Noviembre de 2021

En el debate electoral con candidatos a senadores organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia, Gloria Sáez, del Partido Obrero oficial en el Frente de Izquierda, durante el eje titulado “Justicia y Seguridad”, manifestó que “esta provincia va a ser más segura cuando Massoni se vaya”. Además, afirmó que pretenden “más mujeres en la Justicia pero las queremos elegir nosotras mediante el voto popular y también con mandato revocable, cuestión de asegurarnos que defiendan nuestros intereses y no los de las castas políticas y las patronales”. Las declaraciones se chocan de frente con la tradición del clasismo y fueron festejadas por algunos sectores del progresismo local, desde medios de comunicación hasta militantes kirchneristas o filo K, como la concejal del Partido Municipal por Trelew Mariela Flores Torres, quien la semana anterior se había reunido en la sede de su partido en plena campaña electoral con candidatos del Frente de Todes para brindarles su apoyo público. En su intervención Sáez rechazó correctamente la criminalización de la protesta social y exigió la absolución de Daniel Ruiz y César Arakaki y justicia por “Tino” John, ejecutado por la Policía del Chubut el 27 de mayo último ( https://politicaobrera.com/politicas/5304-de-tino-john-a-chano-charpentier-la-salud-publica-como-gatillo-facil ). Sin embargo, al momento de referirse al rol del ministro de Seguridad y candidato a senador por el oficialismo provincial de Chubut Somos Todos, Federico Massoni, la representante del Frente de Izquierda se despachó con frases marketineras como la ya señalada. Y respaldó su expresión “tribunera” con un argumento de neto corte institucionalista: “Por la cantidad de pedidos de juicios políticos que pesan en su contra cajoneados en la Legislatura con la complicidad de todos los bloques patronales que se encuentran acá, por su constante avance sobre las libertades democráticas, por reprimir las luchas, por haber liberado la zona el 4 de septiembre de 2019 en las rutas 3 y 26 a pedido de las petroleras para que una patota sindical ataque a docentes que estaban luchando por su salario, y fundamentalmente por lo que representa políticamente, una variante fascista que oficia de gendarme de los verdaderos gobernantes de la provincia, que son los grandes capitalistas, Massoni se tiene que ir”. El Frente de Izquierda no pretende echar a Massoni con la movilización popular y prefiere apuntar a los bloques legislativos por su permanencia en el cargo. Esta estrategia parlamentarista esconde el rol cómplice de las burocracias sindicales y el PJ-kirchnerismo en las rebeliones populares que se desarrollaron en la provincia en los últimos 4 años. La colaboración de estos sectores fue imprescindible para sostener en el poder al gobernador Mariano Arcioni y, con él, al ministro de Seguridad. El PO oficial se lamenta de que la Legislatura no haya resuelto lo que no propició en la lucha de clases. Este trotskismo de buenos modales también oculta que la “variante fascista” a la que hace mención, viene de ser la gran derrotada en las PASO al obtener tan solo 36 mil votos de un padrón total superior a los 448 mil electores, pese a que siendo oficialismo en la provincia cuenta con una ingente cantidad de recursos del Estado para la campaña electoral. Massoni es un personaje fascistoide y mediático pero sin tropa propia que en más de 3 años como funcionario provincial no logró construir una corriente política que le responda orgánicamente. La campaña de polarización contra Massoni la inició el PJ-kirchnerismo y el FITU se sumó pero también en clave electorera para apuntar al voto del progresismo provincial. El carácter oportunista de esta orientación puede observase en el apoyo que recibió Sáez de algunos K o filo K. Por ejemplo, la concejal del Partido Municipal por Trelew (XTW), Mariela Flores Torres, -quien la semana pasada se había reunido en su local partidario con candidatos del Frente de Todes-, compartió en redes sociales la intervención contra Massoni. El principal referente del XTW, Eduardo Hualpa, es Coordinador de la Patagonia del Centro de Acceso a la Justicia, es decir, oficia de funcionario nacional. Mientras el kirchnerismo y el FITU se disputan votos, Juntos por el Cambio se impuso con comodidad en las PASO y fue el que mejor aprovechó la histórica crisis social, económica y política que vive Chubut. En el mismo sentido debe leerse la pretensión de incorporar más mujeres a las Justicia con el voto popular de… más mujeres. La ruptura con la tradición clasista no podría ser mayor. Las mujeres se encargarían de la elección de las mujeres y también de los varones en el Poder Judicial, proscribiendo a estos últimos de la elección de las primeras. Este feminismo pequeñoburgués tampoco procura abolir una institución reaccionaria como es el Superior Tribunal de Justicia de Chubut -el símil de la Corte Suprema a nivel provincial- sino que se limita a denunciar a sus miembros de forma individual. Es la integración hasta el caracú al régimen político. Detrás de la adhesión desembozada de la lista “100% verde” al feminismo pequeñoburgués y al “lenguaje inclusivo” lo que encontramos es el abandono cada vez más indisimulado a toda perspectiva socialista. Este tipo de intervenciones hace cuesta arriba un llamado a votarlos en noviembre. La crisis fenomenal que atraviesa la provincia hace más de 4 años se caracteriza en la actualidad por la desorientación en que se encuentran los trabajadores y el pueblo, en especial los estatales -con sueldos congelados hace 2 años-. Una fuerza política que se pretenda revolucionaria debe aportar claridad y una perspectiva para superar estos límites, no sumar más confusión al asunto con planteos como los señalados más arriba. No es verdad que la provincia se encontraría “más segura sin Massoni”, y menos aún si se lo despide mediante la rosca de los partidos patronales, porque sencillamente la burguesía encontrará otro personaje para reemplazarlo. La campaña electoral debe utilizarse para señalar que las elecciones burguesas no resolverán los grandes problemas que aquejan al pueblo trabajadores y, con ello, aprovecharse para colaborar en darle una perspectiva en la organización de las bases obreras contra las políticas de ajuste, a la deliberación de un programa para enfrentarlo, que implicará necesariamente la acción directa en las calles. Nada de eso está presente en la campaña electoral del Frente de Izquierda.

La campaña electoral que se desarrolla desde hace tres meses transcurre de espaldas a una crisis política terminal y a espaldas de un aumento enorme de la pobreza de los trabajadores. Ninguno de los partidos en presencia ofrece una salida, sea al impasse político cuanto a la catástrofe social. Los estados capitalistas, sin excepción, han convertido a la pandemia en una crisis humanitaria. Han provisto de billones de dólares a los grandes capitales, y sumido en la miseria a las masas. El gobierno nacional, con la complacencia del Congreso, ha castigado en forma feroz los salarios, las jubilaciones, los gastos sociales y el empleo, en función de acomodar el Presupuesto del estado y las ganancias patronales al acuerdo de deuda con los acreedores nacionales e internacionales, y con el FMI. La consecuencia de esta política fue la aplicación de una cuarentena parcial, acomodada, por un lado, a los intereses de las grandes compañías, y con desprecio, por el otro, al sostenimiento económico de los trabajadores. El valor real de los salarios y las jubilaciones ha caído de un modo estrepitoso. La otra consecuencia fue la falta de testeos sistemáticos y los seguimientos de contactos estrechos, así como la apertura de escuelas y comercios cuando aún no existía una provisión de vacunas. En el curso de la pandemia continuaron los pagos de intereses, por parte del Estado, por la deuda con el FMI, y la provisión de divisas a las empresas para el abono de sus deudas externas. El Estado nacional financió los subsidios a las empresas por medio de una enorme acumulación de deuda, tanto por parte del Banco Central con los bancos, como por parte del Tesoro con los fondos en el mercado local, a tasas de interés usurarias con relación al dólar. Ha desarrollado una situación financiera explosiva. Argentina contabiliza ciento diez mil fallecimientos, sin contar las consecuencias de salud y mortalidad por la suspensión de todos los otros tratamientos. El gobierno acabó adoptando, para la pandemia, la política de los Macri, los Bolsonaro y los Trump. En menos de dos años se cayó la fachada ´nacional y popular´ del gobierno, el peronismo y el kirchnerismo, y dejó al desnudo lo que realmente es: un gobierno de las clases patronales. Una crisis de gobierno terminal Ningún gobierno ingresa en una crisis política aguda por el resultado desfavorable en unas Paso o elecciones intermedias. Esto ha ocurrido porque dejaron al desnudo el colapso del conjunto de su gestión. La crisis humanitaria agravó un nivel de pobreza que viene creciendo desde hace treinta años, con breves intervalos. La crisis del FdT traduce una bancarrota del régimen económico, social y político. Esto explica porqué todo el mundo coincide en que el macrismo no es una alternativa política, a pesar de su victoria electoral. No sólo lo condena su pasado; lo condenan también sus intereses patronales. La perorata acerca de un ´gobierno de consenso´ o incluso de ´unidad nacional´, no representa otra cosa que el reconocimiento de que no cuenta con el aparato estatal de control que posee el peronismo. Por eso gobernó con el peronismo en 2016-19; ahora, conspira con intendentes, gobernadores y la burocracia sindical del peronismo para crear una opción al derrumbe del FdT. La llave maestra para esta salida semi-golpista es el acuerdo con el FMI. Para salir del impasse del régimen capitalista nacional, la patronal nativa y sus políticos reclaman el socorro del capital internacional. Pero este socorro tiene un precio: una pérdida mayor de derechos sociales de los trabajadores, sin garantías, sin embargo, de recuperar un financiamiento internacional. Los fondomonetaristas enfrentan el desafío de aumentar el nivel histórico de pobreza, sin ´red de seguridad´. Nada de esto se discute en la campaña electoral, con la intención, como siempre, de estafar políticamente al pueblo. Por la independencia política de la clase obrera La clase capitalista no tiene otra vía de salida que agravar la miseria social. Nuestra corriente, POLÍTICA OBRERA, ha planteado la necesidad y la perspectiva de un GOBIERNO DE TRABAJADORES. Nuestra plataforma ha señalado también la eventualidad, de acuerdo al desarrollo concreto de la crisis, de llamar a una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA, que se haga cargo del poder político, como factor de movilización por un GOBIERNO DE TRABAJADORES. La condición de este objetivo es la autonomía política de la clase obrera. Esta no existe en la actualidad sino en forma todavía embrionaria. Es la que se manifiesta en las organizaciones sindicales clasistas en las empresas y en pocas ramas de la industria; en los trabajadores autoconvocados; en numerosos luchadores de izquierda y socialistas, no solamente en la clase obrera. Mientras la burocracia de la CGT se ha pronunciado por firmar con el FMI sin dilaciones, en numerosas empresas ha sido derrotada, en estas semanas, por nuevos agrupamientos de activistas. Por esta razón hemos impulsado una campaña a favor de un CONGRESO OBRERO de carácter político. En tanto la clase obrera no ocupe el escenario político como fuerza independiente del capital y de la burocracia de los sindicatos, no podrá postularse, por medio de una lucha adecuada, como la alternativa del conjunto de la población trabajadora. Por un voto obrero contra los partidos patronales Es en esta perspectiva que llamamos a votar a POLÍTICA OBRERA, el próximo domingo 14, y por los partidos y frentes de izquierda, en los distritos, muy importantes, donde no hemos superado las Paso. Durante toda la campaña electoral hemos desarrollado una estricta delimitación política del Frente de Izquierda, que viene desenvolviendo una política de integración parlamentaria al estado, por medio del otorgamiento del quórum o el voto favorable a varios proyectos patronales. El mismo Frente de Izquierda se presenta con el slogan de “tercera fuerza” del régimen actual, y no como oposición socialista a ese régimen. No ha hecho ninguna referencia, en la campaña electoral, a la crisis de gobierno y de poder actual, ni por lo tanto la salida política a esta crisis. El programa del FIT-U es un menú de “propuestas” para los problemas presentes de los trabajadores, que (más allá de muchas inconsistencias) no tienen viabilidad en el marco parlamentario, ni tampoco al margen de un planteo de poder. Ha hecho un verdadero eje en plantear la legalización de la marihuana (con la salvedad de que la controle la Anmat) en medio de una crisis y pobreza inmensas, que se agravan con el consumo de drogas en los barrios, y también en las pequeñas y grandes empresas. No imaginamos qué pueda decir el etiquetado frontal de la marihuana. Desde POLÍTICA OBRERA llamamos a combatir el embotamiento del cerebro y el cuerpo por la droga, y desarrollar una conciencia obrera y socialista. Desde el punto de vista de su política y programa, no representa una independencia política del capital. En la situación de conjunto que condiciona a las elecciones, el voto en blanco es un planteo vacío de contenido, es decir, que no tiene capacidad de representar una alternativa cualquiera, no digamos un voto por la independencia de los trabajadores. Muchos luchadores que han agotado su experiencia con el peronismo, así sea relativamente, sólo ven como canal electoral, en los distritos en que no se presenta POLÍTICA OBRERA, el voto por el Frente de Izquierda. Alentamos este voto al Frente de Izquierda y, para el caso, a otros partidos de izquierda participantes. En el cuadro de una delimitación con el integracionismo parlamentario con el FIT-U, ese voto sería un paso adelante en la perspectiva de la conquista de la autonomía política de la clase obrera. Reclamamos al FIT-U y a otros partidos de izquierda, que llamen a votar a POLÍTICA OBRERA allí donde no han pasado las Paso. Santiago del Estero no es, por ciento, el mayor distrito de Argentina, pero se trata de una cuestión de principios políticos. Nuestro método Los términos de esta declaración política han sido discutidos durante dos semanas por el conjunto de los militantes de nuestra TENDENCIA. Ha sido un ejemplo de debate, por un lado por su rico nivel y agudeza, por el otro por su método camaraderil. La publicación de los resultados de los debates es parte de nuestro método de construcción. El 85% de los compañeros aprobó los términos de esta declaración, un 15% se posicionó por el voto en blanco.

En estos días el FITU editó, maliciosamente, una intervención de Altamira sobre “La crisis pandémica, crisis mundial y la lucha por un Congreso Obrero”, donde se refiere al capitalismo y consumo de drogas, para denunciar la legalización de la marihuana propuesta por Del Caño en televisión. Luego Pistonesi, dirigente nacional del PTS, difundió profusamente en su cuenta de Twitter el “producto” de la edición: un video de 48 segundos, en un discurso de más de una hora donde presenta a nuestra corriente política como un “grupo de provocadores”. Ignoró, en cambio, la denuncia sobre el perjuicio a la salud y a la vida que la droga causa en la clase obrera. En Estados Unidos, el consumo de opiáceos ha reducido la expectativa de vida de los trabajadores. ¿Qué planteó Altamira? La asamblea abierta en nuestro local partidario del barrio de La Boca se desarrolló en el marco de la campaña por un Congreso Obrero. La asamblea invitó a Altamira a hacer uso de la palabra luego varias interpelaciones de la concurrencia. Entre los minutos 42-53, de una intervención de más de una hora, Altamira toma la inquietud de un compañero respecto de cómo articular nuestro planteo de Congreso Obrero con una indicación de voto para el 14 de noviembre. Para desarrollar la respuesta Altamira distingue entre un apoyo a la campaña por el FITU y una indicación de voto. La Tendencia ha desarrollado, a partir del 15 de septiembre, su propia campaña electoral en los distritos donde pasamos y no pasamos las Paso. En la explicación minuciosa de por qué la Tendencia no hizo campaña por el FITU y sí desarrolló su propia campaña, Altamira se refiere a la integración de la izquierda argentina de origen trotskista, al régimen parlamentario burgués, en el marco de la mayor crisis social y política de la historia. Para ilustrar este proceso de integración al Estado encara las "propuestas" del FITU, de legalizar la marihuana y el “control (popular) de precios”. La posición pro-legalización del consumo de marihuana fue expuesta por Del Caño con lujo de detalles en el debate de candidatos en TN y en numerosos reportajes. Alega que el propósito de la ley es poner fin al narcotráfico, que prosperaría en la ilegalidad, y señala que para atender los daños psíquicos y físicos por el consumo de droga, el proyecto establece una “política de control de daños” . He aquí la izquierda “propositiva” a pleno. Altamira denuncia la posición pro-legalización de la marihuana del FITU, inscripta en su “plataforma electoral”, como un aval al consumo. El “uso recreativo” es defendido desde hace añares, y ese uso no es objetado por la dirección del PTS. Sustituir la lucha contra el Estado para combatir el narcotráfico (que involucra a la policía, la Justicia, los bancos-lavado de dinero), por la libertad de consumo, es una alternativa formalmente reformista, y reaccionaria en su contenido. En realidad, la lucha contra el narcotráfico ha sido sacada de la manga en forma reciente, debido a la dificultad del PTS para abordar la cuestión de la seguridad, que ha presentado siempre como un apoyo a “la yuta”. Como Milei, el PTS defiende la libertad para drogarse, que muy bien puede parangonarse con la libertad para prostituirse, en nombre del “trabajo sexual” (el libertario de marras no lo diría mejor). Es obvio que la drogadicción y la prostitución son impuestas por las condiciones de vida del capital, o sea la miseria de la existencia social, con más rigor que el que puede establecer cualquier régimen político. Que protejamos a la prostituta tanto de la policía como del "cliente" y de los "cafishios", del mismo modo que al adicto de cualquier persecución estatal, no nos llevaría a legitimarla por medio de una ley, sino a una lucha organizada contra el capital y el Estado. Como plantea Altamira en su intervención en La Boca, “la droga es la política de destrucción de la juventud trabajadora” . Lo ha hecho toda la vida, y ha formado al Partido Obrero en esa convicción. El aparato va en contra de la historia del PO y se ha pasado a la tradición del morenismo. El PTS no hace más que defender un legado. Nada nuevo El PTS ha venido escribiendo largo y tendido sobre el tema bajo el eufemismo de las “libertades democráticas”. Hasta pone un signo igual entre la lucha por la legalización del aborto y por la legalización de “todas las drogas” porque “Luchar por la legalización de las drogas significa enfrentar la injerencia del Estado y defender el derecho a decidir respecto a nuestros cuerpos. No les otorgamos ninguna autoridad a los capitalistas y sus políticos a inmiscuirse en nuestras vidas” . Las madres y las familias, si se siguiera este "irraciocinio", deberían oponerse entonces a la obligación de aplicar la vacunación tríplice a los bebés, en defensa, no se sabe, de qué derechos, si de adultos o lactantes. El régimen capitalista, le reconozca "autoridad" o no el PTS, invade nuestros cuerpos entre ocho y doce horas por día, para extraer de él la plusvalía, que no es otra cosa que energía humana cosificada y mercantilizada. Cada mujer que se ve forzada a abortar, debido a las condiciones inhumanas o alienantes de su vida, sufre en su cuerpo el despotismo del capital. Si Eva Perón dijo que “en toda necesidad hay un derecho”, es porque un régimen de libertad no necesita los derechos que se reclaman a un régimen de opresión. Pero la igualación de la lucha de las mujeres por sus derechos, con el derecho de cada uno a drogarse, es un despropósito. Sería como defender el "derecho" a drogarse de una mujer embarazada. Cada uno debe vivir su vida como (cree) que quiere, pero la tarea de los socialistas es meter el arma de la crítica en desentrañar las condiciones opresivas del régimen opresor, no disimularlo con pseudo derechos. La drogadicción no es la expresión de la autonomía o libertad de quien se droga, sino la política de destrucción de la juventud obrera por el capital. Toda la historia del socialismo mundial ha sido una lucha contra el alcoholismo, el tabaquismo y el juego de azar, mediante el método de la organización obrera. Bajo las condiciones del socialismo, el producto del trabajo humano estará dirigido a satisfacer su necesidad realmente humana. La marihuana podría ser una introducción a otras drogas, que el PTS ofrece también legalizar , de modo que ni siquiera sirve para sustituir la lucha política contra el narcotráfico capitalista, por medio del derecho a la "recreación personal". Todo es una estafa. La legalización de la marihuana es un objetivo por el que vienen “luchando” (lobby) hace varias décadas los monopolios transnacionales tabacaleros. En este sentido, Forbes señala que “el cambio de modelo de negocio de las grandes empresas tabacaleras no solo se limita a proporcionar nuevas tecnologías. Las empresas han comenzado a ver en la industria del cannabis una salida de la dependencia de las ventas de tabaco (…) El interés de las grandes tabacaleras en la industria del cannabis no solo es visible en las operaciones comerciales, sino también a través de las operaciones de lobby. Como informó Cannabis Wire, la compañía tabacalera Altria presionó por las ventas de cannabis en Virginia ( https://www.forbesargentina.com/innovacion/venta-online-ocho-plataformas-lanzar-sitio-web-comercio-electronico-n9443 ). Frente a los narco-empresarios que lucran con el negocio en la clandestinidad, el capital tabacalero monopólico-transnacional brega por la “legalización” como medio para entrar en el negocio y “eficientizar” el proceso de producción y de distribución. Como lo hemos planteado desde estas páginas, el planteo del “control de daños” (por la drogadicción) se inscribe en una tendencia internacional en favor del blanqueo de la producción y consumo de drogas, que fogonean un grupo definido de voceros y corporaciones. De Lehman Brothers (2008) para acá, el dinero del narcotráfico ha jugado todo un papel en el rescate del capital en quiebra. Lo ha demostrado el escándalo del banco Wachovia Wells Fargo, que blanqueó fondos del narco mexicano equivalentes a todo el producto bruto de este país para zafar de su quiebra. Un sector del capital quiere "transparentar" estos mecanismos de rescate, para percibir impuestos del narconegocio y sustraerlo del mundo de los paraísos fiscales y bancas “off shore”. Nada de esto eximirá a la droga de sus consecuencias de fondo sobre millones de jóvenes, en términos de embrutecimiento, degradación física y sicológica. El “control de daños” es un régimen de asimilación controlada al consumo de drogas en masa” . El "control de daños" que contiene el proyecto de ley de Del Caño, fue también el atajo que encontró Larreta para salir de la responsabilidad de las muertes en el boliche de Costa Salguero, donde los dueños acapararon el agua que necesitaban quienes consumían drogas, para aumentar el precio. Incluso envió un proyecto de ley que obliga a los negocios a prever un dispositivo de asistencia a los "dañados". Como se ve, Larreta legalizó la droga antes que el PTS. Marcelo Ramal fue el único legislador del FIT que lo denunció en el recinto. El proyecto de legalización de la marihuana es la manifestación más acabada de una integración política al Estado y la sociedad capitalista. Estamos ante un debate político, no ya de salud. Ocupa un lugar central en la delimitación entre la izquierda democratizante y el socialismo revolucionario. No es un capricho, es un asunto de principios. Así como la violación contra la mujer persiste e incluso crece en la clase obrera, lo mismo ocurre con la droga. Se trata de que luchemos contra esta degradación, para desarrollar, en el proletariado, una conciencia socialista de clase.

Después de martillar durante toda la campaña con el eslogan de “la izquierda que se une”, el FIT-U exhibió este fin de semana actos divididos y denuncias cruzadas. El Partido Obrero oficial realizó un acto en Plaza de Mayo “con más de 35 mil personas”, aunque las propias imágenes aéreas de Prensa Obrera muestran grandes espacios vacíos y una convocatoria de alrededor de 8 mil, lo que tampoco está mal. Izquierda Socialista, por su parte, montó actos paralelos en Parque Lezama y en La Matanza. No faltaron algunos "saludos" recíprocos. La crónica de la Izquierda Diario destaca que la composición del acto del aparato del PO, “estuvo aportada en su enorme mayoría por el Polo Obrero”. Polemiza, además, con Vanina Biasi, quien sostuvo en su discurso que “el Polo fue el que obtuvo el triunfo electoral” (sic); la votación por el FIT-U fue apenas superior a la del FIT, en 2015 o 2017, ahora con el agregado del MST. LID, repartió salomónicamente el crecimiento en las barriadas, pues se dio, dice, “tanto en barrios donde tiene inserción el Polo Obrero como en otros que no”, y destacó que “dentro de eso viene jugando también un gran rol el PTS” (sic). A la hora de la autoestima todos suben la barra propia. El factor más dinámico, coinciden entre ellos, es la crisis económica y el fabuloso retroceso político del gobierno de “Todos”. Varios medios señalaron en estos días la preocupación oficial por la fuga de votos por izquierda, y atribuyen a este factor el corrimiento del discurso del cristinismo a las canciones sobre “el no pago de la deuda” y el endurecimiento del tono “contra el FMI”. Lo que no se dice es que, en cualquier caso, la burguesía debate sobre el derrumbe de su régimen político y el fantasma de una rebelión popular. A la hora de intentar explicar este cuadro político, los oradores de Plaza de Mayo se vieron obligados a dejar de lado sus caracterizaciones previas, que hace un par de años habían sabido utilizar para expulsar a miles de militantes que hoy conformamos la Tendencia del Partido Obrero (Política Obrera). Cierto es que no es la primera vez que esto ocurre ( https://politicaobrera.com/politicas/4709-el-partido-obrero-oficial-descubre-tarde-y-mal-la-rebelion-popular-en-colombia ). En lugar de una "iniciativa estratégica de la burguesía", la cantinela usada durante tres años, el aparato visualiza ahora un “cuadro mundial convulsivo” (Pitrola) y gobiernos débiles en todo el continente, que tienen “miedo” de ajustar a las masas (Solano). De la "capacidad de contención del peronismo", pasamos sin términos intermedios a un “gobierno de morondanga” (sic). Todo esto no caracteriza obviamente nada, ni económica ni políticamente, porque las "convulsiones" pueden responder a causas de naturaleza diferente; las huelgas en EEUU, por caso, expresan una tendencia a la reconstitución del poder de clase del proletariado. Las "convulsiones" son las que han producido la difusión de drogas opiáceas. Pitrola discierne que “el pacto con el FMI es la perspectiva de una década de depresión económica y de ajuste”; la tendencia cambiaría después del decenio. Luego de mentar rebeliones populares por todas partes del globo, el PO oficial sigue descartándolas para la Argentina, o sea que no inscribe en ellas a las movilizaciones piqueteras –una forma de confinarlas al reclamo de planes y asistencia. Esta versión de la izquierda es mucho más conservadora que la mirada acerca de la crisis que tiene la clase capitalista, que advierte acerca de un "plan bomba" (según Melconian). La carencia de un reconocimiento de los propios giros discursivos es aún más evidente en los giros propositivos. De la insistencia con un ´Congreso del FIT-U´, se pasa ahora a un “Congreso de Bases del movimiento obrero”, es decir la CGT, “consigna histórica”, según Pitrola. Violenta la lógica de "quien no puede lo menos, tampoco puede lo más". La división en los actos se traslada a los sindicatos, donde el PTS enfrentó a la Negra en el Sutna. La autoproclamada "plaza de la izquierda" no pudo explicar porqué tres cuartas partes del FIT-U decidieron ausentarse de ella. El acto dio su aprobación a las intervenciones parlamentarias de los diputados del FIT-U, sin explicar si era un apoyo a Mónica Schlotthauer (IS), que denunció correctamente la "emergencia alimentaria" pactada entre macristas y kirchneristas, o al voto favorable que le dieron Del Caño y Del Plá. Algo similar ocurrió con la izquierda en la Legislatura porteña a raíz de la rezonificación de Boedo y de la ley pro-sionista, aprobadas ambas por Bregman y Solano con el rechazo de la bancada de AyL de Luis Zamora. En el parlamento, el FIT-U está separado en bloques, y esto seguirá ocurriendo.

El G20 que se ha reunido el fin de semana en Roma, no es el que tuvo lugar en Buenos Aires hace cuatro años. En aquella ocasión, las grandes potencias celebraban, hasta las "lágrimas" de Macri, la "conquista" de Argentina. Hoy asiste a una bancarrota financiera monumental, combinada con una gigantesca crisis social. Como en el relato de la tragedia a la farsa, hoy celebra el oficialismo de Todes una recomendación de esas potencias al FMI para que considere la eliminación o rebaja de la tasa recargada de intereses por la deuda que ha contraído Argentina. También celebra un vago llamado a distribuir en calidad de préstamos a las naciones más afectadas por la pandemia, una buena parte de la moneda creada por el FMI (los DEG) -u$s650 mil millones- en favor de esos países. Hasta los diarios de la "opo" quedaron sorprendidos por estas "concesiones" del G20 a Argentina, cuando habían depositado expectativas de que fuera exiliada del Grupo. Bien mirada, se trata de una apretada mayúscula, pues lo que viene a decir es que cuando Argentina llegue a un acuerdo con el FMI, las grandes potencias podrían conceder una rebaja de los intereses extraordinarios causados por un préstamo usurario al ex gobierno de Macri. Los 20 han dado a Argentina un ultimátum: todo lo contrario de una negociación indefinida. La política del G20 se basa en la convicción de que se inicia o reinicia un período de ascenso económico, capaz de contener el estallido económico en Argentina. Lo que en 2020 fue atención por las consecuencias de la pandemia, ahora es una suerte de ofensiva. Los indicadores internacionales no revalidan, sin embargo, la confianza del imperialismo, ya que la actividad económica internacional sigue una curva de serrucho, asediada por quiebras importantes, como la de la china Evergrande. El mensaje desde Roma se produce cuando se anuncian aumentos de precios vitales, que no cotizan en supermercados ni en los chinos: expensas, pre-pagas, gas comprimido, alquileres. Anticipan también una suba de los precios cotidianos en forma de espiral. La "plata" que secan estos aumentos, es considerablemente mayor que la que se ha distribuido con fines electorales. A esto se agregan los vaticinios de las encuestas, que dan por perdidas las elecciones al oficialismo, incluido el quórum en el Senado. La crisis pos electoral de noviembre hará empalidecer a la que siguió a la Paso. Los diarios adelantan una crisis de gabinete, que será más que eso, porque desatará un realineamiento de poder. Dos columnistas de La Nación observan en los últimos días, lo que llaman un declive de la Vicepresidenta. Advierten lo que desde estas páginas fue caracterizado en diversas ocasiones; no es la oposición por donde pasa una salida, sino por el peronismo. Asignan para JxC un lugar subordinado en el desarrollo de la crisis. Lo que los columnistas no dicen es que un estallido político al interior del peronismo, y una nueva crisis de gobierno, tendrá un impacto enorme en todos los aparatos que actúan como correa de transmisión del Estado en la clase obrera. Con la perspectiva revolucionaria que deja a la luz este desarrollo, llamamos a los activistas y luchadores obreros a votar a nuestra corriente y a los partidos de izquierda (ver declaración de POLÍTICA OBRERA, 30.10), como un paso de separación del cadáver putrefacto del aparato peronista y de la burguesía. La autonomía política de la clase obrera es la cuestión estratégica del período que se abre.

La media sanción, por parte del Senado, a la extensión de la “ley de emergencia territorial indígena”, ha demostrado divisiones políticas significativas. Mientras la mayoría de los senadores radicales acompañó el proyecto, el conjunto de legisladores del PRO lo rechazó. Para Ernesto Martinez (PRO- Córdoba) “(votar) esta prórroga es un suicidio institucional”, porque alentaría los sucesos “terroristas” (sic) en la Patagonia. Se trata de un choque de posiciones acerca del avance territorial de mineras, petroleras, latifundistas y negocios del turismo internacional, a costa del derecho a la tierra de aborígenes y criollos. La ley "protectora" de comunidades indígenas, sancionada en 2006, ha tenido enormes dificultades de implementación. Después de quince años no se ha completado siquiera el relevamiento del conjunto de las comunidades. De las 1760 reconocidas por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), apenas el 50% se encuentra en “diferentes niveles de ejecución” (canalabierto.com 28/10). A su vez, se ha continuado con los desalojos y se ha expulsado de sus territorios a comunidades enteras, tanto por no estar registradas como también por la falta de adhesión de varias provincias. Se han denunciado relevamientos producidos sin la participación de las comunidades. El “Frente de Todos”, que ha impulsado una nueva extensión, presenta a la ley como “una herramienta de paz social” y no como un factor de restitución de derechos de los pueblos indígenas. La etiqueta de "terroristas" a los mapuches ya había sido aportada por Sergio Berni, un furioso cristinista, quien exigió “el envío de tropas”. Finalmente, esas tropas fueron efectivamente enviadas, mientras el propio Presidente decía que no correspondía hacerlo. El conflicto con los mapuches se ha convertido en un fuerte elemento de la crisis de gobierno. Los grandes intereses capitalistas que promueven los ataques a las comunidades indígenas no encuentran aún un régimen político medianamente sólido para atacar en toda la línea; ya se ha manifestado de este modo bajo el gobierno de Macri. El lenguaje de guerra civil promovido por sectores del gobierno y de la oposición no debe ser menospreciado, porque corresponde a una tendencia de fondo del imperialismo.

Hace ya casi un mes que el 90% de los 60.000 afiliados de la IATSE (Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales), que agrupa a 36 seccionales sindicales locales de distintas profesiones del área audiovisual, mandataron a su dirección por el comienzo de una huelga general nacional, la que la convertiría en la más grande del sector privado en EEUU en un largo tiempo. Esta conducción está mostrando su esencia burocrática, al haber frenado la medida de fuerza y dilatar la votación que los afiliados deben realizar para aceptar o no los nuevos acuerdos de la IATSE con la unión de patronales AMPTP (Alianza de productores de cine y televisión). Mientras la posición de ir a la huelga continúa siendo mayoritaria en las bases, la burocracia presiona para que esta no se lleve a cabo. Presiones, falacias y un acuerdo a la medida de las patronales La burocracia de la IATSE insiste en que los que serían los nuevos convenios colectivos de trabajo negociados con la AMTP son un “éxito histórico”, aunque el detalle de los mismos ni siquiera llegó a sus afiliados. Ahora, esta conducción lanzó un comunicado firmado por su presidente y por parte de los miembros -no todos, dato a tener en cuenta- de las direcciones de los 13 locales del sindicato que se encuentran en Hollywood, llamando a los afiliados a votar por refrendar esos convenios. El texto está lleno de falsedades y manipulaciones: utiliza frases del tipo “esto no se detiene aquí, y de hecho, acaba de empezar”, cuando los acuerdos “negociados” no sólo son insuficientes sino que legalizan condiciones laborales deplorables. Es que, a partir de la pandemia, empresas poderosísimas como Disney, Netflix o Paramount impusieron a sus trabajadores jornadas laborales extensísimas sin días de descanso, salarios a la baja y la imposibilidad absoluta de llevar a cabo una vida normal, ya que los proyectos pueden durar meses. Tomando esas condiciones extremas como referencia, es que la IATSE presenta el acuerdo como una salida “victoriosa”. Una obvia y gran mentira que sus afiliados repudian. Veamos un ejemplo concreto: antes de la pandemia un camarógrafo tenía una jornada laboral de, como mucho, 9 horas. Con los nuevos convenios, tendría 10 horas corridas de descanso más una hora para comer, lo que significa que la jornada se puede prolongar a 13 horas de trabajo diario. Desde el punto de vista salarial, se estableció un aumento del 3% anual, cuando la inflación interanual de EEU fue de 5,4% -la más alta en 13 años. ¿Dónde está el beneficio en materia de jornada laboral y salario? En ningún lado. Esto es lo que las bases denuncian: este nuevo acuerdo es una estafa mayúscula. La única opción, la huelga general La mayoría de las bases mantiene su posición y está convencida de ir a la huelga, a pesar del juego de desgaste y presión de la burocracia. Sucede además que esta es una problemática histórica: trabajar en la industria audiovisual detrás de cámaras se transforma en algo completamente alienante, dada la explotación acérrima. Las redes sociales, que son un termómetro del hartazgo de miles de afiliados de la IATSE, dan cuenta de esto: un afiliado llamado Bobby Thomas lo resume de este modo en la página de Facebook del Sindicato: “no me digas que vote sí por algo que aún no he leído. (...) 30 años en este negocio y es la misma vieja historia: obtendremos un mejor contrato la próxima vez. Demasiadas personas mueren, demasiadas personas se enferman porque trabajan demasiadas horas y su sistema inmunológico colapsa.” En esta puja con la burocracia y las patronales por su vida y su dignidad, los trabajadores afiliados a la IATSE deben utilizar la valentía, la claridad y la combatividad que vienen desplegando para imponer la huelga general nacional.

Este sábado 30 de octubre se llevó adelante una importante jornada de lucha con motivo de cumplirse un año del femicidio de Paola Tacacho. La marcha recorrió el lugar donde la joven docente de inglés fue atacada mortalmente y llegó a Casa de Gobierno donde se escucharon las palabras de su mamá, Mariela Tacacho. Hubo también intervenciones artísticas. En los días previos se realizaron distintas actividades y, durante la misma mañana del 30, se pintó un mural. Se escuchó fuerte el reclamo de justicia y la denuncia sobre la responsabilidad del Estado. El caso de Paola pinta de cuerpo entero el calvario que sufren las víctimas de violencia de género, el que se agrava cuando están implicados hijos del poder. En este caso, las más de 20 denuncias que realizó no prosperaron por la mano del hermano del femicida, Ronald Parada Parejas, un importante empresario vinculado al poder político. Si bien en el banquillo de acusados está todo el régimen político -fiscales que cajonearon las causas, funcionarios de distintas dependencias que miraron para un costado y el propio gobierno por sus vínculos con el hermano del femicida- en esta instancia de la lucha el reclamo está puesto en la destitución del juez Pisa. Este magistrado, que tuvo en sus manos la posibilidad de llevar a juicio una de las causas, resolvió sobreseer al acosador- -luego femicida- en nombre que era un gasto innecesario para la Justicia y que no había suficientes pruebas. Pisa no es cualquier juez: es el oyarbide tucumano, y ya intentó ser rescatado por el propio Manzur. Pese a que había distintos pedidos de juicio político y que la movilización popular, luego del femicidio de Paola, apuntaba contra él, el gobernador le firmó la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio. Por cuestiones administrativas Pisa no pudo concretar el retiro y en el medio de la interna del gobierno, entre Manzur y Jaldo, previa a las Paso, este último dio luz verde para que pase el juicio político. Ahora con el acuerdo de gobernabilidad entre Jaldo y Manzur, la destitución de Pisa es una brasa caliente que el gobierno debe resolver. En cualquier variante, el problema debe ser colocado en el campo de la movilización popular porque el régimen político provincial es incapaz de dar una salida a los femicidios y a la violencia de género. Son las propias instituciones del Estado las que entregan a las mujeres a los femicidas. Para sacar a todos los pisa hay que preparar una lucha de conjunto para remover el régimen. En este cuadro cobra importancia la jornada que se preparó con motivo del primer aniversario del femicidio de Paola y resulta de vital importancia mantener la movilización por la destitución de Pisa.

Trecientas familias fueron violentamente desalojadas sin orden judicial (como ya es costumbre) por la policía bonaerense del barrio 22 de Enero, en el partido de La Matanza. Ocurrió este lunes, bajo lluvia, ya caída la noche. Una feroz y violenta represión con cientos de policías uniformados y de civil desalojaron ilegalmente a familias que luchan por el derecho a vivienda. La policía ingresó al barrio incendiando las casillas y todo lo que se interpusiera a su paso, destruyendo comedores y merenderos entre amenazas de muerte, balas de goma, detenciones y heridos. Los vecinos intentaron ocupar un predio y fueron perseguidos hasta que lograron refugiarse en la casilla Angelelli, donde pudieron salvarse de la feroz cacería desatada. Varios vecinos fueron detenidos hasta la mañana del día siguiente. Los vecinos y organizaciones realizarán una movilización al Municipio de San Justo para repudiar el desalojo y denunciar la falta de vivienda. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denuncia que no se cumple la resolución que establece que, antes de dictarse orden de desalojo, el fiscal interviniente debe proponer a las partes concurrir a una instancia de mediación. Tampoco se respeta la resolución 707/19 que, entre otros puntos, establece que los desalojos deben ser en horario diurno. La responsabilidad política recae enteramente sobre el gobernador Axel Kicillof y el intendente Fernando Espinoza. El mismo día que el Estado paga 390 millones de dólares en concepto de intereses al FMI -con una inflación del 50% anual en ascenso, un 40% de desocupación y 7 de cada 10 chicos pobres, la reducción del presupuesto social y la creciente precarización laboral- responde con represión a la crisis habitacional y social que vive la clase trabajadora. Solo en La Matanza hay 122 asentamientos. Es la manifestación de una crisis de vivienda brutal en el distrito. Repudiamos la represión, nos solidarizamos con las familias. Reclamamos tierra y vivienda digna para vivir.

En la interpelación a Jorge Altamira, en el barrio de La Boca, él hizo un señalamiento de método que me parece que tenemos que aprovechar. Lanzamos una campaña con un planteamiento -por ejemplo, Congreso de Trabajadores…- para actuar. Sin una orientación no podemos actuar. En la propia campaña, esa orientación se irá afilando, adaptando, por la respuesta de la clase obrera, allí donde militamos. Lo que tengan para decir los compañeros, propios y ajenos, sobre la cuestión debe dar lugar a un balance de la orientación y la actividad. En las notas de Política Obrera de movimiento obrero, todas o muchas, terminan igual: por un Congreso de Trabajadores… Lo que quiero decir es que no se ve, desde este punto de vista, un partido actuando para organizar a la clase obrera.

El diario Clarín publica, en su edición del domingo 31, una columna firmada por Fabian Debesa, quien vuelve a apuntar contra la docente Laura Radetich del distrito de La Matanza, acusada de “adoctrinamiento”. Así fue calificado un episodio ocurrido en el marco de una clase en la Escuela Técnica N° 2 de ese distrito, a mediados de agosto pasado. En las escuelas privadas del clero, sin embargo, un adoctrinamiento real tiene lugar todo el día y a toda hora, sin que nadie abra el pico, en especial los medios adversarios de Clarín. El episodio consistió en una reacción virulenta de la docente ante el planteo macrista de un alumno en edad para ejercer el derecho al voto. El articulista advierte que la docente, al día de la fecha, no se encuentra formalmente sancionada por las autoridades educativas y que continúa cobrando su salario. La sanción, sin embargo, se produjo de hecho. Kicillof instó a la Dirección General de Escuelas a desvincular a la docente de su actividad y a proceder a una investigación. No se conoce ninguna sanción ni “investigación” en curso sobre el mayor de los “adoctrinamientos” que se imparte en la provincia: aquel que se produce en las escuelas confesionales y privadas sostenidas con subsidios millonarios del Estado. Allí se priva a los niños del derecho a una Educación Sexual Integral, por ejemplo, pero también a los docentes, que tienen vedada la libertad de cátedra. Bajo amenaza de despido permanente, deben planificar la “línea” de contenidos que dicten sus empleadores. La plana mayor de Juntos por el Cambio ha iniciado una causa penal contra la docente. El adoctrinamiento, por parte de los docentes de la escuela pública, es casi una obligación que tienen como pedagogos. La escuela está asediada, desde adentro y afuera, por la miseria social y por el sabotaje político y económico para coaccionar a un acuerdo con el FMI. El docente debe responder a las inquietudes de los alumnos por esta situación, y hasta despertar esas inquietudes en ellos, cuando no se ven conminados a hacerlo a la vista de las dificultades sociales crecientes de los pupilos. Obviamente, debe seguir para ello un método mayéutico –el diálogo, la reflexión, incluso la polémica, para arribar siempre a conclusiones o divergencias comunes. La condena al debate político escolar, bajo la figura de "adoctrinamiento", cancela los derechos democráticos, y convierte al ciudadano en súbdito, aunque no exista un régimen señorial. La denuncia de politización de la escuela puso a Todes en aprietos, porque es incapaz de defender la democracia cuando ésta es denunciada como "subversiva". Recurrió, para salir del apuro, a su arsenal de cobardías, y apretó a la docente para que solicitara una licencia médica. Fue acompañado en esta maniobra por sindicalistas K y no K. Suteba renunció a defender a una afiliada sindical contra el Estado, estando en los dos lados de esta grieta inédita. Ha dejado al Sindicato en una posición vulnerable ante el ataque de los enemigos de los trabajadores y del laicismo. En lugar de esto, tendría que habe defendido la obligación de la docente a responder a planteos políticos. La crítica al método destemplado de la respuesta debió hacerse en el marco sindical, con el propósito de elevar la calidad de la politización escolar. La posición de Baradel ha sido reaccionaria y anti-sindical. La sanción “disciplinaria” fue ejecutada por medio esa "licencia médica" innecesaria. La conducción provincial de SUTEBA optó por “preservar a la docente” (La Nación, 3/9), sacándola de circulación. Baradel avaló la salida “decorosa”, para no llamar a ninguna lucha contra el malón reaccionario. En realidad, al que “preservó” fue al gobierno de Kicillof. En el SUTEBA Matanza, una asamblea que contó con la presencia de más de 300 participantes, aprobó por unanimidad un comunicado de solidaridad con Laura Radetich, por parte de la Directiva seccional. No denunció, sin embargo, el pedido de "licencia médica", como un acto de coacción del Estado a esta docente y contra todos los docentes. Los miembros de nuestra Tendencia presentes en la asamblea, no advirtieron el límite político enorme del planteo de "solidaridad," incluso cuando habían denunciado esa coacción en las publicaciones de Política Obrera. Los sindicatos deben combatir cualquier castigo punitivo contra los trabajadores por sus opiniones, Las conductas de los compañeros deben ser resueltas en el ámbito sindical, mediante un debate pedagógico y político. El alumno de orientación macrista ha decidido no retornar a ese colegio, de acuerdo a la información de Clarín. La compañera Radetich hará lo que crea mejor cuando venza su licencia. Nuestra corriente defiende, en forma incondicional, el derecho a retornar al aula de la que fue separada.

En un reciente artículo contra la Tendencia (que patéticamente insiste en llamar "el grupo de Altamira") Rafael Santos se deshace en condenas al sectarismo y el faccionalismo y brega por los principios trotskistas de “la unidad de los trabajadores” por sobre todas las cosas. Teniendo en cuenta que el autor de la nota fue partícipe necesario de la expulsión de más de 1200 militantes de su propio partido hace dos años, cualquier lector informado creería, desde el principio, que no se trata más que de un farsante tratando de encubrir las huellas su propio pasado. Pero hay más que eso. Santos tiene la perversión de criticar en su nota, en medio de este desenfreno unitario, a “los boicots que realizan los militantes de la Tendencia a marchas y acciones convocadas por el Frente Piquetero”. Santos ya no habla de aquella supuesta posición anti-piquetera que le endilgaron a "Altamira y su grupo". Esa crítica ya se la guardó en el bolsillo. Ahora admite que somos un factor activo en el movimiento piquetero (aunque se cuida mucho de mencionar al Polo Obrero Tendencia). La crítica de que no nos sumamos a las convocatorias del frente oficial ya había aparecido antes. De ser así, la crítica debería dirigirse ahora a casi todo el arco de organizaciones sociales, ya que en sus últimas movilizaciones el Polo oficial consiguió su objetivo de quedarse solo, con un reducido grupo de organizaciones menores, siendo abandonado por el resto. Habría sido interesante que Santos, al menos, sí hubiera dedicado su nota a esta crisis que atraviesa el frente Unidad Piquetera. Los ex aliados de Belliboni le atribuyen el propósito de querer acaparar las negociaciones con ministerios y secretarías, para convertirse en el beneficiario exclusivo de concesiones de distinto orden, incluso prebendas, y marginalizar a los agrupamientos que considera ahora como una competencia prescindible El "divisionismo" que Santos imputa a la Tendencia, sólo pone de manifiesto su condición de escriba. Desde la formación del Polo Obrero Tendencia hemos sido objeto de un sinnúmero sistemático de provocaciones por parte del aparato del PO oficial. Desde cordones “de seguridad” contra nuestra organización, hasta una embestida patoteril en el Obelisco para expulsarnos de una acción "unitaria", y el intento de asalto a nuestros locales. En una movilización a Plaza de Mayo contra el Consejo del Salario, todas las organizaciones fueron testigo de cómo un cordón del aparato cruzó toda la plaza para impedir el avance de la Tendencia que se encontraba en el extremo opuesto a ellos. Cada una de estas provocaciones sólo tuvo el efecto de desmoralizar sus propias filas. En ocasión de la provocación en el Obelisco, el MTR condenó la acción patotera que llevó adelante el aparato en tándem con la gente de Barrios de Pie– Randazzo. Eso le valió al MTR la expulsión por parte del PO oficial. Es a esto que Santos denomina la unidad de los trabajadores. No pocas organizaciones de la Unidad Piquetera nos informaron haber propuesto varias veces la integración de la Tendencia del Polo Obrero. El aparato amenazó romper el frente si se aprobaba nuestra integración. Mientras vetaban nuestra integración, por las redes sociales criticaban nuestro "sectarismo". Esta ha sido siempre la metodología de acción de los aparatos. El Partido Obrero repudió siempre este tipo de maniobras políticas. Es lo que hacía el morenismo, principalmente el PTS. Durante todas las campañas electorales, el PTS mandaba hordas de usuarios de Facebook y otras redes sociales a calumniar con las peores bajezas al Partido Obrero y, principalmente, a su principal candidato, Jorge Altamira. La dirección del PTS, por su lado, no se hacía cargo de nada. En su prensa, al igual que su santidad Santos, el PTS llamaba a la más fraterna unidad de los trabajadores. El aparato sabe que el PTS ha rechazado siempre acciones en común. Incluso nos hizo responsables del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra por la patota de Pedraza, para aparecer en la manifestación del día siguiente con remeras con la foto de Mariano. Vaya todo esto para el prontuario de “la izquierda que se une”. Hoy el PO oficial ha adoptado este mismo método. Están formando a la militancia en una especie de "vale todo", hasta mentir y calumniar. Cada uno es responsable de sus actos. Los métodos del santo Santos son incompatibles con los métodos de construcción de un partido revolucionario.

El titular de este artículo es el que presentó la prensa oficialista argentina (Página12, Telam, IP) a los sucesos de hace dos días en Perú. El Parlamento de Perú, de mayoría opositora, aprobó una ley que limita las facultades del Ejecutivo para disolver el Congreso, cuando éste haya rechazado dos ponencias del primero. Deja en pie, sin embargo, el derecho del Congreso a remover al Ejecutivo, sin importar la solvencia política o jurídica para ello. (Martín Vizcarra, en 2019, fue destituido por el Congreso por “incapacidad moral"). Tenemos aquí un minué de dos pasos: Castillo que busca nuevas elecciones parlamentarias, y el Congreso que quiere voltear a Castillo, y llamar a nuevas elecciones ejecutivas. En definitiva, el impasse político creado en las elecciones pasadas será definido por vía extraparlamentaria. Los gestos de apaciguamiento de Castillo con las petroleras, a quienes entregó la cabeza de su primer jefe de ministros, no han servido de gran cosa. Castillo asumió con la promesa de nacionalizar los hidrocarburos y de convocar a una Asamblea Constituyente. Enseguida ratificó al presidente del Banco Central, en ese puesto hace 16 años, al servicio de todos los gobiernos y el FMI, y entregó el ministerio de Economía a un funcionario de un partido rival, Pedro Francke del Frente Amplio, un ex Banco Mundial; y luego la jefatura de Gobierno a la ambientalista de ese mismo partido, Mirtha Vázquez. Lo que consiguió con esto fue dividir a su propio partido, Perú Libre, que ha pasado a la oposición, sin dejar por completo el gobierno. El "voto de confianza" que tendrá lugar el jueves que viene, ocurre en medio de este cruce. Las encuestas dan que el gabinete cuenta con la aprobación de 2 de cada 3 peruanos (prensalatina, 31/10). La "premiere" Mirtha Vásquez cuestionó la remoción de la ley que permite la disolución del Congreso por el Ejecutivo, como “una Ley que pone en riesgo la democracia” y presentó una demanda al Tribunal Constitucional (TC). El TC fue el árbitro final que reconoció la victoria de Castillo en agosto pasado, luego de una prolongada demora. La derecha (Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País) pretende dar el visto bueno si se retiran dos ministros y se abandona el proyecto de Asamblea Constituyente. Los bloques del centro recelan de las promesas del nuevo gabinete acerca de la nacionalización del petróleo y gas natural, pero advierten de la necesidad de que el estado aumente la recaudación del excedente minero. Mirtha Vázquez dijo que el país “quiere recaudar”, y que nadie atenta contra la “seguridad jurídica de las empresas” (bloomberg, 27/10). Más allá de estos "vaivenes", no se ha disipado la amenaza de un golpe militar. Grupos como La Resistencia, Los Combatientes o La Insurgencia, están a punto de concretar una alianza anticomunista con grupos de militares, según el portal periodístico Epicentro, para reclamar en las calles la vacancia de Castillo, a quien acusan de “terrorista” (ídem). Sobre los países latinoamericanos opera una cuadrilla de trumpistas y bolsonaristas, que impulsan el golpismo, con el argumento de frenar la revolución social, que consideran el desemboque inevitable de la pandemia. LEER MÁS Perú: la izquierda democratizante se pone a la cabeza de un golpe de las mineras y las petroleras

Como se reflejó en otros artículos, el Polo Obrero Tendencia de la ciudad de Santa Fe viene dando pasos certeros en la construcción de una organización barrial y de desocupados en la capital provincial. Venimos de cerrar un gran mes de octubre que abarcó desde la organización de actividades financieras y de socialización, una marcha a Desarrollo Social y una charla por un Congreso Obrero, en el marco de la campaña de Política Obrera en todo el país. Todas las actividades fueron resueltas y organizadas en las asambleas que sostenemos semana a semana. En este momento, la organización mantiene el trabajo más firme en barrio Los Troncos, en donde todos los sábados se sostiene un comedor y merendero, con la presencia de vecinos de Santo Domingo, otra asamblea en barrio Yapeyú y relaciones con un merendero de barrio Monseñor Zaspe. A su vez, en los próximos días se continuará un incipiente intercambio con vecinos de barrio Marcos Bobbio y de barrio Acería. Los frentes de trabajo son muchos, pero muy prometedores. Sobre todo porque parten de la necesidad de los vecinos de organizarse. Según el INDEC, el Gran Santa Fe es el tercer conglomerado más pobre del país, por lo que las necesidades son cada vez más. La gente de los barrios comienza a sacar sus propias conclusiones al calor de las elecciones, y dan cuenta, justamente, que ni las promesas ni las migajas asistenciales van a ser suficientes para llegar siquiera al 14 de noviembre. El 10 de octubre comenzamos con un gran mate bingo como actividad financiera, que fue propuesto por las vecinas de Santo Domingo. La actividad fue un éxito por la convocatoria y también por el resultado. Se entregaron premios alusivos al día de la madre y se disfrutó de una tarde de picnic en una de las canchitas del barrio. Esto, aunque parezca menor, es muy importante. Porque las actividades del Polo y del comedor comienzan a establecer relaciones con personas del barrio como la vecinal y los dueños de los campitos donde desarrollamos la jornada. Es decir, comienzan a ser conocidas y convocantes. La realización de esta actividad permitió juntar los fondos para la postergada movilización a Desarrollo Social en la Ciudad. Se definió el alquiler de un colectivo y el traslado de personas de cinco barrios diferentes y de dos comedores para el corte en la Avenida Almirante Brown. Más de 30 personas llegamos al Ministerio por la mañana del jueves 28 y cortamos la calle. Fuimos recibidos junto a integrantes del merendero de barrio Monseñor Zaspe, y obtuvimos el compromiso de la asistencia y de su sostenimiento en el tiempo. Esta actividad fue fundamental. No sólo por lo mucho que costó ponerla en pie y sostenerla, sino también porque fue una experiencia importante para los vecinos y vecinas, que vieron que, a través de la movilización, se consiguieron estos aportes y que deben ser sostenidos por el gobierno. Por lo que la posibilidad de una nueva movilización está latente, incluso en el marco de la lucha que desarrolla todo el Polo Tendencia en el país, al que sumamos el reclamo de asistencia y planes a la provincia de Santa Fe. El mes cerró el pasado sábado 30, con una charla política en el predio del Hospital Iturraspe nuevo, ubicado a la entrada de barrio Los Troncos y Santo Domingo. Una nutrida concurrencia debatió cómo enfrentamos los planes criminales de los gobiernos y cómo nos seguimos organizando para consolidar y poner en pie la organización en los distintos barrios. La conclusión que se destacó fue la necesidad de hacer de esto una lucha común, entre todos los barrios, y con la base de la solidaridad de clase. Con este empujón que nos dejó octubre vamos a encarar los últimos meses del año, para los que ya tenemos planeadas dos nuevas actividades de socialización y la puesta en marcha de talleres para vecinos y vecinas.

Desde Glasgow, el gobierno anunció un acuerdo con una empresa australiana para producir “hidrógeno verde” en el país. La inversión alcanzaría 8.400 millones de dólares en una década. La empresa Fortescue Future Industries, que cotiza en la bolsa local, no confirmó estas negociaciones ni la suscripción de un mentado “memorando de entendimiento” (Clarín, 2/11). La empresa había indicado que el proyecto de Argentina era analizado junto a otros cinco proyectos más (ídem). Todavía no hay estudios de los costos de la extracción del hidrógeno, precios y los mercados para la exportación. “Energía verde” El hidrógeno “verde” es producido mediante energía renovable (eólica y solar), a diferencia del “hidrógeno gris”, que lo es mediante hidrocarburos. Sin embargo, presenta algunas dificultades, que han impedido su uso masivo. En primer lugar, es altamente inflamable, por lo que transportarlo y almacenarlo de manera segura es todo un desafío. Las dificultades para producirlo es el segundo problema (…) hay que separar al hidrógeno de las otras moléculas para usarlo como combustible y, para lograrlo, se requieren grandes cantidades de energía, lo que lo hace muy costoso” (Cronista, 1/11). La energía eólica y solar, cada vez menos costosa, también es contaminante. Están promovidas por enormes empresas energéticas, que plantean una “transición energética”, pagada por los estados, básicamente, por los trabajadores. El litio es altamente contaminante y su proceso de extracción es costoso. Se utiliza para fabricar baterías de celulares, que no son reciclables. Algo similar ocurre con las baterías para autos eléctricos. “Las baterías de litio están lejos de los niveles deseados de costos, seguridad e impacto ambiental” (El País, 29/3). La extracción del litio se produce en países de América Latina, África y Asia. Uno de los elementos fundamentales de la explotación del hidrógeno verde son los parques eólicos, cuyas enormes aspas no son biodegradables ni reciclables, y tienen una vida útil muy corta. Lo mismo sucede con los paneles solares. En EEUU hay campos enteros de paneles solares que quedan inutilizados y no son reutilizables. Los componentes de los paneles solares también son altamente contaminantes. Se estima que en pocos años se crearán más de 80 millones de toneladas de residuos por la fabricación de placas solares, extremadamente tóxicos, ya que contienen cadmio y plomo entre otros elementos (El País, 29/3). Kulfas indicó: "Estuvimos trabajando un año en donde hicimos un trabajo técnico muy fuerte de revisión de las cuestiones técnico-legales de dónde se podía localizar el proyecto. Trabajamos muy bien con la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras) y con su equipo" (perfil). En el Alto Valle se desarrolla una enorme explotación hidrocarburífera, que ha contaminado las napas. La gobernación de Chubut se ha destacado por reprimir las marchas contra la mega minería en la provincia, y no caben dudas que estas cuestiones discutidas con la gobernadora tienen que ver con las condiciones políticas y sociales para garantizar que no haya protestas contra este proyecto. El gobierno que cifra sus expectativas en la inversión en “energía verde” promueve la minería contaminante, que destruye la cordillera, el agua y las poblaciones aledañas con enfermedades producto de la contaminación. La empresa australiana, que ya tiene una inversión minera en la cordillera sanjuanina para extraer cobre, ganó 10.300 millones de dólares en el último balance (Clarín, 2/11). El dueño de la empresa exporta hierro a China, tiene explotaciones en Colombia, Chile, Perú y Ecuador, y un enorme negocio ganadero, que es altamente contaminante. No es cierta la afirmación de Alberto Fernández de que Argentina está por debajo de los niveles de contaminación mundial. Presentó en el Congreso la Ley de Hidrocarburos, que favorece la contaminación y el extractivismo, como así recortar impuestos y facilitar el giro de las ganancias. Asimismo, a pesar de decirle “Sí” a la Ley de Humedales en spots electorales, el gobierno la cajonea en el Congreso. Fernández apoya también la instalación de mega granjas porcinas, fábricas de pandemia, negociaciones lideradas por Capitanich en Chaco, con proyecto aprobados en la legislatura provincial, con el voto positivo de sus presupuestos provinciales por parte de todos los bloques. En Argentina los niveles de cáncer en las poblaciones cercanas al área sojera, que se expande, crecen dramáticamente y producen todo tipo de enfermedades, y la mortalidad infantil. La Argentina está “de remate”, por eso ofrece financiar inversiones con el dinero para pagar la deuda pública, que está prevista cancelar al ciento por ciento de su precio de emisión, cuando en el mercado cotiza a treinta y su ‘valor presente’ al momento de la reestructuración era cincuenta y ocho. Sería un subsidio al capital, como no se ha visto desde Menem, que el FMI acogería con aplausos.

La visita de Alberto Fernández y su comitiva al G20 tuvo su momento de euforia cuando el comunicado final de la reunión aludió a los sobrecargos pagados al FMI, de un lado, y a una reasignación de la moneda creada por el FMI -los DEG- en favor de los países “de bajos ingresos”, del otro. Sin embargo, se podía advertir la vaguedad del comunicado que, entre muchas cosas, recomendaba, por ejemplo, “un reparto global equitativo de vacunas” (sic). En la cuestión de la sobrecarga de intereses a pagarle al FMI, el gran reclamo de los Fernández, el G20 se limitó a exhortar a que se “continúe debatiendo” (sic). Confirmando la inocuidad de las tratativas ante el G20, en cuestión de horas la negociación de Guzmán con el Fondo se corrió de eje: ahora, se baraja un waiver (perdón) al pago del vencimiento que operará en marzo. Es una confesión de que el acuerdo se encuentra en un impasse, y que el gobierno no ha logrado ni la más mínima concesión en sus reclamos. Pero de acuerdo a los periodistas con “llegada” al Fondo, el empantanamiento es recíproco. El ex director del FMI para asuntos de la región, Alejandro Werner, declaró a La Nación que el acuerdo con Argentina sería perfectamente inútil, ya que “no superaría los cuatro meses, y se volvería a incurrir en incumplimientos” (30/10). Menos apegados a los números, otras fuentes señalan, sencillamente, que el gobierno argentino habría perdido todo crédito político. Los lenguaraces del oficialismo se apresuran a presentar a la eventual postergación del pago de marzo como una demostración de “firmeza” o “soberanía” en la negociación. Omiten lo elemental, a saber, que esa dilación sólo sería admitida a cambio de algo parecido a lo que el FMI llama “un plan”. Elementalmente, el gobierno debería acceder a un ajuste fiscal que pase por la reducción de subsidios –y por lo tanto una escalada de aumentos de tarifas. Luego, está la “reducción de la brecha cambiaria”, o sea, una devaluación de la moneda. Esa “tímida” aproximación a las pretensiones del Fondo encierra consecuencias socialmente explosivas. Estaríamos ante una versión agravada del ajuste que implementó Guzmán durante todo el primer semestre de 2021. O sea, la dilación de un acuerdo con el Fondo al precio de una política fondomonetarista. El acuerdo, o su postergación, dependen en cualquier caso de los votos de Estados Unidos en el directorio del Fondo. Al respecto, el nuevo embajador yanqui en Argentina, al recibir el placet de su Senado, se encargó de establecer la ruta de cualquier concesión: de un lado, política regional “clara”, en oposición a Venezuela, Nicaragua y Cuba; del otro, distanciamiento económico con China, en particular, en el área estratégica de las telecomunicaciones. Para “comprar” los votos decisivos en el directorio del Fondo, el gobierno Fernández debería comprarse también una crisis diplomática y comercial, además de un choque con uno de sus aliados internos –el Consejo Agroindustrial sojero-aceitero-cárneo, que tiene en China a su principal mercado. Agenda verde En la tierra de Adam Smith, donde tuvo lugar la cumbre climática, el gobierno FF desempolvó otra quimera para salir del atolladero, a saber, el canje de “deuda por clima”. El tema tiene varias aristas, y todas ellas refuerzan las contradicciones de la política oficial. Una de ellas es la utilización de los desvalorizados títulos de la deuda argentina, pero reconocidos a su valor nominal, para la inversión en proyectos ambientales supuestamente “limpios”. Los Fernández proponen la ‘gran Menem’, reconocer un valor 100 a unos títulos que se cotiza a 30. En esta y otras variantes, los “inversores” exigen, además, la libre repatriación de divisas, para lo cual es necesario eliminar el actual régimen de cambios. Alberto Fernández ha salido a ofrecer un negociado a algunos aventureros ambientales para salvar al gobierno. La gira oficial por Europa, en definitiva, no le aportó ningún respiro a la crisis terminal del gobierno FF. En todo caso, sirvió para poner de manifiesto el carácter reaccionario y aún más explosivo, de las “salidas” que se discuten en el desvencijado gabinete oficial. Es más necesario que nunca que la clase obrera intervenga políticamente en esta crisis en franco desarrollo. Con esa convicción, llamamos a impulsar un congreso obrero. El voto a la izquierda el próximo 14 de noviembre, contra las candidaturas de las patronales y el FMI, se inscribe en esa perspectiva.

Al momento de escribir estas líneas, las tensiones en el Estrecho de Taiwán entre la República Popular China y la República de China (conocida popularmente como “Taiwán”) han alcanzado puntos históricos y alimentado especulaciones de una guerra. La cuestión taiwanesa está pendiente desde la Revolución de 1949, cuando el régimen nacionalista del partido Kuomintang huyó a la isla de Taiwán (llevándose consigo cuantiosa parte del Tesoro Nacional), desde donde siguió presentándose como legítimo gobierno de China, incluida la representación en la ONU. Esa situación cambió con el pacto Nixon-Mao, en 1974: la República Popular China fue reconocida globalmente como el legítimo gobierno de toda China, sin admisión de una incorporación de Taiwán. Es lo que sí ocurrió, sin embargo, con Hong Kong (bajo tutela británica) y Macao (territorio de Portugal). En Taiwán se consolidó una “grieta” entre el Kuomintang, de un lado, partidario de negociar una integración a la República Popular, y el partido independentista, el PDP, del otro. La fuerza integracionista tiene una base económica manifiesta – Foxcom, de la cadena Apple, ha invertido pesado en China, y cuenta con más de cien mil obreros directos. Como consecuencia de los antagonismos comerciales, diplomáticos y políticos crecientes con China, Washington ha ido cambiando de línea. Sirviéndose de gobiernos aliados en la llamada Primera Cadena de Islas (compuesta por Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia), Washington ha acentuado su injerencia y patrullaje en el mar de China y un derecho de vigilancia en cuanto al acceso a los mares Pacífico e Índico. Como parte de esta política, EEUU alienta al gobierno taiwanés, de tendencia independentista. Ese gobierno no ha declarado la independencia, con el argumento de que ya es independiente, pero es claro que no lo hace porque sería una causa de guerra. China no tendría dificultades militares para tomar la isla por la fuerza (Breaking Defense 7/3/19), pero el asunto no se restringe a esto. Taiwán tiene 35 millones de habitantes; una acción semejante movilizaría militarmente al mundo entero. Taiwán sigue siendo un punto de negociación de alcance estratégico, que envuelve al conjunto de relaciones EEUU-China, a la Unión Europea y a Rusia. Esta confrontación estratégica explica la política del gobierno de Biden. Primero, desarrollar una carrera armamentística contra China y Rusia, que incluye el desarrollo de armas hipersónicas y la inteligencia artificial. En el primer campo, China y Rusia llevan una ventaja significativa (Financial Times 16/10). En cuanto al segundo, el último responsable para el desarrollo de IA militar del Pentágono ha declarado que China ya ha ganado esta carrera (Reuters 11/10). Para atender a esta competencia político-militar, la cancillería norteamericana se ha concentrado en acelerar una salida a otros numerosos conflictos internacionales, aunque con fortuna relativa, como lo muestra, por caso, la belicosidad creciente de Turquía. Tercero, arrastrar a los aliados de EEUU a una suerte de frente unificado anti-chino, aunque con un inaudito nivel de improvisación y aventurerismo, a cada paso dado. Los enemigos En abril pasado, con el “apoyo inquebrantable” (Reuters 2/4) de Biden, el gobierno de Kiev comenzó preparativos para tomar por la fuerza las regiones separatistas orientales apoyadas por Rusia. EEUU apuntaba a neutralizar la alianza de facto de Putin con los chinos (The National Interest 16/4). EEUU venía de fracasar en el intento de utilizar el levantamiento popular en Bielorrusia en su favor; esto llevó al gobierno de Lukashenko a posicionarse firmemente junto a Putin (Tass 1/7). Por otro lado, Ucrania no es miembro de la OTAN, de modo que llevarla a una guerra contra Rusia, habría puesto en cuestión la consistencia de la Alianza (principalmente en los casos de Francia y Alemania). Biden hizo lo único que podía hacer: ofrecer a Putin una postergación indefinida de la integración de Ucrania a la OTAN. Con este enfoque levantó las sanciones que aún pesaban para las empresas rusas abocadas a terminar el gasoducto Nord Stream 2, para beneplácito de los alemanes y disgusto de Kiev y Varsovia. No obstante, la relación bilateral no deja de deteriorarse y al momento de escribir estas líneas Rusia ha cortado los canales de comunicación diplomáticos con la OTAN (Reuters 18/10) y hay indicios de una nueva concentración de tropas en la frontera con Ucrania (The Washington Post, 30/10). En el Medio Oriente, la negociación con Irán acerca del desarrollo de sus capacidades nucleares sigue en un impasse. Como hemos escrito hace unos meses, Arabia Saudita rápidamente entendió el cambio de dirección del viento y la coalición que ha reemplazado a Netanyahu está atada con alambres. Por otro lado, la rápida huida de Afganistán ha socavado aún más la posición norteamericana de cara a las negociaciones con los iraníes (CNBC, 3/8), Pero, por sobre todas las cosas, ha abierto las puertas de Asia Central a China, que ha establecido con rapidez relaciones diplomáticas con el gobierno talibán (Global Times, 9/7). Los amigos El segundo eje de la política de Biden contra China consiste en “poner a los patitos en fila”: alinear a los aliados a la política de confrontación con el gigante asiático. Mientras que Trump declaraba agotado el sistema de alianzas que EEUU, Biden pretende encolumnarlo. Ocurre que la totalidad de ellos, de una u otra manera tienen intereses en China. Con total descaro, EEUU exige que miren más allá de ellos (War on the Rocks, 21/5). Este fue el eje de las respectivas reuniones de la OTAN y el G7 de hace poco más de un mes (DW News 14/6). El nuevo documento estratégico de la OTAN, por primera vez identifica a China como un ´desafío sistémico al orden global´ (DW News, 15/6). La utilidad militar de la OTAN, tal y como está integrada, para una guerra a librar en el ´patio trasero de China´, es bastante cuestionable. La mayoría de los estados miembros de Europa tiene capacidades militares muy disminuidas luego de décadas de ajuste a los presupuestos militares, y de acompañar los costosos fiascos estadounidenses en Afganistán e Iraq. Muy pocos países tienen una flota capaz de operar en el Pacífico, y son insignificantes frente a las que posee China. Tampoco les causa gracia que la belicosidad norteamericana en Asia acabe destruyendo lo poco que queda de la unidad europea. La OTAN ha declarado a la totalidad del planeta como campo de intervención (Defence News, 22/10). Dentro de la OTAN opera una facción militarista europea, que sostiene que la salida al impasse del viejo continente es una guerra contra Rusia. En la reunión del G7, pegada a la de la OTAN, fue presentada una iniciativa conocida como la B3W (“Build Back a Better World”) cuyo propósito es contrarrestar la Ruta de la Seda impulsada por China. Ofrece para ello financiamientos para infraestructura a los países cortejados o en la lista de Pekín. Sin embargo, prevalecen las dudas sobre la B3W: su método de financiamiento, los obstáculos políticos que enfrenta (Reuters, 13/6). La falta de apoyo en Europa para enfrentar a China se replica entre los países del Pacífico. El primer paso dado por los norteamericanos fue sacar al Quad, la alianza cuadrilateral del Indo-Pacífico (EEUU, Japón, India, Australia) del sarcófago. Al igual que lo que sucede con las potencias europeas, los intereses de estos países tampoco están alineados. EEUU fue abordando a otros países de la región. Tanto Indonesia como Singapur no tienen interés alguno en cerrar el estratégico Estrecho de Malaca a China. Vietnam se ha ido acercando a China. Corea del Sur reafirmó una posición equidistante entre EEUU y China (Global Times, 27/5). En vista de esto, queda claro que la conformación del AUKUS (la alianza militar entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia). Por medio del AUKUS, EEUU ha birlado a los franceses un negocio por venta de submarinos a Australia por cincuenta mil millones de dólares. La promesa de armar a los australianos con submarinos de propulsión nuclear llevará no menos de una década en materializarse y ha despertado protestas en Nueva Zelanda (The Diplomat, 19/9), que ya advirtió que no dejaría entrar a sus aguas los submarinos de sus vecinos. El verdadero propósito de los estadounidenses es convertir a Australia en una nueva base de operaciones militares. Intríngulis estratégico EEUU se enfrenta, en resumen, a una crisis estratégica sin paralelo. A menos que decida abrir la caja de Pandora de la guerra nuclear, los bastiones políticos o militares que ha esparcido por el mundo, carece de solidez político-militar. Es posible, por otra parte, que China y Rusia actúen de manera coordinada: en caso de que se vean obligadas a enfrentar crisis terminales en Ucrania o Taiwán (Responsible Statecraft, 27/10). La debacle militar que enfrentarían los norteamericanos en este tipo de escenarios, marcaría un fin de época. El imperialismo norteamericano, sin embargo, no puede ‘des-escalar’ el despliegue militar en el planeta. De este sucinto repaso, queda claro que cada paso que EEUU ha tenido que dar en su enfrentamiento con China, no le ha creado otra cosa que nuevos problemas y dilemas, y una marcha al abismo, que compromete a la humanidad entera. Nada más lejano de la caricatura que pintan los mentores de la solidez del imperialismo.

Este martes un conjunto de organizaciones piqueteras, entre ellas el Polo Obrero Tendencia, llevó adelante una movilización al Ministerio de Desarrollo Social en Buenos Aires y acciones conjuntas en todo el país, con la decisión de acampar ante el mismo si no se daba una respuesta positiva a los reclamos. Desde el comienzo de la jornada, en Capital Federal, las fuerzas policiales tuvieron una actitud provocadora, intentando que la enorme columna de más de 7.000 compañeros no llegara a la Avenida 9 de Julio y pidiendo que nos “deshagamos” de los elementos de acampe. Nada de esto consiguieron, pasamos hacia la 9 de Julio y marchamos hasta el Ministerio. En los medios se reflejó la contundencia de nuestra columna y la claridad de nuestros reclamos. Al llegar al ministerio encontramos un enorme cordón de infantería, en similar disposición al que reprimió la columna del MTR Histórico el jueves pasado dejando el saldo de 70 heridos, una compañera que perdió el ojo y 3 detenidos. En conferencia de prensa denunciamos la emboscada policial, que de ninguna manera íbamos a exponer a los compañeros a esa situación y exigimos una inmediata reunión con la mesa de acción critica. Toda la semana previa tuvo instancias de reuniones y negociaciones con el gobierno. Esta jornada se coloca en continuidad con el corte de accesos el pasado 29 de septiembre y el corte total del Puente Pueyrredón del 21 de octubre. Y diferentes instancias donde el movimiento piquetero fue golpeando la política social del gobierno. En particular el recorte de alimentos y el no pago de los planes sociales ingresados. Hasta el final de la jornada, a pesar de la lluvia, la voluntad de mantenerse en la 9 de Julio y de acampar toda la noche se mantuvo intacta. A medida que pasaban las horas el impacto mediático de la jornada fue mayor, recogiendo nuestros reclamos, el problema de los alimentos en mal estado que llegan a los comedores y los compañeros sin ningún tipo de ayuda. Punto aparte se merece el trabajo del Canal TN mintiendo sobre la movilización y sus reclamos, buscando demonizar los reclamos de los desocupados y fogoneando la represión a la protesta. Todas sus patrañas fueron desmentidas por Eva Gutiérrez en una entrevista en vivo para el canal. La pulseada con el gobierno Finalmente, los funcionarios recibieron a las organizaciones presentes. Toda la semana insistieron que era imposible adelantar pagos a diciembre de nuevas tandas, que solo había un plan de compra de herramientas para pequeños emprendimientos y cooperativas. En una dura negociación, la contundencia de nuestra columna y la inflexibilidad de nuestro espacio respecto a los reclamos, torcieron el brazo al gobierno. Se conquistó el aumento de la mercadería, el reconocimiento de toda la deuda de programas a pagarse el próximo 5 de diciembre, nueva tanda de compañeros a pagar en la complementaria de diciembre e ingresos para los meses de febrero y marzo. De esta manera el plan de lucha llevado adelante dio el golpe final a la política de cierre de programas que Zabaleta propuso al inicio de su gestión. Los anuncios hechos por el gobierno no llegaron nunca: el bono, el cuarto IFE y el salario universal. El aumento de salarios y jubilaciones fue simbólico. Además de nuestra lucha, se impone una realidad económica con ingresos por debajo de la línea de indigencia sobre sectores crecientes de la población. Esto anuncia también un fracaso para el Plan Empalme, ya que incluso bajo los términos de precarización establecidos, el párate de la economía no abre las fuentes de trabajo necesarias para absorber una masa creciente de desocupados. La salida a la pobreza de más del 50% y la desocupación del 20% no es el acuerdo con el FMI, la inflación y la devaluación de la moneda. Se resuelve con trabajo genuino, en blanco, bajo convenio, con aportes jubilatorios y obra social. Para el Polo Obrero Tendencia la jornada fue también un paso adelante en el debate con las organizaciones del movimiento piquetero y como enfrentamos esta crisis. Somos parte de una lucha que es en conjunto con los trabajadores ocupados que salen contra los despidos, en defensa del salario y los convenios laborales. Como los Despedidos de OCA que este viernes salen por sus reincorporaciones. La jornada tuvo acciones a lo largo y ancho de todo el país. Algunas de las acciones incluyeron: en Córdoba olla popular en la Avenida Richieri, en Jujuy un corte y cartelazo en la capital, Mendoza olla popular y movilización a casa de gobierno, Tucumán acampe toda la noche con marcha y corte de accesos a la ciudad junto a los trabajadores citrícolas, Salta capital cortes y movilización a desarrollo provincial y cortes en Colonia Santa Rosa, Misiones acciones en Puerto rico, Garuhape y Montecarlos, Pergamino frente a acción social, también hubo acciones en Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Mar del Plata y Bahía Blanca. Entre algunas de las acciones del día de ayer. También contaron con la presencia de las organizaciones: Resistencia Popular, 19 y 20 de Diciembre, Ana María Villarreal, Arriba los que luchan y Movimiento 24 de Marzo. Con estas conquistas volvemos a cada barrio para profundizar nuestra organización y sumar nuevos compañeros. Y para invitar masivamente al acto que realizaremos este sábado a las 17hs en el Obelisco por un voto obrero contra los partidos patronales.

A través de la Resolución N° 659/2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso adelantar tres meses el pago del aumento de las jubilaciones de los más de 180.000 docentes nacionales. En lugar de esperar a marzo de 2022 para cobrar la movilidad semestral de julio-diciembre, los docentes jubilados, en diciembre el estado pagará el aumento correspondiente al trimestre julio-septiembre. Se espera, dicen algunos, una medida similar para los jubilados docentes universitarios. El gobierno admite que la inflación se devoró los “aumentos” de los últimos 12 meses. A junio pasado, los jubilados docentes nacionales recibieron un incremento del 31,4% en dos cuotas (19,06% por la segunda mitad de 2020 y 10,37% por el primer semestre de 2021). Como el resto, los jubilados docentes nacionales ya habían acumulado, entre 2018 y 2020, una pérdida del 15% frente a la suba de los precios (ídem). A diferencia del régimen previsional general, que cuenta con incrementos trimestrales, los jubilados docentes reciben dos aumentos por año (marzo y septiembre), ajustado al salario de los docentes nacionales de los semestres calendarios. Los aumentos diferenciados se deben a que la ley previsional del sector establece que los trabajadores activos aportan dos puntos adicionales (13% del sueldo) y se jubilan con el 82% móvil correspondiente al cargo que tenían en actividad. Este régimen está en la mira del FMI. A fines de 2019, el gobierno de los Fernández había intentado suspender la movilidad de los docentes nacionales y universitarios. Estaba incluido dentro de la “Ley Emergencia y Solidaridad”, pero debió retirarla, como consecuencia de una rebelión de las bases docentes.

El plan de lucha votado en el plenario provincial que dejó constituida la “Coordinadora de Limoneros Autoconvocados”, se ha profundizado. La semana pasada la Coordinadora se movilizó frente al hecho de que el gobierno no quiso recibir el petitorio de reclamos que había votado dicho plenario. Fueron varios piquetes en la ruta 38 y en la entrada de Tafi Viejo. Estas acciones obligaron al gobierno a convocar a los delegados de la Coordinadora, poniendo la condición de levantar los cortes para abrir el diálogo. En la reunión, la ministra de gobierno, Carolina Vargas Aignasse, recibió el petitorio, informó que se lo iba a transmitir al gobernador -que se encontraba en Buenos Aires en ese momento- y se comprometió a volver a convocarlos para este lunes 1 de noviembre para dar una respuesta, cosa que no ocurrió. En el balance realizado en distintas reuniones de delegados y asambleas, se previó que la ministra no iba a cumplir y que por eso motivo no se podía perder un minuto en preparar el 2º round del plan de lucha: una nueva jornada de piquetes, pero esta vez, más numerosos y con mayor volumen. Se intensificó el trabajo de base sobre los limoneros y se acordó llamar a los pobladores y vecinos a apoyar la lucha. A esta nueva jornada de lucha se sumó el Polo Obrero Tendencia, realizando un empalme de la jornada de lucha nacional, que se cumplió con un importante acampe que arrancó el día martes 2 a la tarde y se extendió hasta el otro día, para a primera hora sumarse al corte más numeroso, el que se concretó en el puente Lucas Córdoba, uno de los principales acceso a San Miguel, con más de 500 compañeros. Los otros cortes se concretaron en la Ciudad de Concepción sobre la ruta nacional 38. Sobre la misma ruta se produjeron cortes en Famaillá y en Acheral. En la 307, la ruta que conduce a los Valle, se cortó a la altura de Santa Lucía. En Tafi Viejo, se volvió a cortar la entrada principal, en la Diagonal Lechesse. En cada uno de los cortes convergieron delegaciones limoneras de comunas y poblados cercanos. Desde primera hora de este miércoles el gobierno intentó convencer a los delegados para que se levantaran los cortes. Ofreció realizar una nueva reunión. La respuesta fue que no había problemas con realizar una nueva reunión, pero los cortes no se levantaban, atacando la mala fe de la ministra. Finalmente se acordó una reunión para este jueves. El proceso de lucha abierto por la Coordinadora ha provocado una crisis del gobierno con la burocracia de UATRE. La dirigencia de UATRE confirmó que el subsidio que se piensa otorgar va a ser de 10.000 pesos por 4 meses y que va a recibirlo un padrón de 16.000 cosecheros del citrus y trabajadores del tabaco. La burocracia es consciente de que con esta oferta y con el proceso de lucha ya abierto, lo que está ofreciendo no va a cerrar el conflicto. El reclamo que levanta la Coordinadora de Limoneros Autoconvocados es de subsidios de 35.000 pesos por 6 meses y sin cupos, o sea para todos los que trabajadores en la cosecha del limón -unos 40.000 trabajadores- y la obra social durante todo el año. Para este miércoles estaba prevista una reunión del gobierno con la directiva de UATRE pero a último momento la levantaron. La dirigencia de UATRE ha planteado que la reunión se ha pasado para este jueves y que si no mejoran la propuesta, convocarían a una marcha para el viernes. La dirigencia de UATRE tiene algunas cuentas pendientes con Jaldo, quien cuando revestía como Vicegobernador y estaba enfrentado a Manzur alentó algunas disidencias en el sindicato -cuya dirigencia es manzurista- procurando alinearlos detrás de su estrategia de hacerse de la gobernación en el 2023. La lucha de la Coordinadora ha provocado un gran impacto. Fue noticia en los principales medios de la provincia. Por otra parte, la denominada Multisectorial que actúa en la zona del Sur de la provincia, que había desaparecido de la escena, reapareció anunciando que iban a realizar piquetes este mismo miércoles, pretendiendo capitalizar la jornada, pero a la hora de los bifes, no concretaron los cortes y aún no se saben las razones pero en su seno se ha creado un cuadro de deliberación por la inacción de sus dirigentes y las iniciativas de la Coordinadora. Por su parte, el PTS -cuyas crónicas en LID desconocen al plenario provincial y a la propia Coordinadora- está convocando a una marcha para el 10 de noviembre, ajena al proceso de lucha, en lugar de reforzar los piquetes. La vanguardia de los autoconvocados ya se anima a hablar en los medios, realizar discursos en los actos, dirigir asambleas, debatir las cuestiones de la lucha inmediata teniendo en cuenta la situación política de conjunto, provincial y también nacional, y se va multiplicando. Así se construye una nueva dirección, así se forja un movimiento obrero independiente de las patronales y de sus burocracias en los sindicatos. Es lo que no hacen los aparatos electoreros. En función de lo que responda el gobierno este jueves se van a realizar nuevas asambleas para organizar la nueva fase del plan de lucha.

Las elecciones del 14 de noviembre próximo se desarrollan a la par de una crisis histórica: casi la mitad de la población argentina es pobre. Los responsables políticos de semejante hundimiento social son los gobiernos macristas y kirchneristas. Bajo la pandemia los Fernández reestructuraron y continuaron pagando deudas usurarias, subsidiaron a los grandes empresarios y generaron beneficios exorbitantes en favor de la banca. Gracias a esta política, la participación de la clase trabajadora en la riqueza nacional ha caído al 40% en sólo un año, mientras que una minoría capitalista se apropió del 60% restante. Ahora, macristas y kirchneristas se empeñan en un acuerdo con el FMI. La votación del domingo 14 debe ser un paso en la preparación de una lucha contra estos propósitos, y por sobre todo para desarrollar una alternativa de los trabajadores. El peronismo, por el contrario, es un verdugo de trabajadores y jubilados, en la línea heredada del macrismo. La bancarrota económica y política nacional es parte de una crisis capitalista mundial, como se vio en la pandemia. Este régimen social de hambre la ha convertido en una crisis humanitaria. La pobreza, la precariedad laboral y la desocupación en Salta superan dramáticamente el promedio nacional. El régimen de autogestión y gerenciamiento hospitalario se ha cobrado la vida de miles de salteños por Covid y otras patologías no atendidas. El derrumbe edilicio, la falta de ordenanzas y los salarios de pobreza de la docencia, redundaron en una deserción del 50% de jóvenes en la secundaria. La infraestructura de servicios de agua y luz se encuentra también al borde del colapso, sobre todo en el castigado interior provincial. Sáenz ha profundizado la deforestación de la provincia, mientras Alberto Fernández se presenta, en Escocia, como un luchador contra el cambio climático. Gobierna para el banco Macro, usurero número uno de la provincia; para las patronales negreras de los Ingenios, las mineras y las petroleras; y para los especuladores inmobiliarios, agravando la crisis habitacional. Para ellos impulsa una reforma constitucional amañada. Resguarda los privilegios de la camarilla judicial de la impunidad y de los intendentes que vacían las arcas municipales. El narcotráfico y el crimen organizado crecen, mientras tanto, de la mano del poder político y el aparato estatal. Las elecciones y los trabajadores Los candidatos patronales anuncian mayores ajustes contra el pueblo. Zapata -de JxC- reclama una reforma laboral antiobrera, junto con el candidato saencista local Durand Cornejo. Estrada, del FdT, impulsa el negreo laboral, representado en el “monotributo joven”. Biella y De Souza juegan como “independientes”, para mejor acomodarse después con el caballo ganador. Política Obrera pelea por un voto de los trabajadores independiente de los partidos de la clase patronal. Mientras Claudio Del Plá, Pablo López y Cristina Foffani han liquidado el Partido Obrero, una nueva camada de luchadores continuamos con más fuerza la defensa del programa histórico del Partido Obrero y llamamos a los trabajadores a volver a golpear a los partidos patronales y su régimen político con un voto masivo a Política Obrera bajo el siguiente programa: Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, hoy en $ 130.000. Jubilación mínima del 82% de ese salario. Abajo la reforma previsional. Contra la reforma laboral que preparan la UIA y el FMI, control obrero de las condiciones de trabajo. Abajo la desocupación. Por el reparto de las horas trabajo; plan de obras públicas y vivienda popular. Asistencia alimentaria incondicional a los comedores y barrios populares, bajo control de las organizaciones de desocupados. Abajo el gerenciamiento y autogestión hospitalarios. Refuerzo de los planteles de salud para la lucha contra la pandemia; derecho de trabajadores y docentes a suspender la presencialidad en las condiciones de la pandemia, con cobro de salarios. Basta de femicidios. Por la organización independiente de la mujer trabajadora. Fuera el FMI, anulación de la deuda pública con el gran capital, apertura de los libros de las grandes empresas, injerencia obrera en la producción. Por un plan económico y político de la clase obrera, por un Congreso Obrero. Por un gobierno de trabajadores, por la unidad socialista de América Latina. LEER MÁS “Argentina es el fiel de la balanza de la revolución en América Latina”. Intervención de Jorge Altamira en el acto en el Obelisco

Sobre el mediodía del miércoles 03 de noviembre fue asesinado el joven Issac en Barrio Villa Margarita de nuestra ciudad, quien fue asistido por un vecino a la espera de la ambulancia que al llegar al lugar no contaba con los elementos necesarios para la reanimación del joven. La bronca e indignación de la poblacion no se hizo esperar y se expresó en una movilización que juntó a miles de bermudences, sobre todo se movilizaron jóvenes, familiares de víctimas del gatillo fácil, del delito y víctimas de accidentes de tránsito aún impunes, familia y amigos de Issac. La denuncia de la población estuvo dirigida a la descomposición del estado y su fuerza represiva. Los cánticos ponían a la fuerza policial como cómplice del asesinato y la población descargó toda su bronca contra el poder político, señalandolo como responsable del hecho. Sobre la movilización se desplegó un fuerte operativo represivo, preparado con anterioridad, que contó con fuerzas especiales -PAT, GOT-, disparando contra los manifestantes, entre ellos muchos niños. Este plan de represión no ha sido espontáneo, contó con una orden política. Decenas de vecinos heridos con balas de goma y la cacería sobre todo el predio del ferrocarril de la ciudad buscaba la detención de cualquier transeúnte. Pasada la medianoche continúan familiares apostados en la puerta de la comisaría 2da y denuncian por lo menos 5 detenidos e incomunicados. Inmediata libertad de los detenidos. Solidaridad con la familia de Isaac. Justicia ya. Destitución inmediata de los responsables políticos de la brutal represión sobre la ciudadanía que fue e exigir justicia. Mañana sobre el mediodía se desarrollará una nueva concentración frente al municipio.

El sábado 30 de octubre se realizó la charla “La Unión Soviética a debate”, con la participación de Jorge Altamira y Rolando Astarita, organizada por el programa online Diálogos. Altamira y Astarita polemizaron durante dos horas sobre el carácter del Estado surgido de la Revolución de Octubre, su significado internacional y cuestiones de estrategia política y programa.

Finalmente, Sonia Alesso y la directiva provincial de la Amsafe consumaron la entrega del salario docente, convenida con el gobierno de Omar Perotti. En una votación apretada, la burocracia logró pasar la aceptación por 17.000 votos a 14.500. Para imponer el "acuerdo" ruinoso, tras un largo compás de espera y desgaste, Alesso debió recurrir previamente a la clausura de la lucha -sin mandato- y luego de ceder una tregua con un planchazo de tres semanas sin medidas de fuerza ni asamblea, permitiendo que el gobierno gane tiempo con maniobras dilatorias y cuartos intermedios. Perotti y la dirección de Amsafe han conseguido cerrar la paritaria, además, entre descuentos y una descomunal campaña de terror Sin embargo, la disconformidad y la bronca de la docencia es inocultable, como se observa en las redes y portales gremiales. Por lo tanto, esta clausura instaura una situación explosiva, pues no se ha dado respuesta a ninguno de los reclamos. El único que ha festejado el "acuerdo" ha sido el gobierno. El ministro de Trabajo santafesino, Pusineri, agradeció los servicios prestados por la burocracia, al declarar: "el mérito es para la conducción del gremio, que construyó una salida que garantiza el dictado de clases" (La Capital, 4/11). Amsafe Desde la votación del 6 de octubre, cuando las bases pateamos el tablero e impusimos el rechazo a la oferta paritaria oficial, haciendo estallar la tregua que las conducciones sindicales venían sosteniendo con el gobierno, la conducción provincial de la Amsafe ha jugado por la derrota del movimiento. La directiva puso todo el aparato y los recursos de nuestro gremio a disposición de la patronal y contra las bases. Sin embargo, un sector enorme de la docencia ha manifestado por sostener la lucha. La aprobación del acuerdo se ha dado por un incremento en la cantidad de votos totales, extrañamente todos por la aceptación. Para asegurar su propósito, la directiva provincial mantuvo la convocatoria a través del mecanismo del "reglamentazo de funcionamiento virtual", avalado por la totalidad de los delegados de los departamentos, y sin que haya sido apelado en ningún caso. Se ha excluido del debate a la mayoría de la docencia. La negativa a convocar a las asambleas de base presenciales y el empecinamiento en el desarrollo de plenarios de forma virtual, no tienen otro justificativo que limitar el debate y la democracia sindical, acotando la participación sólo a los delegados y por Zoom. Alesso dejó correr los descuentos ilegales y antisindicales de Perotti-Pusineri, un mecanismo que el gobierno activará ante cada reclamo, Alesso no sólo ha entregado a la docencia, sino que ha degradado nuestra herramienta de fuerza frente a la patronal. Sin embargo, la desesperación que ha expuesto la directiva de Amsafe por frenar la rebelión de las bases docentes, es proporcional a la consciencia que ha adquirido de que el desprecio y repudio de la base al ajuste del gobierno. Actúa sin disimulo como vocera y empleada de la patronal. Para asegurarse la aceptación, Alesso y la CD provincial se habían reservado -por las dudas- un recurso de última hora, ante el temor de que naufragara la aceptación. Habían solicitado una mediación nacional, que acudiría en apoyo de Perotti y Alesso, obvio, para contener la situación si la votación fallaba, como ya había ocurrido antes. Alesso, además, a la repetida maniobra de plantear que la aceptación quedaba condicionada a seguir "dialogando" y que la paritaria continuaría abierta, cuando el propio gobierno viene de incumplir el acuerdo paritario de marzo, en el que se comprometía al blanqueo de las sumas en negro, sin que esto haya ameritado ningún reclamo de Amsafe. En este escenario, las directivas de oposición se han negado nuevamente a dar un marco organizativo provincial al descontento. En particular, Amsafe Rosario ha tenido una política de apaciguamiento, no ha reclamado en ningún momento -durante la larga tregua- a la directiva provincial la convocatoria a asamblea. Frente a los ataques de Perotti-Pusineri, la directiva de Rosario reclamó "voluntad de diálogo...", una actitud absolutamente pasiva frente a la campaña artera y agresiva desplegada de la Comisión Directiva Provincial en todo el territorio contra la lucha docente. No ha denunciado tampoco la maniobra de la "mediación", ni el papel conspirativo de la burocracia contra las bases. Una oposición que no ha sacado los pies del plato y ha marcado el paso en el lugar, ha quedado por detrás de la rebelión docente. La docencia demostró que va reuniendo condiciones desde abajo, para abrirse paso. Esta lucha nos deja a la mano los elementos para elaborar colectivamente las conclusiones para avanzar. Queda planteada, sobre todo, la imperiosa necesidad de remover el obstáculo y el lastre de la burocracia sindical. Ese es el debate que se ha instaurado y una pelea que ya empezamos a dar, por la recuperación de nuestro gremio, para ir por nuestros objetivos. ¡La docencia pide pista!

Los estudiantes, padres y docentes del colegio Nacional de San Isidro se han movilizado a la secretaría de asuntos docentes y al consejo escolar por dos reclamos claves: horas sin cubrir desde marzo y por reclamos de refacciones edilicias que ya lleva más de un año. Esta acción es un ejemplo de lucha para otros colegios secundarios, porque todos los estudiantes están padeciendo los mismos problemas. Esto se vio en la participación de estudiantes del polivalente de artes de Martinez, la técnica 2 de Boulogne y el Paula de Albarracin de Vicente Lopez. El resultado del vaciamiento educativo es lo que denuncian los propios pibes: paredes que se caen, hacinamiento en las aulas en medio de una pandemia, falta de docentes, puertas, ventanas y ventiladores rotos, baños fueras de servicio, etc. En este mismo sentido la lucha por la apertura de los actos públicos representa un eje unifjcadir entre estudiantes secundarios y terciarios. Los APD (actos públicos virtuales) en San Isidro fueron a cuenta gotas y esto se debe -según supimos- a que allí no hay internet ni tienen dispositivos o sea, el gobierno no garantiza los medios para estos actos públicos virtuales. La máxima autoridad del SAD, Gloria Francetich, se fue del lugar para no recibir a los comunidad educativa. Debemos luchar por un aumento del presupuesto educativo, que debe ir acompañado de un plan de refacciones edilicias y ampliaciones en dónde haya hacinamiento, dando trabajo en blanco a cientos de miles de desocupados que hoy tenemos en el país. Construyamos centros de estudiantes independientes y a formar un gran encuentro de estudiantes que organice nuestras reivindicaciones, que elabore un plan de lucha para enfrentar enfrentar el ajuste educativo y lleve a la victoria todas nuestras demandas.

Los docentes que hemos tomado los cargos bajo el programa +ATR -un programa de “intensificación de la enseñanza” que se dicta en la provincia de Buenos Aires- vivimos con la incertidumbre de cuánto cobraríamos. Ocurre que, mientras la resolución N°2905/21 plantea que el salario de docentes en el programa +ATR será igual al de una maestra de grado sin bonificaciones específicas por el tipo de establecimiento. Hoy, sin embargo, con el impacto del salario vemos que en los cargos de secundaria (IES) que no se respetó lo acordado, sino que se restó del salario la bonificación por primer y segundo ciclo, descontando así sumas aproximadas a $13.500 de los sueldos de octubre. Se concreta así una enorme estafa a los trabajadores de la educación que ingresaron a trabajar bajo este programa. El programa + ATR viene a profundizar la precarización docente poniendo sobre letras un contrato con tiempo determinado y bajo condiciones que están fuera del estatuto docente, como el máximo de 10 faltas en los seis meses que dura el programa, la imposibilidad de tomar licencias, asistir a trabajar los sábados y los meses que corresponden a las “vacaciones de verano”. El trabajo de los docentes ATR en las escuelas está dejando un tendal de renuncias por la sobrecarga de tareas, la exposición en aulas superpobladas y a visitas a domicilios muchas veces realizadas por compañeras que tienen que realizar las visitas solas poniendo en riesgo su integridad. Ya se realizaron denuncias de robos en el cumplimiento de la jornada y de malos tratos por parte de las familias al llegar a los hogares. Un programa que viene a implementar la reforma laboral del FMI en las escuelas no puede dar salida al derrumbe de la educación. Necesitamos que se abran cargos docentes que estén enmarcados en el estatuto, la puesta en marcha de inmediato de infraestructura para todas las escuelas, el aumento del salario al costo de la canasta básica familiar que hoy está en $140.000. Autoconvoquémonos en todas las escuelas y distritos para exigir el cumplimiento inmediato del pago acordado para el programa +ATR. Discutamos hacia dónde se dirige la situación educativa. Convoquemos asambleas abiertas a toda la comunidad educativa para debatir el rumbo de la educación.

"No fue en vano toda esta lucha", grita evocando a su hija asesinada en abril de 2017, Mónica, mamá de Araceli Fulles. Es que en el día de ayer, se dio a conocer la sentencia a los tres asesinos de Araceli: prisión perpetua para Carlos Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo. Desde el 27 de abril de 2017, día en que fue encontrado su cuerpo quebrado y enterrado con cal viva en el patio de la casa de Darío Baradacco, su familia luchó incansablemente por justicia. Han tenido que pasar por un encubrimiento sistemático de todas las instituciones del Estado, y acciones mafiosas – a Baradacco, único detenido durante estos 4 años, lo asesinaran con agua hirviendo en la cárcel el 7 de abril de 2019. La desaparición de Araceli Fulles, el 2 de abril de 2017, conmovió al país. La joven de 22 años y sonrisa brillante, de un barrio de José León Suárez, le enviaba un mensaje a su mamá esa mañana diciéndole que ponga la pava para tomar unos mates, pero nunca llegó. La familia hizo la denuncia en la Comisaría 5° de San Martín, a cargo del subinspector Elián Avalos. La familia se enteraría tiempo después de que éste era hermano de dos de los implicados, luego detenidos. Se buscó a Araceli durante agónicos 25 días. Familiares, amigos, vecinos y activistas no pararon de moverse, haciendo lo que la fiscalía -cómplice de la comisaría- no hacía. Se plantaron pistas falsas, y la fiscal Graciela López Pereyra no quiso cambiar la carátula, sosteniendo que Araceli estaba “perdida”, hasta que la encontraron muerta en la casa de la última persona con la que la vieron. Ese domicilio había sido señalado insistentemente por la familia, y de hecho había sido allanada anteriormente pero no habían encontrado nada. Resulta también que los femicidas en cuestión eran una banda de transas y la misma comisaría estaba investigada por Asuntos Internos de la Bonaerense por tener marihuana y cocaína confiscada, guardada, sin ser declarada. Frente a esta red de encubrimiento se desarrolló en paralelo una importante lucha y organización. Numerosas movilizaciones, asambleas, vigilias, cortes de calle y otras acciones se realizaron durante estos cuatro años de lucha que encabezó la familia de Araceli. Es el levantamiento de un pueblo hastiado de que maten a mujeres y niñas de la clase trabajadora que no le importan a un Estado que garantiza la máxima impunidad para los femicidas, los tratantes y los narcos. Ese fue el destino de Melina Romero, de 17 años, en 2014 y de Candela Rodríguez, de 11 años, en 2011, ambas desaparecidas y encontradas asesinadas en la misma localidad. En la sala A, de los Tribunales de San Martín, se encontraban en la sentencia los padres de Luna Ortiz, Cecilia Basaldúa y otros familiares de víctimas que siguen luchando por justicia por sus hijas. El abrazo de los hermanos y mamá de Araceli que vimos en la sala de juzgado, y ese “no fue en vano”, lo sentimos todos como un pequeño aire entre tanta descomposición. La perpetua a los femicidas de Araceli es una victoria de la lucha de las familias obreras contra el Estado. Y es la muestra de que solamente la organización y la lucha en los barrios, junto a las comunidades educativas y sociales, es la garantía de conseguir por lo menos justicia para nuestras compañeras, asesinadas cada 24 horas en todo el país. Seguiremos luchando por la prisión a todos los responsables del encubrimiento del crimen, privados y estatales. Araceli Fulles presente.

A partir de una iniciativa del cuerpo de delegados, el centro de estudiantes y la comunidad de padres, del Nacional de San Isidro (EES N°8), el pasado miércoles 3 se realizó una importante movilización por infraestructura escolar y, centralmente, por la cobertura de decenas de cargos docentes, que dejan a cientos de chicos sin clases. Con las consecuencias gravísimas de la pandemia en educación, y cuando la desocupación y la subocupación docente alcanzan niveles récord, el reclamo fue acompañado por delegados y compañeros de otras escuelas. Está situación fue denunciada varias veces por las bases docentes. Hace tiempo que circula entre docentes una página de Facebook, "NINGÚN PIBE SIN ESTUDIAR, NINGUNA PROFESOR SIN TRABAJO", donde se acumulan reclamos. En el distrito de San Isidro los actos públicos virtuales vienen funcionando a cuentagotas y no se publican todas las horas que envían las escuelas, arbitrariamente. Ni siquiera se ensayó hacerlos por Meet. Fueron numerosos los casos de designaciones irregulares y se acumulan horas y cargos sin cubrir. El resultado es que en el distrito hay una enorme cantidad de horas cátedra-módulos sin cubrir, en muchos casos... ¡desde marzo! Esta situación -que provoca el enojo de las familias- fue manipulada por concejales en campaña para atacar a los docentes y a las escuelas -como si fueran responsables- cuando quienes deben rendir cuentas son los funcionarios. Una provocación fascistoide. En un comunicado relatando su reunión, la comunidad educativa del "Nacio" contó: "En la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) no quiso recibirnos nadie para dar explicaciones, pese a que habíamos enviado una nota el pasado 22/10 con el detalle de todos los cursos que no tienen docentes y que la movilización fue anunciada la semana pasada”. En el caso de las autoridades del Consejo Escolar, intentaron en un principio cerrar la puerta en la cara, pero ante la insistencia del movimiento tuvieron que recibir una comitiva. Tribuna Docente Tendencia participó de la movilización. Llevamos los reclamos de nuestras escuelas, como el caso de la escuela Nicolás Copérnico, con más de 60 horas sin cubrir. La manifestación también recogió reclamos por la caída de los cupos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y equipamientos mínimos, como ventiladores, frente a lo cual los funcionarios del consejo manifestaron que no hay presupuesto. Por su parte, la Celeste de Suteba se borró, no participó de la movilización y a último momento se presentó la secretaria general de la seccional “a título personal”. Iniciativas como las de las del Nacional tienen que dar fuerza a los reclamos por abajo en cada escuela. Los sindicatos deben convocar a los cuerpos de delegados y votar un plan de lucha y salir de la parálisis. Es central la organización independiente de las comunidades educativas por nuestros reclamos.

La decisión del gobierno de Larreta y Acuña de reanudar los concursos de ingreso después de 10 años de mantener a la docencia de media en la precariedad pone en riesgo la continuidad laboral de casi el 70% de la docencia de CABA, que se encuentra en la condición de interina. Quienes estarían particularmente amenazados, según un acta firmada por las burocracias de UDA y AMET y recibida por UTE, serían los docentes que tomaron cargos a partir de marzo del 2020 al día de hoy, es decir los mismos que le hicieron frente a la pandemia, mientras que el resto se mantendría en un “interinato protegido”, es decir, en la misma precariedad que antes. La respuesta de la docencia fue la autoconvocatoria en asamblea -impulsada por los compañeros del Esnaola-, que tuvo dos resoluciones principales: 1- el reclamo de la titularización fotográfica; es decir, la titularización de todos los cargos SIN excepción y posterior normalización con llamado a concursos regulares para los cargos tomados con posterioridad al “registro fotográfico” de los actuales cargos y 2- un paro el día 28 (recogido por Ademys) con movilización a Legislatura. La concentración del jueves 28 convocó a unos 500 docentes, que se movilizaron con sus compañeros desde sus escuelas. En la misma se desarrollaron dos actos: por un lado, UTE (que se negó a hacer un acto único con Ademys) y reclamó “votar bien” en las próximas elecciones de medio término, “para cambiar la composición de la Legislatura”; y el de Ademys, en el que además de intervenir su secretaria general, se hizo un micrófono abierto. Lucha por la titularidad y proyectos parlamentarios A pesar de que es al gobierno de CABA donde debe estar dirigida nuestra lucha, tanto UTE como Ademys plantean como eje estratégico la movilización a Legislatura, a partir de los proyectos presentados por el Frente de Todos (Lorena Pokoik) y el FIT-U, respectivamente. El proyecto del FIT-U propone la titularización pero con condiciones: uno o dos años de antigüedad según se cuente o no con título docente específicamente. Es decir que no contempla la titularización de quienes tomaron horas como interinos durante 2020 o 2021. Este no fue reelaborado y discutido por la docencia autoconvocada y movilizada, por lo que no incorpora sus reclamos. Por otra parte, el proyecto del Frente de Todos plantea una reforma del estatuto para establecer la titularización después de cuatro años en el cargo como interino, naturalizando la prolongación de esta situación precaria y dejando pasar despidos, ceses y reacomodos provocados por distintas reformas (anti)educativas impulsadas por Juntos por el Cambio en el ámbito de la Ciudad. Una reforma del estatuto, en un marco de constantes ataques y manoseos de esta herramienta que garantiza aún varios derechos de la docencia, debe ser rechazada de plano. Más allá de las diferencias señaladas entre los proyectos comentados, no puede esperarse ninguna solución al conflicto por la vía parlamentaria. No solo porque en la legislatura de CABA JxC tiene amplia mayoría y capacidad de rechazar o retrasar la aplicación de cualquier ley, sino también porque cumple un rol distraccionista de la necesidad de generar un movimiento amplio que reclame la titularización y defienda todos los puestos de trabajo con los métodos de la clase trabajadora: asambleas, paros, piquetes.

La entrevista a Myriam Bregman en Clarín (5/11) es, para decirlo de alguna manera, imperdible. Con conceptos modestos, expone una concepción política. Al interés de los periodistas por su “primer proyecto” en el Congreso, “Me parece” (sic), responde la candidata del FIT-U, “que hay que hacer un plan integral contra la violencia de género”, luego de haber denunciado que “han crecido muchísimo los femicidios”. ´Política´ de género Tenemos aquí el reiterado planteo de “las políticas públicas”, a las que recurren desde los gobiernos hasta el Banco Mundial, en este caso de parte de “la izquierda que se une”, que dice también, sin embargo y en forma reiterada, que “el Estado es responsable”. La violencia contra la mujer, desde el ámbito familiar y laboral hasta la trata, no tiene salida por medio de “políticas públicas”. Menos todavía si quien las impulsa no combate también el consumo de “estupefacientes”, un estimulador de la violencia, en especial contra la mujer. Las “políticas públicas” son a la erradicación de esta violencia, lo que los módulos asistenciales son para los adictos a los estupefacientes: un ´control de daños´. De lo que se trata, en cambio, es de ir a la raíz, o sea a eliminar el régimen de explotación, servidumbre y violencia social, que es el capitalismo. La familia es, bajo el presente régimen social, un espacio de reclusión privada; su socialización requiere abolir la apropiación privada de la riqueza social. Para todo esto es necesario luchar por la organización independiente y combativa de la mujer, en primer lugar contra la violencia en el ámbito directo del capitalismo, el laboral y el social, empezando por la igualdad de derechos laborales y sociales. Pero esa organización independiente y combativa es necesaria en particular, para luchar contra la discriminación y la violencia contra la mujer en la clase obrera, en las familias obreras y en las organizaciones obreras. Esa lucha es del interés histórico de toda la clase y la condición misma de la unidad integral de los trabajadores. De lo contrario, la violencia contra la mujer es utilizada por el capital y el estado para penalizar a los sectores más atrasados de la misma clase obrera. La defensa del código penal, sin considerar la lucha de clases entre explotadores y explotados, es sin ninguna duda reaccionaria. “Gobierno débil con los poderosos” Con relación a “Qué propondrá respecto a la inflación, los precios y el dólar”, la respuesta de Bregman no es menos significativa. En primer lugar, porque responde que “el gobierno demostró que no enfrenta a los sectores de poder”. Para la candidata del frente “anticapitalista”, el gobierno no sería entonces una representación activa del capital y del capitalismo en su conjunto. “Al gobierno”, insiste la candidata, (los sectores económicos) lo ven muy débil con los poderosos, muy blandito”. Es lo que dicen Fernanda Vallejos y Cristina Kirchner, que se consideran a sí mismas por encima de las clases sociales. Myriam Bregman expone en este caso mucho más que una posición circunstancial – es una concepción política e histórica, reñida con el socialismo más elemental. Planteos semejantes pavimentan la colaboración de clases. “Yo en el Congreso voy a llevar esa demanda…, sigue Bregman... el control popular de los precios”, y denuncia que “la CGT y las organizaciones sociales ligadas al gobierno... (no) se movilicen para defender... el bolsillo de los sectores populares”. El “control popular de los precios” es una consigna vacía y, peor, distraccionista. Ningún control es real si no significa una violación del principio de la propiedad privada en su base misma – los lugares de trabajo. La ejecución de este planteo conlleva una cuestión de poder, el gobierno de los trabajadores. El estado capitalista está lleno de regulaciones de mercado, en especial en un período de crisis violentas y sistémicas, incluidas las nacionalizaciones parciales. El propósito de estas regulaciones es contener la anarquía de mercado y explosiones de mayor amplitud. Se pueden citar infinitos ejemplos de esto, pero en los últimos días los diarios recordaron el control de precios furioso establecido por el fascistoide Nixon, en 1972, luego de la declaración de inconvertibilidad del dólar. Para concluir su posición sobre este punto, Myriam Bregman plantea que “La primera medida contra la inflación es que ninguna jubilación, ningún salario puede perder contra la inflación. Es proteger el bolsillo popular”. En apariencia inobjetable, esta respuesta olvida que las jubilaciones y los salarios han perdido ya mucho contra la inflación, de modo que estabilizarlos de aquí en más es avalar una gigantesca confiscación económica. De otro lado, el ajuste de ingresos por inflación será contestado por el capital con más inflación, de modo que esta reivindicación plantea un conflicto de poder, que Bregman omite o ha preferido no abordar. Pero en esto consiste una adaptación democratizante al capitalismo y al estado – no abordar los conflictos de poder. El amor en tiempos de cólera Como en un ´in crescendo´ de acomodos y dislates, Bregman asegura lo siguiente: “Yo creo que las dos grandes coaliciones que vienen gobernando los últimos años no tienen ningún proyecto político que enamore”. Tal cual, un lenguaje políticamente ´inclusivo´. Lo repite textualmente dos veces más, enamorada de su giro literario. Esta definición de los partidos del empobrecimiento inédito de los trabajadores y de la defensa política y violenta de la servidumbre asalariada, no es solamente una aberración: explica toda la costosísima campaña electoral del FIT-U a favor de un ´proyecto´ que sí ´enamora´. No es, por cierto, la mejor representación ideológica de la guerra de clases en desarrollo, ni decir de la que se avecina. “Desde el Congreso”, responde Myriam Bregman a otra pregunta, “hay que garantizar el derecho a la manifestación porque es un derecho, además de legítimo, legal y constitucional”. Aunque más de uno no lo advertirá, este planteo judicializa el derecho a ganar la calle, porque en el orden actual, la determinación de la constitucionalidad sólo cabe al Poder Judicial. Bregman lo sabe, claro. Su planteo intenta ´suavizar´ la defensa de los piquetes, frente a los ataques brutales que reciben los trabajadores que se defienden y que luchan por ese medio. Para eso lo deforma. El derecho a ocupar calles, empresas, colegios y oficinas, o a organizar piquetes, es un derecho de clase contra el capital. “Desde el Congreso”, como ocurre en Estados Unidos, podrían reglamentarlo, para prohibir, ´constitucionalmente´, sus aristas más combativas – como limitarlo a una vereda, un carril o un tiempo limitado. El mismo propósito de quitarle el filo clasista a la lucha se evidencia cuando la candidata dice que se cortan las calles porque no hay respuestas. Ofrece, con este método, una salida al conflicto, cuando el acento debe ser puesto en transformar las luchas en un movimiento general. ¿O la izquierda no reclamaba, antiguamente, claro, romper el aislamiento de las luchas? Hablando se entiende la gente El final de esta entrevista no es menos sino más clarificadora que todo lo visto hasta aquí. Una ´inquietud´ reiterada de los medios políticos y mediáticos patronales es si la izquierda está dispuesta a “negociar”, que es cómo entienden la función mediadora del parlamento en oposición a la lucha de clases. La candidata del FIT-U por CABA responde: ´Of course´ – “no hay problema con quién hablas”. “Lo mostramos, prosigue, con la ley del aborto... para pelear hasta el último voto”. ¿Cree Bregman, realmente, que la ley salió por un lobby en el parlamento; que persuadieron a los remisos con argumentos? Para lo único que sirvió el lobby fue para estampar el slogan de la “sororidad”, o sea la colaboración de clases en el campo del feminismo. Los treinta años de lucha consiguieron todo, ciento por ciento. El lobby engendró una criatura reaccionaria, la hermandad entre mujeres del campo de los explotadores y el de las explotadas, promovida por la ´Izquierda´. Hace unos años, la biblia del capital financiero, The Wall Street Journal, llamó a los republicanos a acompañar las reformas de género, en un editorial, porque de lo contrario perderían las elecciones por mucho tiempo frente a los demócratas. El oportunismo político no es sinónimo de persuasión sino de conveniencia de clase. Bregman promete seguir por ese camino, como ocurrió con la ´rezonificación´ de Boedo, ´charlada´ con Leandro Santoro, o el voto al sionismo, también ´charlado´ con los jefes legislativos de Todes y Juntes; o los quórums en Chaco, ´charlados´ con Capitanich. Sólo para citar los casos más relevantes. El “no importa con quién hablas” de Bregman es una justificación de esos episodios consumados. La respuesta de la candidata no es la que daría un partidario de ejercer la “oposición socialista”, o sea sistemática, al estado y régimen capitalista. Los interlocutores de Clarín recibieron una respuesta ´positiva´. El partido bolchevique había establecido una resolución para los casos en que por necesidades o conveniencias circunstanciales, debía dejarse momentáneamente de lado esta oposición para votar en forma favorable algún proyecto de la oposición burguesa liberal en la Duma: no era suficiente el acuerdo del bloque parlamentario bolchevique – debía tener la aprobación del comité central. Como se ve, incluso para la más elástica de las actividades humanas, la política, los socialistas parten de los principios.

Reportaje a G de Oca. PO: ¿A qué se deben los 350 despidos? Fundamentalmente, Oca viene de una quiebra de tres años y anteriormente ya venía con problemas, en los que supuestamente estaba perdiendo 200 millones de pesos por mes. La quiebra con continuidad estaba bancada por el sindicato, por el gobierno y por el juez, que fueron los que durante la quiebra llevaron adelante todo este conflicto Así que entre el 14 y 15 de octubre empezaron a mandar telegramas y llevaron adelante la decisión de despedir al 5% del personal. El problema radica en que antes de la quiebra cuando estaba Farcuh, el tipo este lo primero que hizo fue dejar de pagarle los aportes jubilatorios y así OCA SRL entró en una deuda enorme con la Afip, luego empezó el pago fuera de termino de los salarios hasta el punto en que paramos la empresa. A partir de ahí se perdieron clientes importantes y es donde empezó a crecer aún más la deuda. PO: ¿Tienen rebaja salarial y cierre de sucursales además? Hoy los compañeros cobraron con una rebaja de entre $7.000 y $15.000 más o menos, en algunas sucursales llega a $40.000 los descuentos. Esto tiene que ver con una quita de Items que estaban por fuera del convenio, pero que al tener el básico tan bajo sumaba para el total del sueldo. La reducción de personal afecta directamente a la gente de calle ya que para el trabajo que antes hacia una persona, ahora quizás tenga que hacer el recorrido de dos. PO: ¿Cuál fue la respuesta del sindicato ante sus demandas? El sindicato está llevando la parte legal. El lunes presentamos una carta avisándoles de que íbamos a hacer una movilización y que queríamos que vengan con nosotros, nos dieron vía libre, pero diciéndonos que ellos iban a seguir por la parte formal con reuniones con el ministerio y la nueva empresa. Así que por lo tanto nuestra marcha y la idea de que se vea en los medios, era para que el sindicato tenga una herramienta más para pelear por más reincorporaciones. Por otra parte, también nos informaron que la nueva empresa está dispuesta a negociar y que van a reincorporar gente, pero hay una lista de compañeros que están más graves que están con tratamiento oncológico, con ACV, hijos con discapacidad, por ART, compañeras en período de lactancia y así muchos casos más, hay un compañero con 35 años en la empresa, ¿se dieron cuenta que era un mal empleado después de tantos años? PO: ¿En el marco de la crisis actual como piensan que se va desarrollar el conflicto? La idea nuestra de hacer una movilización era hacerlo antes de las elecciones, justamente para eso, para ver si lo toma algún medio y el gobierno meta presión sobre el juez que tiene la quiebra y que de un plumazo sacó a toda la gente que no tiene ningún tipo de causa para despido. En este marco tiene que ver mucho el tema de la reforma laboral. Las empresa están presionando más a los empleados, de hecho van a echar más gente acá le van a buscar el pelo al huevo para echar gente. Básicamente sería un modelo ejemplificador para futuros despidos Esto se venía viendo hace un montón de años que iba a pasar y pasó por lo que no me extrañaría que vuelvan a echar gente PO: Desde Política Obrera impulsamos al conjunto de la clase obrera para abrir una gran deliberación en el movimiento obrero llamando a un Congreso Obrero. ¿Qué opinás al respecto? Me parece importante que el movimiento obrero esté unido, eso va a dar buenos resultados está la vista todo lo que ha pasado en un montón de conflictos en que se borran los sindicatos y se borra el gobierno por lo que la discusión debe llevar a un buen puerto. Esperemos que en un congreso, las juntas internas de las distintas fábricas se unan en todos y de que participen en todos los lugares donde hay conflictos como hoy y puedan hablar y vengan a prestar su ayuda.

Una cuarta ola de contagios y de muertes está acechando a Europa. Durante seis semanas el número de casos y fallecimientos viene en constante aumento. Las temperaturas ya alcanzan los niveles de invierno; los gobiernos, por otro lado, han flexibilizado las restricciones. Europa es de nuevo "el epicentro" de la pandemia de covid-19, asevera el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge. Afirma que "El ritmo actual de transmisión en los 53 países que forman la región europea es muy preocupante” y que la región “podría registrar medio millón de muertes más en los próximos tres meses”. La semana pasada, Europa, registró casi 1,8 millones de nuevos casos y 24.000 muertes, un 6% y un 12 % respectivamente más que la anterior. En las últimas cuatro semanas, el incremento de transmisiones alcanza el 55%. Las causas del repunte de los contagios son, según la OMS la relajación de las medidas de salud pública por parte de los gobiernos en todo el mundo. Kluge destacó que solo con el uso masivo de tapabocas, en Europa, se hubieran podido salvar hasta 188.000 vidas. Por otro lado, hay una ralentización de la vacunación. Mientras en España, por ejemplo, el 80% de las personas están completamente vacunadas -con dos dosis-, en Francia y Alemania, la inoculación alcanza un 68% y 66% de la población, respectivamente. La situación se agrava en algunos países de Europa central y oriental; en el caso de Rusia sólo el 32% de las personas estaba vacunada al cierre del mes pasado. Los números Alemania es uno de los países más afectados; en las últimas 24 horas se registró una cifra récord de casi 34.000 contagios. Lothar Wieler, del Instituto Robert Koch, pronosticó un resultado "aterrador" si no se toman las medidas necesarias. Parte de ello ya está ocurriendo: "las camas en los servicios de cuidados intensivos vuelven a escasear", advirtió el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn. El Reino Unido lleva semanas con cifras diarias de entre 37.000 a 45.000 contagios. El subdirector médico, Jonathan Van-Tam, manifestó que los niveles de contagios están aumentando "tan pronto en la temporada de otoño", lo que hace prever tasas "muy altas" en el invierno boreal. También alertó que las muertes a causa de la enfermedad están aumentando y apuntó a que los contagios están "penetrando" de nuevo en grupos sociales de edades avanzadas. En la carrera por frenar las hospitalizaciones, el Reino Unido aprobó el molnupiravir, un medicamento en comprimidos contra el Covid-19, que puede reducir las internaciones en un 50 %. El primero en emprender una política para reducir internaciones fue Bolsonaro, por lo que hoy enfrenta una acusación de “genocidio”. La revista The Economist acaba de reportar que los cinco millones de muertes oficialmente reconocidas se encuentran muy lejos de la realidad – serían 19 millones. La mayor parte de los institutos de epidemiología avalan este número. Los aumentos más dramáticos de víctimas mortales se han producido en Rusia: un promedio de más de 1.050 fallecidos, en los últimos siete; los contagios promediar los 40.000, en la misma cantidad de días. Putin se ha visto forzado a disponer una no laborable, con pago incluido. Rusia comparte con Ucrania los mayores registros de decesos. Esta última, en la última semana, alcanzó los 600 fallecimientos diarios y un promedio semanal de más de 23.000 nuevos casos. El alza de infecciones también es exponencial en los Países Bajos. En la última semana de octubre, se registró un promedio de 7.711 nuevos casos por día, un 39% más que la semana anterior, según los funcionarios responsables de salud. El número de contaminaciones e ingresos hospitalarios está aumentando rápidamente”, dijo hace días el primer ministro Mark Rutte, al anunciar el restablecimiento de las restricciones sanitarias (Infobae, 5/11). Por otra parte, Grecia batió este viernes, por quinta vez esta semana, su récord de contagios, con 6.909, el peor dato desde que comenzó la pandemia. Durante esta semana, en la que prácticamente cada día superó el récord de contagios, tan solo 2.588 de los casos reportados pudieron ser rastreados y relacionados con un contagio conocido, mientras que 150 provienen de desplazamientos desde el extranjero. Continuó además al alza el número de pacientes intubados, 450, mientras que esta semana los ingresos en las UCI griegas aumentaron 15 %; las del norte del país especialmente cerca del colapso (El Periodico, 6/11). En Rumanía se registró esta semana el mayor número de muertes en 24 horas, con 591, además, de una media de 14.000 nuevos casos por día. Rumania atraviesa esta cuarta ola, con el sistema sanitario saturado, las ambulancias deben esperar en la puerta de muchos hospitales a que se liberen camas para poder dejar a sus pacientes. Las autoridades incluso plantean trasladar 200 o 300 enfermos al extranjero. Con toda certeza estos números muestran que la pandemia aún no terminó. Los gobiernos del mundo hablan de la post pandemia para recortar gastos sociales y empujar a los trabajadores a producir ganancias para el capital; impulsando con ello, nuevos brotes y cepas mortales. “Es mejor ponerse a resguardo que lamentar”, sintetizó ayer, en un editorial, el South China Morning Post, un diario de Hong Kong, de propiedad de Jack Ma, el patrón de las Fintech, en lo que se entiende como un apoyo a las rigurosas cuarentenas que aplica China. En efecto, por medio del aislamiento, el testeo y el seguimiento de contactos estrechos, China ha reducido a un mínimo de mínimos los contagios y las muertes. En Argentina, por el contrario, Todes, Juntes, Libertaries e Izquierdistes, celebran la apertura. Los testeos han caído en forma abrupta y los seguimientos de casos sospechosos, reducidos a la nada.

Los trabajadores de Oca llevaron adelante una manifestación en el Obelisco junto a organizaciones y delegaciones de comisiones internas combativas. El reclamo se centró en el pedido por la reincorporación de los 350 trabajadores despedidos y contra los recortes salariales que vienen afectando a todo OCA. De este modo se unificó la lucha entre todos los camioneros del operador postal que fueron despedidos y los que no. La medida de lucha Con bengalas violetas y la leyenda en las banderas y pancartas: "Reincorporación ya de todos los despedidos" "No al recorte salarial" cortaron avenida Corrientes. La solidaridad de los automovilistas que pasaban se hizo sentir al momento, acompañando el paso de la caravana con bocinazos y gritos de aliento para con los manifestantes. Un exagerado cordón policial no pudo opacar esta postal. El sindicato pegó el faltazo Pasaron tres semanas desde que se efectivizaron los 350 despidos. Desde entonces los trabajadores vienen entre idas y vueltas, con el sindicato, que acusa estar atados de pies y manos por tratarse de una cuestión judicial. Apelan a que la orden de despedir partió del juez Pablo Tejada, quien comandaba la quiebra, y que por esta razón la solución del conflicto debe ser encarrilada por vías judiciales. Así es como justifican su inacción. Desde que comenzó este ataque en regla al conjunto de los trabajadores de OCA, primero con los recortes salariales y luego con los despidos, el sindicato de camioneros no tomó ni una sola medida de lucha y solo inició los reclamos judiciales cuando las primeras movilizaciones de los despedidos los dejó en descubierto. Sin embargo, esta falta de iniciativa de la burocracia esta siendo superada por los propios trabajadores que no se quedan esperando de brazos cruzados una respuesta. Autoconvocados salen a ganar las calles para defender su fuente de trabajo y el cumplimiento de su convenio, en contra de los recortes salariales. Hoy por hoy los trabajadores de Oca, como el activismo en UTA y los trabajadores de fernet branca están marcando un horizonte al conjunto de los trabajadores para superar la malla de contención que pretende imponer la burocracia, que se presenta como garante de la reforma laboral. Estas luchas se inscriben en la necesidad de organizar un congreso obrero que ponga en pie a la clase obrera con un programa de defensa de todas sus reivindicaciones.

En Santa Fe la interrelación entre el crimen organizado, el estado y sus personeros políticos es más que manifiesta. Un nuevo episodio tiene que ver con la destitución por parte de la legislatura provincial del ex ministro de seguridad Marcelo Saín de su cargo en la Oficina de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, a pesar de que la legislatura es incompetente para esta remover autoridades de un ministerio. Probablemente una sentencia posterior torne nulo este procedimiento. La maniobra se orquestó luego de que los legisladores aprobaran la ley que establece la incompatibilidad entre distintos cargos en función (en este caso, Saín era ministro y funcionario judicial en licencia al momento de sancionarse la misma). Para que esto haya sido así, fue requerida la interpretación extensiva de la Corte Suprema, encuadrando a la generalidad de funcionarios del MPA. En sus declaraciones posteriores, aclara que el mismo organismo que debería estar encargándose de investigar delitos complejos y sortear la cobertura estatal que hay en torno a la garantía de impunidad de sus autores, se encuentra “hiperpolitizado” y que su autoridad principal, Jorge Baclini, responde a la orientación política del radical-macrista, Maximiliano Pullaro, ex candidato a senador dentro de la interna de Juntos por el Cambio y ex ministro de seguridad bajo el gobierno del Frente Progresista. La lectura de esta arbitrariedad institucional, debe ser acompañada con las investigaciones que tienen en vilo a todo el arco político patronal, diversos agentes del estado y a capitalistas que operan en la provincia con el juego organizado. En este ínterin es que se depusieron dos fiscales que corresponden a la circunscripción de Rosario, Patricio Serjal y Ponce Asahad, que ya han sido condenados por diversos delitos entorno al cohecho y en permitir el desenvolvimiento de asociaciones ilícitas en torno a este rubro. En virtud de ello es que se ha salpicado el nombre de Armando Traferri, senador por el departamento San Lorenzo, quien se encuentra bajo el amparo en sus fueros como senador para no ser imputado como miembro/director de una asociación ilícita. Esto contrajo hace meses atrás una crisis dentro del mismo “cuerpo”, donde opositores socialistas, peronistas y radicales se opusieron a su desafuero en una suerte de defensa corporativa. En otras palabras, 'si caigo yo, caen todos, y es mejor cuidarnos juntos entre todos y todas'. La situación del mismo, si sigue absteniéndose de presentarse ante fiscalía, puede terminar de “nacionalizar” el conflicto porque la Corte Suprema de la Nación tendrá que abocarse a resolver sobre el caso y argumentar sobre la extensión de las garantías parlamentarias, lo cual no es moco de pavo. También recordemos que el propio Traferri es un peronista que impulso a Perotti a la gobernación pero que luego se deslizó a una oposición interna dentro del PJ. En concreto, una serie de votaciones importantes en la legislatura que propuso el oficialismo no encontraron un desenlace positivo y por el contrario si contaron las iniciativas de la oposición con la aprobación del sanlorencino. En estas últimas PASO, la candidatura de Agustín Rossi junto a la vice, Alejandra Rodenas, quien pertenece al espacio de Traferri, cristalizó la fractura del Frente de Todos antes del desbarranque que significaron los resultados el 12 de septiembre. En los últimos días, se comenzó a difundir la posibilidad de un armado “post-peronista”, que conllevaría a una alianza entre el sector Traferri con Juntos por el Cambio, algo similar a lo sucedido en 2015 cuando Miguel del Sel casi se condecora como gobernador impulsado por el PRO y el aparato de Reutemann. Que esto suceda o no, estará totalmente vinculado al desarrollo nacional de la crisis. En definitiva, la “mediocre institucionalidad” santafesina no es más que la punta del iceberg de la descomposición política del régimen. Es el mismo régimen contra el cual una pueblada en Capitán Bermúdez se movilizó a raíz del asesinato del joven Isaac este miércoles. La inseguridad, contra los trabajadores, es una “política de estado” pergeñada por los grandes capitales, sus partidos y el Estado.

El sábado 6, Política Obrera realizó en el Obelisco un acto “por un voto obrero contra los partidos de las patronales”. Hablaron Ramón Acuña (delegado taller Rancagua, línea B), Silvia Allocati (integrante de AGIHM, Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano), Flavio Pereyra (lista Naranja de Foetra- Mayoría) y Laura Apostolaqui (Delegada del Polo Obrero Tendencia de la Villa 31), y se recibieron adhesiones de otros luchadores y corrientes políticas. A continuación reproducimos el discurso de cierre a cargo de Jorge Altamira. Compañeras y compañeros, Tenía pensado decirles unas palabras de introducción, pero luego de escuchar el texto de los compañeros de Cuba en solidaridad con este acto y expresando con toda claridad sus posiciones políticas, que no son las del socialismo del siglo XXI, sino el bolchevismo del siglo XXI, les mando a los comunistas de Cuba el completo saludo, la solidaridad y el apoyo político para que hagan realidad en Cuba el gobierno de los trabajadores y ayuden a desarrollar por esa vía la revolución socialista en toda América Latina (aplausos). Quiero comenzar este acto expresando un saludo muy especial a todas las compañeras y compañeros de Política Obrera y a todas las compañeras y compañeros del Polo Obrero Tendencia porque durante meses han sabido, han podido y han organizado una campaña política electoral con los mínimos recursos, Lo han hecho con una clara comprensión del momento político y hoy cerrando esta campaña de una manera combativa. No replegándonos ante una elección sino encarándola de frente, fijando con claridad nuestras posiciones y abriendo una perspectiva. Argentina atraviesa una de las crisis históricas más grandes por el nivel extraordinario de la pobreza, de la desocupación y de la precariedad en la que se encuentran millones de compañeras y compañeros. Porque Argentina se encuentra en bancarrota económica y financiera, como consecuencia de gobiernos capitalistas y como consecuencia del sometimiento al capital financiero internacional. Pero Argentina atraviesa, probablemente, la crisis histórica más importante porque ocurre bajo un gobierno peronista. No bajo Alfonsín ni De La Rúa, sino que ocurre bajo el gobierno que tiene montado en este país el mayor aparato político: en las provincias, en los sindicatos, en las intendencias, municipios y organizaciones sociales. Y este enorme aparato se quiebra a los ojos de todo el país como consecuencia de la responsabilidad que le cabe en esta crisis histórica, no solo en su gestión de gobierno sino por haber apoyado desde el Congreso y desde la burocracia sindical los cuatro años de gobierno de Macri. (aplausos) Nosotros, Política Obrera, abordamos la situación del país desde esta perspectiva, desde la perspectiva de una crisis histórica. Pero Argentina, en un sentido más amplio, es el fiel de la balanza de una situación internacional. Porque como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de una crisis humanitaria que los gobiernos capitalistas de todo el mundo han convertido a esta pandemia, toda América Latina se encuentra en llamas. Todos los pueblos de América Latina se encuentran movilizados. Todos. Todos los gobiernos capitalistas de América Latina se encuentran en bancarrota. Todos ellos son responsables de decenas y centenas de miles de muertos como consecuencia de la pandemia. De compañeros que en Quito, en La Paz, en varias ciudades, morían en las calles por la falta de atención, por la falta de prevención, por la incapacidad como gobiernos capitalistas que son, de atacar al capital para defender la vida de un pueblo. América Latina sale de esta pandemia más afectada que nadie, más afectada que otros continentes. Y no solo que sale más afectada porque la pandemia no ha terminado y la crisis de salud no ha terminado Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández ha prácticamente abandonado tareas como el seguimiento a personas vinculadas al contagio y han caído estrepitosamente los test preventivos y se han tomado medidas completamente inconsistentes con relación a esta pandemia. El año que va a terminar ahora, el 2021, fue uno de los años de mayor ajuste en medio de una pandemia. De ajuste en las jubilaciones, de ajuste del gasto social, de ajuste en los salarios. Ni por un momento en medio de una crisis humanitaria el gobierno de los Fernández olvidó que está al servicio del capital y de las ganancias capitalistas. Y la consecuencia es esta, casi seiscientos mil trabajadores, trabajadoras, personas, que han muerto como consecuencia de una pandemia. Son los que abrieron las escuelas, con el pretexto de que no se puede privar a los niños de la educación. ¡Pero bajo la presión del clero que dirige las escuelas, bajo la presión de la patronal de la educación privada, bajo la presión de las escuelas como negocios! Porque si las escuelas no contagian y el transporte no contagia y el trabajo en fabrica no contagia ¿dónde se contagian las personas que se contagian? ¿Y de donde mueren las personas que, por distintas circunstancias, el contagio los lleva a la muerte? El gobierno que abre la grieta con el macrismo es el gobierno que siguió en la pandemia la política de Larreta, la política del capital financiero, la política de Bolsonaro y la política de Donald Trump. La política del capitalismo. Pero he dicho que en esta crisis Argentina es el fiel de la balanza. Porque toda América Latina está mirando como concluye la enorme crisis que se está desenvolviendo en el país. Toda América Latina está pendiente de cuál va a ser la reacción, la movilización de la clase obrera argentina después de las elecciones ante el desenlace inevitable de una crisis inflacionaria, de una crisis de empleo, de una crisis de producción y de una crisis de comercio. Todo el mundo está a la espera de eso. Y Argentina es el fiel de la balanza porque cuando Argentina incline la balanza en una u otra dirección eso se va a reflejar en toda América Latina. ¿Quién es el que más sabe que Argentina es el fiel de la balanza? ¡El imperialismo norteamericano! Es consciente que el gobierno de Chile no aguanta, que bajo la presión de las masas se ha visto obligado a vaciar las cajas de los sistemas privados de jubilaciones para atender a la población, que ha sido incapaz de atender la pandemia. Ahora está declarando la guerra civil a los mapuches y trabajadores de la Araucanía para quedarse con sus tierras. Denuncia a los mapuches por traficar con madera para esconder que los grandes monopolios de la madera se quieren quedar con la foresta del sur de Chile. Se quieren quedar con la propiedad territorial del mismo modo que los Benetton y los Lewis se quieren quedar con la Patagonia, se quieren quedar con los minerales de Chubut, con los minerales de Santa Cruz, con la propiedad inmobiliaria con vistas al turismo de la última frontera que tiene Argentina que es la Patagonia. ¿Y qué pasa con Bolsonaro? Bolsonaro acaba de ser acusado por su propio Congreso por genocida, y sin embargo no hay en Brasil una dictadura. Ha sido acusado por el Congreso de ofrecer medicación falsa para las personas contagiadas con el objetivo, lo dice una comisión, de que esas personas crean que han superado el contagio y poder evitar la internación. ¡Lo acusan de haber saboteado la provisión de oxígeno en Manaos! Y el pueblo brasileño ve un escenario fantasmagórico de cómo desde su propio gobierno se organiza la matanza de un pueblo. Y los colombianos, los bolivianos y los ecuatorianos. El imperialismo yanqui es consciente de que en América latina existe una crisis histórica país por país y también comprende que Argentina es el fiel de la balanza Desfilan por Buenos Aires diplomáticos, militares, embajadores tanto de Estados Unidos como del Fondo Monetario para inclinar la balanza en un sentido reaccionario. ¿Con quién? Con Manzur, el jefe de gabinete, con Massa, con la burocracia sindical, todos agentes políticos del gran capital, de las grandes patronales y del imperialismo norteamericano. Hay una interconexión objetiva de la crisis mundial en América latina y hay una interconexión potencial muy clara de las rebeliones populares que hay en América latina. Política Obrera se planta frente a esta situación desarrollando una perspectiva revolucionaria para América Latina y para que la balanza que está oscilando en Argentina caiga para el lado de la clase obrera y el pueblo y se inicie un proceso revolucionario en el conjunto de América Latina. (aplausos) Se vota el domingo 14 de noviembre y Larreta y María Eugenia Vidal están preocupados por conseguir uno o dos diputados más que les permitan ser la primera minoría en el congreso. Toloza y Santoro a ver si los siete puntos, cuatro, cinco que quedaron atrasados en las PASO se acortan a cuatro o a tres. El Frente de Izquierda si mete un diputado más. Se mueven en una perspectiva política, por lo menos la que declaran, completamente desfasada de la realidad. Porque Argentina ha entrado a una crisis encima de la crisis que vive, que supera las características tradicionales. El país entero está recorrido por manifestaciones, en la Patagonia pero también en Jujuy donde hay cinco sindicatos en este momento en huelga contra el gobierno de Gerardo Morales. El transporte, los mineros, todo el país está movilizado en forma aparentemente inconexa. Los choferes que cortaron la panamericana hace poco en contra de la burocracia sindical, OCA, los autoconvocados. Nosotros vamos también a estas elecciones, nosotros entramos en la batalla política ante las elecciones pero para señalar otra perspectiva. Esta es la diferencia radical, la diferencia insuperable de Política Obrera con toda la izquierda que busca la integración al Estado por vía parlamentaria, y la denuncia como conspirando contra la posibilidad de una movilización histórica, una acción histórica de la clase obrera argentina que abra las perspectivas revolucionarias para el conjunto de América Latina. Esta es nuestra posición política. En el saludo, en el abrazo, que dirijo a los comunistas de Cuba, por el mensaje que nos han enviado, distingo la posibilidad de que la crisis que vive Cuba no tenga el desenlace de la Unión Soviética, no tenga el desenlace que ha tenido en China. No tenga un desenlace reaccionario y de derecha y de restauración capitalista sino que distingo la posibilidad de que la organización de una oposición comunista en Cuba contra el gobierno cubano le dé a los trabajadores la perspectiva emancipadora frente al fracaso de esta gestión. Esto es muy importante en el contexto latinoamericano, porque los cubanos entienden que están pasando por una infinita miseria social pero ven a toda América Latina en una miseria social igual o peor que la de ellos, por lo tanto los yanquis no tienen para ofrecerle a Cuba, nada diferente de lo que le ofrecen a Brasil, a Ecuador o a Bolivia, a Colombia o Haití. No quieren retroceder. Esta es la importancia de lo que está ocurriendo. Nosotros llamamos a votar a Política Obrera, en primer lugar, incluso si no nos presentamos porque no hemos atravesado las PASO en este distrito. Porque donde nos presentamos, no nos presentamos con una perspectiva provincial o de distrito. En Salta, Santiago del Estero, en el cordón industrial de Santa Fe nos presentamos con una perspectiva nacional y una perspectiva latinoamericana, es un voto nacional en esos distritos. Pero al mismo tiempo llamamos en los distritos donde no nos presentamos a votar a corrientes políticas que no están a la altura de la situación y que pueden llegar a estar en una posición contraria a esta perspectiva. Porque el problema fundamental que tenemos es que la clase obrera no ha desarrollado suficientemente una autonomía política frente al capital, está ausente como fuerza política, relativamente, en medio de esta crisis. El planteo del Congreso Obrero es la conquista de esa autonomía política, que los obreros elaboremos en un congreso de luchadores, de delegados, de sindicatos o autoconvocados, sindicatos combativos, miles de comisiones internas antiburocráticas. En las últimas elecciones en las empresas la burocracia ha perdido en el 80 por ciento de las fábricas. Se han elegido delegados que no comulgan, que no siguen y que repudian a la burocracia sindical. La burocracia sindical argentina es un tigre de papel. Tiene un aparato pero dentro de ese aparato no hay más nada ¡no hay más nada dentro de ese aparato! Esta es la orientación política que hemos defendido en el seno del Partido Obrero y que llevó a las expulsiones en el Partido Obrero. Fueron expulsiones contra la perspectiva del Congreso obrero, contra la autonomía de la clase obrera y contra la perspectiva de la revolución latinoamericana. Envueltas en caprichos, en maniobras, lo que había en el fondo, en su contenido, es que somos una continuidad de una construcción histórica que lejos de estar acabada ahora va a florecer como nunca ¡ahora va a florecer como nunca porque está inserta en acontecimientos que rebalsan las perspectivas individuales! Entonces ¿qué decimos nosotros? Tomamos un planteo de Marx. Un planteo modesto, muy sencillo, muy simplón pero más valioso que ningún otro planteo: “no tenemos intereses particulares, defendemos los intereses generales de la clase obrera”. Nosotros, que estamos en esta posición decimos ahora que se va a votar: compañeros que no quieren y que han comprendido que no se puede votar a los partidos patronales, no está mal que voten a la izquierda en la capital y en la provincia, está muy bien, nosotros también vamos a hacer eso porque es un paso de ruptura con la patronal. Con el tiempo se verá que habrá que dar otros pasos más pero un paso en esta dirección, aunque sea por partidos con los cuales no compartimos sus posiciones políticas, nosotros que defendemos sus intereses y la perspectiva de la clase obrera les decimos, sí, tenemos que votar de esta manera porque para bien o para mal, en forma deformada, si mañana hay millones de votos en esta dirección quiere decir que la autonomía política de la clase obrera se está desarrollando. Y nosotros nos vamos a encargar de que supere su envoltura reformista y parlamentarista y adquiera una envoltura revolucionaria. Pero para eso primero rompamos con los partidos patronales y en la perspectiva de un Congreso Obrero, en la perspectiva de la autonomía política de la clase obrera ¡tenemos que votar contra las PA-TRO-NA-LES! No hay ninguna polémica interna y no hay ninguna pugna que nos evite distinguir quién está de un lado y quien está del otro en una confrontación de obreros contra capitalistas y el estado, Esa es la premisa de la actitud de cualquier trabajador consecuente con su clase. Esto es lo que estamos abriendo, por eso votamos de esta manera. Algunos querrían que votáramos de otro modo. ¡Pero no hay otro modo de votar! Un voto en blanco no expresa nada, invitar al trabajador a que vote en blanco es decir que marche hacia la nada. No tiene contenido de ningún carácter. En la izquierda argentina, aunque estemos expulsados, sigue presente el Partido Obrero histórico con su influencia, sus ideas y sus polémicas (aplausos) No solo no estamos afuera de la izquierda. ¡Somos el fantasma de la izquierda, somos el dedo acusador, somos la consciencia!, ¡ojo!, porque la integración al Estado, el parlamentarismo, el acomodamiento a la opinión pública, el frente único con el gobierno en favor de la presencialidad, los va a llevar, no a la derrota, los va a llevar a algo peor que la derrota, los va a llevar a la ignominia. Estamos presentes en todos lados como corriente política, de lo que se trata es de desenvolver esta perspectiva. Entonces, retomo la idea original o el planteo original, saludo a Política Obrera y al Polo Obrero Tendencia por cerrar la campaña con una movilización, con un acto y en forma combativa porque hoy más que nunca lo que tiene que imperar es la disposición combativa. Argentina es el fiel de la balanza y nosotros la vamos a torcer hacia la izquierda, clasista, revolucionaria socialista e IN-TER-NA-CIO-NAL. ¡Por la unidad socialista de América Latina! Venceremos, compañeros. VER MÁS

Los trabajadores de OCA despedidos mandamos hoy nuestro apoyo a la enorme unión de obreros reunidos hoy en el Obelisco. Hoy a nosotros nos toca padecer la injusticia de ser un número más en la lista de despedidos, 350 familias en todo el pais han sido desafectadas de su principal ingreso económico, una empresa que lleva 3 años de quiebra y amparada en la ley de quiebras, hace uso de un pliego en el cual puede prescindir del 5% del personal y de un dia para el otro dejarnos sin laburo, liquidándonos a compañeros de entre 7 y 35 años de antigüedad con solo 3 años de paga, compañeros con tratamiento oncológico, con HIV, con ACV, madres en periodo de lactancia con hijos con discapacidad que necesitan sí o sí la obra social. Todo esto forma parte de un ensayo llamado reforma laboral, en dónde si sale bien va a ser tomado como ejemplo para futuros despidos, no lo pode is permitir. Por suerte el movimiento obrero argentino es una clase que no está derrotaba y todavia sale a las calles y no se calla, así que ahora más que nunca debemos estar unidos, como siempre.

En la ciudad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, el asesinato de un joven de 23 años llamado Isaac Muñoz, del barrio Villa Margarita, en un hecho de inseguridad, desató una pueblada. A partir del asesinato de Isaac a plena luz del día género, en menos de 4 horas, a través de las redes y autoconvocatorias, decenas y decenas de vecinos salieron a las calles. A medida que avanzaba la tarde, se reunieron más de 3.000 personas que marcharon por la ruta hasta la puerta de la comisaria. La marcha fue encabezada por la familia de Isaac. Además de decenas de amigos y vecinos del barrio Villa Margarita, se sumaron otros familiares en lucha contra la impunidad; entre ellos, las familias de Irupé, de Juanito Vítale, de Hugo y tantos otros de Bermúdez y de la zona. Lo más destacado de la movilización y toda la jornada de protesta fue la presencia numerosa de la juventud. A medida que la movilización se acercaba a la Comisaría, el repudio al poder político fue en crecimiento. Los manifestantes iban bajando las cartelerías de todos los partidos y cualquier símbolo en relación a las elecciones, bajo los gritos que “mientras están en campaña nos matan los pibes”. La misma bronca fue dirigida hacia la comisaria como uno de los principales responsables de “proteger el mercado de la droga en la ciudad”. Los piquetes y fogatas armadas fundamentalmente por los pibes eran aplaudidos por la movilización y frente a la bronca en discusiones en la puerta de la comisaria, empieza la represión, con disparos de balas de goma a mansalva. Las madres presentes en el lugar tomaban las armas de los efectivos para intentar evitar que continuaran con los disparos. Entre las corridas y el llanto de la gente -niños y familias completas que se habían agolpado en el lugar-, un centenar de jóvenes vecinos resistieron la brutal represión. Todo el operativo represivo fue armado con anterioridad, ya que en menos de una hora se habían concentrado fuerzas policiales de Bermúdez, Baigorria, San Lorenzo y las fuerzas especiales de PAT (Policía de Acción Táctica) y GOT (Grupo de Operaciones Tácticas). Llevaron adelante una verdadera cacería, deteniendo a cualquier transeúnte que pasaba por el lugar. Lo heridos y detenidos fueron retenidos en la comisaria segunda de la localidad hasta cerca de las 5 de la madrugada. La crisis política desatada por la muerte de Isaac tuvo como antecedente las marchas que tuvieron lugar en toda la provincia -10 mil personas en Rosario- por el crimen de Joaquín Pérez, un arquitecto de 34 años, hace dos semanas. Las movilizaciones recogieron el hartazgo por el aumento de los arrebatos y los robos a mano armada, la proliferación de los bunkers y las denuncias en las comisarías que no se toman o caen en saco roto. Perotti y Javkin fueron expulsados literalmente a patadas de la movilización. La criminalización del Estado, asociada al crecimiento del narcotráfico en toda la región, está en la base de todo. La crisis de poder en la provincia es inocultable, y lo mismo ocurre en nuestra ciudad, lo que coloca a las próximas elecciones en un terreno escabroso. Las manifestaciones posteriores a la marcha en las redes fueron un reguero de comentarios de “no ir a votar”, de “votar anulando el voto con la consigna: Justicia por Isacc”. La desazón de la población -que ya se había manifestado en el las PASO- ha crecido luego de este crimen. La jefa de la policía provincial salió en menos de 24 horas a anunciar que el caso “había sido esclarecido”. Sin embargo, ni siquiera la detención de los presuntos responsables no ha logrado frenar la bronca popular, sino todo lo contrario. Está instalada la percepción de que los funcionarios actuaron pero bajo la presión que generó la movilización. Los pedidos del senador Traferri de tratar sobre tablas un pedido de informe de los ilícitos de los últimos meses, lugares y edades de los imputados, es una verdadera burla. Traferri mismo está involucrado en la trama que caracteriza la descomposición del Estado provincial. El cordón industrial, con sus puertos y el tráfico sin control por el Paraná, todos privatizados, son un centro logístico del narcotráfico. Nuestra provincia, el Departamento y nuestras ciudades, se caracterizan por la mayor penetración del narcotráfico, acompañada por una violencia criminal que compromete la vida de los ciudadanos. Este desarrollo es inconcebible sin la complicidad y protección policial y política. Los juegos de azar que proliferan en todo el territorio son la pata “financiera” imprescindible para lavar las enormes sumas de dinero en efectivo que mueve el delito organizado. Los vecinos no tendremos seguridad sin quebrar el régimen político que tutela a este crimen organizado. Es necesario que nos organicemos y movilicemos contra la trama capitalista de la droga en las calles. La participación popular a través de comisiones de vecinos es clave. Desde una banca obrera y socialista proponemos organizarlas. Nosotros, Política Obrera, tenemos un programa y una agenda para enfrentar estos desafíos desde el campo de la clase obrera, los trabajadores, la juventud y la mujer.

Camaradas presentes en este acto revolucionario, camaradas Jorge Altamira y Marcelo Ramal, camaradas dirigentes sindicales: Desde Cuba, el Comité Editorial de Comunistas envía este mensaje de saludo pues entiende que cada vez más es urgente el internacionalismo proletario. La actual crisis económica mundial generada por el coronavirus ha demostrado que la esencia del sistema burgués es el egoísmo, pues es fundamental para la existencia misma del capitalismo. Contrario a ello está la solidaridad como condición indispensable para el triunfo de la clase trabajadora. Sin Revolución mundial no hay socialismo, porque el socialismo en un solo país es imposible, como mismo es imposible construir eso que llaman capitalismo nacional. Los herederos de la consigna "Ni yankis ni marxistas: somos peronistas", están hoy pagando peso a peso la deuda al fondo monetario Internacional. No están traicionando a la clase trabajadora argentina, por el contrario: están siendo sinceros, están haciendo lo que hace todo representante del capitalismo: someterse al imperialismo ¡Ellos sí son funcionales a la derecha y no el movimiento trotskista argentino que solo es leal a la clase trabajadora! En Cuba, la crisis política y económica es cada vez mayor y es muy difícil definir con certeza cuál puede ser el desenlace final. La derecha se organiza y trata de derribar al gobierno cubano para establecer un régimen plegado a Estados Unidos; por su parte, en la burocracia un importante sector pretende restaurar el capitalismo mediante el modelo chino. Las consecuencias las está pagando la clase trabajadora cubana. Las protestas vividas en Cuba el pasado 11 de Julio no solo fueron producto de una grave crisis económica reflejada en la caída del producto interno bruto de 2020 a -11% y este 2021 a -13%, también estallaron como rechazo al paquete de medidas económicas impuesto en enero de 2021 donde se elevó considerablemente el precio de todos los servicios públicos. Solo en La Habana el precio del transporte público creció en 500%. La contrarrevolución intenta manipular el descontento popular. El gobierno se enfrenta a la contrarrevolución pero también reprime a la izquierda crítica cubana. En medio de todo esto, un importante sector de la juventud cubana cree que el marxismo es la desgastada propaganda oficialista, creciendo en ellos la apatía. Como ven, el papel de la izquierda crítica cubana es cada vez más importante. Ante ustedes, miles de trabajadoras y Trabajadores argentinos presentes en este acto revolucionario, nosotros, el Comité Editorial de Comunistas les juramos que lucharemos cada vez más por la defensa y la construcción del Socialismo en Cuba. Mañana la clase trabajadora mundial celebra el triunfo de la Revolución Bolchevique y el cumpleaños de León Trotski. Ha sido hermosa la fecha que ustedes eligieron para realizar este acto revolucionario. Hoy pero en 1917, Trotski, al frente del Comité Militar Revolucionario, dirigía la toma del Palacio de Invierno. Seamos hoy dos, tres, muchos Trotski. Seamos los Bolcheviques del siglo XXI y hagamos la Revolución mundial. ¡Viva la clase trabajadora argentina, cubana y mundial! ¡Viva el Internacionalismo proletario! ¡Abajo el bloqueo yanki contra Cuba! ¡Socialismo o muerte! ¡Patria o Muerte! LEER MÁS “Argentina es el fiel de la balanza de la revolución en América Latina”, Intervención de Jorge Altamira en el acto en el Obelisco

Hemos perdido a Milton Domínguez, “el zapatero de los pobres”. Hombre sin miedo. Milton tenía su taller de reparación de calzado en su domicilio en Las Termas de Rio Hondo, sus manos eran sus herramientas de trabajo y tenían la fuerza de 100 máquinas y aquellos que las estrechamos alguna vez sabemos que en su saludo había mucho más, transmitían empatía, solidaridad y compromiso. Milton, el amigo y luchador que hace honor a la amistad y a la lucha. A la edad de 30 años nuestro compañero conoció el horror de la corrupción. Su padre, Raúl Domínguez, empleado de rentas provincial había descubierto una evasión multimillonaria en contratos de obras públicas. Por ello, fue premiado con amenazas, hostigamiento. El 13 de mayo de 2008, Raúl Domínguez fue secuestrado, torturado y asesinado. El 28 de mayo, 15 días después de su secuestro, apareció el cuerpo de Raúl Domínguez descuartizado cerca del barrio donde él vivía, en el barrio El Vinalar. Pasaron cinco jueces. La causa que nunca avanzó. La prescripción de esta causa la debemos interpretar como una amenaza latente ante cualquier acto de denuncia de corrupción en Santiago del Estero. El caso Domínguez se transformó en un caso emblemático del régimen de impunidad que se ha instalado en Santiago del Estero. La lista de casos impunes podría llenar páginas. Milton tomó la posta de la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de su padre. En ese camino, viajó a Tucumán, y desde allí, se inspiró en la organización de la Comisión de Familias de Víctimas de la Impunidad que se había puesto en pie en esa provincia y de la lucha unida por todos los casos y contra el poder en el que se asentaban todos los casos impunes. Bajo su impulso y el de otros familiares de la capital santiagueña se formó la Comisión de Familiares en nuestra provincia. En cientos de marchas Milton marchaba por pedido de justicia a la par de cada familiar y alzaba su voz contra todo el poder corrupto del gobierno Zamorista y las instituciones judiciales. Milton Domínguez se fue sin tener Justicia por el crimen mafioso de su padre. Hoy nosotros sabemos que la injusticia, la impunidad y la corrupción santiagueña mata por obra y omisión. Nuestra organización política ha perdido a un obrero luchador imprescindible, incomparable activista en la lucha por la justicia y contra la impunidad. Fue nuestro candidato a intendente en las elecciones en Las Termas de Rio hondo del 2018, como referente de la clase obrera en la lucha por un gobierno de trabajadores. Milton acompañó a los candidatos del Partido por un Santiago Obrero en el acto de presentación en la ciudad termal mostrándonos su apoyo incondicional; inimaginable que para muchos fue su último abrazo fraternal. Los que tuvimos el honor de conocer a nuestro compañero Milton y compartir sus pronunciamientos en las grandes luchas contra la impunidad, la lucha docente, la lucha gastronómica, la lucha contra la violencia de género y abusos sexuales, sabemos que sus convicciones eran inclaudicables y su valor inquebrantable. Hoy y por muchos mañanas los luchadores te lloraremos compañero y hermano. Tu grito de justicia hace eco en nuestro pecho. RAUL DOMNGUEZ PRESENTE AHORA Y SIEMPRE!!! MILTON DOMINGUEZ PRESENTE AHORA Y SIEMPRE!!! AHORA Y SIEMPRE!!! LOS DOMINGUEZ FUERON HOMBRES Y TRABAJADORES HONESTOS QUE NO CONOCIERON EL MIEDO.

Hasta hace tan poco como 2018, Daniel Ortega era el mejor pupilo de la llamada gran empresa en América Latina. Gobernaba con la participación del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Iglesia Católica. En reconocimiento a esta situación, fue premiado como el mandatario más ´private friendly´ de todo el territorio que va de México a Tierra del Fuego. La alianza fue agujereada por los disparos del Norte ante los acuerdos de Ortega con China para construir una vía oceánica competidora del canal de Panamá. La expropiación masiva de tierras que exigía el proyecto llevó también a rebeliones campesinas. El frente popular entre el sandinismo y las patronales y el clero sufrió las consecuencias. Pero hasta ahí nomás. Si bien la crisis política no hizo más que crecer hasta que la oposición fue finalmente proscripta y reprimida, con encarcelamientos incluidos, la camarilla de Ortega no perdió todos los favores que lo regaban en el pasado reciente. Aunque la camarilla viró en forma más acentuada hacia Rusia y no perdió el apoyo o la neutralidad de China, Nicaragua siguió recibiendo los aportes financieros del Banco Mundial, el FMI, el BID y el BCIE, lo que no es poca cosa de parte de organismos controlados por EEUU y dirigidos por el ala dura de la política norteamericana. Los ingresos por remesas familiares no fueron bloqueados, todo lo contario. El brazo financiero de las fuerzas armadas cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene invertidos el 35% de sus fondos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. “Los empresarios darían soporte a Ortega”, asegura La Nación, incluso si algunos de ellos se encuentran detenidos. No quieren quedar afuera del “diálogo 2022”, según varios observadores. A los Ortega no les ha ido mal con los ‘gringos’, como se puede ver. Los ‘gusanos’ miamienses que tienen poltrona en el Congreso de Estados Unidos, están por supuesto disconformes, porque tienen puestos sus ojos en voltear a Cuba, de ahí que promuevan el bloqueo que se hace desear contra Nicaragua. Lo mismo Luis Almagro, el golpista servicial instalado en la OEA. Con los ataques a Nicaragua estos personajes intentan distraer la atención de las represiones y atropellos en Guatemala y El Salvador, y de los levantamientos populares repetidos, en especial en Guatemala. Es entendible que el imperialismo vacile en aplicar otro bloqueo más en una situación tan inflamable. La preocupación principal de Estados Unidos está puesta en frenar los movimientos migratorios masivos en Centroamérica: “la pereza de la administración de Joe Biden para actuar está relacionada con el miedo de la Casa Blanca a que la masiva salida de nicaragüenses alimente la crisis migratoria de la región”. “Desplazarlo (a Ortega) no es una opción, concluye Erk Farnsworth, del Consejo de las Américas” (La Nación, 8/11). En pocas semanas tendrá lugar otro evento electoral, en Honduras, donde las encuestas apuntan al ascenso de Xiomara Castro, la compañera del derrocado presidente Manuel Zelaya. La victoria de Castro será otro revés para la gusanería centroamericana, dentro de los límites del llamado ´populismo´ de contenido capitalista. Washington se encuentra a la defensiva en toda América Latina. Ortega, como sus similares en el mundo, ha anunciado que obtuvo del 75% de los votos sobre una participación de otro 75% por ciento. En realidad, primó una abstención muy elevada, cercana al 50 por ciento. Al final de cuentas, la votación para la camarilla fue inferior al 30%, y esto bajo una intensa presión policial. En función de las elecciones del domingo que viene, el macrismo y los grandes medios asocian al gobierno y al kirchnerismo con Ortega, cuando en realidad los Fernández, más sensibles a las crisis políticas que estallan en sus manos, siguen la línea, junto a México y Bolivia, de que “desplazarlo a Ortega no es una opción”. Andrés López Obrador es el aliado más sólido de Washington, y México el corredor fundamental de la emigración centroamericana. Los demócratas de toda laya han abandonado la defensa del derecho de asilo y el libre tránsito y residencia de las personas, o sea que han convertido a las fronteras en los barrotes de una gran cárcel internacional.

La ola de luchas y huelgas que se desarrolla desde hace meses en Estados Unidos, no ha amainado. Las enfermeras están en huelga. En muchos estados se desarrollan huelgas del personal de enfermería, sobre todo California, lo mismo ocurre en John Deere y por parte de los trabajadores universitarios. También los trabajadores audiovisuales de Hollywood, de Kellogg, de Warrior Met Coal, Frito-Lay, de la salud Kaiser Permanente, del acero de ArcelorMittal, docentes de Scranton, trabajadores de comidas rápidas. Sólo entre agosto y septiembre tuvieron lugar 18 huelgas a nivel nacional. El ascenso de las luchas obreras en EEUU configura un escenario crucial a nivel mundial. Los reclamos comunes de todas las huelgas son el aumento de salarios, la oposición a largos sobreturnos, y contra la reducción de beneficios sociales que vienen de décadas. La oleada ha recibido el nombre de “Striketober”. Se trata de una oleada de huelgas, que sólo tiene comparación con las huelgas en EEUU a la salida de la Primera y la Segunda Guerra Mundial (NYT, 4/11). Las huelgas y la crisis política En muchas empresas los trabajadores se han lanzado a la huelga a pesar que en muchos casos los burócratas y las patronales firmaron acuerdos alternativos. Los demócratas junto a la AFL-CIO, impulsaron la “PRO act” una ley de sindicalización bajo la tutela de la burocracia, o sea como correa de transmisión del estado y las patronales y contra los activistas. La burocracia no lidera huelgas sino acuerdos antiobreros. Ahora, una líder de los trabajadores aeronáuticos, Sara Nelson, miembro del DSA (Democratic Socialists of America), impulsor de la campaña de Bernie Sanders, aparece como posible reemplazo del ex presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, quien murió en agosto pasado. El PTS de Argentina ha apoyado en reiteradas ocasiones a la DSA. En John Deere, por ejemplo, compañía de equipos agrarios, la burocracia y la patronal presentaron varios acuerdos con aumentos salariales que fueron rechazados, por insatisfactorios, por los 10.000 trabajadores en sus 14 fábricas. La empresa espera entrar a los subsidios estatales previstos por el “Green New Deal” de Biden, para la producción de maquinaria “verde” (NPR, 6/11). Los trabajadores entienden que las ganancias extraordinarias de la empresa no se condicen con los acuerdos que les proponen. En Kaiser, los 34.000 trabajadores de salud entraron en huelga por mejores condiciones laborales y mejores sueldos. En Kelloggs los trabajadores de la alimentación declaran que hay sobreturnos y que no tienen protección. Muchos trabajadores en McDonald’s denuncian que trabajan sólo por 7,25 dólares la hora y planifican una huelga nacional (Labor Notes). Esta ola de huelgas se da luego de que millones de trabajadores esenciales hayan trabajado bajo la pandemia en empresas que registraron enormes ganancias. La respuesta fue lo que se denominó la "Gran Resignación", la renuncia de 4,3 millones de trabajadores (según indica el Washington Post), sólo en el mes de agosto, a sus puestos de trabajo. Exigen mejores salarios y condiciones de trabajo más seguras en medio de la pandemia y nuevas olas de contagios. El mensaje de “you´re fired”, o “estás despedido”, se invirtió a “no vamos a trabajar bajo estas condiciones”. Lo que es único en este momento es que hay una escasez de mano de obra de la que muchos empleadores se quejan, pero es una escasez de mano de obra que es impulsada en gran medida por los propios trabajadores por insatisfacción con los trabajos que tienen actualmente. Esto se suma a una quiebra de la cadena de suministros a nivel internacional. Caída histórica La demanda más común que se ha visto durante esta reciente ola de huelgas laborales ha sido mejores salarios. Los trabajadores en EEUU han perdido poder adquisitivo en las últimas décadas. En 1980, el salario mínimo era de $ 3,10 y aumentó lentamente a $ 7,25 en 2009, cuarenta años más tarde, y se ha estancado desde entonces. Durante este período el costo de servicios esenciales como la atención médica, la vivienda y la educación aumentaron al mismo ritmo o mayor que la inflación, que ha sido al menos del 40/50 por ciento; el gasto en atención médica se multiplicó por diez y el costo medio del alquiler aumentó en más del 500% desde 1980. Los trabajadores que ganan más que el salario mínimo no están mucho mejor, ya que el poder adquisitivo promedio de la mayoría de los trabajadores estadounidenses prácticamente se ha estancado durante los últimos 50 años (Michigandaily, 4/11). Los beneficios empresariales y los salarios ejecutivos no han dejado de subir. Desde 1978, el salario promedio de los directores ejecutivos de las 350 empresas más grandes ha aumentado 1.322% (ídem). “Los trabajadores han visto una disminución neta en su salario durante los últimos 40 años, mientras que sus jefes han visto un aumento masivo” (ídem). El plan de gobierno de Biden está encallando en la crisis política que atraviesa EEUU. Las maniobras de Biden para reforzar a la burocracia sindical, incluso mediante un liderazgo “izquierdista”, no han contenido este ascenso.

El juez Javier Ríos condenó al compañero Cesar Arakaki a tres años y cuatro meses de prisión y a Daniel Ruiz a tres años, por su participación en las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional de Macri. El juez los condenó por “intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada”, a pesar de que ninguno de los dos estaba armado, ni intimidaron a nadie. La única y verdadera intimidación de la jornada fue la violenta agresión policial que comenzó el día 14 de diciembre -cuando la sesión colapsó- y siguió el 18. El juez aceptó el pedido de condena del fiscal Juan García Elorrio, quien encabezó una verdadera inquisición contra César y Daniel. Con este fallo, el juez refrendó el mandato político de los saqueadores de los bolsillos de los jubilados. César y Daniel fueron parte de la gigantesca movilización que salió a defender una causa obrera fundamental -la defensa de las jubilaciones. La reforma -pactada por Macri con los gobernadores peronistas- consistió en manotear cien mil millones de pesos de los fondos previsionales, mediante la aplicación de una nueva fórmula de movilidad. El gobierno de los Fernández reemplazó a ley macrista por otro despojo - una nueva “movilidad” que eliminó al índice de inflación en vísperas de una furiosa escalada inflacionaria. Ningún vocero del kirchnerismo ha abierto la boca para rechazar la persecución a Arakaki y Ruiz. La condena a los compañeros es una condena a la gran rebelión de aquel 18 de diciembre, justamente en momentos en que una nueva reforma jubilatoria está en la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario. La lucha por Cesar Arakaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero continúa. Por la revocación de este fallo aberrante y la absolución definitiva de los compañeros.

Buenas tardes, compañeras y compañeros. En este contexto de pandemia y frente a la actual crisis sanitaria, el gobierno no está dando la respuesta que todos esperamos. Muy por el contrario. Su propaganda política se basa en el levantamiento de las restricciones y en la no política sanitaria de prevención, frente a la tercera ola que estamos viendo se da en países como Finlandia, Lituania, Inglaterra, Nueva Zelanda, etc. Este colapso sanitario que vivimos no solamente los trabajadores sino la ciudadanía en general se pone de manifiesto con la precarización laboral, los salarios por debajo de la línea de la pobreza, el pluriempleo – que es una forma de autoexplotación que tienen los trabajadores. Esta crisis no es solamente producto de la pandemia sino que es producto de un proceso histórico que se viene dando con una crisis social, política y económica. Antes el acceso a la salud era un bien social. Hoy, el acceso a la salud es un privilegio de unos pocos, ya que en este momento podemos hablar de una mercantilización de la salud, manejada por las prepagas y manejada por las obras sociales a través de la burocracia sindical. Los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires hace más de dos décadas que venimos sufriendo una serie de restricciones y limitaciones respecto de nuestros derechos, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la reducción anual de los presupuestos en salud, en el 5x1 -o sea la intención de reunir cinco hospitales en uno-, el 3x1 en salud mental; medidas que van totalmente en contra de la realidad porque cada vez más atendemos padecientes mentales en los hospitales especializados y en los hospitales especializados de la salud. Hemos sufrido una verdadera reforma laboral en el año 2018 con la ley 6.035 que, entre gallos y medianoche, pasó el PRO en la Legislatura porteña. Actualmente, veinte hospitales de la Ciudad ven modificada parcialmente su estructura. Es están cerrando las concurrencias. La concurrencia es la mano de obra barata que tiene el Gobierno de la Ciudad para atender a la ciudadanía. Ellos la están cerrando en función de un negocio de la UBA con los posgrados pagos. Eso es terrible. En el hospital Tobar García -hospital de salud mental- se ha cerrado la sala de pequeños. En el hospital Moyano, en enero, se cierra el hospital de noche, primer sector externo de atención comunitaria en salud mental que se creó en 1986 en este país. Son todas medidas de achique que fomentan la salud privada. Por eso, desde Tribuna de Salud apostamos y apoyamos la construcción de un congreso obrero en el país. Los llamamos a todos a votar a las listas de Política Obrera en las regionales donde pasamos -en Salta y, para mí, en el corazón, Por un Santiago Obrero- y también a las listas de la izquierda y de los trabajadores en todo el país.

Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nuestra agrupación lucha como el movimiento de desocupados Polo Obrero Tendencia. Nosotros salimos a las calles todos los días a luchar con nuestros compañeros, a pedir nuestras reivindicaciones. Miles de desocupados salimos a luchar contra el gobierno, a pedir el Potenciar Trabajo. Queremos hoy decir que estamos en contra del Plan Empalme, que es sólo dar más poder a las grandes patronales para mandar nuevamente con los desocupados. Salimos a cortar el puente Saavedra, salimos a cortar el Puente Pueyrredón, varios meses de lucha. Estuvimos organizando un acampe y ahí sí, después de meses y meses de lucha, conseguimos un poco torcerle el brazo al gobierno. Queremos decir que el Potenciar Trabajo no es una solución de futuro, es una solución momentánea. Hace 20 años que los desocupados estamos luchando por nuestras reivindicaciones. Hoy en la actualidad el 20% de la población son desocupados. Nosotros como Polo Obrero salimos a la calle a combatir, pedir, exigir trabajo para todos. Nosotros no somos los haraganes como dicen, nosotros queremos trabajo, queremos ser tratados por igual. Para eso tenemos que llamar a que un día gobierne el pueblo trabajador. En el momento de votar es un momento muy importante porque es el momento en que nosotros los ciudadanos decidimos. Queremos dar un poco de aliento a los compañeros que siguen de izquierda, pero así nosotros también como Polo Obrero Tendencia y como Política Obrera tenemos que salir a la calle y defender nuestra postura. Tenemos que luchar hasta un Congreso Obrero, tenemos que organizar en las barriadas círculos, formar a los compañeros, porque nosotros los del Polo sabemos las necesidades de los habitantes. Formar políticamente a los compañeros para que en el momento en que Política Obrera esté en el mando estemos todos politizados y sepamos defender los intereses de los ciudadanos. Nosotros a través de Política Obrera con el Polo Obrero Tendencia estuvimos entregando los materiales, donde decimos y alentamos que haya un Congreso de los trabajadores. El 14 hay una elección. Sea el resultado que sea Política Obrera debe salir a las calles y seguir luchando defendiendo a todos los desocupados. No nos cansaremos hasta que termine la clase alta y todos seamos de una misma clase. Todos tenemos que llegar a ser una sola clase. La clase baja debe desaparecer de la Argentina. Tenemos que ser todos por igual. Nosotros en las barriadas esta crisis la enfrentamos con ollas populares. No teníamos ayuda, en las Villas no entraban las ambulancias y aquí estamos compañeros, saliendo como siempre a las calles, enfrentándonos al sol, a la lluvia, a las inclemencias, pero juntos seguiremos para adelante hasta lograr que el pueblo trabajador llegue hasta el gobierno. Gracias, compañeros. LEER MÁS ** “Argentina es el fiel de la balanza de la revolución en América Latina”, Intervención de Jorge Altamira en el acto en el Obelisco VER MÁS

Gracias compañeras y compañeros. El 2 de diciembre habrá elecciones en el sindicato telefónico de Capital y del Gran Buenos Aires, que se llama Foetra. Para cualquier compañero que tenga unos años ya, es un gremio muy conocido porque tuvo toda una etapa muy combativa y siempre fue en la clase obrera argentina un gremio que por su lucha, sus tradiciones, ha marcado etapas. El gremio fue recuperado de manos de una dirección menemista en el 97 e inició todo un proceso de lucha por la estabilidad laboral y que en los años siguientes, posteriormente al 2001, llevó adelante un proceso de recuperación del salario que lo puso entre los más altos del país. Y a continuación de todo eso recuperó la jornada histórica del gremio telefónico que era de 7 horas y que había sido arrebatada con la privatización en los 90. Y que previamente también intentó la burguesía arrancarlas en los 70, en la dictadura, y en plena dictadura de la época de Videla hubo un paro en defensa de la jornada de 7 horas. Esto da una dimensión de lo que es el gremio telefónico, que es un gremio estratégico también por la influencia que tiene la red de telecomunicaciones, más hoy en día, y donde incluso muchas otras actividades económicas dependen de estas redes para funcionar. Por ejemplo, el gremio bancario y tantos otros. Esta directiva que alcanzó procesos de lucha por medio de huelgas, piquetes y la conquista de reivindicaciones, desde el 2005, que ha sido el pico de ese proceso hasta hoy -quince años ya- ha recorrido el proceso contrario. Esta lista se vuelve a presentar a las elecciones del mes que viene y el rumbo que ha recorrido es el de la destrucción del salario, la flexibilización laboral -ha firmado infinidad de actas que ha atacado la jornada de 7 horas que se había recuperado anteriormente. Firmaron actas con nuevas categorías de 9 horas, de 8 horas. En Telecom-Clarín, que sería el “archienemigo”, firmaron la pérdida del descanso fijo los fines de semana, como se firmó ahora en Toyota. Esto fue hace ya dos años, así que están a la vanguardia de toda esta política. Y también firmaron un convenio para la actividad móvil, que son los trabajadores de las empresas de celulares, que es a la baja del convenio histórico de la telefonía fija. Es todo un proceso de conjunto que están llevando adelante y que en muchos casos se hace bajo la coartada de que los propios trabajadores aceptan las actas flexibilizadoras invidualmente, voluntariamente, pero es claro para todos nosotros que un trabajador, individualmente, no puede enfrentar a la patronal con todas las presiones que hay para que acepte esos condicionamientos, esas actas flexibilizadoras. Y esta directiva ha logrado todos estos años, a pesar de todo este desbarranque político, controlar el plenario de delegados y la mayoría de las asambleas y delegados del gremio. Hay un proceso acá que es muy interesante, porque en el 2014 hubo una lista de oposición que ahora se presenta por tercera vez, que sacó el 40 % de los votos y le disputó palmo a palmo los edificios más importantes del sindicato, llegando a ganar muchos de ellos. Y hoy en día, esta lista que viene de un retroceso -sacó el 27% en 2017- ha tenido muchos problemas para encarar a la juventud del gremio, a las nuevas generaciones de telefónicos y darle una perspectiva de lucha, de recuperación del salario, de la jornada laboral. Y tiene que ver con que es una oposición que tiene sus límites también. Pero a pesar de esos límites, nosotros hemos decidido conformar esta lista porque tenemos la orientación de desarrollar, de construir una orientación, una tendencia, una agrupación clasista, un movimiento clasista en el gremio telefónico que es el que tiene que hacer frente a toda esta política flexibilizadora de las patronales que es acompañada por la burocracia de la Azul y Blanca. Y que también tiene que desarrollar la conciencia en la base de todos los trabajadores del gremio, no solamente de que hay que pelear en nuestro gremio por el salario y por las condiciones laborales, sino que esto es muy difícil de llevar adelante al margen de la situación de la clase obrera que tenemos en todo el país. Entonces la campaña también la tenemos que desarrollar, por supuesto que en las elecciones llamando a votar contra los partidos patronales y a las distintas listas o frentes de izquierda que pueda haber en estas elecciones, sino fundamentalmente tenemos que darle la orientación de que hay que construir, para sacarnos de encima a la burocracia sindical en todos los sindicatos y tener una nueva perspectiva, no solo en los sindicatos sino para intervenir en todos los ámbitos, en las calles, como un factor político en el país. Tenemos que darle la perspectiva, explicarla y desarrollarla, de que tiene que ser un objetivo construir un congreso del movimiento obrero en todo el país. Que tenga como objetivo que la clase obrera sea un factor político, que intervenga la clase obrera para que nos dé una perspectiva y cambie la agenda política del país, y es por esto que los compañeros me han dado el honor de dirigirme en este acto a todos ustedes para defender y desarrollar esa perspectiva. Muchas gracias.

Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. En primer lugar quiero decir que es un privilegio para mí abrir este acto. Compañeros, los trabajadores del subte estamos librando grandes batallas, grandes combates hoy en día. No sólo contra el aperturismo criminal de los gobiernos y de la empresa Metrovías, sino también para defender nuestro salario y principalmente, en los últimos años, nuestra salud. A los terribles efectos que tuvo la pandemia en nuestras filas, con muertes de compañeros muy allegados a nosotros, estuvimos luchando ferozmente contra una contaminación particular que tenemos en el subte, no solamente en nuestros sectores. Porque está presente un cancerígeno -el asbesto- que también está en las escuelas, en los hospitales, en los museos, en las dependencias municipales. Compañeros, esta contaminación es producto de la conducta criminal de la empresa Metrovías, de los gobiernos de la Ciudad y más anteriormente, de los gobiernos nacionales. Enfrentamos esta lucha con las armas históricas de nuestra clase: la asamblea y la huelga, la asamblea y la movilización, la asamblea y el piquete. Ha sido una escuela fenomenal para toda una nueva generación de activistas muy jóvenes. Compañeros, somos conscientes, y tengo el honor, el orgullo, de ser dirección de un sector que está realizando una medida de fuerza histórica dentro del movimiento obrero argentino. Hace dos años y medio que estamos de retención total de tareas en defensa de la vida. De la vida de los trabajadores. Compañeros, los partidos de las patronales no ofrecen ninguna salida a nuestros reclamos. Lo único que ofrecen son distintas variantes de aplicación del ajuste, de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Compañeros, es necesario más que nunca crear herramientas para imponer debatir y sacar conclusiones propias de los trabajadores. En ese sentido, vamos a dar apoyo de Política Obrera al voto a la izquierda; a Política Obrera y a todos los sectores que representen a los trabajadores. Y en ese sentido también es necesario un congreso de trabajadores que sea una herramienta para continuar nuestras luchas. Compañeros, ¡a construir! Muchas gracias.

Un reportaje del periodista Alejandro Bercovich al candidato kirchnerista Leandro Santoro despertó un interés desmesurado por parte del principal editorialista de Izquierda Diario, Fernando Rosso. En la entrevista, Santoro había descartado un choque o una ruptura con el FMI con el argumento de que “no da la correlación de fuerzas”. Rosso replica a Santoro que “es la lucha la que cambia la correlación de fuerzas”. Una polémica sobre la “corelación de fuerzas” está fuera de lugar, salvo que quienes la protagonicen sean kirchneristas. Comparten la estrategia y difieren en la táctica; divergen acerca de la modalidad de defensa del mismo interés de clase y político. Rosso -o sea el PTS- se embarca en un debate sobre la “correlación de fuerzas” con el gobierno cuyo propósito es cambiar esa “correlación” por medio de un acuerdo con el FMI. Apenas fue ungido candidato por Cristina, en abril de 2019, la primera reunión de Alberto F. fue con los representantes de los fondos internacionales en el país. Allí, les aseguró la voluntad estratégica del tándem FF en arreglar los asuntos de deuda que Macri había dejado en ‘default’. Macri aprovechó la ‘correlación de fuerzas’ en su contra para descargar la responsabilidad de la renegociación de la deuda al kirchnerismo. La invitación de Rosso a Santoro para formar un frente de lucha que modifique la ‘correlación de fuerzas’ es una muestra del seguidismo del PTS al kircherismo y al albertismo (Santoro), cuando no una completa capitulación. El resto del FIT-U acompaña todo esto con el slogan de “la izquierda que se une”. Santoro recurrió al pretexto de la ‘correlación de fuerzas’ para ocultar su apoyo total y completo al acuerdo con el FMI; de lo contrario no habría sido designado candidato a primer diputado por CABA. En lugar de desenmascarar el embuste de Santoro, Rosso lo invita a la ‘lucha’. Patético’. Que alguno de los socios de Rosso se distancien del brulote para su propia protección, no cambia nada acerca de la naturaleza del FIT-U. A su turno, cada uno de esos socios recurre a planteamientos políticos similares. Correlación de fuerzas Rosso señala que resignarse a la “correlación de fuerzas” es la negación “de toda política”, la cual siempre consiste en “alterar la relación de fuerzas existentes”. Estamos ante una aclaración que oscurece, porque ¿contra quién querrían los Fernández cambiar las relaciones de fuerza? Si es contra el macrismo, lo conseguirían mediante un acuerdo con el FMI, el cual pasaría del apoyo que dio al macrismo a un apoyo al frentetodismo. Una ruptura con el FMI, sobre una base capitalista, lo empujaría a la hiperinflación y al ‘rodrigazo, ¿o Rosso piensa que lo volcaría al control obrero y al armamento del proletariado? La “correlación de fuerza” que sí habría que modificar es la de la clase obrera con el gobierno capitalista del peronismo, por ejemplo por medio de un Congreso de delegados y luchadores obreros, al cual el PTS se opone. Se opone porque perjudicaría al gobierno de Santoro. La diletancia lleva a Rosso a asesorar a Santoro en sus términos, que son los de la política burguesa. Estamos aquí ante un morenismo (Nahuel Moreno) puro, siempre dando consejos a los jefes de la burguesía nacional. Pero en este punto el editorialista de izquierda se equivoca grueso. El gobierno calcula todo el tiempo la “correlación de fuerzas” pero en términos antagónicos a los que le atribuye Rosso. El dilema que atraviesa a albertistas y cristinistas hoy es cómo cerrar un acuerdo con el FMI, y no cómo romper. Para el gobierno, la “principal relación de fuerzas” es la que lo opone a la clase obrera. En vez de poner de manifiesto el derrumbe del gobierno y del peronismo, y convocar a la autonomía política de los trabajadores, el FIT U juega el juego de la izquierda kirchnerista, en la expectativa de un rédito electoral. Reclama una apoyatura “popular” para el control de precios, y sugiere a los candidatos K que se animen a luchar contra el FMI. Los divagadores de la “relación de fuerzas” saben que el régimen vigente no tiene disyuntivas: si firma con el FMI, como lo ha hecho con el ciento por ciento de los acreedores internacionales, y por un monto varias veces superior a la deuda con el FMI, corre el riesgo de una rebelión popular, a término; y sabe también que una cesación de pagos con el FMI produciría un colapso del régimen económico y social. Una crisis es una crisis cuando todas las salidas son peligrosas para el sistema, incluida la de no elegir ninguna. Los charlatanes de la “correlación de fuerzas” le ocultan a las masas que sólo una acción histórica independiente es una salida para los explotados, y ese ocultamiento es la herramienta del capital para navegar las crisis terminales y descargar sus consecuencias sobre los trabajadores.

La interna de la CGT por la renovación de autoridades ha tomado características de un cambalache. En las últimas semanas se conjugaron esquemas de la futura conducción que se derrumbaban apenas llegaban a las páginas de los diarios. Detrás de estas idas y venidas, alianzas y rupturas, roscas y acuerdos, asoma la disyuntiva que enfrenta la burocracia para posicionarse frente crisis del régimen político. El ‘golpe blando’ contra el gobierno, que hasta hace poco se adjudicaba al macrismo, ha vuelto al ruido político, pero esta vez promovido desde el peronismo. Los ataques de Fernández ‘a los cordobeses’ apuntarían a esa dirección. El último trascendido, que pretende ser definitivo, conformaría la dirección de la CGT con un triunvirato integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. Este esquema dejaría afuera al jefe de la UOM, Antonio Caló, que amenaza con romper la central y puja por desplazar a Acuña, representante de la fracción “disidente” de Barrionuevo, o a convertir el triunvirato en un cuarteto. El desplazamiento de Caló de la conducción de la CGT es revelador. Según Clarín, “una razón por la que marginan a Caló de la futura conducción de la central obrera peronista es su perfil político. Últimamente se muestra muy alineado con la Casa Rosada y en la CGT pretenden mostrar autonomía del Poder Ejecutivo”. La “autonomía” que busca la CGT no consiste en una independencia política del Estado. La crisis del armado de la cúpula de la CGT está relacionada con el alcance que la derrota electoral del gobierno podría tener para su supervivencia. Los operadores del golpismo han lanzado al ruedo la convocatoria de una Asamblea Legislativa, un procedimiento para elegir al reemplazante de los Fernández. En este cuadro, Caló protagonizó en un predio metalúrgico de la localidad de Pilar un plenario de delegados junto con el gobernador Axel Kicillof, como un acto de campaña en apoyo al elenco oficial del Frente de Todos. Los medios interpretaron este acto de campaña como un apoyo del kirchnerismo a la candidatura de Caló al Consejo Directivo de la CGT. La CGT se ha convertido en uno de los epicentros del desenlace de la crisis política. El acercamiento de Caló al kirchnerismo acompaña el de otros dirigentes metalúrgicos, como el número dos del sindicato, Naldo Brunelli, de la UOM San Nicolás, que encabezó la lista del Frente de Todos para diputados provinciales en la segunda sección electoral. Fue uno de los pocos cargos de relevancia que obtuvo la burocracia cegetista. La industria metalúrgica sería una de las principales víctimas de una devaluación del peso, acompañada por un aumento elevado de la tasa de interés, como propicia el FMI. La posibilidad de exclusión de Caló de la cúpula dejó trascender rumores de ruptura del líder metalúrgico junto con otros gremios industriales. La burocracia de Smata apoya la postulación de Caló. La cúpula de la CGT apunta ahora a formar parte de una coalición de gobierno no kirchnerista después del 14 de noviembre. La designación de Manzur como jefe de Gabinete tuvo que ver, entre otras cosas, con sus fuertes vínculos con Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT; ambos son 'empleados' de los grandes laboratorios farmacéuticos. Este congreso de la CGT se realizará a espaldas de los trabajadores y de las luchas que se encuentra liberado el movimiento obrero. Los trabajadores de OCA están enfrentando los despidos que se llevaron a cabo con la complicidad de la dirección del sindicato camionero. Ni hablar de la lucha de las decenas de miles de desocupados que se movilizan a diario en reclamo de trabajo genuino. A la disputa de camarillas de la CGT y la crisis del régimen político, oponemos un congreso obrero que delibere por una intervención política autónoma de la clase obrera y por la preparación de la huelga general.

-Declaración de Tribuna Docente (Tendencia) ante las asambleas ordinarias del 24/11 y el Congreso de SUTEBA - Nuestro sindicato atraviesa una crisis histórica. La razón es que la actual dirección provincial (lista Celeste-Violeta) está entrelazada política e institucionalmente con un gobierno en crisis terminal, que ha hundido a trabajadores y jubilados. Como consecuencia del apoyo de la dirección provincial del SUTEBA a toda la política oficial, la docencia atraviesa una situación catastrófica desde todo punto de vista. Las paritarias pactadas entre el gobierno provincial y Baradel, dejaron el salario básico de una maestra sin antigüedad en $23.661 para noviembre. El salario de bolsillo superaría apenas los $40.000, cuando la canasta familiar representa más del triple. El salario real de un docente viene retrocediendo desde hace siete años. La docencia es empujada a trabajar en dos y hasta tres cargos. Cada vez más compañeros recurren a otros trabajos para poder llegar arañando a fin de mes. La “recuperación del salario” que prometieron nunca existió. La precarización laboral (Planes FORTE, ATR) y la desocupación entre la docencia, aumentaron. Los actos públicos se realizan a cuenta gotas. Nuestra obra social (IOMA) cada vez cuenta con menos prestaciones. Las escuelas se encuentran en peores condiciones que antes de la pandemia, en materia de infraestructura y recursos pedagógicos, entre otros. Baradel fue coparticipe del ajuste que ha realizado el gobierno de los Fernández. ¿O quién pactó las paritarias con el gobierno y avaló todas las políticas del actual período? La crisis humanitaria desatada por la pandemia continúa. Con la amenaza de una nueva “ola” de la variable delta, la ´apertura´ económica y educativa puso de manifiesto la estrategia de adaptación a la llamada ´nueva normalidad´, o sea la convivencia con el virus, que las vacunas no han erradicado. Todos los gobiernos han salido en apoyo a la clase capitalista; las cotizaciones elevadas en las bolsas y los balances de las compañías contrastan con el crecimiento abismal de la pobreza. Tres de cada cuatro pesos que se emitieron fueron a parar a las patronales bajo la forma de ATP, subsidios y todo tipo de exenciones impositivas. La emisión de ese dinero fue absorbida por los bancos, que ganaron más de 40% anual con las Leliqs. La presencialidad fue impulsada, incluso antes de la vacunación, por el gobierno de los Fernández, Kicillof y la burocracia de los sindicatos, incluida SUTEBA. La Multicolor defendió una presencialidad mentirosamente “segura”, para atender, dijo, a “la opinión pública”. La educación virtual fue sostenida solamente por el esfuerzo de la docencia que tuvo que soportar una sobre carga laboral sin precedentes y poniendo de su bolsillo para acceder al equipamiento y la conectividad necesaria. En la provincia de Buenos Aires, 6 de cada 10 niños están bajo la pobreza. Miles de estudiantes se vieron obligados a abandonar la Escuela Pública para trabajar y llevar algún mango más a casa. El fracaso de la gestión educativa del gobierno quedó de manifiesto primero con la renuncia de la vice ministra Adriana Puiggrós, y luego con la expulsión del ministro de Educación, Nicolás Trotta. La dirección de Ctera y el sindicato han boicoteado las huelgas en un conjunto de provincias (Salta, Tucumán, ahora Santa Fe). Por otro lado, Baradel ha dejado pasar los ataques contra la docencia acusada de “adoctrinar” a los estudiantes en las aulas, a raíz del caso que se hizo público de una docente de La Matanza. Cuando Kicillof se abalanzó a sancionar a la compañera denunciada por ´adoctrinamiento´ por la derecha, la dirección de Suteba se llamó a silencio. Los sindicatos deben combatir cualquier castigo punitivo contra los trabajadores – las conductas de unos y otros deben debatirse en el ámbito sindical. La dirección provincial de SUTEBA impulsa un debate alrededor de “La Escuela que queremos”, para justificar la implementación de nuevas “reformas educativas” que ya han fracasado. La Educación forma parte de un sistema político y social que se encuentra en plena decadencia. Los Estados desfinancian a la educación y a la salud pública, para avanzar en su privatización. La miseria social es generalizada, los trabajadores cobran salarios y jubilaciones de hambre, es imposible acceder a una vivienda propia. No puede existir una educación “emancipadora” sin superar al régimen capitalista y sus gobiernos. Reivindicamos un sistema educativo único, laico y estatal, dirigido y gestionado por los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura. Rechacemos la memoria y balance La memoria y balance, así como la política gremial para el 2022, como es “costumbre”, no se dio a conocer con antelación -mínimo un mes- para que se pueda procesar un debate real entre la docencia. El balance financiero y económico del sindicato nunca ha sido discutido con la base. Este ocultamiento sería suficiente para impugnar ´la hoja de ruta´ de la dirección de Baradel. El gobierno nacional ha desarrollado un ´ajuste´ para preparar el acuerdo con el FMI, que ha hundido el ingreso nacional de los trabajadores. El acuerdo con el Fondo significará una reforma laboral y previsional que incluirá la eliminación del sistema previsional de la docencia y el desmantelamiento de otros “regímenes especiales”. La conducción Celeste-Violeta, que ha colocado al SUTEBA al servicio del gobierno, no reúne ninguna condición para resolver ninguno de los problemas de los trabajadores (salarios, salud, vivienda, educación, etc.). El primer paso para sacar al sindicato es que sea independiente del estado y de las patronales -en primer lugar, las educativas, incluido el clero-. El Congreso de SUTEBA debería convocar a la docencia a prepararse para una intervención histórica, junto a toda la clase obrera, en defensa del salario, el régimen jubilatorio y las conquistas laborales. Invitamos a la docencia a participar masivamente de las asambleas ordinarias, a rechazar la memoria y el balance de la dirección provincial, y a elegir para el próximo período electoral juntas anti burocráticas e independientes. Es hora de hacer oír nuestra voz. Defendemos el siguiente programa político/reivindicativo: ¡Fuera la burocracia sindical! Por un SUTEBA independiente del Estado y las patronales. Por la convocatoria a asambleas y plenarios de delegados con mandato. Aumento general de salarios y jubilaciones. Por un salario básico por cargo igual al costo de la canasta familiar ($140.000). Jubilaciones del 82% móvil de ese salario. Paritarios electos en asamblea. Ningún acuerdo se firma sin mandato de las bases. Abajo la reforma laboral y previsional. Defensa de nuestro estatuto del docente y nuestro régimen jubilatorio. ¡Fuera el Fondo Monetario Internacional! No al pago de la deuda. Nombramiento y creación de todos los cargos faltantes, bajo convenio. Pase a planta de todos los trabajadores precarizados (+ATR, FORTE). Por actos públicos regulares y transparentes. Por el derecho de la docencia a suspender la presencialidad en pandemia. Vacunación completa para toda la comunidad educativa. Defensa de nuestra obra social. Basta de vaciamiento. Por un IOMA dirigido por los trabajadores. Triplicación del presupuesto educativo, plan de obras de infraestructura bajo control obrero. Ni un peso más a la Educación privada y clerical. Por una Sistema Educativo Nacional, Estatal, y Laico. Por una educación politécnica, científica y cultural, gestionada por los trabajadores de la educación, con una perspectiva socialista.

Luego de una maratónica sesión de casi 24 horas, con 78 votos a favor y 68 en contra, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional contra Piñera. Enseguida, el Congreso trató otras dos cuestiones: la Cámara de Diputados dio luz verde a la extensión del Estado de Emergencia en las regiones de las comunidades mapuches, y el Senado rechazó el cuarto retiro de los fondos de las AFP. La Convención Constituyente observa estos acontecimientos como si ocurrieran en otra galaxia. Juicio a Piñera La votación de la acusación fue presentada por la oposición luego del escándalo de los Pandora Paper que revelaron la venta de la Minera Dominga, propiedad del presidente de Chile, por medio de transacciones en las cuentas offshore de Piñera en las Islas Vírgenes Británicas. La destitución eventual de Piñera queda a cargo ahora del Senado. Esto ocurre a solo dos semanas de las elecciones presidenciales y a cuatro meses de que finalice su mandato. La minera representa un irreparable daño para la flora y fauna de la localidad de La Higuera. Paralelamente, el Ministerio Público de Chile informó la apertura de una investigación judicial contra Piñera por “posibles delitos tributarios y de cohecho”. “El señor Smith viaja a Washigton” La votación en Diputados comenzó ayer a las 10 horas con un cuadro irregular. El diputado y candidato presidencial, Gabriel Boric, había dado positivo en el test de la variante Delta de Covid, afectando al diputado frenteamplista Giorgio Jackson, contacto estrecho de Boric, y haciendo peligrar el quórum para la votación contra Piñera. Para conseguir que Jackson finalizara el lunes su último día de cuarentena, la oposición apeló al “filibusterismo”, una práctica parlamentaria en Estados Unidos para alargar la sesión el tiempo que se conviene necesario. El diputado de la oposición Jaime Naranjo (Partido Socialista), abrió la sesión leyendo un mamotreto de mil trescientas páginas para darle tiempo a Jackson a cumplir su tiempo de cuarentena. La lectura de Naranjo duró catorce horas, y Jackson pudo dar quórum para que la acusación constitucional avance al Senado. Cuarto retiro y militarización contra los mapuches En el Congreso se votaron además otras dos controvertidas cuestiones. Por un lado, el cuarto retiro de los fondos de AFP no logró obtener el quórum para su aprobación en el Senado. Al momento de escribir la nota, el Senado aún no definía si el proyecto se devolvía a una Comisión Mixta y bajo qué composición parlamentaria sería tratado. Si Boric, el candidato del Frente Amplio y el partido comunista, gana el sillón presidencial, tendrá que lidiar con la reforma al sistema de pensiones, cuyas cuentas individuales han quedado cerca de cero. Un cuarto retiro también coloca en una posición difícil al oficialismo, como ocurrió con los retiros anteriores. Los fondos de pensiones son la principal fuente financiera de acumulación capitalista. La otra votación importante giró en torno a la guerra del Estado contra el pueblo mapuche. Piñera solicitó al Parlamento el pasado jueves la extensión del Estado de Emergencia para la zona que se encuentra entre las regiones del Biobío y la Araucanía, donde viven las comunidades mapuches en conflicto por la propiedad de las tierras confiscadas por la industria forestal. Los sectores liderados por el presidenciable ultraderechista José Kast reclaman que se extienda la militarización; con la ayuda de las bancadas de la ex Concertación, la Cámara de Diputados votó a favor de que se militarice el Wallmapu. La cuestión mapuche goza de gran popularidad en los sectores de masas, como lo prueba que se garantizó a los mapuches una representación en la Convención Constituyente, aunque sus posiciones y rol de estos representantes no van necesariamente de la mano de las acciones de lucha directa que organizan las comunidades originarias. La Convención Constitucional, cuyas fuerzas están fragmentadas adentro y afuera de ella, no han jugado ningún rol en el intento de destitución de Piñera, así como tampoco en las decisiones acerca de los retiros de las AFP y el conflicto mapuche. Han acompañado, con la inacción, las acciones reaccionarias del Congreso. La Convención, reducida a la nada, sigue siendo una molestia, sin embargo, para el régimen en su conjunto, porque debe legislar constitucionalmente sobre los fondos de pensión y la cuestión mapuche, y hacerlo en un plazo definido que se acorta. Si fracasa en este cometido mínimo, seguirá en vigencia la Constitución de Pinochet. En la eventualidad de un triunfo de la derecha fascistoide en la segunda vuelta de la elección presidencial, entre Kast y Boric, el impasse constitucional, se resolvería mediante la disolución de la Convención. La rebelión popular de octubre de 2019 y las revueltas que se produjeron en ocasión del reciente aniversario, no han modificado la tendencia popular hacia una abstención fuerte en las elecciones, si no es que la han acentuado todavía más. De modo que los resultados de las elecciones presidenciales podrían añadir un nuevo punto de confrontación con las autoridades que salgan consagradas en esos comicios. El impasse catastrofico del centro izquierda y del partido comunista van agotando las expectativas parlamentarias, sea en el Congreso o la Constituyente, y preparan las condiciones políticas para la continuidad de la rebelión popular.

Este martes 9 de noviembre una coordinación de organizaciones nos concentramos en la rotonda de Lavallol para realizar un acampe en el marco de plan de lucha que venimos llevando adelante desde haces dos meses y sin que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Frente de Todos) de respuestas a reclamos que ya llevan un año sin ser atendidos. El municipio no solo no atiende ni escucha los reclamos, sino que a altas horas de esta noche dieron rienda suelta una emboscada y una brutal represión policial sobre las organizaciones que se estaban manifestando, dando lugar a una salvaje cacería de desocupados, mientras las compañeras corrían con sus hijos por las calles del barrio o por las vías del tren. La represión policial se extendió hasta en la misma estación de trenes de Luis Guillón. Denunciamos que el Indendente Gray se vale de la fuerza represiva para amedrentar movilizaciones de trabajadores desocupados y trabajadores municipales. Exigimos la renuncia de todos los jefes policiales y el desmantelamiento del aparato represivo. En este momento hay decenas de heridos y también detenidos en la comisaría de Luis Guillón, pertenecientes a Izquierda Latinoamericana Socialista, el MTR Votamos Luchar y el Polo Obrero Tendencia. Exigimos la libertad para nuestro compañero Roberto Alvarez y de todos los detenidos. Llamamos al conjunto de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a repudiar la represión y los convocamos a movilizarnos a la comisaria de Luis Guillón y al municipio de Esteban Echeverría.

El robo perpetrado en Ramos Mejía (La Matanza), que derivó en el brutal asesinato del kiosquero, desató una polémica que trasciende el marco de un caso policial. La prensa del régimen así como sus representantes políticos lo han hecho parte de la agenda electoral. Lejos de ser un episodio a resolverse “votando bien”, lo que quedó expuesto es el cuadro de desintegración política y social al calor de la crisis sin parangón que atraviesa la Argentina. El episodio en Ramos Mejía reúne los elementos de una barbarie social. Uno de los delincuentes, con antecedentes penales -había sido liberado en 2020 tras cumplir su condena- y una menor de 15 años, mataron a quemarropa y con varios disparos al kiosquero. Tenemos, de un lado, cárceles que sirven para entrenar en el delito y que no apuntan a ningún tipo de reinserción; y, del otro, a menores sin ningún futuro. Los vecinos marcharon a la comisaría del barrio a denunciar "zona liberada" y al grito de “que se vayan todos”. Recibieron como respuesta la represión avalada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que luego declaró que “no se trató de un problema policial”, porque “hay patrulleros y efectivos por todas partes”. En la polémica que se abrió, Kicillof aseguró que, en lo que concierne al delito, “las encuestas están dando mejor''. Para el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, “(ni siquiera) se trata de encuestas” porque “en todo el mundo pasa lo mismo”. The Washington Post ha informado que la tasa de delitos, en Estados Unidos, está creciendo. La crisis humanitaria en que el capital ha convertido a la pandemia, adquiere nuevas manifestaciones. The Economist ha desafiado la cifra oficial de cinco millones de muertes por el Covid-19 – los estudios del semanario británico elevan el número de diecinueve millones. Juntos por el Cambio dio de baja su acto de cierre electoral para “apoyar a la familia del kiosquero”, como si bajo el gobierno de Macri, o de los gobiernos locales del macrismo, imperara la armonía social. Denuncia al kirchnerismo como responsable de una “puerta giratoria de delincuentes”. Dejó de lado al poder judicial y a la Corte, responsables de condenas y de libertades; ni qué decir el Servicio Penitenciario, el primer escalón de Patricia Bullrich en su meteórica carrera represiva. La Side de Stiuso y de Arribas quedó también fuera del escenario, cuando saben más de delitos que todos los poderes formales. Los delitos seguidos de muerte abundan en la clase capitalista, cuando se trata de negocios por abajo y por encima de la mesa, ni qué decir del narcotráfico, que involucra a la policía, por supuesto, pero también a otros escalones de la burocracia del estado. La crisis humanitaria ha agravado la miseria social, que no es lo mismo que la pobreza, sino la deshumanización que acompaña a la sociedad capitalista, el estado de degradación. El lumpen, por cierto, es manipulado por punteros (lúmpenes ellos también), por los jefes de las barrabravas o por las burocracias sindicales. Así, cobra forma el delito organizado por el propio Estado. Aníbal Fernández tuvo el atrevimiento de afirmar que bajo su gestión anterior tuvo éxito la lucha contra el delito, cuando él mismo liberó la zona de Barracas donde los barrabravas de Pedraza le quitaron la vida a nuestro compañero Mariano Ferreyra. La inseguridad popular exige una lucha de clases de carácter político, para acabar con el capitalismo. Como toda acción política, plantea un método independiente y un programa integral de nuestra clase. En los barrios, la auto-organización popular es la única herramienta para la lucha por viviendas, cloacas, asfalto, luz, agua potable, trabajo, alimentación, una herramienta para forjar la unidad de clase en el territorio. Lo mismo para la juventud y la mujer. La necesidad de un Congreso Obrero, que sea una herramienta para la lucha contra el Estado capitalista, está a la orden del día.

A trece años de su fallecimiento, conmemoramos la vida, los sueños y la acción social y política de Miriam Makeba, quien luchó a brazo partido contra la segregación y opresión de los explotados. Nacida en 1932, en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, se ganó una reputación importante por su trayectoria artística, que la hizo conocida como Mamá África. Antecedentes sociales y políticos Desarrollada durante siglos, la segregación racial y étnica se legalizó e instauró en Sudáfrica y Namibia en el año 1948. El Apartheid no solo consistía en la división de los diferentes grupos "raciales", acuerdo a la apariencia, la aceptación social o la ascendencia. Este régimen también impedía legalmente el acceso de los negros a los cargos públicos. Miriam Makeba comenzó su carrera como cantante en los años cincuenta, con el grupo Manhattan Brothers. Después fundó su propia banda, The Skylarks, que mezclaba jazz con música tradicional sudafricana. En 1967 alcanzó fama internacional con “Pata Pata”, canción inspirada en una danza de las chabolas de Johannesburgo. En 1963, el gobierno sudafricano prohibió todos sus discos y le impidió regresar a su país. A lo largo de su carrera, la diva sudafricana colaboró con algunos de los más renombrados artistas, como Paul Simon, - Simon & Garfunkel- o el «Rey del Calypso» Harry Belafonte, con quien alcanzaría el primer Grammy conquistado por una mujer negra (1996): “An Evening with Belafonte/Makeba” fue premiada como Mejor Grabación Folk. Durante su exilio en Estados Unidos, Miriam Makeba fue comparada con las grandes voces del momento como Ella Fitzgerald o Frank Sinatra. Durante su vida, debió enfrentarse a adversidades tales como un cáncer de mama y otro de útero, ambos superados; un marido golpeador, el ya mencionado exilio, por causa de su activismo y compromiso político. Debido a su casamiento en 1969 con el activista negro trinitense Stokely Carmichael, líder del Partido Pantera Negra y a través de sus propias inquietudes artísticas, el contenido político que poco a poco fue inundando las canciones de Miriam Makeba la colocó en una lista negra. Las autoridades estadounidenses obligaron a la discográfica RCA a rescindirle el contrato, y poco a poco sus conciertos y giras se fueron cancelando. En Chile, Makeba actuó en la décimo tercera edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en 1972. Al comenzar su actuación, dedicó "Pata Pata" a Allende y gritó “¡viva la revolución chilena!”. Nelson Mandela, tras su liberación, convenció a Makeba a que volviese a su país natal y le ofreció un cargo de ministra en su gobierno, que ella no aceptó. Makeba falleció el 10 de noviembre de 2008 en la localidad de Castel Volturno, en el sur de Italia, a causa de un paro cardiaco que sufrió poco después de participar en un concierto contra el racismo y la mafia en favor del periodista y escritor italiano Roberto Saviano, autor del libro Gomorra.

El día martes 9, un joven que concurre a la Escuela Técnica de nuestra ciudad recibió una brutal golpiza cuando se dirigía al establecimiento educativo. Cuatro uniformados lo confundieron, dicen, con uno de los delincuentes que buscaban por un hecho delictivo. Según testimonios de vecinos, el adolescente recibió diversos golpes en todo su cuerpo, y también habría sido esposado y amenazado con el arma reglamentaria por uno de los policías. Cuando se percataron que se habían confundido, dejaron al joven abandonado. El hecho se desencadenó en las inmediaciones del playón de la calle Joaquín V. González, en donde se realizan las actividades de educación física de la Escuela Técnica. Autoridades del establecimiento realizaron la denuncia, cuando el alumno por sus propios medios llego a la escuela, para luego quedar internado en el Hospital Zonal Posadas para su evaluación. Este hecho demuestra como tantos otros, el sometimiento que sufren los jóvenes de parte de las fuerzas represivas del estado, amedrentándolos y queriéndolos silenciar. No olvidemos el caso de Facundo Castro, y su desaparición forzada seguida de muerte que aún sigue impune. Hay que desmantelar a estos aparatos represivos vinculados también al delito. Por cuerpos de protección ciudadana controlados por las organizaciones de trabajadores, con personas seleccionadas por organizaciones obreras y de derechos humanos.

Este martes 9, una coordinación de organizaciones nos concentramos en la rotonda de Lavallol para realizar un acampe en el marco de plan de lucha que venimos llevando adelante desde haces dos meses. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Frente de Todos) no da respuestas a reclamos que ya llevan un año. El municipio no solo no atiende ni escucha los reclamos: a altas horas de esta noche dieron rienda suelta a una emboscada y brutal represión policial sobre las organizaciones que se estaban manifestando, dando lugar a una salvaje cacería. Mientras tanto, las compañeras corrían con sus hijos por las calles del barrio o por las vías del tren. La represión policial se extendió hasta la misma estación de trenes de Luis Guillón. Allí, varias mujeres tuvieron que refugiarse debajo de los andenes para evitar ser baleadas por la policía, con el peligro de ser atropelladas por las formaciones. Además, los patrulleros se dedicaron a recorrer una amplia zona que llegaba hasta el barrio Malvinas para amedrentar a los compañeros dispersos. Denunciamos que el Intendente Gray se vale de la fuerza represiva para amedrentar movilizaciones de trabajadores desocupados y de municipales. Exigimos la renuncia de todos los jefes policiales y el desmantelamiento del aparato represivo que recibe órdenes del ministro Berni y el gobernador Kiciloff. La propia policía declaró ante los manifestantes que eran “ordenes de arriba, del Ministerio de Seguridad”. La represión dejó 70 heridos de balas de goma y también 8 detenidos en la comisaría de Luis Guillón, pertenecientes a Izquierda Latinoamericana Socialista, el MTR Votamos Luchar y el Polo Obrero Tendencia, que fueron liberados esta mañana. En la Comisaría de Luis Guillón esposaron a una embarazada y vejaron a un hombre mayor, además de robarle dinero y pertenencias a otro de los compañeros. Llamamos al conjunto de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a repudiar la represión y los convocamos a movilizarnos este viernes 12 a las 9 horas al municipio de Esteban Echeverría

Además del triunfo de la Revolución bolchevique, este 7 de noviembre se conmemoró el natalicio de León Trotski. Sus análisis sobre la degeneración de la burocracia soviética son un instrumento imprescindible para entender la crisis política que vive Cuba. A Alejandro Esteve, Alexander Hall y Dalton Liebknecht. Similar a la burocracia soviética, el Gobierno cubano se ha ido alejando de la realidad que vive la clase trabajadora. El ejemplo más rotundo de esto lo constituye el hecho mismo de que acontecieran las protestas del 11 de julio. A ello, se le suma, como otra muestra de desconexión, la manera en que desde el discurso oficial han sido manejadas las protestas, criminalizándolas y reduciéndolas a supuestamente haber sido funcionales a la contrarrevolución. Tras las manifestaciones del 11 de julio, el Gobierno cubano no se percató de la urgente necesidad de crear nuevos mecanismos de participación ciudadana. La forma que entendió el Gobierno para acercarse a la clase trabajadora no fue estimulando la democracia socialista sino haciendo visitas a los barrios populares. Por lo general, estas visitas, planificadas verticalmente desde arriba y anunciadas con anterioridad, terminan siendo un maquillaje de la zona por donde pasará el alto funcionario, para más tarde todo continuar igual. En reciente entrevista a un medio de prensa extranjero, un alto dirigente cubano declaró que en Cuba no había ni hambre, ni desempleo, ni pobreza. Este grave caso de quiebre con la realidad solo puede tener dos motivos. O, el más peligroso: la burocracia desconoce la realidad del país; o, sabe de ella pero transmite un discurso triunfalista el cual causa descontento entre amplios sectores de la clase trabajadora cubana. En diciembre de 2020, el ministro de economía Alejandro Gil informaba que en 2021 el Producto Interno Bruto crecería en 6%. Contrario a esto, en las pasadas sesiones del parlamento, Gil anunció que el PIB había caído en -13%. El mismo funcionario anunciaba en mayo de 2021 que este año Cuba recibiría al menos 2 millones de turistas. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, hasta septiembre el país no había superado los 190 mil turistas y las restricciones sanitarias para los visitantes extranjeros solo se levantarán el 15 de noviembre. En tres meses, de los cuales solo 45 días serán sin restricciones para viajeros internacionales, Cuba no podrá recibir los 1 millón 810 000 turistas que necesita para cumplir la cifra anunciada en mayo por el ministro de economía; aún y Gil supiera que hasta ese mes solo habían entrado a Cuba 120 mil turistas. A este preocupante escenario, se le debe agregar que peligrosamente un importante sector de la juventud cubana cada vez más se despolitiza, identificando al socialismo con el anquilosado discurso oficial. Los jóvenes contrastan el triunfalismo del Partido Comunista con una realidad cotidiana cada vez más crítica, marcada por un profundo desabastecimiento, largas filas para adquirir alimentos básicos y una importante concentración de productos de primera necesidad ofertados en las tiendas donde solo se puede pagar con tarjetas respaldadas en divisas extranjeras. De esta manera, un importante sector de la juventud cubana termina repeliendo las ideas marxistas, cayendo en la apatía política, y en el peor de los casos, orientándose hacia la derecha. Al mismo tiempo, esta profunda crisis económica y política ha producido que emerjan nuevas y jóvenes figuras en la izquierda crítica cubana. En su mayoría les atraviesa un denominador común: encuentran en el libro de Trotski, La Revolución Traicionada un análisis que les resulta útil para comprender la crisis cubana. Salvo las purgas estalinistas, las complejidades que conlleva un Estado multiétnico, y la distancia en el tiempo, esos jóvenes que públicamente se posicionan a la izquierda del Partido Comunista, descubren cómo en la burocracia cubana se reproducen peligrosos rasgos de la burocracia soviética. Esa joven izquierda socialista ve que Cuba está siendo cada vez más signada por la separación de la burocracia cubana con la realidad de las mayorías, el discurso ideológico anquilosado y vacío, el ascenso de jóvenes oportunistas a cargos públicos, los niveles desiguales de vida entre los dirigentes aburguesados y las mayorías trabajadoras, así como la doble moral política, entre otros factores típicos de un proyecto socialista que ha ido degenerado políticamente. La nueva izquierda marxista cubana encuentra, por tanto, un escenario muy similar al descrito por Trotski en La Revolución Traicionada. Este 9 de noviembre se cumple otro aniversario de la caída del Muro de Berlín, hecho que preludió la desaparición del llamado Campo Socialista del Este europeo, y, la desintegración final de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Treinta años atrás la clase trabajadora soviética no supo defender sus derechos, enrumbar la caída de la burocracia hacia un nuevo proceso revolucionario y llevar adelante la construcción de un sistema verdaderamente socialista. Los cientos de jóvenes que cruzaron el Muro de Berlín aquel 9 de noviembre de 1989 no lo hicieron para llevar a sus compatriotas alemanes de occidente la bandera roja de la revolución y derribar el capitalismo. Lo hicieron buscando una sociedad burguesa donde se les prometía altos niveles de consumo. A costa de políticas financieras depredatorias -donde Grecia aparece como el caso más crítico-, Alemania es una de las principales potencias económicas del mundo; pero si el gobierno cubano cae, Cuba caerá hacia un sistema capitalista subdesarrollado correspondiente a las economías más graves del tercer mundo. La supuesta caída del Gobierno cubano solo producirá que se entronice un régimen anticomunista, con políticas económicas neoliberales y plegado a los intereses políticos de Estados Unidos. El proyecto económico neoliberal del Consejo para la Transición Democrática presentado para una futura Cuba socialista, solo evidencia cuál sería el destino de la nación caribeña bajo un régimen capitalista. En medio de una crisis política que se agudiza cada vez más, es un deber urgente de la izquierda crítica cubana actuar, o al menos, concientizar. Cada joven socialista debe expandir sus ideas en su rango de acción. Demostrarle a sus compañeros de estudio y trabajo que los errores cometidos por el Gobierno cubano no son intrínsecos del proyecto socialista, que otro socialismo sí es posible, deteniendo así la expansión de la apatía política, la cual sí es funcional a la contrarrevolución. Trotski no es el profeta de Marx. Verlo así es destruirlo. Trotski es una definitoria herramienta marxista para entender y aplicar a la actual crisis política cubana. Es bien perceptible la diferencia de lucidez entre los jóvenes cubanos que lo han incorporado y quienes o, representan a la burocracia o, proclaman un socialismo conciliador de clases. La lucidez política de la nueva izquierda marxista cubana se expresa en que asumen al socialismo como un proyecto emancipatorio únicamente viable si se construye en libertad; pero libertad y democracia construida y dirigida por la clase trabajadora. La ingenuidad de que el poder económico y político puede ser compartido a partes iguales entre la burguesía y la clase trabajadora, es algo que, por el hecho de ser marxista, la joven izquierda socialista cubana ha desterrado. Esto explica la posición de la nueva izquierda marxista cubana ante la manifestación del 15 de noviembre: defiende el derecho a manifestación para quienes decidan desfilar ese día, pero a la vez rechaza marchar el 15 de noviembre, pues entiende que es un grave error político compartir espacio con representantes de organizaciones neoliberales como lo es el Consejo para la Transición Democrática. He ahí la gran diferencia entre el frente único de Trotski y los frentes populares de Stalin. El primero agrupaba a las fuerzas progresistas, mientras que en el segundo los comunistas se podían aliar hasta con personajes como el general Fulgencio Batista. El gobierno cubano ha declarado ilegal la manifestación del 15 de noviembre. Advirtió desde medios de prensa oficiales que quienes participen de la manifestación serán penados por la ley, sin embargo en ocasiones algunas decisiones legales no traen consigo la legitimidad política necesaria. Si bien las manifestaciones del 15 de noviembre guardan un casi nulo apoyo popular, sí cuentan con un importante peso político. Reprimirlas será por tanto, un grave error político y la violación al derecho a la protesta pacífica. Es cierto que la izquierda crítica marxista no debe participar en la manifestación del 15 de noviembre, pero si se posiciona a favor de la represión estará cometiendo el mismo error de marchar junto al Consejo para la Transición Democrática. Esta es otra de las grandes diferencias entre el proyecto de Stalin y la propuesta política de Trotski. El primero tiene a la represión como eje central de su programa político. El socialismo de Trotski se debe a la libertad. En esta hora de definiciones que vive Cuba, tengamos la lucidez política y la militancia de ser y hacer dos, tres, muchos Trotski.

Algunos periodistas indican como un accidente o un hecho inesperado que la agenda preelectoral terminara sacudida por un “episodio de inseguridad”. No han reparado que, detrás del hecho policial, se cuela la desintegración del régimen político y social que, en pocas horas y días, va a renovar sus parlamentos. El Estado bonaerense, sus municipios, juzgados, cárceles y comisarías están penetrados hasta la raíz por el delito organizado y, por lo tanto, por los clanes capitalistas asociados a él. Ese tejido comienza en las zonas liberadas por la policía; sigue por las complicidades judiciales y se prolonga en los institutos penales, que actúan como terreno de reclutamiento de quienes servirán de mano de obra del narcotráfico, el contrabando de piezas robadas o la trata. La inmensa legión de jóvenes sin trabajo y sin futuro constituyen el último eslabón de esta cadena, ya sea como mano de obra de las redes delictivas o sencillamente como víctimas, cuando se piensa en la juventud aniquilada por la droga. En el flanco de la “política” provincial, hay que recordar el compromiso de todos los partidos del régimen con el desarrollo del juego ´legal´, el gran canal universal para las operaciones de lavado de dinero. De la obra pública a los bingos, el capital no reconoce fronteras entre el lucro legal y el “ilegal”. En Santa Fe, donde días atrás tuvo lugar una pueblada más virulenta que la de Ramos Mejía, uno de los jefes de la legislatura provincial está imputado por ser parte de las mafias del juego – nada menos que en la provincia donde el narcodelito ha sentado sus raíces más profundas. El delito organizado le provee autonomía financiera a los caciques municipales, en medio de las bancarrotas de los estados provinciales y de una mayúscula disgregación política. En varios municipios del conurbano, sus intendentes distribuyen cortada la boleta del distrito, para despegarse de los Fernández. Crisis financiera del Estado, delincuencia y fractura política se condicionan la una a la otra – en esto reside, en definitiva, la mal llamada “crisis de inseguridad”, de la que también forman parte los centenares de casos de gatillo fácil y los múltiples vejámenes policiales a la juventud. No sorprende, por lo tanto, que los partidos del régimen desgranen “propuestas” tan contradictorias e impotentes, una tras otra, frente a la crisis planteada. Desempolvan el reclamo de “meter bala” y “meter presos” a los delincuentes, la receta que ya han probado, en un caso, con los Facundo Castro y Chocobar; y en el otro, atiborrando las cárceles hasta el hacinamiento. En el extremo del ridículo, Larreta propuso un régimen penal para los dieciséis años, algo que ya existe y con los resultados conocidos. Los jefes de los punteros oscilan entre mandar a los jóvenes a las cárceles de adultos, y acelerar su integración al delito, o mantenerlos en el régimen igualmente sórdido y arbitrario de los institutos de menores. Los apóstoles de la lucha contra el delito, candidatos o no, son parte de un régimen cuyos principales jefes partidarios, de un lado y el otro de la grieta, deben transitar regularmente por la justicia penal. Doscientos pesos Mientras todo esto ocurría, el dólar paralelo aprovechaba para cruzar la barrera de los doscientos pesos. Los que mueven los mercados extraoficiales del dólar dejaban un emplazamiento claro con vistas al 15 de noviembre: ni los fondos internacionales ni la gran burguesía ´nacional´ están dispuestos a tolerar dilaciones en el arreglo con el FMI, y mucho menos con las medidas elementales que están asociadas a ese arreglo – a saber, una devaluación de la moneda que prepare la libertad de movimientos para el ingreso y salida de capitales, y una liberalización de precios que debe comenzar con las tarifas públicas. Un salto del dólar y un tarifazo harían volar por los aires al precario control de precios de Feletti, que los monopolios alimentarios nunca pensaron sostener hasta el mes de enero. Los que reclaman el rodrigazo, sin embargo, saben muy bien que el desvencijado gobierno de Todes carece de las condiciones para pilotearlo – hasta los más aburridos tecnócratas económicos reclaman, por eso, un “acuerdo político”. Pasan por alto, en este punto, que el estado de las coaliciones que deberían ponerse de acuerdo es todavía más precario que el de las reservas del Banco Central. En el FdT se conjetura si, después del 15N, Cristina Kirchner emprenderá una ofensiva todavía más feroz contra Alberto Fernández, o si por el contrario decidirá retirarse del gobierno. Entre las dos alternativas, sigue pesando la espada de Damocles de los juicios penales en su contra. Del lado de la oposición, la campaña electoral ha servido para poner de manifiesto una fractura cada vez más aguda: a esta altura, no es un secreto que Macri “trabaja”, en CABA, por los votos de Milei. Su socia, Patricia Bullrich, intenta horadar al radicalismo llevando para su redil al jujeño Morales, el cual, a su turno, ¡sigue ligado a Massa! Antes del “acuerdo político” que dé sustento a un cimbronazo económico, la “política” del régimen tendría que pasar por un conjunto de fracturas y realineamientos. Como ha ocurrido en otras circunstancias de la historia reciente, el capital financiero podría precipitar la crisis, a través de una corrida. Los fondos internacionales que sostienen la renovación –cada vez más onerosa y breve- de la deuda pública en pesos, podrían dar por concluida esa bicicleta y, con ella, a la gestión del ministro Guzmán. Elecciones, clase obrera En este escenario, las especulaciones electorales han enmudecido, y no solamente porque la legislación prohíba la divulgación de encuestas. Es muy claro, a esta altura, que el comicio no va a dar salida a las contradicciones explosivas que derivan del agotamiento del gobierno FF. La crisis opera a un ritmo más acelerado que el de las conjeturas sobre la renovación parlamentaria – la capacidad de seguir gobernando se pondrá de manifiesto mucho antes que la posible pérdida, para el oficialismo, del quórum propio en el Senado. Una acentuación de la desorganización económica y de la escalada inflacionaria quebrará los precarios equilibrios que el gobierno ha pergeñado para dilatar una intervención de los trabajadores. Las paritarias en cuotas se convertirán en un trasto inservible. En cualquier caso, una irrupción de la clase obrera en la crisis debe ser preparada con un planteo político y un programa. La izquierda del FIT U aborda el desenlace electoral con la misma estrechez de miras del conjunto del régimen, es decir, como la mera alteración de las relaciones de fuerzas en el parlamento – y no como una crisis de poder. Política Obrera ha resuelto un voto a la izquierda contra las candidaturas del capital, con otro horizonte estratégico: el de promover una intervención independiente de los trabajadores en una crisis histórica, a través del impulso a un congreso obrero de activistas, corrientes y delegados, que establezca una salida a esa crisis en la perspectiva del gobierno de los trabajadores.

El pasado jueves 4 se realizó una nueva reunión de la Comisión de Delegados que representa a la Coordinadora de Limoneros Autoconvocados con la ministra de gobierno. El día anterior tuvo lugar una importante jornada de lucha autoconvocada, con una decena de cortes de rutas en distintos puntos de la provincia. La Coordinadora reclama un subsidio inter-cosecha de 35000 pesos, sin cupos y por 6 meses y la vigencia de la obra social durante todo el año para los limoneros Inicialmente, el gobierno nacional había ofrecido un subsidio de 7000 pesos, que luego –como resultado de la lucha de la coordinadora- tuvo que elevar a 10.000. Nada de esto calmó los ánimos. Mientras tanto, la dirigencia burocrática de UATRE amagaba con acciones de fuerza que nunca concretaban. Luego, conformó una suerte de coordinadora burocrática con la dirigencia de FOTIA y FEIA (Azucareros), del tabaco y la de la alimentación. Discutían el reparto de los subsidios, pero no impulsaron ninguna lucha. En cambio, se dedicaron a enfrentar las acciones de la Coordinadora Autoconvocada con aprietes y amenazas de cortarles el subsidio a los que participaran de los cortes. El jueves 4, el gobierno decidió tomar el toro por las astas para ponerle punto final al accionar de la Coordinadora. Previo a la reunión con la Comisión de Delegados, se reunió con la dirigencia de UATRE y los otros gremios. Allí, llegaron a un acuerdo en base a los 10000 pesos que iba a conceder el gobierno nacional, más un adicional de 2500 pesos ofrecido por la provincia y la tarjeta alimentar de 4000 pesos. Con ese acta, el gobierno se presentó a la reunión con la Comisión de delegados autoconvocados. El gobierno planteó que los sindicatos ya habían acordado y que a partir de ese momento todo corte de ruta iba a ser desalojado por la fuerza. Los delegados denunciaron que lo que estaban ofreciendo representaba la mitad de una canasta de indigencia, que seguía el régimen de cupos que dejaba a más de la mitad de limoneros sin nada, y que las asambleas e iban a decidir el curso a seguir. El gobierno respondió que la coordinadora podía empadronar a quienes trabajaron en la cosecha y en caso de que no figuraran en los padrones, se los iba a incorporar. Durante este fin de semana hubo asambleas en los pueblos y se tomó la decisión de impulsar una movilización para dejar sentado el rechazo al acuerdo inconsulto firmado por la burocracia, y ratificar los reclamos. La movilización se concretó este martes 9 bajo un diluvio, a pesar de lo cual se logró que de los distintos puntos de la provincia se agruparan más de 800 compañeros. Marcharon desde la plaza Irigoyen hasta la plaza Independencia, donde fueron oradores tres delegados limoneros autoconvocados. Los oradores destacaron el carácter insuficiente del subsidio inter-cosecha pero destacaron que fue gracias a la lucha emprendida por la Coordinadora que el mismo fuera aumentado. Era la primera vez que el gobierno provincial colocaba un adicional a un subsidio nacional. Se llamó a empadronar a todos los cosecheros, a reclamar elecciones en UATRE y, en ese marco, concretar el 2º plenario de delegados y trabajadores limoneros durante noviembre para resolver los pasos a seguir. En las intervenciones, los oradores plantearon la necesidad de unir los reclamos de los distintos sectores de trabajadores ocupados y desocupados y de concretarlo mediante un congreso de trabajadores.

En las PASO, el zamorismo ganó cómodamente, pero retrocedió un 20% en relación a las primarias de 2019. Desde ese momento se activó una política dirigida a revertir o al menos impedir que esa caída se profundizara. El gobierno se ha jugado por entero a una campaña de prebendas, con la entrega de planes provinciales y pensiones truchas. En el caso de la administración publica incluida la docencia y la policía, procedió a la entrega de un bono de 90.000 pesos (en tres cuotas) que ya ha comenzado a pagar. Asimismo, los medios fueron sometidos a una mordaza para evitar que pudieran ser caja de resonancia de importantes conflictos que emergieron durante la campaña electoral. A pesar de ello, el nivel de miseria social, corrupción y atropellos represivos es tan profundo que dificilmente puedan disipar el malestar popular creciente en tan poco tiempo. El miércoles 10, Zamora realizó el cierre de campaña con la “Caravana del Triunfo”. No sólo que comparada con las caravanas de campañas pasadas, tuvo poco público. Además, estuvo cargada de reclamos. La gente salía a esperar a que pasasen el gobernador y su comitiva, con carteles reclamando agua para los pueblos del interior, viviendas y justicia para los casos impunes. El Frente Renovador (massista) lleva como candidato a diputado nacional y gobernador al Intendente de La Banda, Pablo Mirolo. Este compite con Zamora en materia de negrerismo: los trabajadores municipales del distrito que gobierna cobran planes de 6 mil pesos; recién ahora, en campaña, en nombre de la “justicia social” anunció con bombos y platillos el contrato con un salario de... $15 mil. Junto por el Cambio, a pesar de la visita de Larreta primero, y Macri después, no levanta vuelo ni tiene nada que ofrecer en ningún campo ante las grandes necesidades populares. Por su parte, el Fit U, liderado en Santiago por el MST, ha realizado una campaña de espaldas a los reclamos populares y sus luchas y en ningún momento hizo un llamado a votar diputados nacionales de nuestra lista, la única que superó las PASO, dejando abierta la posibilidad de que sus filas lleven a las urnas un voto al régimen zamorista u otra fuerza política patronal. Nuestra campaña La campaña del Partido por un Santiago Obrero siguió las huellas de la campaña anterior de las PASO, con mayor extensión territorial y mejor organización. Barrios de la capital, La Banda, Beltrán, Vilmer, Forres, Frías y Termas de Rio Hondo han sido barridas casa por casa con nuestros materiales de agitación. Nuestra campaña llamando a que los trabajadores voten trabajadores se asentó en un programa que hizo eje en las reivindicaciones más candentes del pueblo y los trabajadores santiagueños, relativas al salario, el trabajo, el agua, la tierra, el techo y los derechos democráticos, mostrando la incapacidad del régimen en su conjunto -tanto provincial como nacional- para dar una salida a los mismos. Llamamos a los trabajadores a actuar confiando en su propia fuerza y organización, desenvolviendo la necesidad y perspectiva de una lucha de conjunto y una salida política que solo puede dar la clase obrera. En el curso de la campaña intervinimos apoyando e impulsando importantes movilizaciones por esas reivindicaciones. El Polo Obrero Tendencia ha jugado un gran papel en este terreno. En estas semanas, se materializó una gran movilización hacia la municipalidad de La Banda para exigir el pase a planta de todos los obreros municipales precarizados. Esta última semana de campaña, luego de una torrencial tormenta, el Polo Obrero Tendencia marchó nuevamente a la municipalidad para pedir chapa y colchones ante la destrucción de los ranchos de los compañeros. En la ciudad de Las Termas, se hizo sentir el reclamo de los trabajadores gastronómicos, donde la candidata a vice gobernadora Natalia Jiménez asistió y se solidarizó con los trabajadores. La lucha por la vivienda tuvo su epicentro en la toma en el barrio Favarolo, a la que el gobierno respondió con represión y más de una decena de detenidos. Allí el Partido Por un Santiago Obrero se puso al frente para reclamar junto a una inmensa movilización frente a casa de gobierno a pedir la libertad de los presos por luchar, liberados recién el último martes. En esta semana la movilización tuvo por eje el reclamo de cárcel al feminicida de María Taboada, acompañando a la familia. La organización y lucha en defensa de la vida de las mujeres se hizo sentir y logró que el feminicida espere el juicio preso y no en libertad como pretendía la justicia santiagueña. Para organizar la fiscalización, ya superamos los 800 fiscales que cumplieron ese papel en las PASO. ¡Trabajadores votemos trabajadores! En Santiago del Estero, votemos a la lista 211 para diputados nacionales.

Este 11 de noviembre se llevará a cabo la “asamblea universitaria” para elegir al próximo rector -en este caso, rectora-, de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). De ´asamblea´ tiene muy poco, ya que la discusión se encuentra casi por completo ausente y de universitaria no tiene nada, porque los encargados de asegurar la (tercera) elección de Sandra Torlucci representan una ínfima minoría contraria a los intereses de las mayorías que trabajan y estudian en la UNA. El resultado está cantado. El “consenso” que reivindica Torlucci para los “órganos de cogobierno” da cuenta de una complicidad “colectiva” de la mayoría de las fuerzas políticas en los consejos departamentales y de la totalidad de estas fuerzas en el consejo superior. Torlucci va por su tercer mandato luego de que “colectivamente” se le haya votado la extensión automática durante la pandemia. La re-relección de Torlucci es anunciada con un documento de su autoría donde se logra entrever la orientación de estas autoridades para el futuro de la Universidad: “revisión de planes de estudio”, “educación a distancia”, “aulas híbridas”; lo que se encuentra totalmente ausente es un abordaje de la situación política del país, especialmente teniendo en cuenta que la actual rectora pertenece al gobierno de Alberto Fernández. Los enormes niveles de pobreza, desocupación y el ajuste que propone el gobierno sobre las universidades no son mencionados, lo que convierte a todo el documento en una manipulación. Los supuestos éxitos de las políticas de “capacitación de género” mediante la ley Micaela que se atribuye Torlucci, quien “asesora” en materia de género al gobierno de Alberto Fernández y su ministro Manzur, el maronita, caracterizado por el movimiento de mujeres por haber obligado a parir a una niña de 11 años. UNA “hibrida” Los objetivos que se propone la próxima gestión de Torlucci enfatiza en la "federalización", "descentralización de los departamentos", "internacionalización", "hibridación", y "vinculación al sector productivo" de la UNA. Con "federalización" se refiere al ensamblaje de distintas escuelas e institutos artísticos municipales y provinciales del país con la universidad mediante convenios -como el suscripto con el intendente de Almirante Brown- donde se cursarán tramos cortos con títulos intermedios de poco valor, con la "franquicia" de la UNA. Se ofrece la posibilidad de ´valorizarlos´ mediante posgrados arancelados que se ofertan en el rectorado, expandiendo así un entramado de negocio educativo por las autoridades. La "descentralización", justamente, se la invoca con el objetivo de desligar de cualquier responsabilidad financiera al Estado y al rectorado del sostenimiento de las carreras de grado, dando paso libre a que cada departamento se sostenga con "autarquía financiera" -o dicho en criollo- que cada decano gestione sus propios negocios y cursos pagos para sustentar la cursada sin presupuesto (no olvidemos que las autoridades de Dramáticas propusieron abrir la carrera de Circo costeada exclusivamente con recursos privados). Esto implica necesariamente una profunda privatización y restricción de los contenidos gratuitos de grado. ¿Cómo? A través de una profunda reorganización de la UNA en términos reaccionarios. Torlucci ya lo adelantó cuando coloca en su plataforma “la necesidad de una reformulación del Estatuto de nuestra universidad". Con la "internacionalización" se pretende aplicar los mismos objetivos de la "federalización" pero a nivel internacional, esto es, atraer graduados extranjeros a posgrados con aranceles en dólares, euros o reales. Este negocio ya funciona en gran medida y ha sido catapultado en la pandemia a través de la educación virtual. La "hibridación", bimodalidad o la introducción de la educación virtual que plantea Torlucci en la UNA está orientada a captar matrícula para los cursos pagos de posgrados y extensión. La educación virtual se la utiliza como recurso tecnológico de bajo costo y de gran alcance geográfico con el fin de acrecentar los ´recursos propios´ a disposición de las autoridades. Mientras en las carreras de grado gratuitas -el otro extremo del espectro- la "educación" y el "acceso" virtual han sido instrumentadas como herramienta de filtro y restricción de ingresantes -tanto en el CINO como en el ingreso de Visuales se han excluido "pasivamente" a cantidades inéditas de estudiantes-, se han depositado sobrecarga de tareas administrativas "virtuales" a docentes sin recursos ni personal para hacerle frente, se pretende suplir la falta de horarios, aulas y comisiones con clases grabadas o automatizadas en forma precaria que obstaculizan el proceso pedagógico. Es decir que la "hibridación", según Torlucci, no está en la perspectiva de ser una tecnología que se integre y complemente en forma progresiva a las necesidades reales de los estudiantes y trabajadores universitarios; sino como un instrumento de negocio, de recorte de presupuesto y abaratamiento de costos. Aunque Torlucci deslice críticas al gobierno de Macri en su plataforma, lo cierto es que fue una de las rectoras que más echó mano a los decretos macristas en materia de Educación. Se valió de la dificultad de la comunidad universitaria para movilizarse bajo la pandemia y el aislamiento social para "adecuar" a la UNA al sistema de créditos universitarios (condición necesaria para avanzar con los convenios "federales" e "internacionales") y el Sistema de Educación a Distancia (SINED), el cual degrada legalmente a cualquier título universitario cursado presencialmente con uno cursado a distancia y habilita la reconversión de las carreras hasta en un 50% en formato virtual. Todas estas medidas son las que ahora sustentan el nuevo plan de gestión. Rechazo Desde Caleidoscopio (UJS-Tendencia + Independientes), conducción del CEAVI, rechazamos la asamblea universitaria tanto por su orientación como por sus métodos de camarillas. En ella no se encuentran presente ninguna de las reivindicaciones de estudiantes y docentes: aumento del presupuesto, salario para los docentes, plan de infraestructura edilicia, becas y un rechazo de plano a convertir nuestra Universidad en una fuente de negocios. “Proyecta Visuales”, la agrupación de la gestión ya anunció su acompañamiento a Torlucci, es decir a esta orientación privatizadora. La “mayoría estudiantil” viene de votar a Cristina Arraga, responsable directa de dejar afuera a cientos de ingresantes, como decana de Visuales.

Varias familias de Nicole y Oro Verde, en Virrey Del Pino, La Matanza, denuncian fumigaciones sin ningún tipo de control por parte del dueño del predio lindero que rodea el barrio. Los vecinos recurrieron al hospital preocupados por dolencias, erupciones en la piel, sangrado de nariz, irritaciones en los ojos, garganta y dolores de cabeza. Un estudio reciente de toxicología en el hospital Ricardo Gutiérrez determinó que varios vecinos entre ellos un niño de 9 años tiene glifosato en sangre. El glifosato es un ingrediente activo del herbicida “Round Up” de la empresa Monsanto, la que desde 2018 pertenece a la química-farmacéutica alemana Bayer. Es uno de los más populares herbicidas del mundo, usado principalmente en la siembra de soja – las semillas son genéticamente modificadas para resistir a este herbicida. Es altamente peligroso en contacto con el humano, y por eso ha sido prohibido en varios países - la Unión Europeo prohibió su uso en 2007. Se lo considera “probablemente cancerígeno”, según concluyó en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, su uso fue aprobado bajo el mandato de Felipe Solá, el ministro de Agricultura de Menen, y su aplicación es irrestricta. En nuestro país se utilizan 1,5 millones de litros por año. No solo afecta a la salud humana, también se considera dañino para el suelo y el agua. El intendente Fernando Espinoza “deja hacer”, sin ningún tipo de control. Este miércoles se realizó una movilización desde el shopping de San Justo hasta el municipio de La Matanza, encabezada por los afectados. Fueron recibidos por un funcionario sin ningún poder de decisión. Reforcemos la organización y la lucha contra la contaminación impune de los capitalistas y sus protectores políticos.

Se cumplieron 25 años del lanzamiento de Kum Kum, segundo disco de la banda argentina de hardcore-punk Fun People, un álbum que, por su originalidad y vuelo, expandió los límites del género. Fun People se formó en el año 1989 en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, con el nombre de Anesthesia, que finalmente fue el título del álbum debut de la banda. La formación original se conformaba de Nekro -ahora Boom Boom Kid- en voz, Lucas en guitarra, Chuli en bajo y Gato en batería. Al momento de grabar Kum Kum, esta formación llevaba un año y media de existencia. Ya entonces era una máquina afilada que realizaba shows potentes e intensos por todo el país y que componía montones de canciones que se convertirían en clásicos para sus seguidores. Como otras bandas del género, Fun People asumía una militancia por diversas causas, desde la defensa de los homosexuales -en una escena muchas veces intolerante- y los derechos de los animales. Pero sin duda se destacó por su avanzado activismo a favor del aborto legal, 20 años antes de que el tema se convirtiera en un debate público y llegara al parlamento. Meses antes de lanzar Kum Kum, Fun People habían editado el mini-álbum, compartido con la banda She Devils, llamado “El aborto ilegal asesina a mi libertad”. En su sobre interno, el disco traía información y mucha munición contra la iglesia y el Estado. Estas actitudes le valieron a la banda choques con las hordas de skinheads fascistas que en los 90 todavía frecuentaban los recitales de punk rock. Fun People no se sentía representado por la escena hardcore-punk y su ambiente violento, machista y cerrado. Se autoetiquetaron “hardcore gay antifascista” para diferenciarse y subrayar su mensaje de apertura y tolerancia. La obra Kum Kum contiene todos los elementos característicos del hardcore-punk -velocidad, distorsión, brevedad- pero ampliando el espectro del género a otros estilos y sonidos. En las 22 composiciones del álbum encontramos una coctelera de influencias, desde el pop azucarado de los 60s al heavy metal, pasando por el indie anglosajón y yanqui de los años 80s. Por sus surcos también desfilan músicos invitados que aportan instrumentos inusuales para el género hardcore-punk, como el citar, vientos y tambores. La banda se nutrió de estas influencias y sonidos para ampliar su paleta compositiva y crear canciones inigualables, que pueden ir de un extremo dulce al estallido de la distorsión más cruda. Allí están como prueba canciones ya clásicas del under local como “Masticar”, “Easy to come”, “Pilar” y “Mother Earth”. Con todo, sobresale la mixtura de la voz danzarina de Nekro y las guitarras de Lucas, con exhibe una amplia gama de recursos que exceden largamente al género. La inventiva del guitarrista, en lo máximo de su capacidad creativa, aporta sorpresa, arreglos y contrapuntos melódicos, que han sido influyentes para cientos de bandas. La lírica del grupo se compone de letras en inglés, cantadas por fonética, que abordan temáticas que serían recurrentes en la carrera de la banda: la pobreza, la defensa de la naturaleza, el amor, la bulimia, el aborto, el skate, la lucha contra la policía o el maltrato animal, etc. La infancia como estadio idílico y lúdico es otro tema recurrente, y está presente desde la tapa del álbum, el dibujo de una niña y un niño. El título, Kum Kum, es el nombre de un animé japonés de 1975, que narra las travesuras de un niño. El tópico seguirá apareciendo constantemente en la obra de la banda, tanto como problemática -las infancias quebradas- como por concepto – no dejar morir al niño interior, jugar, divertirse, explorar. A 25 años de su lanzamiento, Kum Kum se erige como uno de los mejores discos de rock alternativo grabados en los 90s en Argentina. Nacido en lo más hondo del corazón de sus cuatro jóvenes creadores, que contaban poco más de 20 años entonces, aportaron colores a un género que parecía condenado a repetirse y terminaron siendo una de las bandas argentinas de culto más reconocidas en el mundo.

La crisis que atraviesan las negociaciones de Argentina con el FMI tiene muchos más ingredientes que las variables financieras. Lo prueban las confrontaciones diplomáticas repetidas en el ámbito latinoamericano, que tienen como fondo las convulsiones sociales y políticas que afectan al conjunto de los países. México, Argentina y Bolivia han formado un eje improvisado para dar un espacio de maniobra a las burguesías nacionales frente a las presiones de los Estados Unidos. Buscan proteger su propio territorio frente a los Macri y Bolsonaro continentales, que apoyan, aunque con salvedades, las arremetidas del imperialismo norteamericano. Un caso especial lo constituye la avanzada de China en varios países de América Latina, a los que ha invitado, Argentina incluida, a incorporarse a las inversiones en infraestructura que propone la Ruta de la Seda. China divide a las burguesías nacionales en cuanto demandante de materias primas agrícolas y mineras, y de otro lado competidora de industrias de base, como es el caso de la siderurgia – lo cual explica la oposición de Techint. Biden ha declarado el boicot a Huawei, la principal empresa de equipamiento de telecomunicaciones, expulsándola de la Bolsa de Nueva York y prohibiendo la provisión de semiconductores para la instalación del 5G. Huawei se ha visto obligada a retirarse de este mercado, luego de sufrir una caída multimillonaria en sus ingresos. La excesiva dilación para arribar a un acuerdo con el Fondo advierte también las divisiones dentro de su directorio, esencialmente entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tampoco prevalece la ´unidad´ dentro de Estados Unidos, donde es notoria la ´grieta´ entre demócratas y republicanos a partir del gobierno de Trump y del asalto golpista al Capitolio. La prensa internacional coincide en la debilidad política del gobierno de Biden, que va camino a convertirse en una estación intermedia hacia otro gobierno de tipo trumpista agravado. Advertido de esto, Alberto Fernández saludó los galones democráticos de Biden, en oposición a Trump, algo que fue visto como una torpeza diplomática que incomodó el presidente norteamericano. Las negociaciones con el FMI son vistas también por el capital financiero como un instrumento para terciar en la crisis política del gobierno de los Fernández y del peronismo. Massa, Manzur e incluso Béliz, se han jactado de tener tránsito con los llamados ´inversionistas´, del que no gozaría, digamos, la Cámpora. La falta de un acuerdo ´ortodoxo´ con el FMI perjudica, por otra parte, la cotización de los títulos de la deuda reestructurada de estos fondos – algunas decenas de miles de millones de dólares. El programa declarado de estos fondos es: megadevaluación, aumento de las tasas de interés, ajuste fiscal y monetario. Argentina en llamas. Esto cuando la inflación en Brasil se ha disparado al 11% anual, el Congreso ha votado un mayor déficit presupuestario y las perspectiva de crecimiento económico 2021/3 son casi nulas. “Choque inminente” En este contexto, el Financial Times ha bombardeado a Argentina con previsiones apocalípticas. Los artículos de los últimos diez días están construidos por infidencias anónimas y una falta completa de análisis de la economía. Asegura que el FMI rechaza todo tipo de concesiones, sin ofrecer una evidencia fáctica. Al pasar, sin embargo, admite la posibilidad de que ocurra todo lo contrario de lo que vaticina: “Con la reserva de divisas de Argentina agotadas”, dice, “la lógica económica sugiere que incluso un acuerdo básico sería el mejor resultado para ambas partes”. El columnista admite, entonces, que “un acuerdo básico” sería una salida para el propio FMI. Este acuerdo tendría un calendario de pago de la deuda de Argentina, contraída por el macrismo. Sin reservas internacionales, una liberación del mercado resultaría en una devaluación incontrolable, algo como lo que viene ocurriendo en Líbano, un país que se ha convertido en un espectro del pasado. Conclusión: el Fondo acepta y promueve la continuidad de un ´cepo´ que acompañaría a buena parte del acuerdo. Este desenlace desataría una crisis en los círculos financieros internacionales, porque no recuperaría el valor de la deuda de Argentina. Los términos del “acuerdo básico” no atenúan en nada la carga de u$s45 mil millones de la deuda con el FMI, con su carga y ´sobrecarga´ de intereses. Una parte importante de la industria, por otra parte, no consiente un ´ajuste´ financiero que retrotraiga el PBI a los niveles de 2020. Una devaluación caótica beneficiaría, claro, a quienes han apostado contra el peso, pero no a la agro-industria exportadora, que es el ´pivot´ de la llamada “recuperación”. Es que una mega devaluación desequilibraría los mercados interno y de exportación de Argentina, y reforzaría las retenciones a la exportación, para rescatar a la recaudación fiscal de una enorme desvalorización. La deuda pública debería ser renegociada, de nuevo, por entero. El plan B a la falta de viabilidad de ese ´acuerdo básico´, sería negociar un período de impago de la deuda, que podría extenderse a todo 2022. Un ´defol´ pactado. El impasse de financiamiento se acentuaría. El “acuerdo básico” pone en el centro de la escena el Presupuesto 2022, que debe fijar las metas fiscales y monetarias. Obligadamente, deberá ser negociado con la oposición, que podría alcanzar una mayoría, al menos de veto, en ambas Cámaras, luego del domingo que viene. Horacio Larreta acaba de hacer un guiño a la posibilidad de un acuerdo presupuestario, algo inevitable, hasta cierto punto, porque de lo contrario habría que prorrogar el de 2021. No cabe duda que ese acuerdo sería un torpedo en la línea de flotación de Juntos. La necesidad de gobernar por acuerdos hasta 2023 es, por otro lado, incompatible con la actual estructura política del gobierno; algunos ya promueven otro gobierno. En estos días se viene ventilando convocar a una Asamblea Legislativa que vote un nuevo Presidente apoyado por una liga de gobernadores. El ´acuerdo básico´ de salida al impasse financiero con el FMI, serviría para dinamitar al gobierno de Todes. “La deuda es lo de menos” Estirar los plazos de pago de la deuda o simplemente renegociarla, no cambia la catástrofe social del país. Los Fernández han ejecutado un plan de ajuste social en pandemia, absolutamente enorme, bajo la presión de la hipoteca financiera y del ´defol´. La conversión del sistema jubilatorio en un rubro del Tesoro, a fuerza de eliminar los aportes patronales y desvalorizar, junto con el salario, los aportes personales, lo ha puesto a tiro de todos los ajustes fiscales. Cuando las patronales dicen que el gobierno gasta más de lo que ingresa, omiten que el sistema previsional era en el pasado autónomo y fuera del Presupuesto; el aporte patronal fue reemplazado por el impuesto al contribuyente. Martín Guzmán dice, por este motivo, que “las jubilaciones son inflacionarias” (A Dos Voces). La jubilación mínima representa el 20% de una canasta familiar. Si los Fernández llegan a “un acuerdo básico” con el FMI, la crisis social no se atenuará sino que se acentuará. Combinada con la crisis de gobierno y los acuerdos y desacuerdos con la oposición, la presión de la olla social no cesará de aumentar. La ´recuperación económica´ no viene acompañada con la ´recuperación social´, de modo que una mejora de la producción atiza más la desigualdad de los ingresos y la conciencia de la miseria social. La inflación de precios ha levantado cabeza a nivel mundial, porque las crisis financieras y ahora la pandemia, han hundido a la globalización y potenciado las rivalidades nacionales. Guerras de vacunas, de respiradores, de componentes básicos de instrumentos hospitalarios; concentración de la producción en menos manos, monopolización del comercio; la emisión enorme de moneda para rescatar a las corporaciones capitalistas; niveles astronómicos de deudas públicas; aumento de los gastos armamentistas; esto y mucho más está desorganizando la economía internacional. Las negociaciones con el FMI transcurren en un marco inflacionario y en un marco de desequilibrios comerciales y financieros crecientes. Este contexto afecta a América Latina con mayor fuerza. De modo que el impasse histórico que viven las masas guarda relación con el impasse del conjunto del sistema capitalista. No existe una salida circunscripta a “una acuerdo básico” o a una llamada ´negociación soberana´ o incluso al ´no pago´ de la deuda. Plantea la cuestión de qué clase gobierna la sociedad.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires están al borde de la rebelión. Luego de convocar a la presencialidad, Kicilof lanzó a la docencia a trabajar en las peores condiciones laborales en décadas a través del programa +ATR. El detonante de la convocatoria al paro por parte de algunas seccionales como la de SUTEBA Bahía Blanca, fue que miles de docentes vieron que sus sueldos fueron depositados en un 50% o hasta en 0 (cero) pesos. Por tal motivo, la Multicolor se convocó a realizar una movilización a Dirección General en La Plata el pasado jueves 11 de noviembre. El programa +ATR es el tubo de ensayo de una profunda reforma de las condiciones laborales y destrucción del Estatuto Docente, tal como lo pide el FMI para llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, y Kicilof, trabaja activamente para demostrar que puede llevar adelante lo que ellos piden. A la falta de condiciones edilicias para hacer que los docentes trabajen “recuperando” las clases perdidas en pandemia, se le suma que tenemos que trabajar los sábados y por la mitad del sueldo que debería pagar el gobierno según lo marca el Estatuto Docente, que en efecto, genera el rechazo de la docencia. La reacción de la docencia llevó a la dirección del SUTEBA y el Gobierno Provincial a tratar de calmar las aguas a través de un pago “complementario” que debería efectivizarse antes del 13 de noviembre. La bronca y el estado de hartazgo de la docencia por las condiciones en las que debe trabajar será la perspectiva de un debate y acción independiente que debe tener presente que la dirección de Baradel y la celeste es un proceso acabado desde hace tiempo, y que si no los echamos, profundizarán la entrega de nuestras condiciones de trabajo, obra social y caja jubilatoria. La perspectiva de choques más profundos entre el Gobierno, la burocracia sindical de Baradel con la docencia hace necesaria autoconvocatorias y asambleas para preparar huelga general docente: NO al trabajo los sábados. Pago de haberes según lo marca el Estatuto Docente. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

Luego del miserable aumento salarial acordado entre Perotti y las cúpulas sindicales, la bronca ante semejante entrega no se hizo esperar. El 17% en 3 cuotas (no acumulativas) y sobre los sueldos de febrero de 2021, cristalizan un mayor deterioro de nuestros salarios, los cuales seguirán perdiendo frente a la inflación imparable y a los futuros tarifazos y devaluaciones post electorales que se auguran. En concreto, estos trabajadores seguirán debajo de la línea de la pobreza ($68000) y muy lejos de la canasta familiar ($ 130.000) lo cual no hubiera podido concretarse si no con la complicidad explicita de las burocracias de Ate y UPCN que firmaron a espaldas de los trabajadores sin consultar en asambleas ni plenario de delegados con mandato de base. Las instancias organizativas están comandadas por el personal del “107”, quienes se encargan de situaciones de emergencia y traslados en las ambulancias y están luchando para que se les reconozca como tal su categoría que dista muchísimo de los “servicios generales” bajo el cual el Estado los rotula. La lucha de los compañeros desembocó en una movilización con micrófono abierto en la casa de gobierno el miércoles 10 de noviembre donde confluyeron asistentes de todo el interior provincial, desde el norte, Reconquista, hasta el sur provincial de Rosario. Estuvo presente la vos de diferentes áreas de Salud, asistentes escolares y otras reparticiones estatales para repudiar el acuerdo salarial de miseria, exigir el pase a planta y expresarse contra la cesantía de las y los compañeros trabajadores “COVID” (aquellos contratos excepcionalmente a raíz de la pandemia). Se prevé este fin de año que más de 6000 contratos llegarán a término, lo que será un verdadero desastre para miles de familias y para la salud pública. Esto es una muestra que la precarización laboral es una política de Estado, que la aplican todos los gobiernos y patronales. Asimismo, este 11 de noviembre se concentró en el centro del poder político la movilización de enfermería, donde convergieron desde los Colegios de Enfermería, junto al SIPRUS (sindicato de profesionales de la salud), ATSA y ATE Rosario. Los reclamos tienen larga data, el reconocimiento Profesional de la Enfermería porque la ley fue sancionada y promulgada –la Nº 13.968– en 2019, que permite, con título de grado, pasar al escalafón profesional junto y el cumplimento del Artículo 25 de la ley provincial de Enfermería del 2005, que establece a la enfermería como una profesión de alto riesgo. Estas dos masivas concentraciones fueron planificadas con más de un mes de anticipación para organizar los francos y diversos permisos a lo largo de todo el territorio provincial, motivo por el cual se dificultó una concentración conjunta, pero no se descarta la continuidad de un plan de lucha conjunta y se proyectan nuevas movilizaciones, considerando que ambas se empalman en un movimiento más general, en que trabajadores ocupados y desocupados buscan intervenir en la situación a raíz de la miseria generalizada y el desmadre que ha propinado la pandemia que no ha finalizado y que tampoco obedece a tiempos electorales. Debemos profundizar la lucha y la coordinación de estas, en la perspectiva de un congreso obrero. Es un momento clave. La defensa de los puestos de trabajo y la estabilidad laboral, por el pase a planta de las y los compañeros precarizados, salario igual a la canasta familiar y la recuperación de los cuerpos de delegados y comisiones internas de las garras de la burocracia. Está son las tareas inmediatas.

A fines de septiembre de 1938, Inglaterra y Francia acordaron en Munich lo que dio en llamarse la política de ´apaciguamiento´ de Hitler. Con ella los ´demócratas´ de Europa occidental creían que evitarían una guerra con Hitler. En marzo de 1938 Alemania había anexado Austria. Los primeros intentan calmar al Führer facilitándole ahora el desmembramiento de Checoslovaquia, la principal república industrializada de Europa Oriental. En Francia gobernaba el ´frente popular´ que integraban el PS y el PC. Éste había preservado todos los pactos previos del imperialismo galo, de modo que violan el mismísimo tratado de “defensa mutua” que ataba la seguridad nacional de Francia a Checoslovaquia. El PS y el PC francés anticipan así lo que luego Stalin hará bajo el pacto Ribbentrop-Molotov (1939/41): permitir la ocupación de media Europa Oriental por Hitler a cambio de la ´promesa´ de éste de no ocupar la URSS (Stalin tomó esto al pie de la letra y en su nombre sacrificó al PC polaco y no preparó a la URSS frente al ataque demoledor que Hitler lanzaría en junio de 1941). Lo anterior viene a cuento de lo que pocas veces se dice. La “solución final” contra los judíos fue pavimentada precisamente por ese pacto. La famosa “noche de los cristales rotos” (la Kristallnacht), de la que en estos días se conmemoran 83 años, se desató “apenas cinco semanas más tarde. Vale la pena volver a enfatizar la correlación crítica entre el apaciguamiento, la política seguida por Inglaterra y Francia hacia la Alemania nazi, que culminó con el acuerdo de Múnich de 'paz en nuestro tiempo' y los eventos de noviembre” (Adam J Sacks, City University of New York, Haaretz, 10/11). El mismo investigador recuerda: hasta “los líderes nazis se sorprendieron de que sus enemigos estuvieran ofreciendo un país inocente en bandeja de plata. Los aliados occidentales habían destrozado el mapa de Europa como un cristal”. La Kristallnacht fue un ataque contra los judíos alemanes mucho más grave que los conocidos pogromos que habían sufrido antes los judíos en la Rusia zarista (y que la revolución bolchevique erradicó). “Los pogromos en la Rusia prerrevolucionaria, a diferencia de la Kristallnacht, rara vez tenían como objetivo las sinagogas o presentaban la profanación ritual de la Torá; no se dirigieron exclusivamente a los judíos, centrándose ocasionalmente en otros grupos étnicos como los armenios o los políticos revolucionarios, y fueron provocados tanto por la dislocación económica como por el antisemitismo”. En la Kristallnacht en una sola noche los propios nazis reconocieron 91 muertes. De esta cifra “quedan excluidos los más de 700 suicidios provocados por la violencia, el miedo intenso y la claustrofóbica falta de vías de escape, así como las decenas de miles de judíos a menudo ancianos enviados a campos de concentración en ese momento… La imagen definitoria registrada por la mayoría de los sobrevivientes fue la ropa de cama desparramada: los colchones arrojados por las ventanas, una violación del dormitorio, el espacio vital más íntimo. Innumerables casas de judíos fueron destruidas, algunas confiscadas por la fuerza, junto con el incendio de 1000 sinagogas” (ídem). El propio nombre de Kristallnacht tiene una connotación antisemita. Por “noche de cristales rotos” se refiere “a cristalería, que indica ´vidrio fino, caro o de lujo´. Su asociación de judíos con su riqueza perdida, en lugar de sus medios de vida, lugares de culto, salud o vidas perdidos, fue una capa adicional de connotaciones deliberadamente antisemitas” (ídem). La mayoría judía de Alemania y Polonia, los dos países con mayor concentración judía de Europa central antes de la guerra, era proletaria. En su momento, la Kristalnacht no provocó ninguna reacción en las naciones democráticas, ni siquiera en el ascendiente movimiento sionista. Por un lado, Occidente acompañaba el odio nazi contra los judíos sólo unos decibeles detrás de aquél. Esto vale especialmente para Inglaterra como para EE.UU., donde amplios círculos de las clases dominantes se abanderaron con la prédica antijudía. Contra lo que se suele sostener la inacción y el silencio cómplice de los demócratas´ fue pasmoso. El cubano Leonardo Padura rememora en el comienzo de su libro Herejes el caso de un barco procedente de Bélgica al que no se le permitió hacer puerto ni en La Habana ni en New York y es obligado a regresar a Europa con su carga´ de más de mil judíos; los que encontrarán su fin en las cámaras de gas de Hitler. EE.UU., entre otras cosas, protagonizó una “vergonzosa traición a los académicos judíos desesperados de Europa durante el Holocausto”, denunció Laurel Leff, profesora de estudios judíos de la Northeastern University en Boston autora de un libro publicado en diciembre de 2019 sobre el tema (Haaretz, 20/1/20). Por el otro, mientras se producía la Kristalnacht y hasta varios años después, el movimiento sionista pactaba con Hitler la entrada de mercancías alemanas en Palestina para quebrar el bloqueo que Inglaterra implanta en la época. Desde la gran huelga general palestina iniciada en 1936, Inglaterra toma distancias del movimiento sionista, al que había alentado tras la Declaración Balfour. Los sionistas que entonces comienzan a girar en la órbita yanqui hacían pingües negocios con el hitlerismo (lo denuncia en un texto una confesa sionista: Hanah Arendt). La Kristalnacht fue desatada en un evento del partido nazi, en la misma ciudad de Munich, cuando se conmemoraba el fallido golpe de estado de Beer Hall, el putch de Hitler de 1923. Recordamos la “noche de los cristales rotos” alzando nuestra voz contra todas las Kristalnacht del presente, en particular el apartheid sionista de Palestina. Si noviembre de 1923 pavimentó el camino de noviembre de 1938, 51 años después —en 1989—, en otro noviembre famoso, las masas alemanas se desquitan finalmente contra otra ignominia del capital y sus cómplices de la burocracia stalinista. La barrida del Muro de Berlín —más allá del desenlace transitorio de la unificación capitalista de Alemania— constituye un principio de reconstrucción de una de las clases trabajadoras más poderosas y con mayor tradición de lucha de Europa. La partición de este proletariado en la posguerra, la división del país y la erección del muro en 1961 fue un intento por hacer pagar al pueblo alemán la felonía del ascenso del fascismo, cuya responsabilidad compitió en un 100% al imperialismo mundial y a la burocracia totalitaria de Stalin. Sólo la revolución socialista a escala mundial acabará con todos los muros, las Kristallnacht y toda opresión sobre la tierra.

El acto de cierre de campaña del Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso se viralizó en las redes por las rencillas que protagonizaron algunos de sus dirigentes a los pies del escenario. Con todo, los enormes límites políticos de la “izquierda que se une” se expresaron arriba de las tablas, en los discursos de sus candidatos legislativos. Myriam Bregman tomó el micrófono para decir que “no se puede enfrentar a la derecha con Manzur, Domínguez y Aníbal Fernández”. La candidata del FIT-U se amoldó así al propósito de no enfrentar al gobierno (y a la clase capitalista y su Estado en su conjunto), sino solo a sus variantes de derecha. En la misma tónica, Del Caño celebró la llegada de votos de “los decepcionados con el gobierno FF” y “las barriadas populares del conurbano”. La “decepción” no es, por cierto, conciencia de clase, ni el punto de partida para ella. ¿A dónde orientó esa afluencia? Destacó que el FIT-U es “el único que tiene una propuesta de avanzada”, en referencia a la reducción de la jornada laboral. La manera de presentar esta reivindicación es típica del reformismo, pues no es ligada a la perspectiva del poder de la clase obrera. La reducción de la jornada laboral, en forma aislada, ha sido utilizada por la burguesía como un desempleo disfrazado, donde la reducción del salario es atenuada o compensada con subsidios estatales. Bodart, del MST, por su parte, señaló que “a pesar de lo que opinaban algunos, la interna del FIT-U, en el marco de un programa común, no nos debilitó, nos fortaleció”. El MST “vino para quedarse”, dijo, pero abogó por un “frente de izquierda fuerte, que se amplíe, que sea más grande y más poderoso”, en referencia a tejer alianzas con la centroizquierda. A continuación habló Giordano, de IS, para quien el posicionamiento del FIT-U como tercera fuerza no se debió, como dijo Bodart, a la interna sino a “que estábamos preparados con la unidad de la izquierda”. Coincidió en llamar a “los peronistas descontentos” a unir fuerzas con el FIT-U para consagrar una banca en el congreso, las legislaturas y concejos deliberantes. Romina Del Plá festejó que “todos y todas las que estamos acá somos excelentes voceros y voceras de este programa”. La camarilla que conduce el PO oficial propugna borrar la delimitación de posiciones entre las diversas corrientes y convertir al mentado ´programa´ común del FIT-U en la única referencia estratégica. Es un paso hacia la autodisolución del Partido Obrero. Solano insistió con la ´propuesta´ de un ´Congreso del FIT-U´, ahora para después de las elecciones. Solano venía de proponerle a Maslatón y sus seguidores ´libertarios´ a movilizarse en común contra el acuerdo con el FMI, que es el banco central de los bancos centrales que los Milei dicen querer disolver. El derechista y referente del partido de Milei rechazó la invitación en nombre de un nacionalismo fascistizante. Solano propone un auto-congreso del FIT-U para llevar al Polo Obrero oficial y opacar la ventaja mediática que le adjudica al PTS; un asunto de camarillas. En su discurso denunció la condena a los compañeros Arakaki y Ruiz por movilizarse en defensa de las jubilaciones, pero no hubo en este caso una ´propuesta´ de movilización para liquidar este atropello. Sin un anclaje de clase, el FIT-U busca pescar en todos los ríos revueltos, sea en la centroizquierda o el kirchnerismo, y en la derecha ´libertaria´. Los límites políticos aparecen, en cambio, a la hora de acompañar los procesos de lucha de los trabajadores de forma consecuente, más allá de lo que se diga para la tribuna. El obstáculo al ´Congreso del FIT-U´ proviene de las rencillas, como se manifestaron en el propio acto, y en el frenesí electoral. Nuestro llamado a votar a Política Obrera y los partidos y frentes de izquierda apunta a que los trabajadores voten contra el gobierno en función de una perspectiva que deberá ser socialista. Votar contra los partidos patronales es el ABC del clasismo. Un crecimiento de la izquierda en esta perspectiva ensancharía el terreno para desarrollar la autonomía política de la clase obrera, en especial en esta crisis histórica de la dominación capitalista en Argentina.

La declaración de “apoyo internacional” que el FIT-U está distribuyendo a nivel internacional asegura de entrada que “representa la única alternativa a los partidos capitalistas y la política del imperialismo en Argentina” (LID y PO, 11/11). Es claro que se refiere a la ´alternativa´ electoral que, en estos límites, no podría ser nunca una ´alternativa´ socialista. El socialismo, por otra parte, no se ha presentado nunca como ´alternativa´ a los diversos partidos patronales o pequeño burgueses, o a ´políticas´ de diverso cuño, sino como oposición política e histórica al Estado y la sociedad capitalista. Aunque pueda parecer curioso, el FIT-U ha elegido una forma sinuosa de caracterización de ella misma, porque cada uno de sus integrantes se reserva el calificativo de partido revolucionario para sí mismo. Esta autoproclamación reprimida ha dado paso a la presentación de una ´alternativa´ que no se distingue metodológicamente, de cualquier partido pequeño burgués democratizante. Aunque también señala que se estableció como coalición electoral en 2011, no dice que el Partido Obrero, en un artículo de Altamira, lo caracterizó, desde el primer momento, como “oportunista” (textual), o sea amorfo, política y estratégicamente. Tampoco advierte que el PTS intentó romperlo en 2012/3, por medio de una campaña a favor de “un partido de trabajadores” (textual), aún más amorfo en todos los aspectos. Que las condiciones político-electorales del momento (e incluso con posterioridad) justificaran por lejos la formación del FIT, esto no debe servir como autorización para tergiversar la naturaleza del FIT desde el comienzo. En la actualidad, aquel “oportunismo” se ha convertido en parlamentarismo pequeño burgués y en una tendencia a la integración parlamentaria al Estado. La declaración que el FIT-U ofrece a la firma del resto del mundo tiene otra falla de lesa ocultamiento, pues no dice que no ha formado nunca un bloque parlamentario único, por pujas autoproclamatorias, de modo que nace cuando ocurre la inscripción electoral y fenece la noche posterior a los comicios. En las elecciones recientes ha recurrido al método de la interna para zanjar disputas de candidaturas, particularmente ´sangrienta´ en Córdoba. La sigla queda guardada en el archivo de patentes hasta la elección siguiente. El FIT-U no se presenta, como alega, en “todos los distritos del país” – no informa que no superó las PASO en Santiago del Estero con el mediocre propósito de ocultar el llamado al voto en blanco en lugar de hacerlo por Política Obrera, que es la única corriente que estará presente con boletas nacionales en esta provincia. Tercera fuerza En la proclama indican que la crisis del gobierno por los resultados de las PASO (o sea, podría ser revertida por otros resultados), intenta ser “capitalizado por la derecha”. No advierte, sin embargo, la crisis de esa misma derecha, fuertemente fraccionada, y la instala como una alternativa política, que la misma derecha rechaza, sencillamente porque no tiene condiciones para gobernar. La conjunción de ambas crisis representa una crisis de régimen político en su conjunto, convirtiendo a la situación argentina en explosiva. La derecha, para los autores de la declaración, no sería tampoco tal, porque está “la extrema derecha ´libertaria´ [que] busca canalizar parte del descontento con los partidos capitalistas tradicionales para plantear un modelo económico de mayor ajuste y con más mano dura contra el pueblo trabajador y la izquierda”. Mientras la derecha oficial no sería tan ´dura´ como la ´extrema derecha´, tampoco es completamente cierto lo que afirma la declaración de que esta última está “fuera de los partidos tradicionales”. El jefe de la banda fascistoide, Javier Milei, está oficialmente en negociaciones con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, para apoyarlos en la disputa general dentro del campo derechista. La declaración reivindica para el FIT-U la condición de “tercera fuerza política nacional”, sin medir la enorme distancia electoral y de poder que la relega del gobierno y el macrismo. En cuestiones vitales, sin embargo, el ´tercero en discordia´ otorgó el quórum o apoyó con su voto a los partidos patronales, en general cuando estos iban unidos. Y no fueron cuestiones menores, sino presupuestos de provincias, negociados inmobiliarios y la ratificación del tratado Netanyahu-Trump sobre sionismo-antisemitismo – entre otros. Sería un progreso que llegaran a ser ´tercera fuerza´, porque amortiguarían un poco el mencionado papel de furgón de cola de los partidos patronales. Es llamativo que la declaración no mencione que, desde 2020, el FIT-U se ha declarado parte de “la corriente internacional de izquierda” (textual) contraria a la cuarentena, y defendió como nadie la presencialidad escolar y laboral “cuidadas”. Una campaña de disolución de la lucha de clases y de política identitaria El FIT-U se ha destacado por disolver la lucha de clases en el marco segmentado del indigenismo, el feminismo, el ambientalismo y las reivindicaciones de la juventud. Sacrifica la estrategia socialista en políticas “identitarias”. Ha reconfigurado a Argentina como “estado plurinacional”, que queda como estación intermediaria al socialismo, y relega la soberanía india a una integración al estado burgués presente. La declaración plantea que “el FITU se ha transformado en un canal de expresión política de la rabia social”. Lo de ´canal´ es pura autoproclamación. El método de la declaración sigue las reglas de la publicidad, o sea el autobombo, en perjuicio de los planteos políticos. “Un canal de la rabia social” sería candidato, hoy en Argentina, a ganar las elecciones nacionales. “Lejos de aquellos reformistas que sostenían que, para ser exitosos electoralmente, había que rebajar el programa, el FIT-U plantea abiertamente un programa para ´expropiar a los expropiadores´”. Más allá de la ridiculización del reformismo, que ganó elecciones por su labor histórica de organización de la clase obrera, la declaración menta la soga en la casa del ahorcado. El FIT-U plantea invariablemente nacionalizaciones burguesas, como lo demuestra que eviten, ahora y siempre, la reivindicación de la dictadura del proletariado. Lo mismo ocurre con “la unidad socialista de América Latina” (ídem) para luchar “contra el imperialismo y las burguesías”, una frase vacía si no plantea, de nuevo la dictadura proletaria. Dime de lo que te jactas, y te diré de qué adoleces. El FITU reclama políticas públicas, control de precios, nacionalizaciones aisladas, regulación de la oferta inmobiliaria, todo aquello que no afecte la propiedad privada de los medios de producción, que no puede ser abolida sin un gobierno de trabajadores (dictadura proletaria). Igualitarismo Repitiendo los lugares comunes del “progresismo” internacional, y la socialdemocracia ´reformista´, la declaración indica que “Latinoamérica se convirtió en la región más desigual socialmente del mundo…”. La desigualdad de la declaración no se refiere a la que resulta de la explotación capitalista, sino a la llamada ´política de ingresos´, que tiene un alcance “policlasista”. Las rebeliones populares en América Latina son resultado de la destrucción de las condiciones laborales, de la concentración capitalista de propiedad y del incremento de la tasa de explotación. Sobre la rebelión popular En Colombia no solamente se desarrolló un enorme proceso de rebelión popular; se conformaron organismos de poder, en oposición al Comité Nacional de Paro, la llamada Asamblea Popular Nacional. En Chile ocurrió lo mismo en las barriadas y en la formación de los piquetes de la “primera línea”. Lo mismo ocurrió con obreros y campesinos en Bolivia, para luchar contra el golpe que el PTS y el PO oficial demoraron en advertir. Derecha, extrema-derecha y derrotismo de izquierda El documento, con la firma de muchas organizaciones internacionales, indica que los procesos de lucha del último tiempo son impulsados por la crisis capitalista mundial. Pero ¿qué ven en el desarrollo de este proceso? El “ajuste” capitalista-fondomonetarista. La lucha contra el ´ajuste´ ha venido a ocupar el lugar de la lucha contra el ´neo-liberalismo´; la ´izquierda´ se distingue del ´populismo´, en el lenguaje, para no apuntar directamente al régimen capitalista y para disolver el rol de dirección histórica del proletariado en un ´pluralismo´ y el ´pluriclasismo´. La declaración de apoyo al FIT-U no se hace mención a la “implosión del NPA”, el FIT-U francés, y la ruptura promovida por un grupo vinculado al PTS. En Francia, la izquierda se des-une, como ocurre también en otros países – el PSOL brasileño y el Frente Amplio en Perú. Negando el propio derrotero internacional y local del FITU, indican que “El FIT-U representa una perspectiva opuesta al centroizquierdismo y a toda variante cuyo estrecho horizonte es gestionar el capitalismo (…) El FITU no busca ganar una mayoría en el parlamento en coalición con partidos burgueses” (sic). Ganar una “mayoría parlamentaria”, pero no en “coalición”: esto dicen los críticos del reformismo. El FITU no se ha caracterizado por usar el Congreso como una tribuna de agitación socialista (fuera de esto, todos los partidos se valen de él como tribuna). Por el contrario, la campaña del FITU ha sido un derrotero de lugares comunes y de apoyos solapados al kirchnerismo. La declaración internacional es la representación ideológica de una coalición oportunista, que acomoda (por ahora) el arribismo electoral de sus tendencias. LEER MÁS 14N: la parálisis política, po Jorge Altamira

Una docente de Ciencias Naturales de 4° grado de una escuela primaria de Trelew (Chubut) ha sido acusada de “adoctrinamiento”. El mismo ataque que se produjo poco tiempo atrás contra la docente Laura Radetich, en una escuela de La Matanza. En este caso por haber encargado a sus alumnos una tarea acerca de las consecuencias que produce la megaminería. O sea, acerca del tema que más preocupa en la provincia. Algunos padres de alumnos de la docente “anti minera” hicieron llegar sus quejas al ministerio de Educación. La ministra Florencia Perata los respaldó. Dice que la tarea es “tendenciosa porque cancela la capacidad de pensamiento” – una verdadera idiotez (Clarín 2/11). Esto ha sido dicho en medio de un inmenso debate sobre el cambio climático, cuyos protagonistas más enérgicos son los adolescentes. El texto sobre el cual los estudiantes debían responder una serie de preguntas, se difundió por las redes sociales. En su primer párrafo señala: “La minería a cielo abierto es uno de los peores enemigos del medio ambiente. Es una actividad que ataca, destruye y hace sufrir a la naturaleza y a todo lo que la rodea, incluyendo, por supuesto, a los seres humanos”. Y en otra parte del mismo: “Amén de los efectos nocivos que estas etapas desencadenan, otro hecho que agrava la situación de esta minería es la utilización en grandes cantidades de cianuro con el fin de recuperar el oro del resto del material removido”. La docente dice la verdad y nada más y nada menos que la verdad. Esto es lo que ha comprobado no sólo la comunidad científica, sino el conjunto del pueblo de Chubut, que ha protagonizado verdaderas rebeliones populares contra esta forma de depredación capitalista. El gobierno provincia de Mariano Arcioni “milita” y “adoctrina” abiertamente a favor de la megaminería contaminante mediante la utilización de todo el poder económico, medíatico y político que dispone. El pueblo le ha respondido en contra, a través de plebiscitos, cortes de ruta y movilizaciones, por lo menos desde hace 30 años. Los contenidos de los curriculums del Estado provincial, en cambio, son “pro minero”. El ´adoctrinamiento´ oficial es cuestionado por la docente y tiene todo el derecho a cuestionar esa orientación y de ofrecer textos que contradigan la posición “oficial”, para que luego cada estudiante saque sus propias conclusiones, mediante la reflexión y el debate. La ofensiva mediática y gubernamental contra la docente “anti minera” muestra, claro, los intereses que defiende el Estado. Pero plantea un asunto de mayor envergadura, y este es que la agenda de los trabajadores ha penetrado los ámbitos escolares. El principal sindicato docente de la provincia (ATECH) aún no se ha pronunciado sobre el episodio. Los sindicatos se encuentran frente a un desafío absolutamente fundamental – la defensa de los docentes como portavoces del pueblo y de la libertad de expresión y debate. La burocracia sindical se ha caracterizado, en Argentina, por una defensa cerrada del capitalismo y del clero, como instrumento del estado contra la libertad política en los sindicatos. La maestra ‘anti-minera’ marca el camino, como defensora de los intereses populares, de la humanidad y de la formación de la juventud.

“La ANSeS confirmó que el aumento trimestral de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales del 1° de diciembre al 28 de febrero del 2022 será del 12,11%.” Clarín del 11/11/2021. Este 12,11% eleva el haber mínimo a partir de diciembre a $ 29.061. Lo recibirán más de7 millones de jubilados. Quedan por fuera del aumento los jubilados y pensionados de regímenes especiales, los docentes, los docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder judicial que tienen índices propios. La PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor) pasa de $20.738 a $ 23,249, las pensiones no contributivas de $ 18.146 a $ 20.342 y el haber máximo de $ 174.433 a $ 195.557. En los años 2018/2019 sufrimos una perdida en nuestros haberes del 19,5% frente a la inflación. En el año 2020 los aumentos diferenciados por decreto fueron del 35.3 % (al haber mínimo) y de 24.3 % (al haber máximo) la inflación llego al 36,1%. Hubo una pérdida de hasta el 8,7%. Año tras año se va acentuando el achatamiento de la pirámide más aún porque los bonos extraordinarios otorgados solo alcanzaron a aquellos que cobraban un haber mínimo y medio o dos. Comparando las fórmulas de los distintos gobiernos en el año 2020 con la fórmula del gobierno anterior el aumento a jubilados hubiera sido del 42% por encima de los aumentos por decreto del 35,3 % y el 24, 3% según el haber. Este año 2021 la taba se dio vuelta, con la formula suspendido hubiéramos llegado a un 48,6 % contra un 52,7 %. Si bien este año 2021 el aumento superaría la inflación, esto de acuerdo a la variación de los precios hasta fin de año, pero al quedar sin el otorgamiento de los bonos los jubilados de haberes más altos tendrá una pérdida frente al aumento de precios. Igualmente nuestros haberes se deteriorarán frente a los aumentos de precios de enero y febrero dado que nuestro próximo aumento será en marzo del 2022. Los distintos gobiernos de turno han transformado a la jubilación de un salario diferido en una miserable pensión a la vejez. Las distintas fórmulas aplicadas junto a los míseros bonos otorgados han dejado a los haberes de casi 8 millones de jubilados en la línea de indigencia. Ahora después de las elecciones están en danza nuevos ataques al régimen previsional, como ser el aumento de la edad jubilatoria y la perpetuación de aumentos que nos mantiene en la indigencia. El FMI exige que los distintos sectores de “Todos” y de “Juntos” pongan sus huellas digitales para aprobar este nuevo “ajustazo” a nuestras condiciones de vida. Los jubilados y pensionados debemos debatir junto a los trabajadores ocupados y desocupados una salida a esta profunda crisis. Ningún jubilado ni pensionado debe ganar por debajo de la canasta familiar.

Son días claves para la resolución del proceso electoral que renovará el Consejo Directivo SAdeM, sindicato de músicos. La lista Verde de la Asamblea de Trabajadores de la Música -ATM- que agrupa a músicos de todo el país y encabezan Adriana de los Santos, Sergio Urtubey y Marcos Cabezaz, denuncian gravísimas irregularidades para consumar un fraude que tiene como objetivo, el vaciamiento del sindicato y la apropiación de una caja de recursos. Primer acto de un fraude La Junta Electoral del SADeM fue designada el 28 de septiembre pasado en una Asamblea Extraordinaria antidemocrática y carente de legitimidad, dado que se negó voz y voto a quienes no pudieron pagar la cuota social durante la pandemia; sin embargo, los señalados por morosos figuraban en padrón y firmaron planilla de asistencia. También se silenció opositores mediante artes adivinatorias, como es costumbre la mesa no otorga la palabra al afiliado cuando adivina que su decir no se ajustará al orden del día. La Junta Electoral se ha desempeñado coherentemente con la asamblea que la parió. Debutó denegando toda la información necesaria para la presentación de una lista, como es la entrega del padrón provisorio o número de afiliados y afiliadas, dato necesario para reunir los avales necesarios -el artículo 7 del Reglamento Electoral “exige 3% del padrón…” (¿ 3% de qué?)- así como cumplir con el cupo femenino. Por esto mismo, la Asamblea de Trabajadores de la Música inicia un expediente en el Ministerio de Trabajo donde irá denunciando y dejando constancia de cada irregularidad. Las expulsiones Los padrones se publicaron en cartelera de la sede de C.A.B.A. el mismo día del cierre de presentación de listas. En él se observan apenas 1.026 músicos, casi 800 menos que en las elecciones del 2017. En el INaMu -Instituto nacional de la música- existen 46.700 músicos registrados. La diferencia entre ambos registros deja entrever la crisis del sindicato. Prácticamente toda la Lista Verde (ATM), principal lista de oposición, se encuentra excluida del padrón. El argumento de la Junta Electoral y de la Directiva es la morosidad, pero nadie ha sido puesto en mora ni fue informado fehacientemente de su exclusión, contradiciendo al mismo artículo 8 del Estatuto que el oficialismo esgrime para proceder a la purga. La expulsión de casi 1.000 afiliados se produce en medio de una catástrofe humanitaria, sanitaria y social sin precedentes, en la que la mayoría de los músicos tuvo ingresos cero. Si antes de la pandemia, la situación de los músicos se caracterizaba por la precarización laboral y falta de trabajo, estas se combinaron con la necesidad de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio sin ninguna clase de asistencia. Mientras la Asamblea de Trabajadores de la Música reclamaba al estado una compensación económica igual a la canasta básica para los trabajadores imposibilitados de ejercer su profesión, por respeto a las medidas de prevención, el Consejo Directivo SAdeM afirmaba que “la música no contagia”, empujando al contagio a los músicos y aplaudía las magras ayudas del gobierno que llegaban a muy pocos beneficiarios. Derrotar a los vaciadores del SAdeM La Directiva ofrece borrón y cuenta nueva, es decir que los expulsados se vuelvan afiliar y pierdan los derechos democráticos de antigüedad que permiten su participación de las elecciones. ATM reclama la condonación de la deuda generada durante el parate por el COVID 19 sin afectar derechos y la inclusión en padrón de todos los compañeros y compañeras excluidos. Se ha ratificado la presentación de la lista ante la Junta Electoral y el Consejo Directivo, a la vez que fue engrosando el expediente en el MTESS impugnando el proceso electoral, solicitando una audiencia con carácter urgente. El 2 de noviembre la DNAS (dependiente del Ministerio de trabajo) dio curso al reclamo de la ATM corriendo el traslado a la Junta Electoral por el plazo de cinco días para que ejerza su derecho a defensa. El 9 la Junta resolvió “tener por no habilitada a la Lista Verde denominada Asamblea de Trabajadores de la Música”. Cuando más crece la pobreza en Argentina, la precarización laboral, es cuánto más necesitamos organizarnos. Si bien aún resta una respuesta del ministerio, es necesaria una fuerte movilización de los músicos y las músicas para derrotar la proscripción, no de una lista, sino de casi 800 compañeros y defender un sindicato de los trabajadores de la música.

Una masiva movilización de siete mil desocupados, convocada por decenas de organizaciones sociales y políticas, copó las calles del municipio de Esteban Echeverría en repudio a la brutal represión en la rotonda de Llavallol, llevada adelante por Gray, Berni y Kicillof. Estuvieron presentes y hablaron en el acto el frente de lucha local integrado por el Polo Obrero Tendencia, Izquierda Latinoamericana Socialista, MTR Votamos Luchar, MTR 12 de Abril, MTL Rebelde y MAR. Luego tomaron la palabra las organizaciones que adhirieron a la movilización, Marabunta, Fol, Mulcs, FPDS, OCR, Polo Obrero (o), Igualdad Social, Izquierda Socialista, MST, MIDO. Desde el Polo Obrero Tendencia hicimos un llamamiento a una coordinación nacional de movimientos de desocupados para unificar la lucha y la convocatoria a un Congreso Obrero que discuta una salida política a este régimen agotado y la necesidad de un gobierno de trabajadores. El brutal ajuste de los salarios y jubilaciones y la reforma antilaboral y antiprevisional que el gobierno nacional de los Fernández y la oposición patronal pretenden imponer al servicio del pago de la deuda al FMI impone una agenda de lucha y organización impostergable. En el cierre se anunció la continuidad del plan de lucha de conjunto con las organizaciones movilizadas.

Tras los tres días de retenciones de tareas y el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, la patronal ha reiterado, en las reuniones con los delegados, la oferta que llevó al conflicto: $ 20 mil de bono fin de año, $ 20 mil atados a una serie de tareas (TPM) y adelantar el 10% de la paritaria vitivinícola de enero a noviembre. Mientras no afloja en las negociaciones, la empresa empezó a comunicar vacaciones para los meses de marzo y abril, en perjuicio del descanso de los trabajadores con sus familias. La firmeza en las decisiones y la unidad generada entre los obreros han logrado que la pelea por sus salarios y condiciones laborales se encuentre con mucha fuerza y apoyo de varios sectores del sindicato vitivinicola, en particular de delegados de plantas de la zona norte. El próximo 18 de noviembre los trabajadores tendrán otra audiencia, y el día 23 finalizarían los plazos conciliatorios, aunque no descartan que la patronal solicite prorroga. La dureza de la patronal en ceder un mínimo de sus super ganancias llevó a esta situación. Son ellos los principales responsables. En ese marco, los trabajadores están denunciando aprietes del personal jerárquico para con los compañeros que se encuentran contratados por agencia, intentando obligarlos a hacer horas extras para lograr superar el desabastecimiento por los días de retenciones. Dentro de la planta, los trabajadores sienten que esta pelea van a llevarla hasta las últimas consecuencias, siempre apoyados en sus métodos, los mismos que los llevaron en los últimos años a mejorar sus condiciones laborales: la asamblea es la que manda y así se garantiza la participación y el compromiso del conjunto de la planta. También es un sentimiento más que presente entre los obreros que, finalizada la conciliación y si no logran sus reinvidicaciones, volverán a las medidas de fuerza que sean necesarias para imponer sus reclamos. Los trabajadores de Branca, como otros sectores de la clase obrera, dan pelea por salarios o enfrentan ataques a la organización sindical y despidos. Vemos con carácter de urgencia empezar a trabajar en la conformación de un congreso obrero que lleve todas las reivindicaciones del conjunto de la clase obrera y enfrente los intentos de reforma laboral al servicio de las patronales y los ajustes que el nuevo congreso votará de a pedido del FMI, dotándose así de una herramienta propia para esa tarea.

En lo que va del mes de noviembre, en la provincia de Salta se han triplicado los casos de contagios de Covid-19. De estos, entre un 40 y 50% corresponde a la variante Delta, sumando más de una decena de fallecidos y 206 contagiados con esta cepa. Toda esta amenaza se da por la decisión del gobierno provincial en avanzar a una mayor apertura de las actividades no esenciales. La salud pública se cae a pedazos y la miseria social arrecia. El informe de Epidemiología de la provincia advierte que ya hay circulación comunitaria con la variante Delta en 12 departamentos. También informa que hay dos departamentos en zona de alto riesgo -San Martín y La Viña- y 13 departamentos en mediano riesgo. El dato de este informe es que la mayoría de estos departamentos son turísticos o de ingreso a la provincia. El gobierno de Saénz se ha lanzado a una mayor apertura del turismo que se concentra en los valles calchaquíes de ciudades como Cafayate, Cachi, La Viña y la propia Capital, y en las localidades de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza (Pocitos), es decir el paso fronterizo, donde se encuentra la mayor cantidad de casos afectados por la variante Delta. En este último caso se debe a la decisión del gobierno nacional de habilitar el paso del transporte de pasajeros que atraviesa el vecino país de Bolivia; es que allí se baraja un nuevo negociado aduanero que significa un impuesto de sellado para el ingreso cuyo costo es de $6.000. Los ingresantes no están obligados a cumplir aislamiento y solo deben presentar el esquema completo de vacunación. Frente a este cuadro, el gobernador Saénz dice que están “tomando las medidas necesarias para controlar el Delta”. Estas “medidas” se han tomado solo por una semana, hasta el sábado pasado, disponiendo 2 centros de “testeos” -no masivos- solo para personas con síntomas compatibles con Covid-19 y a libre demanda para las que presenten el carné con el esquema de vacunación completo. Un despropósito, por cuanto hay muchas personas que circulan por no presentar síntomas. Es decir que Sáenz no tiene ni quiere ninguna medida en términos masivos como los testeos y una campaña decidida para incentivar la vacunación. La cantidad de vacunados en la provincia sufre un impasse. La vacunación con la primera dosis no supera el 70% y con las dos dosis no llega al 46%. La legislatura salteña prorrogó la ley de estado de emergencia sociosanitaria para el norte provincial, para los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, por 180 días más. Sin embargo, los hospitales de esta zona siguen afectados por un proceso de vaciamiento, resultado del régimen de autogestión y gerenciamientos. Los hospitales de Mosconi, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán se abastecen con rifas que impulsan desde los propios nosocomios. El fiel reflejo del desguace y la desidia para colocar los recursos es el hospital de Aguaray, donde esta semana han renunciado la gerente general y dos gerentes administrativos; las enfermeras denuncian que los camisolines se lavan, no son desechables como indica el protocolo. Se han tomado represalias contra las cuatro enfermeras que se animaron a denunciar y a exigir los elementos de protección personal no permitiéndoles ingresar a su lugar de trabajo y enviándolas a aislamiento en nombre de un posible contagio. El ministro de salud, Juan José Esteban y sus alcahuetes tratan de tapar el escándalo enviando 200 camisolines para una planta de 100 trabajadores, es decir para 2 días. Esteban seguirá lavando camisolines, Sáenz no coloca ni un peso al sistema de salud público. La salud pública se derrumba a la par de una situación de pobreza extrema en la provincia. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) que depende la Universidad Nacional de Salta, ha revelado un informe que 1 de cada 2 habitantes de Salta es pobre. Salta es la provincia con mayor pobreza y que 2 de cada 3 de esos pobres residen en el departamento de Oran y San Martín, los departamentos más golpeados por el covid-19, por la desocupación y por el colapso de los hospitales públicos. Estos son los resultados de la política capitalista que se exacerba en pandemia. A días de las elecciones nacionales, todos los candidatos que representan a las patronales ocultan la realidad y se esconden detrás de sus trifulcas de camarillas. El planteo de una política obrera y socialista, en cambio, ha sido y es por el fin del régimen de autogestión y gerenciamiento y de un congreso obrero que discuta los problemas de la salud en la provincia y todos los males a los que nos arrojan los personeros políticos del régimen capitalista.

Mientras transcurría la campaña electoral, la crisis social y política en Salta se ha agravado considerablemente. El reconocimiento de que la provincia es la más pobre y desigual del país se sumó al estallido de diversos escándalos políticos: el allanamiento al intendente Méndez y el “descubrimiento” de una aduana paralela regenteada por éste en Salvador Mazza; la renuncia del ministro de seguridad Pulleiro bajo una oleada de femicidios y crímenes de tintes mafiosos; y el descubrimiento de una cocina de cocaína en una finca, regenteada por funcionarios del municipio de Rosario de la Frontera. Por último, una rebelión de estudiantes secundarios está en desarrollo contra abusos y el acoso de docentes y ha quebrado el encubrimiento estatal. Bajo este cuadro, la campaña electoral ha sido calificada “de baja intensidad” por los analistas locales. Todos los candidatos patronales coincidieron en “proponer” mayores exenciones al capital, como si esto no fuera lo que se vino realizando los últimos 30 años, a la vez que se pronunciaron por ir a fondo en la reforma laboral que impulsa la UIA y el FMI para imponer el derecho a despedir y negrear a los trabajadores salteños. Mientras Zapata (JxC) y el saencista Durand Cornejo (UxS) hicieron lobby por la eliminación de la indemnización por despido, Biella (SI+PRS) saludó el plan empalme de Alberto Fernández para convertir los planes sociales en un subsidio a las patronales. Por el lado Kirchnerista, Da Souza (Felicidad) propició el trabajo precario bajo el eufemismo de la “economía popular”, y Estrada (FdT) propuso un “monotributo joven” para enterrar las aspiraciones de un trabajo en blanco. Por el contrario, la campaña de Política Obrera denunció a estos bloques y sus pretensiones antiobreras, para impulsar la organización obrera y popular por el derecho al salario, la jubilación y el trabajo con un ingreso mínimo igual al costo de la canasta familiar. Planteamos la necesidad de un congreso obrero y la lucha por su propio gobierno, sobre todo de cara a los nuevos episodios de crisis que le seguirán al proceso electoral, signados por el intento de acuerdo con el FMI y nuevos ataques a los trabajadores. Así, conquistamos pronunciamientos de activistas y luchadores obreros y vecinales, por un congreso obrero y por el voto a al PO en las próximas elecciones. Nuestra campaña Las recorridas y reuniones impulsadas en nuestra campaña electoral dieron pie a iniciativas de lucha por la vivienda, por la atención de médicos especialistas en las salitas, por el 82% móvil para los jubilados y la gratuidad de todos los medicamentos y las prestaciones, por el reclamo de recursos para los merenderos, contra el plan empalme y por la organización de los obreros rurales en el norte y el sur provincial; y por la recuperación de la Agremiación Provincial Docente impulsando una lista de la asamblea provincial de docentes autoconvocados y contra el fraude que prepara la burocracia sindical y el Estado. Este método de campaña ha contrastado también con el del FIT-U, que redujo la agenda reivindicativa por la tierra o contra los tarifazos en meros actos de campaña electoral, a la par de reemplazar el planteo de lucha por un gobierno de trabajadores por la autoproclamación, en tanto se presentaron como “la salida de los trabajadores” a construir. Las elecciones y el día después A la bancarrota y la crisis nacional se le suma el colapso provincial de los servicios de agua, luz y del sistema hospitalario; un multimillonario fallo judicial en contra del estado salteño que “disloca” sus precarias finanzas; y la crisis no resuelta por la infiltración del aparato policial, político y judicial, por redes de narcotráfico. En este contexto, el voto a Política Obrera es parte de la lucha por la independencia política de los trabajadores y un puntal para desarrollar la intervención política de la clase obrera para luchar por su propio poder.

Las alumnas del colegio religioso más antiguo de Posadas y la provincia de Misiones, protagonizaron una sentada en el colegio denunciando el acoso de algunos compañeros. Fueron acompañadas por otros compañeros y luego se extendió a un corte de calle frente a la escuela, esta acción repercutió en otros colegios que se movilizaron en apoyo de las jóvenes denunciantes. El conflicto tuvo como eje central la denuncia contra las autoridades que se negaban a frenar a los acosadores afirmando que nada se podía hacer. Luego de varias jornadas de manifestaciones obligaron a que sean cambiados los directivos de la institución, el rector estrechamente vinculado al empresariado local estuvo denunciado oportunamente por haber participado de una festichola en un emprendimiento inmobiliario, en momentos en que las actividades sociales estaban bloqueadas por la pandemia. Esto debe ser enmarcado dentro de una escala de reclamos que la juventud viene realizando en toda la provincia, no solo por situaciones similares a esta, sino también por las condiciones materiales de sus escuelas, reclamando la falta de agua, baños, y más aulas. En primera instancia, quisieron sancionar a las chicas que organizaron la sentada en el patio. Luego propusieron que los alumnos implicados terminen el cursado de forma virtual y que no se les renueve la matricula en el año próximo. Hubo intervención judicial y el fiscal pidió el procesamiento de los acosadores cuando estos son menores, todo su accionar pretendió encubrir a las autoridades que permitieron la continuidad del acoso a pesar de las denuncias de las chicas y sus padres. La situación puso en debate la aplicación de la ESI en las instituciones educativas sin que denunciaran las severas limitaciones de esta ley expresada en su artículo 5: “Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. El cambio de autoridades en el colegio Roque González es una victoria de los y las estudiantes, pero no soluciona el problema de la Educación Sexual Integral ya que su enseñanza estará lejos de ser científica en el marco de una escuela religiosa. Las escuelas del clero se han beneficiado con más que jugosos subsidios en los 20 años de gobierno de la Renovación, y es más que notable el crecimiento en infraestructura y centros deportivos, de los que la escuela pública carece por completo. No es un problema solo de un colegio o un funcionario de un colegio: para que la educación sea laica y científica, es necesaria la separación de la iglesia del estado y que el conjunto de los colegios de educación privada pasen a manos del estado, algo imposible de pensar con un régimen político y social que tiene un Consejo de Educación Clerical en el Estado, el cual es dirigido, por supuesto, por docentes egresados de los terciarios del clero.

El pasado jueves 11N se realizó la primera jornada de lucha por el pase a planta, convocada por la seccional posadas de Cicop. El pase a planta es un reclamo histórico de los trabajadores del Posadas. Hay trabajadores con 29 años de antigüedad que aún revisten como contratados; el 80 % del hospital está precarizado. De esta precariedad laboral, precisamente, se valió el macrismo para despedir a miles de trabajadores. En las próximas semanas se realizarán asambleas para darle continuidad a la lucha. La burocracia de ATE y UPCN, que fue cómplice de los despidos del macrismo, no dice una palabra sobre la precarización que reina en el hospital. Por otra parte, el lunes 15 está previsto que el genocida y torturador Etchecolatz venga al hospital a realizarse unos estudios. Su presencia despertó una indignación y repudio generalizados, ya que en el hospital Posadas funcionó, durante la última dictadura, un centro clandestino de detención y tortura y se registra una docena de trabajadores desaparecidos. Desde el primer día que nos enteramos que Etchecolatz sería atendido en el hospital, los trabajadores desplegamos una campaña de repudio con carteles. Pase a planta para todos los trabajadores sin concurso, respetando la antigüedad y la categoría. Cárcel común para todos los genocidas.

Otro día triste y lleno de rabia por el femicidio de Brisa Formoso, de 19 años, quien había desaparecido el día viernes pasado en Hudson. Finalmente fue hallada asesinada en un descampado. Hay un joven demorado en la comisaría por el crimen. Brisa era intensamente buscada por su mamá, quien habia denunciado su desaparición luego de que no regresara de la fiesta donde había asistido junto a su prima, en la sociedad de fomento San Marcos, de las calles 142 y 56. Su prima declaró en la comisaría cuarta que la joven se cruzó con su expareja con quién discutió luego que la viera con otro joven, esta la vio última vez a las 5:30 de la madrugada del día sábado. En la investigación interviene el fiscal Daniel Ichazo, de la UFI número 1 de Berazategui. El expediente cambió su carátula de averiguación de antecedente a homicidio agravado por mediar violencia de género. Al calor de la búsqueda desesperada de la familia, se realizaron cortes y piquetes para exigir su aparición, y finalmente se confirmó que era su cuerpo el hallado en el descampado. Las fuerzas policiales acudieron a reprimir a varios amigos, familiares y vecinos que allí se encontraban Este Estado es responsable de la violencia que se ejerce a miles de mujeres. Solo la organización colectiva de los trabajadores y las mujeres terminarán con un régimen y logrará que no tengamos que padecer más esta desidia. Mujeres, si no nos organizamos nos matan.

El resultado de las elecciones generales no ha servido para despejar o siquiera atenuar el alcance de la crisis de régimen inaugurada por el derrumbe del gobierno macrista y la bancarrota financiera posterior, primero, y la crisis sanitaria y el rescate capitalista operado por el gobierno de los Fernández después. Los días y semanas posteriores al domingo 14 lo van a poner de manifiesto, aunque los comentaristas de rigor insistan con “un nuevo orden político” después de los comicios. El régimen político, considerado en su conjunto, volvió a ser sancionado con un elevado abstencionismo, que apenas remontó en cuatro puntos porcentuales respecto de las PASO. En medio de un retorno abrumador al presencialismo laboral y social, no es posible atribuirle el ausentismo a los temores sanitarios. Los datos dan cuenta del golpe sobre las dos coaliciones dominantes: el Frente de Todos tuvo 5.200.000 votantes menos que en 2019; el “triunfante” Juntos, perdió otro millón doscientos. El golpe político al gobierno ´de Todos´ es inapelable, puesto que fue derrotado en las provincias más importantes -Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza- y también en otras –como Chubut o La Pampa- que lo llevaron a perder el quórum propio en el Senado. En su cuna austral, el kirchnerismo resultó tercero. Los festejos desmesurados del domingo sólo se justificaron por haber acortado las distancias en la derrota bonaerense. Esa “victoria”, sin embargo, cuenta en el haber de los intendentes pejotistas del conurbano, que movilizaron aparato y recursos para revertir -sólo muy parcialmente- el ausentismo electoral. Del lado de la oposición, la promesa de una “escalada” de votos, apoyada en el resultado de las PASO, sólo quedó en promesa. “Juntos” marcó el paso en su lugar, y mostró en el plano electoral sus límites insuperables como alternativa a la crisis terminal del gobierno FF. Los Santilli o Vidal están demasiado cercanos a la experiencia desastrosa del gobierno macrista, y su perspectiva ajustadora es una barrera difícil de franquear en las barriadas populares. En el conurbano, el gobierno volvió a explotar el miedo al retorno al macrismo, como recurso de su remontada limitada. A la derecha de Juntos, Espert y Milei fueron una manifestación de esa crisis de la coalición opositora, y recibieron el aliento indisimulado de los Macri o los Bullrich. Del otro lado, el radicalismo busca su propia cosecha con vistas a la candidatura presidencial del 2023, pero cruzado también por agudas divisiones – Lousteau, Manes, López Murphy. En los festejos libertarios, el bunker de la Libertad Avanza aportó un gramo de clarificación política, cuando la celebración sacó a la luz a un grupo de lúmpenes armados y alcoholizados, al punto de la batahola. La desintegración de las dos grandes coaliciones en presencia ha dejado al pejotismo en el centro de gravedad de la precaria gobernabilidad futura. Pero tampoco el Pejota tuvo para celebrar en este 14N: la remontada del conurbano le da a sus barones los pergaminos suficientes para relegar todavía más a Kicillof, pero no alcanza para levantar ningún liderazgo político. En el interior, el pejotista Schiaretti fue abrumadoramente derrotado en Córdoba. Finalmente, el líder del gabinete peronizado, Juan Manzur, recibió un duro golpe en Tucumán, donde perdió 70.000 votos respecto de las PASO. El carro o el caballo El incierto escenario que dejaron las elecciones obligó a Alberto Fernández a un mensaje en cadena, dirigido, no a los electores, sino a los operadores financieros locales e internacionales, que a esas horas comenzaban a hacer sus previsiones. Allí, anunció la pretensión de un acuerdo parlamentario sobre el arreglo con el FMI, que se plasmaría en un proyecto legislativo a llevar al Congreso el próximo mes. Aunque el anuncio quiso llevar ´certezas´, podría terminar siendo la antesala de una nueva y más aguda crisis política, porque estuvo plagado de ambigüedades. Por caso, señaló que el proyecto tendría los “lineamientos” de un plan económico. En esa línea, el diario oficialista Ámbito señala que el proyecto contendría un ´preacuerdo´, que debería preceder al acuerdo mismo. Esta variante equivale a corresponsabilizar al radical-macrismo del arreglo con el FMI, y de sus consecuencias sociales catastróficas. El “acuerdo básico”, por eso mismo, es improbable. El gobierno deberá enfrentar estas idas y venidas con las reservas internacionales en rojo, y la espada de Damocles de una corrida cambiaria y bancaria en ciernes. La crisis planteada por el empobrecimiento masivo y el hipotecamiento del país excede por mucho a la precariedad que exhibieron los partidos de “Estado” en la elección que acaba de concluir. La izquierda El Frente de Izquierda-Unidad realizó una elección significativa. De un modo general, se situó en los niveles del año 2013, cuando superó el millón doscientos mil votos y consagró a tres diputados nacionales. El domingo pasado, ese volumen de votos se confrontó con un caudal general de votos inferior, por un lado, y con una mayor concentración de votos en los distritos estratégicos de Buenos Aires y la CABA, del otro. El FIT-U creció fuertemente en Buenos Aires, donde pasó de 430.000 en las PASO a casi 600.000 votos en las generales, y casi duplicó la votación de 2013. Como consecuencia de ello, además de consagrar a dos diputados -como ya lo había hecho en 2017- logró en esta oportunidad concejales en partidos como Moreno, Merlo, José C. Paz, La Matanza, Coronel Pringles y probablemente Florencio Varela, junto con dos diputados provinciales por la tercera sección. En la CABA, consagró una banca nacional que le venía siendo esquiva, siempre por un número exiguo de votos, desde 2011. En el interior, el dato sobresaliente es la consagración de un diputado por Jujuy con el 25% de los votos, disputándole al FdT el segundo lugar de la votación – ello, junto a importantes votaciones en Chubut y Neuquén. En contrapartida, se repitió el descenso electoral en Mendoza, Córdoba y Salta – donde el PO-FIT había consagrado un diputado nacional en 2013. Otras fuerzas de izquierda aportaron otros 100.000 votos al total nacional de la izquierda. La conquista de concejalías en municipios estratégicos del conurbano, o la banca de Jujuy, constituyen un síntoma político que nadie podría pasar por alto. La izquierda ha quebrado el monolitismo de la representación política en el corazón del pejotismo y de las burocracias oficiales o sociales de la Cámpora o el piqueterismo oficial. Es una señal clara de declinación del pejota-kirchnerismo, que se procesa, con marchas y contramarchas, desde hace más de dos décadas. Ese agotamiento ha tenido su manifestación positiva en las organizaciones de desocupados independientes, en la conquista de comisiones internas e incluso de sindicatos de manos de la burocracia sindical, y también en votaciones anteriores del Frente de Izquierda. Pero esta conclusión es antagónica a la de las fuerzas receptoras de los votos de este domingo, y que peroraron durante todo el último lustro -y el PTS desde antes- acerca del “fenómeno kirchnerista”. La actual dirección del PO se acordó de la “ruptura de los trabajadores con el peronismo” en la noche del domingo. En 2018, cuando el macrismo se derrumbaba, rechazaron una agitación política contra el gobierno en ruinas en nombre de que “la transición electoral, en manos del kirchnerismo, ya estaba jugada”. Renunciaron a disputar el liderazgo de la lucha contra el macrismo porque, precisamente, consideraban inexpugnable al cristinismo. Tampoco han podido caracterizar el alcance histórico de la crisis actual y, por lo tanto, de las fuerzas políticas que pretenden pilotearla. Las bancas han sido conquistadas desde una propaganda electoral con estrecha perspectiva parlamentaria o identitaria, y no desde el parlamento como tribuna para un planteamiento de poder político. Política Obrera no escondió ninguno de estos señalamientos durante las dos campañas – las PASO y las generales. Pero abordamos nuestra decisión de voto desde la situación política considerada en su conjunto: el voto a la izquierda implicaba un progreso en la lucha por la autonomía política de la clase obrera, y así nos pronunciamos. Perspectivas Al gobierno no le bastarán con las declaraciones de buena voluntad para despejar el horizonte con el capital internacional. El acuerdo tendrá que ser abonado con medidas que significarán, de una u otra manera, un nuevo ataque a las masas. El Fondo podría aceptar la persistencia del cepo, pero al precio de reducir la “brecha” cambiaria, o sea, de habilitar a una cierta devaluación; el presupuesto fondomonetarista, a su turno, plantea la reducción de los subsidios y un inexorable ajuste de tarifas. La persistencia de la miseria social, el desempleo y la inseguridad convierten a los barrios en un polvorín. La CGT y los piqueteros oficialistas han convocado a una marcha de aparato para este miércoles, a espalda de esa agenda de las masas: por el contrario, el propósito del gobierno es exhibir, ante la patronal nacional e internacional, que cuenta con el recurso de la burocracia sindical, no contra los banqueros, sino contra la clase obrera. Todo este escenario pone, con mayor vigencia todavía, la necesidad de un congreso obrero, y de una campaña por su convocatoria en las organizaciones sindicales y en los barrios. En lo inmediato, la campaña debe abordar pronunciamientos y acciones de lucha contra el acuerdo con el FMI y el repudio de la deuda, en conexión con las reivindicaciones salariales, laborales y jubilatorias que están amenazadas. La tarea de la hora es colocar a la clase obrera como sujeto político en medio de una crisis histórica. LEER MÁS 14N: la parálisis política, por Jorge Altamira

Para Carlos Pagni, “Las elecciones legislativas de ayer dejaron un resultado extraño”. Con esta salida literaria, el columnista de La Nación, evade una caracterización política de los comicios, a pesar de que advierte que “perdieron todos”. Señala, como prueba del recule general, que la abstención ha seguido alta, que Todos y Juntos han perdido votos con relación a 2019 -5,2 millones el primero y 1,2 millones el segundo-, y que la distancia a favor del macrismo, en el distrito bonaerense, se redujo al mínimo, luego de los cuatro puntos de diferencia en las Paso (Todos ganó 450 mil votos con relación a las Paso). Las elecciones han confirmado la parálisis política, que no resolvió la crisis de gobierno enseguida después de las Paso. El gobierno ha perdido la mayoría absoluta en el Senado, pero Juntos no alcanzó la primera minoría en Diputados, y la posibilidad de disputar la presidencia de la Cámara. El gobierno reafirma que seguirá su hoja de ruta, en especial el acuerdo con el FMI que vegeta desde hace un año y medio, con recursos políticos cada vez más escasos. Juntos, dividido en numerosas camarillas, nacionales y provinciales, debate “una nueva configuración política” (Pagni), en medio de una crisis social que se acelera. Derrumbe del peronismo La parálisis política se conjuga con un mayor retroceso del peronismo, que se manifiesta en la caída de votos de Manzur en Tucumán, donde casi pierde la elección, luego de haber ejercido la jefatura de Gabinete durante dos meses. También en las derrotas en Santa Cruz, La Pampa y por sobre todo Santa Fe, el epicentro de una crisis industrial, acompañada de una crisis policial y una crisis parlamentaria que podría llevar a la cárcel a parte de la cúpula pejotista. Hasta Massa volvió a perder en Tigre. La frutilla del postre la puso Rodríguez Saá, derrotado en su feudo provincial. El peronismo ha sufrido su mayor derrota electoral, sin que ello haya resultado en una conquista de la iniciativa política de lo que se llama ´la oposición´. Lejos de cortar el nudo del impasse, la elección no ha hecho más que acentuarla. Estamos en presencia de “un voto de protesta” contra las dos coaliciones políticas principales, lo que configura un voto de “suma cero”, que atraviesa al conjunto del régimen político en presencia. El gobierno ha perdido la facultad de cambiar el gabinete, como ocurrió después de las Paso, a pesar de un rápido agotamiento político y al que cuestionan, por motivos diferentes y hasta opuestos, todas sus fracciones. El más cuestionado, Martín Guzmán, fue ratificado, en una señal de rotundo inmovilismo. Donde podría haber novedades es en la provincia de Buenos Aires, con la salida segura de Berni y una mayor injerencia de los intendentes del pejota. Queda el interrogante de si Máximo Kirchner podrá asumir, por fin, la presidencia del Justicialismo bonaerense. En este entrevero de contradicciones, Kicillof obtuvo la mayoría en el Senado, como consecuencia de las elecciones que acaba de perder. La “emboscada” del FMI La primera definición electoral de Alberto Fernández fue insistir en que el gobierno tiene decidido firmar el acuerdo con el FMI, e incluso presentarlo al Congreso en diciembre – en menos de un mes. La impresión que dejó Fernández es que se trataría de la misma sanata de siempre. La propuesta de presentar un programa del Congreso al FMI ha sido calificada por Juntos, de acuerdo a La Nación, como una “emboscada”. El macrismo ha dicho que no está dispuesto a votar un proyecto para presentar al FMI, sino sólo discutir el acuerdo al que se llegue con el Fondo. En este caso, la aprobación del Presupuesto 2022 estaría en peligro. Si se mantienen estos términos, el impasse es total. De acuerdo a información de La Nación, los equipos económicos de Juntos sostienen que el tipo de cambio atrasa veinte puntos, o sea que sería necesaria una devaluación del 30%, en medio de una inflación de precios del 50 por ciento. Ni qué hablar de los ajustes de tarifas. Sin la venia del Congreso, el FMI ha dicho que rechazaría la posibilidad de cualquier acuerdo con Argentina. Triple impasse Este impasse pone a prueba el régimen político y el calendario 2023. La mayor novedad electoral es haber convertido al Congreso en un árbitro político - aunque negativo. El Ejecutivo depende, como nunca antes, del Congreso. El parlamento se convertirá en una caja de resonancia política excepcional, aunque sin capacidad de ofrecer salidas. Esto podría llevar al Ejecutivo a gobernar por decreto, algo que sólo puede hacer en forma transitoria, y de ninguna manera es una herramienta para arreglar con el Fondo. El impasse del Congreso; el del Congreso con el Ejecutivo; y en el Ejecutivo mismo, trasladará el arbitraje político “en la calle”. La “calle”, o sea las masas, no tienen aún una orientación política definida. El voto popular se ha mostrado fragmentado y refractario. La CGT y los movimientos sociales oficialistas han anunciado una manifestación para el miércoles 17, en conmemoración del 49 aniversario del retorno de Perón, pero esto no significa en absoluto que se dispongan a movilizar a los trabajadores para terciar en la salida a una crisis política, sino todo lo contrario. El impasse político, en mayor o menor medida, está condicionado a un proceso económico que está favorecido por el alto nivel de exportaciones e incluso por el superávit del comercio exterior. Pero lejos de atenuar la crisis política, la acentúa, porque pone urgencia a la necesidad de resolver el problema de la inflación y el arreglo de la deuda externa, que se erigen como trabas a ese desarrollo. El ´ajuste´ que esto trae aparejado tiene, sin embargo, un carácter explosivo. De un lado, por el nivel de pobreza y miseria social existente y, por el otro, por la magnitud de la deuda pública. La crisis de inflación y cadenas de producción, a nivel internacional, tampoco aseguran que un ´ajuste´ reconstruya el financiamiento del exterior. La economía y la política se encuentran entrelazadas en su propio impasse. La característica más saliente de todo el proceso electoral y ahora del día siguiente es la ausencia de un planteamiento político frente a la crisis, por parte de las distintas fuerzas en presencia. Esta carencia no obedece a la inveterada costumbre de los partidos electorales de esconder sus objetivos de fondo, sino al estado de confusión política general reinante. Es otro elemento fuerte que caracteriza el impasse político. Los partidos en presencia, difícilmente puedan atravesar esta etapa sin escisiones y rupturas. Derecha - Izquierda En este marco de conjunto, han crecido, en los márgenes, dos tendencias políticas – de un lado, los Espert y los Milei, del otro, el FIT-U. El carácter fascista o fascistizante de los primeros es un fenómeno de movilización electoral, no de masas. No existe en Argentina una polarización política. Es cierto que se trata de un movimiento impulsado por el ´trumpismo´, pero incluso Bolsonaro ha tenido que acomodarse a un enfrentamiento burocrático o ´institucional´ con la oposición, para las elecciones de octubre 2022. Lo mismo que hace Lula, que procura una alianza con la derecha ´liberal´. El FIT-U, por su lado, ha tenido, por primera vez, desde 2013, un crecimiento electoral (de 1,2 millones a 1,33 millones), pero, por sobre todo una conquista de posiciones parlamentarias – lo más destacado es en los municipios del Gran Buenos Aires. El FIT ya ha tenido, en 2013, en Mendoza y en Salta, votaciones como las que registró el domingo en Jujuy. La trayectoria parlamentaria, en estos ocho años, ha sido anodina – para no entrar en detalles. Clarín se interroga acerca de si pudiera “consolidarse” lo que hoy sería, dice, “un voto protesta”. O sea, no un voto de principios, socialista. Ni el programa ni la propaganda del FIT-U tienen ese carácter o propósito. Lo decisivo es cómo enfrentará el impasse sistémico que se ha creado, que desafía a todas y cada una de lo que llama sus ´propuestas´. Ha evadido un planteo de poder frente a la crisis, como lo ha hecho el resto de los partidos. Ha excluido la posibilidad de impulsar un Congreso Obrero, que reúna a luchadores, delegados y activistas, más allá de su círculo reducido de adherentes. Este es, sin embargo, un asunto decisivo si, como prevemos, el Congreso de la Nación y las legislaturas adquieren, debido al impasse político, una estatura de tribuna política nacional, aunque sea episódicamente. Pandemia Es común escuchar decir que todos los gobiernos han perdido las elecciones ´después´ (sic) de la pandemia, en algunos casos como consuelo, en otros como pretendida ´conclusión política´. La pandemia es, sin embargo, una protagonista fundamental en todo este impasse, pues puso al desnudo una incompatibilidad de principios entre el capital, de un lado, y la vida del otro. Por eso la pandemia se ha convertido en una crisis humanitaria, que ha dejado, según The Economist, 19 millones de muertos. Esta realidad se ha cruzado en los procesos electorales y ha fragmentado a todas las fuerzas capitalistas en presencia. Este impasse sistémico afecta decisivamente al principal aparato de dominación política en Argentina – el peronismo. La clase obrera hace frente a una gran etapa de transición política, que debe servir para desarrollar a fondo la conciencia política de clase de los trabajadores. LEER MÁS El resultado electoral agrava la crisis politica, por Marcelo Ramal Luces, sombras y nubarrones con el FMI, por Jorge Altamira

Un artículo del diario La Nación (12/11) sobre del movimiento piquetero destacó la creciente capacidad de movilización de las organizaciones sociales de izquierda a costa de las oficialistas. Para buscar una explicación a este fenómeno, el cronista en cuestión recurrió a testimonios de dirigentes sociales de izquierda. Las declaraciones de Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y de Mónica Sulle, del MST, revelan un contrapunto que requiere ser tomado en cuenta. Belliboni explica este pasaje de los desocupados desde las organizaciones oficialistas hacia las de izquierda por dos razones. Por un lado, el “maltrato” y el “autoritarismo” que se sufre en aquellas organizaciones. Por otro lado, afirma que “la desilusión [con el gobierno] en los barrios es enorme. Lo que para mucha gente fue una apuesta para superar a Macri, hoy la imagen que hay del Presidente también es la de un ajustador”, afirma Belliboni. Finalmente concluye: “Nosotros somos un canal de lucha concreta que busca llevar adelante las reivindicaciones que el Gobierno prometió y no cumplió”. Mónica Sulle cuenta una realidad diferente al relato de Belliboni. La dirigente del MST describe los desplazamientos entre organizaciones como “golondrinas”, que adjudica a la despolitización. “Con ‘golondrina’, dice Sulle, me refiero a la actitud de ir buscando un lugar en el que se pueda estar mejor. Esa es una característica de los compañeros de los movimientos sociales: van de un lado para el otro”, afirma. “En una organización, continúa, quien está adentro es porque está convencido de la línea política. En los movimientos eso no sucede. Por eso hay que generarle la conciencia al compañero, hacerle ver por qué se tiene esa necesidad. Y que entienda que se pelea contra el sistema para no tener que seguir marchando por un plan o por comida”. Sulle tiene razón cuando afirma que los pases de los desocupados de una organización a otra no tiene un flujo unidireccional ni están dominados por una cuestión ideológica. En la inmensa mayoría de los casos, el enrolamiento de un desocupado a una de las organizaciones oficialistas no obedece a una afinidad ideológica con el gobierno sino a la cantidad de recursos con que cuentan las organizaciones bendecidas por el Estado. Su ruptura, por tanto, tampoco es debido a una “decepción” con el gobierno. Ésta puede existir incluso sin que el compañero abandone aquella organización. La ruptura se produce cuando los beneficios de quedarse son menores que las pérdidas que acarrea en materia de contraprestación laboral, desembolso de dinero al puntero, etc. En este caso, se busca amparo en una organización que pueda proteger las pocas conquistas que pueda llevarse consigo. El relato de que el traspaso de compañeros a las filas del Polo Obrero oficial expresa automáticamente una ruptura política con el peronismo es una estafa política, porque incluso es confusa la identificación inicial que se adjudica a la persona con el peronismo. La dirección del Polo Obrero oficial disimula con ideologismos su afán de quedarse con los recursos arrancados al Estado a costa de las otras organizaciones de su frente. Esta suerte de “rapiña” ha precipitado la ruptura de ese frente, como lo denuncian sus ex-socios. El pase de los desocupados entre organizaciones tiene múltiples matices. La explicación del traspaso por una cuestión “ideológica” es tan unilateral como la de que todos “van y vienen”. Existe un desarrollo desigual de la conciencia política de los desocupados, con una vanguardia que se va forjando al calor de la experiencia política, no sólo con el gobierno, sino también con las organizaciones que fungen de aparatos de contención, oficialistas u opositores. Porque para asegurar que un pase a la propia organización tiene una base ideológica, primero tiene que haber una ideología propia en esa organización. Es justamente lo que no tiene el Polo Obrero oficial, que carece de consignas políticas. Ésta es una diferencia que se presenta en comparación con el movimiento piquetero del 2001 que, a través de un camino tortuoso y no lineal, levantó a la consigna del “Fuera De La Rúa-Cavallo”, con un importante rol del Polo Obrero para arribar a esa conclusión. El relato armado de Belliboni revela un ángulo electoralista; está destinado al votante del Frente de Todos, que se siente desilusionado con las “promesas incumplidas” por el gobierno. En segundo lugar, se dirige a sus socios de la izquierda, asegurando que el FIT-U duplicó sus votos gracias a la intervención del Polo Obrero oficial. Sin embargo, allí donde fueron a internas, como ocurrió en Córdoba, perdieron por paliza ante el bloque PTS-IS, y sacaron menos votos de lo que logra movilizar el Polo Obrero oficial. En ocasión de un reciente intento de acampe en Esteban Echeverría que fue duramente reprimido y que culminó con heridos y detenidos, Belliboni fue muy “claro”. El diario La Nación describió los hechos y contrastó las distintas orientaciones piqueteras frente a lo sucedido: “Una decisión [la de movilizar en repudio a la represión] que, pocos días antes de los comicios legislativos, contrasta con la tomada por el Polo Obrero. Es que la organización comandada por Eduardo Belliboni anunció que 'velará las armas' con el fin de 'no entorpecer ni ser pasto de maniobras en medio del proceso electoral'” (La Nación, 11/11, “Heridos y detenidos en un desalojo en Esteban Echeverría”). La 'tesis' de los traspasos por cuestiones 'ideológicas' es un manto que sirve para encubrir todo tipo de maniobras políticas. El relato de Belliboni no resistió la prueba de la interna del FIT-U. La tarea de los revolucionarios es ahondar en estos problemas de las luchas obreras para elaborar un programa de salida, en contraste con quienes presentar relatos idílicos al servicio de los aparatos. LEER MÁS 14N: la parálisis política, por Jorge Altamira

Es una coincidencia en los análisis políticos situar la expectativa ya no en el resultado electoral -en el que las encuestas señalan una nueva derrota del gobierno-, sino en la reacción que puedan tomar los distintos actores el 15N, es decir al día siguiente. Que un simple resultado de una elección para renovar parcialmente a los legisladores pueda llevar al gobierno a la quiebra y a toda una reconfiguración política de alcance incierto da cuenta del profundo nivel de la actual crisis. El impasse de toda la situación política va a ser llevado a un punto de desenlace como consecuencia de toda una cantidad de factores externos en el que las elecciones son apenas uno de los aspectos. En primer lugar, el corazón de la crisis política se encuentra en la deteriorada situación económica, frente a la cual el gobierno prácticamente ha agotado cada uno de sus recursos. Previo a la elección se informa una venta ´récord´ de 290 millones de dólares del BCRA para ´desplomar´ (eldestapeweb.com 12/11) -apena en 5 pesos- la cotización en alza de la divisa, sin con ello lograr evitar que los bonos argentinos sigan bajando. La enorme presión contra el peso, como consecuencia de la quiebra del banco central y la acumulación hipertrófica de deuda, plantea objetivamente una salida devaluatoria. Es lo que ha negado la ´vocera´ presidencial Gabriela Cerruti asegurando que “no está prevista” ninguna devaluación aunque “espera (sic) que el lunes vivamos en un país normal”. La idea de que el gobierno tiene la capacidad para evitar una corrida cambiaria no sólo es inexacta sino que está de espaldas a las negociaciones con el Fondo Monetario, en un hecho en todas las conversaciones que la devaluación es el camino, aunque se discuta el ´ritmo´ de la misma. Para Melconian (perfil 12/11) toda la situación conduce a un “rodrigazo, tarifazo y devaluación”. El economista macrista ya había señalado oportunamente que la cruzada ´anti inflacionaria´ cae en saco roto porque el estado necesita la licuación de la moneda para afrontar la deudas en pesos y que una ´estabilización´ podía llevar a una enorme recesión y ajuste, la cual ninguno de los espacios políticos -ni el del propio de Melconian- ha reunido la capacidad de afrontarlo. Otras especulaciones refieren a la oficialización de un desdoblamiento del dólar que ´libere´ en beneficio de la especulación financiera pero ´sostenga´ el cepo para el comercio. Esta salida reuniría todos los efectos contradictorios tanto de la intervención como de la liberación del dólar en un cuadro que ya es altamente inflacionario y con niveles de pobreza que orillan el 50%. En el último mes a la inflación del 3,5% le correspondió un ´aumento´ del 0,8% de los trabajadores en negro, por lo que el declive social es continuo. Guzmán le ha respondido a los burócratas del Fondo que una devaluación abrupta del 30 % como la que reclama sería “socialmente inaceptable” para el país (Clarín, 12/11). Un acuerdo que divide Los anuncios de un acuerdo con la oposición por parte de Alberto Fernández y Massa -lo que implicaría un cogobierno- conviven con las denuncias de Tolosa Paz de las intenciones golpistas. Dependiendo de la magnitud de la derrota oficial unos y otros condicionan el desenlace, aunque nadie tiene la sartén por el mango. Un ´cogobierno´ entre el Frente de Todos y Juntos supone en primer lugar una división al interior de ambas coaliciones lo que puede reducir virtualmente a cero a ese esquema político. El “albertismo” ha sumado el apoyo de la nueva CGT, aunque con reservas, como lo prueba la escasa difusión de la convocatoria de apoyo el “día de la militancia” e incluso su posibilidad de suspenderse. El kirchnerismo deberá resolver si lleva hasta el final el golpe palaciego post PASO o si acentuará su parálisis. En Diputados se ha anunciado la conformación de un nuevo bloque de “gobernadores” con Schiaretti, el MPN (Neuquén) y la fuerza de la gobernadora de Rio Negro, buscando ser la llave de las votaciones parlamentarias, eso sí, suponiendo que los bloques mayoritarios no se quiebren. En el senado la inexistencia de un quórum propio reduce enormemente el margen de maniobra del kirchnerismo. El presupuesto del FMI Finalmente la gran prueba consistirá en hacer tratar y aprobar el presupuesto 2022, lo que implicaría que el acuerdo con el FMI está cocinado. Si el impasse de ese acuerdo continúa eso se trasladara a todo el esquema político y económico lo que imposibilitaba al gobierno de contar con su presupuesto. El apoyo de Argentina a la resolución de la OEA contra Nicaragua tiene que ser leído como una aproximación de posiciones con el FMI. Este acuerdo, de todas formas, no tiene ninguna capacidad de resolver los desequilibrios fundamentales y, por el contrario, puede agravar todos ellos. Desde el “15-N” y con posterioridad la clase obrera necesita jugar su papel en el desenlace anunciado. Con esta perspectiva es que Política Obrera convoca al voto a la izquierda contra las listas patronales. LEER MÁS 14N: la parálisis política, por Jorge Altamira

El pasado domingo, las elecciones arrojaron en Capitán Bermúdez lo que recogíamos de las recorridas barriales. Una enorme apatía. Mucho mayor, luego de la pueblada por el asesinato de Isaac, un joven bermudense. El porcentaje de participación en las PASO se mantuvo, con el 68%. Una inasistencia más alta que las elecciones del 2017 y 2019. El gobierno municipal del Frente de Todos, a la mitad del segundo mandato y con mayoría en el concejo municipal, inclusive con “opositores” adeptos, renovó sus dos bancas en juego, Albornoz y Cejas, pero solo con el apoyo del 19% del padrón de electores habilitados para votar. Por otra parte, Juntos por el Cambio, con Emanuel Lastra, representa a parte de las viejas estructuras que gobernaron casi 15 años en Capitán Bermúdez (los Varela, Dadomo, Danelon); han obtenido una banca con el 15% del padrón. A ambas fuerzas políticas, que gobernaron y gobiernan Capitán Bermúdez, le dieron la espalda el 70 % de la población bermudense. El propio PJ perdió más de 1500 votos a pesar de las prebendas, votos cautivos, presiones, etc., etc. Nada debería celebrar este gobierno cuando más de 3500 personas en la calle por el crimen de Isaac, señalaron que el narcotráfico y el delito organizado tenían como responsables directos a la policía y a la inacción del gobierno de turno. La campaña de Juntos por el Cambio, en relación a la inseguridad, es una farsa: “el muerto se asusta del degollado”. Los personajes que hoy apoyan a Lastra han convivido con las bandas que se disputaron Bermúdez y terminó con la vida de otra joven como Any Rivero. Sin mencionar que el PRO cogobernó con el Cinallismo (intendente Cinalli) desde el concejo municipal votándole todas las leyes. Santa Fe y nuestra región es tierra dominada por el narcotráfico. Los puertos privados del Cordón son caldo de cultivo para el ingreso ilegal de todo tipo de negocios espurios. Es el gran queso gruyere de las patronales, la policía y la política de la región. Todo esto fue denunciado en nuestra campaña política. Hemos recorrido los barrios cargados de obreros del montaje, papeleros, de las químicas, de la alimentación, para señalar la importancia de votar una voz propia de los trabajadores. Denunciando que la burocracia sindical peronista, además de cerrar paritarias a la baja o entregar conquistas, defiende a sus representantes en las legislaturas y los concejos. El 6.06% de los votos (casi mil votos) a Política Obrera, son votos obtenidos desde un reconocimiento a las luchas que libramos frente a los cierres de fábrica, contra los despidos, la precarización laboral, los impuestazos, por la atención a los jubilados y contra la impunidad. Es decir, desde una referencia política de lucha. La campaña electoral fue una gran batalla militante. En poco tiempo y con pocos recursos llegamos al 70% de la población, repartimos casi 10.000 plataformas, recorrimos las fábricas en conflicto, abrimos nuevas relaciones en los barrios y visitamos decenas de pequeños comerciantes. Por otro lado, el oportunismo del FITU -que saco el 3% de los votos- se vio reflejado en toda su actividad, sin calar en la vida política de la ciudad. Luego de la pueblada por Isaac, nuestra corriente hizo énfasis en la necesidad del llamado a votar a Política Obrera, pero desde una perspectiva más amplia: los reclamos más sentidos de la población. Planteamos la necesidad una Asamblea Popular autoconvocada en Capitán Bermúdez para enfrentar la crisis de la ciudad con medidas concretas de movilización y organización. La votación a Política Obrera es un puntapié para la intervención política autónoma de los trabajadores en unos de los cordones industriales más importantes del país –desde Puerto San Martín a San Nicolás.

Las últimas horas han servido para desenmascarar el propósito de Gerardo Morales de apropiarse de la banca que ganó Alejandro Vilca el domingo pasado. Para eso intenta convertir el 49.05% que obtuvo en la elección en un 50.3%, lo que le acreditaría dos de los tres diputados por Jujuy, en perjuicio del candidato del FIT-U, que obtuvo el 25.8. La habilidad del gobernador para estos menesteres quedó demostrada cuando logró despojar de toda representación parlamentaria a la coalición de izquierda en los comicios provinciales, a pesar de que había reunido los votos para ello. El "republicano" de la UCR, apunta a lograr su objetivo en el inminente escrutinio definitivo, que siempre ha sido la ocasión de maniobras para los aparatos patronales. Los partidos del régimen cuentan con abultados recursos –comenzando por los propios resortes del Estado- para torcer resultados electorales, en especial si se trata de manipular décimas o centésimas de puntos porcentuales. Desplegando un ejército de punteros y planillas de escrutinio que en muchos casos no se pueden confrontar, los aparatos electorales concurren al escrutinio definitivo a “robar” votos y adulterar votaciones El escrutinio "provisional", salido directo de las mesas, concede la tercera banca de diputado en disputa a Vilca. Es la tercera vez que una provincia que no sea Buenos Aires, consagra un diputado de izquierda –ocurrió lo mismo en Mendoza y en Salta en 2013. Para el auto-presidenciable Gerardo Morales, el reparto igualitario de las tres bancas de Jujuy, con el FdT y el FIT-U, es una derrota política. Por eso mismo, y después de consultar a fuentes del macrismo, Clarín del 15/11 coloca a Jujuy como una de las provincias con bancas en disputa: “Si el conteo definitivo fija que JxC duplicó en votos a la segunda fuerza, metería un diputado más”, le indica al diario una fuente macrista. El señalamiento revela, por lo tanto, que “Juntos” desplegará a todo el aparato estatal de la provincia para torcer el resultado del domingo en el escrutinio definitivo, apelando a las maniobras que suelen desplegarse en estas circunstancias en las “aperturas de mesa”. Advertimos sobre la operación en ciernes y comprometemos nuestra movilización militante para defender el voto de la izquierda.

El sábado 13 de noviembre, distintas asambleas del Polo Obrero de la provincia de Córdoba votaron pasarse a la Tendencia. Luego de atravesar una larga y penosa experiencia decidieron dar el paso en una regional blindada por el aparato partidario, escondiendo la crisis interna y ocultando el proceso de expulsiones a nivel nacional. Dos años después de la conformación de la Tendencia siguen surgiendo compañeros y compañeras en todo el país que buscan retomar los métodos históricos de construcción del Polo Obrero. Los pioneros son del núcleo más importante de la provincia: la asamblea de la localidad de Altamira, que es la más grande a nivel provincial, de 1000 compañeros. Junto a ella, se han plegado otras diversas asambleas. La razón principal de estas decisiones son, por un lado, los malos tratos que reciben por parte de la dirección y las exigencias del aparato partidario para "militar" la campaña electoral. Por "militar" se entiende lo contrario de una actividad política consciente, o sea realizar el trabajo impago de pintadas y afichajes. No es casual que la ruptura se haya producido en el tramo final de la campaña, cuando el desgaste de las compañeras del Polo alcanzó un límite. La reacción de la dirección del Polo Obrero oficial no se hizo esperar. Convocaron una asamblea de emergencia donde desataron toda clase de acusaciones contra la Tendencia. Los asistentes grabaron videos y audios que, rápidamente, comenzaron a circular entre los grupos de WhatsApp. En ellos se ve cómo el aparato partidario afirma que la Tendencia rompió el Partido Obrero, con el planteo, que habría sido formulado en el 26º Congreso del PO, de “irse con el kirchnerismo”. En consecuencia, denunciaron como kirchneristas a los compañeros del Polo que se iban con la Tendencia. Frente a toda la asamblea insistieron, como se ve en las grabaciones, que los compañeros de la Tendencia “rompieron al Polo Obrero por dos pesos. Porque, hay que decirlo, ellos se fueron por guita, se fueron haciendo sus negocios, se fueron queriendo integrarse al kirchnerismo”. Luego agregan que los compañeros de la Tendencia “amenazaron a gente y se chorearon la guita para armar su propio grupo”. Afirmaciones como éstas, a borbotones. Quienes sostuvieron esto son dirigentes provinciales y nacionales del Partido Obrero oficial. No se trata de un exabrupto. Desde el mismo día de las expulsiones, el aparato partidario, que se engalana con el relato de que los compañeros que se pasan del kirchnerismo al Polo por razones ideológicas, a la hora de explicar las diferencias dejaron de lado los debates políticos. Recurrieron a calumnias y mentiras, que, por supuesto, jamás se atrevieron a volcar de manera escrita en su prensa. Lo que está claro es que los compañeros que se han sumado al Polo (T) no lo hacen por las mayores ventajas materiales que éste obtendría del estado. Es exactamente lo contrario. Nuestras denuncias sobre las amenazas del aparato de confiscar recursos a los compañeros (intentos de dar de baja los planes con un listado presentado en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, las recorridas por las municipalidades para que se les retiren las conquistas a los compañeros de la Tendencia), fueron en su oportunidad señaladas públicamente, fundamentadas por escrito y jamás pudieron ser refutadas por el aparato del PO. Los trabajadores, ocupados y desocupados, no comen vidrio. Las mentiras y bajezas son inútiles para frenar las conclusiones a las que arriba una vanguardia de luchadores de la clase obrera.

Los resultados de las elecciones generales expresan, a su modo, el teatro de operaciones en que transcurre la monumental crisis que azota a la provincia desde hace más de cuatro años. Por un lado, pese a que las políticas de ajuste y a favor de las megamineras explican el derrumbe electoral del oficialismo, por el otro, quien mejor aprovechó la situación en las urnas fue Juntos por el Cambio. Las bravuconadas fascistoides de Federico Massoni demostraron no tener respaldo popular y lo ubicaron en un lejano cuarto lugar. Eso también explica el carácter artificial de la polarización que intentó un sector del progresismo K contra el ministro de Seguridad. El PJ-kirchnerismo sufrió un notorio castigo por ser partícipe necesario de la situación en que se encuentran las arcas del Estado provincial. La opereta contra el pueblo mapuche y los intentos por criminalizar al activismo que se rebela en defensa del salario y el medio ambiente están a cargo de un régimen político disgregado y a la deriva, que se mantiene a flote por la colaboración de las burocracias sindicales y la confusión en que se encuentran las bases trabajadoras para enfrentarlo. El escrutinio provisorio arroja cifras contundentes: Juntos por el Cambio sostuvo el triunfo cómodo de las PASO; el Frente de Todos recuperó 7 mil votos pero igual estuvo lejos; el facho de Massoni perdió casi 9 mil votos respecto a la elección de septiembre, que ya había sido mala, descendiendo al cuarto lugar; el PICh (Partido Independiente del Chubut) fue la sorpresa y se ubicó tercero, y el Frente de Izquierda si bien obtuvo 1700 votos menos que en las primarias, igual consiguió un buen resultado cosechando el 8,4% del total (arriba de 24 mil votos). El ausentismo llegó al 30%, es decir, al menos 135 mil personas de un padrón de alrededor de 448 mil. Es la primera derrota en una elección general de alguna rama del PJ chubutense en los últimos 20 años. Ignacio Torres (PRO) resultó el gran triunfador de la elección colocándose en camino a disputar la gobernación dentro de 2 años. Pero para eso falta mucho aún. Es que el gobierno provincial acentúa su debilidad estructural de origen. Arcioni designó a dos de sus ministros como los principales candidatos de su espacio y sufrió un fiasco: al mencionado Massoni en la categoría a Senadores se le sumó Fabián Puratich (Salud) encabezando en Diputados. Tras la derrota, el gobernador anunció que se vendrán cambios en el Gabinete. Puratich puso a disposición su renuncia y lo propio hizo Massoni, quien manifestó que los resultados fueron "un cachetazo en la frente para que nos despertemos". La sorpresa de los comicios fue la performance del PICh, un espacio político con escasa fuerza militante que duplicó los resultados de las PASO, alcanzando 44 mil votos. Este sector le quitó votos al PJ y a Chubut Somos Todos (oficialismo provincial), lo que facilitó en última instancia el triunfo holgado de Juntos por el Cambio. El retroceso de 1700 votos del Frente de Izquierda respecto a las PASO no debe prestarse a confusión: sigue siendo una buena elección, la más significativa desde la conformación de este espacio en la provincia pero no la más importante de la historia. Por ejemplo, si se suman todas las fuerzas políticas que se presentan como de izquierda en las últimas elecciones de medio término (2017) se obtiene alrededor del 11% de los votos, casi dos puntos y medio más que el FITU. Además, las fuerzas que conforman el Frente de Izquierda tienen el límite de ser sumamente marginales en el terreno de la lucha de clases y en la capacidad de movilización. Sin ir más lejos, el PO oficial vocifera que duplicaron la cantidad de fiscales respecto a las PASO pero sin difundir cifras. La campaña, a su vez, estuvo signada por un seguidismo indisimulado al electorado “progre”, en particular con la polarización contra Massoni a quién lo caracterizaron como el gran “cuco” a vencer ( https://politicaobrera.com/5847-para-el-partido-obrero-oficial-chubut-seria-mas-segura-sin-massoni ) o presentándose como la única lista “100% verde”. Algunos de los ejes que agitó el FITU también lo hizo el PICH, en particular el de la megaminería. El Frente de Izquierda no utilizó la campaña electoral para plantearle una orientación de lucha en las calles al pueblo chubutense. Lo que viene es un escenario complejo y en cierto sentido enrarecido para Chubut. La crisis que atraviesa la provincia empalmará con la profundización del ajuste a nivel nacional. La amenaza de una inminente devaluación y los preparativos para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) preanuncian grandes choques sociales en todo el país. El gobierno provincial se vale de la complicidad de la burocracia sindical para sostenerse y ensaya intentos de criminalización de la protesta social, como los pedidos de indagatoria a 9 militantes del "No a la Mina" que cortaron la ruta en mayo último, y que podría extenderse a otros 20 compañeros que se encontraban en el piquete. Semanas atrás, Juntos por el Cambio hizo lo propio contra una movilización en apoyo a la recuperación de la lof Quemquemtrew ( https://politicaobrera.com/5752-diario-jornada-y-el-pro-unidos-contra-los-luchadores-en-chubut ). Esto explica también la estigmatización del pueblo mapuche, que se da en un escenario más general que incluye la condena a Daniel Ruiz y César Arakaki por luchar contra la reforma previsional macrista en 2017 o el pedido de extradición del periodista Facundo Molares en la semana previa a los comicios. En ese marco, lo que prevalece a nivel nacional por el momento es una resistencia aun atomizada de las luchas y bastante confusión en el activismo. La izquierda revolucionaria debe aportar claridad y apuntalar una perspectiva para que la clase obrera no sea un actor de reparto en esta situación. En Chubut se hace imprescindible reorganizar al activismo que protagonizó grandes luchas en los últimos años y que se encuentra disperso y desorientado. La convocatoria a un Congreso Obrero de ocupados y desocupados que reúna a estos sectores es un puntapié para la discusión de una intervención independiente de los trabajadores, única manera en que las patronales y sus gobiernos no salgan victoriosas de esta crisis.

Las aguas políticas y sociales de Cuba se agitaron por el llamado a una nueva marcha opositora, convocada por parte del grupo Archipiélago. Las consignas del 15N eran: “libertad de los presos políticos” y “cambios cívicos, democráticos, sin violencia”. El líder de la convocatoria, el dramaturgo Yúnior García Aguilera, aseguró que el objetivo es terminar con una época de dictaduras, que arrancaría de la de Batista, en 1952, hasta el presente (Clarín, 14/11). Al menos desde esta perspectiva histórica, el llamado de Archipiélago es contrarrevolucionario. La prensa internacional lo presenta como una “oposición nueva, joven y mayormente digital”, con el pseudo propósito de distinguirla de la tradicional gusanería de Miami. El régimen castrista aplicó todos los recursos de coerción a su disposición para hacer naufragar la marcha convocada para el lunes pasado. El colectivo Archipiélago dice reunir 36 mil miembros o adherentes a través de las redes sociales, sea en la isla como en el exterior. Archipiélago emergió como un portavoz de las jornadas del 11 de julio, la marcha anti-gubernamental más importante en la historia del régimen castrista. O sea que se apropió de ella en el plano "simbólico", es decir, político. La rebelión del 11J fue detonada, sin embargo, como una respuesta a la devaluación brutal del peso cubano a comienzos de año y contra el manejo estatal de la pandemia, lo cual agravó en forma colosal la miseria social que atraviesa al pueblo de Cuba. Mostró la falacia de la reivindicación de un poderoso sistema de salud en condiciones de derrumbe social generalizado. La rebelión reunió a una variedad de tendencias de las masas, que se vienen desarrollando en Cuba, pero apuntó por sobre todo contra los privilegios y abusos de la burocracia gobernante, como las “tiendas especiales” que la proveen de todo aquello de que carece el pueblo. Fue un movimiento de reivindicaciones salariales y de trabajo, acompañado por planteos políticos de tendencias contradictorias. El 11J confrontó al régimen cubano con un movimiento de rebelión de contenido social. Como decíamos al principio, el eje del 15N fue colocado, en cambio, en la apelación a la democracia, al derecho a manifestarse y a la libertad de los presos políticos. Es decir, que no tomó posición acerca de los despidos masivos en el Estado, los salarios de hambre, los planes de liquidación de las empresas estatales estimadas estructuralmente deficitarias. Las consignas de la democracia formal, en países que se apoyan en la estatización económica, abarcan la privatización masiva y el derecho a la libre empresa. El ataque a la prepotencia de la burocracia y a los beneficios que extrae de la usurpación del poder, se confunde con el derecho irrestricto a la propiedad privada. El llamado “Consejo por una Transición Democrática”, estrechamente vinculado a Washington, respaldó la iniciativa de Archipiélago. Fuera de Cuba, las manifestaciones más destacadas del 15N se dieron en Florida y Madrid. La lucha por la democracia, una cuestión de primer orden en Cuba, debe ser planteada desde el punto de vista de los explotados y del socialismo, no desde la libertad capitalista. El gobierno apeló a un gran despliegue militar y político para sofocar la manifestación opositora. Archipiélago había decidido adelantar cinco días la marcha prevista originariamente para el 20 de noviembre, ya que Díaz-Canel convocó a ejercicios militares para el 18 y el 19 y declaró el 20 como “Día de la Defensa Nacional”. Cuando la movilización fue finalmente prohibida, Archipiélago apeló a una intervención del clero y Yúnior García Aguilera anunció que no iría al 15N, sino que realizaría una marcha en solitario por La Habana un día antes. Tampoco pudo ser, debido a la intervención masiva del aparato de represión estatal, incluidas detenciones sin intervención judicial ni derecho a defensa. Lo que el gobierno no puede acallar es el fracaso de su propio esquema económico. En su momento, dijimos que con el "rodrigazo" a la cubana de Díaz-Canel y Raúl Castro “el crecimiento del descontento social y las tensiones y crisis políticas es inevitable” . La necesidad de recuperar el sistema monetario para impulsar un crecimiento de la economía fue la condición que reclamaron los círculos financieros internacionales para reanudar relaciones económicas con la isla. El lunes pasado, The New York Times dio a conocer un reclamo de los grandes capitales norteamericanos para reanudar la política de "deshielo" iniciada por Obama, precisamente porque entienden que esas condiciones se están cumpliendo. Por esencial que sea un régimen monetario para la reactivación económica en esta etapa, la cuestión decisiva es si sirve para impulsar las fuerzas productivas en interés de las masas populares, o como palanca para una amplia privatización de la industria y la obtención de una fuerza de trabajo en condiciones rentables para el capital. Este es el eje objetivo de la lucha de clases en Cuba. La reivindicación de la democracia debe hacerse con este contenido estratégico. Frank García Hernández, redactor del blog Comunistas de la izquierda opositora cubana, caracterizó que “Cuba está siendo cada vez más signada por la separación de la burocracia cubana con la realidad de las mayorías, el discurso ideológico anquilosado y vacío, el ascenso de jóvenes oportunistas a cargos públicos, los niveles desiguales de vida entre los dirigentes aburguesados y las mayorías trabajadoras” . Frente al 15N, Comunistas escribió que “defiende el derecho a manifestación para quienes decidan desfilar (…) pero a la vez rechaza marchar pues entiende que es un grave error político compartir espacio con representantes de organizaciones neoliberales como lo es el Consejo para la Transición Democrática”. A kilómetros de distancia de Cuba, el PTS denunció que la prohibición de la marcha convocada por Archipiélago está “avasallando las libertades democráticas más elementales, como es el derecho a la protesta y la manifestación”, algo tan indudable como redundante. De lo que se trata, sin embargo, es de distinguir el contenido de la democracia formal de la democracia de contenido socialista, algo que la Izquierda Diario evita hacer, lo que explica que no se haya delimitado de la convocatoria de Archipiélago. Es el resto democratizante en las condiciones de Cuba. El planteo de un régimen de democracia formal opera al servicio del capital e incluso del imperialismo; la de contenido obrero y socialista sirve como palanca para una segunda revolución cubana, dirigida por la clase obrera. Lo demuestra así todo el proceso de restauración capitalista en la URSS y la privatización masiva en Europa oriental. Establecido este punto de vista con toda claridad, queda por delante la cuestión esencial, y es que Archipiélago se ha apropiado de la rebelión del 11 de julio pasado, al menos por el momento. El asunto es que esa rebelión sea orientada y organizada por la izquierda revolucionaria. Una coalición ´protestataria´ con Archipiélago, por parte de quienes se reclaman realmente comunistas y realmente internacionalistas, y que luchan en tal condición contra el régimen cubano; esa coalición hubiera sido un golpe mortal contra los trabajadores. Para conquistar la dirección de la rebelión que anida en el pueblo cubano, es necesaria una preparación metódica de propaganda, agitación y organización. Es decir de un programa y una estrategia.

El hambre avanza en Brasil. Escenas terribles se han replicado en las últimas semanas, que muestran a familias que no llegan a comer todos los días. El consumo de carne se desplomó de 36 a 26 kilos por habitante. A fines de 2020, el hambre superaba los 19 millones de personas. Hoy esa situación se profundizó. Arriba del 55% de todos los hogares vive con inseguridad alimentaria, 116 millones de personas (esquerdaonline, 12/11). 108 millones de trabajadores solicitaron ayudas de emergencia durante la pandemia, pero sólo la recibieron 68 millones, y Bolsonaro las canceló en octubre de 2021. Hay 25 millones de personas completamente pauperizadas (ídem). El precio de los alimentos se ha elevado en más de un 30% en el año. Organizaciones sociales realizaron este sábado la Marcha Contra el Hambre por las principales calles de Brasil. Participaron el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y el Frente Gente Sin Miedo. Decenas de miles se movilizaron en las capitales Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia, Maceió, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro y São Paulo, además de Ceilândia (DF) y Montes Claros (MG). Exigieron acciones para mitigar la inflación en los precios de los alimentos y la situación de hambre desnudada por la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de Covid-19 en Brasil, elaborada por la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, y Nutrición (Rede Pensan). Bolsonaro pretende desmontar el plan Bolsa Familia, que llega a unas 15 millones de familias, y el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), para sustituirlos por el plan Auxilio Brasil, que será financiado por un cambio en las reglas fiscales, del orden 50 mil millones de reales (bloomberg, 10/11). El plan de “Auxilio" será controlado por una parte de su base social de cara a las elecciones. Bolsonaro quiere reproducir el sistema de los punteros del Conurbano pero no para una provincia de 20 millones, sino para un país de 220 millones de personas. El plan llegaría a 17 millones de familias y tendría un monto de transferencia de 400 reales. Financial Times califica a este plan como la última esperanza de Bolsonaro para ser reelegido. El aumento de la inflación al 10.25% anual, afecta directamente sobre los precios de los alimentos, la energía, el gas de cocina y el transporte. Más de la mitad de los trabajadores ha visto derrumbarse el salario real. El 70% de las paritarias brasileñas fueron celebradas con acuerdos a la baja, y sólo el 10% la superó. Los salarios fueron descendiendo más luego de la reforma laboral de 2017. La tasa de desempleo no baja del 14%, pero con 5,6% de desalentados y más del 28% de subutilización de la fuerza laboral.

Desde el 12 de noviembre, los trabajadores de Garbarino empezaron a recibir telegramas de despido. Son alrededor de 1.800 trabajadores los afectados. Los empresarios anuncian el cierre de todos los locales. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por quince días y una audiencia para el 17 de noviembre. Sin embargo, esta "conciliación" no da marcha atrás con los despidos. Los trabajadores autoconvocados marcharán al sindicato de FAECYS. Esta noticia ha generado mucha bronca. Hace meses que los trabajadores autoconvocados vienen batallando contra el lock out patronal y exigiendo una respuesta por parte de la empresa e incluso la intervención del gobierno nacional. Hubo audiencias con Martin Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y con el presidente Alberto Fernández, quienes se habían comprometido a intervenir y dar una solución, pero nada de eso ocurrió hasta el día de la fecha. Se excusan en no poder hacer nada ya que es una empresa privada. Mientras, sigue el reclamo por salarios adeudados, contra los despidos encubiertos como los retiros voluntarios, contra el cierre de sucursales e incluso por la cobertura de la obra social que hace siete meses dejaron de tenerla. La respuesta del gobierno fue un rescate a la patronal con un miserable Repro de $22000 que todavía siguen adeudando a los trabajadores. Carlos Rosales, dueño de Garbarino, continúa con su plan de "reestructuración" sobre la base de despidos masivos de trabajadores sin poner un peso y así quedarse con un tercio de empleados para habilitar pequeñas tiendas en su mayoría dedicadas a las ventas online y mantener un régimen de precarización laboral. La fórmula perfecta que está exigiendo el FMI y que pretenden llevar adelante todos los que nos gobiernan en un acuerdo antiobrero con el Fondo. Cientos de trabajadores que, bajo un chantaje y la presión por llevar el pan a sus familias, aceptaron el retiro voluntario. Sin embargo, ni siquiera a ellos se les ha abonado el pago por esos despidos encubiertos. Los telegramas nombran unos decretos que significan que no van a pagar la doble indemnización, violando el DNU 329/2020 y tampoco lo que les corresponde a los trabajadores que en su mayoría superan los 10 años. La patronal de Garbarino ya hace uso del reclamo de la presentación de la ley de eliminación de la indemnización por despidos que presentó Martin Losteau a pedido del FMI. Pero no lo hacen en soledad. Hay una connivencia entre las patronales explotadoras, el Ministerio de Trabajo y la burocracia que dirige todos los gremios. Por eso actúan con total impunidad. En este cuadro donde la desocupación se acentúa, los salarios se devalúan hasta la indigencia, la flexibilización y precarización laboral se agravan por la orientación política y social de los que gobiernan, la coordinación de la lucha es lo que, sin duda, puede reforzarnos para avanzar por nuestras reivindicaciones tan elementales como la defensa de los puestos de trabajo. Los trabajadores del gremio de Comercio, que en esta última etapa hemos estado en constantes luchas, debemos autoconvocarnos contra los despidos masivos poniendo en pie asambleas y tomar todo lugar de trabajo que cierre o despida bajo control de sus trabajadores. Preparemos el camino hacia un paro general en Comercio. Estas herramientas nos deben preparar también para recuperar el sindicato en manos de los trabajadores y delimitarnos de las falsas oposiciones.

Leandro Suárez fue liberado en agosto de 2020 de la Unidad N°19 del Servicio Penitenciario Federal, la Colonia Penal de Ezeiza, a la que había ingresado en 2014. Según las crónicas periodísticas hoy tiene 29 años. De esos incuestionables datos surgen varias conclusiones. Primero que, al iniciar su vida en prisión, Leandro Suarez apenas superaba los 20 años. Eso en el mejor de los casos, ya que un abrumador porcentaje de la población carcelaria adulta, conformada casi en su totalidad por excluidos sociales, está sometida a un encierro carcelario antes de cumplir los 18 años. También es evidente que, siempre en el mejor de los casos, los cinco años y diez meses que Leandro Suarez estuvo en prisión representan gran parte de su joven existencia. ¿Quiénes gobernaron durante ese lapso de tiempo? La respuesta echa por tierra el verso de “la grieta”. El artículo 18 de la Constitución Nacional prescribe que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”. Desde las usinas ideológicas del orden social vigente llaman a esa disposición constitucional “fin resocializador de las penas”. La base material demuestra que, como es costumbre, se trata de “papel pintado”. Seamos serios. El 54% de los niños son pobres en la Argentina. ¿Puede pretenderse resocializar a una persona a la que, estando “en libertad”, se le negó toda posibilidad concreta y real de socializarse? Esa posibilidad que se niega durante “la libertad”, ¿puede brindarse en el contexto del encierro carcelario inherente al orden social vigente? El 7 de Noviembre pasado, mediante varios disparos de arma de fuego, estando en compañía de una niña de 15 años que pertenece a su mismo segmento social, Leandro Suárez asesinó brutalmente a un semejante. En el marco de una múltiple incursión delictiva atacó ferozmente a su víctima con varios disparos de arma de fuego. Sin contemplaciones, Leandro Suárez ultimó a un trabajador y, a raíz de ese crimen, todos los voceros de los partidos políticos patronales se dirigieron acusaciones cruzadas. De un lado de "la grieta" vociferaron por “las puertas giratorias” y la liberación de delincuentes. Del otro hablaron de la utilización de la tragedia con fines electoralistas. Sin embargo, con el repugnante cinismo que los caracteriza, exhibieron acuerdos. Coincidieron en que hay que agravar las penas, reducir los “beneficios” liberatorios, limitar las excarcelaciones etc etc. Sin exteriorizar ningún tipo de vergüenza volvieron a efectuar esas históricas e inconducentes “propuestas”. Pero con el agravante de que lo han hecho en el contexto de una superpoblación carcelaria que constituye una verdadera crisis humanitaria. Todo un delirio en el que, sin “grietas”, desprecian el dolor ajeno encubriendo que, en este sistema social, la cárcel deriva en el perfeccionamiento criminal de las personas (jóvenes y pobres) encarceladas. Unos y otros esconden que, al ser “liberadas”, la enorme mayoría muy difícilmente tengan otro destino que operar como mano de obra barata y eslabón vulnerable del narcotráfico, la trata de personas, las patotas sindicales etc etc etc… La falsa grieta dejó al desnudo otro acuerdo implícito. Ni los “nacionales y populares” ni los “republicanos” se detuvieron en las raíces sociales que ponen al desnudo la absoluta desintegración del orden social capitalista. Se cuidaron de no relacionar a la llamada inseguridad con esa realidad incontrastable. Obviamente junto a ellos cerraron filas los “liberales” que enarbolaron la propuesta (¿liberal?) de “meter balas”. En vez de utilizar la terrible tragedia con la que todos se llenan la boca deberían recordar la esencial idea que exteriorizó el Marqués de Beccaria: “prevenir el delito es mejor que tener que castigarlo” (Del delito y de las Penas. Año 1764). Naturalmente, para ello resulta imprescindible acabar con el orden social en cuyo seno germinan las fuentes antisociales de los delitos. Es que, como se ha dicho: “El menosprecio del orden social se manifiesta más claramente en su extremo, la delincuencia. Si las causas que hacen al obrero inmoral operan de manera más poderosa, más intensa que habitualmente, éste se convierte en un delincuente, tan seguramente como el agua calentada a 80 grados Reaumur (100 grados centígrados) pasa del estado líquido al estado gaseoso. Bajo la acción brutal y embrutecedora de la burguesía, el obrero se convierte precisamente en una cosa tan desprovista de voluntad como el agua; está sujeto exactamente con la misma necesidad a las leyes de la naturaleza para él, hasta cierto punto, toda la libertad cesa...” (La situación de la Clase Obrera en Inglaterra, Federico Engels, Pág. 185, Ed. 1892.) Subrayar lo anterior no solo es un deber revolucionario. Es, en definitiva, el modo de exteriorizar un sincero y sentido respeto por la irremediable pérdida de una vida y por el inconsolable dolor de sus afectos.

Este domingo 21 de noviembre se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Los principales candidatos que disputan La Moneda, la casa presidencial, son el ultraderechista José Kast y el frenteamplista Gabriel Boric. Un fascista en la segunda vuelta Las encuestas colocan a Kast peleando muy estrechamente la presidencia contra Boric en la segunda vuelta. José Antonio Kast Rist es hijo de un oficial nazi refugiado en Chile e integrante de una familia colaboradora de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Pinochet. Comenzó su carrera política como militante del partido Unión Democrática Independiente (UDI) -partido derechista fundado por Jaime Guzmán, el ideólogo y redactor de la Constitución de Pinochet. Fue cuatro años concejal y catorce años diputado. Entre 2016 y 2018 se convirtió en independiente, y en 2019 fundó el Partido Republicano desde el cual se postula a presidente. La propaganda presidencial de Kast se centra en "el órden", por un lado, "la mano dura" contra la delincuencia, por el otro, y el combate al "terrorismo mapuche" y la inmigración, por sobre todo. Es así que propone construir una zanja en la frontera del norte de Chile para impedir la llegada de migrantes; retirar a Chile de la ONU; derogar las leyes de unión civil entre parejas del mismo sexo; mantener la penalización contra el aborto; cerrar el Ministerio de la Mujer; y profundizar la militarización tanto contra el Wallmapu como contra las movilizaciones sociales. Kast representa principalmente al electorado pinochetista, conservador, ultra católico o evangelista. Un fascista sin aditamentos. Ejerce una defensa irrestricta de las AFP - el sistema de capitalización individual - aunque con un "esquema subsidiario" por parte del Estado para aquellos que no tuvieran suficientes años de aporte. En cuanto a la Convención Constitucional, espera que "Chile cierre ese capítulo (...) para recuperar las certezas jurídicas". Sichel: debut y despedida Kast no se presentó en el mes de julio en las primarias no obligatorias (ni para candidatos ni para electores), en las que el candidato Sebastián Sichel había ganado la interna entre la derecha. Sichel, aunque "independiente", obtuvo por esto rápidamente el apoyo de Chile Vamos, la coalición de Piñera. Pero el apoyo del oficialismo, así como el del electorado (encuestas), sufrió un revés cuando se revivió un viejo escándalo por el financiamiento irregular de su campaña a diputado en 2009. Chile Vamos deberá volver a discutir el apoyo a un candidato que está por fuera de su coalición, es decir por Kast. Boric y el Frente Amplio Gabriel Boric Font es el otro preferido de los electores. Líder de Convergencia Social, partido del Frente Amplio, es el candidato de la coalición Pacto Apruebo Dignidad que le ganó la interna al PC en la primarias no obligatorias. En estas elecciones abroquela a una parte de la ex Concertación, la coalición demócratacristiana-socialista que gobernó la mayor parte del período que siguió a la dictadura. Apruebo Dignidad es la segunda mayoría al interior de la Convención Constituyente después de la Lista del Pueblo. Boric comenzó su carrera política como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH); y aunque sus posiciones siempre fueron moderadas, supo capitalizar políticamente la lucha por la educación. Durante la rebelión de octubre firmó el Acuerdo por la Paz junto al oficialismo y la ex Concertación, lo que llevó a un quiebre del Frente Amplio. Boric pasó de integrar el movimiento NO+AFP a proponer durante la campaña electoral un sistema previsional mixto, es decir, estatal y también privado, que funcionaría, igualmente, a través de cuentas individuales. Este sistema mixto no pareciera ser una opción satisfactoria ni para la población ni para los dueños de las AFP. Por una parte, los privados perderían aportistas ante el Estado y podrían ver reducidas sus comisiones; por otro lado, el sistema de capitalización es incompatible con jubilaciones dignas para quienes ganan salarios bajos. Los voceros de Boric han insinuado que la plata del fondo estatal podría usarse para bicicletear la asistencia social. La cuestión preivisional se encuentra en el centro de la crisis política. Boric procura dar expresión a los movimientos pro-derechos, como el feminismo y los medioambientalistas, aunque también recoge a los desilusionados de la ex Concertación. Boric no representa a los sectores más radicalizados y activos de la rebelión como el movimiento de pobladores o el movimiento secundario, así como tampoco al movimiento mapuche. La semana pasada, a diez días de las elecciones, salió a la luz una antigua denuncia contra él por acoso sexual durante su periodo como presidente de la FECH. Boric cruza los dedos para no correr la misma suerte que Sichel con un escándalo de último momento. El abstencionismo y la convención La clave de porqué un fascista puede llegar a La Moneda en un país en rebelión, está en el porcentaje y composición de los votantes que acuden a la urnas. Desde que se estableció en 2012 el voto voluntario, la tendencia a la abstención fue del 57% en los distintos comicios a nivel nacional [https://www.servel.cl/estadisticas-de-participacion], llegando a un 77% en la última primaria presidencial no obligatoria de julio de este año. Según las encuestas oficiales, se estima que se abstendrá de votar, este domingo 21, el electorado adulto-joven y joven de los sectores populares, es decir, quienes protagonizaron las jornadas del 18 de octubre. Por su parte, la Convención (cuya mayoría, la Lista del Pueblo se encuentra fragmentada) debe trabajar a contrarreloj porque si al cabo de los 9 meses establecidos para redactar la nueva Constitución no cumple su cometido, será disuelta. El sucesor de Piñera, incluso si gana Boric, no va a representar los intereses de la mayoría del pueblo chileno. Tanto el fascista como el centroizquierdista quieren cerrar rápido el ciclo de rebelión popular, aunque con seguridad la atizarán todavía más.

La izquierda ha producido un balance variopinto de las elecciones del domingo 14. Para el Nuevo MAS, a la luz de los resultados, “se ratifica un voto castigo conservador”, aunque, señalan, a pesar de la derrota “el Frente de Todos evita la debacle”. Por fuera de “las dos fuerzas patronales principales”, agregan, “una tercera fuerza electoral emergente es la extrema derecha de Milei y Espert”, y “una muy buena elección del FITU”. Pero relativiza su alcance: la elección del FITU, dice, “está lejos de ser ´histórica´ como se atribuyen sus integrantes”. “Ocurre que el dato político general es que la elección se ha corrido a un andarivel conservador, es decir, se ha expresado en un voto castigo a favor de Juntos, así como en la emergencia de Milei y Espert”. Argentina marcha hacia la derecha. Para el Nuevo MAS, de nuevo, aunque la votación del FITU “expresa la emergencia potencial de un polo político a la izquierda del gobierno”, la Ciudad de Buenos Aires “aparece como la ´capital nacional´ de la extrema derecha emergente” (“un fenómeno nuevo que no puede despreciarse”). Para el aparato del PO, “derrotado, el gobierno busca el respaldo del FMI y la derecha” (Gabriel Solano). Es lo que repite Pitrola en otra página del mismo sitio (“Kicillof, como Fernández y toda la coalición, es el gobernador bonaerense del FMI”). No considera si la “derecha” está dispuesta a asistir al gobierno, al riesgo de rodar por la barranca abrazados. La conclusión propagandística de este aparato obedece a una incapacidad para hacer una caracterización de conjunto. Juntos ya le contestó a Solano que no piensa caer en ninguna “emboscada” que le tienda el oficialismo. Para Solano, el voto al FITU “recogido en las barriadas populares de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy desde ya y varias provincias del país son la expresión no ya de un voto bronca contra un ajuste, sino de una transición política de fondo que apunta a sustituir al peronismo por la izquierda que defiende las banderas socialistas”. La conclusión sonaría auspiciosa si las "propuestas" del aparato hubieran sido socialistas o algo parecido. También consigna una especie de sustitución "en bloque" de una "identidad peronista" del movimiento de desocupados a otra "trotskista", representada por el Polo Obrero oficial. La falta de una caracterización política de las elecciones es sustituida por una interpretación ideológica, naturalmente arbitraria. El PTS, por su parte, pondera la votación del FITU “en el marco de una gran crisis” y destaca a Jujuy, en lo que califica “batacazo”, o sea un hecho grande que no esperaba. “El llamado a un acuerdo nacional con la oposición de derecha para un compromiso económico plurianual, ratificado por el presidente Alberto Fernández en la noche del domingo, es termómetro y expresión de los tiempos que están por venir”, pero enseguida observa un “futuro plagado de incógnitas”. Con un análisis superior a los antes expuestos, alude a “la propia debilidad del Gobierno”, a la pérdida de mayoría oficialista en el Senado; a las internas “que afloraron a flor de piel tras las PASO” y a las propias internas de la derecha, “que se divide en su competencia por quién queda mejor posicionado hacia las presidenciales de 2023”. En contradicción con lo que dice el aparato PO, el PTS reprocha a Todos que, desde su llegada al gobierno, “asumió que iba a intentar administrar la herencia macrista, en lugar de rechazarla”. Con esto no hace, precisamente, un análisis de clase de “Todes”, que se habría perdido la oportunidad de gobernar de "otra manera". Precisamente, un rumbo, dice el PTS, que “encierra una filosofía (sic) de la resignación de corte conservador, incapaz de pensar otro horizonte” (?). El remedio estaría en un curso de humanidades. A falta de "propuestas que enamoren", como calificó Bregman a los planteos K, la campaña del Frente de Izquierda Unidad, dice el PTS, “tuvo como dos de sus ejes principales rechazar el ajuste y la sumisión al FMI, así como la pelea por las seis horas de trabajo cinco días a la semana con salario igual a la canasta familiar, entre otros ejes como las peleas de género y por el medioambiente”. El MST, por último, caracteriza un escenario de “polarización y crecimiento por fuera de la falsa grieta”, de un lado el FITU, del otro por Milei-Espert. “El crecimiento de estos polos coloca también a nuestro país a tono con los procesos que se viven en otras partes del mundo y de nuestro continente (…) que irá en aumento”. El MST, sin embargo, ha venido reclamando una ampliación del FIT-U hacia su derecha, lo que sería una atenuación de la polarización. En lo que tiene que ver con planteos y perspectivas, el PTS no recupera sus propuestas de “partido único”, ahora que el FIT-U ha crecido en cargos representativos. Por su parte, el PO oficial insiste en convocar a un “congreso del FITU”, sin aclarar si ha tomado para él unificar al FITU en un partido. El MST, en cambio, propone “superar el ser solo un frente electoral, tenemos que dar el salto a construir un gran movimiento político, que actúe en forma permanente, que dispute en todos los terrenos de la lucha de clases, que convoque y le dé un lugar destacado a una gran franja de independientes que ya nos apoyan y a referentes de la izquierda social”. A reglón seguido, anuncia un acto propio el 4 de diciembre en Plaza de Mayo.

En las elecciones del pasado domingo 14 de noviembre, Política Obrera obtuvo 19.672 votos, un 3.17% -un crecimiento del 19.26% con respecto a las PASO nacionales de setiembre último para la categoría de diputado nacional. El análisis en los departamentos arroja los siguientes resultados: en Orán, importante en concentración y luchas obreras, mantenemos una votación del orden del 5% y quedamos nuevamente terceros en la Colonia Santa Rosa. En Rosario de Lerma, otro departamento con una fuerte composición obrera, nuestro crecimiento se da en la escala del 33 por ciento. En la capital, superamos los 10200 votos, creciendo un 18% con respecto a las PASO. En Metán y San Martín, arriba del 2,7% y, a diferencia de las PASO, superamos los resultados del FITU. Esta recomposición, aunque modesta, es el resultado de una campaña que convocó a un voto contra los partidos patronales y su régimen político, que hizo eje en el salario, las jubilaciones, el trabajo, contra la miseria social, con el planteo de luchar por la autonomía política de la clase obrera. En el último tramo, el llamado a un Congreso Obrero permitió un debate con importantes activistas obreros. Esa es la base de la votación de Política Obrera entre compañeros azucareros, choferes de colectivos, obreros rurales en el sur y el norte de la provincia, trabajadores de la salud, municipales y ordenanzas precarizados, de feriantes, jubilados -organizados por el reclamo de las prestaciones médicas- y activistas del movimiento LGBT y obreros del tabaco en Rosario de Lerma, donde se constituyó un trabajo político, y del Polo Obrero que se organizaron para conquistar el voto en las barriadas. La votación del FITU Por su parte, el Frente de Izquierda Unidad y su lista encabezada por Andrea Villegas (del MST), conformado por 3 partidos el MST, el PTS y el FUT (Del Plá y cía), cae 1.34 puntos, pasando del 5.6 al 4.26%, detrás de la lista de una de las facciones kirchneristas (FELICIDAD). Asiste de esta manera, a un franco retroceso: de los 29371 votos en las PASO, pasa a obtener 26425. Es una caída neta del 11.14%: 2946 votos con respecto a setiembre último. En la interna del FITU, la lista del PTS encabezada por Foffani, contra el MST, había obtenido 11213 votos. El retroceso del FITU es antes que nada el resultado de la deriva liquidacionista de Del Plá, Foffani y López, que los ha llevado a una franca disolución en el MST y el PTS. Como FITU se redujeron a una decena de proclamas sueltas y a un llamado al voto que “duele a los dueños del poder” o ser “la tercera fuerza” del régimen. El balance público de los Del Pla habla de una “buena elección” y de una duplicación de votos en determinados barrios, para agudizar su faccionalismo contra el MST, al que acusan de responsable de “no lograr retener la totalidad de los votos sumados de las PASO”. Desafíos Con una nueva camada de compañeros luchadores hemos antepuesto la defensa del programa histórico del Partido Obrero, como herramienta política de nuestra clase. Bajo este enfoque, nuestros resultados adquieren una importancia de cara a los desafíos políticos que interpelan a los trabajadores. Devolver a los trabajadores de Salta el Partido Obrero que ha intentado destruir el aparato oficial.

Las elecciones de Santiago del Estero tuvieron la particularidad de realizarse en forma combinada con la única elección provincial a gobernador y a la vez de renovación de todos los integrantes (40) de la cámara de diputados. El Frente Cívico que lidera Zamora ganó la elección con el 62% de los votos conquistando los 3 diputados nacionales en juego, logrando a su vez la cuarta reelección junto a su vice Neder y de conjunto logrando 27 diputados provinciales sobre 40 en juego y la inmensa mayoría de los comisionados comunales. Las otras fuerzas como Juntos por el Cambio, apenas llegaron al 12% de la votación. Lo mismo ocurrió con el Frente Renovador (massista) con un 11%. Varias otras fuerzas y frentes no llegaron a superar el 10% de los votos, reflejando la ausencia de una oposición patronal estructurada. Desde el zamorismo destacaron que el Frente Cívico obtuvo la mejor votación en el país, pero ocultando el hecho de que internamente en el Frente Cívico se ha profundizado la división que separa a Zamora que lidera la fracción radical K, con el Vicegobernador Neder, que preside el PJ santiagueño, quienes presentaron listas por separado para diputados provinciales y comisionados, desde donde ya han salido sectores planteando la necesidad de salir del Frente Cívico. El FIT-U solo presentó lista de candidatos provinciales al no haber pasado las PASO. Desplegó una campaña vacía de contenido político, dando la espalda a las principales luchas que se desenvolvieron en este periodo, destacando que el FIT-U representaban la 3º fuerza nacional, y la unidad de los que luchan, sin embargo, en ningún momento se pronunciaron en relación a que lista nacional llamaban a apoyar. El Partido por un Santiago Obrero desarrolló quizás la campaña más intensa y extensa de todas las campañas desarrolladas por el partido en la provincia hasta el momento. Se recorrieron con las declaraciones numerosas barriadas, casa por casa, de la capital, la Banda, Termas, Frías, Beltrán, Vilmer, Forrest. A pesar de ello, solo se obtuvo una votación marginal, apenas superando el 1%. En general hubo una fuerte mordaza mediática contra la izquierda pero mucho más acentuada con los candidatos del Partido por un Santiago Obrero. Se desplegaron más de 800 fiscales que se vieron enfrentados a disposiciones arbitrarias e ilegales que impidieron durante gran parte de la jornada la fiscalización, trabando el ingreso de los fiscales generales o de los fiscales de mesa. Las perspectivas del gobierno y el régimen zamorista están directamente condicionados al curso que adopte la crisis general que atraviesa el país y que se ha agravado luego de los resultados de las elecciones nacionales. En este marco, el desafío para el Partido por un Santiago Obrero pasa por darle continuidad a la agitación política por las reivindicaciones más sentidas que fueron ejes en el curso de la campaña electoral (salario, trabajo, tierra-agua, vivienda, derechos democráticos) combinado con un trabajo de propaganda y organización, para sumar de manera consciente a la decenas de compañeros, en especial de las filas del Polo Tendencia, que se han destacado sumándose a la campaña política desplegada en todo este período.

El candidato del FdT, Emiliano Estrada, se consagró ganador de la elección a diputados nacionales en Salta con un estrecho margen de 2 puntos con respecto a Carlos Zapata, de Juntos por el Cambio. Mientras que el primero sacó un 32,7%, el segundo obtuvo un 30,14%. Con estos resultados, el FdT ingresa 2 diputados y JxC, 1. El candidato de SI+PRS, Felipe Biella, una escisión de JxC, se consagró en tercer lugar con un 13,83% desplazando al candidato saencista Durand Cornejo, de UxS, quien quedó cuarto con un 11,57% retrocediendo 6 décimas con respecto a las PASO de setiembre. En quinto lugar quedó Tane de Souza, una escisión K que creció un punto con respecto a las primarias. Por último, el FIT-U obtuvo un 4,2% retrocediendo casi un punto con respecto a setiembre - a única fuerza que retrocede en votos netos. Política Obrera crece 2 décimas y achicó su distancia de 2 puntos a 1 de diferencia con el FIT-U, al obtener un 3,17% de los votos. Un camporista aliado de Sáenz y el FMI Estrada se impuso con el apoyo del oficialismo provincial y nacional. De extracción camporista e impuesto en la lista por Wado de Pedro, en su campaña planteó continuar con los subsidios a las patronales, a costa del vaciamiento del fisco y la Anses, y de promover una reforma laboral antiobrera mediante la promoción del “monotributo joven”. Estos planteos fueron aplaudidos por absolutamente todas las listas patronales que competían con él. Estrada es un firme partidario de un acuerdo con el FMI, al que subordina el acceso al crédito que tanto prometió para las “pymes y emprendedores”. Sin embargo, esta victoria encubre un claro retroceso del aparato del PJ y el kirchnerismo local. El propio Estrada ha reconocido que esperaba una diferencia mayor con JxC (en el 2019 fue de 12 puntos), y si bien ha sumado 2 puntos más con respecto a las PASO últimas, ha perdido 14 puntos con respecto al 2019. Desde las vísperas de su triunfo, Estrada ha planteado la necesidad de superar la grieta y una vez terminada la elección ha reivindicado a su adversario Zapata como una “oposición seria y constructiva”. Es que este olmedista se enrola en la fracción dialoguista de JxC salteño. Sáenz también ha reivindicado los resultados de la elección salteña como un paso para superar “la grieta”. Aunque bajo la derrota sufrida por su otro candidato, Durand Cornejo, es claro que ha quedado más subordinado que nunca a los acuerdos con un gobierno nacional en declive. Mientras el ex gobernador Romero y el sojero fascista Olmedo ven en la elección de Zapata la posibilidad de pelear la gobernación en el 2023, Sáenz se aferra más que nunca a su rol de gestor ante el gobierno nacional para afrontar la feroz crisis social de la provincia y las exigencias de la oligarquía terrateniente local y el gran capital radicado en la provincia.

El viernes pasado, el gobierno de los Fernández se sumó, en la OEA, a la condena de Nicaragua por la violación de derechos humanos, que propició el ‘gusano’ Luis Almagro por iniciativa de Biden, Bolsonaro, Piñera y otros gobiernos de la derecha latinoamericana. Rompió, en consecuencia, con el bloque que integran, entre otros, México y Bolivia, que reivindican el principio de “no injerencia” en los asuntos internos de los países. Desautorizó, de este modo, el intento, siempre esquivo, de desarrollar una organización de estados latinoamericanos, independiente de Estados Unidos. La condena ha de servir para dar un status pseudo legal a las sanciones que dictará Biden contra Nicaragua, como ocurre desde hace 60 años contra Cuba y recientemente contra Venezuela. El repudio a la represión política en Nicaragua debe hacerse al margen de la OEA y mediante la denuncia de los atropellos del imperialismo yanqui en todo el mundo. La OEA, como parte de la ONU, autorizó las masacres perpetradas por EEUU en Irak y los asesinatos selectivos contra autoridades de Irán. La OEA fue parte activa durante el golpe fascistoide en Bolivia, y de fraguar resultados electorales para justificarlo. La represión abierta del régimen chileno de Piñera, del ecuatoriano de Lenin Moreno y del colombiano de Duque pasaron de largo para el organismo. La burocracia de la CGT ha venido reclamando el acompañamiento de la condena a los Ortega en el marco de la OEA. El voto de los K fue fundamentado ante la OEA por un secretario de la cancillería, Tetamantti, ante la renuencia del embajador en el organismo, Carlos Raimundi. Los Fernández abandonaron sus posiciones precedentes y la pertenencia al bloque no ´injerencista´ para retomar las posiciones de la ex cancillería macrista. Esto no es obstáculo para que 'la izquierda' K marche el miércoles con la burocracia intervencionista de la CGT, nada menos que en el Día de la Militancia. La jornada celebra el primer retorno de Perón, en 1972, que habría de culminar, en un proceso de crisis y de golpes de estado, en la organización de la Triple A. El cambio de posición del dúo Fernández siguió un derrotero. Un primer comunicado de la cancillería sólo expresaba una "preocupación" por la detención de opositores políticos por parte de Ortega, pero defendía la "no injerencia en asuntos internos de otros países". Más tarde, un posición más ‘dura’ del canciller Santiago Cafiero, durante una exposición virtual en dicha Asamblea, advertía que la defensa del “estado de derecho” había sido "...una postura invariable de nuestra política exterior”. Desde la Casa Rosada se había adelantado que iba a haber una abstención en línea con las dos abstenciones -en bloque con Bolivia y México- en votaciones anteriores. En síntesis, los Fernández han cancelado el neutralismo internacional de Argentina, para destrabar el acuerdo con el FMI que le exige toda la burguesía local. Es el canje que le ha venido reclamando Biden y la Unión Europea desde hace tiempo. No es claro, sin embargo, que haya obtenido algún resultado. El propósito de los Fernández es conseguir una ‘unidad nacional’ para conseguir que el Fondo acepte un ‘ajuste’ atenuado, cuya marcha sería supervisada a lo largo del período del acuerdo. Antes de ‘arreglar’ con Larreta un respaldo en el Congreso, los Fernández buscan asegurarse el visto bueno de los Eurnekian y Bulgheronis, junto a la CGT y el Consejo Agro-industrial. La burguesía local busca re-valorizar las fuertes inversiones que tiene en la deuda pública de Argentina, en los mercados extranjeros y locales. El programa del acuerdo con el FMI pone la dirección de la economía y de la política de Argentina bajo la tutela del capital financiero internacional y nacional. A esto responde el cambio de posición de los Fernández en la OEA.

Los resultados electorales del 14N en la provincia han desencadenado un nuevo episodio de la crisis de los aparatos político provinciales. La cómoda diferencia que Todes sacó en las Paso, unos 16 puntos, quedaron reducidos a dos en las generales del domingo pasado, o sea que Manzur casi pierde la elección frente a Juntos. Avatares de un Jefe de Gabinete. ¿Qué ocurrió? En las Paso, el Frente de Todos fue con dos listas, una apadrinada por Manzur y otra apadrinada por el vicegobernador Jaldo. Lo que se jugaba en esa interna era quien iba a liderar el proceso electoral del 2023 en la provincia. El PJ atravesaba una fractura en al Ejecutivo, la legislatura, los municipios, concejos y las comunas, los sindicatos, la policía y hasta las iglesias. El resultado 60% a 40% favoreció a la lista manzurista. Con la designación de Manzur como Jefe de Gabinete, Jaldo pasó quedó como gobernador interino, previo acuerdo de gobernabilidad. En realidad, éste aprovechó promover a los delegados comunales e intendentes adictos. El gobierno interino, por otro lado, no tuvo ningún auxilio nacional (´la platita´), frente a un agravamiento de la miseria social. En este periodo se manifestó un enorme movimiento de lucha de los limoneros al margen de la burocracia de UATRE. Los casi 10 puntos que perdió Todes fueron a Juntos, encabezados por el intendente de la capital, Germán Alfaro, un dirigente peronista apadrinado por Larreta. Otra franja de votantes engrosó la votación del bussismo, que creció un 50% y alcanzó el 10% de la votación. El electorado le facturó al peronismo la ley de biocombustibles que ha quitado subsidios a la industria azucarera. No pasaron 48 horas, cuando Alfaro renunció a asumir su banca en el Senado, a favor de su esposa, la diputada nacional Beatriz Ávila, para evitar que la Intendencia pasara a Fernando Juri, designado presidente del Concejo Deliberante por todistas y bussistas. De este modo, Alfaro se anota para la gobernación de Tucumán contra Manzur y Jaldo, luego de conseguir el empate electoral con el oficialismo.

La ´movilización´ a Plaza de Mayo encabezada por la CGT para conmemorar el “día de la militancia” pondrá en escena el realineamiento de fuerzas al interior de la coalición oficialista, luego de las elecciones del domingo pasado. El protagonista excluyente, según está previsto, será Alberto Fernández. La cita había sido lanzada por la CGT y el pejotismo con anterioridad a los comicios, de manera preventiva, ante la posibilidad de un nuevo desplante de CFK como el ocurrido, el 12 de septiembre pasado, luego de las PASO. A la luz de los últimos resultados, que reposicionaron a los ´barones del conurbano´ por la remontada en provincia, la convocatoria ganó espesor político. El kirchnerismo, finalmente, se sumó a la cola. ““No tenían otra, se quedaban afuera”, comentó por lo bajo uno de los organizadores de la movida” (La Nación, 17/11). Manzur, por su parte, tras recibir a los popes de la central sindical, recordó que “el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo”. La burocracia sindical reclama un acuerdo con el FMI; la relación con los empresarios ("No tenemos una posición ideologista sobre la relación con los empresarios. ¿Dónde Perón dijo que teníamos que enfrentarlos?"); y en materia de política exterior, dicen los capos cegetistas, "la alineación natural nuestra es con Estados Unidos" (Clarín, 11/11). La ´movilización´ de este miércoles -a la que también adhieren las dos CTA y los ´movimientos sociales´ oficialistas- tiene dos aristas fundamentales. En primer plano, escenificará el apoyo de todas las alas del pejotismo y sus variantes a un acuerdo con el Fondo, que ha sido convertido en ‘causa nacional’. La burocracia aconseja desmantelar conquistas convencionales “rubro por rubro y empresa por empresa”, no por ley, como comenzaron a hacerlo con los petroleros y los lecheros durante el gobierno Macri y, más recientemente, en Toyota. El otro aspecto de la jugada es que será una suerte de emplazamiento a Alberto Fernández para que asuma plenamente la conducción del PJ y del gobierno y relegue a los K. Manzur viene tejiendo una “institucionalización” del peronismo. Por su parte, los intendentes, mientras maniobran para sortear las limitaciones a la reelección que pactaron Vidal y Massa durante la gestión pasada, reclaman que “se abra el juego” en los municipios a la competencia interna, con el declarado propósito de barrer las aspiraciones de La Cámpora en sus territorios. AF, cuyos recursos políticos son prácticamente nulos, parece intuir que detrás de esto está “el abrazo del oso”. El gobierno acaba de anunciar la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso , para poder extorsionar al macrismo con la propuesta de una agenda ‘consensuada’.

El peronismo ha convertido al 17 de noviembre en el “día de la militancia”. Celebra el “primer retorno” de Perón a la Argentina, luego de 17 años de exilio. Es una rememoración acertada, pues, efectivamente, la “militancia” laboró por ese regreso, como salida al impasse terminal que el Cordobazo provocó en el régimen militar creado por el golpe de 1966. Perón volvió a Argentina como consecuencia de un pacto entre el jefe radical Balbín, el presidente militar Lanusse y Paladino, delegado de Perón. El pacto engendró ilusiones inimaginables en los círculos capitalistas, al punto que la Unión Industrial se disolvió por primera vez en la historia, para ingresar a la Confederación General Económica, un centro del ‘populismo’ y de la ‘sustitución de importaciones’, encabezado por un industrial ‘comunista’ –José Gelbard. La “militancia” operó como un auxiliar político de una operación del imperialismo, que los trabajadores habrían de pagar con la mayor tragedia de la historia. Como en la famosa farsa que sigue a cualquier tragedia, los Fernández conmemoran la fecha para que el macrismo los acompañe en la firma de un acuerdo con el FMI. Es lo que reclama el segundo punto del programa que exhibió la burocracia de la CGT, cuando desfiló para celebrar el 17 de octubre, un mes atrás Aquel 17 de noviembre, miles de militantes intentaron acercarse al aeropuerto de Ezeiza, bajo las versiones de un encarcelamiento de Perón en el propio aeropuerto. El temor obedecía a que Perón llegaba a destiempo para postularse como candidato para las elecciones que se acababan de convocar. Perón, por el contrario, salió caminando del Hotel del aeropuerto, para liderar al día siguiente una célebre reunión multipartidaria en un restoran de Vicente López, que reunió desde el radicalismo al partido comunista. El “Gran Acuerdo Nacional” en pos de un relevo ordenado de la dictadura ingresaba en su recta decisiva. Como último recurso del Estado ante una insurgencia popular, se cerraba la ‘grieta’, en apariencia insuperable, que había nacido en el golpe del 55. Perón retornó a Madrid para volver seis meses más tarde, acompañado de un cortejo variopinto, en el que se destacaba Licio Gelli, jefe de la Logia P2, encubierto por los servicios italianos mientras preparaba un golpe de estado en esa península, contra el “acuerdo histórico” cristiano-comunista. El fascista pertenecía al círculo íntimo de Perón y tenía como agente, en la alcoba del futuro presidente, a López Rega. Esta vez, el 20 de junio de 1973, Perón no salió caminando: las patotas y los esbirros de la burocracia sindical, de la derecha y de los ‘gellistas’, impediría que la Juventud Peronista se acercara a los estrados instalados en las cercanías del aeropuerto. El retorno definitivo de Perón no es objeto de ninguna celebración, aunque también fue el fruto de la “militancia”. Lo que se celebra hoy, en 2021, es el aniquilamiento, primero político y después físico, de una militancia que operaba como furgón de cola de una operación de salvataje de contenido capitalista y anti-obrero. La criminal escalada de ese día contra “la militancia” fue el ensayo general de una política que el propio Perón se encargaría de concebir y promover cuando aún no había asumido la presidencia. Como relata Miguel Bonasso en uno de sus libros, en una conversación con el gobernador bonaerense Bidegain, Perón le señaló que la crisis nacional necesitaba de “un somatén” –así se llamaban los cuerpos parapoliciales fundados por el falangista español Primo de Rivera en 1923. A esa confesión, le siguieron reuniones y “circulares reservadas”, donde se diseñaron los propósitos y la estructura de las 3A. “La sombra de aquella charla se extendería sobre los cadáveres de Ezeiza”, concluye Bonasso, un militante que hoy no celebra nada. Las 3A descerrajaron toda su furia criminal durante 1974 y 1975, y sólo fueron parcialmente frenadas durante la huelga general de junio y julio de 1975, que desalojó a José López Rega del gabinete. Las Tres A fueron el antecedente operativo de los “grupos de tareas” de la dictadura, y un semillero de los torturadores de los campos de detención. El llamado día de la militancia, en definitiva, celebra al debut de un proceso político que condujo al asesinato de más de 1000 militantes hasta 1975, y la desaparición de otros 30.000 bajo la dictadura. La fantasía reaccionaria de la “comunidad organizada”, que reivindica el kirchnerismo, quedó al desnudo con el retorno de Perón. Esto, que hoy es un recuento histórico, fue advertido por Política Obrera con anticipación. El único en toda la izquierda. LEER MÁS Alberto (Almafuerte) Fernández o una crisis terminal, escribe Jorge Altamira

La prórroga de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre es presentada por el gobierno como la posibilidad de una “agenda en común con la oposición” (Clarín 17/11). La medida va en sintonía con el mensaje grabado por Alberto Fernández una vez conocidos los resultados de las elecciones donde convoca a un acuerdo “plurianual” y “macroeconómico” que le permita presentar una propuesta ´conjunta´ al FMI. La iniciativa del gobierno busca hacer mella en las contradicciones y en la dispersión política de los ´ganadores´ de las elecciones, a los que desafía a pronunciarse por esta agenda (leyes de agroindustria, energía y turismo, La Nación 17/11), esencialmente el acuerdo con el Fondo Monetario. Juntos por el Cambio ha calificado a la maniobra como una “emboscada”. Los Fernández no han advertido que la propuesta puede convertirse en un ‘boomerang’, cuando la ‘opo’ sea usada por el FMI para torpedear la propuesta de acuerdo que hace el gobierno y que suscita el rechazo de los fondos internacionales. La búsqueda de una ́propuesta ́ ratificada por el Congreso implica una maniobra no solamente para ´enganchar´ a Juntos sino para presentar el acuerdo con el Fondo como la superación de la ‘grieta’ y el comienzo de la ‘unidad nacional’. Hace más de un año que el FMI viene rechazando las propuestas de acuerdo del gobierno, Esta vez parece haber un ‘valor añadido’ - devaluar el peso en un 30 por ciento. La ´unanimidad en el campo oficialista escasea. La expectativa de que la crisis interna al interior del FMI y del Tesoro norteamericano facilite un acuerdo ´blando´, no ha pasado por el momento la prueba de los hechos, aunque el Frente de Todos vote la condena a Ortega en la OEA. La CGT a disposición El acto convocado por la CGT con el acompañamiento consentido de La Cámpora, los intendentes y los movimientos sociales, busca rubricar toda esta orientación. Entre las exigencias centrales de la burocracia sindical el acuerdo con el FMI y el privilegio de la relación con EEUU son inamovibles. La derrota ´victoriosa´ del gobierno apunta a tomar la iniciativa de este acuerdo no cerrado con el FMI. El gobierno juega a la prestidigitación. La crisis en el “Frente de Todos” tiene que ser vista en un marco de crisis más general, que incluye a todo el régimen político y es en esto en lo que se apoyan las maniobras recíprocas entre unos y otros.

Dos reconocidas periodistas de la provincia sufrieron abusos durante sus coberturas en la Casa de Gobierno en las elecciones del domingo. Carolina Ponce de León se animó a hacer públicas las vejaciones que sufrió cuando fue a cubrir la conferencia de prensa tras los resultados de las elecciones generales este 14 de noviembre. En el propio salón blanco de Casa de Gobierno, con la presencia de una importante cantidad de personas, tres hombres la atacaron frente la indiferencia de los presentes. Los guardias encargados de la seguridad le pidieron que guardara silencio. Al conocerse la denuncia, la periodista Mariana Romero denunció que en la cobertura de las PASO también sufrió abuso por parte de uno de los militantes presentes. Estos hechos son expresión del carácter reaccionario y descompuesto del régimen político de la provincia. No es el accionar de manzanas podridas. Los abusos y la violencia de género son el modus operandi que tienen funcionarios de todo tipo. Tienen el aparato estatal a su disposición para asegurarse impunidad. Cada de uno de las casos denunciados (Alperovich, Bussi, Estofán, Navarro Dávila, Romano, Orellana, Najar) contaron con el silencio cómplice y están cajoneados por la justicia. Manzur, en uso de sus funciones como Jefe de Gabinete de la Nación, y el gobernador Jaldo frente al escándalo nacional por la ocurrencia de estos abusos a través de sus redes manifestaron ponerse a disposición de las víctimas. Aseguraron que aportarán todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Los libros de entrada y las grabaciones de las cámaras de seguridad, sin embargo, todavía no fueron entregados a la justicia. Estas declaraciones de los jefes de la banda son un saludo a la bandera, y tienen como único propósito salir al paso frente a la trascendencia que tomó la denuncia. Distintas asociaciones de trabajadores de prensa salieron a pronunciarse. En última instancia pretenderán presentar los hechos como el accionar de unos descompuestos a quienes se separará de sus funciones. Tenemos que insistir, no obstante, en la responsabilidad del régimen político y en la importancia de suscitar una movilización popular para el esclarecimiento de todos los casos de abusos y violencia del poder político. Este 25 de noviembre tenemos que salir a las calles masivamente y colocar el reclamo de justicia para Carolina, Mariana y todas las víctimas de los abusos del poder político.

Luego de una larga puja entre la burocracia sindical de la IATSE (Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, la unión sindical más grande de los trabajadores de detrás de cámaras), y miles de sus afiliados, la primera logró -con maniobras, presiones y desgaste- que se aprobaran ajustadamente por el voto de sus miembros los nuevos convenios colectivos de trabajo que negociaron con las gigantes patronales de la AMPTP (Alianza de productores de cine y televisión). De esta manera, la burocracia desbarató el comienzo de la huelga general nacional que el 90% de los 60.000 afiliados habían votado realizar. Sin embargo, la combatividad, la claridad y la firmeza que desplegaron miles de trabajadores del área audiovisual es inédito en la historia y deja la puerta abierta a perspectivas positivas. Súper explotación, activismo y vanguardia Las mayores empresas de entretenimiento del mundo -como Disney, Netflix o Paramount- impusieron durante la pandemia condiciones de trabajo semi esclavas, con jornadas laborales extensísimas sin descanso y salarios a la baja, que pusieron en riesgo la salud y la vida de miles de técnicos, coordinadores de producción, vestuaristas, asistentes de guion, diseñadores, etc. Un estado de rebelión de las bases comenzó a hacer temblar los sets de filmación de Hollywood y todo el país, por lo que la conducción del sindicato se “vistió” de luchadora y llamó a votar por la huelga general. Luego, sucedió lo comentado arriba. En el interior, la deliberación y el activismo en los lugares de trabajo no hizo más que crecer. Miles de trabajadores se pronunciaron una y otra vez por la necesidad de paralizar una de las industrias más poderosas de Estados Unidos, porque veían allí el único camino para hacer frente a que lo la burocracia mostraba como un “éxito”: migajas en relación al aumento salarial y que las nuevas horas de descanso acordadas legalizaban el estado de constante stress y cansancio extremo que llevó a afiliados a la hospitalización o la muerte, entre otras aberraciones. La burocracia presionó y mintió descaradamente pero no pudo frenar el espíritu huelguista de sus afiliados, lo que quedó demostrado en el hecho de que el resultado de la votación para ratificar los dos acuerdos fue muy estrecho. IATSE utiliza un sistema a través del cual se asignan delegados a sus 36 sindicatos locales en función de la cantidad de afiliados que tenga cada uno. Los mismos votan dentro de su sindicato local y una vez que un local alcanza la mayoría de votos, para ratificar o rechazar, todos los votos de los delegados se asignan al resultado mayoritario. Para el Acuerdo Básico, que es el que corresponde a los 13 locales situados en Hollywood, el voto fue de 256 por el sí contra 188 por no y para el Acuerdo de Normas de Área, que es el de los 23 locales diseminados por todo el país, el voto aprobatorio fue de 103 contra 94 votos por el no. Otro dato importante: para el Acuerdo Básico, ocho locales votaron sí y cinco locales votaron no y entre los sindicatos locales, catorce locales votaron sí y nueve votaron no. Estos números muestran que en muchos de los sindicatos locales donde se encuentra una vanguardia más avanzada y numerosa -hablamos de miles de personas- que se mantuvo firme en su lucha contra el freno a la huelga, la burocracia salió perdiendo. Muchos de esos sindicatos locales están por fuera de Hollywood, o sea que hablamos de una tendencia combativa no aislada o circunscripta a un área del país, sino nacional. Conclusiones Los trabajadores audiovisuales no salen derrotados de todo este proceso, sino con la convicción intacta de que la huelga es el instrumento para avanzar verdaderamente en sus derechos y que es necesario enfrentar con uñas y dientes a la burocracia que es funcional a las patronales. Al calor de la lucha, viejos trabajadores se unieron a jóvenes activistas, quienes no dieron por un segundo el brazo a torcer, enfrentándose a un aparato sindical enorme y a los grandes estudios de cine y TV del mundo. La puerta que abrieron valientemente, no se cerró ni podrán cerrarla.

Ayer miércoles, alrededor de las 9.30 de la mañana, en el barrio de Barracas, tres agentes de civil de la brigada de la comisaría 4D de la Policía de la Ciudad balearon en la cabeza a Lucas Gonzalez, quien volvía de entrenar acompañado de un grupo de amigos. La policía intentó instalar la versión de un enfrentamiento para justificar un terrible caso de gatillo fácil. Lucas, de 17 años, falleció producto de las heridas. Era jugador de las inferiores de Barracas Central y volvía de un entrenamiento a bordo de un automóvil junto a otros tres jóvenes cuando se les cruzó un Nissan Tiida Gris -que no pertenece a los vehículos de la brigada- sin identificación alguna. Tras impactar contra la puerta del conductor, intentan escapar pero del otro vehículo salen cuatro disparos, hiriendo en la cabeza a Lucas, que viajaba en el asiento del acompañante. La familia de Lucas convocó a una concentración frente a la comisaría. La versión policial de los hechos ya lleva varias contradicciones en 24 horas. La primera versión de la brigada es que hubo un enfrentamiento, aunque el audio de la comunicación interna de los efectivos con la comisaría detalla que los disparos se efectúan luego de ver en el asiento trasero del VW Suran en el que se movían los jóvenes una supuesta arma de fuego. Antes habían sumado el dato falso de que el auto era robado, lo que fue rápidamente quedó desmentido. Los policías involucrados son Gabriel Isasi, Fabian Lopez y José Nievas. Estos justifican la persecución por verlos salir de la villa 21-24 -Luna e Iriarte- y por presuntas maniobras evasivas que levantaron la sospecha de los policías y decidieron perseguir e interceptar al auto sin mediar palabras. La policía federal, que se encargó de las pericias, asegura haber encontrado un arma de juguete en el baúl del auto luego de varias horas de peritaje. Las familias de los jóvenes refutan esta versión. Sostienen que la razón por la que escaparon luego del choque fue porque creyeron que se trataba de un robo. Prueba de esto es que a las pocas cuadras se detuvieron a pedir auxilio a un policía uniformado. No hay ninguna prueba de que haya habido un tiroteo, ni que el arma de juguete en cuestión sea de los menores que, a excepción de Lucas -que fue trasladado al hospital del Cruce de Florencio Varela- acabaron detenidos por “averiguacion de ilicito”, mientras que los policías involucrados no fueron ni siquiera molestados. La estigmatización de los jóvenes y la creciente represión que viene ejerciendo la policía de la ciudad en las barriadas tiene como resultado hechos como este. Mientras el narcotráfico y la bandas organizadas crecen en las narices de las fuerzas de seguridad de todos los colores, la policía de Larreta solo se endurece con la juventud y los desocupados que privan del derecho a movilizarse y amenazan constantemente con reprimir. La inseguridad no es problema de rigurosidad de las fuerzas sino de complicidad: es la propia policía la que organiza la delincuencia y libera las zonas, como es la propia gendarmería la que deja actuar a los carteles narcos en las villas más grandes de la capital federal donde están apostados como “refuerzo”. El ataque sin motivo a estos jóvenes es un hecho gravísimo que debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad y puesto a discusión en las barriadas donde se suceden los relatos de abuso policial y corrupción para discutir una salida a este problema que condiciona la vida de los jóvenes.

Deisy, ¿Cómo andas? Sabemos que hoy hubo una asamblea. ¿Nos podes contar en qué consistió y cuáles son las reivindicaciones que tienen como trabajadores de la salud? El tema fueron las paritarias, que fueron a la baja: recibimos solo un 12% en el mes de julio y un 10% que vamos a percibir recién en noviembre. Estamos trabajando en un municipio rico y de trabajadores pobres. Lo único que nos bajan son normativas con órdenes a acatar, pero nuestro salario cada vez disminuye. Le pedimos al intendente que escuche nuestro reclamo que es genuino para todos los trabajadores. No podemos cobrar $40.000. Un enfermero que recién empieza no llega ni a un básico de $50.000, por ejemplo. Esos compañeros tienen alquileres, son cabezas de familia, tienen hijos; como no les alcanza, tienen que trabajar en otros establecimientos. Por esa razón hicimos la asamblea, a pedido de los compañeros. Por supuesto, ATE acude a los compañeros, los escucha, y debido a eso hicimos esta asamblea. Lo que se logró en ella es que vayamos a una movilización. Si el ejecutivo no escucha el pedido que estamos realizando, vamos a movilizarnos efectivamente. ¿Cómo ha sido la política de salud de Posse durante la pandemia? ¿Cómo han encontrado el hospital? Los médicos, los enfermeros, los mucamos, los camilleros, estuvimos en la primera línea, estuvimos arriesgando nuestras vidas. Al principio todos aplaudían a todos los profesionales que estuvimos atendiendo a los vecinos sanisidrenses. La verdad es que de parte del intendente nos hubiese gustado que haga un reconocimiento, mínimamente, a los compañeros que dejaron su vida acá. Una de ellas fue Cristina Lorenzo. El director del hospital dijo que iba a hacer un monolito, pero tampoco hizo nada en estos dos años, sí pura fachada. Los que estamos adentro, nosotros los trabajadores, los compañeros que estamos acá, que no llegamos a fin de mes, se lo pedimos por un petitorio firmado por todos los enfermeros que necesitábamos el sistema SADOFE, el sistema franquero que está en todos los municipios. Tigre lo tiene, Vicente López lo tiene, pero San Isidro no tiene. Posse se niega, se rehúsa. Lo venimos pidiendo año tras año, porque estamos agotados, cansados de trabajar de lunes a lunes. Los francos con sistema SADOFE están en la ley de enfermería. No es lo mismo trabajar 35 horas semanales que 48; que nos pasen a carrera hospitalaria. Estamos pidiendo lo que ya está, lo que es legal. Pedimos que pase a planta permanente a los trabajadores que están precarizados con los contratos basura desde hace muchísimo tiempo. Se jubilaron 30 enfermeros, deberían pasar 30 enfermeros a planta, y sin embargo no pasa. Ese sería un reconocimiento de parte de la intendencia después de dos años de pandemia, pero nada, no hay nombramientos, estamos precarizados los compañeros, los pocos que somos nombrados, sí, tenemos el trabajo, pero los que están con ese contrato basura, llega fin de mes y no sabes si te lo van a renovar o no, o te amenazan: “no te renovamos el contrato”. O sea, siempre estamos en la misma situación, eso es lo que queremos que se termine. Mínimamente que cumplan con la ley, no pueden tener más del 70% de los trabajadores con contrato, eso es indigno para cualquier trabajador. El trabajador no puede llegar al mes de contrato y decir: “bueno, no sé si me lo van a renovar”, pero con esa incertidumbre es que están viviendo día a día. Eso también es un pedido que se hizo a la intendencia, al ejecutivo, a Salud Publica, pero no tenemos respuestas, hacen oídos sordos ante nuestros reclamos, por eso y más, volvemos a recalcar la movilización que se acordó en asamblea. En San Isidro hay tres hospitales municipales. En lo salarial, ¿están cobrando el mismo salario que un trabajador de salud dependiente de la Provincia de Buenos Aires? Los salarios no son los mismos, tenemos más trabajo y menos sueldo, es así. Tenemos menos derechos que el trabajador provincial y tenemos más obligaciones. Estamos más precarizados, y, por ende, el ejecutivo, al estar precarizados con sueldos bajos y sumado a que la mayoría de los trabajadores son con contrato, y sí, estamos en desventaja a nivel provincial, sobre todo con respecto a la jornada laboral, o sea Provincia tiene Sistema SADOFE y tienen carrera hospitalaria, y eso es lo que nos están postergando año atrás año acá en el municipio. No, definitivamente no es lo mismo, estamos mucho peor en lo materia de salarios y derechos. Los derechos a nosotros se nos han postergado hace muchísimos años, y los siguen postergando, hacen oídos sordos a nuestros derechos que son realmente legales. Nos tienen que reconocer como trabajadores, como enfermeros, como trabajadores de la salud y tenemos que tener insalubridad como tienen en la Provincia de Buenos Aires, nosotros somos personal insalubre y sin embargo acá no nos reconocen. Por último, Deisy, nosotros desde Política Obrera estamos impulsando una campaña por el congreso obrero, para que la clase trabajadora discuta la crisis y defina un plan de lucha y los pasos a seguir. Sí, lo hablamos en la Junta interna. La inmensa mayoría estuvo a favor de la propuesta del Partido Obrero Tendencia. Apoyamos esta iniciativa desde el punto de vista que todos somos trabajadores y respetamos la ideología de cada compañero. Yo personalmente, estoy totalmente de acuerdo, y por sobre todo apoyamos esa iniciativa y que hagamos respetar nuestro trabajo, nuestra condición laboral. Estamos en contra de la reforma laboral, por supuesto que estamos en contra porque perjudica netamente al trabajador.

Este 26 de noviembre están convocadas las elecciones generales del sindicato de empleados municipales de la Ciudad, Sutecba. El octogenario Amadeo Genta (86) junto a Alejandro Amor, recientemente electo legislador por el Frente de Todos, buscan la reelección de la lista Azul y Blanca que desde hace casi 40 años retiene la conducción. Como lista opositora se presenta la lista Celeste de Carlos Elias, ruptura de la vieja burocracia. No es la primera vez que se presenta una lista opositora, incluso hay comisiones internas de oposición en algunos hospitales. Sin embargo, estas elecciones están recorridas por un enorme malestar de los trabajadores, acumulado por años, pero detonado por las consecuencias de la pandemia. El otro dato de importancia es la quiebra de la obra social de los municipales, ObSBA, con una deuda que supera los 4 mil millones de pesos y que tiene como responsables directos al funcionariado del Gobierno de Larreta-Quirós y vinculaciones también en el Pami. Las denuncias que han tomado carácter judicial sobre la situación en la obra social, como así también por fraude laboral -por la contratación irregular de más de 25 mil monotributistas con años de antigüedad- es parte de la campaña electoral de la lista Celeste, que con eso ha logrado llamar la atención de contingentes de trabajadores e incluso de un activismo que se encuentra contenido por el accionar de patotas asociadas a Genta en toda la ciudad. La posibilidad de cortar décadas de monolitismo aparece para los trabajadores como una oportunidad para poner en discusión la situación de los trabajadores de la salud y del conjunto de los municipales. El salario del personal de enfermería, hoy cercano a la indigencia, es la base de la precarización del conjunto del régimen de trabajo sanitario. La precarización de enfermería, por ejemplo, es la condición necesaria para los salarios de pobreza en el sector privado. Un médico e inclusop personal de jefatura de servicio, perciben salarios básicos por debajo de la canasta familiar. En el enclave del convenio de Sutecba está el corazón del problema. La condena del trabajo por módulos y sobre explotación laboral del pluriempleo que es la punta del ovillo de un régimen de trabajo que vacía los hospitales públicos y que fomenta el arancelamiento de la atención y también de la formación profesional. Es una oportunidad para discutir el pase a profesional de la carrera de enfermería, para detener los despidos masivos del personal contratado por la pandemia y para iniciar un proceso de asambleas y deliberación. La elección ha precipitado la crisis al interior de la burocracia, como ocurre en muchos otros sindicatos. La conducción de Genta-Amor ha sido co-responsable de la liquidación del sistema de salud público. Los vasos comunicantes del peronismo porteño con el larretismo son fuertes. La lista celeste ha protagonizado la lucha salarial de los trabajadores del sanatorio Mendes, donde se atienden los municipales -la boca del lobo de Sutecba- pero no es la expresión de una historia de defensa de la democracia sindical ni de un programa que contemple los derechos de los trabajadores. Estas elecciones son una oportunidad para abrir el debate y colocar a los trabajadores en las calles en vísperas del 24N, Día de la Enfermería.

En el último período las mujeres trabajadoras salteñas fuimos protagonistas de las principales luchas obreras y populares de la provincia. La heroica huelga docente autoconvocada, la lucha del personal de salud contra el colapso del sistema bajo la pandemia, las cada vez más nutridas movilizaciones de las organizaciones sociales contra el hambre y por trabajo genuino, la lucha de los manteros por el derecho al trabajo, o las constantes movilizaciones contra los femicidios, abusos y la impunidad. No es para menos, en el marco de una crisis histórica caracterizada por el empobrecimiento masivo de la población, las mujeres trabajadoras sufrimos las consecuencias más bárbaras de semejante situación; tanto en lo que hace a la desocupación, los salarios de hambre, la precariedad laboral, la falta de vivienda y de acceso a la salud, tanto en lo que hace a la agudización de la violencia doméstica, los abusos y femicidios bajo el despotismo patronal y la descomposición económica y social de la familia obrera. La explotación social de la clase obrera se sostiene en gran parte por la doble opresión de las trabajadoras que conspira contra la unidad de clase necesaria para derrotar esa explotación y es por eso que el Estado garantiza la impunidad para nuestros explotadores, abusadores y femicidas. La creación de un Ministerio de la Mujer y la aplicación de las mentadas leyes de “género”, o la emergencia en violencia o el observatorio de la mujer, no han reducido en lo más mínimo el cuadro de violencia que sufrimos millones de mujeres y sólo ha derivado en la cooptación de un sector de organizaciones y dirigentes feministas. Las leyes conquistadas con masivas movilizaciones como la IVE o la ILE no se cumplen porque los médicos que trabajan en la salud pública y en la privada se declaran objetores en la primera y no en la segunda privatizando este derecho y manteniendo el negocio armado durante años con el aborto clandestino. La obturación del clero y el funcionariado de Sáenz de la aplicación de la ILE y la IVE en los hospitales públicos, favorece esta privatización de derechos. Por otro lado, nadie del funcionariado estatal de “genero” ha emitido crítica alguna contra el empobrecimiento y la degradación social de la masa de la población, que agrava el cuadro de violencia y opresión que sufrimos. La curia y los sectores reaccionarios se rasgan las vestiduras por la cantidad de IVEs, que además no superan la media histórica de cuando se hacían bajo la clandestinidad, pero no dicen nada de como todos los días y a cada momento se niega el derecho a la maternidad para miles de nosotras, sumidas en las peores condiciones de vida. Bajo la ola de femicidios y abusos, varios de ellos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, ahora Sáenz crea un ministerio de seguridad y justicia con el romerista y represor Abel Cornejo a la cabeza, quien se vale del coqueteo con la “perspectiva de género” para remozar y preservar una policía descompuesta y vinculada al negocio de la prostitución, la trata y el narcotráfico bajo el predominio del negocio del turismo. El nuevo súper ministro, guardó silencio como procurador contra la aberración jurídica que la justicia salteña vine cometiendo contra Yolanda Vargas, a quien quiere condenar y encarcelar por el fallecimiento de sus hijos en el incendio de su casilla a principios de año, sobre todo para encubrir las responsabilidades sociales y políticas del propio Estado en la situación de miseria e indefensión que ella padecía junto a sus hijos. Una maciza movilización nacional y hasta internacional ha logrado su libertad y ahora debe ser redoblada por su definitivo desprocesamiento. Por la organización independiente de la mujer trabajadora La rebelión y la lucha de las mujeres trabajadoras salteñas expresan una tendencia a la rebelión mundial de las fuerzas productivas contra un régimen social capitalista en crisis y que ha hecho de la pandemia una crisis humanitaria que ha valido la vida de millones de personas en el mundo en pos del salvataje del capital por todos los estados nacionales. Los gobiernos del capital fracasan sistemáticamente en garantizar no ya un progreso social e igualdad para las mujeres, sino el resguardo de su propia vida y su cuerpo porque su premisa máxima no es la vida, el progreso, ni la igualdad, sino el lucro y la acumulación de capital. Ahora, con el acuerdo con el FMI que preparan desde el kirchnerismo hasta el macrismo, atentarán contra la vida y redoblarán todo tipo de violencias sobre las mujeres que vivimos de nuestro trabajo. Por eso el gobierno de los Fernández ha puesto como jefe de gabinete a un enemigo de nuestra lucha como el gobernador tucumano Manzur. La violencia contra la mujer no puede encontrar ninguna salida en la implementación de “políticas públicas”. Plantea, por el contrario, la necesidad de una transformación social de raíz: tirar abajo un régimen que no solo nos somete, sino que se basa en la explotación, la servidumbre y violencia social. Es decir, el régimen capitalista. La familia es, bajo el presente régimen social, un espacio de reclusión privada; su socialización requiere abolir la apropiación privada de la riqueza social. Bajo esta comprensión es que planteamos la necesidad de poner en pie una organización independiente y combativa de la mujer contra la violencia en el ámbito directo del régimen capitalista: el laboral y el social por la igualdad de derechos laborales y sociales, por el salario y la jubilación mínimo igual al costo de la canasta familiar y contra la precarización laboral y las reformas antiobreras que exige el FMI y que afectará a la mujer trabajadora en primer lugar, por ser uno de los sectores más precarizados. La lucha por la una organización independiente y combativa de la mujer plantea, a su vez, la lucha contra la discriminación y la violencia en el seno de nuestra propia clase, en las familias obreras y en las organizaciones obreras. Esta es una lucha que hace al interés general y la unidad de los trabajadores para enfrentar a nuestros verdugos. Vamos a una campaña en todas las barriadas, lugares de trabajo y estudio por el desprocesamiento de Yolanda, fin de femicidios y justicia por cada una de las víctimas, acceso universal a la vivienda, trabajo y salud, de condiciones laborales. Vamos por un 25N que tenga como protagonista a la mujer trabajadora y la puesta en pie de una organización independiente en la perspectiva de demoler al conjunto del régimen político y social por completo reaccionario. LEER MÁS Paola Tacacho: arrancamos la destitución del juez Pisa y la lucha sigue, escribe Alejandra del Castillo Justicia por Brisa Formoso, escribe Claudia Molina

Ningún partido ni los medios más importantes de la provincia, y probablemente del país, dudan de la crisis institucional que truena en el régimen político santafesino. El 50% de pobreza, la destrucción de puestos de trabajo y la falta de acceso a recursos básicos y esenciales es moneda corriente en el territorio que reúne a uno de los complejos industriales y exportadores del país, por no decir el principal cauce de ingreso de divisas. El quebranto y la incertidumbre sobre Vicentín, cuyos directivos se encuentran imputados por estafa y su rescate plagado de maniobras, los cierres “condicionados” como el de DOW, la cuestión de la hidrovía y el cierre de exportaciones como la carne, son solo la punta del iceberg del desencuentro que tiene el gobierno provincial, por un lado, y la clase capitalista cuyos negocios propina garantizar, por el otro. Es sobre esta base que se ha conjugado la dislocación del PJ de Perotti. El desplante formalizado en la lista interna donde convergieron Agustín Rossi, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el Frente Renovador de Massa, el Movimiento Evita y el rebelde de la justicia, Armando Traferri, cristalizó un intento de recambio dentro del justicialismo. Traferri, perteneciente al riñón histórico del peronismo desde hace por lo menos 30 años, reniega de presentarse a la audiencia imputativa -una asociación ilícita en torno al juego clandestino - que le endilga la fiscalía. Afincado en sus fueros de senador, esta discusión será asunto de la Corte Nacional, donde más temprano que tarde quedará sometido al proceso penal. Mientras tanto, la defensa “corporativa” de la legislatura sigue al vilo de que donde caiga uno, caen todos, sin distinción política. A la par, fiscales rosarinos que lo deschavaron, ligados al aparato del PJ, fueron condenados por delitos de cohecho en 2020. Entre tanto, la legislatura se consideró competente para deponer cargos jerárquicos del Ministerio Público de la Acusación, un organismo que goza de “autarquía financiera y organizativa”. En el caso concreto, relevó de su cargo al ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Saín, ya “fuera” del Estado, expuso el manto de impunidad que han tenido sobre el crimen organizado las fuerzas políticas, desde el Frente Progresista, el peronismo y los radicales-macristas. Los gravísimos crímenes no cesan. Los homicidios en Rosario y sus alrededores, hasta las localidades de San Lorenzo, han sido noticia nacional. Los asesinatos de dos jóvenes han desembocado en una pueblada y marchas de pedido de justicia a los gobiernos locales, cuyas figuras políticas deslindan su responsabilidad y auguran la receta conocida de reformas represivas. Implosión política por arriba, bronca y movilización por abajo, son dos aspectos de una crisis de régimen. Las elecciones En este plano es que Perotti no logró revertir la derrota en las PASO, donde la provincia se tiñó de amarillo, “comandada” por la periodista de espectáculos Carolina Losada y el radical macrista Barletta. La canalización de la crisis de parte de la derecha no es un cheque en blanco ni una “consolidación”. A su vez, el rechazo al gobierno, y por elevación al régimen, se manifestó en una concurrencia baja a las urnas – un 70% por ciento. El Frente Progresista también sufrió el “castigo”: apenas ganó en Rosario sobre el candidato massista del FdT, quienes ya avisaron, serán 6 ediles en distintos monobloques, y perdió en la ciudad de Santa Fe contra JxC. Con el diario del lunes, el gobernador asumió los reacomodamientos políticos que no se harán esperar. A fin de año, la renovación del gabinete es prácticamente un hecho, principalmente quitando a los hombres vinculados al chivo Rossi que aún persisten. A su vez, los radicales que tienen un pie dentro del Frente Progresista y el otro en Cambiemos, prometen disputar la presidencia de la cámara baja al socialismo. En los mentideros se comenta un acuerdo entre el peronismo “díscolo” a Perotti con el macrismo, una fórmula que casi consagra como mandatario a Miguel Del Sel en 2015. A cambio, obtendría la impunidad judicial de este sector del PJ. Perspectiva Lo cierto también es que los trabajadores buscan encontrar una salida a sus reivindicaciones más sentidas. Las huelgas docentes, que se desarrollaron a principio de año y en esta última parte, contra los aumentos de miseria concretados entre la burocracia y el gobierno, junto a las movilizaciones autoconvocadas del personal de salud, tanto durante los meses más álgidos de la pandemia hasta la semana pasada, por el pase a planta, la recategorización y el ascenso a la carrera profesional, dan cuenta de que no es inmovilismo lo que prima entre los explotados. Más aún, la posibilidad de deliberación entre la clase obrera ante las elecciones sindicales que se abren en este período nos plantea importantes desafíos políticos.

En las vísperas del primer encuentro (virtual) entre Biden y Xi, el clima en Europa oriental se ha enrarecido. Hay en curso dos situaciones que están desencadenando escaladas militares paralelas. Por un lado, una crisis migratoria en la frontera entre Bielorusia y Polonia y por el otro una concentración de tropas de varios ejércitos tanto en la frontera entre Ucrania y Rusia como en el Mar Negro. Bastó con que unos pocos miles de refugiados de países que han sido blanco de las guerras de la OTAN en el Medio Oriente se aglomeraran en las fronteras de un país miembro (Polonia) para que se desatara una crisis sin precedentes. El gobierno de Polonia, de orientación anti-inmigrante, aun sabiendo que el destino de los refugiados son otros países, ha resuelto no dejarlos pasar. La muchedumbre de refugiados (entre los que hay familias enteras con niños) se halla estancada en un descampado, imposibilitada de avanzar o retroceder por soldados polacos y bielorrusos, con los que ya se han dado varios choques (BBC, 10/11). Aprovechando las bajísimas temperaturas, los polacos han empleado camiones hidrantes. Hasta ahora ya han muerto más de diez refugiados y la situación, con las temperaturas descendiendo rápidamente, ya es desesperada. No muy lejos, geográficamente, otro proceso de creciente concentración de tropas está causando preocupación. Durante las últimas semanas, Ucrania ha pasado a emplear nuevos drones para bombardear posiciones separatistas (UK Defence Journal, 28/10) mientras que buques de guerra norteamericanos han ingresado en el Mar Negro (Military.com, 2/11). Al mismo tiempo, Rusia está volviendo a concentrar alrededor de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania (CNN, 11/10), de manera similar a como ocurrió en abril de este año. En aquella oportunidad la situación se distendió con una llamada de Biden a Putin que finalmente llevó al levantamiento de sanciones sobre el gasoducto Nord Stream 2. A diferencia de aquella ocasión, en la que el movimiento de tropas se hizo a la luz del día y de la manera más llamativa posible, esta vez los rusos han utilizado métodos típicos para mantener el movimiento en relativo secreto. Han sido los servicios de inteligencia occidentales los que han advertido a Kiev de la posibilidad de una escalada militar por parte de Rusia para este invierno (Financial Times, 14/11). Rusia insiste en que no tiene planes de invadir Ucrania (Associated Press, 12/11), pero de los países de la OTAN sólo han salido advertencias y amenazas acerca de esta posibilidad. El Reino Unido se ha comprometido a enviar 600 paracaidistas y fuerzas especiales en ayuda de Ucrania, que no obstante aún no se encuentra bajo la protección que otorga la membresía a la alianza (The Mirror, 13/11). Todo indica que la situación tarde o temprano será resuelta por la vía de los hechos. El desenlace catastrófico que se vislumbra sacudirá el mapa político Europeo y mundial, ya que pondrá a prueba la capacidad de los miembros de la OTAN de poder respaldar sus declaraciones con hechos.

Las elecciones del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires -realizadas entre el 8 y el 11 de noviembre pasados- arrojaron el triunfo de Hierba mala (Frente de Todos) que obtuvo un 47% de los votos. Oktubre (PO oficial), conducción del CENBA, quedó tercera con el 10%, incluso detrás de la lista "unidad estudiantil" referenciada en la UES, la agrupación peronista socia de Franja Morada y Yacobitti. El retroceso de la izquierda en el CNBA es pronunciado. En 2019, Oktubre había ganado las elecciones con 674 votos y en esta oportunidad obtuvo 221. Una campaña "propositiva" La campaña electoral en el CENBA pareció desvinculada de la crisis nacional -fracturas del gobierno, niveles de pobreza y desempleo, el acuerdo con el FMI- y del enorme deterioro del colegio. La consigna de la campaña de la agrupación ganadora, “Hierba Mala”, fue "por un colegio más ranchero (?) y más activo". La lista de la UES -“Unidad Estudiantil”-, que conquistó el segundo lugar, aunque también alineada con el gobierno FF, es una expresión directa del rectorado, como lo prueba su papel de apoyo a la gestión en los Consejos. Por su parte, Oktubre evitó la lucha política, a la que reemplazó por “propuestas”. Una competencia de proyectos. Oktubre fue todavía más lejos y aseguró que bajo su gestión “nadie se quedó afuera”. La oportunidad que le abrió a la izquierda la crisis nacional y la pandemia, para desarrollar una crítica socialista al régimen social y universitario, fue reemplazada por ´slógans´ y relatos de dudosa verosimilitud. El CENBA y los docentes La gestión de la rectora Valeria Bergmam se ha caracterizado por sus feroces ataques contra docentes y estudiantes en medio de la pandemia. En la etapa más cruda de la segunda ola, el Nacional Buenos Aires volvió a la presencialidad antes que el resto de los colegios. Esto despertó la respuesta de los docentes agrupados en AGD-CNBA, quienes organizaron una huelga contra la presencialidad en el pico de contagios y luego desarrollaron agitaciones con conferencias de prensa contra la flexibilización y la posterior eliminación de los protocolos. Los docentes han sufrido incluso descuentos salariales por dar clases virtuales y protestar frente a la exposición criminal de la presencialidad. Oktubre, como conducción del centro de estudiantes, en cambio, siguió la orientación del FITU, la ´presencialidad cuidada´. Antes, durante y después de la huelga, la izquierda se limitó a exigir condiciones para una "presencialidad segura" y durante la misma propuso “recorridas” y una “mesa de diálogo” en función de la misma. Poner en pie a los secundarios La conquista del CENBA por parte de una agrupación ligada al gobierno nacional es, sin dudas, un freno para enfrentar los ajustes en educación y luchar por nuestras reivindicaciones. Lo que ocurre en los sindicatos docentes. Oktubre había abandonado servirse del CENBA para organizar al conjunto del movimiento secundario. De todas formas, la crisis educativa y social va a involucrar nuevamente a miles de contingentes de lucha. El presupuesto que diseñó el ministro de Economía Martín Guzmán, para 2022, se ajusta a los recortes que pide el FMI. En educación, el aumento será tan solo de un 5%, con una inflación que se proyecta por encima del 30%. El impulso de Todos y de Juntos a una reforma educativa, apunta a la devaluación de los contenidos formativos y fomentar pasantías y ‘empleos jóvenes’. Los estudiantes debemos organizarnos en asambleas y plenarios para pronunciarnos contra el ajuste y las reformas del gobierno y el FMI, preparando una movilización contra el presupuesto que están discutiendo "Todos" y "Juntos" en el Congreso. Una acción de estas características en el CNBA impulsará una gran deliberación de todo el movimiento secundario.

El acto convocado por la CGT, los intendentes y los movimientos sociales en apoyo al gobierno tuvo como único orador a Alberto Fernández. Cristina Fernández se ausentó y la Cámpora se corrió. El cristinismo escenificó su ingreso al rol de oposición. Sospecha que el envío del proyecto al Congreso que debe fijar los términos de un acuerdo con el FMI, es una operación destinada al fracaso. AF quiere comprometer al larretismo a una posición común frente al Fondo, o en su defecto desenmascararlo, y CFK prevé que el fracaso del intento le servirá para desautorizar, otra vez, a la camarilla albertista, que ahora cuenta con el apoyo de una CGT ‘unificada’. El apoyo de ‘tutti quanti’ que reclama el FMI para firmar un acuerdo ‘heterodoxo’, no cuenta con salud suficiente. El “debate por las candidaturas, del último concejal hasta el presidente”, que anunció el AF por su cuenta, parece un intento de abolir el dedo de la Vice, y al mismo tiempo una dilación de la ruptura con el cristinismo, al menos en 2022. Una especie de emancipación de la tutela materna, a la que reculó luego de las Paso. El Presidente excluyó del ‘diálogo’ a Macri y a Milei, para tirar un anzuelo a su socia, y en el camino dinamitó el entendimiento con el larretismo. AF no estará todavía en la cuerda floja, pero al menos se hamaca en el columpio. La ‘movida’ de ayer fue inferior a la del 17 de octubre pasado, que fue menor a su vez de las que convocaba el kirchnerismo hasta 2015. El Día del Militante no sirvió como prenda de unidad para nadie. El 2022 no pinta como un año de ‘tregua’ entre dos comicios, sino como un año de riña entre todas las facciones políticas de la clase patronal. El acuerdo con el FMI, que pretende liberar a las fuerzas productivas de los grilletes del ‘cepo’, es visto por sus propios autores como un remedio que va a abortar la llamada ‘recuperación’ de la economía. Como se trata de un acuerdo de ‘desendeudamiento’, no servirá para sustiuir la financiación ‘inflacionaria’ por otra ‘genuina’. Quienes fogonean con ímpetu ese acuerdo son los que más insisten en sus efectos recesivos e inflacionarios. Solamente una recesión podría ser el resultado de una devaluación del 30/50% del peso, salvo que se prefiera una hiperinflación. El régimen cubano probó este remedio a comienzos de año, sólo para provocar una tendencia a la rebelión popular que opera como una gigantesca olla de presión en la Isla. Oficialistas y opositores han convertido al espacio público en el escenario de la crisis de régimen político que unos y otros sostienen. Ese es el significado del chorro de votos que ambos perdieron en las elecciones recientes, hacia la abstención y la derecha, fundamentalmente, pero con suficientes brechas como para que la izquierda democrática ingresara en los Concejos del conurbano, y consagrara a uno de los tres diputados en disputa en Jujuy. Vistas las divisiones que se pusieron en evidencia con mayor fuerza al cerrarse las urnas, la fragmentación patronal tiene un camino para recorrer. El izquierdismo parlamentario enfrenta una prueba crucial, debido al seguidismo con que ha actuado hasta ahora – largamente denunciado y caracterizado desde estas páginas. Las referencias de Fernández a los empresarios, la industria e incluso la “seguridad”, fue interpretado por los medios como un “discurso a la clase media”. En especial cuando se refirió a “terminar con los planes”. Zabaleta, el ministro encargado del tema, ya ha dicho que pretende obligar a los desocupados a desempeñarse como mano de obra regalada para las patronales agrarias y las Pymes. Para eso incluso, deberá reactivar la economía, que hoy trabaja, en promedio, con menos del 70% de la capacidad instalada. La burocracia de la CGT no solamente reclama el acuerdo con el FMI, sino por sobre todo la desregulación del mercado laboral por medio de los acuerdos paritarios con las patronales. “Triunfar no es vencer” sino sobrevivir Fernández echó un párrafo a la controversia sobre el resultado de las elecciones. Dijo que no se trata de vencer sino de no darse por vencido, repitiendo los versos de Almafuerte, que oyó en la escuela primaria. La imagen es poderosa, pero para no darse por vencido hay que empezar por reconocer la derrota. Todo depende, por otra parte, de la causa y razones de la lucha empeñada, en este caso pagar la deuda pública a los usureros y firmar un acuerdo esclavista con el FMI. Tolosa Paz, luego, en TN, dió otra versión del asunto: vencer, dijo, es cuando uno que esperaba un nocaut y es derrotado por puntos. El nivel intelectual de la polémica política y de la política misma se ha convertido en chabacanería. Es la decadencia de la decadencia. Una crisis terminal.

La información de la muerte del joven Lucas Gonzalez, baleado en la mañana de ayer por un grupo de policías operando de civil, ha provocado una conmoción política en la Ciudad y en el país. En estas horas, una concentración espontánea y creciente comienza a recorrer el barrio, para dirigirse a la comisaría más cercana. “Todos sabemos lo que está pasando”, señalan algunos vecinos que se acercan. Lucas fue acribillado por la espalda después de haberse detenido a comprar en un kiosco, por parte de una patrulla clandestina de la policía de la Ciudad. Lucas, y quienes los acompañaban, intentaron huir de lo que pensaban era un asalto. En lugar de ello, se trataba de un operativo “sin uniformes”, o sea, la vía libre a la violencia y la arbitrariedad policial. Los responsables de este nuevo caso de gatillo fácil ni siquiera han sido detenidos, apenas pesa sobre ellos un “sumario administrativo”. Aunque el crimen será atribuido al exabrupto de un agente, lleva la marca de la violencia sistemática que caracteriza a la Policía de la Ciudad, la criatura creada en 2016 con el voto de las bancadas macristas y kirchneristas de la Legislatura. Bajo el disfraz de un cuerpo “moderno” de seguridad, se albergó a los antiguos jefes policiales de las comisarías porteñas, que cargaban con todas las corruptelas y atropellos represivos imaginables. La “nueva” fuerza fue instruida en la violencia contra los manifestantes –como lo pueden atestiguar las organizaciones de desocupados- y en el gatillo fácil como doctrina de Estado. El caso Chocobar, bendecido por Macri y por Patricia Bullrich, es la matriz de la policía que en el día de ayer se cobró la vida del joven Lucas. Desde el 2018, cuando se produjo el apedreo de un micro de futbolistas en las cercanías de River, la seguridad porteña está en manos de Santilli, o sea, de Larreta. La responsabilidad de su accionar apunta a la cabeza del Estado de la Ciudad. Sin embargo, el crimen de Barracas sienta en el banquillo a todo el régimen político de la Argentina y a sus partidos. Este episodio criminal viene precedido por las bravatas de todo el arco político, en este caso sin grietas, exigiendo la puesta en marcha de un Estado policial. No hablemos de los Espert y su reclamo de convertir a los imputados por delitos en “queso gruyere” (sic). Del otro lado de la General Paz, el cristinista Kicillof está confirmando en el cargo a Sergio Berni, un instigador permanente de la brutalidad policial. Así lo demuestra el caso de Facundo Astudillo Castro. Para “contener” a Berni, Alberto Fernández puso al frente de la seguridad nacional a un Berni al cuadrado, o sea, Hannibal, el cómplice estatal de los crímenes del Puente Pueyrredón y de Mariano Ferreyra. En la agenda parlamentaria, los penalistas macristas y los “nacionales y populares” vienen debatiendo el endurecimiento del régimen penal juvenil. Este es el marco político en el cual actúan los policías “individuales”. Este es el amparo institucional de la patrulla que asesinó a Lucas en el día de ayer. En las últimas semanas, las puebladas por la inseguridad ciudadana han recorrido a varios centros neurálgicos del país, entre Santa Fe, el conurbano y ahora la CABA. En todos los casos, la población se ha manifestado sobre las comisarías: es una clara indicación de que se apunta al Estado en un doble carácter: como cómplice del delito organizado, a través de las zonas liberadas, y como asesino de jóvenes, cuando apela a la violencia armada en los barrios, es decir, al gatillo fácil. El régimen político responsable del empobrecimiento masivo ha colocado en la mira a la juventud. La lucha por el castigo a los asesinos de Lucas debe alcanzar un carácter masivo, y tiene que tirar hasta el final en el hilo de las responsabilidades políticas.

Discurso de Marcelo Ramal en la Legislatura porteña del 17 de noviembre de 2016, en ocasión de la creación de la Policía de la Ciudad con el voto conjunto de macristas, radicales y kirchneristas. Señora presidenta: comienzo señalando que el debate de esta ley se da en momentos en que asistimos en el país y en la ciudad a una de las crisis más profundas del llamado “aparato de seguridad del Estado”, de sus instituciones policiales y represivas. Dan cuenta de esa enorme crisis los hechos ocurridos en los últimos nueve o diez meses, entre ellos, la triple fuga de los hermanos Lanatta y Schillaci -a comienzos de año, prácticamente en las barbas y con la complicidad del aparato policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-, y otros episodios posteriores en la Provincia, incluso las intimidaciones a la propia gobernadora. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se dieron situaciones que hace pocos días editorializó el diario La Nación, por ejemplo, la existencia de un comisario prófugo. Estamos debatiendo esta ley, que supuestamente tiene que ordenar la seguridad pública en la ciudad, con un comisario prófugo, después de haber organizado un sistema de extorsiones, de comisiones y de coimas con comerciantes y también con los trapitos. Es bueno decir esto acá, ya que hay tanta insistencia para tratar una ley para penalizar a los trapitos cuando está prófugo alguien que practicaba coimas y extorsiones con ellos. Quiero señalar, incluso, respecto de este comisario prófugo, cuando se detectaron las operaciones que hacía, su jefe superior en la Superintendencia de Seguridad Federal diseminó a varios de sus subordinados en otras comisarías de la ciudad. El entrelazamiento entre el aparato policial represivo y el crimen organizado probablemente está en su punto más alto; éste es un síntoma no solo de la descomposición policial, sino también de la descomposición de todo un Estado. Esta situación de gravedad que -quiero mencionar- ocurre este año ahora, después de la fusión que se votara el 18 de enero entre parte de la Policía Federal y la Policía Metropolitana, tiene otra faceta grave. Tiene que ver con los atropellos policiales en la ciudad y con las acciones arbitrarias. Acabamos de vivir un episodio escandaloso en el barrio Zavaleta con la detención y tortura a los chicos de La Garganta Poderosa y también numerosos casos en la zona, en la Villa 21-24, de atropellos e intimidaciones policiales contra organizaciones sociales y políticas que hemos denunciado hace unas semanas en esta Legislatura en una conferencia de prensa. Esta policía unida ha sido un injerto, una transferencia de todo un aparato policial sospechado en forma entera y única. Ahora que veo ingresar a la diputada Ocaña -y no se asuste-, quiero recordar la sesión de hace algunas semanas, cuando ella denunció a otro comisario de la ciudad en ejercicio, con clara complicidad y encubrimiento con relación al caso de la mafia de la efedrina. Ese es el sistema de seguridad que vamos a tratar de emplomar -yo no, pero ustedes sí-, recauchutar y maquillar con la ley que se quiere votar. Esta ley es un gran operativo de encubrimiento sobre un aparato de seguridad que está descompuesto hasta sus vísceras y sus entrañas. Para ingresar ya en el debate sobre la propia ley, es indudable que su objetivo es tratar de disimular o enmascarar esta descomposición. Veamos su primer punto: el tema del control civil. Toda la ley parece redactada para refutarnos: “Es cierto. Estás hablando de que hay una descomposición policial. No lo ocultamos, pero vamos a establecer el control civil”. ¡Qué hipocresía! Se quiere presentar a esta descomposición de la Policía Federal como un fenómeno particular y ajeno al Estado y a la sociedad que maneja esa Policía Federal. Señores de la Coalición Cambiemos: ¿no tienen ustedes una interna feroz en torno de las políticas civiles que manejan la justicia y la policía en el país y en la propia ciudad? ¿No ha denunciado la diputada Carrió al presidente de un importante club de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires, que manejaría el conjunto del sistema policial y de justicia en la Ciudad de Buenos Aires? ¿No es ese presidente del club de fútbol de la ciudad el que ha manejado designaciones de comisarios, incluso de aquellos que hoy aparecen sospechados en distintos tipos de abusos y corruptelas? Ya hay un control civil; es el control que ejercen los popes del juego, de los bingos, del lavado de dinero. El gran error, si se quiere, o el gran dislate conceptual de esta ley es tratar de presentar al problema policial separado de un aparato de Estado y de una determinada organización social. Esa organización social es la que acaba de determinar, por ejemplo, un régimen de blanqueo de capitales que permite, y ya está llevando adelante, una gran operación de blanqueo y hasta un boom inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires con esos fondos. Es la organización social la que ha unido la especulación inmobiliaria con los beneficios del juego privado, de la fabricación de metanfetaminas, de la introducción de drogas en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con control y participación civil. Esta es la realidad. Y entonces, con esta presunta administración civil, se quiere encubrir ese entrelazamiento de fondos entre el Estado, sus partidos políticos, sus mafias, sus grupos capitalistas y, naturalmente, luego el aparato policial. Probablemente, el gran elemento de enmascaramiento de esta ley pase por estos foros de participación civil. Se va a llevar adelante toda una serie de normas, que después veremos son fuertemente represivas, pero se quiere colocar a la sociedad civil como participante, de alguna manera encubridora, con una cosmética de supuesta participación. Si uno lee en el punto respectivo en qué consiste esta participación y estos foros, encuentra, como en muchas partes de la ley, fórmulas vacías. Los foros deberán formular propuestas, desarrollar una relación permanente, realizar talleres y cursos, pero en ningún momento hay una injerencia o control real alguno de los vecinos sobre lo que ocurre dentro de las comisarías. Lo que ocurre dentro de las comisarías sigue siendo un secreto celosamente guardado del aparato policial. Ustedes me dirán: “No, momento, hay un artículo posterior que se refiere al acceso de la información en materia de seguridad”. Efectivamente, hay un artículo de la ley que se refiere a ese punto. Pero cuando uno lee con atención en qué consiste, resulta que las excepciones son mucho más importantes que la regla. Virtualmente, el sistema de seguridad no está obligado a dar ningún tipo de información. Cuando uno lee el artículo 33 y se mencionan todas las excepciones dispuestas con relación al problema de la información, llega a la conclusión de que en nombre de la seguridad, de la confidencialidad, de la cadena de mandos, etcétera, no hay virtualmente ninguna obligación de dar información. Por lo tanto, se ha revestido a la ley de una ficción de participación ciudadana, que no tiene otro objetivo que el de legitimar la existencia de este aparato policial sospechado por sus acciones represivas e -insistimos- por su entrelazamiento con el delito. Respecto de los problemas de fondo, quiero decir lo siguiente: cuando se le retira la cáscara participacionista a esta ley, se observa la legitimación o legalización de un Estado policial en la ciudad; en una ciudad que ha registrado numerosísimos casos de gatillos fácil; en un país donde -como ha denunciado la CORREPI, desde 1983 hasta la actualidad- se han registrado más de 4.400 casos de gatillo fácil y la Policía Federal ocasionó alrededor de 450 de ellos. El artículo que se ha señalado referente a las manifestaciones públicas deja en una deliberada ambigüedad la supuesta equidad entre el derecho de las personas que circulan y el derecho de los manifestantes. En definitiva, deja en manos de las fuerzas represivas la posibilidad de actuar contra el derecho a movilizarse y a reclamar en un país sacudido por un feroz ajuste, por suspensiones, por despidos y por limitaciones del derecho al salario. Indudablemente, se legaliza la posibilidad de actuar contra ese derecho a movilizarse y a manifestarse. Además, quiero señalar la gravedad del artículo 83 porque legaliza la posibilidad de detener a las personas por razones de mera identificación y hacerlas permanecer en la comisaría durante 4 horas. Indudablemente, es la legalización de una arbitrariedad. En otro aspecto de la ley, se legaliza la privatización de la seguridad. Esto no solo tiene que ver con las normas dirigidas a la seguridad privada, sino que, a través de la figura de servicios complementarios, legaliza los adicionales. Este es el punto que ha permitido la formación de esta policía porteña. El Gobierno de la Ciudad ha legalizado los adicionales. Es decir, el mecanismo a través del cual se desarrolla la corrupción al interior de la fuerza y se establece un sistema de sujeción a los mandos fundado en la coacción económica, que determina quién participa o no de los adicionales. Por otro lado, quiero expresar mi rechazo al artículo que prohíbe la agremiación, sindicalización y afiliación política de la fuerza. Pueden existir diversas opiniones y distintos fines o propósitos para la formación de sindicados o agremiaciones policiales. Hay sindicatos y agremiaciones que levantan posiciones reaccionarias o corporativas en relación a la defensa de su fuerza frente a cuestionamientos, incluso, por sus acciones represivas, que combatiremos, rechazaremos y denunciaremos sus fines, pero defendemos el derecho a la agremiación sindical y a la afiliación política, porque esa sindicalización puede también representar una rebelión contra sus mandos o un principio de disolución de este Estado. El Partido Obrero defiende la disolución de este Estado que, en su momento, implicará también una escisión de las fuerzas de seguridad, no en el sentido disolutorio y corrupto de hoy entre cajas y bandas, sino entre aquellos que decidan sumarse a las filas de los explotados y aquellos que decidan defender a sus jefes y a sus explotadores. Finalmente, quiero decir que esta ley legaliza el estado policial, que es el resultado inevitable de un Estado que en la ciudad y en el país debe separar a la mayoría de población de una minoría social que defiende los intereses inmobiliarios, de los bancos, los narcolavadores. Estos intereses solo se pueden defender constituyendo un aparato estatal represivo especial, separado de la sociedad, enemigo de ella, con límites insalvables e inseparables en las relaciones sociales existentes. Solamente cuando la sociedad se reconcilie con ese Estado, a través de un gobierno de la mayoría trabajadora, tendremos una fuerza protectiva, del pueblo, de la ciudadanía, electa, responsable ante la mayoría de la población que, naturalmente, actuará en función de proteger a la mayoría del país contra aquella minoría que históricamente gobernó en contra de sus intereses. En función de esta apreciación de fondo, señora presidenta, voy a votar en contra de este proyecto de ley. LEER MÁS El crimen de Lucas González y la crisis del aparato represivo, escribe Jacyn Gatillo fácil en Barracas, escribe Juan Arrecegor

La quiebra y los choques de la coalición oficialista como consecuencia de los resultados electorales tienen su propia expresión en la Provincia de Buenos Aires, escenario exclusivo de la ´remontada´ que, según el presidente, ´dignificó´ la derrota. Son los intendentes, especialmente los victoriosos (La Matanza, Merlo, Varela) y aquellos que han dado vuelta los resultados de las PASO (Quilmes, San Martin, San Fernando); los que han pasado a ´cobrarle´ al gobierno el apoyo electoral. Más precisamente se trata de anular la ley, o al menos sus efectos, que prohíbe la “reelección indefinida” de ellos mismos. Esta ley fue el producto de un acuerdo en 2016 entre Cambiemos y el Frente Renovador de Sergio Massa. El gobierno ha rubricado este aval a los intendentes con una cena en Olivos (La Nación, 18/11) y con declaraciones a favor de la ´vocera´ Gabriela Cerruti. Hecha la ley… Los ´mecanismos´ por el cual los barones del conurbano -algunos de ellos con 20 años al frente del ejecutivo municipal- pretenden anular la prohibición de una nueva postulación son variados. Desde una ley que directamente anule la anterior hasta la búsqueda de un “fallo judicial” que contemplando miles de vericuetos suspenda los efectos, uno de ellos sería que al haber sido sancionada en 2016 los mandatos que iniciaron en 2015 están ´exentos´ de la legislación, lo que convertiría a la ley en un fraude. Ya en los últimos meses se han acumulado distintas licencias de intendentes que pasaron a ocupar puestos ministeriales con el afán de sortear la prohibición para volver a presentarse. Como se observa la democracia capitalista es una fuente inagotable de conspiraciones contra el pueblo. El balance de décadas al frente de los municipios por estos ́caciques ́ arrojan una provincia subsumida en la miseria, la pobreza y una crisis de vivienda intolerable. ¿Sin grieta? La ´iniciativa´ no sólo contempla a los intendentes del Frente de Todos sino que es apoyada por buena parte del PRO y por la totalidad de los radicales. Ambito financiero (19/11) titula “todos por la reelección indefinida” destacando que en este punto existiría un acuerdo ´transversal´. Esta unidad entre los ejecutivos, de todas formas, no han aplacado las consecuencias internas en cada uno de los bloques como lo prueban las declaraciones del ´ala dura´ del PRO, Patricia Bullrich, que advierte sobre la “ruptura” de Juntos (eldia.com, 18/11). Del lado del gobierno estos choques adquieren un volumen mayor como consecuencia de la semi retirada del kirchnerismo del gobierno. En la provincia era “La Cámpora” la interesada en facilitar su ingreso a los poderes municipales y se señala una diferencia con el Frente Renovador, coautor de la ley, que se sostendrá contra la reelección (Ámbito, 19/11). Kicillof, alejado de La Cámpora, se ha convertido en un emisario de los intendentes, esto tras la intervención post PASO de Insaurralde en el gabinete. La crisis política en la provincia de Buenos Aires se encuentra condicionada a todo el realineamiento del régimen político, totalmente golpeado por la quiebra económica nacional y la pérdida de autoridad política de los bloques mayoritarios. El factor fundamental de esta crisis continúa siendo el desenlace de lo que ocurra dentro del peronismo. La clase obrera necesita su propia deliberación para terciar definitivamente. LEER MÁS Alberto (Almafuerte) Fernández o una crisis terminal, escribe Jorge Altamira

El crimen de Lucas González a manos de una banda policial ha puesto de relieve el callejón sin salida de la crisis del aparato represivo estatal. Argentina ha sido pródiga en toda clase de ensayos para intentar ´poner en caja´ a su brazo armado. Se han aplicado diferentes ´doctrinas´ y purgas que no han evitado la crisis siguiente, incluso todo lo contrario. Sin ir más lejos, la Policía de la Ciudad donde revisten los tres policías que balearon a Lucas y a sus amigos, es el resultado de un experimento -sancionado por el voto de macristas, radicales y kirchneristas en la Legislatura porteña- para formar una fuerza de seguridad ´profesional´. Con ese propósito, sin embargo, fueron reciclados comisarios y polícías con los peores antecedentes. Sin ir más lejos, debutó con una crisis debido a la designación del ´Fino´ Palacios al frente de la nueva fuerza, por hallarse vinculado al encubrimiento del atentado a la AMIA y al espionaje ilegal. Todavía no queda claro qué perseguían patrullando de civil y a bordo de un auto sin identificación los policías que balearon a los cuatro jugadores de las inferiores de Barracas Central y mataron a Lucas. Actuaron como un verdadero grupo de tareas. Por lo pronto han quedado imputados, luego de una gran conmoción, cuando los primeros acusados fueron los amigos de la víctima. Es necesario ir hasta el final por el castigo a los responsables del asesinato de Lucas y que se descubra toda la verdad. El de la policía porteña es el último ensayo de una seguidilla de fracasos, uno más sangriento que el anterior. La preservación del aparato represivo de la dictadura es una hipoteca sobre el régimen ´democrático´ actual. La fuerza de civiles armados que debería responder por la seguridad ciudadana ha sido moldeada en la doctrina de las Tres A y de los Camps y Etchecolatz. Ninguna ´purga´ dio cuenta de los miles de efectivos que actuaron bajo la dictadura y continuaron revistiendo en la fuerza durante estos años de régimen constitucional. Las comisarías bonaerenses y el edificio central de “coordinación” de la Policía Federal alojaron a miles de luchadores secuestrados. La ´Bonaerense´ inauguró la saga del gatillo fácil en democracia con la masacre de Budge. Según el relevamiento de la Correpi, las víctimas de la violencia policial superan las 7.500 desde 1983 hasta la fecha. En el caso de la Policía de la Ciudad, ésta acumula al menos 121 asesinados. El régimen político ha intentado lidiar y recauchutar ese aparato represivo de mil maneras, en la misma medida que no puede prescindir de una fuerza represiva contra las luchas sociales y las protestas. Ensayó pactos y depuraciones. Las ´purgas´, en muchos casos, tuvieron el propósito de sacar de escena a jerarcas y policías demasiado comprometidos con la actividad delictiva, pero sus sucesores no perdieron demasiado tiempo en establecer sus propios negocios. Los cursos en derechos humanos y la formación universitaria, no alteraron -ni podrían hacerlo- su naturaleza brutal. Entre sus efectivos abundan los perfiles violentos y adeptos al fascismo. La violencia contra la mujer es proporcionalmente elevada entre las familias policiales. Una variante particularmente promovida por las usinas del imperialismo es la doctrina de la ´seguridad democrática´. Esta apunta a la ´prevención´ basada en el ciberpatrullaje, el espionaje y la intervención de la burocracia estatal a través de la cooptación, mediante sofisticados sistemas de monitoreo. De esto surgió el mal llamado Proyecto X, un método de infiltración de las organizaciones populares descubierto durante los gobiernos K. Estos aprobaron las llamadas ´leyes antiterroristas´, a instancias del imperialismo, que sientan las bases de una cooperación represiva internacional fundada en esta doctrina ´democrática´. Es presentada como una alternativa a la ´mano dura´ que promueven ciertos politiqueros para captar votos de personas asustadas y congraciarse con el aparato represivo. Sin embargo, estas variantes represivas fueron motivo de choques al interior del gobierno, como lo demostraron las recurrentes peleas entre ´el milico´ Berni y la antropóloga Frederic. Antes, durante el gobierno Macri, era habitual el reproche de Patricia Bullrich, a cargo de la cartera nacional de Seguridad, sobre Horacio Rodíguez Larreta, a quien reclamaba que desalojara los piqutes del centro porteño con la fuerza pública. En el país de las grandes movilizaciones democráticas del 24 de marzo, Kosteki y Santillán, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado y el repudio al beneficio del 2x1 para los genocidas, no es sencillo cargar con la responsabilidad política por los resultados de la represión. En el caso del asesinato de Lucas, el kirchnerismo ha decidido intervenir para polarizar políticamente con Rodríguez Larreta. Por lo pronto, ha logrado colocar a un abogado afín al frente de la querella del joven asesinado. Pero no se puede ignorar que en sus propias filas revisten politiqueros aficionados a confraternizar con el status quo policial, como el ya mencionado Berni o el inefable Aníbal Fernández. El ´control´ sobre la policía se ha convertido en una quimera como resultado de la participación cada vez mayor de esta en la organización estructural del delito. La manifestación más aguda de ese entrelazamiento ocurre en la provincia de Santa Fe, corazón agroindustrial del país, donde el narcotráfico se ha expandido como una mancha de aceite sobre todos los estamentos del Estado y de la sociedad. La criminalización de la policía es una consecuencia de la criminalización del Estado. El enfoque de la que la inseguridad cotidiana es el producto de la miseria social de las masas, habitual entre la izquierda democratizante y la centroizquierda, es por ello reaccionario. El delito que emerge de la miseria es irrebatible sin la remoción de las bases sociales que hunden a las masas en la pobreza. Del otro lado, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la piratería, el robo organizado (zonas liberadas, desarmaderos), el tráfico de armas, etc. serían inviables sin la participación del Estado. Luego, sus abultados beneficios se ´blanquean´ a través de negocios propicios para el lavado de fondos, como el juego, el turismo y el negocio inmobiliario, para finalmente ingresar al circuito financiero ´legal´. Se trata de una gigantesca rueda auxiliar del capitalismo. El sistema bancario no podría sobrevivir sin su concurso. En los círculos capitalistas que propician la legalización de la comercialización de la droga, se comprende que se trata de una fuente de recursos fiscales impresionante – y quienes confunden esto con un supuesto “golpea al narcotráfico” no saben de lo que hablan. La legislación penal y toda la burocracia constituidas para ´combatir al delito´ (tribunales, policías, cárceles) han significado invariablemente el reforzamiento de la injerencia del aparato estatal en la administración del crimen y de su participación en los beneficios que éste arroja. Ninguna legislación punitiva ha dado como resultado una mayor seguridad de la ciudadanía. Las cárceles son verdaderas academias del crimen. La juventud desamparada y destruida por la droga es pasto de reclutamiento para la industria del delito. El personal político regularmente electo para administrar el gobierno del Estado debe lidiar con ello. Finalmente, representa una ínfima minoría frente a la burocracia estatal permanente, incluidos naturalmente jueces y policías, que ha desarrollado sus propios apetitos y negocios. Ese vínculo es, por supuesto, una fuente recurrente de crisis políticas. La reorganización de la seguridad ciudadana sobre nuevas bases es incompatible con el régimen actual. Una fuerza creada para reprimir las luchas e infiltrar a las organizaciones populares no puede ser reciclada de ninguna forma, ni se trata de remover a tal o cual funcionario, como generalmente ocurre, por otra parte, para preservar al conjunto del edificio represivo. Sólo un gobierno de trabajadores podrá conciliar la seguridad ciudadana, reabsorbiendo sus funciones por el conjunto de la sociedad. Justicia por Lucas. Castigo a todos los culpables. LEER MÁS “La cuestión policial no puede separarse de un Estado y de una cierta organización social”

El Ministerio de Trabajo de la Nación resolvió adelantar a diciembre de 2021 el incremento de las jubilaciones de docentes universitarios que estaba previsto para marzo de 2022. A diferencia del régimen jubilatorio general que contempla incrementos trimestrales, los jubilados docentes universitarios reciben dos aumentos al año, de acuerdo al porcentaje acordado en la paritaria del sector. En septiembre perciben el aumento correspondiente a la variación de los salarios entre enero y junio; y en marzo, el correspondiente al período de julio a diciembre. De este modo, con la medida del gobierno, los más de 8500 jubilados y jubiladas docentes de las Universidades Nacionales percibirán un incremento en sus haberes tres meses antes de lo habitual. El reclamo del adelantamiento del índice RIPDUN había sido planteado unos días antes al ministro Moroni por la dirigencia de la Conadu Histórica, que alegó su necesidad en el contexto crecientemente inflacionario del país. La conducción de la federación, alineada con el kirchnerismo, saludó con beneplácito la medida del gobierno y la presentó como un logro propio. Sin embargo, aunque el adelantamiento del aumento es beneficioso para los jubilados, es una gota en el desierto si se tiene en cuenta la escalada estrepitosa de los precios y las paritarias a la baja que han tenido los docentes universitarios en los últimos años, que han pulverizado el poder adquisitivo de sus ingresos. El aumento en cuestión, permitirá que los jubilados tengan algo más en los bolsillos antes de fin de año, pero constituye sólo un adelanto "a cuenta" de lo que debería percibirse en marzo. La medida no establece un nuevo incremento para comienzos de 2022. Tras la fractura de la burocracia de la otra Conadu, que ha quedado debilitada en su rol de bombera de la conflictividad de la docencia universitaria, es todo un dato que la Conadu Histórica sea convocada para "dialogar" y discutir medidas con el gobierno. Es un reflejo de la creciente integración al Estado que sufre nuestra federación, que se puso de manifiesto en la firma de la paritaria de rebaja salarial en el mes de octubre y en la falta de un plan de lucha nacional a lo largo de todo el año. La integración al Estado de los sindicatos sólo puede hacerse a costa de sacrificar las condiciones salariales y laborales de las bases. La docencia universitaria debe deliberar sobre el derrotero que está teniendo lugar y pelear por la independencia política de los gremios y federaciones de todos los gobiernos de turno.

Luego de una ardua lucha se arrancó la destitución del juez Pisa por su responsabilidad en el femicidio de Paola Tacacho. Hubo que enfrentar al aparato estatal que, por todos los medios, buscó salvar a uno de sus personeros. En el marco de una creciente lucha contra la impunidad y descontento popular por la descomposición de las instituciones del Estado, la lucha pudo abrir curso para echar a este juez. Paola Tacacho fue asesinada el 30 de octubre de 2020 por Mauricio Parada Parejas un exalumno suyo que la hostigó durante 5 años. Paola había realizado más de 20 denuncias, 14 en el fuero penal, y en ninguna encontró respuestas, solo ´perimetrales´ que su hostigador violaba con completa impunidad. Detrás estaba la mano del hermano del femicida, un empresario vinculado al poder político. La familia de Paola, luego del femicidio, pudo reconstruir el calvario que vivió y dar con cada uno de los fiscales, jueces y funcionarios responsables. Pisa es uno de ellos. Intervino en la única causa que llegó a elevación a juicio -las otras 13 fueron archivadas- y este juez decidió sobreseer al hostigador de Paola en nombre que no había suficientes pruebas y era un gasto innecesario para la justicia. Desoyó el testimonio de Paola donde daba cuenta del temor con el que vivía y desestimó la declaración de los amigos de Paola como testigos. Esta actuación de Pisa dio lugar a los pedidos de juicio político y destitución en su contra. En noviembre de 2020 ingresaron ocho presentaciones de organizaciones de mujeres, de víctimas y de un legislador radical. La comisión de enjuiciamiento de la legislatura acordó con el entonces gobernador Manzur el salvataje del juez. Este le firmó la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio lo que le permitía evadir el juicio político. En repudio a esta decisión de Manzur, se hizo una manifestación en la casa de gobierno que fue reprimida, lo que encendió más aún la bronca popular. Por problemas con el ANSES el juez Pisa no pudo concretar su jubilación de privilegio, tampoco quiso con la jubilación ordinaria, por lo se reactivaron los pedidos de juicio político. Esta vez y en el marco de la interna en el PJ, las presentaciones prosperaron. La movilización de la familia de Paola y las organizaciones que la acompañamos nunca cesó y fue sumando otras luchas contra la impunidad que también caldearon los ánimos populares. En definitiva, el jurado de enjuiciamiento no tuvo más remedio que destituir a Pisa no sólo porque estaba demostrada su responsabilidad en el femicidio de Paola sino por el miedo a una reacción popular. La provincia viene convulsionada por la fuga del femicida Roberto Rejas, el accionar mafioso y delictivo de la policía, la denuncia a integrantes del poder político por abusos y la reciente noticia de abusos sexuales a periodistas en la propia casa de gobierno. La destitución de Pisa fue celebrada como un triunfo de la lucha popular y abre el camino para avanzar contra todos los responsables. Es el mensaje que dio Mariela Tacacho, la mamá de Paola, en los medios luego de conocerse la sentencia. Hay una conciencia extendida, por más que algunos sectores busquen reducir el problema a un puñado de funcionarios con falta de perspectiva de género, de que no es sólo Pisa sino todo el régimen político de la provincia. Con este avance redoblemos los esfuerzos para continuar la lucha por justicia por Paola y por todas las víctimas de femicidios y de la impunidad y preparemos una gran movilización este 25 de noviembre que coloque la responsabilidad del Estado y la necesidad de acabar con el régimen de los Pisa.

El próximo 30 de noviembre pierde - una vez más - estado parlamentario el proyecto de Ley de Humedales ( https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/3819-D-2020.pdf ) que ha sido reiteradamente presentado desde 2013 por diversas organizaciones ambientalistas de todo el país. El proyecto había logrado ser aprobado en algunas comisiones el año pasado en medio de las masivas manifestaciones en Rosario y Santa Fe capital por los incendios intencionales en el Delta del Paraná, con una clara denuncia: los incendios buscaban avanzar con negocios inmobiliarios, mineros y agrarios en la zona. Ese avance en los recintos duró un suspiro, así lo señala Julieta Bernabé, una de las integrantes de la Multisectorial Humedales Santa Fe: “el proyecto de ley que fue aprobado el año pasado en la Comisión de Ambiente y pasó a la Comisión de Agricultura y Ganadería en el mes de noviembre, quedó muerto en esa comisión y nunca más tuvo ningún tratamiento ni ningún avance”. (Urgente24, 19/11) Esta sería la tercera vez que pierde el estado parlamentario el proyecto de ley, que daría un marco normativo nacional sobre un territorio que representa el 20% del suelo argentino, un número nada despreciable. Según estimaciones e informes realizados por el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) “ya lleva más de 600 mil hectáreas arrasadas por el fuego si se tiene en cuenta el saldo del año pasado y lo que va de este año” (Ídem). En otro documento las organizaciones ambientalistas aseguran que solo en 2020 “más de 1.200.000 hectáreas afectadas por el fuego, miles de ejemplares de nuestra fauna muertos y cientos de casas perdidas.” Bernabé además afirma que en las islas se siguen realizando actividades relacionadas a la minería, al sector inmobiliario, a la siembra y la ganadería, aunque están prohibidas. El lucro capitalista está por encima del sacrosanto Derecho. Así se lo dejaron en claro varios diputados Bernabé y otros representantes cuando en agosto pasado fueron recibidos por un grupo de diputados: “Cuando hicimos la travesía en agosto y llegamos hasta el Congreso Nacional fuimos atendidos por algunos diputados que no pertenecían a las comisiones que estaban trabajando el proyecto de ley. Estos diputados muy atentamente nos dijeron que difícilmente iba a ser aprobado este proyecto y adujeron básicamente intereses productivos e inmobiliarios”. (Ídem) El proyecto prohíbe la realización de determinadas actividades que puedan resultar en daño a los ecosistemas, como la fumigación aérea. Incluye sanciones económicas y administrativas al tiempo que propone la creación de un inventario de humedales. Entrega a un fondo fiduciario, o sea a capitales privados y públicos, la conservación de los humedales. Existe un largo entramado entre los gobiernos provinciales y el Estado nacional con grupos capitalistas internacionales y nacionales para cajonear el proyecto de ley, a pesar de las enormes posibilidades de especulación para los grupos capitalistas. El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ya ha expresado que es “imposible pagar la deuda sin contaminar”. Una declaración de entrega a la soberanía nacional en toda regla. La destrucción capitalista del ambiente ha sido la responsable de la presente pandemia y de aquellas que se incuban potencialmente por la relación hostil entablada con el ambiente, que afecta a su vez las condiciones de vida de la población humana. Ahora, el gobierno de los Fernández pretende avanzar en la destrucción de los humedales si esto resulta en una garantía de acuerdo con el FMI. Como ya ha señalado Marx, “el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano”. Es tarea de los trabajadores defender su vida y la del ambiente que lo alberga. Solo un gobierno de trabajadores podrá imponer una reconstrucción en las relaciones con el ambiente mediante la transformación revolucionaria de la vida social.

El progresismo chileno dentro y fuera de la Convención Constitucional - conformado por el Frente Amplio y los sectores renovados de la ex Concertación-, reclaman de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo “un Congreso amigable con las reformas” o como han señalado algunos medios chilenos, “un Congreso para la Convención”. Es un reconocimiento vergonzante del fracaso de esta Convención carente de soberanía, que ha aceptado sobrevivir bajo la tutela efectiva del poder del Estado que dice pretender modificar. Ha aceptado la convocatoria a elecciones generales bajo el estatuto vigente, o sé que admite la tutela de nuevas autoridades, luego de seguir sometida a las actuales – en lugar de someterlas al imperio de la nueva Constitución. Llamar a los chilenos a votar un nuevo Congreso ‘amigable’ con la Convención, o sea al Frente Amplio-partido comunista, es aceptar la tutela de un gobierno pinochetista, en caso de que ella gane en el segundo turno electoral. La Convención se viene abajo porque no ha tenido nunca el objetivo de hacer otra cosa que redactar un texto nuevo, en base, claro, a los compromisos con la derecha dentro de la Convención. Qué pasó con la Lista del Pueblo La Lista del Pueblo, la coalición de ‘independientes de izquierda’ [https://bit.ly/3ys055d] que consiguió la primera mayoría al interior de la Convención, se quebró luego de discutir su participación en las elecciones presidenciales, y realizar una consulta ciudadana para dirimir posibles candidatos. La crisis llegó a su punto máximo cuando 17 de sus 27 constituyentes abandonaron la Lista del Pueblo por disentir con la carrera presidencial, formando una nueva agrupación “independiente” (Pueblo Constituyente). Pero los escándalos de los presidenciables y disidentes de la Lista del Pueblo no se dejaron esperar. El futuro candidato a presidente de la coalición, Diego Ancalao, recibió una denuncia del Servicio Electoral chileno por “delito electoral y falsificación de instrumento público”, luego de detectar 23 mil firmas falsas de adherentes. Por esta razón no se podrán presentar a las elecciones de este domingo 21. Por su parte Rodrigo Rojas Vade, constituyente que abandonó la Lista del Pueblo y que se había transformado en un ícono de la lucha por la salud pública, en su condición de ‘enfermo de cáncer’, tuvo que renunciar a su puesto en la Convención luego de que se revelara que nunca tuvo tal enfermedad. Otros constituyentes destacados, como María Rivera, militante del MIT (PSTU) también abandonaron la Lista del Pueblo. Una convención de otro mundo Los integrantes de la constituyente que representan a los movimientos sociales como los NO+AFP, los DDHH, e indigenistas, se han colocado al margen de los conflictos políticos del país: el intento de destitución de Piñera; el cuarto retiro de los fondos de pensiones; la militarización del territorio mapuche; y los más de tres mil presos políticos de la rebelión son asuntos ajenos a sus debates y sesiones. Los más atrevidos toman posiciones a modo personal fuera de la Convención. Es decir, se puede debatir sobre "Estado Plurinacional sí o Estado Plurinacional no", pero jamás impugnar como Convención la militarización en las regiones de la Araucanía o el Biobío. La cuestión se encuentra en los fondos de pensiones privados, es donde la teoría de los frenteamplistas (y los izquierdistas desmoralizados) del ´Congreso amigable se desvanece. No hay mayoría parlamentaria amigable (ni presidente amigable) que pueda satisfacer el reclamo de las masas de poner fin a las AFP. El candidato de izquierda Boric ha propuesto que el régimen de las AFP estuviera acompañado por un sistema de capitalización individual dirigido por un organismo estatal. Fuera de carecer de porvenir, porque en la transición, esto requeriría un financiamiento estatal inexistente, la capitalización individual no es capaz de asegurar una jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar. Los constituyentes de izquierda muestran al interior de la Convención los límites de los movimientos y organizaciones que no han trazado una perspectiva de poder para sus luchas reivindicativas. Se han separado de las masas, mientras Piñera y el Congreso se acercan a ellas con tanques militares. Durante la conmemoración del segundo aniversario de la rebelión de Octube, el pueblo chileno volvió a mostrar su fuerza en las calles y a poner sobre la mesa la crisis política con el sistema de pensiones. Y la misma demostración de fuerza hubo el pasado 16 de noviembre durante el tercer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. El hundimiento de la Convención significa que no dará satisfacción a ninguna de las reivindicaciones que justificaron el inmenso apoyo popular a su convocatoria – el 85% de los votos. Las masas cobrarán caro esta deserción política. La llama de la rebelión no ha sido apagada.

Decenas de miles de personas se manifestaron en al menos 118 actos en 96 ciudades y 9 países este 20 de noviembre, para conmemorar el Día de la Conciencia Negra. El sábado 13 de noviembre se desarrollaron marchas contra el hambre en diferentes ciudades del país. Los negros recibieron menos vacunas y recursos sanitarios para enfrentar la pandemia de Covid-19 que el promedio de la población. También lideran las estadísticas de asesinados por el Estado y sus fuerzas de seguridad. En San Pablo, por ejemplo, participaron los movimientos Uneafro, MNU, Marcha de Mujeres Negras de São Paulo, Círculo Palmarino, Unegro, CONEN, APNs, Quilombação, CEN y CONAQ, y los partidos de centro-izquierda e izquierda. También Brasil Popular y el Pueblo sin Miedo; UNE y UBES, representantes de estudiantes y centrales sindicales, además de CUT, CTB, Intersindical y Conlutas. La Coalición Negra por los Derechos llama a la población a las calles, por comida, empleo, vivienda, respeto por la fe y las comunidades tradicionales, es por la vida de los negros, indica en un comunicado. Las movilizaciones marcaron el 50 aniversario de la institución del Día de la Conciencia Negra en 1971, cuando se recuerda del día de la muerte de Zumbi dos Palmares quien luchó contra la esclavitud, que data del año 1695. El Quilombo dos Palmares -el lugar en el cual se refugiaban de la explotación a los que eran sometidos los esclavos en las plantaciones y en donde estas figuras históricas defendieron su identidad y rebeldía- representa casi 100 años de resistencia contra el sistema europeo de colonización esclavista (telesur, 20/11). En las marchas cantaban “No se acabó, se tiene que acabar, quiero el fin de la Policía Militar”. Estado racista y asesino Del total de la población brasileña, el 54% es negro. El 75% de la población negra es pobre, y de los 11 millones de nuevos desocupados durante la pandemia, 8 de ellos son negros (CUT, 20/11). 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras negros quedaron desempleados durante más de dos años y entre los no negros, el número baja a 1,4 millones. Las mujeres negras representan el 27% de la población y ocupan la mitad de los trabajos informales, principalmente en el trabajo doméstico. Negros y pardos que ganan menos, un salario medio de casi R $ 1.000,00, inferior al de los trabajadores blancos. El desempleo en los negros llega al 18%. El 59,2% de los negros tiene algún grado de inseguridad alimentaria (de leve a grave), este porcentaje es del 51% entre los no negros (ídem). Bolsonaro desfinanció los programas de “igualdad racial”. En los dos primeros años de Bolsonaro, el hambre aumentó un 27.6%. Los manifestantes también recordaron que “Vidas Negras Importan” y se refirieron a las más de 611.000 personas asesinadas por el covid-19. . Bolsonaro llevó adelante una política genocida, recomendando medicaciones que no eran efectivos contra el virus sino que evitaban la ocupación de camas. Según el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, bajo el régimen de Bolsonaro, más de 220.000 personas negras perdieron sus hogares. Los negros fueron afectados mucho más por la pandemia, como así por la violencia estatal. El 78,9% de las muertes a manos de la policía afectan a personas negras y pobres que viven en las periferias. Entre 2009 y 2019 el número absoluto de muertes violentas de negros aumentó un 1,6% en el país, mientras que el del resto de la población descendió un 33% (CUT, 20/11). Los datos del foro brasileño de seguridad pública en Salvador (Bahía), la ciudad con más negros fuera de África, muestran que en 2020 todas las víctimas de la violencia policial eran negros. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2021, el número de negros en las cárceles brasileñas aumentó de 58,4% a 66,4% entre 2005 y 2020, un crecimiento del 13,5% en 15 años. En números absolutos, la población negra en las cárceles pasó de 91.843 en 2005 a 397.816 en 2020: 333.000 negros más ocuparon celdas en las penitenciarías del país. El número de blancos en las cárceles brasileñas, en el mismo período, cayó un 18%. Fueron el 39,8% en 2005 y son el 32,5% del total registrado en 2020. “La policía brasileña nunca ha matado tanto como el año pasado: 6.416 personas. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, de cada diez víctimas fatales, ocho son negras y siete tienen menos de 25 años” (correiodobrasil, 20/11). Para muchos analistas el racismo sería la causa del ascenso de Bolsonaro al poder, como si ello fuera un fenómeno brasileño. El racismo es la forma que adopta la opresión de clase; en Brasil, más de la mitad de la clase obrera es negra y superexplotada.

El portal Infobae tomó la iniciativa de indagar acerca de la naturaleza ‘trotskista’ del FIT-U, en un artículo de Claudia Peiró (17/11). ¿Cómo se admite que una corriente que se auto-percibe "revolucionaria”, se interroga la periodista, se presente en sociedad de forma tan “inocente” y “edulcorada”? La respuesta la habría encontrado en las páginas de Política Obrera, pero no fue lo que hizo. Peiró encuentra que “el FIT-U parece “cómodo” (con ser la tercera fuerza). Gabriel Solano sale al cruce de Peiró (19/11), pero con mala fortuna. A pesar de la extensión de la respuesta, Solano esquiva el problema - eso que Peiró llama un “trotskismo del tercer milenio” que parece “inofensivo”. Para el dirigente de la camarilla que usurpó el Partido Obrero el pasaje a un electoralismo democratizante es una especie de “noúmeno”, lo que para Kant representaba aquello que es incognoscible o imposible de ser abordado. Como “existe un alto desconocimiento de lo que es el trotskismo en el conjunto de su electorado”, la periodista deduce que “el voto a la izquierda representó antes que nada un vehículo para expresar descontento hacia la coalición oficialista; algo análogo al castigo que, en el otro extremo del arco político, muchos electores propinaron a la oposición a través del voto a Javier Milei”. Solano contra-argumenta que “la bronca es el punto de partida, pero solo eso”, sino “¿por qué el electorado utiliza al FIT-U para expresar su repudio y no a otras fuerzas políticas?”. Para Solano el FIT-U fue elegido por sus votantes por su fisonomía política – una fuerza que tiene presencia en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios. De acuerdo. Lo que no dice, sino que admite, es que fisonomía no es para nada socialista. Se puede tener presencia en muchos lados, como los tiene el peronismo, la Cámpora y hasta Milei, que superó sus votos en la pobrísima Comuna 8. Milei sí dijo, a todo el mundo, que su ultra liberalismo económico llega hasta el fascismo político. Peiró redobla. “Actualmente, el trotskismo se presenta como un comunismo bueno, no autoritario, abierto a todos los movimientos de protesta actuales, del feminismo al ambientalismo”, “se presenta como un adalid de la democracia”. En este punto ya dudamos que no haya leído Política Obrera. “El marxismo es la única ideología que permite incorporar las luchas socio ambientales, de la mujer y otras”, cita la periodista a Myriam Bregman, para apoyar la ‘bondad’ comunista del FITU. Bregman se explica: “al querer acabar con toda forma de explotación y opresión, empalmamos naturalmente con todas las causas anticapitalistas”. “Todo en la misma bolsa”, se exalta Peiró. Solano refuerza a su compañera de fórmula: “cuando el Frente de Izquierda participa en luchas ambientales o de la mujer no hay un intento de esconder o disolver el programa sino un mérito que es resultado de un desarrollo histórico concreto”. Que venga alguien a descifrar lo que esto quiera decir. Pero la periodista ya se había adelantado en su columna a cualquier tergiversación: “los trotskistas se postulan como abanderados de las luchas de los estudiantes, de las mujeres, de los colectivos LGTBI; son movimientos cuyo carácter anticapitalista sólo existe en el relato. Las reivindicaciones de las ‘diversidades’ como se los llama hoy son casi promovidas por el sistema. Eso no los amilana”. En efecto, el FIT-U pone la etiqueta de “anticapitalista” a todos esos movimientos, en una vergonzosa adaptación política a expresiones poli-clasistas, o sea que están cruzadas por intereses de clase y planteamientos recíprocamente antagónicos. “Son causas populares contra el capitalismo”, replica Solano, “objetivamente”, violando su propia premisa de que “el ser son sus manifestaciones”. Entonces, ironiza Peiró, “la bandera roja también puede ser verde -de ambientalismo o de aborto- o arcoíris, en nombre de la diversidad sexual”. El ‘etiquetado frontal’ que el FIT-U le pone al ambientalismo, “anticapitalista”, sería desafiado por cualquier organismo regulador de alimentos, ni qué decir por el marxismo. Son “frentepopulares”, desde un punto de vista político, o sea que no cuestionan al capitalismo. Es claro que estos movimientos tienen una composición poli-clasista, en Argentina y en todas partes del mundo. En la medida en que reclaman distintos derechos al Estado, estamos frente a movimientos democráticos, es decir, que se inscriben en los marcos del sistema social vigente. Darles el mote de ‘anti-capitalistas’ es nada más que un atajo de esta izquierda para justificar su política de seguidismo. El socialismo luchó históricamente, por caso, por la organización socialista de las mujeres trabajadoras. El 8 de Marzo fue instalado como el día internacional de la Mujer Trabajadora. El ‘derecho’ de la mujer burguesa a ocupar espacios de poder equitativos con los hombres de su clase, incluso cuando en esa lucha denuncia de la falta de autonomía personal de la mujer, no podría ser catalogado como una ‘causa contra el capitalismo’. Lo mismo ocurre con los movimientos verdes que postulan un desarrollo (¡capitalista!) ambientalmente sustentable, financiado por impuestos al consumo de los trabajadores de los productos nocivos. Al destacar y subrayar el carácter policlasista, o sea pequeño burgués y burgués de esos movimientos, no dejamos de lado para nada, sino que subrayamos y destacamos el atraso de la clase obrera en la comprensión de la lucha de la mujer y también de la incomprensión la lucha contra la destrucción de la naturaleza, y nos esforzamos por elevarla a una auténtica conciencia de clase. En esto consiste el socialismo y por eso planteamos la organización independiente de la mujer trabajadora, para dar pelea en su propia clase. El FIT-U es una corriente seguidista del feminismo, amibentalismo e indigenismo (García Linera, Evo Morales, Pedro Castillo) burgueses. “La aureola de inocencia con que aparece esta izquierda facilita un voto testimonial”, insiste la periodista. Arremete: “hoy hablan de democracia directa, autogestión, movimientos sociales y ya no tanto de lucha de clases”. El análisis es certero y da un golpe al corazón de la izquierda ‘trotskista’. Todo el esfuerzo del FIT-U va en el sentido contrario: demostrarle a la opinión pública el realismo de sus ‘propuestas’ parlamentarias, haciendo gala de ‘posibilismo’. Los dislates anti-capitalistas de los Solanos pone de manifiesto la hondura de la crisis del Partido Obrero, que su aparato procuró resolver a lo Stalin, no precisamente a lo Trotsky. Esta crisis deja al desnudo la absoluta conciencia de ese aparato acerca del contenido de clase de su posición anti-socialista en esa crisis. Son “vírgenes respecto del poder”, concluye superficialmente Peiró, en alusión a que ‘la izquierda no ha gobernado’ en ningún lugar con la política del FIT-U. No se trata, sin embargo, de esto. Se trata de que el FIT-U no aborda la situación histórica presente, con crisis en todo el planeta, y con un derrumbe del régimen político de Argentina, como una cuestión de poder. Está ausente en el discurso del FIT-U un planteo de poder político, en medio de una crisis histórica del régimen de dominación en la Argentina. Solano justificó la Revolución Rusa, ante los desatinos de Peiró en su columna, cuando le correspondía explicar el método de la revolución socialista en Argentina y en América Latina. La mimetización con el feminismo y el ambientalismo es una retirada del trotskismo hacia un enfoque identitario -un abandono del carácter universal de la condición humana- donde la libertad de cada uno sea la condición de la libertad de todos. Del Caño, en el debate de candidatos, apuntó contra el “extractivismo” y el “capitalismo salvaje”, como si otro capitalismo fuera posible. La provocación de una periodista sirvió para desenmascarar una impostura.

Luego de varios días de deliberaciones, el jurado de la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, absolvió a Kyle Rittenhouse, el racista que asesinó a dos manifestantes el 25 de agosto del año pasado en el marco de la rebelión popular denominada como "Black Live Matter". Rittenhouse enfrentaba cinco cargos, incluido el de homicidio intencional a dos personas, que conlleva la pena de cadena perpetua. Rittenhouse al momento del ataque tenía 17 años, y había viajado de Illinois a Kenosha con el fin de unirse a la “Guardia de Kenosha”, una milicia fascista que se movilizó para "defender la propiedad" y ayudar a la policía a reprimir las protestas. Bandas como estas protagonizaron el asalto al Capitolio digitado por Trump. El juicio tuvo un sinfín de arbitrariedades. El juez excluyó todas las pruebas que habrían refutado la afirmación de Rittenhouse actuaba en "defensa propia" y en “ayuda a la comunidad”. Por ejemplo, audios que habrían probado la premeditación del ataque. Rittenhouse ni siquiera fue condenado por la posesión del rifle, pese a ser menor de edad. El juez tumbó la acusación alegando que la longitud del arma era más corta del límite y no la había adquirido el propio Rittenhouse, sino un amigo suyo mayor de edad. Luego del veredicto Trump declaró que: “el juicio no ha sido más que una caza de brujas de la izquierda radical. Quieren castigar a los ciudadanos que cumplen la ley, incluido un niño, por no hacer otra cosa que seguir la ley”. A Trump se le unió otra de las conspiradoras del golpe de estado del 6 de enero, la republicana Lauren Boebert, quien tuiteó: “Hoy es un gran día para la Segunda Enmienda y el derecho a la autodefensa”. En nuestras pampas, el partido de Milei, Avanza Libertad, se congració con la libertad del asesino. El veredicto de Rittenhouse no solamente delata la complicidad del poder judicial con las bandas de la extrema derecha. El fallo da cobertura jurídica a los "vigilantes" que cazan inmigrantes en la frontera con México. También desnuda los límites de clase del sistema de jurados, que en este caso demoró tres días para declarar “no culpable” al asesino. Los jurados operan bajo la presión de clase del orden capitalista y sus instituciones, y la coerción del sistema judicial y los jueces. Ninguna institución del Estado puede ir más allá del sistema social que se encarga de proteger. Hubo movilizaciones contra el fallo en Chicago, Nueva York y Portland, aunque menores. La otra cuestión es que el fascismo no puede ser derrotado por medios ‘democráticos’. Tampoco por medio de la violencia en general. Deberá ser derrotado por la violencia anti-fascista de una clase obrera con conciencia de clase. Ahí vamos.

El histórico dirigente del gremio de camioneros, James Hoffa, hijo del desaparecido Jim Hoffa, que había anunciado su retiro de la dirección del sindicato de camioneros recibió un duro revés al perder en todas las seccionales estadounidenses del gremio, solo obteniendo una victoria en la pequeña seccional canadiense. El sector opositor “Teamsters United” (TDU) ha logrado una victoria rotunda y pasado a controlar todas las secciones del gremio y una abultada mayoría en la junta ejecutiva. El candidato opositor a secretario general, Sean O'Brien, es el líder del Consejo Conjunto 10 de Nueva Inglaterra. Hasta 2017 fue director de la división de paquetes, cuando Hoffa lo despidiera por su insistencia en que el equipo de negociación de UPS debería incluir al líder de la oposición Fred Zuckerman, presidente del Local 89 en Louisville. Zuckerman había liderado el boleto Teamsters United 2016 que casi derrocó a Hoffa (labornotes.com, 19/11). Ahora Zuckerman será el segundo al mando del gremio. La dirección de los Teamsters ha pasado a manos de un elenco de la vieja burocracia y la cooptación de la oposición. Campaña La campaña de los TDU estuvo centrada en la lucha contra los contratos basura y los salarios a la baja que eran defendidos a rajatabla por los hoffistas, representados por Steve Vairma un dirigente de Colorado en el Oeste del país. Al mismo tiempo, pesó la necesidad de eliminar los contratos de subempleo y flexibilizadores que pesan sobre los trabajadores de United Parcel Service (UPS), que tienen que renegociar sus condiciones de trabajo y salariales en agosto 2023. La lista ganadora había acompañado la lucha por la organización de los trabajadores de Amazon y todos los choferes de ella, que se encuentran fuera del convenio laboral. Una lucha, dijeron, contra la uberización de los trabajadores. En el caso particular de los choferes de UPS, O´Brien ha declarado que lucharán por elevar el salario mínimo de 14 dólares la hora a 20 dólares y eliminar toda contratación “de segunda categoría”. Estos planteos ‘por arriba’ ilustran la preocupación cada vez mayor de los ‘de abajo’. Un plebiscito de los UPS´ers, como se denomina a estos trabajadores, había votado por amplia mayoría rechazar el acuerdo vigente, lo cual Hoffa desoyó e igualmente acordó con la empresa. Esto generó una enorme indignación que los TDU canalizaron: en los principales locales de UPS en Atlanta, Dallas, Chicago, Louisville y Nueva York. TDU se muestra ha planteado lograr las reivindicaciones mediante la huelga. Dave Bernt, otro miembro del comité directivo de TDU, afirmó “Al igual que hicimos campaña para el cargo, necesitamos que los miembros salgan a sus puertas e involucren a sus miembros, hablen sobre los problemas y hablen sobre cómo prepararse para las negociaciones. Empiece a ahorrar dinero; no realice compras importantes”. Otro dirigente ha afirmado “es hora de alentar a los miembros a ahorrar $ 20 o $ 50 cada período de pago, y hacer que la palabra "huelga" sea más familiar, menos aterradora.” A su turno O'Brien afirma contar con un fondo nacional de huelgas por más de 300 millones de dólares a disposición. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Por ahora, el pasado los condena. ¿Sindicalismo de base? Consultados sobre el método que piensan desarrollar en el gremio Bernt declaró “Nuestra estrategia, creo, seguirá siendo la misma. Nuestras metas son desarrollar el poder sindical mediante la participación de las bases en las luchas contra los patrones. Ese era nuestro objetivo cuando estábamos en la oposición, y seguirá siendo nuestro objetivo, ya que somos parte de una coalición que dirige el sindicato”. (Ibídem) TDU ha afirmado la necesidad de contar con dirigentes de base en todo el gremio, por lo que declaran que capacitaran a los afiliados que quieran ser representantes de base en los lugares de trabajo. A su vez, en la última convención nacional, TDU había logrado que todo plebiscito de base solo podía derogarse con dos tercios de los votos de la junta ejecutiva, los cuales ahora ha conquistado O´Brien. No es lo mismo que imponer la soberanía de la base sobre la Ejecutiva. Los trabajadores del gremio cuentan con una larga historia de lucha y organización. El desplazamiento de Hoffa concluye una retirada que intentó ser aminorada con la propia jubilación de Hoffa jr. Al mismo tiempo, aparece como la conclusión de un reguero de luchas por abajo contra las condiciones a la baja y el deterioro del salario. La nueva burocracia no es la representación consecuente de estas luchas Hay un ascenso de las luchas obreras en todo el territorio estadounidense, y lo que es más importante, un reguero de rechazos a los convenios laborales que firma la burocracia. Lo ocurrido en los Teamsters, el sindicato más poderoso del país, demuestra que es correcta la táctica de luchar en los sindicatos burocratizados, sin desmedro de la lucha por organizaciones extra sindicato en ocasión de huelgas e irrupciones de masa.

Este sábado 20 el Plenario de Trabajadoras Tendencia y el Polo Obrero Tendencia de San Martín, organizaron un cine debate en Villa Zagala, del que participaron más de 30 compañeras entre vecinas y compañeras. Se proyectó “Paso a las luchadoras”. La iniciativa tuvo su origen en la necesidad de organizar la lucha por los derechos de la mujer en un marco donde los partidos patronales intentarán imponer los ajustes que permitan cumplir las exigencias del FMI. Las referentes, Valu Viglieca y Eva Gutiérrez, intervinieron para abrir el debate después de la proyección de la película, destacando como eje central la necesidad de organización de las mujeres para enfrentar la violencia cotidiana a las que somos sometidas, pero sobre todo la violencia que el régimen a través del Estado nos imprime, bajo distintos gobiernos. El testimonio de compañeras da cuenta de que individualmente no hay salida, que en las comisarías de la mujer muchas veces no toman las denuncias o directamente somos culpabilizadas de la violencia que recibimos. Que la crisis agravó la situación de las mujeres madres, que no existe la posibilidad de escapar de la casa del golpeador femicida con salarios por debajo de la línea de pobreza, desocupación e inflación del 50%. También debatimos acerca de otras formas de sometimiento a la que son sometidas las mujeres en las barriadas como la trata, y la cooptación de nuestros hijos a la droga. El Estado no da respuesta a nuestros reclamos, y el mismo es el que nos somete a vivir en condiciones insoportables, sin acceso a la vivienda, salud y educación, siempre priorizando el pago al FMI y el rescate a los capitalistas. También pudimos enumerar las conquistas arrancadas al Estado por medio de la organización y la lucha en las calles, como las guarderías en algunos secundarios de caba, la legalización del aborto, la excarcelación de nuestra compañera Yolanda entre otras. Por todo esto, conscientes de que la violencia contra la mujer y todas las violencias del régimen, solo serán eliminadas con nuestra organización e intervención y bajo un gobierno de trabajadores/as, es que hemos resuelto organizarnos para impulsar y participar el próximo 25N, día internacional de lucha contra la violencia hacia la Mujer.

De acuerdo a los resultados de las primarias del domingo 21, el fascista José Antonio Kast del Partido Republicano, tendría asegurada la presidencia de Chile, cuando se vuelva a votar el 19 de diciembre próximo. Al 27,9% de los votos de su lista -el Frente Social Cristiano- deberían sumarse el 13% del derechista "liberal" Franco Parisis y el 12,6% del otro candidato de la derecha oficial, Sebatián Sichel (pinochetista): cerca de un 54 por ciento. Este recuento "alegró" a los mercados: el peso registró la mayor suba en 13 años, en tanto que la Bolsa de Santiago anotó una suba del 8 por ciento. Por su parte, el cobre cerró con un alza de un 1,14% en la Bolsa de Metales de Londres. Gabriel Boric, en cambio, podría no reunir la votación completa de la centroizquierda –la demócrata cristiana Yasna Provoste y el bolivariano Enríquez-Ominami. Provoste espera “un discurso convocante” de Boric, lo que podría costar a éste, en ese caso, una deserción relativa del electorado de izquierda. Sichel, en cambio, dio su apoyo inmediato a Kast, con la reserva de “conversar con él” lo que llamó “diferencias programáticas”. La incógnita es qué hará el 53% de los electores que se abstuvo de votar. Este nivel de abstención reduce a la mitad el porcentaje de votos que obtuvo cada candidato. En abril pasado, un 85% del electorado había votado por una Convención Constituyente que debía derogar la Constitución pinochetista. Ahora se pone en duda que se plebiscite favorablemente el texto constitucional que apruebe la Convención. La derecha ha ganado un amplio espacio de extorsión para que el documento final termine siendo un compromiso con la Constitución pinochetista. La derrota de la centroizquierda se produce en el momento de mayor debilidad del gobierno derechista de Piñera. El corresponsal de La Nación atribuye esa derrota a la incapacidad de Boric de aprovechar esa circunstancia. Es una observación demasiado condescendiente, porque esa falta de oportunismo de Boric alude a la complicidad de la centroizquierda para movilizar al pueblo contra la militarización de la Araucanía, votada dos veces por Diputados, y acogida con silencio por la Convención Constitucional. Lo mismo se puede decir de la oposición de palabra que desarrolló contra la posibilidad de que Piñera fue destituído por estafa. La certeza de los números en cuanto a una victoria de la derecha en la segunda vuelta, puede no coincidir con la política. Los planteamientos fascistizantes de Kast no son necesariamente bien recibidos por la derecha, que teme que ello produzca una reacción popular de mayor alcance que en el pasado reciente. Kast, por otro lado, es una minoría en el Congreso, donde el pinochetismo alcanza el 50% entre todas las coaliciones, y donde la centroizquierda que incluye al partido comunista, ha ganado una representación donde no tenía ninguna. El fascismo de Kast está todavía fuera de época; la derecha "orgánica" esperaba, al comienzo de la campaña, hace tres meses, otra clase de salida para estos comicios. Kast, exagerando un poco, llegaría a la presidencia como un Pedro Castillo de la vereda contraria. Las épocas como las actuales se caracterizan, por sobre todo, por los giros violentos a repetición. El programa económico de Kast -superávit fiscal con reducción de impuestos- podría llevar a Chile a la bancarrota. Kast no está alineado con los intereses de la camarilla de Piñera ni, para el caso, de Sichel. Durante la noche del domingo, Kast apareció en los medios "ratificando su compromiso de reducir los impuestos para aliviar a las PYMES y derrotar el terrorismo del sur del país", y afirmando que en el balotaje "se definirá si Chile será un país con democracia o comunismo". Tendrá que bajar del escenario a la calle para lidiar con este propósito. Por su parte, Boric en su primer discurso post elección, aseguró que en esta segunda parte de la campaña electoral está dispuesto a revisar su programa "todo lo que sea necesario’" dirigiéndose especialmente al electorado de Provoste, en primer lugar. Ofrecerse de preservativo no es un planteo "muy convocante". Rafael Bielsa, el embajador de Argentina, caracterizó el triunfo de Kast como “alarmante”, y lo comparó con Bolsonaro o Trump. Olvidó que los Fernández delegaron a Anibal Fernández, hace unas semanas, coordinar la represión contra los mapuches con los ministros militaristas de Piñera. Respecto del Senado y sus 50 bancadas, la coalición oficialista Chile Podemos+ (de Piñera) sacó la primera mayoría con 24 senadores; junto al Frente Social Cristiano de Kast, que consiguió una bancada más, obtuvieron el 50% del total de las bancadas. La segunda mayoría la encabeza el pacto de la ex Concertación con 18 bancadas, y luego la coalición de Boric con 7. Dos independientes también llegaron al Senado, entre ellos Fabiola Campillai, ex Lista del Pueblo. En la Cámara de Diputados, donde se disputaban 155 bancadas, el oficialismo también obtuvo la mayoría (aunque perdió algunas bancadas), seguido por la coalición de la ex Concertación, Apruebo Dignidad de Boric, el Partido de la Gente de Parisi. Kast sólo arrancó una banca. Los llamados independientes conquistaron dos puestos en el Senado y siete en Diputados. Como también era de esperar, el "Congreso amable para la Convención Constitucional", que pedían progresistas e izquierdistas, no salió del mundo de la fantasía. Ni el sistema binominal, que sólo permite ingresar al Congreso a las grandes coaliciones, ni la implacable Constitución de Pinochet pueden hacer nada amigable por los cada vez más entreguistas y reaccionarios constituyentes de la Convención. Ejemplo de ello es que, sin ninguna perspectiva y entregándolo todo, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, proveniente del movimiento mapuche, señaló que el futuro presidente debe ser quien "permita avanzar hacia una nueva Constitución", guiñándole un ojo a Boric. La sesión de la Convención de este lunes comenzó sin referirse a los resultados del día de ayer. Pero Boric no logra convocar en masa al electorado chileno ni siquiera sumando al Partido Comunista. Apruebo Dignidad le habla a la clase media, que es la que eventualmente no se abstiene de votar. El PC no le habla a la inmensa clase trabajadora chilena de la rebelión. Suponer que eso ocurriría con un PC que abandonó su intervención en las masas desde los ‘70, era francamente ingenuo. Por lo demás, el PC no demoró en mostrar su infantilismo y alinearse discursivamente con Kast sobre ‘el demonio marxista’ . La inflación, la pobreza, el desempleo y una Constituyente muerta en vida anuncian un futuro estallido popular.

El pasado 18 de noviembre, a las 2 de la madrugada, los policías de la comisaría de San Clemente del Tuyu informaban la muerte de un detenido, Alejandro Martínez, que había ingresado menos de una hora antes a la misma. La autopsia, ordenada por el fiscal Pablo Gamaleri, dictaminó que Martínez sufrió lesiones “en miembros inferiores, superiores, tórax, región lumbar y dorso nasal” y “fracturas en la zona costal derecha” (Infobae, 21/11). Es decir, había sido molido a golpes. El fiscal ordenó la detención de los nueve policías que se hallaban esa noche en funciones, de los cuales tres -Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra- fueron acusados de “homicidio triplemente agravado por alevosía y ensañamiento, y en concurso premeditado de dos o más personas, por ser ejecutado por miembros de las fuerzas de seguridad abusando de sus funciones o cargos”. Los demás han sido imputados como cómplices necesarios, sumado a agravantes como ser funcionarios públicos, abuso de autoridad en ejercicio de funciones y abandono de persona. Martínez había estado preso en esa misma comisaría poco antes, durante tres días, por “disturbios” en la vía pública. Fue detenido nuevamente luego que se informaran ruidos extraños de auxilio en su habitación por parte de otros huéspedes del hotel, los cuales señalaron que no se lo notaba agresivo sino temeroso. Incluso los videos del hotel muestran que Martínez se retiró esposado sin otorgar resistencia y en silencio. El fiscal, notificado de la detención, ordenó su traslado al hospital hasta que se calmara, pero no se han encontrado registros de ese paso por una unidad sanitaria. Sin perder tiempo, Sergio Berni salió a reclamar una nueva autopsia porque no “vamos a permitir que se intente desviar la investigación por alguna causa en especial” (Infobae, 21/11), sembrando un manto de dudas sobre la investigación que se lleva adelante y señalando que sería un pase de factura por el asesinato de Lucas a manos de la policía de la Ciudad. Como dijo Berni “a buen entendedor, pocas palabras”. A uno y otro lado de la grieta se tiran con los muertos de sus propias policías. La actitud de Berni no es novedosa. Frente a la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro respondió airadamente toda denuncia contra la policía. Kicillof ha respaldado en todo momento a su Ministro de aspiraciones cuarteleras. La ex esposa de Martínez, Laura Lagana, ha denunciado al Ministro como un encubridor de los abusos policiales. “No es cierto lo que dice Berni, están encubriendo a los policías. A nosotros, primero la Policía nos dijo que murió de un infarto por sobredosis y que murió en la vía pública, y después resulta que apareció todo golpeado en un calabozo” (Infobae, 21/11). Exigimos justicia por Alejandro Martínez. Que sean juzgados todos los responsables materiales y políticos del asesinato y sus encubridores. LEER MÁS “La cuestión policial no puede separarse de un Estado y de una cierta organización social”, escribe Marcelo Ramal

Este viernes realizamos junto al Polo Obrero y el PdT Tendencia, una charla debate de cara al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia la mujer. En la plaza La Loma, con la concurrencia de varias compañeras, Bárbara Carrillo explicó el origen histórico de la jornada -el crimen de las hermanas Mirabal que luchaban a manos de la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana- y su vigencia, en la coyuntura actual. El femicidio de Brisa, de 19 años, conmovió a Berazategui, porque volvió a poner de manifiesto el desamparo de las mujeres y jovenes trabajadoras, y la responsansabilidad del Estado, que perpetúa este régimen de violencia que se nutre de la miseria capitalista. También se recordó el caso de Yolanda Vargas, nuestra compañera salteña, procesada por el incendio de su casilla, en el cual murieron sus dos hijos cuando ella salía a ganarse el pan. La mujer trabajadora no tiene los recursos necesarios, ni el Estado le provee de guarderías para que pueda salir a trabajar. Las compañeras más jóvenes del Polo, como la delegada del barrio Las Ranas, plantearon llevar la charla a los merenderos y comedores barriales junto a vecinos de problemáticas más puntuales. La única manera que tenemos de luchar contra la violencia es organizarnos contra el Estado que la genera.

Elías Garay (27) y Gonzalo Cabrera (22) fueron fusilados en la lof Quemquemtrew por dos personas de civil que esgrimieron haber ido a cazar. Ambos cayeron abatidos sin posibilidad de defensa tras recibir al menos dos balazos de plomo cada uno. Gonzalo fue operado y pelea por su vida; Elías la perdió. No fue un accidente. “Les dispararon a dos metros de distancia”, nos informan Nelson Ávalos y Mauro Millán. El crimen fue respondido inmediatamente con una movilización y corte de ruta en El Bolsón que fue desalojado por un grupo de personas -varias de ellas vestidas de gaucho- que se encontraban en un campeonato provincial de jineteadas. La horda nacionalista fue arengada desde la propia organización del festival y, al igual que las ejecuciones en la lof, contó con la connivencia y complicidad de la policía provincial, informan vecinos de la localidad. Mientras golpeaban y tiraban tiros al aire, gritaban “¡Viva la Patria!”. El sicariato político en la zona no es nuevo: su existencia se remonta a la incorporación de lo que se conoce como Patagonia al territorio argentino y chileno, es decir, constituye una parte inescindible de la acumulación capitalista en la región y en ambos países, que compartieron - ¡y comparten! - gobiernos constitucionales y dictaduras militares. La lof Quemquemtrew se encuentra sitiada por el COER, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la policía de Río Negro, desde mediados de septiembre luego de que fuera "recuperada" por una familia de apellido Rocco, de vínculos estrechos con el poder económico y político de la zona. Se ubica en un paraje conocido como Cuesta del Ternero, entre las localidades rionegrina de El Bolsón y chubutense de El Maitén. Durante 55 días un grupo de miembros de comunidades mapuches, organizaciones de derechos humanos y activistas acamparon en solidaridad con la lucha pero tuvieron que levantar luego de que efectivos policiales acosaran sexualmente a dos mujeres mapuches. Cuarenta y ocho horas más tarde se produjo el crimen a cargo de estas personas vestidas de civil. Para ingresar al lugar en auto necesariamente se debe pasar por alguno de los dos retenes que se encuentran en la Ruta Provincial 6. Una comitiva de mapuches y militantes de derechos humanos se acercó esta mañana a la lof para acompañar a los comuneros. Nelson Ávalos, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) del Noreste del Chubut, en diálogo con Política Obrera, señaló que les dijeron que Garay y Cabrera se encontraban haciendo una de las tantas recorridas de seguridad por el territorio y en un momento vieron a dos hombres con armas largas entre los pinos. Cuando se acercan a ver quiénes eran, les dicen "andamos cazando". Y, por lo que nos relataron, no hubo una pelea ni una discusión, sino unas pocas palabras y les dispararon a los dos a la altura del abdomen, a mitad del cuerpo. Ambos recibieron dos disparos, "Elías a la altura de las costillas”. Fueron dos ejecuciones: les dispararon a 2 metros de distancia. “Estos personajes aparecieron 10 minutos después de que un drone de la policía sobrevoló el lugar”, denuncia también en diálogo con Política Obrera, Mauro Millan, reconocido luchador mapuche. “El objetivo de ellos es asesinar”, completa. En un comunicado oral enviado a la prensa y al activismo, Ávalos informó que el fiscal Martín Lozada le dijo que el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, “se comprometió a retirar al COER” del lugar y también a “dejar ingresar a toda la gente hasta la tranquera del territorio para que cuando saquen el cuerpo, que lo hará la comunidad, podamos despedirlo como se merece y sin policías del COER en el territorio. La única policía que va a quedar es la que está siempre en el puesto pero adentro, no mostrándose ni pidiendo datos a nadie”. Ataque fascistoide antimapuche La conmoción que generó el ataque a la lof se expresó en autoconvocatorias en distintas ciudades, con epicentro principal en El Bolsón. Allí se decidió un corte sobre Ruta Nacional 40, a la altura del ACA, en un lugar tradicional de manifestaciones en la ciudad. Mientras esto ocurría, a pocas cuadras de allí se desarrollaba la última jornada de un campeonato provincial de jineteada en el que se encontraban “personajes que históricamente generaron patotas de choque de los grandes terratenientes de la zona”, nos informa Diana, vecina de la localidad. Agrega que los organizadores del acto responsabilizaron en general a la gente que se movilizaba y a los mapuches en particular porque la fiesta terminara antes, en un momento en que además habían permitido una canilla libre generando una situación en la que el alcoholismo favorecía la violencia. “Varios compañeros se acercaron a avisarnos que había habido una comunicación entre la policía y estas personas. Se organizaron para salir a agredir”, prosigue. “Se acercó un montón de gente con facas, palos, borrachos, drogados, y empezaron a agitar a la gente, a retirar las quemas que se estaban realizando y a amedrentar, pegarles a mujeres, agarrar a patadas en el piso a gente”, denuncia Lucho, vecino de Lago Puelo que se acercó a la movilización. “De ahí fuimos al hospital de El Bolsón donde había más gente esperando porque estaba Gonzalo. A los pocos minutos vino otra vez esta gente, pasada la medianoche, y empezaron a insultar, a pegar, a amenazar. La gente se tuvo que meter adentro de la Guardia del hospital y otra gente se tuvo que ir corriendo. De hecho, la directora del hospital llamó a Pogliano (Bruno, intendente) y a varios más diciéndoles que venga la presencia policial porque estaba todo descontrolado”, continúa Lucho, y finaliza: “Lo que pasó fue una reacción de la derecha terrible, muy ligada al alcoholismo de la fiesta en sí”. Diana también relata que varios compañeros le comentaron que vieron a “agentes encubiertos y personas que trabajan en la Municipalidad direccionando las agresiones, rompiendo vidrios de una confitería donde se habían refugiado familias mapuches”. Complicidad política La mal llamada “Campaña del Desierto” no solo fue un genocidio legal por el cual se terminó de consolidar el Estado argentino, sino que además fue un proceso que involucró a un sinfín de métodos criminales para arrasar con la población mapuche y tehuelche de la zona, que siguieron utilizándose con el correr de las décadas y es moneda corriente en la región patagónica de conjunto. Los asesinatos por encargo para hacerse de tierras, tanto de pobladores originarios o no, nunca se detuvieron, ya sea en gobiernos constitucionales o militares. Detrás de ellos no solo están los grandes terratenientes sino también sus abogados y los tres poderes del Estado. El régimen político es un sicariato legalizado contra las comunidades mapuches-tehuelches y el pueblo trabajador en general. Estas bandas derechistas que asolan la Patagonia en defensa de los grupos capitalistas instalados en la región (inmobiliarios, mineros, petroleros) cuentan con el amparo del Estado y del gobierno provincial de Arabela Carreras. Recientemente, Aníbal Fernández se reunió para coordinar con el gobierno chileno la represión a los mapuches. LEER MÁS “La cuestión policial no puede separarse de un Estado y de una cierta organización social”, escribe Marcelo Ramal

Los familiares y amigos de Lucas González convocaron a una concentración “sin banderas” este lunes frente al Palacio de Tribunales para exigir justicia por el joven futbolista asesinado por una brigada de civil de la Policía de la Ciudad. Se reunieron unas dos mil personas, a pesar del feriado. De espaldas a Tribunales, hablaron las familias y los amigos de Lucas. Exigieron justicia, que se avance en la investigación para condenar a los responsables del crimen y que la Policía deje de hostigar y matar a la juventud en los barrios. El moderador del acto fue el abogado de la familia, Gregorio Dalbón. Se trata del abogado defensor de CFK en varias causas en su contra. Como abogado querellante, intervino en el juicio por la masacre de Once para circunscribir las responsabilidades sobre el maquinista, y pedir la absolución de los funcionarios acusados. Se trata de un operador político del kirchnerismo, que pretende polarizar con Rodríguez Larreta a pesar de contar entre sus filas a connotados encubridores de la yuta –como Berni y “Hannibal” Fernández. Abajo del escenario se veían los carteles de los familiares de distintos casos de gatillo fácil y violencia estatal, como el de Diego Chávez, asesinado en 2010; Agustín Melgarejo asesinado en la 3° V Alsina en Lanús; el de Camilo Capoulicán, asesinado en Caballito; Elias Garay, joven de la comunidad mapuche asesinado hace días en la Patagonia; Facundo Astudillo Castro, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, entre muchos otros. "Ole le, ola la, la yuta hija de puta la tiene que pagar", fue uno de los gritos que más se escucharon. El recuento de víctimas del gatillo fácil y la violencia policiales suma al menos 7.500 casos, según el relevo de la Correpi. Esto deja en evidencia que no se trata de casos aislados, ni del accionar de un grupo de efectivos policiales confundidos, sino de una política de Estado. Los gobiernos de uno y otro lado de la grieta han destacado su "compromiso" con una institución podrida hasta la médula como es la policía. Necesitan un brazo para reprimir los reclamos populares. La policía ocupa un lugar central en la organización del delito. Desde Ushuaia a la Quiaca, se impone organizarnos para enfrentar desde los barrios y en la calle esta política de represión y criminalización de la juventud, del pueblo mapuche y de las familias trabajadoras que luchan por tierra para vivir. Plena libertad para luchar contra el retorno del FMI, basta de asesinatos de pibes y de muertos en luchas sociales. Justicia por Lucas y por todos los jóvenes asesinados a manos de la Policía. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales. El Estado es responsable.

El resultado electoral cristalizó las mediciones de intención de votos que preveían las encuestas, con un 53% de abstención electoral y una polarización entre Kast (28%) y Boric (26%), aunque sorprendió el alto rendimiento de Parisi (13%) (...). Por su parte, las coaliciones de los 30 años -oficialismo y ex Concertación- obtuvieron el 3er y 4to lugar dando por concluida la alternancia entre ambas variantes presidenciales, pero garantizando su permanencia en el Senado. Si se replicara tal cual el resultado de este domingo, Kast ganaría la elección con votos de Sichel y Parisi (54%,) frente a Boric sumando los de la oposición (46%). De cara a la segunda vuelta, las maniobras de negociación, implicarán concesiones programáticas y de ubicación en el próximo gabinete. En línea con esto, Sichel plantea (…) una negociación con Kast (…). Del otro lado, Provoste posterga el llamado a votar a Boric, buscando una coalición de gobierno que dé tranquilidad a los mercados (...). La situación parlamentaria y la Convención La Cámara Alta estará dominada por Chile Podemos +, con 24 senadores (casi el 50%) , y Nuevo Pacto Social, con 17; el Frente Amplio de Boric y el Frente Social Cristiano de Kast tendrán presencia en el Senado con un único representante, respectivamente. A modo de sorpresa, el PC instaló 2 senadores y como independiente se incorporó Fabiola Campillai, víctima de la represión durante el estallido social. Así, la fisonomía del nuevo Parlamento en un régimen presidencialista -con un tribunal constitucional que veta proyectos que atenten contra el régimen- plantea dos variantes según quien gane la elección. Con Kast, el Senado no ofrecería mayor resistencia, y apenas acudiría al TC; con Boric, el máximo tribunal jugaría un papel fundamental de obstáculos. En Diputados, en tanto, los comunistas también lograron una ventaja favorable al conseguir 11 escaños, lo que confirma su influencia en el conglomerado Apruebo Dignidad. En las elecciones parlamentarias, el frente unidad de los trabajadores del PTR y el MST, y la figura de Artés en la presidencial –como las variantes anti patronales- han tenido un escueto resultado. No caló entre los trabajadores (…); ha democratizado las consignas del estallido –como el repudio al sistema previsional de las AFP, promoviendo un sistema tripartito que mantiene la confiscación al salario de los trabajadores - e ilusionando con el “desborde” del proceso de reforma constitucional (…). En este escenario, la Convención es un cero a la izquierda; no se pronuncia por los sucesos fundamentales de la crisis política, se limita a pronunciamientos testimoniales (como lo fue la ley del indulto o el estado de excepción en la Araucanía), y recién sale ahora del entrampamiento reglamentario (...). La mesa directiva, a la cola del FA, y la disgregación de la Lista del Pueblo, profundizará el carácter de la CC como apéndice del Estado en un eventual gobierno de Boric, o frente al peligro de su disolución bajo un gobierno de Kast. Ola de convocatorias de oposición a Kast En las últimas horas se han realizado convocatorias de diversos sectores para votar contra Kast y, por defecto, apoyar la candidatura de Boric. Es así como el Colegio de Profesores, la Federación de Trabajadores del Cobre y los portuarios de San Antonio están llamando a asambleas frente a lo que implicaría una avanzada del fascismo (...). Por su parte, los familiares de los presos políticos están en alerta ante el rechazo a la ley del indulto y al recrudecimiento de la represión, allanamientos y detenciones de activistas de izquierda y Mapuche. Las organizaciones disidentes y del movimiento de mujeres también están convocando asambleas extraordinarias (...). Nuestro apoyo electoral a Boric en segunda vuelta, frente a la amenaza fascista y un Parlamento derechista que garantizará el ajuste, la represión y la carestía, implica una gran deliberación política para que los trabajadores se delimiten del programa reformista de Apruebo Dignidad. Llamamos a la izquierda revolucionaria a retomar las consignas del Congreso de bases de trabajadores y de la Asamblea Constituyente libre y soberana, para reagruparnos en función de un programa y método revolucionarios. Ni un paso atrás ni tregua frente al fascismo Por la unidad latinoamericana de la clase obrera Por un gobierno obrero y socialista

Este 22 de noviembre se desarrolló el 1° Encuentro Provincial de Mujeres y Diversidad organizado por el Ni Una Menos Tucumán. Como expresaba la convocatoria “buscaba generar un espacio de debate y organización en torno a nuestras luchas y reclamos”. La lista imparable de femicidios, transfemicidios y travesticidios, los abusos impunes de integrantes del poder político, la creciente miseria, precarización laboral y desocupación, y el mayor ajuste en puertas que exige el FMI, fueron los principales puntos señalados en esta. El hecho que desde hace 2 años no se realizan los Encuentros Nacionales de Mujeres tornaba más necesaria esta iniciativa. El encuentro logró reunir a alrededor de 300 mujeres e integrantes del colectivo LGTB en sus distintos talleres. A pesar de las altas temperaturas la mayoría de las compañeras se quedaron hasta el final. Se destacó la delegación de compañeras del Polo Obrero Tendencia, muchas de las cuales hicieron su primera experiencia en una instancia de estas características. Desde la comisión organizadora se defendió el carácter autónomo de los talleres y la posibilidad de sus integrantes de decidir la forma de funcionamiento. Luego del debate en una instancia plenaria se leyeron las conclusiones y propuestas. Entre las principales resoluciones se planteó la convocatoria a la marcha del 25 de noviembre y la denuncia de la responsabilidad del Estado frente a los crecientes femicidios y transfemicidios y las distintas violencias; el apoyo a las comisiones de familiares que luchan contra la impunidad y se organizan de manera independiente del Estado; la movilización a los juicios arrancados con la lucha (el 21 de noviembre contra el fiscal Albaca por el encubrimiento en el caso de Paulina Lebbos y el 29 de noviembre por Miguel Reyes Pérez, asesinado por gatillo fácil); el rechazo a la megaminería contaminante y la exigencia a la UNT para que se desvincule del IMAD y del proyecto de Agua Rica y la investigación a los responsables del daño ambiental y a las poblaciones afectadas por La Alumbrera. En el taller sobre trabajo se debatió sobre las distintas formas de precarización de las trabajadoras y de los trabadores en general y el intento del gobierno de transformar los planes sociales en mano de obra barata habilitando a las patronales a despedir a trabajadores de planta permanente. Se debatió sobre la situación de los trabajadores del citrus quienes cobran salarios de miseria y deben emigrar a otras provincias como trabajadores golondrinas al finalizar la cosecha. El gobierno, con acuerdo de la burocracia de UATRE, ofrece con un interzafra de $12500 y la tarjeta Alimentar sólo para quienes están registrados. Las compañeras del Polo Obrero T que acompañaron los piquetes de la Coordinadora de Limoneros Autoconvocados destacaron que sin la lucha el ofrecimiento del gobierno era sólo de $10.000. También plantearon que la lucha ahora sigue para que el interzafra alcance a todos los trabajadores y para que la obra social tenga una cobertura anual (actualmente solo es semestral). Las compañeras relataron la experiencia en los piquetes y la importancia de la unidad de la clase trabajadora y el método que hay que seguir para arrancar los reclamos. Entre sus resoluciones votaron la necesidad de un congreso obrero. En el taller de educación participaron docentes provinciales, docentes nucleadas en ADIUNT, estudiantes, que debatieron las experiencias de lucha que emprendieron por aumento de presupuesto para la educación, en defensa de la educación pública, contra las violencias de género, y la implementación de la ESI, entre otras cosas. El hecho llamativo en esta comisión fue la participación también de las compañeras del Polo Obrero Tendencia, que contaron su experiencia como madres frente a la educación virtual en pandemia, y su reclamo por conectividad. Desde Política Obrera intervenimos en la perspectiva de fortalecer la organización independiente del Estado de los movimientos de lucha y la necesidad de avanzar en la organización socialista frente a la inviabilidad de este régimen social. El fracaso y derrumbe del gobierno y el mayor ajuste al que marcha, como resultado de las exigencias del FMI, dará lugar a una irrupción cuyas condiciones debemos preparar.

De acuerdo a lo que se conoce públicamente, el acuerdo con el FMI continúa en el limbo. Es cierto que Martín Guzmán se comprometió a presentar un plan plurianual al Congreso que abarcaría hasta 2028, con el propósito de trazar una hoja de ruta para alcanzar el equilibrio fiscal que pondría fin a la inflación según la interpretación que hace la "escuela" monetarista. Para los detractores del Ministro, éste debería preocuparse por llegar a marzo que viene. El Congreso, por su lado, tampoco reúne condiciones políticas para votar planes con un horizonte, con suerte, de más de un año. En contraste con estos dislates, la crisis financiera apremia. El Banco Central ha dejado de intervenir en los mercados de cambio financieros, porque se ha quedado sin divisas para seguir alimentando la salida de capitales. Como consecuencia, la cotización del peso alternativo se ha hundido. Es de suponer que la corrida bancaria y cambiaria aún no ha cobrado el ímpetu que cabría esperar, porque siguen en pie las expectativas de un acuerdo con el Fondo. El acuerdo demora, sin embargo, porque su efecto no sería calmar las aguas. En la agenda se encuentra una mega devaluación. De otro modo no se podría liberar, al menos en gran parte, el mercado de cambios. No ha trascendido que en las negociaciones se encuentre la posibilidad de que la devaluación vaya a ser respaldada por un préstamo internacional. Esto implica que tampoco será "ordenada" sino más bien caótica. Los Fernández están negociando el pago de una deuda descomunal, no un nuevo endeudamiento. El gobierno "nacional y popular" ha llevado adelante una política de corte del gasto social y desvalorización de salarios y jubilaciones en medio de una pandemia, con vistas a preparar la firma de lo que ya resulta un acuerdo largamente demorado. No por eso ha logrado disminuir la inflación, ni tampoco cuando recurrió a retrasar la devaluación del dólar oficial. La inflación ha sido funcional al "ajuste" contra los ingresos de los trabajadores y a la reducción del déficit fiscal, pero también al desajuste de la valuación del peso con relación al dólar. El gobierno se ha pisado la cola todo el tiempo con una política incoherente. Al final de las cuentas, el desbarajuste aún no ha volado por los aires debido a que el comercio internacional de Argentina es activo –no crece pero deja un superávit comercial. De otro lado, a ese superávit se "lo come" el pago de intereses de la deuda y la retención de divisas por parte de los exportadores. Es un desequilibrio explosivo, como lo demuestra la inflación, que lleva a una explosión mayor. La devaluación que se pacte con el FMI llevaría la inflación a tres dígitos. Mientras el gobierno se enrosca en una plurianualidad decenal, los tiempos que había creído ganar se han acortado. La reestructuración de los plazos de la deuda del estado nacional y las provincias con los acreedores privados, habrían debido crear un espacio para obtener nuevos financiamientos. Hasta ahora ha ocurrido lo contrario. La mitad del tiempo de esos plazos han vencido, de modo que se va con certeza a una crisis con la deuda reestructurada. En cuanto a la sustitución del financiamiento interno, por medio de bonos que ajustan por dólar o inflación, una devaluación pulverizará la capacidad de pago del Tesoro y planteará un default con la deuda local. Todo este escenario, al que hay que añadir la crisis política en ambos lados de la "grieta", en nada será proclive siquiera para el ingreso de capitales "golondrinas". En cuanto a la deuda del Banco Central con los bancos locales, las "famosas" Leliq, que es de más de u$s 40 mil millones al cambio oficial, su desvalorización por medio de una devaluación hundiría el balance del Banco Central por la escasez de reservas de divisas disponibles. Los Fernández y Guzmán tienen hartas razones para seguir dilatando un acuerdo con el FMI o lanzarse a aventuras devaluatorias autónomas, y seguir huyendo hacia adelante. En la última renegociación de vencimientos de deuda en el mercado local, la deuda del Tesoro tuvo una buena recepción, mientras caía la cotización de la deuda externa renegociada y las acciones de las empresas principales, tanto en Buenos Aires como en Nueva York. Nadie avizora en estos medios un acuerdo inminente con el FMI. Política Obrera En los últimos días se ha hablado de una tercera revisión de paritarias, como consecuencia del fracaso de todos los pronósticos oficiales de inflación. Lo mismo ocurre con los reclamos de la provisión de alimentos a los comedores, el aumento de la remuneración de Potenciar Trabajo y el pago del medio aguinaldo. La burocracia de los sindicatos, así como también la de las organizaciones sociales oficialistas, ya han dicho que no se interpondrán a un acuerdo con el FMI –sin preguntarse antes de qué clase de acuerdo se trata. Los acuerdos salariales y remunerativos de otro orden, no son sometidos al voto de las bases. Estamos ante un escenario cada vez más inestable, que amenaza quebrarse en cualquier momento. El sometimiento a un dictamen del FMI sigue siendo la variante más probable en el corto plazo y la más segura en un plazo mayor. No hay evidencias de un plan B. La cuestión del acuerdo con el FMI plantea la huelga general. Las variantes del tipo "plan de lucha" o "paros" se transformarían enseguida en una huelga general o, en su defecto, serían la vía para una derrota. Al acuerdo con el FMI se responde por medio de una acción de la clase, no mediante la propaganda de propuestas alternativas. Una campaña en la clase obrera por nuevas paritarias y aumentos de salarios, sujetos a la aprobación de la base, debe unificarse con una agitación por la huelga general y la organización de coordinadoras y frentes de lucha en todo el país. La capacidad de la burocracia de los sindicatos y de los aparatos peronistas para bloquear una huelga general debe ponerse a prueba por medio de la agitación y de la organización. Los aparatos sindicales, tomados en su conjunto, no han declarado nunca una huelga general: ella ha sido siempre una decisión de la base, que se ha visto sobrepasada por la magnitud del ataque descerrajado contra ella. La burocracia ha sido pródiga en paros aislados, incluidos los paros activos aislados. Una huelga general, por su lado, debe ser preparada en forma sistemática, porque es difícil que su dirección y organización surja sobre la marcha sino que los elementos y organizaciones activos de ella se hagan activamente visibles con anticipación. Cuando el FMI y los partidos patronales coinciden en que el acuerdo se rubrique en el Congreso -algo que no ha ocurrido con anterioridad- es porque quiere levantar una autoridad que movilice a una parte de la sociedad contra la huelga general, sin tener que recurrir de entrada a otros medios –la represión. El Parlamento, y fue advertido hace más de cien años, tiende a ser un bastión único contra la clase obrera, cuando se trata de una lucha como la huelga general. En las condiciones actuales, una huelga general sería sinónimo de una huelga política de masas. La consigna de un Congreso Obrero de luchadores, formado por delegados electos y con mandatos, es una herramienta para preparar esta lucha. En los últimos meses, e incluso desde el comienzo de la pandemia, se han destacado las luchas de la salud, de la educación, de los choferes, de trabajadores rurales y en la industria. Es probable que de aquí partan las primeras manifestaciones y huelgas si la situación ya intolerable se convierte en explosiva. Si algo enseñan las crisis que se desarrollan en todo el mundo, es la brusquedad de los giros políticos que tienen lugar, en gran parte determinados por la enorme carga que ha representado la pandemia para el mundo del trabajo. La salida de conjunto al derrumbe capitalista se presenta, desde este ángulo, de una forma concreta particular. La huelga política de masas plantea un salto histórico en la organización de los trabajadores. Es de aquí que debe partir una salida a la crisis –de un programa elaborado y puesto en marcha por las fuerzas del trabajo con conciencia de clase. Los ritmos y alcances de la intervención obrera en la crisis, deben ser sometidos al veredicto de la práctica, o sea por medio de la lucha.

La notificación de cese de contrato de una trabajadora del Hospital Sayago puso en vilo a todo el colectivo de la disidencia sexual y a distintas organizaciones que se pronunciaron por la reincorporación de la compañera. Se trata de una médica con especialidad para sostener uno de los pocos consultorios de atención integral a personas trans en Santa Fe. De esta manera, el acceso a tratamientos médicos vitales para la comunidad se encontraba en peligro para una población de más de 70 personas usuarias, eso implicaba el cierre del consultorio. Este golpe nos recuerda a la desarticulación del único equipo que tomaba casos de ILE de segundo trimestre avanzado en el centro norte de la provincia ocurrido hace unos meses. La orientación propuesta por “el gigante” Perotti y su gabinete en los dos casos, fue el de defender el cierre de consultorios antes que la atención de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la población. Si pasa, pasa. Basta de despidos El contrato de la médica se enmarcaba en un reemplazo, desde hace cinco años. El cese de contrato se efectuó tras la baja por jubilación del personal titular. Perotti ha sostenido como política de estado la inhabilitación de cargos que debieron quedar vacantes para ser ocupados, recordemos que la reducción de la planta estatal ha sido el eje de su campaña electoral en el 2019 como guiño a los dueños del agro y la industria. Así, los pocos y aislados pases a planta que se efectuaron fueron sostenidos con la reducción de la planta desde otro lado, “dan” por un lado lo que sacan por otro. Mientras las direcciones sindicales celebran una farsa, más de 5.000 contratos Covid compuestos casi en su totalidad por mujeres son dados de baja el 31 de diciembre. Quienes estuvieron en primera línea de batalla contra el COVID, son arrojadas al desempleo en el medio de una crisis económica galopante. Los ceses de contratos, como el del caso citado, abundan en todos los hospitales y centros de salud. Lo que también abunda en las áreas más desoladas y sin estructura como salud mental e inclusión es el trabajo sin contrato ni siquiera. A días de la marcha del orgullo en Santa Fe y el 25N, este caso particular es una excelente síntesis para comprender la violencia del estado en beneficio de los intereses del capital. También es otra muestra de que los métodos de organización para defender nuestros derechos, o conquistarlos, hacen recular a cualquier gobierno. La respuesta del colectivo de diversidad sexual llamó a la movilización y los medios se sumaron en la difusión. La compañera fue reincorporada. La lucha siempre rinde.

Familiares y amigos de víctimas de la represión estatal, organizaciones sociales y partidos de izquierda marcharon en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ocasión de la 5ta Marcha de la Gorra. Días antes se había desarrollado la misma acción en Córdoba. La movilización en CABA partió de Av. de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso Nacional exigiendo justicia, contra la impunidad policial y denunciando la connivencia judicial y política para encubrir las distintas formas de abuso de las fuerzas represivas del Estado. Los carteles gritaban: "Mi gorra no mata, la tuya sí"; "Justicia x Lucas”; “Basta de gatillo fácil”; "Nunca seré policía"; "Mi ropa no es delito". La acción se desarrolló en el marco del asesinato de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires. El lunes último la familia y allegados del joven llamaron a una movilización a Tribunales https://politicaobrera.com/5976-concentracion-en-tribunales-por-lucas-gonzalez . El caso de Lucas, parte de una serie de casos de abuso policial ocurridos en los últimos días, trascendió fuertemente y se coló dentro de la misma crisis política en curso al calor de la profundización de la miseria social y la bronca que se va a agudizar de la mano del acuerdo con el FMI. Desde Política Obrera nos hicimos presentes para acompañar el reclamo de justicia de los familiares de los jóvenes asesinados por las balas de la policía. Denunciamos que el gobierno nacional, los gobernadores e intendentes son fieles a un hilo histórico de criminalización de la juventud y el pueblo trabajador como parte de una red de la que son parte la institución policial y judicial. Una red al servicio de la represión y el delito organizado que son engranajes fundamentales para que el sistema capitalista pueda seguir perpetuándose. Justicia por Lucas y por todos los jóvenes asesinados por la Policía. Castigo a los responsables materiales y políticos. Basta de gatillo fácil. No es un policía, es toda una institución. El estado es responsable.

El personal de enfermería se ha movilizado en distintos puntos del país, con motivo del Día de la Enfermería que se realizó este año el 24 de noviembre. En la Ciudad de Buenos Aires, se concentraron frente al Congreso en dos horarios, a las 11 y a las 18 horas, distintas delegaciones para realizar acciones. El principal reclamo es el reconocimiento profesional de la carrera. El pase a profesional significaría terminar con la enorme precariedad laboral en la que se encuadra el personal de enfermería bajo el convenio del personal administrativo municipal y su reencuadramiento en el convenio de salud, como el resto de las disciplinas médicas, y su consiguiente mejora salarial. Actualmente, un enfermero del sistema público tiene un salario básico de alrededor de 50 mil pesos. El reconocimiento profesional para enfermería es una urgencia frente a un nivel de explotación laboral intolerable. Las trabajadoras y trabajadores en su gran mayoría son pluri empleo, es decir que trabajan haciendo módulos (horas extras) en doble jornada o en más de una institución. Bajo la pandemia -decreto mediante- han sido privados de sus licencias por la falta de personal. Los salarios bajos son la condición primera para la súper explotación del pluriempleo. Si los salarios crecieran, se achicarían los módulos y se reduciría la necesidad del pluriempleo, lo que obligaría al estado a reforzar la planta de trabajadores con mayor personal. La defensa de este régimen de precarización explica los despidos del personal Covid que ha trabajado de forma precarizada en postas de vacunación y testeo en toda la ciudad. La pandemia llevó al gobierno a permitir cambios de horarios y turnos sin importar que los trabajadores tenían otros trabajos, producto del pluriempleo. Esto ha provocado la suma de ausencias entre trabajadores que deben trabajar en otras dependencias lo que está siendo penalizado por el gobierno con cesantías. En plena campaña electoral, Larreta y Quirós se han paseado por los hospitales colocando placas en ´reconocimiento´ al personal de salud por su desempeño en estos dos años de pandemia. Los trabajadores las han rechazado, con interpelaciones, comunicados y escraches, en muchos de los hospitales. Larreta y Quirós se hacen los otarios. Todo este flagelo previo que se ha visto agravado por la pandemia, se desarrolla con la complicidad de las burocracias de UPCN, ATE y Sutecba, que han convocado a elecciones gremiales en estos meses. Tribuna de Salud Tendencia se movilizó junto a los trabajadores para reclamar un aumento salarial de emergencia del 100%. La defensa de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el pase a pase a profesional de todos los trabajadores, poniendo fin al sistema módulos, pluriempleo, de contratos y monotributos. Mientras negocian el acuerdo para pagar la deuda con el FMI, la lucha de enfermería y del personal de salud prepara el escenario de la rebelión contra el hambre para el 2022.

Este martes 23 de noviembre entre las 7:30 y 8 de la mañana nuevamente un establecimiento escolar fue escenario de un escrache y vituperio hacia las y los docentes. Pero esta vez el “escrache” fue más lejos, pues un grupo de madres y padres ingresó al establecimiento, el jardín 922 de Esteban Echeverría, y golpeo a las maestras y profesores, una de las cuales fue pateada en el suelo y arrastrada de los cabellos salvajemente hacia la puerta de salida, generándole múltiples contusiones. A causa de la golpiza la docente fue hospitalizada, al igual que uno de los profesores. En medio de gritos “¡hay que matarlos!” “¡con los chicos no!” pretendieron desnudarlos y empalarlos. Todo esto ante la presencia de efectivos policiales que intentaron una muy débil intervención. Además de estos hechos gravísimos hicieron destrozos en el jardín y robaron computadoras. El accionar violento de este grupo es acompañado profusamente en las redes sociales por individuos que dan por ciertas las acusaciones, antes de que se abra cualquier tipo de investigación. Lamentablemente nada de esto sorprende; la agresión a docentes se ha convertido en moneda corriente. Se trata de una tendencia promovida desde el propio Estado y los medios de comunicación que colocan al docente como chivo expiatorio de la crisis social y educativa. En los últimos años hemos recibido todo tipo de agravios desde el poder, desde el famoso “trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones” de CFK hasta la furiosa campaña sobre la “esencialidad de la educación” contra las huelgas y movilizaciones de la docencia cuando sale a pelear por sus condiciones laborales. Los ataques provienen sin distinción de ambos lados de la “grieta”. La docencia se ha convertido en una profesión de riesgo. Recientemente la burocracia sindical ha dejado pasar un ataque político a una docente de La Matanza, que bajo la figura de “adoctrinamiento” se pretende colocar como caso testigo que sirva de aleccionamiento para el conjunto de los trabajadores de la educación. La denuncia de abusos Sobre el profesor de educación física y una de las maestras del jardín 922 pesa la acusación de abuso sexual, a partir de dos niños cuyas pericias indicarían que sufrieron abusos. Con el correr de las horas ya fueron presentadas una veintena denuncias. En el día de hoy trascendió que una decena de estas denuncias ya habrían sido desestimadas. Todo el proceso transcurre en el mayor ocultamiento de información. Aún hoy se desconoce si el profesor acusado continúa o no detenido. Siempre que existe una denuncia de este tipo, se abre un proceso judicial y otro administrativo donde los denunciados son separados del cargo preventivamente. Este procedimiento garantiza la continuidad pedagógica del niño, a la vez que permite también el inicio de una investigación para determinar la culpabilidad o no de los acusados. Las estadísticas indican que en la abrumadora mayoría de los casos de abuso que son denunciados en las escuelas públicas, los docentes denunciados resultan absueltos. Por lo general, aunque no siempre, los abusadores se encuentran en el entorno familiar cercano. En este caso, como en todos, reclamamos que se investigue hasta dar con los responsables de los abusos si los hubiere, pero somos enfáticos en que nadie puede ser condenado sin proceso judicial. La presunción de inocencia rige para todos los individuos, incluidos naturalmente los trabajadores de la educación. Recientemente, en septiembre de este año, ha concluido la investigación de otro caso resonante en la zona del año 2019, resultando los docentes acusados absueltos. La denuncias en el jardín 914 de Ezeiza, que dio lugar a escraches y amenazas similares a las que hoy vive el 922 en El Jagüel, habían recibido rápidamente la solidaridad de la docencia de la zona que mediante autoconvocatorias realizó marchas y asambleas, a pesar de que la conducción gremial celeste había optado por desmovilizar, como lo hace habitualmente. Lamentablemente en ese entonces, mediante licencias, retiros anticipados y traslados se desarticuló completamente la planta laboral del Jardín. Las acusaciones en el 914 de Ezeiza en el año 2019 se dio casi en paralelo con otro caso, el del 907 en El Jagüel, donde el jardín sufrió un escrache de un grupo de personas congregadas en torno a una puntera barrial. Defendamos el trabajo docente Los videos que han circulado sobre las golpizas a los docentes del 922 han conmocionado a toda la docencia de la zona, y también a nivel provincial. El paro “distrital” que el FUDB ha circunscripto a Esteban Echeverría encontró eco en el vecino distrito de Ezeiza, donde la adhesión espontánea al paro se ha ido extendiendo durante el transcurso de la jornada, a pesar del carneraje de la lista celeste del Suteba, que a través de sus voceros amenazaban con descuentos a los docentes de Ezeiza que se plegaran a la medida. La asamblea de mil docentes que concentraron hoy miércoles en la puerta de jefatura distrital votó impulsar el paro en toda la provincia. Las seccionales de la Multicolor se han solidarizado y reclamado un paro a Suteba provincia, pero ellas mismas también deberían votar parar. Que la bronca y la impotencia por los maltratos sufridos por nuestros compañeros se extienda por toda la provincia con la huelga general, para poner fin a esta locura de linchar maestros.

El domingo por la madrugada en la localidad de Loma Verde del partido de Escobar, bajo gestión del Frente de Todos, once jóvenes fueron heridos con bala de goma por efectivos de la Policía bonaerense luego de que dicha fuerza represiva irrumpiera en una fiesta en un domicilio particular. La balacera comenzó aproximadamente a las 6 de la mañana como respuesta a una pelea de dos jóvenes en la vereda de la casa donde se desarrollaba la reunión. La policía de Sergio Berni intervino, ante esta situación, a tiro limpio disparando con balas de goma sobre los jóvenes presentes y golpeándolos tanto en el exterior como en el interior de la vivienda. Según la dueña de la casa, madre de uno de los jóvenes, la policía tiró por diversión. Por medio de sus redes sociales los jóvenes compartieron vídeos e imágenes donde se ven las heridas de gravedad que sufrieron y cómo un efectivo de seguridad apuntaba con un arma al cuerpo y la cabeza de los presentes. Como venimos reflejando desde la página de Política Obrera esta situación no es un hecho aislado ni el accionar de efectivos policiales confundidos si no que es una política de Estado que busca criminalizar a la juventud de los barrios, a los pueblos originarios y a los trabajadores que luchamos por tierra para vivir y contra la expoliación y pauperización de nuestras condiciones de existencia. Expoliación que el Estado despliega a favor de las grandes empresas y los organismos financieros. Una política de Estado que deja expuesto como farsa el relato de la grieta y que traza un hilo de continuidad e impunidad entre todos los gobiernos de la democracia tejiendo una red de complicidades y necesidad mutua entre policía, justicia y partidos patronales para seguir reproduciendo el sistema capitalista por medio de sus métodos violentos. La deliberación y organización en los barrios es fundamental para enfrentar esta red de impunidad y violencia estatal que se cobró la vida de Lucas, de Elías y de miles de jóvenes de la clase Obrera.

Rafael Santos, dirigente del Partido Obrero Oficial, fue entrevistado en el programa “TV a comuna” de Brasil (23/11), donde hizo referencia a la situación política en Latinoamérica y puso especial énfasis en los resultados de las últimas elecciones argentinas. Luego de señalar que el FITU obtuvo el 7% a nivel nacional y cuatro diputados”, explicó que el promedio de votación del FITU baja en provincias “más agrarias y más atrasadas”. Hacía alusión a Córdoba, Mendoza y Santa Fe, y convertía a Jujuy en un nuevo polo industrial. Obviamente ignoró la influencia de la abstención en la elevación del porcentual de los votos, ni mencionó que, en 2013, el FIT sin la U obtuvo un millón doscientos mil votos y derrotó al peronismo en forma holgada en la capital de Salta. Valiéndose de un lenguaje impropio, el vocero repentino del PO oficial dice que “No importa la cantidad de los votos sino la calidad de los votos, porque esos votos provienen fundamentalmente de barrios obreros, de barrios plebeyos de la Capital y del gran Buenos Aires”. Esos mismos votos obreros y barriales cotizan más bajo en otro lugar del país. “La elección de concejales del Gran Buenos Aires es muy importante porque la izquierda no pudo sacarlos nunca antes, porque para un diputado se necesita un 3%, para sacar concejales se necesita 10%”. Esto es exactamente así: el promedio de la votación del FIT-U da un avance en el conurbano, y la conquista de concejales le abre una oportunidad de organización que emerge como un desafío. Voto ideológico, “desplazamiento” y socialismo Santos atribuye el crecimiento en el conurbano a un desplazamiento “ideológico” del peronismo a la izquierda. La enorme votación de 2013, cuando el voto al FIT creció cerca de un ciento por ciento respecto a 2011, no había recibido esa caracterización. Un giro de las masas o la vanguardia hacia el socialismo se manifiesta en primer lugar en la organización, porque no se entiende la convicción socialista fuera de ella y de la práctica; sólo más tarde es recogida por el voto. Esto permite entender la serie de retrocesos electorales que se han registrado en los ocho años recientes. El voto sí puede marcar una tendencia al interés por el socialismo y representar una transición en la concepción del mundo por parte de la clase obrera. Para ello es necesario que el beneficiario de ese voto haya hecho una propaganda socialista sistemática, lo que no ha sido, con toda evidencia, el caso. Tampoco la comuna 8 se ha pasado al liberalismo por haber votado por Milei, aunque en este caso hubo una clara propaganda liberal, porque Milei representa, en realidad, un aspecto del fascismo. Santos no hace referencia a los quórums y votos otorgados a los oficialismos de distintos distritos. Comprensiblemente, Santos intenta levantar las acciones del Polo Obrero oficial frente a la hostilidad del PTS, pero no lo puede tocar en una entrevista con brasileños. Los planteos del FITU durante la campaña no pasaron de ‘propuestas’ parlamentarias, desvinculadas de un planteo de poder ( https://politicaobrera.com/5915-el-fitu-reclama-reconocimiento-internacional ). En Política Obrera hemos clarificado esto en muchas ocasiones. Lejos de desmentirnos, Solano acaba de confirmarlo en Inbobae. No se trató de una campaña socialista, sino de una campaña liberal y democratizante. Santos destaca que la prensa nacional habla del surgimiento de una nueva izquierda, la izquierda trotskista, sin percibir que esto sólo demostraría la ignorancia de la prensa en cuestión. Descalifica, de paso, a los representantes del PO y el FIT que están en el parlamento desde hace ocho años, y desde hace veinte en algunas legislaturas (Salta). Lo que la “prensa nacional” destaca en realidad es a una “izquierda edulcorada”, que profesa un comunismo idealizado ( https://politicaobrera.com/5968-el-trotskismo-del-fit-u-revelado-en-infobae ). La clase obrera, otra identidad Para Nahuel Moreno, las masas trabajadoras de Argentina tenían una ideología peronista. Sus seguidores retomaron el ‘concepto’, más de una vez, para hablar de la “identidad peronista”: lo repite ahora Santos, pero con un reparo: eso se terminó, la clase obrera ha perdido su vieja identidad. En el PO histórico se decía otra cosa: que no había que confundir a los obreros ‘peronistas’ que hicieron la huelga general indefinida de 1959, o el Cordobazo, o la huelga general contra Isabelita y López Rega, con esos mismos obreros que se ilusionaron con el retorno de Perón, que fueron arrastrados por Menem y que luego siguieron a los Kirchner. Las diferencias son abismales y tienen que ver con las consecuencias de victorias y derrotas, flujos y reflujos, y la lucha política que entablaron las fuerzas en presencia en cada período histórico, en especial el nefasto papel del partido comunista y, en otro plano, el foquismo. La política identitaria que el FIT-U aplica a cada cosa que se mueve, género, ambientalismo, racismo, indigenismo, Santos la traslada al proletariado. Para Santos, la clase obrera habría cambiado de ‘identidad’ el 14 de noviembre pasado, nada más y nada menos, al votar por Del Caño y Bregman. Durante 2020/1, en lo más intenso de la pandemia hasta ahora, el fituismo sostuvo lo contrario: que la clase obrera había sucumbido bajo “el estado de excepción” decretado por los Fernández. Un Polo Obrero expropiado electoralmente Pero Santos tampoco atribuye el “éxito electoral” del FIT-U al FIT-U sino al Polo Obrero oficial. “El Polo Obrero, dice el exégeta, ya se había convertido en un centro de movilización activa que luego con la militancia en los barrios se trasladó al campo electoral”. El Polo Oficial tiene entonces la paternidad del FIT-U. La distinción es importante, porque el desarrollo de una conciencia de clase tendría lugar en el Polo oficial y “en los barrios”, el FIT-U sería solamente una pantalla. El FIT-U sería, ni más ni menos, que una usurpación del Polo Obrero oficial. Santos justifica de este modo que los dirigentes y activistas del Polo oficial no encabecen las listas del FIT-U, y que sean sustituídos por quienes, en esta versión, serían unos figurones, que tienen a su cargo, sin embargo, transmitir la ‘ideología’ del FIT-U. “...la oposición al ajuste del FMI pasó por el Polo Obrero y las organizaciones piqueteras”, dice Santos sin matices. Esta oposición, prosigue, “obligó en muchos casos (sic) a que el gobierno tuviera que hacer concesiones, otorgar subsidios a los desocupados, abastecer comedores, dar planes de viviendas, toda una serie de medidas que fueron arrancadas por la movilización”. En forma grosera, Santos descalifica esa oposición al ajuste, que no dejó de ser tal y brutal contra jubilados y obreros, y que habilitó Unidades Ejecutoras que formalizan el trabajo precario y recontra mal remunerado de miles de desocupados. La verdadera oposición ejercida por los movimientos piqueteros fue ganar sistemáticamente las calles, y de ese modo exponer el potencial de movilización revolucionaria de las masas, y la necesidad de una dirección política que no sea democratizante ni se confine a la asistencia. En el pasado, ese potencial fue orientado, aunque aun en forma insuficiente, a la derrota completa del régimen De la Rúa-Cavallo. El Polo Obrero oficial tampoco se encuadra, en muchos otros aspectos, en la apología que hace Santos de él ( https://politicaobrera.com/5928-acerca-de-un-relato-sobre-el-movimiento-piquetero ). Y ahora ¿qué? “Este resultado electoral, dice el mentor del FIT-U, plantea para el Frente de Izquierda una responsabilidad muy grande. Habiendo crecido y percibido como tercera fuerza nacional, de si el FITU puede generar la resistencia a este tipo de planes (del FMI) y de cómo intervenir”. Con este planteo hipotético, adjudica al FIT-U la condición de alternativa al peronsimo. Al menos para ilustrar, hace pocas horas Altamira escribió acerca del rol de la huelga general para enfrentar al acuerdo con el FMI o, en su defecto, la crisis correspondiente, y cómo prepararla por medio de una campaña por un Congreso de delegados obreros. FITU: o mais grande do mundo Santos plantea la necesidad de replicar el FITU en Brasil, que posee “la clase obrera más grande de América Latina”. Anuncia la constitución hace pocos días de un “Frente Socialista Revolucionario constituido por el PSTU, el PTR (PTS) y otras organizaciones y grupos de activistas que puede llegar a ser un embrión de ese frente (de izquierda)”. El resto del FIT-U brasileño se encuentra en el PSOL, un partido integrado al estado, que sirve de envoltura electoral para Izquierda Socialista y el MST. Quienes son clasistas independientes en Argentina, lo son menos en Brasil. A pesar de esta realidad Santos explica a sus interlocutores brasileños: “Un frente de independencia de clase”, sin la menor referencia a que deba ser socialista o revolucionario. Cada cual tiene el derecho a hacer el frente que quiera, pero no debería etiquetarlo en forma deficiente. La defensa de manera abstracta la independencia de clase no genera una orientación. Los frentes de independencia de clase no existen, porque eso debe manifestarse en un programa y en una acción, y no hay programas de esas características, como no hay poder de independencia de clase y no hay poder obrero, ni sociedad de independencia de clase, sólo capitalistas o socialistas, con todas sus transiciones particulares. La independencia de clase, aquí, encubre y disimula, no clarifica. En un momento histórico excepcional es necesario evitar el gato por liebre y el pato por gallareta.

El miércoles 24 se desarrolló la asamblea ordinaria de “Memoria y Balance 2020-2021”, presentado por la dirección de Suteba. Por unanimidad se votó su rechazo. El punto siguiente del orden del día fue la conformación de la junta electoral. Para conformar la junta electoral seccional, Gandolfo y su agrupación impusieron un veto a la participación de Tribuna Docente Tendencia, que integra la actual comisión directiva, “por diferencias políticas”. De nuestra parte, propusimos conformar una junta electoral sin ninguna exclusión de corrientes. Gandolfo realizó en 2016 un acto en Bahía Blanca con Roberto Baradel en nombre de la “unidad de acción contra Macri”, pero ahora trae a colación “diferencias” para excluir de una junta electoral a nuestra corriente por el hecho de haber planteado polémicas en el sindicato, especialmente en lo relativo a la presencialidad escolar en pandemia. Nuestras mociones de lucha contra esa presencialidad fueron aprobadas reiteradamente en las asambleas, contra los planteos de Gandolfo y otras agrupaciones de la Multicolor. Parece que la única democracia sindical que admite Gandolfo es aquella donde no se lo cuestione. Su corriente no ha planteado lo mismo, sin embargo, en otros lugares de la provincia en donde comparte la junta electoral con Tribuna Docente Tendencia. Este hecho antidemocrático contó con la complicidad de las agrupaciones del FITU, que se llamaron a silencio. El aparato oficialista del Partido Obrero ha disuelto una trayectoria de delimitación política con la corriente centroizquierdista de Gandolfo, quien se ha caracterizado por imponer vetos sistemáticos a la participación del PO en el sindicato. Finalmente, entendemos que esta exclusión de Gandolfo anticipa una ruptura del frente de agrupaciones Multicolor en la seccional de Bahía Blanca. Antidemocráticos y divisionistas. Nuestra intervención en la asamblea señaló la profundidad de la crisis social política y económica. La miseria que envuelve al conjunto de la docencia, con salarios muy por debajo de la línea de pobreza y con contratos laborales cada vez más precarios. Todo esto luego de dos años de trabajo extenuante, alternando la virtualidad con la modalidad presencial. Denunciamos la severa crisis que atraviesa nuestro sindicato, producto de la dirección burocrática celeste que ha impulsado una política de subordinación total del gremio al gobierno provincial, entrelazando política e institucionalmente al sindicato, con las patronales, el clero y el propio estado. El ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, para lograr un acuerdo con el FMI, cuenta con el total apoyo de Baradel. Frente a este cuadro se impone la necesidad de luchar por un sindicato independiente y de lucha, la convocatoria a plenarios provinciales de delegados y a un congreso obrero, en la perspectiva de preparar una huelga general que tire por la borda al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La asamblea de Memoria y Balance del último miércoles 24, en el distrito de San Isidro, contó con la presencia de unos 100 compañeros. La escasa participación de la docencia fue el resultado de una política de vaciamiento de la dirección del sindicato que en todo este período no llamó a asambleas y a instancias de deliberación para que la docencia tome la palabra. La votación resultó favorable a aprobar la Memoria y Balance de la conducción provincial. El resultado fue 57 votos, contra 26 que recogió la oposición. Luego de dos años de pandemia, con una crisis educativa, social, política y económica que raja las paredes, la Celeste – sabiendo que contaba con los números para aprobar su Memoria y Balance- prefirió no abrir ninguna discusión. Ningún compañero o compañera de la Celeste tomó la palabra. Ni el salario, ni el impacto de la pandemia, ni el caótico funcionamiento de los APV en el distrito, ni el intento de cerrar cursos, ni el problema de conectividad, merecieron siquiera una reflexión. Dos horas ocupó la conducción del Suteba para la lectura de su Memoria y Balance, la presentación de un vídeo y la lectura de su política gremial. Al finalizar, y con los números de su lado desde la votación de la Junta Electoral, simplemente dieron lugar a unos pocos oradores de la Multicolor, que contaron con tres minutos para su intervención. Por parte de la oposición, nuestra Tendencia intervino con tres compañeros que colocaron en la agenda los principales reclamos de la docencia. La crisis educativa (deserción escolar) en la que nos dejó la gestión capitalista del gobierno de la pandemia, la reivindicación de las autoconvocatorias en defensa de la vida contra la presencialidad en pandemia, la necesidad de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, la convocatoria de los actos públicos presenciales, la denuncia del avance de la precarización laboral, y la exigencia del pase a Estatuto con todos los derechos. Marcamos que la dirección del Sindicato no va a resolver ninguno de estos problemas y que la docencia debe preparase para enfrentar el acuerdo con el FMI. Propusimos una Junta Electoral con el conjunto de las agrupaciones de la Multicolor -que encabezamos- para el próximo período electoral. La docencia tiene el desafió de abrir una profunda deliberación en todo el sindicato para defender sus conquistas históricas y cómo construir una dirección independiente del gobierno y las patronales. Esto es lo que se pondrá en juego en el período que se abre y en las próximas elecciones de SUTEBA.

Con la presencia de casi 900 docentes se llevó a cabo en la Escuela Media 20 de San Justo, la asamblea ordinaria de la seccional. Además de votar la Memoria y Balance de la conducción provincial, se realizó la elección de la Junta Electoral para organizar los comicios que se llevarán adelante en los primeros meses del 2022. La lista Celeste presentó el balance y el padrón de afiliados horas antes de la reunión, haciendo imposible controlar debidamente la cantidad de docentes, afiliados reales, que podían ingresar a la asamblea. En la asamblea se desenvolvió un extenso debate sobre la política que adoptó la dirección de Baradel en este último período. Los representantes de la lista Celeste-Violeta, en sus intervenciones, justificaron su apoyo político al gobierno de los Fernández en nombre de “construir un modelo nacional y popular” en oposición a la derecha de Juntos por el Cambio. La gestión “nacional y popular”, sin embargo, efectuó un ajuste brutal a los salarios y a las jubilaciones en plena pandemia, a costa de hacer los “deberes” del ajuste fiscal que pide el FMI para firmar un nuevo acuerdo colonial. La burocracia sindical, que a principios de año prometió paritarias que “le ganen a la inflación”, no pudo reivindicar ninguno de los acuerdos firmados, que dejaron el salario de la docencia por debajo de la línea de la pobreza y obligando a la docencia a trabajar dos y hasta tres cargos para poder llegar a fin de mes. Tampoco reivindicaron la política de la presencialidad “cuidada” que militaron a costa de la salud y la vida de cientos de docentes, por la presencialidad escolar que impulsaron en el peor momento de la pandemia, Kicillof, Larreta y las patronales educativas y el clero. No abrieron la boca sobre el pacto que el gobierno pretende firmar con el FMI porque deberían haber explicado que significará la liquidación de conquistas históricas, como el régimen jubilatorio docente. Las intervenciones de los compañeros de la lista Multicolor se centraron en denunciar la subordinación de la dirección provincial al gobierno. Se marcó el ajuste que produjo el gobierno en materia salarial, en la falta de horas y actos públicos, en el avance de la precarización laboral (Planes ATR, FORTE). Partiendo del informe central de la Sec. Gral., sin embargo, se ignoró por completo uno de los temas centrales de toda esta etapa y sus consecuencias: la presencialidad pandémica. Los oradores del FIT-U no pusieron a consideración de la asamblea su balance de haber militado una presencialidad con “condiciones” y tampoco reivindicaron las huelgas –las únicas del último tiempo- que protagonizó la docencia en defensa de la vida y su salud. Por otro lado, no hubo mención a la ofensiva anti obrera (y cómo debemos enfrentarla los sindicatos) contra la docente LR, acusada de “adoctrinamiento” por el gobierno de Kicillof y por la derecha, por debatir política con sus alumnos en el aula. En general, las intervenciones de las agrupaciones del FIT-U se caracterizaron por la autoproclamación electoral y por exigirle a la burocracia sindical que “rompa” la tregua con el gobierno. La Marrón (PTS) fue a fondo y le planteó a los celestes que no caigan en la “depresión” y se sumen a la luchar con el Frente de Izquierda contra el FMI y contra el pago de la deuda. Por su parte, la AyB (PCR) que integra la Multicolor, planteó que ante cualquier intento de “desestabilización” van a apoyar al Frente de Todos para no “hacerle el juego a la derecha”, adelantando que se van a oponer a luchar en el próximo período. Nuestra Tendencia intervino en la asamblea caracterizando la crisis por la que atraviesa el SUTEBA y la situación catastrófica en la que se encuentran los trabajadores de la educación. Señalamos como responsables a la burocracia sindical por haber avalado el conjunto de las políticas de ajuste del gobierno nacional y porque es necesaria la construcción de una dirección independiente, como condición fundamental para sacar a nuestro sindicato del impasse. Denunciamos la política presencialista de Kicillof en plena pandemia, cuando no había ni un solo vacunado y reivindicamos las huelgas por la suspensión de las clases presenciales. Defendimos el derecho de la docencia a debatir de política en las aulas y señalamos la complicidad de Baradel que no defendió a LR, víctima de una campaña de persecución y amedrentamiento que partió del propio gobierno provincial que impulsó su sanción. Marcamos que el acuerdo con el FMI debía ser enfrentando por una acción histórica de la docencia y del conjunto de los trabajadores. En ese sentido, planteamos que la docencia no debe depositar ninguna expectativa en que Baradel y la burocracia sindical impulsen ninguna lucha contra el Fondo porque apoyan el acuerdo, y centralmente al gobierno que sigue esa hoja de ruta. Por eso propusimos iniciar una campaña por un congreso de trabajadores que ponga en la agenda la preparación de una huelga general para impedir el pacto con el FMI y abrir un camino de independencia política de la clase obrera. Desde este punto de vista llamamos a rechazar la Memoria y Balance de la conducción provincial. A la hora de la votación, la lista Celeste se impuso en los 4 puntos a consideración. La Memoria y Balance obtuvo por el rechazo, 426 votos (Multicolor) y la aceptación (lista Celeste) resultó ganadora con 433 votos. La votación de la Junta Electoral resultó ganadora por 436 votos contra 421, la propuesta por la lista Celeste. Con estos dos puntos centrales ya resueltos, la asamblea se desgranó y por una mayor diferencia fueron aprobadas la política gremial para el 2022 y una serie de modificaciones en el estatuto del SUTEBA que la burocracia ya había hecho votar en su plenario de secretarios generales. Con estos resultados, la burocracia sindical, por segunda vez consecutiva, logra imponerse en la Asamblea Ordinaria (la anterior fue en 2019), en una seccional dirigida por los agrupamientos combativos del sindicato. Para el próximo período manejarán la Junta Electoral. Es necesario impulsar un debate y un balance político-sindical entre los activistas y con la docencia en general, para preparar desde ahora la defensa de la principal seccional de SUTEBA.

El Congreso se presta a tratar en las próximas sesiones un proyecto -ya aprobado en comisión- llamado “ley de envases con inclusión social”. Por un lado, “establece la creación de una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida (TAREP), para todos los productos cuyos envases estén comprendidos en el proyecto.” (La Nación, 19/11), de “hasta el 3% del precio mayorista” (ídem). La alternativa sería “el “compromiso a reciclar sus propios envases” (Clarín, 19/11). El gobierno no cuenta aún con la mayoría necesaria para elevar el proyecto al Senado, y lo más probable es que no ingrese al recinto. En Argentina, el tratamiento de las miles de toneladas de basura es altamente contaminante. Simplemente se "deposita" la mitad en basurales a cielo abierto -unos 5 mil- y la otra parte la gestiona el CEAMSE, que ha establecido una cantidad de "complejos" en la provincia de Buenos Aires, rodeados de barrios de trabajadores. Los conflictos entre distintas localidades por la "administración" de la basura han sido acompañados por movimientos de lucha contra estos depósitos infecciosos. En 2006 se produjo el “catanazo”, un levantamiento popular de los vecinos matanceros contra una de las sedes del CEAMSE. El proceso de reciclaje apenas comprende el 10% de la basura producida. Por añadidura, durante 2020 se importaron más de 90 mil toneladas de residuos (Página 12, 20/11). Argentina se ha convertido en el basural de todo un conjunto de países. La industria plástica apoya el proyecto, que prevé el establecimiento de un multimillonario fideicomiso para el reciclaje. Rechazos La mayoría de las asociaciones empresariales se ha pronunciado contra el proyecto, al cual denuncia, en cualquiera de sus variantes, como inflacionario. El gravamen se aplica sobre el producto integral: envase y contenido. La Copal (productos alimenticios). Algunas cámaras denuncian que “el efecto cascada añadiría hasta 6 puntos de inflación” anual (La Nación). Para el gobierno, el alcance de la tasa no superaría el 0,8 (ídem). Quienes pagarían esa "inflación" son los consumidores finales de estos productos. La disputa entre si el gravamen es una tasa o un impuesto es ociosa, porque en el primer caso aumentaría el costo de producción y por lo tanto el precio en función de la capacidad de entendimiento entre los monopolios y, en el segundo caso, operaría como cualquier impuesto al consumo. "Economía circular" El propósito de hacer frente a la "sobreproducción" de basura, sigue una lógica capitalista: paga el consumidor para impulsar otro negocio, el del reciclaje. En todo el mundo capitalista, las leyes ambientales son financiadas por el pueblo. De un lado, por medio de mayores impuestos; por el otro, por los subsidios que el estado ofrece a la “energía limpia”. El proyecto del gobierno no se aparta un milímetro de la "socialización" de los costos ambientales. Leonardo Grosso, gestor del proyecto, ha declarado que “la experiencia (sic) cartonera vino a aportar una gran solución a la falta de empleo y a la gestión de residuos, este proyecto dignifica a los trabajadores de la economía popular, impulsando la economía circular” (Perfil 20/11). La "economía circular" es el último invento de los economistas profesionales para justificar la reconversión del ambiente mediante la expropiación de los ingresos del trabajo. El funcionarato de los “movimientos sociales” suscribe por completo los lineamientos de grandes bancos y corporaciones que incentivan la llamada "economía circular". Un informe favorable de la ONU sugiere que “la transición a una economía circular podría generar un beneficio económico neto de 1,8 billones de euros para Europa (sic) en 2030”. Finalmente “desde 2016, se ha multiplicado por diez el número de fondos privados vinculados a inversiones relacionadas con la economía circular, y solo en 2020, los activos se multiplicaron por catorce”. Macri impulsó, en 2003, la privatización completa de la recolección de residuos. La realización de esta tarea por un ejército de cartoneros tuvo lugar sin ningún derecho laboral y en condiciones extremadamente precarias. Juan Grabois pretende reclutar este ejército para sus Unidades Ejecutoras, que pagan el diez por ciento de una canasta familiar. El proyecto oficialista prevé un monto de recaudación, pero no dice nada sobre las condiciones de trabajo y los salarios. Tampoco se compromete a un esquema de transformación de los depósitos, que naturalmente debería iniciar con el cierre del CEAMSE y de todos los basurales a cielo abierto. La discusión sobre la basura es un eje fundamental del esquema social, en especial bajo la presión de la pandemia actual y las futuras. En lugar de la "economía circular", mayores impuestos al consumo y la conversión de Argentina en "basurero del mundo", sería positivo que las organizaciones sociales piqueteras discutan su propio proyecto y lo lancen como reivindicación política-social.

A tres días del asesinato de Elías Garay, y de que Gonzalo Cabrera resultara gravemente herido tras recibir dos disparos de bala en la lof Quemquetreu, en Cuesta del Ternero, Radio Nacional El Bolsón realizó una entrevista a distintos miembros de la comunidad mapuche que estuvieron presentes en el momento del crimen y en las horas posteriores. El resultado de este trabajo circuló en un audio de casi 10 minutos. En el mismo, miembros de la comunidad denuncian la complicidad entre los terratenientes de la zona, la policía, la justicia y el gobierno de Río Negro. "Les voy a hablar sobre lo sucedido el domingo 21 de noviembre el día del asesinato del wuaichafe Elías Garay, fui una de las personas presentes y ante tanta información tergiversada vimos la necesidad de aclarar lo que está sucediendo. Ese día, alrededor de las 15 horas, escuchamos un dron que andaba por encima de las carpas. Nos reunimos donde siempre estamos para ver qué podíamos hacer. El dron se va y en eso aparecen dos personas en el camino, vestidas de civil y ahí los lamien (...) salen a quererlos parar y las lamiens fuimos atrás también. Les piden que paren. Ellos no pararon, se dieron vuelta y siguieron caminando. Entraron por los caminos del bosque diciendo que se habían perdido, que andaban cazando, lo cual nosotros nos dimos cuenta enseguida que eso era mentira, que ellos no estaban cazando, que no hay animales para cazar en el territorio y que se tenían que ir. Ahí se acercan el lamien Elías y al lamien Gonzalo y de un momento para el otro les disparan a los dos. A Elías le dieron un disparo en los pulmones, no en la cabeza. En la cabeza él se golpeó cuando se cae. Y al lamien Gonzalo en el pecho y en la boca del estómago. Fue un momento en donde todo pasó muy rápido. Fuimos a buscar a los otros lamien que todavía no llegaban, que también estaban en el territorio. Buscamos agua para poder limpiarle las heridas y ver dónde les habían disparado. El hermano Elías cayó, buscamos sus heridas y pudimos ver que habían sido abajo de las axilas. Gonzalo estaba muy dolorido pero aún estaba firme. Digamos, estaba parado. Elías se nos fue en dos minutos. Con el lamien intentamos reanimarlo, lo intentamos mover y cuando lo fueron a levantar ahí dio su último suspiro. Estaba su compañera al lado. Estaba yo también acompañándola. No dejaban pasar a nadie. Cortaron todos los caminos como ya estamos sitiados hace dos meses. Pudimos contactarnos con unos lamien que estaban abajo para que subieran. Pasaron casi por encima de la misma policía porque no los iban a dejar pasar si había que hacer todas las cosas como ellos pretenden que se hagan. Esperar que los dejen pasar, digamos. Hasta que lograron llegar, llamar a una ambulancia y entonces llevar a Gonzalo que seguía vivo. Elías quedó ahí con nosotras. Eso pasó a la tarde, a las 15/16 hs, No fue nadie hasta las 12 de la noche. Estuvimos ahí con el cuerpo del lamien. En realidad estuvimos 24 hs con el cuerpo del lamien. Llegó una doctora de Criminalística recién a las 12 de la noche para constatar el cuerpo y cómo habían sido las heridas. Ahí pudo subir una lamien con ellos y pudimos saber sobre nuestro lamien que estaba internado, porque no teníamos comunicación, entonces no sabíamos cómo estaba. Fue un momento horrible. Fue un momento de tortura porque no sólo se llevaron a un lamien e hirieron a otro, si no que a nosotros todos nos lastimaron de forma psicológica cortando todas las entradas para que la gente no pudiera llegar en nuestro auxilio. Estuvimos acompañando el cuerpo del lamien toda la noche al lado de él porque no lo íbamos a dejar solo. Estuvimos acompañado al Lamien y acompañándonos entre nosotros. Al otro día pudo llegar la abogada con alguien de la APNDH para ver cómo podíamos hacer. Se pudieron poner algunas pautas para que se hable con el fiscal en la audiencia. Como se sabe, Rocco no se presentó, ni él ni su abogado, pero pudieron sacar al COER. Igual fue casi lo mismo mismo porque se fue el COER pero está la policía de Río Negro que dejaron el paso para que entraran al pu al lamien al momento de hacer el lgun, el pichi lgun. Pero después de que toda la gente se fue, después de que pudieron sacar el cuerpo del lamien en la camioneta forense volvieron a cortar el paso. Quedó gente abajo con los pichis y las madres de los pichis quedaron arriba. No los dejaron pasar de nuevo. Así estamos hasta hoy todavía porque no hay ninguna orden todavía. Supuestamente es la orden del jefe de Policía pero tampoco tiene ninguna orden en ningún papel. Se están manejando como quieren: no entendemos en realidad como es la forma en que se están manejando. Sabemos por charlas que hemos tenido con los vecinos de la Cuesta del Ternero -igual que este tipo Rocco- que les dijo a ellos mismos, comentando, que si tenía que pagar a matones, a sicarios, para venir y lastimar a nuestra gente y sacarlos, sacar a la lof (...), él lo iba a hacer porque lo puede hacer porque tiene plata. Ese mismo día -días anteriores a que pase todo esto- los lamien vieron a esta misma gente que nosotros encontramos acá en el territorio -los mismos que mataron al lamien Elías- hablando con la policía del COER y ellos mismos les dieron el paso porque si no dejaban pasar a nadie ¿cómo fue que lo hicieron estas dos personas a cazar animales si supuestamente no puede entrar nadie? También sabemos que la esposa de Rocco estuvo amenazando a la gente de la Cuesta para que firmen un papel de desalojo de la lof. Como sabemos, esta gente se maneja impunemente. En estos mismos momentos siguen ejerciendo una violencia psicológica hacia nosotros porque volvieron a cortar el camino, No dejan pasar a nadie y nosotros estamos acá todavía de duelo, tratando de procesar lo que pasó, todo lo que nos pasó. Estamos de nuevo en peligro porque pueden volver a subir en cualquier momento si la Policía es la que da el permiso de quien sube y quién no. Denunciamos a Rocco, al COER y al gobierno de Río Negro por el asesinato del lamien waichafe Elías Garay (...). Sabemos que en la Cuesta del Ternero están acostumbrados a manejarse de forma mafiosa, de matar impunemente, como hicieron con nuestra papai Lucinda (...) porque a ella también la mataron y todo quedó en silencio y todo pasó en el silencio de la noche. Nosotros no somos terroristas como están diciendo porque los terroristas portan armas. Nosotros no tenemos armas. Los que portan armas son la Policía, las Fuerzas Armadas. Nosotros sólo tenemos piedras y gomeras. No pueden decir que nosotros somos terroristas porque no matamos a nadie. Ellos si nos arrebataron a un waichafe. Los denunciamos por haber asesinado a nuestro waichafe y por tener a otro waichafe internado que está poniendo todo su newen para poder seguir con su vida, poder seguir en vida. Ahora están repitiendo lo mismo que hicieron con la papai Lucinda (...). Repitieron la misma situación con el Lamien Elías. Después de las elecciones, le dijo la policía del COER a un lamien que seguía en el acampe que ahora esto se iba a poner bueno. También el día lunes, cuando estaban dejando pasar a la gente mapuche para el territorio, les decían que en esta nosotros habíamos ganado pero que ellos nos habían matado a uno. Esas fueron las declaraciones de una lamien que justo pasaba por ahí y los escuchó también. Otra cosa para agregar es que, antes de que se realizara el lgun, iba a entrar la gente de Criminalística para inspeccionar el lugar con el fiscal pero no quisieron pasar después diciendo que ya había pasado mucho tiempo y que las pruebas no iban a ser suficientes por todo el tiempo que había pasado cuando ellos mismo empezaron a demorar para no subir al lugar y hacer todo en el momento que tenían que hacerlo. Eso para que después a nosotros nos juegue en contra y le juegue en contra a la justicia por el lamien que ellos mismo mataron. Nunca vinieron a buscar el cuerpo ni a hacer las pericias que tenían que hacer para ver si podían encontrar a las personas responsables del asesinato. Por todo lo que está sucediendo, por todo lo que estamos pasando y por la muerte de nuestro lamien, denunciamos a Rocco, al COER y al gobierno de Río Negro entero -Calcaño, Carrera y Zenon- por todo lo que está sucediendo y por la muerte de este lamien también. Como saludo a todos los lamien, a todos los buenun que se están movilizando, que se sigan movilizando, que se sigan levantando, que sigan acompañando. Que esto uno no lo hace porque tiene ganas de sentarse acá, de tomar un lugar, porque no es una toma como dicen todos los medios, si no que estamos recuperando territorio que les fue arrebatado a nuestros ancestros. Un pedido y un llamado a la reflexión también: no tenemos por qué seguir con la vida winka si no estamos de acuerdo, porque nosotros tenemos nuestra forma de vida igual.

A horas de cumplirse cuatro años del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura, ocurrido el 25 de noviembre del 2017, el domingo 21 fue asesinado Elías Garay, un joven mapuche de 29 años, y otro, Gonzalo Cabrera, se encuentra internado en grave estado. Ambos fueron atacados en Cuesta del Ternero por desconocidos que se encontraban “de caza” y fusilados a corta distancia. Hasta ahora, se pudo determinar que el crimen fue cometido por dos individuos de civil que entraron al territorio recuperado por la Lof Quemquemtrew. El lugar se encontraba sitiado por fuerzas de seguridad, COER, Gendarmería y policía provincial. Es un enigma cómo pudieron traspasar los retenes, que fueron eficaces para impedir, durante 56 días, el ingreso de comida y abrigo a la comunidad. La familia de Cabrera y las organizaciones de derechos humanos reclaman garantías de seguridad para Gonzalo, testigo clave de los hechos. Luego de la masacre, hubo protestas en Bariloche, en el Valle, en Trelew; y en El Bolsón hubo manifestaciones que reclamaron cárcel a los asesinos y dieron el apoyo a los pueblos originarios que enfrentan poderosos intereses capitalistas, tanto inmobiliarios como mineros y energéticos, amparados por el Estado. El gobierno ha delegado en Aníbal Fernández la coordinación represiva en la Patagonia con el gobierno chileno. La comunidad mapuche apunta a los hermanos Rocco -específicamente a Rolando Rocco- amparados por funcionarios políticos y judiciales de distintas jurisdicciones (el extremo sur de la Patagonia). El estado le concedió por 90 años los territorios de la Lof Quemquemtrew, además de condonaciones de deuda y toda clase de subsidios y apoyos económicos. El choque entre esos intereses empresariales y las comunidades originarias es brutal. El ex senador Miguel Pichetto, promotor del Foro Consenso Bariloche, es instigador de esta campaña antimapuche y defensor de los Lewis, Rocco y compañía. Por su parte, el intendente Bruno Pogliano denuncia a la Gendarmería, que responde al gobierno nacional, por haber liberado la zona durante la noche del domingo, cuando una horda de gauchos nacionalistas, alcoholizados, a caballo, atacaron, con rebenques, palos y cuchillos, a la población que hacía una vigilia en el hospital de ElBolsón donde estaba internado Cabrera. De esa barbarie, Pogliano -quien fuera contador del magnate Joe Lewis- se desresponsabiliza y acusa al gobierno nacional. Aníbal Fernández niega haber retirado a Gendarmería. La Cámara de Turismo de El Bolsón y la de Bariloche presionan por “más seguridad”: léase represión. Los trabajadores debemos movilizarnos en defensa de los pueblos originarios frente a la depredación capitalista. Llamamos a la unidad para enfrentar la represión con la movilización. Organicemos un Congreso Obrero donde todos estos protagonistas resolvamos otro destino para las mayorías explotadas.

Los cientólogos políticos no dejan pasar ocasión para recordarle a todo el mundo que el derecho a la no injerencia en los asuntos internos de otros países ha sido abolido. Una pena para la tradición diplomática de Argentina -en 1902, el canciller conservador Luis María Drago, sentó la doctrina que condenó el intento de Gran Bretaña de cobrar por medio de un bloqueo naval la deuda de Venezuela; en 1935, otro canciller conservador, Carlos Saavedra Lamas, consiguió la adhesión de una treintena de países para la doctrina que condenaba las guerras de agresión por conflictos territoriales, pero que tenía el propósito de frenar la intervención de Estados Unidos en la Guerra del Chaco, para que Esso se pudiera apropiar de las tierras en disputa con la Shell, que era apoyada por Argentina y Paraguay. Como sea, la doctrina de que la defensa de los derechos humanos no tienen frontera ha sido usada en las últimas décadas para declarar el fin del derecho de no injerencia. De este modo, es suficiente presentar en la ONU evidencias de que los derechos humanos no se respetan en tal o cual lugar, para justificar una intervención armada que, por regla general, tienen el propósito de arrebatar las riquezas de naciones ajenas. Es lo que ha venido ocurriendo en Medio Oriente, sin provocar inquietud alguna en el estado sionista, que se caracteriza por violaciones en masa de derechos humanos. No se ha escuchado ninguna protesta, ni se ha presentado ninguna resolución en la ONU, para condenar la violación a los derechos humanos, por ejemplo por parte de Trump, por la policía de Estados Unidos e incluso por el Poder Judicial, como ocurrió hace una semana en Kenshosa, donde fue absuelto del asesinato de dos manifestantes un supremacista blanco. Pues bien, los derechohumanistas se han bajado del caballo para atacar a Rafael Bielsa, embajador de Argentina en Santiago, primero por defender al pueblo mapuche, “mil veces masacrado”, y por atacar, ahora, a José Antonio Kast, un nazi con ficha completa, el candidato que ganó la posibilidad de participar en el balotaje presidencial en Chile, el próximo 19 de diciembre. ¿Qué le reprochan a Bielsa? ¡Injerencia en los asuntos internos de Chile! Alberto Fernández, por un lado, y Gabriel Boric, el ‘challenger’ de la izquierda de Chile, por el otro, no dudaron en sumarse, sin exageraciones, al coro no injerencista. Aníbal Fernández, de su lado, se reunió con su contraparte trasandina, para coordinar la continua violación de los derechos mapuches. El crimen de Bielsa fue aplicar la doctrina derechohumanista, o sea el garantismo que esgrimen los cientólogos políticos, contra el peligro internacional que representa el nazi, para lo cual desconoció el principio de no injerencia. Boric, impetuoso en sus 35 años de edad, señaló que las diferencias con Kast deben saldarse por medio de “la conversación”, convirtiéndose en un peligro tan grande como Kast, aunque de otra naturaleza. Hagamos votos para que Boric se radicalice cuando se convierta en ‘adulto mayor’. Lamentablemente, en una sociedad regida por la explotación, la deshumanización y la barbarie, los derechos humanos de unos ‘terminan donde empiezan los derechos humanos de otros’, como les gusta decir a los chetos. El derecho humano a la libertad contra cualquier forma de explotación, se cancela ante el derecho humano a la propiedad privada, consagrada como derecho fundamental. Esta realidad cotidiana – el derecho a la comida de la mayoría termina donde prevalece el derecho al banquete de la minoría -, se vio durante la pandemia, que dejó, según The Economist, 19 millones (no 5) de fallecidos. ¿Se puede jugar a la conversación con el fascismo, nada menos que en el país de Pinochet? Es lo que creía Salvador Allende, quien lo había designado ministro de Guerra poco antes del golpe militar.

Con el título “el martes finaliza el mandato de Claudio Del Plá en diputados”, el aparato usurpador pretende disimular un hecho de mayor jerarquía – que el PO ha perdido el protagonismo parlamentario en Salta, cuando se cumplen veinte años exactos del ingreso de Pablo López a la Legislatura. Ha debido ceder, en las elecciones nacionales, el primer lugar de la lista al MST, para recoger, entre cuatro siglas reunidas, un puñado de votos. En el balance, Del Pla enumera los proyectos que presentó al recinto, sin referirse para nada a la contribución de su banca al desarrollo de la conciencia de clase y la organización de los trabajadores. El balance se define a sí mismo por el método de ese balance. Hasta último momento, Del Plá creyó que podría renovar la banca por el conocimiento público de su figura, del mismo modo que el aparato nacional atribuye el éxito de Del Caño y Bregman a su protagonismo televisivo. Deja de lado que la banca, que cierto momento fue una bancada de cinco diputados y diputadas fue conquistada por la masa de militantes de la regional que él, junto al aparato del PO, expulsaron sumariamente. Del Pla ingresó a la Legislatura como un gran activista docente, y junto con López por su lucha en la pueblada de General Mosconi del 2000, y ahora se va como burócrata legislativo y liquidador de su propia organización, el Partido Obrero. En los años de acción parlamentaria, las bancadas del PO salteño, tanto en los concejos deliberantes como en la legislatura provincial, se han utilizado como una herramienta de las diferentes luchas de sectores de trabajadores, pero sobre todo para denunciar el carácter clasista del régimen político salteño. Del Pla no puede integrar este método de acción parlamentaria en su balance, porque enseguida sería denunciado por el aparato como un ‘infiltrado’ de Altamira. Los miembros del PO que hoy integramos Política Obrera éramos una holgada mayoría, mucho antes de las expulsiones sumarias del aparato. Nuestro rol en las luchas de los trabajadores tuvo siempre el propósito de reforzar su organización y conciencia de clase, no para alimentar, desde afuera de ellas, las ilusiones en un parlamento reaccionario y hostil a los intereses de los trabajadores. Los primeros años de nuestra actividad parlamentaria han estado signados por la intervención directa de los tribunos obreros en el parlamento. Un ejemplo claro de ello ha sido la intervención con los trabajadores precarizados de la salud que pertenecían a la fundación del sindicalista y diputado, Abel Ramos. Con esos trabajadores dimos fuertes luchas por el pase a planta permanente logrando el objetivo para un importante sector e incluso parte de ellos se incorporaron a la lucha política en el partido en ese momento. En estos últimos años, la militancia que adhiere a la Tendencia ha dado una fuerte batalla contra un giro democratizante, como fue la posición por la ley Micaela, a la cual Del Plá pretendía, correctamente, oponerse por medio de la abstención. En este último tramo de su actividad parlamentaria, Del Pla ha presentado una batería de proyectos disociados de los reclamos genuinos de los trabajadores. Del Pla y compañía dicen ‘volveremos’, tomando como referencia los resultados de las elecciones nacionales. Es la versión salteña de “perdimos pero ganamos”. Se apropia del resultado del FITU entero, sin reparar que sus socios sueñan como él; o esperan un ‘efecto Bregman’ o ‘efecto Vilca’ en la provincia. De nuevo, un método; de nuevo, el carrerismo, de nuevo, “una filosofía de aparato” (Altamira dixit, 2016). Del Plá hace referencia a los resultados nacionales, no al retroceso en la provincia, donde ha caído en casi todos los departamentos, sobre todo en los más importantes como Capital, San Martín y Orán, luego de perder la interna del FITU, en alianza con el PTS, frente al MST. Los militantes de Política Obrera, tendencia del Partido Obrero, seguiremos batallando por reconstruir la tradición histórica del Partido Obrero de Salta ante los trabajadores. Después de todo, hemos sacado más votos que cada miembro del FITU por separado.

Luego de realizarse las asambleas ordinarias del Suteba, tuvo lugar el congreso provincial ordinario del Suteba en donde la conducción celeste recogió una mayoría de votos a favor de su balance, memoria y política gremial. Como siempre, una mayoría de las asambleas conducidas por la celeste tiene prohibido el debate entre sus asistentes. Esta ruta, sin embargo, fue lo que apenas se colocó en debate en reemplazo de un sistemático autobombo y provocaciones permanentes sobre delegados de la Multicolor cuando estos tomaron la palabra. En efecto, se evitó a toda costa poner a consideración del congreso el próximo acuerdo con el FMI y sus alcances antiobreros. Baradel, Yasky y Alesso vienen de adherir al reciente acto de la CGT que se pronunció a favor de este acuerdo. El congreso del SUTEBA le dio las espaldas a lo que pretende ser un masazo en toda línea para la clase obrera. Para una conducción que se encuentra integrada al gobierno, la defensa de este fue más que modesta. Señaló que el gobierno FF es “un gobierno diferente" y citó como ejemplo la convocatoria a paritaria hecha por kicillof y no así el acuerdo salarial firmado, que reforzó la pérdida de poder adquisitivo ante una inflación galopante. Afirmó que no existía tal cosa como la precarización docente -a pesar de la proliferación de contratos por fuera del estatuto como fines, atr, forte- y que hubo una mejora en la infraestructura escolar. Ante estos dislates, la barra que aplaudió a Baradel durante todo el congreso mantuvo un fulminante silencio. La presencialidad escolar en pandemia que disparó la segunda ola estuvo directamente fuera del radar del congreso. Si hubiera una nueva ola de Covid tendremos un refrito de la administración de contagios y muertes que significaron los “semáforos” a la presencialidad durante el 2021. La Multicolor destacó las victorias de su política gremial y de sus listas en varias seccionales, incluida Bahía Blanca donde se sumó al ‘presencialista’ Gandolfo. Pidió un "plan de acción" ante el acuerdo con el FMI. El PTS invitó a la celeste a la movilización del FITU del 11 de diciembre próximo, violando la declaración que convoca a aquellos que estén de acuerdo con su contenido. En definitiva, el ‘contenido’ es un colador por donde pueden pasar los preferidos por el PTS. El llamado a marchar contra el FMI no debería tener condicionales. Los delegados congresales de Tribuna Docente (tendencia) denunciamos a la conducción provincial Celeste que está apoyando el acuerdo con el FMI, y señalamos que es necesario preparar la huelga general mediante la agitación y medidas de lucha. Reivindicamos en las asambleas las huelgas votadas por la docencia en defensa de la salud y la vida en la pandemia. Durante la jornada, la burocracia presentó la conformación de nuevas seccionales del SUTEBA en la provincia y una reforma exprés del estatuto del Suteba que, esencialmente, amplia los cargos directivos de cada seccional. Se trata de un reforzamiento del aparato de la burocracia en vísperas de las elecciones en 2022. Los delegados multicolores rechazamos esta reforma que además no fue debatida por ningún docente.

A 15 años de la sanción de la Ley de ESI, todavía no se aplica en instituciones, regiones y provincias enteras del país por los obstáculos y resistencias de cuño clerical. Desde hace años que vemos una disminución del presupuesto educativo, -el presupuesto 2022 supone una rebaja del 6,2% en educación con respecto al 2021-, y un consecuente vaciamiento y degradación educativa. Actualmente, la oferta de formación docente en ESI en servicio es inexistente, mientras que la gratuita es sumamente exigua y se concentra en el posgrado. Esto permite, en los hechos, la proliferación de cursos privados y pagos, de calidad irregular. En cuanto a la oferta gratuita, contamos con la especialización del Joaquín V. González, con 2.000 aspirantes para 200 vacantes en cada inscripción. Escuela de Maestros en CABA ofrece un postítulo y, al igual que el INFoD, provee otros cursos cortos cuyas vacantes se agotan enseguida y están siendo reemplazados por modalidades virtuales o bimodales, de menor profundidad. Se llega incluso a festejar la masividad que permiten los cursos virtuales “autoasistidos”, estandarizados y “enlatados”, similares a los que se están implementando en el marco de la Ley Micaela, pero difícilmente un docente o funcionario público logre aprender algo valioso o incluso modificar actitudes machistas a través de un curso cuyo trabajo final consiste en repetir información memorística que circula por internet. En cuanto a la oferta paga, a los cursos que brindan institutos privados y algunos sindicatos (varios de los cuales se dedican casi exclusivamente a la venta de cursos para obtener mucho puntaje en poco tiempo), se suman las diplomaturas pagas de universidades nacionales como la UBA, la UNSAM, la UNTREF o la UNAJ, impulsadas por académicas feministas como Dora Barrancos y Graciela Morgade, ambas con posiciones en el gobierno nacional actual. La diplomatura “militante” de la UBA Nos detendremos especialmente en la diplomatura en ESI de la UBA. Si bien varios profesorados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han incorporado al menos una materia de ESI, no es el caso de los profesorados de la UBA, donde su ausencia casi total es flagrante. Graciela Morgade, quien se presenta a sí misma como una gran impulsora de la ley de ESI y que fue decana durante seis años de la Facultad de Filosofía y Letras, no ha sido capaz de incorporarla en las carreras de grado, sino que, por el contrario, coordina la diplomatura paga. Es decir, un avance en la privatización de la educación universitaria a través del pasaje de materias del grado a posgrados arancelados. Ignorando las largas tradiciones internacionales de lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades, la bibliografía decide partir del debate en nuestro país, que llevó a la sanción de la Ley Nº 26.150 de ESI en 2006 y justifica la incorporación del artículo 5 en términos “tácticos”, de “construcción de consensos”. El artículo establece que cada comunidad educativa puede adaptar la propuesta a su ideario institucional: se trata de la llave que ha permitido que la ESI aún no se aplique efectivamente en numerosas instituciones educativas, principalmente privadas y confesionales. En su momento, las socialistas argumentamos en contra de la figura de “ideario institucional” y advertimos que después de la sanción de la ley sería necesaria la organización y movilización constante del movimiento de mujeres y diversidades para asegurar su aplicación. Algo similar ocurrió con la ley del aborto legal y la “objeción de conciencia”. La diplomatura avanza un paso más en la lavada de cara a la responsabilidad del Estado al convocar a personajes como Cecilia “Chachi” Velázquez, ministra de Educación de la provincia de Santa Cruz, responsable de los salarios de miseria de la docencia santacruceña que en 2017 respondieron con una huelga de 100 días, o Cristina Echegoyen, Secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad de SUTEBA, militante de la burocracia de la Celeste, quienes en lugar de organizar a la docencia para reclamarle al Estado el presupuesto necesario para educación, descargan la responsabilidad de aplicar la ESI en los docentes que "no quieren interiorizarse en la perspectiva integral", cuando la demanda de formación es testimonio de que ganas no faltan. Es necesaria la unión docente estudiantil para reclamarle al Estado la aplicación plena de la ESI desde una perspectiva laica y científica. Esto implica la formación masiva, gratuita y en servicio de docentes, para que no dependa de la voluntad individual de cada docente ni de la cantidad de tiempo libre con el que cuente, cada vez más escaso ya que debemos trabajar cada vez más para tener un salario que supere la canasta de pobreza.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales ha empujado a toda la política chilena a una semana de realineamientos y definiciones. La crisis que dejó las primarias tiene dos aspectos fundamentales. Primero, ninguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta eran los candidatos oficiales de las grandes fuerzas políticas y económicas chilenas. Aún con la reacción positiva de los mercados el día después del triunfo de Kast, el verdadero candidato del oficialismo y del capital financiero era Sebastián Sichel, quién quedó cuarto en la primera vuelta. Kast no era el preferido de la derecha no por falta de simpatía, sino porque temían y temen que un presidente fascista provoque una respuesta en las calles de las masas movilizadas de la rebelión - y así lo señalaron grupos como la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Ahora, con el triunfo de Kast (el defensor por excelencia del régimen pinochetista), la derecha no tolera su propio triunfo. Está obligada a apoyar a un candidato que no es el suyo, y Kast está obligado a incorporar al resto de la derecha a su campaña si quiere ganarle a Boric. Y es lo que ha pasado. Ya presentaron su apoyo a Kast los principales partidos de la coalición oficial Chile Podemos+, es decir, la Unión Democrática Independiente (UDI); el Partido Regionalista Independiente (PRI); el partido de Piñera, Renovación Nacional (RN); y el partido Evópoli, el más centrista de la coalición. Este advirtió que no le interesa integrar un gobierno de coalición de derechas También Sichel le brindó su apoyo, y su ex asesor económico se sumó al Comando de Campaña de Kast. Otro que se integró al Comando en estos días fue Sebastián Claro, ex presidente del Banco Central. Ambos llegan para moderar las propuestas tributarias de Kast. Claro enfatizó que para ‘reducir los impuestos hasta donde quiere Kast, primero hay que estabilizar las cuentas fiscales’. Aunque la suma de votos de la derecha en primera vuelta es mayor que la de los aliados potenciales o eventuales de Kast del domingo pasado, el resultado del balotaje sigue incierto. El apoyo de la ex candidata del partido Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, fue seguido de posiciones diferentes. Los apoyos luego el Partido Socialista; de José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA; Ricardo Lagos Escobar, ex presidente de Chile; y la fundación de Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano, expresan la posición de un espectro amplio del ‘establishment’ chileno al candidato que apoya el partido comunista. Han hecho público el apoyo a Boric la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo; y el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. El apoyo más significativo a la campaña de Boric llegó de la mano de la presidenta del Colegio Médico (COMED), Izkia Siches, quien dejó su cargo en COLMED para asumir la dirección del Comando de Campaña del presidenciable. Siches es uno de los personajes mejor evaluados en las encuestas por su rol durante la pandemia y sus críticas a la gestión de Piñera en torno a salud. Luego de la primera vuelta, Boric negó la posibilidad de incluir en su futuro posible gobierno al ex presidenciable del PC, Daniel Jadue (a quién le ganó en la interna en la coalición Apruebo Dignidad). Y la tensión entre el PC y el Frente Amplio tuvo un nuevo episodio este viernes cuando Jadue cometió la torpeza de atacar al electorado liberal de Parisi. Boric, que busca los votos de Parisi para la segunda vuelta, salió rápidamente a repudiar a su compañero de coalición. Quien sea que gane, no tendrá una base parlamentaria propia en el Congreso. Tanto el Partido Republicano (PR) de Kast como el Frente Amplio de Boric serán minorías en ambas cámaras. A ello debe sumarse, que Kast acaba de perder al diputado recién electo, Johannes Kaiser, quién renunció al PR luego de ser repudiado por dichos misóginos contra el derecho a voto de las mujeres en Chile. Es frecuente, en todo el mundo, hablar de una polarización política, que no existe. La fragmentación político-electoral que no tiene como contrapartida la concentración de fuerzas en dos polos con apoyos activos en la sociedad, no debe confundirse con polarización. El cuadro es de impasse. Es necesario distinguir, incluso, una polarización revolucionaria de otra contrarrevolucionaria. La primera es la de Rusia del 17, la de China desde la segunda guerra, la de Cuba a partir del progreso de la guerrilla del MLN – de la de Hitler y Mussolini, en 1933 y 1921, y de la que desarrolló en la guerra civil española, y de la que llevó al poder a Pinochet. Los teóricos de la polarización son, curiosamente, electoralistas, cuando es condición necesaria de ella es el involucramiento de las masas en forma activa. Es precisamente lo que quieren evitar que ocurra los Piñera y los Biden, y por sobre todo los Boric y los Jadue. Se ha formado un corralito de vigilancia a Kast, para impedir que provoque una segunda rebelión popular, a dos años de la primera.

Este 23 de noviembre una asamblea de consejeros electos en 2019 resolvió extender su propio mandato hasta agosto de 2022. De un plumazo se ha abolido, hasta nuevo aviso, cualquier tipo de democracia en la Universidad de Buenos Aires. No sólo se han suspendido las elecciones del claustro estudiantil sino que se ha postergado, un año entero, la ´asunción´ de los consejeros ya votados durante el 2021 en profesores y graduados. El mamarracho es tan grotesco que consejeros con mandato vencido han decidido que los ´electos´ no asuman, lo que convierte al ya amañado proceso electoral de la UBA en una estafa completa. A los estudiantes les han quitado directamente el derecho a votar, esto cuando toda la población ha participado de dos comicios nacionales. El gobierno de la UBA festeja los 200 años de la institución sostenido en un régimen de excepción. “Ambientación” Ha sido la conducción de la FUBA (Nuevo Espacio y peronismo) la que ha defendido esta suspensión con el curioso argumento de que muchos estudiantes no se encuentran en Buenos Aires, -lo que de todas maneras no ha sido impedimento para tomar en el CBC, por ejemplo, exámenes presenciales de una cursada 100% virtual-. No aplicaría, en este caso, la sentencia popular de que “lo mejor es enemigo de lo bueno” y para evitar una elección con algún grado de participación menor han decidido evitar toda participación. En realidad las camarillas universitarias suspenden las elecciones estudiantiles simplemente porque nada les asegura que las vayan a ganar. A eso se refirió Nuevo Espacio cuando colocó como condición a la votación una cierta “ambientación” de la vida universitaria, por eso la suspensión ni siquiera es durante el verano sino hasta -como mínimo- agosto. Para los bloques políticos que controlan la Universidad el ´regreso´ estudiantil se les presenta con una fuerte incógnita sobre el futuro de su desenvolvimiento político. Los aparatos universitarios sostienen su vínculo con los estudiantes mediante toda una estructura de prebendas y ́servicios´, entre los que muchas veces se incluyen cursos académicos que se eliminan de la propia matrícula. Tras dos años de pandemia y el agravamiento en todos los planos de la situación social estos bloques buscan evitar cualquier tipo de pronunciamiento. Ocultamiento recíproco El conjunto de las fuerzas que han participado de esta asamblea han operado de distintas formas para ocultar el significado y las acciones de la misma. Al bloque del rector Barbieri lo acompañaron en la ´extensión´ la amplia mayoría de los consejeros, lo que incluye a Juntos por el Cambio y a casi todo el peronismo, con la excepción de La Cámpora. La abstención camporista fue justificada con reproches: “no nos enteramos de las cosas”, “es tan fácil el consenso pero no se intenta”, etc; lo que sugeriría que su apartamiento es una iniciativa del rectorado, no de ellos mismos. Barbieri probablemente se ha convertido en la envidia de Alberto Fernández. En sus intervenciones La Cámpora se opuso a la exigencia de mayor presupuesto al ajustador de Guzmán, como lo definió “la jefa”. Otra de las fuerzas ´opositoras´ que se presentó en la asamblea fue el PO oficial (FITU), aunque cuidándose de cualquier difusión y cuidándose todavía más de pronunciar alguna idea socialista o, mínimamente, de lucha. Más grave aún, el aparato del PO, acompañó la unanimidad del funcionamiento de la asamblea planteado por Barbieri. Para que la disposición de extensión de mandatos pueda ser aprobada por la asamblea general esta misma debía tratarse previamente en comisión, por lo que la maniobra consistió en hacer todo en el mismo acto . La posterior ´retirada´ del PO (o) de la asamblea no justifica ninguna votación en común con Barbieri, mucho menos encubierta por el ´procedimiento´. El aparato del PO ha calculado hasta el milímetro su “saludo a la bandera”. En sus intervenciones el PO (o) no se pronunció sobre ninguno de los hechos que estaban transcurriendo ni exigió convocar a las elecciones estudiantiles. El grupo que dirige la UJS hace rato que ha tirado la toalla en la lucha contra el régimen universitario y busca amoldarse a él como una corriente ́democrática´. Sólo en esto consiste sus exigencias de ´mayor´ (ya no mayoría) representación estudiantil y claustro único docente. Una impugnación a la forma del gobierno universitario tiene que vincularse con su contenido social, en este caso, capitalista. La Universidad es un engranaje fundamental de un régimen social totalmente cuestionado, en primer lugar, por la pandemia del COVID. En la privatización del conocimiento, la entrega de recursos laborales y científicos la UBA encabeza todos los ´rankings´, al mismo tiempo que despoja de sus derechos laborales a los docentes y se obstaculiza el acceso masivo a la educación superior. El rector Barbieri es parte del “consejo social” del gobierno, lo que lo convierte en partícipe responsable del desbarranque social, la pobreza y el desempleo creciente. La suspensión de las elecciones estudiantiles se encuentra en función de sostener todo este rumbo. El aparato del PO, en cambio, reclama un mayor funcionamiento de los consejos y que “los convoquen” a discutir los ´problemas´ de la universidad. Proponemos Una política para el movimiento estudiantil tiene que partir del rechazo absoluto de las resoluciones de esta asamblea e impulsar la organización autónoma de las elecciones, que bajo ninguna circunstancia pueden depender de la patronal universitaria. Es fundamental la lucha en contra del nuevo ajuste presupuestario y por las reivindicaciones estudiantiles y docentes: salario, becas, equipamiento, etc. Entre este régimen de gobierno y las aspiraciones de los trabajadores, docentes y estudiantes se ensancha cada día más la posibilidad de una agitación socialista que le plantee otro curso a la Universidad, esto en especial ante la completa sumisión -de derecha a izquierda- de las agrupaciones estudiantiles.

El reclamo elemental de paro provincial en repudio a la salvaje agresión a docentes del jardín 922 , impulsada por mil docentes echeverrianos en asamblea, fue olímpicamente ignorado por la burocracia sindical. El propio dirigente local del Suteba, Dante Boeri, no sólo se escabulló de la masiva asamblea del miércoles por la mañana frente a la jefatura distrital, sino que luego en la asamblea ordinaria de afiliados (que reunió a un número cuatro veces inferior de participantes) se negó a que las compañeras del jardín que se habían concentrado en la puerta ingresen y tomen la palabra. Tampoco puso a votación la moción de “paro provincial” levantada por los representantes de la multicolor, que oficiaron de voceros de las compañeras. En el congreso del Suteba, dominado por la misma burocracia “celeste”, que sesionó el jueves 25 las cosas no fueron mejores. Tampoco resolvió ninguna medida de fuerza si no que en su lugar presentó un papel previamente acordado con Udocba y Feb, que no dice absolutamente nada. En lugar de Paro convocan a un “abrazo” a los jardines. Puede ser una oportunidad excelente para que los burócratas grandes y pequeños se saquen fotos y posen de combativos, pero no para impulsar la movilización del conjunto de la docencia. El “abrazo” El vacuo comunicado del Fudb dice expresar “nuestro más enérgico repudio ante toda manifestación de violencia en la sociedad y en nuestras escuelas”. Algo tan amplio que roza el sinsentido, buscando no pronunciarse ante el hecho puntual. La muletilla del “enérgico repudio” viene a edulcorar lo lavado del posicionamiento. “No estamos dispuestos/as -dicen “firmemente” en otro párrafo- a permitir ninguna forma de violencia que dañe los vínculos entre la Escuela y su comunidad de pertenencia. Apelamos a la toma de conciencia y al accionar responsable... etc.” La solución que ofrecen es un llamado a la reflexión. Han convertido al sindicato en un grupo de autoayuda. Lamentablemente las seccionales de la multicolor no han recogido el guante convocando ellas mismas al paro provincial, sino que se limitaron a reclamárselo a la burocracia. La movilización marca el camino La lucha emprendida por la docencia va arrojando sus primeros frutos. Se confirmó finalmente que los docentes salvajemente golpeados permanecen en libertad desde el mismo martes, luego de haber pasado por la comisaría 5º de El Jagüel, por el Hospital de Ezeiza, y la comisaría 4º de Canning. En el transcurso el jueves apareció también el compromiso de la directora provincial de educación inicial de cubrir a los docentes que estuvieron el día de las golpizas con una licencia por ART, por lesiones físicas y psicológicas, mientras que al personal del jardín que no estaba presente ese día se le permitirá evaluar si quieren concurrir o no, tras lo cual en caso de que no deseen se avaluará el mejor marco legal (aún no hay artículo). Es decir que de efectivizarse este compromiso no habrá por lo pronto desplazamiento de cargos, como ocurrió en muchos otros casos. También se informó del inicio de la causa penal contra el grupo de agresores. Son pequeños pasos que no se habrían logrado si la docencia echeverriana no se hubiese levantado como un solo puño. La lucha docente deberá superar el “bla bla bla” de la burocracia para seguir avanzando en la defensa de la integridad física de los trabajadores de la educación. No hay que bajar la guardia y continuar la lucha: ¡Paro provincial ya!

En las últimas asambleas ordinarias de SUTEBA, el aparato del PO con la complicidad del FIT-U y de Gandolfo (Rompiendo Cadenas) ha excluido de la conformación de la Junta Electoral a nuestra Tendencia en las Seccionales de La Matanza y en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, Gandolfo justificó el veto contra nuestros compañeros por "diferencias políticas", que no mantendría, en cambio, con el resto de las agrupaciones. En la asamblea tomaron la palabra dos compañeros para fundamentar nuestra posición de conformar una junta que integre a todos. La única oradora por el gandolfismo instó a que presentemos una propia. Esta política expulsiva, acompañada por las agrupaciones del FIT-U, es una represalia por nuestra lucha contra la presencialidad escolar que impulsaron Kicillof y la burocracia de SUTEBA y las corrientes ´multicolores´. En reiteradas asambleas nuestras mociones de huelgas obtuvieron el acompañamiento de un sector importante de la base y en varias ocasiones Gandolfo y el FIT-U -partidarios de la “presencialidad cuidada” en pandemia- fueron derrotados. La Matanza En esta seccional, la lista “multicolor” para Junta Electoral se conformó sin convocarnos al debate. Se estableció un "orden" que no se condice con el desarrollo de cada agrupación. Pero con un agravante: nuestra exclusión tuvo el propósito indisimulable de ceder el lugar a la Azul y Blanca (PCR), que milita en el Frente de TODOS. En la asamblea ordinaria la AyB se destacó por intervenir furiosamente en defensa del gobierno nacional. La censura se practica sin miramientos en el SUTEBA ´clasista´. Luego de las expulsiones del PO, el oficialismo de Tribuna Docente pretendió expulsarnos de la Comisión Directiva, un exabrupto que fue impedido por el voto de todos los demás integrantes. Sistemáticamente se pretende “invisibilizar” nuestra existencia misma. Por caso, en el acto que realizó el sindicato en apoyo a la huelga de los docentes de Salta, que fue propuesto por nosotros, la secretaria general, Romina del Plá, nos impidió el uso de la palabra sin fundamento alguno. A la hora de la votación de las juntas electorales no se abrió la lista de oradores. Se presentaron las JE de la Multicolor y la de la Celeste. Luego de que la conducción “multicolor” perdiera votación de la memoria y balance, en una votación ajustada, con la Celeste, optamos por acompañar su lista a la Junta Electoral para que nuestra abstención no colaborara con otra victoria de la burocracia. Finalmente, y a pesar de la inclusión de los “albertistas” del PCR en la lista, esto tampoco alcanzó y la celeste también resultó triunfante en la elección de la Junta Electoral. Conclusiones Las exclusiones de Gandolfo y el FIT-U en estas dos importantes seccionales de SUTEBA responden a la intención de ir preparando un escenario de expulsión de nuestra corriente, cuando se avecinan en poco tiempo las elecciones de SUTEBA. Nuestra Tendencia ha tenido en todo este periodo una actividad muy relevante en la lucha por la suspensión de las clases presenciales en el peor momento de la pandemia y cuando no existía vacuna alguna. Nuestras posiciones fueron acompañadas por cientos de docentes. Fuimos los principales impulsores de las huelgas en defensa de la vida y la salud, cuando el gobierno y la burocracia sindical militaban el regreso "seguro". Por ese entonces, las agrupaciones del FIT-U boicoteaban ir a la huelga por el temor a la "opinión pública" y caracterizaban a los paros como medidas "corporativas". Nuestra actividad militante quedó reflejada en la asamblea ordinaria, donde participamos con una nutrida cantidad de compañeros (mayor al de varias agrupaciones) que concurrieron para rechazar la memoria y el balance del Suteba Provincial. La política divisionista del FIT-U y de Gandolfo en la Multicolor, en este contexto, es sencillamente liquidacionista para las aspiraciones de la docencia.

Desde las 14:10 hasta las 17:10 horas se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos por el ataque de dos personas de civil en la lof Quemquemtrew del domingo último, que le costó la vida a Elías Garay y heridas de extrema gravedad a Gonzalo Cabrera. Martín Cruz Feilberg y a Diego Alejandro Ravasio, acusados por estos crímenes, confirmaron que estuvieron en el lugar pero señalaron que los disparos se produjeron producto de un forcejeo con los comuneros que se encuentran recuperando el territorio. El juez Víctor Gangarrossa hizo lugar a los pedidos de los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien y dictó la prisión preventiva de los acusados hasta el 26 de marzo de 2022, inclusive, porque consideró plausible los argumentos de la fiscalía en torno al entorpecimiento de la investigación en que incurrieron los imputados y por la existencia de peligro de fuga. La querella está a cargo de Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, en representación solamente de Cabrera, por ahora. Prosa Urgente presenció la audiencia, a continuación, un resumen del debate que se desenvolvió y de la inverosímil estrategia de defensa de los acusados. El fiscal Arrien comenzó su exposición señalando que a ambos acusados se le atribuye “que en acuerdo de voluntades y convergencia intencional ingresaron al predio del paraje Cuesta del Ternero portando 2 armas de fuego, ambas calibre 22, y estando ahí al ser interceptado por algunos miembros de la comunidad”, respondieron con la intención de darles muertes a Garay y Cabrera, “inmediatamente después de estas acciones huyeron del lugar corriendo”. Es por ello, y por las evidencias probatorias que recolectaron desde el Ministerio Público Fiscal desde el domingo, que los acusan por el delito de homicidio y tentativa de homicidios, ambas agravadas por la utilización de armas de fuego, siendo ambos responsables como coautores. Además, solicitaron plazo de preparación de la investigación de 4 meses sin contar la feria judicial, es decir, hasta el 26 de abril, que el juez aceptó. Seguirán detenidos en comisarías de Dina Huapi hasta que el Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro disponga de un lugar más seguro para alojarlos. La estrategia de la defensa Los acusados tuvieron 4 días para diagramar la estrategia de defensa con la cual intentaron evadir las acusaciones y la prisión preventiva. Las líneas principales discurrieron por reconocer que tuvieron que pasar por el retén policial de Cuesta del Ternero donde les tomaron los datos, que luego fueron a cazar liebres y reconocer el lugar donde ellos tienen una concesión para su empresa forestal, que no sabían que aun se encontraba con gente el lugar, que fueron sorprendidos por encapuchados armados, que se asustaron mucho con la escena, que solamente Ravasio portaba un arma (rifle calibre 22), que producto de un forcejeo con los miembros de la comunidad se escaparon los tiros que dieron muerte a Garay e hirieron a Cabrera, que huyeron corriendo y en el camino perdieron el rifle, que escaparon por el camino a El Maitén y que no se fugaron de la Justicia. En ningún momento justificaron por qué si los mapuches estaban armados ninguno de los dos resultó herido ni por qué luego de huir no hicieron ninguna denuncia ni tampoco atinaron a llamar a alguna ambulancia para socorrer a los heridos. Ravasio comenzó se exposición diciendo que se dirigieron “Cuesta del Ternero, pasamos por el control policial. Nos tomaron nombre y apellido, número de documento, y patente (…) subimos al campo, nos pusimos a trabajar como de costumbre”. Luego de almorzar “decidimos ir para aquel lado para ver si era verdad lo que decía el dueño del campo para recorrer el lugar. Salimos con el auto, lo pongo en la puerta de a tranquera. Le digo a Martín ´vamos con la carabina para ver si cruza alguna liebre o algo´”. Uno de sus abogados defensores le pregunta, si cuando pasaron por el retén dejaron sus datos y si el personal policial les había dicho si había gente, a lo que respondió: “Sí, nos habían manifestado que no había nadie. Y que arriba no había nadie”. “Empezamos a recorrer el campo, -prosigue con la descripción-, empezamos a ver palos y ramas cruzando el sendero de la calle, alambres que cruzaban de un lado a otro, llegamos a un lugar donde había una bandera. Volvimos hacia el camino principal y nos empezamos a dirigir más adentro del campo. En ese momento sentimos un drone arriba nuestro, con una luz roja y verde. Le dije ´vámonos`, por las dudas. Más que nada porque no teníamos que estar ahí. Me dice que ´sí´, yo me doy vuelta y veo algo blanco que pasa. Les digo deben estar las cabras y chivas. Así que empezamos a salir del predio, como yendo por el camino”. ¿Los dos andaban armados? , pregunta uno de sus abogados No. Yo llevaba una carabina 22. Dice que cuando empezaron a salir ven a un perro y escucha como si fuera que venían a caballo, que esa fue la sensación que tuvo. “Cuando miro otra vez veo 7 u 8 personas encapuchadas amenazándome”. Agrega que les dijeron a los mapuches: “Nos vamos, no queremos problemas ni con ustedes ni con nade. Martín les dice ´venimos a recorrer, a ver si cazamos alguna libre´. Yo creo que tenían armas en sus manos, porque las movían y algo tenían. Empiezo a retroceder y les digo ´nosotros nos vamos de acá, no pasa nada´. Alguien se me acerca” y los describe al grupo como si fuera una jauría. ¿Tenían miedo? , vuelve a interrogar su abogado. Muchísimo miedo porque cuando estábamos retrocediendo nos repiten ´de acá no sale nadie´. Y hacía así con la mano, me tratan de manotear el rifle y ahí es donde sale el primer tiro, y no sé a quién le pega. ¿Vos no tenías intención de dispararlo? , consulta el abogado. No. Yo lo levanté para arriba. Estas personas siguen viendo para arriba, ´de acá no sale nadie, soltá eso´. Yo les digo, ´yo me quiero ir´. Hay alguien que me agarra la carabina y sale otro tiro, y yo muevo y sale otro. Yo me doy vuelta, Martín me agarra de acá atrás, y empezamos a correr para afuera. Yo fumo, la verdad que a los 150 metros ya no podía hacer ni un paso atrás (…) mucho estrés, mucha adrenalina, creo que nunca había transpirado así. Estamos por llegar a la tranquera, siempre mirando para atrás y viendo que no nos quieran agarrar, muchísimo miedo en todo el camino. Le digo a Martín ´¿la llave del auto?, ´creo que la tengo yo´. Me la da. Y le digo, ´¿y la carabina?´ ´La tenés vos´, me dice. Saqué el auto y lo saqué para el lado de El Maitén. Ante la pregunta de la fiscal Cendón de si vio las supuestas armas de los mapuches, responde que vio algo parecido a un bulto pero sin precisar qué, hasta que luego de dos o 3 preguntas de la fiscal atinó a balbucear que cree que era un revolver 28 o 32. Más adelante confirma que el arma está al nombre de su padre y no suyo. Por su parte Feilberg expresó que empezaron a trabajar con Rocco en abril y que hoy les pertenece el 50% de la concesión de la forestación en esa zona. Señala que ese domingo, además de cazar, fueron a hacer un reconocimiento del lugar y, al igual que su socio, dijo que “nunca pensaron que había alguien ahí”. A diferencia que Ravasio, fue más concreto en la descripción de las supuestas armas de los comuneros: “Yo vi 2 con armas de fuego. Uno con una pistola, otro con un revolver, otro con una gomera. Yo pensé que no salía, él me salvó la vida (en referencia a su socio).” También dice que llevaron una sola arma. Dice que se entregó en Comodoro Rivadavia porque quiso sacar de la “zona de conflicto a su hijo”. Recordemos que los dos imputados residen en Esquel, provincia del Chubut. No aceptó preguntas de fiscalía ni de la querella. Queda mucha tela por cortar aun. Por el momento, llama la atención en el activismo la rapidez con la que fueron detenidos, acusados y puestos en prisión los acusados en una provincia que se destaca por la persecución y criminalización de la protesta social en general y de los mapuches en particular.

"Política Obrera se movilizará contra un acuerdo con el FMI y contra las políticas de ajuste, bajo las consignas Congreso Obrero y Huelga General". Intervención de Jacyn en Parque Lezama.

Una docena de organizaciones participaron de la reunión convocada por el FITU, en Parque Lezama, para organizar una marcha contra el acuerdo con el FMI, el viernes11 de diciembre próximo. Hubo unas 30 intervenciones, de las cuales los partidos del FITU, incluido Convergencia Socialista, acapararon aproximadamente la mitad de los oradores entre los ocho legisladores y ex candidatos, que también presidían la mesa. Las presencias de organizaciones obreras fueron escasas. El SUTNA no participó ni fue mencionado desde la mesa que coordinaba la reunión. Hicieron uso de la palabra César Arakaki, condenado en primera instancia por su participación en la lucha contra la ‘reforma previsional’ de Macri, en 2017, y representantes de la comisión contra la extradición de Facundo Molares a Colombia. Otras organizaciones que participaron fueron Marabunta, Opinión Socialista, el MULCS, el MTR de Roberto Martino, el PRML y los Economistas de Izquierda. Hubo coincidencia en marchar el 11. Algunas agrupaciones -CS, Nuevo MAS, PCT, entre otros- propusieron darle continuidad a esta modalidad de reunión. Hubo propuestas para “ampliar” la convocatoria. Silvia Saravia, de Barrios de Pie, se refirió a la CTA, la que “a pesar de que estuvo en Plaza de Mayo en el acto de apoyo a Alberto Fernández, tiene un posicionamiento contra el pago de la deuda”. En el reciente congreso de SUTEBA, el PTS le propuso a Baradel sumarse a la marcha. En nuestra intervención, planteamos que “Política Obrera se movilizará contra un acuerdo con el FMI y contra las políticas de ajuste, bajo las consignas Congreso Obrero y Huelga General”. Los dirigentes del FITU coincidieron en formar “un polo contra el ajuste”, “un movimiento contra el pago de la deuda” y fórmulas similares. Estos planteos apuntan a desarrollar una coalición de fuerzas en términos superestructurales, lo cual supone alguna forma de integración pluriclasista, la que se reforzaría con el argumento de que la lucha contra un acuerdo con el FMI es “nacional”, que atraviesa ‘horizontalmente’ a las clases medias. Este enfoque se reflejó en el debate acerca de la ‘correlación de fuerzas’, cuando voceros del PTS llamaron a la ‘izquierda’ kirchnerista a modificarla en común. En contraste con este planteo, desde Política Obrera subrayamos la importancia de la agitación política como instrumento para lograr una participación decisiva de las masas en esta lucha. Después de todo, la posibilidad de derrotar al Fondo depende del sacudón que estos acuerdos en marcha, provoquen en los trabajadores. Como conclusión de la reunión, los convocantes propusieron las consignas “Todxs a la Plaza contra el Fondo. No al pacto con el FMI y el pago de la deuda. Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral. Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo”, que dieron por aprobadas. Se prevé redactar un documento que concilie las posiciones de los organizadores, que se leerá al concluir la marcha y resolver cuestiones de organización, en reuniones a precisar. La cita de la movilización se fijó para las 15:30 en Av. De Mayo y 9 de Julio. Las consignas aprobadas, un ´plan de lucha´, por ejemplo, son confusas, porque no establece quién convocará a esa lucha, salvo que se refiera a la dirección de la CGT, como ha sido habitual en el pasado. Es claro que por aquí se marcha a un impasse, porque la CGT se encuentra a la cabeza del reclamo de un rápido acuerdo con el FMI. Por eso, propusimos, de nuestra parte, el impulso a coordinadoras de organizaciones de base y un Congreso Obrero que no tiene futuro si no está dirigido a preparar la huelga general por medio de coordinadoras y congresos obreros. Del Caño, en su intervención, fue enfático en llamar a los sindicatos a que “rompan esa subordinación con el gobierno, convoquen a asambleas y discutan un verdadero plan de lucha de todo el movimiento obrero” y a que se sumen a la movilización del 11. Suena aventurado suponer que los sindicatos, o sea sus direcciones, que han ido a la rastra de los Fernández y ahora ocupan el centro del escenario a favor del FMI, rompan con el gobierno de aquí a fin de año. Lo que sí cabe esperar es que, si como ocurrió en otras ocasiones, se desencadena una huelga general, la burocracia de los sindicatos sea invitada por las patronales a pegar un giro a la izquierda para frenar el movimiento. La asamblea, en el anfiteatro del Parque Lezama, esbozó con claridad las posiciones políticas en juego. Es algo positivo, porque serán sometidas a la experiencia de la lucha. Política Obrera se movilizará el 11 de diciembre contra el nuevo pacto colonial bajo las consignas Congreso Obrero, Huelga General.

Con este cántico, este sábado, nuevamente en Acheral, dio comienzo el 2º plenario de la COORDINADORA DE LIMONEROS AUTOCONVOCADOS con la presencia de casi 500 trabajadores, más del doble del primer plenario. La COORDINADORA viene desarrollando un plan de lucha por el subsidio inter-cosecha con jornadas de piquetes y de movilizaciones. El primer gran logro fue el reconocimiento de la COORDINADORA, como parte del conflicto, por el gobierno. Se reclama un subsidio de 35.000 pesos sin cupos, y la vigencia de la obra social. Como producto de esa lucha, la oferta inicial de la Nación, un subsidio de 7.000 pesos, pasó a 10.000 y luego a 12.500, más una tarjeta alimentaria de 4.000 pesos. La dirigencia de la UATRE y de otros sindicatos, como FOTIA, FEIA, Alimentación y tabacaleros, aceptaron esta oferta, para dar por cerrado cualquier nuevo reclamo. El gobierno advirtió que nuevos cortes de ruta serían desalojados por la gendarmería. La COORDINADORA respondió con una gran movilización de repudio y la convocatoria al 2º plenario provincial. La posibilidad de incorporar al padrón de beneficiarios a quienes fueron omitidos, dio pie para que por medio de asambleas y visitas se tomara contacto con numerosos trabajadores para empadronarlos. Numerosos cosecheros que están en listas negras de la burocracia y descartados en los padrones de años anteriores, podrán ingresar al padrón adicional, al igual que a la obra social. Tucumán asiste a un rebrote de la pandemia (en una semana se han duplicado los casos y oficialmente se anuncia una nueva duplicación). En el plenario se dejó sentado que si los cosecheros no empadronados no se los incorpora se vuelve a retomar la lucha. Al plenario se sumaron delegaciones de pueblos de diferentes departamentos. Hubo delegaciones de trabajadores rurales de la papa, la frutilla, el arándano y también azucareros de ingenios del Sur de la provincia. La concurrencia fue masiva a pesar de que la mitad de los obreros que participaron en el 1º plenario fue a trabajar en la cosecha de frutas en Rio Negro o Mendoza. En numerosos casos, las mujeres de esos compañeros se hicieron presentes en el plenario, lo que dejó planteada la formación de comisiones de trabajadoras en varias localidades. En el plenario hubo varias intervenciones y se votaron resoluciones. El tema de pelear la dirección del sindicato, Uatre, estuvo presente. Se votó que las paritarias se constituyan con paritarios electos. Estuvo presente la situación nacional, el acuerdo con el FMI y la necesidad de un congreso obrero nacional. Daniel Blanco cerró el debate del plenario, como había ocurrido en el primero, en reconocimiento al apoyo de Política Obrera y el Polo Obrero Tendencia a la organización y desarrollo de la COORDINADORA.

Completar la tarea de empadronamiento de los compañeros limoneros que fueron omitidos en el padrón nacional. Concurrir el lunes a la reunión con el gobierno. Declararnos en estado de alerta a la espera de la inclusión del padrón presentado. En caso que se incumpla el compromiso de incluir a los compañeros, movilizarnos a casa de gobierno. Discutir con el gobierno un subsidio provincial para los limoneros en negro. Apoyar a los demás sectores rurales y azucareros para que sean incluidos en sus respectivos padrones o en su defecto sean contemplados en un padrón de subsidios provinciales Volver a insistir con la extensión de la Obra Social hasta la próxima cosecha. Organizar un plan de elección de delegados por empresas y fincas y encarar su reconocimiento por el Ministerio de Trabajo. Promover la organización de las mujeres de los trabajadores limoneros y en general de las mujeres trabajadoras con el método de la asamblea y la elección de delegadas y la coordinación, para sumar sus propias reivindicaciones a la coordinación general y a la lucha. Creación de un fondo de lucha, que permita autofinanciar las iniciativas de organización y lucha de la Coordinadora. Creación de una página de la Coordinadora en las redes, para publicar un boletín de información y orientación. Avanzar en las tareas preparatorias para convocar a un plenario provincial de trabajadores de diversos gremios y organizaciones de desocupados combativas para discutir la situación de conjunto, votar un programa y resolver en consecuencia las medidas para defender nuestros derechos. Rechazar el acuerdo que se pretende consumar con el FMI que hundirá más a fondo las condiciones de vida de los trabajadores. Planteamos la necesidad de coordinar con todos los sectores combativos para que se convoque a un Congreso de Trabajadores ocupados y desocupados que organice la huelga general para impedirlo.

Lo ocurrido en el Jardín de Infantes 922 de Esteban Echeverría fue una verdadera escena medieval: una multitud intentó linchar a dos docentes, presuntos abusadores, sin mediar palabra. El país entero vio como 20-30 mujeres pateaban a la docente en el piso mientras la arrastraban del cabello varios metros hasta la entrada. Las autoridades policiales presentes en la puerta del jardín eran espectadores pasivos de este intento de linchamiento público. Un hecho similar había ocurrido en este mismo distrito en 2019 y del proceso de investigación no surgió, hasta el momento, nada que comprometa a la docente acusada con presuntos actos de abuso sexual dentro de la institución (Infobae.com, 08/08/19). Ante semejante ataque a la Escuela Pública y a la docencia, las direcciones gremiales oficialistas se limitaron, dos días después de ocurridos los hechos, a sacar un comunicado de morondanga que “repudia los hechos de violencia” y “convoca a abrazar los jardines”. Abusos sexuales presuntos Desde hace dos décadas la cantidad de denuncias falsas por abuso sexual contra docentes y auxiliares no para de crecer. Esto surge de analizar el registro periodístico disponible en el blog https://conloschicosnoconlosdocentestampoco.blogspot.com construido por docentes auto-convocados. La abrumadora mayoría de denuncias terminan con el sobreseimiento o la absolución de los imputados. El daño moral-psicológico-laboral-económico perduran para siempre y no hay Poder Judicial o resolución ministerial que puedan reparar los daños ocasionados. Sin embargo, lo peor de todo es la pérdida de la libertad como sucedió, en 2019, con los compañeros del Jardín 901 de Merlo que fueron condenados a 17 años de prisión en un proceso penal viciado de parcialidades de comienzo a fin. Luego del caso contra dos docentes del jardín de infantes de Merlo se conocieron, en las semanas subsiguientes, tres hechos mediáticos de abuso sexual en un Jardín de Ituzaingó, Moreno y Morón. Todos al hilo. Esta batería de denuncias, se producen en el marco de la lucha salarial de los docentes bonaerenses contra el gobierno de Vidal. Demonizar a los docentes apunta, por sobre todas las cosas, a enfrentar a los trabajadores entre sí y a las distintas capas de la clase trabajadora contra los docentes. La lucha contra los abusos infantiles pasa por reforzar los lazos entre la escuela y las familias para combatir toda forma de violencia suceda en el ámbito que suceda. Vida, salud y libertad En el Nivel Inicial el reclamo de “mayor protección” para trabajadores y niños contra el abuso infantil y las falsas denuncias está a flor de piel. El ataque a la docencia echeverrina desató una movilización gigantesca, asamblea y un paro distrital. Lo mismo sucedió en 2019 en Merlo: una huelga general distrital en el Nivel Inicial y una movilización histórica de 500 maestras jardineras a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. La política de las burocracias es “dejar hacer” y “solicitarle” al Estado que cumpla con la Resolución 2.672/15. La docencia constituye un pilar histórico poderoso para luchar contra el abuso infantil, que en su inmensa mayoría tiene lugar en las familias. Representa la socialización educativa de la niñez, que será llevada a término por el socialismo. El y la docente es el primero en detectar una anomalía infantil, y el que la pone en conocimiento de su claustro. Los enemigos de la ESI quieren quebrar a esta docencia; “la célula” de la sociedad no debe ser la familia sino la familia-escuela. En el ámbito confesional ocurre lo contrario, el mayor abuso infantil y la pedofilia clerical, que enseguida procuran ocultar la Iglesia, para proteger a los curas, y las familias, para que la “mancha” no trascienda socialmente. Protegen la “reputación” del clan familiar, no la salud y la felicidad del individuo. La docencia echeverrina marca el camino para defender a la docencia, los niños y la escuela pública: respeto del principio constitucional de “presunción de inocencia”, asamblea general y huelga provincial por la puesta en práctica de la Resolución 2.672 (Resguardo y reparación pública para docentes víctimas de violencias y denuncias en la Escuela).

En el día de ayer se realizó un paro con movilización del Hospital Central al municipio de San Isidro. Médicos y enfermeros de los hospitales municipales, como del materno infantil, marcharon bajo el cántico: "San Isidro distrito rico con trabajadores pobres". El salario promedio de los enfermeros, camilleros y mucamos ronda entre los 37 y 45 mil pesos en mano. El municipio tampoco reconoce el sistema SADOFE (franqueros). Durante toda la jornada laboral el municipio sólo ofrece una infusión de té, 4 galletitas y dos sobres de azúcar. Es tal el amedrentamiento del possismo a los trabajadores de la salud que la dirección tomó la decisión de que a las enfermeras no se les de pan en la proveeduría. En la marcha, se cortó la avenida céntrica del distrito Centenario por horas. Nadie del municipio bajó para recibir a los gremios presentes (ATE, Cicop y junta interna). Durante la campaña Posse hizo campaña por el supuesto manejo correcto en la pandemia, incluso llevó al secretario de salud, Juan Viaggio, como principal candidato. Pero la realidad es bien diferente: los hospitales están vaciados, no había materiales de protección cuando empezó el COVID, y el salario es una miseria. En el hospital central se jubilaron 13 enfermeras y no hubo nuevos nombramientos. Está claro que la salud en San Isidro transitó estos dos años de pandemia bajo un ajuste brutal que se descargó sobre las espaldas de los trabajadores de la salud. Es necesario continuar con las asambleas y deliberación de los trabajadores para redoblar la apuesta hasta conseguir todos los justos reclamos.

Una nueva variante de Coronavirus ha sido detectada en el momento en que muchos pronosticaban el fin de la pandemia. Se trata de la variante denominada Omicron, que se estima hasta 500 veces más contagiosa que otras cepas. Los mercados se desplomaron tras el anuncio de los reportes científicos. La Organización Mundial de la Salud consideró el viernes la nueva mutación como una "variante de preocupación". En Sudáfrica, país origen de esta cepa, la tasa de vacunación es del 23% y no existe restricción alguna. Los virus mutan constantemente, más aún si se les permite circular libremente entre sus “huéspedes”. La política de inmunidad de rebaño que los gobiernos capitalistas adoptaron en virtud de las difusión de las vacunas es caldo de cultivo de nuevas y más agresivas variantes del covid. La variante, técnicamente conocida como B.1.1.529, es más infecciosa, más resistentes a las vacunas y posiblemente cause síntomas más graves, según los reportes. Los países europeos restringieron los viajes desde Sudáfrica, pocas horas después del anuncio de los funcionarios sudafricanos. En el pasado, hacían falta días, semanas o meses para que se impusieran tales restricciones. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, llamó a Omicron una "súper variante". Las acciones cayeron en todo el mundo el viernes cuando las noticias de la variante asustaron a los mercados. El promedio industrial Dow Jones cayó 905 puntos, o un 2,5 por ciento. El S&P 500 perdió 106,84 puntos o un 2,3 por ciento. El Nasdaq cayó 353,6 puntos, o un 2,2 por ciento. “Constelación de mutaciones muy inusual” Omicron tiene una "constelación de mutaciones muy inusual", dicen los especialistas de Sudáfrica (Bostonglobe, 26/11). "Esta variante nos sorprendió: tiene un gran salto en la evolución, muchas más mutaciones de las que esperábamos, especialmente después de una tercera ola muy severa de Delta" (ídem). La variante Delta, por ejemplo, representa casi el 100% de los casos en los EEUU. Omicron tiene más de 30 mutaciones en la proteína de pico, que es lo que usa el virus para adherirse a las células del cuerpo humano. Más del doble del número que tiene Delta. LEn Sudáfrica, los casos se cuadruplicaron de 273 a más de 1.200 en menos de diez días. Un especialista dijo que hubo 100 veces más casos de Covid en áreas de Sudáfrica afectadas por la nueva variante en comparación con hace apenas un mes (express.co, 27/11). “Ni con cierres podrá pararse” Ulrich Elling, un líder de investigación en Viena cuyo laboratorio secuencia el virus Covid y detecta variantes, dijo a DW que la propagación de la transmisión que se observa actualmente en Sudáfrica significa que "podría ser casi imposible contener esto incluso con un cierre completo (lockdown)" (DW, 26/11). La única salida, para el especialista, es frenarla en las fronteras (DW, 26/11), lo que ya fracasó con las anteriores variantes. Para el especialista, de fracasar esto, estaríamos ante una situación “sin salida”. Si se implementara esta política, significaría condenar a los países africanos a una masacre sanitaria.

El 28 de diciembre se va a realizar la elección de Junta Interna que fue postergada con el inicio de la pandemia. Lo novedoso, en esta oportunidad, es que la burocracia de ATE no pudo armar lista. La Naranja, que dirige la Interna, se ha ganado este lugar por su trayectoria de lucha, de defensa de la democracia sindical y de una política clasista. La burocracia Verde-Blanca comandada por el kirchnerista Hoffman que dirige ATE Provincial-Santa Fe, desembarcó sobre el Hospital con una fuerte política prebendaria. A través de la Mutual que manejan, ofrecieron créditos, ayudas económicas para hijos de afiliados, kit escolar, bienes culturales y otros. Sin embargo no pudieron presentar una lista. Esto tiene que ver con el rechazo de los compañeros a la complicidad de esta burocracia por el enorme retroceso en las condiciones laborales y salariales por un lado y por la lucha y la política de la Junta Interna por el otro. Mientras la burocracia de Hoffman abandonó todos los reclamos en una situación agravada por la pandemia, en aras de sostener al gobierno del Frente de Todos, desde la Junta Interna impulsamos la lucha por el conjunto de los reclamos (por los elementos de protección frente a la pandemia, por el salario, la continuidad laboral y el pase a planta de los compañeros precarizados) y denunciamos sistemáticamente esta complicidad de la burocracia de ATE (y de la Upcn) con la política antiobrera del gobierno de Perotti. ATE-Rosario (dirigida por la Verde en un frente con la Celeste del pcr) también denuncia a la Verde-Blanca, pero tiene un límite insalvable para superarla porque tanto la conducción nacional de la verde comandada por Cachorro Godoy como el Pcr (celestes) son aliados estratégicos del mismo Frente de Todos que defiende la propia Verde-Blanca. Es una política que liquida cualquier planteo de autonomía de los trabajadores o de independencia política. Las elecciones de delegados se dan en medio de una enorme crisis política y social. Perotti pudo imponer paritarias a la baja por la entrega absoluta de la burocracia sindical (ATE y UPCN), en momentos que vamos a nuevos tarifazos, una devaluación en danza y una inflación imparable. Cuando la mayoría de los estatales seguimos con los salarios debajo de la línea de pobreza. Levantamos la defensa de un salario mínimo igual a la canasta familiar y un bono de fin de año. La precarización laboral sigue, también, en el centro de los reclamos porque a fin de año se vencerán varios miles de contratos en la Provincia. La lucha que organizamos junto a compañeras precarizadas a mitad de año (con ceses de tares, Asambleas y una carpa) dio un resultado positivo pero provisorio. Se consiguió la continuidad laboral hasta fin de año a quienes se les vencían los contratos en el mes de agosto (unos 400 sólo en el hospital). Planteamos la continuidad laboral de todas las compañeras y compañeros precarizados y el pase a planta respetando la antigüedad en el trabajo. Por un Congreso de Trabajadores El 17 de noviembre, la CGT y las CTA junto a los movimientos sociales oficialistas coparon la Plaza de Mayo. Allí estuvieron junto a la Verde-Blanca, la Verde de Cachorro Godoy y la celeste del PCR. Fueron a apoyar al gobierno y su decisión de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a sabiendas que eso significará mayor devaluación, nuevos tarifazos y más inflación agravando la catástrofe social del pueblo donde el 50% está sumergido en la pobreza. Sin embargo esta burocracia sindical está siendo cuestionada en los lugares de trabajo por su complicidad con este desastre, lo que está dando lugar a un proceso de renovación de delegados, Juntas Internas y Sindicatos. Es un proceso que se está dando en Santa Fe con las elecciones de delegados de ATE en hospitales, escuelas y reparticiones. Como parte de este proceso de renovación de delegados la Naranja está interviniendo en Santa Fe-Capital, Reconquista y Rosario. Ante el hundimiento social al que nos han llevado los gobiernos patronales es necesaria una respuesta de conjunto con la convocatoria a un Congreso de Trabajadores con delegados electos por la base donde elaborar un programa en defensa del salario, las jubilaciones, la vida y las condiciones de trabajo y dar una salida popular a esta crisis terminal mediante un gobierno de trabajadores.

Luego de cumplir exactamente 100 años de su realización y puesta en escena una sola vez en el año 1921 se estrenó en Ámsterdam, Holanda, la película “Historia de la Guerra Civil” de Dziga Vértov. El cineasta y documentalista soviético fue uno de los realizadores que revolucionó la manera de hacer cine durante el siglo pasado. La película de Dziga Vértov fue restaurada durante dos años, y su estreno en el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam, el IDFA, fue nada más y nada menos que en el mayor espacio de encuentro del mundo, para seguidores y profesionales del cine documental. Se espera que luego se presente en Moscú y Venecia. La película (1918-1921) La película es una compilación de una serie de rollos que había filmado Vértov durante sus recorridas por los distintos frentes de batalla en la guerra que llevaba adelante el Ejército Rojo contra los 20 ejércitos imperialistas y contrarrevolucionarios blancos con el propósito de defender la primera revolución proletaria del mundo. Por eso, la película fue un encargo para la celebración del III Congreso de la Internacional Comunista. Fue un trabajo similar al que ya había realizado con motivo del Primer Aniversario de la Revolución : utilizar materia fílmico preexistente para crear una nueva película documental. El III Congreso de la Comintern se celebró entre el 22 de junio y el 12 de julio de 1921. Y según cuenta el propio director, “la película se hizo con prisas en un plazo de tres semanas. Por eso no se terminaron todas las partes. Pero recuerdo que, las mejores eran ‘Hacia Kolchak’ y ‘El terror blanco’ extracto del archivo personal de Vertok pag Vol 2., p. 164-165. En la película muda presentada en Ámsterdam, de 94 minutos de duración, aparecen Philip Mironov (Fundador del Ejército Rojo) y León Trotsky dando discursos en los diversos frentes de batalla, en particular, en uno de los intertítulos habla de Trostsky: “junto a la tumba con la mano alzada: «Al terror blanco responderemos con el terror rojo”. También, hay personajes como Kliment Voroshilov, que principios de marzo de 1918 organizó el primer partido socialista de Lugansk, y dirigió la defensa de la ciudad de Járkov de las tropas alemanas y austríacas. Asimismo, preparó y dirigió la defensa de la ciudad de Tsaritsyn, años más tarde sería un potente aliado de Stalin en durante los años de las purgas del PCUS. Otro, es Semyon Budyonny; organizador de la mítica “Caballería Roja” en la región del Don; y, Fedro Raskolnikov que fue el encargado de organizar la flota naval del Báltico y el Volga, Ivar Smilga comandante del 7° ejército que enfrentó en 1920 a la ofensiva polaca, y Sergó Ordzhonikidze, que dirigió el Ejército Rojo en la región del Cáucaso, luego también sería un aliado acérrimo de Stalin. "Al terror blanco responderemos con el terror rojo” Pero la preocupación de Vértov estuvo en mostrar al mundo desde batallas en las calles, hasta tribunales militares y trincheras. Retratando el caos en que se sumió a la naciente URSS y la resistencia del Ejército Rojo y las distintas tácticas empleadas frente a la desigualdad de recursos bélicos en los que se encontraba en aquel momento, y cómo se hizo frente a la superioridad numérica y tecnológica de las fuerzas contrarrevolucionarias blancas aliadas con los ejércitos imperialistas. Queda el interrogante de por qué esta película fuera presentada una sola vez y durante el III Congreso de la Internacional Comunista, y el politburó de aquel momento decidieran no difundirla de manera masiva en la población soviética de aquel entonces. Tal vez, alguna de las razones a seguir investigando, los motivos se encuentren en palabras de Trostky “La organización del Ejército Rojo se llevó a cabo en medio del combate, y de ahí qué frecuentemente no respondía ni de lejos, a un plan establecido, e incluso resultaba de improvisaciones bastante desordenadas” (Escritos Militares de León Trotsky, ¿Como se Armó la Revolución?). El filme de Vértov, en cierto sentido, refleja aquel hecho, pero también habla de aquella lucidez con la que intentaba desarrollar sus exploraciones técnicas y conciencia política acerca del momento histórico que estaba documentando. Mucho antes que se supiera de la existencia del material filmográfico, la película se encontraba conservada en el archivo personal de Vértov, plasmado en papel, donde el propio director había trabajado la planificación del filme. Cine – Ojo, Vértov y una corriente que innovó el cine En tal sentido, debemos recordar que Vértov y otros jóvenes cineastas, entre los que se encontraba su futura esposa Yelizaveta Svílova, crearon un grupo llamado Kinoki (Cine-Ojo). Posteriormente se les uniría también el hermano de Vértov, Mijaíll Kaufman. Entre 1922 y 1923, Vértov y Svílova publicaron varios manifiestos en publicaciones de vanguardia, desarrollando su teoría del Cine-Ojo. Vértov y los otros miembros del grupo rechazan todos los elementos del cine convencional: desde la escritura previa de un guion hasta la utilización de actores profesionales, pasando por el rodaje en estudios, los decorados, la iluminación, etc. Su propósito era captar la “verdad” cinematográfica, montando fragmentos de actualidad de forma que permitieran conocer una verdad más profunda que no puede ser percibida por el ojo. Según el propio Vértov, “fragmentos de energía real que, mediante el arte del montaje, se van acumulando hasta formar un todo global”, permitiendo “ver y mostrar el mundo desde el punto de vista de la revolución proletaria mundial” El estreno de la película rescatada de “Historia de la Guerra Civil” es un gran aporte a la vigencia de la revolución de octubre, y, se ve plasmada en el interés del público colmando las salas todos los días del festival.

El pasado miércoles 24 de noviembre, se llevó adelante la Asamblea Ordinaria de SUTEBA Escobar. Más de 150 docentes asistimos a la convocatoria para debatir y aprobar o rechazar la Memoria Balance 2020-2021 propuesta por Baradel y conformación de la Junta Electoral para las próximas elecciones 2022. Con la presidencia honorifica de los compañeros docentes fallecidos por COVID19, la Asamblea comenzó a sesionar. En el primer punto: “memoria y balance” la pobrísima intervención de “La Celeste de Escobar” se basó en reivindicar el gobierno de Alberto Fernández, asegurando que “el Gobierno escuchó a los docentes en todo este tiempo, mientras tuvo que enfrentar el legado de Macri”; esto cuando los niveles de desocupación entre los docentes batieron récords históricos; también presentó como “un gran motivo para la aprobación del documento de la dirección provincial” el lanzamiento de los planes precarizadores FORTE y ATR y el supuesto “aumento” del SAE (Servicio Alimentario Escolar). En cambio, no fue mencionada la degradación de las condiciones de trabajo durante la “virtualidad” ni tampoco el brutal ajuste a los salarios y jubilaciones en plena pandemia que el Gobierno llevó adelante al servicio de las patronales y el FMI. La burocracia sindical, que este año “hizo campaña” prometiendo “salarios que le ganen a la inflación”, no reivindicó ninguno de sus acuerdos paritarios que dejaron el salario docente por debajo de la línea de pobreza; acelerando la pérdida del poder adquisitivo de la docencia, empujándola directamente a la sobreexplotación laboral. Asimismo nada fue mencionado acerca de la “presencialidad segura” que militó en la línea de imponer “la nueva normalidad” del Gobierno y el FMI, a costa de la salud y la vida de las y los trabajadores de la educación, que debieron volver a las escuelas en pandemia sin vacunas; lo que desató una feroz ola de contagios masivos y muertes por COVID 19. A continuación, siguieron las réplicas. El secretario general de la seccional José Magallanes (agrupación Almafuerte), sin dar argumentos políticos y referir su intención de voto sólo a los míseros recursos bajados desde la Dirección Provincial a la Seccional, se pronunció por el rechazo a la propuesta provincial. A su turno, los representantes de la multicolor desarrollaron posiciones contra el balance de la Celeste-Violeta, denunciando la sujeción de la dirección provincial del sindicato al Gobierno. Empezando por el acuerdo paritario inconsulto y de miseria, la degradación del salario, así como el avance de la precarización laboral a través de los planes FORTE y ATR; a esta brutal pérdida del poder adquisitivo de la docencia, se le suma el vaciamiento del IOMA: el incremento de los coseguros para atención y prácticas médicas. Finalmente fue denunciada, la falta de presupuesto para sostener “la virtualidad”, la insuficiente cantidad y baja calidad de la mercadería y las viandas escolares, la falta de productos de limpieza e higiene personal y la paupérrima situación de los edificios escolares; es decir, el abrumador deterioro de las condiciones de trabajo. Desde Tribuna Docente (Tendencia), intervenimos caracterizando la crisis que atraviesa el SUTEBA, asimismo la calamitosa situación en la que se encuentran las y los docentes. Denunciamos la responsabilidad de la burocracia de Baradel en esto, por haber respaldado el conjunto de medidas de ajuste del Gobierno: tanto los acuerdos paritarios de miseria, los planes precarizadores por fuera del Estatuto (convenio de trabajo) del salario, así como también la presencialidad en pandemia, que no sólo enfermó y se llevó la vida de centenas de docentes; sino que, dejó secuelas (en muchos casos muy graves) teniendo que hacer frente a esto con una obra social en quiebra. Señalamos, también, que más que nunca necesitamos un sindicato independiente y de lucha para salir de la parálisis y hacer frente a la descomunal restructuración de la deuda que se dispone a realizar el Gobierno en quiebra de los Fernández; lo que significa más miseria y hambre para trabajadores y jubilados. En ese sentido llamamos a la más amplia unidad y coordinación para poner en pie un enorme movimiento de lucha independiente del Gobierno y la burocracia, contra el FMI: en defensa de todos los derechos adquiridos. Por su parte (dentro los oradores del FITU) Tribuna Docente (oficial), puso más énfasis en denunciar a Magallanes que en “pegarle a la burocracia”. Los reclamos hacia Magallanes fueron por bloquear en WhatsApp a parte de la Directiva y a afiliados; por armar un FB paralelo al del sindicato, por salir a desestimar lo votado en asambleas y plenarios, por no convocar a reuniones de directiva. En respuesta a esto Magallanes salió a victimizarse en diversas oportunidades y a acusar al resto de la Directiva de “usurpadores” del sindicato; asimismo militantes de la Almafuerte salieron a respaldar al secretario general con intervenciones de corte de defensa personalista; transformándose así, la Asamblea, en un campo de disputa faccional frente a la burocracia celeste que “disfrutaba del show”. Acerca del desenvolvimiento de situación que viene de arrastre desde el inicio de la cuarentena, desde nuestra tendencia, hemos fijado una posición . Al momento de la votación, Magallanes impidió que se contaran los votos (en un claro “guiño” a la Celeste), y decretó “por amplia mayoría” el balance memoria de SUTEBA central es rechazado.” A tratarse el segundo punto “Política Gremial”, Magallanes presentó la política gremial de la AyB argumentando que “era la misma que se estaba discutiendo en Quilmes y Berazategui, por lo tanto estaba dentro del Frente Multicolor”, seguido a esto montó una clara provocación forzando el cierre de la lista de oradores, no permitiendo que quienes quisieran pudieran anotarse para hablar, inclusive, censurando la palabra de las y los compañeros ya anotados para intervenir. A partir de ese momento, la Asamblea se desmadró. A los gritos y entre forcejeos, Magallanes realizó un simulacro de votación a favor de su política gremial y por su propia Junta Electoral. Claramente en las condiciones que se encontraba la Asamblea, a dicha maniobra de la Almafuerte y Magallanes debe llamársele “FRAUDE”. Por lo tanto la asamblea debe ser impugnada, para dar paso a una nueva donde se puedan expresar todas las posiciones y de manera democrática se lleven adelante las votaciones. Frente a este cuadro, que en los hechos demostró una ruptura del frente Multicolor en Escobar, urge impulsar un profundo balance con el activismo y con el conjunto de la docencia para preparar la defensa de la Seccional Escobar independiente y de lucha.

Este martes 30 de noviembre a las 12hs la Lista Verde de la Asamblea de Trabajadores de la Música (ATM) realizará un acto en las puertas del Ministerio de Trabajo (MTESS) – Callao 114 C.A.B.A.- Los trabajadores de la música reclaman la impugnación del proceso electoral en el Sindicato Argentino de Músicos por fraude (SadeM). La directiva del SAdeM pretende realizar elecciones con un fraude histórico en el gremio y en el movimiento obrero en general, la expulsión de 1.000 compañeros y compañeras. En él se destacan la ausencia de la oposición y nuevas afiliaciones realizadas durante la pandemia. Cuando el gobierno nacional decretó la cuarentena estricta los músicos quedamos sin un sustento económico. Ahora la burocracia que dirige el Sadem, que no movió un dedo frente a esta situación, expulsa a las y los trabajadores por no pagar la cuota. Este atropello sin igual es la sucesión a lo largo de años de padrones amañados, juntas electorales votadas con mayorías inventadas, voces silenciadas con bombos y altoparlantes, asambleas custodiadas por barrabravas. Ante la negativa de la Junta Electoral de la burocracia a brindar la información más elemental para la presentación de una lista, la lista Verde “Asamblea de Trabajadores de la Música” inició un expediente en el MTESS que se fue engrosando con las denuncias de cada irregularidad. Frente a la convocatoria a un frente único de lucha contra la proscripción de todos los excluidos del padrón por parte de la lista Verde (ATM) la burocracia respondió con la aprobación de una lista Naranja amputada por las expulsiones con el único objeto de ocultar un fraude histórico. La naranja ha celebrado la maniobra de la burocracia como la derrota de la proscripción. Sólo la movilización de las trabajadoras y trabajadores derrotará la proscripción en el SAdeM y en todos los sindicatos donde esta situación se repite calcada. La lista Verde ATM convoca a todos los luchadores y luchadoras de todas las ramas en la perspectiva de un esfuerzo común por la defensa de las libertades democráticas y para recuperar los sindicatos en manos de la burocracia sindical.

“Con 280.000 juicios y 80.000 sentencias firmes de jubilados y pensionados de la ANSeS, el gobierno decidió reducir en $ 12.000 millones la partida del Presupuesto Nacional de este año para el pago de los juicios favorables a los jubilados y pensionados” (Clarín, 26/11). Esta reducción estipulada por decreto disminuye de $ 91.277 millones a $ 79.277 millones la partida destinada al pago de las deudas previsionales. Consideremos que la perdida es mayor porque no toma en cuenta la inflación. Esto forma parte de un DNU de 789 planillas que reajusta todo el Presupuesto Nacional por el retraso en que quedaron la mayoría de las partidas presupuestarias por la mayor inflación y los nuevos gastos autorizados que se financian con mayor deuda y recortes en otros rubros. En el organigrama del presupuesto de fines del 2020 no estaban previstas las mayores erogaciones de la ANSES producto del aumento de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. Todo esto financiado con mayores recursos y contribuciones y por este recorte de $ 12.000 millones en las partidas correspondientes a las sentencias. Además como dice el dicho “sobre llovido, mojado” en el proyecto del Presupuesto 2022 se propone destinar menos dinero al pago de los fallos judiciales en danza. Solo prevé un aumento del 1% sobre la partida ya ajustada del 2021 cuando está prevista una inflación del 33 %, esto en el marco de casi 80.000 expedientes en manos de la ANSES con sentencias firmes favorables. Pasan y pasan los meses y los años y no se liquidan. En el informe al Congreso del ministro Santiago Cafiero en julio decía que el stock de juicios alcanzaba a 270.000 (por movilidad y otros reclamos). Los juicios iniciados contra ANSES fueron de 2000 en 2019, 14.000 en 2020 y 8.000 en el primer cuatrimestre del 2021. A pesar de que la ANSES abona casi 45.000 sentencias por año, el ingreso de nuevos reclamos y las sentencias firmes declaradas no disminuyen. Un fallo de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza determinó que si ANSES no abona el pago sentenciado a partir del día 121 (la ley prevé 120) se deben aplicar los interese por mora que se suman al valor compensado. Los pagos no solo se deben realizar en el término de 120 días sino que además corresponde la retroactividad del pago a dos años anteriores a la fecha del reclamo y los reajustes correspondientes. ANSES le hace “ole” a la medida y paga según reza la partida del presupuesto nacional. Los reclamos fueron creciendo desde los años 2007 por los bajos aumentos otorgados entre 2002/2006 (famoso caso Badaro), y en 2009 con el caso Elliff. En el 2017 el cambio de la movilidad previsional del gobierno Macrista desvalorizó nuestros haberes pariendo nuevos reclamos. Sumado a esto una nueva pérdida frente a los aumentos por decreto del gobierno de los Fernández que fue inferior a los de la fórmula suspendida aumentaron las recorridas por tribunales. Más reclamos se sumaron ante la disminución de las pensiones por discapacidad, el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y la mala liquidación de las sentencias pagadas que obligan a volver a hacer el reclamo. El 60 % de los jubilados cobramos un haber de indigencia de $ 25.900 y nos vemos obligados a deambular en este laberinto judicial, los meses pasan, los años pasan y muchos dejan su vida en el camino. Un Poder Ejecutivo, un Poder legislativo, y un Poder judicial que ponen su granito de arena en la demolición del régimen previsional. Los jubilados y pensionados debemos tomar nota de esta grave situación y debatir junto a los trabajadores ocupados, desocupados a la mujer y la juventud una salida a esta crisis. LEER MÁS Situación política: la lapicera que nadie quiere agarrar, escribe Marcelo Ramal

El día miércoles se realizó una concentración en Villa Urquiza exigiendo Justicia por Lola, una joven de 17 años que fue hallada muerta en la casa de un adulto de 44 años. El martes 16 de noviembre, Lola fue a la casa de Christian Gilardenghi, de 44 años, un amigo de varios años de su madre. Por la noche el mismo Christian llama a Vanesa (madre de Lola) para decirle que su hija se sentía mal, luego de darle vueltas acerca del lugar en el que se encontraba diciendo que había llamado a la ambulancia y que Lola estaba en el Tornú. Finalmente la familia, llega a la casa de este hombre en donde se encuentra la policía y una ambulancia, allí le informan a Vanesa que su hija está muerta y que las causas de la muerte (edema pulmonar y cerebral) podrían ser compatibles con una sobredosis. El dueño de la casa, según cuenta la madre, tenía sus facultades notoriamente alteradas e incluso se comportaba de forma hostil con el personal policial. Una buena cantidad de medios de comunicación se han ido por la tangente culpabilizando a la víctima y a su familia, un comportamiento que a estas alturas ya no nos sorprende en este tipo de situaciones. Los casos como los de Lola no se detienen y lejos están de verse reducidos a lo largo y ancho del territorio. Hemos pasado de la preocupante cifra de una mujer muriendo a causa de femicidios cada 36 horas en el primer Ni Una Menos del 2015 a la friolera cifra de una mujer víctima de femicidios cada 20 horas. La policia, el aparato represivo del estado, que usualmente reacciona reprimiendo a las familias y amigues de las víctimas de femicidio cuando se manifiestan exigiendo justicia (como en el caso de Brisa Formoso y tantos otros), en este caso ha cometido un sinfín de irregularidades: El hombre señalado por la familia no fue demorado ni detenido, porque en principio no se encuentra acusado de ningún delito y no se le realizó examen toxicológico , no se lo detuvo ni se demoró en calidad de sospechoso. Actualmente se encuentra prófugo, relata su madre. “Desapareció porque tiene algo que esconder”..." tras lo cual agregó que la policía tampoco pudo encontrar su teléfono celular" (Crónica, 25/11). Exigiendo el esclarecimiento de las causas de la muerte de Lola y por el pedido de justicia, la familia se encuentra movilizada. Desde Política Obrera llamamos a acompañar a la familia en este doloroso proceso y participaremos de los cortes de todos los martes a las 18 en Mariano Acha y Av. Triunvirato. Justicia por Lola.

El 2 de diciembre se realizarán las elecciones generales de Foetra Bs As. Es una elección particular, porque los trabajadores, salvo en comerciales, mayormente no concurren a sus lugares de trabajo, sino que trabajan desde su domicilio o van directamente al sitio donde deben realizar reparaciones. Además, las empresas solo permiten realizar campaña a la oficialista Azul y Blanca, en los pocos lugares donde continúan las actividades presenciales, lo que debe considerarse una indicación de voto. Esta situación representa un desafío adicional para la Granate Blanca, la lista donde la oposición se agrupa por tercera vez. Los mensajes, videos y redes tienen más importancia que nunca. Nuestra agrupación, además de recorridas, realizó una serie de videos con compañeros, desarrollando la agenda de reivindicaciones del gremio, como desenvolver la lucha, y por el voto a la Granate Blanca. Salario y democracia sindical Planteamos un ingreso mínimo equivalente a la canasta familiar, hoy en $116.000, y de ahí para arriba, siguiendo las escalas. Se trata de un reclamo crucial. El último acuerdo resultó una pérdida de seis puntos respecto de la inflación – y de más de diez frente a la carestía de los alimentos. En el período en curso se pactaron sistemáticamente incrementos mensuales que no cubren la inflación de estos meses. Las paritarias se aprueban desde hace siete años sin asambleas generales sino en plenarios de delegados, a los cuales no se llevan mandatos. Para el oficialismo, los delegados son “diputados”, que deben decidir por sí mismos. El desconocimiento de los métodos democráticos de la clase obrera lleva a desarrollar la obediencia a la directiva. La recuperación de la democracia sindical es fundamental para desenvolver la lucha por el salario y terminar con las actas convencionales a la baja, como las extensiones de la jornada laboral mediante categorías o encubiertas mediante la incorporación de horas extras permanentes. También, los mecanismos de productividad, que las patronales manipulan, y son parte de una orientación flexibilizadora. La directiva fue pionera en entregar el descanso de sábado y domingo a Clarín-Telecom mediante el sistema de franco el domingo y otro rotativo. La promesa de la Azul y Blanca, en la elección anterior, de conseguir la jornada de 7hs para los trabajadores de las móviles, tiene el mismo valor que la promesa de que es “la mejor paritaria del movimiento obrero” ante la firma de cada paritaria. Vaciamiento El brutal vaciamiento mediante retiros “voluntarios”, cada vez con aprietes más indisimulados, se refleja en la pérdida de 2.500 afiliados, 25% del padrón, con respecto la elección anterior. No es que por el avance tecnológico son necesarios menos trabajadores, sino que esos puestos son retomados mediante tercerizaciones y contratos precarios. Como ejemplo, Telefónica cerró 9 comerciales, y ahora, las abre mediante “agentes oficiales” a los que encuadra en comercio. En Telecom, debido a la fusión con Cablevisión, el vaciamiento es aún mayor. Es evidente que es necesario un cambio de rumbo. La Naranja-Mayoría integra la Granate con el objetivo de desarrollar una agenda clasista en el gremio, es decir, la recomposición salarial, recuperación de condiciones laborales, la equiparación de todos los trabajadores de actividad en el convenio de fija, desenvolver los reclamos por licencias, guarderías, colonia y lactarios, entre otros temas; el fin del tercerismo y la precariedad laboral. Para esto, aportamos candidatas y candidatos, fiscales, y desenvolvemos una campaña que aporte a la organización, incluso más allá de la propia elección, que una vez terminada, seguirá poniendo sobre la mesa el desafío de construir una dirección clasista.

La vicepresidenta no dejó pasar un día de su sobreseimiento en las causas por lavado de dinero sin proferir una nueva proclama, en este caso, en torno del acuerdo con el FMI. La carta, pretendidamente “clarificadora”, oscurece todavía más el panorama. Se trata de una confesión del impasse en que se encuentra el acuerdo con el Fondo. Los vericuetos, como el plan plurianual que el gobierno pretende aprobar en el Congreso, sin que nadie tenga idea acerca de lo que plantea, es una muestra de ello. Por segunda vez, en estos últimos dos meses, la “palabra” de Cristina vuelve a echar un baldón de tierra sobre el precario gobierno del FdT. Al revés del albertismo, la carta abraza, sin atenuantes, la tesis de una derrota electoral. Como las negociaciones de deuda “son llevadas adelante por el Ejecutivo” y, de nuevo, “la lapicera la tiene el presidente”, ella le saca el cuerpo a los resultados del 14 de noviembre y a las conclusiones que Alberto Fernández y el círculo que lo rodea plantea – apurar el acuerdo con el FMI e ir a elecciones internas en 2023. Por otro lado, como el acuerdo con el FMI debe refrendarlo el Congreso y el oficialismo perdió la mayoría absoluta en el Senado, le cabe a la oposición, no a ella, decir qué acuerdo está dispuesta a votar. De tanto menear el argumento de que CFK es ‘el poder detrás del trono’ – una Lady Macbeth platense, la Vice contesta con un clásico: “Yo, argentina”. En esta segunda carta, Cristina Kirchner vuelve a su reivindicación preferida: (los K) somos “pagadores seriales”. En su imaginario, la ex Presidenta no incluye la complicidad matrimonial con el gobierno Carlos Menem, que pagó la deuda externa contraída por la dictadura militar con yapa. Fue entonces que se privatizaron las empresas del Estado, que nunca más se volverían a estatizar. Sin la necesidad del ‘contador’ Lázaro Báez, valuó al ciento por ciento los bonos en poder de los acreedores, que cotizaban al diez por ciento en mercado. Es decir que las empresas no se vendieron sino que se regalaron, incluyendo los derechos de monopolio en los mercados de energía, comunicaciones y servicios en general. Los K fueron impulsores de la privatización y “repsolización” de YPF. Después de 2005 cometieron una tramoya diferente: ‘desendeudarse’ con las reservas del Banco Central y el Fondo de Sustentabilidad de Anses. Quebraron al Central y a la Caja de Jubilados para pagar la deuda externa. ¿Qué no estarán dispuestos a hacer ahora, cuando el hombre de “la lapicera” es el mismo que privatizó seguros y jubilaciones con Cavallo, y cuando su gobierno después quebró al Central y a Anses con Boudou? Para cerrar el relato, fue en ese tiempo que Macri se quedó con el Correo y el conglomerado de Macri engordaba el capital a todo ritmo. ‘Todos unidos, saquearemos’. En definitiva, el kirchnerismo ‘desendeudó’ contrayendo deuda, solo que en este caso nunca pensó pagar ni ha pagado, porque, alegó, es una “deuda interestatal”. Para estos dos saqueos gigantescos, acompañados de la quiebra de instituciones vitales, monetarias y previsionales, no está previsto ningún tribunal oral y público. El derrumbe financiero de Argentina es la consecuencia literal, de las gestiones Menem-Kirchner y de Kirchner-Kirchner. La segunda carta de la Vice elude una cuestión fundamental, cuando señala que, ahora, el acuerdo deberá ser refrendado por el Congreso. Es que omite que, cuando Macri-Caputo ‘arreglaron’ con Lagarde, el acuerdo no pasó por el Congreso, porque el peronismo no lo quiso. Tenía mayoría suficiente para impedirlo en las dos Cámaras. Si de cualquier forma, hubiera sido llevado al Congreso, el peronismo le habría dado el apoyo – de lo contrario caía el gobierno. En ese caso, el apoyo parlamentario del peronismo al acuerdo de Macri con el FMI, lo habría liquidado políticamente. Es por eso que pactó el no tratamiento. Ahora, al revés, es el peronismo quien quiere comprometer a la oposición macrista, incluso con la expectativa que ella se divida, entre macristas y mileístas, de un lado, y larretistas y radicales, del otro. El gobierno todavía aspira a hacer votar por el Congreso un plan plurianual que, luego, sería llevado a la mesa del Fondo. Está obligado a hacerlo por una ley votada a finales de 2020. Pero el radical-macrismo opina que hay que proceder al revés: sólo refrendaría un acuerdo previamente arreglado con en Washington. Un impasse. El tándem Guzmán-Fernández ya resignó la pretensión de prolongar los plazos de pago de la deuda a más allá de diez años, así como la reclamada reducción de sobretasas. Las condiciones “básicas” del acuerdo no podrían soslayar una devaluación del 25-30% del dólar oficial, y una liberación gradual o parcial del cepo. Lo mismo ocurre con las tarifas, que terminarían sumando dos tipos de aumento: el que resulte de la reducción de subsidios, por un lado, y el ´necesario´ para mantener su valor en dólares, luego de la devaluación, del otro. “Camino intermedio” Cristina Kirchner ha dejado la lapicera en manos del presidente y ofertado un reconocimiento a la lapicera de la oposición. Pero hay otro más que le esquiva el bulto al bolígrafo – ni más ni menos que el propio FMI, que dice que el ‘plan’ de acuerdo debe presentárselo el gobierno, y no a la inversa. La carta de CFK no despeja otra incógnita del acuerdo: la llamada “consistencia política”. Ahora que ha dicho que ella misma no es un obstáculo a nada, se advierte que el ‘temor’ de los ‘analistas’, incluso los de la CIA, es una rebelión popular. Observan América Latina, y no les gusta nada la ‘fragmentación política’, por un lado, y la inflación, por el otro, que ya no es ‘argentina’ sino internacional. Todo, en un marco de desigualdad social brutal. Ha comenzado a sonar, como alternativa, la posibilidad de un “reperfilamiento” de la deuda con el Fondo que vence en 2022, dejando el paquete en el limbo hasta 2023-2024. Contradictoriamente, ese paraguas sólo podría abrirse a cambio de fuerte concesiones en materia de política económica y política internacional – a la cual la Vice le escapa, en la carta. El gobierno está transitando, en primer lugar, el ajuste fiscal ejecutado a lo largo de 2021 – 6% sobre las jubilaciones; 14% sobre el gasto social. Ahora, puso en marcha la segmentación de las tarifas eléctricas, en los mismos días en que fue derogada la doble indemnización por despido. Detrás de esta tentativa por prolongar el ciclo de Guzmán y Fernández, asoman choques de fondo al interior de la propia burguesía. Los voceros oficialistas celebran la recuperación de ciertas ramas industriales y -sobre todo- de las exportaciones, como plataforma de un relanzamiento económico y político. Pero quienes lideran esa recuperación son también los principales abanderados de una liberalización drástica de la política económica, y principalmente, del comercio internacional. Esa tendencia se ha instalado en el gabinete nacional: en medio de una situación extrema de falta de reservas, el gobierno negocia con los productores y cerealeras una reducción de las retenciones en el trigo, como contrapartida de un ingreso efectivo de los dólares de las próximas exportaciones. La clase obrera En la movilización del pasado 17, Alberto Fernández sacó a relucir a su único recurso para sostener a raya a la clase obrera y a los explotados en una situación social intolerable: la burocracia de los sindicatos y de los movimientos “sociales” cooptados por el gobierno. Pero el desprestigiado aparato de los sindicatos es un recurso muy precario. El debate sobre la reapertura de las paritarias se ha instalado incluso al interior de los sindicatos más regimentados. En Política Obrera venimos informando sobre la gran lucha de los cosecheros, en Tucumán, que marca la irrupción significativa del proletariado del agro. Más temprano que tarde, las consecuencias de los acuerdos o “reperfilamientos” con el capital internacional ampliarán decisivamente este escenario de la intervención obrera en la crisis.

El artículo de Infobae sobre el trotskismo y el FIT-U sigue suscitando reacciones de parte de la prensa de izquierda. El texto de Claudia Peiró, recordemos, admitía la ´inocencia virginal´ del llamado ´trotskismo´ argentino, en referencia al FIT-U, pero advertía sobre el pasado ´sangriento´ de esta corriente, originado durante el período del “terror rojo” en la Unión Soviética. Por lo grosero de su relato, la periodista parece conocer a Trotsky por la serie de Netflix, no por los libros de historia. En esto coincidimos con Andrea Robles (Ideas de Izquierda, 28/11). Lo cierto es que un texto como el de Peiró, plagado de tergiversaciones burdas y manipulaciones anti-comunistas que se repiten desde hace más de cien años, no debería provocar el menor interés. Pero las ha provocado, precisamente en el FIT-U, que vio cuestionadas, en esas extravagancias, su pergamino democrático y parlamentario. En efecto, el artículo desencadenó un subido escozor en los ´trotskistas´ del Frente de Izquierda Unidad, primero en el Partido Obrero ´oficial´ y ahora en el PTS. Ambas réplicas coinciden en evadir cualquier respuesta a la imputación de corriente ´edulcorada´ que Peiró atribuye al FIT-U. Peiró define en esos términos la mimetización de esta izquierda a los ´movimientos identitarios de moda´ (ambientalistas, feministas, etc.). Ya hemos escrito en estas páginas sobre la forma en la que los partidos del FIT-U han justificado el seguidismo a esos movimientos poli-clasistas, adoptando incluso como propios sus planteos y catalogándolos de ´anti-capitalistas´. Ahora, profundizaremos en el otro aspecto, el que hace a la Revolución de Octubre. La denominamos de esta manera, porque más que ´rusa´ fue una revolución de contenido internacional – algo que ignoran la periodista y esa fracción de la Izquierda. El ´trotskismo´ no es otra cosa que la actualidad histórica de esa Revolución. Las energías de los refutadores del FIT-U no apuntan, en ningún momento, a defender la vigencia de la Revolución de Octubre, que constituye la esencia del ´trotskismo´ y de la IV Internacional. ¿Acaso la disolución estatal y social de la Unión Soviética ha cancelado la época de guerras y revoluciones que arrancó con la Revolución de Octubre? Esta es la cuestión. El esfuerzo de quienes polemizan con Peiró, probablemente para ocupar un espacio en Infobae, está volcado, por el contrario, a construir una revisión de la Revolución de Octubre en clave democrática – ´edulcorada´, para usar los términos de Peiró. Si la periodista de Infobae pretendió alarmar a los lectores, recordando el pasado ´violento´ de la corriente histórica que reivindican las organizaciones del FIT-U, la respuesta de los ´trotskistas´ ha estado dirigida a demostrar que la Revolución de Octubre fue lo contrario a lo que ella pretende. “Trotsky y los bolcheviques eran tan demócratas como lo somos como nosotros”, contestan al unísono Solano y Robles. La quiebra del viejo Estado mediante la irrupción violenta (insurrección armada), es ecuacionada, por los contradictores de Peiró, con la democracia, esto porque fue votada por el Congreso de los Soviets. Pero los soviets mismos tenían una condición excluyente de quienes no fueran obreros ni campesinos, y los mismos campesinos no se encontraban representados en la proporción que ocupaban en la población. Una revolución cuyo propósito en abolir por completo la explotación social y consagrar el completo auto-gobierno del pueblo, no deja de ser por eso una intervención violenta de los explotados y una herramienta autoritaria. Así ocurrió con las revoluciones que precedieron a la que tuvo lugar en el imperio zarista – que pasaron a degüello a los monarcas de Inglaterra (1640) y Francia (1791). En el Virreynato del Río de la Plata ocurrió algo parecido, no solamente por el fusilamiento de Liniers, sino por el armamento inmediato de expediciones militares a Paraguay, el Alto Perú y la Banda Oriental. Ahora tenemos a dos trotskistas que sostienen que “los soviets fueron los órganos más democráticos de la historia”, sin señalar su condición obrera excluyente y eludiendo que eran los órganos de la dictadura del proletariado. La condición democrática consistía en que eran electos y responsables ante las bases, o sea revocables, y a que unían la deliberación con la ejecución, eliminando el burocratismo. Eran democráticos en el método y clasistas y revolucionarios en el contenido. Ocultan a los lectores que los soviets disolvieron una Asamblea Constituyente, elegida por sufragio universal; se vieron forzados a ellos porque la mayoría de ella quería disolver los soviets y acabar con la Revolución. Como se ve, esta pseudo polémica con los atropellos a la historia por parte de Peiró, desnuda la deformación democratizante de la historia por parte de sus contrincantes. La Rusia de 1917 era una nación con más de 100 millones de campesinos, mientras que la clase obrera industrial representaba el 1% de la población. Sin embargo, los obreros, junto a los soldados, contaban con la hegemonía en los soviets, muy por encima de los soviets que representaban a las masas campesinas. En la literatura histórica de los bolcheviques, la “dictadura democrática” era entendida como un gobierno de mayoría campesina o paridad de obreros y campesinos. La dictadura del proletariado era, en cambio, un régimen proletario (minoría) apoyado por el campesinado (mayoría); el lazo de unión lo constituía la expropiación de los terratenientes y la distribución de las tierras a quienes las trabajaban. Del otro lado, la “dictadura proletaria”, que Trotsky defendió desde la revolución de 1905, y a la que adhiere Lenin en sus “Tesis de Abril” de 1917, tiene su fundamento en la dinámica social e histórica de la revolución, en la cual la clase obrera ocupa un rol dirigente y lleva hasta el final el combate contra el zarismo y la burguesía nacional e internacional. Salvo en momentos excepcionales, como la guerra civil y la guerra contra los invasores extranjeros, la dictadura del proletariado no es sinónimo de sistema de partido único. León Trotsky advirtió que el pluripartidismo cumple un rol necesario, en tanto existan el Estado y el mercado, cuya extinción sería el resultado de un período histórico, más o menos largo. La Revolución de Octubre atravesó un período de “terror”, como ocurrió con las dictaduras del inglés Cronwell y el francés Robespierre, ni que hablar de “guerras campesinas” en el período de la Reforma luterana. Lo mismo vale para la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. En todos los casos, el llamado “terror rojo” fue la respuesta al “terror blanco” en Rusia, apoyado por la invasión de catorce ´democracias´ de Europa y Estados Unidos. El autoritarismo, por otra parte, es intrínseco a toda revolución, que debe destruir la resistencia contrarrevolucionaria de la anterior clase dominante. Los polemistas en Infobae esquivan todo este asunto. La toma del poder, en Rusia, se realizó mediante una insurrección relativamente incruenta, que entonces la periodista ´confunde´ con un golpe de estado. Pero enseguida irrumpió el terror blanco; renunciar al terrorismo significaba renunciar a la revolución. Quien hizo lo contrario a lo que hicieron Lenin y Trotsky fue el chileno Salvador Allende y el partido comunista de Chile, lo que el pueblo chileno pago enseguida muy caro; también Perón frente a la “fusiladora” de 1955. La burguesía mundial desató contra la Rusia Soviética una guerra civil que duró tres años (1918-1921), y fue derrotada gracias a que había creado el Ejército Rojo. Los proto discípulos del militar prusiano Von Clausewitz, como insiste en reivindicarse el PTS, le saca el cuerpo al militarismo revolucionario, cuando tiene que enfrentarse a Peiró. Trotsky fue mucho más ´terrorista´ de lo que cree Peiró, porque en 1933 le propuso a Stalin, desde el exilio, invadir a la flamante Alemania hitleriana, todavía desarmada. El ´terrorismo trotskista´ para aplastar al nazismo hubiera impulsado la revolución socialista en Europa. Peiró “confude” el terror rojo, que es revolucionario, con el terror staliniano, que estuvo al servicio de liquidar físicamente a la generación que encabezó la Revolución de Octubre, como ocurrió en los Procesos de Moscú. El embajador norteamericano, en la época, que asistió a ellos, los caracterizó como democráticamente impecables. Vio en esos ´juicios´, no al terror rojo que había combatido, sino al terror contrarrevolucionario. Los bolcheviques no buscaron jamás maquillar esta circunstancia; todo lo contrario. Llamaron a convertir la masacradora guerra mundial en una guerra civil contra el capital. Entablaron una despiadada lucha política contra los ´socialistas´ de la época (Kautsky), que ponían un signo igual entre el terror blanco y el terror rojo. “El terror es eficaz contra la clase reaccionaria, que no se decide a abandonar el campo de batalla. La intimidación es el medio más poderoso de acción política, tanto en la esfera internacional, como en el interior de cada país. La guerra, como la revolución, se basan en la intimidación”, escribió Trotsky en “Terrorismo y comunismo”, el libro que redactó en 1920 en un vagón del tren blindado desde donde dirigió al Ejército Rojo durante la guerra civil. Solano trata de oscurecer todo esto cuando denuncia la ingenuidad de los soviets al indultar a algunos generales zaristas, en el afán de demostrar (Solano) que se esforzaban hasta la estupidez por ser contemporizadores con el enemigo; en realidad, la mayoría de ellos sirvió para entrenar al Ejército Rojo. En su afán por congraciarse con la opinión pública de Infobae, Solano presenta a la Revolución de Octubre y a aquellas que estallaron posteriormente en Europa, no como el medio para la perspectiva de instaurar dictaduras proletarias, sino como “el último recurso para evitar la II Guerra Mundial”. “Tomando en cuenta que la tarea del socialismo es crear una sociedad sin clases basada en la solidaridad y la satisfacción armoniosa de todas las necesidades, en los primeros años de la revolución (sic) se sentaron los cimientos para avanzar en ese sentido apostando a su desarrollo”, así describe Robles a la expropiación del capital y al comunismo de guerra. Es un enfoque estructuralista de ´cimientos´, ´satisfacción armónica´, ´desarrollo´, revestido de un lenguaje populachero; sobra la ´solidaridad´ y falta la palabra comunismo y dictadura proletaria. Robles describe el programa del PTS. El marxismo, por su lado, caracteriza al comunismo de modo diferente al de Robles, o sea como un proceso abierto: el movimiento histórico práctico de la clase obrera en pos de su emancipación social. O sea la lucha de clases y la revolución permanente. Volvamos a Peiró. La periodista cita al programa del FIT-U: “lejos de aquellos reformistas que sostenían que, para ser exitosos electoralmente, había que rebajar el programa, el FIT plantea abiertamente un programa para expropiar a los expropiadores”. La periodista se vuelve a equivocar. “Expropiar a los expropiadores” fue siempre el programa MÁXIMO de los partidos reformistas, como lo es en el FIT-U. El programa del socialismo argentino, que redactó Juan B. Justo, el más derechista del reformismo, reivindicaba la “socialización de los medios de producción y de cambio”. Es el programa que celebraban el 1 de mayo, mientras proponían leyes de mejoramiento social que no eran votadas y colaboraban para la aprobación de algunas leyes, de corte liberal, de los partidos tradicionales. Recién en1959, el partido socialdemócrata alemán, reunido en Godesberg, se avino a abandonar formalmente el marxismo, aunque los servicios contrarrevolucionarios prestados por el SPD venían de muchas décadas antes. Las respuestas de Solano y Robles a las diatribas de la periodista de Infobae es democratizar a la Revolución de Octubre – un oxímoron imposible. Por cierto, la pose de demócratas para la opinión pública no garantiza ninguna defensa de la democracia política. El aparato del PO acaba de arreglar con el Rectorado de la UBA la postergación, otra vez, de las elecciones estudiantiles. El líder del Ejército Rojo escribió lo siguiente, en “Terrorismo y comunismo”: “si hay que subordinar en principio la política socialista al rito parlamentario de mayorías y minorías, no queda margen, en las democracias formales, para la lucha revolucionaria”. LEER MÁS El FIT-U explicado a los brasileños, escribe Emiliano Monge

La cumbre de la Fundación Pensar -el think tank del PRO- realizada en Córdoba días atrás se convirtió en la caja de resonancia de la interna amarilla. El rol ´vertebrador´ de la coalición opositora que se impuso en las elecciones legislativas, viene siendo amenazado, de un lado, por las apetencias cada vez mayores de sus socios radicales; del otro, por los choques internos entre Larreta, Macri y Bullrich. Los choques y chicanas entre Macri y Larreta, abordados desde la prensa argentina como diferencias de ´estilo´ o ´personales´, en realidad, son reflejo del impasse en el que se encuentran las fuerzas políticas de la burguesía, que asoman a la superficie como disputas por liderazgo. “Muchos curas quieren ser papas”, dijo Macri, quien impulsa una interna para definir candidaturas en 2023. Para Macri, “no hay más lugar para el gradualismo” (Clarín, 26/11), tomando partido por la política de ´shock´ en materia económica. Se anota así contra el planteo ‘plurianual’ de los Fernández con el FMI. Aunque el debate que sobrevuele sea en 2023, lo cierto es que los distintos actores están involucrados ahora mismo en una definición sobre las características de un acuerdo con el FMl. Los coqueteos de Macri con los ´liberales´ -Milei, Espert- que pueden implicar la quiebra de ´Juntos´ apuntarían a respaldar la política de los fondos internacionales que han especulado contra el peso y buscan una ´solución´ que les permita retirar, con enormes ganancias, sus fondos de Argentina. El macrismo también ha metido la cuña en la Ciudad de Buenos Aires, con el ´traslado´ negociado del primo Jorge al gobierno de Larreta, con vistas a disputar la jefatura de gobierno. Este ha sido el precio que ha pagado el larretismo para allanar en su momento la candidatura de Santilli en la provincia. Por su parte el “gradualismo”, en el que se ha anotado Larreta, pero que tiene a otros ´presidenciables´ como los radicales Manes (con apoyo de Lousteau), Morales o Cornejo, se opone a ese ´shock´ y admite un acuerdo condicionado con el gobierno. En este sentido el ala ´blanda´ de la coalición estaría más cerca de Guzmán. Los choques actuales ya se habían anunciado en el abortado operativo “Vidal” que suponía un reemplazo del golpeado Macri por otra candidatura a presidente en 2019. LEER MÁS Situación política: la lapicera que nadie quiere agarrar, escribe Marcelo Ramal

Mercado Libre ha sufrido un gran desplome, desde su pico en septiembre al día de hoy -o sea en menos de tres meses- de un 36% de sus acciones, lo que representa una pérdida de u$s 33.370 millones. Así, ML pasó de valer u$s 97.600 millones a los u$s 64.230 millones actuales. Esto representa un cachetazo para la compañía, presentada por un importante sector de la burguesía y sus medios masivos de comunicación como LA empresa modelo de cuño nacional, entre otras variables, por su “modelo de negocios”, sus formas de contratación y su supuesto crecimiento imparable, que este desplome viene a desmentir. No debe llamar la atención, entonces, que esta información no esté circulando casi en ningún medio. A mediados de noviembre ML decidió volver a los mercados de capitales para vender acciones. La última vez que la empresa había hecho lo mismo fue en marzo de 2019, recaudando u$s 1.900 con inversiones de compañías como PayPall. Pero este año no corrió con la misma “suerte”: vendió un millón de acciones por un total de u$s 15.500 millones, lo que generó que los papeles del gigante tecnológico cayeran un 5,5% en Wall Street. Duro golpe. Luego de esto, los papeles de la compañía pasaron de valer u$s 1.971 a u$s 1.273. La caída de las acciones era relativizaba en ese momento por el sitio invertironline de la siguiente manera: “si bien la noticia no fue bien recibida por el mercado, Mercado Libre mantiene sus fundamental de crecimiento y la emisión de acciones apunta a sostener esos fundamentas.” Los números favorables que presentó la compañía como balance del tercer trimestre del año, con tasas -ficticias- de crecimiento imparables, se chocaron con la realidad bursátil. No es que hablemos siquiera de una corrida accionaria en beneficio de otra empresa. La gran caída de sus activos financieros es la demostración de que no todo lo que brilla es oro. En el “relato oficial”, ML es la empresa argentina por excelencia, el modelo a seguir, la que contrata continuamente todo tipo de mano de obra. Sin embargo, para ver otra dimensión de esta realidad, lo que perdió ML en el último mes equivale a un 32% más que el valor total de todas las compañías argentinas, valuadas en su conjunto en u$s 20.000 millones. Por más que se la quiera presentar como una “isla exitosa” en medio de la anarquía del capital, la empresa no está exenta de los cimbronazos de la crisis capitalista de raíz que atraviesa al mundo. Quien quiera presentar el desplome accionario de ML como un “simple problema financiero” pretende tapar el sol con la mano: las ramificaciones de la crisis generan tanto ganancias extraordinarias, así como pérdidas enormes allí donde se suponía que reinaba la fortuna. No nos dejemos engañar: este no es un problema simplemente de “números”, es la expresión de un sistema social, económico y político acabado. LEER MÁS Situación política: la lapicera que nadie quiere agarrar, escribe Marcelo Mamal

La característica más destacada de la actual situación política es que frente a la grave crisis que viven los trabajadores hay una ausencia de un planteamiento político de fondo frente a esta crisis, tanto de parte de los grandes partidos patronales como de la izquierda democratizante. Todo este escenario pone, con mayor vigencia, la necesidad de fortalecer una organización que luche por un congreso obrero y la huelga general, agitando su convocatoria en las organizaciones sindicales y en los barrios, con pronunciamientos y acciones de lucha contra el acuerdo con el FMI y el repudio de la deuda, en la defensa de salarios y jubilaciones amenazados. Porque la tarea de la hora es colocar a la clase obrera como sujeto político en medio de una crisis histórica, necesitamos fortalecer a Política Obrera -una herramienta fundamental para esta lucha- en la que, además de ideas, necesitamos los recursos necesarias para llevarlas adelante Por eso lanzamos desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero nuestra campaña financiera aguinaldo. Los desafíos planteados alrededor de la agitación por la realización de un congreso obrero, la participación en decenas de elecciones sindicales, la continuidad de la lucha por la legalidad nacional y, en particular, las legalidades provinciales en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Jujuy, serán actividades que unificarán, en términos prácticos, la acción política de toda la militancia de Política Obrera y sus simpatizantes. De hecho, su éxito está determinado por los recursos que necesitamos para las tareas de agitación nacional y de retomar -luego de la pandemia- la salida regular, cada 15 días, de nuestro periódico y, en general, para la financiación de nuestra actividad militante, que incluye nuevos desafíos y aperturas de trabajo nacional. Venimos de realizar una campaña financiera, en el invierno, que fue fundamental para dotarnos de los recursos para la primera etapa de nuestra legalización. Hoy, Política Obrera enfrenta otros desafíos organizativos importantes y crecientes, lo que implica lanzarnos a la conquista de una solidaridad política y también económica de todo nuestro padrón de aportistas y simpatizantes. Apoya la construcción de una herramienta política de los trabajadores. Colabora con nuestra Campaña Financiera.

Acaba de fallecer a la temprana edad de 61 años, a causa de un cáncer, la gran escritora española Almudena Grandes. Desde hace casi 15 años era la autora de ese origen más leída en Argentina y una de las más renombradas de su país. Almudena hizo de su vida literaria una militancia consecuente en defensa de la Tercera República española; de desenmascaramiento de los desgarros de la guerra civil y —quizás lo más relevante— proviniendo de una familia y un pasado afín con el stalinismo, lo desenmascara en sus novelas de forma magistral. Su "Inés y la Alegría" (2011), el primer tomo de sus "Episodios de una Guerra Interminable", tiene páginas impresionantes en este sentido. Por ejemplo, pinta o "descubre" a la legendaria Pasionaria y otros líderes del PC en los años negros del franquismo, y aún bajo la guerra civil, en su cruda tosquedad e inhumanidad contrarrevolucionaria. Todo esto lo hizo desde el ángulo de la literatura, no exactamente desde lo que hoy se llama “novela histórica”, sino de imágenes noveladas salidas de su increíble inventiva, contextualizadas en rigurosos hechos históricos (Almudena era historiadora también, aunque nunca ejerció la profesión). Almudena jamás ocultó sus afinidades y nunca temió chocar con sus pares. En noviembre de 2006, ya consagrada como escritora pero cuando aún no había publicado "El Corazón Helado" ni ninguno de Los Episodios, en un homenaje a los brigadistas internacionales a 70 años del arribo a Madrid de las primeras Brigadas, Almudena pronunció un discurso conmovedor (www.youtube.com/watch?v=BXf69-7SPYM). Un año después publicó el citado libro, una novela monumental no solo por tamaño; sobre todo por tensión, calidad y compromiso. Almudena rendía así, desde el título, un vibrante homenaje a un verso famoso del gran Antonio Machado. Ni el liberal derechista Vargas Llosa, pero gran escritor al fin, pudo dejar de recomendar "El Corazón Helado". El Siglo de Oro en las letras españolas (siglo XVI) comienza junto con la gran decadencia de las monarquías ibéricas. Almudena se consideró siempre deudora de "Los Episodios Nacionales" de Benito Pérez Galdós. Somos deudores de la gran literatura española y por mucho tiempo seguirá siendo así. Rendimos homenaje a la gran Almudena Grandes, una escritora valiente, amante de la vida, defensora de las grandes causas populares. Si aún no leíste nada de Almudena estás a tiempo.

La “Tarea Ordenamiento” que el gobierno de Cuba puso en marcha a principios de año fue un golpe severo a las condiciones de las masas. Fue saludada, en cambio, por las patronales norteamericanas con negocios o intereses en Cuba, que llamaron a Biden a acompañarla, porque era la prueba que se había pedido al gobierno de Cuba de que la apertura económica "iba en serio". La implementación del “Ordenamiento” en medio de la pandemia merece una adecuada caracterización política, porque supone un pedido de rescate al capital internacional y sus gobiernos para hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes. En estas condiciones marca un reconocimiento de la quiebra política del régimen. La jornada del 11 de junio es la reacción popular a esta bancarrota. Salvadas las distancias, obviamente, y también las modalidades, guarda una analogía histórica con el acuerdo firmado por el gobierno "comunista" polaco con el FMI en los ‘70 del siglo pasado. En este sentido, el Ordenamiento representa una escisión radical entre el gobierno y la base histórica de la Revolución Cubana. En este cuadro, las reivindicaciones de las protestas del 11 de julio pasado tienen una clara proyección política. Esto no debe ser disimulado alegando el carácter social de los reclamos, porque el destino final de estos reclamos depende del poder político que emerja de la presente crisis. Los reclamos por los cortes de luz y la falta de medicamentos; los ataques a las tiendas dolarizadas; la denuncia de los privilegios de la burocracia de cara a la pandemia; las protestas contra los despidos en las empresas estatales; el reclamo de aumentos salariales; las protestas contra el desabastecimiento de productos básicos: todo esto constituye una tendencia irrefutable de las masas a reconstruir la sociedad sobre bases comunistas. Es claro, sin embargo, que no existe aun una dirección que traduzca esta tendencia al plano de la lucha política. En estas condiciones, las fuerzas dominantes, por el momento, son las de la burocracia estatal y sus fuerzas armadas, y de otro lado, las que operan como correa de transmisión del capital internacional y de los estados imperialistas. Con intereses propios, opera la gusanería exiliada, que no siempre coincide con la política general del imperialismo. Las masivas protestas populares han sido un golpe al entendimiento "pacífico" del gobierno de Cuba con Biden, en la línea abierta por Obama. La crisis revolucionaria recién ha comenzado. Queda por delante una etapa de maduración en la que se diseñarán nuevas relaciones de fuerza y se desarrollará la experiencia de las masas y se definirá la orientación concreta del imperialismo. La reintegración de China a la economía capitalista mundial fue largamente negociada, mientras se desarrollaban guerras internacionales y revolucionarias, por ejemplo en Vietnam. La etapa que se ha abierto en Cuba será fuertemente determinada por la lucha de clases internacional. Las discusiones en curso, con el saldo correspondiente de diferenciaciones entre unas posiciones y otras, serán el punto de partida de debates que serán cada vez más ricos. Respecto a la cuestión del programa, queremos señalar lo siguiente. El “Ordenamiento” representa la estrategia del gobierno; no se limita a la unificación monetaria ni a la devaluación del peso. Al cabo de un año de su implementación, no se ha establecido un mercado interno único, ni tampoco un tipo de cambio. Somos de la opinión de que se debería plantear la derogación del “Ordenamiento”, por un lado, y plantear la convocatoria a un congreso de trabajadores, para discutir y votar un programa alternativo, por el otro. En la campaña por estos planteos serían necesarias reivindicaciones para revertir la miseria social, como un salario y un seguro al parado de determinado monto, ajustado mensualmente a la inflación; cese de despidos y reparto de horas de trabajo; apertura de los libros de las empresas del estado y los bancos, y control obrero de la producción; incluso un control obrero del comercio exterior. Este programa -digamos,elemental- pone al desnudo la cuestión fundamental de las organizaciones obreras de masas, que han formado parte del estado desde el comienzo de la Revolución. Los sindicatos deben ser independientes del Estado y democráticos, en primer lugar, como órganos de defensa de las masas. Cuando la Unión Soviética abandonó el comunismo de guerra y revirtió hacia la Nueva Política Económica, el partido bolchevique adoptó la posición de la independencia sindical. La Constitución de Cuba, recientemente reformada, ha ratificado el sistema de partido único. El partido único es un pilar del régimen burocrático y de la estatización política – lo contrario del slogan comunista que plantea la reabsorción social de las funciones estatales. El partido único es incompatible con la independencia de los sindicatos y la posibilidad de la democracia sindical y de la libre expresión en general. En China, el partido único ha servido para establecer la acumulación capitalista. Los nuevos estatutos admiten la afiliación de las patronales. Y hoy supervisan el trabajo en las empresas, con la finalidad -al menos más importante- de ahogar en el nido la rebelión de los trabajadores. La abolición del principio político-constitucional del partido único, dará lugar al debate acerca de la pluralidad partidaria, que es algo diferente, porque ella no puede aceptar la legalización de la agitación contrarrevolucionaria, como tampoco los estados capitalistas toleran la agitación revolucionaria. Las condiciones de la pluraiidad política la fijarán los consejos obreros que serán la base de un gobierno de trabajadores. En julio de 1993, denuncié el régimen de partido único, en La Habana, en presencia de Fidel Castro, en una reunión convocada por el partido comunista a los 500 delegados que asistieron a una Conferencia del Foro de Sao Paulo. En medio del "período especial", cuando el gobierno discutía la legalización del dólar, reclamé el derecho a la existencia de un partido que se opusiera a la dolarización, para que el pueblo pudiera votar las alternativas estratégicas de uno y otro planteo. Describí el método de funcionamiento del gobierno cubano como “bonapartista” personal de Fidel Castro. Fidel me replicó sin aludir a ningún aspecto de la caracterización que había desarrollado. Cuba está gobernada en el presente por una burocracia anti-obrera. Ha dejado de ser hace mucho un gobierno revolucionario con deformaciones burocráticas. Es más que una nomenklatura: es un sistema de poder y una forma de explotación social "sui géneris". Esto no significa que esté a la orden del día la consigna “abajo el gobierno”, lo cual, en todas las circunstancias históricas y países, está condicionada por un conjunto de factores, tácticos y estratégicos. Como se señala más arriba, se ha iniciado una etapa de maduración de la crisis política, lejos aun de haber culminado. Las cuestiones de táctica y de política no deben, sin embargo, oscurecer las caracterizaciones del Estado, el régimen y las fuerzas en presencia. Repetimos: la tendencia instintiva de las masas a enfrentar la crisis por medio de la defensa de sus intereses, se encuentra en contradicción con la supremacía transitoria de la burocracia, de un lado, y el imperialismo, del otro, en el terreno político inmediato. La reversión de esta situación depende de la lucha de clases internacional, pero por sobre todo de los Comunistas Revolucionarios, sobre la base de un programa y un método de organización.

Había urgencia por acabar con este movimiento de fuerza por su magnitud y el riesgo de contagio a otros sectores del movimiento obrero. Por eso las direcciones sindicales que en el pasado dieron la espalda de forma sistemática a los trabajadores del metal de Cádiz, que representan unos 30.000 empleos, esta vez decidieron ponerse a la cabeza de las negociaciones, que no de la lucha, con el objetivo de frenar la extensión de una huelga que concitó un apoyo decidido de la población gaditana, incluido el pequeño comercio, de los trabajadores del resto del estado e incluso de trabajadores de fuera de España que hicieron llegar su solidaridad a los huelguistas. El acuerdo fue firmado con la patronal Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA) por CCOO y UGT antes de que fuese refrendado en las asambleas al día siguiente. En muchos casos no hubo asambleas y fueron aprobados por los delegados sindicales, y donde las hubo el acuerdo se aceptó en ocasiones a regañadientes y en otros se lo rechazó. Pero la operación de levantamiento de la huelga era una cuestión decisiva para las burocracias sindicales porque el clima de conflictividad en todo el estado español, con una ola de movimientos de fuerza, ponía sobre el tapete una huelga general. La tendencia a una huelga general ha quedado muy clara en los 9 días de conflicto por la eclosión del apoyo a la huelga en Cádiz, y por la suma de conflictos locales que veían en esta batalla la posibilidad de polarizar todas las luchas para golpear todos a una. La huelga del metal en Cádiz no fue un rayo en un cielo sereno, numerosos e importantes conflictos se venían desarrollando antes y durante la huelga del metal como las compañeras del SAD (Sindicato de Asistencia a Domicilio) que acamparon en las puertas del Ministerio de Trabajo pidiendo ser atendidas por Yolanda Díaz, cosa que no ocurrió; el personal interino de la administración pública que se está movilizando para lograr la efectividad en sus puestos; los bomberos del INFOCA; Tubacex en Euskadi donde se quiso despedir a 129 trabajadores con un ERE; contra el cierre de Airbus en Puerto Real; despidos en Alestis en Puerto Real, la lucha contra los despidos en Unicaja, AluIberica… Con un desempleo en la provincia del 24% y la sistemática destrucción del tejido industrial desde hace décadas que afecta al empleo juvenil y condena la región a la pobreza y a la dependencia del turismo estacional. La huelga en Cádiz contó también con el apoyo de amplios sectores de trabajadores que aunque no estaban en conflicto entendían que su triunfo sería un freno a los planes del gobierno y un avance en la defensa de sus derechos ante la creciente explotación, también de los estudiantes que realizaron una huelga en apoyo participando en las manifestaciones. Tras dos años de gobierno de “progreso” se hace evidente que de progreso nada, y de derogar las leyes antiobreras menos, lo que viene son más ataques contra los derechos de los trabajadores. Lejos de acercarse a un agotamiento, la huelga rompió el cerco mediático, resistió a una dura represión que encendió aun más los ánimos en Cádiz y en el resto del estado, y superó la intoxicación en los medios y en parte el bloqueo que le impusieron las dos centrales sindicales mayoritarias. Estas se esforzaron para impedir la extensión del conflicto limitando la cuestión a Cádiz al no centralizar las luchas que estaban en curso en distintas ciudades para evitar que su confluencia acabara en una convocatoria de huelga general que estaba cuajando en el sentimiento de la mayoría de los trabajadores de todo el estado. Gobierno, patronal y trabajadores estaban pendientes de la huelga que en esos 9 días fue el eje de la situación política del país. O ganaban los trabajadores o ganaban el gobierno y las patronales. El operativo de aislar y levantar la huelga era fundamental no solo para las patronales, sino también para el plan de ataque a los derechos obreros que está llevando adelante el gobierno con su reforma laboral y de las pensiones, objetivos en los que también están comprometidas las direcciones de CCOO y UGT. Por añadidura éstas ven retratada en cada conflicto su función de representantes de las patronales y del gobierno dentro de las filas obreras. Ante cada movilización masiva de trabajadores queda cuestionada su representatividad al igual que en las asambleas con gran participación obrera, en las que no puede controlar su voluntad. En la medida que esta lucha se había convertido en el eje de la política nacional, y de que estaba rodeada de una gran solidaridad a nivel estatal en medio de una ola de conflictos en todo el país, la consigna decisiva era transformar la huelga del metal de Cádiz en una huelga general nacional en defensa del salario, las condiciones de trabajo y el pleno empleo, contra las reformas laboral y de las pensiones, contra el cierre de empresas. Desde este punto de vista los sindicatos alternativos no pusieron el foco en esta cuestión central. Reclamar la unificación de todas las luchas a nivel nacional en el camino de una huelga general como la forma más eficaz de la solidaridad con la lucha de Cádiz, con el objetivo de derrotar los intentos de los burócratas de CCOO y UGT de frenar la huelga con un pacto precipitado que desmovilizara a los trabajadores y clausurara la tendencia a la huelga general. Era el momento de levantar consignas que unificaran las luchas y rompieran el bloqueo que las direcciones afines al gobierno intentaban mantener en otros movimientos como el de los pensionistas, la lucha de las trabajadoras de ayuda, o las de enfermería, levantando un programa contra los planes del Gobierno y de la UE como la derogación de las reformas laborales, la defensa del sistema de pensiones públicas, la defensa de la sanidad pública, contra los despidos, la defensa de los interinos en la administración pública, por la huelga general en Cádiz, del metal a nivel estatal, por la huelga general en todo el estado. La huelga era un catalizador para los sectores que aún no habían salido a la lucha. Una lección fundamental del levantamiento de la huelga del metal en Cádiz es que cuando las direcciones de CCOO y UGT se ponen a la cabeza de la negociación es para derrotar al movimiento de fuerza de los trabajadores formando un frente con el gobierno y las patronales contra la huelga. La construcción de nuevas direcciones en los conflictos es vital para impedir la vía de la derrota. La elección de Comités de Huelga que sean elegidos en asambleas, cuyos miembros puedan ser revocados en cualquier momento, y que solo respondan a éstas es una cuestión central. Un balance no puede dejar de lado el papel del Gobierno y su ala izquierda, Unidas Podemos y sus ministras y ministros “comunistas” desde Enrique Santiago, el Secretario de Estado que llamó a confiar en el gobierno mientras se desataba la represión contra los huelguistas con tanqueta incluida, pasando por Yolanda Díaz que en toda la huelga se limitó a pedir que retiraran la tanqueta. El rol de UP fue trabajar para que no se extendiera el conflicto y amenazara los planes antiobreros del gobierno en sintonía con la dirección de CCOO. Un ejemplo más fue la prohibición por parte de la delegación del gobierno PSOE-UP en Madrid de una concentración estudiantil en apoyo a Cádiz. Una vez terminada la huelga el secretario general del PCE y secretario de Estado, Enrique Santiago, felicitó el “acuerdo” logrado. La huelga del metal de Cádiz si bien dejó un sabor amargo por la nueva traición de las direcciones sindicales que firmaron el acuerdo también dejó para los trabajadores de Cádiz y para toda la clase obrera un camino abierto frente al conformismo y las traiciones de las direcciones sindicales y de la izquierda institucional de UP. Es muy importante sacar todas las lecciones de esta huelga ya que no está cerrado el conflicto en Cádiz, y también de ello depende el futuro de las luchas que están en curso y las que vendrán. De este balance tendrá que surgir la necesidad de construir una nueva dirección de los trabajadores, de no confiar en el gobierno de PSOE-UP y de los/las ministras “comunistas” que aplican los planes y los métodos represivos del capital y la derecha. La tendencia a la huelga general en España sigue viva. Fuera las direcciones traidoras, por nuevas direcciones de la clase obrera elegidas en asambleas en cada lugar de trabajo. Por un congreso de trabajadores que apruebe un plan de lucha. Por la construcción de un partido de los trabajadores. https://independenciaobrera.org/la-huelga-del-metal-de-cadiz-levantada-entre-gallos-y-media-noche-pero-la-tendencia-hacia-una-huelga-general-sigue-vigente/

El pasado viernes 26 casi un centenar de compañeros se movilizaron con el Polo Obrero Tendencia a la Secretaria de Acción Social de Pergamino ante las dilaciones de los funcionarios del gobierno de Javier Martínez, que no han dado respuesta a los problemas más acuciantes de los trabajadores ocupados y desocupados de la ciudad antes y durante la pandemia. Vale recordar que el gobierno municipal y sus principales dirigentes, tomaron una posición negacionista durante la primera fase de la cuarentena, lo que redundó en la falta de controles y la nula asistencia en las barriadas populares. En este cuadro el gobierno de Martínez se ahorró durante el año pasado 100 millones de pesos que debían ser destinados en concepto de ayuda social. Por contrapartida los subsidios y el no cobro de las tasas municipales a empresarios amigos se multiplicaron. En esta sintonía, el ejecutivo municipal dio a conocer el proyecto el presupuesto 2022 que prevé una suba del 45% de las tasas municipales, lo que redundará en los ya alicaídos salarios de los pergaminenses. La elección plebiscitaria realizada por Juntos por el Cambio en Pergamino con más del 55% de los votos emitidos, no lo deja exento de crisis y giros bruscos que están planteados en el escenario político a nivel nacional. Pergamino acumula un déficit habitacional de más de 5000 viviendas, lo que se traduce en hacinamientos y precariedad habitacional brutal. Los índices de desocupación y subocupación se encuentran por encima del 40% y los salarios de los municipales por debajo de los índices de indigencia. Nos encontramos en presencia de un caldo de cultivo que de paso a un reagrupamiento de los explotados en su conjunto, que pueda terciar en la crisis en desarrollo por las reivindicaciones inmediatas que están unidas por el vértice al rechazo del acuerdo con el FMI y el ajuste en marcha. A la movilización a Acción Social, se sumaron compañeros de otras organizaciones sociales que le han dado una tregua a los diferentes gobiernos. En la misma entregamos en mano a funcionarios municipales un pliego de reivindicaciones, logrando arrancarle al gobierno municipal cajas navideñas y un aumento en los alimentos frescos (carne, verduras y pan) para los comedores puestos en pie por la Tendencia del Polo Obrero. Un significativo triunfo en la lucha contra el hambre que imponen los gobiernos. Por otro lado, se comprometió a los funcionarios de las áreas de Trabajo y Tierra y Vivienda a que reciba a delegados del Polo, lo cual va a estar acompañado por una movilización que apalanque las reivindicaciones votadas en asambleas. Está planteada la necesidad de un plan de lucha que canalice los problemas acuciantes de los trabajadores en la perspectiva de un congreso de base y la huelga general.

El domingo 21 del corriente, con la presencia de compañeras de San Isidro, San Martín y Vicente Lopez se llevó adelante una charla en el local de San Martín, en el marco de la campaña por el Día contra la Violencia hacia la Mujer. La compañera Valentina Viglieca estuvo a cargo de la misma. Se refirió al asesinato, en República Domincana, de las hermanas Mirabal, hoy hace exactamente 50 años. Aquel crimen, bajo la dictadura de Trujillo, dio origen a la jornada de eliminación de la violencia contra la mujer. Luego intervino la compañera Eva Gutiérrez, dirigente del Polo Obrero Tendencia, quien describió la situación de las compañeras de las barriadas. La mayoría se encuentra sin trabajo y colabora con los comedores populares, sobrevive apenas con changas y está expuestas permanentemente al mal trato y a los golpes de sus parejas sin tener un lugar donde refugiarse con sus hijos. Guarderías y viviendas. El Estado no se hace responsable. También hablamos del reclamo por la absolución de Yolanda Vargas. Por eso las mujeres debemos organizarnos y este 25 de noviembre marchamos por todas nuestras reivindicaciones. ¡Viva el Plenario de las Trabajadoras de la Tendencia!

Una nueva ola de coronavirus, a las puertas de la temporada invernal, recorre Europa, que ya concentra la mitad de los casos y muertes a nivel mundial. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon “muy preocupante” el ritmo de transmisión del Covid en el continente y pronosticaron hasta 700 mil nuevas muertes adicionales en la región. De cumplirse dicho pronóstico, el número total de muertos en Europa alcanzaría 2,2 millones en primavera. Varios gobiernos de la región comenzaron a tomar medidas para contener la pandemia, desde bloqueos totales y vacunación obligatoria, como en el caso de Austria, y bloqueos parciales, refuerzos con una tercera dosis de la vacuna o restricciones a los no vacunados, como en los casos de Alemania, República Checa o Eslovaquia. Los expertos analizan la nueva disparada de casos en el viejo continente a la luz de las tasas de vacunación, la aparición de nuevas variantes, el cambio de estación y el desapego a los protocolos. Lo que deja expuesto este nuevo brote es otra cosa. La propia OMS, hace un año atrás, cuando Europa se encontraba al borde del colapso hospitalario, salió a hacer una campaña fortísima por la apertura de las escuelas porque, según sus voceros, “los confinamientos son una pérdida de recursos y (...) provocan muchos efectos secundarios, como daños a la salud mental o aumento de la violencia de género” . Por su parte, las nuevas medidas restrictivas tuvieron una repercusión inmediata negativa en el mercado accionario. Todos los mercados bursátiles asiáticos cerraron con números rojos al cierre de la semana pasada. Las bolsas en Europa retrocedieron hasta un 4%, golpeando principalmente a bancos, empresas del sector turístico y de materias primas. La gestión de la pandemia es una cuestión netamente política, con consecuencias económicas y sociales profundas. El capital ha llevado a que la mayoría de los Estados occidentales adoptara la política de “convivencia con el virus”. En esta línea ha promovido la apertura indiscriminada sin importar que sólo el 53,3% de la población mundial se encuentre vacunada con al menos una dosis, incidencia que cae al 5% en los países de bajos ingresos. Esa circulación puede ser palanca para nuevos rebrotes y el surgimiento de “supervariantes” de una contagiosidad impredecible (La Nación, 23/11) como quedó demostrado con la aparición de Omicron, la nueva variante sudafricana. En África, apenas el 27% de los trabajadores de la salud completaron el esquema de vacunación, un índice que es mucho más bajo entre el resto de la población. Este bajo porcentaje de vacunación a nivel mundial, a dos años de iniciada la pandemia, pone en riesgo lo que los especialistas nombran como “inmunidad de rebaño”, que se alcanzaría con más del 90% de la población inoculada. Al mismo tiempo deja expuesta la inequidad en el acceso a las vacunas por parte de las regiones y los países más pobres. El acaparamiento por parte de las potencias y la negación a liberar las patentes por parte de la industria farmacéutica, beneficiaria de un lucro millonario a costa de la salud y la vida en medio de la pandemia, es un signo claro de la irracionalidad capitalista. Como respuesta a esta anarquía sistémica atizada por discursos negacionistas como los de Trump o Bolsonaro -y de izquierdistas que veían el cercenamiento de las libertades individuales detrás de las restricciones sanitarias- han avanzado movimientos de rechazo a los pases sanitarios, a la vacunación obligatoria y al confinamiento. Estos movimientos, de modo cabal, deben entenderse como una reacción a mecanismos que ponen el foco en la punición del individuo mientras se desplegó, en el periodo pandémico, una transferencia multimillonaria de recursos estatales para el salvataje del capital en vez de sostener económicamente a la fuerza de trabajo, de fortalecer mecanismos sanitarios adecuados y de coordinar una acción conjunta mundial para la erradicación del virus. En este marco estas movilizaciones no pueden catalogarse unilateralmente de "antivacunas". Son expresión de una crisis del régimen social de conjunto. Esto queda en evidencia en el hecho de que son más exacerbadas en países donde la población vive por debajo del umbral de la pobreza como en el caso de las Antillas francesas. Sin embargo, en Holanda y Bélgica, cuyas poblaciones están altamente inmunizadas, la epidemia tiene una evolución “muy inquietante” según las autoridades sanitarias. En ambos casos las cifras de hospitalizados en terapias intensivas y de muertos aumentan. Por lo tanto la inmunización es fundamental pero no alcanza, en sí misma, para frenar el avance del virus. En un nuevo capítulo de la guerra por imponer una nueva hegemonía mundial, la política de tratamiento de la pandemia de "tolerancia 0" del gobierno chino ha sido transformada por el partido comunista en un terreno de competencia con la política de "convivencia" de las potencias occidentales, en especial con la política estadounidense. En las últimas horas se ha informado que en China las pruebas masivas, la cuarentena centralizada, los controles de transporte, la vigilancia de alto nivel, el seguimiento y la localización, así como los cierres estrictos y localizados, seguirán siendo una parte importante de la vida de la población. Siguiendo esta línea de acción, sobre una población de 1.411.780.000, el país oriental tuvo 98.546 contagios y 4.636 muertes relacionadas con el covid-19 desde que comenzó la pandemia. El presidente de China, Xi Jinping, se ha comprometido este lunes a proporcionar mil millones de vacunas contra el COVID-19 a África con el objetivo de estimular la inmunización contra la enfermedad en el continente, donde se ha identificado la variante Ómicron del SARS-CoV-2. El capitalismo ha convertido la pandemia en una verdadera crisis humanitaria. Se revela incapaz de resolverla, a pesar de los enormes avances científicos y tecnológicos de los últimos tiempos. Estos son otro nicho de lucro privado de la industria capitalista en detrimento de las mayorías trabajadoras. La socialización de la ciencia y la técnica al servicio de la vida liberando las patentes y estatizando la producción de medicamentos bajo control obrero, una centralización del sistema sanitario y una planificación de los recursos en beneficio de las mayorías laboriosas y no de las disputas interimperialistas ni de un puñado de capitalistas, es una tarea urgente que sólo va a poder desenvolverse hasta el final bajo un gobierno de trabajadores.

La historia del lavado de dinero entre la familia Kirchner y Lázaro Báez remonta a la época de la conquista española. Los reyes de España premiaban con concesiones de tierras en territorio americano a quienes habían participado con ese mismo propósito en la reconquista de España contra los árabes. En aquellos tiempos, la "economía circular" terminaba con el ingreso del oro al Tesoro de la monarquía, que acabó migrando, por medio del comercio, a la Gran Bretaña. Todavía no se había etiquetado a “la patria contratista”, pero fue lo que se siguió haciendo con la enfiteusis (la enajenación de tierras fiscales para garantizar el pago de la deuda externa); el reparto de territorios indígenas a los militares de Rosas y Roca; el regalo de los espacios contiguos a la construcción de vías férreas a consorcios británicos; para concluir con los contratistas de obras públicas con el estado y con los cuadernos de Centeno. Aunque repudien al capitalismo "prebendario", es lo que continúan haciendo los fondos que engordan sus ganancias a través de la deuda externa y la fuga de capitales. Los jueces que absolvieron a la familia Kirchner del lavado de dinero, se saltaron el paso del juicio oral y público que se había preparado durante años. Alegaron que la familia había recibido un dinero en forma completamente legal, porque las ganancias que les derivaba Lázaro Báez, a través de compras y alquileres de hoteles, provenía de construcciones públicas completamente legales. En ausencia de sobreprecios, el canje comercial entre el constructor y los K no se diferencia de los millones que ocurren, días más, días menos, en el mundo entero. Lo curioso es que la transparencia de los contratos de obras y la inexistencia de sobreprecios aún no se han probado, porque forman parte de otro juicio: el de Vialidad. La acusación, en este caso, incluye la cartelización de obra pública o la imposición de un único oferente. En caso de probarse la configuración de un delito en este caso, que el abogado Beraldi, un K, asegura que es imposible, se configuraría el “autolavado”, por el cual la familia Kirchner recibía un dinero por obras ordenadas por la administración que presidía CFK. En cualquier caso, los jueces dictaron una absolución en la causa lavado de dinero, a partir de otra causa, Vialidad, aun inconclusa. Todo esto podría haberse zanjado en un juicio oral y público, pero estos jueces lo consideraron redundante. Este tipo de absolución ya se había dictado en los casos del "dólar futuro" y el "memorando con Irán", con lo cual la Vice había labrado ya unos buenos antecedentes. Como el descarte de los juicios orales tienen lugar cuando hay fuertes elementos probatorios para dictar la absolución, el kirchnerismo denuncia que estos casos son la prueba de que el juicio oral y público por autolavado forma parte de una campaña persecutoria. Las cuestiones mencionadas seguirán su curso legal, a través de sucesivas apelaciones, hasta llegar a la Corte, que no dejará de tomarse un largo tiempo para decidir. Ya ocurrió con Menem. Pero la administración kirchnerista, como la de Lula en Brasil, ha estado repoblada de latrocinios, con especial cariño por los ferrocarriles y, adicionalmente, la impresión de billetes-moneda. Fueron desfalcos que llegaron al crimen, como ocurrió con nuestro compañero Mariano Ferreyra, por la autorización de obras tercerizadas, por parte de la administración de ferrocarriles y la secretaria de Transporte. Lo mismo con algunas masacres, como la de Once y los pasos a nivel. Una pasión que se trasladó al otro campo de la grieta, como la alianza del macrismo con Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento. Macri tiene antecedentes penales de contrabando y el desfalco del Correo. Frecuenta los paraísos fiscales, Tiene a sus amigos, Arribas y Majdalani (ésta última otrora kirchnerista), en problemas judiciales y vedada la salida del país. El régimen político de Argentina, que el politólogo Andrés Malamud juzga “resiliente”, o sea inmune a los desfalcos de todo tipo, es una réplica de lo que ocurre en toda América Latina. El chileno Piñera y el ecuatoriano Lasso, imputados en los Pandora Papers y en negocios incompatibles con la condición de funcionario público, son un caso. La tanda de presidentes peruanos fugados, encarcelados y suicidados. Bolsonaro, denunciado por "rachadinha" (dinero del Congreso) y negociados con materiales de tratamiento de pandemia e incluso genocidio, por el oxígeno para respiradores negados al estado de Amazonas. Los desfalcos "bolivarianos", incluido el kirchnerista Antonini Wilson. Los regímenes narcotraficantes en Centroamérica; el paramilitarismo del régimen colombiano. Esta gigantesca podredumbre es una expresión de la descomposición sin salida de los regímenes políticos en su conjunto. El mismo Lula zafó de una condena de doce años, pero con una buena parte de sus asesores más próximos con delitos probados, y como responsable de la promoción de la mayor desfalcadora que se ha visto, las firmas de la construcción de Brasil, encabezadas por Odebrecht.

Los apremios financieros y cambiarios del gobierno han acelerado las especulaciones acerca del acuerdo con el FMI, que el Presidente reafirmó en la misma tarde de los comicios generales. Aunque las tratativas entre el gobierno y el Fondo se intensificaron, el valor de los títulos de la deuda -así como las acciones de las empresas argentinas en el exterior- continúan en caída libre. Los agentes de las finanzas internacionales sostienen que el arreglo con el Fondo no eximiría a la Argentina de una nueva reestructuración de deuda en pocos años, precisamente, por la acumulación de vencimientos -los de la deuda que se renegoció con los acreedores privados y la que se reciclaría ahora con el Fondo. Para aventar el pronóstico de un nuevo defol, y recuperar el valor de los depreciados títulos de deuda, los fondos privados exigen que el arreglo con el FMI contenga un severo ajuste fiscal. Según informan algunos, Guzmán quiere zafar de esa presión pateando los vencimientos más significativos con el Fondo hacia 2027-2028. Sus pedidos anteriores, los de pagar esa deuda a veinte años y con menores intereses, terminaron en el cesto de papeles. El arreglo con el FMI ha disparado una lucha de buitres que se conecta, por un lado, con la bancarrota argentina, y del otro, con la crisis mundial. En la misma mesa donde Argentina reclama concesiones económicas, el imperialismo coloca la cuestión del “alineamiento internacional” del país. La cancillería albertista acaba de confirmar la presencia del presidente en la “Cumbre de la Democracia”, el cónclave que Biden armó para juntar voluntades contra las pretensiones expansionistas de China. Sin embargo, en sus advertencias sobre los “costos” de un futuro acuerdo con el FMI, Cristina Kirchner omitió cuidadosamente el punto de la política internacional. A caballo de los "gestos" políticos y económicos, Guzmán-Fernández no descartan dilatar por unos meses al acuerdo con el Fondo, especulando con aguantar con los dólares de la cosecha o de algún préstamo internacional "fuera de programa". Pero una dilación tendría como contrapartida concesiones económicas cruciales. Cualquiera sea el ritmo del arreglo en discusión, sus dos pilares no dejan dudas: la devaluación de la moneda y la reducción de los subsidios tarifarios en el presupuesto 2022. Consecuencias El telón de fondo de la disputa por la deuda es la bancarrota nacional, que se manifiesta en una hipoteca pública y privada superior al 100% del producto bruto pero, principalmente, en el empobrecimiento generalizado. La contracara de esta quiebra es la alevosa fuga de capitales perpetrada por el capital internacional y por la burguesía argentina, sin solución de continuidad entre los gobiernos de “Juntos” y “Todos”. Argentina llega al final de 2021 sin reservas internacionales disponibles, pero después de haber reunido un superávit comercial de 25.000 millones de dólares en los últimos dos años. Esta fuga fue financiada, primero, con el préstamo fondomonetarista a Macri y, después, con la gigantesca emisión destinada al rescate “pandémico”, no de la población explotada, sino del capital. Ahora, esa hipoteca quiere ser trasladada integralmente a los trabajadores. Los planes “moderados” de aproximación al arreglo con el Fondo contemplan una devaluación del 25/30% de la moneda, y tarifazos que compensen al semicongelamiento de estos dos años, por un lado, y a la nueva devaluación, por el otro. Cualquiera de las variantes o especulaciones que se tejen en torno del arreglo con el Fondo conllevan un mazazo contra la clase obrera. Ese golpe se descargaría sobre un derrumbe social de alcance histórico. Como nadie ignora esta perspectiva, se entiende porqué el arreglo con el Fondo desató una crisis en las dos coaliciones del régimen, que es apenas el anticipo de la crisis política todavía mayor que podría desencadenarse después del acuerdo. Cristina Kirchner salió a desmarcarse de sus consecuencias, y los opositores de Juntos recelan del proyecto que se lleve al Congreso. El plan plurianual también augura choques por arriba, pues el FMI defiende el sostenimiento de impuestos que aseguren el pago de la deuda (retenciones) mientras que el capital agroindustrial los rechaza. Cómo respondemos Aunque las alternativas de la crisis argentina se discuten en los foros financieros o bursátiles, sus consecuencias se harán sentir con fuerza en las fábricas, hospitales, escuelas o barrios. Las burocracias sindicales –y las de las “organizaciones sociales”- han refrendado su apoyo al acuerdo con el Fondo. Llegaron al extremo de realizar una marcha en su favor, tres días después de las elecciones. El significado de este compromiso es claro: la burocracia se empeñará en hacer pasar el golpe que se prepara contra el salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo. Ese compromiso puede incluir la variante de un “paro” rutinario para encauzar la reacción obrera. Por lo tanto, un plan de lucha real contra el ajuste en ciernes sólo puede ser el resultado de la iniciativa de las comisiones internas y delegados independientes, de los sindicatos antiburocráticos y del clasismo. La gran tarea planteada hoy es impulsar la organización de plenarios, coordinadoras y acciones de lucha, en la perspectiva de un congreso de trabajadores y de una acción de conjunto contra el paquete fondomonetarista: una huelga general. El programa de ese plan de acción debe contemplar un aumento de emergencia y la indexación mensual de salarios y jubilaciones; reparto de las horas de trabajo, ningún tarifazo, repudio de la deuda usuraria. En oposición a los gobiernos del capital y el FMI, gobierno de trabajadores. Abramos la deliberación entre los activistas y luchadores.

Luego de dos años de un "ajuste" implacable contra los trabajadores ocupados, desocupados y y jubilados, la inflación, el gobierno se encuentra en un rincón. Nada de eso ha alcanzado para sacar a la Argentina del "defol", o sea, para refinanciar el pago de la deuda pública, interna y externa, con acreedores privados e institucionales. Son más de 400 mil millones de dólares, lo que equivale a un 130% del PBI. Vienen por un ajuste mayor: el acuerdo con el FMI. Los choques de intereses que han demorado ese acuerdo hasta ahora, han hecho naufragar los acuerdos que fueron alcanzados, con anterioridad, con los acreedores privados. El gobierno no tiene condiciones de cumplir con los plazos establecidos en esos acuerdos, para pagar el ciento por ciento de esa deuda. Los fondos internacionales y nacionales que tienen esa deuda de Argentina, han perdido un mónton de dinero que quieren recuperar por medio de medidas que sean impuestas por el FMI. La principal de ellas es una devaluación fuerte del peso, que lleve el dólar "oficial" a un valor de entre 150 y 175 pesos. Semejante devaluación no sólo sería un golpe letal a la economía de los trabajadores, sino que también podría llevarse puesto a los Fernández e incluso su destino judicial. Otra consecuencia de una mega devaluación sería ahogar la recuperación económica que se registra después del hundimiento que provocó la pandemia. Una recesión afectaría los intereses de muchos negocios, en particular en la industria y en la construcción. Las patronales de la construcción y de la metalurgia acaban de pronunciarse en apoyo a los términos que plantea el gobierno en la negociación. O sea, una devaluación "más suave" y la continuidad del "cepo" al dólar. Tanto los partidarios de la mega y la mini devaluación coinciden, sin embargo, en algo fundamental: tarifazo y desindexación de salarios, jubilaciones y protección social. Son partidarios de aplicarla, por el contrario, a tarifas, alquileres y títulos de la deuda pública interna. Pero, ¿por qué deberían pagar los trabajadores lo que es una consecuencia de la gestión capitalista del Estado, de los Macri por un lado y de los Fernández por el otro? ¿Por qué deberíamos bancar la anarquía capitalista, que cuando un capital gana se queda con la ganancia, y cuando pierde transfiere las pérdidas? Los capitalistas locales tienen cerca de 500 mil millones de dólares en el exterior, lo que convierte a Argentina en un país acreedor, pero pretenden que la deuda pública la paguen los que viven de su trabajo. Bien mirado, esos 500 mil millones de dólares en el exterior, salieron de la deuda que contrajo el Estado y que ahora, lógicamente, no pueden pagar. Ese vaciamiento financiero se encuentra perfectamente documentado, de modo que no plantea ninguna dificultad identificarlo. Asistimos a una operación de “autolavado” como el que se imputa a la familia Kirchner, por apropiarse de parte de los ingresos de las obras de infraestructura concedidas por el Estado. El acuerdo que los Fernández buscan con el FMI debe ser rechazado en cualquiera de sus variantes, porque significa más penuria y sufrimiento para el pueblo. Punto. No existe el acuerdo "bueno" y el acuerdo "malo", salvo para los capitalistas que se encuentran en pugna en el actual escenario económico. Los fondos internacionales y los capitalistas locales que quieran cobrar sus deudas, pueden recurrir a los tribunales internacionales y nacionales, para que investiguen el origen del dinero de Argentina en el exterior. La responsabilidad por no hacerlo corre por cuenta del estado capitalista, no de los trabajadores. Una de las primeras medidas que tomará un gobierno de trabajadores será hacer públicas las cuentas de los capitalistas. La defensora de los pobres, Cristina K, sabe perfectamente bien que los exportadores retienen los dólares en el exterior, lo mismo que hacen los importadores por medio de sobrefacturaciones, mientras financian las ventas y compras al y del exterior, con créditos locales al tipo de cambio oficial. Por medio de este tipo de vaciamientos y muchos otros se sigue acumulando la transferencia de dinero a la cuentas del exterior. Los fondos internacionales y nacionales dicen que una mini-devaluación no alcanza, y prometen seguir atacando al peso en caso de que el acuerdo con el FMI establezca esa salida. Advirtieron que no aceptarán ninguna renegociación de pagos cuando haya que comenzar a cancelar el capital, a comienzos de 2024. Esta presión profundizará la inestabilidad financiera y la inflación. Del otro lado, reclaman una devaluación "modesta" y un cepo prolongado, para seguir recuperando mercados y negocios, pero con la condición de que no se demoren los tarifazos. Esta pelea que cruza a toda la burguesía fondomonetarista fomenta la desorganización económica, la inflación y la crisis política. Es la base económica de las crisis de FdT y JxC. Los trabajadores no debemos pagar la anarquía capitalista de ninguna manera. Es necesaria una salida política de la clase obrera. Consecuencias En 2018, cuando Macri pidió el "socorro" del FMI, el peronismo, la burocracia de la CGT y los kirchneristas no hicieron nada para impedirlo, cuando tenían una cómoda mayoría en el Congreso. La consigna fue: “tenemos 2019”. Ahora son ellos los que reclaman, y con urgencia, "arreglar" con el Fondo. Están empeñados en hacer lo que sea para impedir una sublevación popular, para que el FMI "ordene" el escenario de la economía. No es una situación política desconocida para la clase obrera. La misma conducta política tuvieron el peronismo y la burocracia en el "Rodrigazo" de 1975; en la hiper de Alfonsín; ante las privatizaciones de Menem; en el Argentinazo; y en la hiperdevaluación macrista. Un politólogo muy cotizado acaba de escribir en Clarín (30.11) acerca de “La asombrosa resiliencia argentina”. La conclusión del politólogo es: "vengan a degollar nomás, que el sistema político de peronistas y gorilas aguanta lo que sea". Sobre el infinito crecimiento de la pobreza que resulta de este "aguante", el politólogo no dice nada. Las crisis repetidas del medio siglo reciente han desarrollado en la clase obrera una variedad de anticuerpos políticos. Un crecimiento del activismo clasista en empresas y sindicatos; un movimiento piquetero que enfrenta todo el tiempo los intentos de cooptación estatal; una juventud combativa; luchas vigorosas por los derechos de las mujeres, sujetas también a la presión para integrarse al Estado; un crecimiento de la izquierda, aunque su potencial revolucionario se encuentra neutralizado. Es necesario un plan de lucha de este conjunto de fuerzas trabajadoras. El sábado 11 tendrá lugar una marcha a Plaza de Mayo convocada por diversas organizaciones de izquierda. Pero es necesario, por sobre todo, un plan de lucha del conjunto de los luchadores obreros y sus organizaciones de empresa y sindicatos. El objetivo es definir las reivindicaciones y métodos de acción para enfrentar el acuerdo con el FMI y la grave situación actual. Debemos poner en movimiento barrios y fábricas. Es imposible ignorar que el cimbronazo de una devaluación suscite la respuesta de los trabajadores, sea mediante huelgas parciales y generales. El rechazo a cualquier acuerdo con el FMI debe ir acompañado por el reclamo de un aumento del ciento por ciento de salarios, jubilaciones y planes sociales –por un ingreso mínimo igual al costo de la canasta familiar. Tampoco se puede ignorar que ese acuerdo será precedido o seguido por un pacto político que se votaría en el Congreso, para encubrir el desfalco económico por medio de una suerte de legalidad democrática. El rechazo, en este caso, al conjunto del sistema político, deberá ser sustentado en una alternativa. El propio desarrollo de la crisis plantea la reivindicación política del gobierno de los trabajadores. El progreso del plan de lucha de los luchadores obreros y sus organizaciones plantea un Congreso de la clase obrera, un órgano de unificación política de la clase, y por lo tanto de poder. La crisis política y social que debe enfrentar la clase obrera por medio de su propio plan de lucha, es más amplia que lo que puede significar un acuerdo del gobierno y del estado con el FMI. El recrudecimiento de la pandemia no significa que los gobiernos vayan a recurrir a los confinamientos del principio de ella. Entre la salud y la "economía", se han decidido irrevocablemente por la "economía". Se ha puesto de manifiesto la incompatibilidad del capitalismo con la vida humana. En esta nueva fase, los gobiernos han abrazado, casi sin fisuras, la política de la "nueva normalidad", o sea la convivencia con el virus, y la convivencia del virus con planes de ajuste contra las masas. Estamos frente a una lucha de época.