Mayo de 2020

Un fiscal K, ex titular de la causa AMIA en tiempos de CFK y abogado de Boudou, Alejandro Rua, dio amplia difusión aprobatoria al siguiente tuit de Gabriel Solano: “El pedido de CFK a la Corte Suprema para habilitar las sesiones virtuales en el Senado es muy negativo. Es someter al Congreso a un órgano del Estado que no ha sido electo por la voluntad popular” (sic). La satisfacción del fiscal no podría ser más obvia. Cuando la misma Constitución de Argentina declara que “el pueblo no delibera ni gobierna” en forma autónoma y directa, “sino por medio de sus representantes”, sólo un apologista del estado burgués puede sostener que el Congreso sea el órgano de la voluntad popular. Se trata, como ya lo habían señalado los descamisados (“sans-culottes”) de la Revolución Francesa, en un órgano de confiscación de la voluntad popular. Solano, para colmo, ensalza al Senado, que opera como un órgano de las oligarquías provinciales, al cual el PTS propone suprimir. Para los marxistas la soberanía popular recae en órganos electos y revocables, en el marco de un régimen político asentado en la autonomía de la clase productora, los trabajadores. La declaración de Solano constituye un repudio al estado de los consejos o juntas obrero/as. A la dictadura del proletariado. Cuando un político revolucionario juzga inadecuada la circunstancia para hacer comprender este problema, debe dejarlo para otro momento, pero no defender al adefesio de la democracia capitalista. Como posdata se debe decir que el término democracia burguesa le queda grande a un sistema político que se rige por numerosísimas leyes dictadas por dictaduras, y que puede gobernar con DNUs. Solicitar la venia de la Corte Suprema sigue la lógica del régimen presente, que está constituido por tres poderes. Sólo bajo el gobierno obrero la Justicia deja de ser un órgano político que puede interferir en las decisiones de la asamblea. El poder judicial es político porque tiene asignada la declaración de constitucionalidad de las leyes. Sólo entonces la Justicia es realmente independiente, y puede ser electa y revocable. Elegir a la Justicia, en cuanto, órgano político por el sufragio popular sufriría la contradicción de que el mismo pueblo designaría a la vez mediante el voto a dos órganos o tres, si se incluye al Ejecutivo, potencialmente rivales entre sí. Todos los tres responderían al mismo partido. La declaración de “certeza” que la vicepresidenta solicitó a la Corte, procuró evitar decisiones que luego podían convertirse en nulas por sentencia judicial. Se escucha decir que las redes marean a quienes abusan de ellas. En este caso, sin embargo, no sirve de justificación, porque ningún socialista puede darle pasaporte de voluntad popular al régimen política del capital. Hecho esto: ¿quién podría llamar, con cierta coherencia, a su derrocamiento? Esta enésima ‘gaffe’ de Solano ilustra que la lucha de tendencias en el Partido Obrero es un asunto muy serio.

Se fue Nora Elicabe, Nora de Pilar para muchos de nosotros. La noticia nos golpea de frente a todos los militantes del Partido Obrero de Pilar, porque la vitalidad de Nora arrollaba, inclusive ya sabiendo que peleaba contra un cáncer. Hace unos días hablamos por teléfono, yo le preguntaba por Carlos, si necesitaría algo en los días en que ella iba a estar internada, después discutimos sobre el artículo que tendríamos que sacar cuando se concretara su operación, porque la propia cirugía constituía un hecho político, un triunfo político suyo. Nunca pensamos que la última pelea de su vida sería en ese quirófano. Desde que empecé a militar, hace mas de 15 años, la veía siempre, en todas las actividades. Militaba en la regional Sarmiento viviendo en Villa Rosa, ella y Carlos siempre viajando, jamás los escuché quejándose de las horas que viajaban en transporte público para llegar a tal o cual reunión o actividad. La disciplina militante de Nora la podría describir en un largo texto o con muchas anécdotas, pero basta contar que Nora se murió con su cotización al día. La suya y la de Carlos son siempre las primeras en entrar en la regional Pilar. Nora era una compañera tozuda, no nos dejaba pasar nada que considerara que este mal, en el fondo siempre tenía razón, principalmente en exponer lo que consideraba que tenía que decir. El debate sobre el curso que tomaba el Partido en la última etapa lo vivió de manera activa, interviniendo firmemente en defensa de la continuidad histórica de la organización en la que militaba hacia mas de 50 años. Jamás la vi esbozar siquiera una señal de desmoralización, ni después de ser expulsada junto a los compañeros que hoy formamos la Tendencia del Partido Obrero. El último día del XXVI congreso, cuando volvíamos juntos en auto a Pilar, yo no terminaba de procesar lo que había ocurrido y ella ya estaba conteniendo a compañeros que la llamaban para preguntarle si era verdad lo que había pasado. Nora hizo un enorme aporte a la formación política de los compañeros que en algún momento de nuestras vidas militamos con ella, sobre todo por como defendía sus posiciones, en el contexto que fuera. Hablaba sin eufemismos, incluso de su enfermedad y así encaraba todo. Eso en un capital político muy valioso para los tiempos que corren. Se la va a extrañar.

Habiendo leído recientemente la carta que trabajadores de OSPLAD enviaron a carta de lectores, me siento en el compromiso de contar un poco que es lo que vivimos quienes estamos afectados como afiliados y pacientes. La obra social de los docentes de la educación privada (OSPLAD), forma parte del abanico de cajas negras con las que sectores bien definidos de la burocracia sindical de CTA cuenta para sostenerse. El constante y progresivo vaciamiento de la entidad de salud, está vinculada de manera directa y sin escrúpulos, al sostenimiento de aparatos políticos y campañas sindicales dentro de la CTA. Yasky le debe mucho, en este sentido a los fondos de la obra social docente. En este cuadro, es que presentan la “discontinuidad” de reintegros de costos por parte de la Superintendencia de Salud, como artilugio para aplicar un ajuste estructural en la obra social, enmarcada directamente en una situación virtual de quiebra. En la misma medida que los salarios de sus trabajadores no son pagados, los servicios médicos y prestaciones para los afiliados son suspendidos y recortados. Los afiliados, en muchos casos docentes y auxiliares de la educación privada jubilados, se encuentran frente a un panorama de desatención médica y sin el suministro de medicamentos y estudios necesarios. En mi caso, como afiliado con discapacidad crónica, desde marzo, me encuentro batallando por todos los medios legales disponibles, por garantizarme la entrega del medicamento esencial, que forma parte de mi tratamiento. Tratamiento, por otra parte, que se encuentra amparado por múltiples artículos legales y derechos constitucionales. La discontinuidad de los tratamientos, pueden ocasionar perjuicios a la salud muy graves. Mientras tanto, una parte acusa a la superintendencia de no reintegrar los costos en tiempo y forma, y la otra recusa a OSPLAD de no cumplir con la ley al negar los medicamentos. Ambas cosas son ciertas, pero no debemos perder de vista el vínculo intimo entre las direcciones sindicales que se sostienen sobre los fondos de las obras sociales vaciadas (entre otros recursos) y el Estado; eh ahí el meollo de la cuestión. ¿La superintendencia desregulariza el reintegro a las obras sociales? Sí. Pero las obras sociales están vaciadas por el desvío de fondos hacia el sostenimiento de los aparatos sindicales burocráticos y los negocios personales. La denuncia por el recorte, por el ajuste, por el no pago de salarios, por la incertidumbre laboral y por la no prestación de servicios o entrega de medicamentos, deben ir indudablemente ligadas a la denuncia hacia la burocracia sindical y al vínculo de esta con el Estado y los partidos patronales. Las obras sociales, son una conquista histórica del movimiento obrero con la que se garantizaban prestaciones de salud. Sin embargo, somos los trabajadores (afiliados y empleados) quienes estamos hoy, siendo bastardeados.

No sé cuándo lo conocí. No recuerdo y es lo menos que interesa. Sólo imágenes. Un hombre delgado con campera, sentado en el último asiento de un colectivo de la línea 9, con una bolsa entre sus pies. Se dirigía a una actividad en 1982. Yo, en cambio, iba a ver a Mercedes Sosa al club San Martin. No pude esquivarlo. Lo saludé. Un “hola, Federico”. Lo demás fue silencio. Nada más. Íbamos, ahora, juntos, a una cita. A encontrarnos con otros compañeros en los alrededores del club. ¿En la bolsa? Volantes que sentenciaban: “Abajo la dictadura”. Denunciaba el plan institucional de la multipartidaria para evitar el colapso del régimen y abrir la transición a la “democracia”. Actividad cumplida. ¿Otra imagen? 1985 También en un colectivo que tomamos en Salta y Marcos Paz. Íbamos a Tafí Viejo a visitar contactos con un tercer acompañante: Prensa Obrera. Yo salía, todos los días, de trabajar en el bar que administraba el centro de estudiantes de Filosofía y Letras. Luego de largos recorridos que comenzaban en la “Villa Obrera”, frente a los cerrados talleres ferroviarios de Tafi Viejo, se visitaba a los compañeros. Andaba, siempre, con un bolsito. Yo, con el tiempo, lo imité (todavía lo guardo). Conocí de sus manos a futuros compañeros y dirigentes del Partido Obrero de la localidad. En forma especial a René Sotelo (trabajaba en el ex policlínico Ferroviario, luego delegado de ATSA) que fue mi entrañable amigo. Solo me dedicaba a escucharlo cómo explicaba la situación política y la posición del momento. Recuerdo, por ejemplo, sus explicaciones sobre el programa de crítica a los 36 puntos de la CGT. Lo “lejano” transformado en cercano y palpable para la realidad del “contacto”. No sé cómo fue la cuestión, pero quedé, en el tiempo, como responsable de la zona. Su trabajo se había cumplido con creces. 1987 Una aireada discusión, con movimientos de mesas- en el local de Balcarce 370, defendiendo la posición de concurrir a Plaza Independencia- era el alzamiento de militares “carapintadas”- contra los que planteaba ir a la Legislatura de la provincia. Después, durante un largo tiempo, no lo vi más. Por mucho tiempo nunca supe que se llamaba Hugo Interlandi. Aprendí, en nuestra actividad, que lo mejor es tener información básica. Quedó “grabada”, en mis aprendizajes, su personalidad y su enorme formación política. Retomamos contacto en el 2019. Una continuidad que nunca se cortó, Viajamos, también en un colectivo, al 26 Congreso del Partido Obrero. Largas charlas de ida y de vuelta. Memorables sus intervenciones en la comisión sindical, de dicho congreso, defendiendo posiciones revolucionarias frente a la burocracia que se enquistaba en nuestro partido y que debemos, todavía, expulsar. ¿Una última imagen? El curso de formación política que dimos, en el Cadillal, a la Unión de Juventudes por el Socialismo del NOA. Allí se destacó, una vez más, por su enorme capacidad política. Explicar conceptualmente cuestiones complejas. Fue una atracción para los más jóvenes. Ese curso, además de ser preparado en detalle por el compañero Daniel Blanco en distintas reuniones partidarias, lo reforzamos con algunos cafés que tomamos frente a la Plaza Alberdi. Quedó, después, la costumbre, en el mismo lugar, del café salteado. Hablar de la situación política y de algunas cuestiones personales. De su tristeza por su hermano Juan Carlos Interlandi (responsable, en su momento, del PO de Córdoba, fallecido en un accidente). Amaba a su hijo Federico. Vayan estas palabras para este hombre que me enseñó de militancia y que con limitaciones traté de tener su coherencia. Hasta siempre querido Hugo Interlandi. (La foto es un momento de recreación después de una de las jornadas del 26 Congreso del PO)

Desde que tomó estado público el primer caso positivo de coronavirus en Expreso Villa Galicia el 22 de abril, la empresa montó un operativo de encubrimiento sobre su responsabilidad en el contagio del compañero afectado y la inminente propagación del virus, con más de una decena de trabajadores aislados en sus domicilios por el momento. EVG se apresuró a dar su versión de los hechos en los medios nacionales, enfatizando que la empresa viene cumpliendo los protocolos desde el primer día, lo cual es desmentido por los propios trabajadores. Incluso luego de conocerse el segundo caso positivo en la línea, Clarín (28/4) afirma “aislaron a tres colectiveros, después de que uno dio positivo”. Los trabajadores de EVG tienen derecho a conocer el estado de los compañeros puestos en aislamiento y los resultados de los tests que se les han hecho, los cuales deben ser difundidos ya que se trata de una cuestión de salud pública. ¿No debería UTA intervenir mediante su comisión de salud para que los trabajadores reciban esta información? La respuesta de los trabajadores La desidia de EVG se encuentra con la resistencia de los trabajadores, que han logrado mediante sus denuncias la desinfección de cabeceras, la limpieza a consciencia de las unidades y los controles de temperatura diarios. Sin embargo, esta es una pelea palmo a palmo: los trabajadores tuvieron que reclamar el uso del termómetro tipo pistola, porque la patronal pretendía realizar el control en algunas cabeceras con un termómetro común. La semana pasada, un número de compañeros se hizo presente en la administración de la empresa, para reclamar que se realicen los tests a todos los trabajadores sin obtener respuesta de la patronal hasta el momento. En este punto, hay que señalar la responsabilidad del Ministerio de Salud provincial y de las Secretarías de Salud locales en garantizar el acceso a los tests para los trabajadores. En las últimas horas, los trabajadores se encontraron con que la patronal no permite el ingreso a las áreas comunes y retiró los asientos y dispenser de agua, obligando a los trabajadores a realizar su espera de pie a la intemperie y sin refrigerio alguno. Frente a este atropello, los trabajadores de la cabecera Burzaco desinfectaron un colectivo que ahora utilizan para su descanso. En un contexto de pandemia, en el cual las patronales deberían ser obligadas a garantizar condiciones de seguridad e higiene en el trabajo muy rigurosas, EVG no sólo no toma las medidas necesarias para evitar aglomeraciones; sino que además ataca las condiciones de trabajo preexistentes como descansos y provisión de agua sin consultar a los propios trabajadores. Por un protocolo bajo control obrero Los trabajadores de EVG pueden dar una salida a esta situación mediante la elaboración de un protocolo de trabajo que incluya la reducción de la jornada laboral sin afectar salarios y el distanciamiento social en las cabeceras contemplando la necesidad de reformas edilicias en las áreas de descanso, baños y vestuarios. La experiencia de estas semanas nos enseña que sólo con la organización de los trabajadores podremos hacer frente a la pandemia, en defensa de nuestra salud y nuestra vida. Por lo cual urge levantar un pliego reivindicativo de los trabajadores de EVG que tenga como puntos fundamentales la difusión de información clara y confiable y la realización de tests a todos los trabajadores.

Sin haber cumplido los 20 años, la obrera anarquista Virginia Bolten encabezó el primer acto por el 1 de Mayo en la Plaza López de la ciudad de Rosario, portando la bandera “1 de Mayo. Fraternidad Obrera Universal”. Otro, en letras más pequeñas, explicaba: “Los obreros de Rosario cumplen las resoluciones del Comité Internacional Obrero de París”. Bolten había sido la emisaria de las organizaciones socialistas y anarquistas rosarinas, junto con Rómulo Ovidi, a la reunión convocada en Buenos Aires por el Club Vorwärts con el propósito de organizar una gran jornada internacional de la clase obrera. La muchachita de voz enérgica y talle frágil, a quien sus compañeras de la Refinería Argentina del Azúcar llaman “la Luisa Mitchel rosarina”, en alusión a la heroína de la Comuna de París, fue una de los oradores, que, en distintos idiomas, se dirigieron al millar de obreros franceses, italianos, alemanes, austríacos, españoles y criollos que bajo una lluvia pertinaz marcharon hasta la esquina de Entre Ríos y Urquiza y la escucharon, atentos, custodiados por los Remington de la policía brava rosarina. Bolten era una oradora temible: “La libertad de trabajo es un mito por mil causas diferentes; la del pensamiento es blasfemia; la del sufragio, un engaño; la del amor, quimera; los derechos del hombre desconocidos; su dignidad ultrajada; tratados los obreros peor que esclavos, embrutecidos en nombre de Dios, degenerados en nombre de la Patria, explotados en nombre del derecho, sin hogar y sin familia, en nombre de la propiedad, en las cárceles y cuarteles y aun en defensa de esta sociedad necia”. Durante abril, los anarquistas y socialistas rosarinos agrupados en la “Asamblea Internacional de París” habían organizado en el café “La Bastilla”, una importante concentración proletaria que cumpliera con las resoluciones del Congreso Internacional Obrero y Socialista de París. “Se organizará una gran manifestación internacional en una fecha fija para que, en todos los países y en todas las ciudades a la vez, en el mismo día acordado, los trabajadores emplacen a las autoridades públicas a reducir legalmente la jornada laboral a ocho horas, y a aplicar las otras resoluciones del Congreso Internacional de París.” Esperaban convocar a trabajadores de las combativas asociaciones gremiales rosarinas, que ya tenían la experiencia de dos huelgas generales e importantes conflictos obreros. Obreras textiles, fosforeras, de la industria azucarera, encimadoras, corpiñeras, de la industria química, del comercio. Obreros ladrilleros, ebanistas, estibadores, alpargateros, mosaistas, talabarteros, panaderos, albañiles, pintores, carpinteros, sastres, fideeros, constructores de carruajes, marmolistas, cocheros. El 30 de abril, la policía detuvo a Bolten unas horas, por repartir entre sus compañeros de la Refinería Argentina del Azúcar el Manifiesto del Comité Internacional de Buenos Aires. “El sumario policial destacó que Bolten había sido “demorada” por distribuir propaganda anarquista, “atentando contra el orden social existente”. Terminado el acto, muchos fueron a celebrar al café “La Bastilla”. Se resolvió conformar un Comité Provisorio, y se organizaran distintos comités por nacionalidades. Enviaron a Buenos Aires un telegrama “Al Comité Internacional de Buenos Aires, Comercio 880: los obreros de Rosario reunidos en números de 1000 festejamos el 1º de Mayo. Orden del día: Solidaridad con el Congreso Internacional Obrero. Tiempo malo. Demostración imponente. Orden, tranquilidad y animación. Comité provisorio”. Para fines del siglo XIX, Bolten ya era una figura del anarquismo rosarino, editora del Obrero Panadero y de La voz de la mujer, un periódico escrito por y para las trabajadoras bajo el lema “Ni dios ni patrón ni marido”. El primer congreso de la FORA la mandató para recorrer el país “difundiendo entre las trabajadoras las ideas del comunismo anárquico”. En 1907, la encontramos en Buenos Aires como dirigente de la huelga de los conventillos. Su nombre se repetirá como oradora de los 1 de Mayo por más de tres décadas en Buenos Aires, Chivilcoy, Córdoba, Montevideo, Porto Alegre. En la Argentina y en todas partes, las obreras anarquistas -inmigrantes o hijas de inmigrantes- fueron aguerridas organizadoras sindicales que enfrentaron la represión, formaron comités de apoyo a huelguistas y por la libertad de los presos. La oligarquía no hizo diferencia de género para reprimirlas: las extranjeras fueron deportadas por la Ley de Residencia (1902) y la Ley de Defensa Social (1910) estableció la condena a muerte incluso para las embarazadas (silencio del clero). Denunciaron la doble opresión y la combatieron con organizaciones y periódicos propios, exclusivamente de mujeres. Reclamaron el divorcio, denunciaron los abusos de patrones y encargados, el papel de la Iglesia en el embrutecimiento de las masas, discutieron la maternidad, la familia, la relación con los compañeros y maridos. Atacaron con virulencia al feminismo como una corriente burguesa y a las socialistas por reformistas. Las y los anarquistas impulsaron las escuelas libres, las agrupaciones filodramáticas y una activa vida cultural para formar a las trabajadoras en el ideario revolucionario. También lucharon contra la violencia contra las mujeres, la opresión familiar, el alcoholismo, la prostitución, la tuberculosis, la “trata de blancas” y otras “lacras” denunciando sus raíces sociales. Los límites del anarquismo, su negativa a disputar el poder, la derrota de la Semana Trágica, cerrarían este ciclo. Esto no impide que los combates de las anarquistas formen parte de la historia más heroica de la clase obrera y del movimiento de mujeres en la Argentina. Curiosamente, la obrera anarquista Virginia Bolten ha sido “recuperada” como propia, apropiada, por las corrientes feministas, que, en la academia, en los documentales del Canal Encuentro, en el cine y en sus publicaciones es mencionada como una “feminista” del siglo XIX con poca o ninguna mención ni a su identidad de clase ni a su papel como organizadora sindical. Vaya este homenaje a la primera de nosotras que levantó su bandera un 1 de Mayo.

Libelos como el que ilustra la bajada de esta nota inundan sitios web de los EE.UU. Se trata de conocidos portales de los otrora ´supremacistas blancos´ que en el pasado se identificaban con tipo Ku Klux Klan e hicieron de la ´democracia´ americana una de las más racistas del planeta. De la mano del impulso trumpeano a la teoría del “virus” o la “conspiración china” ahora unen a esto la vieja cantinela del “dominio judío de las finanzas internacionales”. Panfleto zarista que se remonta a los famosos “Protocolos de los ancianos o sabios de Sión”, pero que rezuma prejuicios “del siglo XII. “La pandemia sería así otra táctica para avanzar en la dominación del mundo por los judíos” –denuncia Flora Cassen, profesora asociada de estudios judíos, islámicos y del Medio Oriente y profesora asociada de historia en la Universidad de Washington en St. Louis, autora de "Marcar a los judíos en la Italia renacentista: política, religión y poder de los símbolos” (Haaretz, 30/4). Esta campaña filo-fascista no es solo propaganda ´virtual´. Desde que el 27 de octubre de 2018, un asesinato masivo tuvo lugar en la sinagoga Tree of Life o L'Simcha ubicada en Pittsburgh, Pensilvania (murieron once personas y otras siete fueron heridas) se sucedieron provocaciones de todo tipo abiertamente antisemitas. El ascenso de Trump trajo aparejado “hordas de trolls de internet que lanzaron ataques virtuales contra periodistas judíos” (ídem), estigmatizados porque no respondían a la política del presidente. Desde su asunción las provocaciones de grupos derechistas identificados con Trump se suceden cada vez con mayor frecuencia; esto tuvo su inicio con la famosa manifestación neonazi de Charlottesville, en 2017, en la que fue asesinada una mujer. Allí se coreaba “los judíos no nos reemplazarán”. Ahora este último 8 de abril, una sinagoga de Alabama fue destrozada con graffitis antisemitas “y hace apenas una semana, durante una manifestación contra la cuarentana en Ohio, un manifestante llevaba un letrero con los colores de la bandera israelí, con la imagen de una rata con una caricatura de rostro judío con la leyenda ´la verdadera plaga´” (ídem). Denunciamos esta campaña inmunda a la cual se le debe hacer frente con la mayor intransigencia.

Ante la negativa rotunda de los bonistas a aceptar la propuesta de reestructuración de la deuda, que pone en jaque al ministro Guzmán, el presidente Fernández recibió en Olivos el apoyo de la UIA, de las cámaras empresarias de comercio/ servicios y de la construcción, de la Asociación de Bancos de la República Argentina, de la Sociedad Rural Argentina y de la Bolsa de Comercio, así como de la CGT. Los representantes del sector empresario presente señalaron: “Estamos en el mismo barco, somos la misma Argentina, y necesitamos un escenario de previsibilidad, necesitamos el acuerdo para crecer. Tenemos un gobierno que habla de industria y de trabajo, vamos a acompañar ciegamente al Gobierno nacional”. Por su lado desde la CGT “acompañan la premisa de no someter a la sociedad para sostener la deuda”. Desde la Casa Rosada celebran como "histórico" el acuerdo alcanzado entre la UIA y la CGT. Dejaron en evidencia que están embarcados en imponer a rajatablas el descuento del 25% de los sueldos y las suspensiones en el medio de una inflación descontrolada. Pero el barco no navega en aguas serenas. Bajo la crisis sanitaria y la negativa de los bonistas se agudiza la crisis económica, social y política. Desde el gobierno dicen tener esperanza de que los acreedores reconozcan que, especialmente a raíz de la crisis del COVID-19, Argentina no puede pagar más. Pero como planteamos en Política Obrera en la nota ( https://politicaobrera.com/politicas/1124-frente-al-default ), los bonistas declaran la intención de cobrar la deuda de Argentina hasta la usura, para jugar en una crisis política a favor de su propio proyecto. Reducir un 6% del capital en una deuda que cotiza al 40% de su valor, y proponer una curva de intereses anuales que va de casi el 3% al 7% anual, como lo plantea la oferta de Guzmán, es un negocio redondo para cualquier especulador, incluso si prevé un período de gracia de tres años. En este marco lo que es realmente histórico de la reunión de Fernández con la oligarquía financiera local, es el saqueo al salario y la tentativa de trazar un nuevo mapa en la relación capital-trabajo en favor de las patronales. Por su parte lo que acompaña ciegamente el empresariado es que no se declare el default porque esto arrastraría el no pago a ellos mismos, que tienen bonos locales como extranjeros, en dólares como en pesos. Durante el transcurso de la reunión tanto los representantes de los empresarios como la burocracia sindical le plantearon a Fernández la necesidad de ir saliendo del aislamiento social obligatorio para reactivar la economía aún sin haber llegado al pico de contagios esperados para mediados de junio. Queda en evidencia, una vez más, que la lucha contra el capital es una lucha de los trabajadores por su vida

Tras semanas de incertidumbre y especulaciones, finalmente el Ministerio de Salud de CABA difundió la resolución en la que decide extender, en línea con la bajada nacional, los contratos de lxs residentes y concurrentes de los años superiores que vencían en mayo de este año por cuatro meses, hasta finales de septiembre. El motivo invocado es de “fuerza mayor”, ya que la resolución reconoce que “los/as residentes y concurrentes de las distintas especialidades que se encuentran formándose en el ámbito de la CABA constituyen un recurso humano altamente calificado para contribuir a la mitigación de la pandemia”. La extensión de los contratos no es solo una decisión unilateral del gobierno de Larreta, sino que busca imponerse a través de una lisa y llana extorsión. La resolución plantea la prórroga, por el mismo plazo que el contrario, de la promoción del año académico. En criollo, si algún residente o concurrente se niega a seguir trabajando de forma precaria, en el primer caso, o directamente gratuita, en el segundo, el Ministerio de Salud se reserva el derecho a negarle su certificado de promoción, tirando tres, cuatro o cinco años de esfuerzo a la basura. Como se ve, la manipulación de la cuestión académica por parte del gobierno porteño es ostensible y total. En diciembre pasado nos decían que, por tratarse de una “capacitación de posgrado en servicio”, la ley negociada entre el macrismo y el peronismo no nos consideraba como trabajadorxs y que no correspondía que reclamáramos sus derechos. Hoy, los plazos académicos son manipulados, sin ningún justificativo formativo, solo al servicio de seguir garantizando puestos de trabajo necesarios… de forma precarizada. La manipulación de las promociones revela, nuevamente, el grado de vulnerabilidad y flexibilización a la que estamos sometidxs. A quienes más golpea la resolución es a lxs concurrentes ya que, al igual de la ley de diciembre, esta resolución se esfuerza en remarcar que su sistema de capacitación es “honorario”… eufemismo que los funcionarios de CABA utilizan para decir “sin honorarios”. Para quienes se encuentran luchando por cobrar un salario y obtener la protección de una ART y obra social, esta resolución es un arma en su contra que las direcciones hospitalarias usarán para obligarlxs a volver a trabajar en las condiciones vigentes. Este nuevo ataque tiene lugar en un momento de gran tensión en hospitales y centros de salud. El martes pasado, el “aplausazo” convocado por los equipos de protección personal tuvo alta repercusión, uniendo por primera vez diferentes especialidades. Tirando más leña al fuego, Larreta pactó con la dirección de Médicos Municipales el congelamiento de nuestros salarios hasta junio, y esta semana se barajó la posibilidad, finalmente descartada, de que la Ley de Emergencia Económica habilitara su pago en cuotas. Mientras se esfuerzan en estas agresiones, el desquicio organizativo del sistema de salud es total. Las rotaciones de personal, que recomiendan las resoluciones oficiales, se realizan “a gusto y piacere”, de forma que cada especialidad, servicio u hospital adopta una manera distinta, tornando inocua la medida. No hay suficiente cantidad de enfermerxs para rotar en los hospitales, y lo mismo pasa con lxs farmacéuticxs o el personal tercerizado de limpieza y seguridad en los centros de salud. Las refuncionalizaciones arbitrarias se multiplican, sin condiciones de salubridad y supervisión adecuadas, motivo que llevó a distintas residencias a organizar en asambleas para poner un freno. El ministerio se vio obligado a mandar un mail aclarando que dichas medidas excepcionales solo podían ser tomadas por resolución los directores, lo cual implica poner la navaja en manos de los monos. Al contrario, lo que es necesario es que cualquier disposición de este tipo cuente con el acuerdo de los subcomités y/o asambleas de residentes y concurrentes y que, al igual que las rotaciones o triages, se organicen bajo el control de comisiones de Seguridad e Higiene electas por lxs trabajadorxs. Tomando en cuenta todo este panorama, la asamblea de residentes y concurrentes de CABA votó tres resoluciones: 1) rechazar la prórroga extorsiva de contratos, exigir que los certificados de promoción sean entregados a fines de mayo y que la convocatoria a seguir trabajando para quienes se gradúan sea optativa y en condiciones de planta ; 2) convocar a una asamblea conjunta con residentes de Nación y provincia de Buenos Aires, que se realizaría el próximo martes; 3) participar de la movilización convocada para el próximo jueves a la Legislatura porteña contra la Ley de Emergencia, con el distanciamiento y los cuidados necesarios. La evolución de la crisis sanitaria, económica y política está llevando a lxs residentes y concurrentes a pasar del “Zoom” a las calles.

Al iniciarse la cuarentena, la patronal de Mondelez logró ser incluida como esencial en el decreto del Gobierno, a pesar de que en su planta Victoria (ex Stani) sólo se producen chicles y caramelos duros. Los trabajadores reclamaron ser incluidos en la pandemia, a lo que el gremio respondió que no podía hacerse nada. En los últimos días, la patronal cambió de posición: pasó de "sigamos produciendo que somos esenciales" a querer pasar a un esquema de suspensiones e incluso plantea la posibilidad del cierre de la planta. La empresa Mondelez se inscribe así en un listado sinfín de empresas que recurren a la pandemia para ajustar cuentas con sus trabajadores, intentando imponer nuevas condiciones de explotación, reflotando los objetivos de la reforma laboral que no habían logrado imponer durante el gobierno de Macri. En este listado se inscriben, solo hablando del STIA, Granja Tres Arroyos en todas sus plantas, Alimentos Argentinos -Farm Frites-, Icedream y muchas más. Los delegados de Mondelez responden a la Lista Verde, que dirige Rodolfo Daer en el STIA Buenos Aires. Algunos días atrás, habían comunicado que el sindicato se había comprometido a no aceptar rebajas salariales y rechazar las suspensiones, en medio de un alza productiva de la empresa. En menos de tres días, los delegados informaron el 1º de mayo que, por sorpresa, se encontraron con que el Secretario General del STIA, Rodolfo Daer, había cambiado de posición y se disponía a aceptar las suspensiones con rebajas salariales. Según los delegados de la Verde, las suspensiones serían al 85%, aunque no especificaron a nadie al 85% de qué, si del básico, del conformado o del neto. Tampoco se difundió la propuesta de acta, ni se aclara bajo cuáles condiciones se aceptaría, ni a cuáles de las plantas de Mondelez afectaría. Por supuesto que los únicos sorprendidos porque Daer acepte una reducción salarial son los delegados de la Verde, teniendo en cuenta que, como dirigente de la CGT, acaba de firmar un acuerdo marco de las mismas características a nivel nacional. La fuerte tradición de lucha de los trabajadores de Mondelez Victoria, como de sus otras plantas, pondrán en jaque el acuerdo que traman Daer y la patronal. La defensa del salario, de los puestos de trabajo y de las condiciones sanitarias en medio de la pandemia son el choque central entre los trabajadores y los capitalistas, que se reproduce en todas las fábricas del país. La entrega exprés de Daer en Mondelez expone a los ojos de los trabajadores cuan necesaria es una nueva dirección en el STIA para triunfar en esta batalla.

El 1 de mayo se realizó con éxito el acto de tipo digital que habían convenido, en una reunión internacional, el Partido Obrero (Tendencia), el Partido de los Trabajadores (Uruguay), el Partido Obrero Revolucionario (Chile), Prospettiva Operaia (Italia), Independencia Obrera (España) y los compañeros del Boletim Classista (Brasil). La base de esta actividad común fue la declaración política y programática que habíamos aprobado a fines de marzo pasado, finalmente discutida y resuelta en un plenario virtual realizado a mediados de abril. El acto virtual permitió a los oradores desplegar un programa ajustado a las condiciones de crisis presentes, de alcances fenomenales, y compartir la experiencia de lucha de varios países y sus peculiaridades. En todos los casos exhibió a una clase obrera que combate y a una vanguardia que se esfuerza para fusionarse políticamente con esa lucha. La primera oradora del PO (T), Jorgelina Signa, ex concejal del Cordón Industrial de Santa Fe y trabajadora del Hospital “Eva Perón” de Granadero Baigorria, relató la lucha de los trabajadores de la salud, en la primera línea de combate. Denunció el vaciamiento sanitario y explicó cómo se organizan médicos y enfermeros para exigir la provisión de insumos y elementos de protección. Jorgelina colocó la lucha de su hospital en el escenario más general de una de las poblaciones obreras más concentradas del país, el núcleo exportador del cordón de San Lorenzo. Allí, las cerealeras intentaron barrer tempranamente, desplegando una presión enorme, cualquier medida de protección o aislamiento que frenara sus despachos. Los trabajadores de carga frenaron esa escalada con la primera huelga obrera de la cuarentena argentina. El compañero Álvaro Soto, dirigente del PT y de la dirección del sindicato de trabajadores municipales de Montevideo (Adeom), denunció el dramático crecimiento de la infección en Uruguay y la complicidad del Frente Amplio con la política de Lacalle Pou, que ha abierto la canilla del crédito público y del Tesoro para subsidiar al capital, en un cuadro de pauperización sin precedentes de los trabajadores. “El Vasco” describió la tensión que se desarrolla al interior de los principales sindicatos y de la central obrera. Destacó la decisión de ir al paro, por parte del sindicato municipal de Montevideo, contra el levantamiento de las medidas de aislamiento. Delia y Raffaele, de Prospettiva Operaia, caracterizaron el dramático escenario italiano y el esfuerzo de la clase obrera contra la presión criminal de los capitalistas por mantener abiertas las fábricas, lo cual explica por qué la inmensa mayoría de muertes tienen lugar en centros industriales. Las patronales no quieren saber nada con la cuarentena ni con pausar las producciones no esenciales. La pulseada entre la Confindustria, la central patronal, y los destacamentos obreros de las grandes fábricas del Norte, ha marcado el pulso de la lucha de clases en las últimas semanas. Delia, que también integra la organización de mujeres “Rivoluzionaria”, describió crudamente la lucha de las trabajadoras contra la opresión patronal y la violencia doméstica. En un discurso incisivo y vibrante, Delia desarrolló todas las dimensiones que afectan a la mujer trabajadora durante la pandemia. Mientras que por un lado se acentúan las presiones de la vida laboral, sea en la fábrica o en el trabajo a distancia, la mujer vive el agobio de las tareas domésticas, redobladas bajo el encierro. Este es el marco que rodea al aumento de la violencia doméstica. Salimos de ese infierno, señaló Delia, en la unidad de trabajadoras y trabajadores en defensa de nuestros derechos avasallados. Ricardo Vásquez, dirigente del POR y del sindicato nacional de empleados de Starbucks, rechazó que la pandemia comporte un aplacamiento de la revolución chilena, y anticipó un nuevo estallido popular en el horizonte próximo. En ese marco, desarrolló la lucha de la juventud trabajadora trasandina contra las medidas antilaborales de la administración Piñera, que habilita a las patronales a cesar las relaciones laborales vigentes durante la pandemia. Ricardo destacó también que las medidas represivas -toque de queda y estado de catástrofe- nada tienen que ver con asegurar las medidas de aislamiento, que el gobierno siempre desconoce en beneficio de las patronales, sino que sólo fueron dictadas para desactivar la rebelión popular. La conclusión de Ricardo fue clara: “la permanencia de Piñera en el poder es incompatible con la defensa de la vida”. En el cierre del acto, Jorge Altamira comenzó su discurso con un homenaje a tres compañeros del PO, recientemente fallecidos -Inés Rojas, Hugo Interlandi y Nora Elicabe- y con un saludo a los trabajadores de Bed Time y Penta, y a todos los trabajadores en lucha. Abarcó la crisis actual en su conjunto y los desafíos para la clase obrera y la izquierda. Los lectores pueden ver esos planteos en el Facebook de Política Obrera, y leerlo en los próximos días. Varios comentarios de una audiencia relativamente numerosa de 1.200 asistentes señalaron que en numerosos pasajes de esta actividad sintieron encontrarse en Plaza de Mayo. En todo el desarrollo del acto estuvieron presentes las luchas más significativas del momento, no solamente las de Bed Time y el frigorífico Penta. Mientras se desarrollaba el acto, la pelea de los obreros de Bed Time se acercaba a un posible desenlace. El acto sintonizó con las luchas de masas que resisten estos intentos de una reestructuración social capitalista. La conclusión central del acto del 1 de mayo organizado por estas corrientes es que, a espaldas de la pandemia, se está gestando una situación revolucionaria. El antagonismo entre el capital, de un lado, y la vida de las masas, marcha hacia un paroxismo. La crisis sanitaria se fusiona con una bancarrota gigantesca del capital y sus estados – o sea crisis políticas más severas, en última instancia revoluciones. En Argentina, esto está a la vista de quien quiera verlo. Un gobierno al que se le viene encima un default o una ‘acuerdo’ que será peor que el default; una progresión de la crisis de salud, porque se desconoce aún el tamaño de la población afectada y porque la capacidad de la salud estatal se acerca a límites firmes; la visibilización de una descomposición mayor del estado en la cuestión carcelaria; el crecimiento del endeudamiento público para suplir el sabotaje del sistema bancario al financiamiento de la economía; el repliegue de todos los parlamentos del país hacia las sesiones virtuales, para no hacerse cargo de la catástrofe que se encuentra en desarrollo. El 1 de mayo nuestra Tendencia se expresó por medio foro internacional. Reunió a organizaciones que reclamamos la continuidad de la CRCI, bajo los principios de sus estatutos, unidad de acción y democracia obrera, incluida especialmente el derecho de tendencia. Es nuestra Tendencia la que ha elaborado el programa y los estatutos de la CRCI, aprobados en un congreso internacional. El acto, en el marco de crisis y disputas en el seno del FIT-U, con el eje en la colaboración parlamentaria con el Estado y la vulneración de la democracia de partido (derecho de tendencia), ha sido una nueva instancia para desarrollar la construcción de un partido obrero sobre una base socialista de principios, que salde la experiencia de crisis sucesivas de estos años.

Compañeras y compañeros, buenas tardes. Desde este foro internacionalista saludamos a todos los trabajadores del mundo en el día que simboliza el antagonismo irreconciliable entre el capital y la clase obrera. Un antagonismo irreconciliable porque es un antagonismo de explotación social y de miseria social. Desde este foro internacional quiero conmemorar a tres compañeros del Partido Obrero, grandes militantes, que han fallecido en los últimos días, en las últimas semanas. Me refiero al compañero Hugo Interlandi, a la compañera Inés Rojas y a la compañera Nora Eliçabe. La compañera Nora Eliçabe tuvo que luchar denodadamente para ser tratada de un cáncer que avanzaba en forma inexorable y encontraba en esa lucha los obstáculos sistemáticos, consistentes, irreductibles del aparato de salud del estado. Solo a través de una gran lucha, mucha persistencia, sin aflojar los brazos, conseguimos que la compañera fuera finalmente operada del mal que la estaba aquejando, y lamentablemente falleció durante la operación. Una compañera que está en la cuna de nuestro Partido Obrero, porque realmente las condiciones y las circunstancias con las que ella, su hermana, su hermano, y varios militantes destacadísimos de la juventud católica de Bahía Blanca se reunieron para fundar el Partido Obrero en Bahía Blanca tiene todas las características de un momento de gran creatividad revolucionaria. A ellos mi homenaje, mi conmemoración, y el llamado a todos ustedes a que vean en estos compañeros un ejemplo a seguir. Desde este foro internacionalista envío un saludo enorme a los compañeros de Bed Time y a los compañeros de Penta, porque la circunstancias y el coraje de ellos están marcando el rumbo a toda la clase obrera argentina, un rumbo que la clase obrera argentina está dispuesta a seguir. Es una lucha consecuente contra el capital en defensa de la salud y de los medios de vida del trabajador. Porque se habla de la vida en términos sanitarios, pero se olvida que el salario, las condiciones de trabajo, la defensa de la vida familiar, son los medios con los cuales vive un trabajador en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Compañeros, detrás de esta epidemia, esta pandemia de coronavirus es necesario descifrar algo fundamental: hay un gran proceso de rescate capitalista y de confiscación capitalista que se disimula detrás de la pandemia. En Estados Unidos, las operaciones de rescate llegan aproximadamente a los ocho billones de dólares, ocho millones de millones de dólares, y en Europa y Japón a una cifra, todos juntos, un poquito superior. Un rescate de catorce, quince billones de dólares, si unimos a China y a otros países, como vamos a ver ahora también Argentina. Mediante esta operación de rescate, los estados han volcado en defensa del capital, del salvataje del capital, la cuarta parte del PBI mundial. La cuarta parte de lo que produce la humanidad entera en un año, pero lo han hecho en un par de semanas. Nada parecido ha ido a parar a solventar a los trabajadores desocupados. Por el contrario, hay despidos en masa de trabajadores, y en Estados Unidos en este momento la desocupación alcanza a 25 millones de trabajadores. Detrás del proceso de la pandemia se oculta este otro proceso, porque la pandemia aparece en un momento en que las quiebras capitalistas se habían convertido casi en inevitables, y lo que en una circunstancia corriente hubiera provocado una intervención ‘normal’ a favor del capital, se disimula ahora detrás de la pandemia. Lo que sigue es absolutamente fundamental. Por ejemplo, cuando un capitalista en Estados Unidos y otro capitalista en Argentina dicen que tienen temor a que se quiebre la cadena de pagos, es decir que él no le pueda pagar a su proveedor o acreedor, y el proveedor o acreedor no le pueda pagar a sus proveedores y sus acreedores, lo que está diciendo es “denme ustedes, el estado, el dinero, a tasas de interés baja o cero, para que yo salde mis deudas, que no puedo pagar”. Es una operación de rescate del capitalismo, de nuevo, disimulada con la teoría de la cadena de pagos. Todo eso es mentira. El trabajador tiene que tener presente perfectamente que está asistiendo a una gigantesca confiscación económica. Y todo eso con el argumento de la pandemia. Un hombre como Trump está en contra del distanciamiento social, diciendo que el estado no se tiene que meter en la vida de los individuos, pero se mete con seis billones, ocho billones de dólares incluidos los gastos estatales, en el rescate de la clase capitalista. Unos pocos pulpos lucran. Los diarios financieros del mundo comentan una cosa muy interesante: desde el año 1987 no han crecido tanto las bolsas como en abril. Claro que es un crecimiento que no compensa lo que cayeron, pero nunca subieron en un mes tanto crecimiento como ahora. ¿Cuál es la explicación? La plata del estado. ¿Qué quiere decir? Que tampoco usan esa plata para pagar la deuda que no pueden pagar, sino que se la guardan para ellos, dejan clavadas las deudas, y siguen especulando, y comprando acciones en medio de una recesión, a sabiendas que en medio de una recesión esas acciones no pueden rendir ningún tipo de beneficio. Dicen que la vida no es solo un problema de salud, sino también un problema económico, porque si no lo vemos como un problema económico nos vamos a enfrentar a una situación de hambre. Entonces si la economía también es un problema de salud, hay que decir que lo que están haciendo no tiene que ver con la salud sino con un salvataje a los capitalistas por unas cifras nunca vistas en la historia de la humanidad, en un tiempo veloz que jamás se ha visto hasta ahora. No es en función de la vida, sino en función de la supervivencia de una clase social. Esta es la misma clase social que, allí donde se ha impuesto una cuarentena o como decían los compañeros italianos, usando el inglés, un lockdown, son los que quieren reactivar la economía. Acá nuevamente mienten. Ningún sector de la clase capitalista pretende reactivar la economía porque la economía está dominada por la crisis capitalista. No existen los medios para reactivarla. Lo que quieren es reabrir las fábricas y las empresas para utilizar la pandemia como una extorsión, como una presión para contratar menos obreros, declarar definitivos gran parte de los despidos establecidos, y crear una relación trabajo/capital que permita reducción de salarios y de conquistas. Este es el verdadero propósito. Hace cien años hubo también una pandemia; fue conocida como gripe española, y también fue disimulada, pero fue disimulada, a principios de 1918, por una guerra mundial. Mientras el capital mataba la fuerza de trabajo en las trincheras y en los campos de batalla, había poca atención a que estaba ocurriendo lo mismo con la gripe española. Hoy, en cambio, ha estallado en forma absolutamente descomunal, sin otra pantalla. ¿Qué significa esto? ¿Que el capital tiene una vida eterna, de pandemia en pandemia, de guerras en guerras, rescatado por los estados capitalistas? De ninguna manera. La salida a la crisis sanitaria, en el momento en que ello ocurra, en función de una vacuna, en función de otras circunstancias o lo que fuere, vamos a tener a una clase capitalista sin recursos para operar y a estados capitalistas absolutamente quebrados porque tienen créditos sobre una burguesía que no se los puede devolver. La deuda pública de Estados Unidos, la deuda pública de Europa, la deuda de los bancos centrales, son impagables. El tema de pagar la deuda se ha transformado en un problema mundial. En este momento, por ejemplo, un montón de naciones de Asia no están en condiciones de devolver o de pagar la deuda externa a China por las construcciones y negocios hechos en la ruta de la seda. ¿Y adivinen qué? Están proponiendo a China el mismo plan que Martín Guzmán, el ministro de Economía de Argentina, les está proponiendo a los acreedores extranjeros: un 65% del corte de los intereses, dilación de plazos, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que es una crisis mundial, no es una crisis de deuda de Argentina, de Brasil, de Venezuela... es una crisis mundial que afecta a los capitales internacionales en su conjunto. Habrán leído (a los compañeros extranjeros les doy una mayor precisión) en Ámbito Financiero una noticia espeluznante: van a quebrar como consecuencia de la crisis del petróleo empresas de gas shale y petróleo no convencional en Estados Unidos, y esas empresas están muy endeudadas, y no solo muy endeudadas: forman parte del capital accionario de los grupos financieros como Blackstone, Fidelity, el Banco Morgan… es decir que las empresas de shale gas y shale petróleo se van a llevar puestos a los grandes acreedores internacionales de nuestros países, porque la pérdida de capital que van a tener como consecuencia de estas quiebras es fantástica. Es importantísimo, en nuestra opinión, en medio de esta pandemia atender a la quiebra y disolución del sistema dominante. Porque es a la luz de esto que tenemos que juzgar lo que unos y otros están haciendo con respecto a las cuarentenas, a las pandemias, y a esta crisis sanitaria. El régimen social que tiene que darle la salida al problema sanitario está completamente quebrado. Esta quiebra se manifiesta por sobre todo en el tema de la salud, totalmente. Por ejemplo, se calcula que los infectados y los muertos en Brasil son un sesenta por ciento mayor a lo que se ha establecido. Lo mismo en Estados Unidos: como no se han hecho diagnósticos masivos, seguros, porque no hay ni voluntad ni recursos para aplicar a estos diagnósticos, se desconoce la amplitud de la pandemia. Es una cifra que la terminaremos conociendo, si no hay una revolución social que cambie todos los datos políticos del mundo; que vamos a conocer mucho más adelante y va a ser muy superior. En Estados Unidos la salud pública esta quebrada. 25 millones de norteamericanos no tienen atención a la salud, y del lado privado la atención de la salud es carísima. Esto explica también la expansión del virus en Estados Unidos. En Brasil la salud pública está completamente sobrepasada. Se entierra gente en fosas comunes, y sin embargo la medicina privada o los sanatorios privados tienen todavía capacidad para actuar, es decir que el capital, cuando se enfrenta a la cuestión de defender la vida de sus ciudadanos, una categoría republicana que han convertido en un dios moderno, apela a la distinción de clases: están los ciudadanos que trabajan y son explotados y otros que tienen mejores condiciones y pueden atender su salud. El caso de Brasil es absolutamente espantoso, y lo mismo ocurre en Argentina. Tenemos un periodista que escribe en el diario La Nación, y que se lamenta del derrumbe de la salud privada, porque, dice, tienen suspendidas distintas operaciones debido a la pandemia, no ganan lo que ganaban antes. Se niegan a abrir esos sanatorios al tratamiento indiscriminado de los que están afectados por el coronavirus y sólo lo hacen limitadamente (el coronavirus no figura en la grilla) a aquellos que pueden pagar una cuota en prepagas o en algún caso de obras sociales. No quieren someterse a las directivas del estado y someterse a un plan único en donde naturalmente no deberían lucrar, porque se trata de la salvación de la ciudadanía ante una pandemia muy grande. Todo esto explica la crisis política que vivimos a nivel mundial. La situación de crisis de Trump con sus gobernadores, de Bolsonaro con sus gobernadores, de Piñera con sus intendentes, y a su vez de estos gobiernos con sus propias masas, que resisten esta situación. Bolsonaro es un gobierno del cual ya se está hablando sobre su caída, y a Trump le va a ocurrir lo mismo. Fenómenos similares tenemos en Europa, en otros países latinoamericanos, y en Asia. Es decir que detrás de la pandemia se esconde una situación, que en la medida en que va evolucionando, es claramente revolucionaria. Deberemos deliberar, los trabajadores de todo el mundo, acerca de qué estrategia nos damos y qué política nos damos de cara a esta perspectiva. Quiero señalar esto en toda su amplitud, y la catástrofe, en toda su amplitud. En Argentina rechazamos que el número de contagios sean los que son, el número de muertos sean los que son, porque Argentina es un país que tiene el mapa de diagnósticos más bajo del mundo. Esto es absolutamente claro. Mientras tanto, las farmacéuticas están ganando como nunca. En las bolsas de todo el mundo ellas están haciendo punta, porque descubren algunos medicamentos que sirven para morigerar en parte el tratamiento o el sufrimiento de esta pandemia, y porque a través de una campaña de lobby procuran hacer entender que están cerca del momento de producir una vacuna. Entonces a través de una desinformación generalizada y otras cosas están ganando un dinero fenomenal. ¿Quién paga ese dinero? Lo pagan los trabajadores que están siendo despedidos. lo pagan los trabajadores a los cuales se les reducen los sueldos con el argumento de que como no están trabajando no pueden pagar, mientras el estado les da a las empresas por lo que no están haciendo mucho más dinero de lo que recibirían nunca de cualquier otro banco. Esta es la crisis que nosotros enfrentamos. En el caso de Argentina hay tres cosas que se destacan. En primer lugar, una crisis con el sistema carcelario, que pone de manifiesto lo que es un estado capitalista en su verdadera entraña. Mientras todas las organizaciones humanitarias y de salud del mundo hablan de la necesidad de sacar detenidos de las cárceles por el riesgo cierto de que progrese una pandemia que se va a desbordar de las propias cárceles, en la Argentina esto ha desatado una crisis política que ha puesto de manifiesto una cosa: la cantidad de lobbys, de aparatos mafiosos, de conexiones con la política, con la justicia, que operan sobre el sistema judicial y sobre el sistema carcelario. Es decir, detrás del planteo de liberar a los presos, estos distintos lobbys logran meter en las listas a gente que no debiera salir, y por lo tanto a través de estos u otros ejemplos se arma una crisis política. Ustedes fíjense que se han liberado uno o dos casos de genocidas, es decir de delincuentes por delitos de lesa humanidad. Femicidas, o digamos violadores. Esto revela un estado podrido en donde las mafias de abogados, jueces, fiscales y detenidos han desarrollado una industria de la delincuencia que tiene el amparo dentro del propio estado. un estado de este tipo hay que dinamitarlo. Liquidarlo. Limpiarlo de raíz, de abajo arriba. Solo lo puede hacer un gobierno de trabajadores. Sobre este proceso de las cárceles, se ha renovado en Argentina lo que llamamos golpismo. Una parte de la oposición ha lanzado todo un ataque cuyo sentido final es derrocar al gobierno actual, con uno u otro pretexto, y esto es dicho abiertamente. Es decir que de todas las crisis que hay en el mundo no solo está la de Trump y la de Bolsonaro, no solo está la de Piñera, que se moría de ganas de anular para siempre el plebiscito o pasarlo al año que viene, y ayer declaró que lo mantiene para el 26 de octubre - claro que con la reserva de postergarlo indefinidamente si cree que para esa fecha no tiene acomodados los tantos - sino que una de las crisis políticas más severas está acá, vinculada a este tema, al tema del golpismo en Argentina. Un golpismo que tiene el apoyo de los acreedores internacionales y como dice un diario de hoy en Argentina, de los acreedores de deuda externa que son argentinos, que es capital local, y que son los que presionan al exterior para que no lleguen a un acuerdo con el gobierno argentino, y lo obliguen a caer en un default. Entonces como ustedes ven, tenemos una crisis de características fenomenales. Estamos asistiendo a un derrumbe colosal del sistema político. Esto no se pone tan en evidencia a los ojos del común de las personas por la ausencia, en el campo de la clase obrera, de una dirección revolucionaria. Si una dirección con autoridad entre los trabajadores pronunciara el discurso que nosotros estamos pronunciando hoy vía Skype, vía Facebook, como sea, tendríamos una clase obrera con una comprensión enorme de lo que está ocurriendo y por lo tanto preparándose políticamente para dar una salida a esa situación. La compañera de Italia y el compañero de Italia, ambos insistieron en señalar las luchas que se han desarrollado en su país. Ha habido luchas de ese tipo en España, en Francia, y hay luchas en Argentina. Sistemáticas, crecientes, que van a avanzar por la política de reducción salarial que está aplicando el gobierno, la burocracia sindical, con las patronales. Esas luchas van a avanzar, y hay que encaminar esas luchas a una coordinación, a unir por abajo a los trabajadores por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la burocracia sindical ha cerrado un pacto con la unión industrial y con el gobierno, y, en segundo lugar, porque en muchos casos se trata de trabajadores no sindicalizados, de la parte inactiva de la clase obrera que la crisis ha activado debido a que es una amenaza existencial a sus propias vidas. En Argentina hay convenios colectivos de trabajo y paritarias que se están suspendiendo. Este es un derecho de la clase obrera que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se liquide, porque incluso la paritaria es un derecho cercenado. Los trabajadores han luchado históricamente, años, decenios y centenios por la libertad de acción para discutir salarios y condiciones de trabajo allí donde fueran amenazadas o allí donde se entendieran necesarias nuevas iniciativas, y no para codificarlas o regimentarlas cada dos años, cada tres años, por ejemplo, como ocurre con la industria automotriz en Estados Unidos, paritarias cada cuatro años. Codificarlas en el tiempo para quitar iniciativa de acción. Bueno, a estas paritarias que codifican, encierran, regimentan la lucha de los trabajadores se las quiere liquidar, cuando ahora deben ser convocadas, y cuando sería la oportunidad para discutir las condiciones de trabajo en tiempos de pandemia o extraordinarios. Asistimos a un momento absolutamente excepcional que plantea desafíos muy concretos, y donde la salida no puede ser sino abolir este capital parasitario que requiere de los recursos del estado para sobrevivir al punto que el estado se transforma en el accionista principal en muchos casos de grandes corporaciones, pretendiendo al mismo tiempo ser equidistante de las clases sociales en el marco de una supuesta democracia. Este es el cuadro general que nosotros denunciamos en este 1° de Mayo. En Argentina, hay una crisis que es muy clara en el campo de la izquierda. Desde noviembre del año pasado hasta ahora la izquierda argentina se ha visto envuelta en algo que nunca había ocurrido en el pasado. Discusiones políticas, reyertas, peleas, por una serie de maniobras parlamentarias que han envuelto a la izquierda con el estado capitalista. Esto no había ocurrido nunca. Quórum para presupuestos, quórum para leyes que no conducen a nada y que son un disfraz del capital para mostrar un interés popular que no tienen, y en la medida en que lo pueden mostrar se fortalecen y la izquierda lo tiene que denunciar. Es una pelea en que están envueltas todas las corrientes de izquierda atacándose entre sí. Lo que nos distingue en esta pelea es que la pelea del Partido Obrero Tendencia viene de hace bastante tiempo, tiene fundamentos metodológicos claros, no es circunstancial, y no se trata de una pelea sino de un programa alternativo. En cambio, en el campo de la izquierda argentina son reyertas. Recientemente, por una votación completamente ilegal, por la cual inclusive todos los que participaron de ella pueden ser sancionados penalmente, como en la provincia de Córdoba, se acompañaron medidas sin consultar a la legislatura, hablando en nombre de ella, pero sin ella, por parte de partidos que dicen que defienden la democracia. O apoyar presupuestos de ajuste ofreciendo el quórum y después disimulando que no con otro tipo de maniobras. Entonces es un momento crucial. ¿En los actos del primero de mayo que hacen otras corrientes, estarán discutiendo esto? ¿Estarán discutiendo cómo van a reconstruir una internacional? ¿Cuál es su método? ¿Por qué cada fracción tiene un grupo internacional y no es capaz de ofrecer una salida de conjunto sobre la base de un programa, de un método, etcétera, y no en términos absolutamente sectarios? El partido Obrero Tendencia no reclama solamente como una tendencia que defiende dentro del Partido Obrero el derecho a formar tendencia, sino que pretende ser una tendencia internacional para luchar por el restablecimiento del programa revolucionario en estas circunstancias catastróficas, que nuestra Tendencia, antes como Partido Obrero en su totalidad, previmos sistemáticamente en contra de la mejor opinión, o de la peor opinión, de nuestros adversarios políticos. Acá tenemos un debate que tiene un carácter internacional, que envuelve a todo el mundo. Pero para eso, para que lo envuelva, los partidos que dicen que son de izquierda tienen que admitir la democracia en el seno de la izquierda, debatir en el campo de la izquierda y defender el derecho de tendencia, porque no hay democracia en un partido obrero por el simple hecho de que unos puedan discutir con otros. La prueba de la democracia se manifiesta en el derecho a tendencia, es decir en un debate integral de los problemas políticos a partir de circunstancias cambiantes. De manera que culmino o cierro este discurso en primer lugar felicitando a todos los compañeros que lo han organizado, porque tenemos un foro internacional, declarando el agradecimiento, mi simpatía y mi camaradería con todos los partidos, tendencias u organizaciones que han participado de esta actividad. Nosotros no solo planteamos constituir un partido revolucionario, sino que el Partido Obrero Tendencia ha construido un partido revolucionario, que es el Partido Obrero, y está luchando por recuperar la dirección de este partido a través de una metodología principista: el derecho de tendencia en el Partido Obrero, y el derecho de tendencia a discutir, entre toda la izquierda, las divergencias políticas y las divergencias estratégicas. La oposición a estos planteos sería una expresión de liquidacionismo. Combatiremos el liquidacioinismo y acabaremos por superarlo. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la cuarta internacional ¡Vivan todos los trabajadores que están poniendo el cuero, el alma y la vida en esta lucha tan dramática a la que nos ha colocado el capitalismo! ¡Adelante, compañeros!

Escrito: Discurso pronunciado en el Congreso de Gotha del Partido Socialdemócrata de Alemania el 16 de octubre de 1896. Reproducido como panfleto. Los estudios de Bachofen [1], Morgan [2] y otros parecen demostrar que la opresión social de la mujer coincide con la aparición de la propiedad privada. La contradicción, en el seno de la familia, entre el hombre en cuanto a poseedor y la mujer en cuanto a no-poseedora constituye la base de la dependencia económica y de la situación social de defraudación de los derechos del sexo femenino. Según Engels, en esta última situación radica una de las primeras y más antiguas formas de dominio clasista. Engels afirma que: «En la familia el marido es el burgués y la mujer representa el proletariado.» [3] Todavía no se podía hablar en aquel momento de cuestión femenina en el moderno sentido de la palabra. Solamente el modo de producción capitalista ha provocado los trastornos sociales que han dado vida a la cuestión femenina moderna; ha hecho pedazos la antigua economía familiar que en el período precapitalista garantizaba a las grandes masas del mundo femenino un medio de sustento y un sentido a su vida. Parecería insensato aplicar a la actividad desarrollada por las mujeres en la antigua economía doméstica aquellos conceptos negativos de miseria y de angustia que caracterizan la actividad de las mujeres de nuestros días. Mientras subsistió la antigua forma familiar, la mujer encontró en la misma su sentido en la actividad productiva que desarrollaba, y por ello no era consciente de que estaba privada de todos los derechos sociales, a pesar de que el desarrollo de su individualidad estaba fuertemente limitado. El período del Renacimiento es el Sturm und Drang que señala el despertar del moderno individualismo y le permite desarrollarse en las más diversas direcciones. Nos encontramos con individuos de talla gigantesca, tanto en el bien como en el mal, que pisotean las instituciones de la religión y de la moral y desprecian tanto el cielo como la tierra, el infierno como el paraíso; encontramos mujeres en el centro de los acontecimientos sociales, artísticos y políticos. Sigue sin percibirse ningún rastro del «problema» femenino. Y ello es tanto más característico cuanto se trata de un período en el cual la antigua economía familiar, bajo el fuerte impulso de la división del trabajo, empieza a desaparecer. Millares de mujeres dejan de vivir su vida en el seno de la familia. Pero la cuestión femenina, por llamarla de este modo, se resuelve entonces entrando en los conventos y en las órdenes religiosas. Las máquinas, el modo moderno de producción, empezaron gradualmente a cavar la fosa a la producción autónoma de la familia, planteando a millones de mujeres el problema de encontrar un nuevo modo de sustento, un sentido a su vida, una actividad que al mismo tiempo fuese también agradable. Millones de mujeres se vieron obligadas a buscarlo fuera, en la sociedad. Entonces empezaron a tomar consciencia de que la falta de derechos hacía muy difícil la salvaguarda de sus intereses, y a partir de este momento surge la genuina cuestión femenina moderna. Citamos algunas cifras que demuestran hasta qué punto el modo moderno de producción agudizó la cuestión femenina: en 1882, en Alemania, sobre un total de 23 millones de mujeres y jóvenes, existían 5 millones y medio de trabajadoras asalariadas, es decir, casi una cuarta parte de la población femenina encontraba ya su sustento fuera de la familia. Según el censo de 1895, las mujeres ocupadas en la agricultura, en sentido amplio, eran un 8 % más de las censadas en 1882; en la agricultura, en sentido estricto, habían aumentado en un 6 %, mientras que para el mismo período los hombres habían disminuido respectivamente un 3 y un 11 %. En los sectores de la industria y la minería, las mujeres habían aumentado un 35 %, mientras que los hombres sólo lo habían hecho en un 28 %; en el comercio, el número de mujeres había aumentado en más del 94 %; el de los hombres sólo en un 38 %. Estas áridas cifras son mucho más perentorias en afirmar la urgencia con que debe resolverse la cuestión femenina, que no las declaraciones más ardientes. Sin embargo, la cuestión femenina sólo existe en el seno de aquellas clases de la sociedad que a su vez son producto del modo de producción capitalista. Por ello, no existe una cuestión femenina en la clase campesina, aunque su economía natural esté ya muy reducida y llena de grietas. En cambio, podemos encontrar una cuestión femenina en el seno de aquellas clases de la sociedad que son las criaturas más directas del modo de producción moderno. Por tanto, la cuestión femenina se plantea para las mujeres del proletariado, de la pequeña y media burguesía, de los estratos intelectuales y de la gran burguesía; además, presenta distintas características según la situación de clase de estos grupos. ¿Cómo se presenta la cuestión femenina para las mujeres de la alta burguesía? Estas mujeres, gracias a su patrimonio, pueden desarrollar libremente su propia individualidad, seguir sus propias inclinaciones. Sin embargo, como mujeres, siguen dependiendo del varón. El residuo de la tutela sexual de los tiempos antiguos ha desembocado en el derecho de familia, para el que sigue siendo válida la frase: «y él será tu señor». ¿Qué aspecto presenta la familia de la alta burguesía en la cual la mujer está legalmente sometida a su marido? Desde el mismo momento de su creación, este tipo de familia ha carecido de presupuestos morales. La unión se decide en base al dinero, no a la persona; es decir: lo que el capitalismo une no puede ser separado por una moral sentimental. Por tanto, en la moral matrimonial dos prostituciones hacen una virtud [4]. A ello corresponde también el estilo de la vida familiar. Allí donde la mujer no se ve obligada a asumir sus deberes de mujer, madre y vasalla, los traslada al personal de servicio al que paga un salario. Si las mujeres de estos estratos desean dar un cierto significado a su vida, deben ante todo reivindicar el poder disponer libremente y autónomamente de su patrimonio. Por ello esta reivindicación se sitúa en el centro de avanzada del movimiento de mujeres burguesas. Estas mujeres luchan por conquistar este derecho contra el mundo masculino de su clase, y su lucha es exactamente la misma que la burguesía inició en su momento contra los estratos privilegiados: una lucha por la abolición de todas las discriminaciones sociales basadas en el patrimonio. ¿Cuáles son las características de la cuestión femenina en los estratos de la pequeña y media burguesía y en el seno de las intelectuales burguesas? En este caso la familia no está separada de la propiedad, sino básicamente de los fenómenos concomitantes a la producción capitalista; en la medida en que ésta avanza en su marcha triunfal, la pequeña y media burguesía van acercándose progresivamente a su destrucción. En el caso de las intelectuales burguesas se produce además otra circunstancia que contribuye a que sus condiciones de vida empeoren: el capital necesita fuerza de trabajo inteligente y científicamente preparada y en este sentido, ha favorecido una sobreproducción de proletarios del trabajo mental, determinando con ello un cambio negativo de la posición social de los que pertenecen a las profesiones liberales, profesiones que, en el pasado, eran decorosas y muy rentables. Sin embargo, el número de matrimonios decrece en la misma medida ya que, si por un lado las premisas materiales han empeorado, por el otro se han incrementado las necesidades vitales del individuo y por tanto el individuo perteneciente a estos estratos reflexiona muchísimo antes de decidirse a contraer matrimonio. El límite de edad para la creación de una familia es cada vez más alto, y el hombre se siente cada vez menos inclinado hacia el matrimonio, debido también en parte a que la sociedad permite al solterón una vida cómoda sin exigirle una mujer legítima: la explotación capitalista de la fuerza de trabajo proletaria con salarios de hambre da también suficiente para que la demanda de prostitutas por parte del mundo masculino esté ampliamente cubierta por una conspicua oferta. Y por ello, el número de mujeres solteras entre los estratos de la media burguesía es cada vez más elevado. Las mujeres y las adolescentes de esta clase se ven rechazadas por la sociedad en la que no pueden vivir una existencia que sólo les procure el pan, sino también satisfacción moral. En estos estratos la mujer no está equiparada al hombre en lo que se refiere a la propiedad de bienes privados; ni siquiera está equiparada en calidad de proletaria como acontece en los estratos proletarios; la mujer de las clases medias debe conquistar ante lodo la igualdad económica con el hombre, y sólo lo puede conseguir mediante dos reivindicaciones: la de igualdad de derechos en la formación profesional y la de igualdad de derechos para los dos sexos en la práctica profesional. Desde un punto de vista económico, esto significa la consecución de la libertad de profesión y la concurrencia entre hombre y mujer. La consecución de estas reivindicaciones desencadena un contraste de intereses entre los hombres y las mujeres de la media burguesía y de la intelligentsia. La concurrencia de las mujeres en las profesiones liberales es la causa de la resistencia de los hombres frente a las reivindicaciones de las feministas burguesas. Se trata del simple temor a la concurrencia; sea cual sea el motivo que se hace valer contra el trabajo intelectual de las mujeres: un cerebro menos eficiente, la profesión natural de madre, etc., sólo se trata de pretextos. Esta lucha concurrencial impulsa a la mujer que pertenece a estos estratos a la consecución de los derechos políticos, con el fin de romper todas las barreras que obstaculizan su actividad económica. Hasta ahora he esbozado solamente el primer momento, que es básicamente económico. Sin embargo, haríamos un escaso favor al movimiento femenino burgués si sólo limitáramos los motivos del mismo al factor económico, ya que también incluye un aspecto mucho más profundo, un aspecto moral y espiritual. La mujer burguesa no sólo pide ganarse su propia existencia, sino también una vida espiritual, el desarrollo de su propia personalidad. Precisamente es en estos estratos donde se encuentran aquellas trágicas figuras, tan interesantes desde el punto de vista psicológico, de mujeres cansadas de vivir como muñecas en una casa de muñecas y que desean participar en el desarrollo de la cultura moderna; las aspiraciones de las feministas burguesas están plenamente justificadas, tanto en el aspecto económico como desde el punto de vista moral y espiritual. En lo que respecta a la mujer proletaria, la cuestión femenina surge a partir de la necesidad de explotación del capital que lo obliga a la continua búsqueda de fuerza de trabajo más barata... de modo que también la mujer proletariada se ve inserta en el mecanismo de la vida económica de nuestros días, se ve arrastrada a la oficina o atada a la máquina. Ha entrado en la vida económica para aportar un poco de ayuda a su marido, pero el modo de producción capitalista la ha transformado en una concurrente desleal: quería acrecentar el bienestar de la familia y ha empeorado la situación; la mujer proletaria quería ganar dinero para que sus hijos tuviesen un mejor destino y casi siempre se ve arrancada de sus brazos. Se ha convertido en una fuerza de trabajo absolutamente igual al hombre: la máquina ha hecho superflua la fuerza de los músculos y en todas partes el trabajo de las mujeres ha podido producir los mismos resultados productivos que el trabajo masculino. Tratándose, además, y ante todo, de una fuerza de trabajo voluntaria, que sólo en rarísimos casos se atreve a oponer resistencia a la explotación capitalista, los capitalistas han multiplicado las posibilidades con el fin de poder emplear el trabajo industrial de las mujeres a la máxima escala. En consecuencia, la mujer del proletariado ha podido conquistar su independencia económica. Pero de ello no ha sacado ninguna ventaja. Si en la época de la familia patriarcal el hombre tenía derecho a usar moderadamente la fusta para castigar a la mujer - recuérdese el derecho bávaro del siglo XVII (Kurbayrisches Recht)- el capitalismo ahora la castiga con el látigo. Antes el dominio del hombre sobre la mujer se veía mitigado por las relaciones personales, mientras que entre obrera y empresario sólo existe una relación mercantilizada. La proletaria ha conquistado su independencia económica, pero como persona, como mujer, y como esposa no tiene la menor posibilidad de desarrollar su individualidad. Para su tarea de mujer y de madre sólo le quedan las migajas que la producción capitalista deja caer al suelo. Por ello la lucha de emancipación de la mujer proletaria no puede ser una lucha similar a la que desarrolla la mujer burguesía contra el hombre de su clase; por el contrario, la suya es una lucha que va unida a la del hombre de su clase contra la clase de los capitalistas. Ella, la mujer proletaria, no necesita luchar contra los hombres de su clase para derrocar las barreras que ha levantado la libre concurrencia. Las necesidades de explotación del capital y el desarrollo del modo de producción moderno la han desplazado completamente en esta lucha. Por el contrario, deben levantarse nuevas barreras contra la explotación de la mujer proletaria, con las que deben armonizarse y garantizarse sus derechos de esposa y madre. El objetivo final de su lucha no es la libre concurrencia con el hombre, sino la conquista del poder político por parte del proletariado. La mujer proletaria combate codo a codo con el hombre de su clase contra la sociedad capitalista. Todo esto no significa que no deba apoyar también las reivindicaciones del movimiento femenino burgués. Pero la consecución de estas reivindicaciones sólo representa para ella el instrumento como medio para un fin, para entrar en lucha con las mismas armas al lado del proletario. La sociedad burguesa no se opone radicalmente a las reivindicaciones del movimiento femenino burgués: esto ha sido demostrado por las reformas en favor de las mujeres introducidas en el sector del derecho público y privado en distintos Estados. En Alemania estas reformas se producen con gran lentitud y ello se debe, por una parte, a la lucha por la concurrencia económica en las profesiones liberales, lucha que los hombres temen, y por otra, al lento y reducido desarrollo de la democracia burguesa en Alemania que, por temor al proletariado, no asume las tareas que la historia le ha asignado. La burguesía teme que la realización de estas reformas sólo represente ventajas para la socialdemocracia. Una democracia burguesa sólo puede hacer reformas en la medida en que no se deje hipnotizar por el miedo. Esto, por ejemplo, no sucede en Inglaterra, que es el único país en el que existe una burguesía eficiente, enérgica, mientras que la burguesía alemana, que tiembla ante el proletariado, renuncia a su obra reformista en los campos político y social. Además, en Alemania la actitud pequeñoburguesa todavía está muy extendida: la tacañería y los prejuicios del filisteo. Evidentemente, el temor de la democracia burguesa es corto de vista. Aunque las mujeres consiguieran la igualdad política, nada cambia en las relaciones de fuerza. La mujer proletaria se pone de parte del proletariado y la burguesa de parte de la burguesía. No nos hemos de dejar engañar por las tendencias socialistas en el seno del movimiento femenino burgués: se manifestarán mientras las mujeres burguesas se sientan oprimidas, pero no más allá. Cuanto menos comprende su misión la democracia burguesa, menos corresponde a la socialdemocracia apoyar la causa de la igualdad política de las mujeres. No queremos parecer más guapos de lo que somos y no es por la belleza de un principio que apoyar más su reivindicación, sino en el interés de clase del proletariado. Cuanto mayor sea la influencia nefasta del trabajo femenino sobre la vida de los hombres, más coactiva es la necesidad de acercar las mujeres a la lucha económica. Cuanto más profunda sea la incidencia de la lucha política en la existencia del individuo, más urgente y necesario es que la mujer participe en la lucha política. Las leyes contra los socialistas han dejado muy claro por primera vez, a millares de mujeres, lo que significa derecho de clase, Estado de clase y dominio de clase; por primera vez han enseñado a millones de mujeres a tomar consciencia del poder que con tanta brutalidad interviene en la vida familiar. Las leyes contra los socialistas han realizado un trabajo que centenares de agitadoras no hubieran sido capaces de realizar, y nosotros estamos sinceramente agradecidos al artífice de las leyes contra los socialistas, así como a todos los órganos del Estado que han colaborado en su puesta en vigor, desde el ministro hasta el policía, por su involuntaria actividad propagandística. ¡Y después dirán que nosotros, los socialistas, no somos agradecidos! Otro suceso debe ser también considerado imparcialmente. Me estoy refiriendo a la publicación del libro de August Bebel La mujer y el socialismo. No hablo ahora de esta obra en base a los elementos positivos o a las lagunas que presenta, sino en base al período en el que ha aparecido. Ha sido algo más que un libro, ha sido un acontecimiento, un evento. Por primera vez se ponía en claro las relaciones que unen la cuestión femenina al desarrollo histórico; por primera vez, en este libro, se afirmaba que solamente podemos conquistar el futuro si las mujeres combaten a nuestro lado. Y hago estas observaciones como camarada de partido y no como mujer. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones prácticas para llevar nuestra agitación entre las mujeres? No es tarea de un Congreso hacer propuestas prácticas aisladas; su tarea consiste en delinear una orientación general para el movimiento femenino proletario. El principio-guía debe ser el siguiente: ninguna agitación específicamente feminista, sino agitación socialista entre las mujeres. No debemos poner en primer plano los intereses más mezquinos del mundo de la mujer: nuestra tarea es la conquista de la mujer proletaria para la lucha de clase. Nuestra agitación entre las mujeres no incluye tareas especiales. Las reformas que se deben conseguir para las mujeres en el seno del sistema social existente ya están incluidas en el programa mínimo de nuestro partido. La agitación entre las mujeres debe unirse a los problemas que revisten una importancia prioritaria para todo el movimiento proletario. La tarea principal consiste en la formación de la consciencia de clase en la mujer y su compromiso activo en la lucha de clases. La organización sindical de las obreras se presenta como extremadamente ardua. Desde 1892 hasta 1895, el número de las obreras inscritas en las organizaciones centrales ha alcanzado la cifra de 7.000. Si a ellas añadimos las obreras inscritas en las organizaciones locales, y comparamos la cifra con la de las obreras en activo, solamente en la gran industria, cifra que llega a 700.000, tendremos una idea del inmenso trabajo que todavía queda por hacer. Este trabajo es mucho más difícil por el hecho de que muchas mujeres están empleadas en la industria a domicilio. Debemos combatir además la opinión tan difundida entre las jóvenes que creen que su actividad industrial es algo pasajero, y que cesará con el matrimonio. Para muchas mujeres el resultado final es por el contrario un doble deber, ya que deben trabajar en la fábrica y en la familia. Por ello es indispensable que se fije la jornada de trabajo legal de las obreras. Mientras en Inglaterra todos coinciden en considerar que la eliminación del trabajo domiciliario, la fijación de la jornada de trabajo legal y la obtención de salarios más elevados representan elementos de expresa importancia para la organización sindical de las obreras, en Alemania, a los obstáculos ya mencionados, debe añadirse la violación de las leyes sobre el derecho de reunión y de asociación. La plena libertad de asociación que la legislación del Reich reconoce a las obreras queda anulada por las disposiciones regionales vigentes en algunos Estados federales. Por añadidura, no quiero ni siquiera referirme al modo en que en Sajonia se aplica el derecho de asociación, si se puede hablar de la existencia de tal derecho; por lo que se refiere a los dos mayores Estados federales, Baviera y Prusia, ya se ha dicho que las leyes sobre el derecho de asociación son aplicadas de tal modo que casi es imposible para las obreras formar parte de organizaciones sindicales. En particular en Prusia, no hace mucho tiempo, el gobierno de distrito del «liberal» Herr von Bennigsen, eterno candidato a ministro, ha hecho lo imposible en la redacción de los derechos de asociación y de reunión. En Baviera las mujeres están excluidas de todas las asambleas públicas... ...Esta situación hace imposible que las mujeres proletarias puedan organizarse al lado de los hombres. Hasta ahora han llevado una lucha contra el poder policiaco y contra las leyes de los juristas y, por lo menos formalmente, han llevado la peor parte. En realidad, son las vencedoras, ya que cuantas medidas se han puesto en práctica con el fin de aniquilar la organización de la mujer proletaria sólo han conseguido provocar un incremento de la consciencia de clase. Si nosotros aspiramos a la creación de una organización femenina potente en el terreno económico y político, debemos ante todo conquistarnos la libertad de movimientos en la lucha contra el trabajo domiciliario, por una reducción del tiempo de trabajo y, en primer lugar, contra lo que las clases dominantes suelen denominar derecho de asociación. En este Congreso del partido no pueden ser definidas las formas en las que debe desarrollarse la agitación femenina; ante todo debemos hacer nuestros los métodos con los cuales haremos progresar la agitación. En la resolución que os ha sido propuesta se propone la elección de algunos delegados femeninos que tendrán la tarea de promover y dirigir, de modo unitario y programático, la organización económica y sindical entre las mujeres. La propuesta no es nueva: la idea ya había sido asumida en el Congreso de Frankfurt, lo cual ha permitido que en determinados lugares se llevara a la práctica con notable éxito; en el futuro podrá comprobarse si, aplicada a gran escala, puede favorecer un masivo aumento de la presencia femenina en el seno del movimiento proletario. La agitación no puede solamente hacerse con discursos. Muchas indiferentes no vienen a nuestras asambleas, innumerables esposas y madres no pueden asistir a nuestras asambleas -y la tarea de la agitación socialista entre las mujeres no puede ser la de alejar a la mujer proletaria de sus deberes de madre y de esposa; por el contrario, la agitación debe procurar que puedan asumir su misión mucho mejor de lo que lo han hecho hasta ahora, y ello en interés de la emancipación del proletariado. La mejora de las relaciones en el seno de la familia, de la actividad doméstica de la mujer, reafirma su determinación para la lucha. Si le facilitamos la tarea de educadora de sus hijos, podrá hacerles conscientes y hacer que continúen luchando con el mismo entusiasmo y la misma abnegación con que lo hacen sus padres por la emancipación del proletariado. Cuando el proletario dice: «Mi mujer», entiende: «La compañera de mis ideales, de mis luchas, la educadora de mis hijos para las batallas del futuro». Y, de esta manera, muchas madres, muchas esposas que educan en la consciencia de clase a sus maridos y a sus hijos, contribuyen en la misma medida que las compañeras que vemos presentes en nuestras asambleas. Por ello, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Nosotros debemos llevar el socialismo a las mujeres a través de los periódicos en el ámbito de una agitación programada. Propongo que, para tal fin, se distribuyan octavillas, pero no octavillas tradicionales que resuman en un cuarto de página todo el programa socialista, toda la ciencia de nuestro siglo, sino octavillas breves, que desarrollen desde un ángulo concreto una cuestión práctica, con un planteamiento de clase... ...Repito, se trata de sugerencias que someto a vuestro examen. La agitación entre las mujeres es una empresa cansada, que requiere muchos sacrificios, pero que tendrá su recompensa y que por tanto debe ser asumida. Puesto que, si el proletariado sólo puede conquistar su plena emancipación gracias a una lucha que no haga discriminaciones de nacionalidad o de profesión, sólo podrá alcanzar su objetivo si no tolera ninguna discriminación de sexo. La inclusión de las grandes masas de mujeres proletarias en la lucha de liberación del proletariado es una de las premisas necesarias para la victoria de las ideas socialistas, para la construcción de la sociedad socialista. Sólo la sociedad socialista podrá resolver el conflicto provocado en nuestros días por la actividad profesional de la mujer. Si la familia en tanto que unidad económica desaparece, y en su lugar se forma la familia como unidad moral, la mujer será capaz de promover su propia individualidad en calidad de compañera al lado del hombre, con iguales derechos jurídicos, profesionales y reivindicativos y, con el tiempo, podrá asumir plenamente su misión de esposa y de madre. NOTAS [1] Johann Jakob Bachofen (1815-1887): jurista e historiador suizo, autor de El derecho materno (hipótesis sobre el matriarcado en la Antigua Grecia). Comentado por Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. [2] Lewis Henry Morgan (1818-1881): etnólogo americano autor, entre otros, de Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism, to Civilisation (La sociedad antigua, o investigaciones sobre las líneas del progreso humano desde el estado salvaje a través de la barbarie hasta la civilización), Londres, 1877; principal punto de referencia de Engels en El origen de la familia... [3] Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En relación con las investigaciones de Lewis H. Morgan. [4] Charles Fourier, Théorie de l'unité universelle, «Teoría de la unidad universal», París, 1841-45, vol. III p. 120, citado por Engels en El origen de la familia..., p. 99.

Para muestra basta un botón, dice el viejo refrán. Las extorsiones patronales pueden ser derrotadas por los trabajadores, aun en las condiciones más complejas. Lo acaban de demostrar los plásticos de Bedtime, quienes hicieron retroceder -después de una semana de ocupación- el objetivo de la empresa de reducir un 50% los salarios del personal. El acta que aprobó la asamblea antes de levantar la medida, aún con sus límites, es un gran paso adelante de los trabajadores. La patronal se compromete a pagar el 100% de la deuda salarial, una primera parte el próximo lunes 4 y el 11 el resto. Además, la empresa se comprometió a dejar sin efecto los despidos efectuados y la reducción de personal anunciada. El acuerdo incorpora un esquema de suspensiones rotativas, en la que los trabajadores prestarán servicio la mitad de las horas de cada quincena, percibiendo alrededor del 85% del salario total. El compromiso al que se avino la empresa no tiene nada que ver con su posición original, que buscaba dar un golpe decisivo a los trabajadores de la fábrica, y que inclusive consideraba el subsidio del 50% del salario que decretó el gobierno como el salario total a percibir. Sin embargo, los trabajadores advirtieron correctamente que el cumplimiento del compromiso de pago y el recule con los despidos dependerán de que la asamblea no baje la guardia, para lo cual decretaron un estado de alerta hasta su cumplimiento. Solidaridad obrera y popular Los trabajadores de Bed Time pusieron de relieve el conflicto de fondo que recorre a todo el país, entre las ganancias de los capitalistas y la salud del pueblo en su conjunto. Resaltaron, en los medios y en sus comunicados, la necesidad imperiosa que enfrentan los hospitales públicos de recibir colchones para camas, y que podían ser producidos en Bedtime. La empresa lejos de querer abastecerlos, elegía aprovechar la pandemia para reducir salarios y personal. Con esta claridad, la toma de Bedtime conquistó, con un gran trabajo de difusión, la solidaridad obrera de vastos sectores, desde la directiva del Sutna hasta decenas de internas, sindicatos y trabajadores de cientos de fábricas. La ocupación de Bed Time logró repercusión en medios nacionales. Trabajadores de hospitales manifestaron su solidaridad, a la vez que impulsaban un empadronamiento de la cantidad de camas necesarias para cada hospital y que no se producían en Bedtime por la conducta de la empresa. El sindicato Hace pocos días, mientras en todas las fábricas plásticas los trabajadores luchaban contra las reducciones salariales que buscaban imponer sus patronales, el sindicato plástico (Uoyep) firmaba sin consultar con nadie la aceptación de suspensiones pagando el 75% del básico, lo que representa en la mayoría de los casos un 50% del salario real. Pero la firma del sindicato produjo tal rebelión, incluso en su propia tropa, que empujó a que 24 horas más tarde tuvieran que dejar sin efecto el acuerdo, un escenario calcado del gremio metalúrgico. La lucha de Bed Time se dio en medio de este proceso de rebelión contra el sindicato, lo que condicionó la intervención de sus dirigentes. El grado de conciencia y organización de las asambleas de Bed Time obligó al sindicato de "las rebajas salariales sin luchar" a acompañar formalmente las decisiones de los trabajadores. Pero el conflicto puso de manifiesto la necesidad de recuperar el sindicato y abrir paso a esta combativa y nueva dirección ya actuante. La lucha continúa El acta acuerdo deja abiertos varios escenarios de pelea. El pago total de los trabajadores en cuarentena, el pago de las horas caídas, la discusión del comedor. Para estas próximas peleas, los trabajadores llegan con una experiencia y un grado de unidad aún mayor del que tenían antes del 23 de abril, cuando comenzó esta lucha; durante estos 7 días, las comisiones organizadas durante la ocupación han sido escuelas de formación de nuevos activistas. Los trabajadores de Bed Time han dejado de manifiesto todas las implicancias de la batalla actual entre la ganancia de los capitalistas, de un lado, y la salud, el trabajo y el salario de los trabajadores, del otro.

La cuestión de las excarcelaciones de presos en medio de la pandemia ha dado lugar a una agitación política cuyo significado excede por mucha al problema de origen. La oposición derechista ha salido a denunciar una “liberación masiva de presos peligrosos”. Los liberados en la provincia de Buenos Aires serían entre 500 y 1.500, según la fuente que se considere, una cifra que representa entre el 1 y el 3% de la población carcelaria del distrito, que llega a la friolera de 50.000 detenidos. La información también difiere respecto de la composición de los liberados: dirigentes opositores han denunciado la inclusión de condenados por delitos violentos, algo que desde la justicia niegan. En el caso del penal de Devoto, un motín de los presos terminó con un acuerdo dirigido a estudiar la situación de 400 casos que tienen condenas inferiores a 3 años y no incluyen delitos violentos. Según los especialistas, la propagación del coronavirus en las cárceles tendría una intensidad de entre 8 a 10 veces superior a la de la circulación corriente, lo que convierte a los presidios en una verdadera bomba sanitaria. La cuestión de la evacuación parcial de las cárceles ha estado a la orden del día en todos los países afectados por la pandemia. En Argentina, se agrava por el estado de hacinamiento y superpoblación de las cárceles. Una infección masiva en ellas terminaría por colapsar a la débil estructura sanitaria del país, y convertiría a la cuarentena en papel mojado. La cuestión de una salida parcial de presos -aquellos con condenas menores o razones de riesgo- se impone como necesidad sanitaria. Pena de muerte no declarada Aunque la crisis parece oponer al gobierno con la oposición seudorepublicana, la voz más recalcitrante contra cualquier liberación parcial partió de las filas oficiales, en la figura de Sergio Berni. “Por mí, que se queden todos adentro”, sentenció. Naturalmente, ni Berni ni todos los que piensan como él ignoran el destino de los detenidos en medio de un contagio masivo. La oposición principista a la salida de los presos comporta un endurecimiento no declarado del régimen penal y, en cierto modo, la introducción de facto de la pena de muerte en ese régimen. Por la vía sinuosa de un debate sobre los presos, se introduce una crisis política que involucra al conjunto del aparato estatal. El bloque político que se está articulando en torno de “abrir la economía”, levantar la cuarentena, llegar a un rápido arreglo de deuda con los fondos internacionales y alinear continentalmente a la Argentina con sus vecinos del Mercosur, también quiere colocar en la agenda al reforzamiento punitivo de un Estado que debería dar cuenta de las contradicciones explosivas de ese rumbo. En este fragote, se volvió a anotar Sergio Massa, con una amenaza a los jueces que liberen presos. La fractura en la coalición oficial -que ya se ha expresado en torno de la cuarentena o la deuda- alcanza con este punto otro episodio fuerte. La liberación de presos y el aparato judicial es también el escenario velado de otro campo de disputas -las causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas, entre las cuales se cuenta la propia vicepresidenta. El elenco de jueces federales es un botín que se disputan las diferentes fracciones capitalistas, desde el gobierno hasta una oposición que no renuncia a dirimir una futura crisis política a través de una escalada de causas y un golpe parlamentario-judicial. El principal bocado del debate sobre causas, procesos, excarcelaciones y fueros continúa siendo Cristina Kirchner. En esta lucha sorda, la cuestión de la salud y la seguridad en las cárceles importa un bledo. La crisis carcelaria ha sido tomada como pretexto para atizar el fuego de una crisis política de carácter general. Descomposición Para agitar las aguas, la oposición derechista ha manipulado a una población abrumada por las consecuencias de la descomposición social, desde la violencia de género hasta los crímenes que se cometen en ocasión de robos. Pero esa descomposición, qué duda cabe, es también estatal. No es un secreto que el ladrón y eventual homicida es el último eslabón de una cadena que incluye a mafias capitalistas, al aparato de justicia y a la policía. Las liberaciones “arregladas”, por cierto, no son una invención del coronavirus, incluso si fuera cierto que se dieron ahora. Los que gobiernan o ya gobernaron suelen utilizar de mano de obra o masa de maniobra a los mismos barrabravas o delincuentes que hoy colocan en la picota, para despegarse de su posible liberación. La descomposición de la justicia y del Estado, y su entrelazamiento con el delito, sólo tiene remedio encarando una lucha contra ese propio Estado, nunca con su reforzamiento represivo. La política del encierro compulsivo -que parece imponerse después de la escalada reaccionaria- ni siquiera logrará los objetivos de las víctimas: sólo elevará el “precio” de los arrestos domiciliarios, para que salgan los que tienen recursos y se queden adentro – no los más peligrosos, sino los que no tienen nada. En este punto, el gobierno FF ha vuelto a mostrar su cobardía política frente a las conspiraciones derechistas. A pesar de las recomendaciones sanitarias para avanzar en una política de descompresión de las cárceles, en las últimas horas ha resuelto desembarazarse del problema y endilgárselo a la justicia, con un mensaje favorable a sostener los encierros. El hacinamiento y el peligro de un contagio masivo en las cárceles seguirán en pie. Es necesario denunciar los verdaderos alcances de la campaña derechista en curso, sin por ello depositar la menor confianza en el corrupto aparato de justicia. Las prisiones domiciliarias deben avanzar, bajo control de una comisión especial integrada por organizaciones de derechos humanos y sanitarias – habilitando los arrestos domiciliarios a detenidos por delitos menores y con factores de riesgo, e impidiendo los enjuagues judiciales en favor de violadores o genocidas. La misma comisión debe auditar la situación sanitaria de las cárceles, para que los presos que permanecen lo hagan bajo condiciones adecuadas de aislamiento.

El Parque Temático Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, está reconvertido en un Centro Sanitario para la atención de casos leves de Covid-19, el hospital de campaña más grande de Argentina y "uno de los lugares más grandes del mundo", según el ministro de Salud, Ginés González García. Esta declaración habla de la envergadura del centro, pero no de las condiciones de alojamiento de los enfermos leves, de los casos sospechados y de aquellos que serán alojados por no reunir condiciones de aislamiento en sus viviendas. Atención de los enfermos La instalación de 2.452 camas no hospitalarias (con la posibilidad de duplicar la cantidad, si fuera necesario) se presenta bajo el lema de: "estar preparados y atender a los enfermos". Pero el anuncio oficial dice que habrá un médico y dos enfermeros cada 50 pacientes (Página/12, 08/04) o uno cada 150 pacientes y un enfermero cada 50, según afirma el director médico del predio, Barbone (La Nación, 13/04). Son dos datos bastante diferentes que no especifican de cuántas horas son los turnos para cubrir las 24hs. Los gabinetes (de 3m x 5m) con 3 camas (sin techo ni puerta) pone en duda la efectividad de los mismos. La desinfección del profesional de la salud entre paciente y paciente resultaría imposible (dada la relación paciente-médico) y si el médico y los asistentes estuvieran debidamente protegidos su circulación de gabinete en gabinete conspira contra el necesario aislamiento. Entre otras cosas, Barbone agrega que habrá baños suficientes, pero no especifica cuantos, cosa que si hace con las duchas afirmando que habrá 1 cada 9 personas. Enfermos "leves" Siendo el aislamiento y la distancia social la medida más efectiva para no contagiarse, la preocupación por la enorme cantidad de "enfermos leves" que puede llegar a albergar Tecnópolis está fundada. Según Sergio Romagnani, profesor emérito de la Universidad de Florencia “esto se debe a que la circulación del virus alrededor de una misma persona, aunque ya esté infectada, agrava su patología", para agregar: "Es como si las insignificantes mutaciones que el virus va sufriendo lo hiciesen mucho más peligroso para aquellos que están expuestos continuamente a su presencia" (www.elconfidencial.com, 07/04). Preocupación de los vecinos. "Mamá, nos están trayendo el virus al barrio", es el comentario que hizo el hijo de una vecina. Los municipios de San Martín y Vicente López aún no han informado qué medidas preparan para instalar el complejo sanitario. Algo que los vecinos quieren saber por la preocupación que genera la posible "fuga" del virus. Por ejemplo, no está confirmado como será la higiene de las camas (sábanas, frazadas, etc.) y la ropa de los alojados, ya que las visitas estarán restringidas. El vecindario muestra preocupación de que las lavanderías de la zona reciban la responsabilidad de la higiene. Uno de ellos, se dedica al lavado de ropa blanca de hoteles y actualmente se encuentra recibiendo una vez por semana la ropa que llega de un hotel donde están alojados aquellos que cumplen la cuarentena. Los muchos operarios/as que trabajan en dichos establecimientos, sin que se respeten los protocolos de protección, son vecinos de San Martín, Vicente López y barrios lindantes. Todos ellos viven con gran preocupación por las consecuencias en su salud si las lavanderías tomasen ese trabajo. Proponemos: Que el protocolo para centro sanitario “Tecnópolis” sea elaborado por los trabajadores de la salud. Condiciones de trabajo seguras, insumos y recursos en los hospitales y centros sanitarios. Cordones sanitarios para los barrios vecinos elaborados con la participación de organizaciones sociales, juntas vecinales, comisiones barriales y trabajadores de la salud que son quienes pueden garantizar la realización de los mismos. Fumigación y desinfección inmediata contra el dengue y coronavirus de todos los barrios con mayor riesgo. Reconvertir la infraestructura hotelera en centros sanitarios al servicio de un aislamiento efectivo. Ni un peso al pago de la deuda. Todos los recursos para que los trabajadores puedan hacer una cuarentena por la vida.

Se ha conocido en los últimos días que los trabajadores textiles de Pergamino no cobrarán parte de su salario del mes de abril. Otro golpe para quienes en los últimos años han visto como se desvalorizaban sus salarios y condiciones laborales. En la industria textil de Pergamino reinan la informalidad y la tercerización laboral. Las que en su momento fueron grandes fábricas, en la década del 90 fueron desguazadas. Una parte importante de la producción se realiza, en la actualidad, “a façón”, en casas particulares. Estas situaciones de informalidad sirven a los propósitos de las patronales para llevar adelante todo tipo de arbitrariedades. El no pago de los salarios fue informado de manera unilateral por el presidente de la Cámara de Productores Textiles de Pergamino, Gustavo Rasuk, quien también afirmo que se presentara un preventivo de crisis por parte de algunos talleres. El empresario se respaldó en el DNU N° 329 que prohíbe suspensiones y despidos por 60 días, pero que habilita, también por el plazo de 60 días, que se reduzcan los salarios de los trabajadores por medio de un acuerdo individual o colectivo, homologado por el Ministerio de Trabajo. Un DNU que anuncia una cosa para legalizar la contraria. Durante el macrismo las patronales textiles avanzaron en despidos y en llevar adelante una mayor flexibilización laboral. En los últimos años se han perdido más de ochocientos puestos de trabajo en el sector. Todo esto con el aval del gremio SUTIV, encabezado por Benavidez, y el gobierno municipal. Las patronales textiles han sido beneficiadas en los últimos años con exención de impuestos. El ex concejal y dueño de un taller textil, Carlo Elizalde, introdujo en 2017 un proyecto de ordenanza -que se votó por mayoría- para que se exceptuara del pago de las tasas de seguridad e higiene a las textiles. Antes del establecimiento de la cuarentena, el intendente Javier Martínez (JpC) envió al Concejo Deliberante, nuevamente, un proyecto de ordenanza para eximir a los empresarios de la industria textil del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene por un período de seis meses. Mientras Martínez otorga beneficios a las empresas, ha llevado las tasas municipales, en algunos barrios obreros, a aumentos del 170 %, entre otras medidas de ajuste -incremento del estacionamiento medido, por ejemplo-, descargando la crisis sobre los trabajadores y desocupados. Esta avanzada contra los trabajadores textiles se da en el marco de importantes luchas de trabajadores del sector en diferentes puntos del país. Es el caso de la fábrica Textil Iberoamericana, en Ramos Mejía. A esto se suman los trabajadores textiles de Trelew, que protagonizaron una gran marcha con más de 500 concurrentes, para denunciar el acuerdo de la burocracia de la Asociación de Obreros Textiles (AOT), con la Federación Argentina de Industrias textiles (FITA). El mismo prevé un descuento del 50 % del salario. Lo mismo ha sucedido en Mar del Plata, donde las obreras de Textilana se movilizaron para denunicar este acuerdo. Planteamos por el inmediato pago del salario completo paritarias YA, bajo control de las bases la ocupación de toda fábrica que cierre o despida apertura de los libros de estas empresas y la expropiación sin pago bajo control obrero la prohibición de despidos y suspensiones terminar con el trabajo en negro. Pase a planta permanente de todos los trabajadores textiles un salario mínimo igual al costo de la canasta básica familiar comisiones de control a cargo de los trabajadores.

Aunque el partido demócrata y su principal precandidato presidencial, Joe Biden, no ´mueven olas´ en el escenario político norteamericano la presidencia de Trump está cada vez más cuestionada. Según acaba de decir el economista Robert Reich, ex secretario de trabajo del gobierno de Clinton, “las encuestas muestran que Trump pierde en noviembre a menos que la economía se recupere” (The Guardian, 3/5). Una recuperación antes de esa fecha es imposible en opinión del 98% de los analistas. Trump entonces quiere torcer la ley de la gravedad y juega con fuego. En términos de Reich, Trump “se está poniendo nervioso”. Mientras “la economía permanece cerrada debido a la pandemia y el número de infecciones y muertes continúa aumentando… la estrategia de reelección de Trump es reabrir la economía de todos modos, a pesar de los riesgos. El presidente y sus aliados están ocultando los hechos y en nombre de la defensa de la ´libertad´ cree que se puede conquistar todo. Como resultado, más estadounidenses morirán” (ídem). Letal Reich, a años luz del marxismo y autor de un texto titulado “Saving Capitalism: For the Many, Not the Few” (o sea una defensa del orden del capital que él aspiraría “para muchos, no para pocos”) sostiene que Trump tiene un “plan de cuatro pasos qué será letal” –como titula The Guardian. Semanas atrás, “Trump llamó a los ciudadanos a ´LIBERAR´ estados como Michigan –informa Reich (las mayúsculas son del original), cuya gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer, impuso una estricta cuarentena. Michigan tiene el tercer número más alto de muertes de Covid-19 en EE.UU., aunque es el décimo en población. Cuando el jueves Whitmer extendió la cuarentena hasta el 28 de mayo, bandas “armadas” –Reich dixit–, ´armadas´ obviamente por grandes patronales del distrito, se abalanzaron sobre su residencia “cantando: ´¡Enciérrenla!´” (ídem). “En lugar de condenar su comportamiento, Trump sugirió a Whitmer ´hacer un trato´ con esas bandas. ´La gobernadora de Michigan debería dar un poco y apagar el fuego´, tuiteó. “Estas son personas muy buenas, pero están enojadas. ¡Quieren trabajar y recuperar sus vidas de nuevo!” (siempre textual de Reich). “El fiscal general, William Barr, ha ordenado al departamento de Justicia que tome medidas legales contra las autoridades estatales o locales que impongan medidas de bloqueo que ´podrían estar violando los derechos constitucionales y las libertades civiles de los ciudadanos individuales´" (ídem). Reich llama a esto el “paso 3” del plan, pero es indudable que se trate del problema crucial. Coacción intra-estatal Según Reich el “paso 1” es “eliminar el apoyo a los ingresos, para que las personas no tengan más remedio que volver al trabajo”. A este fin “el departamento de trabajo de Trump ha decidido que los empleados no objetados para el trabajo por prescripciones médicas ´deben aceptar´ la oferta de un empleador para volver a trabajar y, por lo tanto, perder los beneficios de desempleo, independientemente de Covid-19. El aliado de Trump, el gobernador republicano de Iowa, Kim Reynolds, dijo que los empleados no pueden negarse a volver a trabajar por temor a contraer la enfermedad. ´Esa es una renuncia voluntaria´, lo que hace que alguien no reciba entonces beneficios. Los funcionarios republicanos en Oklahoma incluso amenazan con retener los u$s 600 por semana de beneficios de desempleo adicionales que el Congreso ha proporcionado a los trabajadores, si no aceptan la oferta de un empleador que quiere contratarlos. La seguridad es irrelevante”. Reich reconoce que “obligar a las personas a elegir entre contagiarse de Covid-19 o perder su sustento es inhumano. También es absurdo. La salud pública aún depende de la mayor cantidad posible de trabajadores que se queden en casa” (ídem). “Esconde los hechos” “Paso 2”: “Nadie sabe cuántos estadounidenses están infectados porque el gobierno de Trump sigue retrasándose en las pruebas. Hasta la fecha, solo se han completado 6,5 millones de pruebas en una población de más de 200 millones de adultos. Florida, uno de los primeros estados en reabrir su economía, ha dejado de publicar las estadísticas de los médicos forenses sobre el número de víctimas de Covid-19 porque las cifras son más altas que el recuento oficial del estado. Pero es imposible combatir el virus sin datos adecuados. El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la administración” va camino a seguir el camino del ministro de salud de Bolsonaro: “la Casa Blanca ha bloqueado a Fauci para que testifique ante la Cámara” de Representantes (ídem). En vías a la “militarización del trabajo” y la defensa del derecho patronal a enfermar a los trabajadores El “paso 4” del plan “proteger a las empresas contra demandas por propagar la infección. Trump está presionando para que las empresas que reabran tengan un ´escudo de responsabilidad´ contra las acciones legales de los trabajadores o clientes que se infectan con el virus. Esta semana, anunció que usaría la Ley de Producción de Defensa para obligar a las plantas procesadoras de carne a permanecer abiertas, a pesar de las altas tasas de infecciones y muertes por Covid-19 entre los empacadores de carne” (ídem). Es indudable que EE.UU. ha entrado definitivamente en el torbellino de una lucha de clases internacional que sacudirá al planeta. Los trabajadores norteamericanos serán protagonistas fundamentales de la próxima etapa de las luchas del proletariado mundial.

Al menos 20 trabajadores de envasado de carne han muerto a causa del virus en Estados Unidos y 5.000 se han infectado, informa The Guardian (2/5). “En entrevistas con trabajadores avícolas en Georgia, Arkansas y Mississippi, surgió un patrón similar de presunta negligencia, secreto y mala administración en las instalaciones operadas por algunos de los mayores fabricantes de alimentos en EE.UU. La industria avícola, que ya es el objetivo de una demanda civil que viene persiguiendo sistemáticamente la reducción de salarios en una fuerza laboral que es mayormente inmigrante o personas de color, se encontró beneficiada de una orden ejecutiva emitida por Donald Trump el martes” (ídem). Se trata de la Ley de Producción de Defensa (DPA) que ordenó a las plantas procesadoras de carne que permanezcan abiertas sin importar la pandemia y las miles de infecciones que ha producido. La etiqueta la producción de carne como “servicio” sirve a los pulpos “para protegerlos de la responsabilidad legal en caso de que más trabajadores contraigan el virus” (ídem). La orden llegó luego de que Tyson, una compañía valuada en u$s 22 mil millones y segundo procesador de carne más grande del mundo, advirtiera que “los cierres recientes de un puñado de plantas debido al virus podrían conducir a un ´suministro limitado de nuestros productos´". Tyson Foods es el mayor procesador de carne de EE.UU., alcanzó ese lugar abasteciendo al ejército de EE.UU. ininterrumpidamente desde la II Guerra Mundial. En febrero pasado se alzó con activos de la cadena BRF de Brasil, entre ellos frigoríficos de Argentina y Uruguay. La ONG Oxfam tiene entre ojos a Tyson porque impone a sus trabajadores condiciones leoninas como privar el uso del inodoro durante el horario laboral; por ello muchos trabajadores se ven obligados a usar pañales. No es casual que The Guardian titulara la noticia, haciendo referencia a la entrevista de una trabajadora: “´Somos esclavos modernos´, cómo los trabajadores de las plantas cárnicas se convirtieron en el nuevo frente en la guerra del Covid-19”.

La ocupación de BedTime por sus trabajadores suscitó una solidaridad obrera que muestra a las claras que la clase obrera observa atentamente los procesos de respuesta a la avanzada patronal contra sus derechos y condiciones laborales. La identificación con esta lucha se da en el marco de reducciones salariales, suspensiones, despidos, aumentos de las jornadas laborales y los ritmos de producción y un largo etcétera que se fue pactado con las burocracias sindicales, en el marco de la pandemia. El primer sindicato en traer solidaridad fue el SUTNA, recuperado por sus trabajadores hace cuatro años y con una experiencia recorrida en conjunto con la comisión interna combativa de BedTime, con quienes compartieron números plenarios obreros y acciones en conjunto. Los compañeros del SUTNA, con Alejandro Crespo, su secretario general, a la cabeza, estuvieron presentes varios días que duró la permanencia. También se solidarizaron con esta lucha la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y las asociaciones gremiales docentes universitarias AGB-UBA y ADIUNT. Además, expresaron su apoyo a la lucha decenas de comisiones y juntas internas, a lo largo y ancho del país. Desde la CTA Autónoma de Tierra del Fuego (muchas seccionales de CTA se han pronunciado en apoyo), pasando por la seccional Córdoba del Sindicato Plástico, la comisión interna de La Virginia (Azul), los jaboneros de Rosario, y la comisión interna de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Mención aparte merece la importante solidaridad desplegada por los trabajadores de la salud, que junto a la comisión directiva del Hospital Moyano, el cuerpo de delegados del Hospital Mercante y del Hospital Italiano, entre otros, se han sumado a la lucha que también planteaba la necesidad de la producción de colchones y camas para el sistema sanitario. La comisión interna de BedTime tiene 12 años de historia en el movimiento obrero, y ha sido protagonista del proceso de recuperación de comisiones internas, cuerpos de delegados y seccionales del cordón industrial más grande del país, ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires. Es por ello que tuvo una enorme repercusión en el movimiento obrero de la zona. El Espacio de Trabajadores de Zona Norte fue uno de los primeros también en pronunciarse, y con ello el cuerpo de delegados de la Línea 60, los delegados de Fernet Branca y Praxair, la comisión interna del frigorífico Ríoplatense y los SUTEBAS recuperados de Tigre y Escobar, entre muchos otros. Además, la lucha de BedTime ha unificado muchos sectores que actualmente están en lucha. Asambleas barriales como la Olla Popular de San Cayetano (San Isidro) y la de la Villa 21-24 han expresado su solidaridad. También los trabajadores del Frigorífico Penta en lucha y trabajadores que también han pasado experiencias de ocupación como los trabajadores del INTI o de Kimberly Clark. La lucha de BedTime ha demostrado el enorme caudal de lucha que presenta la clase obrera argentina ante esta pandemia, que todos los días demuestra la necesidad de la organización y la coordinación de todo el movimiento obrero. Como hemos caracterizado desde hace varios años, la clase trabajadora se encuentra en un proceso de transición de choque contra las burocracias entreguistas. Más que nunca se planta la bandera de la recuperación de las herramientas gremiales a manos de los trabajadores.

Uno de los grandes problemas que afrontará la clase obrera en el próximo período será la cuestión de las suspensiones masivas. La burocracia sindical ya ha acordado rebajas salariales en proporciones que oscilan entre el 30% y el 40%, y la CGT ha aceptado un “acuerdo marco” de que la rebaja salarial sea del 25%. Se trata de 1.200.000 de suspendidos. En muy poco tiempo, tres millones entrarán en un régimen de suspensiones rotativas. Las patronales dejan caer los contratos de trabajadores al vencimiento; anulan los premios anuales que siempre están ligados de una forma u otra a los procesos productivos; eliminan los acuerdos de empresas que constituyen la base substancial de los salarios. Sueldos “conformados” en los cuales el presentismo, los premios a la producción y las “actas de fábrica” constituyen desde hace tiempo más del 50% por ciento del salario de bolsillo. La burocracia sindical de todos los gremios ya hace muchos años se ha desentendido de la mitad del salario que cobran los trabajadores. Firma, en las paritarias, básicos anuales o semestrales en cuotas y deja a las comisiones internas y cuerpos de delegados los llamados “arreglos de fábrica”. A la hora de discutir las suspensiones rotativas, lo que verdaderamente se pondrá en discusión en cada lugar de trabajo es sobre qué base la patronal, el gremio o los delegados discuten una eventual reducción salarial de los suspendidos. La salida debiera ser que se reduzcan las horas de trabajo y se repartan entre todos los trabajadores sin afectar los salarios; los capitalistas deben cargar con una crisis de la cual los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad. Este planteo absolutamente correcto debe estar acompañado de un grado de organización, y para ello preparado con antelación. El primer ejemplo fuerte para analizar es el de Bed Time, donde los trabajadores tuvieron que ocupar la fábrica pues la patronal no les pagó la última quincena de marzo ni las dos quincenas de abril, y los extorsionó para que eligieran entre una reducción del salario del 50% o una reducción del personal del 50%. La ocupación dio como resultado el pago de todo lo adeudado y la eliminación de los despidos, pero debieron conceder una reducción salarial en las suspensiones rotativas. En una empresa declarada esencial que hasta ahora funcionaba con todos sus trabajadores, Bed Time es un caso típico de la lucha que debieron impulsar las internas ante el boicot de la burocracia para defender el pago del 100% de las suspensiones. La gran empresa Granja Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, irá a un conflicto, previsiblemente, por este tema pues, la patronal, que está trabajando a pleno (procesa pollos al mercado), pretende mantener el nivel de la producción, cuando hay una cuarentena de un 10% entre trabajadores con factores de riesgo y madres al cuidado de sus hijos. Esta situación ha generado dos tipos de reclamos: el primero, que la producción sea equivalente a la cantidad del personal. En segundo término, que no se discrimine el sueldo de los trabajadores de riesgo suspendidos, un planteo que ya se extiende a todas las fábricas de la alimentación. Esto deja configurado un primer problema a afrontar para los cuerpos de delegados, pues siempre en una suspensión rotativa un trabajador sólo percibe el 100% del salario 15 días, y lo que se llegue a acordar, por el resto de los otros quince. El trabajador con factor de riesgo estará suspendido durante todo el mes, cuando es el que más necesita el salario completo. Otro gran problema son los premios anuales. Las patronales los quieren sacar o reducir pues están atados a resultados productivos por año, que obviamente no se van a cumplir; equivalen aproximadamente a un mes de sueldo. La burocracia de un sector de los gremios petroleros aceptó que no se paguen, la burocracia de la UOM “no sabe/no contesta” y algunas internas han acordado el pago del 100% del mismo en dos cuotas del 60% y el 40%, como otro ejemplo del tipo de luchas que se vienen librando. Otro problema es el premio negrero del presentismo – un 10% al 12% de los sueldos. Las empresas, en muchos casos, quieren sacar el presentismo, en otros, establecer el pago de la mitad si no se producen faltas en los 15 días activos. El pago de la turnicidad (sistema de turnos rotativos) en las suspensiones es otro tema, pues no es lo mismo que los días francos y feriados se paguen al 100% como corresponde legalmente, a que se consideren a los 15 días de suspensión como días hábiles. Finalmente, lo que en mayo va a estar en discusión, lugar por lugar, es cuál va a ser el verdadero sueldo que se tomará como base entre los básicos y los conformados para aplicar en este sistema de suspensiones. El reclamo general deberá ser el pago de las suspensiones rotativas al 100% o la reducción de las jornadas sin afectar el salario. Reclamo que debe plantearse para el conjunto del sindicato. Lo segundo será establecer las condiciones de la pelea. El Sutna lleva adelante conferencias virtuales del cuerpo de delegados, como alternativa a las asambleas en planta. En una variedad de empresas esenciales se pueden hacer asambleas, con las precauciones del caso. En las que aún no retoman tareas, los preacuerdos deberían ser puestos a consideración en el reinicio. Se trata de una gran lucha para defender un salario. Por último, está planteada la lucha por impedir los despidos encubiertos de contratados, miles de ellos incluso con varios años de antigüedad, pues se les ha ido renovando años tras año los contratos.

Cuando Alejandra Kollontai explica la diferencia original entre el feminismo burgués y las socialistas, se refiere exactamente a la consigna que levantaban unas y otras, reitero: “El movimiento feminista burgués se desarrolló a partir de la consigna “igualdad de derechos”. La primera consigna de las obreras fue “derecho al trabajo”. Y a partir de allí expuse, en mi texto anterior publicado aquí, todo el pliego reivindicativo de las proletarias, que las socialistas llevaron adelante consecuentemente contra el Estado. Despreciar la pelea por el programa en el seno de cualquier movimiento, bajo la acusación de que aquello lo hace ya el PO oficial, nos puede llevar a un ángulo puramente faccional, de aparato, por fuera de nuestra propia clase. Las pujas por las agendas, es decir, por lo que debe luchar toda organización, sea de mujeres, lugar de trabajo, ambiental, etc, son justamente las peleas, por direccionar hacia los intereses de la clase obrera, a ese movimiento. En tal sentido, hay que discutir sobre lo escrito, no sobre lo no dicho. El debate comienza en un boletín interno, ante mi critica a la tapa nro. 7 de nuestro periódico, por ende debe entonces publicarse ese documento, pues de lo contrario, se habla en textos sucesivos, de conceptos que el público desconoce. Pues bien entonces, reitero, en ningún momento el derecho al aborto se encuentra separado del conjunto de las reivindicaciones proletarias, por lo contrario es una reivindicación proletaria, más que pequeño burguesa incluso, pues las mujeres proletarias son las que no pueden pagar por su práctica. El derecho al aborto, es vital para las más oprimidas. Para dialogar con un movimiento no es necesario utilizar sus conceptos, sino colocar los nuestros en el centro de la agenda. En las asambleas de trabajadoras, no se vota nunca “contra el patriarcado” o el “machismo”, salvo que la ideología pequeño burguesa se entrometa en ellas. Hablo de las asambleas que realizamos las delegadas clasistas en nuestros lugares de trabajo concretamente, para por ejemplo asistir a la marcha del 8 de marzo. Si ellas son escasas, deberíamos darnos una política decidida en construirlas, pues solo con la presencia masiva de asambleas de trabajadoras, se podrá colocar nuestra agenda, y no la de otras clases sociales, que se encuentra en un movimiento tan pluriclasista como el de mujeres. La presencia masiva de laburantes mujeres en las marchas, no la hace, lamentablemente, un movimiento de clase. Puede llevar adelante un programa pequeño burgués, porque justamente no tiene claridad en que lo suyo debe ser la pelea con su clase. No hace falta explicar mucho esto, pues la historia esta plagada de presencia obrera en luchas burguesas. Para que un movimiento incorpore posiciones de nuestra clase, debemos intervenir en él con nuestro programa, no nosotras adoptar el de ellas. El patriarcado no está en nuestra agenda, es decir la violencia machista como eje y origen del mal contra las mujeres. Que una tapa de nuestro periódico diga el patriarcado es el FMI, más que apertura de dialogo, insisto, confunde. No soy yo la que quiere debatir sobre el patriarcado, sino la tapa de PO. Clarifiquemos un poco. Marxismo versus feminismo Para los marxistas, el patriarcado es fruto del surgimiento de la sociedad de clases, es el orden familiar que adopta la explotación del hombre por el hombre, que conllevó inmediatamente el sometiendo de la mujer. El problema actual reside en que, para el feminismo, que es la ideología imperante en el movimiento masivo de la mujer, el patriarcado es la ideología machista del estado burgués. El feminismo sexualiza, le pone género al Estado. “El estado opresor es un macho violador” cantan por el mundo entero. Todo lo malo es el varón, todo lo bueno es la mujer. Obviando así, que en el poder estatal se encuentra la burguesía de todos los géneros, y colores, mujeres, negros, amarillos, homosexuales y heteros. Pues no se trata del género, ni de elección sexual, sino de la clase social que representan. Creer que por luchar contra el patriarcado, van a derrocar al estado porque el patriarcado es estructura del capitalismo, es creer que el feminismo asocia naturalmente la concepción marxista del Estado. Cuando el feminismo, lo único que quiere es feminizar el Estado existente. En realidad, en el léxico del feminismo, cuando decimos patriarcado estamos diciendo, si sí el FMI es machista, metiéndonos en sus categorías y no al revés. Lejos de dialogar estamos nosotros colocándole sexo y genero al poder. Y ahí uf! Entraremos en el debate ideológico, hegeliano, gramsciano, que ya lo está haciendo el resto de la izquierda argentina. La incorporación del lenguaje inclusivo de todas las corrientes de izquierda tiene que ver exactamente con esto. La izquierda quiere dialogar con el feminismo, adaptándose a su lenguaje. En vez de explicar que aún con un FMI feminista, un gobierno feminista, que ya habla en inclusivo, no se acaba ninguna opresión. Por ende, que en vez de luchar contra el “patriarcado”, por sus ideas segregacionistas de todo tipo, debe ir por sus reivindicaciones económicas que son las que SI las hará chochar contra el Estado. Pues por algo el Estado ya le concedió a las mujeres lo ideológico, lo que no le quiere conceder para nada, es el derecho al aborto, el salario igual a la canasta familiar, el pleno empleo, los jardines y colonias de vacaciones gratuitas, el día femenino, etc, etc. Si le otorga el derecho al aborto será sobre la base de una enorme lucha, que encima luego le querrá quitar. Pues como dijo Altamira en el campamento de la UJS, en esta época de selenitud del capital, lo que te otorgue la patronal nos lo va a tener que quitar, en algún momento. Ojo! No estoy diciendo que no esté bien luchar contra toda segregación, está muy bien, pero no se terminara con las segregaciones ideológicas sino le ponemos materia al asunto. El capitalismo ya ha demostrado que puede adoptar ideologías varias, siempre y cuando estas no toquen sus intereses económicos. Y así como ya hay estado “plurinacionales” en Ecuador y Bolivia, ante el reclamo indigenista, también podrá adoptar en sus constituciones, un estado feminista, o anti racista, como ya sucedió en la lucha contra el apartheid. Más cerca aun es la ESI. La trampa más grande De lo antedicho se desprende el siguiente problema más grande. Se le quiere otorgar al movimiento de mujeres, per se, un programa universal, cuando los únicos que pueden tener ese programa universal, es la clase obrera consiente para sí. Un movimiento parcial de reivindicaciones, por supuesto puede tener el germen de una futura revolución, pero no debemos embellecerlo de manera impresionista. ¿Tenían los chalecos amarillos el germen de procesos revolucionarios más agudos? Si, pues toda lucha en esta etapa histórica, adquiere esa necesidad, pues insisto, en la crisis mundial, el capital tiene cada vez menos recursos para contener las luchas que van dando las masas. Todas las peleas son síntomas de un desbarranque mundial del régimen social existente. Incluso la huelga mundial ambiental. ¿Puede el capitalismo no contaminar el medio ambiente? No, ¿Puede el capitalismo igualar a la humanidad? No. ¿Puede otorgar el peno empleo?, No. ¿Puede por separado cada uno de estos movimientos derribar al régimen para que finalmente si se le otorguen sus demandas? NO. Cada movimiento parcial debe unirse a lo que sí, es el sujeto histórico revolucionario y universal que es la clase obrera. ¿Esto se hará hablando el idioma de cada movimiento? El programa del movimiento de mujeres, cuya dirección este vacante o no, al cual le viene ganando por goleada el feminismo populista, no tiene nada de universal, y menos aún per se. Si tiene tantos súper-poderes vayamos a su rastra, porque naturalmente, ya está hecho. Como socialistas ya no sería necesaria, nuestra intervención en el. Aquello es de un espontaneísmo liquidacionista. Crisis mundial. No necesitamos hacer piruetas, ni buscar atajos Para llegar a la conclusión de que “bien entendidas” las reivindicaciones de la mujer cuestionan absolutamente todo, debemos entonces comprobar que, para lograr, por ejemplo, el derecho al aborto, hay que tomar el poder. ¡Un exabrupto, compañeras, por favor! Existen cientos de derechos igualitarios en el capitalismo desarrollado, y de hecho este gobierno nacional tiene firmes intenciones de aprobar el derecho al aborto, si lo tiene que hacer para contener la marea verde, y a las miles de manifestaciones por venir, lo hará. ¿Lo hará de manera parcial? ¿Con trampas, sin presupuesto, etc? Y sí, pero así es con todas las conquistas que ha tenido que otorgar el capital en la historia de la lucha de clases. A eso me refiero con que capaz hasta eliminen el patriarcado, y no el régimen. Se eliminó el racismo en la formalidad legal, y no por ello dejó de existir el racismo, pero está más que claro que aminoro con creces. Pues lo mismo puede suceder con el sexismo, machismo, y decenas de ismos, que genera todo orden opresor. Caer en un esquematismo anti dialéctico nos va a hacer girar 180 grados. Nuestras socialistas, no necesitaron hablar el léxico burgués para dialogar con el movimiento de mujeres, lo que ellas hicieron es construir poderosos partidos obreros y en su seno construyeron el programa proletario especifico de las mujeres. Sin piruetas léxicas. Antes de que realmente se agoten todos los recursos del capital para contener revoluciones, habrá avances y retrocesos, que claramente más temprano que tarde van a terminar, o en la barbarie o en la revolución mundial. Pero con esto, no necesitamos forzar la mano a un movimiento que es brutalmente confuso y mayoritariamente de ideología pequeñoburguesa de glitter verde. “El proletariado no necesita diluirse en movimientos pluriclasistas para defender derechos de todas las mujeres sin excepción, ante cualquier manifestación de opresión o violencia, simplemente porque los derechos que defiende el proletariado son universales -la abolición de toda forma de opresión. Por eso mismo, es necesario desarrollar un fuerte movimiento de clase de la mujer, si ese movimiento quiere ser consecuente.” Jorge Altamira, EDM N° 48. Volviendo al principio de mi texto, de eso se trata nuestra tarea, el programa o pliego reivindicativo, transitorio, deber ser el arma en el seno de este vasto movimiento. Aquello, lejos de ser distinto a la era de las la II y la III Internacional, está más que nunca a la hora del día. ¿Esto es sectario? Ojo con las piruetas, para no ser “sectarios”. La mujer en la pandemia y la cuarentena, seamos audaces Según los observatorios de mujeres, la violencia doméstica y los femicidios, se han acrecentado ferozmente en la cuarentena. Lo cual es lógico, ante este emergente, el ministerio de la mujer ha creado incluso una línea 144 para los varones en situaciones críticas, y asistirlos psicológicamente, contener así su violencia. La presión de la burguesía por levantar la cuarentena no solo es por la recuperación del andamiaje económico, sino también para descomprimir una situación explosiva de hambre, desocupación y violencia familiar. Habría que analizar si estos Ministerios femeninos, que deberían estar colapsados, también empujan hacia la liberación de la cuarentena para menguar los femicidios. Por ello, nuestro debate en esta crisis también es pertinente. Pues un gobierno que se auto-denomina feminista, tendrá salidas no solo cosméticas, sino de consecuencias drásticas, no te mata el varón en tu casa, nos matara el virus. Sin salida. De eso se trata justamente el feminismo anti patriarcal en boga, por la vida de las compañeras es que debemos desenmascararlo, no embellecerlo o colocarle nosotras una comprensión de clase que no tiene. O acaso le vamos a discutir a Kristalina del FMI, y a los Fernández que ellos en realidad NO son feministas como dicen, ¿que las verdaderas feministas somos nosotras? Hacer eso, como se pretende desde la tapa nro. 7, y los textos de algunas compañeras en este debate, nos llevaría también a decirle al peronismo, bien atendido, ustedes quieren un gobierno de los trabajadores, los verdaderos peronistas somos nosotros, los que luchamos por la dictadura del proletariado. Sin embargo, nosotros somos la corriente que nació justamente para independizar al movimiento obrero del peronismo, en una fuerte delimitación con él. Es imperioso nos coloquemos a la altura de las circunstancias, y seamos realmente audaces, así como lo está haciendo ahora nuestro Polo Obrero, organicemos asambleas de mujeres uniéndola con la familia obrera contra la debacle que está dejando esta brutal crisis mundial, acelerada ahora por la pandemia. Disculpen la extensión, pero ya he escrito dos textos cortos, abriendo un debate que pensé iba a entenderse con mayor facilidad, ante lo contrario, me explayo, más en profundidad. Saludos socialistas.

Los trabajadores de Penta hicieron una olla popular, posterior a una misa, en las puertas de la fábrica, en el marco del Día Internacional del Trabajador. El locro tenía la finalidad de compartir, pero también recaudar fondos destinados a la compra de medicamentos para aquellos compañeros que no cobran su sueldo ni se les garantizan los tratamientos para enfermedades crónicas de ningún tipo. A la actividad asistieron casi un centenar de trabajadores de la carne, a quienes acompañaron los trabajadores de la ex Ansabo, ferroviarios, partidos de izquierda, ATE y una delegación de la Lista Gris de papeleros de Kimberly Clark. La posibilidad de realizar un acto o asamblea que propusiera los pasos a seguir en el conflicto y fortalecer la coordinación de las organizaciones presentes, sin embargo, se redujo a una misa en manos del sindicato. La jornada transcurrió sin dejar en claro cómo continuar la lucha por la reapertura de la planta, el pago de los salarios y la cobertura de la obra social. Los trabajadores, frente a la pandemia, nos encontramos en una crisis económica y sanitaria que abre un camino de deliberación de la clase obrera en su conjunto. La coordinación de aquellos que están luchando por sus puestos de trabajo con aquellos que luchan por sus derechos laborales e integridad física, como en la mayoría de los centros de salud, deben ser las perspectivas a seguir. La federación no puede permitir que Bruzesse continúe desviando la producción de Penta a otros frigoríficos. El conflicto requiere sindicalmente de una medida de acción directa que corte esa situación. Son clave la deliberación e intervención de los trabajadores del gremio en camino al paro nacional y con atención especial en la situación de la carne que recorre Latinoamérica.

El 1° de mayo de 2020 encontró a la potencia más importante del mundo desde fines de la Primera Guerra Mundial, EEUU, con más de 1 millón de contagiados por coronavirus confirmados, más de 60.000 muertos por el virus, y más de 30 millones de nuevos desempleados. Nueva York se ha convertido en el centro de la pandemia en Estados Unidos. Y Estados Unidos se ha convertido en el país con más casos confirmados a nivel mundial. La crisis sanitaria desatada por el Coronavirus ha puesto de relieve el sistemático deterioro social en la mayor potencia imperialista del mundo. Una columna de opinión escrita por George Mc Graw, fundador de una ONG llamada Dig Deep, publicada en The New York Times señala que 2,2 millones de norteamericanos no tienen agua corriente en sus hogares ni para lavarse las manos. Mc Graw explica que esos pueblos o estados en los que falta el agua corriente fueron salteados décadas atrás por las iniciativas gubernamentales de los proyectos para construir la infraestructura necesaria para tener agua corriente. Un ejemplo de esta situación catastrófica es la de Nación Navajo, una reserva india que cubre 71.000 km, donde más de un tercio de las casas no tiene agua corriente. Y tienen más casos de COVID 19 per cápita que cualquier estado de Nueva York o New Jersey. Más de 500.000 norteamericanos sin techo a lo largo y ancho del país, tampoco tienen acceso al agua corriente. La potencia comandada por Trump cruje también de hambre. Frente a los “Bancos de alimentos” (postas donde las personas con graves dificultades económicas pueden ir a buscar productos básicos de supervivencia), que en la actualidad funcionan en Chicago, San Antonio y Miami se forman colas kilométricas de trabajadores para retirar alimentos. Algunos organizadores de estos bancos de alimentos afirman que entre quienes piden comida hay un nuevo perfil: el de quienes nunca pensaron que se verían en esa situación. Es decir que ya no están atendiendo a pobres “crónicos” o antiguos, sino a quienes se caen de la clase media producto de la crisis económica norteamericana, agudizaba por las consecuencias del COVID 19. Para ser claros sobre el peso de este fenómeno: la organización Feeding South Florida distribuyó en las últimas semanas cerca de 10 millones de kilos de comida, en comparación con los 3 millones que distribuyó en el mismo período de 2019. Tengan o no trabajo, los trabajadores norteamericanos se están enfrentando al hambre. La muerte Las políticas de Trump, contrarias a la cuarentena y a las indicaciones de la OMS para beneficiar a sus socios y aliados capitalistas, ha producido un desastre social y un reguero de muerte en múltiples estados de EEUU. En la Isla Hart, en las afueras de Nueva York, los ataúdes de los más pobres son enterrados en fosas comunes, ya sea porque los familiares de los muertos no pudieron pagar un funeral o porque esos cadáveres no fueron reclamados. Las imágenes que giraron alrededor del mundo son realmente espeluznantes. Un empresario de pompas fúnebres de Brooklyn, Thomas Cheeseman, afirmó ante los medios: “Nosotros, los gerentes de las funerarias, estamos abrumados (…) inundados. El crematorio ni siquiera puede tomar cuerpos por dos semanas”. En este contexto, se están depositando cadáveres en camiones refrigerados para despejar los hospitales de muertos y poder seguir recibiendo personas enfermas. Pocos días atrás se encontró en Nueva York un camión de mudanzas con decenas de cuerpos amontonados en proceso de descomposición. La crisis sanitaria en Estados Unidos se encuentra fuera de control. El desafío político Las políticas de Trump son un completo fracaso, y un genocidio contra los trabajadores. La salida no vendrá de los republicanos ni de los demócratas, que juegan a pelearse por Twitter mientras no tienen nada para ofrecerle a la población jaqueada por el virus. Los trabajadores de Estados Unidos deben dar la respuesta, enfrentando este ataque a la vida y las conquistas de la clase obrera, siguiendo el ejemplo de los trabajadores de la salud, de Amazon, metalúrgicos y de las automotrices. Ahora, más que nunca, el famoso “socialismo o barbarie” es una lucha de vida o muerte.

El lunes 4, los tres grupos de acreedores que se formaron para negociar la deuda de Argentina de jurisdicción extranjera rechazaron la ‘oferta’ que les hizo llegar Martín Guzmán, en términos por demás inequívocos, pues no han querido siquiera recibir a la delegación nacional. Un día antes, Guzmán había ocupado una columna del Financial Times para ratificar la propuesta del gobierno de los Fernández, con apelaciones al corazón, pero también al bolsillo – el canje que propone Argentina, escribió, no implica una pérdida para los bonistas sino una reducción de beneficios. Fue una ‘gaffe’ de Guzmán: bajo el capitalismo, el beneficio lo juzga el cada uno de los capitalistas. La otra ‘gaffe’ la cometió cuando advirtió que la crisis financiera a nivel internacional hacía conveniente aceptar el ofrecimiento de Argentina, olvidando que la Bolsa norteamericana estaba subiendo a lo grande, gracias a los fondos que la Reserva Federal estaba inyectando en los fondos especulativos, y a la cabeza los dueños de la deuda de Argentina. Esto significa que el próximo viernes, cuando vence la oferta de Argentina, debería haber un default. Pues no. Eso se verá dos semanas después, el 22 de mayo, cuando hay que pagar un bono ya vencido que se encuentra en plazo de prórroga, por u$s600 millones. Todo indica como están planteadas las cosas, que Argentina no pagaría. Este doble final de la pulseada tampoco asegura que haya default, porque el gobierno nacional evitaría una declaración formal y dejaría a los acreedores la iniciativa de reclamar el pago total inmediato de toda la deuda, y el recurso a la Justicia neoyorquina. Poca gente sabe que Venezuela no paga su deuda sin haber declarado un default y que una orden ejecutiva de Trump, dos veces prorrogada, ha impedido el enjuiciamiento de Venezuela en las cortes norteamericanas. La explicación para esta situación singular está en otros factores y protagonistas de esta crisis. Los fondos, por un lado, han mostrado toda la intención de derribar, por lo menos, al ministro Guzmán, y barajar y dar de nuevo con el sucesor. Fogonean la campaña contra los presos ‘liberados’, que no es lo mismo que excarcelados, con el tema de la reunión presencial del Congreso, con los sobreprecios, con el copamiento del gobierno por la Cámpora y, claro, obvio y descontado, con la corrida al dólar y el trabajo de zapa de la banca nacional. No es evidente que quieran cobrar, y para eso necesitan una crisis política, o lo que quieren es una crisis política, que le prometería en el tiempo mucho más que cobrar unos dólares. Por de pronto, ayudarían a rescatar al acorralado Bolsonaro. El fracaso de las negociaciones por la deuda de jurisdicción extranjera significa el seguro default de toda la deuda, o sea la que está en dólares y en pesos bajo jurisdicción local. Comprometería la emisión de deuda que está realizando el gobierno nacional para financiar a las compañías que operan en Argentina. Esto es suficiente para desatar una corrida bancaria. Si el joven Guzmán y los menos jóvenes Fernández son mínimamente serios, debieran sacar la conclusión que se impone: hay que bajar el pulgar a la deuda pública local y nacionalizar la banca. Por los intereses que representan, por su trayectoria y por sus alianzas políticas, esta variante no les pasa por la cabeza. Precisamente aquello que más debieran cuidar. La gloriosa JP, degradada a la condición de La Cámpora, ¿ha discutido esta situación, o ya está informada de la salida de emergencia que se tomará para calmar a los acreedores? Un default, incluso general, es siempre una forma de seguir negociando de otra manera. Lo que el gobierno haga con el dinero destinado a pagar la deuda defaulteada, depende de sus intereses de clase, o sea que se usará para financiar superávits fiscales (más impuestos, cortes de gastos sociales y salarios), reformas laborales – no para un plan de viviendas, ni qué hablar de medidas más profundas y radicales. Pero un default el viernes o el 22 afecta a toda la deuda, provincias incluidas, a los bancos, al financiamiento público y a la continuidad del gobierno. La única salida, en el marco del derrumbe capitalista internacional, es meter la tijera contra la usura hasta el final y nacionalizar los bancos. Nosotros, los cuartainternacionalistas, en un marco de esas características, lanzaremos una campaña por el control obrero y la gestión obrera colectiva – de la salud, de la educación, de la industria y del conjunto de la economía.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, emprendió un ataque brutal contra los trabajadores municipales. Esgrimiendo una caída del 50% de la recaudación, producto de la crisis y la pandemia, aplicó un recorte que implica la desaparición de siete secretarias, rebajas salariales y despidos en distintas áreas, incluyendo salud, a pesar de que uno de los argumentos oficiales es la reasignación de partidas precisamente hacia el sistema sanitario. El recorte salarial para trabajadores temporales quitó de un plumazo el adicional por productividad del 22%. El personal de planta permanente, además, dejará de cobrar presentismo. Municipio rico, trabajadores precarizados Tigre está ranqueado como uno de los distritos con mayor nivel de recaudación -de un presupuesto de 14.000 millones, más de 10.000 millones provienen de fondos propios. Sin embargo, el 70% de la planta municipal está compuesto por trabajadores temporales, destajistas y monotributistas. A modo de ejemplo, un trabajador “temporal” debe soportar 10 años renovaciones contractuales bimestrales, semestrales o anuales y aspirar a formar parte de planta permanente, siempre y cuando soporte las presiones del puntero de turno que dirige la dependencia y acepte salarios muy por debajo de sus calificaciones. Un verdadero fraude laboral, avalado por la burocracia que dirige el sindicato de municipales. El caso de los profesores de educación física es emblemático. Un profesor que trabaja en los polideportivos lo hace en carácter de “capacitador” y cobra menos de la mitad que un profesor del sistema educativo provincial. Pasará a cobrar un tercio a partir de estas medidas. Las “campañas deportivas” del municipio, que cuenta con 18 polideportivos, se erige sobre las espaldas de profesores, trabajadores administrativos y de maestranza ultraprecarizados. El intendente Julio Zamora intentó excusarse por las medidas de ajuste diciendo que “no había otra alternativa”. Pero el intendente ni siquiera consideró el cobro de tasas extraordinarias a las grandes empresas radicadas en el distrito. Para evaluar “alternativas” reales hay que colocar los libros del municipio a disposición de una auditoría a cargo de representantes de los trabajadores, electos en asamblea, que establezca prioridades sobre la base de satisfacer las necesidades populares empezando por el salario y los puestos de trabajo. Está en marcha un proceso de deliberación entre los municipales a raíz de estos ataques. Hay mucha bronca que, poco a poco, va encontrando un cauce. Esta embestida contra los municipales plantea como tarea urgente impulsar un proceso de organización de los trabajadores, reclamando y organizando la convocatoria de asambleas (virtuales o presenciales con medidas de distanciamiento) y la elección de representantes responsables ante los trabajadores, allí donde nos los haya, para impulsar el reclamo contra el recorte salarial, por la devolución de premios y adicionales descontados y por la reincorporación de todos los despedidos, para poner fin al trabajo a destajo y por el pase a planta permanente de todos los “temporales” con la re categorización de los docentes y todos los profesionales que hoy brindan tareas como “capacitadores”.

En vista del 1 de mayo, los compañeros del Centro Christian Rakovsky y las organizaciones relacionadas con él, el 16 de abril publicaron una declaración, en el sitio web de RedMed, titulada "¡Hacia un primero de mayo rojo de lucha por nuestras vidas, en solidaridad con los trabajadores de la salud y con todos los oprimidos del mundo! ¡Guerra contra el coronavirus, guerra contra el brutal asalto del capitalismo!" (1). Antes de terminar enumerando una serie de reclamos para convertir este anómalo Primero de Mayo en cuarentena mundial en un día de lucha, el texto revisa el desarrollo de la pandemia de Coronavirus continente por continente, enumerando los límites que enfrenta cada país en la lucha contra la pandemia. Pero cuando reseña la situación de China, Vietnam y Cuba, el carácter de análisis del texto se transforma en un panegírico de los "países que han experimentado revoluciones socialistas reales en el pasado". Los regímenes políticos en estos países se describen como "sociedades en transición al socialismo", bendecidas por la "superioridad de los métodos heredados de la planificación central", ejemplos que demostrarían el hecho de que "la clase trabajadora necesita ganar la guerra de clases para salvarse a sí misma y al resto de la sociedad de la calamidad de salud que nos golpea ferozmente". Los autores del texto pasan por alto el hecho de que si hay una transición en curso en estos países es hacia... el capitalismo. En China, el proceso de restauración capitalista, no mencionado ni una sola vez en el texto, condujo a la formación de una casta gigantesca de capitalistas multimillonarios (2), también en el sector de la salud (3), entrelazados con el PCCh, y en Vietnam, aunque en una escala mucho menor, pero con la tasa de crecimiento más alta del planeta (4). En Cuba, el proceso de restauración -formado más recientemente- ha creado un gran sector privado que aumenta su influencia cada día en la vida social y económica de la isla. La apología de la burocracia por el Centro Rakovsky da lugar a una verdadera deformación histórica. Sentimos la necesidad de hacer comentarios al respecto sobre este texto. El "sistema de salud pública" chino China habría logrado "limitar prácticamente el daño de la epidemia" gracias a su "sistema de hospitales públicos y su peculiar forma de movilizar el trabajo socializado". Nos vemos obligados a observar que el "modo de movilización del trabajo socializado" en China no corresponde a una autoorganización de los trabajadores en un régimen proletario resultante de una "verdadera revolución socialista", sino al rígido control de los trabajadores acosados por un aparato burocrático que ha gobernado el país desde 1949, y de una manera más violenta desde el comienzo de la restauración capitalista concertada con el imperialismo. Con respecto al "sistema de hospitales públicos", los camaradas se han quedado unas décadas atrás. Es importante volver sobre los pasos que llevaron a la atención médica china a enfrentar la pandemia. Después de la Revolución de 1949, la República Popular decidió establecer un sistema de salud pública. El Primer Congreso Nacional de Salud (1950) estableció que entre los criterios en los que se basaría el nuevo sistema de salud, existía la necesidad de servir a los trabajadores, campesinos y soldados y que la medicina preventiva prevalecía sobre la medicina terapéutica (5). El congreso creó un sistema de salud universal que sin duda logró resultados muy importantes. Entre 1952 y 1982, la tasa promedio de mortalidad infantil pasó de 250/1000 a 34/1000 en nacimientos vivos y la esperanza de vida al nacer pasó de 35 a 68 años (6). La misma educación médica salió enormemente fortalecida: en 1965, China podía contar con más de 230 instituciones educativas para la medicina occidental, más de 200 mil médicos (7). Pero los mejores resultados se lograron en el campo, donde se concentró la gran mayoría de la población china. Durante la Revolución Cultural, la República Popular creó un verdadero ejército de "médicos" de las aldeas, los famosos "médicos descalzos", más de un millón de agricultores con capacitación médica y paramédica básica, clasificados en los municipios con el programa de atención médica específico de la campaña, el Sistema Médico Cooperativo, y con el objetivo de brindar atención médica donde los médicos de la ciudad no podían llegar, con capacitación centrada principalmente en la prevención de epidemias (8). A finales de la década de 1970, más del 90% de la población rural estaba cubierta por la asistencia sanitaria. Con el lanzamiento de las reformas de Deng Xiaoping, el sistema de salud chino fue desmantelado casi por completo. En 1981 se desmanteló el programa de médicos descalzos, que perdieron los subsidios públicos y tuvieron que dedicarse a la actividad privada, y en 1984 se privatizó el sistema de salud. La atención médica en el campo colapsó verticalmente: la proporción de la población rural con alguna forma de cobertura de salud pasó del 90% a principios de la década de 1980 al 5% en menos de una década (9). Los hospitales fueron incentivados para obtener ganancias y se concentraron en los servicios hospitalarios más rentables, descuidando la prevención, así como la venta de medicamentos, dado que los hospitales eran, y aún son, dueños de las farmacias. La desigualdad entre los ciudadanos más ricos y más pobres se agravó por la distancia cada vez mayor entre las provincias costeras más ricas y las más pobres del interior, dado el hecho de que el gobierno transfirió la responsabilidad de la salud a los gobiernos locales, privándose del papel de redistribuidor de recursos. que había tenido hasta entonces. En 1999, solo el 7% de los 900 millones de chinos tenía cobertura de salud (10). A finales de los 90, la situación se había vuelto explosiva, China, especialmente la China rural, se vio sacudida por las protestas. En 2003, el gobierno chino, asustado, tomó medidas e introdujo una cobertura de seguro para cubrir los costos de atención médica hospitalaria de los ciudadanos de las zonas rurales. Sin embargo, se centraron en la atención secundaria (es decir, atención ambulatoria o interna) mientras descuidaban la atención primaria de prevención nuevamente. En 2008, frente a los malos resultados de las medidas tomadas en 2003, aprobaron un plan más ambicioso llamado China Health 2020, con el objetivo de proporcionar atención médica básica asequible a todos los ciudadanos para 2020. En 2012, el 95% de la población tenía acceso a una cobertura muy modesta, mientras que el gobierno, poseído por el demonio del mercado todopoderoso, anunció que invitaría a particulares a poseer hasta el 20% de los hospitales chinos para 2015, el doble del porcentaje anterior (Blumenthal y Hsiao, 2017). China se encontró sin preparación para la pandemia al igual que otros países. La misma producción de material sanitario y dispositivos de producción individual, cuya demanda crece durante las epidemias y que, por lo tanto, no es una producción suficientemente rentable en tiempos normales para los capitalistas, se encontraba en gran medida en déficit en China, incluso necesitó por primera vez ayuda internacional (11). Entre las primeras preguntas relacionadas con la aparición de una nueva enfermedad posible y las primeras medidas de las instituciones, pasaron días durante los cuales las autoridades no encontraron nada mejor que acusar a los médicos que lanzaron la alarma de generar noticias falsas (12). La primera preocupación del gobierno chino y su sistema de "movilización del trabajo socializado" no era la salud o la vida, sino el control sobre la información y la difusión de noticias relacionadas con el brote de la epidemia, lo que podría haber salvado muchas vidas, así como el proceso de profundizar la intrusión (ya pesada) en la vida privada de los ciudadanos chinos (13) (14) a través del gigantesco sistema de vigilancia social en manos del PCCh. Hospitales internacionales privados, normalmente utilizados por empresarios extranjeros y gerentes de compañías que han invertido en China, equipados con equipos médicos modernos y personal de habla inglesa, libre de elegir a quién tratar y quién no, desde el principio de la epidemia, rechazaron a extranjeros con síntomas sospechosos al redirigirlos a hospitales públicos con el único propósito de no perder clientes (15). El gobierno chino nunca intervino. La gestión de la pandemia, independientemente de lo que diga la máquina de propaganda burocrática, ha debilitado la popularidad de Xi Jinping y la confianza en las instituciones. La respuesta descompuesta y lejos de ser centralizada de las autoridades locales fue el resultado del terror que se apoderó de un aparato que no estaba preparado para el surgimiento, repetidamente anunciado, de una epidemia, que luego resultó ser global, y el resultado de la presión sobre los gobernantes locales de los grupos de presión en el sector de la salud. Caixin, un importante periódico económico de Pekín, escribe en un editorial: "Sin embargo, cuando estalló la epidemia, los funcionarios en muchas partes de China tomaron medidas que aparentemente violaban la ley o los derechos de los ciudadanos. Algunas áreas han cerrado caminos arbitrariamente, cortaron pueblos y bloquearon el flujo del tráfico. Algunos filtraron públicamente la información personal de personas que pudieron haber sido infectadas. Otros controles fueron descaradamente discriminatorios, por ejemplo, negando el ingreso a personas provenientes de áreas severamente afectadas como Hubei, al prohibir que los residentes ausentes regresen a sus hogares o al evitar que los inquilinos usen apartamentos alquilados. El hecho es que los gobiernos en todos los niveles han permitido que este comportamiento no sea controlado y, en algunos casos, incluso lo han facilitado activamente. Ante circunstancias inusuales, los agujeros en la gobernanza al estilo chino se han vuelto demasiado evidentes. Este es un gran fracaso del estado de derecho de nuestro país ". Y más adelante: "Las etapas iniciales de la epidemia estuvieron marcadas por la falta de información clara, pero el silencio oficial de Li Wenliang y otros informantes médicos ha empeorado la situación. El gobierno central hizo hincapié en la necesidad de informar el brote y los anuncios de conformidad con la ley, informando de manera rápida y precisa sobre el brote de acuerdo con el contenido, los procedimientos, los métodos y los plazos requeridos por la ley. Hasta ahora este trabajo ha estado lejos de ser ideal. En Hubei, y especialmente en Wuhan, aún no conocemos la verdadera cantidad de personas infectadas, lo que deja a las personas involucradas en el control de la enfermedad con puntos ciegos obvios ". (16) La pandemia, el capitalismo y la restauración capitalista en China El texto no menciona las condiciones límite que han visto el desarrollo del virus. China es el principal productor del sector de cerdos vivos (más de 700 millones de nuevos cerdos por año, el 40% de la producción mundial) completamente en manos de privados, algunos de los cuales son multimillonarios (17). Desde agosto de 2018, cuando China informó a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) que había fiebre porcina africana (PPA) en el país, la enfermedad se propagó como un incendio forestal (18). Alrededor del 40% de los cerdos chinos se han perdido (muertos o sacrificados), y el resultado ha sido una escasez crónica de carne de cerdo y precios muy altos. China también es el segundo mayor productor de pollo del mundo (más de 1,6 mil millones de pollos sacrificados por año) y el mayor productor de huevos (19). Es en este contexto de producción gigante de aves que se desarrolló la gripe aviar (H5n1), cuyo impacto en los humanos se reveló por primera vez en Hong Kong en 1997. En un artículo publicado en RedMed el 9 de abril, Sungur Savran afirma que "la respuesta científica a la pregunta de si el Coronavirus tiene sus raíces exclusivamente en procesos naturales o, alternativamente, si también está conectado a condiciones socioeconómicas que históricamente ha preparado el capitalismo probablemente requerirá un largo período de investigación y reflexión. Hasta entonces, tendremos que asumir, sin evidencia de lo contrario, que el virus surgió independientemente de las condiciones socioeconómicas o, en otras palabras, que es un fenómeno puramente natural" (20). Mientras el compañero espera la pistola humeante, la ciencia ya ha demostrado que existe una relación entre el inicio de una epidemia y el proceso de deforestación-industrialización-urbanización (21). La relación causa-efecto entre la vulnerabilidad cada vez mayor a las epidemias y pandemias y la destrucción cada vez más rápida del hábitat es la siguiente: a medida que avanza la deforestación, se reducen los espacios en los que los animales viven abarrotados; esta reducción de la superficie del bosque a menudo se debe a la necesidad de obtener tierras para la reproducción; aquí se produce contacto entre animales salvajes, incubadoras del virus y animales destinados al sacrificio; a su vez, los animales criados se cruzan con animales con los que probablemente nunca habrían tenido contacto en la naturaleza, y esto sucede en los “wet markets”, ahora notorios, con la presencia simultánea de animales muertos y animales que esperan ser sacrificados en el acto. Este proceso de mezclar animales salvajes y criados, vivos y muertos, fue el origen de la epidemia de SARS de 2002-2003 y, con toda probabilidad, también es la pandemia actual. El aumento en la cría de animales y el aumento de la caza en la naturaleza son el producto del aumento en el consumo de carne per cápita, el incremento demográfico y el aumento de la densidad de población. En el caso específico, el “wet market” en cuestión estaba ubicado en una metrópoli (Wuhan) de casi 9 millones de habitantes, la capital de un distrito (Hubei) que tiene 56 millones de habitantes. Este proceso de crecimiento de las metrópolis chinas, con un aumento impetuoso del total de la población urbana, es un fenómeno que en China se ha acentuado particularmente en los últimos 40 años, haciendo que China conozca el proceso de diferenciación creciente entre la ciudad y el campo, con el crecimiento anormal del primero y la decadencia y brutalización del segundo, que Marx y Engels ya denunciaron hace más de 150 años. En general, las condiciones bajo las cuales se desarrolló la "calamidad de salud que nos ataca ferozmente" están completamente dictadas, de principio a fin, por la gran ausencia del texto del Centro Rakovski: la restauración capitalista. China, un régimen "en transición hacia el socialismo" según el texto criticado aquí, a pesar de sus "formas de movilizar el trabajo socializado", no ha podido predecir la llegada de una epidemia tan violenta, aunque el país ha sido golpeado en los últimos años por una serie de epidemias muy similares, y a pesar del hecho de que la Organización Mundial de la Salud ha advertido muchas veces sobre la posibilidad de una pandemia mundial. Más recientemente, en septiembre de 2019, la OMS declaró que "Si bien la enfermedad siempre ha sido parte de la experiencia humana, una combinación de tendencias mundiales, incluida la inseguridad y las condiciones climáticas extremas, han aumentado el riesgo. La enfermedad prosperó en el desorden y ha tomado ventaja; los brotes han ido en aumento durante varias décadas y se avecina el espectro de una emergencia sanitaria mundial. Si es cierto decir ´lo que pasó es un prólogo´, entonces existe una amenaza real de una pandemia de un patógeno respiratorio que se mueve rápidamente y es altamente letal y podría matar a entre 50 y 80 millones de personas y destruir casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia global en esa escala sería catastrófica, creando un caos, inestabilidad e inseguridad generalizados. El mundo no está preparado". (22) Cuba En el caso de Cuba, la declaración presenta a la isla como el contra-paradigma mundial de fortaleza de atención médica y de salud que le ha permitido un monitoreo exitoso en la propagación limitada del virus. Al momento, Cuba cuenta con 1.369 infectados y 54 muertos por el COVID-19. Esto sería demostración de fuerza de una “sociedad en transición al socialismo”. Sin embargo, la realidad es algo más contradictoria. Las conquistas logradas por la Revolución Cubana en el campo sanitario permitieron en la década de los ‘60 la expropiación de la salud privada y el pasaje a un sistema de salud único, gratuito, de cobertura universal y dirigido centralmente. Por un lado, con esta conquista, y en medio del bloqueo de EEUU, Cuba pasó a tener mejores índices de salud que el resto de América Latina -menor mortalidad infantil, mayor expectativa de vida, etc.-, una industria farmacéutica estatal, avances notorios en ramas como la biotecnología y la ‘exportación’ de médicos por la cual el estado recibe importantes divisas. Pero, por otro lado, se ha desarrollado crecientemente la salud privada destinada especialmente al turismo internacional y a la burocracia del Estado, del Partido Comunista, mientras que el sistema público ‘centralizado’ carece de recursos económicos. Por tanto, bajo el impulso de la burocracia estatal Cuba asiste al progresivo desmonte de uno de los progresos y baluartes más importantes de la Revolución. La caracterización en torno a la diferenciación social que se procesa en la salud forma parte una mirada de conjunto. Esto porque el régimen cubano se empeña en repetir la experiencia de la restauración capitalista de China, pero en un lugar más inadecuado y en el marco de la agudización de la guerra comercial internacional entre EEUU y justamente... China. El gobierno busca abrir las puertas al capital extranjero, manteniendo en el Estado algunos recursos estratégicos en un escenario donde el bloqueo económico opera como un arma de presión para liquidar los obstáculos que aún existían en Cuba a la colonización del capital financiero, mientras que la orientación de asociación del Estado con el capital extranjero llegó al tope de sus posibilidades. En el caso de la salud y la biotecnología, Cuba no tiene acceso al mercado mundial para sus propias invenciones y sus propios descubrimientos a causa del bloqueo económico. Una de las exigencias de Trump es abrir completamente la salud y la biotecnología al comercio internacional -a cambio de una regalía para Cuba-, donde operan con fuerza la gran industria farmacéutica y biotecnológicas norteamericana. La tesis de “sociedades en transición al socialismo” no tiene pies ni cabeza. Ocurre que, con manifiestos zigzagueos, Cuba ha encarado una salida a su estancamiento económico por la vía de una colaboración con el capital internacional, y por una política de ajuste y de mayor diferenciación social al interior de la isla. No tiene la posibilidad, sin embargo, de reproducir las características del camino de China hacia el capitalismo, porque no tiene la posibilidad de ofrecer un mercado interno al capital internacional, sino convertirse en plataforma de exportación y paraíso turístico e inmobiliario -como sucedía en la historia previa a la revolución. La bancarrota capitalista mundial opera, por un lado, como un factor de presión para la apertura completa de Cuba al capital internacional y, por otro lado, como un límite insalvable a sus posibilidades, porque acentuará el impasse del régimen político y la lucha de los trabajadores. La peculiaridad de la transición de la sociedad cubana es que se encuentra gobernada por una fuerte burocracia estatal y una tendencia interna, cada vez más amplia, que favorece la privatización de la propiedad pública. Esta condición le da al planteo de la asociación con el capital extranjero una fuerte connotación restauracionista. El escenario abierto por la pandemia ha planteado lo que algunos observadores advierten como un camino hacia un “nuevo período especial”, en referencia a la crisis económica de la década de los ‘90. La organización estatal en la distribución de mercancías de primera necesidad se encuentra en vías de colapsar, mientras se refuerza la militarización y represión en las colas de espera en los almacenes (23). Pero la crisis económica en Cuba era anterior a la emergencia del COVID-19. Bajo los golpes del reforzamiento del bloqueo bajo el gobierno de Trump (24) sobre el turismo, la reducción del suministro de petróleo, comercio y servicios profesionales en Venezuela, el declive en los precios mundiales del azúcar y el níquel y las restricciones del crédito externo la economía cubana se deteriora a un ritmo veloz. En particular, las crisis venezolana y brasileña (25) afectaron la compra de la fuente principal de las divisas cubanas: los servicios profesionales de médicos, enfermeros, etc. – Venezuela compraba el 75% de esos servicios. En el marco de la pandemia, Cuba está abriendo nuevos mercados para la exportación de estos servicios, como es el caso de Argentina – lo que ha desatado una furiosa campaña derechista contra los “médicos guerrilleros”. Los socialistas reivindicamos la Revolución Cubana que sigue representando una referencia para los trabajadores, en especial por su capacidad de resistencia al mayor imperialismo de todos los tiempos – a noventa millas de sus costas. Impulsamos la lucha por la organización independiente de los sindicatos, el desarrollo de la autonomía política de la clase obrera y la perspectiva de un gobierno de trabajadores en oposición al impasse completo que ha alcanzado el régimen político de la isla y su política de colaboración con las burguesías nacionales y el propio imperialismo. La guerra de clases y la clase obrera Que la clase obrera debe luchar y ganar la guerra de clases hasta que tome el poder está fuera de toda duda; que esto sucedió en los países enumerados en el texto es todo para probar. En China, después de la derrota de la revolución de 1927 con las insurrecciones de Shangai y Cantón, los comunistas chinos se refugiaron en el campo, donde comenzaron una guerra de guerrillas con base campesina contra las ciudades dominadas por el Kuomintang. El grupo de Mao Tsetung, tomando el control del PCCh contra otras corrientes, incluidos los troskistas chinos, dio origen a una deformación original del programa histórico del PCCh y de la Tercera Internacional, según el cual la ciudad habría estado en una condición de dependencia del campo y esto habría permitido a los comunistas chinos conquistar posiciones en el campo y rodear la ciudad. El PCCh gobernó así una serie de territorios en el interior de China durante casi 20 años, desarrollando, a diferencia de la experiencia soviética, un aparato burocrático, el "gendarme que mantiene las filas en orden" (26), incluso antes de tomar el poder en todo el país. país. Después de una larga guerra civil con el Kuomintang, en el marco de la derrota del imperialismo japonés en la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente fin de la ocupación de China, el PCCh tomó la iniciativa de un levantamiento campesino gigantesco, tomó el poder y proclamó la República Popular el 1 de octubre de 1949. El proletariado chino, exterminado por la contrarrevolución y la invasión japonesa, y diluido en el infinito mar campesino de China, nunca desempeñó un papel de liderazgo en el proceso revolucionario, sino que fue dominado por las masas campesinas. Sin embargo, las mismas necesidades de la revolución china obligaron al PCCh a avanzar más que la sola expropiación de los terratenientes y la reforma agraria, expropiando capital y comenzando a planificar la economía. Pero el socialismo no es un cierto número de nacionalizaciones. El socialismo exige el papel activo y consciente de la clase trabajadora y no un sustituto burocrático. En tanto, la experiencia de la Revolución Cubana fue la muestra de una revolución social sin precedentes en América Latina, con la peculiaridad de que el papel dirigente de la clase obrera es sustituido por la clase media radicalizada. Por ello, la Revolución Cubana entra en confrontación directa con las estructuras burocráticas del movimiento obrero internacional, en particular con los partidos estalinistas. El proceso histórico transicional que se desarrolla asume las características de un régimen político que expropia a la burguesía a partir de un movimiento de independencia nacional, sin el horizonte histórico del gobierno de la clase obrera, ni la revolución proletaria mundial. La derrota en 1961 a la invasión mercenaria organizada por el gobierno norteamericano marca el punto más alto del proceso revolucionario, donde fueron movilizados más de un millón de cubanos a las armas. Pero lo que emerge de esa gesta no es un poder de la clase obrera, sino un gobierno bonapartista como árbitro único de la situación política. Esto importa porque para hablar de una revolución socialista y un Estado obrero, el poder político tiene que estar, en principio, en manos de la clase obrera. No es suficiente, entonces, que el gobierno realice tareas propias de un gobierno obrero, porque ellas pueden coincidir excepcionalmente -en situaciones extremas- con las de la pequeña burguesía revolucionaria que pelea por la autonomía nacional en un país oprimido. De este modo, el problema subjetivo del poder no puede ser soslayado. En particular, porque la tesis de Cuba como Estado obrero llevó a la idea de que el proletariado puede ser sustituido como dirección histórica de la revolución socialista. De una manera general, la Revolución Cubana abrió una transición histórica que es nueva en América Latina (y que había sido anticipada por la Revolución Boliviana en 1952). Sin embargo, no estableció un gobierno de trabajadores ni un Estado Obrero o una dictadura proletaria, sí tendió un puente en esa dirección para la clase obrera mundial. A su turno, el bonapartismo se instaló contradictoriamente como el protector de la revolución y como un enorme bloqueo. Aunque la revolución cubana llevó a la pequeña burguesía muy lejos, no habrá revolución socialista si no es bajo la dirección política de la clase obrera. En la guerra de clases abierta -y en oposición al velado apoyo a las burocracias restauracionistas- recuperamos en un sentido positivo la posición fundamental del marxismo: el socialismo es la creación política del proletariado internacional. La reconstrucción de una dirección revolucionaria del proletariado mundial requiere un balance político del siglo XX que tenga en cuenta, en primer lugar, al estalinismo. Notas http://redmed.org/article/forward-international-red-may-day-struggle-our-lives-solidarity-healthcare-workers-and-all https://www.forbes.com/china-billionaires/list/ Entre los 10 principales multimillonarios del mundo en el sector de la salud, 5 son chinos, 4 de los cuales ocupan los 4 primeros lugares en el ranking. https://www.forbes.it/2020/04/09/effetto-coronavirus-i-primi-4-miliardari-nel-settore-sanitario-sono-cinesi-classifica-forbes/ Según la consultora inmobiliaria Knight Frank, Vietnam tiene 200 millonarios con más de $ 30 millones. Los 210 vietnamitas más ricos tienen una riqueza que haría que 3.2 millones de personas salieran de la pobreza. https://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/the-wealth-report-2017-4482.pdf Public Health at the Crossroads: Achievements and Prospects, Robert Beaglehole, Ruth Bonita. Lessons from the East — China's Rapidly Evolving Health Care System, David Blumenthal, M.D., M.P.P., and William Hsiao, Ph.D. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6124148/ John McConnell, Barefoot no more, in The Lancet, vol. 341, n. 8855, 1993-05, pp. 1275 https://ilmanifesto.it/crisi-riforma-e-consolidamento-della-sanita-in-cina/ Privatization and Its Discontents — The Evolving Chinese Health Care System, David Blumenthal, M.D., M.P.P., and William Hsiao, Ph.D. El 3 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China solicitó máscaras, túnicas y gafas protectoras "urgentemente". Los primeros países en enviar ayuda fueron Corea del Sur, Japón, Kazajstán y Hungría. El 15 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia cargó 2 toneladas de equipo médico y equipo de protección personal en un vuelo de la ONU desde Brindisi (Puglia). https://www.ansa.it/puglia/notizie/2020/02/15/coronavirusaiuti-sanitarivolo-brindisi_053c618e-88c2-4298-9167-a867b756abed.html Li Wenliang, un médico de Wuhan, fue uno de los primeros en advertir, en un grupo de WeChat, del peligro de este nuevo tipo de neumonía similar al SARS. Fue llevado a una estación de policía, interrogado y advertido. Regresó al trabajo, se enfermó y murió el 7 de febrero. https://ilmanifesto.it/covid-codici-salute-e-crediti-sociali-cosa-ci-racconta-la-cina-del-nostro-futuro/ https://tg24.sky.it/tecnologia/2020/02/25/coronavirus-cina-twitter-wechat.html https://ilmanifesto.it/dai-medici-scalzi-alla-diatriba-tra-medicina-tradizionale-e-occidentale/ https://www.caixinglobal.com/2020-02-18/editorial-coronavirus-epidemic-poses-test-for-rule-of-law-101516581.html El chino Qin Yinglin es el criador de cerdos más rico del mundo. Ocupa el puesto 43 en la tabla anual de Forbes y tiene un patrimonio neto de $ 18.5 mil millones - $ 14.2 mil millones más que en 2019, después de que las acciones de Muyuan Foods que figuran en Shenzhen casi se triplicaron. mientras que los precios aumentaron luego de la gripe porcina africana que redujo el suministro de cerdos. En el ranking de Forbes, es el multimillonario con la mayor ganancia en dólares. https://www.theguardian.com/business/2019/nov/23/china-pigs-african-swine-fever-pork-shortage-inflation http://www.fao.org/poultry-production-products/production/en/ Los investigadores predicen que identificaron 900 nuevos virus relacionados con la extensión de la actividad humana, incluidas las cepas de coronavirus comparables al SARS y previamente desconocidas. "Lo que hemos encontrado", One Health Institute http://ohi.sf.ucdavis.edu A World at Risk. Annual report on global preparedness for health emergencies. Global Preparedness Monitoring Board. September 2019 https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf A World at Risk. Annual report on global preparedness for health emergencies. Global Preparedness Monitoring Board. September 2019 https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf “La cola de mi barrio” https://jovencuba.com/2020/04/27/cola-barrio/ Donald Trump dictó la prohibición a los turistas estadounidenses de alojarse en hoteles y comer en restaurantes operados por militares cubanos, así como la alerta de no viajar a Cuba por el peligro de ataques sónicos. En el caso de Brasil, Bolsonaro bloqueo la continuación del contrato con Cuba “Más médicos” acarreando una pérdida de 400 millones de dólares anuales, similar al valor de las exportaciones de níquel o azúcar en 2017. Lev Trotsky, La Revolución Traicionada, 1936

Si la burguesía está intentando usar la pandemia de coronavirus para imponer un retroceso a conquistas históricas de la clase trabajadora a escala planetaria, no se queda atrás con los derechos de las mujeres. A mediados de abril, en pleno aislamiento de la población, el Parlamento polaco puso en discusión dos leyes que guardaba en gateras desde marzo de 2019: una sanciona a los docentes que impartan educación sexual; la otra vuelve prácticamente inaccesible el aborto no punible, que en Polonia ya es ultra restrictivo. Aprovechando el aislamiento, los parlamentarios del partido del gobierno se volvieron a lanzar. La respuesta fue formidable: miles de personas salieron en automóviles, bicicletas, colgaron carteles en balcones, en comercios. En otros países de Europa, el movimiento de mujeres se plegó al repudio. Finalmente, los dos proyectos fueron cajoneados en una subcomisión “para seguir debatiéndose”. Estados Unidos Los ocho estados del cinturón bíblico norteamericano -Texas, Alabama, Arkansas, Iowa, Louisiana, Ohio, Tennessee y Virginia Occidental- también han aprovechado la catástrofe sanitaria del coronavirus para prohibir que funcionen las clínicas de aborto. Las autoridades arguyen que las camas deben reservarse para pacientes con Covid y los equipos de protección personal para quienes los atiendan. Las clínicas que interrumpen embarazos fueron incluidas en los servicios no esenciales: no pueden atender hasta que termine la emergencia sanitaria. Las embarazadas han visto cómo se cancelan, reprograman y vuelven a cancelar las citas médicas al ritmo de los amparos judiciales. En marzo y abril, los fallos restablecieron y luego abolieron el acceso al aborto, a veces solo con unas horas de diferencia. Desesperadas, las mujeres violaron las restricciones y se arrojaron a las carreteras para llegar a estados donde puedan abortar. Contradictoriamente, las clínicas informan que la demanda se ha triplicado, bastante comprensible en un país que ha perdido 30 millones de puestos de trabajo en dos meses. Muchas “autogestionan” la interrupción del embarazo con pastillas, siguiendo tutoriales de internet o en el mejor de los casos apelando a la telemedicina. Conquistar el derecho al aborto, claro, no derroca ningún régimen social ni consagra la emancipación de las mujeres. Pero corroe la subordinación de las mujeres, desnuda un sistema que no garantiza tampoco el derecho a la maternidad, moviliza enormes masas de mujeres en defensa de la propia vida y de la autonomía. Por eso el capital sistemáticamente trata de arrebatar ese derecho donde fue conseguido, convertirnos nuevo, como dijo alguna vez Trotsky, en burras de carga. ¿Y por casa? En la Argentina, la última vez que el movimiento de mujeres dijo en público la palabra “aborto” fue el 8 de marzo: miles y miles y miles de mujeres, de verde, solas o en pequeños grupos de estudiantes o trabajadoras, marcharon detrás de las banderas de la Campaña por el aborto legal, por lejos la columna más nutrida de la marcha. Aunque entre el inicio de las sesiones el 1° de marzo y la declaración de la cuarentena pasaron 20 días, Fernández se olvidó de mandar su celebrado proyecto de ley de interrupción del embarazo. Todo el mundo hizo mutis. Todos no. El 13 de marzo, 40 curas villeros se mandaron un documento rampante contra el aborto, insistiendo en que “la interrupción del embarazo no es camino de solución a los profundos problemas que sufren muchas mujeres”, calificándolo como una “colonización cultural” producto de la “exigencia” de “los organismos internacionales que prestan dinero”. El cuento de que el aborto es una exigencia del FMI. El 28 de abril murió de un aborto séptico, en un hospital de Formosa, Ivana Micaela. Tenía 22 años. En Formosa casi el 30 por ciento de las muertes maternas se producen por complicaciones de abortos clandestinos. Unos días antes, el ministerio de Salud había subrayado que si bien se suspendían los controles de rutina de los embarazos “para no sobrecargar el sistema" -lindo tema para otra nota-, la interrupción legal del embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos quedaban como servicios esenciales. Es como con los femicidios, los enunciados progres no alcanzan para garantizar ningún derecho. Así como es asesinada una mujer por día a pesar de las exhortaciones ministeriales, las obras sociales y las prepagas retacean la atención y la entrega de anticonceptivos. Y los hospitales suspendieron prácticamente toda atención, aunque el 32 por ciento de las mujeres acceden a los anticonceptivos a través del sistema público. Las Naciones Unidas calculan que con que sólo disminuya un 10 por ciento la atención durante la crisis sanitaria global se producirán “3 millones de abortos en condiciones de riesgo, 15 millones de embarazos no deseados adicionales y 28.000 muertes de personas gestantes durante este año”. La situación de las mujeres durante la gripe SARS o el brote del Ébola en 2013-2016 en el África occidental son un anticipo. “Solo en Sierra Leona, la disminución de la atención materna y neonatal debido a la interrupción de los servicios y al temor a buscar tratamiento durante el brote contribuyó a una cifra estimada de 3.600 muertes de mujeres, muertes neonatales y recién nacidos”. Un número similar al total de las muertes causadas por el Ébola. Hay que aprovechar estas lecciones. Como dicen las norteamericanas, no se puede poner en pausa un embarazo. Debemos organizarnos para exigir: 1 el gobierno debe garantizar la provisión de anticonceptivos gratuitos de calidad y sin receta. 2 el gobierno debe garantizar el suministro gratuito de misoprostol. 3 los servicios de salud reproductiva deben situarse fuera de los hospitales, para garantizar la continuidad de la atención sin que las niñas y mujeres comprometan su vida al acudir a ellos. 4 debe autorizarse el aborto medicamentoso sin restricciones. Alcanza con respetar el Fallo FAL (protección de la salud de la gestante en los términos de la ONU). 5 aborto legal, seguro y gratuito.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza con un paquete antiobrero sin anestesia en el contexto de la debacle económica y crisis sanitaria. El proyecto de Ley de Emergencia Económica que la Legislatura discutiría el próximo jueves 7, se presenta con la excusa de “reorientar” los recursos fiscales hacia Salud y Desarrollo Humano, pero, en realidad, significa un duro ajuste contra los trabajadores. El Ejecutivo aspira a la suma del poder público, hasta fin de año, para reasignar partidas presupuestarias, modificar las concesiones y contrataciones -eliminando los mecanismos de control, luego del escándalo por la compra de barbijos con sobreprecios-, crear nuevos impuestos o eximir a los sectores que se le antojen, recortar los salarios y cambiar los modos de cobro -pago escalonado o con descuentos- de los trabajadores del Estado. Otra consecuencia es la paralización de las obras vinculadas a viviendas sociales, cuando en amplios sectores de la villa “modelo” de urbanización, la 31, no hay ni agua. Entre las atribuciones que Larreta pretende está congelar la planta de personal y despedir a los precarizados con contratos de locación, que son miles. También suspender las bonificaciones, los premios e incentivos salariales y establecer un tope al incremento de las remuneraciones, incluidas los ya pactados (art. 17). El jefe de Gobierno -que compró balas de goma hasta agotar el stock de Fabricaciones Militares- podrá diferir el cobro o pagar en cuotas los salarios (art. 19). La Emergencia aniquila los convenios laborales, empezando por el Estatuto del Docente. El objetivo no es solo licuar la base salarial del Estado sino dar vía libre a las patronales privadas, muchas de las cuales se anticiparon al gobierno, incluso en el sector de salud. Picaron en punta las empresas de medicina -Italiano, Otamendi, Fleni-, que anunciaron recortes a los salarios. Rodríguez Larreta tiene quórum propio para aprobar el proyecto (37 bancas sobre 60) pero quiere comprometer al Frente de Todos en una aprobación exprés. En el FdT hay fracciones igual de interesadas en “poner en marcha la economía”. Por eso, en lugar de rechazar el ataque a estatales y docentes, el FdT propone cambios irrelevantes. Los docentes de Ademys convocaron a una asamblea para el martes 5 y llamarán a movilizar en defensa de su paritaria a la Legislatura el jueves 7. También los residentes y concurrentes del sistema de salud público, en una asamblea de nación y provincia, convocan a la Legislatura el 7 para rechazar la ley, por estabilidad laboral, salarios acordes y poner su pliego de reclamos sanitarios en agenda. Otros trabajadores de la salud acompañarán la movilización con una segunda jornada de protesta de aplausazos, cortes de calle y asambleas. Los sindicatos como UTE y ATE, dirigidos por el kirchnerismo, no pasaron de un comunicado o declaración del “estado de alerta”, pero no convocaron a ninguna acción de protesta. Al mismo tiempo que aplica este recorte, Rodríguez Larreta intenta convertirse en el dirigente “racional” de los sectores del gran capital que empujan para quebrar la cuarentena, aunque admita que en la Ciudad el pico del Covid se espera recién a fines de mayo. Es lo motivó su pretensión de confinar a los mayores de 70 para “liberar la economía”. Los despidos y recortes salariales incluidos en el proyecto de “emergencia económica” son una prenda de extorsión para presionar por una salida a la cuarentena en defensa de la “economía” contra la salud de los trabajadores. Hay que aplastar la “emergencia” de Rodríguez Larreta. Los trabajadores fuimos quienes impusimos -con los docentes a la cabeza- la cuarentena. Los que arrancamos en los call centers y comercios reducciones horarias y medidas de prevención e impusimos el cumplimiento de las licencias. Los que denunciamos el desmantelamiento del sistema de salud, público y privado, y exigimos condiciones de seguridad para los pacientes y para nosotros. Defendemos la cuarentena en la certeza de que solo los trabajadores somos custodios de la salud contra la codicia patronal. La “emergencia” de Rodríguez Larreta debe ser rechazada. Impulsemos instancias de deliberación entre los trabajadores para elaborar un pliego de reivindicaciones y acciones de lucha.

Los trabajadores de maestranza de la Torre I y II -el centro administrativo gubernamental de la provincia- convocaron a una importante asamblea en el día de ayer, apoyados por la CTA, como respuesta a los despidos de diez trabajadores de la Empresa tercerizada Distribon SRL., de la que participaron los despedidos y sus compañeros, más varias Juntas Internas de ATE. Desde hace muchos años estos trabajadores tercerizados vienen luchando en conjunto con los trabajadores que se encuentran en planta permanente; inclusive en su experiencia política muchos han roto con su “sindicato original” -obreros de maestranza- por sus posiciones pro patronales, afiliándose a ATE. Los compañeros despedidos representan el 25% de la dotación y muchos de ellos con una antigüedad de entre 15 y 20 años. El argumento esgrimido por la Empresa para dicha decisión es que los contratos habían finalizado y no los renovarían. La empresa contrata trabajadores que realizan la misma tarea que trabajadores de planta, pero sin estabilidad laboral y con sueldos muchos más bajos; muchas de las empresas “tercerizadoras” van cambiando sus nombres y socios de firma, justificando echar y recontratar a los mismos trabajadores, y argumentando legalmente esta maniobra en la no renovación de contratos. Un fraude laboral a la vista de todos, donde el estado es responsable. Los despidos se ven agravados en un contexto de pandemia por el COVID 19, porque la gran mayoría se encuentra dentro del grupo de riesgo y, por lo tanto, cumpliendo con la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. La asamblea realizada ha puesto de manifiesto las arbitrariedades de un estado que permite que pasen los despidos mientras por otro lado emite decretos que los prohíbe; la iniciativa de los trabajadores se va moldeando con la lucha, en contra de los despidos y garantías salariales, en oposición a intereses empresariales. Desde la asamblea se procedió a un corte en la calle 12 para hacer visible el conflicto y se aguarda el resultado de la reunión en el Ministerio de Trabajo y la empresa para el día martes. Durante el desarrollo de la asamblea y actividad, varios trabajadores recibieron el telegrama de despido. Al finalizar la asamblea, desde la torre 2 informaron a los trabajadores que ese día se descontará por ausencia sin aviso. Desde Tribuna Estatal Tendencia decimos que para garantizar la cuarentena obligatoria es imprescindible garantizar el salario. Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos, y exigimos su inmediata reincorporación; el pase a planta permanente, y el cese de la tercerización laboral. Se hace necesaria una convocatoria urgente de un plenario de delegados de ATE para extender este reclamo.

En diálogo con Política Obrera, Samuel Huerga, luchador docente, periodista y dirigente del PO de Salta, relató las circunstancias que rodearon a la amenaza que recibió mientras desarrollaba su programa de radio. "Desde el norte de Salta, tiene lugar una migración temporal de miles de trabajadores golondrina, que van a buscar trabajo y un sustento al sur. La razón de esta salida es el copamiento de tierras por parte de los grupos capitalistas que dominan los cultivos de soja y caña de azúcar, como la Sea Bord Corporation (Ingenio Tabacal). Este año, los peones que se encontraban trabajando en las explotaciones frutícolas de Río Negro sufrieron la abrupta interrupción de sus tareas", relató Huerga. "Ocurre que la aparición de casos de coronavirus en las plantas de empaque condujo a una brusca interrupción de la actividad. Así, muchísimos trabajadores quedaron librados a su suerte de la noche a la mañana, debiendo iniciar un dramático regreso al Norte, sin medios ni recursos". Huerga relató, como lo hizo por la radio, la peregrinación de quienes debieron regresar en las condiciones más penosas. Varios de estos trabajadores fueron demorados en operativos de patrullaje cuando retornaban. "El propio gobernador de Salta -señala Huerga- trató a estos trabajadores como delincuentes". En su programa de radio de ayer, Samuel denunció toda esta situación, y exigió una salida para estos trabajadores a costa de las corporaciones capitalistas de la región, y mencionó explícitamente al Tabacal. "Apenas terminé, sonó el teléfono fijo de la radio, con un individuo que, además de atacarme por mi condición política, profirió amenazas de muerte contra los trabajadores rurales en general, y contra mí en particular". Minutos antes de concretar las denuncias legales, Huerga reveló a Política Obrera que "por nuestros propios medios, tenemos identificado al agresor, así como sus vínculos fluidos con las mafias judiciales y grupos capitalistas de la región". Samuel señaló también que "estas amenazas son inseparables del clima de hostilidad política que desde el propio gobierno se desarrolla contra los trabajadores rurales obligados a migrar. Sus declaraciones actúan como una verdadera instigación". Junto a sus compañeros del PO de Salta, Samuel está emprendiendo una enérgica campaña a la escala de toda la provincia, por el castigo a los intimidadores, y el esclarecimiento de todas las responsabilidades empresariales y políticas.

Marcia Reyes (29), madre de cuatro hijos, mujer trabajadora del distrito de Escobar salió el viernes 24 de abril a las 16hs de su casa, en el barrio “San Miguel”, en la localidad de Ingeniero Maschwitz; para entregar un celular que había vendido por las redes sociales. Se encontraría con el comprador cerca de la fábrica Ford, en General Pacheco y desde allí no se supo más de ella. Después de 10 días de una incansable búsqueda por parte de su familia, el día 4 de mayo la policía local dio aviso que fue hallada caminando sobre Ruta 26 en Ingeniero Maschwitz. Marcia mostraba marcas de la violencia. Dijo que fue sometida contra su voluntad durante los 10 días que duró su cautiverio hasta que logró escapar. Una vez radicada la denuncia por la desaparición, en la Comisaría segunda de Escobar, su familia comenzó a desarrollar una tarea de “investigación” para determinar el recorrido de Marcia. Durante los primeros cinco días, un sinfín de irregularidades por parte de la policía llevó a las y los familiares a ir en busca del fiscal de la causa, en la Fiscalía N°5 de Escobar, el Dr. Claudio Aunjian. El 30 de abril la familia se presentó en la fiscalía y fueron atendidos por la Dra. Román, a cargo de la instrucción de la causa, quien en un primer momento dijo “ya nos estamos ocupando”; luego, y ante la insistencia de la familia, tuvo que llamar por teléfono al fiscal, al cual puso en comunicación. El fiscal les dijo que el expediente, a seis días de la desaparición de Marcia, seguía en la comisaria de Maschwitz y que, hasta ese momento, no tenía conocimiento de todos los datos que se le estaban comentando. La familia de Marcia le solicitó el resguardo de las cámaras de seguridad municipales, de los distritos de Escobar y Tigre, y copia del expediente; a lo que el fiscal accedió y los mandó a la comisaria a que lo busquen allí. El fiscal les anunció que ordenaría rastrillajes en ambas localidades. Durante las 48 horas posteriores a la comunicación con el fiscal, ninguno de todos los rastrillajes arrojó resultado. Tampoco se habían determinado acciones respecto a testimonios recaudados los cuales proporcionaban datos sustanciales. Por lo que la familia, a 8 días de la desaparición, decidió avanzar para exigir al Municipio que les sean otorgadas las cámaras de seguridad; de las cuales ya existía el resguardo librado por fiscalía y que, según la instruyente del fiscal, duraban 14 días grabadas. En base a dicha urgencia se prepara, junto a organizaciones del distrito, una acción frente a la Municipalidad de Escobar, para el lunes 4 de mayo. La familia de Marcia declara, a través de medios nacionales, que la investigación recién se inició el 30 de abril cuando ellos acudieron a la fiscalía y también hicieron publica la convocatoria a la movilización para que el intendente Sujarchuk les entregara las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales. Pasadas apenas unas horas de las declaraciones públicas de la familia, y a 10 horas de realizarse la acción frente al Municipio, la policía dio aviso de que Marcia había sido hallada. La organización independiente de la familia y de denuncia al Estado, fue lo que posibilitó comprender que este es un problema político de primer orden. El caso de Marcia se inscribe en una situación de violencia general. A Marcia la encontramos porque se logró elaborar una salida colectiva, de choque contra un sistema que se nutre de la violencia hacia las mujeres como un pilar fundamental para su sostenimiento. Solamente durante la cuarentena obligatoria hemos sufrido 41 femicidios, en los cuales en varios de ellos se incluyen a sus hijas e hijos. Mientras el presidente Alberto Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y los intendentes del conurbano como Sujarchuk, a través de sus Secretarías locales hacen alarde de “La ley Micaela”, cientos de mujeres trabajadoras y niñas y niños siguen desapareciendo, siendo ultrajadas y/o muriendo. La curva que no se aplana es la de la violencia hacia las mujeres. Siendo el vaciamiento de las políticas de atención integral a las victimas la prueba irrefutable de que, por acción, inacción o connivencia, el Estado es responsable. En la zona norte la situación no dista del cuadro nacional. En Escobar existen numerosos casos de femicidio que siguen impunes, como es el de la abuela Paula; hace pocos días el de la vecina del distrito Maria Yusco. En Pilar venimos de movilizaciones por el femicidio de Patricia Frete y en San Fernando desapareció Valeria; hace más de dos meses aun nada se sabe de ella. En Tigre, las víctimas se suman trágicamente a una larga lista de femicidios y desapariciones como los de Luna Ortíz y Georgina. Es imperioso poner en pie una coordinadora de familiares y amigos a fin de fortalecer la unidad de las y los trabajadores contra el Estado, el Poder Judicial y la Policía que organizan, encubren y sostienen las redes de trata y la organización de comités barriales para combatir la violencia contra las mujeres, niñas y niños y disidencias. Exigimos que se esclarezca de inmediato lo sucedido con Marcia, que se determinen los autores materiales e intelectuales y también responsabilizamos al Estado y al Gobierno de Ariel Sujarchuk por su integridad física y la de su familia. Aparición inmediata de Valeria López, de San Fernando, y todas las mujeres desaparecidas en democracia. El Estado es responsable.

Un artículo de La Nación (03/05), señala que, “con tensiones en su gabinete, Axel Kicillof afronta varias crisis simultáneas”. Así, apunta a la negativa de Berni para excarcelar presos, aún en el cuadro de una pandemia, y su desacuerdo con flexibilizar las actividades recreativas, porque no podrían ser “controladas”. El ministro de Justicia Alak, en cambio, radicó en el poder judicial la decisión de las excarcelaciones, para luego posicionarse con Berni, con ayuda de unas declaraciones tardías de Kicillof. Un lector poco aficionado entendería estos “choques” al interior del gabinete como un principio de ruptura política entre los sectores del núcleo duro de Kicillof (Alak) y el núcleo cristinista (Berni). Sin embargo, a todos ellos los une un acuerdo más general para liberar las actividades comerciales e industriales en varios municipios de la provincia, dejar pasar las violaciones a la cuarentena por parte de las patronales (como ser la pesquera Solimeno en Mar del Plata o el frigorífico El Federal, con varios casos de COVID en el municipio de Quilmes) y pactar con las burocracias sindicales y las patronales las rebajas salariales como es el caso de las textiles. ¿De qué se trata entonces la crisis política que describe La Nación? Hay un telón de fondo que es la crisis de deuda de la Provincia, que no pagó el vencimiento de 95 millones de euros y USD 10 millones, el viernes 1 de mayo, y el propósito de reestructurar toda la deuda, que es de US$7.148 millones. Kicillof reclama un período de gracia de tres años, con quita de intereses en el orden del 55 por ciento y una quita de capital del 7 por ciento. Una propuesta similar a la de Guzmán. La Nación fogonea una crisis política para que se presente un plan alternativo al gobierno Kicillof. El gobierno de Kicillof no piensa tocar los grandes intereses; los pooles de siembra tienen 9.000 millones de dólares acumulados en sus silo-bolsas a la espera de una mayor devaluación.

Mientras el gobierno nacional y el porteño avanzan en conjunto con un programa de “flexibilización” de la cuarentena, en las villas de la Capital la curva de contagios se ha disparado y han llegado los primeros muertos por coronavirus en las villas 1-11-14 y 31. Según el portal del Cronista “la escalada de casos positivos obligó al gobierno porteño a confeccionar en las últimas horas un parte diario solo dedicado a la situación de las villas. Según datos de esta tarde (4/5), la Ciudad confirmó 322 casos de COVID-19 en los barrios vulnerables de la Ciudad. Los más afectados son el Barrio 31 con 219 casos y el asentamiento 1-11-14 con 79. Además de la 1-11-14 y la 31, el virus ya llegó a las villas Oculta (6 casos), Villa 21-24 (6 casos también), Villa 20 y varias más. Las villas de la Ciudad son una constante bomba de tiempo en materia sanitaria, incluso en tiempos sin pandemia. La brutal escalada de contagios por coronavirus en pocas semanas superó la epidemia de dengue que viene afectando a los barrios desde mucho antes, en primer lugar, a la 21-24. La velocidad de propagación del virus sólo se explica por las precarias condiciones de vida en las villas, que los gobiernos nacional y municipal se encargaron de mantener durante décadas, posponiendo indefinidamente los planes de urbanización, o sometiéndolos a las necesidades de los negocios inmobiliarios. ¿Por qué la Villa 31 es el barrio más afectado? Durante las primeras semanas de la cuarentena, las villas de la ciudad se mantuvieron sin casos de contagios. El primer caso en la 1-11-14 se conoció tres semanas después de declarada la cuarentena. La villa 31 llegó a cumplir un mes sin verse afectada por casos de COVID-19. Una vez que el virus entró a los barrios, en pocos días se multiplicaron los casos. Los 133 casos confirmados en la Villa 31, a sólo dos semanas de confirmarse el primero de ellos, se explica por las condiciones extremas que atraviesa el barrio, como la falta de agua corriente afecta a grandes sectores del barrio desde hace más de una semana. La crisis del agua reveló que bajo la apariencia de la “unidad nacional” contra la pandemia, de los gobiernos nacional y de la ciudad, quienes salieron a culparse mutuamente en todos los medios, sólo actúan como bandos que rivalizan para ver quién paga el mayor costo político de esta crisis. Pero la falta de agua no es la única explicación de la propagación del virus en la Villa 31. Los vecinos del barrio han denunciado desde el comienzo de la pandemia que no existe ningún protocolo para abordar los contagios. Las familias de los contagiados por coronavirus deben “auto-aislarse” en sus hogares por su propia voluntad, ya que ninguna autoridad interviene para garantizar el aislamiento de posibles contagiados, ni van al barrio a realizar testeos a quienes estuvieron en contacto con ellos. La primera fallecida por coronavirus en la 31 es un caso testigo de esto: su hija había sido diagnosticada con COVID-19 y no se aplicó un protocolo de aislamiento ni un testeo inmediato a su familia. Ante la escasez de camas en los hospitales, el gobierno prometió habilitar habitaciones de hoteles para albergar contagiados. Las medidas concretas tomadas al respecto fueron poco menos que nada. Las ambulancias no entran al barrio y aquellos que tienen los síntomas deben salir por su cuenta, a veces recorriendo a pie varias cuadras dentro del barrio, a la salita de salud que se encuentra dentro de la Villa 31. Pero esta salita no cuenta con los recursos para hacer hisopados, por lo que trasladan a las personas que llegan en micros escolares hacia afuera del barrio para poder realizar un diagnóstico de COVID-19. A este cóctel explosivo se agrega que el gobierno porteño se niega a aumentar las raciones para los comedores populares y a asistir nuevos comedores, a la vez que el gobierno nacional suspendió la entrega de mercadería desde el escándalo de los sobreprecios. Ante la saturación de los comedores existentes, los vecinos del barrio se empezaron a organizar para poner ollas populares a través de las donaciones que van consiguiente. Para las familias que se han “auto-aislado” los vecinos se organizaron para llevarles comida y productos de limpieza a domicilio, ante el abandono total del Estado. Los punteros del barrio, militantes del gobierno, insultan y amenazan a los vecinos que se dedican a esta tarea porque los ven, con razón, como una amenaza a su control territorial. Ante los más de 150 casos positivos de coronavirus en la 31, los gobiernos nacional y porteños acordaron realizar 300 testeos a personas que hayan estado en contacto con contagiados en el barrio. La medida, evidentemente, está muy por debajo de lo que se requiere para frenar los contagios. Teniendo en cuenta que la propagación del virus se ha disparado, las medidas deben ser de fondo: testeos masivos en todo el barrio y aislamientos preventivos en hoteles para los adultos mayores y personas en riesgo; garantizar en forma urgente el agua potable a todo el barrio; asistencia a los comedores y ollas populares; desinfección, limpieza y descacharreo del barrio. Estas medidas están en las antípodas de la línea del gobierno. La única forma de garantizar la cuarentena en los barrios es con la propia organización de los vecinos en comités barriales que puedan arrancar al Estado todos los recursos que se necesitan. Las ollas populares que se han puesto en pie funcionan como centros de organización y lucha de los vecinos. Desarrollemos un debate en todos los comedores y ollas para definir un programa en defensa de la salud y la vida de los vecinos. Por testeos masivos y un protocolo para los barrios Por comités barriales que organicen la vida cotidiana de los barrios

Mediante una carta a todo el personal y a los medios de comunicación, la presidencia de Aerolíneas Argentinas anunció la desaparición práctica de Austral Líneas Aéreas. En los hechos, se trata de un ajuste. El planteo implica terminar una tarea que comenzó el menemismo cuando privatizó Aerolíneas Argentinas a Iberia, y esta también se hizo con Austral. En los años 90, comenzó una fusión en los sectores comerciales, Tráfico, Cargas y otros sectores (oficinas comerciales en Buenos aires y el interior, call center, etc.). No así en otros que ofrecieron una resistencia mayor y quedaron intactos, como pilotos, tripulantes y técnicos, básicamente. No está claro cuál es el planteo final para con los trabajadores de Austral, si pasarán a ser empleados de Aerolíneas Argentinas o si una parte de ellos (básicamente, una parte de mantenimiento) pasará a formar una nueva empresa dentro del grupo empresario. Cualquiera sea el planteo final, implica un ajuste a los trabajadores. Cualquier extinción de una razón social, sea una quiebra o una fusión, implica por ley una indemnización a sus trabajadores. De esto, no dice ni una palabra el comunicado empresario. Por el contrario, llena de dudas al respecto de la mantención de sus conquistas salariales o convencionales. Hoy los trabajadores de Austral tienen un convenio superior a sus pares de Aerolíneas. Si el planteo es que Austral quede “frizada” desde el punto de vista de la razón social, sus trabajadores pasarían a tener recibo de sueldo (y convenio) de Aerolíneas Argentinas y, en definitiva, sufrirán un ajuste en sus ingresos y conquistas gremiales. Ni hablar si se trata de una empresa de mantenimiento separada de la línea aérea. No es claro que estén en puerta despidos, pero entre los trabajadores de Austral el rechazo a la fusión pasa por no perder estas condiciones de trabajo y sueldo. Militando el ajuste Entre los trabajadores de Aerolíneas han circulado una serie de mensajes en cadena sin que se conozca su origen en un intento de explicar con algunos números el ahorro que se pretende realizar con la absorción de Austral: “100 millones de dólares de ahorro en dos años”; “33 millones de generados por la reparación a terceros”; “13 millones y medio de ahorros impositivos”; “8 millones por la reorganización interna” y “2 y medio millones producto de la eliminación de horas extras”. Eso sí, los mensajes anónimos también incluyen “no está previsto el recorte de personal ni de flota”. El hecho es que, si ahora se liquidan los convenios de los trabajadores de Austral, mañana también avanzarán sobre los de Aerolíneas. Una salida para los trabajadores Toda esta situación apunta directamente a quebrar las conquistas de Austral y sentar un precedente de ajuste sobre todos los trabajadores del grupo. Entre tanto, las paritarias aeronáuticas 2019-2020 la burocracia las mantiene dormidas o suspendidas. Fuimos defensores desde el primer día que Aerolíneas y Austral volvieron, en 2008, a manos del Estado a iniciar un proceso de unificación de convenios con lo mejor de cada uno. Ahora se plantea como una necesidad y de unidad entre los trabajadores, se realice o no una fusión. Comencemos discutiendo lo que antes de la pandemia teníamos que cerrar: la paritaria, con una propuesta superadora que equipare las disparidades convencionales y eche por tierra las viejas rencillas entre trabajadores. Ningún despido y que se abran los libros de la empresa al control de los trabajadores.

Pese a las declaraciones altisonantes de Pablo y Hugo Moyano para correr “por izquierda” a la CGT, asegurando que Camioneros “no aceptará rebajas salarias”, los descuentos se dieron en forma masiva en todo el gremio y en varias ramas de las que abarca el convenio, por no decir todas. Las patronales se han puesto de acuerdo en descontar los ítems de viático especial y comida a todos los trabajadores que están cumpliendo la cuarentena en sus casas, sin que el sindicato haya alzado la voz. A esto hay que sumar el descuento del adicional no remunerativo del 10% que, junto con los ítems antes mencionados, significan el 35 % del salario conformado. Lo peor del caso son los compañeros que están con licencias especiales por pertenecer al grupo de alto riesgo, a los cuales también se es aplicó el descuento de los adicionales. Las licencias especiales, según ley, deben cubrir la remuneración normal y habitual del trabajador. Sin embargo, bajo el eufemismo de que “los viáticos son para el traslado y la comida para comer en planta”, las patronales eluden el pago con total complicidad de la burocracia sindical. Nadie a esta altura considera el viático y comida del convenio en forma literal, porque en realidad es una parte del salario que se paga en negro. La rebaja salarial implica que un trabajador de rama logística, por ejemplo, cobre solo el 65% de sus ingresos; eso si no tiene un acuerdo por empresa que supere el sueldo de convenio porque, en tal caso, significa una perdida aún mayor ya que solo se le reconoce el básico. Por más que la conducción del gremio diga lo contrario, la realidad es que hay miles de trabajadores que sufren los descuentos sin que se convoquen acciones por los reclamos. En el día de ayer, camioneros presentó en el Ministerio de Trabajo una nota que denuncia el acuerdo UIA-CGT diciendo que “(el) gremio no suscribirá acuerdos de ningún tipo (…) que signifiquen bajas salariales y/o supresión de Ítems convencionales, (ni) suspensiones de personal”. No obstante, la realidad de los trabajadores camioneros es completamente diferente y los descuentos pasan como agua. La cuestión de los descuentos en Camioneros saca a la luz ante los trabajadores una realidad disfrazada por años: que el 35% del sueldo de convenio son sumas en negro que el trabajador no cobra si no se presenta a trabajar por el motivo que sea, lo que incluso lleva a muchos a trabajar lesionados o automedicados para evitar descuentos, situación que, en un cuadro de pandemia, puede desencadenar contagios masivos; la acción irresponsable de las patronales fomenta un caldo de cultivo. En pos de mantener sus ganancias, las patronales invocan cuestiones de fuerza mayor y excepcionalidades para reclamar subsidios y rebajas salariales, por un lado, presionando para producir y comercializar en actividades que no son esenciales por el otro, aumentando así la circulación social desaconsejada por los organismos de salud. Los trabajadores debemos plantear la cuestión en sentido inverso: precisamente por tratarse de una cuestión de fuerza mayor, debemos luchar por el pago integral de los salarios para los trabajadores que están cumpliendo la cuarentena, porque está en juego nuestra salud y la de nuestras familias. En este sentido, cobra vital importancia la lucha por protocolos de salubridad que protejan a los trabajadores, allí donde el transporte de la producción sea indispensable para la población. El rechazo al acuerdo UIA-CGT y las notas al ministerio son un saludo a la bandera si no se convocan acciones colectivas para enfrentar los ataques de la patronal. De mínima, los descuentos mencionados implican una rebaja salarial que supera en un 10% los acuerdos que los Moyano critican.

El Grupo Arcor fue denunciado, al comienzo de la cuarentena, por haber logrado el permiso de esencialidad del gobierno para producir, a pesar de dedicarse mayormente al negocio de las golosinas. A la hora de abonar los salarios, el grupo dirigido por Pagani descontó los adicionales (representan casi un 30% del salario) a los trabajadores licenciados por estar en el grupo de riesgo y, además, se niega a abonar el salario de las madres afectadas a la licencia por la suspensión de las clases. En el medio del anuncio de reducciones salariales, sin embargo, el grupo anunció la expansión de sus inversiones. "Definitivamente la pandemia no frenó los planes de expansión de la firma alimenticia Arcor y no sólo sigue adelante con su proyecto de inversión en Angola, sino que también prevé desembolsar más de u$s3,97 millones para sumar capital accionario en la firma láctea Mastellone Hnos." (Ámbito, 4/5). Los delegados y activistas de distintas plantas de todo el país vienen reclamando que la empresa pague la totalidad del salario de los trabajadores afectados por el decreto de cuarentena, además de un bono como reconocimiento por exponerse a la pandemia. Seccionales del STIA, que detentan la representación de las distintas plantas, se limitaron, frente al reclamo, a mandar a los delegados a hacer bloqueos de portones por algunas horas. La medida, que se realizó en general a espaldas de los trabajadores, encontró sin embargo una respuesta inmediata de la policía, la cual, a pedido de la empresa, presionó y amenazó con detener al Secretario General del STIA Córdoba, hasta que los directivos del gremio dieron la orden de levantar. En respuesta, los gremios del STIA que representan a las plantas de Arcor, anunciaron asambleas y paros escalonados para los próximos días. En respuesta al atropello policial, el STIA anunció una serie de medidas escalonadas: asambleas de cuatro horas para hoy y mañana, y paros a partir de la semana que viene. Estos anuncios están lejos de poder ser llevados adelante por la conducción del STIA, en primer lugar, porque ha avalado los descuentos contra las asambleas y paros que impulsaron otras veces los trabajadores del Grupo Arcor. Por otra parte, como siempre que anuncia paro, la dirección del sindicato lo que busca es una conciliación obligatoria. Que se lleve adelante la lucha depende de los cuerpos de delegados y activistas de cada fábrica, que deberán impulsar las asambleas y debatir como seguir esta lucha. La medida tradicional del STIA, protagonizada solo por los representantes, está lejos de lograr torcerle el brazo a la principal alimenticia del país. El reclamo debería ser encabezado por la Federación, para prolongarlo al resto de las fábricas alimenticias que afrontan situaciones iguales o peores que las de Arcor, como suspensiones masivas (Mondelez, Alimentos Modernos, etc). La paritaria, que se venció recientemente, también debería ser parte de la agenda.

En los últimos obituarios de Prensa Obrera se puede ver un patrón que se repite y que muestra toda una orientación politica. Aclaramos de antemano que no es propio de revolucionarios ocultar las críticas o debates tras la solemnidad de la despedida a una compañera o compañero fallecido. Si nos calláramos por lo doloroso de la situación, estaríamos pecando de hipócritas, cosa que compañeras como Nora no nos permitirían. Hace unas semanas, con motivo de la muerte de la compañera Inés Rojas, Prensa Obrera publicaba un sentido artículo en la sección “Partido” titulado “Con mucho dolor, despedimos a la enorme luchadora Inés Rojas”, en donde la emotiva semblanza que se realiza de la compañera es complementada con eufemismos para ocultar la lucha politica que dio la compañera con la Tendencia en los últimos meses de su vida: “Inesita militó durante muchos años en el Partido Obrero. Divergencias políticas nos encontraban distanciadas. Una distancia que nunca dejó de dolernos porque con ella compartimos, aprendimos y construimos. En ese camino seguimos, construyendo y aprendiendo”. Estas emotivas oraciones ocultan que Inesita militó hasta su muerte en la Tendencia. Con el obituario dedicado a la compañera Nora Elicabe se incorpora un elemento a destacar. El compañero que firma el articulo reivindica enérgicamente la última batalla librada por la compañera, tomando incluso párrafos enteros de la carta abierta que Nora publicó en Politica Obrera y que tuvo una enorme repercusión y difusión. Esa carta abierta, como bien señala el compañero, es un alegato en defensa de la vida que expone las miserias del sistema de salud, agravadas por la pandemia. Es también un testimonio que da cuenta de la talla politica y moral de una compañera como Nora. Lamentablemente, Prensa Obrera no puede decir que contribuyó en su última lucha con la publicación de la carta abierta. Es una pena que el compañero la descubra luego de la muerte de Nora. En este caso, al igual que en el de Inés, también se oculta la identidad politica de la compañera. Nora milito de forma activa en la Tendencia del Partido Obrero hasta su ultimo día, cuestión que el autor de su obituario no puede desconocer. La cara de Nora, así como su vida, está ligadas de forma indisociable a la historia del Partido Obrero. Milito 56 años ininterrumpidos, fue parte del núcleo fundador de Política Obrera en Bahía Blanca, uno de los primeros grupos en unirse a la organización en 1964. Desde su incorporación siempre tuvo un papel activo, bajo la dictadura se encargó de las tareas clandestinas de armado e impresión del periódico y de sostenimiento financiero. También bajo la dictadura logró ingresar y ser electa delegada en la fábrica textil Suixtil. En las décadas siguientes construyó el partido en la zona norte, principalmente en Pilar, donde dejó una huella imborrable. En los últimos años siguió militando con la misma intensidad que cuando se incorporó, fue delega al XXVI Congreso y dio una enérgica batalla con las posiciones de “la minoría”. En junio del 2019 fue expulsada junto a muchos de los compañeros que hoy formamos la Tendencia del Partido Obrero. Una compañera señaló algo que es un enorme problema para la camarilla que hoy dirige al PO: “Nora fue expulsada del PO como si se pudiera expulsar al PO del PO”. Tal vez por eso no se vieron entre los interminables saludos que inundaron las redes ningún mensaje de los dirigentes del oficialismo del Partido Obrero. El lunes 4 de mayo bajo una lluvia fría, con las limitaciones impuestas por la cuarentena, despedimos a la compañera Nora Elicabe, en la puerta de su casa de Villa Rosa. Nora no pudo tener una despedida como se merecía, pero la pequeña reunión que se desarrolló en la puerta de su casa fue un emotivo homenaje. Participaron compañeros del Partido Obrero de Pilar (T), del Polo Obrero, compañeras del PdT, amigos, sus hijos, sus perros y su compañero de lucha y de vida, Carlos. Creemos que el mejor homenaje que le podemos hacer a esa vasca tozuda es no callarnos ni siquiera ante las circunstancias de la muerte.

Hace casi un mes atrás, el vicegobernador de Córdoba- y presidente de la legislatura provincial-convocó a una reunión de presidentes de bloque, donde hizo aprobar una reducción del 45% en los sueldos de los legisladores. El recorte vino acompañado de otros similares en las empresas públicas y el Banco Provincia, junto a la advertencia de que, si continúa bajando la recaudación, los salarios estatales comenzarán a pagarse fraccionados. Además, se suspendieron los pagos a 27.000 beneficiarios de planes sociales y de empleo. Es evidente que los recortes a legisladores y "jerárquicos" son la coartada de una política general de ajuste contra los estatales y desocupados de Córdoba, con un agravante: la medida que el vicegobernador colocó a consideración de los presidentes de bloque dispone esa reducción... ¡por 4 meses.! O sea, una estafa. Ni siquiera es un ajuste o un recorte definitivo, sino más bien un intento por encubrir las dietas de los diputados en medio de la crisis social y de la pandemia. Para completar el panorama, hay que decir que el recorte de las dietas fue ilegal, porque lo adoptó el presidente de la legislatura con el aval de los presidentes de bloque, cuando una medida de este tipo -y así lo establece el reglamento de la legislatura- sólo puede ser aprobada en una sesión de diputados. Las reuniones de "labor parlamentaria" (presidentes de bloque) ordenan la agenda de las sesiones, no pueden sustituirlas. Asistimos, por lo tanto, a una medida mentirosa -recorta las dietas de los legisladores por sólo cuatro meses- que sirve de coartada para ajustar a los estatales y que, además, comporta un avasallamiento de las funciones propias de la Legislatura. Pues bien: esta nefasta operación política se llevó adelante con la aprobación del PO provincial, a través de su diputada Soledad Díaz García. Las pruebas de que esto es así son concluyentes: -El Boletín Oficial de la provincia señala que “en el marco de la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria celebrada con fecha 20 de abril de 2020, con la presencia de las Autoridades de Cámara y los bloques Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical (U.C.R.), Encuentro Vecinal Córdoba, Frente de Izquierda y los Trabajadores, M.S.T-Nueva Izquierda y Coalición Cívica-ARI se resolvió por mayoría y sin el acompañamiento del bloque M.S.T.-Nueva Izquierda, disponer la reducción de las dietas de Legisladores, y los haberes de Autoridades Superiores y Funcionarios del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba por el plazo de cuatro (4) meses”. -Existen fotos de la reunión y un spot publicado en la cuenta oficial de la Legislatura en YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=FKA4oHU8TSI ). -Cables de “La Voz” y “Cadena 3”, señalando que “la decisión fue acordada esta tarde por los representantes de seis de los siete bloques. Acompañaron Unión Cívica Radical; Juntos por el Cambio; Encuentro Vecinal Córdoba; Frente de Izquierda y de los Trabajadores (o sea el PO (O)), la Coalición Cívica ARI y Hacemos por Córdoba. El MST Nueva Izquierda no apoyó la iniciativa”. Todo esto lo hemos explicado largamente en un artículo -" Habemus co-gobierno en Córdoba, desde Schiaretti hasta el PO ‘oficial’” (Política Obrera, 25/4). Ahora, el dirigente del aparato del PO en Córdoba, Jorge Navarro, intenta desmentir todo esto en una nota aparecida en Prensa Obrera con el título de “El MST defiende privilegios de los políticos burgueses”. El título de la nota obedece a que el MST criticó al PO (O) oficial por este aval a Schiaretti. En este caso, el testigo denunciante es presencial, pues la diputada del MST estuvo presente en la reunión y, como informan los diarios, no votó la moción del gobierno. Navarro, sin pudor alguno, asegura que el supuesto aval del PO (O) a la rebaja de salarios de los legisladores nunca habría existido, e incluso que se opusieron a ella. (El ataque a) “…Soledad Díaz García, por un supuesto ´apoyo´ a la disposición de Schiaretti… es simplemente una calumnia (…) basa toda su fundamentación en un supuesto ´aval´ que nunca existió de parte del PO… No hubo aval, tampoco resolución parlamentaria. Sí hubo una reunión del vicegobernador con los presidentes de los bloques legislativos donde el gobierno informó la medida… ¿Qué hizo el Partido Obrero? En la propia reunión denunció la impostura”. Navarro debió haber denunciado por calumnia a los medios oficiales del estado cordobés y exigido rectificación a los principales diarios de Córdoba. No lo hizo: sólo conocemos un texto publicado en Prensa Obrera, firmado por la legisladora Soledad Díaz García, donde se menciona a la reunión de presidentes de bloque y se señala que “la medida adoptada por el gobierno es una impostura por donde se la mire.” Pero la medida fue "adoptada por el gobierno" en acuerdo con casi todos los bloques (PO-O incluido) cuando sólo podía ser resuelta por una sesión plenaria. Al endilgarle al gobierno lo que su diputada aprobó, el aparato del PO encubre una usurpación de funciones legislativas que los tuvo como cómplices. Ello, mientras denuncian y exigen "que funcione el Congreso nacional". Deschave A renglón siguiente, sin embargo, Navarro brinda todos los elementos para que podamos confirmar lo que ya sabemos – o sea, que la diputada García avaló la reducción de dietas de legisladores, que es la cobertura de una política de ajuste y reducción salarial contra todos los estatales de la provincia. En efecto: Navarro denuncia que "el MST ha salido con una campaña pública rechazando el descuento del 45%. (...) no es de socialistas oponerse al recorte de los privilegios de la burguesía…”. Con ello, reconoce que "como buen socialista", su diputada apoyó al vice de Schiaretti, y sirvió de cobertura de izquierda a la política de ajuste que ya se implementa contra los estatales cordobeses. La conducta seguida por Navarro-García pinta de cuerpo entero a la camarilla que se apropió del PO, y su encerrona en este asunto. Si se oponían a las reducciones truchas de los privilegios de los políticos patronales, temían “quedar pegados” a la “casta política”. . Ahora, ocultan el apoyo servido a una medida ilegal para no “quedar pegados” a la campaña contra el salario de los estatales, que la falsa reducción de dietas -¡por cuatro meses!- debía necesariamente potenciar. Navarro, entonces, dice una cosa y su contrario, esperando que el temporal pase pronto. Llamarlo impostor es excesivo, pues un impostor debe ser mínimamente efectivo en su labor de encubrimiento. Acá no encontramos más que un intento torpe y grosero de autoblindaje. Lo cierto es que Navarro-García, el oficialismo del Partido Obrero, sumaron su apoyo a una medida del gobierno del “anticordobazo". En su fuga hacia adelante, Navarro denuncia al MST por arrastrar “una larga trayectoria oportunista”, y recuerda su participación en armados políticos de la burguesía. Le saca la “carpeta” que, en cambio, ocultó a la hora de ampliar el FIT-U (y ver si sumaban algún voto, lo cual no ocurrió). Los trabajadores y el activismo deben sacar las conclusiones de este debate. El FIT-U se descompone en su arribismo sin principios.

En la mañana del miércoles, ocho dirigentes y delegados del Polo Obrero y la CUBA-MTR fueron detenidos frente a Casa de Gobierno, por llevar el reclamo de alimentos para los comedores barriales, subsidios para los trabajadores desocupados por la recesión y el cese forzoso de actividades, y elementos básicos de seguridad e higiene, indispensables para sobrevivir a la crisis sanitaria, mientras las arrolladoras estadísticas indican que, en el Chaco, el 25 % de los hisopados da positivo. Liberados, se les abrió una causa penal por violación de las medidas de aislamiento social obligatorio, a pesar de haberse movilizado en un número simbólico, manteniendo distancia, y con sus correspondientes barbijos. Del mismo modo que, a través del “ciber-patrullaje”, se procesa bajo el cargo de “instigación a cometer delito” a Débora “Chuly” Páez, dirigente de la Naranja de ATE, por repudiar a través de Facebook a empresas como Megatone que despiden trabajadores en plena pandemia, se criminaliza a los compañeros que se organizan para paliar el hambre y las condiciones sanitarias precarias en que se encuentran los barrios obreros. Capitanich, que aún antes de asumir ordenó la anulación de los pases a planta por los que los precarizados luchan desde hace más de 10 años; que dio inicio al proceso privatizador de las empresas del Estado; que en medio de la crisis paga sobreprecios del 50 % a través de Desarrollo Social; que, ante la parálisis de los sindicatos, incumple los acuerdos salariales; para los trabajadores solo tiene persecución y criminalización. Anulación inmediata de las causas penales contra los compañeros del Polo Obrero y la CUBA-MTR. Anulación inmediata de la causa penal contra Débora Páez; Alimentos para los comedores barriales, subsidios y elementos de seguridad e higiene para organizar la supervivencia en los barrios obreros; Aumento general de salarios, y subsidios a los parados por el aislamiento obligatorio y la recesión; Pase a planta para todos los trabajadores precarizados; No a la privatización y desguace de las empresas del Estado.

En conclusión, hagamos un resumen de los puntos principales de nuestra exposición. Las condiciones de producción han revolucionado la condición de la mujer en su base económica, privando de justificación a sus actividades como ama de casa y educadora en la familia, y de hecho privándola de la oportunidad de ejercerlas. Las condiciones de producción, simultáneamente con la destrucción de la antigua actividad de las mujeres dentro de la familia, han sentado las bases para sus nuevas actividades dentro de la sociedad. El nuevo rol de la mujer tiene como resultado su independencia económica del hombre, asestándole de este modo un golpe mortal a la tutela política y social de éste sobre la mujer. La mujer liberada del hombre cae, sin embargo, en la sociedad de hoy, en dependencia de los capitalistas, transformándose de una esclava doméstica en una esclava asalariada. La cuestión de la plena emancipación de la mujer por lo tanto resulta ser en última y decisiva instancia ante todo una cuestión económica, que está siempre en la conexión más íntima con la cuestión de los trabajadores y puede ser finalmente resuelta sólo en relación con ella. La causa de las mujeres y la causa de los trabajadores son inseparables y encontrarán su solución final sólo en una sociedad socialista, basada en la emancipación del trabajo de los capitalistas. La mujer puede esperar, pues, su completa emancipación sólo del partido socialista. El movimiento de las meras "feministas" [Die Bewegung der bloßen "Frauenrechtlerinnen”] a lo sumo puede alcanzar ciertos logros en algunos puntos, pero ni ahora ni nunca puede resolver la cuestión de la mujer. El deber del partido obrero socialista es allanar el camino para la solución de la cuestión de la mujer mediante la organización y la formación político-económica de aquellas capas femeninas cuya actividad ha sido alterada de la manera más amplia y profunda como consecuencia de las nuevas condiciones de producción: mediante la organización de las trabajadoras industriales. La organización y formación de las trabajadoras industriales es no sólo el paso más importante para elevar la situación de las mujeres, sino que es también un factor significativo para el progreso más rápido y más fuerte del movimiento obrero en general, y por lo tanto de la mayor importancia para una rápida transformación de las condiciones sociales existentes. Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart [La cuestión de las trabajadoras y de las mujeres en el presente], von Clara Zetkin (Paris), Berlin: Verlag der "Berliner Volks-Tribüne", 1889, pp. 39-40 (Resumé). http://library.fes.de/pdf-files/netzquelle/a78-03622-03.pdf

Entrevistamos para Política Obrera a Mónica Ciuffarella, docente de arte en CABA, hermana de Gabriela Ciuffarella, compañera docente de Lomas de Zamora, a quien recordamos y por quien continuamos pidiendo justicia a dos años de su fallecimiento. Mónica, contanos cuál es la enfermedad que padeció Gabriela y cuál la asistencia que debió brindarle IOMA y que no cumplió en su momento Bueno, a Gabi, mi hermanita, en mayo de 2017 le diagnostican un mieloma múltiple. Es un cáncer de la médula ósea y a ella se le alojó en el hueso del brazo. Gabriela recibió perfectamente su primera sesión de quimio, hasta que bajaron sus defensas. Su médica, del hospital Santojanni, pidió a IOMA otro tipo de droga y es ahí donde empezó el problema. Lo pidió más de una vez y la obra social contestó con rechazo. Ni siquiera nos dejó en espera. Ioma envió un mail a su médica sin membrete, sin sello. Era un papel vacío diciendo que se rechazaba porque había otro tipo de medicamento similar, nos daban a entender que Gabriela no necesitaba otra cosa, o no tenía ese tipo de enfermedad. Lo negaban. ¿Y uds que hicieron en ese momento como familia? Nosotros no teníamos un precedente de este tipo de situación. Por lo tanto, como familia, esperábamos la respuesta favorable. Cuando la doctora me adelantaba que era posible que Ioma no cubriera, yo le decía “no puede ser porque Gabi tiene una obra social a donde aportó durante 23 años”. La doctora me decía que se acortaban los tiempos. Entonces empezamos. Un grupo de amigos de Gabi fue a La Plata, otra amiga abogada envió una carta documento, no llegamos a hacer un amparo. Mientras tanto la salud de Gabi se deterioraba, su movilidad, el habla, la metástasis, y desde diciembre de 2017 hasta el 26 de febrero de 2018 fue una agonía hasta su fallecimiento, su asesinato, porque eso es lo que hicieron. La abandonaron en un hospital, con un suero, tranquilizantes, y sin ningún tratamiento. Hubo una movilización importante acá en Lomas de Zamora… En aquel momento me acerqué al Suteba Matanza pidiendo ayuda, porque era lo que más cerca me quedaba del hospital donde la estaba cuidando. Ahí se comunicaron con Suteba Lomas. Los compañeros de Gabi también estaban muy inquietos porque ella era conocida y muy querida en el barrio de Fiorito. Gabi era muy solidaria, donaba cosas, desde ropa hasta muebles. Todo esto derivó en la movilización y toma del IOMA. María José Camani, quien fue directora en esa etapa, una persona que no tenía idea del trabajo en Salud y que renunció después del abandono de Gabi, nos dijo que la camioneta que va por las regionales estaba rota, que el gobierno, el de Vidal, el macrismo, en ese momento, no estaba aportando y por lo tanto los papeles estaban guardados desde hacía más de un mes en Lomas de Zamora. Quiero aclarar que hasta el día de hoy el tema de las camionetas sigue siendo una de las causas por las que los papeles, autorizaciones de tratamientos urgentes no lleguen nunca o lleguen tarde. Esto continúa pasando. A partir del fallecimiento de Gabriela, por el abandono del IOMA se conforma una comisión, que viene funcionando hace un tiempo. Contanos cómo se dio este proceso de organización, qué es lo que plantea y qué actividades lleva a cabo esta comisión. Desesperadamente pedí ayuda a mi amiga y compañera, Victoria Taso, ella ayudó mucho antes de que Gabi falleciera. Después de su fallecimiento yo no me pude quedar tranquila y por lo tanto empezamos a movernos con dos compañeros más y mi cuñada, buscando justicia y para que no ocurriera más otro caso como el de Gabi. Un abogado de DDHH se hizo cargo de esta denuncia y hoy ya está judicializado el caso. Así comenzamos con estos compañeros moviéndonos para que todo el mundo pudiera entender lo que pasó, poniéndose en nuestro lugar, en el lugar de los que estuvieron y están enfermos. Al año logramos formar una comisión que se llamó “IOMA abandonó a Gabi” donde ya participan compañeros docentes, familiares y afiliados municipales, judiciales. Buscamos que no le pase a nadie más lo que le pasó a Gabi. La verdad es que pensamos que esto no iba a volver a suceder y hasta el día de hoy tenemos 24 fallecidos por la misma causa, el abandono de la obra social. La comisión luego se fortalece porque comienzan a sumarse compañeros de zona oeste, zona norte, por la desesperación, porque ya no es Gabi solamente, sino que es el compañero cercano el que está en peligro o abandonado, es la madre de alguien. Cuesta mucho porque somos una comisión y el IOMA es un aparato gigante, una gran mafia política, porque cambió el gobierno, pero la desidia continúa, continúa el vaciamiento y las políticas que dejan librados a su suerte a los y las trabajadoras. ¿Cuáles son las actividades que realiza esta comisión a diario? Nosotros tomamos las denuncias. Hicimos grupos por redes sociales y la gente acude por desesperación (como me pasó a mí en un momento, que llegué a pedir una silla de ruedas para mi hermana por Facebook porque IOMA no me la daba y Gabi ya no podía caminar). La modalidad en nuestras actividades de reclamo la hemos aprendido de nuestros compañeros de Lomas de Zamora: es ir al lugar, a la regional y exigir la medicación, el tratamiento, o lo que sea. Yo, por mi parte voy y me quedo hasta que me dan el okey, y aviso que no me voy a ir. Así se consiguieron muchas cosas en Lomas para compañeros auxiliares, niños discapacitados, y es lo que yo milito en otras zonas. Afortunadamente los compañeros en Lomas de Zamora y en otros distritos están tomando el tema y se están agrupando para ir a reclamar. Como comisión se denuncia el vaciamiento, la falta de cobertura en casos que son urgentes. ¿Qué medidas a nivel provincial deberían tomar las autoridades de IOMA? Después de una investigación que realizamos de lo que pasa con el IOMA, porque no solo vamos a buscar medicación… Este es un trabajo que debería hacerlo la dirección que está al frente, el personal que fue designado para este fin, pero es un equipo que al parecer está mudo, ciego y sordo. Sabemos que IOMA es una obra social millonaria tiene casi 3 millones de afiliados entre los distintos gremios como docentes, policía, voluntarios etc. y entran alrededor de 60 mil millones de pesos anuales. Hay una suma familiar que la destina el gobierno. El dinero del IOMA va para otros lugares y no para la cobertura de sus afiliados, es por eso que quedan desamparados y mueren, es decir, que los asesinan al quitarles sus derechos. Es una obra social obligatoria, por eso no es posible desafiliarse. Es una manera de no perder afiliados a pesar del mal funcionamiento. En un momento, Vidal sacó un comunicado festejando el superávit de 1.500 millones. Eso demuestra que el “ahorro” ha sido a costa de los enfermos. No puede existir superávit cuando hay muertos en el medio y mucho menos si hablamos de una obra social. Gabriela estaba afiliada al Suteba de Lomas de Zamora. ¿Cuál fue el acompañamiento desde el sindicato? En aquel momento, se tomó el edificio de IOMA de Lomas de Zamora y el sindicato estuvo presente. Luego, en otros casos posteriores, tengo entendido, porque ya no soy docente de Lomas, han apelado a la solidaridad de los compañeros tratando de conseguir donaciones mientras esperan la aceleración de la aprobación de tratamientos o medicación. Pero es un sindicato, con su Secretaría de Salud, y su tarea es exigir el buen funcionamiento de la obra social. Nosotros como comisión denunciamos la desidia, exigimos la entrega de tratamientos, buscamos solidaridad para que la gente comparta un flyer y se visibilicen los casos… El sindicato, repito, debe exigir el buen funcionamiento en general, organizar al colectivo de trabajadores e ir a fondo para que sean los propios trabajadores los que tengan el control de la obra social. Hoy Gabriela no está, pasaron dos años, pero los docentes y familiares continuamos reclamando justicia y que se detengan las muertes que vos comentaste antes. ¿Creés que hay una solución? La solución, si quieren, está. Hoy lamentablemente 25 son las denuncias, pero sabemos que hay más casos. Personas que se están deteriorando porque no les están entregando el tratamiento que corresponde. Esta nueva gestión que llegó de la mano de. Axel Kicillof en la provincia, no se está haciendo cargo como corresponde, nosotros en la comisión seguimos denunciando la desidia. En marzo de este año después de tanto pedir por todos lados, una niña de 11 años JULIANA GARCIA BALMORI de Miramar, Costa Atlántica de la Provincia de Buenos Aires, murió por el abandono del IOMA. Padecía leucemia y, como ocurrió con Gabi, IOMA no le autorizó absolutamente nada. Fue gravísimo. Pero tenemos que seguir porque hay muchos otros casos más, como en Lomas de Zamora que siguen cajoneando o haciendo mal los trámites, muchos son pacientes oncológicos y necesitan urgencia en su atención. Sabemos que hay competencia política y que en el medio queda atrapado el paciente, todo un círculo que esperamos que en algún momento cambie. Ahora con el Covid 19 cuando dicen “quedate en casa” los enfermos crónicos siguen yendo al IOMA como si nada, no hay una solución expeditiva… Como te decía, sigue funcionando mal. La vez pasada me enojé porque siguen echando culpas a la camioneta de recorrido como causa de retraso. La misma excusa con la que dejaron morir a mi hermana El descuento que se debita mes a mes del salario ¡se siente!, y ni te cuento al afiliado voluntario. Son medicamentos caros, todos vienen de afuera pero como dije es una obra social millonaria. El problema acá es que los fondos se destinan al FMI, a los bonistas. Como dejó en claro el Gobernador Kicillof, cuando dijo haberse encontrado con una provincia vacía, pero les terminó pagando, prácticamente a un par de días de haber asumido, unos cuantos millones a los bonistas y ese dinero se debería haber invertido en salud. Imaginate ahora con el covid 19 cómo se hubiese aprovechado. No se invierte en educación pública, porque seguimos teniendo escuelas bomba, desamparadas y trabajadores muertos como Sandra y Rubén. Ni hablar de los pobres jubilados. No se invierte en salud, y nosotros los y las docentes lo sabemos cada vez que vamos a un médico o compramos un medicamento y cada vez la obra social nos cubre menos. El dinero sale del bolsillo del afiliado a pesar de haber aportado ya durante años.

Christian Miguez integra la Comisión Directiva de la representación obrera en Acindar Villa Constitución. Esta interna se renueva anualmente por el voto directo de los trabajadores. Desde hace 3 años, Christian es el compañero más votado de la fábrica para integrar la interna. Christian milita en el Partido Obrero (Tendencia) de Santa Fe. En esta entrevista, dialogó con Política Obrera sobre la situación de la fábrica bajo la pandemia, el compromiso firmado con la patronal y la preparación del activismo para el período que se viene. ¿Cuál era la situación de la fábrica y de la organización obrera cuando comienza la cuarentena? La fábrica ya venía de un año 2019 con suspensiones, en medio de una caída de la producción. Este año arrancó funcionando al 70% de su capacidad. En febrero de este año, vencía el acuerdo que había regido el año anterior, y que comenzamos a rediscutir en medio de fuertes tensiones con la patronal. En medio de ello, el 20 de marzo se produce la paralización total de la planta, como resultado de la cuarentena. ¿Cuál fue el planteo inicial de salarios y condiciones laborales de la patronal al decretarse la cuarentena? Cuando se suspende la producción, la empresa nos plantea un esquema de suspensiones percibiendo el 60% del salario. Además, deja en veremos la continuidad de más de 100 compañeros contratados. Y el premio anual de producción correspondiente al 2019, que debíamos cobrar en los primeros meses del 2020, lo quería pasar para diciembre de este año. La "propuesta" de la empresa nos agarra con la fábrica cerrada y grandes dificultades para juntarnos. La Junta de Delegados, no obstante, logró reunirse, y plantear un claro rechazo al planteo patronal. Del modo que pudimos, a través de mensajes y WhatsApp, fuimos recogiendo la negativa de los compañeros a la propuesta de la empresa, y un mandato en defensa del salario y de los puestos de trabajo. A partir del reclamo de la interna y de las negociaciones, ¿qué se logró finalmente? Bueno, en primer lugar, que las suspensiones asciendan al 80% del salario de bolsillo, durante el período en el cual el compañero no trabaja. Aunque el acta formalmente indica un 75%, el cómputo de los días de suspensión toma en cuenta los francos y feriados, por eso se eleva al 80%. A partir de octubre, el acuerdo establece un 85%, y, de acuerdo a lo que decíamos sobre los feriados, se va al 90%. Nadie cobrará menos de 40.000 pesos de bolsillo. Luego, impusimos la continuidad laboral del centenar de compañeros contratados. A su vez, arrancamos el pago del premio 2019 -equivalente a algo más de un salario mensual- en mayo y junio próximo, cuando la patronal pretendía patearlo para fin de año. La reactivación de la fábrica no será pareja. Por ahora, el gobierno sólo autorizó las líneas dirigidas a la exportación y a la agroindustria. Eso lleva a que compañeros que trabajan en otras líneas tengan un mayor período de suspensión. Pero si en un par de meses se pone en marcha, por ejemplo, la línea dirigida a la industria automotriz, vamos a conseguir una rotación muy amplia, mejorando el salario que en promedio perciba cada compañero. ¿Cómo incidió la política de la UOM nacional y la UOM local en esta pulseada? Imagináte que el anuncio de la UOM de que aceptaría nacionalmente suspensiones al 70% fue un golpe a todo el gremio, más aún que lo haya firmado para la rama 17 -el 80% del gremio- que gana un promedio 25 000 pesos mensuales. A pesar de esta señal negativa, nosotros peleamos por arrancar un acuerdo superior. La seccional de Villa, por su parte, frenó varios de nuestros planteos dirigidos a obtener mayores garantías salariales y laborales. Poco después, el rechazo de las plantas obligó a la UOM nacional a dar marcha atrás, para firmar un acuerdo que se estima en un 86% del neto. Pero el acuerdo de la UOM ha convalidado una política de despidos encubiertos (contratados, retiros voluntarios). Nosotros aseguramos la continuidad laboral de todos los compañeros hasta fin de año. Además, incluyeron en los descuentos a los compañeros en situación de riesgo. Nosotros, en cambio, estamos peleando que no sean afectados por los descuentos de las suspensiones. ¿Cuál es tu balance del compromiso alcanzado y de lo que se viene en Villa? Nadie se jacta de este acuerdo, ni consideramos que hemos arrancado conquistas. Arribamos a un compromiso en condiciones difíciles: la fábrica cerrada, enormes dificultades para comunicarnos entre nosotros, nos diezmaron las chances de ejercer a fondo la democracia sindical. Pero en esas condiciones, hicimos valer nuestra organización para rechazar lo que hubiera sido una imposición muy negativa para los trabajadores. Ahora, que volvemos a la fábrica, tenemos planteada la concreción de asambleas por sector, para discutir en qué punto nos encontramos y prepararnos para las próximas batallas. Un aspecto crucial ahora es la defensa de protocolos laborales que defiendan la integridad y la vida de los compañeros. En las reuniones con el Ministerio de Producción provincial donde la patronal gestionó la habilitación de algunas líneas hemos sido claros: en aquella sección donde no se cumplan los protocolos, paramos la producción. Mientras tanto, la patronal no cesa sus amenazas, por ejemplo, de trasladar líneas de producción a Brasil. Vamos a abordar lo que se viene con la claridad de lo que tenemos por delante: la defensa de los puestos de trabajo, del salario y de la salud de todos los compañeros.

Como buen patrón de estancia, Luis Picat, el empresario rural que oficia como intendente de Jesús María, decidió implementar un recorte salarial a los trabajadores de esa municipalidad y desconocer compromisos de aumento de sus haberes, asumidos ante el sindicato. La reacción de los trabajadores no se hizo esperar: organizaron y llevaron a cabo una protesta en un playón comunal expresando su férrea voluntad de defender su salario. Un operativo en el que intervinieron la justicia y la policía provinciales, a instancias del intendente, reprimió esa acción de lucha de los compañeros y detuvo a más de 40 empleados, luego liberados. En las últimas horas, trascendió que el ejecutivo municipal de Jesús María se comprometía ante el ministerio de Trabajo provincial al pago de una suma no remunerativa a todo el personal, a cambio de que los trabajadores normalicen la prestación de servicios y vuelvan a sus tareas habituales. Días antes, se había producido la reunión de los intendentes con el ministro de Finanzas de la provincia. Previamente a esa reunión, el intendente Picat se había comprometido a pagar los salarios integralmente ¿La reunión lo hizo cambiar de parecer? El ataque en Jesús María es parte de una política provincial. Queda a las claras que la cuestión del salario es un asunto de primer orden en el marco de la cuarentena por el coronavirus. En todos los niveles, los gobiernos utilizan los fondos estatales prioritariamente para rescatar capitalistas y honrar deudas públicas usurarias, incluso cuando la emergencia social, económica y sanitaria provocada por la pandemia aconseja dejar de hacerlo para destinar esos fondos a reforzar el sistema de salud y a aplicar una ayuda real y efectiva a los sectores más vulnerables (cuentapropistas, monotributistas, trabajadores informales, desocupados, etc.). La contrapartida de esta sangría de las finanzas públicas en beneficio de banqueros, bonistas y empresarios son los aprestos oficiales de las administraciones respectivas de proceder al congelamiento y/o el recorte de salarios, en los términos de lo que quiere hacer Picat en Jesús María. Para estos gobiernos patronales, en su afán de producir superavits fiscales con destino a aceitar negocios capitalistas y al pago de la deuda pública, la reducción de los ingresos de las familias trabajadoras es una cuestión de Estado. Lo sucedido en Jesús María debe llevarnos a una segunda conclusión. El accionar represivo del gobierno no es una muestra de fortaleza, sino, por el contrario, de miedo a los trabajadores y a su capacidad para organizarse y luchar por sus reivindicaciones. Esto queda demostrado en el posterior y cínico intento del intendente Picat de deslindarse de las medidas represivas, y en el falaz argumento usado por el poder político provincial de que esa represión se debió a la violación de la cuarentena por parte de esos trabajadores. Las burocracias sindicales se han visto obligadas a repudiar la represión, pero no han planteado ninguna medida concreta; ellas mismas se encuentran defendiendo la política del gobierno. Llamamos al conjunto de los trabajadores de Córdoba a transitar un proceso de deliberación que nos permita ir de manera resuelta y con objetivos claros a las instancias de lucha que se avecinan ante la necesidad de defender nuestro salario y todas nuestras conquistas laborales. Solidaridad con los municipales de Jesús María. Repudio a la represión sufrida por esos compañeros e inmediato desprocesamiento de las causas. Defensa incondicional del salario y condiciones de trabajo. No al pago de la deuda pública usuraria. Revisión de todos los acuerdos onerosos y leoninos en favor de la patria contratista. Tasas progresivas sobre la especulación inmobiliaria. Apertura de las cuentas de los estados municipales y provinciales al conocimiento público. Control obrero de las gestiones estatales.

La empresa plástica Novapol, ubicada en la localidad de Pilar, redujo en más de un 30% el salario a sus trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras se están organizando para hacer frente a este ataque y reclaman la regularización de sus haberes. Durante los primeros días de abril, la empresa -a través de personal de Recursos Humanos- le comunico a la comisión interna sus intenciones de aplicar una reducción salarial de más del 30%. Al igual que toda la clase empresarial argentina, argumenta una crisis debido al aislamiento social decretado por el gobierno nacional. Sin embargo, Novapol es parte del Grupo Estisol, uno de los más importantes a nivel nacional dentro de la industria del plástico. Sus productos van desde envases térmicos (productos sanitarios), productos para la construcción, vasos y otros. Con lo cual varias de sus actividades se encuentran dentro de la producción esencial declarada por el gobierno. Por caso, en la planta ubicada en la Capital Federal, la producción nunca se detuvo. La embestida patronal cuenta con el aval de la conducción del sindicato plástico, que firmó la misma reducción salarial con la Cámara y que tuvo que dejarla sin efecto ante el rechazo generalizado de los trabajadores del gremio. La comisión interna rechazó desde un principio la reducción salarial, pero la empresa hizo caso omiso y, sin mediar acuerdo, aplicó los descuentos. Desde que se realizó el depósito, los delegados reclaman al sindicato que realice la denuncia al Ministerio de Trabajo, sin obtener respuesta hasta hoy. Es por esto que comenzaron a realizar asambleas a través de video conferencias para resolver de forma conjunta una las medidas a seguir, con el fin de obtener respuestas positivas a sus reclamos. En medio de la pandemia se está desarrollando un proceso de organización en el plástico y el movimiento obrero en general, para responder a los ataques de las patronales. La CGT y las dirigencias de nuestros gremios ya se han entregado sin dar pelea, pero los trabajadores y trabajadoras no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ninguna rebaja salarial en Novapol.

Luego de siete días de ocupación de la planta, los trabajadores de Bed Time pudieron quebrar el chantaje de una patronal negrera que pretendía que aceptaran una rebaja del salario del 50% o, en su lugar, que se despidiera al 50% del personal. Para presionar, la empresa retuvo la liquidación de las quincenas correspondientes al mes de marzo. Los trabajadores decidieron en una asamblea rechazar este chantaje y mantener una permanencia para evitar que la patronal retirara la producción existente. Desde el primer día, el conflicto empezó a crecer en solidaridad y difusión. Los compañeros se estaban preparando para realizar una convocatoria a un plenario de sindicatos, comisiones internas y cuerpo de delgados en defensa de la ocupación y de todas las luchas obreras cuando la patronal -que había perdido el control de la planta- se avino a negociar. El jueves 30 de abril se labró un acta virtual con la empresa, la dirección del gremio plástico local, el Ministerio de Trabajo y los delegados de planta. En ella, la patronal dejó sin efecto los despidos masivos que había enviado al cuarto día de ocupación y se comprometía a pagar al 100% las quincenas adeudadas. Por su parte, los compañeros debieron aceptar como parte de esas negociaciones un esquema de suspensiones rotativas de todo el personal, cada 15 días, con el pago del 75 por ciento del salario neto de cada trabajador. El viernes 1 de mayo, los trabajadores resolvieron en asamblea levantar la ocupación, a condición de que se firmara una nueva acta exigiendo un relevamiento de las instalaciones, lo que finalmente se realizó con un integrante de la comisión interna, un representante del gremio plástico, personal de vigilancia de la empresa, un equipo audiovisual y dos miembros de la policía de la zona, verificando el perfecto estado de las instalaciones. Una vez firmada esta acta de verificación, los trabajadores se retiraron de la planta, pero manteniendo un estado alerta hasta que se diese cumplimiento de los términos de las actas firmadas. El lunes 4 de mayo reingresó a la fábrica la primera tanda de compañeros que habían sido despedidos. Pasado el mediodía, se acreditó la primera parte de los haberes atrasados. Con esto, hasta el momento, la empresa está cumpliendo con la primera parte de los compromisos asumidos con sus trabajadores. La concreción de estos puntos es el resultado de la gran lucha, encabezada por un cuerpo de delegados que viene peleando en defensa de los puestos de trabajo frente a tres cambios de firma de la empresa. Todas las patronales pretendieron, sin éxito, derrotar la dirección combativa de Bed Time, cambiar las condiciones de trabajo y achicar los planteles. Los trabajadores de Bed Time han salido de una ocupación de fábrica en plena cuarentena con un preciado tesoro. Mantuvieron intacta su organización gremial y ratificaron en la enorme tarea de organizar una ocupación, en situaciones de aislamiento sanitario, confirmando que hay una enorme una gran reserva de lucha en activistas obreros que no estuvieron dispuestos a retroceder en sus conquistas y sus derechos. La ocupación fue una gran escuela para el activismo, que formó un fondo de huelga, una comisión de prensa, una comisión de comida, una coordinación de sus mujeres y hasta elaboró un protocolo y una disciplina de higiene y normas de aislamiento dentro de la ocupación que funcionó mucho mejor que los protocolos de la patronal. Todo este activismo queda mejor preparado para enfrentar futuros intentos de ataques por parte de la empresa. La lucha de BedTime es la expresión de un proceso que se desarrolla al interior de la clase obrera, que no está dispuesta a dejar pasar los ataques de empresarios que utilizan de excusa la crisis de la pandemia para liquidar sus condiciones de trabajo. La lucha y el triunfo de BedTime son observados con mucha atención en el gremio plástico, como lo expresaron las innumerables adhesiones de delegados que no ven en la dirección del gremio ninguna voluntad de lucha sobre los ataques patronales. Una asamblea en la propia ocupación, con la presencia de la dirección del sindicato, reclamó un paro nacional del gremio que no se llevó adelante cuando estos chantajes patronales se están realizando en decenas de fábricas plásticas. Hoy, los dirigentes de esta lucha victoriosa comienzan a ser una referencia para el gremio, por lo que está planteada la formación de una gran agrupación nacional de los plásticos que, mediante un programa común, dispute la dirección de varias seccionales estratégicas y les pueda ofrecer a los trabajadores plásticos una alternativa de lucha que merecen largamente. ¡Viva la lucha de los Trabajadores de BedTime!

El lunes 4, en la ciudad de La Plata, se realizó una jornada bajo la consigna “la violencia de género no está en cuarentena” para denunciar los femicidios y la violencia creciente contra las mujeres y comunidad LGTBI+. Hasta la fecha, se han registrado 41 muertes y un aumento de los llamados a la línea 144 (el primer día de cuarentena se atendieron más de cinco mil llamados). La jornada se desarrolló en frente de la Municipalidad con carteles de los nombres de cada una de las mujeres asesinadas y diferentes consignas, respetando las medidas de distanciamiento y el uso de barbijos. Al finalizar la concentración se dio lectura a un documento acordado por todas las organizaciones presentes, excepto la nuestra. Impulsamos y participamos de la iniciativa, pero sin suscribir el documento de la Multisectorial de mujeres, lesbianas, trans, travestis y bisexuales de La Plata. Así como sucedió en el Plenario sindical convocado por SUTEBA Ensenada, los debates y posiciones manifestados por las organizaciones de izquierda son aleccionadores. De la mano de los despidos, el hacinamiento y el hambre han aumentado también las denuncias por violencia de género. Es indudable que frente a la creciente tensión social la violencia en los hogares se ha agudizado. Sin embargo, afirmar que “desde la implementación del aislamiento social obligatorio, el mayor peligro para las mujeres en situación de violencia está en los hogares”, y que “los casos de femicidios, travesticidios y violencia machista aumentaron de manera dramática con la cuarentena”, significaría que la cuarentena es la responsable de esta violencia y concluir debería levantarse. Estamos ante un escenario excepcional, pero que tiene como común denominador al mismo régimen social y al mismo Estado capitalista (clerical), y al mismo cuadro de sometimiento de la mujer y a las mismas instituciones, como la sujeción familiar de mujeres y niños. Esto la declaración simplemente lo ignora, y traza un cuadro interesado de la situación. Hasta la fecha, no se han construido casas refugios ni centros de atención para las víctimas de violencia de género y, peor aún, han dado piedra libera a los despidos y las suspensiones laborales, sometiendo al hambre a gran parte de las familias trabajadoras. La pandemia es de por sí el mayor agravante de la crisis social de los trabajadores, que amenaza sus vidas en los lugares de trabajo, el transporte o el tránsito corriente. La cuarentena es la herramienta de protección que tiene a mano el estado y el capital para evitar una masacre de su fuerza laboral. Agrava la violencia social y de género en su condición de instrumento de aislamiento social. A las trabajadoras que ven crecer el ritmo del trabajo doméstico, organizar las ollas en sus barrios, despedidas de sus empleos u obligadas a trabajar en condiciones de riesgo, tenemos que señalarles al verdadero responsable, este sistema social. Es el Estado capitalista, y no el aislamiento, el responsable de la violencia estructural que padecemos las mujeres. Por eso debemos organizarnos defendiendo la cuarentena bajo un programa que garantice la vida y la salud de la familia obrera. Defender la cuarentena significa luchar por una de las pocas herramientas que tenemos las mujeres trabajadoras para resguardarnos del contagio del covid-19, es decir de la muerte ¿No es que la vida es más importante que sus beneficios? Enseguida viene el testeo masivo, que permite trazar un combate más eficaz contra la pandemia, pero que de ningún modo la resuelve, incluso puede revelar la necesidad de reforzar la cuarentena. Necesitamos un programa que enfrente la violencia hacia las mujeres, como parte de un programa contra la violencia que ejerce el capital y estado en el marco de la pandemia – ahora reclamando ‘la reapertura’, sin que se hubiese registrado ningún avance en el testeo ni en la capacidad de atención médica. Este ‘aflojamiento’ de la cuarentena, ¿es el que va a mejorar la situación de la mujer? Necesitamos que se confisquen espacios para ser utilizados como casas refugios, que se otorgue un subsidio a la víctima de violencia equivalente a un salario igual a la canasta familiar, por ejemplo. Y no, por el contrario, flexibilizar el aislamiento para confinar al contagio a los trabajadores como exigen los grandes monopolios. Por su parte, el MST-FIT U planteó que las organizaciones de mujeres y el Ministerio de la Mujer, se integren al Comité de Crisis. Desde el Plenario de Trabajadoras (Tendencia) impulsamos la organización independiente de las y los trabajadores en comités que discutan y defiendan sus condiciones en el marco de la pandemia. Ni el Comité de Crisis ni el mismo Ministerio de la Mujer se hacen carne del reclamo de miles de compañeras que atraviesan una situación de violencia en sus hogares. Rechazamos la cooptación del movimiento de la mujer por parte del Estado. Exigimos controlar al estado y sus comités de crisis, no asociarnos a ellos; sería como integrar el gabinete del gobierno ¿Por qué pediríamos nosotras integrarnos e integrar a un Ministerio, que no ha tomado ni un sólo reclamo del movimiento de mujeres, a un Comité que discute cómo rescatar a los grandes capitalistas de esta crisis económica? Desde la Tendencia, participamos de la convocatoria de la Multisectorial con un programa: casas refugios, ningún despido, suspensión o reducción del salario, salario igual a la canasta familiar, pase a planta permanente. Ese programa es un aporte para deliberar en las asambleas en los lugares de trabajos o virtuales, en los comités barriales, en los plenarios obreros, es decir para discutir cómo luchamos contra la violencia y los femicidios entre las trabajadoras, activistas y también con nuestros compañeros de clase. El debate excede a un conglomerado de organizaciones feministas. La lucha contra los femicidios y la violencia de género no puede separarse de la lucha contra la enorme violencia capitalista que están descargando sobre nuestras espaldas en la actualidad. Como dice un graffiti, el virus es el capitalismo, el femicida también es el capitalismo

El Grupo ArcelorMittal, del cual forma parte Acindar, es el mayor productor de aceros a escala mundial. En Argentina, lidera el mercado interno. En su planta ubicada en La Matanza trabajan cerca de 400 operarios, siendo la siderúrgica más importante del distrito. Transcurrida la primera quincena de la cuarentena, la empresa liquidó los salarios con descuentos de hasta el 45% y despidió a 7 compañeros contratados, entre ellos, algunos que habían superado el año de antigüedad y la patronal nunca hizo efectivos. La Comisión Interna denunció que los despidos y la rebaja salarial se produjeron luego de que rechazaran el plan de suspensiones presentado por la empresa. “Es una acción claramente extorsiva que tiene por objetivo amedrentar a los compañeros para que aceptemos rebajas salariales”, señalaron a través de un comunicado. A través de una votación virtual, los metalúrgicos habían rechazado un plan de suspensiones que implicaba una reducción salarial del 25%. La CI reclama que se realicen cobrando el 100% del salario, que se abone el bono anual, la elaboración de un protocolo de seguridad e higiene, entre otros reclamos. La Comisión Interna y el cuerpo de delegados se reunieron de manera virtual y votaron por unanimidad el rechazo a los despidos, reclamar la reincorporación de los compañeros y que se regularice la situación salarial del conjunto de los trabajadores. En el transcurso de la semana, los delegados realizaron asambleas por sector, con los compañeros que actualmente están desempeñando tareas. Entrevistamos a Emanuel Domínguez, delegado y miembro de la Comisión Interna. ¿De qué se trata el conflicto que están atravesando? A principio de abril, con la extensión de la cuarentena, la empresa comenzó a avanzar en un plan de suspensiones. En principio, nosotros, como cuerpo de delegados, no estábamos de acuerdo en firmar planes de suspensiones porque el argumento que daba la patronal era que había bajado la facturación, que no llegaban a cubrir los sueldos, cuando no habían pasado ni diez días de la cuarentena. Intentamos entablar una discusión, en las que participó el secretario general de la UOM Matanza, con la patronal, entendiendo que la patronal debía hacerse cargo del 100% del salario de los compañeros. Esto les puso los pelos de punta. El 20 de abril tuvimos la última reunión. La patronal manifestaba que, si no había acuerdo, nos tenían que pagar básico de convenio y antigüedad y que iban a despedir al personal contratado a plazo fijo de menos de un año, porque no lo podían sostener. Nosotros respondimos que íbamos a someter la última oferta de la patronal al conjunto de los compañeros. Por la imposibilidad de hacer asambleas, tuvimos que hacerla vía WhatsApp. La votación salió en un 60% el rechazo a la oferta que había hecho la empresa. Votó casi el 85% de los compañeros. En esos días terminaron de cerrarse los acuerdos CGT-UIA y el acuerdo de la UOM Nacional. Hoy tenemos una situación totalmente diferente a la que teníamos en aquel momento, cuando podíamos rechazar tranquilamente el plan de suspensiones ya que nadie nos obligaba a firmarlo. Hoy, por este acuerdo, estamos medio atados de pies y manos. La patronal cumplió con su amenaza y pagó básicos de convenio y antigüedad, lo cual implica un recorte en los sueldos del 40-45% en algunos casos, dependiendo los ítems que tengan los compañeros en el recibo de sueldo y, además, despidió a siete compañeros contratados -a dos que habían entrado para cubrir vacaciones y que, con acuerdo o sin él, igual no les iban a renovar, y a otros cinco que no se vio venir, algunos de ellos por encima del año de antigüedad. Actualmente estamos denunciando este atropello de la patronal, que despide en el medio de la cuarentena, incumpliendo con el decreto presidencial. A partir de los recortes y los despidos, el diálogo prácticamente se había cortado. Nosotros estuvimos haciendo asambleas con los pocos compañeros que tenemos en fábrica y estábamos pensando en hacer una asamblea general para ver de qué manera defendemos a los compañeros despedidos. En el cuerpo de delegados estábamos discutiendo si hacer un corte de balanzas, un paro total, o un bloqueo de portones. En estos días en que estábamos discutiendo esto, la patronal nos llamó para entablar una nueva discusión. Les respondimos que, en tanto y en cuanto ellos quieran avanzar en un plan de suspensiones, lo que hoy tenemos que discutir, sí o sí, es que primero reincorporen a los compañeros y que esto no sea ningún condicionamiento para que ese plan se firme. ¿Cuál es la propuesta de la patronal? Ellos nos plantearon en una primera oferta una suspensión con el 65% del sueldo neto, no remunerativo, para los compañeros que estén suspendidos todo el mes. Esto fue rechazado por la interna. Luego nos ofrecieron un 75%, aplicado sobre los días efectivos trabajados, lo que daba un 81% al neto, más el cobro del bono anual, que la patronal había dicho que no lo iba a poder pagar hasta fin de año, que se pague el 15 de mayo. Esto fue lo que los compañeros rechazaron en la votación virtual. Nosotros queremos una oferta superadora, que tiene que ir un poco en línea con lo que acordó la UOM a nivel nacional, que es el 86% del salario neto. Obviamente, lo pondremos a consideración de todos los compañeros viendo cuál es el mejor mecanismo, por este tema de la pandemia. Así que en estos momentos estamos abriendo una nueva situación de diálogo, donde nosotros ponemos por delante la reincorporación de los compañeros. Calculo que entre hoy y mañana se estará dando esa reunión y veremos en que podemos avanzar. ¿Qué opinan los compañeros? Hay mucho nerviosismo, incertidumbre, miedo a perder la fuente de trabajo y, a la vez, mucha indignación con la patronal, que recorta los salarios e incluso intenta que los compañeros rompan la cuarentena y vayan a trabajar a través de telegramas, llamados. Los compañeros están haciendo una experiencia con esos métodos que utiliza la patronal porque dentro de la fábrica estaba la idea de la “Familia Acindar”, o sea de que a todos nos “tiene que ir bien”, para que le vaya bien a la empresa y a los trabajadores por igual. Hoy los compañeros se están dando cuenta que en realidad la patronal pone por encima de todo las necesidades productivas y sus ganancias. Yo creo que, en un futuro, esto se va a traducir en una bronca generalizada, cuando salgamos -espero que muy pronto- de este tema de la pandemia. Creo que esta preocupación se produce a nivel nacional. ¿Qué va a pasar cuando llegue el pico en junio, como dicen? El tema salarial preocupa un montón porque ya con el 100% del salario no llegábamos a fin de mes, así que ahora con el 75%, incluso con el 50% que pagó la patronal el mes de abril, se dificulta un montón satisfacer las necesidades más básicas. ¿Cuánto ganan actualmente? Hoy un ingresante, que hace un turno, está cobrando de bolsillo unos $32.000, muy por debajo de la canasta básica. Un operario con una antigüedad de 15 años, haciendo cuatro turnos, estará más o menos en los $60-65 mil pesos. ¿Cuál era la situación en la fábrica antes del conflicto? A mediados de marzo nosotros estábamos discutiendo un premio de producción que era, en realidad, un reajuste del año 2019, que a raíz de las negociaciones que se fueron dando antes de que llegáramos nosotros al cuerpo de delegados. Ese premio había quedado en sumas que no significaban nada. Premios de $700, $900. A raíz de la devaluación y la caída de la producción, incluso andaban por debajo de ese número. Por eso estábamos intentando levantar ese número y discutir un nuevo premio para el 2020, que sea más acorde con las ganancias de la empresa. Lamentablemente, con la pandemia eso se vio suspendido, pero pudimos lograr que a los premios del año 2019 se le aplique un 47% de aumento, que era maso o menos lo que había acordado la UOM en la paritaria. También veníamos hablando con los compañeros delegados armar un protocolo de seguridad. Estábamos haciendo un lindo trabajo y de pasar a discutir el protocolo de seguridad pasamos a discutir un protocolo de salud. Nosotros somos una planta en donde la mayoría de nosotros entramos entre el 2003 y el 2005. Nos criamos con comisiones internas y cuerpos de delegados que no tenían mucha intensión de hacerle entender a los compañeros cuáles son los intereses de la clase, un poco burocráticas para resumirlo. No se discutía política, se discutían torneos de futbol, el asado del 7 de septiembre por el día del metalúrgico, la fiesta de fin de año y cosas así. Nos fuimos formando en esa “burbuja” y no nos dimos cuenta de que, en realidad, lo que teníamos que discutir era lo salarial, las condiciones de trabajo y, sobre todo, los puestos de trabajo. Para que se den una idea, en Acindar, entre el 2003 y el 2015, desaparecieron prácticamente 14, 15 sectores y nadie hizo nada para que no desaparezcan. Nosotros estamos intentando que se discutan las cosas que tienen que ver con los intereses de la clase trabajadora. ¿Hace cuánto trabajás en la fábrica? Desde el año 2003, el 30 de junio voy a cumplir 17 años en la fábrica. Básicamente lo que producimos son alambres de todo tipo. Por ejemplo, el otro día veía un video de los compañeros de Bed Time que había rollos para hacer el colchón, o sea todo lo que son los resortes y alambres que hacemos nosotros, que son uno de los productos que más se venden. También hacemos alambres tejidos, de púa, galvanizados, todo tipo de alambres, desde un ganchito para juntar hojas hasta el alambrado de una cancha de futbol, y productos que se usan para la construcción, como el cordón pretensado, entre otros. Acindar tiene su sede más importante en Villa Constitución ¿Estas al tanto de la situación en aquella planta? Obviamente sí. Estamos en contacto permanente con los compañeros de Villa. Me parece que han aprobado un acuerdo, a mi criterio, por ahí un poco extenso, pero que hace que la patronal no pueda despedir en todo el 2020. Eso es buenísimo. La verdad es que darles esa seguridad a los compañeros, en este contexto de pandemia, de recesión y que incluso en los próximos meses quizás se agrave más la situación, creo que es fundamental. ¿Cómo ves la situación actual en el movimiento obrero? Por lo que pude charlar con algunos compañeros de otras fábricas, que en este contexto se está priorizando la salud por encima de lo salarial. Y a veces los compañeros están dispuestos a resignar salarios a cambio de salud, para seguir cumpliendo con la cuarentena. “Yo si me puedo quedar en mi casa cobrando el 80%, me quedo”, dicen. Este mensaje que bajó el gobierno, que cobrando el 80%, si uno se ahorra el viaje, la comida de todos los días, más o menos están cobrando el 100%. Es un mamarracho. Pero también creo que los compañeros que confiaron en Alberto están haciendo una experiencia, que en un momento parecía firme, diciendo “llegó la hora de ganar menos” y resulta que las patronales lo dieron vuelta como una media y ahora los que ganamos menos somos los trabajadores. Eso va a llevar a que los trabajadores entendamos que el gobierno cedió ante las patronales y de ese Alberto que se veía “fuerte”, ya nada queda. Hoy siento que nos tenemos que organizar y que la única manera para poder combatir esto es a través de la organización y la concientización de cada uno de los compañeros.

“Operación Gedeón” es el código que recibió la operación de un grupo de mercenarios que intentó ingresar a Venezuela con el objetivo de realizar acciones terroristas que sirvieran el propósito de derrocar al gobierno de Maduro. Unos días antes había ocurrido un ataque con arma de fuego contra la embajada cubana en EEUU. Hace un mes, Trump y el Departamento de Estado habían ofrecido 15 millones de dólares por la captura de Maduro, y enviado naves de guerra frente a las costas venezolanas. A esto se suman las sanciones a Venezuela, equivalentes a un bloqueo económico sin precedentes. Trump sentó a su lado a Juan Guaidó, el agitador golpista internacional, en oportunidad del discurso inaugural a la Nación ante el Congreso norteamericano. El primer asalto fue el domingo en Macuto, en el estado de La Guaira, cerca de Caracas. Ocho hombres fueron interceptados cuando intentaban desembarcar en la costa. Entre ellos, un excapitán venezolano apodado “Pantera”, que fue abatido. Otros 17 fueron capturados. El ex militar americano, Jordan Goudreau, quien junto a Clíver Alcalá entrenaba militares desertores venezolanos en Colombia, se atribuyó en un video la intentona militar de Macuto (NYT, 7/5). El lunes tuvo lugar un segundo asalto, en Chuao (Aragua), también cerca de la capital. Pescadores venezolanos advirtieron a las fuerzas de seguridad costeras. Entre los capturados de esta segunda expedición se encontraba Josnars Adolfo Baduel, el hijo de un ex ministro de Defensa (que rescató a Chávez del golpe de abril de 2002), más tarde encarcelado, enjuiciado y condenado, luego de chocar políticamente con la orientación del gobierno. Se identificaron en este segundo grupo al menos dos miembros de operaciones especiales de EEUU con experiencia militar en Medio Oriente. Se trata de Airan Berry y Luke Denman. Uno de ellos afirmó que su objetivo era capturar el aeropuerto de Caracas y esperar refuerzos. En un video, dice que “el Presidente Donald Trump” lideró el operativo. El desmentido de su secretario Pompeo, de que en ese caso el asalto habría sido exitoso, está desmentido por el manejo de la pandemia en Estados Unidos – el peor del mundo entero. Denman declaró que fueron contratados por Jean Goudreau, un militar retirado, condecorado en Irak y Afganistán, que lidera SilverCorp, una empresa de seguridad para la que trabajaban los estadounidenses detenidos. El objetivo era “entrenar a unas 60 a 70 personas en Colombia para la operación y que el militar retirado suministró equipos para la operación” (Infobae, 7/5). Denman dijo que Silvercorp había firmado un contrato con Guaidó para destituir a Maduro. Juan Rendón, integrante del comité de estrategia de Guaidó (y del “Gobierno Interino”) reconoció que él si firmó el contrato, pero no Guaidó (ídem). El documento también estuvo firmado por el legislador opositor Sergio Vergara. Miembros de la oposición de Venezuela, negociaron en octubre un acuerdo de 213 millones de dólares con Silvercorp (Florida) para invadir y derrocar a Maduro, así lo revela un documento publicado por el Washington Post: "El Grupo de proveedores de servicios asesorará y ayudará al Grupo de socios en la planificación, ejecución y operación para capturar / detener / eliminar a Nicolás Maduro (en adelante" Objetivo principal"), eliminar el régimen actual e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó” (NYT, 7/5). El propósito era tratar de llevar a Maduro a EEUU. Goudreau, triple Estrella de Bronce, dijo en una entrevista a AP: “Debes introducir un catalizador (…) De ninguna manera estoy diciendo que 60 hombres pueden entrar y derrocar al régimen. Estoy diciendo que 60 hombres pueden entrar e inspirar a los militares y la policía para que se den la vuelta y unirse a la liberación de su país, que en el fondo es lo que quieren” (NYT, 7/5). Ahora, EEUU pretende reclamar la “repatriación” de los mercenarios, y de no conseguirlo, amenazar con un ataque militar directo. Pompeo amenazó que “Si el régimen de Maduro decide retenerlos, usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para traerles de vuelta” (EFE, 6/5). Una periodista norteamericana declaró que la asonada era el fruto de un acuerdo entre Guaidó, Duque y Trump, que los dos primeros rompieron. Pompeo salió a desmentir la presencia de EEUU y dijo que “Si hubiéramos estado involucrados habría sido otro el resultado” (ídem). China y Rusia no se pronunciaron sobre el hecho, aunque Trump atribuye el éxito del gobierno de Venezuela en desbaratar el asalto - “a los cubanos”. Desde la presidencia bolivariana se dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sigue respaldando al Ejecutivo. El presidente de la Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció a los gobiernos de EE.UU. y Colombia. Trump desarrolla un plan de provocaciones con el propósito de justificar un ataque de mayor calibre contra Venezuela.

La continuidad de nuestros estudios a través de plataformas se ha revelado inviable, dado que ni el Estado ni las direcciones les han brindado ningún tipo de capacitación a nuestros profesores, más allá de haber propiciado un recorte brutal de temas. Muchos estudiantes se deben enfrentar a la realidad de que no poseen los medios materiales para ello (computadoras, internet, etc.). La situación en nuestro colegio En el Colegio Nacional Dr. Arturo Illia de Mar del Plata estamos viviendo esta situación de una forma excepcional. Las diferentes partes de la comunidad educativa -Centro de Estudiantes, dirección, alumnos, familias y trabajadores no docentes- intentan colaborar, pero sus planteos nacen con limitaciones gigantescas. Los equipos de ayuda al estudiantado se ven atados de manos, debido al recorte de los Equipos de Orientación Escolar (EOE), que los estudiantes precisamos que funcionen de una manera correcta. Por otra parte, los profesores, debido a su nula capacitación frente a la educación virtual, se ven limitados, en su gran mayoría, a sus conocimientos. Es por eso, que muchos de los profesores suben tareas excesivas, no miden los tiempos y demás irregularidades. . ¡Reclamemos, las capacitaciones a los docentes, la completa accesibilidad a las redes de estudio y por el correcto abordaje de los temas! Se deben llevar a cabo los relevamientos correspondientes para que todos los alumnos puedan participar, la correcta implementación de las becas, etc. La Federación de Estudiantes Secundarios, actualmente, no juega ningún papel.

Tras el fallo dictado por el camarista Víctor Violini, hace casi un mes, que permitió la excarcelación de reclusos de las cárceles en el contexto de la pandemia Covid-19, la Suprema Corte bonaerense resolvió dar curso al recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Carlos Altuve por considerar que existía "gravedad institucional" ya que el representante del ministerio público denunció arbitrariedades en la efectivización de la medida. De este modo se frenan las excarcelaciones en carpeta o futuras. La situación las 2.200 excarcelaciones ya efectuadas se definiría en el plazo de una semana. La respuesta de Kicillof al fallo de la Corte fue plantear la construcción de módulos de aislamiento dentro de los perímetros de los centros penitenciarios. Crearía 1.350 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense con una inversión de 800 millones de pesos. Estos módulos estarían previstos para aislar enfermos leves de coronavirus que no requieran atención hospitalaria. También evalúan usar con este objetivo los salones de usos múltiples, gimnasios y talleres de trabajo. Una salida por la tangente frente a cárceles superpobladas de la provincia de Buenos Aires que cuentan con casi 52 mil reclusos frente a una capacidad sólo para 25 mil en una situación de precariedad absoluta. Un caldo de cultivo para la expansión del virus, precisaemnte cuando se diseña una reapertura de actividades que carece por completo de preparación

La primera fábrica alimenticia en registrar casos de covid-19 fue la fábrica de galletitas Alacor-Zupay, ubicada en Opendoor, Luján, donde un gerente y una operaria dieron positivo. Ocurrió el pasado 3 de mayo. Después de un día de parate, con la complicidad del STIA y del gobierno municipal, la empresa obligó al personal a retomar la producción sin cumplir con la cuarentena. El contagio del virus provino de un jerárquico de la empresa que continuaba trabajando a pesar de pertenecer al grupo de riesgo. El incumplimiento patronal contagió a una trabajadora de 22 años. A pesar de tener claros síntomas compatibles con el covid-19, la compañera fue obligada varias veces a retomar tareas, hasta que finalmente le hicieran el test que dio positivo. En Alacor, como en otras fábricas, el descuento salarial acordado entre el gobierno y la CGT opera como una presión para que los trabajadores opten por trabajar aceptando las condiciones de la patronal. Pero, en este caso, el STIA Provincia de Buenos Aires acordó que aquellos trabajadores que por miedo opten por no presentarse, serán considerados como "licencia sin goce de sueldo". Es decir que ni siquiera reclama que la empresa pague el 75% del salario estipulados en el acuerdo. La vuelta a producción se acordó entre la empresa, el gobierno municipal -representado por un delegado barrial de Opendoor- y el STIA. Distintos medios locales, trabajadores y vecinos de Opendoor denunciaban esta exposición extorsiva de los trabajadores y del pueblo lujanense a la pandemia. Con el correr de los días va quedando cada vez más expuesta la oposición de intereses entre la salud pública y la rentabilidad capitalista. El protocolo que aplicó Alacor-Zupay no es otro que el que piensan llevar adelante el resto de las industrias esenciales: un día de sanitizacion de la planta y arrancar otra vez, sin cuarentena ni testeos generales, solo a quienes presenten síntomas. Este protocolo, frente a los casos de contagio en la industria, será en los próximos días un nuevo escenario de conflicto entre el interés de los capitalistas y la salud de los trabajadores.

En diversos establecimientos de salud privada de Capital Federal se están produciendo graves irregularidades salariales. En el Sanatorio Otamendi, como en otros establecimientos, las patronales abonaron solo el 50% del salario, dejando a los trabajadores a la espera de cobrar el resto de sus sueldos a manos de la Anses -que deposita los ATP en la cuenta de cada trabajador. También en el Güemes la patronal pagó una parte del salario. En los hospitales Alemán e Italiano, las patronales informaron que abonarán el sueldo completo, pero que luego, cuando se acredite el subsidio de la Anses, descontarán la diferencia de la liquidación siguiente. En el Dupuytren y sanatorios del Grupo Galeno se demoraron en el pago. Se suman a sanatorios que informan que acudirán al decreto de asistencia al trabajo y la producción (ATP) Clínica Flenni, IADT, Sanatorio Colegiales, Favaloro. Y todo indica que la lista de irregularidades y de reducciones salariales se ampliará. En el Hospital Italiano, les han reducido el 12% del salario a los médicos. Los motivos que esgrimen las patronales es una supuesta crisis en la salud privada. Las cámaras empresarias, con Belocopitt -dueño de Swiss Medical- a la cabeza, Informan que el sistema de salud privada está en un 50 % del uso de sus capacidades y exigen ser incorporados en el decreto Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) 332/ 376, para recibir apoyo estatal. Por su parte, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), que nuclea a sanatorios como Flenni, CEMIC, Italiano, Hospital Británico, entre otros, emitió un comunicado dirigido a Gines González García, donde menciona que “la baja en el porcentaje de ocupación de camas implica una parte de la totalidad de la disminución del monto de la recaudación. Además de la menor cantidad de internaciones, éstas son de menor complejidad y, por tanto, de menor cuantía de facturación en cada uno de los casos. Al mismo tiempo la facturación de prestaciones ambulatorias se ha reducido entre el 85% y el 93%”. Las prepagas han aumentado sus cuotas, desde febrero de 2019, un 60,67%, llegando algunas familias a pagar hasta más de 35.000 pesos por el plan (Página/12, 17/01). Aun en medio de la pandemia, cobran sus cuotas religiosamente. Es necesario la apertura de los libros contables de las empresas y que a los mismos podamos acceder los y las trabajadoras para saber realmente el estado de situación. Si los sanatorios y clínicas privadas estuviesen a disposición de enfrentar la pandemia, no hablaríamos de una subocupación del sistema de salud privada ni de camas vacías. Los sanatorios y clínicas hoy se encuentran solo a disposición de quien puede abonar la cuota de la prepaga u obra social, pero sigue la lógica del lucro. Es necesaria la centralización estatal del sistema sanitario bajo el control de los trabajadores de todos los recursos esenciales para garantizar la salud de la población, comenzando por la disponibilidad de camas de internación, de respiradores y de las industrias que los producen, al igual que los laboratorios que pueden proveer de métodos de diagnóstico e insumos esenciales. El gremio de la Sanidad (ATSA), hasta el momento, no se ha pronunciado. Su línea es la de la CGT, es decir, dar luz verde a la UIA para que las patronales avancen en suspensiones y reducciones salariales. Es más, por medio de la CGT se han encargado de exigir al gobierno subsidios para las obras sociales que se confirmaría con un decreto. Pero ni una palabra con relación a la incertidumbre que genera entre las y los trabajadores no cobrar el sueldo completo. Los trabajadores marcamos el camino Los y las trabajadoras del Otamendi realizaron una protesta en la puerta del sanatorio el jueves pasado, exigiendo el pago completo del salario. Luego de esto, lograron un compromiso de que se abonará la segunda cuota el 7. Los trabajadores del Hospital Italiano participaron de la jornada organizada por hospitales y Cesacs de la ciudad de Buenos Aires el martes 28. Esta es la perspectiva. Es necesario que se desarrollen asambleas que discutan como abordar la situación y resolver acciones para exigir el cobro del salario completo. Una acción del conjunto de trabajadores y trabajadoras del gremio, de todos los convenios, es necesaria más que nunca.

En las últimas dos semanas se produjo un salto en la cantidad de pacientes que ingresaron al Hospital de Clínicas con síntomas compatibles con covid-19. Se trata de unos 20 pacientes por día, de los cuales la mayoría quedan internados. En este momento hay dos salas exclusivas para coronavirus y se debate habilitar una tercera, pero la idea de la dirección del hospital es progresivamente destinar más salas para la atención de esta patología. Sin embargo, transcurridos años de vaciamiento, la situación de las distintas salas es disímil, ya que algunas están abandonadas desde hace años, haciendo trabajoso su acondicionamiento. De esta forma, la política histórica de destrucción de la salud adquiere toda su dimensión. Por otra parte, el cierre o cancelación de otras prestaciones en el hospital golpea la recaudación por “recursos propios”, empujando la profundización del colapso sanitario. Si a esto sumamos la falta de insumos y las licencias de personal tras registrase doce casos entre los trabajadores, la situación se hace aún más insostenible. El refuerzo de personal se produce a cuentagotas, resulta insuficiente y requiere un alto nivel de calificación laboral y experiencia. Tan precaria es la situación que, existiendo protocolos, se los oculta o no se los lleva adelante por parte de los directivos. Por la falta de personal y equipamiento necesarios, muchas veces entre el protocolo y la posibilidad de llevarlo adelante, median imposibilidades materiales. La epidemia desnuda todas las limitaciones del sistema de salud, sus condiciones laborales - mediante salarios que vienen cayendo sistemáticamente, contrataciones precarias, falta de ingreso de personal-, que fueron estructurando una planta de trabajadores insuficiente, con un porcentaje importante que es población de riesgo frente a este virus. En un hospital víctima sistemática del vaciamiento, el coronavirus está haciendo estallar todas las contradicciones que incuban la precariedad presupuestaria, la falta de personal, y el deterioro de la infraestructura. La intervención de los propios trabajadores, elaborando sus reivindicaciones y sometiendo a crítica los protocolos existentes, se torna cada día más necesaria. No hay un solo experto en el tema que no considere que la situación se vaya a agravar y, con ello, todos los desequilibrios y contradicciones que atraviesan hoy día al hospital. Promover la deliberación con los recaudos del caso, reclamar la incorporación de personal, los insumos, infraestructura y presupuesto necesario y defender el derecho a la organización y lucha por las condiciones de salubridad de trabajadores y pacientes se pone a la orden del día.

Esta semana se reúne en forma virtual la comisión de gobierno y el Congreso para definir el proyecto de ley de la futura formula de movilidad y los futuros aumentos por decreto. Según Clarín (5/5), “la posición mayoritaria es postergar hasta fin de año la aprobación de esa fórmula y que además del aumento de junio el gobierno continúe con los aumentos trimestrales por decreto de setiembre y diciembre”. Se repite la historia del achatamiento de la pirámide, lo cual significó un ajuste previsional de $5.000 millones mensuales. Esto sucede mientras cobramos haberes de indigencia de $15.900, más el miserable bonito de $3.000 que se consumió en un día. Los jubilados somos, además, el principal grupo de riesgo del covid-19, situación agudizada por la falta de vacunas, por el incremento sideral de los medicamentos etc. etc. etc. Para el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, “de confirmarse los aumentos por decreto para el resto del año, se estará materializando el sueño de Domingo Cavallo, ratificado por organismos de crédito de reemplazar el beneficio jubilatorio por un subsidio cuyo monto será decidido por el poder discrecional del gobernante de turno. El jubilado dejara de ser Sujeto de Derecho para convertirse en un mero súbdito electoral”. El ex director de ANSES, Vanoli, fue vitoreado por los acreedores internacionales de la deuda cuando ideó el cambio de la movilidad jubilatoria. Esta política de liquidación de las jubilaciones forma parte del acuerdo que se alcanceun con los acreedores de la deuda externa (cualquiera sea), que apuntan al “gasto jubilatorio” como responsable del déficit fiscal. Es el resultado de una labor de demolición de varias décadas, del menemismo a esta parte, mediante la eliminación de los aportes patronales y un mayor peso del componente impositivo en la recaudación de la Anses. Actualmente, los últimos gobiernos imputan como “gastos” los haberes jubilatorios en el presupuesto del Estado. La política del kirchnerismo -continuada por Macri y ahora por el actual gobierno de FF- ha sido la de usar los fondos jubilatorios para subsidiar a trabajadores precarizados y desocupados, cuando esto es responsabilidad absoluta de las patronales y el gobierno. Ahora, además, de la Anses provienen los fondos subsidiar a las empresas con el 50% para pagar salarios de su personal. Esto ante la negativa de los bancos de otorgarles los créditos blandos a empresas. El Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses da para todo. La crisis con los directores de la ANSES en las grandes empresas como Techint y Telecom fue la causa que detonó el desplazamiento de Vanoli. No es solo el covid-19 el que nos infecta y nos mata. Detrás de esta escena, está la otra pandemia, la de la destrucción del sistema previsional. Esta liquidación del sistema jubilatorio es un ataque estratégico contra toda la clase obrera. Por la restitución de los aportes patronales. Por un haber mínimo igual al 82% de la canasta familiar (hoy en $80.000) para jubilados pensionados y rentas vitalicias (el cálculo de la canasta del adulto mayor de la Defensoría de la Tercera Edad es de pobreza). No al pago de la deuda usuraria. El PAMI y ANSES deben ser dirigidos por sus afiliados y trabajadores.

La realidad de los artistas independientes, ya de por sí muy delicada debido a las condiciones de precariedad laboral en la que se encuentran desde siempre, vino a agravarse con la pandemia. La cuarentena por el COVID ha imposibilitado que los trabajadores de la cultura pudieran acceder a otro trabajo -como lo venían haciendo- para poder sobrevivir. La situación en la que han quedado - literalmente sin ningún tipo de ingreso- llevó al suicidio a un joven trabajador del circo La Audacia en la ciudad de Mar del Plata. Sin ninguna organización sindical ni ayuda por parte de los gobiernos municipal, provincial y nacional, el Frente de Artistas elaboró un petitorio que luego de su discusión con varios trabajadores, fue presentado ante un funcionario de la secretaría de desarrollo social de la municipalidad de Gral. Pueyrredón el pasado 28 de abril. Este pliego de reclamos que tuvo una muy buena aceptación por parte de los trabajadores del arte y que ha sido replicado en cuatro medios de comunicación locales, demuestra la recepción particular que tiene el tema. Lo ponemos a disposición de todos los compañeros y como puntapié para avanzar hacia la construcción colectiva de un programa propio para terminar con la precarización laboral de todos los trabajadores del sector. PETITORIO Ingreso al IFE de todos los trabajadores del arte y la cultura que están empadronados por las organizaciones de artistas y trabajadores de la cultura y de todos los que sean empadronados a futuro. Garantizar equipamiento técnico y los recursos humanos para el desarrollo de material audiovisual. Contratación de artistas empadronados para cortos en video desarrollando su actividad con un cachet de al menos 10mil por integrante x video de 5 min. Subsidio a los grupos artísticos independientes de 30mil por integrante por mes, con independencia del IFE y los otros puntos. https://www.facebook.com/tendenciapo/ Empadronamiento e ingreso al estado de los artistas callejeros. Adelanto de las becas y programas ya otorgados por organismos estatales, pero aún no realizados o cobrados. Alimentos, elementos de limpieza. Frente de Artistas Partido Obrero Tendencia Mar del Plata

Luego del gran paro internacional del 23 de abril, en el que los delivery de varias ciudades del mundo unificaron acciones para reclamar mejoras en las condiciones laborales, se gestó, por medio de una asamblea virtual, el paro nacional por 6 horas -de 10 a 16hs- de hoy 8M, bajo la misma consigna “#YoNoReparto”. Las condiciones de trabajo no han mejorado, las patronales accedieron a entregar elementos de protección al mismo tiempo que despedían mediante bajas arbitrarias en las aplicaciones a varios de los que se sumaron al paro. Por otro lado, la falta de baños hace que la higiene y los cuidados sean incompletos. Los salarios de miseria congelados hace meses, devaluados por la carestía son otro factor de choque con las patronales. También se sentirá el reclamo de justicia por las muertes de Emma, mientras repartía para PedidosYa en Rosario, y Franco, muerto pocos días después, en circunstancias similares, en la ciudad de Quilmes. Todas estas cuestiones se dan con la absoluta complicidad del ministerio de Trabajo, ya que no interviene para dar un marco legal a la condición informal en la que son explotados los trabajadores. Por ello se convocó a marchar hacia este ministerio. En la víspera del paro, la policía de Córdoba reprimió y detuvo este jueves a trabajadores del gremio que protestaban frente a Patio Olmos. En sintonía con los hechos ocurridos en Jesús María el pasado lunes, cuando la policía reprimió salvajemente y detuvo a 41 trabajadores municipales que reclamaban por sus salarios, en la noche del jueves reprimieron una manifestación de repartidores, golpeando y llevándose detenido al menos a 4 trabajadores que reclamaban en el centro de la capital cordobesa. La acción de los riders contra la precarización se suma a las movilizaciones, piquetes, paros y tomas de fábrica de los trabajadores del país en rechazo a los recortes salariales, suspensiones, despidos y exposiciones al coronavirus. La clase obrera argentina está dispuesta a defenderse de la avanzada patronal haciendo a un lado a las burocracias sindicales que lo permiten. Llamamos a todos los trabajadores de apps a sumarse al paro y a las movilizaciones que tendrán lugar en Buenos Aires, Mar Del Plata, La Plata y Rosario. Impulsemos asambleas que discutan la continuidad del plan de lucha.

Se reunió el comité de crisis nacional del sector universitario. Participaron los rectores de universidades nacionales, los funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias, las Federaciones Docentes (CONADU HISTÓRICA, CONADU, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA), la Federación No Docente (FATUN) y la Federación Estudiantil (FUA). En un informe de la reunión, Conadu (H) señala que “todas las intervenciones fueron de reconocimiento al rol destacado de las Universidades Nacionales en el marco de esta inédita emergencia sanitaria por la pandemia y las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio emanadas del gobierno nacional para minimizar el riesgo de contagio por Coronavirus”, revelando que la reunión fue un espaldarazo a las camarillas universitarias y el Gobierno. Está ausente, en cambio, la denuncia de la adaptación del gobierno a las presiones capitalistas por el levantamiento de la cuarentena. La versión también oculta que la universidad no jugó ningún rol en lo que respecta al combate de la pandemia. En el mismo comunicado, Conadu (H) da cuenta de que enunció los reclamos de los docentes, pero no llegó a ninguna resolución ni se plantea ninguna continuidad para alcanzarlos, para lo cual es necesario convocar asamblea de todas las asociaciones base que discutan los reclamos y resuelvan un plan de acción. La convocatoria a paritarias particulares, por cada universidad, donde se discuta lo que refiere a la continuidad pedagógica y la regulación del trabajo virtual, debe ser acompañada por la reapertura de la paritaria nacional, que establezca un marco y aborde la cuestión de un aumento salarial de emergencia. El comité nacional de crisis avala las reuniones de cogobierno como una solución ocultando que estos organismos antidemocráticos gobiernan sistemáticamente para los intereses de las camarillas y los privatistas. En lugar de ello la ConaduH debería llamar a la realización de asambleas para recabar el mandato de los docentes e impulsar el armado de comités de acción con docentes, estudiantes y no docentes. Por último, es inadmisible que el temario excluyente de la próxima reunión del comité de crisis sea “pensar colectivamente y debatir las condiciones del posible regreso paulatino a la presencialidad” (sic). Es una concesión a las presiones por el levantamiento de la cuarentena, cuando especialistas aseguran que no hemos aún atravesado el peor momento. Ahora es momento de discutir los reclamos de los docentes y estudiantes para trabajar y cursar dignamente, en el marco de la crisis sanitaria, y con la plena vigencia de nuestros derechos.

El pleno de Juntos por el Cambio aprobó este jueves la Ley de Emergencia Económica que otorga superpoderes al jefe de Gobierno porteño. Hasta el 31 de diciembre, Horacio Rodríguez Larreta podrá disponer del erario público; suspender la vigencia de las leyes, modificar contratos de bienes y servicios (por ejemplo, los de 18.000 trabajadores con contratos de locación), permisos, concesiones, compras reguladas. También puede reasignar partidas y revisar programas “no esenciales”. Todas estas atribuciones para un hombre que liquidó 208 hectáreas de tierras públicas de la Ciudad solo en el primer mandato. Los superpoderes no tendrán más limite que la supervisión de la Auditoría General y de una comisión de seguimiento y control en la que el oficialismo se reservó la presidencia y la mayoría. Una de las áreas que sufrirá un hachazo formidable es el Instituto de la Vivienda, que pierde la mitad de los recursos que obtenía del juego. Eso, en la semana en que la explosión del coronavirus en las villas corrobora que el derecho a una vivienda digna es cuestión de vida o muerte. El ataque a los trabajadores es enorme: sigue vigente la posibilidad de “cancelar” los contratos de los precarizados. Cancela los aumentos de sueldo mientras dure la emergencia. Prohíbe nuevas incorporaciones de personal, excepto en Salud. El Ejecutivo además puede reasignar tareas, algo que de hecho ya está haciendo. Por ejemplo, con los empleados del IVC y otras reparticiones que trabajan en hoteles para asistir a quienes están en cuarentena. Aunque el Frente de Todos no votó -ni era necesario que lo hiciera porque Juntos por el Cambio tiene los 31 votos suficientes-, y porque la legislación vigente lo autoriza a fraccionar el pago de salarios, esta semana Rodríguez Larreta se reunió cordialmente con el jefe del bloque del FdT, Claudio Ferreño (un hombre del presidente), con Javier Andrade (La Cámpora) y con María Rosa Muiños (PJ Capital). No faltó nadie. Los voceros de la burguesía le reprocharon a la ´oposición´ porteña no haber acompañado la “emergencia” de Larreta, como sí lo hizo el bloque de JxC en el Congreso Nacional, a favor de AF. La burocracia de los sindicatos estatales (ATE, UTE, UPCN) no pasó de algunos plañidos, aunque eso no impide que se adjudiquen el retiro del artículo 19, que permitía pagar el salario en cuotas. No es para tanto: “El Ejecutivo lo puede hacer (escalonar los sueldos), no necesitamos ponerlo en una ley. Si no hay plata va a pasar, pero antes que en la Ciudad, se va a dar en las provincias”, advirtió una fuente a Clarín (6/5). La ley crea un antecedente que puede ser muy útil “para el resto de las jurisdicciones y estamentos del Estado”, celebró La Nación (29/4). Mientras la Legislatura votaba la emergencia, Rodríguez Larreta estaba en Olivos, discutiendo con Alberto Fernández cuánto flexibilizan la cuarentena. Navegan a dos aguas: la feroz presión patronal que quiere a todo el mundo trabajando cueste lo que cueste, y la posibilidad de que los contagios precipiten una catástrofe. El oficialismo porteño quiere habilitar las actividades comerciales. Abrir la construcción, el comercio, locales gastronómicos -en el formato “para llevar”- y autorizar algún paseo a los chicos. Según dice La Nación, uno de los argumentos fue "si sacamos los contagiados en las villas, te quedan unos 30 a 40 por día. No es motivo para no abrir”. Qué fallido, señores. Se sabe que un gobierno que tiene en su gabinete a los especuladores inmobiliarios sueña con “sacar a los de la villa”, contagiados o no. En esta situación, ¿a dónde pensarán “sacarlos”? Dónde se supone que viva la inmensidad de trabajadores de la construcción, comercio, gastronomía que hacen la riqueza de esta ciudad si no es en el conurbano o en la villa. La ley generó gran malestar entre los trabajadores del Estado municipal. Enfermeros y residentes manifestaron en las puertas de los hospitales, una delegación de Ademys y Juntas Internas de ATE convocaron a la Legislatura. Hay que garantizar la atención médica y la comida en las villas. Hay que garantizar un salario igual a la canasta familiar para todo el mundo. Hay que garantizar la centralización de la salud para que llegue a todos los que la necesitan.

Desde que se estableció la cuarentena por la pandemia del COVID-19 todas las actividades artísticas y presentaciones literarias han sido paralizadas para evitar la concentración de público presencial. La medida afecta a trabajadores de la totalidad de las disciplinas, tanto sindicalizados como precarizados, o que participan en producciones eventualmente y en negro. El parate será permanente, según los dichos de todos los afectados por la cuarentena. Los más optimistas prevén la apertura de presentaciones (parcial y acotada) para setiembre-octubre de este año, condicionada por la evolución de la pandemia. Mientras tanto, los trabajadores del sector se encuentran en situación de hambre y desocupación. Desocupación, hambre e incertidumbre Un relevamiento realizó APDEA (Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina) ofrece un panorama de la magnitud de la catástrofe a la que se ven sometidos los actores: “Hubo 308 funciones suspendidas, 313 estrenos no concretados y 44 giras canceladas. Respecto de la ayuda estatal otorgada para su producción, 244 de las obras contaron con ella y 430 no. (…) Los trabajadores afectados, de acuerdo al censo, llegan a 4.484” (www.apdea.com.ar). Entre tanto, las producciones de músicos y bailarines se ven absolutamente impedidas de realizar actividades presenciales. Pero esto es sólo la punta del iceberg. Muchísimos actores, directores, coreógrafos, etcétera, que utilizaban salas de ensayo, hoy cerradas, quienes se ven impedidos de dar clases de entrenamiento teatral o cursos de baile -que en muchos casos completaban sus ingresos o conformaban gran parte de ellos. Ni hablar de los artistas y músicos callejeros que viven el día a día de la recaudación por ejercer su arte en la vía pública. No hay que olvidar a los artesanos, que no pueden vender sus creaciones porque las ferias no funcionan. Hoy, en muchos casos, como millones de trabajadores en negro o sub ocupados, ni siquiera figuran en los listados de otorgamiento de los magros $10.000 de la IFE. El ministerio de Cultura anunció como si fueran novedosos a programas ya existentes y otros “nuevos” -por ejemplo, el “Plan Podestá”-, que no contemplan a la totalidad de los artistas y, en gran parte, se darán a cuenta gotas. No podrán acceder al “programa de becas solidarias del Fondo Nacional de la Artes” -que contempla el pago de $20.000 por única vez- quienes hayan ganado alguna beca o premio anuales que otorga el FNA, durante 2019; además, deberán tener cuenta bancaria y estar inscriptos en la AFIP (monotributo). Toda una revelación para un ministro como Tristán Bauer que pretende fomentar la “cultura de la solidaridad y la inclusión” (Télam, 29/04) ¡con subsidios que no cubren lo más básico de la reproducción humana! El Formulario a rellenar ni siquiera tiene en cuenta las probables condiciones de salud afectadas ni de discapacidad física del postulante. Por el lado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se otorgarán también por única vez $50.000 para el programa de “formadores artísticos”. Una miseria para una canasta básica que roza los $45.000, con un 4% de inflación mensual promedio (INDEC, datos marzo 2020). Una salida que se plantea en los medios masivos son las “presentaciones online” de obras teatrales, un callejón sin salida para una actividad que necesariamente tiene el cuerpo como atractivo fundamental para la creación. Así mismo y tal como denuncian varios actores, las plataformas tipo Netflix o Youtube no ponen “un mango” para los derechos de emisión que los actores, el director, el o los guionistas, músicos, etcétera, deberían cobrar a través de SAGAI -la sociedad de intérpretes- dado que no existe legislación en Argentina que obligue a las empresas a hacerlo. Entre tanto, una de las grandes productoras televisivas nacionales, Polka, “debe un porcentaje de sus sueldos de marzo y (que) corre peligro el pago de abril.” (Página/12, 30/04). La Asociación Argentina de Actores, en su reunión con Alberto Fernández en Olivos, sólo se preocupó por la Obra Social, y no adopta un programa integral de salida a la desesperante situación a la que se ven sometidos miles de trabajadores de las artes escénicas. 1 Empadronamiento sin afiliación obligatoria como artista o escritor ante las asociaciones gremiales, para acceder al Cobro de la IFE y acceso irrestricto a canastas alimentarias. 2 Por un subsidio al artista o al escritor desocupado que cubra la canasta familiar mientras dure la cuarentena. 3 Suspensión del pago del monotributo mientras no exista actividad artística presencial. 4 Por un salario igual al costo de la canasta familiar para todos los artistas y escritores.

Muy buena la nota del compañero Sebastián Chirino, sobre los obituarios que viene sacando Prensa Obrera y puntualmente sobre la carta “Yo acuso" de Nora Elicąbe, publicada por ella unos días antes de morir. Está claro, cómo dice el compañero, que en Prensa Obrera se muestra una orientación política, una actitud que no es propia de revolucionarios, ocultar las críticas o debates ante la despedida a una compañera fallecida que adhería a la Tendencia. No asombra, el oficialismo nos tiene acostumbrados. Ni ellos ni nadie podrán borrar de la memoria colectiva la lucha de esta compañera, lucha que vivió también de forma intensa en defensa de la continuidad de nuestro partido, interviniendo con energía en el XXVI congreso con otros compañeros que luego serían expulsados y formarían la Tendencia. El oficialismo no tiene ningún empacho en apropiarse de otros militantes, dirigentes constructores del Partido de la clase Obrera que murieron antes del quiebre. No pueden hacerlo con compañeros como Nora ni como Inés Rojas. El compañero Sebastián quién escribe la nota en nuestro periódico recorre la trayectoria de vida de esta luchadora incansable en forma ejemplar, se nota además su cariño, como debe ser todo militante revolucionario. Quisiera agregar que Nora militó denodadamente, desde la fundación, en la Agrupación Jubilados Clasistas. En la construcción y en el desarrollo de la misma, destacándose en todas las actividades, siempre junto a su compañero Carlos, también jubilado clasista. Presente en todas las movilizaciones, en PAMI, Anses y en el Congreso ante los ataques criminales que venimos sufriendo los jubilados. También participó en las deliberaciones y en los encuentros de la mujer documentando la problemática de la mujer trabajadora jubilada. En los últimos años su militancia fue intensa en Jubilados Clasistas. Su carta, es también una denuncia, no sólo sobre lo que pasó ella para llegar a una operación quirúrgica continuamente demorada de la que no pudo salir, sino de la realidad trágica que viven todos los jubilados. Creo que en su trayectoria es muy importante la participación y lucha por los jubilados en los últimos años de su vida. Por razones obvias, los jubilados no pudimos estar en la despedida en su casa de Villa Rosa, pero estamos junto a sus familiares y amigos. ¡Compañera Nora Elicąbe hasta la victoria siempre!

Con una saña digna de mejores adversarios, el PTS viene denunciando a la Comisión Interna de Acindar por el acuerdo firmado en torno del régimen de suspensiones que regirá en la planta de Villa Constitución durante los próximos meses. Como explica el compañero Christian Miguez en el reportaje publicado en Política Obrera, la interna de la fábrica rechazó la pretensión patronal de imponer descuentos del 40% a los suspendidos y de despedir compañeros contratados. El compromiso arrancado por la Interna establece un reconocimiento salarial a los suspendidos del 80% en los primeros meses y, luego, del 90% del salario. La Comisión Interna de Acindar, que es el blanco de los ataques del PTS, se renueva en forma anual con el voto nominal directo de todos los compañeros de la planta en una elección por voto directo sin agrupamientos, listas o colores. En la misma tónica del PTS, la camarilla que dirige al PO denuncia a la interna de Villa y de paso a la comisión interna de Tablada, deslizando que actúa en yunta con la burocracia de la UOM. Como toca de oído, el crítico de la camarilla del PO no sabe que la interna de Tablada reclama a la patronal un acta en iguales términos que la de Acindar, pues la patronal en Matanza descontó unilateralmente los sueldos en un 40% y despidió a seis compañeros (ver, también en Política Obrera, el reportaje al compañero de Acindar Matanza). Ni la interna de Tablada ni la de Villa han bajado la guardia en la defensa de los trabajadores. Los ultimátums verbales no conducen a nada, y le han dado poco resultado al PTS, como se demuestra en el neumático, donde viven denunciando a la dirección del gremio y han perdido también su lugar como delegados, al igual que en Acindar. Por su parte, no vimos en el "grupo de Solano" ni la denuncia a la Interna de Aluar, donde se impuso el acuerdo de suspensiones más lesivo de toda la UOM, ni el reclamo “teórico” de impulsar una movilización contra las reducciones salariales, como sí hicieron los textiles en Trelew. De nuestra parte, no hacemos señalamientos al compañero del PO (O) en esa planta, sin conocer los términos de su lucha contra ese acuerdo. El reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, o lograr que se paguen el 100% las suspensiones, es una reivindicación crucial de la clase obrera en medio de una crisis. Si la cuarentena o la recesión obligan a las patronales a paralizaciones totales o parciales, sus costos deben ser afrontados por los capitalistas, los cuales tampoco comparten con nadie -y mucho menos con los trabajadores- los beneficios acumulados en los períodos de alta producción. Por eso mismo, no celebramos ninguna suspensión con reducciones salariales, ni la de Acindar ni la de Aluar. Tampoco lo hacen los delegados y activistas del clasismo en esas plantas. Pero el compromiso firmado por los compañeros de Acindar tuvo lugar, a) con la fábrica cerrada, b) después que la burocracia nacional de la UOM cerrara su propio e inconsulto acuerdo de suspensiones y c) lo más importante de todo, ¡después de haber rechazado imposiciones mucho más ruinosas de la propia patronal, que contemplaban también despidos de contratados! Acindar Villa las retrotrajo, y en Matanza continúa un conflicto abierto por estas razones. Los agentes del gobierno en el movimiento obrero podrán hacer una apología de estos acuerdos, no es nuestro caso. Para nuestros compañeros, es un peldaño para preparar los combates que se vienen, ahora, con buena parte de los trabajadores adentro de las plantas. Las tentativas de despidos en Acindar deben ser vistas como un anticipo de la política patronal cuando se “abra la economía”, y se propongan convertir en habituales las condiciones excepcionales de la pandemia. Por eso, ingresamos al trabajo con un programa: ningún despido, protocolos sanitarios, vigencia irrestricta de las paritarias. A los “críticos de izquierda”, esta perspectiva los tiene sin cuidado. Han reemplazado al frente único obrero por la autoproclamación y las disputas de capilla. Mientras atacan a los activistas, piden que "funcione el Congreso" de los acuerdos fondomonetaristas y las leyes anti jubilatorias.

La comisión interna de Acindar Villa Constitución y el sindicato metalúrgico local suscribieron un preacuerdo con la patronal -que aún no está homologado- cuyos alcances deben ser ponderados por el peso específico de esta gran industria en el gremio metalúrgico, de un lado, y por la tradición de luchas de este enclave obrero del sur de Santa Fe, del otro. (Ver https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/1143-pulseada-en-acindar-villa-constitucion-nuestro-mandato-es-la-defensa-del-salario-y-de-los-puestos-de-trabajo ) El reclamo de un acta lo formuló la comisión interna, pues la patronal quería pagar "de facto" la segunda quincena de abril sobre los salarios de convenio más la antigüedad. Ello implicaba desconocer los acuerdos de planta, y aplicar descuentos del orden del 35 y 40%, además dar de baja a todos los contratados. La patronal aplicó esta decisión unilateral en la planta de Tablada, junto con el despido de seis compañeros contratados. La empresa, que estaba sin actividad, fue autorizada por el gobierno provincial a producir en líneas vinculadas a la agroindustria y al comercio exterior, por lo que desarrollará durante mayo una producción de alrededor de un tercio de lo que venía produciendo antes de la pandemia. Ese nivel de ocupación de la planta podría mantenerse por lo menos en los próximos tres meses. El acta, que rige desde el 13 de abril, establece el pago del 100% de los salarios al personal en actividad y un recorte escalonado para los compañeros que resulten suspendidos. Estos cobrarán, de abril a octubre, el 75% de su salario de bolsillo y de octubre a diciembre, el 85%, Se establece que ningún trabajador podrá cobrar menos de $40.000 mensuales y todos percibirán el bono anual de producción correspondiente a 2019 -que equivale a aproximadamente un sueldo en dos cuotas, de mayo y junio; la empresa pretendía postergar hasta diciembre el pago de este bono. Un acta complementaria establece los criterios del pago de la suspensión con relación a la turnicidad: ello implica el pago de los francos y feriados al 100%, lo que gravita significativamente en cada quincena no trabajada. En una quincena, por ejemplo, eleva el porcentaje de la suspensión del 75 al 80%. Por último, el acta establece el compromiso de no despedir a ningún trabajador hasta el 31 de diciembre de este año. La empresa debió recular en la intención de despedir a 112 contratados de la planta, quedando en discusión cuatro compañeros que cumplían reemplazos de vacaciones. Para aprobar este compromiso, la comisión interna -conformada por los 42 delegados de sector- realizó una junta de delegados, pues la planta estaba sin actividad. Esta semana, establecerá un cronograma de asambleas de sector, para que los acuerdos sean discutidos y votados por los trabajadores en los distintos turnos. En las asambleas, también se pondrá en discusión el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene que correspondan a cada sector. La cuestión de los controles sanitarios contra el Covid 19 es motivo de una intensa disputa con la patronal. La interna ha elaborado un protocolo, donde impuso la obligación de que cada chárter tenga a bordo, en cada turno, una enfermera, que controle la temperatura de cada compañero y que, al entrar a la planta, las cámaras térmicas efectúen una doble medición. Pero aún siguen pendientes otras cuestiones, relacionadas con la protección de los trabajadores. Mientras se discutía esta acta, el secretariado nacional de la UOM firmaba un acuerdo con las cámaras patronales que establece el pago del 70% del salario bruto durante las suspensiones, lo que algunos han cifrado en el 86% del salario de bolsillo (Ámbito, 29/4). El acuerdo está focalizado en la rama 17 del Convenio Colectivo -metalúrgicos-, la abrumadora mayoría del gremio, que cobra salarios promedio de $25.000. Con los descuentos previsionales y sindicales, esa reducción se aplicará sobre salarios de $21.000. El acuerdo de la UOM, además, incluye la reducción salarial a los trabajadores que son grupo de riesgo, y una aceptación de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas (despidos encubiertos). En Acindar, perteneciente a la Rama 21 siderúrgica, el salario promedio neto es se ubica entre los $75.000 y $90.000. A pesar de lo que pactó la UOM, la Interna quiere establecer un acta adicional por el pago del 100% a los trabajadores en situación de riesgo. Alerta El acta establece que a partir del 13 de octubre “cualquiera de las partes podrá dejar sin efecto el presente acuerdo sin necesidad de expresión de causa”. Se trata de una alerta que debe dar lugar a un reforzamiento de la organización de los trabajadores. A partir de esta semana ha comenzado la paulatina reanudación de las tareas. Al revés de lo que hace el gobierno o la propia burocracia, que ensalzan las suspensiones con descuentos como si fueran una conquista, nosotros tomamos el compromiso alcanzado como punto de apoyo para los desafíos y luchas que se vienen. No se nos escapa que la patronal se reserva la posibilidad de denunciar el acuerdo en octubre próximo, si se ahonda el derrumbe industrial. El retorno al trabajo, aún parcial, es la base para una férrea preparación de los compañeros en cada sección. Esa es nuestra política.

La presión empresaria para salir de la cuarentena está rindiendo sus frutos. Tras el encuentro en Olivos con la UIA y la CGT, en el que ambos sectores plantearon la necesidad de salir de la cuarentena, se sumó para reforzar esta línea el comunicado emitido por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que agrupa, entre otras a firmas, a Pérez Companc,Techint, Irsa, Fiat, Arcor, Coto y Mercado Libre. "Los miserables" El comunicado de la AEA sostiene que hay que consolidar los logros en el tratamiento que se viene haciendo de la pandemia, para lo cual "deben alentarse acciones que posibiliten una vuelta ordenada al trabajo y la producción”, lo que "implica darle especial prioridad a mantener vivo el aparato productivo de nuestro país”. No le alcanza a la oligarquía financiera que tres cuartos del gasto público destinado a la cuarentena esté dirigido a las empresas a través de la absorción de gran parte de los costos de producción. Descaradamente, mientras aplican suspensiones, rebajas y congelamientos salariales o despidos, hablan de que hay que sostener "las medidas de protección a los trabajadores, preservando la seguridad de las personas y el distanciamiento físico". Alberto Fernández pese a sus quejas ‘pour la gallerie’, parece haber tomado nota. Al servicio de las patronales Sin aún haber llegado al pico de la pandemia esperado para mitad de junio, en los próximos días AF extenderá la cuarentena hasta el 24 de mayo y habilitará con "cautela' la actividad en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La Nación calcula que se abrirán mil fábricas. En este contexto se estudia autorizar el relanzamiento de las actividades de calzado y cuero, indumentaria, tabacaleras, automotrices, papeleras, plásticos y químicos a partir del próximo lunes. La danza de la deuda Todo lo que sucede en la Argentina, partiendo desde el conflicto en las cárceles hasta las mesas empresariales, tiene como telón de fondo la puja en las negociaciones de la deuda. El comunicado de la AEA sostiene: "Para que las empresas puedan cumplir plenamente su papel decisivo en el proceso de recuperación económica, es fundamental evitar la ruptura en la cadena de pagos interna, así como la cesación de pagos externa o default. El acceso al crédito internacional mejorará las perspectivas económicas, generará más empleo privado y favorecerá la realización de inversiones productivas en el país". Cómo señalamos en la nota https://politicaobrera.com/politicas/1124-frente-al-default , "el fracaso de las negociaciones por la deuda de jurisdicción extranjera significa el seguro default de toda la deuda, o sea la que está en dólares y en pesos bajo jurisdicción local. Comprometería la emisión de deuda que está realizando el gobierno nacional para financiar a las compañías que operan en Argentina." Esto es justamente lo que el empresariado quiere evitar, no por "preocupación del bien nacional" si no porque quieren seguir parasitando al Estado y desangrando sus arcas mientras la carestía de la vida aumenta a tasas siderales para los trabajadores.

En un decreto que se enmarca en el Pacto Fiscal que Macri firmó con los gobernadores en 2018, Axel Kicillof avanza en la disolución del régimen previsional bonaerense. Lo hace bajo el paraguas de la Ley Nacional 27.260, que da las pautas jurídicas y reglamentarias para los procesos de armonización jubilatoria. El quebranto anunciado del Instituto de Previsión Social no se explica por la caída de los aportes de los trabajadores de la provincia, sino por el desfalco sistemático de las gestiones oficiales. En los últimos dos años de su gestión, Vidal manipuló los balances del IPS y derivó sus fondos a la Tesorería General. Jamás se dieron a conocer su destino, como tampoco sus rendimientos luego de que fueron convertidos en Letras T. Al cabo de “veinticinco años de superávit”, Eduardo Santín –presidente actual del IPS- señala que en 2019 el déficit total alcanzó los 20.000 millones de pesos y, en lo que va del 2020, escala a 3.000 mil millones por mes. Santín se ha apurado a desmentir que se encuentre en discusión la “armonización” del IPS con el ANSES, que supondría la disolución de esta caja previsional, de todo su régimen y conquistas existentes. Sin embargo, la alarma se ha encendido en todos los trabajadores estatales de la provincia, si tenemos en cuenta que funcionarios del gobierno nacional ya venían alertando sobre “aplanar la pirámide jubilatoria” y combatir los “regímenes especiales”. La votación en el Congreso contra las jubilaciones del personal judicial fue un anticipo de esta agenda. Estas reformas responden estructuralmente al interés del capital financiero internacional y, fundamentalmente, a las exigencias del FMI. Es necesaria la restitución de todos los fondos del IPS con los intereses correspondientes, bajo auditoría directa de los trabajadores, activos o jubilados. Todos los docentes, de cualquier modalidad o plan socioeducativo, deben ser incorporados bajo Estatuto, así como debe avanzarse en la eliminación del monotributo y el trabajo precario que arrecia entre los estatales. Debe avanzarse, además, en la derogación de todas las leyes y normativas que pretenden armonizar la caja provincial con la nacional.

Antes de la pandemia, más de 820 millones de personas se acostaban regularmente con hambre (1 de cada 9 personas en el mundo), de las cuales alrededor de 135 millones padecían hambre aguda. Este flagelo se encontraba en pleno crecimiento en todo el mundo antes de la pandemia. Ahora podrían sumar 130 millones de personas más para fines de 2020, según el Programa Mundial de Alimentos. Esto significa que 265 millones pasarán hambre aguda y varios millones más sufrirán “inseguridad alimentaria”. Las mayores concentraciones de desnutrición están en Asia (510 millones de personas), África (230 millones de personas) y América Latina (34 millones de personas), pero los “bancos de comida” y las largas filas para recibir alimentos son cada vez más recurrentes en los países desarrollados. Más 250 millones de personas están potencialmente al borde de la inanición. Luego de la última gran crisis mundial de 2008, se sumaron 100 millones de hambrientos en el mundo. Sin embargo, ahora hay un 17% más de alimentos disponibles por persona que hace 30 años. Cómo la crisis capitalista promueve las hambrunas Muchos analistas temen un colapso del sistema de oferta de alimentos, esto es, a que la crisis económica producida por la crisis sanitaria produzca una brutal crisis de oferta. La escasez de fuerza de trabajo local y extranjera para levantar las cosechas mundiales hizo que muchos cultivos en el mundo se pudrieran. Miles de contenedores de envío comenzaron a atascarse en los puertos chinos y del mundo, desde febrero, como resultado de la disminución de las exportaciones. La escasez de alimentos podría reflejarse en una suba de los precios que, finalmente, va a generar más hambruna. Algunos analistas también se preocupan por las migraciones humanas generalizadas, ya que el hambre se intensifica en las zonas rurales con escasez de cultivos, lo que lleva a las familias desesperadas a mudarse a ciudades u otras regiones en busca de alimentos e ingresos: “Si las cadenas de suministro de alimentos se rompen y los medios de subsistencia son insostenibles, es más probable que las poblaciones vulnerables se muevan en busca de asistencia”, dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “Aunque las condiciones actuales aún no han alcanzado este grado de estrés, parece que está comenzando un colapso. ‘El impulso autodestructivo de los países para imponer controles de exportación de equipo médico a raíz de la pandemia de Covid-19 se ha extendido como una infección a los alimentos’, señaló Cullen Hendrix, del Instituto Peterson de Economía Internacional, el 6 de abril. Hasta ahora, Rusia, Kazajstán, Tailandia y Camboya han prohibido la exportación de granos procesados, y Vietnam ha suspendido los nuevos contratos de exportación de arroz. Tales medidas, advirtió Hendrix, ‘auguran mal para el hambre global y la estabilidad política’. (The Nation, 1/5). La consecuencia directa de esto son rebeliones del hambre: “Hubo, por ejemplo, ese brote del 9 de abril en Nairobi y esas protestas en Dhaka. También se han reportado protestas por alimentos en Honduras y Sudáfrica. En Italia, se enviaron tropas adicionales al sur y a Sicilia en medio de temores de asaltos a supermercados provocados por residentes empobrecidos. Incluso en los Estados Unidos, los voluntarios del banco de alimentos nerviosos pidieron protección a la Guardia Nacional en varios estados cuando el número de personas que buscaban provisiones excedía con creces las cantidades disponibles y la atmósfera se volvió tensa” (The Nation). La secuencia: recorte de la demanda, escasez de trabajadores, caída de la producción, suba de precios, hambruna, es un horizonte cercano. Sólo el socialismo es capaz de aniquilar la anarquía capitalista de la producción y poner en manos de los productores directos el control político de la economía y sociedad.

La amenaza que recibí días atrás responde a la reacción de un sector de la burguesía que advierte el problema que se avecina y que toma como punto de apoyo una orden política oficial para justificarla. El sujeto está perfectamente identificado. En mi estudio de radio tengo identificadores de llamadas en la línea como medida de seguridad. Instalé esa simple tecnología tras haber sufrido diversos atentados. “¿Porque no pones la plata vos? ¡Rata! A las ratas hay que matarlas. ¿Qué tenés que pedirle a Tabacal que ponga plata? Pone la plata vos, zurdo de mierda tanto que hablas”, disparó de entrada el agresor. Sucede que durante las últimas semanas en Radio Cadena NOA venimos abordando la situación de los trabajadores golondrinas (obreros rurales de la cosecha de la fruta), cómo fueron abandonados por las patronales ante el cierre de los empaques, desprotegidos por los gremios y ninguneados por los gobiernos municipales, provinciales y nacional. Durante los programas se escucharon en vivo los pedidos de ayuda de los trabajadores varados en los pueblos del sur sin plata para comer, desalojados por la falta de pago de alquileres, viajando a pie por las rutas en grupos y ocultándose en los montes ante la persecución policial. Se trata de más de 25 mil trabajadores que cada año llegan a Mendoza, Rio Negro y la zona de Cuyo para la cosecha de manzanas, peras, damasco, durazno, ciruela y otras frutas, que se realiza manualmente. Una dura explotación, con sueldos de miseria y, en muchos casos, viviendo en condiciones inhumanas. El reclamo de justicia por el caso Solano, el joven tartagalense asesinado tras organizar a sus compañeros para reclamar condiciones dignas de trabajo, pinta de cuerpo entero la rudeza de las condiciones laborales. ¿Por qué un trabajador de Salta, del norte de Salta, hace 2.500 kilómetros para buscar trabajo? La diversidad de la producción agropecuaria en la zona de Cuyo se contrasta con el monocultivo de la caña de azúcar y soja en el norte. El monopolio de esa plantación la tiene la corporación internación norteamericana Seaboard, con la explotación de 60 mil hectáreas y el usufructo de los ríos del Departamento Orán. Este avance agresivo ha ido tomando las tierras históricas de fincas de citrus, banana, verduras y hortalizas que debieron ceder (arrendar o vender) sus campos ante las devastadoras acciones de los agroquímicos que barren todo lo que no sea la caña de azúcar. Se pone en evidencia con la crisis de los trabajadores golondrinas, que intentan volver a sus hogares de forma desesperada, el problema del uso social del suelo. ¿Cuál es el beneficio para la población de Orán seguir sosteniendo el monocultivo de la caña? Este planteo se va instalando y toca los intereses de los sectores más poderosos de la región. La Seaboard no quiere hacerse cargo ni siquiera de ayudar con recursos para organizar un refugio donde asistir a los trabajadores que ellos mismos expulsan. “Poné la plata vos rata” “Tiene razón el gobernador: los golondrinas son unos delincuentes, hay que matarlos. Nos vienen a traer la enfermedad y vos que los defendés, también hay que matarte, zurdo de mierda”, razona el agresor oculto tras la línea telefónica. “Manejo armas y hago lo que quiero. ¡A vos te voy por la espalda y pum, se te acabo la joda, rata!”. El violento sujeto basó sus dichos en las palabras del gobernador de Salta, quien semanas atrás afirmó que trabajadores golondrinas, que venían ocultos en un colectivo de larga distancia provenientes de Rio Negro e intentaban ingresar a Salta, eran “delincuentes”. A uno de ellos le dio positivo para COVID-19 y está procesado penalmente. Ese mismo día fue repatriado el ex gobernador Urtubey junto con su familia, desde Europa, pero claro, llego al país en primera clase y no hizo falta que se ocultara en la bodega del avión. El gobernador Gustavo Sáenz considera a sus comprovincianos no como víctimas sino como “delincuentes”. Su responsabilidad es coordinar la asistencia que se le debe dar a estos obreros rurales y sus familias. La amenaza se apoya en los argumentos fascistoides del Estado. “Son todos delincuentes” Estamos esperando las actuaciones judiciales. El sujeto está identificado con nombre apellido y dirección. Solo falta que se realicen los allanamientos y ver el avance de la causa, que quedó en manos de la Fiscalía 1, a cargo de la Dra Murúa. La misma fiscal tiene el expediente de otra causa, que no avanza, por el incendio de mi auto, frente a la radio, cuando denunciaba defraudaciones al estado municipal y el crimen de las francesas en Salta. Una vez un compañero del partido me dijo: “la burguesía siempre buscará quebrar tu moral, es su único objetivo, así gobiernan”. A lo que yo agrego: La realidad está planteando una salida revolucionaria para las masas y la burguesía lo sabe, no soporta nuestra perspectiva y por eso ataca. Lo que no saben es la firme consistencia política que los militantes adquirimos colectivamente con los años gracias a las conclusiones más agudas de la lucha de clases, por eso celebro mi militancia en el Partido Obrero Tendencia y agradezco a todas las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, compañeros del trabajo, periodistas, docentes, vecinos y amigos que se manifestaron para darme ánimo porque “no se trata de lo que yo digo, sino de lo que dice mi clase”.

La empresa de Madanes Quintanilla, Fate, intenta aprovechar la pandemia para desconocer la dirección sindical y avanzar sobre las reivindicaciones de los trabajadores. Sin acuerdo ni acta alguna, en forma unilateral, descontó masivamente los salarios a su criterio, tratando de marcar la cancha contra el pago del 100% de las suspensiones y chantajeando con no comenzar la producción sino no se accede a las rebajas salariales de los suspendidos. El Sutna ha comenzado un plan de acción para responder a esta provocación patronal, con los siempre difíciles recursos de desarrollar una lucha con la fábrica sin producir. Ha organizado una permanencia frente a la planta que comienza a visualizar el conflicto y a rodearlo de solidaridad de otras fábricas. El lunes se movilizará a las puertas del Ministerio de Trabajo en las difíciles condiciones de la cuarentena. La dirección del Sutna enfrentará en el próximo periodo uno de los mayores desafíos desde que asumió la lista Negra. La salida “administrada” de la pandemia dará lugar a una fuerte recesión industrial donde una innumerable cantidad de grandes fábricas trabajarán con producciones muy por debajo de las que tenían al inicio de la misma. Estas patronales van a apelar a la aplicación de un sistema de suspensiones que se extenderán por un tiempo y que ya llega a comienzos de mayo a más de 1.200.000 trabajadores. Frente a esta durísima batalla que se viene, la burocracia sindical de todo pelaje ha acordado descuentos de los salarios de las suspensiones que, en algunos casos, son brutales y que deben enfrentar en la inmensa mayoría de los casos delegados y comisiones internas contra la propia dirección de sus gremios nacionales. Es por eso de enorme importancia la batalla de la dirección del Sutna por defender el 100% del salario de las suspensiones, cuestión que se ha acordado (por lo menos en mayo) en Pirelli y Brigestone. Significa una primer importante conquista que sirve como una base firme para pelear ahora en la estratégica Fate. La patronal de Fate, durante la negociación del preventivo de crisis, había obtenido del gobierno importantes exenciones impositivas que recién a raíz de la cuarentena, le están concediendo a las demás empresas del neumático. La patronal va el lunes al Ministerio de Trabajo con un doble juego: tratar de reducir salarios y exigirle más beneficios al gobierno, chantajeando con el parate definitivo de la producción. Con un acertado criterio de clase, el Sutna ha estado apoyando otras duras luchas que se vienen librando en la zona como la de Bed Time, a la que brindó un fuerte apoyo. Segundo, ha capitalizado una enorme experiencia de la lucha que libraron en Fate contra el preventivo de crisis. Se ha unido a los trabajadores de esa gran barriada obrera que rodea a la fábrica y que tanto los apoyó en aquel conflicto. La realización de un locro para el barrio el 1° de Mayo contribuyó a esa unidad que ahora se verá reflejada en esta nueva lucha que tienen por delante. Mientras se desarrolla el piquete del Sutna, los trabajadores de Mondelez Victoria bloqueaban los accesos de su planta contra las suspensiones y trabajadores de Ilva bloqueaban la calle principal del Parque Industrial de Pilar contra la reducción salarial. Todo nuestro apoyo al piquete y a las movilizaciones del Sutna. Está en juego la defensa de un sindicato recuperado frente a la avaricia de las patronales.

La puesta en pie de ollas populares en los barrios ha despertado la simpatía y la solidaridad de los vecinos del barrio. Es que, ante la falta de una intervención del Estado para garantizar la cuarentena y el sostenimiento económico de las familias, las ollas se convirtieron en expresiones de la organización barrial para defender las condiciones de vida de cada barrio. Un episodio fundamental, que debe ser contado, es que se ha armado un sistema de “delivery” de las raciones de las ollas para aquellas familias que se encuentran en estado de aislamiento. Las familias de los infectados con coronavirus deciden por su propia cuenta encerrarse en sus casas por temor a ser portadores del virus, para no contagiar a sus vecinos. El Estado no interviene en ninguna parte de todo este proceso: no sólo que no hacen testeos a los familiares de los infectados, sino que tampoco se los conmina a aislarse, y mucho menos se les garantizan las condiciones para que puedan hacerlo. Por lo tanto, mientras las familias se auto-aíslan, desde las ollas populares que se han puesto en pie se organizaron para poder alimentar a esas familias. Se acercan con la comida a sus casas, les dejan la ración en la puerta o en una ventana, y se van para que alguno de sus habitantes pueda salir a recogerlo. Se van desarrollando, así, protocolos de organización barrial desde los propios vecinos de los barrios, aún sin contar con los recursos que el Estado debería garantizar para poder llevarlo a cabo de forma realmente eficaz. Este sistema de “delivery” es un método para poder resguardar a los vecinos de los posibles contagios. Sin esto, las familias con sospechas de infección de COVID-19 deberían salir de sus casas para hacerse de un plato de comida, que el Estado no les garantiza. Las ollas populares, de esta forma, no sólo buscan alimentar a los desocupados, sino que son una fuente de organización contra los contagios. De esto mismo han tomado nota los punteros del PRO, quienes han salido al cruce de nuestras compañeras cuando se encontraban desarrollando esta tarea de “delivery”. Se trata de “delegados” de las manzanas donde se encuentras algunas de las familias infectadas, a donde nuestras compañeras llevan una ración de alimento. Los insultos de estos punteros se mezclaban con afirmaciones de tipo “ustedes están haciendo política”, “no tienen nada que hacer acá, déjenle esto al Estado” y, finalmente, la amenaza de “no las queremos ver más por esta zona”. La situación es clara: las compañeras del Polo Obrero Tendencia actúan más como delegadas del barrio que los propios “delegados”, que por otro lado tienen su mandato vencido hace años. La organización de los vecinos ante la pandemia es una amenaza directa al control territorial que quieren mantener los punteros. Es por eso que es más necesario que nunca continuar con esta tarea de organizarse para defender la salud y la vida de los vecinos del barrio. En ese proceso, las redes de contención que el Estado mantiene a través de los punteros va a saltar por los aires. Denunciamos estas amenazas y hacemos al gobierno porteño responsable de la integridad de las compañeras.

Este 1 de mayo se desarrolló el acto internacional organizado por la Tendencia del Partido Obrero argentino, con participación del Partido de los Trabajadores de Uruguay, Prospettiva Operaia de Italia y el nuestro, el Partido Obrero Revolucionario, desde Chile. La actividad forma parte de un debate político y de proyectar una acción común con las organizaciones presentes como también con compañeros y compañeras del grupo Independencia Obrera (España) y Boletim Classista (Brasil), todos con los cuales, a fines de marzo, firmamos una declaración y un programa de acción internacional frente a la crisis capitalista y sanitaria. El acto se tituló “La lucha contra el capital es de vida y muerte”, cuya conmemoración internacional dista de ser “una jornada más”, sino que estuvo enmarcada en la excepcional crisis del régimen capitalista y en medio de una pandemia que amenaza la vida de millones. El antagonismo entre el capital - que busca una reestructuración económica y social - y la vida de las masas, ha gestado por su parte, y profundizado en otras, una situación revolucionaria. Detrás de la pandemia se ha ocultado un fenomenal proceso de salvataje de los Estados a capitalistas, que ha ido de la mano con la eliminación de millones de puestos de trabajo en el mundo, suspensiones, y rebajas salariales. Desde Chile, expusimos la enorme pelea desarrollada las últimas semanas por las y los trabajadores de distintas áreas a lo largo y ancho del país para exigir la cuarentena y el cierre de sus lugares de trabajo. También, destacamos la enorme lucha de Chiloé desarrollada por las y los pobladores que, mediante asambleas populares y cortes de ruta, cerraron la isla para exigir cordones sanitarios y el cese inmediato de labores industriales por los riesgos que implica la industria salmonera en la Zona. El estado de sitio y catástrofe declarados el 18 de marzo por Piñera en ningún caso buscaron una acción estatal coactiva para asegurar cuarentena total y el distanciamiento, sino que fue un masivo operativo de desmantelamiento de la rebelión popular de octubre que, mediante militarización y represión, buscó devolver al gobierno criminal de Piñera el control de las calles. Las medidas represivas del Gobierno estuvieron precedidas por el retorno masivo de las masas en lucha a la plaza Dignidad con un 8 de marzo histórico y un marzo que en general desarrolló movilizaciones y protestas en la línea revolucionaria de octubre. Sanitariamente, denunciamos la contradicción que enfrenta la salud pública del continente que, pese a los enormes avances médicos y tecnológicos, ha sido profundamente desfinanciada y privatizada. Todas estas han sido orientaciones que han tenido tanto los gobiernos nacionalpopulares como los derechistas. La crisis de la salud pública en medio de la pandemia ha develado, de manera trágica, la enorme crisis humanitaria que enfrentamos. En Chile, la crisis sanitaria, lejos de comenzar con el Covid-19, encuentra en medio del virus su mayor extensión y profundidad. La gigantesca deuda hospitalaria -la escasez de camas clínicas y ventiladores mecánicos, la falta de insumos médicos y la nula seguridad para las y los trabajadores de la salud- han detonado los reclamos y las manifestaciones en hospitales y centros asistenciales se han regado por todo el país. Piñera, tal como expusieron los compañeros de Uruguay, junto a La Calle Pou, ha venido operando bajo las mismas recetas de los Trump, Bolsonaro y Boris Jhonson, que se negaron a establecer cuarentenas totales y aplicar test masivos para resguardar a la población de los contagios. Las cuarentenas flexibles han sido el resultado tanto de la presión de las masas, por un lado, y de alcaldes, gobernadores e intendentes que han agrietado aún más la crisis política, contradiciendo el discurso de “unidad nacional” para enfrentar la crisis, por otro. Pero, además, resaltamos la enorme operación de rescate capitalista que se camufla detrás de la pandemia. Piñera ha puesto millones de dólares a disposición para créditos con intereses cero, y de la mano con legislaciones que barren con conquistas laborales, manteniendo a medio millón de trabajadores suspendidos y viviendo a costa de sus ahorros de cesantía. La burocracia sindical se ha limitado a su intervención parlamentaria, donde el PC y FA, tras aprobar las leyes de suspensiones laborales han llamado a los sindicatos a confiar en las mejoras que se puedan abrir legislativamente, pero en ningún caso han buscado una salida política protagonizada por los trabajadores de cara a la crisis. La CUT y Unidad Social se adaptan a las políticas del Gobierno y rechazan la movilización popular creciente que se desarrolla al margen de ellos en nombre del distanciamiento social. Concluimos con la perspectiva de que la rebelión popular chilena sigue vigente, y augura un nuevo estallido social y la vigencia por la asamblea constituyente. La operación represiva del gobierno no logro desactivar la rebelión, y ha ido sumando enormes luchas populares en Santiago, Antofagasta, Mejillones y distintos lugares del país, para exigir la cuarentena y en rechazo a las políticas laborales de miseria. Las asambleas populares no han cesado actividades en medio de la pandemia, y las mismas necesidades plantean la construcción de comités de resistencia obreros y populares, ollas comunes, juntas de abastecimiento de alimentos ante la inflación y control de precios ante la especulación y la negativa de fijar precios. La carestía de la vida ha aumentado en un 4%, el desempleo llega al 10% y los bonos de emergencia no superan siquiera la mísera línea de la pobreza. La respuesta de la clase obrera por la cuarentena total financiada por el gran capital bajo control obrero, no puede esperar. El reclamo por el Fuera Piñera y su régimen, y una asamblea constituyente libre, soberana y con poder, cobran más sentido que nunca ya que la normalidad a la que Piñera y los capitalistas nos empujan, hacen incompatible la permanencia del gobierno con la salud y vida de la población, lo que exige una reorganización social bajo control de las y los trabajadores.

Un agrupamiento de 200 feministas ha circulado el viernes una solicitada a favor de la propuesta de reestructuración de la deuda del gobierno de Fernández. La misma se suma al texto de respaldo de los economistas; es decir, en un sentido más amplio a una campaña de apoyo al plan de negociación del pago, que sin embargo debe ser correctamente interpretado: es un llamado a no caer en default, es decir arreglar con los bonistas a como sea. El escrito establece una línea de continuidad con el documento del 8 de marzo, donde todo el arco del feminismo firmante se colocaba a favor del pago, alegando una defensa de la soberanía, y advirtiendo que un default sería negativo para la situación social de las mujeres. Son los mismos argumentos que se repiten ahora, cuando dicen: "Nosotras resultamos aún más perjudicadas en épocas de crisis, porque pagamos con nuestros cuerpos y nuestro tiempo los agujeros que deja el Estado y el mercado (...). La femenización de la pobreza y la desocupación nos golpean con más fuerza que a los varones.” Los “cuerpos” de las mujeres son la ofrenda a los fondos internacionales, que han enviado un ultimátum al gobierno y a Guzmán. El acuerdo que reclama los bonistas para no forzar un default es un montón de plata que se confisca a Argentina y una cadena al cuello al Estado, que quedará bajo supervisión vigilada por dos décadas. Es el preludio al acuerdo con el FMI, con quien se viene manejando la negociación con los acreedores. El pago no prevé un mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras; nadie ha prometido, a cambio, “un plan Marshall” para asistir a la economía argentina. Es una política que se traduce en un ataque a la clase obrera en general, como sucede con el ya implementado recorte previsional y que podrá desenvolverse de la mano de reformas que corrompan las condiciones laborales y derechos conquistados. El feminismo ha descubierto un ala pro imperialista, no con ropaje ‘neoliberal’ sino ‘nacional y popular’. Las diferencias de clase en el movimiento de la mujer existen y son nítidas. Al margen de las políticas contingentes en las que se podrá traducir el pago a los bonistas - la posibilidad de un ajuste generalizado -, en un nivel más general, coloca al país a merced de las políticas del Fondo Monetario, en medio de un desplome financiero mundial. La solicitada publicada por las feministas las pone en la defensa de un acuerdo con el imperialismo y, por lo tanto, como una fracción del feminismo pro imperialista. La situación de las mujeres trabajadoras está y será cada vez más agravada. Al paso de las jubilaciones a un sistema de pensión a la vejez que somete a las adultas mayores a la pobreza y arrebata incluso su acceso a recursos esenciales, se suma el recorte de salarios que golpea doblemente a las mujeres cuyos sueldos son diferenciales por un porcentual aproximado del 20%, la creciente desocupación, etc. ¿Qué va a pasar con el reclamo pendiente de los jardines materno paternales en los lugares de trabajo, las licencias por violencia de género y la extensión de las licencias por maternidad y paternidad, la erradicación de la brecha salarial, cuando se avance a un acuerdo que se traduzca en una implementación de la reforma laboral y la violación de los convenios colectivos de trabajo ya existentes? ¿Los va a financiar BlackRock, el fondo padrino de Caputo? Si en el contexto actual tenemos todo un pliego reivindicativo de las mujeres que se encuentra pendiente, un acuerdo con los bonistas, forzosamente oneroso, de lo contrario no habría tantas presiones y crisis, y luego con el FMI no dejará atrás estos reclamos, sino que, además, vendrán por los que ya hemos conquistado. A esto tenemos que sumar el incremento de la violencia, dado que en situaciones de mayor pobreza - como sucede con el trabajo precario - la violencia al interior de la familia tiene su impacto en un recrudecimiento de la violencia de género y coarta cualquier posibilidad de mínima independencia económica para que la mujer pueda salir de esa situación. Este feminismo pretende erradicar la violencia contra la mujer dando cabida a la violencia nacional del imperialismo. La necesidad de una organización socialista de la mujer trabajadora queda en evidencia por esta diferenciación clasista en el movimiento pluriclasista de la mujer.

A menos de un mes del supuesto retorno a clases dispuesta en la resolución tomada por el rectorado los primeros días de abril, ha quedado en evidencia que el calendario impuesto ha sido una pantomima del rectorado. El propio ministro Trotta ha señalado que, por lo menos, hasta después del receso invernal no habrá vuelta a las aulas. Mientras tanto, la educación virtual naufraga en medio del congelamiento presupuestario y la consecuente ausencia de cualquier plan para darle viabilidad, a más de un mes de que ésta haya comenzado. La cursada semi presencial, de la forma dispuesta por las autoridades, había establecido desde un principio que cada facultad quedaría a libre albedrío en relación a si desarrollar o no clases en el formato virtual. En la práctica, esto se tradujo como la ausencia de un plan integral y, fundamentalmente, de recursos materiales para llevar a cabo la cursada. La situación de las facultades quedó a su suerte. En casos como Sociales y Filosofía y letras, apenas existen campus virtuales - docentes y estudiantes se las vienen arreglando por medio de la utilización de otras plataformas que corrientemente colapsan (Zoom, YouTube, teóricos escritos, foros de consulta, etc.) -; en facultades como FADU, la dificultad o imposibilidad de trasladar los contenidos a la virtualidad, no cuentan con ningún plan alternativo. En este contexto, el esfuerzo en contra de la "deserción" ha recaído en los docentes, ya de por si ultra precarizados y a los que no se les ha garantizado ninguna capacitación ni herramientas de trabajo. El anuncio del mes pasado sobre el corrimiento del calendario académico puede leerse como un aporte de la UBA a la política de levantamiento de la cuarentena, por parte del gobierno. Sin embargo, lo cierto es que dicha medida cae por sus propias contradicciones. Un retorno a la cursada presencial en las condiciones actuales puede convertir a las facultades en focos de contagio y diseminación del COVID-19, acrecentando la crisis nacional. La arbitrariedad de las autoridades pone de manifiesto la necesidad de un debate por parte de los estudiantes y los trabajadores de la educación a fin de garantizar la misma en el contexto actual. La pandemia potencia y pone sobre la mesa el vaciamiento en que se encuentra la UBA desde hace años: la ausencia de becas masivas para todos los estudiantes que las necesiten, las condiciones laborales leoninas de los docentes, la superpoblación por clase a causa de la ausencia de la cantidad necesaria de comisiones, la crisis edilicia, entre otros. La comunidad educativa debe defender la continuidad de la cuarentena para salvaguardar nuestras condiciones de salud, de la mano de la exigencia de un plan integral para el desenvolvimiento de la cursada virtual en esta etapa, que incluya la garantía de una de plataformas como un medio provisto por la universidad o las facultades para el dictado de clases, capacitaciones pagas, aumento y cláusula gatillo para docentes, salario para los ad honorem, debate conjunto con los estudiantes sobre los medios de evaluación, desdoblamiento de comisiones, de la mano de la incorporación masiva de docentes que puedan hacerse cargo de ellas y, principalmente, aumento inmediato del presupuesto universitario para llevar adelante este pliego reivindicativo. Esto es lo que hemos propuesto en la reunión abierta de la comisión directiva del centro de FFyL, en la asamblea de Veterinaria y en exactas, señalando la necesidad de convocar a que los estudiantes intervengan en esta etapa. Al rol antidemocrático que, una vez más, ha quedado expuesto por parte de las autoridades, tenemos que oponer la deliberación de estudiantes, docentes y no docentes ya no únicamente de cara a la pandemia sino sobre el carácter de la educación en general.

Un aporte acerca del debate en torno a cómo se plantea el derecho al aborto. En primer lugar, comparto la siguiente posición “el derecho al aborto no es solamente un derecho a la salud sino una reivindicación de la autonomía humana”. El planteo de la “autonomía de los cuerpos” no tiene el mismo sentido en un Estado burgués, que, ante un Estado obrero. Este punto acerca de la maternidad fue muy debatido en el decreto de legalización del aborto en la URSS. En 1920 en la Unión Soviética se lleva a cabo el decreto que permite el aborto legal, éste era visto como una medida de “emergencia” y como un problema de salud pública, nunca se planteó como un derecho reproductivo de la mujer. Nikolai Semashko, el comisario del Pueblo de Salud Pública, subrayó la necesidad de remarcar que el aborto no era un derecho individual y atentaba contra los interesas de la sociedad y el Estado, es decir lo colectivo y la “conveniencia estatal” debían tener prioridad sobre los “derechos individuales”. El decreto establecía que el aborto era un “mal” y que debían propiciarse agitaciones para impedir su práctica entre las trabajadoras. Esta era la posición oficial del gobierno soviético, sin embargo, hubo un debate importante en torno a las causas y la justificación de la legalización del aborto. El médico Ruso A. Rivkin publicó un folleto de 23 páginas titulado “Una mirada moderna sobre el aborto involuntario”, en el que argumentó que “solo por el hecho de que la mujer es capaz de dar a luz, el Estado no puede exigir que la mujer dé a luz, no la puede convertir en una máquina de hacer bebés”. La legalidad del aborto tropezó con múltiples problemas, desde la falta de hospitales, incluyendo la falta de profesionales para llevar adelante la práctica, por ello muchas mujeres seguían recurriendo a las babki (parteras) con consecuencias perjudiciales para la salud. En 1924, el 53 por ciento de los abortos se realizaban fuera de los hospitales, sin embargo, progresivamente se disminuyó al 10 por ciento en 1932 y el aborto fue saliendo de la clandestinidad. Los bolcheviques entendían que el aborto solo desaparecería cuando Rusia dispusiera de una red de instituciones que protegieran la maternidad y socializaran el cuidado y la educación de los niños. La legislación burguesa sin embargo había luchado y luchaba contra los abortos con las medidas punitivas más severas contra las mujeres. Las políticas libertarias hacia la mujer no se expresaron en la definición acerca de la maternidad, vista como un “deber”, “una alegría”, las concepciones acerca los derechos reproductivos estaban escasamente desarrollados. Fue mucho después que se incorporó al debate la idea de la anticoncepción. La idea del aborto como un derecho de las mujeres cobra importancia tras el ascenso de Stalin, la exaltación de la tradición y la familia y con la prohibición del decreto en 1936. Frente a esta situación Trotsky escribía: […] Justamente por eso, el poder revolucionario ha dado a la mujer el derecho al aborto, uno de sus derechos cívicos, políticos y culturales esenciales mientras duren la miseria y la opresión familiar, digan lo que digan los eunucos y las solteronas de uno y otro sexo.[…] (“La revolución traicionada” 1936 VII La familia, la juventud, la cultura. Termidor en el hogar). La Revolución de Octubre había desencadenado un proceso de libertad para las mujeres. Tras el ascenso de Stalin, las tradiciones previas a Octubre volvían con más fuerzas y de carácter reaccionario y punitivo. La concepción del derecho al aborto debe ser enmarcada en la situación y contexto político en el que se encuentre. Trotsky sostenía: “El aborto es un derecho cívico, político y cultural esencial mientras duren la miseria y la opresión. ¿Qué sucede con el aborto en el contexto actual de crisis capitalista? “Mujeres vs Estado” El estado actual de la situación nos encuentra con un escenario muy diferente a la Rusia del 20 dónde gran parte de la legislación bolchevique apuntó a las libertades de la mujer en torno a la igualdad civil, el divorcio, la protección del trabajo, incluyendo el aborto en camino hacia una emancipación real, proceso que fue truncado ante el ascenso de Stalin. No podemos ser anacrónicas en los planteos. Hoy, la exigencia del aborto como un derecho de la autonomía humana cobra importancia, así como el derecho a la maternidad. Estamos frente a un Estado burgués, que impone la maternidad forzada y al mismo tiempo, no garantiza el derecho a la maternidad, es bajo esta contradicción que tenemos que pensar nuestro abordaje. Ante un Estado capitalista que empuja, a las mujeres a abortar, así como también las empuja a continuar con una maternidad forzada, por eso la idea de autonomía cobra importancia. Esto no se reduce a una “cierta libertad”, ya que estamos frente a la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones en relación con su propio cuerpo, entendido como un “bien social”. La concepción del derecho tiene su especificidad: se lo relaciona a un ámbito específico de la totalidad social y contexto económico, político en el que se encuentra, sin este abordaje no existiría como tal, sería superfluo. El aborto legal es progresivo y tiene, con relación a los derechos, un carácter emancipatorio. Representa la capacidad de tomar una decisión autónoma sobre la propia vida sexual dentro del contexto social, es decir, esa decisión pasa a ser de la mujer, no del Estado, se le quita la potestad al Estado, un Estado Capitalista, esto no es menor, no es de ninguna manera liberal y mucho menos abstracto, es concreto. Esta concepción no anula, de ninguna manera, los múltiples factores que llevan a una mujer a abortar, uno de ellos por supuesto, ligado a las condiciones materiales. La trasformación de las condiciones materiales es la terea que nos damos las socialistas en nuestra intervención cotidiana, no tenemos “una política de la mujer” que sea desprendida de la lucha de clases, en este sentido el derecho al aborto es parte de la agenda junto con todas las reivindicaciones obreras. Para que todo derecho se convierta en verdaderas realidades hay que luchar por un gobierno de trabajadores.

La evidente crispación de Alberto Fernández al comenzar la conferencia de prensa donde anunció la cuarta fase de la cuarentena es casi una síntesis de la situación política que se inaugura con dos hechos -la contradictoria "extensión" del aislamiento, de un lado, y el tramo final de las negociaciones de la deuda con legislación extranjera, del otro. Fernández anunció la nueva etapa del aislamiento, supuestamente más flexible, en el mismo momento que el número de infectados alcanzaba un récord de 240 casos por día. El epicentro de los contagios se encuentra en los distritos de los dos gobernadores que lo rodearon, el macrista Larreta y el cristinista Kicillof. El nerviosismo y las amenazas de Fernández hacia quienes "quieren torcerme el brazo" pareció una escena repetida de las experiencias constitucionales de las últimas décadas, cuando la capacidad de arbitraje de un gobierno -y particularmente de aquellos pretendidamente "democráticos" o "nacionales"- era doblegada por la presión de la gran burguesía local e internacional. Durante la semana que pasó, arreciaron las reuniones y documentos de la gran patronal -AEA, Cámara de Comercio, UIA- exigiendo la apertura del aislamiento. Fernández-Larreta-Kicillof han actuado bajo este mandato, pero sin que la situación sanitaria muestre alguna evidencia de que el coronavirus haya iniciado un retroceso en la zona caliente de Capital y el conurbano. En estos mismos días, el progreso del virus es intenso en la villa 31 y en la del bajo Flores, y tampoco hay evidencia de que la epidemia retroceda en los grandes distritos del Gran Buenos Aires. Con esta mochila sobre sus espaldas, y con el mandato brutal de los capitalistas, el trío F-L-K anunció la apertura de las fábricas en el Gran Buenos Aires, y de buena parte del comercio en la CABA. El presidente se jactó de la "peculiaridad" de la experiencia argentina, por el bajo ritmo de contagios. No se percató, sin embargo, que en la apertura apresurada estaba siguiendo el camino de las más graves situaciones internacionales de propagación de la pandemia. La "apertura" ya está provocando estragos en Italia, Estados Unidos y, más cerca, en Chile, donde Piñera se encuentra con un nuevo pico de contagio en cada comuna que decide "abrir". Fernández y los gobernadores volvieron a mostrar curvas y estadísticas, pero fueron mucho menos claros y convincentes a la hora de exponer evidencias concretas de un reforzamiento sanitario. Los testeos, por otra parte, distan de ser masivos. Kicillof anticipó que la apertura bonaerense se concentrará en el plano fabril, pero reconoció que los protocolos sanitarios deberán verificarse en cada caso. La "flexibilización" se ha lanzado, por lo tanto, antes de constatarse su viabilidad. La deuda Fernández respondió con una evasiva -"me ocuparé mañana"- a la pregunta del periodista Gabriel Sued sobre las tratativas sobre la deuda con legislación extranjera. A la hora de la conferencia, ya era conocido que más del 80% de los titulares de esa deuda habían rechazado la oferta oficial. Las declaraciones de Guzmán -"seguimos negociando"- el día del supuesto "plazo límite", anticipa una posible contraoferta con mayores concesiones a los acreedores, sin certeza alguna respecto de alguna aceptación. Los bonistas no están sólo en un regateo de plazos, intereses o capital. Exigen un planteo económico que ofrezca garantías de pago futuro, lo que conlleva, no sólo un ajuste fiscal brutal sino principalmente una reforma previsional de mayor alcance. Para refrendar este camino, los mismos que exigen el levantamiento de la cuarentena" han inundado los medios con "solicitadas de apoyo a la oferta argentina". En realidad, es un apoyo a un acuerdo del gobierno con el capital internacional y el imperialismo, en pos de una reestructuración social reaccionaria. El desenlace de esta otra "cuarentena" -la del conflicto con los bonistas- expone al gobierno ante la variante de una gran capitulación, de un lado, o de un default que, desde el punto de vista de los intereses nacionales, no ha preparado de ningún modo. Una nueva etapa Fernández anticipó que la nueva flexibilización del aislamiento "puede retrotraerse en cualquier momento". Es una confesión sobre el carácter improvisado e incierto de las medidas adoptadas. En cambio, es mucho más claro que para los trabajadores y todos los explotados, se abre una nueva fase de intervención. El regreso obligado de miles de obreros a las fábricas abre una enorme lucha por las condiciones laborales, sanitarias y salariales. Es un regreso parcial y condicionado, por otra parte, por el derrumbe industrial y, por lo tanto, las suspensiones. Las patronales pretenden hacer de ello un escenario de ajustes y pérdidas de conquistas. Es necesario enfrentar lo que se viene con un programa –protocolos laborales redactados por los trabajadores, 100% del salario para activos y suspendidos; vigencia de las paritarias, ningún despido. Muy pronto, la crisis de la deuda obligará a enlazar esta lucha elemental con un planteo estratégico frente al desenlace de la crisis de deuda, que exige su desconocimiento y medidas urgentes para impedir la sangría nacional– nacionalización de la banca, control obrero de la gran industria.

En casi todo el mundo, los gobiernos parecen haberse concertado en ir desmantelando las diversas modalidades de cuarentenas o encierros que han estado aplicando ante la irrupción del Covid-19. Es posible que Brasil sea la excepción a la regla, ya que parece querer recorrer el camino inverso, aunque con un éxito escaso. Tanto en Brasil como en Estados Unidos, y en menor medida en Chile o Uruguay, la fuerte resistencia del Estado a imponer un “lockdown” ha desatado crisis políticas severas, al punto que los medios de comunicación especulan con la caída de sus gobiernos. La “nueva normalidad” No existen, sin embargo, datos objetivos que justifiquen el pasaje a lo que algunos han dado en llamar la “nueva normalidad”. En la conferencia de prensa que convocó el viernes pasado, acompañado de sus dos espadas político-sanitarias, Kicillof y Rodríguez Larreta, Alberto Fernández se topó con la noticia de que el número diario de infectados había pegado un salto. Como la detección de la enfermedad ocurre en torno a las dos semanas posteriores a la incubación del virus, el dato parece señalar el reinicio de una curva ascendente de la cifra de contagiados. Aun así, el trío anunció la apertura de comercios en la Ciudad y de industrias en el conurbano y en la Provincia en general. Dos semanas antes, otra conferencia de prensa de características similares había desembocado en una crisis, cuando tanto el intendente porteño como el gobernador bonaerense se distanciaron, junto a varios gobernadores, del anuncio del Presidente que prometía un mayor espacio de esparcimiento para la población enclaustrada. Lo que ocurrió en el medio es que la banca, la industria y el comercio advirtieron que lo que querían era el restablecimiento de la libertad de empresa, y no los paseos para los mayores de 60 o 70. Considerada a escala mundial, esta libertad comercial no encuentra fundamentos en el desarrollo que tiene la pandemia. Los países que han logrado un amesetamiento de la curva de contagios no alcanza los dedos de una mano. Incluso en ellos no se descarta un rebrote de infectados, algo que ya ocurre en Corea del Sur, el país al que se atribuye el mayor éxito en el abordaje de la pandemia. Los datos que los sanitaristas han recogido en Argentina son esencialmente inciertos, porque no corresponden a pruebas masivas de salud sino a la minoría que detecta síntomas de la enfermedad. Esto ocurre también en la mayor parte del mundo. Aunque Argentina no registra, al menos todavía, una crisis hospitalaria, ella es arrasadora en Brasil y en Estados Unidos, y en menor medida en el resto de los países. Los especialistas en estadística calculan el nivel de contagios en las tierras de Trump y Bolsonaro un 60% superior a las oficiales; en Brasil ese porcentaje se aplica al número de fallecidos, debido a que superan en ese porcentaje a los de los últimos años, lo que supone muchos de ellos no han sido catalogados como Covid-19. En un mundo donde la cárcel es la solución establecida para el conflicto social que se esconde detrás del delito, la situación de la población carcelaria se está haciendo más grave cada día, y está provocando rebeliones que son reprimidas con la mayor dureza por los regímenes políticos de distinto carácter. Salvo excepciones, el servicio privado de salud no colabora con la lucha contra la pandemia – en Brasil, de nuevo, algunos estados del país han comenzado a contratar, a precios elevados, una asistencia privada que, generalizada, quebraría los presupuestos públicos de salud. El cierre de escuelas ha provocado, no solamente en Argentina, un crecimiento del hambre infantil, como consecuencia de la privación de los desayunos y también almuerzos escolares. Donde esta crisis alimentaria es más manifiesta es en los Estados Unidos. La salida a la crisis por medio de una vacuna no se encuentra a la vista, de modo que la adopción de la “nueva normalidad” no encuentra base en una perspectiva optimista. Numerosos sanitarias han advertido que, de todos modos, las vacunas contra enfermedades respiratorias tienen un alcance breve en el tiempo y son difíciles de descubrir. Citan numerosas enfermedades endémicas de aparición en las últimas décadas que son tratadas en forma regular pero no tienen vacunas que las prevengan. La salida a la crisis desatada por el Covid-19 debe ser abordada en términos internacionales porque para el nuevo coronavirus las fronteras son una ficción, en especial con la reanudación de las actividades económicas principales que prevé la “nueva normalidad” - con sus cadenas de producción y el tránsito activo de personas que supone. Superada la barrera de tres millones de contagiados efectivos, con Estados Unidos y Brasil a la cabeza, la porosidad de la pandemia se hará más intensa, sin que se haya registrado ningún avance en términos de tratamiento y de atención sanitaria. Lejos de esto, se ha desarrollado una disputa cada vez más intensa por el acaparamiento de instrumentos de pruebas médicas y en especial de respiradores, que en el caso de estos últimos están alcanzando precios exorbitantes, además de provisiones defectuosas. Una nueva etapa La decisión de ‘abrir la economía’, como se dice en el lenguaje oficial, no está apoyada en ninguna preparación previa – es el resultado de la presión capitalista. El carácter interesado de esta ‘apertura’ se ve con mayor claridad en Estados Unidos, Brasil o Chile, cuyos gobiernos nunca aceptaron la política de “distanciamiento social”, porque afectaba el proceso capitalista. Se trata, precisamente, de los países que encabezan la difusión de los contagios. La masacre social que ha tenido lugar en el norte de Italia viene al caso, porque obedece a que es la zona industrial del país donde el confinamiento se aplicó tardíamente y bajo una intensa presión – no del capital sino de los trabajadores italianos. El trío sanitario que componen AF, RL y K no adoptó ninguna medida que sea conocida para organizar la ‘reapertura’ de la industria, ni tampoco tienen condiciones para hacerlo, porque ella supone una reglamentación excepcional del Estado en los lugares de trabajo bajo dominio del capital. No han sido capaces de promover la ‘reapertura’ positiva que habría significado reconvertir a una parte de la industria para producir respiradores, ni de poner bajo comando único a la salud privada, a costa de sus patronales. La tarea de las empresas medias y grandes de organizar un transporte propio para los obreros tiene categoría de recomendación y supone, entre otras cosas, un aumento de costos para las patronales, que hoy reciben subsidios gigantescos del Estado. Hasta ahora, la ausencia de los trabajadores de las fábricas había disminuido el protagonismo de la clase obrera en las alternativas políticas establecidas bajo la cuarentena. Con el retorno, incluso parcial, al trabajo, los antagonismos de clase se harán más transparentes – como ya lo demuestran los casos de Acindar, Fate o Pirelli. Antagonismos de clase en torno a la preservación de la salud y antagonismos de clase por las rebajas salariales, las suspensiones y los despidos. En el caso de los trabajadores de salud, duramente golpeados por las condiciones precarias de los hospitales e incluso las rebajas salariales, las manifestaciones públicas abiertas han crecido en frecuencia, al igual que en el caso de organizaciones barriales. El trío AF-RL-K sigue teniendo abiertos, además, los focos de las cárceles y las villas. La imagen inicial, o la presunción de algunos, de que la cuarentena ponía a todas las clases en el mismo terreno sometidas al rasero igualitario de un ataque sanitario, no solamente se ha disipado con el tiempo – la libertad de empresa pondrá en evidencia toda la amplitud del conflicto social y político que plantea la lucha contra la pandemia. Los subsidios que el gobierno ‘nacional y popular’ ha otorgado a las grandes empresas supera todo lo dado a la población sin trabajo o jubilados – es, de acuerdo a Clarín (3/5), de 150 mil millones de pesos, sin contar los créditos bancarios que tienen garantía del Estado nacional. El empobrecido Estado argentino paga los salarios de Arcor, Techint, Acindar, todo el grupo de grandes monopolios que exige que el gobierno se pliegue a los reclamos de los fondos internacionales en el tema de la deuda dolarizada bajo jurisdicción extranjera. Las patronales, como en el caso de Acindar Matanza y Fate, se niegan a pagar el sueldo completo de abril, mientras las paritarias no tienen fecha de reunión, a pesar de una inflación que se come el 50% de los salarios al año. El capital, una fuerza destructiva El Covid-19 cuestiona de nuevo la vigencia de la organización capitalista de la sociedad. Es que la pertinencia de una organización social está determinada por su capacidad para desarrollar las fuerzas de producción, o sea el intercambio con la naturaleza, para mejorar las condiciones de vida del individuo social. De otro modo, esa organización social se convertiría, de factor de desarrollo en un factor de destrucción. Lo que la humanidad está viviendo ahora es que en lugar de herramienta de protección social frente a una pandemia se ha convertido en lo contrario. En lugar de un instrumento que rescata a la sociedad de una agresión natural, el capitalismo reclama ser rescatado por esa sociedad de una bancarrota económica devastadora. En tanto los Estados han aportado migajas frente al flagelo del hambre, nada para la salud, nada para la atención médica; los bancos centrales y los Tesoros públicos han emitido más de u$s20 billones para rescatar fondos de inversión, bancos y grandes corporaciones – una cuarta parte del PBI mundial anual, en un par de semanas. No hay un peso para sacar a la Villa 31 o a las demás del hacinamiento, pero sí el equivalente al 25% de la riqueza nueva por año, para salvar a los General Motors o a los Boeing. Cualquiera puede comprender lo que veinte billones de dólares significarían para atender la salud de la población mundial. El virus capitalista ha consumido las vías respiratorias de la humanidad en una escala infinitamente superior a lo que el nuevo coronavirus ha hecho con el sistema respiratorio de las personas. De esto se trata toda la crisis actual de la humanidad. La emisión de decenas y decenas de billones de dólares a través de todo el mundo significa que el capital ha dejado de ser el pulmón financiero del Estado, y que el Estado es el pulmón financiero del capital. Los Estados acumulan déficits gigantescos y deudas enormes con los bancos centrales, para financiar el salvataje de las patronales. La organización capitalista de la sociedad ha neutralizado sus prodigios tecnológicos y científicos – que, bajo la presión del lucro, han sucumbido como factor de superación de una catástrofe epidemiológica. Las características mismas del salvataje capitalista conspiran contra la reactivación económica que vienen a producir. Antes de la pandemia, la economía capitalista se caracterizaba por un bajo rendimiento y tasas minúsculas de crecimiento, mientras acumulaba deudas equivalentes al 250% del PBI mundial. Con decenas de millones de despidos en todo el mundo, incluida China, y con una suba extraordinaria del endeudamiento, tanto del Estado como de las corporaciones (supera el 300% del PBI mundial), la depresión económica luce más cercana que la reactivación. La descomposición del capitalismo se hace más patente cuando más tiene que enfrentar la prueba histórica de sacar a la humanidad de una pandemia. Los descomunales recursos acumulados por la sociedad muestran toda su impotencia en las condiciones de organización capitalista de esa sociedad. Un rescate ‘populista’ El despilfarro capitalista se manifiesta en toda su potencia en Argentina. Más allá de los subsidios gigantescos ya señalados, la Argentina de la pobreza ha salido también al rescate de las petroleras, entre las cuales se encuentran las que Alberto Fernández calificó de “miserables”, es decir golpistas. Es así que ha salido a garantizar un precio de 45 dólares el barril, que se cotiza afuera a 20-25. La ‘apertura económica’ es frenada desde adentro del sistema por este costo adicional, que deja fuera de competencia a los usuarios industriales o agrarios de combustibles. El pretexto es salvar lo insalvable – Vaca Muerta, que necesita un precio internacional duradero de más de 50 dólares, que nadie ve posible. Las grandes empresas de servicios tecnológicos se retiraron del área hace más de un año, de modo que el subsidio a las petroleras son fondos perdidos. El gobierno ‘nacional y popular’ agrava la crisis de la economía que quiere reactivar. Por otro lado, está la deuda externa, que el gobierno no ha dejado de pagar en ningún momento mientras preparaba la renegociación. Cerca de u$s 5 mil millones tirados al pozo ciego de los fondos internacionales. La multitud de apoyos que ha recibido el gobierno y el ministro Guzmán en los últimos días son un signo definitivo de que ha decidido tirar la toalla y aceptar las exigencias extranjeras. Porque el apoyo de las feministas K o progres, de los economistas, incluso liberales, de la UIA y de la CGT, llevan un único mensaje: ‘default, no’ - “te apoyo para que arregles con los buitres”. Lo que los ‘bonistas’ quieren es muy sencillo: un arreglo que asegure que la cotización de la deuda en cuestión, después de un canje, valga alrededor del doble del precio actual. Los buitres internacionales quieren vender de inmediato la deuda de Argentina, deshacerse de ella, porque las condiciones financieras mundiales y del país son horribles. Quieren vender a 60 o 70 dólares lo que hoy cotiza a 30 o 35 – para eso quieren otra oferta y el respaldo del FMI. El agitador financiero, Prat Gay, lobista declarado de los bancos norteamericanos, ya anticipó que un respaldo del FMI subía de diez a quince dólares la cotización de la deuda en discusión. Lo que el rescatista de los bancos en 2002/3 y el agente de los buitres en 2015/6 no aclara es que el FMI significa un ajuste mucho más violento que el que los Fernández están aplicando ya contra los jubilados, precisamente por un acuerdo con el FMI. En medio de la pandemia, de la baja de salarios, de suspensiones y despidos, de subsidios a las patronales, aceptar el planteo de los ‘bonistas’ (con tenedores locales de deuda), convertiría una sangría extraordinaria, como lo es la oferta de Argentina, en una intolerable. En una u otra variante desatará una crisis política. Todo esto se desarrolla, insistimos, en medio de una pandemia que crece y la decisión de ‘reabrir la economía’, con el riesgo que significa para los obreros y para toda la población que se moviliza con los mismos sistemas agotados de transporte y los mismos escasos espacios públicos. Socialismo o barbarie El capital necesita ‘reabrir’ la economía porque su substancia es la explotación de la fuerza de trabajo. No podrá ni querrá hacerlo en forma total, en un afán por ‘administrar’ las reincorporaciones para controlar las condiciones de ellas y para contener un estallido social. Las patronales y el gobierno invocarán a la pandemia como un pretexto para proceder a un ajuste negativo de las condiciones laborales. Para encarar una lucha encarnizada en defensa de las conquistas y derechos, y en defensa de la salud y la vida, es necesario cuestionar las premisas de los planes patronales y de los gobiernos y Estados. Si la estrategia mundial de la burguesía es rescatar al capital y no el trabajo y la salud, esto significa que el capital no es la solución sino el problema; que la organización social capitalista es antagónica a una salida a la pandemia y a la amenaza de la vida cotidiana de las mayorías. Si el Estado se considera con el derecho a emitir miles de millones del dinero que sea para salvar el capital, a costa de la fuerza de trabajo, se puede hacer lo mismo para salvar a la fuerza de trabajo, a costa del capital. Hay una salida: nacionalizar a la gran industria, la banca y el comercio, y especialmente la salud, en condiciones de pandemia, bajo control de los trabajadores, para que la clase obrera determine las condiciones de su trabajo en función de la vida y de la salud, y de las prioridades económicas de las mayorías. El Estado puede abrir un crédito general a la producción bajo la dirección obrera, sin necesidad de pagar sobrecostos y lucros, y menos todavía intereses usurarios. Que el Estado, como está ocurriendo, se endeude con los bancos para subsidiar los costos y lucros de las patronales industriales, es un descomunal despilfarro económico, cuando un sistema bancario nacionalizado y único podría hacer lo mismo sin pasar por el aumento de la deuda pública a favor de los banqueros. La emisión de moneda para subsidiar al capital es inflacionaria, porque implica una serie de intermediaciones, incluida la emisión de dinero bancario, lucros, comisiones e intereses; no es lo mismo con un sistema integrado de la industria y los bancos bajo dirección del Estado y el control obrero, supervisada por una contabilidad de los costos de cada fase de la producción. La importancia de un planteo de conjunto o estratégico de la clase obrera reside en que quiebra las premisas del ‘ajuste’ y del sacrificio de vidas, y legitima los reclamos inmediatos de los trabajadores – salarios, distanciamiento social, derecho al trabajo, movilidad jubilatoria, reconversión de la industria para satisfacer los requerimientos sanitarios y adquirir todo lo necesario para contener la pandemia y para salvar vidas. Es un planteo de conjunto y una estrategia que tiene un alcance internacional y debería unificar la lucha de todos los trabajadores del mundo. Una vanguardia obrera El sometimiento de la burocracia de los sindicatos a los planes anti-sanitario y anti-obreros del gobierno y el capital, estaba descontado, pero no tiene parangón en la historia de traiciones que la caracteriza. En todos los frentes de lucha que se han desarrollado bajo la pandemia y el desplome económico está presente una nueva generación y una nueva ‘primer línea’ de luchadores. Los trabajadores de la salud y los docentes, Penta, BedTime, Acindar, Fate, el Sutna, los movimientos barriales independientes han marcado los latidos de los explotados en estos dos meses. La crisis histórica asociada con la irrupción de la pandemia (porque no se trata de una crisis determinada por la pandemia), que confronta el antagonismo definitivo de la sociedad de clases, viene asociada a un sujeto obrero, a un sujeto de lucha, que asumirá, a través de la experiencia, a través de crisis, a través de luchas, el protagonismo que la historia reserva al proletariado mundial. La nueva etapa de la crisis en que hemos ingresado plantea todos estos desafíos – y muchos más.

Durante la jornada del 8 de mayo en Mar del Plata, en el marco del #YoNoReparto a nivel nacional, los repartidores de apps generaron un paro con caravana y una concentración final en la municipalidad, por el aumento del 100% de la tarifa base y kilómetro, por condiciones y elementos de higiene, por justicia por los compañeros Emma y Franco y en contra de la represión en Córdoba. También, extendieron su solidaridad con los trabajadores de España, que enfrentan una baja en la tarifa hasta de un 60%, y de Perú, que los han dejado sin trabajo al desactivar las aplicaciones. Los sucesivos paros que se dieron en el año, han logrado presionar a las empresas logrando arrancar bonificaciones del 80% hasta por tres semanas. En el marco del pacto de la CGT con la Unión Industrial, que recorta el sueldo de trabajadores, sumado a los masivos despidos y suspensiones durante la cuarentena, los repartidores entienden que la única solidaridad con la que pueden contar es con la de sus compañeros de trabajo. Frente a la desprotección que sufren en sus puestos laborales, han consolidado lazos de solidaridad, reflejados en el acompañamiento que ofrecen a sus compañeros víctimas de accidentes de tránsito y robos, como en la iniciativa de repartir viandas a la gente en situación de calle. Ellos son conscientes que ante la precarización ofrecida por las empresas y avalada por el gobierno, la esperanza está en su lucha. Por un programa de los repartidores Con respecto a su remuneración, la tarifa básica no aumenta hace dos años, mientras el kilómetro solo aumentó $4 (pasando de $9 a $13 por kilómetro), luego de grandes jornadas de lucha. Paralelamente, el precio de la nafta se ha duplicado, convirtiendo este insignificante aumento, al fin y al cabo, en un recorte salarial. La canasta familiar no para de incrementarse, mientras la tarifa básica sigue estancada, sin ningún tipo de aumento frente a la fuerte inflación que golpea el costo de vida de cada trabajador. La necesidad de aumentar las horas de trabajo, potencia las posibilidades de accidentes de tránsito, mientras que los trabajadores no cuentan con ningún tipo de cobertura de su medio de transporte y mucho menos cobertura de salud o seguro de vida. Estas problemáticas que envuelven al trabajo que llevan adelante los repartidores, de por sí convierte esta actividad en un trabajo de riesgo. El desarrollo de la pandemia, agrava todas estas problemáticas, ya que no cuentan con los elementos de higiene necesarios para, por un lado, evitar el contagio, y por otro, no ser transportadores del virus. Luego del Paro Internacional del 23 de abril (Ver Política Obrera, 25/04), las empresas proveen a los trabajadores de un barbijo, un par de guantes descartables y un alcohol en gel por semana, que en la práctica es totalmente deficiente. Es necesario que los trabajadores discutan un protocolo de higiene en asamblea, que cubra realmente sus necesidades y se lo impongan a las empresas. En ésta actividad, se factura de manera ficticia, y los registran como monotributistas, para disimular la relación de dependencia existente con las empresas. Mientras, el gobierno ofrece una reglamentación trucha que no toca el problema principal: los repartidores en su condición de autónomos quedan por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. La falta de reglamentación formal para los “riders” es la problemática que envuelve sus reclamos. En relación al salario, no pueden disputar en paritarias su remuneración, ni pueden imponer una tarifa básica; la empresa despide con total impunidad (tal como viene pasando con trabajadores que se organizaron para reclamar) con la facilidad de desactivar la aplicación. Es necesario el debate por la formalidad del trabajo, dentro del colectivo de repartidores de apps. La lucha por la reglamentación de su trabajo debe estar ligada a una lucha integral, que ponga de manifiesto sus derechos; protocolo de higiene, salario mínimo indexado a la inflación, derecho a paritarias, reparto de horas por demanda sin recorte salarial bajo una jornada estipulada que no supere las 8 hs., licencias por robo o accidentes, obra social, aguinaldo, ART, vacaciones e indemnizaciones por despido. Apoyamos la lucha de los repartidores de apps, que deja de relieve que la manera de conseguir sus reivindicaciones es a través de la discusión en asambleas y la lucha organizada de manera independiente del Estado.

En Almagro se produjeron este fin de semana actos fascistas contra la Casa “Teresa Israel” del Partido Comunista, el mural sobre los desaparecidos del Normal 7, sus baldosas por la memoria y un intento de incendio del local del PO oficial del mismo barrio. En el polideportivo del Normal 7, sus murales artísticos, que homenajean a las compañeras secuestradas por el terrorismo de estado -Liliana Aimetta, Silvia Gallina, Mónica Teszkiewicz, Susana Silver, María Delia Leiva, Teresa Israel y Dora Falco- amanecieron con sus nombres tachados y grafitteados, e insultos hacia los “zurdos”. En una pared de la comunidad educativa del secundario, que lleva el lema “en defensa de la educación pública”, también pintaron encima las palabras “zurdos”. Finalmente, las “baldosas por la memoria” del Normal 7, con los nombres de las detenidas-desaparecidas del instituto, aparecieron todas tapadas con pintura negra. En la Casa Teresa Israel -que lleva el nombre por homenaje a la abogada de la Liga por los Derechos del Hombre, militante del PC, desaparecida bajo la dictadura- pintaron en su pared el nombre del dictador argentino, Videla. En la misma zona, los fachos intentaron quemar el local del Partido Obrero (oficial) de Almagro y destrozaron su vidriera. Los vandalismos fueron realizados con total impunidad, en plena vigencia de la cuarentena coactiva - ¿una zona liberada? Es necesario que concertemos una respuesta a estos ataques y una organización permanente de partidos, centros de estudiantes y organismos de derechos humanos en el barrio.

Los obreros ceramistas de Cerro Negro, Olavarría llevaron adelante un gigantesco corte de ruta, precedido de una asamblea informativa. El secretario general de Soeco Pedro Garay, el secretario gremial Gustavo Bustamante y Juan Sánchez de la Casa del Trabajador, estuvieron a cargo de transmitir el petitorio que entregarían a la patronal. El conflicto de Cerro Negro trascendió mediáticamente hace un mes, cuando en medio de la cuarentena los trabajadores se vieron afectados con una drástica disminución salarial del 70%, a pesar de no haber interrumpido la producción. Los trabajadores recibieron en las “últimas horas el pago de $5.000 como salario, un porcentaje significativamente menor a la suma que debían percibir, esto, más la falta de acuerdo en audiencias anteriores hizo que aumentaran la tensión y las expectativas por el futuro laboral” (El Popular). El día 9, los operarios se movilizaron a las puertas del municipio, sin respuestas favorables, lo que llevó a la medida de fuerza del día de este lunes. El despliegue del corte se hizo sentir en las ciudades aledañas, denotando el éxito de la muestra de fuerzas. En el centro de la provincia de Buenos Aires el sistemático golpe a los ceramistas se hace sentir, y estos han tomado la iniciativa. En Tandil resiste la lucha de Loimar, contra los despidos y el abandono estatal. Algo similar pasa en la ciudad de Azul con los trabajadores de la Cerámica Valle Viejo, donde la complicidad del Jefe Comunal con la patronal esconde un trasfondo de negociados. Los trabajadores de Valle Viejo se encuentran hace casi un año sin cobrar su salario, y siguen en relación de dependencia con la firma del millonario Colombo. Por su parte, en la Cerámica San Lorenzo (Azul), se está aplicando una rebaja salarial de un 40%, y al igual que en Cerro Negro, la puja entre la patronal y el estado, para que este último pague el 50% de los salarios, pone de rehenes a los trabajadores víctimas de extorciones duales. La pretensión de las patronales en medio de esta disputa es arrasar con las conquistas históricas de los trabajadores, trasladando su propia crisis a los hombros de las familias obreras. El “histórico” acuerdo alcanzado entre Fernández, la UIA y la CGT, se traslada abiertamente en esta política de rebajas salariales, y suspensiones. Vamos por la victoria de los obreros de Cerro Negro y de todas las luchas en curso.

El pasado viernes 8 se realizó una asamblea con cese de actividades en las instalaciones del supermercado, convocada por el cuerpo de delegados, con una masiva concurrencia de compañeros y compañeras de todos los sectores. Fue la respuesta a la dilación de la patronal en atender al petitorio presentado hace más de 30 días, por un conjunto de cuerpos de delegados de los locales Walmart, Changomas y Punto Mayorista, a nivel nacional. Reclamábamos un bono de $20.000, reducción de la jornada a 6 horas manteniendo el salario, descuento del 20% en la compra para el personal. Las y los trabajadores de supermercados fuimos obligados a trabajar desde el primer momento de la cuarentena por ser considerado un rubro esencial, facturando alimentos, artículos de higiene, limpieza, bebidas con y sin alcohol. Walmart aumentó sus ventas un 24% con respecto al año anterior, en parte porque no tiene la competencia de los comercios de productos electrónicos, deportivos, indumentaria y bazar, que aún siguen cerrados, en los comercios del ramo. Los elementos de protección y medidas de higiene fueron obtenidos mediante el reclamo y la lucha. Esta es la única forma de cuidar nuestra salud, la de la familia y de las personas que ingresan al supermercado, ante la negligencia de las patronales, que no quieren agregar costos, sin importar la gravedad del riesgo al que somos expuestos. El sindicato no intervino en nuestro pedido. Lo último que negoció con las patronales fue el bono, por actividad esencial, unos insuficientes $5.000, y hasta el momento continuamos sin escuchar nada acerca de las paritarias. Al petitorio elevado en la asamblea se agregó el reclamo de limitar el número de clientes que ingresan y la denuncia a un representante de la empresa que responde de forma agresiva y violenta al cuerpo de delegados al momento que se intenta cuidar la salud de trabajadores y clientes. También surgió la idea de que la empresa coloque personal externo que recorra el piso de ventas, para controlar que los compradores respeten las medidas preventivas, tarea que viene realizando el cuerpo de delegados sumada al control de ingreso de clientes junto a personal de seguridad. La patronal aparenta haber oído nuestros reclamos, preocupada por la demostración de organización y unidad de las y los trabajadores. Si no hay respuesta satisfactoria en 72 horas, se resolvió continuar con las medidas de lucha.

El fascista Bolsonaro califica al “distanciamiento social” como “comunismo”. La crisis sanitaria en Brasil ha alcanzado niveles extraordinarios, precisamente por la oposición del Ejecutivo a implementar una cuarentena o ‘lockdown’. Los contagios superan las cien mil personas, aunque se evalúa, junto a los 10 mil fallecidos, que serían un 60% más. A esto se suma la crisis económica: el real se ha devaluado de 3.80 a 5.90 por dólar, en menos de dos meses, como consecuencia de una furiosa salida de capitales, alentada por el propio gobierno, que ha bajado la tasa de interés a un 3% anual, en un país que la tuvo a dos dígitos durante década. San Pablo, el corazón industrial y financiero de Brasil, es el foco nacional de la pandemia con 39.928 infectados y 3.206 fallecidos. En Río de Janeiro, el gobernador Wilson Witzel admitió el colapso del sistema sanitario. “La Covid-19 ya causó el colapso del sistema sanitario en Río de Janeiro, el segundo estado brasileño más afectado por la pandemia, donde los hospitales padecen por falta de equipos y escasez de personal, a la vez que sus pasillos están copados de pacientes a la espera de atención” (Telam, 8/5). La situación en la región de amazonas y en el nordeste es catastrófica también. El 3 de mayo la Universidad de São Paulo publicó un estudio en el que se calcula que los casos brasileños desde el comienzo de la epidemia podrían alcanzar la apabullante cifra de 1.6 millones, la más alta en el mundo. Según el doctor Domingo Alves, del Laboratorio de Inteligencia de la Salud de la Escuela de Medicina de la USP, “Brasil es ya el epicentro mundial del coronavirus”. El director de The Lancet, la revista científica de mayor prestigio en el mundo, escribió que Bolsonaro es la “mayor amenaza” para la lucha contra el coronavirus en Brasil, y estima que llegará 2 millones de contagios y el mayor índice de transmisión del mundo (2,81). También el mayor contagio entre trabajadores de salud. Los trabajadores de servicios esenciales, como médicos, enfermeras, petroleros, trabajadores del metro y trabajadores de aplicaciones, etc., se manifestaron el viernes en São Paulo. Los gobernadores de SP y RJ discuten un “lockdown” completo. Legislativo y Judicial En medio de la crisis, Bolsonaro intenta salir hacia adelante, intentando un incremento imposible de poder personal. Las salidas de Mandetta, el ministro de Salud, por apoyar una cuarentena, y el de Sergio Moro, el juez del Lava Jato, que contribuyó a la caída de Dilma Roussef y fabricó la condena judicial de Lula, pusieron al desnudo una crisis política enorme. Moro tuvo que irse ante el intento de Bolsonaro de controlar la policía federal y en especial la de Río, para proteger a las pandillas y milicias que dirige su hijo, sospechadas del asesinato de la luchadora Marielle Franco. La salida de Moro supone una bajada de pulgar del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque todavía no de Trump, quien teme que el derrocamiento de su colega brasileños tenga un efecto de arrastre hacia el norte. La noticia de los últimos días es la inminente de renuncia del zar económico, el ministro Paulo Guedes, un agente de los fondos internacionales, a quien la pandemia le hundió el plan de ajuste que venía implementando. Los subsidios a las corporaciones capitalistas diseñados para enfrentar los costos de la crisis han superado el ‘ahorro’ de u$s200 mil millones que se esperaba, en diez años, de la “reforma previsional”. Las propuestas de juicio político a Messías Bolsonaro se multiplican en el Congreso, aunque muchos opinan que sería un proceso políticamente costoso que debiera ser superado por medio de un golpe de palacio de las Fuerzas Armadas. Mientras, el virus hace estragos y Brasil se convierte en el epicentro mundial de la pandemia, el jueves Bolsonaro junto a empresarios acólitos y ministros apeló a Dias Toffoli, presidente del Tribunal Supremo para pedir cancelar la autonomía de los gobernadores sobre la cuarentena. Guedes amenazó con que habría colapso económico y desabastecimiento. Bolsonaro anunció que vetará (sí, que vetará) el aumento salarial para todas las categorías de trabajadores públicos, incluidos aquellos que están e la “primera línea”, como enfermeras, médicos, investigadores y maestros. Maniobras El Financial Times dice que Bolsonaro no va a terminar su mandato. Muchos analistas advierten un caos político y social. Como último recurso le sugieren que llegue a un acuerdo con el Congreso. Rodrigo Maia, titular de Diputados, pretende manejar la situación junto al TSF (Tribunal Supremo). El centro del poder se ha desplazado a este eje parlamentario-judicial. Un juez del Supremo bloqueó el nombramiento del jefe de Policía designado por Bolsonaro, aunque la partida sigue abierta. Bolsonaro procura un salvavidas por medio de un acuerdo con el bloque parlamentario conocido como Centrao. Folha afirma que muchos del Centrão (que en total son 200 bancas) ya aceptaron cargos en organismos públicos y que el Presidente advirtió a sus ministros que van a tener que liberar vacantes en sus segundas y terceras líneas, para ofrecerlas al Centrao. El “Centrao” está poblado por legisladores que enfrentan procesos judiciales por el Lava Jato, cuya denuncia sirvió a Bolsonaro para llegar a la Presidencia. El primero de mayo se realizó un acto conjunto de la CUT y CTB (PT), que contó con la presencia de Lula, Dilma, la ex petista Marina Silva, el gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, el de San Pablo, Joao Dória, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre y Fernando Henrique Cardozo (PSDB). Una enorme unidad nacional alentada por el PT, que convirtió al día de los trabajadores en un evento “verde-amarelo”. El reclamo de los presentes fue la renuncia de Bolsonaro y la asunción de su vice, el general Mourao. El viernes, el Frente Povo Sem Medo y la UNE hicieron una jornada de “Fora Bolsonaro” por redes, sin tocar al vice. Al final del día los manifestantes colocaron una tela negra en las ventanas que simboliza el repudio de la política genocida de Bolsonaro, el repudio del golpe y el duelo por las víctimas de Covid19. Para una crisis que marcha a todo ritmo, las elecciones municipales de octubre próximos son un muy largo plazo. El desarrollo catastrófico de la pandemia, por un lado, y el del real, darán cuenta de la crisis política mucho antes.

Que los adultos mayores o trabajadores pasivos se han transformado en uno de los sectores más castigados por el capitalismo, lo ha venido a ratificar la pandemia, en particular, sobre en los geriátricos. “Los hogares de ancianos representan la parte más 'asombrosa' de las muertes en EE. UU.” –titula The Guardian, 11/5. “Los hogares de ancianos de EE. UU. se convirtieron en incubadoras del coronavirus. Los datos compilados en privado muestran que tales muertes ahora representan más de la mitad de todas las muertes en 14 estados, según la Kaiser Family Foundation. Solo 33 estados informan muertes relacionadas con hogares de ancianos” (ídem). El informe de The Guardian es escalofriante: “A pesar de las advertencias tempranas de que los hogares de ancianos eran vulnerables a Covid-19 … el gobierno federal apenas recién ahora comienza a recopilar datos nacionales. En Connecticut, 194 de 216 hogares de ancianos han tenido al menos un caso Covid-19. Casi la mitad de las muertes de Covid-19 en el estado, más de 1.200 personas, han sido de residentes de hogares de ancianos … En New Hampshire, el 72% de las muertes han sido residentes de hogares de ancianos”. “El especialista en enfermedades infecciosas Dr. Sunil Parikh, de la Escuela de Salud Pública de Yale en Connecticut, dijo que las pruebas limitadas y la falta de equipo de protección personal, como máscaras, obstaculizaron los esfuerzos para frenar la propagación de Covid-19 en hogares de cuidado”. “Los residentes de hogares de ancianos estuvieron entre los primeros casos conocidos de Covid-19 en los Estados Unidos. A mediados de febrero en los suburbios de Kirkland, Washington, 80 de 130 residentes en una instalación se enfermaron por una enfermedad respiratoria desconocida, identificada más tarde como Covid-19. Las estadísticas de Kirkland ahora parecen contar la historia nacional. De los 129 miembros del personal, visitantes y residentes que se enfermaron, todos menos uno de los 22 que murieron eran residentes mayores, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.” "Una cosa se destaca a medida que el virus se propaga por todo EE.UU.: los hogares de ancianos y otros centros de atención a largo plazo son la zona cero", escribió el Dr. Tom Frieden, ex jefe de los CDC# ya tempranamente el 8 de marzo. “Ese día, Frieden hizo un llamado a las autoridades federales para prohibir a los visitantes de hogares de ancianos. Las autoridades estadounidenses anunciaron nuevas medidas para proteger a los residentes varios días después. La investigación de los CDC sobre Kirkland se dio a conocer el 18 de marzo. Contenía otra advertencia: ´La morbilidad y mortalidad sustanciales podrían evitarse si todos los centros de atención a largo plazo toman medidas ahora para evitar la exposición de sus residentes a Covid-19´. No fue sino hasta el 19 de abril que el jefe de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid prometió rastrear todas las muertes en hogares de ancianos. Ese requisito entró en vigencia este viernes (8/5), pero todavía hay un período de gracia de dos semanas para el cumplimiento. Durante el período del 19 de abril al 8 de mayo, 13,000 personas murieron, según un análisis de NBC News”. Argentina no ha sido la excepción. Sólo en la CABA han saltado una decena de geriátricos con infecciones masivas que debieron cerrar y trasladar a los sobrevivientes. Las estadísticas no ofrecen un seguimiento de estas instituciones, en particular de aquellas con pacientes PAMI.

Si no se controlan los precios de los medicamentos “se producirán cientos de miles de muertes prevenibles y la desigualdad sanitaria entre los pobres empeorará” –dice desde Londres el Dr. Jacob Levi, coautor de un estudio publicado este mes en el Journal of Virus Eradication que analizó nueve de los medicamentos que se han identificado como posibles tratamientos para Covid-19 y se encuentran en varias etapas de ensayos clínicos a nivel mundial (The Guardian, 11/5). “El equipo de investigadores observó cuánto se vende cada uno de los medicamentos en los países donde los datos estaban disponibles” y “calcularon lo que podría costar una versión genérica de estos medicamentos”. El estudio compara los precios de venta de estos medicamentos en farmacias de EE.UU. y los países centrales, asiento de estas mismas empresas y llega a esta conclusión: “Los altos precios de los medicamentos podrían impedir el acceso a futuros tratamientos de coronavirus. La investigación muestra que medicamentos como el sofosbuvir, que se usa para tratar la hepatitis C, cuesta u$s 5 pero se vende por $ 18,61 en EE. UU.” (ídem). Mona Chalabi, corresponsal de The Guardian en New York dice que “Las compañías farmacéuticas a menudo defienden sus precios alegando que sus costos son increíblemente altos. Sin embargo, al calcular el precio de una versión genérica del medicamento, los investigadores tuvieron en cuenta los costos de exportación, los impuestos e incluso un margen de beneficio del 10%”. El Dr. Levi dice en la nota que aprovecharse de la necesidad de los enfermos “ha sido extremadamente común con medicamentos para enfermedades infecciosas en el pasado, como la hepatitis y el VIH, y no podemos permitir que suceda con medicamentos para Covid-19”. ¿No es entonces una cuestión de salud pública elemental proceder a la nacionalización de toda la industria farmacéutica y su puesta a producir bajo control obrero?

En el artículo “La pandemia de la virtualización forzosa”, publicado en Prensa Obrera (1/5), se pone de relieve una completa desorientación sobre la situación actual que se vive en la educación en particular y en la situación mundial en general. Las consecuencias de esta desorientación agravarán los problemas de los trabajadores de la educación y de los estudiantes, así como profundizarán una política de adaptación a las condiciones de existencia. El artículo plantea una oposición a la virtualización, pero no da alternativa ni a docentes ni estudiantes. En línea con lo que menciona la conducción del sindicato AGD-UBA, su rechazo estaría dirigido a una “virtualización forzosa”, no a la virtualización en sí. ¿Cuáles serían los indicadores del forzamiento? Por ejemplo, una reunión de cátedra semanal cuando, antes de la pandemia no existía, ¿es parte de la virtualización forzosa o es la necesidad de pensar alternativas pedagógicas en el ámbito de la educación universitaria? La realidad se desenvuelve dinámicamente, no se resuelve con fórmulas o planteos rimbombantes, como hace el artículo, que confunde a los trabajadores de la educación quienes reciben una orientación que desconcierta. Contradictoriamente, la misma herramienta que fue punta de lanza de la mercantilización de la educación, hoy emerge como medio para desarrollar clases o encuentros con los estudiantes de los más variados niveles. Esto es apreciado por una variedad de estudiantes y docentes que descubren en la educación virtual un instrumento para el encuentro educativo. Un cuestionamiento abstraído de esta realidad y del sentir de los docentes se vuelve vacío. Así se evidencia en el artículo, que llega a cuestionar el rol docente. Un cuestionamiento al docente…con los argumentos del Banco Mundial y UNESCO El autor del artículo de marras manifiesta su preocupación porque la educación virtual produciría un “…desacoplamiento de las relaciones entre docentes y estudiantes, y por consiguiente entre las actividades de enseñanza y las de aprendizaje, que definen el vínculo educativo”. Este supuesto desacople no se plantea para promover una alternativa en el contexto de cuarentena sino para criticar el recurso de la virtualidad. Sin plantear una alternativa ante las contradicciones del proceso que atravesamos, el artículo hace una extensa defensa de una educación centrada en el estudiante (“el diseño de las actividades de enseñanza debe estar centrado en los estudiantes...”). Esto es, según el autor, una noción “prácticamente incuestionable”. Esta afirmación avala todo el discurso que surgiera en la UNESCO a fines de la década del 60, impulsado por la “Comisión Delors”, y que se transformaría, desde mediados de los ´90, en el discurso de avanzada del Banco Mundial para el cuestionamiento al rol docente. Esto cobró forma en nuestro país a través de la ley de Educación del Kirchnerismo de 2006 y luego se expandió con la denominada “revolución educativa” del macrismo. Estamos ante los discursos de las políticas educativas que promueven la concepción de que el estudiante es el propio gestor de su aprendizaje y que existen tantos aprendizajes como individuos. Los docentes, por lo tanto, deben promover “el aprendizaje para todos” porque son “el principal factor que afecta el aprendizaje.” (ver Informe “Aprender”, Banco Mundial -2018-). Como se puede apreciar, también para el Banco Mundial la formación académica debe centrarse en el estudiante, no en la educación ni en el trabajo docente, ni en su profesionalidad, como tampoco en sus condiciones de vida. Los desafíos de la nueva etapa No queda claro si el secretario de AGD Exactas rechaza la educación virtual porque estaría implicando un “retroceso de un siglo a modalidades educativas obsoletas…” o simplemente porque es una virtualización “forzada”. Viendo con detenimiento esto, la confusión para caracterizar de conjunto el momento es el signo de la desorientación. La conducción de la AGD rechaza la “virtualización forzada”, pero no explicita cómo rechazarla en medio de la situación “forzada” de aislamiento y cuarentena que el grueso de los trabajadores defiende porque han entendido que de este aislamiento dependen sus vidas. Es inevitable preguntarse, entonces, cómo se establece el vínculo pedagógico o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo establecemos comunicación con los estudiantes? En el artículo en cuestión no hay la menor interrogación al respecto. A los trabajadores de la educación se nos presenta el desafío de organizar una salida, en conjunto con los estudiantes, frente a este contexto de quiebra generalizada que promueve la disolución del sistema dominante. En este contexto es que debe evaluarse la virtualización de las prácticas educativas. ¿Se plantea el cierre del ciclo lectivo y dejamos de lado el proceso educativo? O, por el contrario, ¿estructuramos a los trabajadores de la educación mediante un programa que establezca las condiciones de posibilidad para el desarrollo de nuestra actividad laboral? La educación virtual plantea serios desafíos que deberán ser abordados por los trabajadores de la educación. Asistimos a una crisis de características revolucionarias por la que debemos plantear qué estrategia y qué política tenemos que darnos frente a esto. Elaborar un programa ante la virtualización en educación que exija la instalación de un sistema a distancia que brinde las garantías necesarias para el desarrollo de las disciplinas, salario y obra social para todos los ad honorem, aumento de salario indexado por inflación, que se nos brinden los recursos indispensables para esta práctica y que el costo los asuma la patronal; que se nos brinde cursos sobre recomendaciones y seguridad para el trabajo en el hogar, que todo requerimiento de tutor para esta actividad sea en condiciones dignas de trabajo y remunerada, que se respete el CCT, que se realice un efectivo relevamiento entre los docentes y estudiantes para la disposición de licencias en los casos de salud o de condiciones de vivienda que dificulten el desarrollo del teletrabajo y de la educación a distancia. Que se garantice la libertad de cátedra y el respeto al horario laboral sin presiones por el medio virtual. Todo lo cual requerirá del aumento del presupuesto educativo y fue expresado en el “programa para defender los derechos de los docentes universitarios en el marco de la pandemia” de la agrupación Naranja Tendencia- Docentes e Investigadores universitarios en AGD UBA. Un programa de estas características implica la valoración de la vida nuestra y de nuestros estudiantes defendiendo la actividad educativa.

Silos Areneros Buenos Aires S.A. se encuentra llevando adelante un “lockout patronal”, retrasándoles el pago de los salarios de marzo y abril a sus 200 trabajadores. Silos Areneros es la empresa más grande de Sudamérica en el rubro de los áridos (arena y canto rodado). Mantiene a toda su flota paralizada desde el 20 de marzo, con el inicio de la cuarentena. La empresa controla el 25% del mercado de Capital Federal y el Gran Buenos Aires y recibió (y recibe) importantes exenciones impositivas por parte del gobierno nacional y provincial, haciéndola más competitiva frente a otras arenerass. Silos Areneros Bs As mantuvo relaciones económicas Franco Macri a través de uno de sus fundadores José Santoro y su familia y su CEO Javier Adelmar D’Alessandro. Esta empresa pertenece a los mismos dueños de la arenera Sautour que opera con beneficios y bonificaciones, en el Puerto La Plata, donde los trabajadores también vienen denunciando el no pago de sus salarios. Este pulpo de la arena tiene su capital desparramado en Puerto La Plata, Puerto La Boca, Puerto Dársena F y Puerto Dock Sud. Además, cuenta con “Arena Estudio”, un set de filmación VIP que genera millones de ganancia al año. Los trabajadores de a poco se están organizando. El 5 de mayo pasado se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde la patronal expresó que no puede pagar los salarios de marzo y abril debido a que estaba tramitando créditos con entidades bancarias. Pero ¿por qué no pone a navegar sus barcos? Silos Areneros se encuentra encuadrada dentro del beneficio que les da el Estado Nacional de pagarle hasta el 50 por ciento de los salarios de los trabajadores. Las patronales aprovechan la crisis del Coronavirus para avanzar sobre los derechos de los trabajadores, en este caso de los trabajadores marítimos. La lucha de los trabajadores de Silos Areneros recién comienza, para que esta lucha triunfe es necesario avanzar con la deliberación de todos los trabajadores del sector. Todo el apoyo a esta lucha, que es estratégica para todos los trabajadores marítimos.

Casi dos meses se demoró Piñera en nombrar una nueva ministra de la mujer, luego de que dos millones de mujeres se movilizaran por las calles de Santiago durante el 8M, y echaran a la ex ministra Isabel Plá. Finalmente, el pasado 6 de mayo, nombró para el cargo a Macarena Santelices, militante del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), y sobrina nieta de Pinochet. La renuncia de la ex ministra Isabel Plá, generó impacto en diversos ámbitos. Al interior del movimiento de mujeres, se celebró como una victoria política contra el gobierno. La consigna “Fuera Plá”, había tomado casi la misma fuerza que el “Fuera Piñera”, pues el movimiento la responsabilizó inmediatamente de los femicidios y abusos sexuales que las fuerzas armadas habían cometido contra las manifestantes de la rebelión. La renuncia de Plá fué polémica también, porque renunció cinco días después del 8M sin previo aviso. Los medios se jactaron de haberse enterado de la renuncia antes de que ella lo informara en La Moneda. Disputa por el cargo La elección de Santelices llegó tarde por dos razones. Por un lado, un fortalecido movimiento de mujeres acechaba contra cualquier próxima ministra. Por otro, se había generado una disputa por el cargo al interior de “Chile Vamos”, la coalición política de Piñera. El partido de Piñera, Renovación Nacional (RN), propuso a su ministra subrogante Carolina Cuevas; mientras que la UDI reclamada el cargo luego del fracaso de RN con Plá. El manejo del ejecutivo sobre el conflicto sanitario, recibió fuertes críticas y hostilidades del conjunto de la derecha. En este contexto, la UDI mejoró sus correlaciones de fuerza al interior de coalición; y finalmente, se definió a Santelices como la nueva ministra de la mujer. “La momia” y las posiciones en el movimiento de mujeres Algunos medios de comunicación, y organizaciones de mujeres y de los Derechos Humanos, han enfatizado su repudio a Santelices por su parentesco con Pinochet, y por su propia cualidad de “momia” - término chileno para referirse a los políticos ultraconservadores y afines a la dictadura. Pero en principio, la consigna que se ha viralizado por redes sociales en contra del nombramiento ha sido el hashtag "no tenemos ministra". Al que algunas corrientes feministas se han sumado de manera ambigua para poner énfasis en la "falta de formación y experiencia de la ministra en materia de género". Éste es el caso de la Coordinadora Feminista 8M, en la misma línea que el Partido Comunista, el Frente Amplio y el resto de la oposición. Qué significa El nombramiento de esta fanática católica, enemiga del aborto legal, y promotora de que las mujeres no trabajen para dedicarse solo a las tareas del hogar; expresa la decisión del gobierno de devolver los golpes que el movimiento de mujeres le propinó en marzo. Esto se enmarca en la intención de Piñera de liquidar la rebelión popular valiéndose del estado de excepción; y avanzar contra los trabajadores con las reformas laborales y al sistema de pensiones. Esto también se puede observar en la decisión de golpear al movimiento por los derechos humanos, cuando el pasado 9 de mayo, Piñera concedió el indulto presidencial a un genocida y ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia de Pinochet que participó en la Operación Colombo, operativo que desapareció a 119 militantes revolucionarios y opositores a la dictadura entre 1973 y 1974. El reclamo que encabezan la oposición y sus agrupaciones afines es una posición reaccionaria, pues busca desviar el eje del abierto conflicto que desde el 18O las chilenas tienen contra la violencia del gobierno de Piñera y el Estado de Chile; como si una formada y experimentada ministra en “materia de género”, pudiera reconciliar la lucha que las trabajadoras tienen contra la opresión y explotación del capital. Las circunstancias están invitando a las trabajadoras chilenas, a poner en pie nuevamente sus reivindicaciones y la rebelión. Por el derecho al aborto legal, libre seguro y gratuito; por el derecho a una maternidad libre de violencia; no más femicidios. No a los indultos de genocidas; juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad, desde la dictadura de Pinochet hasta el gobierno de Piñera. Fuera Santelices; fuera Piñera; Asamblea Constituyente libre y soberana.

Para dar curso a los reclamos del barrio, los compañeros del Polo del sector Pavimento Alegre han organizado una olla popular que entrega tres veces por semana 150 raciones de comida. Arrancamos la olla el viernes 1° de Mayo porque, en palabras de una compañera del barrio, no podíamos perder la oportunidad de empezar en el día del trabajador. Denuncias y reclamos espontáneos Al frente de la olla estuvieron las mujeres y la juventud. Frente al escepticismo de los vecinos sobre la gratuidad de las raciones, las compañeras del Polo explicaron enérgicamente que entregaríamos dichas raciones de manera irrestricta para cualquiera que lo necesitara. Esta cálida y solidaria actitud militante de nuestras compañeras, generó el rápido acercamiento de decenas de vecinos; varios de los cuáles, sin ninguna fidelidad a las organizaciones barriales en las que estaban, nos contaron sobre el “descariño” y mala calidad de los alimentos que daban sus comedores. Otro vecino nos contó que su organización se había hecho propaganda con las “ollas populares”; pero que era una mentira, pues la comida quedó restringida sólo para los integrantes de la propia organización. Los vecinos que se acercaron también denunciaron que los únicos que se han hecho presentes para entregar los alimentos y útiles de limpieza a las familias contagiadas con Covid-19 han sido ellos mismos; y que tampoco el Estado ha hecho testeos a los vecinos más inmediatos de los hogares afectados. Jornada política Por la naturaleza de la crisis que viven los vecinos, la jornada pudo desarrollarse con un fuerte contenido político. “Exigimos al gobierno que nos de mercadería. También necesitamos artículos de limpieza, alcohol gel, y lavandina. Yo soy mamá de un bebé de 10 meses y lo estamos pasando muy mal”, explicó una de nuestras compañeras en un video, e invitamos a los vecinos a sumarse al reclamo por la apertura de comedores y testeos. Por su parte, las estudiantes secundarias denunciaron su imposibilidad de cumplir con las tareas virtuales de la escuela, pues no tienen wifi ni computadoras. [1] Junto a las raciones de comida, entregamos un pequeño volante del PdT con un número de teléfono para que cualquier vecina que esté cumpliendo la cuarentena con su agresor, se coloque en contacto con nosotros y organicemos una salida colectiva a la violencia contra las mujeres [2]. Esto generó en el acto que una vecina contara sobre una situación de violencia doméstica. También hicimos carteles en solidaridad con los compañeros de BetTime que se encontraban ocupando la fábrica.[3] Recibimiento y solidaridad del barrio Desde ese día, la olla popular ha recibido la solidaridad del sector: Los trabajadores de un camión que reparte pan nos donaron varios kilos, los trabajadores de una verdulería nos han donado papas, y los trabajadores de una carnicería nos han hecho precios. También los trabajadores de una fotocopiadora nos han regalado volantes del PdT para entregar a las mujeres del barrio. Los vecinos que se han acercado a la olla a veces han vuelto después de comer para felicitar a las cocineras por el impecable trabajo y buen sabor de la comida. También se han acercado vecinos para prestarnos utensilios de cocina, encender el fuego para la olla, o montar las mesas. Sin cuarentena ni organización La mayoría de las actividades al interior del barrio se han retomado con normalidad. Los locales que cerraron al inicio de la cuarentena, como gomerías, pequeñas fábricas de ladrillos, distribuidoras de plástico, peluquerías, o locales de cotillón, ahora se encuentran funcionando en su horario habitual. Este levantamiento de hecho se produce justo en el momento en que se han confirmado los primeros casos de Covid-19 en el barrio. Frente a la ausencia de testeos masivos, la falta de elemento de higiene y la crisis alimentaria, los espacios organizativos que han surgido, como el comité de crisis y otros subcomités integrados por la iglesia y organizaciones kirchneristas y de izquierda, no han hecho nada que no pudiese ser reemplazado por un trabajador social -informar y coordinar días de vacunación, o entregar bolsas miserables de alimentos en cantidades marginales. Perspectivas Para estas mujeres que organizan la olla popular, la seriedad y pulcritud con la que se debe trabajar son objetivos importantes y perfectamente alcanzables. Por ello, han acordado algunos códigos de trabajo: puntualidad, cuidado con la calidad, tiempos de cocción, y sabor de la comida; responsabilidad en las tareas de agitación; y amabilidad y afecto hacia los vecinos que se acerquen. Las desocupadas y desocupados de los barrios, al igual que los trabajadores de la salud, se encuentran en la primera línea de combate frente a la pandemia y la desidia estatal. Al calor de esta lucha se está templando una nueva vanguardia obrera para las luchas que vienen. [1] https://www.facebook.com/105411314202216/posts/247827333293946/ [2] https://www.facebook.com/105411314202216/posts/248350173241662/ [3] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=115760643451060&id=102011168159341

En Exactas arrancaron las clases en su formato virtual. Esta modalidad, impuesta por la emergencia sanitaria, sin embargo, es llevada adelante sin haber resuelto un conjunto los problemas que plantea. La virtualidad ‘a secas’, sin un programa de fondo por parte de la facultad, que garantice los medios necesarios como el acceso a computadoras y a internet para la comunidad educativa habilita la deserción en masa. Vale aclarar que la liberación de datos móviles por parte de las compañías telefónicas no aplica en plataformas utilizadas como Zoom. Por su parte la docencia se encuentra en una situación de vulnerabilidad absoluta: sin aumento salarial, sin cláusula gatillo y en condiciones de sobretrabajo por todo lo que significa adaptar las clases a la virtualidad y dar seguimiento a comisiones superpobladas de estudiantes. La situación se agrava en los casos de hacinamiento habitacional o responsabilidades de cuidado. Cuando las autoridades de la facultad buscan asegurarse el desarrollo del calendario académico sin invertir en medios tecnológicos y en la ampliación sin restricción y aumento de las becas estudiantiles, propinan un mazazo a la juventud trabajadora imposibilitada de acceder a la cursada. En el caso de los CBC, existe una negativa de las autoridades a orientar recursos al sector de ingresantes, el cual se encuentra abandonado, imposibilitado de hecho a cualquier adaptación virtual. Organicemos los reclamos Está claro que nos enfrentamos a una situación excepcional prolongada en el tiempo, y que requiere de soluciones, por lo tanto, excepcionales. Sin embargo, las respuestas que vayamos transitando requieren la mayor organización del movimiento estudiantil y de los trabajadores de la universidad. En esta situación, no podemos guiarnos con recetas o conceptos prefigurados, necesitamos aportar nuestra creatividad para darle una salida a las necesidades de estudiantes y docentes. Rechazamos el llamado unilateral del rectorado de la UBA a iniciar el ciclo lectivo a partir de junio, cuando se prevé el mayor pico de contagios. Con su decisión, el rectorado de la UBA aporta su grano de arena a las presiones capitalistas que quieren romper la cuarentena. Esa es la orientación de los Trump y Bolsonaro. El desdén por la vida de los trabajadores y estudiantes tiene que ser enérgicamente contrapuesto por un programa con todas nuestras reivindicaciones. Defender la cuarentena implica recoger esta excepcionalidad de ser la virtualidad el medio para resolver el problema educativo. Pero tiene que ser discutida por el conjunto de la comunidad educativa. No podemos sortear la pandemia, reclamando un "mayor esfuerzo" a la docencia, como han encargado las autoridades y la propia conducción del centro de estudiantes. Necesitamos una instancia de deliberación que nos permita organizarnos para garantizar las condiciones de cursada en nuestros términos, en contra de las salidas rápidas que buscan las autoridades. Hasta ahora La Cámpora-Identidad no se ha puesto al servicio de organizar a Exactas por sus reclamos, por el contrario, cumplen el papel de brazo de las autoridades. Proponemos una asamblea del centro de estudiantes que debata esta situación y organice a la facultad por sus reivindicaciones. Vamos por: Computadoras y acceso a internet para todos los que lo necesiten -Capacitaciones sobre herramientas informáticas para toda la comunidad educativa, a cargo del Estado. -Ampliación y aumento de becas estudiantiles Ingreso masivo de plantel docente para garantizar el desdoblamiento de comisiones -Aumento salarial y cláusula gatillo para los docentes Que se garantice la modalidad virtual para las materias del CBC, respetando los derechos docentes y estudiantiles Foros de debate por carrera para abordar las problemáticas de la virtualidad Aumento del presupuesto educativo

La editorial de Prensa Obrera del pasado jueves 7, escrita por Gabriel Solano, dedica sus últimos párrafos a las luchas del movimiento obrero frente a los ataques patronales que se están produciendo en todo el país. Lo llamativo de esta nota es que no menciona a la primera ocupación de fábrica que se ha dado desde la declaración de la cuarentena, la toma de BedTime Pacheco por sus trabajadores. Una ocupación que duró una semana y conmovió a todo el movimiento obrero, sobre todo al del cordón industrial de la zona norte, donde se encuentra ubicada la fábrica, el más grande del país. Una lucha, además, que unificó los reclamos de los trabajadores de salud, respecto a la necesidad de camas para el sistema sanitario, con la que la multinacional Sealy se negó a colaborar, poniendo de manifiesto que la única clase capaz de dar salida a la pandemia es la clase obrera. La ocupación de BedTime terminó en una victoria importantísima, evento sin precedentes en las tomas que se sucedieron en los últimos años. En una semana, los compañeros plásticos derrotaron el intento de despidos de la mitad de la planta, la reducción del 50% del salario y conquistaron que se paguen el 100% de los salarios adeudados hacía tres quincenas. Esto, en palabras de la propia comisión interna combativa, se ha logrado con los mejores métodos de la clase obrera: asambleas y ocupación por tiempo indefinido, hasta frenar los ataques patronales. El sectarismo de la actual dirección del Partido Obrero y su redacción demuestra que han abandonado uno de los principios que siempre ha tenido nuestro partido: colocar siempre por delante los intereses de la clase obrera antes, no los intereses de aparato. Le han dado la espalda en su editorial, nuevamente, a los obreros clasistas que hace 12 años constituyen una de las internas combativas del gremio del plástico, que fue y es parte de una lucha fundamental en esta etapa como lo es la expulsión de las burocracias de los sindicatos. Quizá a Solano se le olvidó mencionarlo porque parte de la interna de BedTime son compañeros que adhirieron y militan en la Tendencia. Cómo podrían si no explicar que llaman “el grupo de..” a más de mil militantes en los que se encuentran destacados dirigentes obreros. La comisión interna de BedTime ha marcado un camino a la clase trabajadora, primero con la recuperación de internas y cuerpos de delegados, y hoy con esta lucha, en plena pandemia y crisis mundial, también lo marcan con la conquista de una primera victoria obrera mediante la deliberación y la acción directa. Los militantes revolucionarios deben tomar nota de un método que no privilegia el desarrollo de la conciencia y la lucha obrera sino la autoconstrucción de aparato.

La izquierda brasileña se esfuerza por desarrollar una caracterización de la enorme crisis política en el país. Para esquerdaonline (8/5), “la situación política cambió hace al menos un mes, porque estamos presenciando un debilitamiento relativo del gobierno, la principal institución del régimen, aunque la situación, una periodización que se refiere esencialmente a la relación social de las fuerzas, sigue siendo reaccionaria”. Agrega que el gobierno se reforzó con el acuerdo con el Centrão (un cambalache de doscientos parlamentarios), y advierte que Bolsonaro puede precipitar un “estado de sitio”, promulgado contra el ‘aislamiento social’ que propugna la oposición, al cual califica también como un “estado de sitio”. Brasil se encuentra atenazado entre dos formas de un mismo régimen político reaccionario. Impeachment La izquierda ligada al PsoL por su lado, plantea la destitución de Bolosnaro y elecciones generales. Con ese objetivo recolecta firmas de “entidades y líderes”. El PT lo viene planteando desde abril, al igual que el Frente Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, pero para que asuma Mourão, no para remover al gobierno. El PSTU levanta “Fuera Bolsonaro y Mourão”. Para la fuerza que lidera el PsoL, Primavera Socialista, hay que derrotar a Bolsonaro en 2022. Desde Resistencia-PSoL, “es necesario intensificar, en todos los sentidos, la lucha por el Fuera Bolsonaro. Los partidos de izquierda y los movimientos sociales deben actuar de manera unificada para presionar al Congreso Nacional y al alcalde Rodrigo Maia para que dictaminen la destitución” (esquerdaonline, 7/5). Un golpe parlamentario, que requiere el apoyo del alto mando militar. Aclaran que quieren “elecciones libres y directas” y no que asuma el vice, el General Mourão. Agregan: “Pero obviamente no es la mejor solución. No la hará debido al protagonismo excesivo, la seducción del Centrao o el impulso sectario. Correspondería al partido de izquierda principal asumir el papel de unir al Frente Unido. La vacilación con respecto a la campaña de 1992 para ‘Fora Collor’ no debe olvidarse, y no puede disminuirse. El PT llegó seis meses tarde”. El PT debe ponerse a la cabeza de un frente nacional. El planteo no discierne si ese frente es viable sin el apoyo de la gran burguesía y de las fuerzas armadas. Desde Insurgencia-PSoL, ligada a Convergencia Socialista, dicen que “hay que abreviar el mandato de Bolsonaro” para tener “esperanza”. “El momento exigiría que toda la oposición, los partidos en los movimientos sociales, más todos los sectores y entidades democráticas se unieran en torno a una amplia solicitud de juicio político”, algo que no sucede, dicen, por no se ha conseguido “la unidad más amplia posible” (Insurgencia, 29/4). Desde la Tendencia Socialismo o Barbarie del PSoL, ligada al Nuevo MAS, piden “Elecciones Generales para que el pueblo decida” (izquierdaweb, 6/5). El MST dice: “defendemos la línea de impulsar la más amplia unidad” (MST, 30/4). El PTS (MRT) El MRT dice: “llamamos a los camaradas del Bloque de Izquierda del PSOL, el PSTU y otras organizaciones que dicen ser (sic) revolucionarias para tomar medidas concretas para establecer una Coordinación para el ‘Fuera Bolsonaro y Mourão’, ya que no podemos sucumbir a la política de destitución o renuncia”, porque esta conduciría al “gobierno de Rodrigo Maia” (esquerdadiario, 7/5) (…) “El pueblo debe decidir” (ídem). Para el MRT, Brasil debería copiar a Argentina y armar un “FIT-U brasileño”: “Las organizaciones de la izquierda brasileña podrían confiar en el ejemplo de FIT-U en Argentina” (ídem, 27/4). No dice que el FIT de Argentina se opuso en forma tenaz a la consigna Fuera Macri. Tampoco que es un frente estrictamente electoral ‘sui generis’, porque antepone el interés de partido al frentista, y parlamentario en las malas, para dar quórum a los proyectos de leyes que favorecen los gobiernos, sea el nacional o provinciales. “Ante este escenario, si realmente queremos que los trabajadores decidan democráticamente sobre todos los problemas estructurales, sin intercambiar una pieza autoritaria por otra, sino cambiando las reglas del juego con una política de independencia de clase, tenemos que agitar la idea de una nueva Constituyente que genere un choque de los intereses de clase. No se trata solo del poder del voto, sino de garantizar que el poder del voto sea soberano, de garantizar que no haya incontables instituciones que lo limiten a diario. Es la forma más democrática en que el sufragio universal puede definir las reglas y rumbos del país” (LID, 30 de abril). El sufragio universal es el que llevó a Bolsonaro al gobierno, en primer lugar. Acá es esgrimido en oposición a la acción directa de las masas, pues es el que “va a definir las reglas”. El recurso del juicio político y las elecciones sustituyen en todos estos planteos el derrocamiento del gobierno por medio de la acción de masas. Con esta limitación descomunal, el planteo se convierte en un instrumento de agitación de las maniobras golpistas que operan en las trastiendas. “El PT no quiere luchar para que la mayoría del pueblo decida, prosigue el MTR. No lo quiere hacer porque implica generar un choque entre los golpistas que dirigen el país y una abrumadora mayoría de la población que sufre los excesos del régimen. No quiere que la mayoría decida porque si los trabajadores y sus organizaciones asumen la defensa de la democracia, podría surgir una revuelta social como en Chile” (ídem). La ‘revuelta’ es presentada como el segundo plato del menú parlamentario y electoral. En Chile fue directamente el plato de entrada. “Más democracia, más democracia” - la “revolución democrática”. El problema es que la ‘democracia’ no va a resolver la crisis de salud y de sistema social de Brasil, que es el desafío actual; lo va a resolver la nacionalización de la industria farmacéutica y la medicina privada, de los bancos y el repudio de la deuda. Esto requiere un gobierno de trabajadores. Esto hay que decirlo de entrada. Agregan que “una gran agitación sobre la Asamblea Constituyente, que uniría al PSTU, el Bloque de Izquierda del PSOL y el MRT, podría tener un poderoso impacto en el movimiento de masas (…)”, en tanto consigna electoral, cuando en la crisis están solicitadas las FFAA para respaldar esa salida. En estos términos variados pero coincidentes, o sea salidas electorales que deberán ser apadrinadas por las fuerzas armadas, aborda la izquierda brasileña la crisis gigantesca que se desarrolla en el país vecino. Ni acción directa ni gobierno obrero o de los trabajadores. La pandemia y la bancarrota capitalista internacional convierten a cualquier acción real de masas en el principio de una revolución.

El 8 de mayo de 1945, el día de la victoria aliada en Europa, las fuerzas de ocupación francesas bombardearon la ciudad argelina de Sétif y sus alrededores, causando más de 15.000 víctimas mortales. Argelia se encontraba bajo ocupación colonial por parte de Francia desde 1830. La represión comenzó cuando un joven de 20 años se negó a bajar su bandera en la manifestación que pedía la liberación de los presos políticos. El por entonces periódico trotskista Ohé Partisans comparaba la masacre de Sétif con la de Oradour-sur-Glane, el pueblo francés al norte de Limoges donde la división blindada alemana Das Reich asesinó a 642 personas -casi toda la población-, en 1944, en su camino a Normandía. La comparación que se convirtió en un lugar común durante los años siguientes. La represión en Argelia fue obra de la legión extranjera y la dirección colonial, a través de una provocación a la protesta pacífica que trataba de poner los reclamos de la clase obrera y la población: “Liberen a Messali”, “Independencia de Argelia”, llevada adelante por luchadores argelinos. Inmediatamente el gobierno declaró la ley marcial y comenzó a reprimir barrio por barrio, casa por casa. Declaró “prohibido a la población de salir de sus casas si no tienen un brazalete especial que indiquen que están trabajando o viajando al trabajo. Todo musulmán que es visto sin brazalete es asesinado sin ninguna advertencia”. La represión fue acompañada de bombardeos por parte de la marina y la aviación. El 9 de mayo de 1945, con orden del Subprefecto Butterlin, el ejército dirigido por el General Duval interviene en Sétif, con las tropas coloniales. La Marina por su parte, bombardea las costas de Kherrata, la localidad del borde de mar como Achas, los Acantilados, y Mansouria. Las muertes llegaron a más de 20.000. Las tropas que habían enfrentado a los nazis utilizaban sus mismos métodos contra los trabajadores de las colonias. Aquellos usados por Churchill en Atenas o los bombardeos sobre las poblaciones obreras en Desde. La represión se desató cuando la posición de Messali Hadj de “Independencia y Asamblea Constituyente Soberana para Argelia” se impone al frente de los “Amis du Manifeste pour la Liberté”, del que participaba el Partido del Pueblo Argelino, y que posteriormente va a conformar el Frente de Liberación Argelino. Los trotskistas franceses critican también que, en Guelma, la persecución racista estuvo dirigida por elementos de la “Francia Combatiente y también por el Partido Comunista local”. En Guelma, un pequeño pueblo entre Constantine y Bône (Annaba), un manifestante fue asesinado. No hubo víctimas entre la población francesa. Sin embargo, el 9 y 10 de mayo, 12 franceses fueron asesinados. A finales de mes, habían muerto entre 1.500 y 2.000 musulmanes, la mayoría de ellos en manos de la población civil. “Sentimos una gran vergüenza pensando en lo que pasó, nosotros que hemos luchado durante cuatro años contra la opresión. ¡No! Camaradas argelinos, nosotros no queremos ser cómplices del gobierno burgués y sus asesinos”. Los trotskistas establecen una solidaridad temprana con la lucha anticolonialista, mientras que el resto de la izquierda mantiene la unión sagrada. Van a estar a la cabeza de las movilizaciones y de la lucha por la liberación de los presos. Uno de los ejes de Ohé Partisans era la denuncia de la ocupación francesa en África e Indochina. “¡Viva la liberación del pueblo Indochino de todos sus opresores! Para nosotros, trabajadores franceses, la manera más inmediata de ayudar a nuestros hermanos de indochina, es abatir en primer lugar a nuestro propio capitalismo”. Mientras tanto, el PCF decía que apoyar estos movimientos era hacerle un favor al fascismo. El apoyo a la liberación siria también nutría las páginas del periódico: “el pueblo sirio ha tomado las metralletas inglesas y tienen mucha razón. Cuando los hipócritas que, en la búsqueda de pretextos para sostener la burguesía francesa insinúa que se trata de un asunto puramente anglo-francés” (Ohé Partisans, 1945, n°3, p. 4). Se denuncia la ocupación aliada del norte de África, bajo la excusa de que “los pueblos de áfrica del norte no han conocido jamás los beneficios de la colonización”. Denuncia que, por el contrario, la riqueza de Europa se basa en la sangre de los pueblos coloniales (antes que Sartre y Fanon). “Después de la guerra, una hambruna espantosa ha aumentado terriblemente la mortalidad. En Argelia, dos tercos de los niños mueren antes de los dos años. En algunas regiones, los argelinos viven con sólo 120 gramos de granos por día” (N°4, p.1). Ohé explica que los partidos obreros franceses (que en ese momento formaban un gobierno de coalición nacional), debido a su apoyo al gobierno colonialista francés, han perdido una oportunidad inmejorable para unirse a los partidos nacionalistas argelinos y avanzar en la lucha por la independencia nacional y el socialismo, por ejemplo, con el Partido del Pueblo Argelino de Messali Hadj. “Es evidente que los grandes colonos no podrían haber explotado tanto tiempo al pueblo argelino si no hubiera sido sostenido por las bayonetas del gobierno ‘democrático’ del que participan el P.S. y el P.C.” (ídem). En cambio, los trotskistas, perseguidos por los nazis, los estalinistas y el imperialismo aliado, desarrollaron la más amplia solidaridad con la lucha antiimperialista y anticolonialista, y levantaban la consigna de Gobierno Obrero y Campesino. Un ejemplo de internacionalismo proletario y de lucha por el poder.

L´equipe Monteur, una de las autopartistas de la industria plástica más importante del país, ha dejado de pagar los salarios a sus trabajadores y trabajadoras. La planta ubicada en el parque industrial de Garín tiene como principal cliente a General-Motors. Además, cuenta con otra planta en la provincia de Córdoba que abastece a las principales automotrices. En el mes de febrero, la dirección de la empresa acordó con la dirigencia del gremio plástico un régimen de suspensiones y el pago del 70% del salario. Luego, cuando comenzó el aislamiento preventivo, la empresa redobló el ajuste a sus trabajadores y trabajadoras. En marzo quedó adeudando la mitad de la segunda quincena. Luego no abonó la primera quincena de abril y recién a fines de mes las familias de las compañeras y compañeros recibieron parte de su salario. Para esto la empresa ya cuenta con el sueldo complementario, pero el salario que recibieron los trabajadores fue de casi el 50% debido a que el sueldo complementario toma como referencia el salario de febrero el cual ya tenía un 30% de descuento, con lo cual las trabajadoras y trabajadores apenas llegaron a recibir un 50% de sus ingresos habituales. Las trabajadoras y trabajadores ya no pueden soportar esta situación. En los últimos meses la inflación se ha disparado, pulverizando los salarios. Es necesaria una respuesta de parte de los compañeros. Hay un gran descontento en la base de los trabajadores y trabajadoras. Hay que convertir ese descontento en organización y lucha, en defensa del salario y las condiciones de trabajo y en creciente rechazo a los negociados de la dirigencia del gremio con las patronales. Desde estas líneas llamamos a solidarizarnos con los reclamos de las compañeras y compañeros de L´equipe Monteur, la patronal debe abonar el total de los salarios los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste. No a la rebaja salarial en L´equipe Monteur. Los trabajadores y trabajadoras del plástico debemos organizarnos para frenar el ataque de las patronales.

En el marco de la cuarentena, hace más de 45 días, que rige la imposición de las clases virtuales en la Universidad. Decimos “imposición” porque no se ha discutido de forma democrática cómo vamos a enfrentar esta crisis en la educación. Esto no hace más que repetir el patrón de desigualdad, que se desarrolla a nivel nacional desde hace años. Los que pueden y tienen, cursaran y, los que no, no hay solución. La “opcionalidad” de presentar trabajos prácticos o de asistir a clases virtuales, que plantean los docentes en la UNSa, es totalmente FALSA. Coloca a los estudiantes frente a una extorsión directa para mantener la cursada, sin siquiera discutir las pésimas condiciones que antes de la pandemia ya arrastrábamos y, mucho menos ahora, que se visibiliza en su máxima crudeza la precariedad de la educación. Por su parte, los docentes se ven obligados a implementar una “virtualización” de las clases, tienen que ir improvisando herramientas y recursos para poder cumplir con un objetivo….pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que se plantea o sólo se trata de un paliativo para pasar el tiempo o auto engañarnos de que seguimos cursando? Con el pasar de los días nos damos cuenta que es un fracaso, que los docentes se ven sobre explotados y saturados, así como los estudiantes. ¿Cuál es el aprendizaje? Esto no es casual ni mucho menos ingenuo, esto es parte de una política nacional, que no discute ni delibera frente a las reales necesidades. Pero esto no es por la pandemia, esto ya lo vivíamos. La falta de recursos, la explotación laboral, la falta de salarios, la precarización educativa, la desigualdad de condiciones, la imposición en las cátedras, las extorsiones invisibles, la falta de discusión y deliberación del movimiento estudiantil. Todo esto igual pero ahora sumado lo virtual y en su máxima expresión. La liberación de datos: otra lavada de cara del gobierno El 18 de marzo del corriente año, desde el gobierno se lanzó un parte de prensa diciendo: “La Unidad de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico –UFIDet– informó a la comunidad que en virtud de las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial para resguardar a los salteños del Covid-19, los planes de estudio continuarán dictándose, a través del uso de herramientas tecnológicas, con el fin de asegurar la distribución de contenidos de manera totalmente virtual”. Lo que el Gobierno tapa y no explica en ese parte de prensa es cómo hacen los estudiantes que no cuentan ni siquiera con los servicios básicos y la enorme pobreza a la cual están sometidos la mayoría. El “acceso” no depende de liberar datos o de si cuentan con artefactos tecnológicos. El acceso depende de si tienen para comer, de la situación de vivienda, de la economía familiar, etc. La desigualdad está planteada y nadie discute sobre eso. El Gobierno nos quiere hacer creer que aquí podemos seguir como si no pasará nada y que los parches que dan son suficientes. ¿Quién gobierna en la UNSa? Las camarillas universitarias han elaborado cada una su propio régimen para la continuidad de las clases por medios virtuales y estos han sido validados por el rector Claros, pero en ningún caso los pusieron a discusión de los docentes y estudiantes. Queda expuesto una vez más que el actual "cogobierno universitario" es la mascarada de un gobierno de camarillas. La Universidad Nacional de Salta cuenta con más de 80 mil estudiantes y desde rectorado se estableció una especie de beca para acceso a internet solo a 3 mil estudiantes. Otra lavada de Claros para hacer creer que eso ayuda a alguien. No se toman medidas de fondo y un plan en conjunto para enfrentar esta crisis. El rol de la juventud ante la violencia hacia las mujeres La crisis y el aislamiento ha incrementado los casos de femicidio y de violencia hacia las mujeres. El aparato Estatal con las fuerzas de seguridad reproduce y perpetúa la violencia. El caso de la docente Rosa Sulca que ha llamado pidiendo auxilio ante un hecho de violencia solo demuestra que la policía no nos protegió nunca y nunca lo hará. No pueden garantizar la seguridad de nadie. Entonces, ya es hora que discutamos una organización independiente, un consejo autónomo de mujeres que debata y delibere una salida ante la pandemia del femicidio. En la UNSa, será la juventud organizada de forma independiente la que ponga en pie de lucha un programa contra la violencia de género. La organización del movimiento obrero estudiantil es la única salida. Es imperiosamente importante que discutamos lo que tenemos que discutir. Que se deje de pensar en el “estudiante” como un sujeto dentro de un sistema de educación alienante. Un estudiante es parte de la sociedad oprimida y explotada, parte de una familia que no tiene los recursos básicos para sobrevivir hoy, parte de la población estudiantil que pasa hambre, que tienen aulas super pobladas y que no tiene los recursos para mantener su cursada, por más precaria que esta sea. El proceso de aprendizaje está quebrado y es discriminatorio. No podemos seguir avalando estos métodos impositivos ni someternos a las cursadas de esta forma. Desarrollemos un programa político que responda a las verdaderas necesidades de los estudiantes. Un plan de acción, de debate y toma de decisiones de conjunto con los docentes de cada carrera. Asambleas por carrera que discuta un plan integral con el movimiento obrero estudiantil. Organicemos un consejo autónomo de mujeres.

En los últimos días los jujeños hemos discutido la noticia sobre unos jóvenes del barrio San Lorenzo, de Libertador General San Martín, que al ser descubiertos jugando al fútbol por el helicóptero del gobierno provincial, encargado de vigilar el cumplimiento de la cuarentena social obligatoria, decidieron con éxito correrlo a piedrazos. Pero a diferencia de noticias similares, la indignación que en un momento reinaba contra aquel que “rompía la cuarentena” ahora fue soslayada por una suerte de simpatía y hasta memes que festejaban el accionar de los “changos". Los defensores reclamaban que para gran parte de la población, la cuarentena es insostenible por la necesidad de salir a pelear el pan de cada día. Otros recordando que el gobierno de Morales aprovecha la pandemia para seguir haciendo pasar ajustes contra los trabajadores. También se llegó a recordar el rol de este barrio en las quebradas obreras de la década de los 90’ en una Jujuy rebelada. El fantasma de la rebelión El helicóptero de Morales surca una densa nube de tierra que no es más ni menos que el fantasma del 97. Fantasma del Libertador "piquetero", de la juventud indomable, un fantasma que no se disipa. Es que el poder del Estado sabe muy bien que hay arterias de una memoria de lucha que debe seccionar de una vez y para siempre. Y esa es una cuestión fundamental. Aquí en Libertador parece ser que la cuestión biológica y de las nuevas generaciones no logran aplastar el pasado de los viejos. Morales y Blaquier manejan el patrullero del aire. El viento de las hélices hacen volar las hojas de un diario que informa que solo apenas 22 años Carlos Ferraro, gobernador menemista (hoy periodista), desdoblaba la liquidación de los sueldos de los trabajadores estatales y hoy Morales como gesto de sacha homenaje hace lo mismo. Los que cobran mas de 30 mil cobrarán en 2 partes. Nada de casualidades. Es la misma política de los partidos patronales que antes y ayer atacan el bolsillo de la clase trabajadora jujeña. Los jóvenes allí, abajo en cancha de tierra y poco pasto, quizás sepan poco de ese párrafo de la historia. Miran sorprendidos y luego con odio la intempestiva llegada del móvil volador, que pretende dar por terminado el cotejo. Metros más allá del campo de juego hay un basural donde los olores nauseabundos se mezclan con el olor de un matadero semiabandonado rodeado de calles sin asfaltar. Las defensas del río San Lorenzo fueron y son las paredes de casas improvisadas. Oscuridad de noche, focos desvencijados y cuando viene la creciente como a principio de año el barrio completo se despierta. Las calles del barrio San Lorenzo, sus pasajes y sus pasadizos guardan aún los secretos de esa juventud que enfrentó a los gendarmes y los desnudo en las calles mientras los tiros vienen y se devuelven. El helicóptero amenazador es un dato menor. Lo importante es quien lo conduce y cuales son sus objetivos. Reprimir y aleccionar a la clase trabajadora y sus hijos. Los mismos que patean una “chuti”. De este lado norte de la ciudad unos jóvenes que "violan la cuarentena" y del otro lado de la ciudad miles de obreros azucareros y papeleros obligados a trabajar bajo el amparo de un decreto de necesidad y urgencia que dictamina que el ingenio Ledesma es una empresa esencial. El helicóptero no surca los cielos de la fábrica donde hace unos días se firmó un acuerdo a espalda de los obreros papeleros para que cobren un 30% menos. Aquí los jóvenes hijos de trabajadores allá sus padres entrando a trabajar. Aquí los chaguancos y matacos patas de barro, drogadictos, pibes chorros, allá Ledesma que escupe explotación a través de sus chimeneas. Lo que se debe reprimir es la osadía de romper el mandato del patrón sea el Estado o de Blaquier, ya no es la pandemia. Es la rebeldía. Estos jóvenes y sus familias, eternos oprimidos y perseguidos por el Estado, con su propia organización son los únicos garantes de la cuarentena. Es por ellos que es fundamental la creación de comités barriales que arranquen al Estado los recursos necesarios. Quienes conocen el barrio son sus habitantes no los que aparecen para reprimir o cuando baja el agua. Lo sucedido en el B° San Lorenzo debe servir para debatir y definir un programa en defensa de la salud y la vida social de la juventud y de los vecinos. Es por eso que reclamamos testeos masivos y un protocolo para los barrios Por comités barriales que organicen la vida cotidiana de los barrios.

Ante la inminente homologación del acuerdo suscripto entre la Asociación Obrera Textil (AOT) y la cámara empresarial (FITA), que establece una rebaja salarial del 50% para los trabajadores del gremio, las obreras de Textilana se movilizaron el pasado 27 de abril al Ministerio de Trabajo para repudiarlo. Presentaron un petitorio tanto en el Ministerio de Trabajo como en la sede de la AOT local, rechazando este acuerdo negrero. El pre-acuerdo entre el sindicato y la cámara dispone una rebaja salarial del 50%, estableciendo salarios promedio de $17.000 a $20.000. Como el monto mínimo a pagar por el Estado en aquellas empresas suscriptas al Programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción es de 16.875 pesos (de bolsillo) los salarios estarán íntegramente subsidiados por el Estado nacional. En el caso de Textilana, por citar como ejemplo, sus salarios no tienen actualización desde octubre de 2019, cuando un aumento pactado en paritarias para el mes de diciembre fue dejado sin efecto hasta fines de abril del 2020 a cambio de “sumas no remunerativas”. Las patronales textiles instaladas en Mar del Plata fueron beneficiadas con todo tipo de exenciones impositivas por el anterior intendente, Arroyo, que siguen en pie con el actual, Guillermo Montenegro. En el marco de la pandemia, Montenegro firmó una resolución donde exceptúa a los trabajadores textiles de la cuarentena para concurrir a su lugar de trabajo en función de “producir de manera solidaria insumos hospitalarios” como barbijos y camisolines que serán donados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y a otros centros asistenciales. Esto no fue acompañado por las mejoras en las condiciones de seguridad e higiene y mucho menos por el cumplimiento del reclamo de las obreras de que el Estado Municipal garantice el traslado de todas ellas por la merma en la frecuencia del transporte. Las patronales aprovechan la cuarentena para avanzar sobre las condiciones laborales de los trabajadores sin ninguna excusa ya que la planta nunca ha dejado de producir y las ventas se procesan online. Para ir contra los derechos laborales, la patronal de Textilana actúa en coordinación con las patronales de la Textil Iberoamericana, en Ramos Mejía, las textiles de Trelew y más recientemente la Textil Pergamino, que no ha depositado los salarios del último mes. A esta “coordinación patronal”, debemos oponerle la coordinación de las luchas de las y los trabajadores textiles en todo el país. Las movilizaciones de Trelew y ahora las asambleas y movilizaciones de Textilana marcan el camino.

Para el público en general, y para los laburantes, en particular, el regreso del fútbol es un deseo innegable: todos queremos volver a ver a nuestros equipos, y todo lo que el folklore en torno al deporte acarrea. Si uno entra en los buscadores de internet y tipea "Cuando vuelve...", la sugerencia de autocompletado más popular es "...el futbol" (seguido de "... la quiniela"). Cuando promediaba la primera fecha de la Copa de la Superliga, el fin de semana del 14 y 15 de marzo, se anunció la suspensión provisoria del torneo. Un mes y medio después, se confirmó su cancelación definitiva. Esta suspensión fue motivo de idas y vueltas de carácter político ya discutidas en las páginas de Política Obrera. En las charlas entre amigos, el tema es recurrente. Las opiniones oscilan entre la defensa de la cuarentena, viendo privarnos del fútbol como un “mal necesario”, al rechazo. En este existe también una sensación de injusticia: “Yo tengo que seguir trabajando para comer, y estos millonarios no quieren laburar”. Y es lógico: En los portales deportivos, hoy son tapa la vuelta a los entrenamientos de Messi y el Barcelona (mientras tanto se confirma un nuevo pico de contagios en España). Lo que no visibilizan los medios del paño, es la situación de los miles de futbolistas con menos reflectores encima. Miles de contratos de jugadores de las categorías inferiores, femeninas y masculinas, terminan el 30 de junio. Esto significa en términos prácticos que se quedarán sin salario, y los clubes, sin certezas, se muestran reticentes a renovarlos. Pero incluso por estos días, varios planteles femeninos y de categorías inferiores están pagando parcialmente los salarios, pues su caja corriente depende de la venta de entradas. Es el caso de Deportivo Español, que adeuda cuatro meses. Cabe recordar que, en muchos casos, incluso cobrando su salario completo deben conseguir otro trabajo para poder mantener a sus familias. En la Primera C masculina y la Primera A femenina, por caso, los salarios mínimos son de $20.000. En este último caso, agravado porque a los clubes solo se les exige tener ocho contratos profesionales. Los trabajadores en este ámbito no son excepción al cuadro general, y comienzan a organizarse en busca de una respuesta. Tenemos, por caso, la creación del colectivo "Futbolistas Unidxs". Bajo el lema “las y los futbolistas (también) somos trabajadores”, proponen un Salario Universal para Futbolistas, costeado por Futbolistas Agremiados, la AFA, el estado, auspiciantes y canales de televisión, y se cobre desde el 30 de junio hasta que se permita nuevamente la actividad. Este petitorio, aún en etapa embrionaria, gana rápida adhesión entre las categorías inferiores del deporte. Está claro que las empresas van a querer lavarse las manos, aduciendo que no están recibiendo ingresos por el fútbol. Pretenden que el fútbol se sostenga solo, cuando ellos no pueden sacar tajada. Pero son los futbolistas los que mueven la pelota. En última instancia, incluso si se aceptara pagar un salario a los jugadores, es necesario discutir la renovación automática de los contratos: con la suspensión de los descensos hasta 2022, se abre un campo enorme para una mayor precarización laboral. Sin necesidad de armarse para pelear una categoría (ya sea ascenso o permanencia), ¿qué impide a los clubes aprovechar para “ajustar” en salarios y jugar los siguientes dos años con pibes ultra precarizados de las inferiores? Esperamos, con estas líneas, poder haber nutrido el debate de tanta charla futbolera, visibilizando algunas de las complejidades más profundas, que tocan de lleno la situación de las y los trabajadores del fútbol y que requiere una respuesta de conjunto, que vaya más allá de las narices de los Tinelli o Tapia. Por estas horas, con la triste noticia del fallecimiento de Tomás Carlovich en mente, recordamos un oportuno homenaje, convencidos de que, si jugase hoy día, el “Trinche” estaría en la primera línea luchando por su trabajo, junto a sus compañeros. Porque aparte de ídolos, ellos (también) son trabajadores.

Una importante y concurrida asamblea, convocada por el sindicato Ademys, se realizó el pasado martes 5 de mayo. Congregó a más de 250 docentes de la Ciudad. El detonante de la convocatoria fue el proyecto de “emergencia económica” impulsado por el gobierno de Larreta. Este establecía en sus artículos 17 y 19 el congelamiento salarial y la posibilidad de efectuar el pago de los haberes en forma diferida o escalonada de los trabajadores del Estado porteño. Finalmente, el proyecto fue aprobado con modificaciones. En la asamblea convocada por Ademys, el rechazo se manifestó en todos los distritos. Se tocaron temas de fondo de la docencia. Por un lado, la cuestión salarial. Los docentes de la Ciudad perciben un haber de bolsillo de $32.000 y deben trabajar, como mínimo, al menos dos cargos para cubrir el costo de la canasta familiar. Por otra parte, se discutieron las condiciones de virtualidad educativa, que han trastocado nuestras jornadas laborales, ahora son mucho más extensas. Además, debido a la falta de conectividad de muchas familias, nos encontramos adaptando todas nuestras planificaciones a diversos tipos de plataformas y utilizando, en la mayoría de los casos, WhatsApp para comunicarnos con nuestros alumnos, en un intento de garantizar la “continuidad pedagógica” pero en situaciones que nos exceden. Por otro lado, el GCBA ha expuesto a decenas de docentes al reparto de las paupérrimas viandas que se entregan en las instituciones desde hace 15 días, sin condiciones adecuadas de seguridad e higiene. Todos estos temas han sido parte del temario de la asamblea y una parte nodal de las intervenciones de las decenas de docentes que participaron de la instancia de deliberación. Otro tema de debate se dio en torno a la necesidad de coordinar con trabajadores de otros gremios de la Ciudad. Desde Tribuna Docente Tendencia expusimos el ejemplo de las luchas de los residentes y concurrentes, de los trabajadores de Penta y Bed Time y la necesidad de coordinador con esos sectores de trabajadores en lucha, en general, y con los municipales de CABA, en particular. En este punto, sin embargo, parte de la conducción Multicolor de Ademys (agrupaciones de los partidos del FIT U) intentó zanjar la cuestión argumentando que Ademys forma parte del Plenario del Sindicalismo Combativo y ese sería “el espacio que hay que construir”, porque así lo aprobó “la comisión directiva”. Una respuesta administrativa, alejada de la realidad, como señalaron varios docentes, frente a la necesidad real de confluir con otros sectores de trabajadores que vayan más allá del reducto del PSC. Continuidad del plan de lucha La numerosa Asamblea, resolvió: movilización el 7 de mayo a Legislatura, junto a residentes, concurrentes y movimientos sociales; paro virtual de 24 horas; y juntada de firmas online, dirigida al conjunto de la docencia de la Ciudad, en contra del proyecto de Larreta. Además, se votó la realización de una nueva asamblea, a desarrollarse en la semana entrante. En dicha instancia, debemos hacer un balance de la ley que se ha votado y darle continuidad al plan de lucha que los docentes hemos puesto en pie, y que debemos fortalecer y profundizar. Sobre todo, para luchar contra la implementación del artículo 17, que pone en riesgo la continuidad del pago de las próximas cuotas de nuestra paritaria.

Tras la protesta iniciada el 24 de abril en el Penal de Villa Devoto en reclamo de medidas que protegieran la vida de los reclusos en el contexto de la pandemia de Covid-19, el jueves pasado se alcanzó un acuerdo entre los detenidos de dicho penal, autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y funcionarios judiciales. Inicialmente, la protesta fue respondida con una represión que terminó con dos heridos graves por balas de plomo, ahora hospitalizados en el Pirovano. Se confirmó que ambos están, además, infectados por coronavirus. El contenido del documento El acta firmada tiene siete puntos. Entre estos se establece la conformación de un grupo de trabajo que aborde la temática penitenciaria en forma “integral” que trabajaría en paralelo con la mesa de diálogo conformada al calor del conflicto; mantener el compromiso de continuar y reforzar el mejoramiento de las condiciones de higiene, salud, prevención y alimentación y trabajar en el mejoramiento de los criterios criminológicos e informes que elabora la autoridad penitenciaria. Por otra parte, los reclusos se aseguraron de asentar que no haya traslados como reprimenda por la protesta y se ofrecieron colaborar con las refacciones y/o reparaciones edilicias en lugares de alojamiento. Además, presentaron un proyecto denominado “Ayuda Humanitaria” para la confección de productos de higiene y salud en el marco de la pandemia. Una salida de "buenas intenciones" que de ninguna manera da respuesta a las condiciones históricas de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios argentinos. Las cárceles argentinas continúan siendo una bomba sanitaria, bajo la jurisdicción de una burocracia repodrida -penitenciaria, policial y judicial- que regentea la “industria del crimen”. El martes anterior al acuerdo, la Corte bonaerense había suspendido la resolución de Casación que instaba a los jueces de primera instancia a disponer la prisión domiciliaria de reclusos por delitos menores y con problemas de salud. El dictamen de la Corte se realiza, qué duda cabe, bajo la presión de una campaña mediática sobre liberaciones y domiciliarias masivas e indiscriminadas que nunca se comprobaron. La derecha se montó en ella para introducir su agenda política – un sector que milita por un relevo adecuado a la magnitud del ajuste que plantea la “renegociación” de la deuda. A la “campaña contra los presos” se sumaron también funcionarios del propio oficialismo como Berni y Massa. Finalmente, Kicillof, reculando ante Berni, anunció la construcción de módulos sanitarios dentro de los mismos penales abarrotados. Un cambio para que nada cambie. Las cárceles, una bomba sanitaria En las cárceles argentinas, el 60% de la población carcelaria no tiene condena firme y está a la espera de juicio. Los establecimientos están superpoblados. El propio Estado, mediante la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), reconoce que hay una sobrepoblación del 16%. En el caso de la provincia de Buenos Aires, equivale a dos veces la capacidad establecida. En 1995 había aproximadamente 25.000 presos en la Argentina. En el 2020, según datos del PPN, hay más de 100.000. Un crecimiento exponencial al calor de una sociedad cada vez más desigual que genera una inmensa masa de población sobrante. Las cárceles son dispositivos disciplinarios clasistas habitadas por las clases bajas que no pueden acceder a defensas privadas ni a pabellones VIP. Por otra parte, la idea de que están abarrotadas de asesinos y violadores no responde a la realidad. El porcentaje de reclusos por este tipo de delito es claramente minoritario. Alrededor de 10% están encarcelados por causas relacionadas con homicidios -incluidos femicidios- y un 4,5% por delitos sexuales. La mayor parte de los detenidos lo está por delitos contra la propiedad privada y contra la ley de drogas. Por último, los establecimientos carcelarios no son sistemas cerrados. Entran y salen constantemente personas y mercancías de ellos. De extenderse el contagio entre los reclusos el virus no tardará en expandirse al resto de la sociedad. A menos que se deje morir a los encarcelados, violando los más elementales derechos humanos, cada enfermo va a utilizar una cama de hospital, saturando el ya precario sistema sanitario. Mientras no dan respuestas cabales para resolver este problema de salud pública que constituyen las cárceles, el gobierno nacional y los provinciales quieren reabrir la economía a toda costa. Hay que evitar un genocidio en las cárceles y una catástrofe sanitaria de conjunto.

El Sindicato del Neumático movilizó al Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar el pago total de los salarios en la fábrica Fate, que viene de realizar importantes descuentos en el pago de la segunda quincena de abril. Esta decisión unilateral de la patronal obligó a la Comisión Directiva del Sutna a iniciar un plan de acción a pesar de la cuarentena decretada por el Gobierno. La movilización del Sutna se realizó en las vísperas de una teleconferencia con la empresa convocada por el Ministerio. La posición de Madanes Quintanilla, dueño de Fate, es no reanudar el proceso productivo hasta que el sindicato acepte las suspensiones con reducción salarial. Mientras tanto, abonó unilateralmente los salarios con descuentos, que en algunos casos llegan al 50% de la quincena. Al momento de publicarse esta nota, la audiencia había pasado a un cuarto intermedio. Bridgestone y Pirelli, las otras patronales del neumático, tenían la posición inicial igual a la de Fate, pero con el correr del tiempo tuvieron que ceder a la posición defendida por el Sutna comprometiéndose al pago de las quincenas de mayo. Han recibido, eso sí, grandes beneficios de parte del gobierno, como reducciones en los aportes patronales. Esos mismos beneficios Fate ya los había recibido en un conflicto anterior, en el que había presentado un Procedimiento Preventivo de Crisis, que fue dejado sin efecto a partir de la lucha del Sutna y de grandes concesiones impositivas de parte del gobierno. La patronal de Fate viene de imponer en la planta de Aluar en Puerto Madryn un esquema de suspensiones como el que quiere imponer en su planta de San Fernando. En los discursos que cerraron la manifestación José Meniño, secretario general de la seccional San Fernando, denunció la actitud mezquina de la empresa de querer obligarlos a aceptar el acuerdo nefasto entre la CGT, la UIA y el Gobierno, y llamó a los trabajadores del Neumático a mantenerse en alerta. Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, denunció que la patronal obligaba a los trabajadores a romper la cuarentena, al descontar los salarios. Denunció que Madanes Quintanilla -dueño de grandes empresas como Infa, Futaleufú y Aluar- no puede decir que no tiene para pagar los salarios. Planteó que la movilización era una medida inmediata que había que hacer en respuesta a la actitud patronal, y que, si era necesario, iban a multiplicar la lucha. La movilización del Sutna estuvo precedida por un bloqueo frente a la fábrica durante el fin de semana, cómo una medida preventiva de cualquier maniobra de la patronal. La vigilia contó con actividades hacia el barrio aledaño, como un Lentejazo popular. La vigilia recogió la solidaridad de gran parte del movimiento obrero de la Zona Norte como la 60, Mondelez, los Suteba, entre otros, destacándose una nutrida delegación de activistas de Bed Time, que vienen de una semana de ocupación contra los planes también extorsivos de su empresa. La marcha del Sutna -realizada siguiendo los protocolos de distancia y utilización de barbijos- fue acompañada por distintas delegaciones sindicales y políticas. El Partido Obrero Tendencia participó con una delegación de Fernet Branca, Telefónicos, Estatales, de Alimentación, entre otras. No estuvo presente la lista de la burocracia de Wasiejko, ni en la movilización ni en la vigilia que se realiza frente a los portones de Fate, en una demostración clara de que avalan el plan de reducción salarial de la empresa. Las luchas obreras crecen en la Zona Norte y en el país, como respuesta a las reducciones salariales pactadas por la CGT, la UIA y el Gobierno. Los trabajadores de Mondelez Victoria desarrollan bloqueos en los portones de sus fábricas contra las suspensiones. Los trabajadores de Later-cer bloquean la calle principal del Parque Industrial de Pilar por la falta de pago. La misma calle venía de ser cortada por los trabajadores de Ilva, por el mismo reclamo. El rechazo del Sutna a la reducción salarial en Fate contrasta con la pasividad y la entrega del conjunto de la burocracia sindical frente al gobierno y las patronales. El conflicto de Fate comienza a visualizarse, rodearlo de solidaridad es ayudar a su triunfo en vísperas de una enorme crisis política que devendrá de la salida de la cuarentena.

El pasado 28 de abril, a través de plataformas virtuales, se reunió la Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina. Una resolución, aprobada por unanimidad, expresa un “apoyo a la propuesta de gravar las grandes fortunas y a la renegociación de la deuda, diferenciando la legítima de la ilegítima”. El proyecto oficial acerca de las grandes fortunas es “por única vez”, afecta a doce mil individuos solamente y calcula recaudar tres mil millones de dólares. Hay una propuesta de descontarlo del impuesto a las ganancias, del orden de u$s15 mil millones, lo cual lo reduciría, evasión mediante, a cero. El “apoyo a la renegociación” omite que se ha pagado deuda, de diciembre a la actualidad, por cinco mil millones de dólares, que la quita sobre el capital es de apenas el 6 por ciento. Como una ‘renegociación’ implica encontrar la vía del medio entre acreedores y deudores, el planteo encaja en la política de los fondos internacionales. La distinción entre deuda ‘legítima’ y ‘no legítima’ esta fuera de la mesa de renegociación, y difícilmente podría ser discernida de aquí al 22 de mayo, cuando el no pago de un vencimiento de 600 millones de dólares desataría el default. En definitiva, las corrientes que integran la directiva de la FUA se pusieron de acuerdo en una farsa. No debería sorprender a nadie que las agrupaciones estudiantiles que responden a las camarillas universitarias (peronistas y radicales) suscriban estos planteamientos. Lo inédito del caso es que fue acompañado por la izquierda, representada por dos agrupaciones del FIT-U, Izquierda Socialista y el Partido Obrero ‘oficial’. La declaración recoge también un conjunto de reclamos y pedidos, que no entrañan ningún plan de acción, pero que es incompatible con la ‘renegociación’ de la deuda con BlackRock y compañía. El estudio que determinó la ilegitimidad de la deuda hace dos décadas fue muy útil como factor de denuncia, pero incurría en un defecto conceptual. El primero es que toda deuda contra una nación soberana es ilegítima cuando alcanza un monto que convierte a los acreedores de una potencia dominante, en el gobierno real del país deudor, históricamente dominado, al que le impone sus planes y su estrategia. De otro lado, no existe un árbitro internacional con capacidad, autoridad y legitimidad para definir un resultado entre dos fuerzas desiguales en disputa. Un destacado representante de la corriente que rechaza el pago de la deuda ‘ilegítima’, Claudio Lozano, es director del FdeT en el Banco Nación, que acumula una pila de créditos ‘ilegítimos’ a clientes poderosos. La FUA forma parte del “Comité de Crisis Universitario” -junto a los rectores del CIN, las dos Conadu, Fatun. Este “comité de crisis”, presiona por el levantamiento de la cuarentena: el retorno al trabajo en las condiciones pactadas por la UIA y la burocracias de la CGT. Una semana atrás, en un texto público, se pronunció por “pensar colectivamente y debatir las condiciones del posible regreso paulatino a la presencialidad”. La izquierda, en un verdadero acto de “co-gobierno”, ha pactado este acuerdo con los seguidores de Yacobitti. Abandono de un programa En una nota posterior a la resolución, publicada en Prensa Obrera, Federico Casas, representante del PO oficialista en la reunión, hace caso omiso de este voto unánime (no lo menciona siquiera) junto a “las agrupaciones de las autoridades y el gobierno”. En el mismo periódico, se califica a la propuesta de Guzmán-Fernández a los buitres como “una farsa completa” (Prensa Obrera, 7/5). Casas se consuela porque la FUA aprobó “una campaña por el aumento a $10.000 de la beca Progresar”. Es decir, canjeó los principios por una beca. Pero incluso esta “beca” es presentada como un proyecto legislativo - “generar un marco legislativo”. A Casas lo entusiasma porque el FIT-U ha presentado “un proyecto en la Cámara de Diputados a través de la diputada del PO-FIT Romina Del Plá” (PO, 7/5). En el apartado “situación social”, se postula “implementar un consejo social para que se pongan en marcha acciones para articular con instituciones locales para generar respuestas a la crisis”. Según Izquierda Socialista, se aprobó una moción suya en apoyo a la lucha del frigorífico Penta, que ni siquiera figura en el comunicado final de la reunión. Probablemente, porque el apoyo a la lucha de los obreros es contradictorio con la “articulación” con las patronales y los gobiernos locales. El Consejo Económico y Social es una vieja consigna corporativa, que han implementado, en general, los “regímenes de excepción” (Mussolini, Franco) o sus sucedáneos (De Gaulle) o Perón-Gelbard. La resolución de la FUA, además, está plagada de ambigüedades respecto de la virtualidad. Pide “capacitaciones sobre el manejo de herramientas digitales destinadas al aprendizaje en el ámbito educativo para todxs lxs docentes”, pero donde se han brindado capacitaciones docentes, en ningún caso fueron contempladas como horas de trabajo. Sin empacho, Casas acusa a Franja de se promotores de la “virtualización forzosa” y el “apriete a los docentes”. El aparato del PO se pliega gustoso al reclamo de reuniones de Consejos Directivos, pues es un planteo que viene reclamando en todas las facultades, y que pretende desconocer la historia de lucha por la democratización por parte de nuestra corriente. Existe una diferencia crucial entre denunciar las causas reaccionarias para que no funcione un organismo del sistema, y apelar al mismo como una salida para los estudiantes. En el Consejo Superior de la UBA, con la participación del PO (O), se consumó, recordemos, el reparto discrecional de las rentas para los docentes ad honorem. Los y las militantes del PO (O) y del FIT-U, tienen la obligación de pronunciarse, no solo los universitarios. Son demasiadas ‘agachadas’ en cadena.

En todo el mundo, el 12 de mayo se celebra el Día de la Enfermera. La fecha se eligió en memoria de Florence Nightingale (Florencia, 1820 - Londres, 1910), la enfermera -y escritora- que en 1860 fundó la primera escuela laica de enfermería en el mundo, transformándola en una disciplina profesional. Nightingale también fue la primera mujer que, con su equipo de enfermeras profesionales, atendió a los heridos en la guerra de Crimea. La enérgica intervención de la enfermera cambió desde la higiene de las salas y los alimentos hasta la periodicidad de los controles y logró una drástica disminución de la mortalidad de los soldados. Hoy, ante la pandemia de Covid 19, la enfermería ocupa un lugar estratégico. Así como sucedió luego de la Primera Guerra Mundial, cuando las enfermeras se ocuparon de las primeras curas directas a los heridos, en los hospitales de campaña, la enfermería no será la misma una vez culminada esta guerra sorda. Sin embargo, en muchos países, las empresas privadas de salud despiden trabajadores con el argumento de que por la pandemia se derrumban sus beneficios. Como ésta los obliga a reservar la atención para el Covid y pierden el lucro que les garantiza las otras especialidades, recortan gastos despidiendo trabajadores. Abundan los testimonios como los de Mariya Buxton, enfermera pediátrica de Minnesota: "A las enfermeras se les llama héroes. Pero, realmente, no me siento como una heroína en este momento porque no estoy haciendo lo que me corresponde. La gente me solía decir que siendo enfermera nunca tendría que preocuparme de tener un empleo. Y aquí estoy, con 40 años recién cumplidos y desempleada por primera vez desde que empecé a trabajar" (BBC 6/5). Por otro lado, la pandemia ha develado que la salud pública se encuentra en ruinas en todas partes, de países más pobres a los países más ricos. Es la primera vez, en la historia de la enfermería, que se habla de despidos, echando trabajadores con años de formación, indispensables en esta emergencia sanitaria, para reemplazarlos por enfermeros precarizados y sin experiencia. En la Argentina, así como avanza la curva de contagios, también avanza la organización y lucha de las enfermeras en los lugares de trabajo. Hay un reclamo generalizado de mejores condiciones de trabajo, elementos de protección y aumento salarial. Enfermería lucha para organizarse y quebrar la complicidad de la burocracia sindical con los empresarios privados y el Estado, que ha convertido la salud en un negocio. También por el respeto a las licencias, para no perder más compañeros como Silvio Cufré. Este 12 de mayo, los enfermeros de todo el mundo recordarán a las enfermeras italianas Daniela Trezzi y Silvia Luchetta que se quitaron la vida colapsadas de estrés atendiendo en la primera línea. El gobierno, que no declaró la cuarentena en defensa de “la economía” patronal, hizo estallar de contagios las barriadas obreras. Es el responsable de la muerte de Daniela y Lucía. La lucha de los trabajadores por defender la cuarentena y por lo tanto la vida se replica en todo el mundo mientras el empresariado defiende su capital, como se ve en Brasil de Bolsonaro o el Chile de Piñera. La catástrofe sanitaria mundial pone de relieve el completo fracaso del régimen social. Mientras los gobiernos desembolsan una cuarta parte de las riquezas del mundo para salvaguardar a los capitalistas, dejan morir a miles de trabajadores. En nuestro país, el gobierno inició la llamada fase 4 de apertura de la cuarentena, sin tener ninguna indicación sanitaria que la recomiende. Lo que pesa es la presión de los capitalistas por poner en marcha sus empresas. Alberto Fernández ha admitido esta irresponsabilidad cuando acepta que si la curva se dispara se podría retroceder con la resolución. Este 12 de mayo, y estando en la primera línea de la lucha por el Covid 19, las enfermeras del Mundo saben que es su día y harán lo que hacen los 365 del año: desempeñar una de las profesionales más humanitarias como es el arte de cuidar. Serán las voces de millones de enfermeras que como profesionales, asalariadas, trabajadoras agremiadas y activistas salen a denunciar el derrumbe sanitario. Sus reivindicaciones y exigencias en defensa de las grandes mayorías marchan a contramano de los intereses capitalistas. Enfermería tendrá una jornada de lucha por la exigencia del pase a profesional, jornada de 6 horas y un salario acorde a la canasta familiar. Por la exigencia de test masivos a la población, por elementos de protección personal, por la reapertura de las paritarias y contra los despidos, por el pase a planta y el bono de salud. Hoy más que nunca, enfermería lucha por la defensa de la vida.

El reportaje que el diario La Nación (10/5) le hizo a Martín Guzmán sobresale, en lo formal, por un motivo: el ministro rompió su ´bajo perfil´ para despacharse con inusual dureza sobre el arco empresarial que, en estos días, rodea al gobierno con el abrazo del oso. Mientras despliega “elogios” a las propuestas oficiales de renegociación de deuda, el gran capital emplaza al gobierno a no conducir al país al “noveno default de su historia”. A estos consejeros interesados, Guzmán les dijo: “Cada uno tiene que decidir de qué lado va a estar”. “Hay mucho lobby hablando de que hay que evitar el default sin aclarar a qué costo”. Guzmán puso de manifiesto que el ´arco de apoyos´ que comienza con la Asociación Empresarial Argentina, y que continúa con las múltiples solicitadas de economistas internacionales, nacionales, mujeres y artistas, entre otros, constituye un monumental emplazamiento para que el gobierno llegue, a como sea, a un arreglo con los fondos internacionales. Hay que decir que, más allá del enojo periodístico, el gobierno se ha acomodado a los pasos exigidos por el gran capital. Después del vencimiento formal de la oferta argentina, el pasado viernes 8, Guzmán anunció una prórroga de las negociaciones hasta el 22, el último plazo para pagar los 500 millones de dólares del bono que venció el pasado 22 de abril. Ese día, los acreedores internacionales podrán declarar a Argentina en default. Alberto Fernández, en la noche del lunes, declaró a C5N que el gobierno espera “contraofertas”. Pero el libreto de éstas aparece todos los días en los diarios financieros: los acreedores reclaman la capitalización de los intereses impagos durante los años de gracia (una bola de nieve para los pagos posteriores); la eliminación de cualquier quita de capital y, finalmente, un posible cupón asociado al PBI, apostando a un “rebote” económico después de la pandemia y a un hipotético arreglo de deuda. Esa perspectiva choca, sin embargo, con el reflujo de capitales que asuela a los países emergentes, que tiene su punto de concentración en América Latina y más precisamente en Brasil. Otro “pliego” Pero las exigencias del capital financiero superan el horizonte de las meras quitas de capital o intereses. El titular del fondo Gear Capital Partners, señaló a Clarín que, para llegar a un acuerdo, el gobierno tendrá que “hacer todo lo que se negó antes: tener diálogo con los inversores, hacer un Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo, tener un programa económico coherente, subir los cupones de interés, reconocer el interés devengado, etc”. (Clarín, 12/5). Este planteo exige pasar el arreglo de deuda por el cedazo del FMI y, por lo tanto, por un programa de ajuste que ofrezca garantías de pago para cuando concluya el período de gracia. El titular de Gear añade que armar ese paquete “excede al vencimiento del 22 de mayo”, abriendo la puerta a otra de las variantes en discusión –colocar a la deuda argentina en un “paraguas”, según algunos, “hasta que pase la crisis del coronavirus”. No, es mucho más que eso: la prórroga de un default está condicionada al arreglo general de un programa económico, con intervención del FMI. Su primer punto, no cabe dudas, es una reforma previsional, que incluya el aumento compulsivo de la edad jubilatoria. Crisis política Las variantes en juego explican por qué Guzmán ha perdido la chaveta. Es que las dos puntas del camino que va hasta el 22 de mayo conducen a una crisis política. Un default podría terminar eyectando de su cargo al ´negociador` Guzmán, lo cual ha sido anticipado con el despido, el viernes pasado, del funcionario encargado de las negociaciones con los acreedores, cuando se supo que la aceptación de la oferta argentina apenas llegaba al 13%. La gran burguesía, que viene exigiendo un arreglo rápido de la deuda, colocaría en la picota a un gobierno defolteador. En la otra variante, un acuerdo ruinoso convertiría al régimen político y económico en una dependencia de los acreedores internacionales y del propio imperialismo, y abriría el escenario más o menos próximo de una rebelión popular. Aunque no figura en las noticias financieras, la clase obrera es un sujeto protagónico de todos estos vaivenes. Más allá de sus necesidades de financiamiento internacional –que la crisis mundial cuestiona en cualquier variante- la gran burguesía le teme a una ruptura con los acreedores, precisamente, por su temor visceral a los trabajadores. En medio del escenario convulsivo que empieza a gestarse detrás de los protocolos sanitarios, las suspensiones o quitas salariales, los capitalistas temen que el añadido de un default termine precipitando una irrupción popular en la crisis. Pero por los mismos motivos, ¡Guzmán y los F F necesitan tener “en mano” los recursos económicos que les demandan los acreedores internacionales! En el reportaje a “La Nación”, Guzmán pone de manifiesto esa encerrona: "El sector privado está recibiendo ayuda sustancial por parte del Estado. Sería bueno que se tenga eso presente cuando se habla de la deuda”, le dijo el ministro a los capitalistas que reclaman el arreglo con los acreedores y, al mismo tiempo, ser rescatados. La crisis de deuda, por lo tanto, pone de manifiesto la inviabilidad del régimen social que la ha contraído y que hoy exige ser socorrido por su Estado. El repudio de la deuda, la imposición de una banca única y el control obrero general son medidas elementales para impedir la sangría nacional.

Mauro Ezequiel Coronel, de 22 años, fue detenido el 1 de Mayo por una denuncia de violencia de género. Su madre fue a verlo en la comisaría 10° y allí escuchó gritos y pedidos de auxilió. Los policías le impidieron el ingreso y la mandaron a buscar ropa para su hijo. Cuando regresó, ya había sido “trasladado”, según le informaron. Durante dos días la familia buscó en las comisarías de Santiago el paradero de Mauro hasta enterarse por medio de una vecina que se encontraba en el Hospital Regional, donde finalmente murió el día 5 de mayo. La comisaría 10º es conocida por las torturas a los detenidos. No es la primera vez que la tortura termina con la vida de alguien: siguen impunes las muertes Luis Corvalán, Ramón Vázquez y Darío Pérez. Encubrimiento Los medios provinciales se hicieron eco de la versión del Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la provincia, Marcelo Barbur, en la cual la muerte de Mauro habría sido ocasionada por una enfermedad respiratoria, cuando el cuerpo presenta hematomas y golpes internos como resultado de la brutal golpiza que provocaron hasta su muerte. La familia señala la responsabilidad del estado en el encubrimiento y exige una nueva autopsia independiente del gobierno provincial. En contraste con el estado se encubre el accionar de la policía, los familiares y allegados de Mauro lograron acopiar pruebas y reconstruir su recorrido desde que dejo la comisaría 10º. Mauro habría sido trasladado al liceo policial donde habría continuado su golpiza. Al no recuperarse fue trasladado al Hospital Regional. Desde el Partido Obrero Tendencia, acompañamos el reclamo de los familiares y planteamos la necesidad de una comisión investigadora independiente del estado, integrada por familiares y organizaciones de lucha y de derechos humanos para llegar a la verdad. Que el estado garantice los medios materiales a la familia para que asigne un perito de parte para la autopsia de mauro. Juicio y castigo a los responsables de muerte de Mauro, cárcel común para sus asesinos. Desmantelamiento del aparato represivo. Por comités barriales independientes contra la represión que enfrenten la arbitrariedad policial. Justicia por Mauro Ezequiel Coronel.

Chubut ha ocupado la atención de los medios nacionales, debido a la crisis social, económica y política en la que está inmersa. Como telón de fondo se encuentra la fenomenal deuda en moneda extranjera contraída por distintas gestiones, tanto kirchneristas como del dasnevismo. Alrededor de mil millones de dólares son los que debe la provincia hasta 2026, que se devengan automáticamente de las regalías petroleras. Para poder sostener esas obligaciones, desde que Mariano Arcioni llegó al Ejecutivo en reemplazo del difunto Mario das Neves, ha profundizado las políticas de ajuste, dividiendo en rangos el pago de salarios a la planta estatal, con la excepción de la policía, derivando menos recursos para salud, educación y obras públicas e intentando avanzar sobre conquistas históricas de los trabajadores. Desde el año pasado que el Gobierno no le paga en tiempo y forma a sus empleados. A la fecha le debe al 50% de los trabajadores el sueldo de marzo, y a todos el de abril, incluidos al sector salud pese al decreto de emergencia sanitaria para afrontar el Covid 19. Días previos a la declaración del aislamiento decretado por el presidente Fernández, las bases estatales estaban coordinando la primera movilización del año para exigir el pago en tiempo y forma de sus salarios. La cuarentena abortó estas intenciones, pero la bronca se siguió expresando mediante las redes sociales. El 28 de abril alrededor de 500 textiles del parque industrial de Trelew se autoorganizaron y por primera vez en muchísimos años marcharon todos juntos contra el acuerdo nacional firmado por la AOT (Asociación Obrera Textil) y la FITA (Federación Argentina de Industrias Textiles) por el cual se les recortó hasta más del 50% de sus salarios a todos los operarios que estén en cuarentena. En esa oportunidad tampoco marcharon los dirigentes que conducen la AOT local. Ayer los 300 obreros de Sedamil, la principal fábrica del sector, ocuparon la planta en reclamo del cobro de las dos quincenas de abril y la que está por terminar de mayo. La estrategia de las patronales, los gobiernos y las burocracias sindicales es dividir a los obreros por fábricas y de esa manera debilitarlos en sus reclamos. Esquel, docentes, pesqueras La movilización textil fue tomada como ejemplo por los protagonistas del “Chubutazo” en curso desde hace dos años. El 4 de mayo en Esquel el pueblo movilizó multitudinariamente contra los nuevos intentos de implantar la megaminería en la provincia, prohibida por ley. De inmediato los trabajadores estatales decidieron sumarse a los reclamos, y los docentes realizaron movilizaciones durante el transcurso de la semana pasada, para terminar coordinando acciones en conjunto para el domingo último en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Trevelin, Esquel y Sarmiento, donde además participaron jubilados y trabajadores de la salud. En todos los casos brilló por su ausencia la conducción de la ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut), e incluso su secretario general, Santiago Goodman, ese mismo trató “caceroleros de derecha” a quienes movilizaron, lo cual fue repudiado por miles de personas en redes sociales en toda la provincia. A su vez, desde hace 51 días 264 trabajadores de la pesquera FYR S.A. se encuentran ocupando su planta en Rawson y desde la semana pasada su depósito en Trelew, en reclamo del cobro de cuatro quincenas (marzo y abril), vacaciones a partir del primero de abril, dos bonos (uno de 6 mil y otro de 2 mil) y los aportes. En total la deuda por trabajador ronda entre los 80 y 90 mil pesos. Han realizado varias movilizaciones, que incluyeron reclamos en Casa de Gobierno. La etapa que viene A fines de enero, en Política Obrera caracterizamos que el gobierno de Arcioni transitaba una crisis política de envergadura, cuando se le quebró el bloque legislativo a 50 días del comienzo de la gestión. Las divisiones al interior de Chubut al Frente, la fuerza que gobierna la provincia y que responde a nivel nacional a Sergio Massa, salieron a la luz luego de los intentos fallidos de impulsar un proyecto de ley de “reestructuración (ajuste) del Estado”, y de tratar una vez más de avanzar con la megaminería. Ambas intentonas fueron ordenadas al gobernador por el presidente Fernández. Todo lo anterior presagia que estamos ingresando a una nueva etapa del “Chubutazo”, desatada por la pretensión de las patronales y el gobierno provincial de avanzar sobre conquistas obreras. En esta etapa, se incorpora al proceso de lucha del sector privado, en una provincia con un peso relativamente fuerte de la industria y del comercio. Se pone a la orden del día la deliberación democrática de las bases en sus lugares de trabajo para discutir planes de lucha. Las experiencias embrionarias de coordinación de los estatales, en una provincia de vasto territorio, con distancias mayores a los 400 kilómetros entre grandes aglomerados, desarrolladas en los últimos dos años, debe ponerse al servicio de articular la lucha con el sector privado. El “Fuera Arcioni” sigue siendo una consigna presente en toda la provincia. Ese monstruo grande que amenaza con pisar fuerte, bautizado por sus protagonistas como “Chubutazo” vuelve al acecho, en tiempos de pandemia y crisis económica mundial.

El pasado sábado 9 de mayo tomó estado público la fuga del dueño de la tradicional empresa marplatense Postres Balcarce. Mario Zanabria dejó a 130 trabajadores en la calle y no les pagó los salarios correspondientes a marzo y abril. Los más de 100 obreros y obreras, en su mayoría mujeres, vienen manifestándose desde entonces en la puerta de la fábrica, reclamando el pago de sus sueldos. Hasta ahora, no han obtenido ninguna respuesta por parte de la patronal ni ninguna acción por parte de los gremios. Mientras las patronales intentan consumar la reforma laboral que no pudieron con Macri, y a pesar de las burocracias sindicales, los trabajadores desenvuelven luchas tenaces. Tras aislar la lucha de los trabajadores de Postres Balcarce durante más de dos meses, y luego de producida la fuga del empresario, la CGT local y las conducciones de los sindicatos de Pasteleros y Comercio, han pedido al intendente Montenegro que los reciba para tomar cartas en el asunto porque “el dueño de la firma no aparece” (Anred). El COVID-19 no sólo ha puesto de relieve la descomunal crisis económica mundial preexistente. La decisión oficial de “abrir la economía”, en pleno proceso de crecimiento de la pandemia, pondrá en evidencia el desarrollo de mayores choques entre los trabajadores -por la preservación de la salud, contra los despidos, suspensiones y rebajas salariales- de un lado, y las patronales, el gobierno y la burocracia del otro. El Sindicato de Comercio (Cavallieri), la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas acordaron una rebaja salarial del 25% para 800 mil trabajadores y trabajadoras; la entregada de la burocracia se manifiesta también, en la ciudad de Mar del Plata, en conflictos en el multimedios La Capital y en Textilana, donde sus trabajadores resisten la tentativa de imponer una reducción salarial de hasta un 50% mediante un acuerdo entre la Asociación Obrera Textil (AOT) y la cámara Empresarial (FITA). Las burocracias sindicales han evolucionado en un grado cualitativamente superior de su perfidia; pero frente a esto, bajo la pandemia y en el marco del desplome económico, se abre paso una nueva vanguardia de luchadores. Los trabajadores de Postres Balcarce han afirmado, en su última movilización, que no descartan iniciar la toma de la fábrica. Para que triunfen es necesario rodear de solidaridad esta lucha y apoyar todos sus reclamos. Por el pago inmediato de los salarios adeudados en forma completa. Prohibición de despidos y suspensiones. Ocupación de toda fábrica que cierre o despida.

Elon Musk “el empresario multimillonario”, CEO de Tesla, la principal empresa de automóviles eléctricos del mundo, con una fábrica de más de 10 mil trabajadores en el estado de California, “pareció prestar su voz al movimiento político marginal que equipara las medidas de salud pública con la opresión del gobierno, refiriéndose a las órdenes de refugio en el lugar como ´fascistas´ y tuiteando mensajes como ´América libre ahora´" (The Guardian, 11/5). Si bien California es uno de los estados más castigados por la pandemia, el gobernador demócrata, Gavin Newsom, se ha venido allanando a los reclamos de Trump para ´volver a la normalidad´. El jueves 7 anunció la reapertura de la mayoría de las actividades para el lunes 11. Sin embargo, varios condados muy afectados, entre ellos siete de la bahía de San Francisco, y el de Alameda, en el norte, en la ciudad de Fremont, donde está ubicada la fábrica Testa, decidieron mantener la cuarentena hasta fines de mayo: este condado de aproximadamente 240,000 habitantes tiene “2.101 casos de Covid-19 y 71 muertes hasta el domingo” (ídem). El magnate californiano no se quedó en las palabras: “Este lunes, el estacionamiento de la planta estaba casi lleno” (ídem). El hombre apeló a la Constitución del estado, más allá que “las reglas estatales no reemplazan las restricciones locales, si son más estrictas” (ídem). El poder de policía del condado, sin embargo, fue anulado. Elon Musk, a lo Rambo tuiteó: “Estaré en la línea con todos los demás. Si alguien es arrestado, pido que sólo sea yo” (ídem). Obviamente no le tocaron ni una pestaña. “El lunes, (el gobernador) Newsom dijo… que no sabía que Tesla había reabierto pero que tenía ´grandes expectativas de que podamos trabajar a nivel de condado´, y agregó: ´Esperamos muchas, muchas décadas de esa relación con Tesla´". The Guardian agrega: “Cualquier arresto en la fábrica es altamente improbable. Una portavoz de la policía de Fremont dijo que el Departamento aún no ha emitido una sola citación por violar la orden de salud pública de coronavirus”. Musk, con el apoyo de Trump, se enfrentó a la “coacción estatal” que pretendía imponer el ‘distanciamiento social’ - y se impuso. Hace tiempo que el principal accionista de Tesla funge como ‘anarco-capitalista’.

Así como las patronales aprovechan la pandemia para despedir, Posse aprovecha para avanzar en los espacios públicos. En este caso, sobre los accesos al rio. En San Isidro -al igual que en otros distritos costeros- la especulación inmobiliaria ha hecho estragos con los espacios públicos verdes y los accesos públicos al río. Esta vez, le tocó al acceso al rio que se encuentra en la calle 33 Orientales, del barrio de Béccar. Hace unas semanas atrás, por la mañana, una cuadrilla de camiones, topadora, patrulleros y funcionarios del municipio cerraron el paso de la calle 33 Orientales, desalojaron a la Asociación Civil “Amigos de 33 Orientales", rompieron candados, cortaron los cabos, sacaron el alambrado que protegía, se llevaron herramientas, kayaks, canoas. A la protesta de los pocos vecinos que se pudieron movilizar, el municipio respondió con 10 patrulleros. La reciente formación de pequeñas islas en la costa, la transferencia del puerto, entre otros, reavivaron el hambre de negocios. Así como los espacios públicos, la lucha por los accesos al rio tiene larga data en San Isidro. Casi toda la costa sanisidrense esta privatizada. El interés inmobiliario sobre el puerto busca arrasar con el club de amarristas; se privatizo el espigón; tres veces se intentó cerrar el acceso que se encuentra en Camino de la Ribera al 600; la concesión de los restaurants en la baja de Alvear; el espacio público Bosque Alegre, cedido al Club CASI para que sea cancha de rugby; la laguna encantada fue entregada a emprendimientos privados y la lista sigue… Un estudio del año del 2015 realizado por un vecino señalo que, de los 7.000 metros de frente del Río de la Plata, el 84 % está privatizado, unos 5.850 metros, en manos de clubes privados o barrios cerrados construidos sobre la costa pública y cedidos ilegalmente por la Municipalidad a espaldas de la mayoría de sus habitantes. Hoy en día hay sólo 1.150 metros de acceso libre. La crisis económica provocada por el coronavirus hace que se reactive el hambre de negocios por los espacios públicos por la necesidad de recaudar. Esto hace que se reinicien políticas que parecían estar paralizadas por un momento. En San Isidro, todavía hay varios procesos de luchas abiertos, como el predio de ex Obras Sanitarias de Beccar. Una señal de alarma a todas nuestras asambleas vecinales que a los largo y ancho del país luchan contra la especulación inmobiliaria. Hay que estar alertas.

Entre el 6 y el 9 de marzo las organizaciones patronales del agro llevaron adelante un ‘paro’ en oposición al tenue incremento de las retenciones a las exportaciones votado en diciembre pasado, e implementado en marzo. La Federación Agraria dio libertad de acción y solo se distanciaron del ‘paro’ las filiales de Pergamino y Tandil. Días más tarde, la Mesa de Enlace cambió de línea cuando el gobierno FF excluyó del “aislamiento social obligatorio” a la producción, distribución y comercialización agropecuaria. El privilegio sólo lo compartió la minería. El argumento del gobierno fue la necesidad de abastecer de productos alimenticios. La exportación, sin embargo –también exenta de la cuarentena–, que no es un “servicio esencial”, se lleva la mayor parte de la producción de origen agropecuario, especialmente para el consumo industrial o animal. La actividad agropecuaria ni siquiera afrontó mayores costos en materia de medidas de protección de la salud de los trabajadores rurales. UATRE, el sindicato obrero más patronal del país, ni siquiera hizo una campaña de alerta y prevención entre los trabajadores, ni reclamó protocolos de seguridad. Lo mismo ocurre en Estados Unidos y Brasil que, entre diatribas, se empeña en conservar el mercado de China para la soja. De todos modos, los precios de las commodities agrarias han salido muy dañadas en los últimos dos meses, especialmente el maíz (cayó un 20% promedio) y la soja (13%). En mucha menor proporción ocurrió con el trigo. Así que es de prever una caída de la siembra de este cultivo en la próxima campaña, porque además se derrumbó la demanda de biodiesel. Esta actividad semi-industrial está parada no tanto por efecto de la cuarentena sino de la parálisis industrial a escala nacional e internacional. Esto retrotaerá toda la cadena agroindustrial hacia el monocultivo de soja y a una acentuada re-primarización. La crisis agarra a los grandes grupos económicos, entre ellos varios agropecuarios, en ‘orsai’, porque hicieron grandes inversiones especulando con un boom de los biocombustibles. Ahora que la actividad está en la lona, reclaman al gobierno un incremento del 12 al 15% en la obligación de mezcla en hidrocarburos con biocombustibles (etanol de maíz); las petroleras por supuesto se oponen, porque encima se desplomó la demanda internacional. El gobierno acaba de concederles un precio a boca de pozo, el llamado ´barril criollo´, de u$s 45, un fenomenal subsidio a la producción. Sube así la tarifas del gasoil, insumo fundamental del agro. Los únicos que pagaron todos los costos de la crisis son los trabajadores rurales. La producción agraria no cesó ni un instante y así lo revela el hecho de que el trabajo informal creció durante la cuarentena, según diversas fuentes, un 60 por ciento. Debido a esta crisis, suenan ahora tambores de devaluación. Al calor de la suba del ‘dólar blue’, el sector especula guardando los granos. En marzo, la demanda de silo-bolsas para almacenamiento se incrementó, y en abril se liquidó un 30 % menos de divisas que para la misma época del 2019. Se estima que los productores retienen más de 9.000 millones de dólares. La cuenta del productor es sencilla: hoy recibe 42 pesos por cada dólar exportado, mientras el dólar paralelo cotiza a 120 pesos. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la cantidad de soja en poder de los industriales y exportadores es la mayor de los últimos ocho años. Los precios de los productos derivados de la soja, como la harina y aceite, los dos productos más exportados por la Argentina, se desplomaron un 17% y un 5,7%, respectivamente. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ha manifestado “su preocupación por la pérdida de competitividad de los productos exportables de nuestro país, principal recurso de ingreso legítimo de divisas”. Además, están reclamando una devaluación, además de un subsidio sobre el precio (inflado) del gasoil. La burguesía agraria ha salido al cruce del gobierno por cortar las negociaciones en curso con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros países. Por su parte, Bolsonaro acaba de anunciar el abandono de la vacunación anti-aftosa, pactada hace años, lo que pone en riesgo a todo el rodeo de la región. La crisis del Covid pone en jaque la continuidad del Mercosur como bloque económico. En este cuadro de situación, las principales cámaras del sector se encolumnan a favor una apertura de la cuarentena y un arreglo de la deuda con los fondos internacionales. Se despliega, de este modo, un frente opositor que tiene su asiento en los fondos internacionales, la patronal agraria pampeana, los pulpos mineros y la gran industria que tiene inversiones internacionales. Más que nunca es necesario un movimiento obrero agrario, de todas las regiones de Argentina.

Durante la última semana se han llevado a cabo, en forma virtual, diversas asambleas de delegados estudiantiles de los diferentes años y carreras convocadas por el Centro de Estudiantes del Instituto terciario Avanza. Varias decenas de estudiantes hemos participado, preocupados por la necesidad de avanzar en un protocolo frente a la pandemia y la virtualización forzosa que ésta impuso. Se tocaron puntos importantes tales como la modalidad de cursada, plataformas virtuales, los modos de enviar y recibir bibliografía, el reclamo de las convocatorias a mesas de examen y las dificultades en relación a los parciales y las prácticas. En este debate se vio reflejado que el Estado no está garantizando las condiciones adecuadas para una continuidad pedagógica virtual. Las dificultades en la conectividad y accesibilidad a internet y dispositivos como PC, netbooks y tablets es algo sobre lo que el Ministerio de Educación y el gobierno nacional solo han hecho demagogia. Amagaron con liberar datos y entregar netbooks, pero nada de eso ha sucedido. También han quedado de manifiesto las dificultades que sufren aquellos estudiantes que trabajan, otros que se encuentran sin ingresos, o quienes están con licencias por el cuidado de menores; quienes no tienen conectividad o PC en sus casas, o, si tienen, son compartidas por toda la familia. En este contexto, la sobrecarga de actividades ha sido una preocupación señalada en las asambleas. Muchas de estas dificultades lo son también de todos los trabajadores de la educación, quienes ven sus horarios y rutinas trastornadas por la necesidad de cuidar de sus hijos y ayudarlos con las tareas virtuales mientras deben atender cursos de al menos 30 estudiantes, lo cual insume muchísimo tiempo. Muchos docentes han quedado sin horas debido a la ausencia de actos públicos. Otros tantos cobran sus salarios de forma irregular y con grandes descuentos, sin motivo alguno. Todas las actividades virtuales tienen que ser sostenidas por recursos propios de los docentes. Otra vez el Estado obliga a sobreesfuerzos de los docentes para continuar la actividad pedagógica. Que el Estado no ha garantizado la continuidad pedagógica, lo demuestran las propias declaraciones del Ministro de Educación Trotta, quien aseguró que “no había que calificar por el momento”, mientras toda la comunidad educativa se pregunta cómo se acreditarán los trimestres, cuatrimestres y el año. Finalmente, el gobierno que no invierte en lo necesario para que podamos estudiar, está derrochando millonarios recursos en rescatar empresas y bancos y seguir pagando la deuda. Este cuadro plantea la necesidad de reforzar los lazos de unidad estudiantil-docente para determinar conjuntamente un protocolo y orientar nuestros reclamos en común al gobierno y las autoridades. Sin embargo, la conducción del Centro (en manos de una lista independiente) ha colocado todo el pliego como una “exigencia” exclusivamente dirigida a los docentes. Desde la UJS-PO (Tendencia) impulsamos el siguiente pliego: -Exigimos al Estado la garantía de becas de ayuda económica a todos los estudiantes que las necesiten, así como el IFE (ingreso familiar de emergencia) para todos los estudiantes que lo hayan solicitado. Es necesario el aumento del monto de las becas progresar por lo menos a diez mil pesos. -Necesitamos netbooks, tablets y dispositivos con adecuada conectividad y datos. También los necesitan los docentes. Con estas herramientas podremos avanzar en una mejor modalidad de clases y en la concreción del 6to llamado a finales. Que el Estado garantice una plataforma virtual única -Reclamamos una capacitación integral, tanto estudiantes como docentes para organizar nuestra rutina en las plataformas virtuales disponibles. -Nos solidarizamos con los docentes, muchos de ellos recargados en horas de trabajo y sin cobrar debidamente su salario. -Por una asamblea de estudiantes y docentes que unifique el pliego de reivindicaciones que exigimos al Estado.

El aislamiento social por el COVID-19 ha impuesto una cotidianidad virtual para buena parte de la población mundial. El desarrollo del teletrabajo o trabajo remoto como parte de cierta reconversión del mundo del trabajo frente a la pandemia ha verificado, simultáneamente, un crecimiento inusitado de otra plaga, la del ciberdelito. El listado de amenazas que esto incumbe es vasto: denuncias de suplantación de identidad, captación de datos sensibles, difusión de imágenes íntimas y de explotación sexual -mayormente infantil-, etc. La plataforma Zoom, para realizar videoconferencias, tuvo una implosión de vulneraciones en abril que involucró el hackeo de 500.000 usuarios y contraseñas, derivando en fenómenos como el 'zoombombing', consistente en la invasión de una reunión virtual con el objeto de transmitir videos, sea pornografía u otro contenido perjudicial (Infobae, 14/4). En Argentina, se estima que entre enero y marzo del 2020 se registraron más de 187 millones de intentos de ciberataques y, según la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires (Ufedydi), las denuncias por delitos informáticos habrían aumentado un 500% durante el aislamiento. La metodología del ‘fishing’ sobresale con un 44% en materia de crimen virtual, al tiempo que medran los casos por robo de cuentas de WhatsApp, de Mercado Pago, estafas en la gestión del trámite por el bono de IFE, etc. El ciberdelito a escala local ha manifestado, asimismo, una de sus expresiones más aberrantes con la transmisión del video de la violación de una menor en una videoconferencia de 150 personas, en la sede Comahue de la Universidad de Flores (Uflo). La política estatal destinada a perseguir y reprimir la criminalidad virtual, área de reciente desarrollo en el Ministerio Público Fiscal, verifica toda una serie de límites en el período actual. En efecto, frente a la disparada de casos de ciberdelitos señalados, los entes especializados como la UFECI o el propio Ministerio de Seguridad de la Nación no han desplegado más que tareas preventivas ante los hechos consumados. Las mismas se reducirían a una serie de pautas y consejos que debería adoptar la población lo que, en la práctica deja a su suerte a cada usuario. La eventualidad del recurso de un proceso judicial, por su parte, en la mayoría de los casos, se verifica impotente y hasta falto de la capacitación necesaria para dar una respuesta. El ministerio encabezado por Frederic hizo punta hace un mes con el proyecto de “ciberpatrullaje”, de herencia macrista, con el objeto de mensurar el ‘humor social’ de la población. La iniciativa, que desencadenó una crisis política incluyendo la retractación de la ministra para reglamentar un protocolo para el mismo, lejos está de desactivar el ciberdelito y los trastornos que está ocasionando en la virtualidad de los trabajadores. En efecto, apuntala un control policíaco sobre la actividad pública por redes, ante una crisis social que no se suspende con el actual decurso de la pandemia. El ‘cibercrimen’, de acuerdo a un informe del 2018 de la ONU, ha reportado pérdidas anuales que rondan los US$ 600 mil millones que afectan a los dos tercios de la población internauta mundial constituyendo, en el 2016, el segundo delito más denunciado a escala internacional. El mercado global de ‘seguridad informática’, por su parte, concentró en el 2019 una friolera de US$ 167,1 mil millones (Forbes, 05/04) en lo que a gastos en TI refiere. Para el que probablemente sea el negocio más lucrativo del crimen organizado mundial, amasando una acumulación que ronda el 2% del PBI mundial, el régimen social capitalista no tiene ninguna salida que ofrecer. Esta situación es crítica para una abrumadora mayoría de los trabajadores que, exentos de medios para lidiar con la polución virtual de estafas y otros mecanismos delictivos, encuentran comprometidos tanto su integridad financiera como también su único medio asequible de trabajo en medio de la pandemia. En un cuadro de crisis mundial capitalista agudizada por el contexto de la pandemia de COVID-19, prolifera una de las expresiones más descarnadas de la descomposición del régimen social actual al amparo de los propios estados capitalistas. La contraposición de una política de ciberseguridad y de prevención de hábitos virtuales a incorporar que, a nivel nacional pregonan los Frederic y Fernández, no sólo pone a las claras una sumisión en regla al desarrollo del crimen organizado sino también el recurso a los mismos mecanismos para procurar un control social. La reorganización sobre otras bases de la sociedad, que privilegie el interés de la clase obrera, va a permitir derribar la curva de contagio de las expresiones más abyectas del propio sistema capitalista.

El ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, reapareció en entrevistas para LN+ y Clarín, en las cuales sentenció: "Para aplanar la curva de contagios de coronavirus, el Gobierno destrozó la economía". “Es peligroso que el Gobierno se haya enamorado de la cuarentena como instrumento”. Las declaraciones del ex JP Morgan no fueron azarosas ni casuales. Se produjeron días antes de las operaciones de reestructuración de la deuda pública que lleva adelante Guzmán. Prat Gay actúa como un lobista de los grupos capitalistas que reclaman el levantamiento de la cuarentena y de los acreedores de la deuda que él supo conseguir. Allá por 2002-3, Prat Gay fue quien rescató a los bancos, adulterando los balances y subsidiando con redescuentos las cajas de ellos. En 2015-2016 se convirtió en agente financiero del pago a los buitres, de donde emerge gran parte el default actual. Tras aquella 'renegociación exitosa' el gobierno de Macri emprendería un ciclo adicional de endeudamiento exponencial, acuerdos de emergencia con el FMI por cifras desorbitadas de $57 mil millones de dólares, lo que terminó con el reperfilamiento de deudas en dólares y en pesos, por parte del ex ministro Lacunza, en un acuerdo con el FdT. En resumidas cuentas, da "consejos" un ex ministro de Hacienda de un gobierno que no fue capaz de hacer frente a los títulos emitidos bajo su propia administración. La política de Prat Gay Los gobiernos de los países que se rigieron desde el inicio por la premisa de "privilegiar la economía" vertida por Prat Gay, cayeron aplastados bajo el desenvolvimiento de la pandemia y tuvieron que refugiarse tardíamente en políticas de aislamiento social. En muchos de ellos se han abierto crisis políticas de diferente magnitud y levantamientos de trabajadores en defensa de la vida. En Europa tanto Inglaterra e Italia son ejemplos de implementación práctica de la política impulsada en Argentina por Prat Gay, por JpC y liberales. Inglaterra fue la expresión más cruda de una política dirigida bajo la hipótesis "contagio de rebaño" que hoy llevó a 26 mil muertos y una caída del PBI del 6,5%. Italia por su parte registra 30 mil muertes y su PBI caerá interanualmente el 9,1% según el propio FMI. En Lombardia, el núcleo industrial italiano donde las patronales lucharon por mantener activa la economía, se concentran la mayor cantidad de casos. América también tiene sus casos emblema en un tratamiento de la pandemia a favor de la economía. EE UU tiene aproximadamente 59 mil muertes y su PBI tendrá una caída de 5,9%. Brasil, alineando con la administración trumpista, ronda los 10 mil muertos mientras su PBI caerá 5,3% y atraviesa una crisis política y económica que tiene a Bolsonaro en la cuerda floja y que pone en jaque a la región bajo la depreciación monetaria del Real. El gobierno de AF adoptó una política de aislamiento social obligatorio que, hasta el día de hoy, recuenta 6265 infectados y 314 muertos y se estipula, según el FMI, una caída del PBI de 5,7%. Esto en medio de un paisaje hospitalario y médico desolador, sin testeos y por lo tanto sin conocimiento cabal de lo que ocurre con la infección. El desconfinamiento tiene lugar con la tasa de enfermos en aumento y una crisis monumental de deuda externa, que fue pagada a cada vencimiento hasta ahora. El festín de la deuda "Si Argentina no logra un acuerdo es un fracaso del Gobierno." dice Prat Gay al mismo tiempo que sostiene que el ofrecimiento de Guzmán es "realista" y que cumple con los márgenes de "ahorro fiscal" que exige el FMI, principal acreedor de la Argentina y quién supervisa la sostenibilidad del pago de la misma. Los bonistas rechazan, pero siguen negociando, plantea. A lo que asistimos es a una puja de lobbys político empresariales financieros sin igual, a la carrera por la rapiña del sistema capitalista que intenta dejar a las mayorías trabajadoras como víctima para el sacrificio. El gobierno de AF tiene disposición de pagar a como dé lugar (ha pagado obedientemente 5 mil millones de dólares en vencimientos mientras trazaba la propuesta de negociación). Los tenedores de deuda nacional (bonistas) quieren asegurarse un acuerdo que los haga cobrar el doble por papeles despreciados bajo la crisis. Por su parte los buitres Internacionales buscan deshacerse lo más pronto posible de la deuda de Argentina porque las condiciones financieras mundiales y del país son una bomba de tiempo. Para esto necesitan un acuerdo respaldado por el FMI porque como Prat Gay dice esto subiría de diez a quince dólares la cotización de la deuda en discusión. Lo que no dice es que ese "ahorro fiscal" asegurado por la propuesta de Guzmán de 60 mil millones de dólares para cumplir las exigencias de FMI significa un ajuste brutal sobre los trabajadores y las cajas de previsión social. Bajo la emergencia sanitaria se desarrolla una política de despidos, suspensiones, congelamiento de salarios de la mano de rescates siderales al empresariado. Los términos de renegociación de Guzmán no convierten a la deuda en sostenible, ni a cambio de ajustes violentos, debido a una economía nacional e internacional que cae en picada. Imganien lo que sería en los términos de BlackRock. Se abre una crisis inédita en un país que las tiene a repetición.

Lenin decía que la conciencia socialista viene de afuera. Y no hay peor falsificación de esto que el uso que le da la izquierda para justificar su incapacidad frente a los procesos revolucionarios en curso. De 1902 cuando Lenin escribió el Que Hacer a hoy, hay una historia de conciencia, experiencia y método que ha recorrido a la clase obrera, de derrotas y victorias forjada indisolublemente con la lucha por construir su propia organización. Es inimaginable que una obrera y sus compañeros admitan que se pueda parir en una fábrica y continuar trabajando como las textiles inglesas o la presencia de niños en la línea de producción de grandes industrias (esto no niega la descomposición del régimen y su barbarie). Tan inadmisible es, que la reforma laboral en todo el planeta encuentra resistencia por parte de los trabajadores. En todo el mundo, frente a la agudización de la crisis los trabajadores y trabajadoras sacan a relucir su mejores métodos y conclusiones. Las mujeres que intervienen en las rebeliones en curso están en esa. Se organizan, toman la acción directa, dicen el Estado es responsable o dicen Asamblea Constituyente luchando palmo a palmo con sus compañeros. ¿Dónde quedó la experiencia de las piqueteras argentinas? Salvo que la experiencia muera con cada generación, la sola idea de que como clase nada hemos aprendido es cuanto menos liquidacionista. Las mujeres no parten de cero a intervenir en la historia, es claro. Pero a la izquierda le encanta hacerse la tonta con esa experiencia y acusar a las masas de no ser permeables a esa conciencia socialista que le pretenden inocular. Entonces así justifican su autoconstrucción indefinida y sin norte que rebota en privilegios y burocracias marginales. Llamando a su incapacidad, espontaneidad. Finalmente estás corrientes asisten impávidas a la realidad deambulando entre el sectarismo y la total adaptación frente, incapaces de caracterizar e inventando bloqueos como el avance de la derecha, la bolsonarizacion de las masas, el peronismo gobernante fortalecido electoralmente o el feminismo dirección del movimiento de mujeres. Para construir un partido de la clase obrera es necesario desarrollar la conciencia socialista. Que no es estática ni un recetario. Y menos aún la expresión de su propio aparato. Es la capacidad de intervenir en las miles de contradicciones que se van a presentar en la lucha de clases para defender consecuentemente los intereses de su clase. Partir de la idea de que el movimiento de mujeres está infectado por el feminismo como algo que debe curarse para dar paso a la confrontación entre clases es falso, antidialéctico, liquidacionista y tiene por único objetivo justificar la propia incomprensión. ¿Qué estamos discutiendo? Al interior del movimiento de mujeres operan decenas de tendencias. Ahora bien. ¿Qué tendencias se destacan al interior del movimiento de mujeres en un cuadro de rebeliones populares como la que hemos caracterizado? ¿Se destaca el plurinacionalismo que le ha entregado el gobierno a la derecha en Bolivia? ¿Se destaca el lenguaje inclusivo? ¿O se destaca una tendencia de enfrentamiento con el Estado? ¿Cómo es que hay rebeliones populares dónde las mujeres que hablan de patriarcado de encuentran al frente con el resto de su clase? Sin lugar a dudas patriarcado no es sinónimo de capitalismo y no hay posibilidad de que caiga está "segregación ideológica" sin que caiga el régimen. Este no es el debate. El problema es como intervenimos cuando las compañeras se plantean que caiga Piñera. En definitiva, como intervenimos frente a una clara tendencia de confrontación con el Estado en todo el planeta. El método de la revolución se construye en una relación profunda con la situación política, pero sobre todo con la conciencia y la voluntad de las masas. Somos el partido que pretende organizar a la vanguardia, pero la lucha por la emancipación no es menester únicamente de ésta. Es absolutamente cierto que la consigna del Estado es responsable fue utilizada por el Kirchnerismo para usar a las mujeres contra Macri es su versión de Estado ausente. Pero no por eso bajamos la consigna, sino que las mujeres encontraron en ella una veta que las enfrento profundamente al gobierno. Ahora que son parte del gobierno las que agitaban el Estado ausente y las mujeres siguen agitando el Estado es responsable aún sin haber agotado sus expectativas, se ha abierto sin lugar a dudas un escenario que traerá confrontaciones enormes. Más que nunca el Estado es responsable. ¿Adónde va el feminismo? ¿Tienen el feminismo y la plurinacionalidad rasgos progresivos? No. En primer lugar, porque han fracasado y están en plan de autoconstruirse mamando de la teta del gobierno cuando el conjunto de las trabajadoras da muestras de estar decididos a ponerse de punta contra el Estado. En segundo lugar, porque el reformismo en cualquiera de sus variantes y sobre todo el feminismo están condenados a su liquidación por las condiciones objetivas de la crisis, por la bancarrota capitalista, no hay lugar para ninguna reforma democrática. Sin embargo, su programa sigue teniendo puntos en común con miles de trabajadoras. En la medida en que se desarrolle la crisis, su política oscilante, que va desde reclamar el aborto en el hospital a alinearse a reclamar un plan de pago al FMI, no tendrán cabida. En esta etapa de la crisis solo una intervención que explote estás contradicciones en cada resquicio va a ir separando a las trabajadoras de la burocracia feminista. Una política de capitulación ante el feminismo no solo implica adaptarse incorporando la "e" sino también sembrar expectativas reformistas entre las masas y no hay nada más parecido a eso que decirles que puede haber un capitalismo feminista. Nos estaríamos pegando un tiro en el pie. Dialogar partiendo de esta caracterización y las tareas de esta etapa y no de otra no implica llevar acciones comunes que no impliquen la posibilidad de una veta de intervención de clase. Para ganar a las mujeres a la lucha contra el régimen no puede partir de decirles que el FMI= feminismo. Este es un planteo confusionista que solo tiene objetivo destacar la pureza de nuestra intervención, aunque eso implique bloquear el debate con el movimiento en general. En esto también hay un objetivo de aparato y de autoconstrucción. Tajantes como nadie Este paño dinámico es sobre el que intervenimos. Y en ese paño no hemos tenido reparos en ser tajantes en nuestra delimitación, sin mezclar banderas ni programas. Pero como receta no sirve. Tiene que tener un desarrollo en la práctica. No hay un solo ejemplo sobre la actuación de la Tendencia del Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras Tendencia que demuestre que hayamos mezclado bandera y programa. Rechazamos las consignas y tretas ajenas al movimiento de mujeres. Cuando nos quisieron dar paridad en lugar de aborto o Ley Micaela en lugar de ponerle fin a los femicidios, lo denunciamos. No las rechazamos con el objetivo de delimitarnos. Las rechazamos porque pedíamos pan y nos daban hueso. También rechazamos las rencillas de aparato cuando la izquierda y el plurinacionalismo quisieron hacerle creer al movimiento de mujeres que estaban salvando el Encuentro Nacional de la burocracia peronista y del PCR cuando en realidad querían usar a las mujeres y al encuentro de vidriera electoral. Menos aún tuvimos reparos en no firmar el documento de la última jornada del 8 de marzo que la izquierda elaboró activamente y firmó en la clandestinidad de espaldas a todas las mujeres. Pero por sobre todas las cosas no hay en el Plenario de Trabajadoras Tendencia ni un solo ejemplo de extorsión al movimiento de mujeres. ¿O acaso le habríamos dicho a las mujeres que para decir “Fuera Macri” había que decir “Fernández tampoco”? ¿Por qué les diríamos que para luchar por su emancipación deben romper con un feminismo que encima no las agrupa? Sino que apenas las influencia. ¡El Fuera Macri, el “patriarcal” Macri, el “machirulo” Macri partía de la conclusión de que la agenda de las mujeres era incompatible con el gobierno! Si sigue este gobierno nos morimos. Tajante. ¡Menuda conclusión! ¡Y menuda perspectiva se hubiera abierto para las mujeres y la clase obrera intervinieran si esto se hubiera desarrollado! Las extorsiones nos llevan a la marginalidad y a la derrota de nuestra clase. Recordemos al PC alemán reclamándole a las masas que rompan con la socialdemocracia para así poder enfrentar el fascismo. Para construir una organización socialista de la mujer trabajadora que fortalezca al interior de la mujer en general un polo clasista solo se puede hacer dialogando pedagógicamente con las trabajadoras partiendo de sus virtudes, experiencias y conclusiones. Jamás de un sectarismo ramplón. ¿Qué hacemos entonces? Ahora las mujeres tienen la tarea del enfrentar al Estado que debe garantizar la cuarentena para salvaguardar la vida de la población. Un Estado que debe garantizar la comida, el trabajo, la ILE, la atención ginecológica y la defensa de las mujeres frente a un femicida en medio de una pandemia. Este es nuestro y su programa. ¿Vamos a armar las comisiones de mujeres para organizar la lucha por todo esto o vamos a discutir que primero tienen que entender que el patriarcado es "una entidad superestructural"? Comisiones que incluso integren elementos de la burocracia feminista. ¿Vamos a armar las brigadas de autodefensa en las barriadas o vamos a discutir con las compañeras que el feminismo es malo? ¿En el barrio la defensa de los derechos de las mujeres puede ser llevada adelante por el feminismo clerical comprometido con las iglesias que las instruye en no denunciar cuando el cóctel de hambre, violencia y miseria sea insostenible? Es decir, en lo inmediato. Por supuesto que no. ¿Vamos a separar a las mujeres de las barriadas de estos elementos discutiendo “patriarcado”? ¿O discutiendo que está mal ir a la Iglesia? Ridiculo. ¡Tan ridículo como plantear que el aborto es una reivindicación que no nos hace menos oprimidas! El aborto ni ninguna conquista o reivindicación de la clase obrera nos hace menos oprimidos per se. Eso sería entender la lucha de clase como un proceso lineal y la lucha por la revolución socialista como un proceso en etapas. Este planteo implica abandonar la lucha y prender fuego el programa de transición. Debemos ir a fondo por la conquista del aborto porque abre un curso de confrontación absoluto contra el Estado. Desde la defensa de la autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo al cuestionamiento total de condiciones materiales que el Estado no podrá garantizar para ejercer esa autodeterminación. Un femicidio cada 32 hs no es la política de un gobierno feminista. Dejar morir mujeres por aborto clandestino no es la política de las feministas que tienden redes de socorristas. Menos aún puede ser feminista un régimen que habiendo prácticamente igualado legalmente los derechos de hombres y mujeres no puede garantizar el ejercicio de estos. ¡Cómo le haríamos semejante concesión! Esta es una posición infantil. Explicarlo así solo liquida y confunde el debate con las mujeres. Las conclusiones caerán por su propio peso y por nuestra intervención consecuente concentrada en las reivindicaciones obreras, en favor de conclusiones clasistas. Hoy frente a un remedo de feminismo que no puede apoyarse en ningún gobierno ni Estado quebrado para prosperar nuestra tarea por delante son las revoluciones que debemos organizar. Elijamos nuestra táctica sobre la realidad. Delimitarse no puede ser un fin en sí mismo. Nuestra estrategia es deliberar, apoyar e impulsar toda acción que pueda encontrar una vía revolucionaria. Esas son las tendencias que nos interesan. Hoy más que nunca. Este camino dejará claro quién es quién acercando a la vanguardia a las filas de nuestra organización.

La imposición objetiva del modo virtual -en medio de la pandemia del coronavirus- abrió un terreno de choques, como lo prueban las marchas y contramarchas sobre los calendarios académicos. La polémica, a nivel internacional, es titular de numerosos sitios. La UBA resolvió comenzar el cuatrimestre presencial en junio. Forma parte de las presiones para levantar la cuarentena, con menoscabo de la salud, pero en función de planes que alteran la relación laboral en perjuicio de los trabajadores, y la académica en función de los intereses del capital ‘tecnológico’. En esto, Barbieri no está solo. La flamante “comisión de seguimiento del COVID-19”, convocada desde el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y con la participación de los gremios docentes, no-docentes y la FUA (Federación Universitaria Argentina) estableció “pensar colectivamente” las condiciones del regreso a la presencialidad. Por su parte el ministro de Educación, Nicolás Trotta, ha sentenciado de ´inviable´ el calendario y declarado que “hasta que no se encuentre la vacuna” las clases no vuelven. La crisis política envuelve a los todos bloques de la Universidad. La ausencia de un plan para garantizar la virtualidad educativa no es solo el reflejo del carácter improvisado de la gestión de las universidades. Hay razones políticas de fondo. En primer lugar, las universidades funcionan como “unidades de negocios” con capital invertido que necesitan movilizar. Los compromisos con las empresas que financian las mismas -con recursos muchas veces mayores a los asignados por el presupuesto nacional-, son el condicionamiento principal. La educación, en este régimen social, es un patrimonio del capital financiero y las autoridades cumplen el papel de agentes de esa privatización. El colapso económico que, a nivel país, se utiliza como factor de presión por un levantamiento de la principal medida sanitaria. El colapso educativo está cumpliendo una función similar. La Universidad debería ampliar su presupuesto para garantizar el proceso educativo virtual. Esto conllevaría a la ampliación de la planta docente -colocando un tope de estudiantes en las comisiones-, y a destinar fondos para la capacitación docente y la adquisición de recursos virtuales, y a un plan de becas para paliar la deserción. Asimismo, la adaptación a la modalidad virtual requiere abrir un debate sobre los programas de las materias y su correspondiente evaluación. Las camarillas, por el contrario, utilizan la excepcionalidad virtual para avanzar en la sobreexplotación docente y reafirmar el perfil de vaciamiento de las carreras. Tareas La principal dificultad del movimiento estudiantil para intervenir en este proceso reside en la crisis de sus direcciones. La ´victoria´ que la Franja Morada y el kirchnerismo quisieron presentar cuando se anunció una “liberación de datos móviles” para dominios de internet inexistentes duró menos que un suspiro. Ambas corrientes presionan a los docentes para continuar con el dictado de clases, mientras el gobierno escatima capacitación y recursos. La intervención de la UJS (Tendencia) a lo largo de esta crisis se concentró en promover la elaboración de pliegos de reclamos y organizar instancias deliberativas. Fue la experiencia en la conducción del centro de Visuales (Universidad de las Artes) donde, además de una asamblea en la facultad, impulsamos una reunión del conjunto de los centros de estudiantes de la Universidad. Este planteo lo desarrollamos en la asamblea en Veterinaria y la comisión directiva de Filosofía Letras, asimismo en la reunión del activismo del terciario Joaquín V. González. En Exactas-UBA, contramano del kirchnerismo que dirige el centro, promovimos la realización de una próxima asamblea del centro. La UJS (T) ha resuelto una campaña por la convocatoria a asambleas y reuniones por facultades impulsando una coordinación más general del movimiento estudiantil. La participación de la FUA en la “comisión de seguimiento del COVID” se hace sin ningún tipo de mandato, pero plantea un escenario nacional de discusión. Proponemos la elección de delegados en los cursos, donde se discuta la orientación de los respectivos centros y federaciones. Es necesario un pliego nacional de reclamos. Recursos, capacitación y aumento del salario y planta docente son aspectos nodales. La adaptación virtual exige una discusión democrática sobre los planes de estudio y la modalidad de enseñanza. Las universidades, además, tienen que "abrir los libros": explicar dónde están yendo a parar los fondos presupuestarios y ofrecer un verdadero relevamiento de como está ocurriendo la cursada. ¿Cuál es el porcentaje de deserción en estos momentos? Las autoridades guardan el secreto bajo siete llaves. Para poner en marcha estos objetivos convocaremos a plenarios abiertos en todas las provincias y regionales donde la UJS (T) tenga su actividad. Para salir a escena el movimiento estudiantil necesita sobre todo reagruparse políticamente. La lucha de la UJS Tendencia por recuperar su agrupación y su partido no tiene un gramo de interés particular (o de aparato). Es la pelea por conquistar a la vanguardia juvenil para su verdadera tarea histórica.

La patronal de Acindar amenaza con trasladar buena parte de las líneas de producción de su planta de Villa Constitución a Brasil. La razón, según la empresa, es la “intransigencia de la organización gremial de la fábrica”. La respuesta de la Junta Interna de la planta no deja dudas: los compañeros señalan que, cuando se discutió la reanudación parcial de la producción, la representación obrera sostuvo “una posición muy firme respecto del cumplimiento de los protocolos” (de salud). La patronal, por lo tanto, amenaza con su retiro… ¡cuando la organización obrera sale a defender la salud y la vida de los trabajadores! Y con ellos, de toda la población del sur santafecino. Las patronales quieren la “vuelta al trabajo”, pero sin hacerse cargo de la condición vital de quienes, con su trabajo, crean la riqueza social. En un episodio, en sólo una fábrica, queda retratada la incompatibilidad entre el régimen social capitalista, de un lado, y la sobrevivencia y futuro de los trabajadores – y de la humanidad toda, del otro. Y, sin embargo, estas patronales -como Acindar, Fate, Techint y tantas otras- ¡cuentan con los fondos del Estado para pagar los sueldos! El tesoro público, y también los recursos del Anses, deberían asegurar el sostenimiento real de los jubilados y desocupados en medio de la pandemia – y no “asistencias” miserables y tardías. Esos recursos, en cambio, rescatan a los capitalistas. Pero los capitalistas utilizan el salvataje -y el levantamiento atropellado de la cuarentena- para degradar las condiciones laborales, salariales -y peor aún- la seguridad sanitaria. Es lo que pretendían en Bed Time, y los derrotó la ocupación obrera. Es lo que ocurre ahora en Fate, donde la patronal quiere imponer fuertes reducciones salariales con el retorno al trabajo. Pero el comunicado de la patronal de Acindar, quejándose de la “intransigencia obrera”, es toda una confesión de partes. Hay una clase obrera que se pone de pie y asume la defensa de sus derechos y conquistas. La acción de esta nueva generación de luchadores delata a una burocracia sindical que, como nunca, se ha dedicado a auspiciar la degradación salarial y sanitaria en medio de la pandemia. La enorme crisis nacional le dará a esta vanguardia otra tarea histórica: la de imponer una salida obrera a la catástrofe social y sanitaria, a la cesación de pagos y a la sangría nacional.

La audiencia convocada entre Fate y el Sutna convocada por el Ministerio se ha convertido en un escenario de dilaciones, concertado entre la empresa y la cartera laboral, en perjuicio de los trabajadores del neumático. La empresa busca atenerse al acuerdo de reducciones salariales al 75% pactado entre la CGT, la UIA y el gobierno nacional, y extorsiona a los trabajadores amenazando con no reanudar la producción hasta que el sindicato no acuerde. La dirección del Sutna lo ha rechazado de plano, desarrollando distintas medidas de lucha. La audiencia, realizada el 11 de mayo, fue precedida por una vigilia frente a la fábrica de San Fernando desde el viernes, cuando se produjeron los descuentos, y que recogió la solidaridad de numerosas delegaciones obreras de la Zona Norte. La vigilia se sostuvo durante todo el fin de semana. El Sutna también convocó a una movilización a las puertas del Ministerio, horas antes de la audiencia, en el marco de una pelea que se presenta con la dificultad de que la fábrica no está produciendo. A pesar de los condicionamientos propios de la pandemia, se hicieron presentes sectores del movimiento obrero y fuerzas de izquierda, entre ellas, nuestra Tendencia. La audiencia se prolongó hasta la noche del lunes. Los dirigentes de la Negra denunciaron la complicidad del Ministerio de Trabajo encabezado por Moroni, con el plan de la empresa de suspensiones con reducción salarial. Ante la posición cerrada de la patronal de Madanes Quintanilla, el Ministerio dictaminó un cuarto intermedio hasta el día siguiente. El martes, durante toda la jornada, los representantes de los trabajadores estuvieron a la espera de su reapertura, lo que finalmente no sucedió. La patronal de Fate arrancó numerosas concesiones al Estado durante el “proceso preventivo de crisis” del año pasado. Nuevamente, puso en marcha ese juego de presiones a dos bandas. Finalmente, por distintos medios llegó a los trabajadores la información de que el gobierno había aprobado el subsidio (ATP) del 50% del salario, lo que coincidiría con lo descontado por la empresa en el último pago. Si bien más del 80% de las empresas del país se había anotado para que el Estado pague los salarios, el subsidio a Madanes Quintanilla no estaba confirmado. Ante esta confirmación, los trabajadores decidieron levantar, momentáneamente la vigilia. De todos modos, los planes patronales de suspensiones incluyen en casi todos los casos que el gobierno pague el 50% de la nómina salarial, y Fate no parece ser la excepción. Las patronales buscan repartirse a medias con los trabajadores el 50% restante, pagando sólo el 25% del salario y descontando el 25% restante. Aun cobrando la totalidad de la última quincena, la pelea abierta entre las patronales, con Fate a la cabeza, y el Sutna sigue abierta. Por su parte, la Violeta, de Pedro Wasiejko, ha estado ausente tanto de la vigilia frente a la planta de Fate como de la movilización al Ministerio. Es claro que su afinidad al gobierno nacional los coloca en el campo de la defensa del acuerdo entre éste, la CGT y la UIA. Quieren volver al frente del gremio para hacer pasar las reducciones salariales. El acuerdo de la CGT, la UIA y el Gobierno ha cosechado el rechazo de la base de varios gremios; en el Plástico, tuvieron que dejar sin efecto un acuerdo calcado, al igual que en la UOM de Caló. Entre los textiles ha despertado un proceso de lucha, tanto en Tierra del Fuego, como en Chubut y en distintas fábricas de Buenos Aires. El Sutna es uno de los primeros sindicatos nacionales que lo enfrenta: el moyanismo, mientras lo rechaza de palabra, deja que las empresas descuenten los ítems como viático y comedor que componen buena parte del salario de los Camioneros. Las dilaciones entre el Ministerio y la empresa no tienen otro objetivo que elegir el mejor momento para abrir un choque estratégico para la patronal de Madanes Quintanilla, por doblegar a la directiva del Sutna y por imponer las reducciones salariales.

En el marco de la “flexibilización” de la cuarentena, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, planteó que están evaluando un retorno a clases para el mes de agosto, en todos los niveles educativos, siempre y cuando la curva de contagios no se dispare. El regreso a clase se daría por medio de un plan que integraría instancias de educación virtual desde las casas y otras presenciales en los establecimientos educativos. Se baraja la posibilidad de turnar los días de asistencia. El anuncio se produce cuando la curva de contagios, lejos de amesetarse, se dispara con la expansión del virus en las villas de la Ciudad. En este escenario explosivo, la vuelta a clases traería el problema adicional de la circulación y traslado en transporte público de millones de personas. A esto se le agrega, ante la imposibilidad de construir nueva infraestructura en corto tiempo, la necesidad de acondicionar los establecimientos educativos a lo largo y ancho del país atendiendo a condiciones de infraestructura e higiene dispares. Algo totalmente imposible, más allá del diálogo de los últimos días entre Trotta y la burocracia de los gremios docentes nacionales, luego de meses de inacción por parte de esta. Basta señalar el estado paupérrimo de los edificios escolares que la docencia viene denunciando. Muchos no cuentan con agua, gas o baños en condiciones -una realidad que les costó las vidas a Sandra y Rubén, en una escuela de Moreno. En CABA, la compra de elementos de higiene está a cargo de las cooperadoras escolares, eso donde el estudiantado puede pagar la cuota social. Trotta piensa el regreso al aula a contramano de la realidad. Quienes plantean levantar por completo la cuarentena atendiendo a "la economía", reclaman el regreso al aula. Aunque Trotta planteé que va a garantizar que uno de los padres tenga licencia para poder atender a los niños los días que no vayan físicamente a la escuela, ya vimos a las patronales actuar frente al DNU de “prohibición” de despidos y suspensiones. No les significó más que papel mojado, no va a ser diferente con el otorgamiento de licencias parentales. La realidad cruda es que la escuela termina cumpliendo la función de "guardería" y comedor cuando los padres y madres tienen que ir a trabajar por sueldos que lejos están de cubrir las necesidades básicas. Brecha educativa La desigualdad en el acceso a la información y a la educación ha quedado expuesta en toda su dimensión bajo la pandemia. El menemismo transfirió los sistemas educativos a las provincias sin caja presupuestaria por medio de la Ley Federal de Educación. La Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 por el kirchnerismo no modificó esta situación, perpetuando una brecha educativa enorme entre las provincias. Bajo la pandemia, se ve agudizada y reforzada la existencia de circuitos educativos diferenciados a lo largo y ancho del país, al punto de que desde el propio Ministerio anticipan que, tras la cuarentena, se va a producir una fuerte deserción escolar. Los más vulnerables son los 793.899 estudiantes de las 15.305 escuelas rurales argentinas en las que trabajan 84.140 docentes según datos oficiales y los de las escuelas urbano- marginales. Sobre un total de 5.900 escuelas rurales, sólo el 22% tiene conectividad y los docentes tienen que ingeniárselas para recorrer grandes distancias para acercarle a las familias propuestas de actividades en formato papel. Aproximadamente el 42% de los estudiantes del país no están en condiciones de seguir el año escolar debido a la falta de equipos tecnológicos y a la conectividad necesarias. Pese a la creatividad de la docencia que busca lazos con los estudiantes por medio de WhatsApp, casillas de mail o plataformas virtuales, las computadoras entregadas por las distintas gestiones de gobierno ya resultan obsoletas y no funcionan los servicios técnicos para repararlas o actualizarlas. Esta brecha educativa se genera no sólo por la cuestión digital, sino también por las condiciones socioculturales que se dan al interior de cada hogar que hacen a cómo los padres pueden acompañar (o no) a sus hijos en los aprendizajes según su propia formación educativa Una perspectiva Estamos frente a un levantamiento de cuarentena y un regreso a clase improvisado. Es necesario impulsar desde las escuelas y desde los sindicatos combativos la más amplia deliberación entre la docencia porque es imperioso delinear un plan de lucha en defensa de la vida de toda la comunidad educativa, por protocolos sanitarios, condiciones de infraestructura e higiene, bolsones de comida dignos y un salario acorde a la canasta familiar.

El dengue era, a nivel planetario, la enfermedad viral más letal, hasta que apareció el Covid 19. En nuestro continente, en 2019, se registraron tres millones de casos. El dengue, a diferencia del Covid 19, no se transmite de persona a persona, sino por medio de la picadura de un mosquito Aedes aegypti, hembra, que necesita de la sangre humana para garantizar la supervivencia de los huevos. Cuando pica a una persona infectada y luego a otra sana la contagia. En varios países, el dengue tiene carácter endémico (Brasil, Paraguay, Bolivia, etc.). En nuestro país ese carácter solo existía en las zonas de fronteras del NOA y NEA. En 2009 y en 2016, se produjeron dos brotes epidémicos que abarcaron a numerosas provincias, llegando a zona de la CABA y el gran Buenos Aires. Con el nuevo brote, los casos registrados y las muertes ya superaron en todo el país las cifras de los brotes anteriores. En el caso de Tucumán, son más de 3.000, pero todos los especialistas sostienen que por cada caso registrado se debe contabilizar entre 10 y 20 casos más, o sea que alrededor de 50 a 60 mil personas han estado infectadas. En esta oportunidad, todos coinciden en que el brote ha sido más agresivo, más de 800 personas ha tenido que ser internadas y, por primera vez, se registraron tres muertes. El otro hecho, de suma gravedad, es que en el brote actual están circulando dos cepas del virus (se conocen a nivel mundial cuatro cepas). Cuando una persona infectada se recupera, queda inmunizada de por vida de esa cepa, pero no de las otras, quedando expuesta a nuevas infecciones con gravísimas complicaciones. Si bien el cambio climático, con inviernos más cálidos, y la capacidad de adaptación del mosquito a temperatura más bajas, explican la extensión epidémica del dengue, la política capitalista del gobierno, con sus negociados y el vaciamiento de la salud pública, explican la explosión de infectados y las muertes asociadas a este proceso infeccioso. El gobierno de Manzur solo ha llamado a “descacharrar” los domicilios y a realizar fumigaciones en algunos barrios y municipios. Una política estéril. Una reciente investigación realizada desde la facultad de Arquitectura demostró que en el radio de la capital existen 500 basurales clandestinos, y que coinciden con las zonas donde se produjeron los principales focos del mosquito que luego se fue extendiendo a todas las barriadas. Salta a la luz, el enorme negociado que ha significado concesionar la recolección de las basuras, donde los concesionarios impusieron una hoja de ruta que deja de lado a barrios enteros que no tienen otra escapatoria que echar la basura en algún baldío o zona periférica. El mosquito prospera en lugares con aguas estancadas y en las malezas. Los cementerios se han convertido en zonas de alta concentración por su estado de abandono, de la misma manera las escuelas y colegios, ahora sin clases, abandonados a su suerte. El boom inmobiliario, bajo el gobierno de Alperovich, estuvo fuera de toda planificación de urbana, lo que explica los derrames cloacales generalizados. A su vez, destacando que la prioridad es el Covid 19, las autoridades sanitarias dieron a conocer un cambio de protocolo frente a la aparición de un enfermo de dengue, suspendiendo intervenir en el domicilio y los domicilios vecinos para erradicar a los mosquitos y a los criaderos de la zona. Las medidas de fumigación se han demostrado completamente ineficaces. En general se realiza fuera de los domicilios, pero las hembras que son las que pican e infectan se radican dentro de los domicilios. El gobierno no asegura la entrega de repelentes o paracetamol para el vecindario que lo necesita. La indignación popular está creciendo. Hay que traducirla en un plan de acción para imponer un plan bajo control de los trabajadores orientado a asegurar la erradicación de los basurales y la recolección en todos los barrios y pueblo. Desmalezamiento y limpieza de canales, baldíos, cementerios y locales escolares. Restablecimiento del protocolo de salud frente a las personas infectadas. Análisis clínico de todas las personas infectadas. Entrega gratuita de repelente y materiales antimosquiteros en todas las barriadas populares.

Uno de los rasgos sobresalientes de la convulsionada Chubut es el salto que se ha operado en la organización de los trabajadores frente al total desbarajuste económico de la provincia y los actuales aprietes patronales. Si la primera respuesta a la crisis chubutense tuvo como protagonista central a los trabajadores estatales, el rasgo distintivo del momento actual es la intervención de los trabajadores industriales. La ocupación de la fábrica Sedamil, realizada con posterioridad a la movilización de los textiles de Trelew contra el vergonzoso acuerdo de la AOT con las cámaras patronales, es la expresión más nítida de ese salto organizativo de los trabajadores industriales. Pero no es el único: está ocupada desde hace 51 días la pesquera FYR.SA y se ha sumado ahora la ocupación de Foderami -de los mismos empresarios- por falta de paga de sus salarios. También hay otras pesqueras en conflicto. Hace años que Sedamil viene aplicando suspensiones del personal y salarios en cuotas, operando en negocios para nada claros que seguramente la ocupación va a ir sacando a la luz. Al igual que en Bed Time, la decisión de los trabajadores se debió a que no les pagaron las últimas tres quincenas. Un nuevo Penta La propia burocracia sindical de la AOT informó que ellos habían establecido con las empresas un acuerdo ruinoso para el pago de las suspensiones que variaba de $ 17.000 a $ 20.000, en cuatro escalas. En la práctica, implicaba una reducción del orden del 50% del sueldo. Este acuerdo fue repudiado por los textiles de Chubut, pues además de la rebaja salarial produjo un achatamiento de las categorías. Pero incluso este pago miserable iba a tener lugar con los aportes del estado nacional (ATP) a las empresas. En Sedamil no hubo acreditación de ese aporte estatal: los trabajadores denuncian a la empresa porque, a pesar de haber manifestado que hicieron los trámites, no figura ninguna constancia de ello en la AFIP. Ocurre que, para acogerse a las ayudas del gobierno, hay que acreditar aportes que la empresa nunca hizo. Además de un fraude a la AFIP, hay otro fraude adicional con los aportes jubilatorios, la obra social y hasta con las cuotas sindicales. La burocracia les oculta a los trabajadores la verdad de estos retrasos que generaron la justa ocupación de la fábrica, a pesar de que lo saben desde hace tiempo En declaraciones de los dirigentes de la AOT a los diarios de Chubut el año pasado, señalaron que “Sedamil tiene una deuda millonaria con la AFIP, … que por el momento no va a afectar la situación laboral de ninguno de los compañeros, ni los salarios que perciben, tanto los compañeros que están encuadrados en SETIA, como en la AOT”. Contrariamente a lo que dijo la burocracia, seis meses después sí afectó a las 300 familias de la planta. Como la patronal de Penta, la burocracia de Sedamil está floja de papeles. En una investigación a fondo sus directivos deberían estar presos. En el transcurso del año pasado, por este tema, la AFIP y Gendarmería allanaron la planta de Sedamil de Rio Grande investigando un fraude fiscal, e incluso una exportación en negro de sus productos. Defendemos la ocupación de los trabajadores de Sedamil hasta el cobro total de sus salarios adeudados .Si la empresa no regularizó los aportes y las deudas con el estado son millonarias ,debe ser expropiada por el estado provincial, bajo control de los trabajadores y readaptada a la producción de elementos textiles necesarios en la pandemia Esta abiertamente planteada una vasta coordinación de estas fábricas ocupadas y de todos los conflictos en curso entre los obreros industriales y los estatales de la provincia.

Anthony Fauci, el epidemiólogo de la Casa Blanca, acaba de decir “que la reapertura de EE. UU. podría desencadenar un brote 'que tal vez no pueda controlar'” (The Guardian, 13/5). En verdad es lo que ya está sucediendo: “la lista de las 10 principales áreas de aumento incluyó Nashville, Tennessee; Des Moines, Iowa; Amarillo, Texas; Racine, Wisconsin; Garden City, Kansas y Central City, Kentucky, un pueblo predominantemente blanco de 6,000 personas que experimentó un aumento de 650% semana a semana. El condado de Muhlenberg, donde se encuentra Central City, votó a los republicanos en todas las elecciones presidenciales desde 2004, y Trump ganó el 72% de los votos en 2016, la mayor victoria para el partido … los nuevos puntos críticos sugieren que el virus está avanzando rápidamente fuera de las principales ciudades costeras y ciudades como Nueva York, Newark y Seattle, donde las tasas de infección ahora se estancan o bajan. Muchos de los nuevos puntos críticos emergentes, tanto rurales como urbanos, se encuentran en estados donde los gobernadores se negaron a emitir órdenes de quedarse en casa, o están siguiendo el consejo de Trump de relajar las restricciones de preservar la cuarentena a pesar de las advertencias de salud pública sobre los peligros de hacerlo demasiado pronto … Solo hay 16 estados, más Puerto Rico y Guam, donde el número de nuevos casos confirmados está disminuyendo” (ídem). Esta nueva fase de la pandemia golpea en forma particular a estados claves republicanos, con fuerte presencia de contingentes obreros. “En Nebraska, … el estado tiene cifras estancadas, pero … cuatro condados que han sido fortalezas republicanas durante décadas ahora figuran entre los peores puntos críticos del país. El condado de Dakota, donde cerca del 84% de los 20,000 habitantes son blancos, tiene una tasa de infección de 7,147 por 100,000, la segunda tasa más alta per cápita en los Estados Unidos. El gobernador de Nebraska, donde Trump ganó casi el 59% de los votos en 2016, se encuentra entre los ocho que nunca emitieron órdenes de quedarse en casa en todo el estado” (ídem). “La industria del envasado de carne está vinculada a varios puntos críticos emergentes en Texas, una región semi-rural que consta de los 26 condados más al norte, donde Trump ganó el 79.9% de los votos en 2016 y su partido domina todos los niveles de gobierno. El condado de Moore tiene, con mucho, la tasa de infección más alta en el estado, con 2,413 casos por cada 100,000 hasta el martes. Aquí, la tasa de mortalidad es de 41 por cada 100,000 personas, 10 veces más alta que el promedio estatal. El condado de Moore es el hogar de la planta empacadora gigantesca de carne JSB, de propiedad brasileña, que emplea principalmente a trabajadores hispanos e inmigrantes, muchos de los cuales son transportados en autobuses de la empresa desde pueblos cercanos, incluido Amarillo. El brote en el condado de Potter, que es el hogar de Amarillo, se remonta a las plantas empacadoras de carne. Aquí, hubo 975 casos por cada 100,000 el martes, la segunda peor tasa en Texas y más de seis veces el promedio estatal” (ídem). El coronavirus en EE.UU. se ha revelado con particulares rasgos raciales: no hay cifras oficiales aún, pero ha sido letal entre las minorías negras, de latinos, entre religiosos musulmanes y judíos y entre las comunidades indígenas sobrevivientes, los famosos ´pieles rojas´: “Una población de 175.000 personas tiene casi 3.000 casos: es el tercer foco de Covid-19 detrás de Nueva York y Nueva Jersey. La nación Navajo es la reserva india más grande de los Estados Unidos … El 30% de ellos no tiene agua potable. Y una desconfianza atávica de los colonizadores —cuya última justificación sucedió en la década de 1950, cuando se los estudió, sin que lo supieran, para ver los efectos del uranio, que abunda en la zona, en el cuerpo humano— hizo que no respetaran las indicaciones de distanciamiento social” (infobae, 7/5). “La nación Navajo tiene hoy una tasa de infección del nuevo coronavirus 10 veces más grande que la de Arizona en su conjunto, y sólo 12 centros de salud en 70.000 kilómetros, donde por otra parte se suelen atender problemas más comunes como la diabetes, por lo que sólo tienen 13 camas en cuidados intensivos y 28 respiradores. Pero un antecedente preocupó a los habitantes de la reserva: en 2009, con la epidemia de gripe porcina, la variante H1N1 de la influenza A, los nativo-americanos murieron en una proporción cuatro a cinco veces mayor que el resto de los ciudadanos estadounidenses” (ídem). Trump está sembrando su camino a noviembre cada vez de mayores obstáculos. Sólo la cobardía sin precedentes de los demócratas y de su principal precandidato presidencial hasta ahora, Biden –a quien el ´izquierdista´ Sandler le ha dado todo su apoyo–, explica el impasse político norteamericana. Biden está compitiendo con Trump en el torneo de la campaña sucia acusando a China, sin ningún fundamento, de la pandemia.

La propagación del coronavirus en las villas de la Ciudad ya tiene las características de un desastre sanitario. En la Villa 31 hay por lo menos 500 casos confirmados, mientras que en la 1-11-14 del Bajo Flores llegan a 200. Pero estas cifras son sólo una muestra del verdadero alcance de los contagios: según los sanitaristas, al lado de cada contagiado conviven “entre 5 y 9 personas de contacto estrecho” (La Nación, 12/5) como resultado de las condiciones de hacinamiento en los barrios. A su turno, los testeos progresan a cuentagotas. Pero, aun así, el 70 o el 80% de los diagnosticados está dando positivo. En la misma conferencia de prensa donde se anunció la “flexibilización” de la cuarentena, junto a Fernández y Kicillof, Rodríguez Larreta y su equipo no mencionaron la situación en las villas, ni las medidas para frenar esta situación crítica. La razón es simple: la única “política” del gobierno porteño es el abandono de los barrios. En efecto: las ambulancias no entran a recoger enfermos. En la Villa 31, los vecinos presuntamente contagiados son llevados todos juntos en un mismo micro escolar, para hacerles el hisopado en algún hospital. Pero los hospitales están colapsados, y los pacientes deben permanecer un día entero hasta que les den los resultados. Luego del testeo, y sin resultados confirmados, los vecinos regresan a sus casas, y al contacto con su propia familia. A su turno, con las familias de los contagiados tampoco se toman las medidas necesarias para asegurarles un aislamiento. Los testeos se realizan por listados de presuntos contagiados. Nadie por fuera de ellos resulta testeado. En poblaciones de más de 40.000 habitantes, no se realizan más de 300 testeos por día. La propagación del virus, por lo tanto, no es una fatalidad “natural” – es el resultado de una política y de una orientación social. Las medidas de “concientización e higiene” son una impostura, en barrios que carecen de agua y servicios esenciales. El Estado porteño no entrega tampoco productos de limpieza a la población de las villas. La pretendida “seguridad alimentaria” no proviene de ningún modo del Estado. El hambre es mitigada por las ollas populares que se han levantado estas semanas, y que alimentan a miles de vecinos sin recibir un centavo del gobierno. Ante los reclamos de vecinos y organizaciones sociales, sus funcionarios dicen que no van a reforzar a los nuevos merenderos y comedores. Los comedores acumulan centenares de vecinos en listas de espera. La mayoría de los vecinos no pudo acceder al IFE, a pesar de estar precarizados y desocupados. La crisis de vacantes en las escuelas se convierte ahora en crisis alimentaria, por los niños y familias que no pudieron acceder a un lugar y, por lo tanto, a un plato de comida. La supuesta política de “higiene y salud”, con el lavado de casas y pasillos, se lleva adelante sin que el gobierno tenga que desembolsar un centavo: utiliza a las cooperativas de trabajo de los propios barrios, cuyas condiciones laborales y salariales son completamente precarias, y sólo alcanzan para higienizar a una mínima porción del barrio. La política para “adultos mayores”, la población de riesgo, apenas suma -según el propio gobierno- a 400 plazas, considerando la crisis en las villas, en los geriátricos y también a las personas en situación de calle, en una ciudad con 3 millones de habitantes y un elevado promedio de edad. La emergencia de Larreta y nuestra emergencia La crisis sanitaria en los barrios ha desnudado, como nunca, a la polarización social oculta detrás del “distrito más rico del país”. Junto a los monopolios financieros e inmobiliarios, uno de cada 5 habitantes de la CABA vive en condiciones precarias, hacinado y sin los servicios esenciales. Los planes de urbanización de villas, allí donde se llevaron adelante, han sido un fraude, dirigido a maquillar la penuria de los barrios. El Covid 19 sólo ha sacado a la luz este derrumbe social, del mismo modo que varios otros flagelos sanitarios que asuelan a los barrios, como el dengue y el sarampión. La “emergencia económica” y los superpoderes para Rodríguez Larreta también han mostrado su verdadera cara. Su objetivo no es atender la emergencia sanitaria, sino colocar el presupuesto de la Ciudad al rescate de la “patria contratista” y de los acreedores de la deuda pública. Lo prueba la penuria de los hospitales, la miseria salarial de los maestros y, por supuesto, la tragedia sanitaria de los barrios. La construcción de un verdadero hospital en Villa Lugano, la comuna más necesitada de la Ciudad, sigue “esperando”. Frente a este cuadro, es necesaria una gran movilización social y política del conjunto de los trabajadores de la Ciudad. La crisis de los barrios nos involucra a todos. Urge que los sindicatos combativos, las organizaciones estudiantiles de lucha y naturalmente los movimientos sociales y barriales debatamos un programa y un plan de acción. Los poderosos recursos económicos de la Ciudad se deben volcar resueltamente hacia los barrios afectados, para asegurar una atención masiva e inmediata que contenga los contagios. 1.Por testeos masivos en los barrios, a partir de un relevamiento bajo control de las organizaciones barriales. 2.-Inmediata contratación de trabajadores de la salud, trabajadores sociales y voluntarios, con salario y convenio, para todas las tareas de diagnóstico, relevamiento, higiene y saneamiento en los barrios afectados. 3.-Que la capacidad de todos los hoteles de la zona de Retiro sea declarada de utilidad pública, para el traslado y alojamiento de la población afectada o pasible de contagios. 4,-Centralización de todo el sistema de salud de la Ciudad, para darle lugar a los habitantes contagiados que requieren asistencia y atención médica. 5.-Asistencia alimentaria incondicional a toda la población de los barrios, bajo control de las organizaciones sociales y barriales. Entrega de barbijos, elementos de limpieza y sanitarios. 6.-Conversión real de las villas en barrios, a través de la erección de nuevas viviendas. 7.-Suspensión del pago de la deuda pública de la Ciudad. Impuesto extraordinario al gran capital radicado en la CABA, para financiar la emergencia sanitaria. Es necesario movilizar las fuerzas de todos los luchadores de la Ciudad por este programa. Hay que derrotar al coronavirus en los barrios, derrotando la política de los gobiernos de la deuda y el acaparamiento inmobiliario. Partido Obrero (Tendencia) 13.5.2020

Hay imágenes que marcan una época, que quedan grabadas en el imaginario colectivo de un país. La que no podrán olvidar en años los italianos es la que fotografiaron los vecinos de Bérgamo desde sus ventanas la noche del 18 de marzo. Setenta camiones militares cruzaron la ciudad en medio de un silencio sepulcral, uno detrás de otro, en una marcha lenta en señal de respeto: transportaban cadáveres. Los llevaban a otras ciudades fuera de Lombardía porque el cementerio, el tanatorio, la iglesia convertida en tanatorio de emergencia y el crematorio en funcionamiento 24 horas al día ya no daban abasto. La imagen plasmaba la magnitud de la tragedia en curso en el área de Italia más afectada por el coronavirus. Al día siguiente, el país amaneció con la noticia de que era el primero en el mundo en muertes oficiales por Covid-19, la mayoría en la Lombardía. Pero, ¿por qué la situación es tan dramática precisamente en Bérgamo? ¿Qué es lo que ha pasado en esa zona para que en marzo de 2020 haya habido un 400% más de muertos que el mismo mes del año anterior? El 23 de febrero los positivos en coronavirus en la provincia de Bérgamo eran 2. En una semana, llegaban ya a 220; casi todos en Val Seriana. En Codogno, población lombarda donde el 21 de febrero se detectó el primer caso oficial de coronavirus, bastaron 50 casos diagnosticados para cerrar la ciudad y declararla zona roja. ¿Por qué no se hizo lo mismo en Val Seriana? Porque en este valle del río Serio se concentra uno de los polos industriales más importantes de Italia, y la patronal industrial presionó a todas las instituciones para evitar cerrar sus fábricas y perder dinero. Y así, por increíble que parezca, la zona con más muertos por coronavirus por habitante de Italia –y de Europa– nunca ha sido declarada zona roja, a pesar del estupor de los alcaldes que lo reclamaban, y de los ciudadanos, que ahora exigen responsabilidades. Los médicos de cabecera de la Val Seriana son los primeros en hablar claro: si se hubiera declarado zona roja, como aconsejaban todos los expertos, se habrían salvado centenares de personas, aseguran, impotentes. La historia es aún más turbia: quienes tienen intereses en mantener las fábricas abiertas son, en algunos casos, los mismos que tienen intereses en las clínicas privadas. La Lombardía es la región italiana que más representa el modelo de mercantilización de la sanidad y ha sido víctima de un sistema corrupto a gran escala liderado por el que fue su gobernador durante 18 años (del 1995 al 2013), Roberto Formigoni, miembro destacado de Comunión y Liberación (CyL). Era del partido de Berlusconi, quien le definía como “gobernador vitalicio de la Lombardía”, pero contó siempre con el apoyo de la Liga, que gobierna la región desde que Formigoni se fue, acusado –y luego condenado– por corrupción en la sanidad. Su sucesor, Roberto Maroni, inició en 2017 una reforma de la sanidad que recortó aún más las inversiones en la pública y que prácticamente ha abolido la figura del médico de familia, sustituyéndolo por la del “gestor”. “Es verdad, en los próximos 5 años desaparecerán 45.000 médicos de cabecera, pero ¿quién va todavía al médico de cabecera?”, dijo impertérrito en agosto del año pasado el político de la Liga Giancarlo Giorgetti, entonces vicesecretario de Estado del Gobierno Conte-Salvini. La epidemia en la zona de Bérgamo, la llamada Bergamasca, se inició oficialmente la tarde del domingo 23 de febrero, aunque los médicos de cabecera –en primera línea de la denuncia de la situación– aseguran que ya desde finales de diciembre atendían muchísimos casos de pulmonías anómalas en personas incluso de 40 años. En el hospital Pesenti Fenaroli, de Alzano Lombardo, un municipio de 13.670 habitantes a pocos kilómetros de Bérgamo, ese 23 de febrero llegaron los resultados de los tests de coronavirus de dos pacientes ingresados: eran positivos. Dado que ambos habían estado en contacto con otros pacientes y con médicos y enfermeros, la dirección del hospital decidió cerrar las puertas. Pero, sin ninguna explicación, las reabrieron pocas horas después, sin desinfectar las instalaciones ni aislar a los pacientes con Covid-19. Es más: el personal médico estuvo una semana trabajando sin protección; un buen número de sanitarios del hospital se contagió y extendió el virus entre la población. Los contagios se multiplicaron por todo el valle. El hospital resultó ser el primer gran foco de infección: pacientes que ingresaban por un simple problema de cadera acababan muriendo por haberse contagiado de coronavirus. Los alcaldes de los dos municipios más golpeados de la Val Seriana, Nembro y Alzano Lombardo, esperaban cada día a las siete de la tarde que les llegara la orden de cerrar la población, que era lo que habían acordado. Todo estaba listo: las ordenanzas redactadas, el ejército movilizado; el jefe de la policía les había comunicado los turnos que se harían en las guardias y las tiendas estaban montadas. Pero la orden no llegó nunca, y nadie supo explicarles por qué. En cambio, sí llegaron continuas llamadas de los empresarios y dueños de las fábricas de la zona, preocupadísimos por evitar a toda costa el cierre de sus actividades. No se escondían. Sin ningún pudor, el 28 de febrero, en plena emergencia por Coronavirus –en 5 días se habían alcanzado los 110 infectados oficiales en la zona, ya fuera de control–, la patronal industrial italiana, Confindustria, inició una campaña en redes con el hashtag #YesWeWork. “Tenemos que bajar el tono, hacer entender a la opinión pública que la situación se está normalizando, que la gente puede volver a vivir como antes”, dijo el presidente de Confindustria Lombardía, Marco Bonometti, en los medios. El mismo día, Confindustria Bergamo lanzó su propia campaña dirigida a los inversores extranjeros para convencerles de que allí no sucedía nada y de que ni de broma iban a cerrar. El eslogan era inequívoco: “Bergamo non si ferma / Bergamo is running” (Bérgamo no se detiene). El mensaje del vídeo promocional para los socios internacionales era un despropósito: “Se han diagnosticado casos de Coronavirus en Italia, pero como en muchos otros países”, minimizaban. Y mentían: “El riesgo de infección es bajo”. Echaban la culpa a los medios por un injustificado alarmismo, y mientras mostraban a obreros trabajando en sus fábricas presumían de que todas las fábricas continuarían “abiertas y a pleno rendimiento, como siempre”. Tan solo cinco días después estalló el enorme brote de contagios y muertes que acabó siendo el más importante de Italia y de Europa. Pero ni así retiraron la campaña, ni mucho menos se plantearon cerrar las fábricas. Confindustria Bergamo agrupa a 1.200 empresas que emplean a más de 80.000 trabajadores. Todos fueron expuestos al virus, obligados a ir a trabajar, en buena parte sin medidas adecuadas –hacinados, sin distancia de seguridad ni material de protección–, poniéndose en peligro a ellos mismos y a todo su entorno. El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, del Partido Democrático, también se había unido al clamor de no cerrar la ciudad y el 1 de marzo invitaba a la gente a llenar los negocios del centro con el eslogan “Bérgamo no se detiene”. Más adelante, frente a la evidencia de la catástrofe, se arrepintió y reconoció que había tomado medidas demasiado blandas para no entorpecer la actividad económica de las potentes empresas de la zona. El 8 de marzo los contagios oficiales en la Bergamasca habían pasado, en una semana, de 220 a 997. Por la tarde se filtró que el Gobierno quería aislar la Lombardía. Después de horas de caos en que muchos abandonaron Milán en estampida, Giuseppe Conte apareció, ya de madrugada, en una confusa rueda de prensa a través de Facebook para anunciar el decreto. No era lo que esperaban los alcaldes de las poblaciones de la Val Seriana: nada de zona roja, sino naranja. Es decir, se restringían las entradas y salidas de los municipios, pero todo el mundo podía seguir yendo al trabajo. Al cabo de dos días, el confinamiento se extendió a toda Italia por igual. Y nada cambió en la zona de la Bergamasca, donde los contagios crecían y crecían al mismo ritmo imparable de sus fábricas funcionando a toda máquina. “Cuando todos en la zona, sobre todo en Nembro y Alzano Lombardo, daban por descontado que se iba a declarar la zona roja, algunas empresas importantes de la zona hicieron presión para retrasarla lo más posible”, cuenta Andrea Agazzi, secretario general del sindicato FIOM Bérgamo, en el programa Report, de la RAI. Y añade: “Confindustria jugó sus cartas y el gobierno eligió de qué parte iba a estar”. Los contagios y las muertes aumentaron imparables, especialmente en las zonas industriales de la Lombardía situadas entre Bérgamo y Brescia. Un mes exacto después del primer caso oficial de coronavirus en Italia, el sábado 21 de marzo, se llegó al triste récord de casi 800 muertos diarios. Los gobernadores de la Lombardía y el Piamonte –otro gran polo industrial– declararon que la situación era insostenible y que era necesario detener la actividad productiva. Conte, que hasta entonces se había mostrado contrario a la medida, apareció por la noche abrumado para decir que sí, que ahora sí, se cerrarían “todas las actividades económicas productivas no esenciales”. Confindustria se activó de inmediato e inició una ofensiva de presión al Gobierno. “No se pueden cerrar todas las actividades no esenciales”, decían en una carta al premier detallando sus exigencias. Los industriales lograron que el decreto tardara 24 horas en ser aprobado y que Conte aceptara sus condiciones. En efecto, el Gobierno había elegido de qué parte estar, y no era la de los trabajadores. Los sindicatos, en bloque, se pusieron en pie de guerra y amenazaron con una huelga general si no se cumplía el cierre real de las actividades productivas no esenciales. Confindustria había conseguido que se añadieran a la lista de actividades que podían seguir funcionando muchas que no eran de primera necesidad, como las de la industria de armas y municiones. Además, incluyeron una especie de cláusula que permitía, en la práctica, que cualquier empresa que declarase que era “funcional” para una actividad económica esencial pudiese permanecer abierta. Esto hizo que solo en un día, en Brescia, la otra provincia lombarda golpeada por el coronavirus, más de 600 empresas que no estaban en la lista de las esenciales iniciasen los trámites para poder continuar en funcionamiento. "No entiendo los motivos por los que los sindicatos querrían hacer huelga. El decreto ya es muy restrictivo: ¿qué más se tendría que hacer?”, dijo, poco empático, el presidente de Confindustria, Vincenzo Boccia. Y añadió: “Ya perderemos 100.000 millones de euros al mes; no detener la economía conviene a todo el país”. Annamaria Furlan, secretaria general del sindicato CISL, trató de explicárselo: “Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica, pero es que ahora está en riesgo la vida de las personas”. Los trabajadores de las fábricas iniciaron protestas y paros mientras los sindicatos negociaban con el Gobierno, que al final recapacitó. Se eliminaron algunas actividades de la lista de las más de ochenta consideradas esenciales, como la industria armamentística o los call-centers que venden por teléfono ofertas no requeridas, y se restringieron las industrias petroquímicas. También se acordó que no era suficiente la autocertificación de una empresa para pasar a ser considerada funcional para una esencial, y el compromiso de tutelar el derecho a la salud de los trabajadores que continuasen en las fábricas. Con todo, quedaron puntos ambiguos en el decreto y hay una zona gris que permite a muchas fábricas continuar abiertas. Del mismo modo, muchos obreros continúan trabajando sin la debida distancia de seguridad ni el material adecuado. Las fábricas de la Bergamasca continuaron prácticamente todas abiertas hasta el 23 de marzo, cuando los contagios oficiales en la zona ya eran casi 6.500. Una semana después, el 30 de marzo, a pesar del decreto de cierre de “todas las actividades productivas no esenciales”, había 1.800 fábricas abiertas y 8.670 infectados oficiales en la zona. Pongamos nombre a las fábricas que no quisieron cerrar. Una de las empresas de la zona es Tenaris, líder mundial en la fabricación de tubos y servicios para la exploración y producción de petróleo y gas, con una facturación de 7.300 millones de dólares y sede legal en Luxemburgo. Emplea a 1.700 trabajadores en su fábrica de la Bergamasca y pertenece a la familia Rocca, con Gianfelice Rocca, el octavo hombre más rico de Italia, de propietario. En la provincia de Bérgamo, como en toda la Lombardía, la sanidad privada es muy potente. En la Bergamasca, en concreto, la mitad de los servicios sanitarios pasan por la privada. Las dos clínicas privadas más importantes de la zona, que facturan más de 15 millones de euros anuales cada una, pertenecen al grupo San Donato –cuyo presidente es nada menos que el ex-viceprimer ministro italiano Angelino Alfano, exdelfín de Berlusconi– y al grupo Humanitas. El presidente de Humanitas es Gianfelice Rocca, también propietario de Tenaris, la industria que no ha querido mandar sus trabajadores a casa. La sanidad privada bergamasca no se activó por la emergencia Coronavirus hasta el 8 de marzo, cuando, por decreto, se tuvieron que posponer todos los servicios no urgentes. Solo entonces empezaron a hacer sitio para los pacientes con Covid-19. Brembo es otra gran empresa con fábricas en la Bergamasca. Pertenece a la potente familia Bombassei, también metida en política: Alberto, el hijo del fundador, fue diputado por Scelta Civica, el partido de Mario Monti. Tiene 3.000 trabajadores en sus fábricas de la zona de Bérgamo, donde producen frenos para coches. Factura 2.600 millones de euros. No quisieron cerrar. La Val Seriana fue industrializada en gran parte por empresas suizas hace más de 100 años, por lo que la presencia de fábricas ligadas a Suiza es aún importante. Otra gran empresa que tiene más de 6.000 trabajadores en Italia, más de 850 en la Bergamasca, es ABB, con capital suizo y sueco. Líder en robótica, factura 2.000 millones de euros. El 30 de marzo seguía abierta con total normalidad. Persico, empresa italiana que produce componentes de automoción, con 400 trabajadores y 159 millones de facturación, tiene sede en Nembro, el municipio con más muertes por Covid-19 por habitante de Italia. Pierino Persico, el propietario, fue uno de los que más se opuso a que se declarase la zona roja. En Nembro, en marzo de 2019 murieron 14 personas. El mismo mes de este año han sido 123 (un aumento del 750%). Y aun así, los infectados oficiales son solo 200. En Alzano Lombardo, en marzo del 2019 murieron 9 personas; este marzo, 101. En la ciudad de Bérgamo (de 120.000 habitantes) los muertos este marzo han sido 553, mientras que en marzo del 2019 fueron 125. Los datos de infectados no son fiables porque no se hacen tests, y desde la Protección Civil italiana –que ofrece los recuentos– se advierte que los números deberían multiplicarse al menos por diez. Según un estudio publicado por el Giornale di Brescia, en esta provincia lombarda la cifra de infectados sería 20 veces mayor que la oficial, un 15% de la población. Y lo mismo con los muertos. Según este estudio, serían el doble de los oficiales, es decir 3.000 solo en la provincia de Brescia. La falta de tests –a los vivos y a los muertos– hace imposible efectuar un recuento fiable. Lo que sí se sabe es que Italia es el país del mundo con más fallecidos por Covid-19, alrededor de 18.000, y la mayoría son de la zona del norte industrial. Ahora, frente a los miles de cadáveres y a una población que empieza a convertir su dolor en rabia, todos se sacuden las culpas. El gobernador de la Lombardía, el leghista Attilio Fontana, culpa al gobierno central y asegura que no fue más estricto porque no le dejaron. En realidad, si hubiera querido habría podido serlo, como lo fueron los gobernadores de Emilia Romaña, Lacio y Campania, que decretaron zonas rojas en sus regiones. La verdad es que ninguna autoridad ha estado a la altura, excepto los alcaldes de las poblaciones pequeñas, que son los únicos que han reconocido –y denunciado públicamente– las presiones de los industriales, que les asediaban a llamadas para intentar de todas todas evitar o posponer el cierre de las fábricas. Desde una Bérgamo herida y aún en shock, los ciudadanos empiezan a organizarse para pedir que se esclarezcan los hechos y que alguien asuma, al menos, la responsabilidad de haber permitido que los intereses económicos primasen sobre la salud –es decir, la vida– de los trabajadores de la Bergamasca. Muchos de ellos, por cierto, precarios. Publicado en: https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31884/Alba-Sidera-Italia-coronavirus-lombardia-patronal-economia-muertes.htm

Los trabajadores de la fábrica de alfajores La Nirva, ubicada en Lomas del Mirador, del partido de La Matanza, se encuentran realizando desde la semana pasada un acampe en la puerta de la empresa en reclamo del cobro de sus salarios. Se trata de 65 trabajadores (80% mujeres) a los que la patronal les adeuda 9 meses de sueldos, los estafó con cheques a 90 días sin fondos y no les realizan los aportes patronales. Tampoco pueden recibir ningún subsidio del gobierno por figurar como trabajadores en blanco. El lunes 11, los trabajadores fueron desalojados ilegalmente de la entrada de la fábrica por policías de civil. En respuesta, el martes 12 organizaron una movilización desde la plaza de Ruta 3 y finalizó en las puertas de la fábrica. Se hicieron presentes docentes de SUTEBA, trabajadores de la textil Iberoamericana -en conflicto por salarios adeudados-, trabajadores de la salud del hospital Paroissien entre otros. Luego de una asamblea, los trabajadores resolvieron mantener el acampe en la puerta de la planta, hasta obtener una respuesta. Los compañeros son conscientes y comprenden la situación de la pandemia, pero manifiestan que “con hambre no se puede hacer cuarentena”. Dialogamos con Sergio Naranjo, subdelegado de fábrica. ¿Cómo está el conflicto? Estamos acá en la lucha porque no tenemos respuesta del empresario. Supuestamente nos iban a pagar, hasta ahora no tenemos respuesta de nada. Estamos peleando desde el 2019. Nos dieron cheques falsos y hasta ahora no los pudimos cobrar, estamos acá en la lucha con los compañeros, estamos esperando a ver qué respuesta hay, por qué no dan la cara. Anoche vinimos a hacer guardia y la policía nos sacó de la vereda diciendo que no podíamos estar acá porque estamos por violentar el tema del virus. ¿Recibieron amenazas? Sí, a mí, me llamó por teléfono el abogado, estábamos hablando de la negociación supuestamente nos iban a dar el 50%, pero dijeron que habíamos roto el portón del garaje de la empresa, y eso nada que ver, le expliqué quién fue, y que si tiene algún video o prueba que la muestre, que no puede culpar a los demás. Después me dijo que yo era un patotero, y que me iba a mandar a pegar dos tiros con Juan Pablo, un ex empleado de seguridad, hoy mano derecha del dueño, y justo casualidad estaba Juan Pablo en el auto y no sé si no estaba el abogado en el auto ayer, cuando nos desalojaron anoche. En ese momento no sabíamos que hacer y por eso nos fuimos. De repente cayeron policías y nos empezaron a rodear de todos lados tratándonos como si fuéramos delincuentes, nosotros venimos a reclamar lo nuestro. Son muchas deudas. Deben 18 millones a los 65 empleados que somos acá, el 80% son mujeres, estamos peleándola y no vamos a aflojar, esto viene de años ya, no es de ahora, venimos luchándola desde hace mucho. ¿Alguna respuesta del sindicato? No tenemos el apoyo del sindicato de pasteleros, estamos solos. Vos ves, acá no está el sindicato. ¿Están al tanto de otros conflictos en La Matanza? Si vinieron trabajadores de la pizzería La Farola, están acá apoyándonos, nos vinieron a aconsejar, que sigamos luchando y que no bajemos los brazos. ¡Y eso vamos a hacer!

A últimas horas de la noche del miércoles, la patronal de Fate se comprometió, en el ministerio de Trabajo, a abonar las sumas descontadas en la última liquidación de salarios, como ha ocurrido con las otras patronales del neumático, Bridgestone y Pirelli. La patronal presentó también, en forma oficial, un protocolo sanitario, muy próximo a los términos reclamados por el Sutna. Incluye la duplicación del servicio de charters, el doble control de temperatura al entrar y salir a planta, la disposición de alcohol en gel en todas las líneas y sectores, entre otras medidas. De todos modos, el comunicado emitido por la Lista Negra - conducción del Sutna-, señaló que “el funcionamiento correcto de todo protocolo de seguridad debe ser verificado en la práctica, así como el funcionamiento de todas las medidas de prevención, por lo que el Sindicato estará presente desde un primer momento desde el inicio de las actividades". Estos resultados fueron obtenidos en condiciones más adversas: con los trabajadores afuera de la fábrica por la pandemia y un acuerdo entre la CGT, el Gobierno Nacional y la Unión Industrial Argentina que recomienda el pago de suspensiones al 75%. El Sutna había respondido al ataque patronal con un bloqueo a los portones de la fábrica y una movilización al Ministerio. Madanes y la burguesía "planera" La patronal se avino al acuerdo en función del compromiso asumido por el gobierno de pagar la mitad de los salarios de los compañeros suspendidos (el llamado Programa de Emergencia). Como el pago de parte de la empresa es bajo la forma de Suma No remunerativa, se ahorra, -al igual que Bridgestone y Pirelli-, una millonada en aportes al Estado. Según consta en el acta, “la empresa manifiesta que en el caso de que el Poder Ejecutivo efectivice un segundo pago del beneficio del mencionado programa ATP se compromete a mantener la continuidad del esquema de pago en iguales términos en el mes de junio”. Encima, extorsiona a los Fernández a darcontinuidad al subsidio del Estado. Que uno de los principales grupos empresariales del país se encuentre anotado como beneficiario del plan de rescate del Estado retrata a una clase capitalista que lejos de ponerse al frente de la lucha contra la pandemia, reclama para ella los recursos extraordinarios que el Estado debería destinar a la salud pública. Es lo que ha hecho también al menos el 80% de las empresas del país. A la hora de pagar los aportes, la patronal del Grupo Madanes -también dueño de Aluar, Hidroeléctrica Futaleufú e Infa-, ha sido eximido por el Gobierno de todo lo que podía ser eximido (aportes patronales, impuestos, ganancias, etc.). No solo el Estado rescata con fondos a la empresa para pagar salarios -una suerte de Repro a escala nacional, sino que la empresa no tiene que reponer un sólo peso. Una delimitación de campos Mientras la burocracia sindical en todas sus vertientes (Petroleros, Textiles, Comercio, plásticos, UOM, etc) viene pactando reducciones salariales -en varios casos por debajo del acuerdo marco del 75% firmado por la CGT, la Unión Industrial y el Gobierno- lo arrancado por el Sutna con métodos de acción directa, delimita los campos en el movimiento obrero en un período dramático, con los ojos de los trabajadores puestos en el desarrollo de la crisis. Este es el alcance estratégico de esta batalla. Los representantes del gobierno en el Sutna, la Lista Violeta (Wasiejko), han estado ausentes de todo este proceso de lucha. Este resultado en el Neumático alienta a los obreros de Penta, de Mondelez Victoria, de Sedamil, de Apolo Fish en Mar del Plata, la as luchas de Later-cer e Ilva en el Parque Industrial de Pilar, los metalúrgicos de SKF y a todas las batallas que libra la clase obrera.

A raíz de nuestra denuncia, publicada el 12 de mayo, sobre la “aprobación por unanimidad” de una resolución de la mesa ejecutiva de la FUA -integrada por Franja Morada, el peronismo en sus diferentes expresiones y la UJS-PO “oficial”- los administradores de la página oficial de Facebook de la Federación Universitaria Argentina procedieron a borrar “el apoyo a la renegociación de la deuda” que figuraba en el documento. El texto había sido difundido el 28 de abril pasado - ¡dos semanas antes! Catorce días después, borraron las pruebas, que se pueden apreciar claramente, sin embargo, en el historial de cambios que registra Facebook. El representante de la UJS-PO “oficial”, Federico Casas, publicó en Prensa Obrera un artículo, posterior a la reunión, en el que no desmintió el carácter “unánime” de la resolución ni su contenido. La manipulación del comunicado ha sido precipitada por nuestra denuncia. Sin embargo, el ´favor´ de Franja a la UJS (O), en realidad, compromete a esta todavía más, porque sella un contubernio en la mesa ejecutiva, que va más allá de que confirma la ‘unanimidad’ de la propia reunión. En la resolución ´editada´ aún figura el pedido de un “consejo social” que “articule con las instituciones locales”, es decir con los capitalistas y el Estado. Cuando se menciona el “rechazo a la reducción salarial”, se aclara que es solo “en el caso de las suspensiones”. Con respecto al tema más acuciante para los universitarios en este momento, el de las clases virtuales, las resoluciones “aprobadas por unanimidad” ni siquiera mencionan la apertura de comisiones ni el salario docente. Tampoco se reclaman recursos tecnológicos ni capacitaciones a cargo del estado. La directiva de la UJS (O) ha usurpado un mandato conquistado en 2018, antes de las expulsiones sumarias de decenas de sus mejores cuadros. Esta yunta con la Franja y el peronismo tiene el signo de aquel rumbo liquidador. Un acuerdo integral con los representantes de las camarillas universitarias no registra antecedentes en la historia de la UJS. Han cometido una fechoría política en alianza, nada menos, que con Emiliano Yacobitti. Ver https://politicaobrera.com/juventud/1199-fua-un-acuerdo-por-la-deuda-externa-entre-la-ujs-oficialista-el-fdet-y-franja-morada

De cara al inicio de las “clases virtuales”, la agrupación Evet-Ujs (oficialista) -conducción del Centro de Estudiantes de Veterinaria- procedió a escrachar en redes sociales a las cátedras por supuestas “irregularidades” en su dictado. Para peor, le envió por mail al Decano de FCV UBA, Pérez Carrera, un listado de cada una con las deficiencias de los docentes (!), oficiando de soplón de las autoridades. A las pocas horas de la denuncia de nuestra agrupación, “Veterinaria en Lucha”, por redes sociales, que suscitó el debate en grupos de la facultad, las publicaciones del Evet-Ujs (O), fueron eliminadas. Se está transformando en costumbre del “oficialismo” del PO-UJS esto de borrar rastros de su política cuando ponemos en evidencia su bancarrota. Este escrache del Evet-UJS representa un ataque contra los docentes, quienes se encuentran trabajando día y noche para adecuar aulas virtuales y generar contenidos (en PDF, textos, videos, etc) en un intento por no perder la vinculación académica. Los docentes no han cobrado la cláusula gatillo ni recibieron aumento salarial; tampoco cobran horas extras, además, claro, de los docentes que se encuentran trabajando ad honorem. La falta de capacitación, el cuidado de sus hijos o familiares, son otros problemas que atraviesan. Todos estos puntos son ninguneados por la conducción del gremio estudiantil. No es un hecho aislado Muy lejos quedó aquel Evet que denunciaba los negocios de las camarillas universitarias y a su régimen antidemocrático y, que fruto del debate colectivo, llegó a la conclusión de que era fundamental luchar por la construcción de un partido revolucionario. La política de aparato lo llevó a la expulsión de militantes con trayectoria en la facultad y a la proscripción de la lista presentada por nuestra Tendencia. La "lista negra" y el escrache a los docentes ya es un antecede negativo para el centro de estudiantes, aunque borren las publicaciones de su página. Esta acción pude devenir en represalias hacia los docentes. Es necesario un balance del conjunto de los tantos compañeros que hemos construido Evet todos estos años sobre el nuevo rumbo iniciado. Esta desorientación política pone de relieve la carencia de un planteo combativo, de conjunto, para organizar al movimiento estudiantil y poner en la agenda las tareas más inmediatas. La censura, los escraches y expulsiones, chocan de lleno con estas tareas. La unidad de trabajadores y estudiantes, de la mano de la más amplia deliberación, son imprescindibles para luchar por nuestros reclamos y combatir a las camarillas universitarias. Vete en lucha surgió como respuesta a esta crisis del Evet. Es necesario retomar una línea de organización en la facultad que está siendo torpedeada por intereses estrechos. En ese sentido, impulsamos en la asamblea del centro la unidad con los docentes y los reclamos de la facultad. Nos embarcamos en la tarea de retomar la tradición de lucha de la facultad y el Centro, impulsando la participación y deliberación para reagrupar al activismo.

En la prensa internacional hay un debate acerca de la economía capitalista con posterioridad a la pandemia. ¿Qué tenemos? El desplome de todas las Bolsas a escala planetaria, a mediados de marzo, fue seguido del derrumbe del 90% de los precios de las commodities, especialmente aquéllas de las que depende el mundo semicolonial –en particular el petróleo, los minerales y todas las materias primas no ligadas directamente al consumo humano. Otra manifestación de derrumbe se ha dado con el valor de mercado de las empresas, esto es su cotización accionaria en las Bolsas –equivalente a la evolución de su valor patrimonial. Nada mejor que observar los índices de la Bolsa de New York. Si se toma el panel de las 30 acciones con mayor movimiento en el Dow Jones, uno de los más importantes indicadores bursátiles desde hace más de 100 años, se puede observar que en los últimos 12 meses sólo 6 de esas 30 grandes empresas han tenido un desempeño positivo o se mantuvieron a flote. En cambio, las otras 24 derraparon en promedio un 23,5%, o sea perdieron casi una cuarta parte de su valor. Algunas empresas icónicas como Boeing, el mayor fabricante de aviones civiles y militares del mundo perdió el 62,7% de su valor; o sea vale hoy casi la tercera parte. Otras empresas de ese mismo calibre que cotizan en el Dow Jones, como la química Dow Chemical, las petroleras Exxon o Chevron, pulpos dedicados entre otras cosas a la fabricación de elementos para la salud como 3M o la farmacéutica Walgreen Boots, la poderosa empresa de maquinaria Caterpillar, todas ellas cayeron en promedio, entre el 40,89% la primera y el 29,25% la última (entre la primera y la última se ubican en forma descendente todas las mencionadas). Como se ve se trata de un desplome de características inéditas, sólo comparable con el desastre de 1929. Que se trata de esto lo revela un dato sintomático. A partir de los rescates de características históricas de Trump la caída del último mes de los índices es bastante menor. Tomadas las mismas 30 empresas, ahora 8 tienen un desempeño positivo. Las otras 22 tienen una caída promedio del 8,05% por referencia a un mes atrás. Boeing cayó tan sólo el 13,83%, y no fue la de peor desempeño en el último mes. Quiere decir que esta caída no explica el derrumbe. A la inversa la pandemia no hizo más que acelerar un proceso que ya estaba en marcha. Algunas ramas de la actividad económica no tienen visos de recuperarse por varios años. Vale para las aeronáuticas, las actividades turísticas, la hotelería y todas las actividades conexas. De entre éstas el panel del Dow Jones sólo incluye a Boeing, pero entre las empresas aéreas y de turismo el desplome se considera el mayor de la historia. Aquí ya no es sólo Trump el que desafía la realidad y pretende la ´vuelta al trabajo´ a cualquier precio: la Comisión Europea acaba de declarase enemiga de las cuarentenas y reclamó la reapertura de fronteras “lo antes posible” (sic) para “el regreso del turismo que representa el 10% del PIB de la UE” (El Confidencial de España, 13/5). La reactivación de ciertas industrias está virtualmente imposibilitada por la monumental caída del consumo. La explotación del petróleo de esquisto es inviable en condiciones de un mercado petrolero con precios a la baja. Por esto no sólo están en la lona la mayoría de las petroleras de EE.UU. (consagradas a ello en Texas y otros estados de EE.UU.). En la volteada caen o ya están en la lona algunos de los bancos más poderosos yanquis. Ni hablar de la perspectiva de proyectos tipo Vaca Muerta. Lo mismo vale para la industria de biocombustibles a base de granos (etanol, biodiesel, etc.). Son proyectos que ahora quedan colgados del pincel, acá y en el mundo entero. La crisis por la pandemia viene a delatar, en particular, a muchos que se han querido vestir con el cumplimiento de las cuarentenas, pero han sido los responsables del desmantelamiento de los sistemas de salud pública, de su desfinanciamiento y del mal estado de los hospitales; ni hablar de la falta de instrumental y de la mala paga a los profesionales y el personal de enfermería. “Irónicamente, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se ha convertido en un destacado crítico de los fracasos del gobierno federal, fue responsable de reducir de 50,000 a 30,000 el número de camas de hospital en su propio estado” (Victor Wallis, en The Bullet, 13/5). Según diversas fuentes, en las presentes condiciones de dominación capitalista hay un área candidata segura a una pronta reactivación: “fuentes de defensa (israelíes) estiman que las exportaciones para necesidades de seguridad interna ocuparán una mayor parte del comercio de defensa en el futuro, ya que la crisis económica iniciada por la pandemia de coronavirus en muchos países podría conducir a protestas generalizadas” (Haaretz, 13/5). Israel espera superar su casi segura caída de la exportación de pomelos o del tráfico de diamantes “apuntando a expandir la exportación de sistemas de vigilancia” (ídem). Del mismo modo, tanto el gobierno nac&pop de Argentina (como ya anunció) como el de Trump (ídem), todos coinciden que, para evitar el estallido del coronavirus en las cárceles, lo mejor es poner en pie nuevas prisiones. En EE.UU. esto también está privatizado y es una enorme veta para los contratistas del estado. La crisis capitalista más temprano que tarde está haciendo el trabajo de zapa que llevará a las clases trabajadoras del mundo entero a la comprensión que se plasmó en una consigna en movilizaciones recientes en EE.UU.: “el virus que mata es el capitalismo”.

El pasado 30 de abril, los estudiantes del Joaquín V. González participamos de una asamblea convocada por las organizaciones de izquierda y el activismo del profesorado. La misma giró en torno a las problemáticas de cursada que venimos teniendo bajo la modalidad virtual. A la faltante de notebooks y acceso a internet, se le han sumado distintas irregularidades. Por ejemplo, listados incompletos, dictado de clases por fuera del horario de cursada, mal funcionamiento del aula virtual del INFoD o evaluaciones de distinto tipo cuando muchos compañeros aún no han podido empezar a cursar. El trabajo en negro o precario también coloca diferentes trabas, ya que muchos estudiantes no cuentan con los ingresos económicos necesarios para sostener la cuarentena. Del mismo modo, la propia virtualidad implica una sobrecarga de tareas para nuestros docentes, que siguen cobrando sueldos muy por abajo de la inflación. Todos estos elementos entorpecen el desarrollo de las clases virtuales y favorecen la deserción, en un momento en que distintos sectores capitalistas presionan por el levantamiento de la cuarentena para “reactivar la economía”. Frente a estos problemas, ni el gobierno de la Ciudad ni el gobierno nacional han tomado las medidas necesarias para que las clases virtuales se desarrollen de manera eficaz. No olvidemos que millones de personas que han solicitado el IFE no obtuvieron más que un rechazo de parte de la ANSES. Por su lado, Rodríguez Larreta ha adelantado que pretende pagar sueldos “escalonados” a los docentes, luego de anunciar que no daría por aprobados los postítulos que dicta nuestra institución. Asimismo, tanto el rectorado del JVG como los jefes de departamento han menospreciado los reclamos de los estudiantes y se han limitado a elaborar hojas de ruta que llaman a evaluar a través de trabajos prácticos, pero no a calificar. Esta indicación es cuanto menos confusa, habida cuenta de que muchos compañeros aún no tienen acceso a la virtualidad por falta de netbooks y tablets. Tampoco sabemos cuántos son los estudiantes que se hallan en esta situación, debido a que las autoridades no han impulsado el relevamiento necesario para elevar un reclamo al gobierno. Por estas razones, la asamblea del 30 de abril votó una lista de reclamos que incluyen la entrega gratuita de computadoras y wifi, extensión indiscriminada del IFE y del plan Progresar, aumento presupuestario para educación y salario mínimo igual a la canasta familiar para docentes, entre otros ítems. También se votó una campaña de fotos por redes sociales para visibilizar los reclamos, la defensa de los postítulos y planes 2005 a 2012, solidaridad con los trabajadores de Bed Time y distintas luchas obreras y la participación en la marcha del jueves 7 a la Legislatura. Desde la UJS-PO Tendencia propusimos la conformación de foros por departamento para invitar a los estudiantes a debatir de conjunto estas problemáticas en sus carreras, así como el reclamo a la conducción del CEJVG (La Caravana-Patria Grande) la convocatoria a una asamblea general. Desde el inicio de la cuarentena, La Caravana ha rechazado cualquier tipo de convocatoria a estudiantes y docentes para discutir sobre esta situación. La confianza que esta agrupación deposita en el gobierno nacional no puede ser una excusa para ignorar las demandas estudiantiles y rechazar el rol fundamental que debe cumplir un centro de estudiantes: organizarnos por nuestros reclamos. Ambas propuestas fueron votadas a favor. Por todo ello, invitamos a todos los compañeros del JVG a exigir una asamblea general del centro y a sumarse a la campaña de fotos para exigirle al Estado el cumplimiento de nuestras demandas. Por una asamblea general del centro de estudiantes. Por foros por carrera para organizarnos. Entrega gratuita de computadoras y wifi. Capacitación técnica gratuita. Becas a cargo del Estado para los estudiantes que las necesiten. Salario mínimo docente igual a la canasta familiar. Apertura de comisiones para evitar el colapso de aulas virtuales. No a la caducidad de los planes 2005-2012. Por la aprobación de los postítulos. Aumento del presupuesto educativo. No a la UniCABA.

El 4 de mayo pasado se inició, en todas las sedes del CBC, el llamado “acompañamiento académico virtual”, que cumpliría la función de ir abordando algunos contenidos de la cursada hasta del inicio presencial de clases. La modalidad, que fue presentada por Jorge Ferronato -director del CBC- como una forma de empezar virtualmente con las actividades académicas, chocó con la realidad de un sistema educativo desfinanciado que no puede hacer frente a las necesidades estudiantiles y docentes. La plataforma creada para poder acceder a las clases mostró problemas desde el momento de su puesta en funcionamiento, con caídas constantes del sistema. Luego, hubo compañeros a los cuales no se les asignaron materias (o se les asignaron otras diferentes a las cuales les correspondían), o que se los anotaba en sedes que no habían elegido. Más aún, el caudal de inscriptos a las materias colapsó tanto a la plataforma virtual como a los propios docentes, acostumbrados a dar clases en aulas abarrotadas de alumnos. Frente a la inexistencia, en la mayoría de los casos, de una respuesta por parte de las autoridades, los propios estudiantes tuvieron que organizarse mediante grupos de WhatsApp, Facebook u otras redes sociales para conseguir los materiales de estudio o para poder conocer la modalidad de cursada de sus materias. A esto se le suma otro problema: el de compañeros que carecen de los recursos para poder afrontar la cursada virtual, tanto porque no tienen acceso a una computadora como porque no disponen de internet. Para ellos no existe una solución, sino que son dejados de lado. Ferronato planteó en su carta abierta que el “acompañamiento virtual” no será de carácter obligatorio. A pesar de esto, por otro lado, les adelantó a los docentes -quienes, dicho sea de paso, no han sido capacitados en la modalidad virtual- la posibilidad de que el contenido dictado sea evaluado. Un proceso de evaluaciones en medio de los problemas que presenta esta modalidad puede ser desastroso para la continuidad de los estudiantes en el CBC. Silencio cómplice La Federación Universitaria de Buenos Aires, el organismo responsable de representar a los estudiantes de toda la UBA, es de un acomodamiento a las políticas de las autoridades del CBC. Nuevo Espacio, La UES y Franja Morada -agrupaciones que conducen la Federación- han evitado mencionar la crisis en la que estamos sumidos, convirtiéndose así en cómplices de las autoridades. Eso no es casual: recordemos que estas fueron durante los últimos años el brazo estudiantil del gobierno de Mauricio Macri. Un llamado por parte de la FUBA a organizar asambleas en cada una de las sedes permitiría poner en relieve los problemas que nos afectan como estudiantes, así como también discutir de qué manera los resolvemos. Defensa de la educación pública Estos problemas son la expresión de un vaciamiento educativo que viene de años. Este vaciamiento presupuestario se muestra hoy en un “acompañamiento virtual” que no puede hacer frente a las necesidades de los estudiantes, generando cansancio y ayudando a profundizar el abandono de la cursada. Frente a este escenario, luchemos para que las clases se desarrollen bajo nuestras propias necesidades. Vamos por: . -Aumento presupuestario que garantice el acceso de todos a la cursada virtual. -Incorporación de docentes al CBC para hacer frente al aumento anual de inscriptos y a la sobrepoblación de las aulas. Capacitaciones pagas. -Aumento de emergencia en las becas estudiantiles para aquellos compañeros que no puedan acceder a una computadora o a conexión a internet. -Asambleas virtuales en todas las sedes del CBC. Desde la UJS - Tendencia vamos a llevar adelante un plenario virtual el próximo sábado 16 de mayo, con el objetivo de discutir la situación y las tareas.

Desde que arrancó la cuarentena obligatoria, la docencia universitaria de todo el país viene discutiendo las condiciones laborales y de enseñanza en este contexto de pandemia. Las autoridades de la UNT, en sintonía con las camarillas que dirigen la mayor parte de las universidades y con el ministerio de Educación de la Nación, buscaron implementar la llamada “virtualización”, pero sin un debate mínimamente democrático en las casas de estudio ni destinar los recursos necesarios para que sea posible. La mayoría de los docentes y de los estudiantes carecen de los medios necesarios para sostener un “cursado virtual” que merezca recibir ese nombre. La obsolescencia tecnológica, no solo de las computadoras personales de la mayor parte de los docentes, sino también de los propios servidores institucionales, el elevado costo y la pésima calidad de los servicios de internet, tanto hogareños como de telefonía celular, la falta de capacitación estructural en educación digital y el monopolio completo de las grandes empresas de software y de infocomunicación han tirado abajo, en menos de 50 días, la ilusión tecnoeducativa. En este cuadro, los reclamos docentes sobre las condiciones laborales han crecido de manera sostenida. Las camarillas se niegan a discutir las nuevas condiciones laborales y, más aún, a reconocer nuevos derechos. La burocracia sindical universitaria comandada por Conadu Yasky y FEDUN, prestó un servicio esencial en esta etapa. Pero a medida que algunos gremios docentes lograron recuperar su funcionamiento y convocaron asambleas y reuniones de delegados, surgieron planteos de lucha y medidas de fuerza, en particular por la vigencia de las excepciones laborales. ADIUNT, por ejemplo, desarrolló una fuerte campaña de denuncia de la negativa de la UNT a convocar a paritarias. Tuvimos que llegar al extremo de presentarnos ante el Ministerio de Trabajo de la Nación reclamando la paritaria y desenvolvimos un plan de asambleas por facultades y escuelas y convocamos una asamblea general para el viernes 15 de mayo para votar medidas de fuerza. Finalmente, la UNT convocó a la paritaria para el jueves 14. No obstante, no hay, desde el punto de vista de las camarillas, ninguna intención en avanzar con el reconocimiento de los derechos docentes. La asamblea del viernes 15 tendrá que examinar rigurosamente lo que se discuta en la paritaria del día anterior y adoptar medidas de fuerza si fuesen necesarias. Hemos propuesto un temario para la paritaria y hemos planteado un método para evitar que las autoridades busquen dilatar las discusiones. Protesta por las prestaciones de salud de la obra social Entre los principales reclamos docentes están las prestaciones de la obra social, ASUNT. El cierre de los centros médicos propios, la implementación de un servicio virtual de autorización de órdenes vía WhatsApp, que demora hasta una semana trámites de salud que son urgentes, la no implementación de teleasistencia médica, entre otros reclamos, llevaron a la ADIUNT a realizar una protesta en las puertas de la obra social, el martes 12. Esta protesta arrancó el compromiso del Rector, en la sesión de Consejo Superior del mismo día, de presentar un informe de ASUNT en la paritaria del jueves 14. La cuarentena ha puesto en evidencia que los docentes, no-docentes y jubilados afiliados a ASUNT no podemos seguir dejando en manos del rectorado la conducción de nuestra obra social. De la mano de las camarillas, ASUNT, como el resto de las obras sociales universitarias, viene siendo vaciada en beneficio de los grupos empresarios de la salud, los sanatorios y los laboratorios. En el cuadro del agravamiento de la pandemia, este vaciamiento es criminal.

Como en la inmensa mayoría de las universidades, en la UNLP los estudiantes venimos padeciendo duramente las consecuencias de la pandemia y la política que las autoridades. La virtualidad del “sálvese quien pueda” y la crisis están expulsando estudiantes en masa. No lo ve así, sin embargo, el rector de la UNLP, quien recientemente anunció su satisfacción con la modalidad virtual y anunció la extensión de la misma a todo el año. Desde la UJS (T) hemos puesto el eje, desde el inicio de la cuarentena, en que se debía garantizar la posibilidad de cursar, en los marcos de la emergencia sanitaria, y que esto requería una inversión considerable de parte de la UNLP (plataformas web, servidores, capacitaciones, elementos para estudiantes como notebooks y conexión a internet). Planteamos, además, que la FULP y los Centros de Estudiantes debían tomar la iniciativa, convocar asambleas, construir pliegos de reclamos concretos y votar planes de acción para imponerlos. Transcurridos casi dos meses de cuarentena, la situación de las clases virtuales y las declaraciones del Rector confirman nuestras hipótesis y pronósticos: sin recursos, la virtualidad significa expulsión en masa. Las autoridades no han hecho nada para garantizar el acceso a las plataformas. La Fulp La burocracia, tanto el peronismo que dirige la Federación y la mayoría de los centros como el radicalismo-Franja Morada, que dirige algunos centros y el Rectorado, han desplegado una campaña de que “estamos todos en la misma”. Militan la idea de que las autoridades son también víctimas de esta situación y que, por lo tanto, no es momento de pelearnos. Agregan que se pueden conseguir mejoras sin luchar, cuyo único ejemplo es una beca alimentaria que reemplazaría al comedor (cerrado durante cuarentena), pero que tampoco es universal (como sí es el uso del comedor) ni alcanza para garantizar su próposito. La FULP convocó a una Junta Representativa de todos los centros, cuyas resoluciones y debates se desconocen. La FULP ha lanzado una campaña de “propuestas” que no es acompañada de ninguna iniciativa, fuera de la propaganda. La izquierda (FIT-U), sostiene que “hay problemas más serios”. Desde la UJS(T) promovemos asambleas y espacios de organización; fue lo que planteamos en la Comisión por la Permanencia convocada por el Centro de Psicología. El movimiento estudiantil enfrenta en este momento desafíos enormes, porque es incuestionable que la pandemia está siendo utilizada para promover la deserción estudiantil y alcanzar el objetivo de reducir la población universitaria. Aquí talla también el FMI.

El sindicato del subte emitió el 11 de mayo un comunicado que merece una reflexión. Bajo el título “Frente a la crisis que genera la pandemia”, la conducción de AGTSyP afirma que “el actual contexto de crisis desatada por la pandemia exige un esfuerzo de los que más tienen y un estado de alerta de los sindicatos para defender los puestos de trabajo y los salarios”. “En ese sentido”, continúa el breve texto, “rechazamos el reciente acuerdo entre empresarios y un sector de la CGT que habilita las suspensiones y la rebaja de los sueldos”. “No es momento para despedir trabajadores ni para pagar de menos o en cuotas”, afirma el secretariado ejecutivo – nos preguntamos: ¿cuándo sería, en cambio, el “momento” adecuado? Por último, se pronuncia “a favor del impuesto a las grandes fortunas” y por la defensa del “derecho de la República Argentina a cesar los pagos de la deuda externa”. La declaración no acompaña, sin embargo, las palabras con hechos. No plantea ninguna iniciativa concreta para quebrar el acuerdo UIA-CGT, ni para defender el salario o los puestos de trabajo, como allí se señala. Aunque el gobierno calificó nada menos que de “histórico” el pacto que Pianelli-Segovia repudian, el comunicado no tiene una palabra contra el poder político que apadrina el pacto. Se estima que los subsidios que otorga el estado a las patronales supera largamente las IFE y otras ayudas sociales, en parte compensadas con la reducción de jubilaciones que ha provocado la derogación por decreto de la movilidad, con alcance retroactivo. Hasta los bonos que emite Guzmán para canjear deuda tienen una cláusula de movilidad por inflación. Las patronales han tomado el acuerdo de marras como referencia para atacar el salario como nunca y anudar con la burocracia sindical rebajas de hasta el 50%. Esto está provocando la rebelión de los trabajadores textiles, cuya patronal es favorita del gobierno. En el Plástico, la tentativa de trasladar ese acuerdo al gremio provocó, primero, una rebelión entre los delegados. Luego, la ocupación de Bed Time, con repercusiones más allá de la fábrica y en todo el movimiento obrero de la zona norte del Gran Buenos Aires. El sindicato del neumático acaba de quebrar la extorsión de Madanes Quintanilla que pretendía bajar los salarios en Fate. Los ejemplos siguen. Fábricas de gran importancia, como Acindar, están protagonizando duras pulseadas con poderosos grupos capitalistas. La conducción de AGTSyP no aprovecha situación que se desarrolla en el movimiento obrero para impulsar acciones unitarias y de conjunto. La dirección de la AGTSyP apoya el impuesto a las grandes fortunas, pero no señala sus limitaciones enormes – afectaría a doce mil personas y recaudaría tres mil millones de dólares por única vez. Es un monto inferior al subsidio mensual a las patronales. El asunto de este impuesto es interesante porque es abordado a partir de “los que más tienen” hacia quienes “menos tienen”, o sea en términos de ingresos individuales y no de la relación de explotación de clase. El reclamo tiene el aspecto de una donación, no de una limitación a la explotación capitalista. Adopta la línea de las “políticas públicas’ que pregonan desde el Banco Mundial hasta las ONG o La Cámpora. Lo seguro es que iría al pago de la deuda pública financiera, con el propósito de hacerla “sostenible”. Llamamos la atención al hecho de que no se presenta este planteo en términos de clase, por lo que no tiene el propósito de potenciar a los trabajadores y sus organizaciones como clase, ni atacar la ofensiva contra el mundo del trabajo en términos de luchas de clase. La dirección sindical apoya al gobierno, con la aclaración de que se trata de “un campo en disputa” con quienes estarían en la derecha del FdeT. Se entiende entonces por qué no adopta una línea clasista – no se trata de potenciar a las masas sino a las fracciones o sectores ´populares´ de la coalición gobernante. Estamos ante una discusión política nodal. La tarea más importante de la hora es ponerle carácter de clase a la lucha política presente. La crisis de la pandemia y la renegociación de la deuda se entrelazan en la perspectiva capitalista que pretende imponer una reestructuración social reaccionaria, confiscatoria, contra los trabajadores. Pero a impedir delimitación de clase apunta la tentativa de amordazar a los trabajadores con un “pacto social”. Es la hora de liberar la fuerza de los explotados, no de encallarla en peleas de superestructuras. Sutna, Bed Time, Penta, Textilana, Sedamil, Acindar, Morvillo, La Nirva, Cerro Negro, Postres Balcarce, Mondelez, Walmart, salud… La lucha de la clase trabajadora está ganando una intensidad inédita, en las circunstancias más críticas conocidas hasta ahora. Para derrotar el pacto CGT-UIA, defender el salario, el trabajo y la salud, y repudiar la deuda externa, es necesario poner en marcha a los trabajadores de todos los gremios e impulsar una genuina coordinación de bases en todos los sindicatos y en todas las fábricas. La dirección de AGTSyP no puede mirar para otro lado.

La legislatura tucumana se dispone a tratar la adhesión a la Ley Micaela en la sesión, que se realizaría este jueves. La normativa, aprobada por el Congreso Nacional en diciembre del 2018, establece la obligatoriedad de la capacitación en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. La falta de adhesión hasta ahora ha sido producto de la presión de la Iglesia y los sectores reaccionarios, para quienes la ley abriría la puerta al adoctrinamiento en la “ideología de género”. El bloque del bussismo y legisladores del radicalismo han presentado un proyecto de rechazo a la adhesión, con el argumento de la objeción de conciencia. Califican al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación (autoridad de aplicación de la ley a nivel nacional) como “la Gestapo ideológica”. Durante estos años, han actuado casi sin fisura junto al peronismo para bloquear de manera sistemática cualquier iniciativa referida a los derechos de las mujeres y disidencias. Esta santa alianza declaró a la provincia “pro-vida” durante el debate del proyecto de legalización del aborto. Ha bloqueado también la adhesión a la Ley de salud Sexual y Procreación Responsable -Tucumán es la única provincia que no adhiere, a 16 años de su sanción- y el tratamiento de la ley de cupo laboral trans. La adhesión a la Ley Micaela es impulsada por un sector del PJ vinculado a Manzur en el marco de la interna entre Manzur y el vicegobernador Jaldo. El pronunciamiento favorable de algunos funcionarios provinciales, como la ministra de Gobierno y Justicia, la secretaria de la Mujer y la de Derechos Humanos, que han acompañado todas las medidas reaccionarias hasta ahora y hecho caso omiso a las distintas denuncias, demuestra que no es más que una impostura. A la campaña por la adhesión se han sumado funcionarias nacionales como Dora Barrancos y la ministra Gómez Alcorta, para quienes es una deuda que permitirá erradicar la violencia. Gómez Alcorta ha dicho que con la ley "vamos a achicar las brechas de desigualdad por motivos de género en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, en el sistema político, se necesita pensar políticas con perspectiva de género, normas con perspectiva de género, e intervenciones de funcionarios y funcionarias de poder judicial con perspectivas de género". Este discurso pretende desviar la atención sobre las verdades causas de la violencia de género y sus responsables. Colocar el problema en la falta de formación y capacitación de los funcionarios del estado es un despropósito. El aparato estatal, en Tucumán, ha sido cómplice de la violencia contra la mujer. Por eso sus defensores no pudieron ilustrar ningún cambio favorable que se hubiera producido en los otros 23 distritos provinciales. Las estadísticas muestran, por el contrario, que los números de femicidios y las denuncias de atropellos institucionales no registran variaciones. Todo el movimiento de mujeres, incluida la izquierda agrupada en el FIT-U, se ha volcado a una campaña por la adhesión, en los mismos términos en que lo plantean esas funcionarias, es decir, como una herramienta para superar la violencia de género. Venden un buzón cuando debieran desenmascarar la impostura y defender una lucha socialista. Desde el PDT tendencia, más que nunca planteamos la necesidad de la organización independiente del Estado, y defendemos un programa de oposición a la barbarie capitalista. La ley no contemplan reclamos básicos: casas refugios, subsidios a la víctima de violencia equivalente al costo de la canasta familiar, ningún despido, no a las suspensiones y reducciones salariales, salario igual a la canasta familiar, pase a planta permanente, no al pago de la deuda externa, aborto legal sin restricciones. Necesitamos avanzar en la organización socialista de las mujeres trabajadoras para encarar esta lucha, en unidad con todos los sectores explotados, porque no habrá erradicación de la violencia sino se remueven las bases sociales de este régimen de explotación.

Sommier Center se suma a las colchonerías que atacan a sus trabajadores obligándolos a omitir información en los permisos de circulación, rompiendo así el aislamiento social preventivo y obligatorio para presentarse en sus puestos de trabajo a pesar de que la venta minorista no se encuentre dentro de las excepciones. No es de extrañar que la empresa se comporte de esta manera. La misma se caracteriza por métodos turbios, vendiendo al público sin factura ofreciendo supuestas “oportunidades inmejorables”, pagando a sus empleados una buena parte de su salario en negro y con jornadas laborales de más de 11 horas en algunos casos. El sueldo de marzo se depositó con demora, habiéndose pagado a fines de abril cuando se debería haber pagado el último día hábil de marzo. Como último ataque, la patronal ha decidido no abonar los sueldos de abril, pese a haber facturado casi 200 millones de pesos en plena cuarentena. Esta última decisión de la empresa agotó la paciencia de muchos de sus trabajadores, sobre todo a los de la sucursal de Martínez. Éstos han llegado al acuerdo de no presentarse en sus lugares de trabajo hace ya varios días, por lo cual la patronal optó por cubrir esos puestos con gente de otros locales, sobre todo empleados de poca antigüedad presionados por el miedo a perder sus empleos. Este ataque no podría existir sin la complicidad del Estado que permite que estas empresas trabajen a puertas abiertas sin estar dentro de las excepciones (claramente los controles brillan por su ausencia); de las administraciones de los shoppings que permiten su apertura y por la vista gorda del sindicato que una vez más da muestras del poco apoyo que brinda a sus afiliados. Denunciamos públicamente a estas empresas explotadoras que se llenan los bolsillos a costa del hambre de sus trabajadores con el apoyo del Estado y el sindicato y llamamos a todos sus trabajadores a ponerse de pie para dar batalla tanto a las empresas como a la burocracia sindical.

Los trabajadores de la gráfica Morvillo, en Avellaneda, se encuentran parando desde este miércoles. La patronal adeuda el 50% del salario abril y se niega a fijar una fecha de pago de la deuda salarial. El mes pasado, pagó la mitad de los sueldos en cinco cuotas. Los trabajadores lograron arrancar un cronograma de pago después de una asamblea que mantuvo parada la planta durante cinco horas. Además, del pago irregular y la incertidumbre del cobro, la empresa anunció un recorte del 30% del salario. La empresa se encuentra entre las beneficiadas por el programa de subsidios ATP y fue habilitada para imprimir todo tipo de trabajo. Sin embargo, no garantiza el transporte de los trabajadores y se niega a reabrir el turno noche para evitar aglomeraciones. Días previos al Día del Gráfico, que se celebra el 7 de mayo, Anselmo Morvillo, dueño de la empresa, anunció que pagaría el 85% de los salarios del mes de marzo. El lunes 4, una contundente asamblea mantuvo parada la planta durante cinco horas. Al momento de la asamblea, la patronal adeudaba 15% del salario de marzo y el 100% del mes de abril, sin siquiera ofrecer un cronograma de pago. Finalmente, la patronal acercó un cronograma que implica saldar el salario de marzo y completar el 50% de los salarios de abril durante el transcurso de esta semana y la próxima. También confirmaba abonar el “complemento adicional solidario” correspondientes a los meses de marzo y abril (dependiendo de la categoría, el monto total varía entre $9.000 y $11.000). Se trata de una suma no remunerativa presentada como reemplazo a las discusiones paritarias en tiempos de pandemia. Sobre el resto de la deuda, la patronal propuso reunirse con la Comisión Interna para arribar a un acuerdo. La descripción del accionar de la patronal de Morvillo no se diferencia del ataque del resto de la patronales. Pero la patronal de Morvillo sabe a qué se enfrenta, ya que la comisión interna es dirigida por la oposición combativa a la verde desde hace muchos años y tiene una larga tradición de lucha. El desafío planteado para los compañeros de Morvillo es oponer esa “historia” de luchas políticas y reivindicativas al ataque de la patronal. Los trabajadores de BedTime, los compañeros de la salud, los textiles de la Provincia de Buenos Aires, los textiles de San Juan, Catamarca, Chubut, y, en las últimas horas, los compañeros de FATE (neumático) para señalar algunas, han recorrido como los trabajadores gráficos de Morvillo, historias de lucha. Por el pago de los salarios y anexos que se hayan acordado, para todos los compañeros. Por la defensa de la fuente de trabajo: en Morvillo no sobra nadie. ¡Por el triunfo de todas las luchas obreras!

La pandemia que transitamos actualmente puso en evidencia la situación crítica de la salud en nuestro país. Los hospitales provinciales vienen golpeados de tantos años de vaciamiento y falta de políticas públicas, y el Hospital Regional Penna de la ciudad de Bahía Blanca no es la excepción. Las medidas institucionales que se adoptaron variaron desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha. Dependían de lo que iba surgiendo en cada lugar, profundizando una triste realidad que se vive a nivel nacional, la improvisación. De todas maneras, ninguna de estas medidas fue y es suficiente para apaliar lo que atravesamos actualmente los trabajadores de la salud. Por ejemplo, en nuestra ciudad, en el Hospital Regional, recién transitando el día 42 de cuarentena, ante la aparición de nuevos casos entre los trabajadores, se incorporó como nueva medida la toma de la temperatura corporal al ingreso a la jornada laboral. En cambio, lo que nos vienen diciendo desde el día 1 es que debemos “cuidar” los recursos, es decir, loe elementos de higiene, como si fueran más importantes que la vida de los trabajadores. La realidad es que todos los recursos escasean y se mezquinan porque no hay la cantidad suficiente frente a un futuro aumento exponencial de casos. La medida que propuso el Estado como estrategia, el aislamiento social y preventivo, para preparar a los sistemas de salud para afrontar un recrudecimiento de los casos en Argentina, no se evidencia en la práctica diaria de las jornadas laborales. Los elementos de protección personal son prácticamente autosuministrados por el bolsillo de los propios trabajadores, donados o, por qué no, también improvisados, hechos a base de la tapa de un balde de helado y alguna radiografía vieja o acetato tal vez, si tenemos disponible. Esto es lo que se ve todos los días en las mesas de trabajo de enfermería del hospital, el ingenio obrero puesto en marcha para salvaguardarnos de coronavirus y su impacto ante la falta de medidas e insumos por parte del Estado. Es cuestión de organización para garantizar nuestra propia vida y la de nuestras familias. Resulta imprescindible la organización por parte de los trabajadores de la salud ante la falta de respuestas de las autoridades. No puede ser un hecho fortuito que, en la ciudad, casi 50% de los casos correspondan al personal de salud y que las autoridades salgan a dar comunicados que culpen indirectamente a los trabajadores. Para ellos, resulta mucho mejor que la sociedad crea que la responsabilidad es individual y no que es la desidia del estado la culpable de no proveer los insumos necesarios para todos los sectores de los hospitales y las capacitaciones totalmente necesarias para enfrentar esta pandemia. Los comités de emergencia que funcionan en algunas instituciones deben tener la mirada y la experiencia de los que se encuentran a diario en el terreno de batalla, es decir los profesionales y no profesionales que hacen que funcionen las guardias de emergencia y los servicios en los hospitales. Actualmente en estos comités no hay ninguna participación de los trabajadores, ni se toma en cuenta su opinión para reorganizar las tareas. Desde hace ya un tiempo nos sentimos totalmente desprotegidos, desvalorizados, con una incertidumbre que crece día a día y por supuesto con salarios de miseria. La pandemia nos encuentra a los trabajadores en un lugar de exposición en primera línea sin los elementos básicos, ni la organización institucional para afrontarla. El Estado, que es quien nos debe cuidar, está ocupado en salvar las grandes multinacionales y su capital. Esta crisis nos tiene que unir en organizaciones y asambleas para una salida obrera urgente.

El intendente de Córdoba, de cuño peronista y aliado del gobernador Schiaretti, Martín Llaryora, hizo aprobar por el Concejo Deliberante -en una sesión cuestionada por ilegal- una rebaja salarial histórica los trabajadores municipales, un gremio que ha batallado largamente para conquistar un salario donde la mayoría de sus trabajadores supera la canasta familiar. Pero el intendente se ha cebado: en la sesión “ilegal” del Concejo, además, hizo aprobar “superpoderes” para restructurar la planta permanente y no permanente, lo que supone un ataque en toda la regla, rebaja salarial, flexibilización laboral y el control absoluto del aparato municipal para favorecer intereses capitalistas. La conquista de un salario digno arrancó en las recordadas jornadas de la explanada contra los ataques del exintendente Mestre (padre) y los 43 días de paro. El actual intendente debería estudiar un poco de historia, porque la memoria de lucha de los trabajadores no se borra. También debería recordarlo la dirección sindical actual del Suoem, que surgió de esta gesta, pero que hoy comparte partido político con el intendente. Los trabajadores municipales debieron enfrentar a varias gestiones. Las últimas dos, en manos de Mestre hijo, quien intentó atacar el salario en varias oportunidades, pero el tiro le salió por la culata y los trabajadores le arrancaron una cláusula de ajuste por inflación mensual. Hoy, la primera gestión peronista en décadas es la que más se ha acercado al sueño antiobrero del radicalismo. Aunque todo está por verse. El ataque al salario del actual intendente dio su primer paso entre diciembre y principio de año, cuando el sindicato aceptó, a cambio del reingreso de contratados, por primera vez desde aquella histórica lucha de la explanada, la introducción de sumas en negro en el salario. El boletín del Suoem, como si nada grave hubiera pasado, dijo “triunfo”. Lo cierto es que este “acuerdo” abrió una puerta para la liquidación de las conquistas de los trabajadores. En enero el ejecutivo municipal logró eludir y mandar a mejor vida la cláusula gatillo y, en marzo, volvió al ataque con la quita de otros ítems del salario, eliminando horas extras y prolongaciones de jornada. La dirección gremial solo planteó un estado de alerta. Como puede verse, esto empezó antes de la pandemia. Pandemia y salario. Hoy las burocracias sindicales de todo el país se han sumado al operativo de las patronales de rebajar los salarios con la excusa de la pandemia, en lo que significa una de las traiciones más grandes de la historia. Justamente cuando los trabajadores necesitan más que nunca defender su vida y sus ingresos, las burocracias se avienen a firmar rebajas salariales y a aceptar la presión empresaria por la vuelta al trabajo. Los dirigentes del Suoem han dejado pasar cada uno de los ataques sucesivos. Y hoy frente al rotundo escenario del ataque llaryorista, la estrategia de la directiva es plantear quite de colaboración y trabajo a reglamento, nada más. Y se lamenta de la “decisión unilateral” del ejecutivo municipal. Pero la rebaja salarial no es una solución a la crisis, sino su contrario, porque va a acentuar el hundimiento capitalista y de sus estados a costa de los trabajadores; pagando a los bonistas usureros, subsidiando a una burguesía sin salida, como las empresas petroleras. Toda la plata que saquen del bolsillo de los trabajadores irá a parar a un pozo negro que provocará más hundimiento aún. A todo el arco de políticos propatronales y sus lacayos de los medios oficialistas, que atacan los sueldos de los trabajadores municipales porque superan la canasta familiar, hay que mandarlos a estudiar (o denunciarlos por complicidad). El único camino para los trabajadores es retomar el de aquella primera e histórica lucha; e ir a la huelga por tiempo indeterminado. Coordinadoras de lucha con todos los trabajadores de la provincia. Protocolos de salud elaborados por los trabajadores. Que se abran las cuentas de la municipalidad. Los recursos deben sacarse de las grandes fortunas y no de los trabajadores. Control de la gestión por parte de los trabajadores.

La acusación que la oposición derechista ha blandido en estos días, por el decreto que le otorga “superpoderes” al jefe de gabinete para reasignar el presupuesto, traduce dos bancarrotas. Una, la de las cuentas del Estado argentino, sin atenuantes. La otra es de carácter conceptual, cruza a los denunciantes y a todas las fuerzas que sostienen al régimen político. Los “superpoderes” que se habría asignado el gobierno FF corresponden a un presupuesto que no es tal, sino a la prórroga de un presupuesto 2019 que, a su turno, fue votado… a fines de 2018, cuando el dólar se cotizaba a 35 pesos. Las partidas que ha reasignado el gobierno se han reducido en ´moneda dura´ a la cuarta parte de lo que valían entonces. Pero las cosas son aún peores, porque la recaudación del primer cuatrimestre del año de los principales impuestos -IVA, ganancias- es un tercio inferior, en términos reales, a la de hace un año, ya como consecuencia del derrumbe económico asociado a la pandemia. El gobierno ha decretado, por lo tanto, el manejo “todopoderoso” de los restos de las finanzas públicas, después de una larga recesión industrial, varias fugas de capitales, la desvalorización del peso y, ahora, el coronavirus. Una gauchada al Congreso La oposición es “dura” con Fernández-Cafiero, pero encubridora con la otra parte del decreto “superpoderoso”. Nos referimos a las disposiciones que establecen un “refuerzo” del orden de 5.000 millones de dólares en el presupuesto total, en nombre de la “emergencia”. Pero de esa cifra, sólo el 5% está destinado al ministerio de Salud. El gran paquete se lo llevan el Anses y el ministerio de Producción, para los ATP -pago de sueldos a trabajadores en empresas privadas-, el FOGAR- fondo de garantía estatal para los préstamos de los bancos privados a empresas- y otros rescates al capital. Mario Negri y los suyos debieran agradecerle al gobierno por haber evitado que el Congreso se transformara en caja de resonancia de un gigantesco operativo de rescate al capital. En cambio, Fernández-Cafiero lo disimularon bajo un pudoroso DNU. “Superpoderes”, disolución económica y política Bien mirada, la acusación de “concentración de poderes” rescata a un gobierno que sólo está ´concentrando´ los restos del presupuesto público, en un escenario manifiesto de disolución monetaria (devaluación), quiebra fiscal y posible default de la deuda. Nicolás del Caño ha manifestado por Twitter su crítica a un decreto que “le quita atribuciones al Congreso”, como si el recinto que alberga a Negri, Fernando Iglesias y -hasta ayer- Carrió fuera la garantía de un presupuesto siquiera progresista. Argentina ha vivido bajo “superpoderes” y “emergencias económicas” en 17 de los últimos 18 años. Quien reestableció, pero sólo por unos meses, la “normalidad institucional” fue Mauricio Macri, cuando derogó la ´emergencia económica´ en enero de 2018. Lo hizo, naturalmente, después de haber dolarizado las tarifas y de cerrar la grieta con los acreedores internacionales, con el apoyo abierto o encubierto de la abrumadora mayoría del actual Frente de Todos. Bajo la “estricta observancia” del respeto al Congreso, se consumó el gigantesco operativo de endeudamiento que condujo en un año a la megadevaluación y al regreso del FMI. Hoy, la entente de Macri y radicales vuela mucho más bajo. Ha tomado a los pretendidos “superpoderes” como otra chicana para precipitar una crisis política, en medio de un default en ciernes y de una crisis sanitaria sin final conocido. Los “cambiemistas”, sin embargo, ni siquiera tendrían condiciones para explotar un desenlace de esa crisis política. En cualquier caso, la bandera del “respeto a las instituciones” es la cobertura de una exigencia por el fin de la cuarentena y un arreglo sin condiciones con los acreedores internacionales. La defensa de esa “institucionalidad” reaccionaria -que reclama que el presupuesto “pase por el Congreso”- hunde a la izquierda en el mismo fango. Del lado del gobierno, los recursos del DNU ingresarán ahora en una disputa feroz entre lobbies capitalistas y los acreedores de la deuda pública – los hospitales y los desocupados están muy lejos en la fila de cobro. El vodevil de los superpoderes, en definitiva, sólo es instructivo para percibir hasta qué punto ha llegado la disolución fiscal, monetaria y presupuestaria del Estado argentino, y con ella, la de los partidos que han gobernado o gobiernan el país. Es necesario exponer ante el conjunto de los trabajadores esta disgregación, para que se vean las perspectivas revolucionarias del amplio cuadro de luchas que empieza a asomar en todo el territorio.

El martes 12 de mayo se realizó en la puerta de la fábrica Mondelez Victoria una nutrida convocatoria en apoyo a la lucha que están dando los trabajadores frente a las suspensiones que planea imponer la patronal en toda la planta durante un mes. La medida no solo implicaría una rebaja salarial al 77% sino también el traslado de 50 trabajadores a la planta de la misma firma en Pacheco. Los trabajadores denunciaron también que la patronal podría estar desarrollando una maniobra para cerrar la planta Victoria. Estuvieron presentes trabajadores del turno mañana, turno tarde y turno noche de la planta, acompañados por trabajadores de Mondelez Planta Pacheco, además de delegaciones de Bedtime, Fernet Branca, del Hospital Cordero de San Fernando, docentes de Suteba Tigre y Escobar, el Subte, Fate, Cicop, Volkswagen, Bimbo Victoria, Metalsa, Finning Cat, etc. La medida apunta a manifestar la disconformidad de los trabajadores en el marco de una lucha que encuentra de entrada a los representantes del Stia indisimuladamente en defensa de los planes patronales y con una empresa que no tiene necesidad de poner en marcha la fábrica. Un aspecto novedoso del conflicto es que la Comisión Interna -que responde a la Directiva del Stia- se vieron obligados a denunciar públicamente al Secretario General, Rodolfo Daer, por haber firmado el acuerdo de reducciones salariales a espaldas de los trabajadores y en oposición a la posición de los delegados. Que Daer entregue a los trabajadores no debería ser sorpresa para nadie, pero que lo denuncien los propios militantes de su agrupación no es un dato menor. Los delegados de la Verde intentan dar por terminado el asunto, atribuyéndole la responsabilidad a la "traición" del secretario general. Así, se niegan a impulsar un plan de lucha, y las medidas recaen en el activismo de la fábrica y en la solidaridad que puedan recoger. Este acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo, el sindicato y la patronal, se vale del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite las suspensiones al haber mutuo acuerdo entre Mondelez y la burocracia de Daer, como también de la precedente firma entre el Gobierno y la CGT por la rebaja salarial al 75% en la UOM. Mondelez justifica las suspensiones por una supuesta baja en las ventas, habiendo facturado $41.600 millones en 2019 y valiéndose de un Preventivo de Crisis que le valió una quita en los aportes patronales de $150 millones. La homologación de las suspensiones en Mondelez ha creado una crisis política al interior del Frente de Todos: mientras que Alberto Fernández y Moroni homologan reducciones salariales, el jefe del bloque en Diputados, Máximo Kirchner, reclamó que el acuerdo sea revisado. La esencialidad de la producción de golosinas, defendida por Daer a lo largo de toda la cuarentena, cae por su peso una vez que Mondelez no encuentra más mercado para su stock y ahora busca avanzar con suspensiones con reducción salarial. El mismo escenario calcado enfrentan los trabajadores de Alimentos Modernos -Farm Frites- en su planta de Munro: pasaron de la esencialidad y las horas extras a las suspensiones con reducción es salariales. (La única diferencia es que todavía los delegados no denunciaron que el Stia haya acordado a sus espaldas) Los telegramas de suspensión con fecha para el 17 de mayo, que ya llegaron a los trabajadores, prevén la vuelta para el 14 de junio, o antes si se levantase la cuarentena. Justifican esta medida no sólo por una baja de producción, después de haberse sobrestockeado durante la cuarentena produciendo chocolates para la temporada de invierno, sino que se apoyan en los riesgos de la exposición al Covid 19, cuando la empresa repartió barbijos obsoletos y no brindó explicaciones sobre los compañeros aislados por fiebre u otros síntomas del virus. La fecha de vuelta de las suspensiones podría prolongarse según condiciones de venta de producto o extensión de la pandemia e incluso llevar al cierre de la fábrica. Si bien se mantendrán guardias mínimas en los sectores como el de caldera, los trabajadores permanecen en estado de alerta y movilización en el periodo de suspensión. En el Norte del GBA, las luchas de los trabajadores de BedTime y Fate han marcado un precedente para el resto de la zona: sólo la organización obrera en asambleas, y a su turno la ocupación, puede quebrar las pretensiones patronales de avanzar con la precarización y flexibilización laboral en medio de la pandemia. Mondelez Victoria tiene una sobrada tradición de lucha para lograr quebrar las intenciones de la patronal.

La reestructuración de deuda propiciada por el gobierno y sus aliados ha fracasado en forma escandalosa. Macaneando un día sí y otro también, las peticiones de “buena fe” de Guzmán y Fernández no conmovieron a nadie, menos la remanida frase “no me van a torcer el brazo” que pronunció Alfonsín poco antes de que tuviera que renunciar con seis meses de anticipación. El dúo del canje no ha ofrecido, sin embargo, ningún balance al país. Bajo la etiqueta de la reestructuración, el gobierno ha pagado todos los vencimientos de deuda desde que asumió en diciembre, como también lo hicieron Kicillof y otros gobernadores. Con la consigna de la quita y de la postergación de pagos, ha gatillado por el cien por cien del valor de la deuda, cuando en el mercado ha oscilado entre 30 y 40 centavos sobre cada dólar nominal. Se apresta a hacer lo mismo otra vez, el 22 de mayo, pagando un nuevo vencimiento de Nación y otro de Provincia, por u$s 650 millones, con el pretexto de no incurrir en un default. Como quiera que el default es un hecho consumado, a partir del rechazo de la oferta de canje del gobierno por parte de los fondos internacionales, el pago del próximo vencimiento serviría para justificar que el gobierno no haga nuevas ofertas y para que los fondos internacionales no recurran a los tribunales de Londres o Nueva York. “Siga participando”. Desplome mundial Fernández y Guzmán están ocultando lo que pasa con las deudas externas a nivel internacional, del mismo modo que lo hacen con toda la negociación, con la finalidad de inhibir una reacción popular por medio de la desinformación. Los llamados ‘países emergentes’ se encuentran masivamente en default, simplemente porque se enfrentan a una deuda impagable. El monto total de ella es superior a los u$s70 billones, algo así como el 500% del PBI sumado de esas naciones. Algunos columnistas de nota no vacilan en concluir que esta hipoteca deberá conducir a crisis revolucionarias, porque directamente no es refinanciable ni canjeable. Naturalmente, una crisis de deuda de esa magnitud sería insoportable para el mercado financiero internacional, donde la deuda ronda los u$s 300 billones – tres veces y media el PBI de todo el planeta. La discusión del día en ´los mercados´ es cómo convertir esa deuda en capital de las empresas endeudadas, para zafar del pago imposible de intereses. Eso ya ocurre ampliamente, porque desde la Reserva Federal a los bancos centrales de la UE y Japón, la participación del Estado en las corporaciones ya es, en numerosos casos, mayoritaria. La novedad de la jornada es que lo mismo ya ocurre con los fondos internacionales, que han alcanzado una posición dominante en las corporaciones que explotan petróleo y gas no convencional en Estados Unidos – acicateadas por el derrumbe del precio de los combustibles y minerales. Era esa conversión de deuda externa en patrimonio local lo que han pretendido consumar CFK-Kicillof, antes de 2016, y Macri-Caputo enseguida después. Es claro que los fondos internacionales no van a permitir ese default generalizado, que los llevaría a la tumba a una edad precoz. La crisis internacional actual se distingue de la de 2007/8 por afectar a las corporaciones industriales y a los fondos en lugar de los bancos y sus entidades paralelas comprometidas con la especulación hipotecaria de hace década y media. A evitar la posibilidad de este derrumbe han apuntado los bancos centrales, con paquetes de rescate que suman u$s20 billones – todo el PBI de EE.UU., y más de la quinta parte del PBI mundial. Con tasas de interés por debajo del uno por ciento anual, los fondos internacionales han ganado una capacidad de aguante fenomenal, porque no les cuesta nada renovar los créditos hundidos en corporaciones y países. No tienen apuro en aceptar canjes o quitas que les resulten perjudiciales. La decisión de la Reserva Federal, hace un mes, de entregar la gestión de los paquetes de rescate al fondo BlackRock, ha causado un escándalo internacional. Pero este es el poder político que han conquistado los pulpos con los que Guzmán quiere experimentar lo que dice haber aprendido en la Universidad de Columbia. Quién tiene la batuta Otra distinción entre la crisis de 2007/8 y la actualidad es que los fondos mencionados controlan las deudas externas de los llamados ‘emergentes’. No solamente han desplazado a bancos y tenedores particulares – se han quedado con el control de las minorías de bloqueo para cualquier arreglo de deuda. Guzmán, ni tampoco el FMI, tienen la capacidad de operar a unos acreedores frente a otros, según los intereses de los mismos. Es con este poder que apenas tuvieron que ejercer presión para que Alberto F. y Kicillof, pagaran en forma puntual todos los vencimientos. Tienen las espaldas de sus clientes, en el caso de BlackRock u$s3 billones y del estado y la Reserva Federal. La tropa ‘populista’ no les va a sacar quitas de intereses y plazos de pago que no estén dispuestos a conceder. No es la sustentabilidad de la deuda de Argentina lo que les importa, sino la garantía de pago de más de cien ´emergentes´ hipotecados. El nudo de esta simbiosis umbilical no lo va a romper Guzmán ni su jefe político, sino una crisis generalizada de impagos internacionales. Es aquí donde tiene lugar una disputa en el frente acreedor, porque esta es la crisis que el FMI, que representa más a los bancos que a los fondos quiere evitar a cualquier precio. El gobierno ‘nacional y popular’ enfrenta ya una crisis política acerca de toda esta cuestión, porque uno de los pilares de la coalición, Sergio Massa y Guillermo Nielsen, operan como lobistas de los fondos internacionales. Massa deshizo a CFK en 2013 y a Macri en 2019. Este bloque está operando a favor de una prolongación sin término de la negociación – sin dejar de pagar ninguno de los vencimientos. En función de este conjunto de presiones, externas e internas, la cotización del dólar paralelo duplica al oficial y prepara una devaluación. El agitador de los bancos y los fondos, y rescatista de bancos y AFJPs en 2002, Prat Gay, acaba de proponer esa devaluación, mediante el establecimiento de un mercado de cambios financiero. A un tipo de cambio mucho más alto, los fondos internacionales se harían de pesos baratos para entrar en la especulación inmobiliaria o de otro tipo, como el litio y diversos minerales. Canjear deuda por patrimonio. Esta devaluación es tanto más inexorable cuanto que la salida de capitales en Brasil ha llevado el real a 6 por dólar, incentivado desde el mismo ministerio de Economía de Bolsonaro, que maneja un director de fondos, Paulo Guedes. El establecimiento de un mercado financiero a un dólar mucho más alto convertiría a la deuda en dólares de Argentina es una montaña imposible de pesos. “Insostenible” Nadie que se encuentre negociando una porción de deuda de u$s65 mil millones, cuando el total es de u$s350 mil millones, puede sostener que está empeñado en logar una deuda “sostenible” (sic). Interviene aquí la negociación de un plan con el FMI, que reclaman todos los acreedores. El objetivo de ese plan sería que una nación con déficit fiscal primario de cerca de u$s50 mil millones y otro financiero de monto indeterminado, alcance un superávit que gire en torno a los treinta mil millones de dólares. Esto supone la confiscación del Fondo de Anses y la conversión del sistema previsional en una agencia de pobres. La nueva jefa de Anses acaba de anunciar que el pobrerío de la vejez abarcará al 80% de los jubilados. Por otro lado, la dilación pactada del default, mientras se pagan puntualmente los vencimientos, obstaculizarían el inicio de la reestructuración de deuda con el FMI y con los acreedores cuyos contratos tienen jurisdicción local. ¡Y todavía no hemos hablado de la pandemia, ni del recrudecimiento de los contagios, ni del colapso inminente del sistema de salud público! La clase obrera Los trabajadores se encuentran pagando ya las consecuencias de la bancarrota financiera y sanitaria. Además, ya se encuentran peleando contra el esfuerzo de la patronal y el estado para apuntalar este ataque. La crisis gigantesca que atraviesa al mundo desemboca necesariamente en una inevitable guerra de clases. El agotamiento histórico del capitalismo se manifiesta no ya en su incapacidad para abordar la pandemia, sino en la férrea necesidad que tiene de poner la defensa de las relaciones sociales capitalistas y los intereses del capital por encima de las necesidades sociales que plantea la pandemia, y socavando las bases de la existencia humana para preservas las bases de la reproducción capitalista. Es desde este ángulo, o sea de la bancarrota de un sistema social y de la necesidad histórica de la revolución social, que debe ser abordada esta crisis y los elementos diferenciados que la integran. La acción política debe partir de una base de clase, no de maniobras instrumentales, aisladas, fuera de marco estratégico. Las rebeliones populares que han caracterizado los últimos años se profundizarán, por supuesto. Pero con la vida humana en juego, dejarán más clara la lucha por la revolución socialista.

El jueves 14, 250 compañeros y compañeras se reunieron frente a gobernación para realizar una gran jornada de lucha en defensa del salario, las jubilaciones y las condiciones de trabajo. La manifestación congregó a trabajadores de Amsafe, Siprus (médicos profesionales), ATE, trabajadores precarizados y otros. Estuvo presente una importante delegación de compañeros de Tribuna Docente Tendencia, Tribuna Estatal (de la junta interna del Hospital Eva Perón y trabajadores estatales) y de la UJS Tendencia. Respetando el distanciamiento social, la concentración demuestra un estado de ánimo del movimiento obrero de Rosario y Santa Fe. La cuarentena ha sido aprovechada por los capitalistas y los gobiernos para avanzar sobre las condiciones de trabajo, los salarios y las jubilaciones en sintonía con la burocracia sindical. La barredora central de la manifestación fue un mensaje claro al gobierno provincial: ¡reapertura de paritarias ya! El gobernador Perotti, en sintonía con Alberto Fernández, suspendió las paritarias y elimino la “cláusula gatillo” mientras la inflación sigue destrozando los salarios. Además, suspendió sin fecha, el pase a planta de miles de trabajadores estatales, algunos de los cuales estuvieron presentes frente a gobernación. Los precarizados a los que no se les ha renovado el contrato siguen un curso de lucha que comenzó a finales del año pasado y continua hasta el día de hoy. Un elemento a destacar fue la presencia de una gran cantidad de docentes reemplazantes, que vienen dando Una gran pelea por un salario de emergencia que permita garantizar sus condiciones de vida. Los trabajadores de la salud, protagonistas de la primera línea de batalla contra el Covid- 19, levantaron los reclamos por kits de bioseguridad y todos los elementos necesarios para no contagiarse, además del pase a planta de cientos de compañeros contratados. La concentración de hoy marca un camino para todos los trabajadores de la provincia, en consonancia con la pelea de Una enorme cantidad de sectores en lucha que se enfrentan a las suspensiones, los despidos, las rebajas salariales y los cierres de fábrica. Hoy quedo planteado más que nunca la necesidad de un plan de lucha en defensa de nuestras vidas y la satisfacción de todos los reclamos de los trabajadores estatales.

Junto con los trabajadores de la salud, uno de los sectores que está siendo más castigado es el marco de la pandemia es el de los trabajadores del transporte automotor urbano, de media y larga distancia. En el transporte urbano, declarado “esencial”, no están garantizadas las condiciones de salubridad que contengan a los compañeros tanto en su salud física como psicológica. En la zona sur del conurbano bonaerense, se confirmó, en las últimas horas, el caso de un chofer de la línea 159 (MOQSA) que dio positivo de coronavirus y dengue. En las líneas 266 y 263 (Expreso Villa Galicia) hay, por lo menos, tres casos de COVID-19 confirmados, a pesar de lo cual la patronal se niega a realizarle los tests a la totalidad de los trabajadores. El transporte público es considerado el canal número uno de transmisión del virus, por lo cual la negligencia patronal y estatal pone en riesgo a toda la población usuaria. A la presión generada por el miedo de llevar el virus a sus hogares, debemos sumarle una situación social en descomposición, de la cual los trabajadores del transporte también son víctimas, como lo demuestra el brutal ataque al chofer de la línea 188 en Fiorito. Esta situación ahora se ve agravada por la falta de pago de salarios. En el interior del país, las patronales del transporte urbano no han depositado los salarios correspondientes al mes de abril, afectando a 35 mil trabajadores. Para el transporte de media y larga distancia, la falta de pago de salarios es una realidad nacional. Los trabajadores de MiBus, en Bariloche, no cobraron ni un peso del sueldo de abril. En otros casos, los trabajadores percibieron parte del salario a través del ANSES, con cifras que van desde diez mil pesos al 50% del salario. Los trabajadores de Horianski, en la provincia de Misiones, ni siquiera pudieron cobrar el dinero de ANSES, por no haber sido inscriptos por la patronal. Cuando se acercaron a la empresa para aclarar la situación, fueron golpeados por una patota del sindicato. Desde UTA convocaron a un cese de actividades en el interior del país, exceptuando CABA y conurbano, San Juan y Salta capital. En las últimas horas la medida fue levantada en Tandil, Olavarría, Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás. De esta manera, la dirección del sindicato rompe con el principio más básico de unidad de los trabajadores, restando fuerza a la medida. Las patronales del transporte pretenden aprovechar la crisis abierta por la pandemia de COVID-19 para llenarse los bolsillos a costa del padecimiento de los trabajadores. Así queda demostrado por las maniobras en torno a la municipalización de Autobuses La Pampa de Santa Rosa. En un comunicado del 4 de mayo, los funcionarios locales afirmaban que, una vez transferido el transporte a la órbita municipal, “para el pago de salarios, la comuna no tendrá gastos significativos, debido a que utilizará los mismos fondos que le estaba dando en concepto de subsidios a la empresa”; sin embargo, hasta el 12 de mayo, la empresa seguía negándose a depositar la totalidad de los salarios, a la espera de un subsidio nacional, bajo el pretexto de no contar con los fondos suficientes. La complicidad estatal en este fraude es evidente y obedece a una orientación general de rescate a las patronales a través de subsidios millonarios. Para enfrentar estas maniobras, se hace necesario desarrollar un programa de los trabajadores del transporte que reclame la totalidad de los salarios adeudados, el 100% del salario para los trabajadores que no están cumpliendo tareas por encontrarse suspendido los servicios, la reducción horaria sin afectar salarios para los trabajadores en actividad y protocolos de seguridad e higiene bajo control de los trabajadores. Testeos masivos para los trabajadores de Expreso Villa Galicia, MOQSA y toda línea donde se detecten casos positivos.

El miércoles 13 de mayo estaba pautada una reunión entre el Subsecretario de Planificación Sanitaria de CABA, Daniel Ferrante, y la asamblea de residentes y concurrentes. Ferrante dejó plantadxs a lxs representantes que viajaron hasta el Ministerio de Salud porteño. En su lugar, el nuevo Director de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, Gabriel González Villa Monte, solo se despachó con amenazas y evasivas ante reclamos que día a día se agravan frente al avance de la pandemia y la proliferación de contagios. Al pedido de que se le otorgue un contrato con salario y ART a lxs 1440 profesionales de la salud que revistan en las concurrencias para que puedan asistir con las mínimas condiciones a sus lugares de trabajo, Villa Monte dijo que no lo tenían pensado. A la exigencia de que se les entregue el certificado de promoción a lxs compañerxs que finalizan sus residencias o concurrencias el 31 de mayo y que se los contrate en condiciones de planta, Villa Monte respondió que piensan retener esos certificados hasta septiembre, y que quienes no deseen seguir trabajando precarizadxs o de forma gratuita pueden renunciar y perder la especialidad. El desplante gubernamental a lxs trabajadorxs de la salud más precarizadxs no es solo porteño. Los funcionarios de Larreta siguen la línea de la resolución 718/2020 del Ministerio de Salud de Nación, que extiende los plazos de las residencias bajo la extorsión de la retención de los títulos. En la asamblea nacional de residentes que se realizó esta semana, compañerxs de Salta denunciaron que mientras esto ocurre les adeudan salarios desde el mes de enero. A otrxs residentes de esa provincia, el ministerio planea dejarlxs en la calle, ignorando la resolución oficial y el cuadro de necesidades crecientes de profesionales para asegurar la atención de la población. Doble carga La decisión de qué medias tomar frente a semejante escenario generaron fuertes debates en las asambleas y hospitales. Ocurre que lxs residentes y concurrentes sufrimos una doble carga: por un lado, la de nuestras condiciones laborales, que amenazan cotidianamente con enfermarnos. Como ejemplo, vale lo que ocurre con las “rotaciones de personal” –recomendadas por los protocolos oficiales, pero imposibles de aplicar por la falta de personal de enfermería, limpieza, etc. La otra carga que soportamos es la defender la cuarentena –la única medida real de salud pública-, mientras los gobiernos se dedican a flexibilizarla cada día más a pesar del incremento de contagios. Esta segunda carga se deriva de nuestro esfuerzo cotidiano por cuidar a la salud de la población, en contraste con un Estado dedicado a la protección de los intereses patronales. Esa doble carga explica la oposición de muchxs compañerxs a la realización de movilizaciones que incrementen la circulación de personas. El gobierno, que con su desplante nos fuerza a adoptar esas medidas, no es en esto tampoco original. De Pakistán a Polonia, de México a Colombia, las manifestaciones se producen, adoptando las medidas de resguardo, porque los gobiernos y las patronales no dudan a la hora de aprovechar la pandemia para atacar toda clase de derechos y conquistas populares. Lo mismo ocurrió en nuestro país en empresas como Penta o BedTime, donde los obreros fueron forzados a actuar para preservar sus más elementales medios de vida. La cuarentena evitó hasta el momento un colapso total del sistema de salud, pero esa circunstancia tiende a disolverse en una Argentina que ya pelea los primeros lugares en la tasa de contagios en el personal de salud. Debate y lucha La única forma de superar esta contradicción es debatiéndola abiertamente en asambleas por hospital y centro de salud. Es un debate que abarca al conjunto de lxs trabajadorxs de la salud, por lo que estas convocatorias pueden incluir a diferentes sectores y especialidades, como ya está pasando en muchos efectores. La condición es superar las imposiciones y maniobras de aparato, que solo sirven para alejar a lxs compañerxs de esas instancias, debilitando al movimiento. En la última asamblea nacional se resolvió organizar una conferencia de prensa frente al Ministerio de Salud de Nación el próximo viernes 22 de mayo para denunciar las condiciones intolerables de trabajo a las que estamos sometidxs. La asamblea de CABA, a su vez, propuso organizar una concentración el martes 26, a debatir en asambleas por hospital. Es el momento multiplicar las reuniones e intercambios, para que las medidas involucren a cada vez más compañerxs. Solo la conciencia, la unidad y la acción de lxs trabajadorxs es garantía para defender la salud, una tarea cada vez más opuesta a la orientación del poder político vigente.

El último decreto de necesidad y urgencia de Fernández y su gabinete ha dispuesto una mayor flexibilización de la cuarentena que implica la reapertura de 18 nuevas industrias no consideradas en las ramas esenciales. Este levantamiento paulatino de la cuarentena, dictaminado paradójicamente para el momento en que se prevé el pico de contagios en el país, ha venido acompañado de una serie de protocolos para las fábricas, discutidos por las cámaras empresarias. La elaboración por parte de las patronales nos coloca ante un problema central: quienes estarán a cargo de dictaminar las medidas de seguridad son los mismos empresarios que tienen como eje la reducción del llamado "costo laboral". Sin ir más lejos, son quienes han formulado, junto con la CGT y el gobierno, la reducción de salarios. A quienes no les tiembla el pulso para intentar imponer una confiscación de esa magnitud, que, sumada a la ausencia de paritarias, coloca en un agravamiento de la pobreza a la clase obrera en un contexto en que la salud y la necesidad de adquirir recursos básicos para su cuidado se extrema por la pandemia, no tendrán entre sus intereses el cuidado de la vida de la clase obrera. Las ramas esenciales en las que se ha dejado a los patrones a cargo de la decisión respecto de las condiciones de seguridad han terminado en muchos casos en una catástrofe, como sucedió con el caso del frigorífico Morrone (ex federal). Es que, en este contexto, preservar a los trabajadores implica de manera excluyente y necesaria la prolongación de la cuarentena. La precariedad se vuelve evidente ante la declaración de las primeras "medidas" que serán puestas en pie: uso de tapabocas, lavado de manos, transporte y distanciamiento social; prácticas harto conocidas, que se han desenvuelto con anterioridad al inicio del aislamiento obligatorio, que justamente por no ser suficientes, se prosiguió a este último. Para ninguna industria están previstos elementos de protección personal, exceptuando la rama de higiene y protección del trabajo (Ámbito financiero, 13/05). Peor aún, las condiciones a las que de por sí ya se encuentran expuestos los trabajadores los coloca en un contexto de vulnerabilidad de su salud, siendo proclives a ser pacientes de riesgo o tenes mayores posibilidades de contraer coronavirus. Estudios hechos al respecto confirman que la exposición a material particulado, como pasa en varias ramas, aumenta veinte veces las posibilidades de contraer COVID-19 y su tasa de mortalidad, así como las condiciones contaminantes en las que se trabaja en la industria perjudica específicamente las vías aéreas (idem, 13/05). La vuelta a las fábricas tiene como telón de fondo la "reactivación económica", que apunta a la renegociación de la deuda y la necesidad del Estado de destinar recursos a ese fin. Mientras las cámaras empresarias y el gobierno ensayan protocolos ficticios y la burocracia sindical acompaña, la clase obrera se organiza en defensa de sus condiciones de vida, que incluye desde los reclamos sanitarios hasta la defensa de los salarios. Todo lugar en donde se han impuesto mejores condiciones, partió de una imposición de los trabajadores. Es lo que ha sucedido en los frigoríficos Penta y Morrone, en la ocupación de Bed time, en Acindar y en Fate. Es de primera necesidad la deliberación y coordinación de la clase trabajadora en defensa de la cuarentena, los salarios y paritarias, con los sindicatos y comisiones internas combativas a la cabeza.

Luego de una semana y media de lucha con paros, asambleas cotidianas, y cortes de calle de los compañeros de limpieza de las torres administrativas del Estado provincial, trabajadores de la tercerizada Distribon, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria con los nueve compañeros que habían sido despedidos adentro, emplazando a las partes a un acuerdo dentro de los próximos 15 días. La lucha alcanzó trascendencia gracias a la reacción inmediata de los trabajadores estatales de planta de las propias Torres, a pesar de la cuarentena. Los delegados combativos de ATE llenaron de solidaria práctica a la lucha contra los despidos, siguiendo la tradición histórica de décadas en estas reparticiones, de unidad y reclamo de re-estatización del servicio de limpieza. El jueves 14, los trabajadores despedidos se hicieron presente en sus puestos de trabajo, pero sin embargo no los dejaron trabajar, por no tener aún las altas en la AFIP con su respectiva ART. El personal de riesgo sí pudo tomar sus licencias correspondientes por la pandemia, recordemos que entre los despedidos se encuentra principalmente este personal licenciado. Ante esta eventualidad de infracción patronal, los trabajadores labraron un acta a presentarse en el Ministerio de Trabajo. El dictamen del Ministerio de Trabajo se basa en el decreto presidencial 329/2020 de “prohibición de despidos sin justa causa”, estableciendo así, que la empresa Distribon SRL retrotraiga la situación anterior a los despidos. Al igual que Techint con los despidos de la UOCRA, esta patronal se basa en el convenio híper precarizado de maestranza, la que tiene como cláusula un “periodo de prueba” de tres meses. Lo ladino de este artículo es que, en realidad, se trata de personal con más de 10 años de antigüedad, quienes han sufrido año a año el cambio permanente de decenas de “empresas” fantasmas, donde se los recontrata nuevamente desconociendo su antigüedad real. El gobierno de Kicillof contrajo contratos con “nuevas” empresas bajo la misma modalidad tercerizada del servicio de limpieza aplicada desde los ´90. En sus orígenes el personal de maestranza era parte de la planta permanente de la ley 10.430 (convenio de estatales de provincia). La precarización del gobierno de Duhalde es la que flexibilizó a este sector, dejándolos por fuera de la estabilidad laboral estatal, y con salarios paupérrimos. Por ello, el sector limpieza de las Torres, se ha visto obligado a luchar contra despidos, e irregularidades en pagos de salarios sistemáticamente. Los delegados combativos de ATE de Tribuna Estatal, organizamos junto a la planta permanente un método, la asamblea en común sin distinción de ministerios, con los compañeros tercerizados, cada vez que existía un ataque patronal, tomando como bandera el pase a planta permanente del sector. Esta pelea logró años después, que la CTA tome el reclamo. En esta experiencia, los trabajadores rompieron con el sindicato de Maestranza, afilándose a la CTA. En el fallo de la conciliación se designa una nueva audiencia para el próximo martes 19, la recuperación de los puestos de trabajo debe hacerse efectiva antes de esta fecha. El dictamen de trabajo es un avance de la lucha sostenida durante estos días. El estado de alerta, votado en la asamblea de balance es fundamental, para actuar rápidamente en caso de la ratificación de los despidos por parte de Distribon SRL. Los estatales platenses venimos con intensas jornadas de lucha, por estos despedidos y otros, como la de los contratados de la DGCyE. Está planteada la unificación de los reclamos movilizando a la gobernación. Acción que intenta impedir la conducción de ATE, Verde Anusate. Las peleas se extenderán hacia los hospitales de la región, que han comenzado a sufrir contagios por la no aplicación de los protocolos correspondientes ante el C19. Tribuna Estatal Tendencia, presente en cada lucha, va por la defensa de la cuarentena, la aplicación de los protocolos, la defensa de los puestos de trabajo y el 100% de los salario

The Anniversary of the Revolution fue el primer largometraje del cineasta soviético Dziga Vertov. A lo largo de sus más de 3.000 metros de película -una enormidad para la época- el largometraje cubría los hechos más significativos que ocurrieron entre febrero de 1917 hasta enero de 1918, cuando comienza la guerra civil contra los ejércitos blancos y aliados. La versión original se daba por perdida, pero para el centenario de su estreno -noviembre de 2018- el largometraje pudo ser reconstruido a partir de otras películas de Vertov, quien constantemente reutilizaba su propio material en nuevos montajes. Durante la década del ´20 ya se habían perdido las copias existentes del film completo. La película rescata la intervención directa de las masas rusas durante todo el proceso revolucionario, además va mostrando en su desarrollo los acontecimientos que iban marcando la experiencia del proceso revolucionario desde la abdicación del Zar hasta la toma del poder en Octubre y luego incluyendo las negociaciones del Tratado de Brest-Litovsk e incluso la disolución de la Asamblea Constituyente. Un elemento a destacar es que figuran brevemente en pantalla, a modo de presentación, los funcionarios del gobierno provisional y luego del gobierno revolucionario, por lo cual durante el film se destacaban a los dirigentes de todos los movimientos y partidos en pugna. En el final se retratan los comienzos de la guerra civil contra los ejércitos blancos y aliados, mostrando el enorme sacrificio de los trabajadores soviéticos y el liderazgo de los bolcheviques, representados por Trotsky al frente del Ejército Rojo. Con el ascenso del Stalin al poder, no solo la Oposición liderada por Trotsky sufrió una represión sanguinaria, sino que esto fue extendido a todos los ámbitos. Vertov fue también una de sus víctimas, luego de presentar la que sería una de sus últimas obras, “Tres Cantos a Lenin”, encomendada por el Estado Soviético para conmemorar los 10 años de la muerte del dirigente bolchevique. El material que fue adulterado por la burocracia y estrenado seis meses más tarde. A partir de entonces, Vertov sería relegado a producciones menores (noticieros, etc). Durante esos meses de espera Vertov escribía: “Hace más o menos cuatro meses que el film ´Tres cantos a Lenin´ está terminado. Congojas de la espera. Mi organismo está como un arco tenso. Estoy en alerta noche y día. No hay que relajar los resortes tensos. Me gustarían más las torturas habituales, que me hundieran agujas bajo las uñas, que hicieran tostar sobre una hoguera. Tengo el cerebro tan fatigado que mi cuerpo vacila al menor soplo. Tengo el mismo andar que la mujer oriental que cojea en el primer canto.” A pesar de todo, la película fue un éxito en la URSS y fuera de ella, movilizando a cientos de trabajadores en todo el mundo para observar estos cantos, que no eran representados por las altas esferas del régimen soviético sino por sus protagonistas los obreros y campesinos de la Rusia revolucionaria. Vertov fue, junto con Sergei Einsenstein, uno de los grandes cineastas revolucionarios soviéticos y parte de una generación de artistas extraordinarios que abrazaron la causa del proletariado con alma y vida, y que finalmente el estalinismo se encargó de sofocar. Creador de una cinematografía realmente popular y a la vez experimental, Vertov desarrolló una técnica de filmación y montaje, representada por el grupo Cine-Ojo (Kino Glaz), que proponía una ruptura con todas las convenciones cinematográficas de la época. Su búsqueda, decía, era captar con su cámara la realidad y la espontaneidad de la vida misma. El resultado fueron una serie de documentales vanguardistas que recorrieron todo el vasto territorio soviético. Este breve homenaje a Vertov y su obra, busca rescatar a uno de los cineastas más lúcidos de su época, que desarrolló un arte revolucionario retratando la revolución misma.

En los últimos días y producto de las asambleas y organización de los trabajadores, se firmó un acta con la jefatura de enfermería en donde se establece la reducción de la jornada laboral, sin afectar el salario, para enfermería y diversos sectores como cocineros, camilleros, seguridad etc. Recordemos que la restricción de la circulación del personal hospitalario es una de las medidas preventivas más importantes que se puede tomar para preservar la salud de los trabajadores. Dicha reducción de la jornada laboral ya se aplicaba para el personal médico y administrativo, pero no para el resto de los trabajadores, representando una clara discriminación al sector más combativos del hospital. Recientemente, frenamos un intento de la dirección del hospital de maniatar la actividad gremial de la comisión interna. Se labraron actas donde se exigía "explicaciones" acerca de porqué las delegadas, en especial la compañera Silvia Mitschenco, se "paseaba" por cada una de las secciones del hospital, desconociendo burlonamente el accionar gremial. La organización de los trabajadores frente a la disminución de la jornada laboral varía según las necesidades de cada sección, la cantidad y disposición del personal, por ejemplo, en algunos lugares se organizan cada dos semanas (seguridad), otras por semana, y así sucesivamente. Junto con la puesta en pie de una Comisión de Control compuesta por los trabajadores que gestiona, distribuye y administra los materiales que llegan al hospital, la disminución de la jornada laboral implica un avance en el control y manejo de nuestros lugares de trabajo, a la que consideramos condición esencial para asegurarnos los elementos de protección e insumos frente a la pandemia. Esta la madre de todas las batallas que se debe librar hoy en los hospitales: el control de los lugares de trabajo. Si bien hemos obtenido importantes avances, todavía falta mucho, pero sabemos que se logrará con los métodos tradicionales de la clase obrera.

Soy docente en el Barrio “Padre Carlos Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14) del Bajo Flores y quiero visibilizar la situación que atraviesan el barrio y las madres de los estudiantes de nuestras escuelas. Bajo la pandemia del Covid-19 se desarrolla una nueva crisis económica y social que nos va a tener, una vez más, a las mujeres trabajadoras como protagonistas Las mujeres trabajadoras hemos protagonizado, a lo largo de la historia, innumerables procesos de resistencia ante las crisis capitalistas cada vez más recurrentes y violentas. Pero muchas veces esa historia permaneció oculta o contenida por los mismos que buscan garantizar la continuidad de este sistema, basado en la ganancia de unos pocos a costa de la vida de millones. Mientras los gobiernos y los políticos hacen lobby para que se garantice el pago de la deuda a los bonistas a los fondos buitres y al FMI, en las escuelas públicas de la zona sur de la Ciudad las y los docentes lidiamos a diario con la angustia de las madres de nuestros alumnos, quienes hacen malabares para llegar a fin de mes, situación ahora agudizada bajo la cuarentena. El barrio En la 1-11-14 viven aproximadamente 60 mil personas en espacios comunes. Pocos cuentan con habitación propia. En general, se trata de núcleos familiares muy numerosos. La mayor parte de sus habitantes tienen trabajos informales. Las medidas adoptadas tanto por los gobiernos Nacional y porteño llegan tarde y mal. Recién el lunes pasado colocaron postas sanitarias en las entradas al barrio, que desinfectan autos y personas, pero el Estado sigue sin entregar elementos de higiene. Las familias denuncian falta de agua en gran cantidad de manzanas y cortes de luz intermitentes por las mañanas o las noches. La situación de emergencia económica y alimentaria es categórica. Un foco del problema es que la única oficina de Anses, la cual se abrió para inscribir al IFE, sólo atiende de 10 a 14, está desbordada y hay muchas quejas sobre el maltrato que reciben las familias. Hay aproximadamente 8 mil chicos sin vacante en la escuela pública de la 1-11-14. Esto hace que queden por fuera del acceso a las becas alimentarias. Las estadísticas sobre relevamiento de casos por Covid-19 son alarmantes. El 90% de la testeados da positivo, pero tampoco se están haciendo todos los testeos necesarios. A esto se le suma la emergencia sanitaria preexistente al Covid-19. En el barrio hay registrados 3.000 casos de dengue y no hay planes suficientes de fumigación ni descacharrización. También proliferan enfermedades como el sarampión, la tuberculosis, el asma. Las y los trabajadores de la salud de los centros sanitarios del barrio y del Hospital Piñeiro se desloman. Pese a eso no llegan a cubrir la demanda. Por otra parte, el Estado no suministra insumos suficientes para garantizar la atención de los pacientes y la seguridad de los profesionales. Las mujeres de pie ante la crisis Las crisis del capital golpean fuertemente a las mujeres trabajadoras y migrantes. Muchas de las madres de mi escuela son jefas de hogar. Trabajan muchísimas horas para garantizar el plato de comida, pagar el alquiler, el transporte, los medicamentos. Lo mínimo e indispensable para poder vivir. Con la cuarentena, recrudeció su situación dado que la mayoría de ellas son trabajadoras informales (feriantes, empleadas domésticas y de limpieza, manteras) y la situación de aislamiento social las dejó sin la posibilidad de ganarse al sustento diario. Otras dicen estar preocupadas porque no saben si van a conservar sus trabajos luego de la pandemia. Reconocen la necesidad de cumplir la cuarentena, pero su situación se está complicando. El acceso al IFE demora y de más está decir que $10 mil pesos son totalmente insuficientes -sólo el alquiler en el barrio ya ronda ese monto. A la inflación descontrolada en alimentos se suma que los bolsones de comida distribuidos por el gobierno de Larreta son, lisa y llanamente, miserables. Muchas de ellas son migrantes, lo que las deja afuera del acceso a planes y subsidios. Los reaccionarios nos acusan con el dedo cuando luchamos por nuestro derecho a decidir cuándo y cómo ser madres en caso de desear serlo, pero para las mujeres trabajadoras disfrutar de la maternidad en estas condiciones en las que no sabemos si le vamos a poder garantizar el plato de comida diario a nuestros hijos se torna muy difícil. Un programa para la acción Por eso es imperioso organizar, coordinar y movilizar las fuerzas de todos los trabajadores y trabajadoras bajo un programa que dé respuesta a esta situación acuciante. Es fundamental impulsar asambleas barriales que discutan protocolos, un pliego de reclamos y se organicen colectivamente ante la situación. Hay que derrotar al coronavirus en los barrios, derrotando la política de los gobiernos de la deuda y el acaparamiento inmobiliario.

La noticia de una nueva renuncia en el gabinete de Bolsonaro se difundió a velocidad digital, porque se trataba de un ministro de Salud que había asumido hace un par de semanas solamente. Encargado de ofrecer una alternativa a la política de su antecesor, un bolsonarista partidario del “distanciamiento social”, no pudo encontrar el punto medio entre eso y el piedra libre al virus que Bolsonaro sostiene virulentamente. Sustituye al dimitente su vice – un militar designado por el Messías para la eventualidad que acaba de consumarse. Así, el gabinete de Bolsonaro reúne más militares que la media de los gobiernos propiamente militares. Mientras tanto, el 99% de los 25 gobernadores de Brasil, si no más, defienden una política de encierro de los habitantes, aunque sólo en pocos casos apelando a la coacción estatal – o sea decretos. El número de infectados Covid-19 ha comenzado a crecer en forma geométrica, lo mismo que los fallecidos. La red O Globo, que tiene un alcance que supera a cualquier otra institución del país, ha convertido a sus noticieros en una plataforma metódica de agitación política contra el gobierno. De cualquier modo, la noticia del día se encuentra opacada por otra de la jornada previa – un artículo firmado por el vicepresidente Hamilton Mourao, un general en situación de retiro, que apareció en O Estado de Sao Paulo – otra tribuna fuerte de la campaña contra Bolsonaro. En el texto designa a Bolsonaro “como uno de los actores que se han tornado incapaces de lo esencial para resolver cualquier problema: sentarse a una mesa, conversar y debatir”. Es claramente un palo también para el Congreso y el Poder Judicial, y la insinuación de que un golpe para poner fin a la presidencia de Bolsonaro pondría fin al poder legislativo y límites políticos al Tribunal Superior. Un futuro presidente gobernaría con los gobernadores y las legislaturas de cada estado, algo que Mourao sugiere cuando defiende la forma federativa del régimen político de Brasil, en otro trecho del artículo. Todas estas precisiones, sin embargo, son todavía excesivas. La crisis política en Brasil ha adquirido proporciones enormes, esto en función de un impasse catastrófico. El descontrol de la pandemia no es la causa sino la consecuencia de una situación de conjunto. No es para nada claro que Mourao tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas, que atraviesan un equilibrio inestable. La Marina y la Aeronáutica no se han comprometido con Bolsonaro como lo ha hecho el Ejército, en el cual hay que distinguir a los retirados en funciones de gobierno, y al mando y oficialidad activa. El ministro de Defensa acaba de desmentir a Bolsonaro, que ha pretendido negar lo que revela un video de una reunión de gabinete en donde reclama el control de las policías federal y de Río de Janeiro, con la intención proteger las actividades paramilitares de sus hijos. La controversia acerca de esa filmación tiene paralizada a la política nacional, con los principales órganos de prensa reclamando que se haga pública. La fragmentación del régimen político tiene lugar cuando el ejército ha puesto treinta mil tropas a lo largo del territorio para colaborar contra la pandemia, en lo que se reputa como una movilización mayor a la registrada cuando Brasil entró en la última guerra mundial. En la crisis se cruza el fuerte interés de un núcleo poderoso del Ejército a favor de una alianza político-militar con Trump, para dotar a las fuerzas armadas brasileñas de un poder de arbitraje decisivo en la política latinoamericana. Las masas brasileñas están muy conmovidas por la pandemia, que está arrasando con sus condiciones de vida pésimas, y de rebote con la crisis política que le muestra que el elenco renovable que dirige Brasil desde siempre las está llevando a la muerte. Del lado de la llamada "macroeconomía", el real no para de devaluarse, alentado por el propio gobierno, que está obligado a emitir dinero fácil para cubrir gastos que no tenía previstos o los gastos de los estados que subsidian el “distanciamiento social” en sus territorios. El callejón sin salida en el que ha entrado Brasil asegura que habrá un intento de salida golpista, pero también que ella carece de los sustentos mínimos de éxito. Cuando se levanta un poco apenas la mirada sobre la crisis capitalista internacional en su conjunto, se advierte que las contradicciones insuperables del capital y su choque violento con la naturaleza objetiva y subjetiva (la humanidad), conducen a crisis revolucionarias gigantescas.

El gobierno anunció nuevas cuarentenas para 12 comunas en la Región Metropolitana, que se suman a las 20 ya establecidas. Este anuncio -marcado por el sello del autocuidado y responsabilidad de la ciudadanía de evitar contagios- responde a la situación crítica en que se encuentra la Capital, mientras que el gobierno apela a que los y las ciudadanas, libren la gran “Batalla de Santiago” contra la pandemia. La capital Santiaguina tiene casi 20 mil casos positivos de Covid, lo mismo que en el caso de los fallecidos, donde esta zona se inscribe con más de la mitad de las víctimas fatales a causa del impacto de la pandemia en nuestro país. De acuerdo al informe epidemiológico, Santiago, Recoleta, Puente Alto lideran las cifras de contagiados. Desde el Colegio Médico (Colmed), su presidenta Izka Siches, ya preveía que la situación de los hospitales iba a ser crítica. La demanda hospitalaria se encuentra al borde del colapso por la situación en hospitales públicos de la zona sur y norte, y la demanda de atención de urgencias y camas UCI en los últimos días ha crecido exponencialmente, lo que significa que 1.500 nuevos casos nuevos pueden ser un tsunami para la red asistencial. En esta línea, uno de los Hospitales de la zona norte, el San José y la clínica Dávila, dan las primeras señales de desborde asistencial. Según un medio independiente, “en el recinto privado durante el fin de semana pasado se tuvo que ventilar un paciente en un pabellón quirúrgico y derivar otros dos a otros centros asistenciales por copamiento de camas UCI. Mientras, en el hospital público hay 178 funcionarios fuera de funciones por infecciones de Covid-19 o cuarentenas, con copamientos en el ingreso de la urgencia”. Las cifras son alarmantes, el 80% de los nuevos contagios se concentran en la RM. En este sentido, la batalla de Santiago, que está desenvolviendo la población trabajadora, responde a la crisis de desfinanciación de los hospitales públicos durante los últimos 30 años por parte de los gobiernos de centro izquierda y derecha. En estos momentos, las camas UCI llegan al límite y la tasa de contagios se dispara cada día más, mientras que el gobierno da luz verde a la apertura de centros comerciales, no protege la vida y la salud de las y los trabajadores del país. De parte de integrantes del consejo asesor Covid-19, recalcan que los efectos de las cuarentenas flexibles -medibles luego de un mes de su aplicación- han dado resultados en algunas comunas, pero en otras los casos se han vuelto a elevar, por lo que la lógica de las cuarentenas flexibles está siendo cuestionada y, si la situación empeora aún más, abre paso para una posible cuarentena total que han reclamado desde hace un mes los alcaldes. En este contexto, son 16 comunas de la RM que concentran las poblaciones de más bajos recursos, y que se encuentran en el peor de los escenarios, concentrando una prevalencia muy alta de casos contagiados con una tasa de crecimiento por sobre el 40%, lo implica que cada día la cifra de contagios se duplica, sumado a esto, la fuerte presión sobre el sistema hospitalario con disponibilidad de camas críticas cercanas al 90% de ocupación. En este sentido, la situación ya es catastrófica, el sistema sanitario es puesto a prueba a su límite, altamente precarizado y desfinanciado, sobre todo en las comunas con mayor vulnerabilidad. Lo que deja expuesto que la rebelión popular del 18 de octubre y sus reclamos por mayor financiamiento e insumos a la salud pública, sigue más vigente que nunca. Detrás de la pandemia, un enorme rescate Piñera ha sido felicitado por el mismo Donald Trump -opositor del distanciamiento social- por el manejo de la pandemia en Chile y la región, evidenciando en la llamada la guerra económica del imperialismo por las vacunas al covid 19, y a Chile en el “pole position” del mandatario estadounidense. Piñera ha sido partidario de la receta norteamericana de encubrir detrás la pandemia un fenomenal proceso de rescate capitalista que en Estados Unidos alcanza a los 8 billones de dólares. En Chile, las cuarentenas a las medidas del capital del Gobierno han aumentado por la presión en ciernes de un colapso de los centros asistenciales no solo de la capital, sino que de regiones de Arica y Antofagasta también. La ley de protección al empleo ampara más de 66 mil empresas y más de medio millón de suspendidos, ha desenmascarado los intereses sociales y económicos que se defienden tras el telón de la crisis económica y sanitaria. Piñera ha destinado 4 mil millones de dólares al Banco Central, y 3 mil millones más a créditos FOGAPE para ofrecer créditos a tasas únicas de 0,5% y con facilidades que ni aseguran el pago de dichos créditos. Es decir, mientras miles - suspendidos o con sueldo rebajado, y otros miles de informales y desocupados - enfrentan la miseria, enormes pulpos capitalistas amparados en la ley de protección del empleo, se permiten con platas estatales - supuestamente orientadas a solventar la cadena de pagos de las empresas - invertir para la especulación financiera. El proyecto hambreador de Piñera - Ingreso familiar de emergencia -, asiste al 60% de la población más vulnerable del registro social de hogares, pero con enormes discriminaciones y una gradualidad decreciente del monto. La propuesta es un aporte de 260 mil mensuales el primer mes para una familia de cuatro personas (65 mil per cápita), luego un 85% y 70% menos, hasta el tercer mes, es decir, un monto muy por debajo de la línea de pobreza que no llega ni a sueldo mínimo. El Gobierno ha anticipado que no hay más oferta que los US$802 millones de dólares provenientes del aporte fiscal de US$2 mil millones para informales y que usaran el veto presidencial para entregar cuanto antes los bonos de hambre sin mayores modificaciones. La miseria social comienza a agudizarse conforme el desempleo se acerca al 10%, y miles de familias más que se ven obligadas a vivir del trabajo informal, alcanzando cifras cada vez mayores. Las ollas comunes en los barrios, asambleas populares y la constitución de comités de cesantes que han comenzado a aparecer surgen como una perspectiva de organización y lucha por el reclamo de trabajo genuino a los municipios y gobernadores y el financiamiento para transformar las ollas comunes en comedores populares para combatir el hambre Por una salida de los trabajadores a la crisis capitalista y sanitaria La lucha por la defensa de los salarios y la salud tiene por contraparte un régimen social que con la pandemia ha mostrado un efecto destructivo de las relaciones laborales, y de la salud y vida de la población mundial. A la tendencia de la burguesía por un rescate mundial del régimen capitalista a costa de los explotados, las condiciones sociales y políticas, solo se pueden agudizar más aún. La “nueva normalidad” evidencia con el aumento de las manifestaciones en hospitales, y ciudades de Chile, que los antagonismos de clase toman más fuerza. El reforzamiento de la militarización, y represión anunciada por Alberto Espina con un aumento de 14 mil efectivos, anticipa un claro choque de clases y un 18 de octubre en vísperas. La burocracia sindical se adapta en el parlamento para aprobar las leyes de Piñera. La CUT tal como definió Figueroa está solo para monitorear los despidos, y los abusos patronales, en ningún caso para plantear una lucha contra la política de Piñera y los capitalistas. Debemos levantar un plan de lucha para que sea el capital quien pague los costos de una crisis causada por las mismas contradicciones de este régimen social, la nacionalización sin indemnización bajo control de los trabajadores; de la banca, industria, comercio -las AFP y la salud - para anteponer las necesidades de las masas. El naufragio de la política sanitaria pro capitalista de Piñera pone de manifiesto la necesidad de una cuarentena total con cargo a los capitalistas, con salario y sin despidos, el cierre de todo sector no esencial, testeos masivos para frenar la propagación, protocolos de seguridad e higiene discutido por los trabajadores con implementos a cargo de la patronal y un congreso de bases. La permanencia de Piñera en el gobierno y todo su régimen pinochetista amenaza el trabajo, la salud, la vida millones y una crisis política de profundidad. La asamblea constituyente libre, soberana y con poder se ofrece ahora como una salida de los trabajadores a la crisis sanitaria y capitalista a la que asistimos. hoy más que nunca es - Socialismo o Barbarie- Por un gobierno de los trabajadores. Santiago, 11 de mayo

Se cumplen hoy dos años del día en que despedimos al Colorado Rath, un constructor infatigable del Partido Obrero y de Política Obrera. Las nuevas generaciones de militantes lo conocieron en su rol de propagandista y organizador de instancias de formación política. La última de ellas, pocos meses antes de su muerte, fueron las jornadas por el centenario de la Revolución de Octubre, que culminó con un gran acto en la Facultad de Ciencias Sociales. El Colo jugó un papel crucial como organizador y coordinador de esa actividad. Más de cincuenta años antes, Rath, nacido en Río Negro, había iniciado su militancia en Bahía Blanca, donde abrazó el trotskismo después de un paso por la juventud católica. Christian se trasladó después a Córdoba, donde abordó el desafío de desarrollar a Política Obrera en el corazón del proletariado de esa provincia. Allí, ingresó a la fábrica Thompson Ramco, donde fue electo delegado paritario. Rath fue parte de la vanguardia obrera que preparó y organizó el Cordobazo, y, un año después, la gran huelga mecánica de 1970. El Colo fue parte del activismo obrero clasista que, en esos años, y ya bajo el período Cámpora-Perón, trabajó duramente por la independencia obrera, contra todos los esfuerzos -incluso criminales- de liquidar al ascenso obrero abierto con el Cordobazo. Bajo la dictadura, Rath se trasladó a Buenos Aires, y fue uno de los principales dirigentes del PO en la clandestinidad. A partir de 1983, desplegó todas sus energías en la construcción del Partido Obrero a escala nacional, y varias veces encabezó sus listas electorales en la provincia de Buenos Aires. En 1989, es uno de los miembros de la dirección nacional del PO que el gobierno de Alfonsín ordena detener, junto a Altamira, Goyo Flores, Cata Guagnini, Pablo Rieznik y Juan Carlos Capurro. Algunas fotos todavía recuerdan su salida de la prisión, junto a los otros compañeros, y la eufórica llegada al local de Ayacucho, luego de varios días de lucha por su libertad. Todos los episodios posteriores de la vida del PO tienen al Colo como protagonista, desde las jornadas de la Asamblea Piquetera de 2000/2001 hasta su muerte. En los últimos años, añadió a su lucha militante la elaboración de valiosos ensayos políticos e históricos, que abordaron desde la naturaleza de la Revolución de Mayo hasta las raíces de la flexibilidad laboral, en su libro “Trabajadores, tercerización y burocracia sindical”, inspirado en la lucha de Mariano Ferreyra y de todo el PO por el juicio y castigo a sus asesinos. Todos los que compartimos momentos de lucha, y conocimos también su calidad humana y su camaradería, le dedicamos hoy este recuerdo emocionado.

Tras una huelga de 26 horas, votada en una asamblea masiva, los trabajadores de la gráfica Morvillo arrancaron el pago de los salarios adeudados. El “acta acuerdo”, compromete a la patronal al pago del 100% del salario del mes de abril. La huelga se disparó porque debía el 50% de los salarios. La empresa se encuentra entre las beneficiadas por el programa de subsidios ATP, como se informó en esa misma asamblea. Todavía queda una lucha por delante. La asamblea del 4 de mayo planteó un conjunto de reivindicaciones que aún debe responder Anselmo Morvillo. Esto es: el rechazo al recorte del 30% de los salarios y la defensa de todos los puestos de trabajo; pago del “complemento adicional solidario” correspondientes a los meses de marzo y abril (suma no remunerativa presentada como remplazo a las discusiones paritarias en tiempos de pandemia); reapertura del turno noche para evitar aglomeraciones; protocolo de habilitación para funcionar; garantizar el transporte de los trabajadores. Los gráficos de Morvillo demostraron que están dadas las condiciones para lograr la conquista del todo el pliego de reivindicaciones presentado a la patronal. Hace pocas horas los compañeros de FATE doblegaron las intenciones de la patronal del neumático logrando un triunfo estratégico del 100% para todos los compañeros, triunfo que fortalece las luchas que se están desarrollando. Viva la lucha de los trabajadores. Viva la clase obrera.

Limpiarg S.A., empresa de servicios de limpieza y mantenimiento de espacios verdes, guadañó, en medio de la pandemia de Covid-19, los salarios de sus trabajadores. La inmensa mayoría de los trabajadores de maestranza son pobres porque sus salarios promedios están por debajo de la línea de pobreza que mide el Indec. A principios de mayo los trabajadores se enteran, por medio de un audio de WhatsApp difundido por la empresa, que los salarios de abril no se abonarán en su totalidad como lo establece el decreto 297/20 en su artículo 8. El anuncio sorprendió a todos los trabajadores de maestranza del país y, muy especialmente, a los trabajadores de Limpiarg porque la mayoría de estos nunca dejó de trabajar desde que se decretó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Sucede que los principales clientes de la empresa son grandes cadenas de supermercados, farmacias y hospitales. El sector de limpieza es considerado desde el momento cero del “aislamiento social” como un rubro esencial, tan esencial que sin el trabajo de los obreros de maestranza no podrían haber operado supermercados, hospitales, farmacéuticas e industrias de diversa índole como la industria de la alimentación. El acuerdo de la infamia El sindicato de maestranza, dirigido por Rojas, quién milita en el campo de la burocracia barrionuevista, pactó con la cámara empresaria del sector, ADEL, a espaldas de los trabajadores, lo mismo que la CGT con las cámaras empresarias nacionales, una reducción de salarios escandalosa. En el acuerdo firmado el pasado 23 de abril, que se apoya en el artículo 223 bis de la LCT para proceder a suspensiones y rebajas salariales a granel, la patronal divide las reducciones de salarios en dos grupos. En el grupo 1 están los trabajadores que al ser grupo de riesgo no prestaron servicios: a estos trabajadores se les paga el 50% del salario de neto. El grupo 2 se compone por aquellos trabajadores que sí prestaron servicios durante 15 días del mes, a ellos se les paga el 50% del salario neto más $300 por cada día trabajado. La mayoría de ellos trabajaron más de la mitad de las horas laborales mensuales puesto que sus jornadas eran de 10 horas diarias. Entonces, en 15 días trabajados del mes las horas totales son 150 que constituyen 2/3 de las horas laborales del mes. Finalmente, aquellos trabajadores que trabajaron los 30 días del mes se les paga el 100% del salario. Por si fuera poco, esta poda brutal de los salarios la patronal procedió al descuento del aumento “a cuenta de futuros aumentos” establecido por el decreto 1420/20 que percibieron los trabajadores del sector privados a principios de año. El decreto en cuestión establece en su artículo 2 que el aumento otorgado será “absorbido en futuras paritarias”. La frutilla del postre de esta ofensiva contra el salario y las condiciones de trabajo, excusándose en la crisis sanitaria, lo constituye el intento de la patronal por embolsarse los ATP que pone el Estado para completar el pago de los salarios de abril. En un insólito audio de WhatsApp, el responsable de la empresa “informa a los empleados” que en estos días se depositarán aproximadamente 16 mil pesos de los ATP pero que serán descontados con el salario a cobrar en junio. Eso sí, informan con tiempo sobre el saqueo al bolsillo del trabajador “para que puedan organizar sus gastos adecuadamente”.

Después de dos meses de silencio, Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso, de nuevo en funciones, su proyecto de legalización del aborto – cuyos términos siguen sin ser conocidos. La pandemia ha convertido al aborto legal, seguro y gratuito en un derecho esencial. La derecha celeste ya anunció una movilización en contra de él. Bloqueos Todas las trabas para detener un embarazo no punible se multiplicaron al infinito estos dos meses. El gobierno nacional, al comienzo de la cuarentena, aprobó un protocolo de prestaciones médicas esenciales e incluyó la anticoncepción y la Interrupción legal del embarazo (ILE). Habilitó un teléfono gratuito. Hasta ahí llegó el afán de garantizarlos. Las funcionarias reconocen que es casi imposible acceder a un ginecólogo, y ni hablar de uno dispuesto a interrumpir un embarazo. Es complicado salir de los barrios, no funciona el transporte interurbano y las mujeres temen acercarse a hospitales y centros de atención primaria -el primer lugar al que apelan habitualmente- infestados de Covid-19. Pero las que se acercan, poco logran. Las Socorristas en Red son feministas que acompañan el aborto medicamentoso “autogestionado”, muchas trabajan dentro del sistema público de salud. Tienen un recursero que se actualiza diariamente. De allí surge que no hay información de los servicios en casi todo el conurbano. También en Rosario. Es fácil imaginar lo que ocurre en otros lugares. En CABA, algunos centros de salud atienden un día cada 15 y con turno previo, telefónico o por mail. Otros, como el “Hospital” Grierson de Villa Lugano, están cerrados porque los profesionales fueron derivados a las unidades febriles para Covid-19 o porque no tienen equipos de protección. En los hospitales pediátricos, claves para interrumpir el embarazo adolescente, una epidemia nacional, se atiende con turno otorgado por teléfono o por mail. Entre el tiempo en que tarda una mujer en darse cuenta de que está gestando y conseguir un turno con un equipo que practique ILE, se exceden todos los plazos de un aborto legal. En la Ciudad, los abortos no punibles en el sistema público crecieron 3.800 por ciento entre 2014 y 2019. Solo en el primer semestre de 2019 se efectuaron 3.577, incluido a 31 nenas de entre 10 y 14 años y 514 adolescentes. ¿Qué pasó estos meses en los que los embarazos siguieron, pero la atención se detuvo? ¿Qué pasa en las provincias donde no hay ni estadísticas, ni recursos, ni equipos médicos que se animen a enfrentar al clero, a los evangélicos y a las autoridades políticas y hospitalarias que les responden? Aciera -la central evangélica- se felicita de que en las últimas elecciones colocaron más de 200 militantes evangélicos como candidatos de distintos partidos. Al cierre de los servicios que suelen entregar Misoprotol -la droga indispensable para el aborto medicamentoso- se sumó su falta hasta en las farmacias. La caja de pastillas en Mercado Libre supera los 7.000 pesos, una suma imposible para una trabajadora. Debemos subrayar que los riesgos de la interrupción de un embarazo medicamentoso en el hogar se multiplican en condiciones de hacinamiento, falta de higiene y problemas de conectividad para pedir ayuda. Una vez efectuado, ¿dónde se puede hacer una ecografía para controlar si el aborto fue completo? El 40 por ciento de las mujeres retiran sus anticonceptivos de los centros de salud. Otra consecuencia del cierre de los consultorios públicos es que tampoco pueden hacerlo. ¡Unas píldoras baratas rondan los mil pesos y un DIU cuesta lo mismo que da el IFE, 10.000 pesos! Estamos ante un retroceso gravísimo de derechos ya adquiridos con la excusa de la pandemia. Una vez más, se corrobora que el derecho al aborto es cuestión de vida o muerte para las mujeres trabajadoras, y una reivindicación central que no puede ser sometida a ninguna cortapisa. Aborto legal, ya Es cierto que la pandemia ha conducido a la postergación de diferentes tipos de atención médica. Pero el aborto no puede esperar. Su dilación –agravada por todos los obstáculos descriptos- es en la práctica la conculcación de un derecho, incluso al aborto no punible. . El 28 de mayo y el 3 de junio debe presidir los reclamos del movimiento de mujeres. Defendemos el proyecto de la Campaña, construido en 20 años de debates en los Encuentros Nacionales de Mujeres. El gobierno debe garantizar la provisión de anticonceptivos gratuitos de calidad y sin receta y garantizar el suministro de misoprostol. Se deben habilitar de inmediato centros barriales donde se atiendan en condiciones de seguridad las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo y acceder a los métodos de anticoncepción. Se debe cumplir el fallo FAL de la Corte Suprema -que permite el aborto por causales en el más amplio sentido- hasta tanto el Congreso vote la legalización. Aciera (la central de los evangélicos), reclamó que Fernández no envíe en proyecto y le recordó que “ya hay demasiada sangre derramada en la Argentina” (sic). El obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, el amigo que Bergoglio designó para encubrir las violaciones en el Instituto Próvolo, también mostró los dientes. Si el gobierno no cede, dijeron, romperán la cuarentena y se tomarán las calles. El movimiento de mujeres debe hacer añicos estos obstáculos con la fuerza de su propia movilización, autónoma de cualquier variante patronal. La experiencia de la Marea Verde, que puso a millones en la calle, debe dar un paso adelante, avanzando en la independencia política del movimiento de mujeres y en el esfuerzo porque la clase obrera tome nuestras reivindicaciones como propias, como parte integral de su programa. Vamos a un 28 de mayo y a un 3 de junio que se escuche en todos los rincones del país.

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el Estado subsidia el 50% del salario de los trabajadores privados, ha desatado una ola de "empadronamientos" entre lo más granado de la burguesía nacional. Empresarios que otrora despotricaban contra la asistencia social del Estado a los desocupados, arriaron sus banderas más rápido que la CGT, para no quedarse afuera del cobro del "plan". Según informes del Gobierno, el 80% de las empresas se inscribieron para que el Estado subsidie los salarios de sus empleados. Rescatando al capital El ATP, lejos de ser un subsidio al salario, opera como un rescate a los capitalistas. Antes del decreto, cientos de empresas habían acordado reducciones salariales cercanas al 75%, con el concurso de la burocracia sindical. Al decretarse el ATP, los trabajadores esperaban que entre lo que pagaban las empresas sumado al subsidio del gobierno, cobrarían la totalidad del salario. Sin embargo, las patronales absorbieron el subsidio y continuaron pagando el 75% de los salarios. Sólo en los casos en los que los trabajadores fueron a la lucha, como en Bedtime, Fate y Morcillo (entre otras), los trabajadores continuaron cobrando el 100% de sus sueldos. Un caso testigo, sin duda, es el Grupo Techint, la patronal más poderosa del país, que desconoció el decreto de prohibición de despidos -y le torció el brazo al gobierno- pero se anotó rápidamente para cobrar el ATP. El empresario nacional anotó en la nómina salarial a pagar con el subsidio ATP a la totalidad de los empleados de su grupo y, como han denunciado distintos medios, incluso a los gerentes de sus plantas, cuyos salarios no bajan del millón de pesos. Con los ATP, el gobierno FF estatizó de hecho las plantillas salariales. En otro caso ejemplar, Joaquín de Grazia -dueño de Granja 3 Arroyos y propietario de una de las principales fortunas del país- anotó a sus miles de empleados avícolas para que le subsidiaran la mitad del salario de sus trabajadores, a pesar de que sus plantas distribuidas por todo el país produjeron pollos durante toda la pandemia. El emporio Ledesma, que produjo azúcar durante toda la cuarentena, también se anotó para cobrar el ATP. Otras alimenticias, como Mondelez y Farm Frites, que seguían produciendo por ser -supuestamente- esenciales, pasaron a un esquema de suspensiones de sus plantas con salarios reducidos y subsidiados. El rescate estatal apunta a contener una bancarrota inevitable. Madanes, dueño de Fate y Aluar, también se anotó para recibir el rescate estatal, presionando por su continuidad; en el acuerdo suscripto con el sindicato del neumático, por el que se compromete a pagar el 100% de los salarios de Fate, la patronal inscribió la condición de la continuidad del acuerdo a en los próximos meses a que el Gobierno prolongue el ATP. Por su parte, los pulpos petroleros consiguieron un doble rescate estatal; mientras el Estado paga el 50% de los salarios, han logrado el establecimiento de un precio de venta nacional del barril de u$d45, muy por arriba del deprimido valor de mercado. Otros casos, como Cremolatti, tomaron conocimiento público por haber anotado a los trabajadores en la nómina de cobro de la IFE, ¡para después descontárselo del salario! Un programa El subsidio ATP opera como una gigantesca transferencia de recursos de las arcas del Estado Nacional para rescatar a la burguesía, en lugar de los trabajadores. Este desfalco del presupuesto nacional desenmascara al "impuesto a las grandes fortunas" impulsado por el Frente de Todos -y acompañado críticamente por el Frente de Izquierda-, que por única vez recaudaría un 2% aquellas fortunas que algunos capitalistas han declarado. Si, como se especula, lo aportado podrá ser debitado de otros impuestos, la recaudación real del impuesto a las grandes fortunas terminará siendo cero. Los trabajadores tenemos que sacar conclusiones sobre el carácter parasitario que ha asumido la clase capitalista, rescatada por los fondos del Estado. Debemos oponer a este rescate capitalista, la nacionalización de la gran industria, la banca y el comercio, y especialmente la salud, en condiciones de pandemia, bajo control de los trabajadores; la defensa del salario equivalente a la canasta familiar, la incorporación a la producción de todos los desocupados, repartiendo las horas de trabajo sin afectar el salario; el 82% móvil para los jubilados, y el control obrero de los protocolos sanitarios de producción en medio de la pandemia.

Luego de que en la Villa 31 hubiera desatado una escalada de contagios de coronavirus en el barrio, superando hoy los 600 casos confirmados, una nueva crisis se desata en la villa 1-11-14 por la falta de agua. Desde el viernes al mediodía, una gran parte del barrio ha quedado sin suministro de agua corriente. Ni Aysa ni el Gobierno de la Ciudad han dado una explicación al respecto. Los vecinos se pasan información a través de los grupos de WhatsApp en base a los rumores y datos que van recolectando. No hay un comunicado oficial que explique el motivo de la falta de agua ni, mucho menos, que informe a los vecinos del barrio sobre un protocolo de atención para las manzanas afectadas. Tampoco se sabe cuándo se va a solucionar el problema. Lo que es una constante en la vida cotidiana de las villas de la ciudad, los cortes de agua por varios días, ha potenciado brutalmente la crisis sanitaria en el contexto de la pandemia. La propagación del virus en un barrio sin agua, con hacinamiento, y con más de 250 infectados confirmados, es una masacre social. Recordemos que, durante la crisis por la falta de agua en la Villa 31, el gobierno de la ciudad y Aysa -que depende de Nación-, se tiraron la pelota mutuamente durante semanas, sin aportar ninguna solución. Ahora, en la villa 1-11-14, la preocupación entre los vecinos es total. La falta de agua no sólo les abre la puerta a los contagios, sino que además deja sin posibilidades de funcionar a los comedores y ollas populares que se han levantado para frenar el hambre y garantizar en muchos casos el sustento a las familias que se encuentran aisladas. El Estado no sólo que no asiste a los comedores, sino que además tampoco asiste a las familias aisladas para que no tengan necesidad de salir. La propagación del virus en las villas está tomando las dimensiones de una crisis nacional. La “flexibilización” de la cuarentena en la Ciudad a partir de un acuerdo entre el gobierno nacional y el porteño, ha generado una mayor movilidad en todas las villas, que ya se encontraban con una alta actividad de los trabajadores precarizados y comerciantes que no encontraban sustento para mantener la cuarentena. Con esta flexibilización, las patronales encontraron la libertad para volver a activar su producción. Todos los trabajadores y trabajadoras precarizadas se encuentran obligados a aceptar las condiciones de sus patronales, cuando los convocan a trabajar, para no perder sus puestos de trabajo en forma definitiva. Ahora, hasta los empleadores de las trabajadoras domésticas han convocado a trabajar a las vecinas de las villas, aunque se supone que es una actividad que no está habilitada. De esta manera, los trabajadores de las villas 31 y 1-11-14, que suman más de 800 casos de coronavirus confirmados entre ambas, se encuentran obligados a circular por la ciudad por el despotismo de las patronales, con la complicidad del gobierno. Por este camino, la crisis sanitaria conocerá nuevos picos de crisis. Se estima que los casos detectados en las villas en infinitamente menor de la cantidad de casos realmente existentes. Esto porque no se están haciendo los testeos masivos que los vecinos de los barrios reclaman. Hay que poner fin a esta masacre social en los barrios. Tenemos que levantar un programa que incluya a los vecinos de los barrios con los trabajadores de los distintos gremios de la ciudad para imponer al Estado la exigencia de un protocolo para frenar los contagios. Formemos comités barriales y de trabajadores de la salud, docentes, etc., en defensa de la vida y la salud de la clase obrera.

Desde la madrugada hasta el mediodía del viernes 15 de mayo, los trabajadores de la línea de transporte de larga distancia Plusmar mantuvieron cortado uno de los carriles de la avenida Calchaquí, en el Cruce Varela. Exigían el pago de sus salarios, entre otros reclamos. Doscientos choferes, mecánicos y administrativos fueron a la acción luego de esperar durante varios días que la patronal les depositara el sueldo. Decidieron entonces concentrarse en la puerta de la empresa y realizar allí un piquete y quema de neumáticos, desplegando carteles y banderas que explicaban sus reivindicaciones, recibiendo del resto de choferes y trabajadores, que circulaban por el resto de los carriles, saludos y bocinazos en caluroso apoyo. La patronal viene de amasar enormes ganancias luego de una “exitosa” temporada, pero no quiere pagar los sueldos en la cuarentena y deja sin un peso a sus empleados. Los trabajadores se encontraban realizando el aislamiento obligatorio en sus hogares con sus familias. Si estos patrones pretendieron especular con esta situación y pensaron que no habría lucha, les ha salido el tiro al revés. La respuesta obrera no se hizo esperar y tomó expresión en esta inmediata acción que mantuvo en vilo a la patronal. Llegado el mediodía, la empresa tuvo que conceder una reunión y abrir una negociación. Frente a esto, los trabajadores levantaron el piquete. En la reunión, los directivos de la empresa ofrecieron el depósito de lo adeudado de marzo y abril, garantizados con los $32000 que aporta el gobierno en concepto de ATP. Un primer e importante paso adelante. Sin embargo, los trabajadores dejaron en claro que en el momento en que la cuarentena finalice continuarán con lucha por hacer cumplir el convenio colectivo de trabajo, exigir el fin de las horas en negro y de las vueltas redondas, en las que sin descanso adecuado van y vuelven a un destino. Incluso instalaron carteles con estas exigencias en la propia puerta de la empresa. De esta primera experiencia se ve claramente que la lucha rinde y que la clase obrera está en guardia frente a los atropellos que las patronales quieren imponernos. La jornada del viernes fue solo una muestra.

Rosa Sulca era docente y tenía 48 años. Residía en una vivienda de Villa Mitre, en la zona sudeste de la capital salteña, y el pasado 28 de abril fue brutalmente asesinada a manos de dos jóvenes que entraron a robarle. Su crimen volvió a colocar a la policía en el banquillo de los acusados y llevó a la remoción de la cúpula de la Comisaria Cuarta, ya que Rosa había logrado comunicarse al 911 en el momento del ataque pidiendo ayuda. Dos uniformados fueron enviados al domicilio, pero como nadie atendía decidieron retirarse. Hoy se encuentran imputados. Su cuerpo fue hallado sin vida más tarde, después de una segunda alerta enviada por una vecina. No se trata del primer caso en el que la policía desprecia una denuncia y la vida de una mujer en peligro. El aparato de seguridad del Estado vuelve a quedar al desnudo como factor de inseguridad de la población, al que se suma un historial de atropellos, detenciones arbitrarias, amenazas y torturas, motivo por el cual los vecinos exigieron la renuncia de las autoridades de la Comisaría de la zona. Fue de la Comisaría Cuarta que salieron los policías asesinos de David Alfonzo, vecino de Villa Floresta asesinado en una represión por defender a una familia en un desalojo. El Ministerio de Seguridad y la Procuraduría avanzaron en detener también al director del Centro de Operaciones, lo que ya ha desatado una crisis con el personal político: el presidente de la Comisión de Seguridad de Diputados ha iniciado una campaña para exonerar a los policías porque “cumplieron correctamente el protocolo”. De cualquier manera, las acusaciones individuales pretenden encubrir la responsabilidad política del conjunto del Estado, pues no estamos ante un caso de “inoperancia” policial, sino frente a una policía descompuesta hasta la médula, que pasó de estar bajo el mando de Urtubey a ser sostenida hoy por el gobernador Sáenz. Es por eso que la sola remoción de la cabeza de la Comisaría no garantiza que los nuevos efectivos o Comisario no sean parte del entramado que denuncian los vecinos. Es necesaria la renuncia de todo el personal policial y un debate a fondo de parte de los vecinos para quebrar un régimen vertical que coloca a la institución policial fuera del control de la población. Esto implica que la policía deje de obedecer a sus superiores y pase a rendir cuentas directamente a los vecinos. La deliberación es el punto de apoyo para arrancar la justicia por Rosa y juicio y castigo a todos los responsables, incluidos los policías que no actuaron debidamente ante el pedido de auxilio. En este sentido el Partido Obrero de Salta convoca a poner en pie una Asamblea vecinal. Por el desplazamiento de todo el personal policial y su control y veto por parte de los vecinos sobre quien la compone y dirige. Apertura de los libros de guardia y prohibición de la represión a toda manifestación popular.

“Un estallido de protestas contra las fuerzas israelíes, que socave a la Autoridad Palestina podría producirse pronto”, es la conclusión a la que arribaron “funcionarios de defensa israelíes en reuniones cerradas con políticos” (Yaniv Kubovich, Haaretz, 16-5). “La combinación de los planes de anexión de Israel y las dificultades económicas que están experimentando los territorios palestinos debido a la pandemia de coronavirus podría ser una mezcla explosiva en Cisjordania, temen los funcionarios israelíes. Un estallido de protestas pronto podría barrer la región, atacando a las fuerzas israelíes y socavando la estabilidad del gobierno del presidente palestino Mahmoud Abbas” (ídem). Durante los últimos años la situación en Cisjordania contrastó con la de Gaza, bajo control de Hamas. Relativamente, no hubo incidentes significativos contra los asentamientos de 600 mil colonos sionistas que explotan las mejores tierras y los cursos de agua. Las fuentes israelíes –según Haaretz– “en los últimos años han atribuido la relativa calma en Cisjordania a la mejora de la situación económica de los palestinos” (ídem). La pandemia no ha cobrado hasta ahora un número elevado de víctimas. Ambos territorios reportan a la fecha “375 casos” (ídem). A la economía maltratada de Gaz, la crisis del coronavirus presentó nuevas oportunidades. Israel a través de testaferros puso en actividad “fábricas de costura (de hasta 800 obreros que) han vuelto a trabajar a plena capacidad, produciendo máscaras, guantes y batas protectoras” (Haaretz, 25/4). En Cisjordania la taba se dio vuelta: “Las previsiones económicas para 2020 antes del brote de coronavirus eran que el PBI en la AP fuera de u$s 16.1 mil millones. Pero dada la crisis económica causada por la pandemia el pronóstico se ha reducido a solo $ 13,6 mil millones, un 13,5 por ciento menos que en 2019” (ídem). Este desbarranque demuele, en particular, a los pocos sectores emergentes que el gobierno de Abbas esgrimía como logros: la actividad turística de Ramallah y otras ciudades que ahora está en la lona. Por otro lado, tres otros factores coadyuvan a este derrumbe: a) “una de las principales palancas del crecimiento económico para la economía palestina son los palestinos que trabajan en Israel. Antes del brote del virus, alrededor de 120,000 palestinos iban a trabajar todos los días en Israel y los asentamientos, y se estima que decenas de miles más de residentes de Cisjordania Los trabajadores palestinos empleados en Israel y los asentamientos recibieron salarios más altos de lo que es común en la AP, lo que contribuyó de manera importante al poder adquisitivo de la economía palestina. Desde que comenzó el brote de coronavirus, solo unos 30,000 palestinos siguen trabajando en Israel y los asentamientos. Agregue a todo esto la prohibición de que los israelíes ingresen a la AP durante el brote de coronavirus, que aún está en vigencia. Esto afecta principalmente a los ciudadanos árabes de Israel, que regularmente compraban bienes en la AP” (ídem, 16/5); b) Israel ha impuesto “el congelamiento en la transferencia de impuestos recaudados por Israel en nombre de la AP, con el objetivo de presionar a los palestinos para que dejen de pagar dinero a las familias de los terroristas. Se estima que Israel tiene hoy alrededor de u$s 203 millones en impuestos de la AP” (ídem). La causa del sostenimiento de los más de 5 mil palestinos presos en cárceles israelíes es una causa nacional en toda Palestina, como lo fue en la Irlanda bajo opresión directa de Gran Bretaña hasta los años 90. c) la ´caridad´ internacional que sostiene especialmente a Gaza, también ha afectado a Cisjordania: “La AP está recibiendo ayuda de países árabes y europeos, pero espera una caída en el apoyo financiero que obtiene. La fuerte caída en el precio del petróleo también ha dificultado que los estados del Golfo sigan apoyando a la AP, como lo han hecho en los últimos años” (ídem). Como se ve, el cuadro no puede ser más desolador: “El ministerio de desarrollo social palestino pronostica que alrededor de 100,000 familias caerán en la pobreza a fines de mayo. La situación económica y el temor de muchos en Cisjordania sobre su futuro financiero ha llevado a un aumento importante de la violencia en el hogar y en las calles. Aproximadamente 1,4 millones de niños en Cisjordania y la Franja de Gaza aún no han regresado a la escuela, y algunos han ido a trabajar para ayudar a sus familias” (ídem).

A 45 días de la asunción, y a un mes de la declaración de la crisis sanitaria el gobierno multicolor ha dejado en evidencia su incompetencia, no sólo en lo referente a la propagación del COVID19, sino fundamentalmente en el cuidado de la vida de la población del país. Pero se trata de una incompetencia que no tiene nada que ver con lo inédito de la situación, el paso de mando o con ciertas carencias técnicas, sino que se explica por su carácter de clase y el desprecio que expresa sobre las masas pobres y explotadas. Por ese motivo desde el inicio, su orientación y principal preocupación no ha sido la salud pública y la vida de las personas, sino la continuidad del funcionamiento de la economía. Esta jerarquización del gobierno, no es otra que la lógica capitalista del funcionamiento de la sociedad, pues el capital precisa movilizar las mercancías para producir y realizar la extracción de la plusvalía. La paralización, como lo ha demostrado históricamente la acción colectiva de los trabajadores, siempre atenta contra sus intereses. Por esto, lejos de optar por garantizar las necesidades básicas de existencia al conjunto de la población e imponer una cuarentena general para combatir el virus, que implica una cierta centralización y planificación estatal de la economía, el gobierno ha adoptado una orientación de continuar como si nada sucediera, favoreciendo así a distintos sectores empresariales y del gran capital que incluso se benefician y lucran en el marco de una brutal epidemia y crisis social. De conjunto, los multicolores han profundizado una política de transferencia de ingresos desde los trabajadores, con la devaluación, los tarifazos y el aumento de los impuestos al consumo (para tarjetas) y el impuesto a los funcionarios públicos, hacía las arcas de los distintos sectores capitalistas y del Estado. Lejos de haberse detenido, la epidemia comienza a extenderse a todos los departamentos y en Montevideo se comienza a registrar una expansión desde los barrios ricos a los barrios obreros y pobres, así lo evidencian los datos del propio Ministerio de Salud Pública sobre los focos de contagios, datos que hasta el más ingenuo puede darse cuenta que constituyen un sub registro de la cantidad real de infectados, producto de la negativa a realizar test masivos de forma organizada al conjunto de la población. Los contagios y la posterior cuarentena de sectores enteros de centros de salud pública como el Hospital Vilardebó y el Hospital Maciel muestran la completa ineptitud y/o desidia de las autoridades en este sentido. Algo que también graficó la movilización de los funcionarios de INISA del INAU denunciando a las autoridades (en este caso aún frenteamplistas), exigiendo el testeo a todos los jóvenes y trabajadores ante un caso de confirmación de contagio en un trabajador médico del centro de ingreso CIAM. El punto es que nadie quiere hacerse cargo de pagar los costos de los test, dejando librada la salud pública a la lógica del mercado, y a las inversiones que las empresas de la salud decidan realizar en esta materia. En este sentido, la desigualdad social se reproduce en la atención a las personas contagiadas, el caso del cerrense que luego de insistir en atención médica por más de 5 días debió ser hospitalizado en Hospital Español esperando una cama por más de 12 horas en una ambulancia, es un ejemplo de esto. Los principales líderes del Frente Amplio por su parte, lejos de denunciar la orientación del gobierno vienen adoptando una postura conciliadora, posicionándose como una “oposición constructiva” con un planteo de unidad nacional en el marco de la crisis, apoyando y promoviendo varias de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. La resolución de la vuelta a clases en las escuelas rurales, el retorno a la actividad en la Industria de la construcción, y las recientes declaraciones de Miguel Asqueta, Director General de Salud de liberar la actividad para la que la gente se contagie y de ese modo generar anticuerpos, son una evidencia concreta de que el gobierno no se propone – y nunca se propuso realmente- combatir la epidemia. Se trata de la misma política que puso en jaque a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil y al propio primer ministro británico Boris Jhonson que culminó internado por coronavirus, con el contagio exponencial de miles de personas y centenares de fallecidos. Lo que es claro, es que la ‘normalización’ que pretende imponer el gobierno como portavoz de las grandes empresas, es a costa de la salud y la vida de los trabajadores, algo que los sindicatos, las organizaciones sociales y la izquierda que se reclama socialista no podemos permitir. La cuarentena, la seguridad sanitaria estricta bajo protocolos en los servicios esenciales con control de comités de higiene y salud en los lugares de trabajo, sólo podrá hacerse efectiva por acción de los trabajadores, algo que ya se ha puesto en marcha con la asistencia de las ollas populares, el reparto de víveres y canastas, y las huelgas y movilizaciones de distintos sindicatos para imponer protocolos de seguridad y testeos en los lugares de trabajo. En este sentido, no se puede dejar de señalar como negativo el acuerdo de la construcción firmado por la dirigencia comunista del SUNCA, que concilia con las empresas y se niega a apelar a medidas de lucha, exponiendo a más de 45 mil obreros y sus familias al contagio, en una industria que no es esencial y cuyas principales empresas han amasado ganancias fabulosas en las últimas décadas. Para defender la vida y la salud pública debemos abrir una deliberación de conjunto, el PIT-CNT debe plantarse firme en defensa de la salud y la vida de los trabajadores, estableciendo qué sectores de la actividad económica son esenciales y cuáles no lo son, y exigiendo que las empresas y el Estado continúen pagando los salarios durante la cuarentena, y se establezca una renta universal a los desocupados y a los trabajadores afectados por la crisis. Junto a estas medidas es preciso batallar por garantizar la cuarentena general para el conjunto de la población y medidas estrictas en términos sanitarios para aquellos que tienen que continuar trabajando. La articulación de las ollas populares y las organizaciones barriales y sindicales son la clave para organizar la cuarentena e incluso el abastecimiento. La huelga general debe estar a la orden del día, si el gobierno continúa con la orientación criminal de retomar las actividades y hacer caso omiso a las recomendaciones médicas. Debemos terminar con la política de conciliación con el Estado y las patronales, por aquí lo que está en juego es la vida de la población trabajadora. La pandemia ha traslucido al mismo tiempo a nivel global la incompatibilidad de este régimen social con la protección de la salud y la vida, una contradicción histórica que no se condice con el avance técnico y tecnológico que se ha alcanzado socialmente, retomar el planteo de su superación es una tarea política de vida o muerte para el futuro de la clase trabajadora y para el conjunto de la humanidad.

Este 17 de mayo se cumplen 13 años del femicidio de Ana María Acevedo, la joven de 19 años que fue obligada a continuar con un embarazo reciente aun padeciendo cáncer. A los seis meses de gestación le realizaron una cesárea que llevó a la muerte a la criatura y a ella. Desde el 2007 hasta el día de hoy, la lucha por el aborto legal en la provincia sigue vigente. Salud sexual y pandemia Las y los trabajadores de la salud diariamente denunciamos el vaciamiento sistemático de las últimas décadas de la salud pública. Ahora se presenta el agravante de esta pandemia, que es utilizada como excusa para cerrar los accesos a la atención integral de la salud, en la que se contempla la salud sexual. En efecto, el Estado responsable de la muerte de Ana María Acevedo, continúa diciendo no al aborto seguro, empujando a las mujeres a la clandestinidad, la penalización y la muerte, como lo hizo el Comité de Ética que condenó a la joven santafesina. Hoy, en ese mismo Hospital Iturraspe, con el nombre de "ateneos", deciden la suerte de las mujeres, y con la participación del repudiado jefe de ginecología Samuel Seiref, quien parecía ser un alto costo político para el Frente Progresista y hoy es amparado por el PJ. Quienes en soledad o conformando equipos, garantizamos la accesibilidad a la consulta por ILE y su concreción efectiva en Santa Fe, venimos advirtiendo que las acciones de gobierno no acompañan nuestra intención de avanzar en la garantía de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Los enunciados progres no alcanzan: en la acción concreta el Frente de Todos, desde el día cero de su gestión en la provincia, pretende imponer un retroceso a las conquistas del movimiento de mujeres y disidencias, como la no implementación del cupo laboral trans, el freno en la hormonización y la distribución de anticonceptivos, la ESI e ILE. La lucha por los derechos El personal de salud “amigable”, como se suele denominar a quienes bregamos por la garantía de estos derechos, es el recurso que se ha colocado en la primera línea contra el contagio de Covid. La frazada corta del Estado para pasar el invierno llegó a su colapso anunciado, y se combina con un ajuste brutal contra las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que se traduce en despidos, suspensiones, rebajas salariales y más precarización. Es común que bajo amenazas y hostigamientos se nos sobre exponga a control de sintomáticos febriles durante 12 horas, a la toma de hisopados en los diferentes centros de salud, a cumplir tareas en diferentes efectores ajenos a nuestros servicios. En la provincia de Santa Fe, se expone a quienes representan un recurso único para acceso a ILE y anticoncepción en zonas extensas y por demás vulnerables, como a quienes forman el único equipo para ILE de segundo trimestre en la zona centro sur de la provincia. El Estado y los gobiernos son responsables Los “amigables” somos quienes denunciamos que son los hospitales de alta complejidad quienes tienen la responsabilidad de garantizar abortos de más de 12 semanas de gestación. Para ello, junto al movimiento de mujeres venimos reclamando el apartamiento de los “objetores de conciencia” de las jefaturas, direcciones y coordinaciones de los servicios de Salud. Por el contrario el Ministro de Salud, Carlos Parola, ha nombrado más de un “obstaculizador a conciencia” en cargos de ese tipo, como es caso de la dirección del Hospital de Vera, quien fuera uno de los responsable de filtrar los detalles del caso de ILE de la niña de 12 años a quien apuntaron los antiderechos a nivel nacional hace un par de semanas. Con tantas barreras y limitaciones impuestas, las personas con capacidad de gestar que requieren una consejería y acompañamiento específico de salud sexual, se encuentran dando vueltas sin respuestas, sufriendo maltratos y enfrentando la maternidad obligada o la clandestinidad y sus riesgos. El movimiento de mujeres debe reforzar la lucha por la efectiva implementación del protocolo ILE e imponer que el proyecto de Ley que se discuta en el congreso sea el de la Campaña por el Aborto Legal, y ligar esto con las reivindicaciones más inmediatas de todo el personal de salud por sus derechos laborales y el aumento del presupuesto para el sector. Para esto, en Santa Fe tenemos el gran desafío de consolidar un movimiento de mujeres independiente de los gobiernos, el Estado y las iglesias.

El pasado 12 de mayo se desarrolló una huelga de la UTA que abarcó a gran parte del interior del país y cinco ciudades del conurbano. Los trabajadores del transporte automotor urbano no cobraron los salarios del mes de abril y se encuentran de paro por tiempo indeterminado. El acatamiento a la medida fue total en Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, la ciudad de General Roca, Río Negro, y casi todo Corrientes, a excepción de dos líneas. Se estima que 35 mil choferes cumplieron la medida. La UTA de Córdoba capital había realizado un paro el pasado 7 de abril. A los trabajadores de los interurbanos, agremiados en Aoita, se les adeuda el 25% de marzo y la totalidad de abril. En el mejor de los casos, algunos cobraron apenas $10mil. El 12 mayo se manifestaron en la terminal de Pilar, en el interior de la provincia. Por su parte, los choferes urbanos (UTA) confirmaron que continuarán en paro, por lo menos, hasta el miércoles 20, cuando se reúnan el sindicato, las patronales y el Ministerio de Transporte de la Nación. En Tucumán, los trabajadores realizaron una asamblea y luego movilizaron a la sede del sindicato, donde cortaron la calle, obligando al secretario general a salir de la sede gremial. Los trabajadores se hicieron escuchar: “nos expusimos en plena pandemia trabajando semanas sin ninguna medida de seguridad. Y así nos pagan. Paramos hasta que nos paguen todo el sueldo. Siempre nos usan para pedir subsidios o para subir la tarifa”. En lo que se refiere a los subsidios, el secretario general admitió que la Provincia de Tucumán ya había girado $53 millones a las empresas. Sin embargo, los patrones siguen sin depositar los sueldos. La política del sindicato La dirección de UTA actúa como ladero de las cámaras empresariales en su reclamo por mayores subsidios. Acompaña sin reservas la versión de las empresas, que dicen no contar con los fondos suficientes para afrontar el pago de salarios por haberse reducido el número de pasajeros como consecuencia de la cuarentena. Las cámaras empresariales reclaman un incremento total de 2mil millones de pesos en subsidios para el pago de salarios. Además, reclaman reducir aportes patronales y pagar parte del salario en negro. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof decretó la continuidad de subsidios a las empresas que prestan servicio fuera del área metropolitana por un monto de $151millones. El 22% de esta cifra va a parar a manos de 25 de Mayo SRL, la empresa que monopoliza el transporte de la ciudad de Mar del Plata. En 2016, el dueño de esta empresa fue procesado en la causa de los “choferes fantasma”, por informar una planta de personal mayor a la real y así cobrar mayores subsidios. A partir de este anuncio de la gobernación, UTA levantó las medidas de fuerza en las ciudades más importantes del interior, incluyendo Mar del Plata, por supuesto. La transferencia de fondos estatales no garantiza que los trabajadores perciban sus salarios. En el caso de Roca, Río Negro, donde una vez transferido el subsidio de Nación a la empresa, los trabajadores sólo percibieron $20mil. Por otra parte, las medidas adoptadas por el sindicato no contemplan a los choferes de media y larga distancia que se encuentran suspendidos desde el inicio de la cuarentena. Gran parte de ellos no ha percibido su salario de abril. En el caso de Plusmar, adeuda salarios a 2.000 trabajadores. Los choferes están llevando adelante medidas de fuerza -asambleas, ollas populares y piquetes - en Florencio Varela, Bahía Blanca y Barracas. Los trabajadores de MiBus, en Bariloche, no cobraron ni un peso. En otros casos, los trabajadores percibieron parte del salario a través del ANSES, con cifras que van desde diez mil pesos al 50% del salario. Los trabajadores de Horianski, en la provincia de Misiones, ni siquiera pudieron cobrar el dinero de ANSES, por no haber sido inscriptos por la patronal. Cuando se acercaron a la empresa para aclarar la situación, fueron golpeados por una patota del sindicato. Conclusiones La política pro patronal de UTA, contraria a los intereses de los trabajadores, está dando como resultado un proceso de deliberación y organización desde las bases como demuestran las experiencias de Tucumán, Córdoba, Plusmar y Horianski. Esta tendencia tiene antecedentes en la lucha victoriosa de los compañeros de Expreso Lomas por recuperar su fuente de trabajo; en las internas combativas de la 60 y la 540 que vienen peleando los protocolos bajo control de los trabajadores para combatir la pandemia y el pago íntegro de salarios; en la reciente denuncia de los trabajadores de la 266-263 en torno a los casos positivos de COVID-19, forzando a la patronal a tomar medidas de seguridad. La profundización de este accionar llevará a los trabajadores del transporte a pasar a un plan de lucha nacional.

Este sábado 16 de mayo, los gobiernos de Ciudad y Nación, convocaron a las organizaciones barriales de la Villa 21 a la presentación del programa Detectar. La reunión se abrió “agradeciendo la colaboración de las organizaciones y vecinos”, e invitándolos una vez más, a "sumarse a la tarea de cuidar la salud del barrio". El Gobierno de la Ciudad presentó el Detectar como un programa de testeo de coronavirus, que será aplicado sólo para vecinos sintomáticos. El relevamiento de estos casos estaría a cargo de los Centros de Salud (CESAC), los equipos de salud del Centro de Especialidades Médicas de Referencia (CEMAR) y las organizaciones barriales. El resto de los aspectos -como protocolos de derivación, traslados y aislamientos-, habrían de estar a cargo de los organismos gubernamentales y “se irían solucionando, con paciencia, sobre la marcha”. “Esta reunión no es para hablar de los alimentos” Luego de la escueta presentación del Detectar, las primeras intervenciones emplazaron al gobierno de la Ciudad para que entregase urgentemente cajas de mercadería a las familias del barrio que no pueden sostener su alimentación en el contexto de la pandemia. Asimismo, exigieron un freno a los desalojos crecientes en el barrio por el no pago de los alquileres. El Gobierno de la Ciudad respondió que esta reunión no era para hablar de los alimentos, ni de desalojos, sino de la salud. A los gritos, las organizaciones y vecinos respondieron que todo era parte de una misma crisis. Ninguno de los gobiernos respondió a esas exigencias. “Testear sin síntomas no está indicado en ningún lado” El Gobierno nacional retomó la reunión en torno al Detectar, y aunque las organizaciones y vecinos presentes eran mayoritariamente cercanas al peronismo, no demoraron en cuestionar el programa. Se cuestionaron que los equipos del CEMAR que saldrían a terreno, en realidad son sólo quince profesionales para toda la villa; se cuestionó que convocaran a las organizaciones a ser parte del relevamiento sin estar garantizado el equipamiento sanitario necesario, como barbijos, guantes, y alcohol gel; y se cuestionó también que los vecinos que presentaran síntomas de coronavirus, luego de ser relevados por la organizaciones y notificados por éstas a los recintos de salud del barrio, tuvieran que acercarse caminando hasta el CEMAR para ser testeados, en lugar de ser trasladados en ambulancias. Otra exigencia fundamental fue la de un comedor que exigió un testeo semanal para los vecinos encargados de cocinar, y así evitar que ese espacio se transformase en foco de contagio. Frente a esta exigencia, los funcionarios del gobierno de la Nación contestaron que este programa no era un plan de testeo masivo, porque testear sin síntomas no estaría indicado en ningún lado. Por nuestra parte, planteamos la necesidad de que toda la infraestructura de la Ciudad, como hoteles y estadios, fuese puesta a disposición de la crisis sanitaria. Frente a esto, los funcionarios contestaron que la infraestructura disponible en este momento es de dos mil camas, y que son “más que suficientes” para el aislamiento de los enfermos y los vecinos pertenecientes a grupos de riesgo. Algunas organizaciones, que también están presentes en otras villas donde el coronavirus ha avanzado, desmintieron esta “disponibilidad” de dos mil camas, señalando que compañeros contagiados en Bajo Flores o en la Villa 31, cumplen el aislamiento en absoluto hacinamiento. Las pretensiones de los gobiernos Los gobiernos buscaron apoyarse en las organizaciones del barrio, pero no pudieron responder a los reclamos por testeos masivos, camas disponibles para el aislamiento, y la entrega de alimentos. Se puso de manifiesto el abismo que hay entre los programas sanitarios gubernamentales, y un verdadero plan sanitario acorde a las necesidades objetivas de la población y la pandemia. La pretensión de los gobiernos de designar y distribuir las tareas que las organizaciones deben cumplir de manera zonal al interior de la villa durante la pandemia busca reforzar la idea de que las organizaciones deben funcionar como un brazo de los gobiernos. Asimismo, la apelación que ambos gobiernos le hacen a las organizaciones para que se sumen al relevamiento de contagiados, sin implementos de seguridad sanitaria, significa extender a los vecinos de las organizaciones la misma precarización a la que someten a los trabajadores de la salud. Frente a estas pretensiones, las organizaciones debemos poner en pie un comité barrial que se transforme el brazo del conjunto de los vecinos, y exigirle al Estado bajo términos de independencia política, la inmediata solución a las demandas sanitarias, alimenticias y habitaciones agudizadas por la pandemia, y de la que el Estado es responsable con anterioridad.

Las condiciones de vida de los trabajadores desocupados se han visto agravada con la cuarentena. Para los que tenían un trabajo precario, en negro o una changa, para los que hacían remís o cartoneaban, para las que hacían limpieza por hora, para los que concurrían a las ferias a vender algo, se terminaron los ingresos. Y sin ingresos, se terminó la comida, el pago de servicios, de las deudas y de los alquileres. Día a día, las oficinas de Desarrollo Social, los comedores, los merenderos y las escuelas se ven desbordados por cientos de miles de desocupados que pujan por un bolsón de mercadería La crisis sanitaria se da en medio de un derrumbe económico, social y de la salud pública. Por eso crecen en los barrios las ollas populares. Pero el gobierno nacional paralizó la entrega de alimentos con la excusa del escándalo de sobreprecios. Denuncia que las empresas lo extorsionan, pero el gobierno no dispone la incautación de los alimentos. La dureza la aplica a la hora de pagar un subsidio a los desocupados, con la exclusión de millones de ellos, mientras subsidia a los patrones haciéndose cargo del 50% de los salarios de cientos de empresas Las ollas populares Ante la ausencia de una política estatal que permita garantizar la cuarentena y el aislamiento, cientos de vecinos, trabajadores y desocupados, levantaron ollas populares en los barrios de todo el país. Con las ollas populares se intenta paliar no sólo la falta de ingresos que muchos trabajadores sufren desde el inicio de la cuarentena, sino también garantizar el aislamiento de las familias. La tendencia del Polo Obrero se ha sumado a esta iniciativa popular en los barrios. Día a día abrimos nuevas ollas populares en las villas de la Ciudad, en el Gran Buenos Aires y en las provincias del interior. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno nacional nos ha cortado la entrega de mercadería, las delegadas, junto a las asambleas de desocupados que se vienen organizando con nosotros, montaron una olla en la villa 31 que diariamente le da de comer a 400 vecinos; una en la Villa 21-24, que ha despertado la simpatía y solidaridad del barrio; dos ollas en la 1-11-14, que ha despertado el interés de algunos medios de comunicación, y una en Ciudad Oculta (Villa 15); todas son sostenidas por la colaboración y solidaridad de los vecinos que se acercan y se organizan para dar una respuesta a la situación crítica que se vive en los barrios. Alrededor de las ollas se abren debates, no sólo sobre la necesidad de un reclamo colectivo al Estado por todas las reivindicaciones de los vecinos -alimentos, kits de higiene, subsidios a los desocupados, etc.-, incluida la lucha contra la violencia de género. En las ollas realizamos una agitación con nuestro programa para la cuarentena, que ha tenido gran recepción. En el Gran Buenos Aires, las ollas populares también se multiplican. En Moreno, 300 compañeros se sumaron a la construcción de la Tendencia. Los años de luchas y asambleas los llevaron a rechazar los métodos punteriles, desoyendo amenazas de pérdida de planes y alimentos que se conquistaron producto de la lucha, no de transas. En esta regional, los compañeros abrieron ollas en Barrio Rivera, en Barrio Santa Brígida, en Barrio Argentino de Merlo y en el Barrio Satélite, donde comen 900 vecinos. Para el sostenimiento de las ollas, los compañeros conquistaron mercadería del municipio y reciben donaciones solidarias. En Hurlingham, a pesar del abandono municipal con la entrega de leche, funcionan cinco merenderos en distintos barrios. El propio gobierno local, ante la presión de la situación que se vive en los barrios, creó un “comité de crisis” desde el cual ha montado sus propias ollas populares. Los delegados y delegadas de la Tendencia que se presentaron en la intendencia con los reclamos de los barrios fueron recibidos por funcionarios, junto a Barrios de Pie, la CTA y otras organizaciones integradas al Estado, que forman parte del “comité de crisis” con el municipio. Nos propusieron integrarnos a sus ollas, pero los delegados rechazaron la propuesta. Los vecinos de los barrios que levantaron ollas de manera independiente reconocen en estas un medio para organizarse y reclamar al Estado por todos los recursos necesarios para defender la vida y la salud de los trabajadores y desocupados. En San Martin, funciona un comedor en el barrio de Villa Zagala, a pesar de no estar recibiendo los alimentos del municipio, y un merendero en Costa Esperanza. En San Isidro, se organizó una olla popular con compañeros que se acercaron a la Tendencia a través del empadronamiento por el subsidio IFE, con la colaboración de compañeras docentes, las maestras y vecinas que defendían la escuela 28 contra el cierre. Entregaban comida para 13 familias y ahora pasaron a 130, solventada con donaciones. En la Zona Sur del Gran Buenos Aires, la actividad de las ollas se encuentra en desarrollo. Contamos con dos merenderos en Villa Caraza, Lanús; levantamos merenderos en Berazategui, barrio Kennedy y Villa España. En Presidente Perón, en barrio Americano, funciona un merendero y los compañeros se plantean montar una olla y otro merendero con donaciones. En Esteban Echeverria, hay un merendero y también próximamente un comedor. Estos comedores y merenderos no reciben asistencia de los municipios ni de provincia. Este domingo, en la plaza Zaizar, se levantó el comedor Los Humildes, una olla conjunta con Barrios de Pie (Libre del Sur) y el MTD Aníbal Verón. En Berisso, donde venían funcionando comedores y merenderos, en los dos centros se hicieron ollas populares, pasamos de 300 compañeros a 600, gracias al aporte de donaciones, ya que del municipio sólo se recibió 250 kg de mercadería. Los compañeros que discuten la necesidad de apertura de otras ollas y merenderos realizan una fuerte campaña en los medios por donaciones y por todos los reclamos a los municipios y al gobierno nacional. Hemos recibido una amplia colaboración de los trabajadores estatales. En Pergamino, un municipio que cuenta con índices de desocupación de más del 50%, pusimos en pie un comedor donde se reparten 300 raciones por día y crecen las ollas por todos lados. En El Dorado, Misiones, los compañeros de la Tendencia le reclaman al Estado nacional la entrega de mercadería, mientras reciben el apoyo de los compañeros de Posadas. En Mendoza, los compañeros que organizaron recientemente el Polo Tendencia levantaron el reclamo ante el gobierno y conquistaron de Desarrollo Social la entrega de alimentos, zapatillas, mantas y colchones. Preparan en Maipú los mismos reclamos. La Tendencia del Polo Obrero también se organiza en el NOA. En Salta, los compañeros que sostienen un merendero realizan, además, un curso del Estado. En Colonia Santa Rosa, donde sostienen un comedor, los compañeros realizaron una olla popular con los trabajadores golondrinas en cuarentena, abandonados por el Estado y la patronal. Las compañeras, cumpliendo la cuarentena, entregan viandas y mercadería que conquistaron del municipio y donaciones. En Santiago del Estero, en la ciudad de La Banda, creció la miseria y los narcos ganaron las calles. Denuncian los compañeros que la policía hacía cumplir la cuarentena a latigazos limpios a los jóvenes de los barrios. En las últimas semanas, los vecinos se autoconvocaron contra el hambre, y 120 compañeros de la Tendencia levantan ollas populares. Los municipios, mientras tanto, no dan respuesta a los reclamos. Los compañeros del Polo y el PDT participaron junto a otras organizaciones en la lucha por el caso de Priscila, joven de 15 años víctima de femicidio. En Tucumán, 33 núcleos se organizaron con la Tendencia en Capital y San Miguel, con alrededor de 1.000 compañeros. Han conquistado la entrega de 700 módulos por parte del municipio. Los compañeros que antes de la cuarentena movilizaban junto a la coordinadora con los trabajadores estatales, docentes y otras organizaciones contra el ajuste y por el salario, ahora preparan una movilización por la entrega de elementos de higiene y limpieza, reclamando fumigación y el combate al dengue, que se siente aún más que el coronavirus en esta provincia. Por un programa para la crisis En todos los distritos salimos el pasado 28 de abril junto a las organizaciones del frente nacional con el planteo de que queremos cumplir la cuarentena y que, para eso, el Estado debe garantizar los alimentos y los ingresos necesarios. Apoyamos a los trabajadores de la salud, que reclaman los insumos y los elementos de protección para atender a los contagiados sin contagiarse. Apoyamos las luchas que se llevan adelante en los lugares de trabajo para que se realicen las tareas esenciales con protección y distanciamiento. Apoyamos a la clase obrera que lucha defendiendo el trabajo contra los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Llamamos en los barrios a organizarnos en comités barriales, alrededor de los reclamos necesarios para el cumplimiento de la cuarentena: por los testeos masivos casa por casa en todos los barrios, asentamientos y villas; por la detección y el aislamiento en condiciones adecuadas con atención sanitaria. Asistencia alimentaria a toda la población bajo control de las organizaciones sociales y barriales. Entrega de productos de higiene y limpieza en los barrios. Alrededor de este programa la Tendencia del Polo Obrero en todo el país organiza a los desocupados en las ollas populares y merenderos.

Pasada una semana de la amenaza publica de los directivos de Acindar de derivar una parte de la producción a Brasil y de la operación política que el CEO de la empresa, Facundo Velazco, intento montar con el intendente de Villa Constitución para responsabilizar a los trabajadores de esta decisión, van quedando más claras cuales son las maniobras de la patronal. El CEO de la empresa explicó que los factores que “impiden” una mayor eficiencia en la planta local son responsabilidad de la organización sindical interna. “Se requiere una mayor comprensión del trabajo en equipo y muchas veces, por distintos motivos no se hacen, la relación con la Interna es siempre por naturaleza de tensión. Si tenemos problemas que resolver dentro de la planta, que se hagan a través de una mesa de trabajo y no con las interrupciones en la producción, porque cada vez que se interrumpe la producción, por el problema que sea, se producen costos ocultos y asociados que hace que no sea productivo. Necesitamos bajo nivel de ausentismo, tener una producción continua que no se interrumpa. Ser un reloj suizo, funcionar, trabajar con normalidad; y a veces eso no se puede hacer” (Diario El Norte 13/5). Acindar lanzó durante una semana una verdadera campaña mediática en los grandes medios nacionales y enormes presiones sobre el intendente, el ministro de Trabajo y el propio gobernador, pretendiendo meter miedo, entre los trabajadores, por una eventual pérdida de las fuentes de trabajo. En Villa, además de los trabajadores de la planta, decenas de talleres trabajan para la acería y giran alrededor de la empresa, empresas de transportes, gastronómicas y, de conjunto, una parte sustancial de la economía de la ciudad. La situación abierta con el Covid19, Acindar pretende utilizarla con “beneficio de inventario”. La línea que se ha dado este poderoso grupo multinacional es la misma que también siguen los Madanes Quintanilla criollos, de un doble chantaje: por un lado, al gobierno nacional para tener mayores beneficios de exportación -pues dicen que el dólar oficial no los beneficia-, verse eximidos de las contribuciones patronales, y que el gobierno provincial haga la vista gorda de los factores de contaminación producidos por la planta -largamente denunciados por organizaciones ambientales-; por otro lado, pretende implementar una fuerte flexibilización laboral que no ha podido imponer estos años en la acería de Villa Constitución. Las amenazas de la empresa motivaron la intervención del propio gobernador provincial, quien ofició vergonzosamente de delegado de la empresa ante el ejecutivo y obtuvo finalmente que el gobierno nacional le otorgara al poderoso pulpo los mismos beneficios que una Pyme, otorgándoles al finalizar esta semana el ATP como lo hizo con las patronales de Fate y Aluar, un rescate patronal escandaloso similar al de los Repro que en su oportunidad le dieron a la General Motors bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Aun con estas enormes prebendas, la derivación de una parte de la producción a Brasil para la patronal, sin embargo, se mantiene latente fundamentalmente en el rubro automotriz, que aún no ha sido habilitado a producir en el país por la pandemia. Esta cuestión, además, le sirve a la empresa como excusa para abrir la puerta al desconocimiento de acuerdos ya establecidos en un acta recientemente firmada con la interna sobre la prohibición de despidos durante todo el 2020. La empresa quiere una flexibilización laboral y arremete en reclamos de mayor efectividad en la producción y contra el ausentismo en un lugar de trabajo pesado donde, aunque se paguen “calorías”, es impagable el daño que esas condiciones producen sobre la salud del trabajador y que da por resultado una enorme proporción de trabajadores “rotos”. La complicidad del estado provincial le está permitiendo a Acindar tomar decisiones ilegales que posiblemente generen un conflicto. Aun no se aviene a pagar el 100% de los sueldos a los trabajadores de riesgo, cuestión que ha sido denunciada por la comisión interna al Ministerio de Trabajo y que, de no cumplirse, posiblemente genere medidas de acción directa. La ofensiva de flexibilización se mantiene en su planta de La Matanza donde aún no ha restituido el pago de los descuentos salariales unilaterales e ilegales que realizó en abril, ni tampoco ha reincorporado a los contratados despedidos. La patronal dilata en las reuniones un acta acuerdo que reclaman los delegados, en la cual se establezca la reincorporación de los contratados, un acuerdo de prohibición de despidos hasta fin de año como se firmó en Villa, una modificación sustancial de los valores del premio al presentismo y la rotatividad de las suspensiones. De no acceder a los reclamos, los delegados se plantean la realización de una asamblea general cuando se reinicie la producción y aprobar medidas de lucha. La vuelta al trabajo en las plantas de Villa y de Tablada permitirá al conjunto de los trabajadores una base mayor de reagrupamiento frente a los objetivos negreros de esta patronal. Se abre un panorama de nuevos choques y conflictos.

Hoy nos encontramos con esta noticia que la propia Ramona venía advirtiendo: sin el agua estamos desarmados para combatir el virus. El hacinamiento que vive la población de asentamientos, villas y barrios en la ciudad, del Gran Buenos Aires y de ciudades del interior, condena a las familias al Covid-19, al dengue, a la tuberculosis, la desnutrición, etc. El régimen político al frente del Estado basó su política en sostener esta situación y profundizarla. Hoy la cifra de contagiados en las villas es de 1200. El abandono alimentario y de ingresos, la falta de testeos y de aislamientos seguros y de atención sanitaria es lo que denunció Ramona y las organizaciones barriales y sociales. El gobierno demora la ayuda a los sectores más vulnerables pero cumple con los empresarios de la UIA, la CAME, los banqueros, el FMI y los bonistas tenedores de la deuda externa. La Tendencia del Polo Obrero plantea que no se puede esperar ni hacerse el desentendido. Llamamos a los trabajadores, los sindicatos y las organizaciones barriales y sociales a intervenir movilizando para exigir las medidas urgentes para frenar esta catástrofe. Por testeo masivos, aislamiento de contagiados y sus familias en hoteles. Disponibilidad de todas las plazas hoteleras para la atención sanitaria. Disponibilidad de viviendas ociosa para traslado de las familias. Atención alimentaria y de elementos de higiene personal y de limpieza. Contratación de personal calificado con sueldo bajo convenio que atienda estas necesidades. Por un plan de viviendas. Justicia por Ramona.

Estimados compañeros: Trabajo como liquidador de sueldos en una fábrica textil y quiero mostrar varias de las perfidias del régimen de ATP: El subsidio de los sueldos que se acaba de anunciar para mayo es para el 95% de los trabajadores sustancialmente menor que el de abril. Para abril el subsidio consistió en el 50% del salario pagado por la empresa en febrero. Ahora en mayo (o sea, lo que se cobrará primeros días de junio) el subsidio se establece sobre los salarios abonados en marzo. Por referencia a febrero los salarios de marzo quedaron muy depreciados: no les corrió presentismo ni adicionales de ningún tipo porque por la cuarentena (vigente desde el 20 de marzo) las patronales podaron todo eso. Si a esto se suma que los salarios de los trabajadores bajo cuarentena se han reducido por lo pactado con la CGT un 25%, resulta que la patronal no abonará más que un 17/22% del salario. Pero, además, el gobierno eximió a las patronales en abril y en mayo el pago de aportes jubilatorios. O sea, la masa salarial bruta (incluyendo las contribuciones patronales que sólo incluirán el aporte de la Obra Social) será en abril y mayo menor al 15/10% de lo que habitualmente abonaba la patronal. Lo más grave con todo no es esto. En nuestro gremio la burocracia de AOTRA estableció una reducción salarial para los trabajadores bajo cuarentena que promedia el 50% por tres meses hasta junio inclusive. Las categorías más altas del convenio recibirán en los tres meses sólo $20 mil de salario (menos el aporte a la Obra Social) y en el resto de las categorías $18 mil (ídem anterior). Ahora bien, como el gobierno paga según lo señalado arriba, resulta ser que en muchos casos la patronal no deberá pagar absolutamente nada del salario (o sea, el subsidio cubre la totalidad de lo pactado por ese acuerdo que, de paso sea dicho, mereció el repudio de todo el gremio). Efectivamente, como explica Pablo, en la ATP entra cualquier empresa. El único requisito es que, por ejemplo, para cobrar el subsidio de mayo la facturación de la empresa en abril de 2020 no haya sido mayor al 5% de lo facturado en abril de 2019. Quiere decir que una patronal de una actividad no afectada por la cuarentena, con sólo cumplir lo anterior, tiene derecho al subsidio. Se trata de un beneficio extraordinario adicional al capital. Las patronales en mi gremio, pero ocurre lo mismo en todos lados, presionan a los trabajadores para que acepten trabajar figurando como "suspendidos" (por la cuarentena) pero cobrando "en negro". Burguesía "planera" y negocio redondo a costillas de los trabajadores. Dos observaciones finales al excelente artículo: a) el subsidio por trabajador tiene un "piso" que es de $16875 (salario mínimo) y un tope de $ 33750 (dos salarios mínimos); b) esto significa que si un gerente figuraba en la nómina salarial recibe del estado sólo $ 33750. El resto lo debe poner (o arreglar con) la patronal. Un saludo socialista. Felicitaciones por la calidad del periódico.

El 17 de Mayo se conmemoró el día en contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En esa fecha, hace 30 años, se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la OMS. Esto permitió avanzar en materia de derechos para la comunidad LGBTI alrededor del mundo, los cuales fueron conquistados por la organización y la lucha en las calles por parte de la comunidad, como en Argentina se refleja con la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y el cupo laboral travesti-trans en algunas localidades del país. Sin embargo, la conquista de estas reivindicaciones representa un avance legal, el cual no debe ser confundido con el avance real de nuestras condiciones de vida. Si bien estas conquistas representan un progreso, la realidad es que no hay una efectiva implementación de las mismas y la lucha por garantizar esas conquistas sigue vigente. No se garantiza el acceso a los tratamientos de hormonas para las personas de la comunidad Trans, los cuales el Estado debería garantizar gratuitamente según se explicita en la ley de Identidad de género, sancionada hace 8 años. El faltante de hormonas que venimos denunciando desde fines del año pasado, se ha agudizado en el contexto de la pandemia. Frenar el tratamiento hormonal representa en muchos casos un cuadro de inmunodepresión, lo cual en el contexto de la pandemia implica pertenecer al grupo de riesgo de contagio del Covid-19, poniendo en juego la salud y la vida de la comunidad. El cupo laboral Travesti-Trans es cajoneado por el congreso debido a la injerencia de las iglesias sobre el Estado y sus instituciones, en los lugares donde fue aprobado no se cumple o ni siquiera fue reglamentado, como en el caso de Santa Fe, donde se aprobó hace casi 7 meses y está totalmente paralizado. Lo mismo pasa con la implementación de la Educación Sexual Integral, la cual no se garantiza en todos los niveles educativos, y cuyo contenido en la mayoría de los casos no contemplan a la comunidad LGBTI, o lo hacen con una mirada patologizante en muchos casos, siendo la heterosexualidad lo "normal”. Por la organización independiente La comunidad no está exenta de sufrir los despidos, las suspensiones, la desocupación y la miseria a la cual nos someten el Estado y los gobiernos. El sector de la comunidad más afectado por esto es el de las compañeras y compañeros trans, entre los cuales el 91% del no tiene un trabajo registrado y el 82% atribuye la discriminación para acceder a un trabajo formal debido a su orientación sexual y/o identidad de género, sometiendo así a las compañeras a ejercer la prostitución como único medio de vida, expuestas a los constantes ataques, a la violencia policial y los transfemicidios y travesticidios. La pandemia y la cuarentena las han dejado sin fuente de ingreso alguna. El resto de la comunidad queda relegada a la precarización laboral. La lucha por el cupo laboral Travesti-Trans para garantizar la inserción laboral en todo el país se torna fundamental. En un contexto de crisis, ajuste contra toda la clase trabajadora y el recorte a la salud que se agrava por los acuerdos del gobierno con el FMI y los bonistas, que pone en juego la salud y la vida de toda la población, donde la represión y la violencia contra las personas LGBTI+ se agudiza, la lucha contra los ataques, la discriminación y los crímenes de odio está totalmente ligada a la lucha contra un régimen social que nos explota y somete a la barbarie. En este marco es necesario denunciar la complicidad del Estado y desenvolver una organización del colectivo LGBTI+ de manera independiente del Estado, los partidos del régimen y el clero, para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos ya arrancados y por la conquista de todas nuestras reivindicaciones. Para luchar contra la barbarie a la cual nos somete este régimen social, que ya no tiene nada progresivo para proponernos, y por la emancipación total de los explotados con un plan de lucha que contemple todas nuestras reivindicaciones. Basta de travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI+. Efectivo cumplimiento de la ley de Identidad de Género. Regularización de los tratamientos hormonales. Cupo laboral Travesti-Trans en todo el país. Separación de las iglesias del Estado. Implementación de una educación sexual integral laica y científica, que contemple a la diversidad sexual, en todos los niveles educativo

El paro por la UTA en Rosario y la Capital continuará por tiempo indeterminado. El reclamo central de los trabajadores es el pago del 100 % del sueldo de abril, que aún no cobraron. En el marco de fuerte carestía, remarcación de precios e inflación, este intento de poda salarial es un mazazo contra el bolsillo. El sindicato ha señalado que las empresas que regentean el transporte público de Rosario; Movi, Rosario Bus y el Cacique no han dado ninguna respuesta al reclamo de los trabajadores. Mientras tanto, el gobierno de Perotti y los estados municipales, responsables de garantizar el salario de los choferes, aducen no tener fondos para cubrir la totalidad de los sueldos. Cabe destacar que el boleto en la ciudad de Rosario es uno de los más caros del país -hoy se encuentra en 32,50. En sintonía con el problema salarial, el servicio esencial del transporte plantea un riesgo de contagio alto para los choferes, que han denunciado la falta de insumos y kits de seguridad necesarios. El intendente de Rosario Pablo Javkin, de la UCR, se ha limitado a exigir más presupuesto al estado nacional. Es de público conocimiento como estas empresas jamás han utilizado la millonaria inyección de subsidios por parte del estado para mejorar el servicio o el salario de los choferes. La experiencia de Rosario Bus es un botón de muestra. Luego de que esta empresa detentara el monopolio durante años de la licitación del transporte público, los problemas en el servicio fueron a mayor (accidentes, falta de frecuencia, etc). La incorporación de la empresa mendocina "El Cacique" al Ente Movilidad de Rosario (EMR) funciona como un avance de los intereses privados en el sistema mixto público-privado del transporte rosarino. Las empresas privadas han avanzado en el aumento de tarifas compulsivo en complicidad con todos los bloques del concejo municipal. No hay que olvidar que la ex-intendenta del Frente Progresista, Mónica Fein, tenía “superpoderes” para subir el boleto de manera unilateral. Javkin continua con la posibilidad de hacer uso de estas facultades. Es indispensable que se fortalezca la organización de trabajadores del transporte por el pago inmediato de los salarios adeudados. Es necesario que la lucha por el pago de la totalidad de los salarios de los choferes empalme con la lucha por la reapertura de paritarias que ya están desarrollando los gremios estatales frente a la política de ajuste de Perotti y los intendentes. A su vez, las empresas deben mostrar sus "perdidas" abriendo los libros contables. Frente al fracaso de las empresas privadas para gestionar el transporte público, es necesaria la estatización del servicio bajo control de trabajadores y usuarios

El sector gastronómico y hotelero es uno de los más golpeados por la crisis. En Mar del Plata, hemos tomado conocimiento de la difícil situación que están atravesando trabajadores que están bajo relación de dependencia con la empresa Álvarez Arguelles, una enorme firma conocida por ser la dueña del Hotel Costa Galana, donde se realizan eventos de beneficencia todos los veranos con participación de figuras del espectáculo. Los trabajadores destacan que la empresa no está cumpliendo con el pago de los sueldos; al no ser una actividad de las catalogadas como esenciales, la mayoría de ellos no están yendo a trabajar. Como resultado de ello, algunos han cobrado la mitad de sus haberes -subsidio del gobierno mediante- o directamente no han percibido su salario. En otros casos, fueron obligados a tomarse vacaciones y quienes eran temporarios, no vieron nada de sus sueldos. Los trabajadores intentaron comunicarse con la empresa a través de un número telefónico, pero nunca obtuvieron respuestas. Los trabajadores también hacen énfasis en la falta de respuesta del sindicato, que al ser consultado solo les respondió que las empresas no están obligadas a cumplir con los sueldos, alegando que es a “voluntad” de cada una de ellas el pago de los sueldos como si las necesidades de los trabajadores pudieran esperar a la voluntad de las patronales de pagar los salarios. Ante este panorama decidieron organizarse y enviaron a medios de comunicación de la ciudad un comunicado explicando la situación que están atravesando. Entendemos que el poder que tiene la empresa en la ciudad hizo que no se publique en muchos medios haciendo público el conflicto. La organización en estos casos donde ven avasallados los derechos de los trabajadores es esencial y desde ya que más allá de un comunicado de prensa que pueda ayudar a visibilizar la cuestión no se debe descartar una movilización de los trabajadores para arrancarle a la empresa el cobro total de los salarios, garantizar que no haya despidos, el acceso al recibo de sueldo y el pago de los haberes jubilatorios y aportes a la obra social.

El viernes 15 de abril, la justicia dictó una resolución en la que le ordenó al call center ACC Group que pague los días de suspensión que impuso a sus trabajadores a partir del 1 de mayo. Los trabajadores habían presentado un amparo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia – Feria donde pedían que se dejaran sin efecto las suspensiones sin goce de sueldo. La empresa se había escudado en “razones de fuerza mayor”, cuando el decreto 329/2020 lo prohíbe expresamente. A pesar del decreto, la empresa sostuvo las suspensiones e incluso pretendió extenderlas por 45 días más, hasta mediados de junio. La resolución judicial consideró nulas las suspensiones que comenzaron a partir del 1 de mayo y hasta el 14 de junio. Resta por resolver las que iban desde el 1ro de abril al 30 de abril (cuya fecha de impresión de la CD fue el día anterior al decreto que prohíbe despidos y suspensiones) pero es muy probable que termine resolviéndose favorablemente. Esta resolución es un importantísimo paso para el conjunto de los trabajadores de ACC GROUP, que no se han dejado avasallar por los intentos de la patronal de imponer la violación del aislamiento social preventivo y obligatorio, y castigar a quienes reclamaron la implementación del home office como medida sanitaria esencial. A estas cautelares se le han sumado otras similares en las semanas siguientes. No conforme con las suspensiones, la patronal aplicó descuentos que van entre los 5 y 20 días en el sueldo de abril a los trabajadores que lograron imponer el home office y están trabajando en su casa. ACC Group intenta castigar a los que reclaman. Pero los trabajadores hemos dicho basta y estamos decididos a frenar estos atropellos con solidaridad y organización. ¡No pasaran! Los trabajadores organizados presentaremos batalla.

El fallecimiento de dos referentes sociales de la Villa 31 esta semana, Víctor “el Oso” Giracoy y Ramona Medina (de La Garganta Poderosa), ha generado una conmoción popular. Ambos se encontraban entre los grupos de riesgo y sufrieron la falta de agua que afectó a gran parte del barrio por varios días. Los contagios de coronavirus en las villas porteñas están cerca de alcanzar el millar, y tiene como base las condiciones de vida en los barrios que los vecinos vienen denunciando hace años por la falta de una verdadera urbanización. La ausencia de una política sanitaria por parte del Estado que garantice testeos masivos y recursos de higiene y limpieza y de alimentación ha provocado una disparada en la curva de contagios en los barrios donde predominan el hacinamiento, las viviendas precarias y los permanentes cortes de agua. Villas llenas, hoteles vacíos Uno de los reclamos más importantes de los habitantes de las villas porteñas consiste en poner en aislamiento preventivo a todos los vecinos que se encuentran dentro de los grupos de riesgo. Con los cientos de infectados detectados que se encuentran en los barrios, teniendo en cuenta que además el 75% de los casos son asintomáticos, es necesario quitar de estas zonas de alto riesgo en primer lugar a la población cuya exposición al virus los coloca en peligro de muerte. Se trata de la población de adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades respiratorias, etc. La concentración poblacional de las villas, además, potencia la capacidad de transmisión de la enfermedad. En contraste con esta situación que se vive el interior de la villa, en el barrio de Retiro, a pocos metros de la 31, se encuentran cientos de habitaciones desocupadas en los hoteles más lujosos del país. La falta de turismo, por el cierre de las fronteras, ha vaciado los hoteles de la zona, pero el Estado no ha tomado ninguna medida para ponerlos a disposición de las necesidades sociales del barrio. La paradoja del régimen capitalista se vuelve a poner de relieve con la pandemia: mientras las familias de la Villa 31 están sometidas al hacinamiento, los hoteles de Retiro tienen cientos de habitaciones a disposición sin utilizar. Rescate al capital La política de los gobiernos nacional y porteño no está orientada a satisfacer las necesidades sanitarias y alimentarias de la población, sino a rescatar a las empresas y especuladores financieros. Lejos de poner los hoteles a disposición de las necesidades sociales, el gobierno buscar rescatar a sus propietarios. El escándalo de corrupción con la contratación de hoteles para alojar a enfermos leves de coronavirus motivó la renuncia de Gonzalo Robredo, quien tuvo que dimitir a la presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad cuando se descubrió que el gobierno porteño desembolsó 5 millones de pesos a un hotel de la hermana de Rodríguez Larreta. Por su parte, el Ministerio de Turismo de Nación, presidido por Matías Lammens, tiene en agenda un plan nacional para inyectar 4.500 millones de pesos a las empresas y hoteles que viven del turismo. Está orientado al rescate del gran capital cuya inmensa infraestructura a lo largo del país se encuentra ociosa. Es decir que no solamente no se ponen los grandes recursos inutilizados del turismo para satisfacer las necesidades sociales de la población, sino que además el Estado tiene que vaciar sus arcas en plan de rescatar a los grupos capitalistas, mientras los hospitales y los barrios se encuentran sin elementos sanitarios necesarios. Un programa en defensa de la vida Los trabajadores y trabajadoras de la ciudad debemos sacar las conclusiones de esta situación. El régimen capitalista se ha vuelto incompatible con la defensa de la vida y la salud de la población. Las muertes de Ramona y de “el Oso” -ambos padecían diabetes- como de tantos otros, podían haberse evitado si el Estado tomaba las medidas que vienen reclamando los vecinos de las villas: poner en aislamiento preventivo a todas las personas que se encuentran entre los grupos de riesgo. Las medidas de aislamiento preventivo es un reclamo que las organizaciones y los vecinos de los barrios vienen levantando desde el inicio de la pandemia. Existen los recursos suficientes como para tomar estas medidas. Las muertes por coronavirus no son un accidente de la naturaleza; lo que sucede en las villas es una verdadera masacre social. Hay que poner a disposición todos los recursos de la Capital en función de los intereses sociales para defender la vida de la clase obrera.

Luego del conflicto y la ocupación de la fábrica, la gerencia de BedTime intentó castigar económicamente a sus trabajadores, pero la respuesta de los compañeros arrancó una nueva victoria. Con la liquidación del mes de marzo y abril, la empresa descontó las horas de asamblea permanente, pasando por arriba de un acuerdo con los funcionarios del ministerio de Trabajo, el representante del sindicato y la comisión interna, y del acta de conciliación obligatoria. Teniendo en cuenta todo esto, la Comisión Interna hizo el reclamo desde el primer momento, que fue acompañado por el representante del gremio, para que la empresa cumpla con lo pactado: que los días de asamblea permanente se paguen como días de suspensión, al 75%. Sin embargo, el jueves 14 de mayo la empresa depositó los salarios con el descuento de todos esos días. Ante esto, la bronca comenzó a recorrer los grupos de WhatsApp de los compañeros y la organización obrera comenzó a mostrar que sigue en alerta y dispuesta a defender sus derechos. La comisión interna reclamo al representante del sindicato que solicite una audiencia con el ministerio de trabajo de forma urgente y a su vez reclamó al gerente de Recursos Humanos que ajuste inmediatamente las horas descontadas. Es claro que la práctica que la gerencia de BedTime pretende, a través de los castigos económicos, regimentar y desalentar que los trabajadores lleven adelante sus medidas. Teniendo en cuenta esto, los compañeros se pusieron junto a la comisión interna, quienes llevamos con fuerza el reclamo y dejamos claro que si no ajustaban las horas los trabajadores estábamos dispuestos a llevar adelante las medidas que sean necesarias para lograrlo. Ante esta situación, se había acordado una reunión con la patronal para el viernes al mediodía, con el fin de discutir el reclamo. Al comenzar la reunión la empresa confirmó que pagaría las horas de asambleas, cuestión que terminaría concretándose. Es claro que se siente en el aire que la organización de los trabajadores de BedTime está fortalecida. Desde la Comisión Interna resaltamos que esto se ha logrado gracias a la lucha que hemos llevado adelante los trabajadores. Sabemos que esta experiencia quedó marcada a fuego en la consciencia de todos los compañeros una conclusión importantísima: que llevando adelante los métodos históricos de la clase obrera será lo que garantice el triunfo de nuestras luchas. Desde la Comisión Interna saludamos una nueva victoria de los trabajadores de BedTime.

La charla-debate “Capitalismo y pandemia”, con Jorge Altamira, organizada por Tribuna de Salud -Tendencia- fue un reflejo de la lucha y la deliberación creciente que involucra al conjunto del movimiento de la salud y expresó, a la vez, la necesidad de enfocar ese proceso desde una perspectiva política obrera. Participaron un centenar de trabajadores entre enfermerxs, médicxs, profesionales, residentes, concurrentes y técnicxs de hospitales, clínicas, y centros de salud. Descontrol y desplome Debatimos la incapacidad para controlar la evolución de la pandemia que se registra en países como Chile o Inglaterra, ni qué decir Brasil y, por sobre todo, Estados Unidos. La Argentina, como lo demuestra la multiplicación de casos en las villas, no está muy lejos de este escenario. En Estados Unidos y Brasil, este descontrol se expresa en un colapso del sistema sanitario. 48 millones de norteamericanxs no tienen cobertura; otros 30 millones acaban de ser despedidxs, perdiendo sus seguros médicos. La contradicción entre “capitalismo y pandemia” no es entonces un problema de “diseño ideológico”, sino que emerge como un problema objetivo, extraordinario, derivado de esta realidad. El capitalismo convirtió a la salud en mercancía, haciéndola depender de las fluctuaciones de la oferta y la demanda y de los ciclos de la economía. Esto explica que, en plena pandemia, en la salud privada se vean amenazados los salarios por la reducción de determinadas prestaciones lucrativas. Otro aspecto es la falta de colaboración a la hora de investigar una vacuna, cuya eventual patente y mercados ya están siendo loteados por las farmacéuticas. Por eso la lucha por la salud requiere ser encarada con un programa anticapitalista. La sobrevivencia del capitalismo compite con la sobrevivencia de la humanidad. Las pujas por la “reapertura de la economía” retratan un desplome de las relaciones capitalistas que dará lugar a una lucha de clases de alcance revolucionario. Historia de una relación En la época naciente del capitalismo, hace 175 años, Engels describió la incapacidad de esta organización social para resolver el problema de la vivienda. A medida que el proceso de producción se desarrolla, se convierte cada vez más en un proceso mercantil. Subordina el campo a la ciudad, la naturaleza a la industria, y termina por alienar al conjunto de la actividad humana. Vivimos para trabajar, en lugar de que el proceso de trabajo se vincule a nuestras ambiciones de vivir. En particular en los últimos años, a partir de la crisis de los años ‘70, el capital comenzó a invadir esferas que antes eran manejadas por el Estado, afectando al sector salud. La organización social es el medio a través del cual las personas nos relacionamos con el ámbito natural. El desarrollo de las fuerzas productivas es la traducción social contradictoria de esta relación, que se refleja en modos de producción determinados. Con cada desarrollo de las fuerzas de producción, aparecieron regímenes sociales que organizaban y se encargaban del intercambio con el medio natural. Hoy, el capitalismo desarrolla este intercambio en forma básicamente destructiva, pues concentra los recursos acumulados (y muchos futuros) en rescatar al capital del impacto de la pandemia, a costa de la vida y salud de los trabajadores; es lo que ocurrió, de otro modo, en las guerras mundiales y coloniales, o en el uso de la bomba atómica contra poblaciones desguarnecidas. El coronavirus muestra que la forma capitalista de vincularnos con la naturaleza se encuentra en un colapso. Lxs trabajadorxs de la salud El papel de lxs trabajadorxs de la salud en la Revolución Rusa y la Revolución Cubana son la prueba, por el lado positivo, del antagonismo entre capitalismo y salud. Estas revoluciones otorgaron las reivindicaciones de la mujer, la jornada de ocho horas y desarrollaron al sistema sanitario, hoy deteriorado por el agotamiento y el retroceso de esos procesos revolucionarios. Dentro de lo que llamamos “trabajadorxs de la salud” hay, no obstante, una diferenciación de clases. Lxs médicxs no son todxs explotadxs ni trabajan en las mismas condiciones, pero el desarrollo del capitalismo lxs ha ido convirtiendo, en su mayor número, en asalariadxs. Que haya diferencias no implica que no haya que promover una lucha conjunta. La única interesada en perpetuar la fragmentación es la burocracia de los sindicatos. Cuando las necesidades de personal sanitario arrecian en todos lados, la operación derechista contra la llegada de médicxs cubanxs muestra el carácter destructivo de las rivalidades nacionales, otra construcción del capitalismo. Su contratación debe ser individual y bajo las condiciones del convenio colectivo, evitando el “impuesto al salario” que pretende cobrar el Estado cubano. El primer desafío para que lxs trabajadorxs de salud puedan pesar en esta crisis es organizarse a sí mismos. Por eso la principal conclusión de la charla fue la necesidad de impulsar una coordinadora inter-salud, que vaya unificando las luchas de la salud a escala de cada región y finalmente a nivel nacional, incluyendo a los diferentes sectores y especialidades. No sería la primera vez que lxs trabajadorxs de la salud encaran una pelea sin descuidar a sus pacientes. Los sindicatos combativos, como ocurre con CICOP en la provincia de Buenos Aires, tienen que abrir el juego a una coordinadora, impulsando un programa de testeos masivos, construcción de hospitales, intervención del sistema privado, contratación de personal, reconversión de las empresas. El antagonismo capitalismo-salud, que afecta la continuidad de la vida misma, reclama la intervención conjunta del movimiento obrero. Un aspecto relevante de esta lucha es el derecho al aborto, que ha sido ignorado bajo el pretexto de evitar contaminaciones en el sistema de salud. Es decisivo, sin embargo, porque el embarazo no deseado no admite postergaciones. En un ambiente donde la violencia doméstica se exacerba como consecuencia del encierro, privar a la mujer de este derecho es reforzar el impasse del medio familiar y la violencia. El proyecto de ley del gobierno aún no se conoce y su tratamiento en el Congreso está indefinido, con el agravante de que sería discutido en un formato virtual. La movilización por este derecho no entraña un desafío a la cuarentena sino una lucha contra la aniquilación del tejido social precario de la clase obrera y en defensa de la mujer trabajadora.

El viernes 15, una asamblea general vía Zoom, de la que participaron más de 100 docentes, deliberó sobre las condiciones laborales universitarias en el cuadro de la cuarentena. La asamblea estuvo precedida de una intensa lucha de varias semanas de parte del sindicato docente, ADIUNT, por arrancar una reunión paritaria que las autoridades se negaban a convocar: asambleas por escuelas y facultades, una protesta en las puertas de la obra social, una intervención del gremio en la reunión de Consejo Superior denunciando la situación y una denuncia en el Ministerio de Trabajo, entre otras acciones. El jueves 14, finalmente, tuvo lugar la reunión paritaria, a la que el gremio llevó el pliego de reclamos que había sido discutido en una reunión conjunta de la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados. Los avances parciales que se obtuvieron en esa reunión (dispensas laborales, intangibilidad de los recesos) dejan todavía muchos reclamos en el tintero, en particular la grave crisis de la Obra Social, la regularización de los docentes interinos y el pago de cientos de deudas salariales que la UNT mantiene con docentes, en el cuadro de una acentuada inflación. Todos estos temas fueron abordados en la Asamblea, junto a los vinculados a las condiciones laborales en el cuadro de la cuarentena. Se rechazó el plan del gobierno de créditos “blandos” para que los docentes se endeuden para comprar computadoras y se exigió un plan nacional de equipamiento a cargo del estado, que a su vez debe compensar por medio de un bono extraordinario los gastos ya realizados por la docencia. La asamblea también rechazó una resolución sobre evaluaciones que emitió inconsultamente el rectorado y que, de aplicarse, potenciará la deserción estudiantil y agravará las condiciones laborales en las que la docencia está actuando. Se dejó establecido también que no se aceptará ningún regreso a la presencialidad ni siquiera parcial -como algunas camarillas están fogoneando- sin una resolución ministerial, sin que la evidencia científica y epidemiológica lo avale y sin que se hayan discutido y aprobado en asambleas y en la Comisión de Higiene y Seguridad los protocolos que garanticen la salud de trabajadores y estudiantes. El tema salarial también estuvo en el debate: la quita de la cláusula gatillo, el impacto del impuesto a las ganancias, la creciente inflación que padecemos los trabajadores plantea de un modo urgente la lucha por la indexación mensual de los salarios.

El pasado jueves 14 fueron suspendidos siete enfermeros del Hospital de Boulogne del distrito de San Isidro por exigir el cumplimiento de las normas de seguridad personal. La arbitrariedad y el descaro de las autoridades llegan a límites inaceptables: no se les permitió firmar en disconformidad, no se les entregó copia del acta, tampoco se los instruyó sobre sus derechos y plazos administrativos para responder y les negaron el derecho a vista, como si los trabajadores deberían aceptar "mansamente" cualquier sanción que se les imponga. Capítulo aparte merece la denuncia de que los funcionarios espían los muros de Facebook personales de los empleados. La sanción de suspensión debe quedar sin efecto inmediatamente, de lo contrario se están violando los derechos de los trabajadores. Este tipo de accionar (despreocupado por mantener las formas administrativas y/o legales) demuestran que la única intención es el disciplinamiento de los trabajadores, una advertencia al conjunto de lo que tendrán que soportar si se atreven a realizar el más mínimo reclamo. En San Isidro, los tres hospitales son municipales. El possismo ha sentado su legitimidad política en presentarse como la vanguardia en salud. Sin embargo, nos encontramos en medio de una pandemia con hospitales vaciados, sin los equipos de protección, con planes de vacunación que los mismo vecino de las barrios llaman "fantasma", la no renovación de los contratos de los suplentes de salud, el no pago de las horas extras (que para un trabajador municipal representa un entre un 20 y 30% del salario). Los tres pisos del hospital central que siguen vacíos (¡aun en plena pandemia!), el personal de parques y paseos que realiza la limpieza de las calles sin la vestimenta de protección, y un dramático etcétera. Hace unas semanas llegaron al hospital central de San Isidro "Melchor Posse" unos tapabocas truchos. Es la muestra más burda de que el discurso del San Isidro vanguardia en salud se cayó por completo. La necesidad de ocultar y silenciar estás situaciones y que no salgan a la luz pública lleva a tener una política de fuerte “disciplinamiento” hacia los trabajadores. Es imperioso que los sindicatos como ATE y CICOP asuman una posición de activa y realicen asambleas, reuniones y acciones gremial en defensa de los enfermeros suspendidos. Llamamos a todos los delegados, comisiones internas, sindicatos a exigir la anulación de las suspensiones, la vuelta al trabajo de todos los trabajadores y el cobro íntegro del salario. Que se garantice los equipos de protección personal e insumos. Test masivos al personal hospitalario. Es inaceptable que se reduzca personal en medio de una pandemia.

Los trabajadores del vidrio nucleados en las fábricas de las hermanas Cattorini no tuvieron cuarentena. Apenas fue anunciada la medida para todos aquellos que no trabajen dentro de los rubros “esenciales”, las patronas del vidrio se encargaron de certificar y acordar permisos de circulación truchos. En Cattorini, emplazada en Quilmes, trabajan 500 hombres, y en Rigolleau, ubicada en Berazategui, casi el doble. A principios de marzo, se organizaron en asambleas luego de que dos compañeros recién regresados del exterior fueran amenazados con despidos si se aislaban en sus casas. Sumado a esto, los camiones que llegaban día por medio de Paraguay y Brasil sin que se tomara ninguna medida de salubridad. El sindicato se encargó de brindarles a los trabajadores una charla para asegurarles que, por sus horas expuestas a las calderas, era imposible que se contagiaran. Esta vil mentira tenía como finalidad asegurarle las ganancias a la empresa. A pesar de ellos, la organización de los trabajadores logró medidas de seguridad higiénica, aunque por poco tiempo. Las familias nos organizamos y creamos decenas de barbijos y guantes para que nuestros compañeros, hermanos e hijos pudieran trabajar seguros. Un ejemplo de que el trabajo y la salud en manos de la clase obrera tendrán como perspectiva el resguardo de toda vida. Los despidos a cuenta gotas, que ya eran normales en los meses previos al coronavirus, se intensificaron el último mes. El plan de Cattorini es que los trabajadores, a pesar de las recomendaciones de circular poco y cumplir la cuarentena en sus hogares, viajen de una fábrica a la otra dependiendo la producción y los puestos cubiertos por turno. Es decir, traslada trabajadores de Rigolleau a Cattorini según la semana y el sector, sin ninguna medida de prevención al contagio. Además, aplicó un descuento de casi el 25% del salario en la última quincena. El pasado 9 de mayo un trabajador de Cattorini fue aislado luego de cumplir su jornada laboral con fiebre -y estar en contacto con la mayoría de sus compañeros. El hisopado, cinco días después, dio positivo al COVID 19. La patronal hace oídos sordos y continúa produciendo: solo desinfectó algunos pocos sectores, mientras que los trabajadores golondrinas continúan cumpliendo su horario en una fábrica y en la otra, lo que puede activar una gran bomba sanitaria en el corazón de la zona sur del conurbano. La comisión interna de Cattorini, luego de mucha insistencia y cartas, logró comunicarse con la directora epidemióloga de Quilmes para pedirle que intervengan con protocolos para todos sus compañeros. La comisión interna de Rigolleau aún sigue esperando respuestas. No es raro que el municipio mire para otro lado cuando las patronales exponen a la clase obrera, como sucedió en el frigorífico El federal en el barrio La Paz. Como primer paso se plantea el cese de tareas con un salario al 100% para todos los trabajadores incluso aquellos que se encuentran tercerizados. La lucha por protocolos sanitarios, el hisopado para todos los trabajadores bajo la firma Cattorini, los insumos necesarios, sólo podrá garantizarse con la organización y la deliberación en ambas fábricas y el apoyo de sus familias como punta de lanza. Así como también concertar con todos los trabajadores que luchan por los derechos laborales, como sucede a pocas cuadras con los trabajadores del frigorífico Penta.

El número de contagios por coronavirus ha pegado un nuevo salto, especialmente en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Contra toda indicación médica el gobierno se encuentra, mediante diferentes mecanismos, desmontando la cuarentena. Mientras tanto, el Ministro de Educación Nicolás Trotta ya comienza a hablar de un retorno “escalonado” a las aulas para el mes de agosto, aun desconociendo el alcance que tendrá la pandemia durante el invierno y qué tipo de protocolos deberán establecerse para prevenir los contagios en toda la comunidad educativa. Trotta pasó de explicar las bondades del operativo de virtualidad pedagógica montado por el gobierno al comienzo de la cuarentena a tener que reconocer sin mayores detalles su rotundo fracaso, no sin haber transitado por una cantidad incesante de declaraciones y resoluciones contradictorias. La improvisación ha sido su única hoja de ruta, cuyas consecuencias están siendo descargadas con una inédita sobreexplotación de la docencia. Virtualidad pedagógica La continuidad pedagógica virtual se estrelló contra un sistema educativo quebrado, sin conectividad, sin presupuesto y que asimila, entre las familias docentes, el 50% de pobreza que arrecia entre el conjunto de los trabajadores, junto con las condiciones precarias en las que viven las familias obreras. Casi la mitad de docentes y estudiantes del país no cuenta con infraestructura digital. En vez de montar un plan integral de conectividad, el Estado no ha garantizado el acceso a internet ilimitado, la distribución masiva de notebooks, tablets y la puesta en pie de una plataforma educativa única y segura. Con espacios físicos reducidos y sin recursos suficientes en nuestros hogares, el día a día se ha convertido en un caos para familias y docentes que también tenemos que cargar con las tareas domésticas y la atención de nuestros hijos y familiares. Se ha intensificado la doble explotación que sufre la mujer trabajadora, que representa la mayoría de la docencia. Bajo estas condiciones, la docencia está realizando un enorme despliegue para sostener las clases en forma virtual, recurriendo a recursos personales para buscar lazos con los estudiantes por medio de WhatsApp, casillas de mail o plataformas virtuales. El gobierno había anunciado la creación de un “aula virtual única” que quedó en el olvido, mientras que no hay capacitación masiva para los docentes. La virtualidad supone una dramática extensión del trabajo pedagógico. Dolores cervicales, contracturas, problemas en la columna, irritación de ojos, ansiedad y una sensación de desborde permanente son algunas de las secuelas que va dejando la permanencia de horas y horas frente a las pantallas. El “teletrabajo” requiere de condiciones específicas y que están conveniadas, como sucede con trabajadores telefónicos. Sin embargo la docencia trabaja en casa sin sillón ergonómico, protector de pantalla, mousepad contra la tendinitis, entre otros elementos necesarios. La quiebra del régimen laboral –con situaciones no contempladas en reglamentos o el Estatuto Docente- pone en riesgo nuestras garantías laborales. Al no garantizar aquellas condiciones para el sostenimiento de la actividad pedagógica virtual -una realidad forzada que impone la cuarentena- el Estado ha resuelto que no se calificará a los alumnos hasta tanto y en cuanto no regresen las clases presenciales. Pero no estamos frente a una conclusión pedagógica, sino frente a una desidia estatal. Las y los docentes estamos trabajando y la evaluación es parte de nuestra actividad. Debemos alertar que esta suspensión podría ser utilizada en el futuro para justificar una rebaja o suspensión salarial. Hugo Yasky, de la CTA, aceptó las reducciones salariales en las empresas que tengan “productividad cero”. Con esta implosión y las posibilidades de un verdadero desastre educativo, el Estado hace su contribución a las innumerables presiones empresariales para el levantamiento de la cuarentena esta a su vez subsidiando con cifras millonarias, a pesar de que existen despidos y suspensiones masivas. Las petroleras y los acreedores internacionales son otros receptores de los recursos del país. ¿Vuelta a clases presenciales? Los anuncios de un posible retorno a clases presenciales en agosto -luego de que Trotta afirmara que las clases no volvían “hasta que no se encuentre la vacuna contra el COVID”- se hacen no sólo a contramano del disparo de contagios en CABA y la provincia, sino de la realidad de las escuelas y el régimen laboral docente. Edificios con pésimas condiciones sanitarias, sin agua y en los cuales conviven hasta cuatro instituciones educativas. (¡Antes de la definitiva cuarentena que la docencia supo defender antes que nadie, se luchaba por un litro de lavandina!) No se registran partidas con elementos sanitarios para las escuelas actualmente a pesar de que muchas están abiertas para la entrega de cuadernillos y de bolsones de alimentos, que depende de tareas voluntarias de muchos docentes. A quienes garantizan el alimento de miles y miles de niños y niñas, no se les ha dado siquiera un barbijo. Regresar a las aulas significa que la gran mayoría de los docentes “taxi” se trasladen por varias escuelas durante el día, exponiéndose al virus y transmitiéndolo al mismo tiempo. ¿Todo esto pretende ser resuelto con una incierta “alternancia” entre trabajo presencial y virtual? La lista Celeste de Baradel ha salido a recoger el guante de esta “vuelta a clases” -una vez más sin mandato alguno- pidiendo que se “consensue con los sindicatos”. La burocracia que firma paritarias a la baja acepta un retorno a la presencialidad absolutamente peligroso para toda la comunidad educativa. Salarios de pobreza y docentes sin trabajo La docencia debe afrontar la cuarentena con salarios de pobreza y disminuciones salariales como consecuencia del “corte” de suplencias. En la Provincia de Buenos Aires, han quedado claras consecuencias del acuerdo paritario firmado en soledad (Feb, Udocba y Sutebas Multicolores rechazaron) por la dirección de SUTEBA con el gobierno. El 8% de “aumento” percibido en marzo, que llevó al salario conformado inicial del maestro a la cifra paupérrima de 29 mil pesos, ya fue devorado por la inflación de enero-marzo, casi dos puntos por encima. El salario de un maestro sigue un 30% por debajo de la línea de pobreza, con una inflación que se ha disparado sobretodo en alimentos y elementos de higiene. La eliminación de la cláusula “gatillo” nos ha quitado la posibilidad de que nuestro salario se vaya actualizando según la escalada de precios. Frente a esto, Baradel propone esperar a la segunda (y última) cuota del “acuerdo”: ¡otro 8% en julio! Por otra parte, la suspensión de las clases (y actos públicos) golpeó fuertemente a un conjunto de docentes que se venían desempeñando como suplentes, o que trabajan en el plan Fines y otros programas precarios. El reclamo de miles de compañeras y compañeros obligó al gobierno a lanzar el programa “PIEDAS” (Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes), pero se trata de un magro salario equivalente a 8 módulos que en el mejor de los casos orilla los $18.000, sí, igual que la línea de indigencia. Este ataque al salario y a las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de la educación se extiende a todo el movimiento obrero, cristalizado en el acuerdo firmado entre la UIA, la CGT y el gobierno que habilita un 25% de quita sobre los salarios de las trabajadoras y trabajadores que cumplen licencia o son sometidos a ‘suspensiones" ante la pandemia. La lucha de los trabajadores de Acindar, contra despidos y rebajas salariales, BedTime que mediante el método de la ocupación conquistó mantener todos los puestos de trabajo, los trabajadores del frigorífico Penta quienes continúan en lucha por la reapertura de la planta y los trabajadores de FATE que lograron el 100% de su salario, marcan el camino; de una clase obrera que no está dispuesta a ceder sus reivindicaciones más sentidas IPS y régimen previsional en riesgo Nuestro régimen jubilatorio está en la “mira”. Se ha conocido que el ANSES comenzará a financiar el déficit que hoy tendría nuestra caja jubilatoria, el IPS (Instituto de Previsión Social bonaerense), comenzando con un rescate de $6.000 millones de pesos. Con el verso de garantizar la “sustentabilidad del sistema” preparan el terreno para avanzar contra nuestro régimen jubilatorio, “armonizandolo” con la ANSES. La lucha docente había frenado este intento de Vidal en 2018. En Diciembre de 2019, luego del reclamo de los gremios, el gobierno tuvo que retirar el artículo 51 de la Ley de “Emergencia” que congelaba la movilidad de docentes, científicos y otros trabajadores. La votación en el Congreso contra las jubilaciones de los jueces - que tampoco les quitó ningún “privilegio”- fue una pantalla para avanzar contra todas las jubilaciones consideradas “especiales”. Forma parte de las “garantías” que exigen el capital financiero y el FMI para que Argentina se comprometa a pagar una deuda, que de todos modos, es impagable. Organizar la lucha en defensa de la educación bajo la cuarentena Parte de los problemas aquí señalados han quedado en evidencia en las reuniones de delegados que tuvieron lugar en varios distritos de la provincia. Sin embargo, la dirección de SUTEBA no tiene en su agenda el desarrollo de mayores deliberaciones. Ponen por delante su integración al gobierno antes que las necesidades de los compañeros. Queda en manos de los SUTEBAS Multicolor tomar la posta y organizar un plenario provincial de delegados virtual, con mandato de escuela, para diseñar un programa de reivindicaciones que parta de la defensa del salario, el régimen jubilatorio y las condiciones laborales. La docencia ingresa a esta nueva etapa, con la acumulación de experiencias y luchas, que ha recogido en los últimos años. Al calor de huelgas generales por el salario contra diferentes gobiernos, en la pelea por defender el Estatuto del docente y el régimen jubilatorio, en la huelga del 2014 contra el acuerdo salarial miserable, en el reclamo de justicia por Sandra y Rubén y en la defensa de las condiciones de trabajo, es decir, hemos ido conformando una nueva generación de activistas y luchadores que deberán encabezar el proceso de luchas que se vienen y llevarlas hasta la victoria. Vamos por: Defensa de la salud y la vida de toda la comunidad educativa. No al retorno de clases improvisado y riesgoso Que el Estado garantice notebooks y conectividad gratuita para estudiantes y docentes. Por capacitación en servicio (con puntaje docente). Por una plataforma virtual única para el desarrollo de las actividades pedagógicas. Organización de la continuidad pedagógica en base a acuerdos establecidos por los propios docentes. Respeto a las condiciones laborales del Estatuto del Docente. Reapertura de paritarias. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Cláusula gatillo, indexada por inflación. -Por una garantía salarial para todos los compañeros de $42 mil pesos de salario mínimo. Inmediata convocatoria a actos públicos virtuales para tomar horas/módulos y cargos. Regularización y pago de todos los salarios adeudados El IPS no se toca. Apertura de los libros bajo control de los trabajadores. No a la armonización de las cajas jubilatorias. Defensa irrestricta de nuestro régimen jubilatorio. Por una remuneración y viáticos para desarrollar las tareas de voluntarios. Elementos de seguridad e higiene para proteger a los compañeros del contagio. Aumento del SAE acorde a lo establecido en los valores de la canasta familiar. Por módulos alimentarios compuestos por lo recomendado para las infancias y adolescencias, en valores nutricionales y cantidad. Inclusión de kits de higiene personal en viandas y bolsones. Que los cupos abarquen a la totalidad de la matrícula escolar. Que IOMA garantice el acceso a las vacunas anti gripales y todas las prestaciones médicas para los afiliados. Por un plan de lucha y un plenario provincial de delegados de escuela con mandato Tribuna Docente Tendencia en la Lista Multicolor de SUTEBA 18/5/2020

“Baja California está mucho menos densamente poblada que otros estados mexicanos, ahora es el tercero en el número de casos de COVID-19, con 1.660 personas infectadas. Unos 261 han muerto en todo el estado, y 164 solo en Tijuana. Eso es más muertes que las 131 en la vecina San Diego, una metrópoli mucho más grande”. En Tijuana mueren el 15% de los infectados, en San Diego solo el 3,5%. Aun así “como ocurre en todas partes, con la ausencia de pruebas exhaustivas, nadie sabe realmente cuántos están enfermos” (The Bullet, 18/5). Según The Guardian (14/5) Baja California sería ya el “segundo estado” más afectado. Con “6.000 maquiladoras” los estados fronterizos de Mexico son un fenómeno “muy amenazante” (The Bullet, íd.). Estas grandes patronales, en su mayoría yanquis, aprovechándose de la inacción del gobierno de AMLO dejaron correr los contagios. Fueron los trabajadores quienes obligaron al gobierno a reaccionar: “en Mexicali, la capital del estado, los trabajadores hicieron huelga el 9 de abril en tres fábricas: Eaton, Spectrum y LG. Las compañías… amenazaban con despedir, negándose a pagar los salarios… y no proporcionaban máscaras”. El paro fue generalizándose y no hubo extorsión que valga: “Queremos salud, no queremos dinero, ni bonos, ni siquiera doble paga. Solo queremos que cumplan” con la cuarentena y que paguen los salarios (ídem). Las patronales esgrimieron entonces su carácter de ´esenciales´: en “Jonathan, una fábrica de rieles metálicos para ametralladoras y tanques de EE.UU., los trabajadores cuestionaron que la compañía fabricara equipos de telecomunicaciones, una afirmación común de las fábricas para permanecer abiertas” (ídem). Los paros se amplificaron más: “una semana de paros en Skyworks y una huelga en Gulfstream el 10 de abril. En Honeywell Aerospace, los trabajadores comenzaron a parar la producción el 6 de abril. La compañía despidió a 100 personas sin paga… Honeywell cerró durante una semana y luego volvió a abrir… entonces los trabajadores de las maquiladoras de Mexicali convocaron a una huelga general apoyada por el Sindicato Mexicano de Trabajadores Eléctricos” (ídem). La presión para “volver al trabajo” es enorme. Aún con salarios de hambre os trabajadores están en una encerrona: “En el pasado, algunos trabajadores cruzaban la frontera para ganar dinero extra donando sangre. Pero ahora está cerrada… No pueden vender cosas en la calle debido al encierro. La única opción es trabajar" (ídem). Pero así y todo “a medida que otras plantas continuaron operando a pesar del número de muertos, estallaron más huelgas. El 17 de abril, los trabajadores hicieron huelga en seis maquiladoras... En Honeywell, 70 huelguistas dijeron que la compañía no había proporcionado máscaras y había obligado a las personas con hipertensión y diabetes a ir a trabajar. La planta de Electrolux dejó de funcionar el 24 de abril después de la muerte de dos trabajadores. Dos semanas antes, los trabajadores allí habían protestado por la falta de protección de la salud. Cuando los trabajadores finalmente dejaron de trabajar, la compañía los encerró y luego despidió a 20” (ídem). “En Juárez, el alcalde cerró los restaurantes, pero permitió a las maquiladoras trabajar. Cuando los trabajadores de TPI Composites iniciaron su protesta, llamó a la policía contra ellos. Sin embargo, en Juárez y otras ciudades fronterizas a lo largo de abril, forzó al gobierno a exigir el cumplimiento de las empresas” (ídem). “Las empresas que dijeron que estaban cerrando nunca lo hicieron realmente, acusaron los trabajadores. "Cerraban la puerta principal y ponían una cadena", explicó un trabajador. “Luego traen trabajadores por la puerta de atrás. Llamaban a los trabajadores a la fábrica y les decían que, si no volvían a trabajar, perderían sus empleos´” (ídem). The Guardian informa que “Hay maquiladoras que dicen que es más barato pagar una multa por incumplimiento que perder contratos”, denuncia la organización de derechos laborales Ollin Calli, de Tijuana. “Es mejor tener trabajadores trabajando, incluso si se enferman, que tenerlos descansando y cobrando” (ídem). El poder de policía del estado es irrisorio: “solo emplea a 15 inspectores laborales en todos los sectores”. “Las compañías se burlan”: “las dos enormes cervecerías de Constellation Brands en Coahuila, que fabrican Corona y Modelo para EE.UU. no cerraron” (ídem). La nota la dio el embajador yanqui, trató a México como un estado más de EE.UU. En un tuit dijo: “Hay riesgo en todas partes, pero no todos nos quedamos en casa por temor a que choquemos nuestros autos. La destrucción económica también amenaza la salud". Así impuso que “el 28 de abril, el gobernador de Baja California, Bonilla, se incline ante la presión y ordenó la reapertura de 40 maquiladoras “cerradas”…(que) de hecho, ya estaban operando … el propio gobierno federal también comenzó a retroceder, anunciando que permitirá a las enormes plantas automotrices reiniciar sus líneas de ensamblaje” (ídem).

En medio del aislamiento social obligatorio por el Covid-19, el puerto marplatense continúa siendo protagonista de las míseras condiciones de trabajo y falta de protocolo de higiene. El pasado domingo 17, el barco potero Orión II de la empresa armadora Valdore SA, regresó al muelle tras una fuerte denuncia de los tripulantes a bordo. El buque había zarpado diez días antes sin esperar los resultados de los testeos. La Prefectura Naval Argentina (PNA) abordó la flota y la decisión fue desembarcar al caso sospechoso de Covid-19 en un gomón. Tras continuar los reclamos, el barco regresó a tierra. Los trabajadores difundieron por redes sociales el posible caso de coronavirus. Se trata de un navegante de 39 años con fiebre y estado gripal. Denunciaron el estado lamentable del buque, el cual no contaba con matafuegos y tenía filtraciones de agua en los camarotes. Las condiciones de higiene eran deplorables, sumadas al hacinamiento. El puerto marplatense posee un “protocolo” acordado por Sanidad de Fronteras, PNA, Policía Aeronáutica y Aduana. Este precario protocolo de higiene tuvo aplicación solo de manera tardía luego de confirmarse casos de coronavirus, para después ser olvidado nuevamente. Sucedió con el test positivo del trabajador del barco Atlantic Surf III, de la empresa Glaciar Pesquera; y simultáneamente con Scirocco, de Solimeno. Esta última empresa ya había contratado a más de 40 trabajadores, que viajaron desde Corrientes sin ser testeados y en plena cuarentena. La patronal y PNA utilizaron los medios locales para atacar y amenazar a los tripulantes. Las mentiras de los empresarios son moneda corriente. En este caso, intentaron instalar que fue una escena orquestada y amenazaron con iniciar sumario a los tripulantes relevos. Los trabajadores relevos son contratados, no están en planta, por ende, se quedarían sin cobrar salario en plena cuarentena. Los trabajadores portuarios vienen demostrando cuál es el camino mediante asambleas en los muelles, cortes y paros en las distintas terminales, acampes en el Parque Industrial y tomas de planta como Apolo Fish, donde actualmente la ocupan por salarios adeudados y contra rebajas del 50%, producto del rescate del gobierno tras el abandono de la patronal. Es importante la articulación de estas expresiones de todos los sectores obreros del puerto, para elaborar un protocolo que defienda la vida de los trabajadores en contraposición al actual protocolo patronal trucho. Vamos por un paro por tiempo indeterminado hasta que se efectivice el protocolo y estén las condiciones de salubridad garantizadas, sin poner en riesgo la vida; que se distribuyan elementos de higiene y kits médicos necesarios; por cobertura médica irrestricta; convenio colectivo de trabajo y licencias con pago salarial total, para garantizar el aislamiento social de todos los trabajadores.

Trabajadores estatales, los textiles de Sedamil y los compañeros de la pesca han acordado una movilización contra el ajuste para este miércoles 20, en Trelew, con la consigna “sin salario no hay cuarentena” y otras reivindicaciones, entre las que figura el rechazo a la megaminería. La iniciativa del miércoles es un salto en la coordinación de las luchas de los estatales y trabajadores industriales de la provincia. Las bases estatales se encuentran movilizadas a lo largo y ancho de la provincia desde hace más de dos años contra las políticas de ajuste del gobernador Mariano Arcioni, a quien pusieron contra las cuerdas en más de una oportunidad. En todas ellas fue salvado por las burocracias sindicales y los partidos patronales. En el ámbito de la salud, los trabajadores aún no cobraron el mes de abril pese a la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Y padecen el maltrato de sus directivos en varios hospitales, los cuales en muchos casos no cuentan con los insumos necesarios para afrontar la demanda por el Covid-19. A la mitad del resto de los estatales, y esto incluye a los jubilados, aún le deben el mes de marzo. La infraestructura escolar se cae a pedazos y la obra pública se encuentra paralizada. Con este telón de fondo, arremeten a escena las ocupaciones de FYR S.A. (posiblemente la primera del país en cuarentena: desde el 22 de marzo) en Rawson, y en su depósito en el parque industrial, en lo que supo ser la textil Foderami. El lunes pasado hicieron lo propio los 300 obreros de Sedamil. La patronal de Sedamil, que debe tres quincenas, ha ofrecido una lista de “retiros voluntarios”, donde reconoce el pago del 30% de la indemnización si es en una cuota, del 60% si es en seis y del 100% si es en 12 cuotas. La propuesta ha sido rechazada y una asamblea aprobó mantener la ocupación. La pesquera SYR S. A. con 260 trabajadores, de los cuales entre 80 y 90 están en negro y la mitad son trabajadoras mujeres, también mantiene firme su ocupación, pues no aparecen soluciones al conflicto: les adeudan cuatro quincenas y otros ítems que arrojan una cifra cercana a 100 mil pesos por trabajador. En este caso el sindicato que los representa es el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), cuyo secretario general conduce la CGT del Valle Inferior del Río Chubut. La fuerte reacción de los trabajadores de Sedamil y de la pesca ha puesto de relieve la fenomenal precarización laboral de Chubut, que cuenta con la abierta impunidad de los gobiernos provinciales desde hace mucho tiempo. Las ocupaciones expusieron a empresas con trabajadores en negro, contratos basura, ausencia de aportes patronales y desconocimiento de los convenios laborales como moneda corriente de la explotación obrera. Defendemos las ocupaciones de los trabajadores de Sedamil y de FYR S.A. hasta el cobro total de sus salarios adeudados. Si las empresas no regularizan sueldos y no pueden afrontar las deudas de los aportes patronales, que sean expropiadas por el Estado provincial o nacional y pasen a producir bajo control de los trabajadores. El ofrecimiento del gobierno provincial de “ayudar” al conflicto con la compra de frazadas sólo pone de manifiesto que Sedamil puede reconvertirse a la producción de elementos textiles necesarios en la pandemia. Pero ante el conflicto urgente de los salarios adeudados, el gobierno mira para otro lado. Apoyamos la más vasta coordinación de estas fábricas ocupadas y de todos los conflictos en curso entre los obreros industriales y los estatales de la provincia. Esta primera movilización de las bases privadas y estatales debe ser el puntapié para que las centrales sindicales de la provincia convoquen a un paro general contra las políticas de ajuste y a su vez a congresos de delegados de base en las distintas regiones para fortalecer las distintas luchas en curso y las que vendrán. ¡Todos a la marcha del miércoles!

Dos mil vecinos y trabajadores de la ciudad de San Pedro de Jujuy han enfermado de dengue. Esta cifra pone al desnudo el fracaso total del gobierno municipal (Bravo) y provincial (Morales) en tratar de controlar la epidemia en una ciudad de 80.000 habitantes, en comparación toda la provincia de Tucumán tiene 3.000 casos y motivó una nota del compañero Daniel Blanco. Es común ver la propaganda oficial llamando al descacharrado, una iniciativa individual y voluntaria, frente a ninguna política oficial para enfrentar la epidemia. En nuestra ciudad los terrenos con la ampliación abandonada del Hospital Paterson, al lado del hospital, el único de esta localidad, es un tremendo foco de proliferación del mosquito. Esa es la cara de la municipalidad. El gobierno ni siquiera declaró la emergencia sanitaria. Pero eso no es todo ni lo más grave. El Estado en Jujuy y en todo el país se hace el distraído en cuanto a sus funciones para enfrentar la epidemia: desde principios del siglo XX, cuando se descubrió que el mosquito era el vector de la enfermedad entre el paciente enfermo y el sano, se sabe que no solo hay que combatir al mosquito, sino que también hay que aislar al enfermo para evitar la propagación. También se sabe que el método de aislamiento es fácil y barato: una carpa de tul cubriendo la cama del paciente durante los 10-15 días de reposo que son necesarios y la fumigación periódica de la vivienda donde se haga el aislamiento. El desinterés del Estado y la clase social que lo dirige es criminal. Solo se internan los casos graves con carpa de aislamiento y que el resto contagie a todos los vecinos, esa es la política oficial, y por supuesto, el descacharrado. La negligencia oficial puede titularse como “crónica de una epidemia anunciada”. Transformaron a toda la ciudad de San Pedro de Jujuy en un poderoso foco infeccioso, al punto que la prepaga del Colegio Médico de Jujuy, Col-Salud, en San Pedro, no atiende al público porque todos sus empleados están con dengue. Ya habíamos caracterizado al triunfo de Morales y su piara en 2019 como el triunfo de un gobierno fracasado y en retirada, un gobierno que representa a una clase en avanzado estado de descomposición y esto es lo que esa clase es capaz de hacer: un desastre. Es el desmantelamiento de la salud pública lo que nos llevó a este punto y este gobierno es parte del engranaje que lo logró con la ayuda del PJ que le permitió la aprobación de todas las leyes de ajuste necesarias. Y esa clase en descomposición es incapaz de volver sobre sus pasos, solo puede empeorar el panorama. Solamente apuesta a la llegada del frio y poder patear el problema al próximo verano, sin importar que frente a una nueva epidemia habrá millares de vecinos en peligro de muerte en el caso de una nueva infección. Una clase social que privilegia el pago de la deuda externa frente a dos epidemias. Nuestra intervención no debe estar centrada en demostrarnos más eficientes que los gobiernos burgueses en combatir al mosquito Aedes, nadie logrará erradicarlo. Nuestra obligación es demostrar a los vecinos que el descacharrado no alcanza, que la obligación del gobierno es el aislamiento. Tenemos que organizar a los barrios y agitar que el gobierno se haga cargo de aislar a los enfermos como método para frenar la epidemia, además de entregar pastillas termoevaporables, espirales y repelentes de manera gratuita a los vecinos. Es una lucha en defensa de la vida, el Dengue y el Covid19 es una mezcla explosiva. Solo nuestro protocolo, el de los trabajadores, podrá hacer frente y derrotar a la epidemia de Dengue.

Esta semana fue anunciado el lanzamiento de un nuevo kit molecular para el diagnóstico del covid 19, el COVID 19 NEOKIT, desarrollado por investigadores del ICT Milstein (Conicet- Fundación Cassara) que promete ser más rápido que el que se realiza actualmente en el Anlis Malbrán y algunos pocos hospitales. Este nuevo test se desarrolló con fondos del estado nacional, pero los tests se producirán en un laboratorio farmacéutico privado, el laboratorio Pablo Cassara. Los fondos del Estado aplicados a la investigación, entonces, en vez de estar al servicio de un fortalecimiento de las instituciones públicas, y por lo tanto la salud pública, se utilizan para beneficiar al capital privado. Las instituciones como el Conicet y Anlis Malbrán ofician de tercerizadoras del conocimiento y del recurso humano para mayor lucro de instituciones privadas como el laboratorio Cassara. El Anlis Malbrán posee un instituto de producción de biológicos con un departamento de reactivos de diagnóstico. A pesar de que el instituto ha sido vaciado sistemáticamente durante décadas, con personal precarizado y salarios miserables, sus profesionales podrían producir los test si el gobierno proporciona los recursos económicos necesarios. ¿Por qué el gobierno elige subsidiar a un laboratorio privado? La razón principal es porque privilegia el negocio capitalista por encima de las necesidades sanitarias del pueblo. El presidente Fernández dijo: “Esto lo han hecho investigadores argentinos y lo produce un laboratorio argentino. Esto es tan importante para el desarrollo de un país porque demuestra que no dependemos de otros, que podemos hacerlo nosotros, esto es soberanía, y eso es lo que todos deben entender” (Página12, 16/5). Subsidiar al capital privado "argentino" no tiene nada que ver con la soberanía, es solo demagogia nacionalista. Un acto de “soberanía” pasaría por nacionalizar por completo el sistema de salud de manera de centralizar todos los recursos disponibles para combatir eficientemente la pandemia.

El 15 de mayo de 2010 se escuchó por última vez la voz de Gustavo Cerati, en un recital en Caracas que formó parte de la gira inconclusa de Fuerza Nartural; - su último disco, lanzado en 2009. Esa misma noche entraría en coma por una sobredosis, estado en que se mantuvo hasta que falleció en 2014. La ida de Gustavo marcó a generaciones enteras. "El régimen se acabó" El primer álbum de Soda Stereo se editó en 1984, poco tiempo después del fin de la dictadura. Si las relaciones sociales tienen su expresión en el arte, lo que pasó con el viraje musical en el rock nacional durante el gobierno del ejército y después de éste, debe ser la prueba de ello. Soda debutó como esa serie de bandas que dejarían atrás los acordes bajos, que junto con sus letras pertinentes formaban melodías tristes como las que escuchábamos en Sui Generis e Invisible. "¿Por qué no puedo ser del Jet-set?" y "Ni un segundo" eran canciones de aquel primer disco, que ponían de pie una burla hacia el chetaje superficial de la alta sociedad - "lo que para arriba es excéntrico / para abajo es ridiculez." Pasajes similares se encuentran en algunas canciones posteriores, como "La cúpula", aquel lugar "donde todos se la creen"; y que según explicó su autor, se refería a donde se concentran la fama, el dinero y el poder - " los guardianes pierden el honor / mientras desfilan / hay tanto fraude a nuestro alrededor." Mientras tanto, en Dietético - cuyo videoclip fue el primero grabado en Argentina, con cámaras que Charly Alberti, Zeta Bosio y Cerati "tomaban prestadas" por la noche de los estudios de MTV, donde trabajaba el baterista - a esta línea se agregaba "el régimen se acabó / se acabó", con una clara referencia al gobierno militar. Vanguardia e ironía El éxito del estilo novedoso que hizo que Soda saliera de los bares unders, los llevó a sacar su segundo disco de estudio. "Sinceramente sería tan bueno tocarte / pero es inútil / tu cuerpo es de látex", sonaba en "Nada personal", que llegaba con una sátira de la pornografía. Su versatilidad posibilitaba el pasaje de un tema musicalizado con las melodías propias de los 80' a un carnavalito moderno: "Cuando pase el temblor". Allí decía, "estoy sentado en un cráter desierto / sigo aguardando el temblor / en mi cuerpo", en un homenaje a Borges que hacía las veces de traducción musical de "Ruinas circulares" La época que llevó a Soda a la cumbre de su éxito y los convirtió en un clásico del rock nacional se contextualizó en la generación que se formó y festejó "la vuelta a la democracia" - junto con Virus, Los abuelos de la nada y toda la música "pum para arriba" - pero que usaba la ironía como arma de crítica. Cerati se tomaba una gran libertad para experimentar. Todos los álbumes que escribió son radicalmente diferentes. Incluso, en las versiones variadas de sus canciones que presentaba en recitales; "El último concierto" de 1997, del famoso "gracias totales", contó con varios ejemplos en este sentido, entre los que se haya "Té para tres", a la que Gustavo no se privó de añadirle el memorable punteo de "Cementerio club" de Pescado rabioso. Amor y movimiento En su trayectoria fueron protagonistas una innumerable cantidad de canciones de amor. "Adentro tuyo / caigo del sol / adentro tuyo / es único", sonaba en Amor amarillo, editado en 1993. En "Lisa" Gustavo supo cantar con pasión a su hija - "cuando me hundo en el mar / de la fertilidad / un silencio visual / es la fauna abisal / reflejando el color del sol." Cerati se consideraba un "comunicador pop", al que le costaba mucho más, según sus propias declaraciones, escribir que componer. Por ello trabajaba arduamente, recurriendo a artistas amigos y conocidos (Coleman, Melero y su propio hijo, Benito) llegando a armar un cuaderno con vocablos modernos sacados del diccionario. Tenía un interés permanente por mejorar. Era un profesional de la música. Siempre buscaba probar cosas nuevas, sin temblarle el pulso a la hora de tomar riesgos. Cuando en una entrevista le preguntaron "¿Hacia dónde vas ahora?", respondió "no sé, estoy en movimiento (...). ¿Qué otra cosa puedo hacer más que moverme?" (Medium, 2006). Una parte de eso es Gustavo que, algunos años antes, titulaba "Siempre es hoy" a su disco del 2002. Gustavo fue fuente de inspiración de numerosos artistas, de todos los que acuden a la música en general, que han encontrado en él un consuelo, una compañía o una motivación. Como un presagio, en 2009 dijo "si yo me retirara ahora (...), me iría contento por "Fuerza natural"". Los que lo seguimos, nos quedamos con un sabor agridulce; felices, por toda la música que nos supo dejar, pero tristes porque sabemos que no va a volver a haber un nuevo álbum ni recital donde el ídolo del rock nacional sepa sorprendernos

Con una importante movilización de trabajadores del área de deportes (profesores y guardavidas), el jueves 14 de mayo, los municipales de Tigre lograron hacer retroceder al intendente Zamora, conquistando la devolución del adicional de productividad descontado en el sueldo de abril. La movilización fue precedida de dos concentraciones frente al palacio municipal y expresa un proceso de organización, inédito, en el área de deportes donde trabajan alrededor de 600 trabajadores. Esta conquista de los trabajadores se da a pesar del rol de las direcciones gremiales, en especial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre (STMT) que ni siquiera asomó las narices por el conflicto, a pesar de las advertencias del propio Zamora, quien le da instrucciones explicitas, en un audio filtrado, de cómo intervenir para contener y desmovilizar a los trabajadores. Por su parte la Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre (ATRAMUTI) acompañó la primera movilización en forma explícita y llamó a desmovilizar a partir de la segunda, lo cual fracasó debido a la tendencia a la movilización entre los trabajadores. Sin embargo, los dirigentes de ATRAMUTI que fueron aceptados como interlocutores por el municipio, ante la ausencia del STMT (más cercano a Zamora), no han sumado a representantes de base de los trabajadores en las reuniones con funcionarios. Por su parte, luego de participar junto a trabajadoras de la salud de la primera jornada de lucha, la CICOP, en la última reunión del Encuentro de Trabajadores de Zona Norte (ETZN), desistió de participar de las siguientes señalando que el municipio les propuso mantener los puestos de trabajo en salud, a cambio de una reducción de la carga horaria semanal. En la misma reunión, Opinión Socialista se adaptó a este planteo y propuso levantar la convocatoria a la segunda marcha, argumentando una “relación de fuerzas desfavorable”; la Tendencia del Partido Obrero y la línea 60 propusimos acompañar a los trabajadores municipales contra el llamado de sus gremios a desmovilizar. Los trabajadores lo entendieron de la misma forma y participaron de la segunda jornada -realizada el 7 de mayo- con una respetable presencia de trabajadores de deportes frente a un palacio municipal plagado de policías. Los trabajadores son conscientes del rol que juega la movilización. Profesores y guardavidas duplicaron su presencia en la última concentración. Las direcciones burocráticas de los gremios también lo saben y preparan una línea de derrota con el discurso trillado de “llegar a acuerdos que preserven los puestos de trabajo”, lo cual significa que están dispuestos a ceder en todos los demás puntos. Esta es, en realidad, la forma menos efectiva de preservar tales puestos de trabajo; si el municipio avanza, aunque sea un paso sobre las condiciones ya precarias de los trabajadores, su situación laboral será todavía más inestable. Un ejemplo claro de esto es el anuncio de bajar la duración de contratos de 9 a 4 meses, lo que abriría las puertas a más a los despidos “por fin de contrato”. Como se ve la única forma de garantizar efectivamente los puestos de trabajo es la derrota total del plan de ajuste de Zamora, como punto de partida para ir por el fin de los contratos precarios y el trabajo a destajo. El intendente Zamora, además, pretende condicionar el pago de adicionales y la continuidad laboral a la recaudación o los fondos provinciales, por lo que la lucha sigue más vigente que nunca. Derrotar este ajuste es una tarea que no harán las direcciones burocráticas sino los trabajadores, conformando asambleas por establecimientos, eligiendo delegados y votando pliegos de reclamos que unifique a los municipales de todas las áreas en una lucha común. ¡Abajo el ajuste de Zamora contra los municipales de Tigre! Reincorporación de todos los despedidos. Pase a planta permanente de “temporales”. Basta de trabajo a destajo. Recategorización de profesionales y pago de acuerdo a su calificación.

Más de un millar de habitantes de las villas de emergencia de CABA se encuentran contagiados de coronavirus. La duplicación de los casos en los barrios ha tenido lugar en menos de una semana. La crisis que atraviesa a las villas de Retiro o del bajo Flores es, por un lado, un veredicto definitivo respecto de la "urbanización" cosmética y fraudulenta de todos estos años. Las mejoras superficiales de las partes visibles de las villas no llegaron jamás a la infraestructura de servicios esenciales, como el agua. Mientras tanto, el hacinamiento y la incorporación de vecinos expulsados de otras áreas de la Ciudad no cesaron de crecer. La Ciudad mantiene a la parte más oprimida de su clase trabajadora -de la construcción, portuarios, del servicio doméstico- en condiciones de completo abandono. Si esto ha sido históricamente así, el coronavirus lo puso de manifiesto de un modo más agudo. Cuando los casos todavía se contaban por unos pocos centenares, el gobierno se acercaba a la 31 para hacer muy pocos testeos. Los vecinos que concurrían a los hospitales -por sospecha de contagio o por contar con parientes contagiados- volvían al barrio, y lo hacían al riesgo de contagiar o ser contagiados por sus allegados. Naturalmente, un hospital no puede albergar un número indefinido de pacientes en observación. Pero la zona de Retiro está poblada por decenas de hoteles de enorme capacidad. En el hotel Sheraton, a dos cuadras de la 31, alojaron a turistas extranjeros que habían quedado varados, pero no está "disponible" para la población villera que requiere ser aislada o colocada en observación. Para Larreta y sus socios políticos, la población trabajadora de las villas no "merece" que los recursos de la Ciudad sean colocados al rescate de su salud y su vida. Los correveidiles de Larreta aseguran que la epidemia está "circunscripta a las villas". No saben de qué están hablando: la población de los barrios, condenada a la precarización y a las changas por esos mismos gobiernos, debe salir a procurar su sustento fuera de la 31 o la 1 11 14. Sin testeos ni asistencia económica a los contagiados, éstos se convierten en transmisores forzados e involuntarios de la pandemia. Fracaso de la apertura La crisis de los barrios, sin embargo, debe verse en un escenario más amplio: son muchos los que sospechan que la realidad de las villas de CABA no podrá contenerse en sus límites, por un lado. Del otro, comienzan a aparecer evidencias de una situación similar en el conurbano. Es el caso del Hospital Iriarte en Quilmes, con dos de sus principales directivos contagiados. La zozobra existente ha puesto en la picota a la cuarentena flexibilizada que anunciaron en común Fernández-Kicillof-Larreta hace una semana atrás. La apertura comercial en CABA obliga a decenas de miles de trabajadores que viven en provincia y trabajan en la Ciudad a trasladarse diariamente. De este modo, la capital irradia su alto nivel de contagios al conurbano. Esta escalada infecciosa ya ha desatado una crisis política: la intendenta de Quilmes -en aislamiento hasta saber si ha sido contagiada- acusó a Larreta de "irresponsable". Mussi, de Berazategui, habló de "cerrar los puentes" (a la Capital). Desde luego, pura bravuconería. Si Larreta cumplió con el libreto reclamado por la Cámara de Comercio, lo hizo con el beneplácito de Fernández y de Kicillof, el cual, en simultáneo con Larreta, anunciaba que "lo nuestro pasa por (abrir) la industria". Como hemos denunciado en estas páginas, la apertura industrial de Kicillof tiene lugar con protocolos redactados por las propias patronales, con la excepción de las organizaciones obreras de lucha que lograron imponer sus propios protocolos. Ahora, los funcionarios de CABA "estudian" si cabe o no retrotraer la apertura, algo que recién decidirían al fin de esta semana. Aunque los intendentes mascullan, ni Fernández ni Kicillof quieren chocar con el "dialoguista" Larreta, lo que implicaría imponerle la reimplantación de la cuarentena. Es que el jefe de gobierno porteño es la cara amable de la gran burguesía nacional e internacional que quieren volver al trabajo a cualquier costo; y cerrar, también a cualquier precio para el país, un arreglo de deuda con los fondos internacionales. La apertura económica, en definitiva, es un guiño market friendly a BlackRock y demás acreedores. Mientras luchadoras como Ramona dejan su vida en los barrios, los títulos y las acciones de los explotadores argentinos levantan su cotización, apostando a una mayor esclavización del país. Intervenir Como hemos reflejado en Política Obrera días atrás, el gobierno convoca a las organizaciones sociales para colaborar en los testeos, pero sin asegurarles a sus integrantes los kits sanitarios necesarios para preservar su seguridad. Lo mismo ocurre con las compañeras y compañeros que hoy organizan comedores y ollas populares, y que están paliando el hambre en medio de la ausencia de asistencia alimentaria y sanitaria del Estado. En la mañana de este lunes, un conjunto de organizaciones reclamó en la 31 la declaración de la "emergencia sanitaria" en el barrio. Es la confesión de que no existe hoy "emergencia" alguna, y que la intervención de los gobiernos es superficial e insuficiente. El fracaso del aislamiento flexibilizado exige una intervención de las organizaciones obreras y barriales, para imponer con nuestra acción las condiciones necesarias para rescatar a la salud y la vida. Los sindicatos combativos y los luchadores de la Ciudad deben tomar en sus manos esta grave crisis, y debatir un programa y una urgente movilización política para poner fin a la masacre sanitaria. La ciudad de los monopolios inmobiliarios y financieros está mandando a la muerte a sus trabajadores. -Testeos masivos en barrios y lugares de trabajo, bajo control de comisiones internas o barriales. -Que se declare de utilidad pública la capacidad de los hoteles del centro de CABA; centros privados de exposiciones y otras instalaciones para albergar a toda la población que necesita ser aislada. -Protocolos sanitarios redactados por los propios trabajadores. Parar la producción y el comercio allí donde se incumplen las normas. -Subsidio a toda la población precarizada que debe ser aislada o puesta en estudio, para asegurar el sostenimiento de su núcleo familiar. -Vigencia plena de las paritarias, salarios pagos al 100%, cualquiera sea el nivel de producción. Ningún despido. -Repudio de la deuda, nacionalización de la banca, control obrero general.

La semana pasada, el camillero Daniel Iribarren, del Hospital de Clínicas, fue notificado por carta documento del inicio de un sumario administrativo y una suspensión preventiva por 30 días sin goce de sueldo, apuntando a la cesantía. Las razones que esgrime la Dirección del Hospital son que el compañero brindó una nota periodística a un diario local de La Paternal, donde habría vertido acusaciones “falaces” que atentarían contra la actividad del Hospital causando la no asistencia de pacientes. En realidad, las declaraciones de Daniel son el reflejo, en la voz de un trabajador, del vaciamiento sistemático al que se viene sometiendo al Hospital, agravado por la pandemia. La insuficiencia de Elementos de Protección Personal (EPP) para la atención de pacientes de COVID19, la escasez crónica de personal, producto de los ingresos a cuentagotas, que se agrava cada vez que un trabajador se contagia o tiene que licenciarse por ser población de riesgo; la falta de infraestructura y mantenimiento y la desinformación hacia los trabajadores sobre los casos de compañeros afectados por el virus, son algunas de las problemáticas que vive el Clínicas, cuyos primeros responsables son el rectorado y la dirección del hospital. A estas problemáticas, ahora hay que sumar un brutal castigo a quien las pone de manifiesto (¡30 días de suspensión sin goce de sueldo y pedido de cesantía a Rectorado de la UBA!) siendo que la representación gremial no organiza estos reclamos ni la lucha por los mismos (¡nunca llamó a una Asamblea!). La reacción de la dirección de sancionar a quien pone sobre la mesa estas cuestiones adquiere, por lo tanto, un carácter persecutorio por posiciones políticas y/o gremiales, nunca visto en el Hospital desde la dictadura militar. Cabe recordar que Daniel es un destacado referente sindical que está presente -por más de 30 años- en todas las luchas que tienen que ver con la defensa de las condiciones de trabajo, como así también en los reclamos por las necesidades presupuestarias de nuestro Hospital y por una salud pública en óptimas condiciones. Sin embargo, los alcances de esta medida son más vastos. La naturaleza censora y represiva de la medida no apunta simplemente a Daniel, sino a amordazar al conjunto de los trabajadores del Clínicas frente a una crisis que pone en juego su vida y las de sus familias. Es un intento por avanzar sobre el derecho y la necesidad de organizarse y pelear por las condiciones de trabajo, y con ello lograr una mayor regimentación del colectivo trabajador. El recurso a la suspensión también va en el sentido de fragmentar y desorganizar a los trabajadores, poniendo un obstáculo a la comunicación presencial de Daniel con sus compañeros a la hora de enfrentar esta persecución. Lo único falaz son las acusaciones sobre las que se sustenta la sanción contra nuestro compañero. Lejos de un ataque al esfuerzo de los trabajadores y al hospital, la denuncia de Daniel y su activismo sindical son parte integral de esos esfuerzos de los trabajadores por tener un hospital en condiciones, que pueda brindar un servicio adecuado. Llamamos a rechazar la sanción, a exigir su inmediato levantamiento, y a defender, para la lucha por todas las reivindicaciones obreras planteadas, el derecho a organizarse. ¡Abajo la sanción contra Daniel Iribarren! ¡Por una campaña en el hospital y a nivel nacional e internacional contra este atropello! AGRUPACIÓN BORDÓ TENDENCIA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

El día de ayer el gobierno anunció el aumento del 6% que percibirán los jubilados para este trimestre, llevando a la mínima - percibida por un 80% de la población jubilada - a un monto que ronda los 16 mil pesos (Ámbito financiero, 18/05) . Este percibimiento de sus haberes coloca a los adultos mayores en condiciones de extrema pobreza, sin alcanzar siquiera a cubrir la canasta básica familiar. A su vez, la inminente devaluación de la moneda como consecuencia de la emisión monetaria, terminará de licuar estos ingresos. Se trata de un incremento que, en el contexto de la pandemia por coronavirus, agrava más la precaria situación en la que se encuentra el principal grupo de riesgo de COVID-19. La caja del Anses ha sido la gran subsidiaria de todas las proclamas del gobierno. Ha sido el lugar principal de donde se extrajeron los fondos del Estado destinados a cubrir un porcentaje de los salarios de las empresas privadas. Ahora, en el marco de la renegociación de la deuda con los bonistas, es nuevamente la caja del Anses la que proveerá el dinero para la reestructuración, a costa de dejar en la miseria a miles de jubilados. La excusa por excelencia para estas retracciones es que el sistema jubilatorio es el mayor responsable del déficit fiscal. Claro está que entre estas responsabilidades no se tendrán en cuenta a los pagadores seriales de la deuda ni de la burguesía "planera". El gobierno mantiene una orientación que apunta a convertir a las jubilaciones en un sistema de pensión a la vejez. En este sentido, la defensa del sistema previsional no es solo un interés de los jubilados sino de toda la clase trabajadora - cuyos aportes están siendo destinados desde al saqueo por parte del capital financiero. El reclamo por un aumento en regla de los haberes va de la mano del rechazo al pago de la deuda externa. Es necesaria la restitución de todos los aportes patronales, un ingreso mínimo igual a la canasta familiar - valuada en 80 mil pesos - y el control del Anses por parte de los trabajadores.

Durante un discurso por cadena nacional, Piñera anunció el pasado domingo 17 de mayo, algunas medidas asistenciales en torno a la crisis sanitaria y social. El anuncio, que tenía por objetivo contener el descontento, acabó siendo el detonante de la ira popular; y este lunes 18 de mayo, los trabajadores chilenos salieron protestar masivamente a las calles, reanudando la rebelión. Las protestas surgieron durante el mediodía del lunes, en la comuna El Bosque, al sur de Santiago. Algunos vecinos que protestaban declararon para la prensa: “Hablan de cuarentena total y la gente que no tiene casa ¿adónde van a hacer la cuarentena?”, “el gobierno disminuyó los PCR a diez en las comunas periféricas, pero en la Clínica (privada) Alemana se hacen los test que quieran”, “yo (jubilada) tengo que salir al barrio alto a pedir comida”, “(la protesta) no es contra la cuarentena, es contra el hambre”. A las pocas horas las barricadas y cortes de rutas se había extendido hacia otras siete comunas de la capital; entre ellas Pudahuel, que se levantó durante las vacaciones en apoyo a las protestas estudiantiles contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU); y Maipú, una de las comunas con más refuerzos militares desde el Estado de Sitio. También hubo protestas en ciudades como Valparaíso, San Antonio, Concepción y Punta Arenas. Y en Antofagasta, los obreros en huelga de la mina Guanaco, habían cortado el principal acceso a la ciudad desde temprano, para exigirle a la patronal el fin de los turnos excesivos. Durante la noche hubo un cacerolazo nacional, al que se sumó el personal sanitario de las ambulancias con el ruido de las sirenas. Los enfrentamientos con la represión se extendieron hasta la madrugada. Colapso sanitario Horas antes de que Piñera transmitiera por cadena nacional, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, había declarado que la crisis sanitaria había llegado al colapso, pues la ocupación de camas para pacientes críticos era de un 79% para todo el país, un 91% para Santiago, y que en la Región de la Araucanía ya había alcanzado el 100%. También durante toda esa semana el Colegio Médico se había referido al inminente colapso, y había emplazado al gobierno a transparentar las cifras reales de contagiados y muertos; a dar un informe real sobre la situación nacional de los hospitales públicos; y a no autorizar el levantamiento de licencias médicas a los sospechosos de contagio. Durante meses Piñera se había resistido a declarar cuarentena para toda la capital, pero frente al colapso sanitario y el ascenso de la curva de contagios, el ejecutivo debió acceder, y comenzó a regir desde el viernes pasado. El decreto llegó tarde, y para este martes 19, las cifras oficiales son de más 48 mil contagiados, y más de 500 muertos. Desempleo y hambre Con la llegada de la pandemia, y luego de que el gobierno habilitara la ley de suspensiones de salarios, las patronales avanzaron con miles de despidos; como Starbucks, que suspendió los salarios del 90% de sus empleados; o como Techint, que despidió entre marzo y abril a 1500 trabajadores. La propia ministra del trabajo ya pronosticó hasta un 18% de desempleo para los próximos meses. Y al desempleo se sumó el alza de precios de los alimentos. El valor de la canasta básica de alimentos aumentó en marzo por sobre la inflación; y una de las alzas que más golpeó a las familias proletarias fue la del 20% del valor del pan, pues en Chile este alimento es el principal subsidiario del hambre - razón por la cual, es el primer país consumidor de todo el continente americano. En estas circunstancias, las asambleas populares y comités de cesantes de los barrios habían salido de su cuarentena voluntaria para organizar “ollas comunes” u “ollas populares”, bajo la consigna “solo el pueblo ayuda al pueblo”. La última organización masiva de ollas comunes en el país había ocurrido en la década de los ‘80 durante la crisis la económica de la Dictadura, que disparó la desocupación y la inflación. De allí partieron las primeras jornadas nacionales de protestas contra Pinochet. Pero los luchadores del 2020 corren con mucha más ventaja que los de los ‘80; y será fundamental para el curso de la rebelión, que el giro que dieron las consignas autogestivas hacia la confrontación con el Estado, se sostengan en un programa integral de toda la clase obrera chilena, que ponga en pie nuevamente la lucha por la revocatoria del gobierno y la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana.

El viernes 15 de mayo los trabajadores del subte nos enteramos de que otros seis compañeros tienen neumoconiosis, problemas de salud producido por el material cancerígeno asbesto. Hasta ahora, son 25 los casos confirmados. El asbesto y las paritarias fueron debatidos en un plenario de delegados de la AGTSyP realizado el mismo día. Los trabajadores denunciamos la presencia de asbesto en enero de 2018. Producto del reclamo y la lucha se logró que comiencen a realizarse estudios. Hasta ahora todos los casos habían sido de trabajadores de los talleres del subte, donde se mantienen y trabaja con las piezas contaminadas. Luego logramos que los estudios se extendieran a otros sectores. Ahora lamentablemente se ha confirmado que uno de los compañeros afectado pertenece al sector tráfico. Esto abre un gran interrogante sobre todo el resto de los trabajadores qué se desempeñan en los túneles, e inclusive sobre los usuarios. Tras más de dos años, hasta el momento se hicieron estudios auditados por el sindicato a 1.176 trabajadores sobre un universo de 4.500. Se desconoce cuál es la situación de los otros 3.400, sin contar a quienes trabajaron en algún momento y jubilados. Un reciente fallo judicial obtenido por el sindicato, entre otras cosas, determinó que se inspeccionaran todas las flotas del subte y “la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto, sean previamente así determinados o con sospechas de serlo”. El quid de la cuestión es que el gobierno de la Ciudad, tras el inicio de la pandemia del Coronavirus, incumplió un compromiso firmado de dar plazos y un plan concreto de eliminación total del asbesto en todo el subte, comenzando por el compromiso con las flotas de la línea B (a lo que deben sumarse otras de las de las líneas C y E). La última medida convocada por nuestro sindicato fue la movilización en diciembre último a SBASE, el órgano gubernamental titular del servicio. En esa oportunidad se intimó a la empresa Metrovías y al Gobierno de la Ciudad a que presentara un plan de cambio de flotas con fecha límite al 1 de marzo de este año. El 3 de marzo, cuando se calentaban motores para una medida de fuerza mayor, en un acta de audiencia con el sindicato “SBASE manifiesta que el 28 de febrero pasado la jefatura de Gabinete y la secretaría de transporte de la CABA instruyeron a Subterráneos de Buenos Aires S.E. a iniciar las tareas referidas a la compra de material rodante nuevo para la Línea B para reemplazar la flota MITSUBISHI” se solicitaba un plazo para cuestiones técnicas y financieras, estableciéndose que… “se anunciara en un plazo de 30 días”. Sin embargo, tras el comienzo de la cuarentena, estos plazos fueron incumplidos, no se ha tenido más noticias al respecto, y el gobierno de CABA ha votado una emergencia económica con recorte de partidas que debe encender las alarmas. Los exámenes médicos se paralizaron, cuando deberían realizarse más que nunca, ya que las afecciones por asbesto agudizan radicalmente el cuadro médico de una persona con coronavirus por el deterioro pulmonar, y como lo ha reconocido la propia ART, los afectados son población de riesgo. En el plenario se resolvió avanzar con aspectos parciales contra el asbesto (retiro de piezas contaminadas, etc.). Sin embargo, frente a nuestra propuesta de avanzar en forma decidida con la difusión y un plan de lucha por la desabestización total y el cambio de flotas, los compañeros de la directiva de AGTSYP se opusieron, planteando el contexto de pandemia, proponiendo en los hechos una gestión paulatina del problema, y poniendo de relieve los avances obtenidos hasta el momento (estudios, inclusión de 1.660 en el listado de trabajadores que la ART les reconoce el Asbesto como agente de riesgo, lavado de ropa en talleres, descontaminación parcial de algunas formaciones, etc.). Los avances y el compromiso referido fueron obtenidos con lucha, y deben ser defendido de la misma manera. Cualquier freno al reclamo contra el asbesto por parte del Gobierno de la Ciudad, en nombre de la emergencia por el Coronavirus, debe ser justamente en nombre de la misma emergencia dado que el asbesto es un agente que potencia los riesgos por el Covid-19. Por ello llamamos a realizar una campaña de denuncia pública y debatir en asambleas y plenarios un plan de lucha para exigir que se cumpla el acta acuerdo, que se resuelva la desabestización integral de talleres, estaciones, túneles, instalaciones fijas y renovación de flotas, y defender el más elemental de nuestros derechos: no morir trabajando. Paritarias: que se indexen los salarios por inflación En el otro punto debatido en el plenario de delegado, la Comisión Directiva de Agtsyp dijo que, en estos momentos, dado las particularidades de la crisis desatada por la pandemia, sería "inconveniente" o "no aconsejable" pedir la reapertura de la discusión paritaria. Los motivos serían "el contexto general de discusión en el mundo laboral de bajas de salarios", sumado a que la empresa concesionaria "redujo notablemente su facturación" debido a la merma del servicio. Todos sabemos que el subte jamás dejó de funcionar durante la cuarentena obligatoria. Pero, además, Metrovías el año pasado anunció ganancias por $721,8 millones, con una suba del 256% contra el año anterior. La empresa no demuestra tener problemas de liquidez. Por ejemplo, cuando abona un plus salarial a los trabajadores que no realizan medidas de fuerza contra el asbesto. Varios delegados rechazaron la posición de la directiva y argumentaron que desde que venció la paritaria, tenemos aproximadamente un 7% de desfasaje con respecto a la inflación (tomando los datos del Indec). Esto cuando la escalada de precios afecta sobre todo a alimentos básicos y productos de higiene y seguridad. Además, el impuesto a las ganancias cercena el poder adquisitivo de numerosos compañeros, con descuentos que llegan al 10% del valor neto del sueldo. Por ello es vital para el conjunto de los trabajadores que reclamemos apertura inmediata de la discusión paritaria, salarios indexados de acuerdo con la inflación, licencias a los grupos de riesgo pagas al 100% en todos los sectores, viáticos extraordinarios (para costear los gastos de traslado en la pandemia) a cargo de la empresa.

Luego de la publicación del artículo "El subsidio ATP y la burguesía 'planera", han llegado a Política Obrera una andanada de denuncias de trabajadores de distintas empresas que inscribieron sus nóminas salariales para el cobro del subsidio, a pesar de no haber sido obligadas a parar por la cuarentena. Además, hemos recibido la denuncia de trabajadores monotributistas, a quienes para cobrar la IFE el gobierno les exige un sinfín de requisitos, contrastando con la facilidad con la que a las grandes patronales y multinacionales les otorgó el ATP. Pero lo más grave de todo, es que los trabajadores que más necesitan del subsidio, los que están en lucha por sus puestos de trabajo, que han estado meses sin cobrar o son parte de cooperativas, directamente han sido dejados afuera por el Gobierno. En ausencia de capitalista a quien rescatar, el ATP no aparece. En la nota anterior registramos que Granja Tres Arroyos, el pulpo avícola, había inscripto a sus trabajadores para que reciban el 50% pagado por el Estado, a pesar de no haber parado su producción por la cuarentena. Así, insistimos, la clase capitalista usurpa recursos que deberían ser destinados a la salud. Pero la avícola de los De Grazia no es el único caso. La gran mayoría de las empresas "esenciales" se apuntó para cobrar: Danone, la fábrica francesa de lácteos, asociada a La Serenísima; la fábrica de cafés y chocolates Bonafide, las clínicas privadas, las farmacias, casi todas las alimenticias (Pollolín, Prodalsa, Alimentos Río Santiago, La Fazenda, etc.). El conjunto de las empresas que siguieron trabajando en la cuarentena -salvo rarísimas excepciones- han recibido el subsidio estatal del 50% de los salarios. Por otro lado, empresas multinacionales que bien podrían absorber el costo del parate de la cuarentena, también se han inscripto para recibir el subsidio estatal. Esta "burguesía planera" se compone entre otros de los grupos Techint -que volvió a despedir en medio del decreto anti-despidos, de los grupos petroleros, del Grupo Madanes (Fate, Aluar, Infa, Futaleufú), del Grupo Clarín-Cablevision, Mc Donald´s, Burger King, y la lista sigue. Basta con que la facturación no haya crecido en abril respecto de marzo para que las empresas ingresen al subsidio. Este "acceso universal" a las patronales -se calcula que se inscribieron 160 mil empresas en todo el país- contrasta con el farragoso trámite que debieron hacer los monotributistas de las categorías Ay B para percibir el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), y fueron rechazados casi la mitad. El IFE de 10 mil pesos contrasta con el subsidio a las empresas de hasta dos salarios mínimos ($33.000). A los monotributistas de las categorías C y D, por otra parte, se les exige que no hayan facturado por encima del mínimo de su categoría -un monto ínfimo- para acceder a un… préstamo. El "seguro universal al parado", reclamado largamente por las organizaciones de desocupados y negado por todos los gobiernos, se otorgó en este caso en forma inmediata, pero para el rescate del capital. Hay más casos. Por ejemplo, de los trabajadores de Fyrsa, en Chubut, que fueron abandonados por los dueños de la fábrica en marzo y que se encuentran ocupando la planta desde hace dos meses. Cómo el empleador no hizo -o hizo de forma irregular- la presentación, los trabajadores que no cobran desde marzo y no recibieron el subsidio ATP. Lo mismo ocurre con los trabajadores de Cereal Tres Arroyos, de Pilar, que están hace más de un año sin cobrar y a quienes el subsidio ATP tampoco les llegó. Aquellos que después de mucho tiempo sin cobrar han conformado cooperativas -con todas las dificultades que conlleva- fueron dejados afuera del subsidio ATP: así los trabajadores de Worldcolor, Canale, Ansabo, Donneley y un gran número de cooperativas que fueron afectadas por la cuarentena, pero sus trabajadores no percibieron el subsidio ATP. Cómo se ve, el subsidio se trata lisa y llanamente de un rescate del Estado al capital. Allí donde los capitalistas han desertado, el subsidio no llega a los trabajadores. Que el Estado destine los recursos extraordinarios para el rescate de las empresas, en vez de a un plan integral de salud para afrontar la pandemia, expone el agotamiento de la clase social que gobierna los destinos de la sociedad. Los trabajadores tenemos que deliberar sobre dónde se destinan los recursos del Estado, y defender un programa que priorice integralmente los intereses de los trabajadores.

El ultimo evento, el contagio de los directivos del hospital Iriarte, es sintomático de la situación del distrito. A uno de los primeros casos de fallecidos en el conurbano por el Virus, el del trabajador de Florencio Varela, que trabajaba en una “importante empresa metalúrgica” de Bernal, cuyo nombre fue y es secreto de estado, pasando por los casos en el frigorífico El Federal, choferes y de Catorinni, se suman los del cuerpo directivo del Hospital Iriarte. Los trabajadores del hospital han reclamado hisopados para todos, sin respuestas. Este hospital, como todos los de la provincia, no tienen en su poder, los elementos necesarios para detectar ni combatir los casos. Mientras Kiciloff paga millones a acreedores de la deuda. El director del Iriarte, que llego aquí hace unos años, es conocido por los trabajadores de hospitales por los que pasó, como un administrador de los ajustes. Las patronales continuaron con la producción en plena cuarentena sin las medidas de seguridad e higiene correspondientes, e inclusive cuando se detectaron casos positivos y sintomáticos de covid-19, constituye un acto de responsabilidad laboral y civil. Ya sea se traten de actividades esenciales o no, la producción industrial en el distrito siguió desarrollándose prácticamente en normalidad. No hay ningún organismo estatal que verifique la aplicación de los protocolos mínimos en los lugares de trabajo. La delegación Quilmes del Ministerio de trabajo se ha transformado en un 0 a la izquierda. En el caso de Catorinni, se trata de un posible foco de propagación hacia todo el conurbano. Sus trabajadores “golondrina”, que van de la vidriera en Quilmes, a Rigolleau en Berazategui (son la misma patronal), dependiendo de las necesidades de producción en cada planta, han sido posibles propagadores del virus entre las plantas industriales y los distritos. Sobre esta crisis sanitaria en una de las fábricas más grandes del distrito, Mayra no ha abierto la boca. Se limitaron a tomar la temperatura en un turno, y que haya jabón en los baños. Ante los reclamos, ahora Catorinni quiere suspender con el 50% del salario. En el frigorífico El Federal, la clausura duró unas semanas y sólo llegó después de la acción obrera, que hizo asambleas y paro en forma auto convocada. Ahora el frigorífico retoma la producción, y continúan violando los convenios y los protocolos sanitarios, contratando gente en negro de los barrios, aprovechando la inexistencia de changas y la exigua asistencia estatal a las barriadas. A la enorme lucha de los trabajadores del Penta, no ofrece ninguna salida. El municipio comandado por Mendoza y la connivencia de toda la oposición política, se revela completamente impotente a la hora de garantizar los derechos obreros, es un garante de los empresarios. El reforzamiento presupuestario, desde Provincia y Nación para Quilmes, está en función de garantizar la continuidad de la producción y de las ganancias capitalistas, no de la preservación de la salud de los trabajadores. La propaganda oficial de la intendencia que dice “El virus no es culpa de nadie, cuidarnos es tarea de todos y todas” omite y es cómplice de los que conscientemente obligan a los trabajadores a exponerse al contagio. Los barrios populares de Quilmes, dormitorios obreros, están bajo la amenaza de una propagación exponencial de la pandemia, por la irresponsabilidad y avaricia capitalistas. Al “ahorro” patronal en las medidas de higiene por el virus, se suman los descuentos en los salarios, y la llegada de enormes subsidios estatales a las patronales. Es decir, la epidemia pretende ser transformada por la clase capitalista en una escena de salvataje enorme, con el gobierno de garante del uso de los recursos estatales. Como contrapartida, el interés obrero es la salud de toda la población toda. Han Sido los trabajadores que fueron imponiendo medidas sanitarias en fábricas y empresas en nuestro distrito también. Desde los trabajadores de Carrefour hasta el personal de los hospitales. La masacre social que prepara Mendoza, de la mano con Kicillof, va a tener el freno de los trabajadores y su enorme experiencia de lucha. La ocupación de KC el año pasado, los también papeleros de Ansabo que ocupan hace casi un año, los metalúrgicos que se movilizaron en diciembre de 2017 para parar la reforma jubilatorios, los docentes y estatales combativos son testigos de esto. Dé la mano de la organización y la luchas como en las ocupaciones de BedTime, el Sutna, la gráfica Morvillo, los trabajadores de UTA que paran por su salario, y la gran lucha del Penta en defensa de los puestos de trabajo y la organización sindical, los trabajadores debemos unir las luchas y discutir esa unidad, dotarla de un programa, en función de la salud y la salida para todos. Los trabajadores deben exigir los controles sanitarios correspondientes en cada lugar de trabajo, y la inmediata paralización de las tareas en cada establecimiento donde se detecten casos positivos, con la garantía del pago íntegro de los salarios, condiciones y continuidad laborales.

Los trabajadores de la planta de procesamiento de pescado de la localidad chubutense de Rawson, FYR Sociedad Anónima, se encuentran ocupando la planta desde hace dos meses, en respuesta a la falta de pago del salario y distintos adicionales, desde la segunda quincena de febrero. La planta ha dejado de producir el 17 de marzo; cinco días después, fue ocupada por sus trabajadores -en lo que constituyó la primera toma de la cuarentena. FYR S. A. emplea en total unos 260 trabajadores; 180 efectivos y 80 en negro. Cómo la ocupación de la planta fue previa a la cuarentena dictada por el Gobierno, los trabajadores que habitan en la vecina localidad de Trelew, impedidos de trasladarse hasta la planta, han ocupado también el depósito que la firma utiliza en esa localidad y han desenvuelto una lucha sobre la Intendencia vecina. Aún en medio de la pandemia, los trabajadores de FYR S. A., afiliados al Sindicato de la Alimentación, han encontrado los medios para una contundente respuesta obrera a los atropellos patronales. Los trabajadores no percibieron, en los dos meses de ocupación, más que un bono de $3.000 del gobierno provincial y una de las quincenas adeudadas, pero sin los premios ni los adicionales. El subsidio ATP, que sí se utilizó para pagar salarios de multinacionales e incluso de algunas empresas que no pararon por la cuarentena, no fue percibido por los trabajadores de FYR S. A. Todo indica que los obreros del pescado no han cobrado porque los dueños -uno de ellos, reconocido médico de Puerto Madryn- ni siquiera los inscribieron o porque la nómina salarial presentada por la empresa exhibía demasiadas irregularidades. Los trabajadores más necesitados, que están hace meses sin cobrar, sean dejados afuera del subsidio ATP El pago inmediato del ATP a los trabajadores de FYR S. A. debe ser una bandera levantada por todos los trabajadores de Rawson. El Gobierno provincial de Arcioni le planteó en distintas audiencias a los trabajadores, representados por el STIA Chubutense, la posibilidad de la expropiación en favor de una cooperativa, sin decir cuando cobrarán lo que se les debe. Lo que se necesita es que se paguen los sueldos adeudados y se preserve la continuidad de todos los puestos de trabajo, incluido el blanqueo del personal en negro. Mientras el pueblo de Chubut afronta una crisis económica, sanitaria y alimentaria sin precedentes, en las cámaras frigoríficas de FYR S.A. se mantienen -por ahora- 9 toneladas de pescado variado. El gobierno provincial debería proceder a la inmediata incautación de ese alimento, a su distribución gratuita entre todos los comedores de la provincia y al otorgamiento de un subsidio equivalente al salario a los trabajadores hasta que se resuelva la quiebra de FYR S. A. La ocupación de esta empresa expresa una fuerte tendencia a la lucha que se expresa en todo el STIA y en particular en la rama pesca. Hace pocos días, los trabajadores de Pespasa en Puerto Deseado, Santa Cruz, convocaron, junto a delegados de otras plantas, a un piquete contra la reducción salarial, y triunfaron. Poco tiempo antes, los trabajadores de Red Chamber, la Ex Alpesca, llevaron adelante bloqueos en el Parque Industrial de Puerto Madryn en defensa del salario. Esta tendencia profunda que recorre a los trabajadores de la Alimentación choca de lleno con la conducta conciliadora y propatronal de las conducciones del STIA, y plantea objetivamente la necesidad de poner en pie una nueva dirección para nuestro sindicato. Trabajadores de la pesquera han convocado a una movilización en común con los trabajadores de Sedamil -planta textil ocupada con un proceso similar al de FYR S. A.-, junto a trabajadores estatales que vienen de protagonizar hace pocos meses la rebelión popular contra Arcioni. El pueblo rebelado de la provincia es un aliado estratégico de la ocupación. La defensa del salario y de los puestos de FYR S. A. tienen ahí una gran perspectiva para su lucha.

Entre el 14 y el 18 de mayo se confirmaron dos casos de covid-19 en el ferrocarril Roca. Los infectados son un tercerizado en Plaza Constitución y un obrero en los Talleres Escalada. Esto sucede en Avellaneda, a 60 días desde inicio de la cuarentena. Los trabajadores ferroviarios denuncian que escasea alcohol en gel y otros elementos de protección. Un obrero afiebrado fue al médico el 14 de mayo para un hisopado. Los resultados estarían recién el día18. Alertado de esto, el personal de Evasión decidió abandonar tareas hasta conocer el estado de salud del compañero. Esto indica una tensión entre los obreros, que ante una señal de peligro abandonan el lugar. Los resultados del test llegaron el viernes: dio negativo y el equipo de Evasión volvió a trabajar el sábado. En los talleres de Remedios de Escalada trabajan 600 obreros en diferentes secciones -Electro, Refrigeración, Mecánicos, Buggies, Tornería, Soldadura, Tapicería, Artesanos, Vía y Obra, etc. Las “naves” donde trabajan son tinglados abiertos a los que hace muchos años les quitaron los pisos de adoquines de madera, reemplazados por cemento alisado que lo único que mantiene es el frio invernal. El 14 de mayo, un tornero de los talleres fue diagnosticado como portador de Coronavirus, era un asintomático que concurrió a una clínica de Monte Grande por un dolor estomacal y por medio del laboratorio le detectaron covid19. Durante el fin de semana se fumigaron sectores de los talleres, que no convencieron de su efectividad a los obreros. El día 18, desde primera hora, los delegados de la UF de los talleres, orientados por la jefatura, azuzaban a los trabajadores “sigamos… ya fumigaron”, mientras los obreros comentaban a viva voz “esto no es una fumigación”, “es una vergüenza, si seguimos sumisos nos pasan a degüello”. Los delegados verdes fueron bien lejos en su colaboracionismo: “Siga…siga, vamos sigan laburando no pasa nada, el que se contagia se contagia hay que seguir laburando”. La política patronal donde la seguridad del laburante no tiene ninguna medida que ponga freno a los contagios, la pagaremos cara los trabajadores con secuelas en el aparato respiratorio de quienes contraigan el virus, o directamente con la vida. Está más vigente que nunca el protocolo que impulsamos los ferroviarios del PO Tendencia, aprobado por compañeros de los ferrocarriles San Martín, Sarmiento, Belgrano y Roca, en el que se plantea, entre otras cosas, las seis horas de trabajo por insalubridad, toma de temperatura a distancia a la entrada y salida del trabajo, guardia médica en los talleres, elementos de protección y aseo personal, licencia para cuidar a hijos o adultos mayores, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar de $70.000 y el ingreso a planta de un tercer turno.

Emilio Lamas fue sacerdote en los años ´90 en la parroquia de Rosario de Lerma, una localidad ubicada casi 40 kilómetros de la Ciudad de Salta. En 2018, Juan Carlos García y Carla Morales Ríos lo denunciaron penalmente por el cargo de abuso sexual. Hace unas semanas, Juan Carlos era notificado de que la defensa del cura había planteado la prescripción de la causa, luego de años de lucha para conseguir justicia. Hablamos con él. Contanos quién es Emilio Lamas. Juan: Emilio Lamas fue el cura párroco de la parroquia de Nuestra Señora Virgen del Rosario, en los años 90, después que murió el padre Néstor Ojeda. Emilio Lamas llegó al pueblo de Rosario de Lerma como un sacerdote joven, carismático, innovador, cambiando la estructura tradicional, y eso impactó en la población que veía un cura que salía, hacia deportes, que era como la gente común. Conquistó a la gente y era muy querido. Entonces ¿quién te iba a creer de sus delitos cometidos? En los años 90 era difícil denunciar al sacerdote o a la iglesia porque estaban idolatrados. Emilio Lamas se mostraba una cosa ante la iglesia y en su vida privada tenía una perversidad y maldad que dañó mi vida. Este Emilio Lamas es el que me destruyó, que me hirió y por eso hoy en día lucho para que se sepa la verdad. ¿Cuándo denunciaste a Lamas por primera vez? Juan: Me animé a denunciarlo desde el momento que tuve un brote psicológico. Lloraba para desahogar, gritaba por la terrible situación. Hablé con una amiga que me dijo: "Tenés que denunciarlo". Le respondí que era muy difícil porque habían pasado muchos años y los curas siempre están protegidos. Ella me convenció de que no siempre es así. Primero lo denuncié ante la iglesia para el juicio eclesiástico, que quedaba bajo secreto pontificio. En el 2017 hice la denuncia civil ante la justicia, que no hizo nada hasta octubre del 2018, cuando decidí hacerla pública. Semana después, la justicia citó a declarar a Lamas. A la siguiente semana, la iglesia le quita el estado clerical. Todo fue rápido porque se hizo mediático a nivel nacional. Luego, ¿cómo avanzó la causa y qué repercusiones tuvo? Juan: Fue increíble, para Salta, ya que en dos semanas tomó estado público, me hicieron los controles en el Centro de Investigaciones Fiscales y, al mes, el peritaje psicológico. A fines del 2018 se hizo la inspección ocular en la iglesia del paraje Alfarcito, lugar donde sucedieron las violaciones. En una conferencia que hicimos en Rosario de Lerma, la madre de Carla Morales se acercó a la misma a denunciar que su hija también había sido abusada por Lamas. Fue así como Carla volvió a Salta y avanzamos con la denuncia. Todo avanzaba, la fecha del juicio, los testimonios, los peritajes, todo iba marchando para el juicio. La repercusión fue muy buena, pero al mismo tiempo fue muy triste porque tuve que exponer mi cara y eso me costó mucho. Fue un castigo que los vecinos me cuestionaran por qué nos lo denuncié en ese momento, otros me decían que lo hacía por plata. Amigos se alejaron, perdí el trabajo, quebré económicamente y fui muy golpeado. Agradezco al Partido Obrero de Rosario de Lerma y a las Mujeres Organizadas que estuvieron en las marchas, aun cuando el pueblo no me acompañe. Tuve mucho apoyo de los medios de todo el país y de periodistas como Silvia Noviasky y Diego Rojas. Eso me motivaba para seguir la lucha. Es un proceso muy duro para las víctimas, por eso es que cuento esta experiencia para que a nadie le pase. Para enfrentar esta realidad hay que poner la cara y eso es un paso muy difícil, pero hay otras formas de luchar sin poner la cara. Admiro a Carla que se puso a la par a dar esta difícil lucha para ir hacia adelante. Sentirme acompañado me puso firme en esta pelea. He conocido muchos sobrevivientes de abusos eclesiástico de otras provincias. Esto me llevó a fundar la Red de Abusos Eclesiástico en Salta. Para los sobrevivientes es difícil denunciar, pero si nos organizamos con las demás víctimas quizás el golpe sea menos duro. A fines de abril la Corte de Justicia suspende el juicio programado para mayo ¿Significa que la causa va a prescribir? Juan: Lo que entiendo del abogado, la prescripción significa que la causa tiene muchos años, 27 años, y que ya pasó el tiempo. Prescribir la causa es hacer caer la lucha y todo lo que conquistamos con la pelea. Por eso nos enciende para defender lo que conquistamos. Ellos dicen que me quedo callado. Esto no es así. En los años 90 hice la denuncia ante la jueza de menores, Bustos Ralle. Esta jueza se reunió conmigo el año pasado, cuando esto se hizo mediático, y me dijo que ya se estaba por jubilar diciendo "yo esto lo pasé al juez Garbarino", exculpándose. Esta jueza intentó culpar a mi viejo diciendo que él no quiso denunciar. Mi viejo era un hombre laburador que casi no estaba en casa porque se iba Olacapato a trabajar en el ferrocarril o cuando había tapadas por la nieve. Mi vieja era una analfabeta, miedosa, una mujer de campo que cuidaba ovejas. Nadie conocía el contexto de mi familia. Mi padre tomaba alcohol, se enojaba, golpeaba a mi madre y éramos siete hermanos. Fueron tiempos difíciles para mis padres aun así enseñamos a nuestros hermanos a amarlos. Es difícil la vida. Que ahora la causa caiga después de muchas luchas, del dolor, de caer en el alcohol por las heridas y la violación que sufrí por parte de este sacerdote y que siempre fue impune, es mantener esa impunidad. Vuelven a encubrirlo con esa soberbia que siempre tuvo cuando me decía: "quien te va a creer a vos". Pero esta impunidad me lleva a estar más firme para seguir la lucha y exigir justicia. Queremos juicio. El tiempo de las víctimas hay que respetarlas. Voy a recurrir a todas las formas jurídicas para que no caiga la causa, como el Amicus Curiae y normas contra la prescripción. Hemos presentado adhesiones de distintas organizaciones. Queremos que se llegue a juicios para que no haya más víctimas. Estoy seguro de que hay muchas otras personas que aún no se animan a hablar. La causa no tiene que caer, yo denuncié, pido justicia, el cura cometió un gran delito contra mi vida cuando era adolescentes, fuimos cinco víctimas en Rosario de Lerma. Hemos expuestos nuestras vidas y la justicia no tiene derecho a no tomar en cuenta lo que estamos pidiendo, que no prescriba la causa. Si nuestra causa avanza, muchos otros se animarán a denunciar. ¿Algo que quieras decirle a la comunidad de Rosario de Lerma y de la provincia? Juan: Que acompañen si ven a un joven que pide justicia por haber sido violado, eso quería en mis tiempos. Que escuchen y nos den tiempo. Estoy estancado en aquellos años, aunque trato de ser fuerte y de ser feliz. Quiero este juicio, que Emilio Lamas vea a este hombre que va a sostener la mirada firme y que ya no soy el adolescente a quien el violo. Pido justicia y que la comunidad nos acompañe en esta lucha para que cada niño víctima se anime a denunciar. Hemos iniciado una lucha muy importante, espero que podamos seguirla para que terminen los abusos. Sueño con que salgamos a las calles en mi pueblo para lograr justicia y comenzar una nueva etapa.

Los contagios se han multiplicado en la ciudad Buenos Aires, ya suman 200 por día. El ministro de Salud, Quiróz, “aseguró que toda la infraestructura de Salud de la Ciudad está preparada para cuando llegue el peor momento: ‘Lo fortalecimos y lo pensamos para algo mayor a lo que podríamos vivir. Tenemos muchas camas disponibles con recursos humanos y tecnología. Tenemos estimado que, en la Ciudad, en el peor momento vamos a tener cerca de 800 a 1.000 casos por día’” (Clarín, 19.5) En el hospital Durand, sin embargo, sus trabajadores afirman que ya no hay espacio para pacientes y reclaman mayor personal de enfermería. Los camisones de calidad se reclaman en todos los hospitales. Esta semana los trabajadores del Garrahan han realizado un aplausazo al interior del hospital para que se les entreguen los EPP. “Yo no quiero que me hagan el test para ver si estoy contagiado, quiero que hagan lo que hay que hacer para evitar que me contagie, yo no quiero que me manden un psicólogo cuando esté quebrado, quiero que se haga lo que se tiene q hacer para no llegar a quebrarme”, declaraba el secretario general de médicos municipales del hospital Santojanni a los medios, luego de una asamblea en la puerta del hospital para reclamar faltante de insumos. “Esto que hicieron es abandono de persona, quiero al director del hospital acá”. Estalla la sala de pediatría del hospital Ramos. La madre de un niño de cinco años es notificada de que el resultado del hisopado de su hijo es positivo. En la sala ahora todos podrían estar contagiados. Llegan los micros cargados de casos al hospital y entran en crisis los protocolos. No alcanza el personal y el hacinamiento de las villas se traslada a las salas de los hospitales. Los trabajadores denuncian que no hubo directivas para poder afrontar el nuevo panorama. Los hechos desmienten al ministro Quiróz. No son suficientes las camas, ni los insumos, ni el personal. El hacinamiento y las condiciones precarias de vida de las villas de la Ciudad se han trasladado a los hospitales literalmente. El colapso de la estructura sanitaria es denunciado por los trabajadores, quienes ven crecer el índice de contagio entre sus pares. Las autoridades de los hospitales cierran la puerta de sus despechos desoyendo a los que están en la primera línea. En este cuadro, la movilización de los trabajadores en defensa propia será una necesidad viva en cuestión de horas. Es urgente la convocatoria a asambleas en todos los hospitales para votar delegados de comités de crisis. Exigir a las autoridades y al gobierno protocolos, insumos de máxima calidad y la incorporación masiva de personal. Es fundamental la disposición de salas determinadas para los casos que llegan y una reorganización total de los hospitales con una coordinación de los servicios y turnos.

El agravamiento en las condiciones de vida de la población sumado a la explosión de casos en las villas de la ciudad muestra que las necesidades en las barriadas populares son urgentes. Los comedores, merenderos y puntos de distribución de mercadería en el barrio de La Boca se encuentran abarrotados. Las colas por un plato de comida tanto sean en la Parroquia San Juan Bautista o en las diferentes organizaciones sociales que dan asistencia son de hasta 200 metros. Con el riesgo que implica estar horas y horas haciendo cola en la calle por un plato de comida o un bolsón cuando la ola de contagios se esparce con más fuerza. Es en esta situación que el gobierno prácticamente cortó la asistencia alimentaria a cientos de familias. Bajo la excusa de los sobreprecios y de que las empresas no quieren vender al Estado, decenas de comedores, organizaciones y cientos de familias enfrentan el recrudecimiento de la pandemia sin asistencia y sin un horizonte de solución. El gobierno de la ciudad y el IVC no dieron respuesta y la Defensoría simplemente cerró sus puertas. La situación llevó también al no pago de alquileres y ahora al incremento de las amenazas de desalojo, situaciones violentas dentro de conventillos incluso con la vuelta de los incendios. Los recortes salariales de los trabajadores formalizados, el corte del trabajo en negro, de ferias y changas redujo los ingresos de grandes capas del barrio. Una campaña hacia todo el barrio La asamblea de la Tendencia del Polo Obrero de La Boca aprobó lanzar una campaña solidaria para hacer frente al hambre y poder cuidar la salud de las familias trabajadoras del barrio. Para ayudar a aquellos compañeros de la asamblea que se encuentran en situación de urgencia y ampliando solidariamente hacia los cientos de familias que fueron ignoradas y no recibieron nada. Inmediatamente la asamblea realizó una primera compra de aceite, harina, fideos y arroz con los fondos recaudados con sus propias actividades. Sumado a esto se llevó la campaña de donaciones a comercios, carnicerías, verdulerías y al conjunto de los vecinos que fueron muy receptivos a la iniciativa. Los aportes tanto en dinero o productos y mercadería crecen día a día. Es que no hay mucho que explicar, todos en el barrio saben que la solidaridad entre trabajadores, comerciantes y vecinos es lo que está sosteniendo a innumerables familias. Nuestra campaña se coloca como continuidad de un verdadero movimiento solidario a cargo de los trabajadores que se desarrolla en el barrio. Como los cientos de ollas populares que se levantaron en todo el país en donde la Tendencia del Polo Obrero participa activamente. Que el Estado asigne los recursos Luchamos para que el Estado asigne los recursos necesarios de manera inmediata, sabiendo que no hay una política de parte del gobierno para garantizar la cuarentena y el aislamiento. La campaña solidaria es parte de una agitación con un programa para sostener la cuarentena y defender la salud que abre debates profundos. Profundicemos este rumbo poniendo en pie un comité barrial, con todos los reclamos para el cumplimiento de la cuarentena. Testeos masivos sin demoras en cada sector y asentamiento donde irrumpa el virus. Por la asistencia con alimentos y productos de higiene sin discriminaciones para todas las familias.

Desde hace varias semanas, estamos impulsando la organización de los trabajadores del sector farmacéutico, oficinal como hospitalario. El domingo 17 de mayo realizamos la primera asamblea de Tribuna de Salud-Farmacia, con la participación de Julián Asiner, residente del Hospital Tornú. Los trabajadores A pesar de ser un rubro esencial y de que nunca cerró sus puertas, muchos trabajadores del sector recibieron su último pago de haberes con un descuento del 50 %, y la otra mitad les fue abonada por Anses, mediante los ATP. Otros recibieron su sueldo en cuotas o fueron obligados a firmar una licencia sin goce de sueldo (ficticia) y pasaron a cobrar en negro. En cuanto a las paritarias, en el sector de Sanidad están directamente frizadas porque, según la CGT, “no es momento” de pelear por paritarias en el contexto de la pandemia. Entre los trabajadores de farmacias oficinales, la burocracia sindical de Adef mantiene silencio. A nivel hospitalario, muchos trabajadores están precarizados bajo el sistema de contratos, y los concurrentes de farmacia trabajan sin sueldo, sin obra social y sin ART. Muchos trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo o con menores a cargo, tienen dificultades para hacer respetar sus licencias durante la cuarentena. En cuanto a las normas de bioseguridad, hay disparidad. En la mayoría de los lugares donde se consiguió que las empresas aporten elementos de protección personal a sus empleados, pero fue debido a la lucha y al reclamo de los trabajadores. Algunas farmacias, al día de la fecha solo cuentan como única protección con el barbijo obligatorio. Se planteó la necesidad de testear masivamente a todos los trabajadores de salud de forma prioritaria. Debemos fomentar las organizaciones de los trabajadores, y la creación de coordinadoras de todo el sector de salud. Los ex trabajadores del laboratorio Roux Ocefa lograron, con tomas de la fábrica, el reconocimiento de la primera industria farmacéutica recuperada por sus trabajadores, a nivel mundial, bajo el nombre de Farmacoop. Esta fábrica recuperada se encargará de fabricar el primer kit rápido para la detección de antígeno de Covid-19. Apoyamos y nos solidarizamos con todos los despedidos de la industria farmacéutica de los últimos años, como en Novartis, Sanofi Aventis, Elea (con su revés judicial), Klonal, Craveri, etc. Nos pronunciamos por el retiro inmediato de la sanción al camillero Daniel Iribarren del Hospital de Clínicas, represaliado por haber denunciado públicamente la falta de EPP, de personal e infraestructura del hospital. Otro problema importante es que la enfermedad por Covid-19 es una enfermedad profesional no listada (así lo decretó el DNU presidencial) y eso podría traernos serias dificultades para que las ART la cubran a los trabajadores de farmacias oficinales. Debemos luchar para que sea incluida dentro de las enfermedades laborales listadas para nuestro sector. Otra inquietud para los farmacéuticos que trabajan como directores técnicos en provincia de Bs As, es la ley de sociedad comandita simple (SCS). En provincia de Buenos Aires, el dueño de las farmacias privadas debe ser farmacéutico. Si un capitalista quiere abrir una farmacia particular, debe tomar como socio a un profesional, bajo la forma de SCS. Ese profesional es un empleado, pero legalmente es solidariamente responsable en caso de un juicio y debe responder con sus bienes personales, aunque de verdad solo sea un asalariado. Es hora ya de rever esta ley que ha perjudicado a tantos profesionales. Es hora de actuar La pandemia por un lado ha puesto de manifiesto un montón de irregularidades en el sector, pero también ha permitido que los trabajadores de salud estén en la vanguardia de las luchas del momento. No podemos quedar fuera de esta oportunidad, de empezar a agruparnos, debatir y organizarnos. Consideramos que debemos convocar a nuevas reuniones, asambleas, aprovechar al máximo la tecnología que nos permite desarrollar espacios de diálogo a distancia con compañeros de todo el país para luchar por nuestros derechos. La organización de los trabajadores de farmacia es clave para neutralizar los ataques patronales, conseguir una verdadera representación de los trabajadores y recuperar nuestro sindicato para convertirlo en una poderosa herramienta de lucha por nuestros reclamos.

El PSTU se ha tomado el trabajo de comentar una parte de nuestro artículo “La izquierda (democratizante) y ´los militares´, una breve historia”, y prometen continuar la polémica en una próxima entrega. Nuestro polemista asegura que el artículo de marras es un compendio de “calumnias y tergiversaciones”, al punto de calificarnos como discípulos de Stalin y “Goebels (sic), el ministro de propaganda nazi”. A Jorge Altamira, le atribuye “una trayectoria de capitulaciones de las que nunca se autocriticó”, a diferencia de “Nahuel Moreno (que) se autocriticó numerosas veces en su vida y no tuvo problema en reconocer sus errores y así nos educó”. En fin. Luego de dedicarnos estos y otros insultos, el autor anuncia que va a reestablecer la verdad sobre “la política del morenismo frente al GAN y el regreso de Perón”. El compañero rechaza nuestro aserto de que la línea de Moreno hubiera servido a reforzar las ilusiones en Perón que aún existían entre las masas. Como prueba de ello, nos enrostra una ampliación de la tapa de Avanzada Socialista N°37 (8/11/72), que llevaba por título “¿Para qué viene Perón? Ojalá (SIC) sea para imponer candidatos obreros luchadores y no para pactar con la oligarquía”. OJALÁ el compañero entienda lo que escribe. “El artículo, escrito en tono de diálogo con la amplísima masa peronista, precisa: ´La pregunta que corresponde hacer es si el retorno se produce para ayudar a los trabajadores o si es para abrazarse con los explotadores y acordar con el gobierno militar una salida política. Desgraciadamente, todo indica que ocurrirá esta segunda variante´”. Ese artículo concluía convocando a exigirle a Perón “plan de lucha y 80% de candidatos obreros”. Esta sería la tónica de la agitación del morenismo (ver Avanzada Socialista N°38, 15/11/72, y N°39, 22/11/72) en la víspera del retorno de Perón a la Argentina, que tuvo su bautismo de fuego en la masacre de Ezeiza. Lejos de una autocrítica, Moreno se repite. Dos semanas antes del golpe de la Libertadora, Moreno llamaba a aceptar la renuncia que presentó Perón en el Congreso el 31 de agosto de 1955, para que sea reemplazado por un Presidente obrero –“Por la elección de un senador de la CGT para el cargo de presidente en caso de aceptarse la renuncia de Perón” (La Verdad, órgano de la corriente morenista en el PSRN, citado en “Historia del trotskismo en Argentina”, de Osvaldo Coggiola). En lugar del ‘obrero’ vinieron Lonardi y Rojas. “Desgraciadamente”. La orientación de Política Obrera -más tarde, Partido Obrero- fue otra, completamente distinta. “Desde el mismo mes de setiembre de 1955, cuando el golpe gorila se impuso contra una clase obrera cuya dirección sindical y Perón se negaron a armar y movilizar, los trotskistas revolucionarios pronosticamos que el retorno de Perón solo habría de ser posible como resultado de una victoria real de las masas, por medio de sus combates, contra el régimen de los gobiernos gorilas y también que, frente a tales circunstancias. Perón regresaría al país, no para liquidar definitivamente a la reacción antiobrera sino para impedir que las masas concreten su victoria en un nuevo régimen gubernamental, el gobierno obrero. El pronóstico de los trotskistas se ha cumplido al pie de la letra” (Política Obrera N°134, 10/11/72). Continúa: “Perón no viene al país a la cabeza de la movilización obrera. El Estado mayor del operativo retorno lo constituyen un grupo de traidores, agentes de la patronal y el imperialismo, como lo es, indudablemente, la famosa burocracia. Lejos de apoyarse en la lucha directa de los trabajadores, Perón se esforzó, en los dos últimos años, por hacer cumplir contra viento y marea su orden de ´tregua´ para las organizaciones obreras, ante la agresión política y económica de la dictadura militar. La operación del retorno ha sido puesta bajo el control de las fuerzas armadas y sus características son conocidas y avaladas por todos los grupos imperialistas comprometidos en el asunto: el fascista Franco, el gobierno italiano, el Papa y el ejército argentino, en definitiva, el imperialismo yanqui” (ídem). Esta larga cita no menciona que el ‘operativo retorno’ fue piloteado por la Logia P2, en la que revistaba el futuro triunviro militar Massera. El propósito del operativo antiobrero en torno al regreso de Perón al país tenía por objeto detener el ascenso obrero iniciado con el Cordobazo, de características prerrevolucionarias. El contraste entre esta denuncia y las reiteradas invocaciones de Moreno a que Perón (“¡ojalá!”) designe “80% candidatos obreros” y convoque a “un plan de lucha”, debería dar lugar a una reflexión, no a un arranque de histeria, de parte de los compañeros del PSTU. La franela morenista (el “tono de diálogo” al cual refiere nuestro polemista) refleja, en realidad, una línea de seguidismo a las presiones políticas del momento -el “entrismo” al peronismo con Palabra Obrera a finales de los años 50, el coqueteo con el foquismo en los 60, el travestismo democratizante y la identificación con el “socialismo” de François Mitterrand a principios de los 80. En definitiva, el oportunismo más abyecto. El morenismo y el GAN El compañero del PSTU reivindica como un acierto que “descartada la caída de la dictadura por la vía insurreccional por la crisis de dirección del movimiento obrero, Moreno caracterizó, contra el resto de la izquierda, que la dictadura se vería obligada a dar elecciones y que las masas irían masivamente a votar”. Tres años más tarde, satisfecho por este acierto, Moreno repitió que Isabel no sería derrocada por una insurrección, ni por un golpe, y cuando esto fue desmentido por el ascenso de la dictadura, caracterizó que llamaría a elecciones y que el pueblo, suponemos, de nuevo iría a votar. Mantuvo a su partido -el PST- en una legalidad que no existía, a un costo elevado, si no enorme. La conclusión es que el morenismo fue a las elecciones de 1973 en clave electorera, no en clave revolucionaria. El “Gran Acuerdo Nacional” (GAN) no fue, precisamente, un operativo democrático, aunque convocara a elecciones. Como nuestro artículo es una refutación del presunto anti-militarismo, en cuarentena, del morenismo, recordar lo que llamaban ‘democrático’ en los 70 es, sin duda, oportuno. El GAN en ningún punto contemplaba la depuración de las FFAA gorilas, que habían gobernado de un modo u otro desde 1955, de modo que quienes no quieren ver milicos en la cuarentena, no se molestaban por su continuidad política en los 70 – con las consecuencias conocidas. El retorno de Perón no tenía un propósito democrático sino cortar la tendencia insurreccional que se había manifestado a partir del cordobazo. El apoyo del morenismo a este proceso “institucionalizador” se justificaría, según el PST, por el “acierto” de haber “descartado la caída de la dictadura por la vía insurreccional”. La convocatoria electoral de 1973, el golpe de Perón-Perón-López Rega contra Cámpora y el golpe militar de 1976, fueron hitos de una etapa signada por crisis políticas sin precedentes y por la Triple A. La lucha contra la Triple A y el golpe El PSTU asegura que “es falso que el PST haya suscrito el ´bloque de los 8´”. Ese bloque estaba encabezado por la UCR de Ricardo Balbín, el PC, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista Popular y otros partidos de la burguesía. La mayoría de estos “baluartes de la democracia”, tiempo después, apoyaría el golpe videliano. El 22 de marzo de 1974, a raíz del “Navarrazo” -el golpe policial que desplazó al gobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, cercano a la JP-, el “bloque de los 8” publicó una solicitada donde se planteaba “no ahorrar actitudes y esfuerzos para mantener y consolidar el proceso de institucionalización del país, en el régimen de la democracia y en la práctica de la convivencia y el diálogo constructivo”. Afirma el compañero que “el bloque nunca funcionó como tal, sino que se limitó a un par de entrevistas con el gobierno nacional (tres en dos años)”. “Participar de esas entrevistas -reivindica nuestro polemista- no nos obligaba a nada y fueron utilizadas por el PST como una tribuna de agitación de las posiciones obreras y socialistas y de denuncia implacable del capitalismo y del gobierno peronista”. Las ‘obligaciones” de cada uno son un asunto privado, pero cuando un bloque va en conjunto a reunirse con un gobierno, asume un compromiso político, sin que importe lo que después se sienta ‘obligado’ a cumplir. Recién en junio, Avanzada Socialista ofrecería una coartada para semejante entrevista – “Nuestro partido propuso una serie de cambios que fueron parcialmente aceptados. Nuestra redacción creyó en el momento de cerrar nuestra edición, que el documento llevaba la firma del Partido Socialista de los Trabajadores. En realidad, no había sido firmado por subsistir todavía diferencias” (Avanzada Socialista, 26/6/74, citado por el compañero). El “error de nuestra redacción” es una operación de encubrimiento, no una autocrítica. “Si tal peligro [de golpe fascista o bonapartista] no existe, agitar el espantajo del golpe reaccionario sólo sirve para confundir a la clase. Pero si tal peligro existe, habrá que buscar en el nivel de conciencia de la clase cuál es la consigna para movilizarla. (…) Si la inmensa mayoría de la clase aún no es consciente de la putrefacción de la democracia burguesa, si aún confía en ella, la consigna para movilizarla sólo puede ser la defensa de ese régimen (pese a su carácter burgués) frente a un régimen totalitario. En esencia es la política de los bolcheviques frente al golpe contrarrevolucionario del general Kornilov”. No es lo que sostuvo Lenin, quien después de todo participó en esas jornadas – no hemos apoyado al régimen de Kerensky, ni cuando luchamos contra Kornilov, como veremos en seguida. Después de insultarnos de arriba abajo, el PSTU confirma que la política del morenismo -“descartada la insurrección” y dado que “las masas fueron masivamente a votar al peronismo”, quintaesencia del acierto de Nahuel Moreno, según nos explicaba más arriba el compañero- la conclusión es que la consigna para movilizar a las masas contra el golpismo fascista es… ¡por la defensa de la democracia burguesa! Exactamente la política que criticamos en nuestro artículo y que enfureció a los camaradas del PSTU. El “bloque de los 8” fue la comparsa “democrática” del régimen que propició el Navarrazo, la Triple A, el Rodrigazo, la Ley Asociaciones Profesionales y el decreto de “aniquilamiento de la subversión”. Dicho esto, hay que apartar del lodo a los bolcheviques. No es cierto que la defensa del régimen burgués fuera “la esencia” (sic) de su política contra el golpe de Kornilov. Se trata de una tergiversación completa de la política bolchevique. Frente al golpe del general ruso, Lenin resumía su táctica de este modo: “La sublevación de Kornilov representa un viraje de los acontecimientos en un extremo inesperado (inesperado por el momento y por la forma) e increíblemente brusco. Como todo viraje brusco exige una revisión y un cambio de táctica. Y como toda, revisión, con esta hay que ser muy prudente para no caer en una falta de principios... Nosotros no debemos apoyar a Kerensky ni siquiera ahora. Es una falta de principios. Preguntarán: ¿es posible que no haya que luchar contra Kornilov?¡Por cierto que sí! Pero no es lo mismo, hay un límite; y ese límite los trasponen algunos bolcheviques cayendo en una ´posición conciliadora´, dejándose arrastrar por la corriente de los acontecimientos. Vamos a combatir y combatimos a Kornilov, como lo hacen las tropas de Kerensky, pero nosotros no apoyamos a Kerensky, sino que desenmascaramos su debilidad, ésa es la diferencia” (Carta de V.I. Lenin al Comité Central del POSDR, 30 de agosto (12 de septiembre) de 1917). En lugar de mentir y tergiversar, sería mejor que el PSTU elija la autocrítica, pero no la que endilga a Moreno. Por otro lado, es lógico que Moreno no ejerciera la autocrítica, porque si alguna vez hubiera denunciado haberse convertido en lugarteniente autodesignado de Perón (“bajo la disciplina del General Perón y del Consejo Superior Peronista”, rezaba la portada de Palabra Obrera), se habría visto obligado a disolver su corriente.

Algunos diarios recordaron esta semana que se cumplía un año desde que CFK designó a Alberto Fernández como candidato a Presidente, abriendo el camino, según un consenso bastante generalizado, a la victoria electoral del FdeT en el siguiente mes de octubre. A partir de entonces muchos adversarios de la actual Vicepresidenta la entronizaron como una genia política. El recurso a lugares comunes de este tipo ha bloqueado hasta ahora una caracterización adecuada de una de las transiciones políticas más complicadas de la historia de un país que ha atravesado transiciones políticas muy complejas, al menos desde 1912, cuando la ley Sáenz Peña cerró el ciclo de gobiernos conservadores y abrió el camino a la UCR y a Hipólito Yrigoyen. Este señalamiento no debe entenderse como un relegamiento de la transición política posterior al rosismo, que pondrá fin al enfrentamiento entre unitarios y federales, o de la que se desenvolvió entre Mayo de 1810 y la consagración de Rosas. Una característica de las transiciones históricas de Argentina es que inauguran etapas políticas nuevas, aunque dejando la impresión de que siempre parecen volver hacia atrás. La transición del macrismo al gobierno de los Fernández involucró a numerosos protagonistas y tentativas de diverso orden, incluso antes de que CFK sorprendiera con el anuncio de fin de semana. Ella incluso parecía la menos indicada para jugar un rol especial después de haber sufrido tres derrotas al hilo – 2013, 2015 y 2017. Las movilizaciones de diciembre de 2017, contra la reforma previsional ya estaban anunciando un giro en el proceso político, que se manifestó en el apoyo que ofrecieron diversos sectores de la burocracia sindical. En un tiempo breve fue eyectado Sturzenegger del Banco Central. Desde antes del derrumbe financiero y económico de marzo/abril de 2018, en el macrismo ya se debatía la necesidad de una transición política, sea bajo la forma de una coalición política con el pejotismo no kircherista, y enseguida después cuando se baraja una candidatura de María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense. La espada de estas maniobras es Rodríguez Larreta, el mismo que hoy co-gobierna con AF – hasta nuevo aviso. La crisis llegó a su ápice un fin de semana de agosto de 2018, cuando se barajaron unas diez variantes de cambios de gabinete en Olivos, transmitido en directo por la televisión. La camarilla de Macri y Peña, el jefe de gabinete, impuso la continuidad de Macri, como representante único e intransferible de los fondos internacionales que manejaban la crisis financiera, en particular Templeton y BlackRock. Templeton había logrado meter a un hombre suyo en la vicepresidencia del Banco Central. Para la burguesía argentina, tomada en su conjunto, este resultado político implicaba una transferencia del poder a los acreedores principales de la deuda de Argentina. La crisis política del gobierno de Macri, de JpC y del Pro mismo derivó en la formación de una coalición de gobernadores y políticos que se habían apartado del kirchnerismo – los Schiaretti, Urtubey, Pichetto, apoyados por Massa y sus seguidores; la ‘tercera vía’. Durante un tiempo dio la impresión de ser el canal de salida al agotamiento del macrismo sin necesidad de recurrir a una alianza con las huestes K. Más adelante, en marzo de 2019, el lobista financiero Miguel Ángel Broda, mientras confirmaba su apoyo a Macri, declaraba: “La clase empresaria está entusiasmada con Lavagna”. El ex ministro de Néstor Kirchner se había convertido en el fusible de reemplazo cuando se hundió aquella coalición ‘tercerista’. Las razones de ese fracaso se vieron más claros tiempo después cuando Pichetto se convirtió en el candidato a vice de Macri – no había coherencia acerca de cómo sacar a Argentina del desplome económico y del default. La salida que acabó imponiendo CFK fue el resultado del fracaso de una serie concreta de alternativas contradictorias, algo que no se puede sustituir apelando a la popularidad del peronismo, más dividido que nunca, o de CFK – derrotada tres veces en solo cuatro años. Los prejuicios ideológicos se dan de bruces con la realidad histórica concreta. En 2013 y en 2015 el comodín de la transición política fue Sergio Massa. El llamado Frente Renovador fue el vehículo político que armó la burguesía para poner fin a la experiencia cristinista, en un cuadro de recesión creciente y una imparable crisis de financiamiento. El mismo gobierno de entonces intentó un arreglo de esta crisis, negociando en varias ocasiones con los buitres y con un acuerdo con el Club de París. Macri le robó a Massa el liderazgo de la transición por medio de una gran maniobra, como fue la cooptación de la UCR, algo que Massa había olvidado de hacer. Aun así, la tendencia que expresaba Massa convirtió la derrota de Macri en las primarias, en una victoria en segunda vuelta. En 2019, cuando los Schiaretti-Pichetto fracasaron como alternativa al macrismo, Massa quedó a disposición de CFK siempre y cuando ella hiciera la gran concesión de bajarse de la candidatura a Presidente. Alberto Fernández era en realidad un ‘massista’ vergonzante, que en 2015 había anunciado que votaba en blanco y denunciaba a CFK por el memorándum con Irán. Uno de los aspectos más destacados de las transiciones son los acuerdos sin principio. Tres kirchneristas de primera hora se vuelven a aliar luego de haber cambiado de alianzas y políticas, para encarar de nuevo el rescate de un régimen quebrado. No hay principios ni estrategias – se avanza y se retrocede por medio de prueba y error. Los seis meses de gobierno de los Fernández han sido pura improvisación. El único pacto concreto entre CFK y AF es poner fin a los juicios de distinto tipo contra la vicepresidenta, su familia y sus amigos. Como el bíblico Esaú, ha vendido el prestigio político que cuenta por un plato de lentejas. Esta es la característica de la coalición que logró evitar el colapso político de un régimen completamente quebrado, no ya en lo financiero, sino en lo social y político. Las activas operaciones de todos los sectores políticos de la burguesía, incluidos los insignificantes, como sería el caso de Espert, contrasta con el inmovilismo de la izquierda con presencia electoral, que en ningún momento disputó la transición política, sino que buscó, incluso en forma clara y explícita, acomodarse a lo que resulte de la que confabulaban sus enemigos de clase. Ese acomodamiento consistió en procurar un progreso electoral en las condiciones políticas de transición de la coalición que resulte triunfadora. Esta izquierda se negó, con una pasión digna de mejores causas, a plantear la caída de Macri y la convocatoria de una Constituyente Soberana, bajo la premisa de que el pasaje del macrismo a otra alternativa política tradicional era ‘cosa juzgada’. Esta demostración de “realismo” era todo lo contrario, porque se basaba en una caracterización que ignoraba el derrumbe político y las maniobras desesperadas de los políticos patronales para evitar una explosión. En las elecciones previstas, desde las provinciales por etapas hasta la final nacional, este ‘realismo’ quedó desnudado en un contundente retroceso. El pasaje del macrismo al fernandecismo no agota la transición política, por la simple razón de que no ha resuelto ninguno de los problemas planteados – se han incluso agravados en escala colosal. No hay régimen político propiamente dicho, el centro de gravedad del gobierno cambia con frecuencia, tampoco está en el balcón sino en la trastienda. La economía, de un lado, está en manos del FMI, al cual el gobierno reconoce públicamente como su tutor. Para la prensa, por otro lado, los hilos del oficialismo los maneja la vicepresidenta. Covid-19 mediante, Argentina ha quedado envuelta en un desplome capitalista mundial, del cual el virus es, a lo sumo, un detonante, o el accidente imprevisto. La transición política se conjuga con una transición histórica – en todo el mundo se discute el capitalismo en nombre de la vida, en nombre de la humanidad. El capitalismo ha precipitado otra vez una “crisis de la humanidad”. Muertes por falta de un sistema de salud, de imposible acceso a los medicamentos y de hacinamiento habitacional. Derrumbe de las economías; tendencia a la hiperinflación y a la deflación, condicionadas mutuamente. Defaults de estados, bancos y compañías. Guerras económicas que se acercan a las militares. Despidos masivos y reducción de salarios. Reducción a la nada del parlamento y sistema de poder ejecutivo, combinado con choques entre poderes ejecutivos y anarquía política. Tendencia a la rebelión popular. Por un plan de acción en defensa de la salud y la vida de los trabajadores. Por un gobierno socialista de trabajadores.

A pocos días de cumplir su primer semestre de gobierno, Sáenz atraviesa una nueva crisis. Cuando comenzaba a levantar la cuarentena en nombre de que no hay circulación local de coronavirus, un nuevo caso salió a la luz. Se trata de una trabajadora rural asintomática “repatriada”, que fue conminada a realizar su cuarentena en uno de los barrios más empobrecidos del municipio de Rosario de Lerma, donde directamente fue abandonada a su suerte. Ya son 14 las personas aisladas como “sospechosos” por este caso; por otro lado, se acaba de activar el protocolo por un camionero que fue a pagar impuestos apenas regresó de un viaje sin haber realizado cuarentena o test alguno. Se devela así la completa improvisación del gobierno en la materia. Crisis por arriba La seguidilla de crisis que afrontó el gobierno desde su asunción ha expuesto la precariedad y las contradicciones de su coalición política. Primero, las muertes por desnutrición en el departamento de Rivadavia, después los choques con los intendentes por la eliminación de la caja de la cooperadora asistencial. Por último, una poderosa huelga autoconvocada docente que sólo pudo levantar gracias al quiebre de un sector de delegados burocráticos. Con la agudización de la crisis fiscal de la provincia, Sáenz ha tenido que meter al freezer su planteo de reforma constitucional y la ampliación de los jueces de la corte, de 6 a 9 miembros. La caída de la coparticipación a los municipios en casi un 60 %, hizo crujir los acuerdos con los caudillos municipales y departamentales. La confrontación con la ´pata romerista´ de su gobierno es abierta y definitiva, sobre todo por su alineamiento con Alberto Fernández y por los negocios con el uso del suelo salteño, tanto inmobiliario como rural. Luchas por abajo La disposición de lucha de la clase obrera salteña creció al calor de las contradicciones de su cuarentena y las avanzadas patronales disimuladas tras la crisis del covid-19. Los trabajadores de la salud acaban de arrancar una tanda de insumos para su labor y lograr el reintegro de un descuento salarial encubierto. Los choferes de SAETA, el transporte público metropolitano gestionado por el Estado, quebraron el intento de sus patronales concesionarias de pagar sus salarios en cuotas y lograron el pago de la totalidad de sus salarios a cargo del Estado provincial, después de tomar la sede salteña de la UTA. Por su parte, los obreros municipales de Colonia Santa Rosa sostienen un proceso asambleario para reclamar el pago del 30% de aumento que conquistaron el año pasado y que hoy en día aún les adeudan. En las barriadas crece también los reclamos por asistencia alimentaria y en los terciarios salteños, los estudiantes comienzan a organizarse y reclamar contra el esquema expulsivo de cursados virtuales. Por otro lado, el asesinato de la docente Rosa Sulca propició una rebelión de sus vecinos contra la policía de Sáenz, obligando al gobernador a tener que descabezar la comisaría de Villa Mitre. El rol de este aparato represivo y descompuesto para garantizar la cuarentena no ha amainado ni un poco el repudio popular contra él. Todo lo contrario. Recalculando Este escenario de crisis por arriba y la creciente tendencia de lucha en los trabajadores ha hecho recalcular más de una vez al gobierno. Su intento de recorte de hasta un 15% del salario de los estatales, en nombre de desarrollar un fondo “solidario” frente a la pandemia, terminó en nada. Lo mismo pasa, por ahora, con el intento de descuento de los días de huelga a los docentes autoconvocados que, según el último anuncio del gobierno, podía ser descontado cuando termine la cuarentena. Ante el fracaso en su intento de ´reperfilar´ los vencimientos de deuda provincial de este año - unos 9.800 millones de pesos- ahora busca endeudar la provincia por 7.200 millones de pesos, con la emisión de una letra del tesoro provincial a pagar en dos años. Pero esta intentona todavía debe pasar la prueba de los acreedores, que en el mejor de los casos exigirán condiciones y rendimientos leoninos, agravando a término la bancarrota provincial y las agresiones a las masas trabajadoras de la provincia. El repudio de la deuda nacional y provincial se encuentra al orden del día. La nueva etapa y los trabajadores Sáenz no abandona su intento de avanzar en un ajuste contra los trabajadores. Ahora mandó a su secretario de asuntos municipales, Mario Cuenca, quien a pedir un ajuste a los municipios y a atacar a los obreros municipales de Colonia Santa Rosa. Sin embargo, los límites gubernamentales para avanzar en un ajuste en regla ante la creciente deliberación y disposición de la clase obrera salteña, que caracterizaron el primer semestre de su gobierno, se acrecentarán en la próxima etapa. Este cuadro demuestra la vigencia y necesidad de la tarea histórica de construcción de un partido obrero de masas y la lucha por un gobierno de trabajadores.

La pandemia ha dejado absolutamente expuesto los métodos de explotación laboral de Techint. La primera expresión fue el despido de 1450 trabajadores en Siderar que, bajo el negrero convenio de la UOCRA, revestían hace mucho en la empresa en tareas no específicas de la construcción. La abierta connivencia con la dirección de la seccional de la UOM de San Nicolás permitía que más de 1900 trabajadores estuvieran encuadrados en convenios inferiores al de la UOM. Rápidamente, Techint arregló con la Uocra un despido en los términos de la ley 22.250, que rige para la construcción, con lo que así tuvo el dudoso privilegio de ser la primera empresa que evadió el DNU de prohibición de despidos. Pero Techint sigue con su política de despidos y está provocando un verdadero desastre, porque comienza a desprenderse de las tercerizadas que trabajan exclusivamente para su planta de Siderca en Campana. El vínculo que conecta a la metalúrgica de Campana con Vaca Muerta es Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, que compra los tubos utilizados para la extracción de crudo y gas a Tenaris/Siderca. El parate del petróleo detuvo, transitoriamente, la demanda de estos tubos que transportan el hidrocarburo desde el pozo de extracción hasta una primera estación de concentración y, de allí, a los oleoductos centrales. Todas las empresas proveedoras de esos tubos, como también las de logística, son tercerizadas de Techint. El caso de Ferrua, la empresa que acaba de despedir a 30 operarios de la ciudad de Campana es la solo una muestra de este proceso, pero están también Scrap Service, Exiros y una decena más. Como se ve, Techint es la “capital nacional" de la precarización laboral. Se desliga permanentemente de sus responsabilidades sobre sus contratistas, cuyo personal en general cuenta con contratos más precarios, salarios más bajos y convenios desfavorables. Aun con esta acción verdaderamente criminal contra los trabajadores, el gobierno nacional acaba de aprobar el plan Asignación de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que contempla el pago de la mitad de la nómina salarial de las empresas en crisis por la cuarentena. Resumiendo, Techint a sus trabajadores encuadrados en la UOM Siderar y en Campana les paga el 50% de los sueldos a los que trabajan y el 25% por ciento a los que permanecen suspendidos. Les rebaja, además, el sueldo a sus propios directivos, pues los ATP especifican que lo máximo a pagar por el gobierno es de 33750 pesos (dos salarios mínimos). Lo demás lo deberán negociar con la propia empresa, con lo que sufrirán recortes los supervisores y todo el personal profesional de sus firmas. Como si esto fuera poco, pretende despedir 1550 trabajadores más. Alberto Fernández debería reflexionar sobre sus dichos cuando catalogó de miserables a empresas como Techint. La novela del genial Víctor Hugo muestra que «el crimen de la ley» es la impunidad. Eso es Techint. Permitir los despidos y otorgarles los ATP a los Paolo Rocca, los Madanes Quintanilla y los Acindar son crímenes de la ley. Ningún despido. Hay que ocupar cada fábrica que despida. Que los grandes grupos se hagan cargo de los sueldos de los trabajadores de sus empresas y de sus tercerizadas.

Tras dos meses de tolerar las excusas de la patronal para no pagar los salarios, los 60 trabajadores del frigorífico Apolo Fish decidieron ocupar las instalaciones de la fábrica. Luego de casi 10 días de ocupación, el pasado lunes se logró que la empresa pague una parte de los sueldos adeudados. En este momento, los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente a la espera del pago de la totalidad del saldo restante. Con la pandemia de coronavirus y la cuarentena, la fábrica siguió produciendo como si nada; no se implementó ningún tipo de protocolo, elemento sanitario y de higiene o medida de prevención, para evitar el contagio entre los obreros. La empresa no paga la ART desde hace tres años y no hace los aportes previsionales. Esto no le impidió reclamar el subsidio ATP que le alivianó el 50% de la deuda y, sin embargo, no han pagado aun la otra mitad de los sueldos. Entre los siete dueños de la empresa figuran grandes magnates de la industria del pescado de Mar del Plata, como la familia Pennisi. El 14 de mayo, los trabajadores realizaron una manifestación en las puertas de la casa de Roberto Paredes (uno de los dueños), situada en el barrio Los Troncos, de los más exclusivos de la ciudad. Según comentaban los trabajadores a distintos medios locales, la fábrica cuenta con tecnología de punta y produce para exportación. “Los dueños se llenan de plata, se la llevan del país y después nos dicen que no tienen para pagar los sueldos”, comentaba uno de los voceros del conflicto a Política Obrera. Puerto de Mar del Plata: un hervidero En toda la industria pesquera de la ciudad vemos como las patronales juegan con la vida de los trabajadores. Desde enviar obreros al mar sin realizarle los hisopados -como fue el caso del buque Scirocco, perteneciente al grupo Solimeno-, hasta tener a los tripulantes hacinados en habitaciones, con humedad y sin ninguna medida de higiene, como se vio luego de que se viralizaran por redes sociales las imágenes del barco Orión II. Los fileteros de la empresa Coomarpez fueron despedidos solo por reclamar medidas sanitarias para prevenir el contagio; ha habido conflicto en las plantas de MIA S.A y de Gaveteco, por faltas de pago de sueldos. La falta de protocolos para mantener el distanciamiento social y elementos de higiene en todas las fábricas del puerto, sumado a la precarización laboral que impera en el sector, ha hecho emerger la lucha y la deliberación entre los trabajadores. La lucha de los trabajadores de Apolo Fish es solo una de cientos de luchas obreras que están emergiendo a lo largo y a lo ancho del país, en defensa de las condiciones de vida amenazadas por el capital y de la vida misma amenazada por la pandemia de coronavirus. La cuarentena es usada como una excusa para precarizar aún más las condiciones de trabajo, incluso en aquellos sectores esenciales de la producción que no tendrían por qué verse afectados. Las luchas del frigorífico Penta, de BedTime, de los trabajadores del Sutna, Morvillo, Textilana, Apolo Fish y tantas otras, le marcan el camino al conjunto de la clase obrera.

Una disparada de contagios de coronavirus ha tenido lugar en el Parque Eólico "Vientos del Secano" que funciona en la localidad de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, hay 13 casos positivos y otros 56 en estudio. Los casos se detectaron en Bahía Blanca, donde muchos de los trabajadores se encontraban alojados. Otros cuatro casos se han detectado en Buratovich. Las empresas contratistas que operan en este Parque -cuya construcción está prevista terminar este año- son Transener, Tell3 y Flex Wind, vinculadas a los grupos Pérez Compac y Pampa Energía. Ya se ha conocido que no otorgaron la cuarentena a sus trabajadores -algunos de ellos llegaron a fines de abril- ni tampoco han cumplido con los protocolos de distanciamiento social. En el Parque entraron en contacto estrecho trabajadores provenientes de Córdoba, de Puerto Madryn, del AMBA y de Buratovich. Todos ellos debieron buscar alojamiento propio, ya que las empresas no se hacen cargo. Al cerrar los Hoteles en Villarino, muchos se alojaron en Bahía Blanca, como dijimos antes, que se encuentra a 100 kilómetros de la obra. El gobierno nacional otorgó tempranamente la incorporación de la “Obra privada en infraestructura energética” al listado de actividades exentas de cumplir con la cuarentena, luego de reclamos por parte de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Sin embargo, los parques eólicos que están en obra en medio de una actividad productiva paralizada que supone una demanda menor de energía. Por otra parte, esta misma cámara patronal denuncia que “la inauguración de los parques eólicos y solares en los últimos cuatro años no fue acompañada de una inversión en nuevas redes eléctricas”. Es decir, que se levantan los molinos, pero no hay redes acordes para su distribución. Responsabilidades políticas Frente a la disparada de contagios, los intendentes de Bahía Blanca y Villarino, Héctor Gay y Carlos Bevilacqua, han presentado una denuncia en la justicia contra estas empresas y contra un Apart Hotel donde se alojaban los trabajadores, que tampoco habría cumplido los protocolos de distanciamiento. Sin embargo, se trata de un operativo de encubrimiento político de las responsabilidades del Estado. El no cumplimiento de las medidas de distanciamiento social se detecta al mismo tiempo que los contagios del COVID, cuando los gobiernos deberían haber asegurado su cumplimiento estricto. No es ninguna novedad, por otra parte, la llegada de trabajadores desde variadas localidades para trabajar en los Parques Eólicos y su alojamiento en ciudades como Bahía Blanca, cuestión tampoco verificada por ninguno de estos intendentes a pesar de las recomendaciones hechas por los profesionales de la salud. Todo esto sucede en Bahía, además, luego de que hubiera otro gran foco de contagio en un hospital privado de la ciudad (el HAM), cuyos positivos representan la mitad del total existente en la urbe. Allí también, las responsabilidades patronales y estatales saltaron a la vista. Recientemente, un hombre contagiado a partir del foco generado en el HAM falleció. El incumplimiento de los protocolos sanitarios es una realidad en todos los Parques Eólicos de la zona. Es lo que sucede en el Parque Eólico "El Mataco" ubicado sobre la Ruta 33 de la localidad de Tornquist. En el parque “Los Teros I” en Azul ya hay un caso positivo de un trabajador. Las patronales colocan la necesidad de un retorno rápido de las millonarias inversiones que requiere la importación de bienes para la construcción de estos parques por encima de la salud de sus trabajadores y de la población, y lo hacen bajo amparo estatal. Es necesaria una deliberación de todos los trabajadores de los Parques Eólicos para adoptar medidas urgentes de protección integral de la salud. Que se establezca la cuarentena en los Parques cuya terminación no es urgente, manteniendo el pago del 100 % del salario de sus trabajadores. Guardias mínimas con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios y los elementos requeridos para ello en los parques que funcionan. Testeos masivos para todos los trabajadores en actividad.

En la madrugada del 20 de mayo del 2019 una patrulla de la policía bonaerense protagonizaba la persecución y balacera que acabaría con la vida de Aníbal Suárez (22), Camila López (14), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (13) y dejaría en grave estado a Rocío Quagliarello (14), única sobreviviente, luego de que el Fiat 147 en el que viajaban chocara producto de la persecución, contra el acoplado de un camión estacionado en la Ruta 3. Desde el primer momento, la policía intentó ocultar su responsabilidad en los hechos, así fue como “limpiaron” la escena del crimen en tiempo récord y quisieron imponer la versión de que se trató de un accidente cuando los jóvenes intentaban escapar de un control; también se hablaba de que habían robado y que se habían negado a identificarse. Toda una serie de mentiras que muy rápidamente salieron a la luz. Un año después, gracias a la incansable lucha contra la impunidad de familiares y amigos, la causa está próxima a ser elevada a juicio oral con 23 imputados, entre ellos peritos de la Policía Científica, policías de la comisaría local y el ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez. Sin embargo, no todos los responsables han sido juzgados. Hay una clara intención de dejar impunes las responsabilidades políticas. La ex intendenta de San Miguel del Monte, la massista Sandra Mayol, señalada como encubridora y responsable política del crimen, quien se negó en varias instancias a recibir a los familiares de las víctimas, fue designada por el gobierno de Fernández como la directora titular de SOFSE (Trenes Argentinos) tras su fracasado intento de ser reelegida por el Frente de Todos en las elecciones pasadas. Tampoco fueron llamados a dar explicaciones Vidal, Bullrich y Ritondo. El gatillo fácil como política de Estado La masacre de la cual fueron víctimas los cinco adolescentes deja nuevamente al desnudo la descomposición de la institución policial, corrompida por su propia condición y función social, y su complicidad con el crimen organizado, que día a día incrementa la vulnerabilidad de la juventud y de la clase obrera en general. También ha puesto de relieve una red de encubrimiento, con falsos testimonios, manipulación de pruebas, amenazas y aprietes a testigos, solamente posible mediante una garantía de impunidad brindada por el poder político. En la base de esta podredumbre se encuentra la connivencia de la policía y el Estado con el narcotráfico, al cual dicen combatir. Los residentes de San Miguel del Monte han denunciado en reiteradas ocasiones que el pueblo es un punto clave para el narcotráfico. A raíz de esto, emergió una de las líneas investigativas más fuertes del caso: los adolescentes asesinados podrían haber presenciado una maniobra ilegal de la policía, relacionada con las drogas. La abogada de la familia de Aníbal, una de las víctimas, dijo que “es la hipótesis que más nos cierra, que los chicos vieron algo que no debía o que los policías pensaron que ellos vieron”. Da la “casualidad” que el único lugar donde no hay cámaras es precisamente donde se inició la persecución, y varias testimoniales habrían expresado que, en ese lugar, funcionaba un almacén de venta de drogas, justo donde se encontraba esa noche de civil uno de los comisarios imputados y el patrullero que usaron los policías. El caso envuelve responsabilidades políticas de primer orden. Unos meses antes, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, con la resolución 956/18, había institucionalizado el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas armadas en todo el territorio, otorgándole a las fuerzas el pase libre para matar. Si bien la doctrina Chocobar ha sido derogada hace unos meses, se trató solamente de una formalidad, ya que el abuso de autoridad y la violencia por parte de las fuerzas represivas parece no tener intenciones de parar. En este primer aniversario, acompañemos la lucha de amigos y familiares contra la impunidad y por el castigo a todos los culpables materiales y políticos. Desmantelamiento del aparato represivo y las mafias policiales. Abajo el gatillo fácil y la represión. Verdad y justicia por Aníbal, Camila, Danilo, Gonzalo y Rocío.

Desde la agrupación Jubilados Clasistas nos sumamos a la campaña en rechazo a la sanción de suspensión por 30 días sin goce de sueldo contra el trabajador de la salud, Daniel Iribarren, camillero del Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA, por parte de la dirección del hospital quien además solicito la cesantía del mismo. El compañero es sancionado con motivo de haber denunciado la falta de EPP (Elementos de Protección Personal), personal e infraestructura de los hospitales y del Clínicas en particular en el marco de la pandemia, así como el vaciamiento más general de la salud pública. El alto porcentaje de infectados en el personal de salud en nuestro país constituye un testimonio incontrastable de la justeza de la denuncia y exigencia del compañero y de tantos otros trabajadores de la salud. Esto nos atañe en forma directa porque en el Hospital de Clínicas atiende a una gran cantidad de afiliados al PAMI. Y son los trabajadores como Daniel, activista de 30 años de lucha en el hospital, los que defienden nuestros derechos ante los ataques del gobierno, del estado y de la burocracia sindical (que no ha movido un dedo en su defensa). Inmediato levantamiento de la suspensión del compañero Daniel Iribarren. Inmediata provisión de los EPP (Elementos de Protección Personal) a todos los trabajadores del Clínicas. Testeos masivos a todos los trabajadores, a los internados y a aquellos jubilados que se atienden en el mismo. Hay que organizarse y luchar junto a los trabajadores nos va la vida en esto. Viva la lucha de todos los trabajadores de la salud. Toda nuestra solidaridad con Daniel. Viralicemos la protesta.

El miércoles 20, las calles de la capital catamarqueña fueron ocupadas por los trabajadores del estado y la docencia que reclamaron contra las reformas ajustadoras del gobierno. También se escucharon con fuerza reivindicaciones salariales y por estabilidad laboral. La pandemia en Catamarca no contabiliza casos de contagio, pero rige la cuarentena, que ha sido aprovechada por el gobernador para impulsar un ataque histórico contra los empleados públicos de todos los niveles y sectores, provinciales y municipales. Para los empleados de la provincia y los municipios, Jalil emitió un proyecto de ley de "reforma administrativa y funcional del estado", que contienen todas las medidas de ajuste: nuevo régimen de movilidad laboral, cesantías y mayor flexibilización. En la misma, modifica artículos en el estatuto del empleado público con recortes en horas de trabajo y extras, régimen de licencias y jubilación. Van a un ataque de las condiciones de trabajo en cuanto se refiere a la permanencia e ingreso, congelando la posibilidad de acceder a planta permanente a los seis mil precarizados y sometiendo a este sector a las arbitrariedades de los funcionarios, quienes dispondrán de ellos con traslados, pruebas y hasta su discontinuidad. En el caso de la docencia se había constituido una mesa de consenso con funcionarios del gobierno, la legislatura y representantes -sin mandato- de los seis gremios que agrupan a la docencia provincial. Cuando se conocieron las modificaciones que se pretendían introducir que implicaban reducciones en los salarios, la legalización de la precarización, y un sinnúmero de ataques a conquistas laborales y salariales, se generó un enorme repudio de las bases docentes y el rechazo de parte de un sector de la dirigencia de ATECA (el sindicato más importante), que obligó a una retirada de cinco de los seis gremios de la comisión reformadora del ministerio. Esta ofensiva ya tuvo antecedente a nivel de los municipios, cuando en enero despidieron masivamente a trabajadores en Recreo y en Valle Viejo, dando lugar a enfrentamientos con la policía. Luego, por la vía del decreto, el gobierno fue avanzando y ahora pretende que toda la reforma negrera se apruebe con una ley en la legislatura. La idea de que la cuarentena iba a mantener encerrado a los trabajadores en su casa lo llevó a Jalil a encarar la ofensiva de conjunto, causando un estado de conmoción y deliberación, obligando a la dirigencia a tener que poner en acción a los sindicatos. La convocatoria del 20 La iniciativa fue impulsada por el Frente Unidad y Solidaridad Sindical (FUSS), encabezado por ATE y el SOEM. Entre sus integrantes se encuentran los sindicatos y asociaciones del IPV (vivienda), vialidad provincial, empleados de la OSEP, Catastro, SUTECa (docentes), agrupamientos de precarizados y organizaciones sociales. La marcha y concentración reunió más de 1.000 trabajadores, una cantidad importante si se tiene en cuenta el paro de transporte, y las presiones para no salir de la cuarentena. Jalil días antes planteó que solo avanzará con la reforma del estado si cuenta con el acuerdo de los dirigentes sindicales, anunciando que llamará a reuniones, con la evidente intención de desactivar la convocatoria, pero en esta circunstancia fracasó. La marcha arrancó de la sede de ATE, pasó por la legislatura provincial y terminó en la plaza central, frente la casa de gobierno donde los dirigentes sindicales y de organizaciones sociales tomarían la palabra. Ese mismo día, bien temprano, en la legislatura, se le dio carácter de ley a algunos de los decretos ajustadores del gobierno. En la concentración los discursos un sector de los dirigentes se concentró en señalar que la reforma se haga después de la cuarentena y que la dirigencia gremial debía ser tenida en cuenta en estos proyectos, o sea una propuesta de colaboración con el gobierno. Otro sector, en especial de algunas organizaciones sociales y sindicatos más chicos, fueron más duros y combativos, destacando que estaba planteada la defensa de los derechos por medio de la lucha. Desde el Partido Obrero Tendencia se agitó el planteo de que, frente a un ataque de conjunto a los trabajadores estatales, municipales, de la salud y la docencia, era necesario una respuesta de conjunto mediante un plan de lucha resuelto en un congreso de delegados de bases de toda la provincia con mandatos, que resuelva las acciones y el programa: rechazo a la reforma estatal y todos los decretos ajustadores, aumento salarial de emergencia, pase a planta de todos los trabajadores precarizados, defensa de todos los derechos contenidos en el Estatuto del Empleado Público y en el Estatuto Docente. La lucha recién comienza.

Un aumento miserable de $32 diarios (valor de medio sachet de leche) en los haberes jubilatorios no es solo una burla, no es solo un robo más: forma parte de un plan estratégico. Las reformas previsionales que pretenden convertir a la jubilación en una pensión universal a la vejez en lugar de un salario diferido son una prenda de cambio en la reestructuración de la deuda usuraria con el FMI y los bonistas. En primer lugar, nuestro haber mínimo es de indigencia, $ 16864 a partir de junio. Hoy son 200 dólares (valor oficial) o 100 dólares (blue). Los aumentos discrecionales se hacen por decreto. Es decir, son medidas anticonstitucionales. En la batalla legal, los jubilados se mueren en los pasillos de tribunales sin resolución alguna de sus reclamos. Hoy, la canasta calculada por la Defensoría de la Tercera Edad es de $45000, un haber de pobreza (un alquiler más impuestos o expensas rondan los $20000). Nuestro haber debe ser el 82% móvil de la canasta familiar que hoy ronda para una familia tipo los $90000. En segundo lugar, con el dinero del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses se pagan subsidios a precarizados y desocupados, cuando corresponde a las patronales pagarlo. Se paga la mitad de los salarios de los trabajadores de aquellas empresas que dicen estar en crisis, pero que no se las investiga. Se exime a los patrones del aporte al sistema previsional. En los últimos años, millones de dólares se han esfumado de este fondo. El valor del FGS es, por otra parte ficticio, porque las acciones y títulos de deuda pública que tiene en su cartera no están contabilizados a valor de mercado, que está muy abajo del valor original de compra con el cual sigue figurando en sus libros. El Fondo ha sido saqueado por decenas de miles de millones de dólares. En tercer lugar, la atención del PAMI es absolutamente deficitaria. Muchos médicos de cabecera no atienden. Los trámites son absolutamente engorrosos. Escasea la vacuna del neumococo. Cualquier tipo de atención de salud de los adultos mayores que no esté relacionada con el covid-19 es postergada. En cuarto lugar, somos la primera víctima de la pandemia, masacrados en los miles de geriátricos oficiales y truchos donde el control y asistencia del gobierno no existe. Llegan a la puerta de los lugares cuando ya el virus hizo desastres. La estadística subvaluada dice que la mitad de los fallecidos en el mundo por el covid-19 son adultos mayores. Debemos organizarnos y luchar junto al movimiento obrero y a las organizaciones de desocupados por protocolos que defiendan la salud de la población. Formemos coordinadoras en cada barrio en cada localidad junto a los trabajadores, a los desocupados, a la juventud estudiantil y barrial por la defensa de nuestras vidas. Por un bono jubilatorio de emergencia de $20000 a jubilados, pensionados y rentas vitalicias. Por eximición de impuestos y provisión de elementos para luchar contra el virus (alcohol, lavandina, barbijos) a los jubilados que cobren por debajo de la línea de pobreza. Por prestaciones y medicamentos al 100%. Atención de todas las afecciones de salud además del covid-19. Por la restitución de los aportes patronales. Por un Pami y Anses dirigido por afiliados y trabajadores. Por un haber mínimo igual al 82% de la canasta familiar. No al pago de la deuda externa.

Desde el viernes 15 de mayo se encuentra desaparecido Luis Armando Espinoza, en la provincia de Tucumán. Los últimos datos que se tienen es que fue interceptado por un operativo policial en el Melcho, Simoca, mientras se dirigía a entregar provisiones a una prima y se encontró con un tiroteo, protagonizado por policía, que pretendía dispersar una carrera de caballos. Su hermano, con quien se encontraba, fue brutalmente golpeado hasta perder el conocimiento. Lo último que recuerda es que Luis se acercó para pedir que dejaran de golpearlo y que le dispararon en la pierna. Los vecinos encontraron en el lugar rastros de sangre y una huella clara de arrastre que se interna en el monte hasta una zona donde vieron circular a una camioneta que pertenece a uno de los policías. En la comisaría de la localidad de Monteaguado, de donde había partido el operativo, solo se encuentra registrado que los policías de turno concurrieron al lugar a dispersar la mencionada carrera de caballos. Los familiares de Espinoza, cansados de buscarlo por todas partes (el monte, la comisaría, el hospital) hicieron un corte en la ruta y llamaron a los medios. Desde ese momento comienza a intervenir la justicia, Fiscalía I de Monteros, que ordenó rastrillajes y pericias en la camioneta en la que se habría traslado a Luis, en la que se encontraron rastros de sangre. Resultado de todo ello, nueve policías implicados fueron apartados por el ministro de seguridad, Claudio Maley. A raíz de la desaparición de Luis se hizo público otro asesinato, el de Alan Andrada, de 20 años, por parte de los mismos policías implicados en el caso de Espinoza. El joven murió de hemorragia cerebral por la golpiza que le dieron a la salida de un baile. El abogado que toma la causa lleva adelante otra causa más por vejaciones y apremios ilegales a los mismos policías. Una vez más queda al desnudo la descomposición de la policía y la complicidad del ministro de seguridad y del gobierno. No se trata de una manzana podrida: los policías implicados seguían en funciones con total impunidad a pesar de las denuncias. Lo mismo sucede con los casos de gatillo fácil donde las familias de Facundo Ferreyra y Miguel Reyes Pérez deben soportar que los responsables los sigan hostigando con el amparo del uniforme. En el resto de los casos de la provincia ni siquiera se llega a investigar a la policía porque arman causas de robo para evitar que los investiguen. La justicia también es responsable porque demora las investigaciones o directamente las archiva. Exigimos la inmediata aparición con vida de Luis Armando Espinoza y nos ponemos a disposición de la familia para acompañar su lucha. El esclarecimiento de los hechos implica avanzar contra el castigo los responsables materiales, pero también políticos.

El debate por la adhesión de la provincia a la Ley Micaela puso nuevamente al desnudo el carácter oscurantista y reaccionario del régimen provincial. De manera inmediata, los voceros y representantes de la Iglesia comenzaron con maniobras para postergar su tratamiento y negociar modificaciones que preserven el dominio clerical. Si bien la posición más extrema la encarnó el bussismo, con un proyecto de rechazo a la adhesión, en nombre de la objeción de conciencia y afirmaciones negacionistas sobre los femicidios, el oficialismo terminó firmando un proyecto por mayoría que modifica la autoridad de aplicación (Secretaría de la Mujer) y deja vía libre para que cada poder del Estado decida. Este proyecto del oficialismo surgió luego de que quedara al descubierto la interna del PJ, entre Manzur y el vicegobernador Jaldo, con acusaciones cruzadas de un lado y otro y la intervención del gobierno nacional. La falsa defensa de la ley por Manzur y sus principales funcionarios no responde a un cambio de orientación sino al intento de encolumnar detrás de sí a sectores del peronismo que levantan determinadas banderas progresistas y por posicionarse frente a Fernández para recibir fondos. Por su parte, Jaldo denunció que quienes ahora pretenden apurar a la legislatura, en todos estos años solo mostraron desinterés para que se le diera tratamiento a la ley. La adhesión de Tucumán a la Ley Micaela, en los términos no modificará la situación las mujeres y disidencias. Manzur y Jaldo seguirán gobernando para las iglesias católica y evangelista y garantizando su injerencia en la educación, la salud, la justicia y la asistencia social. Manzur se ha destacado por promover todas las campañas y movilizaciones de la Iglesia tucumana a favor de las banderas de los “pro vida”, marchando en primeras líneas con los representantes de la reacción en Tucumán, con el bolsonarista Bussi, o la cavernícola senadora de la UCR, Silvia Elías de Pérez. En Tucumán, se enseña religión en las escuelas públicas. En los hospitales, los comités de ética están copados por ´objetores´ y tienen designados capellanes a sueldo. Los casos de Belén y Lucía mostraron el ensañamiento de jueces y fiscales contra mujeres y niñas, principalmente de la clase trabajadora. Claramente, no es un problema de capacitación sino de política; de un régimen que opone la “defensa de la familia” a la defensa de las mujeres y los niños. En ese marco, la política oficial apunta a perpetuar toda la orientación dirigida a sostener las condiciones de doble opresión en sus formas más extremas para las mujeres trabajadoras. Como ya se expuso en otro artículo, la ley tampoco erradicará la violencia porque es otra herramienta de sometimiento. En el resto de las provincias del país donde ya rige la ley, no se produjo ningún cambio. La capacitación que se hizo en el senado no impedirá que el abusador Alperovich retorne a su banca luego de seis meses de licencia. La única manera que Tucumán deje ser la avanzada de la reacción, y que se enfrente la violencia de género, es la separación de la Iglesia del Estado, el aborto legal, la educación sexual laica y científica, el fin de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, casas refugios, subsidios a las víctimas de violencia equivalente al costo de la canasta familiar, no a los despidos, suspensiones y reducciones salariales, salario igual a la canasta familiar, pase a planta permanente, no al pago de la deuda externa. Este 28 de mayo y 3 de junio se vienen jornadas nacionales de lucha que deben servir para promover asambleas en los sindicatos, organizaciones barriales y estudiantiles para discutir este programa y la puesta en pie de comités de lucha contra la violencia de género.

Este martes 19 se llevó adelante en Tucumán una jornada provincial de lucha, organizada por el Polo Obrero (Tendencia). Se concretaron concentraciones de delegaciones frente a la Casa de Gobierno en la capital de Tucumán, a los municipios de Tafí Viejo y de Las Talitas, y a las comunas de San José en el departamento de Yerba Buena. También frente a las comunas de Los Ralos, Delfín Gallo, Viclos, Florida, en el departamento de Cruz Alta, y frente a las comunas de Agua Dulce y Santa Rosa, departamento de Leales. Participaron más de 200 compañeros a pesar del paro de UTA que desde hace ocho días mantiene paralizado el transporte de pasajeros urbano e interurbano. En el caso de la capital y en Tafí Viejo, la movilización del Polo fue acompañada por delegaciones del MIJD. La consigna central que motorizó la movilización fue “Basta de dengue, basta de hambre” y pancartas con distintos reclamos para enfrentar a estos dos flagelos. La epidemia del dengue se convirtió en una situación explosiva en los barrios. En los 50 núcleos donde se agrupan los compañeros del Polo en las barriadas de la capital y pueblos del interior hay compañeros del Polo infectados, al igual que familiares y vecinos. La epidemia del dengue hoy afecta a decenas de miles de personas a lo largo y ancho de la provincia, frente a lo cual el gobierno ha demostrado su incapacidad para dar una respuesta que combata al mosquito transmisor de la enfermedad o para la atención de las personas infectadas, en su inmensa mayoría, de los sectores más pobres. Por el impacto que tuvo en los medios, logramos colocar el problema del dengue como una cuestión central de las inquietudes populares, que hasta el momento el gobierno con el tema del Covid 19 había logrado taponar. Hoy hay más personas fallecidas por el dengue que por el Covid 19. En todas la comunas, municipios y en la Casa de Gobierno se entregaron un petitorio donde se desarrollaba el motivo de las concentraciones y se planteaba un pliego de reclamos exigiendo entrega de kit contra el dengue, plan de desmalezamiento, limpieza y recolección, herramientas e insumos para asegurar los hogares, restablecimiento del protocolo de sanidad frente a las personas infectadas con dengue, elementos de higiene y limpieza frente al COVID19, trabajo genuino, planes sociales de emergencia. En la Capital arrancamos una próxima audiencia para plantear el aumento de módulos alimenticios. Los funcionarios, además, se comprometieron a la fumigación en los barrios y entrega de repelentes en algunos municipios. Las condiciones insoportables del pueblo tucumano se agravan y la indignación popular crece. Organicemos comités barriales independientes del Estado, alrededor de los reclamos necesarios para el cumplimiento de la cuarentena y la lucha contra el dengue, lo que plantea la tarea de coordinar un plan de acción de conjunto dirigido a arrancar los reclamos que garanticen la salud, la vida y trabajo, que son precisamente las condiciones que el régimen capitalista y sus gobiernos son incapaces de garantizar.

La patronal de Sedamil ha iniciado el proceso de desprenderse definitivamente del 50% del personal. Al igual que en su planta de Trelew -hoy ocupada por los trabajadores- han llegado a su fábrica de Tierra del Fuego, Textil Río Grande, las propuestas de aceptar retiros voluntarios. Además de tratarse de despidos encubiertos, son un abierto chantaje de parte de una patronal que debe hasta la primera quincena de marzo, cuando aun no se había decretado la cuarentena. La voluntad de los trabajadores es resistir estos ataques patronales y salir a luchar. Pero la burocracia de la AOT viene jugando un papel miserable de desgaste del conflicto. El lunes se realizaron en salones de la municipalidad dos asambleas desdobladas de trabajadores. En la primera de ellas, donde se encuentra el sector más combativo, se rechazaron los retiros voluntarios y se planteó la ocupación de la planta como lo hicieron sus compañeros de Chubut. La burocracia d e la AOT se opuso a la ocupación. Después de un desgastante debate, planteó seguir el conflicto por las “vías legales” y, en el mejor de los casos, poner una carpa en la puerta d e la empresa. En la segunda asamblea, la burocracia fue más lejos y ni siquiera formuló lo de la carpa en la puerta. El propósito claro de la AOT es dilatar el conflicto hasta que una parte de los compañeros se desgaste y se discuta una salida una vez que una parte de los trabajadores haya aceptado el chantaje. Los compañeros terminaron las asambleas con una sensación de bronca e impotencia. Armaron una adhesión a la gran marcha que se realizó en Trelew juntos a otros trabajadores textiles, trabajadores de la pesca y estatales, en un camino de coordinación de todas las luchas de la provincia de Chubut. Los términos del comunicado, leído en la finalización de la marcha, expresan la voluntad de seguir el camino de Sedamil Trelew. Los trabajadores de Textil Rio Grande recibieron una parte proporcional del sueldo a través de la Anses, pero la empresa aun no ha puesto un mango de los salarios. El camino de los textiles de Sedamil Trelew se tiene que replicar en Tierra del Fuego. Hay que ocupar la planta y reclamar la totalidad de los salarios adeudados, no levantar la ocupación Trelew hasta que paguen los sueldos. Esta patronal negrera tiene que sentir ha perdido su dominio sobre ese lugar de trabajo y que sus maquinas pueden producir sin su dirección. La ocupación es arma muy importante para los trabajadores. Si la patronal no paga, que el gobierno se haga cargo de la empresa y, bajo el control d e los trabajadores, la readapte para la fabricación de artículos textiles para la pandemia. Que el propio gobierno de Chubut haya ofrecido hacer una compra importante de frazadas a Sedamil para los hospitales indican la validez de una propuesta de esta naturaleza. Viva la lucha d e los textiles de Rio Grande. Ningún despido encubierto. Ocupación de la planta. Hay muchas condiciones para ganarle una asamblea a una burocracia que trata de hundir la lucha de los obreros de la Textil Rio Grande.

¿Cuántos trabajadores hay en el hospital y cuál es su situación? Mabel: En este momento el municipio de Ayacucho cuenta aproximadamente con 22 mil habitantes, tiene un hospital único público y un hogar de ancianos 3 salas periféricas (atención primaria de la salud) y dos salas de localidades rurales pertenecientes al partido de Ayacucho. Entre planta y contratados todo este servicio cuenta con alrededor de 120 enfermeros. Pero a esto le tenemos que agregar 26 compañeros. Que no están dentro de esos 120 puesto que, aunque trabajan a la par de cualquiera de nosotros, están en total vulnerabilidad y precarizados en su forma de trabajo. Ya están percibiendo por 6 horas de trabajo, que es un turno de enfermería normal en este municipio, la suma de 8 mil pesos. Contame como es el sistema de “contratación” Mabel: Bueno la situación de los trabajadores precarizados en el sector salud en Ayacucho es compleja y arbitraria. Ellos lograron su título de auxiliares en el instituto profesional que trae distintas carreras terciarias. En este caso Maimones (es el nombre del terciario privado de Ayacucho) da títulos de validez, pero la formación académica es totalmente cuestionable. Usando la excusa que les falta el título (el título que les falta a algunos es el profesional), el municipio los llama aprovechándose de esta situación, naturalizando este accionar durante años y no solo en el área médica. O sea que el Intendente mantiene una municipalidad de trabajadores precarizados con el mismo número o mayor aún que el de planta. Este tipo de “contratación, ¿dónde más se registra? Mabel: El esquema de “subsidio con contraprestación” comenzó algunas áreas como talleres y huertas y luego se comenzó a agrandar el abanico con los recolectores de residuos planta de reciclado y barrido y limpieza de las calles. Ahora es totalmente normal, o sea el 100 % de las personas que realizan el barrido de las calles es subsidiada hace más de 10 años y también la huerta que provee la verdura al hospital y el hogar de ancianos. Los sindicatos no dicen nada de esto. ¿Cómo utiliza esta situación de precarización el Intendente? Mabel: La situación de los trabajadores precarizados es usado cuando los municipales de planta quieren hacer algún reclamo salarial. Los trabajadores son extorsionados y amenazados con perder el empleo, y logran una división entre trabajadores que muchas veces no se entiende que el verdadero enemigo es el intendente quién nos mantiene en esta situación. Volviendo al hospital ¿Qué medidas de seguridad e higiene adoptó el gobierno municipal en el hospital frente al avance del COVID-19? Mabel: Las medidas de seguridad que se están tomando serían las que el protocolo está exigiendo, pero esto no es suficiente ya que, al presentarse algún caso de coronavirus, los trabajadores precarizados serían “la barrera de choque” y, en caso de ser contaminados, ellos están en total vulnerabilidad puesto que no están mutualizados y no tienen cobertura de ningún tipo. Los kits sanitarios que se repartieron en el hospital fueron muy pocos. ¿Cómo te parece que es la forma de revertir esta situación? Mabel: Yo creo que la lucha tiene que venir por el lado de la unión de los trabajadores de planta. Exigiendo al ejecutivo que sus compañeros trabajen en igualdad de condiciones puesto que si a la hora de trabajar todos tienen la misma responsabilidad y obligación también debería ser a la hora de recibir su remuneración. Ya que los gremios tienen la minoría. Y no son competencia para el ejecutivo... que primero toma las decisiones en forma arbitraria y luego se las comunica a ellos.

Los trabajadores telefónicos asistimos a una entregada que no podemos dejar pasar. Se está permitiendo avanzar a las patronales en la destrucción de conquistas históricas de nuestro convenio: la jornada de 7 horas y el descanso semanal de sábado y domingo. En Clarín-Telecom, se pretende habilitar la posibilidad de que los técnicos de la Supervisión Nacional de Red (NOC) pasen “voluntariamente” a una jornada de 9 horas. Como antecedente, en plantel exterior se firmó un acta que habilitó, también “voluntariamente”, abandonar las 7 horas y pasar a una jornada de ocho horas y media, con seis días de trabajo y tres de descanso, perdiendo el descanso fijo de los fines de semana. Como en aquel caso, el argumento para dejar pasar la destrucción de la jornada pasa por un incremento salarial. Telefónica avanza en igual sentido, ofreciendo masivamente categorías “especiales” de 9 horas. La directiva -que ha firmado un acuerdo paritario a la baja tras otro-, en lugar de pelear por un verdadero aumento salarial, admite que las patronales usen de carnada la miseria salarial que sufrimos. Indignados, dicen “¡No firmamos a la baja!”, asegurando que se trata de “acuerdos individuales voluntarios” que mejoran el salario. Pero la negociación de “iguales” entre un obrero y un multimedio que maneja los puestos de trabajo, el salario, las extras y las sanciones, es sencillamente una ficción, además de un atropello. La fuerza de los trabajadores está en la lucha y los acuerdos colectivos (cuya expresión más acabada es el Convenio). Hasta el derecho laboral burgués admite esta vulnerabilidad individual del obrero frente a la presión patronal. De eso se trata el principio de irrenunciabilidad establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, que Macri pretendía eliminar con su frustrada reforma laboral, y que estipula que los derechos establecidos en las leyes y convenios no pueden ser eliminados por acuerdos “voluntarios” e “individuales”. Pero en este caso, podría ser admitido legamente porque FOETRA lo estaría habilitando mediante la firma de un acta ¡que hasta el momento se han negado a mostrar! El ariete de los “beneficios económicos”, para entregar conquistas históricas, fue el método utilizado en la década menemista para firmar convenios a la baja. Luego, inflación mediante, los beneficios económicos se disuelven, y lo que queda, puro y duro, es la pérdida de la jornada laboral. Trabajar más horas no implica ningún progreso, por el contrario, es un enorme retroceso social que incrementa las penurias obreras. La otra cara de esta política de entrega de la jornada laboral redunda en menos puestos laborales, redoblando la presión por los retiros “voluntarios”, llevándose cientos y cientos de puestos de trabajo. La jornada histórica de los telefónicos, las 7 horas, fue defendida con la huelga general en plena dictadura de Videla y, por ello, recuperada tras su caída. Luego, fue nuevamente arrebatada con las privatizaciones, y recuperada otra vez hace 13 años mediante una enorme lucha. Es toda una historia de generaciones y lucha de nuestro gremio la que hoy es entregada al altar del Grupo Clarín y las telefónicas. Este acuerdo Foetra-Clarín-Telecom es resultado de una negociación de varios meses, que precede la actual pandemia, y marca el rumbo estratégico de la conducción. Necesitamos superar la política de una directiva sindical que nos lleva a la derrota y la perdida de nuestro convenio. Impulsemos la defensa con uñas y dientes la histórica jornada de 7 horas y la obligatoriedad del convenio colectivo. Por la recuperación del salario. Rechacemos que habiliten la imposición de “acuerdos individuales” que dan vía libre al apriete patronal, y que ha sido negociado y firmado de espaldas a la base del gremio.

Los trabajadores de Loimar decidieron volver a las calles con medidas de protesta luego de haber suspendido las mismas por el aislamiento social obligatorio. Alrededor de las 9:30 de la mañana, el lunes pasado los trabajadores de la planta ceramista se congregaron en la explanada del Palacio Municipal, cortando una de las calles principales del centro de la ciudad y aplaudiendo al ritmo de los bombos, manteniendo el distanciamiento y tomando las medidas sanitarias de precaución. Allí fueron recibidos por algunas autoridades municipales y redactaron un petitorio. Hace ya siete meses del inicio del conflicto, luego de que la patronal anunciara primero diez despidos (que fueron fuertemente resistidos por los trabajadores organizados en asamblea permanente) y finalmente el cierre total de la planta, que cuenta con 81 trabajadores. Esta acción de lucha, como todas las anteriores, fue votada por los trabajadores en asambleas democráticas. Este método de deliberación es el que va a llevar a la victoria a esta lucha por la reincorporación de los compañeros. La situación de los trabajadores Los trabajadores están acorralados por la falta de ingresos. La patronal adeuda salarios y retroactivos de paritarias desde antes de los despidos. Sólo una minoría pudo cobrar el IFE y como consecuencia de la pandemia sus “changas”, con las que algunos venían sustentándose, se vieron suspendidas. Por otro lado, las actividades del Ministerio de Trabajo se encuentran paralizadas por el aislamiento social, dejando al conflicto en un suspenso intolerable. Es decir que los trabajadores no sólo están desocupados, sino que sus ingresos básicos no están siendo garantizados de ninguna manera, lo que lleva a los compañeros a tener que recurrir a colectas impulsadas por sindicatos y organizaciones sociales y políticas, para poder subsistir. En este marco, la estrategia de la patronal apunta al desgaste y la división, a través de distintas maniobras, comunicándose individualmente con algunos de los obreros. Pese a esto, los trabajadores están más unidos que nunca. Se agotó la paciencia Desde el inicio del conflicto, los obreros siempre estuvieron a disposición del Estado, manejándose a través de las vías burocráticas y legales correspondientes. Si bien hicieron permanencias pacíficas en la puerta de la planta, al costado de la ruta y en la vereda del municipio, uno de los delegados manifestó: “no hemos cortado ni una sola calle”. Pero viendo la extensión del conflicto y la ausencia de soluciones concretas, la paciencia se empieza a agotar y según, declararon durante la manifestación, están dispuestos a tomar medidas más extremas, como lo hicieron en el año 2008. La solidaridad de distintos sectores de la sociedad con los obreros de Loimar se ha visto reflejada en los últimos días, en una campaña fotográfica lanzada por las redes sociales. Pandemia y lucha obrera Los conflictos obreros se han acentuado como consecuencia de la pandemia. La cuestión de los protocolos de seguridad e higiene, la falta de insumos sanitarios en los puestos de trabajo, los despidos y suspensiones que impulsa el capital para mantener su margen de ganancia, ha encontrado sus límites en las luchas obreras como las de Penta, BedTime, Acindar y Fate. La lucha de los trabajadores de salud también está en la primera línea de este movimiento. El conflicto de Loimar se inscribe, de esta manera, en un escenario más general de luchas obreras en defensa de los puestos de trabajo, el salario y la vida. En la provincia de Buenos Aires, hay conflictos en distintas cerámicas de Azul y Pilar, y en Cerro Negro, en Olavarría. El sindicato (FOCRA) debe llamar a un paro seccional por la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y el pago de lo adeudado. Es necesario impulsar la coordinación de todas estas luchas para que los trabajadores irrumpan, mediante la deliberación asamblearia, con un programa propio en el escenario de la crisis capitalista agravada por el Covid-19. Por la victoria de los compañeros de Loimar y de todas las luchas obreras. ¡Reactivación de la planta con todos adentro! ¡Pago de lo adeudado! ¡Abajo los despidos! ¡Apertura de los libros! ¡Ocupación de toda fábrica que cierre o despida!

En marzo la burocracia de Suteba acordó con el gobierno un “aumento" que consumó un retroceso salarial. Esto fue rechazado por miles de docentes de base y por los Sutebas Multicolor, Udocba y Feb. La paritaria -a la medida del gobierno y el FMI- consta de dos cuotas de 8% sobre el básico (marzo y junio) y tres cuotas en negro no acumulativa, que no inciden en el salario de los jubilados y que luego de junio pueden desaparecer. A su vez, fue eliminada la cláusula gatillo que era un resguardo del salario frente a una inflación creciente. Finalmente, la burocracia Celeste vendió la paritaria como una “paritaria corta” para hacer pasar la rebaja del salario real. Llegada la pandemia miles de compañeros se vieron impedidos de tomar suplencias o acceder al plan fines. Esto acentuó el deterioro salarial. La miseria salarial, por otro lado, se profundiza porque en el primer cuatrimestre la inflación promedio fue de 9,1% y la inflación en alimentos, bebidas y vestimenta fue de 14,5% (Indec). La tasa de inflación de referencia para los salarios docentes es la inflación en alimentos porque los salarios promedio están por debajo de la línea de pobreza y cuanto más bajo es el salario mayor es la proporción del mismo que se gasta en alimentos. La multiplicación de tareas en el cuadro de la crisis sanitaria que no están contempladas en el estatuto docente provoca una mayor carga horaria y explotación laboral. En síntesis: trabajamos más horas, tenemos polifuncionalidad y los salarios percibidos son los mismos y encima los carcome la inflación. Los docentes de Buenos Aires no podemos permitir que nuestro salario se pulverice en un cuadro de mayor carga laboral. El anuncio de una posible vuelta a clases por parte del ministro Trotta debe ser rechazado como punto fundamental en la reapertura de las paritarias. Impulsemos una gran campaña en toda la provincia por la inmediata reapertura de paritarias para luchar por un salario mínimo igual a la canasta familiar; indexación mensual según Ipc; plus por polifuncionalidad de tareas y sobrecarga laboral; por una garantía de salario mínimo de $42.000; regularización y pago de todos los sueldos adeudados; respeto se todas las condiciones laborales establecidas en el estatuto docente.

Mientras millones de trabajadores argentinos y el mundo debían resguardarse para preservar su salud ante el crecimiento de la pandemia, la temporada citrícola que ocupa a unos 40.000 obreros cosecheros y de empaques, arrancaba en la provincia con total “normalidad”. Escudados detrás de la “esencialidad” de la industria alimenticia, y en un contexto de crisis y recesión, las patronales citrícolas tucumanas iniciaron una de las mejores temporadas en los últimos años. Sucede que el limón tucumano, además de ocupar una porción mayoritaria en el mercado mundial, en esta oportunidad, se vio favorecido por la pandemia, con los bloqueos de EEUU a Canadá, la pésima temporada en la Unión Europea y una plaga que afectó la fruta italiana. Todo ello creó un escenario más amplio para la exportación del limón tucumano. A esto hay que incorporarle la gigantesca devaluación del peso (del orden del 100% desde la última temporada) y el incremento exponencial de los precios de exportación – por ejemplo, la medida del extracto de limón pasó en los últimos tres años de 4 a 30 dólares. Mientras, en marzo se iniciaba la cuarentena y Manzur y el gobierno de AF empapelaban la provincia con el “quedate en casa", los cosecheros sobrevivían penosamente. Solo una parte de los trabajadores cosecheros recibieron un subsidio interzafra de 2.600 pesos. Algunos lograron trasladarse a otras cosechas en otras provincias. La mayoría ha tenido que sobrevivir realizando changas. Bajo esas condiciones se inició la cosecha. Los trabajadores del limón no tuvieron otra vía que exponer su salud y su vida, forzados por el hambre a asistir a las fincas, hacinados en los colectivos y sin la provisión siquiera de barbijos. En ese cuadro, en Citrusvil, la segunda citrícola del país, un paro autoconvocado de los embaladores impuso a la patronal la adopción de medidas de bioseguridad como condición para empezar la temporada. En el empaque de San Miguel, la principal citrícola del país y la que más se ha beneficiado con el contexto internacional, la cuestión sanitaria es una pelea diaria. La empresa se niega a entregar vasos de agua individuales y solamente se otorga un barbijo semanal (¡!). Por otro lado, aunque el dengue hace estragos en la provincia -y en las fincas la exposición al mosquito transmisor del virus es gigante-, no existe la provisión de repelentes en ninguna parte. Esta situación de riesgo no está contemplada, de ninguna forma, en los convenios que se firmaron este año, siendo que fueron firmados justo en la época en que la OMS declaraba la pandemia. La “esencialidad” de la actividad citrícola, por lo tanto, es un privilegio patronal. Las patronales y la burocracia de UATRE “estimularon” la temporada buscando poner en cuarentena el malestar obrero. Así presentaron como un “gran" aumento salarial que en los dos últimos años se haya logrado un 47%, con el agravante de que para llegar al mismo hay que producir más maletas y bultos en la cosecha y empaque respectivamente. Con una temporada corta, que abarca a tres o cuatro meses de actividad, en el mejor de los casos, un obrero alcanza un salario de 40 mil pesos al mes. El trabajo en negro abarca a la mitad de los cosecheros. La burocracia de UATRE Tucumán es repudiada. A mediados del año pasado, se produjeron elecciones en las seccionales que dieron lugar a fuertes enfrentamientos, pues la burocracia proscribió a una lista opositora que agrupó a sectores combativos y sectores escindidos de la dirigencia burocrática. Con lista única en la mayoría de las seccionales, la burocracia se declaró vencedora, pero esas elecciones fraudulentas han sido cuestionadas judicialmente. La indignación obrera volvió a expresarse a finales de 2019 y en enero de este año, tras el reclamo central de un interzafra para todos los obreros del limón de 10 mil pesos por todos los meses intercosecha. Por medio de autoconvocatorias, se produjeron cortes y movilizaciones y se logró arrancar parcialmente algunos reclamos. El saldo de ese proceso ha dado lugar a que la deliberación obrera se vaya extendiendo y con ello la necesidad de organizarse de manera más consistente para enfrentar los atropellos patronales y las traiciones de la dirigencia burocrática. En función de ello, un sector del activismo se está preparando para alumbrar un boletín provincial clasista que oficie de organizador y orientador del activismo por una dirección antipatronal y antiburocrática en los empaques y fincas. El primer paso, es organizar el reclamo para que se implementen las medidas de seguridad tanto para el coronavirus como el dengue y por un adicional de emergencia por el hambre y el carácter extraordinario de la actividad. Por un interzafra equivalente a la IFE sin restricciones y por nueve meses, a cargo de las patronales. Por un salario igual a la canasta familiar y el blanqueo y pase a planta de todos.

Ante los trascendidos de infección de Covid19 positivo de una trabajadora en el Palacio de Hacienda del Ministerio de Economía, los trabajadores debemos exigir que se informe claramente sobre el caso, que se realicen el testeo correspondiente a quienes concurrieron al edificio y que se convoque inmediatamente a la Comisión de Condiciones y Medioambiente de Trabajo (CyMAT). Los sindicatos ATE y UPCN deben convocar inmediatamente a plenario de sus cuerpos de delegados, informar a los trabajadores y lanzar campaña con asambleas virtuales por la defensa de la cuarentena y por aumento de salario para poder sostenerla frente a la inflación. Según trascendió, el jueves 14 de mayo, una trabajadora del servicio de limpieza de la empresa Limpiolux S.A. que trabaja en el Palacio de Hacienda, fue atendida por el Servicio Médico del Ministerio con más de 37 grados de temperatura y otros síntomas de COVID-19. No obstante, la compañera fue enviada a su casa. El sábado 16 se confirmó que era un caso positivo de COVID-19. La empresa, tercerizada, puso en cuarentena a solo seis de los empleados que estuvieron en contacto con la compañera. Al Ministerio concurren diariamente un par de cientos de personas, entre ellos las guardias de nuestros compañeros de control de accesos, de servicios generales y de mantenimiento, además de algunos funcionarios políticos y sus “asesores”. Sabiendo que la enfermedad se pudo contagiar dos semanas antes de manifestar los síntomas y que el personal de limpieza recorre todos los rincones del edificio por la función que desempeña, todos los compañeros deben ser testeados inmediatamente. Se debe resguardar la salud de los trabajadores antes de cualquier especulación. Llamativamente la Dirección de Recursos Humanos publicó recientemente en la intranet del Mecon un “Protocolo de Regreso Paulatino al Ministerio de Economía”. Justo en estos momentos, y sin informar nada oficialmente de este caso de Covid-19, nos plantean volver al trabajo presencial. Este ocultamiento muestra la desidia de las autoridades con la salud de los que trabajamos en el Ministerio y que no se puede plantear ningún retorno cuando la curva de contagios en el área metropolitana crece, sobre todo en los barrios populares. Cualquier protocolo debe estar bajo control de los que trabajamos y no impuesto por funcionarios que buscan congraciarse con la política de relajamiento de la cuarentena. La Dirección Técnica Operativa (DTO), Recursos Humanos y el Servicio de Medicina Laboral son quienes participan representando al empleador en la Comisión CyMAT que debió ser convocada inmediatamente y, toda situación que afecte trabajadores debe ser informada. Rechazamos este ocultamiento e incumplimiento de las obligaciones patronales de este espacio paritario del Convenio Colectivo de Trabajo. En este cuadro, las representaciones de ATE y UPCN del Ministerio de Economía deben convocar inmediatamente a plenario de sus cuerpos de delegados, informar a los trabajadores y lanzar una campaña de defensa de la cuarentena y por aumento de salarios. La campaña debe comenzar convocando asambleas y reuniones virtuales de cada sector y taller. Los sindicatos deben rechazar cualquier retorno que rompa innecesariamente el aislamiento social, exigir testeo y elementos de protección contra el virus para los que concurren, reclamar por el equipamiento y condiciones para la inmensa mayoría que hoy cumple el teletrabajo y por aumento del salario que garantice la cuarentena ante la inflación.

La situación crítica que atraviesa San Martín en términos sanitarios no es de ninguna manera a causa de la pandemia. Es el resultado de años de abandono y pauperización de sus barrios y recursos sanitarios, el agotamiento de un régimen social que se expresa de forma brutal con la muerte de decenas de trabajadores. Con más de 30 casos cada 100.000 habitantes, San Martín el segundo distrito en todo el país, sólo superado por CABA y el primero en toda la provincia de Buenos Aires. La crisis sanitaria se expresa claramente en el alto porcentaje de infectados en el sector salud, con el Hospital Belgrano a la cabeza. Las condiciones en la que se encuentran los nosocomios en el distrito tienen larga data y exponen al personal de salud y a barriadas enteras a un crimen social que podría desencadenar en una catástrofe humanitaria. La franja etaria más golpeada, se sabe, es la que habita los geriátricos. El fallecimiento de cinco ancianos en un geriátrico de Villa Lynch y los más de 20 infectados vinculados a dicho hogar, dan muestra una vez más de cuáles son las prioridades del gobierno municipal. Las barriadas no son la excepción. Hace pocos días el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, expresó por radio que no se daban los datos pormenorizados de las tasas de infección en las villas para no estigmatizar a sus habitantes. Verso. El gobierno oculta los datos reales para evitar dejar de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran miles de sanmartinenses desde hace décadas. En este contexto, mientras el gobierno provincial y municipal impulsa la vuelta a las fábricas sin ningún tipo de control ni condiciones para defender la integridad de los trabajadores. La fábrica de cosméticos Tsu que viene desde hace meses llevando adelante un proceso de despidos ha suspendido a más de la mitad de sus trabajadores y recortado sus salarios. Esto no es exclusivo de esta fábrica ya que es un panorama que se multiplica a lo largo de todo el distrito y en varias ramas de la industria. Está situación deja claro que nos enfrentamos a nivel local y mundial, a un régimen social criminal sin ningún tipo de estrategia para enfrentar esta pandemia. Ante los límites insalvables de los capitalistas para defender lo más básico, la vida, debemos oponer un programa socialista. Nacionalización y universalización de la salud bajo un sistema único bajo dirección de los trabajadores. Urbanizacion de los barrios. Ningún despido, ni suspensiones, ni quita salarial. Nacionalización de la banca. No al pago de la deuda.

Cuando el Covid-19 hizo erupción en América Latina, el gobierno de Venezuela solicitó una asistencia al FMI por u$s5 mil millones, que fue rechazado en menos de 24 horas, sin tiempo siquiera para una evaluación. Una semana más tarde, el mismo FMI anunció un programa de esas características para “naciones pobres”, del cual excluyó a Venezuela. En el día de ayer las autoridades venezolanas entraron con una demanda contra el Banco de Inglaterra, quien se niega a transferir reservas de oro de Venezuela que se encuentran en su custodia. Venezuela, que sufre toda clase de embargos, sanciones y bloqueos, necesita el dinero para enfrentar un derrumbe de la salud, en gran parte debido a su propia política. La “vieja dama inglesa” alegó para rechazar la entrega de lo que no es de ella, que el gobierno de Venezuela no se encuentra reconocido por sesenta estados. La respuesta echa luz sobre la motivación o el alcance del desconocimiento de la legitimidad del gobierno de Maduro: varios miles de millones de libras esterlinas en oro. La piratería inglesa que es denunciada con frecuencia en América del Sur recibe otra confirmación, aun cuando la ‘vieja Albión’ ha perdido casi todos los pelos, porque hasta la City de Londres es un mercado dominado por los bancos y fondos norteamericanos. Para sortear este bloqueo el gobierno de Maduro propuso que los 930 millones de libras que reclamaba fuera transferido al programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que tendría a su cargo la supervisión del uso de ese dinero para combatir el coronavirus. La ONU ya había declarado “prioritaria” a Venezuela en la lucha contra la pandemia. Ha entrado ahora con una demanda a la Alta Corte del Reino Unido como consecuencia de la ausencia de respuesta a su pedido. El capitalismo revela en mayor medida su naturaleza criminal cuando más dramática es la situación de un pueblo.

La insinuación de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos sobre un posible ingreso accionario del Estado a las grandes empresas que recibieron el ATP ha levantado polvareda. El planteo de Vallejos tuvo lugar cuando se supo que las mayores corporaciones capitalistas del país habían utilizado los ATP para el pago de sueldos a altísimos directivos o, sencillamente, para la fuga de capitales. Pablo Busch, en Política Obrera, ha revelado cómo la industria de la alimentación, que trabajó a pleno durante la pandemia, pagó sueldos con estos subsidios estatales. El gobierno debió emitir una nueva reglamentación que vuelve incompatible percibir el ATP con la compra de divisas o remisión de utilidades al exterior. Simultáneamente, habilitó a un mecanismo de devolución del subsidio. En otras palabras: el pulpo empresario que quiera hacer otros negocios mientras se acoge a los fondos estatales, tiene la opción de devolverlos. Las nuevas disposiciones revelan el fracaso de las ATP y, en general, de los socorros al capital como mecanismo de relanzamiento económico. El capital se rescata a sí mismo, no a los trabajadores que soportan despidos o suspensiones con rebajas salariales. Alcance mundial Si la “alegría no es sólo brasileña”, la picardía patronal no es sólo criolla. Acaba de revelarse que una parte importante del megapaquete de Trump de préstamos a “pequeñas y medianas” empresas fue desviado a grandes corporaciones capitalistas. Una de ellas, la cadena de hamburgueserías Shak, acaba de devolverle los fondos al Estado, en medio de un gran escándalo. Con relación a la capitalización accionaria, por parte del Estado, de los fondos que recibieron las empresas durante la crisis del coronavirus, en Estados Unidos, una parte de las corporaciones beneficiarias la han preferido, para no cargar con una nueva montaña de deudas a los pasivos ya acumulados. La Comisión Europea acaba de darle el beneplácito al ingreso accionario del Estado a grandes empresas en dificultades. El comunicado de la CE aclara que la alternativa es plausible con el sistema de “libre empresa”, siempre que los estados compren las acciones a “precios de mercado”. Auspician, en definitiva, un megaoperativo de rescate del capital con fondos públicos. Los que propician esta salida rememoran las estatizaciones producidas bajo la crisis de 2007/2008, y la reprivatización posterior de bancos y compañías que fueron saneados con el patrimonio público. Los respiradores mecánicos faltan en los hospitales de todo el mundo, pero sus Estados están montando un gigantesco “respirador” sobre el capital en bancarrota. El rescate, en su reverso, es una expresión de la caducidad de las relaciones sociales capitalistas a escala mundial. Y por casa Este escenario internacional ayuda a entender las declaraciones “matizadas” de los jefes de la gran burguesía local frente a la propuesta de Vallejos. Varios de ellos señalaron que el planteo es “desproporcionado” – no se pueden pedir acciones por una asistencia circunstancial. Otra cosa, dijo el abogado ultrapatronal Funes de Rioja, sería un rescate consensuado, y reivindicó el “aporte” de capital que el estado alemán acaba de hacerle a Lufthansa.”. El dueño de Fate y Aluar, mucho más concesivo, saludó “la comunión de intereses entre el sector público y privado” y pidió discutir el tema con la “mente abierta” (La Nación, 22/5). En esta línea, el kirchnerista Recalde señaló que la propuesta de Vallejos sería viable “si son las empresas las que definen que quieren al Estado en su capital accionario” (id). Aunque los cristinistas han sido acusados de “socialistas”, no hacen sino empalmar con una tendencia general al rescate de las corporaciones capitalistas. El estado argentino, sin embargo, no tiene la menor condición para “capitalizar”, porque él mismo está quebrado. Ya posee acciones en grandes empresas, por medio del Fondo de Sustentabilidad de Anses, que las heredó de las AFJP. Tiene directores en ellas, que sin embargo no ejercen ninguna función de dirección. En Japón, Europa y en Estados Unidos, los bancos centrales son accionistas “pasivos” de numerosas corporaciones, o sea que no cuentan siquiera con el número de directores que les acredita el capital que poseen. Las compañías que operan en Argentina se encuentran asimismo fuertemente endeudadas, que fue lo que buscaron hacer bajo Macri, con el argumento de ‘aprovechar’ los intereses bajos de los préstamos del exterior. La participación de un estado quebrado en una empresa semi-quebrada, no suena como una salida de conjunto. La movida de Vallejos parece, más que nada, un escarceo con Techint, que agita el ambiente político con despidos, y que es quien más reclama el desmantelamiento de la cuarentena. Está golpeado por la crisis petrolera y por el parate de Vaca Muerta. La industria petrolera opera bajo un régimen de semiestatización, con tarifas congeladas de un lado y el fuerte subsidio del “barril criollo” a u$d45, del otro. La crisis mundial y la pandemia han colocado al capital bajo la tutela del Estado y de los bancos centrales. Programa El bloqueo de la acumulación de capital y el financiamiento de la economía por parte del Estado caracteriza una situación transicional – se procede a la expropiación del capital, que ha entrado en vida vegetativa o parasitaria, o el capital muta en un virus que condena a la mayoría trabajadora a una miseria de alcances históricos. La crisis de la humanidad no es la consecuencia del Covid-19 sino de la respuesta del capital en decadencia y de su Estado a esa pandemia. Una ‘reapertura’ de la economía en las condiciones previas a la pandemia solamente agravará los enormes preexistentes. No recuperará el empleo ni los salarios, menos aún pondrá en pie un sistema previsional sólido. El rescate del sujeto capitalista constituye una sangría para la sociedad. Para disponer de los recursos acumulados por el capital para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias económicas es necesario centralizar esos recursos – financieros, sanitarios y sociales, o sea expropiar el capital. Esa tarea solamente la puede realizar la clase obrera. Las primeras cien empresas del país (industrias, bancos, monopolios agrícolas y comerciales) deben ser colocadas bajo un plan único, debatido en un congreso de trabajadores. La emisión monetaria, que bajo la intermediación del capital se convierte en un instrumento de desorganización, bajo las condiciones de un plan unificado sería el instrumento complementario para la atención de las cuestiones más urgentes y de las más estratégicas.

En la noche del jueves, la infantería de Santa Cruz emboscó a trabajadores despedidos municipales, reprimiendo con balas de goma en el mismo momento en que tenía lugar una reunión entre un grupo de representantes de los trabajadores y miembros del gabinete municipal. El intendente de la localidad del norte santacruceño Osvaldo Maimó no maniobró en una isla, tuvo el aval operativo de la provincia. La represión fue orquestada y avalada por el gobierno de Santa Cruz. Los medios locales han relevado un saldo de dieciocho detenidos y otros tantos heridos. Situación de los municipales despedidos Al asumir en diciembre de 2019, el intendente Maimó dejaba en la calle a 208 familias con la artimaña tradicional de darse la facultad en desconocer contratos tomados bajo el anterior jefe comunal. La lucha que los trabajadores municipales vienen sosteniendo con colectas solidarias del pueblo durante seis meses agotó la paciencia cuando del otro lado del mostrador sólo había dilaciones y chantajes. La desesperación en que atiendan el reclamo de fuentes de trabajo los llevó a encadenarse en la puerta del Municipio. Se vieron escenas dramáticas. Uno de los trabajadores se roció con nafta y amenazó prenderse fuego si seguían jugando con el hambre de las familias. La lucha para estos municipales es, indudablemente, de vida o muerte. La precarización y la desocupación son las entrañas de la provincia. El carácter descompuesto de este régimen se manifiesta en los métodos que emplea para sostener la miseria: persecución, procesamientos a luchadores, despidos masivos y represión salvaje. Los sueldos de estatales y docentes están en un piso histórico, más cerca de un subsidio de pobreza que de un salario mínimo. El pueblo truncadense repudia la represión de anoche y ha llamado a autoconvocarse, situación que se replicará en muchas localidades. Los responsables intelectuales y materiales deben ser juzgados y condenados por este operativo que atenta contra los derechos más elementales de la clase obrera. La lucha de los municipales despedidos es de todos. Pase a planta permanente de los 208 despedidos municipales. Repudio a la represión de Maimó-Kirchner. Juicio y condena a los responsables.

El pasado lunes 18, los repartidores realizamos la segunda asamblea virtual desde que inició el aislamiento social obligatorio, para dar continuidad a un plan de lucha que lleva más de un año. En este marco excepcional, provocado por la pandemia, priman los bloqueos de cuentas, la precarización laboral extrema y la falta de elementos de higiene. Luego del paro internacional del 23 de abril y el paro nacional del 8 de mayo, los repartidores volverán a movilizarse este 29, acción resuelta tras la deliberación de repartidores de PedidosYA, Glovo y Rappi de todo el país. Un trabajo de riesgo Pasaron dos años del último aumento salarial. Desde entonces, sólo Glovo elevó la tarifa por pedido apenas $4. La inflación acumulada desde entonces supera el 100%, el aumento de la nafta y la reparación del transporte como herramienta laboral, completan el combo. La pandemia fue utilizada como “chivo expiatorio” por las empresas, ya que los pedidos han incluso aumentado desde el inicio de la cuarentena. También aumentaron las comisiones para los locales que contratan el servicio de reparto. La baja remuneración por pedido obliga a extensas jornadas laborales. Sin relación formal ni amparo de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los trabajadores no tienen ART ni obra social. El trabajo a contrarreloj, durante 10 o 12 horas por día, ya se llevó la vida de tres repartidores desde que comenzó la cuarentena. En la misma línea, la patronal despide desactivando las cuentas, sin posibilidad de reclamo. Sus oficinas se encuentran cerradas y no dan respuesta por teléfono ni por mail. La falta de un protocolo de higiene garantizado es la muestra de la imposibilidad de cumplimiento de los cuidados correspondientes por parte de los trabajadores. Glovo entrega míseros elementos de higiene que no cubren ni siquiera una jornada laboral; puntualmente un barbijo descartable, un par de guantes y un alcohol en gel pequeño por semana. Los repartidores de PedidosYa y Rappi, en Mar del Plata, no recibieron nada. Un método La organización independiente de los trabajadores marca el camino de las medidas de fuerza deliberadas en asambleas locales y nacionales. Esto se observa en la resolución última de conformar cuerpos de delegados por regional, con convocatoria de asambleas abiertas presenciales con los respectivos cuidados por el Covid-19, para dar continuidad a los reclamos. Vamos a otro gran paro activo con movilización y corte de calle en la puerta del Ministerio de Trabajo de cada ciudad, por el 100% de aumento salarial sin afectar la tarifa del cliente, por ART y obra social a cargo de la empresa, entrega de elementos de seguridad e higiene en cantidad y calidad, reactivación de todas las cuentas bloqueadas. Basta de despidos y suspensiones. Justicia por todos los trabajadores fallecidos y accidentados.

El lanzamiento en la Ciudad del Programa Detectar, que articulan el gobierno nacional y el porteño, se convirtió rápidamente en un factor de agudización de las contradicciones de la crisis sanitaria en las villas de la Capital. El programa no tiene altas pretensiones: se trata de realizar testeos sólo a aquellos que presentan síntomas, a partir de un relevamiento de las organizaciones sociales. A pesar de sus limitados objetivos, en la villa 21-24 éstos no se ha cumplido: no sólo no están testeando a todos los sintomáticos, tampoco obtienen los resultados dentro de las 8 y 12 horas prometidas. Los sospechosos de contagios no se derivan a hoteles. Los encargados del Detectar se han transformado en un agente activo en la propagación del virus. Los hisopados se tomarían en las dependencias del CEMAR, el centro de emergencias de la villa, para luego ser enviados a los laboratorios del hospital Muñiz y al Malbrán; mientras se tuvieran los resultados, los sintomáticos serían llevados a la Casa de la Cultura (una dependencia del Gobierno de la Ciudad en el barrio) a la espera de una segunda derivación a un hospital u hotel conforme a los resultados del hisopado. Pero el programa entró en crisis el primer día de implementación. Los vecinos que habían sido llevados a la Casa de la Cultura durante la mañana continuaban ahí aún a las nueve de la noche. Vecinas con sus bebés en brazos denunciaron que, tras ser informadas del test había dado resultado positivo, continuaron a la espera de su derivación en el mismo sector donde se encontraban pacientes aún sin sus resultados. Por su parte, quiénes aún no tenían sus resultados, pero presentaban síntomas agravados, tampoco fueron derivados en su totalidad a los hospitales, pues no llegaba la confirmación de camas disponibles. El primer hospital que dejó de recibir derivaciones fue el Hospital Penna a las 16 horas. Para quienes sí fueron derivados, la situación no fue mejor. Estuvieron arriba de los micros dando vuelta durante diez horas por los hospitales, sin que se encontraran listas las órdenes de recepción de pacientes. El martes, la situación de los vecinos derivados al hospital Ramos Mejía habría de explotar también; las madres con niños contagiados filmaron con sus celulares la situación de hacinamiento que vivían desde el día anterior en los pasillos del hospital, teniendo que dormir sentadas en sillas de plásticos, y usando los mismos baños, visiblemente inmundos, que el resto de los pacientes. Los videos se hicieron virales en las redes sociales. También durante los dos primeros días se supo que la empresa constructora POSE había obligado a sus obreros y vecinos de la villa 31, a trabajar en una obra de la villa 21. Cinco de estos obreros estuvieron presentando síntomas de contagio la semana pasada y finalmente el lunes al medio día, se confirmaron como casos positivos. Frente a esto, el conjunto de las cuadrillas de la obra paralizó sus actividades y los trabajadores obligaron a la empresa a devolverlos a sus casas. Estas circunstancias llevaron a distintas organizaciones del comité de crisis de la villa 21-24 a protestar durante la noche del martes a las afueras de la Casa de la Cultura. Las organizaciones que fueron entrevistadas por los medios durante la protesta, cercanas mayoritariamente al gobierno nacional, responsabilizaron principalmente al gobierno de la Larreta por las dimensiones que estaba tomando la crisis sanitaria. Al finalizar la manifestación, las organizaciones presentes, incluidos nosotros, acordamos discutir la redacción de una declaración pública, convocar a una rueda de prensa para denunciar las condiciones de insalubridad a la que son sometidos los vecinos de los barrios y exigir una solución para evitar que se replique la situación de la villa 31. Sin embargo, al día siguiente de esta protesta, las demás organizaciones cancelaron la iniciativa planificada. Por su parte, los funcionarios estatales de salud a cargo del Detectar en la villa comunicaron a las organizaciones que no darían a conocer el parte diario de casos confirmados para “no generar confusión con los datos del CEMAR y los retrasos que hay en el Ministerio de Salud”. El anuncio de estos funcionarios fue rechazado y han entregado finalmente el reporte de contagios que, para el jueves, ya sumaban 60 casos. En este reporte, sin embargo, no están contabilizadas todas las muestras tomadas en el CEMAR. La mayoría de los resultados de los test del programa Detectar aún no han llegado. Frente a las condiciones de insalubridad que los gobiernos sostienen al interior de la villa 21, de los centros de salud y de los servicios de transporte, es de vida o muerte que las organizaciones y los vecinos de las villas de CABA llevemos adelante una lucha única, con independencia de los gobiernos, y en defensa de los intereses y la vida de los trabajadores del barrio. Organicemos los reclamos de todos los barrios en una acción única en defensa de la vida y la salud de los trabajadores de la Ciudad.

Desde el inicio de la cuarentena, Pignanelli firmó la suspensión de todo el gremio con descuento del 30% del sueldo, incluso antes que la CGT cerrara el acuerdo con la UIA, que rebaja el salario de los trabajadores afectados por el aislamiento en un 25%. La producción arrancó con un esquema de un turno por día, a la medida de las patronales que venían atravesando una gran baja de ventas y de producción en el 2019 (una caída cercana al 50%, comparado con 2018); situación que los trabajadores ya han venido pagando con suspensiones y despidos (encubiertos o no) en todo el gremio. Una de las más interesadas para que arranque el sector era Toyota, única terminal que mantuvo en pie su proyección de producción anual hasta el comienzo de la cuarentena. La terminal es, desde hace años, el modelo a seguir para la industria automotriz por sus métodos de producción, manteniendo a los trabajadores estrictamente "ordenados", bajo un convenio especial de flexibilización. Se trata de un convenio que va mutando según las necesidades de la patronal. El ejemplo claro de esto son las horas crédito, o “banco de horas” un punto clave que las patronales insisten para que forme parte de una reforma laboral. Consiste en que los trabajadores devuelvan las jornadas que, por algún motivo, ajeno a ellos, no se trabajaron (falta de piezas, baja de producción, etc.), el día que la patronal lo requiera o en horas extras sin pagar diferencia; con esto se elimina el pago de horas extras. Este es el modelo que se aplica en Toyota. Sin embargo, ahora que la patronal nipona iba a salir claramente perdiendo, por la imposibilidad de recuperar tantos días, decidieron que los trabajadores de la "fábrica modelo" entren en el mismo sistema de suspensiones con descuento que el resto del gremio. Las patronales anunciaron que la vuelta a la producción se llevaría a cabo “bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene”, pero en ningún comunicado se refieren a la esencialidad de la producción automotriz, como tampoco lo hizo el sindicato. La apertura, en principio, no puede responder a las presiones del mercado, que se encuentra en el parate más grande de la historia. Si no es el mercado el motor que impulsa la apertura de las plantas, hay que prestar atención a las políticas de flexibilización laboral que las terminales vienen desarrollando, de hecho, con la venia del sindicato. El retorno progresivo a la producción funcionará como telón de fondo de un ataque aún mayor de las condiciones de trabajo de los mecánicos. No hay que perder de vista que el modelo a seguir para la flexibilización de los convenios en la Argentina, reiteramos, es Toyota. Hace años que todas las terminales locales quieren copiar los métodos de flexibilización laboral que implementan los japoneses: una planta con un promedio de edad de los trabajadores muy bajo, (casi ningún trabajador supera los 35 años) producto de los altísimos ritmos de producción que generan patologías laborales. Una vez que los operarios llegan a esta situación son invitados a retirarse por una suma mucho menor que una indemnización correspondiente a las lesiones y los años trabajados, o esperar la desvinculación, sin pago, por “no poder volver a la línea”. Los grandes aliados en esta politica de la patronal nipona son el SMATA y la Superintendencia de ART. De este modo, el arranque a medias no es una medida para resguardar a los trabajadores del Covid19, sino para "afinar el lápiz”, mientras las patronales se acomodan en medio de la pandemia. La producción de autos no es esencial, menos aún en este contexto, y aumenta de manera exponencial el riesgo de contagio de los trabajadores. La salud y la vida de los obreros de las terminales es subordinada a las necesidades de ajuste de las patronales. Se impone un estado de alerta para todos los trabajadores de las terminales automotrices.

Los trabajadores de la empresa Texameri, ex Fadete, se movilizaron a los portones de la empresa, ubicada en la localidad bonaerense de Don Torcuato, en reclamo del pago de sus salarios. La fábrica es una de las textiles más importantes de la zona norte, y viene manteniendo una producción al 20% de lo normal, limitada a la producción de barbijos y uniformes policiales. Ocupa a 240 trabajadores que vienen hace tiempo desarrollando un proceso de reclamos de recomposición salarial. Los compañeros de Texameri ya venían de rechazar el acuerdo pactado entre la AOT y la Cámara Empresaria, que reducía el salario de los textiles a menos del 75%, lo que representa, en mano, una suma no remunerativa de $20000 mensuales para los de mayor categoría, y a $17500 a los de categoría inferior. El acuerdo de la AOT despertó el rechazo unánime de comisiones internas, delegados y activistas textiles de todo el país y movilizaciones en zonas de concentraciones textiles (Tierra del Fuego, Trelew). El acuerdo era tan malo que quedó por debajo de lo que días después pactó la CGT con la UIA de suspensiones al 75%. El acuerdo de la CGT, más el decreto del subsidio ATP, obligó a la AOT a cambiar de posición, y a solicitar que se deje sin efecto el acta original y reclamó el pago del 100% de los salarios, algo a lo cual las patronales se niegan rotundamente. En Texameri, como en todos lados, el subsidio ATP otorgado por el gobierno, en vez de completar la parte del salario que a los trabajadores les faltaría cobrar -y a pesar de figurar en la cuenta sueldo de los trabajadores- fue a parar íntegramente a los bolsillos de la empresa. Cómo todavía no existe un nuevo acuerdo con la AOT, la patronal solo depositó $8500 el mes pasado como "adelanto" y este mes pagó solo $6000, también como adelanto, avanzando todavía más en la reducción del salario, y despertando esta respuesta de los trabajadores. Los delegados convocaron a movilizar a los portones, haciéndose presentes en forma inmediata unos 150 compañeros de la fábrica, una asistencia muy importante, obligados a exponerse a los riesgos de la pandemia por la actitud mezquina de la empresa. La ruidosa protesta se extendió por varias horas, cortando ambos carriles de la ruta 202, concitando unos cuántos bocinazos de apoyo de los transeúntes, y se repetirá en caso de que no aparezca el pago de los salarios, siempre siguiendo el protocolo sanitario correspondiente. El sector administrativo, cuyo sindicato SETIA rechazó el acuerdo de reducción, terminó cobrando el 100% del salario, lo que demuestra que la plata está. Todo esto reafirma la posición del cuerpo de delegados y los trabajadores de la empresa, contra las rebajas avaladas por el gremio y la CGT y por el pago del 100% de los salarios El proceso de organización y reclamos en la ex Fadete se da en un marco de precarización laboral y salarial que no tienen nada que envidiar a lo que ocurre en los talleres clandestinos del rubro. La combativa comisión interna que actúa en la fábrica surgió a partir de que los trabajadores expulsaran a los delegados históricos de la AOT por su complicidad en la precarización de las condiciones de trabajo, que derivó en el crimen laboral de un trabajador al explotar la caldera por falta de mantenimiento. Los gerentes de Texameri, y especialmente sus encargados de seguridad laboral, deberían estar cumpliendo condena en la cárcel en vez de estar discutiendo reducciones salariales. Este proceso derivó en la caída de la comisión interna y abrió paso a un proceso de organización de trabajadores. Este fenómeno de lucha contra los atropellos de la patronal se extiende a lo largo de varias fábricas en todo el país, que han repudiado el acuerdo firmado por la AOT: la ocupación de Sedamil, en Trelew, y las protestas y movilizaciones en Tierra del Fuego, la lucha de Sportech, el rechazo y movilización de Textilana, en Mar del Plata, configuran un cuadro de inmenso rechazo a la burocracia y de una nueva dirección que aparece en cada proceso de lucha. La movilización de los textiles de Fadeté se suma a un creciente proceso de luchas en la zona Norte, en las condiciones nuevas que presenta la pandemia; desde la ocupación de Bedtime, a la lucha del Sutna en Fate, las protestas en Mondelez, Ilva, Later-Cer, sumado a la lucha de los trabajadores de hospitales y de la salud. Vamos por el triunfo de los compañeros de Texameri, por el pago integral de sus salarios y por el triunfo de todas las demás luchas.

Un centenar de trabajadores de la salud de Caba, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero se reunieron el sábado 16 a debatir en una plataforma digital con Jorge Altamira en una iniciativa de la Agrupación Tribuna de Salud del Partido Obrero Tendencia. Participaron trabajadores de la salud de España y Chile. La actividad coincide con una seguidilla de luchas en el contexto de una apertura de la cuarentena por parte del gobierno nacional que ha promovido un ascenso exponencial en la curva de contagios. Los trabajadores exigen insumos de bioseguridad, defensa de los protocolos, defensa del salario y testeos masivos al personal para detener el alto nivel de contagio, que ya se ha cobrado la vida de más de una decena de compañeros. Presentación El plenario fue abierto por una referente de la lucha de enfermería, la compañera Vanesa Blanco, delegada de la junta interna del Hospital Eva Perón de General Baigorria (Santa Fe), un centro de referencia provincial en Covid19. Vanesa se refirió al contexto internacional de lucha de los trabajadores de la salud frente al colapso sanitario y reivindicó el día internacional de enfermería como un día de lucha. Los debates Uno de los ejes de la discusión fue la relación entre el capitalismo como sistema social y la pandemia. Altamira describió la incapacidad total y definitiva del régimen de controlar las curvas de contagios, de ofrecer cobertura sanitaria a las poblaciones, y denunció los negociados vinculados a la producción de vacunas y remedios. El colapso sanitario muestra el quiebre en la relación del sistema capitalista y las necesidades de la humanidad y muestra que la lucha por defender la vida contra la pandemia se desarrolla objetivamente contra el capitalismo. Adquiere un carácter revolucionario. La posición de un médico bonaerense sobre el trabajo de médicos cubanos en el conurbano le dio pie a Jorge para abordar las polémicas en relación con las condiciones de trabajo, el gobierno cubano y la campaña reaccionaria anticomunista de la derecha. ¡Queremos barbijos, no mordazas! También hablaron trabajadores del Hospital de Clínicas, que depende de la Universidad de Buenos Aires para denunciar la persecución sindical y la suspensión del camillero Daniel Iribarren por reclamar condiciones de bioseguridad. La agrupación Bordó del Hospital de Clínicas, integrante de Tribuna de Salud convocó a una campaña nacional de difusión y solidaridad para revertir la suspensión. Las sanciones, que no son exclusivas del Hospital de Clínicas, constituyen un ataque al derecho a la libre organización gremial y a organizarse por demandas que hacen a la salud de los trabajadores, pacientes y sus familias. Conclusiones de un debate El debate dejó en claro la necesidad de superar a las burocracias sindicales y planteó la necesidad de crear una coordinadora intersalud que logre quebrar todas las barreras que fragmentan al movimiento de trabajadores de la salud. Esa coordinadora debe incluir en su programa la legalización del aborto legal seguro y gratuito. A pesar de la cuarentena y el distanciamiento social todos los métodos históricos de lucha de los trabajadores vienen desplegándose y es probable que las acciones evolucionen, sostuvo Altamira. No será la primera vez que los trabajadores de la salud desplieguen una lucha sin afectar a los pacientes. Lo que no es aceptable es la pretensión de las autoridades a que renuncien a luchar, porque esa lucha es por la vida misma. Altamira se despidió comprometiéndose a seguir colaborando con Tribuna de salud. Desde la guardia del Eva Perón de Baigorria de Santa Fe el servicio de enfermería envió un cálido saludo. En los próximos días, Tribuna de Salud dará nuevos pasos en la organización en función de poner en práctica las conclusiones del debate y fortalecer la lucha en el contexto del pico de contagios. A su vez se encontrará disponible el audio para su difusión.

En una sesión exprés, el 20 de mayo pasado, la legislatura de Córdoba aprobó una reforma jubilatoria. Esta implica un ataque no solo a los actuales jubilados, sino al conjunto de los trabajadores. Los aspectos más relevantes de esta reforma plantean, para los jubilados actuales, una reducción de los haberes por el diferimiento del cobro de los aumentos que perciben los activos por dos meses. La suba de estatales del 10 % acordada en mayo, impactará recién en julio en los haberes. Con una inflación del 2% o 3%, la licuación del aumento es del 50%. A los jubilados que cobran el 82% del 89% del salario, se les impone un nuevo cálculo de los haberes. Este nuevo cálculo es sobre la base del 82% u 84% del salario, lo que implica una reducción de hasta el 6%. Se baja el porcentaje de las pensiones del 75% al 70%, además de eliminar el beneficio de que el primer año el pensionado cobraba el 100 % del haber. Por el lado de los trabajadores en actividad, en vez de calcular su jubilación sobre los últimos cuatro años de salarios, se calculará sobre los últimos 10 años. Lo más pérfido de la actual reforma es que trata de encubrir su carácter de ataque generalizado a los jubilados y trabajadores, planteando que sería una corrección circunscripta a las jubilaciones más altas de la provincia, cuando se trata de un ataque al conjunto de los jubilados y a los activos, quienes accederán a una jubilación con una reducción de sus pensiones del 75% al 70%, del salario en actividad. La aprobación contó con el voto del conjunto de los diputados de “Hacemos por Córdoba”, excepto los dos diputados de extracción sindical, José Pihen y Sara García. Lo que sí garantizaron los burócratas sindicales fue desocupar las calles y no tomar ninguna medida de acción directa. En un documento conjunto del Sindicato Regional Luz y Fuerza, La Bancaria, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), entre otros, anunciaron que… ¡irán a la Justicia! El profundo ataque del gobierno de Schiaretti a los jubilados y trabajadores cordobeses está determinado por el quebranto provincial, la necesidad de generar un ahorro para pagar la deuda y la presión de la burguesía -que exige la reducción de los “gastos” del estado- para obtener ella misma más subsidios y eximiciones impositivas. Estamos frente a un ataque a una conquista histórica de la clase obrera cordobesa, dirigido a convertir a la Caja Provincial de Jubilados en una “Anses provincial” para subsidiar a los capitalistas, como FIAT y Roggio, y convertir los haberes jubilatorios en pensiones de la vejez. El gobierno de Schiaretti contó además con el voto del bloque de Caserio y De la Sota, del Frente de Todos. La ley propone la pospuesta armonización entre las cajas jubilatorias nacionales y provinciales. En otras palabras, la grieta entre el kirchnerismo y el “cordobesista” Schiaretti se cerró contra los trabajadores y jubilados. La Legislatura fue el centro de estas operaciones contra los trabajadores. El terreno fue preparado por la reunión de “labor parlamentaria” en la cual los jefes de bloque acordaron con la reducción por cuatro meses las dietas dispuesta por el vicegobernador Calvo. Un vuelto comparado con lo que le acaban de sacar a los jubilados. Esta comisión contó con la comparsa de todos los bloques políticos, incluido el FIT, con la excepción del MST. Luego trascendió una reunión entre el oficialismo (PJ) y sectores opositores para tratar cuestiones tendientes a resolver el déficit fiscal de la provincia, de unos 20 mil millones de pesos. La oposición patronal se levantó de la sesión sin votar o lo hizo en contra una vez que se comprobó que la aprobación de la reforma anti jubilatoria ya estaba asegurada. La CGT, metida hasta el cuello La reforma aprobada en la Legislatura ha dejado al descubierto el acuerdo entre el gobierno de Schiaretti y las direcciones de los sindicatos estatales, ya que los gremios de UEPC (docentes) y SEP (estatales) cuentan con veedores en la Caja Provincial de Jubilados. Los principales gremios de los trabajadores públicos (UEPC, SUOEM, Luz y Fuerza, etc.) llegan a esta situación luego de dejar pasar durante el año pasado y el año en curso, sistemáticos ataques a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Son responsables del vaciamiento de las cajas jubilatorias, aceptando las sumas en negro que las desfinancian. Sus dirigentes están absolutamente entrelazados con las diferentes variantes del PJ, que está llevando adelante el ajuste. La directiva del sindicato docente, UEPC, salió a repudiar y a la vez desmarcarse con el argumento que “los docentes no se encuentran afectados a la medida”. Sin embargo, la última paritaria que firmó contiene la reducción del 18 % al 11% de los aportes personales, lo que la conducción celeste del sindicato saludó como “plata en el bolsillo”, aunque fue rechazada por las bases docentes. Los sectores estatales vinculados a áreas centrales y salud también sufrieron una reducción de los aportes. Un caso emblemático es el de la dirección del SUOEM. En solo cinco meses sufrieron las sumas en negro, la reducción de sus salarios por ordenanza y ahora se incorpora las jubilaciones. Es decir, están liquidando una serie de conquistas que a los trabajadores les llevó años de huelga conquistar. En el caso de la seccional de Luz y Fuerza, su secretario general, que posó de luchador en actividades con el Plenario Sindical Combativo, intercambió figuritas entregando el convenio de EPEC a cambio de evitar la cárcel. Organizarse y luchar La ley de reducción jubilatoria es parte del programa de Schiaretti contra los trabajadores. En una provincia que carga con una deuda que creció en diez mil millones de pesos en los últimos días plantea, un escenario que pone en discusión el pago de los aguinaldos y las paritarias en junio. Pedirle a la CGT y la CTA que garanticen un paro general es desnudar la impotencia sobre la situación dado que sus direcciones sindicales están en el mismo mostrador que el gobierno. Las bases del conjunto de los públicos esta cruzada por una intensa deliberación. Es fundamental que podamos arribar a las conclusiones que se desprenden de estos últimos meses. Tenemos que poner en pie reagrupamientos en cada uno de los gremios y coordinar las acciones. El rechazo de esta nefasta ley tiene que servir para reagrupar fuerzas, en cada rincón de la provincia. La superación de la burocracia sindical y la organización de las bases del gremio son las condiciones fundamentales para encarar esta lucha y las que se avecinan. La Caja Provincial de Jubilados no puede ser la moneda de cambio para el pago de la deuda provincial o el subsidio a los capitalistas. Es indispensable levantar la consigna de la expulsión de los agentes del gobierno de Schiaretti y la burocracia sindical a partir de delegados electos entre los trabajadores y jubilados para ocupar su mesa directiva. La defensa de los salarios y haberes ocupa el mismo escalón que la defensa de la salud y debe ser tomada por los trabajadores en sus manos.

Desde la expansión del coronavirus en la provincia, Moreno ha sido uno de los distritos con más contagios – casi cien casos positivos y 78 sospechosos. Una vez más se pone de manifiesto, amenazante, la crisis del sistema de salud permanente en el partido. Moreno solo cuenta con un hospital descentralizado zonal y 44 establecimientos (salitas) de dependencia municipal, sin internación, que reciben constantes reclamos por falta de insumos y personal. El único hospital de Moreno cuenta con 190 camas para más de 500 000 habitantes (aproximadamente 1 cama cada 2.631 habitantes), insuficientes aun en tiempos normales. A esto hay que sumarle que es el tercer distrito con mayor porcentaje de personas sin cobertura de salud (según los últimos datos censales) y que por tanto necesitan del hospital público. Es claro que el desarrollo y expansión del virus en Moreno sería catastrófico. Es uno de los seis distritos más pobres de la Provincia, una "ciudad dormitorio" con miles de trabajadores que a diario deben tomar el tren hacia Capital. También viven aquí miles de trabajadores en negro y desocupados que viven de "changas". Para todos ellos, la cuarentena significa un golpe profundo a la subsistencia diaria. Miles de trabajadores en negro y desocupados se ven obligados a romperla y salir a las calles a vender barbijos, comida, etc., en búsqueda de sustento para sus familias. ¿Qué hace mientras tanto el comité de emergencia frente al Covid 19? El 31 de marzo, se reunió por primera vez. Participaron la Intendenta Mariel Fernández, miembros de la oposición legislativa muncipal, autoridades de la Iglesia Católica y Evangélica, miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros. Se acordó el modo y la forma de distribución de la comida que se baja de Nación. Entre los puntos destacados se establecieron "puntos calientes" del distrito para la colocación de ollas populares y su funcionamiento, con organizaciones sociales afines y el ejército. La Intendenta también hizo referencia a la "pandemia de la violencia de género" y afirmó que el municipio trabaja en ese sentido. Pero nada ha establecido con relación a prohibición de despidos y suspensiones, a que se garanticen los salarios. Tampoco ha discutido ni implementado un plan de saneamiento, que los trabajadores desocupados vienen exigiendo, para la vera del río Reconquista y sus arroyos, donde la población está expuesta a otros peligros como el dengue y las ratas. No ha discutido ni establecido una apertura y acondicionamiento de refugios para miles de mujeres que sufren violencia en sus hogares. Por comités barriales y en cada lugar de trabajo En resumen, en Moreno, el Estado no ha garantizado las condiciones para evitar que se rompa la cuarentena y resguardar la vida de los trabajadores. El gobierno nacional, provincial y municipal son responsables de la potencialidad catastrófica que hoy presenta el municipio y por tanto son incapaces de darle una salida real a los trabajadores. Se vuelve necesaria la organización y deliberación colectiva de los trabajadores e independiente en los barrios y lugares de trabajo para desarrollar protocolos de seguridad e higiene, pensar todas las carencias que existan y exigirle de conjunto al Estado el cumplimiento de todas las reivindicaciones. Exijamos: Prohibición de despidos y suspensiones en el distrito. Que se garanticen los salarios durante la cuarentena. Saneamiento, fumigación y descacharramiento en los barrios más carenciados. Reparto gratuito de alcohol, lavandina y barbijos para los trabajadores desocupados. Entrega en tiempo y forma de alimentos frescos y secos para las organizaciones independientes del Estado que realizan ollas populares y comedores. Pago inmediato del IFE y aprobación del ingreso para los miles de rechazados Apertura y acondicionamiento de casas refugio para las mujeres (y sus hijos) en peligro. Vamos por la puesta en pie de comités obreros en cada barrio (respetando todas las medidas de prevención que exige la cuarentena) para debatir y elaborar un plan de lucha para arrancarle al Estado estos y todos los reclamos.

Esta semana nos enteramos de la resolución judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que autoriza al Intendente Genusso de Juntos Somos Rio Negro a firmar el contrato con la empresa Capsa que ya tiene la concesión del Cerro Catedral y que continuaría con ella hasta el 2056. El escándalo que se produjo consiste en que es una resolución de la Justicia de Rio Negro producida en plena cuarentena mientras miles de juicios laborales y hasta penales están paralizados por el aislamiento social obligatorio. Para este enorme fraude la Justicia se habilitó a sí misma. El crimen incluye la burla a la negativa popular manifestada en las movilizaciones masivas en 2018 al conocerse los términos del nuevo contrato con Capsa, cuyos dueños son ni más ni menos que los mismos de Vía Bariloche. En ese contrato tan repudiado se mantiene la concesión directa hasta 2056, a cambio de un canon anual equivalente al valor de 13500 pases, en dos cuotas. Una cifra irrisoria– se expiden 15000 pases diarios de esquí. Por otra parte, la nueva urbanización y el complejo hotelero que planifican demandaría millonarias inversiones para asegurarle los servicios de electricidad, gas, agua y saneamiento, cuyo costo recaería sobre el Estado y no sobre los particulares beneficiados. En aquel momento se reunieron y se presentaron a la justicia miles de firmas de barilochenses que planteaban un referéndum que definiera si el pueblo de Bariloche quería ese contrato o no ya que se consideraba inconstitucional la ordenanza 2929 dictada por el intendente Genusso que le permitía prorrogar ese contrato y entregar el patrimonio local a esa empresa a partir de 2026 por ¡treinta años! La resolución judicial actual es fundamentada en que el legislador del Frente de Todos Alejo Ramos Mejía desistió de la acción judicial y en que dos ex concejales, Ana Marks y Daniel Natapof también del Frente de Todos, eran solo adherentes. Ramos Mejía había recurrido a la Justicia hace casi dos años para impugnar esa prórroga y consiguió una medida cautelar que mantiene trabado hasta hoy la firma del contrato. Es decir que estos legisladores lograron en aquel momento encauzar el repudio popular conduciéndolo hacia la Justicia. Se bloqueó el referéndum y se impuso un amparo que ahora queda sin efecto. El entramado político estatal queda expuesto en este episodio con toda su podredumbre. El legislativo engaña, el ejecutivo entrega y la justicia avala. Solo la movilización y organización de los trabajadores logrará un Cerro Catedral que al mismo tiempo que produzca ganancias para costear las necesidades populares permita que las masas laboriosas puedan recrearse en ese lugar privilegiado de la naturaleza.

El sábado 16 de mayo, Jorge Enrique Oramas pasó a ser parte de la lista de cien líderes sociales asesinados en Colombia, solamente en lo que va del 2020. Jorge, líder ambientalista, “custodio de semillas, agricultor orgánico, productor de alimentos saludables, luchador contra la minería y los transgénicos” (Semana 17/05), fue asesinado en su finca, ubicada cerca de la ciudad de Cali, capital del Valle, territorio en donde operan en concordancia e impunidad la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL), el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y el Ejército Nacional junto a los paramilitares. El alcalde de Cali ofreció 20 millones de pesos (5200 dólares) a quien facilite información, aunque tiene claro quién es el responsable. La noticia hace parte de la cotidianidad del país. El 21 de noviembre pasado una huelga general enfrentó la ofensiva “ajustadora” del gobierno. Fue seguida por numerosas marchas y distintas formas de protestas en las principales ciudades y una nueva huelga general el 25 de marzo, ya en medio de la cuarentena. Diógenes Orjuela (Presidente de la CUT), dijo que hacen parte de las razones principales de los paros la exigencia al gobierno del cumplimiento de los acuerdos de paz, el fin de los asesinatos y la violencia (Infobae 13/04), que se cobran una vida cada 33 horas en el país. Crisis, protesta social y pandemia El 24 de marzo se declaró la cuarentena en Colombia, pero no fueron garantizadas las mínimas condiciones para llevarla adelante. Pocos días pasaron para que las cacerolas volvieran a escucharse, esta vez acompañadas del ondear de los pañuelos rojos, que simbolizan el incremento del hambre. Para las familias que viven de la economía informal, la ayuda es de 160 mil pesos Colombianos (42 dólares). En Soacha, el alcalde dijo que el 98% de la gente necesita ayuda (La Nación 20/04). La respuesta fue la policía antidisturbios. El 47% de la población colombiana vive de la informalidad (Semana 20/04), el desempleo puede llegar al 18% (Portafolio, 27/04), o incluso superar el 25% según el diario Colombiano El Tiempo (16/05), el mismo que informa que de acuerdo con las cifras del DANE (Departamento de Estadística) los desocupados crecieron en 1,6 millones. La pobreza pasó del 27 al 33% (Dinero 30/04). Los 2 millones de venezolanos que llegaron al país sufren las mismas necesidades de la población más vulnerable. El FMI aprobó la solicitud de renovación de la línea de crédito flexible por 10.800 millones de dólares (Portafolio 01/05), que irá al rescate del capital, no de los trabajadores. Hay más de 17 mil contagios y más de 600 muertes. Colombia enfrenta al nuevo virus con un sistema público de salud desfinanciado, privatizado, garantizando el negocio a los grandes lobbys empresariales de salud. Narcoestado y aparato de inteligencia En el escándalo de “las 130 carpetas”, la revista Semana (01/05) dio a conocer cómo el ejército llevó adelante tareas de espionaje (batallones de ciberinteligencia Bacib y Bacsi) entre febrero y diciembre de 2019, contra políticos opositores, ex ministros, magistrados, sindicalistas, militares y periodistas. “Las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera” de más de 400 mil dólares anuales”. En paralelo se destapa otro escándalo: Duque fue acusado de haber recibido dinero del narcotráfico durante su campaña electoral del Ñeñe Hernández, un ganadero-narco que habría financiado en mil millones de pesos la segunda vuelta en la que enfrentó a Petro (Infobae, 02/05). Duque lleva adelante una cuarentena sin recursos para afrontarla, al borde de un enorme estallido social. Se trata de un régimen podrido, que desconoce e incumple los acuerdos de paz, bombardea poblaciones civiles, permite a terratenientes y capitales internacionales operar en el país en complicidad con los narcos y paramilitares. En el gobierno uribista de Duque, los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, el imperialismo norteamericano, narcos y paramilitares, llevan adelante una guerra contra campesinos, indígenas y trabajadores colombianos - una guerra de clase.

Gustavo Zorzoli, profesor y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, declaró en una entrevista para Infobae que si no se libera internet “no habrá muertos, pero sí millones de adolescentes analfabetos….”. Aludió también a la pérdida del año académico (Infobae, 13/5). El ministro de Educación, Nicolás Trotta plantea que "no es el momento de evaluar, es el momento de aprender” y que “es más importante cuidarnos que aprender”. Aprender y evaluar lo aprendido han quedado relegados a un futuro indefinido. Esto es un reconocimiento de que la “continuidad pedagógica virtual” no es una salida. Estas declaraciones representan una renuncia a desarrollar un plan educativo ajustado al contexto actual. La pandemia dejó expuestos problemas estructurales profundos como la pobreza y el hacinamiento en el que viven gran parte de los chicos y los adolescentes en la Argentina. Este escenario de pauperización, unido a décadas de políticas de vaciamiento y al sostenimiento de la provincialización del sistema educativo sin recursos, hacen a un combo explosivo. La virtualidad según UNICEF El pasado viernes fue presentado ante el Consejo Federal Educativo un estudio de campo realizado por Unicef entre el 8 y el 15 de abril de 2020, sobre 2678 hogares urbanos de todo el país, referido al impacto de la suspensión de las clases presenciales. El estudio revela datos como los siguientes: "3 de cada 10 alumnos no reciben correcciones de las tareas por parte de sus docentes", "Reciben menos acompañamiento los estudiantes que más lo necesitan", "El 23,4% de los adolescentes afirmó no haber tenido contacto con sus docentes desde que comenzó la cuarentena.". Los resultados fueron levantados y ampliamente difundidos por los medios de comunicación. El informe licua la responsabilidad estatal y oscurece la inequidad social, para poner el foco en contrarreformas educativas, laborales y salariales a la actividad de la docencia. La realidad La responsabilidad que se endilga a la docencia naufraga bajo el peso de la desinversión educativa histórica de las diferentes administraciones, de la obsolescencia de origen de los equipos tecnológicos entregados por los gobiernos y de la falta de conectividad que alcanzan a estudiantes y docentes. En muchas de las casas, los dispositivos (computadoras o celulares) son de uso compartido por toda la familia. Si a esto se le suma la crisis económica y social, la desigualdad en el acceso a la educación preexistente a la pandemia toma ribetes explosivos y redundará, es posible, en una mayor deserción escolar. Por otra parte, los docentes tienen que acumular dos o tres cargos para llegar a un sueldo que pese a esto sigue quedando por debajo de la canasta familiar. Esta situación representa una sobrecarga de tareas enorme, que se ve profundizadas para profesores curriculares y de educación media dado que deben planificar actividades para muchos cursos lo que equivale a decenas y decenas de estudiantes. A esto hay que sumarle las tareas administrativas y las videoconferencias institucionales y con los estudiantes, así como el acompañamiento afectivo y social a las familias en situaciones que hacen, muchas veces, a cuestiones extra pedagógicas. Mientras tanto muchos de los y las docentes son madres y padres en pandemia y tienen que atender a sus propios hijos en cuarentena asistiéndolos en sus responsabilidades escolares o están a cargo de adultos mayores. Si bien la conectividad es necesaria la educación no se reduce a un servicio de internet. Además de garantizar dispositivos y WiFi, hay que ir por un ingreso masivo a la docencia, desdoblamiento de comisiones y salarios dignos por cargo para que realmente puedan abordarse a todos los estudiantes y permitir un verdadero aprendizaje.

Luego de varios días de acampe y amenazas de por medio, las trabajadoras y trabajadores de La Nirva lograron un acta de compromiso que obliga a la patronal al pago del 100% de los sueldos adeudados. El lunes 18, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires firmaron un acta en la que la patronal pague los sueldos adeudados desde hace siete meses. El conflicto es de larga data. Hace un año y medio, la fábrica había despedido a 80 trabajadores de los más de 140. A los que quedan, les deben sueldos y aguinaldo. Desde el 2019 los trabajadores no percibían su salario y fueron estafados con cheques sin fondos, en un contexto de amenazas de la policía y de patotas. La Nirva es la fábrica del alfajor Grandote y otros productos de confitería. Sus trabajadores han recibido el pago del 50% por parte del Estado a través del programa ATP (Programa de asistencia). El acta plantea que el pago se realizaría en tres cuotas, un 20% este martes y el viernes 22 el 30% faltante; mientras que propuso abonar el 50% de los salarios de mayo el jueves 28. A pesar del compromiso, tras la experiencia de la estafa patronal, que entregó cheques sin fondo, una asamblea decidió continuar con el acampe en las puertas de la fábrica, hasta que se efectivice el pago. Durante estos meses, el sindicato de Pasteleros estuvo ausente, hoy el secretario gremial Grosso quiere atribuirse el triunfo, que fue el resultado de la fuerza y la decisión de las 63 familias obreras. Ni el gobierno municipal ni provincial dieron respuesta. Fueron las y los compañeros quienes decidieron acampar en la puerta de la fábrica. Luego de un intento de desalojo violento por parte de la policía, el conflicto tomó trascendencia nacional y los trabajadores cobraron más fuerza. El acta de compromiso fue arrancada sobre la base de deliberaciones colectivas, asambleas y acción directa. El conflicto fue abrazado por los vecinos de Lomas del Mirador que brindaron solidaridad, lo mismo que muchas organizaciones sindicales, políticas y barriales. Desde la tendencia del Partido Obrero estuvimos presentes apoyando las iniciativas, en el acanpe y aportamos al fondo de lucha. Antes de la pandemia, la empresa había parado la producción sin ninguna excusa económica, ya que las ventas se mantenían. Actualmente reciben el programa ATP, a través del cual el Estado subsidia a las patronales. Otra muestra de que mientras se lleva a cabo el salvataje del capital, los trabajadores sufren las consecuencias de la crisis. Lo conquistado cobra importancia en el distrito porque llena de energía todas las luchas en curso. La lucha de La Nirva se circunscribe en una lucha más general del movimiento obrero, que no está dispuesto a cargar en sus espaldas la crisis. La patronal anunció que en junio retomarían la producción. Está planteado el desafío de defender las conquistas laborales y elaborar un protocolo de seguridad e higiene. La defensa del salario y de las condiciones de trabajo es vital. En la fábrica el 80% de los trabajadores son mujeres. Frente a un nuevo aniversario del 3J #NiUnaMenos, proponemos levantar este ejemplo de unidad de la lucha de la clase obrera, mediante la organización de asambleas en lugares de trabajo, que tomen todas nuestras reivindicaciones como trabajadoras para organizarnos por nuestros derechos y contra todo tipo de violencia. Ni una menos sin trabajo, ni una más precarizada.

Hace unos días atrás se difundieron fotos dignas de un episodio de El Cuento de la Criada: mostraban alrededor de 500 bebés, sin identidad, abandonados en un hotel, esperando a ser adoptados. Se trata del hotel de la empresa BioTexCom, ubicada en la ciudad de Kiev, que se dedica al negocio del alquiler de vientres y a la venta de sus productos. Los bebés son dados a luz por madres que gestan a las criaturas para terceros en el Centro de Reproducción Humana BioTexCom, todos estos bebés tienen a sus “padres” -compradores- en otros países y continentes. Ucrania es conocida como “la capital de la subrogación”, después de la prohibición en países como la India y Tailandia. Debido al cierre de fronteras, ante la pandemia de Covid19, los “padres intencionales” no pueden buscar a los bebés hasta que pase el confinamiento. Cada alquiler de vientre ronda entre 30 mil a 45 mil dólares. Las mujeres son máquinas incubadoras y los hijos una mercancía más del mercado capitalista. Los recién nacidos se encuentran almacenados “en stock por empresas sin autorización legal de tutela de menores (...) que están sin inscribir en el registro civil y son apátridas" (Diario Sumario, 8/5). El contrato que firman las partes dice que una vez nacido el bebé es separado de los brazos de la madre. Los derechos universales del niño son cartón pintado en un régimen social en franca descomposición. Garantes de la opresión de las mujeres BioTexCom contrata a empleadas que llama “cuidadoras” con un régimen laboral de explotación, en el que pasan hasta un mes encerradas sin poder ver a sus familias. Esta empresa, que funciona como una fábrica de bebés, hasta en plena pandemia, está completamente amparada por el estado ucraniano que ya se había envuelto en un escándalo en 2018 por tráfico de personas, falsificación de documentación y evasión de impuestos, entre otros delitos. La burguesía subrogante fomenta la opresión de la mujer a la que transforman en un objeto- incubadora, extremando el rol social impuesto de existir para la reproducción y nada más, y a los niños en mercancías de compra y venta. Es la muestra de la barbarie capitalista que avanza contra el más mínimo rasgo de humanidad, por enriquecer sus ganancias. Romantización Negocios multimillonarios, como las redes de trata, han estado intentando introducirse en el movimiento de mujeres, justificando la explotación sexual mediante el lema “mi cuerpo, mi decisión” - la "libertad" de prostituirse., una venta del cuerpo y la decisión de las mujeres. Una libertad para elegir entre comer o vender el cuerpo o para hacer de incubadora. La subrogación de vientres.se desarrolla, en este caso, en Ucrania, un país humillado, pisoteado y en guerra. Se busca romantizar esta explotación y muestran con “ternura” como personajes de la farándula compran su bebé y vuelven al país siendo padres. Nadie muestra la otra cara, la de las mujeres que gestan, son sometidas a “cuidados” por parte de la empresa que las obligan a comer y hacer lo que ellos dicen, y solo reciben el 0,5% del dinero, unos 250 dólares. Es un negocio internacional, se puede encontrar el monto de transacción en las cuentas del PBI. Confundir el derecho a interrrumpir un embarazo no deseado con el "derecho" a la prostitución, como dos formas de ejercer la libertad de los cuerpos es una aberración que algunEs confunden a sabiendas de lo que pregonan. La libertad es siempre política- los cuerpos no gozan de una capacidad de libertad mayor que la del individuo social que los mueve.

La masiva movilización del miércoles en Trelew, mientras aún se desarrolla una tibia cuarentena por el Covid-19, puso de relieve la enorme predisposición a la lucha contra las políticas de ajuste que tiene el conjunto de los trabajadores de la provincia. Pese a que las centrales y conducciones sindicales hicieron lo imposible para contener el descontento, las bases de amplios sectores se unieron y coordinaron una acción en conjunto por primera vez entre privados y estatales en una provincia que se encuentra convulsionada por movilizaciones hace más de dos años. Los protagonistas de la jornada se unieron bajo la consigna “Sin salarios no hay cuarentena”, que englobó el principal reclamo de cada una de las partes: a los textiles que ocupan Sedamil les adeudan tres quincenas; a los/as obreros/as de la pesca de FYR S. A. que tomaron la planta en Rawson y si depósito en Trelew les deben más de dos meses, y los estatales (activos y pasivos) reclaman el cobro de los meses de marzo y abril. En todos los casos se coincide, además, en el rechazo rotundo a los intentos del gobierno de aprovechar la crisis económica para tratar de instalar la megaminería en la provincia, que se encuentra prohibida por ley. La convocatoria lejos circunscribirse a los sectores en conflicto, llamó a movilizar al conjunto del pueblo trelewense, que padece los mayores índices de desocupación y precarización laboral del país. Es por ello que entre las más de 1500 personas que se hicieron presentes, se encontraron trabajadores de diversos rubros, entre ellos del comercio e incluso vecinos que simplemente coinciden con la necesidad de enfrentar las políticas de ajuste. La marcha se constituyó en la primera movilización en cuarentena del país en abarcar a una variada gama de los sectores populares. Debe hacerse notar que las conducciones sindicales brillaron por su ausencia, más allá de la presencia del dirigente de la AOT (Asociación Obrera Textil), Sergio Cárdenas encabezando la movilización y subiéndose al escenario, aunque sin tomar la palabra. A las bases textiles no les cayó para nada bien la “aparateada” del dirigente. Los gobiernos, las patronales y su personal político tomaron nota con preocupación de la histórica jornada. Esto se vio reflejado en la cobertura de las principales empresas de comunicación de la zona, quienes intentaron invisibilizar la coordinación y unidad de las bases al titular que la movilización era exclusiva de Sedamil y al resaltar la presencia de Cárdenas. Como venimos resaltando desde Política Obrera, la crisis económica, social y política que vive la provincia es estructural. La bancarrota del Estado terminó de salir a superficie con el fallecimiento del entonces gobernador Mario das Neves, y su reemplazo por Mariano Arcioni. La deuda que le dejó el difunto a Arcioni fue abordada por este último con la profundización del ajuste sobre los trabajadores estatales. Su presencia al frente del Ejecutivo fue puesta en cuestión en 2018 y 2019 por las bases movilizadas en el conjunto de la provincia. Allí fue donde se instaló la idea del “Chubutazo” para denominar al proceso en curso. Desde el Partido Obrero (Tendencia) nos tomamos muy en serio desde el principio la irrupción de la lucha textil en Trelew, y nos acercamos también a los compañeros de la pesquera FYR S.A. no solo para ponernos a disposición de lo que precisen, sino también para plantearles la necesidad de unir y coordinar las luchas. Sin “aparatear” ni vender humo, debatimos en las ocupaciones que llevan distintas perspectivas. En la movilización repartimos más de 600 volantes con nuestra declaración titulada “El movimiento obrero industrial se suma al Chubutazo”, en la que planteamos, entre otras cosas: “Apoyamos la más vasta coordinación de estas fábricas ocupadas y de todos los conflictos en curso entre los obreros industriales y los estatales de la provincia. Esta primera movilización de las bases privadas y estatales debe ser el puntapié para que las centrales sindicales de la provincia convoquen a un paro general contra las políticas de ajuste y a su vez a congresos de delegados de base en las distintas regiones para fortalecer las distintas luchas en curso y las que vendrán”. Es claro que todos los sectores que convocaron la actividad salieron fortalecidos de la iniciativa y que deben profundizar la coordinación para que cada caso en particular no quede aislado. Los gobiernos, las patronales y las burocracias intentarán dividirlos, debilitarlos y apostar al desgaste de las luchas. Pero si las bases profundizan la deliberación y coordinación podrán derrotar todas estas maniobras. ¡Viva la lucha de los trabajadores de FYR S.A., Sedamil y estatales! ¡Viva la unidad y coordinación obrera! ¡Por un plenario de delegados de base de todos los sectores! ¡No a la megaminería!

“Los estadounidenses representan menos del 5% de la población mundial pero casi un tercio de la cifra conocida de muertes por coronavirus” (The Guardian, 21/5). EE.UU. se arrima ya a las 100 mil muertes y se mantiene en el "podio". La más afectada es, por lejos, la población negra y pobre. “Los afroamericanos han muerto a causa de la enfermedad casi tres veces más que los blancos. Nuevas cifras compiladas por el laboratorio de investigación no partidista APM y publicadas el miércoles bajo el título Color of Coronavirus proporcionan más evidencia de la asombrosa división en la tasa de mortalidad de Covid-19 entre los estadounidenses negros y el resto de la nación. En todo el país, los afroamericanos han muerto a un ritmo de 50.3 por cada 100000 personas, en comparación con 20.7 para los blancos” (íd., 20/5). “Más de 20000 afroamericanos, aproximadamente uno de cada 2000 de toda la población negra en los Estados Unidos, han muerto a causa de la enfermedad. A nivel de estados individuales, las estadísticas son aún más impactantes. La parte inferior de la tabla de la liga en términos de disparidades raciales es Kansas, donde los residentes negros mueren siete veces más que los blancos ...En otros estados, el abismo es casi tan extremo. En la capital de la nación, Washington, la disparidad es seis veces, en Michigan y Missouri cinco, y en los principales puntos críticos de la enfermedad, Nueva York, Illinois y Luisiana, tres” (ídem). En una conducta que parece resucitar los prejuicios raciales del nazismo “el secretario de salud, Alex Azar señaló” a los negros “por sus "perfiles de mayor riesgo"" (sic) culpando a las víctimas del virus. Lo que sí ocurre, dice The Guardian, es que “existe una creciente evidencia de que los estadounidenses de raza negra están en desventaja en términos de acceso a pruebas de diagnóstico y tratamiento para la enfermedad”. “En ausencia de datos gubernamentales, APM Research Lab reúne estadísticas de 40 estados, que cubren casi el 90% del total de 92128 muertes en los EE. UU. Entre los estados que aún no producen datos sobre las muertes por grupo racial” destacan los más segregacionistas: “Montana, Nebraska, Utah y Dakota del Norte y del Sur” (ídem). Quizás una de las peores manifestaciones de esta segregación es lo que ocurre en las cárceles yanquis, el país con la mayor población carcelaria del mundo: más de 2 millones, con una altísima proporción de negros y de perseguidos por delitos menores como el consumo de drogas. “A nivel nacional, más de 25000 personas han dado positivo por Covid-19 dentro de las prisiones estatales y federales, y al menos 57 prisioneros federales han muerto desde el comienzo de la pandemia” (ídem). “Los reclusos y los defensores le dijeron a The Guardian que en seis prisiones y cárceles con brotes que se intensifican rápidamente, se ignoran los protocolos básicos para evitar la propagación del virus, y que se temen masivas muertes inminentes y hospitalizaciones. Las entrevistas con prisioneros, sus familias y abogados, junto con los registros internos, revelan que algunos presos enfermos se han quejado de que no están recibiendo suficiente comida y agua mientras están en cuarentena, y que no tienen acceso a médicos, controles de temperatura, medicamentos básicos, llamadas telefónicas, duchas regulares, tiempo al aire libre o suministros sanitarios. Los reclusos han denunciado haber sido reprendidos por usar cubiertas para la cara” (ídem). “California ha liberado a 3500 prisioneros temprano debido al coronavirus y ha reducido la población en sus cárceles diarias. Pero el sistema penitenciario del estado sigue siendo uno de los más grandes del mundo y todavía está peligrosamente sobrepoblado” (ídem).

El masivo contagio de trabajadores y pacientes del Hospital Italiano, un centro de salud privado, no solamente ha agravado la situación provincial sobre la pandemia. Puso en evidencia el precario plan de salud que pomposamente había aclamado Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, por todos los medios y redes sociales. Son 96 personas: 33 corresponden a personal de salud, 21 son pacientes que se encontraban internados allí, seis son pacientes ambulatorios y 31, contactos de los casos confirmados previamente. A la vez, el caso desmintió el acuerdo que había alcanzado el gobierno provincial con el ministro de Salud nacional Ginés González García, con la entrega de 11 respiradores y test sanitarios. Esa cantidad de respiradores no alcanzan ni siquiera a cubrir la cantidad de trabajadores de un solo hospital. En cuanto a los test e hisopados, se están realizando sobre el personal solamente cuando existe sospecha y no como una política sistemática. Los trabajadores de la salud Argentina se encuentra entre los países con más personal de salud contagiado por el COVID19. En el caso de Córdoba, los trabajadores deben rotar entre dos o tres hospitales para garantizar un sueldo. Incluso el policía contagiado en el Mercado Norte -donde hay 43 contagiados y se concentra una parte importante del trabajo informal y el consumo de las barriadas cordobesas- hacía adicionales en el Hospital Italiano. Trabajadores de la salud en varios hospitales provinciales se han organizado en asamblea para reclamar al Estado provincial el aumento del presupuesto de salud, nombramientos a planta permanente de monotributistas (un 70% en algunas dependencias hospitalarias) e insumos como barbijos, alcohol y provisión de vacunas. En el caso del Hospital Italiano, como en el conjunto de las clínicas privadas, sus dueños se habían negado en un comienzo a proveer de estas demandas, incluyendo la capacitación para el uso de los trajes, lo cual fue la principal causa de los contagios. Con respecto al uso de los trajes, no solamente implica la aplicación de un protocolo específico, sino que su peso genera un desgaste en los trabajadores. Para ello, se recomienda un uso acompañado de una jornada de 6 horas y no en una guardia de 24 horas como ocurre en la gran mayoría de los establecimientos sanitarios. Es decir, plantea la incorporación de más personal para el conjunto de las dependencias hospitalarias. Además, los trabajadores denuncian que los hisopados debieran ser realizados en el lugar de origen y no por lugar de trabajo. También exigen que los test sobre el personal se efectúen con la frecuencia necesaria que corresponde a un trabajador de alto riesgo y no ante una sospecha o tanteo por parte de los funcionarios de la cartera de salud. Las patronales privadas, como el Hospital Italiano y la Clínica Oulton, plantean el recorte de un 10-12% de los salarios para anotarse a los subsidios que está otorgando el gobierno nacional luego del acuerdo junto a las cámaras patronales y la CGT. Tanto la Asociación de Trabajadores de la Salud Argentina (ATSA), como las ramas de salud de los sindicatos de empleados públicos (SEP) y la asociación de los trabajadores del estado (ATE) son también responsables de esta situación que afronta el personal de la salud y que se ha trasladado al conjunto de la población. Plan de Lucha y Coordinación Estamos en presencia de un gobierno que prefiere mantener el esquema de subsidios a los capitalistas y el pago de la deuda provincial que colocar los recursos para enfrentar la actual crisis sanitaria. La reciente reforma jubilatoria que afecta a un sector de los trabajadores estatales es la muestra cabal de un gobierno que va por el conjunto de las conquistas obreras. Los trabajadores de la salud deben tomar en sus manos el reclamo por la provisión de insumos, la elaboración de los protocolos sanitarios, la defensa del salario y condiciones de trabajo. Es importante dotar a las asambleas de un programa donde no solamente se discutan las reivindicaciones sino la necesidad de impulsar la coordinación por abajo entre los trabajadores privados y públicos (municipales y estatales) que supere los obstáculos y la inmovilidad de la burocracia sindical alineada al gobierno y las patronales de la salud. Es indispensable la elaboración de un programa a partir de la formación de comités sanitarios donde el personal de la salud va a jugar un papel fundamental en la centralización de los recursos del conjunto de los hospitales bajo un comando único. Esto coloca sobre la mesa la disyuntiva entre la salud y el trabajo frente a la deuda y el capital.

La crisis de la izquierda en general, y del Frente de Izquierda en particular, se pone de relieve en toda su magnitud cuando la lucha de clases se profundiza, y el “Chubutazo” es un claro ejemplo de ello. El rutinarismo electoralista y parlamentarista de los partidos que dirigen esa fuerza política, y la reducción a abordar los conflictos en forma “periodística”, deriva en intervenciones que no pesan con ninguna orientación concreta para que las luchas avancen. El artículo del PTS en La Izquierda Diario de la cobertura de la marcha llama a continuar “coordinando la lucha para que pueda triunfar”, pero ellos se negaron sistemáticamente a participar de todas las reuniones para coordinar esta acción unitaria entre privados y estatales. Por su parte, Federico Navarro escribió en Prensa Obrera -oficialismo del Partido Obrero-, que en la jornada en cuestión se desarrolló una asamblea, cuando en realidad hubo un acto. La ausencia de las luchas los lleva a escribir no solo informaciones equivocadas, sino perspectivas impotentes que parten de caracterizaciones inadecuadas de la realidad económica y política de la provincia. En todos los casos se desconoce la crisis política de envergadura que atraviesa el gobierno. El MST solo aportó una bandera a la movilización, ni siquiera escribió cobertura al respecto con posterioridad.

El gobierno ha presentado como un trámite a la decisión de alargar los plazos de negociación de la deuda contraída bajo legislación extranjera, que afrontaba un vencimiento improrrogable de 500 millones de dólares en este viernes 22. La no declaración de un default de los fondos acreedores, en este cuadro, ha quedado sujeta a un acto de “buena voluntad” de esos fondos. Argentina ha quedado bajo la picota del reducido grupo de fondos internacionales que concentran cualquier definición futura respecto de un posible arreglo de deuda. Los voceros de estos grupos han juzgado “poco probable” que lleven a la justicia de Nueva York el entuerto en forma inmediata, según ellos, porque el gobierno continúa negociando. Algunos observadores señalan que los bonos emitidos bajo el macrismo presentan obstáculos contractuales que dificultan su “judicialización”. Pero parte de esas trabas se asocian a la necesidad de agrupar a los acreedores, los cuales, como ya se dijo, están concentrados en un puñado de fondos de inversión. Por otra parte, no ocurre lo mismo con los bonos emitidos con los canjes de 2005 y 2010, que podrían ser llevados a la justicia con facilidad. El “alargue” de Guzmán y Fernández, por lo tanto, deja a los acreedores internacionales con un mayor poder de extorsión sobre el país. En sus contraofertas, los usureros han planteado, entre otras condiciones, que la quita al capital de los bonos resulte ínfima o nula, y que los intereses a pagar superen en dos o más puntos el nivel promedio de 2,5% ofrecido por el gobierno. Pero también, una exigencia de reducción de años de gracia e incluso que se incorporen pagos en efectivo durante los próximos años. Es evidente la pretensión de comprometer financieramente al mandato de AF y, por lo tanto, a una reestructuración del presupuesto público por parte del mismo gobierno que firme el acuerdo de deuda. En esta línea, ha cobrado fuerza en las últimas horas la versión de que los acreedores de los bonos emitidos bajo el macrismo le exigirían al gobierno un cupón atado al PBI, similar a los que se otorgaron bajo el canje Kirchner-Lavagna. El sentido de esta apuesta está ligado al derrumbe económico presente – el que viene desde 2018/2019 y el que desencadenó el coronavirus. La actual paralización económica podría llevar a una caída del PBI de hasta el 10% en este año. El nivel de producción de la industria en 2020 sería el mismo de hace 16 años atrás. En esas condiciones, cualquier “rebote” -o la mera normalización posterior a la cuarentena- daría lugar a fuertes “incrementos” del producto. Nos estamos refiriendo a un ahogado que, en vez de estar a 300 metros de profundidad, pasa a estar sumergido a sólo 100. Pero en términos de aumentos estadísticos, ello habilitaría jugosos rendimientos para los tenedores del cupón. La propuesta está asociada, evidentemente, a la pretensión de reducir el período de gracia, y comenzar a cobrar en el año 2022. El cupón del PBI tiene también otro significado: es un tutelaje implícito de los bonistas sobre el conjunto de la economía nacional, ya que obliga al Tesoro a “capturar” los resultados de una ´recuperación´ por medio de un ajuste fiscal. El mentado cupón ayudaría a comprometer al gobierno con un programa fondomonetarista sin mediar todavía la intervención del FMI. BlackRock es hoy el principal operador internacional en el negocio de los fondos de retiro privados, que se desarrollan en el mundo a caballo del hundimiento de los sistemas de jubilación estatal. El primer punto del encorsetamiento del futuro programa fiscal es la liquidación definitiva del sistema previsional. En su comunicado, el grupo de acreedores que encabeza Blacrock ha exigido que ahora “empiecen de verdad las conversaciones”, una acusación directa a Guzmán y un reclamo velado de recambio ministerial. Massa, el ex socio de Macri, ha comenzado a tener injerencia directa en las negociaciones. El alargue, además de incierto y costoso, augura un temporal político.

El pueblo que veló en masa a Ringo Bonavena no se fijó en la moral aparente de su asesinato. La gran prensa “occidental y cristiana” tampoco, pero en este caso la explicación es el dinero, pues de otro modo no hubieran podido explotar el crimen para aumentar la tirada. El instinto popular, en lo esencial, no falla: está acostumbrado a ver caer a sus ídolos de la peor de las maneras, y esto nunca ha mellado su convicción ni sus pasiones. Los trabajadores saben muy bien que son muy pocos los boxeadores que escapan a un destino amargo. El capitalismo ha convertido al deportista en una simple fuerza de trabajo, con la diferencia de que su capacidad para producir beneficios se agota en un muy breve lapso de tiempo. El boxeador está obligado a molerse a golpes sin ningún cuidado por su porvenir psíquico y físico, para amasar la mayor cantidad de dinero posible, con vistas a un largo y penoso futuro. Pero otra cosa más: el boxeador, contra lo que aparenta, no es una fuerza de trabajo independiente. Es explotado por una gran sociedad de capitalistas, cuyo monopolio domina absolutamente el “deporte”. Para ellos también, el boxeador es una fuerza de trabajo rápidamente perecedera, razón por la que hay que exprimirla a fondo. La fragilidad y dependencia del deportista boxeador (salido invariablemente de un hogar humilde) lo lanza, con bastante frecuencia a querer ascender dentro de la misma variante de negocios de sus promotores. Lo que el pueblo sabe es que su ídolo ha sido la víctima de un sistema (los periodistas dicen la “maffia”), en realidad es el capitalismo con su inevitable prostitución del deporte. Algunos han comentado que “tenía un corazón grandote”. Es probable; pero este juicio de la gente es la forma invertida que ha elegido para decir que otro boxeador más ha sido liquidado por el sistema de explotación del hombre por el hombre. Publicado en Adelante! N°3, 2/6/1976.

En 2017 el Consejo Superior de UNGS votó un Programa de Políticas de Género "con el objetivo de prevenir, atender e intervenir ante situaciones de violencia, hostigamiento o discriminación basada en el género, la identidad o la orientación sexual". Este programa fue presentado como una "batalla cultural" contra la violencia de género, que pone el eje en enseñar a ala mujeres a distinguir una situación violenta. Este ángulo de intervención ignora la responsabilidad del Estado y las condiciones sociales de opresión de la mujer que el Estado preserva y protege. El problema no es que una mujer distinga una situación como violenta o no -la mayoría de los femicidios suceden con denuncias e incluso perimetrales de por medio. Este enfoque toma a las mujeres por estúpidas, y forma parte del mecanismo, mucho más que cultural, de la opresión de la mujer. Ocurre que no hay un Estado que combata las condiciones de subordinación de la mujer – opresión doméstica, relegamiento laboral, falta de asistencia al embarazo y crianza -, o sea esta ausente un gobierno de trabajadores. El estado capitalista mantiene a las mujeres trabajadoras sin herramientas objetivas para poder garantizar la vida y reproduce esta subordinación cotidianamente.. El Programa de Políticas de Género (PPG) Lo que ofrece la Universidad con este programa es un número de teléfono y una oficina para la atención de estudiantes o trabajadoras que se encuentren pasando alguna situación de violencia. En caso de que una víctima llegue a realizar alguna denuncia se le plantea básicamente cómo seguir la denuncia por los canales habituales. Concretamente no presenta ninguna asistencia para una víctima de violencia. Un paso real en PPG seria en principio contar con un centro integral, con lugar físico propio y profesionales médicos, psicólogos y abogados para acompañar a quien haga la denuncia. Que en una oficina solo se muestren los pasos a seguir, básicamente cómo ir a una comisaría, no da respuestas a la situación. Como “política de género” no es más que una lavada de cara de gestión de la universidad. Además de este protocolo -y en consonancia con él-, el Consejo Superior también votó de manera unánime la implementación de Ley Micaela en la universidad, sancionada en 2018. Al poner el eje en que los funcionarios y trabajadores de los diferentes poderes del estado hagan cursos sobre "género”, esta Ley cambia el sentido de la consigna que colocó el movimiento de mujeres desde el 2015 – “el Estado es responsable”. Esta consigna pone en jaque a todo un régimen político y a una estructura que es garante de los secuestros, femicidios, de las muertes por aborto clandestino. Es absurdo que una serie de cursos, dictados desde los organismos del Estado (fuerzas represivas incluidas) puedan aportar un principio de solución al problema de la violencia contra la mujer. Ley Micaela es una ley cosmética, con la gravedad de que maquilla al Estado, primer responsable de la muerte y desaparición de mujeres. Ante la agudización de la violencia hacia a las mujeres discutamos mediante asambleas estudiantiles un plan de lucha por un gabinete de género en la universidad con un lugar físico que cuente con profesionales que acompañen a la víctima y becas específicas para casos de violencia. Impulsemos la aprobación urgente del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Por la organización socialista de la mujer trabajadora.

El pasado 28 de abril, 27 docentes del municipio de Avellaneda fuimos cesados de nuestros cargos sin aviso previo, por medio de un decreto firmado por el intendente Jorge Ferraresi, en el que dejaba sin efecto los nombramientos de nuestras funciones. Teniendo en cuenta el escenario en el que se vive hoy y sin la posibilidad de conseguir otro puesto de trabajo, los 27 compañero afectados emprendimos una lucha en la que intentamos visibilizar las circunstancias que nos tocaba atravesar. Haciéndose eco de nuestro reclamo diferentes sindicatos y gremios aportaron sus denuncias repudiando la medida. Al mismo tiempo varios medios de prensa también mostraron su apoyo actuando a favor de nuestra lucha. Fueron días de mucha incertidumbre y miedo, pensar que en plena pandemia perdíamos nuestra fuente de ingreso y en algunos casos única. De manera que el apoyo que tuvimos entre pares fue fundamental ya que cada uno con su aporte e ideas hizo que esta situación que nos tocaba vivir se hiciera más llevadera. Es importante destacar que todas las decisiones que fueron surgiendo se tomaron de forma colectiva. Nuestra labor como docentes siempre se llevó a cabo en lo relacionado con la continuidad pedagógica (en muchos casos sacando de nuestros propios bolsillos para la compra de material y utilizando recursos digitales que tampoco están contemplados en nuestro sueldo), también colaborando con la entrega de bolsones de alimentos a las familias de los diferentes establecimientos en los que nos desempeñamos. Una vez agotadas todas las instancias posibles se reestablece la comunicación con la Secretaria de Educación y el 8 de mayo se nos comunica que el decreto que nos afectaba quedaba sin efecto, y mediante una reunión se nos informa que retomamos nuestros puestos de trabajo. La reincorporación que exigimos y logramos tiene que ver con la lucha que emprendimos los compañeros despedidos, tomando todas las medidas necesarias para que dicho decreto se retrotraiga. Agradecemos a todos los docentes que se solidarizaron con nuestra decisión de defender nuestra fuente laboral. Nuestro apoyo también se extiende a aquellos docentes que en esta particular coyuntura han perdido su empleo. Los alentamos a que no bajen los brazos y luchen por sus derechos. Todos los docentes trabajamos para que la educación llegue a todos los hogares, ese es nuestro deseo y compromiso. Es evidente que la educación es irremplazable, son muchos los que agradecen nuestra labor y comienzan a valorar lo que significa ser docente.

A siete meses de la rebelión popular, una recesión económica en curso y una pandemia que ha cobrado 630 vidas a la fecha inició una de las semanas más convulsivas desde la irrupción del Covid-19 en el país. Las jornadas de protestas desplegadas en El Bosque, replicadas en distintas comunas y regiones, son la expresión del choque directo de la clase trabajadora contra la política sanitaria del gobierno. Por cadena nacional Piñera abortó el plan “retorno seguro” y admitió que “no estábamos preparados” para enfrentar la pandemia. En marzo pasado, el mismo Piñera y Mañalich aseguraban tener la mejor salud de la galaxia y un sistema preparado para evitar un colapso. El gobierno pinochetista declara su fracaso en la semana más crítica y apenas días después de declarada la cuarentena total en la Región Metropolitana, cuya capital supera los 4 mil contagios diarios y al borde del estallido de la crisis sanitaria. La pandemia del hambre y el desempleo Mientras los contagios avanzan de forma explosiva en la zona sur de Santiago, en La Pintana los pobladore/as han salid a manifestar: “Si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre. Ya no nos escucharon sin meter bulla, tuvimos que salir a la calle, hacer una fogata, y estar pendientes de que no nos repriman, no nos mojen, ni nos baleen para pedir una ayuda” (...) nos hemos ayudado entre los mismos vecinos, pero ¿qué va a pasar cuando se acabe nuestra propia ayuda?”. Es que el aumento del precio en la canasta básica de alimentos por sobre la inflación de un lado, más el desempleo, las suspensiones y las rebajas salariales, del otro, no lo remedia el aporte miserable de $65mil del Ingreso Familiar de Emergencia que recibirán las familias que no tienen ingresos formales. Se han multiplicado las ollas comunes y el reclamo al Estado por alimento y trabajo. Asimismo, se han levantado numerosos comités de cesantes y de resistencia. Las contradicciones que provocaron la rebelión de octubre se han agravado con la receta pro empresarial de Piñera. Al ya insuficiente Ingreso Familiar de Emergencia y el bono COVID de $50mil, el paquete de asistencia social para contener la crisis y la entrega miserable -sin fecha definida y al “70% del 40% más pobre” como sostuvo Sichel- de 2,5 millones de cajas de mercadería, no resuelven nada. La compra de esa mercadería ha sido efectuada por medio de un operativo millonario a cargo de Comercial Sudamericana y la comercializadora-distribuidora Llacolen S.A -ligada al sector minero-, quienes, sin perder oportunidad de negocio, ya se han adjudicado cerca de $14mil millones entregando solo 400 mil cajas del total prometido por el gobierno. Por otro vértice, el desempleo y las suspensiones laborales ya alcanzan el millón cien mil (10%) y una proyección de desocupación del 18% para los próximos meses. La burocracia sindical de la CUT y Unidad Social, se han limitado a monitorear la catástrofe social y colaborar parlamentariamente con el PC y el FA las leyes hambreadoras de Piñera y los capitalistas. La crisis sanitaria La crisis del sistema de salud es extraordinaria. Lo muestra una ficticia disponibilidad de 47 camas (95% ocupación) UCI, al 19 de mayo, según Sochimi. Una cama de cuidados intensivos se compone de un catre con monitor, ventilador mecánico, fármacos y equipo de profesionales para atender al paciente. Todos estos factores hacen agua dentro del sistema hospitalario. Por eso reconvierten camas intermedias y se valen de ventiladores inadecuados, El personal de salud enfrenta contagios, muertes, falta de personal, ausencia de insumos de seguridad y turnos extenuantes. A la fecha, la única exigencia del gobierno al sistema privado de salud ha sido aumentar hasta un 20% las camas UCI disponibles, en ningún caso poner la salud privada a disposición del problema hospitalario, bajo la tutela única del comité de expertos. Las manifestaciones en distintos hospitales y centros asistenciales de la Región Metropolitana no se hicieron esperar. Distintos funcionarios/as del Hospital San José, Barros Luco, Sótero del Rio, Padre Hurtado, entre otros, han levantado el reclamo contra la pésima gestión de la pandemia y por elementos de protección personal acordes al riesgo de la labor asistencial, el reforzamiento de recursos humanos en toda la red, testeos periódicos a todo el personal de salud para la detección precoz de focos de contagio, y otros factores urgentes para la continuidad del trabajo que permite proteger la vida de las y los trabajadores de la salud. Nuestro programa En este marco Piñera y quienes sostienen el régimen han hecho andar un billonario rescate al capital por la vía del endeudamiento público y con el FMI por 23mil millones de dólares y otros 7mil millones previos ya traspasados al Banco Central y Fogape para “estimular la liquidez”. Los trabajadores, por nuestro lado, enfrentamos el peor escenario económico desde la crisis de los 80’, -cuando el hambre alcanzaba a los 5 millones de habitantes y la solidaridad de clase se desplegaba en múltiples ollas comunes. El gobierno traspasa la plata de todas y todos los trabajadores a negocios privados, pero ningún peso a la construcción de hospitales o la intervención financiera del desahuciado sistema de salud. La pelea por la vida, el pan y el trabajo obliga una salida de las y los trabajadores: un programa de control obrero de la salud y el sistema sanitario, la producción, la banca y el comercio. Todo el sistema privado de salud debe quedar bajo gestión y control democrático de sus trabajadores; los grandes hoteles deben ser reconvertidos para el resguardo de contagiados; el control obrero de monopolios farmacéuticos; la contratación inmediata de personal de salud bajo turnos de 4 horas sin afectar el salario, el pase a planta, reducción de jornadas laborales, protocolos de higiene y testeos masivos a la población. Más que nunca, Fuera Piñera, Asamblea constituyente y gobierno de la clase trabajadora.

La situación de los y las trabajadoras del gremio de Sanidad continúa siendo preocupante. Estos días trascendió la grave situación que atraviesan los trabajadores de Clínica CIAREC. La clínica de rehabilitación, que venía negando los elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores, hoy cuenta con al menos nueve trabajadores contagiados y otros tres bajo análisis. Los trabajadores de la clínica denuncian casos de pacientes muertos por la pandemia, pero la patronal se niega a realizar tests preventivos a todos los empleados como ellos reclaman. Los y las trabajadoras denuncian una total negligencia patronal, ya que al exigir elementos de protección (básicos frente a los pacientes de alto riesgo y alta complejidad con los que trabajan diariamente – personas en rehabilitación), las autoridades consideraron el reclamo como ridículo. Luego de insistir, solo les entregaron tapabocas. La patronal ocultó información y obligó a las y los trabajadores a atender pacientes sin los insumos necesarios. Incluso a pacientes derivados de otras instituciones, que ingresaron sin controles previos y luego dieron positivo, comentan. La situación llegó a un límite cuando una enfermera se descompuso cumpliendo su guardia y luego se confirmó el resultado positivo. Hay pisos que se encuentran “perimetrados” y los trabajadores renuncian por el temor a arriesgar sus vidas y las de sus familias debido a la negligencia de las autoridades. CIAREC es una clínica de rehabilitación tanto motriz como respiratoria y el contacto y la exposición con pacientes es alta (se atiende desde pacientes pediátricos hasta adultos mayores). Las condiciones precarias obligan a sus trabajadoras tomar trabajos en otros centros de salud públicos o privados. Carecen, además, de medios de transporte brindados por la empresa, otro de los reclamos desoídos. Por lo tanto, la entrega de EPP de alta seguridad y de calidad y la realización de los testeos es vital para proteger a trabajadores, pacientes y familiares, y resguardar el número de profesionales, técnicos y enfermeros para hacerle frente a la pandemia. Durante esta crisis, la clínica redujo la planta y, debido a los contagios y aislamientos preventivos causados por la negligencia de la dirección empresarial, ahora no cuenta con suficiente personal para atender a los pacientes y cubrir los turnos. La patronal responde a los reclamos dejando correr el rumor de un posible cierre, a medida que avanza en presiones hacia los y las trabajadoras que vienen reclamando. El temor de qué va a suceder con los puestos de trabajo, es creciente. La burocracia de la Celeste y Blanca está en un frente único con la patronal. Argumenta que aquellos trabajadores que pelean por medidas de seguridad y denuncian las violaciones de los aislamientos preventivos, defendiendo sus vidas, van a ser los responsables de que la clínica cierre y todos se queden sin trabajo. Amenazan a los trabajadores diciendo que si siguen denunciando la alta carga viral que circula dentro del establecimiento, se van a ir todos los pacientes y las prepagas no van a querer enviar más. La burocracia defiende los ingresos de la clínica privada -que cobra cientos de miles de pesos por mes por paciente- y no la vida de los y las trabajadoras. Al mejor estilo de Bolsonaro o Trump, la burocracia sale a decir que la Clínica pierda plata es peor que la muerte o el contagio de trabajadores. No levanta ningún reclamo, sino que “macartea” a los trabajadores que reclaman. Se está procesando un intenso debate en diferentes lugares de trabajo y la clase obrera está haciendo una experiencia acelerada con las prácticas de la burocracia sindical. La salida es de la mano de los y las trabajadoras En el CIAREC las iniciativas han partido de los mismos trabajadores, quienes realizaron un petitorio y presentaron pedidos de amparo. Lo mismo sucedió en diversos establecimientos, donde se organizaron asambleas o realizaron acciones en reclamo del cumplimiento de protocolos, exigiendo los EPP y rechazando rebajas salariales y el pago del salario en cuotas. Es necesario que esto se propague al conjunto de los establecimientos de la salud privada. Para unir nuestras fuerzas es necesaria una coordinadora nacional de trabajadores de salud pública y privada que unifique y refuerce nuestros reclamos, se realicen protocolos en donde participen autoridades científicas y trabajadores, se elijan delegados con voz y poder de veto en los comités de crisis, se coordinen servicios y turnos, unifiquen centros de atención privados y públicos, con plenas atribuciones acorde a una situación excepcional como esta. Sólo un orden social planificado y orquestado por los y las trabajadoras va a permitir al conjunto de la población, salir de esta pandemia sanos y salvos.

Hace dos meses se decretó la cuarentena en Argentina y hace dos meses los trabajadores del frigorífico Penta esperan la reapertura de la fábrica. Bruzesse, el patrón, se llevó la faena con la excusa de no continuar la producción si la comisión interna y otros veinte trabajadores no eran despedidos. En realidad, lo que pretendía el empresario era avanzar sobre la antigüedad laboral y el salario de todos los trabajadores del frigorífico. Enredados entre disputas patronales, explota la lucha por la reapertura: por un lado, la rivalidad en la cámara de frigoríficos por quienes dirigen las exportaciones y, por el otro, el enfrentamiento por la conducción de la federación entre de Fantinni y Vallejos, Penta se vincula con este último. Este sector lleva adelante las negociaciones en las reuniones en el ministerio y son quiénes aún tienen la mayor parte de las iniciativas en sus manos. Las actividades de protestas rondaron en una movilización a la primera reunión con el municipio -la segunda reunión fue sin movilización, la cancelaron a última hora-; la siguiente marcha fue en Avellaneda, la cual finalizó en el puente Pueyrredón, sin posibilidad de ingresar a CABA. La tercera partió desde Plaza de Mayo, pasando por el obelisco y las puertas de Canal 13 con el fin de visibilizar el conflicto. Las ollas populares y los cortes en Camino General Belgrano son ejes de reagrupamiento obrero que se acercan en solidaridad -sobre todo luego de la represión por parte de la policía de Berni- enmarcados en la asamblea que realizan en la puerta de la planta luego de cada reunión del ministerio, la patronal y el sindicato. Estas reuniones, sin ningún registro para los trabajadores, son un barco a la deriva. Las únicas respuestas conocidas, hasta ahora, fueron el ofrecimiento del Ministerio de Trabajo de un bono de 30 mil pesos dividido en tres meses para 185 trabajadores y la amenaza de la patronal de enviar cartas de documentos con despidos a 70 trabajadores justamente a quienes el Estado no les ofrece el bono en cuestión. Es necesario que las actas de estas reuniones sean públicas para que los trabajadores del Penta sepan en qué situación se encuentran sus puestos laborales. Hace una semana, el abogado de la empresa dijo en una entrevista radial que “mejor no tensar el hilo porque Penta esta con acreedores hace cinco años y podemos quedarnos sin trabajo todos, incluido Roberto (Bruzesse)”. Es un intento de aplacar la lucha de los obreros de la carne, pero también apuntando directamente la culpabilidad al gobierno. Penta necesita una solución. Un bono no reemplaza el salario de cuatro quincenas ni cubre las necesidades básicas de sus familias. La lucha se encuentra en un momento crucial, lejos del desgaste, sus trabajadores recorren lugares de trabajo y cortan las principales avenidas de Quilmes con el fondo lucha y, además, planean un locrazo este 25 de Mayo en la puerta de la fábrica. Debemos reforzar toda iniciativa con un paro nacional activo en cada fábrica de la carne. La solidaridad obrera transformada en coordinación de lucha, como la participación de las ollas populares en Ansabo, en la marcha de justicia por Franco -quien falleció trabajando precarizado en Pedidos Ya- y el acompañamiento de los trabajadores del vidrio por la lucha del pago de su salario, pone a la defensa de la vida ante la pandemia del coronavirus y frente a la crisis económica como fin fundamental.

El cuerpo de Luis Espinoza fue encontrado en una zona inhóspita en un precipicio a 150 metros de profundidad. Estaba envuelto en bolsas blancas y negras rodeadas de cintas. Se llegó a la zona luego de declaración de dos de los policías involucrados en el procedimiento que culminó en el asesinato. Luis, trabajador rural de 31 años, fue atacado por la policía junto a su hermano Juan cuando iba camino a la casa de una prima en la zona de Melcho, Simoca. En el camino se encontraron en medio de un tiroteo, cuando la policía pretendía dispersar una carrera de caballos. En el procedimiento, mientras se dispersaba a los asistentes, Juan, el hermano de Luis, era atrapado y brutalmente golpeado. Luis intentó detener la golpiza, pero fue detenido, golpeado y herido, posiblemente muerto en ese momento. Su hermano no pudo observar lo ocurrido porque perdió el conocimiento y los policías montaron el operativo para hacerlo desaparecer. A partir de allí, ante la denuncia de la desaparición de Luis, se inició una serie de operativo de distracción buscándolo en la zona de Termas de Río Hondo, especulando que por el miedo los pobladores no iban a salir a declarar que era lo que realmente había pasado. Sin embargo, su familia, apoyada por vecinos, lo buscaron por donde efectivamente podía estar: la comisaría y el hospital y, al no haber ningún registro de él, comenzaron con cortes de ruta y dieron aviso a los medios. Como resultado de esta acción, saltaron las irregularidades del operativo policial (el procedimiento no fue asentado en la comisaría, los policías actuaron de civil y en autos particulares, al estilo de la Triple AAA). En el lugar de los hechos, los policías señalaron que fueron atacados sin poder aportar ninguna evidencia, y que ellos solo tiraron postas de gomas y dos tiros al aire, pero se encontraron gran cantidad de casquillos de plomo. La policía retuvo la denuncia de la desaparición de Luis Espinoza por 24 horas. Luego, a partir de los testimonios presentados por diversos testigos, la justicia comenzó a intervenir y tuvo que imputar a nueve policías. Las pericias sobre los móviles usados en el operativo fueron otras evidencias del accionar criminal de la represión policial. Finalmente, los testimonios aportados por dos de los integrantes de la patota policial corroboraron las denuncias de los testigos y aportaron los datos para el hallazgo del cadáver de Luis. Parte de los policías ya tenían antecedentes de abusos policiales. Sin embargo, siguieron en funciones. En su prontuario figura el asesinato a golpes de Alan Andrada, de 20 años, y otra causa por vejaciones y apremios en un hecho ocurrido en 2018. En todos estos años, se han producido en la zona numerosos episodios criminales y mafiosos que entrelazan el accionar policial con banda de delincuentes, asaltos en las rutas, tráfico de droga, etc. El Jefe de la Policía provincial, Manuel Bernachi, a sabiendas de que puede producirse una catarata de denuncias a partir de la conmoción que ha causado este crimen, de su transcendencia en medios nacionales y de que los vecinos y las victimas están perdiendo el miedo, decidió desplazar a toda la jefatura de la regional Sur de la Policía y remover a todo el personal de la comisaría de la localidad de Monteagudo, cuyo comisario fue el que decidió el operativo represivo. Queda claro, que la medida es una echada de lastre cosmética, pues el personal desplazado va a seguir en la fuerza, en otra zona. Se buscará, indudablemente, que alguno cargue con la culpa de haber disparado y algún personal menor quizás sea removido, hasta que el caso se apague de los medios. Así han procedido con otros crímenes que conmocionaron a la opinión pública. Solo aquellos que dieron lugar a una organización popular, como ocurrió con el crimen de Paulina Lebbos, entre otros, y un sistemático proceso de movilización popular, pudieron derribar en gran medida el muro de la impunidad que rodea a las instituciones del estado y los factores de poder, directamente o indirectamente involucrados. Se trata entonces de organizar con los familiares, vecinos, organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y con los intereses populares, dispuestos a movilizar e iniciar una lucha que apunte a una investigación independiente -no pueden investigar la institución que estuvo involucrada con el crimen-, y un reclamo que debe apuntar a la renuncia de la cúpula de la policía, la separación de las fuerzas a todos los jefes y personal desplazado de la regional Sur, y renuncia del ministro de Seguridad y la investigación de todas las denuncias que lo involucran en diversos hechos delictivos.

Con la presencia de 30 compañeros, el pasado sábado llevamos a cabo un plenario virtual de la UJS-Partido Obrero (Tendencia) de CABA. Entre los asistentes contamos con compañeros de la UBA, UNA, el CBC, terciarios y secundarios, contribuyendo a un debate político y la elaboración de una campaña. Ante un cuadro de crecientes luchas obreras en todo el país como respuesta a los ataques patronales, un gobierno al borde del default y ningún final a la vista para la crisis sanitaria, la situación política general atraviesa de lleno a la juventud y al movimiento estudiantil. Como hemos señalado en notas anteriores, la principal dificultad para intervenir en el proceso abierto, con perspectivas revolucionarias, radica en la crisis de sus direcciones . Por eso, votamos la elaboración de un pliego de reclamos que permita agrupar al movimiento estudiantil. Resolvimos campañas de reuniones abiertas por los reclamos de cada lugar de estudio, así como impulsar y reclamar asambleas a los diversos centros de estudiantes en que participamos. Para las cursadas virtuales, impulsaremos elecciones de delegados por cursos y la discusión de las problemáticas estudiantiles, particularmente aquellas ligadas a la modalidad de cursada. En el CBC, ante la estafa del Director Jorge Ferronato y su “acompañamiento virtual” ante el inicio de las clases virtuales, el colapso de los sistemas de inscripción y la exclusión de estudiantes , resolvimos convocar una reunión abierta, agitándola en los grupos de todas las sedes. Para todo este sector directamente abandonado por las autoridades es clave la coordinación con el movimiento estudiantil de las diversas carreras. La FUBA, en manos de la Franja Morada, no cumple ningún papel en esta organización. La apremiante situación de la violencia hacia la mujer requiere una campaña específica de cara a jornadas del 3 de junio. Es necesaria la organización de reuniones o asambleas allí donde existan comisiones de mujeres, y como reclamo a los Centros de Estudiantes para discutir cómo organizarnos en este contexto . En esta campaña debe incluirse un relevamiento sobre la situación de las compañeras y la continuidad de su cursada, reclamando por la garantía de condiciones para que puedan mantenerla, la implementación de la Educación Sexual Integral, y el reclamo contra el cierre de postítulos. Así mismo, una campaña por la democratización de los protocolos contra la violencia de género, hoy en manos de las camarillas. En el plano de la UNA y las escuelas artísticas, discutimos hacer un llamado abierto que impulse una coordinación del sector por reclamos propios (becas, ingresos, trabajo precario, compra de materiales). Además, discutimos nuestra intervención en las reuniones de los centros de toda la Universidad que están siendo marcadas por una adaptación de sus conducciones a las autoridades. Finalmente, ante la masacre sanitaria que se está viviendo en las villas y barriadas, impulsar una campaña por testeos masivos, asistencia alimentaria universal y la reconversión de las villas en barrios, al tiempo que nos plegamos a la campaña de donaciones que está impulsando actualmente el Polo Obrero Tendencia. Con estos objetivos por delante, salimos del plenario con la tarea de efectivizar estas campañas y ponernos al servicio de la organización del movimiento

Días atrás se realizó el primer Plenario Nacional de la Agrupación Naranja (Tendencia). Participaron 36 compañeros de Tucumán, CABA, Bahía Blanca, Mar del Plata, Chaco, Misiones, Jujuy, Salta, conurbano de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. El plenario analizó el carácter catastrófico de la crisis y su brutal impacto en las universidades. La orientación improvisada y mercantilista del conjunto de las gestiones universitarias durante la cuarentena, tanto de las alineadas con Fernández como de las alineadas con el bloque anticuarentena, descargó la crisis sobre las espaldas de docentes y estudiantes. Su único objetivo es poder retomar los negocios que realizan desde sus unidades de negocio (pasantías, postítulos y postgrados, venta de servicios, etc.). Desde hace décadas, entrelazados con estas camarillas, el capital financiero, los organismos internacionales y diversos sectores empresarios, buscan apropiarse de los recursos y del presupuesto educativo. En sus manos, cualquier “nueva tecnología” será usada para estos propósitos reaccionarios. Precarización laboral extrema Pero en el marco excepcional de la pandemia, los docentes universitarios se han volcado al uso de herramientas virtuales no en respaldo a esas políticas, sino en defensa de la educación, de sus quehaceres y en respuesta a las necesidades de sus alumnos, a contramano de la falta de inversión y apoyo de las camarillas y del Ministerio de Educación que ni siquiera garantizan la conectividad. En este cuadro, la docencia está viviendo la mayor sobrecarga laboral de su historia: la actividad virtual no solo conlleva una modificación laboral no convencionalizada, sino que también implica mayor esfuerzo y carga horaria, sin capacitación específica y sin que se le brinden las herramientas de trabajo adecuadas, obligándola a aportarlas de sus raleados bolsillos. Todo esto, en el marco de una rebaja salarial como consecuencia de la quita de la cláusula gatillo, de aumentos salariales por fuera de la paritaria y por debajo de la inflación, de un ataque enorme a las jubilaciones y de la bancarrota de nuestras obras sociales, que se torna explosiva en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. La burocracia sindical de Conadu y Fedun ha abandonado a su suerte a la docencia. La Conadu H, sin embargo, no ha pasado de una crítica abstracta a la virtualización y el reclamo de un conjunto de derechos que son importantes (dispensas laborales), pero no suficientes y que se hacen reclamando una co-gestión a las camarillas (comité de crisis) y no por medio de un plan de lucha de conjunto, lo que termina dejando aisladas a las asociaciones de base en las discusiones con las camarillas de cada universidad. El programa con el que intervenimos los revolucionarios parte de la defensa del salario: indexación mensual y un bono/compensación por los importantes gastos que los docentes estamos haciendo. Planteamos un límite de alumnos por cada comisión virtual. En las actuales condiciones, la proporción docente/alumnos lleva a una mayor precarización laboral y a una mayor deserción estudiantil. Designación de nuevos docentes y/o ampliación de designaciones, en todos los casos, con los sueldos de convenio. Regularización de todos los ad honorem y monotributistas. Reclamamos que se reúnan las paritarias, nacional y provinciales, que se regulen las tareas virtuales y que el control de las condiciones de trabajo y académico-pedagógicas pase a manos de comisiones de docentes, estudiantes y no docentes. El plenario ratificó la necesidad estratégica para la docencia de buscar una alianza con el movimiento estudiantil. El derrumbe social obliga a decenas de miles de estudiantes a dejar los estudios total o parcialmente. En ese sentido, nuestro programa de intervención debe contemplar los derechos estudiantiles e integrarlos en una perspectiva común y superadora. El plenario votó impulsar un boletín nacional y una campaña en todas las universidades por asambleas para impulsar la lucha por este programa.

El default parcial del viernes pasado establece un antes y un después para la coalición política que asumió en diciembre pasado. Los fondos internacionales mandaron al canasto la propuesta pretendidamente “inteligente” y “digna” elaborada por el Columbia Boy Martín Guzmán, y que recibiera el beneplácito de un arco político que va desde Stiglitz y Jeffrey Sachs hasta el feminismo kirchnerista del país. Hay que decir, en cualquier caso, que todos estos apoyos apuntaron a avalar el siguiente paso del gobierno. En efecto: Guzmán acaba de anunciar que intentará acomodar su “oferta” a las exigencias de los bonistas, en un intento por evitar el default definitivo. La deuda “insostenible” se volverá milagrosamente sostenible, a costa de una sangría enorme. El viernes 22 no sólo le abrió las puertas a una cesación de pagos, sino también a un default político. La “contraoferta” Mientras el gobierno anunciaba que flexibilizará su oferta, uno de los grupos de acreedores, el que agrupa a los bonistas del canje 2005, ratificaba -se plantaba- en la contraoferta formulada hace quince días atrás. Algo parecido anunciaba otro de los grupos, el que lidera el gigante Blackrock. ¿En qué consisten esas contraofertas? Todas apuntan a reducir o incluso eliminar cualquier quita al capital adeudado; duplicar los intereses a pagar por el estado argentino, y también a capitalizar los intereses impagos durante los años de gracia que sí sufrirán una poda, porque, adicionalmente, plantean una reducción de ese período sin pagos, y, nuevamente, un cupón “atado al (crecimiento del) PBI”. En este caso, los usureros quieren beneficiarse de un artificio estadístico: como la pandemia derrumbará a la economía de 2020 en torno de un 10%, cualquier rebote de los años siguientes hará aparecer a la Argentina creciendo a “tasas chinas”… aun cuando la industria se encuentre hoy en los niveles que tenía en 2004. De ese modo, un país exhausto y en retroceso debería juntar sus pocos recursos para pagar ese ´cupón´. Todos los puntos de la “contraoferta” tienen un denominador común: condicionan decididamente la política económica del gobierno FF en su actual mandato. El rechazo a la “oferta Guzmán”, por lo tanto, es el hundimiento de la tentativa “gobierne ahora, pague después”, a través de la cual el FdT aspiraba a pilotear las monumentales contradicciones de un país hundido en la bancarrota financiera e industrial, un 40% de pobreza y un 20% de desempleo real. Por el contrario, la capitalización de intereses, el desembolso adelantado de pagos y el cupón ´atado al crecimiento´ convertirían al gobierno FF en una agencia recaudadora de los comités de bonistas. La contraoferta pretende resolver el dilema que implica, para los bonistas, cerrar un acuerdo sin que Argentina haya hecho lo propio con el FMI. Es simple: incorpora las futuras exigencias fondomonetaristas a las condiciones de pago de sus acreencias. El editor económico de Clarín no duda en señalar que los bonistas esperan “un plan económico consistente y creíble” (23/5) como parte de un eventual acuerdo. A la cabeza de sus “preocupaciones”, se encuentra la cuestión previsional. Blackrock es el actual líder global de los fondos de retiro privados, que sobrevuelan sobre la ruina de los sistemas jubilatorios en el mundo entero. Crisis política Pero la reestructuración de deuda se topa con otro obstáculo inmediato El viernes negro coincidió con un nuevo salto en el número de infectados. La extensión de la cuarentena prolonga también el costoso operativo de rescate al capital, entre subsidios para pagar salarios y créditos baratos fondeados con fondos públicos. Muy atrás en la fila de ese gasto, se encuentran la atención sanitaria y una asistencia social que, de todos modos, es bancada con fondos del Anses. El gobierno, además, ha prolongado el congelamiento tarifario, el cual acompaña, para no incomodar a las petroleras, con un barril fantásticamente subsidiado. Todo este derrotero choca de frente con el acuerdo con los bonistas. La frazada es demasiado corta para añadirle el ajuste fiscal que plantearía ese acuerdo, y eso que todavía no llegaron las exigencias del FMI para otorgarle al país las “facilidades extendidas”. Consideradas de conjunto, este cúmulo de contradicciones debe conducir a una crisis en la coalición que reúne a kirchneristas, pejotistas y antiguos socios políticos de Macri. Pero también en este punto, el compás lo marcan los bonistas, que este viernes salieron a exigirle al gobierno FF una “negociación creíble”. Se trata de una letal descalificación a Guzmán, que podría terminar capotando junto a la oferta que pergeñó. Los acreedores exigen la intervención directa de Alberto Fernández en un eventual acuerdo, mientras siguen discutiendo con los enviados de Massa. La nueva ronda de negociaciones podría estar acompañada de una crisis de gabinete, pero su desenlace podría augurar una crisis todavía mayor. El gobierno se debate entre un default que no ha preparado ni remotamente, y un acuerdo de deuda que conducirá a una guerra de clases sociales y a una rebelión popular. La política de la clase obrera La cuarentena comenzó con una clase obrera levantando reclamos vinculados a los protocolos sanitarios, la estabilidad laboral, la situación de los hospitales. Todas estas cuestiones están vigentes, pero es evidente que la marcha de la crisis nacional enlaza esos reclamos a una salida y a una lucha de conjunto. La lucha contra las suspensiones, los descuentos salariales, los despidos y las cuestiones sanitarias han involucrado a la clase obrera de las grandes fábricas. En los lugares donde la cuarentena es menos rígida, como Chubut y provincias del Norte, las movilizaciones obreras están a la orden del día, en abierta desobediencia a la burocracia. Es necesario dirigirnos a esta vanguardia que lucha para poner de manifiesto el alcance de la crisis nacional. Las luchas elementales por la salud, la vida el derecho al trabajo obligan a la clase obrera a intervenir con un planteo de conjunto, porque todas las clases sociales lo están haciendo. Al imposible rescate del capital, el de adentro y el de “afuera”, le oponemos el rescate de los trabajadores: paritarias libres, pago del 100% de los salarios, control obrero general, repudio de la deuda usuraria. Centralización de la gran industria y la banca bajo un plan único votado en un congreso de trabajadores, que resuelva una reconversión general orientada a asegurar las necesidades sanitarias, alimentarias y de infraestructura más urgentes. Abramos un debate y una campaña política en el movimiento obrero por este programa.

Que los trabajadores intervengan de forma independiente, como sujetos activos, en el resultado de la crisis brasileña, no como mendigos en filas inhumanas o como enfermos o muertos en la crisis, sino como candidatos a tomar su destino y el de la sociedad en sus propias manos. El comportamiento político del gobierno de Bolsonaro, atribuido por buena parte de los analistas al carácter lunático de su personalidad, se inscribe (incluido el desequilibrio emocional y mental) dentro de una lógica y en el marco de una crisis sin precedentes del régimen político, tal como emergió del paso del régimen militar al civil en la década de 1980. En 2018, el diputado capitán retirado se insertó audazmente en el vacío político creado por el golpe institucional / militar de 2016, y por la completa incapacidad de la izquierda para proponer una alternativa política frente a la caída del gobierno encabezado por el PT (vale la pena recordar que hubo sectores de la izquierda que incluso apoyaron el golpe, o lo omitieron ostensiblemente). Sus principales impulsores (la vieja partidocracia burguesa) no fueron sus beneficiarios políticos directos, y en este vacío creció el bolsonarismo, con el apoyo de sectores de la clase media e incluso de sectores populares que, en décadas anteriores, habían apoyado al lulismo. Para eso, utilizó un precario aparato político prestado (el PSL); también disfrutó del apoyo del alto mando militar, entusiasmado con las manifestaciones callejeras que llamaron a la "intervención militar" y deseoso (en primer lugar, los intereses corporativos) de recuperar posiciones en el aparato estatal. Las corporaciones paramilitares (milicias), en una alianza inestable y conflictiva con el narcotráfico, ya habían saltado la barrera existente entre el dominio extorsivo de las favelas y las periferias y la intervención política fascista directa (asesinato de Marielle Franco, por nombrar el caso más conocido). El gran capital brasileño se inclinó ante la posibilidad de gobernar (para su beneficio, por supuesto) el país con métodos bonapartistas y fascistas, basados en esta alianza política, también respaldados por el apoyo brindado al capitán-terrorista por los detentadores del imperialismo estadounidense (Trump y el lumpen republicanismo) y su peón en el Medio Oriente y alrededores (el régimen israelí), todos ellos entusiasmados con la posibilidad de convertir a Brasil en una importante plataforma de lucha contra sus competidores en el mercado y en la geopolítica global ( China, UE y, eventualmente, Rusia). La victoria electoral abrumadora de la alianza (nacional e internacional) verde / amarilla / estrellada inicialmente parecía confirmar esas expectativas. Sin embargo, la realidad de la crisis mundial (económica, social y política) se impuso a los miembros de esa internacional y posmoderna "Sociedad 10 de diciembre", mucho más rápido de lo que ellos esperaban. Ya en sus primeros meses, en su primer año de gobierno, la coalición lumpen-militarizada demostró ser solo una solución de crisis a la crisis desenfrenada del régimen de la Nueva República. La reactivación de las luchas sociales, incluidas dos grandes movilizaciones de alcance nacional (huelgas en defensa de la educación pública y contra la reforma previsional), por un lado, la continuidad de la crisis económica (con el estancamiento del PBI y la caída de todos los índices económicos, la devaluación del real y la fuga de capital), por el otro, comenzó a crear fisuras en la coalición victoriosa y profundizó la crisis del régimen. El preservativo político utilizado para ganar las elecciones (el PSL) se convirtió en el escenario de disputas por parte de pandillas y testaferros de todo tipo para fondos electorales y fondos del partido, y se descartó a favor de una "Alianza para Brasil" fantasmal; los gobernadores más importantes del bolsonarismo (São Paulo y Río de Janeiro) cambiaron de barco, volviendo inseguros y un obstáculo para sus aspiraciones electorales (de cualquier nivel) en 2020 y 2022; El Ministro de Justicia y Seguridad, nacido en la escena nacional como el anti-Lula y programado para ser Caballo de Troya en el Poder Judicial y la Policía Federal, comenzó a actuar con sus propios criterios, e incluso a dejar de ocultar sus propias aspiraciones electorales (independientes), que concluyó en su escandalosa renuncia / despido; los PM de Bahía y Río (actuando bajo las órdenes de sus gobernadores) enviaron al capo de la milicia del clan Bolsonaro a seis pies bajo tierra; El principal conglomerado de medios del país (Globo) transformó su guerra sorda contra la base evangélica del bolsonarismo, para el control del sector de las comunicaciones, en guerra abierta, convirtiéndose en el portavoz e impulsor de los cacerolazos cada vez más frecuentes contra el presidente. La supuesta solución a la crisis de 2016 se convirtió en un boomerang, preparando el escenario para una crisis aún mayor. Ante la crisis política, el movimiento de las Fuerzas Armadas ha sido, en un intento de unir lo útil con lo agradable, profundizar su participación (y recibir fondos y prebendas) en todos los niveles del gobierno, no solo a través del personal militar retirado (como desde el ciclo bolsonarista), sino también personal militar activo, incluida la negligencia de imponer como director ejecutivo del Ministerio de Salud a un oficial que no sabe cómo distinguir una aspirina de un supositorio (y cuyo único historial de salud parece haber sido obligar un recluta a tirar de una carreta diseñada para ser tirada por caballos); Al mismo tiempo, marcando sus distancias de la claque fascista que ocupa la titularidad del Ejecutivo a través (pero no solo) del Vicepresidente Mourão, quien aprovechó, en un artículo publicado en O Estado de S. Paulo (convertido en un periódico anti-Bolsonaro), su condición del homónimo (Hamilton) del jefe del ala conservadora de la revolución burguesa / esclava de los Estados Unidos (la de 1776) para establecer su posición tan supuestamente "federalista", extendiendo una mano a los gobernadores sobre su cabeza, desprovista de la máscara protectora, del presidente. Partiendo del Palacio Jaburu, se instaló un clima de autogolpe militar en el Palacio Planalto. La pandemia de coronavirus no creó, solo profundizó y aceleró estos procesos políticos. Brasil tardó 53 días, desde la primera muerte por coronavirus, en superar la marca de 10.000 víctimas. Pero solo tomó una semana superar los 15.000 muertos. El 16 de mayo, según datos del Ministerio de Salud, el país llegó a 15.633 víctimas y 233.142 casos de Covid-19: se registraron 816 nuevas muertes en 24 horas y 14.919 nuevos casos. Debido al subregistro, algunas estimaciones sitúan el número real de muertes en alrededor de 30.000, mientras que otras advierten que aún no se ha alcanzado el pico de la pandemia, prediciendo la increíble cifra de 50,000 contagios diarios para la segunda mitad de junio. Según el reconocido científico Miguel Nicolelis (autoridad mundial en el campo de la neurociencia y jefe del proyecto Monitora Covid-19): “Vamos a vivir algo que nunca imaginamos en la historia de Brasil. Y eso, en las proporciones que veremos, no era inevitable”. Brasil se está convirtiendo en uno de los epicentros mundiales de expansión de Covid 19, con una velocidad de contagio mayor que la de los países que más sufrieron. Mucho antes del pico de la pandemia, la capacidad del sistema de salud pública para enfrentarla ya se ha excedido en los estados más afectados por la enfermedad, debido a la falta de camas en las UTI, materiales médicos (primero, respiradores artificiales, pero también artículos básicos de protección, EPP) y profesionales de la salud, en un sector (salud pública) que ha sido descartado durante décadas, y que fue, vale la pena recordar, el principal desencadenante de las grandes manifestaciones de 2013. Este es exactamente el punto en el que se entrelazan la crisis de salud, la crisis económica y la crisis política. Bolsonaro tenía la intención (y tiene la intención) de hacer de la pandemia un eje de recomposición de su heterogénea base política, y se alineó de inmediato con el manual del imperialismo angloamericano, que pretendía (y pretende) hacer de eso una plataforma para la salida de la crisis económica, a través de despidos masivos (reduciendo a niveles históricos el valor de la fuerza laboral, aumentando la competencia en el mercado laboral), congelando y aplanando los salarios, congelando el gasto público (en el caso brasileño, con la prohibición de contrataciones y ajustes salariales de los empleados públicos, todo favorecido por la enmienda constitucional que limita gastos, que ni siquiera fue mencionada en la crisis pandémica) y la destrucción de logros sociales de todo tipo, mitigados por limosnas temporales que también sirvieron como cobertura para una transferencia espectacular de fondos a favor del gran capital financiero. En esto coinciden el Ejecutivo y el Legislativo, aunque este último trató de recuperar un mínimo de liderazgo político al aumentar la cantidad ridícula de ayuda de emergencia para los desempleados propuesta por Guedes. A los bancos, velocidad y billones. Para la población sin ingresos, obstáculos intencionales: proceso solo a través de Internet, códigos que caducan y falta de informaciones. Miles se arriesgan en filas. Destrozada, la Caja Económica Federal no puede atender la demanda de ayuda de emergencia para los más desprotegidos. En el escenario mundial, el rechazo de la cuarentena para permitir la propagación masiva del virus fue inicialmente anunciado por el primer ministro británico Boris Johnson como el método con mejor costo - beneficio para el capital financiero. Todos los expertos en salud rechazaron de inmediato la fantasía de que el contagio masivo provocaría inmunidad natural. Estados Unidos siguió una línea similar, con la única diferencia de que su implementación abandonó cualquier protocolo y fue impuesta directamente por Donald Trump. El resultado fue un escenario aterrador, como se vio en Nueva York y Estados Unidos tomados por el virus. La política impulsada por las bestias, como se sabe, terminó costando casi la vida de su promotor inicial (el propio Boris Johnson) y tuvo que dar paso a medidas de distanciamiento social que, adoptadas tarde, costaron la vida de decenas de miles de personas, en el que Donald Trump encontró una excusa para denunciar una conspiración viral contra los Estados Unidos orquestada por China. A diferencia de lo que sucedió en el escenario metropolitano, y a pesar de la asombrosa velocidad de propagación del virus en Brasil, Bolsonaro no ha perdido impulso y, con el pretexto de "reanudar la economía", no solo sigue presionando la misma tecla, sino que la aprovecha para poner en la calle su base social fascista cada vez más escuálida, llamada casi a diario para romper la cuarentena y la distancia social en mini-manifestaciones frente al Planalto, y para expresar su ignorancia y resentimiento agresivo en varias capitales de estado. Las iniciativas políticas del presidente, que incluyeron el reemplazo de una gran parte de los superintendentes estaduales de la Policía Federal (primero, pro domo sua, el de Río de Janeiro), y la invasión literal del STF, donde el presidente ocupaba (sin licencia) el sillón de su presidente para dar lecciones sobre reactivación económica a los jueces culpables de permitir que los estados y municipios limiten sus impulsos genocidas (definidos con estas palabras literales por el ministro Gilmar Mendes), llevaron la huella de la improvisación empírica y el atajo, y como tal fueron registrados por este barómetro histórico del estado de ánimo de la clase capitalista brasileña, que es Rede Globo. La primera de las iniciativas le costó la deserción de la estrella principal del gabinete bolsonarista (Sérgio Moro), abriendo un nuevo escenario de crisis que hasta ahora solo ha mostrado sus posibilidades explosivas; el segundo se combinó con el hecho cómico (si no fuera trágico) de tres ministros de salud en solo un mes en un país afectado por una pandemia mortal, sumado a la prescripción oficial sin precedentes de un medicamento (cloroquina) por titular del Poder Ejecutivo, un hecho sin precedentes en la historia mundial de la medicina. Para completar su "obra", Bolsonaro anunció que ya no reuniría su gabinete, y que en lo sucesivo solo vería a cada ministro individualmente, una medida similar a la adoptada por el zar Nicolás III durante la Primera Guerra Mundial (y la epidemia de fiebre española), con las consecuencias que ya se conocen, pero es dudoso que en la corte de Bolsonaro revista algún historiador con mínimas calificaciones. El desempeño bolsonarista, más digno de un elefante en una tienda de porcelana que de un candidato serio a Mussolini, encendió los índices de alarma habituales: dólar, bolsa de valores e incluso algún movimiento parlamentario penoso, que ni siquiera despega con el apoyo del "Jornal Nacional" de Globo. Las burocracias de las principales centrales sindicales comenzaron a abandonar el estado de letargo guiado por el dúo Lula / PT (formalmente opuesto a cualquier "Fuera Bolsonaro") y comenzaron a agitar la presión sobre el Congreso a favor de la destitución, pero aún no hubo paros y aún menos de una huelga general. Lula se limitó a las intervenciones de los medios quejándose de la "falta de liderazgo", como si Bolsonaro no estuviera guiando al país hacia el desastre. El movimiento más fuerte parece haber tenido lugar en las Fuerzas Armadas, lo que motivó la intervención periodística del vicepresidente Mourão, su portavoz, por el momento, críptico. Igor Gielow, columnista político de Folha de S. Paulo, comentó al respecto: “Cerca de los insultos habituales de su jefe, [Mourão] fue cordial y veneraba el papel de la prensa, un contrapunto que le gusta marcar. El debate sería casi académico, si no fuera por una advertencia inicial, nada casual, de que la pandemia de Covid-19 podría convertirse en una crisis de seguridad. El pasado de Mourão hizo que su posición se tornara preocupante a los ojos de muchos. El corolario de esto puede ser lo que, como candidato, definió como la posibilidad de un auto golpe de estado por parte del presidente en un escenario de anomia o anarquía. Nunca es demasiado recordar las afirmaciones de tipo golpista del vice, hoy visto como una especie de contrapunto mesurado a la confusión representada por Bolsonaro. En 2015, él sugirió el "despertar de una lucha patriótica" al hablar sobre el proceso de destitución de su comandante suprema, Dilma Rousseff (PT). Dos meses después, autorizó, bajo su mando en la región Sur, un homenaje después de la muerte de Carlos Alberto Brilhante Ustra, el ídolo de Bolsonaro y el torturador de Dilma en la dictadura. Eso le costó el trabajo, y fue reubicado en una posición burocrática en Brasilia. Dos años después, ya en medio de la crisis política del gobierno de Michel Temer (MDB), Mourão sugirió que la intervención militar sería posible si el Poder Judicial no se daba cuenta de la situación”. No se puede negar, por lo tanto, una consecuencia de propósitos y métodos para el general "civilizado". A la luz de lo cual es preciso relativizar la conclusión del citado comentarista: "No existe una cohesión uniforme para ningún movimiento golpista real ... Las fuerzas como la Armada y la Fuerza Aérea no están entusiasmadas ni con la simbiosis con el gobierno, ni con el protagonismo del Ejército en el proceso. El apoyo necesario de las élites empresariales para cualquier empresa antidemocrática no parece salir de los nichos más bolsonaristas”. No sabemos qué entiende el columnista por "golpe de estado real" en un país cuya historia puede dar lecciones al mundo sobre el asunto. El golpe brasileño es muy real y se encuentra en los pasillos de Brasilia. Que, en condiciones de crisis económica y social y crisis política internacional, utilice pantallas parlamentarias o ministeriales no lo hace menos golpista, menos reaccionario y antidemocrático, ni menos enemigo de los trabajadores. Bolsonaro ya ha tomado nota y, en la fecha en que escribimos, ya se movió y, junto con sus arrebatos fascistas, también comenzó a distribuir posiciones y presupuestos entre los miembros del "centro" del Congreso, anticipando la presión a favor de la destitución. La inacción de las burocracias sindicales y los políticos "democráticos" o "izquierdistas" es sorprendente dado el hecho de que, en la actual crisis social y política, está en juego la supervivencia de la nación y la población trabajadora. La lucha contra la pandemia y el colapso del sistema de salud pública plantea un programa claro: la necesidad de poner todos los recursos de la nación en la lucha contra el coronavirus, derrocar la EC / 95 y financiar el sector público (primero, el SUS e institutos de investigación / universidades) a través del no pago de la deuda pública a los tiburones financieros y un impuesto sobre las grandes fortunas; la eliminación de la "doble cola" (pública y privada) para pruebas y atención a los paciente; la colocación de todos los recursos de salud (el 55% de las camas de la UTI se encuentran en hospitales privados, solo el 45% en el sector público, que sin embargo atiende a más del 80% de la población) bajo la responsabilidad del SUS, con este sub control directo y democrático de sus trabajadores (médicos, enfermeras, investigadores, trabajadores de la salud, trabajadores sociales), que ya están a la vanguardia, física y política, de la lucha contra la pandemia. Y no solo contra la pandemia, sino también contra los ataques de las lunáticas bandas fascistas, agentes de la política genocida. El heroico ejemplo de trabajadores de la salud que se resisten a las provocaciones y agresiones de lúmpenes (a menudo presentados como "empresarios" o "asesores") en las movilizaciones callejeras en las que defienden sus reclamos, que son los de toda la población brasileña sometida al flagelo real o potencial de la enfermedad, hasta ahora no ha tenido la solidaridad que merece, ni siquiera moralmente: ya se han arrebatado cientos de vidas de trabajadores de la salud. Los aplausos no son suficientes. Es necesario, en primer lugar, que las sociedades científicas y las órdenes profesionales de todos los campos, con todos los recursos, la autoridad moral y la penetración de los medios que tienen, comiencen una campaña sistemática en defensa de estos trabajadores y sus demandas, que se proyecten, de manera directa y objetiva, sobre el terreno político. Para todo el movimiento obrero (sindicatos), juvenil (estudiantes, asociaciones culturales) y populares (asociaciones comunitarias, movimientos de minorías étnicas o sexuales y otros) existe la necesidad de una campaña de pronunciamientos, obtenidos incluso (y sobre todo, en ese momento que vivimos) de una manera virtual, en el mismo sentido, preparando un vasto movimiento para que los trabajadores intervengan de manera independiente, como sujetos activos, en el resultado de la crisis brasileña, no como mendigos en filas inhumanas o como enfermos o muertos, sino como candidatos a tomar su destino y el destino de la sociedad en su conjunto en sus manos. Osvaldo Coggiola es profesor titular en el Departamento de Historia de la USP. Autor, entre otros libros de "El crack de 1929 y la gran depresión de los 30” (Editorial Pradense). Publicado el 19-5 en el sitio [a terra redonda] (www.aterraeredonda.com.br)

La nueva fase de la cuarentena volvió a tener en el podio al trío de Larreta-Kicillof-Fernández. La larga y verborrágica exposición de los tres, sin embargo, sólo sirvió de pantalla para escamotear respuestas reales. Hace sólo dos semanas, el mismo trío anunciaba triunfante la flexibilización del aislamiento, con apertura de comercios en la Ciudad de Buenos Aires y de industrias en la provincia. En aquel momento, los tres fueron muy detallados a la hora de exponer todas las actividades que retornaban al trabajo, pero no tuvieron la misma precisión para indicar qué protocolos y medidas sanitarias tendrían lugar como consecuencia de esa apertura. Desde entonces, estallaron los infectados en los dos distritos. Fernández dijo ayer que los contagios se focalizaban en los “barrios populares”, el eufemismo de los políticos del régimen para no nombrar a las villas miseria. Pero enseguida, debió admitir que la cuestión excede a esos barrios, pues en el resto de la Ciudad los contagios crecieron un 100 por ciento. El desplazamiento de la atención hacia las villas está vinculado a la necesidad de esconder que en materia de testeos Argentina va última en el mundo, en especial en las villas, donde recién comienza, pero no alcanza a los “asintomáticos”, o sea que no es masivo. Los contagiados reales son muchos más que los que se detectan a partir de los síntomas que advierte el propio infectado. Con dos billones de gastos extras del estado en estos dos meses, el rubro destinado al testeo y a la protección médica en general es casi nulo. La cuarentena fue planteada siempre como un sustituto a una actividad masiva de testeos. Este ocultamiento lo comparten el FdeT y JpC, la base de la complicidad política que los junta cada dos semanas en Olivos ante la prensa. Aunque Kicillof dedicó una interminable bravata a los que “nos presionan con la apertura”, no reconoció que los casos comienzan a crecer en la gran industria, dentro del área bonaerense. Volvió a machacar sobre la “duplicación de camas de terapia intensiva”, aunque él sabe muy bien que la duplicación de una cifra irrelevante es otra de igual tipo, y que improvisa hospitales de campaña, pero no hace nada para habilitar los hospitales que dejaron a medio hacer los K-Scioli y los M-Vidal. Larreta pasó revista livianamente a la supuesta “acción del gobierno sobre los mencionados “barrios”, sin dar cuentas de que tuvo sin agua a la Villa 31 más de una semana –ni de los testeos a cuentagotas o la falta de atención la penuria alimentaria en esos barrios. La alianza entre Larreta y Fernández alcanzó el mal gusto cuando pretendieron cancherear con el fútbol. La cuarentena ha ingresado en el “agujero negro” que una mayoría de destacados especialistas advierte que ocurrirá con la mayoría de las “aperturas” que, en todo el mundo, reclama el capital financiero. La reanudación indiscriminada de actividades no responde a un retroceso real del virus sino a la monumental presión de la clase capitalista. Esa ‘reapertura’ habilita mayores subsidios a las patronales, como ocurre con la aprobación de un paquete de 3 billones de dólares que acaba de aprobar el Congreso de Estados Unidos. Esto justificará, de paso, el cese de subsidios a la canasta alimentaria para miles de trabajadores informales que deberán concurrir a sus trabajos, sin la menor verificación de las condiciones ambientales de los comercios y fábricas. Alberto Fernández lamentó los 9 millones de precarizados que “nunca registramos”, pero no dio respuestas a que la mayoría de ellos ha quedado fuera del IFE. La nueva fase de la cuarentena exhibió a un régimen político –oficialistas y opositores- sin respuestas, salvo la probable eliminación de las Paso, para 2021. Es la hora de ahorrar dinero, porque seguirá el pago de la deuda externa a los fondos internacionales. La escalada de contagios exige un gigantesco vuelco de recursos al testeo, al sostenimiento de la población trabajadora, a la expansión de la capacidad sanitaria, todo lo cual es incompatible con ‘el arreglo’ y con los intereses del capital que negocia con la salud. Fernanda Vallejos quiere estatizar empresas, pero su gobierno ni siquiera intentó poner el servicio privado de salud al servicio de toda la población. Las luchas, mientras tanto, se intensifican, incluidas las movilizaciones contra la represión y el crimen policial, como ha ocurrido en Tucumán y Pico Truncado, y la infiltración de los servicios en la huelga minera en Neuquén. Desarrollemos comités barriales y fabriles, por testeos masivos en los barrios; por protocolos obreros en las fábricas; asistencia alimentaria incondicional controlada por representantes electos; centralización de todo el sistema de salud, incorporación masiva de trabajadores de la salud al hospital público; repudio de la deuda usuraria, control obrero general, gobierno de trabajadores.

La disparada de contagios en las villas de CABA, con 1651 casos confirmados al 20 de mayo, mostró la cara más negra de la “flexibilización” orquestada por los gobiernos de Rodríguez Larreta y Fernández. Esta crisis impactó de forma inmediata en el sistema de salud, poniendo en jaque a los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y hospitales públicos que tienen bajo su responsabilidad la atención de esos barrios. El esfuerzo denodado de médicxs, profesionales y trabajadorxs chocó contra el vaciamiento de recursos, la falta de previsión y una estructura político-sanitaria obsoleta, que corre por detrás a la pandemia. La ausencia de una respuesta estatal adecuada coloca a vecinxs de las villas, organizaciones barriales y trabajadorxs de los CeSACs ante el desafío de emprender una pelea común. El primer episodio tuvo lugar cuando las muertes de Ramona Medina y “el Oso” Giracoy en la Villa 31 pusieron la lupa sobre los CeSACs del barrio, dependientes del Hospital Fernández. La residencia de Medicina General y Familiar (MGyF) debió salir aclarar, frente a denuncias por “abandono”, que se había sido forzada a ausentarse del barrio contra su voluntad. “Creemos fervientemente que hoy más que nunca nuestro rol es fundamental para poder paliar la situación de desidia que vive el barrio, pero, lejos de pensar en los pacientes que allí viven, nos obligan (sí, ¡nos obligan!) a ir a la sala”, explican en un comunicado. Ocurre que, frente a la falta de personal, las direcciones hospitalarias convocan a lxs profesionales de los CeSACs barriales a cubrir puestos en salas de internación, unidades de febriles y “triages”. El retiro de lxs profesionales de las villas es muchas veces alentado desde el gobierno porteño, siempre tentado a sustituir los equipos de salud por gendarmes y militares o por la acción de sus punteros bajo el paraguas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). El segundo episodio ocurrió en el Ramos Mejía, cuando vecinxs de la Villa 21-24 filmaron con sus celulares cómo las condiciones de hacinamiento de su barrio se trasladaban a la sala hospital. La llegada de micros de las villas para brindar atención y hacer hisopados puso en crisis a los protocolos hospitalarios, evidenciando una falta completa de coordinación de los operativos. Una vez hecho el testeo la situación tampoco mejora porque, como denunció la asociación gremial del Penna, el sistema de derivación de personas sospechosas a la espera de resultado o de confirmados leves a hoteles y centros de baja complejidad está desbordado, lo que obliga a los hospitales a alojar a esas personas en ambientes improvisados y condiciones precarias, que incrementan el riesgo de contagio. En estas condiciones, los famosos “protocolos” son papel mojado, y su cumplimiento depende de la lucha y de la relación de fuerzas que se establece en cada lugar. En la Villa 31, el CeSAC 47 exigió y logró la realización de hisopados ante el contagio de varias trabajadoras, a pesar de la negativa inicial del Ministerio de Salud. La residencia de MGyF del Hospital Vélez Sarsfield se resistió a ser desplazada a una sala de internación y planteó su restablecimiento en el CeSAC 36, en una nota que fue apoyada por todas las residencias de MGyF de CABA. De lo contrario, ¿quién se encargaría de atender el resto de los problemas de salud de la población, incluidas las interrupciones legales del embarazo (ILE)? En el Penna, una nota de los equipos que intervienen en la Villa 21-24 y Zavaleta exige “la participación real de lxs trabajadorxs y las organizaciones barriales en la definición de estrategias de intervención en el territorio, y la creación de protocolos específicos acordes a las necesidades de los barrios populares”. El recrudecimiento de la crisis en las barriadas ya motivó toda clase de auto-convocatorias y asambleas inter-sectoriales en la salud, que se organizan intentando sortear el bloqueo –y, cuándo no, la lisa y llana persecución- de las autoridades hospitalarias y las burocracias sindicales. Lxs trabajadorxs de la salud nos vemos ante la urgencia de convocar a lxs vecinxs y sus organizaciones a una lucha común, so pena de terminar quedando pegadxs a la desidia y la violencia del Estado. El próximo martes 26 de mayo la asamblea del Piñero realizará un corte en Cobo y Curapaligüe en conjunto con la Red del Bajo Flores y organizaciones de la Villa 1-11-14. Se reclamará por equipos de protección para el personal sanitario y medidas de cuidado para el barrio, en el marco de la jornada de lucha votada por la asamblea de residentes y concurrentes. El contraste con la actitud de la Asociación de Médicos Municipales es enorme: su presidente, Gilardi, amigo de Larreta, se despachó culpabilizando a lxs mismxs enfermerxs y camilleros por los contagios, en una línea que ya había esbozado Ginés González García. El kirchnerismo y buena parte de la izquierda interviene en estos procesos con la política de “desgastar a Larreta” o “desgastar a Gilardi”, con la mira puesta en las próximas elecciones legislativas o sindicales. Una película de ciencia ficción de paladar negro, ya que de lo que se trata no es de “capitalizar” las necesidades impostergables sino de darles una salida ahora. El Partido Obrero (Tendencia) convoca a organizar la lucha común por testeos masivos en los barrios; viviendas para aislar a las personas de grupos de riesgo, sospechosas y confirmadas; asistencia alimentaria a sus familias y comedores, bajo el control de las organizaciones barriales; contratación del personal de salud necesario para cubrir todas las tareas, incluyendo la continuidad de la atención primaria y la realización de la ILE como derecho esencial; equipos de protección de calidad, rotación del personal y testeos en salud; colocación de los recursos del sistema de salud privado a disposición; formación de comités electos de vecinxs y trabajadorxs de la salud que organicen el cumplimiento de este programa en los barrios.

La nueva etapa de la cuarentena no será, como había anticipado el gobierno, la vuelta a la “normalidad”. Kicillof fue muy contundente: “a la normalidad no volvemos más’. El reconocimiento más claro del derrumbe de un régimen político y social. En efecto, una escalada de contagios asuela a la población de las barriadas de las ciudades principales, y a provincias enteras. La asistencia y los testeos llegan en cuentagotas. Los fondos del Estado asisten a las mayores corporaciones capitalistas, al extremo que muchos creen ver una estatización masiva de su financiamiento. El ministro Guzmán, por su lado, va derecho a arreglar a como sea en favor de los fondos internacionales, a sabiendas de que las consecuencias del arreglo son graves. El Tesoro se convertirá, más de lo que ha venido siendo, una agencia de recaudación de los bonistas. En vez de hospitales, se destinará el dinero al pago de intereses que duplican o triplican los rendimientos internacionales. En vez de respiradores y elementos sanitarios, pagos extraordinarios a los bonistas en señal de “buena voluntad”. En vez del 82% móvil, liquidar el régimen jubilatorio y reabrir el negocio de la jubilación privada, en beneficio de estos mismos fondos internacionales. Los funcionarios aconsejan al pueblo a “quedarse en casa y prevenir los contagios”. Pero el sometimiento a los usureros internacionales nos deja en la calle, en pelotas y sin barbijo. La lucha por la vida, la salud, el salario y el derecho al trabajo está cobrando fuerza en las ocupaciones de fábrica del sur del país, en la clase obrera de las grandes industrias, en la mujer que pelea por el aborto legal y el fin de la violencia Esa lucha contra la barbarie capitalista plantea la lucha internacional por gobiernos de trabajadores y un mundo socialista.

La educación pública se encuentra en las puertas de una nueva crisis. Es lo que refleja lo resuelto por los ministros de Educación de todas las provincias que integran el Consejo Federal de Educación (CFE) que establecieron, en su reunión del 15 de mayo, que “no habrá calificaciones numéricas en el territorio nacional ante el contexto excepcionalidad” de la pandemia de coronavirus. Trotta expuso los motivos de esta decisión: “En este contexto, se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país. Por este motivo, todos los actores que conformamos el sistema educativo estamos de acuerdo que es momento de evaluar, pero no de calificar” (Clarín, 15/5). Más adelante, Trotta destaca que los procesos de enseñanza y aprendizaje “se desarrollan en condiciones muy heterogéneas y desiguales”. La docencia -que está realizando un esfuerzo excepcional para trabajar bajo la cuarentena- no ha sido consultada frente a esta decisión. Con estas declaraciones, Trotta se autoincrimina y reconoce que el Estado no está garantizando el acceso a la educación bajo la cuarentena, una realidad que se quiere resolver eliminando una etapa fundamental de la tarea educativa -la calificación- y pateando el problema a un futuro incierto. En Buenos Aires, las calificaciones numéricas son las establecidas por el Régimen Académico para poder acreditar todo el ciclo lectivo. Su suspensión plantea la eventualidad de una postergación de todo el ciclo lectivo o incluso su descarte completo. La docencia -que está realizando un esfuerzo excepcional para trabajar bajo la cuarentena- no ha sido consultada frente a esta decisión. Es necesario aclarar que, si bien existe una diferencia entre la evaluación y la calificación, ambas están íntimamente ligadas. La ausencia de una calificación refleja dificultades para hacer una evaluación de los conocimientos estudiados hasta un cierto momento. Y esto se debe fundamentalmente a la imposibilidad de millones de alumnos de conectarse en forma virtual, a la falta de recursos para profundizar las actividades pedagógicas, a condiciones habitacionales acordes; en definitiva, a la falta de un plan educativo integral para que acceder a la educación en forma virtual en el contexto de cuarentena. No estamos, por lo tanto, frente a una decisión basada por motivos pedagógicos. La docencia, por su parte, se está poniendo nuevamente al hombro la educación pública, con largas horas frente a la computadora y el celular, descargando archivos de todos los alumnos que se han podido conectar, recurriendo a varias plataformas virtuales privadas para hacer exposiciones orales, poniendo sus propios recursos informáticos que también deben ser utilizados por el resto de los miembros de la familia. ¡Incluso está organizando la recolección de alimentos e insumos sanitarios para los alumnos y sus familias! Una porción del estudiantado que cuenta con los medios también está trabajando a pesar de todas las dificultades. La postergación indefinida del proceso de calificación refleja que el Estado no tiene interés alguno en resolver la actual situación social y educativa. Trotta mencionó la alternativa de un retorno a clases presenciales luego de anunciar que no se calificará a los estudiantes, a sabiendas que no existen condiciones sanitarias de ningún tipo en las escuelas. Improvisación tras otra, tenemos el escenario de un fracaso de todo el ciclo lectivo 2020. Toda la comunidad educativa debe discutir profundamente esta situación, para exigir y resolver un pliego de exigencias de emergencia frente a esta situación. Que ningún estudiante pierda su derecho a la educación bajo la cuarentena, incluyendo la necesaria acreditación.

Luego de un escándalo el año pasado que ligaba a un nutrido grupo de personalidades de la farándula a un “Telar de la abundancia”, hace unos días otras tantas utilizaron sus redes sociales para hacer publicidad de un “cepillo facial” de la empresa NuSkin. Rápidamente, en varios medios se hicieron eco y señalaron lo evidente: se trataba de un clásico esquema de estafa piramidal. Nada hay de nuevo al señalar la existencia de esquemas piramidales en todo el mundo. En todas sus variaciones, se apoyan en la desesperación de grandes capas de la clase obrera ante la pauperización laboral capitalista. Cuando se agudiza la crisis, los trabajadores despedidos, con indemnizaciones exiguas a disposición, o en actividad, pero arrinconados por patronales cada vez más exigentes, son el principal objetivo de estos estafadores. La venta de NuSkin comporta las características típicas de las empresas de venta multinivel ligadas a productos de belleza o nutrición - Herbalife, MaryKay, Avon, Natura, etc -: se trata de productos con poca o ninguna aprobación legal o médica, vendidos a sobreprecio y con la promesa de que la persona que se acerca puede convertirse en distribuidora del producto y generar ingresos de hasta decenas de miles de pesos por mes. Al igual que con todo esquema piramidal, se realiza una “inversión inicial” (comprando productos tangibles para reventa o intangibles, como “franquicias”). En casos como NuSkin, la venta del producto toma un lugar secundario ante el “verdadero” negocio: reclutar más personas y convertirse en un “Líder de equipo”, cobrando comisiones por cada persona reclutada y/o cada venta que esa nueva persona realice, quien a su vez debe conseguir atraer o vender productos a más personas para recuperar su inversión, y así continúa creciendo la pirámide, de manera exponencial, hasta toparse con límites lógicos. En los casos más centrados en la venta del producto, como Natura, se arma un esquema de incentivos -viajes, premios- por “puntos”. Para alcanzar estos señuelos, las personas terminan comprándose “a sí mismos” grandes cantidades de productos. Mientras tanto, las empresas se ahorran de pagar salarios, cargas patronales y locales de venta. Estas empresas pierden juicios en todo el mundo, pero jamás se les impide seguir operando, amparados en tecnicismos legales. Cuando colapsan las pirámides, la “base” sale perdiendo cifras millonarias. Se calcula que menos del 5% de los vendedores logran siquiera recuperar su inversión inicial, mientras fundadores y ejecutivos de las compañías obtienen ingresos millonarios del bolsillo de todos aquellos a quienes les prometieron “independencia financiera” y “ser tu propio jefe”. Manipulación psicológica El componente más oscuro de estas empresas multinivel, redes de “abundancia” y demás, es el nivel de manipulación psicológica que ejercen sobre aquellos a quienes logran captar. Como una caricatura híper capitalista, se insiste hasta el hartazgo en que quienes no logran las ganancias que les fueron prometidas al ingresar, se debe a que no han trabajado lo suficientemente duro, que no aplicaron correctamente “el sistema”, o no lo desearon lo suficiente. Se insta a reclutar familiares y amigos, armar listados de mails, grupos de WhatsApp, etc., e inundarlos con ofertas e intentos de cooptación, y trabajar jornadas superiores a diez horas. Las charlas motivacionales de emprendedorismo son semanales y hasta diarias. Cualquier allegado a un participante que advierta sobre la estafa es señalado como una “influencia negativa” que debe ser alejada. Los “cepillos faciales” de las famosas, valorados en veinte mil pesos, podrán ser un ítem “de lujo”, pero la exposición a esta clase de estafas atraviesa a toda la sociedad, y facilita la atomización de los trabajadores impulsando una “mentalidad emprendedora” individualista. Debemos luchar por desenmascarar estas estafas.

La “nueva normalidad”, de la que se habla a partir de la aparición del Covid 19 es, en educación, pura improvisación, ajuste, precariedad y sobrecarga laboral. Así lo entendió el plenario de delegados de escuelas, convocado por la Multicolor de La Plata el 11 de este mes. La mayoría de las intervenciones de los 60 compañeros presentes en esta reunión virtual analizó punto por punto las nuevas modalidades educativas que se están implementando a partir de la llamada educación virtual o teletrabajo; la falta de actos públicos para cubrir cargos vacantes, mientras muchos compañeros se encuentran en medio de una situación desesperante por falta de módulos o cargos; el incremento de la carestía de vida y, como frutilla de postre, el intento del gobierno de Kicillof por “armonizar” (desguazar) nuestra caja de jubilaciones provincial (IPS). El plenario destacó la parálisis y la integración de las direcciones sindicales provinciales a las políticas del gobierno mientras se desata esta ofensiva en contra de nuestras reivindicaciones. La celeste, en medio de este derrumbe económico, sanitario y educativo mantiene una “solidaridad” cómplice con las políticas de pago de las deudas a acreedores externos y se abre al dialogo para implementar modificaciones a nuestro Estatuto y al régimen de jubilaciones, mientras convoca a clases de zumba desde sus grupos de WhatsApp. El plenario de delegados multicolor se pronunció a favor de la cuarentena y de profundizar los presupuestos de salud y educación. En este sentido, cuestionó el levantamiento parcial de la cuarentena que viene realizando el gobierno de AF por presiones de las patronales a las que subsidia con los nuevos planes de ATP. Producto de esta deliberación, se votaron dos actividades callejeras y un programa de reivindicaciones: la primera, se desarrolló el viernes 15 de mayo frente al Instituto (IPS) y contó con la presencia de cerca de 70 docentes, que nos manifestamos cumpliendo con las modalidades de distanciamiento social; allí se leyó el documento elaborado por el conjunto de las agrupaciones de la multicolor y se denunció el intento de “armonización” con el Anses. La segunda concentración la realizamos el pasado viernes 22, frente a la gobernación, con una modalidad similar a la anterior y la participación de algo más de 100 docentes. En esta oportunidad se plantearon reclamos para la realización inmediata de actos públicos que cubra cargos vacantes, se denunció la sobrecarga laboral producida por el teletrabajo, la falta de conectividad en la mayoría de los barrios populares y entre docentes, que en medio de la miseria salarial incrementan sus gastos a partir de esta modalidad. Desde Tribuna docente (Tendencia) de La Plata participamos activamente de estas jornadas, las cuales creemos necesarias en el camino de la realización de un plenario provincial de delegados que delibere y organice la lucha en contra de todas estas ofensivas antieducativas.

Un conjunto de gremios provinciales protagonizará esta semana paros y movilizaciones. Los docentes de UEPC pararán el martes 26 por 24 horas contra la reforma jubilatoria que acaba de aprobar la legislatura de Córdoba. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) también convoca a una huelga de 48 horas para el 26 y 27 de mayo. La UTA regional Córdoba, por su parte, convoca para el 26 al conjunto de los trabajadores del gremio a movilizarse en el marco de la huelga general por tiempo indeterminado que ya lleva más de dos semanas, por el pago de los salarios. El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) también está convocando para el 27 a una movilización. La pandemia es utilizada por el ejecutivo provincial y municipal para lanzar un plan de guerra, en nombre de la caída de la recaudación y del déficit de la caja jubilatoria provincial. Está siendo utilizada para que los trabajadores y los jubilados resignemos una parte significativa de los salarios y haberes. El quebranto provincial es responsabilidad exclusiva de la alianza política que gobierna Córdoba desde hace añares. En principio, el frente Schiaretti-Macri implicó un descomunal endeudamiento provincial que ahora el frente Schiaretti-Alberto-Cristina quiere hacernos pagar. Si la caja jubilatoria presenta un enorme déficit es porque Llaryora y Schiaretti la han desfinanciado con la incorporación de sumas en negro en los salarios que deberían tributar al sistema. Si la recaudación provincial no alcanza a pagar los salarios, que un impuesto a las grandes riquezas permita obtener los fondos para los mismos. Estos problemas interpelan al conjunto de los trabajadores y jubilados de la provincia. La burocracia sindical José Pihen -secretario general del Sindicato de Empleados Públicos y de la CGT Córdoba- declaró que “la idea es que todos los gremios vayamos juntos al planteo judicial, pero si eso no es posible, cada uno actuará por su lado” (La Voz 23/5). En el mismo diario, Juan Monserrat (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), dice que la posibilidad de acciones directas contra la reforma previsional aprobada el miércoles “es casi nula”, que el reclamo judicial “será cuesta arriba” y que la coordinación de acciones será “mínima”. Este planteo del secretario general de UEPC suena más un boicot al paro docente que un apresto a luchar. La burocracia trata de atomizar las luchas, descomprimir la enorme bronca que recorre las bases de todos los gremios con medidas aisladas. Tenemos que unir por abajo lo que la burocracia quiere atomizar. Ante un ataque de conjunto, es necesaria una respuesta de conjunto. Vamos a la movilización del martes convocada por la UTA, con los reclamos de cada gremio y en apoyo a los choferes. Convirtamos en activo el paro docente y de judiciales del martes concurriendo y convocando a los trabajadores municipales a sumarse. El conjunto de los trabajadores públicos debemos volcarnos a las calles -los recolectores de residuos, ya lo anunció el intendente Llaryora, serán los próximos a los cuales pretende imponerles una rebaja salarial. Los trabajadores de Luz y Fuerza también deben sumarse, aunque su sindicato no convoque a ninguna acción. Los gobiernos provincial y municipal son responsables por los contagios, por falta de medidas de protección y por mantener desamparadas a poblaciones de riesgo en las barriadas obreras. Nuestra Tendencia va a concurrir a la marcha con nuestros propios protocoles de cuidado, para impulsar un rumbo de acción de unidad y lucha, que ponga en el centro la defensa de la vida, del salario y de nuestras condiciones de trabajo. En la calle, los trabajadores debemos tejer la unidad que la burocracia sindical pretende bloquear. Debemos dar pasos concretos en la coordinación de nuestras luchas. Es el único camino que tenemos para triunfar. Las próximas paritarias y hasta el aguinaldo están cuestionados. Preparemos la huelga general para derrotar estos atropellos. -Pago inmediato de los sueldos adeudados a los trabajadores del trasporte y judiciales. -Estatización sin indemnización del sistema del transporte público, puesta en funcionamiento bajo el control de los trabajadores. -Apertura de actos públicos. Incorporación de docentes y trabajadores de salud para cubrir cargos vacantes. -Anulación de los descuentos a los trabajadores municipales. -Coordinemos el conjunto de las luchas. -Abajo la reforma jubilatoria. Plena vigencia del 82% móvil y control de la Caja Provincial de Jubilados con trabajadores y jubilados electos. -Recomposición del salario al básico y reapertura de las paritarias.

Los medios de comunicación han omitido lo fundamental acerca de las recientes operaciones políticas en Brasil, que parecieran poner a Bolsonaro al borde de un juicio político. Los videos que se han hecho públicos por orden del Poder Judicial de una reunión de gabinete, que muestran a Bolsonaro dispuesto a colocar a la Policía Federal y de Río de Janeiro bajo su tutela, no revelan solamente la intención de proceder a un acto que está calificado como inconstitucional. En la legislación brasileña, la designación o remoción de los jefes de policía no es una atribución del Presidente, sino que requiere el concurso de otros sectores de la burocracia del estado, principalmente del ministerio de Justicia. Bolsonaro, sin embargo, separó a los jefes en funciones, para poner a hombres de su confianza personal. Esto ha abierto una crisis constitucional en medio del desarrollo de la pandemia, que se ha convertido en espantoso por la carencia completa de infraestructura sanitaria y la negativa del gobierno de asumir el control de las estructuras privadas. Los centros de terapia intensiva se encuentran sobrepasados, con numerosos contagiados en espera de atención por días – cuando no fallecen en el intento. Todo el mundo sabe en Brasil que Bolsonaro quiere meter la mano en la Federal y en la policía carioca, para bloquear la investigación de sus hijos, familiares y compinches, que se encuentran comprometidos en distintos delitos, incluso o especialmente políticos y hasta en el asesinato de la luchadora Marielle Franco. Nadie “los protege”, dijo un Bolsonaro airado en esa reunión de ministros, más propia de “El Padrino” o “Pulp Fiction”, que del funcionamiento de un gobierno. Las expresiones soeces fueron usadas a gusto, sea insertadas en las intervenciones, sea para calificar a políticos y especialmente a gobernadores propios o extraños. Los numerosos ministros militares que compartieron este evento bizarro no abrieron la boca. Más adelante todos ellos respaldaron al Presidente, con mayores o menores convicciones. Esta sesión de ministros fue la que motivó la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro, que se opuso a la remoción de los jefes de su propio entorno. La moralidad de los presentes o la inconstitucionalidad de los actos son completamente secundarios, aunque formen parte de un cuadro real. De acuerdo a algunos investigadores, Bolsonaro tendría una influencia real en los cuadros inferiores de la policía como también del ejército. Es decir que podría exhibir y hasta movilizar a una masa militar que viene ejerciendo atropellos sistemáticos en las barriadas o favelas y contra el movimiento obrero. Los ‘civiles’ dispuestos a secundar estos ‘batallones’ no faltan; Brasil cuenta con lo que podría ser una pequeña burguesía fascista, como no se ve en otro país de América Latina. La pelea por la policía, en especial la de Río, tiene un fuerte carácter político, pues supone una rivalidad con los altos mandos de las fuerzas armadas oficiales. Existe una fractura de poder en desarrollo, en especial porque se desconoce la envergadura de la fracción militar que estaría dispuesta a sostener un auto-golpe bolsonarista. No sorprende, en estas circunstancias, que el Congreso brasileño se encuentre dividido acerca de proceder a un juicio político contra Bolsonaro – no ya por sus groserías constitucionales sino porque también está llevando a Brasil a una masacre social. Con frecuencia creciente aparecen estadísticas acerca de cuántos miles de muertos se hubieran evitado si se hubiera aplicado el ´aislamiento social´ en lugar de los choques permanentes entre el Ejecutivo y los gobernadores de los 27 estados de la Unión del Brasil. La división del Congreso es un reflejo distorsionado de la presión que recibe de la evolución que se registra en los planos militares y policiales. Esto significa que el demorado tiempo que lleva proceder a un juicio político es incompatible con los tiempos de la crisis político-militar. Los militares en función de gobierno, más de la mitad de la Administración, han dado a entender que apoyan al Presidente. El fascismo, en Brasil, tiene un fuerte asiento en el campo, un ‘fértil’ suelo para asesinatos de campesinos sin tierra y luchadores. El reflujo de las luchas de tres décadas de ‘los sin tierra’ ha dejado todo esto a la vista. Una ley inspirada por el gobierno habilita el reconocimiento como propiedad de toda parcela de tierra “en posesión”, o sea auto-declarada como propiedad. Se trata de una vía libre a la deforestación en masa – la Amazonia ha perdido el 90% de las forestas que tenía cuando llegaron los holandeses y los portugueses. El devastamiento de la Amazonia ha provocado una crisis internacional, por las amenazas que la quema de forestas representa para el ecosistema mundial, para no hablar de que dejará sin agua a gran parte de Brasil. La protección del medio ambiente amazónico se encuentra en manos de los militares, más precisamente de Hamilton Mourao, el vicepresidente. La cuestión del auto-golpe y del fascismo se encuentra estrechamente ligada una guerra civil en el campo. En caso de que prospere hasta el final el juicio político, a Bolsonaro deberá sucederlo Mourao. La línea política general del centro hasta la izquierda es iniciar una campaña por el juicio político, aunque el ex presidente Fernando Henrique Cardoso reclama un golpe de palacio que acabe con Bolsonaro, para evitar el ‘via crucis’ del juicio político. Para el ‘impeachment’ haría falta una alianza del alto mando militar con el Congreso, y también con el Tribunal Superior de Justicia, que se encuentra dividido como todo el resto del edificio estatal brasileño. Hasta nuevo aviso, todo indica que el juicio político estaría muerto, o sea que la crisis atravesará por vías menos constitucionales. Este cuadro obliga a plantear dos cosas. La primera es decirles a los trabajadores las cosas como son, en lugar de distraerlas y por lo tanto engañarlas con procedimientos constitucionales. Tampoco alentando golpes militares que se escudan en la Constitución. Bolsonaro acaba de pactar con los gobernadores en su conjunto, oficialistas y opositores, el congelamiento de salarios de los trabajadores del Estado hasta 2022. Hay despidos en masa en un país donde el seguro de desempleo es parte de los aportes que los trabajadores deben hacer para las jubilaciones. El real se devalúa, la inflación crece y Paulo Guedes, el ministro de Economía, anunció el refuerzo de las privatizaciones. La parálisis de la burocracia de la CUT-PT, en este escenario, tiene razones políticas, que es no confrontar con el Congreso, las patronales y el alto mando militar. La denuncia de este compromiso vergonzoso y criminal debe ir acompañado de un programa contra el ataque a los trabajadores, la defensa sanitaria del pueblo y una campaña por la huelga general para echar al gobierno. Lo otro es que hay que armar a los trabajadores, empezando con la formación y entrenamiento de los activistas. La amenaza fascista no se enfrenta cruzando a la vereda de enfrente de ellas, incluso porque el fascismo ocupa todas las veredas. Nada desarrolla más el ímpetu de las masas que ver a su ‘primera línea’ organizando destacamentos armados del proletariado en defensa de los derechos democráticos y del porvenir de la clase obrera.

Los trabajadores y trabajadoras de la salud se anotaron un triunfo al lograr el retiro de las sanciones contra siete enfermeras que habían exigido el cumplimiento de normas de seguridad personal. La medida había sido dictada el pasado jueves 14. Se aplicó una sanción de suspensión por tres días, de manera rotativa, a siete enfermeras. En medio de una pandemia, era de esperar que el repudio social fuera de inmediato. También fue inmediata la solidaridad que llegó de los distintos hospitales, como el Mercante y el Moyano. Junto con la determinación de los trabajadores del hospital de Boulogne, de no aceptar las suspensiones, fueron los elementos claves para que, finalmente, se levantaran las sanciones. Al aparato possista se dio una política para blindar al intendente del impacto negativo de la medida, quien estuvo recorriendo medios de comunicación locales y nacionales sin que se le hiciera una sola pregunta incómoda. El sindicato de municipales se sumó a este operativo, haciendo pública una escandalosa acta firmada con el municipio donde se destaca el cumplimiento del ejecutivo de los protocolos y su política de "resguardo a la salud de los trabajadores”. ¡Ni una palabra de las suspensiones! Por su parte, los concejales de la oposición la "responsabilidad, "colaboración", "dialogo" del intendente, pero ni una palabra de las suspensiones en el hospital. Finalmente, el jueves pasado el intendente se presentó en el hospital con la excusa de repartir barbijos y fue interpelado por los trabajadores. Acto seguido, Posse informó que las sanciones se levantaban; también prometió que no habrá descuento alguno en el salario y se comprometió a mantener limpio el legajo de las enfermeras. Es un triunfo enorme de los trabajadores que demuestra que ninguna sanción pasará sin resistencia. Es una prueba de la enorme fuerza que hay en la clase que se encuentra luchando en la primera línea de fuego contra la pandemia. La determinación de los trabajadores, su organización, la visibilizarían del conflicto, la solidaridad de otras comisiones internas fueron los elementos clave para triunfar en este y en cualquier conflicto. Las compañeras pudieran entrar a trabajar al día siguiente. Llamamos a los trabajadores del Hospital de Boulogne y a sus representantes a no bajar los brazos y seguir la lucha hasta el cumplimiento efectivo a los dos demandas faltantes - salario y legajo.

El jueves pasado se realizó una reunión del Comité de Crisis del Hospital Mercante. Este está integrado por los directivos y médicos jefes de sección, en ella fue invitada, por primera vez, esta comisión interna (ATE) y delegadas de CICOP. Decidimos ir después de mucha deliberación. Ni bien empezó la reunión estallaron los griteríos y acusaciones contra el accionar de esta comisión interna. Intentamos tratar tres puntos que consideramos de urgencia para el interés colectivo de los trabajadores (testeos y aislamiento a toda la guardia de adultos, provisión de EPP de calidad, disminución de la circulación del personal), no pudimos porque fuimos interrumpidas en varias oportunidades, quisimos leer una nota, también fue imposible por el nivel de hostilidad de la reunión. Rápidamente nos dimos cuenta de que la intención de este Comité de Crisis era anular el acta conseguida por esta comisión interna, donde se fija la rotación del personal (ver OTRO IMPORTANTE TRIUNFO EN EL HOPITAL MERCANTE). Después de menos de una hora de acalorada discusión, decidimos retirarnos. Sin Embargo, defendimos el accionar de los trabajadores, el método de la asamblea, dijimos que desconocíamos esta instancia ya que nuestra junta interna voto una Comisión de Control integrada por los trabajadores de la salud encargada de administrar, supervisar y distribuir los insumos del hospital, acto seguido nos retiramos, denunciamos el rol nefasto de los Comités de Crisis. Antes de irnos, dejamos bien en claro, nadie resolverá por nosotros, los trabajadores. Tan pronto como comenzó la cuarentena empezaron a surgir todo tipo de protestas en los hospitales públicos. Falta de insumos, triage vacios, elementos de protección que no aparecían obligaron a los trabajadores de la salud a organizarse y hacer visible la protesta. Para evitar lo desbordes el Estado y las burocracias sindicales juegan su última carta: los Comités de Crisis. El problema de estos comités es que están formados por los mismos funcionarios estatales que bloquean toda organización y lucha, allí los trabajadores (si es que forman parte) no tiene ni voz ni voto y están en completa minoría. Otro elemento es que solo tiene poder de decisión el sector médico, dejando a un lado el resto de los sectores que forman parte del equipo inter e intradisciplinario de salud (el modelo médico-hegemónico). Por este motivo los comités de crisis son un callejón sin salida. Los trabajadores de la salud del hospital Mercante defendemos y reconocemos nuestra Comisión de control, ya que como dijimos antes, el control de nuestros espacios de trabajo es la madre de todas las batallas en este contexto. Los Comités de Crisis, por el contrario, actúan como corset, bloqueando la conciencia de los trabajadores a que tomen el problema es sus manos.

Las motivaciones para la conformación de las primeras Asambleas Populares en los barrios de Chile fueron reivindicaciones concretas: “viviendas dignas”, “No más AFP”, “Educación y salud gratuita”, “no más zonas de sacrificios”, etc., y esas reivindicaciones se encontraban conectadas a “Fuera Piñera” y “Asamblea Constituyente Libre y Soberana”. Luego, con la rápida aparición del Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, las tareas organizativas y la composición de sus integrantes cambiaron. En algunas asambleas, las actividades giraron principalmente en torno a las campañas por el “apruebo” – el plebiscito que debió hacerse en abril pasado para validar la convocatoria a una Constituyente. El proyectado plebiscito motivó a la oposición parlamentaria a enviar operadores políticos a las asambleas (principalmente el PC y el Frente Amplio). Los operadores frenaron decididamente el desarrollo de cualquier plan de lucha en torno a las reivindicaciones particulares, con el pretexto de “no generar canales de luchas paralelos” a la campaña por el apruebo para la constituyente, prevista, originalmente, para octubre del corriente año. Con el cambio de ejes, entraron nuevos vecinos a las asambleas y salieron otros. Entró la juventud universitaria -que tiene una un carácter de clase y una historia de lucha por la educación distintos a los de los secundarios- y otros sectores pequeñoburgueses y progres, que no se sentían convocados a organizarse en torno a la vivienda, la salud o el trabajo, pero sí por la disputa electoral del plebiscito. Los vecinos que salieron de las asambleas fueron los obrero/as, desocupado/as, secundario/as y jubilado/as. Otras asambleas giraron hacia actividades autogestionarias, como huertos comunitarios, talleres de serigrafía, o inclusive iniciativas esotéricas, sumándose o no al plebiscito; no supieron dirigirlas hacia planes de lucha que confrontaran al Estado. Esto también convocó a nuevos vecinos del barrio, como jóvenes de tendencias anarquistas, feministas, ecologistas, animalistas, etc. Y en estos casos, también salieron de las asambleas los vecinos de extracción más proletaria. Por supuesto, también surgieron versiones mixtas de asambleas – un poco progres y un poco hippies. La pandemia La cuarentena voluntaria de las asambleas, y también el regreso de los militares a las calles, paralizaron por un tiempo la organización de los barrios. Pero luego, con el aumento del desempleo y el alza de los precios de los alimentos, las antiguas organizaciones barriales hicieron “ollas comunes”; y también surgieron ollas sin asambleas que las precedieran. Lo interesante de las ollas comunes organizadas bajo la consigna “sólo el pueblo ayuda al pueblo”, es que los alcances de la crisis económica y sanitaria mostraron a los trabajadores chilenos los límites de las tendencias autogestionarias; y ahora han salido a protestar para responsabilizar al Estado y a Piñera por la falta de comida y sueldos, exigiendo “salud, pan y trabajo”. Consideraciones Frente a la contención de las burocracias sindicales, que bravuconean con huelgas que luego no convocan, el rol que deben jugar las organizaciones populares en los barrios será fundamental para el curso de la rebelión. Corren con ciertas ventajas con relación al sindicalismo desmantelado durante la Dictadura, que se recompone a paso lento. La primera ventaja es que la asistencia que entrega el Estado chileno a las organizaciones barriales son prácticamente ninguna, de manera que no hay en Chile una gran cooptación por parte del Estado; y las pequeñas burocracias ya existentes al interior de los territorios (como las juntas vecinales), no controlan ningún recurso con el que puedan llegar a extorsionar y contener al barrio, ni tampoco tienen ninguna legitimidad. La segunda ventaja, y sobre todo en un contexto de Estado de sitio, es que la organización barrial tiene más posibilidades de resistir a un desmantelamiento a manos de la represión, y amplias condiciones para sostener los aspectos operativos de la violencia organizada de la población. Esto ya se vio durante las jornadas de protestas nacionales contra Pinochet, las que luego de ser reprimidas en las fábricas y otros puestos de trabajos, se sostuvieron principalmente gracias a la protesta barrial. Y también se pudo constatar desde del 18O. Tercero, la insurrección de los barrios genera presión sobre otros frentes. Después de que los secundarios saltaran los molinetes, las protestas de los centros de las ciudades se trasladaron a los barrios, y fue luego de la insurrección generalizada y sostenida de éstos, que las bases sindicales presionaron a sus direcciones para que tomaran posición y acciones; y finalmente, convocaron a las huelgas generales. Cuarto, considerando que la declaración de cuarentena para Santiago limita las actividades de agitación y propaganda, las ollas comunes se pueden transformar en un puente para llegar a otros frentes, pues en todos los barrios hay estudiantes y trabajadores ocupados, algunos de los cuáles, pueden estar eventualmente trabajando en las escuelas o centros de salud cercanos. Dicho esto, serán tareas fundamentales para los revolucionarios chilenos levantar e intervenir en los comités de cesantes, ollas comunes u otros espacios, y proponer un programa de organización comunal y coordinación entre comunas de una misma región. Hay que arrancarle al Estado y sus superintendencias y municipalidades, cada una de las reivindicaciones que tengan las comunas y regiones, y preparar el camino para el levantamiento de los territorios y para una Asamblea Constituyente soberana.

Trump ni de lejos se asemeja a Napoleón, más bien está en sus antípodas por los intereses que representa. Napoleón no fue el revolucionario Robespierre, pero a su manera sus guerras continentales sirvieron a la expansión de la revolución burguesa en la era de ascenso del capitalismo. Trump con sus acciones imperialistas en Venezuela y Medio Oriente, desde Yemen a Irán, superó ya las peores atrocidades de ambos Bush y de todos los presidentes yanquis desde Reagan en adelante. Todo esto en medio de la pandemia de coronavirus que ha expuesto a EE.UU. como un ´tigre de papel´, con el mayor número de infectados y muertos del mundo, “lidiando con una sociedad súper racializada" –según acaba de describir, Anton Seals Jr., líder de South Shore Works, una ONG de Chicago que denunció que la tercera ciudad en importancia de EE.UU. tiene un 30% de población negra, pero que ésta “representa el 60% de sus muertes por Covid-19” (The Guardian, 24-5). (En esto sí, Trump se asemeja a Napoleón cuyas tropas masacraron a los negros haitianos que osaron levantarse por la primera república independiente de nuestro continente hace 220 años –lo que Napoleón no pudo impedir– pero si apresó (y condenó a morir en una prisión parisina) al más grande líder de aquella gesta: Toussaint Loverture). Trump indudablemente aspira (o aspiraba) a perpetuarse en el poder como el sardo, lo que cada vez parece más improbable. La prensa yanqui, mayoritariamente, no hablemos ya la que se reclama de izquierda, cree que está cada vez más cerca de un Waterloo en su combate contra el coronavirus. A inicios de la pandemia Trump aseguró, igual que Bolsonaro, que la pandemia pasaría como una ´leve gripe´. De este modo se negó a toda cuarentena, no hablemos ya de encarar una campaña de prevención y ataque de la pandemia. Tras su ´guerra´ contra toda cuarentena en los estados, que incluyó asaltos armados a diferentes legislaturas dominadas por los demócratas, ahora que EE.UU. está por superar la barrera de los primeros 100 mil muertos, “este lunes, Día de los Caídos, el inicio tradicional del verano estadounidense, algunos expertos temen que el regreso del clima más cálido combinado con un aflojamiento de los bloqueos en todo el país pueda desencadenar una segunda ola mortal del coronavirus” (ídem). EE.UU., la nación más poderosa del planeta, compite a través de sus farmacéuticas con otras naciones imperialistas y otros países como China, para patentar y beneficiarse del descubrimiento de una vacuna contra la pandemia. Mientras tanto, EE.UU. ha sido el hazmerreír de la comunidad científica mundial en la difusión desde la lavandina a medicamentos inocuos para tratar el virus. Trump alentó así a la Asociación Americana de Médicos y Cirujanos (AAPS), “un grupo marginal de menos de 5,000 médicos” para defender el uso de la droga hidroxicloroquina a pesar de la falta de evidencia de su efectividad” (ídem). Richard Wolffe, un afamado periodista británico-norteamericano denunció que “el hábito a la hidroxicloroquina de Trump es el triunfo de la charlatanería de derecha”. La propia Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EE.UU. advirtió sobre “los peligros de efectos secundarios potencialmente mortales para los pacientes” de Covid-19 (ídem). Instituciones médicas partidarias de Trump han lanzado también una campaña contra el uso de máscaras protectoras con el argumento de que "no están libres de efectos secundarios" y que "retardan el oxígeno" al cerebro (ídem). Se trata de un argumento completamente retorcido: “Si bien el uso prolongado de algunas máscaras, como los respiradores N95 -dice The Guardian- puede causar aturdimiento e incomodidad, es muy poco probable que el paño holgado o las máscaras quirúrgicas que el público usa con mayor frecuencia causen efectos secundarios”. La campaña anticuarentena de Trump no responde a recomendación científica alguna. Al contrario, “existe evidencia generalizada de que las órdenes de quedarse en casa funcionan y podrían haber salvado miles de vidas más si se hubieran impuesto antes. Un estudio italiano reciente encontró que la orden de quedarse en casa evitó alrededor de 200,000 hospitalizaciones. Los datos de la Universidad de Columbia encontraron que, si se hubieran impuesto bloqueos en EE.UU. dos semanas antes, el 1 de marzo, se podrían haber salvado hasta 54,000 vidas”. ¿Será que lo que no logró el inocuo impeachment del partido demócrata un año atrás lo logrará ahora la pandemia? Lo que es seguro es que las masas de EE.UU. están haciendo un aprendizaje muy intenso sobre el rol de sus direcciones políticas tradicionales.

En una nota publicada en Prensa Obrera, la consejera estudiantil de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) por el PO oficial intenta realizar una crítica a los “límites” de la aplicación de la Ley Micaela en la universidad. En la UNGS se dictarán clases, talleres y habrá materias de modalidad optativas en “sintonía con el espíritu de la Ley Micaela”. Frente a esto, la consejera de la UJS “oficial” objeta el carácter optativo de los talleres. Según la consejera, “no tendremos un acercamiento real a la formación con perspectiva de género en tanto no se garantice la obligatoriedad de asistencia en estos talleres al conjunto de la comunidad educativa” (Prensa Obrera, 10/5). Con esto nos quiere decir que, si la asistencia a los talleres fuera obligatoria, tendríamos un acercamiento “real a la formación con perspectiva de género”. Otro problema sería “quién decide y cómo se decide los contenidos para estos talleres”, agrega la compañera. Lo que se cuestiona es irrisorio. La violencia contra la mujer no ha cambiado en más de dos años de la aplicación de la Ley Micaela, como lo demuestran el aumento de casos de femicidio, ni podría cambiar nada, pues encarga a las autoridades del estado violento a instruir a una burocracia que sirve a ese estado, todo sin la menor injerencia ni poder de veto de la propia mujer, actuando en forma organizada. La violación en manada a una agente de la policía bonaerense en la localidad de Malvinas, por cinco policías de la misma fuerza, formados en la ‘perspectiva de género’, resume el poder liberador de esta ley para la mujer. En un extenso artículo en La Nación, del lunes 25, las mujeres oficialistas K denuncian la total falta de recursos para acometer cualquier acción en defensa de la mujer, en especial cuando el personal del estado colabora con los misóginos y femicidas. Los “límites” de la ley El articulo intenta desviar la atención de una orientación oportunista cuando señala: “Como ya lo remarcamos en nuestra votación a favor de la Ley Micaela en el Congreso Nacional, ninguna ley cambiará la situación de violencia a las mujeres que nos condena el Estado”. Si esto realmente es así, la tarea de las socialistas no es apoyar leyes que “no cambiarán nada”, porque le lavan la cara al Estado, primer responsable de la violencia hacia las mujeres. El apoyo a esta ley empeora cuando es “crítico”, porque se observa la intención de apoyar a la burguesía al tiempo que se arma una coartada. ¿Después dirán a sus ‘colegas’ “yo te advertí”? Este apoyo se arrastra al terreno de que el Estado sería un ente socialmente neutro, y no la concentración del poder de la clase capitalista y su herramienta de opresión. Por lo tanto, esto no es más que la pretensión de vender un buzón al conjunto del movimiento de mujeres por parte de una política que claudica frente a las presiones ajenas a los intereses generales tanto de la mujer como de la juventud y los trabajadores. Colocarse como gendarme de las políticas del estado, el primer violento contra las mujeres y nuestra clase, deja al desnudo la poca claridad que puede aportar una izquierda en bancarrota a cualquier movimiento. Lo que la consejera hace es “cortar y pegar” en la UNGS la política oportunista que la izquierda democratizante (PO oficial incluido) desarrolla en el parlamento.

El pasado jueves se detectó un caso de Covid19 en la escuela primaria N°86, donde también funciona la secundaria N°73, ubicado en Pilar y Darwin. Al día siguiente del reparto de mercadería, una de las mamás que fue a retirar alimento dio positivo. Pusieron a todo el personal docente en aislamiento durante 14 días, pero no se les realizó el test. No hay control posible de la pandemia sin testeos masivos a todo el entorno donde se detecta un contagio. Desde que el gobierno anunció la flexibilización de la cuarentena en Capital Federal -permitiendo la salida con niños y autorizando la apertura de comercios no esenciales- Fiorito volvió a ser un hormiguero. El esfuerzo notable de todos los vecinos de respetar la cuarentena se echó por la borda en horas. Al igual que todos los barrios cercanos a la vera del riachuelo, Villa Fiorito tiene una comunicación directa con Capital Federal, principal foco de contagio. En estas últimas semanas no hubo control de circulación y, si lo hay, sólo se utiliza para amedrentar al que tiene que salir a buscar el pan de cada día y no para un control sanitario. *Los vecinos de Fiorito exigimos que la intendencia informe y divulgue con premura los casos detectados de coronavirus e implemente mayores y rápidos tests. *Que ponga en aislamiento social en condiciones óptimas a los casos positivos (no pueden aislarse en su propia vivienda cuando la mayoría de ellas son pequeñas y con muchos miembros) y a todo su entorno, para evitar la propagación del virus. *Que a las escuelas y comedores populares les provean mascarillas faciales y cabinas sanitizantes. Este dispositivo que permitiría desinfectar en minutos a la cantidad de gente que circula yendo a buscar mercadería, como así también a los docentes. En su defecto, que se garantice la entrega de los alimentos al domicilio de cada alumno para evitar así la circulación del virus. *Que se acerquen cajeros automáticos móviles para realizar transacciones y evitar que los vecinos deban trasladarse para tal fin hasta el centro de Lomas o de Lanús. Las colas de gente en los bancos, escasos en la zona, ya eran interminables antes de la cuarentena. Ahora, en vez de disminuir, la presencia de gente se incrementó y tiene sentido. Recordemos que la mayoría de la gente que cobra AUH, IFE o programas de asistencia necesita el efectivo para poder abonar en los comercios del barrio, como verdulerías o carnicerías, que no aceptan débito. *Entrega domiciliaria de alimentos, kits de sanidad y protección tanto para evitar el contagio de Covid como de dengue. *Apertura de la tarjeta alimentar para la compra de elementos de higiene. *¡Tolerancia cero a los cortes de agua y luz! Dejar sin agua a población de riesgo, debido al hacinamiento y condiciones de vida, es un acto criminal por parte del Estado. Convocamos a los maestros y vecinos de Villa Fiorito a defender la cuarentena, a defender nuestras vidas y exigir las medidas y elementos de prevención para la no propagación del virus. Expresemos nuestros reclamos a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp. Que nuestro esfuerzo por respetar la cuarentena no sea en vano. El Estado desembolsa millones para sostener grandes empresas, necesitamos que esa plata llegue directamente a los trabajadores ocupados y desocupados, sin intermediarios. El Estado debe sostener los hogares de la clase obrera, no las arcas de los empresarios. ¡Al virus lo derrotamos los trabajadores organizados exigiendo a los gobiernos municipal, provincial y nacional nuestro derecho a la vida!

Por estas cosas de la vida trabajé varios años en el gremio de la carne y en el ferrocarril. Con el correr del tiempo pude estudiar algo que tienen en común, respecto al deporte, los frigoríficos y los trenes. Dos actividades que llevaron impresos desde sus inicios en Argentina deportes típicos de los ingleses, el golf y el fútbol. En los grandes frigoríficos y en diversos predios ferroviarios los ingleses instalaron importantes canchas de golf, muchas de ellas aun hoy en perfecto estado. Las mismas estaban destinadas al esparcimiento del sector directivo de las empresas. Ni los trabajadores de la carne ni los ferroviarios tenían acceso a las mismas. En ambos casos, algunos obreros fueron destinados a trabajar de ayudantes de los ingleses que eran responsables directos del parquizado de esas canchas. Después algunos trabajadores comenzaron a hacer de caddies (el que lleva los palos del golf) de los directivos de esas empresas. El concepto de ese juego de golf de los directivos era de un carácter absolutamente selectivo, era claramente un “esparcimiento de clase”, una impronta que en el golf se mantiene hasta nuestros días. En el frigorífico Swift, de Rosario, estaba terminantemente prohibido para los obreros acercarse a la cancha de golf. En plena dictadura militar fueron despedidos una docena de trabajadores por armar un picado en aquel césped. En el caso del fútbol, tuvo otro derrotero. A cualquier hincha que se le pregunte cual es el origen del fútbol responderá rápidamente “al fútbol lo inventaron los ingleses”, pero pocos saben que para los ingleses que lo inventaron el origen del fútbol tenía también un rasgo profundamente clasista, pues estaba dedicado a la organización de un esparcimiento de las clases altas de la pujante burguesía inglesa, en pleno desarrollo de sus industrias. Lo que en principio era un juego de los hijos de los burgueses, empresarios textiles, banqueros y latifundistas, fue derivando, incentivado por algunos grandes patrones, en el armado de equipos de fábricas promocionados y ayudados económicamente por estos patrones que instalaban canchas en las mismas instalaciones de las plantas, compraban las camisetas y competían informalmente, primero en campeonatos organizados internamente por secciones y luego contra otros equipos, incluidos algunos de las propias clases altas. La posibilidad de un juego de participación muy colectiva atrajo a los trabajadores enormemente y, como no podía ser de otra manera, comenzaron a destacarse las habilidades de muchos de ellos. El profesionalismo en el fútbol no tuvo su origen en la iniciativa de la clase obrera. Lo originó la propia competencia capitalista. Patrones que observaban a obreros de gran destreza futbolística comenzaron a contratarlos para que formaran parte del equipo de fútbol de su fábrica El contrato era una formalidad. La mayoría de ellos ni siquiera realizaba las durísimas jornadas de explotación de los demás obreros y tenían sueldos diferenciados que, con el correr del tiempo, se alejaron completamente del salario mensual de los obreros. "No teníamos un salario establecido, pero hablábamos con el tesorero cuando lo necesitábamos. Puede que pasáramos tres semanas sin cobrar nada... y luego pedíamos 10 libras. Nunca tuvimos ninguna dificultad", explicó Fergus Suter en el Lancashire Daily Post, en 1902. Fergus Suter es considerado el primer futbolista “semi profesional y el origen del comienzo del profesionalismo del fútbol y fue “contratado” por distintas fábricas por su gran destreza. La actual serie “Juego de caballeros”, que se puede ver en Netflix, desarrolla algo de esta mutación del fútbol: de dejar de ser estrictamente de las clases altas a una apertura impulsada por las propias patronales para defender de una forma poli clasista la “camiseta de la fábrica”. En las grandes textiles de Glasgow surgieron estos equipos que darían origen al profesionalismo en el fútbol con protagonistas salidos de la clase obrera. Las batallas futbolísticas de ese período tenían un carácter desigual. La mayoría, hijos de empresarios textiles o latifundistas, enfrentaban a equipos de trabajadores, los cuales -con la excepción de dos o tres semi profesionales contratados especialmente- entablaban una competencia físicamente desigual frente a trabajadores con todo tipo de enfermedades profesionales por el trabajo insalubre en las fábricas. Las victorias contra los equipos de los “aristócratas” de los equipos de fábrica eran consideradas pequeñas victorias de clase. Para la misma época, la histórica frase de Marx, aquella de que la religión es el opio de los pueblos, comenzó a adjudicarse al fútbol - como el “opio de los pueblos”. Los activistas obreros ingleses querían el club de su fábrica, pero se diferenciaban de los patrones con quienes tenían enormes batallas y frente a los que libraban grandes huelgas para defender sus salarios y sus condiciones de trabajo que se desarrollaban en el marco de una súper explotación donde se trabajaba doce horas diarias de promedio. Es también entre los trabajadores ingleses que nació otra frase histórica que se aplica hasta hoy: “defender la camiseta de la empresa”, usada con distintos sentidos por las patronales, de un lado, y con un sentido despectivo por el activismo obrero que pelea contra las patronales, del otro. Recién en 1885, y producto de los grandes “robos” de jugadores de una fábrica a otra, la Federación Inglesa (FA) aceptó legalizar el empleo de futbolistas, aunque con algunas restricciones: tenían que haber nacido o vivido en un radio de 10 kilómetros de la sede del equipo los últimos dos años y no podían jugar en dos conjuntos en una misma temporada, dando el primer paso al profesionalismo en el futbol. El nacimiento del fútbol profesional se replicó casi de la misma forma en la Argentina. Aunque con un retraso de casi 50 años respecto al inglés, recorrió un camino similar en la fundación de todos los clubes. No es casualidad que el nombre del 50% de los clubes de las Ligas superiores de la AFA sea de origen ferroviario, los que, a su modo, realizaron un proceso de semi -profesionalismo primero y profesionalismo después. El fenómeno además produjo el nacimiento de lo que el inmortal Roberto Fontanarrosa describió como “el semiprofesionalismo del fútbol chacarero”, aunque esto será parte de la siguiente nota. Hasta la próxima.

Diputados ha dado media sanción a la modificación del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación (26.206). Dicho artículo establecía que la educación a distancia sólo podía ser impartida a menores de 18 años y a los alumnos rurales del ciclo orientado del secundario, dado que no pueden concurrir a la escuela por vivir en aislamiento. La iniciativa votada por todos los bloques políticos, salvo por el FIT, ahora habilita a que esto se pueda implementar en todos los niveles educativos. De acuerdo al artículo 1: “Cuando la escolaridad total o parcial sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”. La introducción del concepto por “razones de fuerza mayor” no es casual. Queda habilitada la posibilidad de que el Estado garantice la educación a distancia, cuando se realice un paro docente que, como reconoce en el mismo artículo, haga que la “escolaridad total o parcial sea inviable”. En definitiva, se abre la puerta para que se ataque el derecho a huelga de los maestros y “rompe huelgas” digitales carnereen las medidas de fuerza mediante clases virtuales. La vicepresidenta de la comisión de educación, Victoria Morales Gorleri (PRO-Juntos por el Cambio), resaltó la importancia del proyecto y celebró el “consenso” alcanzado por el conjunto de los bloques (Perfil 21/5), incluyendo el voto de Hugo Yasky, de la CTA. Esta media sanción se da en el marco del intento del gobierno de establecer un regreso “escalonado” a clases a partir del mes de agosto bajo un esquema “mixto” que integre clases presenciales y clases virtuales. Con el estado calamitoso de los edificios educativos, sin las condiciones mínimas de salubridad e higiene y sin protocolos para prevenirse del contagio del coronavirus, no hay que ser un experto en la materia para avizorar que, de concretarse estas intenciones, estaríamos en presencia de una masacre sanitaria para alumnos, docentes y el conjunto de la comunidad educativa. El Estado y sus instituciones se han demostrado incapaces de garantizar la “continuidad pedagógica” (que tampoco hacían sin covid-19) en tiempos de pandemia. Este fracaso del ciclo escolar ya es reconocido por los propios funcionarios que ahora les dicen a los docentes es “más importante cuidarnos que dar clases” (Trotta dixit). El nombramiento de los más de 100 mil docentes que faltan en todo el país, la convocatoria inmediata a actos públicos virtuales, una garantía salarial de $40 mil pesos para los compañeros que no han podido tomar horas, el acceso a la conectividad gratuita, notebooks y una capacitación en servicio, que pueda garantizar el desarrollo de las clases durante lo que dure la pandemia no figura en la agenda de clase capitalista. El camino en cambio, lo marcan las crecientes deliberaciones, protestas y hasta paros “on line” de docentes en diferentes provincias del país como Chubut, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chaco. En CABA, luego de diferentes acciones de lucha, está planteada una nueva asamblea de Ademys para la siguiente semana. En Buenos Aires cobra fuerza el planteo de la reapertura de la paritaria salarial y la defensa del régimen jubilatorio, contra el intento de “armonización” del IPS con la ANSES. La conducción provincial de SUTEBA se vio obligada a convocar a plenarios de delegados para la primera semana de junio, después de que en varias seccionales (incluso celestes) se realizaran reuniones impulsadas por los Sutebas multicolor y por exigencia de las bases docente. La defensa de la vida y la escuela pública queda en manos de la organización y la lucha de la propia docencia, sobre la base de una amplia deliberación en sus organizaciones sindicales que se unifique mediante un programa y la coordinación de acciones de lucha. Una tarea que deben encarar, en primer lugar, los gremios y seccionales combativas. La nacionalización y la unificación del sistema educativo a nivel nacional, bajo el control de los docentes y la comunidad educativa, para rediseñar un sistema educativo integral sobre la base de las necesidades populares, adquieren un carácter estratégico. Una tarea que sólo podrá ser llevar adelante bajo la dirección política de la clase obrera.

El Covid-19 ha creado un nuevo escenario en el movimiento obrero. A pesar de las limitaciones impuestas por el distanciamiento social y la cuarentena, la crisis social que provocó la irrupción del virus dejó de manifiesto el antagonismo irreconciliable entre la clase obrera y la clase capitalista, y aceleró la lucha de clases. Rescatada por el presupuesto estatal a través del ATP, la burguesía no encuentra salida a la crisis, como lo demuestran sus oscilaciones acerca del alcance de la cuarentena. Las patronales, por su lado, negocian la baja de salarios y despidos con la burocracia sindical. El decreto de la cuarentena que buscaba limitar cualquier tipo de actividad gremial está siendo desafiado por los trabajadores de todo el país. A lo largo y ancho del país El conflicto por el abastecimiento de insumos y el control obrero de los protocolos sanitarios recorre a todas las industrias que reabren, junto al reclamo salarial. Es un reclamo que se extiende a los trabajadores de la salud del país, hospital por hospital, clínica por clínica. Además, se había anunciado un reconocimiento especial para ese sector, que nunca llegó y que también es un factor de reclamo. A nivel nacional, el Sutna se plantó en defensa del cobro del 100% del salario, que el Grupo Madanes logró imponer en sus otras plantas, además de imponer el control de los protocolos sanitarios. Los trabajadores del transporte de corta distancia del interior se sostienen una huelga general por el pago integral del salario, con un altísimo acatamiento. Los estatales protagonizan grandes luchas: desde los municipales de Pico Truncado, a los docentes y municipales catamarqueños, en el Hospital de Río Gallegos en Santa Cruz, los docentes universitarios de Tucumán, los municipales de Tigre, por solo nombrar algunos casos. Otro conflicto extendido a todo el país es el de los trabajadores de todas las plantas de Arcor (Córdoba, Tucumán, San Luis, Buenos Aires), en reclamo del reconocimiento del 100% del salario de quienes fueron licenciados por pertenecer a personal de riesgo. Este reclamo se replicó en la planta de Dulcor y amenaza con extenderse a varias plantas alimenticias. Con una agenda contra la precarización, los trabajadores de apps -que se cuentan de a decenas de miles- desarrollan también un plan de difusión y lucha por sus reivindicaciones. El mismo día que una cantidad de gremios cordobeses anunciaba una medida de fuerza conjunta contra la reforma jubilatoria del gobierno de Schiaretti, el STIA de Puerto Deseado anunciaba la paralización total de la actividad en reclamo de aumentos salariales, en el marco de una industria pesquera que no fue afectada por la cuarentena, un gremio donde no podría ser mayor el contraste entre las ganancias multimillonarias por la exportación y la superexplotación de los trabajadores. También en la pesca, se profundiza la ocupación de las dos plantas de Fyrsa -una ubicada en Rawson y la otra en Trelew-, que vienen de haber convocado a una movilización conjunta con los textiles de Sedamil -también con la planta ocupada- y distintos sectores de estatales. De esa movilización también participaron trabajadores de Agropez-Conarpesa, que hace meses vienen luchando por el cobro del salario garantizado y contra el cierre de su plantas en Trelew y Puerto Madryn. También en Madryn, los trabajadores de Red Chamber, la ex- Alpesca, vienen de protagonizar huelgas y piquetes por el reconocimiento de un acuerdo salarial logrado en una lucha anterior, y que la empresa se niega a pagar. Los trabajadores de Granja Tres Arroyos desarrollan asambleas contra la reducción salarial en su planta entrerriana, y los mineros de Andacollo sostienen piquetes en los accesos a Neuquén en reclamo del cobro de sus salarios. Retomando el hilo de la pesca, los trabajadores de Apolo Fish, en Mar del Plata, ocupan desde hace dos semanas la planta en reclamo del pago de la totalidad de los salarios. En la misma localidad, trabajadoras de Textilana se movilizaron contra el acuerdo suscripto por la AOT que avalaba reducciones salariales cercanas al 50% y los trabajadores de Postres Balcarce marchaban por el pago de sus salarios ante la deserción del dueño de la empresa. También en el interior de la provincia de Buenos Aires, trabajadores de Loimar luchan contra el cierre de su planta en Tandil, en Olavarría los de Cerro Negro desarrollan piquetes masivos por el cobro de la totalidad de los salarios y los trabajadores de Walmart, en Bahía Blanca, exigen un bono y elementos de protección. En la zona sur bonaerense, los gráficos de Morvillo pararon y lograron el cobro del 100% del salario, y los trabajadores de Plusmar desarrollaron piquetes con el mismo reclamo. En la zona oeste, trabajadores de La Nirva han conseguido después de varias jornadas de lucha, el cobro de sus salarios. La zona norte del Gran Buenos Aires, que concentra gran parte del cordón industrial del país, merece un párrafo aparte. De la toma de Bedtime, que conquistó el pago de la totalidad de los salarios adeudados, pasamos a la lucha de Fate, con un acampe en los portones incluidos, mientras que los trabajadores de Mondelez Victoria desarrollan protestas contra las suspensiones, los de la planta Pacheco llevan adelante asambleas en reclamo de un plus salarial por la exposición al Covid19. En el Parque Industrial de Pilar, trabajadores de las ceramistas Later-Cer e Ilva desarrollaron piquetes por el cobro de sus salarios, al igual que los trabajadores de la textil Texameri. Finalmente, en las plantas de Acindar de La Tablada y Villa Constitución, los trabajadores libran una dura pulseada con la patronal para defender sus salarios y condiciones laborales. Conclusiones y programas. De este sucinto relato, en el que queden afuera muchos más procesos de lucha, y que cualquiera podría resumir recorriendo politicaobrera.com, se desprenden algunas conclusiones. Lejos de embarcar a todas las clases en una lucha común contra el virus, la pandemia ha atizado la lucha entre la clase obrera y los capitalistas, y además ha incorporado nuevos aspectos de lucha -los protocolos sanitarios, el control obrero de la cuarentena, la provisión de suministros de protección. No se trata de una suma aritmética de luchas aisladas. Si se sigue correctamente el hilo conductor, se pone de manifiesto que estamos ante la irrupción de la clase obrera en la escena nacional.

El gobierno de Kicillof y Sergio Berni ha dispuesto el cercamiento completo, por dos semanas, de Villa Azul, el barrio lindero entre Avellaneda y Quilmes donde se detectaron decenas de casos de Covid 19 durante el fin de semana pasada, pero aún no fue detectado el diagnóstico para el conjunto del barrio entero. No se conoce quiénes deben recibir atención por Covid y quiénes no. La población fue conminada a no salir por 15 días sin distinciones. El encierro indiscriminado es una medida fascistoide. Se había querido hacer lo mismo con los mayores de 70, como un rebaño que no distingue a quienes gozan de buena salud de los que tienen menos. Los contagios de grupos reducidos o muy grandes deben recibir atención médica – simplemente. La decisión invoca, claro, razones sanitarias, pero la Villa Azul no es el primer foco de infección detectado en el área metropolitana. Por caso, las infecciones en geriátricos o centros de salud no condujeron a un cerco semejante – los afectados fueron enviados a hospitales o centros de salud, y el resto evacuado, pero nunca encerrado en el mismo espacio de diseminación de contagios. El gobierno dice que hará testeos, algo que ha hecho poco con carácter preventivo, y para este caso se reserva dos largas semanas, cuando es de urgencia. ¿Hará lo mismo con la cercana Villa Itatí, que supera a Azul largamente en números? El recurso a los encierros discriminatorios de poblaciones no está autorizado ni por declaración de estado de sitio. En resumen, hay que movilizar personal capacitado para testeos masivos y atender en sede sanitaria a los infectados, y limitar el retiro por 14 días de los contactos próximos. La movilización por reclamos contra esta discriminación a la población debería ser acompañada por recursos judiciales hasta la Corte Suprema. Los vecinos del barrio han denunciado la presencia tardía del gobierno y de las medidas sanitarias. A los problemas de infraestructura crónicos, se añade, bajo la pandemia, la insuficiencia de elementos sanitarios y de prevención, y también la escasa provisión de alimentos para los comedores populares. En la tarde del lunes, el impresionante despliegue de efectivos en el barrio no estuvo encabezado precisamente por los funcionarios de Salud. El líder del operativo fue Sergio Berni, el jefe de las fuerzas represivas en la provincia de Buenos Aires, que despliega todo el tiempo su interés por establecer un régimen político custodiado por la Gendarmería. Ya ha instalado un cuartel en La Matanza con elogios del intendente Espinoza y la vice Magario. Berni ha señalado también que los métodos que aplica a Villa Azul “puede llegar a repetirse en otros barrios" y que "sería raro que no se repita”. Se expresa como jefe de gobierno, no como secretario de gabinete. Berni no defiende el ‘aislamiento social’, lo que implica testeos, por un lado, y atención sanitaria, por el otro, sino ghettos de pobres, lo que es una política fascista. Los barrios no necesitan bloqueos, sino una acción masiva de testeos, implementos sanitarios, alimentos, y la disposición de lugares físicos alternativos para trasladar a toda la población en presunto riesgo. Que en vez de ello se disponga el encierro de un barrio, delata la intención de aislar a los más oprimidos y expuestos, no de protegerlos. El tendido de un cerco sobre las villas miseria, después de haberlas ninguneado durante décadas, es un acto de segregación de connotaciones fascistas, aunque lo implemente un gobierno que se declara progresista, nacional o popular. ¡Abajo los cercos a los barrios populares! Testeos masivos, asistencia sanitaria y alimentaria integral; que todas las disposiciones vinculadas a la salud y a los movimientos físicos de los vecinos sean colocadas bajo control de un comité barrial electo.

Un documento reservado de Gendarmería que resume tareas de inteligencia e infiltración entre los trabajadores de la minera Trident ha sacudido el escenario sindical y político. Se trata de un informe detallado que sigue en tiempo real el desarrollo de la lucha de los trabajadores, que reclaman el pago de salarios de Trident. En los mismos se detalla la evolución del conflicto, así como fotos, informaciones de los trabajadores involucrados y de la actividad gremial y política. Algo de mayor envergadura que el espionaje de la Federal en el conflicto de AGR Clarín, documentado por el volátil Santiago Cúneo. Ya gobernaba Macri en alianza con Massa. Los editores del diario fingen indignación ante esos mismos procedimientos en Neuquén. El gobierno de la provincia es el primer responsable de la violación a la norma que prohíbe la inteligencia interna. Bolsonaro se está jugando el gobierno, en Brasil, por sus intentos de dominar el espionaje político contra los trabajadores. Macristas y radicales denuncian por este hecho a la secretaria de Seguridad nacional, Sabina Frederic. Esta protesta su completo desconocimiento de lo ocurrido. Sus amigos krichneristas asocian esta persecución clandestina a lo ocurrido con el asesinado de Santiago Maldonado. Pero la secretaria de Alberto Fernández secundó a la ministra Nilda Garré, cuando esta intentó desviar el crimen contra nuestro compañero Mariano Ferreyra hacia la izquierda y los compañeros de Mariano. Con Horacio Verbitsky, Frederic integraba el ‘think tank’ de la “seguridad democrática”, que entendía el espionaje en las organizaciones populares como una herramienta eficaz para prevenir conflictos que deriven en represión pública (“mejor prevenir (espiar) que curar”. La doctrina de la provocación sofisticada. En este caso, la infiltración se hace en interés de una minera foránea, de modo que ni siquiera es seguridad nacional sino privada. Una suerte de servicio de seguridad brindado por el estado a capitales particulares. Es conocida la simbiosis de CFK con las mineras, desde que fue recibida por Barrick en Canadá y del veto a la ley de glaciares. Un diputado de “Juntos por el Cambio”, Álvaro de La Madrid, solicitó la interpelación de la actual ministra, Sabina Frederic. Esta se ha postulado para encabezar las investigaciones pertinentes, pero los diputados cajonearán la propuesta, o le darán largas hasta el olvido. Frederic fue asesora de Garré durante la aplicación de su “doctrina” Proyecto X, con Berni como brazo ejecutor. Estos métodos utilizados por la Gendarmería -incluso el “ciberpatrullaje”- fueron continuados por Patricia Bullrich-Cambiemos durante su mandato, aunque bajo otra “doctrina”. Desde hace tiempo que Gendarmería se ha convertido en la pieza represiva preferida por los gobiernos. Es indispensable que cualquier investigación sea dirigida por una comisión de trabajadores con plenos poderes, empezando por los mineros de Trident, independiente del Estado y el Gobierno, para poder desarrollar con plena libertad la defensa de todas las libertades democráticas y desnudar al conjunto de las complicidades políticas que corroen a todas las capas e instituciones del Estado y de los partidos patronales.

Hace unos meses un grupo de vecinos de Villa Numancia decidió tomar los terrenos linderos de la vieja estación del ex ferrocarril Belgrano. La decisión de estas familias se vio impulsada por la necesidad de salir del hacinamiento y darles un techo mejor a sus hijos. Los altos costos de los alquileres y la imposibilidad para un sueldo promedio de acceder a un crédito hipotecario hace cada vez más difícil para un trabajador alcanzar una vivienda y más aún cuando estos son trabajadores “informales” como en este caso. El día a día del cartonero y los changarines es para sostener la olla diaria, lo que en esta situación de pandemia se hace imposible, teniendo que recurrir necesariamente a comedores y ollas populares. La situación habitacional en Presidente Perón va empeorando año a año, a pesar de ser un distrito rodeado con grandes campos deshabitados y ociosos que parecieran estar destinados a las construcción de barrios privados. Tampoco se ven indicios de que el gobierno municipal quiera promover el desarrollo de barrios populares. Es así como en el barrio cercano a la toma, los vecinos deben caminar más de 10 cuadras para tomar un colectivo y esa es la misma distancia hacia los colegios, sin asfalto y pocas veredas. Movilizarse en días de lluvia es una verdadera odisea. La toma Desde el principio, los vecinos tuvieron en claro los terrenos que ocupaban. Las 100 familias se organizaron para fraccionar las parcelas y trataron de llevar una buena relación con el cuidador del campo lindero, pero ni bien empezaron a levantar sus precarias casas comenzó una serie de provocaciones y amenazas para que no crucen a su campo, hasta poner una alambrada cortando la única calle que entra a la toma y dejando desde la mitad hacia el fondo un “pasillo” angosto q llega hasta los portones de las parcelas impidiendo q puedan salir. Como si fuera poco también colocó alambrado de púas que ya causaron heridas a un chico. Este acto es inhumano: en caso de emergencia no pueden acceder a la calle retardado la asistencia al impedir la entrada de ambulancias o bomberos. Esta situación pone en riesgo la vida de las familias, más en tiempos de pandemia y en pleno invierno donde son más comunes los incendios de viviendas precarias. Esto llevó a discutir una nueva movilización al municipio de un grupo pequeño de vecinos logrando el compromiso del gobierno municipal de presentarse en la toma para verificar el estado del alambrado y asistir con alimentos y agua potable para los vecinos. Pero a pesar de que se comprometieron a regresar y dar una respuesta no podemos quedarnos en palabras. Hay que redoblar la lucha para q retiren de inmediato el alambrado y liberen el acceso a la calle. Una nueva reunión de los compañeros resolvió elaborar con todos los vecinos de la toma un pliego de reivindicaciones para llevar adelante una nueva movilización. Desde el Polo Obrero Tendencia llamamos a seguir adelante con las asambleas para organizar la lucha por las tierras y la urbanización de la toma. Basta de provocaciones. Que el Estado garantice la seguridad de los vecinos Por agua potable y elementos de higiene. Por la fumigación para evitar la propagación de enfermedades como el dengue. Por un plan de obras públicas. Puesta en marcha ya de la construcción de barrios populares.

Con 350.000 muertos y 5,5 millones contagios, entramos en una nueva fase de la pandemia Covid-19. El New York Times publicó una “tapa catástrofe” con las 100.000 muertes sólo en EEUU, “una pérdida incalculable”. En tres meses cambió el escenario mundial de la lucha de clases pero no su tendencia general. Derecha y fascistas (Trump, Bolsonaro, Piñera, Johnson, Lega Nord, Vox) son acérrimos defensores de la “libertad”. Frente a la catástrofe en puerta, algunos recularon y optaron por diversas restricciones. Muchos apostaron a la inmunidad por medio del contagio, exponiendo a la población a una muerte segura. Los gobiernos capitalistas que anuncian una “nueva normalidad”, presionados por una depresión en puerta, comenzaron a salir del aislamiento –a pesar de una probable “segunda ola” de contagios. Los rescates económicos billonarios van a los capitalistas, no al reforzamiento de los sistemas de salud, ni a una reconversión industrial en función de las necesidades de la crisis sanitaria. Rebrote sin cuarentena Europa fue un laboratorio de lo que llamamos “darwinismo social”, como en el caso de Boris Johnson (inmunidad de manada), pero también por el “modelo de Lombardía”, de privatización de la atención médica y “producir a toda costa”. Suecia, país “modelo”, apoyó la teoría de Johnson y es uno de los países con más muertos por millón de habitantes. Un reciente estudio mostró que, a pesar de la gran cantidad de contagios, sólo el 7% de los habitantes de Estocolmo desarrolló anticuerpos (infobae, 21/5); ahora descartan la teoría. “La locomotora del norte” se rompió y el “modelo Lombardía” de Lega Nord, fracasó. La incapacidad para enfrentar la pandemia surgió con evidencia dramática. Tras pasar a “Fase 2”, Conte dijo que no iba a volver atrás y que habrá que convivir con las muertes, para “recuperar la economía” (Clarín, 21/5), algo que podría haber salido de la boca de Trump o Bolsonaro. El alcalde de Napoles declaró: “no vamos a cerrar nada (…) no vamos a construir un Estado de Policía” (Clarín, 22/5). Conte reconoce que no puede seguir gobernando sin la apertura económica al capital. Carlo Bonomi (Confindustria) plantea, por los ‘altos costos’, “derogar los convenios colectivos” (Corriere, 20/5). “Huelgas salvajes” se desatan contra las patronales por violar protocolos (ArcelorMittal, Igiene Ambientale, DHL). El jueves se produjo una huelga de trabajadores inmigrantes (construcción, agricultura y servicios) contra el decreto “Relanzamiento” que regulariza sólo al 30%. Denuncian que el decreto es a medida de la patronal agraria y las mafias. Los trabajadores migrantes desafiaron a Salvini, que junto a diputados del M5S pidieron “trabajo para los italianos”. Los fascistas del “modelo Lombardía” propagan la pandemia al negar atención sanitaria a estos trabajadores. Pedro Sánchez comunicó el miércoles la extensión del “estado de emergencia”. El sábado, convocados por los fascistas de Vox, miles reclamaron que renuncie (Clarín 23/5). ABC tituló que es un “gobierno quebrado” y Abascal (Vox) pide un “gobierno de emergencia”. Las protestas anticuarentena se suman a las de EEUU, GB y Brasil. El saltimbanqui Johnson, acusado de negligencia criminal, declaró que la vacuna puede “no encontrarse nunca”. Macron, tras haber lanzado una “guerra” -y sin anunciar “victoria”- convoca a la segunda vuelta de las elecciones municipales. El paquete de ayuda de 500 mil millones de euros que proponern Merkel y Macron tiene como principal destinatario a las principales compañías. Trump refuerza las tendencias más parasitarias del capitalismo norteamericano y aumenta los choques con China en una guerra comercial que agudiza las fracturas internacionales mientras fogonea una crisis constitucional en casa. En la reapertura de una automotriz dijo que en caso de haber un rebrote y mueran trabajadores, no retrocederá en las medidas. Quiere que la reactivación económica sea su salvavidas político, mientras hay 40 millones de nuevos desocupados. Pidió la reapertura de los templos, aunque tenga que “pasar por encima” de los Gobernadores, lo que puede desatar un nuevo terremoto político y constitucional. Agregó que “no está bien que los templos no sean declarados lugares esenciales y las clínicas de aborto sí” (Clarín, 22/5). En Washington, que se dispone a reabrir su economía, una fábrica de alimentos de 72 operarios, 24 dieron positivo. El Dr. Fauci pidió al Senado no flexibilizar para “evitar el sufrimiento y muerte”, y una segura masacre. Trump se retiró del acuerdo “cielos abiertos” (monitoreo de movimientos militares), y anunció lo mismo para el acuerdo de no proliferación (INF), que se suman al retiro del acuerdo nuclear con Irán. A pesar de las sanciones a Irán, Venezuela, Nicaragua, Rusia o China, la pandemia crece junto a la pobreza y la desocupación. Trump anuncia que la guerra comercial es más importante que las vidas de los trabajadores, una declaración de guerra a la clase obrera norteamericana. América Latina Las grandes ciudades latinoamericanas, arrasadas por el hambre y la desocupación, la falta de agua y el hacinamiento, son blanco fácil para el virus. La superpoblación carcelaria convierte a las cárceles en “incubadoras” de coronavirus (NYT, 21/5). Los sistemas de salud están o comienzan a colapsar, sin recursos ni centralización. Los gobiernos son incapaces de enfrentar la pandemia y se debilitan. En el Mercado de Frutas de Lima, el 86% de los comerciantes dio positivo (Clarín, 23/5). Los peruanos se aglomeraron en bancos por subsidios, propagando el contagio. Lima tiene 4 millones de personas con falta de acceso al agua. La informalidad laboral es del 70%, por lo que la subsistencia pelea con la cuarentena. Los hospitales parecen cementerios, comentan sus trabajadores. Ecuador, otro de los países golpeados por la crisis sanitaria y capitalista, sigue apilando los cadáveres en las calles y los hospitales se mantienen colapsados. En México, el 41,9% de la población es pobre y sólo en abril se perdieron 555.247 trabajos. La crisis es tan profunda que se denuncia que los narcos amenazan a los trabajadores del campo para garantizar la producción de coca (Clarín, 22/5). En Colombia entra en crisis el narcoestado y los servicios de inteligencia militares, mientras se incuba una enorme explosión social por el hambre. Al hambre también se le responde con balas en los barrios más humildes de Santiago. El gobierno Pinochetista de Piñera tuvo que anunciar que daría marcha atrás con el desconfinamiento. La Bolsonarista y golpista Añez, acorralada por casos de corrupción del gobierno, postergó las elecciones; mientras el ejército golpista, denunciado por la represión social, le exige ascensos que deben ser aprobados por la mayoría del MAS en el Parlamento. Brasil, el país más afectado de Latinoamérica, testea 12 veces menos que Irán según el Washington Post. Miles mueren en sus casas y hospitales sin testeos. Tras echar a Mandetta y que Teich renuncie, Bolsonaro puso a 9 militares en el ministerio de Salud. Condicionó una ayuda financiera a estados y municipios por 10.200 millones de dólares, a congelar salarios hasta 2022, un ajuste en regla. La bolsa subió tras el anuncio, aunque el real sigue un proceso de devaluación (42% en el año). Bolsonaro se aferra a sectores del ejército y policía, mientras apuesta todo a una apertura económica, sacrificando a la clase obrera. Ésta debe defenderse del fascismo con los métodos históricos de la clase obrera. Los choques por la flexibilización y la negativa a dar marcha atrás, preanuncia nuevas huelgas salvajes, rebeliones y la perspectiva de situaciones revolucionarias por la defensa de la vida.

En las últimas semanas se escribió abundantemente acerca de la decisión del gobierno nacional de reemplazar la calificación del conocimiento adquirido por los alumnos, por una evaluación de sus actividades. El Consejo Federal de Educación alega "un contexto de excepcionalidad” e incluso para evitar perjudicar a los sectores populares. “En este contexto, justifica el ministro Trotta, se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país. Por este motivo, todos los actores que conformamos el sistema educativo estamos de acuerdo que es momento de evaluar, pero no de calificar” (Lanueva.com, 15/5). Lo formal y lo real Un documento reciente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, “Enseñanza y Evaluación”, intenta explicar el cambio, incorporando la suspensión de clases presenciales a la situación general. Afirma que es fundamental “construir el vínculo pedagógico (…) En este marco, las tareas escolares generan nuevas maneras de construir los procesos educativos y son también formas de acercarnos y estar en comunicación”. Se propone a los docentes “desplegar diferentes estrategias para llegar a todos los hogares de la provincia”. En fin, carga la responsabilidad de un éxito de la enseñanza virtual en los trabajadores docentes. Más allá de esto, sólo frases trilladas. Lo real, en cambio, es diametralmente opuesto a lo formal. Lo real es la crisis total de la educación virtual, que carece de condiciones materiales para su desarrollo: alumnos y docentes no disponen de computadoras y equipos, conectividad, ambientes adecuados para ejercer la educación virtual, etc, etc. Tampoco se trata sólo de computadoras y conectividad sino también de llenar el estómago. Más del 80% de los alumnos del nivel primario y secundario de las barriadas populares del Gran Buenos Aires demandan ayuda alimentaria. La demanda de bolsones de alimentos en los colegios en las últimas semanas viene en franco aumento. En esta misma línea de análisis se anotó Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, para quien la crisis educativa puede solucionarse con lograr que “se firmen acuerdos con las empresas para que liberen internet” (Infobae, 13/05). A Kicillof y sus funcionarios les pasa por el costado la abundante biblioteca pedagógica que habla de la dispar distribución del activo económico y cultural en el conjunto de la sociedad (Bourdieu, Pierre; Capital cultural, escuela y espacio social). En efecto, la sociedad capitalista está divida en clases sociales y el éxito del acto educativo no puede abstraerse de esta situación objetiva. Por tanto, el sistema educativo reproduce la desigualdad social imperante antes del acto educativo. Esta conclusión va a contramarcha de la opinión ideológica de liberales y progresistas que afirman que la educación pública es el medio para nivelar la desigualdad que el mercado produce. ¿Quiénes van a ser los más perjudicados por el Cromañón educativo que acecha a la comunidad educativa? Los hijos e hijas de los trabajadores pobres (ocupados y desocupados). La suspensión de la calificación es un maquillaje peligroso, por la misma razón que la calificación es negativa – no se trata de exigir menos a los alumnos sino más, construyendo la organización socialista que respalde esa exigencia. Sin esta organización socialista, la calificación fomenta la deserción. La salida a la crisis educativa no depende de las estrategias pedagógicas sino de una enérgica lucha política contra la dominación capitalista.

Por primera vez desde el inicio de la cuarentena, tuvo lugar una instancia de debate en Suteba, con la reunión de secretarios generales el pasado 20 de mayo. No fue preparada con mandatos, sólo se desarrollaron en forma previa reuniones de delegados en algunos distritos conducidos por la lista Multicolor y reuniones “informativas” en algunos distritos conducidos por la Lista Celeste. Las resoluciones del plenario exponen, en forma distorsionada, la dramática situación que atraviesa la educación con todo el ciclo lectivo comprometido. Se denuncia la sobrecarga laboral y el pedido de una regulación laboral extraordinaria; la necesidad de cobertura de todos los cargos docentes y de garantizar el acceso a la conectividad, a dispositivos electrónicos y a plataformas virtuales a docentes y estudiantes; la implementación de planes educativos como FINES y Secundaria con Oficios que están paralizados; y otras demandas como las irregularidades en las prestaciones del IOMA, mejoras en la infraestructura escolar, faltantes en el Servicio Alimentario Educativo y el rechazo de la armonización del IPS con el ANSES. Bien miradas, estas demandas plantean una realidad inobjetable: el Estado no está garantizando el acceso a la educación pública bajo la cuarentena. Estas exigencias requieren de una respuesta inmediata, porque de continuar esta situación, significaría una catástrofe educativa. En la primera semana de junio habrá reuniones de delegados en los distritos de Buenos Aires, pero no forman parte de un plan de lucha de conjunto. Por otra parte, se votó una “Encuesta sobre Trabajo Docente” una acción dilatoria cuando la sobrecarga laboral de los docentes es una realidad nacional. La inminencia del 28 de abril y el 3J no mereció ningún tratamiento en el Plenario, cuando será una instancia fundamental para exponer, entre otras, las demandas de las compañeras docentes que se han intensificado bajo la cuarentena, incluyendo el necesario derecho al aborto. La cuestión salarial fue directamente abandonada. En Chubut estamos en un resurgimiento del conflicto por el no cobro de salarios y en otras provincias los gobernadores impusieron recortes salariales. En Buenos Aires, los “aumentos” cobrados -más los pendientes-, señalan la continuidad de salarios iniciales de pobreza, que dejaron de actualizarse por inflación. La falta de actos públicos impide a miles de docentes a acceder a más trabajo, condenados en última instancia a tener que sobrevivir con un ingreso de $17.000. A pesar de esto que plantea una reapertura de las paritarias, el reclamo de convocatoria a paritarias resuelto en este plenario no incluye a la provincia de Buenos Aires ya que fue limitado a “los Gobiernos Provinciales que aún no lo hicieron”. Baradel recogió el guante de un eventual e improvisado retorno a clases presenciales, anunciado por Trotta frente al fracaso de la continuidad pedagógica virtual y a la imposibilidad de calificar a los alumnos. Baradel propuso “la conformación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en todos los distritos para garantizar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo”. Es indudable la necesidad de Comités formadas por docentes, estudiantes y familias, situación que hoy ya se plantea para organizar la seguridad en la entrega de alimentos que docentes voluntarios se ponen al hombro. Sin embargo, para garantizar “el trabajo” solo puede suponer clases presenciales en las aulas, cuando asistimos a una extensión de la cuarentena, fruto del salto de contagios, y en las escuelas no hay ninguna condición sanitaria. Yendo más lejos, Baradel dio cuenta de su integración política al gobierno de Fernández-Kicillof y de su pretensión de colocar a todo el Sindicato en ese camino haciendo votar en el Plenario un “aval a las políticas nacionales” (sin el apoyo de los secretarios generales de la Multicolor) luego de aprobar un extenso pliego reivindicativo de demandas educativas que plantean no un aval sino una lucha contra el gobierno responsable. Se denuncian las extorsiones de los fondos y acreedores de la deuda pública a los cuales el gobierno nacional está pagando desde que asumió y hasta el momento. En materia de “avales”, sin embargo, Baradel descartó un apoyo a la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional (LEN) que fuera votada por el líder de la CTA, Hugo Yasky, y que establece las bases para atacar el derecho a huelga, a la vez que es un saludo a la bandera al boicot que el Estado sobre la educación pública bajo la cuarentena. La pavorosa crisis educativa pone nuevamente en discusión la necesidad de la independencia política de nuestro Sindicato. Las reuniones de delegados deben tener como norte la convocatoria a un Plenario Provincial de delegados de escuela con mandato.

Una semana atrás, el pasado 20 de mayo, en una audiencia con representantes del Ministerio de trabajo, la comisión interna y del gremio plástico, la patronal de BedTime informó que, debido al aumento de pedidos, se encuentra en la necesidad de poner en actividad de la planta. No había pasado ni un mes desde que había planteado la necesidad de una reducción de personal del 50% de la planta. Ahora, la empresa necesita volver a la producción con la totalidad del personal. Como lo demuestran los hechos, no estábamos frente a un problema real de la empresa, sino ante un chantaje a los trabajadores, explotando la situación de pandemia. Si bien BedTime volvería al 100% de la producción, la patronal insiste en el planteo de mantener suspendido el servicio de comedor, algo que había quedado establecido en el acuerdo alcanzado el 30 de abril, que contemplaba suspensiones rotativas y un esquema de producción al 50%. Ante este anuncio, la comisión interna planteó que la suspensión del comedor fue aceptada por el conjunto de los trabajadores entendiendo que solo estaríamos en planta 10 días del mes, ya que la otra parte estaríamos suspendidos. Pero, al levantarse las suspensiones, la situación cambia y por eso reclamamos que el servicio de cocina se restablezca o, de lo contrario, la empresa debería abonar un bono en compensación de este servicio. También está el tema del protocolo, el cual fue presentado por la empresa y sobre el cual se atenderán puntos solicitados por la comisión interna y los trabajadores. Un punto que no había quedado firme en el acuerdo con el Ministerio de Trabajo era el de los salarios de los compañeros que se encuentran de licencia por grupo de riesgo, y en la reunión se aseguró que la empresa respetaría lo establecido en el DNU 297/20, y que los trabajadores que se encuentran dentro de los grupos de riesgo percibirían el 100% de sus salarios. Estos planteos fueron efectuados en la reunión del día viernes 22 de mayo, que se realizó en planta, donde se acordó la implementación del protocolo de bioseguridad ante el Covid-19, el pago del 100% de los salarios de los compañeros de licencia por grupo de riesgo y, con respecto al punto del comedor, se planteó una nueva reunión a la brevedad para llegar a un acuerdo. Todo esto fue discutido por los trabajadores y se resolvió en asamblea que, el martes 26 de mayo, los trabajadores volvemos a trabajar y a seguir reclamando nuestras reivindicaciones. Teniendo en cuenta esto, nos parece necesario resaltar algunas conclusiones. En primer lugar, fue acertada la denuncia que hicimos hacia la patronal, que esta no estaba en crisis, sino que su intención era aprovechar la pandemia para dar un golpe certero a la organización de los trabajadores y a sus condiciones de trabajo y de vida. La segunda, el proceso de lucha que hemos llevado adelante los trabajadores de BedTime ha sido una referencia para todos los trabajadores de la zona, y en especial del gremio plástico, y ha fortalecido nuestra organización para las luchas que se avecinan.

Las declaraciones del gobernador Axel Kicillof en la conferencia de prensa del sábado pasado fueron contundentes: “No es correcto testear a todo el mundo, ningún país del mundo lo hizo”. De esta manera, el gobernador le daba un golpe directo a la lucha de los trabajadores de la salud que reclaman los testeos en todos los hospitales. “Por fuera de Bolivia, la Argentina es el país que menos pruebas diagnósticas hizo en América del Sur, según datos oficiales”. (La Nación, 4/5) Sin embargo, y a pesar de la opinión del gobernador, la vulnerable situación en las villas miseria hizo insostenible la cuarentena y el gobierno de la ciudad tuvo que iniciar el "plan Detectar". Un plan mínimo de testeos para sintomáticos que, tomando en consideración una real dimensión del problema en la villa 31 y en el resto de las villas, es más bien una respuesta improvisada que pone de manifiesto cuando el virus es de circulación general. Mientras Kicillof, en la conferencia de prensa, se pronunciaba en contra de los testeos, los trabajadores del hospital Moyano se encontraban en una abierta lucha por el testeo masivo de trabajadores, tras haberse detectado dos casos positivos entre el personal, lo que podría desatar un masivo contagio en una institución de tipo cerrada, con una población de pacientes con características específicas que hacen difícil el distanciamiento social. Una situación similar se vive en el hospital Borda. Los médicos del hospital Rivadavia, por su parte, convocan a una asamblea presencial con distanciamiento social este miércoles 27 para reclamar testeos al personal de salud. Unos días antes, en una sala de neo natología del Ramos Mejía, el desborde de pacientes que llegaba desde la villa 21-24 ponía en jaque los protocolos y la organización del hospital mezclando pacientes y trabajadores positivos y negativos. Esta situación se repite en todos los hospitales y la respuesta de las autoridades es que no es necesario, porque todos podemos estar siendo asintomáticos. Pero es justamente por eso que los trabajadores de la salud de Argentina encabezan el ranking de trabajadores contagiados en el mundo. Los trabajadores de la salud no solo se están enfermando, si no que transforma a la solución en problema. Los que tienen que cuidar son, con esta política, gobernador, los que nos van a contagiar. Cómo puede decir el gobernador que no está bien testear masivamente. ¿No es claro que lo ideal, sería testear al 100% y que mientras más testeos haya mejor? ¿No debería ser ese el mensaje de un gobierno que defienda la salud? ¿No debe ser esa la perspectiva que guíe la actividad del estado? Claro está que el testeo no es suficiente, que se debe invertir en EPP para el personal sanitario. En definitiva, antes de saber si se contagiaron o no, también hay que tratar de evitar llegar al contagio. Para eso se necesita una política presupuestaria destinada a combatir la pandemia. Con dos billones de gastos extras del estado en estos dos meses, el rubro destinado al testeo y a la protección médica en general es casi nulo. La falta de testeos evita saber dónde está parado epidemiológicamente el país y es funcional a la falta de disposición de recursos. Presupuesto para una política sanitaria integral para enfrentar la pandemia. Testeos masivos para personal de Salud regular cada 15 días. Incorporación masiva de personal sanitario y reducción de jornada laboral para la formación de un nuevo turno de trabajo. Comités de crisis en los hospitales, electos por asambleas interdisciplinarias de trabajadores. Por una coordinadora nacional interdisciplinaria y gremial de la salud. Centralización de todo el sistema sanitario privado y público bajo la tutela del estado y con control de los trabajadores. Readecuación del sistema Industrial no esencial para la producción masiva de insumos sanitarios.

Al día de hoy, los trabajadores del transporte continúan sin percibir la totalidad de los salarios correspondientes a abril y mayo. En el mejor de los casos, cobraron un 60% de sus haberes. La situación es desesperante para muchos de ellos. Hasta hace semanas se viene desarrollando una huelga generalizada en el gremio del transporte, que involucra a alrededor de 35 mil trabajadores en una veintena de provincias y el interior de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, ocho provincias continúan de paro. La política de la dirección de UTA es la de desactivar la huelga. Ya desde los inicios del conflicto, el “cese de actividades” dispuesto por Roberto Fernández excluía a CABA y el conurbano. Rápidamente acordaron con las patronales de las ciudades más grandes del interior de Buenos Aires para proceder a levantar allí la medida de fuerza. En Tucumán se levantó el paro ¡por la visita del presidente! Este martes, la UTA Córdoba canceló la movilización que había convocado días atrás porque acordó con la Municipalidad el pago de $15mil en concepto de salario adeudado de abril y que el 75% del salario se abone en forma no remunerativa por el término de ¡cinco meses! Se calcula que, con este ataque al salario, el gobierno municipal se ahorrará un 11,5% de gasto en transporte. En el caso del transporte de larga distancia, la UTA y las patronales firmaron un convenio por el cual el Estado Nacional, a través del programa ATP, abonará sumas no remunerativas por $32mil. Alrededor de 20mil trabajadores pasarán a cobrar este seguro de desempleo encubierto que no cubre ni la mitad de la canasta familiar. De este modo, las cámaras del transporte y la UTA se alinean al pacto UIA-CGT. En el AMBA, las empresas de transporte urbano redujeron a la mitad la frecuencia de servicios, pasando a suspender a una gran masa de trabajadores. Quién pagará los salarios es motivo de disputa, pero todo parece indicar que serán las provincias y municipios los encargados de absorber el costo. Así lo pone de manifiesto el comunicado de UTA nacional que celebra la decisión del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, de cubrir con fondos provinciales los salarios de los trabajadores del transporte suspendidos. Hasta ahora, las negociaciones por provincia y por municipio han sido capitalizadas por UTA para incorporarse al organigrama de las empresas sociedad del estado, un camino ya recorrido a fondo por la Unión Ferroviaria. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, donde se municipalizó el transporte automotor, la UTA pasó a formar parte de la empresa en el sector logística. En Córdoba, “otra de las condiciones políticas para cerrar el acuerdo incluyó la designación de Esteban (Secretaria General de la seccional) como delegada obrera de Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado)” (Diario Alfil, 26/5). Todas estas maniobras apuntan en una sola dirección: la rebaja generalizada de salarios. Este es el primer paso de un ataque estratégico sobre los trabajadores del transporte para habilitar despidos masivos y profundizar la precariedad de las condiciones de trabajo.

La semana pasada se confirmaron tres casos de coronavirus en trabajadores del Frigorífico Santa Giulia, en el distrito Alejandro Korn, partido de San Vicente. Tras el positivo de los dos primeros casos, se realizó una inspección del frigorífico que llevaron adelante autoridades de Salud y Trabajo provinciales y municipales, del SENASA y del sindicato de la carne, los que definieron la cuarentena de los 58 compañeros del sector de los trabajadores contagiados y que la planta se encuentra apta para seguir funcionando. Durante la madrugada de apertura, se realizó una asamblea espontánea de más de 200 trabajadores en la puerta del frigorífico, en la que resolvieron no entrar por temor a contagiarse, ya que muchos de ellos habían estado expuestos y clarificando que las posibilidades de contagio no se limitaban al sector de trabajo, sino también a lugares comunes como el comedor. Los trabajadores niegan que la planta pudiera estar apta para trabajar en condiciones de seguridad para su salud y denuncian que "ni siquiera se desinfectó y es imposible mantener el distanciamiento social". La respuesta de la patronal, en una muestra total de desprecio por la vida, fue declarar una “cuarentena optativa”… sin goce de sueldo. Con el correr de la semana se confirmó un nuevo caso de coronavirus de un trabajador que pertenece a uno de los 58 que se encontraban en cuarentena, que compartía sector con el contagiado, y hay un cuarto caso por confirmarse. El frigorífico Santa Giulia cuenta en la actualidad con más de 500 trabajadores. Es el cuarto frigorífico con casos confirmados de coronavirus desde que comenzó la epidemia, tras los casos de las plantas de Friar, en Santa Fe, del Frigorífico Federal, de Quilmes, y los dos casos confirmados en Maneca, ubicado en la localidad de Tigre. Estos casos se suman a los despidos, suspensiones y cierres, convirtiendo a los frigoríficos en uno de los sectores más golpeados. Se vuelve urgente arrancarle a la patronal un protocolo de seguridad que permita preservar la salud de los trabajadores y sus familias; que parta de la realización de test a todo el personal, división del trabajo en más turnos, sin aumento de horas ni afectar el salario, para evitar aglomeración, distribución de material sanitario al ingreso, tapabocas, alcohol en gel, guantes de látex, entre otros. Para controlar el cumplimento de la empresa es necesario un comité de higiene de los trabajadores que establezca las demás medidas necesarias y las controle en la práctica.

Con la presencia de compañeros de distintas carreras y sedes, se llevó adelante la primera reunión abierta virtual del CBC. El eje que atravesó todo el debate fue el problema de las condiciones en las que se da la cursada y el miedo a verse forzado a abandonarla frente a los constantes problemas que presenta. El abandono de la cursada: una problemática de todo el estudiantado Como venimos denunciando, la implementación de las clases virtuales sobre un trasfondo de crisis presupuestaria y de vaciamiento en la educación pública sólo puede redundar en la incapacidad de los estudiantes de poder acceder a los contenidos y en una mayor precarización y sobreexplotación docente. Uno de los factores comunes de las intervenciones de los compañeros que participaron de la reunión fue ese: como el mal funcionamiento de las plataformas, la incapacidad de acceso a materiales de estudio y, ante todo, la ausencia absoluta de cualquier tipo de respuesta por parte de las autoridades, que terminan llevando al agotamiento, la desmoralización y, en el peor de los casos, el abandono de la cursada con la esperanza de poder retomarla el año que viene ante condiciones más favorables. Desde la UJS del Partido Obrero (Tendencia) señalamos que debemos combatir la deserción estudiantil y la única manera lograrlo es mediante la organización de los estudiantes junto a los docentes por sus reclamos. El pliego de demandas que fue aprobado por los compañeros que participamos de la reunión refleja la voluntad de defender el derecho de cursada frente a la incapacidad de la gestión del CBC y de la UBA de ofrecer una salida a los estudiantes en medio de la cuarentena. De la misma manera se trató el problema de los compañeros que se mudan a Capital Federal para poder cursar y, frente a la incapacidad de hacerlo a través de la modalidad virtual, se encuentran en el limbo, entre esperar a que estos problemas se resuelvan o volver a sus hogares. La ampliación y aumento de las becas Sarmiento, de manera tal que pueda hacer frente a las dificultades de muchos compañeros que quedan afuera de la virtualidad por no contar con una computadora, celular o acceso a WI FI fue otro de los asuntos tratados. Conclusiones y tareas La existencia de estas instancias de deliberación en el CBC muestra que los estudiantes no nos quedamos de brazos cruzados ante el deterioro de nuestras condiciones de cursada. Resolvimos lanzar una intensa campaña de difusión de los reclamos, con el resto del estudiantado, y exigirle a Jorge Ferronato y al resto de las autoridades de la UBA su cumplimiento inmediato. La Federación Universitaria de Buenos Aires, organismo gremial que representa a los estudiantes de la UBA, cuya conducción está en manos de la Franja Morada-Nuevo Espacio y la UES y se encuentra totalmente subordinada a los intereses del rectorado, no ha tenido la menor iniciativa de cara a organizar al movimiento estudiantil en defensa de sus derechos y en contra de la deserción. Esta reunión fue un primer paso en la perspectiva de organizarnos por nuestros reclamos. Frente a la realidad de miles de estudiantes que se ven atravesados por las mismas problemáticas que mencionamos más arriba es necesario la organización de asambleas en todas las sedes del CBC que nucleen los reclamos de estudiantes y docentes. El siguiente paso es interpelar a los centros de estudiantes de las facultades para impulsar esta organización. ¡Vamos a una campaña a fondo para que se cumplan todos nuestros reclamos! -Inversión para el correcto funcionamiento del aula virtual. -Relevamiento de las condiciones y problemas de cursada por parte de las autoridades. -Capacitación docente paga. -Incorporación de plantel docente acorde a las necesidades de las cursadas. Salario docente igual a la canasta básica familiar, fin del trabajo ad honorem. -Extensión y aumento de beca sarmiento para aquellos alumnos que lo necesiten. -Provisión de herramientas (celulares, computadoras, acceso a internet) para aquellos alumnos que no disponen de las mismas. -Inmediato retiro de la sanción a Daniel Irribarren, basta de persecución gremial en el Hospital de Clínicas. -Cursada especial para aquellas mujeres que son madres. -Democratización del Protocolo por violencia de género y aplicación en el CBC. -Becas para mujeres que sufren violencia. -La aprobación del proyecto sobre el boleto universitario gratuito para todos los estudiantes de la UBA, tanto de provincia como para capital. -Aumento presupuestario en el CBC para implementar estos reclamos.

El municipio de Aguaray, perteneciente al históricamente saqueado y socialmente diezmado departamento petrolero de General San Martín, se encuentra hoy en día conmovido por el robo de caños de la faraónica obra inconclusa del Gasoducto NEA. A principios de año, el recientemente electo intendente, Jorge “Quique” Prado, autorizó al empresario Alos, de la firma OSYPS SA, vinculado a La Cámpora, la extracción de decenas de caños de transporte de gas, valuados en 15 millones de dólares, que se encontraban en la localidad. La cobertura formal fue un plan de remediación ambiental sobre los vestigios de inconcluso gasoducto, aprobada por el Concejo Deliberante local en diciembre del año pasado. Por ello, el intendente fue imputado formalmente, junto a su secretario de hacienda, por delito de fraude por el fiscal general Eduardo Villalba. Sálvese quien pueda Todo indica que el Frente de Todos ha decidido soltarle la mano al intendente Prado. El “Oso” Sergio Leavy, presidente del Partido de la Victoria y ex candidato a gobernador por el FdT, se ha apresurado a desentenderse de su ex ahijado político, solicitando su castigo. Lejos quedaron los tiempos cuando lo promovía como una renovación de “sangre joven”. Otro kirchnerista, el diputado provincial Ramón Villa, ha salido a exigir la intervención del municipio. Por otro lado, el Concejo Deliberante, con mayoría del Frente de Todos, pero que responde al ex intendente Alcoba, se encuentra paralizado, “estudiando el tema”, o mejor dicho, estudiando cómo zafar de su propia responsabilidad. Este operativo de deslindamiento tiene un alcance nacional, y la posta fue tomada por el portal periodístico de Horacio Verbistky, El Cohete a la Luna. Allí se afirma que afirma que el actual Ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, no habría autorizado el retiro de esos caños ni su mentada remediación ambiental. El portal periodístico termina por acusar al macrismo por paralizar todas estas obras desde diciembre de 2015 y por haber designado a un cuestionado juez, Martínez Frugoni, quien no investigó denuncias anteriores sobre este robo de caños. El intento de “entregar” a Prado y su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, ha traído sus consecuencias. El abogado de este último denunció en los medios que tanto Leavy, como el ex diputado nacional y bolsonarista local, Alfredo Olmedo, estarían implicados en el robo de los caños. Leavy sólo atinó a responder que las acusaciones contra él encierran una manipulación política de los medios vinculados al gobernador Sáenz, lo que es una verdad que no lo exime de responsabilidades. Crece la indignación Tamaño escándalo ha agudizado la indignación popular en el municipio, alimentada por el cuadro de miseria social generalizado, el brote incontrolado de dengue -que terminó con la vida del doctor y ex intendente Darouiche hace un par de semanas- y por la absoluta indefensión del pueblo ante un eventual brote de covid-19 por el vaciamiento del hospital local. Bajo esta misma ola de indignación, los trabajadores municipales han comenzado a reclamar un aumento salarial, el pase a planta permanente de los precarizados y la entrega de insumos de bioseguridad para desarrollar sus tareas, en el marco de la pandemia de coronavirus y la endemia de dengue, que es hoy gravísima. Por ahora, su reclamo es dilatado por el intendente en nombre de la crisis económica y política; mientras el burócrata de ATE, Fermín Hoyos, intenta subordinar la asamblea y el pliego de los trabajadores, a su “muñeca negociadora”. El pueblo trabajador de Aguaray tiene ante sí todo un régimen de corruptelas capitalista en donde los políticos de los partidos patronales son su correa de aplicación. Las maniobras de intervención municipal o hasta la renuncia y reemplazo del intendente por el presidente del concejo, no buscan desarmar este entramado social sino encubrirlo. Lo mismo sucede con la justicia, que hasta ahora no ha investigado a fondo ni esta ni otras corruptelas. El reclamo de justicia ante este escandaloso caso sólo podrá desarrollarse consecuentemente bajo el impulso y actuación de una comisión investigadora de trabajadores y vecinos, electos y revocables. Tampoco, el affaire Prado no puede desviarnos de la lucha por nuestras reivindicaciones urgentes. Desde el Partido Obrero de Aguaray, que forma parte de la Tendencia, llamamos a los compañeros municipales, a desocupados, a los que carecen de viviendas, a los trabajadores de la salud y a todo el pueblo trabajador, a desenvolver una fuerte deliberación, organizando asambleas en cada sector, en cada barrio y lugares de trabajo para discutir sobre nuestras propias reivindicaciones, ante las maniobras del gobierno nacional, provincial y municipal.

En la asamblea del 15 de mayo asistimos, en primer lugar, a un disimulo de la política de la conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales. El planteo defendido por Identidad-La Cámpora del “impuesto a las fortunas y la suspensión del pago de la deuda”, es una tergiversación de la realidad. El gobierno del FdT ha colocado la economía nacional en manos de los acreedores y el FMI. Mientras suprime la cláusula gatillo para el salario docente ha sostenido con millones de la Anses y el Tesoro la gran mayoría de los vencimientos de deuda. El "defol virtual" está siendo atravesado por una rapiña de buitres entre los acreedores privados, el FMI y otros organismos de crédito. Argentina es un país quebrado que, en medio de la pandemia, destina la mayor parte de sus recursos a un rescate sin futuro del gran capital. La "suspensión del pago de la deuda" de Identidad es un dislate distorsionado. A los acreedores externos se les reconoce un valor de sus tenencias, casi sin descuento, un 50% por encima de su valor de mercado y tasas de interés que triplican las internacionales - a otros organismos (FMI) no aplica descuento alguno. La encrucijada del gobierno es la de presentar una garantía de todos estos pagos: una destrucción mayor de las conquistas históricas de los trabajadores: reforma laboral y privatización del sistema previsional. Es el plan económico por el cual asumió Macri y por el cual cayó su gobierno enfrentándose a la movilización de los trabajadores. El camporismo juvenil exhibe una Identidad que no es precisamente “nacional”. Por su parte, el "impuesto a las fortunas" no pasa de un artificio para engañar distraídos, en especial cuando se insinúa que se aplicaría la recaudación para financiar a Pymes que ocultan a grandes empresas. Encubre una realidad de subsidios y rescate millonarios a las empresas. Mientras el estado afronta el pago de los salarios de las patronales estas avanzan con despidos y suspensiones masivas. El gobierno "nacional y popular" rescata a los capitalistas con la plata de los jubilados. Mientras crecen las necesidades de la población, atravesada por despidos y reducciones de salario. La gran mayoría ni siquiera ha cobrado la miseria del IFE después de dos meses de cuarentena. Defender la cuarentena como medida para evitar la propagación del virus implica garantizar las condiciones de vida de la población trabajadora y destinar todos los recursos al sistema de salud, ciencia y educación. El rechazo del pago de la deuda externa se desprende como condición para enfrentar la pandemia. Necesitamos una economía en manos de los trabajadores, esa fue nuestra orientación en la asamblea. Además de esto, frente a la cercanía del 3J, desde En Acción - Tendencia llevamos adelante un pliego de reclamos de las estudiantes. Identidad lo “pasó a comisión” para evitar que la asamblea se pronuncie por becas para estudiantes en situación de violencia, cursada especial para estudiantes madres y la discusión y democratización de los protocolos contra la violencia. El aborto clandestino sigue siendo una realidad exasperante de la cual el gobierno tiene que responder inmediatamente. Cursada Identidad también buscó encubrir los límites de la virtualidad, la falta de docentes y los paupérrimos salarios. Se manifestaron contra el aumento de plantel docente para garantizar el desdoblamiento de comisiones, lo que facilitaría una mayor relación pedagógica entre estudiantes y docentes, al evitar la sobrecarga de trabajo. La imposición de la cursada virtual de los laboratorios implica una degradación directa de las carreras. La deliberación sobre los programas y contenidos de las materias que pueden adaptarse a la modalidad virtual no puede darse a puertas cerradas. De igual manera que las evaluaciones se requiere una discusión del conjunto de los estudiantes y trabajadores de la educación. Las autoridades no garantizan el éxito de la virtualidad, -y llegan dos meses tarde con la promesa de entregar computadoras-, pero quieren imponer unilateralmente las condiciones de evaluación. Nuestra propuesta de delegados por curso y discusión por comisiones es fundamental para involucrar a estudiantes y docentes en el debate sobre cómo acreditar los conocimientos y desenvolver nuestros reclamos. Si bien se aprobó nuestra moción para que se garantice la cursada virtual en el CBC, lo cierto es que el CECEN está ausente en esta lucha. No ha hecho nada para organizar a los ingresantes. Tareas El desafío que hoy tenemos es el de reagruparnos con un programa en defensa de la educación, la salud y la vida de estudiantes y trabajadores. La conducción del centro busca disimular la responsabilidad del gobierno y las autoridades en la crisis. Para superar positivamente estos problemas es necesario continuar la organización estudiantil y transformar cada cursada en un ámbito de deliberación junto a nuestros docentes. La izquierda en Exactas, asimismo, se debe un debate sobre sus métodos, su política y sus perspectivas. Convocamos a los estudiantes a discutir estos problemas y a organizarnos por nuestros reclamos.

La crisis sanitaria desatada en las villas Azul e Itatí, es el resultado de la política de Kicillof y Berni frente a la crisis sanitaria. El pico de contagio en estos asentamientos ha sido precedido en el Frigorífico Federal, en los barrios La Paz y la Matera y en la fábrica Cattorini, lo cual convierte a a Quilmes en el municipio más afectado. La catástrofe estaba anunciada. El gobierno venía desarrollando el Plan Detectar, que pregunta a los vecinos si presentan síntomas de COVID-19, para seleccionar casos sospechosos y eventualmente, en un tercer paso, testearlos. Los vecinos habían organizado piquetes para reclamar testeos y cuidados necesarios. Cuarenta y ocho horas antes de que la crisis hiciera eclosión, se habían encontrado sólo 13 casos sospechosos. El viernes 22, habían sido desestimados 11 posibles contagios por el test de hisopado, pero los 54 casos ya estaban presentes sin el menor recaudo, y el municipio aseguraba que el barrio ya había sido “testeado”. En definitiva, se desconoce la cantidad de contagiados, y ha quedado en evidencia la inutilidad de limitar el testeo a personas con síntomas establecidos por Kicillof. El "ghetto" de Berni La respuesta de la provincia de Buenos Aires es lisa y llanamente criminal. El cercamiento policial del barrio no tiene ningún objetivo sanitario, porque no se trata de un aislamiento preventivo para proceder a testear a la población. El gobierno, en boca de Berni, anticipó que no hará los testeos, sino que se limitará a aislar la zona o los barrios dónde el brote ya haya hecho irrupción. Es decir, que se bloquea la salida e ingreso a la barriada por un tiempo fijado en 15 días pero que en realidad es indeterminado, mientras sus vecinos se siguen contagiando, con la sola intención de que el virus no se difunda. El virus se desplaza en las villas peligrosamente por los rieles del déficit de infraestructura, el hambre y la salud deteriorada de la población, producto de años y años de vaciamiento. Hay falta de agua, luz y vivienda. Los trabajadores de la salud que participan de las recorridas encuentran tuberculosis, bronquiolitis, alergias y enfermedades de todo tipo. El ejército promete levantar hospitales precarios (sin el equipamiento completo necesario) o distribuir comida, en un ghetto colocado bajo supervisión policial y de gendarmería. Testeos masivos ya Quilmes se ha convertido, aunque sólo por el momento, en uno de los focos de contagios más peligrosos de la provincia, donde ya se anotan muchisímos otros. En el hospital Iriarte, el mayor hospital de la zona, se encuentran infectados los dos directores, tres enfermeras y un médico – una expresión de la precariedad con la que el personal de salud a enfrenta la pandemia. Los trabajadores también reclaman testeos para toda la población hospitalaria. La posta sanitaria instalada en la Universidad de Quilmes, para casos leves y moderados, corre riesgo de ver sobrepasada su capacidad de atención. Es necesario poner a toda la salud privada bajo el control del estado; en los privados, el testeo cuesta entre ocho mil y quince mil pesos. En el distrito existe una enorme cantidad de clínicas privadas que deben servir a los vecinos – gratuitamente. Los trabajadores de la salud que recorren el barrio necesitan insumos para continuar. La respuesta de los intendentes de Quilmes y Avellaneda fue crear un comité de crisis, siguiendo los consejos de Perón para cuando no se quiere hacer nada. Para poner un alto a los contagios, la primera medida debe ser el testeo masivo de todos los vecinos de Villa Itatí y Villa Azul y toda la población quilmeña. La garantía de una cuarentena no puede quedar en manos de quienes atentan todos los días contra ella, o sea la policía provincial, sino que debe contar con el control activo de los vecinos afectados. Que el Estado destine todos los elementos necesarios bajo el estricto control de un comité barrial que monitoree el cumplimiento de los reclamos de los vecinos mientras dure la cuarentena. El debate de un programa integral que haga frente a esta catástrofe, repetimos, no vendrá de sus responsables políticos sino de la organización y deliberación de trabajadores y vecinos. Rechazamos la presencia de Berni y su política en los barrios populares. Rechazamos que intenten disfrazar de medida sanitaria, lo que nada tiene que ver con ella. El acordonamiento colectivo de poblaciones pobres es fascismo.

Alberto Fernández reavivó la discusión sobre las cárceles. Denunció, en referencia al macrismo que “encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido, es todo marketing”. En cambio, añadió, “Tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione, es un acto inhumano.” Llevamos, sin embargo, sesenta y seis días de aislamiento social obligatorio y el estado sigue sin reaccionar ante el problema que asegura entender: en las cárceles, los barrios populares y los geriátricos, no ha cambiado nada. No sólo la Corte Suprema bonaerense suspendió las excarcelaciones. Ante la explosión anunciada de infectados en los barrios, han convertido a Villa Azul en una cárcel, de la mano de Berni, en lugar de desplegar un plan sanitario y alimentario integral, así como alojamientos para quienes han sido detectados, cuando hay enormes hoteles vacíos. Convierten en cárcel el barrio y mantienen las cárceles atestadas. Kicillof ha propuesto ampliar de 1.350 a 2.000 nuevas plazas el espacio en unidades de aislamiento dentro de los penales. Esta medida es rechazada como inhumana por los organismos de derechos humanos, debido las condiciones precarias de esa suerte de containers. América Latina En América Latina y el Caribe hay 1,7 millones de personas encarceladas. En un primer momento, se buscó aislar las cárceles como si fueran circuitos cerrados cancelando visitas y salidas transitorias, cuando, de todos modos, las unidades penitenciarias son circuitos abiertos en los que entran y salen mercancías y personas. El COVID-19 se ha convertido en la causa de muerte de aproximadamente 160 detenidos y personal penitenciario en la región, foco en Perú. Perú cuenta con más de 1.500 contagios confirmados y ha liberado a menos del 1% de la población carcelaria - 1067 presos. Colombia cuenta con mil casos. Ha liberado a sólo 566 de un total estimado de 122.000 presos, es decir, al equivalente a 0,89% de la población carcelaria. Brasil tiene 900 casos confirmados y se han liberado, desde el poder judicial, aproximadamente a 30 mil reclusos. El gobierno de Bolsonaro se opone a las excarcelaciones y ha insistido en usar contenedores para aislar a los infectados, pero estos dispositivos improvisados están prohibidos desde 2010 porque fueron declarados inhumanos. Chile tiene 685 casos y ha excarcelado alrededor de 1.300 presos en prisión preventiva y brindado la prisión domiciliaria aproximadamente a 1.600 reclusos por delitos menores. En México, Honduras y Argentina se ha excarcelado a menos del uno por ciento de la población penitenciaria. En El Salvador, donde hay casi 40 mil personas detenidas en cárceles superpobladas, se evalúa la liberación de 557 personas con riesgo sanitario. Equivale a 1,39% de la población carcelaria. Estos números son relativos dado que la falta de pruebas en las cárceles hace que se desconozca el real alcance de la enfermedad.

En las próximas semanas nos esperan dos fechas claves. El 28 de mayo, día internacional de la salud de las mujeres, hemos plantado bien alto la bandera del aborto legal, seguro y gratuito. La otra es el quinto aniversario del 3J, cuando salimos a gritar ni una menos contra los femicidios y la violencia contra las mujeres. Nos encontramos en un escenario catastrófico, sanitario y social. Los gobiernos y sus expertos pronostican millones de enfermos, cientos de miles de muertos, vemos fosas comunes en los países más pobres y los más ricos. ¿Qué clase de régimen social diseña tecnologías que controlan hasta los detalles de la vida de la población, pero es incapaz de prevenir un cuadro dantesco donde las principales víctimas son, siempre, los más pobres? “La vida cambió para siempre”, anuncian, pero se apresuran a despedir cientos de miles, confiscar salarios, destruir jubilaciones y subsidiar a los capitalistas con un cuarto del PBI mundial. En la Argentina, la pandemia desenmascaró las condiciones de vida de miles de trabajadoras y trabajadores en la ciudad más rica del país y en la provincia que produce el 35% de la riqueza nacional. Mostró cómo las lacras del capitalismo magnifican los daños en un contexto pandémico. Kicillof dice que en el conurbano hay 18.000 Villa 31 y que será impotente para atenderlos. Ni se le ocurre que los grandes hospitales privados deben ser puestos al servicio de la población. Falta agua, indispensable, en barriadas linderas a las torres de lujo de los Puerto Madero o las piscinas de los barrios cerrados. En el AMBA vive el 32 por ciento del país y se concentra el 82 por ciento de los contagios. La fracción más pauperizada de la clase obrera -por ejemplo, el millón y medio de empleadas domésticas- se convierte en presa del Covid-19. Ellas y las trabajadoras de empresas de limpieza -tercerizadas “esenciales” que no admiten licencias ni entregan equipos de protección- llevan el virus del trabajo a los barrios y viceversa. La precarización dejó a las mujeres en total indefensión frente a la barbarie patronal que suspende y despide. Los salarios miserables, incluso de trabajadoras bajo convenio, como docentes o enfermeras, explican por qué la mitad de los niños vive bajo la línea de pobreza. Por la legalización inmediata del aborto Como muchos centros de salud solo atienden casos con Covid-19, es muy difícil acceder a los servicios de ginecología y obstetricia. Se han duplicado las cesáreas. No entregan anticonceptivos ni misoprostol, violando el derecho al aborto no punible incluso en embarazos infantiles. Una vez más, solo queda la vía del aborto clandestino. Es urgente que el Congreso vote la legalización del aborto en los términos de la Campaña. Que habiliten ámbitos seguros para interrumpir los embarazos y para control de embarazadas y partos. La violencia contra las mujeres y los niños, estructural al sistema capitalista, antecede a cualquier pandemia. Pero se potencia por el aislamiento y el hambre. Hay un femicidio diario mientras las funcionarias publicitan números de teléfono. Las jornadas extenuantes del teletrabajo no respetan ni convenios ni horarios. Las patronales desconocen las licencias de las trabajadoras con hijos en edad escolar, agobiadas por las exigencias laborales, familiares y de higiene intensiva del hogar. Con la complicidad de la burocracia sindical y el gobierno, los patrones suspenden y despiden - ¡Incluso trabajadoras de salud! -, o pagan con descuentos el salario, aunque el gobierno prácticamente ha estatizado la plantilla salarial. Las mujeres, en la primera línea La lista de agravios es interminable. Pero como en todas las grandes crisis, como en todas las grandes revoluciones, las mujeres estamos en la primera línea contra el hambre, por el derecho a la salud y la vida de la familia obrera, en defensa del trabajo y del salario. Las docentes, único nexo de la escuela con los alumnos y sus familias, educan y contienen desde su casa, y colaboran en la distribución de la canasta alimentaria escolar sin la menor protección. Trabajadoras y profesionales de la salud (75 por ciento del gremio) han denunciado el colapso sanitario, movilizadas en defensa de la salud pública, de condiciones de seguridad para ellas mismas y para sus pacientes. Las mujeres de las barriadas exponen su vida en las ollas populares, sostenidas por su esfuerzo y donaciones porque lo que entrega el gobierno es nulo o totalmente insuficiente. No al pago de la deuda En medio de la escalada de contagios, los Fernández dedican sus esfuerzos a un acuerdo con los acreedores. En vez de reorientar los recursos nacionales a fortalecer el sistema de salud y al sostenimiento de la población trabajadora, se someten a un arreglo a gusto del capital financiero que significa exactamente lo contrario: ajuste, despidos, liquidación de las jubilaciones. Los enormes subsidios a las patronales ni siquiera tuvieron como contraprestación el cese de los despidos o el pago íntegro de la otra parte del salario. Así como la burocracia sindical vocifera que no es hora de paritarias ni de aumentos de salario -a pesar del aumento de los alimentos de la canasta básica- las feministas que responden al gobierno se han llamado a un estruendoso silencio por el 28 y el 3. Las que se querían desendeudadas y terminaron firmando solicitadas de apoyo al pago de la deuda han dado la espalda al movimiento de mujeres en sus horas más dramáticas. Llamamos a movilizar a las plazas políticas del país, en Buenos Aires a la Plaza Congreso el 28 y a Plaza de Mayo el 3 en unidad de acción con la asamblea de las fuerzas de izquierda. Tomando todas las precauciones para cuidar a la delegación de compañeras que asista. Estas movilizaciones deben basarse en una enérgica actividad en los lugares de trabajo, en asambleas virtuales, en las barriadas, que fortalezcan el estado de deliberación y sirvan para elaborar un programa integral de las mujeres ante esta catástrofe. En las barriadas, proponemos la creación de comités que unan en un mismo programa la lucha contra el hambre, la salud y la violencia contra las mujeres. Reivindicamos la experiencia de las mujeres piqueteras, que, en el año 2003, en la Asamblea Nacional de Trabajadores, en un cuadro de desesperante miseria social, elaboraron un programa de reivindicaciones y supieron unirlo a un programa político general de la clase obrera de denuncia del régimen social. Las mujeres somos parte de la lucha general de la clase trabajadora, la defensa de las condiciones de vida y de la vida misma plantea objetivamente un cuestionamiento radical de este régimen social. Es necesario consolidar una fracción del movimiento de mujeres que construya una corriente independiente de cualquier bloque patronal y se oriente -unida a sus compañeros- a la lucha por un gobierno de trabajadoras y trabajadores. Convoquemos el 28 de mayo y el 3 de junio a asambleas y paros en escuelas, hospitales, call centers y todos los lugares de trabajo, que sean visibilizados con campañas de fotos en las redes sociales. Paro de las compañeras aisladas en el teletrabajo. ¡Apaguemos las computadoras! Esto debe ser organizado en asambleas virtuales donde debatamos una salida para esta situación. Un programa integral de lucha de las mujeres Contra las presiones del gran capital, defendemos incondicionalmente la cuarentena. ¡Aborto legal ya! Que el Congreso vote de inmediato el proyecto de la Campaña. Distribución gratuita de anticonceptivos y misoprostol. Que se habiliten centros de salud exclusivos para ILE, atención de embarazos y partos. ESI laica y científica. NO al pago de la deuda y a las negociaciones con el FMI. Es una forma extrema de la violencia contra las mujeres y contra toda la población. La violencia contra la mujer es inherente al régimen capitalista, basado en la violencia y la explotación. Pretenden que así nos sometamos a la doble opresión, la esclavitud doméstica, la esclavitud sexual, la maternidad compulsiva. ¡Basta de femicidios! Que se habiliten refugios y hoteles. Subsidio igual a la canasta familiar para mujeres en situaciones de violencia Abajo las suspensiones, despidos, precarización y reducción salarial y jubilatoria. Los y las trabajadoras han salido a enfrentar el embate patronal, que pretende usar la pandemia para aniquilar conquistas centenarias: ese es el camino. La situación sanitaria, el hambre, el hacinamiento en las villas está siendo enfrentada por mujeres, algunas muy jovencitas, que exponen su vida en las ollas, la distribución de los alimentos a los aislados, el acompañamiento de los febriles. Que se abran los hoteles y las torres de lujo para atender a los enfermos, para aislar a las poblaciones de riesgo. Salario universal contra el hambre. Centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores.

Ayer se realizó la primera asamblea general de AGD-UBA desde que inició, hace dos meses, la cuarentena. La amplia participación de más de 200 asistentes da cuenta de la enorme necesidad de los docentes de discutir una orientación frente a lo que ha sido convertido en una emergencia educativa. Los informes de los secretarios generales de cada facultad mostraron que en todas las unidades académicas se están desarrollando las cursadas en forma virtual, en medio de un grave deterioro de las condiciones laborales. Desde la Naranja Tendencia planteamos dos ejes fundamentales. En primer lugar, reclamar la inmediata reapertura de la paritaria, partiendo de un piso no menor al 40% (teniendo en cuenta que con las paritarias de 2018 y 2019 perdimos un 38% contra la inflación). Pusimos de manifiesto también la situación que están viviendo los docentes que cobran la designación simple, menos que una IFE, y la necesidad de una garantía salarial de emergencia igual a la canasta básica. En segundo lugar, reclamamos la provisión de computadoras y conexión a estudiantes, docentes y no docentes; licencias pagas para personas con familiares a cargo o que formen parte de los grupos de riesgo; el desdoblamiento de las comisiones masivas y establecimiento de un tope de alumnos por curso virtual; respeto del horario laboral y derecho a desconexión. Es muy claro que las cursadas a distancia representan una sobrecarga de trabajo docente, que deben ser reguladas por las paritarias. La dirección de AGD se pronunció, en cambio, por la oposición cerrada a lo que calificó como “virtualización forzosa” y, por lo tanto, en contra del planteo de luchar por cualquier convenio o protocolo que regule el trabajo docente en esas condiciones – que no se encuentra, por otra parte, en estado de proyecto sino en aplicación. Los docentes, por supuesto, no debemos resignar en ningún momento el principio de la educación presencial, y en cualquier convenio de trabajo la modalidad virtual debe quedar como temporal, con fechas establecidas y sujetas a revisión. Precisamente porque es “forzosa, la virtualización debe estar sujeta a un protocolo convencional y paritario que defiende los derechos docentes y estudiantiles en las condiciones especiales del momento. La virtualidad “voluntaria” no existe como problema, porque lleva implícito el derecho al rechazo. La directiva de AGD ha preferido el propagandismo a la acción, o la pasividad a la lucha. Es muy difícil, para decir lo menos, hacer una huelga masiva en oposición al método ‘virtual’, diferente es si se trata de imponer nuestras condiciones a una emergencia de carácter colectivo. El planteo de la directiva no es principista sino verborrágico – la defensa de los principios requiere métodos de lucha concretos. Pasividad por dos Pero no ésta la única concesión de la directiva al gobierno y el rectorado. A la hora de discutir el salario, propusimos una semana de visibilización de nuestros reclamos, que incluyera: un paro de 24 horas y clases públicas virtuales para debatir con los estudiantes, visibilizar nuestro programa en redes, y asambleas en las facultades. Esta propuesta no sólo fue rechazada por la conducción, que no propuso una sola medida para reclamar por el salario y por condiciones de trabajo. La política de la Conadu (h), el sindicato nacional, hoy francamente cooptado al gobierno, también evita, por todos los medios confrontarlo. La verborragia contra “la virtualización forzosa” es la pantalla de esta inacción. También llevamos a la asamblea la propuesta de realizar una asamblea de mujeres de cara al 3J y un pronunciamiento contra las sanciones al compañero Daniel Iribarren del Clínicas, perseguido por denunciar la desprotección del personal de salud del hospital. Ambas propuestas fueron aprobadas por la asamblea. Pero la inquietud salarial y por las condiciones reales de trabajo no van a cesar. Crece entre los docentes la necesidad de un aumento salarial significativo y una regulación del trabajo virtual mientras dure la pandemia, lo que sólo se puede lograr con un plan de lucha y un programa claro. Lo contrario es un abandono de los trabajadores de la UBA a voluntad de las camarillas. Reapertura ya de las paritarias. Aumento no menor al 40%. Garantía salarial de emergencia igual a la canasta básica. Salario para los ad honorem. Inmediata regulación del trabajo virtual, por un protocolo temporal, debatido y redactado por los sindicatos docentes. Plan de lucha con clases publicas virtuales, paro por 24 horas campaña en redes y asambleas en todas las facultades.

El 28 de mayo, desde hace 23 años, ha sido declarado un día para “reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, así como para proponer acciones a favor de la salud de la población femenina mundial”. Este día fue establecido en el V Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en San José de Costa Rica del año 1987, el movimiento de mujeres lo ha transformado a lo largo de los años en una jornada de lucha y deliberación por sus reivindicaciones más sentidas. Principalmente vinculadas a la mortalidad materna, anticoncepción y aborto legal. El Covid-19 y la crisis del sistema sanitario colocan indefectiblemente a la mujer obrera en el centro de la pelea por la defensa de la salud y la vida. Así como en las guerras, las mujeres han sido reclutadas para llevar adelante las tareas de la primera línea de cuidados. Y esto las expone también a los mayores riesgos, tanto de contagio como de otros golpes colaterales producto del aislamiento o teletrabajo por nombrar algunos. “El riesgo de las mujeres de contraer COVID-19 puede ser mayor que el riesgo de los hombres, ya que las mujeres son proveedores de primera línea, que comprenden el 70% de la fuerza laboral mundial de salud y atención social, y realizan tres veces más trabajo de cuidado no remunerado en casa. ( https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30801-1/fulltext# ) Son las mujeres en los hospitales, las salitas barriales, las ollas populares, los asilos. Son las mujeres que en los hogares protagonizan la lucha contra la pandemia, defendiendo los intereses de su clase, arriesgando la vida. Las trabajadoras de la salud, a lo largo del mundo, fueron las impulsoras de asambleas para crear protocolos, reclamar los elementos de higiene necesarios y las formas más adecuadas para realizar la atención sin propagar el virus. Muchas son madres o mayores de 65 años, no hay grupo de riesgo para ellas. Son conscientes de su grado de exposición y el de sus familias, pero se han puesto al hombro una tarea histórica remunerada con aplausos. El famoso bono anunciado por el gobierno, de 30 mil pesos, se ha reconvertido una y otra vez en montos inferiores, cuotas y hoy ni siquiera ha llegado al bolsillo de las trabajadoras. El fantasma del 2001 recorre los barrios, las mujeres obreras levantan ollas populares para garantizar el alimento de las familias y sus necesidades más inmediatas, con hombres golpeados por los despidos y falta de trabajo, hacen malabares con los alimentos que logran recolectar, deliberan en asambleas y organizan la lucha contra este virus y por sus condiciones de vida. Como lo hizo Ramona en la Villa 31. Saben que, si ellas no lo hacen, nadie lo hará. El Estado ya definió la flexibilización para que avancen los contagios. Lo mismo las docentes que actúan como referentes en los barrios de sus escuelas, luchando por los bolsones de comida de calidad y para todos, organizando ollas, recolectando ropa para el frío y atentas a la violencia que crece en las casas de sus estudiantes. También afectadas por la sobrecarga laboral que pone en jaque su maternidad. Desde la pandemia las jornadas de teletrabajo se han transformado en una sobreexplotación que se extiende a lo largo de 14 o hasta 18 horas. Lo cual es incompatible con la maternidad y crianza, de responsabilidad femenina en la mayoría de los hogares. Luego de horas frente a las computadoras las mujeres se transforman en docentes ayudando a sus hijos a hacer las tareas y elaboran estrategias para que ellos no se vean afectados por el aislamiento social. Muchos hogares no cuentan con un lugar físico para separar el trabajo virtual de la familia, conviven los diferentes actores en casillas o monoambientes hacinados. Otro de los impactos en la salud de las mujeres es la violencia. Las restricciones de contacto social las dejan en manos de sus maltratadores. Como plantea Dolores Iglesias, quien sufrió los femicidios de su madre y hermana en la cuarentena, "ninguna mascarilla nos protege de la violencia, esta es la verdadera pandemia". La crisis sanitaria está recrudeciendo, en particular, en las villas, afectando a quienes menos recursos tienen para enfrentarla. El gobierno no habla de la actualización de los salarios con la inflación y mucho menos de las paritarias, frenadas en muchos gremios con la complicidad de las burocracias que avalan suspensiones y reducción salarial. Sin embargo, el gobierno si habla de los subsidios millonarios que efectivizó a las empresas y por supuesto del acuerdo con bonistas y el FMI. Las feministas K, "desendeudadas nos queremos”, quedaron del lado de quienes impulsan el saqueo de los recursos para combatir el virus y defender la salud de los y las trabajadores. El pago de la deuda implicaría reformas contra las conquistas de los trabajadores y una sangría para la clase obrera en su conjunto sin perspectiva de género. Este virus agudiza las contradicciones preexistentes bajo el capitalismo. Para salir de esta crisis sanitaria, social y económica se apela a la sobreexplotación femenina para exponerlas en primera línea, pero las proletarias organizan esa línea de combate para ponerla al servicio de la defensa de la salud de las mayorías, de la familia obrera. El 28 de mayo impulsemos la deliberación de las mujeres en los barrios y lugares de trabajo, levantemos nuestros pliegos de reclamos y retomemos la lucha por la legalización del aborto, un derecho esencial en medio de la pandemia. Tenemos por delante la lucha por un paro y la organización de las jornadas hacia el próximo #NiUnaMenos. ¡El futuro es nuestro! ¡Adelante compañeras!

Este miércoles 27 de mayo, los funcionarios de salud del CEMAR de la villa 21-24, informaron que el número de contagiados ascendía a 200 personas, cuadruplicando la cifra de casos confirmados hace exactamente una semana atrás. Los contagios confirmados esta semana corresponden a vecinos que se hicieron los hisopados durante los primeros días de la implementación del programa Detectar la semana pasada. Los funcionarios de los gobiernos de la Nación y la Ciudad no han querido entregar información respecto de cuántos de los 200 confirmados serán trasladados a hospitales, medida que en todo caso debió tomarse desde el primer momento en que se perfilaron como sospechosos de contagio. En todo caso, los propios vecinos enfermos denuncian que hace una semana están recluidos en sus casas sin recibir ninguna atención médica mientras esperaban los resultados de los laboratorios, en las mismas condiciones de insalubridad que favorecieron su contagio. Y hasta la semana pasada, el propio Ministerio de Salud había reportado la nada alentadora lista de derivaciones del Detectar: de un total de 127 casos sospechosos hisopados, sólo 31 fueron derivados a hospitales -entre ellas, las madres con bebés que denunciaron el maltrato y hacinamiento al que fueron sometidas en el Hospital Ramos Mejía-, 34 derivados a hoteles, ¡y 62 fueron devueltos a sus casas! También desde esta semana, los compañeros de la olla popular del Polo Obrero Tendencia denunciaron que las ambulancias ya no entran a buscar a los enfermos más agravados de Covid19, ni siquiera a los ancianos que presenten dificultades de movilidad. Esto lo confirmamos porque hace dos días debimos llamar al 107 para pedir una ambulancia para una anciana del sector Zavaleta que se había descompensado. La operadora que nos atendió fue muy categórica: “¿están seguros de que no es sospechosa de coronavirus? Porque si no, la ambulancia no puede entrar y deberán ustedes buscar la forma de llevarla a un centro de salud”. Como si fuera poco, el Estado sigue exponiendo con alevosía a las organizaciones barriales al contagio, pues el famosos programa sanitario del gobierno nacional “El barrio cuida al barrio”, que se promociona con la instalación de postas sanitarias destinadas a tomar la temperatura y la presión para supuestamente descongestionar los centros de salud, son en verdad instalaciones de toldos de plástico sobre las veredas de la villa, que nada tienen de profesional, y dónde son los dirigentes barriales los que hacen guardias de 4 o 6 horas. En cuanto a la situación alimentaria, después de veinte días de tener suspendida la entrega de alimentos, recién esta semana el Estado comenzó a traer cocinadas las 300 raciones que les correspondían a los vecinos del primer comedor cerrado por contagio. Salvo por esta reacción tardía, ninguna otra medida alimentaria ha llegado al barrio. La masacre del Estado contra nuestros vecinos de las villas miserias, así como la consecuente infección que pagará toda la Ciudad de Buenos Aires, sólo la podrá frenar la organización de los trabajadores. Las organizaciones y vecinos de la villa 21 estamos a un par de días de llegar a los niveles de contagios en los que se encuentra la villa 31 o la villa 1-11-14. Es momento de organizar un comité barrial independiente del Estado, que luche por un único pliego de reclamos y lleve adelante una única acción de fuerza que ponga en pie la coordinación de todas las villas y barrios que están siendo asesinados por los gobiernos de ignominia, como ocurre en villa Azul, en la zona sur la provincia de Buenos Aires, cuyas familias enfermas y hambrientas se encuentran cercadas por la gendarmería cual campo de concentración. Hay una abierta lucha de vida o muerte entre los trabajadores y el capital, y ahora es cuando los luchadores debemos plantarnos, organizar, y vencer.

La pandemia ha incrementado la crítica situación en la que nos encontramos las mujeres trabajadoras, desde el crecimiento de la tasa de femicidios y las denuncias por violencia hasta de la precarización mediante el teletrabajo y el aumento de las tareas domésticas y de cuidado de niños y adultos mayores que recaen sobre las mujeres. La clandestinidad de la interrupción del embarazo se sigue llevando la vida de muchas, a lo que se suma el incumplimiento de los protocolos de aborto no punible. El levantamiento de la cuarentena y las condiciones de miseria a las que nos somete el capital nos expone a la muerte, privilegiando las ganancias patronales y el pago al capital financiero. En este cuadro, las trabajadoras son las que se han puesto al frente de la defensa de las condiciones de vida de la clase obrera. Es lo que pasa en las villas, donde son las organizadoras de actividades como las ollas populares que buscan hacer frente al hambre, mientras se forman asambleas que debaten una salida tanto a los problemas generales como a la violencia de género. En la salud, donde la mayoría del personal es femenino, las compañeras se encuentran dando la pelea contra un Estado que desde hace años desarrolla un vaciamiento del sistema sanitario, en defensa de sus condiciones laborales como de la atención hacia quienes acuden a éste. El movimiento de mujeres, que se ha colocado como parte fundamental de los sectores en lucha a lo largo de los últimos años, vamos a transcurrir el próximo Ni una menos en este contexto, donde se vuelve cada vez más necesario que nos organicemos en defensa de nuestras condiciones de vida, luchando por nuestras reivindicaciones y, fundamentalmente, por la erradicación de la violencia. Para debatir todas estas cuestiones, realizaremos el sábado 30, a las 18hs, una charla-debate virtual con Olga Cristóbal, dirigente del Plenario de Trabajadoras, Jorgelina Signa, trabajadora de salud y dirigente del Partido Obrero (Tendencia) y Javiera Riquelme, del Polo Obrero – Tendencia. La charla se realizará por Zoom. Para anotarte, escribinos a las redes sociales del Plenario de Trabajadoras (Tendencia).

En la ciudad de Rosario fue encontrado un feto de 34 semanas envuelto en una bolsa dentro de un contenedor. Menos de quince días atrás, el pasado 12 de mayo, fue encontrado otro feto, en medio de una obra de construcción, también en Rosario. En toda la región y en el país, estos hallazgos se han vuelto moneda corriente. Se podrían poner sobre la mesa muchos ejemplos de mujeres, luego encarceladas, que han descartado fetos. Los motivos pueden ser diversos, pero giran en torno a una misma cuestión: las condiciones de vida de ellas y sus familias. La cantidad de casos como estos debe inscribirse en el contexto de crisis y pandemia que bombardea por todos lados la vida de la clase trabajadora y que por lo tanto condiciona absolutamente, no solo el derecho a decidir, sino también las condiciones de gestación. Las mujeres están obligadas a seguir el embarazo o en todo caso arriesgarse a perder la vida en un aborto clandestino. El derecho a la maternidad entra en cuestionamiento una y otra vez frente al aumento de la miseria. Tanto el peronismo como el Frente Progresista son responsables por esta situación. La provincia de Santa Fe esta hundida en un cuadro de hambre, desocupación, precarización laboral, despidos, suspensiones, salarios de pobreza. En una enorme cantidad de barrios, las ollas populares alimentan a la población. A su vez, las medidas adoptadas en el ámbito de la salud, como respuesta a la pandemia, dificultan el acceso a los centros de salud, entorpeciendo los procedimientos de ILE y hasta de los propios embarazos, ya que se han cancelado ecografías y controles de rutina. Al comienzo de la cuarentena, desde la Dirección de Salud Sexual municipal han hecho como primera recomendación ‘’evitar quedar embarazada y posponer el deseo de la maternidad’’. Como si estuvieran a disposición de todo el mundo las herramientas para evitar o prevenir embarazos, como si los centenares de casos de embarazos no deseados no existieran. Mientras tanto, la violencia hacia las mujeres y la cantidad de abusos sexuales se incrementaron en esta cuarentena. Con respecto a la ILE, como medida en función del cumplimiento de la cuarentena y para que no se acuda a los hospitales, desde el municipio se implementó la política de usar en la mayor cantidad de casos posibles, el aborto medicamentoso, distribuyendo misoprostol. No podemos olvidar los riesgos que corren las mujeres en los barrios con este tipo de abortos en condiciones paupérrimas de falta de higiene, hacinamiento y sin la posibilidad en muchos casos de pedir ayuda. La interrupción del embarazo con misoprostol tiene que estar respaldada en un seguimiento médico. Las medidas de precaución contra el contagio del virus no deben atentar contra la salud y seguridad de las mujeres. A pesar de los recursos que el municipio se jacta de brindar en términos de salud y reproducción sexual, la realidad demuestra que hay personas que no estarían pudiendo ‘’posponer el deseo de la maternidad’’ ni tampoco sostener el deseo de ser madre en estas condiciones de miseria. La aparición de fetos descartados en la vía pública da cuenta de una realidad que pone a las mujeres en esta encerrona en nuestra provincia y en Rosario. Tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal son responsables de esta situación. A días del Día internacional de la salud de la mujer y del 3J, la garantía de la salud y la vida de las mujeres no existe. Muchas mujeres sostienen embarazos en condiciones insalubres. La inexistencia de la IVE empuja a miles de mujeres a practicarse un aborto en las peores condiciones. El Estado violenta la vida de las mujeres y las condena a las situaciones más horrorosas como el descarte de un feto, penalizándolas después, u obligándolas a morir. Vamos más que nunca por la defensa del aborto legal, seguro y gratuito, por la defensa de la salud y la vida de las mujeres. La defensa del derecho a maternar es la defensa de las condiciones de vida de la clase trabajadora enfrentando despidos y suspensiones, licencias no pagas o denegadas por embarazo, por el salario y la lucha contra el hambre.

Finalmente, al cabo de más de dos meses de cuarentena, en FADU se ha anunciado el comienzo virtual de la cursada. Pero. ¿en qué condiciones? La defensa de la cuarentena como herramienta de protección del conjunto de la población frente a los contagios tiene que recoger esta excepcionalidad de ser la virtualidad el único medio para atravesar circunstancialmente el proceso educativo. Necesitamos una virtualidad exitosa que garantice el acceso a la educación y que supere los límites y la improvisación de las autoridades. El decano Cabrera ha presentado un “acompañamiento virtual” de las cátedras y les pide a los docentes que empiecen cursos de capacitación virtual. Las autoridades de la facultad buscan sortear todos los problemas que impone la falta de clases presenciales mediante una mayor explotación a los docentes, a quienes no se les reconoce las horas de trabajo extra que implican la modalidad virtual y las horas de capacitación sobre herramientas informáticas. No han recibido ningún tipo de aumento salarial y se les debe la cláusula gatillo de la paritaria 2019. Recordemos, además, que la FADU bate récords de docentes sin salario, los llamados “ad honorem”. ¿Y el centro de estudiantes? El CEADIG (al que la recientemente su conducción - Franja Morada y Coalición- ha decidido rebautizarlo como “CEFADU”) atraviesa esta crisis controlado por las agrupaciones de las autoridades. Por supuesto, no ha precipitado ni la menor instancia de organización estudiantil como tampoco se ha posicionado en favor de que los docentes. ¡Cuando más necesitamos nuestra herramienta de defensa de los intereses educativos, esta ha pasado a formar parte de las secretarías del decano! El frente que venía conduciendo el CEADIG durante los últimos años se partió por la incorporación de “La Corriente” (ex PCR) al gobierno de Alberto Fernández. “En Perspectiva”, la agrupación del Partido Obrero (Tendencia), convoca a retomar una historia de organización y lucha en la facultad de la que tanto estudiantes como docentes de la FADU hemos formado parte. Es necesario, por lo tanto, debatir un programa de reivindicaciones y un plan de lucha para poner en marcha al movimiento estudiantil de FADU. Es necesario, por todo esto, una asamblea virtual de estudiantes y docentes Reclamamos que se garanticen todas las herramientas y recursos necesarios para que la virtualidad no se transforme en un medio de deserción masiva y flexibilización laboral de la docencia. Aumento de becas y subsidios para garantizar la cursada virtual de los estudiantes Es indispensable la deliberación acerca de cómo se lleva a cabo y los modos de evaluación y adaptación de las materias, los cuales deben ser resultado del intercambio entre docentes y estudiantes para que se garanticen todos los derechos conquistados. Es necesario, además, discutir un reacomodamiento circunstancial del plan de estudios, que ponga en debate las correlatividades y la posibilidad de avanzar en materias que pueda adaptarse más fácilmente a la modalidad virtual. Control estudiantil y docente del presupuesto y convenios con empresas para volcar esos recursos al desarrollo de la virtualización y la estabilidad laboral de docentes y trabajadores. Apertura de la planta docente, aumento salario y reconocimiento de las horas extras que implica la virtualidad. Salario para los “ad honorem”. Capacitaciones pagas. Organización y empadronamiento de los estudiantes/trabajadores monotributistas Becas para compañeras en situación de violencia. Régimen especial de cursada. Democratización de los protocolos contra la violencia. Aborto legal, seguro y gratuito. No al pago de la deuda externa. Necesitamos esos recursos para la salud, la vivienda y la educación. Por una economía en manos de los trabajadores.

El último 25 de mayo, apenas dos días después de que el trío Fernández-Kiciloff-Larreta presentara una serie de gráficos mostrando sus "logros" de gestión frente a la pandemia, fallecía por coronavirus Agustín Navarro, dirigente de Barrios de Pie de la Villa 31. La noticia enlutó las actividades que se llevaron a cabo ese día, aprovechando la fecha para poner en pie ollas populares con locros y otras comidas en todos los barrios de la capital. Navarro es el tercer dirigente social de la Villa 31 que fallece por coronavirus. Los primeros dos casos, el de Ramona Medina y el de Víctor “el Oso” Giracoy, sucedieron hace apenas poco más de una semana. Navarro, al igual que los otros dos compañeros fallecidos, tenía problemas de salud que lo hicieron vulnerable al coronavirus. El fallecimiento de estos compañeros pone en evidencia la política criminal del gobierno: los grupos de riesgo no reciben aislamientos preventivos en hoteles para evitar los contagios. Son arrojados a su suerte en barrios hacinados donde el virus se expande a toda velocidad, alcanzando ya casi los 2.000 contagios en la 31, acumulando 3.000 entre todas las villas de la capital. El fallecimiento de dirigentes sociales arroja luz, a su vez, sobre otro hecho: el gobierno ha desatendido la asistencia social necesaria para sostener una cuarentena en regla, y son las organizaciones sociales las que se han puesto a la cabeza de levantar ollas populares y comedores para los vecinos que se quedaron sin ingresos. El gobierno no sólo descansa en estas organizaciones para paliar el hambre de las villas, sino que además les encomienda la tarea de relevamientos de los infectados, sin otorgarles ningún tipo de recuso para preservar su salud con esta tarea. Se trata del anunciado Plan Detectar que, como ya pusimos en evidencia en las páginas de Política Obrera, en el caso de la villa 21-24 generó una enorme crisis debido a la precariedad de las condiciones de relevamiento y testeo. Los militantes de las organizaciones sociales de las villas de la capital se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia, al igual que los trabajadores de la salud. La falta de una política estatal que garantice las condiciones y los recursos para esa primera línea se está cobrando la vida de varios compañeros y trabajadores. Las organizaciones sociales de los barrios debemos sacar las conclusiones de estos acontecimientos. Debemos enfrentar la política estatal de descansar sobre nuestros hombros con las tareas más riesgosas sin los recursos necesarios. Llamamos a los vecinos y las organizaciones a llevar a cabo una acción coordinada de todos los barrios que ponga fin a esta masacre social y sanitaria. Exijamos un protocolo sanitario, el aislamiento preventivo de los grupos de riesgo, que se pongan a disposición los hoteles vacíos de la capital, que se entreguen todos los recursos necesarios para llevar a cabo los relevamientos de vecinos infectados, por testeos masivos en todos los barrios.

Los trabajadores municipales de Salvador Mazza llegaron al paro luego de que el intendente Rubén Méndez se negara a pagar el 35% de aumento salarial y el pase a planta de trabajadores contratados. En un paro total, los trabajadores se apostaron en las puertas del municipio fronterizo con una olla popular exigiendo la satisfacción de sus reivindicaciones y rechazando la conciliación obligatoria. Los negreros del gobierno provincial y local Este martes, desde muy temprano, los trabajadores municipales de Salvador Mazza fueron al paro para exigir la satisfacción de sus reclamos, tras rechazar la oferta del intendente que ofreció un 30% escalonado, no remunerativo y no bonificable. El reclamo de los trabajadores responde a la demanda de años por el pase a planta de trabajadores que se encuentran contratados hasta de hace 20 años. El intendente viola su propia resolución, la cual ya es una negreada, de pase a planta permanente de todo trabajador con 6 años de antigüedad. Los salarios apenas llegan a los $35.000 si es que tienen antigüedad y algún título académico, muy por debajo del costo de la canasta familiar que oscila los $80.000. Ni hablar de los trabajadores “eventuales” que apenas llegan a los $5.000 y sin ninguna cobertura social o aporte. Los trabajadores de la recolección de residuos vienen reclamando elementos de bioseguridad necesarios para evitar contagios de COVID-19. Méndez y Sáenz sostienen la miseria y precarización a la que ha sido confinada la localidad fronteriza y exponen a los contagios a los trabajadores. Los que no están precarizados por el gobierno provincial como carreros, en el comercio entre Bolivia y Argentina, lo están por el intendente local. Sáenz y Méndez violan la cuarentena La respuesta del intendente Méndez y del gobernador Sáenz ha sido mandar a la policía y el GOPAR para amedrentar a los trabajadores en lucha. En nombre de que los trabajadores estarían “violando” la cuarentena pretendieron desalojarlos de las inmediaciones del municipio. Recibió el repudio generalizado de los trabajadores, quienes respondieron que el gobierno los obliga en tanto no les otorga lo reclamado. Los únicos responsables de la miseria, la desocupación y la precarización, que es moneda corriente en los municipios salteños, son todos los gobiernos que han pasado para devastar la provincia. La pandemia ha recrudecido esa devastación en la salud con cientos de casos de dengue, la educación donde miles quedan fuera por no tener accesos a la virtualidad, la falta de acceso a la vivienda y la precarización laboral o los salarios de pobreza. Sáenz y el intendente no tienen un planteo de solución para la población, por eso manda palos o la conciliación obligatoria, mientras benefician a los empresarios locales del transporte con subsidios millonarios. Llamamos a repudiar a cualquier intento de represión por parte del gobierno. Por el triunfo de la huelga de los trabajadores En esta huelga se juegan los intereses de los trabajadores, que son todos sus reclamos: 35% de aumento salarial hasta julio, otro 30% en agosto hasta diciembre en un solo pago y un bono de $8.000 en un pago, pase a planta permanente de los contratados, que se provea de elementos de bioseguridad a los que se encuentran en actividades. Si los trabajadores ganan esta pulseada será un punto de apoyo para todos los reclamos que puedan venir de otros sectores de la población, para equiparar el hospital local que enfrente los casos calamitosos de dengue, por ejemplo. Apoyemos la huelga para que se satisfagan los reclamos de los trabajadores en lucha.

La senadora por el F de T de Río Negro, Silvina García Larraburu, presentó por cuarta vez (como diputada lo había hecho en 2014, 2016 y 2018, pero nunca llegó a tener estado parlamentario) un proyecto para la creación de una Junta Nacional de Granos. Una mala copia de la original. Según el proyecto, la Junta se encargaría de controlar la comercialización de cereales, oleaginosas y los subproductos de los mismos. Aseguraría el abastecimiento interno, sin depender de los precios internacionales. En principio, esto choca con los grandes intereses exportadores. El proyecto de la senadora también prevé frenar el avance de los monocultivos y aumentar el valor agregado de las materias primas, una impostura en tanto y en cuanto, durante los doce años de gobierno K, el avance del ´yuyo´ (CFK dixit), o sea de la sojización nunca fue mayor. El ministro de Agricultura, Luis Basterra (mano derecha del sojista anti-campesino Insfrán), en reunión con la comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, se desligó del proyecto: “no está en el radar del gobierno tomar medidas en este sentido”, dijo. Las cámaras empresariales del agro y las organizaciones que componen la Mesa de Enlace se declararon en el mismo sentido. ¿Que fue la JNG? Con la crisis del 30 los precios de los productos agropecuarios se desplomaron. Entonces los conservadores ´liberales´ crearon la Junta Reguladora de Granos (1933), fogoneada por la vieja oligarquía que logró arrancarle al estado un “precio sostén” de los cereales. De esta manera, la oscilación del mercado internacional era atenuada por la “intervención estatal” (como ocurre ahora con el ´barril criollo´ que subsidia a las petroleras). En un principio, la JRG compraba a los productores, trigo, maíz y lino (a un precio mínimamente rentable) y actuaba como intermediario con los exportadores, a quienes se les vendía a cotización del precio internacional. La creación de la JNG no supuso la nacionalización del comercio exterior, muy por el contrario, las exportadoras y acopiadoras siguieron actuando durante los gobiernos de todos los colores políticos. Durante el primer gobierno peronista, el organismo fue reorganizado y se creó en 1946, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI), que estaba habilitado para llevar adelante la compra y ventas de bienes agrarios e industriales. Inmediatamente posterior a la finalización de la Segunda Guerra, con la depresión de los precios internacionales de los cereales, el IAPI garantizó a los productores precios sostenes superiores a los del mercado internacional. Un subsidio directo al capital agrario. Durante este período el peronismo tuvo una sociedad de hecho con la vieja oligarquía. Martínez de Hoz (padre de quien sería más tarde ministro de Videla) fue ministro de Agricultura y Ganadería del primer gobierno peronista. En 1955, se disuelve el IAPI y en 1963, el ente es reorganizado como Junta Nacional de Granos. A partir de entonces comienza una profundización en la extranjerización del comercio exterior. La Ley N°21.382, aún vigente, redactada por Martínez de Hoz, permite a las empresas girar las ganancias a las casas matrices. Ya en 1991 mediante el decreto 2284/91 se disolvió la JNG. En la actualidad el 90 % del comercio exterior de granos está en manos de diez compañías exportadoras. De las que se destacan Cargill, A.D.M. Agro, Bunge, COFCO y AGD. Vicentín lidera las exportaciones de subproductos, como harina y aceite. Inviabilidad del proyecto En el marco de la postración nacional ante los bonistas, el gobierno de AF es incapaz de llevar adelante una medida de estas características. En primer lugar debería enfrentarse con las grandes corporaciones exportadoras, ligadas al capital financiero que quiere cobrar la deuda. Otro frente de conflicto se presentaría con las entidades agrarias, que ya le torcieron el brazo a los nac & pop con la 125. Un nuevo choque acentuaría la debilidad del gobierno de AF, que no cuenta con los recursos políticos para un choque de esta envergadura. De ahí los ´paños fríos´ sobre la iniciativa. Los trabajadores debemos discutir una salida de carácter independiente que comprenda la nacionalización del comercio exterior y de la banca bajo control obrero. La expropiación sin pago de las grandes exportadoras, los puertos y elevadores privatizados. La nacionalización de la gran propiedad agraria y de la tecnología aplicada. En la misma línea se reclama la derogación de la ley videlista que permite la súper-explotación del peón rural y la defensa de las condiciones de vida de los trabajadores, comenzando por el aumento de emergencia de los salarios y su ajuste automático con la inflación.

“Enormes protestas tuvieron lugar en Minneapolis el martes por la noche. La policía con equipo antidisturbios disparó gases lacrimógenos y balas de goma contra la multitud” tras la muerte, la noche previa, a manos de un policía blanco quien “se arrodilló sobre su cuello mientras yacía en el suelo durante un arresto. Las imágenes del incidente mostraron a Floyd (el hombre asesinado finalmente por asfixia) gritando ´No puedo respirar´ y ´¡No me maten!´. Una multitud grande y diversa se había reunido al comienzo de la protesta, con algunos carteles que decían ´No puedo respirar´ y ´Asesino de la cárcel KKKops´ y cantando ´Enjuiciar a la policía´. Los activistas habían bloqueado el tráfico durante varias cuadras en todas las direcciones, y la multitud salió a las calles” (The Guardian, 27/5). Lo que más enardeció a los manifestantes es que en un video que se viralizó “se puede escuchar a los testigos gritando a los oficiales que se quiten del cuello de Floyd. Uno grita: ´¡Hermano, ni siquiera se está moviendo!´. Otro pregunta si ´¿te vas a sentar allí con la rodilla en el cuello?´. Luego en una conferencia de prensa, el martes, el departamento de policía de Minneapolis confirmó que ´murió poco tiempo después´ de un ´incidente médico´, luego de ser trasladado al hospital” (ídem). La reacción popular fue de tal magnitud que 4 policías debieron ser arrestados. Minneapolis-Saint Paul es una de las áreas urbanas más importantes de EE.UU.: “ha visto varios años consecutivos de protestas contra los asesinatos policiales de hombres negros … la reunión del martes fue una de las más grandes que el área metropolitana haya visto” (ídem). Desde el lugar del asesinato, “los manifestantes marcharon por el vecindario hasta el recinto policial de la ciudad, donde una pequeña pero enojada y persistente multitud se enfrentó durante horas con los oficiales que vigilaban el edificio. En el recinto, a medida que la lluvia caía fuerte, las ventanas se dañaron y los patrulleros fueron dañados con grafitis. Los manifestantes arrojaron botellas de agua y leche a los oficiales, gritando ´cerdos´ y ´cómo pudiste´. La policía disparó gases lacrimógenos verdes y granadas de aturdimiento para dispersar a la multitud que se acercaba a la estación” (ídem). Trump no se dio por aludido, pero Biden en cambio salió de su letargo y junto al gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, dijeron que los oficiales involucrados en la muerte de Floyd deben ser "más responsables". "Tenemos que llegar a la raíz de todo esto", dijo Biden (ídem). Los afro-americanos nunca dejaron de ser discriminados en EE.UU. Ahora con la pandemia de coronavirus se estima que los negros han muerto en proporciones tres y cuatro veces mayor a los blancos y se encuentran entre las minorías más afectadas de EE.UU. El levantamiento de Minneapolis puede ser el anticipo de un levantamiento a escala nacional. EE.UU. está en la antesala de un giro. La presión de Trump y la burguesía yanqui por quebrar la cuarentena, que el gobierno federal combatió siempre, está llevando a EE.UU. a un callejón sin salida: “a medida que la nación continúa con la reapertura, los datos continúan mostrando que dos docenas de estados de EE. UU. están viendo incrementos de nuevos casos de coronavirus” (ídem).

El cerco policial sobre la Villa Azul ha sido mucho más riguroso y efectivo que las medidas de atención sanitaria y alimentaria que se dispusieron posteriormente. Los vecinos denuncian que los testeos tienen lugar a cuentagotas, a pesar de los reclamos de familiares y allegados de personas que debieron ser internadas con diagnóstico positivo. Es muy claro, a esta altura, que el cercamiento por dos semanas -que convierte al barrio en un ghetto- delata la incapacidad oficial para montar un operativo sanitario enérgico y certero sobre un barrio de tan sólo 3.000 habitantes. Es un operativo para que el virus no salga de la Villa, y no para proteger a sus vecinos. Una ‘cuarentena’ en el sentido antiguo de la expresión ha sustituido al ampuloso “aislamiento social preventivo obligatorio”. ‘Countries”, villas, democracia Kicillof y el ministro de Salud, Daniel Gollán, justificaron el cerco a Villa Azul, porque lo mismo harían ante un “barrio cerrado o un consorcio”. Una cosa es, sin embargo, el control sanitario de la población que ingresa o sale de un barrio o un municipio – otra distinta es un encierro policial de una población por un período prolongado, renovable y trazado por encima de las disposiciones sanitarias, que los vecinos siguen reclamando. El carácter clasista del aislamiento de Villa Azul no se puede disimular – tampoco el método policial, que no está relacionado a decreto o ley alguna. La disposición a seguir con este procedimiento para el resto de las villas pone al gobierno al margen de la legalidad. La derecha se sirve del cerco a Villa Azul para reforzar su agitación contra el aislamiento… obligatorio, como lo hacen Trump, Bolsonaro, Piñera; pero el chileno también ha cercado las comunas que rodean a Santiago, después de dos meses de fracasos con el método de ‘viva la pepa’. La corriente política que apoyó a todos los golpes y dictaduras, desde el 55, y en especial la última, vuelve a la consigna de todos los golpes: la “libertad”. Es la misma que agita Bolsonaro. Países que lideran el ranking de la pandemia están presididos por agitadores ‘liberales’. No cuesta ver que se trata de un planteo capitalista, para reanudar un proceso de explotación, ahora armados con billones de dólares de ‘asistencia’ estatal. También es un arma de agitación hacia la pequeña burguesía que vive de una tienda, con intenciones políticas fascistizantes, a sabiendas que la ‘reapertura’ no va a resolver nada mientras la pandemia no haya sido derrotada, y prosiga la ola de quiebras provocada por la bancarrota financiera y la recesión, que han irrumpido en forma paralela a la pandemia. Sin barbijos ni testeos La larga cuarentena que ha entrado en esta crisis ha sido diseñada por Fernández, Kicillof y Larreta. Fue calificada, de entrada, como ‘dinámica’, esto para justificar la improvisación, como si desconocieran el volcán social que es Argentina. Se han tomado dos largos meses para poner en marcha una serie de testeos erráticos -Detectar-, poco numerosos y precarios, sin reunir los medios para desarrollar un plan integral. La cuarentena concebida por el FdT y JpC, no fue aprovechada para superar o paliar carencias del decrépito sistema de salud, ni elaborar alternativas habitacionales. Pactaron una ‘reapertura’ que tuvieron que dar marcha atrás desde el día siguiente a su anuncio. La existencia de barrios hacinados y sin agua no es, por cierto, un resultado de la presente pandemia, sino de un régimen social y político que ha gobernado, a través de todos sus partidos, a favor del acaparamiento privado del suelo. ¡Pero la pandemia no los ha apartado un milímetro de esa orientación social! No se han puesto a disposición los espacios necesarios -grandes hoteles, playas de centros comerciales, edificios desocupados- para descomprimir las villas y alojar a sus habitantes en peligro. Los slogans a favor de “quedarse en casa” no le dan respuesta a los millones de precarizados que no recibieron siquiera los 10.000 pesos del IFE, y que deben salir a exponer su vida y su salud para poder comer. Los rescates al capital funcionaron mucho más eficazmente que los escasos subsidios a la población sin trabajo. Una cosa es la oposición al cercamiento de un barrio pobre y al encierro físico compulsivo de sus habitantes en nombre de un plan de testeos masivos, tratamientos adecuados, espacios para el distanciamiento, otra cosa es denunciarlo para reforzar la libertad de mercado y la explotación social, respaldada con subsidios a las patronales. El gobierno recurre a un método fascistizante, el encierro por la fuerza pública de una población que reúne características sociales comunes – pobreza, precariedad laboral, hacinamiento. Ese método no le da el carácter de fascista, porque es una salida desesperada a un fracaso político; no podrá aplicarlo a villas de decenas de miles de habitantes ni con la ayuda de las direcciones ‘sociales’ cooptadas. La tendencia a las dictaduras o fascismos hunde su raíz en el impasse capitalista, para cuando los Berni, de un lado, y las Bullrich, del otro, unan fuerzas para salvar el lecho común, el estado capitalista. La posición de los socialistas es que se deben reunir todos los recursos para atender la salud de la población, incluida la expropiación bajo control obrero de las grandes compañías y bancos, y en especial empresas de salud y pulpos farmacéuticos, así como los grandes espacios habitacionales. Toda la producción debe estar dirigida al objetivo sanitario y alimenticio, en su sentido integral, lo que incluye la reconversión industrial. El francés Macron ha entregado miles de millones de euros a las automotrices para que fabriquen carros de lujo, que no interesan a la mayoría, o autos eléctricos, incluso cuando Francia carece de una red de energía urbana para atenderlos. Las llamadas ‘pulsiones’ autoritarias, en el proceso político, no están determinadas por ‘reaperturas’, por un lado, o ‘aislamientos’, por el otro, que no pasan de ser circunstancias de un proceso. La crisis de conjunto del capital mina la capacidad de arbitraje de los sistemas parlamentarios y acentúa la polarización política. Los obreros deben tener en cuenta esta dinámica y concentrar los esfuerzos en desarrollar organizaciones obreras independientes del capital y partidos que señalen en forma sistemática y metódica la vía del derrocamiento del capital y la consagración de gobiernos de trabajadores.

Con una importante adhesión docente y con una fuerte repercusión en los medios de comunicación locales, el miércoles 27 se cumplió el paro de 24 horas resuelto por la asamblea de ADIUNT. Durante la mañana, una delegación gremial se hizo presente con una protesta en las puertas del rectorado. El paro puso en la agenda universitaria el explosivo problema salarial de la docencia, que ha visto desvalorizarse de una manera excepcional sus ingresos en los últimos dos años como consecuencias de malos acuerdos paritarios. A esta caída se le sumó la quita de la cláusula gatillo pactada con la burocracia sindical el día previo al comienzo de la cuarentena, y los importantes gastos realizados por la docencia para sostener la enseñanza en condiciones de no presencialidad, como la compra o arreglo de computadoras, celulares, cámaras, etc. ADIUNT plantea la inmediata convocatoria a la paritaria salarial y la indexación mensual de los salarios, como así también la compensación de los gastos realizados, que es un derecho establecido en el Convenio Colectivo de los docentes universitarios. El paro también puso en cuestión la precariedad laboral de los docentes, que se ha agravado en el contexto de la cuarentena con una sobrecarga horaria y trabajo en condiciones para las cuales la mayor parte de los docentes no estaba capacitada. En la semana previa al paro, ADIUNT había arrancado la convocatoria a la paritaria local, donde se había establecido a validez de las licencias extraordinarias en el cuadro de la cuarentena y se había comenzado un debate sobre la regulación de las condiciones laborales en la virtualidad, en base a un pliego reivindicativo propuesta por el gremio. Las autoridades, sin embargo, no pretenden avanzar en estas discusiones paritarias y están buscando dilatarlas, posponiendo unilateralmente las reuniones. En la UNT, las violaciones a los derechos laborales y al convenio colectivo de trabajo son sistemáticas por parte de las camarillas y cada caso concreto de aplicación de algún derecho ha sido resultado de una lucha gremial consecuente. Esta situación se ha profundizado en la cuarentena. En la agenda del paro estuvo también presente el vaciamiento de la obra social y el reclamo de la garantía de conectividad para estudiantes y docentes. En las condiciones ultraprecarias en las que se sostiene la enseñanza universitaria en esta cuarentena, asistimos al peligro de una verdadera masacre académica y al aumento exponencial de la deserción estudiantil. Ni al gobierno nacional ni a las camarillas universitarias, se le mueve un pelo por esta situación. La semana próxima, una nueva Asamblea General debatirá un balance de la medida de fuerza y cómo darle continuidad al plan de lucha. El paro de ADIUNT constituye un punto de apoyo para desarrollar una campaña al interior de los sindicatos universitarios y educativos por un plan de lucha en defensa del salario y de las condiciones laborales.

El primer cuatrimestre “virtual” en la UNR ha sido un fracaso, tanto para estudiantes como docentes. Las medidas de “contención” del rector Bartolacci resultaron pura demagogia. La deserción estudiantil se ha extendido y las condiciones de trabajo docente han empeorado. Las becas no llegan, o llegan muy tarde, mientras vemos al rector subestimar este reclamo en la última reunión del Consejo Superior. Nada positivo para los estudiantes ha salido de estos espacios copados por las camarillas que dirigen nuestra universidad. Ataque a los docentes El rectorado impulsa de manera unilateral la aplicación de un “protocolo para el desarrollo de actividades académicas con acompañamiento pedagógico” para avanzar a fondo con el año académico con toma de exámenes incluido. Los docentes nucleados en COAD criticaron la aplicación de este “protocolo”. Un 80% de los docentes expresa que están trabajando de manera sobrecargada y un 55% indicó que su situación económica se vio afectada por la cuarentena (encuesta del sindicato). Además señalan que en su Convenio Colectivo de Trabajo no está considerado como obligatorio el trabajo de modo virtual. También señalan que un 60% de los docentes no están de acuerdo en tomar exámenes en estas condiciones. En algunas facultades, los decanos y los consejeros directivos alineados a las camarillas del rectorado han avanzado en aplicar este “protocolo”. La Franja Morada y el Frente Patria (kirchnerismo) se han posicionado, con el mote de la defensa de las regularidades, como el mayor factor de presión sobre los docentes para continuar el proceso pedagógico cueste lo que cueste. Nuestra posición es clara: ninguna imposición por parte de las camarillas anti-educativas: foros de debate por carrera y por catedra para acordar criterios pedagógicos de evaluación y regularidad. Orientación social de la universidad Poner a funcionar la universidad en estas condiciones responde a motivaciones políticas de las camarillas de la Franja Morada y el kirchenerismo que dirigen la UNR hace más de 10 años. La UNR es una “unidad de negocios”, con convenios con más de 60 empresas privadas, con capital invertido que necesitan movilizar ¡Ni hablar de la friolera de 130 carreras de posgrados pagos que doblan en cantidad a las carreras de grado gratuitas! Los compromisos que manejan las autoridades con estas empresas que financian la UNR -muchas veces con recursos mayores a los asignados por el presupuesto nacional- son el condicionamiento principal. Las empresas, ante el colapso económico del país, actúan como principal factor de presión para el levantamiento de las medidas sanitarias. El Estado y la Universidad deben ampliar su presupuesto para garantizar el proceso educativo virtual. La ampliación de la planta docente, el pase a planta de los miles de ad honorem de la UNR, destinar fondos para la capacitación docente y la adquisición de recursos virtuales, y a un plan de becas para paliar la deserción, para eso es necesario contar con personal administrativo para organizar la implementación urgente de este plan y auditado por comisiones compuestas por estudiantes y docentes. La FUR La Federación Universitaria de Rosario, dirigida por el ALDE-PCR, sectores alineados al gobierno de Fernández y agrupaciones estudiantiles del rectorado, se ha convertido en los “gestores” de las políticas de “bienestar estudiantil” de Bartolacci, limitados a completar formularios para presentárselos a la administración, funcionando en una suerte de toma y daca con las autoridades universitarias. Los centros de estudiantes no han convocado a una sola asamblea para que los estudiantes puedan deliberar. Los estudiantes no nos podemos quedar quietos ante esta política que acentúa la crisis. Abramos un canal de discusión: asambleas en todas las facultades Todas las reivindicaciones de los estudiantes, docentes y no docentes deben tener un canal de expresión. Solo la deliberación colectiva podrá orientar el conjunto de los reclamos pendientes mientras se va el cuatrimestre sin poder encontrar un acuerdo común a la modalidad virtual. Se impone la necesidad de convocar inmediatamente a asambleas virtuales abiertas en todas las facultades, que debatan estas problemáticas y los medios de lucha para satisfacer las demandas urgentes.

A esta altura de los acontecimientos, los permanentes cortes de agua en las villas de la capital ya se han convertido en uno de los grandes factores de propagación de los contagios del coronavirus. En la 21-24, desde hace varios días, cada vez más vecinos vienen padeciendo la falta de suministro de agua corriente. Ante la falta de respuestas por parte del Estado y de Aysa, las organizaciones barriales que componen la Red de Mujeres y Disidencias de la Villa 21-24, convocaron este miércoles a un corte de calle en la esquina de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield bajo la consigna “No permitamos que haya más Ramonas ¡Queremos agua ya!”. Participaron cerca de 80 vecinos de distintas organizaciones. Desde la Tendencia del Polo Obrero nos sumamos a la convocatoria, y estuvimos presentes en la jornada de protesta. Durante esta jornada se denunció que la falta de suministro de agua afecta a sectores l villa, como Pavimento Alegre, Tierra Amarilla y diez manzanas más. Incluso el centro de salud pública del barrio, el Cesac N°8, quedó sin el suministro. Además, varias manzanas se encuentran desde hace dos días sin suministro de luz. Este piquete se organizó en el contexto de la explosión de casos confirmados con Covid en las villas miserias de la capital. En la 21-24, el número de contagiados ascendió a 200 -ver https://politicaobrera.com/politicas/1386-200-contagiados-en-villa-21-organizarnos-es-de-vida-o-muerte -, siendo el tercer barrio con más contagios, detrás de la Villa 31 y la 1-11-14. Al finalizar el piquete, la Red realizó una asamblea para definir los pasos a seguir. Se aprobó redactar una declaración de prensa con un pliego reivindicativo y convocar a una rueda de prensa en la villa junto al comité de crisis para el próximo viernes al mediodía. Entre los puntos de acuerdo de las organizaciones presentes, se acordó la exigencia del restablecimiento inmediato de los suministros suspendidos; la mejora inmediata de las condiciones bajo las cuáles los vecinos del barrio son llevados a realizarse los test en el CEMAR, así como la garantía de un transporte sanitario adecuado hasta los hospitales; que toda la infraestructura de la Ciudad como los hoteles, queden a disposición de la crisis sanitaria; que se abran refugios saludables para mujeres y niños en condiciones de violencia; y la inmediata asistencia alimentaria. Las mujeres se han transformado en el motor y vanguardia de la lucha de los barrios por la defensa de la vida de sus familias durante la crisis sanitaria; y en la villa 21-24, el piquete está volviendo a ser una herramienta de lucha recurrente. Las organizaciones sociales nos encontramos en el frente de mayor riesgo en la lucha contra la pandemia, al igual que los trabajadores de la salud; no es casual por tanto que tres dirigentes sociales hayan perdido la vida en la Villa 31. Se impone la necesidad de una coordinación de las villas de la Capital, impulsando una lucha en común con cortes de calles simultáneos en cada barrio, y con un programa en defensa de todas las familias obreras. Retomemos los métodos históricos en defensa de los intereses de los trabajadores y desocupados de la Capital, abramos una nueva perspectiva estratégica a la clase obrera.

Transcurridos dos meses y medio de pandemia con cuarentena y “aislamiento social”, los parámetros de miseria y contrastes sociales se han agravado en Berazategui. Las largas horas de cola para recibir alimentos (bolsones) a través de los colegios públicos, en varios barrios, exteriorizan cómo se extiende el hambre en el Distrito. En la EP 22 de Plátanos, a fines de abril, colapsó el operativo de entrega de alimentos por el aglomeramiento de gente; lo mismo vale para la Media 4 de Barrio Marítimo, o la EP 5 frente a la estación del FFCC Roca, en pleno centro de la ciudad cabecera del Municipio. Si bien Berazategui, es y conserva las características de un Distrito “industrial”, gran parte de las familias trabajadoras viven del trabajo precarizado, de changas eventuales, que, con la pandemia, la cuarentena y el “aislamiento social”, vieron afectadas sus economías. La gestión del intendente Mussi apenas ha atinado a activar en algunos clubes de fútbol barrial, la entrega de bolsones o viandas, “ollas comunitarias” ensayando una suerte de sustituto de los comedores barriales que -como es el caso de los que ha abierto la tendencia del Polo Obrero de Berazategui- están en plena expansión. Efectivamente, en Berazategui hemos retomado el sello histórico con el que en el período del “auge piquetero” era nuestra “marca distrital”. Los merenderos y ollas son el puntapié para desarrollar comités de acción barriales y vecinales por todos los reclamos, no sólo la asistencia estatal con alimentos e insumos sanitarios contra el coronavirus, sino los reclamos por la red de agua potable, las cloacas, el gas natural, los asfaltos, el saneamiento y limpieza y parquización de los barrios, la fumigación para parar la extensión del dengue, el problema de la vivienda obrera y el trabajo genuino con el pase a planta de los precarizados. Un tema importante fue el reparto de los “bonos para compra de mercadería”, que todos los meses reciben miles de familias. La cartera de promoción social “olvidó” informar a los beneficiarios que los asistentes sociales irían a sus domicilios y los proveerían de manera presencial, para evitar “aglomeraciones” en el Palacio comunal. Como resultado, varios hogares se quedaron sin estos bonos, por no encontrarse los titulares al momento de que el asistente social visitara la casa. Finalmente, Mussi reemplazó estos “bonos” por la entrega de bolsones a domicilio, pero sin restituir a los vecinos dados de baja en abril. Para peor, tampoco habilitó ningún canal de reclamo. El tema de las salas de salud en las barriadas es otro apartado del ajuste y la desinversión mussista. Sólo cuatro, de las 26 existentes, atienden con guardias de 24 horas. Ninguna cuenta con el personal sanitario e insumos suficientes, no digamos ya que deberían haber sido reforzados en esta etapa de pandemia. Otro punto de reclamo, muy sentido, es el hacinamiento de las familias obreras, que no tiene miras de ser solucionado o encarado por las autoridades municipales con un plan de viviendas populares, desbaratando el acaparamiento del suelo urbano por el capital inmobiliario. Mientras los countries y barrios cerrados se han desarrollado como hongos, 25000 familias se hacinan en terrenos donde conviven la familia primigenia con sus extensiones, tornando la situación en barrios como Asunción, Mosconi, Jacarandá, Villa Mitre, Belgrano, Argentina, Güemes, 3 de Junio, Santa Rosa, La Loma, La Colina, B1ustillo y Kennedy Sur, en barrios que nada envidian a las condiciones de la Villa 31 o a Azul-Itatí. El Partido Obrero (tendencia) de Berazategui se moviliza por todos los reclamos. Hemos impulsado petitorios que estamos haciendo firmar a los vecinos que se acercan a cada merendero, comedor y olla de la tendencia del Polo Obrero, para presentarlos a la Municipalidad. Que se aumente el presupuesto de salud para una mejor atención vecinal. Reequipamiento de las salas, designación de personal, provisión de insumos, guardias y atención al público las 24hs, con supervisión vecinal. Que provea de alimentos a todos los desocupados y que garantice el bono alimentario a todos los beneficiarios a los que no ha atendido. Pongamos en pie comités barriales independientes, que unan a los trabajadores y vecinos ocupados y desocupados.

Luego de la lucha con la que se logró imponer un protocolo para defender a los trabajadores del contagio de coronavirus (Política Obrera 6/04/2020), la cuestión salarial y la apertura de la paritaria pasaron a ser la prioridad de los trabajadores de Radio Nacional. Aún con las restricciones que impone el aislamiento, el tema salarial rápidamente volvió al centro de la escena, acicateado por una paritaria que se encuentra en cuarentena desde antes del inicio de la pandemia. La patronal adeuda el tramo de enero-abril del acuerdo salarial 2019/2020 -que ni siquiera fue discutido- y la paritaria 2020/2021 tampoco fue abierta. El salario, en promedio, oscila los 40 mil pesos, es decir, muy lejos de los 75 mil de la actual canasta familiar. Desde inicios de abril hasta la fecha, se realizaron varias asambleas virtuales, las cuales fueron creciendo en número. Si bien, en las primeras asambleas, el eje era cómo defender y hacer defender el protocolo tanto en el lugar de trabajo como vía remota para quienes realizan teletrabajo, la inquietud de los compañeros ante una inflación que carcome día a día nuestro poder adquisitivo se puso de manifiesto en todo momento. Se votó una campaña de agitación que arrancó en abril vía redes y, en la medida de lo posible, mano a mano, con afiches y volantes a través de los compañeros que deben concurrir a trabajar a fin de asegurar la dotación mínima de personal. El núcleo de la campaña: inmediata reapertura de la paritaria, y en tanto una suma fija, mensual y remunerativa de 15 mil pesos hasta que efectivamente se reabra la negociación salarial; pase a planta de todos los trabajadores precarizados. La repercusión de dicha campaña fue muy positiva y fue recogida por compañeros afiliados a otros sindicatos actuantes en RNA. Acto seguido, le propusimos a tres de estos gremios, con bases reales en la Emisora, la posibilidad de elevar un pedido formal en conjunto a la empresa con estas reivindicaciones, iniciativa que fue aceptada y llevada adelante. En todo caso, los trabajadores, sin distinción de pertenencia sindical, tienen muy presentes las enormes luchas encaradas entre 2018 y 2019, contra la política de vaciamiento y paritaria cero que quiso imponer la gestión macrista. Aquellas luchas incluyeron 7 días de paro y un sinfín de acciones con ceses de actividades; y por sobre todas las cosas, aquellas luchas se hicieron a través del método que desde ATRaNa defendemos y militamos desde hace más de 10 años: la Asamblea General de Trabajadores. La continuidad de esta campaña se está desarrollando con videos informativos, textos y las próximas acciones a seguir las va a decidir el conjunto de los trabajadores en una próxima asamblea virtual donde evaluaremos la respuesta de RTA a nuestros reclamos. Por ello, en este marco de pandemia, crisis terminal y carestía imparable, llamamos a todos los trabajadores de RNA a que vayamos a una gran Asamblea General por la defensa de nuestra salud, la de nuestras familias y nuestro salario; por el pase a planta de todos los compañeros precarizados. Por la unidad de la clase obrera.

Contanos en qué situación se encuentra el barrio. Nosotros hicimos un piquete acá, en el acceso, porque había muchos casos de CODVI 19 en el barrio y no hacían los testeos correspondientes. Tengo familiares en la UNQ internados; también mi prima, que fue el primer caso que se detectó en la villa, está internada en el hospital de Wilde. A raíz de esto, cerraron todo el acceso con la policía. No dejan entrar ni salir a nadie mientras pasan casa por casa haciendo los testeos. Cerraron todo de golpe, vallaron y no dejan entrar a nadie más. La ayuda del gobierno que está llegando son fideos, arroz, puré de tomate, todo eso. Lo que todavía no trajeron es carne y verdura; también están trayendo pañales y la garrafa gratis, agua y ahora están dado toallitas femeninas, jabón, cosas para la higiene. Nosotros estamos encerrados todos en casa, tengo a mi hijo con una bebe de tres meses y a mi otro hijo con su señora. Nosotros somos diez los que vivimos acá, en mi casita de madera, y bueno, también tengo la zanja atrás que es un asco, un foco de infección muy grande. Esto es un caos, y sigue saliendo gente con Covid19 en el barrio, así que no sabemos hasta cuándo vamos a estar vallados. ¿La mercadería que entregó el gobierno alcanza? La ayuda que da el gobierno es todo seco. Alcanzar… alcanza para varios días, pero como te dije antes, sin verdura y sin carne es imposible. Tratan de traerme mis hermanos en lo que pueden y en lo que la policía los deja alcanzarme las cosas. Porque la policía no deja que nadie se acerque a las casas y, bueno, dentro de lo que puede traerme mi familia me lo traen: papa, cebolla, zanahoria y algún poco de alitas para tener que cocinarles a los chicos más que nada. Encima estoy sin un peso en el bolsillo, y no nos dejan salir al cajero. Yo soy pensionada y no me dejan ir al cajero para cobrar mi plata y abastecerme de todo lo que me haga falta para no salir para la cuarentena. No se puede salir. ¿Qué pasa con los que dan positivos? En tu casa, ¿hisoparon a todos? No hisoparon a nadie de mi familia. Mi marido estuvo con una fiebre leve y un dolor de garganta. Hoy fue a la salita y le dijeron que espere para ver cómo lo trata hoy, si tiene los síntomas, que espere hasta mañana para ver si vuelve a levantar fiebre y si el dolor de garganta aumenta. Entonces sí lo van a hisopar porque si no es hacer un test al pedo, por eso no le hicieron. ¿Cómo es el trato de la policía? Mi hermano vino a traerme una bolsita con verduras, y el policía le dijo que no podía pasar. Como mi hermano insistió en acercarme la comida porque no teníamos nada, el policía le contestó que el gobierno nos está dando todo. Entonces le dijeron que no nos estaban dando nada de verdura y carne. El policía se hizo el malo y le quiso pegar, diciendo que el gobierno nos da todo, y eso es mentira, el gobierno no nos está abasteciendo con todo porque yo no puedo cocinar un guiso si no tengo lo necesario para ponerle a la olla, no puedo ponerle puré de tomate y arroz y hacerle un guiso así a los chicos, ¿me entendés? Acá la policía hace abuso de poder en cuanto puede. Si nos colgamos del portón, enseguida nos gritan “váyanse, abajo”, como si fuéramos animales o como si fuéramos una peste. **¿Cómo hacen los que deberían salir a trabajar? ** La verdad es que no sé cómo hacen porque no dejan entrar ni salir a nadie. No te dan permiso ni justificativo para nada. Vivo al costado del acceso, no sé mucho porque no salgo, me informo por la tele y por mensaje con los grupos que armamos en la villa. **¿Cómo se organizaron los vecinos? ** Los vecinos hicieron grupos en el WhatsApp para mantenernos informados de todo lo que está pasando, de las cosas que van pasando, así repartimos. Más o menos organizamos, nosotros tenemos un comedor que tiene 80 familias, nos dejan algunas cosas ahí. Cuando llega mercadería, nos mandan un audio y nos reparten a las familias que tienen en una lista. **¿Cómo hacen las personas que llevan donaciones? ** Algunos llegan al acceso, en la bajada de Bernal. Desde ahí subimos al acceso con los comedores y bajamos todo. Es la única forma con un vehículo. ¿La policía te deja? No, pero subimos igual, esperamos arriba y bajan como periodistas y ellos no dicen nada. A los periodistas no le dicen nada porque, bueno, los medios ¿viste?

En los últimos días sesionaron -de manera virtual- el Consejo Superior y los Consejos Departamentales de las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de las Artes (ex – IUNA), por primera vez desde el comienzo de la cuarentena. El informe de la rectora Torlucci buscó ocultar la crisis educativa que existe en la UNA: celebró la creación de 18 mil usuarios en la plataforma educativa (“EVA”), pero ¿cuántos de ellos están efectivamente cursando? Lo cierto es que la mayoría de las materias no se pueden dictar a distancia. Algunos relevamientos estudiantiles indican que una mayoría no pudo inscribirse o cursa sólo una materia. Esto revela la necesidad de discutir un plan de urgencia para combatir la deserción (más presupuesto, contrataciones docentes, mayor oferta académica), como así también para amortiguar la carga de tareas de docentes y no docentes, concretar las designaciones pendientes de interinos y ad-honorem, entre otros. Sin embargo, los consejeros negaron tratar todos estos problemas fundamentales; en cambio, sí votaron ¡aumentar los aranceles de los posgrados y extensión! Un régimen que se autoperpetúa La preocupación central de las autoridades fue tratar un proyecto para prorrogar sus propios mandatos durante la cuarentena, tanto para la rectora y decanos como para los consejeros de claustro. Según ellos, así se mantendría la legalidad del gobierno universitario, ya que no habría elecciones de consejeros este cuatrimestre. Pero el estatuto de la UNA no habilita la “autoextensión” de mandatos, ni tampoco a elegir rector por fuera de la asamblea universitaria. El motivo fundamental de este proyecto de prórroga era refrendar políticamente a sus gestiones, una suerte de campaña a las próximas elecciones de decanos y rector. Es también una re-afirmación del régimen universitario anti-democrático vigente, duramente cuestionado por una parte de la comunidad universitaria ante los atropellos y desidia vistos durante la cuarentena. Desde el centro de Visuales y nuestras consejeras de Caleidoscopio (UJS Tendencia e Independientes) colocamos las problemáticas centrales en el consejo departamental y votamos en contra de dicho proyecto, aclarando que no íbamos a dar un apoyo político a las autoridades ni tampoco al régimen anti-democrático que las sostiene. Fuimos los únicos en votar en contra. El movimiento estudiantil A raíz de la “carta abierta” que publicamos del centro de Visuales, todos los centros de estudiantes de la UNA nos hemos reunido para discutir acciones conjuntas, por primera vez, luego de cuatro años. En los dos encuentros desarrollados hasta ahora, se expresaron los reclamos y comunicados comunes, pero también nos encontramos frente a un debate. El kirchnerismo (conducción de Crítica de Artes) en tándem con la UJS oficialista (en la conducción de Movimiento) insistieron en que los centros exijamos la sesión regular de los consejos. Una vez convocadas las sesiones, el kirchnerismo retiró su firma porque “los reclamos ya fueron atendidos” y la UJS (O), a su vez, convalidó el mandato de las autoridades (dos veces y en dos sesiones distintas), con una grotesca defensa “para que se respeten los espacios de consejo”. Las otras conducciones (Dramáticas, Audiovisuales, Folklore y Formación Docente) también votaron a favor de la prórroga de los mandatos, si bien habían coincidido con nosotros en acentuar el carácter sindical de nuestra reunión de centros y no colocarla a la rastra de los consejos. Algunos de ellos han mencionado, conscientemente, la contradicción que implica votar una “autoextensión” de un mandato. Pongamos en pie al movimiento estudiantil Por nuestra parte planteamos a la reunión impulsar medidas de acción (juntada de firmas, acciones virtuales y tuitazos) que movilicen a los estudiantes de la UNA como presión para que se atiendan nuestros reclamos. Advertimos varias veces en contra de alimentar expectativas en los consejos, donde las autoridades se valen de su composición anti-democrática para hacer valer sus intereses de minoría. Bajo esta perspectiva, seguiremos participando y promoviendo las reuniones de centros. Las próximas tareas que tenemos por delante: censo de la situación real del estudiantado de la UNA, becas universitarias, equipos y conexión a internet para todas las plataformas, aumento de presupuesto para más contrataciones y ampliar la oferta horaria, creación de cursos intensivos y empadronamiento de los estudiantes sin cursar para tomar medidas de contención. Con estos objetivos, hagamos crecer la organización de los estudiantes en la UNA.

Tras los anuncios del sábado pasado junto a Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inició una fase de retroceso en la apertura de la cuarentena que había iniciado el 12 de mayo. Larreta ordenó el cierre de aproximadamente 10 mil comercios y un mayor control del uso del transporte público a partir del viernes que viene. Los anuncios El ministro de Salud de la CABA, Fernán Quirós, declaró que los contagios en el distrito irán en ascenso y que pasarán unas seis semanas desde la etapa más crítica hasta que haya una merma. El funcionario larretista sostiene, en deliberado contrapunto con la política desplegada por Kicillof y Berni en Provincia de Buenos Aires, que, en las villas y asentamientos de la Ciudad, donde se han disparado los casos de manera alarmante en los últimos días, no se va a recurrir a cercos militares. “Es más eficaz ir a la búsqueda de potenciales casos, para identificarlos y distanciarlos de su familia”, afirmó. Parte de las medidas serán convertir el predio de Costa Salguero en sector de alojamiento para los casos leves de Covid-19 que se produzcan entre personas en situación de calle. El emplazamiento se compondrá de cinco sectores (dos para mujeres y tres para hombres) con capacidad para 798 personas, a cargo de un equipo de 285 asistentes y profesionales de diferentes áreas. Un número de plazas totalmente insuficiente para hacer frente a la afluencia de casos que se espera. También se destinarán hoteles de la zona de Once y Constitución para el aislamiento de las personas detectadas en las villas. Estas medidas llegan tarde y mal, más teniendo en cuenta que diferentes organizaciones vecinales, de derechos humanos y políticas venían denunciando la falta de testeos masivos y asistencia alimentaria, lo que convertía el riesgo potencial en contagio seguros. No responde a una fatalidad natural esta explosión de casos sino a una política pública de dejar como último orejón del tarro a los asentamientos cruzados por el hacinamiento, la pobreza, el hambre y la falta de agua. Todos los gobiernos dejaron que esta situación siguiera el rumbo inexorable del contagio masivo. Sabían que había que atender las villas, los geriátricos y las cárceles y, sin embargo, lo dejaron correr. Las villas 31 y 1-11-14 pasaron días sin agua. Se otorgó un subsidio de $10.000 para 68 días de cuarentena que sólo llegó a algunos. Nadie puede vivir con esa miseria de asignación. Tras iniciar el Plan Detectar de manera tardía en la Villa 1-11-14, hay familias que denuncian haber estado más de 24 horas dando vueltas, en un raid iniciado en el Club San Lorenzo, luego haber sido alojadas en una unidad de aislamiento (que no es una sala en regla) del Hospital Piñeiro o Durand para esperar el testeo y ser trasladada a un hotel para realizar cuarentena de dos semanas. Relatan haber pasado frío y hambre en todo este proceso sumado a la angustia y al miedo producto de la enfermedad y de la preocupación de abandonar sus casas ante posibles ocupaciones durante su confinamiento. También hay casos de familias que son testeadas parcialmente (sólo casos sintomáticos): mientras internan a unos en algún hotel, a los demás los dejan esperando hasta testearlos. El resultado, en la mayoría de los casos, es más que previsible: toda la familia tiene el virus y encima son separados, quedando alojados en diferentes establecimientos hoteleros. Muchas familias sostienen que la atención en estos hoteles lejos está de ser adecuada y quedan lejos de los barrios por lo cual hace imposible a los familiares acercarse para entregarles suministros. Larreta tiene un "no protocolo" para Covid-19 en la CABA que va a la rastra de los acontecimientos mientras las villas y los geriátricos de su distrito explotan de nuevos casos.

El camaleónico y cuasi octogenario “barón del conurbano”, Juan José Mussi, retomó la Intendencia de Berazategui el pasado 10 de diciembre. Mussi inició el 2020 con más de 70 despidos de trabajadores municipales, contratados precariamente por años, a los que no renovó contrato, afectando áreas como cultura, desarrollo urbano y ¡salud! En este cuadro, de ajuste, Mussi inauguró el período de cuarentena y “aislamiento social” por el Covid19, con una intensa campaña de demagogia a través de la prensa local, que come gracias a la pauta publicitaria oficial. Mussi hace lo que mejor sabe hacer: teatralizar un rol activo y presentar al Estado municipal, como “presente a disposición de la población”. Todo el aparato publicitario del Municipio hace gala del cumplimiento de las restricciones, “quedate en casa” ha pintado como su “slogan” en las paredes del Distrito. Emisiones de “Facebook live” con anuncios grandilocuentes de “inversiones” “desinfección”, “limpieza” “atención a los sectores vulnerables”, que no pasan de una puesta en escena, ya que estos anuncios no se concretan en la profundidad de los barrios, donde avanzan la miseria, el hambre, el deterioro de la infraestructura de servicios, -especialmente el suministro de agua- y la contaminación. Hasta las fumigaciones ante la extensión del dengue son ultralimitadas. Tanto la epidemia de dengue, como la pandemia del coronavirus, deberían demandar del Estado municipal y su presupuesto, un esfuerzo de inversión e implementación de protocolos de saneamiento y sanitarios que Mussi incumple, no sólo con la masa de la población sino particularmente con los trabajadores municipales. En abril pasado, Mussi tuvo que hacer frente a una fulminante y victoriosa huelga de los trabajadores de higiene urbana y recolección, quienes se plantaron a la Intendencia por ser obligados a trabajar casi sin la provisión de elementos de protección sanitaria – apenas un par de barbijos y guantes descartables, sin provisión de alcohol en gel, ni ninguna protección eficaz, sin testeos, tomas de temperatura al ingreso y egreso del personal, sin desinfección de la ropa de trabajo, sin agua en los vestuarios del principal obrador del sector. La crisis detonó ante un caso de covid19 que afectó a un trabajador mecánico de los camiones municipales, y la sospecha de que otros 11 podrían haber “caído en la volteada”; entonces, estalló la bronca contra los jefes y supervisores, llegándose a ver escenas de “pugilato” contra miembros del Ejecutivo municipal. Mussi hizo bajar al secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Valor, para tratar de apaciguar los ánimos, allanando parcialmente soluciones a parte de los reclamos. Para el PO (T) de Berazategui, esta huelga, como la que protagonizó este mismo sector de trabajadores en octubre de 2019, y que conquistó una recategorización salarial, reviste una importancia, que a pesar del tiempo transcurrido merecen ser balanceadas. 1) Abrió la posibilidad a la elaboración de un protocolo sanitario por parte de los propios trabajadores, parcialmente impuesto a la patronal municipal. 2) La huelga surgió bien de abajo, de un nuevo activismo, no encuadrado en los gremios burocráticos (STMB y UOEMB) ausentes y “pintados”, ruedas auxiliares de la gestión mussista. 3) Hizo retroceder a la Intendencia en las amenazas de sanciones, descuentos salariales, y desvaneció por el momento la amenaza de retocar a la baja el pago de los sueldos de mayo y junio, con el argumento de “una caída de la recaudación”. 4) La emergencia de un nuevo sindicato, con simple inscripción gremial, cuya normalización se encuentra demorada por el Ministerio de Trabajo en el cuadro de la pandemia, pero que se reivindica antipatronal, partidario de la democracia sindical, implementa asambleas de sector y busca ser un canal de reanimamiento sindical ligándose al movimiento obrero combativo de la zona sur. El PO (T) que acompañó solidariamente ambas huelgas, poniendo el cuerpo, respalda a este nuevo activismo sindical, y busca orientarlo para educarlo en la escuela del clasismo sindical. Teniendo en cuenta el estado de quebranto financiero de Nación, la Provincia y los Municipios, estamos precavidos, que los trabajadores del sector público serán nuevamente blanco de ataques del gobierno FF-Kiciloff-Mussi, entre ellos el hilo más fino, se corta por los trabajadores municipales, el sector más precarizado, con los salarios más bajos del escalafón de estatales. Llamamos a los municipales de Berazategui a prepararse para las futuras peleas, que vendrán inexorablemente, y hacer valer el acervo de lucha que han sabido acumular.

Un nuevo caso de “gatillo fácil” enluta al pueblo y a la juventud de Berazategui. Este domingo 24 de mayo a las 6.30 am, en las inmediaciones de Av. Florencio Varela y calle 114, de Barrio San Mauro, cayó ultimado de un balazo en la nuca un joven de 19 años, Alan Maidana. Nuevamente la juventud de las barriadas humildes paga con sangre la violencia institucional. El asesino es el cabo primero Germán Bentos (30 años), quien presta servicios en la Dirección General de Registros y Ciencias Biométricas de la PFA y cumplía un adicional en el ferrocarril Belgrano Sur. Según informa el elprogreso.com (24/5) “se ha puesto en marcha un operativo de impunidad, al dar curso e intervención a la Justicia Federal "ya que al momento del hecho se produjo una violación al aislamiento social..." El Partido Obrero (T) Berazategui denuncia este hecho criminal, cualquiera hayan sido las circunstancias, que constituye un caso más de violencia institucional que lo inscribe en la penosa, extensa y tétrica lista de miles de casos de “gatillo fácil” que involucran al personal de las fuerzas de (in) seguridad, como mecanismo de exterminio de la juventud bajo los gobiernos con fachada “constitucional”, desde 1983 a la fecha. Germán Bentos declaró este martes ante el fiscal de la causa y dijo que “se defendió de un intento de robo”. Está acusado de "homicidio agravado". Fuentes judiciales informaron que reconoció haber estado en la escena del crimen y haber sido él quien disparó, aunque adujo que “lo hizo para defenderse de un intento de robo por parte de la víctima y el grupo de adolescentes que lo acompañaban.” Una canallada, porque el disparo que mató a Alan fue por la espalda. Bentos dijo que, tras recibir el impacto de una piedra o botella contra el auto en el que se desplazaba, realizó disparos para amedrentar a los presuntos delincuentes. Sin embargo, como estaba "asustado" no recordaba si tiró al aire o hacia el piso. Además, el imputado indicó que alcanzó a ver que "uno de los jóvenes tenía un revólver", según indicaron fuentes judiciales, una respuesta típica en estos casos. Añadió que abandonó el lugar del hecho y no realizó la denuncia por «temor» a represalias, ya que entre los involucrados identificó a un vecino suyo, detallaron los voceros. Descabellado. "No pudo explicar por qué retrocedió con el auto después del impacto que recibió en la parte de atrás del vehículo y para enfrentar a los jóvenes, ni por qué disparó cuando los chicos estaban escapando", señaló a Télam una fuente judicial. Tras la indagatoria, el Juzgado de Garantías 4 de Berazategui dispuso, a pedido de la fiscalía, que el acusado siga detenido mientras se resuelve su situación procesal. Reclamamos el juicio y castigo al responsable. Germán Bentos debe ser inmediatamente expulsado de la fuerza que integra, y condenado. Llamamos la atención a todas las organizaciones de la juventud y populares, a no dejarse embaucar ni ser distraídos del eje de reclamar juicio y castigo al agente policial. El PO (T) ha formulado de manera pública, a familiares, amigos, jóvenes y vecinos de Maidana, y a las organizaciones populares y de DDHH del Distrito, la necesidad de poner en pie una comisión por Justicia para Alan, y un curso de denuncia y movilización, a pesar de los límites y complicaciones consabidas que conllevan el presente cuadro de pandemia y aislamiento social en el que deberemos desenvolver esta lucha; y evitar que quienes son las víctimas de un hecho atroz, sean nuevamente victimizadas. Por noticias publicadas en la prensa del distrito, el operativo de impunidad avanza a todo vapor. El PO (T) de Berazategui plantea que debe resolverse el inmediato procesamiento de Bentos con la calificación de homicidio agravado por alevosía. ¡Basta de gatillo fácil!

La contundente marcha de municipales del 27 de mayo, con más de tres mil trabajadores en las calles de la capital de Córdoba, ha impactado en el corazón de una crisis de gobierno y abierto una oportunidad para los trabajadores en general. La multitudinaria marcha, la más grande en años del gremio, en plena cuarentena se abrió paso a pesar de las dilaciones de la directiva gremial. La secretaria general había declarado el día anterior que en cuarentena era muy difícil luchar contra el ataque al salario y que había que ir a un conflicto de largo tiempo. Pero los trabajadores han demostrado que hoy es el momento. Las columnas llegaron al centro bajando desde las diferentes dependencias y puntos de concentración esparcidos por la ciudad, lo que escenificó en las calles cordobesas un profundo mapa de lucha. La movilización volvió a mostrar un estado de ánimo popular combativo, que ya se había visto el lunes en la caravana de miles en apoyo a los médicos acusados por el contagio de corana virus en un geriátrico del municipio de Saldan, al calor de la cual afloraron los reclamos por mejores salarios y condiciones de trabajo en la salud. Crisis política en el gobierno Los municipales han dado un golpe a la sociedad que detentan el gobernador Schiaretti y el intendente Llaryora, ambos embarcados en un profundo ataque a los trabajadores. El diario La Voz del Interior, del grupo Clarín, en una nota publicada el mismo día de la marcha, describe el mayor temor de la burguesía: “el gobernador Juan Schiaretti hizo votar un recorte jubilatorio para los pasivos de Córdoba, la decisión judicial [de acusar a los médicos por los contagios] puso a germinar una semilla que tres días después hizo florecer una protesta histórica (…) Córdoba vive un momento de tensiones acumuladas y demasiados frentes abiertos (…) El temor es uno solo: que las diversas protestas gremiales y sectoriales que se esparcen por Córdoba se unifiquen en un único reclamo”. La marcha de los trabajadores ha puesto el dedo en la llaga del mapa político. Con un gobierno provincial y municipal sin salida, endeudado en ciento ochenta mil millones de pesos (aunque su mayor parte está nominada en dólares), el clamor de los trabajadores abre la perspectiva de un nuevo rumbo. Sobre esto, es necesario un gran proceso de deliberación en las bases. Los recursos que se quita a los trabajadores están siendo transferidos al pozo negro del acuerdo con los usureros y al subsidio de los grandes pulpos económicos; los recursos no son usados para defender el contagio de la pandemia en las grandes barriadas populares, sino para subsidiar a las grandes patronales. La lucha por el salario y la defensa integral de la vida de los trabajadores debe venir de una diferente utilización de los recursos; y para ello es necesaria una intervención directa de los trabajadores. Las burocracias sindicales buscan frenar los movimientos de lucha, en complicidad con los gobiernos. El intendente Llaryora pone como ejemplo el acuerdo que firmó a última hora de la noche del lunes con la directiva de UTA y que logró frenar la movilización del martes 26, que hubiera sido también multitudinaria. Sin embargo, el conflicto continúa. La conclusión es que debemos coordinar las luchas y dar un golpe certero. La importancia del gigante municipal es que pueda convertirse en un motor en esta dirección. Durante la marcha, las simpatías con las consignas de Huelga General y de coordinación de las luchas, levantadas por la Tendencia del Partido Obrero, son un síntoma en esta perspectiva. En la semana del aniversario del Cordobazo la mejor conclusión la aporta el sujeto histórico de las transformaciones, la clase obrera, provocando una crisis a los ajustadores y abriendo una perspectiva a una poderosa lucha por abajo.

La negociación de la deuda externa se parece cada vez más a una serie turca – al menos en duración. Los medios de comunicación se hacen eco de las versiones que les soplan los fondos internacionales y a veces de las que vienen del gobierno. Las operaciones políticas no solamente las vehiculizan los diarios, mucho más las propagan los ‘mercados’, que suben y bajan como montaña rusa, a la medida de los grandes intereses que los manejan. Argentina acaba de dejar pasar un vencimiento de u$s503 millones sin que los acreedores gritaran ‘default’, pero el 28 de junio le cae otro por uSs650 millones, y nadie asegura que pase lo mismo. La discusión entre ambas partes gira en torno a lo que llaman “valor presente” de los títulos que se emitan en canje por los que tienen en la actualidad. Ese “valor presente” no sería otra cosa que la cotización a la que se venderían y comprarían los bonos que surjan de un acuerdo. Como se trata apenas de una especulación, los acreedores aseguran que la oferta del gobierno se traduciría en un “valor presente” bajo. Aunque el planteo inicial del gobierno se fundaba en otro criterio, a saber, qué oferta otorgaba sustentabilidad de pago a Argentina, de la lectura de los diarios oficialistas se desprende que ha entrado por el aro de los fondos internacionales, acerca de otro parámetro, arbitrario y manipulado por aquellos fondos, que cada uno calcula como quiere, como ocurre con el número de contagiados en Brasil – y no sólo Brasil. Argentina no está en condiciones de asumir ningún compromiso de pago si se considera que tiene que pagar, más allá de la deuda externa del estado nacional con los fondos internacionales, la deuda externa de las provincias, la deuda de jurisdicción local (en pesos y en dólares), la deuda con el FMI y otros organismos internacionales, y la deuda (en pesos y en dólares) con Anses y el Banco Central y el Nación. Todo sumado, unos u$s400 mil millones. Si esto no fuera una carga suficiente, que no se puede re-negociar, Argentina ha perdido el superávit de comercio exterior e incurre en un déficit fiscal de u$s40 mil millones de dólares al año – unos cuatro billones de pesos. Esta carga financiera adicional a la deuda externa que se está discutiendo con los fondos internacionales da un “valor presente” de ella de CERO. Argentina necesita como mínimo un presupuesto aparte para desarrollar un sistema de salud y hospitalario, y la urbanización integral de las barriadas, que se han convertido en el tiro al blanco del Covid-19, como consecuencia de una miseria social largamente desarrollada por un capitalismo decadente. La valorización de la cotización ´presente´ de la deuda externa exigiría un ajuste negativo de las condiciones sociales de Argentina, por eso se dice que un acuerdo con el FMI subiría el “valor presente” de la deuda mucho más que cualquier concesión acerca de sus plazos, su capital o los intereses. El macrismo hizo un ensayo en esa dirección y acabó en una catástrofe. Las perspectivas de conjunto de la economía mundial no lucen propicias para una recuperación de la economía de Argentina, para decirlo con ´moderación´. Las posibilidades de mantener en vida la cotización de la deuda externa depende de que pueda ser canjeada por el patrimonio estatal remanente, por la expansión de la frontera agro-industrial, y a cambio del sub-suelo minero de las tierras de la Patagonia y el suelo urbano-inmobiliario. El fondo BlackRock es un buen indicio de este desarrollo, porque se ha convertido en el principal accionista de numerosas compañías industriales internacionales de punta. Pero, de nuevo, ese ´canje´ masivo fue intentado por el macrismo, con el apoyo de la tres cuartas partes de quienes hoy integran el FdT, y así terminó. El sueño de subir al pico de la cumbre de Davos concluyó en pesadilla. Con el macaneo del ´valor presente´, los fondos han impuesto su agenda al gobierno. Ocurre, sencillamente, que la ‘sustentabilidad’ de la deuda es una tesis insustentable. Página 12 (Alfredo Zaiat) dice que es al revés – que BlackRock capituló ante Guzmán y Stiglitz, su mentor universitario. Como dijo Kissinger ante la derrota de Estados Unidos frente a Vietnam - “gritemos victoria y vayámonos”. La oferta del gobierno, desde el comienzo, comprometía al pago entero del capital y a pagar intereses muy por arriba del promedio internacional. Sólo alargaba los plazos, como si en cuatro años Argentina se fuera a convertir en Japón. En la situación de Argentina hay una larga fila de países emergentes, entre los que ha comenzado a incluirse la posibilidad de default de Brasil, a pesar de contar con reservas internacionales brutas de más de u$s350 mil millones. La Argentina del capital no logra sustentar ni su propia decadencia. De acuerdo a los mentideros financieros, Guzmán aceptaría, para no defoltear, desensillar en los plazos y convertir en capital los intereses del “período de gracia”. Para un gobierno que apenas hace mal un plan Detectar, sería una catástrofe. Los bonistas que se beneficiarían serían aquellos que vendan enseguida, porque el horizonte de pago de ese compromiso pinta negro. En un cortísimo plazo Argentina iría a un default, claro que si el gobierno sobrevive a la crisis política que desatará un arreglo de estas características. El default, en el caso de los estados como de los negocios privados, es una expresión de una estructura económica y social, de unos y otros, que se ha convertido en inviable. Inviable también para el prestamista, que observa el default de su masa de clientes como el anticipo de su propia quiebra. Este es el estado en el que se encuentran hoy las principales corporaciones capitalistas y los propios estados que salen a su rescate, o sea la economía capitalista mundial en su conjunto.

En 2015, la revista Time publicaba en su portada la fecha de 1968 tachada -año en el que tuvieron lugar las protestas luego de la muerte de Martin Luther King Jr.-, y encima de ella colocó "2015". En 2015 lugar, de nuevo, una protesta en Baltimore por el asesinato de un afroamericano por parte de la policía. La revista pretendía con ello remarcar que el parásito social del racismo no había sido extirpado de EE.UU. Hoy, podríamos volver a tachar aquella fecha y reemplazarla por 2020. El racismo pervive, mientras las bases sociales capitalistas se encuentran en una crisis terminal. La chispa La protesta local contra el asesinato de George Floyd por parte de la policía, el lunes pasado, ya tiene el alcance de un levantamiento popular. La manifestación pegó un giro, un día después, cuando uno de los manifestantes destruyó el vidrio de un patrullero. En ese instante, la marcha, que se dirigía a una comisaría cercana, se transformó en una sublevación. La ciudad fue tomada. Las comisarías, comercios y supermercados fueron incendiados y destruidos. La lucha contra la represión en las calles se desarrolló con barricadas. La bronca subió cuando el fiscal del condado de Hennepin -con jurisdicción sobre Minneapolis-, Mike Freeman, compareció el jueves para anunciar que no tiene intención, de momento, de imputar cargos ni de detener al agente responsable de la muerte de Floyd, Derek Chauvin (DW, 29/05). Racismo Tim Walz, gobernador de Minnesota, calificó de "repugnante" el crimen racista. Sin embargo, decretó el estado de emergencia y envió a la Guardia Nacional a las calles de Minneapolis para "reconstruir la ciudad, reconstruir nuestro sistema de justicia, y reconstruir la relación entre las fuerzas del orden y aquellos a los que se les encarga proteger". El sistema de justicia y las fuerzas del orden son los engranajes sociales que sostienen la violencia racial. Han perdido toda confianza en el orden social en el que viven. La rebelión ha empujado al Departamento de Justicia a otorgar nivel de "máxima prioridad" a la investigación sobre la muerte de Floyd (Infobae, 28/05). Las manifestaciones se replicaron en el corazón político del país, Nueva York. La policía se desplegó hasta el Union Square y detuvo a cinco manifestantes. "I Can't breathe" (“No puedo respirar”, la frase que repetía Floyd bajo la bota del policía que lo mató) se esparce en todo el país, que con la pandemia en el medio denuncia la asfixia de la sociedad racial del capitalismo.

Las recientes declaraciones del intendente Llaryora deberían llamar la atención de los trabajadores del transporte urbano de la capital de Córdoba y del conjunto de sus usuarios. Según el diario La Voz “El intendente pidió que no levanten el paro…” (28/5). La UTA, por su lado, señaló: “Conjuntamente, con el Poder Ejecutivo Municipal, que ha tomado como propia esta lucha (...), debería ser el Estado nacional como primer garante responsable directo quien tiene y puede dar una solución …” (28/5). Desde hace años las cámaras patronales del transporte provincial vienen reclamando más subsidios. Ahora no quieren poner un peso de su bolsillo para pagar el salario a los trabajadores; que lo haga el Estado nacional, reclaman, en compañía del intendente y la burocracia sindical. También los trabajadores Las cámaras, sin embargo, van por más, que es aplicar una reforma del convenio colectivo. El subsecretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez, dijo que todos los actores tienen que poner su parte, y centró su reclamo sobre el tiempo de trabajo. Es decir, el primer punto en discusión es la ampliación de la jornada laboral. El levantamiento de la marcha La burocracia quiere convertir a la huelga por tiempo indeterminado en un lockout patronal por más subsidios. Por eso levantó la movilización callejera convocada para el martes pasado cuando coincidieron los trabajadores de varios gremios (docentes, municipales, Luz y Fuerza…). Para levantar la movilización de la UTA, la municipalidad puso $15.000 para cada trabajador, a cuenta de la deuda salarial, cuando antes había repetido que no tenía el dinero para ello. La huelga continúa. Por otra parte, la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), el sindicato de los trabajadores del transporte interurbano, está considerando una movilización, cuando llevan 47 días de huelga y no cobran desde marzo. Lo más razonable sería que las empresas fuesen puestas bajo control de sus trabajadores y usuarios, sin ningún pago indemnizatorio, ya que hace años parasitan al estado. La política de los ejecutivos provincial y municipal viene siendo golpeada por la enorme movilización de los médicos y los municipales. La Justicia rechazó procesar a trabajadores movilizados. Pensamos que se deber coordinar una lucha de conjunto de las organizaciones de base de cada sindicato y las agrupaciones combativas; coordinadoras de trabajadores de los distintos gremios. Avancemos en una lucha de conjunto con la perspectiva de una huelga general.

La continuidad del gobierno de Mariano Arcioni es un tema de todos los medios de comunicación de la provincia durante la cuarentena, pese a que Chubut registra oficialmente 5 casos confirmados de Covid-19. Su nueva gestión se mantiene a tientas a pie debido a las órdenes impartidas por Alberto Fernández, quien bajó línea a las conducciones sindicales y al PJ-kirchnerismo a favor de sostenerlo, pese a las exigencias del pueblo movilizado que pide desde el año pasado su destitución ante los incumplimientos en los pagos de los salarios en tiempo y forma. Las arcas provinciales quebraron. De conjunto la deuda llegó a rondar los 1100 millones de dólares. Chubut la viene pagando religiosamente, tras el acuerdo por el cual se le devenga el importe acordado con los acreedores de lo recaudado por regalías petroleras. En la actualidad debe unos 900 millones de dólares, y pretende reestructurarla para comenzar a pagar lo que corresponde al capital a partir de 2023. Según trascendió, en el proyecto presentado ante Legislatura se “renuncia a la inmunidad soberana, lo cual habilitaría los embargos de los bienes públicos de la Provincia incluso, recursos naturales” (La Tecla de la Patagonia, 24/05). Además, se afectarían los fondos de la coparticipación. La masa salarial mensual es de unos 4.900 millones de pesos, pero el déficit fiscal rondaría los 2500 millones. La caída en los ingresos por regalías petroleras y coparticipación federal explican en parte esta situación. Los vencimientos de deuda entre mayo y julio superan los 1600 millones de pesos. Los primeros afectados por esta situación son los trabajadores estatales, quienes vienen cobrando en rangos desde el año pasado. A algunos aún les deben el mes de marzo, y de no concretarse el depósito antes del 5 de junio, el atrasó llegará a 3 meses de deuda. La provincia acaba de firmar un acuerdo con Nación para recibir 5 mil millones de pesos, aunque en dos tramos. La complejidad del panorama se acentúa si se tiene en cuenta que en junio el Estado debe pagar el medio aguinaldo. La quiebra económica se ha traducido en una crisis política. Esta semana, se oficializó la ruptura del bloque oficialista en Legislatura. A ello se agrega que la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial está en su peor momento, luego del envío a Legislatura de un proyecto para declarar la autarquía presupuestaría del Poder Judicial y Legislativo, que en los hechos es una transferencia de una parte de la crisis económica a esos poderes. Este combo entre bancarrota económica y crisis política llevó en las últimas semanas a especulaciones sobre la continuidad de Arcioni al frente del Ejecutivo. La posibilidad de que Alberto Fernández intervenga la provincia ya se deja correr en algunos medios. Tal arbitraje implicaría la decisión (¿impotente?) de intentar prevenir un estallido social. Para que ello surta efecto, se haría imprescindible la derivación de recursos económicos para saldar la deuda con los trabajadores, lo cual sentaría un precedente para provincias que se encuentran en situaciones similares. Si la intervención se realizara con la provincia desbordada por las movilizaciones, la situación sería aún más compleja. El fantasma del juicio político vuelve a hacerse presente, También se baraja una embestida del Poder Judicial contra Arcioni, que lo fuerce a presentar su renuncia. Se trata de salidas institucionales que intentan anticiparse o dar respuesta al ascenso de luchas y descontento general que existe en la provincia. El dato fundamental Más allá de estos enjuagues palaciegos, el dato relevante de la situación política es un nuevo ascenso de luchas, y la tendencia de los sindicatos privados a confluir con las movilizaciones estatales. Contra esta escalada, el régimen tiene como aliadas a las centrales sindicales de la provincia y la devaluada Mesa de Unidad Sindical (MUS). Desde ya, la cuarentena por el coronavirus se transformó en una aliada circunstancial impensada hasta el momento. Sin embargo, las bases obreras mostraron los dientes la semana pasada, cuando trabajadores que se encuentran ocupando la textil Sedamil y la pesquera FYR S.A. movilizaron por las calles de Trelew con estatales autoconvocados. La acción fue coordinada por las bases sin ninguna participación de las conducciones sindicales de dichos sectores. El gobierno, las patronales y las burocracias sindicales tomaron nota inmediatamente y comenzaron las maniobras. El secretario de Trabajo de Chubut, Cristian Ayala, lleva adelante operaciones con la conducción del STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación) y de la AOT (Asociación Obrera Textil) para presionar a los trabajadores de FYR S. A. y Sedamil a que no vuelvan a movilizar con el sector estatal. Son conscientes de la embrionaria fortaleza estratégica que implica la unidad del sector privado con el estatal en defensa del salario y sus conquistas. El reclamo en curso de los sectores movilizados se transformará indefectiblemente en una demanda política de conjunto por la magnitud de la crisis que atraviesa la provincia. Es necesario que el activismo y las oposiciones combativas a la burocracia aprecien el alcance de esa crisis, para coordinar a las bases en lucha y promover un programa y una salida de conjunto al derrumbe de la provincia. La suerte de Arcioni depende del pulmotor que le brinde Fernández. La izquierda y los luchadores debemos oponernos a cualquier salida “institucional” dirigida a salvar al régimen de endeudamiento e hipotecamiento provincial a costa de los trabajadores, y a favor de la megaminería. La experiencia que se está dando en Trelew debe servir para que discutamos la pertinencia de un congreso de bases obreras, que debata un programa y un plan de acción frente al derrumbe económico y la crisis política. Debemos exigir el no pago de la deuda y su investigación. Hay que desarrollar la coordinación de los trabajadores mediante plenarios de delegados de bases y asambleas populares. La debilidad del gobierno de Arcioni debe ser aprovechada por el pueblo y no por los capitalistas.

El miércoles 27, el PdT (T) y el Partido Obrero (T), junto a otras organizaciones y decenas de vecinos, nos movilizamos al municipio de Florencio Varela para reclamar solución a la angustiante situación de nuestra compañera G y su hija. Ambas son víctimas de violencia de género y, en el caso de la nena, además abuso sexual. Un verdadero infierno era el que vivía la compañera del Polo Obrero (T). En un cuadro de absoluta desidia de parte del estado, que no garantizó su integridad física y psíquica ni tampoco su situación económica y material, bajo un gobierno que alardea ser el defensor de “las políticas de género”, incluido un Ministerio de la Mujer. Todo este relato se cae frente a la realidad, porque no hay presupuesto suficiente. Solo para dar un ejemplo, en Florencio Varela, con más de medio millón de habitantes, y cifras exorbitantes de violencia de género y hacia la niñez, existe una sola casa refugio del estado, donde unos pocos casos de las mujeres y sus hijos solo pueden estar unas semanas, y como máximo tres meses. Estos casos extremos han aumentado bajo la cuarentena. Y todos tienen un mismo problema: el económico, el no tener a dónde ir. El hecho de no tener trabajo o subsidio limita todas las posibilidades de terminar con la violencia de género y hacia la niñez. Sin embargo, no habrá recursos suficientes para las "políticas de género" (cosméticas). En este escenario, nos movilizamos y obtuvimos respuesta al traslado inmediato de G y su hija al refugio, y el compromiso de la construcción de una casa equipada. Encaminamos una serie de pasos legales y la asistencia psicológica y del equipo de trabajadoras sociales. Todo un paso adelante que nos permite sacar algunas conclusiones: la lucha rinde, como resultado de la organización independiente del estado. Por ello pusimos en pie un comité barrial. El mismo ha decidido en asamblea continuar con una jornada de lucha callejera el #3J y el empadronamiento en los barrios para reclamar al estado local el testeo masivo, asistencia de kit de salud e higiene, asistencia alimentaria y subsidio a todo desocupado de $45.000.

El viernes 22 de mayo, en horas de la noche, un grupo de individuos perpetraron un violento ataque en el Barrio El Ceibo, de Vicente López: produjeron destrozos en la huerta y el refugio a cargo del promotor pro-huerta INTA, Ignacio Benítez, y lesiones físicas a las integrantes de la familia de Carla Zambrano. Los violentos atacantes arrojaron piedras, rompieron vidrios, robaron pertenencias y provocaron todo tipo de roturas mientras gritaban diversas amenazas. Antes, a finales de abril, desconocidos agredieron y amenazaron con echar del barrio y de su casa a la familia Zambrano, luego que estos publicaran videos en los que mostraban como el municipio había reiniciado las obras en la Reserva Ecológica de Vicente López (en La Lucila) y de que numerosas organizaciones ambientalistas realizarán reiteradas denuncias contra la política ambiental de Jorge Macri. Macri había anunciado, en el marco de la pandemia, la postergación de obras. El activismo del distrito, además, había logrado que la jueza María Alejandra Peña del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 Civil y Comercial de San Isidro decretara una medida cautelar de no innovar, ordenando detener las obras. El empecinamiento de Macri responde al objetivo inmobiliario de construir un corredor costero dentro de la reserva ecológica que se ubica en La Lucila, más precisamente en Bermúdez y el río, lo que implicaría arrasar con una parte del pastizal pampeano. Mientras los vecinos han reclamado infructuosamente ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié y también al gobernador, Axel Kicillof, para que frenen la obra, las patotas actúan en una zona liberada, amedrentado y poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos, impunemente. Desde el Partido Obrero Tendencia de Vicente López responsabilizamos al gobierno municipal y a la policía provincial por la seguridad física de los vecinos y reclamamos se realice una inmediata investigación de los hechos, se identifique a los responsables. La Reserva Ecológica no se toca.

“Las ciudades de todo EE.UU. se conmocionaron el jueves por la noche por el asesinato policial de George Floyd, un hombre negro de 46 años, cuando los manifestantes irrumpieron en la sede de la policía de los agentes involucrados en su muerte en Minneapolis y Trump amenazó con usar la violencia para reprimir los disturbios a medida que las manifestaciones contra la brutalidad policial contra los estadounidenses negros se extendieron a otras partes incluyendo Nueva York, Denver, Los Angeles, Chicago y Oakland” (The Guardian, 29/5). Floyd murió cuando un oficial blanco que lo esposó se arrodilló sobre su cuello hasta matarlo. La policía quiso ocultar el hecho como una muerte “natural” en un hospital horas después. Pero varios testigos del hecho filmaron cuando Floyd en el piso declaraba que "no podía respirar". Días antes en Georgia “las autoridades tardaron dos meses y medio en arrestar al asesino de Ahmaud Arbery”, un joven negro de 25 años por la crueldad de un ex oficial blanco y su hijo. Igual que en el caso de Floyd, Arbery estaba desarmado. La policía armó una ´coartada´ señalándolo como un “peligroso malhechor”. Pero la familia de Arbery inició una investigación y demostró que “William Bryan Jr., de 50 años, arrestado el 21 de mayo por cargos de asesinato grave e intento criminal de cometer un encarcelamiento falso después de que la familia de Arbery y los activistas de derechos civiles presionaron que Bryan no era un simple testigo, sino un participante activo en el asesinato” (www.fair.org). El hecho conmocionó al país. Lo de Floyd colmó el vaso. Lo que agravó las cosas fue la conducta de Trump: en forma burlona “en una intervención en Twitter, oculta por la compañía de la red social, denunció a los manifestantes como ´matones´ y pareció amenazar con la fuerza letal” (The Guardian, 29/5). Las primeras manifestaciones ocurridas en Minneapolis el martes se extendieron desde entonces por todo el país. El jueves, cuando en esta ciudad se manifestaban en masa por tercera noche consecutiva, el gobernador de Minnesotta llamó a la Guardia Nacional “La ira por los asesinatos policiales de personas negras por parte de la policía siguió aumentando, al menos siete personas también fueron baleadas en Louisville, Kentucky, mientras los manifestantes exigían justicia para Breonna Taylor, una mujer negra asesinada a tiros por la policía en su casa en marzo” (ídem). En Denver, también surgieron imágenes dramáticas de un automóvil que pasaba a través de una multitud de manifestantes, que se habían reunido en medio de la indignación por la muerte de Floyd en una escena que recuerda la muerte de Heather Heyer en un mitin de extrema derecha en Charlottesville, Virginia, en 2017” (ídem). “El centro de la ira siguió siendo las ciudades gemelas de Minneapolis y St Paul, que han visto varios otros asesinatos polémicos de alto perfil de personas negras, incluido el tiroteo de Philandro Castille en 2016, donde el gobernador del estado, Tim Walz, llamó al Guardia Nacional mientras la ciudad enfrentaba un creciente descontento. Ahora la Guardia Nacional tuiteó minutos después de que se quemó el recinto que había activado a más de 500 soldados en el área metropolitana, aunque dijo que su tarea principal sería proteger al departamento de bomberos de la ciudad” (ídem). El gobernador Walz, del partido Demócrata, reaccionó desesperado: "Es hora de reconstruir", dijo, aunque ya había llamado una vez más a la Guardia Nacional. “Reconstruir la ciudad, reconstruir nuestro sistema de justicia y reconstruir la relación entre las fuerzas del orden y aquellos a quienes deben proteger. La muerte de George Floyd debería conducir a la justicia y al cambio sistémico, no más muerte y destrucción", declaró (ídem). El jueves, el tercer día de protestas en Minneapolis, cientos marcharon cerca del centro de la ciudad cantando demandas de justicia, con carteles que decían ´¡No puedo respirar!´ y ´Fuck Donald Trump´". “Cuando cayó la noche, el objetivo principal era la tercera estación de policía, donde un grupo de jóvenes atravesó la cerca de alambre levantada rápidamente antes de que la policía se retirara más temprano en el día. A medida que crecía el fuego, cantaron el nombre de George Floyd y ´No hay justicia, no hay paz´ hasta que las llamas envolvieron el edificio. Los oficiales de policía observaron desde dos cuadras de distancia, pero no intervinieron. A medida que el fuego se extendió, miles de manifestantes más se vertieron en el área” (ídem). “Otras personas se pusieron de pie durante horas en cientos de esquinas. Pero las protestas parecían dividirse entre aquellos que querían mantener el foco y la presión sobre la policía, y otros que dieron a conocer su ira al volverla contra las empresas de la zona”. En uno de los principales actos en la ciudad se declaró: "Nos vamos a amotinar hasta que obtengamos una respuesta" y se “recordó a la multitud el impacto de los disturbios de Los Ángeles después del veredicto de Rodney King hace casi tres décadas” (ídem). “Algunos de los manifestantes de Denver llevaban carteles que decían ´Black Lives Matter´ y corearon: ´Hey, hey. Ho, ho, la policía racista tiene que irse´. Marcharon por el centro de Denver, en medio del tráfico. Las imágenes aéreas mostraban a los manifestantes bloqueando brevemente el tráfico para que no se moviera por la Interestatal 25 en ambas direcciones antes de irrumpir en las calles del centro fuera del Capitolio. La policía disparó gases lacrimógenos para que salieran de la carretera interestatal, informó The Denver Post” (ídem). .

En medio de la pandemia que ya se llevó la vida de más de 100.000 personas, de la crisis constitucional por la apertura de la economía y una ola de protestas en todo el país por la violencia del estado policial tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, EEUU también es noticia por la deportación de más de 1.000 niños sin comunicárselo a sus familias y dejándolos abandonados a su suerte en los países de los cuales huyeron. Los niños habían sido separados de sus padres por bajo la política de la criminal “ICE” (Inmigración y Aduanas) creada para afianzar la política de expulsión de migrantes “legales e ilegales”: “A partir de 2017, el gobierno traumatizó a miles de niños al separarlos de sus padres en la frontera. Los funcionarios de la administración también han permitido el deterioro de jóvenes migrantes en sucias celdas de la Patrulla Fronteriza, sin supervisión de adultos y argumentaron en la corte que los niños no tenían derecho legal a cepillos de dientes o jabón” (NYT, 15/5). Las deportaciones violan el derecho legal de solicitar asilo y las leyes especiales para niños no acompañados, basados en razones de salud pública. Son violaciones a los derechos humanos básicos. Es un ataque fascista contra los inmigrantes bajo el argumento de la lucha contra la pandemia, usando las leyes de la emergencia sanitaria. Trump usa una ley de 1944 que le concede facultades para impedir que los extranjeros entren al país a fin de eludir la “grave amenaza” de una enfermedad peligrosa. Esto no le impidió expulsar a menores que habían cruzado antes de la declaración de la pandemia. Trump habla de defensa de la salud pública para expulsar velozmente inmigrantes, pero no para frenar la producción y defender la vida de los trabajadores. De hecho, quiere condicionar el cobro del bono de 1.200 dólares (2.400 para la familia) a la vuelta al trabajo, para incentivar a que los trabajadores no se queden en casa, y expongan a su familia y barrio. El país cuenta con más de 100.000 muertos, de los cuáles, según un estudio, se podían haber evitado el 80% con una cuarentena temprana y duradera. La amenaza para la vida de los norteamericanos es la decadente parásita burguesía. Trump propaga muerte Chad Wolf, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que la política había sido “una de las herramientas más cruciales que el departamento ha usado para prevenir una mayor propagación del virus y proteger al pueblo estadounidense, a los funcionarios del DHS en la línea de combate y a los pacientes con COVID-19 que están bajo su cuidado y custodia” (NYT, 22/5). Sin embrago, la propagación del virus viene de estos centros de detención ilegales, virtuales campos de concentración de inmigrantes en todos el país (en donde se registran casos de violencia, muertes y violaciones): “Los centros de detención de ICE son focos para el virus, con 85 casos ya descubiertos en Nueva York y Nueva Jersey. Hasta el 11 de mayo, 36 personas dieron positivo en Nueva Jersey. Cuatro miembros del personal del Centro Correccional del Condado de Hudson en Kearny, uno de los cuatro centros de detención del estado, murieron a causa de Covid-19” (NYT, 15/5). Desde el brote de coronavirus en marzo, ICE suspendió visitas sociales y limitó las comidas y los tiempos de recreación. Cerca de 30.000 personas están detenidas en estas condiciones. De acuerdo con los más de 4.000 médicos que enviaron una carta a ICE exigiendo la liberación de aún más personas “para evitar muertes evitables” (ídem). Hasta el 11 de mayo, ICE informó que de los casi 1.700 detenidos que habían sido examinados, aproximadamente la mitad había recibido resultados positivos para el virus. En las puertas de las prisiones manifestantes levantan la consigna #FreeThemAll (liberen a todos). Jennifer Nagda, directora de políticas del Centro Juvenil para los Derechos de los Niños Inmigrantes. “No hay forma de saber si los han puesto en manos de traficantes o si están en peligro”. En muchos casos fueron deportados solos, sin notificar a sus familias, exponiéndolos a mafias, bandas criminales, y a todo tipo de violencias. La UNICEF denunció las expulsiones y detalló que los niños además son discriminados en las comunidades que llegan porque temen que estén contagiados con el nuevo coronavirus. Los principales países de deportación son México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Joe Biden, ex vicepresidente y candidato demócrata, dijo que no estaba de acuerdo con las deportaciones. Pero él y Obama (2009-2017) deportaron más de tres millones de personas e impusieron una “cuota” de deportación diaria. La propia campaña de Biden compite con la de Trump para ver quién de las dos en más “anti China”, lo que ha ocasionado más de 17.000 “delitos de odio” contra asiáticos en EEUU en los últimos meses. Todos los migrantes detenidos deben ser liberados y se les deben garantizar plenos derechos. ICE debe ser abolida como así toda la legislación contra los inmigrantes. También se deben liberar a los presos que corresponda según órdenes médicas y sanitarias, para evitar que las cárceles se conviertan en incubadoras de la pandemia. La clase obrera norteamericana tiene que reorganizar la producción según las necesidades sanitarias, garantizando plenos ingresos para todas las familias ocupadas y desocupadas. Las principales industrias tienen que pasar al control de los trabajadores para evitar la propagación de la enfermedad, reconvertir su industria en función de los intereses sanitarios y poner todos los recursos disponibles para organizar una respuesta global, obrera y socialista, a la pandemia y la crisis capitalista.

Después de más de dos meses de estar despedidos y sin cobrar ( https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/671-no-al-cierre-de-la-orquesta-municipal-de-jose-c-paz ) los trabajadores de la Orquesta Municipal de José C. Paz hemos obtenido una segunda reunión con las autoridades del municipio, que se realizó el pasado 22 de mayo. De dicha reunión extraemos haber logrado que las autoridades retrocedan de su plan inicial de cerrar la orquesta, y se han manifestado por la continuidad de la misma. También se han comprometido a restablecer, durante un año, parte de nuestro salario y a ir reincorporando progresivamente a los músicos y músicas de la Orquesta. Al día de la fecha, hemos logrado finalmente cobrar el mes de mayo. Las autoridades también han retirado el planteo, formulado un mes atrás, de precarización de la Orquesta a través de monotributos. Las reuniones, negociaciones y el restablecimiento del cobro son fruto de la organización y lucha de la Orquesta. Sobre este punto es importante mencionar el rol que ocuparon los sindicatos afines a nuestro rubro o sector: ATE fue el sindicato al que nos afiliamos previo al despido, y no solo no participó nunca del conflicto, sino que tampoco se pronunció por nuestra situación, mientras que el SADeM jugó a dilatar el conflicto, solicitando una intervención al Ministerio de Trabajo, sin la autorización de los propios músicos despedidos. En resumen, la organización independiente de los trabajadores a través de asambleas, el trabajo de los delegados de base, la difusión y adhesión al conflicto que surgió de la comunidad paceña, artística y sindical han sido cruciales para el desarrollo del conflicto. Al día de la fecha continuamos organizados y en constante movilización por el cumplimiento de dichos compromisos, y por sobre todas las cosas, la reincorporación efectiva de todo el plantel Orquestal a la planta municipal. ¡Basta de despidos! ¡Reincorporación ya!

El 29 de mayo se cumplen 7 años del femicidio de Laura Iglesias, trabajadora social que fue violada y asesinada en Miramar, en 2013, mientras se encontraba trabajando en el Patronato de Liberados bonaerense. El femicidio de Laura puso de manifiesto las condiciones laborales paupérrimas, todavía actuales, que rigen en el Patronato de Liberados: trabajo sin apoyo institucional, aislado, yendo de manera solitaria a barrios e instituciones, sin medidas de cuidados para el trabajo en territorio y delegaciones, salarios por debajo de la canasta básica de pobreza, sin una reglamentación clara de las tareas, lo cual nos expone a arbitrariedades de todo tipo, con condiciones de infraestructura y pautas de (des) organización del trabajo que siguen poniendo en riesgo a las trabajadoras y trabajadores del organismo. Desde el momento en que ocurrió el femicidio, tanto desde el Patronato como desde el Ministerio de Justicia provincial -bajo la responsabilidad entonces de Ricardo Casal y César Albarracín- se apresuraron a querer cerrar el tema comunicando que era un caso más de “inseguridad”. A su vez, la gestión del organismo -en aquel momento a cargo de Alejandra López- afirmaba que Laura no se encontraba trabajando en el momento del hecho. Durante la investigación, se cometieron irregularidades por parte de los miembros del Tribunal N°3 que obstaculizaron conocer toda la verdad. A partir de la lucha de familiares, compañeras y compañeros del Patronato, organizaciones sindicales, sociales y políticas y de derechos humanos, se reclamó que se aparte a la policía bonaerense de la investigación, y que se incorporen nuevas líneas de investigación que la fiscalía no había incluido, demostrando en el juicio que el femicidio se produjo en el contexto laboral, y que había indicios de más personas partícipes del crimen. El asesinato y accionar de la policía, presentaron llamativas coincidencias al crimen de Natalia Melman, ocurrido en 2001, también en Miramar. En el juicio realizado en la ciudad de Mar del Plata, en 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a Esteban Cuello a prisión perpetua por considerarlo culpable del delito de robo y abuso sexual seguido de muerte; el fallo incluyó un fundamento probatorio en virtud de los testimonios recogidos durante el juicio, quedando demostradas las condiciones inseguras en las que desarrollan sus tareas los trabajadores del Patronato de Liberados, sin que se haya producido, sin embargo, una modificación de las condiciones laborales precarias. Laura Iglesias, Trabajadora Social, fue una luchadora comprometida y consecuente con su trabajo desde su rol profesional con los sectores más golpeados de la clase, que se organizó, a través de ATE, junto a sus compañeras y compañeros para luchar por mejores condiciones laborales y por los derechos de la población que se encuentra con abordaje del Patronato de Liberados Bonaerense. Este año el aniversario del femicidio de Laura, nos encuentra en el contexto de una cuarentena necesaria, pero a la que sólo puede acceder un sector de la población; el estado prioriza el rescate al capital a evitar que despidan trabajadores; la reestructuración de la deuda y el pago a los bonistas a la inversión en medidas sanitarias, llevando al país a más pobreza, despidos, precarización y pérdida de derechos laborales y previsionales. Se hace necesario redoblar los esfuerzos de organización para poner en agenda los reclamos históricos de nuestro sector, y abrir un intenso debate en torno a la necesaria mejora de nuestras condiciones de trabajo, seguridad e higiene laboral, y salarios, así como a la función social que debe cumplir el Patronato de Liberados desde la perspectiva de sus trabajadores y de la población. A Laura Iglesias la mató el estado, y a 7 años de su femicidio seguimos denunciando y planteando que se investigue las responsabilidades políticas (Scioli,Casal, Lopez) y materiales del crimen, incluyendo en éstas a la policía. Patronato de Liberados tu ahorro es nuestra muerte Laura Iglesias Presente!!! Ahora y siempre!!!

Desde hace dos semanas, los vecinos de los asentamientos Lamadrid y El Triángulo, ambos linderos al riachuelo y en proceso de urbanización, vienen reclamando que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y los gobiernos porteño y de Nación cumplan con sus compromisos. Tras los primeros casos de familias infectadas por coronavirus en la zona de El Triángulo, nunca se cumplieron los protocolos sanitarios ni se realizó ningún tipo de testeo o control sanitario. Ni en los asentamientos ni en las casas aledañas al brote. Tampoco se tomaron medidas para aislar a grupos de riesgo o trasladarlos a lugares adecuados. Para esto se podrían reconvertir algunas de las decenas de casas tapiadas y deshabitadas que alimentan la especulación inmobiliaria o poner a disposición la Usina del Arte, que se encuentra a unas pocas cuadras. A esto se suma el corte de la asistencia alimentaria a más de 150 familias desde principios de marzo. El único merendero en estos asentamientos no está reconocido por los gobiernos; esto significa que funciona completamente a pulmón y es sostenido de manera solidaria por los vecinos. Crece la preocupación ante los nuevos casos en el resto del barrio que van recogiendo las organizaciones sociales y que aún no se encuentran reflejados en los partes diarios. Frente a esta situación de incertidumbre los vecinos del asentamiento y sus delegados de manzana obtuvieron una reunión de emergencia con los entes responsables. Exigieron como primer punto los testeos masivos que vienen siendo negados sistemáticamente y la asistencia alimentaria para las familias en riesgo. Se obtuvo una primera partida de 200 bolsas con alimentos para las familias que se repartió casa por casa con un compromiso del IVC a seguir asistiendo. La pelea es para que sea semanal, y no quincenal, ya que las partidas son chicas. También se obtuvo una entrega de lavandina, alcohol en gel y elementos de limpieza. Sobre los testeos hubo un compromiso de empezar a realizar algunos tests en la zona lindera a la Av. Pedro de Mendoza, algo completamente insuficiente ya que el hacinamiento más fuerte es en los pasillos que van hacia adentro de los asentamientos. El avance exponencial de casos en la Villa 31 y en la Villa 21-24 de estas semanas muestran que la desidia del gobierno y la falta de testeos es un gran peligro para la salud de las familias. La única propuesta frente a este aumento son los cercos y guetos como en la Villa Azul. Y tener que esperar horas por los resultados de los test en las salas de espera abarrotadas de los Hospitales. Formemos un comité barrial para afrontar esta situación discutiendo la mejor manera de cuidar la salud en La Boca, frenemos la desidia del Estado a tiempo para evitar situaciones de abuso y cerco contra las barriadas más vulnerables. Sumémonos a acciones de lucha por testeos masivos, asistencia alimentaria y sanitaria inmediata junto a todos los barrios para evitar una masacre sanitaria.

Las trabajadoras y trabajadores de las escuelas privadas atraviesan una situación dramática. Al igual que en numerosas fábricas, las patronales de la educación arancelada están reduciendo masivamente sueldos, recortando horas extracurriculares o avanzando sobre cargos enteros. Muchas instituciones, especialmente jardines, ya han cerrado y sus trabajadores quedaron en la calle. Según lo relevado por Sadop, el sindicato docente nacional de educación privada, en el último cobro, del 7 de mayo, más de diez mil compañeras y compañeros bonaerenses han sufrido algún tipo de rebaja salarial. Mientras tanto se exige a los docentes una sobreacumulación de tareas que “justifiquen al padre estar pagando una cuota”, argumento extorsivo repetido largamente por los representantes legales. Informes diarios, reuniones constantes y un sistemático gambeteo a las resoluciones oficiales -que los docentes van ganando reglamentariamente en el proceso de virtualización educativa- para poner límites a la exigencia insoportable de diagnósticos, planificaciones, seguimiento de libros de temas virtuales y, aún, las calificaciones numéricas. Sadop denuncia a las patronales, pero nada ha hecho para organizar a los trabajadores. Ni reuniones de delegados, ni asambleas por institución, sólo administrativos en las escuelas que cerraron o están pulverizando el salario de sus trabajadores. El acta de la reunión entre el sindicato, el Ministerio de Trabajo y las cámaras empresariales de colegios privados -ADEEPRA, AIEPBA, EPEA, FECEABA y CECE- del 22 de mayo pasado ha quedado en el compromiso de “evaluar la situación expresando ambas partes la voluntad de continuar dialogando para la resolución del conflicto”. Es decir, nada. Las patronales se negaron rotundamente a cualquier rebaja en las cuotas. No se dedicó ni un instante de la reunión, además, a evaluar las condiciones de trabajo, especialmente vinculadas con la virtualidad (los docentes de escuelas privadas se encuentran también entre los que no tienen conectividad o infraestructura digital apropiada). En la provincia de Buenos Aires, 1,6 millones de alumnos están inscriptos en colegios privados. Las cámaras patronales aducen que en territorio bonaerense la mora de las familias en el pago de cuotas oscila entre el 60 y el 70 por ciento. Efectivamente, las familias no pueden afrontar aranceles cada vez más elevados. Muchas familias trabajadoras llevan a sus hijos a institutos privados por distintos motivos, implicados en la destrucción sistemática de la educación pública. En este cuadro, aparece el flagelo de la deserción escolar: según la institución se han registrado caídas de la matrícula de entre un 10 y un 30 por ciento. ¿Dónde se han inscripto esos niños, jóvenes y adultos con las escuelas públicas cerradas y en dificultades para tantos trámites administrativos? Al acecho del salvataje estatal Las cámaras de escuelas privadas están negociando en un extendido tire y afloje con el Ministerio de Educación su inclusión en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Aprobado hace ya varias semanas el subsidio salarial para las escuelas que no reciben subsidios en el pago del salario, la catarata de reclamos de escuelas que sí tienen el salario subsidiado frenó los primeros acuerdos. Se intentó poner el requisito de que la facturación del 2020 no supere la de 2019, pero los dueños alegan irregularidades en su propia contaduría. El Ministerio comenzó, entonces, la elaboración de una base estadística nacional. Lo cierto es que los subsidios provinciales ya los reciben la enorme mayoría de las instituciones arancelas, que van desde el 100 al 40 por ciento para los salarios de planta orgánica. Las patronales educativas deben abrir sus libros contables urgentemente. Todo colegio privado que cierre o despida debe ser expropiado bajo el sistema provincial, con la efectivización de todos los derechos laborales del Estatuto Docente y las obligaciones reglamentarias de las disposiciones que hoy no cumplen, en la perspectiva de la nacionalización del sistema educativo. Los trabajadores de la educación deberán ser los grandes protagonistas de este programa. Por ello es necesario que los docentes discutamos una salida. Impulsemos asambleas virtuales en todas las escuelas -sin discriminación de afiliación o de no afiliados-, para garantizar la votación de delegados y deliberar un plan de lucha con el conjunto de los sindicatos docentes contra los despidos, las rebajas salariales, la falta de trabajo y los protocolos de enseñanza en la crisis sanitaria.

EL municipio de Colonia Santa Rosa está sacudido por una ola de reclamos obreros y populares y una feroz crisis política. Los obreros municipales ya superaron una semana en huelga. Reclaman el pago del aumento del 38% y la aplicación de cláusula gatillo, conquistadas en la paritaria 2019, y el cumplimiento de un protocolo obrero en el marco de la emergencia covid- 19. A la par, asambleas de más de 15 barrios obreros reclaman por la obra pública y la asistencia alimentaria y sanitaria. El repudio al intendente Mario Guerra, quien se encuentra desaparecido y no da respuestas a ninguno de los reclamos en curso, es total. Rebelión El miércoles 27, una movilización multitudinaria sobre el municipio, que comenzó por la mañana, dio lugar a una suerte de aguante y asamblea a cielo abierto entre vecinos y trabajadores. Un importante sector de los barrios propuso exigir la renuncia del intendente. Un sector de trabajadores municipales defendió que la cuestión principal era garantizar la satisfacción inmediata de todos los reclamos. Al atardecer, y sin resolver una posición común, los manifestantes decidieron marchar hacia el Concejo Deliberante. Jaqueados, los concejales improvisaron la conformación de una comisión investigadora, pero los obreros y los vecinos apuntaban directamente contra la cabeza de Guerra. Como resultado, estos terminaron votando por unanimidad la “suspensión” del intendente y la conformación de una comisión auditora municipal con representantes de cada barrio en lucha y de los obreros municipales en huelga. Final de ciclo Guerra ninguneó durante meses el reclamo obrero, tildando de vagos a los trabajadores y de acaparar todo el presupuesto municipal para el pago de sueldos. Una vez decretado el paro, intentó quebrarlo contratando changarines, lo que fue derrotado con la ocupación de las dependencias municipales. Por su parte, los vecinos también fueron ninguneados sistemáticamente en sus reclamos de trabajo genuino, alimentos y asistencia social, iluminación, enripiado, acceso al agua, demarcación de calles, un plan de acción contra el dengue que devora a los niños en decenas de asentamientos y el reequipamiento del hospital vaciado. El “doctor” Guerra llegó a la intendencia a finales del 2015, después de una intervención decretada por el entonces gobernador Urtubey para frenar una pueblada que se produjo al calor de los reclamos de obra pública en los barrios y la intervención de nuestro compañero, en ese entonces concejal, Ricardo Castellanos. Esa intervención buscó sin éxito imponer un ajuste, pero Guerra debutó con un impuestazo y un intento de reducir y precarizar la planta municipal. Las deudas salariales que hoy reclaman los municipales fueron conquistadas con una huelga en 2019, que fue respondida con nueve despidos que no se pudieron revertir y el incumplimiento de aquella paritaria. Ahora, bajo el agotamiento del gobierno de Guerra, los obreros y vecinos retoman su lucha con una gran experiencia recorrida, al punto tal de que los primeros reclaman la reincorporación de sus compañeros despedidos. Nuevas maniobras Al momento de escribir estas líneas no se había efectivizado la suspensión del intendente de Colonia y menos aún atendido el reclamo de los huelguistas y de las asambleas barriales. Por el contrario, la policía logró levantar la toma de la municipalidad en la madrugada del jueves 28 y cerrar el edificio. El gobierno de Sáenz mandó a su secretario del interior, Mario Cuenca, a declarar que “con Guerra o sin Guerra, el municipio de Colonia Santa Rosa no puede seguir funcionando si no reduce la planta de empleados municipales” (El expreso de Salta, 28/05). Este funcionario atacó sistemáticamente el reclamo de los municipales desde su inicio y junto con el ministro de economía de la provincia, se negó a recibir a los obreros en defensa de Guerra. Por otro lado, ninguno de los concejales entrevistados por los medios ha explicado que la comisión votada debe estar integrada por representantes de los barrios y obreros municipales en lucha, preanunciando nuevas maniobras. Una nueva etapa de lucha La idea del cambio de gestor, que predominó en el rebelado pueblo trabajador de Colonia, choca con la realidad de un municipio quebrado. Los desmanejos financieros, la destrucción de miles de puestos de trabajo por el avance de la soja y la caña, y la política consciente para no cobrarles impuestos algunos a la Seaboard Co. (ex Tabacal), a las grandes quintas y terratenientes de la zona, están en la base de esta quiebra. Guerra tampoco exigió más presupuesto para no cuestionar el pago de la usuraria deuda pública provincial y nacional, que consumen el grueso de los recursos fiscales. El nuevo desafío del pueblo trabajador en lucha de Colonia es evitar que la suspensión de Guerra sirva para no resolver de manera inmediata sus reclamos. Es necesario coordinar las luchas en curso y poner en pie un congreso de trabajadores en el municipio que pugne por una real apertura y control obrero y popular de las cuentas del municipio y el suelo del municipio y el departamento. Comienzan a surgir otras luchas municipales y barriales en el resto de la provincia. Colonia es un laboratorio de lucha de clases que alumbrará las luchas venideras y se nutrirá con ellas.

En los recientes días se conoció el diagnóstico de un paciente del hospital Rossi, quien se encontraba internado debido a un accidente cerebrovascular, infectado por covid19. Se había planificado su traslado al hospital naval de El Dique, el cual puso como requisito que se le realice previamente un testeo. El resultado positivo provocó el aislamiento preventivo de 29 trabajadores del Rossi, entre enfermeros, camilleros y profesionales. Dichos trabajadores fueron sometidos al testeo para delimitar la diseminación del virus. Como solo son tomados como sospechosos aquellos casos que presentan síntomas efectivos, esto llega tarde. El resultado es que cuatro trabajadoras -hasta ahora- resultaron positivos, por no contar con los EPP a la hora de tener contacto con el paciente. La dirección de Hospital se arroga la autorización para la entrega del equipo completo, autorización que puede tardar horas, lo que significa no solo una demora en la atención de los pacientes, sino también la permanencia de un paciente que puede convertirse en una posible fuente de nuevos contagios. Contrario a la realidad, la dirección se llena la boca diciendo que la provincia ha abastecido suficientemente a nuestro centro de salud y que el equipamiento se encuentra en los depósitos. Pero de esto se desprende que no consideran que sean suficientes para toda la planta y residencia. Un botón de muestra de la situación en la provincia El cuadro empeora si tenemos en cuenta que, según las cifras oficiales, los trabajadores representamos el 28% del total de los contagios. Un sector particularmente presionado es el de Enfermería, que además se encarga del acopio y distribución de los insumos - previa autorización de la dirección paralizadora. Sin embargo, los trabajadores de Enfermería denuncian no recibir los elementos o recibir elementos de pésima calidad, lo que provocó que protestas y retenciones de servicios. Es el sector más sobrecargado: la planta de enfermería fue y es históricamente deficitaria con relación a la cantidad de pacientes y la carga horaria exigida - actualmente trabajan solo tres enfermeras por turno de guardia. Al momento, el comité de crisis del hospital se conforma exclusivamente por los jefes de servicio y los directores, es decir, quienes se juegan a fondo en la retención de los equipos necesarios para desarrollar nuestras tareas en condiciones de seguridad e higiene. Por lo demás, las jefaturas de servicio operan como cadena de fuerza de la dirección, asegurándose el acatamiento de las condiciones de trabajo. Se esfuerzan por amedrentar, sobre todo, a los residentes, a quienes llegaron a darles la orden de no compartir más información por los grupos de WhatsApp en común, incluso bajo amenaza de sanciones. En este punto, es necesario mencionar la completa parálisis de las direcciones sindicales que pueblan nuestro hospital. Los tres sindicatos presentes -la verde de ATE, CICOP y SSP- no han actuado de ninguna manera, ni en la ocasión del amedrentamiento de nuestra compañera, ni desde el establecimiento de la cuarentena, para convocar a una asamblea en la que todos los trabajadores de la salud podamos tener voz y voto en la forma de gestionar el trabajo diario, no solo con el COVID, sino con los diversos casos de pacientes a los que debemos seguir atendiendo. EPP completo para todos los trabajadores del hospital, sin dilaciones en su otorgamiento. Frente a la circulación intrahospitalaria, exigencia de testeo a toda la planta y limpieza periódica. Ante la reducción por aislamiento y la insuficiencia histórica, duplicación de la planta hospitalaria con reducción de jornadas laborales a 6 horas. Reapertura de paritarias y recomposición salarial de urgencia. Exijámosle al Estado que garantice los insumos necesarios para proteger la vida de los trabajadores de la salud y lo necesario para resguardar en cuarentena al conjunto de la población. Organizarnos es una cuestión de vida o muerte.

Como a lo largo de la historia, como en el Argentinazo, las mujeres trabajadoras se encuentran a la cabeza de la pelea contra la miseria a la que nos quiere condenar este régimen social, ahora exacerbada por la pandemia del COVID, por el Dengue y por la incapacidad del Estado en dar respuesta para salvaguardar la vida del conjunto de los trabajadores. En Villa Nueva la mayoría de los vecinos que allí residen son desocupados, viven en casillas de madera, chapa o material rústico. Escasea la comida, los elementos necesarios para la higiene y lo más grave: no cuentan con acceso al agua potable. O bien tienen que recorrer cuadras y cuadras en busca de algún bidón, o tienen que purgar con mangueras en los pozos donde, si logran sacar agua, sale con olor a podrido o con larva de mosquitos. Una realidad que se réplica en otros barrios como Villa Roca o Villa Paula donde las militantes de la Tendencia refuerzan su intervención. Así las cosas, el municipio de Berisso hace caso omiso de la desesperante realidad. No están mandando alimento para los comedores, ni agua ni insumos para la higiene. Mucho menos han siquiera comenzado a testear a los vecinos para identificar casos sospechosos y contagios para así poder aislarlos y evitar la propagación del virus. En estas condiciones, un solo caso que se introduzca en el barrio desataría una catástrofe, tal y como lo demuestran los casos de las villas porteñas o el caso de Villa Azul. Esta situación, podría volverse realidad en los próximos días, ya que Berisso cuenta con 12 contagios y el municipio de Cagliardi, como denuncian las familias aisladas con casos positivos, se ha lavado las manos por completo y así los infectados no cuentan con la asistencia necesaria. Frente a la falta de respuesta las compañeras no se paralizan. Con una campaña de donaciones para conseguir los alimentos, han reforzado el trabajo en el comedor del Polo el cual funciona todos los días de la semana y da de comer a más de 800 personas, incluyendo a vecinos de barrios aledaños que recorren cuadras y cuadras por un plato de comida. No podía ser de otra manera, pues estas compañeras, forjadas en la lucha de clases, vienen haciéndole frente al régimen capitalista y a cada una de sus crisis desde el año ‘98. Un ejemplo de lucha, con la particularidad en la que la pandemia nos coloca: defendemos la cuarentena y por eso nos organizamos para garantizarla y que sea tal, es decir, el Estado y su abandono, nos obligan a reforzar la organización y salir a luchar porque el hambre, la desocupación, la precarización, se imponen al aislamiento social. Ollas Populares: El #3J no será la excepción Con el objetivo de impulsar la mayor organización del barrio es que a la vez que ponemos en pie las ollas populares, convocamos a los vecinos con petitorios, carteles y redes de contactos a discutir para poder organizarnos por las reivindicaciones que la realidad exige. Luchamos por poner en pie un Comité Barrial que organice a los vecinos por todas sus demandas y es por eso que este #3J, con las medidas de distanciamiento social necesarias, nos encontraremos cortando la calle y poniendo en pie una Olla popular para reclamar por todas las reivindicaciones, donde la principal y la más urgente es el acceso al agua potable. Mientras el Estado se encuentra ocupado intentando rescatar al capital, dejando a los más necesitados a la buena de Dios, los vecinos de Villa Nueva, con las compañeras del Polo Obrero Tendencia a la cabeza, responden con organización en defensa de la vida de las familias obreras frente a un régimen que ha demostrado ser incompatible con la defensa de la vida humana. Este #3J, junto al Plenario de Trabajadoras tendencia, apuntaremos nuestros cañones contra él para pelear por: Ni una menos sin trabajo digno. Ni una menos sin salario igual a la canasta familiar. Ni una menos a causa de los femicidios. Ni una menos en manos de las redes de trata. Ni una menos sin acceso al agua potable. Ni una menos sin vivienda digna. Ni una menos por abortos clandestinos.

La frustrada sesión de diputados para derogar los 'superpoderes' de Cafiero-Fernández dejó una señal de alarma para el gobierno FF. La oposición de JpC estuvo a sólo cinco bancas de alcanzar el quórum. No significa esto que los "superpoderes” mismos estuvieran en peligro – lo más probable es que se hubiera llegado a un acuerdo que tampoco habría resuelto nada. Tampoco hubiera pasado el Senado. El reproche del macrismo declinante es que los “superpoderes” hubieran salido por decreto y no por ley. Los Fernández le dan un espacio televisivo a Larreta cada quince días desde Olivos, pero les cierra 'la casa común' de rango constitucional. La 'oposición' pretende convertirse en una caja única de reclamos, que obviamente 'selecciona' de acuerdo a los intereses de clase que representa. Los gerentes y directivos de las corporaciones capitalistas que demandan una “nueva normalidad” viven de los ATP que les asigna Cafiero. Los diarios ‘hegemónicos’ apenas dieron espacio a la bullanga. ¡Por qué habrían de morder la teta de la que maman! Los apoyos internacionales de esta ‘oposición’ no dieron señales de apoyar esta ‘movida’, cuando consiguen que el gobierno acerque posiciones acerca de la deuda con quien es visto como futuro secretario de Estado de un gobierno Biden, Larry Fink, el mandamás del fondo BlackRock, y operador en jefe de las operaciones de deuda de la Reserva Federal de Estados Unidos. Quórum de izquierda Entre los 124 diputados presentes estuvieron los dos del Frente de Izquierda. Es probable que el FIT-U se haya hecho presente en función de no perderse nunca una sesión parlamentaria. En el pasado reciente ha servido en bandeja al gobierno varios quórums – uno para aprobar el presupuesto de Capitanich en Chaco y el otro para aprobar la reforma que exigía el FMI a los regímenes previsionales especiales. En un caso, la “emergencia alimentaria” que señalizó el pacto de transición entre el FdT y JpC, votó a favor, en forma dividida. En esta ocasión, la agenda contra los ‘superpoderes’ que se autoadjudicó el gobierno debía servir, mediante la denuncia de esa facultad absolutista del Ejecutivo, para atacar la alianza, formal y de hecho, entre oposición y oficialismo para subsidiar al capital, bajar las jubilaciones, autorizar rebajas salariales y disponerse a firmar un canje de deuda externa que reforzará aún más el sometimiento nacional. JpC habría podido seguir adelante con esa “sesión especial” que no consiguió quórum, para proceder a un debate político sin posibilidad de voto, pero no lo hizo en función de evitar un agrietamiento del frente de la cuarentena que mantiene con el gobierno, bajo el pretexto de la cuarentena. En lo que a nosotros, el PO (T), respecta, habríamos aprovechado la mancada sesión especial para insistir en que el movimiento obrero imponga sus protocolos y métodos en la cuarentena, en los lugares de trabajo y los barrios; que se nacionalicen sin indemnización las industrias que son esenciales para una producción al servicio de la salud y el sistema sanitario (grandes empresas metalúrgicas); la nacionalización del sistema de salud; y la inmediata convocatoria de las paritarias con delegados elegidos en asamblea. Habríamos denunciado el carácter usurario de los acuerdos que el oficialismo se apresta a firmar con los fondos internacionales, acompañado por la oposición. El repudio de la deuda externa debe ser acompañado por un programa, bajo la dirección de la clase obrera El parlamentario de izquierda no se dirige al parlamento -ese foro no es su audiencia-, sino a las masas – es la esencia de la táctica política del socialismo revolucionario. El derribamiento del régimen que habilita superpoderes (no sólo ‘para Cafiero’) habría sido un hecho positivo para el desarrollo del programa arriba planteado. Pero esa no era la intención del macrismo, que se reservó una cuota porcentual de superpoderes cuando gobernó, y todo el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje de arbitrariedades presupuestarias es ¡constitucional! Lo hubiéramos denunciado en la sesión ‘opositora’; un gobierno socialista sería un gobierno que concentraría los poderes, pero en manos de la Asamblea del pueblo – a la vez deliberativa y ejecutiva; lo que se vota, se hace, sin que necesite el certificado de legitimidad de un poder judicial elegido por nadie e inamovible. La izquierda revolucionaria no se embarca en ninguno de los campos capitalistas: como opositores consecuentes a todo poder y superpoder burgués, habríamos votado contra el proyecto del macrismo, que no deroga los superpoderes, sino que los “reglamenta” o “regula”. En momentos de confrontación excepcional y extraparlamentaria entre fuerzas capitalistas, en el marco de una crisis excepcional, dirigiríamos sus fuerzas principalmente contra aquel que representa los mayores peligros inmediatos para las masas, sin apoyar, ni por un instante, al resto de los campos capitalistas en pugna. Así hemos actuado en todos los golpes de estado en Argentina y en América Latina, incluso cuando pretendían revestir un carácter ‘parlamentario’; en todas las declaraciones de estado de sitio. El hundimiento de los parlamentos, bajo la presión de la crisis gigantesca que la pandemia ha reforzado en gran escala, no es motivo para pedir que se le asigne un respirador en un hospital de campaña. Debe servir, por el contrario, para señalar que esa institución no es una salida para los trabajadores en la crisis presente; no vehiculiza las necesidades de los trabajadores porque no son construcciones políticas de los trabajadores mismos. En el marco de una crisis vertebral de la sociedad capitalista, la exposición de una alternativa socialista y de los métodos para alcanzarla, es más imperiosa que nunca.

El Covid-19 no ha hecho estragos en Cuba en materia de salud como en otros lugares de América Latina. Sin embargo, todos los análisis destacan que Cuba se encontrará entre los países más afectados por la crisis económica emparentada con la pandemia. Ningún otro sector de trabajadores como el de los trabajadores del sector privado de la isla ha sido más sacudido. Hasta hace poco trabajar en el sector privado cubano era la aspiración de cualquier isleño. De acuerdo a estudios académicos cubanos, los niveles salariales del sector privado eran muy superiores al del sector estatal. Por supuesto que para alcanzar un puesto allí había que tener ´contactos´, no cualquiera accedía. Los trabajadores que dependen del sector privado en Cuba fueron en ascenso desde el ´período especial´, y a inicios de este año se estimaba que alrededor del 15/20% de la fuerza laboral asalariada dependía de empleadores privados. Por un lado, está el sector asalariado dependiente de contratos reglados por el estado. Por ejemplo, la actividad hotelera que opera bajo grandes consorcios de sociedades extranjeras asociados al estado. Estos consorcios pagan salarios más altos que los del estado –éste paga salarios que rondan en promedio los u$s 30 mensuales. Los trabajadores del sistema de hoteles cubanos recibían salarios más altos, pero igualmente ´recortados´ porque el estado retiene una parte de los mismos. Este sector, a su vez, tiene o tenía una división interna muy marcada: por un lado, estaban los trabajadores sin acceso directo al mercado de divisas (personal de limpieza, maestranza, mantenimiento, etc. de esas cadenas); por el otro, una minoría con acceso a la propina en dólares. En Cuba, lo sabe todo el mundo, el puesto más deseado es el de barman, detrá del cual haya probablemente un físico nuclear o un químico que habla idiomas y dejó su lugar en la universidad por un salario multiplicado en la hotelería o en servicios de La Habana vieja, en Varadero o cualquier pub de la isla para el turismo. Distinta es la situación de los dependientes del llamado “Trabajo por Cuenta Propia (TCP)”. Se estimaba hace poco que este sector lo conformaban más de 1 millón de personas. En 2017, Emilio Morales, un calificado economista que integra equipos que asesoran al gobierno cubano, estimaba que “535,000 personas trabajaban en el sector privado de forma oficial más otro medio millón lo hace informalmente, perciben una remuneración mínima promedio 10 veces superior a un trabajador estatal. Esta diferencia significativa de salario ha derivado en el nacimiento de nuevos segmentos de mercados con un poder adquisitivo diferente y patrones de consumo diferente. En el período 2010-2016 se ha producido un verdadero boom en el sector privado cubano… un tejido empresarial exitoso que reúne a miles de negocios privados…” . Morales estimaba entonces que los “emprendedores generan el 17.8% de los ingresos brutos de la economía” –antes de la pandemia esta cifra estaba con certeza por encima del 20%. Pues bien, la pandemia está haciendo estragos en este último sector y particularmente entre los asalariados. El sector jamás conoció regulación social. Precisamente ese millón de ´privilegiados´ escondió siempre la realidad de una inmensa diferenciación social dentro del sector. Una cosa es el asalariado que depende del “emprendedor” y otra cosa éste. “Hasta mediados de mayo, el 35 por ciento del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) habían solicitado suspensión.de licencias. Estamos hablando de 222 mil 723 personas” (oncubanews , 26-5). Es decir, cerró el 35% del sector de los llamados “emprendedores” y en el camino dejó en banda a sus asalariados, quienes en Cuba quedaron en ´pelotas´; ni sus patrones ni el estado los ampara. Lo dice desde Cuba, Ailynn Torres, quien como veremos en detalle, denuncia el desamparo de los asalariados del llamado “sector privado” de la economía cubana. AT, como la mayoría del activismo que se reivindica de ´izquierda´ en Cuba –y el legado de la revolución de 1959– es, contradictoriamente, partidaria de la defensa de la llamada “apertura económica”. AT piensa que el estado cubano debiera proteger a este sector particularmente castigado por la crisis económica asociada a la pandemia. Textual: para salir de la crisis –dice AT– “El redimensionamiento del lugar del sector privado en el campo económico tendrá que ser un paso imprescindible. Quien lea en ese programa una restauración capitalista será por ignorancia o por interés”. El régimen laboral La pandemia dejó caer de la noche a la mañana la hoja de parra de la bonanza del sector privado y de sus asalariados. “Si un sector está desprotegido en términos de derechos laborales en esta crisis –dice Ailynn Torres– , es el de quienes trabajan en el sector privado y, sobre todo, en la categoría de ´trabajadores contratados´ que por otro lado, están en mejores condiciones en relación con las muchísimas personas que trabajan de modo informal, sin contratos. En esta crisis, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha implementado un repertorio de medidas protectoras para quienes integran el sector estatal. Para el sector privado la situación cambia drásticamente. La posibilidad de suspender las licencias ha sido el camino habilitado”. Dice AT ,“se interrumpe el pago de impuestos pero no se aseg--uran ingresos” al sector. Según el programa del mencionado ministerio, si un negocio con personas contratadas continúa funcionando, los empleadores deben remunerar a los contratados en función del tiempo de trabajo efectivamente realizado y ese monto no puede ser inferior al salario mínimo del país. Si el negocio no funciona más, no hay protección adicional. El único camino es acogerse a la asistencia social que … no parece ser un camino factible para la mayoría potencialmente necesitada. Trabajadores y trabajadoras autónomas (verdaderos cuentapropistas) tampoco tienen protección”. “Un informe –sigue Ailynn Torres– realizado por la agencia consultora AUGE sistematizó la información de veinte entrevistas a empleadores del sector privado de La Habana que tienen negocios en actividades de alto rendimiento dentro del sector privado. La fuente informa que implementaron medidas de protección a trabajadores contratados: 1) reordenar el contenido de trabajo de cada puesto de manera tal que no sea preciso despedir a los contratados que se han quedado sin funciones que cumplimentar dentro del negocio, 2) mantener el negocio operando aunque el nivel de ingresos y utilidades sea bajo, porque ello permite al menos continuar pagándoles a los trabajadores contratados, 3) pago de una compensación a los trabajadores interruptos, que podrían cubrir por máximo dos meses, 4) venta a los trabajadores contratados de alimentos a precio de costo o la donación de los mismos para ayudar a cubrir necesidades básicas. Esas respuestas, mínimas, es probable que no puedan implementarse por quienes se desempeñan en actividades menos prósperas o más afectadas por esta crisis. Pero, más importante que eso, es que nada les obliga a hacerlo…”. La periodista cubana señala que “La situación de mayor desamparo para este sector no está determinada por la crisis de la Covid-19 sino por deformidades previas. El Reglamento del Código Laboral vigente –que abarca a ambos sectores– no ha equiparado los derechos y obligaciones asociadas al empleo en el sector estatal y no estatal. Los primeros cuentan con ´derechos laborales y prestaciones sociales amplias; los segundos, con mínimas normas´. En el sector privado los contratos son determinados (y no indeterminados, como la mayoría en el sector estatal) y eso permite a los empleadores cierta flexibilidad en el manejo de los ´recursos humanos´ y tiene consecuencias diversas. El contrato puede terminarse unipersonalmente por parte del empleador antes de terminar el plazo legal establecido y con una anticipación solo de quince días. No se especifica cómo se acumulan los días de vacaciones ni cómo se efectúa el pago de los mismos. El derecho a vacaciones queda a libre negociación y, como la negociación es desigual, termina afectando derechos o dependiendo de la buena voluntad de quien tenga más poder. Además, en el sector privado las personas contratadas no tienen derecho a pagos de seguridad social en caso de enfermedad cuya duración sea inferior a seis meses. Los conflictos que se pueden presentar entre quienes tienen contrato y quienes tienen la propiedad del negocio se dirimen, en la práctica, de forma personal y su resultado depende más de las condiciones patrimoniales previas del empleado (el grado de dependencia vital que tenga del empleador) y de sus competencias individuales, que de una norma que asegure derechos”. Por supuesto que los TPC son negocios que aspiran a un régimen propio de cualquier sociedad capitalista normal y en este sentido han tenido todo tipo de choques con el gobierno de la isla. La periodista lo formula en sus propios términos: “Esa situación no puede leerse sin considerar las incontables trabas para la gestión y sobrevivencia que han tenido y tienen las pequeñas y medianas empresas existentes en el país y que, sin embargo, no tienen personalidad jurídica” . Pero precisamente amparándose en esta ´insegurididad jurídica´ las patronales están procediendo frente a la crisis económica con métodos propios del capitalismo previo a cualquier existencia de protección laboral. El proceso restauracionista cubano se asemeja más a la época pre-industrial y de la esclavitud salarial en que el capital exprimía impiadosamente a la fuerza de trabajo, que a cualquiera de los procesos restauracionistas de los últimos 50 años, desde China a Rusia, desde Vietnam a Laos. He aquí como opera la ley del valor en una época de descomposición imparable como la presente. “Emprendedores”, inversión extranjera y pública en Cuba La periodista que venimos siguiendo no se ha detenido en examinar al sector “emprendedor”. Por supuesto que se trata de un sector heterogéneo que ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos 15 años. El salto que pegó desde la ´apertura´ de Obama no fue detenido por el reforzamiento del bloqueo bajo Trump; éste no afectó en absoluto los contactos entre ese sector y el extranjero. Al contrario, las transformaciones y desigualdades que han tenido lugar en la isla ininterrumpidamente desde 2011 son de dimensiones gigantescas. Por un lado, según explica el ya citado Emilio Morales, “La ayuda económica de los exiliados cubanos ha sido un factor clave en el desarrollo de este naciente sector privado. El cual ha logrado crear un mercado de bienes y servicios que se estima entre 2.5 y 3.8 miles de millones de dólares” La multiplicación de los giros financieros desde Miami y otros centros ´familiares´ a la isla se transformaron en la principal fuente de financiamiento y acumulación capitalista en Cuba. Humberto Pérez, otro economista cubano, declaró que “me inclino a pensar que la mayoría de los capitales originarios o iniciales de las actividades comerciales realizadas por cubanos han salido de remesas en dinero o especie de familiares o amigos cubanos en el exterior que, a veces, además, son los verdaderos dueños de los negocios usando a los cubanos residentes en Cuba como sus testaferros”. Este sector, más que ´invertir´ en Cuba se ha transformado en la principal fuente de exportación de capital de Cuba hacia el exterior. Es decir, es un motor inmenso de fuga de capital. Una vez más, Emilio Morales, en un trabajo que tituló “Emprendedores exportaron 9 veces más que el capital extranjero que se invirtió en la ZEDM en el 2017” –la zona del mercado libre del puerto de Mariel, que aún está en marcha, lo explica. “Ni siquiera el anuncio de que la nueva Constitución reconocerá la propiedad privada y la economía de mercado, será un atractivo para frenar el éxodo de emprendedores y capital hacia el exterior. Solo un cambio radical de mentalidad y de leyes que permitan y estimulen el desarrollo del sector privado, con todas las prerrogativas y condiciones que se requiere, podrá detener este éxodo de talento y de capital”. Como se ve el capital opera con su propia lógica: “La actividad inversionista en el exterior por parte de los emprendedores tomó fuerza hace varios años desde que en el 2011 el gobierno implementara las reformas … A partir de entonces, el sector privado creció a un ritmo vertiginoso generando miles de empleos y desplazando en algunos segmentos a las empresas estatales, a golpe de mejor oferta y calidad en los servicios. La mayoría de estos emprendedores se beneficiaron de la política aperturista implementada por el entonces presidente Barack Obama, la cual liberó los envíos de remesas y los viajes de los cubanos-americanos a la isla, propiciando de esta manera canales informales pero muy eficientes para el financiamiento de miles de negocios, que al paso de los años se fueron consolidando en el mercado. Hoy muchos de estos negocios se han convertido en exitosas pequeñas y medianas empresas que aún no han sido reconocidas jurídicamente como tales. A partir de la nueva ley migratoria implementada en el 2013 por el gobierno cubano comenzaron los viajes de los cubanos al exterior. Esta puerta de salida ha permitido viajar a cientos de miles de cubanos a otros países … En el 2017 las personas que viajaron por motivos de negocios, trabajo e inversiones representaron el 47.04% del total …el grupo más sui generis era el que viajaba al exterior para invertir las ganancias que dejaban sus negocios en la isla. Este grupo de emprendedores con visión más estratégica ha ido creciendo en el tiempo, en la medida que el gobierno cubano ha ido apretando las tuercas a los TCP. Al principio, las inversiones se concentraban en bienes raíces, principalmente en Miami. Posteriormente se extendió a mercados como Panamá y República Dominicana, adonde viajan miles de cubanos para hacer compras al por mayor que despachan hacia la isla a través de agencias de envíos. Muchos cubanos han comprado apartamentos y viviendas para dar hospedaje y servicio de transporte a estas personas en sus ´viajes de compras´… Algunos con más capital crearon agencias para el transporte de mercancía y el empaque de productos y otros compraron camiones para el transporte de mercancías, etc. Pero lo más importante es que muchos de ellos se han hecho residentes en terceros países, como por ejemplo EE.UU, Panamá”, etc. … “El estatus de residente en el exterior ha permitido a miles de emprendedores exportar su capital y tenerlo a salvo en caso de cualquier imprevisto o contingencia que se produzca en el mercado cubano … una masa grande de emprendedores exitosos exporta su capital para invertir en otros mercados, donde no existen esas restricciones y donde no se persigue la generación de riqueza”. Mientras la burocracia de estado ha dejado a este sector crecer y transformarse en la gangrena que se acaba de mostrar, el sector estatal de la economía ha mostrado un comportamiento completamente errático. Cuba tiene un déficit en materia de infraestructura básica que es sólo comparable a la de los países más atrasados de la región. El retroceso relativo cubano, por referencia al concierto de naciones de Latinoamerica y respecto a los últimos 50 años (y mucho más si lo remitimos al período posterior a los ´90), es pavoroso. Lo que de ninguna manera se explica sólo el embargo norteamericano. En tres sectores básicos, Cuba es un verdadero desastre: la vivienda, su industria alimenticia y la situación de la vejez. Cuba tiene un déficit habitacional y un deterioro de la vivienda popular que es probablemente único a escala continental. Cuba importa más del 70% de los alimentos que consume y tiene el campo probablemente más ineficiente de América Latina (la industria ´insignia´ de la economía cubana prácticamente ha desaparecido –Cuba produce en la actualidad menos azúcar que en la época pre-independiente). A excepto de la industria tabaquera –único sector en el que Cuba ha tenido cierto progreso (de la mano de una asociación con capitales brasileros), la industria cubana está por detrás de la industria cubana previa a la revolución de 1959 (el enfeudamiento de la economía cubana al Comecom y la ex URSS fue nefasto). Cuba tiene, por último, una de las tasas de natalidad más bajas de la región y una de las poblaciones más longevas –sin embargo, el sistema jubilatorio cubano apenas garantiza jubilaciones que no alcanzan en promedio a los u$s 25 mensuales. La inversión pública cubana, la más relevante de la isla, es motivo de crecientes cuestionamientos. Pedro Monreal, un prominente economista cubano y ex funcionario, viene criticando agudamente el curso que ha tomado: “¿Por qué la inversión cubana en servicios empresariales e inmobiliarios experimentó un salto en apenas cuatro años que la ha convertido en casi la tercera parte de la inversión total del país? Ninguna otra de las 18 categorías de ´actividades´ registradas en el Anuario Estadístico de Cuba se aproxima, ni de lejos, a ese enorme peso”. Esos “servicios” son fundamentalmente inversiones hoteleras en sociedad con capital extranjero. Este salto se ha dado en el mismo período en que Cuba ha sido desplazada de los primeros lugares del turismo receptivo del Caribe, especialmente por República Dominicana, tanto por precio como por calidad. Cuba ha acentuado este rasgo parasitario de su economía (ni hablar del derrumbe presente de la actividad) desatendiendo todos los otros rubros de la inversión pública. La incidencia de esos servicios representan “una inversión por trabajador ´estratosférica´: 45 veces superior al dato para la agricultura, 19 veces superior a la industria, y casi 11 veces superior a la inversión por trabajador en la actividad de ciencia e innovación” (ídem). Este agudo especialista se hace tres preguntas: Cuba tiene “¿Una inversión con esteroides?” en materia de hotelería; es ésta “¿Una actividad con una inversión ´sobregirada´?”; Cuba tiene “¿Una pirámide invertida en la inversión?”. “¿Cuál pudiera ser –se pregunta Pedro Monreal– la racionalidad de esos abismos sectoriales en la inversión por trabajador?”. Su respuesta: “Con la información disponible no es posible responder esa pregunta”. O sea, la burocracia lo esconde. “Lo que sí parece evidente es que la inversión por trabajador en Cuba es excesivamente baja en un sector clave como la agricultura (mayor empleador del país y garante de la seguridad alimentaria del país) y es exorbitantemente alta en una actividad como los servicios empresariales e inmobiliarios”. La ´planificación económica´ en Cuba no sólo no es motivo de discusión democrática: “se hace difícil entender el carácter racional de la planificación en Cuba, por lo menos en cuanto a su función en la asignación de recursos escasos para la inversión”. Una transición revolucionaria Es indudable que Cuba se encuentra, definitivamente, en un enorme período transicional. El sistema burocrático se ha transformado, desde hace bastante tiempo ya, en una freno al desarrollo de las fuerzas productivas. El proceso de “apertura” del último cuarto de siglo no ha abierto ninguna perspectiva de progreso. El capital sólo vá a Cuba para apropiarse de sus recursos y de su calificada mano de obra, produciendo al mismo tiempo una fuerte diferenciación social, que reúne a sectores ligados al aparato del estado y al capital de Miaimi. Cuba demanda de llevar la revolución de 1959 a una nueva transición revolucionaria, de la mano del proletariado y parte de la revolución mundial.

En los días de la pandemia, la intervención policial en el contexto de la cuarentena hace erupción en San Luis a su manera. Florencia Magalí Morales tenía treinta y nueve años, y vivía con sus hijos pequeños y su nieta de dos años en Santa Rosa de Conlara. El domingo 5 de abril por la mañana salió con la bicicleta a comprar alimentos. Versiones policiales encontradas refieren que la detienen por circular en contramano y no estaba autorizada a salir ese día de acuerdo a la terminación de su documento. En el medio, alegan los policías, hubo resistencia a la autoridad. Demorada, Morales fue enviada a revisión médica y luego al calabozo de la comisaría 25, donde horas más tarde la encontrarían supuestamente ahorcada por su propia mano. La primera autopsia no desdice la versión policial del suicidio. El abogado de la familia consiguió que se practicara una segunda autopsia, que arrojó lesiones que la revisión médica del hospital no había consignado, consistentes con autodefensa. El 24 de abril, en Villa Mercedes, a Franco Gastón Maranguello, de 16 años, lo levantó la policía a metros de la puerta de su casa, supuestamente por violar la cuarentena. No tenía consigo el documento, y por lo tanto no estaba habilitado para salir… ¿a la vereda? Dos horas después, a las diez de la noche, su madre (que recién llegaba del trabajo) se presentó a buscarlo en la Comisaría de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), donde el chico se hallaba detenido. El personal policial presente le dio vueltas al asunto hasta pasadas las doce de la noche, en que le dijeron que Franco se había “suicidado”. Si bien es cierto que el adolescente había tenido un intento de suicidio cinco meses antes, el caso está plagado de inconsistencias: lo detuvieron arbitrariamente, no lo llevaron al hospital antes de ingresarlo en la comisaría del Menor, no llamaron inmediatamente a funcionarios judiciales después del deceso, y hubo premura por enterrar el cadáver, entre otras irregularidades, todas muy graves. Le fue concedida a la familia la exhumación y una nueva autopsia por peritos ajenos a San Luis, medida que deberá esperar a una flexibilización de la cuarentena. Pero trascendió que el juez advirtió a la familia que ellos iban a tener que pagar la exhumación y la segunda autopsia, una cifra que ronda los doscientos mil pesos. El cuadro puntano y su gravedad Los trabajadores de esta región cuyana ven desmentida en las condiciones de vida de su familia la leyenda del paraíso puntano, regenteado por los hermanos Rodríguez Saá, desde 1983. Con problemas de cobro en el trabajo privado, fuerte incidencia del trabajo precario o en negro, sueldos municipales de nueve mil a trece mil pesos desde hace años, muchos trabajadores sufren mil y un pequeños o grandes abusos. La miseria endémica de la vida del trabajador puntano se ve potenciada por la situación pandémica. Es en este contexto que en toda la provincia proliferan casos de abuso policial, que se han multiplicado en todo el país desde que comenzó la cuarentena. Los crímenes de Florencia y Franco son el resultado de un lumpenaje uniformado que, al amparo del control de la cuarentena, ha dado rienda suelta a sus bajos instintos y a su estupidez más violenta. A todos los crímenes del capital le oponemos la organización de la clase obrera. En el caso del control social por la cuarentena contra la pandemia, la mejor respuesta es la formación de comités vecinales que, por definición, serán la mejor garantía contra cualquier tipo de abuso. En el inevitable “mientras tanto”, debemos impulsar decidida y fuertemente la movilización popular por el castigo a los responsables de estos crímenes. Planteamos el desmantelamiento de las mafias policiales y la designación de las jerarquías por voto electoral y la revocabilidad del cargo. Juicio y castigo a los culpables y responsables políticos de las muertes de Florencia y Franco. Desplazamiento de sus cargos a todos los implicados en lo que duran la instrucción de sumarios, las investigaciones y los juicios. Organización barrial para atender las implicancias de la cuarentena y contra cualquier forma de abuso policial u otros.

La Plata y su periferia cuenta con 240 asentamientos, ni más ni menos que un 11,6% del total de estos barrios precarios de todo el territorio de la Provincia. Representa un total de 190.000 platenses que viven en una precariedad extrema. El 90% de estos hogares no cuenta con acceso a la red de cloacas; un 70% no tiene acceso formal a la red de energía; el 80% carece de gas; el 60% no accede a agua con tanque; el 40% no cuenta con alumbrado público, mientras que el 60% debe tirar la basura a la calle. A esto hay que sumar la escasa cantidad de calles asfaltadas, como así también el drama de que vivan muchos integrantes de una familia en una pequeña casilla, en algunos casos extremos hasta con piso de tierra. La precariedad es el denominador común ante cualquier situación "no esperada", como fueron las inundaciones de 2013. Es claro que en estas condiciones es necesaria una acción enérgica para prevenir el contagio del virus, en términos de testeos efectivos, alimentación y organización barrial. El municipio, comandado por el macrista Julio Garro, llevó adelante controles a unos 3.000 vecinos de asentamientos ubicados en Olmos, Tolosa, Los Hornos, Abasto, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira y San Carlos. Una cifra irrisoria ante los 190.000 habitantes del área. Este es el resultado de la acción de los "comités de crisis barriales", impulsados desde el gobierno, para "evaluar la implementación de los operativos sanitarios, los diagnósticos, las medidas de asistencia social, el cumplimiento de medidas preventivas" (El Día, 28/5). Un grupo de organizaciones sociales adaptadas al estado sugirió "identificar a una autoridad sanitaria que coordine y monitoree la aplicación de las pautas sugeridas y un comité de crisis interministerial" (El Día, 28/5). Ni el estado ni sus organizaciones se muestran capaces de ofrecer una salida real a esta crisis. El 28% de los casos positivos de La Plata son trabajadores de la salud - en el hospital Gutiérrez, el Rossi y también en el San Martin.

Dos mil choferes agremiados en UTA protagonizaron el jueves pasado una enorme movilización por el centro de la ciudad de Rosario. La movilización tuvo lugar por el fracaso en las negociaciones que la UTA mantiene con el Ministerio de Trabajo y las patronales, en reclamo por los salarios adeudados, en el marco de una histórica huelga que ya lleva 18 días. El fiscal Carlos Covani, del Ministerio Publico de Acusación e integrante de la fiscalía especial COVID 19, solicitó a la policía que notifique a los choferes por “violación de la cuarentena” y amenazó con nuevas intervenciones (Rosario3.com), lo que configura una amenaza de ataque al derecho de huelga y criminalización de la protesta. El fiscal y los que estén detrás de este apriete anteponen la “cuestión sanitaria” a la “cuestión salarial” frente a trabajadores que están expuestos al contagio por estar considerados esenciales. Quieren obligar a los choferes y a sus familias a atravesar la cuarentena trabajando expuestos y sin cobrar el sueldo. La pandemia puso en crisis el esquema mixto público-privado que rige para el transporte de la ciudad, esto es, la política indiscriminada de subsidios estatales a las empresas mientras el sistema de transporte de descalabra, el servicio es deficiente, se adeudan salarios y el precio del boleto pelea el podio del más alto a nivel nacional. La enorme caída del flujo de pasajeros funciona para las empresas como un ariete para reducir personal y salarios, como lo refleja el caso de Ersa, en Santa Fe capital. Desde el intendente rosarino Javkin hasta el gobernador Perotti y los funcionarios nacionales, brillan por su ausencia para resolver esta crisis que obliga a miles de trabajadores sin transporte a gastar enormes cantidades de dinero en taxis sin cobertura patronal. Deben abrirse los libros de las empresas e investigar dónde van los millones de pesos de subsidios y la responsabilidad de los empresarios en el vaciamiento del sistema del transporte y poner el servicio bajo gestión de los trabajadores y usuarios que garantice el pago a término de los salarios adeudados y un aumento salarial urgente. La huelga de los choferes se enmarca en lo que fue una jornada bisagra que contó, además, con una concentración de Amsafe por las paritarias y el salario para los reemplazantes, los trabajadores del correo movilizados por la reapertura de paritarias y un bono; los cadetes precarizados instalando una carpa en pleno centro rosarino contra la flexibilización laboral. La continuidad del paro plantea la coordinación con otros sectores del movimiento obrero. El termómetro de la lucha de clases local está marcando alta temperatura.

Los contagios en la Villa Azul superan el centenar de personas. La respuesta del gobierno fue cercarlos con la policía cual campo de concentración. No se hicieron los testeos necesarios ni se provee de los elementos y alimentos para la supervivencia de los vecinos. La situación es caótica. Las donaciones solidarias de muchas personas no tardaron en llegar en las inmediaciones del lugar, así como también la insistencia de varios grupos de voluntarios para acudir a colaborar, sobre todo de las universidades cercanas, la UNQ -que opera como centro de atención sanitario- y la UNAJ, que cuenta con el instituto de salud ligado al Hospital de alta complejidad El Cruce. La Universidad Nacional Arturo Jauretche concentra un gran número de estudiantes ligados a carrera de medicina - 53 % del total. Este viernes, algunos de ellos participaron en hisopados a los vecinos de Villa Azul. De esto se tratan los voluntariados que Kicillof presentó en conferencia de prensa hace unos días. Estos voluntarios realizan la actividad de cualquiera profesional con experiencia. La solidaridad de clase no debe desembocar en precarización laboral hacia la juventud universitaria con intenciones de colaborar en la pandemia. Las capacitaciones tienen que ser parte de las prácticas profesionales y deben recibir una remuneración por parte del Estado, además de EPP, seguridad al viajar y obra social. Los voluntarios debemos levantar un programa propio, junto a comités barriales independientes, para controlar los recursos de salud, alimento e higiene, así como la capacidad de llevar la cuarentena adelante en defensa de la vida.

¿Cuál es tu experiencia en la pandemia como personal de salud? Noté que la gente tiene paciencia con lo que sucede y colabora bastante con la cuarentena, incluso más allá de las necesidades propias que tiene cada familia… que es un mundo. Todos tienen una situación atrás y es difícil, pero entienden que tienen que estar dentro de su casa. También quedó al descubierto -en lo personal, no es algo que uno desconozca que no todos los hospitales de la provincia son El cruce (Hospital de Alta complejidad), pero bueno…- ahora quedó al descubierto que hay más carencias que las que creíamos o pensábamos. ¿Estuviste trabajando en Villa Azul? Sí, estuve en la Villa Azul, en la parte que pertenece a Avellaneda, que es otra realidad a la parte de Quilmes. En la parte de Avellaneda hay casas donde hay agua corriente, tienen baño, también estuvieron mucho más los medios, es como que esa gente recibió un poco más de ayuda, alimentos, garrafas, un poco más asistidas a las necesidades básicas. Creo que en la parte más humilde de Azul, en Quilmes, la gente la pasa mucho peor; los pasillos son muy acotados, no llegan a los 70 cm, no entra la luz del sol. Hay mucha diferencia entre esos sectores, parecen dos barrios distintos, por lo que las carencias son distintas entre una y otra. ¿Cuál es el ánimo de los vecinos? La gente está muy preocupada. Mucho laburante que vive de la diaria y esto no se sabe cuándo termina. ¿Tenés los elementos de protección necesarios? El equipo está muy racionalizado, no sobra nada, tenemos lo justo. Por ahora, la vamos llevando, pero no nos sobra nada. ¿los testeos se les hacen a todos? No, del lado de Quilmes, están haciendo controles puerta a puerta por lo que me cuentan, no lo sé a ciencia cierta. De este lado, lo hacemos en la unidad sanitaria que está en la esquina del barrio y no es para todos, sólo si tiene fiebre, esta descompensado o es factor de riesgo, podemos hacerlo. Si no estuvo en contacto con ningún infectado, se lo manda al domicilio y queda a la espera de ver cómo evoluciona. Si continúa… ahí sí, si tiene algún familiar con Covid positivo y está con algún síntoma, ahí sí le hacemos el hisopado. El resultado se lo mandan por teléfono, no tienen que llamar. Están atrasados con el resultado, tardan entre 48 y 72 horas, y eso provoca un poquito de angustia de la gente que tiene que estar a la espera del diagnóstico. ¿Qué rol cumple la policía? Repartieron alcohol y lavandina, está tranquila. Si bien la gente entendió que tiene que estar ahí, hay mucha presencia policial, alrededor de cien policías por turno. Está todo el barrio vallado, pocos andan en la calle dentro del barrio. Esperan familiares con donaciones, pero no escuché disturbio ni que nadie se queje. Aunque el jueves hubo conflicto en la parte más precaria porque, claro, querían la presencia del municipio con comida y prometían una quema. Eso lo escuché por la radio de la policía. Lo que pasa es que, en otros puntos de Avellaneda, habían repartido comida, garrafa, agua… en otros puntos del distrito que están en la misma situación, como en Camino General Belgrano o el Docke, Villa Inflamable… que seguramente pronto tendremos noticias. No está en los medios, pero en la comuna se sabe que hay brotes y todavía no llevaron nada, no son más grandes que Villa Azul, pero no tienen ni siquiera este complejo de departamentos, así que la situación en zona sur en los próximos días será grave. Volviendo a la policía, más que nada está para contención, no otra cosa. Están con las armas descargadas, tienen portadores en la cintura y las armas no pueden portar balas. Esa es una orden que bajaron del ministerio, según escuché.

La lucha de los trabajadores del frigorífico Penta lleva tantos días como la cuarentena en Argentina. Bruzzese cerró la fábrica y la resguarda con la patota de la burocracia de Fantini -quien disputa la dirección de la Federación de la Carne-, instalada dentro de las instalaciones. Hace algunos días, luego de varias denuncias, la policía se acercó a la planta para que estas personas se retiren, pero ni bien los policías se fueron, volvieron a ingresar. Los acuerdos entre las patotas, las patronales y las fuerzas policiales fueron claras desde el comienzo de conflicto, cuando los trabajadores fueron reprimidos por la policía y la patota durante un piquete en la puerta de la planta. Bruzzese, presidente de la cámara de frigoríficos, claramente apañado por el gobierno -que no cumple con el DNU anti despidos-, extorsiona a los trabajadores con distintas “cláusulas” para reabrir a planta. En un primer momento, era el despido de los delegados y 20 trabajadores más. Luego declaró que sólo los delegados debían irse, alegando que querían un sobresueldo; después amenazó con despedir a 70 obreros y, finalmente, en la última reunión realizó una contrapropuesta exigiendo la renuncia de tres delegados nucleados a la sección de Vallejos -secretario general de FESITCARA- y la suspensión de 17 trabajadores con el sueldo al 50%, con la excusa de que la empresa “se encuentra con acreedores”. Mientras tanto, los trabajadores siguen organizándose en la puerta de la fábrica en asambleas permanentes, ollas populares, cortes en las avenidas de Quilmes y el recorrido de fábricas con el fondo de lucha porque no cobran hace cuatro quincenas. Paralelamente, Bruzesse sale abrazado en fotos con funcionarios de La Cámpora en una olla popular en Parque Avellaneda. Recordemos que tanto Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, como el gobernador Axel Kicillof, desmintieron varias veces la cercanía de este sujeto con su agrupación política. Definitivamente las mentiras tienen patas cortas. Los compañeros del Penta reclaman que la apertura debe ser con todos adentro, con el sueldo correspondiente, sin afectar la antigüedad y con las medidas de salubridad indispensables. En la última asamblea, los trabajadores resolvieron ir a fondo con sus reclamos y continuar con las distintas actividades que visibilicen la lucha junto a la coordinación de otros trabajadores. El sindicato no lleva ninguna medida a fondo. El “bloqueo” planteado para el martes no fue tal y aún no da a conocer las actas de las reuniones en el ministerio. El cierre de la paritaria al 17%, las condiciones insalubres que producen contagios en distintas plantas frigoríficas, las suspensiones y despidos, ponen sobre la mesa la necesidad de un gran paro nacional de la carne con acciones en todas las fábricas en defensa del trabajo y la vida de la clase obrera.

En las últimas semanas se publicaron en politicaobrera.com dos artículos del compañero Giannetti, de Pergamino, referidos el tema agrario, sector fundamental de la economía argentina que necesitamos estudiar. Escribo estas líneas para señalar lo que considero algunos errores históricos en su último artículo, “¿De nuevo una Junta Nacional de Granos?” (27/05/20): En el artículo se afirma: “Durante este período el peronismo tuvo una sociedad de hecho con la vieja oligarquía. Martínez de Hoz (padre del ex ministro de Videla) fue ministro de Agricultura y Ganadería del primer gobierno peronista.” Es incorrecto, Martínez de Hoz no fue ministro de Perón, sino que se desempeñó entre 1946 y 1950 como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Los ministros de agricultura del gobierno peronista fueron Picazzo Elordy (hasta 1947), Emery (del 47 al 52) y Hogan (hasta junio de 1955); el primero de ellos era un hacendado socio de la SRA. También es equivocado que el peronismo tuviera una sociedad de hecho con la “vieja oligarquía”: al contrario, al principio el gobierno peronista chocó con la burguesía rural por diferentes temas (Estatuto del Peón, Congelamiento de arrendamientos, algunas expropiaciones de latifundios y el IAPI), aunque las promesas de reforma agraria hechas durante la campaña electoral fueron rápidamente abandonadas una vez en el poder. “Inmediatamente posterior a la finalización de la segunda guerra, con la depresión de los precios internacionales de los cereales, el IAPI garantizó a los productores precios sostenes superiores a los del mercado internacional. Un subsidio directo al capital agrario.” En realidad fue al revés, en los primeros años de la posguerra, el IAPI , que monopolizaba el comercio exterior, compraba las cosechas por debajo de precio de mercado internacional (la burguesía agraria recibía pesos al tipo de cambio oficial atrasado) y los saldos exportables los vendía al precio internacional , obteniendo una “ganancia” (es decir, se quedaba con una tajada de la renta agraria) que fue destinada a financiar las importaciones, las nacionalizaciones pagas de servicios públicos y subsidios a la atrasada burguesía industrial. A modo de ejemplo, por la comercialización del trigo el IAPI obtuvo en los años 1946/47 utilidades por $363 millones y de $532 millones en 1948. Y las exportaciones de maíz le generaron una ganancia de $89 millones y $464 millones en los mismos años (“Historia política, económica y social de la Argentina (1880-2000)”, M. Rapoport). La respuesta del capital agrario no se hizo esperar: disminución de áreas cultivadas, descenso “dramático” de la producción (la cosecha de maíz, que alcanzaba unos 10 millones de toneladas en 1942, bajó a 800.000 toneladas en 1949/50; la cosecha de trigo pasó de 8 millones de toneladas en 1940 a 5 millones en 1948), caídas de rendimientos y desinversión, siendo uno de los factores de la crisis económica a partir de 1949. Aunque no es el centro de la nota, se califica al gobierno de Insfrán como sojero “anti-campesino”: deberíamos estudiar detenidamente la cuestión agraria en Argentina y revisar algunos conceptos que el “progresismo” e incluso la izquierda electorera suele repetir (en defensa de los “campesinos”, de la “agricultura familiar”, contra la “oligarquía” y “los monocultivos” etc.). La realidad es que el MOCAFOR (Movimiento Campesino de Formosa) -integrante del Frente Nacional Campesino- y su dirigente Beningno López han apoyado sistemáticamente al gobierno kichnerista y el eterno Insfrán es un gobernador kichnerista (como antes fue menemista , duhaldista y hasta anduvo bien con Macri).Por otra parte, según los datos del último Censo Agropecuario Nacional, se destinan 24.484 has al cultivo de cereales (maíz, arroz, sorgo) , casi 6.000 has al cultivo de algodón, otras 6.000 has para las forrajeras anuales, 2.100 al girasol, 2.300 has para frutales y 6.000 a la soja, en una provincia que además tiene 1.700.000 cabezas de bovinos; por todo esto no se puede considerar que Formosa sea la expresión de un “modelo sojero”. Lo que ocurrió en las últimas décadas en nuestro país, desde el gobierno peronista de Menem, pasando por los 12 años de kichnerismo, ha sido un enorme y descontrolado avance de los intereses imperialistas en todas las ramas del agro y de la agro-industria: el conjunto de la producción agropecuaria está subordinada a las empresas extranjeras que dominan no solo el comercio exterior de granos, de aceites y de harinas, sino que también dominan la provisión de semillas y de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc.), de maquinarias (tractores y cosechadoras), de tecnología y biotecnología. Lo inédito ha sido el proceso de concentración, la penetración del capital imperialista y el abandono de la burguesía nacional de amplios sectores de la agroindustria (tanto la que produce para la exportación como para el mercado interno). La industria fideera, la de galletitas, la láctea, la cervecera, la panificación industrial… en todos los sectores se ha visto caer a emblemas de la llamada burguesía nacional industrial (Bagley, Canale, Terrabusi, Matarazzo, Fargo, Quilmes, Vizzolinni, La Serenisima, etc.), estos capitalistas vendieron sus empresas y las marcas tradicionales, otras quebraron o se asociaron (como socio menor) a los capitales imperialistas. Por último quedan preguntas acerca de reivindicaciones que se proponen como la nacionalización de la gran propiedad agraria y de la tecnología aplicada: ¿Cuál sería el tamaño de la “gran propiedad” agraria? Según el último censo existen, aproximadamente, unas 250.000 explotaciones agropecuarias ¿Se soluciona el problema con la expropiación de “4.000 principales propietarios”, como propone el FITU? ¿Son lo mismo, por ejemplo, 1.000 hectáreas en Santiago del Estero que en la Zona Núcleo? ¿El poder obrero repartirá la tierra a pequeños productores? ¿Cómo nacionalizamos la “tecnología aplicada? ¿Se refiere a las maquinarias utilizadas? En muchos casos, los dueños de las máquinas son los llamados “contratistas” (pequeños capitalistas que venden los servicios de siembra y cosecha a los propietarios de campos, utilizando la mayoría de las veces mano de obra asalariada en negro) ¿La nacionalización implica la expropiación sin pago?

Los trabajadores papeleros procesados por ocupar la planta Bernal, de la multinacional Kimberly Clark, fuimos informados por nuestros representantes legales, los abogados de Correpi -quienes desde un principio se pusieron a disposición para nuestra defensa-, que se logró el cierre de las causas. La misma fiscalía que, en su momento, tomó la denuncia patronal contra los trabajadores, los judicializó y posteriormente ordenó el desalojo brutal de la fábrica -repudiado por numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales-, ahora dispone el archivo de la causa. En su resolución, la fiscal alega consideraciones tales como que en "lo actuado priman cuestiones de orden social que trascienden el derecho penal y además que el cierre generaba la pérdida de los puestos de trabajo de 300 familias". Esto es darnos la razón a los trabajadores -que desde el primer día denunciamos que se pretendía resolver una lucha sindical mediante una extorsión judicial- cuando el desalojo y los despidos son hechos consumados. El estado y sus gobiernos, junto a la patronal, se valieron de todas las herramientas estatales (Secretaría de Trabajo, Poder judicial, fuerza represiva) durante el proceso de ocupación de 70 días y posteriormente, para garantizarle a Kimberly Clark la impunidad para el cierre trucho de planta Bernal. La podrida burocracia sindical del Sindicato Papelero de Bernal y Federación del Papel no llamó a ninguna acción directa en respuesta a este cierre trucho, a pesar de haber sido reclamado con insistencia por la asamblea de la ocupación, ni tampoco lo hizo por los cierres de Ansabo, Acevedo, Helice, Convenor y Ledesma. Deliberadamente intentaron aislar la experiencia de los trabajadores de Kimberly Clark, que abría una perspectiva de lucha para defender los puestos de trabajo con los métodos del clasismo. La defensa de esta lucha quedó en manos de la organización interna de la planta y del movimiento obrero combativo, que se solidarizó numerosas veces con nuestra lucha. Fueron hitos de esta etapa las acciones como la puesta en producción y el Plenario Nacional que sesionó en las puertas de Kimberly Clark el 1ro de noviembre, que contó con la activa participación de delegaciones obreras de diversos puntos del país y funcionó como un incentivo a la puesta en marcha de Molinos Minetti, en Córdoba, también ocupada por sus trabajadores en ese entonces. El violento desalojo de la fábrica, a punta de pistola, tuvo como finalidad dar por finalizado el ejemplo que significaba una ocupación obrera de más de 70 días y que ponía en jaque el eje central de la relación capital-trabajo, puesto que los trabajadores habíamos comenzado a producir sin ningún tutelaje patronal ni gerencial. Declarada la pandemia, desde el gobierno sostuvieron la política de impunidad para Kimberly Clark, puesto que mantienen militarizada una planta capaz de producir enormes cantidades de insumos de primera necesidad que faltan en hospitales y demás dependencias de salud estatal. En contraste, la pandemia no inhabilito a los Fernández de pagar puntillosamente a los acreedores internacionales. Las causas a los trabajadores de Kimberly Clark, que hoy se cierran no dejan dudas de las maniobras recurrentes de las que se vale la trinidad Estado-Patronales-Burocracia Sindical para regimentar a los trabajadores que salen a luchar. Estas políticas anti obreras están siendo enfrentadas por trabajadores de distintos gremios (BedTime, Sutna, Penta, Ansabo, Tres Arroyos, trabajadores de la salud) y se avizoran nuevos choques que deben tener una intervención independiente desde una política organizativa y de acción propia de los trabajadores, los únicos que podemos revertir la grave situación de barbarie que se desarrolla.

Este sábado fue detenido en Uruguay el militante del PSTU Sebastián Romero. Los medios de comunicación presentaron la ‘captura’ como un trofeo, justamente cuando en Estados Unidos, las manifestaciones, los morteros y las llamas cubrían a todo el país. La expresión material de la ira popular contra el hambre, la vejación y el crimen policial es irreprimible, aunque los dueños del mundo la hayan convertido en delito. La persecución a Romero comenzó bajo la gestión de Macri-Bullrich. Se le abrió una causa con pedido de captura a raíz de su participación en la gesta popular del 18 de diciembre del 2017, cuando cientos de miles de manifestantes salieron a las calles a enfrentar la reforma jubilatoria que se votaba en el Congreso Nacional y resistieron el ataque de la policía. Sebastián Romero es uno de los compañeros que fueron blanco de una caza de brujas. Patricia Bullrich había desplegado a la policía Metropolitana contra los miles de manifestantes, con la intención de imponer la reforma previsional del FMI, a como sea. Bajo el fuego de la represión, decenas de manifestantes fueron lesionados, algunos de ellos muy gravemente. Las imágenes tomadas aquel día reflejaron una verdadera razzia policial contra los manifestantes, periodistas y transeúntes, con centenares de detenciones. De allí surgieron las causas contra Romero, contra los militantes del PO César Arakaki y Dimas Ponce y, tiempo después, contra Daniel Ruiz, también del PSTU, quien estuvo preso por 13 meses. Ese día generó en el gobierno el temor a una nueva rebelión. A más de dos años de la orden en su contra, las fuerzas represivas mancomunadas de Uruguay y Argentina, Interpol mediante, dieron captura a Romero. Los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia reclaman al gobierno de Lacalle Pou la inmediata extradición de Romero al país y su absolución a la Justicia argentina y el cierre de las causas contra todos los luchadores populares. La rebelión popular de diciembre del 2017 hirió de muerte al gobierno de Mauricio Macri, pero el cambio de gobierno no significó en absoluto el cierre de estas causas que aún siguen su curso. Exigimos el desprocesamiento y la libertad de Sebastián Romero.

A principio de la cuarentena, los trabajadores del vidrio se agruparon en asambleas contra los certificados truchos de circulación y los camiones que llegaban desde el exterior sin medidas de sanidad. Mediante este método, consiguieron elementos de protección, pero que no perduraron en el tiempo. Hace menos de 20 días, uno de sus compañeros dio positivo al test de Covid19 luego de cumplir su jornada laboral con fiebre alta. Las patronas de Cattorini y Rigolleau, avaladas por los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes) y Juan José Mussi (Berazategui), continúan produciendo botellas de cerveza y whisky y copas de distintos tamaños -lejos de ser esencial-, sin ninguna medida de salud. Los funcionarios del municipio de Quilmes visitaron el lugar para acordar con la burocracia de Valdéz -secretario general del SOIVA- y con las hermanas Cattorini la continuidad del trabajo con distanciamiento social, barbijos y alcohol en gel, pero con la condición de que quien se iba a su casa -sea de riesgo o no- cobraría el 40% del sueldo. Acá no hay ninguna defensa de la vida. Las patronales del vidrio fueron las primeras en recibir ATP, suscribieron paritarias que no superan el 12 % hace años y sueldo básico en el vidrio no supera el 15% de la canasta familiar. Es decir, los trabajadores tuvieron que elegir entre la exposición al virus o el hambre en su casa. Hoy ya son seis los contagiados y hay más de una decena de casos sospechosos. No los envían a casa ni al médico si los síntomas no "son duros". Por eso muchos de los sospechosos siguen recorriendo los distintos sectores de la fábrica con tos seca e incluso fiebre. Esta situación provocó que un obrero esté en muy grave estado de salud. A la bomba sanitaria en zona sur de la provincia de Buenos Aires le prendieron la mecha en Villa Azul y está muy cerca de explotar. Es necesario que los trabajadores del vidrio se organicen para exigir testeos y atención médica a todos y el cese del trabajo con el sueldo al 100% con comités obreros que lo garanticen y, ese mismo método, continuarlo en sus barrios.

Hace más de una semana se dio a conocer el primer caso de contagio en Siderar Varela y otros dos en la distribuidora de Coca Cola, que se encuentra a unas pocas cuadras. Los trabajadores continúan su jornada laboral en la incertidumbre de la enfermedad recorriendo las líneas de producción. Si bien cuentan con barbijos, alcohol en gel, lavandina y una toalla de mano, el distanciamiento social es una utopía. Se los amenaza con suspenderlos si "se quieren ir a casa" frente a los reclamos que recorrieron en la entrada y salida de la fábrica. Las patronales incluso mintieron respecto a los resultados durante más de 15 días para que "no se exagere". Los trabajadores aún no recibieron testeos ni ningún tipo de control dentro ni fuera de la planta. Sin embargo, la pandemia no es la única preocupación entre los obreros siderúrgicos. El rumor de despidos resuena cada vez más fuerte entre los turnos. Más allá del falso decreto presidencial, los trabajadores metalúrgicos saben que "Paolo [Rocca] es el mimado hace lo que quiere con nosotros y el gobierno no hace nada", en sus propias palabras. Se dice que el ´burgués planero´ Rocca reclama que el gobierno ponga todo o comenzará con el recorte de personal. En el ping pong entre las patronales y el gobierno, se encuentran las vidas de centenares de trabajadores de Techint. La burocracia metalúrgica vendió los sueldos de sus trabajadores al 75% y no planteó ningún plan ante los despidos. Los trabajadores deben deliberar una gran medida de lucha para enfrentar el avance sobre los puestos de trabajo, pero también por la conformación de comités obreros que lleven adelante el control de los testeos con cese de actividad sin suspensiones ni despidos.

La curva de contagios y casos positivos de COVID19 ha tomado nuevo brío. El agravamiento de la crisis sanitaria y económica acentúa la necesidad de fortalecer la organización en los lugares de trabajo. La docencia no está exenta de este proceso. Formamos parte de la primera línea de vulnerabilidad frente a esta situación, como lo demuestran las denuncias de docentes de La Matanza, Fiorito y San Martín por la exposición al coronavirus y el dengue desarrollando actividades vinculadas a la entrega del Servicio Alimentario Escolar (SAE). La significativa aparición de casos positivos por coronavirus en barrios populares y villas ha expuesto la brutal precariedad en la que vive más del 40% de la población: la necesidad de trabajo y vivienda propia, acceso a los servicios esenciales y a una alimentación saludable son hoy las reivindicaciones más urgentes de esa franja de la clase trabajadora. Esta situación de precariedad de la mayoría de las barriadas obreras involucra directamente a las escuelas y a las y los trabajadores de la educación. Históricamente la unidad de la docencia y las comunidades, en defensa de la educación pública, han enfrentado a los gobiernos responsables de la emergencia en infraestructura de las escuelas, paupérrimas condiciones de trabajo, degradación del SAE, salarios a la baja y un enorme grado de desocupación para miles de docentes. El gobierno de Alberto Fernández, Kicillof y Trotta, como así también la burocracia del SUTEBA de Baradel, invocan el “voluntarismo heroico” de las y los docentes; a esta apelación también se suman sectores de la izquierda quienes, ante el reparto de la mercadería del SAE, han puesto a la docencia entre la falsa alternativa de que debemos “ser solidarios” y repartir los bolsones o será el ejercito el que lo haga. Lo que esconde esto de “heroico” es la ausencia absoluta de un protocolo de prevención. Al cabo de dos meses de suspensión de clases, ni el gobierno, ni el sindicato que arenga el “heroísmo docente”, han entregado a cada trabajadora y trabajador un kit de prevención e higiene personal, como así tampoco se realiza la desinfección/fumigación correspondiente de los establecimientos educativos luego de cada entrega de alimentos. Esta situación que expone tanto a la docencia como a las comunidades, las cuales realizan interminables filas para recibir la mercadería, y se verá recrudecida por el pronto período invernal. Como parte de una “crónica anunciada”, ya existen casos de docentes infectados. Otros se encuentran exigiendo testeos por haber estado en contacto con personas positivas por coronavirus o dengue. Al gobierno y a Baradel esto parece no importarles. A quienes si nos importa defender la vida y la educación es a la docencia y a las comunidades. Por eso desde Tribuna Docente (T) planteamos: Formación de comités que fiscalicen las acciones del Estado, bajo control de las y los docentes y de la comunidad educativa. Exigimos un kit de prevención e higiene personal para cada trabajador que voluntariamente colabore para la entrega del SAE. Desinfección correspondiente después de cada entrega. Realización de testeos. Si no están garantizadas las condiciones para la entrega de la mercadería en la escuela, preservemos la salud y la vida de las y los compañeras y compañeros y sus familias. Rechacemos todo tipo de aprietes por parte de las autoridades educativas. Exigimos que el Estado se haga cargo del reparto de los bolsones, casa por casa; que estos contemplen los valores nutricionales recomendados y se les adicione un kit sanitario (de higiene personal y de desinfección del hogar). Que el SAE se univerzalice a toda la matrícula y alcance a todos los niveles. El Estado debe garantizar la entrega. Que los gobiernos municipales, a través de los Consejos Escolares, pongan a disposición la logística existente para realizar, para el cuidado de la docencia y la comunidad, la entrega de la mercadería en calidad, cantidad y en tiempo y forma a cada familia. Impulsemos la conformación de Comités de seguridad e higiene, con poder de veto, para la elaboración de un protocolo en defensa de todas las reivindicaciones en nuestras organizaciones gremiales.

El apoyo del 65 al 80% que las encuestas atribuyen, en forma repetida, a Alberto Fernández esconden más de lo que revelan. Es cierto que ese apoyo responde a los resultados ‘positivos’ de la aplicación relativamente anticipada de la cuarentena legal, aunque se fundaba en la incapacidad del sistema de salud para desarrollar testeos masivos consistentes; precariedad hospitalaria para acoger a los infectados; destrucción del sistema sanitario nacional; y una impotencia manifiesta para someter al sistema privado a un programa único de atención – cuando no complicidad de intereses con los capitales privados. Esta contradicción no demoró, sin embargo, en estallar, cuando el propósito anunciado de atenuar las restricciones al comercio y la industria tuvo que abandonarse debido a la irrupción masiva del virus en los asentamientos precarios de la Ciudad y la Provincia. En lugar de un convoy de tropas sanitarias, el equipo de Kicillof-Berni recurrió, para Villa Azul, al envío de la bonaerense y a la gendarmería. El ‘operativo’ naturalmente fracasó, porque las fuerzas ‘de seguridad’ no sirven para prevenir contagios ni curar, y porque las condiciones políticas del país no dan espacio a las aventuras represivas, mucho menos en miles de villas. Mientras la situación sanitaria se ha agravado, lo peor se insinúa en el plano económico y político. Ocurre que la dilatada negociación de la deuda externa amenaza con dinamitar a la coalición de gobierno – algo que hemos advertido desde la asunción del gobierno actual. Los fondos acreedores, encabezados por BlackRock, han planteado un acortamiento de los plazos de pago propuestos por el gobierno; la incorporación a los nuevos bonos de los intereses que Guzmán pretendía desconocer en el “período de gracia”; y adicionar un título en función del crecimiento del PBI – algo que sería una verdadera estafa, porque Argentina deberá registrar algún tipo de crecimiento en los próximos dos a cuatro años, desde el subsuelo económico en el que se encontrará a finales de 2020. El valor de mercado que tendrán los bonos de un canje después de un acuerdo es un dato completamente incierto, dada la crisis mundial, e imposible de calcular para su plazo de vigencia, de diez a quince años. No es lo que debería importar, de ningún modo, a Argentina, que no reúne ninguna condición para hacer frente a esa deuda, y menos si prospera el ´acercamiento´ de posiciones con los fondos que promueve el gobierno. La cuestión política es que personajes fuertes de la coalición oficial, FdeT, como Massa, los petroleros Galuccio y Nielsen, y el directorio del Banco Central, reclaman que se acuerde a cualquier precio. Alberto Fernández se inclina hacia este grupo. Se ventila escasamente en los medios que los capitalistas ‘nacionales’ tienen también una deuda externa, o sea en jurisdicción Nueva York y Londres, por casi el mismo valor de la deuda pública de esa categoría. No hace falta decir que no pueden pagar sus vencimientos e incluso intereses, o sea que necesitan renovar el endeudamiento. Esta gran burguesía -Arcor, Ledesma, Techint, el grupo Clarín, especialmente YPF- exige un acuerdo del estado con los fondos internacionales, para poder renegociar ella su propia deuda, incluso con alguna quita, dada la pérdida de valor de la deuda de Argentina en general. Lo mismo ocurre con las provincias y con las posiciones variables de sus gobernadores (Neuquén y Mendoza furiosamente a favor de arreglar con los nuevos buitres). Es esta burguesía la que mueve los hilos de los distintos mercados paralelos del dólar – la ‘mejor’ forma de forzar a los Fernández a actuar como ella necesita. Lo dijo sin pelos nada menos que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce: si hay acuerdo con los fondos, se eliminan las restricciones a la compraventa de divisas; casi una extorsión desde adentro del oficialismo. Se cuidó de decir, sin embargo, que esos pulpos nacionales especulan contra el peso con los pesos que les da el gobierno, supuestamente para pagar los salarios de sus trabajadores. El mismo Pesce ha puesto una bomba de tiempo financiera para el gobierno de un modo más ‘práctico’, al aumentar la deuda del Banco Central con los bancos locales, por medio de Leliqs, que alcanzan a dos billones de pesos (pagan intereses por 700 mil millones de pesos anuales) e igualan el monto de la base monetaria. Alberto Fernández había dicho que con las Leliq de Macri pagaría aumentos a los jubilados – ahora es él quien reduce por decreto las jubilaciones, mientras lleva las Leliq a su máximo. Este operativo obedece a que los bancos no dan crédito a la industria o comercio, en medio de las protestas contra la ´desatención a la economía´. El Central le ofrece, a cambio, el negocio de las Leliq como ´compensación´, para que no deriven su dinero y el de los depositantes al dólar – con la consecuencia de un estallido económico. A esta bomba, ahora se añade otra: los pulpos locales rechazan el subsidio oficial para pagar salarios, porque el gobierno les ha puesto como condición para recibirlos que no pueden negociar en los mercados paralelos de divisas. Unos y otros reconocen que las ATP son una estafa al pueblo. Este rechazo, sin embargo, tiene una consecuencia clara: si no hay más plata para salarios – más despidos. Alberto Fernández declara que ´es una cosa loca´ que el estado entre en el capital de las empresas, pero éstas interpretan que eso ya ocurre a través de las restricciones a operar como le venga en gana. Detrás de la polémica ´loca´ hay una confrontación política más loca aún. El escenario que abre esta crisis no se compagina con el apoyo que tiene Alberto Fernández en los sondeos. No hace falta la declaración oficial de un default para que se desarrolle un estallido político. Es difícil, por un lado, que Martín Guzmán sobreviva a un acuerdo dibujado por BlackRock, y que, por otro lado, la gran burguesía y los mismos fondos internacionales se conformen con haber impuesto al gobierno su planteo de deuda. Un viraje ´neo-liberal´, incluso inconsecuente, por parte del gobierno, hará saltar las contradicciones y hasta antagonismos de la coalición oficial. Cualquiera de las variantes de este escenario, tendrá enfrente la curva ascendente de la pandemia y el enorme descontento de los trabajadores frente a la desocupación, caída de salarios y la inflación. Este impasse a punto de eclosionar agita a todas las clases sociales. La tendencia a ganar las calles se acrecienta, como ocurre en todo el mundo, bajo formas políticas diferentes, pero con un contenido social que no difiere – que es el choque entre el capitalismo y la sobrevivencia de la humanidad y la cobertura de las necesidades elementales de las masas. Los estudios que demuestran el vínculo entre el cambio climático y las irrupciones virales contribuyen aún más a poner de relieve la conexión entre el agotamiento histórico del capitalismo y la violencia de la crisis actual. Argentina se enfrenta, entonces, a una perspectiva de crisis de poder en medio de la pandemia y el derrumbe de las condiciones sociales. La única respuesta positiva a este desafío sólo puede provenir de la clase obrera, y el contenido de esa respuesta es un programa que abola la dominación del capitalismo y desarrolle un programa socialista transicional. Las reivindicaciones fundamentales pueden resumirse en los siguientes términos – desconocimiento de la deuda, nacionalización de los monopolios financieros, industriales, agrarios, de salud, y control obrero de la producción y plan único de acción para satisfacer las necesidades sanitarias y sociales de las mayorías. Es necesaria la coordinación de todas las organizaciones en lucha para responder en forma unificada al estallido político que se encuentra en desarrollo. Es necesario arribar a una gran Convención o Congreso de Trabajadores, para marcar la alternativa de poder que deja planteada la crisis descomunal que la humanidad está viviendo.

El grupo Techint inició el domingo un "apagón" en su planta de tubos sin costura en Campana, por lo que permanecerá cerrada por dos semanas, dice, hasta el 8 de junio. Esto ocurre cuando Tenaris y Paolo Rocca choca con Alberto Fernández desde el decreto de prohibición a los despidos y suspensiones. La clausura afectará al grueso de sus 3.000 operarios, excepto los hornos. Esto sector se suma a los 1700 suspendidos con el 80% del salario básico bruto, acordado por la seccional Campana de la UOM, que dirige Abel Furlán. Semanas atrás Siderca cesó a 30 contratistas, con unos 800 despidos, lo que sigue en litigio en el ministerio de Trabajo. Techint mantiene una pulseada con el gobierno desde que despidió a fines de marzo a 1.450 obreros en obras de construcción y Fernández lo tachó de "miserables"; desde entonces las cosas han ido empeorando. Axel Kicillof había impulsado semanas atrás el inicio de procedimientos de crisis antes de disponer cesantías y rebajas salariales. Si bien Tenaris Siderca justifica los despidos por la caída de producción de tubos para la industria petrolera debido a la menor actividad en el yacimiento de Vaca Muerta, afectada por la caída del barril de crudo y la crisis mundial provocada por la pandemia. En la UOM sospechan que Siderca quiere avanzar en su plan para discontinuar hasta 800 contratos con las tercerizadas, y presionar a un tipo de cambio más alto.

La sesión de la legislatura jujeña realizada el día 13 de mayo pasado debía tratar la rotación de bancas acordada entre el PTS y el PO, en el marco de la alianza del FIT. Sin embargo, los diputados oficialistas no dieron dictamen al pedido de renuncia presentado en tiempo y forma por el diputado del PO, Iñaki Aldasoro. PTS Durante toda una semana, el PTS evitó hacer la denuncia pública de este bloqueo. Sólo accedió a ella por pedido nuestro, en forma subsidiaria, ligado al planteo de que Iñaki se retirara de la sesión prevista. Ahora, según un artículo de LID (28/05), el eje principal de su denuncia es la violación del “derecho elemental de un diputado a presentar su renuncia y que nadie, mucho menos otras fuerzas políticas, deberían poder impedirlo”. La defensa del principio de rotación pasa a un segundo plano, como si nuestro compañero tuviera la intención personal de abandonar su bancada, cuando en realidad solo lo hace en estricto cumplimiento de los acuerdos de rotación establecidos. Pero el PTS va más lejos cuando en su artículo afirma que “Esta situación insólita implica una violación de la Ley electoral, dejando a la Legislatura, y a uno de sus bloques en particular, sin uno de sus miembros”. No PTS: Iñaki sigue como legislador, mientras su renuncia no sea aceptada, porque no vamos a dejar vacía la tribuna de izquierda que la clase obrera nos dio con el voto. No vamos a convertir en proscripción la arbitrariedad de los bloques patronales. Iñaki planteará en todas las sesiones que se tome juramento como diputado a quien lo sigue en la lista del FIT. El PTS ha rechazado la propuesta de nuestro partido de hacer campaña pública en defensa del principio de rotación, incluida la legislatura. En otras palabras, el PTS nos propone el abandono de una banca mientras no se sea aceptada la renuncia de nuestro compañero, y rechaza hacer una campaña común. Es la conducta de una dirección que no vacila en caer en el faccionalismo delirante, para evitar una lucha democrática común. En una primera versión de su artículo, el PTS omitió señalar que Iñaki es militante del PO, lo que corrigió posteriormente. Advertimos que todo esto pueda responder a un acuerdo del FIT-U, a nivel nacional, y por lo tanto al interés del aparato del PO de seguir con la labor liquidacionista contra el conjunto del Partido Obrero.