en todos los sindicatos docentes para organizar la lucha.

Transcurridas las elecciones del claustro de profesores, donde el bloque kirchnerista que impulsa a Ana Arias como Decana se impuso sobre el bloque radical/peronista alineado con el Rectorado, del 24 al 27 de agosto en Sociales tendrá lugar la votación en el claustro de graduados. El grueso de los docentes y los egresados empadronados elegirán sus representantes en el Consejo Directivo y las distintas carreras de la Facultad. Será el segundo turno de unas elecciones signadas por las maniobras de las camarillas de ambos bloques, que aprovecharon las condiciones de la pandemia y la Facultad vacía para imponer unas elecciones de aparato y fragmentadas en cómodas cuotas. La falsa polarización que intentaron instalar quedó rápidamente al descubierto: ambos pactaron la manipulación de los padrones y el presente calendario electoral; a su vez, el principal "articulador" entre el gobierno y el Rectorado, Daniel Filmus, hoy milita en las filas de Arias, garantizando la continuidad de ese entrelazamiento. El carácter antidemocrático de estas elecciones se revela en la decisión de postergar a un futuro indefinido la votación estudiantil -la amplia mayoría de la ciudadanía universitaria-, que quedaría desplazada para principios del 2022. Aunque parezca mentira tratándose de una Facultad de Ciencias Sociales, la pandemia y la catástrofe social que atraviesa el país producto de su gestión capitalista, son las grandes ausentes de esta contienda electoral. La vacuidad del debate político es completa. Pero la pandemia plantea a todo cientista social crítico desafíos elementales. Por un lado, discernir su origen histórico-social, vinculado a la depredación capitalista de la naturaleza, que ha acarreado una profunda alteración de los ecosistemas, permitiendo el "salto" de microorganismos de especies silvestres al ser humano. Por otro lado, identificar las condiciones sociales que facilitaron la propagación del virus, asociadas a la destrucción de los sistemas de salud y de las condiciones de vida de las masas. Y finalmente, enfrentar la gestión que gobiernos y autoridades hicieron de la pandemia, priorizando la continuidad de la acumulación capitalista, a costa de la vida y la salud de la mayoría trabajadora. El Rectorado de la UBA, las autoridades de Sociales y de la carrera de Sociología se acoplaron a la gestión gubernamental de la pandemia, apoyando los aislamientos intermitentes y una virtualización del proceso educativo, pero sin garantizar sus condiciones elementales. Los dispositivos y la conectividad necesarias fueron costeadas por estudiantes y docentes, incluidos los "ad honorem" que trabajan sin sueldo ni derechos laborales. La virtualización implicó una sobrecarga en las tareas docentes que no tuvo remuneración alguna. El salario docente y no docente se deterioró enormemente producto de la inflación y las paritarias a la baja. Ahora, las autoridades universitarias plantean el retorno paulatino a la presencialidad, cuando estamos a las puertas de la tercera ola con la variante delta y menos del 20% de la población vacunada con dos dosis. Desde el Partido Obrero Tendencia hemos rechazado el carácter de estas elecciones, el vaciamiento del debate político y el ataque a las condiciones de estudiantes y trabajadores universitarios. Hemos contrapuesto un programa que coloca sus reivindicaciones más apremiantes y que plantea la necesidad de una transformación socialista frente al escenario catastrófico que atraviesa la Argentina. Este planteamiento ha sido relegado por la izquierda nucleada en el FIT-U, que, en el caso de la carrera de Sociología, se ha disuelto en una alianza con la agrupación de centroizquierda Imaginación Sociológica que gestionó durante años esa carrera. De cara a las elecciones de graduados, un conjunto de docentes, investigadores y graduados que trabajamos en la Facultad nos hemos reagrupado y presentado la Lista "Sociología por el socialismo. Partido Obrero Tendencia + Independientes" que pretende recuperar el programa histórico de la izquierda y la historia de lucha y movilización de docentes y estudiantes, en unidad con el resto de la clase obrera. Hemos propuesto a Néstor Correa, fundador y constructor de la AGD-UBA como candidato a Director de la Carrera. Se trata de la única lista independiente de todas las variantes que gobernaron la Facultad y sus Carreras. Aspiramos a retomar y dar fuerza a una perspectiva socialista en la Universidad. Los candidatos de “Sociología por el Socialismo” - Lista 14 (PO Tendencia + independientes). Director de Carrera: Néstor Correa Titulares: Patricia Lambruschini Julián Asiner Mirta Mauro Jorge Sorda Marcelo Ramal Suplentes: Damián Melcer María Cristina Alonso Sergio Fiscella Antonella Coullery Hugo Pereyra

Hubo gobiernos que perdieron elecciones por mentir acerca de la responsabilidad de un atentado terrorista. Fue lo que ocurrió con el derechista José Aznar, jefe de gobierno de España, quien adjudicó a la ex ETA la colocación de una bomba en una estación ferroviaria, que había puesto un grupo islámico. Otros por corrupción, que se llevó puestos a cinco gobiernos peruanos. El aporte de Argentina a esta saga tiene que ver con un cumpleaños en Olivos en medio de la pandemia y un confinamiento estricto. El impacto popular ha sorprendido a muchos por el alcance del repudio. Ni comparación con el vacunatorio VIP. Encima de esto, el Presidente le echó la culpa a su pareja – un machismo que es repudiado con mayor fuerza hasta por los machistas. Es indudable que el giro político que esa afrenta ha producido en la opinión pública hunde sus raíces en causas profundas. Las principales tienen que ver con el crecimiento colosal de la pobreza y el hundimiento de los salarios y las jubilaciones, incluso entre el personal de salud; el crecimiento de la desocupación y el empleo en negro. Para ´aligerar´ su propia responsabilidad en el desastre social, los ´nac & pop´ prometen la “felicidad” con plazo fijo – en 2022. Desde el punto de vista político, el ´cumpleaños´ tiene otra trascendencia, porque ahora alcanza al Presidente la imputación del “funcionario que no funciona”. Esta admisión, que merodea por la cabeza de CFK, aunque haya preferido guardar silencio, derriba la construcción del Frente de Todos, la maniobra ´genial´ que permitió al kirchnerismo volver a la otra mitad del Poder Ejecutivo. Lo que sirvió para llegar no sirve para gobernar. En ese caso, el kirchnerismo se ha quedado sin el paraguas del FdT cuando más lo necesita. No solamente el kirchnerismo, porque el conjunto del sistema político no aguanta una crisis de poder. De ahí que Carrió haya salido con todo a impugnar un planteo de juicio político contra Alberto Fernández. Pero Carrió no habla por boca propia, dadas sus relaciones públicas con el ´establishment´ norteamericano. Biden, que ha quedado peor que Alberto luego de la fuga de sus tropas en Afganistán, le acaba de pedir que asista como mediador en la crisis de Venezuela. La elección de Alberto Fernández para disputar la Presidencia en 2019 fue, en términos generales, una torpeza, porque no se puede poner a la cabeza del gobierno a alguien que carece de una base social. A la Vice le sirvió llegar a donde está ahora, y a poblar ministerios y reparticiones con la Cámpora, pero la puso en dependencia de un gobierno débil. La unidad cuando es inconsistente precipita la crisis y la división, impugnando la divisa de la marcha peronista. El kirchnerismo, sin embargo, no puede “tomar el poder”, porque ganaría un aislamiento político fatal. No tiene condiciones para requerir un apoyo de masas extra-institucional, porque las masas se movilizan contra sus ‘funcionarios’, sea en Desarrollo Social, Trabajo, Salud y Educación. No puede desempeñar una función de arbitraje, como intentó hacerlo en 2011, cuando CFK y hasta Scioli obtuvieron el 52/4% de los votos. Esto explica que aparezca un Berni con los tapones de punta contra AF, lo que no deja de ser interesante, porque representa un fascismo de mayor raigambre que el de Milei, que copia la demagogia que vale para Estados Unidos pero no para América Latina. Esta crisis ´cumpleañera´ tiene alcances inmediatos y otros más distantes. En las PASO y en las generales haría mermar el voto al gobierno y aumentar el voto en blanco y la abstención. Es lo que ha venido ocurriendo en las elecciones provinciales. En todo caso, sería un golpe electoral que aceleraría una crisis de gobierno. Más allá de esto, la persistencia de un Ejecutivo presidencial sin autoridad, ni qué hablar de poder, llevaría a una crisis de gobernabilidad. En estas condiciones, el apoyo del FMI, luego de un acuerdo de facilidades, quedaría neutralizado. La crisis económica y el descontento popular se acentuaría, más allá de los precarios rebotes del PBI. Los problemas de fondo siempre denotan por medio de un ´accidente´ – en este caso el cumpleaños y la responsabilidad que AF le endilga a su pareja. En esta ocasión, sirven para clarificar las posiciones en conflicto entre ´la izquierda moderna y renovadora´, ´colectiva y anti-caudillista’, por un lado, y la ´anacrónica´ por el otro. La primera aborda las elecciones con un método y con posiciones electoralistas, y asigna como objetivo del momento para las masas, convertir a esta izquierda en una “tercera fuerza”. Las masas se deben a la izquierda, no la izquierda a las masas. Los ´anacrónicos´, los socialistas del siglo XX (el punto histórico más alto alcanzado por el socialismo revolucionario), vamos a elecciones como fuerza antagónica al capital y su estado – de ningún modo como su pata tercera. Denunciamos, en la campaña electoral, al parlamentarismo y al Congreso como instrumentos contrarrevolucionarios, que se aprestan a rubricar con el voto el próximo acuerdo con el FMI. El estallido ´cumpleañero´ confirma, al menos por el momento, nuestra caracterización política. El FdT camina por una cuerda floja, sin alternativas de derecha, golpeadas por el gobierno de Macri, ni de izquierda, golpeada por la crisis del Partido Obrero y su pase a manos de un aparato con intereses y apetitos propios. El PO se ha disuelto en el macaneo democratizante.

Con independencia del carácter reaccionario del movimiento Talibán, la expulsión de EE. UU. de Afganistán representa un hundimiento político incontestable del imperialismo mundial. No alcanzaron ni el billón de dólares aplicados a la formación de un ejército cipayo de trescientos mil hombres con armamento moderno ni la ocupación del país por cien mil soldados de Estados Unidos y la OTAN durante veinte años, para evitar una huida que la prensa mundial no duda en calificar como un segundo Vietnam. Hace dos décadas, cuando el imperialismo yanqui invadió Afganistán, había contado con la complicidad de Rusia e Irán, que abrieron sus espacios aéreos a la operación estadounidense. La actual caída de Kabul ocurrió luego de sólo tres días de ofensiva, sin resistencia alguna y con la huida despavorida de su gobierno – exactamente lo que Biden aseguró que no volvería a suceder hace sólo un mes atrás. Como es bien conocido por todo el mundo, el movimiento Talibán es una creación norteamericana para combatir la ocupación del país por la URSS, bajo el gobierno de Brezhnev. Para ello contó con la colaboración de los servicios secretos de Pakistán y con las filiales fundamentalistas radicadas allí. Luego de seis años de gobierno, los talibanes y sus patrocinadores se volvieron contra Estados Unidos. Se forjó una alianza fundamentalmente inestable, porque la India, el aliado más importante de Estados Unidos, se encuentra en un conflicto histórico con Pakistán, que, junto al actual Bangladesh, fue parte integral de la India nacida de la expulsión del imperio británico. Asia Central, el corredor entre el Lejano y el Cercano Oriente, ha sido un campo de disputa internacional por el control del flujo comercial, en especial el petróleo, entre uno y otro. El argentino Bulgheroni, había ganado una concesión para construir un oleoducto que uniera los dos extremos de Asia. La invasión de Afganistán tuvo lugar en un cuadro internacional determinado, esencialmente, por la disolución de la Unión Soviética, o sea la separación de sus repúblicas asiáticas y musulmanas. En el período 1995-2001, la misma Federación Rusa se encontraba al borde de su propia disolución. Con la invasión de Afganistán comenzó la llamada “guerra global contra el terror”, que informó de ahí en más la política norteamericana. Dos años más tarde se produjo la invasión a Irak. El gobierno de Bush padre instaló en las principales capitales europeas centros clandestinos de detención y tortura, además del de Guantánamo, en Cuba. Fue cuando EE. UU. estableció la abolición del debido proceso en el trato a los detenidos, que obtuvo el respaldo de la Corte Suprema. En suma, la ocupación militar de Afganistán ocurrió en un período de ofensiva imperial. La huida en helicópteros de este fin de semana ocurre en un período de retroceso. Aunque esto ya lo había advertido Obama, quien hizo una gira por Medio Oriente para tratar de enmendar el fracaso, el reconocimiento pleno de este recule quedó a cargo de Trump. El republicano se replegó en una suerte de aislamiento político internacional con el propósito de atacar la crisis interna de EE.UU. Su objetivo, desde esa posición, era establecer un gobierno de fuerza y reconstruir las deterioradas bases internacionales. La caída de Kabul cobra su trascendencia en este marco político. La recuperación del poder político por parte de los Talibanes enfrenta otro cuadro internacional. No puede representar un retorno a sus métodos y objetivos políticos del pasado. En primer lugar, por la emergencia de China, que ha incorporado a Pakistán en su red económica conocida como “la ruta de la seda”, y que tiene en carpeta inversiones de gran escala en Afganistán. El avance de China y el desalojo de los yanquis de Afganistán alteran aún más la crisis con la India. Varios funcionarios de la Inteligencia norteamericana temen que los macizos montañosos Hindu Kush se conviertan en plataforma de operaciones contra la India. Antes que esto pueda ocurrir, si es que ocurren alguna vez, la crisis política en Pakistán cobrará nuevos picos nada pacíficos. El gobierno de Pakistán está dividido en cuanto a todos los asuntos políticos y en especial al conflicto con India por la fronteriza Cachemira. La fuga de Afganistán no representa un alivio al impasse de EE. UU. en Asia Central sino todo lo contrario, en una agudización de la crisis, porque además está terciando China, que ha sido declarado, de nuevo, “enemigo estratégico”, por parte del gobierno de Biden. Según informa la prensa internacional, la dirección política de los Talibanes tiene una conciencia excepcional de todas las circunstancias internacionales que rodean su retorno a Kabul. Ya se habla de una derecha, un centro y una izquierda dentro del movimiento talibán. Esta derrota enorme de EE. UU. es una consecuencia última de las revoluciones árabes de 2011/2, algo que también sucede con las rebeliones árabes al interior del estado sionista, tal como se vio en la última guerra con Gaza. En las últimas semanas se ha asistido a nuevas rebeliones populares en Túnez. Ni que decir de la disolución del Líbano, luego del default de su deuda externa y la explosión en el puerto de Beirut. La “guerra global contra el terror” ha tenido un final inglorioso, luego de haber plagado al mundo de crímenes. En los próximos días, Biden usará la cadena nacional para ‘explicar’ la fuga de Kabul al pueblo norteamericano. La ‘salida’ de Afganistán tendrá un impacto enorme en la crisis norteamericana. Es que tiene lugar luego del peor manejo de la pandemia en el mundo entero, por un lado, y el asalto al Capitolio, por el otro. La crisis en la CIA y en el Pentágono es tremenda. Los altos mandos del espionaje y de la guerra se encuentran peor que lo que estuvieron sus antecesores luego del fracaso de la invasión a Cuba en 1962. La situación de Biden y su gabinete, en especial el área de Defensa, se ha debilitado en forma considerable. Nos debemos un estudio más profundo del alcance de la crisis mundial capitalista de lo que hemos hecho hasta ahora. El mundo ha ingresado en una etapa de virajes violentos – no solamente por las rebeliones populares.

En las elecciones provinciales del 15 de agosto, los candidatos del gobernador de la provincia han conquistado 9 de las 12 bancas en juego en el senado, 19 de las 30 en diputados y 38 sobre 60 convencionales constituyentes. Según el propio Sáenz, su triunfo se debió a “una ingeniería electoral arriesgada”; es decir, el armado de dos frentes oficialistas y la suma de varios sellos provinciales, todos compitiendo entre sí. Sus funcionarios saludan un “espaldarazo” de la población y el gobernador habla del nacimiento de una nueva fuerza política en Salta, haciendo referencia a su alianza “Unidos por Salta”, integrada por romeristas, macristas y radicales y que le dio la victoria en capital y en varios departamentos más. “Hinchazón” Pero este resultado evidencia más “hinchazón” que “gordura”. El abstencionismo electoral promedió el 40% con picos de hasta un 55%. Varias encuestadoras y la poderosa huelga docente en curso han dejado en claro que ese abstencionismo refleja un fuerte repudio al oficialismo provincial y al conjunto del régimen político; y no un miedo al contagio de Covid, como intentó justificar el oficialismo y hasta la izquierda. Comparados con la votación de las generales del 2019, los candidatos del oficialismo retroceden en todas las categorías en las principales localidades, obteniendo como máximo un 32% de los votos -un 20% con respecto a la totalidad del padrón-. Unidos por Salta se ha impuesto en capital ocultando su carácter de rejunte macrista-romerista y oficialista, llevando como candidatos a una serie de periodistas encabezados por el candidato a senador a Emiliano Durand, empresario de los medios, dueño de Que pasa Salta y otros medios de comunicación. Estos se presentaron como ajenos a “la política” y se cuidaron de emitir opinión sobre la huelga docente, más que de contagiarse de Covid. Por otro lado, Sáenz oculta ahora que sus fichas estuvieron puestas en su otro frente oficialista, Gana Salta, conformado por el PJ y sectores k y del FdT, en tanto éste fue vapuleado en la capital salteña, que concentra casi el 60% del padrón electoral. Allí fueron derrotados el Vice gobernador Antonio Marocco, candidato a convencional constituyente, el secretario general de la gobernación Matías Posadas y el presidente del PJ provincial y ex vice gobernador de Urtubey, Miguel Isa. Posadas, a pedido del gobernador se dedicó a atacar la masiva huelga docente autoconvocada, lo que le valió una feroz derrota, quedando tercero con menos de 12 puntos. La incorporación del PJ de Urtubey al frente oficial ha redundado en una suerte de implosión de este aparato, más que en un fortalecimiento de Sáenz. La victoria del saencismo se vio inflada también por las escasas conquistas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, producto de las defecciones y divisiones que ambas coaliciones sufrieron al momento de la conformación de las alianzas electorales. Lucha obrera y perspectivas El impacto de la huelga docente autoconvocada sobre la elección fue evidente. El día de la elección, cientos de docentes renunciaron a oficiar como presidentas de mesa y muchas más asistieron a votar con delantal y carteles haciendo referencia a su lucha y sus reivindicaciones. El propio Posadas tuvo que reconocer que el repudio de la docencia determinó su derrota y la de Gana Salta, pues en la mañana de la elección, Sáenz arremetió personalmente contra la huelga. Pamela Ares, candidata a senadora capitalina del FdT, también afirmó que su derrota expresaba un repudio de la docencia y la población al gobierno municipal, provincial y nacional. La izquierda, por su parte, ha estado lejos de capitalizar electoralmente el torrente de lucha y de bronca contra el gobierno, aunque ha mejorado sus resultados electorales con respecto al 2019 (ver artículos aparte). Para muchos, la euforia de Sáenz en su mensaje de balance electoral fue más bien una muestra de disconformidad y nerviosismo que de alegría. La huelga docente autoconvocada sigue con todo vigor después de sus ataques y las elecciones: este lunes se retomaron los cortes de ruta en el norte y el sur provincial y se prepara una nueva y gran marcha provincial. Lo mismo sucede con la lucha de los precarizados de la salud y los municipios que confluyen con la docencia en sus piquetes. Por otro lado, Sáenz teme que la mayoría agravada obtenida en ambas cámaras, se ponga en cuestión ante una agudización de la crisis nacional, ya que en definitiva Sáenz es tributario de ambos lados de “la grieta” y no al revés. Su acuerdo con los Fernández para incorporar al PJ local al FdT de cara a las elecciones nacionales, por su derrumbe electoral el domingo pasado, ha quedado en duda en cuanto a su eficacia. Hay que ver si Unidos por Salta puede imponerse bajo una eventual polarización nacional en setiembre y noviembre próximos. Esta misma jugada llevó a la tumba la candidatura presidencial de Urtubey en 2019. Bajo una tendencia inflacionaria que no amaina, la amenaza de una “tercera ola” mucho más mortífera por la variante Covid Delta y un sistema de salud diezmado, y un acrecentamiento de las luchas de las masas salteñas, el gobierno de Sáenz sabe que las verdaderas pruebas están por venir.

El domingo último, el Frente Política Obrera-MAS, ha obtenido una elección que consagra una clara recuperación si se comparan los resultados con los obtenidos en las PASO de 2019 y hasta con los votos obtenidos por el FIT-U en las generales de aquel año. En aquel momento, Claudio Del Plá, Cristina Foffani y Pablo López también se presentaron en las listas del FIT-U convidados por el PTS y enfrentaron las listas del PO, del mismo modo que lo hicieron ahora. Aquella vez, perdimos esa interna con un 29% en la categoría de gobernador frente a un 49% de Pablo López. Si se compara la votación obtenida por nuestra compañera Violeta Gil como candidata a diputada provincial por capital (7742), con los votos obtenidos en la misma categoría en aquellas PASO (3325), el ascenso es claro. Violeta obtiene como diputada por capital más votos de los que conquistó como candidata a gobernadora (7189). Para una comparación un poco más amplia, la suma de todos los votos obtenidos en la categoría de diputados provinciales en toda Salta, el resultado es de 12.589 votos, apenas por debajo de los 13.594 de todo el FIT U. Politica Obrera derrotó a las listas del FIT U en San Martín y en Metán. Para concejales, en promedio, hemos duplicado nuestra votación en capital, Yrigoyen, Metán, Tartagal, Aguaray y Mosconi, siempre en comparación con las PASO del 2019. En estos cuatro últimos municipios, no habíamos superado el piso proscriptivo de las PASO aquella vez. En las categorías departamentales hemos obtenido un promedio del 3% en capital, 2,5% en San Martín, Metán y Rosario de Lerma; mientras que en Orán promediamos el 5%. A la vez, en Colonia Santa Rosa, hemos salido terceros con un 9,39% de los votos, garantizando el ingreso de nuestro compañero Omar “Choco” Ramírez. En el caso del municipio de Orán, hemos salido séptimos, con un 5,73% de votos, garantizando el ingreso de nuestro compañero Samuel Huerga. Estos resultados electorales dan cuenta de una gran lucha política de los militantes del PO salteño por la recuperación histórica de nuestro Partido, golpeado por la expulsión masiva de 1.200 militantes hace dos años, por la camarilla que dirige el PO nacional. Enfrentamos la defección de hasta entonces nuestros dirigentes históricos, Claudio Del Plá, Pablo López y Cristina Foffani, que avalaron dichas expulsiones cuando la abrumadora mayoría de la militancia del PO salteño adhirió a las posiciones de la Tendencia Nacional del PO, junto a todos los expulsados. En medio del proceso electoral amañado, nuestros compañeros luchaban al mismo tiempo por el derecho al trabajo junto a los compañeros del Polo y en particular por la liberación primero y su sobreseimiento ahora de nuestra compañera Yolanda Vargas, a quien el estado intenta llevar a juicio para ocultar sus propias responsabilidades en el incendio de su casilla en febrero de este año y donde murieron sus dos hijitos, en Colonia Santa Rosa. Nuestro compañero Choco Ramírez, es el responsable político del aguerrido Polo Obrero de esa localidad. Nuestros compañeros eran también organizadores y participes de la ya histórica huelga docente autoconvocada, que está haciendo crujir al gobierno de Sáenz reclamando un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para el docente que recién inicia y señala la responsabilidad del gobierno en la muerte de 29 docentes por covid, producto de la presencialidad escolar que el gobierno defiende con uñas y dientes. Las fuerzas obreras que ha desatado la campaña electoral del PO salteño, exceden con creces a los por ahora modestos resultados obtenidos. No sólo combativos docentes se han organizado para votar por nuestras listas. También obreros del ex ingenio Tabacal, choferes de colectivos, obreros rurales, trabajadores municipales y ordenanzas precarizados, feriantes y activistas destacadas del movimiento de la mujer. Este proceso de movilización política se inició con el armado de nuestras listas mediante asambleas abiertas a los luchadores con los que veníamos enfrentando al régimen de Sáenz. Una riquísima y combativa vanguardia de compañeros del Polo ha tomado como suya la lucha por el voto al PO. Toda esta movilización política y los resultados obtenidos, demuestran la vacuidad de la maniobra judicial del aparato del PO nacional para evitar que usemos nuestro nombre histórico. La reconstrucción del PO y la continuidad histórica entre el Partido Obrero y Política Obrera, no sólo se reconoce por sus dirigentes, sino también por su rol en las luchas en curso y en este proceso electoral. Los resultados electorales obtenidos el domingo pasado, son un puntapié para avanzar ahora por la victoria de la huelga docente en curso, por el triunfo de las luchas que confluyen con ella, por el sobreseimiento definitivo de nuestra compañera Yolanda Vargas y por un plan de viviendas populares para todas las mujeres jefas de hogar y todas las familias sin techo. A la par intervendremos en la campaña electoral nacional ya en curso, para seguir explicando la responsabilidad de los partidos y gobiernos capitalistas en la actual crisis humanitaria que recae sobre los trabajadores y explotados salteños. Impulsaremos un voto de lucha por nuestro compañero Julio Quintana como precandidato a diputado nacional por Política Obrera, el PO salteño.

En un spot con animación e ironía, Política Obrera, que lleva a Jorge Altamira y Marcelo Ramal como candidatos diputados nacionales en provincia de Buenos Aires y CABA, colocó la lupa en el acuerdo que el gobierno prepara com el FMI para después de las elecciones. El spot alude al acuerdo parlamentario que deberá refrendarlo. En la animación, la firma del acuerdo convierte a “TODOS” y “JUNTOS” en “Todos Juntos”. El spot culmina con el rechazo de Política Obrera al acuerdo con el Fondo y la convocatoria a la movilización popular. En poco mas de 30 segundos, queda caracterizada la cuestión política central de la presente campaña electoral.

Para nosotros, que estamos en una campaña electoral, es una obligación estar en la puerta de esta fábrica. Nadie que pertenezca a un partido de luchadores puede hacer una campaña electoral sin pasar por FATE y dentro de lo posible sin intercambiar ideas con sus trabajadores. Hay fábricas en la historia de la clase obrera argentina que han jugado un papel de faro en todo el país. ¿Quién no recuerda o tiene presente el papel que jugó Renault en el Cordobazo? De un lado, impulsando al conjunto la clase obrera y, del otro, desempeñando un liderazgo de los trabajadores que derrocaron a la dictadura de Onganía? ¿Quién no recuerda, bajo el gobierno de Isabel Perón, a los obreros de la Ford de la Panamericana, que contra la burocracia de la CGT, salieron a la calle en julio de 1975 y desataron una de las mayores huelgas generales de la Argentina? ¿Y quién no tiene presente que FATE, desde hace un par de años, en la lucha de la Panamericana, en los conflictos de LEAR y Gestamp, y de las luchas en la misma FATE y en las peleas del movimiento obrero, jugó el mismo papel que Renault en el Cordobazo y la FORD en 1975? Por eso estamos acá. No podemos hacer una campaña electoral sin dirigirnos a los compañeros que representan para la clase obrera argentina. Venimos acá a hablar a calzón quitado: el Gobierno de los Fernández ha caducado compañeros. Independientemente de cómo haya votado uno u otro en elecciones anteriores, tenemos que admitir que el Gobierno llamado “nacional y popular” ha cagado a la clase obrera, ha cagado a los jubilados, a los trabajadores y el empleo. Ha llevado la pobreza del 35 al 45 %. Tenemos que sacar conclusiones, no podemos volver a cometer, en muchos casos, el error de votar a partidos de la patronal: al partido de Madanes, el Frente de Todos de Madanes. La misma patronal que negocia en el ministerio de Trabajo exenciones y ventajas para ellos, pero no quiere doblar el brazo cuando se trata de una lucha por la paritaria. Venimos aquí a decirles que no estamos haciendo una campaña electoral en función de un interés de grupo o de carácter particular, nuestro único interés es instalar a la clase obrera argentina como factor político decisivo y decisorio. Vamos y queremos ir al Congreso a dar una pelea política y usarlo como tribuna, para decir lo que pasa en FATE, para decir lo que pasa en los barrios carenciados, para decir cómo la burocracia está entregada a la patronal. No vamos al parlamento como parlamentaristas, vamos al parlamento como luchadores. Esa es la diferencia que tenemos con otras agrupaciones de izquierda, no vamos a calentar el banco, vamos a dar una pelea. Vamos al Congreso con el voto de los trabajadores para formar un piquete de la clase obrera en una institución del Estado hostil a la clase obrera. Les advierto: el Congreso que se vota ahora, es el Congreso que va a votar el acuerdo con el FMI, porque el FMI no quiere firmar más acuerdos con los presidentes de la República y que después todo el país los reputee. Quiere que esta vez el Congreso ponga todo el apoyo al acuerdo con el FMI. Y como el Congreso es elegido por los ciudadanos, quiere convertir a los trabajadores en cómplices políticos de ese acuerdo. ¿Qué van a decir después? Que este acuerdo fue aprobado por el Congreso, ¿quién eligió al Congreso? Ustedes. Por lo tanto, dirán luego, estamos expresando la voluntad de ustedes al firmar un acuerdo con el FMI. ¡Es una perversidad! Por eso llamo a los compañeros de FATE a ejercer en el campo político el liderazgo que han ejercido en el campo sindical y que ha resultado en la expulsión de la vieja burocracia sindical de la CTA y la constitución de un sindicato renovado que se rige por asambleas, que tiene la voz de los trabajadores, que discute y plantea los problemas. En esa corriente nos inscribimos nosotros, hemos sido más que protagonistas. Por ello los llamo, compañeros, a que debatan entre ustedes, que se reúnan en grupos, en asambleas, y digan ¿cómo vamos a votar? Con la misma capacidad que tenemos para recuperar un sindicato, podemos sacar resoluciones colectivas, al menos de un grupo de compañeros por un lado, de otro grupo de compañeros por el otro. Pronunciarnos acerca de cómo debe decidir y cómo debe votar la clase obrera argentina. Llamar a la clase obrera argentina: el 12 de septiembre y en noviembre, a votar a Política Obrera, que vamos al parlamento a luchar contra este cueva de reaccionarios y de ningún modo a convertirnos en pares de los partidos patronales con discursos vacíos de contenido. Ustedes tienen autoridad para hablar en esos términos, y nosotros proponemos hacer valer esa autoridad política contra la oligarquía de Macri y de Randazzo y contra el fracasado Gobierno ´nacional y popular´ de los Fernández, el Gobierno de los cumpleaños, de los “vacunatorios vip”, de la jubilaciones de 23 mil pesos, del salario mínimo de 28 mil pesos, y el Gobierno que va a firmar un acuerdo con el FMI después de las elecciones porque si lo firmara antes, el pueblo argentino lo echa a patadas antes de que se vote.

Luego de la exitosa locreada del 9 de Julio último, desde Política Obrera emprendemos una nueva actividad como parte de nuestra Campaña Financiera nacional para sostener los gastos de nuestro partido. Esta vez realizaremos una rifa que esteremos sorteando el sábado 11 de septiembre para la que contamos con el aporte de sándwiches de la Cooperativa de Trabajo “La Gardoro”, 24 litros de cerveza artesanal Lewis distribuidos en 6 premios, una pizza gigante de “Érica Eventos”, un Cd de la banda punk Kachangos Malechores, 2 libros del poeta Laureando Huayquilaf, un mate del “NO A LA MINA” de “Cosita Mía”, gorros de lana de “Fer Blue” , una ilustración de Tatiana Saldivar y otra de Diego Maradona por Gastón Spur. El bono contribución sale $100. Con todos los compañeros que contribuyen con el aporte de premios para la rifa hemos compartido luchas en los últimos años. Cooperativa de Trabajo “La Gardoro” se conformó en los primeros meses de 2019 tras varias semanas de lucha y ocupación de la histórica panadería por parte de sus trabajadores, quienes pasaron las fiestas de diciembre de 2018 en la toma del local. Los compañeros se suman a esta actividad con sándwiches para dos premios. Cervecería Artesanal Lewis apoya la iniciativa con 24 litros. Como hemos dicho en otras oportunidades, a diferencia de las fuerzas políticas tradicionales, Política Obrera se sostiene con el aporte de sus militantes y simpatizantes. Venimos de una agitación enorme en plena cuarentena para lograr nuestra legalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires y nos presentaremos en otros 7 distritos del país. En la zona participamos de todas las movilizaciones contra la megaminería y el ajuste aportando una orientación independiente de las variantes patronales, y siendo parte de las principales medidas de lucha, como los cortes de rutas y asambleas populares. Esta Campaña Financiera la pondremos al servicio de seguir construyendo nuestra organización en la provincia y en todo el país con la perspectiva de construir un gran partido de la clase obrera para los convulsivos tiempos que se vienen, en especial tras las elecciones con el acuerdo con el FMI que se presta a ser aprobado por la totalidad de los partidos patronales en el Congreso, y que implicará un ajuste feroz sobre los bolsillos obreros, expresado en contrarreformas previsionales y laborales, que deberemos enfrentar con organización en las calles, como lo viene haciendo el pueblo chubutense hace 4 años. Premios del sorteo: ✔ Ilustración de Maradona por Gastón Spur y 4 lts de cerveza Lewis ✔ Pizza gigante de 3 variedades (langostino, napolitana y jamón y queso) de Érica Eventos y 4 lts de Lewis ✔ Bandeja con sándwiches de la Cooperativa de Trabajo “La Gardoro” y 4 lts de Lewis ✔ Bandeja con sándwiches de la Cooperativa de Trabajo “La Gardoro” y 4 lts de Lewis ✔ 2 libros del poeta Laureano Huayquilaf y 4 lts de Lewis ✔ CD de kachangos Malechores y 4 lts de Lewis ✔ Mate del “NO A LA MINA” de “Cosita Mía”, gorros de lana de “Fer Blue”

Axel Kicillof, la intendenta de Presidente Perón Blanca Cantero y parte de su gabinete, subieron a un escenario montado en los terrenos de lo que fue la toma de Guernica para anunciar un “plan de desarrollo urbano”. En realidad, se trata una migaja que deben ceder los especuladores inmobiliarios en virtud de la ley 14.448 de Hábitat, que dispone una suerte de ´asistencialismo habitacional´. A un año de la toma de Guernica, Kicillof anunció para las cámaras el lanzamiento de un plan de viviendas en apenas una parcela de las 50 hectáreas que fueron ocupadas por más de 1.500 familias durante casi 3 meses de lucha por tierra y vivienda. Emprendimientos Bellaco, la ´desarrolladora´ que exigió el desalojo para la construcción de un nuevo barrio cerrado en el distrito, cumple de esta manera con su aporte “social”. Kicillof dedicó parte de su discurso a atacar a las organizaciones sociales que participaron de la lucha junto a las familias. “Acá solo tuvieron voz aquellos que querían que esto termine en forma violenta”, dijo. La orden del juez fue cumplida por 4.000 efectivos a cargo de Berni, tres días antes de que venciera el plazo para el desalojo. La policía irrumpió quemando las precarias casillas y las pocas pertenencias que tenían todavía los ocupantes de la toma. Sin embargo, para Kicillof, esto fue “actuar de manera humana”. Los sucesivos gobiernos bonaerenses nunca se orientaron a resolver el problema de la tierra y la vivienda para los trabajadores, sino más bien a beneficiar a los especuladores inmobiliarios con exenciones impositivas y otros ´estímulos´. La pandemia colocó la cuestión de la vivienda en el centro de la agenda social, con toda crudeza. Las familias obreras se veían imposibilitadas de abandonar las pequeñas viviendas o piezas, que compartían entre varias personas para “autoaislarse” y prevenir la proliferación del COVID entre los suyos. La crisis habitacional que puso de manifiesto la pandemia es el reflejo de la incapacidad de este régimen de resolver algo tan inmediato como es el techo para las millones de familias bonaerenses. A más de un año del brutal desalojo en Guernica, Kicillof montó una farsa. Como si fuera poco, para asegurar el escenario de esta “comedia”, la policía bonaerense montó un ´cordón sanitario´ alrededor del barrio Numancia, para evitar que las familias se acerquen a la conferencia de prensa. Luego del desalojo de Guernica se produjeron decenas de desalojos en el Conurbano y en todo el país, como el del Barrio El Carmen de Berisso, dejando a decenas de familias en la calle. La lucha por la tierra y la vivienda se encuentra entre los principales reclamos de la agenda popular. La ocupación de Guernica mostró a la clase trabajadora abriendo una deliberación (y por su puesto una lucha) por su propio techo. Extender todas las conclusiones de esta enorme lucha tiene que formar parte del programa de salida que muestre la inviabilidad de este régimen que se encuentra al servicio del FMI.

Compañeros, hoy estamos frente a una fábrica muy importante con una extraordinaria tradición de lucha en la zona norte del gran Buenos Aires. En este momento Mondelez está viviendo un conflicto que nos dice muchísimo acerca de estas elecciones. Ese conflicto consiste en la disposición de la empresa de despedir entre 200 o 300 compañeros que se encuentran bajo contrato, que no forman parte del personal estable de la empresa. Es un número enorme de compañeros. Demuestra que la empresa quiere actuar con absoluta libertad a la hora de contratar y a la hora de despedir trabajadores, lo que se llama en la jerga laboral, una intensa rotación de personal. Esto significa acentuar la vulnerabilidad del puesto de trabajo. Esto que hace Mondelez lo hace toda la patronal argentina, en la grande y pequeña industria. Despidos a capricho de la patronal. Es lo que se está discutiendo en el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este régimen que aplica Mondelez con un sector de trabajadores de la planta va a ser establecido en forma legal para el conjunto del movimiento obrero. El FMI quiere establecer una reforma laboral que permita el despido sin indemnización, que liquide las conquistas y derechos laborales que ha conquistado el movimiento obrero argentino durante 150 años. Es lo que ha vendio ocurriendo crecientemente, que a través de los gobiernos de Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri y ahora de Alberto Fernández. La liquidación del derecho laboral como se aplica en Mondelez es una exigencia de los acreedores internacionales y nacionales. Las patronales argentinas, incluido esta, han acumulado una gran parte de la deuda externa e interna del Estado. De otro lado, la deuda externa del capital privado argentino es de 100 mil millones de dólares Para pagar esta deuda y girar utilidades a sus casas matrices, necesitan embolsar enormes ganancias a costa del salario y de la estabilidad laboral. Está en juego el derecho laboral. La defensa de los compañeros que están bajo contrato en Mondelez deben gozar de una estabilidad completa en su lugar de trabajo. Exactamente lo contrario de lo que va a firmar después de las elecciones el gobierno de Alberto y Cristina Fernández con el FMI. Lo más grave de todo, si puede hablar así, es que esta destrucción del derecho laboral como pretende la patronal de Mondelez va a ser votada por el Congreso argentino que salga de las elecciones próximas. El FMI y el gobierno de Alberto Fernández han llegado a un acuerdo de que lo que se firme sea votado luego por el Congreso Nacional. Los diputados del oficialismo van a votar el acuerdo del oficialismo y el Fondo, y los macristas van a votar a favor del FMI porque son agentes directos del FMI. Votar por los partidos patronales en estas elecciones es votar por la destrucción del derecho laboral argentino, es votar por la destrucción de los derechos de los jubilados. Hoy el salario mínimo es de 28 mil pesos, hoy la jubilación mínima es de 25mil pesos. Quieren darle carácter legal a este brutal abuso: 28 mil y 25 mil pesos en un país donde la canasta familiar es de 130 mil pesos. ¿Vamos a seguir permitiendo la destrucción de las conquistas sociales? Llamamos entonces al conjunto de los trabajadores a votar otra alternativa. Nuestro compromiso es utilizar la tribuna del Congreso para impulsar la movilización popular para rechazar el acuerdo con el FMI. No vamos a ser parlamentarios que ocupan un banquito y que se mueven en las oficinas reservadas para los diputados. Como diputados, vamos a estar en las calles, en las puertas de las fábricas, organizando piquetes, para que se defienda el derecho laboral del contrato indeterminado, permanente, no a plazo fijo, no la contratación por agencia, no el trabajo en negro. Las patronales, con la liquidación del derecho jubilatorio, quieren dejar de pagar los aportes jubilatorios, como ya lo vienen haciendo. Quieren que la jubilación, que es un salario diferido, se transforme en un subsidio a la vejez, que no afecte los negocios de estas patronales. Hoy, un hombre que representa a estas empresas, Funes de Rioja, ha planteado que el trabajador que no se vacune le van a quitar el salario. Es decir que lo van a despedir. Ahora bien, ¿cuánta gente está vacunada? ¿Cuántas vacunas hay? Con una dosis hay un 50% de vacunados, con dos, un 20 por ciento. ¿Le van a bajar el salario al 80% de la clase obrera argentina que no se han podido vacunar porque no hay vacunas? Funes de Rioja es el representante de la patronal de la alimentación en cuya cámara milita la empresa que está a espaldas de nosotros, y que pretende despedir en octubre a 300 trabajadores. Venimos acá no solamente para llamar la atención de los trabajadores sobre las elecciones. Venimos acá para decir que nuestra militancia parlamentaria va a estar en las puertas de las fábricas, en las puertas de las casas de estudios, con el movimiento de los jubilados. No somos parlamentaristas, vamos al parlamento como antiparlamentaristas. Como gente que denuncia las mentiras del parlamento, que se apresta a firmar con el FMI para destruir los derechos laborales que la clase obrera argentina fue conquistando a lo largo de 150 años. Compañeros y Compañeras, el momento que vivimos es dramático: 60% de pobreza, millones de compañeros sin vivienda, sin atención pública, con el boicot de las obras sociales. En este marco brutal aparece un burócrata sindical como Palazzo, y dice que él propone la reducción de la jornada laboral, para que los trabajadores tengan más tiempo libre. Pero el Frente de Todos en el cual está Palazzo no propone la reducción de la jornada laboral. La burocracia de la CGT en la cual está Palazzo, Tampoco propone un plan de lucha para imponer la reducción de la jornada laboral. Son unos impostores estos burócratas sindicales. Quieren llevar el voto obrero al frente patronal. Es una estafa política y estamos aquí para denunciarlos. Compañeros y Compañeras, celebro que los compañeros de Política Obrera de zona norte estén haciendo hoy con mi presencia este acto en la puerta de Mondelez, porque es así como nos entendemos una campaña electoral. No queremos figuritas en la televisión no queremos imágenes publicitarias. Hay que pelear a calzón quitado y reorganizar a la clase trabajadora y obtener victorias, incluso victorias decisivas. Buenas tardes, seguimos nuestra campaña política.

Durante el último mes, las asambleas de residentes y concurrentes de CABA se fueron levantando, semana a semana, por falta de quórum. Los activistas de los diferentes hospitales y centros de salud, que en el pasado reciente protagonizaron grandes peleas por el salario y las condiciones de trabajo (incluso llegando a doblegar al gobierno de Larreta y a la Legislatura donde cuenta con mayoría propia), deciden no concurrir a las convocatorias. ¿Qué es lo que ocurre? La retracción en la participación tiene raíces políticas. Lo ocurrido durante la última paritaria es un caso patente. En la última asamblea con quórum, los residentes del Ramos Mejía comentaron que habían realizado una asamblea presencial en su hospital. Tras un debate sobre la necesidad de emprender una acción de lucha para evitar que la paritaria profesional siguiera el derrotero de las cuotas del 40% firmadas por Sutecba, la asamblea se inclinó por organizar un paro. Cuando esta propuesta fue llevada a la asamblea de CABA, los militantes del “PO oficial” se anotaron en cadena para dejar cualquier definición “para más adelante”. ¿Qué pasó “más adelante”? La burocracia de Médicos Municipales aprovechó el impasse del movimiento para firmar el 40%. Y la asamblea de CABA no volvió a reunir jamás el quórum mínimo para funcionar. Así, el movimiento de residentes y concurrentes fue quedando al margen de los procesos de luchas que recorren a la salud. No acompañó la lucha sostenida que se está librando, por el mismo reclamo salarial, en el Hospital Garrahan. Tampoco se asomó en la jornada de lucha del 12 de agosto, convocada por un conjunto de federaciones y asociaciones gremiales. El oficialismo del PO, que solía asumir las funciones de coordinación de la asamblea de residentes y concurrentes, se convirtió en un elemento des-coordinador. Antes, ya había boicoteado la posibilidad de organizar asambleas abiertas a los diversos sectores en lucha, escudándose en las diferencias de formas de contratación (profesionales de planta, residentes y concurrentes, enfermería, trabajadores a término, administrativos, etc., etc.), que el Estado-patronal utiliza para fragmentar y disciplinar al movimiento, pero que los trabajadores nunca podemos asumir como barreras a la hora de organizarnos. La política corporativa, que pregonaba una construcción sectorial mientras las burocracias, tanto públicas como privadas, liquidaban a la baja las paritarias que afectan a todos los trabajadores de la salud por igual, es la responsable de este proceso de desmoralización y retroceso organizativo. El hermano del corporativismo es el parlamentarismo de aparato, a través del cual los partidos del FITU buscan derivar los diferentes reclamos del movimiento de la salud a la Legislatura, bajo la forma de proyectos que nunca verán la luz. Para colmo, como esos partidos y sus legisladores se encuentran enfrentados entre sí, usualmente cada partido presenta sus propios proyectos y se niega a colaborar con los de los demás. Estos proyectos no son elaborados por las asambleas de trabajadores, sino que buscan imponerse sobre ellas como su agenda a seguir. El remate de todo este derrotero es un electoralismo mediático, que declara como propósito convertir a esta izquierda impotente en la “tercera fuerza” del sistema político, algo que, lógicamente, tampoco va a conseguir. Este freno al movimiento de residentes y concurrentes es, sin embargo, pasajero. Lo anticipa lo que está ocurriendo en Mendoza, donde los residentes organizados en asamblea son la punta de lanza de un paro total de 48 horas por aumento para todos los trabajadores de la salud. Es esta misma tendencia la que recorre al Garrahan y que se expresó en los cortes del Moyano o en la crisis que exhibió la burocracia de Sanidad a la hora de maniobrar frente a las asambleas en los privados. La coordinación con estos sectores es fundamental, para darle a los reclamos comunes la fuerza de único movimiento de la salud en lucha, que logre torcerle el brazo a gobiernos, burócratas y patronales. Para ello, las asambleas deben funcionar como un espacio abierto, donde todos los activistas puedan expresarse y elaborar un plan de acción en conjunto. El cierre de paritarias públicas y privadas está muy lejos de clausurar la cuestión salarial en la salud. Los reclamos recién están comenzando. Las pequeñas cuotas acordadas entre funcionarios y burócratas se disuelven en el mar de la carestía, con una inflación que avanza firme al 55/60% anual. La primera línea argentina no llega ni a la mitad del costo de una canasta familiar. Los trabajadores de la salud, abandonados por los gobiernos, traicionados por las burocracias sindicales, sometidos a salarios a la baja, precarización, sobreexigencia y pluriempleo, precisamos debatir y revertir esta situación, para lo que necesitamos una estrategia política propia. Es al servicio de este objetivo que Tribuna de Salud (Tendencia) invita a participar este jueves 19 de agosto de una asamblea abierta de trabajadores de la salud, que contará con la presencia de nuestro compañero Marcelo Ramal, candidato a primer diputado por Política Obrera en CABA. Para nuestra agrupación, la lucha electoral es parte de la pelea por poner en pie una política obrera y socialista.

El pasado martes 17, en horas de la tarde, los vecinos del municipio de Esteban Echeverría organizados en la Tupac Amaru fueron reprimidos cuando se encontraban movilizados sobre el Puente Pueyrredón. Los compañeros denuncian continuos incumplimientos de compromisos asumidos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en el ingreso prometido al Potenciar Trabajo y en la entrega de mercadería que debían concretarse este mes. En el mismo sentido denuncian el desamparo completo de parte de los funcionarios municipales de Esteban Echeverría, que no cumplen con la entrega de alimentos pautada para los comedores populares. La situación económica para amplios sectores de trabajadores desocupados es insoportable. La miseria y el hambre están ligados al ajuste en curso y a la destrucción de los salarios y jubilaciones. Hoy en Argentina llegan a más de 18 millones la población pobre y son más de 5 de millones los indigentes. Los pocos que consiguen algún ingreso lo hacen precarizados, en negro y en jornadas extenuantes. La represión fue ejecutada por fuerzas de Gendarmería y Prefectura, en un operativo policial desproporcionado que golpeó y lesionó a mujeres y niños. Con gas pimienta, balas de goma y palazos, se respondió a los reclamos genuinos de los vecinos. Fueron detenidos los compañeros Leonardo González y Franco Monserrat (de 14 años). Ambos, aun a estas horas, continúan alojados en la comisaría de Yrigoyen al 1800 CABA. Reclamamos la libertad de todos ellos. El Polo Obrero Tendencia emitió un comunicado inmediatamente sucedidos los hechos donde repudiamos la represión, denunciamos la responsabilidad del presidente Alberto Fernández y del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta por la represión y la falta de respuestas. La represión a la protesta social, en un marco de miseria generalizada, es sintomático de lo que el gobierno prepara a los desocupados y a los trabajadores en lucha. Los pagos de la deuda y los compromisos asumidos con el FMI, vienen a imponer más hambre y pobreza, con una reforma laboral y previsional, y un recorte de la asistencia. Pese a estos intentos de reprimir y acallar la protesta, los desocupados seguirán en las calles.

Hoy se cumplen 85 años del asesinato del gran poeta granadino Federico García Lorca a manos de las tropas franquistas. Ocurrió exactamente un mes después del estallido de la Guerra Civil, iniciada entre el 17 y 18 de julio de 1936, con las sublevaciones militares al mando de Francisco Franco contra el Presidente del Frente Popular, Santiago Cáceres Quiroga. García Lorca es puesto en alerta de que el régimen franquista lo tenía en la mira y se traslada de Madrid a Granada donde se refugió en la casa del poeta Luis Rosales. El 18 de agosto de 1936 un operativo militar lo secuestra de la casa de Rosales, a quien se señala como su entregador por sus contactos con el franquismo. Nunca más apareció. Los medios de comunicación y el régimen se empeñaron por desinformar y ocultar el hecho por miedo a las repercusiones que podría tener la desaparición de una figura de renombre pese a que hubo más de 100 mil víctimas masacradas por el franquismo. El Partido Comunista, que en el pasado había intentado ganarlo a sus filas, no realizó ningún reclamo por su desaparición – el mismo PC estalinizado allanó la victoria del franquismo disciplinado al movimiento de masas y a los sectores que lo combatieron más firmemente. En un informe de la Jefatura Superior de la policía de Granada fechado el 9 de julio de 1965, dado a conocer recién en 2015, cinco décadas después, se dice que García Lorca fue asesinado por "socialista, homosexual y masón". Se estima que su cuerpo yace en alguna de las tantas fosas comunes que dejó regadas por el suelo español el franquismo, junto a Dioscoro Galindo, un maestro nacional, y a los banderilleros anarquistas Francisco Galadi y Joaquín Arcollas ejecutados con él. Federico Garcia Lorca nació en 1898 en Fuente Vaqueros, un pueblo de Granada, en España. Era el mayor de cinco hermanos. Su madre atenta a la gran sensibilidad de su hijo buscó incentivar su amor por el arte, la lectura, la literatura y la poesía desde muy chico, convirtiendo al niño en un apasionado por el mundo de las letras Años más tarde su familia se trasladó a Granada donde estudió bachiller, luego ingresó en la universidad de Filosofía y Letras y Derecho y, cuando conoció a Manuel de Falla, se interesó también por la música. Se cuenta que gracias a la ayuda económica de su padre pudo publicar, en 1918, su primera obra literaria nominada "Impresiones y paisajes", una antología mínima de textos en prosa sobre temas políticos e intereses estéticos. En 1919, se fue a vivir a una residencia de estudiantes en Madrid donde conoció a artistas como Salvador Dalí, con quien mantuvo una entrañable relación, y Luis Buñuel. En ese tiempo se abocó al oficio de escritor, coincidiendo con autores, poetas e intelectuales con las mismas inquietudes que él como Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Rafael Alberti quienes más tarde, entre otros, formarían parte de la generación del 27, haciéndose conocidos en el panorama cultural. En 1928, publicó su “Primer romancero gitano”. El período literario enmarcado desde 1921 a 1928 se va a caracterizar por ligarse al costumbrismo y la tradición popular, al cancionero, al lirismo. Un año después, en 1929, García Lorca se fue a vivir a Estados Unidos donde escribe su obra "Poeta en Nueva York" realizando un giro vanguardista de crítica profunda a la explotación y a la alienación capitalista enmarcado en el movimiento surrealista, el crack financiero del 29 y la instauración de la Segunda República en su país. Tras su regreso a España, en 1932, fundó La Barraca, una compañía de teatro universitario ambulante con la que llevaba las obras de los clásicos españoles por los pueblos de España. Siguieron años de viajes y famosas obras literarias: Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera, La casa de Bernarda Alba. El proyecto se enmarca dentro de su propia matriz ideológica política. Si bien no estaba afiliado a ninguna organización se reconocía como una mezcla de socialista y republicano, delimitándose del bolchevismo, pero reconociendo la valía de Lenin y el enorme esfuerzo del pueblo ruso en levantarse contra el imperialismo yanky. Repudiaba y combatía al cristianismo por oscurantista y machista. Defendía la educación rural y los derechos de los campesinos a quienes les reconocía una capacidad revolucionaria que había que alimentar mediante la cultura. El franquismo lo mató por sus convicciones políticas y por su orientación sexual, por su lucha por exponer lo más putrefacto del sistema capitalista y la alienación a la que somete a los explotados y por su lucha por extender una cultura desde esa perspectiva. En las escuelas, hoy día, seguimos leyendo sus novelas, obras teatrales y poemas. Uno de los poemas que leímos con mis alumnitos hace poquito fue "Gacela del amor desesperado". En él, desde la interpretación libre que abre todo poema, se revela el espíritu de este gran poeta que avanzó a paso firme contra lo establecido, que estuvo dispuesto a morir por sus ideales, por sus deseos: "Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti yo muera y tú mueras por mí. Pero yo iré aunque un sol de alacranes me coma la sien. Pero tú vendrás con la lengua quemada por la lluvia de sal"

El affaire de Olivos es sólo otro episodio de una crisis política iniciada con la interna planteada dentro del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, que dividió aguas en el oficialismo gobernante, quebrándolo a la mitad. Es decir, las repercusiones en el marco de la campaña electoral ya largada, no han cesado. La riña política, como veremos, se manifiesta en otros poderes del Estado, más allá del ejecutivo, pero conservan un hilo conductor claro y protagonistas que, desde la asunción de Perotti, son el centro de atención. Uno por uno Las negociaciones en torno al quebranto de Vicentín son un reguero de maniobras constantes. Por acaso, el directorio actual ha propuesto una oferta al pago de las acreencias de un 25% sobre el total del pasivo, cuyos cumplimientos tienen un plazo de hasta 20 años. Dicho ofrecimiento es una excusa para aplazar los tiempos, algo que en definitiva el juez del concurso va a prorrogar a pedido de todas las partes. La misma, según fuentes periodísticas, permitirá que una nueva oferta pueda ser presentada para marzo del 2022. A toda costa lo que se quiere evitar es una liquidación de la Vicentìn SAIC, al menos si no es al precio por lo cual se la quiere adjudicar Glencore, Molinos y ACA (los únicos que, hasta donde se conoce públicamente, están negociando la compra de la empresa). Entonces los negociados seguirán rigiéndose por los contratos de “fazón”, una suerte de tercerización de las instalaciones e insumos de estos complejos oleaginosos, pero sin modificar la titularidad de sus activos. En esta sintonía, la Mesa de Enlace ha puesto el grito en el cielo exigiendo el fin del ceso a la exportación de carne. Sucede que desde el decreto de AF, los capitalistas de este sector han alertado ante la caída del 30% de la venta de carne bovina, por ejemplo. “Todos perdimos”, señala la carta firmada por una serie de entidades, entre ellas, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, cuyo titular manifestó: “Queremos hacerle entender al gobierno de Fernández, que es de mi partido, que estas cosas no nos llevan a nada, sólo a perder fuentes de trabajo y a que la carne siga aumentando” (La Nación, 18/08). La oportunidad de estas manifestaciones está vinculadas a que este próximo 31 de agosto pierde vigencia el decreto de Fernández, si es que no decide prorrogarlo hasta fin de año. ¿Qué hará Perotti? Le reclaman las exportadoras. Lo que sabemos es que, hace menos de una semana, fue nuevamente cuestionado luego de la presentación del “Programa Carnes Santafesinas 2030”, por no haber escuchado sus opiniones. Como hemos mencionado en anteriores artículos, la fractura del Frente de Todos es la manifestación de intereses sociales concretos en cuya perspectiva asoma el acuerdo con el FMI. En definitiva, estos aspectos cruciales están circunscriptos a la salida política que intenta la burguesía sobre la crisis en curso. De la misma forma que la modificación del calendario electoral fue una maniobra para descomprimir el impacto de la gestión capitalista de pandemia del gobierno nacional y provincial, la variable tiempo es determinante cuando la incertidumbre política recorre a todas las clases sociales. Carpetazos para todos y cada uno Por lo pronto, en el terreno político, quien manifiesta esta divergencia sigue siendo Agustín Rossi – “la defensa de Santa Fe” es la de los pulpos agroexportadores y los pooles de siembra. Pero curiosamente achaca a Perotti de estar pergeñando una transición, al estilo Schiaretti: un posperonismo fuera del FdT. Para que esta “avenida del medio” cumpla su cometido, deberá atravesar sucesivas crisis, en especial el resquebrajamiento institucional que subyace en el Estado provincial. Por caso, un viejo conocido, Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia, se encuentra nuevamente envuelto en un escándalo a raíz de la supuesta filtración de grabaciones vinculadas a investigaciones en torno al lavado de dinero. Bajo ese rótulo es que la legislatura tratará si es intimado a comparecer para dar explicaciones por ello. Se suma al pedido de que debe abandonar le Oficina de Investigaciones, un cargo del Ministerio Público de la Acusación, en el poder judicial, ya que ocupaba un cargo político y judicial mismo tiempo y es susceptible de graves sanciones administrativas. Quien comanda dicha cuestión es Lisandro Enrico, senador por la UCR, quien otrora votara en contra de quitarle los fueros a Traferri (hoy a la espera de una audiencia imputativa por la comisión de delitos en torno a una asociación ilícita de juego clandestino y principal acusado por Saín durante su gestión). Entre bueyes no hay cornadas si se trata de la “defensa corporativa” de los miembros del recinto y sus negociados. Si todo eso sonaba a poco, la investigación contra Traferri cuenta con nuevos elementos que lo vinculan con un narcotraficante y una red de policías, quienes fueron relocalizados por el senador luego de las denuncias en su contra. En este entramado ocurrido en el 2018, se evidenciaron compras facturadas con subsidios del Senado e involucran a cinco senadores más – no sólo peronistas. Esta es la complejidad que inunda la situación política de la provincia. Repetimos: las primarias no pasarán desapercibidas para ninguna de las fuerzas en presencia.

Las últimas cuarenta y ocho horas han sido muy instructivas para entender el significado de la campaña electoral. Por un lado, las calles y los puentes de acceso a la Ciudad fueron sacudidos por piquetes y marchas en reclamo de trabajo y alimentos. Hoy, por parte de organizaciones sociales opositoras –ayer, por la Tupac Amaru de la oficialista Milagro Sala. Hace una semana atrás, el Polo Tendencia había recibido al nuevo ministro de Desarrollo Social con una fuerte movilización, sólo días después que el triunvirato Cayetano debiera ganar la calle con una marcha masiva. Es que la campaña electoral tiene como telón de fondo a una crisis social histórica, que las estadísticas apenas pueden mensurar. Los relevamientos no solamente señalan un 45% de pobres -indican, además, que otro 20% de la población se encuentra al borde de caer en esa condición, como resultado de la precariedad laboral o la situación habitacional deficitaria. El gobierno responsabiliza a la “pandemia” de este desastre social, como si la pandemia no hubiera sido el escenario de una definida orientación confiscatoria contra los explotados: Los gastos sociales –incluyendo los salarios de la salud o la educación, se han desindexado, acumulando una pérdida del 15% frente a la inflación real. Pero mientras tanto, la deuda pública, que el ministro Guzmán renueva y acrecienta todos los meses, se indexa religiosamente. El gobierno ha consumado un ajuste fiscal feroz. Aplausómetro En este escenario, la campaña electoral oficialista ha elegido un modo particular de darle la espalda a esta crisis: Cristina-Alberto-Massa-Kicillof se han largado a una saga de actos autocelebratorios. Con una claque de intendentes y funcionarios que aplauden, los jefes del Frente de Todos se reparten elogios recíprocos en un escenario, y desparraman recuerdos de los anteriores gobiernos kirchneristas. Para el FdT, el hablarse a sí mismo cumple varias funciones. Por un lado, gambetear a la crisis social actual, agravada por su propia gestión. Por el otro, es una forma de disimular las disputas de camarilla que oponen a unos contra otros. En las circunstancias concretas del Olivosgate, la autoproclamación ha servido también para “cuidar a Alberto”, un propósito sobre el cual han llamado la atención los fondos internacionales expuestos a la deuda pública argentina y, desde ya, el propio fondo monetario. Después de todo, y si se precipitara una crisis de gobierno, los amigos o ex amigos de Macri carecen de la condición política para pilotear el derrumbe capitalista de la “república”. Hasta nuevo aviso, quien deberá ponerle el gancho al acuerdo con el FMI es el actual anfitrión de Olivos. FMI Por primera vez, la fraseología de los extensos actos oficialistas ha traído a colación al Fondo Monetario Internacional. Fernández lo recordó a Néstor por “plantarse frente al Fondo”, naturalmente, sin entrar en detalles. Es que la “patriada” de Kirchner consistió en pagarle hasta el último dólar al organismo, en la expectativa de dar un paso para recomponer el crédito internacional, o sea, el reendeudamiento. Ahora ocurre algo parecido: en la jerga oficial, “sacarnos la mochila del Fondo” significa acordar la refinanciación de la deuda de 44.000 millones que tomó el macrismo, y que sirvió para financiar la fuga de capitales de los fondos amigos de Macri-Caputo. Ahora, el acuerdo que Guzmán pergeña con el FMI consiste en transferirle esa deuda al pueblo argentino con carácter vitalicio, y colocar como garantía de su pago a una reestructuración social reaccionaria –aumento de la edad jubilatoria, reforma laboral. Aunque Alberto y Cristina desplieguen bravuconadas verbales en los actos de campaña, saben muy bien que marchan a este acuerdo colonial cuando pasen las elecciones. Pero los escenarios de campaña están montados sobre un polvorín, como lo demuestran las calles casi todos los días. La indignación popular por “la foto de Olivos” sólo puede explicarse por ese telón de fondo explosivo. ¿Cómo puede impactar este cuadro de conjunto en los resultados electorales? Para Política Obrera, ello sólo puede verificarse mediante la experiencia, a través de una agitación dirigida con fuerza a la clase obrera, a los barrios, a las escuelas, a los hospitales, para que la inquietud política crezca y madure con la misma fuerza con la que crecen las luchas.

El día 20 de agosto habíamos establecido que fuera el cierre de una campaña que financieramente es la mejor desde nuestro nacimiento como Partido Obrero Tendencia. La campaña que finaliza supera en más del 50% la campaña anterior y ese desarrollo tiene una clara explicación política, indisolublemente ligada a la formidable batalla política que libramos en plena pandemia por la legalización de Política Obrera en la provincia de Buenos Aires y CABA. Hemos arribado, en menos de dos años, a las condiciones legales para transformar a Política Obrera en un partido nacional. Un sector de amigos y simpatizantes que valoró esa lucha la retribuyó con aportes económicos. La campaña culmina con aportes importantes en todos los ámbitos. En el movimiento obrero, en vitivinícolas, metalúrgicos, aceiteros, químicos, plásticos; entre los trabajadores del peaje, telefónicos, de la alimentación y del citrus. Superamos cualquier campaña anterior entre los gremios docentes y estatales. Un sector de la periferia histórica del PO también tradujo en su aporte el balance de la actuación de nuestra Tendencia y de las distintas posiciones políticas que hemos desarrollado. Esa fue otra de las vertientes del desarrollo financiero de la campaña. El Polo Obrero Tendencia protagonizó una importantísima campaña, con todo tipo de iniciativas que arrancaron el 9 de julio, y aún continúan desarrollándose, prácticamente duplicando la campaña financiera anterior, acorde al importante crecimiento en las luchas y en la organización del Polo Tendencia en el orden nacional, como se ve día a día en las movilizaciones. Hemos decidido extender por 10 días más el remate de nuestra campaña, hasta el 1 de septiembre, para concretar los compromisos externos y algunas actividades financieras programadas. Todos estos recursos serán vitales en otro de los desafíos de lucha política que tenemos por delante. Ya sorteamos las elecciones provinciales de Salta, donde protagonizamos un progreso político y electoral. Ahora vienen las PASO, que se desarrollan en condiciones explosivas. Política Obrera será una tribuna de propaganda socialista para construir un poderoso partido de la clase obrera. Vamos con este último esfuerzo en nuestra campaña financiera. ¡Adelante!

En declaraciones a medios de Bahía Blanca, ciudad que visitó durante este miércoles y jueves, Jorge Altamira, precandidato a diputado nacional por Política Obrera en la provincia de Buenos Aires, se refirió al proceso político y económico. “En verdad, la foto de Olivos se queda chica frente a la otra festichola, la que está armando el gobierno con la deuda pública y en beneficio de los bancos y especuladores. Para garantizar la renovación de la deuda pública en pesos, el gobierno ha ofrecido plazos más cortos e indexación asegurada. Lo hace mientras contiene el valor del dólar oficial, o sea que le asegura a los especuladores otro beneficio – el de la revaluación de esa deuda en moneda dura, al menos durante el corto plazo de su renovación. La contrapartida de esta chorrera de beneficios es la desindexación de salarios y de jubilaciones, que terminarán perdiendo entre 10 y 15 puntos porcentuales con una inflación superior al 50%. Es muy claro que la ´fiesta´ del capital financiero la está pagando el mundo del trabajo”. Altamira concluyó señalando que “la verdadera urgencia nacional es que los salarios y jubilaciones mínimas cubran el costo de la canasta familiar, y ponerle fin al negociado permanente de la deuda pública interna y externa”.

En declaraciones radiales, Jorge Altamira, precandidato a diputado por “Política Obrera” en provincia de Buenos Aires, se refirió al discurso de Alberto Fernández en La Matanza. “Fernández dijo que no lo van a hacer caer , y sabe muy bien las razones. Necesitan al presidente para firmar el acuerdo con el FMI después de las elecciones generales de noviembre”. “El eje rector del gobierno de la “festichola” es el arreglo con los acreedores internacionales, que no le van a sacar la mano. Recordemos el caso de Amira Yoma y sus valijas, que no pudo mover la estantería del gobierno de Menem-Cavallo”. “La oposición que ataca al gobierno tampoco llevará la sangre al río: no sólo votará el acuerdo con el FMI en el Congreso. Sabe, además, que no tiene condiciones para gobernar, después del derrumbe del gobierno macrista”. Altamira llamó finalmente a los votantes a colocar “una brigada obrera y socialista en el Congreso, para rechazar el acuerdo colonial que aprobarán tanto macristas como nacionales y populares ”.

En declaraciones radiales, Marcelo Ramal, precandidato a diputado nacional de CABA por Política Obrera, se refirió al reciente decreto presidencial que establece la “compatibilidad” entre planes sociales y la asignación universal por hijo, con la contratación de trabajo temporario en las actividades rurales. “El gobierno quiere convertir el pago de los planes sociales en una gran operación de subsidio a las patronales del campo. A sabiendas de que el Estado continúa desembolsando el plan, las patronales podrán pagar salarios ultramiserables. De este modo, los supuestos paladines de la ´cultura del trabajo´ consolidan y subsidian el trabajo precario y sin derechos”. “A no sorprenderse, entonces, de que en la agenda del próximo acuerdo con el FMI se encuentre una reforma laboral precarizadora”. Ramal señaló que “la lucha por un salario y jubilaciones mínimos equivalentes a la canasta familiar, que Política Obrera levanta como consignas cruciales, es incompatible con el acuerdo colonial que el gobierno y la oposición macrista pergeñan para después de los comicios”.

En la jornada del 18, miles de desocupados de la Capital y el conurbano cruzaron el Puente Pueyrredón y llegaron al Obelisco en reclamo de trabajo genuino. Esta acción se dio en el marco de una serie de luchas que se vienen llevando a cabo desde las organizaciones de desocupados frente al crecimiento de la pobreza y la desocupación, por un lado, y frente a los recortes de Desarrollo Social, por el otro. El día anterior, otra acción de lucha en el Puente Pueyrredón, impulsada por la Tupac Amaru, fue respondida con una violenta represión por parte del gobierno nacional. La Tendencia del Polo Obrero fue protagonista hace una semana de una importante medida el mismo día que asumía el nuevo ministro de Desarrollo Social. La jornada de ayer puso nuevamente en evidencia que la campaña electoral se desarrolla sobre un terreno turbulento, agitado por la gigantesca crisis social que atraviesa el país. La realidad se impone en las calles y obliga a los candidatos a hablar de lo que no quieren hablar. La convocatoria del 18 fue para reclamar el incumplimiento de los compromisos asumidos por parte del ministro de desarrollo Juan Zabaleta, la falta de pago de los ingresos al Potenciar de miles de desocupados, las bajas aplicadas por el ministerio, el miserable monto de $13500. El 60% de pobreza explica las razones por las cuales asegurar este cobro es vital para miles de familias. La gestión del Frente de Todos se encuentra empeñada en el cumplimiento de las pautas fijadas por el FMI de juntar peso sobre peso para el pago de la deuda. Los pagos de miles de desocupados están demorados desde el mes de abril. El Polo Obrero Tendencia salió el 10 de agosto, y desde entonces vimos casi a diario en la calle distintas organizaciones movilizándose por los mismos reclamos. La cobertura mediática, que desvió el eje de los problemas hacia el “clientelismo” y “la corrupción”, y la reacción del Estado, que comenzó una persecución judicial a las organizaciones, revelan el giro político del gobierno frente a los reclamos de los desocupados, que está en línea con el acuerdo con el FMI. Desde Política Obrera advertimos en esta campaña que si los votás (a los dos partidos de la grieta) vuelve el FMI; es decir que nos anticipamos a este giro reaccionario. Repudiamos la persecución judicial a los desocupados Por la satisfacción de todos los reclamos No al pago de la deuda externa Fuera el FMI

La movilización del pasado 18/7, y las constantes luchas en desarrollo, ponen de manifiesto la hondura de la crisis social que atraviesan millones de trabajadores en todo el país. El régimen social vigente ha empujado al 60% de los trabajadores a la pobreza y la indigencia, a millones a sobrevivir con trabajos precarios y en negro, a la destrucción del salario y el acceso a la salud. El gobierno de Alberto Fernández y sus ministros Martín Guzmán (Economía) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social), se encuentran empeñados en cumplir las pautas fijadas por el FMI. En el marco de la pandemia han producido el ajuste más brutal sobre la población trabajadora. La hoja de ruta trazada por los explotadores y el FMI es la reforma laboral que termine con las conquistas obreras, la reforma jubilatoria y la implementación de un régimen laboral negrero. La satisfacción de los reclamos de Trabajo Genuino, de un salario igual a la canasta familiar, de la lucha contra el Hambre no puede esperar. El pasado 10 de agosto la Tendencia del Polo Obrero se movilizó por estos mismos reclamos. La única respuesta hasta ahora ha sido la dilación del cobro de miles de compañeros desde el mes de abril, los descuentos compulsivos y la eliminación de familias que no tienen otro ingreso. Ha atrasado los pagos del 5 de agosto al 17, de ahí al 20 de agosto y ahora al 27, lo hace jugando con las necesidades de las familias trabajadores. Quienes dicen combatir la pobreza intentan proceder a la represión y a la judicialización de la protesta como forma de contener una olla a presión que se desarrolla por la miseria creciente. Señalamos que la política punteril proviene del propio Estado y defendemos la organización de los desocupados independiente del Estado y fundada en la decisión de sus asambleas. Denunciamos esta política como forma de evitar una rebelión que toca las puertas de Argentina y hacemos un llamado a ganar las calles en defensa del derecho al trabajo, el salario y el derecho a movilizarnos y luchar POLO OBRERO TENDENCIA Eva Gutiérrez 11 3802-1092 Patricio Meincke 11 5045-0843 Eduardo Molina 2215 11-1423

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que, en 1930, socialistas y sindicalistas fundaran la CGT. Ahora, una sombra de aquella CGT definirá su nueva conducción en un congreso que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre. Previamente, el 22 de septiembre un Confederal formalizará el llamado a renovar las actuales autoridades. En realidad, se cocinará entre muy pocos quienes dirigirán los destinos de la central. Cuando se realicen las elecciones, se habrán cumplido dos años y medio de tregua a las patronales y al gobierno de Alberto Fernández. El conjunto de la CGT “acompañó” la inmensa mayoría de las resoluciones patronales durante toda la pandemia, y salvo declaraciones para la tribuna, no ha dado un paso contra el brutal deterioro de los salarios de los dos últimos años, ni contra los miles de despidos encubiertos que se produjeron durante ese período, ni contra el brutal avance de la precarización laboral en todos los ámbitos estatales y privados. El movimiento obrero estará muy lejos de esta renovación burocrática de las autoridades de la CGT. La elección sólo reflejará la enorme crisis que recorre al conjunto de la burocracia sindical. Como las peleas internas entre los jerarcas sindicales han impedido elegir un secretario general de la central desde el 2000 -el último fue Rodolfo Daer, hace 21 años- se elegirá un “triunvirato”. Para evitar la fragmentación de la CGT, hace años que se eligen triunviratos que tratan de establecer un equilibrio formal al interior de la central, que en los hechos no se cumple, porque los agrupamientos dentro de la burocracia no tienen control alguno. El Confederal de la CGT pondrá en marcha el mecanismo de los llamados “cuerpos orgánicos” donde hay reconocidos 224 sindicatos confederados con unos 2.200 congresales. Pero la particularidad de estos “confederales” es que 15 gremios de los 224 tienen el 50% de los congresales, ya que los mismos se distribuyen por número de afiliados. Por lo tanto, de antemano se sabe que debe haber un acuerdo entre los “gordos” -con la punta de lanza de Empleados de Comercio y la UOCRA que acaparan gran parte de ellos- y el moyanismo que ha hecho un bloque con algunos gremios del transporte. De esos dos bloques burocráticos surgirá la base de la elección de la central. La burocracia, en esta renovación, está obligada a incluir el cupo femenino que escandalosamente incumple a pesar de que en el 2003 se votó una ley al respecto -la CGT de hoy tiene una sola mujer en su consejo directivo. También le dará un lugar a sectores más ´independientes´, como Bancarios, que armarán co-secretarías que no cambian el contenido de la actual orientación de la central. Sólo modificarían el actual estatuto de la central para llevar de 35 a 70 la cantidad de miembros. Cada gremio tendría dos cargos que serían ocupados por un representante varón y el otro por una mujer. El contenido ideológico del bloque mayoritario de los “gordos” lo aportan nada menos que Cavalieri y Gerardo Martínez, los dos gremios insignia de la flexibilización y precarización laboral, responsables de la liquidación de viejas reivindicaciones del movimiento obrero. En la UOCRA ya hace años se perdió la indemnización, están oficializados el trabajo en negro y el incumplimiento de todas las normas laborales. Empleados de Comercio, con la cláusula de horarios cortados, ha permitido a las patronales sumar a ese gremio desde trabajadores de las cosechas hasta trabajadores portuarios, en un festival de contratos donde prima la precarización laboral. Por la otra parte, la orientación del moyanismo ha sido actuar como un Pac Man en decenas de gremios, apoderándose de la rama logística de muchos de ellos, lo que le ha ganado un enorme resentimiento de otros dirigentes. La actitud de Moyano ante el gobierno de Fernández fue de frenar muchas de las luchas que los propios camioneros impulsaban contra una pérdida sensible del poder adquisitivo, fundamentalmente en las dos últimas paritarias. Todas las fracciones de la burocracia fueron dejando pasar una reforma laboral que aún no se ha logrado aprobar en el Congreso, pero que de hecho muchos puntos se vienen aplicando con su abierta complicidad. Nada debe esperar la clase obrera de esta “rosca” de la burocracia. La tarea central de los trabajadores es expulsar a la burocracia de los sindicatos, terminar con los estatutos cárcel, elegir en asamblea los representantes a la central e impulsar la organización de una huelga general para terminar con los salarios de hambre y la precarización laboral.

El gobierno nacional y los cinco sindicatos docentes nacionales (CTERA, SADOP, AMET, UDA y CEA) pactaron un incremento salarial del 10% en tres cuotas hasta fin de año. Lo que difunden los medios amigos del gobierno y los propios sindicatos, como una “suba del 45,5%”, es una estafa a la opinión pública. En primer lugar, porque esta paritaria no tienen ningún efecto directo sobre los salarios. Fija un “techo” para que las provincias tengan una “guía” y acuerden todas en un número determinado. Segundo, teniendo en cuenta que se venía de un aumento real del 30% (34,6% en cuotas), es una suba menor al 10%. En concreto, mil pesos por mes, $33 por día. El salario mínimo docente, que llegará en septiembre a $37 mil pesos, pasará a 38 mil pesos desde el 1 de octubre, a 39 mil a partir del 1 de noviembre y a 40 mil desde el 1 de diciembre. El acuerdo deja al salario mínimo de la docencia $27 mil pesos por debajo de la canasta de pobreza (hoy en $67.000) y es un tercio de la canasta familiar ($120.000). Imposible “llenar la heladera” con estas remuneraciones. Nicolás Trotta, el ministro de Educación, al terminar la reunión señaló que: "Con esto asumimos el compromiso que el salario docente, como planteó el presidente Alberto Fernández, le gane a la inflación" (Ámbito, 19/8). Lo mismo dice la CTERA, que firmó sin el aval de ninguna asamblea docente. Aseguran que con lo pactado, “los salarios nunca quedan por debajo de la inflación” (CTERA, 19/8). Lo único cierto es que en julio la inflación fue del 3,1% y que todos los analistas calculan una inflación anual que superará cómodamente el 50% . Es decir, perderemos contra la inflación. Los “aumentos” siempre terminan siendo menores que lo firmado, porque al ser en cuotas y no acumulativos, la inflación de cada mes se los va devorando. Asimismo, como viene sucediendo en los últimos años, la gran parte del incremento se encuentra por fuera del salario básico, es decir que no impactará en antigüedad, y fundamentalmente, no lo verán en sus bolsillos las compañeras y compañeros jubilados. El salario tampoco está indexado con ningún tipo de cláusula “gatillo” para protegerlo de nuevas disparadas inflacionarias. No es lo que ocurre, en cambio, con los tenedores de la deuda pública, a quienes para renovar la deuda pública en pesos, el gobierno les ha ofrecido plazos más cortos y una indexación asegurada. Entre los bancos y los docentes, el gobierno elije a los bancos. En Argentina el salario real de los trabajadores es el más bajo de los últimos 18 años y las jubilaciones, las más bajas de los últimos 15. El gobierno está haciendo un brutal ajuste fiscal para llegar a un acuerdo con el FMI, luego de las próximas elecciones legislativas. A este propósito colonial obedece la paritaria firmada. Con respecto a la presencialidad, Trotta señaló que ´irá por más´. Esto, cuando la variable Delta ya comienza a circular de manera comunitaria, y se espera un nuevo rebrote de casos, como ha ocurrido en las escuelas de Europa y EE.UU. En Texas, por ejemplo, los hospitales ya han colapsado. A diferencia de otras cepas, los casos de la Delta han sido especialmente detectados en niños y adolescentes. Según el propio gobierno, el 40% de la docencia aún no tiene las dos dosis de la vacuna. No cuidan el bolsillo ni la salud. El camino para defender el salario lo marca la docencia autoconvocada de Salta. La huelga indefinida, que lleva tres semanas y se renueva mediante asambleas, está poniendo en jaque a los planes ajustadores del gobernador Sáenz. Las movilizaciones y los cortes de ruta de los docentes vienen ganando el apoyo de los trabajadores de la salud y otros sectores. En Chubut, ATECH, viene de parar por 48 horas y movilizarse por la reapertura de su paritaria. Con el acuerdo nacional firmado, se vendrán ahora las paritarias provinciales. La burocracia sindical está preparando una nueva entrega. Está planteada la convocatoria a asambleas en todas las seccionales, empezando por las que dirige la oposición, y fijar un programa para organizar la lucha: aumento del 50% del salario mínimo, salario igual al costo de la canasta familiar ($120 mil pesos), indexado por inflación. Todo al básico y sin cuotas. Por representantes paritarios electos en asamblea. Suspensión de la presencialidad en pandemia, en defensa de la salud. Ningún acuerdo puede firmarse sin mandato. Que decidan los docentes.

El gobierno derechista polaco aprobó un proyecto de ley que impide que los sobrevivientes de la Shoah y sus descendientes puedan reclamar por las propiedades confiscadas por los nazis a los judíos y gitanos durante los años de ocupación alemana en el país eslavo. Todo comenzó cuando el Tribunal Constitucional polaco dictaminó, en 2015, que el Gobierno debía poner un límite temporal a las reclamaciones por los bienes de las víctimas del fascismo. El Parlamento fijó un plazo máximo de 30 años, lo que reduce al mínimo los bienes afectados, impidiendo que muchos familiares puedan denunciar y reclamar los bienes apropiados por los fascistas alemanes, que ahora están en potestad de los polacos católicos. El presidente polaco Andrzj Duda es un anticomunista ultra conservador, que compara la homosexualidad con una especie de “neo- bolchevismo”. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, se estima que fueron exterminados 3 millones de judíos. La comunidad judía quedó reducida a apenas casi 300 mil judíos, muchos de los cuales escaparon de Polonia por el antisemitismo del Partido Comunista Polaco. En la actualidad, la pequeña comunidad judía polaca es de apenas 12.000 miembros. El mismo gobierno intentó imponer una ley que condenaba a aquellos que denunciaban la complicidad polaca con el nazismo, llevando adelante una forma de negacionismo del genocidio contra los judíos y de encubrimiento a los colaboracionistas polacos. El proyecto que refrendó Duda recibió apoyo incluso de un sector del sionismo que dice que reclamar el derecho de propiedad de los judíos arrebatado por los nazis, es compararse con los palestinos despojados a punta de fusil para fundar el Estado de Israel.

El fiscal Marijuan ha iniciado una acción penal contra los dirigentes de dos organizaciones de desocupados, el Polo Obrero (oficial) y la OCR, en base a testimonios recogidos por un canal de televisión después de la marcha del pasado 18. Sin que exista un fallo, y ni siquiera el debido proceso, Marijuan solicita al Ministerio de Desarrollo Social que la asistencia a esas organizaciones se interrumpa. Al fiscal, en cambio, ni se le ocurre sentar en el banquillo al propio Estado y al propio Ministerio, que está incumpliendo notoriamente sus compromisos con las organizaciones de desocupados, incluso para el pago de planes que no llegan ni a la mitad de la actual línea de indigencia. El atraso en la asistencia, denunciado por todas las organizaciones de desocupados, es una provocación contra familias y trabajadores que dependen de un plan para sus necesidades más elementales. Estos incumplimientos preparan el terreno para un recorte más general de la asistencia social. Ese recorte está en la agenda del acuerdo con el FMI, que el gobierno se apresta a firmar después de las elecciones – y espera avalar en el Congreso nacional, con los votos de oficialistas y opositores. La denuncia de Marijuan está al servicio de ese ajuste, aunque se vista de “anticorrupción”. No hay nadie más corrupto que el propio Estado capitalista y su aparato de punteros, en primer lugar, en todo lo que tiene que ver con una asistencia social que es manejada en un 90% por agentes directos o indirectos del Estado y los gobiernos. La lucha contra el punterismo y la manipulación de la pobreza es una lucha contra el Estado. Nunca vendrá de la mano de su aparato de funcionarios, jueces o fiscales. Reivindicamos la soberanía de las asambleas de trabajadores como método democrático para la administración de las conquistas y reivindicaciones arrancadas. Sí a la democracia obrera. No a la persecución estatal a los desocupados. Todas las organizaciones y partidos que participan de este proceso electoral deben pronunciarse sobre este atropello a la democracia y a las organizaciones obreras y sociales. Política Obrera Jorge Altamira (precandidato a diputado Buenos Aires) Marcelo Ramal (precandidato a diputado CABA)

Con 37 votos a favor y 20 en contra, el oficialismo porteño logró darle primera sanción al acuerdo para levantar la urbanización promovida por la empresa como “Costa Urbana” en la ex Ciudad Deportiva de Boca. El proyecto fue aprobado por mayoría absoluta (la mitad más uno) cuando correspondería con 2/3 de la Legislatura, según dicta la Constitución. Pero como Juntos por el Cambio no tiene los 2/3 (40 votos), pasa por arriba de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Los votos afirmativos para el proyecto fueron de los diputados de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución y Partido Socialista. La empresa IRSA va a construir allí megatorres de lujo, lo que será el proyecto más importante de la historia de la compañía. Se trata de un nuevo “Puerto Madero” a construirse en los predios del ex complejo deportivo de Boca Juniors, destruyendo el humedal y la reserva ecológica Costanera Sur. No se convocó a la audiencia pública obligatoria previa a la votación, ni se dieron a conocer los estudios de impacto ambiental. Se trata de la destrucción de la calidad de vida de miles de familias que podrían utilizar esos ámbitos abiertos en medio de la pandemia en vez de destinarlo a pingües negocios de especuladores. Este proyecto avanza en la destrucción de los humedales, esenciales en la preservación del medioambiente urbano y evitan inundaciones. El objetivo también es pasar por arriba de la villa Rodrigo Bueno, pegada al predio, mediante la expulsión directa de sus habitantes o por medio de un proceso típico de expulsión de mercado, en el que se les otorga a los habitantes la propiedad del lugar que luego es comprada por privados por poca plata, porque las familias no pueden pagar los servicios, impuestos, expensas, o porque el sueldo no les alcanza para vivir. Y en ese lugar se desarrollan enormes proyectos inmobiliarios de millones de dólares. Todo bajo la supuesta “urbanización” de las villas. Lo que avanza no son los proyectos de vivienda popular en el país y en la ciudad, sino los negociados para un puñado de especuladores. El predio de la ex Ciudad Deportiva fue cedido en 1964 por el Estado nacional a Boca Juniors con la condición de que allí se desarrollaran actividades deportivas y que no fuera vendido a privados. Pero en 1982, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó la posesión legal del terreno a Boca, que en la década de 1990, bajo la gestión del banquero kirchnerista Carlos Heller y la ciudad dirigida por el menemista Carlos Grosso, lo vendió a la sociedad Santa María del Plata, cuya mayoría accionaria fue luego adquirida por IRSA (Télam, 19/8). La media sanción al convenio urbanístico pactado entre el Grupo IRSA y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, habilita la construcción de edificios de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca. El convenio urbanístico incluye cambios al tipo de uso del suelo del predio que, en la actualidad, sólo tiene autorización para actividades deportivas. Ahora habilita la construcción de edificios que tengan como máximo los 145 metros. Ese predio consta de 71 hectáreas a metros de Puerto Madero y de la entrada sur de la Costanera. Se calcula que se van a construir decenas de torres con una superficie aproximadamente de 900 mil metros cuadrados. Muchos denuncian que será un nuevo barrio privado y que se trata de un enorme negociado, ya que van a pagar 50 millones de dólares y ahora valdrían 1600 millones (ídem). Con la aprobación del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicará 32 veces como mínimo (nadienosinvito, 19/8). Las acciones de la empresa IRSA subieron en la Bolsa de Buenos Aires un 3,4%, mientras que los papeles que operan en Wall Street (ADR) aumentaron 2% (El Economista, 19/8). Estamos ante el negociado del siglo. Sellar el suelo a favor del capital inmobiliario Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, y el kirchnerismo a nivel nacional, con Jorge Ferraresi a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se han dedicado a “sellar el suelo” de negociados inmobiliarios que benefician al capital inmobiliario, financiero y de la construcción. Larreta modificó el código urbanístico y la rezonificación para facilitar los negocios inmobiliarios en muchos barrios de la Ciudad, expulsando a las familias trabajadoras y permitiendo la construcción de departamentos de menos de 20 metros cuadrados. Ferraresi viene de aprobar en el Congreso, con el apoyo de JxC y del FdT, la ley de blanqueo de capitales para la construcción, que permitió eliminar cargas impositivas a los que fugaron plata el año pasado, impulsando la construcción de departamentos de lujo inaccesibles para los trabajadores, en una ciudad donde 4 de cada 10 personas alquila y el alquiler se lleva el 100% de un salario. En muchas oportunidades la cesión de tierras públicas ha sido votada por la Legislatura porteña sin “grieta”. La Ciudad privatizó 500 hectáreas con el apoyo de todos los bloques políticos. Es más, un ejemplo reciente de ello es el proyecto inmobiliario de Boedo, votado por el Frente de Todos, por el Frente de Izquierda y también por el oficialismo de Larreta, que implica no la construcción de espacios verdes, sino un enorme emprendimiento comercial repudiado por los vecinos y que afecta la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Los socios políticos del larretismo, el Frente de Todos, que aprobó las leyes macristas en la ciudad como en el país, ahora sale a denunciar el negociado inmobiliario cuando ellos son los impulsores de cesiones de tierras a la Iglesia, de venta de tierras públicas para negocios inmobiliarios y de exenciones impositivas a fugadores de capitales. Y todos juntos, sin grieta, se aprestan a votar el acuerdo con el FMI que implicará profundizar la enorme crisis habitacional del país que hace que 4,5 millones de familias no tengan una vivienda digna y vivan hacinados en medio de la pandemia. Diversas organizaciones presentaron el Proyecto de Ley N° 1973-P-2021 en la Legislatura de la Ciudad para «declarar de utilidad pública y no sujeta a expropiación» la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para transformarla en una Reserva Ecológica”. El domingo 22 de agosto convocan a una Bicicleteada frente al Congreso y que luego arribará a la Costanera Sur.

Más de 500 docentes se movilizaron este miércoles por las calles de Rawson en la segunda jornada del paro provincial de 48 horas de esta semana. El acatamiento fue masivo en todo el territorio y se acompañó con distintas acciones de lucha en varias localidades. A la capital de Chubut se acercaron trabajadores de todo el Valle e incluso de Puerto Madryn, distante a 100 kilómetros. “Hoy es un buen número, porque veníamos en esta situación de que convocábamos y éramos muy pocos. Tenemos que ser más”, esgrimió sin ruborizarse Marcela Capón, de la conducción de la ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut), desde el palco que se levantó en el Ministerio de Educación. Sin embargo, en la regional Este del sindicato las asambleas vienen de votar paros progresivos, movilizaciones por ciudades, asambleas escolares y generales para hacer público el mandato de la regional. Es decir, es la burocracia la que atenta para que el descontento masivo por la cuestión salarial y las condiciones laborales de la docencia no se exprese en las calles, al no cumplir con los mandatos votados. Trascendió que podría haber una movilización conjunta con Salud la próxima semana. Más allá de las bravuconadas de la burocracia, lo cierto es que los salarios estatales se encuentran congelados hace casi dos años y el último acuerdo paritario data del primer semestre de 2019. En todos estos meses las conducciones sindicales han hecho “la plancha”, incluso Santiago Goodman, secretario General de la ATECH, trató de “caceroleros de derecha” a los estatales autoconvocados que movilizaron el año pasado en plena cuarentena en defensa de los salarios y por apertura de paritarias. “Creen que jugando al desgaste nuestro, sumado a la pandemia, nos íbamos a callar. Pero hoy estamos demostrando que no nos vamos a callar, que vamos a seguir insistiendo”, esgrimió ayer Capón, desentendiéndose del asunto cuando hace un año y medio que no convocan a una movilización acompañada de paro a Casa de Gobierno. Mientras la conducción de la ATECH se borró literalmente estos meses, docentes autoconvocados de toda la provincia impulsaron asambleas, ollas populares y hasta ferias de docentes precarizados y desocupados. Lo cierto es que más allá de una relativa pasividad, producto, entre otras cosas, del desgaste al que condujeron las maniobras del gobierno en complicidad con la burocracia sindical y la pandemia, el activismo docente viene impulsando embrionariamente acciones que apuntan a sumar a las bases pero que son boicoteadas por la dirigencia de la ATECH, que no cumple con los mandatos de las escuelas, en especial el de impulsar asambleas generales y movilizaciones por localidad. Esto se expresó también en el acto del miércoles en el Ministerio de Educación que contó sólo con dos oradores: Capón por la ATECH y una representante de la conducción de SADOP. En ningún momento se amagó siquiera a abrir el micrófono para que los cientos de docentes que se acercaron pudieran expresar posiciones y aportar ideas para un plan de lucha. En el susodicho acto, la dirigente de la ATECH además afirmó que: “Somos la única jurisdicción del país que no ha tenido recomposición salarial. Que no ha tenido paritaria 2020 y 2021. Esto es una vergüenza. El gobierno parece que vive en otro país. El gobierno nacional se cansa de decir que los salarios le tienen que ganar a la inflación. Lo que oculta Capón es que la inflación le gana con facilidad a los salarios en todo el país: ayer la CTERA cerró con el gobierno nacional un acuerdo, que no consultó en ningún momento con las bases, por un supuesto 45,5% para este 2021 cuando se estima una inflación del 60% para el corriente año. Capón también adelantó la posibilidad de movilizar provincialmente a Rawson la semana que viene y de articular con las acciones del SISAP (Sindicato de la Salud Pública), que anunció un paro de 72 horas. Para que estas acciones no queden en meros acuerdos de cúpulas sindicales con fines electorales (oponerse a los candidatos del oficialismo, que van en boletas separadas a las del PJ-kirchnerismo) es preciso una intervención independiente de las bases que se apropie de todas las movilizaciones y acciones de lucha. Para ello se hace imprescindible la mayor deliberación democrática entre los propios trabajadores, impulsando autoconvocatorias en cada ciudad. Estas acciones posibilitarían la coordinación entre los sectores que realmente quieren luchar en defensa de los salarios, de la salud y educación pública y de todas las conquistas de los trabajadores.

La oferta empresarial la confirmó el titular del Sindicato del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo. La someterán a aprobación de los trabajadores pero descartan que será aprobada. Implica un aumento del 50% más un bono de fin de año de 21 mil pesos. Vienen de un entendimiento en 2020 del 55,2%. Este viernes, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), encabezado por Alejandro Crespo, confirmó lo que será uno de los mejores acuerdos salariales de 2021. Es que el gremio recibió la propuesta formal de parte de los empresarios que implica una recomposición del 50% más un bono de fin de año de 21 mil pesos. Además habrá una cláusula de revisión. «En el camino en la construcción de un salario que cubra las necesidades de los trabajadores del neumático y sus familias, luego de la gran paritaria anterior que conquistara 5 puntos porcentuales por encima de la inflación, ahora con la participación activa y consciente de todos los trabajadores del neumático, con una ejemplar caravana, cartelazos, ruidazos, pero principalmente con la unidad del gremio; hemos logrado arrancarle a las patronales una propuesta de aumento del salario del 50%, incrementar el bono de fin de año a $21 mil pesos e instalar la discusión del progreso y capacitación», explicó Crespo en un mensaje enviado a los trabajadores al que accedió InfoGremiales. «En detalle, sobre el 5% ya obtenido por sobre la inflación en la paritaria anterior, la propuesta plantea: 12 puntos porcentuales a partir de julio que serán pagados en forma retroactiva, 11% en octubre, 10% en diciembre, 17% en febrero. En ese octavo mes se forma el 50% y en marzo revisión paritaria», precisa el gremialista. Además, el entendimiento del único gremio del sector industrial que está en manos del sindicalismo clasista, contempla una cláusula que permite sentarse a negociar en cualquier momento ante una circunstancia extraordinaria. Se descarta que el borrador, que ahora llegará a cada uno de los lugares de trabajo, será aprobado por los trabajadores del neumático de forma unánime. Vale recordar que en la negociación pasada el SUTNA abrochó una paritaria de 55,2 puntos con una inédita cláusula que garantizó 5 puntos porcentuales por encima de la inflación.

En el día de ayer, el Sindicato del Neumático cerró su paritaria con un aumento salarial del 50%, un bono de fin de año de $21.000 y dos cláusulas, una de revisión para marzo de 2022 y otra ante un evento extraordinario que pueda modificar la situación económica. Esta conquista se suma al aumento del 55,2% de la paritaria anterior, que sacó 5 puntos porcentuales por encima de la inflación de ese periodo. En enero del año que viene los trabajadores del neumático habrán duplicado sus salarios en menos de dos años. El aumento salarial se ejecutará en cuatro tramos: 12% en julio, 11% en octubre, 10% en diciembre y 17% en febrero del año que viene. En marzo de 2022 se volverán a sentar a discutir la revisión de los montos acorde al proceso inflacionario, y en caso de que suceda alguna situación extraordinaria que modifiquen la ecuación económica se activa otra cláusula de revisión para el momento en que ocurra. Este acuerdo ha generado mucha preocupación entre los representantes del Ministerio de Trabajo, que ya en la paritaria anterior de 55,2% manifestaron que homologarla generaría dificultades para encarar las paritarias de los demás gremios y demoraron su firma varios días. Es que a contra marcha de la entregada de las burocracias sindicales que han deteriorado fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores, el SUTNA ha conseguido torcerle el brazo a una inflación que ha crecido a niveles gigantes en los últimos años. Es falso que todas las empresas hayan tenido pérdidas durante la pandemia; por el contrario, la industria del neumático ha crecido su producción ante la crisis, como han manifestado desde el Sindicato para solicitar lo correspondiente de un aumento del salario real para los trabajadores. Además, las patronales se han visto eximidas no sólo de pagar aportes durante casi un año sino además se beneficiaron del programa ATP por el cual se ahorraban pagar el 50% de los salarios que abonó el Estado durante muchos meses. En el SUTNA no se permitió la rebaja salarial al 75% que firmaron las burocracias de la CGT en muchísimos gremios, en una entrega histórica, que hizo que la mayoría de las patronales sólo se hicieran cargo del 25% del salario de los obreros. No es necesario hacer números finos para observar que ha quedado a la vista que las políticas de gobierno en rescate de la clase capitalista durante la pandemia superan con amplitud ´el vuelto´ que significó el impuesto a las grandes fortunas. Hemos denunciado en estas páginas la mentira de la redistribución respecto a esta política. El SUTNA marca el verdadero camino que deben seguir los trabajadores, no basados en proyectos de ley que recaudan fondos que no sabemos adonde se destinan, a un Estado que ni siquiera ha aumentado el presupuesto de salud en este contexto, sino en la lucha por el aumento del salario y la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Con este acuerdo paritario, los obreros del neumático le han arrancado mucho más que el monto irrisorio del impuesto a las grandes fortunas. Se pone a la orden del día, con más fuerza que nunca, la necesidad de la recuperación de los sindicatos y la expulsión de las burocracias sindicales. Sobre todo cuando se teje una elección que prepara un Congreso que tiene el objetivo de avalar un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional, que llevará a reformas laborales y previsionales que intentarán ir aún más contra las condiciones laborales, los salarios y las jubilaciones. Pero primero tendrán que pasar por encima de la clase obrera, que se encuentra en un proceso internacional hacia la rebelión. De esta situación, muy contraria a la teoría del planchazo que se ha querido instalar, es que surgen también las conquistas del SUTNA. Es que este acuerdo paritario demuestra que la consigna de salario igual a la canasta familiar no es ninguna utopía inalcanzable, como nos quieren hacer creer. En estas elecciones, llamamos a los trabajadores y trabajadoras a deliberar, organizarse y salir a la lucha en defensa de sus condiciones de vida, contra la catástrofe capitalista y por un gobierno de la clase obrera.

Según los memoriosos, fue el acto más numeroso que haya realizado nuestro partido en su historia en la provincia. Se concretó en la Plaza Independencia, que hace poco fue reinaugurada. Alrededor de 2.500 compañeros escucharon las intervenciones de nuestros candidatos. Dos días antes se convocó a una conferencia de prensa para anunciar su realización. Los medios televisivos asistieron en su totalidad y luego Daniel Blanco y Raquel Grassino, quienes encabezan las listas de senadores y diputados, fueron invitados a programas de TV y entrevistados en numerosos reportajes radiales, permitiendo darle una importante difusión a los planteos políticos de Política Obrera. El acto fue precedido por un importante número de actividades, de las que participaron Daniel y Raquel en su mayoría. Así se concretó un acto con más de 400 asistentes en la plaza principal del municipio de Alderetes, uno de los municipios de mayor crecimiento demográficos del gran San Miguel. En Los Pocitos, la actividad estuvo a cargo de Daniel Blanco y Laura Alegre. Allí se concretó un acto con alrededor de 150 personas, a pesar de que en las cercanías el vicegobernador Jaldo realizaba un acto con toda la fanfarria y sorteos gratis. En el Barrio Policial de la capital, al acto asistieron alrededor de 100 vecinos y los oradores fueron Laura Alegre y Ariel Osatinsky. En Posse, en el municipio de Delfín Gallo, el acto reunió a alrededor de 100 compañeros y tuvo como orador a Daniel Blanco. En todas estas actividades fueron de la partida también oradores locales que anticiparon los discursos de los candidatos. También fue muy importante la mesa debate virtual de la Naranja universitaria entre Ariel Osatinsky y Daniel Blanco, de la que participaron 24 docentes. Se realizaron, además, importantes actividades de agitación, como la producida en el parque 9 de Julio el domingo, día del niño. Allí se pudo constatar el desconocimiento aún de Política Obrera pero sí el reconocimiento que recogen Blanco y Osatinsky. Hubo otras actividades virtuales a cargo de Alejandra del Castillo. En numerosas barriadas y localidades se han multiplicado las asambleas vecinales y los debates sobre la campaña política en curso. Los hospitales están siendo recorridos y agitados y allí se ha constatado el reconocimiento del que goza el enfermero Raúl Barrionuevo, otro de los precandidatos de las listas de Política Obrera. El martes anterior al acto en Plaza Independencia, el Polo Tendencia había protagonizado una importante jornada de lucha como parte de la jornada de lucha nacional. Allí, Daniel Blanco fue invitado a hacer uso de la palabra. Todas estas actividades están acelerando la campaña de fiscalización que se ha lanzado. Más de 500 compañeros se han anotado. Nuestro objetivo es llegar a los 2.500-3.000 fiscales, lo que nos permitiría cubrir gran parte de los comicios. Todas estas iniciativas fueron alimentando la concreción del gran acto en la Plaza Independencia. En su desarrollo, los distintos oradores fueron explicando -ilustrando con estadísticas y experiencias de la provincia- la plataforma que Política Obrera ha presentado para las PASO. En el cierre, Daniel Blanco integró los distintos aspectos que desenvolvieron los oradores. Destacó las perspectivas explosivas que están en desarrollo en el país, que el acuerdo que el FMI pretende que el nuevo congreso consagre por ley puede ser el disparador de una reacción de alcances históricos de los trabajadores. Y de la cuestión clave, y en paralelo a la lucha por superar las PASO e intervenir en las elecciones generales, de desarrollar un gran partido de la clase obrera. Con el acto culmina una fase importante de la campaña en curso. Ha generado entusiasmo y, de conjunto, toda la campaña ha elevado la politización y la cohesión, en especial de los centenares de núcleos del Polo Tendencia existente a lo largo y ancho de la provincia. Ahora comienza una nueva fase donde lo primordial, sin abandonar la agenda de actos, interpelaciones, asambleas y mesas redondas, es volcar a una agitación masiva de las declaraciones, cartas abiertas en varios frentes, el voto de Política Obrera y conquistar los fiscales que nos hemos propuesto.

Desde que tomaron Kabul, los jefes talibanes han prometido “respetar” a las mujeres. Como prueba de esta flexibilidad, su portavoz Zabihullah Mujahid admitió que lo entrevistara una, y garantizó “que habrá respeto y no violencia” si bien “los valores islámicos son nuestro marco de referencia”. Más claro: la sharía, la ley islámica. Otro abundó: “Intentamos tener el mayor respeto por los derechos de las mujeres. Y este respeto, en nuestra opinión, reside en mantenerlas en casa para ofrecerles la mejor seguridad. Si ellas salen, aparecen en público, si hablan sobre sus valores o necesidades, esto desmerece sus derechos y valores. Son los hombres quienes pueden controlar la sociedad, la población”. Respecto de la indumentaria, dijeron que si bien las mujeres deberán cubrirse no es necesario que sea exclusivamente con la burka, esa túnica que permite la visión a través de una tejido y solo hacia el frente. Poco después, periodistas de la televisión estatal afgana y de la agencia Tolo denunciaron que se las estaba expulsando masivamente de los medios de comunicación. El tono de los talibanes -que algunos juzgan moderado- se contradice con los informes periodísticos y videos caseros que muestran los límites de la “tolerancia”. Según el NYT, en algunas provincias las mujeres ya no pueden transitar sin un pariente. En Herat, ni maestras ni estudiantes pudieron ingresar a la universidad. Las estudiantes de la Universidad de Kabul que no tienen tutor no pueden salir de sus habitaciones. En Kandahar, las clínicas médicas para mujeres cerraron “preventivamente”. En algunas regiones, las escuelas para niñas también cerraron “preventivamente” desde que los talibanes tomaron el control (NYT, 18/8). La BBC denuncia que los talibanes han censado, casa por casa, a las mujeres y niñas desde los 8 hasta los 45 años. Las afganas, sin embargo, no pierden ningún paraíso. La ocupación norteamericana no sólo deja unos 170.000 muertos y un país devastado, cuya producción principal es el opio y la exportación del 90% de la heroína traficada en el mundo. Otra industria que explotó fue la de la trata de mujeres y los burdeles para los soldados, que incluyó “dar luz verde al abuso infantil por las milicias aliadas”. Estados Unidos huye dejando un 80% de mujeres analfabetas. Cuatro millones de chicos no reciben ningún tipo de educación y el 60% son niñas. La mitad de la población infantil nunca fue vacunada. Dos tercios de las jóvenes -en un país cuyo promedio de edad es 18 años- nunca pisó una escuela. Casi 8 de cada 10 chicas menores de 18 años fue sometida a un matrimonio forzoso. La burka siguió siendo uniforme obligatorio en las zonas rurales controladas por los talibanes y también por sus enemigos de la Alianza del Norte, los clérigos y señores de la guerra aliados a Estados Unidos. La sharía precede largamente a los talibanes. Fue impuesta en 1992, cuando los muyaidines expulsaron a los soviéticos. Desde entonces permaneció vigente sin que los invasores occidentales vieran motivo para derogarla. Entre 1996 y 2001, los talibanes impusieron un apartheid de género sin fisuras. Prohibieron que las mujeres salieran solas a la calle y cerraron las escuelas de niñas, prohibieron que trabajaran y que fueran atendidas por médicos hombres. Las familias fueron forzadas a casar a sus hijas, niñas aún, con los talibanes. Se impuso la burka desde la primera infancia. Ningún hombre debía escuchar ni los pasos ni la voz de una mujer que no fuera “suya”. La que burlara esas prohibiciones era sometida públicamente a latigazos, a veces hasta morir. Las adúlteras o quienes tuvieran contacto con hombres fueron lapidadas o fusiladas. Tampoco dudaron en rebanar los dedos que, en un desliz, quedaran a la vista de los transeúntes. En nombre de combatir esa barbarie, los norteamericanos invadieron Afganistán, aclamados por un coro -en el que descollaron muchas feministas occidentales- que les reclamaba un “bombardeo humanitario” para “liberar a las mujeres bajo el yugo del Islam”. La consigna funcionó como una tapadera “democrática” a la llamada guerra contra el terrorismo. No es algo único. No tan lejos, en Irak, la alianza yanky con los señores de la guerra y los clérigos, mandó a las iraquíes a la sharía, el analfabetismo, el rapto para el casamiento y los crímenes de honor. Arabia Saudita, socio privilegiado de Estados Unidos en la región, mantiene a las mujeres confinadas y en absoluta minoridad legal. Oportunamente, feministas islámicas como Sirin Adlbi Sibai o Fátima Mernissi, acusaron a sus sororas occidentales de serviles al imperialismo y las mandaron a ocuparse de la liberación de las mujeres en su propia tierra. ¿Y con los yankies, qué? El saldo de 20 años de ocupación militar imperialista exhibe el carácter de la “liberación” que tuteló la OTAN, propiciando la fragmentación nacional y luchas sectarias y religiosas entre sectores que habían convivido por siglos, armando a los guerrilleros fundamentalistas, mientras se imponían el terror y los asesinatos en masa de población civil. Respecto de las mujeres, el escritor Tarik Alí sostiene que “la situación no cambió mucho fuera de la Zona Verde infestada de ONGs”, la zona de máxima seguridad donde se agrupan las embajadas, las empresas internacionales, los ocupantes y el funcionariado. Los “cientos de millones de dólares para la educación de las niñas, la capacitación de lideresas sociales y la mejora de los servicios de salud materna” se repartieron entre los oficiales de la OTAN y el corrupto gobierno títere. Un sector de mujeres educadas fue cooptado por el régimen de la ocupación hasta alcanzar un 30% de diputadas, alguna ministra, alguna alcaldesa: “Estados Unidos es un maestro en desviar la lucha revolucionaria y política de las personas, especialmente de las mujeres. En los últimos 18 años, además de apoyar a la mayoría de los elementos contra las mujeres en todo Afganistán, y garantizar que permanezcan intocables, introdujo una corriente de mujeres educadas en el gobierno y otras instituciones, en ONG, la sociedad civil y las redes. Utiliza a estas mujeres para engañar al mundo sobre la situación real de las afganas”, explica Samia Walid, integrante de la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán (Kurdistan Report, 19-9-19). La RAWA es la organización de mujeres más importante de Afganistán. Feminista y laica, nació durante la ocupación soviética. Sus fundadoras fueron asesinadas y desde entonces trabajan en la clandestinidad tanto en el país como en los campos de refugiados de Pakistán, muchas veces infiltradas en ONG o partidos. Durante el régimen talibán, la RAWA se hizo famosa por sus escuelas clandestinas para niñas. Siempre repudiaron la ocupación imperialista: “Vemos la liberación de las mujeres afganas contra el colonizador imperialista, los fundamentalistas islámicos y el gobierno títere. La libertad de las mujeres está directamente relacionada con la resistencia, y la lucha revolucionaria de las mujeres es contra la causa principal de su sufrimiento y desgracia, es decir, los ocupantes y sus lacayos internos” (Tercer Mundo, 24/9/19). La llamada “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos, dijo una vocera de la RAWA en junio de 2020, “eliminó al régimen talibán en octubre de 2001, pero no eliminó el fundamentalismo religioso, que es la principal causa de todas nuestras miserias. De hecho, al reinstalar a los señores de la guerra en el poder, la administración estadounidense reemplazó un régimen fundamentalista por otro. El gobierno de Estados Unidos y Karzai dependen principalmente de los líderes criminales de la Alianza del Norte que son tan brutales y misóginos como los talibanes. Mejorar la situación de las mujeres en mi país no pasa por reformas, se necesita una revolución”. En estos días, sus voceras han puntualizado: “Las afganas tenemos tres enemigos: la ocupación occidental, los talibanes y la Alianza del Norte. Con la partida de Estados Unidos, dijo, tendremos dos”. La defensa internacional de las mujeres afganas debe empezar por la condena al imperialismo y su guerra global contra el terrorismo.

En el marco de la campaña electoral en el conurbano bonaerense, los militantes de Política Obrera y del Polo Obrero Tendencia de Avellaneda, organizamos dos actividades políticas en barrios de nuestro distrito junto a la compañera Eva Gutiérrez, pre-candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires acompañando a Jorge Altamira en las listas de Política Obrera. La jornada del jueves 19 de agosto, arrancó en el populoso barrio Honor y Dignidad de Sarandí, donde recorrimos las calles, invitando a los vecinos a conocer nuestras propuestas. Eva se acercó al comedor del Movimiento Villero y de Barrios de Pie para entablar un debate. Los compañeros de otras organizaciones contaron la situación de precariedad y explotación laboral, sobre las tareas que realizan con las cooperativas; trabajan por 13 mil pesos del Potenciar Trabajo, realizando tareas encuadradas en el convenio de la construcción en escuelas y viviendas -obras con las cuales el oficialismo hace bandera en Avellaneda- bajo este régimen laboral. Municipales jornaleros, mensualizados o cooperativistas, son mano de obra barata de un municipio que fomenta toda clase de negocios inmobiliarios. Luego de recorrer ese barrio, Eva y los militantes de la Tendencia nos trasladamos al otro extremo de Avellaneda para iniciar la segunda actividad en Villa Inflamable, Dock Sud, donde repetimos el esquema de recorrida callejera. Los problemas de este barrio son similares al de todas las barriadas del conurbano bonaerense, pero agravado brutalmente ya que las familias trabajadoras del lugar conviven hace décadas con la contaminación generada por las grandes multinacionales de los hidrocarburos y el polo petroquímico. Las calles sin asfaltar, la falta de cloacas y los apagones constantes de energía eléctrica, además del desempleo masivo, son los reclamos generalizados de los trabajadores y vecinos abandonados por el Estado y el municipio de Ferraresi y Chornobroff. Eva hizo un cierre en ambos barrios donde se reunieron a escucharla y debatir con nosotros casi 100 vecinos y compañeros. Familias que fueron parte de la lucha por tierra y vivienda en Guernica, compañeras que han roto con otras agrupaciones de desocupados y muchos jóvenes. "Lo que nosotros salimos a denunciar es que el próximo Congreso los va a encontrar a todos unidos -a los candidatos del FdT y Cambiemos-, para aprobar un nuevo acuerdo con el FMI”, explicó Eva, y denunció que detrás de ese acuerdo con el Fondo se está pergeñando una nueva reforma laboral, que va legalizar la precarización laboral e intentará avanzar contra los convenios y las conquistas de la clase obrera, utilizando a la gran masa de desocupados en beneficio de las patronales; además, el gobierno quiere volver a plantear la reforma previsional, en un impasse desde las jornadas de lucha en el 2017, cuando gobernaba el macrismo. Eva finalizó su intervención llamando a los compañeros trabajadores, a los desocupados del Polo Tendencia y a los vecinos, a tomar esta campaña electoral en sus manos, a seguir organizándonos en cada barrio y en cada lugar de trabajo para hacer frente a esta situación que vive el conjunto de la clase obrera. Debemos prepararnos para luchar contra este sistema capitalista y hacer frente a esta crisis humanitaria que ha profundizado la pandemia. El atraso en la vacunación, el descalabro de la salud pública y la aparición de nuevas cepas por la política aperturista del gobierno ante la presión del capital, dan cuenta que no podemos dejar en manos de estos gobiernos la salud y la vida de nuestras familias. Los compañeros de Política Obrera de Avellaneda seguiremos en las calles, llevando nuestro programa a las grandes fábricas, empresas y a los barrios. La salida a este derrumbe nacional plantea la necesidad de un gobierno de trabajadores, la lucha por un salario y jubilación equivalente a la canasta familiar, que política obrera levanta como consignas cruciales son incompatible con el acuerdo colonial que el gobierno y la oposicion macrista preparan para despues de las elecciones.

En el marco de la apertura escolar indiscriminada con variante Delta y tercera ola en puerta, la ministra Acuña declaró que "dentro de la escuela siguen las medidas de higiene. Se sigue tomando la temperatura y la burbuja del aula no se toca con otra burbuja”. A renglón seguido dijo que "mantiene el diálogo con los gremios docentes" y se despachó contra la docencia y contra Ademys, diciendo que quienes paran en repudio a las medidas aperturistas "se oponen porque no hay voluntad de trabajo". Pero la docencia viene trabajando denodadamente desde el comienzo de la pandemia. Primero en la virtualidad, a pesar de que el gobierno de la Ciudad sistemáticamente se negó a dotar a los estudiantes y maestros de dispositivos y conectividad. Venimos denunciando, desde comienzo de este año, que los protocolos para la vuelta a clases no son más que papel mojado en medio de la pandemia y ante una infraestructura escolar que dista de ser segura. Pasa que la Ministra pisa las escuelas sólo para fotos de campaña. Por ejemplo, es imposible que maestros curriculares y profesores que rotan por distintos grupos y escuelas mantengan la farsa de las "burbujas". Para estos casos, la ´ministra de la presencialidad´ dice al pasar, y recién en el mes de agosto, que están trabajando "para que tengan menos cantidad de burbujas". No son más que palabras. En lo que va de clases desde la reapertura luego del receso invernal, se han aislado, según relevamiento hecho por los mismos docentes y familias, al menos 50 burbujas de 25 escuelas de la CABA. Lo cierto es que aún no se han incorporado a la presencialidad plena todos los niveles, pero la cantidad de cursos aislados desde la vuelta del receso va en aumento. Acuña dijo que "la asistencia será obligatoria", excepto para los estudiantes que tengan condiciones de riesgo o convivan con personas de riesgo, quienes "van a poder seguir aprendiendo a la distancia". Las familias son apretadas por el GCBA con el carácter obligatorio de la asistencia y con el retiro de los bolsones de alimentos. ¿Cómo pensará garantizar la asistencia remota sin apertura de nuevos cargos? En la misma línea de la presencialidad criminal contra los alumnos y sus familias, han obligado a volver a docentes de riesgo con una sola dosis de la vacuna, por lo que las escuelas ya no cuentan con maestros exceptuados para garantizar la virtualidad a los estudiantes con necesidad de excepción. Un nuevo protocolo a pedido de la patronal El nuevo protocolo presentado por la Ciudad a las puertas de las variantes del virus mucho más contagiosas, elimina la distancia social, es decir, la 'burbuja' pasa a ser el curso completo a tiempo completo incluyendo comedor. Es sabido que las escuelas no cuentan con la infraestructura para mantener una distancia entre 30 y 40 alumnos por aula y tampoco con la ventilación necesaria para asegurar un espacio seguro y libre de contagios, situación que hace que cualquier suerte de protocolo no sea más que una estafa política. Ni el área de Educación Especial, con toda la complejidad que tiene el trabajo y cuidado de su población estudiantil con profundos factores de comorbilidad, quedó al margen de este plan criminal, también se avanza con la presencialidad plena. Que la variante Delta y la tercera ola generarán un nuevo colapso del sistema sanitario, prácticamente no hay dudas. Lo reconocen hasta los propios funcionarios. No obstante, todas las provincias avanzan en la jornada completa y se encaminan hacia la presencialidad plena. "La presencialidad no se negocia", dijo Trotta. Esto se inscribe en la concepción de Larreta y el gobierno de los Fernández de que “la pandemia ha terminado”, para responder a las exigencias aperturistas de las grandes patronales y del FMI al rescate del capital Desde Tribuna Docente Tendencia repudiamos los dichos de la Ministra y creemos que son necesarias asambleas por escuela, por distrito y una asamblea unificada de todo el gremio para desplegar una respuesta a la altura del ataque mediante la organización de un plan de lucha que nos permita quebrar esta avanzada aperturista y conseguir todas nuestras reivindicaciones.

Escrita por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, la serie “El Reino” encabeza actualmente “lo más visto” en Netflix. "El Reino" relata la historia del pastor Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti), y cómo su vida y la de su entorno familiar van moviéndose al compás de la carrera política emprendida por el religioso y su precipitado ascenso tras el asesinato de su compañero de fórmula, el candidato a presidente de la república, que podría convertir al religioso en el máximo mandatario. Durante la investigación del atentado se va desovillando la corrupción y el manejo de dinero de la Iglesia, así como una trama de abuso sexual dentro del hogar de niños dirigido por la organización evangélica. También queda expuesto el proceso para la construcción de armados políticos basados en estas iglesias y servicios de inteligencia y operaciones políticas, incluso del imperialismo. Estos grupos oscurantistas financieros se asientan a lo largo del continente y se nutren del Estado por medio de subsidios, excepciones impositivas y ejercen influencia y control de masas por medio de políticas sociales y educativas, así como por su inserción territorial y mediática, con canales de comunicación propios. En Argentina estas iglesias han crecido territorialmente y ello tiene un correlato político. Funcionarias como Verónica Magario, intendenta peronista de La Matanza, en 2019, anunció a las personas presentes que crearía la Subsecretaría de Culto y pondría a cargo al pastor Gabriel Ciulla. Por su parte, el gobierno de María Eugenia Vidal también estableció un acuerdo con las iglesias evangélicas para repartir miles de toneladas de alimentos. Horacio Larreta también hace gala de su vínculo con los grupos evangélicos. El Código Civil elaborado durante los gobiernos K, le dio a las iglesias evangélicas el mismo status jurídico del que hasta entonces gozaba la Iglesia católica. En Brasil la infiltración en el poder político de las iglesias evangélicas es mucho más pronunciado. El gabinete de Bolsonaro tiene varios funcionarios evangélicos y la política cultural y educativa está explícitamente diseñada desde el rechazo a “la ideología de género”, a las minorías sexuales y al derecho al aborto, promovido por estos grupos oscurantistas. En defensa de “los valores” las iglesias evangélicas y católica defendieron el aborto clandestino durante décadas, propiciando movilizaciones “pro vida” cuando se trató el proyecto de legalización en Argentina e impidiendo hasta hoy, por medio del lobby clerical, su implementación efectiva. Recientemente, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera) emitió un comunicado atacando a una de las responsables del guión de la serie, la escritora y activista Claudia Piñeiro, por su militancia feminista. Describe a la ficción de “El Reino” como una creación que parte “desde la base del odio, para generar rechazo social a un colectivo religioso, es un acto que no realza la belleza de una profesión que se debería caracterizar por la transparencia y pureza intelectual y creativa, y no por usar la actuación para denostar y fogonear el rechazo social a quienes piensan distinto a quien produce esa obra”. A renglón seguido sostiene que “es sabido el encono que ha expresado la escritora y guionista de esta obra desde su militancia feminista durante el debate de la ley del aborto hacia el colectivo evangélico de la Argentina, representado por millones de ciudadanos que no coincidían en su posición respecto del tema” y llega a catalogar de “un comportamiento de tipo fascista” a los creadores de la serie. Horas más tarde, y tras el repudio generalizado de organismos y personalidades del ámbito de la cultura, la política y los derechos humanos, la entidad evangélica dio de baja el comunicado en su página oficial. Se impone luchar por la separación tajante de las Iglesias y el Estado para terminar con toda forma de oscurantismo e injerencia clerical en la vida social, educativa y política. Este es un planteo elemental de la democracia burguesa que la burguesía no está dispuesta a desarrollar, porque significaría eliminar, en el marco de una crisis capitalista sin parangón, uno de los mecanismos de opresión “espiritual” sobre las masas trabajadoras que resulta totalmente funcional a los intereses de la explotación.

Ha pasado casi una semana desde que el diario La Nación publicara un editorial en el que asegura que “la superación de la pobreza no se logrará con proyectos como el de la Comuna de París de 1871” (16/8). Es un texto extraordinario. El decano de la prensa nativa mira de frente la realidad presente del país -un 50% de pobres- y advierte acerca de la tentativa o posibilidad de “instaurar el gobierno de la clase obrera”. Dice: “El hambre y la pobreza impulsaron un movimiento insurreccional que instauró el primer gobierno de la clase obrera del mundo, la primera revolución proletaria, una sociedad sin patrones”. El autor de la opinión oficial del diario se aparta de la versión histórica de la Comuna que, desde hace 150 años, difundió sin fisuras la clase que La Nación representa, a saber, que la Comuna fue una obra de bandidos y desclasados que no aspiraban a otra cosa que a la destrucción de la civilización (“Les intelectuels contre la Commune”). El editor, casi con aprobación, enumera algunas de las medidas de la Comuna como “la autogestión de las fábricas, la creación de guarderías, la remisión de alquileres y la abolición de intereses”. No menciona la elección y revocatoria de representantes, ni la determinación de los salarios de los funcionarios públicos en consonancia con los de un obrero especializado. No fue solamente el primer gobierno de la clase obrera en el mundo sino también el primer gobierno democrático de la historia. Lo que molesta por sobre todo a La Nación es que aspirara a “una sociedad sin patrones”. “Hubo que esperar más de un siglo, concluye el editor, hasta la adopción del capitalismo en China y la disolución de la Unión Soviética en 1991 para que quedase demostrado que no hay socialismo efectivo sin recursos y no hay recursos sin empresas...con patrones”. La Nación disculpa a la Comuna por no haber podido reconocer este hecho en sus 71 días de existencia, como lo hicieron, sin embargo, los patrones de la época, cuando el gobierno de Adolphe Tiers, desde Versalles, desató una represión que dejó 40 mil obreros, obreras y niños muertos, y decena de miles de detenidos. Tiempo después se erigió una Iglesia en Monmartre para homenajear a los represores – la Sacre Coeur. Lo que el editor ve en común entre el primer gobierno obrero y Argentina son los 13.865 comedores y merenderos, 25% de desocupados y 45% de trabajadores informales, o sea las condiciones para “una revolución proletaria”. Todo esto en una sociedad ‘con patrones’, como la francesa de 1871. La Nación teme una Comuna de París, por lo menos en Argentina. El primer gobierno obrero y la mayor democracia de la historia hasta aquel momento. La Nación entiende bien el problema cuando señala que, léase bien, “no hay socialismo efectivo sin recursos”. Admite entonces el socialismo como posibilidad histórica, sin advertir que “los recursos” son precisamente lo que deja como herencia y base el capitalismo. La economía mundial está abarrotada de recursos, que se dedican al armamentismo, las guerras, el despilfarro y la acumulación financiera. Los recursos no fueron creados “por los patrones” sino por los obreros – en el marco de una sociedad dominada por patrones. La eliminación de la envoltura patronal de la sociedad actual daría paso a una perspectiva socialista basada en sus productores reales – no en el usufructo de la producción por una minoría explotadora. Ningún marxista negaría que el capitalismo es la premisa del socialismo – el pasaje de la pre-historia de la humanidad a la historia humana efectivamente universal. El editorial de marras derrapa (¡y cómo!) cuando compara a la Comuna con la UTEP. La base social de los proyectos de trabajo comunitario de Grabois es la “sociedad de patrones”, con el añadido de convertir en patrones a los burócratas ‘sociales’ que promueven un trabajo precarizado a los trabajadores desocupados por salarios miserables. Los comuneros pretendían convertir a la industria en un gigantesco “taller nacional”; la “economía popular” preserva la propiedad privada y acantona en talleres de pico y pala a los trabajadores sin empleo. El editor asegura que “no habrá crecimiento solo con cooperativas, con emisión monetaria, abrazos fraternos y cantos gregorianos”; no dice que con ellos va a haber una mayor degradación social. Es el colmo, sin embargo, que se hable de “crecimiento con patrones” en un país que no crece, en términos internacionales relativos, desde la crisis de 1930. Que no crece habiendo acumulado una hipoteca de 400 mil millones de dólares, que beneficia a los ‘patrones’ nacionales, que son dueños de ella en un 40 por ciento. La economía mundial se encuentra en decrecimiento relativo y con una deuda pública mundial que es del 400 por ciento del PBI mundial. Una deuda que pagan los obreros cuando fue contraída por los ‘patrones’. De acuerdo a cómo se caracterice la marcha de la economía mundial, el capitalismo en China y la disolución de la URSS serían, con toda su importancia, fases transitorias de la tendencia a la disolución de un capitalismo mundial en crisis recurrentes, más amplias y en menos tiempo. La marcha de la historia no es lineal – la crisis social y política en China y Rusia es cada vez más aguda, como ocurre con cualquier país que se ordena en torno a la acumulación capitalista. Que La Nación se meta con el dilema de patrones sí patrones no, es un reconocimiento de la decadencia del capitalismo, la sociedad de patrones y de explotación del trabajo ‘libre’. Gobiernos obreros, revoluciones proletarias, autogestión de fábricas – el retorno del lenguaje de la Comuna refuta la impostura que asigna al socialismo un lugar en el pasado.

Las revelaciones acerca de las fiestas que involucraron a oficialistas y opositores bajo el “aislamiento obligatorio” han servido para disimular otra “fiesta” - la que disfrutan los especuladores de la deuda pública. En la semana que pasó, el gobierno renovó casi 100.000 millones de deuda en pesos, equivalentes a la totalidad de los vencimientos que estaban en juego. Lo logró después de haber fracasado, en dos oportunidades anteriores, en el propósito de lograr esa renovación total. Pero el precio que pagó para ello fue acortar los plazos de la deuda – ahora, sólo hasta finales de octubre, es decir, hasta las vísperas de las elecciones generales. La deuda fue renovada con un rendimiento que, al menos, recuperará la inflación esperada. Pero con un “premio”: como el gobierno “contiene” al dólar a costa del “goteo” de las escasas reservas internacionales disponibles, la deuda pública en pesos se revaloriza en términos de dólar. En otras palabras: en el país del 50% de pobreza, con un colapso sanitario no superado y una crisis social galopante, se ha montado un operativo financiero con beneficios garantizados para el capital financiero que invierte en la deuda pública. Pero esta “fiesta”, sin fotos a la vista, dura hasta fin de octubre: como señala el columnista Pablo Wende, de Infobae, los “inversores se cubren por miedo a una devaluación después de las elecciones” (19.8). El Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central anticipa un dólar de 155 pesos para fin de año, es decir, una devaluación del 50% respecto de los niveles actuales. La montaña de vencimientos de deuda en pesos que se acumula para noviembre se encontrará con reservas disponibles por poco más de 5000 millones en el Banco Central –poco y nada para enfrentar una corrida cambiaria. La devaluación que se cocina pondría de manifiesto el agotamiento de las dos operaciones financieras que el tándem Guzmán-Fernández perpetró durante este año: de un lado, el llamado “mercado de deuda en pesos”, un subterfugio para contener a los especuladores a costa de indexar sus activos y revalorizarlos en términos de dólar, gracias al “atraso cambiario” respecto del dólar oficial. Se calcula que, por esta vía, el gobierno de “Todos” engrosó la deuda en 20.000 millones de dólares desde diciembre de 2019 (Clarín, 18.9). La otra operación consistió en permitir el drenaje o fuga de parte de los recursos remanentes de los fondos internacionales en el país, a través de la compra de divisas por medio de acciones o títulos, que el gobierno, precisamente, acaba de restringir decisivamente. ¿Cómo se financió esta “fiesta”? Pues con la “desindexación” de los otros gastos fijos del Estado, es decir, los salarios y jubilaciones. Esa fue la contraparte de la “indexación” de los beneficios del capital, agrario, industrial y financiero. La miseria social imperante no es un fatalismo, es el resultado del rescate del capital. A nadie escapa que esta devaluación que los propios capitalistas proyectan implicaría una nueva vuelta de tuerca sobre esta confiscación social. La depreciación del peso perseguiría una fenomenal licuación del gasto, en primer lugar, de salarios, jubilaciones y planes sociales. Los analistas económicos del gran capital advierten sobre un cierto “desmadre” del gasto en este segundo semestre, después del resultado “casi equilibrado” del primero. Naturalmente, una devaluación implicaría un ajuste fiscal de hecho, y ayudaría a pavimentar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En términos de poder adquisitivo, la devaluación, además, barrería con las “zanahorias” sociales que el gobierno ha debido entregar en el período preelectoral –reducción del impuesto a las ganancias, reapertura de paritarias, bono jubilatorio. No es necesario agregar que esta “corrección” cambiaria multiplicará todas las contradicciones irresueltas -por caso, el gobierno tiene pendiente otra “corrección”, sobre las tarifas, que deberá ser doble en el caso de una nueva depreciación del peso. Pero principalmente, conducirá a una conmoción social y a una crisis política. El régimen de las “festicholas”, de Alberto a Carrió, carece de toda autoridad para enchufarle este nuevo paquetazo a las masas. Aprovechemos la campaña electoral para llevar adelante una preparación política de la clase obrera de cara a los grandes choques que se vienen.

El precandidato del Frente de Todos, Leandro Santoro, declaró que “Hay que ir por el feminismo, el ambientalismo, la reivindicación del goce, el tiempo libre, el disfrute” (Infobae, 21/8). La versión gozosa de Santoro esconde los problemas centrales que atraviesa el país. La pobreza llega al 50%, la desocupación real es del 30%, el sueldo mínimo de 28 mil pesos no cubre ni una cuarta parte de la canasta familiar de 130 mil pesos. Las jubilaciones mínimas de 26 mil pesos bordean la indigencia. Los planes sociales son la mitad de eso y el “ingreso universal” es mucho más bajo aún. La crisis sanitaria llevó al país a tener una de las tasas más altas del mundo de muertos por habitante; la crisis habitacional raja las paredes, con un déficit de 4 millones de viviendas; Alberto Fernández habilitó los desalojos y quitó las ayudas sociales en medio de la pandemia. Santoro apela a la “reivindicación del goce”, cuando el gobierno del Frente de Todos es responsable del sufrimiento de millones de familias trabajadoras, una población que se ve sometida ante el goce de unos pocos beneficiados por su política de ajuste, carestía de la vida y precarización, que se va a profundizar tras la firma del acuerdo con el FMI que se apresta a hacer el Congreso. Santoro es un perverso que reivindica el goce como parte de un instrumento para engañar a la población y someterla en estas elecciones. La perversión a la que se dispone Santoro es que bajo la “reivindicación del goce” se apresta a reunir votos y apoyos de los trabajadores para que luego de las elecciones los diputados del FdT terminen votando el acuerdo de reestructuración de deuda, con los condicionamientos pertinentes. La felicidad y el goce es de los especuladores, bonistas y fondos de inversión, no de los trabajadores. De “sentirse feliz” al pago de la Deuda y el acuerdo con el FMI Santoro también manifestó que “No podemos hablar al proletariado industrial que aspira ascender socialmente como consecuencia de su trabajo para acceder a niveles de consumo”. “Hoy los sujetos tienen otras características y sensibilidades que requieren ser interpeladas” (ídem). Entre ellas destacó a “quienes no entienden que (ahora) es tan importante conseguir laburo como sentirse feliz (…) los espacios verdes, la salud mental, cosas que tienen que ver con la relación entre las personas”. “Tenemos que interpelar a un sujeto social que padece la soledad como principal drama”, ´reflexionó´ el legislador porteño. “Hoy los sujetos tienen otras características y sensibilidades que requieren ser interpeladas”, agregó. Santoro reconoce que no puede hablarle al proletariado que aspira a elevar sus niveles de consumo, porque el Gobierno los ha reducido sensiblemente. El fracaso de la burguesía nacional de insertar al país en el mundo llevó a que su única “salida” para esa inserción sea que los asalariados argentinos cobren como los chinos o vietnamitas, y tengan sus mismas condiciones laborales. Tras el acuerdo con el FMI hay un proyecto de reforma laboral que entre otras cosas implica mayor flexibilización laboral, precarización del empleo, tercerización, y el modelo de contrato “por horas”, donde el empleador decide la cantidad de tiempo que necesita al empleado. ¿Será esa la idea de mayor “tiempo libre” y “goce” para Santoro? Para aquellos que tienen más tiempo libre, como los jubilados, el acuerdo que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio van a votar en el Congreso con el FMI después de las elecciones tiene una propuesta: elevar la edad jubilatoria 5 años, para utilizar esos ingresos como garantía del pago de la deuda externa. La elevación de la edad jubilatoria redundará en un crecimiento del desempleo porque habrá menos puestos disponibles. Los Fernández utilizaron la pandemia para atacar a los jubilados y sus magros ingresos. La jubilación que debería ser un salario diferido, es para la gran mayoría un ingreso de subsistencia, y ni siquiera eso. El FMI, el Gobierno y la oposición patronal, ocultan, como buenos perversos, sus objetivos y pactos. Santoro no pensará en la “salud mental” y en la “felicidad” de millones de jóvenes que tienen que vivir con los padres porque tienen sueldos miserables o están desocupados o subempleados, y no pueden independizarse, acceder a una casa propia o incluso pagar un alquiler, que hoy se consume el 100% de un ingreso promedio. Tampoco debe pensar en el goce y la felicidad de miles de mujeres y familias desalojadas por su gobierno en Guernica, o miles de mujeres que no tienen medios para separarse de su violador o abusador, por no tener casa o recursos, y terminan muertas o seriamente golpeadas. El discurso de la “alegría” y la “buena vida” (ídem) contrasta con la terrible realidad de la crisis más grande de la historia del país. En la entrevista de marras, Santoro habla del negociado inmobiliario de Costanera Sur que Larreta acaba de votar a favor de IRSA en la Legislatura, un negociado impresionante con tierras públicas. Sin embargo, omite hablar de la votación del proyecto de Santoro y su “amigo” Gabriel Solano, del negociado inmobiliario de Boedo, para la construcción de comercios, shoppings y diferentes emprendimientos en un espacio que los vecinos defienden como 100% verde y público. Ni tampoco del “cogobierno” del FdT con el macrismo y el larretismo en la Ciudad, que se expresa en que le votaron todo a Larreta y en términos inmobiliarios, en la constitución de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) creada por decreto del gobierno kirchnerista en el 2012 para le venta inconstitucional de tierras públicas en beneficio de grupos especuladores inmobiliarios. Las tierras nacionales también son garantías para el FMI. El goce del espacio verde por parte de la población choca con los intereses que defiende el FdT. ¿El goce de quién? El goce que reivindica Santoro ¿será el de los especuladores ante los cuáles el gobierno brinda enormes beneficios con tasas de interés de bonos y letras públicas, mientras las paritarias pierden sistemáticamente frente a la inflación? ¿Reivindicará la mega minería, los cultivos transgénicos y de la implantación de mega granjas de cerdos que impulsa el Gobierno de Fernández y Fernández, y que destruyen el medio ambiente y la vida humana para el “goce” de un puñado de capitalistas? ¿Santoro reivindicará el goce de los tenedores de bonos de deuda pública y de los acreedores internacionales que esperan someter al país a más ajuste y a una reforma laboral y previsional tras el acuerdo de deuda? Santoro expresa el fracaso de la burguesía nacional y sus personeros políticos. “Al peronismo y al movimiento nacional y popular les cuesta más en los centros urbanos. Hay algo que está pasando y tiene que ver con un enfoque global, en la dificultad de estos proyectos para interpelar al ciudadano de los grandes conglomerados que nos hace repensar en cómo tenemos que intervenir”. Es lógico cuando son esos centros urbanos los que más sufrieron las consecuencias de la crisis, el desempleo y la precarización laboral. Por si fuera poco, el gobierno de AF eliminó las ayudas en medio de la Pandemia. La gestión de la pandemia llevó a más de 100mil muertos y a muchos más relacionados al Covid-19, sin mencionar escándalos como los vacunatorios VIP y los cumpleaños en la Quinta de Olivos. Santoro apela a una “transgresión” para enfrentar al discurso de “ultraderecha” que “seduce a la juventud” y corre todo el “escenario político hacia la derecha” (como si la política del FdT no fuera responsable de eso). La juventud de todo el mundo responde con la rebelión popular contra los regímenes en disolución que llevan adelante los planteos y acuerdos con el FMI.

La campaña, mediática primero, judicial después, contra las organizaciones de desocupados representa una persecución macartista bajo el velo de la lucha contra el punterismo. La acusación del fiscal Marijuan refiere al delito de “extorsión” y solicitó al ministerio de Desarrollo Social que los planes sociales escapen al control de las organizaciones sociales y se manejen “sin intermediación de organizaciones o de terceros". La medida, sin embargo, no se aplica para el conjunto de las instituciones del Estado que, a una escala incomparablemente superior, lleva adelante los peores métodos de regimentación y control sobre la población trabajadora. Han buscado un chivo expiatorio para absolver así a todo un régimen político punteril. La mención a los “intermediarios” resulta llamativa porque es imposible por parte de un fiscal que olvide que el pueblo tiene prohibido deliberar y gobernar sino es a través de sus representantes; es decir que fue la Constitución Nacional la que consagró desde 1853 la figura del intermediario. El Estado actúa como intermediario con el imperialismo cuando saquea los recursos nacionales para pagar la deuda externa. Cuando Marijuan dice que pretende eliminar los intermediarios, quiere decir que le reserva al Estado la facultad única de confiscación a los trabajadores. El Estado moderno, sin embargo, es inviable sin una regimentación en regla de la clase obrera en todos los ámbitos. El Estado se vale permanentemente de otros grandes intermediarios para establecer un método de disciplinamiento y control sobre el movimiento obrero. Este punterismo está institucionalizado e incluso reglamentado por las leyes vigentes. Basta observar que las paritarias que firma la burocracia sindical no pasan por ningún tipo de consulta ni aprobación de los trabajadores que se ven afectados directamente en su salario. El trabajador no tiene ningún poder de decisión sobre cuestiones que hacen directamente a sus ingresos. Vale recordar también que los “punteros” de la Unión Ferroviaria que perpetraron el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra manejaban el ingreso y egreso de trabajadores del ferrocarril. A lo largo de las últimas décadas, el régimen político se fue sosteniendo cada vez más sobre una casta de “punteros” al interior del movimiento obrero. El congreso extraordinario de la CGT de 1950 llevó a cabo una reforma de sus estatutos que entregó al presidente de la nación el poder de decisión última en materia de actividad sindical. Este congreso no sólo representó una subordinación política al peronismo, sino además un sometimiento, consagrado en sus estatutos a la política salarial del gobierno, sea cual sea la que se aplique. Asimismo, otorgó a su consejo directivo el atributo de intervenir las seccionales. Es decir que fue la consagración de un régimen punteril al interior del movimiento obrero y de cooptación de su dirección por parte del Estado. El congreso de 1950, que fue cerrado con discursos de Evita y de Perón, fue un punto de inflexión en el proceso de estatización de los sindicatos con la intención de maniatar a los trabajadores. La regimentación del movimiento obrero en favor de estos “punteros” allanó el camino para la destitución del propio Perón en el '55. La ley de asociaciones profesionales de Frondizi, de 1958, reestableció el mecanismo de sindicato único por rama, dotado del derecho exclusivo de negociación con la patronal, y entregó enormes privilegios para la burocracia sindical. El Estado coronó una casta gremial con apetitos propios y la dotó de herramientas de dominación (persecución de opositores, restricción de la democracia sindical), para valerse de ella en su política antiobrera. El retorno de Perón en 1973, que traía bajo el brazo una política de ajuste y represión, necesitaba reforzar esa regimentación del movimiento obrero y, por lo tanto, robustecer a estos “punteros” del movimiento obrero. Así lo hizo mediante la ley aprobada en el Congreso que extendió el mandato de los dirigentes, amplió los plazos de convocatoria a asambleas, reforzó la intervención de los sindicatos por parte de las federaciones e impidió recurrir a la justicia en caso de disputa intersindical. Criticada por la propia ala izquierda del peronismo, el diario La Nación llegó a calificarla como “poco menos que única en su género” por el nivel de atribuciones que le entregaba a la burocracia. Se trata de la piedra basal del régimen político actual, que ha estatizado los sindicatos y que ha corrompido a su dirección. En 2013, la Corte Suprema de justicia se vio obligada a autorizar la organización de sindicatos diferentes del sindicato oficial, a pesar de lo cual desde entonces ningún gobierno otorgó ninguna personería gremial a sindicatos alternativos. La burocracia sindical se integró completamente al Estado desde el primer peronismo, al punto que distintos dirigentes asumieron como funcionarios estatales en diversos cargos. La integración actual de los dirigentes de las organizaciones de desocupados al Estado es la orientación consecuente de un régimen político punteril que se basa en la estatización de las organizaciones obreras y la cooptación de sus dirigentes. No es posible explicar la desocupación real superior al 30% y la pobreza por encima del 50% sin esa integración al Estado tanto de los sindicatos como de las organizaciones de los desocupados. El reciente ataque del Estado a las organizaciones con la excusa del punterismo tiene el objetivo de desarticular a las organizaciones sociales debido al creciente peso de los desocupados en la situación política y social. No es casual que la última vez que el Estado hizo este intento fue en el año 2001, cuando Patricia Bullrich como ministra de Trabajo de la Alianza anunció un “seguro de desempleo” con el que se pretendía transferir “la responsabilidad de la administración de los planes nacionales de empleo al Ministerio de Trabajo de la Nación”. El Estado pretendía con esto someter a aquellos que cobraban un plan social a una “inspección” oficial, a través de la cual determinarían la continuidad o baja del plan, y la implementación de un sistema de explotación de mano de obra barata. La respuesta del movimiento de desocupados fue la movilización masiva que culminó al final de aquel año con la caída del gobierno. Hoy, las organizaciones de desocupados volvemos a responder con movilización. El Polo Obrero Tendencia sale el martes a la calle contra esta persecución macartista y por la satisfacción de todas las reivindicaciones de los desocupados. Para terminar con este régimen político punteril es necesario luchar contra la estatización y regimentación del conjunto del movimiento obrero y forjar la unidad de ocupados y desocupados con independencia del Estado, para emerger ante la sociedad con una fisonomía de clase propia.

Este mes inauguramos la tercera olla popular del Polo Obrero (T) de San Isidro en Villa Hidalgo. Se suma a la olla de Santa Ana, inaugurada hace un poco más de un mes, y a la del bajo Boulogne. La comida se agotó rápidamente, revelando nuevamente que la miseria social va en aumento. Hay que destacar una particularidad: la mayoría eran niños de entre 6 y 10 años. Este solo ejemplo basta para graficar la gravísima situación que viven las masas con ingresos y jubilaciones que nos colocan en la línea de la indigencia. Está en la agenda de los activistas barriales la agitación y organización urgente del barrio del Villa Hidalgo. Este Polo se creó el año pasado, mientras se transitaba la cuarentena dictada por el gobierno que, sin embargo, no dio las garantías para su cumplimiento en los barrios carenciados. Empezaron a surgir las ollas como hongos frente a la necesidad y el hambre. Al calor de ese proceso, se formó con vecinos del bajo Boulogne, en su mayoría militantes que rompían con sus organizaciones en rechazo a los métodos punteriles y de patota que lamentablemente abundan en las organizaciones obreras producto de las cooptaciones del Estado. Siendo un Polo “joven”, logramos arrancarles al municipio mercaderías, productos de limpieza y hasta la carga mensual de las garrafas que se usan para cocinar. Por supuesto que es insuficiente frente a necesidades que van en aumento. Tenemos varios objetivos por delante, como conseguir un subsidio para poder solventar la compra de carne en nuestras ollas. Tenemos varios desafíos como organización que son tratados todos los martes 16 horas en la plaza Ombu donde se desarrolla la asamblea del Polo. Invitamos a todos los activistas y vecinos que quieran colaborar a sumarse y construir una organización libre de los métodos punteriles que tanto daño hacen.

Jorge Altamira, precandidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires por Política Obrera, participó el viernes 20 de agosto de una recorrida por Almirante Brown y Presidente Perón. La jornada arrancó bien temprano, en la radio Lost de Adrogué, donde pudo desarrollar durante más de 40 minutos, un planteo socialista de cara a los trabajadores. Después de otras entrevistas en diferentes medios radiales, nos dirigimos a la fábrica Danone/La Serenísima, en Longchamps, donde se realizó una actividad con nuestros volantes, con repercusión muy positiva entre los trabajadores. Esta fábrica de casi mil obreros, se encontraba, al momento de la nuestra agitación, en un proceso de asambleas por sector, discutiendo sobre el desguace de Sancor, el cual se empalma con la lucha por los salarios y las condiciones de trabajo. Como mencionó Jorge Altamira, “este tipo de actividades de agitación no da vuelta el amperímetro en cuestión de votos, pero es fundamental para sembrar una semilla que le permita a la clase obrera argentina, construir un partido propio". Durante las horas de la tarde, la recorrida siguió en Presidente Perón, particularmente en el barrio ferroviario (Villa Numancia, Guernica). Este barrio está ubicado en frente de los terrenos de lo que fue la enorme toma de Guernica. Nació también como resultado de una ocupación de tierras, hace más de tres años, sobre lo que eran las viejas vías del ferrocarril Belgrano. En la misma, habitan más de cien familias en las peores condiciones sanitarias, sin tendido eléctrico ni acceso a la red de agua. Allí, se realizó una charla junto a los vecinos y compañeros del Polo Obrero Tendencia, que forman parte de la lucha por la tierra y la vivienda en Guernica. Jorge Altamira manifestó que “ni el Frente de Todos, ni Juntos por el Cambio, tienen ninguna intención de urbanizar los barrios, porque su único objetivo, luego de las elecciones, es votar el acuerdo con el FMI”. Jorge propuso una campaña, de orden nacional, para juntar más de dos millones de firmas con el objetivo de exigirle al Estado la urbanización del barrio, y un plan de viviendas populares para los trabajadores del distrito. Los propios vecinos del barrio remarcaron la diferencia de la recorrida de Jorge, con lo que fue la visita de Kicillof a Guernica, para la cual se montó todo un cordón policial para evitar que los vecinos puedan acercarse a plantear sus reclamos. En este sentido, Jorge remarcó que “se debe desarrollar un espíritu de rebeldía, contra un Estado que pretende sumergir a los trabajadores en la resignación de vivir sin las condiciones básicas para la vida”. Al terminar la jornada, un grupo de militantes y simpatizantes de la Tendencia del Partido Obrero, nos encontramos en la plaza central de Guernica, frente a la estación. Allí se remarcó la importancia de organizar comités de apoyo a la campaña de Política Obrera que lleven adelante actividades, pintadas, recorridas por los barrios, agitaciones en las estaciones principales, tanto en Almirante Brown como Presidente Perón. En el lugar se encontraba la recientemente conformada "Tendencia del Sur", una batucada formada por compañeros jóvenes que se organizan en el Polo Obrero Tendencia. Son compañeros que, además de encontrarse para ensayar, debaten y salen con todo a la campaña electoral. Para finalizar, y luego de las intervenciones de Cecilia García y Bárbara Carrillo (precandidatas a diputadas por la Provincia de Buenos Aires), nuestra compañera, Inocencia Martínez, hizo un llamado en Guaraní a toda la comunidad paraguaya para que se movilicen políticamente a votar en estas Paso por un diputado obrero, socialista e internacionalista. La campaña de Política Obrera, continúa en Almirante Brown y Guernica con una acción dirigida a la clase obrera remarcando que los candidatos de los partidos del régimen, irán a estas elecciones, escondiendo el propósito principal que se llevará adelante, apenas finalizadas las elecciones. Esto es, votar de conjunto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Política Obrera, denuncia este acuerdo y llama a todos los trabajadores a una maduración de la inquietud política al mismo tiempo que se desarrollan las diferentes luchas.

Este viernes 27 de agosto, a las 15 hs, se llevará adelante la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil. En CABA la cita es de Av. de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo, y habrá movilizaciones también en otras plazas centrales de las provincias. La convocatoria es impulsada por la Agrupación de Familiares Víctimas del Gatillo Fácil, que reúne a cientos de casos, por los que reclaman por memoria, verdad y justicia. Después de la dictadura militar genocida, el aparato represor impune continuó un largo trayecto de persecución, ejecución y hostigamiento, especialmente en los barrios populares, ensañándose especialmente con los jóvenes a quienes este régimen condena a la miseria absoluta. El Estado garantiza la impunidad de la policía porque del mismo modo que promueve la judicialización de las organizaciones de desocupados. Las acusa por punterismo, cuando es el Estado argentino el que incita a la violencia y al punterismo. Esta persecución judicial que lleva adelante el fiscal Marijuan pretende acabar con las movilizaciones independientes de aquellas organizaciones que no ha logrado someter por la cooptación. Ninguna persecución judicial va acabar con los punteros políticos, solamente el trabajo, la vivienda digna, la salud, como la educación pueden garantizar terminar con dicho negocio nefasto. El Estado promueve el uso de los planes sociales para abaratar costos al capital, al ´compatibilizarlos’ con los salarios de miseria que pagan las patronales del campo y, según otros proyectos oficiales, próximamente también la industria textil y la construcción. El gatillo fácil es una política estatal, complementaria de la judicialización, el espionaje y la cooptación. Seamos miles en la próxima marcha contra el gatillo fácil para gritar bien fuerte: ¡Contra el ajuste y la impunidad de ayer y hoy! ¡Cárcel común y efectiva a los represores de la dictadura y de la democracia! ¡Memoria y Justicia por la víctimas del gatillo fácil y la violencia estatal!

El pomposo comunicado que sacó Ctera el 19 de agosto en relación a la paritaria nacional es un decálogo de entregas en 6 puntos. En primer lugar plantea que el salario “se elevará un 45,5%”. En los hechos implica que el salario docente llegará en diciembre (a cobrar en enero) a $40.000 cuando la línea de pobreza fue de $67.577 ¡...en julio! Los que hace 5 años cacareaban “ningún docente por debajo de la línea de pobreza” hoy celebran un salario mínimo de $28.000 por debajo de aquella. En segundo lugar plantean que “los salarios tienen que estar 5 puntos por encima de la inflación”. Esto, que no deja de ser una expresión de deseo porque la inflación proyectada supera el 50% anual, es, sobre todo, una confesión de parte: 5% es el aumento salarial real que reclaman Alesso y Baradel; las cifras que equiparan la inflación no son aumentos, simplemente mantienen el poder adquisitivo del salario. ¿A quién le preguntó Ctera si los docentes queríamos un 5% de aumento? A nadie. Lo que corresponde es un salario igual a la canasta familiar, hoy por arriba de los $120.000, lo que implica un aumento del 300%. El comunicado retoma el lamento de “no perder contra la inflación” en relación a los jubilado. Es decir, renuncian al aumento de las jubilaciones y, en el siguiente punto, reivindican las cifras en negro de Fonid y Conectividad que, entre otras, no van a los jubilados y profundizan la disociación de sus salarios con el de los docentes en actividad. El item de conectividad es lo que antes recibíamos en concepto de material didáctico. Difícil contratar un servicio de internet por $700 pero el objetivo de la mención es otro: ocultar que el gobierno les negó a estudiantes y docentes el insumo elemental para sostener la educación en pandemia. Lejos de reivindicar cifras miserables y en negro, el reclamo de la docencia es dispositivos y conectividad gratuitos para estudiatnes y docentes, todo el salario al básico. En relación a los protocolos, el comunicado de Ctera pide al gobierno nacional que “interceda” en CABA y en Mendoza para que se cumplan. Omite que la flexibilización de los protocolos es la regla a nivel nacional. En provincia de Buenos Aires por caso, la mayoría de las escuelas no tienen condiciones para estar abiertas debido a problemas de infraestructura, falta de estufas, de auxiliares, etc. En algunas escuelas la jornada extendida se aplicó mucho antes de que el propio Kicillof flexibilizara el Plan Jurisdiccional y se habla de convocar a los cursos completos: las burbujas por aula de Larreta que, por otra parte, ya se aplican de hecho convocando a más estudiantes de lo que el aforo permite por apriete de los Inspectores. Todo esto, con la complicidad de la burocracia sindical que sigue defendiendo protocolos que ni se cumplen ni inmunizan. La inminencia de la tercera ola, la cepa Delta más contagiosa y un esquema de vacunación incompleto refuerzan la vigencia de la lucha por la educación en la virtualidad en defensa de la vida y la salud. Por último, el comunicado le solicita al Ministerio de Educación de la Nación que “intervenga en los conflictos provinciales”. La Ctera reclama que el lobo cuide las ovejas. Lejos de invitar a reforzar el polo patronal (que en el caso de Chubut, se trata incluso del mismo frente político) lo que una central sindical docente debe hacer es reforzar el polo obrero convocando a una plan de lucha nacional por el triunfo de la huelga docente en Salta y Chubut y por todas las reivindicaciones de la docencia empezando por un salario igual a la canasta familiar y el rechazo a la presencialidad en pandemia. La total integración al Estado por parte de la Directiva sindical Celeste plantea la vigencia de recuperar los sindicatos para los trabajadores.

Los estatales en Chubut no reciben actualización salarial desde comienzos de 2020 ni se sientan en mesa paritaria desde el primer semestre de 2019. Además, durante estos dos años no han cobrado en tiempo y forma – a muchos aún se les adeuda la mayor parte del salario de mayo. La situación se hace insostenible y varios sindicatos anuncian medidas de fuerza. El SISAP (Sindicado de la Salud Pública), para a partir del martes por 72 horas y han ocupado la sede del ministerio; la ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) volverá a parar a partir del miércoles por 48 horas. Ese mismo día harán lo propio trabajadores del Hospital de Puerto Madryn nucleados en ATE. Finalmente, la asamblea de los trabajadores de la salud votó marchar el próximo jueves junto a los docentes. En la inmensa mayoría de las asambleas escolares los docentes se manifestaron por coordinar acciones. Se hace imprescindible que las bases retomen el protagonismo para garantizar la unidad de los estatales, único camino para arrancarle una recomposición salarial acorde a la inflación al Gobierno provincial. El SISAP comenzó el paro hoy con una ocupación del ministerio de Salud en Rawson. Allí 200 trabajadores realizaron una asamblea donde votaron movilizarse con los docentes el jueves próximo. En la otra punta de la provincia, la Asamblea de Trabajadores de Salud Pública del Hospital Zonal de Esquel comunicó que adherirá a las 72 horas de paro y convocan a asamblea general para este miércoles 25 de agosto. Hay que tener presente que la mayor parte de los trabajadores de la salud se encuentran nucleados en ATE, que hasta el momento no comunicó ninguna medida de fuerza, con la salvedad de la que se llevará adelante el miércoles en Puerto Madryn. Aunque allí también las acciones suelen estar vaciadas de contenido por responsabilidad de la conducción del sindicato, según le informan los propios trabajadores a Política Obrera. La docencia viene de protagonizar un masivo paro de 48 horas la semana pasada, que incluyó movilizaciones en distintos puntos de la provincia, concentrando más de 500 personas en la que se realizó en Rawson. De las 6 regionales provinciales, en 3 de ellas se votó paro por 72 horas. En casi la totalidad de las asambleas escolares se vio bien articular medidas con salud, que habían sido propuestas por la propia conducción de la ATECh el miércoles último en la movilización. Sin embargo, en el comunicado emitido por su Consejo Directivo Provincial nada se dice al respecto y solo se informa de un paro de 48 horas a partir del miércoles “con la realización de marchas y caravanas unificadas en todo el ámbito provincial para el día jueves 26”. Y agregan para “el día viernes 27 de agosto la realización de Asambleas Escolares para elaborar mandato con acciones a seguir. La propuesta a tener en cuenta es la realización de una MOVILIZACIÓN PROVINCIAL para la semana que viene, a resolver luego de la lectura de mandatos en la próxima reunión de Consejo que se realizará el próximo sábado”. El gobierno de Mariano Arcioni aprovecha la parálisis en que sumieron las conducciones sindicales a los trabajadores para avanzar con amedrentamientos. En Comodoro Rivadavia más de 70 docentes sufrieron cuantiosos descuentos salariales, en algunos casos de hasta 90 mil pesos. Las escuelas se caen a pedazos, no se garantiza el transporte escolar en muchos lugares de la provincia y las partidas escolares “no alcanzan a cubrir lo necesario para la limpieza de las instituciones educativas como para sostener los comedores escolares, tal lo indica el plan de alimentación”, según informa el propio sindicato. Algunas conducciones sindicales pretenden sacar rédito político con las marchas que se llevan adelante a pocas semanas de las PASO. Esa es una de las razones por las que no cumplen con los mandatos de las bases, como corre en Trelew que se votó antes del parte escolar paros progresivos y, en especial, movilizaciones por localidades y asambleas generales, con la intención de involucrar a más compañeros a las acciones de lucha y sumar la solidaridad de la comunidad. Por el contrario, la conducción Celeste de la ATECH pretende conducir el descontento de los trabajadores en acciones aisladas tratando de bloquear la unidad del conjunto de los trabajadores. Para romper con este impasse, se hace necesario que las bases hagan suyas estas acciones de luchas, intervengan de forma independiente y abran paso a las autoconvocatorias, retomando el camino de 2018 y 2019. El paro de esta semana debe ser un puntapié para que las bases deliberen democráticamente en Rawson y en el resto de la provincia y coordinen acciones en todas las localidades, como ya ocurrió en otras oportunidades con asambleas generales y marchas de antorchas, y preparar una gran intervención provincial para la semana que viene en unidad con el resto de los estatales, activos y pasivos. ¡Viva la lucha de los trabajadores de la salud, docentes, jubilados y estatales!

Este 27 de agosto se realizará la 7° marcha nacional contra el gatillo fácil. Familiares de víctimas de todo el país vienen organizando la jornada desde hace dos meses en coordinación con varias organizaciones sociales y políticas. En Argentina se registra un caso de gatillo fácil por día. Las detenciones arbitrarias y apremios ilegales en las comisarías son cotidianos. Las fuerzas represivas se valen de la impunidad que le brindan los gobiernos, la justicia y las leyes contravencionales. Algunas, como la que rige en Tucumán, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de la Nación y la provincia, pero como la legislatura no sancionó otra ley contravencional sustituta de la “democracia”, se sigue aplicando normativa dictada durante dictaduras militares. La doctrina Chocobar fue anulada con la asunción de Fernández, pero goza de buena salud. Este año el mismo Chocobar recibió solo una pena de 2 años, a pesar de haber fusilado a un joven por la espalda. Otra clara demostración que el gatillo fácil es una política de Estado son los casos de Santiago Maldonado y Facundo Castro donde desde los ministerios de seguridad, las cúpulas de la gendarmería, la justicia y los ejecutivos se han asociado para presentar los crímenes como muertes naturales. Este accionar se repite, de una u otra manera, en los centenares de casos en todo el país. Durante las reuniones de organización de la marcha se debatió el alcance del proyecto de ley integral contra la violencia institucional impulsada por un grupo de diputados K. Esta normativa tendría el propósito de prevenir y erradicar casos de violencia institucional ejercidos por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional. El debate entre los familiares todavía está abierto aunque todo un sector ya ha manifestado que el accionar criminal de las fuerzas represivas no se soluciona con capacitaciones en derechos humanos. Su función represiva, y su profunda descomposición, plantean la lucha por su desmantelamiento y la organización independiente en defensa de las libertades democráticas. La asistencia y reparación a las víctimas que plantea la ley en cuestión requiere que los familiares se organicen para arrancarla al Estado y el rechazo a todo intento de cooptación por parte del Estado. Y, ante todo, que haya juicio y castigo efectivo para los culpables. La salida al gatillo fácil y la violencia institucional pasa por reforzar la coordinación y la lucha independiente del Estado y los gobiernos de los familiares de víctimas con las organizaciones de lucha en un programa que plantee el desmantelamiento del aparato represivo, la derogación de las leyes contravencionales, el juicio y castigo a todos los policías asesinos y sus cómplices institucionales, la libertad a las/os presas/os por luchar y la denuncia a la represión e impunidad.

La semana inició con dos jornadas de represión a los docentes por parte del gobierno de Saénz, en la cuarta semana de la gran huelga que va en ascenso. El pasado lunes, los llamados “delegados de la plaza” se encontraban acampando en las puertas de la Casa de Gobierno (Grand Bourg) quienes durante la tarde fueron desalojados y reprimidos. Al día siguiente, por la brutal represión, donde hubo un disparo al aire de un arma de fuego, la Casa de Gobierno se llenó de docentes de distintos puntos de la provincia en repudio a la represión y para exigir al gobierno de Sáenz que de respuesta inmediata a los reclamos. Hay un fuerte repudio de la población salteña y ya han llegado más de 100 docentes del departamento San Martín y otros 100 se esperan desde Orán. Nuevamente, Sáenz recurre a la represión para eludir una respuesta satisfactoria a la docencia salteña, que está en su cuarta semana de huelga ininterrumpida, luego de múltiples maniobras que, como ya mencionamos, le ha costado la cabeza a su ahora ex secretario de gobierno, Matías Posadas, y la victoria de éste, en primer lugar, en las elecciones provinciales pasadas. La última maniobra fue la espera de la resolución de las paritarias nacionales a las cuales deben acogerse las provincias como base. Para un docente salteño que recién se inicia, cuyo salario es de 28 mil pesos, el 10% de aumento en 3 cuotas otorgado por Nación, significaría 933 pesos en cada cuota y 31,10 pesos por día. Ni tres empanadas, literalmente. Este acuerdo ruinoso fue rechazado por la asamblea provincial de docentes autoconvocados que sigue reclamando por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, contra la presencialidad que ya se ha cobrado una vida docente más la semana pasada, sumando 30 fallecidos por covid-19. El gobierno tenía planeado sentarse con la burocracia gremial este jueves 26 para acordar la paritaria, reunión que debió adelantar para este martes pasado por el grado de crisis que les asestó el fervoroso repudio generalizado a las represiones. Sin ninguna oferta, ni siquiera el 10%, los ministros Matías Cánepa, de Educación y Roberto Dib Ashur, de Economía, se sentaron solo con los gremios docentes, desconociendo a los autoconvocados, tal cual lo anticiparon. Lo que si ofreció Cánepa son datos mentirosos con relación a la adhesión a la huelga y amenazas de nuevos descuentos. El ministro dice que la mayoría de los docentes están en clases (El Tintero, 25/8); sin embargo, El Tribuno del mismo día hace un recuento del nivel de adhesión al paro que creció en estos dos días de represión donde la Capital está entre un 50% y 80%, el departamento San Martín en un 95%, en General Güemes 75%. Todo esto se suma al más del 90% en Orán, un 75% en Rosario de la Frontera y Cafayate, como los lugares más poblados e importantes de la provincia. El trasfondo de la negativa de Saénz para otorgar el salario igual al costo de la canasta familiar no es un capricho. Está determinada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con quien, tanto los Fernández como los gobernadores, deben ir con sus legisladores al Congreso a votar a fin de año. Este será un nuevo episodio de la crisis que, desde luego, acentuará las luchas en curso y las que llegarán por la entrega de las conquistas históricas de los trabajadores. una mayor flexibilización del mundo del trabajo, legalizar el trabajo precario, la destrucción del régimen jubilatorio, por mencionar algunos aspectos de la agenda anti obrera que pergeñan los partidos patronales con la complicidad de las burocracias. Ahora, la asamblea provincial de autoconvocados ha llamado a un corte en el ex peaje AUNOR, acceso principal a la ciudad de Salta, para este miércoles y jueves. Se suman cortes en la ruta nacional 34 a la altura de Tartagal, Mosconi, Embarcación, Pichanal, Aguaray, Salvador Mazza, Rosario de la Frontera y en la ruta provincial 50 con Orán, Yrigoyen, Colonia Santa Rosa; además de los cortes en los valles calchaquíes y de Lerma. A este plan de lucha se suman las decenas de pronunciamientos y apoyo a la gran gesta docente como el de la comisión interna del Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT) de Rosario de Lerma, docentes autoconvocados de Tucumán, Tribuna Docente Tendencia CABA, Polo Obrero Tendencia Salta, padres autoconvocados en apoyos de las localidades de Salvador Mazza, Tartagal, Mosconi y Capital, estudiantes autoconvocados de los institutos de formación docentes 6005 y 6001 de la ciudad capitalina, trabajadores de la salud autoconvocados, ordenanzas autoconvocados, vecinos en lucha por el agua de Mosconi, entre otros. La huelga docente se juega por desenvolver esta enorme movilización de trabajadores por el triunfo del conjunto de sus reclamos, que coordine sus luchas en un congreso obrero y que plantée el poder a través de un gobierno de trabajadores.

Compañeras y compañeros: venimos a las puertas de esta fábrica, que hace 2 años protagonizó un paro histórico, para llamarlos a ejercer en el campo político el liderazgo que han ejercido en el campo sindical. Ustedes han sido la punta de lanza de la lucha contra la sobreexplotación laboral y este régimen de producción basado en la competencia entre compañeros. Han dado sobradas muestras de combatividad en la defensa de los salarios, de las condiciones laborales, contra los despidos. Frente a la ofensiva patronal se organizaron, se reunieron en asambleas para debatir y desenvolver una lucha colectiva. Votaron y defendieron a lo largo de estos años a su Comisión Interna. La histórica huelga que realizaron en 2019 puso de manifiesto la gran organización y capacidad de lucha gestada por este plantel obrero, que hoy debe volver a enfrentar condiciones de trabajo insoportables: ritmos extenuantes de producción, despidos, persecución y hostigamiento permanente. Este régimen laboral va a ser establecido en forma legal, luego de las elecciones, para todo el movimiento obrero. Esto es lo que quieren Todisco y todas las patronales. Es lo que pretende imponer el FMI y es lo que va a ser votado por el Congreso que saldrá de las próximas elecciones. El voto al acuerdo con el FMI en el Congreso Nacional ya fue acordado por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Implica la destrucción de las condiciones de vida y de trabajo mediante las llamadas “reformas” laboral y previsional. Compañeras y compañeros: es hora de dar una lucha política. Llamamos a que debatan entre ustedes, a que se reúnan en asamblea y deliberen como vamos a votar. Los partidos patronales, como el Frente de Todes y Juntes por el Cambio van por profundizar la destrucción de las condiciones de vida y de trabajo mediante las llamadas “reformas” laboral y previsional. Es lo que plantea el acuerdo con el FMI que se va firmar después de las elecciones. Con la misma capacidad que han demostrado para plantarse frente a los abusos patronales, podemos discutir y sacar resoluciones colectivas. Así, como están haciendo ahora, impulsando pronunciamientos contra el acoso laboral. Ustedes tienen la autoridad para llamar a los trabajadores a deliberar como va a votar la clase obrera argentina. Tienen la autoridad para llamar a votar el 12 de septiembre y en noviembre por partidos como Política Obrera. Nosotros queremos hacer valer la autoridad de la clase obrera en esta lucha política que tenemos los trabajadores frente a todas las variantes políticas patronales: desde Macri y Randazzo hasta el gobierno de los Fernández, que es el gobierno de las jubilaciones de 23 mil pesos, el gobierno del salario mínimo de 28 mil pesos, el gobierno nacional y popular de los vacunatorios vip y el gobierno que va a firmar un acuerdo con el FMI después de las elecciones. Gracias compañeros, que tengan un bien fin de semana. Nos vemos en la lucha.

Este año se cumplen 50 años de “Construcción”, obra maestra del escritor y compositor carioca Chico Buarque. A lo largo del disco, a través del uso de diferentes estrategias musicales y literarias, Buarque “construye”, en tanto recreación poética, la vida cotidiana, las emociones y los pensamientos del trabajador brasileño de inicios de la década del setenta mientras en Brasil se desarrollaba un contexto de represión, prohibiciones y censura por parte de la dictadura militar. El ejercicio de la censura quedó institucionalizado por la dictadura a través del Acta Institucional N° 5, del 13 de diciembre de 1968, que legalizó la tortura y la persecución y fue fortalecido por la Ley de Seguridad Nacional, de 1969, que decretaba el exilio y la pena de muerte en el territorio brasileño para los elementos considerados “comunistas”. Esto afectó la obra de destacados artistas de la época como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque entre otros. Buarque, que tenía en su haber muchas canciones censuradas. Fue detenido en diciembre de 1968 y luego liberado bajo la prohibición de dejar Rio de Janeiro. Un mes después solicitó un permiso para viajar a Cannes y por el lanzamiento de un disco en Roma donde decidió quedarse con su familia hasta 1970 por no estar garantizada su seguridad en Brasil. “Construcción” marcó una bisagra en la carrera del autor. Fue el disco que publicó en 1971 al regresar de su doloroso exilio y cuando estaba en tela de juicio si volvería a retomar su vena creativa. El personaje que muere en el tema “Construcción”, que dará el nombre al disco, trasciende a la canción misma atravesando la obra completa y formando una tríada compacta con otros dos temas - “Cotidiano” y “Dios le pague”. El hombre que muere injustamente en “Construcción” es el mismo que, en ¨Cotidiano¨ madruga y antes de ir a trabajar besa a su mujer con boca de mentol, mientras acuna y cuida a su hija, que acalla su necesidad de parar la rutina laboral metiendo arroz en su boca y que se rebela, irónica y polifónicamente, en “Dios le pague”, ya que a la doble muerte del trabajador -muerte en una vida alienada y muerte física- no hay quien la compense. Lo único que queda es el repudio y la rebelión. Los tres temas se caracterizan por una música machacona y dramática, y una poesía que evoca la rutina y la alienación del trabajador bajo el sistema capitalista y un régimen dictatorial siendo “Dios le pague” una especie de tema satélite que gira alrededor de “Construcción” y un estribillo que se repite in crescendo. El título "Construcción”, entonces, encarna un doble sentido: por un lado, relatando el día de un obrero que cae del andamio de un edificio en construcción y muere “a contramano interrumpiendo el tránsito ". Luego, está la "Construcción " poética de la subjetividad del trabajador, que semeja a una pared de ladrillos progresivamente desplazados e intercalados, tal como son las paredes de ladrillos. Pero en este caso los 'ladrillos" son palabras -siempre esdrújulas- que se van corriendo de lugar a medida que se reitera la letra. La escasez objetiva de este tipo de palabras en nuestro sistema lingüístico lleva al artista a la necesidad de la reiteración de frases, lo que ayuda a recrear la escasez material del trabajador asalariado y el clima de rutina alienante en el que queda inmerso: Amó aquella vez como si fuese última besó a su mujer como si fuese última y a cada hijo suyo cual si fuese el único y atravesó la calle con su paso tímido subió a la construcción como si fuese máquina alzó en el balcón cuatro paredes sólidas ladrillo con ladrillo en un diseño mágico sus ojos embotados de cemento y lágrimas (...) y flotó por el aire cual si fuese sábado (..) murió a contramano entorpeciendo el público Cada reiteración profundiza el clima que da la sensación de un torbellino caótico y de alienación que lleva a la tragedia final. Este trabajador que se entreteje como ficción y realidad, es construido por Buarque “ladrillo con ladrillo, en un diseño mágico” mientras al mismo tiempo intenta ser contra-construido desde un relato con estilo periodístico -”murió a contramano entorpeciendo el público...el tránsito...el sábado”- que puede leerse como una crítica punzante a los medios masivos de comunicación y su construcción de realidades funcionales al poder de turno. A cincuenta años de esta enorme obra artística el contenido de su denuncia está más vigente que nunca en un mundo que, en medio de una pandemia, privilegia el lucro de las grandes corporaciones sobre la vida de quienes vivimos de nuestro trabajo. Los trabajadores podemos caer pero nunca de modo definitivo y nunca callados porque nosotros somos los que creamos y recreamos el mundo que unos pocos quieren apropiarse. La lucha por un mundo en manos de las manos que lo construyen, por una vida digna de ser vivida, por el derecho al pan pero también por el derecho al ocio, al amor, a vínculos humanos desmercantilizados se nos impone como urgente frente a la deshumanización imperante.

En los últimos cuatro años, los trabajadores hemos visto desmoronarse el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Los que prometían “pobreza cero”, primero, y los que venían a “poner plata en el bolsillo de los argentinos”, después, hundieron en la miseria al 50 % de la población. Hoy la canasta familiar cuesta $130.000, pero el sueldo mínimo -$28.000- no cubre ni la cuarta parte; las jubilaciones mínimas de $ 26.000 bordean la indigencia; la “pensión universal” para adultos mayores es más baja aún y los planes sociales representan $13.000 por grupo familiar. La desocupación real es del 30 %. En plena pandemia, millones de familias se encontraron sin asistencia. ¿No es claro que el principal problema político de nuestro país es este empobrecimiento inusitado de quienes viven de su trabajo? Pero mientras los trabajadores se empobrecen, la clase capitalista ha amasado negocios fabulosos con la deuda pública. Esa es la otra ´festichola´ que se vive fuera de Olivos – y que los trabajadores padecemos. Después de las elecciones el gobierno firmará un acuerdo con el FMI que significará el avasallamiento definitivo de nuestros derechos laborales y previsionales. Los candidatos de las dos principales coaliciones lo ocultan en campaña, pero ellos serán quienes levanten la mano en el próximo Congreso para aprobarlo – “Todos” “Juntos”. Es la condición que puso el propio FMI para asegurarse su cumplimiento, gobierne quien gobierne. Para nosotros, Política Obrera, es fundamental que el salario mínimo y la jubilación mínima sean equivalentes al costo de la canasta familiar. Nuestros diputados, desde el Congreso, llamarán a la movilización por estos reclamos y para impedir un nuevo acuerdo colonial con el Fondo. Votá por una política obrera y socialista en las PASO y en las generales de noviembre. Marcelo Ramal Diputado por CABA Jorge Altamira Diputado por Provincia POLÍTICA OBRERA

En el marco de un vaciamiento político notable, sin debates ni polémicas públicas, desde el día de ayer y hasta el próximo viernes se desarrollarán las elecciones del claustro de graduados de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En el caso de las juntas de carrera, también está habilitada a votar, con independencia de su disciplina de base, la masa de docentes mal llamada ´auxiliar´ (jefes de trabajos prácticos y ayudantes de primera). Paridas tras un pacto por el padrón entre la gestión de la facultad y el rectorado, las elecciones se diseñaron con un calendario amañado que convocó de forma súbita a profesores y graduados, de un lado, y dejó para un futuro lejano indeterminado la participación del movimiento estudiantil. Una maniobra concebida para atravesar la crisis de Sociales sin el involucramiento del conjunto de la facultad, que es la que sufre el derrumbe de las condiciones de trabajo y de estudio. Las distintas camarillas buscarán movilizar a sus aparatos para asegurarse un lugar bajo el sol del próximo rectorado, a elegirse en la Asamblea Universitaria que está prevista para marzo de 2022. Como regla general, las listas de cientistas sociales que se disputan el voto no hacen referencia a la situación excepcional que atraviesa el país y la facultad a raíz de la pandemia –y de la catástrofe social y humanitaria que ha acarreado su gestión capitalista. Incluso, desde las sombras, buscan valerse de esa pandemia para asegurar la ocupación futura de cargos y secretarías (los únicos puestos bien remunerados en la universidad pública). En Sociología, la carrera que se presume ´crítica´ e ´insumisa´, la campaña electoral transcurrió de forma rutinaria, sin una reflexión al respecto. Lo que no se habla en las elecciones de Sociales igual se traduce en hechos todos los días. La batalla intestina que hizo estallar el armado de la actual gestión de Mera con el rectorado, nunca se tradujo en debates públicos. La ´camporizada´ gestión de Mera, que ahora transmuta en las candidaturas de Arias y De Charras, se mantuvo callada cuando los docentes del Nacional Buenos Aires decidieron ir a la huelga contra la disposición del rector Barbieri de imponer una presencialidad imposible en pandemia. Tampoco elevó la voz para denunciar los descuentos salariales con los cuales se buscó disciplinar la resistencia de la docencia preuniversitaria. Ni siquiera opinó cuando ese rectorado se coaligó con Rodríguez Larreta para cerrar centenares de cargos de concurrencias en los hospitales públicos de la Ciudad, avanzando en la privatización de la capacitación profesional en plena crisis sanitaria. Ni hablemos de movilizar a la facultad para conseguir el salario para sus más de 800 docentes ad honorem, o al menos asegurarles ART, cobertura de salud o mantenimiento para sus dispositivos. Lo mismo puede decirse de la lista ´Sociología en Plural´, que busca reelegirse al frente de la carrera, y que fue el último sector del kirchnerismo en abandonar el barco del rectorado. El hermetismo político que la caracteriza preanuncia su voluntad de retomar esos vínculos ni bien la humareda electoral quede despejada. De tan pluralista, esta ´sociología´ incluyó entre sus apoyos a Daniel Filmus, el ex funcionario que articuló el pacto con el rectorado que ungió a Mera como decana y apadrinó a una agrupación, la UES, que coorganizó con las huestes de Yacobitti el golpe contra la FUBA en 2018 y hoy integra la conducción de la federación que encabeza Franja Morada. Un sector del bloque de Arias-De Charras, conducido por Martín Ogando, se presenta en Sociología separado de este armado, bajo el formato de una ´boleta corta´ que, bajo otra vía, conduce a reforzar este mismo rumbo político. El ´cepo´ a toda elaboración crítica por parte de la facultad y la carrera fue acompañado por una integración profusa de colegas como funcionarios en los ministerios y secretarías del gobierno de Todos. La superpoblación ‘efesoquense´ en las oficinas ministeriales convive con una degradación extraordinaria de las condiciones de vida y niveles de pobreza que alcanzan al 60% de la población. Tampoco existe un balance sobre este ´asalto al Estado´ ni sobre la crisis social que en Argentina se profundizó con el ajuste contra los trabajadores activos y pasivos perpetrado durante estos dos años. Esta suerte de “sociología de Estado” que pusieron en pie los funcionarios de la facultad se desliga de los problemas que azotan a las masas y carece de una crítica a las consecuencias sociales de su propio accionar político. No podía ser de otra manera, cuando la sociología se hace desde el Estado (capitalista). Quienes integran ‘Sociología en Plural’ criticaban el ‘negacionismo’ frente al Covid, atribuido a la derecha, mientras impulsaban medidas de apertura parciales y graduales que ponían en jaque a la cuarentena. Esta política de deshilachar el confinamiento para que la fuerza de trabajo retorne a valorizar el capital fue justificada como una forma de "disminuir el impacto económico" (Feierstein en La Nación, 24/5). Este aval de la sociología al capital, para el cual no había ‘condiciones económicas’ para sostener las medidas de protección de la vida y la salud de los trabajadores, se desentiende del hecho de que esas condiciones son producidas y reproducidas por una política de rescate capitalista, que provocó la caída vertical de salarios y jubilaciones, la desaparición del IFE y el acomodamiento de todas las variables a la búsqueda del acuerdo con el FMI. Esta sociología oficial tiene sus seguidores en el campo de la izquierda. Recordemos que ni bien se inició la cuarentena, las fuerzas que integran el FITU calificaron a la virtualización educativa como un acto forzoso y a las medidas de cuarentena como un golpe a las libertades individuales, para terminar convocando al mero control de las medidas de cuidados con la finalidad de que se retorne a la presencialidad escolar y en los más diversos ámbitos. Este camino de adaptación tiene una expresión singular en las elecciones de Sociología, donde los partidos del FITU van detrás de los candidatos de Imaginación Sociológica, que gestionó durante años la carrera. Incorporada al rutinarismo electoral, el programa de esta lista se basa en la defensa del “claustro único docente” y la “democratización”, sin recordar que el sector de la gestión al que van acoplados jamás los puso en práctica y que, al revés, fue un triste protagonista de reformas curriculares ‘estilo Coneau’ y de concursos docentes vergonzosos que afectaron derechos laborales adquiridos. En el ámbito académico, esta izquierda fue incorporando las ‘prácticas del campo’, incluyendo las maniobras con las gestiones de turno para primar en reyertas por materias, seminarios y hasta en la distribución de cargos para docentes ad honorem conquistados a través de la lucha. La lista 14, "Sociología por el socialismo", es la única alternativa independiente de las variantes que gestionaron la carrera y la facultad. Está integrada por el Partido Obrero (Tendencia) y graduados y docentes independientes, que enfrentamos el vaciamiento político oficial promoviendo debates y pronunciamientos, que dieron lugar a un reagrupamiento y a la elaboración de un programa. Abordamos el tortuoso proceso electoral como una oportunidad para introducir la necesaria reflexión sobre los problemas acuciantes del momento y hacemos un llamado a retomar la historia de lucha docente-estudiantil de la facultad, reforzando la organización y la acción directa por todas las reivindicaciones planteadas en unidad con el conjunto de la clase obrera. Encabezada por la candidatura de Néstor Correa, nuestra lista opone a la Sociología al servicio del Estado y el capital, una convocatoria a poner en pie una “Sociología por el socialismo”, que contribuya al nuevo rumbo histórico que se vislumbra en las luchas y rebeliones populares que están teniendo lugar en el mundo entero.

Por lo poco que percibo, a la distancia, la realidad de los trabajadores argentinos, de la clase obrera en su conjunto, y de la lucha genuina que organiza "Política Obrera" en contra de los medios capitalistas de explotación, sus actores y estrategias, creo que harían falta políticas concretas de divulgación y clara demarcación con los partidos que actualmente ocupan el poder en Argentina y que se autodenominan de "Izquierda". Me parece que la comunidad en su conjunto, y gran parte de los trabajadores, no son realmente conscientes de que los partidos gobernantes poco y nada tienen que ver con una "Izquierda" que merezca tal nombre. Esa clara "línea demarcatoria" con los partidos que responden y aseguran la explotación capitalista debería ser, a mi entender, no solo concisa y fácilmente reconocible por los sectores marginados y obreros, sino que además debería contener una mayor fuente posible de lucha y rebelión contra ese poder, el cual tanto abusa y traiciona justamente a aquellas clases que pregona defender. Creo que "Política Obrera" necesitaría un mayor espacio de intercambio discursivo en lo que se refiere a las líneas estratégicas que ayuden a la popularización de sus luchas. Dicho con otras palabras: se necesitaría un posicionamiento político más "punzante" y claramente definido con todo aquello que se llama a sí mismo "Izquierda", pero no tanto una lucha ideológica con partidos o alianzas del mismo nivel (PTS-U, Autodeterminación y Libertad, etc.) sino justamente con el poder de turno. No creo necesarias las luchas ideológicas con los movimientos de similares características, aunque esos movimientos a veces, se tornen reaccionarios o, en cierto aspecto, más "complacientes", sino una lucha abierta contra todos aquellos "impostores" que en nombre de lo que podría, o debería ser la "Izquierda", llevan a cabo solo políticas expropiadoras y usurpadoras de los derechos de los trabajadores y que perjudican a los más vulnerables. Un debate programático específico, de estrategias electorales y de divulgación es muy necesario. Un posicionamiento, una lucha férrea claramente opuesta a lo existente, al poder y la malversación de los derechos obtenidos por una "Izquierda genuina" es condición única, creo yo, para seguir obteniendo logros políticos concretos. Y al final creo que una "Alianza Electoral" debería ser el primer paso para la completa unificación de la Izquierda Argentina. Siempre se ve a esa "Alianza" como un impedimento para seguir creciendo individualmente como partido. Yo la vería solamente como lo que es: una "Agrupación de partidos de Izquierda" para llegar al poder en cada elección, pero que de ninguna manera impediría las diferencias y los distintos posicionamientos programáticos, que hacen, en definitiva, a la riqueza ideológica y renovación de ideas.

Por estos días le hicieron un reportaje a Néstor Pitrola, del Partido Obrero, reproducido en Prensa Obrera aquí . Destaco el siguiente pasaje: Periodista: “Usted habla de una lista clasista y la capacidad movilizadora, ¿pero eso no es refractario a otros votos que no están tan ideologizados pero que están desencantados? ¿Cómo le hablan desde la izquierda a aquel que no tiene una formación marxista o trotskista?” Pitrola: “Es que nosotros no nos referimos a una formación ideológica. Nosotros nos referenciamos en un programa que después se lleve a la práctica. Por ejemplo, el aborto legal: ¿cómo se llegó a la práctica? Mediante un gigantesco movimiento de la ola verde…”. O sea, el periodista pregunta si el mensaje con carga ideológica (entendida la ideología como sistema de ideas) no es “pianta-votos” de “desencantados”. Pitrola explica entonces que el PO se referencia “en un programa que se lleve a la práctica”. Y a fin de que no queden dudas de lo que está diciendo, pone como ejemplo la campaña por la legalización del aborto. De manera que el objetivo lo establece en términos de resultados inmediatos, obtenibles en el marco del sistema capitalista. Pues bien, discrepo con esta orientación. Por supuesto, no niego la importancia de luchar por reformas o mejoras. Así como tampoco critico la unidad de acción en pos de arrancar esas mejoras. Pero una campaña electoral de un partido revolucionario no puede reducirse a un programa “que se lleve a la práctica” (lo que en el marxismo se conoce como el programa mínimo). Por el contrario, la campaña electoral de un partido marxista tiene sentido si agita y hace propaganda por las ideas socialistas. Por eso debe hacer eje en las diferencias “ideológicas”, tales como el internacionalismo y contra el nacionalismo; la crítica a la explotación y a la propiedad privada del capital; la emancipación de la clase obrera, y similares. Para bajarlo a tierra, y siguiendo con el ejemplo del aborto: la propaganda socialista debe explicar por qué hay una diferencia irreductible entre los movimientos feministas burgueses y pequeñoburgueses, por un lado, y el socialismo científico, por el otro. El primer y principal objetivo de participar en una campaña electoral es esta agitación y propaganda, no conseguir votos. Estos son bienvenidos si son la expresión y el resultado de una campaña revolucionaria, y no el producto de electoralismo, de vulgarización del programa y la estrategia socialista. Por eso el partido marxista no puede ni debe reducir su programa a “cuestiones prácticas”. Su eje en una campaña electoral es la clarificación, su meta el avance de la conciencia de clase, así sea de una pequeña vanguardia de los trabajadores. La lucha por mejoras “prácticas” genera las condiciones para la propaganda y agitación de las ideas socialistas, pero en sí misma no lleva al socialismo. Olvidar esto en referencia a las elecciones y la actividad parlamentaria es un error, y grave, ya que borra las diferencias profundas del marxismo con el reformismo burgués y pequeñoburgués. Publicado en https://rolandoastarita.blog/

En el marco de las recorridas de campaña que venimos desarrollando, Jorge Altamira, pre candidato a diputado nacional por Bs. As., se acercó el día de ayer a la planta ubicada en Ricardo Rojas, partido de Tigre, para intercambiar propuestas e iniciativas con los obreros de BedTime. El temario surgió de manera espontánea, a instancias de preguntas y opiniones que introdujeron los propios trabajadores. Se habló desde la cuestión de las 6 horas, levantada por un sector de la burocracia sindical, con un objetivo distraccionista, y por la izquierda, en forma confusa y aislada de un programa de conjunto, hasta la cuestión salarial y los reclamos propios de BedTime y la experiencia de lucha de esta fábrica del sindicato plástico. Altamira ligó la cuestión de las 6 horas al planteo de fondo del reparto de las horas trabajo disponibles entre toda la población trabajadora sin afectar el salario. De otro modo, la reducción de la jornada confronta con la desocupación masiva, como un reclamo privilegiado, y por eso es vista con desconfianza por parte de la población. La burocracia agita las 6 horas por un lado y por el otro va en la lista de partidos patronales, que impulsan un acuerdo con el FMI. Otro punto que se discutió fue la cuestión paritaria. El sindicato plástico cerró un acuerdo por 6 meses y un 36% de aumento en cuotas. Los trabajadores mostraron su preocupación ante la posibilidad de que el sindicato no vaya por la reapertura de las paritarias, luego de haber acordado paritarias a la baja en años anteriores. A la cuestión salarial se sumaron planteos y reclamos que los trabajadores vienen llevando adelante en BedTime como el pase a planta de contratados y el reclamo por los charters que viene realizando la comisión interna. Se habló, finalmente, de la necesidad de preparar a la planta a conflictos y luchas futuras por medio de un boletín del cuerpo de delegados, que permita desarrollar un planteo socialista, opuesto a los de las patronales y la burocracia, y desarrollar de este modo una conciencia de clase que sirva a la organización de la fábrica y a las luchas próximas. Ya para el final, un compañero planteó que la cosa daba “para charlar toda la tarde”, lo cual sentó la posibilidad de un nuevo encuentro y una convocatoria más amplia. La campaña de Política Obrera y la lucha política de nuestros candidatos es llevar el socialismo a la clase obrera.

Sr. Director: Me quiero referir a la nota de Jorge Altamira relativa a la justificación que hizo José Pablo Feinman de las de las violaciones masivas ejecutadas por el Ejército Rojo en Alemania. Y al silencio de radio sobre el tema, también. En el llamado “fenómeno de las violaciones masivas más grande de la historia”, la mayor parte de los ataques fueron cometidos en la zona bajo control ruso. Los soldados soviéticos vejaron desde niñas a ancianas, quizá más de 2 millones, 100.000 solo en Berlín. Algunas murieron tras las violaciones, repetidas y ejecutadas a veces por varios individuos. Otras se suicidaron. Algunas mujeres mataron a sus hijas y se suicidaron después. ¿Desde qué condición humana se puede justificar a quiénes han infligido semejante dolor? Vladimir Gelfand, un joven soldado ucraniano, llevó a escondidas un diario aunque estaba rigurosamente prohibido por el Kremlin. Ahí dice: "(a las gatas alemanas) debemos destruirlas sin misericordia. Nuestros soldados sugieren apuñalarlas en sus genitales, pero yo solo las ejecutaría". Sin embargo, en su diario Gelfand va describiendo su creciente horror ante la conducta de sus camaradas. Narra numerosos encuentros con muchachas desnudas, sangrantes, violadas hasta por 20 hombres durante horas. Niñas que le piden que las mate. Lo que Feinman justifica, el chico ucraniano que había luchado contra los nazis en el sitio de Stalingrado, no. Las niñas fueron víctimas preciadas, peticiones de aborto en distintos distritos de Berlín “tienen reportes manuscritos por nenas “que denuncian violaciones en la sala de sus casas, frente a sus padres” (BBC, mayo de 2015). ¿Dónde están los “liberadores” de Berlín? El imperdible libro de Svetlana Aleksiévich, "La guerra no tiene rostro de mujer”, incluye testimonios de veteranos que cuentan como “pescaban” mujeres alemanas “y diez hombres violábamos a una chica. No había suficientes mujeres; toda la población escapaba del Ejército Rojo. Así pues, cogíamos niñas de doce o trece años. Si lloraba, le poníamos una cosa en la boca. Creíamos que era divertido. Ahora no puedo entender como fuimos capaces de hacerlo”, reflexiona, hundido en la vergüenza, un anciano. El soldado de Svetlana no comparte, como se ve, la comprensión de Feinman, que le diría que no es para tanto. Las violaciones fueron una política de Estado: cuando el Ejército Rojo inició su marcha hacia Alemania, llamada por la prensa soviética "la guarida de la bestia", se publicaron posters alentando a los soldados a mostrar su rabia: "Soldado: ahora estás en tierra alemana. Llegó la hora de la venganza". Recién en el invierno del 47-48 las autoridades soviéticas establecieron sanciones y confinaron las tropas a puntos de vigilancia y campamentos, separándolos de la población alemana. Todavía hoy las fuentes de información de los tribunales militares sobre las violaciones masivas permanecen clasificadas. Y el congreso ruso aprobó una ley en la que cualquiera que denigre la actuación de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial enfrentará multas y hasta cinco años de prisión. O sea, sigue siendo una política de Estado. Respecto de la “violación en manada” comparto la objeción de una persona que comenta la nota. No hay ninguna “manada”. Hay un conjunto de soldados ejecutando una venganza que se juzga política a través del cuerpo de mujeres inermes. Qué diferencia con esos soldados alemanes y rusos que confraternizaban, impulsados por la propaganda bolchevique, en la línea de fuego sobre el fin de la Primera Guerra. Los hombres no son animales manejados por sus instintos. La idea de que cuando atacan a una mujer actúan guiados por una fuerza irrefrenable, animal, disimula malamente que la violencia sexual parte de otras esferas, la sujeción a los designios del capital, que pretende confinar a las mujeres al lugar de un objeto al servicio de las pulsiones “animales” de la otra mitad de la especie humana con el solo propósito de servirse de ambos. Muchas gracias.

La última semana se ha visto atravesada por las huelgas y movilizaciones de distintos sectores del movimiento obrero en todo el país. Las luchas, que se encuentran en ascenso, reflejan que el calendario electoral se asienta sobre un terreno convulsivo. Desde Chubut, con la huelga de trabajadores de la salud que tomaron del ministerio de salud provincial y con la huelga docente que contó con una importante movilización, hasta la huelga de docentes autoconvocados en Salta, pasando por el corte de los trabajadores de EMA en el Puente Pueyrredón. A eso se le suman las movilizaciones de los desocupados, que salieron a las calles casi todos los días tanto en CABA y en las provincias del interior. La otra nota destacada de la semana fue el giro represivo del gobierno frente al ascenso de las luchas. En el Puente Pueyrredón los cortes de EMA fueron recibidos con destacamentos policiales de infantería que impidieron a los trabajadores subir al puente para realizar su protesta. El acampe y las movilizaciones docentes de Salta fueron respondidos con una brutal represión que incluyó disparos al aire con armas de fuego. El martes 17 los desocupados organizados en la Tupac Amaru fueron reprimidos en el Puente Pueyrredón con gas pimienta, palazos y balas de goma. A esto se suma la campaña macartista contra las organizaciones de desocupados y la ofensiva judicial contra algunas de ellas. Los trabajadores debemos tomar nota del recrudecimiento de la política represiva del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Se trata de una política consecuente con el acuerdo con el FMI que se prepara para después de las elecciones, que implica un ajuste a los trabajadores, mayor del que pueden soportar. Es lo que explica también los recortes e incumplimientos del Ministerio de Desarrollo Social con las organizaciones sociales, que quebró los compromisos que asumieron frente a las crecientes protestas de los desocupados. En este contexto, el Polo Obrero Tendencia se movilizó a las puertas de Desarrollo Social en CABA, con compañeros de Capital y del conurbano, y a las distintas dependencias provinciales en el interior. Reclamamos por los recortes y los incumplimientos, así como repudiamos el ataque a las organizaciones de desocupados. Más de 10.000 compañeros y compañeras se movilizaron en todo el país, en Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, El Dorado, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Pergamino, Bahía Blanca y otras regiones. El recibimiento del gobierno en el Ministerio de CABA fue con un despliegue de infantería apostados en la 9 de Julio, rodeando nuestra columna, para impedir que nuestra movilización llegue a las puertas del ministerio. Ante el aviso de que llevaríamos a cabo un acampe en caso de no responder a nuestras demandas, los funcionarios del gobierno respondieron con la amenaza de que se desataría una represión en caso de acampar. Accedieron a un conjunto de reclamos en relación a los compromisos pendientes pero se negaron a hacerlo público. Los distintos cuerpos de delegados se reunieron en la 9 de Julio para debatir la situación y votar una decisión. La resolución que se tomó fue levantar la medida con los compromisos asumidos del pago a todos los compañeros pendientes, tanto a los de nuestra organización como a los de todas las que se encontraban en la misma situación, pero convocar a cortes de accesos en todo el país para el siguiente viernes en caso de no encontrarnos con los depósitos correspondientes realizados. En el día de hoy han comenzado a acreditarse los pagos a una cantidad importante de compañeros. Estamos atentos al cobro de la totalidad de los compañeros adeudados, así como estamos en contacto con otras organizaciones sobre su situación con los cobros. Nos encontramos en principio ante un triunfo de la lucha de los desocupados. Este triunfo debe servirnos para enfrentar los tiempos que se vienen, a los cuales el gobierno y la mayoría de la oposición van a tratar de imprimirle el sello del ajuste del FMI. Desde el Polo Obrero Tendencia nos preparamos para dar la batalla por derrotar el ajuste presente y futuro y porque el triunfo de todas las luchas obreras abran una perspectiva de salida de los trabajadores.

Ciudad de Buenos Aires, 25 de agosto de 2021 Eduardo Joly, presidente de Fundación Rumbos, amplió su demanda denunciando Hecho Nuevo y solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la ley N° 6438 que modifica el Código de Edificación (Boletín Oficial CABA N° 6194, 17/08/21). En dicha ampliación de demanda, manifiesta que “Tanto el contenido de dicha norma como el procedimiento seguido para su sanción, tienen impacto en el reclamo original”. Asimismo, hace referencia a cada artículo impugnado, explicando los derechos del colectivo representado que se ven afectados. Al igual que ocurrió tres años atrás con la Ley 6100 del Nuevo Código de Edificación, no se respetó el derecho de participación y el debido proceso, que incluye el derecho a ser oído y recibir una respuesta del Estado fundada en Derecho. Lo antedicho se evidencia en que no se convocó a las organizaciones de la sociedad civil para conocer sus opiniones en relación a las modificaciones ni hubo respuesta a lo señalado por el colectivo de personas en situación de discapacidad en la Audiencia Pública, transgrediendo lo dispuesto por la Ley 6 (arts. 2 y 57 bis) y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art 4.3.). Con la sanción de estas modificaciones, nuevamente se admiten violaciones al derecho a la accesibilidad que impactan sustancialmente en la vida de las personas en situación de discapacidad y no toman en cuenta la diversidad de necesidades y de lugares de uso. “La circulación peatonal, la circulación vertical en los edificios y la permanencia prolongada en cualquier actividad, se verán seriamente dificultadas, cuando no impedidas”. Al momento, se ha dado vista al Ministerio Público Fiscal para que emita su opinión en relación a dicha presentación. Lo que ha cambiado para que nada cambie Pese a conceptos presentes tanto en el Glosario como en el articulado, que harían suponer que esta ley impulsa un hábitat más inclusivo, las especificaciones pertinentes dan por tierra con dichos conceptos. Por ejemplo, se agrega la mención a “scooter” cuando el texto refiere “silla de ruedas” pero no se toman en cuenta sus requerimientos dimensionales en las áreas de aproximación en servicios de salubridad y en las viviendas. Se da continuidad a exiguas dimensiones de los locales de vivienda, con su máxima expresión en la “vivienda mínima”, expulsivas de personas con movilidad reducida, en particular personas con discapacidad y personas mayores que requieren de asistencia: ● monoambiente: 21,5m2, en tanto que la vivienda mínima anterior era de 27m2 (Ley 962); ● 1er ambiente: 9m2, con lado mínimo de 2,8m, en tanto que la superficie mínima necesaria es de 12 m2 y el lado mínimo necesario es de 3m; ● 2do ambiente: 7,5m2, reducible a 6,75m2; con lado mínimo de 2,5m, en tanto debiera ser de 3m; ● baño mínimo de 2,5m2, sin espacio suficiente o margen de maniobra para silla de ruedas o scooter. Los baños para ser accesibles necesitan de, al menos, 4m2; Se da continuidad a las medidas para las áreas de aproximación a artefactos en baños, basadas exclusivamente en usuarios de silla de ruedas manual. Se dejan afuera a usuarios de silla de ruedas motorizadas o de scooters, y a quienes requieren de asistencia. Se trata de todos los tipos de baños, para todos los usos fuera del hogar, sin excepción. Se incorpora el lavabo en el mismo recinto que el inodoro (imprescindible para la higiene personal y para evitar el riesgo de infecciones) en ámbitos de concurrencia de público, pero no se aplica en edificios existentes, que son los habitados, visitados y utilizados para estudiar y trabajar, entre otras actividades esenciales. Se incorpora el cambiador para adultos solo en locales de concurrencia masiva (de más de 2.000m2). No se incluye en edificios educativos o de trabajo, que son los lugares de permanencia prolongada fuera del hogar. Tampoco se contemplan en terminales de ómnibus y de trenes, o sea de medios de transporte de mediana y larga. No se menciona a la pandemia COVID-19 y a las futuras que se prevén. Al ignorar este contexto, las modificaciones resultan generadoras de ambientes mezquinos e insalubres para el conjunto de la población.

Hace más de tres años que un importante porcentaje de trabajadores de SanCor se encuentra "sin tareas asignadas". Esto es, no están despedidos, pero tampoco pueden llevar adelante su trabajo habitual. Entre estos trabajadores hay empleados de planta, pero también repositores y preventistas. Este grupo de más de 300 trabajadores se encuentra cobrando 10.000 pesos por mes, y en cuotas. Ante esta situación, el sindicato Atilra, que debería velar por los intereses de los trabajadores, no convocó a un solo plan de lucha o una medida de fuerza efectiva en defensa de los puestos de trabajo y del salario. A través de un comunicado, su consejo directivo nacional expresó: "Marcharemos en defensa de la fuente de trabajo y la subsistencia del vasto tejido social en riesgo que de ella depende, instrumentando desde nuestro sector acciones sindicales que abarquen la totalidad del universo lácteo argentino, hasta que quienes deban aplicar las soluciones de fondo, lo hagan". En resumen, nada concreto. Lo único que existe en este momento son asambleas por sector y retenciones de tareas. Pero los propios trabajadores lácteos de otras empresas, como La Serenísima, desconfían plenamente de estos llamados que, como ha ocurrido hace unos meses atrás, terminaron en nada. La única medida concreta nació de la solidaridad entre compañeros, que aportaron de su propio salario para los trabajadores de Sancor “sin tareas asignadas”. Es en este mismo comunicado, donde se pone un signo igual entre el gremio y los trabajadores de la cooperativa que cobran menos que un plan social. La burocracia de Atilra continúa: "Destacamos el formidable apoyo de sus trabajadores, y el acompañamiento de la asociación sindical y su obra social Ospil". Esto fue tomado por los obreros como una burla cuando deben sostener a sus familias por diez mil pesos por mes. El mismo Héctor Ponce, secretario general de Atilra, señaló hace unos meses atrás que "hay voluntad política para recuperar a SanCor sin que pierda su status de cooperativa". Para el eterno dirigente lácteo, en ese momento, estaba prácticamente todo resuelto y, por lo tanto, se levantaba toda medida de fuerza. Es más, remarcó que él mismo estaba diagramando una salida para SanCor junto a Mario Cafiero, entonces presidente del INAES (Instituto Nacional de la Economía Social). Después de tres meses, no se encontró ninguna solución, y cientos de familias se encuentran a la espera de recuperar sus puestos laborales habituales y su salario de convenio. Es necesario sacar una conclusión sobre la situación de SanCor. Hace unos tres años atrás, se reformaba todo el convenio de los trabajadores lácteos, con la consecuencia de la pérdida de derechos laborales importantísimos. Todo, con la excusa de un salvataje de la cooperativa que jamás llegó. En el medio, la pandemia dejó al desnudo la crisis social. La ración de leche de millones de niños depende de las ollas y merenderos que se han montado en los barrios, gracias a la solidaridad de vecinos y organizaciones sociales que se organizan contra el hambre. Es por esto que una verdadera solución para el problema de SanCor no puede depender de un gobierno hambreador, ni de patronales que quieren imponer un 80 por ciento de despidos. Mucho menos de la pasividad de una burocracia sindical que deja pasar todos los ataques contra los trabajadores. La defensa de los puestos de trabajo, del salario y de una salida de fondo a la situación de SanCor, tiene que estar en manos de los propios trabajadores.

Periodista: ¿Altamira cómo ve el escenario político en medio de esta pandemia que nos viene castigando ya hace un año y medio? Altamira: En primer lugar, hay una crisis social inmensa. Nosotros tenemos como caracterización del momento político a los niveles de pobreza, desocupación, bajos salarios y jubilaciones como una catástrofe histórica. El proceso es muy agudo y el problema número uno para nosotros es esto y hay que resolverlo. Con un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar que hoy está en $130.000. La canasta familiar incluye alquiler, educación y transporte, esparcimiento. Los gobiernos han tomado ahora como referencia a una canasta ‘básica’. Es decir, que ahora tenemos que vivir con la ‘básica’. Antes como mínimo teníamos la familiar y dentro de poco vamos a tener la de indigencia. Grabois el otro día propuso una renta universal de $8800. Políticamente, hay un fenómeno muy interesante. Una maniobra ‘genial’ de CFK - atraer a su campo a Sergio Massa y Alberto Fernández para ganar las elecciones - ahora se demuestra en todas sus limitaciones y debilidades. El presidente con su cumpleaños ha pasado a integrar el elenco de los “funcionarios que no funcionan”. Ahora, una cosa es cambiar un ministro, otra el presidente, lo que podría ser un golpe de estado. Con lo cual, políticamente, hemos entrado en una crisis muy aguda. La tercera cuestión es la gran movilización popular de desocupados, a los cuales el gobierno no solo no les da ninguna respuesta, sino que está elaborando planes para que se los contrate en las cosechas por nada. Porque como ya tienen el plan, la función del salario en las cosechas seria completar lo que le falta al plan, cuando lo que corresponde en cualquier cosecha es, por principio, pagar el salario de convenio de los trabajadores agrarios. Las elecciones no la van a resolver, la van a agravar. Por eso nosotros no podemos dejar ningún terreno libre al adversario de clase en la batalla política. Damos la pelea en la elección. Las enormes movilizaciones plantean un desafío de poder desde abajo, con independencia de los intentos de manipular el movimiento. Cuando la cifra de movilizados supera a los 100 mil, incluso si hay un cierto clientelismo, es porque, por abajo, existe una gran insatisfacción e indignación. El último punto es el siguiente: esta es la elección más perversa de la historia argentina. El gobierno se comprometió a firmar un acuerdo con el FMI después de las elecciones. Ustedes comprenderán que, si lo firma después, es porque es malo, porque si fuera bueno lo firmaría antes y lo presentaría como bandera para conseguir el voto. Pero el FMI, después de la crisis que tuvo el acuerdo con Macri -que le dijeron de todo al FMI porque, lógicamente, vació al país en acuerdo con Macri- ahora dice ‘yo no voy a firmar solo con un presidente y que después me empiecen a carajear por todos lados. Ahora me lo vota el Congreso’. La perversidad está en que nos transformaremos en cómplices del acuerdo con el FMI, aquellos que vamos a hacer perjudicados. Porque el Congreso, representante de los que lo votaron, va a firmar esto. Es decir, un mecanismo democrático se manipula perversamente para convertir en cómplice a los perjudicados con los planes que va a votar ese Congreso. P: Con todo esto que usted está describiendo ¿Cómo cree que el ciudadano argentino puede tener un incentivo para ir a votar en la elección primaria y qué piensa que va a pasar, también con las generales? Porque hay un descreimiento. A: Ya tuvimos tres elecciones provinciales en donde se registraron abstenciones del orden del 40%. Obviamente una parte puede ser por la pandemia, porque hay gente que está temerosa por la negligencia del estado con el cuidado de la salud. La otra parte es política. A una pregunta que recién me hizo un periodista sobre las posibles alternativas, respondí que antes de que aparezca una alternativa estos gobiernos se van a quebrar, va a entrar en crisis final el régimen político. Entonces, una parte de la población está expresando el rechazo por medio de este tipo de abstención. Naturalmente, que nos dirigimos a ellos, pero no buscamos engañarlos, porque, en efecto, estas elecciones no van a resolver nada. Sí votanos a nosotros, porque nosotros en el Congreso vamos a hacer una tarea de clarificación para que el movimiento popular con la lucha sí cambie la situación. Es decir, no vamos a engañar a nuestros compañeros trabajadores, pensando que con una papeleta se da vuelta una crisis de esta magnitud y menos de la forma en que se está manipulando como acabo de describir este voto popular. P: ¿Jorge, va a ser difícil que la gente recupere esa credibilidad en la política? A: Bueno espero que no la recupere nunca. Le doy una respuesta que usted no se esperaba. Que no la recupere más. ¿Por qué la gente perdió la credibilidad? Porque estos que están acá son increíbles. Entonces, está muy bien. ¡Menos mal! Menos mal quiere decir que todavía en el pueblo argentino hay una reserva psicológica y política que les permite reconocer que este sistema político no vale nada y sus protagonistas principales tampoco. Es muy positivo que pierda la credibilidad. Diría más: yo exhorto a que la pierdan. Pero al mismo tiempo, la solución a los problemas es que construyan otra credibilidad, una propia, con los dirigentes, mujeres y hombres, que consideren que son adecuados. Estamos invitando al pueblo a tomar las riendas del país en sus propias manos. Eso significa para nosotros un gobierno de trabajadores. A: Permítanme agregar una cuestión más. ¿Cuál es la esencia de este acuerdo con el FMI? Cuando uno mira algunos artículos de los diarios ya ve cuales son los lineamientos. El primero es establecer el despido sin indemnización. Eso está clarísimo. ¿Cuál es el sentido? Se pueden pagar indemnizaciones, las patronales tienen plata. Pero cuando un trabajador pierda la indemnización, la patronal puede ejercer el despido a discreción y crear en la masa trabajadora un sentido de vulnerabilidad que la hace más permeable a las presiones dentro de los lugares de trabajo. No solo el salario, sino los ritmos de producción, alargamiento de la jornada. Es muy importante que la gente sepa qué se está gestionando con este acuerdo. El otro aspecto tiene que ver con la jubilación. La quieren aumentar para las mujeres de 60 a 65 y para los hombres de 65 a 70. Después dicen que quieren contratar a los jóvenes y alargan el tiempo laboral de las personas mayores de edad. Es una contradicción completamente explosiva. El ministro Guzmán dijo que el sistema previsional es inflacionario. Es decir, que está por quebrarlo y convertirlo en una pensión a la vejez. La idea es ésta: se va a pagar la jubilación que el presupuesto pueda pagar, una vez descontados los pagos de la deuda externa. ¿Cuánta plata hay? ¿100? Lo repartimos para las jubilaciones. ¿Y todos los aportes que hice durante 40, 35, 30 años? Los perdiste. Hay que señalar que se trata de una confiscación social sin precedentes de gente que dice que defiende la ‘seguridad jurídica’. La única seguridad jurídica que se defiende es la de los grandes intereses económicos. Último punto: aparentemente el gobierno quiere que el acuerdo sea de 20 años mientras que el FMI pide 10 años. Pareciera que el gobierno reclama una concesión. No es una concesión. Es hacer en cierto modo lo que hizo Caputo con Macri que emitió un bono a 100 años. Porque finalmente, si nos dan 20 años para pagar, estamos 20 años más clavados con el pago. Claro que en 10 años no podemos pagar, ni en 20 tampoco. Pero la deuda se comienza a transformar en eterna. En una hipoteca implacable sobre las posibilidades económicas del país. Esto es lo que se está por firmar y esto es un factor de crisis. Porque saben perfectamente bien que podrán engañar al pueblo a la hora de votar, pero cuando la ciudadanía vea el resultado del acuerdo, va a salir a la calle. Como sucedió con el 2x1 para los condenados por crímenes de lesa de humanidad por parte de la Corte Suprema. 48 horas después le quebraron el brazo a la Corte Suprema. Esto también va a ocurrir, y declaro abiertamente como candidato que nosotros vamos a apoyarlo.

¿Cuál es la causa del conflicto en los talleres de Liniers del Ferrocarril Sarmiento? La causa del conflicto del taller es porque a nosotros nos acusan de “falta de confianza” por realizar un trabajo por fuera de la orden de un trabajo siendo que nosotros lo realizamos por orden de un compañero, Quintero Sergio, que estaba reemplazando a un supervisor. Quintero declara que sí dio la orden, pero desde la jefatura le dicen a él que no estaba de supervisor, entonces él se retracta de esto. Ahí se complica nuestra situación porque nos acusan de manipular el motor sin autorización. Esta es la causa del conflicto. A Sergio Quintero lo suspendieron 29 días y lo trasladaron al depósito de Haedo. A nosotros nos despidieron. Somos tres compañeros en esta situación. ¿Cómo se están organizando para defender los puestos de trabajo? Estamos realizando asambleas por sector, contando la problemática de los talleres. A su vez vamos a tratar de llegar a una asamblea general que sea convocada por la seccional oeste del gremio, y si no hay respuestas la idea sería organizar un paro. En su momento, cuando fue el conflicto, tomó cartas en el asunto la lista Verde, conducción nacional del gremio, diciéndonos que nos quedáramos tranquilos que ninguno de los tres nos íbamos a quedar sin la fuente de trabajo, y el día 18 de junio un compañero nos avisa que nos desvincularon de la empresa. Después de esto toma conocimiento de la causa la Seccional Oeste encabezada por el “Pollo” Sobrero, que intervino impulsando asambleas por sector con la idea de llegar a una asamblea general para tomar medidas de fuerza. ¿Cómo sigue la lucha? El día 8 de septiembre vamos a tener una reunión de conciliación con la empresa, con los abogados. Vamos a ver si la empresa se presenta. Si no se presenta y de no haber cambios en nuestra situación, tendremos que discutir con los compañeros como seguimos.

Nuevamente los trabajadores estatales se encuentran en las calles en defensa de sus salarios y contra el desfinanciamiento de salud, educación y el resto de los servicios estatales. Desde hace 4 años el gobierno de Arcioni intenta una reorganización reaccionaria del Estado que tiene por objetivo quebrar las conquistas de sus trabajadores e implantar la megaminería en la provincia. La tentativa viene siendo resistida con movilizaciones masivas, puebladas, cortes de rutas, ocupaciones de dependencias estatales y diversas acciones de luchas, que tuvieron su pico en 2018 y 2019. Para llevar adelante estas políticas, el gobierno provincial se valió primero del apoyo de Macri y luego del tándem Alberto Fernández-Cristina Fernández, y sobre todo de la burocracia sindical y la “oposición” patronal en Chubut, es decir, el PJ-kirchnerismo, la UCR y el PRO, quienes apoyaron todos los pedidos de endeudamiento, que tiene sometida a la provincia, entre otros, con acreedores internacionales. Con la llegada de la pandemia por el Covid-19, y la cuarentena implementada el año pasado, el desgaste al que condujeron estos sectores al activismo se hizo notar, aunque las movilizaciones se mantuvieron, pero no de forma generalizada. El burócrata Santiago Goodman acusó el año pasado de “caceroleros de derecha” a los trabajadores autoconvocados que movilizaban exigiendo paritarias y recomposiciones salariales. Hace 2 años que los salarios estatales están congelados mientras la inflación no para de subir. ¡La situación no se aguanta más! A las conducciones sindicales no les quedó otra que volver a convocar a movilizaciones, pero la mayoría lo hace para contener el descontento y sacar rédito electoral a pocos días de las PASO. Por ello se hace imprescindible que las bases retomen el protagonismo como en los años anteriores e intervengan en estas movilizaciones impulsando autoconvocatorias, en especial en Rawson, para coordinar acciones de lucha en toda la provincia y que no quede todo en acuerdos de cúpulas sindicales. Esta es la única manera de evitar ir a Rawson a hacer la “vuelta del perro”. Lo que el Estado, las burocracias sindicales y los partidos patronales intentan dividir, las bases lo tenemos unir. Por eso debemos coordinar entre todos los sectores estatales para pegar con un solo puño contra el ajuste y la megaminería. Ir separados nos debilita. ¡Reapertura de paritarias ya ¡Aumento salarial urgente del 60% y cláusula gatillo! ¡Cumplimiento de la paritaria 2019 en salud! ¡Pago en tiempo y forma a los jubilados! ¡Defensa incondicional del ISSYS! ¡Insumos e infraestructura para enfrentar la pandemia en Salud, Educación y todo el Estado! ¡No a los descuentos por paro! ¡No a la presencialidad en pandemia ante la nueva cepa de Covid! ¡Que el Estado garantice el transporte y las partidas escolares! ¡Por plenarios provinciales de delegados! ¡No al pago de la deuda externa! ¡UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES ESTATALES DE BASE! ¡AUTOCONVOCATORIAS, PLENARIOS DE DELEGADOS Y COORDINACIÓN DE LAS LUCHAS! 25/08/2021

En el contexto de la pandemia, la variante Delta azota a Israel -uno de los países con mayor índice de vacunación- y plantea un pico en septiembre para Estados Unidos. El pico en nuestro país se proyecta para mediados de septiembre, pero el gobierno no ha dado un solo paso adelante en la recomposición del sistema sanitario. Todo lo contrario, su campaña electoral hace eje en la apertura total de las restricciones y un punto final a las medidas sanitarias de prevención. Todo indica que las PASO estarán surcadas por la “tercera ola” de contagios. El punto más sensible del colapso del sistema sanitario es la precarización del trabajo de enfermería, médicos y profesionales en general, residentes y concurrentes, etc.; su falta de reconocimiento y jerarquización, sobreexplotación laboral, trabajos múltiples, confiscación impositiva. No ha sido la pandemia la que produjo estas condiciones, sino que es un proceso previo que se encuentra estrechamente vinculado a la crisis social general. El colapso de un sistema Actividades como salud y educación que se desarrollaron en ascenso como sinónimo de un progreso histórico, hace años que se encuentran en declive. Las pérdidas de ganancia en la producción capitalista de mercancías, condujo a las políticas de lo que se denominaron “reformas de segunda generación”. Esto es el intento por transformar en rentables la salud y la educación, hasta entonces servicios de carácter público. A nivel internacional, la privatización de la salud dio entrada al capital financiero en el sistema sanitario. Así surgen los seguros y pólizas de salud para los trabajadores. Pero la privatización de la salud llegó a un nivel insoluble, ya que el retroceso de la precarización laboral y los límites al consumo popular también impactaron en el “mercado” de la salud. Los gobiernos capitalistas tuvieron que hacer reformas para asistir sanitariamente a la población que no podía pagar en un mercado que no se desarrollaba. Estas reformas, sin embargo, no han significado una reestatización, porque ello implicaría un choque con los intereses privados. Argentina Este proceso se desarrolló en Argentina bajo el gobierno de Menem-Cavallo mediante la llamada “desregulación de las obras sociales”. A través de la libertad de opción de los afiliados en relación a su servicio de salud, se fue creando un proceso de concentración del negocio de la salud que asoció a los empresarios de la medicina prepaga con la burocracia de los sindicatos, que tercerizaron en clínicas y sanitarios privados sus servicios de salud. Pero también se llegó a un límite, pues las prepagas viven de las obras sociales y las obras sociales se nutren de los aportes de sus trabajadores. La precarización laboral, el trabajo en negro, la caída del salario, la tercerización y la desocupación ponen un límite al negocio. La sobreexplotación y precarización del personal de primera línea de salud ha sido una de las variables de ajuste, para compensar la falta de rentabilidad de los capitalistas en esta contradicción del régimen de privatización. Esta contradicción es la que se ha detonado con la pandemia del Covid. Cuando más se necesitaba un fuerte sistema de salud, lo que tenemos es un sistema colapsado por la degradación laboral y la falta de recursos. Para los capitalistas de la salud privada, la degradación del sistema público es una condición indispensable para achicar la prestación del privado, ya que no se podría sostener la competencia de un sistema con el otro. Una salida que agrava la crisis El gobierno de “Todos” plantea, en este escenario, una “nueva integración”, eufemismo que significa poner el sistema público al servicio del sistema privado en crisis, es decir un nuevo rescate al negocio capitalista de la salud. La otra variante que se ha planteado es “el financiamiento del sistema de salud desde la demanda”, que impulsó el macrismo. Esto es la restricción del derecho a través de un voucher que permitiría un acceso limitado tanto en el sistema público como privado. El objetivo de fondo es destruir la incondicionalidad del sistema público de salud argentino. La burocracia sindical es parte del negocio capitalista de la salud desde su corazón. Los aportes de los afiliados (trabajadores) van, a través de las obras sociales, a las prepagas. Por otro lado, son un factor de enorme presión sobre el Ministerio de Salud, en busca de reducir las prestaciones, es decir los costos. Entienden al sistema de salud no desde un ángulo obrero, sino desde un ángulo empresario, transformándose en cómplices de la precarización del sistema de salud en general y de los trabajadores en particular. Nuestra propuesta El personal de salud cobra salarios cuyo valor ronda los 66 mil pesos. Sólo se logra superar ese monto con jornadas extendidas que resultan extenuantes. Para la reconstrucción del sistema de salud, es necesario un salario mínimo igual al costo de una canasta familiar, hoy en 130 mil pesos, y una jornada de trabajo de 6 horas en el sistema de salud por el desgaste laboral que genera en los trabajadores. La defensa del sistema público de salud debe comenzar por la unificación de convenios, acabando con el monotributo y el sistema de contratos precarios, para terminar con la fragmentación del régimen laboral. La burocracia sindical de UPCN, Sutecba, ATE y Sanidad, es cómplice por su doble rol, bloqueando la democracia sindical, por un lado, al mismo tiempo que mantiene una alianza con los capitalistas de la salud. Denunciamos las salidas de integración privatistas que evalúan el gobierno, las burocracias sindicales y patronales, y reivindicamos la centralización del sistema público y privado en un único sistema. Es decir acabar con el lucro mercantil en la salud y transformar definitivamente a la prestación de salud en un patrimonio público y social de la población. Las pandemias son producto del profundo ataque al medio ambiente del sistema capitalista, que ha provocado desequilibrios climáticos, el desarrollo de virus y una histórica crisis humanitaria. Ha colocado a la salud de la población en una amenaza permanente poniendo en riesgo la vida misma y ha dejado al sistema de salud sin recursos para enfrentar esta pandemia y las que sucederán. Es necesario definir y orientar la economía del país en la perspectiva de un esquema incondicional de atención sanitaria ante las reformas privatistas, que plantean una perspectiva de mortalidad para la gran mayoría de la población trabajadora – una “salida” de barbarie social. La reorganización del sistema sanitario es una cuestión vital y depende de la dirección política las decisiones que deben tomarse de cara al futuro. Es indispensable la participación de los trabajadores en la lucha por la defensa de la vida, desde la formación de una perspectiva política socialista de los trabajadores. Por eso, te llamamos a votar por los candidatos de Política Obrera en las próximas elecciones.

El Gobierno acordó con la burocracia del Frente Gremial Docente (ATEP, APEM, AMET) el adelantamiento de setiembre para agosto de la segunda cuota de la paritaria pactada en marzo. De este modo, se intenta descomprimir el descontento de la docencia y la posibilidad de que emerja un movimiento de lucha por un verdadero aumento salarial. Manzur quiere llegar a las PASO sin conflictos, a diferencia de lo que le acaba de ocurrir al gobernador de Salta, donde se desarrolla una enorme lucha docente por el salario y contra la presencialidad, que tuvo impacto directo en los resultados electorales. Precisamente Manzur y su ministro Lichtmajer están jugados a imponer la presencialidad plena de la actividad escolar, como si la pandemia ya se hubiera superado, haciendo caso omiso a los señalamientos de especialistas e incluso del propio Siprosa (Sistema Provincial de Salud), alertando sobre el inminente ingreso de la variante Delta, y mucho menos de los fallecimientos y contagios que se han producido en este periodo en el ámbito educativo. El gobierno procura a toda costa una “normalidad” sin atender las cuestiones más elementales de garantizar las condiciones de los sanitarios, de puertas y ventanas. En muchas escuelas, los docentes se han visto obligados a realizar rifas para obtener fondos para poder comprar lavandina, pues la que envía el ministerio no alcanza para nada. Con todo, la cuestión salarial es cada día más apremiante. Con el adelantamiento de la cuota a cobrar en octubre que ahora se pasa a cobrar en setiembre, un docente primario que recién se inicia cobrará $48.300 y uno con el máximo de antigüedad, $63.650; mientras que un docente secundario que recién se inicia con 15 horas cátedra cobrará $49.400 y uno con las mismas horas y el máximo de antigüedad, $60.400. Si tomamos en cuenta los últimos datos oficiales publicados sobre la Canasta Básica Total, una familia tipo tucumana necesitó $59.500 ¡en julio! para no ser pobre. Nuestro salario inicial docente de setiembre será de pobreza comparado con la canasta de julio. Por otro lado, si tomamos los porcentajes, el acuerdo provincial que la burocracia acordó con el gobierno en el mes de marzo de un aumento en cuota del 30%, ya fue alcanzado por la inflación provincial el mes pasado. Esta es nuestra realidad salarial. Mientras las centrales sindicales nacionales acordaron un salario mínimo de $45.000 para fin de año, la docencia salteña está desarrollando una lucha extraordinaria reclamando un salario inicial que cubra el costo de la canasta familiar, un salario de 120 mil pesos, y lo están haciendo con asambleas, piquetes en todas las ciudades y pueblos y el método de la huelga general y grandes movilizaciones de masas. La lucha salarial de la docencia no puede ser concebida dentro del marco estrictamente sindical. El ajuste más a fondo de los salarios y la reforma laboral forman parte del acuerdo que el Fondo Monetario Internacional pretende que el nuevo congreso que emerja de las elecciones de noviembre le de carácter de ley. En este sentido, la lucha salteña no es solo una lucha contra el gobierno provincial salteño y las burocracias entreguistas; es, sobre todo, una lucha política contra un mayor avasallamiento colonizador del FMI frente a los trabajadores. Una lucha de la clase trabajadora por sus condiciones mínimas de subsistencia, representa hoy objetivamente una lucha política contra el FMI, los Macri de Juntos por el Cambio y los Kirchner del Frente de Todos. En Tucumán, la docencia autoconvocada, por medio de asambleas por escuela y zonas, debe avanzar en la organización de una lucha por un salario igual a la canasta familiar, contra la presencialidad, inspirándose en la histórica lucha de la docencia salteña.

El gobierno nacional se apresta a profundizar mucho más el brutal ajuste actual, que tiene al 50% de la población viviendo bajo el índice de pobreza, votando en el congreso, luego de las elecciones generales y junto a la oposición patronal, un acuerdo feroz con el FMI. Este traerá una reforma laboral y el aumento de la edad jubilatoria. El empobrecimiento que aumentará no será solamente material sino también espiritual, ya que para el Estado la cultura es otra gran variable de ajuste. Situación desesperante y política de miseria Los artistas y trabajadores de la cultura somos uno de los sectores más castigados por la pandemia. Todas las actividades que realizamos se cerraron debido a las restricciones sanitarias. La enorme mayoría de nosotros trabajamos de forma totalmente precarizada y el Covid nos llevó a una situación desesperante. A pesar de nuestros reclamos el Estado respondió en un año y medio de pandemia con una política de miseria: Entregó 2 becas, la primera por un monto de hasta 20 mil pesos a 15 mil creadores y la segunda por un monto de 30 mil pesos a otros 15 mil. Y luego entregó un subsidio “solidario” de 3 cuotas de 15 mil pesos a 50 mil artistas. Si tenemos en cuenta que, según el INAMU, solamente los músicos son 160 mil y sumamos los miles de actores, bailarines, escritores, plásticos, etc. de todo el país, queda claro que la “ayuda” alcanzó a un porcentaje muy menor de artistas. Necesidades, variante Delta y subsidio El gobierno nacional se reunió con empresarios, sindicatos burócratas y otros sellos patronales para crear diversos protocolos y aforos en bares, teatros, venues, etc. Esto generó una gran expectativa en los artistas que, salvo un puñado, pudieron actuar de manera aislada. Estas actividades fueron mínimas y a partir de ellas se produjeron contagios porque las medidas sanitarias no se cumplen. La híper contagiosa variante Delta del Covid ya está circulando en el país y aún así actualmente los gobiernos ceden a la presión patronal y permiten que se abran más espacios con más aforo. Con estos funcionando está en riesgo la salud y la vida nuestra y del público. Juegan con nuestra necesidad económica y la de mostrar nuestro arte y nos ponen a muchos en un callejón sin salida: o morimos de hambre o salimos a trabajar y morimos de Covid. La crisis pandémica no terminó, no debemos exponernos al virus y el Estado debe subsidiarnos con un sueldo equivalente a la canasta familiar para tener un sustento asegurado. Orientación social de la cultura Lo que se puso en evidencia con la pandemia es la orientación social que el Estado tiene de la cultura: sus principales aliados son las grandes patronales del arte y como estos ve al mismo como un generador de ganancias, no como un bien común. Un ejemplo es como unifican cultura con negociados inmobiliarios: la apertura de un museo es en realidad la excusa para abrir un restaurant. Transforman el arte en mera mercancía, exprimiendo a los creadores. Nos oponemos a esta visión privatizadora de la cultura, contraponiéndole que debe ser el Estado el que fomente la libre expresión de los artistas. La creación de Política Obrera y la deriva del FIT Política Obrera nació hace dos años como Partido Obrero Tendencia, luego de que el aparato del Partido Obrero Oficial expulsara de manera burocrática a 1200 militantes de todo el país. Esto sucedió por la orientación electoralista que tomó el PO Oficial, que se extiende a todo el FIT U. Hace 10 años, con el nacimiento del FIT se generó una gran adhesión en amplios sectores de artistas, intelectuales y de músicos populares del mundo del rock. En especial esto último fue el resultado de un profundo trabajo de debate y politización que dimos con el PO. El planteo no era meramente electoral. Esto no sucede en la actualidad: la campaña del FIT centrada en ser “tercera fuerza” y pelearle ese lugar a los “libertarios” muestra la deriva electorera en la que cayó y eso se traduce en la pobre adhesión de artistas e intelectuales. Por una alternativa obrera y socialista en el Congreso, la Legislatura y el país Las listas de Política Obrera, encabezadas por dos referentes históricos de la izquierda de Argentina como Jorge Altamira y Marcelo Ramal, están repletas de delegados sindicales y luchadores clasistas de todo tipo de sectores. También van como precandidatos reconocidos artistas militantes como la pianista Adriana de los Santos o el periodista y escritor Diego Rojas. Política Obrera es la única alternativa de izquierda que va a plantear un programa socialista y de los trabajadores. Sus diputados y legisladores lucharán dentro y fuera del Congreso y la Legislatura por defender a nuestra clase, con movilización y organización, contra el hambre y la miseria que quiere imponer, aún más, la clase capitalista. El voto por esta perspectiva es necesario así como también salir a ganarlo en salas de ensayo, lugares de estudio y trabajo y allí donde se encuentren artistas. Planteamos: -No al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. -Reparto de las horas de trabajo con salarios igual a la canasta familiar. -82% móvil para todos los jubilados. -Sueldo equivalente a la canasta familiar mientras dure la pandemia para trabajadores de la cultura. -Plan Cultural Federal por Streaming, al aire libre, con estrictos protocolos y todos los gastos y cachets a cargo del Estado, bajo control de los artistas. -Basta de persecución a los artistas callejeros.

Obsesionado por la agenda electoral, e intentando campear el mal humor social por la crisis que asola a Santa Fe, el gobierno de Perotti busca presentar un escenario ficcional donde se pretende haber alcanzado la superación de la pandemia, un refugio electoral de dudosa factura. Perotti ha emitido una batería de resoluciones, adelantándose a la circular del Concejo Federal Educativo, por las que la semana entrante la provincia de Santa Fe retomará la presencialidad plena, disponiendo la eliminación de las burbujas y el distanciamiento. Días antes, había establecido ya la incorporación de las actividades en contra turnos y jornada completa. De este modo, el Estado vuelve a poner en riesgo la vida y la salud de la sociedad, de la comunidad educativa y en particular de niñas y niños, cuya vacunación no cuenta aún con calendario previsto. Los propios funcionarios de salud, sin embargo, dan por descontado el desembarco de una tercera ola de contagios de la cepa delta. El gobierno de la provincia “se prepara” frente a esta amenaza despidiendo de los hospitales al "personal COVID" de salud -que por eso hoy se encuentra en lucha en distintos lugares de la provincia, como en el Hospital Eva Perón de Baigorria- y reforzando la presencialidad. Perotti y Cantero han declarado la supresión total de las licencias especiales relacionadas a la pandemia, inclusive para personas de alto riesgo, con patologías, enfermedades y comorbidades, o con familiares a cargo, disponiendo el retorno de todo el personal licenciado, o que se encuentre desarrollando actividad remota, exceptuando de la norma sólo alguna patología extrema. Los reemplazantes que se encontraban cubriendo esos cargos, quedarán desocupados. Burocracia en tregua permanente Tras lo pactado entre el gobierno nacional y la CTERA, en la paritaria nacional, la burocracia celeste de la Amsafe solicitó al gobierno de Perotti la reapertura de paritaria. El gobierno respondió con un anuncio por decreto. Los dos tramos pendientes de 4,5 y 4,5% que debían percibirse en octubre-noviembre, se adelantarán a septiembre -octubre, pero no se reabrirá la paritaria hasta octubre. Durante todo el período de la pandemia y hasta el día de hoy, Alesso y toda la burocracia celeste que conduce Amsafe no ha convocado una sola asamblea y ha clausurado de hecho el debate de las bases, en clara colaboración con el gobierno. Las seccionales de la oposición, encabezadas por Amsafe Rosario, se han adaptado al inmovilismo impuesto por la burocracia, inclusive a la política de la "presencialidad cuidada o el regreso con condiciones". En las reuniones de delegados que realiza Amsafe Rosario se han negado a poner en pie un plan de lucha, acordando con la directiva de ATE Rosario a lo sumo acciones testimoniales sin paros y sin continuidad, o enviando nuevamente a los docentes a realizar relevamientos de condiciones en las escuelas, como recurso de apaciguamiento que se repite una y otra vez sin salida. Frente a la ofensiva ajustadora y presencialiasta de Perotti-Cantero y al apaciguamiento impartido por las direcciones sindicales, los ejemplos como el de la docencia salteña autoconvocada que ingresa en la quinta semana de huelga indeterminada, abren la perspectiva cierta de que podemos enfrentar a los gobiernos y abrir un camino de lucha por los reclamos por el salario, las condiciones de trabajo y la defensa de la vida y la salud.

El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó la propuesta de avanzar hacia la presencialidad plena en todo el país, a partir del próximo 1 de septiembre. Esto implica la reducción de la distancia social en el aula a 90 centímetros entre estudiantes y desterrar el esquema de bimodalidad que se venía sosteniendo en algunos niveles educativos y distritos. El ministro Trotta declaró que "en casos de aulas poco espaciosas" la distancia se reducirá a 50 cm y "las escuelas deberán aplicar medidas preventivas adicionales, como los testeos a los estudiantes y el uso de medidores de dióxido de carbono, entre otras" (Télam 26/8). Días atrás, antes del anuncio, se reunió con representantes de organismos que responden al mercado (UNICEF, la sociedad de pediatría y diversas ONGs) y referentes provinciales. Según el ministro, esta decisión se toma "a partir de lo que ha sido la mejora de los indicadores sanitarios y epidemiológicos en las últimas 13 semanas y el avance del proceso de vacunación". Pero lo cierto es que, en palabras de los referentes de las carteras de Salud, estamos en la antesala de la circulación comunitaria de la variable Delta (según el ministro porteño, Quirós, una tercera ola de contagios será “inevitable”). Por su parte, la ministra Vizzoti intentó quitar gravedad al asunto diciendo que, debido a la vacunación, los casos graves de la enfermedad que puedan derivar en internación y/o muerte serán un porcentaje menor. Ahora bien, las vidas de las familias trabajadoras no pueden ser valoradas en función de porcentaje alguno. Las declaraciones Trotta evidencian un pacto político de defensa de un programa capitalista frente a la pandemia, que bien podría resumirse como “convivir con el virus”. En ese terreno, no existe ya ninguna grieta entre el gobierno nacional y el porteño o el mendocino, gobernados por la oposición. En CABA ya existe la presencialidad plena en las aulas, sin ningún protocolo de distanciamiento entre alumnos/as dentro del aula y con comedores escolares llenos de niños, niñas y adolescentes comiendo sin tapabocas en espacios reducidos. Sindicatos Por su parte, los cinco sindicatos nacionales del gremio docente se reunieron con Trotta hace apenas 10 días para cerrar una paritaria que perpetúa salarios por debajo la línea de pobreza y, sin ningún mandato, también ha trascendido que se encuentran discutiendo la escolaridad "post pandemia". En esta línea, el gobierno nacional busca apoyo de la burocracia sindical para la aprobación de los proyectos del ejecutivo, que pretende sancionar una nueva ley de financiamiento educativo y el avance sobre la educación superior (terciarios de formación docente y universidad). La degradación de la educación, lógicamente, trae aparejada la degradación de las condiciones laborales y salariales. Frente a la avanzada presencialista reclamada por las grandes patronales, los sindicatos no han organizado ni una lucha. Al contrario, la burocracia sindical de todo pelaje aísla las luchas provinciales (lo hizo en CABA, lo está haciendo ahora con Salta y Chubut) y fueron fieles defensores de la ´presencialidad administrada´ del gobierno nacional. Siguen acatando, ahora también, las resoluciones ligadas a la profundización de la línea aperturista, a pesar de contar con más de 300 docentes fallecidos desde que comenzó la aventura ´aperturista´. En un comunicado de CTERA sobre la vuelta a la presencialidad (27/8), los burócratas se declaran "preocupados" por las medidas de reducción del distanciamiento dentro de las aulas y ratifican la defensa de la presencialidad "cuidada". Llaman a que las jurisdicciones implementen las medidas en forma gradual y con participación plena de los trabajadores de la educación (los mismos que no convocan a asambleas abiertas desde sus sindicatos de base en las provincias y la Ciudad). Por su parte, las conducciones multicolores, en los sindicatos y seccionales que dirigen, siguen sosteniendo el planteo del “retorno seguro”. Desde un comienzo, han apoyado la presencialidad con “condiciones”. Niños, niñas y adolescentes son quienes comienzan a sufrir más duramente el impacto de los contagios: las mutaciones del virus están afectando cada vez más a ese sector etario, que antes no vislumbraba riesgos graves por la enfermedad por covid 19. A la evidencia mundial sobre este aspecto y las repercusiones de la variante Delta en EEUU, Europa e Israel, es necesario señalar que su impacto local se ha comenzado a sentir – ya hay por lo menos una niña internada. A esto se le suma una gran cantidad de burbujas que están siendo aisladas en toda la Ciudad de Buenos Aires, a ya 20 días de haber comenzado con la presencialidad plena. La presencialidad escolar propicia el aumento de los contagios. Aceleró la segunda ola y provocará la llegada de una tercera, ya anunciada por los propios gobiernos. Las decisiones políticas, a nivel nacional y jurisdiccional, responden a demandas empresariales que ponen en riesgo al conjunto de la población. Las medidas "preventivas adicionales", además, no serán cumplidas en ningún caso: no ha habido elementos de protección y limpieza suficientes durante todo el año y es sabido que las condiciones de infraestructura de la mayoría de las escuelas son paupérrimas. Rechazamos la eliminación de cualquier tipo de protocolo de distanciamiento y exigimos la suspensión de la presencialidad en pandemia. Que el Estado garantice conectividad y dispositivos para estudiantes y docentes y vacunación masiva. Para organizar al conjunto de la docencia, reclamamos la realización de asambleas en todos los sindicatos docentes.

Marcelo Ramal, precandidato a diputado nacional en CABA por Política Obrera, recorrió en la mañana del sábado el barrio de La Boca. En una interpelación con vecinos del barrio, se refirió a la cuestión jubilatoria. “El fallo que le restituye la movilidad de los haberes a un jubilado mendocino pone de manifiesto hasta qué punto llega la confiscación a los jubilados, a dos años de haberse dictado la ley de emergencia impulsada por el Frente de Todos. El despojo de los haberes, según el paso, puede llegar al 18%. A ello hay que agregar otro 20% de pérdida que tuvieron bajo el macrismo. No sorprende, por ello, que la inmensa mayoría de los jubilados forme parte de la legión de casi un 50% de pobreza”. “El retroceso jubilatorio es una muestra del brutal ajuste perpetrado por el pretendido gobierno ´nacional y popular´, preparando las condiciones del próximo acuerdo con el FMI”. “Por encima de la grieta -completó Ramal- macristas y kirchneristas comparten el objetivo estratégico de convertir a la jubilación en una pensión asistencial y elevar la edad jubilatoria”. Ramal llamó a “votar a Política Obrera, para defender y luchar por un haber mínimo del 82% de la canasta familiar. La salida a la miseria social inédita exige priorizar a los trabajadores activos y pasivos, a costa de los banqueros y especuladores”. Para comunicarse: Marcelo Ramal 11 5690-1943

La burocracia Celeste de Suteba convocó el 26/08, pasado el mediodía, a reuniones de delegados el 27/08 a las 9 am, en toda la provincia, para “dar tratamiento” a la propuesta salarial presentada por Kicillof-Vila. Esta maniobra de la Celeste tuvo un claro objetivo: impedir que los delegados realicen reuniones con la base docente en los establecimientos educativos para fijar posición sobre la oferta paritaria. La segunda maniobra, en menos de 24 hs consistió, en ocultar a toda la docencia y a los delegados el contenido de “la propuesta salarial paritaria”. Recién el 26/08 por la tarde comenzó a circular el contenido de la propuesta salarial. En estas circunstancias resulta evidente que, ningún delegado concurrió a la reunión con mandato de las bases. La propuesta de Kicillof El gobierno ofrece 10% más sobre la paritaria firmada en marzo (35%). 4% en octubre y 6% en noviembre. Esto totaliza un aumento nominal anual no acumulativo de 45.5% y cada porcentaje de aumento se aplica sobre los salarios de enero de 2021. Esto no es un dato menor porque el aumento de “45,5%” se reduce a un 40%. La burocracia del FUDB, en especial el Suteba, vociferaba a los cuatro vientos que no iba a aceptar ninguna oferta que ubique al salario por debajo de la inflación. El 13/08/21 Baradel planteaba “la importante necesidad de la recuperación del poder adquisitivo del salario y de mantener la diferencia en la pauta salarial por arriba del índice inflacionario”. Con la paritaria recién firmada este relato se derrumba sin atenuantes. Es que la inflación de enero-diciembre no bajará del 50% y el aumento nominal es de 40%. ¿Dónde está la recuperación del salario tan cacareada? No existe. En realidad, estamos en presencia de una nueva rebaja de salario real como viene ocurriendo hace 7 años. Para disimular esta nueva rebaja salarial a manos del “gobierno nacional y popular” la burocracia presenta engañosamente la propuesta salarial. Baradel afirma “Estamos recuperando parte del poder adquisitivo que nos quitó el gobierno anterior” porque el gobierno Kicillof “realizó una oferta salarial que contiene una recomposición de un 45,5% de aumento en dos tramos: uno en octubre y otro en noviembre” (Suteba.org.ar, 26/08/21). En realidad, el gobierno ofreció 10% más en dos cuotas hasta diciembre donde se re-abriría nuevamente la paritaria. De espaldas a las luchas docentes y a la crisis pandémica Los “informes” de los secretarios seccionales Celestes obviaron, sin excepción, las dos grandes luchas docentes en curso, Salta y Chubut, que enarbolan, entre otras reivindicaciones, un salario igual a la canasta familiar. Solo los delegados de la oposición enrolados en la Multicolor denunciaron el abandono, por parte de Ctera, de estas dos gigantescas luchas docentes que, en el caso de Salta, entraron en la 4ª semana de huelga general con masivas movilizaciones que enfrentaron y derrotaron la represión de Sáenz. Un dato que no podemos dejar pasar es la complicidad de la burocracia Celeste con la política escolar aperturista impulsada por los Fernández y los Macri. En una negociación paritaria, no puede pasarle por el costado la decisión criminal de Trotta-Vila de avanzar en la “normalización” total del sistema educativo a partir del 1º de septiembre cuando el 70% de la población no tiene la segunda dosis y cuando tenemos circulación comunitaria de la cepa Delta. Sobre esta cuestión sanitaria esencial, la burocracia ni abrió la boca. Una paritaria que consolida la miseria social La paritaria que “recompone salarios”, aceptada sin chistar por el FUDB, implica el hundimiento del salario y convierte al trabajador docente en un indigente. Efectivamente, tomando como referencia el salario básico de una maestra de grado sin antigüedad, este alcanzaría en noviembre $23.661. El salario de bolsillo superaría apenas los $40.000 cuando hoy, agosto de 2021, la canasta de pobreza es de $68.000. Con doble cargo, los docentes apenas superarían la canasta de pobreza (Eldia.com, 27/08/21). El hundimiento del salario docente es uno de los factores que explica el crecimiento excepcional del sub-empleo y del desempleo en el gremio porque el que está ocupado se ve obligado a tomar dos y hasta tres cargos para llegar a un ingreso que le permita mínimamente subsistir. Así, el trabajador docente se sobre-explota extendiendo su jornada laboral más allá de su límite físico y psíquico-cultural. Llamamos a todos los delegados y activistas a reunirse en los lugares de trabajo para rechazar esta nueva entrega del salario docente por parte de la burocracia adicta al gobierno de turno y a fijar un pliego de reivindicaciones que partan del rechazo de la presencialidad en pandemia, recursos para la continuidad pedagógica virtual, por un salario igual a la canasta familiar y por el reparto de horas de trabajo sin afectar el salario y el desdoblamiento de cursos.

La filmación de un video casero donde una docente emite en clase posiciones afines al gobierno ha dado lugar a una polémica, que incluye al presidente de la Nación. Kicillof, el gobernador de la Provincia se anticipó a las sanciones a la docente que la derecha macrista y el clero reclamaron a la docencia, al suspenderla del cargo e iniciar una “investigación”. El ‘soviético’ Kicillof se instaló en la ‘pole position’ de una caza de brujas, que pide condena por el delito político de “adoctrinamiento”. La farsa no tiene parangón: en la mitad o más del sistema escolar de Argentina se desarrolla una educación clerical sin barreras, que no es considerada como un régimen de adoctrinamiento y censura, que incluye expulsiones sin sumario. La libertad de creencias se encuentra abolida en este ámbito para laicos y ateos, esto dicho con ‘dulzura’. No existe el debate sobre la pedofilia clerical, que ni siquiera se insinúa. Las embarazadas fuera del matrimonio son expulsadas, porque constituyen un ‘mal ejemplo’. La práctica misma de la pedofilia en las escuelas no tiene traducción judicial. Los acusadores de la maestra del caso son portavoces de un régimen de oscurantismo científico y de arbitrariedad política. La mayor parte de ellos y sus corrientes políticas, peronistas o anti-peronistas, apoyaron el golpe militar del 76, incluso a las tres A. Que Argentina es un clásico del “mundo al revés” no lo disputa nadie. Alberto Fernández salió a elogiar la conducta de la maestra kirchnerista. La defendió porque la maestra K se indignó contra las acusaciones de un alumno contra la corrupción K. Cristina Fernández, en cambio, optó por hacerse la distraída. La misma maestra, sin embargo, no pudo llevar muy lejos su pasión por el kirchnerismo, al hacer una defensa muy particular de la asistencia alimentaria en las escuelas estatales, que descalificó con munición verbal muy gruesa. En el estrecho espacio de una escuela de la Matanza, el público vio por medio de los videos, el carácter político miserable de la ‘grieta’ tomada en su conjunto. Significativo fue también que el culebrón ‘pedagógico’ ocurriera en una escuela de la Matanza, la ciudadela peronista de la tercera sección electoral. No sólo el intendente Espinoza debe sentirse inquieto por el alcance de este simbolismo. También es significativo que el asunto ocurriera en una escuela técnica, donde se forma el personal de la industria, que observa que la industria no va para ningún lado y que los obreros industriales ingresan en la franja de la pobreza, en medio de una creciente flexibilidad laboral. La información no deja en claro la orientación política del alumno que impugnó al kirchnerismo, la que de todos modos se encuentra, como ocurre con todo el mundo, en evolución. Que Alberto Fernández se refiera a la acción de la docente como una “apertura de la cabeza” hacia los alumnos, sólo demuestra el entumecimiento de la suya. La maestra, es cierto, atacó a la educación privada; el Presidente, por el contrario, la viene apuntalando hasta la muerte (literalmente) con la apertura escolar responsable de la ‘segunda ola’ y ahora frente a la expansión de la variante delta. De otro lado, la profesora defendió un gobierno indefendible, que bajó el gasto social real en la pandemia para satisfacer exigencias del capital financiero y del FMI. De otro lado, el suceso demuestra que la cabeza de los alumnos se abre sola, como consecuencia de la experiencia de la misma crisis – una crisis capitalista, no un virus de Wuhan. La kirchnerista sancionada, sin derecho a defensa previo, no pretendió abrir la cabeza de nadie, sino cerrarla con un blindaje de improperios. En el testimonio recogido es evidente que la profesora defendió la política del gobierno y del Estado, sirviéndose del poder y la autoridad que le confiere su cargo frente a los estudiantes. Nada tiene que ver eso con la politización de las aulas, que debe ser promovida por medio del debate que el docente debe promover entre los alumnos mismos, para que arriben a conclusiones propias. Rechazamos la sanción a la docente dictada por el kirchnerista Kicillof, cuyo propósito no es otro que despolitizar la escuela – la misma escuela que enseña historia y la organización política y las constituciones de los países. Se ve aquí otra hilacha del incidente, que es la concepción de la educación como una “salida laboral”, la cual consiste, precisamente, en adosar al ciudadano a una máquina y a la memorización y la rutina digital, mientras “la política” tiene cancha libre para ejercer el despotismo del estado capitalista sobre los trabajadores. Denunciamos la persecución a la docencia por parte de Kicillof, un paladar negro del kirchnerismo, y a toda la laya de clericales, los liberales y los corporativistas. Entre esta gente los estudiantes no tienen ningún porvenir. En lugar de la sanción corresponde abrir un debate en esa escuela y en todo el ámbito educativo y popular La condición de una pedagogía emancipadora es la democracia obrera y socialista.

La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación rechazó el pedido de excarcelación de Sebastián Romero, imputado por su participación en la movilización contra la reforma previsional de Macri el 18 de diciembre de 2017. En aquella jornada, miles de trabajadores y trabajadoras se enfrentaron durante horas con la policía en Plaza Congreso, para rechazar la enésima confiscación a los jubilados. Sebastián fue fotografiado portando un artefacto pirotécnico de venta libre. La Justicia y los medios se han ensañado con él. La mentada ´reforma´ macrista fue meses después declarada inconstitucional por un tribunal de primera instancia. Los jueces Daniel Patrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña decidieron negarle la excarcelación a Romero a pesar de que la pena máxima que podría caberle por el delito que se le atribuye es menor al tiempo que lleva cumplido de prisión domiciliaria (1 año y 3 meses). Los abogados han denunciado que lo mismo sucede con el juicio montado contra Daniel Ruiz, quien lleva 1 año y 10 meses de prisión, luego de estar 13 meses preso en el Penal de Marcos Paz y contra Cesar Arakaki. En este proceso el Estado ya lleva presentados 114 testigos y ninguna prueba. Reclamamos la inmediata libertad de Sebastián Romero, el cese de las causas contra Ruiz, Arakaki y todos los luchadores populares.

Una caracterización de la situación de los trabajadores de Unilever debe comenzar por un balance del impacto de la pandemia en la fábrica. La empresa calificada “esencial” desde el inicio mismo de la cuarentena por su producción, no solo de alimentos sino también de productos de limpieza. Este reconocimiento le representó a la multinacional anglo-neerlandesa una valorización extraordinaria de su capital que siguió produciendo mientras el grueso de sus competidores estaban parados por el lockdown. Además, tanto en el 2020 como en el 2021 los productos de Unilever -especialmente los elaborados en Knorr- tuvieron picos de producción y ventas solamente comparables con años récord. Para los trabajadores en cambio, la esencialidad de Unilever significó una exposición extraordinaria a la pandemia, que dio como resultado, solo en la Planta de Pilar, en más de 400 contagiados, varios trabajadores internados de gravedad y un obrero fallecido. Los protocolos implementados, superiores a otras fábricas, se mostraron obsoletos para evitar la circulación del virus y fueron flexibilizándose a la medida de las necesidades de la empresa, que deslindó siempre su responsabilidad de los contagios en los propios trabajadores. Existe en Unilever un principio sobre la seguridad laboral que dice que si un trabajador no se siente seguro de hacer una tarea, no debe hacerla: "si no te sentís seguro, mejor no lo hagas". El principio, repetido hasta el cansancio durante años, fue a parar a los tachos de basura de la multinacional desde el día 1 de la pandemia. El aluvión de contagios, en los picos de 2020 y 2021, llevaron a la empresa a disminuir a ultranza los cercos de contactos estrechos. A la hora de la declaración jurada de los contagiados, la empresa enviaba a los jefes de turno a apretar al trabajador para reducir al mínimo las licencias a otorgar. Cómo a pesar de los aprietes la cantidad de cercos y contagiados ponía en riesgo la producción, la empresa implementó -contra todas las recomendaciones sanitarias- un bono para aquellos que no denunciaran síntomas. A pesar de la valorización extraordinaria y del récord de ventas, Unilever no se movió de su política de atar el salario a la paritaria del STIA, siempre por debajo de la inflación. De esta manera, la empresa consolidó el derrumbe del salario proveniente de las devaluaciones de 2017; pasamos de ganar arriba de 1.000 dólares mensuales en 2016, a ganar entre 400/500 dólares por mes. Los bonos otorgados no compensaron lo perdido, estuvieron sujetos a las condiciones de la patronal e incorporaron una nueva discriminación; no se pagaron ni a los trabajadores de agencia y ni a los licenciados por riesgo. Es interesante que en medio de la pandemia la empresa haya eliminado el Bono Anual -sujeto a la evaluación de cada trabajador- que se cobraba probablemente desde que la multinacional había desembarcado en el país en 1926. La empresa ha congelado desde hace años las efectivizaciones, a pesar de haber incorporado máquinas y sectores nuevos. La pandemia significó la exposición extraordinaria de los contratados (en sus distintas modalidades) y una demostración palmaria de su carácter esencial -la mayor parte de la fábrica anduvo gracias a los contratados-, pero no a la hora de su efectivización. El conflicto llevado adelante en 2021 en reclamo de efectivizaciones, no logró aún quebrar la barrera de la efectividad, además de incorporar una discriminación más: a partir del conflicto los trabajadores efectivos perciben las horas del domingo a la noche al 100%, pero los de agencia como horas normales. El sector de Mantenimiento impulsó durante la pandemia un reclamo de larga data, el reconocimiento del título. Ocurre que el crecimiento de máquinas y sectores va a contramano de trabajadores del taller, que vienen siendo disminuidos a casi el mínimo, reemplazados en gran medida por empresas tercerizadas. La empresa a pesar de las condiciones excepcionales, se negó al reconocimiento de su personal más especializado. Lo mismo ocurre con los trabajadores de producción, donde el estándar de categorías también fue congelado. Probablemente dónde más puestos se generaron es en Recepción y Despacho, donde después de largos años de reclamos y conflictos la empresa termino con la tercerización en la Logística TASA. Un gran avance para los trabajadores, con un detalle: Unilever pretende que el trabajo que hacían los tercerizados sea realizado por la misma cantidad de trabajadores que operaban hasta ahora. Pasados 18 meses de pandemia, probablemente el único beneficio que le ha quedado a los trabajadores es la ampliación del servicio de charters a 6 cuadras del domicilio de cada trabajador -como consecuencia de la prohibición de utilizar transporte público-. La empresa ya dio de baja el de los tercerizados y pretende dar de baja próximamente el de los efectivos. Las próximas elecciones de delegados deben realizarse en noviembre. Para que ellas sean claras para los trabajadores de la empresa es neceario un balance de la pandemia: ganancias extraordinarias, ventas extraordinarias, contagios masivos y salarios de pobreza. La recuperación de un cuerpo de delegados clasista no es una consigna abstracta, sino que responde a la necesidad de arrancar un salario mínimo igual a la canasta familiar, a la lucha por las reivindicaciones de los sectores, a la lucha por la efectividad de los contratados, a poner punto final a la discriminación patronal entre los trabajadores.

Asistimos a una crisis humanitaria de características históricas. Este sistema social capitalista ha sido el responsable de la aparición de estos virus con su sistemático ataque al medio ambiente y a la naturaleza. Asimismo, han destruido la salud pública en beneficio de la medicina privada. Los negociados de los monopolios farmacéuticos han tomado de rehén a la humanidad con la medicalización. Se han distribuido millones de dólares a los capitalistas y solo migajas a trabajadores y jubilados. Los adultos mayores somos las primeras víctimas, un PAMI que no escucha, la ausencia de vacunas, la no atención de las enfermedades preexistentes, el hacinamiento, los precios inaccesibles de medicamentos y alimentos. Imposible vivir con haberes de indigencia y pobreza (haberes de $26.000, los de la PUAM $ 20.000, las pensiones no contributivas $18.500). Más del 50% de los trabajadores no obtendrá su jubilación producto de las suspensiones despidos y aumentos de salarios no remunerativos. El macrismo, en diciembre del 2017, con palos y gases aprobó una ley en el Congreso secundada por los gobernadores peronistas que confiscó $ 100.000 millones de nuestros haberes. Miles de trabajadores y jubilados protagonizamos una jornada histórica. Después vinieron los Fernández con el “piripipí” de que “entre los bancos y los jubilados” estaban con los jubilados. Los bancos llenaron sus arcas y nosotros estamos en la pobreza e indigencia. Toda una orquesta en sintonía con los planes del FMI. Sumado a esto una CGT que no mueve un dedo en defensa de trabajadores y jubilados. ¿Que se busca con el voto? Dos sectores, Macristas por un lado, hoy “JUNTOS” y “TODOS” disputan en el ring, pero en el Congreso Nacional sus diputados levantarán las manos para oficializar el acuerdo con el FMI, que traerá como consecuencia una mayor precarización laboral, el aumento de la edad jubilatoria y haberes de indigencia. Luchamos y nos movilizamos: Por vacunas con 2 dosis a todos los adultos mayores. Por la atención inmediata de las enfermedades preexistentes. Por un aumento de emergencia de $ 40.000 a todos los jubilados pensionados y rentas vitalicias. Por un haber mínimo igual al costo de la canasta familiar (hoy en $130.000). No al aumento de la edad jubilatoria. Restitución de los aportes patronales. Fuera el FMI. No al pago de esta deuda usuraria. Por estas razones llamamos a los jubilados y pensionados a votar a los candidatos de Política Obrera, a Marcelo Ramal en CABA, Jorge Altamira en provincia, y en todo el país, para fortalecer las luchas de todos los trabajadores y jubilados del mundo que enfrentan esta barbarie.

La campaña electoral de Política Obrera se desarrolla de cara al movimiento obrero. Nuestro propósito es señalar que el proceso electoral encubre un ataque a las condiciones de vida de la clase obrera que se materializará con el acuerdo que exige el FMI, y que será votado por ambos lados de la grieta. Nuestra agitación está apuntada a los lugares de trabajo y a las barriadas obreras. En la zona norte está emplazado el principal núcleo de la clase obrera industrial del país. Recorridas Las recorridas de Jorge Altamira tuvieron como punto central las actividades en puerta de fábrica, comenzando por Mondelez (ex Kraft) . La agitación consistió en un pequeño acto: mientras se repartían las plataformas, Altamira se dirigía a los trabajadores. En su breve pero intenso discurso, Altamira señaló incluso el significado político de un conflicto que transitan los trabajadores precarizados de la empresa. Otra agitación importante fue la que desarrollamos en Fate . La actividad tuvo la misma dinámica que en Mondelez. Jorge dirigió unas palabras a los trabajadores que salían de la planta. “Para nosotros, que estamos en una campaña electoral, es una obligación estar en la puerta de esta fábrica. Nadie que pertenezca a un partido de luchadores puede hacer una campaña electoral sin pasar por FATE y dentro de lo posible sin intercambiar ideas con sus trabajadores”. Las intervenciones de Altamira en estas dos fábricas se transformaron en cartas abiertas a los trabajadores, que los compañeros de las regionales están repartiendo en todos los turnos, con el objetivo de amplificar al máximo nuestros planteos sobre los sectores de la clase obrera que tienen una autoridad ganada por sus luchas. Otro hito fue en Siderca, en Campana, donde Altamira y compañeros de la regional, intercambiaron ideas con los trabajadores de una de las siderúrgicas más grandes del país. La última semana visitamos BedTime, otra importante fábrica del distrito de Tigre. BedTime tiene una larga historia de lucha. Sus trabajadores, con su comisión interna a la cabeza, protagonizaron, ante una provocación patronal, la primera toma de fábrica de la pandemia que derivó en un triunfo absoluto. Esta vez la actividad tuvo otra impronta: se desarrolló en la puerta de la fábrica una reunión espontánea con activistas y parte de la comisión interna, en la que se intercambiaron opiniones sobre varios temas, como la cuestión de la reducción de la jornada laboral a 6 horas, que un sector de la burocracia sindical agita con un objetivo distraccionista, y los reclamos propios de BedTime y la experiencia de lucha de esta fábrica del sindicato plástico. La campaña del Polo Obrero (T) Otro punto para destacar de la campaña en Zona Norte son las actividades que se están desarrollando junto a los principales candidatos en las barriadas donde están organizados los compañeros del Polo Obrero (T). Jorge Altamira participó de actividades en San Martin y José C. Paz, donde recorrió los barrios e intercambió ideas con los vecinos junto a los compañeros del Polo Obrero Tendencia. Eva Gutiérrez, segunda precandidata a diputada nacional también estuvo recorriendo los barrios de Pilar, y este sábado 28 estará en José C. Paz. De estas actividades de campaña surgieron a la vez comités de apoyo que resultaron en otras actividades -agitaciones en plazas, estaciones y pintadas- a las que se sumaron, de forma consiente y militante, activistas del Polo Obrero Tendencia. Los compañeros del Polo Obrero T de Escobar y de San isidro están desarrollando intensas y sistemáticas actividades de agitación. La propia campaña electoral está siendo una escuela de formación política en los barrios. Mientras los punteros de los gobiernos municipales utilizan a los compañeros de los barrios de forma clientelar para sostener mesitas y repartir volantes, los compañeros del Polo Obrero T discuten en las asambleas barriales los planteos de Política Obrera y resuelven defenderlos con actividades militantes.

Este 27 de agosto marchamos a Plaza de Mayo y a las plazas centrales de buena parte del país (Salta, Tucumán, Rio Negro, Córdoba, Bariloche, San Juan, Mar del Plata, Rosario, La Plata y otras), contra el gatillo fácil, convocados por los familiares de las víctimas de la violencia policial. Desde el ´retorno´ de la democracia hasta la fecha, el aparato represivo se llevó la vida de 7.587 ciudadanos. Casos como el de Luciano Arruga durante el kirchnerismo, el de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, fueron motivo de grandes movilizaciones populares. El actual gobierno de Fernández- Fernández ya carga en su mochila casos emblemáticos, como el de Luis Espinoza (Tucumán) y Facundo Astudillo Castro (Bahía Blanca), y Brandon Romero (Mar del Plata). El gatillo fácil representa el estado policial, en el marco de un régimen político pseudo constitucional. En el acto central en Plaza de Mayo fue leído un documento, seguido del testimonio de numerosos casos. El texto consensuado por los familiares señala: “encontramos, dentro de los diferentes gobiernos, personajes responsables o cómplices de masacres que nos lastiman. Así en el caso de Felipe Sola, canciller del gobierno de Alberto Fernández y responsable político de la masacre de puente Pueyrredón; Espinoza, intendente actual de la Matanza y encubridor de la desaparición de Luciano Arruga; Aníbal Ibarra exjefe de Gobierno de CABA; responsable político de la masacre de Cromañón, y la lista sigue. Por eso: no solamente es la policía sino toda la institución y más allá, el estado en su conjunto. Alguien da las órdenes para las fuerzas represivas”. Política Obrera (la Tendencia del Partido Obrero), se hizo presente en CABA y en las demás provincias con sus columnas.

China acordó con el gobierno de Chaco el desarrollo de la producción porcina a gran escala. El gobernador Capitanich anunció que para agosto y septiembre empezarán a exportar cerdo a Beijing y habrá un financiamiento para la instalación de plantas. El acuerdo se extenderá en todo el país. Los “proyectos” se concretaron en la firma de un acuerdo en el que el gobernador Capitanich suscribió con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food que posibilita la puesta en marcha en la provincia de 3 complejos porcinos integrados con destino a exportación (Presentes, 26/8). La Cancillería había firmado un memorándum de entendimiento el año pasado con China, el paso previo para la construcción de megagranjas porcinas, que son consideradas por especialistas como “fábricas de pandemia”. China las expulsa de su territorio y las impulsa en países dependientes, como la Argentina. Alberto Fernández dijo al portal Filonews que la discusión no pasa por si se hace efectivo o no el acuerdo, sino por “cómo van a producirse porcinos en Argentina”. Metabolismo sociedad-naturaleza, megagranjas y pandemias La aglomeración de animales tiende a deprimir los sistemas inmunes de los animales por lo que son sometidos a aplicaciones de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades. Esta práctica genera mutaciones en los microorganismos, los cuales se fortalecen provocando nuevas infecciones. Los virus zoonóticos pueden realizar un salto inter especie hacia los seres humanos: según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se calcula que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en las personas provienen de animales. Esta situación, origina las pandemias. Las megafactorías son las responsables del 15 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y de caldos de cultivo que contaminan miles de litros de agua. Según un Informe Técnico del Impacto de las Megagranjas Porcinas en la Salud Socioambiental publicado por el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR): “La principal ruptura del proceso de metabolismo sociedad naturaleza deviene de la inmanejable cantidad de desechos producidos y concentrados en áreas reducidas de territorio. Estos desechos tienen la capacidad de contaminar agua, suelo y aire” (El Federal, 2/8). Las diarreas infecciosas o leptospirosis, la contaminación por nitratos a la que se asocian enfermedades como metahemoglobinemia, hipotiroidismo, cáncer colorrectal o enfermedades en la salud reproductiva como abortos o malformaciones, son producto de esto. El sitio ANRed explica que este tipo de proyectos tienen “un potencial pandémico por la generación de virus de origen zoonótico como el covid-19”. Un presupuesto en función de las megagranjas En agosto de 2018 se produjo en China un brote de la peste porcina africana entre los cerdos criados para la fabricación de alimentos. Para detenerlo, debieron sacrificarse entre 180 y 250 millones de chanchos, y esto determinó una disminución del 30% de la producción del sector en el gigante asiático, el país con más consumo de carne porcina del mundo. También hubo problemas en Italia, México, Chile y otros países. China decidió tercerizar esa producción. En 2019, Argentina y China comenzaron a entablar conversaciones por las megagranjas. El presupuesto provincial de 2020 reflejó la entrega de los recursos, como el acuerdo porcino con China y los agronegocios, profundiza el desmonte del impenetrable porque no alcanzan las 20 mil hectáreas deforestadas durante la pandemia. El proyecto también pretende ampliar en tres millones de hectáreas la superficie sembrada. E impulsó el proyecto de ampliación del “Puerto Las Palmas”, para transformarse en un puerto competitivo sobre el río Paraguay y poder sacar los recursos de la provincia. Soledad Barruti, periodista y escritora especializada en alimentación e industria alimentaria, dijo sobre al acuerdo con China: “Primero dijeron que se iba a firmar en noviembre, después que no se iba a firmar y después saltó (Jorge) Capitanich a decir que él ya había hecho el primer paso de este acuerdo que era establecer tres granjas modelo en Chaco” (presentes, 25/8). El quórum que oficialismo del PO le dio a Capitanich y permitió aprobar el presupuesto 2020, hizo posible avanzar en este proyecto que hoy corona la construcción de 3 granjas porcinas que “Hoy tienen 300 madres en producción” y que son producto de “Una inversión cercana a los 70 millones de pesos con financiamiento del fondo industrial de la provincia”, según indicó el gobernador por Twitter (26/8). Estas inversiones fueron financiadas por el Fondo Provincial que se estableció en aquel presupuesto y en el de este año. Barruti dijo que “Cada uno de estos galpones necesita de 17 mil hectáreas de maíz y soja transgénica para poder alimentar a los animales, un millón y medio de litros de agua por día. Son unidades productivas con características muy específicas en territorios que no tienen las condiciones para poder abastacerlos” (ídem). El Ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, un ministro “pintado” frente a la destrucción de los humedales, la megaminería (fracking) del gobierno y la desforestación por el avance de la frontera sojera, reconoció el verdadero objetivo de estos planes: “Los 17 mil millones de dólares que deberíamos pagarle al Fondo el año que viene no los podríamos conseguir sin generar más contaminación” (eldestapeweb, 12/8). Esos dólares también son para los especuladores y los fugadores de capitales. Cabandié planteó “canjes de deuda por acción climática”, volver a los mercados y al FMI es la garantía de expansión de la contaminación y depredación del medio ambiente. Estos dichos de Cabandié y la realidad de la contaminación impulsada por el gobierno, contrasta con la campaña de la “buena vida” de Santoro y Tolosa Paz. Como así el “impuesto solidario” a las grandes fortunas que termina subsidiando a las petroleras y al fracking. Alberto Fernández, en el mismo sentido de Cabandié, pidió una “nueva designación de Derechos Especiales de Giro (DGE)” para “mejorar el medio ambiente” (ídem), el último DGE que Cristina dijo que iba a utilizarse para “ayudar a la gente” se terminó destinando al pago de intereses de deuda. Ahora el argumento es “mejorar el medio ambiente” pero el destino será el mismo. El oficialismo del PO, aparte de dar quórum a Capitanich para las megagranjas y deforestación del impenetrable, plantea una “contaminación aceptable”: “recurriendo a ciertas (y solo determinadas) formas productivas que impactan sobre el ambiente de manera nociva, pero con la intención de restringirlas” (PO, 10/8). Habría que ver qué “esquemas de transición” aceptan las familias que mueren de cáncer, o la contaminación de ríos, y la gente que se muere por este tipo de prácticas. En la Embajada de China se realizó una movilización de diferentes organizaciones ambientalistas contra la instalación de megagranjas porcinas, a un año de la firma del acuerdo bilateral. Las movilizaciones habían frenado el acuerdo y hecho desdecirse al gobierno y a la Cancillería sobre las megagranjas, sin embargo, la acción parlamentaria de la izquierda que pretende ser “tercera fuerza” del régimen, permitió a Capitanich relanzar el acuerdo con China y volver a poner el proyecto sobre la mesa. La integración de una parte de la izquierda al régimen tiene sus consecuencias concretas. La lucha por otra relación entre la naturaleza y la sociedad tiene que partir del desarrollo de una conciencia que esté a la altura de la crisis política y de régimen que se abre en el país, que, sin dudas, deja planteado el problema del poder. Esto es, la reorganización del país sobre otras bases sociales y otra relación con la naturaleza, mediante un gobierno de trabajadores.

Un debate sobre un hecho histórico-social entre una docente y sus alumnos, en una secundaria de La Matanza, se viralizó a la velocidad del rayo. La derecha, JxC y su socio TN, emprendieron una cruzada contra el “adoctrinamiento” en las aulas en clave electoral. Los “nacionales y populares”, ni lerdos ni perezosos, se sumaron a esta campaña macartista e hipócrita en la expectativa de no perder votos. Al respecto, el ministro de educación de la Nación, Nicolás Trotta, planteó sin eufemismos que “Eso no es docencia. Se inició la investigación y se separó a la docente. Conversé con la ministra de la provincia y nos oponemos a cualquier instancia de lo que se denomina 'adoctrinamiento” (Diputados.com.ar, 27/08). La hipocresía de la falsa grieta Quienes se rasgan las vestiduras por una polémica acalorada en un aula en torno a hechos histórico-sociales y a su conceptualización no tienen empacho en promover la educación confesional con pingües y crecientes subsidios. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde un alto porcentaje de las escuelas privadas son confesionales, los subsidios crecen “En 2015 eran 789 [los establecimientos subsidiados]. En 2020, 1.002, contando sólo los niveles obligatorios.” (politicaobrera.com, “Subsidios a la educación privada, una política de estado”, 04/08). Cualquier docente que trabaje en escuelas religiosas sabe muy bien que el “adoctrinamiento” impulsado por las patronales no se cuestiona porque ello es causal de despido. El “adoctrinamiento” religioso y oscurantista no es exclusivo de las instituciones educativas privadas, sino que también es compartido, con más o menos intensidad, por las públicas que, gracias a la provincialización de los años 90´permitió al clero imponer la “materia” religión en el currículo oficial (Salta, Catamarca y Tucumán). Todas provincias gobernadas por los “nacionales y populares” de la época. En el 2006, la Ley Nacional de Educación consolido la intromisión de los cleros provinciales bajo el taparrabos del “respeto de la diversidad cultural”. Oficialistas y opositores ponen el grito en el cielo contra el “adoctrinamiento” en las aulas matanceras cuando son esas mismas fuerzas políticas los principales impulsores del adoctrinamiento religioso. La doble vara criolla. Todo acto pedagógico es político En la cruzada oscurantista contra el imperio de la crítica en toda institución educativa como método de construcción del conocimiento se coló una vieja concepción positivista-naturalista que sostiene que el conocimiento es imparcial (“libre de valores”), que los docentes son meros transmisores de conocimiento ya elaborado y que los alumnos son tabula rasa sobre las cuales debe colocarse el conocimiento en forma progresiva. Esta premisa falsa lleva a la siguiente conclusión: en las aulas las ideologías no entran. Esta posición ideológica vestida de “imparcialidad” es el taparrabos con el cual la fracción de clase burguesa que domina el Estado siempre impuso su ideología. Trotta sostiene lo insostenible, porque quienes enseñan y quienes aprenden son sujetos atravesados por las ideologías y el examen crítico y el debate sobre este sentido común y sus fundamentos materiales es la base sobre la cual puede construirse conocimiento crítico y no el adocenado que justifica un estado de cosas determinado. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? y ¿Para qué enseñar? constituyen preguntas fundantes de la acción pedagógica y exigen, necesariamente, un posicionamiento pedagógico-político por parte del docente. ¿Dejar la ideología en la puerta del aula? Pura ideología. Por otra parte, los alumnos también son sujetos sociales atravesados por la ideología y habitan las aulas con una cantidad enorme de conocimientos muy valiosos y, también, de prejuicios. Todo buen pedagogo debe partir del conocimiento de sentido común de los alumnos y ponerlos en tensión con otros conocimientos de tipo científico. El compañero estudiante debe tener, al igual que el docente, la más amplia libertad de expresión y de crítica sobre las apreciaciones que puedan hacer los docentes. Para superar el sentido común creado por la clase burguesa que domina la sociedad, es necesario la defensa de la libertad de crítica. El Estado es el principal adoctrinador Resulta violento que el principal adoctrinador social, el Estado burgués, sancione a una docente por “adoctrinar” en las aulas cuando es ese Estado, en asociación con la Iglesia, quién violenta a los sujetos sociales con todo tipo de supersticiones desde la más tierna infancia. A nadie se le puede escapar que en las aulas se enseña lo que el Estado prescribe como adecuado y correcto. Lo “correcto y adecuado” no es otra cosa que la ideología de la clase dominante y ello se plasma en los diseños curriculares. La comunidad educativa, docentes y estudiantes, son convidados de piedra en la definición de esos programas de estudio. ¿Existe algo más impositivo y anti-democrático que esto? De esto no hablan ni JxC y ni el FdT. La docente kirchnerista, abandona el campo de la pedagogía crítica al reproducir ella misma el sentido común en el aula cuando afirma, por ejemplo, que los estudiantes pueden ir a la escuela “porque se lo da el Estado”. Los métodos didácticos desplegados están en las antípodas de la pedagogía freiriana que dice defender porque jerarquiza sus “saberes” en detrimento de los “saberes” del alumno que reproduce el sentido común difundido por ciertos medios de comunicación como Clarín y La Nación. Debemos rechazar las sanciones a la docente Laura Raditich y reivindicar la más absoluta libertad de crítica y debate en las aulas. Esta es la cuestión fundamental más allá de la perspectiva pedagógica-didáctica que la docente despliega. En las aulas, como en todos los intersticios de la sociedad burguesa, se ejerce el poder y ello implica relaciones de asimetría entre el docente y el alumno. Para combatir estas relaciones de dominación los estudiantes deben conquistar el derecho de organización para enfrentar este poder y el poder del Estado regimentador. El movimiento estudiantil debe conquistar el derecho al co-gobierno de las instituciones educativas para participar del proceso de enseñanza-aprendizaje en iguales condiciones de quienes enseñan. La lucha contra la pedagogía de la alienación que Rendetich encarna debe ser combatida por la comunidad educativa por medio de la crítica política de nuestras prácticas pedagógicas y no desde el punitivismo estatal. Como afirmaba Freire “La opción, por tanto, está entre una ´educación´ para la ´domesticación´ alienada y una educación para la libertad. ´Educación´ para el hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto” (Freire, Paulo; “La educación como práctica de la libertad”; editorial Siglo XXI).

Pasan los años y la salud pública municipal se deteriora de forma acelerada. Quedó en evidencia durante la pandemia covid19, el mal estado del Hospital en todos sus ámbitos (estructura edilicia, servicios, atención). La falta de trabajadores de la salud, el salario mal pago y el disciplinamiento ante una negativa de cumplir cualquier propósito que tiene el Gobierno Municipal sobre la tarea de los trabajadores. Sin embargo, durante la última rendición de cuentas, vienen bastante atrasados, del presupuesto no queda en claro que suceden con los fondos que se destinan al hospital. La falta de capacitaciones al personal, el deterioro evidente de camas, habitaciones, servicios al vecino hacen del Hospital un barco a la deriva. Es imperante un cambio en cuanto a la política de salud pública en San Isidro, no podemos ni debemos dejar caer el patrimonio de todos los vecinos sanisidrenses. Es necesario luchar por las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores de salud que arriesgan su vida día a día para cuidarnos. Un trabajador de la salud que recién se inicia cobra entre $40 y 45 mil pesos, osea un salario de POBREZA. No olvidemos que hoy para no ser pobre debes tener un salario de $67 mil pesos. ¿Cómo los trabajadores de la salud pueden tener salarios de pobreza luego de todo el esfuerzo que hicieron para afrontar esta pandemia.? ¡Basta de atropellos a la salud pública!¡Cuidemos a nuestros trabajadores!¡Basta de precarizacion! ¡Recomposicion salarial Urgente!

Entrevistamos para Política Obrera a Fátima Soto, de 26 años de edad, vecina de la villa 21-24 que se encuentra ocupando las tierras del Gobierno de la Nación en Barracas. Fátima se encuentra en una casucha de madera y nylon, en un costado del predio, junto a otras 12 madres. Casi todas son madres solteras. ¿Hace cuántos días estás en la toma y con quién estás, Fátima? Hoy ya hace 6 días estoy en la toma. Estoy con mi hija. Y mi hijo no está porque es trasplantado del hígado y toma corticoides. No lo puedo tener acá porque al tomar corticoides tiene bajas defensas y se puede agarrar cualquier virus. ¿Por qué estás ocupando tierras? Yo estoy acá buscando una solución. Mi hijo ya va a cumplir siete años. Estuve por todos lados. Recurrí al Estado y nunca nada. Pedí un subsidio habitacional antes de su trasplante porque sus médicos nos decían siempre en sus informes que una villa no tenía las condiciones adecuadas para un paciente trasplantado del hígado. Lo que yo pido es que me ayuden a tener mi casa, porque yo tengo un montón de informes del Hospital Gutiérrez de dónde él es paciente, que dicen que él tiene que vivir en una casa en condiciones, con pisos de cerámica, sin humedad, tiene que tener su habitación propia, su baño privado. Cosas que mi hijo no tiene. A mí me encantaría no estar durmiendo acá con mi hija y poder estar en mi casa con mis dos hijos, pero yo estoy peleando para que el Estado se haga responsable y nos dé una mano. Porque no estamos acá porque tenemos ganas. La mayoría tenemos chicos y la estamos pasando muy mal porque no nos dejan pasar muchas cosas como alimentos, medicamentos o frazadas. Muchas personas de las que están acá están enfermas, y están acá porque no tienen un lugar adecuado para vivir. ¿Tú estás trabajando? No, yo no estoy trabajando. No puedo trabajar porque el cuidado de mi hijo requiere que esté pendiente de él todo el tiempo. ¿Y el subsidio habitacional te lo dieron? No, porque te piden un montón de requisitos que son inaccesibles. ¿Cuáles son tus gastos y con cuánta plata vives por mes? Yo tengo que llevar a mi hijo dos o tres veces a la semana al hospital, lo tengo que llevar en remis, que me sale $900. A veces estamos todo el día y tenemos que comprar comida. Tengo que comprar medicamentos que algunos me salen $1700 y me duran una semana. Mis ingresos no llegan a los $20.000 mensuales. ¿Qué les quisieras decir a los demás vecinos y vecinas del barrio? Que nos apoyen por favor. Todas las mujeres que estamos acá estamos por nuestros hijos, por un futuro para ellos, no estamos acá por gusto. Necesitamos su apoyo porque sino nos van a reprimir. La policía nos amenaza con dispararnos. Nos insultan todos los días. Quiero que se haga público. Ellos no nos dejan entrar alimentos y encima amenazan con que el día del desalojo nos van a disparar. Vamos seguir luchando. Pero quiero que se sepa que ellos tienen esas tremendas armas y nosotras en cambio estamos con nuestros hijos en brazos. Las madres de la toma llaman a todas las organizaciones y activistas del barrio a solidarizarse con su lucha, y necesitan con urgencia donaciones de pañales; toallitas higiénicas; papel higiénico; leche; alimentos secos, frescos y frazadas. No al desalojo de mujeres y niños en la toma en villa 21-24. Vivienda digna para todas las madres. Mesa de Trabajo YA. El Estado es el responsable de la miseria de las mujeres trabajadoras. Contacto: Javiera: 11 22517824 Antonella: 11 27339209

Decenas de familias ocupan desde hace una semana un predio que pertenece a la Línea Roca del Ferrocarril, ubicado a un costado de la vía que cruza la villa 21-24 de Barracas. Hoy enfrentan una amenaza de desalojo por parte del Juez Daniel Rafecas del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3. Las familias reclaman una Mesa de Trabajo con los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad; funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y legisladores porteños. Prácticamente la totalidad de las familias tienen entre uno y cuatro infantes en el interior de la toma, y se encuentran en situación de calle, hacinamiento o viviendo en alquileres imposibles de seguir costeando. Muchos de ellos no reciben ningún subsidio habitacional por parte del Estado, pues al vivir dentro de la villa no cuentan con requisitos como factura de servicios. A dos cuadras de la ocupación, se encuentran decenas de departamentos del programa PROCREAR vacíos desde hace meses. Durante el primer día de la toma las familias ocupantes fueron amedrentadas por patotas del ferrocarril y de la línea 59 de colectivos que tienen su terminal a un costado del predio en cuestión. Los siguientes días, se organizaron para cocinar, ir a changuear y llevar a sus hijos a la escuela. Pero la situación empeoró cuando el pasado viernes los comisarios Ponce y Spinelli de la Policía Federal y la Ciudad, mandaron a sitiar el predio por órdenes del Juez Rafecas. La policía impidió el ingreso de agua; pañales; medicamentos; alimentos; papel higiénicos; frazadas, utensilios de cocina y carbón. Hasta el momento de escribir esta nota, ningún funcionario del Estado ha mostrado la supuesta orden judicial que impide la entrada de familiares y de víveres a la toma. Gracias a la presión que pudimos ejercer desde dentro y fuera de la ocupación, conseguimos negociar el ingreso de elementos esenciales de subsistencia, más no la libre circulación de personas. “Estamos encarcelados”, señaló ayer a los medios uno de los delegados de la ocupación. La mayoría de las familias que se encuentran al interior de la toma pertenecen a alguna organización del barrio, pero este hecho se contradice brutalmente con la ausencia de ellas hasta ahora. Nahuel Arrieta, vocero de la toma, denunció en vivo por Crónica el día de ayer que el Frente de Todos no sólo no se ha solidarizado con las familias sitiadas por estar en contra de las “usurpaciones”, sino que además están evitando generarle un conflicto político al Gobierno Nacional, dueño del predio, a semanas de las PASO. Durante la tarde del domingo, a través de un móvil de Crónica que estaba en la entrada de la toma, se filtró la información de que Rafecas prepara una orden de desalojo para este lunes 30 de agosto a las 09 horas. Desde el Polo Obrero Tendencia de la villa 21-24 no sólo apoyamos el reclamo de vivienda de las diez familias de nuestra organización que se encuentran al interior de la toma; sino que también nos solidarizamos con el conjunto de las familias trabajadoras que producto de las angustiantes condiciones de miseria que viven, han salido a ocupar el predio para reclamar una vivienda digna. Seguimos colaborando con la campaña de donaciones, y llamamos a todas las organizaciones del barrio y la Ciudad a solidarizarse y repudiar la represión del Estado. Los Gobiernos de Fernández y de Larreta son responsables de la represión que ha ejercido la Policía, y que ahora se prepara para desalojar a las familias. Y son también responsables de todas las agresiones cometidas por sus punteros y patotas a sueldo que merodean este conflicto. No al desalojo de la toma en villa 21-24. Vivienda digna para todas las familias. Mesa de Trabajo ya. El Estado es el responsable de la miseria social de las familias trabajadoras.

Después de varios conatos represivos y la consumación de una paritaria trucha entre el gobierno y la intergremial (ADP, AMET, SADOP, UDA, ATE y UPCN), la docencia autoconvocada salteña, en su asamblea provincial y en decenas de asambleas departamentales, ha ratificado su huelga por tiempo indeterminado. Bajo este macizo pronunciamiento, los “Delegados de la Plaza”, Sitepsa y MD se plegaron nuevamente a lo ya votado. La huelga docente autoconvocada entra así a su quinta semana de lucha con un acatamiento superior al 70% y más alto aún en el interior provincial. “El mejor acuerdo salarial” Sáenz ha ido a fondo en su intento de desconocer la autoconvocatoria y ha firmado con los sellos de su intergremial un aumento del 15% en 3 cuotas hasta diciembre, que es presentado como un 51%, que le “ganaría” a la inflación y como “el mejor aumento del país”. Lo cierto es que en realidad el aumento no llega al 46% al no aplicarse a todos los ítems del salario; al no ser acumulativo, queda 6 puntos por debajo de la inflación proyectada; e implica un aumento de alrededor de 4 mil pesos para el docente que recién se inicia. En suma, el sueldo inicial docente quedará 20 mil pesos por debajo de la canasta básica familiar (línea de pobreza) y muy lejos de la canasta familiar real, exigida por los docentes autoconvocados. La docencia autoconvocada no sólo ha rechazado este acuerdo por su carácter ruinoso. Reclama además ser ella quien determine quienes son sus representantes paritarios ante el Estado patronal. Así ha dejado en claro que son las masas docentes, organizadas en asambleas, quienes determinan lo que se acepta o no y no el gobierno y su puñado de burócratas. Ataque fascista Ante el fracaso de su paritaria trucha, Sáenz lanzó a sus ministros de Gobierno, de Economía y de Educación, en una conferencia conjunta este domingo, a “exigir” a la docencia la vuelta a las aulas y llamar a los trabajadores salteños a condenar esta lucha en nombre de los niños. Se apoyaron para eso en las entregas de las burocracias sindicales privadas que firmaron aumentos por debajo de la inflación y en que “hay sectores que la pasan peor”. Es decir que promovió la resignación al cuadro de miseria cada vez más insoportable y que es responsabilidad del propio gobierno. A la par, el trío de funcionarios volvió a amenazar con los descuentos de los días caídos y la extorsión de un plan de recuperación para los docentes que vuelvan a las aulas hasta este lunes para evitar los descuentos. Todo esto está fracasando por ahora y el paro se mantiene fuerte y sigue recibiendo importantes muestras de solidaridad y la confluencia con diferentes sectores obreros en lucha. Crisis política Después de haber cerrado filas con Sáenz contra la huelga docente durante las primeras 3 semanas de huelga, el obispado de Orán, diputados y senadores macristas y kirchneristas, han comenzado a reclamar al gobierno que reciba a los autoconvocados. El fracaso de las acciones represivas y los ataques mediáticos del gobierno, pero sobre todo el golpe recibido por el ala pejotista del gobierno en las elecciones provinciales, los hace vacilar ante la estrategia de Sáenz. Otros sectores, vinculados a los negocios capitalistas del turismo, han volcado a sus operadores mediáticos a criticar a Sáenz por no poder poner fin a la huelga, a la vez que atacan a la docencia en lucha por sus piquetes y manifestaciones. Todos estos sectores del reaccionario régimen político salteño se jugaron a que la paritaria trucha de Sáenz pudiera cerrar el conflicto, pero ante su fracaso está por verse hasta que punto sostendrán la campaña fascista del gobierno, que hasta ahora también viene fracasando. Por otro lado, el aumento del gobierno ya ha abierto una crisis con los intendentes que se declaran sin recursos para poder garantizarlo en sus municipios, lo que puede desatar más luchas obreras. En Tartagal la burocracia de ATE acaba de aceptar una conciliación obligatoria contra el paro por tiempo indeterminado impuesto por las bases, antes de este último aumento. En Orán, los precarizados y jornaleros siguen en pie de lucha por el salario y el pase a planta. Confluir y coordinar Mientras Sáenz no deja de atacar a los docentes autoconvocados, estos vuelven a los piquetes, acampes y manifestaciones en toda la provincia. A la vez, la mesa de conducción de la asamblea provincial docente autoconvocada está discutiendo una acción de lucha común con todos los sectores que vienen confluyendo y solidarizándose con su lucha: trabajadores municipales y de la salud autoconvocados; padres y alumnos; sindicatos y organizaciones piqueteras. Esta medida es clave para quebrar el operativo de aislamiento del gobierno contra la docencia en huelga. Esta semana será clave porque se sentirá el impacto de los descuentos de un mes completo de huelga, por lo que la solidaridad práctica y financiera es también una tarea central de todos los luchadores para bregar por el triunfo de esta huelga histórica.

Eva Gutiérrez, pre candidata a diputada nacional por Política Obrera, recorrió junto a vecinos los barrios Acuba 1 y 2 de Lanús. Son barrios abandonados por el municipio, sin servcio de agua corriente ni gas, con energía eléctrica intermitente, con grandes basurales a cielo abierto -también en época de pandemia-, con calles destrozadas y sin asfalto, incluso, a pesar de que el municipio cuenta con una fábrica de asfalto propia. En ese cuadro de abandono, lo único y maravilloso a destacar son las excelentes casas de ladrillo y cemento construidas por las familias paraguayas y argentinas de obreros de la construcción, que son quienes, con sus edificaciones de dos plantas, le dan al barrio una impronta distinta en medio de la desidia histórica de los gobiernos patronales – antes la dictadura, luego los peronistas Quindimil y Diaz Pérez, ahora Grindetti. Nos concentramos al mediodía para almorzar los ricos platos elaborados por las compañeras del barrio en el Comedor del Polo Obrero desde donde partimos para la actividad proselitista. Los precandidatos Eva Gutiérrez y Lisandro Martínez recorrieron junto a cerca de 40 vecinos volanteado y charlando con otros que salían a la puerta de sus casas a recibir nuestra plataforma política en la que llamamos a superar a los gobiernos patronales y avanzar hacia el gobierno obrero y de los trabajadores mediante la convocatoria de una asamblea general constituyente, cuyos funcionarios elegidos si no cumplen sean revocados. Caminamos ida y vuelta por ambos barrios con un acompañamiento muy potente de mujeres, hombres y jóvenes con volantes en mano que ponían la nota de combatividad a esa iniciativa que era fotografiada paso a paso por toda la concurrencia. Al finalizar la recorrida nos esperaban otros vecinos que habían montado, frente a la canchita, un telón decorado con globos y las banderas entrelazadas de Paraguay, Argentina y Política Obrera. Allí, Eva cerró la jornada señalando el desafío de los trabajadores de organizarse frente a las funestas perspectivas del ajuste en marcha, los salarios y las jubilaciones de pobreza y para darle una salida obrera al país. Como broche final una compañera de la comunidad paraguaya vestida para la ocasión danzo una guaranía retribuyendo la visita de Eva. Fue una gran actividad que sirvió para reforzar la estructuración política del Polo (T) en el distrito y nos deja planteados nuevos desafíos, en lo inmediato, como el reclutamiento de fiscales para defender el voto a Política Obrera..

Cuando el activismo estatal del Valle conoció el fallecimiento de Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz en un accidente automovilístico camino a Comodoro Rivadavia tras participar del Primer Congreso Provincial de Delegados Docentes del Chubut, la tristeza y la bronca se canalizaron movilizando a la Legislatura provincial, donde se había emplazado un acampe contra las políticas de ajuste del gobernador Mariano Arcioni. La noche del 17 de septiembre de 2019 congregó a casi un millar de personas en el lugar, que de forma espontánea apuntaron contra las dos principales instituciones del Estado en la capital provincial: Legislatura y Casa de Gobierno, incendiando sus puertas y vituperando contra los diputados y el gobernador. La rebelión fue reprimida en horas de la madrugada. El gobierno acusa como responsables de estos hechos a Santiago Goodman, secretario general de la ATECh; Matías Schierolh, delegado de la ATECh; Marcela Ancaleo y Mariana Castro, ambas dirigentes de la CTA de los Trabajadores. La conducción del sindicato convocó a un paro de 48 horas para esta semana en el marco de la lucha por recomposición salarial y para acompañar a los dirigentes en la primera audiencia del juicio, que se tendría que haber realizado esta mañana pero fue suspendida sin fecha de inicio por inconvenientes de la jueza María Tolomei. Según comunican la CTA de los Trabajadores y la propia ATECH, desde 2017 hay más de 15 procesados por luchar en la provincia, entre ellos Estela Juárez, secretaria general de la regional Suroeste de la ATECh, y Carlos Magno y Daniel Murphy también de la conducción del sindicato, esta vez de la regional Sur. Estos tres casos son por participar de piquetes en rutas petroleras. Como se señala en una declaración de Política Obrera de Trelew al respecto, “la criminalización de la protesta social es la respuesta del conjunto del régimen político chubutense a la refutación en las calles de los trabajadores a las políticas de ajuste del gobierno provincial, que es acompañada por los distintos gobiernos nacional de turno -en un principio Macri, ahora los Fernández-Fernández-”. El repudio a esta política de criminalización de la protesta social y la exigencia de absolución de todos los procesados por luchar no debe dejar de señalar que si el gobierno logra responder de esta manera es, entre otros motivos, por responsabilidad de las conducciones sindicales que han apoyado las políticas de ajuste. El propio Goodman el año pasado calificó de “caceroleros de derecha” a cientos de trabajadores estatales autoconvocados que se manifestaron en las calles en plena cuarentena por la pandemia, exigiendo reapertura de paritarias y aumento salarial. Estas acusaciones reaccionarias colaboraron objetivamente con las directivas represivas de los Massoni y Arcioni, como también lo han sido pactar a espaldas de las bases, no cumplir con los mandatos de asambleas, “hacer la plancha” durante 2 años en que no hubo recomposición salarial y promover la desmovilización. El ajuste, la megaminería, la criminalización de la protesta social y la represión no vienen en compartimentos separados. Son parte de una política antipopular general de las clases dominantes en las que desaparecen las supuestas grietas entre el PJ-kirchnerismo, la UCR, el PRO y el resto de las fuerzas políticas patronales. La única manera de enfrentarla es con unidad de las bases, coordinación de las luchas y una intervención de las masas independiente de estos sectores.

Vecinos de diferentes puntos de Bahía Blanca se manifestaron en el municipio para reclamar contra el cierre de las salitas médicas. Lo hicieron luego de realizar actividades similares en cada uno de los barrios, como los vecinos del barrio “12 de Octubre” que realizaron un abrazo en la sala médica de Humboldt 3700 exigiendo la incorporación de médicos y enfermeros. Reclamos similares se suceden en toda Bahía Blanca, ya que la política de Estado desde el inicio de la pandemia, y antes también, fue el desguace a cuentagotas, quitando profesionales y diferentes servicios. Esto trae aparejado una consecuencia inmediata. Los hospitales colapsan no solo por la falta de personal y presupuesto que demanda la atención del COVID 19 (y sus variantes), sino que la atención de múltiples patologías, que tranquilamente pueden tener un seguimiento en estas unidades barriales, terminan desembocando en los hospitales. La atención en los hospitales tarda entre 2 a 3 meses en facilitar un turno según la especialidad. Esta situación se da en el mejor de los casos, ya que los vecinos muchas veces no cuentan con los recursos para poder trasladarse hasta el Hospital Municipal o el Penna. Este año se dio la terrible situación en la que un vecino falleció en la puerta de la guardia del municipal sin recibir la atención necesaria. La política aperturista de los comercios como de la actividad escolar (en muchos casos sin burbujas) son un clavo más en el ataúd de la salud pública local. El cierre y vaciamiento de salas médicas responde a dos políticas concretas del Estado en sus diferentes niveles. Por un lado, el ahorro de prepuesto para el pago de la deuda externa, por el otro, una orientación privatista para que acceda a la salud “quien se la pueda pagar”. A nivel nacional son famosas las declaraciones del Ministro de Economía jactándose del balance positivo del déficit primario, es decir, ingresa más de lo que se gasta. El problema está en que esos “gastos” son los recortes en salud, vivienda, educación que día tras día empeoran las condiciones de vida de los bahienses. Tenemos que avanzar en la coordinación entre los barrios que vienen sufriendo esta problemática y poner en jaque al gobierno mediante la movilización popular. No podemos dejar pasar este ajuste mientras se pagan miles de millones de dólares en deuda externa.

El viernes 27/8 finalizaron las elecciones de graduados en Sociales, donde votaron cerca de 4000 personas, entre docentes y egresados empadronados. A pesar de haberse realizado en plena pandemia, la afluencia de votantes fue levemente superior a la de 2019. El resultado en graduados convalidó la misma tendencia que se había advertido en el claustro de profesores: cuatro años después de poner a Carolina Mera como decana en alianza con un sector del kirchnerismo, y de participar directamente en la gestión de la facultad conduciendo secretarías decisivas incluso tras la ruptura de dicha alianza; el bloque radical/peronista que dirige el Rectorado tuvo un fuerte retroceso electoral. Esta caída fue capitalizada por el bloque kirchnerista que postula a Ana Arias (Cullen, Trabajo Social) y a Diego De Charras (Nexo, Comunicación) como próximos decana y vicedecano. En Consejo Directivo, el kirchnerismo obtuvo el 59% de los votos contra el 29% de los radicales y la UES. Comparada con la votación de 2019, si bien el bloque del rectorado mantuvo su porcentaje, el kirchnerismo subió 12 puntos. Este crecimiento se debe en gran medida a la integración de “Sociales Interclaustros”, el armado de un sector de Patria Grande que sumó a sus candidatos al bloque K, aunque también arrastró a una parte de los votantes de la izquierda, que a pesar de aliarse con Imaginación Sociológica, retrocedió del 12 al 9,5%. La caída del rectorado es más estrepitosa en las carreras. En Ciencia Política, el bastión histórico de los radicales, el kirchnerismo quedó a sólo tres puntos de ganar la elección. Algo similar ocurrió en Relaciones del Trabajo, otrora bastión de la UES, donde la gestión ligada al rectorado se partió en dos y el sector mayoritario logró imponerse al kirchnerismo por tan sólo dos votos (antes, había perdido por uno en profesores). En Sociología, el sector del rectorado perdió casi 10 puntos con respecto a 2019 y pasó del segundo al tercer lugar. El kirchnerismo, en cambio, retuvo sin problemas esa carrera; ganó con el 65% en Comunicación, a pesar de la fractura de Nexo; y la Cullen se impuso con un 77% en Trabajo Social. Luego de su victoria en profesores, este resultado en graduados terminó de dar por tierra con la pretendida polarización “rectorado/anti-rectorado” que el kirchnerismo agitó con el objetivo de sumar votos. Con esta polarización, las listas K lograron canalizar el voto de un sector que rechaza genuinamente al rectorado, sus maniobras y sus ataques sistemáticos contra la Facultad. Sin embargo, se trata de una oposición &quopara la tribuna" pero irreal en los hechos, ya que ambos bloques gestionan conjuntamente en la UBA, defienden intereses y negocios similares en la universidad, y pactaron estas elecciones de aparato que dejaron por fuera, nada más y nada menos, que al movimiento estudiantil. El bloque K ya manifestó su voluntad de retomar una “relación racional” con el rectorado, lo que preanuncia una nueva experiencia de sometimiento para Sociales. El crecimiento electoral que ha tenido el kirchnerismo no debe confundir la interpretación: detrás de la supuesta "fortaleza" que podrían indicar los resultados, lo que prima es una fuerte tendencia a la disgregación. Nuevo Encuentro, la agrupación que supo reunir a centenares de estudiantes en el pasado reciente, implosionó tras la ruptura con Sabbatella. La Mella, o Patria Grande, que ya se había partido al medio, ahora volvió a fracturarse entre el sector de Grabois y el que comanda el Ministerio de Mujeres (Gómez Alcorta-Ogando). En estas condiciones, La Cámpora busca erigirse sobre las agrupaciones históricas de las camarillas de la facultad -Nexo, Cullen, Mate, Colectivo 39, 10 de Sociología, etc.- y arbitrar entre una miríada de grupos enfrentados entre sí. Se reproduce en Sociales algo similar a lo que ocurre a nivel nacional, donde la campaña electoral no logra disimular la tendencia a la disgregación del campo oficial, que se profundiza con el progreso del derrumbe social y de la crisis económica y sanitaria. Por el lado de la izquierda, el retroceso en Consejo Directivo también tuvo su correlato en la carrera de Comunicación, donde el FITU tuvo un descenso significativo de casi 10 puntos y perdió el consejero en la Junta de Carrera después de muchos años. En Trabajo Social, la lista Roja logró resistir el avance del kirchnerismo y retener su consejero con el 18%. En Sociología, la alianza del FITU con Imaginación Sociológica le permitió lograr el segundo lugar y sacar un consejero con el 19% de los votos, en detrimento de “Sociales Interclaustros”. El retroceso electoral de la izquierda en relación al kirchnerismo, no puede desligarse de la orientación política que ha primado en ella. Antes de perder los votos, la izquierda nucleada en el FITU perdió su programa y hasta su fisonomía política. Esto representó la alianza con Imaginación Sociológica, la agrupación que gestionó durante años esa carrera. Esta política también tiene su expresión en AGD-UBA, donde prima una adaptación a la conducción kirchnerista de Conadu Histórica, en medio de un retroceso en regla de los salarios y las condiciones laborales de los docentes universitarios. La lista FITU-Imaginación hizo su campaña de espaldas a la crisis humanitaria que atraviesan las masas producto de la pandemia y su gestión capitalista. Si el retroceso del rectorado en Sociales fue en beneficio del gobierno nacional y no de la izquierda, esto es en parte responsabilidad y resultado de este derrotero político. En este escenario, la lista "Sociología por el socialismo" que presentamos en esa carrera obtuvo el 3% (30 votos). Se trata de una votación modesta, pero relevante por lo que expresa. Fue la única lista que denunció el vaciamiento político de las elecciones y que planteó una crítica socialista del régimen capitalista que está hundiendo al país en una catástrofe social, lo que se agravará todavía más con el pacto con el FMI previsto para después de las legislativas. No sólo planteamos un programa, sino que avanzamos en un reagrupamiento que se ha trazado una agenda para intervenir activamente en pos de recuperar la historia de lucha de Sociales. Dimos un mensaje claro a la facultad en el sentido promover la deliberación política frente a la crisis del régimen vigente y la organización y movilización de docentes y estudiantes en unidad con el conjunto a la clase obrera.

Se cumplieron 40 años del lanzamiento de “Wadu Wadu”, primer disco de Virus, la influyente banda platense que jalonó el estallido New Wave de los años 80 en Argentina. El grupo, encabezado por los hermanos Julio y Marcelo Moura tras la muerte de Federico, anunció su gira despedida para el 2022. Pretexto ideal para reconstruir la historia de una de las bandas más importantes del rock y el pop en Argentina y Latinoamérica. Ausencia El 8 marzo de 1977, la casa de los Moura, una familia de clase media de La Plata, fue ocupada en la madrugada por un grupo de tareas de la dictadura cívico-militar. Hicieron esperar en el living a toda la familia hasta que llegara Jorge, uno de los hermanos, dirigente del ERP, brazo armado del PRT. Cuando llegó, se lo llevaron y lo desaparecieron. Transcurrido un tiempo, sus hermanos menores Federico (voz), Julio (guitarra) y Marcelo (teclados) decidieron que, sabiendo bien que lo que rondaba en el aire en esa dictadura era muerte, oscuridad y opresión, la combatirían desde la música, generando un espacio de intento de libertad y de vida, también como un legado de Jorge. Es así que formaron Virus, junto al bajista Enrique Muguetti y el baterista Mario Serra. El rock es mi forma de ser El debut de la banda fue en un club de La Plata el 11 de enero de 1980. La fecha es muy simbólica: desde el primer show, quedó claro que Virus irrumpía para romper con lo establecido en cuanto al “rock nacional” y que nada sería igual en esa década y en adelante. Cargados de New Wave (escena musical nacida en los 70 que englobó a varios estilos), la velocidad y la precisión que desplegaban, vanguardista, fruto de su profesionalidad, era toda una novedad. Ese profesionalismo casi marcial era confundido, muchas veces, con frivolidad o frialdad. Virus tenía, además, algo único: su cantante, Federico Moura. En el escenario, su magnetismo, sensualidad y presencia poderosa -abrasiva pero al mismo tiempo delicada- generaba fascinación. Federico era abiertamente gay y no lo ocultaba. En 1981 editaron su primer disco, “Wadu Wadu”. El mismo es un compendio de exquisitas canciones de power pop, potente y vertiginoso, de trazas bien rockeras. Las letras también eran novedosas: algunas utilizaban la ironía (“No fumo, soy moderno” o “Súper color”) y otras retrataban la tiniebla dictatorial (en “Densa Realidad” Federico canta: “Quiero ver mi ciudad / que levante la cabeza (...) Para juntos practicar / nuevas formas de encarar / esta densa realidad”). Un colaborador fundamental de la lírica de la banda, desde este debut y en el resto de su obra, fue el artista plástico, perfoner, sociólogo y escritor Roberto Jacoby. Su aporte fue desarmar cierta rigidez de las letras que producía el grupo y que al mismo Federico no terminaban de conformar. Buena parte de sus ingeniosos giros, innovaciones y códigos traspolados del ambiente gay se deben a esa alquimia entre el grupo y su colaborador. Virus hacía mover el cuerpo, sin dudas. El hedonismo que pregonaba la banda, sus líricas sobre el placer y el goce, tenia la contracara del llamado colectivo a construir algo nuevo, superador. Invitaba a “salir del agujero interior”. Federico era una persona muy culta, pero entendía que “la inteligencia es una parte más (...) Hay mucha gente que cree que atender el cuerpo es una cosa estúpida, que bailar es perder el tiempo. Yo creo que atender el cuerpo es igual a atender la mente: es tan elevado lo uno como lo otro.” Esta definición le cabía, en gran medida, a Virus. El banquete El 16 de mayo de 1982 la dictadura militar organizó un festival llamado “Festival de la solidaridad latinoamericana”. La misma lo presentaba, cínicamente, como un llamado a la paz en medio de la guerra de Malvinas. Virus fue convocada y, poniendo en riesgo su vida (quienes habían desaparecido a Jorge sabían quienes eran los hermanos Moura), se negaron a tocar, delimitándose así de artistas como Charly García o Leon Gieco, que con posturas “pacifistas” se presentaron. Los nuevos rockeros “frívolos” tomaban la jugada posición política que los viejos rockeros “conscientes” debieron tener. Ese fue otro quiebre en el rock nacional. Dicha Feliz Luego de la dictadura y de la edición de otros tres discos, llegaría el éxito con el lanzamiento de “Locura”, en 1985. El mismo era una evolución y otro quiebre (más): la preponderancia del uso de la tecnología (con teclados, sintetizadores y secuencias MIDI) que había sido otro elemento de vanguardia de la banda, ahora se desarrollaba más dando paso a un sonido aún más pop (que incorporaba elementos de otros estilos de New Wave como el New Romantic)y de una enorme calidad, que resonaba a grandes agrupaciones internacionales del género como Duran Duran, Squeeze o Devo. El nuevo disco contenía un hit atrás del otro, además del archi conocido “Luna de miel en la mano”. La explosión de fama en el país y Latinoamérica (en especial en Chile) fue instantánea y gigante. Epocalipsis En 1987 la banda se instaló en Río de Janeiro para grabar el disco “Superficies de Placer” y todo se transformó en pesadilla: Federico fue diagnosticado con VIH. Muy enfermo y debilitado, poniendo todo de sí, completó la grabación, de una obra que probablemente es la mejor de la discografía de la banda. Dejó indicaciones explícitas de que Virus debía seguir después de su muerte y el 21 de diciembre de 1988 falleció. Encuentro en el río musical Sabiendo que su muerte era cuestión de tiempo, Federico le pidió a Jacoby una letra de despedida para sus fans para incluir en el disco “Superficies de Placer”. En “Encuentro en el río”, Federico canta: “Aflójate / Sonríe fugaz / Mi cuerpo astral tomará tu ser (...) El río musical / Bañando tu atención / Generó un lugar / Para encontrarnos.” Tantos años después, la pulsión de vida, libertad y goce de Federico se encuentra presente, en todos los que nos dejamos atravesar por Virus y la pasión que despierta. Ese lugar, generado para encontrarnos, se encuentra inmutable, indomable como el propio Federico.

Entre los detenidos, Emiliano Fabris, pre candidato a diputado nacional || Convocamos a conferencia de prensa a las 11 hs en Güemes 641 || El martes 30 por la noche fueron demorados por la policía bonaerense militantes de Política Obrera luego de haber realizado una pintada sobre calle 14 de Julio y el cementerio, uno de los tantos lugares habituales que se utilizan por las diferentes corrientes políticas de la ciudad. El lugar del hecho es anecdótico, pues estamos ante una intimidación sistemática de la bonaerense contra las libertades democráticas, continuando con las que tuvieron lugar durante 2020 sobre 10 militantes -5 de ellos también de Política Obrera- por exigir justicia por Facundo Castro y que también fueron objeto de detenciones arbitrarias. En ocasión de estas últimas detenciones, los militantes afectados y organizaciones solidarias se reunieron con el secretario de gobierno Adrián Jouglard y luego con el comisario Gabriel Bezos, para hacerlos responsables por estos atropellos. La continuidad de este accionar arbitrario de la bonaerense retrata una unidad política en los intentos por amedrentar a militantes populares del poder político, la bonaerense y también la justicia que intenta avanzar con sanciones. Denunciamos que especialmente en campaña electoral las pintadas son el recurso popular que se inventó hace ya un largo tiempo para poder superar las trabas económicas que existen para divulgar ideas, planteos y candidatos por parte de las fuerzas políticas que no disponen de ese presupuesto, precisamente por organizarse en forma independiente del poder económico. Puede observarse, en cambio, un despilfarro enorme por parte de las fuerzas tradicionales que gobiernan la Argentina -especialmente en campaña electoral- y que a la vez son las responsables de estos atropellos democráticos. Exigimos el cese inmediato de estos hostigamientos. Por la defensa irrestricta de las libertades democráticas. Contacto: Emiliano Fabris 291 642 6175 // Agustina Vaccaroni 223 518 1979 VER MAS

Este último fin de semana, la militancia de la zona sur del Gran Buenos Aires se volcó masivamente a las plazas, peatonales, estaciones y ferias de todos los distritos. Repartimos miles de plataformas políticas y discutimos nuestros planteamientos con los trabajadores y vecinos de cada municipio. Observamos cierta apatía con el proceso electoral, pero también nos encontramos con un sector importante interesado por nuestros planteos, sobre todo ante la denuncia del pacto con el FMI que preparan los partidos de la falsa grieta. También registramos un reconocimiento a Altamira y Ramal como dirigentes históricos de la izquierda. Las agitaciones resultan en la discusión con nuevas y viejas relaciones, con el empadronamiento de fiscales para defender el voto a la lista 322 que lleva a Altamira como candidato a diputado nacional y sumarse a la difusión del programa. Partimos de un relativo desconocimiento general sobre la presentación de Política Obrera, por fuera del FIT-U. Las intervenciones de nuestros compañeros en los medios y las agitaciones callejeras están cumpliendo un enorme papel en el sentido de presentar nuestra lista como la defensora de un programa obrero y socialista. La propia participación de los compañeros Jorge Altamira y Eva Gutiérrez, quienes encabezan la lista de diputados nacionales de provincia, en actos y recorridas en puertas de fábricas y las barriadas obreras, son un aglutinante y disparadores de actividades. Asimismo, lograron abrir nuevamente la intervención en medios locales y provinciales a un nivel superlativo. La agitación masiva en las plazas y peatonales es un complemento del corazón de nuestra campaña: la gran agitación fabril en la que estamos empeñados. Casi una treintena de grandes fábricas de la zona nos tuvieron en sus puertas, discutiendo con trabajadores de la alimentación, metalúrgicos, petroleros, cerveceros, químicos, papeleros, del vidrio, de la UTA, ferroviarios, del neumático, y otros. La idea de "votar trabajadores" tiene llegada, frente a la defección de la burocracia a la lucha por defender el trabajo y las condiciones laborales. La consigna del salario mínimo igual al costo de la canasta familiar es un reclamo muy sensible. Los trabajadores que intercambian con nosotros nos dicen lo acertado del planteo, y que no se "tragan" el cuento de la grieta. Las últimas semanas de la campaña electoral nos traen el desafío de llegar a más fábricas, consolidar relaciones y defender el voto. ¡Sumemos fiscales para defender el voto a una política obrera y socialista!

Uno de los temas más discutidos durante la pandemia fue, y es, la presencialidad escolar que abre las puertas a la presencialidad laboral y la supuesta “normalidad” en medio de un rebrote de diferentes variantes que especialistas y científicos indican como “inevitable” para el país. El gobierno cede a las presiones de la patronal y del FMI, mientras el Congreso se dispone a firmar un acuerdo con el organismo luego de las elecciones. La doctora Marta Cohen cruzó al Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, por la nueva medida de usar tres barbijos para asistir al colegio (La Nación, 28/8). Esta medida fue anunciada ya que la plena asistencialidad impide que los niños mantengan la distancia necesaria para evitar el contagio, que es de 1,50 mts.; y que el Ministro propone que con sólo 90 cm alcanzaría, pero usando tres barbijos. Esta aberración sanitaria fue repudiada por la pediatra que reside en Inglaterra, ya que significaría impedir la respiración de los niños. Las declaraciones criminales de Trotta expresan hasta donde llegan las necesidades del capitalismo, representado en un Estado y gobierno, que con esta exigencia no previene la salud de escolares y docentes ante la invasión de una variante de gran preocupación como es la Delta, 40% más transmisible al aire libre, y un 64% más de riesgo de transmisión en comparación con la Alfa (original de Gran Bretaña). La Alfa fue la variante del Sars-Cov-2 original. La transmisión de la Delta ya es comunitaria, como sucede en provincias como Córdoba. Trotta desconoce el desastre sanitario que provocó y está provocando esta variante en los países europeos, India, EEUU, Canadá. Si en Argentina no se difundió aún es porque la Andina, que es la prevalente, compite con ella. “Trotta quien destacó el respaldo de los expertos que forman parte de la Sociedad Argentina de Pediatría, Unicef, OMS/OPS, y de especialistas en infraestructura escolar, volvió a insistir que si la distancia no es de 1,5 metros, se deberán usar tres barbijos”. Los testeos de los alumnos y docentes deberían hacerse semanalmente, y quizás hasta todos los días, según refirió la doctora Cohen, algo no planteado por las autoridades. Según Trotta, como hay avances en la vacunación total con 2 vacunas a fines de agosto 32% (El Economista, 19/8); y la disminución de casos paulatina en los últimos 3 meses (semana epidemiológica 20, 225.227 infectados; en la 3° semana de agosto, 46.963, es decir disminución del 80%) (Telam 20/08/2021), se podría, con estos datos, ir a una presencialidad plena. Trotta indicó que se va a acompañar el retorno a la presencialidad con inversión.. Será con aporte de tapabocas, medidores de Co2, y testeos (Idem). De este “aprovisionamiento” al día de la fecha no hay datos, y las mejoras en infraestructura, baños, aulas para generar más espacio y cubrir el metro y medio de distanciamiento que necesita cada niño, ni tampoco del personal de limpieza que es insuficiente en todas las escuelas y edificios de estudios. Los países de la Unión Europea “abren sus aulas en todos los niveles de las instituciones”, “por los estudios científicos avalados para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los centros de enseñanza saben que los niños de todas las edades son candidatos a transmitir el Covid 19 y que la posibilidad de transmitir la infección crece con la edad”, es decir que la transmisión es más común de adultos a niños y no viceversa” (El Universal, 28/8). La transmisión del virus por aerosoles (muy livianos y que se expanden por ductos de ventilación) y no por “gotitas respiratorias” (más pesadas) ya fue admitido por sociedades científicas de varios países lo que explica la gran transmisibilidad en lugares cerrados con corto distanciamiento entre las personas (The Lancet, abril 2021). La ministra de Educación porteña Acuña, quien, acompañada por Rodríguez Larreta, afirmaba la necesidad de la presencialidad antes del comienzo del ciclo lectivo 2021, cuando el personal educativo no estaba vacunado. El Ministerio de Educación, declaró el inicio de las clases en CABA y Provincia de Buenos Aires en marzo, con inmensas dificultades de estructura, comorbilidades de maestros y de familiares de los niños, en forma semipresencial y /o presencial con las famosas burbujas que claramente se rompían frecuentemente. Las luchas de los docentes se extendieron por todo el país, contra la presencialidad y las condiciones del personal y los niños, claramente en interrelación con la comunidad, con aumento de contagios por las aperturas laborales, sin testeos ni vacunas. La apertura contribuirá a una velocidad de contagio del coronavirus por encima de uno en casi todos los escenarios. El debate en el inicio escolar del hemisferio norte, después de varios meses de recesión hasta el mes de agosto del 2020, fue intenso con grandes imposiciones y luchas de docentes en EEUU cuyos altos funcionarios de la era Trump llegaron a presionar el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) para que minimicen los efectos adversos que significa la apertura escolar. Muchos países ven el regreso como un imperativo para poner en marcha las economías devastadas por la pandemia (The New York Times, De vuelta a clases en todo el mundo 1/9/2020). La mayoría de los Estados suspendieron la presencialidad aún en universidades. En muchos países centrales de Europa, la apertura y cierre estuvo determinada por el número de casos, aunque en países como Inglaterra, Israel, y España, el aumento del número de casos fue significativo por la apertura más prolongada y sin restricciones de las aulas. La complicidad de los dirigentes políticos contribuyó sin ambigüedades a que la pandemia genere una morbimortalidad sin precedentes con una política compartida por los diferentes gobiernos provinciales y municipales, en las “aperturas” laborales, escolares. No hubo aumentos para los asalariados según el costo de la canasta familiar, ni para los jubilados. Creció el número de desocupados y los beneficios para ellos no existen o se reducen a una migaja que los lleva a la indigencia. a la par que se disponen a la reducción del gasto en salud para acordar y que vuelva el FMI, los trabajadores de salud reciben salarios de pobreza. Esta es la expresión más cruda de un régimen acabado.

Todas las fuerzas políticas patronales van a terminar votando el acuerdo con el FMI. Esto implica no solamente extender la enorme hipoteca que pesa sobre el país, sino además condiciones que van a destruir salarios y jubilaciones. El acuerdo con el FMI se viene negociando desde que asumió Alberto Fernández. El Frente de Todos denuncia el endeudamiento de Macri de 100 mil millones de dólares, pero ha reconocido moneda sobre moneda. El acuerdo que negocian, por caso, no contempla ninguna quita. La “vuelta a los mercados” fue el eje que ensayó el kirchnerismo para sustentar la candidatura de Scioli en 2015, prometiendo el oro y el moro al Club de París y al CIADI, hasta concluir finalmente que “los mercados” no soltarían un peso. Tanto Martín Guzmán como Kulfas anunciaron en repetidas oportunidades que el “acuerdo de facilidades extendidas” implicará enormes “sacrificios” para el país, que no será a 20 años como quería Cristina Fernández, sino sólo 10. La ampliación de los plazos, además, afectaría solamente a los vencimientos de capital, no a los intereses. El costo social de dicho acuerdo, a nadie se le escapa, será enorme. “En el FMI plantean que la Argentina deberá emprender reformas estructurales para acceder a un acuerdo. Cambios tributarios para alentar la inversión privada, flexibilización laboral, equilibrio fiscal y relajación del cepo cambiario se encuentran en la agenda de las conversaciones técnicas preliminares a la negociación que están ocurriendo entre los staffs del Fondo y del Ministerio de Economía” (EldiarioAr, 24/8). Como también habrá revisiones periódicas de las cuentas públicas, el voto de ´unidad´ en el Congreso colocará al régimen político bajo la tutela del Fondo. El primer paso de la negociación de la reforma laboral y previsional es el último giro de derechos especiales (DEG) del FMI, que terminó no utilizándose para campear la crisis sanitaria y mejorar los magros ingresos de jubilados y asalariados, como amagaron los K en el Senado, sino para pagar vencimientos de deuda, como era previsible. A la deuda con el FMI, se debe sumar la deuda con los privados, que eleva la suma a 17 mil millones de dólares de vencimientos para el año que viene. Reformas estructurales El presidente se reunió con dirigentes industriales y realizó un encuentro con sectores de la burocracia sindical -Antonio Caló de la UOM, Gerardo Martínez de la UOCRA y Ricardo Pinganelli del SMATA, y otros- para discutir la reforma laboral y previsional que el gobierno se dispone a firmar en el Congreso Nacional luego de las elecciones, ya que el gobierno no quiere decir antes de las elecciones lo que va a firmar después (ídem). El FMI, en un paper reciente, había indicado que el sistema previsional argentino es “demasiado generoso” ya que “desincentiva el ahorro individual” (ecodata, 2/8). Esto es una ´invitación´ a recrear los fondos de capitalización de las viejas AFJP, sobre la base de la destrucción del derecho previsional, reemplazando a las actuales jubilaciones por una pensión universal a la vejez, de carácter asistencial, disociada del salario en actividad. Ese empobrecimiento en masa sería el estímulo para la captación de aportes ´suplementarios´ que serían administrados por los fondos. Por otra parte, la reforma previsional plantea la elevación de la edad jubilatoria en 5 años, lo que generará más desempleo (hoy 30% real), porque los trabajadores que deben retirarse no lo harán durante los próximos 5 años. La reforma laboral implica mayor precarización, generalizar las condiciones laborales de los trabajadores que hacen “reparto” a todo el mundo laboral, pasar a los contratos “por hora”, como hizo Duque, y que los trabajadores argentinos tengan la condiciones y salarios de los trabajadores chinos o vietnamitas. A la burocracia que aceptó las paritarias a la baja y los despidos, y que no salió a enfrentar la reforma previsional de Macri en 2017, se le reclama lo mismo para el año que viene. Las negociaciones recibieron “fuerte apoyo” (ídem) del asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Guzmán indicó que “Lo que sí estamos haciendo es ir reduciendo el déficit fiscal, que se logra por la renegociación de la deuda y el aumento de la recaudación” (ídem). El ajuste que hizo el gobierno de los Fernández durante la pandemia fue muy superior a cualquiera que haya hecho Macri, reduciendo el déficit primario en más de 4 puntos, un ´ahorro´ estimado en 870 mil millones de pesos, sobre la base de la licuación inflacionaria del presupuesto. El gobierno, de hecho, aprobó un presupuesto de ajuste para este año desde el momento que eliminó todas las ayudas para la población en pandemia. “Hay que dar incentivos a los inversores argentinos y extranjeros porque el país no recibe mucha inversión. Sin reactivar la exportación, la importación y la inversión extranjera, la situación económica no va a mejorar mucho. Con un mercado laboral muy rígido, es muy difícil crear más empleo”, indican fuentes vinculadas con la negociación (ídem). Es un horizonte de barbarie para la clase trabajadora. Los candidatos del FMI Victoria Tolosa Paz (FdT) indicó que apoyará el Acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años, y que “multilateralmente se está buscando construir otra línea de crédito, otra facilidad que se adapte a las circunstancias del mundo de hoy”. “Estos programas que tiene el FMI son programas añejos, del siglo XX, que no se adaptan a un mundo en el que han cambiado muchas cosas por ejemplo el cambio climático, que requiere de transformaciones productivas” (La Nación). Tolosa Paz se refiere a que el Presidente propuso cambiar deuda por acciones climáticas, mientras impulsan a la par la construcción de megagranjas de cerdos, megaminería y la expansión de la frontera sojera, a la sazón, lo que indicó Juan Cabandié, ministro de Medio Ambiente: “no se puede pagar la deuda sin contaminar”. Los liberales Milei y Espert indicaron que es necesario pagar la deuda y que apoyarán el acuerdo con el FMI. También lo hicieron Santilli y Manes, Vidal y López Murphy, todos representantes directos del Fondo en el país. Reclaman un “plan económico”, un eufemismo para pedir una reforma previsional, como la que quiso imponer Macri en 2017 y fue multitudinariamente rechazada en las calles, al punto de frenar la reforma laboral que estaba también en marcha. Randazzo no sólo indicó que es necesario pagar la deuda sino también “terminar con la indemnización”. La vuelta del FMI implicará no sólo una enorme hipoteca impagable, sino mayor precarización laboral, desempleo, aumento de la pobreza, de la mano de las reformas laborales y previsionales. Para conseguir los dólares, Argentina se abrirá más a todo tipo de negociado especulativo y rematará lo que queda. Esto es, la destrucción del medio ambiente, la expansión de la depredación de recursos y el crecimiento de enfermedades y muertes, el crecimiento de los negociados inmobiliarios para atraer dólares, que expulsan a los trabajadores de sus viviendas y los alejan de sus lugares de trabajo. Los trabajadores podemos pararlos con la organización y la lucha en función de una estrategia que nos permita elevarnos hacia el problema de poder que queda planteado.

Milei ha establecido el estilo de esta campaña electoral. Kirchneristas y macristas han decidido seguirlo en la chabacanería política y en el lenguaje. Juegan a los ‘transgresores’. Victoria Tolosa Paz acompañó su sentencia “en el peronismo se ´garcha´”, que reafirmó despues con una reivindicación de la ´cultura´ del ´goce personal´. Tolosa se inspiró en su par en la CABA, Leandro Santoro, quien días antes se había despachado con algo similar. ¿Se ha instalado en Argentina la estatización de la copulación? - ¿Es un monopolio del partido Justicialista? ¿Hay que afiliarse al PJ para ganar el derecho a ´garchar´? En un país cuyas paredes se colman de reclamos por la aparición de chicas secuestradas y prostituidas por redes capitalistas que cuentan con el apoyo de ciertas instituciones del estado, la ‘reivindicación’ de Tolosa Paz constituye una provocación política. El kirchnerismo asegura, en campaña electoral, que en 2022, ni un minuto antes, ni un minuto después “seremos felices”, mientras Kicillof se deja “garchar” por los fondos internacionales con un reconocimiento de la deuda de la Provincia, sin quita de capital ni de intereses vencidos, y los Fernández lo mismo, o sea se dejan ‘’garchar’ por el FMI y el capital nacional e internacional. La grosería de las ideas y del lenguaje es una expresión contundente de un régimen político en decadencia fulminante. Esta decadencia es una premisa de situaciones pre-revolucionarias. En el mismo día en que Tolosa se despachaba de este modo, un centenar de familias ocupaba un predio en el barrio de Barracas. La mayoría de ellas alquilaban piezas indignas en la villa 21-24, apretujando a sus hijos en lugares sin espacio. Para la mayoría trabajadora, el ´derecho al goce´ es, como lo observó el joven Marx, el último disfrute humano que le queda. La Tolosa Paz se mofa de esta circunstancia – una suerte de último insulto al pueblo. La pre-candidata redujo el salario o la jubilación mínimas varios grados abajo, porque ahora se reconoce sólo el derecho a la satisfacción sexual. Sorprende que Tolosa no lo sepa, pero la plenitud sexual es el estadio final de un desarrollo humano, no la última carta que queda en la vida. Esto lo advirtió el revolucionario internacionalista Christian Rakovsky, cuando señaló que el sexo era el vínculo más poderoso en la relación social. Se encuentra cancelado, en primer lugar, por el hacinamiento habitacional, que obliga a la convivencia de varias generaciones en un espacio reducido; por el desempleo masivo de los jóvenes, que les impide hacerse de una vivienda independiente de sus padres; por la ausencia de educación sexual integral. Todo el tiempo bloqueada por la falta de recursos y por los agentes del clero en las escuelas. Tolosa no sólo ofende a la juventud: encubre, también, hasta qué punto todos estos factores se transmutan luego en violencia familiar, abusos y femicidios. El ´chiste´ o desliz de Tolosa encubre una cuestión de fondo. La crisis social de la Argentina, que reviste un alcance histórico, fractura todavía más a la ya fracturada relación entre el pejota-kirchnerismo con el conjunto del mayoría del pueblo. Ni Tolosa ni Santoro podrían plantear un programa de salida. Por eso la campaña electoral no pasa de las reyertas personales. De esta podredumbre sale Milei, al cual todos buscan copiar – de derecha a izquierda. El FIT-U ha buscado convertir a Milei en su ‘sparring’ preferido, en la pelea por el título liberal. La pelea por el voto de “los jóvenes” se usa para evitar la responsabilidad del capital en la conversión de una pandemia en una crisis humanitaria. Milei le ha robado a Myriam Bregman la denuncia de “la casta” de los políticos, la cual ahora se afana por ocupar el “tercer lugar” en el régimen político de esa casta. La ‘renovación’ de la política por medio de esta nueva generación de políticos es una farsa. Los partidos patronales y sus sucedáneos ‘progres’, han perdido a la juventud, que sólo puede manifestarse como tal mediante una actuación revolucionaria. La consigna cuartainternacionalista -“paso a la juventud”- quiere decir paso a la revolución. La ‘juventud’ kirchnerista o macrista es una figurona de un régimen social en declinación y agonía. No enterrará a sus padres, será enterrada con ellos. El “discurso del goce” peronista transforma a sus divulgadores en pequeños Milei.

En el marco de un acto de apoyo a la docencia salteña en lucha, el aparato del Partido Obrero impidió que los compañeros de Tribuna Docente (Tendencia) tomemos la palabra, en la actividad que se realizó este Lunes 30/8 en la Casa de la Provincia de Salta. La prepotencia fue ejercida a la vista de todas las corrientes sindicales y políticas presentes y hasta quedó grabado en la transmisión en vivo del acto que se realizó por la página oficial de Ademys (ver más abajo). En los minutos 1:08 y 9:50 seg se puede observar como en dos ocasiones se niega el derecho a anotarnos en la lista de oradores. Fue solicitado a un militante del PO (oficial) y a una compañera de Docentes en Marcha. En el minuto 10: 42 seg, queda registrado la denuncia que le realizamos a la Sec Gral del SUTEBA La Matanza, Romina Del Plá, que frente a nuestro reclamo lo único que atinó a responder fue “No vas a hablar. Hacé lo que quieras”. Apenas terminado el acto, el aparato del PO cargó el sonido y huyeron a la velocidad del rayo para no dar explicaciones del hecho al conjunto de las corrientes que presenciaron los hechos. El dueño del sonido tiene el poder es la consigna de la camarilla que, en su publicidad electoral, asegura que el voto por ellos hace temblar “a los dueños del poder”. Es la primera vez que ocurre que se proscribe, ya no sólo a una corriente política sindical determinada, sino a un integrante de la comisión directiva del SUTEBA La Matanza. Quien fue censurado integra la comisión directiva del sindicato por el voto de los docentes matanceros. El hecho cobra un relieve político extraordinario cuando se tiene en cuenta que la iniciativa de un acto de apoyo a los compañeros autoconvocados de Salta, partió de nuestra corriente. Los censuradores, se adueñaron de una iniciativa que nunca les fue propia, y con motivos. El aparato del PO de Salta se encuentra en conflicto con los autoconvocados de la provincia desde que censuró la lucha de estos contra la presencialidad escolar. Romina del Pla ejecutó, a su manera, el método Kicillof, que sancionó a una compañera, Laura Radetich, por “adoctrinamiento”, sin darle derecho a defensa. Los sindicatos dejaron pasar el atropello sin lucha. Del Plá contó con el aval de sus aliados de fórmula (PTS e IS). La “tercera fuerza” hizo su debut. ¿Pero por qué todo esto? En la huelga autoconvocada de Salta, el PO (o) ha jugado desde el inicio un papel de freno e incluso de boicot. Tanto en su método como en el contenido. Los paros que dieron inicio a la huelga indeterminada que reclamaban la reapertura de paritarias y contra la presencialidad en pandemia fueron votados en contra en las asambleas por los seguidores del Del Plá (tío). En julio, el aparato del PO manifestaba que las “bases no querían parar” y que los que hablaban de paro por tiempo indeterminado eran “futuristas”. La asamblea de la capital de Salta -en dónde el PO (o) tiene dos delegados seccionales- al mismo tiempo que la asamblea autoconvocada provincial había votado la huelga por tiempo indeterminado, llamaba a parar 48 hs y a volver a las escuelas enseguida después. En el pliego de reclamos también se encuentran a la retaguardia. Mientras la enorme mayoría de la docencia reclama un salario igual a la canasta familiar por cargo ($130 mil pesos) el PO (o) reclama un aumento sobre la base de porcentajes que rondan el 40%, para negociar un cierre “decoroso” con Sáenz. En ninguna asamblea, la corriente de Del Plá apoyó el paro por tiempo indeterminado y el reclamo de un salario igual a la canasta familiar, que se abrió paso a pesar de su política derrotista y de seguidismo a la asamblea que impulsa un sector de la burocracia sindical, llamada los “autoconvocados de la plaza”. Los que observen el video del acto en la casa de la provincia de Salta, notarán que ninguno de los oradores del PO (o) hizo mención a cuál es el principal reclamo de la huelga, es decir, el salario igual a la canasta familiar. El PO (o) evitó que tomemos la palabra en función de la campaña electoral del FIT-U en Salta. El aparato del PO logró hacerle perder al partido Obrero la totalidad de la representación legislativa (legislatura y concejos) después de veinte años. El acto terminó con una “perlita”. Todas las intervenciones se caracterizaron por su contenido auto proclamatorio. Dejó en evidencia, además, la interna del FIT-U, cuando un orador del MST, criticó el “unicato” y el “verticalismo” de sus propios aliados, para enseguida acompañar con el silencio la prohibición a nuestro uso de la palabra. Suteba Matanza debe discutir de inmediato por qué no se salió a denunciar la sanción contra Radetich, acompañándola con una medida de fuerza para rechazarla. Asimismo, debe discutir y votar un pronunciamiento contra la censura en nuestro sindicato anti-burocrático.