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Abril de 2020

1 de abril de 2020 · 312 notas

Notas de este número

1 de abril de 2020
La insurrección chilota y las salmoneras

La ilusión del gobierno de que la propagación de la pandemia y la declaración del estado de sitio iban a poner fin a la revolución chilena, ha recibido un nuevo mentís con la insurrección popular de la Isla de Chiloé, Región de Los Lagos. Desde el 20 de marzo, obreros y pobladores chilotes han protagonizado acciones de fuerza para exigirle al Estado el cumplimiento de un pliego de reclamos para enfrentar la crisis sanitaria, a saber: la suspensión de las actividades laborales con sueldos pagos íntegramente, la sanitización del transporte público, y el establecimiento de un cordón sanitario en los accesos marítimos que unen a la Isla con el continente, para controlar principalmente las actividades de la industria salmonera de la Región. El pico de los enfrentamientos ocurrió el miércoles 25, cuando obreras salmoneras y choferes del transporte interurbano realizaron huelgas, y los pobladores de distintas asambleas territoriales bloquearon algunos accesos marítimos al archipiélago, el de Chacao entre los más importantes. Ambas acciones fueron reprimidas por el Estado. Hubo dos detenidos. Las huelgas y los bloqueos de accesos Las patronales salmoneras no sólo obligan a miles de trabajadores a trasladarse impidiendo que ellos, sus familias, y toda la Región permanezcan cuarentena, sino que además tampoco han implementado ninguna política sanitaria al interior de sus empresas. Los obreros denuncian que las mascarillas y los guantes han salido de sus bolsillos, y que tampoco les han reorganizado los turnos de trabajo para evitar aglomeraciones en los distintos sectores y entradas de las plantas de producción. Varias de las huelgas se realizaron durante los turnos de noche en pleno toque de queda, y fueron organizadas principalmente por mujeres. En una entrevista para un medio insular (InfoChiloé), tres obreras tercerizadas de la salmonera San Andrews, declararon: "Nuestras familias están en cuarentena, pero nosotras seguimos trabajando ¿de qué sirve?". "Estuvimos hasta la noche en San Andrews, cubiertas de carabineros, pero sacamos a la mitad del turno". "Nosotros unidos todos, podemos mover masas y exigir que paren, porque es nuestro derecho por la vida". "Llamamos a todos a hacer lo mismo en las otras empresas, no tengan miedo". En cuanto al bloqueo de los accesos, hubo entre los manifestantes distintas posiciones sobre el tipo de cordón sanitario que debería existir. Algunos exigían una cuarentena y aislamiento total de la Isla grande y el resto del archipiélago. Mientras que otros apoyaron los bloqueos como una medida de saboteo a las actividades de la gran pesca, frente a la decisión del gobierno de no declarar la cuarentena a favor de los intereses de esta. En un protocolo de aislamiento total, primero ¿quién garantizaría el aislamiento? ¿Quién vigilaría que nadie pise la calle ni entre y salga de las islas? Sería el equivalente a un toque de queda garantizado por la represión estatal o por grupos de civiles que, en nombre del “control social”, cumplirían una función paramilitar contra los trabajadores. Segundo, una veda al ingreso de inmigrantes proletarios a la Isla y la segregación de la población en su interior, son métodos ajenos a los de la clase obrera y el internacionalismo. Tercero, un aislamiento de forma total terminaría por contraponerse a los reclamos a favor de la conectividad, la que precisamente exigen los territorios insulares durante las catástrofes humanitarias. Cuarto, una cuarentena total se contrapone objetivamente al sostenimiento de la vida al interior de la isla debido al desabastecimiento de alimentos e insumos médicos, que han terminado por ser, en años anteriores, una de las tantas razones por las que se han depuesto bloqueos populares. Detrás de la insurrección Como es evidente, se encuentra el monumental conflicto con la industria salmonera. Chile es el segundo exportador mundial de salmón, reportando más de 880 millones de dólares anuales por una producción superior a las 680 mil toneladas, de las cuales, el 71% se producen en criaderos de salmón ubicados en la Región de Los Lagos, concentrando sólo ahí a más de 20 mil obreros de planta permanente, y otros 14 mil tercerizados. Las reformas laborales de Bachelet y Piñera les han permitido a las salmoneras flexibilizar los contratos, pudiendo despedir en masa de manera absolutamente legal, y manteniendo a sus obreros sobreviviendo con sueldos promedio a los 250 mil pesos chilenos, valor inferior a la mitad de la canasta familiar básica del país. Esta superproducción viene generando desastres sanitarios desde hace décadas, pues los virus y antibióticos asociados a ella han contaminado kilómetros y kilómetros de costas, y han enfermado a centenares de obreros. Por esto, la reivindicación incondicional que algunos sectores de la izquierda chilena y argentina hacen al aislamiento y la cuarentena total en Chiloé, desvía la lucha fundamental que los chilotes tienen en defensa de los derechos ambientales, sanitarios y laborales contra las salmoneras, y la lucha fundamental que tienen todos los chilenos en defensa de la salud pública, cuya infraestructura y profesionales médicos están absolutamente desmantelados. Piñera, alineado a Trump Piñera se encuentra alineado a la política de Trump no sólo sosteniendo el desfinanciamiento de la salud pública incluso en medio de una Pandemia, sino que también en la decisión de no intervenir en la parte de la producción de la que se puede prescindir por las necesidades de una cuarentena. Hasta ahora, no ha decretado cuarentena siquiera para las regiones con mayores infectado, como la Región de Ñuble. En el caso de Santiago, sólo decretó cuarentena en las comunas que son fundamentalmente residenciales y de mayores ingresos; lo que ha generado no sólo el repudio de la población más proletaria, sino que también un conflicto al interior de la misma derecha. Por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, (una de las comunas con más densidad y pobreza de la capital), y militante del mismo partido que Piñera, denunció que las medidas del gobierno son insuficientes para contener el virus y el malestar popular, y exigió la cuarentena total. En el encendido Chiloé, las denuncias de los alcaldes derechistas y de la oposición se atrevieron a reclamar una cuarentena total en la que estuviera garantizada la cadena de alimentación, el combustible, y la protección del empleo de las familias. A Piñera y al Estado de Sitio le queda muy poco para que las huelgas y enfrentamientos que partieron ferozmente en Chiloé se extiendan a todo el país. Ya algo de eso se ha visto en el Litoral Central y en algunos barrios de Santiago, donde los pobladores salieron a cortar las calles para cobrarles el llamado de Huelga General a la Mesa de Unidad Social. Pero aun cuando el gobierno decretase una cuarentena general, los conflictos por el sostenimiento de las fuentes laborales, el pago íntegro de los salarios, la enfermedad y la muerte, encaminarán a la clase trabajadora chilena en una lucha por el trabajo y la vida en la misma línea revolucionaria que desarrollan desde octubre.

1 de abril de 2020
Brasil: Pandemia, crisis y lucha de clases
Tito Fagundes · Edgar Azevedo

El discurso alucinado (objetivamente homicida) del titular del Poder Ejecutivo de Brasil, el 24 de marzo, exigió el "retorno a la normalidad social" del país, ignorando todas las normas y prevenciones sanitarias universalmente reconocidas, con consecuencias potencialmente catastróficas debido a la pandemia del coronavirus, todo en nombre de "salvar la economía", es un intento improvisado (pero no sin bases políticas) de imponer una especie de poder de facto, ubicado por encima del Legislativo, el Poder Judicial e incluso, en parte, el Ejecutivo mismo. Un "Jefe Supremo", un Duce. Aprovechando la emergencia, el decreto del estado de sitio entró en la agenda política. Bolsonaro, además, exoneró a 30 generales con tropa a cargo y nombró a un nuevo Jefe de Estado Mayor, Marcos Antônio Amaro dos Santos, quien fue Ministro Jefe de la Casa Militar de Dilma Rousseff. La empresa de Bolsonaro reconoce un precedente (por lo tanto, una lógica política) en las movilizaciones, dirigidas al Congreso y al Poder Judicial, convocadas y apoyadas por el propio presidente el 15 de marzo. La intervención en cadena nacional de Bolsonaro fue condenada por alcaldes, gobernadores, senadores y diputados (con la excepción de la bancada del PSL, el 10% del Congreso, que describió el discurso bolsonarista como "una intervención de estadista"), portavoces de los trabajadores de la salud, e incluso sus asociaciones profesionales (tradicionalmente conservadoras) que la calificaron literalmente como "criminal". Uno de los escenarios oficiales previstos por la Abin -Agencia de Inteligencia Brasileña -(Documento nº 015/2020 - 23 de marzo de 2020) trabaja con una proyección máxima de 5,571 muertes hasta el 6 de abril, mostrando a Brasil con un comportamiento similar a las curvas epidémicas de Irán, Italia y China. La comparación de Abin de las curvas de crecimiento a partir de 100 casos confirmados, Brasil x Europa, muestra un crecimiento similar de estas curvas en nuestro país y las de Alemania, Italia, España, Francia y el Reino Unido. El informe de la agencia de inteligencia cita fuentes científicas: “Dos de cada tres infecciones del nuevo coronavirus fueron causadas por personas que no fueron diagnosticadas con el virus o que no presentaban síntomas. Eso significa que las personas infectadas que se sienten sanas o tienen síntomas muy leves están transmitiendo el virus sin darse cuenta, lo que representa un gran desafío para contener la pandemia”. Los científicos y los profesionales de salud afirmaron la probabilidad de que haya entre cinco y diez personas no diagnosticadas por cada caso confirmado. Las autoridades de Nueva York (EE. UU.) solicitaron que todos los ciudadanos se comporten como si ya estuvieran expuestos al nuevo coronavirus. El ministro de Salud, Luiz Mandetta, quien inicialmente llamó al coronavirus "una gripe más", anunció la probabilidad (quizás una certeza) de un colapso del sistema de salud brasileño. Los cacerolazos de protesta contra el presidente, con estridentes "Fuera Bolsonaro" dominando las voces, se escucharon en todas las capitales e incluso en ciudades medianas y pequeñas del país. La Red O Globo actuó y actúa como una suerte de portavoz oficialista, si no directamente oficial, para este grupo heterogéneo. Curiosamente, o no tanto, ninguna de las entidades oficialmente protestantes, especialmente el Legislativo, abrió alguna iniciativa institucional destinada a acusar (impeachment) a quien se ha convertido en un peligro inminente e inmediato para la supervivencia de la población, especialmente para los más pobres. Esta extraña pereza (o "prudencia") contrasta con la velocidad con la que los legisladores (de casi todos los colores políticos) trataron medidas tales como la suspensión de contratos y la reducción de los salarios de los empleados públicos y privados, llegando al 50%, supuestamente para contener los gastos del estado (en el caso de los servidores públicos), asignando más recursos para combatir la pandemia y recortando escalas salariales para "evitar el cierre de empresas". Para un sinnúmero de trabajadores, comprometidos con gastos en créditos inmobiliarios, préstamos otorgados, débitos automáticos de gastos de vivienda y servicios, pensión alimenticia, créditos para bienes muebles, etc., tales recortes, en muchos casos, significarían recibir un cheque de pago negativo a final del mes, creando una ola de miseria social y de imposibilidades de pagar y la ejecución de los activos (muebles e inmuebles) en masa, y la especulación desenfrenada, con un solo beneficiario importante al final de la cadena, el gran capital financiero, que ya se benefició en gran medida por el Banco Central, que anunció la disponibilidad de R $ 1.216 trillones para los bancos brasileños, lo que equivale al 16,7% del PIB. Compare esta cifra con el "paquete" anunciado por el gobierno (el 23 de marzo) de R $ 88,2 billones para combatir la pandemia: es equivalente al 7,5% de los fondos "puestos a disposición" del gran capital financiero. Los fondos "humanitarios" anunciados por el equipo económico, por otro lado, se refieren básicamente a la reinversión o reestructuración de las deudas de los estados y municipios, y al posible (y costoso) uso de líneas de crédito, siendo un porcentaje mucho menor del monto anunciado o destinado a aumentar efectivamente la capacidad sanitaria del país. La "ayuda" para desempleados y "autónomos" (vendedores ambulantes) no llega a ser un paliativo. El paquete de poco más de R $ 700 billones anunciado por el equipo de Guedes el 25 de marzo, consiste principalmente en exenciones de impuestos y asistencia financiera a las empresas: lo único concreto nuevamente fueron los R $ 40 billones para financiar tres meses la nómina de pagos, llegando a 10℅ de la fuerza de trabajo, y 600 reales de subsidio para trabajadores informales, y esto aún debe aprobarse en el Senado. Es decir, el "paquete" está perfectamente ubicado dentro de la línea "sálvese a quien pueda", con subsidios al gran capital, de la clique bolsonarista, que sigue, más allá de las manifestaciones de ignorancia y brutalidad del presidente (que obligaron a pedidos de disculpas públicas de él mismo, su vice y su ministro de Salud) a una lógica de clase estricta, que se expresó explícitamente en los días anteriores a los anuncios y declaraciones del gobierno. Detrás de la pandemia, hay una verdadera guerra de clases. Se agudiza por la propia crisis capitalista (no solo "del neoliberalismo"). El neoliberalismo se definió, más empírica que teóricamente, como la política que debería revitalizar el capitalismo, restaurando el "espíritu animal", emprendedor e inversor, supuestamente amortiguado por la mano intervencionista del Estado. Sin embargo, nunca hizo eso. Las tasas de crecimiento en las últimas cuatro décadas se han mantenido consistentemente por debajo de las del período "estatista" de posguerra, los llamados "Treinta años gloriosos" del capitalismo. En cambio, el sistema de producción capitalista quedó tensionado. Espacialmente, abarcaba el mundo. Se puso tenso con la producción just-in-time, con poco o ningún stock y poco margen financiero para hacer frente a las contingencias. Finalmente, socialmente, presionó a los trabajadores y a los proveedores tercerizados de pequeñas empresas, haciéndoles producir trabajo y productos sobre la base de bajos salarios y precios y descargando todo tipo de riesgos sociales y financieros sobre ellos. La operación ideológica en curso consiste en presentar la crisis económica como un producto de la crisis sanitaria (un factor supuestamente aleatorio y fuera de control, lo cual no es cierto) cuando, de hecho, precedió a la pandemia, que la manifestó abiertamente y la agudizó. El "paquete económico" anunciado en los Estados Unidos por Donald Trump, "modelo" y mandatario de Bolsonaro, fue calificado, por su impresionante monto (US $ 3,2 trillones, equivalente a 150 veces el "paquete" brasileño) como manifestación de la seguridad económica del país debido a los grandes recursos económicos en manos del Estado. En verdad, en los Estados Unidos, asistimos a un aumento espectacular en la llamada "deuda corporativa"; en el contexto de décadas de acceso a "dinero (crédito) barato" las empresas no financieras vieron su deuda más que duplicarse de $ 3.2 trillones en 2007 a $ 6.6 trillones de dólares en 2019, más del doble del paquete Trump. La deuda corporativa es una burbuja gigante que actúa como un factor de crisis global, como las hipotecas llamadas subprime en 2007-2008. En esta situación, un choque repentino en el sistema puede desencadenar una ola de impagos corporativos, poniendo a la economía global en riesgo de colapso. Los Estados Unidos elevan cualitativamente su deuda pública, situándose en el umbral de la bancarrota financiera del estado y la hiperinflación, solo para posponer temporalmente el colapso de todo el sistema: “La economía global está arruinada. Las cadenas de suministro y las redes de viajes se han visto gravemente afectadas, las bolsas de valores se han hundido y una recesión ahora parece casi inevitable. Incluso el mercado de bonos de Estados Unidos, normalmente un bastión de seguridad durante los períodos de turbulencias del mercado, se ha vuelto extremadamente volátil. La situación es fluida e incierta, lo que hace que las proyecciones de las consecuencias a corto plazo sean tenues e improbables. Pero dada la gravedad de la situación, vale la pena preguntarse: ¿la llegada de COVID-19 significa que se acerca el día del ajuste de cuentas para los tomadores de empréstitos corporativos? Realizamos investigaciones que mapean la estructura de la deuda de las compañías no financieras de los EE. UU., que cotizan en el mercado de acciones. La evidencia descubierta sugiere que los expertos tienen razón en preocuparse por aumentar el apalancamiento corporativo. “Pero debemos tener cuidado al especificar qué corporaciones son más susceptibles al incumplimiento. Al clasificar los niveles de deuda para empresas de diferentes tamaños, nuestro análisis produce resultados impresionantes. Lo que descubrimos es que las pequeñas y medianas empresas enfrentan la carga de deuda más importante, lo que las hace especialmente vulnerables a la desaceleración del mercado. Mientras tanto, las empresas en la cima parecen ser más sólidas financieramente que hace casi medio siglo. Si Covid-19 es realmente el catalizador de una catástrofe de la deuda corporativa, afectará a los de abajo. ¿El resultado probable? Más turbulencia de mercado, más concentración y menos inversión” (Joseph Baines y Sandy Brian Hager, “Covid-19 y la próxima catástrofe de la deuda corporativa”, 13 de marzo de 2020). Una recolonización del mundo por parte del gran capital monopolista, especialmente en los Estados Unidos, está en la agenda geopolítica, con consecuencias para todo el planeta, en primer lugar para China. Brasil es un peón en esta disputa. No nos enfrentamos a una crisis que solo afectaría, o afectaría principalmente, al sector financiero: “Nuestra estructura productiva, demasiado concentrada, exagerada y muy debilitada, ya debería ser evaluada. La segunda semana de marzo, cuando la OMS actualizó Covid-19 a una "pandemia global", se produjo una sacudida sin precedentes en los mercados mundiales. Las bolsas de valores en los Estados Unidos han sufrido la mayor caída en un día desde el crack de 1987, a pesar del recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal y la promesa de inyectar billones en el sistema. No fue una "corrección" cómoda. Inusualmente, las bolsas de valores, generalmente consideradas más riesgosas, no estaban solas en la agitación. Los mercados de bonos menos riesgosos también sufrieron, al igual que los mercados de activos 'más seguros', los bonos estadounidenses y los mercados de oro, ya que los inversores buscaron liquidez. Además, el dolor fue más que financiero. Como país tras país, impuso paros y restricciones de viaje, aerolíneas, líneas de cruceros, aeropuertos y otras compañías relacionadas con viajes, junto con vastas áreas del gran sector de servicios, probablemente inflado, que depende principalmente de la producción y el consumo cara a cara, sufrió cierres, recortes y despidos. Las cadenas de suministro interrumpidas y el colapso de los mercados ejercen presión sobre la producción. Además, en otro desarrollo, la desunión entre la OPEP y sus aliados condujo a una guerra de reducción de precios que hizo anti económica la producción de petróleo de esquisto en EE. UU., una de las estrellas más brillantes del firmamento económico en una década sombría, ya que depende de los altos precios del petróleo” (Radhika Desai. El cálculo inesperado: coronavirus y capitalismo, 17 de marzo de 2020). En este escenario de crisis mundial, las disputas sobre el costo y quién paga el costo de la pandemia es el aspecto central de la lucha de clases en el escenario mundial actual, poniendo, esta vez, en juego la vida y la supervivencia de la mayoría de los explotados. Los ejemplos históricos no faltan. Las plagas y pandemias del pasado no "unificaron" a la sociedad, como se suele decir, sino que, por el contrario, la dividieron y la enfrentaron como nunca antes: la "Peste Negra" de 1347-1350 precedió y aceleró el declive del orden feudal en Europa (y fue el trasfondo del surgimiento de nuevas clases sociales, de las luchas entre las cuales la burguesía capitalista finalmente emergió como victoriosa); La "gripe española" de 1918-1921, en el contexto de la destrucción causada por la guerra mundial, vio una onda revolucionaria que se extendió por Europa y el mundo, de la cual la Revolución de Octubre y su consolidación fueron la expresión más avanzada. Sin embargo, volvamos a nuestro país y a "nuestra" pandemia, que aún se encuentra en una etapa temprana. Brasil es el país de América Latina con el mayor número de casos de coronavirus confirmados, con el mayor número de muertes y el mayor subregistro. Para los explotados, dejar la gestión de crisis en manos de la burguesía y de sus representantes políticos significa un desastre humanitario. Tan pronto como declaran un plan de guerra contra los trabajadores para la preservación de sus ganancias y una política cosmética contra la epidemia, la burguesía brasileña se refugia en sus casas de playa y estancias, mientras millones de trabajadores habitan favelas sin saneamiento básico, sin comida garantizada y sin la menor posibilidad de distancia social. La hoja de ruta del gobierno brasileño corresponde a la política general del imperialismo para con el coronavirus. El rechazo de la cuarentena para permitir la propagación masiva del virus fue anunciado por el británico Boris Johnson como el "método" de mejor costo-beneficio para el capital financiero. Todos los especialistas en salud rechazaron inmediatamente la fantasía de que el contagio masivo provocaría inmunidad natural, y la presión popular llevó a Johnson a volver parcialmente sobre su decisión e iniciar una política de mitigación. Estados Unidos siguió una línea similar, con la única diferencia de que su implementación abandonó cualquier protocolo y se impuso a través de las mentiras habituales de Donald Trump. El resultado fue un escenario aterrador que llevó a los gobernadores y funcionarios locales, como en el caso de Nueva York, a actuar contra el reloj. Bolsonaro viajó a Florida para recibir órdenes de Trump, logrando que el virus se diseminara por toda su comitiva, y se hizo responsable de hacer del DF la tercera unidad de la federación en el número de casos de Covid-19. A diferencia de los británicos, que anunciaron el experimento de "inmunización natural" para todo el país, el gobierno de Bolsonaro maniobró y ocultó información para una política de hechos consumados. El subregistro de casos fue el resultado de la política del gobierno, con la complicidad de los principales medios de comunicación. Cuando el número de casos sospechosos aumentó después del Carnaval, comenzando a aparecer contagios en todas las regiones del país, el Ministerio de Salud comenzó a reportar solo casos confirmados, quedando atrás de los números reportados por los secretarios de estado. La plataforma en línea que registraba los casos fue eliminada del aire, en paralelo a la insistencia de Bolsonaro de que el coronavirus sea descrito como una "gripecita" y defienda la concurrencia de multitudes en las iglesias evangélicas. La OMS advirtió que la lucha contra la epidemia requería no solo una restricción total, sino también pruebas masivas para detectar en detalle el avance del virus. El gobierno brasileño decidió no hacer ni una cosa ni la otra, causando contaminación general. El ocultamiento de la situación real promovida por el Ministro de Salud -elogiado unánimemente por la prensa como "el adulto en la sala"- fue funcional a la política dictada por Bolsonaro. La reacción inicial del gobierno y la gran burguesía fue aprovechar la epidemia para extorsionar al Congreso, a través de Paulo Guedes, para exigir la aprobación del paquete de reformas contra los trabajadores (privatizaciones, reformas administrativas, etc.). Hace más de dos semanas, Guedes fue informado de un estudio reservado del Banco Central que mostró una propagación del coronavirus en Brasil a una escala mayor que en China e Italia. Un nuevo paquete económico "anticoronavirus" autorizó a las compañías a reducir los salarios en un 50%, un auxilio mensual insignificante de 200 reales (menos de US$ 40), durante tres meses, para 40 millones de trabajadores que fueron lanzados al sector informal, beneficios fiscales para grandes empresas y la compra de títulos públicos por parte del Banco Central en respuesta a la sequía en el mercado financiero. El choque con el Legislativo terminó elevando esta cantidad a R$ 600, para evitar una catástrofe social que podría convertirse en un terremoto político. El 20 de marzo, el Ministro de Salud admitió que para fines de marzo la pandemia debería comenzar una fuerte curva ascendente y que "claramente" el sistema de salud brasileño colapsaría a fines de abril. Se espera que la fase de crecimiento exponencial de los casos dure en abril, mayo y junio, con una meseta a partir de julio, para comenzar a caer a partir de septiembre. Esto significa que, a partir de mayo, no habrá capacidad para atender graves que requieren cuidados intensivos, causando la muerte de decenas o cientos de miles por falta de atención. En lugar de responder a esta realidad con la única política posible, es decir, con una política de restricción de movimientos y pruebas masivas, solo habrá apenas "algunas interrupciones". La promesa de millones de pruebas en un futuro incierto, cuando la catástrofe será inevitable, es solo una cortina de humo para ocultar la política real del gobierno. El ministro Mandetta repitió diariamente, hasta hace poco, que las pruebas masivas serían un "desperdicio de recursos". Los principales funcionarios del gran capital brasileño, con FIESP a cargo, celebraron la decisión del gobierno de "no parar" y el paquete de beneficios de Guedes. El apoyo al gobierno trajo nuevos beneficios al sector, con la autorización para suspender los contratos de trabajo durante cuatro meses durante la epidemia, sin pagar ningún salario, además de las exenciones de impuestos y el pago de cargas sociales. Bolsonaro parecía decidido a enviar a la clase trabajadora al matadero. El escándalo nacional causado por el anuncio del MP obligó a Bolsonaro a recular (¿por cuánto tiempo?), tergiversando mediante el anuncio de medidas "complementarias" que traerán efectos similares en el corto plazo. Bajo el mando de Donald Trump y en busca de un chivo expiatorio, el bolsonarismo lanzó una provocación contra China, que abrió una profunda fisura en su base de apoyo político. La presión de la burguesía de agronegocios (China es el mayor socio comercial de Brasil, responsable del 30% de sus exportaciones) ha colocado al gobierno en una situación de extrema debilidad, en medio de una crisis política que se escucha al son de los cacerolazos diarios y aumento diario en el número de casos de contagio y muertes. La clase capitalista brasileña está profundamente dividida y su sistema político está fracturado. La principal consultora mundial para la evaluación del "riesgo político", "Eurasia", detectó (y decretó, para posibles inversores) la posibilidad de una "crisis institucional" en Brasil (O Estado de S. Paulo, 24/3/2020), acelerando una fuga de capitales que ya se puede medir cotidianamente. La crisis es tan profunda y acelerada que la burguesía comenzó a volver para intentar enfrentar a la crisis de salud, tomando las necesidades sanitarias como una fuente de negocios. Se abrió una disputa para definir qué clase social liderará la administración de la crisis. La clase capitalista utilizará el aparato estatal para preservar el orden, las relaciones de propiedad y salvar a las grandes empresas de la bancarrota, a expensas de la vida de millones de brasileños. La única salida viable para los trabajadores y los explotados en general es imponer una centralización obligatoria de todos los recursos del país, basada en un único plan social y económico, bajo la movilización y el liderazgo de los propios trabajadores. Las empresas comenzaron a despedir (incluso en el crítico sector del transporte, responsable de toda la logística de distribución de alimentos y medicamentos): debemos exigir la prohibición de todos y cada uno de los despidos en una situación de emergencia nacional y social. El control del sistema financiero por parte de los trabajadores del sector, para evitar la fuga de capitales y el vaciamiento del país, también está a la orden del día, poniendo la perspectiva de su nacionalización en la agenda. Combatir la epidemia requiere una acción centralizada que ponga todos los recursos económicos, materiales y humanos de la nación al servicio de la prevención del contagio, garantizando la seguridad alimentaria y de salud para toda la población activa, ampliando la capacidad del sistema de salud para servir a todos pacientes, priorizando la producción y distribución de elementos de trabajo para profesionales de la salud. Es necesario transformar el sistema de producción en función de las necesidades planteadas por el escenario de crisis. Los profesionales de la salud denuncian la falta de equipos y suministros médicos. El gobierno llega al punto de imponer que los médicos y las enfermeras reutilicen máscaras protectoras. Los trabajadores de call center y telemarketing, los trabajadores industriales, los distribuidores de alimentos y remedios comenzaran procesos de lucha para exigir garantías de seguridad e higiene. En las favelas y las periferias, los comités barriales y comunitarios asumen la tarea de establecer la vigilancia de la salud para reducir la propagación de la plaga. La huelga de los trabajadores metalúrgicos en São Paulo exigiendo vacaciones pagas es la punta de un iceberg que tiende a crecer sin parar. Es necesario formar comités sanitarios en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las comunidades, para unificarse en un gran movimiento nacional. El programa para enfrentar la crisis también implica defender, para todas las industrias encargadas de producir para la salud y abastecer a la población, una jornada laboral de seis horas, en el que la "distancia social" y todas las medidas de seguridad e higiene sean tenidas en cuenta, lo que implica establecer un cuarto turno de trabajo. La reconversión de grandes instalaciones industriales para la producción de respiradores y otros dispositivos médicos debe realizarse bajo el control de los trabajadores. El control de los precios y de abastecimiento por comisiones de trabajadores y vecinos debe colocarse a la orden del día, teniendo en cuenta la escasez y el aumento de alimentos básicos en los supermercados. El principio esencial que debe guiar la respuesta a la crisis es que las necesidades de los trabajadores deben tener prioridad absoluta sobre los intereses del beneficio privado. La clase trabajadora debe exigir tests universales y acceso gratuito e igualitario a la atención médica; el cierre de toda la producción no esencial, con salarios garantizados para los afectados; condiciones de trabajo seguras en sectores esenciales para el funcionamiento de la sociedad; y un programa de emergencia para construir la infraestructura de atención médica y garantizar que todos los trabajadores de la salud tengan acceso al equipo médico y de seguridad necesario. Solo para empezar. Publicado en Boletim Classista N°20, abril de 2020

1 de abril de 2020
Declaración política de la Mesa Nacional de la UJS - Tendencia
Unión de Juventudes por el Socialismo - Partido Obrero

La crisis desatada por el virus covid-19 coloca a los trabajadores y la juventud, quizás como nunca antes en la historia, frente a la situación de tener que organizarse y luchar por una transformación social de fondo. A lo largo y ancho del planeta se están desatando enormes crisis políticas, como lo expresan las tentativas de golpes y contragolpes, idas y venidas de los distintos gobiernos. La crisis de coronavirus demuestra la ingobernabilidad de los estados capitalistas. EEUU se ha convertido en el epicentro de esta crisis mundial. América Latina, surcada por rebeliones populares y revoluciones ingresa a esta pandemia en condiciones explosivas. Está en juego, si se quiere, lo más básico, como lo es la subsistencia y la salud en un contexto de agravamiento de la crisis histórica del sistema capitalista. Las fuerzas productivas que el régimen social actual ha alcanzado están al servicio de la guerra y la destrucción de los derechos fundamentales de toda la población. El coronavirus y sus implicaciones catastróficas ha acentuado la necesidad de un planteo general que coloque a los trabajadores a cargo de la salud, la comida y la vivienda, es decir, a cargo del poder político. La juventud trabajadora aparece, en este cuadro, nuevamente como uno de los sectores más afectados. En Argentina, la “cuarentena” decretada por el gobierno de Alberto Fernández expone de forma desesperante todos los problemas sociales y políticos no resueltos en el pasado. En el aspecto sanitario, mientras se espera en todos los escenarios un colapso del sistema de salud, el gobierno continúa defendiendo el negocio privado. Tampoco ha asignado recursos excepcionales a la cuestión de la salud, ni ordenado la reconversión de una parte de la industria con ese fin. Lo que no ha descuidado es el pago de la deuda externa, sea mediante el pago de intereses y de parte del capital, o aumentando su monto mediante ‘reperfilamientos’. A nivel laboral hay centenares de miles de despidos y suspensiones. El tardío bono de 10 mil pesos es completamente insuficiente, cuando encima se ha eliminado la movilidad de salarios y jubilaciones, con una inflación que es creciente, en especial en alimentos y productos de higiene. La situación de hacinamiento habitacional y, por supuesto, la falta absoluta de vivienda hace que el llamado a “quedarse en casa” sea una fantasía del poder. Las pretensiones gubernamentales de un encierro sin provisiones ni posibilidades agravan todas las violencias, en especial la violencia de género. En el terreno educativo, la suspensión de las clases se pretende resolver con un llamado a la “virtualidad” simplemente inaplicable para una enorme mayoría, que precariza aún más el método de la enseñanza. El gobierno actual reivindica para sí que está enfrentando la calamidad sin salirse de la democracia. De acuerdo a las encuestas, esto le ha valido el apoyo del 70% de los entrevistados. A diferencia de los Trump y los Bolsonario ha acuñado la frase “de una caída del PBI se vuelve, de la muerte, no”. Pero su política contradice el propósito que declara, porque no hay cuarentena que funcione con el rechazo a las licencias por enfermedad o cierre temporario de empresas, suspensiones impagas, despidos masivos y hacinamiento y hambre. Hay detenciones arbitrarias, abusos policiales, muchos de ellos filmados en los barrios; celdas con decenas de personas. La situación intolerable en las cárceles. La persecución y la arbitrariedad es completa. A los que vuelven de otros países se los encierra en espacios cerrados sin ningún tipo de condición de salubridad. La “virtualidad” educativa Sobre la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, se monta una orientación que apunta a una mayor privatización educativa. Las grandes empresas de los servidores de Internet junto a la de telefonía móvil han organizado una “coalición mundial” para aprovechar la conmoción colectiva. En primer lugar, la “virtualidad”, en las condiciones actuales, se iniciaría dejando afuera a toda la población que no tiene los recursos para acceder y capacitarse en ella. En los aislados sectores donde sea posible poner en pie algún grado de virtualidad, las condiciones de trabajo se precarizan aún más y los salarios se reducen. Los docentes, a los que no les han siquiera actualizado la cláusula gatillo, se les exige que “se arreglen” o “adecúen”, pero que “garanticen las clases”. La “virtualidad” implica un sobre-trabajo al docente, donde no se lo prepara y se lo pone a disposición permanente de cientos de estudiantes. Esas clases, en un formato virtual, afectan severamente el proceso de socialización educativa y la relación entre los educadores y los estudiantes. La propuesta de reemplazar un proceso de aprendizaje por “gadgets” repetidos al infinito puede significar una lobotomía intelectual. En los lugares donde ya existe hace años la modalidad virtual es necesario también abrir este importante debate. El movimiento estudiantil y docente un escenario altamente probable de alargamiento de la “cuarentena”. La continuidad académica y la relación quebrada entre estudiantes y docentes tiene que ser discutida y superada por una intervención de conjunto. La “coalición mundial” por la “virtualización” es acompañada por la mayoría de las federaciones y centros de estudiantes sin condicionantes para sus características y efectos perjudiciales. La FUA dirigida por la Franja Morada promueve un proyecto que merece ser citado como ejemplo del grado de desastre de lo que se pretende imponer. El texto reclama que “se diversifiquen los formatos para el dictado de clases (videos cortos, audios, presentaciones escritas, etc) y no utilizar transmisiones de clases en vivo para reservar el ancho de banda y que no colapse”. Abole las clases. Promueve que “Movistar, Claro y Tuenti repliquen la iniciativa de Personal para liberar los datos móviles para los dominios educativos” ¡Esto es una campaña del grupo Telecom! Todas las agrupaciones estudiantiles del “Frente de Todos” acompañan a la Franja en la “cruzada”. Nuestra agrupación, Unión de Juventudes por el Socialismo (Tendencia), denuncia este proyecto y le contrapone una orientación que beneficie a los estudiantes y a la educación, no a los monopolios de la telefonía y la comunicación. El llamado de un conjunto de Universidades a realizar “voluntariados”, al que alegremente se han sumado desde la Franja Morada hasta agrupaciones de izquierda, es la solución por la negativa al enorme problema de recursos sanitarios y económicos para hacer frente a la pandemia. Las camarillas universitarias son precarizadoras por definición, como lo demuestra el conjunto de mano de obra gratuita que le ceden a las empresas. Se pretende utilizar la “voluntad” como arma contra los derechos laborales de los propios trabajadores que se encuentra en primera línea de acción. Reclamamos que cualquier “voluntariado” o grupo de ayuda se enmarque bajo el control de asambleas en los lugares de trabajo. Reclamamos, en primer lugar, actualizar el salario docente, incluyendo el salario a los docentes universitarios ad honorem, o sea que trabajan gratis La capacitación y todos los recursos tecnológicos necesarios tienen que estar integralmente afrontados por el Estado. Para evitar la sobrecarga laboral se tiene que promover un ingreso masivo a la docencia para que las comisiones o los cursos “virtuales” de estudiantes tengan un límite lógico por/docente. La educación gratuita tiene que ser para todos los niveles y para todos los establecimientos del país, la educación argentina no puede ser un filón de negocios para Microsoft, tiene que estar al servicio del desarrollo social y político de sus trabajadores. Es necesario establecer un “foro de debate” entre estudiantes y agrupaciones de lucha, y recoger todo tipo de planteos frente a una modalidad educativa que elegida a nuestras espaldas. La forma de las evaluaciones, además de la solución de los límites que representa la virtualidad, tiene que ser parte de este debate. En la educación privada, la mayor parte de instituciones, le siguen cobrando la misma cuota a sus estudiantes, a pesar de seguir contando con enormes subsidios y haber sido fuertemente modificada la modalidad de estudio. Reclamamos el fin de los subsidios y la nacionalización del conjunto de la educación. La educación primaria y secundaria, por su carácter masivo, demuestra la enorme inviabilidad, en las actuales condiciones, de poder continuar con el desarrollo educativo. Exigimos un plan de emergencia discutido por los docentes y estudiantes para afrontar en el terreno material y pedagógico todos estos enormes límites. Lejos de su carácter “nivelador” el problema planteado por la “virtualidad” exacerba todo el conjunto de diferencias sociales entre la población. La situación de la educación para adultos, o el plan “Fines” está siendo directamente destruido por el gobierno. Cualquiera sea el próximo escenario está claro que el presupuesto educativo tiene que aumentar enormemente en función de estas necesidades. Incluso en una vuelta a los establecimientos estos tienen que contar con la capacidad para desarrollar una educación que no implique un rebrote del propio virus. Los edificios tienen que estar en condiciones, hay que poner en pie comisiones de estudiantes y docentes que releven todas estas necesidades a las que el gobierno ya mismo debería empezar a darles respuesta. La destrucción de miles de puestos de trabajo no puede implicar un abandono masivo de la educación. Garantizar un plan de becas integral es fundamental. En el caso del “Progresar”, la inscripción tiene que ampliarse y la entrega ser inmediata. Hay que establecer un aumento de emergencia. Por la organización de la juventud trabajadora La ola de despidos y el ataque a las condiciones laborales tiene como uno de sus blancos a la juventud. En los call center se están desatando distintas rebeliones ya que muchos son obligados a ir a trabajar al autocalificarse las patronales como “servicio esencial”. El teletrabajo en muchos de estos casos no se implementa como consecuencia de la falta de inversión de las propias empresas. Los trabajadores de las APPS (delivery) son forzados a seguir trabajando bajo la modalidad del monotributo y sin ninguna condición de seguridad e higiene. En la gastronomía los cierres y despidos son generalizados. Esta situación también se presenta en los empleos en los cines, y todo lo referido al turismo contratados como pasantes y hoy despedidos por la cuarentena sin amparo legal o sindical que puedan utilizar. La juventud profesional o los estudiantes avanzados, incluso investigadores que se encuentran en esa precariedad de contrato también está siendo sacudida por los efectos de la crisis. La UJS - Tendencia convoca a los jóvenes a organizarse en sus lugares de trabajo. Donde ya haya un principio de organización o reagrupamiento hay que avanzar en imponer los propios intereses en la lucha cotidiana contra la patronal por poner en juego la salud y la vida obrera. En los “lugares esenciales” se debe promover una reducción de la jornada laboral sin afectar el salario, que posibilite una menor exposición al virus, además de que permite la contratación de nuevos contingentes laborales. Organizarnos contra despidos selectivos y masivos. Cualquier argumento de la patronal para justificar ceses laborales, debe ser respondido con el reclamo de que abran sus libros y con un control obrero de las operaciones. El salario mínimo debe ser igual al costo de una canasta familiar. Es importante defender, sobre todo en la juventud, el 82% móvil con una jubilación integralmente a cargo de las patronales. La pelea por evitar el aumento de la edad jubilatoria está asociada a la posibilidad de acceder a los actuales empleos. Cuarentena con pueblo movilizado El gobierno ha recurrido a las fuerzas de seguridad y las FFAA para asegurar la cuarentena y el ‘aislamiento social’. No hubiera podido hacer otra cosa; es así como funciona el estado capitalista, y otra metodología hubiera sido rechazada, incluso con hostilidad, por parte de la clase capitalista. Pero para que una cuarentena alcance su propósito es necesaria la movilización social. Lo prueban las asambleas de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, donde se discuten la ineptitud del aparato de dirección de los establecimientos, la protección de los enfermos y del personal, y donde se establecen con claridad los reclamos para superar las carencias de un sistema sanitario quebrado. Los demuestran los planteos de cierres de empresas no esenciales, sin afectación del salario, de parte de los obreros, o los protocolos y reducción de horario allí donde la producción es imprescindible. Lo demuestran los barrios donde domina el hacinamiento, para organizar una cuarentena barrial, organizada, en lugar del imposible “distanciamiento” familiar. Este es el camino, no el cheque en blanco a la represión, que históricamente ha terminado con quienes lo firmaron. No a las detenciones arbitrarias, derecho a un juicio inmediato. Varios gobernadores, más de la mitad de ellos, han reclamado a Alberto Fernández la declaración de un estado de sitio. El Presidente parece haber entendido que lo invitaban a confrontar con una rebelión popular. Pero el acecho no ha terminado: combatimos la pandemia con la herramienta de las libertades democráticas. La violencia intrafamiliar se ha agravado en el marco de los sufrimientos, carencias y angustias de la cuarentena, en especial la violencia de género. Pero la responsable no es la cuarentena sino el régimen social, que es más asfixiante en un régimen de calamidad pública. Se siente aquí la ausencia de una movilización popular de conjunto, que imponga sus métodos y sus objetivos. Necesitamos poner en pie comisiones de mujeres por barrio y por localidad, contra la violencia entre familias e intrafamiliar, contra violencia contra niños y mujeres. La vigencia del derecho al aborto habría servido para impedir mayores muertes a las que ocasiona la pandemia. La unidad de la mujer trabajadora junto con la clase obrera tiene que colocar todo el potencial revolucionario que demostró este movimiento en función de una transformación socialista. La cuarentena también ha puesto de relieve, por si faltaban evidencias, la completa indiferencia de todos los últimos gobiernos frente a los enormes problemas de viviendas, la condiciones de hacinamiento o falta de recursos como el agua, el baño o las cloacas. Ellos, y las clases a las que sirven, son culpables. Por un gobierno obrero La juventud tiene la tarea de unirse a los trabajadores frente a esta enorme crisis que recién está comenzando. El gobierno de Alberto Fernández ha apelado al formato de la “unidad nacional” para caer en la ingobernabilidad; dejan de lado la ‘grieta’ por un momento porque sienten el acecho a un régimen social que ha dejado a la humanidad a la intemperie, a pesar de todos los progresos técnicos de los que se jacta. Los trabajadores ya están interviniendo en esta crisis. Necesita pasar de la dispersión a la unidad, con la conciencia de que estamos ante un problema político en una crisis política. La burocracia sindical se ha puesto del lado de los patrones, una vez más. Debemos, también otra vez, arrancarle los sindicatos, mientras construimos organismos de base y coordinadoras. El sistema sanitario y las inversiones correspondientes van de la mano de un plan económico integral bajo estos intereses sociales. El no pago de la deuda externa debe ser acompañada por una centralización de la banca y el comercio exterior bajo control obrero. Lo que siempre debe primar, y en situaciones de colapso sanitario y social se hace aún más evidente, es el interés de la mayoría que vive de su trabajo por sobre la acumulación de capital por parte de la burguesía. La lucha por recuperar los sindicatos y colocarlos bajo esta perspectiva es parte ineludible de la pelea más general por un gobierno de trabajadores en Argentina y por la unidad socialista en América Latina. La UJS-Tendencia, en su lucha por recuperar al Partido Obrero como herramienta revolucionaria, convoca al amplio movimiento juvenil a discutir y elaborar un programa político. Este programa tiene que, además de ofrecer una salida en términos integrales, seguir atentamente el desenvolvimiento de todos los conflictos y choques sociales que se están desarrollando, en especial en los barrios y en lugares de trabajo y de estudio. La izquierda que a través del FIT-U ha utilizado la vía parlamentaria para integrarse al estado capitalista, no tiene ninguna condición para ofrecer un planteo de movilización política. La comprensión de estos límites y a esta crisis de la izquierda asociados a la situación más general es la clave para un desenvolvimiento revolucionario de la juventud. Aprobado por unanimidad, 31/3/2020

1 de abril de 2020
Italia, crisis social y polarización política

Al día de ayer en Italia los muertos por el Covid-19 rompieron la barrera trágica de 889 muertes en 24 horas, aunque tendencialmente fueron menos que las 969 del día previo. El número total de muertes asciende a 10.022, según datos de la Protección Civil. Por otra parte, fueron declarados oficialmente 3.651 casos positivos más, aunque esto significaría una sensible tendencia a la baja con relación a días anteriores, en el marco de un total de 92.472 contagiados. La mayoría de las muertes fueron en Lombardía, la región más afectada y la locomotora de Italia, en el norte, donde murieron hasta ahora 5.944 personas y en las últimas 24 horas, más de 500. De las 70.065 personas actualmente infectadas 39.533 se encuentran en aislamiento domiciliario; 3.856, en terapia intensiva (1.319 en Lombardía), y 26.676 están internadas con síntomas (11.152 en Lombardia) (La Nación, 29/3/20) Pero estas cifras se dan en un marco de parate económico al calor de las medidas de cuarentena, lo que agudiza la pauperización de millones de trabajadores, en especial en la zona sur de Italia, sometidos a condiciones laborales de precariedad e informalidad durante años. Millones de “nuevos pobres”, como comerciantes, cuentapropistas y cientos de miles de personas que trabajan en negro que ya no tienen ni para comer se suman a la masa de trabajadores arrojados a la pobreza y la indigencia teniendo que recurrir a comedores de organizaciones sociales. Un 75% de la juventud italiana está desempleada. Las autoridades temen el “estallido social”. “Hay que actuar rápido, está en riesgo el orden democrático”, dijo este sábado el ministro para el Sur, Giuseppe Provenzano, en una entrevista al diario La Repubblica. Frente a este escenario el gobierno anunció que entregaría $400 millones de euros para bonos de compra de alimento generando críticas en sentido de lo insuficiente de la medida para hacerle frente cabalmente a la situación. Al mismo tiempo que denuncia “el crimen organizado” (mafia), el gobierno llama también a los ciudadanos a “denunciar a las autoridades policiales" los estallidos de la población hambrienta. Lo que está en riesgo, en realidad, es la vida y la salud de millones de trabajadores. Mientras en las fábricas que siguen funcionando se manifestaron movimientos de huelga importantes, exigiendo condiciones seguras de trabajo, en las redes sociales circularon videos que llaman al saqueo de supermercados. En uno que se viralizó un padre siciliano junto a su hija comiendo una rodaja de pan, le advierte a las autoridades nacionales y locales: "Si mi hija ya no puede comer un pedazo de pan, nosotros iremos a asaltar a los supermercados". En la ciudad de Bari una funcionaria comunal tuvo que llevarle alimentos a una familia que subió un video mientras gritaba desde el balcón de su casa que ya no tenía más dinero para comer. En Palermo hubo un intento de saqueo en un supermercado debido a un grupo que comenzó a gritar "¡Basta de estar en casa, no tenemos plata para pagar, tenemos que comer”! La protesta estuvo relacionada con un grupo de Facebook llamado "Revolución Nacional", que ya cuenta con miles de adeptos y tiene una cita para la semana que viene: "Quien esté listo para la guerra el 3 de abril tiene que sumarse a este grupo. Para hacernos oír debemos saquear los supermercados como hacen en Siria y en España. La protesta verdadera es ésta, así entienden a lo que hemos llegado". Italia, el país donde más se ha puesto en evidencia la incapacidad del capital y su gobierno para enfrentar la pandemia, ha ingresado en una crisis política, de un lado, y en tendencias a la rebelión popular y a la polarización del otro. La derecha encarnada en la liga del Norte, que lidera Salvini, intentará en este escenario, crear un movimiento fascista para romper el proceso de huelgas y movilización popular.

1 de abril de 2020
Miseria y coronavirus: las dos pandemias, el Estado es responsable
Polo Obrero - Pte. Perón

La Secretaria de Desarrollo Social de Presidente Perón comenzó a hacer el reparto de mercadería para los vecinos de Guernica. El anuncio se hizo a través de carteles con fecha errónea, ya que indicaba abril, cuando la entrega se realiza desde el 25 al 27 de marzo, por única vez y según la terminación de su DNI. La medida se viralizó en el boca a boca y a través de las redes sociales, ya que no hubo ningún anuncio oficial desde el municipio ni desde la página de Desarrollo Social. La iniciativa tuvo un alcance realmente masivo, haciendo que cientos de desocupados y trabajadores precarizados violen la cuarentena dictada por el gobierno nacional, cuyo único fin es evitar la propagación, ya que el desfinanciamiento de los centros de salud por parte del Estado no puede afrontar el cuidado y recuperación de los pacientes. Esto no solo expuso la salud de los vecinos que ante la necesidad de los alimentos soportó largas horas de cola para retirar, en el mejor de los casos, una pequeña bolsa con muy pocos productos, sino que también la miseria repartida por el Estado municipal se hizo en condiciones insalubres (según las medidas de higiene y seguridad conocidas para evitar el contagio y propagación del virus). El reparto pasó por un filtro que dejó fuera a quienes cobran AUH, siendo que la mayoría de los casos -y más de la mitad de la población de Guernica- vive de un trabajo en negro o por hora. Sólo una parte de quienes se acercaron a Desarrollo Social pudieran llevar leche y, en otros casos, mercadería que solo alcanza para subsistir un solo día. De la misma forma, se realizó en los colegios, donde en principio tenía un alcance para todos los niños que asistían al comedor escolar. Sin embargo, desde siempre, el presupuesto que baja la provincia para alimentos en los colegios sigue siendo escaso ante la cantidad de familias que necesitan asistir, poniendo en papel de verdugos a los trabajadores docentes que deben entregar viandas por orden de llegada y quedando gran cantidad de familias sin acceso a los alimentos. Esta pandemia vino a exponer la crisis laboral, sanitaria y de alimentación que se viene sucediendo desde hace décadas. Donde los gobiernos han dado prioridad al endeudamiento para rescatar al capital y el pago serial de una deuda externa ilegitima y no ha destinado nada para recomponer la situación laboral y de vivienda de los sectores vulnerables, que con el correr del tiempo siguen viviendo en formas cada vez más precarias y con trabajos en negros cada vez más flexibilizados. En Guernica los trabajadores desocupados no rompen la cuarentena para ir a la costa o visitar familiares, sino para retirar alimentos para subsistir. Por eso, responsabilizamos a la Intendente Blanca Cantero de los posibles contagios entre los vecinos y expansión del virus. Como de la mala distribución de los alimentos para los vecinos que sufren de hambre. Desde el Polo Obrero Tendencia de Presidente Perón, exigimos al gobierno municipal, provincial y nacional, provisión de elementos sanitarios y de prevención para las familias desocupadas. Que asigne presupuesto para partida alimentaria que permita que las familias desocupadas y precarizadas puedan garantizar la comida en sus mesas, todos los días.

1 de abril de 2020
Libertad a Facundo Molares

Facundo Molares, fotógrafo argentino, se encuentra arrestado, en grave estado de salud, en Bolivia, como preso político del gobierno de facto de Jeanine Añez. Nacido en San Miguel, provincia de Buenos Aires, es un fotógrafo militante que recorrió buena parte de Latinoamérica. Cuando se encontraba en Bolivia, trabajando como foto reportero, el gobierno fascistizante de Añez lo acusó de incitación a la violencia y homicidio por el corte que hubo en Puente de La Amistad, en Santa Cruz de la Sierra, donde murieron dos personas. No hay prueba alguna que involucre a Molares como responsable de esos hechos. Fue arrestado mientras se encontraba internado en un hospital de Santa Cruz por sus problemas renales y respiratorios. Se encuentra actualmente en el penal de Chonchocoro. La situación de Molares es grave y su vida se encuentra en peligro. Contamos con el antecedente de otro hecho grave, la muerte del periodista mendocino Sebastián Moro, quien se desempeñaba en Bolivia. Moro falleció de manera misteriosa, de un supuesto accidente cardiovascular, pero su familia asegura que el cuerpo presentaba politraumatismos y signos de haber sido torturado. Organizaciones políticas y de derechos humanos están reclamando al Estado argentino que interceda y reclame su repatriación. Exigimos la inmediata liberación del compañero Facundo Molares y de todos los presos por luchar de Bolivia. ¡Abajo el golpe en Bolivia! ¡Fuera el fascismo de América Latina! ¡Fuera Jeanine Añez! ¡Por un gobierno de trabajadores!

1 de abril de 2020
EEUU: huelgas en Amazon e Instacart

Los trabajadores de reparto y envíos de las empresas Instacart y Amazon han decidido ir a la huelga en varios puntos del país exigiendo una serie de condiciones para continuar su trabajo y el cierre de sucursales afectadas por el Coronavirus. En el caso de Amazon, se han presentado casos de infección en más de 10 sedes. Las acciones fueron determinadas de manera independiente una de la otra, pero han confluido el lunes 30 de marzo, en un pliego de reivindicaciones con puntos en común que muestra la respuesta de los trabajadores ante sus patronales que no pretenden llevar adelante ni las mínimas condiciones de seguridad. La huelga es motivada por cuatro demandas. La primera de ellas es el reclamo de garantías mínimas de higiene para trabajadores y clientes, expuestos por las condiciones que sufren los trabajadores que realizan las entregas. La segunda está referida a la necesidad de licencias pagas para los trabajadores de riesgo y los enfermos, por cualquier motivo. Sarah Clarke, una de las organizadoras de la huelga de Instacart, denuncia que “la compañía dice que están ofreciendo catorce días de licencia pagada, para obtener buenas relaciones públicas. Sin embargo, debe dar positivo en la prueba de coronavirus para calificar para el tiempo libre pagado. Todos sabemos que es muy difícil hacerse la prueba, por lo que hay trabajadores que pueden estar enfermos con el virus que todavía tienen que trabajar porque no pueden hacerse la prueba y no se les paga tiempo libre.” (Jacobin, 30/03). La tercera demanda es sobre la extensión de estas licencias, que no se encuentran garantizadas de ninguna manera. Por último, los trabajadores reclaman el pago de un extra por riesgo. “No deberíamos arriesgar nuestras vidas por $ 7” (ídem). La huelga involucró a una porción importante de los trabajadores, se estima que a más de 20.000 en todo el país. Instacart, mientras tanto, publica por las redes la necesidad de contratar 300 mil nuevos trabajadores, cuando actualmente tiene 170 mil. Este salto demuestra que todas las exigencias presentadas por los trabajadores pueden ser fácilmente atendidas. “Claramente tienen el dinero para pagar la seguridad. Pero en lugar de poner dinero en su fuerza laboral actual para protegerlos, están gastando mucho dinero para reemplazarnos. Su actitud es básicamente: ´Si mueren, los reemplazaremos´. Es jodidamente salvaje.” (ibidem) Amazon Por su parte, los trabajadores de Amazon han decidido la huelga en la sede de Staten Island, Nueva York, tras conocerse el primer caso confirmado de un trabajador de dicha sucursal. Esta se suma a una lista de otras 10 sedes, incluida otra más en Nueva York, ubicada en Queens. Pero a diferencia de lo que ocurrió en Queens, la empresa se niega a cerrar la sucursal de Staten Island, lo que marca que poco le importa la integridad de sus trabajadores sino simplemente mantener sus ganancias. Amazon también ha visto incrementada la demanda de pedidos y planea contratar a más de 100 mil personas a su planta, como sucede en la época de vacaciones afirman desde la empresa (CNN, 30/03). Uno de los voceros de los trabajadores, Christian Smalls, expresó que “no estamos pidiendo mucho. Estamos pidiendo que el edificio se cierre y se desinfecte, y que se nos pague” (ídem). Además, denunció que se intima a los trabajadores a trabajar a pesar de presentar síntomas y tomarse licencia sólo en caso de dar positivo al test de Coronavirus, lo cual coloca al lugar de trabajo como un foco de contagio. Las condiciones de trabajo sumamente precarias a la que se exponen los trabajadores día a día han quedado al desnudo con la expansión de la pandemia. Ha quedado más claro que nunca como los trabajadores arriesgan su vida día a día, bajo la extorsión y el apriete patronal. Estados Unidos corre a convertirse en el epicentro mundial de infectados, y al mismo tiempo, corre a convertirse en el epicentro de las huelgas y las rebeliones contra los capitalistas.

1 de abril de 2020
Clínica Fátima. Ataque patronal al personal en mayor riesgo

Las autoridades de la clínica Fátima han decidido reabrir sus puertas tras el cierre temporario por el contagio de una enfermera. En un contexto de profunda angustia, los trabajadores de la clínica, que en muchos casos no saben todavía si pueden estar contagiados, recibieron un comunicado amenazador. Las autoridades sanitarias, del municipio o de la clínica, no han dado ningún tipo de contención psicológica, ni de ningún tipo. “Se le hace saber al personal de clínica Fátima de Pilar, que, en atención a que los servicios prestados por esta empresa se encuentran alcanzados por la excepción del cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el Dto. 297/2020 art.6 punto 1) , por considerarse esencial para enfrentar la epidemia, todo el personal de la clínica deberá tomar servicio en sus horarios habituales, bajo apercibimiento de adoptar las sanciones que correspondan, incluyendo el despido y comunicación a las autoridades pertinentes, responsabilizándolo por cualquier daño a la salud de la población que su incumplimiento genere en la población hospitalaria”. Se trata de una provocación que endilga la responsabilidad a los trabajadores, que fueron expuestos a jornadas extenuantes, sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene, sin ningún tipo de información. El comunicado dice, al pasar, que “la empresa le proveerá de todos los elementos de seguridad que esta emergencia requiere”, aunque la principal denuncia de los trabajadores es que no contaban, precisamente, con los insumos mínimos. Al final de su texto, la empresa advierte que “asimismo le hacemos saber que en cualquiera de los casos [de ausencia] Ud. pierde el derecho a percibir sus salarios”. En el texto también se intenta imponer una mordaza por demás signficativa: “Le informamos que deberán abstenerse de todo comentario en las redes sociales o en cualquier otro medio, respecto a la Institución y las actuales circunstancias, en virtud de la confidencialidad de la práctica médica”. La patronal ha declarado el estado de sitio que el gobierno no tiene los medios de imponer. El comunicado de la patronal no es un exabrupto. Las políticas antisindicales son una moneda corriente en la mayoría de los centros de salud privados. Los trabajadores que intentan afiliarse al sindicato son despedidos o perseguidos. Es necesario que se garanticen de forma plena los derechos democráticos y de organización sindical de los trabajadores de la Clínica Fátima. En el marco de la actual crisis sanitaria y social, el derecho de organización de los trabajadores de la salud incumbe a toda la población trabajadora. Las condiciones de trabajo en los centros de salud, que solamente se puede conseguir con la organización independiente de los trabajadores, garantizará mejores condiciones de atención. Plenos derechos de organización y deliberación. Abajo la persecución a los trabajadores de la clínica Fátima.

1 de abril de 2020
El gobierno que se preocupa por los despidos, despide

Los diarios en sus tapas publican la preocupación del gobierno por los despidos en el sector privado, mientras en La Plata persiste en dejar en la calle a los contratados: 42 compañeros contratados bajo la modalidad de monotributistas de Vialidad y otros 56 contratados nacionales en la DGCyE quedaron en la calle. Son todos trabajadores con más de cuatro años de antigüedad. Esta centena de trabajadores viene peleando hace más de un mes por su continuidad laboral, pero el gobierno de Kicillof se niega a atender el problema. Los compañeros han realizado asambleas, piquetes y marchas, pero la conducción Verde de ATE ha dado la espalda a esta pelea. En los escasos plenarios de delegados que ATE ha convocado, fuimos los delegados clasistas los que planteamos el problema, reclamando que, en las reuniones paritarias, sea el primer punto la reincorporación inmediata de los despedidos. La cuarentena le ha servido al gobierno para congelar la lucha, pero lejos de quedarse en casa con los brazos cruzados, los estatales han emprendido una campaña de solidaridad y de denuncia por las redes sociales. Queda por tarea unir a todos los sectores precarizados, que suman más de 12 mil en la provincia, empezando por una asamblea virtual, que permita avanzar en un plan de acción en común por el pase a planta permanente. En el Estado provincial se tuvo que dar batalla desde el primer día del anuncio de las cuarentenas parciales, por los protocolos y las medidas profilácticas, más las licencias correspondientes que incluso con el decreto en mano se negaban a aplicar. Eso provocó una nueva crisis de las bases kirchneristas con el gobierno de Kicillof. En los organismos donde se trabaja en común con operativos nacionales, se tuvo que realizar asambleas para imponer la cuarentena a los sectores precarios que trabajan en campo, para operativos, por ejemplo, del INDEC, quien impartió la orden que tanto la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) como el Índice de Precios al Consumidor eran tareas esenciales. Sin embargo, la EPH, la encuesta nacional más importante en las estadísticas nacionales, pues es la que mide desde la desocupación hasta la pobreza, se realiza con el total de su personal en la precariedad absoluta, sin siquiera un contrato que los contenga como trabajadores en relación de dependencia. La precarización no es solo del gobierno de Kicillof. Es digitada en muchos casos por el mismo gobierno nacional. Algo que viene sucediendo desde hace décadas. El anuncio del pase a planta de unos 4 mil agentes se limita a los temporarios, comprendidos bajo la ley 10.430, pero esto incluso está lejos de acabar con la precariedad. Debemos de manera urgente impulsar asambleas virtuales para preparar la gran lucha que nos queda por delante, que es la organización unitaria de todas las reparticiones, la que deberá indefectiblemente pasar por encima a todas las conducciones gremiales que han decidido pasarse por completo a la vereda del frente.

1 de abril de 2020
Siderar rompe la cuarentena a su antojo
Joaquín - San Nicolás

Durante la cuarentena obligatoria frente a la expansión del Covid19, Ternium Siderar, del grupo Techint, mantiene los ritmos habituales de producción, poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores y sus familias, y por lo tanto de la región, sobre todo San Nicolás y Ramallo. Con la excusa habilitada por el gobierno nacional de ser parte de la producción esencial, por un lado, y de los altos costos de una posible interrupción de procesos continuos, por otro, presionan para proseguir exportando a México acero plano y bobinado. Esto, claro, sobre la exposición al coronavirus del plantel obrero. Desmentida la idea de haber colocado dotaciones mínimas (sólo cerraron oficinas), la empresa arregló con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) un cambio de turnos que apenas reduce el contacto entre los mismos, lo que trae como consecuencia el incremento de la carga laboral en el personal de limpieza. A la patronal sólo le interesa exportar un producto no esencial mientras la planta laminadora está en sobrestock. Mientras tanto, aprovecha la pandemia para dejar sin sustento a 1.500 familias de Techint Ingeniería y Construcción en Buenos Aires, Tucumán y Neuquén. Por otra parte, la dirección del gremio actúa como agente de Recursos Humanos de la empresa y es, ella misma, ¡dueña de contratistas! De esta forma, ¿por qué tipo de reivindicaciones puede “luchar”? No sólo la fábrica sino el mundo entero, o sea la economía, es puesta en marcha por la clase obrera. Sin nuestro sudor no se produce absolutamente nada. El virus es un fenómeno biológico, pero sus consecuencias y propagación son un fenómeno político. Si se impide la cuarentena de millones haciéndolos trabajar, negándoles recursos, despidiendo o suspendiendo, se prioriza la ganancia del capital. Si miles de niños están mal alimentados, si las fronteras no se cierran a tiempo, si las medidas son tardías e insuficientes, si faltan camas y respiradores, si el personal médico cobra miseria, si no hay condiciones de trabajo, entonces el espejo italiano o español se convertirán en realidad y, de nuevo, el fenómeno es puramente político. Por ahora, un incesante intercambio recorre las filas obreras dentro de la fábrica. La creciente bronca debe atender a no permitir ningún despido, suspensiones ni reducción de salarios. Hoy más que nunca es menester que los trabajadores deliberen y establezcan un protocolo de higiene y seguridad, el pase a planta permanente de todos los contratados, reducción de turnos con el 100% del salario para atravesar la cuarentena junto a nuestras familias, y el establecimiento de guardias mínimas con elementos y disposiciones de seguridad supervisadas por el propio plantel obrero. La infraestructura del grupo empresarial destinada a construcción debe ser puesta al servicio de solucionar el déficit habitacional de la ciudad y la zona.

1 de abril de 2020
Quilmes: lecciones acerca de un obrero que muere tras ser contagiado por su patrón

El pasado domingo 29, se confirmó la muerte de un trabajador en Quilmes, luego de estar internado algunos días en la Clínica Ranelagh, e incluso haber sido dado de alta. Lo particular del caso es que este trabajador fue contagiado del Covid-19 por el patrón de la empresa donde trabajaba. Cuando volvió de vacaciones, el patrón no realizó la cuarentena ni respetó el protocolo de higiene. El nombre de la empresa no ha sido revelado, como tampoco el nombre de su dueño. Es una cruda muestra de los límites enorme de la política de “aislamiento social” de los FF. Los miles que son obligados a trasladarse diariamente a las fábricas que se encuentran encuadradas en los que el DNU (y sus modificaciones) declaró esenciales, se suman a las empresas que obligan a ir de todas maneras a sus trabajadores, sean “esenciales” o no. La desidia que mostró este patrón es la misma que se observa a lo largo y ancho del país, desde los que no dan licencias hasta los que aprovechan la ocasión para consumar despidos. En este caso el afán de lucro puso en peligro al propio patrón, o sea que el capital juega con la vida de quienes lo encarnan. A su vez, el Estado deja completamente desprovistos de toda cobertura sanitaria-legal a los trabajadores, ya que el coronavirus no es legalmente considerado enfermedad profesional. Mientras las fuerzas represivas, detienen a jóvenes en las barriadas, estaciones y colectivos, para que se cumpla con la cuarentena, lo ocurrido en Quilmes demuestra que no se aplica la misma vara a la patronal. Después del fallecimiento se dispuso la cuarentena obligatoria de los familiares del compañero. El municipio debe responder No hay noticias de que la empresa haya sido clausurada preventivamente, tampoco represalias legales contra el patrón. La intendenta es una kirchnerista ortodoxa que disfruta con la militarización del distrito, como una reivindicación tardía de Milani. Pretende demostrar que Quilmes es un ejemplo para toda la provincia. Sergio Berni, precisamente, instaló sus oficinas en la sede de la UNQUI, (de paso, violando la autonomía de la Universidad) y se ha dedicado a recorrer personalmente las barriadas y asentamientos más humildes del distrito, amenazando con detenciones masivas. Mientras tanto, la CGT regional se mantiene piadosamente callada, o sea cómplice. Es la mayor enemiga de una cuarentena obrera – con quincenas pagas. Como primera medida, todos los trabajadores de la empresa deben ser sometidos inmediatamente a las pruebas para detectar si fueron contagiados, pasando a la cuarentena, con todos sus derechos laborales, contractuales y de salarios respetados. Reparto de las horas de trabajo en las empresas con actividad esencial. Suspensión de actividades inmediata en actividades “no esenciales”. Aumento de la frecuencia del transporte, sobre todo en horario pico, con las condiciones higiénicas correspondientes. Comisiones de seguridad e higiene en todos los establecimientos y lugares de trabajo, electos y revocables en asambleas, que elaboren un protocolo propio para velar por las condiciones sanitarias y de higiene en cada lugar. Inclusión del Coronavirus como accidente laboral, cobertura de todas las familias afectadas.

2 de abril de 2020
Sobre el decreto de prohibición por 60 días de despidos y suspensiones

Luego de que ya se produjeran miles de despidos y suspensiones, el gobierno resolvió, mediante el DNU 329/2020 su prohibición por 60 días. Por lo limitado del plazo, correspondería hablar más de "postergación" que de "prohibición". El decreto no es retroactivo - rige desde su publicación en el Boletín Oficial, es decir, a partir del martes 31 a la noche. Como en el derecho laboral la notificación es recepticia (surte efecto desde el momento en que es recibida), serán inválidos los despidos que se notifiquen a partir del día siguiente. No tienen valor alguno las comunicaciones que se hayan realizado verbalmente (salvo si hubiera sido ante escribano público). El gobierno pretende con esta medida cerrar muy parcialmente un grifo, en especial cuando las cesantías masivas en Techint Construcciones dejaron al desnudo que la ‘mitigación’ social de la crisis se iba por el tubo. ¿Qué acabaría pasando cuando decenas de miles de trabajadores impongan el cierre de las empresas ‘no esenciales’ en las que siguen trabajando -se los iba a despedir? Los despidos masivos dejan al desnudo la contradicción de un gobierno que todos los días anuncia algún subsidio para ‘mitigar’ a trabajadores independientes que no pueden salir a trabajar por la cuarentena, mientras tolera que se queden sin salario los que son despedidos por las empresas ¿Quién queda adentro y quién queda afuera? El decreto prohíbe por el plazo indicado los despidos sin causa y los despidos (y suspensiones) por "causa de fuerza mayor" (art 247 Ley de Contrato de Trabajo, en adelante LCT). Mediante este procedimiento las patronales venían despidiendo sin pagar la doble indemnización, e incluso pagando la mitad de una. El decreto no establece, sin embargo, multa ni sanción penal alguna para las empresas infractoras y sus titulares. Tampoco una cautelar que retrotraiga automáticamente el despido o la suspensión. Sin esto el decreto es papel pintado, o una norma legal que el trabajador podría utilizar sólo tardíamente ante la justicia, luego de haber sido despedido en los hechos. La patronal de la gráfica Ipesa y la revista Pronto, por dar un ejemplo, ya ha anunciado que piensa incumplir el decreto y sostener los despidos masivos que se han comenzado a notificar hoy mismo. Quedan en pie los miles de despidos producidos previamente. Tampoco se ha resuelto nada sobre la dramática situación de los trabajadores no registrados, sector en el que se está produciendo una verdadera masacre social, con miles de despidos o todo tipo de arbitrariedades que van desde suspensiones sin goce de sueldo hasta imposición de "vacaciones" en medio de la cuarentena. Una legislación que pretenda defender al trabajador en negro debería establecer su registro automático con la sola denuncia con testigos del trabajador no registrado. Luego el DNU en el segundo párrafo de su art. 3, abre el grifo a suspensiones acordadas con los sindicatos, esto porque “exceptúa” de la prohibición a las suspensiones establecidas en el art. 223 bis de la LCT, que refiere a las efectuadas con un “acuerdo” previo de partes, que puede determinar un pago menor de salario en términos “no remunerativos” (sin pagar cargas sociales). Se trata de un claro guiño que será aprovechado por las patronales. Al respecto debe tenerse en cuenta que, tal y como se desarrolla más abajo, las suspensiones masivas requieren (según el art. 98 de la Ley 24.013) que previamente la patronal haya tramitado ante el Ministerio de Trabajo el Procedimiento Preventivo de Crisis (en adelante PPC), con lo cual mientras exigimos que se elimine esta nefasta excepción, hay que rechazar rotundamente que los sindicatos firmen acuerdos de este tipo. El referido y “exceptuado” artículo 223 bis de la LCT también habla de suspensiones “pactadas” individualmente con los trabajadores, sin embargo, el mismo artículo define que debe implementarse “según la legislación vigente”, y debe tenerse en cuenta que cualquier suspensión de este tipo viola el principio de irrenunciablidad de derechos que establece el art 12 de la LCT, por lo cual debería ser tachado de ilegal. Entre tanto, es aconsejable no firmar ningún acuerdo individual ni de ningún tipo que habilite a las patronales a suspender. Esto plantea una lucha colectiva, le huelga y las ocupaciones de los lugares de trabajo. Finalmente, un amplio sector que seguirá desprotegido es el de los contratados. Los abogados laboralistas defenderemos que este sector también está abarcado en el decreto; en el mismo nada se dice expresamente, lo cual es otro claro guiño a las patronales. En muchísimos casos se trata en realidad de trabajadores de planta permanente camuflados como “eventuales”, “a prueba”, “monotributistas”, etc. Esta desprotección está dada porque para todo un sector de la doctrina, esta cesantía implica una “no renovación" de contrato y no un despido. Debería haberse incluido expresamente a estos sectores en la prohibición decretada y disponerse el pase a planta de quienes sufren contrataciones truchas, figuran como monotributistas o cualquier otra forma de fraude laboral. En términos legales, tanto en los casos de trabajadores en negro, los contratados, y ni hablar los efectivos que figuran fraudulentamente como contratados, pero realizan tareas en forma permanente, en caso de ser despedidos, o estar en negro y haber sido despedidos "verbalmente" en el último período, corresponde reclamar por telegrama la nulidad del despido y la mantención del puesto de trabajo. ¿Existen instrumentos legales para atacar los despidos ya sufridos? Para el caso de los trabajadores del área privada, la Ley 24.013 establece la obligatoriedad de tramitar el PPC, previo a despidos y suspensiones por razones económicas o de fuerza mayor, que abarquen a más del 15% de trabajadores en empresas de menos de 400 personas, más del 10% en las que tengan entre 400 y 1.000, y más del 5% en empresas de más de 1.000. Como el procedimiento dura varias semanas, salvo en los casos en que las patronales lo hubieran tramitado previo a la cuarentena, es importante saber que existe este instrumento legal para plantear la nulidad de los despidos y suspensiones masivos planteados previamente. Esto no quita que, al terminar la cuarentena, es probable que haya una catarata de PPC en el Ministerio, y que en vista de la “excepción” planteada en el decreto el propio gobierno y la burocracia sindical busquen acordar rebajas salariales y suspensiones. Otro gran motivo de lucha. La organización política y gremial de la clase obrera Las presentes líneas buscan informar sobre algunos de los instrumentos legales que tienen los trabajadores en estos días, así como caracterizar sus alcances y límites. En estos tiempos de pandemia y crisis económica mundial, la crisis del capitalismo tenderá a adquirir dimensiones cada vez más colosales. Los capitalistas se preparan todos los días para que la pague la clase laboriosa. Hay que tomar conciencia que es un derrumbe del régimen de nuestros explotadores, al cual debemos oponerle otro régimen social, que no es otra que una transición internacional al socialismo, bajo un gobierno de trabajadores y un régimen de la clase obrera. Por eso es tan importante defender el derecho de organización, huelga y deliberación colectiva de nuestra clase obrera, así como su organización política y gremial. En las condiciones concretas de Argentina esto significa poner a los sindicatos como gran factor de esta lucha, derribar de la dirección a las burocracias, que se alinean más con el gobierno a medida que la crisis se acentúa, organizar nuevas direcciones sindicales, y desarrollar coordinadoras interfabriles y regionales que abarquen también a las masas no sindicalizadas.

2 de abril de 2020
Coronavirus: Los trabajadores de Royal Canning se organizan
Corresponsal

Desde el momento que fue decretada la cuarentena, los compañeros de la fábrica Royal Canning, ubicada en Virrey del Pino, La Matanza, deliberaron acerca cómo debían defender sus condiciones de trabajo, ante el avance del COVID-19. La misma noche del anuncio, realizaron una asamblea, en donde la mayoría expresó que no se podía poner la producción por encima de su salud de los compañeros y exigieron el cumplimiento de la cuarentena, cobrando la totalidad del salario. La respuesta de la patronal fue tomar una serie de medidas. Colocaron alcohol en gel en los puestos de trabajo, empezaron a tomar la temperatura en la entrada de planta, limitaron en el comedor la presencia de tres personas por mesa, y establecieron la disolución del turno central destinando a esos compañeros a rotar con otro grupo. A su vez, redujeron la jornada laboral en 30 minutos para que los obreros no se crucen con otro turno y tomaron la disposición de trasladar a dos personas por remís para los viajes de ida y vuelta al trabajo. Para ello, expendieron una nota para circular donde dicen que forman parte de las actividades “esenciales” por estar dentro del rubro “alimenticio”, aunque sin especificar que lo es, pero de productos animales. Las medidas que los trabajadores le arrancaron a la empresa, aunque limitadas, forman parte de un paso hacia adelante en su consciencia por defender sus condiciones laborales. Entre los trabajadores se debate ahora, la necesidad de elaborar un protocolo propio de seguridad e higiene, que responda al cuidado de su salud y, en definitiva, de sus propias vidas.

2 de abril de 2020
EE.UU.: la clase obrera enfrenta a Trump y a su burguesía

Una ola de luchas como consecuencia de la pandemia y, sobre todo, contra la prepotencia de las patronales y la legislación anti-obrera y anti-sindical –una de las más estrictas a nivel mundial– está sacudiendo a EE.UU. “El 11 de marzo el CEO de Whole Foods, John Mackey, sugirió a los empleados que podrían donar sus horas libres para compensar a sus compañeros” en uso de licencia. Pero “los 95 mil empleados” de la subsidiaria de Amazon y el “mayor supermercado de alimentos naturales en los EE. UU. y quinto más grande del mundo” respondieron con un faltazo masivo el martes 31, para “que la tienda duplique sus salarios normales por ´pago de riesgo´ por trabajar en la primera línea durante la pandemia” (Lois Beckett, The Guardian, 1/4). La medida fue adoptada por “Whole Worker, una organización de empleados de Whole Foods, que presionó a la compañía para que “mejore la protección de salud para los trabajadores, incluida la licencia por enfermedad remunerada para todos los trabajadores que necesitan aislarse, por el restablecimiento de la cobertura de salud para los trabajadores a tiempo parcial, mejores equipos de saneamiento y el cierre inmediato de cualquier tienda donde un empleado dé positivo por Covid-19”. “´Estamos trabajando más duro que nunca. Estamos poniendo nuestras vidas en riesgo´, se planteó en una petición en línea” (ídem). La patronal temiendo medidas de fuerza había aumentado, temporariamente “hasta finales de abril u$s 2 la hora, (incrementó también) el pago de horas extras ofreció dos semanas adicionales de tiempo de enfermedad pagos para los trabajadores que dieran positivo y a aquéllos en cuarentena” (ídem). Pero la medida se adelantó: “Originalmente planeada para el 1ro. de mayo, pasó al 31 de marzo. ´Los empleados de Whole Foods ya se están enfermando. Debemos actuar AHORA´” (ídem). La protesta de Whole Foods sigue a huelgas organizadas por los trabajadores para obtener mejores protecciones contra el coronavirus en Instacart, el servicio de entrega de comestibles y en un almacén de Amazon en Nueva York, el gigante de ventas online. Estos pulpos están haciendo las ´delicias´ en medio de la pandemia: “El 16 de marzo Amazon anunció planes para sumar 100,000 trabajadores” (ídem). La compañía quiere aprovechar la próxima aprobación “en el Congreso del proyecto de ley de licencia por enfermedad que exime a los trabajadores de Amazon y otras grandes corporaciones de las protecciones legales” (ídem). Según informa Katie Ferrari, en Labor Notes (31/3) de EE.UU. ese día mientras tenía lugar un “seminario web “Don't Die for Wall Street” (No mueras por Wall Street) fue el día que más trabajadores, sindicalizados o no, estaban tomando al asunto en sus propias manos. El lunes, los trabajadores de General Electric salieron para exigir que sus plantas fabricaran respiradores, y los trabajadores de Amazon en Nueva York protestaron frente al enorme almacén que emplea a 5.000 personas y que los trabajadores denunciaron como caldo de cultivo para el COVID-19”. Esta ola de conflictos amenaza extenderse: “Walmart, el mayor empleador (privado), no da a sus empleados licencia por enfermedad con goce de sueldo, y limita a sus 500.000 trabajadores a tiempo parcial a 48 horas de tiempo libre con goce de sueldo por año … (En una encuesta, el 88% de sus empleados informan que a veces van a trabajar cuando están enfermos). (Tampoco la da) ninguno de los gigantes de la industria de comida rápida –McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Duncan Donuts, Wendy's, Taco Bell, Subway” (The Guardian, 22/3). United, una de las más grandes compañías aéreas de EE.UU. “advirtió que, si el Congreso no rescata a la aerolínea para finales de marzo, comenzarán los despedidos” (ídem). Trump “generoso con las aerolíneas y otras industrias, en el proyecto de ley (enviado al Congreso) es absurdamente tacaño con la gente, estipulando un pago único de hasta 1.200 dólares por cada adulto y 500 dólares por niño ... Esto no hará casi nada para ayudar a los que pierdan el empleo y no puedan pagar sus hipotecas, alquileres y otras cuentas” (ídem). Se impone una conclusión: hay que defender la vida de los trabajadores, a como sea: pagar los salarios y las jubilaciones, sostener la salud pública y proveer de todo lo necesario para enfrentar la emergencia. Para hacer frente a las necesidades, sobre todo, de asistencia a la salud, de equipos médicos, de construcción de hospitales públicos se debe reconvertir toda industria ociosa para satisfacer lo que se requiera a ese fin. Hay que cubrir ya la necesidad de respiradores, camas y todo el instrumental que requiera multiplicar la oferta de recursos al servicio de la emergencia.

2 de abril de 2020
Villa Inflamable: cómo enfrentamos el Covid-19
Corresponsal

La situación actual de la pandemia del Covid-19 profundiza los reclamos que vienen llevando adelante los vecinos, mediante asambleas en el barrio. El hambre, la falta de trabajo y de servicios esenciales como agua, luz, gas y cloacas, sumado a la inseguridad, los basurales y el dengue, son un coctel mortal para los trabajadores. La población de Villa Inflamable, además, viene durante décadas padeciendo los efectos de la contaminación que produce el Polo Petroquímico. La gran mayoría son agentes de riesgo, enfermos crónicos de las vías pulmonares y habitantes con altos porcentajes de plomo en sangre. Los vecinos denuncian, además, la escasez alimentaria, ya que no llega ahí la comida para todos, sólo para un sector muy reducido que hace años come en los comedores populares. Según un informe de Diario Popular (17/3), “en la primera sesión del Concejo se habría votado un presupuesto para el SAE (Servicio Alimentario Escolar) de 275 millones, cuando en el presupuesto para este año se esperaban 354 millones”. En el momento de una pandemia a nivel mundial (Coronavirus), que en Argentina ya cuenta con casi 1.000 infectados, la política del gobierno comunal es reducir el abastecimiento de alimentos sabiendo la cantidad de vecinos que por la cuarentena no pueden salir a trabajar. Todo esto da cuenta que las medidas paliativas y cosméticas del gobierno municipal y nacional junto no han resuelto nada en lo más mínimo. Las “mejoras” en el barrio a lo largo de décadas fueron producto de la deliberación y medidas de fuerzas que han llevado adelante los vecinos del lugar. Con este método es que llamamos a los vecinos de Villa Inflamable y de todos los barrios de Avellaneda a mantenernos en estado de alerta y movilización, exigiendo las medidas necesarias para enfrentar el Covid19. *Reparto de kits de seguridad y elementos de limpieza para domicilios (alcohol en gel, alcohol etílico, lavandina, guantes de látex, etc) *Destinar el presupuesto de Acumar para llevar adelante este plan de contingencia y en el aumento de salario de los trabajadores de Acumar que en su mayoría están precarizados. *Trabajo para los vecinos y tarjetas alimentarias para cada familia que no posea ingresos con los cuales pueda superar la cuarentena. La misma debe cubrir la canasta familiar actual y ser indexada en caso de que esto se prolongue. *Limpieza y saneamiento para evitar la propagación del dengue y otras enfermedades, red de cloacas y desagües, todo esto con mano de obra municipal que permita más fuentes de trabajo, bajo la modalidad de planta permanente y con un salario igual a la canasta básica familiar *Relevamiento de la situación habitacional del conjunto de las familias del barrio, garantizando traslado a hoteles, complejos de viviendas, etc de aquellas familias que no cuenten con el inmueble en condiciones para cumplimentar el aislamiento. Con el compromiso de avanzar en un plan de viviendas en un futuro inmediato que garantice trabajo para el sector desocupado. *Agua potable urgente para todos los vecinos porque con los bidones no es suficiente y no siempre llegan a todas las familias. *Mayor presupuesto para la salud pública. *Todo esto debe ser controlado y llevado adelante por los trabajadores y comisiones de vecinos. PARTIDO OBRERO (TENDENCIA) - AVELLANEDA.

2 de abril de 2020
Cruz del Sur: la respuesta de los trabajadores frente a un caso de Covid-19
Corresponsal

El 27 de marzo pasado, la empresa de transporte y logística Cruz del Sur informó a los trabajadores de la planta ubicada en el Mercado Central (Tablada), del primer caso positivo de COVID-19 en uno de sus operarios. La reacción de los trabajadores fue un cese de tareas que duró hasta el final de la jornada. El compañero infectado estuvo realizando sus funciones hasta los dos días antes de ser internado por presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Sin embargo, la patronal no alertó al conjunto de la planta hasta la semana siguiente, cuando el posible caso fue confirmado. Los más de 400 trabajadores continuaron desempeñando sus tareas sin las condiciones mínimas e indispensables de seguridad para no contraer el virus. Si bien se puso en cuarentena preventiva a los compañeros que tuvieron contacto con el infectado, existe la posibilidad de que el virus ya haya circulado por toda la planta contagiando a un mayor número de trabajadores, al compartir elementos de trabajo sin la debida esterilización y la falta de protección, transforma a la planta en un potente foco de contagio. No solo a su interior, sino que favorece la cadena de contagio exterior, al no extremarse las medidas de seguridad y desinfección de los productos que son transportados. Desde el comienzo de la pandemia sólo se les otorgó un kit a los trabajadores con la aclaración de que "debían durar". Los trabajadores comenzaron a deliberar y a organizarse en asambleas, donde exigieron la realización del test a todo el personal para garantizar que no haya más infectados, o bien que se realice la cuarentena, sin afectar el salario. También plantearon la reducción de la jornada laboral con guardias mínimas para exponer en menor grado a los trabajadores. A pesar de la negativa patronal de otorgar estas demandas, los compañeros han arrancado mayores condiciones de bio-seguridad y los kits necesarios para cada trabajador. Ha quedado en claro que el lucro capitalista se encuentra por delante de la salud y la vida de los propios trabajadores. Queda por delante el desafío de poder diseñar un protocolo de seguridad e higiene que garantice mejores condiciones de trabajo. El gremio de camioneros, por la cualidad de su tarea, será de los más expuestos al contagio del virus.

2 de abril de 2020
Minera del Altiplano: AF declara a la minería actividad “esencial” y los trabajadores continúan el paro
Fernanda Páez

Los trabajadores mineros de Minera del Altiplano S.A., ubicada en el límite entre Catamarca y Salta, continúan con el paro por tiempo indeterminado para garantizar la cuarentena. Finalmente, el gobierno nacional, ha otorgado a las patronales mineras el permiso para continuar con la extracción del litio como actividad esencial. El lunes 30, el gobierno de Alberto Fernández dio luz verde a través de un decreto que establece la “esencialidad” de la extracción del litio. ¿Cómo consiguió este permiso la patronal? El litio no sólo es un mineral para la fabricación de artefactos tecnológicos, también lo utilizan las industrias farmacéuticas para elaborar los antidepresivos. El litio que se extraiga irá directamente a parar a las droguerías de Europa debido a la alta demanda, producto del aislamiento por el COVID-19, de más de 2 meses, que lleva la población en ese continente. Este decreto determina que la actividad minera se retomará de manera restringida; sin embargo, la patronal ha anunciado a los trabajadores que la producción de carbonato de litio funcionará entre un 70 y 80%, para evitar la caída de la cadena de pagos a los proveedores y cubrir los costos de esa producción. También se ha informado a los trabajadores que los ciclos que cumplen, hoy entre 10 y 14 días, se extenderán a 14 días y posiblemente hasta los 21 días. La reactivación de la producción afectará a unos 50 y 70 trabajadores, lo que significa una sobre explotación de estos, teniendo en cuenta el porcentaje de la producción y la extensión de los ciclos. La reactivación a esos niveles implicará, lógicamente, la comercialización del mineral que se exporta principalmente a Estados Unidos y China; por lo tanto, representantes patronales de esos países tendrán que venir a Argentina, un completo riesgo para los trabajadores. Las condiciones laborales actuales no están dadas para que se retome la actividad en este cuadro de crisis sanitaria. En la planta hay una sala de emergencias con un médico clínico y un respirador. El Salar del Hombre Muerto, donde se encuentra la planta, está a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que un contagio sería más catastrófico que en menores alturas. Los trabajadores continuarán con el paro hasta el jueves próximo donde, en asamblea, resolverán cómo continuar. La pelea por defender la vida de los trabajadores debe seguir por el no reconocimiento de la “esencialidad” de la actividad. En este momento más que nunca se plantea la urgencia de un hospital con respirador cada 5 mineros, con ampliación de la planta de trabajadores de la salud bajo convenio colectivo. Toda actividad no esencial debe cumplir la cuarentena total para garantizar la salud de los trabajadores. Las ganancias siderales que han amasado los empresarios mineros deben ser puestas al servicio de la salud pública para erradicar al virus. Los intereses capitalistas son incompatibles con la vida de los trabajadores.

2 de abril de 2020
Coronavirus: qué se cocina en el fútbol
David Irribarren

La vorágine de los acontecimientos que involucran la crisis social y sanitaria que vivimos hacen parecer lejanas las disputas por la continuidad del fútbol argentino. La insistencia del Presidente de la Nación en persistir con las categorías más convocantes a puertas cerradas (Diario Popular, 26/3), para así mantener entretenido a los televidentes en cuarentena, fue respondido de forma contundente por los aludidos, quienes manifestaron haber sido extorsionados para competir en la primera fecha de la Copa de la Superliga. Solamente el presidente de River, con la sangre en el ojo tras su frustrado acceso al poder en AFA, atinó a no presentar el equipo, situación que podría hablar bien del mismo, sino fuera porque mantuvo abierta su cadena de restaurantes. Pero River quedó expuesto a las presiones del hoy todo poderoso Marcelo Tinelli, presidente de la ex Superliga, y uno de los “pro-hombres” del fútbol cercanos al gobierno, que acusó a River de “cortarse solo”. Lo que viene, lo que viene… Los verdaderos dueños de la pelota fueron fuertemente perjudicados en términos financieros por el COVID-19. Lejos están los primeros días de parate en que el periodismo deportivo informaba con suficiencia que con lo abonado por la Superliga “se podía aguantar”. El 20 de marzo la AFA emitió un comunicado en que suspendía los controles financieros durante la cuarentena, como consecuencia de las dificultades de pagos de contratos para los futbolistas (Clarín, 21/3/2020), algo que no es novedoso ya que ha marcado en nuestro fútbol. Basta con recordar los conflictos en 2009, que aceleraron la alianza Grondona-Maradona-CFK y parieron el Futbol Para Todos. O los conflictos y huelgas que se sucedieron durante los años del macrismo. El deporte, más que nunca, es una caja de resonancia de las crisis argentinas. En todos estos casos, la respuesta de la dirigencia del fútbol fue presionar a sus financistas, o sea Torneos y Competencias, el Estado o la Alianza Fox-Turner, incluso si esto implicó pasar de “privatistas” a “nac&pop” o viceversa. Esto no solo demuestra la influencia de la “burocracia clubística”, que ha sabido combinarse con los nuevos dirigentes provenientes del empresariado (Macri, Brito, Tinelli), sino también los alcances y límites del modelo no lucrativo, en un mercado en crisis. Desde las dirigencias se preparan dos medidas: la reducción salarial de los planteles (Infobae, 26/3/2020), y la derogación del Decreto 1212, que aflojaría las cargas impositivas sobre los clubes. Lo que callan Pero mientras la rosca dirigencial crea la “Liga Profesional”, y vuelve sobre sus pasos prestando sus instalaciones para montar hospitales, no abre la boca sobre cuestiones esenciales. Mientras los jugadores bien pagos y los costosos gerentes pueden hacer la cuarentena en paz, es todo incertidumbre para otros deportistas profesionales, personal de limpieza tercerizado, empleados de seguridad que completan su sueldo los fines de semana, vendedores de merchandising y comida (regularizados o no), trabajadores de la educación (modalidad de contratación precaria) de aquellos clubes que cuentan con instituto o museo… ¡y solo hablamos de clubes importantes! Por otro lado, también está la situación de la masa societaria que, en medio de una crisis, su posible defección golpearía aún más las arcas de los clubes. Imprescindible: derogación del Decreto 1212, pase a planta y estabilidad laboral para todos los trabajadores de los clubes, subsidio para el trabajo informal que vive del deporte, junto con un plan serio para su inserción laboral formal. Plan de pago para socios que caigan en moratoria durante la cuarentena. Devolución de abonos de cancha y pack televisivo. Si los clubes no pueden pagar los sueldos, que la plata la pongan los sponsors.

2 de abril de 2020
Colonia Santa Rosa, Salta: control obrero en la ruta 14

La pandemia del Coronavirus ha desatado una ola de debates en la clase obrera en diversos países, que se han traducido en acciones. En Colonia Santa Rosa - Salta, donde los autoconvocados municipales tienen una enorme tradición de lucha, se ha puesto en marcha una respuesta obrera. Desde hace unos días, los empleados municipales -en común acuerdo con los trabajadores precarizados de la salud- han establecido una suerte de control obrero sobre la entrada y salida de vehículos a la vera de la ruta 14, único acceso al pueblo, que permite solamente el ingreso de alimentos y provisiones sanitarias. Según el intendente, se espera que el coronavirus cause estragos en el pueblo. El hospital de la zona no cuenta con los insumos necesarios, como barbijos, camisolines, respiradores ni camas, sumado a la crisis sanitaria del dengue - con 100 casos en lo que va del año. La reacción de los trabajadores se produce frente a los controles que habilitó el intendente Guerra, a cargo de la policía, donde el tránsito quedaba restringido a permisos “especiales” por parte de los funcionarios municipales. A su vez, ante el reclamo de herramientas básicas para las tareas de prevención y control de rutas, la respuesta del secretario de gobierno y del comisario fue amenazarlos con represión. A lo que lo cual los trabajadores respondieron que “si no garantizan ustedes el control y las herramientas, traeremos al pueblo para garantizarlo”. Es lo que hicieron. Es que, en palabras de los propios trabajadores, al intendente “se le quemaron los libros”. Los trabajadores armaron su propio protocolo. Apostaron guardias de 4 horas por día, de cinco trabajadores municipales, un enfermero y dos policías de tránsito, y dejaron a un solo miembro de la policía provincial por turno. Se garantizaron licencias de trabajo para quienes se encuentran entre la población de riesgo. Las guardias obreras han cosechado la simpatía y solidaridad por parte de la población, entre trabajadores y comerciantes, que durante el día acercan donaciones que van desde el alcohol en gel, lavandina, barbijos y guantes hasta comida e indumentaria para el sostenimiento de los turnos. La acción de solidaridad está encabezada por los compañeros del Polo Obrero de la Colonia, quien ha decidido sostener la provisión de alimentos casa por casa para paliar la carestía, ante la imposibilidad de sostener un merendero que atienda a 300 niños en el mismo espacio. La acción del Intendente Guerra quedó restringida a acompañar al comisario del pueblo para tratar de quebrar la iniciativa de los obreros. La población toma nota de la incapacidad del régimen de garantizar las medidas de aislamiento social necesario y de higiene y seguridad para la población, y responde a esa incapacidad por medio de la deliberación y de la acción directa.

2 de abril de 2020
Represión y desamparo a los pacientes del Hospital de Salud Mental ex Cenareso
Majo S

En el contexto de la cuarentena general decretada por el gobierno, se intensificó la situación ya crítica de los pacientes ambulatorios Hospital de Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte (ex Cenareso). Ya no cuentan con ningún espacio de contención y sólo pueden ingresar por guardia, en casos de emergencia, para retirar su medicación psiquiátrica. En su mayoría, por las condiciones de salubridad en las que viven, son pacientes con enfermedades crónicas de base formando parte del grupo de riesgo del COVID-19. Varios viven en la calle, ahora sitiada por las fuerzas represivas con aval para reprimir sin importar que no tengan a dónde ir. El hospital ya venía funcionando casi sin turnos. Parte de su actividad pasaba por el funcionamiento de talleres y grupos terapéuticos coordinados por otros pacientes ya recuperados. Sumado a un almuerzo y merienda y la contención que requiere este tipo de cuadros. Con la pandemia, todo esto fue reducido solo al servicio de guardia. No se brindan los recursos necesarios para la atención. Durante la primera semana de cuarentena se envió a la policía a dispersar a los pacientes que duermen en la puerta del hospital. El objetivo no fue garantizar el aislamiento obligatorio, ya que de este modo los obligaron a deambular en busca de comida y reparo exponiéndolos al contagio y a ser agentes de diseminación del virus. Desde hace años, los abusos policiales contra los pacientes vienen en aumento. Son golpeados y maltratados sin ninguna causa. En esta situación de desamparo son discriminados y responsabilizados por su situación y tratados como si fueran invisibles o no existieran. No tienen perspectivas de reinsertarse a una vida digna y el consumo de drogas y alcohol termina siendo el único elemento capaz de “ayudarlos” en su supervivencia. Actualmente es difícil saber por dónde deambulan las decenas de pacientes durante el día, la mayoría, se queda en capital donde es más fácil conseguir para comer. Algunos pocos pueden sostener contacto con su equipo terapéutico o van a los grupos que aun funcionan, pero sin seguimiento ni turnos. Esta realidad de los pacientes del sistema de salud mental los coloca sin acceso a derechos básicos como el trabajo y la vivienda. Afrontan una mayor dificultad para sostener un tratamiento, ya que son estas mismas condiciones las que agravan o generan situaciones de vulnerabilidad y consumo. Se encuentran en abandono, ya que desde hace años los hospitales vienen siendo desmantelados. En el ex Cenareso se redujeron los turnos y son los residentes los que garantizan la atención, los mismos que el año pasado estuvieron cinco meses sin cobrar su salario. Varios de ellos fueron instados a dejar sus puestos en otros hospitales para cubrir nuevos turnos y una guardia telefónica. Están sobrepasados por la situación sin poder atender a la demanda de pacientes en urgencia, no por falta de predisposición, pero sí por depender de un estado que sólo se hace presente por medio de las fuerzas represivas. Los trabajadores están en contacto directo con los pacientes sin recibir ningún elemento de bioseguridad, quedando completamente expuestos al contagio de la enfermedad. Es fundamental primero que nada detener las acciones policiales sobre los pacientes y brindar espacios dignos y en condiciones para que mantengan su tratamiento; preservándolos y preservando a los trabajadores del hospital con los elementos necesarios.

2 de abril de 2020
Femicidios: la pandemia que no para de crecer
Natalia Gómez · Micaela Diaz

Los femicidios y la violencia de género intrafamiliar han crecido en forma estrepitosa desde el inicio del aislamiento social obligatorio y preventivo. Ya son 13 los femicidios durante la cuarentena: el doble femicidio de Cristina Iglesias de 40 años, y su hijita Ada de 7 años, en Lanús, y el hallazgo del cuerpo sin vida de Claudia Repetto, asesinada por su ex pareja, Ricardo Rodríguez, en Mar del Plata, han causado conmoción en toda la sociedad. En Buenos aires, en la primera semana de cuarentena los llamados al 144 aumentaron un 60% y un 120% a la línea 137 del programa Las víctimas contra la violencia, que deben enviar un patrullero. La campaña impulsada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, incluyen un "aumento de personal y recursos tecnológicos" en la línea 144, con la implementación de líneas de WhatsApp y un App para el celular. Una línea que ya se encontraba colapsada antes de la pandemia y que no puede dar una respuesta integral a la situación de violencia que viven miles de mujeres a lo largo y ancho del país. Aspirina Frente a una situación de violencia que no para de profundizarse al calor de la carestía que golpea a las mayorías trabajadoras en las barriadas, producto de los despidos que en esta emergencia sanitaria viene a acrecentarse, la disposición del gobierno de otorgar 10.000 pesos a los trabajadores informales o en negro, deja en mayor exposición a las mujeres que tienen que convivir en un mismo techo con el violento por no contar con los medios económicos para solventar su vida y la de sus hijos de forma independiente. El “ingreso familiar de emergencia”, en efecto, no solo constituye una nimiedad frente a la estampida de los precios, sino que se prevé como una única asignación individual por grupo familiar. La medida que “ayudaría a combatir los casos de violencia” sería la campaña del “barbijo rojo” en las redes sociales, que sería la clave para pedir ayuda en una farmacia, que contactará a la víctima con el 144 y la mandará a la casa nuevamente. La iniciativa continúa la lógica de la campaña “sacale tarjeta roja al violento”, la cual buscaba poner el acento en el accionar individual de la víctima. La propuesta que ahora les achaca una responsabilidad a las farmacias no tiene pies ni cabeza. Más allá de las responsabilidades penales de unos y otros, estamos ante la responsabilidad de un Estado que no protege a sus ciudadanos, y de un régimen social que se basa en explotación y la violencia, y provoca una miseria social creciente. Es una idea que parte completamente de la demagogia y que busca improvisar una respuesta, frente a los ruidazos que convocaron la campaña por el derecho al aborto legal y distintas organizaciones y colectivos de mujeres. La falacia del Ministerio encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta queda evidenciada al invertir solo en "marketing" para las redes sociales, adonde también llegan las denuncias de mujeres violentadas pidiendo ayuda a través de un comentario en redes, un grito desesperado que muestra la falta de canales de asistencia. La reunión del comité de seguimiento de las situaciones por violencia de género no pasa por "reforzar" la línea 144, creando la app o formularios por internet. Abogan por dar charlas sobre "perspectiva de género" a los funcionarios, según lo establece la ley Micaela, cuando se trata de hacer enfrente a una violencia doméstica. En Catamarca, se implementó una línea a la cual pueden llamar "los agresores o futuros violentos", la misma plataforma para la “deconstrucción” de la “masculinidad tóxica” que se aplicará en la Provincia de Buenos Aires. Si el feminismo tiene sus límites insalvables, el feminismo kirchnerista va más allá: quiere deshacerse de la responsabilidad del capitalismo y el estado por violencia familiar, convocando a una represión de ese mismo estado. Estos “remedios caseros” que quiere vendernos el Estado para combatir la violencia hacia la mujer, no trastoca en lo más mínimo las relaciones de clase sobre las que se asienta este régimen de explotación y que recae con más fuerza en las mujeres, condenando a la esclavitud doméstica o a trabajos precarios y salarios por debajo de la línea de la pobreza cuando se logra escapar de ella. Las trabajadoras hoy no contamos con un ingreso que nos permita garantizar el plato de comida en nuestras casas. Una salida Mientras el gobierno intenta medidas que ni siquiera sirven de paliativo y que buscan cooptar al movimiento de mujeres, urge la necesidad de organizarnos a través de comisiones de mujeres y asambleas barriales, con un pliego de reivindicaciones: subsidio igual a la canasta familiar para la mujer violentada, acceso a la vivienda, creación de casas refugio con presupuesto propio, puesta en pie de Centros de atención integral a la mujer y funcionamiento las 24hs, con atención psicológica y legal gratuita sobre la base de contratación de profesionales de salud y trabajadoras sociales bajo convenio. Es necesario un plan integral de creación de viviendas, puestos de trabajo y a un aumento del presupuesto para los programas de asistencia a la mujer. El aumento de la violencia deja al descubierto la crisis del entramado social, sometido a la ley del capital. Solo la unidad del conjunto de los trabajadores por estos reclamos y la lucha por un gobierno de trabajadores puede empezar a poner fin al flagelo que vivimos cotidianamente las mujeres.

2 de abril de 2020
Respuesta de la CI de Acindar ante el comunicado de la Empresa
Comisión Interna Acindar Villa Constitución

A toda la comunidad: Ante la pandemia, el comité ejecutivo de Acindar busca llegar a un acuerdo de suspensiones amparándose en el decreto presidencial. Para esto presiona diciendo que, de no llegar a un acuerdo, buscará la manera de efectuar una reducción de salarios de forma unilateral. Si bien tanto la producción como el despacho de acero han caído producto de esta crisis en el último tiempo, la empresa durante los últimos años ha mantenido buenos niveles de ganancias. En la actual situación, lo que la empresa pretende cuando dice “llegar a un acuerdo con la organización gremial” es en realidad reducir los salarios en un 35%. El comunicado que realizan es producto que lo que se le respondió de parte tanto de la Comisión Interna como de la Comisión Directiva es que los trabajadores no estamos en condiciones de resignar salario (que, de hecho, ya viene atrasado) y menos aún en este contexto inflacionario. Que en todo caso podía evaluarse un acuerdo que mantenga integro el salario y permita a la empresa ahorrarse las cargas. Respondimos esto en el entendimiento que el hecho de que se prohíban suspensiones y despidos por 60 días apunta a qué los trabajadores puedan cumplir con el aislamiento social y poder sostener a sus familias. Los trabajadores entendemos la crisis económica actual, pero también sabemos que un achique en el salario no solo impacta en nuestros hogares sino también en la región. Es por todo esto que instamos a la empresa a cumplir con lo que en su momento pidió el presidente y por una vez recurrir a lo ganado durante estos años y no rápidamente a afectar de forma significativa el salario de sus trabajadores. Comisión Interna Acindar Villa Constitución

2 de abril de 2020
Fútbol, pandemia y ajuste de botines

David Irribarren, un analista del fútbol, explica que “el desarrollo capitalista del siglo XIX alcanzó niveles sin precedentes, teniendo como epicentro a Gran Bretaña. El lucro y el capital penetraron violentamente en el entramado de relaciones sociales preexistentes, dando lugar a conflictos y contradicciones sociales”. La pandemia, como en todas las esferas del quehacer social, también ha agudizado la ya existente crisis en el mundo del fútbol. “Será recordada por las extorsiones de los Fernández, Tapia y Tinelli, para que haya fútbol (hecho repudiado por los futbolistas), este primer episodio puede ayudar a recordar su condición de clase. De ambos” (ídem). Obligada a dar un paso atrás, sin mosquearse, la AFA busca una resolución a los no finalizados los campeonatos. La situación de equipos y clubes, según las categorías, ante la crisis, es muy variable. Por ejemplo “en las últimas horas comenzó a tomar fuerza de que existe la chance de que San Martín, el mejor equipo de la Primera Nacional, podría obtener el ascenso directo a la Superliga sin culminar el campeonato” (La Gaceta). Pero el tema principal, razón de extorsiones, es la rebaja de sueldos de los trabajadores del fútbol (jugadores). Secundariamente, la extensión del vínculo laboral. Jugadores y cuerpos técnicos, mientras tanto, trabajan todos los días, vía tecnología, pautas de entrenamientos que se les había dado antes de licenciarlos. Deliberan, también, sobre la desesperante situación. ¿Razones? Tienen hijos que comen todos los días. La computadora, en ese marco, no tiene descanso. El ascenso pide que se oficialice la suspensión para no pagar mayo y junio. La dirigencia se “une” para hacerles pagar la crisis a los trabajadores, Queda en el pasado la famosa asamblea para elegir al presidente de la AFA, donde Moyano, Angelici y Tapia se repartieron el poder a “costa” de Tinelli y el presidente de River en el olvidado “pacto de Viamonte”, dando lugar, posteriormente, a la creación de la Súper Liga. “En esa calesita, los dirigentes piensan moverse en bloque y descontar porcentajes importantes de los sueldos de Los jugadores” Lo peor no es esto. “Si hay rebajas seria lo de menos complicado, una de las propuestas es directamente no pagar los meses no trabajados”. Hablan incluso un sueldo tope, en la segunda categoría, de $70.000. De la proletarización- de jugadores de élite como de disímiles ingresos- a la precarización, solo un paso. La salida, a la crisis del fútbol, es la unión de la parte trabajadora junto a socios e hinchas de los clubes. Tucumán, 29/3/20

2 de abril de 2020
Los limites insuperables de la prohibición de suspensiones y despidos

En un reciente artículo de Política Obrera, Pablo Viñas desmenuza el decreto oficial que impide durante 60 días los despidos y suspensiones en las empresas. En rigor, el decreto ni siquiera prohíbe las suspensiones, ya que las admite cuando fueran “pactadas individual o colectivamente”, que es lo que establece la ley de contratos de trabajo. Ello explica por qué, en simultáneo con el decreto, grandes empresas -como General Motors o Acindar- han avanzado en suspensiones con el acuerdo de la burocracia sindical. Con el propósito de que esos límites no profundicen reclamos, movilizaciones y luchas, el gobierno anunció, junto con el decreto antidespidos , un paquete de rescate a empresas que traslada el pago de la plantilla de sueldos al Anses, el Banco Central y, en definitiva, el Tesoro. En efecto: las empresas “pequeñas y medianas” recibirán del Estado hasta el monto de un salario mínimo para el pago de sueldos, y habrá “Repros” para aquellas empresas que superen los 100 trabajadores. Pero, además, eximirán a las patronales del 95% de los aportes previsionales. Es fácil calcular que, para las actuales remuneraciones en blanco, todo este subsidio puede llegar al 50% del salario, casi lo mismo que surge de los acuerdos de suspensiones que ha firmado la burocracia sindical. El gobierno también dispuso un régimen de préstamos blandos para las empresas. Los bancos, sin embargo, no lo quieren aplicar con el argumento de que no tienen garantía de devolución (Cronista, 2.4). Consideran, en suma, que las empresas no devolverán el dinero. El gobierno propuso resolver esta cuestión ofreciendo un fondo de garantía ¡a los bancos! de u$s500 millones, pero éstos reclamaron una suma tres veces mayor. Estamos ante un régimen ampliado de Repros, como se llama al pago de la mitad de los salarios por parte del Estado cuando se producen suspensiones. Las empresas no esenciales mandarán a los trabajadores a sus casas con una parte menor del salario, pagada por los contribuyentes con impuestos o créditos a pérdida del Banco Central. Para poner en marcha esta salida ultraprecaria, el gobierno dispuso un paquete de 380.000 millones de pesos, el 15% de la base monetaria del país –circulación de moneda más depósitos. A esta altura, está claro que el virtual corralito bancario impuesto por la cuarentena no tiene funciones sanitarias, sino que apunta a contener el efecto hiperinflacionario, evitando la multiplicación de esa emisión por parte de los bancos. La apertura del sistema de compensación de cheques, el viernes pasado, puso de manifiesto una cadena de insolvencias en la industria y el comercio. En conclusión, el decreto de suspensiones y despidos forma parte de una “cuarentena económica” que el gobierno sostiene a costa de un rescate gigantesco al capital, el cual será trasladado a la población trabajadora bajo la forma de una mayor carestía y desorganización económica. La defensa del derecho al trabajo tendrá que ser asegurada por la clase obrera y sus métodos de lucha, no por los inestables decretos oficiales.

3 de abril de 2020
El Sutna en tiempos del covid-19 y de patronales que quieren propagarlo
Redacción de Política Obrera

El Sutna enfrenta dos tipos de presiones patronales para reanudar la producción, que fue parada porque la fabricación de neumáticos no es una actividad esencial para el conjunto de la población, que justifique el riesgo para los trabajadores de esta industria. Alegar que los camiones que transportan mercadería necesitan neumáticos, o lo mismo para vehículos particulares de personas que ejercitan una actividad esencial, justificaría habilitar algunas gomerías grandes por espacios de tiempo reducido, no la industria del neumático. Los despidos en Techint Construcciones hicieron ver a la opinión pública que las patronales no están dispuestas a seguir estas reglas, como la mayoría de ellas tampoco lo estaba haciendo. Una de las líneas de acción de las patronales para mantener la actividad es establecer nuevos protocolos de trabajo que vienen acompañados con la provisión de productos sanitarios, y en algunos casos con la provisión de un transporte especial para los traslados de los trabajadores a las empresas. Empresas menores del neumático, como Ruiz, de la provincia de Córdoba, han logrado que el gobierno provincial les otorgue un permiso para comenzar la producción sobre la base de un pedido de compra. El Sutna ha rechazado naturalmente esta categorización, que viola las leyes y el sentido común. Es así que hay patronales que podrían intentar, como ya lo han hecho otras empresas grandes, plantear un recorte de salarios, para discutir luego el esquema de producción o de suspensiones del personal. Que se les ocurra esto revela cuán alejado está el decreto de prohibición de despidos de impedir que las patronales lo impongan a cambio de salarios inferiores al 50% del de bolsillo o conformado. Pirelli y Bridgestone, que son patronales extranjeras, han seguido el lineamiento internacional de suspender la producción en todos los países latinoamericanos, pero la patronal de Madanes probablemente quiera aprovechar el retiro (¿temporal?) de la competencia. En Aluar, con el insumo eléctrico está subsidiado por el Estado, pretende seguir produciendo a como dé lugar. Acindar y otras grandes empresas plantean algo similar: suspender con el 65% de los salarios actuales, eliminación de bonificaciones y actas acuerdos de fábrica por fuera de los convenios. Todo esto debe ponerse en vigencia en la segunda quincena de abril o, en otros casos, en la primera de mayo. Los acelerados elogios de Alberto Fernández a Hugo Moyano por su labor en la crisis es por elevación un llamado a que los dirigentes sindicales acepten estas imposiciones patronales como de “necesidad y urgencia”. Es urgente, ante esto, desarrollar una coordinadora de fábricas y sindicatos que se oponen a este atropello patronal. El coronavirus exige lo contrario de la extorsión patronal: el cierre temporario de la empresa, sin afectar el salario, o la reducción de la jornada laboral, siempre con el mismo planteo salarial. Las patronales instalan el relato de la crisis de la economía, para relativizarla realidad de la crisis de salud. Hasta dentro de los 60 días que dura el decreto de prohibición de despidos, deben cerrarse las empresas cuya producción no sea esencial o, en determinadas condiciones, proceder a reducir la jornada sin desmedro del salario actual y de la movilidad por inflación. Si las patronales responden que no es viable esta salida, contestamos que lo demuestren a través de un debate público, durante el cual se establece, por supuesto, la licencia paga por pandemia. El coronavirus es la más “profesional” de las enfermedades, porque exige el “distanciamiento social”, que no ocurre ocasionalmente en un espectáculo sino permanentemente en los lugares de trabajo. Cuando una industria es esencial, esa enfermedad se aplica a cada compañero contagiado; después de todo, queda claro que lo esencial es la clase obrera internacional, no los accionistas que guardan la plata en Delaware y vacacionan en las Bahamas. Saludamos la defensa de la democracia obrera por parte del Sutna, que prosigue informado a los obreros, en medio de las actuales dificultades, y el método del debate.

3 de abril de 2020
Berni en Pergamino

Berni se vino a Pergamino, luego del “saqueo” en un minimercado. El jefe comunal, Javier Martínez, de Juntos por el Cambio, había dejado de manifiesto los choques sobre la cuestión de la seguridad, pero también, sobre la situación sanitaria, con el gobierno de Kicillof-Berni. En consecuencia, no recibió con agrado el arribo del ‘sheriff’ de los Fernández. Los intendentes, incluidos los del FdeT, no quieren perder el control de la calle, por un lado, y han colocado en el centro de la discusión la distribución del fondo de coparticipación provincial, principal caja de los intendentes. Martínez ha tomado una serie de medidas cuarenténicas, como la prohibición total de circular a partir de las 17 y el vallado de barrios enteros. Todo perfectamente i-legal. Pergamino, al igual que el resto de las localidades de la provincia, no cuenta con un sistema sanitario preparado para hacer frente a la pandemia. El hospital Interzonal de Pergamino alberga 180 camas en total y un número escaso de respiradores. Ante el avance de la crisis política Martínez ha sacado un decreto municipal que recorta un 30% las dietas de funcionarios. No soluciona los problemas de desfinanciamiento, tanto provincial, como municipal, pero relativamente adecuada para desviar la atención pública, que además no tiene cómo saber, si no se pasan sobres debajo de la mesa para compensar el recorte. En Pergamino avanza la privatización de la salud, a la que Martínez no le ha tocado ninguno de sus abusos económicos contra los usuarios. ¿A que vino Berni? Los especialistas pronostican que el conurbano y la provincia de Buenos Aires será el epicentro de la propagación del Covid-19. En cuestión de horas, luego del “saqueo”, desde Nación, por medio del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se destinaron 3 millones de pesos al municipio “para paliar la crisis alimentaria y social”, un mendrugo. Por el otro lado, desde el gobierno provincial, por medio del Ministro de Salud, hizo entrega de insumos sanitarios al Hospital Interzonal. Una disputa entre nación y provincia, en la que los intendentes se van posicionando. En este cuadro, Berni vino a Pergamino a marcar territorio. Con un despliegue de fuerzas de seguridad, realizando allanamientos bajo su autoridad, ha tratado de reforzar la resquebrajada autoridad de AK en la Provincia, por ejemplo, echando a al intendente Martínez de una conferencia de prensa. Se pasan la pelota El enfrentamiento entre Berni-Kicillof y el intendente Martínez se da a espalda de los intereses de los trabajadores, sobre los que recae todo el peso de la crisis en desarrollo. Mientras Berni acusa al gobierno municipal de no querer coordinar las acciones en materia de “seguridad”, este le reprocha que no se lo consulte a la hora de montar ese aparato en la ciudad. Ni el gobierno provincial, ni el municipal, pueden dar respuestas a la situación de carestía que recorren los barrios de Pergamino y a los trabajadores, que en los últimos años han sido golpeados con despidos y suspensiones, por un lado, sobre todo en el sector textil, y tarifazos por el otro. El “saqueo” del minimercado, es un botón de muestra sobre el polvorín en el que estamos parados. Es la manifestación de una ciudad golpeada por la desocupación y subocupación de amplias capas de trabajadores. Estos hechos son vistos por los gobiernos como un indicio explosivo, que de ningún modo será resuelto, en el marco de la crisis actual, por una vía represiva. Berni lo quiere volver a intentar luego de tantos fracasos en el pasado reciente.

3 de abril de 2020
Artistas y escritores en cuarentena y sin un mango

Los primeros afectados (en orden cronológico) por la pandemia mundial del Coronavirus son, sin dudas, los artistas y escritores. Una semana antes de que se decretara la “cuarentena preventiva y obligatoria” en Argentina todas las actividades artísticas se encontraban suspendidas. Pero ya antes de que se declarase la pandemia, las denominadas “actividades culturales” se encontraban en crisis, dado que diversas producciones estaban paradas y los teatros -tanto los independientes como los comerciales- padecían una merma importante de público, con las consecuentes postergaciones de estrenos y altos costos del mantenimiento de las salas. En cuanto a los escritores, hace largo tiempo que la “industria” se encuentra prácticamente sin producción editorial. Otro ejemplo de la maltrecha situación a la que se ven sometidos los artistas es que, en 2019, el Festival Arte BA pagaba, en promedio, entre $3.000 y $4.000 a los actores que participaran en las presentaciones. Actualmente no es posible realizar castings o producciones publicitarias de ningún tipo, dada la propagación masiva mundial de la epidemia de Coronavirus. Todos los festivales y eventos que se iban a realizar durante 2020 se encuentran condicionados en su realización, entre estos, la Feria del Libro de Buenos Aires. Los músicos que se ganaban el mango los fines de semana tocando en bares y restaurantes, o simplemente en la calle, hoy no pueden hacerlo, trayéndoles esto el agravante de la falta de mínimos ingresos para el pago de alquileres y el consumo de alimentos. El gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Cultura, dirigido por Tristán Bauer, lanzó una serie de subsidios que se limitan a un estrecho número de producciones y actores, o subsidios para la Cámara Argentina del Libro (ente patronal), o adelantos en las liquidaciones de derechos de autor para los músicos. En realidad, los montos de dichos anuncios ya estaban presupuestados y, en cuanto a la producción teatral, eran parte del “Plan Podestá”, cuyo propósito sería el de “reactivar” esa actividad artística. Estos anuncios son pura improvisación, ya que las salas teatrales independientes, por ejemplo, no se sabe todavía si están o no contempladas en las postergaciones del decreto de pagos de servicios por 180 días. Lo mismo ocurre con los alquileres, donde se otorgará un subsidio por única vez para pagarlos. Las salas independientes para ponerse en funcionamiento necesitarían, por lo menos, un mes más, después que termine la cuarentena para volver funcionar. La contratación para realizar “contenidos digitales” se limita a 500 actores, con un presupuesto de 7,5 millones de pesos, dando un promedio de $15.000 para cada actor. ¿Y los miles de pintores, músicos, bailarines, escritores, artesanos, de todo el territorio nacional? ¿Los técnicos que trabajan para realizar las producciones de cualquier índole? Ninguno está contemplado en estos “anuncios”. Lo mismo ocurre con los cientos de centros culturales donde se desarrollan talleres y muestras artísticas, con las ferias de artesanía y las de libros. La gravedad de la situación material de los artistas se hace visible en que la Asociación Argentina de Actores lanzó un empadronamiento para entregar bolsones de alimentos la semana pasada, pero el 25 de marzo suspendió el empadronamiento dada la cantidad de afiliados y no afiliados que solicitaban esa ayuda. ¿Qué hizo la AAA? Mandó a anotarse en el subsidio de $10.000 que otorgará la ANSES y que, con suerte, se cobrará a partir del 15 de abril. Los escritores y artistas también somos trabajadores. Vivimos de la explotación de nuestra propia fuerza de trabajo intelectual y corporal. Producimos, como todo trabajador, no lucramos con el sistema financiero ni con ninguna clase de rentas ociosas. La única diferencia es que producimos objetos para la mente, para la inteligencia y los sentimientos, antes que para la reproducción de la fuerza laboral. ¡Por un reclamo unificado al Estado de un salario mínimo, vital y móvil que cubra la canasta familiar! ¡Que el otorgamiento de ese derecho incluya a los integrantes de todas las disciplinas artísticas y literarias, al personal técnico y de infraestructura, y a todos los artesanos! ¡Canasta de alimentos y elementos de limpieza para todo aquel artista, artesano o escritor que lo solicite proporcionado por el Estado!

3 de abril de 2020
Trump contra todos

Poco más de un mes después de proclamar que el número de casos de coronavirus en los Estados Unidos pronto “se reduciría a casi cero”, Trump dijo el martes que en el mejor de los escenarios las muertes de Estados Unidos por la pandemia serían 240.000. El domingo reconoció “un muy buen trabajo”, y que “no se puede salvar una vida humana a cualquier costo”. A reglón seguido, Trump sugirió que las enfermeras y los médicos en Nueva York están robando y vendiendo barbijos y otros equipos de protección. Al mismo tiempo, dijo que los estadounidenses y el personal de salud “pueden usar bufandas” en lugar de barbijos, algo que ya hacía el personal de salud, al que el presidente acusa de “robo”. La Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) demanda pruebas, tratamiento y equipos de protección personal (EPP). Piden que el gobierno federal libere las reservas de máscaras en la Reserva Estratégica Nacional, use la Ley de Producción de Defensa (DPA) para producir el equipo necesario para los trabajadores y hospitales. El sindicato National Nurses United (NNU) le respondió a Trump: “la amenaza es usted”. A los trabajadores asegurados no les cubren tests y desisten atenderse, aún con síntomas. Las compañías de seguros de salud podrían aumentar las primas un 40% (NYT, 28/3). La internación por neumonía puede costar 72.000 dólares. La escasez de materiales hace que muchos no puedan presentarse a trabajar. Los hospitales dijeron que las existencias de suministros no durarían. En Minnesota el 30% de los contagios son del personal de salud. Trump sólo utilizó el DPA para obligar a GM a fabricar ventiladores, como castigo por una interna con su CEO. Los gobernadores se quejan de que los insumos se “subastan” entre los estados al “mejor postor”, lo que hace que los precios suban; los médicos han recurrido a la reutilización de barbijos y pañuelos. Colapso y crisis de régimen Economistas de la FED anuncian 32% de desempleo, mientras que en la gran depresión fue 25%. 47 millones más podrían perder sus empleos para junio. El proyecto de ley de u$s 2,2 billones da u$s 600 por semana durante cuatro meses, incluyendo trabajadores contratados y precarizados. Algunos legisladores republicanos se quejaron que esto sería más de lo que cobran regularmente. 43 millones de hogares estadounidenses son inquilinos y ya hay 10 millones de nuevos desocupados (FT, 2/4). 400.000 personas pidieron congelar alquiler, hipotecas y servicios públicos, para evitar una “catástrofe” social. ParentsTogether dice que 38% de los padres no creen que podrán pagar el alquiler o hipoteca sin recortar alimentos y medicamentos. Se necesitan 12 millones de casas sociales. Mientras Trump choca con los gobernadores en torno a las medidas y los insumos, se niega a implementar leyes “bipartisanas” que le daría el poder de reorganizar la producción para abastecerse de insumos. La demanda de las grandes empresas de reabrir la producción tras huelgas salvajes en la industria automotriz o metalúrgica, en Amazon, y en muchas tecnológicas, entra en tensión con la protección y las medidas necesarias para proteger la vida. Las medidas más autoritarias, como la posibilidad de habilitar un estado de sitio, choca con esta misma apertura, porque sería la salida más impopular y antieconómica. Ningún estado de sitio ha logrado en la historia resolver una crisis epidemiológica o económica. El “rescate” es a medida de la guerra comercial que aumenta y de los choques agravados con China y Rusia de cara a la carrera “pos pandemia”. Estas mismas medidas, si no logran superar el brote, sólo socavarían las posibilidades de recuperación de la principal potencia económica mundial, la posibilidad de reelección de Trump, y pondría en crisis al conjunto del régimen político y social. Los demócratas, a poco de impulsar un “impeachment”, le entregan un paquete multimillonario para salvar a las grandes empresas y bancos, una suerte de cogobierno. Pero los gobernadores demócratas (California, NY) le reclaman más acciones y ayuda. La compra de acciones de las empresas por parte de la FED, serían virtuales nacionalizaciones, que no quieren ni republicanos ni demócratas (cuyo candidato principal, Biden, atacó el “socialismo” de Sanders). La crisis política y social preanuncia la movilización política de los explotados y amenaza con llevarse puesto al conjunto del régimen. La crisis del régimen atenta contra las medidas que podrían permitir una recuperación acelerada. La contradicción entre el proceso de acumulación capitalista aupado a rescates financieros, y la lucha por la salud y vida de los trabajadores, sólo puede ser superada por un gobierno de trabajadores.

3 de abril de 2020
Acindar Tablada: Despidos y suspensiones
Corresponsal

El miércoles 1, la patronal de Acindar dio a conocer un comunicado anunciando haber “iniciado negociaciones con el gremio para alcanzar un acuerdo de suspensiones que permita llevar la crisis de la mejor manera posible”. Basándose en el decreto de “prohibición de despidos y suspensiones” del gobierno, una de las patronales más grande del país, pretende acordar con la conducción de la UOM un ataque de proporciones a los trabajadores. Las suspensiones serían por 5 meses cobrando el 65% del salario. Pero esto no es todo. También anunciaron que pretenden despedir a trabajadores contratados y postergar el pago de un bono anual que cobran los compañeros de la fábrica. La patronal ha anunciado medidas similares en la sucursal de Villa Constitución, Santa Fe, que ya ha sido rechazado por la Comisión Interna. La patronal pretende justificar este ajuste en regla, aludiendo a la paralización de la producción. La “noticia” fue recibida con total indignación y bronca de parte de los trabajadores, que se encuentran realizando la cuarentena en sus hogares. La Comisión Interna emitió un comunicado manifestando que “somos conscientes y comprendemos la situación nacional, los impactos que ha tenido el parate de la industria y sus consecuencias, pero no puede ser la excusa para que se avance sobre nuestros derechos, la estabilidad laboral de ningún compañero, y se lleven adelante suspensiones que recorten un 35% del salario. Menos aún en el contexto inflacionario que observamos, sobre todo en alimentos y elementos de higiene”. Y sigue: “Si bien tanto la producción como el despacho de acero ha sufrido una caída producto de esta crisis en el último periodo, la empresa durante los últimos años ha mantenido incuestionables niveles de ganancias. Cuentan con la “espalda” suficiente para superar esta crisis sin recurrir a afectar el salario de sus trabajadores”. La conducción del gremio se ha mostrado dispuesta a “negociar” con la patronal las condiciones en las cuáles se llevaría adelante la reducción de salarios.

3 de abril de 2020
Morales confiesa su impotencia ante el covid-19 y la crisis provincial

El 1 de abril, el gobernador Morales inauguró el período 2020 de sesiones ordinarias de la legislatura jujeña. Su discurso se centró en las consecuencias del COVID-19 y en la necesidad de una cuarentena cada vez más estricta. Pero al balancear esta política, catalogó su resultado actual como “precario” y no descartó un desborde de casos en la provincia. Morales calló sobre las cuantiosas denuncias de trabajadores sobre la violación de los protocolos sanitarios gubernamentales por parte del grupo Ledesma, las patronales mineras o las tabacaleras. Tampoco se pronunció contra los cientos de despidos que se han producido en el comercio, o la falta de recursos de los miles de trabajadores que en Jujuy viven de changas o la venta de productos al día. Por el contrario, volvió a amenazar a quienes violen la cuarentena callejera con una mayor represión. El gobernador reivindicó un supuesto refuerzo del sistema de salud: la construcción de hospitales de campaña y la incorporación de cientos de nuevos profesionales para su atención. No dijo, sin embargo, que este nuevo personal, como toda una parte de los enfermeros y los trabajadores de atención primaria de la salud, trabajará precarizado y no contará con los insumos necesarios para su labor. Los 45 millones de pesos de “refuerzo” no llegan a representar un 0,05% del presupuesto 2020. Su único anuncio significativo fue la realización de testeos masivos en las fronteras provinciales. pero una vez levantada la cuarentena. Costará alrededor de 700 a 1.200 pesos - inviable para miles de trabajadores jujeños y de otras provincias. Vienen por los salarios Entre diatribas contra Trump, Morales afirmó que el mundo está en quiebra… y la provincia también. Advirtió que no sabe si podrá pagar los salarios de los trabajadores estatales del mes de abril. Atajándose, Morales planteó un esquema de prioridades: primero, los trabajadores de la salud, segundo el aparato policial y, finalmente los docentes. Quedan afuera los 10 mil empleados de la administración central, los judiciales y empleados legislativos, junto con los trabajadores municipales, que ya cobran salarios más bajos y sufren una mayor precariedad. Anunció la donación de parte de su salario y el de sus funcionarios, para justificar los recortes de salarios de los trabajadores, que siguen congelados. La amenaza de recorte no llegó, claro, a los acreedores de la provincia, que sólo en este año cobrarán más de 3.600 millones de peso en concepto de vencimientos y amortización de la deuda pública provincial. Tampoco sobre las empresas que se ven beneficiadas con subsidios y exenciones impositivas, que significan una pérdida de miles de millones de pesos al año para la provincia. El gobernador solo llamó a los trabajadores y pequeños comerciantes a seguir pagando los impuestos para sostener el Estado. Morales se valió de la pandemia para no rendir cuentas sobre su primer mandato. La quiebra de la provincia ya se pronunciaba desde hace un año por el fenomenal endeudamiento en dólares concretado por Morales. Lo mismo sucede con la tendencia al colapso del sistema de salud, que ya se ve desbordado ante los casos de dengue en las localidades del ramal. El reclamo de unidad de Morales fue saludado por el PJ jujeño, quien se puso a su servicio. El jefe de bloque del PTS, Alejandro Vilca, participó de la teleconferencia del gobernador sin emitir crítica alguna, ni antes ni después del evento. El enorme desafío de desarrollar una alternativa política obrera y socialista en la provincia, es más urgente que nunca ante la impotencia de Morales ante la pandemia de covid-19.

3 de abril de 2020
Los jubilados, los más vulnerables

La pandemia de este virus mortal ha puesto de manifiesto el colapso sanitario mundial de la salud, Pero además ha desnudado el total abandono de los jubilados, personas de la tercera edad y adultos mayores. Ya antes de la pandemia mantenerse era una odisea para todos estos sectores. De los 6,8 millones de jubilados y pensionados el 50% (3,4 millones) cobra el haber mínimo de indigencia ($15.900) es decir menos de la cuarta parte del 82% móvil de la canasta familiar y un 26% (1,8 millones) cobra debajo de la línea de pobreza ($45.000). Con PAMI y ANSES, el gobierno se dedica a vaciar las arcas del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, Ahora todo este panorama se ha potenciado. El arco político en su conjunto pretende solucionar esto con un miserable bonito de $3.000, absorbido ya por la inflación. Según Clarín (27/3), se registraron subas de hasta del 80% en producto básicos. Los gobiernos nacional y provincial no controlan en lo más mínimo esta disparada de precios. El lunes los cajeros automáticos amanecieron colmados de jubilados con eternas colas para retirar efectivo o transferir a otros familiares por no tener tarjeta y el token para realizarlo en sus casas. En la cola de bancos, los jubilados piden baños químicos. Algunos están desde las tres de la mañana, sin comer nada. Se repite la escena en todo el país. Este trastorno se ve agudizado por el tremendo peligro de contagio frente a la falta total de limpieza y desinfección de cajeros tocados por millones de manos. Prorrogan el pago de los créditos, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. La salida es organizarnos y luchar por un aumento inmediato de emergencia de $30.000 para jubilados, pensionados y rentas vitalicias, por la eximición de impuestos por 6 meses, por prestaciones y medicamentos al %100, por la restitución de los aportes patronales, por un haber mínimo igual al 82% de la canasta familiar hoy en $80.000, por ANSES y PAMI dirigido por sus afiliados y trabajadores.

3 de abril de 2020
No a las deportaciones de millones de migrantes

´Sudacas´ en Europa, ´latinos´ y asiáticos en EE.UU., palestinos y egipcios en los emiratos del golfo Pérsico, estos millones y millones de trabajadores son los primeros ´patos de la boda´ de la pandemia del coronavirus. La mayor amenaza de una desocupación en masa a una escala nunca vista desde el crack financiero de 1929 parece haberse iniciado con esta franja de trabajadores, los más desprotegidos del planeta. “Kuwait anunció su intención de repatriar a unos 17,000 maestros egipcios que habían estado trabajando en el sistema educativo del país”, ya que sus escuelas cerraran hasta agosto y “no necesitará maestros”. “Alrededor de 800,000 trabajadores egipcios y alrededor de un millón de indios entre los 3,5 millones de trabajadores extranjeros del país. Con la contracción de la industria petrolera y la evaporación del comercio internacional en Kuwait y otros países del Golfo, uno puede imaginar de esos países” (Zvi Bar'el, Haaretz, 2/4). Palestinos gazatíes trabajan en alta proporción en esos países. Con la crisis no sólo las remesas que llegan a sus familiares desaparecerán; los países del Golfo –principales donantes que sostienen al gobierno de Hamas en ese territorio–, “sin embargo, los países ricos ya no pueden prometerles ni siquiera paquetes de alimentos” (ídem). En varios países de la región las clases trabajadores no se quedan de brazos cruzados. “En el Líbano, los conductores que trabajan en el transporte público y en camiones organizan una protesta que exige una compensación por una decisión del gobierno que redujo los servicios. Los manifestantes afirmaron que la medida afectó a más de 50,000 familias. En Irak, el personal médico exige una compensación por las largas horas que trabajan y eso se suma a sus quejas sobre la grave escasez de medicamentos y respiradores” (ídem). El riesgo a los trabajadores migrantes no es una cuestión exclusiva del Medio Oriente. América Latina será seguramente la próxima afectada. La legislación yanqui que antes de la pandemia amenazaba a más de 12 millones de ´sudacas´ indocumentados, es una espada de Damocles que pende sobre los casi 50 millones de latinos que constituyen la fuerza de trabajo más explotada de EE.UU. Según explicó “el epidemiólogo e investigador Esteban Ortiz, en Ecuador se registra un dato sociocultural que podría influir en sus números de contagios y muertes: la conexión con España, hoy uno de los mayores focos de infección del virus en Europa”. Ecuador es el país de Latinoamérica, en términos proporcionales a su población, con más víctimas letales y el mayor ratio de infectados y muertes. Según “la embajada de Ecuador en Madrid, actualmente hay 422.000 ecuatorianos que residen en suelo español, lo que los convierte en la mayor comunidad latinoamericana en ese país europeo” (Clarín, 2/4). Por supuesto que esto no exime al gobierno ecuatoriano por sus inconductas: ¡declaró un toque de queda de 15 horas diarias en Guayaquil, la ciudad más afectada! Ninguna deportación, atención gratuita y universal a todos los afectados sin distinción de ningún tipo. Cobertura social y garantía salarial a todos los trabajadores sin importar lugar de origen o nacionalidad.

3 de abril de 2020
Legislación laboral de ´excepción´ en tiempos de pandemia

El ministerio de Trabajo del gobierno FF muestra la hilacha. En las últimas 48 horas toda la legislación salida de ese organismo es un compendio de normas que avasallan derechos laborales a favor de las patronales. Por supuesto las burocracias de la CGT y las CTAs no han dicho ni mu. Con fecha 20 de marzo el gobierno publicó en el Boletín Oficial la Resolución 219/20, de ese Ministerio, que establecía expresamente que aquellos que permanecieran en sus casas en uso de la cuarentena obligatoria percibirían sus salarios, desde el día 20, con carácter no remunerativo (artículo Nro. 1 de la norma). La no deducción de esas cargas (que rondan entre el 18 y el 20% según cada gremio y/o actividad) implicaba de hecho el cobro de una suma equivalente de incremento salarial (claro que a costa del salario diferido –sistema de jubilaciones y pensiones– y del sostenimiento de las Obras Sociales sindicales). Pues bien, la medida duró menos que un suspiro: fue derogada por la resolución Nro. 279/20 que reza que su vigencia es desde el 20 de marzo (también artículo 1). Para que no quedaran dudas la norma fue “ratificada” por el decreto 332/20, también del mismo día, que establece una serie de subsidios a las empresas para el pago de salarios. La ´generosidad´ de los FF no se quedó solo en eso. Por el artículo 6 de la Resolución 279 el Ministerio taxativamente excluye de las remuneraciones, desde el 20 de marzo, el pago de suplementos convencionales especiales. Esto vale especialmente para trabajadores con turnos rotativos y/o regímenes especiales (supermercados), que hoy comprenden a una porción nada despreciable de la fuerza laboral. Es decir que en todos estos casos los salarios se verán reducidos: el salario del día de cuarentena –dice la norma– “no constituye un día descanso, vacacional o festivo, sino de una decisión de salud pública en la emergencia, de tal modo que no podrán aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos correspondientes a los días comprendidos en esta prohibición suplementos o adicionales previstos legal o convencionalmente para ´asuetos´, excepto en aquellos casos en que dicha prohibición coincida con un día festivo o feriado previsto legal o contractualmente”. Como se ve, los $ 10 mil del gobierno a los trabajadores no registrados y monotributistas más que mitigar la crisis, está en consonancia con esta política de ´adaptación´ a la ofensiva patronal-capitalista en todos los terrenos. De paso sea dicho: un monotributista que figura en la Categoría C (apenas por encima de $ 25 mil mensuales) está excluido de solicitarlo. Mientras tanto las patronales han arrancado subsidios en abundancia. El “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”, establecido por la Resolución 332/20, dice que asistirá a las patronales con “la obtención de uno o más beneficios, entre los que se encuentra la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, la Asignación Compensatoria al Salario, el REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria y el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. En el primer caso, la postergación será para empleadores cuyo número total de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, al 29 de febrero de 2020, no supere la cantidad de 60”. Para los demás se “deberá promover el Procedimiento Preventivo de Crisis” y, además, “la AFIP podrá establecer vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino no realizadas durante los meses de marzo y abril del presente año y brindar facilidades para el pago de las mismas”. Ciertamente la llamada “Asignación Compensatoria al Salario” tiene el tope del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente y va de un reintegro del 100% del salario neto para los empleadores de 26 a 60 trabajadores, de hasta un 75% para los empleadores de 61 a 100 trabajadores y de hasta un 50%, siempre del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, para quienes superen los 100 trabajadores. Y como prueba que la prohibición de despidos no ha sido más que una medida demagógica –en el mejor de los casos es una postergación y, mientras tanto, están permitidas las suspensiones– el gobierno anticipándose a los despidos masivos ya determinó la cifra del nuevo fondo de desempleo (al que obviamente solo acceden los trabajadores registrados): “el Sistema integral de prestaciones por desempleo permite el acceso de las y los trabajadores que reúnan los requisitos a una prestación económica por desempleo que se elevarán a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000”.

3 de abril de 2020
Femicidio en Tigre

El pasado martes 31 de marzo, por la madrugada, fue encontrado el cuerpo de Florencia Santa Cruz en un descampado de la localidad de Tigre, que linda con el Acceso Norte de Panamericana. Las cámaras de seguridad habían registrado tres horas antes a la víctima caminando junto a su victimario: en los videos subidos por el propio distrito puede verse cómo intenta sacárselo de encima. Habían pasado 40 minutos de las 12 de la noche, en plena cuarentena obligatoria. Al femicidio de Florencia se le suman 12 casos desde que inició el aislamiento obligatorio, y todos los días se suman nuevas muertes. La situación de violencia contra las mujeres se agrava con el encierro, pero sobre todo del aumento de la carestía de vida que crece a pasos agigantados en la medida que el 40 por ciento de la población trabajadora de país se sostiene bajo trabajos precarizados o en negro. Las mujeres ocupan la mayoría en esa categoría, lo cual hace aún más difícil abandonar la casa donde convive con el agresor en la cuarentena. La zona norte es reconocida por las políticas de seguridad de sus intendentes. Particularmente Tigre, donde dirige el Frente Renovador, tiene instaladas más de 1.600 cámaras en todo el distrito, ha desarrollado una policía municipal con un plantel de más de 400 efectivos y “políticas de prevención” que se llevan miles de millones de pesos del presupuesto municipal. Sin embargo, es uno de los distritos con mayores casos de femicidios y desapariciones de los últimos años. En las narices de todo el operativo del COT (Centro de Operaciones de Tigre), matan y secuestran mujeres. En el caso de Florencia, las cámaras muestran claramente una situación mínimamente de acoso, pero le dieron el tiempo a Santiago Hernández para que la asfixie con su propia campera y la cuelgue de una pared con un alambre de púas, todo en plena calle. Algunos años atrás, las cámaras registraron a Luna Ortiz siendo casi arrastrada, semiinconsciente, por Isaías Villarreal, desde el Casino de Tigre a la Villa Garrote. A pesar de que sus padres habían realizado la denuncia por desaparición el día anterior, tampoco se hizo nada con esos registros. Luna apareció muerta en la casa de Villarreal la mañana siguiente. Mientras el gobierno de Alberto Fernández afirma que ha desplegado a las fuerzas de seguridad en la calle para garantizar la cuarentena, matan mujeres en las mismas calles que dicen estar cuidando.

3 de abril de 2020
Bahía Blanca: violación en manada en las instalaciones del ejército

El día previo al “ruidazo” que tuvo lugar en todo el país contra los femicidios que continúan bajo la cuarentena, en Bahía Blanca una joven denunció haber sido violada por varios militares varones en las propias instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181, desde la cual la joven llamó al 911 para denunciar que se encontraba retenida. Ya hay al menos 3 militares detenidos. La joven y su hermana de 18, que también se encontraba presente en el Batallón, salieron del lugar en un auto con otras dos personas, también militares, y luego fueron interceptadas por la policía por violar la cuarentena. Solo a partir de este hecho la denuncia cobró estado público. Las autoridades del ejército han salido a plantear que los violadores imputados pertenecen a “jerarquías bajas”. Pero a los jerarcas mayores se les escapó, cuanto menos, una violación a una mujer en sus propias narices. Finalmente, no se trata de un rayo en cielo sereno. Hechos como este, sucedidos en los últimos años entre las paredes de bases militares, se vienen denunciando con mayor asiduidad, como el del cabo que violó a una soldado en la Base de Apoyo Logístico de Pigué (Lanueva.com, 12/09/18), entre otros. Son muchos más las violaciones que se callan debido a la situación de poder que las encubre. Es otra cara de la moneda de un régimen que encarcela a mujeres como Rosalía Reyes, precarizada, madre soltera y que parió en una situación de extrema vulnerabilidad resultando en la muerte de su bebé. Y también la otra cara de que fueran los hijos de Claudia Repetto, y no la policía, con todos los recursos estatales de los que dispone, quienes aprehendieron al femicida de su madre.

3 de abril de 2020
Que se cumpla la prohibición de despidos: reincorporación ya de los trabajadores de Revista Pronto
Pablo Viñas y “Chapu” Ezequiel Rosales , por la Lista Naranja Gráfica

Al otro día de publicarse el decreto de prohibición de despidos y suspensiones, la patronal de gráfica Ipesa y editorial Publiexpress, que producen entre otras la Revista Pronto y pertenecen al Grupo Lerner, anunció el despido masivo de su personal “por causa de fuerza mayor”. No se trata a ciencia cierta de un cierre, como en general se ha informado. En realidad, la empresa mantiene en la parte editorial a los empleados que sostienen el sitio web, y en la gráfica a un staff empezando por el jefe de personal y al menos un sector de mantenimiento, habiendo informado sin sonrojarse que su intención es esperar un tiempo y ver si “reabren”. Entretanto el sitio web de Pronto (con sus anunciantes) sigue abierto, las revistas que produce las sigue y seguirá realizando en forma precarizada, haciendo la parte de prensa con trabajadores home office que ya tiene ultra precarizados, y tercerizando la impresión y encuadernación gráfica en cooperativas o empresas que no cumplen el convenio colectivo, algunas de estrecho vínculo con el sindicato. De este modo precariza el trabajo y se ahorra el “riesgo” empresario de que un contagio de Coronavirus le obligue a cerrar la planta y pagar salarios, una preocupación de la patronal. Se trata por lo tanto de despidos masivos en el marco de un vaciamiento fraudulento, tanto es así, que Ipesa acaba de ganar la licitación para imprimir y encuadernar millones de pliegos de un cuadernillo del Ministerio de Educación para la educación pública, que se comenzaría a distribuir la segunda semana de abril y se está fabricando en estas horas en forma tercerizada en por lo menos cuatro empresas gráficas. El antecedente fue un Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por Ipesa en noviembre de 2019 en el Ministerio de Trabajo, en medio del cual la empresa despidió ya a la mitad del personal gráfico, cerrando todo el sector de encuadernación, para pasar a tercerizar estas tareas. Ahora amplían esta política a toda la empresa. No importó que unos meses antes Ipesa recibiera millones de pesos por la impresión de boletas electorales, ni la millonaria inversión en nuevas máquinas de packaging que hoy aún relucen en la planta, en una suerte de reconversión para el área que hoy tiene más futuro en la industria gráfica. La directiva del sindicato gráfico, que milita en la Corriente federal de la CGT, intervino ante los despidos anteriores en forma lamentable: promovió el “licenciamiento” de todos los obreros que la empresa pensaba y luego procedió a despedir, imposibilitando que pudieran parar (u ocupar) la empresa, mientras esta contrataba personal de agencia. Luego el propio sindicato realizó cuentas indemnizatorias a la baja (sin calcular preaviso, ni integración del mes de despido) en las oficinas de personal, informando a los obreros de a uno, no lo que les correspondía cobrar, sino lo que la empresa pretendía pagar. Si hubo bloqueos, paros y movilizaciones en reclamo de las reincorporaciones fue por la presión y la decisión de lucha de los trabajadores despedidos, y la solidaridad de los que quedaron adentro. En definitiva, como ya sucediera en AGR-Clarín, La Nación, y otras empresas, el Grupo Lerner pretende despedir al personal con antigüedad, conquistas y organización gremial. Para mantener su producción en forma ultra precarizada. Utilizando la cuarentena para ejecutar esta decisión con los trabajadores en sus casas, con dificultades para moverse, organizarse e ir a la lucha. Tanto Sipreba (sindicato de prensa), que ha difundido el reclamo de reincorporación, como la Federación Grafica, realizaron denuncia ante el Ministerio de Trabajo que dictó la Conciliación Obligatoria, sin embargo, esta no reviste mayor trascendencia, en vista de que obliga a la empresa a “retrotraer” despidos que ya se encuentran anulados por un decreto presidencial. En el caso de los gráficos es directamente una burla, porque mientras la conciliación corre y es anunciada con bombos y platillos por el sindicato, los obreros singuen en la calle y nada impide que la empresa produzca millones de cuadernillos educativos en otras imprentas del gremio gráfico. Reclamamos al sindicato gráfico que deje de hacer la vista gorda y en forma inmediata llame a no producir las revistas de Ipesa, acudimos a la solidaridad de todo el gremio. Exigimos al Ministerio de Trabajo que haga cumplir la prohibición de despidos, ordene la reapertura de la planta y la redacción, bajo pena de multas ejemplares. Y que en conjunto con el Ministerio de Educación fiscalicen la producción de los cuadernillos, asegurando que estos sean producidos por los obreros de la empresa que gano la licitación, y que hoy están en sus casas recibiendo telegramas ilegales de despido. Reclamamos que si la empresa desacata el decreto presidencial sea declarada de utilidad pública, expropiada sin pago, estatizada y puesta a producir bajo control obrero con garantía de convenios y salarios por parte del Estado.

3 de abril de 2020
Coronavirus, La Nación y otra editorial que pretende la reconciliación con los militares

Bajo el título “Las Fuerzas Armadas y su insustituible aporte”, diario La Nación publicó este lunes una editorial que pretende, nuevamente, la reconciliación de la sociedad argentina con los militares. El artículo no lleva firma, por lo que no deja lugar a dudas que es de la línea de los propietarios de la empresa de comunicación. Luego de hacer un recuento de las intervenciones que están efectuando y podrían realizar las Fuerzas Armadas para intentar contener la pandemia del coronavirus en la Argentina, el texto apela a una supuesta “unidad nacional”, artilugio ideológico que es bajado desde el gobierno de Alberto Fernández y compartido por la oposición patronal y el conjunto de medios de comunicación tradicionales del país: “El desafío es enorme. El aporte que pueden realizar las FF.AA. es insustituible. Como sociedad, las dramáticas horas que transitamos nos recuerdan la importancia de trabajar unidos”. Y, finalmente, se despachan con una conclusión de clara tónica reconciliadora: “No hay lugar para viejos rencores ni recriminaciones. Ante la pandemia que asuela al mundo, los hombres de armas hacen honor al juramento prestado de servir a la patria con una vocación inclaudicable”. Si bien esta vez se cuidaron de no recurrir a los lugares comunes de la derecha negacionista argenta, como lo hicieron al día siguiente del triunfo de Mauricio Macri en el ballotage de 2015 con otra editorial, titulada “No más venganza”, y que fuera ampliamente repudiada, lo cierto es que en última instancia el objetivo no deja de ser similar. Las afirmaciones vertidas tienen por objetivo aprovechar la crisis sanitaria, económica y social en que se desarrolla la pandemia para lavarle la cara a las FF.AA. y naturalizar su presencia en las calles. Caracterizar como “insustituible” el supuesto aporte de las FF.AA. en las barriadas populares del país no solo es falso, sino que es una clara operación ideológica que busca una vez más saldar una cuenta pendiente que tienen las clases dominantes en nuestro país desde el regreso al régimen constitucional en el 83: el represtigio de las Fuerzas Armadas. Esta tarea estratégica para la burguesía chocó una y otra vez contra la resistencia de amplios sectores del pueblo consciente. La resistencia en las calles a las diversas tentativas de todos los gobiernos nunca pudo ser quebrada. Así ocurrió con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Ricardo Alfonsín, los indultos de Carlos Menem, el procesamiento y encarcelamiento a una minoría de genocidas durante el kirchnerismo mientras la abrumadora mayoría gozó de libertad y el fallido intento de Mauricio Macri de otorgarle el 2 por 1 a los milicos. Bajo el ropaje de “ayuda humanitaria” ahora todo el arco político patronal pretende aprovechar una situación acuciante en el pueblo para una vez más intentar restituirle autoridad a las FF.AA. Las organizaciones de derechos humanos, el movimiento popular, y con más razón la militancia revolucionaria, debe llamar la atención sobre el asunto. La advertencia tiene un carácter también estratégico para el pueblo trabajador: ¡no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos! Los milicos no tienen nada que hacer en las barriadas. Las propias organizaciones que allí militan, las vecinales e incluso comités organizados por los propios involucrados se puedan encargar de esas tareas, con la supervisión de personal sanitario y especializado del Estado. La tónica represiva bajo la cual se desarrolla esta trucha cuarentena, que deja afuera a la mayoría de los trabajadores que se ven obligados a desarrollar sus tareas habituales bajo el yugo de la patronal, lleva en su haber decenas de miles de detenidos en todo el país, y numerosos casos de abusos y torturas denunciadas desde las redes sociales. El avance del Estado policial no puede sino leerse como una medida preventiva ante la inminencia de una “potencial crisis sanitaria y social sin precedentes (...)", como el propio gobierno adelantó en el decreto de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. La posibilidad de rebeliones populares fue uno de los principales temas de agenda en las reuniones entre Alberto Fernández, los gobernadores e intendentes de las ciudades más populosas. De ahí el reforzamiento del aparato represivo. La izquierda debe estar alerta ante la posibilidad de esta avanzada y propiciar y acompañar la deliberación y autoorganización en los lugares de trabajo y en los barrios para combatir la pandemia. El proceso en otros países ha puesto a la orden del día la huelga general para garantizar la cuarentena en los servicios no esenciales y reclamar por mejores condiciones de vida. Debemos prepararnos para ese escenario en la Argentina.

3 de abril de 2020
Un gran equívoco político
Mesa Ejecutiva PO

La colaboración que el compañero Iván Marín ha enviado a Política Obrera encierra un equívoco político. Nos referimos a la caracterización de la presencia militar en tareas asistenciales y alimentarias como parte de una tendencia a crear un “Estado policial”. O la función asignada a policía y gendarmería en la tarea de hacer cumplir la cuarentena. Confunde la coerción estatal que se aplica para supervisar un régimen excepcional de salud, en Argentina y en todo el mundo, sin excepción alguna, como una expresión del propósito de producir un cambio de régimen político, hacia otro, que no define, de naturaleza esencialmente represiva. Toma como punto de partida de su artículo un editorial de La Nación que reclama un reconocimiento de la labor de las Fuerzas Armadas en el reparto de alimentos, con la finalidad de abogar por su 'reinserción' en la vida política y obtener la tantas veces mentada 'reconciliación', o sea, una amnistía histórica para las Fuerzas Armadas. El compañero parece no haber advertido que este es el enésimo editorial que saca La Nación con ese propósito, cualquiera sea la ocasión que se le presente, desde un accidente de tránsito hasta una crisis epidemiológica. Los editoriales de La Nación, como cualquier cosa que escriban los plumíferos de la burguesía, deben ser leídos en forma crítica, de lo contrario el análisis marxista perderá toda su función; el seguidismo a la prensa capitalista es muy común en la izquierda, en especial cuando sirve para confirmar sus propios prejuicios. Bien mirado, este editorial de La Nación es menos virulento que los precedentes. ‘Quien se quema con leche ve una vaca y llora’. Una intentona anterior de reivindicar a las Fuerzas Armadas terminó con una asamblea masiva de la redacción del diario, que repudió al editorial de la patronal, y reclamó -y obtuvo- el derecho a réplica en las mismas páginas del diario. La convocatoria editorial a la derechización política concluyó con una reacción democrática que no se había visto antes en las redacciones de los diarios, sin que tampoco fuera despedido ningún periodista. A Alberto Fernández le pasó algo similar – tuvo que pedir clemencia por haber reclamado “dar vuelta la página”, al ver el rechazo que suscitó su deseo reprimido. Más atrás todavía, Milani, encargado de convertir al ejército en una institución ‘nacional y popular’, fue preso por crímenes de lesa humanidad. Lo mismo ocurrió con el 2x1, al punto que el Congreso se vio obligado a violar la Constitución, que no le permite anular una sentencia de la Corte con carácter retroactivo. El artículo de Altamira sobre el estado de sitio muestra el fracaso de todos y cada uno de ellos desde 1983. La Nación “propone” y el estado concreto de la lucha de clases “dispone”. La decisión de imponer un régimen de cuarentena frente a la pandemia del Covid-19 es un acto típico de coerción estatal. Quienes la critican ‘por izquierda’ cumplen la cuarentena en sus casas y discuten por Skype. Todos propugnamos lo mismo para los trabajadores de industrias no esenciales. Atacan la coerción del estado, mientras la acatan sin chistar. La necesidad de aplicar esa coerción se ve en los casos numerosos de violación de la restricción de la circulación pública por parte de mucha gente. Se aplica a quienes se encuentran en el exterior, que son obligados a volver a cuentagotas y sometidos a control médico. Todo esto es coerción estatal, una violación de la libertad de movimiento, que no obedece a razones de conmoción política sino sanitaria. Los gobiernos que no la han aplicado a tiempo han recibido críticas muy fuertes y arriesgan la continuidad. Los gobiernos, sin embargo, son los primeros en violar sus propias disposiciones, cuando autorizan a que continúe la producción que no es esencial para enfrentar la pandemia, pero sí para mantener en parte la acumulación capitalista golpeada por la cuarentena, en especial si se trata de la exportación. La violan cuando no garantizan el pago integral de salarios y otras asignaciones, porque no existe cuarentena sin comida. Aplican aquí una coerción en sentido inverso – ir a trabajar cuando los médicos exigen quedarse en casa. Debemos exigirles, no que anulen la coerción estatal, sino que la apliquen en forma consecuente. Un régimen proletario también recurrirá a la coerción en una situación parecida, claro que con sus milicias democráticas y mandos revocables, o con el ejército obrero, si fuera el caso. Cambia el carácter social de la coerción, y por supuesto los métodos con que se aplica, pero no su necesidad; la pandemia reclama una disciplina social excepcional, que no se presenta en circunstancias normales. Los activistas y los luchadores debemos lidiar con el fenómeno de la necesidad de la coerción, por un lado, y el carácter de clase de las instituciones encargadas de aplicarlas, por el otro, incluidos sus métodos prepotentes y sus arrestos arbitrarios – cuya legalidad continúa en manos del poder judicial. Un caso clásico de dialéctica, que consiste en pensar la realidad como un todo, interrelacionada en forma contradictoria, sin dejar de ser por eso una sola. Los kirchneristas y macristas dicen: “vamos con la gendarmería, la policía y el ejército”. El infantilismo de izquierda dice: fuera todos ellos. Si pensamos en términos de las contradicciones, debemos interferir en la coerción estatal, con un programa: que los obreros en sus lugares de trabajo y los vecinos en sus barrios pongan en sus propios términos el cumplimiento de la cuarentena, o sea ofrezcan su propio método de coerción social, y organicen masas cada vez más amplias para hacerlas valer. Debemos denunciar a la burocracia sindical que se somete a los términos de la coerción estatal el gobierno, y no defiende que la coerción estatal se aplique a las industrias no esenciales, para que los trabajadores no se enfermen ni pierdan ingresos ni salarios. Debemos exponer nuestras exigencias bajo la forma de un protocolo obrero – para usar el lenguaje de una crisis sanitaria social. La dificultad para pensar dialécticamente se manifiesta asimismo cuando se habla de crisis capitalista. Es indudable que se trata de esto mismo, pero con una salvedad fundamental, que es que fue desatada por un fenómeno de la naturaleza. El derrumbe de la especulación financiera, que tenía los días contados, no solamente se precipitó por el coronavirus, también alteró o modificó su naturaleza social en un aspecto fundamental – la aparición de una amenaza a la salud y a la vida, que no está engendrada directamente por las leyes del movimiento del capital, con independencia de la responsabilidad que pueda tener en la irrupción de estas epidemias, ni que decir en la prevención y preparación. Quien en nombre del socialismo ignore la crisis sanitaria en cuanto tal, no ejercerá ninguna influencia socialista en el desarrollo de la crisis, tomada en su conjunto. Días atrás, las imágenes televisivas mostraron el ingreso de un enorme convoy del ejército de Rusia al norte de Italia, que portaba un gigantesco dispositivo sanitario y profesional. ¿Deberían los italianos pedir su expulsión de la península, advirtiendo acerca de sus consecuencias ‘geopolíticas’? (La Nato tiene una gran base sobre el Adriático, desde donde lanzó sus bombardeos contra Yugoslavia en los 90) ¿O los obreros norteamericanos deben pedir la expulsión de una nave hospital que atracó en Nueva York? Asistimos a una gran crisis de características especiales: el entrelazamiento de una agresión a la existencia humana, que se desarrolla en el marco de la crisis de una sociedad dividida en clases, más precisamente en la decadencia histórica del capitalismo. Donde sí se prepara una acción militar ‘geopolítica’ es con el despliegue de la IV Flota en el Caribe – no para abastecer de medicamentos a Venezuela sino de propiciar un golpe de estado. Para que la coerción estatal en la aplicación de la cuarentena o “distanciamiento social” sea la ocasión de un cambio de régimen político en sentido autoritario, no basta con ver soldados en la calle; esa posibilidad depende del carácter de la situación política y de la etapa política, tomadas en su conjunto. No depende de que el ejército salga de los cuarteles o la gendarmería vaya a los barrios (de nuevo). No están reunidas las condiciones para un cambio de régimen o un golpe de estado – la misma reacción de trabajadores de la salud, de la educación, de la industria y del sector independiente, demuestra que las masas no se encuentran en reflujo sino en una deliberación política que crece. Transpolar la coerción estatal de una cuarentena, o sea de preservación de la salud, a un estado policial, es una expresión de limitaciones políticas severas. No se puede descartar, por ejemplo, una acción militar de Trump contra Venezuela, pero advertimos que, en las condiciones políticas internacionales actuales, desataría una crisis que podría llevar incluso a la caída del gobierno norteamericano. Hablar de la perspectiva de un estado policial sin una caracterización concreta de la situación política presente, es exponer las aprensiones de uno mismo y los temores propios, pero no sirve para una orientación política. La coerción estatal, hay que señalarlo, no opera sólo en función de una cuarentena a la población. El gobierno ha cerrado bancos y ha intentado (y reculado) intervenir el sistema privado de salud, claro que con grandes límites. Boris Johnson, en Gran Bretaña, subordinó al sector privado de salud a acatar las directivas públicas y la supervisión de cuentas por parte de una auditoría mixta. La Justicia ha aceptado diversos amparos contra las arbitrariedades del oficialismo y sus DNU. Las situaciones en cada país varían, como es natural, y con ellas las modalidades de la coerción estatal. También variarán de acuerdo a la evolución de la pandemia y de la crisis social que resulte de ella. El gobierno podría recurrir al estado de sitio, como por otra parte se lo han pedido diez gobernadores, en caso de asaltos a comercios o supermercados, por ejemplo. O incluso de un colapso del sistema bancario. Quedarían suspendidas las garantías constitucionales. Pero no es una salida; es muchísimo más probable que recurra a un gobierno multipartidario (“unidad nacional”) que a una dictadura civil, ni hablar de una militar. El gobierno se ha apartado de la línea del estado de sitio, porque presiente un salto al vacío y una polarización política de resultados imprevisibles. Argentina, bajo la pandemia, sigue siendo la Argentina del 18D, de la rebelión contra el 2x1, de las huelgas y ocupaciones de fábricas. La gestión de la coerción estatal está a cargo de un Estado opresor. Ello vale para las prácticas policiales, de la gendarmería y, eventualmente, del Ejército. Todas esas arbitrariedades deben ser denunciadas y combatidas. Ese combate debe ser respaldado por un programa alternativo a esa gestión - “protocolos” fabriles, barriales, sanitarios. Es decir, un programa de transición. Otra cosa muy distinta es deducir de las arbitrariedades represivas una militarización casi inevitable del país o un cambio de régimen. Una “unidad nacional” (gobierno multipartidario) sería un intento último o penúltimo de rescatar el régimen constitucional, no de abolirlo. La “emergencia” ha abierto y cerrado grietas, y provocado un realineamiento de fuerzas en función de la crisis. Es un factor de divisiones políticas, bajo un gobierno constituido por una coalición heterogénea. La derecha, por su parte, no pudo unirse ni para hacerle un cacerolazo confuso a “la política”. Fernández utiliza más tiempo consensuando con gobernadores, intendentes, senadores y diputados propios y ajenos que gobernando con sus propios ministros. ¿Dónde está la “unidad nacional para un Estado policial”? El desconcierto y la división de la burguesía de cara a la pandemia tiene alcance internacional, y es particularmente marcado en sus variantes más derechistas y reaccionarias. Ahí tenemos a Bolsonaro, bajo la picota de una eventual destitución, o al propio Trump que podría seguir el mismo rumbo si Estados Unidos se consolida como epicentro de la catástrofe sanitaria. Naturalmente, no es ésta una polémica sobre si las fuerzas armadas son buenas o malas -lo que estamos debatiendo es el carácter real de la situación política, algo absolutamente vital para la intervención de los trabajadores. La equivocada presentación de una “unidad nacional” que tiene por finalidad organizar un estado policial y la militarización del país viene acompañada, en el planteo del compañero, de lo que sería una rebelión popular en ciernes; una Argentina en vísperas de una guerra civil. Alentar una rebelión popular en las circunstancias actuales sería más que un error. Para que se dé una perspectiva de rebelión, la crisis tendrá que evolucionar en su dimensión sanitaria y social, por un lado; por el otro, las masas deberán atravesar la experiencia política que tienen por delante y asimilarla en forma revolucionaria. El colapso sanitario y social desnuda los límites del capitalismo y su Estado para defender la salud y la vida de los trabajadores. Contradictoriamente, el desastre se presenta ante la población como una gran crisis colectiva, que exige un empeño general y unificado para afrontarla. La coerción estatal es admitida y hasta cierto punto reclamada, y la violación de la cuarentena es rechazada. Los abusos y arbitrariedades son denunciados ante la justicia y objeto de denuncias y repudios en las redes. Los compañeros deberían leer con atención el artículo publicado en Política Obrera sobre el control obrero en la localidad de Colonia Santa Rosa, donde los trabajadores y vecinos autoconvocados admitieron incorporar a los “comités de vigilancia” un solo policía – de tránsito. La militarización en medio de una pandemia no sólo sería exponer a las fuerzas represivas al repudio político del pueblo, sino al contagio. El ultimatismo izquierdista está provocando un daño político a la izquierda, que es vista ajena a la realidad e incapaz de ofrecer un programa de acción ajustado a las circunstancias y al período político en general – salvo para proponer que se reúna el Congreso nacional. Este Congreso es el que sale más devaluado políticamente a esta altura de la crisis.

4 de abril de 2020
Prestadores de salud mental frente a la pandemia: precarización laboral e incertidumbre
Brenda Ainchil · Sebastián Rubolino

La situación de los trabajadores que realizan prestaciones relacionadas a la salud mental es crítica. La Superintendencia de Servicios de Salud anunció que “garantizará la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales que se vean afectadas por las medidas de aislamiento, y se encuentren previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, a través del ´Mecanismo de Integración´”. La medida deja a la deriva a aquellos profesionales de la salud que trabajen para Prepagas y Obras Sociales por fuera del sistema de integración (caso de IOMA y Osde), como a aquellos trabajadores que están por fuera del Nomenclador de Prestaciones Básicas, como los Acompañantes Terapéuticos. De esta manera, el gobierno y las obras sociales no ofrecen garantía alguna de la continuidad de los tratamientos relacionados con la salud mental profundizando la precarización de los trabajadores y poniendo en riesgo a los usuarios. Más crítica aún se presenta la situación si tenemos en cuenta la inscripción los prestadores como monotributistas. Los trabajadores inscriptos en las categorías A y B, podremos acceder al bono único de $10.000. Este ingreso resulta miserable, con una canasta familiar que ronda los $60.000 y en el marco de una carestía que el gobierno no ha podido frenar. También se le suma o mejor dicho se le resta el pago del monotributo, que con un aumento del 51% alcanza los $2.000. En limpio el ingreso neto finalmente es de $8.000. Todo ello sin tener en cuenta que un gran número de prestadores no podrán acceder a este ingreso. El caso de los monotributistas de categorías C o D es una prueba de ello. Acompañantes terapéuticos La pandemia expuso (aún más) la situación precaria en la que nos encontramos los acompañantes terapéuticos. Las prestaciones en el ámbito educativo fueron suspendidas a partir de las medidas de cierre de instituciones. Lo mismo ha sucedido con muchos de los tratamientos ambulatorios. Pese a que algunos de ellos continúan (sin medidas de seguridad e higiene), el denominador común a todos estos casos es que nada asegura que esas prestaciones sean remuneradas -inclusive con pagos adeudados de las obras sociales. Obras sociales como IOMA, OSDE, OSPSA avisan por medios informales que no se van a hacer cargo de las prestaciones que se efectúen en el periodo de cuarentena Tampoco reconocen la continuidad de los tratamientos de forma virtuales, por más que la Dirección Nacional de Salud mental y Adicciones los sugieran. Esto alcanza a otros profesionales de la Salud Mental como los Psicólogos, Psiquiatras, Terapistas Ocupacionales, etc. Los acompañantes terapéuticos hemos sido protagonistas en este último tiempo de reclamos por el reconocimiento de nuestra labor profesional (ya que no somos reconocidos como Trabajadores de la Salud ni poseemos, en tanto que somos trabajadores autónomos, convenio colectivo de trabajo) así como también de exigencias a las obras sociales de pago en tiempo y forma como por ejemplo el reclamo semana a semana en la sede central de IOMA La Plata. La principal Obra Social de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) representa un caso paradigmático. Por un lado, tenemos la deuda con los prestadores que se remontan incluso a marzo del 2019 en muchos casos. A esto hay que sumarle que en medio de la pandemia han cesado los pagos, se han paralizado las aprobaciones y las renovaciones y no hay información alguna acerca de mecanismos virtuales que permitan las presentaciones de los trámites de facturación. El gobierno, ahora frente a la pandemia, no solo no da respuestas a esta precarización si no que hasta “sugiere” continuar con los tratamientos relacionados a la salud mental por medios virtuales, por supuesto sin dejar en claro si esos tratamientos van a ser remunerados ni se garanticen los recursos necesarios para el trabajo virtual. Al mismo tiempo que no ha tomado ninguna medida frente a los intentos de las obras sociales de no abonar la totalidad de los días que dure el aislamiento social. Más que nunca los prestadores de salud mental que junto a enfermeros, cuidadores y otros trabajadores, venimos desarrollando un proceso de organización por nuestras condiciones laborales, debemos profundizar la exigencia de todos los reclamos para poner fin a nuestra precarización. Exigimos: Continuidad de los tratamientos (de forma presencial o virtual), con remuneración adecuada y condiciones garantizadas de seguridad e higiene. -Pago total de las prestaciones adeudadas por las obras sociales. -Pago completo de las prestaciones domiciliarias y en instituciones educativas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. -Exención del pago del Monotributo para trabajadores autónomos. Inclusión de todos los prestadores en el de ingreso Familiar de Emergencia y aumento a un monto de $30.000 por mes.

4 de abril de 2020
Jubilados y desocupados pagan las costas del colapso económico y político

La precaria cuarentena del gobierno de FF se derrumbó cuando un aluvión de centenares de miles de jubilados y beneficiarios de la AUH se precipitó este viernes sobre las sucursales bancarias. Iban a percibir sus haberes con enorme retraso –haberes que, como todo el mundo sabe, en el 80% de los casos no cubren ni la mitad de la actual canasta de pobreza. Con semejantes ingresos los jubilados están obligados a vivir con efectivo, sin que importe para el caso lo que digan los charlatanes por la tele; no hay margen para el dinero de tarjeta. Las beneficiarias de las asignaciones universales pugnaban por lo mismo –algunos billetes para adquirir la comida de los próximos días. Las crisis políticas siempre estallan en los “detalles”: las multitudinarias colas en los bancos, por parte de la población más expuesta a la letalidad del virus, desató una crisis política entre los mandamases de Anses, Banco Central y el propio presidente, en la cual se colaron de inmediato banqueros y patronales, para que se declare no sujeto a cuarentena al 90% de los trabajadores en actividad. El trato que les dispendió el Estado, el sistema bancario o las fuerzas de seguridad a los jubilados fue sólo una versión agravada de lo que ocurre todos los meses: la displicencia y hasta el maltrato, y la ausencia de cualquier comodidad elemental a la hora de esperar y hacer la cola. Después derraman lágrimas por los “abuelos”. Si todo esto adquirió el status de un escándalo, sólo se debió a su repercusión epidemiológica o sanitaria, o sea el aumento del número de muertos con relación al de los contagiados. La condena a la afrenta sufrida se difundió por el repudio generado entre los trabajadores. El Estado y el régimen social –expresado en sus funcionarios y sus bancos- actuó como un fabuloso factor desorganizador. Los bancos y el jefe de los bancos A la hora de las responsabilidades, han abundado las explicaciones de tipo instrumental, a saber, sobre la torpeza administrativa. En otros casos, el dedo acusador es sobre el sindicato bancario. Los mismos pulpos mediáticos que reclaman “quedate en casa”, les imputan a los trabajadores bancarios el cierre de los bancos, cuya gestión diaria es una clara fuente de contagios. Los acusadores son los propietarios de las mayores prepagas del país, que acaban de rechazar la centralización de los recursos de salud. Los que inculpan a la Bancaria omiten, sin embargo, que, a diferencia del resto de las patronales, los banqueros “nunca pidieron abrir”, según relata el periodista Sebastián Catalano en Infobae. El mismo redactor, días atrás, informaba de una feroz interna en el gobierno en torno a los créditos a tasa bajaba que los banqueros rechazaban. Según se informa, los bancos ingresaron en una suerte de “lock out”, según la misma fuente de Infobae, para desviar esos créditos a grandes empresas con vínculos ya aceitados con la banca privada. El periodista Marcelo Bonelli, de Clarín (3/4), confirma este choque interno en el gobierno, y asegura que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, respaldó solapadamente el boicot de los bancos privados, en ese caso, con el argumento de que una escalada de créditos que multiplicaría el efecto de la emisión monetaria desataría una hiperinflación al día siguiente del levantamiento de la cuarentena. Que el lock out del sistema bancario, con la complicidad del Banco Central no es un mito, lo prueba otra información: el gobierno llegó a barajar la posibilidad de establecer un régimen de crédito “dirigido o compulsivo” O, más aún, que ante la emergencia el propio Tesoro salga a financiar el pago de salarios sin pasar por los bancos (Infobae, 1/4). En Política Obrera habíamos hecho un planteo superior: convertir a los bancos en sucursales del Banco Central, estatizando todo el sistema de crédito, bajo el control de la Bancaria y de los cuerpos de delegados de cada banco. El cierre de los bancos, por lo tanto, y esta crisis intestina ponen al desnudo todas las contradicciones económicas de la cuarentena manejada en términos capitalistas. El gobierno ha intentado financiar las operaciones de crédito con el dinero del encaje bancario, que es el que los bancos depositan en el Central, incluidas las Leliq. Para los banqueros se trata de una garantía incierta en el caso de que las empresas beneficiadas se declaren insolventes. Ante la imposibilidad de reestablecer un funcionamiento normal del sistema financiero, le exigen al estado que se haga cargo de los créditos en cuestión, sin comprometer a la banca. Masa de maniobra Es claro que los jubilados han sido el pato de la boda de una pelea entre capitalistas. La factura de esta rapiña será pagada por los miles de adultos mayores que contrajeron ayer la enfermedad, en la intemperie de las colas interminables. La intervención del conjunto de la banca y también del Anses, bajo la supervisión de un comité de control de trabajadores y jubilados, es una cuestión de supervivencia. Esa intervención debe asegurar un régimen de pagos inmediato -contemplando también el reparto domiciliario- a toda la tercera edad; una jubilación equivalente al 82% de la canasta familiar y la restitución de todas las medidas de movilidad jubilatoria.

4 de abril de 2020
La contramarcha de Fernández en la “centralización de la salud”

El gobierno dio marcha atrás en el propósito de centralizar el sistema salud público y privado. Los popes de las prepagas rechazaron una interferencia en el uso de su capacidad hospitalaria. El estatista Ginés García, sin embargo, había tomado como referencia a connotados “modelos” del primer mundo. Es el caso de Inglaterra, Francia y España. En Inglaterra, las empresas privadas de salud aceptaron la “centralización” que les impuso el derechista Boris Johnson, bajo la égida del servicio nacional de salud (NHS). Temieron que, de otro modo, los profesionales que trabajan en uno y otro en forma simultánea fueran completamente absorbidos por el sistema público. Como contrapartida, Johnson les impuso una auditoría para que la facturación de servicios excluya el beneficio empresario. Al revés del inglés, recluido por un contagio, la centralización de Ginés aseguraba “aportes extraordinarios para pagar estas prestaciones excepcionales, tanto públicas como privadas”. Sin confianza en las cuentas deficitarias del Tesoro, las prepagas rehusaron la centralización, a cambio de una difusa “coordinación de esfuerzos”. Todos saben, sin embargo, que la “centralización” podría imponerse bajo la emergencia de un colapso sanitario. La centralización trazada por Ginés constituye un subsidio financiero de las prepagas, un alquiler a precio elevado de sus instalaciones. Una explosión de la pandemia podría aportarles a las privadas otro argumento para aceptar la centralización. Actualmente, “el 80% de la capacidad de las clínicas está ocupada por pacientes” (Clarín, 30/3). Pero sólo el Estado está expandiendo actualmente la capacidad de camas, a través de hospitales de campaña o ampliaciones de los centros sanitarios ya existentes. En ese caso, son los privados los que van a necesitar de las instalaciones públicas, pero para usarlas los dueños deberán invocar la causa de “fuerza mayor”, como sería una saturación completa, para que los afiliados no les inicien un juicio por violación de contrato. En suma, las prepagas pretenden arrancar una tajada importante de una eventual “centralización”, lo que está haciendo todo el capital con la pandemia cuando logra el jubileo de sus pagos previsionales y otras prebendas. Los sistemas públicos y privados tienen en común la sobreexplotación de sus trabajadores, muchos de los cuales, para poder vivir, tienen que distribuir jornadas de 12 o 15 horas entre el hospital público y los sanatorios privados. En los dos casos, se verifica la misma falta de insumos sanitarios y protocolos de cuidado a los trabajadores, en perjuicio los médicos, enfermeras y personal de tareas varias. Una coordinación urgente de trabajadores de la salud, públicos, privados y de todas las especialidades -una tarea eminentemente sindical- es lo último que les pasa por la cabeza a la burocracia de los sindicatos. Pero es lo que se necesita para imponer una jornada laboral reducida y cuarto turno, con salario básico igual al costo de la canasta familiar y sin afectar la escala de salarios; y duplicación del presupuesto de salud para asegurar la compra de insumos y contratación urgente de trabajadores con salario y convenio. La “centralización” plantea también un protocolo integral de seguridad sanitaria para todos los trabajadores de la salud, que tiene como reivindicación central al reconocimiento del coronavirus como enfermedad profesional.

4 de abril de 2020
La “solidaridad” migratoria de Morales y Fernández
Cecilia C · Pablo F

Un megaoperativo se desarrolló en torno a un micro de larga distancia detenido en un acceso a Capital con 60 pasajeros a bordo, en su mayoría extranjeros provenientes de Colombia y Venezuela, muchos de los cuales habían llegado al país para asistir a un partido de fútbol y se vieron atrapados por la cuarentena. De la Bombonera al ‘comedor Mickey’ Los hinchas de Deportivo Independiente Medellín nos han hecho llegar sus testimonios, como a otras organizaciones sociales y de derechos humanos, de forma anónima, por temor a represalias. "Soy hincha de Deportivo Independiente Medellín. El 10 de marzo jugamos contra Boca, en la Bombonera, por la Copa Libertadores. Vinimos varios hinchas desde Colombia por el partido. Cuando estábamos regresando fuimos demorados en La Quiaca por Gendarmería y otras fuerzas de seguridad. Primero nos hicieron cruzar de forma ilegal a Bolivia a través de un río crecido. En Bolivia, los agentes de seguridad nos hicieron devolver a la Argentina. Una vez en La Quiaca nuevamente nos hicieron cumplir la cuarentena a los 16 hinchas en el comedor "Mickey". Dormíamos en el piso, la policía y gendarmería nos requisaba todos los días. Nos robaron comida, celulares y otros efectos personales y nos pegaban y humillaban a diario. Luego nos enviaron a una comisaría donde nos tuvieron por 24 horas en un calabozo desnudos. Las golpizas fueron constantes." "Todo esto termina con el gobernador Gerardo Morales echándonos a 62 extranjeros con destino a la Capital Federal en un micro. En el viaje desde La Quiaca hasta Buenos Aires no tuvimos problemas, pero en General Paz, ingresando a la Capital Federal, nos estaba esperando un fuerte operativo de seguridad, acusándonos de incumplir la cuarentena y preguntando si teníamos antecedentes penales. Hasta este momento no sabemos a dónde nos van a mandar o que van a hacer con nosotros. Nadie se comunica ni nos informa de nada". El traslado de los hinchas detonó una crisis política. El gobernador de Jujuy, Morales, apuntó directamente contra Frederic, la ministra de Seguridad. "Horacio Rodríguez Larreta me ha dicho que la ministra de Seguridad ha dicho 'paren ese micro', que tiene todas las autorizaciones y tiene todo en regla” (Clarín, 2/4). Mientras tanto, por los pasajeros que ni siquiera estaban al tanto de su destino, el CELS y CAREF, entre otros organismos de derechos humanos, solicitaron un Habeas Corpus (CELS, 1/4). El periplo de los hinchas del DIM junto a los demás pasajeros migrantes concluye, por ahora, en su distribución en tres hoteles porteños. Se prevé la expulsión de nueve de los 22 colombianos transportados, por no acreditar un acceso por vía legal al país, apelando a un decreto discriminatorio de Macri que aún sigue vigente. El maltrato sufrido por los hinchas es injustificable. El estado nacional debe facilitar y garantizar, en coordinación con las respectivas embajadas y bajo la supervisión de los organismos de derechos humanos, la repatriación a quienes lo soliciten. Se debe dar respuesta, también, a aquellos que hubieran solicitado asilo, es decir, situación mayoritaria de los venezolanos que formaron parte del traslado compulsivo por parte de Morales. Los atropellos cometidos por la policía, como el robo de pertenencias y golpizas, deben ser investigados.

4 de abril de 2020
Danone: la bronca crece desde abajo

Para los trabajadores de la planta Danone Longchamps, el lema #QuedateEnCasa son solo palabras. Como muchos otros sectores, los trabajadores de Danone fueron exceptuados de realizar la cuarentena obligatoria por estar encuadrados en una actividad esencial, como es la producción de alimentos. En este caso, productos lácteos. En un primer momento, apenas realizado el anuncio de Alberto Fernández, la comisión interna de la fábrica emitió un comunicado en el que expresa "un gran orgullo de la tarea que tenemos por delante". Esto es, mantener la producción a toda costa. A la CI ligada a Oliva (sector moyanista) no se le ocurrió en ningún momento discutir con los trabajadores las condiciones de higiene y de seguridad en las que iban a llevar adelante "la tarea de abastecer al país": en el primer feriado de cuarentena, la planta quedó sin personal de limpieza. La pandemia del coronavirus (Covid-19) desató toda una serie de discusiones y debates en Danone Longchamps. Los trabajadores no disponen de lentes de seguridad, guantes ni máscaras. Denuncian, además, que a los compañeros que integran el grupo de riesgo, los obligan a trabajar con la única precaución de que se tomen la fiebre cada tres horas, a pesar de que los síntomas como la fiebre pueden manifestarse luego de transcurridos diez días. También denuncian la imposición de realizar horas extras, aunque los obreros hayan realizado pedidos de licencias por hijo. En un segundo comunicado, la Comisión Interna abandonó la euforia canchera del principio para denunciar a la empresa a través de otro comunicado titulado "repudio total". En el mismo, a pesar de levantar todas las denuncias mencionadas, y de responsabilizar a la gerencia de Recursos Humanos, no convoca a la deliberación. Hasta el momento, no hubo asambleas por sector ni plan de lucha alguno. Finalmente, en estos últimos días, la patronal se vio obligada a reducir el personal al 50%, manteniendo el salario, mediante un sistema de rotación de trabajadores por semana. A su vez, redujo la producción. Esto fue, por un lado, por la presión de los trabajadores en una fábrica que aglomera a mil obreros. Pero también por la caída de las ventas de los productos que se elaboran en Danone Longchamps (postres, quesos y yogures). Otra arista de esta situación es que la patronal ha privilegiado la distribución de sus productos hacia las grandes cadenas de supermercados, en desmedro de los autoservicios y almacenes de barrio, a pesar de las recomendaciones del gobierno de hacer las compras en los lugares más cercanos al hogar para evitar aglomeraciones en transportes y comercios. La deliberación de los trabajadores es fundamental. Ninguna medida puede ser tomada de manera arbitraria por la patronal ni mucho menos por una burocracia sindical que hace rato dejó de ser una representación real de los trabajadores. Por asambleas por sector donde se discuta la producción esencial, y distribución de los productos en beneficio de la población trabajadora. Que se garantice el salario de todos los trabajadores. Por medidas de seguridad e higiene frente a la pandemia.

4 de abril de 2020
“La defensa del empleo, la salud en el trabajo y la organización para ejercerlos son una unidad inseparable”
Corresponsal

¿Cuál es la situación de los trabajadores municipales en este cuadro de pandemia? La aplicación de protocolo, desde la perspectiva de los trabajadores, es de incumplimiento, ya que la entrega de los elementos de protección personal, en el mejor de los casos, llega de manera parcial o en cantidad insuficiente. En el corralón de Obras Públicas, que es nuestro lugar de trabajo y que fue declarado parte del servicio esencial, se oculta un sinnúmero de irregularidades. Una situación de incumplimiento de las normas de seguridad e higiene prexistentes al contagio del covid-19 que ya costó la vida de cinco compañeros. Algunos ejemplos: no hay vestuarios, la planta es de 700 obreros que viajan en transporte público, de ida y de regreso a sus hogares con ropas de trabajo. En época de bajas temperaturas, esperan a la intemperie las órdenes de trabajo. Hay cuatro inodoros para 700 personas. En el plantel hay un pequeño número de mujeres obreras, pero no tienen baños para ellas. Piden permiso en las oficinas administrativas, aunque algunas prefieren pedir permiso en locales de la vía pública. Aunque la situación de exposición al riesgo es obvia para los trabajadores, muchos de ellos se encuentran en una encrucijada, la precarización laboral, los salarios paupérrimos y al no sentirse respaldados, les resulta difícil la toma de decisiones, es decir plantarse frente a la patronal. Sin embargo, con dificultades, se realizaron dos asambleas. En la primera, la irrupción de los directivos informando que era inminente la entregar de los elementos de protección la diluyó. Se decidió hacer una nueva asamblea al día siguiente. Cuando entramos, el Jefe de Personal, a las 6.30, informa que ya se habían comprado los elementos de protección y que la asamblea no tenía sentido porque “ya estaba todo resuelto”. Esta maniobra no resultó, porque un compañero, ocultando un cuadro febril, había concurrido a la convocatoria de los jefes para cuidar el empleo. Esto alarmó a los trabajadores y se trató en la asamblea, lo que hizo que a los reclamos se sumara el control de fiebre, tanto al ingreso como al egreso de la toma de servicio. La inexperiencia, la falta de práctica de discusión colectiva entre nosotros, hacía que se formaran conversaciones paralelas y nuevamente la patronal aprovechó para ejercer su presión, dijo que se habían comunicado con Ayuda Médica (servicio médico) e informó que el diagnóstico del compañero era de una gripe común. Al día siguiente, el ejecutivo hizo que los choferes de camiones y otros vehículos, pasaran a buscar por puntos estratégicos de los barrios a los trabajadores para llevarlos directamente a los lugares de trabajo, la toma del presente se resolvería a través de los encargados. Nos declararon a los delegados fuera del marco de trabajadores esenciales. Nos pidieron los certificados de circulación. El sindicato no respondía nuestros mensajes. En esas condiciones tomamos la decisión de notificarnos de la novedad y luego ver cómo continuamos nuestra labor gremial. ¿Cuál es la posición del gremio? Ha sido la de poner en manos de los delegados del corralón toda la responsabilidad. Su respuesta fue “muchachos ustedes son el sindicato en el corralón. Ahora no podemos ir, pero mantengámonos en contacto”. No sabemos cuál será su respuesta ante la separación de los delegados. Los obreros tenemos derechos a la defensa del empleo, a la salud en el trabajo y a la organización para ejercerlos, entendiéndolos como una unidad inseparable. El sindicato como herramienta de los trabajadores debe estar al servicio de los mismos, agotando las medidas de acción a su alcance. ¿Qué protocolo plantean los trabajadores? Capacitación, respecto de cómo cuidarnos y cuidar a las personas que se relacionan con nosotros en el marco laboral y en el traslado hacia los lugares de trabajo en el transporte público de pasajeros. Proveer a todos los trabajadores de elementos de protección personal (mamelucos descartables, antiparras de cara completa, etc). Control de la fiebre al ingreso y egreso de la toma de servicios en cada lugar de trabajo. Evitar el registro digital o proveer alcohol en gel con uso obligatorio en los relojes. Prohibir el traslado de los trabajadores en las cajas de camiones y camionetas y que se realice en vehículos apropiados, evitando aglomeraciones. Jornada de trabajo con horarios reducidos al mínimo indispensable, sin reducción de los salarios. Rotación de las cuadrillas para aliviar la exposición diaria de los trabajadores y otros males, como tensión nerviosa, estrés, etc. tanto en el individuo como en su familia. Conformación de comisiones obreras de seguridad e higiene, con capacidad de control para suspender inmediatamente toda tarea que no se ajuste a los requerimientos planteados, como así también la revisión permanente ante la posibilidad de que la práctica requiera nueva metodología.

4 de abril de 2020
Hospital Baigorria: La Junta Interna organiza a los trabajadores

Durante la mañana del viernes 3, los trabajadores del Hospital Baigorria llevamos adelante una importante asamblea. Lógicamente, no fue como cualquier otra asamblea. A un mes de conocerse el primer caso de COVID-19 en el país y antes que comience la peor parte que se espera de la “guerra”, los trabajadores de la salud ya estamos atravesando enormes dificultades. En la asamblea se expresó la enorme preocupación frente a la falta y escases de elementos básicos (alcohol, alcohol en gel, batas impermeables), pero, sobre todo, frente a la falta de kits de alta seguridad, lo cual nos deja expuestos a mayores posibilidades de contraer la infección, incluso cuando la demanda de atención de casos aún no ha comenzado a subir. Por este motivo, además, tampoco se han realizado simulacros o practicas (salvo escasas excepciones) para la colocación y fundamentalmente para el retiro de ese equipo, que es donde más aumentan las posibilidades de contraer la enfermedad. En las intervenciones también se denunció el vaciamiento que desde hace años viene sufriendo la salud pública, donde los trabajadores continuamos siendo la primera variable de ajuste, con más de un 60% de compañeros precarizados, salarios por debajo de la canasta familiar y de la línea de pobreza (el salario en mano de una enfermera monotributista no supera los $20 mil), atraso en el pago de salarios, cientos de horas acumuladas por cada compañero de planta que significan feriados trabajados y que no pueden tomarse por falta de personal. Todo esto empuja a la sobreocupación de enfermeras y médicos, la mayoría de los cuales tiene doble empleo para poder alcanzar un salario básico. De producirse un contagio, esto aumenta exponencialmente la cadena de infección entre los ya escasos profesionales de la salud. A esta situación se suma una nueva discriminación hacia los monotributistas, los cuales no van a percibir el bono miserable de $3.000 que la Provincia promete pagar por única vez, porque no los compañeros no entran en la categoría fiscal que lo va a percibir. Pero tampoco se lo van a pagar a los compañeros administrativos, que están trabajando, circulan por el hospital, tienen contacto permanentemente con los pacientes que concurren a sacar turnos, con el resto de los trabajadores, porque “no estarían abocados a la atención de pacientes”. Tampoco les han brindado las medidas de bioseguridad, ni siquiera barbijos. También se denunció la cuarentena trucha que significa la cada vez más amplia de las “excepciones para circular”, que encontró hoy mismo a cientos de miles de jubilados, hombres y mujeres en todo el país agolpados en los bancos para intentar cobrar haberes miserables, en vez de organizar a esa población. Porque en los puertos y las industrias del Cordón, como La Virginia, Siderar, John Deer, las papeleras, los químicos, entre otros, siguen trabajando cientos de compañeros a los cuales solo se les toma la temperatura, pasando por alto que hay una etapa donde el virus es asintomática, pero contagia igual. Los trabajadores y trabajadoras del Baigorria llamamos a fortalecer el Comité de Trabajadores y la coordinación con otros Hospitales. A defender la organización de los trabajadores tomando los recaudos necesarios que impone el distanciamiento social, pero sabiendo que nuestra única herramienta para poder luchar por nuestros derechos. Las asambleas que se vienen replicando en numerosos hospitales de Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Tucumán son un ejemplo de las reservas de lucha de los trabajadores de la salud, que están anticipando la disposición a defender las condiciones de trabajo. No estamos dispuestos a ser “carne de cañón”. Es clave la organización de los trabajadores para darle una salida a esa crisis. Realizaremos un petitorio con las resoluciones de los trabajadores de la salud para exigirles a la CGT y la CTA el llamado de un plenario regional de delegados de base con mandato de asamblea para discutir un plan de lucha que exija las reivindicaciones inmediatas de protección de los trabajadores y de la población y la defensa de las mejoras en las condiciones de trabajo Que se garanticen los Elementos de Protección Personal (EPP) de máxima seguridad para todos. Inmediato pase a planta de todos los compañeros precarizados. Aumento salarial de emergencia. Salario igual a la canasta familiar. Equiparación salarial y pago de bonos e incentivos a todos los compañeros, sin discriminación. Incorporación de personal bajo condiciones de estabilidad y seguridad. En lo inmediato, llamamos a fortalecer el comité de trabajadores y la coordinación con otros hospitales y realizaremos una nueva asamblea en el turno tarde-noche para que puedan participar los compañeros que no pueden concurrir de mañana. ***La autora es Secretaria General Junta Interna ATE HEEP.

4 de abril de 2020
La Plata: femicidio de Romina Videla

Romina ingresó al Hospital Alejandro Korn con el 80% de su cuerpo quemado. Tras cinco días de lucha por su vida, falleció. Su marido, Héctor Carrizo, la había amenazado con prenderla fuego. Según afirman vecinos y familiares, la pareja tenía constantes peleas y volvían con la promesa de que Carrizo dejaría de tomar alcohol. En la casa vivían once personas. Tras el incendio, todos resultaron ilesos menos la mujer. Cuando le preguntaron al marido de la víctima si alguien quedaba adentro, él respondió que nadie. Mentía. Con ella ya son 13 los femicidios en 14 días de cuarentena y 86 en lo que va del año. En tiempos de cuarentena, se agudiza la violencia doméstica. El hacinamiento es moneda corriente en muchos hogares, donde llegan a vivir más de diez personas en un solo espacio. El consumo de alcohol aumentó extraordinariamente, la venta de cerveza se disparó en un 34% y lo mismo sucede con el consumo otras bebidas y drogas como la marihuana. La incertidumbre ante la falta de trabajo o la violencia laboral ejercida por los patrones luego es volcada en forma de violencia sobre las familias. Como es de público conocimiento los llamados a la línea 144 han aumentado un 60%. Recordemos que quienes responden los llamados en muchos casos son trabajadoras precarizadas que ya han tenido que soportar del contagio de enfermedades por falta de higiene y escases de elementos de trabajo (vinchas para responder llamados). Con la presencia de un virus de alta propagación como el covid-19 las condiciones se agravan. Han enfrentado despidos y denunciado la falta de herramientas de intervención para acompañar la salida de una situación de violencia. AF se autodenomina feminista y en nombre de esto pide comprensión y vuelca la responsabilidad en las mujeres afirmando por cadena nacional que “hay que denunciar estos hechos para poder actuar”. La ministra de Género, Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, parece muy consciente al afirmar que en “estos días estalla la demanda” y, sin embargo, sólo ha reforzado una campaña en las redes que parece más propaganda de autolegitimación que una salida real para las mujeres. Lo mismo que la absurda campaña del barbijo rojo, la cual desconoce en absoluto las situaciones concretas de sometimiento en las que viven muchas de las víctimas. Muchas de estas mujeres no recibirán siquiera los $10.000 que otorga el gobierno, en sus hogares lo cobrarán otros. El movimiento de mujeres tiene memoria Fue aquel multitudinario movimiento por #NiUnaMenos, que emerge durante el 2016 bajo el gobierno cristinista, el que elaboró un pliego de reivindicaciones. Una de las más importantes consistía en la creación de casas refugios en todo el país. Fueron miles las marchas, concentraciones, radios abiertas, presentaciones en los consejos deliberantes donde las mujeres levantamos esta reivindicación señalando al Estado como responsable. Los gobiernos desoyeron a las mujeres y privilegiaron negocios con ONG de las iglesias a quienes subsidiaron por refugios preexistentes. El estado viene impulsando despidos como los de la casa refugio de La Plata, imponen un régimen carcelario y nuevamente de hacinamiento, además que no otorgan ninguna salida laboral para la mujer que en muchos casos con tres hijos vuelve a la casa del violento. El aislamiento social en contextos de violencia, de hambre, de hacinamiento, de desocupación es incompatible con la vida. Que se implemente un programa de emergencia, casas refugios en todo el país para las víctimas, salarios igual a la canasta familiar para poder salir de ese núcleo, asambleas de mujeres vecinales para tender una red de acompañamiento, programas de asistencia integral, puestos de trabajo genuino, aumento de presupuesto.

4 de abril de 2020
Los trabajadores de prensa en alerta
Pedro Camargo

La crisis capitalista y su agravamiento con la pandemia del Coronavirus se hace notar en el sector de los medios de comunicación en la ciudad de Mar del Plata, como a nivel nacional. El aislamiento social obligatorio ha servido de excusa a las patronales para presionar a los trabajadores, como es el caso del multimedio La Capital, a tener que elegir entre el “retiro voluntario” tras la presentación de quiebra o cobrar la mitad del salario en los meses de abril y mayo, reduciendo las horas de trabajo a la mitad. El dueño del multimedio, Florencio Aldrey Iglesias, es un empresario español vinculado a los gobiernos nacionales y provinciales. Se vio beneficiado con cuanto negocio hubo en la ciudad, logrando, entre otras cosas, que el gobierno de Scioli le cediera en su momento la antigua terminal de ómnibus para construir un centro comercial que hasta lleva su nombre y el Hotel Provincial que pasó a formar parte de la cadena NH. En los últimos días la responsable de recursos humanos de su multimedio le expresó a los trabajadores de todos los sectores las dos opciones que mencionamos antes. Ante esta medida se verían afectados 231 puestos de trabajos, teniendo en cuenta no solo a la planta de periodistas del diario La Capital, sino a técnicos de los talleres de impresión, trabajadores del diario La Prensa de Buenos Aires y de las radios LU6 y LU9 que también forman parte del multimedio. Los despidos por parte de este empresario no se acaban en el gremio de prensa, sino que se extienden además al centro comercial que lleva su nombre y a los dos hoteles Hermitage y NH City en Buenos Aires. Ante esto, los trabajadores se encuentran en estado de alerta ante los ataques de la patronal en donde el accionar de los gremios se ha limitado a reuniones suspendidas con la gerencia de recursos humanos, sin llamar a algún tipo de deliberación entre los trabajadores donde pueda surgir alguna medida de fuerza. Esta situación no es ajena a la coyuntura marplatense teniendo en cuenta que es la capital de la desocupación ya que por ejemplo en los sectores gastronómicos y de alimentación también se han dado despidos y vacaciones anticipadas. El estado de ánimo de los trabajadores y trabajadoras es la de una verdadera incertidumbre se los ha mantenido entre la expectativa de reuniones aparentemente fracasadas y las propuestas de la patronal en donde los más nuevos se ven entrampados entre aceptar el recorte o el despido. Por su parte, el rol del sindicato de prensa MdP se limita a decir que “no tienen que firmar nada” vía WhatsApp, y después no plantea ningún tipo de medidas para organizar a los trabajadores. La realidad de esta situación es compleja e incierta ya que el futuro laboral está en juego. Desde el Partido Obrero Tendencia entendemos que el conjunto de los trabajadores tiene que deliberar para definir un plan de lucha y así enfrentar los despidos y suspensiones que están sucediendo en Mar del Plata, en particular en el multimedio La Capital. Acompañamos y apoyamos las medidas que surjan de la organización de los trabajadores y trabajadoras. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Control de los trabajadores sobre las condiciones de salubridad.

4 de abril de 2020
Clinica Fátima: La culpa no es de los trabajadores

Un artículo en un periódico de una organización de la clase obrera, virtual o impreso, tiene que servir ante todo como un lazo entre los trabajadores; hace conocer lo que ocurre, dónde y cómo ocurre y tratar de contribuir a que se saquen las conclusiones que pueden aportar a desarrollar, en principio, un proceso de organización. Últimamente no es el caso de Prensa Obrera. En una publicación del 31 de marzo en prensaobrera.com, bajo el título “Médicos de Pilar, trabajadores precarizados y sin ayuda”, firmado por tres militantes, no se aporta ni un dato sobre la situación de la salud en Pilar y se redunda en lugares comunes, pero con un grave defecto político. En el afán de sumar caracteres, las articulistas comenten una falta grave que las coloca, lamentablemente, alineadas con la patronal de la clínica Fátima: “Los trabajadores no tienen opción o se atienden en este hospital o pagan $500 (pesos) la consulta en la clínica privada Fátima, que se encuentra a metros, la cual estuvo cerrada la semana anterior ya que una enfermera contrajo Covid-19, y la misma estuvo en contacto con cientos de personas al no reconocer los síntomas que tenía y aceptarlos como una simple gripe” (sic). Según esta interpretación, la enfermera es responsable de haber contraído el virus, de no reconocer los síntomas y de haberlos aceptados como una simple gripe. Tremendo. En primer lugar, porque se borra de un plumazo la absoluta responsabilidad de la patronal de la clínica Fátima en el contagio de la enfermera, como mínimo por no proveer de los insumos de seguridad e higiene para afrontar el virus. En segundo lugar, se vierte irresponsablemente información falsa en perjuicio de una trabajadora, en este caso, víctima de la negligencia patronal y estatal. Los hechos La enfermera contagiada de Covid 19 fue doblemente vulnerada por parte de las autoridades de la clínica. Ante los primeros síntomas que manifestó -y denunció debidamente-, recibió una primera atención en la propia clínica Fátima, donde fue diagnosticada con un cuadro viral simple. Como su estado no mejoraba y seguía con fiebre, volvió a consultar. En la clínica repitieron el diagnóstico y le dieron el alta con una prescripción de paracetamol, pero en esta ocasión le toman una muestra y le dijeron que la enviaban al hospital Austral para realizar la prueba de coronavirus, lo cual resultó ser una mentira. Lo que enviaron a realizar al Austral fue un análisis de influenza, el cual dio negativo. Finalmente enviaron al Malbrán la muestra y se confirma el positivo de Covid-19 recién el día 22 de marzo, cuando se la aísla y se cierra la clínica. La negligencia de las autoridades de la clínica Fátima fue consciente y reiterada. Luego de subestimar el cuadro y dejar pasar varios días un diagnostico errado le mintieron en cuanto a los análisis que realizaron. El objetivo era estirar en el tiempo la confirmación del caso, poniendo en grave riesgo la salud, tanto de la enfermera como la de su familia y de todo el personal y pacientes de la clínica. Para obtener esta información sobre el caso bastaba consultar a los trabajadores o leer los artículos publicados en politicaobrera.com, basados en los testimonios y reclamos del conjunto de trabajadores de la clínica Fátima. Por acción u omisión se culpa a una trabajadora de la salud, que se encuentra en la primera línea de riesgo, de la desidia patronal y estatal que sufre. Un artículo con esa posición como mínimo tendría que haber llamado la atención de los encargados de la publicación y ser corregido. Como método vele una regla de oro: la culpa nunca la tienen los trabajadores, incluso cuando podría parecer, de lo contrario esto equivale a responsabilizarlos de las condiciones de explotación que impone el régimen capitalista.

4 de abril de 2020
Medida cautelar obliga a entregar equipo de protección a enfermera del Hospital Tornú
Daniel Zamtlejfer

La Jueza Rosalía Romero Jueza de Feria de la Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la compañera Carolina Cáceres, enfermera en el Hospital Tornú, que denunció la falta de protección que sufre como trabajadora de la salud y la omisión del deber de prevención y control por de la ART, al tiempo que reclamó la declaración de "enfermedad laboral" del eventual contagio de Covid-19 que pudiera sufrir. La sentencia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregar en el plazo de 24 horas de los Equipos de Protección Personal que detalló de la siguiente forma: "barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular y si se realizan procedimiento que genere aerosoles, la utilización del barbijo N 95 recomendado por el Ministerio de Salud de la Argentina". E impuso a Provincia ART S.A., en el mismo plazo de 24 horas, arbitrar los "medios de prevención y control necesarios" para que la empleadora adopte las medidas de control de los riesgos a los que está expuesto la trabajadora. Tanto al GCBA y a la ART les impuso multas, en caso de incumplimiento de $10.000 diarios en caso de incumplimiento. Los fundamentos jurídicos de la sentencia son contundentes. Allí se señalan, entre otros: La primacía del derecho a la vida, a la preservación de la salud y a la integridad de la persona humana protegidos por numerosos tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) en particular de los trabajadores exceptuados del aislamiento, que cuentan con una doble garantía constitucional y preferente tutela por tratarse de un trabajador (arts. 14bis y 19 de la Constitución Nacional); el deber de prevenir y evitar daños al trabajador por parte del empleador establecido en numerosas normas y la obligación inexcusable de las ART de ejercer actividades permanentes de prevención y vigilancia para controlar la sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad y de prevención de los riesgos laborales establecida por la propia ley de Riesgos del Trabajo, por lo cual la conducta omisiva implica una negligencia grave. La medida cautelar dispuesta no decide sobre el reclamo de reconocimiento e inclusión del contagio del coronavirus en el listado de enfermedades profesionales (sobre lo que la jueza resolverá posteriormente), aunque señala que existe un procedimiento especial para cubrir una contingencia no cubierta. Este procedimiento, denunciamos, es un engorroso trámite ante las "Comisiones Médicas" famosas por ser funcionales a los intereses de las ART. El contagio de coronavirus por parte de los trabajadores de la salud, de los de las actividades esenciales y de los que son forzados a ir a trabajar en actividades no esenciales, en su lugar de trabajo o "in itinere", debe ser declarada de inmediato como enfermedad profesional, judicialmente o por decreto, como una cuestión elemental de salud pública y de cobertura de los trabajadores expuestos y sus familias. La medida cautelar dictada en favor de la compañera del Hospital Tornú confirma los fundamentos jurídicamente irrebatibles de los crecientes reclamos de los trabajadores de la salud y de los que están excluidos del aislamiento u obligados a ir a trabajar en actividades no esenciales respecto a la privación de los elementos de seguridad e higiene por parte del Estado y de las patronales privadas en el contexto de esta pandemia. Agregamos que estas conductas ilícitas son, estrictamente, encuadrables también como delitos penales contra la salud pública (artículos 202, 205 y concordantes CP). La sentencia judicial será seguramente apelada, dilatando su cumplimiento efectivo y no debe perderse de vista que tiene un alcance puramente individual. Seguramente se multiplicarán nuevas presentaciones individuales y colectivas de amparos y medidas cautelares de los trabajadores en defensa de sus derechos, a los que apoyamos e impulsamos. Pero, adelantamos, la Justicia -que se ha declarado en feria privando de tutela a millones de trabajadores- no dará respuesta oportuna ni eficaz frente a los reclamos urgentes y de vida o muerte que la catástrofe que sufrimos amerita. Llamamos a formar Comisiones de Seguridad e Higiene de los trabajadores en todos los lugares de trabajo electas por los compañeros, para imponer a las patronales en las actividades declaradas esenciales un protocolo con las medidas indispensables de seguridad, higiene y prevención para evitar el contagio y el cierre de todo establecimiento que no sea esencial o no cumpla con las normas, sin afectar el derecho a percibir íntegramente la remuneración. La acción colectiva y la huelga contra la criminal indolencia patronal y estatal son legales y también están amparadas en el derecho de retención de tareas (arts. 75 LCT y art. 1031 del Código Civil y Comercial).

4 de abril de 2020
Chile: En Starbucks las y los trabajadores rechazamos la "suspensión" de nuestros salarios
Ricardo Vásquez - Secretario Sindicato Starbucks

El pasado jueves 2 de abril, ALSEA - multinacional de operadora de Starbucks y Burger King en Chile, Latinoamérica y varios países europeos - notificó por vía telefónica a más de 1.600 trabajadores y trabajadoras que procederían a suspender temporalmente el pago de los salarios para el mes de abril en un 90% y que pagaría el 10% como “muestra de compromiso”. Amparándose en las facultades que les ha entregado a los empresarios la ley de Piñera para suspender contratos laborales y la obligación de pagar salarios mientras dure la pandemia por el coronavirus, las patronales de Starbucks y Burger King, se adelantaron incluso a la aplicación de la ley para dejar caer los costos de la crisis a sus trabajadores, sin notificación ni mediación alguna con la organización sindical. ¿Una empresa sin posibilidad de pagar salarios? La operadora ALSEA, de origen mexicano, es una de las más grandes operadoras en el mundo de cafeterías, comidas rápidas y restaurantes. A fines del 2019 Alberto Torrado, presidente ejecutivo de la compañía señalaba que “nuestro enfoque en la excelencia operativa y la fortaleza de nuestras marcas, nos han permitido lograr sólidos resultados. Durante el trimestre logramos un crecimiento de 6.3% en ventas mismas tiendas y un margen EBITDA de 13.4%”, esto en términos generales de sus operaciones en el mundo. En el caso puntual del desempeño de ALSEA en América Latina, Argentina fue la única excepción, para un cuadro totalmente positivo en la región con ventas sobre los 4 mil millones en el tercer trimestre 2019. En informes de la empresa, para Chile destacan “El buen desempeño de la operación en Chile, se alcanzó un crecimiento superior a un dígito medio en ventas mismas tiendas”. En esta línea durante el 2019, desde el Sindicato Starbucks en medio de su negociación colectiva, desnudaba los verdaderos beneficios y la salud financiera de una empresa que en Chile sobresale con rentabilidades que sobre pasaban por lejos el promedio en la región, y que supera incluso a las mismas AFP. La crisis la pagan las y los trabajadores El escenario financiero de Starbucks, y ALSEA remarcan que, en medio de una debacle económica mundial provocada por el coronavirus, incluso los capitalistas más “exitosos”, buscan con el amparo de los gobiernos y sus leyes de desprotección al empleo traspasar los costos de la crisis económica y sanitaria a las masas laboriosas. La ley de protección al empleo de Piñera que faculta a los empresarios a suspender las relaciones laborales es un robo a los ahorros de cesantía de los trabajadores administradas por la AFC (Administradora de fondos de Cesantía) que operan con nuestros ahorros en el mercado especulativo, con el mismo sistema de AFP, y administradas por éstas mismas también - como si no bastara la usura -. Así, gobierno y patronales empujan al pueblo a costear sus salarios a expensas de sus propios ahorros. Por otra parte, la negación sistemática del Gobierno y la resistencia patronal a decretar una cuarentena nacional efectiva, y las insuficientes medidas resguardar la salud en los lugares de trabajo, se extienden y profundizan. ALSEA, a una semana de comenzar la crisis sanitaria, mantenía aun tiendas sin ningún insumo mínimo para la seguridad de sus trabajadores, constatando que incluso en numerosas tiendas, no llegaron o llegaron el ultimo día de operaciones normales de la compañía. La Pandemia ha puesto además de relieve la contradicción mundial entre el capital que busca mantener sus ganancias en medio de la crisis y la salud de las masas, donde los distintos gobiernos de los países imperialistas desde Trump, Putin a Xi Jinping, no han dudado en incluir a la guerra comercial, la batalla por control farmacéutico y de equipamiento médico para enfrentar la pandemia, aumentado la hostilidad y la extensión de las guerras bélicas. A defender nuestros salarios y nuestra salud Las direcciones sindicales de la CUT, y la burocracia parlamentaria asociada ante la arremetida del Gobierno en pro de la ganancia capitalista, han salido a apoyar la ley de Piñera al no tener “otra iniciativa distinta en la materia” como expresaba Camila Vallejos en la votación parlamentaria. La burocracia sindical, no ha hecho ningún esfuerzo por revertir las miserables condiciones a la que millones de trabajadores serán arrastrados, en un escenario de extensión masiva del desempleo y la miseria social. Más que nunca debemos defender la organización sindical, la deliberación y la unidad de los sindicatos de Starbucks y los sindicatos de las comidas rápidas, como también su organización política y ramal. La juventud trabajadora de las comidas rápidas con sus sindicatos debe levantarse como un gran factor de lucha para defender nuestros salarios y nuestros puestos de trabajo, echar abajo a las burocracias que se alinean con los gobiernos mientras la crisis sanitaria y económica se profundiza y extender a todo el sindicalismo la necesidad de un programa alternativo de las y los trabajadores, que debe ser organizado en cada asamblea de base y terminar en un congreso sindical para votar un plan de lucha para enfrentar la ofensiva empresarial y de sus gobiernos hambreadores. Vamos por un gran impuesto a los capitalistas para que sean ellos quienes costeen los costos de la crisis, por el pago íntegro de nuestros salarios por la patronal de ALSEA y una cuarentena nacional efectiva, por la prohibición de los despidos en todo el territorio, implementación efectiva de protocolos de higiene y seguridad discutido por los mismos trabajadores y con financiamiento total de empresarios, test masivos para detección temprana y preventiva, suspensión total del pago de servicios básicos, por la organización de comités internos de trabajadores para enfrentar la crisis, por un congreso de bases de los sindicatos, la juventud y el movimiento obrero para derrotar a Piñera, y que la crisis la paguen los capitalistas. Huelga General, Fuera Piñera, y Asamblea Constituyente libre, Soberana y con Poder.

4 de abril de 2020
Guerra y espías por el control de suministros

Los principales estados capitalistas han entrado en “hostilidades” –dice Jean-Sylvestre Mongrenier del instituto franco belga Thomas More– “para acceder a los recursos” desde barbijos, respiradores, etc. (La Nación, 4/4). (Kim Willsher en Charny-Orée-de-Puisaye, Oliver Holmes en Jerusalén, Bethan McKernan en Estambul y Lorenzo Tondo en Palermo, The Guardian, 2/4). “El temor a la escasez está impulsando a muchos países a tomar medidas cada vez más tortuosas para obtener máscaras y pruebas”. Veamos algunos ejemplos (todos tomados de The Guardian). “Compradores estadounidenses que agitaban fajos de billetes lograron arrebatar el control de un envío de barbijos cuando estaba a punto de ser enviado desde China a una de las zonas de coronavirus más afectadas de Francia. Las máscaras estaban en un avión en el aeropuerto de Shanghai, listo para despegar cuando esos compradores aparecieron y ofrecieron tres veces más de lo que pagaban sus homólogos franceses”. “El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, describió tales informes como ´preocupantes y pidió a los funcionarios que investigaran reclamos similares de que se estaban desviando máscaras de su país´". “En una conferencia de prensa en Brasil el miércoles, el ministro de salud, Luiz Henrique Mandetta, dijo que los intentos recientes de Brasilia para comprar equipo de protección como guantes y máscaras de China habían fracasado. EE.UU. envió 23 de sus aviones de carga más grandes a China para recoger el material que habían adquirido. ‘Muchas de nuestras compras, que esperábamos confirmar para abastecer [nuestro sistema de salud], fracasaron´”, dijo. “A medida que la pandemia empeora, los gobiernos en pánico han sido acusados de utilizar métodos cuestionables para adquirir suministros en la batalla contra el coronavirus. Las tácticas han variado desde bloquear las exportaciones de suministros médicos hasta enviar espías en misiones clandestinas para encontrar kids de pruebas”. “Por temor a la escasez y la tensión en sus sistemas de salud, varios estados, incluidos Francia, Alemania y Rusia, han tomado medidas como el almacenamiento de máscaras y materiales peligrosos, o trajes para manejos de los mismos. Esto ha significado limitar las exportaciones de equipos médicos de protección”. “Turquía supuestamente fue más allá, no solo prohibió las exportaciones de equipo de protección, sino que también pareció renegar de las ventas al exterior de máscaras que ya habían sido pagadas”. El medio local de noticias Hurriyet citó al ministro del Interior, Süleyman Soylu, diciendo que las autoridades confiscarían las fábricas si las compañías no aceptaran vender de forma exclusiva al ministerio de salud”. “China, el mayor fabricante de máscaras del mundo, fue acusada de esconder sus suministros. Sin embargo, desde entonces ha sido uno de los pocos países en ir al revés, vendiendo o donando millones de máscaras a Europa. Uno de estos envíos con destino a Italia pasó por la República Checa, donde fue confiscado por las autoridades en circunstancias controvertidas”. Un incidente similar ocurrió en Kenia , donde un envío de más de 6 millones de máscaras con destino a Alemania desapareció misteriosamente al pasar por el país del este de África”. “Las pruebas de drogas y coronavirus también están siendo codiciadas en todo el mundo. Después de que Trump sugiriera, sin pruebas científicas, que un medicamento común contra la malaria podría tratar la Covid-19, India inmediatamente decidió prohibir las exportaciones de hidroxicloroquina”. “El Mossad, la agencia de inteligencia de Israel ha lanzado varias operaciones internacionales clandestinas para seguir el destino de cientos de miles de kits de prueba de coronavirus”. “Algunos gobiernos incluso han procurado en las últimas semanas almacenar suministros de alimentos domésticos. Kazajstán, un importante productor de harina, prohibió las exportaciones; y Vietnam, el tercer mayor exportador mundial de arroz, hizo lo mismo. Serbia se movió primero para bloquear la medicina y luego las exportaciones de girasol”. ¿El “llamado a la acción” que acaba de hacer el secretario general de la ONU, Gutierres, para que prime “la ciencia, la solidaridad y las políticas inteligentes” puede acaso dar algún resultado en medio de esta guerra sin par ya desatada? Para que el virus no siga “extendiendo(se) como un incendio forestal” –bien dice Gutierres– es necesario centralizar los recursos disponibles bajo control-obrero y científico a escala internacional.

4 de abril de 2020
Pan American Silver presiona para que se levante la cuarentena: cómo es visto por los trabajadores mineros

En estos días acabo de tener un interesante contacto con mi compadre, quien trabaja en la minera Pan American Silver, ubicada en la provincia de Santa Cruz. Este pulpo minero a su vez es una de los principales dueños del proyecto navidad, el depósito de plata sin explorar más grande del país, y del mundo, que se encuentra en la provincia de Chubut. En la actualidad este pulpo minero se encuentra presionando tanto al gobierno provincial como al nacional para que la extracción de minerales sea declarada como actividad esencial. Mi compadre me comentó que a su vez la compañía comenzó una serie de aprietes hacia los trabajadores con el visto bueno de la dirigencia sindical, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Las amenazas comenzaron con la pérdida del presentismo y otras bonificaciones, que, tomadas en su conjunto, es el equivalente a un sueldo y medio. Recordemos que el régimen de trabajo en las mineras es de 15 días de trabajo y luego otros 15 días de franco. Ante la indiferencia de los delegados y el sindicato, un sector importante de trabajadores se negó a concurrir a sus trabajos. Otro sector, ante las presiones de la empresa culminó concurriendo al establecimiento a través del colectivo que posee la empresa. La situación en la planta minera es la siguiente, existe un sector que se niega a concurrir a la mina hasta que no se levante la cuarentena dado que la minería no es una actividad esencial. Otro sector se encuentra exigiendo un protocolo de seguridad que garantice condiciones de higiene y salubridad para aquellos trabajadores que deben realizar tareas de mantenimiento, quienes son los que estarían concurriendo a la mina. Por último, se encuentra el reclamo por la defensa de los premios y bonificaciones. Discutimos la necesidad de avanzar en la deliberación entre sus compañeros, a partir del protocolo, la defensa de las bonificaciones (y salario) y la no esencialidad de la actividad. Estos tres ejes constituyen la defensa de la salud y el trabajo de los mineros.

5 de abril de 2020
Crisis política, el “contagio” llega a Argentina

Hace sólo una semana atrás, las crisis políticas que atraviesan Bolsonaro, Trump, López Obrador o Lenin Moreno en sus países eran contrastadas con el “alto consenso” atribuido al gobierno del Frente de Todos, en el manejo de la pandemia. El gobierno argentino prolongaba la cuarentena, bajo la promesa de priorizar a “la salud sobre la economía”. Pero bastaron unos días para que el precario equilibrio político del gobierno FF fuera arrasado por “la economía”, si se entiende por ésta a los intereses capitalistas que han salido furiosamente en su propio rescate. En lo que va de la cuarentena, el gobierno ya lanzó dos planes de “emergencia económica” y “reactivación productiva” que murieron antes de nacer. El primero pretendía incentivar la demanda de créditos para el consumo y la construcción, cuando las condiciones de la pandemia obligaban a paralizar esas actividades y mandar a buena parte de la fuerza laboral a sus casas. El segundo paquete apuntaba a rescatar a esas empresas cerradas con créditos baratos, pero los bancos lo boicotearon por temor a cargar con un tendal de deudas impagas. Los capitalistas respondieron a la paralización económica con despidos: el gobierno dictó un decreto para prohibirlos, pero habilitando suspensiones masivas y bancadas por el propio Estado, a través de un régimen ampliado de Repros. Mientras tanto, la escalada de contagios y muertes siguió su marcha. Ginés García anunció entonces la “centralización” de los recursos públicos y privados de salud, algo de lo que tuvo que desdecirse en horas por la oposición de los grupos capitalistas que controlan la medicina prepaga. Finalmente, la reapertura de los bancos para pagar jubilaciones y asignaciones -haciendo estallar al `aislamiento´- sirvió de detonante de todos los choques anteriores. Al menos tres áreas -el Anses, el Banco Central y el propio ministerio de Salud- podrían ser el blanco de una crisis de gabinete, ello si el empantanamiento en la negociación de la deuda no se lleva puesto al ministro de Economía. El gobierno del FdT ya mostró sus límites para lidiar con todas las contradicciones sociales que plantea la cuarentena, como resultado de sus ataduras a los intereses capitalistas. La única respuesta que aventura en estos días es que “la cuarentena será gradualmente levantada”, frente a las presiones patronales y también de la burocracia sindical. La Nación de hoy (5/4) destaca un “documento de trabajo” redactado por asociaciones y técnicos del gran capital, que le fue presentado al gobierno. Es un programa integral de levantamiento del aislamiento social con una gran impostura, pues finge conciliar “medidas de prevención” -diagnósticos masivos, cuidados sanitarios- con un rápido regreso al trabajo. Sus redactores saben, sin embargo, que el país no cuenta con los kits de pruebas suficientes, y que el número de contagiados está subestimado precisamente por ese motivo. Ni el Estado ni las patronales proveen tampoco elementos integrales de seguridad sanitaria, con excepción de los lugares donde éstos fueron reclamados por la acción obrera. Lo que queda de este recetario, en definitiva, es “la vuelta a las actividades”. Pero la prolongación en el tiempo de la curva de contagio estaría llevando su pico a mediados de mayo, o sea que la “economía” levanta el aislamiento social en el momento más crítico para “la salud”. Si un final prematuro de la cuarentena refuerza el ascenso de la epidemia, la crisis política subirá varios escalones. La crisis en desarrollo tiene como telón de fondo a una intensa deliberación y actividad de la clase obrera, y de un modo general, de todos los explotados, incluso con el “aislamiento”. Se expresa, en primer lugar, en los hospitales y sanatorios, que son un escenario de asambleas y luchas por la provisión de elementos sanitarios, insumos y condiciones laborales. En las fábricas que funcionan, donde se plantean estos mismos reclamos, y entre los trabajadores de grandes cadenas comerciales que han arrancado bonos y suplementos salariales. Finalmente, este clima se puso de manifiesto en el repudio popular al maltrato sufrido por jubilados y desocupados este viernes. La balanza de la crisis política comienza a inclinarse hacia sus verdaderos protagonistas, los trabajadores.

5 de abril de 2020
Cuba: ¿Hacia un nuevo “período especial”?
Pedro Oroño, barrio La Lisa, La Habana, Cuba

Estimados compañeros: sigo al compañero Altamira y al Partido Obrero de Argentina hace ya varios años. He quedado impresionado con la calidad de vuestro periódico, en particular frente a la situación creada con la pandemia de coronavirus. El abordaje que han hecho de la lucha por la salud en los lugares de trabajo es muy instructivo, también para nosotros aquí en la isla. El “debate” que han entablado, con extraordinario rigor, sobre la lucha por el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad pública y la cuestión del ´estado policial´ me parece enormemente útil. La situación entre nosotros es realmente gravísima. Les transcribo párrafos de un texto de Marcos Paz Sablón, aparecido hoy en La Joven Cuba, un portal de izquierda de la web que suele ser crítico con el régimen y ha sufrido censura oficial últimamente. El texto se titula: “Pánico y colas en La Lisa” y me parece de interés a colación de un texto apologético sobre el régimen cubano que firmó Roberto Gellert, ayer, en el periódico Prensa Obrera. Según Gellert Cuba “está en ventaja, con respecto a otros países, por la existencia de su sistema de salud centralizado”. Lamentablemente el hombre no sabe de qué habla. Por supuesto que Cuba no es Ecuador, pero el sistema de salud ´centralizado´ está en ruinas, no sólo tiene falencias descomunales, sino que al lado de éste la burocracia ha montado un servicio de salud privado, no accesible a la gran masa del pueblo, que usa exclusivamente la burocracia y que ésta explota para el turismo internacional. Esta actividad, la que más recursos da a la economía cubana, entró en un colapso absoluto con la pandemia. Cuba se encamina a una situación que probablemente nada le envidie al famoso ´período especial´ que siguió al descuelgue de nuestra economía de la ex-URSS y los países del ex-Comecon (1). Sablón transcribe el testimonio de María Luisa Reina Herrera, joven de 21 años que trabaja como secretaria en el municipio habanero de La Lisa. Vivo precisamente en este barrio y vale la pena reproducirlo. Se trata de la triste realidad: “Mi experiencia se reduce a muchas, pero muchas colas, casi todos los días. En La Lisa el ambiente es de pánico. La gente tiene miedo de que se pierdan los productos básicos, los de aseo, los alimentos. Sí, es verdad que hay menos personas en la calle. Es cierto que hay también un por ciento que se dedica a tomar, a fumar, a conversar en las esquinas… pero la mayoría de la gente lo que anda es desesperada buscando comida. En los agros, en las tiendas: las colas del pollo son infernales. La gente hace cola hasta para comprar toallitas húmedas. Por aquí, si no tienes nasobucos, no te dejan entrar a las tiendas, hacer colas. Están multando a la gente, cerrando establecimientos de esos donde vendían ron y tabacos pa que la gente no se aglomere. En todas las colas hay policías que te mandan a tomar una cierta distancia. Ves que la cola se alarga, se alarga… se empiezan a colar, marca una persona y trae a quince más…te pasas el día entero en una cola para un producto que no puedes comprar. Te pones en riesgo tú y no resuelves tu necesidad. Por ejemplo, cuando se dictó la cuarentena a principio de la semana pasada, hubo una crisis en la Lisa con los nasobucos. Un atelier estatal empezó a venderlos y a los dos días dijeron que los que iban a hacer eran para Salud Publica, que la gente tenía que traer sus telas. La gente empezó a traer sus telas y al otro día dijeron que no se lo iban a hacer a más nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quieres crear una consciencia de que tenemos que protegernos, ¿y tú, una atelier estatal, que básicamente no produces nada y que no me lo vas a hacer de gratis, que yo te voy a llevar la tela, así y todo no lo quieres hacer? Desde mi hogar, nosotros lo llevamos bastante bien. Yo vivo con una anciana de 88 años a la que le he infundido el miedo. Le he dicho que el virus se hizo para personas mayores, para matar viejos. Es la única manera que encontré de que se quedara en la casa. ¿Las medidas que se han tomado en Cuba…? Bueno, hijo, si bien no son las más eficaces- si bien la cobertura mediática con el coronavirus no es la ideal- por lo menos intentan que la gente se quede en casa. No creo que de que la forma en que lo abordan desde los medios nacionales realmente haga consciencia, ni que salir a grabar el Coppelia (*) todos los días signifique mostrar la realidad del país, como dicen en Buenos Días (**). Pero algo es algo. Yo no sé cuándo se va a acabar esta situación de cuarentena. Creo que debe de ser el 21 de abril, como informó el gobierno, pero mucha gente me ha dicho, por ejemplo, que las guardias en los centros laborales están planificadas hasta finales de mayo, así que lo más probable es que se extienda. Ese es el miedo de la gente: que se extienda. Que empiecen a escasear los productos y se vea una crisis más allá de la que diariamente vivimos.” (*) Coppelia: programa de música clásica y ballet de la radio estatal cubana. (**) Buenos Días: programa informativo del prime time de la TV cubana.

5 de abril de 2020
No se debe levantar la cuarentena

El compromiso que en forma vacilante ha tomado el gobierno de los Fernández de poner fin a la cuarentena luego de semana santa, o hacerlo en forma paulatina a partir de esa fecha, no fue recomendada por ningún infectólogo ni por el comité de expertos. Entre el PBI y la vida, la autoridad se inclina por el primero, con independencia de la enorme cantidad de excepciones que el gobierno autorizó desde el comienzo a numerosas industrias. El reclamo de la UIA para que las automotrices y las autopartistas vuelvan a funcionar, con el argumento de la necesidad de las divisas de exportación, ilustra muy bien lo que está en juego. Porque todo el mundo sabe que el complejo automotor es un sustractor de divisas, no un contribuyente, en cuanto lo que importa para producir supera en valor a lo que exporta. Lo que importa aquí, sin embargo, es que las multinacionales operan en forma integrada en el Mercosur, de modo que una cuarentena en Argentina produce perjuicios importantes en el intercambio de esas mismas firmas con Brasil. En el caso de los bancos, el asunto de la cuarentena es por demás interesante, porque si volvieran a operar como lo venían haciendo, subirá a la superficie el conflicto violento que los separa con la industria y el mismo gobierno, ya que se niega a abrir la canilla del crédito a la mediana industria, potencial o efectivamente insolvente, y hacerlo a una tasa de interés que es un 60% inferior a la inflación de precios. Si acaso esto sirve de consuelo, lo mismo ocurre en Estados Unidos, aunque a una escala centuplicada, porque la Reserva Federal está inyectando billones de dólares que la banca se niega a reciclar hacia el comercio, los servicios y la industria. El nuevo mantra es ahora la cuarentena sólo para los viejos. Todo el mundo puede infectarse y contagiar, pero el pato lo pagan los mayores de 65 años. Nada indica en Argentina que la pandemia se haya ‘amesetado’ o ‘aplanado’, simplemente porque nadie sabe cuál es el número de infectados ni el índice de propagación. Para eso es necesario el trabajo de detección y diagnóstico a centenares de miles de personas, algo fuera del alcance del saboteado Instituto Malbrán y probablemente de los laboratorios que fueron anexados para esta labor (a un precio que nadie informa). El pasaje súbito de los gobiernos, no solamente el nuestro, de la incertidumbre a las certezas, no tiene fundamento. China, por ejemplo, que ha anunciado el control de la pandemia ha visto surgir nuevos casos de contaminación comunitaria. Al desandar la cuarentena, los Fernández confluyen con los Trump, Johnson y Bolsonaro, por medio de un camino inverso. Estos partidarios de la libre circulación de personas y mercancías se han visto obligados a imponer medidas coercitivas contra el libre tránsito, o no han podido evitar que lo hagan la mayoría de los gobernadores de sus países. La circulación de centenares de miles de jubilados hace un par de días, para ir a cobrar sus jubilaciones, asignaciones o subsidios, demostró la incapacidad de organización del gobierno y la burocracia del Estado para asegurar el cumplimiento de las restricciones de movilidad, para peor con los mayores de los mayores. Lo mismo ocurre con la incapacidad para asegurar los precios de los productos de primera o extrema necesidad. Las contradicciones entre las medidas que son necesarias para la salud y la vida, de un lado, y las de la acumulación capitalista, incapacitan al estado a hacer respetar la coerción estatal. Porque es claro que una cuarentena no se puede establecer sino por ley o decreto, que en este caso violenta el derecho constitucional número uno, que es la libre circulación, o la imposición de un confinamiento – una forma de arresto domiciliario. Esta coerción ha fracasado en los barrios humildes, por razones obvias de vivienda e infraestructura, pero el estado ha sido incapaz de organizar una cuarentena barrial a partir de los vecinos. Las acciones represivas que han sido denunciadas, es la salida reaccionaria a esta contradicción – cuando todavía no han madurado condiciones reaccionarias de conjunto. La visibilización de la contradicción salud-capital deberá tener efectos políticos inevitables - crisis. Incluso en los servicios esenciales no se ha establecido un método de distanciamiento entre los trabajadores, capaces de limitar el contagio recíproco. Es el caso de los establecimientos de salud, y también de la industria de alimentos, o incluso los camioneros, que carecen de puestos de atención a lo largo de las rutas. ¡Las ART no quieren hacerse cargo de la enfermedad laboral, en esta pandemia, porque rechazan la figura de “fuerza mayor” que las patronales invocan para suspender sin sueldo o despedir! La cuarentena le ha servido al gobierno para congelar relativamente un cuadro económico que se presentaba explosivo desde antes. Este ‘desvío’ ha terminado. Toda la clase capitalista coincide en advertir al gobierno que se encuentra en estado de insolvencia. Cuando circunscriba la cuarentena a la franja etaria más vulnerable, aparecerán con urgencia los fantasmas escondidos en las alfombras. Uno es el default de la deuda; el otro es la crisis de financiación, que vuelve a la vida a las cuasi-monedas. También la inflación y el agotamiento del cepo al mercado de cambios, que debe enfrentar salidas de capitales y devaluaciones en los mercados internacionales más vulnerables. La cuarentena a los bancos funcionó como un corralito – habrá que ver pasa con los depósitos bancarios de aquellos mismos que reclaman la apertura porque tienen mucha plata adentro. Los bancos se han negado a abrir la totalidad de las sucursales para pagar las jubilaciones el fin de semana actual. Los medios ‘hegemónicos’ reclaman la renuncia de Vanoli, el nuevo jefe de Anses, enseguida después que Fernández hablara de sus ‘errores’. El radical ‘moderado’ Naidenoff y la Bullrich se han largado a pedir su cabeza, desrespetando el ‘fin de la grieta’. Detrás de la puja por la partida de Vanoli está, a término, la cabeza de CFK, su tutora. A eso apuntaron los cacerolazos contra las dietas de senadores y diputados, que esta vez el macrismo denominó ‘ruidazos’. Si los Fernández aflojan la coerción relativa impuesta al capital por la pandemia, con todo tipo de excepciones, pero coerción al fin, irrumpirá está crisis en pleno desarrollo, lo que obligará al mundo del trabajo a enfrentar una ofensiva capitalista, que no va a ser menos devastadora porque carezca, como ocurre de más en más, de una base de apoyo sólida. Es necesario acentuar la cuarentena actual, no aminorarla, hasta que la ciencia médica diga claramente que los contagios están en completo retroceso. La detección masiva es la tarea incumplida que impide levantar la cuarentena. La industria no esencial debe cerrar; los métodos de trabajo deben acomodarse a la epidemia, reduciendo la jornada laboral a seis horas, por sobre todo en hospitales y clínicas. Es necesario el control obrero en las industrias farmacéuticas y alimenticias – y en la medicina privada, para que integre sus recursos a un plan único de salud al solo costo de producción del servicio. El servicio bancario debe reanudarse convirtiendo a los bancos en sucursales del Banco Central, bajo control del sindicato y cuerpos de delegados, poniendo en cuarentena a los depósitos de los grandes capitalistas. El estado debe asegurar el pago de todos los salarios y sueldos de ocupados y desocupados, imputando el monto de ellos a las cuentas de los capitalistas y patronales. Hay que iniciar una acción colectiva con los trabajadores de Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, para empezar. Es un programa para la discusión.

6 de abril de 2020
Hoy 20hs Facebook Live con Marcelo Ramal

Hoy, a las 20 hs, tramitiremos un Facebook Live con Marcelo Ramal bajo el título "nuestra salida frente al colapso sanitario y la crisis social". Conectate a través de la página de Facebook de Política Obrera.

6 de abril de 2020
En Dánica, los despidos sacan al descubierto la mentira del decreto de AF
Osval de Lomas

Con el estallido de la crisis por el covid-19 la patronal de Gilio-Dánica comenzó a apretar a los trabajadores de la fábrica para que hagan horas extras. Los compañeros venían realizando quite de colaboración ya que se les adeuda la suma de $150.000, además de negarles el reconocimiento de la cláusula gatillo. Todo esto sumado a que después de los despidos del año pasado y la consecuente toma de fábrica por parte de los obreros, la patronal, con el apoyo del ministerio de Trabajo de Lomas de Zamora y de la secretaria de Trabajo nacional y provincial, coaccionó a los compañeros para que éstos aceptaran rebajas de salario y peores condiciones en la jornada laboral. Teniendo en cuenta este cuadro, los trabajadores decidieron en asamblea parar la producción. En este contexto dialogamos con F., trabajador en huelga de la fábrica. -¿Qué rol jugaban los compañeros despedidos en la organización del conjunto de los trabajadores? -Los compañeros tenían regular intervención en las asambleas, fueron compañeros de los más activos en la toma del año pasado, uno de ellos fue candidato a delegado las elecciones pasadas. Esto se da en medio de un quite de colaboración por parte nuestra y el intento de la patronal de imponer condiciones laborales de precariedad absoluta, no nos sorprende para nada esta actitud oportunista y trapera por parte de la empresa. -¿Qué medidas se tomaron una vez conocidos los despidos? -La comisión interna convocó a una asamblea, la cual transcurrió con presencia masiva de los compañeros. En ella se discutió el paro como medida urgente y fue votada por la mayoría, a pesar de que la empresa nos intenta dividir con diferencias salariales dentro de planta. La unión de los compañeros está intacta. -¿Qué rol están jugando el sindicato y la CI? -El sindicato nos insta a seguir todos los pasos legales, en primer término, la conciliación obligatoria, y después las decisiones en las reuniones que salgan en el ministerio de Trabajo. Como es de público conocimiento, la federación está inscripta en lo que se denomina la Corriente Federal y ésta es afín al gobierno de turno. Por su parte, la comisión interna también tiene filiación kirchnerista. Por lo que un grupo no menor de compañeros nos mantenemos alerta ante cualquier maniobra. -¿Qué piensa el conjunto de los trabajadores del decreto de suspensión de despidos y suspensiones dictado por el gobierno? -En este punto las opiniones y pareceres están divididos porque hay quienes confían en este gobierno (entre ellos la CI), y estamos los que tenemos bien claro que de un gobierno de patrones nunca obtendremos soluciones que satisfagan nuestras necesidades. Confiamos en poder torcer la voluntad de la patronal una vez que los compañeros vean que el ministerio no solucionará nada, entonces podremos organizar una gran huelga aceitera que frene las intenciones de las patronales, el gobierno, la oposición y el FMI.

6 de abril de 2020
El colapso del sistema bancario
Enrique H. y Maxi S

Tras el anuncio de las partidas sociales correspondientes a AUH jubilaciones y pensiones, por parte de la ANSES, decenas de miles de personas se aglutinaron desde tempranas horas de la madrugada en la puerta de los bancos, en su mayoría jubilados (grupo de riesgo frente a la pandemia), generando un colapso del sistema financiero a nivel nacional y una “bomba viral” como afirmaron los expertos con relación a la pandemia. Había jubilados que aguardaban para cobrar desde el 18 de marzo. Surge la siguiente pregunta ¿esta situación pudo haberse evitado u organizado de otra forma? La respuesta, dadas las condiciones en que se encuentra el sistema bancario, es que no. El sistema bancario arrastra un proceso de más de cuarenta años donde fue mutando hacía un rol comercial, tanto de la banca privada como la banca pública sin excepción, y, sobre todo, un mediador con los mercados financieros, como lo atestiguan la compra de títulos públicos, las Lebac y las Leliqs. Desde el punto de vista laboral se ha producido una reducción de personal y tercerización de tareas de caja (hacía otros medios de pago y cobranzas en condiciones de empleo más flexibles), modificación en la estructura escalafonaria (reemplazo de auxiliares por empleado con características comerciales) y también cabe mencionar las reformas edilicias que no cumplen con las condiciones mínimas para garantizar un servicio seguro frente al contagio, entre otras cuestiones. El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, les tira la pelota a los banqueros, pero deslinda su propia cuota de responsabilidad en el asunto. En un comunicado del 30 de marzo, afirma que “esta pandemia imprevista ha venido a demostrar las limitaciones de un sistema financiero que, al no funcionar como un servicio público para toda la población, tiene una distribución física centrada en objetivos comerciales, una distribución de los medios de pago insuficiente y una baja bancarizacion”. Una descripción contradictoria, porque la bancarización es un negocio financiero. La Bancaria reclama una reforma financiera, como si no fuera esto lo que reclama la banca. Sin embargo, todas estas reformas, en las últimas décadas, contemplaron tercerizaciones (Pago Fácil, Rapipago, supermercados, estaciones de servicios, etc.) y reducción de puestos de trabajo – el “aggiornamiento tecnológico”. Lo que el gobierno, los bancos y el mercado ocultan, es una crisis financiera de conjunto, que envuelve a todo el sistema capitalista. Con el riesgo país alcanzando los 4.000 puntos, con una cadena de pagos rota, la reapertura del sistema financiero provoca el gran temor. La única salida es declarar caduca la deuda externa y la nacionalización de la banca bajo control y gestión de los trabajadores.

6 de abril de 2020
La truchada del “home office” en Atento Salta

Sólo después de que los medios periodísticos salteños se hicieran eco de las denuncias de los trabajadores de Atento por el incumplimiento de los protocolos de aislamiento social obligatorio decretados por el gobierno nacional, la multinacional habilitó el sistema de “home office". Atento goza de la calificación de servicio esencial sólo para el servicio de call centers. Sin embargo, intentó seguir operando con normalidad con todas las demás campañas (ventas, cobros, etc.), sin importarle que los módulos de trabajo no resguardan la distancia obligatoria para evitar contagios de COVID-19; y sin establecer un sistema de desinfección regular de las instalaciones en donde circulan diariamente 1.200 trabajadores. Bajo este cuadro, la mayoría de los operadores aceptaron la modalidad home office, pero ésta rápidamente comenzó a mostrar sus limitaciones. Es que cada operador debió garantizarse todas sus herramientas de trabajo, desde conectividad adecuada, hasta computadora, micrófono vincha, silla ergonómica, etc. Pero el problema central es que en la improvisación del home office ha llevado a que la mayoría de los 15 programas de trabajo no funcionen adecuadamente. A esto hay que sumarle que las comunicaciones con los clientes son muy defectuosas, al punto de impedir muchas veces terminar los procesos, perjudicando el rendimiento del operador. Ante el reclamo de adecuadas condiciones de trabajo, la respuesta patronal ha sido “vuelvan a trabajar a las plataformas", sin importarles las posibilidades de contagio y que en Salta se ha restringido el transporte público, encareciendo el costo de traslado diario. A pesar de estas enormes limitaciones, las evaluaciones y auditorias sobre nuestros procesos se siguen llevando a cabo. Incluso se evalúan más llamadas que de costumbre, lo que puede significar descuentos, suspensiones incluso despidos. Esto también afecta el sistema de premios como las comisiones de ventas, lo que es un golpe directo al salario. El mal funcionamiento de los sistemas y la cuarentena llevaron a una caída de nuestras ventas y con eso un inminente recorte salarial que en muchos casos puede significar hasta un 30%, especialmente aquellas “campañas” que solo se dedican a vender. La burocracia sindical de comercio y Atacc sólo reaccionaron cuando tomaron estado público las denuncias de los trabajadores de Atento, pero ninguno ha intervenido ante los problemas del home office. Por el contrario, el secretario gremial del sindicato de comercio, Ángel Ortíz, llegó a afirmar ante los medios que Atento cumple con todas las leyes y que los trabajadores que denunciaban a la empresa eran “gente que no quiere trabajar". El gobierno provincial, también hace la vista gorda sobre Atento, cuando la provincia subsidia un porcentaje del sueldo de cada trabajador, en nombre de la “promoción del empleo". Esto aparte de otros beneficios fiscales. Sin embargo, Atento viola un sinfín de leyes laborales, no solamente las disposiciones propias de la cuarentena por el COVID-19. El personal a prueba, por ejemplo, se contrata y recontrata por mes durante un año, sin que esto asegure su pase a planta. Tampoco se respeta un correcto encuadre laboral ya que por el tipo de tarea que realizamos deberíamos estar encuadrados en el convenio colectivo de trabajadores telefónicos y no trabajadores de comercio. La deliberación que se produjo en los dos edificios de Atento Salta, cuando la empresa intentó que sigamos trabajando como si nada una vez decretada la cuarentena nacional obligatoria, sigue por lo bajo por los enormes inconvenientes del trabajo home office. Es todo un dato ya que desde hace más de 10 años reina un clima de regimentación absoluta, después de que esta multinacional derrotó los intentos de organización sindical de un grupo de trabajadores. Es necesario transformar esta deliberación en organización para imponer las condiciones adecuadas para la implementación del sistema de trabajo home office, el pago del 100% de nuestro salario y que no haya descuentos, ni suspensiones, ni despidos como consecuencia de las auditorias. Discutamos un protocolo de los trabajadores que imponga la licencia con goce de sueldo de todos aquellos compañeros que no prestan el servicio de call center. Que se cumplan las distancias en los módulos a razón de un telemarketer cada tres módulos. Por insumos de bioseguridad en todos los sectores. Refuerzo de la limpieza, desinfección y aireación regular de cada sector. Plus salarial para la cobertura de un transporte adecuado para evitar contagios. Estos resguardos deben cumplirse aun levantándose el aislamiento social obligatorio.

6 de abril de 2020
Radio Nacional: la defensa contra la pandemia, en manos de los trabajadores

Tres días antes de que el Gobierno decretara la cuarentena total, la totalidad de los trabajadores de Radio Nacional (RNA) y sus emisoras en todo el país estaban ya cumpliendo sus tareas bajo un plan de contingencia que tuvo como primer objetivo disminuir al mínimo la presencia de compañeros en el lugar de trabajo. Ese plan, elaborado por la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (ATRaNa), se propuso, al mismo tiempo que preservar la salud de los compañeros, garantizar exclusivamente la salida al aire de la AM 870, vista su función social como Radio del Estado. ATRaNa defendió que la mayoría de los compañeros podía continuar sus tareas desde sus hogares y que se trataba de establecer una guardia mínima para el Área Operativa de Transmisión y para el Servicio Informativo, con un sistema de rotación que asegurara un reparto equitativo de horas entre los compañeros de ambos sectores. El eje de ese plan fue exponer lo menos posible a los trabajadores. También planteó el refuerzo de la limpieza, no utilizar el sistema biométrico de control de entrada y salida y el traslado seguro de los trabajadores que tenían que concurrir, mediante el pago de taxis por la empresa desde y hacia el domicilio de cada compañero. Este plan implicaba, por último, que las tres FM con que cuenta RNA (Clásica, Folclórica y Rock) salieran con programación musical en continuado, sin la presencia física de los trabajadores, o en dúplex con la AM, así como RAE (el servicio radiofónico para el exterior del Estado) y las 49 emisoras que posee RNA en todo el país, con las salvedades de algunos servicios esenciales que cumplen estas emisoras en el interior del país. Todo esto, desde luego, respetándose el pago del salario conformado de cada trabajador. La patronal, tras un sinfín vacilaciones y la presión de la mayoría de los compañeros, sin distinción de afiliación sindical, se vio obligada a implementar casi en forma completa el protocolo preparado por un sindicato, ATRaNa, que, además de ser una referencia de lucha en la radio, es un emergente del proceso asambleario que ha vivido la emisora en el último período, desde el proceso de lucha contra la paritaria cero que pretendió en su momento imponer Hernán Lombardi, contra el despido de contratados, y por la defensa de los puestos de trabajo y el pase a planta de todos los compañeros precarizados. Esto determinó un plafón desde donde dar la lucha contra los efectos de la pandemia del Coronavirus mediante un accionar obrero independiente. De hecho, el sábado previo al “aislamiento social preventivo y obligatorio”, la CD de ATRaNa había organizado un plenario para votar acciones por el adeudado segundo tramo de la paritaria. Como ya habían empezado a darse los primeros casos en el país y se habían adoptado las primeras restricciones de circulación, al debate salarial siguió toda una discusión sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo y cómo debíamos abordarlo los trabajadores. La necesidad de elaborar un protocolo de los trabajadores surgió en ese mismo plenario. El plan fue presentado a las autoridades de Radio Nacional ese mismo fin de semana. La empresa lo tomó en forma parcial, con algunas resistencias iniciales, pero la presión de los compañeros y el contexto social permitió que el viernes 20, un día después de los anuncios oficiales sobre la cuarentena total, estuviera aplicado en su totalidad. La organización gremial caracterizó que, aún con el plan en funciones, la lucha recién empezaba y se dispuso a tener que defenderlo día por día. Cada compañero, dentro y fuera de la radio, es decir aún desde su domicilio, fue un portavoz de la iniciativa sindical. Otra vez, la organización de base de los compañeros, con asambleas periódicas vía Skype, con una tradición de planes de lucha en regla, disputando cotidianamente y palmo a palmo la influencia de la burocracia creó el escenario para que los cuidados de los compañeros provinieran de una organización clasista. En todo momento, la patronal ha intentado alterar el esquema. Pero en cada ocasión, la respuesta de los compañeros ha sido inmediata, poniendo límites, por ejemplo, cuando la empresa reabrió Nacional Rock. Lo denunciamos y advertimos que esto podía ser la punta de lanza para empezar a abrir las otras frecuencias. Dicho y hecho, a los pocos días quisieron reabrir Nacional Folclórica, y el malestar que ya expresaban los compañeros por la apertura de un turno en Nacional Rock, no hizo más que aumentar ante la posibilidad de abrir otro turno en Nacional Folclórica. La denuncia y la lucha se acrecentaron y la movida contra estos intentos se amplió con la sumatoria de otros dos de los sindicatos actuantes en RNA. Los que no lo hicieron, sintieron el repudio de sus bases. Nuestra batalla, hoy, es por la vida y la salud nuestra y de nuestras familias.

6 de abril de 2020
Ecuador en el centro de la pandemia

Ecuador es noticia por la cantidad de muertos y porque los cuerpos se apilan en las calles. En la provincia de Guayas se encuentra el 70% de los casos. Más de 180 fallecidos confirmados, 5.000 casos sospechosos, y se prevén 3.000 muertes más en los próximos días. Según la CONAIE habría 700 muertos en dos días sólo en Guayaquil (4/4); el alcalde compró 2.000 ataúdes de cartón. En vez de hospitales, en Guayaquil encontramos fosas comunes. En Guayas, una de las zonas más pobres del país, se extendió el contagio comunitario por el colapso del sistema de salud, que incluye también a casos de dengue que afecta a miles en la costa. La alta tasa de mortalidad también tiene que ver con la superposición de enfermedades preexistentes, como la tuberculosis. Lucha de clases y pandemia Lenin Moreno decretó el Estado de Emergencia Sanitaria, y dijo que se respetaría el pago de salarios, mientras dure el confinamiento obligatorio. Mintió públicamente. La CUT y la CONAIE, junto a otros sindicatos, denuncian despidos masivos e incumplimientos. 2.500 trabajadores florícolas fueron despedidos (eluniverso, 3/4), y en Confiteca otros 140. Hay más de 500 reclamos de trabajadores de diferentes empresas. Miles de ecuatorianos se niegan a ir a trabajar sin condiciones de seguridad e higiene. El 15 de marzo, el Ministerio de Trabajo autorizó la reducción laboral hasta 30 horas semanales, por un tiempo máximo de hasta seis meses, 6.027 empresas se adecuaron. 684 empresas redujeron la jornada de trabajo de cerca de 26.000 trabajadores; 488 registraron la modificación de la jornada laboral para más de 8.000 trabajadores, mientras otras 4.855 empresas se han acogido a la suspensión de la jornada con más de 89.000 empleados, dijo el FUT. El 28 de marzo aprobó el Acuerdo Ministerial “080”, que los sindicatos rechazaron por “inconstitucional”. El sueldo sería un “acuerdo” entre partes, se habilita a los empresarios a imponer las vacaciones anuales de los trabajadores durante este período. “según las necesidades” de los empresarios, se podrá extender la jornada laboral 12 horas de lunes a viernes y 8 horas los sábados –una vez pasada la emergencia. Un 50%, crecimiento del plusvalor absoluto y de la tasa de explotación de ese tenor. Empresarios y pago de la deuda La patronal lanza “campañas de solidaridad”, en tanto hay 3.000 millones de dólares de deuda empresarial con el Estado. El gobierno paga la deuda externa: los ‘Bonos 2020’ (325 millones de dólares al 100% de su valor) con el justificativo de que gracias a eso recibe recursos adicionales que, según él, superarán los 2.000 millones de dólares. Son bonos “basura” – su valor de mercado corresponde a un tercio de su valor nominal. China también quiere entrar a financiar a Ecuador, a fin de año debe pagar 11.000 millones de dólares. El “Colectivo Nacional”, integrado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), el Frente Popular (PC) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), rechazó el pago de la deuda y exigen un plan de emergencia. Cuando Lenin Moreno tambaleaba, en octubre pasado, levantaron la huelga que podía haberle puesto fin.

6 de abril de 2020
El covid-19 es un riesgo del trabajo

Los debates que se desarrollan en los hospitales y sanatorios del todo el mundo han dejado en claro en altísimo grado de vulnerabilidad de las tareas de las y los trabajadores de la salud. En Argentina el COVID-19 se encuentra excluido de la lista de enfermedades profesionales, y, por lo tanto, las ART no están obligadas a responder por los daños que generase el contagio sobre el asegurado. Lucro capitalista Nuestro régimen de riesgos de trabajo data de los años 90’, durante el gobierno de Menem, cuando se crearon de sociedades anónimas cuyo objeto es asegurar a las patronales ante los siniestros e “infortunios” que puedan llegar a tener lugar un hecho u ocasión del trabajo. El asegurador debe responder con la indemnización tarifada calculada sobre el complejo índice RIPTE y el porcentaje de incapacidad provocado por el accidente. Es un régimen que desvaloriza la fuerza de trabajo y la vida del trabajador, incluso porque financia la ausencia de condiciones de seguridad en los lugares de trabajo viven de su trabajo. Se complementa con el famoso listado de enfermedades profesionales, que se establecieron con un decreto del año 1996, y solamente fue modificada en pocas instancias para agregar por ejemplo el HIV-SIDA. Los procesos productivos, que generan complicaciones que socavan la integridad física y mental de sus operadores, no están incorporadas a la norma citada. Hoy nos ubicamos en esa encerrona ante un coronavirus, que además de ser “nuevo”, tiene la capacidad de reproducirse debido a su fácil contagio. En Italia y España el colapso ha afectado al personal de salud, incluida la muerte. En Chaco han fallecido médicos infectados por alguno de sus pacientes. Más allá del personal de salud, tomemos a los empleados de Aerolíneas Argentinas que han repatriado centenares de personas provenientes de países con elevada tasa de contagio o aquellos que deben realizar su labor de atención al público. ¿Quién se responsabiliza ante una eventual transmisión y cómo lo probamos? Indefensión Diversas voces han explicado esta limitación; estaríamos ante una enfermedad inculpable al patrón. Un DNU, difícilmente sea retroactivo a contagios ya sucedidos. Las aseguradoras patalean contra su incorporación porque de haberse previsto las pólizas de los seguros hubieran sido mucho más caras, un argumento absurdo dada la incertidumbre acerca de este virus. Alberto F, un viejo empleado de las compañías de seguro, lo mismo que el ministro de Trabajo, Moroni, respondería con un silencio de radio si se le preguntase sobre la vida o la economía de un conglomerado de 8 millones de trabajadores asegurados. Quedaría la alternativa de acudir a las famosas Comisiones Médicas que, a partir de la reforma macrista en 2017, constituyen un trámite administrativo obligatorio previo a cualquier demanda. Es interesante cómo los medios de la burguesía festejan el ahorro de $30.000 millones que significó esta “caída de la industria del juicio” (El Cronista 30 de marzo). Claro, las “comisiones médicas” operan como cerrojo y se atribuyen facultades jurisdiccionales, denunciadas una y otra vez por inconstitucionales. En efecto, las comisiones cajonean el 95% de las peticiones. Mejor es prevenir En los lugares de trabajo, sus trabajadores, tanto de salud como aquellos esenciales exceptuados de la cuarentena, mediante asambleas, enfatizan la necesidad de la prevención como mecanismo más eficaz para evitar la propagación. Por ello exigen los insumos necesarios para afrontar la epidemia, junto a protocolos que resguarden su integridad física y psicológica. Estos deben gozar de poder para modificar los procesos de producción, señalando sus ritmos, turnos e intervalos. Deben formar parte de la coerción estatal sobre las patronales – de lo contrario los protocolos son solo papeles. El COVID-19 debe ser incorporado de inmediato a la lista de enfermedades profesionales, cuyo resarcimiento debe ser integral a cargo de la patronal. Toda una campaña.

6 de abril de 2020
Los migrantes sostienen los sistemas de salud

“Después de esta crisis, recuerde que el NHS (el sistema de salud británico) no es drenado por los migrantes, sino sostenido por ellos” (The Guardian, 6/4). ¿Quién no escuchó alguna vez que si hay largas colas en los hospitales se debe a que son muchos los extranjeros que van a atenderse? ¡Que a ellos no se los debiera atender y barbaridades del mismo tenor! Resulta ser que, igual que en Argentina, en todo el mundo los enfermeros y la profesión médica son ejercidas por personal oriundo de otros países. Estos trabajos están, en general, mal pagos y de ahí que en ellos recalan los ´extranjeros´. Resulta que ahora entre las primeras víctimas de la pandemia también están estos ´extranjeros´. En Gran Bretaña los dos primeros médicos muertos por la atención de ciudadanos infectados de coronavirus en ese país son nacidos en otro país. “El-Hawrani fue el segundo médico de primera línea en morir por el virus. El primero también era de origen sudanés. El Dr. Adil El Tayar, un especialista en trasplantes de órganos que se ofreció como voluntario en un departamento de A&E en Midlands para ayudar a combatir el virus” (The Guardian, 6/4). Fue necesario esto para ´ablandar´ al gobierno inglés en su política anti-migratoria. De repente “en su nuevo afecto por el NHS y tales médicos, el gobierno ha demostrado una agilidad burocrática hasta ahora desconocida, y decidió que todas las enfermeras, médicos, paramédicos y profesionales de la salud recibirán sus visas renovadas automáticamente por un año sin cargo” (ídem). Los profesionales de la salud en el mundo entero cargan con el peso de hacer frente a la pandemia en condiciones penosas. En Israel casi el 40% del personal del sistema de salud exclusivo para los judíos son trabajadores palestinos, ya sea residentes permanentes de Israel o de Cisjordania. Por primera vez después de muchos años, Israel ´ablandó´ también los derechos de residencia transitoria de estos últimos para garantizar la atención hospitalaria. ¡Residencia permanente e iguales derechos para todos los trabajadores! Plena ciudadanía para todo trabajador migrante. Igualdad de salarios y condiciones laborales.

6 de abril de 2020
Córdoba-La Cumbre: cómo enfrentar la catástrofe que se nos avecina
Santiago Miller

El día 2 de abril, el intendente interino de La Cumbre, Pablo Alicio informó vía Facebook el quinto caso por coronavirus en nuestra localidad, luego de conocerse el primer fallecimiento por Coronavirus (COVID-19) en la provincia de Córdoba. Se trató de una señora de 87 años oriunda de La Cumbre, derivada al hospital provincial Domingo Funes. Si bien los cinco casos están relacionados, en realidad, la responsabilidad política del contagio masivo recae en el gobierno municipal. En primer lugar, porque nunca se le aplicó a la persona contagiada el test sanitario, y fue derivada al Domingo Funes como un caso de gripe común y corriente. Fueron los trabajadores de dicha dependencia quienes decidieron aplicarles los estudios correspondientes para saber si estaba contagiada o no de COVID-19. En segundo lugar, lejos de colocar a la familia de la víctima en aislamiento, se permitió que una de ellas fuera a trabajar a un hotel perteneciente al sindicato de Luz y Fuerza. Allí estuvo en contacto con 30 trabajadores aproximadamente. Esto refleja a las claras que el gobierno municipal no aplicó correctamente la cuarentena decretada por el gobierno nacional, permitiendo que un servicio “no esencial” continúe funcionando. ¿Cuál es la situación? Producto del excesivo endeudamiento, las finanzas en La Cumbre están en default. El municipio se sostiene económicamente con los adelantos de la coparticipación que llegan que desde el gobierno provincial. A tal punto que la decisión de remover de su cargo al anterior intendente, Rubén Ovelar, fue tomada en la Casa de Gobierno de Córdoba. En la actualidad, el hospital público carece de servicios básicos y sus trabajadores son en su casi totalidad monotributistas. Las quejas de los trabajadores por la ausencia de material de protección y un protocolo de seguridad son constantes. Frente a este vaciamiento del sistema público de salud, La Cumbre cuenta una clínica privada considerablemente mejor equipada, pero a las que sólo accede un determinado sector de la población que cuenta con cobertura social y con los ingresos para afrontar los altos costos del servicio. El gobierno municipal intentó ocultar el tema declarando a la ciudad como una suerte de “ghetto” donde no se dejaba ingresar ni salir a nadie. Así y todo, fracasó a tal punto de ser una de las localidades con mayor cantidad de contagios en el corredor de Punilla, y sigue sin contar con un informe preciso sobre la cantidad de test y los estudios realizados. Lejos de concentrar los recursos públicos y privados para afrontar la crisis sanitaria, el Intendente echó más leña al fuego al paralizar el reparto de alimentos a través de las escuelas públicas. Esta medida está perjudicando gravemente a un importante sector de las barriadas más humildes que a su vez trabajan en negro y/o son precarizados. Al mismo tiempo, restringió drásticamente los horarios de atención de comercios autorizados. Esto llevó a una mayor congestión de personas en los cajeros, despensas y farmacias generando mayores posibilidades de contagio del virus. Nuestra propuesta En una localidad que tiene una importante población longeva y vulnerable al coronavirus, debemos rechazar las medidas del gobierno municipal que nos conduce a convertirnos en una nueva Lombardía, es decir, que nos conducen a una masacre social. Planteamos la conformación de un comité de salubridad compuesto por los trabajadores municipales, de la salud y el activismo de la localidad, que posee la experiencia en las luchas ambientales y desastres como los incendios en las sierras. Este comité debe afrontar la tarea de reunir los recursos y organizar la salud bajo un comando único, controlar el reparto de los alimentos y garantizar la esencialidad de los servicios sin reducción del salario. Asimismo, creemos que es urgente incorporar más personal (en blanco y dentro del convenio) al sector de salud para atender esta emergencia. Se debe impulsar la reconversión del hotel sindical de Luz y Fuerza y otros hospedajes, para transformarlos en campamentos destinados al personal de salud y a los afectados por la enfermedad. Es necesaria la aplicación de un protocolo discutido y elaborado por los trabajadores.

6 de abril de 2020
Gran plenario de Tribuna de Salud para organizar la lucha
Ale G. y Maxi S

Trabajadores de la salud de distintos puntos del país como Salta, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires y Capital Federal se dieron cita en el plenario digital convocado por la agrupación Tribuna de Salud de la tendencia del Partido Obrero el sábado 4, en el marco de la cuarentena que atraviesa el país por la pandemia del Covid 19. La iniciativa tuvo lugar en el marco de una deliberación extraordinaria en los centros de la salud, para reclamar las condiciones de bioseguridad necesarias para enfrentar el pico máximo de contagio que se avecina. Una gran asamblea de luchadores El plenario abrió con el informe inicial de Marcelo Ramal y se desarrolló con más de 50 intervenciones de trabajadores de la salud pública y privada, de las ramas de enfermería, droguerías y laboratorios, atención de emergencias del gremio Sanidad (ATSA), farmacéuticos, obras sociales, residentes, trabajadores precarizados y monotributistas. El denominador común fue la denuncia por la faltantes de insumos y protocolos de bioseguridad para el tratamiento del COVID-19, la desarticulación de los distintos dispositivos de salud y la falta de personal, que pretende cubrirse con el sobretrabajo de quienes se encuentran ocupados. En la experiencia que están atravesando los participantes hubo una clara denuncia del papel que cumplen la mayoría de las direcciones de los sindicatos, cuyos delegados se alinean a directivas patronales impidiendo la organización de los trabajadores que reclaman por su seguridad. El plenario debatió cómo nos organizamos para darle una salida a esta gran crisis sanitaria y política. Esa organización debe superar a la enorme fragmentación sindical que existe hoy en los hospitales públicos, más allá de las diferencias laborales y profesionales. La crisis sanitaria es un gran conflicto político, porque pone de manifiesto la impotencia del Estado capitalista para la defensa de la salud, comenzando por los trabajadores que la atienden. Al interior de los hospitales, por lo tanto, el colapso sanitario plantea todo el tiempo una cuestión de poder, entre la burocracia del Estado y los trabajadores. Los trabajadores tenemos que abordar ese choque con un programa y un plan de acción comunes. Se volcaron, en este sentido, experiencias valiosas, como las del Hospital Baigorria, de Santa Fe, o del Hospital Mercante de Buenos Aires, donde los mismos trabajadores han logrado instaurar una comisión de control de los recursos hospitalarios; las asambleas de enfermería de la Ciudad, del Hospital Italiano, y de residentes y concurrentes, que vienen de una enorme lucha, abren nuevos desafíos también en Buenos Aires. Las direcciones de los centros sanitarios han instalado "comités de crisis" o "de emergencia" dirigidos a regimentar la vida de los hospitales. En varios de ellos, se ha instalado el reclamo de la intervención de los trabajadores en estos comités, con representantes electos y mandatados. El plenario discutió en particular la batalla que se ha desatado por el reconocimiento del Covid 19 como enfermedad profesional, que enfrenta la oposición tenaz de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). Los grupos controlantes de las ART quieren desentenderse del tendal de infectados que se concentrará, en primer lugar, en los centros de salud. El plenario votó una campaña en los hospitales y en redes por la inclusión del Covid, que también apoyaremos con presentaciones legales. "O las aseguradoras y banqueros, o los trabajadores de la salud". Conclusiones para profundizar la lucha El lugar vertebral que le cabe a los trabajadores de la salud en esta crisis plantea también la oportunidad de colocar el conjunto de sus reivindicaciones, urgentes y a la vez postergadas, como la entrega de kits de alta seguridad, un aumento salarial de emergencia, la reducción de la jornada y el pase a planta de los contratados. En efecto: si el vaciamiento sanitario precedía al coronavirus, entonces todos los compañeros que son incorporados ahora al trabajo deben serlo en forma permanente, con convenio y estabilidad. El gobierno de CABA ha mandado a trabajar a estudiantes "voluntarios" a los hospitales, sin preparación ni ingreso alguno. Pero en el interín, ¡ha mandado a los concurrentes a sus casas! Los concurrentes deben volver al hospital con todos los elementos de seguridad sanitaria y percibiendo un salario. Por su parte, los residentes deben ser incorporados a la carrera hospitalaria, en su respectiva especialización. La crisis no puede suspender las paritarias, ni en la salud pública ni en la privada. El plenario también recogió el reclamo de los compañeros monotributistas y precarizados, cuyas tareas e ingresos se han paralizado con la cuarentena, y que deben percibir el pago correspondiente a sus horas caídas. A partir de todas estas caracterizaciones y reclamos, el plenario aprobó una declaración y un programa integral para difundir y trabajar en todos los centros sanitarios -públicos y privados- del país, que sirva de peldaño para la organización de asambleas, plenarios y comités de crisis con delegados de base. Dimos un paso adelante en la organización independiente de los trabajadores de la salud. TRIBUNA DE SALUD

7 de abril de 2020
Voluntarios con un programa
Delfina Irala, Santiago Vereb y Melina Juárez

En las principales universidades del país, las autoridades convocaron a estudiantes a integrar trabajos voluntarios para colaborar en la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Al momento, la UBA ya reclutó a más de 7.000 voluntarios, según La Nación. En la UNLP, las convocatorias a producir alcohol en gel y mascarillas se dan a partir de proyectos de Extensión en la Facultad de Exactas. Pasantes ad honorem producen y luego el Ministerio de Salud se encarga de su distribución. Otro ejemplo es la UNMDP, donde a través de Extensión de cinco facultades, produce para asistir al Hospital Interzonal General de Agudos, que se encuentra vaciado. Los llamados intentan ser un “tapón” del ajuste presupuestario de la salud por un lado y de la educación por otro. La juventud aparece como el sector que vendría a llenar los agujeros de un sistema de salud precarizado y deficitarios. “Hay cientos de espacios que llenar y que con los brazos del Estado no alcanzan” (LN). A esta descripción de la poda que han hecho las políticas de ajuste, se añade ahora la impotencia del gobierno para integrar bajo su control al sistema privado. Es por eso que las autoridades y el gobierno hacen uso y abuso de las capacidades y voluntad de los estudiantes utilizándolos como mano de obra gratuita. La mayoría de los estudiantes son trabajadores precarizados o independientes, que bajo el aislamiento social obligatorio han sido fuertemente perjudicados. Se pide un “esfuerzo” a todos aquellos que, al día de hoy, están sin ingresos y en incertidumbre total. Los recursos de las universidades deben estar al servicio de los trabajadores desde los diferentes proyectos de Extensión -conquista de la Reforma del 18- para ligar la formación a las necesidades de la población. Es esencial un presupuesto universitario acorde para ello. Este no debe ser el salvavidas del vacío de la salud pública. ¿Apoyar o boicotear? Debemos contraponer a lo que se denomina un programa de solidaridad con la población, un programa. Movilizar a los estudiantes y a la juventud sin trabajo a participar en esta lucha, con un ‘protocolo’ concreto. Capacitación adecuada de los estudiantes voluntarios. Participación en actividades deficitarias, en ningún caso para reemplazar a personal de salud en actividad o en condiciones de pasar a activos. Salario equivalente al de enfermeros y enfermeros y auxiliares de salud. Organización de las brigadas estudiantiles con pleno derecho a discutir las labores. Subordinación del sistema privado al Estado y la centralización de los recursos disponibles, auditados por los estudiantes y trabajadores, y lo mismo para toda la cadena farmacéutica e industrial – barbijos, respirados, reactivos, campaña de detección en asintomáticos. Este programa o cualquier otro para el caso, debe ser discutido en asambleas de voluntarios, para actuar en función de un voto mayoritario. Es necesario que se otorguen becas especiales para todos aquellos estudiantes que se han quedado sin trabajo, así como el pase a planta permanente a todos los pasantes estudiantiles que ya se encuentran en el sistema, con total reconocimiento del CCT.

7 de abril de 2020
BlackRock estrangula a Argentina, lucra con la salud de EE.UU. y despide médicos que denuncian falta de suministros

¿Qué tenemos en común los ciudadanos de la República Argentina y de EE.UU., los últimos por lejos los más afectados a nivel mundial por la pandemia de coronavirus? Que a unos y a otros nos tiene pillados por el cuello el mismo ´fondo de inversión´ BlackRock-Blackstone Group, el grupo financiero más grande de este tipo a escala mundial. Por un lado, es el mayor tenedor de títulos de la deuda pública de Argentina (dirige el Comité de acreedores que negocia la reestructuración de esa deuda con el gobierno FF); y es, también, el principal accionista de TeamHealth, una de las dos compañías de personal médico de emergencias, subcontratadas por el servicio hospitalario de EE.UU., que lucran con ello y que –ahora con la pandemia–, han multiplicado varias veces su recaudación. “Se acaba de denunciar que “el doctor Ming Lin es el primer médico de la sala de emergencias en ser despedido por hacer públicas sus preocupaciones sobre las malas prácticas de seguridad en la sala de emergencias del hospital y la escasez de suministros médicos y equipo de protección para los trabajadores de la salud” –nos dicen Eileen Appelbaum y Rosemary Batt, dos especialistas, en The Bullet (7/4)– y agregan: “No será el último”. “Al igual que muchos hospitales en los EE. UU., el Centro Médico PeaceHealth St. Joseph en Bellingham Washington, donde Ming Lin trabajó durante los últimos 17 años como médico de la sala de emergencias, ha subcontratado la administración y el personal de su sala de emergencias. Entonces, Lin trabaja in situ en la sala de emergencias del hospital, pero es empleado de una firma de personal médico que dirige la sala de emergencias. Estas firmas de personal a menudo están detrás de las facturas médicas extras por los servicios de urgencias que reciben los pacientes después de que su compañía de seguros pagó al hospital y a los médicos, pero no los cargos excesivos fuera de esa cobertura facturados por estas firmas de personal externas. Alrededor de un tercio de las salas de emergencia de los hospitales son atendidos por médicos en las nóminas de dos compañías de personal médico: TeamHealth y Envision Health, propiedad de firmas de inversión de Wall Street. Envision Healthcare emplea a 69,000 trabajadores de la salud en todo el país, mientras que TeamHealth emplea a 20,000. La firma de capital privado Blackstone Group es propietaria de TeamHealth, Kravis Kohlberg Roberts (KKR) es propietaria de Envision” (ídem). Wall Street ´cuida tu salud´ Según denuncian esas dos especialistas “El cuidado de los enfermos no es la misión de estas empresas; su misión es obtener ganancias descomunales para las firmas de capital privado y sus inversores. Cobrar de más a los pacientes y a las compañías de seguros por brindar atención médica de emergencia urgente y en condiciones desesperadas ya es bastante malo. Estas empresas consideran desmesurado que sus médicos aboguen por la salud de sus pacientes y compañeros de trabajo durante la pandemia mundial que se está extendiendo rápidamente por EE.UU. Esto es lo que acaba de hacer TeamHealth. ¿Por qué un médico de urgencias experimentado sería despedido en medio de una pandemia? Una pista puede ser que el CEO de Blackstone, Stephen A. Schwarzman, es parte del círculo íntimo del presidente Trump. Es posible que no quiera arriesgar esa relación al permitir que los médicos de TeamHealth informen al público sobre el mal manejo de Washington de la asignación de suministros y equipo de protección …”. “PeaceHealth St. Joseph Medical Center puede alcanzar el honor de ser el primer hospital en despedir sin ceremonias a un médico subcontratado por decir la verdad al público. Los hospitales ahora obligan a los médicos que tratan a pacientes con coronavirus a callar y son amenazados con despidos si hablan con la prensa. La Academia Estadounidense de Medicina de Emergencia protestó por la destitución del Dr. Lin y cuestionó cómo TeamHealth puede proporcionar servicios hospitalarios cuando la ley exige que las prácticas médicas sean propiedad de un profesional médico con licencia. TeamHealth elude la ley al poseer todos los activos de las prácticas médicas: es la dueña de bienes inmuebles, oficinas, equipos, suministros, inventario e incluso cuentas por cobrar. En el papel, las prácticas médicas son propiedad de una organización dirigida por médicos que TeamHealth ha establecido para cumplir con la ley. Pero ¿qué significa tener un consultorio médico si el consultorio no tiene activos y no existe la posibilidad de existir por sí solo? El furor por los pacientes afectados por facturas médicas extras reveló que TeamHealth controla la facturación de los médicos que suministra a las salas de emergencia de los hospitales. El despido del doctor Ming Lin baja la cortina y revela que TeamHealth también controla a los médicos” (ídem). BlackRock-Blackstone Group se encuentra también como el principal accionista de los dos principales bancos de la península ibérica, el Santander y el BBVA. Todo lo señalado, ¿no es motivo suficiente, en defensa de la salud pública argentina, norteamericana y de España por lo menos, para exigir la expropiación de estos grupos financieros y el no pago de la deuda pública de nuestros países?

7 de abril de 2020
Trabajadores de Starbucks en lucha

A partir de la imposición de la cuarentena en todo el país, la empresa Starbucks Argentina comunicó a sus trabajadores que les iban a pagar las horas mínimas -12 horas semanales, lo cual, cobrando entre 130 y 140 pesos la hora, redunda en una quincena miserable. Al mismo tiempo, informaron que no pagarían el presentismo. Así, Starbucks estafa el bolsillo de sus “colaboradores”, con plena colaboración del Sindicato de Pasteleros. Argumentos ilegales La empresa, para justificar la reducción del pago en los haberes, acusa estar “protegiendo los puestos de trabajo”, y señala que el pago del presentismo y antigüedad es “un lujo que no se pueden dar”. Sin embargo, estos argumentos son ilegales y vulneran los decretos laborales vigentes. No solo se han reducido los aportes patronales por DNU, sino que también se extienden créditos con bajas tasas de interés para pago de salarios. En un “buen mes”, los trabajadores de Starbucks cobran entre 15 y 18 mil pesos, y el cobro es quincenal. Ante el nuevo régimen de las 12 horas semanales, estamos hablando de quincenas de entre $3.000 y $3.500 pesos, es decir que el sueldo se ha reducido por debajo de la mitad, justo cuando más es necesario para los trabajadores, muchos de ellos con familia y alquileres a cargo. Es tal el nivel de perversidad, que esta cifra la mantienen incluso cuando cinco días de la quincena fueron trabajados con normalidad (Starbucks cerró sus puertas el día 20, cuando fue decretado el aislamiento social). Una situación generalizada No se trata este de un ataque aislado por parte de la empresa Starbucks Argentina. Por un lado, como hemos denunciado desde Política Obrera, en Chile la misma empresa notificó a 1600 trabajadores que reduciría sus salarios a un 10%. Pero también en otras cadenas de fast food del país (KFC, Mc Donald’s, Wendy’s, Mostaza) se reproducen estas mismas denuncias. En el caso de Burger King, también del grupo Alsea, les pagaron la última quincena también $3500, el equivalente a 19 horas sin presentismo, cuando deberían estar percibiendo un mínimo de 30 horas. Abandono sindical El Sindicato de Pasteleros, consultado por sus representados, les responde lo que “deberían” estar cobrando, no da mayor respuesta a sus representados. Se ha limitado a emitir una “alerta sindical” en sus redes, llamando a un esfuerzo “compartido y solidario” de todos. Pero… ¿Estamos en el mismo plano, la empresa y los trabajadores? ¿Quiénes generan a esas empresas ganancias millonarias en dólares, año tras año, deben hacer también un esfuerzo ahora? Peor aún, se lavan las manos: Tras emitir recién este lunes un comunicado apelando a que el Ministerio de Trabajo haga de árbitro, mandan a los trabajadores a “hacer su parte” e ir “al correo más cercano” a enviar una carta documento, exponiéndose de paso en plena cuarentena. ¿y para qué? Nadie les garantiza que no se estén exponiendo a perder sus empleos por mandar esas cartas documento. Tampoco pueden esperar los representantes sindicales que veinticinco mil personas – la cifra aproximada de afectados - hagan ese engorroso procedimiento. Es un pedido vergonzante. En la práctica, el Sindicato ha abandonado a sus representados. Por la organización de las y los trabajadores Estos avasallamientos dejan a alrededor de 25,000 trabajadores precarizados, en su gran mayoría jóvenes, con ingresos por debajo de la linea de indigencia. Ante la brutalidad de las patronales y el abandono sindical, comienza la organización de manera incipiente, difundiendo por redes y grupos de chats, marcando el camino para los trabajadores y jóvenes precarizados en general ante la situación de aislamiento social. Reclamamos que se mantengan los salarios habituales de todos los trabajadores del sector, y saludamos todas las iniciativas de organización de la clase trabajadora. En estos momentos, considerando que el decreto anti despidos del gobierno se extiende por solo dos meses, que las patronales se infiltran en grupos abiertos y que tranquilamente quienes hoy reclaman, podrían ser despedidos al levantarse la cuarentena -son empresas conocidas por tomar represalias-, resulta importante tomar los recaudos para mantener el anonimato. Las asambleas virtuales pueden ser un siguiente paso en la organización. Apertura de los libros contables de las empresas que dicen no poder pagar los salarios: hablamos de un conglomerado de multinacionales que monopolizan el mercado de los fast food, es evidente que el único reparo que tienen para pagar los salarios completos es el afán de seguir lucrando. El hambre no puede esperar. ¡Vamos por la organización de las y los trabajadores de fast food! Invitamos a seguir y difundir la cuenta de los trabajadores de Starbucks en instagram: @trabajadorxsstarbucks

7 de abril de 2020
Vaciamiento y pandemia en el Hospital de Clínicas
Corresponsal

Este fin de semana se confirmó un caso de Covid-19 en una enfermera del turno SADOFE. Las autoridades han minimizado el caso. Las autoridades dispusieron el aislamiento del personal que tuvo contacto con la enfermera y para enfermería de la guardia, limpieza, tercerizados, administrativos, incluso camilleros. La pandemia ha exacerbado todos los problemas que el hospital arrastraba: falta de insumos, personal y condiciones de trabajo. Desde que se implementaron sistemas de autofinanciamiento, el hospital comenzó a depender más del financiamiento privado y menos del presupuesto nacional a través de la UBA. Pero, sobre todo, se lo ha atado a las exigencias del mercado de la salud. Esto se tradujo en un vaciamiento de las condiciones de trabajo, insumos e infraestructura, hoy es más dramático que nunca. Mas del 80% de la población que se atienden en el Clínicas es población de riesgo para el coronavirus, especialmente jubilados y afiliados a PAMI. Esta atención representa una gran cantidad de los recursos propios y tuvo que ser suspendida, afectando el financiamiento del hospital en un contexto de recorte del presupuesto 2019 de la UBA. A esto se suma que al personal que tuvo que ser licenciado por estar dentro de los grupos de riesgo casi no se los suplió con nuevos ingresos. Los ingresos son insuficientes y bajo modalidades de contrato de locación que agravan la cuestión financiera del hospital ya que solo los trabajadores en planta permanente cobran contemplados en los recursos del presupuesto nacional y todas las modalidades precarias cobran de los recursos propios. El ingreso de personal bajo modalidades precarias se monta sobre la excusa de la emergencia, pero oculta que la emergencia es justamente el resultado de un hospital sistemáticamente vaciado. La lógica del autofinanciamiento expone todos sus límites y su naturaleza promercado toda vez que la apertura de servicios para generar recursos propios implica contrataciones que al hacerse por fuera de la planta consume recursos propios. Amén de que cada uno de esos servicios tiene como primer fundamento su rentabilidad en el mercado de la salud y no a la salud como derecho inalienable. Los preparativos que se llevan adelante en el hospital no son menos contradictorios con el cuidado de la salud que la lógica del autofinanciamiento. Se está disponiendo el hospital para ser un gran receptor de pacientes de covid-19; sin embargo, no hay claridad sobre el destino de los demás pacientes. Por otro lado, está en disputa la intención de la dirección de que las enfermeras roten por los servicios; algo totalmente contraproducente cuando hablamos de la pandemia de una enfermedad altamente contagiosa. Si ya el propio edificio manifiesta dificultades estructurales para evitar el contagio intrahospitalario al no estar dividido en pabellones, la rotación de enfermería haría catastrófica la situación. Finalmente, si tenemos en cuenta que los últimos procesos de organización con asambleas autoconvocadas fueron patoteadas por la comisión interna se pone en primer plano que la defensa de la salud de los trabajadores y pacientes parte de enfrentar el vaciamiento, los límites y contradicciones de las directivas y defender el derecho a deliberación, organización y lucha para imponer protocolos propios de los laburantes que partan de la crítica de la dirección existente. Se pone en discusión cómo se trabaja.

7 de abril de 2020
Tucumán: Justicia por Mariana

El femicidio de Mariana Sarmiento en Tucumán se suma a la lista de víctimas durante el aislamiento social obligatorio. Cuatro días antes se había realizado un ruidazo nacional que advertía por los 12 femicidios producidos al cabo de 11 días de cuarentena hasta entonces, incluido el de una niña tucumana de 2 años. La lista siguió creciendo hasta llegar a Mariana. Mariana Sarmiento sabía que la iban a matar. Días antes había recibido un mensaje de su femicida, Luis Martínez: "Yo te voy a matar porque yo te amo. Te voy a matar y me mato con vos". Fue a la comisaría más cercana, El Colmenar, donde la policía no quería escuchar los audios y asentar la denuncia. Frente a su insistencia logró que la realicen, pero en los siguientes días no recibió ningún tipo de respuestas. En su desesperación concurrió a otra dependencia policial para repetir la denuncia. Su denuncia llegó a la justicia dos horas posteriores a que fuera asesinada. Este accionar de la policía y de la justicia, sin embargo, no puede atribuirse a la cuarentena, sino que es la respuesta corriente cuando las mujeres concurren a denunciar. En caso de que no se desalienten e insistan luego viene la retención de las denuncias en las comisarías. Las fiscalías luego hacen su parte en esta cadena de impunidad pues, si en el mejor de los casos disponen las medidas de protección, luego se desentienden de su cumplimiento y en la mayoría de los casos las investigaciones no avanzan. En el caso de Mariano la acción fiscal llegó tarde. Las instituciones de asistencia funcionan con recursos mínimos como lo demuestran las denuncias de las trabajadoras del Observatorio de la Mujer a quienes se les adeudan cuatro meses de salario y trabajan en condiciones de precariedad laboral. Desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia los trabajadores también denunciaron que también trabajan precarizados, con contratos de locación de obra y que no cobran sus honorarios desde julio de 2019. La respuesta a nivel nacional frente a los femicidios y al crecimiento de las denuncias y de las llamadas telefónicas a la línea 144 fue anunciar la campaña del barbijo rojo. En Tucumán se dispararon las llamadas telefónicas, pero desde la Fiscalía de violencia de género a cargo de fiscal López Bustos advierten una disminución del 80% en las denuncias. Atribuyen esto a la dificultad de las mujeres de salir por la permanencia de los agresores en los hogares. No dicen nada por supuesto de la conducta de la policía y de la propia justicia. Como respuesta habilitan más líneas de WhatsApp para denunciar. Queda claro que la salida no vendrá de los gobiernos preocupados y tampoco de los otros poderes del estado, preocupados en el rescate al capital y la descarga de mayores penurias a la clase trabajadora. Es fundamental por ello redoblar la organización independiente, poniendo en pie comisiones de mujeres y diversidad en las barriadas y pueblos que acompañen los reclamos de las mujeres frentes a la amenazas y hechos de violencia, de la misma manera los reclamos de las trabajadoras y trabajadores de la salud de equipamiento y medidas de protección y contra la precariedad laboral, el pase a planta y el pago de las deudas salariales de las trabajadoras y trabajadores del Observatorio de la Mujer y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia junto a mayores nombramientos, centros de atención a víctimas las 24 hs con presupuesto y personal de planta, subsidios igual al costo de la canasta familiar para víctimas y trabajo genuino, creación de refugios con presupuesto propio.

7 de abril de 2020
El control de precios oficial se pudre por arriba

El episodio de los sobreprecios en las compras que realizó el Estado de varios alimentos esenciales terminó de desnudar el fracaso de todos los "controles" oficiales, que el gobierno despliega en centros comerciales, ferias o minimercados. Fue el propio gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Social, el que no pudo imponerles los precios máximos a los proveedores de alimentos. Naturalmente, no en la compra de una botella de aceite o un paquete de fideos, sino en un pedido multimillonario. El revés del gobierno está reflejado en las declaraciones del ministro Arroyo: "pedimos rebaja y se llegó hasta ahí. Pero decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia". (La Nación, 7/4). Frente a los monopolios alimenticios, el gobierno no atinó más que a hacer un simple regateo mercantil. Los proveedores de aceite o fideos explotaron la urgencia oficial para duplicar los pretendidos "precios máximos" fijados por el propio gobierno. Si la industria de la alimentación actúa así con su principal comprador -el Estado- ¿qué puede esperarse de la provisión a los llamados "comercios de cercanía"? En el caso de las cadenas de supermercados, el sobreprecio se reparte entre tres poderes : el pulpo alimentario, la cadena comercial y los bancos, que financian usurariamente las compras a través de tarjetas. Si el gobierno es impotente cuando compra millones de unidades o paquetes, lo es mucho más cuando manda sus inspectores a los comercios, a "registrar" las faltas en el cumplimiento de los precios máximos. Frente al escándalo, Alberto Fernández ha señalado que el gobierno "no pagará" la factura de los alimentos con sobreprecios. Si ello ocurriera, la "respuesta mercantil" de los proveedores será el desabastecimiento. Para evitarlo, el gobierno deberá proceder a un "reajuste" de los precios máximos. Por la vía del propio Estado, o de quienes deben ir a comprar al almacén con su tarjeta alimentaria, los ínfimos subsidios asistenciales que el gobierno financió con la emisión de moneda se están convirtiendo en una gigantesca transferencia de riqueza hacia el gran capital. Si los monopolios alimentarios pretenden sobreprecios, sus existencias deben ser incautadas, y sus plantas e instalaciones deben ser intervenidas, bajo control de sus trabajadores. Sus libros contables y costos de producción deben ser sometidos a ese control. Lo demás, es una pantomima y un meganegociado a costa de los explotados.

7 de abril de 2020
Santa Fe: cómo combatimos el virus de la precarización laboral
Lucía F

Entre octubre y diciembre del año pasado, en la ciudad de Santa Fe, trabajadores y trabajadoras estatales, pusimos en marcha asambleas interministeriales que lograron reunir a precarizados de trece ministerios de la provincia. La ebullición de los compañeros y el impacto en las medidas de fuerza lograron poner en agenda la lucha por el pase a planta, empujando a ATE a mover las oxidadas piernas para salir a la calle. Frente a la concentración convocada a casa de gobierno, respondimos irrumpiendo con una marcha multitudinaria al mismo destino, señal de una gran conciencia. A su vez, el ex gobernador Lifschitz tuvo que que dar una conferencia de prensa, que aprovechó para pasarle la pelota a su sucesor Perotti. Para la burocracia sindical peronista esto fue un baldazo de agua fría. Un periódico local ubico a la palabra “precarización” como una de las más mencionadas por los medios. Cambio de gobierno La carta de presentación de Perotti fue el envío de patotas a amenazarnos, luego del cierre del gran festival por el pase a planta que contó con la participación de decenas de artistas y cientos de personas, en las vísperas de su asunción. Los desmantelamientos de secretarías, así como las cesantías y los despidos, no tardaron en aparecer, comenzando en la nueva y flamante Secretaría de Estado de igualdad y género, en manos de activistas feministas, ahora funcionarias. Luego se expandieron a los otros ministerios como lo fue en producción, seguridad, justicia. Si durante 12 años de gestión de un gobierno supuestamente opositor, las dirigencias sindicales se encontraron inactivas a pesar de los ataques salariales del “progresismo”, la llegada de un gobierno oficialista terminaría de sellar la tregua. Lo que siguió al receso Para comienzos de febrero, la mengua en la organización asamblearia se hizo sentir. Las presiones del nuevo gobierno, en una campaña sistemática de amedrentamiento por la organización de los trabajadores, tuvo el respaldo regimentador de los despidos, que fue la gran carta que jugó junto a la burocracia. Muchos trabajadores decidieron buscar otras fuentes de ingreso frente a la incertidumbre de su continuidad laboral y la necesidad imperiosa de llevar el sustento a sus hogares. La verde y blanca de ATE ofreció, a quien se acercara al gremio, la posibilidad de iniciar medidas legales de manera individual, una entrega total. UPCN ni apareció. Sin la continuidad de la intervención sistemática de las bases, el deterioro en las condiciones de trabajo fue en aumento. Los salarios ilegalmente adeudados, como es el caso de las trabajadoras de la Subsecretaría de Inclusión siguen sin resolverse, y fue extendiéndose a los trabajadores precarizados de cultura, trabajo, educación, entre otros. Hay cientos de expedientes de renovación de contratos cajoneados, otros ni se iniciaron. Muchas renovaciones son por plazos menores a los anteriores contratos. La burocracia dice que esto se discutirá en la paritaria técnica, suspendida claro, por el COVID-19. Los trabajadores que tenemos que hacernos de changas extras para poder llegar a cubrir un mínimo que nos permita vivir, nos vemos privados de estas frente a la cuarentena. Perotti, con la reciente aprobación de la ley de necesidad pública, defiende a capa y espada el sostenimiento y la masificación de la precarización en el Estado, intentando sobrevivir a la pandemia sin quedar pegado a una relación laboral, como obligaría un contrato bajo convenio. Además, la implementación de la cuasimoneda terminaría por destruir nuestros salarios. Tenemos que conseguir que los 1.500 trabajadores de la salud precarizados, que se encuentran junto a trabajadores efectivos arrastrando un desborde sanitario previo al COVID, y ahora en la primera línea de combate frente a la pandemia, con falta de insumos y poniendo en riesgo su vida, pasen inmediatamente a planta permanente. La irrupción de la crisis sanitaria es una gota que rebalsa el vaso en medio de la bancarrota económica y política que, en el marco de la tardía declaración de default por parte del gobierno nacional, no debemos permitir se convierta en una excusa más para la perpetuación de nuestras nefastas condiciones laborales, sino todo lo contrario. Denunciemos la falsa dicotomía entre salud y economía. Vayamos por todo. La curva que tiene que ascender es la de la organización en defensa de nuestro trabajo, nuestro salario y nuestras vidas. Debemos poner en pie protocolos de seguridad e higiene contra el coronavirus, y volver a alzarnos por la reincorporación de los trabajadores despedidos, por el pase a planta permanente de todos los precarizados, y un salario mínimo igual a la canasta familiar.

7 de abril de 2020
Penta Quilmes: “Si no nos mata el coronavirus nos mata el hambre”

Los trabajadores del frigorífico Penta continúan la lucha por la reincorporación a sus puestos de trabajo desde el 17 de marzo, cuando Bruzzese, el dueño y administrador de “carne para todos”, decidió cerrar una de sus tres plantas como extorsión para que renuncie la comisión interna. Sin embargo, ya había retirado del lugar la materia prima necesaria para llevar adelante el trabajo. Si bien realizaron las denuncias en el ministerio donde dictaminaron la conciliación obligatoria, la patronal sigue sin acatar. La intendenta Mayra Mendoza, hasta ahora, respondió enviándoles la policía cada vez que se acercan a la reja del frigorífico. El 6 de abril, los 250 trabajadores se acercaron a recibir el pago quincenal y a intentar reingresar a su trabajo, pero nuevamente se encontraron con un cordón policial. Se organizaron en asamblea y cortaron la rotonda de Pasco durante más de 4 horas. Hablamos con Juan Córdoba del sindicato de la carne y nos contaba que nadie se acercó, ni del municipio, ni del gobierno nacional. “No vienen hacer cumplir la ley anti despidos, no se acerca nadie, nos dicen que están todos con lo de la pandemia, pero a nosotros si no nos mata el coronavirus nos mata el hambre”. Sobre Bruzzese, Córdoba explicaba que “no respeta los convenios de trabajo, ni las horas extras, ni vacaciones por eso quiso atacar a la comisión interna que siempre le da pelea. El ministerio ya declaró la conciliación obligatoria y sigue sin acatar, nadie le pone un parate y por eso decidimos cortar la rotonda hoy, mañana y hasta cuando sea necesario para que nos respondan”. El corte continuó al día siguiente. Se abre el camino para organizar a los trabajadores de la carne por los puestos de trabajo, y la reorganización de la industria con el reparto de horas de trabajo por un sueldo acorde a la canasta familiar y con protocolos de salubridad para enfrentar a la pandemia.

7 de abril de 2020
Niños y adolescentes: Rodríguez Larreta y una resolución de contagio

El gobierno de Rodríguez Larreta ha dispuesto, a través de la Disposición 2020-19-GCABA-DGRPJ la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad, a cargo de Mariano Kierszenbaum, que el inmueble donde funciona la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida Juana Azurduy sea utilizado durante la cuarentena como lugar destinado a albergar a “aquellos adolescentes que muestren franca oposición al cumplimiento de la medida”. Esta resolución, que aún no ha sido publicada en el boletín oficial, es de una imprecisión preocupante para tamaña medida, ya que se encarcelaría a niños y adolescentes mientras dure la pandemia sin mediar otra instancia, es decir, sin proceso y con el agravamiento de que no deja en claro en ningún momento si habla de menores punibles o no punibles. “La Juana” se encuentra sin detenidos allí, desde que, en 2016, por una disposición del entonces presidente Mauricio Macri fue traspasada de Nación a Ciudad, junto a otras residencias. En el último censo de mayo del 2019, la Ciudad de Buenos aires contaba la triste cifra de 871 menores en situación de calle. Pero los trabajadores de La Juana advierten que el lugar cuenta con sólo seis vacantes y que no está preparado para una convivencia mixta, ya que fue diseñada como residencia de mujeres. Es decir que el GCBA haría ingresar a cientos de adolescentes al sistema penal, para cumplir una cuarentena, en un lugar expuestos a un completo hacinamiento. Así como las largas colas de los jubilados el primer día de apertura de los bancos, esto es un foco de contagio. Por otra parte, la resolución no especifica a cargo de qué trabajadores estarán los menores. El gobierno haría cumplir de forma arbitraria guardias a trabajadores de otros programas en caso de que entren adolescentes, constituyendo un avance en la flexibilización de sus condiciones laborales. Larreta dispone una cárcel sin garantías ni protocolo, mientras niega refuerzo en las raciones de comida y subsidios extraordinarios para reforzar la compra de elementos de higiene y limpieza a los hogares de niños. La pandemia también pone de relieve la falta de espacios adecuados para que los jóvenes puedan cumplir la cuarentena obligatoria, con los cuidados de salubridad necesarios y atendiendo fundamentalmente a la protección de sus derechos.

7 de abril de 2020
Coronavirus, huelgas espontáneas y la masacre en Lombardía
NI y DD

La actual pandemia del coronavirus está actuando como un acelerador extraordinario de la crisis económica mundial, golpeando de lleno al sistema capitalista, un paciente con patologías previas que no tiene estrategias de defensa para derrotar al virus. Como todavía no existe una vacuna, la única medida posible para enfrentar un fenómeno de estas características es un distanciamiento social forzado, sin embargo, esto entra en fuertes contradicciones con la supervivencia del actual sistema económico que necesita del funcionamiento de fábricas, almacenes y negocios llenos para continuar con la producción y venta. Las medidas de contención adoptadas por nuestro país (trabajo inteligente y control social) en el último mes han demostrado ser insuficientes para una derrota del virus en el corto plazo, sobre todo porque no están asociadas con un bloqueo de la producción no esencial. Han dilatado seguramente el tiempo de contagio, pero al costo de más pérdidas de vidas humanas respecto a lo que podía haberse logrado con una acción más decidida. Al mismo tiempo, no podrán evitar la catástrofe económica. Para Italia, que fue el primer país occidental en ser masivamente afectado, Goldman Sachs estimó el 24 de marzo una caída del 11,6% en el PIB en 2020, más del doble que el del 2009, que se remonta a la última crisis económica (5,6%). Es precisamente sobre el tema del bloqueo de la producción que, en las últimas semanas en Italia, el eterno conflicto entre el capital y el trabajo ha adquirido una dinámica más trágica de lo habitual. Por un lado, observamos cómo la burguesía, ya huérfana de una iniciativa estratégica para continuar garantizando condiciones de vida aceptables a la población, trata de garantizar la continuidad del sector productivo, preocupada por los efectos devastadores que esta escalada de la crisis podrá traer a su futuro rol hegemónico dentro de la sociedad. Confindustria dio la alarma: el presidente Boccia dijo que más del 70% de las compañías que cerrarán durante este período probablemente nunca volverán a abrir (Il Sole 24 Ore - 24 de marzo), mientras que el futuro candidato a la presidencia Bonomi indica que La salida de esta crisis será muy complicada y prevé el comienzo de un período de economía de guerra (La Repubblica- 22 de marzo). Ambos negaron que las fábricas sean lugares de contagio y pidieron a los trabajadores que no se declaren en huelga, porque en su opinión, de esta crisis se puede salir solamente si permanecemos unidos y colaborando. Por otro lado, está la clase obrera a la que, ahora más que nunca, el patrón se muestra como su verdugo. En este momento, de hecho, la falta de protección en el lugar de trabajo se convierte en una cuestión de vida o muerte. Si en los últimos años ha habido un promedio de tres muertes blancas por día, ahora, frente a una gestión de epidemia abordada sin medidas drásticas de contención, a partir de los lugares de trabajo, el número está destinado a crecer rápidamente. Estaría en juego no solo la vida del trabajador sino también la de los seres queridos que podrían infectar trasladando el virus dentro de su hogar. Huelgas espontáneas en fábricas: la clase obrera responde Entre la ira y el miedo, el conflicto resultó en huelgas espontáneas. Los primeros en huelga fueron los trabajadores de la planta de FCA en Pomigliano. El 10 de marzo pasado, de hecho, también impulsados por los temores de sus familias, los trabajadores se cruzaron de brazos espontáneamente. En Pomigliano con un efecto de avalancha, se produjeron nuevas huelgas espontáneos que afectaron a la planta de FCA en Melfi, Piaggio di Pontedera, donde la fábrica no había cerrado a pesar de que un trabajador dio positivo al hisopado, y muchos otros almacenes y plantas de norte a sur del pais. En esta etapa, los trabajadores, ciertamente impulsados por el miedo, se encontraron asumiendo un papel crucial en la lucha contra el virus. Luchando por sus vidas y por la seguridad, lucharon por la seguridad de todos. Como alguien ya ha señalado, de hecho, el mapa de contagios coincide con el mapa de los principales centros industriales de Italia, que, debido al desarrollo urbano típico de la sociedad industrial capitalista, son los centros más poblados, con mayor densidad de habitantes y por lo tanto fácilmente sujeto a una rápida expansión del virus. Por ejemplo, solo Lombardía tiene alrededor de una sexta parte de los habitantes de Italia, a pesar de que su territorio representa menos del 8% del territorio nacional. En una entrevista, el alcalde de Brescia Emilio Del Bono arrojó luz sobre cómo, en una de las áreas más afectadas, muchos contagios surgieron desde adentro de las fábricas (The Daily Fact - 17 de marzo). Incluso el científico y farmacólogo bergamasco Silvio Garattini le adjudica al no cierre de fábricas y empresas, entre los factores responsables de la tragedia vivida por su ciudad (La Repubblica - 27 de marzo). La interrupción de la producción no esencial es, por lo tanto, algo necesario para la lucha contra el virus, aunque muchos médicos, entre ellos el siempre cuidadoso y escrupuloso Roberto Burioni, en las primeras semanas seguían asegurando de que se podía salir de la casa para continuar yendo a trabajar respetando las medidas recomendadas por el gobierno y los medios de comunicación. La trágica situación en Lombardía desmiente por completo estos puntos de vista. La abundancia de enfermos desde Bérgamo a Brescia ha alcanzado un nivel tal que no puede garantizar la atención de todos y deja que las personas mueran en sus casas, aumentando de esta manera el porcentaje de muertes entre los enfermos. La ineficacia del gobierno ante la emergencia Una emergencia así podría haberse afrontado de manera óptima mediante la planificación de su gestión. Los datos que llegaron de China en enero fueron preocupantes: el 15/20% de los infectados terminaban en el hospital, el 4/5% en cuidados intensivos, la tasa de contagio R0 del virus fue de 2.5 (esta proporción indica que cada persona infecta en promedio otros 2.5), la falta de anticuerpos en la sangre de toda la población debido al hecho de que era un virus nuevo. Todos los datos, que anticiparon claramente qué tan rápido podría expandirse la epidemia y que, cuando se cruzan con el estado de salud de nuestro SSN, saqueados por gobiernos de todos los colores, presagiaban la tragedia sanitaria con la cual nos encontrarnos sin la aplicación de medidas drásticas hasta los primeros signos. Súcubo desde el comienzo de las presiones de Confindustria y del mercado, en los últimos días de febrero el gobierno italiano había subestimado el problema al propagar la creencia de que era una simple gripe, sin declarar áreas rojas la zona de Brescia y Bérgamo y haciendo de esta manera que se propagara sin perturbaciones el virus entre la población y asistiendo a una verdadera masacre en marzo. En un segundo momento, en cambio, recurrió a medidas extraordinarias mediante decretos con los que se cerraron las escuelas (5 de marzo) y pequeñas actividades no esenciales, como tiendas, restaurantes, bares, etc. (8 de marzo), pero no se tomó ninguna decisión para detener la producción de ciertos sectores industriales que no participan en la gestión de emergencias, ni siquiera en las nuevas áreas rojas. El gran dilema que enfrentan ahora todos los gobiernos del mundo se refiere, como ya lo hemos dicho, al bloqueo de la producción. Elegir, por lo tanto, entre la salud de las personas y una derrota más rápida de la epidemia o su contención, limitando las libertades de las personas por más tiempo y teniendo en cuenta un mayor costo en vidas humanas, pero limitando el daño económico. Para los países capitalistas avanzados, en realidad, este es un falso dilema ya que después de años de neoliberalismo desenfrenado en los cuales el control de la producción está gran medida en manos del sector privado, los gobiernos no son capaces de tener ningún control general sobre esto. Aun viviendo una fase de restauración capitalista, China pudo adoptar estas medidas en cuanto su Estado posee todavía el control sobre múltiples ramas de la producción. En Italia, la influencia de Confindustria alcanzó un punto crucial el pasado 21 de marzo, cuando Conte había firmado un memorando de entendimiento con los sindicatos para detener la producción no esencial, solo para cambiar todo al día siguiente, extendiendo a otros sectores la continuidad de la producción con la publicación del decreto. CGIL, CISL y UIL, entre la condescendencia y el acuerdo Como suele suceder, las burocracias sindicales se movieron con ambigüedad, apoyando las medidas gubernamentales y la propaganda en las primeras semanas, afirmando que la producción no podía detenerse y difundiendo las normas dictadas por el ministerio de salud en los lugares de trabajo, como si fueran medidas eficaces en limitar el contagio. En las últimas semanas, en cambio, las voces se alzaron y se han visto impulsados sobre todo por las huelgas espontáneos esparcidas como manchas de aceite y por los conflictos con las minorías internas de los confederales más cercanos a las fábricas de la zona, incluso las burocracias han comenzado a plantear tímidamente el cierre de la producción que no sea necesaria en la emergencia. Sin embargo, cuando los trabajadores se declararon espontáneamente en huelga por el cierre o la seguridad de las fábricas y en las provincias de Bérgamo y Brescia tuvo lugar la tragedia frente a los ojos de todos, en lugar de unir las luchas proclamando una huelga general, el 13 de marzo, la CGIL, CISL y UIL, en la mesa con el gobierno y Confindustria, firmaron un vergonzoso protocolo de 13 puntos para garantizar la continuación de la producción "segura". La única seguridad era obviamente que se podía seguir produciendo, pero no resguardaba la seguridad de los trabajadores de no infectarse. Los puntos ya insuficientes en sí mismos para enfrentar la epidemia no fueron siquiera puesto en práctica, como lo atestiguan las historias de muchos trabajadores: historias de fábricas como lazzaretti en donde no había máscaras y midieron la fiebre en la entrada solo en los primeros días; historias de vacaciones tomadas por miedo a infectarse, historias de trabajadores que desaparecen de un día para otro en las que no se dan noticias para no entrar en pánico; historias de horas extras solicitadas por adelantado para prevenirse frente a un cierre forzado. En cualquier caso, al entrar en los detalles del protocolo, la medición de la fiebre en la entrada no es significativa: si cuenta la gran cantidad de asintomáticos entre los infectados, así como usar una máscara y una bata blanca cuando trabaja a menos de un metro de distancia, no evitó que muchos médicos y enfermeras se enfermaran. Incluso descargar sobre el trabajador la responsabilidad de denunciarse a sí mismo cuando experimenta ciertos síntomas durante las horas de trabajo, también sería de poca utilidad, ya que mientras tanto puede haber infectado a otros compañeros. Finalmente, no se tuvo en cuenta el consecuente congestionamiento inevitable del transporte público durante las horas pico; como sucedió en Milán hasta hace unas semanas. Medidas similares podrían tener un efecto en regiones con un número limitado de personas infectadas y en un número limitado de empresas y fábricas (aquellas capaces de manejar la emergencia); pero no en Lombardía, la zona más infectada del mundo que solo superó a China por la cantidad de muertos, donde, para resolver el problema salvando la mayor cantidad de vidas posible, debe garantizarse el bloqueo de toda la producción. Después del giro de Conte el 22 de marzo, algunos confederales convocaron a huelgas para el 25 de marzo en los sectores químico y metalmecanico de Lombardía, que recibieron un pequeño apoyo de otras regiones como Lazio. Para el mismo día, el USB declaró la huelga general. No tenemos información precisa sobre la participación en estas huelgas, pero según lo informado por el USB en toda Italia, se habría llegado a números extraordinarios para una huelga convocada por un sindicato de base, con picos del 70% de participación en algunas fábricas y almacenes. FIOM, UILM y FILM también registraron una gran participación entre 60% y 90% entre los trabajadores metalúrgicos de Lombardia. El resultado final fue un nuevo acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, donde se detuvo la producción no esencial. Desde el 29 de marzo (sí, 4 días después de la aprobación del decreto) hasta el 3 de abril, se detiene el 49% de las empresas y el 51% de los trabajadores ( Il Sole 24 Ore- 27 de marzo). En comparación con los datos proporcionados por la CGIL unos días antes (57% de los trabajadores aún activos), se podría pensar en un 8% más de trabajadores parados. Teniendo en cuenta los 8 millones que trabajan con el trabajo inteligente y los del sector de la salud, podría parecer un buen resultado si se extendiera a las siguientes semanas. De lo contrario, incluso la más mínima visión del pensamiento científico se suspendería, considerando que un bloqueo de una semana de duración ni siquiera equivale a un período de incubación (14 días) del virus. Sin embargo, también hay otros factores a tener en cuenta en el decreto, como el amplio poder que les queda a los prefectos que rezumarán las listas de Ateco en persona y cómo el decreto anterior (del 22 de marzo) no se ha cancelado. Ese decreto establecía, por ejemplo, que, en el caso de una organización con trabajo ágil, las compañías podrían trabajar, independientemente del código Ateco. Estamos seguros de que estas falencias permitirán que muchas compañías y fábricas continúen con su actividad. La historia del Bawer SPA de Matera ya se conoce, el 90% de la cual está relacionada con el sector automotriz y en pequeña parte con la producción de accesorios para el quirófano, que continúa su producción al 100%. Por la construcción de un amplio frente unido para luchar contra Confindustria, gobiernos y sindicatos patronales. Por el futuro, la única alternativa es el gobierno de los trabajadores. Como hemos visto, la emergencia debido a la epidemia que afectó a Italia precipitó rápidamente la situación, favoreciendo la aparición de conflictos que, incluso si están latentes, son inherentes a las relaciones entre las clases de nuestra sociedad. Todas las máscaras han caído: Confindustria mostró todo su cinismo, poniendo claramente las ganancias de las empresas antes que la vida de los trabajadores y las personas; el gobierno de Conte bis, como cualquier gobierno burgués, ha demostrado que no tiene poderes reales sobre la gestión de la producción y, por lo tanto, sobre la gestión de esta emergencia; Las burocracias sindicales, en cambio, han tratado continuamente de frenar la ira de los trabajadores, recurriendo tardiamente a la huelga (limitada a Lombardía) y prefiriendo la concertación, que en fases similares ha logrado resultados grotescos, favoreciendo el retraso en la aplicación de algunas medidas que habrían permitido para salvar vidas Pero, sobre todo, de esta situación surgió la importancia del proletariado fabril, de su carácter estratégico al interior del ciclo productivo y como cualquier cambio futuro no podrá ser real si no pasa por esa clase social. El único gobierno que podría haber puesto la salud de la población primero sin daños económicos al planificar la emergencia es un gobierno de trabajadores. Las luchas de este mes, por lo tanto, adquieren un significado que va mucho más allá del momento en que vivimos. Cuando termine esta emergencia, el mundo encontrará con una crisis mucho más grave que la de 2008 y la factura que pagaremos los trabajadores será altísima. Nunca como ahora ha sido tan necesaria la construcción de un frente único de lucha política y sindical que una a todas las empresas afectadas por la crisis y que pueda surgir en la lucha de clases contra el mundo del capital, representado por el gobierno - Confindustria - sindicatos confederales, para reclamar y defender las condiciones objetivas (salarios y derechos) de todos los trabajadores, precarizados y desempleados. Más que nunca, será necesaria la reconstrucción de un movimiento obrero sólido y combativo, capaz de rechazar y contraatacar todas las ofensivas de la burguesía. Nunca como ahora, esta última se ha puesto en evidencia que es totalmente impotente para garantizar el futuro, la seguridad y la vida misma de los trabajadores y sus familias. Se vuelve, por lo tanto, siempre más vigente la necesidad de romper el hilo de subordinación que nos une a esa clase. Por lo tanto, más que nunca, la construcción de un partido obrero revolucionario mundial debe ser prioritaria. La cuestión del poder y la expropiación de la burguesía deben convertirse en los puntos esenciales de la agenda de cualquier programa alternativo y creíble. El único camino a seguir es la lucha por un gobierno de los trabajadores.

7 de abril de 2020
Trabajadores de la Salud: organizarnos es una cuestión de supervivencia

La expansión pandémica del coronavirus sacó a la luz antagonismos sociales de fondo: de un lado, la presión de los monopolios industriales y los bancos, interesados en darle continuidad a lo que llaman “la economía”, es decir, a la producción de sus ganancias; del otro, la realidad de lxs trabajadores que, hundidos mayoritariamente en la pobreza y el hacinamiento, buscamos una orientación para defender nuestra vida y la de nuestras familias. Los gobiernos rescatan al capital Los gobiernos de todo el mundo salieron al rescate de los primeros con emisiones millonarias y exenciones impositivas, que apuntan a resguardar “la salud” de los grandes capitales. Para los segundos, solo nos queda la política de “achatar la curva”, tratando de evitar que el contagio masivo colapse los desvencijados sistemas públicos de salud. La incapacidad para atender a la salud de sus poblaciones está colocando al borde del precipicio a regímenes y gobiernos, de Trump a Bolsonaro, transformando a la crisis sanitaria en una crisis política. En nuestro país, las últimas horas pusieron al desnudo las contradicciones brutales del “quédate en casa” de los Fernández. Miles de personas mayores tuvieron que salir de sus hogares y hacer colas de más de diez cuadras para cobrar jubilaciones miserables, tirando a la basura semanas de esfuerzo colectivo. La “prohibición de despidos”, que no es retroactiva, habilita suspensiones y rebajas de salarios. Con testeos a cuentagotas, está claro que la propuesta de “ir levantando” la cuarentena es el resultado de la presión de los grupos económicos, no de la recomendación de lxs profesionales de la salud. El sistema de salud, en ruinas El sistema de salud que debe recibir al Covid-19 arrastra años de ajustes y vaciamiento. Las prepagas y clínicas privadas, que crecieron a la sombra de esa política, pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de un decreto que centralizará los recursos frente a la pandemia. El gobierno retrocedió ante ellas y se muestra incapaz para abastecer con los insumos más elementales a hospitales y centros de salud, que quedarían a merced de la llegada de “voluntarios” y donaciones. En estas condiciones, la primera ola de personas con coronavirus mostró el estado de indefensión en el que nos encontramos lxs trabajadores de la salud. Un par de casos bastaron para que, en el Hospital Italiano, ocho compañerxs terminaran infectadxs. Las ART, y los bancos que están detrás de ellas, se niegan a considerar al Covid como enfermedad laboral y se preparan para apelar los fallos judiciales. Llamamos a organizar la presentación de amparos en todos los lugares de trabajo y a defender su vigencia mediante la organización y la lucha. Por otro lado, el aislamiento social pone en evidencia las actuales condiciones laborales de los prestadorxs de la salud que trabajan de manera independiente en el abordaje de usuarios con discapacidad o en salud mental, y en donde las obras sociales hoy se niegan a cubrir el 100% de las terapias, y por ende de los honorarios. Son prestadorxs que se quedan por fuera de la tanda de subsidios -insuficientes- ofrecidos por el gobierno y que corren el riesgo de no cobrar sus salarios. Trabajadorxs, despleguemos nuestra fuerza Lxs trabajadores de la salud tenemos que ser conscientes de la gran fuerza con la que contamos. La preocupación por nuestras condiciones de trabajo se desplazó al centro de atención. Hace tan solo unos meses, la lucha denodada de lxs residentes y concurrentes de CABA demostró que es posible derrotar la política precarizadora de los gobiernos, a pesar del nulo apoyo recibido de las direcciones hospitalarias y la burocracia de los sindicatos. Hoy, frente a la pandemia desde el Hospital Mercante de Buenos Aires al Baigorria de Santa Fe, o el Hospital centro de Salud referencia del COVID-19 en Tucumán, lxs trabajadores de la salud estamos protagonizando asambleas y reclamos. La “centralización” que el gobierno no pudo llevar a cabo podemos imponerla desde abajo, unificando a lxs trabajadores de la salud pública y privada (que muchas veces somos lxs mismxs). La condición para desplegar nuestra fuerza es desarrollar la organización en los lugares de trabajo. El colapso sanitario, y la incapacidad de los gobiernos y funcionarios para hacerle frente, está generando una crisis de poder en los hospitales. La burocracia sindical de la salud, entrelazada por poderosos vínculos materiales con las ARTs y la propia medicina privada, actúa como un agente del Estado. Llamamos a intervenir en esta crisis poniendo en pie asambleas, sin distinción de gremio; a elaborar protocolos y a formar comisiones de Seguridad e Higiene que velen por su cumplimiento. Los comités de crisis deben estar integrados por lxs trabajadores, a través de delegados electos con capacidad de veto sobre las decisiones. Un programa de salida La profundización de la crisis pandémica y política nos coloca a lxs trabajadores de la salud ante el desafío de elaborar un programa de salida. Este fue el eje del debate en el plenario convocado por la agrupación Tribuna de Salud, impulsada por la Tendencia del Partido Obrero, del cual participamos compañerxs de todo el país. Es la hora, concluimos, de desplegar la organización y la fuerza de lxs trabajadores de la salud, de poner en pie asambleas y coordinadoras, que pueden ser un faro para el conjunto de lxs trabajadores. Solo de esta forma tendremos la capacidad para plantarnos cuando no tenemos los insumos necesarios; para obligar a las ART a cubrir los tratamientos cuando nos enfermamos; para imponer la recomposición de nuestros salarios, cuando con la excusa del Covid los gobiernos parecen haberse “olvidado” de las paritarias; para reclamar que, si somos “esenciales”, no podemos estar precarizadxs, como ocurre con enfermería, residentes, concurrentes, becarixs y tercerizadxs. Llamamos a lxs trabajadores de la salud a debatir y organizarnos por este programa: Reconocimiento inmediato e incondicional del coronavirus como enfermedad laboral para todxs lxs trabajadores de la salud. Provisión de elementos de protección personal, equipamiento e insumos en todos los hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios y obras sociales, bajo el control de comisiones electas por lxs trabajadores. Recomposición urgente de los salarios. Frente a la suspensión de las paritarias: aumento extraordinario de emergencia para llevar los salarios al costo de la canasta familiar. Extensión de los bonos e incentivos a todxs lxs trabajadores de la salud, sin discriminación. Reducción de la jornada laboral en salud a seis horas diarias. Reorganización de equipos y tareas para evitar el contagio, preservando a mayores de 60 años y población de riesgo. En oposición a la prolongación compulsiva de los contratos de lxs residentes de los últimos años, planteamos su incorporación a planta permanente. En lugar de la convocatoria a “voluntarios”, exigimos el otorgamiento de salario, ART y obra social a concurrentes y becarixs, para que puedan reanudar sus labores. La contratación del personal necesario debe realizarse bajo condiciones de convenio. Reconocimiento de enfermería como profesionales de la salud. El multi-trabajo que impone la flexibilización es una condena al contagio. Pase a planta permanente de todxs lxs precarizadxs y el personal tercerizado (camilleros, administrativos, limpieza, seguridad, etc.). Atención gratuita en salud mental para todxs lxs trabajadores de la salud y la población que necesita, a cargo del Estado. Pago en tiempo y forma de prestadorxs de la salud, como psicólogxs, acompañantes terapéuticos, cuidadores.etc. Reconocimiento de los tratamientos y horas pautadas. Cobro total de los honorarios. Frente a la desidia del gobierno y las direcciones hospitalarias, llamamos a elaborar protocolos de seguridad de lxs trabajadores. Que los comités de crisis estén integrados por delegadxs de todos los sectores y especialidades, electos por asamblea y con poder de veto. Centralización estatal bajo el control de lxs trabajadores de todos los recursos esenciales para garantizar la salud de la población, comenzando por la disponibilidad de camas de internación, de respiradores y de las industrias que los producen, al igual que los laboratorios que pueden proveer de métodos de diagnóstico e insumos esenciales. Reconversión compulsiva de las industrias no esenciales. Extensión de la cuarentena todo el tiempo que demande la crisis sanitaria. Prohibición de suspensiones y rebajas salariales. Reincorporación de los trabajadores despedidos. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Aumento inmediato de las jubilaciones al 82% de la canasta familiar. En lugar del rescate a las empresas, promovemos el rescate de lxs trabajadores, jubilados, monotributistas y aquellos que viven en condiciones de hacinamiento. Suspensión inmediata del pago de la deuda externa. Duplicación del presupuesto de salud. Apertura de los libros de las empresas y bancos al escrutinio público. Control obrero de la industria alimenticia y toda la cadena de producción y distribución. Gobierno de trabajadores. Facebook: Tribuna de Salud // Política Obrera Instagram: tribunadesalud // politicaobrera_ Twitter: PoliticaObrera_

7 de abril de 2020
Defolteando a un costo enorme

Mientras cavila acerca de cómo salir de la cuarentena social, el tándem Fernández-Guzmán se está metiendo cada vez más en una cuarentena financiera internacional. Lo hace, para peor, a un costo enorme. Porque mientras por un lado finge una dureza sin precedentes con los acreedores, sea con la deuda bajo jurisdicción local o extranjera, les ha ido pagando puntualmente cada vencimiento a unos como a otros, y al mismo tiempo aumentando el monto de la deuda pública total con refinanciaciones o reperfilamientos que transforman en capital los intereses que se dejan de pagar en efectivo. Hace 48 horas se rompió una parte de esa cuerda, pues el gobierno postergó para diciembre los pagos de deuda del mercado local por unos u$s10 mil millones. A todos los fines prácticos Argentina ha declarado el default que dijo que no iba a declarar, mientras pretende que sigue negociando con los acreedores de jurisdicción internacional sin dejar de pagarles los vencimientos que se van sucediendo. Al día siguiente de este nuevo default no declarado, la deuda local (en dólares o pesos) cayó de precio, en tanto que subió, muy modestamente, la internacional. Los llamados analistas se apresuraron a interpretar el aumento de la brecha de las cotizaciones entre una y otra como el resultado del privilegio concedido a la deuda de jurisdicción extranjera. Dejaron pasar en sus comentarios dos cosas fundamentales: son muchos los extranjeros que tienen deuda internacional y local, lo cual los involucra en el default, y que toda deuda en dólares es considerada por la Reserva Federal y el Tesoro norteamericano deuda internacional, aunque no se haya contratado en jurisdicción estadounidense. Si no pregunten a Rusia, Irán, Venezuela, Francia y otros, cuyas transacciones en dólares han sido bloqueadas por parte de Trump, aunque en ellas no haya intervenido Estados Unidos. Pagando, pagando, Argentina se va desangrando, sin resolver el impasse de una deuda que el gobierno ha dicho mil veces que es impagable. Es muy sencillo: los acreedores internacionales, conducidos por los fondos BlackRock y Pimco, quieren que los Fernández digan cómo piensan pagar una deuda reestructurada, sea cual fuere el precio de esa reestructuración. Argentina no tenía condiciones de ofrecer esa garantía antes de la pandemia – la tiene menos ahora. Esos fondos acaban de ser designados por la Reserva Federal para manejar la compra de deudas de compañías norteamericanas con dinero público. Aunque el divorcio es imparable, los Fernández estiran la agonía, siempre pagando. A este impasse se añade otro infortunio: las deudas provinciales en dólares superan los diez mil millones, pero no tienen banca para estirar la agonía. El derrumbe financiero vendrá acompañado por la emisión de cuasi monedas, porque las provincias tampoco pueden honrar las deudas internas. El gobierno fernandista se encuentra en la franja de riesgo que los infectólogos reservan para los mayores de 65 años. En el caso de la deuda, el estrago financiero lo pagarán todas las franjas etarias de trabajadores. El tema de la pandemia es usado en forma inescrupulosa para desviar la atención de este problema, mientras se dice que es necesario salir de la cuarentena por razones económicas ajenas a la deuda impagable. Argentina se encuentra en zona de catástrofe para la que no hay salida con una política capitalista. Dar por cancelada la deuda pública nacional y provincial en forma unilateral, por un lado, y nacionalizar la banca, sin indemnización, por el otro, son medidas de salvación nacional para la clase obrera. Es necesario resguardar los ahorros de los depositantes de menores recursos, y hacer pagar la crisis a los grandes capitales y grandes fortunas.

7 de abril de 2020
MASCARDI NO PAGA LOS SALARIOS
Comisión Interna de Mascardi

La empresa anunció que no nos abonará el salario del mes de marzo, mensual o quincenal según los casos, con el débil argumento de que las oficinas administrativas están cerradas por la cuarentena. Obviamente la empresa inventó una excusa para no efectuar el pago de salarios, dejando así a más de 70 familias sin sus ingresos en el marco de la cuarentena por la pandemia, una medida ilegal que además pone en peligro la salud de nuestras familias, porque sin nuestros ingresos no puede haber cuarentena para los trabajadores de Mascardi. El dueño de Mascardi, Roberto Reidy, conocido por ejercer todo tipo de abusos y atropellos contra los trabajadores, acumuló jugosas fortunas en los últimos años, extendiendo negocios y comprando máquinas nuevas en la planta de Spegazzini, pero decide no pagar el salario con el que los trabajadores sostenemos al día a nuestras familias. Reclamamos el pago urgente de los salarios. Tomaremos todas las medidas legales y gremiales hasta que se depositen nuestros ingresos.

7 de abril de 2020
Resoluciones del cuerpo de delegados Acindar – Tablada
Comisión Interna y Cuerpo de Delegados ACINDAR – Tablada

El lunes 6 de abril se llevó a cabo la reunión de cuerpo de delegados. Se discutió la intención de la empresa de avanzar en un plan de suspensiones, despidos y la postergación del bono anual. Por amplia mayoría, estas fueron las resoluciones votadas: 1- Rechazar el plan de suspensiones propuesto por la empresa. Una rebaja salarial en un contexto como el actual implicaría un golpe a los ingresos de los compañeros. En todo caso, un plan de suspensiones debería garantizarse sin pérdida salarial alguna. 2- Rechazamos la postergación del pago del bono anual. 3- No compartimos la idea de la empresa de desprenderse de los contratos de menos de un año. Esto último nos parece lo más grave. Es condenar a los compañeros a una situación de vulnerabilidad total a la pandemia y encima sin ingresos. Esperamos en las próximas horas poder generar una reunión con la empresa. Para discutir dichos puntos y así no poner en riesgo ni la salud ni la economía de las más de 300 familias de Tablada. Como decimos siempre, la última palabra la va a tener la asamblea. Continuaremos informando a todos las novedades. Comisión Interna y Cuerpo de Delegados ACINDAR – Tablada

8 de abril de 2020
Por una garantía horaria para todos los trabajadores eventuales

El decreto-ley número 14103/1944, con la rúbrica de Juan Domingo Perón, significó la oficialización de un reclamo histórico de los trabajadores desde principios de siglo cuyas industrias tenían pronunciadas bajas en periodos determinados del año. Bajo la dirección de socialistas y anarquistas, se habían conseguido victorias parciales en establecimientos y estancias alrededor de la protección de los que temporalmente se quedaban sin trabajo. El decreto del peronismo, en el auge de la exportación de carne argentina, le dio forma de una ley que fue conocida popularmente como la “garantía horaria”. Aunque después fue modificada por distintos gobiernos, significaba una salida precaria a la enorme crisis que se producía cuando caían las exportaciones de carne argentina. El coronavirus ha colocado en esta crisis la necesidad de un nuevo establecimiento de esta garantía horaria para todos aquellos trabajadores parciales que hoy enfrentan una situación casi límite desde el punto de vista de su subsistencia. Es el caso de ciudades como Bariloche, donde los trabajadores se desempeñan en el gremio gastronómico y en todos los gremios vinculados al turismo, cuya actividad ha caído a pique; lo mismo ocurre con los bares y restaurantes de todo el país. La Cámara Argentina de Turismo (CAT) acaba de anunciar que 15.000 trabajadores quedaran sin trabajo. Empresas como la cadena de hoteles Marriot han licenciado al personal efectivo, abonándoles el 20% de sus sueldos (La Nación, 7/4) pero han quedado sin ayuda alguna los miles de trabajadores convocados en forma eventual para domingos, feriados, semana santa, etc. Un reciente correo de lectores de Política Obrera sobre Cuba coloca también el problema de la caída del turismo como una verdadera catástrofe para los trabajadores. La misma situación pasan los trabajadores de la fruta y la verdura, los trabajadores eventuales de las áreas pesqueras, incluso los eventuales de los trabajos en los puertos. La inmensa mayoría de estos trabajadores está empadronada por las distintas empresas, quienes los requieren temporada tras temporada. Las cámaras empresarias de estos rubros se han desentendido de estos trabajadores golondrinas o semi-golondrinas y se abocan a mantener el personal efectivo reclamando para ellos una baja de sus salarios durante la crisis. La postergación de la cuarentena exige una solución para estos miles de trabajadores que no puede ser la ayuda alimentaria o el bono de $10.000 de la llamada “emergencia social”. Recientemente, se ha sacado una resolución de pagar 10 000 pesos a los reemplazantes docentes, que serían los “eventuales”, en una salida ultra precaria ante la grave situación que atraviesan. La ley del 44 establecía el pago de 60 horas quincenales de convenio una salida superior a un bono o ayuda “por única vez”. Hoy el reclamo de estas 60 horas quincenales para todos los eventuales del país durante el desarrollo de la cuarentena tiene plena vigencia. No se trata de establecer ningún proyecto parlamentario, esto debe ser levantado en petitorios, firmas y acciones de todos los trabajadores en esa situación, va la vida de los propios trabajadores eventuales y sus familias en este tipo de reclamos.

8 de abril de 2020
La cuarentena solo puede ser asegurada con un programa y un plan de acción de los trabajadores
Partido Obrero

Alberto Fernández ha anticipado la decisión de prolongar la cuarentena, de acuerdo a lo que exigen los infectólogos y sanitarias que lo asesoran. La cuarentena que se va a extender, sin embargo, se encuentra fuertemente "relajada", según lo reconoce el propio gobierno. Esa violación del aislamiento no proviene de incumplimientos individuales. Es el resultado de la formidable presión de los capitalistas de la industria y del comercio, que no han cesado de arrancarle al gobierno nuevas "excepciones" o actividades "esenciales" que están lejos de serlo. La extorsión por la vuelta al trabajo ha sido reforzada con despidos (Techint) y suspensiones que sólo reconocen una parte del salario. La clase capitalista le ha advertido al gobierno que no está dispuesta a bancar el rescate de la fuerza laboral -sólo pagará salarios completos a los trabajadores que continúe explotando, aún a riesgo de sus vidas. Todas estas presiones se han reforzado con el correr de los días. La casa Rosada ha sido "visitada" por la UIA; la Cámara de Comercio e incluso la burocracia de la CGT, acompañando los pedidos para levantar la cuarentena. El gobierno, sin embargo, está obligado a extenderla, bajo el peso inexorable de la catástrofe humanitaria que tiene delante de sus ojos, cuando se mira lo que ocurre en Estados Unidos, Brasil o Ecuador, donde los muertos se cuentan de a centenares y se amontonan en camiones. Una escalada de contagios y muertes, a raíz de un levantamiento prematuro del aislamiento, le plantearía al gobierno una crisis política de alcance imprevisible. Pero más allá de la declaración de la cuarentena, el gobierno de los Fernández tiene límites sociales y políticos insuperables para asegurar su cumplimiento, no formal, sino real, es decir, asegurando las garantías sanitarias y económicas del caso para las grandes masas. Esa incapacidad ha quedado de manifiesto en estos días, cuando las prepagas echaron por tierra el mero ¡anuncio! de una posible centralización del sistema de salud; cuando los monopolios alimentarios le arrancaron sobreprecios fabulosos al ministerio de Desarrollo Social, desautorizando de un plumazo a todo el sistema impotente de "controles de precios"; o cuando las cesantías de miles de precarizados y contratados, de un lado, y las suspensiones masivas, del otro, convirtieron en letra muerta al decreto que, supuestamente, prohibía los despidos y suspensiones. Los capitalistas y sus voceros dicen que la defensa de la salud no debe "descuidar la economía", y con ese argumento defienden el regreso al trabajo, o sea, a la explotación de la fuerza laboral y a la circulación de sus capitales. Pero se trata de una completa impostura, porque "la economía" nacional ya se encontraba desquiciada bastante antes del coronavirus -el derrumbe económico no empezó con la pandemia, no. La clase capitalista se quiere servir de la actual emergencia, no para una "reactivación", que es inviable bajo el actual derrumbe económico internacional y local, sino para avanzar en un ataque estratégico contra la clase obrera. Un documento entregado por las "fuerzas vivas" de la clase capitalista al gobierno, días atrás, exigía la reforma laboral y un plan de despidos estatales, como parte de la emergencia . A la luz de este escenario, es muy claro que el gobierno prolonga una cuarentena que ya se encuentra erosionada, y sin un planteo ni orientación para hacerla cumplir y asegurar que el sistema sanitario avance, en el interín, en la lucha contra la pandemia. El sistema de salud tiene a sus médicos y enfermeras en el límite de sus posibilidades físicas y laborales, cuando aún no llegamos al pico de contagios. Mientras tanto, la posibilidad de diagnósticos masivos ha fracasado: el gobierno que cumplió con todos los pagos de deuda pública no pudo reunir los fondos para aprovisionarse, en tiempo y forma, de los kits de prueba necesarios para un testeo a gran escala. La cuarentena exige una acción estatal coercitiva que el gobierno es incapaz de hacérsela cumplir a los capitalistas. Esa coerción, por lo tanto, sólo puede ser el resultado de la iniciativa y la acción de los trabajadores en fábricas, hospitales, comercios y reparticiones, con un programa. En vez de que la cuarentena se siga desgranando, es necesario asegurar el cierre de las actividades no indispensables, con los trabajadores percibiendo el 100% de los salarios. Parte de la industria parada debe ser reconvertida para atender a la emergencia sanitaria, para la construcción inmediata de hospitales, respiradores e implementos de seguridad sanitaria. Los trabajadores que bancan la cuarentena trabajando -en hospitales, supermercados y fábricas "esenciales"- deben percibir un aumento o bono de emergencia, de acuerdo a su esfuerzo extraordinario. Para terminar con el colapso sanitario, es necesaria la unificación de los sistemas de salud público y privado, bajo un comando común integrado por trabajadores electos de todas las ramas de la salud; la entrega de elementos de alta seguridad en hospitales y sanitarios; las 6 horas de jornada laboral y creación de un nuevo turno, mediante la incorporación masiva de médicos, paramédicos, enfermeras, residentes y concurrentes con salario y convenio. Para que los subsidios a desocupados y precarizados no terminen engordando a los monopolios alimentarios, es necesario terminar con los sobreprecios y la carestía galopante, mediante la apertura de los libros de la gran industria y el comercio, bajo control de sus trabajadores. Los inventarios y las instalaciones de los especuladores y acaparadores capitalistas deben ser incautadas y puestas a producir bajo control obrero. Los barrios deben ser asistidos con todos los elementos alimentarios y sanitarios para la vida de sus familias, bajo un protocolo de cuarentena barrial organizado y dirigido por comités barriales. El Banco Central debe asumir la centralización efectiva de todas las operaciones del sistema financiero, convirtiendo al conjunto de los bancos estatales y privados en sus sucursales. Sobre esta base, debe asegurarse el pago integral de los salarios, la continuidad de la cadena de pagos y de todas las actividades productivas, a cuenta de las grandes corporaciones capitalistas y de sus tenencias en el sistema bancario. La creación de una banca única es también un requisito para defender la desvalorización de la moneda, que representa una nueva confiscación a los trabajadores. Rechazamos la creación de cuasimonedas (patacones) provinciales, otra forma de devaluación, en este caso, a costa de los trabajadores del interior. Deben cesar todos los pagos de capital e intereses de la deuda pública, para aplicar esos recursos a una defensa vigorosa del sistema sanitario y el sostenimiento de toda la fuerza laboral que debe ser preservada en la emergencia. Discutamos un programa y las iniciativas de organización y coordinación necesarias para que la cuarentena sea asegurada por los trabajadores. 8.4.2020

8 de abril de 2020
Compañera Inés, hasta la victoria
Cecilia P

En estas horas, hemos perdido a una gran persona y a una gran compañera, Inés Rojas. Su militancia y su humanidad dejó trazada una huella en todos los compañeros de la zona sur de la CABA, y en muchos otros trabajadores y luchadores que la conocieron. Inés militó en Parque Patricios y en Barracas, donde participó del desafío de la apertura de un nuevo local en aquel barrio. De allí, pasó a la militancia en la villa 21-24, donde buscó recuperar la historia del Polo, iniciada en el 2001, con la voluntad y el compromiso militante que todos le conocíamos. Muchos de los vecinos y trabajadores de la villa estaban acostumbrados a ver su pequeña figura caminando por los pasillos, invitándolos a luchar por la urbanización de la villa y por el derecho al trabajo. Gran constructora del Polo, le gustaba recordar el logro que significó la apertura de un pequeño local que después quedó chico, frente a asambleas cada vez más numerosas de vecinos desocupados. Con tremendo compromiso, el Polo no paró de crecer. En el curso del último año, luego de haberse distanciado del PO oficial, no vaciló en adherir a la Tendencia, dispuesta a recuperar el programa histórico de nuestro partido. En los meses, que pasaron, aún con su salud deteriorada, no dejó de participar en nuestras actividades. Recordamos especialmente la felicidad que tenía el día que salimos a piquetear el primer número de Política Obrera, un día de alegría revolucionaria. Volvíamos decididas a estar en la calle, con nuestro periódico y, más convencidas que nunca, que estábamos en el lugar indicado. Nos queda la imagen de Ine abordando a los vecinos, con una voluntad que superaba el límite que le marcaba su propia salud, feliz, en la esquina de San Juan y Boedo. Cuando se produjo la ocupación de Kimberly y los largos días y noches de acampe, no insistimos para que vaya, pero poco podíamos hacer frente a una determinación que no sabía de enfermedades y límites. La recordaremos con esa carcajada que ahuyentaba todos los males del mundo, con esa calidez en donde nos cobijaba a todos. Querida Inés: para quienes tuvimos la alegría de reencontrarte, seguirás presente, en cada actividad y en cada piqueteo. En estas horas, todas las compañeras que militaron con ella la recordaron con enorme afecto. Hoy, nos cuesta asumir que ya no estás, pero somos de la madera con la que está hecha la clase obrera. Nos comprometemos a continuar con tu mismo empeño, voluntad y alegría militante. Hasta la victoria siempre, querida Ine.

8 de abril de 2020
Crisis sanitaria y la situación del ISFD N°51

A 15 días de decretado el aislamiento social y obligatorio por parte del gobierno de Fernández, sigue siendo un eje de discusión como garantizar la continuidad pedagógica a lxs estudiantes de todos los niveles educativos. En este sentido, pretender que lxs docentes se conviertan en ases de la virtualidad y llenen de tareas y trabajos prácticos a sus estudiantes sin una capacitación previa y desconociendo, que no todos tienen un acceso ilimitado y dispositivos para cumplir con las tareas pedidas, es descabellado. Si hablamos de virtualidad, en el caso de los terciarios de la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría se ubican en establecimientos prestados, con grandes problemas edilicios y en condiciones de hacinamiento, donde gran parte de sus estudiantes son sostén de hogar y/o trabajadores precarizados, no se puede pretender que se incorporen contenidos a través de plataformas virtuales no se puede lograr de un día para el otro por un campus virtual. En el caso del ISFD N 51, que desde el 25 de marzo viene subiendo periódicamente tareas y trabajos para sus más de 1.500 estudiantes, además, las autoridades no dan respuestas aún sobre qué pasará con los finales que no se tomaron, con las inscripciones que aún no realizamos y nos asigna “clases” con profesores que aun ni siquiera conocemos. En la carta dirigida a lxs estudiantes, los directivos llaman a dar continuidad a la cursada, reconociendo, sin embargo, que no todos tienen acceso a Internet. Por su parte, las organizaciones estudiantiles parecen haberse encuadrado detrás de los pedidos de las autoridades de “representación compromiso, solidaridad, empatía y tolerancia en un momento en donde no cabe el reclamo, la exigencia ni la queja” (sic), incitando a abandonar la lucha de los estudiantes en pos de la “unión” estado-institución-alumnado. Las organizaciones estudiantiles se limitan a re-postear el comunicado de la conducción. La comisión directiva del centro de estudiantes EEPA (UJS-PO -oficial- e Independientes) ha adoptado el rol de interlocutor de los comunicados oficiales y ha pasado a actuar más como un centro cultural virtual que como una verdadera organización política de lxs estudiantes. Exigimos, en primer lugar, actualizar el salario docente. La capacitación y los recursos tecnológicos necesarios para poder “cumplir” con la continuidad pedagógica tienen que estar integralmente afrontados por el Estado. Proponemos la puesta en marcha de foros de debate entre estudiantes y agrupaciones de lucha, y recoger todo tipo de planteos frente a esta modalidad educativa. La forma de las evaluaciones, además de la solución de los límites que representa la virtualidad, tiene que ser parte de este debate. Planteamos la excepción de correlatividades para el 2020, como superación al problema de inscripciones e inicio de cursada cuando se retomen las clases. Garantizar que, una vez retomada la cursada, se revisen las currículas, adaptándolas a los meses que restan del ciclo lectivo sin el recorte de contenidos que pretenden hacer. Por otro lado, que se nos garantice un plan de becas integral, cuya entrega debe ser inmediata, para evitar la deserción masiva de estudiantes. Solo la organización de estudiantes y docentes va a poder asegurar que se cumplan estas condiciones y se avance sobre una mejora integral de las condiciones de cursada como lo son mayor oferta de comisiones y turnos y elementos de higiene suficientes para evitar un rebrote del virus en las aulas.

8 de abril de 2020
¿Llega Trump a noviembre?

El cúmulo de negligencias, negaciones y bravuconadas de Trump frente a la pandemia y el hecho que ahora New York superó por lejos el horror de Wuhan, Lombardía, Madrid y París amenaza –literalmente– con hacer saltar por los aires al presidente de EE.UU. ¿O el matón pro-sionista, apoyado por confesos grupos antisemitas/fascistas culpará ahora de la pandemia a las comunidades jasídicas del Brooklyn? –el coronavirus hizo estragos entre estos y sus rabinos ya comparan esta tragedia con el holocausto. Por lo pronto la prensa yanqui ya muy crítica de Trump antes de la pandemia, ahora le ha bajado el pulgar. En una nota del Consejo Editorial de The Boston Globe (“Trump tiene sangre en sus manos”, 30/3), se calificó a Trump de “presidente no apto …Gran parte del sufrimiento y la muerte que se avecinaba era prevenible”. "´Las cosas se desmoronan; el centro no puede sostenerse ´, escribió W.B. Yeats en 1919. Un siglo después está claro: el epicentro no puede sostenerse. Las decisiones catastróficas en la Casa Blanca han condenado al país más rico del mundo a una temporada de sufrimiento incalculable. Estados Unidos, durante mucho tiempo un faro de progreso científico e innovación médica con sus instituciones de investigación y hospitales de clase mundial, es ahora el centro de una pandemia mundial que ha infectado al menos a 745.000 personas y ya se ha cobrado más de 35.000 vidas en todo el mundo. Ahora que el número de casos confirmados de COVID-19 en los Estados Unidos, más de 140.000, ha superado el de cualquier otra nación, los estadounidenses están consignados en las próximas semanas a observar cómo la enfermedad cae sobre familiares y amigos y por temor que el mismo destino llegue a otros, mientras ven pasar el aumento de los peajes de la muerte. Si bien la propagación del nuevo coronavirus ha sido agresiva en todo el mundo, gran parte del profundo impacto que tendrá aquí en los Estados Unidos fue evitable. A medida que el público estadounidense se prepara para lo peor de esta crisis, vale la pena recordar que el alcance del virus aquí no es atribuible a un acto de Dios o una invasión extranjera, sino a un fracaso colosal de liderazgo” (ídem). Las cifras citadas a la fecha se duplicaron. Según informa Ed Pilkington, en The Guardian (7/4), Trump “fue advertido a fines de enero por uno de sus principales asesores de la Casa Blanca de que el coronavirus tenía el potencial de matar a cientos de miles de estadounidenses y descarrilar la economía de EE. UU., a menos que se tomen medidas drásticas de inmediato, revelaron nuevos memorandos”. Más recientemente Trump con el apoyo de la cadena mediática Fox salió a promocionar la “Hidroxicloroquina, un medicamento no probado (producido en la India y que según Trump) se convirtió en la 'cura milagrosa' del coronavirus” (Julia Carrie Wong, ídem, 7/4). La crisis debido a la pandemia, pero mucho más por el desmanejo del gobierno yanqui –y comparte toda la oposición demócrata–, determinó que las primarias previstas en varios estados fueran pospuestas (en más de un estado esto es motivo de fuertes disputas). La pregunta que hay que hacerse es ésta: ¿llegará Trump a noviembre? -ya no hablemos si será reelecto. Todo lo cual potencia aún más las limitaciones de la candidatura de Sanders que, a) está bajo una intensa presión del aparato demócrata para que resigne su precandidatura y apoye a Joe Biden; y b) mantiene absoluto silencio frente a la gravedad de la situación actual.

8 de abril de 2020
UBA: el “calendario académico” desata una guerra de camarillas

La resolución girada por el rectorado de la UBA el viernes 3 de abril a altas horas de la noche donde se establece el corrimiento del calendario académico -desde el 1 de junio al 23 de marzo- ha despertado enormes choques, en primer lugar, entre las propias camarillas universitarias. Página 12 (7/4) recoge las “sorpresas y críticas” que ha generado la resolución del rector Alberto Barbieri al que acusan de “cortarse solo”. Empezando por el propio CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que ha cuestionado las condiciones de establecer una fecha para el inicio de clases, hasta el conjunto de las Universidades Nacionales han salido a despegarse de la UBA. Con los tapones de punta el rector de la Universidad de Córdoba, Héctor Juri, se preguntaba en ese medio si Barbieri tenía “el oráculo” para saber cuándo se va a resolver la grave pandemia del covid-19. Las universidades del conurbano afirman que la UBA “ha tenido presiones de algunos sectores para definir ese calendario”. La UNLP (La Plata) ha salido también a diferenciarse, argumentando que ellos “van a seguir las directivas del gobierno nacional”. Clarín, por su parte, ha salido de vocero de Barbieri explicando que esta ha sido una decisión consultada con ´infectólogos´ y ´representantes´ de los ministerios de Salud y Educación (4/4). No asistimos, por supuesto, a ningún debate educativo o sanitario. Se anuncia un conflicto político en puertas. La medida del rectorado deja abierta la posibilidad de que cada facultad continúe con las clases virtuales, colocando al calendario académico solo como ´referencia´, sin especificar cómo se compaginaría luego con el formato que arranca de junio. No todas las facultades, en realidad, han comenzado con esas clases virtuales. Las que pudieron poner en pie esa modalidad, aun de forma parcial (Económicas, Derecho, Medicina) dejan atrás a las que carecen de cualquier mínima estructura (Sociales, Filosofía) o incluso a las que, por su especificidad, el formato virtual es incompatible (FADU). Tampoco queda claro en qué consistiría ese formato de junio. Se sabe que la mayoría de las facultades no tienen ninguna condición edilicia para evitar un rebrote si se establece una vuelta a la modalidad presencial. Las disposiciones mínimas de ´alejamiento´, sin mediar una extraordinaria inyección de presupuesto para remodelar los edificios y abrir nuevas comisiones, puede significar una bomba epidemiológica. Cabe preguntarse por qué Barbieri ha decidido comprarse todos estos problemas. Es cierto que, de tener éxito, la camarilla del rectorado de la UBA puede picar en punta en la lucha por los recursos del presupuesto educativo y convertirse en la cabeza de un proceso de virtualización/privatización de la educación superior. Pero también podría tratarse de un motivo mucho más inmediato: retomar la recaudación de los “recursos propios”, los cuales multiplican varias veces el presupuesto nacional otorgado a las universidades. La intención de extender ininterrumpidamente -hasta marzo del 2021- el calendario coloca a los trabajadores del sistema educativo y a los estudiantes al arbitrio total de las autoridades. A pesar de eliminarles la cláusula gatillo y recortarles brutalmente el salario a docentes y no-docentes, se les quiere imponer una gran cantidad de condiciones de trabajo jamás discutida por ellos, comenzando por la ´virtualidad´ forzosa. La guerra entre las camarillas universitarias es un ataque a los estudiantes y trabajadores. La incapacidad del actual régimen social de sostener una educación general accesible al conjunto de la población se expone como nunca. Las camarillas universitarias han colocado sus propios intereses durante toda la pandemia excluyendo a sus trabajadores de cualquier decisión. El carácter antidemocrático, improvisado y antieducativo del gobierno universitario nunca fue tan claro. Es necesaria una deliberación de fondo del conjunto de los trabajadores del país, la juventud y los partidos y agrupaciones que luchan sobre el presente y el destino de la educación superior argentina.

8 de abril de 2020
Universidad privada y “rentabilidad” en épocas de cuarentena

Luego del decreto que establece un periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, firmó una resolución que pide a las instituciones que reduzcan la cantidad de estudiantes por cursos y la implementación en la enseñanza virtual. Así como a las universidades públicas no se le designó un presupuesto para que puedan llevar a cabo esto, a las universidades privadas no se les impuso ningún tope, ni hablemos ya de una reducción del monto de los aranceles. Estas resoluciones produjeron como respuesta una manifestación virtual en Mendoza, reclamando la baja de la cuota de un 50% de las universidades privadas, porque muchos estudiantes por la cuarentena no tienen ingresos para pagarlas. Las cuotas de las privadas, en algunos casos, equivalen a un salario mínimo. Mientras comercios y empresas despiden o suspenden sin goce de sueldo a esta juventud, se le exige, sin embargo, el pago de la totalidad de las cuotas sin retraso, de lo contrario o pierden el año. En casos como el de la provincia de Salta, la Universidad Católica de Salta tiene el monopolio de carreras que no ofrece la unas - Abogacía, Psicología, Trabajo Social, Arquitectura, Fonoaudiología, entre otras- son rehenes de esta universidad. En época de cuarentena, cuando la mayor parte de la juventud se ve golpeada en sus ingresos, el gobierno le permite a las Universidades Privadas continuar con sus negocios sin ningún reparo. A los estudiantes que ahora tuvieron que recibir clases virtuales estando inscriptos bajo el modo presencial, no se les hizo rebaja alguna en el valor de sus cuotas, aún cuando estas instituciones ya dictan carreras enteras bajo el formato virtual y su costo es un 40% para quienes se inscriben en esa modalidad. Por el contrario, exigen el pago de las cuotas en tiempo y en forma, demostrando que el decreto presidencial que ordena se aplacen todos los vencimientos para pagar los servicios es letra muerta. El gobierno impone una cuarentena, pero no ofrece salidas para los diferentes problemas que surgen ante un vaciamiento educativo que se lleva desde la época menemista. Para poder continuar con los estudios y las cursada, se plantea la necesidad de una amplia deliberación que vote un pliego propio.

8 de abril de 2020
Los empleados de comercio frente a la pandemia
Agrupación Combativos Mercantiles

Con la cuarentena, las cadenas de supermercados han más que duplicado sus ventas a costa de una mayor explotación laboral y exposición tanto de trabajadores como de clientes. La Federación de Empleados de Comercio (Faecys) que dirige el eterno Cavalieri, firmó con la Asociación Supermercados Unidos (ASU) un “convenio” que fijó solo algunas normas de higiene. Ante la completa inacción del gremio y los delegados burocráticos, con ruidazos y retención de tareas los trabajadores impusieron las medidas preventivas como el ingreso limitado de clientes, distanciamiento de las filas, atención por ventanilla, cambios en la forma de reponer, y que se proveyera alcohol en gel para trabajadores y clientes. En los mercados con mayor organización se logró frenar los informes o descuentos por llegadas tarde, modificar horarios y la promesa de pago de las licencias por cuidado de hijos en edad escolar entre otros. Cavalieri pretendió frenar el estado de deliberación del gremio con la firma de un segundo convenio que fijó el horario de atención entre las 7 y las 20 horas. Lo presentó como un “éxito”. En sintonía el gobierno, desde la Secretaría de Comercio, fijó las 13 horas como “horario mínimo”. Una cantidad de horas diarias innecesarias expuestos en esta situación. La rebelión de los mercantiles se ha ido generalizando por la reducción en el horario de atención, de 10 a 18 horas. Esto ya se impuso, por ejemplo, en Neuquén tras protestas coordinadas. Y queda pendiente la reducción efectiva de la jornada laboral y la suma de un plus por la exposición. Cavalieri terminó acordando con supermercados y mayoristas el pago de un bono "solidario" de $5000 por única vez para quienes estemos trabajando durante la cuarentena. Incluso era “orden de compra” dentro de los mismos mercados, con un costo estimado en $2000 para estas empresas. Este bono miserable ha echado leña al fuego: “nos quieren contener con migajas” aciertan varios compañeros y redoblan la apuesta: “Queremos medio salario más”. Pocos días después algunas empresas han empezado a ofrecer $20.000 en dos cuotas. Bajo esta presión, un sector de los delegados y el sindicato de jerárquicos plantean “medidas de fuerza” sin debate con los compañeros ni garantías de cumplimiento. Señalamos que si se han empezado a cumplir algunas de las medidas elementales de seguridad e higiene y el reconocimiento económico es gracias a los trabajadores que estamos dando cátedra de unidad y lucha. Profundicemos este camino deliberando en asambleas y resolviendo medidas de fuerza hasta conquistar nuestros reclamos: Por comisiones de seguridad e higiene de los trabajadores, para asegurar la implementación de protocolos de seguridad y condiciones de higiene en el lugar de trabajo, con potestad de retener tareas ante incumplimientos patronales Horario de atención de 10 a 18hs. Cierre domingos y feriados Jornada laboral de 6 horas sin tocar el salario Plus salarial no menor a $20.000 Facebook: Combativos Mercantiles Instagram: combativosmercantiles

8 de abril de 2020
Trabajadores de Sanidad: nuestra salud en riesgo
Soledad D. y Gonzalo

Los trabajadores de clínicas y sanatorios privados no estamos en mejores condiciones que los trabajadores de los hospitales públicos. Abundan denuncias por la falta de elementos de protección personal y protocolos que ya generaron, como consecuencia, el contagio evitable de compañeros. En el Hospital Italiano, por ejemplo, el número de trabajadores infectados va en aumento por sucesiva negligencia de la patronal. En el sanatorio Dupuytren, solo a partir de las denuncias realizadas por la comisión interna y sus trabajadores lograron la colocación de una mampara en la recepción, elemento básico en el sector que se encuentra expuesto al primer contacto con los pacientes. En la clínica de rehabilitación CIAREC los enfermeros también exigen elementos de protección personal. El ya refutado argumento de que los insumos solo deben otorgarse para ser utilizados en casos confirmados ha expuesto a los profesionales y trabajadores de la salud. La carestía y magros salarios en el sector provocan que haya compañeros empujados a trabajar doble jornada, en el sector público y luego en el privado y en el caso de tener contacto con un caso confirmado el contagio puede ser trasladado de un ámbito a otro. Es decir que la precariedad salarial nos vuelve más vulnerables aún. Por todo esto es necesario que se brinden todos los elementos de protección personal necesarios y que se reduzca la jornada de trabajo a 6 horas para disminuir la exposición con pacientes infectados exigiendo la incorporación de trabajadores bajo convenio que luego sigan siendo parte de la planta. Frente al riesgo al que nos exponen las patronales hay que sumar que cualquier contagio en el ámbito laboral no es considerado como una enfermedad laboral por las ART, dejándonos totalmente desamparados en el peor de los casos. ¿Qué pasa en Sanidad? Debido a que la actividad de laboratorios y droguerías fue declarada también como esencial, las patronales no tuvieron reparo en exponer a trabajadores considerados en edad de riesgo ni en tomar medidas especiales para los compañeros realizan sus tareas en la calle. Como si fuese poco, los instan a realizar horas extras para producir bienes que nada tienen que ver con el objetivo de responder a la pandemia. Por todo esto, es imprescindible intervenir y poner bajo tutela del estado al conjunto de la producción de los laboratorios y droguerías y así reducir al mínimo la producción de otro tipo de medicamentos evaluando necesidades en proyección, desafectando la mayor cantidad de compañeros. En cuanto a las categorías administrativas es necesario reducir al máximo el personal expuesto, asignando tareas en modo “home office” a todo aquel que su tarea así lo permita. Y en los establecimientos que siguen trabajando hay que exigir protocolos de seguridad, elementos de protección personal, desinfecciones permanentes y que se tomen todas las medidas dictadas por los organismos de salud. El bono ATSA BS. AS. anunció con bombos y platillos un bono para trabajadores de la salud pero no todos los trabajadores en actividad lo cobraremos. Omite a trabajadores de laboratorios y droguerías, y en el caso de Emergencias Médicas y Cuidados Domiciliarios no queda explicitado su correspondencia. Además, menciona que el pago está sujeto a la efectiva prestación de servicios. Lo más grave es que dejaron en manos de la patronal informar la nómina de trabajadores afectados. Alertamos que este puede ser utilizado para extorsionar a los trabajadores provocando que se presenten a trabajar aun cuando no estén garantizadas las condiciones. Debemos dar la pelea para que este bono sea extendido a todos los trabajadores del gremio. Organicémonos Todas las denuncias en las condiciones de trabajo surgieron por propia iniciativa de los trabajadores y delegados, superando a la conducción de ATSA Bs As que se borró, entregando a su suerte y a la voluntad de la patronal la salud de los trabajadores. Las iniciativas, por abajo, que se van desarrollando en diversos establecimientos son un puntapié inicial para toda una experiencia con direcciones que no nos representan y que nos ponen en riesgo. Es por eso que los trabajadores de Sanidad debemos redoblar nuestras fuerzas y extender estas experiencias de conquistas, poniendo en pie asambleas y conformando comités de seguridad e higiene en los cuales los trabajadores debemos elaborar protocolos que se ajusten a nuestras tareas y participar del seguimiento de su cumplimento. Incluso si las patronales forman comités de crisis, exijamos nuestra participación por medio de delegados electos para que se cumplan todas nuestras demandas. Frente al abandono de ATSA Bs. As. y la desidia de las patronales y para defender estos reclamos es imprescindible que el motor de todas las iniciativas sea la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinguir entre convenios y categorías.

9 de abril de 2020
EE.UU.: ¿”El virus no discrimina”?

“Mientras el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, llamó una vez al coronavirus un ´gran ecualizador´, los datos muestran lo contrario. A medida que Estados tiene más de 10 mil muertes por coronavirus… su impacto desproporcionado en los estadounidenses negros es alarmante” (Kenia Evelyn, The Guardian, 8/4). “La disparidad es especialmente marcada en ciudades como Nueva Orleans, Chicago y Detroit” (ídem). En la primera, donde los afroamericanos son un tercio de la población los muertos son el 75%. Detroit, desde hace dos décadas la capital nacional de la desocupación y la miseria de EE.UU., con una población “80% negro, tiene los casos de coronavirus más concentrados del estado (Michigan). La tasa de mortandad en la ciudad representa el 40 % de las muertes generales en el estado. En Chicago que es 30% negro, los afroamericanos representan el 70% de los casos de coronavirus y más de la mitad de las muertes del estado”. “Los afroamericanos enfrentan un mayor riesgo de exposición al virus, principalmente debido a que se concentran en áreas urbanas y trabajan en industrias esenciales” (ídem). Es decir, son los que viven en condiciones más adversas y propensas al contagio; pero encima son los que cargan con los trabajos “esenciales”. La discriminación se expresa en todos los terrenos: “Según el Instituto de Política Económica, solo al 20% de los trabajadores negros se los elige para trabajar desde su casa, en comparación con aproximadamente el 30% de sus homólogos blancos”. El Covid-19 tiene “una alta prevalencia entre los que sufren de obesidad, presión arterial alta y diabetes, factores de riesgo más comunes entre los afroamericanos”. De modo que “esos riesgos se ven significativamente exacerbados por las desigualdades raciales en la atención médica, incluidos el cierre de instalaciones y límites en los planes de seguro público de salud como Medicaid y Medicare. Los afroamericanos tienen el doble de probabilidades de carecer de seguro de salud en comparación con sus homólogos blancos, y es más probable que vivan en áreas médicamente desatendidas, donde la atención primaria es escasa o costosa” (ídem). “Cuando el virus se propagó por primera vez, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. publicaron directrices de prueba que priorizaban a aquellos que habían viajado al extranjero. Eso significaba que los pacientes negros en su mayoría negros de(l centro médico) Blacstock en las zonas de bajos ingresos de Brooklyn y Queens no se hicieron la prueba tan rápido como los clientes blancos más ricos en Manhattan que tenían los medios para viajar” (ídem). EE.UU. ha superado, relativamente, el drama del Ku Klux Klan. Pero ni remotamente extirpó la desigualdad social y racial del capitalismo norteamericano, que ahora se ha extendido también a los latinos y otras minorías.

9 de abril de 2020
Importante iniciativa del SUTNA

La carta enviada por los compañeros de la dirección del Sutna nacional a las patronales del neumático, con la firma de su secretario general Alejandro Crespo, planteando un protocolo elaborado por los propios trabajadores para el momento en que se reinicien las actividades, nos parece de suma importancia como una guía de acción de las organizaciones sindicales de base que enfrentan en las mayorías de los casos protocolos elaborados por las propias patronales. “En representación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) me dirijo a uds. a fin de ahondar en el planteo ya formulado respecto de la necesidad de adopción de políticas de seguridad adecuadas a la situación de pandemia que se está viviendo, de modo que se pueda reiniciar la actividad en condiciones de protección respecto de la salud de todos los trabajadores". “Sin perjuicio de las medidas que se haya ido adoptando hasta el momento, entendemos imprescindible el cumplimiento de mecanismos de seguridad y prevención que a continuación detallamos, los que resultan fundamentales para el momento de reinicio de tareas". “Medición de temperatura corporal a toda persona al ingreso y egreso, para intentar detectar a tiempo un posible caso de coronavirus, para darle tratamiento lo antes posible y evitar la propagación dentro de planta". “Para ello es necesario que las empresas cuenten con los instrumentos adecuados para una rápida medición de temperatura (termómetros infrarrojos, arcos de medición etc)". "Retirar barreras físicas que obliguen al contacto sobre una misma superficie a varios compañeros, para ello se deben dejar de utilizar los molinetes y guardar distancia entre los trabajadores al ingreso y egreso". “Evitar aglomeración de los compañeros dentro de planta: Es importante evitar la acumulación de los trabajadores en los diferentes espacios, dentro de ellos vemos como fundamental los vestuarios, para los que se debe buscar alternativas que eviten que muchos compañeros estén agrupados en un ambiente reducido donde debe cambiarse y ducharse con las complicaciones que todos conocemos". “Transporte seguro: Es necesario que cada compañero pueda trasladarse desde su casa al trabajo y emprender su regreso sin que deba estar a una distancia inapropiada de otra persona, para ello se debe asegurar un transporte adecuado que evite vehículos donde no se guarde la debida distancia entre las personas". “Desinfección de superficies utilizadas por distintos compañeros: Para los tableros, herramientas, controles de equipos de traslado y manipulación de materiales, etc se debe facilitar los medios para la debida desinfección cuando deban pasar a ser utilizados por otros compañeros". “Protocolos y medidas de prevención en sectores de ingreso de productos y de egreso de cubiertas: Se debe asegurar protocolos que garanticen que los productos y vehículos que ingresen a la planta estén desinfectados, proporcionar los debidos elementos de protección a los compañeros que manipulen materiales ingresantes y contar con las medidas necesarias para que tanto los trabajadores de transporte externo, como los compañeros de cada fábrica, cuenten con la debidas medidas de prevención y seguridad". "Protocolo ante la aparición de síntomas coincidentes con coronavirus: Ante el aviso desde su hogar de un compañero que presenta síntomas tales como fiebre, dolor de garganta, tos, se debe indicar que no asista a planta ni para ir al departamento médico, si surgieran estos síntomas a un compañero que ya está en planta, contar con el correspondiente protocolo para darle de inmediato la debida atención evitar su contacto con otros compañeros y realizar la desinfección de su área de trabajo". “Protocolo ante un caso positivo de coronavirus: Se debe publicar y difundir a todos los compañeros el protocolo que se llevara adelante ante la aparición de un caso positivo de coronavirus". “Elementos y acciones de higiene y prevención: Las empresas deben garantizar la debida provisión de elementos de higiene y prevención tales como, alcohol en gel, jabón, en los lugares que sea indicado barbijos o guantes, desinfectar en forma las veces que sea necesario dentro de cada turno lugares tales como baños, vestuarios, comedor, bebederos, fumaderos, bancos, cajeros, máquinas expendedoras, etc. Los trabajadores deben contar con el tiempo necesario para su higienización (lavado de manos etc)". “Se trata de medidas básicas de seguridad y prevención que consideramos necesario se instrumenten en forma debida". “Ello sin perjuicio de ir sumando aportes en futuras comunicaciones, destinados a proteger la vida y la salud de los compañeros". "Saludo atte”. "SUTNA, 03/04/2020"

9 de abril de 2020
Repudiamos la represión contra los trabajadores del Frigorífico Penta

Continuidad de todos los puestos de trabajo. Pago integal de los salarios adeudados. Los trabajadores hace minutos acaban de ser reprimidos por efectivos policiales mientras se encontraban reclamando de manera pacifica frente a los portones de la empresa. Su dueño, Bruzzese, se encuentra actuando en la más completa ilegalidad, rompiendo la conciliación obligatoria dictada. Por otro lado, los trabajadores del Penta, se suman al largo tendal de despidos y suspensiones desde comienzos de la cuarentena. El DNU firmado por Fernandez, no ha tenido ningún efecto, lo que demuestra que es solo una fachada mientras las patronales y la burocracia sindical arreglan. Desde el 17 de marzo que los 250 trabajadores se encuentran reclamando la reincorporación. Entre otras medidas, ayer se habían manifestado en la municipalidad y Mayra Mendoza, les había garantizado que iban a dar respuesta. El día de hoy llegó, bajo los palos y las balas de la bonaerense. Del mismo modo, la cuarentena queda al desnudo como una medida trucha, que rápidamente ha sido limitada según las necesidades patronales. La policía se hace presente en el Penta, no para garantizar que Bruzzese pague los salarios sino para consolidar los despidos y el hambre de las familias trabajadoras. Responsabilizamos a Alberto Fernandez, Kicillof y Mendoza sobre cualquier consecuencia que recaiga sobre los trabajadores. Deben dar respuestas, y garantizar no solo los puestos de trabajo sino la salud de cada uno de los trabajadores y sus familias. Que no solo se encuentran en una situación de miseria sino que están siendo expuestos al contagio del Coronavirus. Desde el Partido Obrero (Tendencia) nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores y nos ponemos a completa disposición.

9 de abril de 2020
Millones de rechazados para el IFE exigimos el pago del subsidio a todos los inscriptos
Polo Obrero

La masiva inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el que se anotaron 12 millones de personas, demostró la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran más de un tercio de las familias del país ante la pandemia del coronavirus. Trabajadores en negro que no tienen garantizado el cobro de su salario, desocupados que han perdido toda posibilidad de hacer changas, trabajadores autónomos que han perdido todo ingreso, se agolparon en los locutorios de los barrios con la esperanza de poder acceder al magro ingreso de $10.000 prometido. Nos enfrentamos a la necesidad de cuidar nuestra salud y la imposibilidad de hacerlo: ningún trabajador puede permanecer dentro de su casa si no tiene qué comer. A su vez, somos los más expuestos a sufrir las consecuencias de la pandemia: por las condiciones de hacinamiento, humedad de las viviendas, la falta de cloacas y agua potable, la gran mayoría de los habitantes de las villas y asentamientos contamos con antecedentes de enfermedades respiratorias: asma, bronquiolitis y hasta tuberculosis son frecuentes. No contamos con atención en clínicas privadas, y conocemos de primera mano el vaciamiento de los hospitales públicos producido en las últimas décadas. En la actual situación, se nos ha colocado en una encrucijada entre el virus y el hambre. A una semana de haberse desembolsado US$250 millones a los bonistas tenedores de deuda, se procede a “denegar” el subsidio a un gran porcentaje de los solicitantes. Sabemos que se trata de un intento por reducir la cantidad de subsidios a un número cercano a los 3 millones que inicialmente se habían previsto. De ser así, 9 millones de personas con necesidades reales quedarían sin este ingreso mínimo, que ante los aumentos de precios tampoco es capaz de cubrir las cuestiones más básicas. Hemos registrado motivos de rechazo a los que nos oponemos, como por ejemplo: -por compartir la vivienda con un jubilado o pensionado, o alguien que cobre un plan social (como por ejemplo el Programa Hogar, que otorga $183 a familias que no cuentan con gas natural, o los $8500 de los planes a desocupados) o tenga un trabajo en blanco, aunque cobre el salario mínimo ($17.000), aunque ese ingreso no alcance para sostener a toda una familia (incluso a más de una, ya que muchas veces nuestras familias deben compartir el techo ante la imposibilidad de acceder a otra vivienda). Se ha rechazado el subsidio a familias que cobran un plan social municipal, sin atender a los montos de miseria de los mismos, como es por ejemplo el caso del “ticket social” de la Ciudad de Buenos Aires, de $1100. -a mujeres que sufren violencia de género, cuyos agresores no han modificado su domicilio, se les niega el subsidio argumentando que habría otro ingreso en el hogar, aunque una orden de restricción impida el acercamiento por ser un riesgo para sus vidas y/o las de sus hijos. -por tener deudas con Afip (en el caso de los monotributistas), planteándose que no podrán cobrar subsidios hasta regularizar la deuda. No se contempla que muchos trabajadores autónomos (microemprendedores, taxistas, pequeños comerciantes) arrastran meses -años ya- de pérdida de ventas y clientes: es la recesión económica, y ahora la crisis sanitaria, lo que impiden a estos trabajadores estar al día con este impuesto. -por tener un automóvil o vivienda de su propiedad, aún cuando esa propiedad es su herramienta de trabajo o vivienda única. Los trabajadores que perdieron sus empleos durante los últimos años, e invirtieron la indemnización recibida en un auto para trabajar como choferes, hoy no pueden siquiera pagar el mantenimiento de ese vehículo. -por tener más de 65 años, aunque no cuente con ningún otro ingreso, es decir: una discriminación del sector que se encuentra en mayor riesgo ante la epidemia. -por errores de la plataforma de ANSES, que para una gran cantidad de personas que no hubieran gestionado antes planes sociales, registra la fecha de nacimiento de las personas como 01/01/1901, siendo este un dato no puede ser modificado por internet. Al mismo tiempo, se ha demorado la entrega de alimentos comprometida con las organizaciones sociales, incumpliendo los plazos que el propio ministerio había fijado para ello. Asistimos a la tercera semana de cuarentena y regiones enteras aún esperan este paliativo. Los comedores reciben el triple de demanda, pero no reciben siquiera los mismos alimentos del mes anterior. El gobierno, en vez de obligar a las empresas productoras de alimentos a proveerlos a precios acordes a la emergencia que se vive, y disponer un control de las mismas a cargo de los trabajadores, paga sobreprecios, legitimando así la escalada inflacionaria en cada barrio, la cual hará más urgente la necesidad de un ingreso para los precarizados, desocupados y autónomos. Como resultado del escándalo generado por esta situación, encontramos paralizada la entrega de la mercadería, tanto por el recambio de los funcionarios a cargo como por las propias contradicciones de la política de precios que nos pone frente a un probable desabastecimiento de productos esenciales, como el aceite o los fideos. Rechazamos esta salida: debe disponerse la apertura de los libros contables de estas empresas, incautar las existencias e intervenir la producción bajo el control de los trabajadores. Los alimentos deben llegar a los barrios de manera inmediata. El pueblo lucha por el cumplimiento efectivo de la cuarentena. Los trabajadores de la salud reclaman insumos para la atención y elementos de protección personal para no ser vectores de transmisión del virus. Quienes producen alimentos pelean por protocolos de seguridad en las fábricas y medios de transporte. Y los desocupados y precarizados reclamamos, para poder “quedarnos en casa”, que se asegure el alimento, la limpieza y la higiene de nuestras familias y nuestros hogares. El gobierno debe garantizar las condiciones para que la cuarentena sea posible. Reclamamos: La continuidad de la cuarentena estricta, sin flexibilización. El pago de pago del subsidio de $ 10.000 de todos los anotados. Aumento del monto del subsidio al valor de la canasta familiar. Pago proporcional por el medio mes de marzo y pago completo por el mes de abril. Continuidad del subsidio en los meses próximos. Entrega de alimentos, productos de limpieza e higiene (guantes, barbijos, alcohol en gel, lavandina, repelentes para mosquitos, etc) para todos los vecinos de los barrios más pobres del país, supervisada por comités de trabajadores, vecinos y organizaciones barriales. Refuerzo de la asistencia a través de comedores con viandas, con todas las medidas de protección. Campaña masiva de vacunación gratuita en los barrios contra la gripe y neumonía, y operativo sanitario de fumigación y descacharrización en las zonas afectadas por el brote de dengue.

9 de abril de 2020
Coronavirus en Carrefour Express
Violeta B

La cadena Carrefour Express ya suma dos casos diagnosticados de trabajadores infectados con coronavirus. El día 7 de abril, los trabajadores de Carrefour nos enteramos por nuestros medios que un compañero dio positivo de Covid-19. Ese primer contagio se produjo en la tienda Express 565, de la calle Ecuador al 900, una de las tantas donde los trabajadores venían alertando a la empresa y a los delegados que no contaban con los materiales necesarios para el cuidado frente a la pandemia. El segundo caso fue informado al día siguiente. Se produjo en el local 736, ubicado en Av. San Juan al 3334. Ambos casos fueron comunicados por un mensaje de texto a las tiendas, pero sin decir en qué locales se habían producido. Ocurre que, por la falta de personal, los trabajadores cubrimos tareas en varias tiendas y, al existir un caso, la empresa estaría obligada a cerrar todas las tiendas próximas si hubo traslado de personal, contacto con proveedores y repositores externos. En el caso más reciente, la pareja de la compañera que dio positivo presta servicio en otro local: este trabajador quedó en cuarentena, pero no el resto de sus compañeros. Desde el vamos se observa en estos dos primeros casos a desidia de la patronal. Cínicamente, el mismo día, el presidente de Carrefour Argentina Stéphane Maquaire bombardeó con spam a los clientes de la base de datos de la empresa para transmitirles que “Carrefour nos cuida, a clientes y a sus empleados”, omitiendo el caso de contagio. Y al igual que Coto sucursal Once, este Carrefour hoy informa en su persiana que se encuentra “cerrado por mantenimiento”, ocultando la situación también a los clientes que mantuvieron contacto con el compañero contagiado. Al día de hoy, en las más de 350 tiendas Carrefour Express, con más de 1.700 trabajadores, no contamos con las medidas de seguridad e higiene para poder realizar nuestras tareas. Mientras tanto, la empresa ha duplicado sus ganancias aumentando el ritmo de trabajo y exigiéndonos hacer horas extras debido a la falta de personal, algo que en Carrefour Express ya es moneda corriente. No hemos recibido nunca desinfección alguna de los locales ni información adecuada de cómo debemos cuidarnos, han tomado solo algunas medidas luego de nuestros reclamos. En las tiendas donde los empleados ejercemos presión para hacerlas cumplir, colocaron, por ejemplo, unos acrílicos en las cajas, que no sirven de mucho, y nos hicieron realizar en forma artesanal unas máscaras. En muchos casos, los mismos empleados tenemos que salir a comprar guantes y barbijo. Estamos peleando por las licencias para padres con hijos en edad escolar y por la reducción de horas o modificación de horarios. Frente a la negligencia patronal, los trabajadores nos venimos organizando para poder cuidar de nuestra salud y la de los clientes. El mismo día que se dio a conocer el primer caso de contagio, varias tiendas Express se mantuvieron cerradas y en otras hubo retención de tareas durante cuatro horas exigiendo las medidas de higiene necesarias y el cobro de un plus salarial no menor a $20.000. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, intentando frenar nuevas medidas de fuerzas por quince días sin obligar a la empresa a cumplir los protocolos frente a la pandemia. La salud del conjunto de la sociedad solo puede asegurarse cumpliendo los reclamos de la clase obrera y esto dependerá de un plan de acción de los trabajadores. *Por comisiones de seguridad e higiene de los trabajadores, para asegurar la implementación de protocolos de seguridad y condiciones de higiene en el lugar de trabajo, con potestad de retener tareas ante incumplimientos patronales *Horario de atención de 10 a 18hs. *Cierre domingos y feriados *Jornada laboral de 6 horas sin tocar el salario *Plus salarial no menor a $20.000 *Licencia paga para quienes integran los “grupos de riesgo”, convivan con familiares en esa situación o tengan hijos en edad escolar- *Que se destinen los recursos nacionales a superar el colapso sanitario en lugar de negociar con el FMI y los acreedores el pago de la fraudulenta deuda externa. *Cobertura sin copagos en todos los sanatorios de Osecac y médico a domicilio. Defensa del derecho de protesta, organización y asambleas (con los correspondientes recaudos).

9 de abril de 2020
Cuarentena en Bariloche
Myriam Alvarez y Elena Florin

Como todo el mundo sabe Bariloche es una ciudad turística. También es sabido que hay dos Bariloche, la del lago y la del Alto. Hoteles, excursiones, restoranes, bares cerrados. La actividad turística paralizada asesta un golpe de lleno a los bolsillos de los trabajadores de la ciudad. La Bariloche de los trabajadores dista mucho de la postal y, por supuesto, también de las ganancias millonarias por parte de las patronales. La inmensa mayoría de la población tiene trabajos temporarios, precarizados, son cuentapropistas, artesanos, hoteleros con extenuantes jornadas de trabajo, con inestabilidad laboral, mucamas ultraflexibilizadas, guías de turismo. Y son, en definitiva, quienes sostienen la economía de la ciudad. Este régimen de superexplotación es padecido por las trabajadoras y trabajadores con la complicidad de los sindicatos, que ajenos a la democracia sindical, se perpetúan en el poder con los peores métodos. En el Alto, la cuarentena -imprescindible ciertamente-, hace estragos. La desocupación aumentó exponencialmente. Los comedores populares no dan abasto y se ven larguísimas filas para retirar alimentos de los centros comunitarios. Los chicos del Alto tampoco acceden a las clases virtuales. No disponen de computadoras ni internet. No hay red de gas. La población debe lidiar con la especulación del precio del envasado y el costo de la leña. El hacinamiento, la precariedad y falta de servicios en los hogares no está contemplada en planes concretos en las acciones del gobierno. La cuarentena es fuertemente acatada. Si bien de la coerción estatal al abuso policial hay un solo paso, la reacción de la población es inmediata, así como lo son la denuncia y el repudio. Los empleados de comercio denuncian que les descuentan si no van a trabajar a pesar de no ser trabajo excluido de la cuarentena. El ministerio de trabajo brilla por su ausencia. Los recolectores de residuos reclaman protección sanitaria. Los presos también y por eso fueron salvajemente reprimidos. Los trabajadores de las chocolaterías, actualmente cerradas, plantean que los huevos de pascua no son alimento esencial y se niegan a producirlos. Las patronales promueven la venta de chocolates por delivery y los colocan en los almacenes de barrio para solventar así sus “pérdidas”. Hay empresas que llamaron a sus trabajadores a “colaborar” en la producción. Fueron denunciados y se interrumpió esa actividad clandestina. El trabajo temporario en Bariloche es siempre un problema dada la actividad turística que se desenvuelve en dos temporadas -verano, de diciembre a febrero, e invierno, en julio y agosto. Los trabajadores temporarios no cobran sus salarios en baja temporada, solo reciben el salario familiar y la guarda de puesto. Corresponde plantear la garantía horaria, es decir que la patronal pague determinada cantidad de horas mensuales cuando no hay trabajo. En este momento el gremio gastronómico está reclamando Repros para sus afiliados a causa de la pandemia. Pero los Repro los paga el estado a los empresarios con lo que son ellos que disponen el pago a su antojo. Los despidos arrecian. En la empresa de transporte Via Bariloche despidieron cien trabajadores y se anuncian más. En Diarco (supermercado mayorista) también hubo despidos. En el hospital zonal, en plena crisis sanitaria, anunciaron cuatro despidos que fueron rápidamente reincorporados por el escándalo suscitado. Los choferes del Transporte Urbano cobraron solo el 50% del salario. La empresa aduce eso a la falta de pago del gobierno nacional y la reducción del aporte municipal. La planta es de 200 trabajadores de los cuales están trabajando 50 por la reducción de servicios. Asistimos a un aumento generalizado de precios en los alimentos básicos y productos de limpieza, constatado y denunciado por la población. Con las fronteras cerradas, el descontrol del mercado interno revela la incapacidad del gobierno para cumplimentar el congelamiento de precios. Sin embargo, ejerce todo el poder sobre jubilados y pensionados, con un aumento precario que no recupera el costo de vida y anulando la ley de movilidad. Además de derogar la cláusula gatillo para los trabajadores convenidos por Convenios Colectivos de Trabajo. Resulta que no les cabe la solidaridad a los que hablan desde Puerto Madero, tampoco a las patronales ni a los acreedores de la deuda, internos y externos. Reclamamos: La prohibición de los despidos. Pago del salario a los trabajadores temporarios impedidos de trabajar. Modificación de los turnos horarios del personal de salud, seis horas, cuatro turnos. Incorporación a la planta del hospital del personal del Sanatorio del Sol cesanteado en enero. Cumplimiento de la cuarentena con la sola excepción de los trabajadores de la Salud, Alimentación y Transporte. Reconocimiento por parte de las ART de enfermedad profesional a los contagiados por covid 19 para dichos trabajadores. Protocolos de salud confeccionados por los propios trabajadores. Control de precios efectivo por comisiones de trabajadores.

9 de abril de 2020
Luchas en las cadenas de alimentos en Estados Unidos

Las compañías comerciales más grandes de EEUU comenzaron a reportar decesos en sus sucursales. Según el Washington Post, “Un trabajador de Trader Joe's en Scarsdale, Nueva York, otro en una tienda Giant en Largo, Maryland, y dos empleados de Walmart de la misma tienda del área de Chicago murieron de covid-19” (6/4). Las empresas cerraron y dieron dos días pagos, listas para reabrir. Se trata de las empresas cuyas cotizaciones en bolsa subieron debido al aumento de la demanda y de precios. “Pago esencial para un trabajo esencial” fue el grito de los trabajadores de tiendas de comidas y supermercados, durante una protesta que tuvo lugar el martes en Boston, en la puerta de Whole Foods. Amazon es la dueña y sus trabajadores piden máscaras, guantes, licencia familiar remunerada, licencia por enfermedad y un aumento del 50%. Dicen que es miserable el aumento de 2 dólares por “trabajo peligroso” de parte de una de las empresas más grandes y que más ganan en el mundo. Acompañaron trabajadores de varias tiendas de comestibles de Massachusetts (Stop & Shop, Trader Joes & Shaw's) para exigir equipo de protección personal y recibir un pago adecuado. Hicieron un piquete con “distanciamiento social”, en la puerta del local en Boston, que recibió el apoyo de los consumidores. Los organizadores alentaron a los clientes a asistir a la protesta, siempre que usen equipo de protección personal y se encuentren a la distancia reglamentaria. El martes 7 de abril, los trabajadores de Shipt de Birmingham, Alabama, que cuenta con más de 100.000 trabajadores en todo el país, abandonaron sus puestos de trabajo e hicieron un llamado a los clientes, en muestra de solidaridad, para boicotear a Shipt el viernes 10 de abril. Trump desempolvó una ley de la guerra de Corea que le da atributos especiales para atacar a las huelgas y a los sindicatos. Cierres y crisis. En una economía despedazada por el desempleo (10 millones, 1 millón son empleados minoristas), la supermercadistas son las que más contratan, pero dada la falta de medidas de seguridad y controles, también son a las que más les cuesta reemplazar al personal. A esto se suma que sólo aumentaron 2 dólares la hora, un incentivo pequeño para semejante riesgo. Instacart, Walmart, Target, Kroger y otros también están invirtiendo fuertemente en comestibles “en línea”. Walmart, que generó más de $ 250 mil millones en ingresos para el año fiscal 2020. “Los comestibles son un mercado estadounidense estimado de $ 678 mil millones que se está volviendo cada vez más digital. La firma de investigación eMarketer estima que las ventas de comercio electrónico de alimentos y bebidas en Estados Unidos crecerán un 23,4 por ciento a más de $ 32 mil millones este año” (geekwire, 7/4). Durante la pandemia la “guerra comercial” al interior de EEUU se agudiza. Amazon, líder de envíos en línea de EEUU, avanza en el comercio minorista, mientras que Walmart, líder del comercio minorista, lanza plataformas “on line” para competir con la empresa del multimillonario Jeff Bezos. “Mahaney de RBC dijo que las ventas de comestibles de Amazon podrían alcanzar alrededor de un tercio del tamaño de Walmart para 2023” (ídem). El NYT informó que los pedidos de comestibles de Amazon subieron 50 veces. La compañía tuvo problemas para cumplir con los pedidos, y algunos clientes informaron demoras o no entregas. La competencia capitalista a la que se lanzan las empresas ávidas de quitarle el mercado a la rival, choca con las determinaciones del covid19. La clase obrera pelea por hacerle cumplir la cuarentena solucionando el problema del pago a los desempleados y a quienes no tienen ingresos suficientes, pelea por parar aquellos trabajos no esenciales, y por dotar de todas las medidas de seguridad a los trabajos esenciales. La salida de esta crisis está en manos del sujeto que determina la existencia en la sociedad en que vivimos, la clase obrera.

9 de abril de 2020
Sobre “La pandemia y el final de una era”

El 3 de abril se publicó una columna de Atilio Borón. La misma traza una perspectiva compartida por varias corrientes de centro-izquierda y progresista no solo en la Argentina sino también en el mundo. De esta manera adquiere una importancia sostener una polémica sobre esta caracterización política, así como sus insalvables límites y contradicciones. Impostura política Boron coloca como primera víctima fatal del Coronavirus a la “versión neoliberal del capitalismo”, según sus propias palabras. A las que agrega: “Decimos la “versión” porque el COVID-19 liquidó al neoliberalismo, pero no a la estructura que lo sustenta: el capitalismo como modo de producción y como sistema internacional. La era neoliberal ya es un cadáver aún insepulto pero imposible de resucitar. El capitalismo, en cambio, aún resiste y su futuro es incierto. Pero nada autoriza a darlo ya por muerto”. Escudado en Lenin, dice, “el capitalismo no caerá si no existen las fuerzas sociales y políticas que lo hagan caer.” De esta forma, Atilio, no tiene inconveniente en saber que de ninguna manera habrá una revolución en el porvenir. Una verdadera impostura política, porque Borón, y todo el chavismo latinoamericano de la “Patria Grande”, jamás abogaron ni abogaran por el desarrollo de una salida revolucionaria a la crisis de la humanidad, hoy sintetizada por una bancarrota capitalista mundial y, profundizada, por el Coronavirus. Al abandonar rotundamente la salida revolucionaria, Borón afirma dos posibilidades: uno donde haya más Estado y menos mercado o “la barbarie”. O sea, la reafirmación de la dominación del capital recurriendo a las formas más brutales de explotación económica, coerción político-estatal y manipulación de conciencias y corazones a través de su hasta ahora intacta dictadura mediática y de la eficacia de su imperio de vigilancia global”. Para evitar la barbarie, debemos apostar por Estados más presentes es la “oferta de temporada” que nos hace Atilio. Fin de era Un elemento que se desarrolla y se desprende del fallecimiento del Neoliberalismo, es la caída de los regímenes que representan esta corriente, como el de Trump o Johnson, así como los intentos derechistas latinoamericanos, que incluso fracasaron de manera previa. Este fracaso del “Neoliberalismo” es un fracaso sistémico, un punto completamente ignorado por Borón durante todo su artículo es que la actual crisis desatada por el Coronavirus deviene del agravamiento de todos los antagonismos pre existentes. Nos referimos en este punto a la intensificación de la guerra comercial comandada por Trump contra China; la movilización de la flota yanqui contra Venezuela y el agravamiento del bloqueo económico; la escalada bélica en Medio Oriente y podría extenderse la lista. Lo que concluye que, a contramarcha de Borón, los Estados lejos de una cooperación internacional o la su superioridad sobre el mercado es una idea idealista que no responde a la realidad concreta. Por otro lado, y continuando el análisis de los Estados de Bienestar, es decir, los preocupados por la salud, la educación, el trabajo, no presentan los elementos materiales para ser llevados adelantes. Asistimos a una quiebra sucesiva de las economías nacionales (y mundial) mucho más agravada que la bancarrota de 2007/8. El rescate solicitado por el capital no puede ser afrontado de ninguna manera que no sea efectuando un ataque (recorte) sobre las condiciones de vida de las masas, desde los Estados que brindan atenciones publicas hasta la liquidación de los regímenes jubilatorios y los derechos laborales. Los choques entre los distintos bloques capitalistas, acrecientan un escenario de crisis políticas y de regímenes políticos, como pocas veces se ha asistido en el pasado. Una época de guerras y revoluciones Las ideas desarrolladas por Borón, no son nuevas ni figuran como una novedad en su repertorio, es decir, son palabras ya dichas en el pasado. Atilio “queda preso” de sus propios prejuicios y eso le impide abordar la situación concreta que atravesamos. Una recomposición de los “Estados de Bienestar” es completamente incompatible con la disputa feroz entre los distintos bloques capitalistas, que tienden a una profundización de la disputa por el reparto del beneficio social cada vez más cruento. Es decir, un dislocamiento del mercado mundial. Retomando a Lenin, la guerra se presenta como la continuación de la política por otros medios, eso incluye al enfrentamiento de la clase obrera y la burguesía. Hasta este punto Borón, ha desarrollado dos posibilidades: los Estados de Bienestar, que ya hemos señalado sus limitaciones, pero además contrapropuso que la salida de barbarie significaría la instauración de regímenes de excepción, de mayor violencia y coerción sobre las masas. Esto es el reconocimiento de nuestra tesis, una situación de excepción es justamente un elemento extraño. Colocar en el porvenir esta situación excepcional como lo corriente, es una contradicción desde su propia enunciación. La conclusión que nos interesa abordar es que este cuadro volátil despierta entre las masas una respuesta a la dominación de la burguesía, la cual se ve más socavada por el propio desarrollo de las contradicciones inherentes al régimen capitalista. En la historia, la guerra ha sido la partera de los procesos revolucionarios por excelencia. La clase obrera no asiste impávida a esta crisis sino por el contrario, expone una enérgica respuesta desde Chile a Hong Kong, pasando por Medio Oriente y las metrópolis europeas. La época de guerras y revoluciones apenas ha comenzado.

9 de abril de 2020
PTS: una lectura metafísica de la crisis

En el artículo ( https://www.laizquierdadiario.com/Estamos-en-guerra-Apuntes-sobre-el-consenso-coercitivo ) el PTS, en pluma de Juan Dal Maso, intenta analizar los mecanismos que estarían puestos en juego para la aprobación de la figura de Alberto Fernández y de su política de aislamiento social obligatorio en contexto de pandemia Covid-19. Derechizacion de las masas A lo largo del artículo plantean que un supuesto fortalecimiento de la imagen presidencial estaría dado por el miedo a la pandemia y por el carácter coercitivo de la cuarentena. Siguiendo a Gramsci y su categoría de Estado ampliado sostienen que el gobierno se vale ya no sólo de los sindicatos y los partidos obreros integrados al régimen para reprimir, sino que se vale también de la sociedad civil, más específicamente de las "masas de clase media" que actúan en rol de policía influidas por "la opinión pública". Por lo tanto, la mayor aceptación de la figura presidencial estaría basada para el PTS en una "relativa derechizacion ¿Coyuntural? de la sociedad" (sic). Dicho esto en un lenguaje comprensible, el PTS da como cierto el fortalecimiento de AF que le otorgan las encuestas, sin considerar los avances y retrocesos que ha tenido su gestión en la corta etapa de la pandemia, es decir que lo postula como un hecho, si no irreversible, sí consumado. Luego postula que Fernández estaría más fuerte no por el acierto de su política sino por el miedo a morir. Lo que distingue, digamos, a esa política de la de otros países es, sin embargo, la de haber dispuesto de una cuarentena más temprana, defendida como la vía para aplanar el desarrollo de la epidemia, en contraste con Italia, España, Johnson, Bolsonaro y Trump. Una política que cuenta con gran consenso de la comunidad científica, o sea que los encuestados estarían apoyando a AF no por miedo sino, por el contario, por racionalidad. Al final apela a una categoría kirchnerista, según la cual los medios que modelan la opinión pública han convertido a la clase media en fascista. Estamos ante un compendio de prejuicios, ni siquiera izquierdistas, y un método idealista. El mismo método utiliza el autor con relación a la clase obrera, pues ignora sus luchas - en defensa de la vida. Desarrolla el lado negativo del idealismo, el temor, y no el lado existencial, la lucha por la vida, no en una guerra con otro país, sino contra su clase explotadora nacional. Las enfermeras, médicos, concurrentes y residentes en la primera línea de fuego contra la pandemia organizando enormes asambleas y reclamos por los elementos de seguridad e higiene acordes, kits de testeo. Esto ocurre cuando una pandemia opera sobre los individuos como una incertidumbre y una impredicibilidad. Los trabajadores de la alimentación, los pibes delivery y de comercio de comidas rápidas que se plantan contra las patronales que quieren declarar esenciales rubros que lejos están de serlo, tiran por tierra tamaño conservadurismo invisibilizador de la lucha de clases, en el escenario de crisis sanitaria y social que atravesamos. El PTS piensa que hay una “derechización” de las masas en la aceptación de la figura presidencial y de las condiciones de cuarentena que va a dejar "huellas" en el tiempo. Pero esto lo viene repitiendo desde hace tiempo, desde que dejó la acción directa por una prensa digital. De nuevo, no descubre nada, sigue aferrado a su prejuicio. Ahora que las patronales exigen abandonar la cuarentena por un liberalismo ajustador, las masas perderán expectativas en un gobierno que cambia de orientación en su perjuicio. Si, al revés, resiste las presiones patronales, tendremos un choque contra ellas, en defensa de una cuarentena que efectivamente defienda la vida obrera. Los intelectuales como Dal Maso han sustituido la crítica de la política por el “modelo política”, como han hecho los economistas, que han reemplazado la crítica de la economía por los modelos económicos. La función del ‘temor’ y del ‘miedo’ que desarrolla Dal Maso tiene por objeto señalar que hay campo orégano para la solución totalitaria. Es medianoche en el temprano siglo XXI. El flujo contradictorio del proceso político es incesante; se pudo ver cuando AF se negó al pedido de una decena de intendentes y gobernadores (y de su propia secretaria de Seguirdad ‘milagrosalista’) a aplicar el estado de sitio. La ‘sociedad’ argentina tiene un hilo rojo de continuidad en la lucha por los DD HH, es la que salió a la calle contra el 2x1 o la que puso el grito en el cielo frente a cada discurso negacionista del genocidio incluido el "hay que dar vuelta la página" vertido por el presidente en Campo de Mayo. Unidad nacional Por otro lado, para Dal Maso, el régimen de unidad nacional ya está consumado: “Esta especie de bloque entre los sectores del antiperonismo tradicional y el gobierno difícilmente pueda sostenerse más allá de la pandemia. Sin embargo, en el momento actual aparece como sólidamente unido, tras la consigna de unidad nacional y la figura del presidente” (sic). ¿Cómo sabe Dal Maso que no se sostendrá después de la pandemia, si la unidad nacional la llega a cabalgar con éxito? El compañero tira al voleo. La ‘unidad nacional’, en sentido político, no sentimental, debe adoptar una forma concreta, de lo contrario es un episodio cambiante, al que se le pone un nombre. Lo cierto es que ambos bloques de la burguesía, FdeT, por un lado, y JpC, del otro, se encuentran divididos en un cuadro de enorme incertidumbre sanitaria y económica. A la unidad nacional no se llega por consenso sino por espanto. Dal Maso confunde la realidad con el relato. "El presidente del consenso eterno" hoy está atrapado en la lógica que él eligió: una política de cuarentena que no cumple, chocando constantemente, por un lado, con la burguesía y por el otro con votantes propios y ajenos. Autoriza a actuar a las empresas con despidos y suspensiones, impulsa la emisión monetaria sin dirección clara y mucho menos control de su destino; saca un DNU por 60 días que no retrotrae los despedidos anteriores y deja abierto que sigan ocurriendo. AF no reconvirtió el sistema económico para adaptarlo a la cuarentena, porque no puede tocar el sistema sanitario sin alterar el conjunto de relaciones sociales. Por más que hablen de "cuarentena total”, basta ver que las industrias no esenciales funcionan y el incumplimiento en Buenos Aires. Los bancos no brindan créditos para el pago de salarios, y el Banco Central limita la oferta de dinero. El gobierno frena el sistema productivo porque no quiere seguir emitiendo, por temor a enfrentarse con un “rodrigazo” a la salida. El PTS ha retrocedido a un análisis premarxista de la crisis. Postula (no demuestra) una perspectiva que excluye el aumento de las crisis sociales, las rupturas de regímenes y crisis políticas y el aumento de la guerra comercial a favor de un reforzamiento de Estados nacionales bonapartista por derecha y de una derechizacion de las masas. Sería así una lucha entre "democracia" y "autoritarismo". En esta línea la izquierda FIT-U le propone medidas estatales a AF y a Larreta en sus despachos; esto no es moco de pavo, porque convalida la clausura del parlamento, y contrasta con el esquinazo de Del Caño a Macri, en 2015, cuando fue invitado a la Rosada. El presidente que lleva adelante un gobierno colegiado con gobernadores, intendentes más el empresariado en "consenso permanente", en realidad muestra la crisis nacional, no la unidad nacional. Asistimos a un régimen fraccionado, a un unitarismo estatal inexistente. De esto da cuenta el hecho de que hay tantas formas de cuarentena como de gobernadores e intendentes. ¡Y las cuasi monedas! Cuarentena coercitiva El PTS habla de derechización de las masas porque admiten la coerción estatal que acompaña una cuarentena. La cuarentena, dicen correctamente, es una "medida de carácter coercitivo". ¿Reclaman acaso a su levantamiento, como la UIA, más consecuente que la Fracción Trotskista? No. ¿A una rebelión popular contra la cuarentena? Tampoco. La cuarentena es una etapa de transición muy singular, que se debe enfrentar con un programa de transición – no jugando al cuco. Por eso, para evitar todo infantilismo, hay que desentrañar dialécticamente las características de la coerción estatal en curso que no obedece aún a razones de conmoción política (rebeliones) sino sanitarias. Los activistas y los luchadores debemos lidiar con esta contradicción entre la necesidad imperiosa de luchar por la cuarentena que implica coerción, por un lado, y el carácter de clase de las instituciones encargadas de aplicarlas, por el otro, incluidos sus métodos prepotentes y sus arrestos arbitrarios – cuya legalidad continúa en manos del poder judicial. Ante las miles de denuncias por casos de abuso de autoridad y represiones por parte de las fuerzas de seguridad debemos repudiarlas y combatirlas, y levantar un programa alternativo de nuestra clase para orientar la lucha y organizar la cuarentena que exige una acción coercitiva que el gobierno es incapaz de hacerle cumplir a los capitalistas. Por eso la misma debe ser garantizada por los trabajadores a través de protocolos fabriles, sanitarios y comités barriales.

10 de abril de 2020
Una respuesta a Juan (“Capitanich”) García

Prensa Obrera ha publicado, contra nuestra Tendencia, un artículo que se inscribe en una línea de infantilismo de izquierda, que pone un signo igual entre cuarentena y militarización del estado y entre esta militarización y el desarrollo imparable de un estado totalitario. Dentro de esta misma bolsa, Pitrola asegura que se ha instalado un estado de sitio no declarado. Estas elucubraciones explican que Juan García (de aquí en adelante lo llamaremos ‘Coqui’) convoque a una “rebelión popular” contra la cuarentena. Para información de los lectores, García se ha ganado para siempre el alias de “Capitanich” desde que negoció con el gobernador del Chaco el aporte del legislador de la provincia del Partido Obrero (fracción oficial) al quórum necesario para aprobar el Presupuesto 2020, en nombre, claro, de la ‘independencia obrera’. Dado el centralismo de “un solo puño”, del que se jacta el aparato de nuestro partido, no podría haber actuado de esa manera sino por orden de sus mandantes. Estos ya habían votado antes la ‘emergencia alimentaria’ pactada entre FdeT y JpC (no así Izquierda Socialista), y luego le darían el quórum a la reforma de las jubilaciones judiciales especiales que el FMI ya le había reclamado a Macri, un año antes. Coerción estatal, democracia y "estado policial" “Para Altamira, dice el ‘Coqui’, no está en juego en la situación actual el desarrollo de un Estado policial ni de excepción, que estaría bloqueado en la Argentina por las numerosas movilizaciones populares contrarias a la reinserción del ejército en la seguridad interior o el perdón a los genocidas. La denuncia al gobierno debería ser, entonces, exclusivamente, por ir capitulando progresivamente a los reclamos de la burguesía en favor de un levantamiento de la cuarentena”, resume Coqui, a su modo, la posición de la Tendencia del Partido Obrero. Este ‘Coqui’ no presenta honestamente nuestra posición: nuestra Tendencia ha presentado un programa de acción internacional para la clase obrera en esta nueva etapa de crisis social y política abierta por la pandemia. En ningún lado, en ninguno, hemos apoyado la política de cuarentena de la burguesía, y hemos sido los únicos que hemos caracterizado qué conlleva la coerción estatal. El apoyo a la burguesía se lo ha dado la fracción oficial del PO en la Legislatura chaqueña y en el Congreso nacional. No solamente hemos advertido que la cuarentena viene acompañada como hermanos siameses de la coacción estatal; también hemos subrayado que no existe la cuarentena sin coacción estatal, en tanto que la cuarentena es la restricción de la libertad de movimiento de las personas sea en un estado capitalista como en un estado obrero – claro que aplicada con un contenido de clase y métodos diferentes y antagónicos. Rechazamos que se ponga un signo igual entre coacción estatal y estado policial, porque la coacción estatal es inherente a la propia democracia capitalista. Rechazamos, como una simplificación infantil, que en Argentina se haya establecido un estado policial o que marchemos, a partir de aquí, a un régimen concentracionario a nivel mundial. Llamamos a desarrollar un método obrero en el terreno creado por la cuarentena, como una etapa de transición, en vista a una salida obrera y socialista, porque la cuarentena es un período acentuado de lucha de clases, ya que pone en juego, no sólo las condiciones de vida de las masas sino la salud y la vida de ellas. No convocamos de ningún modo a una rebelión popular contra la cuarentena, y calificamos a ese planteo de aventurerismo putchista, incluso si no es más que demagogia de corrientes dispuestas a colaborar con la burguesía en el terreno parlamentario. El aparato estatal es incapaz de aplicar esta coacción estatal de forma ‘pacífica`, incluso si lo intenta. La lucha de la clase obrera por sus reivindicaciones, bajo la cuarentena, enfrentará la represión del estado y el espionaje, en forma más o menos mayor que en la democracia. La represión no es igual a estado policial, que es un régimen político concreto – es compatible con la democracia burguesa más desarrollada, como lo prueban, por otra parte, la cadena de guerras imperialistas que ha desatado y desata. La Panamericana, el gatillo fácil y el Proyecto X han mostrado que la represión es un recurso corriente de la ‘democracia’, como el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Decimos también: entre la democracia y el estado policial no hay solamente una diferencia de régimen político – hay también una diferencia de etapa, pues para imponer un estado policial tendrá que propinar una gran derrota a las masas. Posdata: el aparato del PO como el FIT en su conjunto, se negó, durante dos años, a luchar por echar a Macri, y ahora plantea una rebelión contra la cuarentena, disfrazada de rebelión contra un estado policial. Bien mirado, se trata, sin embargo, de un intento de diferenciación verbal contra el kirchnerismo, con vistas a las elecciones de 2021, porque, en los hechos, ni la fracción oficialista ni el FIT preparan ninguna rebelión popular contra nada. Contemos que uno de los principales filósofos políticos que ha desarrollado este tema del “estado de excepción”, en el marco de regímenes democráticos, nos referimos al italiano Giorgio Agamben, se opuso en forma terminante a la declaración de una cuarentena en su país, porque era para él un paso hacia el estado policial. Con más nitidez que nuestros compatriotas, puso un signo igual entre el aislamiento social, de un lado, y el gobierno de los servicios, la policía y el cyberespionaje, del otro. Para Agamben, la cuarentena impuesta en Italia era sólo un pretexto, ya que el índice de mortalidad, que afectaba solamente al 4% de los infectados, no la justificaba. Compartía, quizás sin saberlo, la opinión de Bolsonaro, que en forma más grosera declaró que el número de muertes por accidentes de auto no justificaba cerrar la industria automotriz. Boris Johnson, ahora en terapia intensiva, opinaba lo mismo hace algunas semanas, con una justificación más científica – su equipo de asesores médicos aseguraba que la expansión del virus desarrollaría la inmunología necesaria contra la epidemia, a costa, es cierto, de un número de muertos que juzgaba admisible (y en el cual no se incluía). El inglés y sus asesores, que son la variante británica del anarquismo o trotskismo liberal, tuvieron que meter violín en bolsa en menos de lo que canta un gallo, cuando el índice de mortalidad se disparó al 10 por ciento. ¿Qué pasó entretanto con Agamben? Pues que esta eminencia teórica no volvió a abrir la boca, desapareció del escenario literario. La ecualización entre cuarentena innecesaria con estado policial inevitable resultó un fraude. Para no irnos tan lejos en la geografía, Néstor Pitrola aseguró que Argentina, ya bajo Macri, marchaba a un estado de excepción, precisamente cuando el gobierno del nené de papá se hundía en la catástrofe económica y política. Trotsky acuñó una fórmula ingeniosa para estos pensantes: sacan el paraguas en día de sol. Cuarentena, fuerzas armadas, clase obrera Altamira, según ‘Coqui’ García, avala la presencia militar. La deshonestidad de este provocador no tiene desperdicio, pero tampoco lo tiene su estrechez intelectual. Nosotros decimos algo que él no dice: la cuarentena ‘es’ coacción estatal; tenemos que militar en el campo de la cuarentena con la conciencia de lo que esto representa – la coacción del estado, que debe hacer cumplir disposiciones excepcionales a decenas de millones de personas. No caemos en el romanticismo de una cuarentena voluntaria en una sociedad surcada por violentos conflictos de clases, y con individuos de diferentes condiciones existenciales. No es casual que, después de los infectólogos, la pantalla de la televisión la ocupen los psicólogos. El texto de la mesa ejecutiva de nuestra tendencia dice textualmente: “La gestión de la coacción estatal está a cargo de un estado opresor. Ello vale para las prácticas policiales, de la gendarmería y, eventualmente del ejército. Todas esas arbitrariedades deben ser denunciadas y combatidas ” (negrita mía) - en las condiciones sociales y políticas concretas de la cuarentena. Quienes se han opuesto a ella son Piñera, Bolsonaro, Trump, Macri, la UIA, etc. Detrás de esta deshonestidad del ‘Coqui’ García hay una hipocresía de carácter político. Para él podría existir una cuarentena sin coacción estatal – libre y soberana. Esto no ocurriría ni en un estado obrero, que se empeñaría en desarrollarla en el mayor cuadro democrático. Los que levantan el espantajo del estado policial reclaman la centralización de la salud, como lo hacemos nosotros, con la diferencia de que ellos fingen ignorar que la estatización de la salud refuerza al estado, que no es otra cosa que un aparato de coacción. Una cuarentena se establece por ley o decreto, es decir por una imposición del estado. Los anarco liberales critican a la cuarentena porque atenta contra la libertad individual. Exactamente. Cuando Coqui denuncia a nuestro texto como “estatista”, se alinea con Trump, Johnson y el cabelludo Milei, que reclaman el levantamiento del aislamiento social coercitivo que impuso el decreto del gobierno, y que, nuestros críticos fingen ignorar, afecta al libre movimiento de los capitales, incluida la fuerza de trabajo que es explotada por ese capital. Es precisamente por esto que las patronales proceden a despedir en forma masiva – porque no quieren remunerar a una fuerza de trabajo que no existe como tal, porque debe quedarse en casa. Este es uno de los grandes conflictos de clase de la cuarentena, que los trabajadores deben responder con un gran plan de acción. La represión policial, en la mayoría de los casos, aparece cuando los obreros quieren hacer cumplir la cuarentena a las patronales, mientras el infantilismo de izquierda ataca la cuarentena estatal, como hacen esas patronales. Las cámaras empresarias exigen que se levante la cuarentena, o sea levantar la obligación de mantener cerradas algunas industrias y los bancos, sin dejar de pagar los salarios. No ha salido ninguna ley que exima a las patronales de pagar los salarios o las autorice a despedir por causa de la cuarentena, porque obviamente una cuarentena de este tipo es inviable. Las patronales suspenden, despiden y rebajan salarios, violando la cuarentena, amparados por las generales de la ley de la propiedad privada de los medios de producción – como ocurre en cualquier democracia. Contra los despidos, suspensiones y rebajas de salarios, el movimiento obrero debe defender la cuarentena y obligar a las patronales a que la cumplan. Es una característica histórica de nuestro partido y hasta un estilo de nuestra literatura llamar a las cosas por su nombre, algo que el aparato oficial no podrá reivindicar nunca para sí, porque para ello hay que saber hacerlo. La cuarentena comporta un régimen especial de coerción estatal. Si queremos la cuarentena tenemos que advertir que viene envenenada por el carácter del Estado que la aplica. Una línea de acción de la clase obrera debe partir de esta contradicción. Nuestra Tendencia la pone en palabras. Lejos de llamar a una rebelión popular contra la cuarentena, que no sería acompañada por las masas, debemos luchar por imponer un programa obrero a la cuarentena – si se quiere, por una cuarentena obrera y socialista. En estos términos hay que desenvolver la lucha política, la lucha por el poder. Cuarentena, estatismo y privatismo El documento de nuestra mesa ejecutiva tiene una gran importancia estratégica. El infantilismo de izquierda, en cambio, emparenta la situación actual a la previa a la dictadura militar o incluso a la dictadura misma. Estamos ante un desatino. La defensa de derechos y conquistas de los trabajadores bajo la cuarentena prepara a la clase obrera, mediante la agitación y la acción, a encarar la crisis de poder que no podrá dejar de emerger como consecuencia de las contradicciones de esta cuarentena y del derrumbe capitalista en su conjunto. Para García-Capitanich habría un giro “estatista” en nuestra Tendencia. No es un giro. El Partido Obrero siempre ha distinguido los diversos ‘estatismos’ que atraviesan a los regímenes políticos capitalistas. El estatismo de una semicolonia no es el estatismo de un país imperialista. Coqui sufre de daltonismo político. Estamos, con una posición política independiente, con la posición de mantener la cuarentena y profundizarla (‘estatismo’), contra el gran capital que la quiere levantar (‘privatismo’), poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. ¿En dónde quedó el slogan ‘nuestras vidas valen más que sus ganancias’? En realidad, no se trata de que “valen más” sino que son incompatibles con el capitalismo. El mismo que arregló con Capitanich el quórum en Chaco, dice que somos partidarios de la “unidad nacional” con la burguesía. Nuestro Coqui siempre se ha caracterizado por una tendencia al ridículo, pero ahora la puede asumir sin que nadie se la observe. Nunca explicó las razones espurias del pacto con el Coqui original, que ha quedado como una lápida para nuestro partido en la provincia. Este individuo destruyó en instantes un largo esfuerzo para imponer a Aurelio Díaz como diputado provincial. “Capitanich” García sostiene que “no es necesario involucrar al ejército, como está haciendo el gobierno (…)” porque el reparto de alimentos podría realizarse “a través de instituciones estatales y sociales”. Ahora resulta que el anti-estatista reclama la intervención de “instituciones estatales”, como por ejemplo las que negociaron la compra de alimentos con sobreprecios. De otro lado, ni se ha dado cuenta de que embellece al ejército, del cual dice que reparte alimentos, en lugar instalar pelotones de fusilamiento. De cualquier modo, la intervención de otras “instituciones estatales” no cambia la esencia de la cuestión, a saber, que debemos luchar en el campo de la cuarentena por un programa de acción de los trabajadores, y de ningún modo llamar a rebelarse contra ella. Si fuera consecuente con su planteo, García debería denunciar al hospital de campaña instalado en Campo de Mayo, en instalaciones del Ejército, y reclamar su desmantelamiento. El infantilismo izquierdista pasa por alto que el ‘estado policial’ está liberando presos sin condena para evitar una tragedia carcelaria. La irrupción de una pandemia condiciona a todas las clases sociales, incluida a la burguesía; Marx ya había observado que la difusión de enfermedades propició la sanción de leyes de protección del trabajo. Conclusión: hay que militar dentro de la cuarentena con un programa obrero, desarrollar los términos de una alternativa socialista. En esta lucha de clases peculiar, bajo la pandemia, se prepara la mayor confrontación histórica del proletariado con la burguesía desde la última posguerra. La historia del estado policial, de excepción o apoyado en bayonetas es una simplificación infantil y un petardismo que, entre parlamentaristas fanáticos, no llega ni al grado de tentativa. Deducir la tendencia a un estado policial del reparto de alimentos por parte del ejército raya la idiotez. La Otan acaba de reconocer que la pandemia se ha extendido a las fuerzas armadas bajo su mando, en especial en Afganistán. Trump contempla retirarse en forma unilateral de allí, aun cuando el acuerdo con los talibanes está naufragando. Los cuarteles son un espacio ideal para el contagio masivo. A su modo, para nada revolucionario, el Covid-19 se la está haciendo difícil al estado policial o de excepción que fantasean los infantilistas. Es cierto, sin embargo, que siempre hay que considerar a cada país en su peculiaridad – Argentina no es Hungría o Filipinas, donde el estado policial está instalado desde mucho tiempo antes de la pandemia, y no debemos descartar que se quiebre por el impacto política de la pandemia. Etapa y régimen político Para determinar la tendencia de un período político, no es suficiente la presencia de una tienda militar de campaña, un soldado en La Matanza, la ‘progre’ Frederic auspiciando el cyberespionaje, o Berni reprimiendo una lucha obrera. Se necesita una caracterización de conjunto, que incorpore el derrumbe de la economía mundial, la crisis de régimen político en los países más importantes y las rebeliones populares que prosiguen bajo la cuarentena, adaptadas a las nuevas circunstancias. La fracción oficial del PO se caracteriza por los giros impresionistas: pasó del ‘planchazo’ de las masas hasta la rebelión chilena, a ver rebeliones por todos lados, y pasarse ahora al estado policial y a un futuro concentracionario. El golpe social asestado por la pandemia se va traduciendo a la realidad política en forma desigual. Ha suscitado un desvío, como no podía ser de otra manera, que modifica la forma de la rebelión popular, no la tendencia. La crisis de los regímenes políticos se ha acentuado; los gobiernos, con alguna que otra excepción, se han debilitado. Si alguien quiere caracterizar a AF como bonapartista, deberá tomar algunas precauciones, y decir de qué clase de bonapartismo está hablando. AF gobierna en la compañía diaria de veinticuatro gobernadores con peso disímil. Está asistido por una vicepresidenta pretoriana. Concierta con la mayoría de la oposición. El Congreso está vaciado por acuerdo de bloques, aunque funcionan casi todas las legislaturas. El desorden administrativo es mayúsculo; todas las fuerzas de represión juntas no pudieron impedir las colas de adultos mayores ni el fraude en las compras estatales. Los retenidos por violar la cuarentena han quedado a disposición judicial. Es un gobierno en cuarentena; por eso ha evitado la declaración de un estado de sitio, temiendo caer en el aventurerismo. El ‘bonapartismo’ de AF se reduce a este desparpajo. Los que dicen, como Pitrola, el amigo del estado de excepción, que estamos ante un estado de sitio de hecho, deberían abstenerse de volver al parlamento – desprecia la diferencia con el estado de sitio real que cancela los derechos y los recursos constitucionales vigentes. El gobierno tampoco tiene recursos fiscales, está supeditado a los acreedores internacionales y el FMI. Está a las puertas de una bancarrota descomunal. Del lado de los trabajadores crece la deliberación – desde los hospitales a las comidas rápidas, a la industria; en todos lados se pelean protocolos, el empleo y salarios. La transición que ha abierto la pandemia y el derrumbe económico sin precedentes que la acompaña (diez millones de desocupados en tres semanas en Estados Unidos), anuncia una inaplazable confrontación de clases de alcance internacional. Cuando un grupo de gobernadores e intendentes reclamaron la declaración de un estado de sitio, el gobierno lo descartó por sus consecuencias políticas imprevisibles. Se quieren ver rebeliones populares latentes allí donde hay un reclamo para aplicar la cuarentena de forma más estricta. La cuarentena K explica los índices positivos que recibe AF en las encuestas de opinión. La estafa política mayúscula de “Capitanich” García se ve en que… ¡Prensa Obrera titula su último número “Atentan contra la cuarentena”! Dos días antes, el concejal Gabriel Solano había definido a un levantamiento de la cuarentena como una posible “tragedia sanitaria”. Coqui nos critica, en cambio, por no alentar la rebelión popular contra la cuarentena. En un discurso en la Legislatura, Solano reclamó más intervención del Estado, no menos. Todo esto confirma lo que siempre hemos dicho -el aparato no tiene otra ideología que su auto preservación, fuera de eso se contradice a cada paso - los argumentos se acomodan a cada ocasión... El “Milei trosko” abandonó por unos minutos su antiestatismo liberal para pasarse al campo del estatismo furibundo. Digámoslo con claridad: se trata de un plagio de las posiciones de la Tendencia, que fue la primera en reclamar una aplicación CONSECUENTE de la cuarentena, denunciar su relajamiento por parte del gobierno FF y señalar que esto requiere un programa y un plan de acción de la clase obrera. La posición del Coqui contra la aplicación consecuente de la cuarentena por parte del estado es la de Trump y Bolsonaro, a quienes Prensa Obrera no pierde oportunidad de calificar de engendros fascistizantes. Ambos son radicalmente contrarios a la aplicación de la cuarentena obligatoria; ¡serían los únicos adversarios del estado policial! Sin embargo, no se trata de los delirios de dos inescrupulosos sino una definición política: solamente las “fuerzas libres” de la sociedad y del mercado podrán derrotar a la pandemia. Coqui y Yamil Santoro podrían tomarse un café para celebrar esta nueva coincidencia. Pandemia, estado burgués y estado obrero El gobierno es incapaz de asegurar la cuarentena obligatoria debido a los límites propios de su naturaleza de clase. Ha cedido reiteradamente a la presión de los grupos capitalistas, autorizando numerosas “excepciones” a la industria, haciendo la vista gorda frente a un reguero de despidos, suspensiones y recortes salariales, con la complicidad de la burocracia sindical; capitulando ante los capitalistas sanitarios y de la industria alimenticia. En segundo término, el estado capitalista dispone, para aplicarla, de la misma policía y las mismas fuerzas represivas usadas por la democracia. Frente a esto, insistimos, es necesario dotarnos de un plan de acción, desarrollar la organización de la clase obrera en las fábricas y en los barrios para asegurar la cuarentena, elaborar un programa y un método frente a la coacción patronal que pretende violar la cuarentena o someter a los trabajadores al riesgo de la infección. En nuestra propaganda, hemos señalado que un gobierno obrero también aplicaría la coerción para asegurar el cumplimiento de la cuarentena, con sus propios métodos de clase. La respuesta de Coqui a esto es francamente bizarra: “la comparación de la coerción ejercida actualmente con la que ejercería un Estado obrero no corresponde, porque el Estado obrero es la coerción de las mayorías sobre la minoría, la burguesía o la contrarrevolución”. En primer lugar, esto es históricamente falso, porque el gobierno soviético se convirtió en minoritario en un período relativamente breve, justificando su derecho a gobernar en que era el guardián de una gran revolución. En segundo lugar, sería una torpeza que el Estado obrero aplicara la coerción contra “la minoría, la burguesía o la contrarrevolución”, encerrándola en su casa, porque la pandemia afecta a las mayorías. Coqui dice que el “control social por parte del ´Estado obrero´ es una posición propia del estalinismo, no del bolchevismo”, lo cual es cierto en términos de programa, pero no para enfrentar catástrofes climáticas o pandemias. Como veremos más adelante, para nuestro censor no existe la crisis sanitaria, solo existe la crisis del capitalismo. Coqui avizora rebeliones populares –¡“la perspectiva de rebeliones populares está más presente que nunca”!-, o sea que propicia una rebelión popular contra la cuarentena, no por hacerla más estricta, y para obligar a la clase dominante a cumplirla y pagarla. Esta ‘rebelión popular’ es un llamado a la provocación. Lo prueba lo que sigue: “¿Llamamos a los obreros despedidos a ocupar las fábricas o le decimos al Estado que aplique la capacidad coercitiva de modo consecuente mandándoles la Gendarmería?” Imputar que propiciamos la represión de los trabajadores por parte de la gendarmería es propia de un canalla. En defensa de una aplicación consecuente de la cuarentena, lo que significa proveer los medios de vida para quienes debemos cumplirla, la ocupación de fábricas es precisamente lo que no figura en ninguna de las declaraciones de la Coordinadora Sindical Clasista, de la fracción oficialista del PO, ni del FIT. El Coqui usa los recursos polémicos de un provocador. Quiénes son los defensores de la “Unidad nacional” El extremo de toda esta provocación es presentar a Altamira y a la Tendencia como promotores de una “unidad nacional” con la burguesía. Para ello, el imbécil recorta y pega frases para tergiversar nuestras posiciones, lo cual lo pinta como un delincuente político. Coqui Capitanich cita lo siguiente: “´alentar una rebelión popular en las circunstancias actuales sería más que un error´ (Altamira). Pero si ´el colapso sanitario y social desnuda los límites del capitalismo y su Estado para defender la salud y la vida de los trabajadores´, entonces ¿por qué no alentar rebeliones? La respuesta viene en esta frase: ´el desastre se presenta ante la población como una gran crisis colectiva, que exige un empeño general y unificado para afrontarla´”. La cita es falsa. Nuestra declaración dice lo siguiente: “La equivocada presentación de una ´unidad nacional´ que tiene por finalidad organizar un estado policial y la militarización del país viene acompañada, en el planteo del compañero [se refiere al compañero Iván, con quien polemiza], de lo que sería una rebelión popular en ciernes; una Argentina en vísperas de una guerra civil. Alentar una rebelión popular en las circunstancias actuales sería más que un error. Para que se dé una perspectiva de rebelión, la crisis tendrá que evolucionar en su dimensión sanitaria y social, por un lado; por el otro, las masas deberán atravesar la experiencia política que tienen por delante y asimilarla en forma revolucionaria. El colapso sanitario y social desnuda los límites del capitalismo y su Estado para defender la salud y la vida de los trabajadores. Contradictoriamente, el desastre se presenta ante la población como una gran crisis colectiva, que exige un empeño general y unificado para afrontarla. La coerción estatal es admitida y hasta cierto punto reclamada, y la violación de la cuarentena es rechazada. Los abusos y arbitrariedades son denunciados ante la justicia y objeto de denuncias y repudios en las redes. Los compañeros deberían leer con atención el artículo publicado en Política Obrera sobre el control obrero en la localidad de Colonia Santa Rosa, donde los trabajadores y vecinos autoconvocados admitieron incorporar a los ´comités de vigilancia´ un solo policía – de tránsito. La militarización en medio de una pandemia no sólo sería exponer a las fuerzas represivas al repudio político del pueblo, sino al contagio.” “El ultimatismo izquierdista está provocando un daño político a la izquierda, que es vista ajena a la realidad e incapaz de ofrecer un programa de acción ajustado a las circunstancias y al período político en general – salvo para proponer que se reúna el Congreso nacional. Este Congreso es el que sale más devaluado políticamente a esta altura de la crisis.” (“Un gran equívoco político”, Política Obrera). La cita completa rechaza lo que nos imputa Coqui, por eso la mutila; es el procedimiento de un macaneador. Por otro lado, el concejal Solano reclama MÁS coerción, MÁS cuarentena, MÁS intervención del Estado, no menos. Solano y Prensa Obrera han dejado al Coqui como un charlatán. Quien sí ha hecho aportes concisos y verificables a la “unidad nacional” ha sido el aparato del Partido Obrero, con la aprobación de la “emergencia alimentaria”, llamando a Macri a “gobernar hasta el final de su mandato” (Belliboni), y aportando quórum para el avance de la destrucción de los llamados “regímenes especiales”, reclamada por el FMI. Y, por supuesto, el episodio del Chaco, que involucra directamente a “Capitanich” García. El carácter de una crisis excepcional Pero el fondo de la cuestión es el siguiente. Coqui niega la singularidad de la presente crisis. Rechaza que la pandemia ha privado al capital de la fuerza de trabajo, que necesita acogerse a un aislamiento social. Este hecho excepcional cierra cualquier salida a la crisis capitalista, porque ningún rescate financiero del estado puede poner en marcha a la fuerza de trabajo. Por eso los despidos en Estados Unidos han alcanzado los siete millones de trabajadores en apenas dos semanas. ‘Si no te puedo explotar, te echo’ - dice el capital. Esta es la razón por la que Trump se opone a la cuarentena, porque una cuarentena coercitiva supone el derecho del trabajador a la licencia paga por enfermedad por un tiempo indeterminado. El cambio que ha introducido la pandemia en el metabolismo capitalista es simplemente ignorado por el conjunto de la izquierda democratizante. No advierte entonces las dimensiones catastróficas que ha asumido la crisis capitalista. El estado no puede reactivar la producción mediante el subsidio a la demanda, sea de consumo como de inversiones, porque no puede poner en marcha el mecanismo de la producción en ausencia de la fuerza de trabajo. El capital no sólo necesita acabar con las cuarentenas sino con la pandemia misma, de lo contrario el recurso a una suerte de trabajo forzado impondrá en las masas la necesidad de una rebelión popular. Cuando el Coqui dice que “Altamira sacó al desarrollo del capital de la naturaleza”, no sabe de lo que habla: sólo nuestra corriente ha explicado esta crisis con un método “histórico-natural”. Para Coqui la pandemia es sólo “un detonante” de la crisis capitalista, algo que dice todo el mundo, sin precisar que no lo es como lo fue la crisis hipotecaria-bancaria de 2007/8, sino una crisis de la fuerza laboral del capital, es decir del capital mismo. Para que la pandemia pueda ser caracterizada como un fenómeno causado por el capital, habrá que investigar la relación de la pandemia con la embestida del capital contra el medio ambiente, como el factor eminente de la serie de epidemias de los últimos decenios. “Capitanich” García se indigna porque afirmamos que la pandemia “no está engendrada directamente por las leyes del movimiento del capital”, pero no demuestra cómo es que “las leyes del movimiento del capital” “engendraron” el patógeno de un murciélago transmitido al humano a través de una sopa exótica en la ciudad de Wuhan. La Tendencia del Partido Obrero ha sido la única que ha expuesto consecuentemente el entrelazamiento entre la pandemia y la crisis capitalista que, digamos de paso, la izquierda en general ha ignorado por completo, en su ‘lucha’ contra el catastrofismo. Si un meteorito cayera sobre la tierra, podrían decirse muchas cosas acerca de cómo la organización social preexistente asimila su impacto devastador, pero no podría decirse del mismo modo que ésta lo hubiera “engendrado”. En definitiva, la crisis mundial presente ha sido desatada por una crisis excepcional de la fuerza laboral del capital, atacada por una epidemia que no se ha podido todavía controlar. Esto altera la salida de la crisis en términos muy definidos, porque requiere poner en pie de nuevo a la fuerza de trabajo, y porque la lucha contra el capital debe darse en el terreno de la pandemia y el aislamiento social. Nadie ha advertido, creo, que el aislamiento social como reivindicación obrera se encuentra en contradicción con la premisa más importante de una revolución, que es la concentración social del proletariado. Por eso debemos abordar la lucha de clases en un terreno que tiene peculiaridades mayores. El capital, a través de despidos masivos y una reestructuración de las condiciones de producción y trabajo, apunta a que cuando la pandemia sea dominada, la subordinación de la fuerza de trabajo al capital alcance el mayor grado histórico. Coqui tiene una deuda sin saldar: por qué, en la legislatura del Chaco, el diputado del PO salió del recinto y luego volvió a ingresar para rescatar la caída de la sesión que daría lugar a la aprobación del presupuesto, “estructuralmente ligado al pago de la deuda”.

10 de abril de 2020
Aparición ya de Camila Tarocco
Bel Oeste

El sábado 4 de abril, Camila Tarocco de 26 años, salió a las 6 am de su casa, en el barrio Rififi, de Moreno, rumbo al centro. Camila es mamá de dos niños y ese día iba al banco. Desde el sábado su familia no tiene noticias de ella. Ya se hicieron las denuncias correspondientes en la comisaría y la familia, amigos y organizaciones de mujeres y políticas la buscan intensamente. Según fuentes periodísticas, la mamá de Camila, Claudia Sánchez, denunció en la comisaría 1° de Moreno que las últimas personas que habían estado con su hija fueron una vecina, su actual pareja (que estuvo con ella hasta las 22) y el ex marido, de profesión gendarme, que la habría llevado a la parada a tomar el colectivo el 4 de abril. La violencia hacia la mujer trabajadora no da tregua durante la cuarentena. A las calles desiertas que son un peligro real para las mujeres que deben salir al mercado, hospital o a realizar cualquier tarea de urgencia, se le suman todo tipo de denuncias de violencia de género que llegan hasta a los medios de comunicación. El miércoles 8 se dio a conocer el caso de una mujer, también en el distrito de Moreno, que fue secuestrada por su ex pareja un día antes del inicio de la cuarentena obligatoria, y bajo amenaza de muerte (le decía que la iba a acuchillar) permaneció en la casa del violento, en el barrio Las Catonas. Gracias a que la mujer escribió en un billete un pedido de auxilio, una vecina, kioskera, llamó a la policía, que detuvo al hombre y la liberó. En lo que va del año, debemos contar más de 70 femicidios. Ni la creación del Ministerio de la Mujer, ni el resto de las políticas de género han podido garantizar un freno a esta realidad. Mientras vivimos una pandemia que amenaza principalmente la vida de la clase obrera, las mujeres debemos sobrevivir también a la violencia doméstica. Frente a los casos de violencia en los barrios obreros vamos por la organización de comités de mujeres (bajo las mayores condiciones de seguridad y distancia) que elaboren un protocolo de comunicación y seguridad durante la cuarentena, en auxilio de las mujeres víctimas de violencia. Exigimos casas refugio en buenas condiciones, seguridad para ellas y sus hijos, un trabajo en blanco y un salario igual a la canasta familiar. Exigimos la aparición con vida inmediata de Camila. Ni una menos. Basta de violencia hacia la mujer trabajadora. El Estado es Responsable.

10 de abril de 2020
La “seguridad democrática” en los tiempos de la pandemia

En los años del segundo gobierno de Cristina Kirchner, se implementó la política de la “seguridad democrática”, que tuvo a Nilda Garré a la cabeza y a Horacio Verbitsky como propagandista. En nombre de la “prevención del conflicto”, la “seguridad democrática” reforzó los mecanismos de fisgoneo del Estado sobre los movimientos sociales o gremiales. Sus responsables argumentaban que, en realidad, estaban “auscultando” la vida social y sus demandas. Esa detección estaba a cargo de la Gendarmería y su Proyecto X, una base de datos sobre el activismo obrero, juvenil o barrial. Los gendarmes recolectaban su información infiltrándose en las movilizaciones, e incluso armando provocaciones, como el famoso “carancho” que fingió ser atropellado en un corte de la Panamericana. Cuando todo este escándalo estalló, Nilda Garré terminó tirándole el fardo a los gendarmes, primero, para terminar yéndose a su casa después. Ahora, la “seguridad democrática” se ha tomado revancha, y nada menos que en los tiempos de la pandemia. La ministra Frederic, ex asesora de Garré, ha revelado la implementación de ciberpatrullajes, o sea, rastreo de redes sociales por parte de la inteligencia estatal. La razón admitida por la ministra es captar el pulso del “humor social”. Creyendo que estaba minimizando el alcance del espionaje, puso de manifiesto su propósito verdadero –por eso se arrepintió de lo que dijo. En medio de una catástrofe sanitaria y social, la inteligencia oficial no pretende relevar las necesidades del sistema de salud, de un lado; tampoco “detecta” las maniobras capitalistas con los precios de primera necesidad o la fuga de capitales, que la pandemia no interrumpe. La inteligencia estatal no trabaja sobre los atropellos a la salud o al derecho al trabajo, sino que se “informa” de la reacción obrera y popular frente a todos estos atropellos. El propósito del “patrullaje” se puso de manifiesto ayer en Quilmes, donde las fuerzas de Berni reprimieron a los trabajadores del frigorífico Penta. La ministra argumenta que el ciberpatrullaje se despliega sobre datos públicos, como los que tienen lugar en Facebook, Twitter y otras redes. Pero para cualquier particular, el acceso a esas redes sólo brinda información episódica o puntual. Para “construir un caso” y una conclusión, es necesario un empeño especial y un dispositivo tecnológico sofisticado. La entrada a una casa sin llave, la apertura de un sobre que no está adherido o el fisgoneo de un correo electrónico son también datos “públicos” –pero todo esto es considerado una violación de la intimidad hasta por el código penal argentino. El empleo de algoritmos para construir vínculos en redes sociales tiene la misma estatura criminal y conspirativa. Los argumentos “sociales” para justificarlo ya fueron empleados en su momento por el stalinismo. Sus émulos contemporáneos también se dicen “progresistas”. El fisgoneo oficial es un ataque contra el derecho a organizarse de quienes soportan todo el peso de la pandemia, y que, en sus reclamos y luchas, han defendido como nadie la salud y la vida en esta crisis.

10 de abril de 2020
Es momento de un plan de lucha por el seguro de desempleo universal
Adrián Ledesma

Hace unos días "La Gaceta" titulaba un artículo: “El fondo de desempleo se cobrará por ventanilla y sin cronograma". El titular no refería al salario diferido que debería cobrar un asalariado cuando es despedido, sino al Ingreso familiar de Emergencia. El diario realizó una confesión que evidencia la política de burguesía para con los desempleados: que pase lo que tenga que pasar. En Argentina existe un fondo de desempleo, pero por su accesibilidad es inexistente. Primero porque el solicitante debe haber tenido un empleo formal de al menos 12 meses en los últimos 3 años. Segundo porque el máximo es de $6.280. Así, no existe mecanismo para que los millones de trabajadores informales crónicos accedan al seguro sin conseguir antes un empleo formal. El IFE es un bono único de $10.000 para monotributistas de las dos categorías más bajas o a personas sin ingresos formales. Al igual que el seguro, el monto es irrisorio para una persona. Pero además no es un ingreso estrictamente personal. Si su percepción es individual, su acceso depende de que nadie más en el grupo familiar lo obtenga. Así, si en una familia tipo ambos adultos fueran desempleados, sólo uno podría acceder al IFE. Pero la prioridad de Alberto Fernández no se encuentra puesta en proteger a la población sino en garantizar la acumulación capitalista. Esto explica que entre las nuevas actividades excluidas se iguale al changarín con el enriquecimiento de uranio, pues una recesión mayor y el desempleo masivo no son ya asunto del futuro sino un problema inmediato. Esta situación tiene arraigo internacional y EEUU es el ejemplo. Allí, en una semana, se perdieron 10 millones de empleos y solicitaron la misma cantidad de seguros. Aquí, con la excusa de evitar los despidos, el gobierno lanzó un paquete de medidas pro-empresarias: exención de cargas patronales e impuestos y créditos bancarios a una tasa del 24% a PyMEs “para pagar salarios”. Hasta hoy solo se cumple el salvataje estatal, pues los bancos no prestan el dinero a toda una cantidad de empresas que igualmente quebrará. Muchas de ellas no pagan salarios pues cuentan con el levantamiento de la cuarentena y el acceso a recursos preventivos de crisis. El rol de la CGT es crucial en el cuarteto Estado-patronales-burocracia-iglesia que busca levantar la cuarentena para evitar la quiebra de estas PyMEs y el agravamiento de la situación social. Pero contradicciones son insostenibles, el frío recién empieza y la vuelta a la normalidad solo agravará los problemas. Para los trabajadores y desempleados hay dos opciones: quienes cobren el IFE, terminarán una cuarentena miserable; quienes no, deben trabajar y enfermarse o morir de hambre. La burguesía opta por una salida malthusiana: liquidar población sobrante. Pero con el IFE, el gobierno hace una confesión tácita, pero severa: existen millones de desempleados y el Estado debe hacerse responsable. Además, la cuestión sanitaria que lo motiva ha demostrado la posibilidad de realizar el acceso sin la mediación política de los punteros y sin contraprestación laboral: el seguro de desempleo tiene como único fundamento el derecho a la vida. La rosada tomó nota de esta confesión y por ello jamás hablo de seguro. El IFE, desde su nombre hasta sus criterios de implementación cumple una función de clase. Como “ingreso” de “emergencia” no es un salario diferido, sino un depósito unilateral por parte del Estado. ¿Con qué fin? Esto lo explica su naturaleza “familiar”, pues no se trata de un derecho del individuo, sino de una asignación de subsistencia alimentaria para la familia. Buscan contener la situación social hasta que pase la tormenta y rezan que el viento se lleve esta experiencia de la memoria. Los trabajadores y trabajadoras debemos garantizar nuestra agenda. Hay que sostener la cuarentena de toda la población que no cumpla funciones esenciales y garantizar las condiciones de quienes si la cumplen como quienes trabajan en salud. El IFE puede y debe convertirse en un ingreso constante, universal y personal. Es decir, debe continuar luego de la crisis sanitaria y ser una garantía para todos los desempleados en tanto se encuentren en esta situación con independencia de la composición del núcleo familiar. Tenemos el desafío de convertir esta experiencia única en conocimiento consciente, ahora es cuando: lancemos una campaña nacional por la cuarentena real y un Seguro de desempleo universal.

10 de abril de 2020
Fast food: cuarentena flexible… empezando por los salarios

Con el cobro de los salarios de abril, los empleados de las cadenas de comida rápida se encontraron con descuentos gigantescos -de hasta un 70%- en sus salarios. Los trabajadores, en su mayoría jóvenes, pero no por ello excluidos de tener que mantener hogares e hijos, trabajan precarizados históricamente en este rubro. Acceder parcialmente a un convenio no fue garantía de una mejora en las condiciones. Las flexibilizaciones que le permiten los gobiernos a estas firmas multinacionales, a las que se les sumó Mostaza, de capital nacional, es la base para que puedan pagar sueldos de miseria. Cabe recordar que uno de los primeros acuerdos del gobierno macrista con McDonald’s, en 2016, que permitió a la empresa pagar salarios de 4.500 pesos (u$s296 aproximadamente). Hoy, bajo el gobierno de Alberto Fernández, los trabajadores cobraron en abril $2.900 promedio. El sustento de las empresas está en los vacíos que dejan los decretos (DNU) y la reglamentación del mismo por parte del Ministerio de Trabajo. El artículo 8 del DNU que estableció el aislamiento obligatorio y con ello el cierre de los locales de comida rápida entre otros rubros señala que “Durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”. La nombrada reglamentación no expresa más que el carácter de justificadas a las faltas por estos casos, dejando a criterio de los empleadores el pago o no de los mismos y con ellos los complementos tales como presentismo, entre otros. Por lo que, aceptando las faltas justificadas, igualmente no pagan los días de cuarentena y quitan los ítems, dejando solo las horas básicas o “minimas”, 60 horas mensuales. Para abril se espera una situación igual o peor: las patronales avisaron que no van a pagar más del 50% del salario habitual, sea cual sea la situación. Al mismo tiempo, empezaron las citaciones a presentarse a trabajar a partir del sábado, como es el caso de Mostaza, en principio para entregas solo con delivery. Esto adelanta un aspecto de lo que trae la flexibilidad de la cuarentena que anunció el gobierno. Los empleados conforman sus salarios sobre la base de sumar horas a sus turnos (nunca pagas como extra) y trabajar en horarios nocturnos. Y, por supuesto, sin faltar por ninguna razón para mantener el presentismo. Sus aportes gremiales van a sindicatos ausente en estos rubros: Confiteros, Pasteleros, Gastronómicos, etc. A los mismos no se les conoce una lucha. Por el contrario, funcionan como desmovilizador de cualquier iniciativa y dejan pasar todos los atropellos. Otros rubros, misma situación En otros sectores dónde los jóvenes ocupan la mayoría o totalidad de los puestos se presentan situaciones similares. Los trabajadores de Todo Moda y Isadora de un mismo capital; Blue Star Group, Starbucks de los mismos dueños de Burger King ( https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/850-trabajadores-de-starbucks-en-lucha/ ), turismo en general y cines están atravesados por la misma situación, a la que se suman los despidos al comienzo de la cuarentena, como es el caso de los cines Cinemark Hoyts que despidieron a decenas en Santa Fe, pese a la conciliación obligatoria dictada. Esto se complementa también con la sistemática negación de las patronales a pagar los días de cuarentena y/o presentismo. Las persecuciones por las publicaciones, comentarios o “likes” en las redes sociales que denuncien está situación van en aumento. En algunos casos, recordándoles a los trabajadores el contrato de confidencialidad que firman al ingresar. En un contexto de catástrofe como el que atravesamos, es vital que se garanticen los pagos completos de los salarios y a su vez se equiparen estos a los costos de la canasta básica, indexándolos a los aumentos sistemáticos de los precios. Exigimos la apertura de los libros contables de las empresas que acusen no poder pagar salarios, pese a los beneficios brindados por el gobierno que las exime de los aportes patronales y brinda créditos con una tasa del 24% anual. Llamamos a la organización de los trabajadores en esta situación, unificando las acciones, como base en la lucha por el salario y la mejora integral de las condiciones contractuales.

10 de abril de 2020
La crisis sanitaria en Palestina, un verdadero crimen de guerra
Cristian Moreno

Al cumplirse un mes de la declaración del estado de emergencia, la crisis sanitaria en Palestina no deja lugar al respiro, en un marco de hostilidades crecientes por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. El bloqueo, los planes de anexión y el avance de las topadoras continúan su desarrollo incluso cuando la propia pandemia del Covid-19 avanza rigurosamente sobre Israel. La escasez de medicamentos, suministros médicos y equipos, sumado a los precedentes de bombardeos sobre hospitales palestinos, configuran un sistema de salud al borde del colapso, en estrechos territorios donde viven hacinados millones de seres humanos. Con sus agresiones hacia la población palestina, el gobierno de Israel boicotea los intentos por frenar la pandemia. La destrucción de una clínica palestina en construcción en la zona oeste de Jericó (B’Tselem, 26/03) se suma a una ola de confiscaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de ocupación, que van desde materiales para construir carpas sanitarias y viviendas de emergencia, hasta la confiscación de tierras en las afueras de Belén y Ramallah, aprovechadas por colonos israelíes (Mondoweiss, 1/04). Las emboscadas y operativos en suelo palestino no cesan, incluso cuando se trata de campos de refugiados, tal como se observó la semana pasada en Shu'afat, Jerusalém (Agencia Shehab, 1/04). Un video que se ha vuelto viral muestra a un trabajador palestino con un rociador desinfectante sobre un convoy de fuerzas israelíes que ingresan en Cisjordania. Al miedo que producen los actos de injerencia ahora se suma el terror de sufrir contagios por la vía de la militarización. La Franja de Gaza, por su lado, es uno de los focos mayores de la crisis sanitaria. Miles de personas al año deben ser asistidas por fuera de su sistema de salud, para lo cual necesitan de un permiso especial dado por Israel que, según la Organización Mundial de la Salud, se otorga a un porcentaje limitado de pacientes. Un informe elaborado por distintas organizaciones revela que la capacidad operativa de cuidados intensivos en Gaza se reduce a 87 respiradores artificiales para 1,8 millones de habitantes, de los cuales el 80 por ciento ya está en uso (Al-Mezan, 7/04); mientras que la capacidad de camas disponibles, según denuncia el ex sargento israelí Avner Gvaryahu, no supera las 70 contando todas las UCIs. La desocupación ha ascendido allí a niveles del 45 por ciento, y 530 fábricas fueron cerradas en el último año. La clase obrera lucha contra la pandemia en las peores condiciones posibles. El boicot por parte de Israel ha aumentado la dependencia sobre las acciones de ayuda internacional. Los pedidos de cese de hostilidades por parte de organismos de todo el mundo llegan a oídos sordos. La respuesta del ministro de defensa de Israel, Naftalí Bennet, en medio de la crisis sanitaria, fue la exigencia de la aparición de los cuerpos de dos soldados israelíes caídos en 2014 en territorio palestino (Palestine Chronicle, 7/04), condicionando la ayuda humanitaria a la lógica de las operaciones castrenses. También es crítica la situación sanitaria de la comunidad palestina dentro de Israel, donde impera el toque de queda. La organización israelí Adalah denunció al Ministerio de Salud por no publicar los protocolos y las directrices de sanidad en idioma árabe (tan sólo lo hicieron en hebreo). Se tardó más de un mes en brindar información sobre el avance del Covid19 en los barrios palestinos de la Jerusalén Oriental ocupada, donde habitan 330.000 residentes, negando el acceso a testeos también entre los poblados palestinos que habitan en territorios bajo control militar (Mondoweiss, 3/04). La lucha en común de médicos palestinos e israelíes, activistas y organizaciones de DDHH está logrando arrancarle al gobierno de Netanyahu los kits de pruebas y equipos necesarios para llegar a los hospitales palestinos de Jerusalén, y al mismo tiempo hospitales móviles para los poblados aislados. Los testeos tardíos darán cuenta de un escenario de contagios aun mayor dentro de Israel, y del grado real de exposición al que se ha sometido a la población con el desfinanciamiento del sistema de salud. En el interludio de una crisis sanitaria sin precedentes, el gobierno de Netanyahu ha utilizado los golpes del coronavirus para dirigirse contra las masas palestinas que combaten la ocupación, dejando en evidencia los planes anexionistas en el marco del mentado Acuerdo del Siglo. Las luchas de los trabajadores israelíes y palestinos marcan el rumbo de una unidad necesaria para derrotar la pandemia. Una acción internacional de la clase obrera debe tomar este asunto en sus manos y rodear de solidaridad al pueblo palestino, que está resistiendo por estas horas las consecuencias del bloqueo y la ocupación. La victoria de Palestina sobre el coronavirus será un golpe contra toda la política de Netanyahu y el imperialismo, responsables de este verdadero crimen de guerra.

10 de abril de 2020
Morales hace punta con los docentes en el recorte a los trabajadores estatales

Recientemente tomó estado público una circular del ministerio de hacienda jujeño -007-CP-2020- que dictamina un recorte de entre el 10% y el 15% del salario docente correspondiente a marzo. La circular elimina el pago de $2.000 a cuenta de la paritaria nacional, elimina el adicional “frente a alumno” y establece el pago del ítem “asistencia perfecta" en la modalidad vacacional (enero y febrero), como si los docentes, quienes siguen en actividad obligados a trabajar desde sus casas sin las herramientas ni la capacitación necesarias, no dictarán clases por voluntad propia. Por último, se termina de absorber el suplemento no remunerativo y no bonificable de 2018, quedando solo un acumulado de $150 para la categoría más baja (salarios inferiores a $25.000). “Primero los docentes” Como ya lo habíamos advertido cuando el gobierno anunció la donación de sueldos del funcionariado y en ocasión del discurso de apertura de sesiones de la Legislatura ( https://politicaobrera.com/politicas/812-morales-confiesa-su-impotencia-ante-el-covid-19-y-la-crisis-provincial ), el gobernador Morales busca aprovechar la crisis abierta por la pandemia de coronavirus para recortar el salario de los estatales, en nombre de la crisis y la caída de los recursos fiscales. Pero quienes nunca son recortados son los acreedores de la provincia, quienes solo este año se llevarán más de 3.660 millones de pesos del presupuesto provincial; y los empresarios y terratenientes radicados en la provincia, beneficiados con miles de millones de pesos a través de los diferentes regímenes de subsidios y exenciones del estado. Estos empresarios son los mismos que violan los protocolos de bioseguridad gubernamentales y que recortan salarios, suspenden y despiden trabajadores a mansalva, bajo la misma excusa del gobernador. Es claro que los más de los 1100 millones de pesos que enviará el gobierno nacional a Jujuy (50% de ATN y 50% de un crédito blando), Morales no piensa destinarlo para garantizar el pago los salarios. Así pasó ya con los 400 millones de pesos recibidos por Morales a principios de año, que ni siquiera pagó el miserable bono nacional de 4 mil pesos. El planteo de privilegiar los salarios de los trabajadores de la salud, policías y docentes se demostró como un chamullo en menos de lo que canta un gallo. Este no es el primer ataque a la docencia por parte del gobierno. Días antes, se dio a conocer un cronograma de pagos “extendido” en donde se aplazó el pago de los salarios hasta el 12 de abril inclusive. Antes, miles de docentes quedaron sin la posibilidad de tomar los nuevos cargos o reemplazos ya que se suspendieron los actos públicos para cubrir dichos cargos en nombre de la emergencia sanitaria. La burocracia sindical docente no ha dicho una sola palabra hasta el momento ante semejantes atropellos. Antes ha dejado pasar la eliminación de las paritarias libres y su reemplazo por aumentos por decreto, o el descuento de los días de paro y todas las reformas anti educativas del gobierno. Ningún descuento a los docentes y estatales Es necesario garantizar el cobro íntegro de los actuales haberes docentes, la prórroga de todos los reemplazos y el reparto de la matrícula estudiantil entre el conjunto de la masa docente disponible, para garantizar en lo inmediato un seguimiento educativo adecuado del alumnado fuera del aula; y el distanciamiento necesario una vez que se retomen las clases. Este recorte salarial a los docentes debe ser rechazado también por el conjunto de los trabajadores estatales, que siguen en la mira del gobierno. Todos juntos además deben imponer el estricto cumplimiento de la cuarentena para sus sectores no esenciales y la garantía de insumos y condiciones de bioseguridad adecuas para quienes deben prestar servicio. Bajo este marco es necesario además abrir una deliberación sobre la necesidad de un aumento salarial inmediato y la defensa de paritarias libres para que los salarios estatales no sigan siendo carcomidos por el aumento sistemático del costo de vida. Solo la clase obrera y los trabajadores pueden garantizar las medidas necesarias para preservar sus vidas y la del conjunto de la sociedad, no los gobiernos que recortan salarios y nos mandan desarmados al matadero del coronavirus.

10 de abril de 2020
Bernie Sanders se baja en medio de la crisis sanitaria y la bancarrota capitalista

En medio de la pandemia que azota particularmente a EE.UU, Bernie Sanders decidió dar fin a su campaña electoral y ceder la candidatura del partido Demócrata a Joe Biden, un hombre del poder constituido. La campaña de Bernie tocaba la fibra de cuestiones vitales que se han puesto en juego con la pandemia: ninguna otra reivindicación como el Medicare for All, proclamada a los cuatro vientos por Sanders, había atraído tantas ilusiones. ¿Por qué se baja, entonces? Pensamos que por el mismo agravamiento de la crisis. Meter el cuchillo en las entrañas de las compañías de seguros, las grandes de la farmacia y el conjunto del sistema de salud privado es ahora sencillamente revolucionario. Sanders contaba con un impuesto a los ricos y con el corte del seguro privado de la salud para desarrollar ese programa, y denunciaba que el poder corporativo había acumulado grandes ganancias. Ahora es diferente; las corporaciones están en quiebra y han pasado a acumular deudas enormes con el estado y la Reserva Federal. No están para ser ordeñadas por un izquierdista ‘demodé’ sino para la expropiación. La hora de Sanders ha pasado, no por su declinación física sino porque la declinación capitalista ha asumido proporciones catastróficas. La burocracia sindical, que oficia de policía de la clase obrera, no está con Sanders sino con Biden. Después de 2016, Sanders insinuó una presentación por fuera del PD. Ahora respalda y "felicitó a Joe Biden, un hombre muy decente”. La decisión de retiro deja en la banquina a sus principales sostenes de la izquierda democratizante yanqui: el DSA (Democratic Socialists of America) y Jacobin, publicación que llegó a afirmar que el Partido Demócrata “it’s Bernie’s party now” (“Ahora es el partido de Bernie”). Trump no desaprovechó la inconducta de Sanders y hasta sugirió que el PD había conspirado contra él. "El pueblo de Bernie debería venir al Partido Republicano", escribió en un tweet. Es que una vez más se revela que no hay atajos para la lucha por las reivindicaciones populares, menos que en ningún otro lado en EE.UU. La lucha por la independencia política de los trabajadores, en EE.UU, donde se desarrolla un movimiento ascendente de lucha de los trabajadores con motivo de la pandemia, revolucionará la lucha sindical y política de EE.UU.

10 de abril de 2020
Penta Quilmes: la lucha continúa

Entrevistamos a Fabián, trabajador del frigorífico Penta sobre la situación del conflicto y la represión sufrida el jueves 9. El lunes 13, en coincidencia con el paro nacional convocado por el sindicato nacional de la carne en repudio a la represión, los trabajadores del Penta vuelven a convocar en la rotona de Pasco, Quilmes, a las 9 de la mañana. -Bueno, compañero, cuéntenos qué está pasando… -Acá estamos, en el medio de la lucha, después de una represión de la policía de La Cañada que por lo visto están arreglados con el dueño del frigorífico, Ricardo Bruzzese. Nos reprimieron por pedir el sueldo que nos corresponde en medio de esta pandemia. Sacó las vacas y nos sacó a todos afuera, diciendo que no hay trabajo cuando el trabajo lo está llevando a otros dos frigoríficos, La Huella y Arenales. Nos está dejando sin trabajo a los tres delegados, porque le molestan, y a 20-30 compañeros más los quiere dejar afuera, pero no por política sino por la antigüedad que tenemos. Ya llevamos más de 23 años muchos acá adentro y, por lo visto, a él la gente de 15-20 años ya le está molestando mucho porque tiene un montón de gente en negro, gente que le está pagando de 80 a 100 pesos la hora que hacen trabajo de cuchillo, un trabajo profesional. Nosotros lo aprendimos en 5 o 6 años, a la gente lo obliga que aprendan a trabajar y a otros que les enseñe para sacarnos del puesto y poner esa gente que trabaja por 80 o 100 pesos la hora. Trabajan como ellos quieren. Quieren que hagamos mucho más trabajo de lo normal. Nosotros nos negamos hacer el trabajo y el patrón, directamente, estando en cuarentena, porque presentó un video que estaba en cuarentena en su casa por unos parientes que vinieron del exterior, desde su casa empezó a manejar esto de que se va a cerrar el frigorífico. Ellos dijeron que si nosotros no hacíamos el trabajo que ellos nos pedían no podían trabajar con nosotros de esa manera porque no le sirve, así que decidió cortar toda relación con nosotros y paró la matanza. Nos quedamos las 8 horas correspondiente ahí, nos fuimos y, al otro día, vació el frigorífico y así estamos, protestando desde el 17. Pagó la quincena que habíamos trabajado, pero esta quincena no quiere pagar. Dice que no nos va a pagar porque dice que nosotros no trabajamos y no tiene nada que pagar. En medio de la pandemia nos hace venir exponiéndonos a nosotros y a nuestra familia. Nosotros estamos pidiendo por favor que nos pague la quincena porque con eso podemos mantener a nuestra familia. No le estamos pidiendo ninguna colaboración ni le estamos pidiendo nada al gobierno, sino que queremos lo que a nosotros nos corresponde y es así. -¿Qué capacidad productiva tiene el frigorífico? -De 1.300 a 1.400 animales por día. Pero en este momento estábamos haciendo unos 7 mil animales por semana. Nosotros teníamos una buena capacidad, mínimamente llegaban a ser 5 mil por semana, pero hacemos unos 10 mil o 12 mil animales. Hacemos bastante producción. No es una producción chica, muchos de los matarifes prefieren el frigorífico Penta porque se puede trasladar para todos los puntos sino también por el buen trabajo de las personas que hace más de 20 años que trabajan y conocen muy bien su trabajo. -¿Cuantos obreros hay trabajando actualmente en el frigorífico? -Más de 250 obreros entre lo que es faena, mantenimiento, despostada y la cámara de frío. -¿Van hacer asamblea después de la represión? -No nos dejaron. Bajó parte del municipio alegando que ellos no tuvieron nada que ver, que ellos no mandaron a reprimir. Vinieron a apoyarnos y a que la policía dejara el lugar, pero después de la terrible represión que tuvimos porque ellos no miraron ni midieron en la forma de pegarnos. Porque le pegaron a gente grande, gente que tendría que estar en su casa porque están en riesgo por la pandemia, en riesgo de enfermarse de coronavirus, pero por la falta de su salario viene también a protestar acá para poder cobrar como todos los compañeros. -¿Hubo muchos heridos? -Diez heridos, dos fueron al hospital. A uno de los delegados le pegaron bruscamente, lo golpearon en la cabeza, lo agarraron a las patadas. Nosotros lo sacamos porque estaba desmayado. Ahora está mejor pero igual no le saca nadie la paliza que le pegaron. Es más, nos reprimieron con bala de gomas hasta al secretario general del sindicato que no podíamos sacarlo. Tenemos un par de compañeros con afecciones respiratorias y compañeros que tienen problemas en la sangre, que usan insulina, también con taquicardia. Son los compañeros que hacen tarea liviana, que trabajan en el vestuario, son también compañeros que estaban acá, en el medio de la represión. A uno de ellos le bajó la presión y lo tuvieron que llevar hasta la casa. -¿Como continúa el conflicto? F: Después de la represión que tuvimos no nos queda otra que quedarnos acá y saber si es cierto que desde la gobernación, desde el gobierno nacional, el sindicato y todos los que nos estas apoyando se va hacer algo; que la verdad con lo que estamos viviendo hace más de 20 días en medio de esta pandemia y que todavía no tengamos una pequeña respuesta o alguien que se haya acercado en serio a decir que puede llegar a ver una solución no podemos creer en nadie, compañeros. Porque esa es la verdad. Nosotros vamos a tener que acampar, seguir acá, y esperar a ver si las palabras de nuestros gobernantes. nuestro sindicato y de todos los que quisieron darnos una mano van a estar con nosotros que estamos en esta lucha.

10 de abril de 2020
Aluar: las imposiciones de Madanes Quintanilla

La patronal de Aluar ha mantenido a sangre y fuego su proceso productivo. Elaboró un protocolo referido a la mejor higiene y al aumento de personal contratado para la limpieza, donó un par de respiradores, licenció a los trabajadores de riesgo (menos del 10% de la fábrica), pero se mantiene trabajando con la mayoría de los operarios y la inmensa mayoría del personal administrativo. La resultante es que Aluar sigue produciendo y sigue mofndose del aislamiento social. Oficialmente anunció que empezó la cuarentena con un 25% de la producción y, días más tarde, supero más de la mitad de la capacidad. El alumino es uno de los rubros que incluyó la UIA en el reclamo que presentó a la Rosada, para que sea declarada actividad esencial. La dirección de la UOM de Puerto Madryn (ahora seccional) nunca ha jugado rol alguno como organización gremial. Al poco tiempo de nacer fue intervenida por la dirección nacional, pero ni los interventores de hoy ni los de ayer tienen ningún planteo alternativo ante las decisiones que imponen los Quintanilla. Infobae (7/4) informa que “según la Unión Obrera Metalúrgica, el descuento para los salarios de abril que propone Aluar es de 50%, pero Madanes asegura que será menor. ´La rebaja es para aquellos empleados que no van a trabajar, pero como eso es rotativo se termina prorrateando y el porcentaje que pierden del sueldo es menor´, explicó el titular de la compañía”. Como se aprecia, la burocracia de la UOM está absolutamente entregada a aceptar las propuestas patronales. En la misma la pelea están las comisiones internas como las de Acindar de Villa Constitución, Acindar Tablada, de muchas fábricas de la alimentación, de los frigoríficos y la formidable pelea de los trabajadores de la salud, ante el frente único de la burocracia con las patronales para reanudar la producción. La patronal de Aluar ahora quiere imponer también una reducción de salarios, que vendrá acompañada de quita de conquistas históricas. Esto cuando, junto con las grandes sojeras, sigue produciendo y exportando en la crisis. Nadie en la Argentina como la patronal de Aluar está en condiciones más ventajosas para reducir las horas de trabajo sin afectar el salario. Las ganancias de su último ejercicio son siderales, exporta 300.000 toneladas de aluminio. Además, hay que sumar las fabulosas ganancias con la generación de electricidad de su parque eólico. Que Madanes se quiera acoger a los mismos beneficios que las PyMES es un atropello a la clase obrera amenazada por la pandemia. El cuerpo de delegados de Aluar debería establecer su propio protocolo y rechazar la posibilidad de una rebaja salarial. La clase obrera mira como modelo de resistencia de los trabajadores la organización de base de las grandes fábricas. Abajo la dictadura de Madanes en Aluar, abajo los despidos hormiga, ninguna rebaja salarial. Y que todo trabajador que ingrese en la planta esté bajo convenio de la UOM.

10 de abril de 2020
Carta abierta en defensa de mi vida y la de todos los enfermos que no estamos siendo atendidos por no padecer el “covid19”
Nora Angélica Eliçabe

La emergencia del “covid19” no justifica la improvisación desesperada, que está condenando a enfermos diagnosticados de urgencia a esperar a que termine la Pandemia, que hasta la fecha tiene miras de seguir hasta fin de año por lo menos. Se suspenden operaciones y se trasladan enfermos graves sin seguir el protocolo de rechazo conformado, sin avisar a los parientes. Eso está sucediendo en Pilar; el plan de salud que todos los días se alaba en la televisión es, en realidad, una frazada corta que esconde la negativa a tomar medidas de fondo. Y cuando digo medidas de fondo no me refiero a las medidas que trasladen los desastres que están ocurriendo en Europa por haber desmontado durante años la salud publica ajustándola hasta no existir, sin prever una emergencia como la actual. En enero pasado, una colonoscopia encontró un tumor en el ciego de mi intestino de 4cm. La biopsia determinó que se trata de un tumor maligno, pero operable y todavía sin metástasis a la vista. Mi obra social es PAMI y, como tal, mi cápita es el hospital. Es allí donde comienzo el examen prequirúrgico para realizar una operación calificada de urgencia. El 17 de marzo donde tenía que completar con la firma del anestesista, se anuncia la cuarentena. Quien debía firmar mi examen se encuentra en situación de riesgo y el Hospital Sanguinetti no cuenta con otro anestesista autorizado para firmar; es decir que tiene un solo anestesista trabajando como efectivo y el resto no tiene una relación de dependencia que le permita firmar, pero sí tiene anestesistas que intervienen, ya que en mi colonoscopia que fue realizada junto con endoscopia. Yo fui anestesiada por otra profesional. Este misterio fue causa de un sinnúmero de idas y venidas entre el hospital, PAMI Pilar, el Polo Sanitario y el Hospital de Trauma, yendo y viniendo con un “rechazo conformado” para conseguir la firma de otro anestesista. Ninguno se quiso comprometer siquiera en mirar todos los estudios que ya están realizados. Esto sin contar las veces que trataron de convencerme de que debía esperar al término de la pandemia, que tenía que entender que estábamos en medio de una emergencia. Finalmente me llama alguien de PAMI Central para decirme que consiga que el Hospital me interne y declare su imposibilidad de operarme para derivarme a otro lugar. Al ir el viernes pasado a los consultorios externos para hablar con mi doctora, encuentro un cartel que dice que hasta el 13 de abril los médicos de consultorios no atienden, salvo los cirujanos de cardiología. Todo esto resulta absolutamente descabellado y solo tiene un significado; las autoridades sanitarias están aterrorizadas y sobrepasadas por una situación que todavía no explotó, y el único plan visible es la cuarentena. Pero la cuarentena parece abarcar hasta la atención médica, no se aprovecha el intermedio, antes de que los infectados colapsen los hospitales; para preparar espacios que separen a los enfermos no infectados de los otros, lo que preanuncia que se terminarán mezclando y multiplicando las muertes como en Italia y España -donde el problema, a todas luces, es anterior al covid19. Ante esto, la única respuesta es mandarnos a los que enfermos no contagiosos a sus casas a morirnos allá, o como en el caso de mi vecino que fue trasladado sin avisar a sus familiares a la Clínica los Almendros, donde sus familiares no pudieron pasar a visitarlo en terapia intensiva porque tienen una paciente sospechosa de portar coronavirus. Ante el reclamo, la respuesta fue: “-Señora, tiene 73 años ya vivió bastante”. Tremendo. Sin estar colapsados ya se autoriza de hecho a dejar morir un paciente a determinada edad. En mi Facebook tengo el pedido de un hijo pidiendo que se difunda que su madre con cáncer cerebral no es autorizada por OSECAC para ser operada, con los mismos argumentos; ni siquiera es de la tercera edad; es jefa de familia y se la condena a morir, simplemente porque los que no nos muramos de coronavirus no seremos registrados en las estadísticas internacionales. Esta situación delata que no hay una verdadera preparación para la situación que se viene. Ahora es el tiempo en que se debe planificar un mapa que abarque a todos los enfermos, se dupliquen los profesionales de la salud, pero con los debidos derechos laborales y elementos de resguardo; de que se dispongan todos los edificios necesarios para trabajar en condiciones que no sean de desesperación. Se han sacado decretos y leyes de emergencia en este último tiempo, pero ninguno para resolver estos problemas; los trabajadores saben que esto es así porque han hecho oír sus reclamos, pero estamos dejando pasar el tiempo, sin atacar los problemas a fondo. Yo reclamo la posibilidad de operarme en algún hospital oncológico, no en una clínica de desahucio para la tercera edad. Mañana cumpliré 71 años, pero tengo todavía mucho para hacer en la vida, donde mis hijos necesitan ayuda, porque unos están con licencia sin cobrar y otros están sin trabajo seguro y todos tienen su familia, donde tengo que completar los trámites para escriturar mi casa y no puedo ni debo ser condenada a muerte como una cosa. Reclamo que se solucione mi situación, así como la de todas las personas que están en mi situación.

10 de abril de 2020
Uruguay: la Huelga de la Federación de la carne

Los obreros y obreras de la carne, nucleados en la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) con sede en el Cerro de Montevideo, desarrollaron una huelga general desde el 1 de abril, en lo que han denominado una pausa sanitaria. Se trata de un paro que persigue dos objetivos; por un lado, garantizar que los trabajadores cumplan con una cuarentena mínima de dos semanas, y por otro la exigencia de que las empresas garanticen las condiciones de seguridad sanitaria para funcionar. Esto implica, sin lugar a duda, una reorganización del trabajo en las fábricas a partir de protocolos de seguridad que las propias organizaciones ya están elaborando, bajo un estricto seguimiento y control en su puesta en marcha por parte de los delegados de sección. Las patronales de la carne, las más importantes, empresas multinacionales de capitales extranjeros se han negado a las solicitudes de los sindicatos, rechazando incluso la propuesta perjudicial para los trabajadores en términos salariales, de rotación del personal mediante el seguro de paro, evidenciando que no están dispuestas a garantizar el mínimo cuidado de sus empleados, aunque sean los propios trabajadores y el Estado quién paguen el costo de ellas. La medida de fuerza llevada adelante por la FOICA adquiere relevancia, en primer lugar, porque se trata de una acción de lucha que por primera vez en décadas nuclea al conjunto de los sindicatos que participan en la Federación, es decir se trata de una medida de lucha unificada de los trabajadores de la carne. En segundo lugar, porque la medida es llevada adelante por la nueva conducción de la Federación, que se impuso en las recientes elecciones gremiales y en el marco de procesos de lucha en distintos frigoríficos (fundamentalmente del Sindicato del Frigorífico Canelones) con la lista 209, un emergente heterogéneo, pero combativo que reivindica la independencia de clase, y que triunfó sobre la lista 1942 -afín a la corriente Gerardo Cuesta del PIT-CNT. Una lista que se propuso poner en pie una poderosa Federación de la Carne que trascienda las divisiones artificiales orquestadas por los aparatos sindicales burocráticos y sea un factor de reorganización del conjunto de los obreros y obreras frigoríficos, e incluso de toda la industria de la alimentación, en una perspectiva clasista. Esta orientación política y la medida de acción de conjunto son un primer paso para problematizar, pensar y elaborar un programa general para el conjunto de la Industria de la Carne, que en el escenario actual plantea de forma urgente la nacionalización y control obrero de la Industria, para terminar con la especulación y la concentración de capitales, además de un convenio único. El papel de la FOICA en el combate a la pandemia La nueva conducción de la FOICA enfrenta entonces nuevos desafíos. En primer lugar, es fundamental que triunfe esta huelga, en el sentido de arrancarle a las empresas la implementación inmediata de un protocolo de seguridad e higiene para el cuidado de la vida de los trabajadores. Esto implica, entre otras cosas, la puesta en marcha de un protocolo de seguridad que puede incluir entre otros aspectos: la división del trabajo en más turnos para evitar la aglomeración, el espacio de un metro de distancia en el proceso de trabajo, la distribución de material sanitario al ingreso a las fábricas, tapabocas, alcohol en gel, guantes de látex, entre otros. La puesta en marcha de un servicio de locomoción acorde que recoja a los trabajadores en sus domicilios, pago por las empresas, y la priorización en la producción del abasto interno. Al considerarse la industria de la alimentación como esencial en el marco de la pandemia, la enfermedad debería considerarse enfermedad profesional e incorporarse en las prestaciones del Banco de Seguros del Estado, además las empresas deberían abonar una partida salarial extra por riesgo a sus trabajadores. Es necesario entender que la reorganización del trabajo garantizando las condiciones sanitarias en la industria alimenticia (así como en el transporte y el comercio) se transforman en una cuestión vital de salud pública. Para controlar el cumplimiento estricto por parte de las empresas es necesario que cada gremio ponga en pie un comité de salud y vigilancia en todas las fábricas, con potestad de paralizar la producción en caso de que las mismas no se cumplan. En caso de negativa por parte de las empresas a activar el protocolo para defender la vida obrera, se debe exigir al Estado que intervenga al conjunto de la industria implementando los protocolos y garantizando la producción. El retorno al trabajo debe estar condicionado a que tanto el Estado como las empresas garanticen un control semanal de la epidemia en las fábricas, esto es la realización de test masivos para todos los trabajadores de la industria. Estas propuestas, y la discusión general de la situación de la industria plantean el desafío para la FOICA de establecer una coordinación sindical más amplia, que incluya a los sindicatos más pequeños, o incluso núcleos de trabajadores que no estén organizados, de los distintos rubros de la alimentación para elaborar los lineamientos generales de un protocolo común y golpear con un solo puño en el marco de la pandemia. Se trata entonces de buscar abrir una deliberación que vaya más allá de la situación concreta de cada frigorífico, o incluso de la Industria, para constituirse en un polo de reagrupamiento general de toda la industria de la alimentación. Aportando no sólo un marco de reivindicaciones y de funcionamiento estándar (protocolos), sino también una caracterización de conjunto, respecto a cuáles fábricas son esenciales en este contexto y cuáles no lo son. E incluso estás acciones permitirían el control el propio proceso de producción, vigilando qué modificaciones reales se presentan en el marco de la pandemia y cuáles son maniobras de las empresas para especular e inflar los precios al consumo. En al actual contexto conocer la dinámica y tener mecanismos de control de la industria de la alimentación se vuelve fundamental para el conjunto de la clase trabajadora. Estas coordinaciones pueden efectuarse o bien virtualmente a partir de diversos mecanismos (plataformas, videollamadas), o a partir de delegados, respetando al máximo las medidas de seguridad e higiene. La situación también presenta el desafío de que cada sindicato de base construya territorialmente sus propios mecanismos de coordinación barrial, articulando con las ollas populares, y organizando zonalmente la efectiva realización de la cuarentena. En este sentido, los sindicatos, como centro de organización obrera, permiten centralizar información y distribuir tareas, por ejemplo, instalando ollas o repartiendo canastas (como muchos ya lo están haciendo), pero además relevando necesidades varias de los barrios donde se encuentran ubicados; esto es desde condiciones de higiene del barrio, necesidad de alimentos, artículos de limpieza, o necesidades de personas mayores en materia de mandados o retiro de medicamentos. La realidad que se presenta es que la vida de los trabajadores, jubilados y toda la población explotada está en riesgo. El gobierno prácticamente no ha tomado medidas para frenar esta cuarentena y pretende normalizar la actividad en el momento en que entramos al invierno, rozando en la desidia, y fomentando la catástrofe que implicaría el colapso de los centros de salud. Los sindicatos tienen un papel fundamental para cumplir, en la organización de la defensa de la vida de los trabajadores y trabajadoras, y los sectores más vulnerables, sabiendo que el Estado no cumplirá con ese papel a no ser que se desenvuelvan los reclamos con fuerza. Para ello, como elemento fundamental debemos exigir al gobierno que se pongan en práctica ya las propuestas realizadas por el Sindicato Médico del Uruguay, esto es el testeo masivo en los lugares de trabajo, a todos aquellos que presentan síntomas, al conjunto de la población para lograr combatir con eficacia la epidemia. Los obreros y obreras de la carne están marcando el camino, uno en el que aún queda mucho por recorrer. ¡Adelante, compañerxs!

10 de abril de 2020
Conflicto en la 540 por el salario

El martes 7 de abril, el Cuerpo de Delegados y los choferes de las líneas 540/553 realizaron una abstención de tareas y una asamblea debido a que la empresa abonó una parte solamente de los salarios. Según informaron los compañeros, la concurrencia a la asamblea “fue plena, en la cual se tomaron todos los recaudos en cuanto a distanciamiento para evitar contagios, demostrando conciencia frente a esta pandemia”. Cuando aún la asamblea no había concluido, la empresa había depositado el saldo restante. Política Obrera entrevistó a uno de los compañeros respecto del proceso que se vive en la línea. Ante la pandemia, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? Las condiciones al principio, a 2 o 3 días después de declarada la cuarentena obligatoria, para la empresa fueron las mismas que sin la pandemia. Lo único que hizo fue disminuir el servicio, pero de seguridad e higiene nada. ¿Cuál es el protocolo de seguridad patronal y el que plantean los trabajadores? Ante la inacción de la empresa rápidamente el cuerpo de delegados convocó a una asamblea con la Línea parada. Allí desarrollamos nuestro propio protocolo de seguridad e higiene, el cual fue aprobado y votado por los trabajadores. Algunas de las medidas fueron: clausurar la puerta delantera para los pasajeros y habilitar solo la puerta trasera para el ascenso y descenso del pasaje. También aislar al chofer con unos precintos de seguridad y así mismo el pasajero que podía o quería abonar su pasaje lo hacía o no. Al enterarse de toda esta movida la empresa nos llamó a una reunión, donde nos informó que nos ponía a disposición todos los elementos de higiene, así como el aislamiento del chofer mediante un plástico; facilitándonos también todos los días alcohol en gel. Los compañeros son conscientes de la situación; por más que nos habiliten los elementos de higiene sabemos que es inútil ante este virus. Lo que se discutió es la paralización total del transporte ya que consideramos que es lo único que nos va a salvar de esta pandemia. ¿Hay acuerdo del conjunto de los trabajadores con esto? ¿Cómo vehiculizan el debate y estructuran la organización? Aparte de la asamblea por el protocolo, el cuerpo de delegados sacó 3 comunicados contrarrestando los comunicados de la UTA y esperando que alguien recoja el guante; porque lo único que reflejaba los comunicados de la burocracia es una entrega total de los trabajadores a esta pandemia, literalmente un “sálvese quien pueda”. Hoy vehiculizamos nuestra organización y debate por medio de grupos de WhatsApp. Lamentablemente este gobierno también intenta romper la organización de los trabajadores. ¿Cuál es la situación del salario y las paritarias? Debido a la problemática de la salud, el gobierno nacional conjuntamente con las burocracias sindicales, están haciendo oídos sordos a los pedidos de los trabajadores; no solo a lo que refiere a esta pandemia sino a nuestro salario. El 4 de abril se debería haber retomado nuestra discusión paritaria, así como la de los trabajadores de otras ramas, pero se está discutiendo el congelamiento y la rebaja salarial. Nosotros, el lunes 6 teníamos que cobrar nuestro salario cuando a media mañana el abogado de la empresa nos comunica que si el gobierno no les bajaba el subsidio nos iban a depositar el 80% del salario. Claramente esto no íbamos a aceptarlo y como no se podía esperar otra cosa, a la media hora la empresa deposita el 80% del salario. Inmediatamente, a través del grupo de WhatsApp que tenemos armado con todos los compañeros, el cuerpo de delegados envió un audio convocando el martes 7 a todos (menos a los que son grupo de riesgo, que son 10 o 12 compañeros) a una asamblea general en el playón de la empresa. La asistencia a la asamblea fue total con más de 100 compañeros. Se habló de la situación económica y paritaria y lo que se viene más adelante. La asamblea arrancó a las 10hs y a las 10.20hs la empresa nos comunica que ya había depositado la totalidad del salario, o sea el 20% que faltaba; pretendiendo la suspensión inmediata de la asamblea en curso. Pero la asamblea siguió debatiendo y se puso de relevancia que este atropello constituía una clara provocación de la empresa y que nos está probando a ver como respondemos. La asamblea reafirmó la posición respecto al salario que consideramos intocable e innegociable y que debe ser depositado al 100% en el cuarto día hábil de cada mes. Decidimos quedar en estado de alerta ante este atropello de la empresa sobre nuestro salario. Nos mantenemos comunicados diariamente, a través de un grupo de WhatsApp, entre todos los compañeros acerca de nuestra situación y en las demás empresas del transporte; y también de otras ramas laborales como Dánica, los compañeros de Techint que fueron despedidos y la inmensa cantidad de trabajadores que están sin percibir el salario o están cobrando porcentajes del mismo. Es el caso de los compañeros de Neuquén quienes cobraron alrededor del 40% del salario y pertenecen a la misma empresa que nosotros, “Autobús”. ¿Cómo se posiciona el gremio ante la esencialidad? El gremio ante esta situación jamás saco un comunicado o un boletín oficial. Hizo abandono total de todos sus afiliados, nunca fueron a los lugares de trabajo para verificar si las empresas cumplen con los protocolos de seguridad e higiene, brillan por su ausencia en todos los sentidos. Lo único que hacen es proteger los intereses de las empresas y nos mandan al matadero. El cuerpo de delegados conjuntamente con los compañeros solicitamos la paralización total del transporte como lo hicieron con aéreo, marítimo y larga distancia ya que existen informes que la vía más rápida de contagio del COVID 19 es el transporte público. El gobierno debe hacerse cargo y sacar medidas a favor del pueblo, de los trabajadores y no de los empresarios.

12 de abril de 2020
Frigorífico Penta: Internacionalismo obrero rioplatense

Viernes 10 de abril, 2020 Desde SOOFRICA (Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Canelones) de Uruguay, repudiamos la represión a los trabajadores del Frigorífico Penta (Argentina). Todo nuestro apoyo a los obreros en esta lucha. Las conductas empleadas por la patronal del Frigorífico Penta (lock out patronal, despidos) son las mismas empleadas por las distintas cámaras empresariales a lo largo y ancho del continente y el mundo. Desde nuestro sindicato exigimos: ️Pago inmediato de salarios impagos. ️No a los despidos. ️No a la represión policial a los trabajadores del Frigorífico Penta (Argentina). ️Unificación de todos los conflictos en la conformación de un frente único de trabajadores que sea capaz de enfrentar la línea ajuste del capital sobre la clase trabajadora. Comisión directiva SOOFRICA FOICA PIT-CNT

12 de abril de 2020
Fuera Bolsonaro: por una política de clase y antiimperialista para combatir la pandemia

A esta altura, en la segunda quincena de abril, ha quedado claro que el principal obstáculo para combatir la pandemia de coronavirus que está asolando a Brasil es la mala gestión de Bolsonaro, quien, en discursos desequilibrados, reclamó el "retorno a la normalidad" del país, abandonando total o casi totalmente la cuarentena obligatoria, ignorando todas las normas y prevenciones de salud universalmente reconocidas, todo en nombre de "salvar la economía". Una economía dominada por un gran capital financiero, que ya se ha beneficiado ampliamente del Banco Central, que este año puso a disposición de los bancos brasileños R $ 1.216 billones, lo que equivale al 16,7% del PIB. Compare esta cifra con el "paquete" anunciado por el gobierno de R $ 88,2 mil millones para combatir la pandemia: es equivalente al 7,5% de los fondos puestos a disposición de los bancos. Los fondos "antipandémicos" anunciados por el equipo económico, por otro lado, se refieren básicamente a la reinversión o reestructuración de las deudas de los estados y municipios, y al posible uso de líneas de crédito, con un porcentaje mucho menor al asignado al aumento efectivo capacidad sanitaria del país. La "ayuda" para desempleados y trabajadores informales, R $ 600.00 por persona, no llega a ser un paliativo (además, temporal). El desgobierno instalado en el país es evidente en el hecho de que el gabinete presidencial está de hecho bajo intervención militar, a través del Jefe de Estado Mayor, Braga Neto, y la orientación del Ministerio de Salud (Luiz Henrique Mandetta) es parcialmente diferente de la presidencial, aunque subordinada a esta en la cuestión del "desprendimiento selectivo", reemplazando la cuarentena que prevalece hoy en día, con consecuencias potencialmente catastróficas, que ya se están manifestando en regiones y estados como el Amazonas, poniendo en riesgo la supervivencia de toda la población indígena (pueblos nativos). Según fuentes científicas internacionales: "Dos de cada tres nuevas infecciones de coronavirus fueron causadas por personas que no fueron diagnosticadas con el virus o que no tenían síntomas". Esto significa que las personas infectadas que se sienten sanas o que tienen síntomas muy leves están propagando el virus sin darse cuenta, creando las bases de un desastre humanitario si las reglas preventivas se relajan, en lugar de profundizarse. Debido a esto, los cacerolazos contra el presidente, con el "Fuera Bolsonaro" dominando las voces (a pesar de que el PT se opone a esas palabras imperativas), se hicieron oír en todas las capitales y hasta en ciudades medianas y pequeñas del país. Además de las precarias condiciones sanitarias de Brasil, debido a décadas de desinversión y recortes presupuestarios, especialmente en las áreas de salud, con el desmantelamiento del SUS y en la educación (incluida la educación superior, base para la formación de profesionales de la salud), se suma la subordinación histórica del país, ahora más profunda, a las grandes potencias dominantes del capitalismo internacional. El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, en actos de piratería internacional, se apropió, a través de sobornos mezclados con fuerza, de equipos de prevención hospitalaria (EPP), pruebas y respiradores artificiales para pacientes críticos, fabricados en China y destinados a otros países, incluido Brasil. La política de privatización y desindustrialización privó a Brasil de la posibilidad de producir estos equipamientos y reactivos a gran escala, y hoy vemos las consecuencias de eso. Algunos países protestaron por la actitud de Estados Unidos, un funcionario de la OMS lo hizo verbalmente, pero el Brasil de Bolsonaro se quedó mudo. Además, el gobierno de Trump anunció una política de boicot financiero a la OMS, además de boicotear cualquier medio de coordinación internacional para combatir la pandemia. Se necesita una nueva política interna e internacional para garantizar la supervivencia del pueblo brasileño y de los pueblos oprimidos del mundo. En Brasil, ella no vendrá de un "cambio de guardia" (con Mourão reemplazando a Bolsonaro a la cabeza de un gabinete militarizado), ni de la composición legislativa actual, que sorprendió por la velocidad con la que comenzó a abordar medidas como la suspensión de contratos y el recorte en los salarios de los empleados públicos y privados, que alcanza hasta el 50% del salario, supuestamente para contener gastos estatales (en el caso de los empleados públicos), asignando más recursos para combatir la pandemia y para evitar el cierre de empresas, podando las escalas salariales. Para innumerables trabajadores, involucrados en gastos fijos de todo tipo, tales recortes significarían, en muchos casos, recibir un cheque de pago negativo a fin de mes, creando una ola de miseria social e incumplimientos y la recuperación de activos (muebles y bienes raíces) en masa. La operación ideológica en curso consiste en presentar la crisis económica como un producto de la crisis de salud (un factor supuestamente aleatorio y fuera de control) cuando, de hecho, precedió a la pandemia, que la manifestó abiertamente y la agudizó. Brasil es el país de América Latina con el mayor número de casos confirmados de coronavirus, con el mayor número de muertes y el mayor nivel de subregistro. Una encuesta internacional estableció que Brasil detecta solo el 11% de sus casos de coronavirus. Para los explotados, para las grandes mayorías, dejar la gestión de crisis en manos del gobierno de Bolsonaro significaría un desastre humanitario. La hoja de ruta del gobierno brasileño sobre el coronavirus correspondía a la política del imperialismo. El rechazo de la cuarentena para permitir la propagación masiva del virus fue anunciado inicialmente por el primer ministro británico, Boris Johnson, como el "método" más rentable para el capital financiero. Todos los expertos en salud rechazaron de inmediato la fantasía de que el contagio masivo provocaría inmunidad natural. Estados Unidos siguió una línea similar, con la única diferencia de que su implementación abandonó cualquier protocolo y se impuso a través de las mentiras habituales de Donald Trump. El resultado fue un escenario aterrador, como se ve en Nueva York y en los EE. UU., tomados por el contagio del virus. La OMS advirtió que la lucha contra la epidemia no solo requería una restricción total, sino también pruebas masivas para detectar el avance del virus. El gobierno brasileño no hizo ni una ni otra cosa. El ocultamiento de la situación promovida por el Ministro de Salud, elogiado como "el adulto en la sala", fue funcional a la política dictada por Bolsonaro. El mismo ministro anunció que la política de prevención del contagio en favelas y periferias urbanas pasa... por un acuerdo con paramilitares y traficantes. Y también con el gran capital. El primer paquete económico "anticoronavirus" autorizó a las compañías a reducir los salarios, una asignación mensual insignificante de R $ 200 por tres meses para 40 millones de trabajadores informales, beneficios fiscales para grandes empresas y la compra de títulos públicos por parte del Banco Central, en respuesta a la sequía en el mercado financiero. El choque con el Legislativo terminó elevando esa cantidad a R $ 600, para evitar una catástrofe social que podría convertirse en un terremoto político. Para completar, bajo el mando de Donald Trump, Bolsonaro lanzó una provocación contra China, que abrió una fisura en su base de apoyo político. La presión de la burguesía de agronegocios (China es el mayor socio comercial de Brasil, responsable del 30% de sus exportaciones) ha colocado al gobierno en una situación extremadamente débil, en medio de una crisis política que baila con el sonido de las cacerolas y el aumento diario del número de casos de contagio y muertes. La clase capitalista brasileña está profundamente dividida y su sistema político está fracturado. La principal consultora en el mundo para evaluar el "riesgo político" ha detectado la posibilidad de una "crisis institucional" en Brasil, acelerando una fuga de capital que ya se puede medir a diario. La única salida viable para los trabajadores y los explotados es imponer una centralización de todos los recursos del país, basada en un único plan social y económico, bajo la movilización y el liderazgo de los propios trabajadores. Las empresas comenzaron a despedir (incluso en el sector de transporte crítico, responsable de la distribución de alimentos y medicamentos): debemos exigir la prohibición de todos los despidos en una situación de emergencia nacional y social. El control del sistema financiero por parte de los trabajadores del sector, para evitar la fuga de capitales y el vaciamiento del país, también está a la orden del día, poniendo la perspectiva de su nacionalización en la agenda. La lucha contra la epidemia requiere una acción centralizada que ponga todos los recursos económicos, materiales y humanos de la nación al servicio de prevenir el contagio y del tratamiento de la enfermedad mientras no exista una vacuna comprobadamente eficaz, garantizando la seguridad alimentaria y la salud para toda la población, ampliando la capacidad del sistema de salud para atender a todos los pacientes, priorizando la producción y distribución de artículos de trabajo para los profesionales de la salud. La disposición de los trabajadores y estudiantes del área de la salud ya existe: más de 700 mil se han inscrito para trabajar voluntariamente para combatir la pandemia, arriesgando su salud, en todo el país. Falta proporcionarles los medios políticos y materiales para hacerlo. Es necesario transformar el sistema de producción del país de acuerdo con las necesidades planteadas por el escenario de crisis económica y sanitaria. Los profesionales de la salud denuncian la falta de equipos y suministros médicos básicos. El gobierno incluso llega al punto de exigir que médicos y enfermeras reutilicen máscaras protectoras. Los trabajadores de telemarketing, los trabajadores industriales, los distribuidores de alimentos y remedios comenzaron procesos de lucha para exigir garantías de seguridad e higiene. En las favelas y periferias, los comités comunitarios asumen la tarea de establecer una vigilancia sanitaria para reducir la propagación de la plaga. La reciente huelga de los trabajadores metalúrgicos en São Paulo exigiendo vacaciones pagadas es la punta de un iceberg que tiende a crecer. Es necesario defender: La prohibición del despido de empleada y empleados, servidoras y servidores públicos. Interrupción inmediata de la prestación de trabajo, en los sectores público y privado, en todas las actividades que no estén directamente relacionadas con la preservación de la vida, sin perjuicio del cobro íntegro de salarios. Interrupción inmediata de la prestación de trabajo, en los sectores público y privado, para hombres y mujeres mayores de sesenta años, mujeres embarazadas y otras personas incluidas en grupos de riesgo, independientemente de la actividad realizada, sin perjuicio del cobro completo de salarios. En actividades esenciales para la preservación de la vida que no pueden ser interrumpidas, la obligación de proporcionar, por parte de los empleadores públicos y privados, incluidos las trabajadoras y los trabajadores tercerizados e informales, los medios necesarios para trasladarse de manera segura al espacio de trabajo y el equipo de protección individual y protección colectiva necesaria para reducir los riesgos. Resolución de pago inmediato de un adicional por riesgo de vida a todos los profesionales que no pueden interrumpir su actividad. Cumplimiento del límite de horario de la jornada laboral para trabajadoras y trabajadores sujetos a teletrabajo. Pago de una renta básica para todas las familias con un ingreso por debajo del salario mínimo indicado por DIEESE, en febrero de 2020. Extensión del período de recepción del seguro de desempleo por tiempo indefinido. Prohibición de órdenes de desalojo por falta de pago del alquiler y prohibición de interrupción del suministro de electricidad, gas, agua, por incumplimiento de las familias con un ingreso igual o menor al mínimo indicado por DIEESE. Suspensión de la recaudación de impuestos y facturas relativas a los servicios esenciales, durante el período de crisis sanitaria. Re-orientación prioritaria del presupuesto público a actividades esenciales vinculadas a la salud pública, con derogación inmediata de la Enmienda Constitucional 95. No pago de la deuda interna y externa, gran responsable de la crisis fiscal, preservando los ahorros de los trabajadores activos o jubilados. Cobro inmediato y sumarísimo a los mayores deudores del Estado. Impuesto a las instituciones financieras, proporcional al beneficio neto obtenido en 2019, que se utilizará para la construcción de hospitales temporales y el suministro gratuito de alimentos y medicamentos para todos los que los necesiten. Impuesto general sobre las grandes fortunas, ganancias y dividendos, con el fin de constituir un fondo público, bajo el control de los trabajadores, para combatir la pandemia por todos los medios. Nacionalización y centralización de hospitales y puestos de salud para atención inmediata a las necesidades de la población en general. Control de SUS sobre todas las camas en el país. Imposición a los grandes transportistas y aerolíneas y compañías de ómnibus que hagan posible el transporte gratuito de alimentos y medicinas a todas las ciudades brasileñas. Control e inspección de precios de medicamentos, combustibles y alimentos. Finalización de patentes y fabricación a gran escala de medicamentos necesarios para el tratamiento médico en Covid-19. Subsidio para la fabricación a gran escala de respiradores mecánicos, productos de esterilización y asepsia y equipos de protección individual y colectiva para el área de salud, que se distribuirán en todo el territorio nacional. Todas las industrias encargadas de producir para la salud y abastecer a la población deben realizar jornadas de trabajo de seis horas, en la cual se observe la "distancia social" y todas las medidas de seguridad e higiene, lo que implica establecer un cuarto turno de trabajo. La conversión de grandes instalaciones industriales para la producción de respiradores y otros dispositivos médicos debe realizarse bajo el control de los trabajadores. El control popular de los precios y la oferta debe estar a la orden del día, dada la escasez y el aumento de alimentos básicos en los supermercados. El principio esencial que debe guiar la respuesta a la crisis es que las necesidades de los trabajadores deben tener prioridad absoluta sobre los intereses del beneficio privado. Responder a la epidemia, que afecta fuertemente a la clase trabajadora y al país en su conjunto, con los métodos de lucha de clases y lucha antiimperialista, en defensa del trabajo y la nación brasileña y la unidad con los trabajadores latinoamericanos que ya se movilizan en la misma dirección. Firmas: NEPPOS (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social – Universidade de Brasília, UnB) – BC (Boletim Classista) – LPS (Luta Pelo Socialismo) – Grupo de Estudos e Pesquisas em Materialismo Histórico-Dialético e Educação (Faculdade de Educação – Universidade de Brasília) – Walnice Nogueira Galvão (Professora Titular e Emérita FFLCH – Universidade de São Paulo) – Plínio de Arruda Sampaio Jr (Professor Instituto de Economia – Universidade Estadual de Campinas, Unicamp) – Ildo Luís Sauer (Professor Titular do Instituto de Energia Meio Ambiente, IEE – Universidade de São Paulo – ex Diretor da Petrobras) – Marly Gomes Vianna (Professora Aposentada Universidade Federal de São Carlos – Docente da Universidade Salgado de Oliveira, e Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp) – Iná Camargo Costa (Professora Titular Aposentada FFLCH – Universidade de São Paulo) – Cristine Hirsch Monteiro (Professora Titular DFP/CCS – Universidade Federal da Paraíba) – Osvaldo Coggiola (Professor Titular FFLCH – Universidade de São Paulo) – Luiz Enrique Schuh (Professor Titular de Veterinária e Zootecnia – Universidade Federal de Pelotas, UFPel - ex Presidente do Andes-Sindicato Nacional) – Antônio Rago Filho (Professor Titular – Pontifícia Universidade Católica, PUC/São Paulo) – Nise Maria Tavares Jinkings (Professora Doutora Centro de Educação – Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC) – Lincoln Secco (Professor Livre Docente FFLCH – Universidade de São Paulo) Adriana D’Agostini (Professora Doutora do Centro de Educação – Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC – Presidente da Seção Sindical Andes-SN) – Eduardo Pinto e Silva (Professor Doutor Educação – Universidade Federal de São Carlos, UFSCar) – Otávio Augusto Alves de Oliveira (Professor Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC) – Camila Potyara Pereira (Professora Doutora de Serviço Social – Universidade de Brasília, UnB) – Luiz Bernardo Pericás (Professor Livre Docente de História FFLCH – Universidade de São Paulo, “Intelectual do Ano” da União Brasileira de Escritores, 2016) – Antônio José Vale da Costa “Tomzé” (Professor Aposentado – Universidade Federal da Amazônia) – Ricardo Musse (Professor Livre Docente FFLCH – Universidade de São Paulo) – Gustavo Olesko (Professor Doutor – Instituto Federal do Paraná) – Celia Regina Vendramini (Professora Doutora Centro de Educação – Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC) – Ana Lucia Gomes Muniz (Professora Doutora Universidade Federal de Tocantins, UFT) – Luiz Renato Martins (Professor Livre Docente ECA – Universidade de São Paulo) – Erlando Reses (Professor Doutor – Universidade de Brasília, UnB) – Flo Menezes (Professor Titular Escola de Artes – Universidade Estadual Paulista, Unesp) – Marinalva de Oliveira (Professora Titular Educação – Universidade Federal de Rio de Janeiro, UFRJ – ex Presidente do Andes-Sindicato Nacional) – Astrid Baecker Ávila (Professora Doutora Centro de Educação – Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC) – Jacob Paiva (Professor Livre Docente – Universidade Federal de Amazonas, UFAM) – Paulo Marcos Borges Rizzo (Professor Aposentado Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC – ex Presidente do Andes-Sindicato Nacional) – Antonio Bosi (Professor Doutor Departamento de História – Universidade do Oeste do Paraná, Unioeste) – José Menezes Gomes (Professor Livre Docente – Universidade Federal de Alagoas, UFAL – Comitê pela Anulação da Dívida Externa, CADTM) – Bartira Cabral de Silveira Grandi (Professora Aposentada do Centro de Educação – Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC) – Paulo Barsotti (Professor Doutor da Fundação Getúlio Vargas – São Paulo) – Jean-Pierre Chauvin (Professor Escola de Comunicações e Arte - Universidade de São Paulo) – Adriana Dantas (Agrônoma – Educadora Popular) – Olinda Evangelista (Professora Doutora Centro de Educação – Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC) – Erika Moreira Martins (Pesquisadora GPPES – Universidade Estadual de Campinas, Unicamp) – Santiago Marimbondo (Blog “Quilombo Spartacus”) – Daniel Costa (Dirigente DCE – Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp) – Adilson Mendes (Pesquisador Associado da Cinemateca Brasileira) – Carlos Alberto Vieira Borba (Professor de História e Ciências Sociais – Universidade Metropolitana de Santos, UNIMES) – Igor Barreto Estevam (Estudante de Geografia – Universidade de São Paulo) – João dos Reis Silva Jr. (Professor Faculdade de Educação – Universidade Federal de São Carlos, UFSCar) – Deni Alfaro Rubbo (Professor de História – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) – y siguen más firmas...

12 de abril de 2020
Hospital mercante: no a la intervención
Paola Trejo Cabrera y Silvia Mistchenco - Delegadas de ATE Lista Negra Hospital Mercante

El pasado martes 7 nos enteramos de que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires pidió la renuncia a los directores del Hospital Mercante. Detrás de esto está también la intendencia de José C Paz a cargo de Mario Ishi. La intervención, a pedido de Ishi, tiene como objetivo abrir la puerta la municipalización del hospital. El área sanitaria paceña se caracteriza por un primer nivel de atención (Centros de Salud), que presenta un vaciamiento de insumos, personal precario y con salarios de miseria. Por otro lado, los pocos hospitales que funcionan lo hacen mediante la contraprestación de un “bono contribución “. Mención aparte merecen los “hospitales cáscaras” (de especialidades, de Trauma, Oncología), recientemente inaugurados con la gestión Vidal, cuya labor consiste únicamente en derivar los pacientes hacia el Hospital Mercante, recargando y asfixiando aún más su exiguo presupuesto, pero sin dejar de cobrar la coparticipación provincial de dicho distrito. Si tomamos en cuenta que el municipio paceño no tiene los recursos, ni la infraestructura material ni humana, el único modo de gestión es a partir del gerenciamiento y del arancelamiento, tal cual es su tipo de política sanitaria vigente. Dicha intervención terminaba en una triangulación, con la participación en los nuevos directores provenientes del Municipio de Malvinas Argentinas, cuyo modelo de salud privatista y gerenciado fue puesto como modelo sanitario a seguir por el kirchnerismo, en palabras de la ex presidenta Cristina Kirchner. El objetivo último de esta intervención (es la tercera embestida) es descabezar nuestra comisión interna, que tiene más de 20 años de experiencia, y que con una lucha audaz logramos quebrar la política de desidia que emana desde el Estado Provincial : ante la parálisis y falta de respuesta a nuestros reclamos, hemos llamado a Asambleas en distintos turnos y sectores que votaron la conformación de una Comisión de control donde los propios trabajadores, somos los que supervisamos, controlamos y gestionamos los recursos que llegan al hospital y su distribución. A partir de la misma hemos logrado el equipamiento de la sala Triage del Covid-19 (para atención posibles casos), dispuesto por el protocolo sanitario, lo mismo con el equipamiento necesario para los médicos y enfermeros y personal de limpieza como alcohol en gel, barbijo, camisolín, reactivos para muestras nasofaríngeas, la reducción de los horarios en el personal, e incluso las donaciones recibidas pasan por nuestras manos. El miércoles 8 hicimos una asamblea con una fuerte presencia de más de 100 trabajadores; se votó unánimemente el rechazo y el repudio a la intervención municipal. Advertimos a los delegados, comisiones internas, que la Intervención es la última carta (desesperada) que juegan los gobiernos para quebrar la lucha de los trabajadores de la salud, quienes están dando pasos decisivos contra la falta de EPP que pone al descubierto el carácter de una clase económica y política que no puede dar salida a las necesidades de la clase trabajadora ni la población a la hora de una crisis terminal del régimen en su conjunto manifestando sus propias contradicciones en esta pandemia declarada. Nota Al término finalizar la presente nota llegó la noticia que la dirección renunciada, fue llamada a una reunión de urgencia en la DPH (dirección provincial de hospitales), en la que se les informó que queda ratificada en su cargo. Es indudable que fueron “disuadidos” por la gran lucha que relatamos en el artículo. La amenaza sigue en pie.

12 de abril de 2020
Cómo debemos luchar contra la violencia hacia la mujer

El aislamiento obligatorio ha desnudado con mayor profundidad la doble opresión de la mujer, las condiciones de vida de las trabajadoras, la violencia doméstica, o mejor la violencia familiar. Lo que la rutina podría haber velado se exhibe en toda su extensión. La cuarentena cayó con fuerza sobre las espaldas de las mujeres. Tienen que hacer largas colas para conseguir alimentos y elementos de limpieza, escasos y carísimos. La compra mensual online que imaginan los funcionarios es incompatible con la miseria salarial. La higiene exhaustiva –“sanitización”- de la casa y de la familia también es responsabilidad “femenina”. El servicio más esencial en el marco de una pandemia, la atención pública de las necesidades domésticas, a precios accesibles, no figura en el programa o ‘protocolo’ de ningún estado capitalista. La situación de las trabajadoras de la salud es desesperante: desde antes de la pandemia, los magros salarios las obligaron a tener dos empleos o interminables horas extras. Llegan extenuadas a la crisis sanitaria, sin el entrenamiento ni las medidas de protección indispensables para enfrentarla. Las patronales privadas de la salud, cuyas ganancias son estratosféricas, desconocen las licencias. “Naturalmente” se informa que las y los profesionales y trabajadores infectados tienen doble empleo, y han llevado el virus de un centro de salud al otro. Las mujeres que consiguieron “licencia” por tener hijos a cargo, siguen trabajando desde sus casas, porque las patronales amenazan con no pagar el sueldo a quien no lo haga -call centers, por ejemplo. La rebelión docente fue un factor decisivo para que el gobierno decidiera el aislamiento. Las docentes con o sin “licencia” tienen una carga abrumadora: elaboran las tareas, acompañan a sus alumnos, corrigen los deberes, todo esto sumado al cuidado de los hijos y los viejos. En Tierra del Fuego se ha declarado la primera huelga contra el trabajo docente virtual, debido a que el gobierno no quiere reconocer los salarios convenidos en las paritarias. Ni la patronal privada ni el Estado se han hecho responsables de proveer computadoras, y tampoco garantizan la conectividad. Como las trabajadoras domiciliarias de los conventillos de principios del siglo XX, que ponían la máquina de coser, el aporte tecnológico corre por cuenta de las y los explotados. Los que celebran la educación a distancia y el teletrabajo soslayan que en muchas familias los adultos trabajan y los chicos hacen la tarea con la misma única computadora y, con frecuencia, con ninguna computadora, en la pantallita del celular. Las trabajadoras de los call centers, las empleadas de comercio y sus compañeros han arrancado condiciones de seguridad (que no solo protegen al trabajador sino a quienes hacen las compras). Las patronales no solo desconocen las licencias incluidas en el DNU. Recortaron la mitad los salarios en las cadenas de comida rápida y despedido medio millar de trabajadores el día del cobro de la quincena. Las mujeres de las barriadas que trabajan en el servicio doméstico quedaron sin salario de modo fulminante. Según el INDEC, sobre 1.730.000 empleadas domésticas, 1.214.000 trabajan en negro. En el hacinamiento de las villas donde no solo falta alimento sino el agua para mantener mínimas condiciones de higiene, el aislamiento es un imposible. Hay que garantizar el retiro de bolsones y atender comedores y merenderos para paliar el hambre. Las patologías previas -dengue, tuberculosis, desnutrición, epoc, asma- abren un escenario aún más riesgoso. Las mujeres, las más desocupadas, las más precarizadas, enfrentan con enorme fragilidad social la crisis sanitaria pero también la reclusión en sus hogares. El encierro potencia la violencia en la casa a niveles imposibles. Separar a la víctima de sus afectos es una de las estrategias infaltables del violento. Un aislamiento prolongado y “legítimo” es ideal para que se desplieguen las fantasías de control total sobre la víctima. El estrés, el consumo de alcohol, las dificultades económicas son factores desencadenantes de la violencia. La violencia familiar se descarga sobre niños y viejas, pero sobre todo sobre la compañera. Una mujer por día está siendo asesinada en lo que va de la cuarentena y las llamadas de auxilio se duplicaron o triplicaron (aunque sea una osadía llamar cuando el agresor está en casa). En 2013 la OMS declaró a la violencia contra la mujer una pandemia silenciosa y un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial. Una cada tres. El incremento de los femicidios y las golpizas es internacional – lo advierte, en todas partes, el movimiento de mujeres. También sobre los graves efectos del corte de los servicios de ginecología y obstetricia, y la interrupción de los abortos no punibles. En Sierra Leona, uno de los países más afectados por el ébola entre 2013 y 2016, durante el brote murieron más mujeres por complicaciones obstétricas que por la epidemia (datos de la OMS). La respuesta del gobierno La respuesta del gobierno -que se jacta de una elevada participación de mujeres en gabinetes y ministerios-, a la violencia contra las mujeres ha sido reforzar las líneas para pedir ayuda, extender los botones antipánico y las perimetrales, acordar con la Cámara de farmacias para que las mujeres soliciten un “barbijo rojo” a los farmacéuticos como contraseña de socorro. Que las mujeres violentadas puedan salir sin atenerse al aislamiento obligatorio. Es el mismo puchero recocido que deposita en la víctima la responsabilidad de la salida a este infierno. El asesinato de Fátima Acevedo, que vivía en un refugio, muestra la impotencia de estas “políticas públicas contra la violencia”. No son capaces de cuidar a las víctimas y tampoco de hallar a sus asesinos: en Mar del Plata, la familia de Claudia Repetto atrapó al femicida, invisible durante casi un mes para la policía, y la respuesta ante la indignación familiar fueron las balas de goma de Berni. En el caso de Florencia Santa Cruz, en Tigre, las cámaras callejeras que la muestran tratando de eludir al agresor, no despertaron la alerta de las fuerzas de seguridad que las controlan. Una y otra y otra vez, por acción o por complicidad, el Estado es responsable. Las fuerzas de seguridad son ejecutoras de la violencia contra la mujer en sus propias filas. No solo por las repetidas denuncias de soldadas y policías. También porque una vez al mes algún uniformado mata con el arma reglamentaria a su cónyuge o novia. La semana pasada hubo una violación múltiple en un regimiento en Bahía Blanca. En San Luis, Magalí Fernández fue detenida por violar la cuarentena cuando iba en su bicicleta. Tenía dos hijos y una nietita a cargo, se peleó con la policía, trató de escapar. Amaneció “suicidada” en la celda de castigo. ¿Qué hacer? La violencia contra las mujeres es un problema político de primer orden para la clase trabajadora. Crea una grieta entre hombres y mujeres, entre los jóvenes, por la que se filtran todas las fantasías de salida, por medio de un régimen social ahistórico por encima del capitalismo -el patriarcado. Instiga al sexo contra sexo y la sororidad entre mujeres y contra los hombres al margen de cualquier pertenencia de clase. Responsabilizar al patriarcado de todos los agravios contra las mujeres y disidencias, desde las tareas de cuidado hasta el femicidio, desde la deuda externa hasta las letras del reggaetón cumple la función de lavarle la cara al capitalismo. No existen los gobiernos “feministas” bajo el régimen de clases porque el capitalismo no puede ir, en el mejor de los casos, más allá de la igualdad formal o derechos civiles y políticos. La miseria creciente acentúa la doble opresión de las mujeres, en el marco privado de la familia y en el marco de la explotación social por parte de un número cada vez más concentrado de capitales. La organización de las mujeres, la exigencia a los compañeros de que cierren filas con nosotras contra la violencia en la casa, en el trabajo, en la calle y en todos lados, es la única alternativa eficaz en un escenario de crisis total del régimen social. Solo una perspectiva socialista, de clase, saca la violencia del antagonismo entre los sexos y la explica como un imperativo del régimen social para sostener la doble opresión y la esclavitud doméstica. El respeto y la fraternidad entre hombres y mujeres es la condición para el desarrollo del poder político de la clase obrera. Proponemos que se discuta la violencia contra la mujer, en el trabajo y en la familia, en la agenda de las asambleas barriales, en las asambleas de fábrica, en la juventud, en las organizaciones de la cultura y en los comités que se vayan formando. La lucha contra la violencia hacia las mujeres nos enfrenta objetivamente a un régimen social incapaz de garantizar la vida de los explotados, como esta epidemia muestra brutalmente. Debe integrarse a la lucha por el derecho a la salud y contra el hambre, y estar presente en los protocolos. Las mujeres de las barriadas tienen una añeja experiencia de intervención cuando en una de las casas se desencadena una golpiza. Hay que impregnar de contenido político a esa defensa colectiva. Las trabajadoras que viven en departamentos, en cambio, sufren violencia en la más brutal soledad. Es indispensable que las juntas internas -¡hay que dejar de perder tiempo con la ley Micaela!-, las comisiones obreras, las comisiones de género refuercen los contactos con aquellas que se sospechan en riesgo. Hay que exigirle al gobierno que se multipliquen los refugios sa-lu-da-bles que puedan albergar a mujeres y sus hijos, a las y los viejos. En el dramático contexto de la pandemia, es tan vital como la provisión de comida o atención médica. El “subsidio” de Kiciloff para la mujer golpeada no estipula monto ni es universal, será otorgado discrecionalmente por el Ministerio de la Mujer. Que falten hospitales, camisolines y barbijos y haya millares de desocupados es la muestra del carácter mortífero de este régimen social. Pleno empleo en las tareas de aprovisionamiento del servicio de salud y control de la crisis sanitaria con salario bajo convenio, en condiciones de seguridad. Suspensión de tareas y cuarentena efectiva en las áreas no esenciales. Un cuarto turno y plus salarial para las y los trabajadores “esenciales”. Todo el sistema de salud debe estar bajo control de los trabajadores y a disposición de la población sin distingos. Provisión de herramientas tecnológicas a cargo del patrón para el teletrabajo. Garantizar los servicios del ginecología y obstetricia, cumplimiento de la Interrupción voluntaria del embarazo en el sentido más amplio. Un salario mínimo universal igual al costo de la canasta familiar para todo el mundo va a dotar a las violentadas de una herramienta insuperable. Formemos comisiones de mujeres y comité de trabajadores que arranquen este programa. Plenario de Trabajadoras (Por la Organización Socialista de la Mujer)

12 de abril de 2020
¡Justicia por Emma!

En la ciudad de Rosario falleció el trabajador Emma Riosendaulv Joncka, de 23 años, estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), oriundo de Haití y repartidor de la plataforma PedidosYa. Emma fue envestida por un colectivo. Su muerte se suma a la de otros tantos jóvenes que han sido víctimas de la precarización y la desidia patronal. Las empresas explotadoras de las Apps son responsables de esta situación, y el gobierno cómplice por no regular nuestro trabajo dejando que avance la precarización de manera voraz. No existe un convenio colectivo, no hay obra social, ni seguro de vida, y por supuesto no hay posibilidad de la sindicalización. El intento de organizarnos en estos días de cuarentena obligatoria y avance del virus fue reprimido por la policía del gobernador Perotti desalojando las asambleas improvisadas por trabajadores de apps. Las asambleas que se improvisaron fueron una respuesta a la enorme necesidad de los trabajadores de las plataformas de pelear por las reivindicaciones mínimas en el marco del peligro que representa trabajar en medio de una pandemia global. La muerte de Emma coloca la necesidad de la juventud precarizada de organizarse para enfrentar las condiciones de super explotación a las que no somete el régimen social descompuesto. Ya hubo un paro el pasado 5 de abril de cadetes de la apps Glovo en Guatemala de donde partió el llamado a un paro internacional de los trabajadores de las apps. Los trabajadores de cadetería tenemos que seguir este camino. Hay reclamos pendientes y urgentes que deben ser llevados adelante a partir de un plan de acción y discutir la necesidad de un paro. Organicémonos en asambleas para discutir un pliego de reivindicaciones en defensa de nuestro trabajo y nuestras vidas: Subsidio de $30mil para poder mantenernos en cuarentena ante el avance del virus. Eximición de pago de impuestos y servicios. Por un Convenio Colectivo de Trabajo: licencias por robo o accidentes, obra social, aguinaldo, art, vacaciones e indemnizaciones. Análisis gratuitos y urgentes. Insumos gratuitos y de fácil acceso para la higiene y seguridad laboral. Formación de piquetes para defendernos de la policía. Justicia por Emma. El Estado y la empresa son responsables.

12 de abril de 2020
Dengue: otra epidemia que avanza a pasos agigantados

América Latina está siendo víctima de la epidemia de dengue más grave de los últimos años. En Argentina, para el dengue no hay cuarentena que valga, y avanza de manera alarmante. En sólo ocho meses, son casi 8.000 los casos confirmados y más de 26.000 los sospechosos. Los números superan de manera brutal los casos de COVID19, según los informes oficiales. La Ciudad de Buenos Aires es una de las zonas más afectadas, con más de 4.000 pacientes y 2.500 casos confirmados, en su mayoría autóctonos. Los barrios que concentran el 80% de los casos confirmados son los correspondientes a las comunas 7 (Flores), 4 (Parque Patricios, Barracas, La Boca), 8 (Soldati, Lugano) y 10 (Floresta, Versalles, Villa Luro), las más pobres de la ciudad. No es casualidad que los puntos críticos se den en zonas de viviendas hacinadas, donde muchas veces escasean el agua corriente, las cloacas y la recolección de residuos, facilitando la propagación del aedes aegypti, el mosquito vector del dengue. En números le sigue la provincia de Misiones -con más de 700 casos confirmados-, la provincia de Buenos Aires (más de 600), Córdoba, Tucumán y Jujuy. Hasta el momento se vieron afectadas 292 localidades de 16 provincias por el brote. El director del Grupo de Estudios de Mosquitos (GEM) advirtió que está todo dado para que haya una epidemia como la del 2016, que se trató del peor brote de la historia de nuestro país, con 76.000 casos confirmados. Fumigar es insuficiente El avance de la epidemia viene a dejar al desnudo el completo fracaso y la incapacidad de las campañas de fumigación que se implementan hace años por parte de los gobiernos. La fumigación sólo mata a una pequeña parte de mosquitos adultos, sin afectar a sus larvas y huevos; además, una vez que el insecticida se evapora o cae al piso, ya no ejerce ningún tipo de efecto sobre el mosquito. Tampoco fueron suficientes las campañas de prevención. “Si eliminamos los criaderos de mosquitos, no hay dengue” rezaba una de las publicidades de Rodríguez Larreta, atribuyéndole el fracaso sanitario de su gobierno al vecino que no da vuelta un balde. Para acabar con esta epidemia, son necesarias verdaderas medidas de fondo. Por eso se torna fundamental que, en este marco de una salud pública en crisis, desfinanciada y colapsada, los trabajadores le exijamos al Estado: -Plan de urbanización de las villas; condiciones de vivienda dignas, agua corriente y cloacas. -Que se garanticen las tareas de descacharrado y fumigación con personal especializado y productos adecuados para las mismas. -Distribución gratuita de repelentes y artículos de higiene y desinfección. -Aumento de presupuesto para salud pública de manera inmediata. No al pago de la deuda pública.

12 de abril de 2020
Azul: ajuste y pandemia

La reducción de los montos de fondos de coparticipación, y la demora en los envíos de los destinos, ha desatado una crisis entre los jefes comunales y el gobernador. El intendente de Azul, Bertellys, ha declarado la emergencia financiera de municipio en plena crisis del Covid 19. No solo peligra el cobro de sus salarios de los 1.800 trabajadores -en su mayoría contratados-, sino que se ha agudizado el desfinanciamiento del hospital municipal. Según el secretario de gobierno, Alejandro Vieyra, lo que habría desatado la emergencia económica fue la reducción del cobro de las tasas. El municipio carga con una deuda pública de $238.000.000, que representa algo más del 10% del presupuesto. Para el ejecutivo, sin embargo, el desequilibrio fiscal del mes de marzo fue motivo suficiente para anunciar el remate de capitales municipales, vehículos y bienes inmuebles, “reasignación de los recursos humanos para una mayor productividad”, reducción de costos y la “racionalización de programas municipales”. La crisis del Covid 19 encuentra a las cooperadoras de los hospitales pidiendo donaciones, a médicos y enfermeros juntando monedas para comprar las herramientas adecuadas. Según una denuncia publicada en “El Central de Azul” extranjeros de países sumamente afectados por la pandemia (EEUU, Israel, Brasil) han pasado sin controles por la planta Azul Natural Beef. La denuncia anexaba la demanda de los operarios ante la falta de jabón, alcohol en gel, agua caliente para la limpieza de botas y elementos del uniforme, como así también, de lavandina para la limpieza de los suelos y superficies. Por otro lado, se planteaba que las condiciones edilicias de la planta no cumplen con la disposición y la distancia entre los trabajadores. La situación de la ciudad es explosiva. El programa mínimo es: protocolos de seguridad e higiene votados en asambleas, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, apertura de los libros contables del municipio. Ningún despido y el pase a planta de los trabajadores municipales bajo convenio, con un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

12 de abril de 2020
El Garrahan en pie de guerra

La dirección del Hospital de Pediatría “Prof. Juan P. Garrahan” a través de un comunicado oficial la semana pasada reconoció la presencia de tres casos positivos de COVID 19 entre sus trabajadores -un médico, un enfermero y un auxiliar de limpieza. Cinco trabajadores más están a la espera de los resultados. En ese mismo anuncio pide un “uso racional” de los elementos de protección personal (EPP). El eje central de la discusión entre los trabajadores, los sindicatos y las autoridades se sitúa en la distribución de los EPP. Mientras que ATE denuncia que la dirección del hospital escamotea los elementos de alta seguridad. Por su parte, UPCN y SUTECBA se desdicen de sus reclamos arguyendo que estos se distribuyen, pero los trabajadores del hospital manifiestan que le entregan solo dos EPP por enfermero por jornada. Recién en esta semana se decidió repartir barbijos entre el personal administrativo y hacer obligatorio el uso de los mismos para el personal médico durante la atención. Las explicaciones esgrimidas por las autoridades sobre el faltante de elementos de alta seguridad son la racionalización y acopio para el momento en que llegue el pico de la pandemia. Los trabajadores refutan estos dichos, objetando que los EPP son necesarios en este momento puesto que los casos de infección por COVID 19 ya se suceden entre los trabajadores del hospital y es imperante que el cuidado sea inmediato. Tras la conferencia del viernes 3 de marzo por parte de ATE denunciando la falta de elementos, sorpresivamente, en el turno tarde apareció una cantidad de barbijos para ser distribuidos entre los trabajadores. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS sobre los elementos de protección, la entrega que se realizó en la semana pasada fueron de elementos que, según los mismos trabajadores, eran defectuosos, como por ejemplo antiparras que no adhieren lo suficiente para aislar los ojos, entre otros. Puertas adentro del Hospital Garrahan, la dirección se excusa con la idea de que los EPP no están en falta, sino que, además de la búsqueda de racionalización, son robados por los mismos trabajadores. Esta idea cae por si sola cuando se observa que los controles de seguridad para con los trabajadores son muy estrictos, ya que todos los días les requisan las pertenencias al salir del edificio. Esto deja entrever un problema aun mayor, ya que, de existir esos robos, no se suceden a través de bolsos y carteras de los trabajadores, sino que los faltantes tienen otra vía de salida del hospital. En los últimos días, la jefatura planteo implementar turnos de 14 horas día por medio para los turnos diurnos, para evitar una carencia de personal de enfermería y que los trabajadores se expongan menos al salir de sus casas. Esta propuesta fue rechazada de cuajo por todo el personal de enfermería. La idea de los turnos de 6 horas cobra cada vez más fuerza para garantizar una menor exposición al contagio. El Plenario de Tribuna de Salud de la Tendencia del Partido Obrero plantea la creación de Asambleas Inter gremiales que voten delgados para la conformación de un comité de emergencia para un verdadero control de los EPP por parte de los trabajadores para evitar los robos y faltantes, asegurar su distribución y luchar por las jornadas de 6 horas.

12 de abril de 2020
UNGS: como gato por liebre, precarización por "creatividad"
Pablo G. y Cata

Con la extensión de la cuarentena hasta el 13 de abril el gobierno nacional decidió recomendar a las universidades reprogramar el calendario académico. En menos de 24 horas, el rectorado de la Universidad de General Sarmiento (UNGS) en compañía de los cuatro decanos emitió un comunicado donde especula con una vuelta a clases presenciales entre junio y agosto. Esta vuelta a clases constaría de seis semanas de clases presenciales que serían precedidas por un periodo de “clases virtuales”. Además, el rectorado agrega en su comunicado “que no es posible que las asignaturas del primer semestre se acrediten por promoción directa” por lo tanto los estudiantes deberíamos someternos a “una instancia presencial de evaluación final”. ¿La virtualidad parcha la crisis? Desde la suspensión de clases la gestión de la universidad ha incentivado a docentes y estudiantes para que nos vinculemos por medio de los sistemas virtuales. Sin embargo, esto pone en serias dificultades a estudiantes que carecen de acceso a una red de internet hogareña o que solo disponen de celulares para conectarse. Para una universidad que se jacta de ser inclusiva dejar afuera del semestre a los estudiantes que no tienen acceso a la virtualidad no es muy auspicioso. A esta complicación se le agregan las condiciones en que enfrentamos la cuarentena: en muchos casos con hijos u otros familiares que atender, con la necesidad de compartir computadoras o ambientes a la hora de estudiar. En la misma situación se encuentran los docentes que además de tener todas estas complicaciones tienen que reacomodar en pocas semanas el contenido planificado para clases presenciales a plataformas virtuales, lo que omite el largo tiempo de trabajo que demanda la elaboración de una cátedra universitaria. Queda claro que esta transformación sólo es posible mediante la sobre carga laboral de los docentes y la degradación del contenido educativo. En estas condiciones es inviable sostener “clases” virtuales que mantengan el nivel educativo y que garanticen el acceso de todos los docentes y estudiantes. La improvisación que el rectorado de la UNGS presenta como una salida “creativa” a la continuidad pedagógica es en realidad la devaluación de nuestra educación y del propio trabajo docente. ¿Cómo volvemos a cursar? Lo que el comunicado del rectorado omite es el verdadero problema que enfrentamos y es en qué condiciones volvemos a cursar. Acaso el rectorado pretende que volvamos a los cursos en las condiciones de hacinamiento que vivimos al inicio de clases con aulas rebalsadas en medio de una pandemia; o que volvamos a cursar en "aulas" improvisadas como los pasillos del Módulo 1 dónde por ejemplo se asignó la cursada de Historia Contemporánea de Europa, situación que fue rechazada de inmediato por los alumnos. Resulta fundamental el desdoblamiento de las comisiones más numerosas no sólo para garantizar las condiciones adecuadas de estudio sino también las condiciones sanitarias que demanda la pandemia. Las clases deben darse en aulas acondicionadas correctamente y con la desinfección garantizada. Ninguna de estas medidas puede ser garantizada con el presupuesto del 2019 (aún vigente ya que no está designado el del 2020). Es necesario garantizar el presupuesto correspondiente para que se lleven adelante estas medidas. Se debe rechazar el pago de la deuda externa y aumentar drásticamente el presupuesto educativo. ¿Qué hace el CEUNGS? A partir del comunicado EL PUENTE en la Presidencia del CEUNGS hizo circular una encuesta en la que releva la opinión de los estudiantes. Lejos de dar una salida organizativa ante la propuesta de la gestión universitaria el Frente Todos actúa como un brazo gestivo del rectorado. Estas encuestas no resuelven ninguna situación, sino que solamente relevan información sin ningún propósito de salir a organizar a los estudiantes por sus reclamos. Desde la Tendencia del Partido Obrero rechazamos la propuesta del rectorado y los decanos. La cursada del semestre en forma virtual es en estas condiciones incompatible con una educación de calidad y con las condiciones laborales de nuestra docencia. La implementación del final obligatorio (en materias que tenían promoción) es la herramienta a la que echa mano el rectorado para intentar hacer viable su propuesta. Los estudiantes programamos nuestras cursadas teniendo en cuenta que materias son promocionables y cuáles no; advertimos que el final obligatorio alienta a la deserción frente a la imposibilidad de los estudiantes de afrontar múltiples finales a la vez. Proponemos que se discuta un cronograma de cursada a partir de la vuelta a clases presenciales y que sean los docentes junto a sus estudiantes los que definan la forma de aprobación de las materias. Sostenemos la necesidad de la conformación de comités de alumnos y trabajadores que elaboren protocolos de seguridad e higiene para cursar en condiciones salubres como elemento primordial para discutir el reinicio de clases.

12 de abril de 2020
Bedtime- ex Sealy: se viene una lucha estratégica

El pasado martes 7 de abril, los miembros la Comisión Interna de BedTime fuimos convocados por la gerencia de la empresa a una reunión, supuestamente por la deuda de haberes que la empresa mantenía con los trabajadores de producción. La empresa venía de lograr la excepción de la cuarentena hace pocos días, con la excusa de la necesidad de proveer de colchones a hospitales. Pero la empresa utilizó la reunión para dar un informe catastrófico sobre su situación económica con motivo del parate productivo causado por el aislamiento preventivo ante la emergencia sanitaria. La empresa dejó sobre la mesa que debido a once días de aislamiento había ingresado a una situación inviable y que la solución para reactivar es una reestructuración de la compañía en la que la producción de colchones se va a reducir en un 50% y que para que la empresa sea viable, esa reestructuración debe hacerse sobre la base de una reducción del salario, suspensiones y el despido del 45% del personal. Una reactivación engañosa Es claro que la patronal de BedTime se suma al coro de la clase empresarial que ese mismo día salía en diferentes lugares con el mismo ataque a los trabajadores en beneficio de sus intereses (Penta, Mascardi, Techint). BedTime, al igual que las demás patronales, no ve un panorama de reactivación después del aislamiento, en primer lugar porque no está planteada la apertura de sus locales. BedTime posee en la provincia de Buenos Aires cerca de 30 puestos de ventas, a los que se le suman los de la ciudad de Rosario, Córdoba y Mendoza. Además, están los de su principal cliente y socio accionista la cadena de venta de colchones SommierCenter. Todos están cerrados, o sea, es falso que apunten a una reactivación. En este punto se suma la situación de los vendedores y vendedoras, tanto de BedTime como de SommierCenter, que en medio de este panorama será sumamente complicada. A esto se suma que la crisis y la recesión económica mundiales, que algunos pronósticos indican que podría ser peor que la crisis del año 1929. Con lo cual el planteo de una reestructuración solo es una excusa para imponer en medio de la pandemia un ataque directo a los trabajadores y trabajadoras, en medio de toda esta situación las patronales ven la oportunidad de lograr la flexibilización laboral que tanto anhelan. Arranca la respuesta obrera Entendiendo esta situación la Comisión Interna rechazó todo planteo de la patronal y reclamó la pronta regularización de los haberes del mes de marzo. Fue así que el mismo miércoles los compañeros nos convocamos en asamblea en los respectivos turnos y resolvimos reclamar la inmediata regularización de los haberes y el rechazo enérgico a la reducción salarial, las suspensiones y despidos. Esta asamblea fue de una importante participación, donde se escucharon planteos y propuestas tales como; “si el gobierno declaro la prohibición de despidos y suspensiones, la empresa no puede venir a decir que va a despedir”, “la empresa estuvo trabajando un montón durante todos estos meses y ahora no tiene más plata”, “sería bueno que paguen lo que falta de la quincena y después vemos con lo otro, si nos suspenden que sea al 75%”, “es claro que la empresa no quiere perder plata y lo que quiere es despedir como ya lo dijo en varias oportunidades, nosotros tenemos que defender lo nuestro”, “que pongan plata de su bolsillo, nosotros ya hemos dado demasiado y los únicos que ganan plata son ellos”. Una perspectiva de choque Se reflejó en las intervenciones el interés por buscar la manera de defender las conquistas de los trabajadores de BedTime, conquistas que hemos logrado siendo Trabajadores de Sealy, Trabajadores de TempurSealy y en cada uno de estos periodos hemos tenido avances y retrocesos, pero siempre luchando por defender y lograr nuevas conquistas. A partir de las asambleas hemos logrado que durante la tarde del miércoles la empresa deposite los haberes que estaba adeudando, aunque aún existen diferencias en algunos compañeros, pero están siendo revisadas. Es claro que iniciamos un nuevo periodo de importantes batallas las cuales determinaran nuestro futuro. Estas deben tener como principal objetivo la defensa de nuestro salario, el rechazo a las suspensiones y los despidos. Debemos discutir sobre los límites que tienen las políticas del gobierno, los cuales ya están saliendo a la superficie frente a las presiones de la clase capitalista. La única manera de que los trabajadores y trabajadoras aseguremos nuestros intereses es a través de la independencia política de la clase obrera.

12 de abril de 2020
Las cifras de contagio gubernamentales son engañosas

Un médico muy prestigioso a nivel mundial, Conrado Estol, en un reciente artículo aparecido en Infobae (6/4), pone en la picota las cifras de contagios anunciadas por el gobierno. Estol se hace una pregunta elemental ¿Cómo explicar que Chile tenga tres veces más infectados que Argentina y una tasa de mortalidad cuatro veces más baja? Al 5 de abril, Chile informaba 4.471 infectados y 34 fallecidos y Argentina, 1.554 infectados y 48 fallecidos. Con este sencillo razonamiento desmoronó la credibilidad del gobierno en cuanto a la cifra de infectados que informa día a día. Estol no duda de la buena fe del gobierno nacional al cual asesora y apoya. El punto central de su crítica consiste en que la cantidad de test que hizo el gobierno es insuficiente para poder captar en forma precisa la evolución de la curva de contagio. Argentina es uno de los países con menor cantidad de contagios, pero también el país que menos test realiza, sólo 0,2 test por cada mil habitantes. Italia, por ejemplo, realiza 11 test por cada mil habitantes y Chile 4 por cada mil. Esto significa que el gobierno está sub-valuando el número de contagiados. Los trabajadores de la salud a lo largo y ancho del país vienen denunciando en forma sistemática la carencia de condiciones de salubridad e higiene en hospitales, clínicas y sanatorios y también la falta de test para pacientes y trabajadores. Estol reclama al gobierno testear más para medir adecuadamente la evolución de la curva de contagio porque “no estamos midiendo bien. Estamos viendo solo la punta del iceberg” (Infobae, 06/04) La curva de contagio El 19 de marzo el Ministerio de Salud dio a conocer un informe sobre el impacto del Covid-19 en la sociedad argentina. En dicho informe se describe el desarrollo de la epidemia, su transformación en pandemia y las consecuencias de la misma sobre los diversos países. En el plano local el gobierno prevé tres escenarios: optimista, intermedio y pesimista. Que se produzca un escenario u otro depende de una serie de factores tales como la rapidez con la cual actúe el gobierno, si sus medidas de cuarentena fueron aplicadas en tiempo y forma y si los recursos volcados al sistema de salud y seguridad social fueron adecuados. Lo interesante del informe es que el gobierno reconoce que Argentina va de cabeza al “Escenario Intermedio-Temprano”. En este escenario la curva de contagio comenzaría a crecer drásticamente a partir de la primera semana de abril y su pico se ubica en la primera semana de mayo. Al 1° de junio, entonces, podría comenzar a aplanarse la curva de contagio “con un total aproximado de 253 mil casos (…)”. De llegar a esa cantidad de infectados no cabe la menor duda de que el sistema de salud colapsaría y la peor parte se la va a llevar la población obrera y los trabajadores de la salud. A la luz de lo planteado más arriba podemos afirmar que la presión fenomenal de la burguesía para normalizar, a partir del 13, la dinámica de acumulación capitalista constituye un crimen político porque el escenario “intermedio-temprano” podría transformarse en otro escenario: “intermedio-tardío” y la cantidad de contagiados podría superar largamente el millón de personas.

12 de abril de 2020
Naturaleza, capitalismo y Covid-19

El Partido Obrero, que hoy se manifiesta en la Tendencia, se ha ganado, en el ámbito de la lucha política-teórica, el mote de “catastrofista” porque defiende la caracterización que sigue: el modo de producción capitalista, en su época de agonía histórica, tiende al colapso y abre una época de guerras y revoluciones. Esta tendencia está regida por leyes sociales objetivas ajenas a la voluntad de los sujetos y/o clases sociales que despliegan sus luchas enmarcadas en la ley general de acumulación capitalista. Es sobre esta caracterización de conjunto que nuestra Tendencia viene elaborando en forma sistemática la crisis mundial en curso en sus diferentes fases: crisis financiera, crisis comercial e industrial (ver politicaobrera.com 9/3, 14/3 y 26/3). En esta perspectiva analítica es claro que el Covid-19 no originó ninguna crisis mundial, sino que aceleró su desarrollo y potenció sus fuerzas dislocadoras en el conjunto del organismo social capitalista. No obstante, más allá de haber catalizado el desarrollo de la crisis presente, nos preguntamos ¿Qué relación existe entre el Covid-19 y el régimen capitalista? El hombre y la naturaleza Desde el comienzo de la evolución de la especie humana el hombre lucha incansablemente por conocer y dominar las fuerzas de la naturaleza en la cual actúa. En este proceso de interacción el hombre transforma la naturaleza y a si mismo, que es parte del ciclo natural del nacimiento y la muerte. La primera relación de producción con que nos encontramos en la historia es el “intercambio de materias con la naturaleza”, donde el hombre lucha por asimilarla a la perenne necesidad humana de producir sus medios de subsistencia sin la cual no existirían el hombre y la historia. Esta era una lucha desigual en los inicios de la humanidad porque enfrentábamos “un poder natural” que no conocíamos. Podríamos afirmar que en la fase prehistórica la naturaleza dominaba al hombre. En cambio, en el modo de producción capitalista el hombre comienza a dominar cada vez más al “poder natural” apoyándose en el desarrollo de la ciencia moderna creada e impulsada por el capitalismo desde sus primeras etapas. La ciencia es la forma más elevada de esa interacción, que por medio del trabajo es histórica. La particularidad del modo de producción capitalista, en este aspecto, es que los sujetos que representan al capital no tienen otro objetivo que la acumulación en escala ampliada y subordinan, por tanto, el desarrollo de la ciencia a la acumulación de capital. La ciencia, determinada por la interacción histórica del hombre con su medio propio, queda subordinada, socialmente, al capital. En este punto estamos en condiciones de volver a preguntarnos por la relación entre el Covid-19 y la crisis capitalista. Un hecho social El Covid-19 como tal es un fenómeno biológico y por tanto pertenece al cambio incesante de la naturaleza, sea por factores que se encuentran dentro y fuera del plantea, y de la acción histórica del hombre. Es decir que el Covid-19 es un hecho social y por tanto está regido, hasta cierto punto por las leyes sociales que rigen el nacimiento y muerte del capitalismo. ¿Por qué esta contradicción? Porque el hombre es y no es parte de la naturaleza en la cual produce y se reproduce, bajo la forma de distintas modalidades históricas. Cada régimen social deja su impronta sobre el medio ambiente – bajo el Incaico se produjo una fenomenal erosión del suelo. La relación entre la difusión del Covid-19 y la actividad humana aún debe ser determinada; la aparición reiterada de estos flagelos en China plantea un vínculo posible con la restauración capitalista, que destruyó el anterior régimen de comunas y el método de intercambio entre el campo y la ciudad. En todo caso, la irrupción de un virus surgido puede ser caracterizarlo como un hecho natural y al mismo tiempo como un hecho social. En este punto una entrevista a Silvia Ribeiro, reconocida investigadora, es muy instructiva. Ribeiro plantea que la causa última del Covid-19 es el régimen de producción capitalista. Es decir, la forma social concreta bajo la cual el hombre moderno pone en funcionamiento el perenne proceso de trabajo. Al respecto afirma que “Nosotros -del grupo ETC y de GRAIN-, ya habíamos visto con el surgimiento de la gripe aviar en Asia, y de la gripe porcina (que luego le pusieron A H1N1 para que sea un nombre más aséptico), también del SARS, que está relacionado a la gripe aviar, que son virus que surgen en una situación en dónde hay una especie de fábrica de replicación y mutación de virus que es la cría industrial de animales. Es porque hay muchos animales que están juntos, hacinados. Esto se repite tanto en los pollos como en los cerdos, que no se pueden mover, y por lo tanto tienden a crear muchas enfermedades. Hay cepas diferentes de virus, de bacterias, que se trasladan entre muchos individuos en un espacio reducido. Los animales son sometidos a aplicaciones regulares de pesticidas, para eliminar otra serie de cosas que hay dentro del propio criadero” (P/12, 03/04/20, subrayado nuestro). Más allá de este aporte, el virus forma parte de un metabolismo natural: lo engendraría la actividad humana (capitalista) sobre su medio natural, y es replicada por este medio natural sobre esa actividad y la organización social concreta del momento. El dilema del huevo y la gallina Retomando la pregunta planteada más arriba se imponen varias reflexiones. La primera de ellas es que la ciencia está, en la etapa de descomposición histórica del capital, totalmente sometida a la lógica del lucro capitalista y por tanto muchos de sus desarrollos atentan contra la naturaleza sin la cual el hombre es incapaz de producir y reproducir su vida social. Marx defendiendo a la naturaleza como fuente de valor afirmaba que “el trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de riqueza de los valores de uso que produce (…) El trabajo es, como ha dicho William Petty, el padre de la riqueza, y la tierra la madre” (El Capital, tomo I, subrayado nuestro). La segunda reflexión es acerca de la contradicción en la relación entre Covid-19 y crisis capitalista en el sentido de que el Covid-19 guarda relación el sistema de producción capitalista de un modo que aún debe ser investigado. Entonces, el Covid-19 no es un hecho “exógeno” al sistema capitalista como tampoco lo fue el maremoto que recientemente destruyó parte de Japón. En conclusión, el Covid-19 es engendrado en las condiciones de la producción capitalista – una relación que todavía debe ser determinada en forma concreta. El Covid-19 potenció una crisis mundial en curso, no la creó pero la modificó en forma radical al producir una crisis en la disponibilidad inmediata de la fuerza de trabajo (“aislamiento social preventivo obligatorio). La crisis sanitaria mundial desatada incide de tal manera en la crisis capitalista que le aporta una característica novedosa: una crisis de la fuerza de trabajo que al no circular libremente semi-paraliza la producción y circulación de las mercancías y capitales, a la cual el capital responde con despidos masivos para evitar pagar el costo de una cuarentena, es decir, forzada. LEER MÁS: Naturaleza, marxismo y pandemias Por Emiliano Monge, 26/03/2020.

12 de abril de 2020
Estados Unidos en un impasse político

Las elecciones en EEUU pueden describirse como una de las más irregulares de su historia. En Wisconsin, en medio de una pandemia que está devastando al país, la Corte Suprema y el establishment de ambos partidos siguieron el cronograma electoral como si no pasara nada. Esas elecciones fueron denominadas en las redes sociales y en la prensa como “vote y muera”. Solo el 50% fue a votar, y en muchos lugares sólo abrieron un par de mesas, faltaban boletas y otras irregularidades. La Corte Suprema y la corte del Estado consagraron un “fraude patriótico” (aspirando a la reelección de autoridades locales), negándose a posponerlo como pedía Sanders, sin importar la consecuencia que tendrá sobre la vida de miles de personas. Estamos ante un fenómeno bien interesante: suspender la agenda democrática (las primarias), debido a la cuarentena, o suspender la cuarentena para evitar una regresión del régimen político. De todos modos, como Sanders abandonó la competencia electoral, es probable que las próximas instancias se adjudiquen todos los delegados al congreso del partido Demócrata a Biden. Sanders depuso su candidatura cuando más se agudizaba la polarización política y social. La pandemia y el derrumbe económico descomunal, en EEUU, ha convertido a la elección general de noviembre próximo en un evento ficticio, porque no tiene en cuenta las enormes alteraciones políticas que ha producido la crisis. Por de pronto, ya existe una quiebra entre las cuarentenas dispuestas por los estados más poderosos, por un lado, y la negativa de Trump, por el otro, a declarar un ‘aislamiento obligatorio’ a nivel nacional. El proceso electoral se distancia cada vez más del escenario de catástrofe social. Impasse Sanders salió a respaldar a Biden, en un paso que no es respaldado por su electorado. El slogan de que sólo él podía derrotar a Trump se convirtió en un engaño a la propia tropa. Sanders llamó a “apoyar la agenda progresiva” de Biden, que éste no tiene. Biden, aliado a la burocracia de los sindicatos, prometió salir de la crisis con un aumento de salarios, cuando nadie preveía más de 20 millones de desocupados. El keynesianismo de Biden entró en el ocaso sin haber alcanzado vuelo. Biden, apoyado en el establishment demócrata, había denunciado el “socialismo” de Sanders, sin haber previsto el desplome capitalista. En la franja etaria en donde Sanders arrasaba (18-34), ahora Biden se encuentra apenas empatado con Trump, cuando Clinton le llevaba amplia ventaja en 2016, para la elección general. Apurados por algunas encuestas no tan positivas, desde el New York Times le proponen a Biden formar un nuevo gabinete de “unidad nacional”, de izquierda a derecha. Dicen que esa es la manera de derrotar a Trump. Quien opera detrás de Biden es, según muchos, el propio Obama. Este habría convencido a Sanders a bajarse. El lugar de Biden puede cambiar durante la crisis de Covid19. Desde las editoriales del NYT y de Financial Times se lanzan elogios a Cuomo, gobernador demócrata del estado de Nueva York, por el manejo de la crisis (cuarentena). En la televisión, Cuomo confronta con Trump y son comparados como si entre ellos ya hubiera una contienda electoral. Desde el FT dicen que Cuomo “llevó a muchos demócratas a abrigar la esperanza de que de alguna manera sea proclamado para reemplazar a Biden como candidato presidencial” (3/4), mientras otros dicen que sólo su apoyo puede “impulsar” la candidatura de Biden, lo que marca la pelea por los respiradores con Trump en “prime time”. Desde The Nation y el Washington Post, también levantan su liderazgo: “él será el líder que el Partido Demócrata y la nación necesitan” (Washington Post). Es presentado como “salvador”. Kissinger dijo hace unos días en el Wall Street Journal que Trump necesitaba “otro plan”. Biden, por su lado, está ausente de la crisis en marcha, en una suerte de “jubilación política anticipada”. Cuomo, sin embargo, estuvo al frente de los ajustes a la salud, los hospitales de NY y la educación pública. El reclamo de que reemplace a Biden, aunque prematura, muestra la aguda crisis en el campo demócrata y en el de la burguesía norteamericana en general, en una situación en donde aumenta la catástrofe económica y social por fuera de la campaña electoral.

12 de abril de 2020
Militarización contra Venezuela

Luego de promover un golpe el año pasado, Trump condicionó la ayuda de emergencia y el levantamiento del bloqueo a Venezuela a un “cambio de régimen. Esa “ayuda” (USAID) viene aparejada de destrabar un préstamo del FMI por 5.000 millones de dólares. El plan de “transición democrática” puede ser modificado “un millón de veces”, según Elliot Abrams, adelantando que la “transición democrática” es un engañapichanga. La Organización Vanguardia Ciudadana, un lobby gusano, lanzó una campaña virtual para movilizar tropas hacia Venezuela. Esta semana The Economist y Financial Times titularon que la situación en Venezuela es “catastrófica”. Trump y Bolsonaro están alistados para una intervención militar. Palo y zanahoria La estrategia norteamericana fue definida como “palo y zanahoria”. La declaración de cambio de régimen vino después que el FMI (EEUU ocupa lugar privilegiado en su directorio) le negara el préstamo por 5 mil millones de dólares para comprar alimentos y medicinas, a pesar de tener el aval de la UE. Para evitar cualquier ayuda, el Departamento de Justicia declaró a Maduro “narcotraficante” y pidió 50 años de cárcel. Trump reclama una ‘transición’ presidida por la Asamblea Nacional y un Consejo de Estado de cuatro miembros (dos del oficialismo, dos de la oposición), y un presidente designado por el Consejo, en función de nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales. El Consejo incluiría al presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, al jefe del Ejército, Vladimir Padrino López, o el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, según indicó Abrams (infobae, 11/4). Los dos primeros, acusados por el Departamento de Justicia, serían inocentados como miembros del consejo golpista. EEUU contempla una amnistía para las fuerzas armadas y el alto mando en su cargo. Las condiciones incluyen “la salida de las fuerzas de seguridad extranjeras (Cuba, Rusia, que solamente tienen asesores) y elecciones consideradas libres y justas por los observadores internacionales”, como precisó Pompeo. El NYT dice que el gobierno norteamericano aplicó una estrategia de “máxima presión”, pero advierte acerca del carácter contradictorio del plan, “en conjunto, revelan confusión” (8/4). El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, calificó de “política totalmente incoherente”. Fingen ignorar que ese plan es una carnada para que piqué el alto mando, y darle forma a partir de esto. Piratas del Caribe Trump impulsó nuevas provocaciones en la costa venezolana, que “recuerda la movilización militar antes de la invasión de Panamá en 1989” que derrocó a Noriega, aunque aclaran que esto es mucho más “ruido” (NYT, 8/4). Los cruceros de combate para “enfrentar al narcotráfico” (y buscar una provocación para forzar un enfrentamiento) hacen cumplir el bloqueo en las costas venezolanas. La movilización, sin embargo, implica un riesgo para las propias tropas (el capitán del USS Theodore Roosevelt fue despedido después de que el virus se extendió rápidamente entre ellas). Bloqueo criminal, desgaste y crisis social El bloqueo le había impedido a Venezuela importar insumos médicos, generadores y repuestos de la industria energética, lo que propagó apagones en todo el país. El petróleo representa el 90% de los ingresos nacionales. La deuda que supera los 150.000 millones de dólares también es con Rusia y China, acreedores de empresas venezolanas. Los venezolanos aducen que las sanciones, al menos 130 mil millones de dólares entre 2015 y 2018, provocaron más de 100.000 muertos. Estas sanciones fueron pagadas por el pueblo, no por la boli-burguesía que depende del régimen chavista para enriquecerse. Xi Jinping se acerca a Maduro para brindarle “solidaridad” (320.000 tests), algo que “desagrada” a Trump. La crisis social en Venezuela es muy grave: 7 millones reciben ayuda alimentaria, 1 de cada 4 venezolanos. “Un tercio de la población se encuentra en estado de desnutrición, dejando sus sistemas inmunológicos debilitados. 40% de los hogares sufren interrupciones diarias en el suministro de agua y la electricidad. Incluso en la capital, Caracas, muchos de los hospitales carecen de agua potable, lavamanos y jabón. Asimismo, las unidades de cuidados intensivos y respiradores funcionales son supremamente insuficientes. Las remesas que alcanzaban cuatro mil millones de dólares al año ahora han casi desaparecido” (usip, 8/4). Tiro por la culata Trump, que lanza el covid19 contra la clase obrera en EEUU y la “primera línea”, quiere hacer lo mismo contra Venezuela para impulsar su guerra comercial, pero el tiro le está saliendo por la culata, mostrando un impasse en la burguesía norteamericana que pone en duda su continuidad y reelección. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en un comunicado: “La urgencia de esto se ha vuelto aún más grave a la luz del fracaso del régimen de Maduro para prepararse y abordar adecuadamente la pandemia global de COVID-19” (CNN, 7/4). La estrategia del imperialismo de utilizar la pandemia para imponerse en la guerra comercial (incluso “robando” respiradores y tests fabricados en China) está haciendo agua en todo el mundo. La burguesía piensa que, de seguir el curso, la hegemonía norteamericana se perdería como Gran Bretaña la perdió definitivamente a la salida de la Segunda Guerra Mundial. La clase obrera venezolana puede salir de la crisis, mediante los métodos que le son propios, sólo asegurados por la creación de un gobierno de trabajadores. Las reivindicaciones de la clase obrera deben partir de un rechazo al bloqueo.

12 de abril de 2020
"Felices pascuas”, sólo la lucha pondrá “la casa en orden”

La última conferencia de prensa de Alberto Fernández pareció dirimir la controversia con la UIA, otras cámaras empresariales e incluso la burocracia sindical, al definir la continuidad de la cuarentena (“aislamiento preventivo obligatorio”). Repitió aquello de que se vuelve de una caída del PBI, pero no de la muerte. Se volvió a colocar en el campo de los que siguen la orientación de la Organización Mundial de la Salud, en oposición a los Trump, Piñera, Bolsonaro, que se oponen a declarar una cuarentena nacional, y de aquellos otros que, como el italiano Conte y el inglés Johnson, intentaron sortear la cuarentena durante un tiempo, hasta que volvieron sobre sus pasos cuando el número de infectados y muertos se hizo políticamente insostenible. Quien mayor éxito ha tenido hasta ahora en reducir a un mínimo el ratio enfermos/fallecidos, la alemana Merkel, se ha vuelto a declarar a favor de una cuarentena estricta. La realidad, sin embargo, es que Fernández le ha dado forma a un compromiso con las patronales, que combina lo explícito y lo sobreentendido. Armó, por ejemplo, un esquema curioso para clasificar a la industria del neumático como imprescindible, partiendo de los repuestos para ambulancias y los arreglos de las gomerías, como si éstas fueran el mercado del neumático – y no la industria automotriz nacional e internacional. Para las primeras, sobra el stock disponible. De otro lado, no dijo nada de todas las industrias que están presionando a los trabajadores a firmar acuerdos de producción ya suscriptos por la burocracia sindical. Es a este tipo de maniobras a las que ha recurrido la patronal y la burocracia para vaciar de contenido al decreto anti-despidos (con el aval del gobierno que lo dictó), habilitando acuerdos de suspensiones, que se transformarán en despidos, y a despidos inmediatos, en particular de trabajadores bajo contrato determinado. Quienes cobran planes sociales de $2.000 o $5.000 pesos mensuales, son rechazados para el bono de $10.000. Tampoco lo reciben los que cobran el seguro de desempleo de $6.000 por mes (son más 100.0000 trabajadores) y por la cuarentena no pueden salir ni encontrar trabajo. Fernández no dijo nada sobre el asunto crucial del momento para la clase obrera. Minucioso, en apariencia, acerca del amesetamiento de la curva de contagios, no describió la crisis social en absoluto. Se hizo rodear de los ministros de Interior y Salud y del jefe de Gabinete, pero evitó meter en el ruedo al de Trabajo. La cuarentena ‘rigurosa’ de los Fernández no valdrá, de aquí en más, para los bancos, lo cual tendrá un impacto considerable en el transporte público. Cuando a la famosa curva del aplanamiento le falta recorrer una distancia tan larga como desconocida, Fernández ya está armando la ‘transición’ hacia una ‘reactivación’. Fernández ni siquiera rozó lo que ocurrió ese mismo día, a saber, la represión policial a los trabajadores del frigorífico Penta, ni los periodistas lo interpelaron sobre ello. Un amigo del gobierno dirá que fue ‘un hecho aislado’, sin reparar que Fernández no lo aprovechó para advertir contra su repetición, como tampoco lo hizo ante violencias policiales en los barrios. Lo ocurrido en Penta desató una ola de repudios, que incluyó a numerosos miembros de la jerarquía kirchnerista. Algunos interpretan que esto caracteriza a un régimen “de excepción”, como si no fuera parte de los gajes de la democracia capitalista. Es un error suponer, sin embargo, que AF se ha pasado al campo ‘del PBI’. En primer lugar, porque ese campo está ocupado, por lo menos en un cincuenta por ciento, por salarios, jubilaciones e ingresos independientes, que se despeñan en forma violenta. En segundo plano, porque el PBI se cayó solo, por el desarrollo de la crisis capitalista en Argentina, sin necesidad de un virus, desde 2018, después de un interregno breve, o sea que es una caída que tiene más de una década. No será ahora que vaya a resucitar. Observando la política de las patronales, o sea sin ninguna clase de ‘prejuicio socialista’, la burguesía quiere reabrir la industria para salir de la obligación de pagar salarios con obreros que están en cuarentena por una disposición del estado, o sea coactiva. Esto, por un lado. Por el otro, de acuerdo a las exigencias que reclama, busca reducir los salarios (ni qué hablar de la “cláusula gatillo” y de la movilidad jubilatoria) en medio de una tasa de inflación en ascenso. La crisis desatada por la pandemia ha puesto al desnudo la obsolescencia técnica y financiera de la industria, que las grandes patronales quieren remediar, aprovechando la crisis, con lo que llaman ‘una reestructuración económica’ a costa de la fuerza de trabajo. La crisis plantea a la clase obrera el desafío, a término, de nacionalizar toda la gran industria, para alcanzar un desarrollo de las fuerzas productivas de contenido socialista. Fernández se metió en la “transición” a la ‘normalidad’, en base a la presentación de cifras engañosas. Argentina no ha desarrollado un testeo que le permita asegurar que las cifras de contagios que se ofrece sean reales. El ‘power-point’ de su conferencia no presenta la realidad. Fernández, por otro lado, ofreció una comparación internacional falaz, porque lo que importa no es si Argentina tiene indicadores más favorables que otros países, sino que la pandemia crece potencialmente a nivel internacional, significativamente en Estados Unidos. El peligro que se cierne sobre África y las regiones más castigadas de Asia por las guerras imperialistas, podría ser descomunal (poblaciones migrantes). La recuperación de la epidemia, que se observa en China, viene acompañada de una supervisión epidemiológica sin precedentes y de testeos y diagnósticos constantes – en previsión, precisamente, de un reavivamiento de la pandemia. Fernández sabe que Argentina carece de estos recursos, pero no dijo nada al respecto. No se refirió al trabajo agotador del personal de salud, ni hizo mención sobre el rechazo de las patronales a integrar la salud privada a la pública bajo supervisión estatal. Cuando tocó, bajando la voz, a la industria del neumático, se ‘olvidó’ de decir, aunque no sea un abogado laboral, que las ART no tienen la obligación de amparar a los trabajadores que vuelven a las fábricas si contraen el contagio. Como se ve, hay un enorme pliego de reclamos del PBI obrero que el gobierno nacional y popular no atiende. De otro lado, el bando ‘del PBI’ se encuentra en ruinas, con caídas previstas de más del 20 por ciento en los países desarrollados. El verso de la ‘reactivación argentina’ no lleva a ningún lado, y no servirá en absoluto para satisfacer las reivindicaciones de seguridad social y sanitaria de los trabajadores. El mundo asiste, con las variaciones del caso, por países, a una profunda crisis de poder. Es falso que, salvo algunos países, como Hungría, Egipto, Filipinas, Arabia Saudita, en los Balcanes y otros, donde las dictaduras son anteriores a esta crisis, se hayan establecido ‘regímenes de excepción’ - el desenlace de las crisis políticas dependerá del desarrollo de la lucha de clases. Los trabajadores de Penta, del Sutna, de Acindar (capital y provincia) y en especial de hospitales (enfermeras y personal de salud) marcan el camino, y en forma incipiente muchos otros sectores de la clase obrera. Por ejemplo, los compañeros de los grupos capitalistas de ‘comidas rápidas’, que protagonizan luchas visibles en Chile, Argentina y Estados Unidos, y en el caso de frigoríficos, Uruguay. Defienden una cuarentena estricta, al mismo tiempo que el cumplimiento estricto de los convenios de trabajo, y combaten las suspensiones y despidos. Plantean, en forma de ‘protocolos’, la posición del mundo del trabajo frente al capital. La crisis, a la cual algunos profetizan un desenlace sombrío, ha reavivado la movilización de la clase obrera, en la mayor parte del mundo. El carácter, llamemos existencial, a la lucha de clases que desarrolla la crisis, porque está en juego la vida en forma inmediata, ha despertado el interés obligado del menos politizado de los trabajadores. Esta fuerza inmensa es la que hay que poner en movimiento.

13 de abril de 2020
Lacalle Pou atiende al capital con el apoyo del Frente Amplio

A medida que pasan las semanas algo va quedando claro: un obstáculo fundamental para afrontar la crisis económica, social y sanitaria es la propia política del gobierno nacional. Bajo la idea de que “los motores económicos no se apaguen”, Lacalle Pou fue delineando desde el comienzo una orientación comparable a la de Bolsonaro, Trump o Boris Johnson. Bajo la presión de la clase capitalista avanzó en ese camino, esta semana, de cara a una “normalización” de la economía y la vida social, instando a la vuelta a clases en el medio rural a partir del 22 de abril, el regreso al trabajo de 45.000 obreros de la construcción el próximo lunes o el próximo envío de la Ley de Urgente Consideración al parlamento. Mientras la Organización Mundial de la Salud o el Sindicato Médico del Uruguay recomiendan la cuarentena obligatoria, test masivos en barrios y lugares de trabajo, y protocolos estrictos en los servicios esenciales (producción de alimentos, distribución, comercialización, salud), el gobierno ignora todas las prevenciones sanitarias en nombre de que no se apague la ganancia capitalista. Sigue, en este terreno, el libreto según el cual sería peor una crisis económica que cientos de miles de muertos. Como Inglaterra o EEUU, el lobby empresarial fuerza en dirección de una vuelta rápida al trabajo. La consecuencia es que ambos países se han transformado en el epicentro de los contagios y las muertes por Covid-19. Los envíos al seguro de paro han sobrepasado los 100.000 trabajadores ¡entre ellos más de 900 trabajadores de la salud privada! Miles de cuentapropistas, tercerizados y trabajadores precarizados en general han sido despedidos. Con el detenimiento económico, los más de 400 mil trabajadores de la economía informal han visto evaporarse su fuente de ingresos. Esta situación da cuenta de que la gestación de la precarización del trabajo no surgió en marzo de 2020, sino que precede a la pandemia. Por otra parte, el otro foco de urgente consideración es la precaria situación de hospitales, falta de personal disponible y de infraestructura para hacer frente a la pandemia (test, respiradores, etc.), luego de años vaciamiento presupuestal. ¿Quién paga? Las medidas económicas adoptadas en la gestión de la crisis no contemplan atender estas emergencias, sino que revelan un inocultable carácter de clase. El concepto que transmitió Lacalle Pou fue claro: “Gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis, así que no lo vamos a hacer”. Es decir que sí lo va a lograr la liquidación del salario y los ingresos de la clase trabajadora. Apenas unos días antes, el gobierno había enviado al parlamento un proyecto para la creación de un fondo Coronavirus que se nutre de los aportes de los empleados públicos, jubilados y pensionistas, ganancias del Banco de la República, la Corporación Nacional para el Desarrollo y préstamos de organismo internacionales. El fondo, creado a partir de un ajuste contra los trabajadores y jubilados contaría con 400 millones de dólares. El texto fue aprobado de forma unánime, esto es, con el apoyo del Frente Amplio, que delineó una política de tregua y “unidad nacional”. Entre otras medidas, se redujo el encaje de los bancos en el Banco Central (BCU) con el objetivo de habilitar circulante para ampliar los créditos -se trata de una inyección de circulante a la banca privada. Se ha puesto en evidencia (1) que un impuesto a los dueños de la tierra, los grandes capitales de la industria, el comercio, la energía o la banca podría aportar para la creación de un fondo que atienda la emergencia sanitaria y garantice una renta equivalente al costo de la canasta familiar para los trabajadores perjudicados por la crisis. A vía de ejemplo, las ganancias de UPM equivalen a U$S 400 millones de dólares anuales, los bancos extranjeros tuvieron ganancias por U$S 500 millones de dólares en 2019, los terratenientes agrarios (2) se apropian de U$S1.500 millones anuales, las grandes superficies de supermercados superaron los U$S 600 millones de dólares anuales y el sector energético privado facturó U$S413 millones en 2019. En tanto, la erogación estatal por concepto de la deuda pública se estima en U$S 3.973 millones (3) en 2020. La lista podría seguir... A este cuadro debe agregarse la devaluación del peso, que acumula un 34 por ciento en lo que va del año, cuyos impactos son conocidos: los exportadores aumentan significativamente su poder de compra en pesos, al tiempo que los sectores que transan en pesos se empobrecen, dado el encarecimiento de bienes de consumo e insumos. De este modo, la devaluación supone, en lo inmediato, una redistribución del ingreso en la que ganan los exportadores y pierden los trabajadores. Lo único que se achata es la curva del poder adquisitivo. Bien mirado, el problema pasa por afrontar la crisis a partir de un impuesto general a las grandes fortunas, ganancias y dividendos; el cese del pago de amortizaciones y préstamos de la deuda pública para constituir un fondo público que aplique recursos al sistema de salud y sostenga el consumo de la clase trabajadora. Los trabajadores La reciente huelga de los obreros de la carne para garantizar los protocolos de salud, el rechazo de docentes de primaria a la vuelta clases, la deliberación de los trabajadores de la construcción sobre la vuelta al trabajo o los cientos de ollas populares creadas en estas semanas muestran que la preservación de la salud solo puede ser garantizada por la iniciativa y acción de la clase obrera organizada. La iniciativa de responder a la emergencia sanitaria, en todos los sectores económicos, estuvieron precedidas por la iniciativa de los trabajadores. Los sindicatos del correo, de UTE (energía estatal), OSE (obras sanitarias del estado), la unión ferroviaria o Adeom, tuvieron que empezar a paralizar los sectores para lograr el aislamiento, el trabajo a distancia o determinados protocolos mínimo de seguridad para los sectores esenciales y con trabajo presencial. También en la construcción y la carne tuvieron que empezar con la paralización para arrancar los protocolos. El programa y plan de acción parte de exigir la cuarentena de la población, asegurando el cierre de toda actividad económica no indispensable, garantizando el 100% de los salarios. El combate a la epidemia plantea de una acción centralizada que coloque todos los recursos económicos, materiales y humanos, de la nación al servicio del tratamiento del contagio, garantizando la seguridad alimentaria y de salud de la población, lo que exige en primer lugar la estatización y centralización de hospitales y la salud pública y privada. Parte de la industria debe ser reconvertida para la fabricación en gran escala de respiradores mecánicos, productos de esterilización, equipamientos de protección individual y colectiva, distribuidos gratuitamente a la población. La posibilidad de la centralización de todas las operaciones del sistema financiero puede ser asumida por el BCU y sus trabajadores, asegurando el pago de los salarios, la continuidad de la cadena de pagos y actividades productivas, a cuenta de los grandes capitales. A los trabajadores de la “primera línea” de hospitales, supermercados, fábricas esenciales de alimentación -pero también las cárceles e institutos de atención social- deben garantizarse los test masivos y protocolos estrictos, bajo supervisión y control de las comisiones obreras de salud e higiene. La reducción de jornada laboral a 6 horas y el establecimiento de un cuarto turno de trabajo es una necesidad para garantizar la “distancia social”. Mientras la clase capitalista se orienta en función de la economía política del beneficio privado, la economía política de la clase obrera se rige por el principio que contempla la vida y la salud públicas. Más que apagar los motores de la economía capitalista, exige reorganizarla sobre nuevas bases sociales. (1) Ver artículos de Juan Geymonat ¿Hay Margen? Brecha 3/04/2020; Pablo Messina y ¿Van a aportar los generadores privados de energía al Fondo covid-19? Brecha 3/04/2020; Gabriel Oyantcabal “Renta de la tierra y tipo de cambio en tiempos de crisis” (2) Jorge Notaro estima la riqueza de los duelos de la tierra en U$S 53.000 millones de dólares. Ver “los garcas que quieren quedar bien con poco...o nada” 7/04/2020, periódico claridad digital. (3) Uruguay, reporte de Deuda Soberana Enero 2020, MEF.

13 de abril de 2020
Aprendan a pensar

Ciertos fraseólogos ultraizquierdistas profesionales intentan a toda costa "corregir" las tesis del secretariado de la Cuarta Internacional sobre la guerra, de acuerdo a sus propios prejuicios osificados. Atacan especialmente aquella parte de las tesis que afirma que, en todos los países imperialistas, el partido revolucionario, mientras permanece en una oposición irreconciliable con su propio gobierno en tiempo de guerra, sin embargo, debe moldear su política práctica en cada país de acuerdo a la situación interna y a las agrupaciones internacionales, diferenciando claramente un estado obrero de uno burgués, un país colonial de uno imperialista. "El proletariado de un país capitalista que se encuentra en alianza con la URSS (1) [afirman las tesis] debe mantener totalmente su hostilidad irreconciliable contra el gobierno de su propio país. En este sentido su política no difiere de aquella del proletariado de un país que lucha contra la URSS. Pero en la naturaleza de las acciones prácticas, pueden surgir considerables diferencias dependiendo de la situación concreta de la guerra." [La guerra y la Cuarta Internacional, en Escritos 1933-34] Los ultraizquierdistas consideran este postulado, cuya exactitud ha sido confirmada por todo el curso de los acontecimientos, como el punto de partida... del social-patriotismo. (2) Como la actitud hacia los gobiernos imperialistas debe ser "la misma" en todos los países, estas estrategas borran cualquier distinción más allá de las fronteras de su propio país imperialista. Teóricamente su error surge de intentar construir, fundamentalmente, bases diferentes para políticas en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Supongamos que mañana estalla una rebelión en la colonia francesa de Argelia bajo la bandera de la independencia nacional y que el gobierno italiano, motivado por sus propios intereses imperialistas, se prepara para enviarle armas a los rebeldes. ¿Cuál debe ser la actitud de los obreros italianos en este caso? Intencionalmente he tomado un ejemplo de rebelión contra un imperialismo democrático con la intervención a favor de los rebeldes de un imperialismo fascista. ¿Deben los obreros italianos evitar el envío de armas a los argelinos? Dejemos que los ultraizquierdistas se atrevan a contestar afirmativamente esta pregunta. Cualquier revolucionario, junto con los obreros italianos y los rebeldes argelinos, repudiarían tal respuesta con indignación. Aunque al mismo tiempo estallase una huelga general marítima en la Italia fascista, los huelguistas deberían hacer una excepción en favor de aquellos barcos que llevasen ayuda a los esclavos coloniales en rebelión; de otra forma no serían sino viles sindicalistas, no revolucionarios proletarios. Al mismo tiempo, los obreros marítimos de Francia, aunque no se enfrenten a ninguna huelga, estarán obligados a realizar cualquier esfuerzo para bloquear el embarque de municiones que se pretenda usar contra los rebeldes. Sólo una política tal, por parte de los obreros italianos y franceses, constituye la política del internacionalismo revolucionario. Sin embargo, ¿no significa este que los obreros italianos moderan su lucha, en este caso, contra el régimen fascista? Ni en lo más mínimo. El fascismo presta "ayuda" a los argelinos tan sólo para debilitar a su enemigo, Francia, y extender su mano rapaz sobre sus colonias. Los obreros revolucionarios italianos no olvidan esto en ningún momento. Hacen un llamado a los argelinos para que no confíen en su "aliado" traicionero y, al mismo tiempo continúan su propia lucha irreconciliable contra el fascismo, "el principal enemigo en su propio país". Sólo en esta forma pueden obtener la confianza de los rebeldes, ayudar a la rebelión y fortalecer su propia posición revolucionaria. Si lo anterior es correcto en tiempos de paz, ¿por qué habría de ser falso en tiempos de guerra? Todo el mundo conoce el postulado del famoso teórico militar alemán, Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Este pensamiento profundo conduce, naturalmente, a la conclusión de que la lucha contra la guerra no es sino la continuación de la lucha general del proletariado durante los tiempos de paz. ¿Durante las épocas de paz rechaza y sabotea el proletariado todos los actos y medidas del gobierno burgués? Aun durante una huelga que cubre toda una ciudad, los trabajadores toman medidas para garantizar el envío de comida a sus propios distritos, se aseguran de tener agua, que no sufran los hospitales, etcétera. Tales medidas no son dictadas por el oportunismo en relación a la burguesía, sino que conciernen a los intereses de la misma huelga, a la simpatía de las masas sumergidas de la ciudad, etcétera. Estas reglas elementales de la estrategia proletaria en tiempos de paz conservan también todo su rigor en tiempos de guerra. Una actitud irreconciliable contra el militarismo burgués no significa nunca que el proletariado en todos los casos entre en lucha contra su propio ejército “nacional". Al menos los obreros no interferirían a soldados que estuviesen extinguiendo un incendio o rescatando gente ahogada durante una inundación; al contrario, ayudarían hombro a hombro con los soldados y fraternizarían con ellos. Y el problema no es exclusivamente para casos de calamidades naturales. Si los fascistas franceses intentasen hoy un golpe de estado y el gobierno de Daladier se encontrase forzado a movilizar sus tropas contra los fascistas, los trabajadores revolucionarios, mientras mantienen su completa independencia política, lucharían contra los fascistas al lado de estas tropas. Así, en numerosos casos, los obreros se ven forzados no sólo a permitir y tolerar, sino a apoyar activamente las medidas prácticas del gobierno burgués. En el noventa por ciento de los casos, los obreros realmente ponen un signo menos donde la burguesía pone un más. Sin embargo, en el diez por ciento, se ven forzados a poner el mismo signo que la burguesía, pero con su propio sello, expresando así su desconfianza en ella. La política del proletariado no se deriva de ninguna manera automáticamente de la política de la burguesía, poniendo sólo el signo opuesto (esto haría de cada sectario un estratega magistral). No, el partido revolucionario debe, cada vez, orientarse independientemente tanto en la situación interna como en la externa, llegando a aquellas conclusiones que mejor corresponden a los intereses del proletariado. Esta regla se aplica tanto al período de guerra como al de paz. Imaginemos que en la próxima guerra europea el proletariado belga conquista el poder antes que el proletariado francés. Indudablemente Hitler tratará de aplastar al proletariado belga. Con el objetivo de cubrir su propio flanco, el gobierno burgués de Francia puede verse obligado a ayudar con armas al gobierno obrero belga. Por supuesto los soviets belgas recogerán estas armas con ambas manos. Pero, actuando bajo el principio del derrotismo, ¿deberían los obreros franceses bloquear el envío de armas de su propio gobierno al proletariado belga? Sólo traidores directos o idiotas completos pueden razonar así. La burguesía francesa enviaría armas al proletariado belga sólo por miedo a un mayor peligro militar y en espera de aplastar más tarde a la revolución proletaria con sus propias armas. Para los obreros franceses, al contrario, el proletariado belga es el mayor apoyo en la lucha contra su propia burguesía. El desenlace de la lucha decidirá, en último análisis, la correlación de fuerzas dentro de la cual entran como factor muy importante las políticas correctas. La primera tarea del partido revolucionario es utilizar la contradicción entre dos países imperialistas, Francia y Alemania, con el objeto de salvar el proletariado belga. Los escolásticos ultraizquierdistas no piensan en términos concretos sino en abstracciones vacías. A la idea del derrotismo la han transformado en un vacío semejante. No pueden ver claramente ni el proceso de la guerra, ni el proceso de la revolución. Buscan una fórmula herméticamente cerrada que excluya el aire fresco. Pero una fórmula de este tipo no puede ofrecer ninguna orientación a la vanguardia del proletariado. Llevar la lucha de clases a su forma más alta -la guerra civil- es la tarea del derrotismo. Pero esta tarea sólo puede ser resuelta por medio de la movilización revolucionaria de las masas, es decir, ampliando, profundizando y agudizando aquellos métodos revolucionarios que constituyen el contenido de la lucha de clases en "tiempos de paz". El partido del proletariado no recurre a métodos artificiales como quemar almacenes, poner bombas, destruir trenes, etcétera, con el objetivo de conseguir la derrota de su propio gobierno. Aunque tuviese éxito en este camino, la derrota militar no conduciría de ninguna manera, al éxito revolucionario, éxito que sólo puede ser garantizado por el movimiento independiente del proletariado. El derrotismo revolucionario sólo significa que en la lucha de clases el partido proletario no se detiene ante ninguna consideración "patriótica", porque la derrota de su propio gobierno imperialista, provocada o acelerada por el movimiento de masas revolucionario, es un mal incomparablemente menor que la victoria lograda al precio de la unidad nacional, es decir, por la postración política del proletariado. Allí radica el significado completo del derrotismo y este significado es totalmente suficiente. Por supuesto, los métodos de lucha cambian cuando ésta entra abiertamente en la fase revolucionaria. La guerra civil es una guerra y en este aspecto tiene sus leyes particulares. En una guerra civil bombardear almacenes, destruir trenes y todas las formas de “sabotaje" militar son inevitables. Su conveniencia es decidida exclusivamente por consideraciones militares; la guerra civil continúa la política revolucionaria, pero por otros medios, precisamente los militares. Sin embargo, durante una guerra imperialista, puede haber casos en que el partido revolucionario se vea forzado a recurrir a métodos técnico-militares, aunque no sean todavía una continuación directa del movimiento revolucionario en su propio país. Si se trata del envío de armas o tropas contra un gobierno obrero o una rebelión colonial, no sólo los métodos del boicot y la huelga sino el sabotaje militar directo pueden convertirse en prácticos y obligatorios. Recurrir o no a tales medidas dependerá de las posibilidades prácticas. Si los obreros belgas, al conquistar el poder en tiempos de guerra, tienen sus propios agentes militares en tierra alemana, el deber de estos agentes consistirá en no vacilar ante ningún medio técnico con el objeto de detener las tropas de Hitler. Es absolutamente claro que también los obreros revolucionarios alemanes están obligados (si pueden) a realizar tareas en favor de la revolución belga, independientemente del curso general del movimiento revolucionario en Alemania misma. La política derrotista, es decir, la política de la lucha irreconciliable de clases durante tiempos de guerra, no puede consecuentemente ser la "misma" en todos los países, así como la política del proletariado no puede ser la misma en tiempos de paz. Sólo la Comintern de los epígonos ha establecido un régimen en el cual los partidos de todos los países inician la marcha simultáneamente con el pie izquierdo. En la lucha contra este cretinismo burocrático he intentado probar más de una vez que los principios y tareas generales deben ser realizados en cada país de acuerdo a las condiciones internas y externas. Este principio conserva también toda su fuerza para tiempos de guerra. Aquellos ultraizquierdistas que no quieren pensar como marxistas -es que de eso se trata- serán sorprendidos por la guerra. Su política en tiempos de guerra será la fatal consumación de su política en tiempos de paz. El primer disparo de artillería enviará a los ultraizquierdistas a la inexistencia política o los llevará al campo del social-patriotismo, exactamente como a los anarquistas españoles, aquellos absolutos "negadores" del estado, que por las mismas razones se convirtieron en ministros burgueses cuando llegó la guerra. Para poder llevar adelante una política correcta en tiempos de guerra, debemos aprender a pensar correctamente en tiempos de paz. 22 de mayo de 1938 Publicado en New lnternational, julio de 1938. [1] Podemos dejar aquí a un lado la cuestión del carácter de clase de la URSS. Estamos interesados en la cuestión de una política en relación con los estados obreros en general o con un país colonial que lucha por su independencia. En cuanto concierne a la naturaleza de clase de la URSS, recomendemos, incidentalmente, a los ultraizquierdistas, mirarse en el espejo del libro de A. Ciliga, In the Country of the Big Lie. [En el país de la gran mentira.] El autor ultraizquierdista, sin la menor escuela marxista, desarrolla su idea hasta el final, es decir, hasta la abstracción anarco-liberal [ Nota de León Trotsky]. [2] La señora Simone Weil escribe incluso que nuestra posición es la misma de Plejanov en 1914-1918. por supuesto, Simone Weil tiene el derecho a no comprender nada. Aunque no es necesario que abuse de este derecho. [Nota de León Trotsky] Simone Weil (1909-1943): intelectual radical francesa quien se convirtió al misticismo y al catolicismo antes de morir de hambre voluntariamente durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Georgi Plejanov (1856-1918): fundador del marxismo ruso, fue dirigente de la facción menchevique en 1903. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, apoyó al gobierno zarista y se opuso más tarde a la Revolución de Octubre.

13 de abril de 2020
La clase obrera frente a una gran pelea

El gobierno prorrogó la cuarentena hasta el 26 de abril, empujado por la catástrofe sanitaria y social en el mundo entero. Pero lo hizo sin la orientación social -ni, por lo tanto, la convicción- de defender lo que verdaderamente importa –la vida y la salud del mundo del trabajo. En cambio, la “cuarentena administrada” del gobierno FF es un régimen de concesiones negociadas con los capitalistas. Cuando todos los datos indican que el progreso de la pandemia en Argentina se juega en las próximas semanas, el gobierno decide “flexibilizarla”. Es evidente, en estas condiciones, que la salud y la vida de todos depende -más que nunca- de un programa y una organización propios de los trabajadores. Es necesario asegurar la vida de los trabajadores de la salud con los implementos sanitarios correspondientes; con turnos de 6 horas y la incorporación al trabajo de médicos, paramédicos y enfermeras, con salario convenio. La salud pública y privada debe ser centralizada bajo un comando único, en manos de trabajadores y especialistas del sistema de salud. El COVID 19 debe ser declarado de inmediato enfermedad profesional, contra la negativa de las ART y sus bancos. El decreto oficial prohibiendo los despidos ha mostrado su completa impotencia. La defensa del derecho al trabajo depende de la organización obrera, incluyendo la ocupación de fábricas que despidan o suspendan con salarios de hambre. Por el reconocimiento del 100% del salario. Es necesario organizar un gran reclamo colectivo por un aumento salarial de emergencia, la jornada reducida y la entrega de todos los kits sanitarios. La ampliación de actividades exceptuadas colocará a miles de trabajadores volviendo a fábricas inseguras y sin garantías sanitarias. Es la hora de imponer protocolos sanitarios redactados por los propios trabajadores. Los barrios tienen que discutir los términos de su propia cuarentena, a través de la formación de comités que organicen el reclamo por: espacios públicos limpios y seguros para los comedores, el reparto de alimentos a todas las familias que lo necesitan y el resguardo sanitario de los adultos mayores. El cobro del “ingreso de emergencia” debe ser inmediato, y extenderse a todos los compañeros desocupados que lo han solicitado. Es necesario interrumpir y desconocer la deuda usuraria con los fondos internacionales y el FMI, para destinar al conjunto del ahorro nacional a un enérgico plan de rescate sanitario y social de la mayoría trabajadora. Una reconversión industrial, dirigida por los trabajadores, debe asegurar las necesidades de respiradores mecánicos, de insumos sanitarios, de hospitales y de camas que exige y exigirá –cada vez con más fuerza- esta emergencia. Los recursos monetarios del Estado no pueden seguir alimentando al capital financiero, de un lado, y a los monopolios alimentarios y de productos de primera necesidad, del otro. En el primer caso, el conjunto de la banca privada debe operar como sucursales del Banco Central, bajo un plan único de centralización del crédito bajo control de trabajadores bancarios electos. Luego, la gran industria alimentaria debe abrir sus libros al control de trabajadores, para terminar con los sobreprecios y la carestía generalizada. Los capitalistas quieren servirse del derrumbe económico y el colapso sanitario para imponerle a los trabajadores un retroceso de fondo en sus conquistas laborales, sociales y previsionales. El gobierno discursea, pero ha dejado correr las cesantías, la inflación desenfrenada y las aspiraciones de los pulpos sanitarios privados. Es necesario, por lo tanto, que los trabajadores impongamos nuestra salida a esta catástrofe sanitaria y social.

13 de abril de 2020
"Abandonen el faccionalismo y súmense a una lucha internacional común"

Compañeros del DIP: El 25 de marzo pasado, nuestra Tendencia les envió a ustedes -y a un conjunto de organizaciones integrantes o adherentes a la CRCI- una propuesta de declaración política internacional, relacionada con la crisis sanitaria y política mundial planteada por la pandemia del coronavirus. No era un reclamo de adhesión, como ocurrió cuando la camarilla de PO oficial lo reclamó para un texto de apoyo electoral al FIT-U, ni cuando el Centro Rakovsky lo solicitó para una declaración de repudio al plan de Trump para Palestina. Nuestro método fue, digamos, un poco más democrático, que servía para obtener aportes para una declaración más rica - eventualmente. El texto, finalmente, fue publicado en nuestra edición digital de “Política Obrera” del 29 de marzo, con la firma de varias organizaciones que dieron su asentimiento. La organización italiana reclamó la incorporación de un planteo fundamental, como la libertad de los presos sin condena. Ese mismo día, recibimos del DIP una carta que rechaza siquiera la conveniencia o pertinencia de sacar una declaración. En vuestra respuesta califican a la crisis actual como "una de las más profundas de la humanidad", que coloca "una cuestión de vida o muerte para el proletariado internacional". Una crisis que "desenmascara la naturaleza del capitalismo" y que, encima, "confluye con una crisis económica que sea -probablemente la más profunda de la historia". Semejante nivel de alarma, sin embargo, no les ha permitido siquiera considerar la declaración que les enviamos, ni el programa de acción que allí se propone. El interés faccional de ustedes se contrapone a la necesidad de un pronunciamiento frente “a la crisis de la humanidad”. Ustedes invalidan la propuesta de nuestra Tendencia porque no existe una "mínima estructura organizativa" entre las organizaciones que eventualmente podían firmar la declaración -"ni siquiera una Coordinadora". Pocas veces se ha visto una falacia más grosera que esa. Las coordinaciones se estructuran en base a un planteo o programa, no al revés, el programa determinado por una coordinadora. En base a esa falacia el DIP ha pretendido que acompañáramos la declaración contra el plan de Trump, un hecho consumado. No procedieron correctamente - primero proponer la discusión del planteo o el programa. Nos vimos obligados a rechazar esa propuesta, porque no estamos de acuerdo con una República única basada en la igualdad formal de árabes y judíos, sino en una República única basada en la expropiación de tierras y capitales consumada por el sionismo. Tenemos la impresión, que puede estar equivocada, aunque no creemos que sea el caso, que ustedes han decidido rechazar nuestra propuesta sin leerla, como una represalia por nuestra discrepancia de principios con la solicitud de ustedes de que firmáramos una declaración que ya había sido hecha pública. Provoca literalmente indignación que ustedes condicionen un pronunciamiento acerca de “la crisis de la humanidad” a la existencia previa de una organización, después de haber reiterado innumerables veces que no se consideraban parte de la CRCI – más aún, que son partidarios de “reconstruir la III° Internacional Comunista”, no la IV° Internacional. Aun con esta divergencia estratégica les hemos propuesto discutir un programa y un plan de acción, para trabajar en común frente a “la crisis de la humanidad”. Al final, usan expresiones pomposas, pero se refugian en la inacción política. El Partido Obrero (Tendencia) defiende a la CRCI de acuerdo al programa y a los estatutos votados en 2004, en los que está incluido el derecho a tendencia internacional y en los partidos nacionales. Cuando se coteja nuestra propuesta, por un lado, con vuestra respuesta, por el otro, quedan al desnudo dos métodos antagónicos: el que clausura de modo unilateral la posibilidad de una acción común frente a “la crisis de la humanidad”, y el que abre esa discusión, con independencia de las divergencias estratégicas, que lejos de ocultarlas las ponemos en evidencia. Ustedes han roto con la CRCI y ahora ponen como condición para el debate de un plan de acción, la organización a la que han dejado de pertenecer en forma voluntaria. Este cerrojo político no nos sorprende, al menos hasta cierto punto, ya que han expresado varias veces que el derecho de tendencia no es una herramienta para defender la unidad del partido revolucionario, sino un instrumento para quebrarlo. Lo mismo decían los usurpadores de la Internacional Comunista. Para fundamentar la actual "inexistencia de estructura", ustedes responsabilizan a "las dos fracciones del PO", cuando ustedes son los responsables principales de la crisis de la CRCI al no haber querido reconocer a nuestra tendencia, que se ha formado de acuerdo a lo establecen los estatutos del PO y toda la tradición bolchevique. Se deduce que ustedes plantean un retorno a la Internacional Comunista sin derecho de tendencias. ¿Acaso el DIP no prevé este derecho en sus estatutos? Es algo que no está claro. Los cierto es que el DIP no ha pasado la prueba del internacionalismo proletario ante una crisis política en la organización revolucionaria. En esa grave omisión, estriba la responsabilidad de ustedes en la actual parálisis de la CRCI. En efecto: si en la reunión de Atenas los partidos convocantes hubieran reconocido a nuestra Tendencia en el plano internacional -o sea al interior de la propia CRCI- y hubieran apoyado ese mismo reclamo nuestro en el Partido Obrero, la crisis habría aportado claridad y una salida: la defensa de la democracia obrera en los partidos revolucionarios. La CRCI hubiera seguido afirmándose como organización, en el marco de la delimitación de posiciones y de la unidad de acción. En el curso de aquella reunión de Atenas, el compañero Savas planteó que la Tendencia no podía, sino que "debía" participar de la CRCI. Lamentablemente, y en el desenlace de aquel encuentro, ustedes pretendieron reemplazar a la lucha política y la delimitación de posiciones por la diplomacia, proponiendo un "armisticio", algo que debiera avergonzarlos; una tregua para esquivar una definición política. Ese armisticio consistía en la disolución incondicional de nuestra Tendencia, cuya existencia quedaría al arbitrio del mismo aparato partidario que ya había expulsado a 378 militantes, en ese momento, incluidos tres miembros del comité central, en forma sumaria, por parte de un grupo menor del comité ejecutivo, e impuesto por decreto al conjunto del partido. Sin la menor conciencia de lo que es el ridículo, meses después de negar nuestro derecho de tendencia, ustedes mismos -como DIP, se proclamaron "tendencia" de una CRCI a la cual consideraban fenecida. El texto con el cual reclamaban ese "derecho de tendencia" cuestiona las bases programáticas de la CRCI, y esboza un grave retroceso político. Para terminar este texto con una nota positiva, los llamamos a rever vuestra posición y sumarse al debate sobre la caracterización de la crisis histórica actual y propongan un plan de acción. Con intervención de todos los militantes, no solamente los ejecutivos. Con saludos revolucionarios, Partido Obrero (Tendencia), Mesa Nacional, 11. 4.2020

13 de abril de 2020
Carta del DIP

Estimado compañero Marcelo, estimados compañeros de la Tendencia: Con alguna sorpresa hemos recibido su petición para una formular una declaración conjunta y un plan de acción en común. Porque, es extraño proponer un plan de acción cuando no existe ninguna base organizativa para materializar este plan en forma conjunta. La CRCI ha no ha funcionado los últimos 9 meses aproximadamente, si es que no está destruida para siempre gracias a una división que fue bien ocultada a los otros partidos hasta que se materializó. ¿Entonces cuál es la base de una acción conjunta, dada la diferente naturaleza de los destinatarios a los cuales fue enviada la petición? Por otra parte, no pensamos que esta sea la forma de proceder en este momento profundamente significativo en la historia. Esta es probablemente, hablando en forma objetiva, la crisis más profunda que la humanidad haya enfrentado en los tiempos modernos, al menos en dos siglos y medio. Esta no es, como todos nosotros bien sabemos, simplemente una pandemia que necesita ser solucionada por la medicina, si bien obviamente también esto es importante. Es una confluencia de esta enfermedad con una crisis económica insondable, un paroxismo de los mayores síntomas de la tercera Gran Depresión, una que probablemente resultará ser diferente a cualquier crisis económica en la historia del modo capitalista de producción. No solamente eso: la confluencia está también siendo acompañada por un desenmascaramiento de la naturaleza de clase del capitalismo, con el proletariado en su mayoría siendo enviado a la línea de fuego del virus mientras que la burguesía y la pequeña burguesía acomodada son llamadas a aislarse. Quizás nunca en la historia, al menos no desde el inicio del siglo XX, el capitalismo ha revelado su naturaleza de clase de manera más completa y mostrado que es mucho más semejante a la sociedad esclavista o el feudalismo en su insensible tratamiento de la clase obrera, forzándolos no solo a la explotación sino también a la muerte. La crisis se ha convertido, claramente, en una cuestión de vida o muerte para el proletariado internacional. Cuando todo es tan claro y cuando se trata de la propia vida, es difícil no esperar que el proletariado se alce en rebelión y revolución cuando se reúnan las condiciones concretas, posiblemente en una forma sincronizada internacionalmente o al menos continentalmente. Si esto se concretara, las clases dominantes con certeza se moverán en forma “proactiva” a fin de establecer un orden estrictamente reaccionario en el cual toda acción colectiva se vuelva difícil. El resultado seguramente dependerá de qué clase tome la iniciativa correcta en el lugar y tiempo correctos. Y eso, a su vez, como sabemos todos los marxistas revolucionarios, dependerá, en un último análisis del liderazgo de los dos lados. En un momento como este cuando el destino de la humanidad y posiblemente de todas las especies vivientes está en riesgo, debemos elevarnos a la altura de la situación. ¡Solo mediante una acción valiente y auto-sacrificada podemos tomar un paso hacia refundar no la Cuarta Internacional, no todavía, sino la Coordinadora para la Refundación de la Cuarta Internacional! Cualquier llamado a la acción presupone una estructura organizativa, una Internacional, una Coordinadora, un frente de algún tipo, al menos una estructura mínima. Este requerimiento ha sido excluido por el comportamiento de los dos lados dentro del Partido Obrero. Es a ellos a los que les cabe ahora el auto-sacrificio y la acción valiente. A menos que esto se realice, nada surgirá de un pedido de declaración, ni en lo que respecta a planes de acción propuestos si continúan siendo letra muerta por falta de un marco organizativo. No es el texto que nos han enviado, compañeros, lo que estamos cuestionando. Es muy pronto para una discusión de este u otro texto. Primero deseamos ver el deseo, un deseo candente, la valentía, el espíritu de auto-sacrificio y la voluntad de avanzar nuevamente para establecer un liderazgo revolucionario internacional para el proletariado mundial en este el más terrible momento de todos. A falta de ello, no firmaremos textos que están condenados a permanecer como letra muerta. Por nuestra parte, intentamos apelar a todos los que, juntos puedan marchar hacia una organización que no se encierre en sí misma, sino que abrace verdaderamente las tareas candentes de lo que objetivamente es la más grande crisis que enfrenta la humanidad en la edad moderna. Comisión Internacional del DIP 29 de marzo de 2020

14 de abril de 2020
“La paritaria del miedo “

Las grandes plantas metalúrgicas y automotrices han comenzado a discutir con la burocracia sindical una suerte de “paritaria del miedo”. El abogado asesor de la UOM Rosario, Pablo Cerra, acaba de declarar que "La paritaria tiene que ver con llevar un plato de comida, pero si no hay trabajo no tenemos paritaria, por eso no me imagino hoy el escenario de discusión salarial, lo único que imagino es ver como conservamos los puestos de trabajo" (La Capital, 12/4). Es con este planteamiento de “mantener el empleo” que se ha firmado un acuerdo en Renault con la directiva del Smata Córdoba, que constituye un adelanto de las posiciones del conjunto de la burocracia sindical. Bajo el pomposo título -“Hay garantía de estabilidad laboral para los 1500 empleados de la planta de Santa Isabel hasta el 31 de enero próximo” (Cadena 3, 11/4)- la burocracia ha aceptado una rebaja del 40% del salario normal para todos los trabajadores. A su vez, cuando se produzca el regreso a la producción habrá suspensiones rotativas y los que trabajen lo harán en dos turnos de seis horas, de 6 a 12 y de 12 a 18. Las restantes 2,30 horas se pagarán al 50% y la empresa no habilitará el actual servicio de comedor. Con el fabuloso ahorro del 40% de los jornales, la empresa accedió a mantener los 450 contratados hasta el 31 de diciembre. Patronales como Acindar, que también se plantean rebajas salariales sustanciales y suspensiones rotativas, pretenden no renovar los contratos, a medida que van venciendo. Aluar es la que ha ido más lejos en estos recortes salariales, pues discute con la burocracia de la UOM lo que ella entiende cínicamente como “el reparto de las pérdidas”; si la empresa trabaja al 50%, paga el 50%. El argumento de Madanes Quintanilla es, para parafrasear a Alberto Fernández, el más miserable de todos los argumentos patronales. En el gremio metalúrgico asistimos al ingreso masivo de pedidos de Recursos Preventivos de Crisis “Express”. Cientos de talleres se apresuran a que los dirigentes de las distintas seccionales de la UOM acepten estos recursos, que no estaban planteados antes del Covid-19, para poder adecuar reducciones de salarios, suspensiones masivas y reducción en las indemnizaciones de despidos cuando cese la cuarentena. Las grandes patronales quieren servirse de la pandemia para imponer a los trabajadores un retroceso de conquistas. Mientras las patronales reclaman al unísono la eliminación de los aportes patronales, el gobierno da vía libre a los despidos como en Techint, Penta, Danica, y cientos y cientos de pequeños comercios y talleres. Contrariamente a la opinión de los jerarcas de la UOM muchas comisiones internas han rechazado estas propuestas de rebajas salariales, suspensiones y despidos encubiertos a través de dar de baja a los contratados. Son necesarios los turnos de 6 horas en todas las actividades esenciales y la cuarentena, con pago pleno de salarios, en las restantes. Es necesario organizar un gran reclamo colectivo por un aumento salarial de emergencia en todas las empresas llamadas esenciales y en la salud, con jornada reducida y entrega de todos los elementos de protección al Covid-19.

14 de abril de 2020
Coronavirus, secundarios y clases online
UJS Secundarios CABA - Tendencia

La pandemia de Coronavirus expresó de manera extrema la profundidad de la crisis que atraviesa la educación pública desde hace tiempo. La cuarentena decretada por el gobierno nacional demostró claramente hasta qué punto la política de vaciamiento y de constantes reformas que venimos sufriendo los estudiantes secundarios ha golpeado al sistema educativo. Los primeros casos positivos de Covid-19 en Argentina se dieron poco antes de la semana del 9 de marzo, en la que comenzó, para la mayoría de los colegios secundarios, el ciclo lectivo 2020. Si bien en ese momento no se puso en duda el inicio de clases, cuando los estudiantes llegamos a nuestros colegios nos encontramos con que los docentes ya habían sido informados de una posible suspensión de la cursada presencial. El anteúltimo día escolar previo a la cuarentena varios colegios se vieron provistos de alcohol en gel y jabón líquido -fue necesaria una pandemia para que podamos contar con los insumos de higiene básicos en, al menos, algunas casas de estudio-, sin embargo, hubo casos en los que sólo nos encontramos con dispensers vacíos o con cantidades que no contemplaban a todo el estudiantado. El domingo 15 Alberto Fernández declaró la cuarentena preventiva y la suspensión de clases; con eso se abrió un nuevo problema para los estudiantes secundarios: las clases online. El plan del gobierno profundiza la deserción escolar Organizada de manera improvisada -incluso cuando docentes ya habían sido anticipados de esto tiempo antes-, la cursada virtual chocó con la realidad de cientos de estudiantes sin acceso a internet o a computadores y de docentes que nunca recibieron una capacitación real y paga para el uso de las nuevas tecnologías, lo cual los obligó a una formación acelerada por cuenta propia. La ausencia de capacitación es una expresión clara del vaciamiento presupuestario que sufrimos, el cual se expresa, entre otras cosas, en la precarización laboral de nuestros docentes, algo que repercute directamente en nuestra calidad educativa. El Gobierno de la Ciudad dejó a su suerte a miles de docentes y estudiantes al no darles ninguna solución concreta para afrontar la cuarentena. Cada escuela, -y más aún- cada curso, tuvo que elegir el método con el cual pudiera lograr garantizar medianamente las clases: los secundarios nos vimos obligados a recibir trabajos domiciliarios mediante varias aplicaciones, tales como Classroom y Edmodo, o en algunos casos páginas web pertenecientes a nuestros colegios que no estaban preparadas para recibir tantas visitas y se veían a menudo colapsadas. Lo mismo pasó con la falta de materiales de lectura (algo básico para poder cursar) que rebajó nuestra educación a las respuestas que encontráramos por nuestra propia cuenta en internet. La política de Trotta y el gobierno para “solucionar” esto fue hacer que los colegios les asignen mails institucionales a los docentes. Al no dar una respuesta a los problemas de fondo, la medida es solo un parche a la crisis educativa que se está profundizando cada día más. En el área metropolitana de Buenos Aires, la metodología ha sido, en el fondo, la misma. En algunos casos se llegó a proponer, como forma de resolver el problema de que muchos estudiantes no podían acceder a una computadora, que aquellos que tenían más de una "la prestaran" a un compañero para que la utilice. Apelan a la "solidaridad" entre estudiantes como forma de no atender al problema de la agudísima crisis económica que viven las familias trabajadoras; por otro lado, este método no resuelve el problema de que el estado no garantiza acceso a internet. En plena cuarentena, el Ministerio de Educación de Acuña profundiza el vaciamiento de nuestra educación y nos hace responsables a nosotros de garantizarnos los medios para poder seguir estudiando. El resultado de esto es esperable: no existe una relación real entre el docente y el alumno, el cual queda a la deriva y a la suerte de los elementos que posea en su casa para aprender. Más temprano que tarde este cuadro va a ser un caldo de cultivo para la deserción escolar y el abandono de la cursada. Intentar resolver este problema con “videos explicativos” de determinados temas no aporta lo más mínimo a resolver el problema, en tanto no establece ningún diálogo entre el alumno y el docente. La educación privada mantiene sus altísimas cuotas, a pesar de que los establecimientos están cerrados y que muchas familias no están teniendo ingresos. En lugar de bajarlas, las autoridades presentan “planes de pagos” para que, en medio de la crisis económica, las familias tengan que pagar hasta el último peso. Esto, a pesar de que las congregaciones religiosas -las cuales manejan gran parte del aparato educativo privado- siguen cobrando millones en calidad de subsidios. La secundaria del futuro naufraga antes de zarpar Las clases online no sólo expusieron la falta de presupuesto y capacitación en los colegios públicos, sino que también demostraron que -como veníamos diciendo los estudiantes secundarios desde hace años- la Secundaria del Futuro, que consiste en el aprendizaje con métodos muy similares a los que se están utilizando ahora y la reducción del personal docente, no traerá más que destrozos a nuestro plan de estudios. Relegando nuestra educación a la tecnología y poniendo a los profesores a enseñar a través de pantallas no se consigue nada más que atrasar y degradar la calidad de nuestro aprendizaje. Las clases virtuales deben complementar nuestra educación: nunca pueden ser el eje principal. Esto, sumado al reemplazo del docente por un “facilitador”, es la muestra clara de una reforma vaciadora puesta al servicio de los negociados con los dueños de la educación privada. Organicémonos contra el hambre y las reformas educativas El desarrollo de la crisis económica empuja cada vez a más familias a conseguir su alimento en comedores escolares. La situación en ellos es desesperante: las condiciones de seguridad son nulas. Se manda a los docentes a armar viandas para todos los estudiantes, los cuales en muchos casos tienen que ir a buscarlas al mismo colegio. Todo este escenario constituye un enorme foco de contagio del virus, y expone a compañeros que, en caso de contagiarse, irían a parar a un sistema de salud público totalmente vaciado y colapsado. La crisis del coronavirus puso de relieve, más que nunca, los límites insalvables de la reforma educativa que el gobierno intenta imponer. Las respuestas dadas tanto por el ministerio de Educación nacional como por el de la Ciudad, han estado fuertemente marcadas por una absoluta indiferencia hacia nuestras necesidades y reclamos. Son propias de gobiernos que, de maneras diferentes, han intervenido en esta crisis poniéndose al servicio del salvataje de la clase capitalista que gobierna el país. La pandemia, lejos de ser ocasión para la “unidad nacional” que predica el gobierno, es un campo de lucha en el cual tanto él como la burguesía buscan imponernos una profundización del vaciamiento educativo. Frente a esto, los estudiantes secundarios debemos organizarnos, apoyándonos en la unidad con los docentes y demás trabajadores de la educación, y elaborar un programa para esta etapa que unifique nuestras demandas. Como lo viene haciendo el movimiento obrero a nivel nacional, vamos a la lucha para lograr que se cumplan. Los secundarios de CABA organizados en la UJS - Tendencia proponemos: Aumento presupuestario de emergencia para el sistema educativo que contemple las dificultades materiales de todos los estudiantes. Este aumento es incompatible, a nivel nacional, con el pago de la deuda. Por un plan de becas y acceso a los materiales necesarios para la cursada. Por asambleas virtuales de toda la comunidad educativa, que las coordinadoras de estudiantes unifiquen los reclamos que surjan en cada lugar de estudio. No a la Secundaria del Futuro. Por una reforma que no atente contra nuestras condiciones de cursada y el trabajo de los docentes. Capacitaciones pagas a todo el personal docente sobre el acompañamiento de la tecnología en nuestra educación. Salario mínimo docente igual a la canasta básica familiar. Control por parte de estudiantes, docentes y personal no docente de las condiciones de seguridad e higiene de los comedores.

15 de abril de 2020
Respuesta de los delegados de Granja Tres Arroyos a Prensa Obrera
Cuerpo de delegados de Granja Tres Arroyos

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos enfrentaron el proyecto de la empresa de crear un tercer turno de trabajo para establecer un mayor distanciamiento entre los trabajadores en la línea de producción, que implicaba una reducción salarial del 20%. Esta lucha fue reflejada en una nota publicada en politicaobrera.com ( https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/743-asamblea-general-en-granja-tres-arroyos-entre-rios ). Una semana más tarde, Prensa Obrera publicó la nota de un “corresponsal”, en la que denuncia a los delegados de la Lista Naranja como “patoteros” y “afines a la Verde”. Publicamos a continuación la respuesta de los delegados. Pablo Busch El portal de Prensa Obrera sacó en las últimas horas una nota contra esta Comisión Interna, siguiendo la misma línea de otras publicaciones similares. Su propósito es correr a esta Comisión Interna por izquierda. Afirma PO "que tenemos la misma política que la Verde", "que no defendemos la salud de los compañeros (por defender el salario), que patoteamos en las asambleas, que los reclamos se deslizan por abajo porque no se permiten las intervenciones, que solamente convocamos a asamblea por el malestar general", etc. etc. Antes de escribir desde el anonimato, invitamos a los corresponsales de ese portal a informarse antes de tirarle mierda a los que luchan. Pero como no parece ser la intención de sus corresponsales, nos vemos en la obligación de responder punto por punto a cada acusación, recurriendo al portal de politicaobrera.com en el que escriben compañeros de la Naranja habitualmente y que nos pusieron a disposición. Granja 3 Arroyos tiene varias plantas, todas ellas enormes; en todas ellas, dirige la Verde las comisiones internas. La propuesta de reducción horaria y salarial fue para todas las plantas del país. En ninguna de todas las plantas fue rechazada esta propuesta, sólo en Granja 3 Arroyos de Concepción del Uruguay. La política de la Verde fue aceptarla (en ningún lado se convocó a una sola medida), la política de la Naranja fue rechazarla. O sea, Prensa Obrera miente. Dice Prensa obrera que los delegados de GTA no defendemos la salud de los compañeros porque rechazamos la reducción horaria. Adjuntamos el protocolo elaborado por esta comisión y presentado ante la empresa, que prioriza la salud de los trabajadores sobre las ganancias de la patronal. Este protocolo, que la empresa se niega a recibir, fue presentado vía Carta Documento por esta comisión y será la base de una nueva asamblea en caso de que la empresa lo rechace. Esto el corresponsal de Prensa Obrera lo conoce, pero no lo quiere ver. ¡Nos quieren colocar en el campo de la Verde aun a cuenta de la realidad! Dice el corresponsal que en las asambleas no se puede intervenir porque los delegados patotean. Omite mencionar que, antes de que ganara la Lista Naranja, la asamblea era un derecho que los trabajadores de Tres Arroyos no teníamos. ¿Por qué impulsaríamos las asambleas si no es para que los compañeros hablen? Por otro lado, ¡hemos filmado las asambleas y las hemos difundido públicamente! Las patoteadas no aparecen, el impedimento a los compañeros para que no hablen no existe tampoco. Todos los trabajadores de la Alimentación saben que la política de la Verde -los verdaderos patoteros del STIA- es no hacer asamblea, con malestar general y sin malestar general. La Naranja convoca a asamblea para presentarle el problema a los trabajadores y rechazar el atropello patronal en conjunto. La convocatoria a cada asamblea en nuestra fábrica tiene como respuesta de la empresa una presión gigantesca, como si fuera una declaración de guerra. Los delegados de la Naranja no cedemos a esa presión y entendemos que la empresa sabe que a trabajadores organizados en asamblea no los puede doblegar fácilmente, y que por eso responde como responde. Que el portal de Prensa Obrera ataque en forma mentirosa a un cuerpo de delegados que lleva adelante una política antipatronal y antiburocrática en su fábrica, con todas las limitaciones que podamos tener, nos llama la atención. Tal vez deberían cambiarse el nombre, porque aquí en Granja Tres Arroyos en vez de apoyar un proceso de lucha obrera real, están dándole letra a la patronal. Zalazar Maximiliano, Aldaz Miguel, Acosta Hugo, Batherlemi Agustín, Giménez Álvaro, Contard Fabián, Emanuel Ghiorzo, Luis Raimondi, Juan Perdomo, Talamo Fabián, Monteverde Maximiliano, Varone Martín, Carro Daniel, Martín Federico, Albornoz Gustavo, Luis Yamil, Gonzales Oscar Cuerpo de delegados de Granja 3 Arroyos Concepción del Uruguay, Entre Ríos 30 de Marzo de 2020, Concepción del Uruguay Estimados Señores, Directorio Granja Tres Arroyos. Su Despacho: Nosotros, cuerpo de delegados LISTA NARANJA de Planta La China, nos dirigimos a Uds. con el propósito de informar y notificar, habiéndose realizado asamblea de los trabajadores, en los turnos Mañana, Tarde y Noche, el día 27 de Marzo de 2020, los trabajadores en forma unánime solicitaron a este Cuerpo de Delegados que la empresa resuelva y brinde una solución a la siguiente problemática: Punto 1: Ingreso a la planta Pedimos la incorporación de personal con calificación profesional en Ciencias de la Salud (Enfermeros/as, y/o Médicos), para medir la temperatura del personal en los ingresos y egresos a la planta, tanto de operarios como de clientes; motiva esta inquietud el hecho de que personal mejor calificado puede detectar otros síntomas (color de piel, pupilas dilatadas, tos irregular o anormal, etc) asegurando un mejor filtro sanitario. Consideramos que es fundamental cuidar la planta, pero también es vital asegurar que ningún trabajador lleve un riego a su familia desde su lugar de trabajo, ya que el personal que se desempeña actualmente en ese control tiene otras actividades, y contactos con personas y elementos, lo cual contribuye al riesgo de contagio. Por ejemplo precintos, planillas, bolígrafos, bolsos, ropa. Para cumplir con las medidas de higiene. Reclamamos un baño y un dispenser de agua a disposición del personal de seguridad de playa de estacionamiento de autos, motos y bicis. Punto 2: Ingreso Vehicular La urgente necesidad de incorporar con arcos de desinfección en los ingresos y salidas para vehículos, considerando que estos representan un riego mayor en virtud de su movilidad. Solicitamos implementar fumigaciones diarias en las playas de estacionamiento y alrededores de la planta (agua/cloro por ejemplo). Sugerimos asegurar protocolos de aislamiento social para choferes externos las 24hs (se ha observado que durante la noche los protocolos se relajan indebidamente), y lavar en planta la indumentaria de los choferes internos (1 persona por turno) asegurando así la higiene a nivel bacteriológico de las mismas. Punto 3: Vestuario y baños Exigimos implementar protocolos de desinfección/fumigación diaria en vestuarios y baños debido a la presencia inusual de mosquitos (riesgo de dengue/sika/chikungunya), también pedimos a este directorio la inmediata colocación de un tejido mosquitero en todas las ventanas de la planta y edificios periféricos que componen el complejo (vestuarios, baños, oficinas, depósitos, lavadero, etc). Reforzar personal en vestuario y baño para desinfectar de forma más regular los mismos. Punto 4: Faena Reclamamos ampliar la colocación de lavadores automáticos de manos en planta de producción para que el personal pueda desinfectarse las manos, también aumentar la frecuencia en cambios de guantes descartables del personal de faena cada 2hs o al regresar del corte de baño, y sumar 3 minutos de corte de baño para el correcto cumplimiento del protocolo de higiene. Demandamos mayor cantidad de vasos descartables para los dispensers de agua a fin de reducir al mínimo posible el riesgo de contagio. Punto 5: Subproducto y Mantenimiento Pedimos que en los sectores de mantenimiento y subproductos se dupliquen la colocación de lavadores para desinfección de manos. Solicitamos un aire acondicionado en el comedor de subproductos (como hay en los otros comedores de planta), ya que son muchos los días en que el personal del sector se ve obligado a tomar sus refrigerios fuera del mismo debido al excesivo calor resultante de sumar a la temperatura ambiente la proximidad de la maquinaria de cocción y secado propia de las tareas que realizan. También, aire acondicionado en el vestuario de mantenimiento. Personal de mantenimiento que trabaja en los talleres, necesita de forma urgente contar con extractores, debido al daño que ocasiona en los pulmones el humo de la soldadura. Punto 6: Personal Administrativo y Recursos Humanos Exigimos que el personal de oficina, atención al público, y tesorería, utilicen guantes descartables, y alcohol ya que se trabaja con el intercambio de dinero y documentación como ser: recibos de sueldos, certificados, turnos, notificaciones, y demás superficies que pueden estar contaminadas (por ejemplo: birome). Consideraciones Generales: Entendemos que aunque la situación actual, es excepcional y temporal, nuestro compromiso con la salud de los trabajadores y sus familias, es innegociable. Sumado a la exposición de nuestros compañeros que tienen la intención de preservar el abastecimiento regular de alimentos a la población. Reclamamos dar curso a esta solicitud lo antes posible, para preservar nuestra salud y el correcto desarrollo de medidas de higiene, protección y seguridad.- Saludamos a Ustedes Atte. Cuerpo de Delegados LISTA NARANJA, Planta La China, Concepción del Uruguay.

15 de abril de 2020
PTS: parlamentarismo y pacifismo en la cuarentena

El PTS ha picado en punta en la tesis de que las cuarentenas son una cobertura para la creación de estados policiales, y pronosticado que se va a regímenes políticos equivalentes a los campos de concentración (regímenes “concentracionarios”). Christian Castillo se ha sumado a esta cruzada, con la pretensión de darle una apariencia intelectual. Para Castillo las cuarentenas o el “distanciamiento social” no tienen un objetivo sanitario sino el pretexto para montar un estado represivo. Entre diversos argumentos, recurre a una falacia: “que los gobiernos hayan recurrido a la cuarentena generalizada como mecanismo privilegiado para enfrentar la difusión del virus es también un resultado de las políticas de recortes de los presupuestos de salud y de privatización…”. Lo de los recortes y privatizaciones es una verdad absoluta y antigua -si se hubieran evitado las cuarentenas sin ellos es una hipótesis contrafáctica. En cualquier caso, el punto es si, en las circunstancias actuales, es necesaria o no. Trump, Bolsonaro y Piñera sostienen que no, como lo hace Castillo, incluso con un argumento similar, que coartan la libertad individual. Lo mismo pensaban Johnson, Conte, Macron y Sánchez, quienes tuvieron que cambiar tardíamente de ruta. En nuestros pagos opinan lo mismo la UIA, Techint, Madanes y Milei. En Estados Unidos y en Brasil se ha creado una crisis constitucional, como consecuencia del rechazo del Ejecutivo a las cuarentenas decretadas por los estados de uno y otro país En resumen: si los Estados contaran con todas las camas necesarias y todos los recursos del sistema de salud, entonces la cuarentena -al menos como “mecanismo privilegiado”- no sería necesaria. Al igual que los gobiernos de derecha, un gobierno del PTS dejaría al virus y evitaría las restricciones a la libertad personal que conlleva la cuarentena. Esta falacia valdría también para inundaciones y otras catástrofes naturales, vinculadas al ‘cambio climático’ o a la ausencia de infraestructura en las zonas vulnerables. Castillo no debe haber prestado atención, por cierto, a las proyecciones que alertan sobre la posibilidad de un 40% de infectados en la población mundial, algo que supera cualquier proyección de camas o instalaciones hospitalarias. Ni Nicolás Semashko, padre del sistema sanitario soviético, podría dar cuenta de semejante extensión de la catástrofe sanitaria, si se prescindiera de las medidas de aislamiento. Castillo viene a descubrir que el aislamiento dispuesto por el gobierno de Fernández “no estuvo acompañado de testeos masivos, seguimiento de los infectados, uso de barbijos”, las cuales “permitieron hasta el momento contener la transmisión del virus en algunos países”. Varios gobernadores acaban de establecer el uso obligado de barbijos, cuya infracción castiga con multas siderales; los testeos masivos son en verdad fundamentales no obstante lo cual Corea del Sur aplicó cuarentenas, incluso Alemania. Curiosamente, Castillo dice que tenemos “una cuarentena sin GPS”, pero no explicita qué sería “el GPS sobre los infectados”. Pues nada menos que la llamada “vigilancia digital”, el big data y todas las técnicas de detección utilizadas en los países asiáticos, que Castillo disimula bajo el mote de “algunos países”. En ellos, la cuarentena fue acompañada de mecanismos de interdicción en la vida privada. Sin embargo, el concepto de estado concentracionario se aplica a esto: un ‘gran hermano’ que vigila con medios digitales. Castillo manipula la información para atacar a la “cuarentena criolla” (las otras, todo ok) ocultando que el manejo de la pandemia ha sido impuesto mediante coerción estatal en todos lados, bajo diferentes formas. Un programa obrero y socialista debe defender la cuarentena con métodos propios -una coacción colectiva decidida en forma democrática. El mejor camino para ello es la organización obrera y popular, en las fábricas y en los barrios, para ejercer la cuarentena en nuestros términos: comités barriales; comités de higiene en las fábricas por protocolos laborales propios; control obrero de los precios. Es decir, una coerción votada por los trabajadores para asegurar el “aislamiento social”, en especial contra los que conspiran contra ella en función de los intereses capitalistas. Castillo, en cambio, no quiere la coerción, y por lo tanto la cuarentena, ni siquiera si es votada en asamblea. Su denuncia abstracta de la restricción de libertades solamente puede estar referida a la libertad de explotación del capital, incluso en una pandemia. Si las cuarentenas efectivas o potenciales han derrumbado las bolsas, es precisamente porque limitan la continuidad de la explotación de la fuerza de trabajo. Es lo que advirtió el presidente de la Reserva Federal, cuando señaló que las operaciones de rescate financiero perderían cualquier eficacia si no se reanuda la presencia de obreros en los lugares de trabajo. Los medios de comunicación “lamentan” la falta de kits de pruebas, de personal sanitario y hasta de que Argentina no cuente con un fondo “anticíclico” para enfrentar la crisis. Lo hacen, claro, sin mencionar a los intereses sociales que se han quedado con esos recursos. Es una forma sinuosa de combatir la cuarentena, que sería estéril, entonces, por las condiciones heredadas . Castillo, desde la izquierda, torpedea a la cuarentena por el mismo motivo, y se equivoca tanto o más que la derecha. En efecto: el vaciamiento sanitario y presupuestario refuerzan la necesidad de una cuarentena estricta. Es el único medio para evitar la propagación. La izquierda debe luchar por el cumplimiento con su propio programa y desarrollar un choque con el capital en el terreno de la defensa de la salud. Lo social y lo “natural” La necesidad de una cuarentena -que Castillo pone en tela de juicio- se relaciona con el fenómeno de la pandemia. Castillo se suma a la legión de marxistas vulgares que, en estas horas, suelen atar cabos entre la pandemia y el capitalismo . Nos fatiga, entonces, con largas citas sobre el Big Pharma y sus investigaciones orientadas en función del lucro; el manejo inescrupuloso de la cadena agrícola y alimentaria china en el marco de la restauración capitalista, o el vaciamiento sanitario. Nada de esto nos sorprende: Política Obrera ha publicado varias de las mejores contribuciones en ese plano. El recurso obligado a la cuarentena ha provocado un desplome capitalista sin precedentes, por eso no está en el interés del capital, debido a la crisis que ha significado para la explotación irrestricta de la fuerza de trabajo. La catástrofe capitalista en curso tiene un cordón umbilical con el derrumbe de la fuerza de trabajo. Ha quedado demostrado que esta fuerza es la única que crea valor, no el capital, conjuntamente con la tierra o la naturaleza. Mal que les pese a estos marxistas cartesianos, el vínculo entre el coronavirus y las relaciones sociales vigentes es, sin embargo, contradictorio, es “social” y a la vez “natural”. Por un lado, se encuentra condicionado por las relaciones sociales capitalistas, y el nexo que éstas han establecido con el medio ambiente que las contiene. Pero luego, las consecuencias de este vínculo se abaten sobre toda la humanidad como un fenómeno colectivo e inexorable. Este es el carácter excepcional de la crisis. “Quien en nombre del socialismo ignore la crisis sanitaria no ejercerá ninguna influencia socialista en el desarrollo de la crisis, tomada en su conjunto” dijimos en nuestro primer texto. Las consecuencias políticas del coronavirus, en su aspecto de catástrofe “natural”, son inmensas: la pandemia se presenta ante los ojos de la población como una gran crisis colectiva, donde la afectación a todas las clases sociales borra o atenúa la percepción de una crisis vinculada al desarrollo capitalista en el escenario social y político de la burguesía y sus instituciones estatales. La propagación de la epidemia a partir de los infectados que bajaron de los aviones de turismo a Europa refuerza esta visión -a la vez real y superficial. Aún con las brutales diferencias con que las diferentes clases sociales atraviesan esta crisis y la sufren, el Estado aparece, a los ojos de la población, asumiendo el interés general -o tiene la responsabilidad de hacerlo. Para que los explotados asuman el liderazgo de la crisis, es necesario que recorran una experiencia por medio una lucha, o sea la pelea por un programa -salud estatal única, jornadas de seis horas en servicios esenciales, control obrero, nacionalización de la banca, protocolos barriales y fabriles implementados por vecinos y trabajadores. Como en Colonia Santa Rosa, Salta, por iniciativa del Polo Obrero (T). Castillo hace demagogia derechohumanista, o sea dentro del cuadro político vigente, no agitación socialista y revolucionaria, para ‘represtigiar’ a la izquierda democratizante que vota la emergencia alimentaria pactada por Macri y los K, que hoy parasita con sobreprecios, o da un quórum permanente al Congreso, para ‘represtigiar’ al parlamentarismo encubridor y corrupto. Pacifismo, democratismo, parlamentarismo, la santísima trinidad de Castillo y su partido. Pacifismo Castillo condena la participación del Ejército en el reparto de alimentos, algo que tendría por objetivo, según él, “represtigiar al principal brazo armado del estado capitalista”. Castillo se desploma varios escalones de la afirmación de ‘represión militar’, a un vulgar ‘represtigio’. Castillo aclara asimismo que no sería lo mismo “poner a disposición un hospital militar en la crisis” o “auxilio logístico si hubiera un terremoto”. En este caso aceptaría el ‘represtigio’ del ejército. En medio de un terremoto, aprobaríamos la remoción de escombros, pero no el reparto de viandas. Castillo debería redactar un protocolo acerca de cuáles son las tareas asistenciales admisibles para el Ejército, y cuáles no. ¿Alguien podría decir que somos irrespetuosos con Castillo, si decimos que todo esto es una banalidad? Tampoco se entiende por qué el reparto de una vianda en un barrio de Quilmes otorgaría pergaminos, autoridad o “represtigio” al ejército para luego apalear obreros a unas cuadras de allí, en el frigorífico Penta. Lo que se desprende de todo este dislate es que el PTS sufre de cretinismo pacifista. Castillo quiere a las Fuerzas Armadas “en los cuarteles”. Pero la cuarentena cuartelaria no tiene nada de revolucionaria. Es la orientación de quienes no quieren contaminar al ejército con la crisis social, y preservarlo para las conspiraciones golpistas o las aventuras belicistas. Si el gobierno lleva el ejército a los barrios, nuestra respuesta debe ser la agitación sobre el ejército del programa de los barrios y de los obreros; librar una lucha política en defensa de los protocolos de organización de los barrios y en las fábricas, sea en cómo cumplir la cuarentena como en el reparto de alimentos; el control obrero sobre todas las actividades político-sanitarias; la nacionalización de la salud y los bancos. Esta lucha política será una gran escuela popular para los desafíos de una futura lucha revolucionaria. ¿Ejército a los cuarteles? NO. ¿Control barrial y obrero sobre todas las actividades del estado, incluso las militares? SI. Los ‘estudiosos’ del teórico militar alemán, el general Carl von Clausewitz, se revelan como unos charlatanes pacificistas ¿O Castillo pregona la disolución de las fuerzas armadas? No hablaría entonces de ‘represtigio’. Pero esta también es una fantasía pacifista, porque no hay estado capitalista sin fuerzas armadas. Esa disolución es un petitorio piadoso; los marxistas luchamos por el armamento del pueblo, del proletariado, de las masas. No esperamos que las fuerzas armadas o el estado desvanezcan – es necesario desarrollar los instrumentos para destruirlos, lo que supone un desarrollo de la conciencia de clase de los explotados. En la historia, ningún ejército se ha “disuelto” –ha sido quebrado por la organización revolucionaria de los trabajadores. Tenemos el ejemplo de las milicias obreras en Bolivia, en 1952, y el ejército rebelde y los grupos armados en Cuba, en 1959 -otro brazo armado de otro Estado, de obreros y campesinos. Autogestión Llegamos así al nudo de esta polémica. Cuando Castillo se interroga sobre el “porqué” de nuestras posiciones políticas señala que “para esta visión (la nuestra), la intervención del movimiento obrero debería limitarse al derecho a no trabajar”. En primer lugar, sí, Castillo, siempre con un programa, y por trabajar, en servicios esenciales, con un programa. La lucha central de la clase obrera en la pandemia pasa, en primer lugar, por la preservación sin condiciones de la fuerza de trabajo. Es la lucha en las siderúrgicas, en neumáticos, en textiles, a las que los Fernández quieren poner en la lista de esenciales. Castillo desprecia la cuarentena y propone desconocerla. Propone acompañar el ‘voluntariado’ que impulsan los K y llevar a “los docentes, los movimientos piqueteros y organizaciones del movimiento estudiantil” a repartir alimentos a los barrios, sin programa, o sea sin salarios, en forma gratuita, y sin una organización autónoma de los aparatos del gobierno. Los antimilitaristas reivindican, así, al voluntariado “civil” que impulsa el gobierno, sin un planteo político alternativo, para jóvenes que no trabajan o agobiados por sus trabajos o estudios –que bajo la actual situación continúan en modalidad virtual- o de los propios desocupados, sin los recursos materiales y sanitarios para llevar adelante esa tarea en medio de la pandemia. Un operativo precarizador –donde el Estado se saca el fardo de asegurar las condiciones sociales de la cuarentena. Nuestra Tendencia plantea intervenir, siempre intervenir, con un programa- provisión de kits sanitarios para los voluntarios, salario, viáticos. Esa lucha implica reclamarle al Estado todo lo que debe asegurar en el marco de la cuarentena. Tiene lugar en cada hospital, en cada escuela, en cada fábrica, y comporta en perspectiva una lucha por el poder político. Si la cuarentena exige una coerción estatal, la lucha por el carácter de esa coerción se torna una lucha por el carácter del Estado que debe ejercerla. La izquierda liberal, en cambio, renuncia a oponer a la coerción estatal capitalista la coerción obrera. La ruta del movimiento obrero en la crisis, nos dice Castillo, pasa por el camino de Madygraf, que reconvirtieron su planta para producir alcohol en gel. Estamos ante un planteo autogestionario aislado, en condiciones de precariedad laboral y social, cuando lo que se impone es una lucha y una agitación política alternativa, o sea de transición, frente al poder político del Estado. Castillo clama contra nuestra supuesta “subordinación al bonapartismo estatal”, y se pliega de este modo al lugar común de todo el progresismo internacional –el pretendido concentracionismo o autoritarismo de los regímenes políticos en el marco de la pandemia. Castillo no ha advertido que la pandemia está haciendo pedazos a los autoritarios liberales, como Trump, Bolsonaro o Johnson. El arbitraje presidencial al que alude Castillo no ha llegado al estadio del pre-bonapartismo, pues consiste en un régimen de consulta permanente (virtual) con los gobernadores, incluyendo a los de la oposición. No frena las apetencias de los bancos o de las prepagas, y cede a todas las presiones del capital, pretendiendo que hace lo contrario. El supuesto “bonapartismo” con la burocracia sindical disimula el frente de la CGT con la UIA, en contra de la cuarentena ‘rígida’. Asistimos, al mismo tiempo, a un período de actividad y deliberación en los núcleos más importantes de la clase obrera -las grandes fábricas, supermercados, hospitales, sanatorios- en las condiciones históricas más difíciles. Conclusiones En medio de una catástrofe sanitaria, la izquierda democratizante pretende desarrollar una diferenciación retórica con el gobierno, luego de otorgarle varios quórums y el voto a varias leyes de ‘unión nacional’, y hasta reclamó por haberle sido vedada la presencia en una conferencia de prensa kirchnero-macrista propiciada por Massa. En vez de poner de manifiesto la enorme fragmentación política del régimen de los “decretos sanitarios”, habla de un estado policial que fantasea por demagogia. En vez de oponer un programa de transición a la cuarentena burguesa, reclama liquidarla. Contra esta “enfermedad infantil”, extremista en las palabras y pacifista y reformista en los hechos, la única vacuna es el desenmascaramiento.

15 de abril de 2020
Mar del Plata: virtualidad y recorte en el ISFD N°19

El sistema educativo en Mar del Plata está en terapia intensiva. Es que la “educación a distancia”, implementada tras el avance de la pandemia, resulta ser un experimento que varía institución a institución, donde prima la falta de presupuesto y de herramientas para garantizar las cursadas, el aumento de la precarización laboral docente y un recorte de contenido abismal. Un gran número de estudiantes no ha iniciado esta “enseñanza virtual” por falta de acceso a los recursos necesarios (internet, computadoras, etc), situación que se repite entre los docentes e incluso las instituciones, que no cuentan con dichas herramientas ni como complemento de las clases presenciales, sin pandemia de por medio. El gobierno nacional le ha “tirado la pelota” del derrumbe educativo a los trabajadores e hijos, cargando sobre sus hombros los fracasos de las trayectorias estudiantiles y desligándose de toda responsabilidad. Recortes y precarización En el ISFD N°19 -el segundo instituto con mayor matrícula de la Provincia-, la plataforma se encuentra disponible de una manera muy precaria. El aula virtual colapsa rápidamente y los estudiantes deben hacer malabares para poder inscribirse a las cursadas. En definitiva, un nuevo filtro por el cual pasan cientos de ingresantes que “sobrevivieron” al sorteo de un ingreso arbitrado por el hacinamiento y la falta de aulas. Las autoridades definieron unificar las materias en “espacios”, lo que implica un recorte brutal de contenido, así como del trabajo docente, quienes deben pasar por el “puente” de los jefes de área para brindar actividades a los estudiantes. Sigue la incertidumbre sobre las mesas de exámenes finales, las correlatividades y acreditaciones de diferentes materias. En el caso del campo de la práctica, no se ha resuelto nada aún sobre su continuidad, que implica reprogramar tanto salidas, como observaciones y clases presenciales. El ajuste presupuestario, la falta de equipamiento y herramientas, el hacinamiento en las aulas, la ausencia de bandas horarias, el ataque a los derechos laborales docentes y, tambén, las condiciones de los trabajadores precarizados (gran parte de la juventud vive y sostiene sus estudios de esa manera), dejan al descubierto la necesidad de organizarnos estudiantes y docentes para discutir una salida a la “virtualidad” que se nos ha impuesto en condiciones lamentables. Coordinemos los sectores a través de “foros de debate” para recoger todas las necesidades y resolver acciones frente a la situación de precarización, y para debatir los métodos de evaluación de un tipo de educación, en estas condiciones, repleta de limitaciones. La virtualidad y la garantía de las cursadas deben implicar un total respeto de las condiciones laborales docentes, que se encuentran sobre exigidos con un “aula virtual” sin tope máximo de estudiantes por comisión, ni horarios estipulados, trabajando las 24 horas del día. El Estado debe garantizar las capacitaciones en servicio, así como el aumento de la planta docente y un salario igual a la canasta familiar. Vamos por la triplicación del presupuesto para la educación; plan integral de infraestructura y comisiones de seguimiento de docentes, estudiantes y familias; triple banda horaria y más comisiones; equipamiento correspondiente para garantizar las cursadas; pago en tiempo y forma a todos los docentes, salario igual a la canasta familiar; límite de estudiantes en las comisiones “virtuales”; capacitaciones en servicio para todos los docentes.

15 de abril de 2020
Frigorífico Penta en asamblea permanente

Los trabajadores del frigorífico Penta continúan la lucha luego de la brutal represión que sufrieron. El pasado lunes 13, el paro contra los despidos y la represión llamado por el sindicato de la carne tuvo un acatamiento enorme en todos los frigoríficos, excepto “La huella” y “Arenales”, también de propiedad de Bruzzese como el Penta, bajo la presión de este personaje. De cualquier modo, los trabajadores del Penta se encuentran asamblea permanente en el portón de acceso al predio. El mismo lunes los trabajadores tuvieron una reunión en el ministerio de Trabajo. Allí insistieron con el ingreso de todos los trabajadores a sus tareas, incluidos los delegados tildados de “quilomberos” por los abogados de la patronal. El ministerio volvió a dictar la conciliación obligatoria, el pago de la quincena y la apertura de la fábrica. El sindicato, por su parte, se comprometió a “darles algunos pesos para sostener la parada” a los obreros. Sin embargo, todo sigue en palabras. Por ello, los trabajadores continúan en asamblea permanente. La represión contra los trabajadores del Penta despertó un repudio generalizado. Mientras Berni justificaba el accionar de la policía, a la vez desautorizaba a sus jefes por haber actuado sin tener orden formal. La intendenta Mayra Mendoza, por su parte, repudió vía redes sociales el accionar de las fuerzas policiales y dijo que acompañará “cualquier sanción” contra el jefe del operativo. Sin embargo, el sábado cuando los trabajadores tuvieron una segunda reunión en el municipio -esta vez sí con la presencia de Mendoza, ausente en la primera- la intendenta se desligó de cualquier responsabilidad con respecto a lo que ocurre en el Penta. Incluso aseguró desconocer los vínculos políticos de Bruzzese, quien era el principal impulsor, ni más ni menos, del programa “Carne para Todos” durante el anterior gobierno K y presidente de la Cámara de Frigoríficos. Lo que ninguno de estos ha hecho es exigir la reintegración de los trabajadores y la reapertura de la planta, y en su defectro la expropiación sin pago de la empresa. La lucha de los trabajadores del Penta en defensa de sus puestos de trabajo, en plena pandemia y los métodos de la clase obrera, es un primer paso a la lucha de una salida obrera a la crisis.

15 de abril de 2020
Postergan el cobro del IFE: el gobierno boicotea la cuarentena

A fines de marzo, Página/12 publicó una nota de uno de sus periodistas estrella, Mario Wainfeld, quien no tuvo mejor idea que titularla “Ingreso Familiar de Emergencia: Plata en otros bolsillos a toda velocidad” (Página/12, 30/03). En la nota se decía que “En esta semana cobrarán parte de los beneficiarios. Otros lo harán durante la primera quincena de abril. Un combo de récords. Más rápido no se puede imaginar”. El periodismo oficialista se comió el amague del gobierno. No sólo que aún la mayoría no han cobrado un solo centavo, sino que en estos días se acaba de anunciar que el cobro del subsidio se volverá a postergar. La postergación del pago del subsidio a los desocupados llamado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) cayó como una bomba entre los desocupados y precarizados del país. Según la nueva disposición del gobierno, un sector cobrará a fines de abril, mientras que otro cobrará recién en mayo. De esta manera, el Estado habrá dejado correr un mes y medio desde que decretó el aislamiento obligatorio sin ofrecer ningún tipo de programa de ayuda social a los millones de trabajadores desocupados o precarizados que se quedan sin ingresos como consecuencia de la cuarentena. La noticia de la postergación del cobro del IFE se da, además, en el marco de una gigantesca cantidad de rechazos de inscripción al subsidio para los más de 12 millones que se habían anotado. La política oficial atenta contra la continuidad de la cuarentena. Según el gobierno, la postergación del pago del subsidio se decidió con el fin de no repetir el escándalo que se dio con los jubilados, quienes se vieron expuestos en multitudinarias colas en los bancos para poder cobrar, con retraso, sus haberes. Está claro que esta afrenta a los jubilados ha golpeado la imagen del gobierno, pero la medida de postergación poco tiene que ver con evitar un nuevo escándalo similar. Resulta que, como había explicado Wainfeld, “el Gobierno estimó que terminarán cobrando la IFE 3.700.000 personas aproximadamente”. Los inscriptos, sin embargo, superaron los 12 millones. La Anses ya ha realizado una tanda de rechazos para el cobro del subsidio y durante estos días comenzó una segunda vuelta de rechazos mediante un nuevo filtro para poder achicar aún más la cantidad de subsidios a desembolsar. El pago del IFE se posterga mientras continúa la poda de posibles beneficiarios. La elevada cantidad de rechazos es escandalosa y los filtros dejan afuera a millones de desocupados que no tienen forma de vivir el aislamiento sin un ingreso. Esto es porque los datos que se toman en cuenta ante cada inscripción no son los del solicitante sino los de su grupo familiar. Si en su familia existe algún otro ingreso, por ejemplo, una jubilación, la solicitud para el IFE es rechazada. Lo mismo sucede con aquellos que tienen un automóvil, ya que el gobierno no tiene en cuenta que alguien que trabaja con su vehículo también se ha quedado sin ingresos. Los 9 millones de rechazos para el cobro del IFE empuja a los desocupados y precarizados a salir a ganarse el pan de alguna forma, rompiendo así el aislamiento, cuando el pico de contagios se encuentra por delante. Esta situación se irá agravando a medida que se extienda la cuarentena, porque además está claro que los $10.000 que representa el IFE no le alcanza a ninguna familia para llegar a fin de mes. El cóctel se vuelve explosivo, por si faltaba algo, con el parate de la entrega de mercadería en los barrios, ya de por sí insuficiente, con la crisis de los sobreprecios. Hace unos días se viralizó un video de la villa 1-11-14 donde se veía una gran cantidad de movimiento de gente por el barrio con varios puestos de ventas apostados por los pasillos y en las puertas de los domicilios particulares. El gobierno aseguró que este movimiento está dentro de la campaña “quedate en tu barrio” lanzada para las villas de la capital, principalmente a través de la Iglesia. Pero la noticia del fallecimiento de una trabajadora del Senado, que vive en la 1-11-14, víctima de COVID-19 (cuyos hijos también se encuentran infectados) pone en evidencia la irresponsabilidad de esta respuesta. La postergación del pago del IFE y el altísimo nivel de rechazos atenta contra la continuidad de la cuarentena. Para garantizar la cuarentena en los barrios necesitamos que se universalice el ingreso de emergencia, que se eleve su monto para igualar un salario mínimo y que se realice su pago de manera mensual.

15 de abril de 2020
En medio de la cuarentena, Larreta no entrega los recursos necesarios y responsabiliza a las familias

El Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta desarrolló una serie de declaraciones contra las familias que asisten a la escuela pública en una reciente entrevista radial del programa “La inmensa minoría” (FM 89.9). Entre otras cosas, se refirió a la entrega de viandas y bolsones, calificó la ausencia de algunos alimentos proteicos como “un mal menor”. La falta de leche y yogurt fue justificada en nombre de que “estamos cuidando a la gente evitando la circulación”. Según Larreta, “la leche y el yogurt hay que entregarlo diariamente, a lo sumo día por medio (…) Si van diariamente a recoger las viandas, tenés a todas las familias de los chicos en la puerta de la escuela con un nivel de riesgo de contagio mayor. Por eso optamos por hacer una vianda para 15 días”. De esta manera, según Larreta, la ausencia de alimentos frescos en los bolsones que reparte sería una medida sanitaria. Esta situación, sin embargo, motivó una medida cautelar por parte de una jueza que conmina al Ejecutivo de CABA a entregar alimentos frescos y elementos de higiene a los alumnos porteños. Por otra parte, la presencia de más 200 familias en cada escuela para retirar los alimentos se podría evitar colocando los recursos necesarios para desarrollar su entrega directamente en los barrios más afectados por la crisis. Sin embargo, cabe señalar, muchas familias se ven obligadas a viajar varios kilómetros, en transportes públicos, para ir a buscar el bolsón a las escuelas, quincenalmente. Esta situación se debe a que muchos trabajadores, que desarrollan sus actividades en la Ciudad, se ven expulsados de ella por el aumento de los alquileres y las condiciones leoninas que se los solicitan para acceder a uno. De esta manera, se ven obligados, a vivir en lugares alejados de donde trabajan y estudian sus hijos. Educación virtual: sin tablet y sin conexión En la misma entrevista, Larreta justificó la falta de entrega de tablets y computadoras a niños y niñas de primero a cuarto grado de la escuela primaria, responsabilizando a las familias por “perder las computadoras”, “usarlas los padres para otras cosas” y que “los chicos se las olvidaban en su casa”. De esta manera, pretende ocultar el recorte presupuestario en el Plan Sarmiento. Dice que cada niño tiene su tablet en la escuela. En verdad, la cantidad que se envía a los establecimientos es compartida por tres grados. Es decir, una computadora cada tres niños. Desde el Ministerio de Educación se presiona a supervisores, directivos y docentes para implementar las aulas virtuales. Sin embargo, la falta de este recurso digital, en los primeros cuatro años de la escolaridad primaria, vuelve imposible el desarrollo de una continuidad pedagógica de enseñanza y aprendizaje de manera virtual, mientras dure la cuarentena. En algunos casos se ha llegado al absurdo de solicitar un proceso de evaluación en lo inmediato de este período. En el caso de los docentes de escuelas privadas, se los intima a enviar trabajos por diversas plataformas y responder tareas en cualquier horario, además, en algunos casos existe la incertidumbre de si cobrarán, o no, la totalidad de sus salarios. En otros casos, algunos docentes fueron cesados por sus patronales. Bajo esta situación, las familias intentan acompañar a sus hijos como pueden, con los recursos que tienen a mano. Muchos de ellos manifiestan la imposibilidad de realizar las actividades desde un celular, como pretende Larreta en la entrevista, ya que se gastan todo el crédito. El mandatario porteño mencionó, como un éxito de su gestión, la conectividad gratuita en las villas. Sin embargo, en muchos casos, esos vecinos deben salir de sus hogares para tener acceso esa conectividad. La finalidad de estos burdos ataques, por parte de Larreta, es ocultar la responsabilidad del gobierno y la clase social capitalista en la creación de las condiciones de miseria y desocupación creciente. Esta pandemia encuentra, en CABA, a 600.000 personas por debajo de la línea de pobreza e indigencia. La incapacidad del gobierno de dar una salida a la crisis es manifiesta. Desde Tribuna Docente (Tendencia) llamamos a la más amplia deliberación de estas cuestiones entre los trabajadores de la educación y las familias. Le exigimos al gobierno un presupuesto extraordinario, para garantizar la entrega de alimentos, netbooks y tablets, en los barrios, por personal especializado bajo el control de las familias, docentes y organizaciones sociales.

15 de abril de 2020
Docentes: cuarentena y protestas “on line”

Con un “regreso a clases” incierto, la prolongación de la cuarentena está acentuando el grado de conflictividad en las escuelas. Los gobernadores están atacando el salario en el marco de la cuarentena. En Santa Fe, el gobernador Perotti suspendió el debate paritario hasta nuevo aviso. En Tucumán, Manzur impuso una rebaja salarial por decreto, que provocó una protesta virtual de los maestros, convocada por los “Docentes Autoconvocados”. En Córdoba, Schiaretti acordó con la dirección de UEPC una paritaria del 16% de aumento en cuotas, que también fue repudiada en las redes. El fallecimiento por neumonía de la docente rural Liliana Giménez, ante la negativa de la obra social de hacerse cargo del tratamiento, puso de manifiesto la desprotección absoluta en la que se encuentran docentes y jubilados. En Jujuy se aplicaron descuentos de hasta ¡10 mil pesos! en el último pago de haberes, incluido el absurdo recorte del ítem “frente a alumnos”. En Salta, el gobernador Sáenz había anunciado un fondo solidario donde pretendía que los empleados públicos“aportaran” para ayudar a las Pymes de la provincia. Luego de que fuera repudiado en las redes sociales, salió a aclarar por Twitter que el aporte sería “voluntario”. El gobernador Arcioni, sigue debiendo sueldos a los docentes chubutenses. En Tierra del Fuego, el gremio SUTEF ha votado la convocatoria a un paro virtual indeterminado que comenzó el viernes 10 de abril y una campaña de denuncia en las redes sociales, porque el gobierno incumplió con otorgar el aumento establecido en el acuerdo paritario. La dirección de la CTERA, por su parte, no ha abierto la boca. Docentes suplentes La suspensión de los actos públicos -por la cuarentena- donde los docentes concurren para tomar horas, ha significado un golpe severo a sus ingresos mensuales. La situación es más acuciante para los compañeros que están trabajando en un conjunto de planes precarizados, por fuera del Estatuto Docente (Planes fines, patios abiertos, etc). En Santa Fe, bajo el hashtag #ReemplazantesEnEmergencia, AMSAFE Rosario, convocó para el lunes 13 de abril a un “twitazo” para exigir un salario de emergencia para los compañeros y la continuidad de la obra social. Los docentes agrupados en el SUTE, de Mendoza, han convocado a una protesta virtual para el mismo día. En Neuquén, las agrupaciones combativas de ATEN se encuentran organizando este reclamo. En la provincia de Buenos Aires, los SUTEBA Multicolores impulsaron un relevamiento virtual que puso de manifiesto la gravedad de la situación. Kicillof anunció un bono exiguo de $10.000, que ni siquiera lo cobrarán la totalidad de compañeros que lo necesitan. Es necesaria la habilitación inmediata de actos públicos virtuales para que todos los compañeros pueden tomar los cargos y las horas perdidas. “Continuidad pedagógica” Los docentes se encuentran realizando grandes esfuerzos desde sus hogares, intentando garantizar que los estudiantes no pierdan la continuidad en sus estudios, pero esto se choca con las precarias condiciones en las que viven las familias de los alumnos. El 35% de los estudiantes de secundaria no tiene internet en su casa; en primaria, la cifra asciende a 45%. Toda esa masa de alumnos no podrá seguir los planes de contingencia, ni visualizar las plataformas escolares. El ministro Trotta ha reconocido que sólo el 40% del sistema educativo puede acceder a plataformas virtuales. No ha habido entrega de netbooks y tampoco se ha avanzado en ningún tipo de capacitación en servicio para que los docentes puedan utilizar herramientas digitales. Las autoridades educativas ejercen todo tipo de presiones sobre los compañeros para ocultar esta realidad, atentando sobre las condiciones de trabajo, sobrecargándolos de tareas, no respetando horarios de trabajo, y violando derechos adquiridos en el Estatuto del Docente. Se ha abierto una deliberación entre la docencia para elaborar protocolos que establezcan horarios y días fijos de trabajo, pauta para la elaboración de contenidos y la recepción de consultas y trabajos de parte de los estudiantes. Otro ámbito de lucha se desarrolla en las tareas voluntarias que realizan los docentes para garantizar la entrega de los bolsones alimentarios. Se plantea un aumento de los cupos para la totalidad de la matrícula escolar, mejoras en la calidad proteica de los alimentos que envía el Estado y la entrega de los elementos necesarios para realizar la tarea con las medidas seguridad e higiene correspondientes. Es necesario desarrollar un proceso de debate al interior de todos los gremios docentes, mediante asambleas y plenarios virtuales, para elaborar un programa de defensa de nuestras condiciones de trabajo y el cumplimiento efectivo de la cuarentena.

15 de abril de 2020
Sobre la nota “Naturaleza, capitalismo y Covid-19”
Jimena Segura

En relación a la nota “Naturaleza, capitalismo y Covid-19” que escribe Mercedes Colau, quisiera remarcar que no es correcta la frase: “Marx defendiendo a la naturaleza como fuente de valor afirmaba que “el trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de riqueza de los valores de uso que produce (…) El trabajo es, como ha dicho William Petty, el padre de la riqueza, y la tierra la madre” (El Capital, tomo I, subrayado nuestro). Presta a entender que para Marx la naturaleza es fuente de valor como sostenía William Petty. No lo es. La teoría valor trabajo desarrollada por Marx se contrapone sustancialmente a esta postura. Lo que sostiene Marx es que la naturaleza es fuente del sustrato material, del valor de uso que sirve de soporte al valor. Entiendo que el autor pueda haber querido decir esto, pero ello no surge del texto al decir que Marx defiende a la naturaleza como fuente de valor. Es importante hacer esta aclaración porque éste es un aspecto fundamental en el contenido de la teoría valor trabajo y en su superación a las posturas previas expresadas en fisiócratas, mercantilistas, William Petty y hasta en cierto sentido en los clásicos, de comprender a la naturaleza como creadora de valor, lo que en definitiva luego da base a la teoría utilitarista desarrollada por el marginalismo y base conceptual de la actual economía neoclásica. Petty, al incorporar a la naturaleza como fuente de valor, a la que por tanto intenta homogeneizar con el trabajo buscando una unidad en común: “días de alimento”, termina abandonando la teoría del valor trabajo sin lograr plasmarla plenamente. Me gustaría desarrollarlo más, no cuento ahora con todo el tiempo necesario, pero no quería dejar de realizar esta aclaración.

15 de abril de 2020
Carrefour de Pilar: los trabajadores exigen cuarentena

El sábado 11 fue diagnosticado un empleado del Carrefour de Pilar, luego de presentar síntomas el día anterior. El compañero se desempeña en el sector de bazar del hipermercado, con contacto directo con los clientes y por supuesto con más de un espacio en común con sus compañeros. Sin embargo, el gerente general de la sucursal procuró abrir normalmente el local al día siguiente, limitando las acciones al aislamiento preventivo a un reducido grupo de empleados y a una rápida desinfección del lugar, rompiendo con todos los protocolos -insuficientes- que estableció el estado. Protocolos patronales El intento de imponer un protocolo alternativo que priorice las ganancias es un patrón que viene repitiéndose en la mayoría de los lugares “esenciales”. Los trabajadores sonexpuestos al contagio en lugares de atención al público con jornadas extendidas y con escasos elementos de protección, sin respetar las distancias en las líneas de producción y, sobre todo, escondiendo los casos de contagio del personal. Esta tentativa de repetir el proceso en el Carrefour de Pilar fue frustrada por la denuncia en los medios locales por parte de los delegados, que a su vez se hicieron presentes en la puerta del lugar con una clara exigencia: QUEREMOS LA CUARENTENA PARA TODO EL PERSONAL. Los trabajadores son conscientes de que deben aferrarse a la defensa de la cuarentena, exigiendo el pago íntegro de los salarios, como principal herramienta para atravesar la pandemia. La municipalidad decretó la clausura preventiva del lugar anunció trabajos de desinfección. Esto no garantiza, de todos modos, que se concrete el aislamiento preventivo para todos los trabajadores. Los supermercados están siendo un nuevo foco de contagios por una exposición prolongada, falta de elementos de protección e incumplimiento de los protocolos. A esto se suma el descuento de los miserables $5.000 de bono que acordó el sindicato de comercio con las cuatro principales cadenas del país (Carrefour, Jumbo, Walmart y Coto) a quienes reciban algún tipo de licencia, relacionada o no a la cuarentena. Los trabajadores de Carrefour vienen desestimando este acuerdo y exigen un “bono justo” de $20.000 para todos. El conflicto se encuentra en conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo tras una campaña, por fuera del sindicato, por no concurrir a trabajar el viernes 10 de abril. Está claro que la salud y la vida de los trabajadores dependerá de la organización que permita arrancarle las condiciones necesarias a las patronales y al estado. Defendemos la cuarentena para todos y exigimos un testeo íntegro al personal. Por la elaboración y defensa de los protocolos obreros que contemplen la reducción de jornadas a 6 horas. El distanciamiento y adaptación de los lugares de trabajo con ese fin. Y las medidas particulares de cada lugar donde se focalicen los recursos en la prevención del contagio, en contra propuesta a los protocolos del gobierno y los patrones que focalizan en las acciones luego de la aparición del virus. La profundización de la cuarentena debe estar en la agenda de la clase obrera, enfrentando la flexibilización o “administración” de la misma, que no es otra cosa que la vuelta de las fuerzas de producción -los trabajadores- a sus lugares pese los ascendentes índices de contagios y muertes.

15 de abril de 2020
David Soria
Comité Zona Norte del Partido Obrero

En las últimas horas de ayer, nos hemos enterado del fallecimiento de David Soria, delegado de la comisión interna de Paty y militante de Democracia Obrera. David fue un animador incansable de todas las luchas de los trabajadores de la zona norte, y dirigente de los trabajadores de Paty durante años, hasta su cierre después del desalojo de la ocupación. Saludamos a sus compañeros, amigos y familiares en este difícil momento. Como le gustaba decir a David, "¡Unidad y coordinación, Compañeros!". Hasta la victoria.

15 de abril de 2020
IVC: cuarentena, precarización y exposición de la salud
Trabajadores del IVC en Tribuna Estatal Tendencia

El aislamiento social preventivo y obligatorio determinado a partir del 19 de marzo mediante el decreto 297/2020, señala como principal objetivo proteger la “salud pública como una obligación inalienable del estado nacional”. Para los trabajadores del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la excepción es la regla. Lo que abunda son los contratos basura de “prestación” de servicios (monotributistas), que carecen de ART y paritarias que permitan arrimar los ingresos al trote ligero de la inflación. Pero, además, porque las autoridades del gobierno de Rodríguez Larreta adjudican tareas sin otro límite que la discrecionalidad política. En el IVC, presidido por Juan Maquieyra, y que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, docenas de trabajadores han sido convocados de forma voluntaria, apelando a la solidaridad, para el cuidado y atención de personas en situación de calle y para el armado de bolsones alimentarios. Buenos Aires es una de las ciudades con mayor concentración de barrios vulnerables, hacinamiento crítico y un remoto acceso a la vivienda agravado por “la cuarentena” que limita aún más el acceso a una comida diaria en los comedores barriales. Cuando el llamado a la solidaridad fracasó, los funcionarios pasaron a la amenaza de no renovar los contratos. Existe un listado que distingue quienes son los trabajadores que aceptaron o rechazaron exponerse al "trabajo en territorio". Las intimaciones se agravan Todos los trabajadores recibimos un mail que nos proponía “elegir” entre tareas asistenciales sin protección sanitarias o el seguimiento telefónico de vecinos que se han comunicado por fiebre o síntomas que urgen de asistencia médica. Una absoluta irresponsabilidad, que desjerarquiza toda labor de salud y “distribuye” su impacto entre trabajadores precarizados. Sin importar las tareas para las que cada trabajador ha sido contratado, la dirección de Juntos por el Cambio nos pone, sin capacitación alguna, a atender call centers respondiendo a vecinos con potenciales cuadros de COVID-19. La precariedad se viste con ropajes de improvisación. Denunciamos la extorsión del gobierno que dispone de los recursos del estado para la atención sanitaria. Pretende encubrir con trabajo estatal precarizado el agravamiento de los problemas socio habitacionales, preexistentes y profundizados por la pandemia, que aquejan a las villas y barriadas más golpeadas por la desocupación, la falta de acceso a la vivienda y a un servicio integral de la salud. Denunciamos el silencio del único sindicato en el IVC, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Ciudad (SUTECBA), que no solo NO reconoce a los miles de trabajadores precarizados bajo monotributo como trabajadores, sino por la pleitesía con la que se colocan al servicio de los funcionarios de Rodríguez Larreta. Los trabajadores debemos organizarnos y exigir: Elaboración de un protocolo de seguridad aprobado por los trabajadores, para establecer cómo se efectúan las tareas. Que incorpore criterios de limpieza de los espacios físicos y de los elementos de trabajo. Cantidad máxima de trabajadores en cada lugar. Turnos para el desarrollo de tareas. Transporte hacia los lugares de trabajo en remise o taxis. Contratación de personal especializado para tareas que lo requieran, como por ejemplo las de orientación a personas afectadas por las diversas problemáticas abordadas, etc., Provisión de trajes, barbijos, guantes, alcohol y otros insumos de protección sanitaria que prevengan la exposición y propagación del COVID-19, Contratación de ART para todos los trabajadores monotributistas. Pase a planta permanente ya de todos los trabajadores y trabajadoras. Paritarias libres.

15 de abril de 2020
La cuarentena en el fin del mundo
Mariano Bracamonte

La crisis que golpea al mundo desde que se declaró pandemia el coronavirus golpea fuertemente las condiciones de vida de los trabajadores de Tierra del Fuego. El 25 % de las denuncias se refieren a despidos realizados mediante telegrama, comunicaciones telefónicas o vía correo electrónico, haciendo visible la grave problemática que atraviesan los trabajadores, impedidos por ley ser despedidos o suspendidos. La situación desatada por el covid-19 ha sacado a luz los numerosos atropellos que sufren los trabajadores por parte de la patronal y los decretos ficticios del gobierno nacional. En Rio Grande se encuentran el 90% de las fábricas y el epicentro de los reclamos. La rama metalúrgica y textil tienen reclamos por bajas salariales y amenaza de despidos masivos. Los trabajadores del sector textil se encuentran golpeados por cobros de quincena incompletos: en la fábrica Australtex pagaron menos del 70% de la quincena, mientras que Textil Rio Grande solo abonó $4.000 de la ella. Las quincenas recortadas se implementan también en algunas fábricas de plástico que fueron declaradas como “actividad esencial”. Del lado de la metalurgia, la fábrica de ensamble que se encuentra asentada en la ciudad, el Grupo Mirgor cuyo accionista principal es Nicolás Caputo, presiona y amenaza con despedir 745 trabajadores si la cuarentena no se levanta y se declara “actividad esencial” el ensamble de celulares y televisores. La fuerza laboral, sin embargo, desde antes ya se encontraba asediada y en condiciones precarias. 220 trabajadores metalúrgicos están bajo los contratos basura como Personal de Prestación Discontinua (PPD), mientras que, a los 525 restantes, contratados bajo la modalidad de "plazo fijo", les mantendría la relación laboral sólo por abril. Los aprietes de la empresa están infundados mientras no abra los libros contables. El intendente de Rio Grande Pérez reveló que el año pasado Mirgor "facturó no menos de 1.000 millones de dólares, según balances presentados en la Comisión Nacional de Valores, y sólo en beneficios del régimen (de promoción industrial vigente en la provincia) recibió 180 millones de dólares" (Fuente fueguina). La burocracia sindical ha jugado un papel antiobrero. AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónicas) pacta una política de ajuste en varias fábricas metalúrgicas, planteando extender el congelamiento salarial que la burocracia de la UOM firmó en el 2017 y vence a mediados de este año. A la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores de la metalurgia, textil, del plástico, se le suma también la de los docentes, que llamaron a un paro, dejando de realizar las clases virtuales porque el gobierno anunció el diferimiento por 60 días del aumento pactado, incumpliéndose de este modo el acuerdo paritario de marzo. Cuando el número de infectados en la provincia se acerca a cien, siendo Tierra del Fuego de las más infectadas del país, la necesidad de la población de vivir de su fuente de trabajo torna el escenario un combo explosivo. En Ushuaia, 17 trabajadores de la cadena de supermercados La Anónima fueron aislados. El acatamiento de la cuarentena debe ser garantizando, primordialmente, sobre la base de condiciones sanitarias y salariales dignas. Tomado de conjunto, la situación ha puesto en alerta máxima a los trabajadores ya que ante la crisis que arrastraban con anterioridad se suma la pandemia que pone al Estado y las empresas a jalonearse entre ellas, sin un resguardo mínimo del trabajo y la vida de la clase obrera fueguina. La deliberación en los lugares de trabajo, en los barrios, para llevar adelante acciones concretas como el paro de los docentes es la herramienta para hacer valer los reclamos de los sectores más vulnerados.

15 de abril de 2020
Tucumán: el gobierno de Manzur amenaza a los trabajadores de la salud

A partir del decreto presidencial que estableció la cuarentena hasta el 31 de marzo, se puso en evidencia lo que los trabajadores de la salud ya venían denunciando desde hace meses en la provincia: un sistema de salud pública totalmente desfinanciada. Ante esta pandemia el personal de salud no cuenta con los elementos básicos de higiene tales como barbijos, botas y guantes. Esto llevó a que se realizaran diferentes acciones por parte de los trabajadores de la Salud, el corte de calle en el Hospital de Niños, numerosas asambleas y corte de calle en el Hospital Centro de Salud, notas firmados por el personal de guardia del Hospital Eva Perón exigiendo los insumos, entre otros. Todos estos reclamos en los distintos centros de salud han emergido por medio de autoconvocatorias ante la borrada de todos los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la salud. ATSA es una agencia del gobierno. Su secretario general es legislador oficialista y dueños de algunas de las cooperativas negreras con las cuales se tercerizan algunas actividades de los hospitales (Limpieza, comida, etc). El SITAS, integrante del FESPROSA, que venía adoptando medidas de fuerzas reclamando por las deudas salariales y la vigencia de la cláusula gatillo, a partir que se decretó la cuarentena, suspendió toda acción de lucha, poniéndose a disposición del Gobierno Provincial. La respuesta del gobierno a los reclamos fue desconocerlos y represaliar a delegados y al activismo combativo, por medio de traslados y licencias arbitrarias. En una reciente visita de la ministra de Salud al Hospital Centro de Salud, al ser consultada por los periodistas sobre los reclamos de los trabajadores por la falta de insumos y elementos necesarios para enfrentar la pandemia, directamente desconoció estos hechos, dijo que los hospitales están “sobre-equipados”, y que las quejas eran de “pequeños grupitos” que se niegan a atender a futuros pacientes; incluso denunció que están usando insumos quienes no los necesitan, haciendo referencia al uso de barbijo por todo el personal del hospital, pretendiendo, en medio de una pandemia, que los trabajadores de la salud concurran a sus servicios sin equipamiento de protección. Estas declaraciones fueron seguidas desde el Siprosa (Sistema Provincial de Salud) por una campaña de hostigamiento en los hospitales donde se produjeron acciones de lucha (Eva Perón, Centro de Salud, Avellaneda), con traslados y “licencias” forzosas. En los distintos hospitales, los trabajadores no bajan sus reclamos. Por medio de asambleas están discutiendo las acciones coordinadas para defender a los delegados y al activismo que se ha puesto a la cabeza de la lucha en defensa de la salud de quienes están en la primera línea de la lucha en defensa de la salud del pueblo tucumano.

16 de abril de 2020
“Represtigiar” a las fuerzas armadas
Ramiro Dieguez, Villa Elisa, provincia de Buenos Aires

Me ha llamado la atención el concepto de que el gobierno intenta “represtigiar” al ejército, como se dice en una polémica reciente en vuestras páginas, porque desconocía que los militares argentinos habían gozado de un prestigio que habrían perdido. Hasta donde sé, desde el golpe de Uriburu, en 1930, se ha atribuido a las fuerzas armadas todos los males de Argentina, aunque no desconozco que los peronistas reivindican la derivación que tuvo el golpe de 1943. Al final, gran parte de los militares peronistas y nacionalistas, y la misma Iglesia, desencadenaron el golpe de 1955. Queda en pie, es cierto, la guerra de Malvinas, emprendida por un gobierno genocida, que terminó en forma vergonzosa para los militares. A esto siguieron varias sublevaciones carapintadas, quienes luego acompañaron la masacre en el cuartel de La Tablada. No sé entonces a qué se refiere “represtigiar”. Por mi parte soy incrédulo de que haya un sector castrense que albergue emular una tentativa populista. La experiencia de César Milani, el mayor intento de devolver protagonismo a los militares, acabó en lo contrario, su enjuiciamiento por secuestro y muerte de soldados. Saluda atentamente Ramiro Dieguez, Villa Elisa, provincia de Buenos Aires.

16 de abril de 2020
Fernet Branca “industria esencial”
José Vera y Carla Díaz

Las contradicciones del decreto del gobierno que flexibiliza la cuarentena se manifestaron de forma concreta en Fernet Branca que a partir del 13 de abril retomó la producción, sin una justificación de la esencialidad de los productos que allí se fabrican. La cuarentena en Branca se llevó adelante del 20 al 31 de marzo, a pesar de que el decreto de Fernández dejaba en un gris la condición de esencialidad de algunas industrias. Luego de las presiones patronales, quedo entre ellas la de bebidas alcohólicas. Como consecuencia, el 1 de abril la empresa decidió poner en marcha una parte de la producción. Para ello se presentó un protocolo de seguridad e higiene que fue sometido a debate y estudiado por el conjunto de los trabajadores, aprobándolo, para la prevención de Covid-19: capacitación a todo el personal, control de temperatura corporal al ingreso de la planta a todo el personal, incluidos transportistas y personal de seguridad; procedimiento para el uso de áreas comunes, modalidades de trabajo, medidas de higiene y satinizante, refuerzo y procedimiento de limpieza y desinfección, instalación de dispensers de alcohol en gel, uso de barbijos, anteojos, protocolo ante síntomas desde el domicilio también en la planta y licencia o home office para el personal con factores de riesgo o convivientes de grupos de riesgo. Además de transporte en remís para el personal. A partir de la flexibilización de la cuarentena, el lunes 13 de abril se retoma la producción con una línea destinada a la fabricación de alcohol que será donado al Hospital de Trauma de Malvinas. Frente a esto, se convocó a una asamblea virtual en donde se expresaron dos posiciones, una no volver a trabajar y cumplir con la cuarentena (ya que la producción no es de esencialidad) y, la otra, retomar las tareas para no abrir la posibilidad de perder ninguna parte del salario. Sobre estas posiciones los trabajadores discutieron y resolvieron volver a trabajar, bajo el protocolo de seguridad e higiene y que los compañeros que formen parte del grupo de riesgo sigan de licencia, de igual modo los convivientes con grupos de riesgo; la duplicación de la producción de alcohol para donar y un bono extraordinario. Todos los puntos fueron aceptados por la patronal. En el marco de la crisis sanitaria y económica los trabajadores se mantienen en estado de alerta y deliberación permanente, en principio, para garantizar la aplicación del protocolo, y en perspectiva de garantizar los puestos de trabajo y el salario.

16 de abril de 2020
El neumático, “actividad esencial”

En el discurso donde anunció la extensión de la cuarentena, Alberto Fernández se preocupó en señalar a una industria como “exceptuada” en la próxima fase, la industria del neumático. El SUTNA respondió de inmediato a esta decisión, que expresa muy claramente a las presiones patronales por `la vuelta al trabajo´ y la adaptación del gobierno a las mismas. En su comunicado, el SUTNA señala que “para que un producto sea esencial, y amerite la apertura de su producción durante una situación de emergencia como la actual, se debe demostrar que éste no se encuentra en stock, que a la vez la falta del mismo provoca una interrupción en la provisión de alimentos o en el suministro de servicios esenciales que permiten a la sociedad llevar adelante la cuarentena. Como SUTNA no nos consta que se hayan agotado los stocks de algún tipo de cubierta. Más aún, cuando las gomerías se encontraban cerradas, los depósitos de cubiertas sin grandes movimientos y las multinacionales Pirelli y Bridgestone emitían comunicados internacionales señalando la abundancia de stock de sus productos en Sudamérica”. El comunicado reclama “que no se abra ninguna línea de producción por el mero hecho del pedido de las patronales para generar ganancias, que solo se haga cuando es indispensable para la necesidad de la sociedad, y por ello investigaremos a fondo la necesidad legítima de cubiertas y nos opondremos a todo trabajo innecesario en todo el gremio del neumático”. “Denunciaremos para que sea detenida toda producción innecesaria que intente llevar adelante cualquier patronal. En el caso de que una producción sea realmente necesaria, exigiremos el cumplimiento riguroso de los protocolos de seguridad y prevención”. “Debemos enfrentar esta nueva circunstancia con toda la responsabilidad y toda fuerza que ella amerita, utilizar la menor dotación posible, garantizar las medidas de seguridad y prevención, los sueldos de todos los trabajadores, los puestos de trabajo, el respeto a cada compañero y la detención de toda producción innecesaria. De verse amenazadas estas justas premisas, y con ellas la salud y seguridad de nuestras familias, sin dudas nos veríamos forzados a sacar nuestra lucha a la calle, a la puerta de las fábricas y al interior de ellas”. Finalmente, el SUTNA señala que “nos pondremos en contacto directo con todos los gremios que utilizan nuestros productos para verificar las supuestas necesidades de ellos, e impulsaremos la coordinación con todas las representaciones gremiales posibles, para que cada actividad productiva denominada como esencial sea aquella indispensable para la sociedad y se realice con todos los recaudos pertinentes”.

16 de abril de 2020
Hospital Belgrano (San Martín): Asamblea de trabajadores ante 15 contagios

En el Hospital Belgrano, de la localidad bonaerense de San Martín, ya hay 15 trabajadores infectados con el Covid-19, y se esperan los resultados de otros 20 que estuvieron en contacto directo con portadores. Los trabajadores, tanto médicos como enfermeros, habían reclamado por la falta de insumos, algo que recorre al conjunto de los hospitales provinciales, y por el cierre del Comité de Crisis del Hospital. En respuesta a esta epidemia interna, los delegados de la CICOP y de ATE han convocado a una asamblea para reclamar testeos masivos a todos los trabajadores y pacientes del Hospital, el ingreso de una dotación de personal de contingencia, el aislamiento inmediato en cuarentena de aquellos que hayan tenido contacto estrecho con personal o pacientes infectados, y la defensa de un comité de crisis de los trabajadores para controlar la falta de insumos y personal. Nicolás Rodríguez, director del Hospital rechazó la falta de insumos durante una entrevista con TN. "Tuvimos siempre y los hemos repartido con la racionalidad que la emergencia y la contingencia requiere. Sabemos que hay que cuidar los barbijos quirúrgicos y se entregaron en las áreas donde se debía, según el protocolo". La respuesta del director deja en claro que los insumos se están "racionando". Con 20 infectados, el “racionamiento” de los insumos ha fracasado completamente. Los trabajadores han difundido una nota de la Jefa de Personal de Enfermería, donde “informa a todo el personal de la unidad de cuidados intermedios que, por indicación de la Jefa de Sala, Dra Bello, y del Jefe Médico de la Unidad, Dr Grossi, los sujetos internados en las Salas 14 y 15 no requieren colocación de barbijos". Mientras se anunciaba que los insumos estaban disponibles, se le negaba el uso de barbijos a potenciales infectados y se exponía al conjunto de la población del hospital al Covid-19. La Dirección del Hospital, al igual que en la Clínica Fátima de Pilar, intentan depositar la responsabilidad del contagio en los mismos trabajadores, acusando a una enfermera por haber trabajado con fiebre. Intentando acusar a los trabajadores, vuelven a reconocer que el protocolo al que se atienen no sirve para nada. En cualquier establecimiento de trabajo esencial se debería tomar la temperatura antes de ingresar, y se recomienda hacerlo al egresar y durante la jornada de trabajo. En este caso, al tratarse de personal expuesto permanentemente al contagio, los controles deberían hacerse aun con mayor asiduidad. ¿Quiénes son los responsables de que se hagan sino los directivos del hospital? La visita de Kicillof al hospital, hace pocos días, no trajo aparejada ninguna solución al problema de los insumos ni, mucho menos, refuerzos en la dotación de personal de contingencia. El gobierno enfrenta la pandemia con un sistema de salud ya colapsado por ajustes de varias décadas y con un nivel de improvisación mayúsculo. La asamblea convocada por los gremios discutirá un protocolo propio de los trabajadores: la incorporación de personal de contingencia, el testeo masivo a toda la comunidad hospitalaria, la cuarentena de los posibles infectados. La formación de un comité de crisis de los trabajadores, para el control de las condiciones de trabajo y de dotación de personal, es vital en esta etapa.

16 de abril de 2020
Minería: despidos, sin cuarentena ni retenciones

Con la pandemia de coronavirus, la minería fue excluida desde el principio del régimen de cuarentena; pero esto no fue óbice para que la actividad no destaque entre las que más despidos produjo. Según Página/12 (4/4) “Empleados de empresas contratistas de las grandes multinacionales mineras de la provincia denunciaron que desde que se decretó el aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, comenzaron a recibir mensajes de whatsapp de las patronales informando que daban de baja al personal mientras dure la cuarentena. Uno de los casos es el de la empresa AGV Servicio Minero, que dio de baja a los trabajadores de un proyecto de construcción de una planta fotovoltaica ubicada en Olacapato, en el departamento Los Andes, plena Puna salteña. Esta subcontratista realizaba los trabajos para la empresa NEOEN y el consorcio Gen Sun -TSK, de capitales españoles y franceses”. Los despidos aquí sumaron 100 trabajadores. Unos días antes, el 25 de marzo, y con la misma modalidad, el consorcio Contreras Mogetta BBC anunciaba a más de 300 mineros salteños y catamarqueños que perdían sus puestos de trabajo. Ese consorcio realiza la construcción del acueducto del Río Los Patos para Minera del Altiplano SA, de la multinacional Livent Corporation, que extrae litio del Salar del Hombre Muerto, ubicado en la zona limítrofe de las provincias de Salta y Catamarca” (ídem). La AOMA, el sindicato minero, es una virtual agencia de las patronales, en particular de los grandes monopolios internacionales que operan las tres principales minas de oro y plata del país –las que generan el grueso de las exportaciones (Xstrata, anglo-suiza –Bajo La Alumbrera en Catamarca; Barrick, canadiense –Veladero en San Juan; Glencore, yanqui, pulpo que opera a escala global en mercados de materias primas agrícolas y mineros simultáneamente –Minera Aguilar, en Jujuy –mina que produce además varios otros minerales; entre las más importantes). Ciertamente es entre las chicas y medianas donde se han producido ahora los despidos. En este sector la norma es operar bajo el régimen de la industria de la construcción, o sea bajo el sistema de ´fondo de desempleo´ que permite la desvinculación del personal en cualquier circunstancia, como hizo Techint con los trabajadores de su subsidiaria de la construcción. No se trata, sin embargo, de minas irrelevantes. Aunque Argentina no está entre los principales países mineros del mundo, está en la actualidad entre los 10 países exportadores más importantes en 5 importantes productos (boro, litio, estroncio, diatomita y mica). Las exportaciones de litio van camino a multiplicarse varias veces. Ahora “en medio de la pandemia, Barrick compra 70% de una mina de plata en Salta por u$s 10 millones” (El Cronista, 14/4). La canadiense que 3 años atrás le vendió el 50% de Veladero a la china Shandong Gold ahora se engulló la mina El Quevar, enclavada en el volcán homónimo, que pertenecía al pulpo yanqui Delaware –otro trader del mundo de las commodities agrícolas y mineras, que nunca hizo las inversiones necesarias para arrancar el mineral del subsuelo. El Quevar es desde hace décadas el mayor proyecto de inversión minera de la provincia de Salta. La situación que se está describiendo reclama que la clase obrera intervenga a fondo en esta actividad estratégica. Aun en medio de la pandemia, cada vez más la minería apunta a transformarse en un rubro importante de nuestro desarrollo. Hay que comenzar por exigir; a) ningún despido en la minería; b) impuestos extraordinarios a la gran minería de exportación para hacer frente a la pandemia; c) protocolos de seguridad e higiene a ser cumplidos en todas las minas, bajo control de los propios trabajadores.

16 de abril de 2020
Línea 60: asambleas para imponer un protocolo obrero

El cuerpo de delegados y trabajadores de la 60 realizaron asambleas para discutir un protocolo de seguridad e higiene en prevención al contagio de COVID 19. Política Obrera entrevistó a uno de los delegados, Santiago Menconi, quien nos comentó sobre este proceso. ¿Qué medidas preventivas tomó la empresa hasta ahora frente a la pandemia? Cuando se declara la cuarentena obligatoria, la primera medida que tomó la empresa fue licenciar a los compañeros que constituían grupo de riesgo: mayores de 60 años (después se redujo a 55), compañeros con enfermedades como la diabetes, epoc, asma y aquellos que debían quedarse al cuidado de sus hijas e hijos. Respecto a medidas de higiene, ordenó la limpieza de los colectivos, pero de una forma irregular, “hecho así nomás”; puso alcohol en gel en las cabeceras y el lavado de manos. Ante esta situación los trabajadores respondimos con asambleas, donde fueron surgiendo protocolos que fuimos a presentar a la empresa. ¿En qué consisten esos protocolos? Una de las cuestiones fue señalar la importancia de cuadrillas de desinfección de las unidades, que se ocupan de lavar con agua y lavandina la parte interna de los colectivos. Hubo compañeros que, por precaución, decidieron inutilizar los dos asientos que se encuentran más cercanos al chofer y algunos decidieron colocar un “plástico cristal” para poner en resguardo el habitáculo del conductor. A través de las asambleas y de lo que fuimos informándonos se empezó a bloquear la puerta de adelante y hacer que los pasajeros ingresen por la puerta trasera. Ante la organización de los trabajadores, la empresa realizó dos sanciones, nos presentamos para hablar de esto y decidió dejar esas sanciones sin validez. Luego esas medidas que reclamábamos fueron aprobadas e incluidas en el “Protocolo de emergencia de la CNRT”. Actualmente los colectivos que ingresan a las cabeceras de Barracas y Maschwitz son lavados y desinfectados; lo mismo al entrar al taller. Otro de los reclamos que hicimos fue acerca de la provisión de elementos de prevención para los compañeros que realizan la desinfección de las unidades como guantes, barbijos y la ropa que les corresponde para dicha tarea. A esto se sumó cartelería y folletería con medidas de prevención y una charla de seguridad e higiene, sobre formas de prevenir el contagio del COVID 19 en el ámbito laboral. Es decir, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para minimizar los riesgos; actualmente la Línea 60 está trabajando con un “diagrama de feriado”, o sea están circulando casi la mitad de los colectivos y del mismo modo se ha decidido que los compañeros del taller comiencen a trabajar en dos modalidades; algunos semana por medio sin que esto afecte su salario y otros cada 2-3 días por 3 días de franco, también sin que esto afecte el salario salvo el viático. En este momento solo trabajan una semana cada turno. ¿Cómo se desarrolló el debate entre los trabajadores? Con asambleas al aire libre, respetando la distancia entre compañeros, donde cada trabajador pudo exponer su punto de vista y fueron tomados en cuenta las distintas especificidades que expresó cada compañero. Por ejemplo, fue allí donde los compañeros de “Técnica” plantearon que cada vez que ingrese una unidad al taller debe ser desinfectada. También logramos que pongan una pileta en los talleres para poder lavarse las manos. ¿Cuál es la situación del salario y las paritarias? Cobramos los $4.000 del gobierno a cuenta de futuros aumentos, siendo que nuestra paritaria tenía que reabrirse en el medio de la cuarentena. Existe un problema muy grande con la paritaria del transporte porque después de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de descentralizar los subsidios a las provincias, no son las mismas cámaras empresarias las del AMBA y Capital que las de las provincias. La FATAP, que es la del interior del país, está amenazando con el no pago de los salarios. Nosotros ese problema no lo tenemos, pero alertamos sobre la debilidad de la estructura del transporte en todo el país. De momento venimos cobrando bien los salarios, salvo las diferencias que tenemos todos los meses que luego se reclaman. En este último cobro no tuvimos descuentos. De todas maneras, seguimos exigiendo una paritaria acorde a la inflación, como lo hemos hecho años anteriores cortando el Puente Saavedra y el Puente La Noria. Comentanos el papel del sindicato Cuando presentamos nuestro protocolo, el sindicato salió con una carta a decir que Roberto Fernández felicitaba a los compañeros por la “heroicidad” de salir a trabajar garantizando el servicio de pasajeros y que ellos se esmeraron en conseguir medidas preventivas. Lo cierto es que no es más que una carta. Las medidas de seguridad no salieron de la empresa ni del sindicato, sino que salieron de los trabajadores, porque si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie.

16 de abril de 2020
“Los Luminosos” de La France

El 20 de noviembre se van a cumplir 100 años del nacimiento de Club Atlético Huracán de Córdoba. Un club de barrio que sobrevivió a todo, que perdió su cancha y se rehízo; que se fusionó con otro club y, más tarde, volvió a ser Huracán. Es importante conocer algo de su rica historia como una referencia para todos los hinchas del futbol de porqué se deben defender los clubes de barrio. El club nació en 1920 y tuvo 15 años su cancha en el barrio San Martín de la capital cordobesa. Sin alambrado perimetral ni tribuna alguna, los domingos “enlonaban” los bordes de la cancha con arpilleras para que la gente se pudiera sentar. Aquellos dirigentes del club, sin siquiera imaginarlo, hicieron famoso ese potrero de barrio. Ahí, en 1932, para gran orgullo de toda la comunidad del globo cordobés, inauguraron un precario sistema de iluminación; en realidad, cables que cruzaban la cancha como los que hoy cruzan cualquier esquina y en ellas se colocaban los focos y se jugaba Así nació un apodo que lo llevaran para siempre con gran honor, “Los Luminosos”. En 1935, Huracán fue despojado de sus terrenos en lo que fue el golpe más grande a la institución, pero nadie quiso que ahí terminara la historia. Finalmente, en 1951, pudieron ubicarse en el predio actual del barrio La France. Un barrio histórico para la clase obrera. De ese barrio salió Máximo Mena, obrero nacido y criado en La France, quien integró, en el año 69, la columna de 3.000 obreros de la planta de Santa Isabel de la empresa IKA que ingresó a la ciudad y chocó con la policía. Máximo Mena cae asesinado, convirtiéndose en la primera víctima de las protestas. La muerte de Mena fue una de las causas inmediatas que desencadenó el Cordobazo. Máximo Mena fue velado ante una multitud de miles de personas en calle N° 7 del Barrio La France. Como casi todos los clubes de barrio, “Los luminosos” tienen su ídolo salido de sus inferiores. En el caso de Huracán, el ídolo fue muy lejos, pues salió campeón del mundo en el 86. A los 17 años, una fría tarde de noviembre del 78, debutó para el “luminoso” José Luis Cucciufo un flaquito que ni siquiera tenía la pinta clásica de un jugador de fútbol, pero que rápidamente se destacó. Los viejos vecinos de La France recuerdan un partido en particular donde “Cuchu” la rompió -le ganaron nada menos que a Talleres 4 a 0-, lo que fue la gran vidriera y el inicio de una carrera por varios clubes y la selección. Todos dicen que nunca olvidó su barrio ni su club y que, ya triunfador en el fútbol, ayudó económicamente al “globo” que lo vio nacer. Es por eso que el modesto estadio de 5.000 personas del luminoso lleva su nombre. En 1982, Huracán se fusionó con Peñarol Argentino, formando el equipo Alianza San Martin para enfrentar a los equipos poderosos de Córdoba. La alianza duró poco, los hinchas querían seguir siendo del globo, sentían los colores verde y amarillo y su mote de “luminosos”. En 1983 volvió a su nombre original. En 1993, los Luminosos logran su primer título y, en 2016, el segundo en el apertura de la Liga Cordobesa de Fútbol. Pero sigue siendo el mismo club de barrio donde en su salón se festejan los cumpleaños de 15 y se casan los jóvenes, que van a sus bailes, a la humilde pileta, a las clases de patín y también donde llevan a las inferiores los hijos de los trabajadores. Vaya en este pequeño homenaje ante los casi 100 años del Huracán cordobés a todos “Los Luminosos” desparramados por la Argentina y por el mundo que le hacen bien al futbol y a los trabajadores. Hasta la próxima.

16 de abril de 2020
Los “módulos alimentarios” de Kicillof no alimentan ni alcanzan

Ante la suspensión de clases decretada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el pasado 6 de abril Axel Kicillof anunció que serán triplicados los fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE). Esto significa que, en abril, se destinarán 2.600 millones de pesos para la conformación de “módulos alimentarios” que alcanzarán a 1.800.000 niñas y niños. Este incremento significa, por cada niño que, hasta abril, “se alimentaba” en la escuela con un presupuesto de 37 pesos por día, ahora pasaría a hacerlo con 50 pesos en sus casas. La entrega será cada 15 días, a razón de dos módulos al mes, compuestos por 400 gramos de leche en polvo, un kilogramo de harina, medio kilo de yerba, un kilo de azúcar, 600cc de aceite, 340 gramos de lentejas, dos paquetes de fideos, un kilo de arroz, medio kilo de polenta, una lata de arvejas, una lata de jardinera, un puré de tomate, seis huevos y 170 gramos de galletitas dulces. Esta ayuda no revestirá alcance universal. Los beneficiarios de este plan son aquellos a los cuales el gobierno provincial ha “dado de alta” para el servicio del SAE, que no refleja las solicitudes que se presentan año tras años todas las escuelas de la Provincia, tanto ahora como durante los gobiernos anteriores de Scioli y Vidal. El gobierno se niega a aceptar nuevas solicitudes. Por esto se repite la escena de que los módulos alimentarios no alcanzan para cubrir las largas filas de familiares que se agrupan en las puertas de las escuelas o en los barrios cuando llegan los mal llamados "bolsones". Los “módulos alimentarios”, que suman $1.500 al mes, son contemplados para cubrir, según el anuncio oficial, el desayuno, el almuerzo y la merienda. ¿A quién pretende engañar el gobierno sosteniendo que, con 1.500 pesos, pueda alimentarse a un niño durante un mes? ¿Acaso no saben las autoridades de Desarrollo Social que esa mercadería muchas veces también sostiene a la familia del “beneficiario” o “beneficiaria”? Los módulos se componen en su gran parte por hidratos de carbono y, aunque el Estado sostenga que “este programa es el corazón de nuestra política alimentaria", deja en evidencia que su propósito está lejos de alcanzar y sostener valores nutricionales adecuados. Más del 63% de los niños de la Provincia de Buenos Aires se encuentra bajo la línea de pobreza. Seis de cada diez pibes y pibas no logran completar todas las comidas diarias. Los “módulos” tampoco incluyen un kit de limpieza e higiene personal. Jabones, shampoo, alcohol en gel y lavandina, están ausentes. La situación económica y social se ha recrudecido, agravada por la crisis sanitaria. El hacinamiento es el flagelo que impide realizar la cuarentena en los barrios, allí donde se agolpan familias enteras en habitaciones precarias sin acceso a los servicios esenciales. El Estado es responsable de garantizar el acceso a la alimentación de las infancias obreras que se encuentran padeciendo las peores consecuencias de la crisis en regla y debe atender de inmediato las necesidades nutricionales ya que “una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad” (OMS). El capitalismo es incapaz de asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo que explota. Exigimos: aumento inmediato del presupuesto para el SAE acorde a lo establecido en los valores de la canasta familiar. Módulos alimentarios compuestos a lo recomendado para las infancias y adolescencias, en valores nutricionales y cantidad. Que las entregas quincenales sean acompañadas por un kit de higiene personal (jabón, shampoo y alcohol en gel) y sea contemplado también al menos un litro de agua lavandina por módulo y que dicha entrega se realice bajo rigurosas medidas de higiene y se articulen todas las medidas de prevención necesarias contra el COVID 19 para quienes intervengan en dicho proceso. Ante la gravosa situación económica y sanitaria es imperioso que el beneficio alcance a la totalidad de las matrículas de las escuelas, en los tres niveles.

16 de abril de 2020
Tufillos golpistas

Escrito antes del anuncio de propuesta de reestructuración de la deuda externa por parte de Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán La campaña para ‘reabrir la economía’ que se disparó luego de los despidos masivos de Techint, ha ganado intensidad. La UIA se apresuró a presentar un documento de más de 300 páginas en favor de la ‘repaertura’, con apoyo de la CGT, en la que cual dejaba muy claro que venía con condicionamientos, como la aplicación de una ‘reforma laboral’. Alberto Fernández dio pie para esta ofensiva cuando declaró ‘esencial’ la producción de neumáticos, pero en especial cuando legitimó los despidos y suspensiones que había prohibido por decreto especial, admitiendo aquellas que pactaran patronales y burocracias, en función del artículo 223 bis de la ley de contratos de trabajo. Una falacia imperdonable en un abogado, pues el objetivo del DNU antidespidos era cancelar los derechos pre-existentes a esas medidas, salvo que el Congreso acabe rechazando la medida que fuera dictada en nombre de la “necesidad” y la “urgencia”. Seguramente enfureció a las patronales el reconocimiento de las enfermedades y fallecimientos provocados por la pandemia, pero lo limitó al personal de salud e incluso condicionado a dictámenes de las comisiones médicas – cuya función es la no admisión de la enfermedad y la dilación de las indemnizaciones. La arremetida patronal, que cuenta con el apoyo político del grupo de Macri-Piccheto y probablemente de Massa, se acentuó con la intervención de los bancos, que se rehúsan a prestar dinero contra la sola garantía del estado. Se trata de una desconfianza justificada frente a un estado en default en todas las categorías, pero que no deja de ser por eso un sabotaje a la financiación de la cuarentena. Algunos especialistas aseguran que la posición de los banqueros anuncia una catarata imparable de convocatorias de acreedores y quiebras. En este entrevero de intereses contradictorios, AF no habilitó la 'esencialidad' para la Construcción, a la cual las patronales señalaban como un motor para la siderurgia y el cemento. En lugar de eso, Fernández declaró, en una entrevista, que podía volver a una cuarentena “más rígida”. Ya hemos señalado en otros artículos que el propósito de reactivar la economía es una zanata patronal, pues en las actuales condiciones de derrumbe de los mercados internacionales, de la larga recesión local, del default y de la falta de financiamiento, eso es puro macaneo. De lo que se trata es de hacer una 'limpieza étnica´ de trabajadores para liquidar cualquier compromiso con los salarios y el empleo, y apuntar a una reactivación futura incierta, con un cambio fenomenal de las relaciones de trabajo – o sea de explotación de la fuerza de trabajo. El sostenimiento de la cuarentena ha creado una crisis de viabilidad de la acumulación capitalista. La reactivación de la economía, en términos de una salida a esta crisis, requiere la estatización de los medios de producción, finanzas y salud en manos del gran capital. Cuando se mira esta crisis desde un ángulo político, llama la atención que el presidente del Banco Central, nombrado a dedo por los Fernández, defiende la posición de la banca privada, y encima de esto saca a relucir las Leliq, que es el modo de lucrar de los bancos con el juego de asientos contables. Mientras los Guzmán dicen 'abramos la canilla' de la emisión de crédito, los del Banco Central dicen lo contrario: ‘endeudémonos’ con el lobo que no ha dejado de estar. En definitiva, el gobierno está sentado en un polvorín. A la pelea que enfrenta a la cuarentena contra “el PBI” se suma, sin más dilaciones, la inviabilidad de un acuerdo de deuda, que no tiene nada que ver con la 'dureza' que los diarios imputan al gobierno. Argentina no tiene condiciones de pagar la deuda ni de comprometerse a hacerlo, ni siquiera en los términos que reclama el ministro Guzmán. En sentido contrario, los acreedores podrían imponer las condiciones que quieren, no por eso van a cobrar un mango. Para eso deberían instalar en Argentina un gobierno dispuesto a quebrar la cuarentena, meter el ajuste hasta el hueso y enfrentar con éxito una rebelión popular. Conclusión: los acreedores no tienen otra salida que el default y litigar más adelante en los foros internacionales. Para obtener un ni ni, o sea ni default ni pagar, el FMI debería querer y poder imponer un arbitraje extraordinario, inverosímil en tiempos de Trump. El default, la crisis con los bancos, el choque con la UIA-Techint ha producido lo que se ha venido esperando – una devaluación del peso en el mercado paralelo. Se trata de operaciones de poco monto para crear incertidumbre política, sin menoscabo de que traduce un desequilibrio económico general: aunque la balanza comercial es favorable, debido a que la recesión impacta en la caída de las importaciones, la financiera es deficitaria. El gobierno ha respondido con una autorización a la libre disponibilidad de los depósitos en los bancos, en especial en dólares – que son de 18 mil millones. Quizás supone que esta sangría financiera hará más fácil la aprobación del impuesto Heller-Máximo, “a los ricos”, que aspira a recaudar u$s 3.500 millones, con suerte. Un impuesto a las grandes fortunas es necesario, claro, lo que no quiere decir que sea consistente con una política que facilita la fuga de capitales por todos lados. Si se aplica, por ejemplo, a subsidiar a las patronales de la industria es perjudicial. La evasión impositiva es enorme. Si el dinero es obtenido por los afectados mediante la venta de acciones u obligaciones emitidas por empresas, puede colocar a estas en situación de default. En una palabra, el impuesto debe ser mayor al 2% de los patrimonios, por ejemplo, al 20% por lo menos, ya que en algunos países y en algunos períodos representó más del 50%, pero debe estar acompañado de un plan económico a favor de los intereses mayoritarios, la nacionalización sin pago de los bancos, la retención de los depósitos de los grandes capitales, la nacionalización del comercio exterior y una apertura general de las cuentas empresarias. El impuesto ha desatado el tema de la convocatoria al Congreso, algo que probablemente no fue tomado en cuenta por los autores del proyecto. Puede ser derrotado, y en consecuencia archivado para evitar un rechazo, lo que pondría al desnudo una fragmentación política de gran alcance. Cuando se examinan cada una de las contradicciones y controversias que genera la cuarentena, resulta claro que, en conjunto, plantean un choque que afecta la estabilidad del gobierno y del régimen político. Los protagonistas lo saben. Es decir que lo que ocurre tiene tufillo golpista. El ataque del chileno Piñera a los números de la epidemia en Argentina, entran en este tufillo, como los repetidos roces con Bolsonaro y la compra de insumos a China, en momentos en que Trump la denuncia como inspiradora de una guerra bacteriológica. En este marco, un tema en apariencia menor, como la forma en que debe deliberar el Congreso, tiene una importancia que no se suponía. Ocurre que el parlamento ocupará un lugar decisivo en el desarrollo y desenlace de la crisis, algo que no han advertido quienes caracterizan que Argentina se habría convertido en un estado policial. Es lo que ocurrió con los golpes, dizque parlamentarios, en Honduras, Guatemala, Paraguay y Brasil, y hasta cierto punto en Ecuador. La cuarentena no es solo un asunto de barbijos.

16 de abril de 2020
Cuarentena: gobierno, régimen político, etapa

No solamente en Argentina el estallido de la epidemia virósica y el inmediato derrumbe económico y financiero que siguió ha desatado crisis políticas de diversa naturaleza y cambios en la operación de los regímenes políticos en presencia. El PO (T) advirtió acerca de los severos impactos que acarrearía esta crisis desde un primer momento. Solo para ilustrar, la declaración de Trump, que ordena la subordinación de los estados federales, al gobierno de la Unión, ha desatado lo que numerosos observadores han caracterizado como “una crisis constitucional”. La Corte Suprema no podrá dejar de intervenir ante lo que es un golpe político al conjunto del funcionamiento del aparato del estado. El gobernador del estado de Nueva York ha rechazado de plano la declaración de Trump. El federalismo constitucional en Estados Unidos es muy acentuado, al punto que rigen leyes criminales diferentes a la legislación penal nacional, e incluso los municipios o condados tiene su propia legislación educativa. En varios estados los jueces son electos por la ciudadanía, más allá de los fiscales. En este cuadro, Trump arrimó un poco más la chispa a la mecha, al declarar que estaba dispuesto a cerrar el Congreso. Un Fujimori en Estados Unidos sería un llamado a la guerra civil. Régimen político El régimen de gobierno personal que CFK redondeó con el resultado electoral de 2011 quedó sin recursos políticos cuando Massa derrotó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y demolió la expectativa de una “Cristina eterna”. Quedó demostrada en los hechos la validez de la caracterización de “bonapartismo tardío” que habíamos atribuido al 54% de los votos que había obtenido apenas dos años antes. Cuando asumió Macri y algunos izquierdistas que etiquetan a todos los gobiernos sin distinción como bonapartistas y repitieron ese esquematismo con ‘Mauricio’, señalamos que la característica singular de la nueva gestión era un régimen de “coalición a la carta”, que gobernaba por medio de alianzas parlamentarias cambiantes, en especial con los renegados del kirchnerismo, para sortear su condición de minoría electoral y en el Congreso. De un modo general, los gobiernos de características ‘puras’ no existen, salvo en el trabajo de abstracción teórica. Los regímenes políticos no son estructuras fijas, pues son afectados por el desarrollo histórico. El poder discrecional del Ejecutivo ha sido incorporado a todas las constituciones de sesgo parlamentario, incluso en Gran Bretaña, que es una monarquía. La “medida provisoria” que autorizaba a la dictadura del 64-82 en Brasil a gobernar por medio de decretos, si el Congreso digitado no los derogaba en forma explícita, se transformó en el régimen de “necesidad y urgencia”, luego del ‘pacto de Olivos’ que acordaron dos demócratas ilustres como Menem y Alfonsín, refrendado luego por todos los próceres del constitucionalismo criollo, desde Pino Solana, Chacho Álvarez, Fernández Meijide, y los Nosiglia y Storani. Macri no solamente recurrió a gobernar por decreto en numerosas ocasiones, también puso a dedo a al jefe de la principal institución del país, el Banco Central, violando la prerrogativa del Senado y la inamovilidad del presidente que resulte electo para el cargo. Lo mismo habían hecho los Kirchner, aun cuando tenían mayoría parlamentaria. El régimen ambiguo de Macri se derrumbó justo después de que anulara la “ley de emergencia”. Esta ley habilitó, desde 2002, a modificar el Presupuesto a gusto del habitante de la Casa Rosada, aunque el recurso a los superpoderes presupuestarios existía con anterioridad. La catástrofe económica de marzo de 2018, convirtió al régimen politico y al gobierno encabezados por Macri en un dúo de cadáveres insepultos, que sobrevivió con el tubo de oxígeno envenenado del FMI, por un lado, y del teorema K de ese momento – “habemus 2019”. La agonía se prolongó, como todos saben, hasta el 10 de diciembre de ese año. El gobierno de los Fernández debutó con el Congreso en receso y con la necesidad de seguir ‘reperfilando’ deuda, para ‘no pagar, repetía, con el hambre del pueblo’. Como uno y otro no se pueden compaginar, AF realizó su primer acto despótico al anular la movilidad jubilatoria y aplicar la ley en forma retroactiva. ¿Qué cambió en la modalidad política entre un gobierno y otro – Macri y los Fernández? Gobierno Nada. El cambio de personal político no entrañó un cambio de régimen político, salvo en el hecho de que la musa del nuevo gobierno no era su jefe nominal sino su acompañante como vicepresidenta. Un vehículo con piloto y copilota. También en que bajo la forma del FdeT, emergía un gobierno de coalición entre innúmeras tendencias referenciadas en el peronismo. Frente a la presión extranjera – deuda externa, amenazas contra Venezuela, golpe de derecha en Bolivia – y la presión interna – inflación, pobreza, un pueblo movilizado (mujeres, juventud, presencia clasista en grandes fábricas, transporte y servicios), emergía un gobierno débil, que procuraba arbitrar entre las clases sin obtener ningún resultado de largo plazo de ese arbitraje. En resumen, cambiaron las fuerzas del oficialismo (del macrismo al FdT), pero no el recurso a las coaliciones parlamentarias; hasta se votaron leyes políticamente importantes (“emergencia alimentaria”) por unanimidad. Hasta que aparece el Covid-19 y el derrumbe de los mercados financieros internacionales, y la previsión de una caída de dos dígitos del PBI mundial. El hecho de que Alberto Fernández haya reunido una mayoría política para implementar una cuarentena, que coarta por decreto la libertad personal de movimiento, no convierte al régimen actual en un poder personal – ni de lejos. Mucho menos en un ‘estado de excepción’, que implica una suspensión de derechos y garantías constitucionales indefinido. El gobierno rechazó declarar un estado de sitio, que es resorte del Congreso y tiene una vigencia de treinta días. El régimen político de la cuarentena sigue basado en una gran coalición política, con características ‘sui géneris’. En efecto, se ha conformado una suerte de parlamentarismo de ejecutivos provinciales y municipales, al cual se ha incorporado un círculo de expertos de la comunidad médica. De acuerdo a encuestas que nadie objeta, este régimen político gozaría, por ahora, de un elevado apoyo popular. Es este régimen de parlamentarismo de ejecutivos el que ha impuesto la restricción de la movilidad ciudadana por medio de decretos, amparado por la emergencia sanitaria y por la ley de emergencia alimentaria que votó el Congreso por unanimidad (menos una), antes de la epidemia. El estado carece de un Presupuesto; los gastos son negociados en la mesa de los ejecutivos provinciales y municipales, y jefes de bloques parlamentarios. Los gastos son ‘hablados’ en esta coalición de ejecutivos antes de hacerlos efectivos. El parlamento no ha sido disuelto, funciona con las comisiones por vía virtual. El Presidente pasó la propuesta de gravar “a los ricos” al Congreso, el único con jurisdicción en materia impositiva. Ahora se discute si debatirá por vía digital o en un teatro con dimensiones adecuadas al “distanciamiento social”. Nadie propicia prescindir del Congreso, incluso para evitar una auto-convocatoria, en el caso de que la crisis económica-social se desmadre No estamos, sin embargo, ante un gobierno de ‘unión nacional’, o sea la integración de la oposición al gabinete. Este variante sería posible como un recurso extremo del sistema político. Etapa El carácter de un régimen político no puede ser definido sin considerar el período político en desarrollo. La pandemia y la cuarentena tienen lugar en un período de rebeliones populares crecientes, de fragmentación de los regímenes políticos en presencia, de un derrumbe económico internacional declarado y de enormes divisiones en la burguesía, como lo evidencia la acentuación de los choques entre las principales potencias. La cuarentena no ha cambiado esta caracterización en su conjunto: no ha habido ninguna derrota estratégica o de fondo de los trabajadores – por el contrario hay luchas referidas a la protección de la salud en un número importante de países, y también luchas contra rebajas salariales y despidos. Se ha modificado el escenario de la lucha de clases pero no esta lucha misma, ni su tendencia. Quienes derivan de la cuarentena la marcha hacia un totalitarismo único en la historia, lo han venido haciendo en las tres o cuatro décadas pasadas. A medida que se vaya conociendo con mayor alcance la responsabilidad de los estados y gobiernos capitalistas por la ausencia de protección de la salud – en realidad su destrucción -, y por los oídos sordos a las advertencias acerca de una crisis sanitaria como la actual; a medida que esto ocurra, crecerá la indignación y la rebelión. La modalidad de este proceso variará de acuerdo a las peculiaridades de la situación de cada país, pero una generalización de las conclusiones es inevitable. Esto ocurre en un contexto de derrumbe del equilibrio capitalista mundial, al interior del proceso de acumulación, y al exterior, en el choque entre potencias, cada vez más severo. Para que se imponga un régimen concentracionario, las masas deberían sufrir una derrota histórica. La envergadura del derrumbe económico convierte en inviable la estabilidad de los regímenes políticos presentes. En Argentina, esto se manifiesta en un incipiente movimiento golpista, que encabezan los grandes bancos y compañías (los famosos “miserables”), con una campaña para “reabrir la economía”, e imponer “la reforma laboral”, que, como dice el periodista Carlos Pagni, se “está haciendo sola” como consecuencia de la crisis. Se refiere a la política de suspensiones, despidos y reducción de salarios que impulsan las patronales y la burocracia sindical, con el pretexto de la pandemia. El otro aspecto de las operaciones desestabilizadoras se vinculan a los fondos internacionales que quieren imponer sus términos a una reestructuración de la deuda externa, aun a sabiendas de que es de cumplimiento imposible, o sea que propician un default. Las implicancias golpistas de esta ofensiva no se pueden ignorar. Es lo que ha desatado una crisis en el oficialismo, donde Massa se distancia del equipo presidencial, y en JpC, donde el trío Macri-Piccheto-Bullrich impulsan el alejamiento de Larreta y su séquito del gobierno. Para que en Argentina se imponga un ‘régimen de excepción’, habrá que atravesar varias crisis y golpes, capaces de establecer un “gobierno” de excepción, que tenga la fuerza de producir un cambio de fondo en los métodos de gobierno. Las principales acciones del gobierno actual apuntan a sostener un régimen constitucional y electoral, incluso dentro de una situación realmente excepcional. Su fracaso determinará el inicio de una nueva etapa. Izquierda y programa El infantilismo izquierdista ha convertido al régimen actual en una dictadura que aplica un estado de sitio de hecho. El ultraizquierdismo describe siempre un cuadro político artificial, que tiene por objetivo justificar consignas preestablecidas. En el caso de Argentina, caracterizan al gobierno como representante de la reacción, para convalidar lo que vienen haciendo desde antes, que es caracterizarlo como su principal obstáculo electoral – lo que no obsta para que le den quorum parlamentario en legislaturas, como Chaco, o en el Congreso nacional, incluido el voto favorable a algunas leyes encubridoras. Presenta a la cuarentena como reaccionaria, incluso cuando la reacción política internacional se opone a las cuarentenas y busca imponer un funcionamiento ‘normal’ del proceso capitalista sin que importen el número de víctimas. Los socialistas debemos defender la necesidad de la cuarentena desde los intereses de la clase obrera, en oposición a los del capital y al gobierno que la implementa. Esta cuarentena oficial marcha hacia una crisis estrepitosa, como consecuencia de la presión capitalista y de la reacción política. Es precisamente lo que debemos advertir a los trabajadores. Este reclamo de una cuarentena, en defensa de los trabajadores, la hemos materializado desde el comienzo en un programa. Ese programa plantea el control total del sistema de salud por parte del estado y un plan de testeos masivos; la estatización del sistema financiero. Derecho a retiro de depósitos solo para pequeños ahorristas. Seis horas de trabajo, sin afectar el salario. El repudio de la deuda externa. El pago total de los salarios y la asistencia salarial por parte del Estado, a cargo de las patronales. El funcionamiento de la producción esencial de acuerdo a protocolos de las comisiones internas y delegados; la cuarentena barrial, bajo supervisión y control de comités electos por los barrios. Presentamos un programa de transición para desarrollar la independencia de los trabajadores en el enfrentamiento a esta pandemia y a las políticas de los gobiernos capitalistas, de modo de preparar las condiciones indispensables para luchar por un gobierno de trabajadores.

16 de abril de 2020
Salud: Los trabajadores de los hospitales de la Ciudad defienden la cuarentena

La cuarentena finalmente seguirá, pero con apertura relativa. El gobierno niega en cadena nacional que el sistema sanitario esté en colapso, mientras los trabajadores dicen todo lo contrario. Argentina ha ingresado a ciegas en la fase de crecimiento de la curva de contagios, ya que no tenemos ni vamos a tener registros de la magnitud de la infección sin una política de test masivos. Los países con menos cantidad de muertos como Alemania (2.107) despliegan un enorme testeo permanente: 160.000 tests por semana. El Gobierno de la Ciudad acaba de decretar este domingo pasado la obligatoriedad del uso de barbijo en el transporte público y espacios comunes como supermercados. Aunque la OMS lo impugne, investigadores de Finlandia y trabajadores del instituto Malbrán afirman que el virus permanece en el aire, incluso días. En varias provincias el barbijo ya es obligatorio. La falta de información certera sobre el virus y sus implicancias por parte de los gobiernos nacionales y provinciales ha servido hasta ahora para negar y hasta criticar como irresponsable el reclamo de insumos de bioseguridad desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, las mismas autoridades han tenido que determinar el uso obligatorio de barbijos para el personal profesional y no profesional en hospitales y centros de salud. Tres enfermeros infectados en el Garrahan, ocho enfermeros infectados en el Gutiérrez, dos trabajadores infectados en el sanatorio Otamendi y otros dos en Swiss Medical. Tres médicos y un kinesiólogo infectados en el hospital Álvarez. También hay trabajadores infectados en el Santojanni y el Piñero. Completa el cuadro una treintena de compañeros aislados en el Argerich, quien se hizo noticia por tener el primer fallecido del país y de América latina. Este es el panorama en los hospitales porteños. En el hospital Rivadavia, no hay uniformes de trabajo, el servicio de lavandería no funciona y les niegan más de un barbijo por día. Una asamblea en el Italiano rechazó el banco de horas (horas a cuenta) que quiere imponer la patronal en la nueva disposición que reduce jornadas. Los trabajadores del Garrahan rechazan la extensión de la jornada para cubrir los licenciados de grupo de riesgo. En el Elizalde -la ex Casa Cuna-, la burocracia de Sutecba, cómplice de la dirección, envió a la policía para interrumpir una asamblea en la que se debatía no trabajar sin los equipos de protección (EPP). Las autoridades iniciaron sumarios a los trabajadores. Al igual que en el Elizalde, en la Sardá o el Garrahan, las burocracias de Sutecba, UPCN, AMM y, en muchos casos, ATE son un obstáculo para vehiculizar los reclamos. Ante la falta de respuestas de las autoridades y patronales de la medicina privada, comienzan a desarrollarse cataratas de medida cautelares y amparos. Los fallos a favor, sin embargo, no garantizan el aprovisionamiento de insumos, pero son el aval legal de las medidas de fuerza que están tomando los trabajadores ante su falta o el mal estado de los mismos. Los trabajadores de la salud no abandonan sus puestos de trabajo. Muchos dejan de ver a sus familias para evitar el contagio ya que saben que trabajar en estas condiciones los convierte en potenciales transmisores del virus. Sin embargo, la consiga “Sin insumos no trabajamos” se repite en los hospitales como reflejo de auto preservación. El Covid-19, en muchos sanatorios y hospitales ya es un virus intrahospitalario, es decir que está dentro, independientemente del ingreso de casos positivos. Sin embargo, los trabajadores deben luchar para que les hagan los hisopados correspondientes. Si la cuarentena se levanta el 26 de abril, el DNU no cubriría casos posteriores. Programa Para aminorar riesgos, proponemos la reducción de la jornada en salud a 6 horas y la apertura de un cuarto turno con un reclutamiento masivo de personal estable. Rechazamos los bancos de horas en el Italiano y la extensión de la jornada que pretenden las autoridades del Garrahan. Cientos de concurrentes del sistema público siguen sin ser escuchados. Reclaman un salario para volver a los hospitales y reforzar el esquema de atención. El Gobierno de la Ciudad, de manera irresponsable, recluta estudiantes voluntarios. Cuando los trabajadores organizan colectivamente sus reclamos, los insumos aparecen. El movimiento va tomando conciencia de la enorme fuerza que anida en él. Ni la patronal ni la burocracia pueden detener a los trabajadores.

16 de abril de 2020
Brasil, crisis y pandemia

El fascista Bolsonaro se ha convertido en adalid de los “libertades” y de la libre circulación. En Brasil, de norte a sur, muchos negocios y empresas no esenciales siguen abiertos. Esto ha motivado huelgas y cacerolazos, al grito de “Fuera Bolsonaro”. Cuando dijo que el virus se “estaba yendo”, salieron a la luz que los casos no sólo estaban aumentando, con picos de internaciones, sino que había un sub-registro de muertos por covid19. El Consejo Nacional de Justicia y el ministerio de Salud tuvieron que intervenir. Las cifras oficiales constatan un crecimiento de la epidemia. El ritmo de contagio en los últimos días se compara con el de los países más complicados. Se estima que hay doce veces más de contagiados que lo que reconocen las cifras oficiales, según informa O Globo; ataca a los barrios más pobres y hace estragos en los estados norteños. El número de internados en Río se duplicó en la última semana. Los peores meses serán mayo y junio. Luego de las provocaciones lanzadas por Bolsonario a China, Brasil le ha comprado al país asiático casi 1.000 toneladas de insumos sanitarios. Aislamiento vertical Un cuarto de los muertos está por fuera de los grupos de riesgo, lo que muestra lo errado de la política bolsonarista de “aislamiento vertical” - a los mayores de 60 y con co-morbilidades. “En Brasil, la proporción de personas menores de 60 años que murieron a causa de Covid-19 es más de cinco veces mayor que la registrada en España (4,6%)” (O Globo, 13/4). La Corte Suprema determinó que los gobernadores y alcaldes tienen decisión autónoma sobre la realización del aislamiento social. Según epidemiólogos, el aislamiento “ideal” para evitar el colapso del sistema de salud es del 70%, pero en San Pablo se registra el 55%, y en Río de Janeiro (RJ) oscila entre 45% y 59%. Estadísticas y crisis El ministro de Salud brasileño, Luiz Mandetta, dijo en TV Globo que “la gente duda si hacerle caso al presidente (Bolsonaro)”. Una semana atrás, Mandetta casi fue echado por Bolsonaro por “diferencias” sobre el abordaje de la pandemia, pero la intervención del ala militar del gobierno, encabezada por el general Walter Braga, lo impidió. Mandetta dijo también que, con estadísticas mejores, se puede planificar el combate al Covid19, en un sistema de salud que “carece de los respiradores suficientes”. No se sabe si los decesos declarados por neumonía o insuficiencia respiratoria responden en realidad al Covid19. Los registros se llenan con informaciones que no pueden confirmar la causa del deceso. Los casos registrados de insuficiencia respiratoria subieron un 10% respecto a marzo de 2019, y 6,8% los de neumonía. Mandetta dijo que en mayo y junio se verán los picos de la enfermedad. Bolsonaro, en cambio, dijo que el virus “se está yendo”. El ministro declaró este domingo: “Espero que esta validación de los diferentes modelos para hacer frente a esta situación pueda ser común y que podamos tener un discurso único y unificado”. El vicepresidente pidió discutir “intramuros”, no “frente a la prensa”. Aunque para algunos el ministro busca forzar su renuncia, pero para otros se trata de una divergencia que podría arrastrar al propio presidente.

16 de abril de 2020
Crisis alimentaria: bomba social en la Ciudad

Las organizaciones sociales denuncian la casi nula asistencia alimentaria en los barrios pobres brindada por la Ciudad. La mayor parte del refuerzo alimentario fue entregado a los pocos comedores reconocidos y desbordados, a la Iglesia y a los punteros de rutina de las barriadas. La reventa de mercadería estatal es uno de los pocos rubros que crecieron a la par de los infectados por Coronavirus. El operativo que el “Comité de Crisis” (ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones del triunvirato piquetero) prometió desplegar en cada barrio y que debía consistir en la provisión de alimentos, garrafas, artículos de higiene, pañales, jabón, alcohol, repelente y elementos de limpieza, finalmente, nunca se produjo. El Polo Obrero Tendencia, de CABA, junto con otras organizaciones, reclamó que se refuercen las partidas a las familias y a los comedores (algunos de estos pasaron a tener el triple de demanda) no incluidos en los programas de apoyo. También reclamamos que se garantice la distribución con las medidas sanitarias correspondientes e insumos necesarios, como el repelente, para afrontar la epidemia descontrolada de dengue que afecta cada vez a más zonas de capital. El gobierno no solo no respondió, sino que dejo en banda a los comedores reconocidos previamente. Toda esta situación deriva en que los vecinos de villas y asentamientos tengan que peregrinar por la asistencia, exponiéndose al virus, por los diferentes comedores o golpeando la puerta de los punteros tradicionales asociados al Gobierno de la Ciudad. A pesar de esto los reclamos obligaron al gobierno en distintas instancias a brindar asistencia, a cuenta gotas y de forma caótica. Sumemos a esto el no pago y recorte de algunos subsidios como el Ticket Social ($1.100) y el Habitacional, mientras las gestiones están bloqueadas para continuarlos o ampliarlos. Lo que sí ha funcionado a la perfección, en cambio, es el cruce de datos con ANSES denegando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 a todas las familias subsidiadas por estos planes y la Ciudadanía Porteña. El reparto de bolsones de alimentos cada 15 días en las escuelas es otra crisis en el rostro de Larreta. Supuestamente contemplan la alimentación de un niño para ese lapso reemplazando lo que debía recibir en su colegio. Desde el vamos, suscitó polémica entre directivos y docentes las condiciones sanitarias de su distribución. Por otra parte, en muchas escuelas el listado con el que se debía entregar estos bolsones era del año pasado, ya que gran cantidad no pudo concretar el pedido de becas. La cantidad entregada fue exigua, insuficiente y dispar. Para algunos fueron 1 o 2 leches, 5 mates cocidos y tés, barritas de cereal y fruta, otros pocos además tuvieron verdura, fideos, azúcar y aceite. En las escuelas medias entregaron viandas por dos semanas, equivalentes, en realidad, al refrigerio de una jornada simple. Discutamos entre las organizaciones y vecinos los términos para cuidar la salud en los barrios, a través de la formación de comités, por espacios seguros para la asistencia alimentaria para todas las familias y el resguardo sanitario de los mayores. La pandemia del Covid-19 coloca con urgencia estos reclamos que vienen llevando adelante los vecinos en las asambleas de toda capital. Larreta es el responsable del hambre, la falta de trabajo, la falta de servicios como agua, luz, gas y cloacas, los basurales y el dengue: una bomba social que va a encontrar la organización y resistencia de los trabajadores.

16 de abril de 2020
Sobre la última declaración del PdT (Tendencia)

Retomo el debate iniciado en BI y ante la última declaración de nuestro PdT: -En primerísimo lugar saludo la declaración: “Como Debemos luchar contra la violencia sobre la mujer”, pues debatimos en una reunión justamente la necesidad de sacar una declaración única y no solo artículos testimoniales sobre los problemas que exacerban la situación de crisis actual, por la pandemia mundial. También porque adhiero a su texto en su conjunto, pero quiero referirme de nuevo a un pequeño matiz para poder clarificar efectivamente cual es nuestra posición con respecto al feminismo, y al movimiento de mujeres. -El texto afirma que “No existen los gobiernos “feministas” bajo el régimen de clases porque el capitalismo no puede ir, en el mejor de los casos, más allá de la igualdad formal o derechos civiles y políticos.” Sucede que el feminismo es justamente eso, es la búsqueda de la igualdad formal o en derechos civiles, y políticos, ese es su origen histórico y por ello abogan las feministas. Considerar que el feminismo es más que eso es embellecer al feminismo, y allí tenemos que hacer un par de distinciones. Hablar de feminismo es solo hablar de una parte del movimiento de mujeres, pues el movimiento es mucho más vasto que solo el feminismo, existen las organizaciones de izquierda clasistas, que con los matices y divergencias que sean, luchan por el socialismo, a diferencia de las feministas que solo luchan por los derechos igualitarios etc dentro del régimen, como dice el propio texto. Que el feminismo crea que puede bajo este régimen conquistar realmente la liberación de la mujer es una fantasía sí, pero justamente ese es el límite del feminismo, que incluso promueven hoy los gobiernos del mundo, desde el cubano hasta los Fernández, desde el G20 al FMI como ya lo he señalado en el documento anterior sobre la tapa Nr.7, no por nada las líderes del feminismo de las décadas pasadas, todas o casi todas quedaron integradas al régimen social existente y en lugares de poder. En todo caso debemos hacer un llamado al movimiento de mujeres a romper con el feminismo y pasarse a las filas del socialismo. -La advertencia en el IDA hacia nuestro Congreso, que mi planteo podría dejarnos en un lugar de unilateridad ante el desarrollo de la crisis mundial, intenta hacer de mi crítica un sectarismo que no promulgo en absoluto. Lo que intento expresar es que debemos intervenir con fuerza en el diverso movimiento de la mujer, que NO es todo feminista, para clarificar la agenda, que es obrera, y no es feminista, es decir el pliego reivindicativo de la mujer trabajadora. Nada novedoso, sino más bien lo que las socialistas empezaron a hacer desde la II Internacional. A saber. Alejandra Kollontai pag. 177(*) del libro sobre la liberación de la mujer: “El movimiento feminista burgués se desarrolló a partir de la consigna “igualdad de derechos”. La primera consigna de las obreras fue “derecho al trabajo”. En los años 1850, las obreras lucharon por las reivindicaciones siguientes: 1- Acceso a los sindicatos, en las mismas condiciones que los varones. 2- A igual trabajo igual salario. 3- Protección del trabajo femenino. 4- Protección general de la maternidad.” Ni hablar que hasta el día de hoy tenemos dramas para que las feministas entiendan que debemos luchar por las licencias propias de la mujer, ante su desmedido “igualitarismo”. No vamos a tender puentes con el movimiento de mujeres embelleciendo al feminismo, sino por lo contrario desarrollando nuestra agenda concreta de reivindicaciones, porque realmente la mujer obrera las necesita, y de manera imperiosa, antes, durante y después de la pandemia. Entonces se me abren otros interrogantes, a saber: Si el FMI es el patriarcado, y no puede disfrazarse de feminista, como tampoco los Fernández, o Lagarde, entonces el feminismo es bueno, debemos desenvolver como lo practican con claridad el PTS o el MAS, que se autodenominan feministas socialistas. O como decía Mariátegui desenvolver el feminismo proletario, lo cual no es solamente una denominación, sino la claridad de que el feminismo es progresivo, y existen varios feminismos: “Nadie debe sorprenderse de que todas las mujeres no se reúnan en un movimiento feminista único. El feminismo tiene, necesariamente, varios colores, diversas tendencias. Se puede distinguir en el feminismo tres tendencias fundamentales, tres colores sustantivos: feminismo burgués, feminismo pequeño-burgués y feminismo proletario. Cada uno de estos feminismos formula sus reivindicaciones de una manera distinta. La mujer burguesa solidariza su feminismo con el interés de la clase conservadora. La mujer proletaria consustancia su feminismo con la fe de las multitudes revolucionarias en la sociedad futura. La lucha de clases –hecho histórico y no aserción teórica- se refleja en el plano feminista. Las mujeres, como los hombres, son reaccionarias, centristas o revolucionarias. No pueden, por consiguiente, combatir juntas la misma batalla. En el actual panorama humano, la clase diferencia a los individuos más que el sexo. Pero esta pluralidad del feminismo no depende de la teoría en sí mismo. Depende. Más bien, de sus deformaciones prácticas. El feminismo, como idea pura, es esencialmente revolucionario.” (*1) Si tenemos la posición de Mariátegui, entonces seamos claras y claros, pues sino confundimos a nuestras propias filas, y digamos en una declaración como esta última, no existen los gobiernos feministas proletarios. ¿Por qué es importante esta polémica? Porque las corrientes de izquierda absolutamente todas, al embellecer al feminismo, terminaron adaptadas paulatinamente a sus limitados planteos. La claridad de lo que debemos ser, o somos, deber ser absoluta en el seno del movimiento de la mujer, masivo y mundial, en su cresta de ola histórica, sin que ello signifique sectarismo alguno. Saludos socialistas, Laura Kohn ( 1) Editorial Fontamara. Editada en 1982 ( 2) José Carlos Mariátegui. Las reivindicaciones feministas. 1924

17 de abril de 2020
Colonia Santa Rosa: ofensiva obrera por el salario y la vida de los trabajadores

La cuarentena y la seguridad de los trabajadores en Colonia Santa Rosa (Orán), está claro, depende de la acción organizada de los trabajadores, quienes dispusieron un minucioso control obrero en el municipio y sobre la ruta 14, con guardias, turnos y una acción solidaria entre los vecinos para obtener los elementos de limpieza y seguridad que el gobierno no garantiza. Días atrás, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que descontaría el 15% de los salarios de trabajadores estatales para crear un “fondo solidario”. La reacción obrera y el repudio en las redes sociales obligaron al gobernador a retroceder. En el caso de los obreros de Colonia Santa Rosa, no solo rechazaron por unanimidad los dichos del gobernador, sino que, además, vieron en esas expresiones la necesidad de tomar la ofensiva respecto a la situación de miseria social y destrucción del salario que enfrentan día a día. En el municipio, meses atrás, se había impuesto el despido de toda una camada de luchadores y activistas. En una reunión de delegados, los trabajadores establecieron un pliego de reclamos que recupera viejos acuerdos que el intendente Mario Guerra adeuda desde 2019. En una acción desesperada para tratar de recuperar las riendas del municipio, Guerra convocó a los trabajadores a reuniones en la que le ofreció un protocolo de trabajo “voluntario”, en el marco del aislamiento, con la garantía de barbijos, guantes y materiales de limpieza. Los trabajadores rechazaron este planteo, en primer lugar, porque los guantes, los barbijos y los productos de limpieza los deben garantizar sí o sí, al igual que los salarios. Los trabajadores opusieron al planteo del intendente un protocolo que establece que actividades como recolección de residuos y el barrido de las calles, la atención del hogar de ancianos y del cementerio deben ser consideradas como servicios esenciales, por lo que aquellos compañeros que desarrollen esas tareas en los turnos y guardas dispuestos por los obreros, deben recibir un bono adicional de $10 mil pesos aparte de sus salarios. “Ningún compañero está obligado a trabajar, las guardias se cubren con aquellos que están dispuestos a hacerlo”, fue la consigna. En este cuadro, los obreros reclaman recuperar la cobertura de ART que en el municipio no tienen hace 6 años, en tanto que el covid-19 sea reconocido como una enfermedad de trabajo, al igual que lo reclaman miles de trabajadores de la salud en el país y el mundo. En este protocolo, los trabajadores no resignan los ítems del salario que el intendente les adeuda del 2019: la escolaridad, la cláusula gatillo de diciembre de 2019 y el aumento salarial del 30% hasta julio del cual todavía no recibieron ningún aumento, exigen sean garantizado en un 15% en abril y un 15% en mayo con un adicional de $2 mil pesos de recomposición salarial que ya había sido acordado y tampoco fue pagado. Un programa obrero para enfrentar la pandemia en Colonia. Frente a esto, Guerra se declaró un impotente, y declaró que no ha recibido ni u solo peso del gobierno provincial. Los trabajadores salteños están desenvolviendo acciones solidarias desde el primer día de la cuarentena que ponen de manifiesto la profunda reserva política y democrática de nuestra clase. Ejemplo de ello son los docentes de la ciudad de Orán, que producen mascarillas faciales con impresoras 3D y las entregan en los hospitales del departamento; los vecinos en Hipólito Yrigoyen (Orán) están donando delantales y camisolines para los enfermeros y médicos, mientras que los compañeros del Polo Obrero de Colonia Santa Rosa dispusieron comisiones de vecinos para acompañar las medidas de los municipales en la ruta, colectan recursos de limpieza y entregan casa por casa la mercadería para las familias mientras el merendero está cerrado por la cuarentena. Las autoridades del Hospital en Colonia, por su parte, recogen donaciones en comercios y casas en los barrios frente al vaciamiento sanitario y la falta completa de equipamiento por parte del ministerio de Salud y el ejecutivo provincial. La pandemia que azota a escala mundial a las masas explotadas ha puesto a los trabajadores a deliberar. Esta enorme experiencia que están recorriendo los trabajadores, tomando en sus propias manos la defensa del salario, de la salud y de la vida de las familias trabajadoras, los coloca en un papel de liderazgo que comporta una lucha por el poder político. Tenemos que desenvolver un programa político propio que se oponga y supere los límites de la burguesía como una necesidad inmediata. Impulsemos en cada lugar de trabajo, en los hospitales y centros de salud, en los barrios, comités de obreros y vecinos con un programa propio que sea el resultado de nuestra deliberación, impulsemos todas las iniciativas que aseguren la cuarentena, el reparto de los alimentos y el control obrero en las actividades políticas y sanitarias.

17 de abril de 2020
Danone - La Serenísima: los trabajadores enfrentan a la patronal

Danone - La Serenísima modifica nuevamente el régimen laboral para recortar un 40% el salario Utilizando como excusa la pandemia. Según la empresa, sería para "evitar el desabastecimiento". Esta patronal, que en ningún momento dejó de producir, aduce una "caída " y vuelve a la carga contra el régimen de 7×2. En primer término, para unos 65 trabajadores. Pero con su objetivo es eliminarlo para los 200 que se encuentran englobados bajo ese régimen laboral y equiparar a toda la fábrica en el sistema de 44 horas laborales. El 7×2 nació como parte de una necesidad de la patronal, elevando al máximo la producción, y por lo tanto el esfuerzo de los trabajadores. Por cada siete días trabajados (en turnos rotativos), los operarios contaban con dos francos. Un régimen súper explotador. Pero, en ese momento, la presión de las bases logró conquistar un franco compensatorio y una compensación salarial. Ahora, nuevamente por necesidad de la patronal, se pretende eliminar este régimen, con el único objetivo de recortar los salarios. Desde que se conoció la noticia del fin del 7×2, un grupo de trabajadores se comenzó a organizar para evitarlo. Se dirigieron a al ministerio de Trabajo en las diferentes jurisdicciones (nacional, provincial y municipal), realizaron presentaciones legales y consiguieron un amparo judicial que impide a la empresa modificar, momentáneamente, el régimen laboral. Pero todas estas instancias fueron desoídas por Danone, que presiona para dilatar y desgastar la lucha. Por otro lado, este conflicto dejó al desnudo el rol entregador de la burocracia sindical. Los que nada hicieron en un principio contra un régimen negrero, nada hacen ahora contra el recorte de los salarios. Pero como si el inmovilismo no bastara, utilizan la mentira y la falsificación para intentar demostrar que están del lado de los trabajadores. En varios medios, se han publicado notas donde mencionan "el respaldo de Héctor Ponce al reclamo de los trabajadores". Y se llegó al descaro total cuando se anunció un paro (con el acompañamiento del espacio referenciado con el moyanismo y del sector alineado con la conducción de Atilra nacional) para el lunes 13 de abril, que jamás sucedió. Esto suscitó un quiebre en la comisión interna de la planta ubicada en Longchamps. Un grupo de cinco delegados decidió acompañar, realmente, el reclamo de los trabajadores. Pero, pese al apoyo, la entrega se terminó consumando. La patronal Danone-La Serenísima está decidida a que cuando finalice la cuarentena quede consumada la reducción salarial y el cambio de régimen. Esto no termina ni con los 65, ni con los 200 trabajadores de un régimen en particular. El objetivo es recortar los salarios de toda la planta, precarizar, flexibilizar y, claramente, suspender y despedir a los activistas que se plantaron contra la empresa. Para lograr este objetivo, la patronal utiliza el desconcierto y el temor en el que se encuentran los trabajadores, ocasionado por el Covid-19. Danone-La Serenísima no tiene ninguna baja en la producción porque jamás dejó de producir. El desabastecimiento es responsabilidad de la empresa, que ha privilegiado la distribución a las grandes cadenas en detrimento de los almacenes de barrio. Planteamos que si pretende cambiar el régimen laboral, que esto no signifique una reducción del salario Por un salario básico igual a la canasta familiar indexado por inflación. Turnos de 6 horas en todas las actividades esenciales y la cuarentena, con pago pleno de salarios, en las restantes. Es necesario organizar un gran reclamo colectivo por un aumento salarial de emergencia en todas las empresas llamadas esenciales y en la salud, con jornada reducida y entrega de todos los elementos de protección al Covid-19.

17 de abril de 2020
Justicia por Priscila
Plenario de Trabajadoras – Santiago del Estero

El pasado miércoles 15 de abril, en la ciudad de La Banda, Barrio Los Lagos, recibimos la triste noticia de que encontraron sin vida a Priscila Martínez. El hallazgo se produjo en la casa del principal sospechoso como lo venía denunciando la familia Martínez. Priscila, de 15 años, estaba desaparecida desde el domingo 23 de febrero. La familia comenzó a buscarla inmediatamente. Sin embargo, en la Comisaria del Menor y la Mujer no quisieron recibir la denuncia, argumentando que Priscila se encontraría con su novio o andaría en la calle. La familia la buscaba barrio por barrio, con sus propios recursos, recorriendo la ciudad de La Banda, mientras la justicia ignoraba las declaraciones de la familia. El pasado 16 de marzo, la familia, amigos y organizaciones, entre ellos, el PdT (T) y el Polo Obrero (T), marcharon hacia la fiscalía. Allí, la familia aportó datos para orientar la búsqueda y señaló a Rubén Ávila como el principal sospecho. La violencia contra las mujeres es el resultado de un régimen social en descomposición. Durante la cuarentena, el aumento de las denuncias y muertes de nuestras niñas y mujeres han borrado todo este maquillaje proteccionista hacia las mujeres. Los policías y fiscales hicieron oídos sordos a la familia de Priscila. Solo la organización de las mujeres junto a nuestros compañeros y organizadas de manera independiente, podemos desarrollar una salida de clase, en el marco de una crisis del régimen descompuesto y obsoleto. Debemos conformar comisiones de mujeres en las barriadas, donde enfrentamos cotidianamente la violencia y en nuestros lugares de trabajo. Abramos el debate con un contenido político de clase para poner en marcha nuestro protocolo de seguridad y salud. Agruparnos con las familias con las que estén en riesgo en un frente único contra violencia. Vamos por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para mejorar las condiciones materiales de nuestras vidas. Vamos por la organización socialista de las mujeres, por un gobierno de los trabajadores que ponga fin a todas las formas de violencia hacia la mujer y toda explotación del hombre por el hombre.

17 de abril de 2020
Royal Canin: los trabajadores conquistan un bono extraordinario y protocolo de seguridad e higiene
Corresponsal

Desde que se decretó la cuarentena, los trabajadores de la fábrica de alimento para mascotas, Royal Canin, ubicada en Virrey del Pino, La Matanza, iniciaron un debate acerca de sus condiciones de trabajo y la necesidad de impulsar un protocolo de seguridad y de higiene que los proteja del contagio del coronavirus. Luego de una serie de asambleas y reclamos, la empresa tuvo que elaborar un protocolo tomando la gran mayoría de los puntos que reclamaban los obreros: la cuarentena con el cobro del 100% del salario para los compañeros en “grupos de riesgo”, el traslado en remis (pago por la empresa), la toma de temperatura a cada compañero antes de ingresar a la fábrica, limitar el ingreso a los vestuarios, limitación kits de higiene para cada trabajador, entre otros. Cuando exista un caso sospechoso, la patronal se hará cargo de realizar el test para detectar si el trabajador es portador del COVID-19. Como parte de estas reivindicaciones, los compañeros exigieron una remuneración especial por estar trabajando en el contexto de la pandemia. Recientemente, la patronal ha anunciado que otorgará un bono de $11.000 en bruto, que cobrarán todos los compañeros de la fábrica. Es un aliciente, en el contexto de una inflación creciente. “Con organización y unidad celebramos estas conquistas. Esperemos se puedan repetir en otros gremios”, resumió uno de los compañeros de la planta. La lucha de los molineros se inscribe en un proceso de deliberación más amplio de la clase obrera que, en tiempos de pandemia, no está dispuesta a resignar sus condiciones de vida.

17 de abril de 2020
El SUTNA frente a la pandemia: un camino para la clase obrera

El viernes pasado, Alberto Fernández anunciaba que exceptuaba de la cuarentena obligatoria la fabricación, distribución y venta de neumáticos para el transporte, catalogado como esencial. Antes de que saliera la resolución, el Sindicato del Neumático (SUTNA) emitía un comunicado que cuestionaba la decisión gubernamental y planteaba que no aceptarían el inicio de la producción hasta que no se demostrara la falta de stock, se clarificara la producción "necesaria" y se garanticen las condiciones de prevención del contagio para todos los trabajadores del gremio. A pesar del decreto firmado, y de la presión de las patronales, las fábricas del neumático no han arrancado a producir. Impulsados por la conducción clasista del sindicato, los trabajadores han decidido que la defensa de sus vidas y la de sus familias está primero. La cuarentena de las patronales El comunicado del SUTNA ha desnudado a un gobierno que dice priorizar la salud antes que la "economía". Lo cierto es que en las últimas semanas las patronales han presionado con despidos, suspensiones y rebajas salariales a la política de la cuarentena, llevando a excluir de ella a la enorme mayoría de la producción. La decisión de catalogar de esencial a la fabricación de neumáticos es un guiño sobre todo para el empresario Madanes Quintanilla, quien ya había conseguido que su fábrica Aluar siga produciendo. La dirección del SUTNA ha reclamado que se justifique la supuesta falta de cubiertas, qué cantidades supuestamente serían necesarias, qué tipo de medidas, y si se verificó que no se encuentran en stock. “No pretendemos tener más derechos que los compañeros del transporte, sanidad, camioneros, alimentación etc, lo que exigimos es que no se abra ninguna línea de producción por el mero hecho del pedido de las patronales para generar ganancias, que sólo se haga cuando es indispensable para la necesidad de la sociedad, y por ello investigaremos a fondo la necesidad legítima de cubiertas y nos opondremos a todo trabajo innecesario en todo el gremio del neumático". Es que este periodo de cuarentena, las gomerías han estado cerradas, e incluso las multinacionales Pirelli y Bridgestone sacaron declaraciones internacionales donde aseguraban contar con stocks suficientes. El SUTNA ha puesto en el centro del debate las características que debiera tener la producción en medio de una pandemia mundial. Los capitalistas y sus gobiernos priorizan la ganancia, los trabajadores priorizan las condiciones de vida y la salud de la enorme mayoría de la humanidad. Un protocolo obrero Apenas decretada la cuarentena obligatoria, el SUTNA comenzó a organizar, junto a los delegados de las distintas fábricas del país, la discusión de un protocolo para cuando hubiera que empezar la producción necesaria. El debate colectivo, con trabajadores y activistas de cada sector, llevó a la presentación de la exigencia de medidas de resguardo muy significativas. Desde el aumento de los charters para garantizar el seguro transporte de los obreros, pasando por la exigencia de la toma de temperatura y la quita de los molinetes de ingreso y salida, hasta el pedido de remodelación y reorganización de vestuarios y lugares comunes para evitar la conglomeración de personas, además de la exigencia de insumos y horarios de higiene y prevención necesarios, entre varios otros ítems. Ya desde antes, habían garantizado las licencias para todos los trabajadores que fueran parte de la población de riesgo. Las patronales del neumático, con quienes han tenido reuniones por teleconferencia- la última, este miércoles también con miembros del Ministerio de Trabajo y Producción-, han intentado responder con un ataque a los salarios. El SUTNA ha plantado una bandera fundamental, no sólo rechazando este ataque patronal, sino imponiendo una agenda de reclamos para mejorar las condiciones de trabajo, es decir un camino no solo de defensa, sino también de avanzada para los trabajadores. Este accionar ha llevado al gremio del neumático a romper los techos salariales durante el ajuste macrista. Cuando predominaron las paritarias a la baja, el SUTNA recompuso el poder adquisitivo de los obreros del gremio. El problema no es la supuesta falta de disposición a la lucha de los trabajadores, sino la orientación que toman las conducciones de sus organizaciones. Un programa obrero frente a la crisis La recuperación del SUTNA por parte de sus trabajadores marcó un hito en la etapa transicional de choque de la clase obrera con la burocracia sindical. Hoy se pone de manifiesto, con más claridad que nunca, la necesidad de que los trabajadores barran a las burocracias patronales de sus organizaciones sindicales. No se puede esperar que las centrales sindicales convoquen a medidas de lucha, cuando han pactado durante décadas el ajuste que lleva hoy al 40% de trabajadores precarizados y en negro que rige en el país. Están ahora mismo, volviendo a pactar rebajas salariales, despidos, suspensiones y exponiendo a la clase obrera en su conjunto al COVID 19 aceptando la vuelta a las fábricas sin ninguna condición de prevención. Los trabajadores deben seguir la línea de los compañeros del neumático: superar a las burocracias sindicales, imponiendo un programa obrero de defensa de la vida y de las condiciones laborales. Que el gobierno de coalición de Alberto Fernández demuestre la esencialidad real de la producción de cada fábrica. Control de la producción necesaria por parte de los trabajadores. Por la deliberación colectiva y puesta en marcha de protocolos que garanticen la prevención contra el contagio de coronavirus. Por el desarrollo de planes de lucha para imponer estos reclamos, única garantía para la defensa de la vida de clase trabajadora. Saludamos y hacemos nuestra la convocatoria del SUTNA que impulsa "la coordinación con todas las representaciones gremiales posibles para que cada actividad productiva denominada como esencial sea aquella indispensable para la sociedad y se realice con todos los recaudos pertinentes." Ninguna rebaja salarial, todo el apoyo a la lucha de los trabajadores del neumático.

17 de abril de 2020
Aclaración sobre enfermedades profesionales y las ART

En el artículo “Tufillos golpistas” se señala: "Seguramente enfureció a las patronales el reconocimiento de las enfermedades y fallecimientos provocados por la pandemia, pero lo limitó al personal de salud e incluso condicionado a dictámenes de las comisiones médicas – cuya función es la no admisión de la enfermedad y la dilación de las indemnizaciones". Sin embargo, un lector nos ha señalado, correctamente, que abogados de grandes empresas afirman que ellos quieren que se incorpore el coronavirus en el listado de enfermedades profesionales porque, de lo contrario, el trabajador contagiado podrá hacer juicio a la empresa por la vía civil por los daños físicos y hasta mortales, por montos eventualmente elevadísimos. “Las ART son las que se oponen -señala nuestro lector-, porque se ven venir una catarata de reclamos que deberían afrontar, ya que el Fondo Especial que hay se agotaría rápidamente y apuestan a que las Comisiones Médicas filtren los reclamos ´pisando´ los expedientes para finalmente rechazarlos”.

17 de abril de 2020
El DNU del Covid-19
Juan Ferro y Daniel Zamtlejfer

La cuestión del reconocimiento del Covid 19 como enfermedad profesional se constituyó en un episodio no menor de la crisis política del gobierno. La exposición directa de los trabajadores de la salud y de todos los que integran las actividades exceptuadas de la cuarentena, agravada por las condiciones de precariedad en que trabajan (falta de equipos de protección personal -EPP-, alcohol y medidas efectivas de distanciamiento; orden de atender a los pacientes asintomáticos sin protección, jornadas extenuantes, entre otros) ha dado lugar a reclamos, en los que hacen punta los compañeros de la salud. Se han formado en varios hospitales comisiones de trabajadores y también presentación de amparos y cautelares. La complicidad y pasividad de la burocracia sindical y de las ART con las autoridades de los hospitales nacionales y provinciales y de las clínicas privadas, es la regla. La burocracia de ATSA informó que en las primeras semanas de la pandemia las ART rechazaron por no ser "enfermedad laboral listada" más de 180 denuncias de trabajadores de la salud privada contagiados. De conjunto, se está planteando una situación explosiva y hasta el agotamiento prematuro de la fuerza de trabajo de salud. En este cuadro, estalló una disputa sobre la inclusión o no en el listado de enfermedades profesionales del Covid-19, entre un sector del gobierno, de la burocracia sindical y de las grandes patronales preocupadas por bajar sus costos y por una posible catarata de juicios de responsabilidad civil y penales de un lado; y de las ART y los grandes grupos financieros que lucran con el negocio de los seguros de riesgos del trabajo, del otro. En lugar de decretar la inclusión lisa y llana del Covid en el listado de enfermedades profesionales, el gobierno de Fernández, viejo conocido de las aseguradoras, terminó arribando a una solución de compromiso provisoria y precaria. El DNU 367/2020, por un período transitorio considera ("presunción") al coronavirus como una enfermedad de carácter profesional “no listada” para las y los trabajadores dependientes que realizan actividades esenciales. Esa presunción durará mientras esté vigente la cuarentena (aislamiento obligatorio). Lo de enfermedad “no listada” tiene sus bemoles. Porque si el Covid-19 fuese contemplado como enfermedad del sistema, todo trabajador, a partir de la mera denuncia, debería recibir las atenciones médicas inmediatas y necesarias a través de los prestadores de la ART contratada por su empleador en todas las actividades y no solo en las que desarrolle este una actividad llamada ahora esencial. Al no estar “listada” el trabajador de las actividades no esenciales o no autorizadas debe esperar a que la Comisiones Médicas dependientes de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) analicen cada caso que se presente. El trabajador de las actividades autorizadas a trabajar en la cuarentena, infectado por el Covid-19, en la mayor parte de los casos, va directamente a su obra social o a hospitales públicos para ser atendido. El DNU ahora establece que, en caso de denuncia a la ART, esta no podrá rechazarla y debe dar de inmediato las prestaciones (prestaciones médicas y pago del sueldo a partir del décimo día), pero pone como condición que el trabajador enfermo presente un certificado, eximiendo a la propia ART de la obligación de realizar el diagnóstico. A partir de allí el trabajador deberá comenzar el calvario de realizar el trámite de reconocimiento de su enfermedad ante la Comisión Médica Central, encargada de determinar la relación de causalidad con el trabajo de la enfermedad. En el caso de los trabajadores de la salud, esta relación de causalidad directa se presume, pero solamente por un período de hasta 60 días posterior al fin de la cuarentena. Es evidente la arbitrariedad de excluir al resto de los trabajadores y de establecer un período transitorio cuando las consecuencias de la extensión y duración de la infección son desconocidas. La presunción en favor de los trabajadores de la salud también está sujeta a "prueba en contrario", esto es, a que los abogados de los poderosos estudios de las ART ametrallen al compañero con presentaciones y recursos para "demostrar" que se enfermó fuera del lugar de trabajo, o que tenía otra patología previa (eximentes para la indemnización planteadas por la antiobrera ley de riesgos del trabajo) y todo tipo de bajezas a las que se dedican cotidianamente. Los médicos que componen las Comisiones Medicas, locales y central, que determinan el monto de las eventuales indemnizaciones, son de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Estas Comisiones Médicas son sostenidas con los aportes de las propias ART y han sido factor de miles de juicios de los trabajadores por no reconocer enfermedades, retacear indemnizaciones, desconocer incapacidades físicas parciales y totales, e incluso las indemnizaciones por fallecimiento de trabajadores. Los trabajadores las consideran como los regenteadores de una "medicina" al servicio de la producción y no de la salud del trabajador. Una concesión mayor que obtuvieron las ART es que el DNU establece que las prestaciones por Covid-19 serán imputables en su totalidad al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, creado para liberar a las ART de la cobertura de enfermedades masivas, producto de la violación del deber de seguridad en el trabajo como la hipoacusia y de otras enfermedades "no listadas" que, por resolución judicial o administrativa, se hubieran visto obligadas a cubrir. Se abre así la vía para que las ART saqueen ese Fondo millonario (pueden disponer de hasta el 90% del mismo), recuperen cada peso que gasten en las prestaciones por Covid-19 y tengan un argumento adicional para excusarse de cubrir otras enfermedades laborales. La batalla de la clase obrera contra la pandemia recién empieza. Recientemente, la Municipalidad de Rosario, ante contagios en varios hospitales de trabajadores de la salud, tiró lastre y en un sistema de auto-seguro había establecido una resolución del tipo del DNU de Fernández, aplicada no solo para los trabajadores municipales de la salud sino para todos los trabajadores del municipio. Está planteada una lucha fundamental alrededor de esta cuestión que va a ser directamente proporcional al desarrollo de la pandemia y a las secuelas que ella deje entre los trabajadores, por establecer la incorporación definitiva (no provisoria) del coronavirus en el listado de enfermedades profesionales, terminar definitivamente con las Comisiones Médicas y patronales y con las propias ART. Los trabajadores tendrán la última palabra.

18 de abril de 2020
Petroleros: “Si no se firma, no se cobra”

Con esta frase de Guillermo Pereyra el burócrata que dirige el sindicato de petroleros de Neuquén, pero que también rubricaron los sindicatos de Río Negro, La Pampa y Chubut se ha firmado un acuerdo que también merece el mote de “miserable”. El acuerdo consiste en que, por 60 días, los obreros petroleros suspendidos percibirán su salario básico cuyo promedio es de 25.250 pesos en la escala inicial, más un plus por zona desfavorable y una vianda de ayuda alimentaria por día, de 604 pesos. El sueldo conformado de un obrero petrolero se encuentra entre los 75.000 y 95.000 pesos. El acuerdo ubica el salario en una cifra cercana a los 37.000 pesos. Lo más vergonzante de este acuerdo es que fue propuesto por la dirección del gremio antes de ir las reuniones formales con las cámaras empresarias. El planteo de Pereyra fue acceder en todo lo que se refiere al salario. “Las Cámaras empresarias nos dijeron que es la única forma de sostener los puestos de trabajo a la espera de que mejore la situación” (Diario Rio Negro, 15/4). El acuerdo primero deja en evidencia que la burocracia sindical en distintas paritarias ha dejado un mapa donde el salario básico se ha hundido y el conformado representa casi el 70% de lo cobrado en bruto. Al desaparecer los premios de presentismo y de puntualidad perfecta y los acuerdos de trabajo en el campo de domingos y feriados, la caída del salario en este acuerdo puede ir más allá de 50-60% de los salarios, con el agravante de que esta situación se mantenga varios meses más. Claro que Guillermo Pereyra recibió un suculento beneficio de este acuerdo, ya que las Cámaras petroleras le entregaran a la obra social 10.000 pesos por cada trabajador petrolero, afiliado o no. El acuerdo de Pereyra es tan escandaloso que la burocracia de la Federación Petrolera, con fuerte injerencia en Santa Cruz, dirigida por Pedro Milla, no lo firmó. Tampoco el sindicato petrolero de Tierra del fuego ni el de Santa Cruz, dirigido por otro burócrata como Claudio Vidal. Los tres tienen una posición similar a la de la dirección de la UOM, la de aceptar un descuento del 70% del conformado, pero no el acuerdo vergonzoso firmado por Pereyra. Está por verse aún cual será el acuerdo que establecerán con las patronales. La situación en la industria petrolera en la cuarentena está enmarcada en una caída general de la producción, pero con desigualdades. Hay bajísima producción en los yacimientos, pero en las refinerías se está trabajando a un 60%. Como ha bajado sensiblemente la venta de combustible y se está acumulando un enorme stock de petróleo y gas, las petroleras están alquilando barcos y depósitos para almacenarlo. YPF está pagando cara la desinversión, pues la boya de carga de hidrocarburos de Tierra del Fuego, que podía resolver esta situación, hace más de 8 meses que se encuentra fuera de servicio. Algo similar ocurrirá con el envasado de gas que, aunque es el sector menos afectado, agota su capacidad de almacenamiento. En toda la industria petrolera está planteado como en ningún otro lado que no haya ningún despido ni ninguna suspensión; es necesario el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Nadie está en mejores condiciones de pagarlas que estas empresas que se han llevado millones de dólares a costa de la explotación obrera. La cuestión de la pandemia en el orden mundial alterara definitivamente la situación de los trabajadores petroleros. Las patronales intentarán establecer un brutal ajuste en salarios y condiciones de trabajo, pero no darán salida a la inmensa crisis capitalista del petróleo. Solo los trabajadores están en condiciones de ofrecer un plan de conjunto a la industria petrolera, cuyo punto de partida no es otro que la nacionalización del recurso, sin indemnización alguna a las patronales, bajo control de los trabajadores.

18 de abril de 2020
Los trabajadores de supermercados frente a la desidia de las patronales

Las grandes cadenas de supermercados ocultan los casos de covid19, incumpliendo con el cuidado a los clientes y a los trabajadores que tanto vociferan las gerencias. Quienes sí asumen esa responsabilidad por el cuidado de todos somos los trabajadores. En la sucursal French de Coto, en el barrio de Once, se produjo el primer caso de covid19 en la cadena y, a los pocos días, nuevos casos más. Hasta la fecha los casos positivos, contabilizados por nosotros, son al menos seis en Carrefour y siete más en las sucursales de Coto. Sin embargo, hasta el día de hoy, Coto mantiene abierta al público su sucursal de Once. Cerró solo por dos días debido al reclamo de los propios trabajadores, quienes exigieron que se cumplan los protocolos frente a la pandemia y las medidas mínimas de seguridad e higiene, advirtiendo que, de lo contrario, iba traer aparejado muchísimos contagios más. A pesar de las amenazas de despido, y consiguieron el aislamiento de más de la mitad de los empleados. Sin embargo, hay alrededor de veinte más que también deberían estar cumpliendo el aislamiento, según el protocolo. El reclamo de trabajadores de Coto denunciando la irresponsabilidad de la patronal, con aplausos y medidas de fuerzas en algunas sucursales, recorrió las redes sociales. La dirigencia sindical solo se hizo presente para asentar una denuncia en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y reclamar “que se investigue el caso”. En cambio, esta misma dirigencia, de la mano de Ramon Muerza, estuvo manifestándose junto al empresario Alfredo Coto el pasado 4 de abril, por la clausura de uno de los locales de la cadena, sancionada por violar los precios máximos. Mientras tanto, en el resto de las 120 sucursales de Coto, las medidas de seguridad aún son nulas. La burocracia del sindicato sólo aparece cuando tiene que contener la presión de las bases. En el caso de Carrefour, la empresa actuó de igual manera, ocultando los casos de contagio tanto a los trabajadores como a los clientes. El Híper de Pilar tuvo que ser clausurado por el municipio, ya que con el caso positivo de Covid 19 de un empleado, la empresa pretendía abrir sus puertas al día siguiente sin poner en cuarentena al resto de los empleados del local, incluidos los trabajadores tercerizados de vigilancia, limpieza, repositores externos, que en la mayoría siguen siendo obligados por sus patronales a seguir trabajando, yendo de una sucursal a otra. Esto, cuando no son suspendidos sin garantizar el pago total del salario. Mientras tanto, el secretario general de comercio, Armando Cavalieri, negocia suspensiones con reducción de salario, con la excusa de defender los puestos de trabajo. Los trabajadores que estamos en constante exposición sabemos que las medidas que el gobierno va tomando sobre la marcha son insuficientes. La realidad que vemos a diario en los locales es la de los jubilados desesperados, quienes tienen que elegir si comer o comprar remedios; madres que se pasan todo el día haciendo fila, buscando los productos más baratos en diferentes mercados y que, así y todo, tampoco les alcanza. Las medidas que fuimos tomando los trabajadores mercantiles, en este corto tiempo, dan cuenta de que la clase obrera es la única fuerza motora capaz de poder transformar esta realidad y es esto lo que hay que poner en movimiento. Adelante, compañeros, en comercio nos estamos organizando.

18 de abril de 2020
Explosión de contagios en la salud
Ale Greig y Maxi S. Cortés

El último informe de la FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la salud de la República Argentina) expresa que Argentina tiene el índice más alto de trabajadores de la salud contagiados, superando a España. De los 2.669 casos confirmados, 374 (14%) corresponden a trabajadores. Se cuentan entre ellos tres fallecidos en las provincias de La Rioja, Río Negro y Chaco, debido al coronavirus. Focos de infección En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta ha anunciado testeo para todos los trabajadores de la salud, luego de conocerse el estallido de contagios en el Sanatorio La Providencia, donde 40 trabajadores han sido infectados. Antes de que se diera a conocer este desastre, la Comisión Interna del sanatorio había reclamado, sin éxito, la provisión de elementos de seguridad personal para todos los trabajadores y las trabajadoras. En el Hospital Manuel Belgrano, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, al menos cinco médicos y diez enfermeras tienen coronavirus; otros 20 profesionales se encuentran aislados, esperando resultados del hisopado. Los trabajadores han anunciado paro total de actividades si no se cumplen con las exigencias planteadas. En el Hospital Mercante de la zona norte de Buenos Aires, hay tres trabajadores aislados preventivamente. En Bahía Blanca, otros 15 trabajadores del Hospital de la Asociación Médica fueron diagnosticadas con coronavirus, por lo cual se dispuso de la suspensión de la atención por guardia e internaciones durante los próximos 14 días. En la provincia de Córdoba, 24 adultos mayores y 8 empleados resultaron contagiados por un trabajador de la salud en un geriátrico en la ciudad de Saldán. En la provincia de Chaco, por un reporte epidemiológico emitido por el ministerio de Salud de la provincia, se deduce que, de los 199 infectados declarados hasta ahora, 105 casos (52,7%) se relacionan directa o indirectamente con servicios de salud públicos o privados. Se contabilizan 60 profesionales infectados en el Hospital Perrando; 19 en el Centro de Diálisis Fresenius; 14 infectados en el sanatorio Modelo. En Tucumán, los trabajadores de la salud han sacado a la calle el reclamo de insumos básicos para la atención, pero el gobernador Manzur ha respondido con represalias sobre el personal de la salud, a través de licencias o traslados forzosos. En Catamarca, donde aún no se registran casos, el intendente de la localidad de El Recreo suspendió y pasó a disponibilidad a Paula Nieto, enfermera municipal, en represalia por reclamar elementos de protección. La denuncia de este atropello hizo volver atrás la suspensión. En lucha En el gremio de la salud que se desarrolla en asambleas y comités, como ocurre en Tucumán, en los hospitales Belgrano y Mercante, de la provincia de Buenos Aires; en el Hospital Eva Perón, de General Baigorria-Santa Fe; en los hospitales Italiano y Ramos Mejía en la Ciudad de Buenos Aires, y muchos otros. Los profesionales de la salud, al estar en la primera línea de contención y atención, sin provisión de medidas profilácticas adecuadas, resultan ser una vía de mayor canalización del virus. La cantidad de trabajadores de la salud contagiados, siendo el único recurso activo y escaso representa un crimen social. Es urgente que se destinen mayores recursos y kits de alta seguridad para todos sin distinción; contratación de más personal, la reincorporación definitiva de trabajadores de salud y pase a planta permanente, como los 100 trabajadores despedidos del Hospital Nacional Posadas de Buenos Aires, durante el gobierno de Macri. Testeos masivos a todo el personal e inclusión del Covid en el listado de enfermedades profesionales ante las ART. Promovamos asambleas intergremiales y la formación de comités de seguridad e higiene, integrados por delegados de base. Abramos la discusión por una necesaria centralización del sistema de salud privado y público. Basta de aprietes a los profesionales de la salud por parte del estado y las burocracias sindicales.

18 de abril de 2020
Coronavirus: La Matanza, una bomba de tiempo

El distrito de La Matanza, dónde viven más de dos millones de personas, cuenta con solo tres hospitales que atienden casos de alta complejidad. El intendente, Fernando Espinoza, ha reconocido que en La Matanza hay 2.600 camas disponibles, entre el sector público y privado (Página 12, 28/3). En los últimos días el municipio improvisó la colocación de 4 mil camas –solo para atender enfermos leves- en clubes y otras instituciones, que no cuentan con la infraestructura, ni las condiciones mínimas de salubridad para atender a los futuros pacientes. El sistema de Salud en el distrito se encuentra permanentemente colapsado, con turnos lejanos para situaciones complejas, falta de personal, trabajadores precarizados, falta de insumos. El escenario de pacientes que deben ser atendidos en los pasillos es habitual. A esto se le suma la falta de suministro sanitario para el personal de salud en lo que hace a insumos materiales descartables barbijos, alcohol, agua oxigenada, bioseguridad, los kits de protección personal. Los trabajadores del hospital Paroissien, organizados en CICOP, en su última asamblea votaron la constitución de un comité de crisis con propuestas de acción y organización hospitalaria para el abordaje de la pandemia. Algunas de las resoluciones más importantes fueron que no se trabaje si falta algún elemento de protección personal, que el covid-19 sea considerada una enfermedad profesional, la provisión de insumos y los protocolos de cuidados y denuncian las precariedades laborales a las que están sometidos. Actualmente, de modo oficial, en La Matanza existen 38 casos confirmados de COVID-19 y dos personas fallecidas. Sin embargo, las cifras de contagio son inciertas debido a que no hay reactivos para detectar el COVID19 en los pacientes que presentan síntomas. Este proceso se debe llevar a cabo en el hospital Posadas (Morón), adonde se envían los estudios. Esta demora y la inexistencia de la realización de testeos masivos no permite saber el número real de infectados y, por lo tanto, la proyección de contagiados que puede llegar a tener el distrito. Garanticemos la cuarentena En la mayoría de los barrios, la cuarentena se realiza en los domicilios, sino en los barrios, debido al hacinamiento y las malas condiciones de vida. La Matanza es el segundo partido de la provincia de Buenos Aires con mayor cantidad de asentamientos, 115 en total, de acuerdo a los datos del Registro Público de Villas y Asentamientos, elaborado por la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda bonaerense. Muchos de estos barrios se ubican cerca de la cuenca del Río Matanza, expuestos a la contaminación en un territorio que ha sido considerado inadecuado para la subsistencia humana. El municipio, además, es el más afectado del brote de dengue y, en materia laboral, La Matanza es el reino de la precarización y el trabajo en negro. Para poder cumplir con el aislamiento, los barrios deben ser asistidos con todos los elementos alimentarios y sanitarios necesarios. Promovamos la organización de comités electos por los vecinos, que garanticen el cumplimiento efectivo de la cuarentena, mediante un programa. Por espacios públicos limpios y seguros para los comedores, el reparto de alimentos a todas las familias que lo necesitan y el resguardo sanitario de los adultos mayores. El cobro del “ingreso de emergencia” debe ser inmediato para todos los compañeros desocupados que lo han solicitado. La Matanza será, sin lugar a duda, uno de los epicentros del colapso sanitario. Convocamos a los trabajadores a organizarse defensa de su salud y de sus propias vidas.

18 de abril de 2020
"Socorro, gendarme"

El día de ayer la página de Facebook del Polo Obrero que dirige el oficialismo del PO subió un comunicado que relata la irrupción violenta de un motociclista en el local de la organización en el momento en que se realizaba el reparto de la mercadería. El motociclista agredió brutalmente a Esteban Choque, quien terminó siendo hospitalizado. Como consecuencia de esta agresión, las delegadas del comedor se comunicaron con la gendarmería: “se le solicitó que se quede a custodiar el reparto de comida a todas las personas restantes”. Esta posición contrasta quienes escriben que “no es necesario involucrar al ejército, como está haciendo el gobierno, para garantizar ninguna cuarentena, menos aún para el reparto de alimentos”. El comunicado de Polo hace responsable al Estado “por estas zonas liberadas que se han profundizado durante la cuarentena”. Las compañeras deben tener razones para hacer esta denuncia (zona liberada), lo que no puede es denunciarla cuando interviene porque interviene, y cuando no interviene porque no interviene. Las compañeras se abstienen de denunciar a los gendarmes por el “armado de ghettos” como lo hacen quienes ofician de dirección de ellas, y reivindicar las dos posiciones al mismo tiempo. ¿Cómo se explica está contradicción, flagrante y abusiva? Se trata, para no caer en estos dislates de recoger, simplemente, una recomendación de Trotsky: “aprender a pensar”: las organizaciones barriales deben pensar en sus protocolos y programas, y a la luz de esto cuándo sí y cuándo no aceptar la presencia de la gendarmería. Si advertimos una violencia contra la mujer, tenemos la obligación de llamar a la policía, cuando no tenemos un piquete obrero para resolverlo. Las compañeras de Soldati, que militan en el aparato, resolvieron en forma sencilla el enigma que las cabezas pensantes de este no saben ni quieren hacer. Mientras se recupera el compañero Choque, a quien le mandamos nuestra solidaridad, denunciamos, junto con las delegadas del Polo Obrero de Villa Soldati, el desarrollo de las zonas liberadas en los barrios por parte las fuerzas represivas. Reclamamos al Estado el aumento de raciones de alimentos en todos los comedores y llamamos a conformar comités barriales para garantizar la cuarentena.

18 de abril de 2020
Coronavirus: extorsión israelí sobre Gaza

Aunque los gobiernos de Hamas de la Franja de Gaza y el sionista de Netanyahu lo desmintieron es vox populi en todo Medio Oriente que se está negociando un intercambio de dos civiles prisioneros y los restos de dos soldados israelíes en la franja de Gaza por respiradores imprescindibles para ese territorio. “Si (Israel) mostrara más generosidad y menos regateo” la operación ya hubiera tenido lugar. “Si Israel tuviera una pizca de sentimiento humano hacia los habitantes de la Franja de Gaza, al menos durante la pandemia de coronavirus, inmediatamente levantaría todas las prohibiciones y permitiría ayuda médica y económica ilimitada en el enclave” (Gideon Levy en Haaretz, 15/4). “El mundo entero ha cambiado -dice Levy-, excepto la prisión más grande de todas, que espera ansiosamente un brote con solo 65 respiradores, sin kits de prueba para más de 2 millones de personas y con puertas cerradas cuya llave está en manos del carcelero israelí” (ídem). Hace más de 15 años que los sionistas estrangulan la vida de la Franja, prohíben la entrada y salida de mercaderías y seres humanos –a excepción de lo que ellos autorizan. Israel, EE.UU. y los emiratos del Golfo, todos asociados, explotan la plataforma submarina del Mediterráneo palestino, un reservorio extraordinario de gas que abastece a Israel y se exporta a Egipto y Jordania. El historiador israelí Ilán Pappé, exiliado en Londres, ha denunciado que Israel practica la estrategia del "genocidio incremental" del pueblo palestino. El 19 de mayo de 2019, el periodista Yaniv Kubovich informaba que, según fuentes de las agencias de la ONU en la Franja, “1,700 gazatíes podrían sufrir amputaciones debido a la carencia de fondos para salud”. Desde que Egipto reabrió su frontera de Rafah en noviembre de 2017, tras años de encierro absoluto “alrededor de 35 mil gazatíes dejaron la Franja” a través del único paso por el cual pueden irse. “Entre ellos emigraron 150 médicos empleados en los hospitales gazatíes”. “Los temores a este drenaje de cerebros llevó al gobierno de Hamas a prohibir la salida de nuevos médicos” (ídem). Sistemáticamente, Israel apuntó al sector de la salud durante sus ataques, bombardeando hospitales y ambulancias, evitó la evacuación de los heridos y usó armas no convencionales como el fósforo blanco y explosivos metálicos inertes densos. “El ataque de 2014 contra Gaza dejó a 500,000 personas desplazadas, la destrucción o daños severos de más de 20,000 hogares palestinos, 148 escuelas y 45 centros de atención primaria de salud…En este último año (2019), el ejército israelí atacó a trabajadores médicos claramente identificados con la Gran Marcha del Retorno” (The Bullet, 16/4). La provisión de agua y electricidad en la Franja es intermitente. Desde 2014 está “deshabilitada la purificación de agua y el saneamiento …la destrucción por parte de Israel del sistema de agua y alcantarillado de Gaza hace que sea mucho más difícil mantener los estándares de higiene requeridos” (ídem). La situación de la Franja de Gaza es desesperante. EE.UU. canceló hace un año el envío de ayuda humanitaria y los países del golfo que habían pasado a ser los principales donantes del gobierno de Hamas comenzaron a retacear fondos. La situación de los refugiados palestinos, junto a los de Yemen y a los sirios asentados en Turquía –entre todos ellos suman más de 10 millones– es la mayor amenaza de toda la región. Aquí Turquía pasó a ser ya el mayor propagador de la pandemia, después de Irán, con decenas de miles de infectados y casi 2 mil muertos. ¡Por una campaña internacional por el inmediato levantamiento del bloqueo a Gaza y en defensa de los campos de refugiados de todo Medio Oriente!

18 de abril de 2020
De “cloacas” e “insanías”

El pasado 15 de abril, Prensa Obrera publicó un largo artículo titulado “El grupo de Altamira rechaza denunciar a la represión de Frederic y Berni” que simula haber encontrado el ´ángulo flojo´ de la posición de la Tendencia del Partido Obrero. No hay que ser muy avispado para advertir que el propósito de GK no es discutir la política de la Tendencia frente a Frederic y Berni, o la acción de la policía en el frigorífico Penta ni en ningún lado. Una camarilla que expulsa a 1.200 militantes en forma sumaria, incluidos miembros del comité nacional, no tiene el propósito de clarificar cuestiones de orden político. Simplemente se han convertido en profesionales de la difamación. El documento presentado por la camarilla a la firma del EMVyJ no tiene como propósito denunciar una represión, sino imponer la tesis de que Argentina se ha convertido en un estado policial o, dicho de otra manera, un estado gobernado por las fuerzas represivas. La prueba de este delirio sería “la asignación de tareas de ayuda social a las policías y al Ejército…”. La camarilla de PO consiguió que este desatino fuera aprobado en pocos minutos… por WhatsApp (una discusión más respetuosa lo hubiera rechazado). Hay que decir que el quórum otorgado por el FIT-U para aprobar la reforma de regímenes especiales, pedido por el FMI, fue al mismo gobierno que presidiría ese estado policial y que apunta a preparar un nuevo 24 de marzo. Dentro del aparato del oficialismo del PO, Kane ha sido el pionero de la política parlamentaria propositiva y posibilista. Esto explica que antes del quórum mencionado, el FIT-U haya votado la ley de emergencia alimentaria propuesta por FdeT y JpC, para armar el gobierno ficticio de unidad nacional (con la abstención de IS), que ahora denuncian. Resumiendo: esa declaración es un retroceso político del EMVJ, que no es, de todos modos, una organización o frente socialista. El PTS, por su lado, repudia la tarea del estado en los barrios populares (como la entrega de víveres por el ejército), como si la cuarentena pudiera ser impuesta ‘desde abajo’. Alcanza, dice, la “unidad con los movimientos sociales”, a sabiendas de que el 90% de ellos, por lo menos, son aparatos estatales –vinculados al gobierno de turno, y sostenedores entusiastas de la labor ‘nacional y popular’ de las fuerzas armadas. En la misma línea de adaptación al estado (para el FIT U “policial”) impulsan un voluntariado gratuito de los docentes y auxiliares en las escuelas (un voluntariado ´popular´ con organizaciones tipo Cáritas). El estado sigue estando omnipresente, con la ventaja de emplear mano de obra gratuita - todo disfrazado con la “independencia obrera”. Lo correcto no es este dislate, sino oponer al gobierno un programa y organización de los trabajadores en el terreno transitorio de una cuarentena que solamente puede establecer el estado. Guillermo el propositivo (que reivindica la colaboración con el gobierno del “Coqui” Capitanich, para sancionar el Presupuesto 2020 de Chaco, nada menos), dice que nuestra Tendencia ha aceptado “el uso de las fuerzas represivas con declarados objetivos asistenciales”. Semejante afirmación nos sorprende, como es obvio, porque nadie nos consultó por esa participación; como en una guerra, no te consultan, te involucrás en ella con un programa de derrocamiento del capital. Simplemente, partimos de lo que hay. La camarilla dice ‘vuelvan a los cuarteles’, como si esto no fuera una ‘aceptación’ de las fuerzas armadas, y como si contara por anticipado con la opinión favorable de las masas. Nosotros decimos: confrontemos todos los aspectos de la política oficial con un programa propio, que no se salte en forma arbitraria la comprensión que tienen los trabajadores de esta cuarentena, en términos políticos. Es lo que han hecho los marxistas durante doscientos años. Dialéctica GK, el parlamentario propositivo, se cree con autoridad para dictar clases de filosofía. “En la dialéctica de la realidad –dice– la forma suele (¿´suele´?) ser la expresión del contenido”. El hombre ni siquiera ha leído bien los manuales de Politzer. Las cosas son exactamente al revés. La realidad (su contenido) se expresa siempre, dialécticamente, bajo una forma trastocada, diferente. Bajo el capitalismo las cosas se nos presentan como fetiches. Si fuera como dice GK no sería necesaria la ciencia, ni nada que nos ´revele´ la realidad. Invitamos al compañero GK a leer uno de los últimos libros de Pablo Rieznik donde explica muy pedagógicamente esto. Pero dejemos por un momento la filosofía. Según nuestro teórico, primero salimos a denunciar que “el estado de sitio infecta”, y ahora se ´contradicen´ porque defienden la cuarentena. Para que la cuarentena sea un estado de sitio, es necesario que se suspendan las garantías constitucionales. Quienes la caracterizan como dice GK son Trump y Bolsonaro, enemigos del “distanciamiento social”. Las bandas fascistas proclaman, en Estados Unidos, que “Distanciamiento Social = Comunismo”. En este punto GK y el aparato hacen causa común con Milei – dando veracidad al ‘trotskismo-liberal’. Que GK calumnie a Altamira como un “personalista caprichoso” solamente muestra que ni sabe acerca de qué está polemizando. Como la cuarentena es una forma extrema de coacción estatal, al punto que multa al que no sale con barbijo, la agitación política contra el estado de sitio es fundamental. Todo lo contrario hace quien asegura que estamos ante “un estado de sitio no declarado”, en referencia al gobierno a quien le han dado votos y quórum en el Congreso. La izquierda democratizante ha adoptado una posición infantilista. Oscila entre el foquismo –combatir a las fuerzas armadas– y el pacifismo a la Juan B. Justo –el ejército en el cuartel. Después de dos años combatiendo contra la consigna Fuera Macri, aparecen caracterizando un estado policial, en medio de una de las transiciones políticas más disgregantes del estado capitalista.

18 de abril de 2020
Tokyo Sonata: Desempleo, pauperización y vínculos

Hace poco más de una década, en coincidencia con el inicio de la última gran crisis capitalista, se estrenaba Tokyo Sonata, multipremiado largometraje japonés dirigido por Kiyoshi Kurosawa. La película comienza con un concepto familiar: “En cuanto se instalen las líneas telefónicas a Dalian, podrá contratar a tres jóvenes chinos por los que pagará lo que a un empleado japonés”. Segundos después, al protagonista, Ryuhei, le informan que será víctima del downsizing en la empresa en la que ha trabajado como administrativo casi toda su vida adulta. A partir de ese momento, comienza una lucha doble, hacia afuera, buscando trabajo en un mundo hostil a hombres adultos desempleados sin formación en las “nuevas teconologías”, y hacia adentro, intentando mantener las apariencias ante su familia mediante la negación. La disolución de los vínculos Es justamente esa negación la que mantiene al frágil núcleo familiar unido. Megumi aparenta un rol conformista de ama de casa, mientras en la intimidad desea que su vida fuese completamente diferente, Takashi, el hijo mayor, cansado de repartir volantes por la calle y sin un proyecto de progreso en el plano académico, hace secretamente los trámites para enlistarse en el ejército yanqui. Kenji, el menor de la familia, deja de pagar el comedor en la escuela para empezar a tomar clases de piano. Todas estas iniciativas son rechazadas por Ryuhei quien repentinamente pierde el control de su vida, en el plano laboral y el familiar. Los hijos, por su parte, representan el desencanto de una juventud que se encuentra sin salida ante un sistema educativo incapaz de garantizarles una salida en el mundo real. Temáticas del género La pauperización y el desempleo son temáticas basales de las películas que toman en cuenta los dilemas de la clase trabajadora, y su abordaje se ha profundizado en los años recientes. Si Parasite (2019) logró encausar el tema desde la sátira (el oportunismo de los desposeídos), ya en Un asunto de familia (2018), de Hirokazu Koreeda los empleos precarios y el hurto en pequeña escala son el sostén del “núcleo” familiar. The Florida Project (2017), nos lleva a las puertas de Disney, donde la marginalidad y el desempleo crónico de sus padres son sobrellevados a pura imaginación por Moonee y sus amigos, los niños que protagonizan el film. En Yo, Daniel Blake (2016), de Ken Loach, el protagonista queda incapacitado para trabajar y debe luchar por un subsidio por discapacidad, que el estado le niega. Techo y comida (2015), dirigida por Juan Miguel del Castillo, retrata a Rocío, una madre soltera sin trabajo intenta aparentar una vida normal por miedo a perder la tutela de su hijo. Cabe también mencionar Dos días y una noche (2014), de los hermanos Dardenne - maestros del género -, donde los mismos empleadores obligan a Sandra (Marion Cotillard) a recorrer las casas de sus compañeros tratando de convencerlos de que rechacen un bono salarial de mil euros, para que ella pueda seguir trabajando. Así podríamos seguir retrocediendo año por año encontrando diversos abordajes para las angustias actuales de la clase obrera, enfrentadas a un sistema social expulsivo y perverso, como en Los lunes al sol (2002), donde la “reconversión industrial” de Vigo deja a centenares de trabajadores en la calle. En el plano nacional cabe mencionar del año pasado Planta permanente, donde es puesta a prueba la “viveza criolla” de dos precarizadas estatales, que se ponen una cantina “clandestina” para obtener un salario complementario. Ante una actualidad marcada por la agudización de la disputa entre capital y trabajo en el marco de la pandemia, Tokyo Sonata nos invita también a abrir un debate en torno a los vínculos familiares, puestos a prueba a lo largo de esta cuarentena, en aquellos casos en que los trabajadores pueden cumplirla. Aunque melodramática por momentos, cuando nos despedimos de esta película, al son del Clair de Lune de Debussy, lo hacemos convencidos de haber presenciado una joyita del cine japonés.

18 de abril de 2020
Las cartas marcadas del canje de deuda

La oferta de canje de los bonos de deuda con legislación extranjera ha sido interpretada como la cuenta regresiva que llevará a la Argentina a dos salidas –o un arreglo de deuda o el defolt. En pocos días, el gobierno tendrá que afrontar un vencimiento de 500 millones de dólares de uno de los bonos que se pretende renegociar, y que el gobierno no va a pagar por considerarlo parte del canje. Si no se llega un acuerdo en treinta días –el plazo de gracia para pagar- el defolt será un hecho. Pero no es cierto lo contrario, a saber, que un hipotético acuerdo resuelva la crisis de deuda: la oferta que hoy está en cuestión representa solamente el 20% de la deuda pública argentina, que asciende a los 320.000 millones de dólares –el 90% del producto bruto. La oferta del gobierno ha sido considerada menos “agresiva” de lo que, según se afirma, recomendaba el propio FMI. La propuesta de Guzmán sólo prevé una quita en promedio del 5.4% sobre el conjunto de los bonos a canjear, o sea, unos 3600 sobre los 69.000 millones que integran el paquete. En el caso de los bonos que provienen del canje de 2005, no habrá ninguna reducción de capital. La quita que los acreedores tildan de “hostil”, por lo tanto, se concentra en los intereses a pagar y en la prórroga de plazos. Los nuevos intereses representarían en promedio un orden del 2.5%, menos de la tercera parte de lo que se paga hoy por algunos bonos. De todos modos, el mercado financiero internacional está realizando emisiones a tasa cero. Para los bonos de vencimiento “largo”, el gobierno ofreció intereses de casi el 4%. En la conferencia de prensa del jueves pasado, donde Fernández-Guzmán se rodearon de los gobernadores, hicieron alarde de una quita de intereses del orden del 62% sobre el "valor presente" de los bonos. El "valor presente” es el cálculo de lo que representarían, al día de hoy, los pagos futuros de capital e intereses descontados por una cierta tasa. Naturalmente, cuanto mayor es ésta, menor es el “valor actual” de la deuda. Según han informado, para llegar al 62% de quita asumieron una "tasa de descuento" del 12%, que es lo que se estima le costaría a la Argentina un hipotético préstamo en la actualidad. Es un cálculo envenenado, ya que un eventual arreglo debería desplomar esa "tasa de descuento", y con ella, la quita de intereses sería muy inferior. El default Bien mirada, por lo tanto, esta oferta implica una reducción mínima del capital adeudado, por un lado, y un flujo de intereses inferior al de la deuda actual, pero de alto rendimiento si se lo compara con las condiciones internacionales vigentes, del otro. Algunos observadores señalan que el gobierno tendría otra carta en la manga- agregar a la oferta un cupón asociado al PBI, esto es, el embargo de un hipotético crecimiento futuro en favor del capital financiero internacional. Mientras los más optimistas suponen un “regateo razonable” y un posible acuerdo final, otras señales apuntan a una bajada de pulgar sin atenuantes, esto es, que los acreedores precipitarían el defolt. Es el rumbo que anticipó la calificadora Fitch hace 24 horas, al bajar de rango a la deuda argentina. Las objeciones no están en el “punto más o menos” de quita de capital o intereses, sino en la real capacidad de pago de cualquier canje, por parte de un país en bancarrota y cuyas perspectivas fiscales y de obtención de divisas se encuentran decisivamente condicionadas por el derrumbe de la economía y el comercio mundiales. Al expresar su desconfianza, los voceros de los bonistas ponen de manifiesto la conducta esquiva del FMI, que no se “compromete” con un “arreglo global” de la deuda argentina. El “compromiso”, naturalmente, no alude a nuevos préstamos del Fondo a Argentina, sino a la imposición de un ajuste fiscal en regla. Es el caso del arreglo de la deuda de Ucrania con los fondos internacionales, que el FMI apadrinó a cambio de una dura reestructuración social antiobrera. Si el gobierno FF carecía de las condiciones políticas para imponer ese ajuste cuando asumió, hoy no puede siquiera sentarse a proyectarlo, en medio de la conmoción social y sanitaria planteada por el COVID 19. En este escenario, una fracción de los especuladores de la deuda argentina comienza a jugar otro partido –el de su judicialización, el cobro de los certificados contra defolt y, a término, el de una reestructuración política en Argentina. Crisis política La inviabilidad de un arreglo de deuda, y la consiguiente interrupción de cualquier forma de financiamiento para la burguesía, plantean una crisis en la organización política del Estado. Las condiciones brutales que deben generarse para el pago de la deuda comportan un problema de gobernabilidad , y así lo ven algunos acreedores. Según informa el periodista Bercovich, nada menos que el CEO del fondo BlackRock habría amenazado a Guzmán –siempre por Zoom, claro- luego de enterarse de la oferta argentina: “nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados”. El “tufillo golpista”, que anticipamos en estas páginas hace dos días atrás, tiene uno de sus escenarios en la cuestión de la deuda. Naturalmente, el cuchillo de la crisis política se introduce primero en la coalición oficial, que empieza a fracturarse bajo el llamado de los acreedores. A pesar de la insistencia de Fernández para que “sólo negocie Guzmán”, Sergio Massa y otros han comenzado sus propios chichoneos con los bonistas. La cuenta regresiva hasta el 22 de mayo –la fecha de un eventual defolt- tendrá lugar en medio de todos los tironeos por la cuarentena, que incluyen las presiones capitalistas por el retorno al trabajo pero, también, una intensa actividad de los trabajadores. Argentina se coloca en el epicentro de la crisis continental.

18 de abril de 2020
[Editorial] Larreta fascista

La disposición que impide a los mayores de 70 a salir a la vereda no tiene que ver con la preocupación por la salud de la población mayor sino por la ‘salud’ del capital - un paso para “abrir la economía”. Es lo mismo que abogan Trump y Bolsonaro, que han caracterizado a la cuarentena general como un ‘liberticidio’. Es la posición también de la izquierda que define al “distanciamiento social preventivo y obligatorio”, como una suspensión de las garantías constitucionales. Larreta pica en punta porque representa a la corriente ‘liberal’: libertad de comercio, libertad de explotación. Los mayores podrán ocupar, según los sanitaristas, el grupo de mayor riesgo, pero los portadores se encuentran en todas las edades. El relato liberal cuenta que estos vivirán afectados, sí, pero sin embromar a los que podrían morir. La maquinaria capitalista abandona la lucha contra la pandemia por medio del confinamiento de una población ampliamente creativa – una discriminación etaria que no tiene que envidiar en nada a la de negros, judíos, latinos, mujeres y así de seguido. Para evitar las muertes hay que reforzar el sistema sanitario, el equipo de instrumentales médicos, los tests – y en este caso el monto de las jubilaciones, cuyo mínimo debe ser igual a una canasta familiar para cuatro personas. Larreta, intendente de un municipio, no tiene facultades constitucionales para dictar ninguna cuarentena – Alberto Fernández se ha valido de una excepción antidemocrática establecida en la Constitución, el decreto de necesidad y urgencia, en nombre de una ‘emergencia’ que votó el Congreso. La necesidad de la cuarentena generalizada tiene el aval, importante, de la comunidad médica y de la Organización Mundial de la Salud. Larreta, en cambio, busca convertirse en el referente del capital internacional y de la burguesía local, que viene reclamando, con todo tipo de presiones, el levantamiento de la cuarentena. La discriminación social a un grupo etario en bloque, con diversas necesidades y capacidades, en función de la proximidad a un fin de vida que puede presentarse en cualquier edad, es un método fascista. Si el gobierno nacional no lo anula, es cómplice. Vivan los sesentistas y setentistas, que han dejado un legado que reclama su cumplimiento.

18 de abril de 2020
[Editorial] El póker de la deuda va a terminar mal

De acuerdo a una mayoría de opiniones, la ‘oferta’ de Fernández-Guzmán no es la última palabra en la saga del default de la deuda de Argentina. Algunos especialistas apoyan su convicción en tecnicismos, otros en consideraciones acerca de si “conviene” o “no conviene” a Argentina o a los acreedores una declaración oficial de default. Los ‘números’, sin ser un factor menor, no es sin embargo lo fundamental, porque lo que está en juego es una cuestión política más general. La deuda externa contraída bajo legislación extranjera es alrededor del 20% de toda la deuda – unos u$s 350 mil millones, sin considerar intereses; con estos se acerca a los u$s600/700 mil millones, según plazos de vencimiento y deuda del Banco Central. Casi duplica el PBI. La ‘oferta’ de Guzmán aplica al 15%, más o menos, de ella. La propuesta oficial demanda una reducción, promedio, del 65% de los intereses, del 6% del capital y un periodo de gracia (no pago) de diez años. La deuda bajaría, en este caso, al 30% de su valor inicial, que es un poco más de lo que cotiza en la actualidad (25%) La triquiñuela de esta ‘oferta’ es que no dice si el monto de intereses que no se paga en la etapa de gracia se agrega al capital de la deuda o no. El espacio en blanco que dejan los Fernández es fenomenal. Sería un tema a negociar. Si no se llega a un arreglo, Argentina no pagará un vencimiento a mediados de mayo y el default se hará oficial. Pero la deuda de Argentina que está fuera de esta negociación es de alrededor de u$s260 mil millones – con Anses, Banco Central, el Nación, FMI, BID, Banco Mundial, y deuda en pesos y dólares legislación local. Está obligado a pagar al FMI sin ninguna clase de quitas, de modo que lo que ‘gane’ con el descuento de deuda que acaba de ‘ofrecer’, será usado para cancelar obligaciones de monto similar. Esto, otro factor no menor, no es tampoco lo principal, porque un nuevo programa con el FMI (“facilidades extendidas”) supone la aprobación de un programa económico del propio Fondo. Para un país que tiene un déficit fiscal monumental y en aumento, y atraviesa una depresión económica, un ‘ajuste’ equivaldría a serruchar dos piernas a cambio de la promesa de un sustituto ortopédico. La ‘oferta’ de Guzmán, que encima es vaga, no saca a Argentina del túnel, sino que lo mete más adentro. La Junta Directiva de Argentina, o sea AF, CFK y los gobernadores de ambos bandos, fue sentada casi toda junta en el anuncio, pero no porque los socios concuerden. Saludan que la negociación arranque, después de meses de dilaciones carísimas, cuando los ‘nac & pop’ pagaron lo que Argentina y sus provincias no tienen para no ‘caer’ en cesación de pagos. La crisis política asoma para el invierno, cuando se declare un default o, por el contrario, un compromiso muy oneroso para Argentina. El FMI se moverá según la ordenes de Trump y no en función de las homilías papales. En cierto modo, las negociaciones evolucionarán de acuerdo a la crisis financiera internacional, en especial porque cerca del 30% de las corporaciones capitalistas internacionales enfrentan un default superior al de Argentina. A las que ya se encontraban en la categoría de ‘deudoras basura’ se han sumado las más poderosas – las que compraron sus propias acciones con préstamos y ahora tienen que cubrir las garantías de esos créditos, debido a la catastrófica caída de sus capitales en la Bolsa. La pretensión de alcanzar un acuerdo de deuda estable, en el marco del mayor derrumbe de la historia del capitalismo, es simplemente una fantasía. Un gobierno de trabajadores firmaría la carta de defunción de la deuda confiscatoria y abriría camino a una reestructuración de bases socialistas.

19 de abril de 2020
Un debate sobre el feminismo y el carácter del movimiento de mujeres

La compañera Laura Kohn ha enviado en estos días una crítica a la declaración del Plenario de Trabajadoras (Tendencia) frente a la pandemia de COVID-19. La crítica de la compañera se centra en la afirmación del texto que descarta la posibilidad de existencia de gobiernos "feministas" bajo el régimen de clases sociales. Según LK, esto constituiría un embellecimiento del feminismo, que aboga por la igualdad formal o de derechos civiles y políticos, en el marco de la sociedad de clases. Las consideraciones de LK abarcan varios problemas. Por empezar, implica un reduccionismo de los planteos del feminismo. A pesar de su carácter burgués o pequeño burgués, el feminismo no se reduce a la igualdad de derechos civiles, sino que entiende que en la igualdad formal se encuentra el fin de la opresión hacia las mujeres. Esta diferencia, que parece sutil, no es menor. Porque revela el carácter de clase en el que nace el feminismo. Clara Zetkin, en su distinción de las mujeres burguesas y las mujeres proletarias, decía "¿Qué aspecto presenta la familia de la alta burguesía en la cual la mujer está legalmente sometida a su marido? (...) La unión se decide en base al dinero, no a la persona; es decir: lo que el capitalismo une no puede ser separado por una moral sentimental. Por tanto, en la moral matrimonial dos prostituciones hacen una virtud. A ello corresponde también el estilo de la vida familiar. Allí donde la mujer no se ve obligada a asumir sus deberes de mujer, madre y vasalla, los traslada al personal de servicio al que paga un salario. Si las mujeres de estos estratos desean dar un cierto significado a su vida, deben ante todo reivindicar el poder disponer libremente y autónomamente de su patrimonio. Por ello esta reivindicación se sitúa en el centro de avanzada del movimiento de mujeres burguesas (...)" ("Sólo con la mujer proletaria triunfará el socialismo", 1896). La igualdad de derechos legales cobra, para las mujeres de la burguesía, un aspecto emancipatorio en sí mismo. Partiendo de esta consideración, que es la base del feminismo, se coloca a la lucha de las mujeres como una lucha, no entre clases, sino de sexos. El fin de la opresión, en sus distintas expresiones -desde los femicidios hasta la carga de las tareas domésticas- tienen como respuesta reformas, dentro de los marcos del Estado, que abarquen las necesidades de las mujeres, y pongan a las mujeres al frente del poder para desarrollar estas conquistas. Utopía feminista Ahora bien, al desenvolver esta orientación en la realidad concreta, la propuesta feminista representa una utopía ante la que sus propias defensoras están dispuestas a claudicar. El problema no es que el feminismo no quiera terminar con la opresión que rige sobre el género femenino sino que, al querer hacerlo, se da de bruces con la realidad, en la que el trabajo que recae sobre las mujeres, su sometimiento, se encuentra en la génesis de la sociedad de clases y, particularmente del capitalismo, que usufructúa del trabajo doméstico gratuito que cumple el papel de mantenimiento de la vida de los miembros de la familia - marido, hijos, viejos, etc. - instaurando una doble jornada a las "amas de casa", sin gastar un sólo centavo. Prueba de esto es que, a pesar de su reniego por las tareas hogareñas que toca cumplir a las mujeres desde hace siglos, las feministas jamás han logrado llevar adelante una propuesta que acabara con ellas. Federicci, conocida feminista que ha dedicado un libro entero al problema de las tareas domésticas, concluyó con la propuesta de un salario para esta labor que condena a las mujeres a seguir cargando con las mismas, eso sí, en forma remunerada, en vez de sociabilizar la carga doméstica, bajo responsabilidad del Estado. Nadie podría negar, por ejemplo, que las feministas estuvieran en contra de terminar con los femicidios. El problema es abordar los mismos en los estrechos límites de la moral; no desde la responsabilidad del Estado y la sociedad de clases, que funda la institución familiar como una institución formada en la violencia y el sometimiento a la mujer y la niñez. Desde el momento en el que el problema es la familia y que terminar con ella implica terminar con la célula de reproducción del capital -ya sea de acumulación capitalista, en la burguesía, basada en la herencia; ya sea en la familia como unidad productora de fuerza de trabajo- el feminismo claudica en su "lucha" en defensa de la mujer. No es un problema de intenciones, sino de orientación y estrategia política. Los gobiernos feministas no existen porque el feminismo, por su carácter de clase, retrocede ante las reivindicaciones más básicas del movimiento de la mujer, porque todas ellas entran en choque con la sociedad del capital. La idea de que el feminismo está en el poder es una concesión al gobierno, al que asisten nada más que punteras políticas, que no han desarrollado siquiera ninguna reivindicación del feminismo que ellas mismas promulgan. Señalar que no es posible la existencia de gobiernos feministas no es embellecer al feminismo, sino marcar sus límites. El movimiento de mujeres ha ganado experiencia durante los últimos años en su choque contra el Estado; tendencia que convive de forma contradictoria con preceptos que el feminismo intenta instaurar, como el punitivismo o el desvío hacia la responsabilidad del "patriarcado" - una entelequia que estaría por encima del capitalismo. Desde el feminismo se ensaya una cooptación del movimiento, limitada en todos sus sentidos. Todos los reclamos transicionales, incluso los más "democráticos", entran en choque contra el capitalismo y el Estado, que en su etapa de mayor decadencia no logra garantizar siquiera la mantención con vida de las mujeres. Los derechos conquistados son sobre la base de un enfrentamiento con el régimen en su conjunto. El caso de la ley de aborto es un botón de muestra de esto, ya que a pesar de ser un derecho democrático produjo un enfrentamiento directo con el aparato estatal y sus estructuras de contención, siendo la organización de las mujeres la que puso sobre la mesa el debate y arrancó el tratamiento en las sesiones del Congreso, rebasando los límites de la Campaña Nacional, que durante años se circunscribió a cabildeos parlamentarios. Discutir hacia el movimiento de mujeres La compañera Laura nos plantea que debemos clarificar a nuestras filas si somos o no feministas o si acordamos con un "feminismo proletario". Por empezar, el feminismo proletario no existe; es un oxímoron. Es la etiqueta que la izquierda democratizante ha utilizado para disfrazar su pasaje al feminismo, es decir, a poner el foco de la lucha de las mujeres en la oposición de sexo contra sexo, en lugar de clase contra clase. Nada que se corra del conflicto entre clases debería llevar el nombre de proletario. Pero, lo que es más importante es que, téngase o no esas intenciones, el reclamo por pronunciarse o no en favor de tal o cual feminismo incurre en el sectarismo. No nos referimos a una política sectaria en tanto consideráramos que estaría mal decir que no somos feministas sino a que la necesidad de "ser claros" y decir qué somos no refleja ningún interés por abrir un debate con el movimiento de mujeres; no pasa de un impulso por reafirmarse a uno mismo. El principal interés de una corriente que trabaja por la organización socialista de las mujeres de la clase obrera es ilustrar en su programa un planteo transicional y un pliego reivindicativo que oriente al movimiento en la lucha contra el régimen capitalista. Eso no se logra reduciéndose a repetir "somos socialistas" o "no somos feministas proletarias" sino desenvolviendo nuestra política en lo concreto. En esta coyuntura, sería un llamado a las mujeres a organizarse por sus reclamos en comités y asambleas barriales, donde discutan protocolos con las medidas que hagan falta para hacer frente a la violencia de género; reclamando licencias durante la cuarentena y reparto de las horas de trabajo en los rubros esenciales, con aumento salarial; arrancando al Estado un subsidio igual a la canasta familiar y acceso a la vivienda de todas las mujeres violentadas. A partir de la contradicción en la que las propias mujeres independientes que se consideran feministas, pero chocan con los límites del feminismo en la lucha concreta, nuestro programa cumple un lugar central en la clarificación política porque entra en la práctica en una oposición directa con el feminismo, dado que este último no puede garantizar ningún reclamo del activismo, al ser una corriente que sostiene al Estado burgués. 16/04/2020

19 de abril de 2020
Uruguay: Lacalle Pou, más agresivo que Trump y Bolsonaro

A 45 días de la asunción, y a un mes de la declaración de la crisis sanitaria, el gobierno ‘multicolor ‘ (incluye militares fascistoides) ha dejado en evidencia su incompetencia, no sólo en lo referente a la propagación del COVID 19, sino fundamentalmente en el cuidado de la vida de la población. Se trata de una incompetencia que no tiene nada que ver con lo inédito de la situación, el paso de mando o con ciertas carencias técnicas, sino con su carácter de clase. Por ese motivo, desde el inicio, su orientación y principal preocupación no ha sido la salud pública y la vida de las personas, sino la continuidad de la acumulación capitalista. La paralización, como lo ha demostrado históricamente la acción colectiva de los trabajadores, siempre atenta contra sus intereses. Por esto, lejos de optar por garantizar las necesidades básicas de existencia al conjunto de la población e imponer una cuarentena general para combatir el virus, que implica una cierta centralización y planificación estatal de la economía, el gobierno ha decidido actuar como si nada sucediera, favoreciendo así a distintos sectores del gran capital, que incluso se benefician y lucran con la epidemia. De conjunto, los ‘multicolores’ han profundizado una política de transferencia de ingresos desde los trabajadores, con la devaluación, los tarifazos y el aumento de los impuestos al consumo (para tarjetas) y el impuesto a los funcionarios públicos, hacía las arcas de los distintos sectores capitalistas y del Estado. Lejos de haberse detenido, la epidemia comienza a extenderse a todos los departamentos, y en Montevideo se comienza a registrar una expansión desde los barrios ricos a los barrios obreros y pobres. Así lo evidencian los datos del propio ministerio de Salud Pública sobre los focos de contagios: hasta el más ingenuo puede darse cuenta que constituyen un sub registro de la cantidad real de infectados, como resultado de la negativa a realizar test masivos al conjunto de la población. Los contagios y la posterior cuarentena de sectores enteros de centros de salud pública como el Hospital Vilardebó y el Hospital Maciel, muestran la completa ineptitud y/o desidia de las autoridades en este sentido. Algo que también graficó la movilización de los funcionarios de INISA del INAU, denunciando a las autoridades (en este caso aún frenteamplistas), y exigiendo el testeo a todos los jóvenes y trabajadores ante un caso de confirmación de contagio en un trabajador médico del centro de ingreso CIAM. El punto es que nadie quiere hacerse cargo de pagar los costos de los test, para dejar librada la salud pública a las empresas médicas. En este sentido, la desigualdad social se reproduce en la atención a las personas contagiadas. Es el caso del cerrense, que luego de insistir en atención médica por más de 5 días, debió ser hospitalizado en Hospital Español, esperando una cama por más de 12 horas en una ambulancia, es un ejemplo de esto. Los principales líderes del Frente Amplio, por su parte, lejos de denunciar la orientación del gobierno vienen posicionándose como una “oposición constructiva” y un planteo de unidad nacional. La resolución de la vuelta a clases en las escuelas rurales, el retorno a la actividad en la Industria de la construcción, y las recientes declaraciones de Miguel Asqueta, Director General de Salud ,de liberar la actividad para la que la gente se contagie y de ese modo generar anticuerpos, son una evidencia concreta de que el gobierno no se propone – y nunca se propuso realmente- combatir la epidemia. Se trata de la misma política que puso en jaque a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil y al propio primer ministro británico Boris Johnson que culminó internado por coronavirus. La cuarentena, la seguridad sanitaria estricta bajo protocolos en los servicios esenciales con control de comités de higiene y salud en los lugares de trabajo, sólo podrá hacerse efectiva por acción de los trabajadores, algo que ya se ha puesto en marcha con la asistencia de las ollas populares, el reparto de víveres y canastas, y las huelgas y movilizaciones de distintos sindicatos para imponer protocolos de seguridad y testeos en los lugares de trabajo. En este sentido, no se puede dejar de señalar como negativo el acuerdo de la construcción firmado por la dirigencia comunista del SUNCA, que expone a más de 45 mil obreros y sus familias al contagio, en una industria que no es esencial. Para defender la vida y la salud pública, el PIT-CNT debe plantarse en definir qué sectores de la actividad económica son esenciales y cuáles no lo son, y que las empresas y el Estado continúen pagando los salarios durante la cuarentena, y se establezca una renta universal a los desocupados y a los trabajadores afectados por la crisis. La articulación de las ollas populares y las organizaciones barriales y sindicales son la clave para organizar la cuarentena e incluso el abastecimiento. Lanrespuesta de la huelga debe estar a la orden del día, si el gobierno continúa con la orientación criminal de retomar las actividades y hacer caso omiso a las recomendaciones médicas. La pandemia ha traslucido la incompatibilidad de este régimen social con la protección de la salud y la vida, una contradicción histórica que no se condice con el avance técnico y tecnológico que se ha alcanzado.

19 de abril de 2020
El 77° aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia

El 19 de abril de 1943 poco menos de 500 combatientes judíos de entre 15 y 24 años, mal armados, del gueto de Varsovia, inició un levantamiento en defensa de la dignidad y la vida que puso en jaque a la maquinaria bélica de los nazis durante 27 días. El ZOB (Organización Judía de Combate) fue un frente único político y militar conformado por todas las corrientes políticas del gueto, encabezado por el Bund (Partido Obrero Judío), los comunistas del PSP, un núcleo de militantes trotskistas y dos grupos sionistas reducidos del Hashomer Hatzair y Dror. Si bien fueron derrotados y el gueto destruido, el levantamiento constituye una gesta heroica. Para entender los motores que movieron a estos centenares de hombres a luchar pese a saberse en total desigualdad de condiciones frente al ejército nazi, intentaremos pensar el gueto como parte de un dispositivo concentracionario diseñado y aceitado para ser la antesala de los campos de exterminio. La vida en el gueto El asentamiento se levantó poco tiempo después de la ocupación alemana de Polonia, entre octubre y noviembre de 1940, en el centro de la ciudad. Cientos de miles de judíos provenientes de distintos puntos fueron encerrados en ocho manzanas rodeadas de muros de cerca de tres metros de altura. Se calcula que llegaron a vivir en este gueto aproximadamente medio millón de personas. Las condiciones de existencia eran miserables. El hacinamiento, el hambre y la violencia represiva se unían a las epidemias del tifus y la tuberculosis generando hospitales desbordados, falta de medicamentos, miles de muertos y cadáveres apilados en las aceras. Mientras los soldados nazis consumían dietas de alrededor de 2.200 calorías diarias, las raciones de comida de la población judía del gueto no llegaban a las 200 calorías. Contracara de esta situación fue la proliferación de mecanismos para obtener alimentos que la población desplegó para burlar los controles nazis, generándose, en un primer momento, un mercado negro que luego fue bloqueado. Miles de niños huérfanos deambulaban por las calles mientras eran perseguidos por el Judenrat, el Consejo sostenido sobre la policía judía al servicio del hitlerismo, cuando intentaban pasar las alambradas del gueto, entrando a la “zona aria”, para robar alimentos. Estos sectores colaboracionistas se encargaban de separar, por medio de engaños, a las personas más jóvenes para enviarlos a los campos de concentración de Treblinka, Auschwitz, etc para su uso como fuerza de trabajo y posterior eliminación. Un mecanismo concentracionario diseñado milimétricamente para liquidar a la mayor cantidad de gente con el menor costo posible inclusive antes de llegar a los campos. Frente a esta situación aberrante, como intento de sobrevivencia se formaron instituciones diversas para la contención social, como centros juveniles, escuelas para la enseñanza hasta tercer grado, orfanatos, grupos de teatro y canto. También se desarrollaron movidas editoriales. El trotskismo difundía el periódico Czorwony Sztandard, que salió hasta los últimos días del gueto. Por su parte, el Bund publicaba dos semanarios (Ser Veker y Yigent Shtime) más cuatro revistas mensuales. Frente a esto los nazis persiguieron y asesinaron a los editores, secuestraron las imprentas. Política concentracionaria Shoah, de Claude Lanzmann, es un documental de historia oral estrenado en 1985 que dura aproximadamente diez horas. El film se conforma por un relevamiento de testimonios, en primera persona, de víctimas, testigos y victimarios del genocidio judío perpetrado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante para pensar el carácter de la política concentracionaria nazi que unió, intrínsecamente, los guetos a los campos de exterminio. Hay diferentes entrevistas que relatan el recorrido desde el gueto de Varsovia al campo de Treblinka, que era el principal destino de sus residentes. Se entrevista a un sobreviviente de la resistencia mientras se muestra cómo mientras la vida en el gueto de Varsovia era de una precariedad absoluta y de terror constante, en el resto de la ciudad continuaba con su ritmo y rutina habitual. Se evidencia así un dispositivo concentracionario desaparecedor en medio de una "sociedad desaparecida" en su anonadamiento. La estremecedora escena en la que el jerarca nazi relata inmutable los detalles del recorrido de los prisioneros hacia el sector de fusilamiento en Treblinka permite apreciar, en primera persona, el nivel de desdoblamiento que se daba en los genocidas. La tarea represiva de exterminio es auto-percibida como una tarea burocrática que encuentra diversos argumentos justificadores que van desde la eficiencia hasta la idea de morigerar el sufrimiento presentado como inevitable. Esto se ve también en la entrevista a Franz Grassler, administrador alemán del gueto de Varsovia, quien expone los objetivos de la creación del Gueto y los contactos que tuvo con los representantes de la comunidad judía para administrar la masacre. Un hombre-dios que se erige en gestor de la vida y la muerte. El emotivo relato del peluquero sobreviviente de Treblinka expone cómo se hacía partícipes de la maquinaria de exterminio a las propias víctimas utilizándolas como un engranaje necesario en su funcionamiento. Se evidencia la necesidad del poder desaparecedor de hacer difusas las responsabilidades al fragmentar el proceso total y al mismo tiempo permite “quebrar” a la víctima en su capacidad de resistencia. Banalización del mal Al calor de la pandemia Covid-19 muchos filósofos e izquierdistas plantean que las cuarentenas son un manto para la creación de "estados de excepción" y los señalan como anticipos de regímenes “concentracionarios”. Banalizan, no sólo el fenómeno sanitario actual, sino también los procesos como el Holocausto o el genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-clerical-militar argentina. No hay que olvidar que si la ideología del fascismo hitleriano fue la “comunidad de sangre”, el mismo fenómeno se ampara en Estados Unidos, como lo advirtió en su momento Trotsky, en una ideología liberal. Lo que importa no es su disfraz sino su lugar histórico: la guerra civil contra el proletariado que se recluta en la escoria de la sociedad burguesa en la época de la decadencia capitalista. Lo más próximo a los guetos judíos de los nazis es hoy la prisión a cielo abierto establecida en Gaza.

19 de abril de 2020
El debate político en el plenario convocado por Suteba Ensenada

Con la presencia de juntas internas de ATE, delegados del ARS, docentes, y otros activistas -un total de 51 participantes- tuvo lugar el jueves pasado un plenario virtual, convocado por la comisión directiva de Suteba Ensenada. El plenario, que fue propuesto por un compañero de nuestra Tendencia en ese sindicato, fue utilizado por el PO oficial y el PTS para intentar imponer unilateralmente sus posiciones políticas y valerse de la reunión para seguir una campaña de calumnias contra nosotros. Contra la cuarentena El texto presentado por el aparato del PO y el PTS al plenario, señala que “sin test masivos y un plan integral que ponga todos los recursos centralizando el sistema de salud con control de los trabajadores; con hambre, despidos y hacinamiento, la cuarentena no puede sostenerse”. Nos encontramos así ante un planteo sinuoso -y “por izquierda”- de levantamiento de la cuarentena, la cual, “no podría sostenerse” por la ausencia de las garantías sanitarias adecuadas. Es lo mismo que dicen los derechistas. Al criticar este planteo de coincidencias con las de la CGT, la UIA o hasta con los Milei-Espert, nuestros compañeros presentes señalaron que el planteo debía ser el inverso de ese, esto es, la defensa de la cuarentena, la incapacidad del gobierno de AF para sostenerla, impulsar protocolos para los sectores esenciales y una reducción de la jornada laboral, la aplicación de la enfermedad profesional, el rechazo a los despidos y suspensiones o reducciones de salarios, hasta el subsidio al parado, más la realización de tests masivos, y los protocolos de las organizaciones barriales. Planteamos entonces una enmienda, desarrollando ese programa y la moción de rechazar todas las presiones patronales por relajar e incluso intentar levantar la cuarentena. El otro eje de la polémica fue con relación al siguiente párrafo: “Como denuncian las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, el intento de embellecimiento y lavada de cara de las fuerzas represivas del Estado que comenzó con la asignación de tareas de ayuda social a las policías y al Ejército, pronto demostró su verdadero carácter.” El párrafo reclama que caractericemos a la cuarentena con la creación de un Estado policial. Todo contra la cuarentena, empalmando, repetimos, con el planteo ‘liberal’ de la derecha. En nuestras intervenciones, pusimos de manifiesto dos políticas frente a la existencia de tropas realizando tareas asistenciales. El planteo de los firmantes, que propugna “el retorno a los cuarteles”, hasta la próxima conspiración golpista, y el de nuestra enmienda, que fundamentamos en el plenario. “Repudiamos todo accionar represivo. Que todas las actividades y estamentos del Estado que actúan en los barrios sean sometidos al control de comités barriales electos. En función de ese propósito, llamamos a desarrollar una agitación entre las organizaciones de los estados nacional, provincial, y municipal que se envíen con fines asistenciales, incluyendo a las tropas”. Señalamos, también, que el pueblo argentino sabe muy bien quiénes son las fuerzas represivas del Estado. Considerar que se re-prestigiarían por la distribución de guisos es realmente subestimar a los trabajadores, quienes ya se encuentran desarrollando asambleas y huelgas, en hospitales, frigoríficos y fast foods. En el texto presentado inicialmente, también se incluía la “Prohibición de despidos por ley”, de lo que se hizo mención especial en el cierre del plenario. El PO y PTS expresaron que, para ellos, se trata de impedir los DNU “que refuerzan el bonapartismo de Alberto Fernández”. Desde las bancadas del FIT, dijeron, junto a un recurso de amparo del CEPRODH, “vamos a enfrentar el ajuste contra los trabajadores”. Los propiciadores de esta moción no percibieron que el pretendido “bonapartismo” ya ha sido desafiado por todas las patronales que suspendieron y despidieron a gusto, incluso porque la letra del DNU lo permite. El Congreso de Fernández-Massa-Macri no va a parir nada superior. Por eso mocionamos un plan de lucha contra los despidos, incluyendo a las ocupaciones de fábrica. No nos oponemos a que funcione el Congreso nacional - sólo advertimos que no será garantía para que los Paolos Roca no despidan, como ocurre ahora con la coalición de gobierno de los Fernández y los gobernadores. En el debate pudimos expresarnos todos los delegados sindicales de la Tendencia. Presentamos nuestras enmiendas, que fueron apoyadas por varios otros delegados y activistas presentes. Entendemos haber desarrollado un planteo revolucionario frente a un texto que pretendió imponerse a los compañeros presentes, y que estaba surcado por el pacifismo y la oposición a la cuarentena. Las coordinaciones sirven para impulsar la unidad de acción, lo que significa la acción directa de la clase obrera. En lugar de abrir una pelea por caracterizaciones debemos actuar en común como parte de la misma clase social, la clase obrera.

19 de abril de 2020
UOM: los metalúrgicos dicen No

La “iniciativa” explicitada (y muy publicitada) de la dirección de la UOM a través de su secretario general, Antonio Caló, y de su cuerpo de asesores seccionales y nacionales de aceptar por 120 días un 30% de descuento de los salarios de los metalúrgicos que sean suspendidos, ha entrado en crisis. La base de esta crisis la ha generado el propio secretariado nacional. Las concesiones a las patronales en las cinco últimas paritarias han tenido como resultado que la inmensa mayoría de los trabajadores de la UOM reciba como salario una especie de “plan social”, conocido como Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que incluye un mix del básico y el conformado. Este IMGR se ubica hoy 8.000 pesos abajo de la llamada canasta básica, que deja a la escala inicial de la UOM como una de las más bajas de la industria. El IMGR abarca la rama 17, que es la inmensa mayoría de la UOM e incluye a todos los talleres chicos y las medianas empresas. Para esos sectores, un descuento del 30% deja a los metalúrgicos prácticamente en la indigencia. En segundo lugar, las otras ramas metalúrgicas (laudo 29-Autopartes) y las ramas siderúrgicas que se rigen por otras tablas salariales y por otros acuerdos, también repudian la propuesta del Secretariado nacional. Desde el interior de la UOM los reclamos de varios secretarios generales como el de la UOM Córdoba, están de acuerdo con firmar por el 30% de rebaja pero, en un frente único con las patronales para que otorguen Repros a la empresas. “Pedimos que el acuerdo no sea sólo a partir de que se firme, sino a partir de que termine la cuarentena y que las empresas tengan la obligación de hacer el Repro y que ese Repro vaya a los trabajadores sobre el 70% para que puedan cobrar un porcentaje un poco mayor”, (Cadena 3, Rubén Urbano, titular de la UOM Córdoba). Las grandes empresas, ante las declaraciones de Caló, se largaron no solo a reclamar el descuento del 30%, sino además la eliminación de los premios anuales, que son acuerdos en distintas plantas y equivalente a aproximadamente al valor de un sueldo mensual; la eliminación de los contratados -a los que se les vencía el contrato- y no renovar los contratos que se vencían en el término de los 120 días. Como si esto fuera poco, las patronales exigían una compensación diferenciada con los trabajadores de riesgo en el pago a partir de la segunda quincena de abril. Y, de no aceptar esos términos, pagar el básico de convenio y la antigüedad unilateralmente, lo que causó una verdadera rebelión en las bases del gremio. Muy lejos de la “disposición” de Caló a aceptar las rebajas salariales, varias internas grandes rechazaron esta propuesta.1) No aceptan los despidos de los contratados, 2) No ceden a la pérdida del premio anual 3) En el sistema de suspensiones, contrapusieron al planteo a la rebaja del 30%, que se pague un salario equivalente al 85% del salario conformado y no del básico 4) Reclamaron protocolos de seguridad elaborados por los trabajadores, como condición para la reanudación de las tareas. Calo ha quedado al borde del ridículo. Los trabajadores le han rechazado una propuesta inconsulta y tienen otros planteos superadores. En el reinicio de las tareas (con los recaudos correspondientes) es necesario realizar asambleas para que nada se firme sin el aval de los metalúrgicos. Deben cumplirse los protocolos establecidos por los trabajadores adaptados a cada lugar de trabajo, con Comités de seguridad e higiene con poder para que estos protocolos se apliquen. Que la UOM desconozca todos los Procedimientos Preventivos de Crisis solicitados dentro de la cuarentena y por la ocupación de toda empresa que cierre despidiendo o licenciando al conjunto de sus trabajadores. Ningún despido de los compañeros contratados. Que se respete y no se discrimine a los grupos de trabajadores de riesgo manteniéndoles igual premios igual salario. Que se mantengan los derechos adquiridos de los premios anuales en todos los establecimientos. Por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario en todas las metalúrgicas del país.

19 de abril de 2020
EEUU: la crisis epidémica y el derrumbe económico

Trump ha retomado, con mayor ferocidad, la campaña contra el distanciamiento social, a pesar del crecimiento de contagios y muertes por Covid19, que está lejos del pico previsto. La oposición de numerosos gobernadores y de alcaldes, ha desatado una crisis política, que podría convertirse en constitucional. De oto lado, la guerra comercial se ha trasladado al campo de la pandemia : compras hostiles de farmacéuticas en Europa, choques con Rusia por el precio del crudo, amenaza de ocupación a Venezuela, bloqueo y sanciones a Venezuela e Irán, provocaciones contra China. La disputa por la participación de cada país en el mercado mundial se ha convertido en más despiadada. Trump denuncia que “China pudo haber detenido” (al virus). The Economist dice que “es muy temprano para saber si la gente va a terminar felicitando a China por haber suprimido la enfermedad o culpándola por silenciar a los médicos de Wuhan que dieron la alarma” (16/4). En este escenario, Boeing indicó que reabrirá sus puertas el lunes, también la industria metalúrgica y automotriz. Los aeropuertos y las aerolíneas pretenden hacerlo mismo. La población tendrá que autoinmunizarse o enfrentar las consecuencias de esta ‘reapertura’. No habrá ninguna medida en caso de tener más trabajadores contagiados: la empresa solamente tendrá que reemplazarlos. Si los trabajadores se niegan a volver al trabajo por entender que no existen medidas de seguridad, no tendrá ningún tipo de seguro, posibilidad de litigio o prestación de desempleo. El jueves, un diputado republicano dijo que “dejar que mueran más americanos de coronavirus es ‘el menor de dos males’, comparado al agrietamiento de la economía debido a las medidas de distanciamiento social” (CNN, 15/4). Son declaraciones similares a las de Roberto Campos Neto, presidente del BC de Brasil: mejor para la economía mientras más rápido se contagie y muera la gente. Fascismo Trump promovió el viernes por tweet a grupos de ultraderecha con insignias nazis a manifestarse en las capitales contra las órdenes de aislamiento social impartidas por los gobernadores. Algo que The Guardian calificó de “desobediencia civil”. Piden “reabrir América” (ReOpen), y comparan esta lucha con la guerra de la independencia. No faltaron las banderas de los confederados (los esclavistas en la guerra civil) y fundamentalistas evangélicos. Se trata de grupos vinculados al gobierno, particularmente a la ministra de Educación Betsy DeVos, cuya familia de millonarios los financia. O millonarios como los hermanos Koch y el diputado Mat Maddock, el Tea Party y la cadena Fox. Los gobernadores recibieron el apoyo de la Corte Suprema. Aunque las protestas fascistas fueron minoritarias (la más grande de mil personas), se extendieron por muchas ciudades. Las personas que sin seguro de salud, ahora pueden subir a 50 millones. Se han agregado veintidos millones de desocupados en tres semanas. Los trabajadores que ganan menos de 50 mil dólares al año probablemente pierdan el empleo 3 veces más rápido que aquellos que ganan 100 mil. El 40% de los que ganan menos corren el riesgo de perder el trabajo, sólo el 18% de este sector puede trabajar desde casa. 58% de los que trabajan en sus lugares de trabajo tienen miedo de que se contagien. 43% puede tomarse días por enfermedad. Más de 9.000 trabajadores de la salud se enfermaron, 27 murieron, 2.000 trabajadores del transporte se enfermaron y 75 murieron. La prensa difundió más las acciones de la extrema derecha, que las enormes protestas del personal de la salud, trabajadores de comercio, Amazon, Instacart, fast food, metalúrgicos, automotrices, tránsito, alimentación, que transforman a EEUU en un reguero de luchas obreras. Las medidas que impulsa Trump generan la respuesta del proletariado.

20 de abril de 2020
“Coqui” García, una metáfora del FIT-U

Luego de la salida del artículo “Una respuesta a Juan (Capitanich) Garcia” en Política Obrera, el aludido realizó una “catarsis” para descargar su frustración ante la refutación sin atenuantes de sus ataques. En sus tweets, Juanelo termina reconociendo que cuando se produjo la sesión, él ya se encontraba en Buenos Aires y que se enteró dos horas después de la retirada de los diputados radicales del recinto. En menos de 280 caracteres, el responsable político de la regional de Chaco reconoce que el oficialismo chaqueño solo consiguió el quórum con la presencia del diputado del PO, y de paso se lava las manos sobre la actitud de la bancada. En otro tweet, plantea que Aurelio “no es un compañero al que nadie pueda manejar con control remoto” (sic). ‘Yo no fui, dice Coqui. ‘Pues entonces ¿quién lo tiene?’ Recordemos al lector que a fines de enero la Tendencia del PO realizó una denuncia pública sobre el quórum dado por el aparato, en diciembre previo, para votar el presupuesto provincial. Nuestra denuncia, que recoge además la información de los periódicos provinciales, fue rechazada con virulencia desde Prensa Obrera, sin negar lo ocurrido. Hubo una admisión incluso cuando se invocó que el Presupuesto hacía concesiones en el rubro de Educación. En efecto: en su respuesta a nuestra denuncia, García defendió el quorum, señalando que el diputado del PO "no acompañó la retirada radical, para quedarse a defender que se incluyera el compromiso de cumplir con el 33% del presupuesto para educación" (Prensa Obrera, 4/2). O sea, defensa cerrada del quorum otorgado. Ahora, "Aurelio se cortó solo". Sin embargo, simpatizantes del PO del Chaco han manifestado que Aurelio Diaz se autocriticó verbalmente por esa acción (ver carta de Luis Silvero al diario Norte del Chaco). El aparato partidario, en cambio, encubrió el otorgamiento del quorum, y ahora se lo endilga a Díaz. En lugar de una crítica a un hecho de esa gravedad, el responsable nos respondió que “no ten(ía)mos estatura para pedir explicaciones” (sic)… Se refuerza adaptación al parlamentarismo Debido, en parte, a la escasa presencia (a excepción de Salta, desde 2001 a 2015), la izquierda estuvo relativamente inoculada de las presiones parlamentarias. Esto cambió con el salto que dio el FIT en términos de caudal de votos a partir de 2013. Chaco es, de todos modos, un caso excepcional, en el sentido de que se trató de una apretada directa del gobernador, al que le faltaba un voto para sesionar. En otros casos (desafuero de De Vido, ley Micaela, referendo para la deuda externa, aprobación de la mentirosa emergencia alimentaria -que no acompañó Izquierda Socialista- y el quórum para aprobar la reforma al régimen especial de jubilaciones) lo que primó fue el arribismo electoral – una presión supuesta de la llamada opinión pública, contra la cual había que evitar las polémicas. En las polémicas al interior del partido, estas posiciones fueron defendidas por el aparato en nombre de una política ‘propositiva’, que pretendió justificar el furcio del legislador bonaerense cuando propuso un juicio político a Vidal, que debía contar con el apoyo del pejotismo. El mismo que fue convertido en “enemigo principal” en 2018, para rechazar la consigna Fuera Macri. El hecho de que la responsabilidad de dar quórum quede en manos de la izquierda, con una representación mínima frente a los bloques tradicionales, demuestra la profundidad de la crisis que atraviesa el propio régimen. Frente a este escenario: ¿cuál es el rol que debería tomar la izquierda? Dar quórum para el tratamiento, y luego votar en contra, eventualmente, de los proyectos de la sesión, es asumir la responsabilidad política por el resultado. En el caso de la reforma jubilatoria, el PTS justificó el quórum con el argumento de que oponerse a los proyectos del FMI no es correcto, cuando esos proyectos afectasen a “la burguesía reaccionaria” (Pistonesi), en este caso el Poder Judicial. El FIT logró convertir la tesis del stalinismo de apoyar a la “burguesía progresista”, en el respaldo al imperialismo enfrentado a “la burguesía reaccionaria”. La burguesía a ambos lados de la mesa, nada para clarificar la posición socialista. El mencionado Pistonesi convirtió en ley general la posición pública de Del Caño, que había pontificado que el tema de la deuda externa era “práctico, no ideológico”. De este modo convirtió a la eficiencia en la ideología común de obreros y patronales. Revisando posiciones En una reciente nota justificando a los diputados nacionales de FIT por dar el quórum para el tratamiento de la reforma de las jubilaciones del sistema judicial, Eduardo Salas nos ilumina en esta nueva concepción del PO oficial: decía entonces que había dos posiciones, no bajar al recinto y retirarse junto con Negri, la UCR y Cambiemos, o bajar y dar quorum. Curiosamente Salas plantea que retirarse implicaba un “frente único” con Negri. Al igual que Pistonesi, Salas sostiene que hay que elegir a una banda de explotadores contra otra, y recíprocamente. La infección viral de elegir un bando capitalista u otro llegó a la bancada del FIT al mismo tiempo que a Wuhan. Al final, el mismo Negri terminó declarando, cuando se llegó al voto en el Senado, que JpC no tenía diferencias con el FdT en este punto, y dio el quórum que había negado en Diputados. Colorín, colorado. ¿Qué hubiera pasado si naufragaba el proyecto como resultado de la iniciativa de los Negri, como ocurre en este caso – se pregunta Salas? “Eso hubiera dado pie a mayores condicionamientos desde la derecha y no al fortalecimiento de la acción popular. Eso es lo que ocurrió con la frustrada resolución 125, en conflicto con el campo en 2008, que contribuyó a que levante cabeza la oposición demagógica derechista (que oficiaba como portavoz de los ruralistas)” (“Altamira se coloca junto a Negri y la defensa de los privilegios de los jueces”, Prensa Obrera, 29/2). El aparato del PO ha impuesto, sin consultar a su tropa, la posición de los K en el conflicto rural – aumentemos las retenciones, que no nos alcanza la guita para pagar la deuda. De nuevo, con el capital financiero, contra la “burguesía reaccionaria”. El punto de vista independiente del proletariado ha ido, parlamentarismo mediante, al tacho de basura. Tres diputados de izquierda no tienen otra que acabar emparentados con el enemigo de clase, en una Cámara de 257 legisladores. Para Salas y para el CC del Partido Obrero post expulsiones, había que apoyar al gobierno K y a la 125; la historia del PO cambió de bando. Un viraje de conjunto La situación de adaptación no se circunscribe específicamente al PO oficialista, sino en términos generales a todo el FIT-U, pero particularmente el PTS, quien hoy interviene en tándem con el PO en todas las iniciativas parlamentarias del Congreso Nacional. Esta situación se ha agudizado luego de la expulsión de más de 1.200 militantes del Partido Obrero, que hoy conformamos la Tendencia y reclamamos nuestro reconocimiento como tal. Ningún partido del FIT se pronunció ante la mayor crisis de la izquierda desde la división del MAS, como sí lo hizo Altamira en aquel momento, defendiendo el derecho de tendencia. Por eso no se produjeron críticas de parte de los “socios” del FIT al ‘coquismo’ del PO en Chaco. En Jujuy, por ejemplo, sucedió algo similar a fines de 2018, en el Concejo Deliberante de Palpalá, donde por una crisis entre el intendente radical y un Concejo dividido, el concejal del PTS-FIT terminó dando quórum para el tratamiento del Presupuesto frente al faltazo de un sector del PJ. Los activistas obreros, de la juventud y de la lucha de la mujer, necesitan conocer todo esto. Es una delimitación clave para organizar una vanguardia revolucionaria socialista internacional. Hoy los socios del FIT comparten las mismas posiciones políticas, aunque se nieguen a formar un bloque legislativo único, lo que muestra que el oportunismo suele ir junto al sectarismo, porque en ambos casos domina una lógica de aparato. O que, al menos en el caso del PO, su grupo dirigente imponga la política parlamentaria en forma consumada, sin deliberación del conjunto de la organización. No hay educación colectiva en el trabajo revolucionario en el Parlamento. En octubre de 2003, la derecha (Crespo Ocampo) despidió a Altamira como legislador porteño con la denuncia de “subversivo”, mientras elogiaba la actividad “constructiva” de Izquierda Unida. Ahora el FIT reclama que sesione el parlamento en la cuarentena, en lugar de denunciarlo por mantenerlo en la congeladora, mientras todos los bloques hacen frente en las conferencias de prensa de los Fernández y en la política anti-obrera de despidos, suspensiones y reducción de salarios. Reclamar que funcione no es lo mismo que denunciar que no lo haga; en un caso se reivindica al parlamentarismo, en el otro se denuncia su incapacidad y su complicidad con la gobernabilidad del momento. El gobierno nacional, los gobernadores y la oposición tradicional acuerdan las medidas que se toman a espaldas de la sesión del parlamento para evitar el debate abierto frente a la ciudadanía, lo mismo que hacía antes el pejotismo cuando prefería que Macri arregle por su cuenta con el FMI, para no ensuciar sus manos votando a favor en el Congreso. Se viene una etapa atravesada por grandes convulsiones políticas, crisis y choques. Con una política de adaptación al parlamentarismo burgués, la izquierda es incapaz de explotar revolucionariamente las enormes posibilidades que abre la etapa.

20 de abril de 2020
La izquierda (democratizante) y “los militares”, una historia breve

La polémica en torno a la cuestión de la coerción estatal y la cuarentena ha puesto de manifiesto, una vez, la dificultad de la izquierda (democratizante) para caracterizar las transiciones políticas, y de conjunto, al régimen político. De un modo más general, es una dificultad para determinar una situación política por medio de un análisis de conjunto, interrelacionado, o sea pensar dialécticamente. La presencia del Ejército, bastante raleada, en barriadas del Gran Buenos Aires, repartiendo raciones de alimentos, ha despertado un frenesí pacifista en la mayoría del trotskismo local. Para el PTS, una cosa es “poner a disposición un hospital militar en la crisis o auxilio logístico si hubiese un terremoto”, dice sin sonrojarse, y otra, en cambio, repartir raciones de guiso (ver “PTS: parlamentarismo y pacifismo en la cuarentena”, por Marcelo Ramal, en politicaobrera.com). Para el MST, por su parte, “que la sastrería del Ejército confeccione barbijos y que su laboratorio fabrique alcohol en gel” sería aceptable porque “se trata de labores puertas adentro (!!!), cuyos productos quedan a cargo de funcionarios civiles y sin mayores consecuencias (!!!) sociales ni políticas” (Alternativa Socialista N°756, 1/4). De modo que la organización militar permanente del Estado burgués no tendría “mayores consecuencias sociales y políticas” mientras no sea visible para los transeúntes y el producto de sus manualidades sea distribuido por la burocracia del Estado. De conjunto, la izquierda (democratizante) considera que la intervención del Ejército en la cuarentena responde al propósito del gobierno de “´legalizar´ a las fuerzas represivas ante la sociedad para utilizarlas si hay un estallido social” (AS, ídem). Es decir que, si la población las acepta repartiendo comida, después podría abrazarlas cuando baje gente a los tiros. Esta ´legalización’ no sería posible, en cambio, si los soldados se dedicaran a la confección de barbijos y alcohol en gel puertas adentro de los cuarteles – desde donde han salido, sin embargo, todos los golpes de estado; es decir que no podrían cumplir funciones represivas. A este macaneo sin atenuantes se ha plegado la camarilla que dirige el Partido Obrero “oficial”, la cual considera que la cuarentena misma constituye un “estado de sitio no declarado”, de parte de un estado que funciona de un modo policial. Esta izquierda (democratizante) pretende acreditar un pergamino anti-militarista, sin reparar que esto es pacifismo, o sea que el antagonismo de clase puede resolverse sin recurso a la violencia, contrarrevolucionaria, de un lado, y revolucionaria del otro. Lamentablemente, a eso se ha sumado la camarilla del PO, violentando toda la historia del partido. El resto, por su lado, tiene una ‘historia negra’ de capitulación ante el militarismo. “¿Para qué viene Perón?” En 1971, el gobierno del general Lanusse propició un “desvío democrático” para hacer frente a la crisis enorme desatada por la disolución del Onganiato. En 1969, el Cordobazo había marcado el inicio de un ascenso revolucionario de la clase obrera. Una transición política, el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN) auspiciado por Lanusse, legalizó al peronismo y propició, como un recurso último, el retorno de Perón. En ese entonces, el PRT (La Verdad), que dirigía Nahuel Moreno, se fusionó con una fracción del desprestigiado Partido Socialista, el PSA, de Juan Carlos Coral, dando nacimiento al PST. Este “polo socialista” abordó la maniobra militar en estos términos: “¿Para qué viene Perón? Ojalá que sea para imponer candidatos obreros y luchadores” (Avanzada Socialista N°37, 8/11/72). El ejército que recurría a este retorno no se encontraba fabricando barbijos, era el dueño del poder político. “En lugar de decirles a los trabajadores que Perón retornaba como parte de un acuerdo con el lanussismo y el conjunto de la burguesía; que su retorno era para desviar a las masas del proceso revolucionario abierto con el Cordobazo; en lugar de esto el PSA reforzaba el elemento ilusorio en Perón que aún existía entre las masas. El PSA (Coral), transformado en PST, concurrió a las elecciones apoyando la política de ´institucionalización´ como un partido democratizante más” (“Apuntes a la historia del trotskismo argentino 3° parte”, Julio N. Magri, En Defensa del Marxismo N°4, abril 1994). Política Obrera -luego, Partido Obrero- había sostenido desde siempre que un regreso de Perón a la Argentina solamente tendría lugar cuando fuera convocado por la burguesía para estrangular un proceso revolucionario. De la Triple A a Videla La llegada de Perón al país tuvo lugar en un baño de sangre, la “masacre de Ezeiza” del 20 de junio de 1973. La derecha peronista, que monopolizaba la organización del acto por el retorno, disparó a mansalva contra las columnas de la JP cuando estas intentaron acercarse al palco. Perón protagonizó un putsch de la derecha contra el gobierno de Cámpora. La “primavera camporista” acabó en apenas 49 días. El gobierno Perón-Perón inició una ofensiva contra el movimiento obrero, tanto “institucional” –“pacto social”, fortalecimiento de la burocracia sindical y de la policía con las reformas a la Ley de Asociaciones Profesionales y el Código Penal, entre otros- como parapolicial. La política del morenismo fue la defensa de la institucionalidad, cometiendo el “error político de no ver que se trataba de corrientes complementarias, y no contradictorias” (“Historia del Trotskismo en Argentina”, Osvaldo Coggiola). En octubre de 1973, comienza a actuar la Triple A. En febrero de 1974, se produce en Córdoba el derrocamiento del gobierno Obregón Cano-Atilio López, vinculado a la izquierda peronista, a manos del jefe de policía, Navarro. En marzo de 1974, el PST ingresa al “bloque de los 8”, junto al PC, la UCR y otros partidos patronales. Ese bloque se presenta como defensor de la “institucionalidad”, o sea el gobierno electo que organizaba las tres A. El gobierno democráticamente electo que propiciaba las acciones de las bandas de la Triple A, recibió a los representantes del bloque de los 8 en la quinta de Olivos, en tanto Política Obrera denunciaba que “´Defender la institucionalización es entregar las libertades democráticas´, en oposición a la identificación entre institucionalidad y democracia que realizaba PST” (ídem, O.C.). “La política del PST ante el gobierno de Isabel y López Rega se basó en la expectativa de una reacción de los partidos burgueses democráticos” (“Apuntes a...”, antes citado). En estas condiciones, el morenismo fue sorprendido por la huelga general de junio-julio de 1975. Muerto Perón, el gobierno de Isabelita, Luder y López Rega se veía acorralado por una huelga general, liderada por las coordinadoras fabriles. La burguesía y sus partidos comenzarían entonces a “golpear la puerta de los cuarteles”, reclamando un baño de sangre que pusiera ´las cosas en orden´. El “democrático” Balbín (UCR) reclamaba la liquidación de la “guerrilla fabril”, en referencia al sindicalismo clasista y combativo. Un llamado a la masacre. La dictadura El primer congreso de Política Obrera celebrado en diciembre de 1975, ratificó lo que nuestro partido venía diciendo desde agosto - que “un golpe militar que emerja del desarrollo de esta crisis no tendrá el carácter de la ‘libertadora’ ni del onganiato: se tratará de un golpe de liquidación de todo el régimen de libertades democráticas y de ilegalización del movimiento obrero, con métodos de guerra civil” (citado en “24 de marzo 1976-2020: Política Obrera bajo la dictadura, una escuela revolucionaria”, por Marcelo Ramal, Política Obrera N°9, 30/3/20). Para Moreno, en cambio, el objetivo del golpe era aplastar al foquismo guerrillero -ya entonces prácticamente desarticulado- y no al movimiento obrero. El golpe sería solamente un interregno hacia una nueva convocatoria a elecciones. “El golpe de Videla sorprendió a la dirección del PST. Hasta la víspera del 24 de marzo sostenía que el movimiento obrero debía prepararse para las elecciones previstas para 1976, ya que ése era el camino que le imponían al gobierno de Isabel Perón, toda la burguesía y el imperialismo. Para el morenismo, el imperialismo y la burguesía estaban enrolados en la ´institucionalización´ y la dirección ´institucionalista´ en las FFAA estaba representada, precisamente, por Videla” (“Apuntes a la historia del trotskismo argentino 4° parte”, Julio N. Magri, En Defensa del Marxismo N°5, diciembre 1992). En esa línea, el PST calificaría a la dictadura como “la más democrática de América Latina”, una “dictablanda”. En el primer número de su revista Cambio (primera quincena de mayo de 1976), el PST asegura, créase o no, que “la destitución del peronismo fue un hecho que los militares cumplieron a su manera, después que la marea popular no alcanzó a hacerlo por la defección de sus dirigentes”. Videla se acomodaba a una exigencia de las masas. Esto está en los archivos. En el mismo número esta corriente va más lejos, pues dice que “en líneas generales, se ha respetado a los delegados obreros. Pero algunas detenciones, algunos despidos, ciertas amenazas y la persistencia de un peronismo de ultraderecha, cuya autoría sigue sin establecerse dejan en pie la posibilidad de una persecución generalizada contra el activismo” (citado por O.C.). La Junta Militar, para ese entonces, no estaba repartiendo guiso en La Matanza, sino procediendo a desapariciones en masa. Para el morenismo, la dictadura venía a organizar la salida electoral a la crisis política, y el ala más comprometida con esa línea, según sus análisis, era Videla. Los grupos de tareas constituían, para el PST, un ala marginal del gobierno militar. Esa caracterización se mantendría hasta bien entrado 1978, sin que el secuestro y muerte de sus propios militantes pudiera modificarla. El PST -al igual que el PO, el PCR y Vanguardia Comunista- había sido formalmente “disuelto” por la dictadura -no así el Partido Comunista- y sus publicaciones, prohibidas. La colaboración del stalinismo con la dictadura es un capítulo histórico que todavía no fue investigado como se merece. Mientras PO promovía el frente único de las organizaciones obreras y populares contra la represión, el PST buscaba aliados entre los partidos de la burguesía y la pequeño-burguesía, para asegurarse un lugar en la salida “institucionalizadora”. En el año 78, el PST se opuso al boicot del mundial de fútbol. Calificaba las denuncias del genocidio en curso como “exageradas”. En su crónica sobre el Mundial, el PST publicó: “La esposa del presidente Videla también participó de este hecho positivo y gran avance de la mujer. Ella también fue a la cancha” (Opción, julio 1978). La frase quizás resume en una metáfora, mejor que ninguna otra, la política del morenismo en esta etapa. Recién en 1980, cuando la dictadura ya estaba envuelta en una crisis irreversible, el morenismo caracterizaría que el gobierno militar había sido “homogeneizado por la derecha”. Su consigna pasará a ser, desde entonces, “la plena vigencia de la Constitución de 1853”. Ninguna de las corrientes que emergieron de la división del morenismo ha expresado la menor critica de estas posiciones, es decir que las han integrado, cada una, a su trayectoria ulterior – incluido por supuesto el PTS, feminista-anticapitalista. Amnistía, Malvinas y “revolución democrática” Hacia fines de 1980, luego de darle la espalda al movimiento de familiares de desaparecidos durante años, el PST lanzó una campaña por una “amnistía general e irrestricta” que abarcase tanto a los genocidas como a los presos políticos. Así como está dicho. La ´iniciativa´ fue repudiada por el movimiento de libertades que se movilizó bajo la dictadura reclamando libertad a los presos, aparición con vida y castigo a los culpables. El boletín del PST que pretendía vehiculizar esa campaña -llamado, precisamente, Amnistía- saldría por única vez. Allí se podía leer frases como las siguientes: “En estos largos años de dictadura (…) ha faltado una consigna. Hoy esa consigna es la Amnistía general e irrestricta”. “A veces ha faltado la voluntad de sectores políticos y sindicales para lograr esa acción común”, en referencia a los partidos de la burguesía y la burocracia sindical que apoyaron el exterminio. La campaña del PST, tuvo lugar al mismo tiempo que los proyectos de auto-amnistía que tejía el gobierno militar y fue rechazado en 1983, por todo el arco de partidos, para reaparecer en la obediencia debida y el punto final, y en el indulto de Menem. Política Obrera, en cambio, se había comprometido desde muy temprano con la lucha de Familiares. En el número de julio de 1976 del boletín Adelante!, que PO imprimía y distribuía en condiciones de clandestinidad, la nota de tapa llevaba por título “Lo fundamental, las libertades democráticas”, y desarrollaba una pormenorizada denuncia de los crímenes y secuestros cometidos en todo el país, reuniendo toda la información disponible hasta ese momento. Para 1982, la bancarrota económica, la resistencia obrera y las denuncias de los Madres y Familiares, habían sumido a la dictadura en una crisis política sin atenuantes. El 30 de marzo de aquel año, en el marco de una convocatoria de la CGT, miles de trabajadores trabaron combate con la policía en las principales ciudades del país. En un ensayo de fuga hacia adelante, el teniente general Galtieri, a cargo de la presidencia, anunció el 2 de abril la ocupación de las Islas Malvinas. De nuevo, había que adoptar una posición frente al ejército. La posición del PST fue la de “luchar en el campo del gobierno argentino” contra los ingleses. Acto seguido, reclamó su incorporación a la Multipartidaria que integraban la UCR, el PJ y el PC, entre otros. Esta se había convertido en el eje del sostenimiento de los partidos patronales (incluido el partido de Alsogaray) a la dictadura en declive. El morenismo abrazó Malvinas como ´causa nacional´, incluida una intensa demagogia militarista, cuando el acuerdo de la dictadura con los ingleses bajo el tutelaje del imperialismo yanqui, para perpetuarse, seguía en pie como una alternativa de la ocupación. Política Obrera calificó la ocupación militar de Malvinas por parte de la dictadura como “un simulacro de soberanía nacional, porque se limita a lo territorial mientras su contenido social sigue siendo proimperialista”. En una declaración histórica para nuestro partido, PO rechaza cualquier apoyo a la dictadura, incluso habiendo ocupado Malvinas, y denuncia la deriva de un acuerdo mediado por Estados Unidos. Sin embargo, contempla al mismo tiempo la posibilidad de que todo termine en una guerra, en cuyo caso anuncia que llamaría a una “guerra a muerte” contra el imperialismo, sin confundir banderas con la burguesía. “Apoyar la reivindicación nacional no debe confundirse con el apoyo político a quien, como en este caso la dictadura, pretende conducir la lucha por esa reivindicación”. Los epígonos del morenismo se entretienen denunciando la presencia de Política Obrera en la concentración convocada por el Papa para impulsar la rendición política y militar de Argentina, a la que concurrieron multitudes impresionantes. Estuvimos ahí para distribuir un volante de denuncia del Vaticano, al Papa y la Iglesia, mientras el PST llamaba a recluirse en casa. Fue una acción valiente y osada, que estuvo a punto de convertirse en una manifestación independiente, como lo señaló Clarín al día siguiente. El morenismo no solamente protagonizó las tropelías que relatamos aquí, sino que todas las corrientes que se escindieron de ese tronco, y en especial el PTS, conservan en formol sus métodos polémicos. Esta vez, lamentablemente, en compañía del aparato del PO, al servicio de los quórums que reclaman desde los Fernández hasta los Capitanich. La derrota de Malvinas precipitó el final de la dictadura y el inicio de su relevo ‘democrático’ (pactado). Agotadas sus posibilidades de acción política, quebrada económicamente, hipotecada por un movimiento cada vez más robusto por el castigo a los culpables, se pondría en marcha el operativo para encauzar su debacle. El morenismo vería, en cambio, el advenimiento de una “revolución democrática”. “El voto a Alfonsín refleja el proceso de revolución democrática que estamos viviendo" (Solidaridad Socialista, 17/11/83), decía el periódico del MAS, como se rebautizó la corriente de Moreno. Como ocurre hoy, saludaba el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, en este caso como una revolución. Fallecido Nahuel Moreno, la solidaridad de principios de sus epígonos con el régimen se expresaría de forma brutal en ocasión del intento de copamiento del regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria, en enero de 1989. La aventura del MTP concluyó en una masacre. Los militares, con la venia de Alfonsín, y el acompañamiento de los “carapintadas”, se ensañaron con un grupo de 30 militantes que habían ocupado el cuartel con la consigna de defender al gobierno de un golpe que suponían estaba tramando el carapintada Seineldín, con la complicidad de Menem. El propósito del MTP era detener el golpe militar en gestación. El alfonsinismo dio rienda suelta a la represión a manos de los “carapintadas”, con los que había pactado, dos años antes, las leyes de impunidad. El MAS -y toda Izquierda Unida- condenó al MTP y se solidarizó con la represión. Envió sus condolencias a los familiares de los militares muertos durante el desalojo del regimiento y acusó al MTP, en una solicitada en los diarios principales, de "fortalecer”, con su acción, “las maniobras reaccionarias de la derecha civil y militar". Sobre la represión, las torturas y fusilamientos cometidos por el Ejército durante la masacre, no dijo una palabra. Su compromiso con el apoyo al régimen se extendió al punto que el 24 de marzo de aquel año, IU se ausentó de Plaza de Mayo, en la marcha por el aniversario del golpe. Ese día, tronó en la plaza el grito de “la Plaza es de las Madres, no de los cobardes”. Por su parte, el entonces reciente PTS publicó una declaración, en la que se delimitaba de los masacrados antes que de los masacradores. Solamente Madres de Plaza de Mayo y el Partido Obrero repudiaron en tiempo y forma este crimen de lesa humanidad del alfonsinismo. El PTS, que ha escrito un montón sobre el morenismo, no se ha deslindado nunca de todos estos episodios de capitulación y colaboración con la ‘yuta’ militar. Conclusiones La izquierda se ha revelado, antes como ahora, incapaz de abordar la caracterización del régimen político sin poner adelante sus propios prejuicios, y por sobre todo las maniobras más podridas. Solo para anotar, Palabra Obrera -la corriente de Nahuel Moreno en la década del 50-, publicó los capítulos anticomunistas del libro de Perón, “La fuerza es el derecho de las bestias”, para apuntalar su entrismo estratégico en el peronismo. Como tampoco ahora despliega una polémica honesta sobre la cuarentena y sus alcances políticos, sino descalificaciones e insultos, acompañados de elucubraciones absurdas, como emparentar al gobierno actual con un estado policial, la presente ayuda-memoria no podría ser más oportuna. Si siempre hay que discutir desde el equilibrio y la humildad, esto vale todavía más para una generación de dirigentes que reivindica una trayectoria histórica abominable.

20 de abril de 2020
Sanatorios de la Providencia y Güemes: negligencia patronal
Gonzalo, Rosa Lux y Soledad D

Desde el comienzo de la pandemia, los trabajadores de establecimientos de salud del sector privado se encargaron de denunciar que no estaban en mejores condiciones que los trabajadores de los hospitales públicos, debido a la falta de elementos de protección personal (EPP) y protocolos para resguardar a trabajadores y pacientes. Donde existen fueron conquistados con organización. Pero al día de hoy la situación de conjunto no se modificó. Al menos 40 trabajadores del Sanatorio Providencia, del barrio de Balvanera, dieron positivo para COVID-19. No se descarta más casos una vez analizados los 200 test restantes, aún a la espera de su resultado. Esta situación fue advertida por sus propios trabajadores que denunciaron la falta de EPP y protocolos frente a la patronal que calificó los pedidos como “caprichos” y resultado de una “paranoia”. Lo ocurrido es resultado de la negligencia patronal. ATSA Bs As es cómplice La conducción de ATSA se hizo eco de lo sucedido, pero de manera tardía y muy alejada de los planteos de las bases, al punto en que el Sanatorio continuaba con normal funcionamiento horas después de la denuncia. Su titular, Héctor Daer, se limitó a “reclamar” a los organismos de estado en los medios de comunicación y declaró que “alguien tiene que actuar”, desconociendo deliberadamente (y a esta altura como provocación) que ese “alguien” ya está actuando y son los trabajadores que están haciendo una experiencia de organización a pesar de sus conducciones. Lejos de ser el motor de luchas a través de sus comisiones internas, hoy la “Celeste y Blanca” se encarga de contener cualquier planteo y actuar solo cuando las bases lo desbordan. La situación tampoco se revierte en establecimientos que tienen como una de sus tareas el hisopado de pacientes con sospecha de COVID-19. En el Sanatorio Güemes, por ejemplo, sus trabajadores también debieron reclamar los EPP y, ante la negativa de la patronal, consiguieron mascaras faciales que fueron donadas por los trabajadores de la Cooperativa Gráfica MadyGraf. Pero aun así, denuncian la precariedad del resto de los elementos y la falta de organización por parte de la empresa que provoca que cada trabajador se exponga innecesariamente varias veces con los mismos pacientes sospechosos aumentando el riesgo de infección para ambos. También denuncian que las capacitaciones además de tardías fueron realizadas en principio por personal no profesional y de manera ineficiente y no presencial. Frente a todo esto, una vez más, la conducción de la “Celeste y Blanca” de ATSA de borró y se demuestra incapaz de exigir a la patronal el cumplimiento de mínimos protocolos. Por el contrario, la burocracia extorsiona a los trabajadores planteando que la preocupación en este momento es el sueldo y no las condiciones laborales y sanitarias. Nada muy diferente de lo que nos dice la patronal y muy alejado, en cambio, de las exigencias de las bases que no condicionan el salario a su salud. Organizarse es vital A la vista están las consecuencias y las patronales ya tomaron posición: su objetivo es quebrar el aislamiento y “reactivar” la economía a costa de nuestra salud. Pero ante tantos contagios confirmados los EPP y protocolos no son una opción para los trabajadores. Debemos continuar organizándonos exigiendo reducir al máximo el personal expuesto a través de home office cuando la tarea lo permita o de lo contrario reduciendo los turnos al máximo para defender el aislamiento y el cumplimiento estricto de protocolo de seguridad e higiene o la redacción de propios. Pongamos en pie asambleas y conformemos comités para controlar su cumplimento y exigir el testeo masivo a todo el personal de salud, además de exigir el pase a planta de todo personal contratado. Reclamemos que el bono decretado por el gobierno sea para todos los trabajadores del gremio. No somos descartables. Nuestros reclamos no son caprichos. La negativa de la patronal no solo atenta contra la salud de los trabajadores, sino que debilita el sistema sanitario encargado de contener la crisis. Algunos gremios ya están pactando a espaldas de los trabajadores suspensiones y reducciones salariales y sectores como la UIA ya plantean medidas de fondo para precarizar aún más a los trabajadores, por ende, toda organización que logremos hoy será la base para enfrentar cualquier intento de reformas y atropellos contra la clase trabajadora. Como ya demostraron decenas de establecimientos de todas las ramas, el motor de las iniciativas y conquistas que se están dando son producto de la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinguir entre convenios y categorías.

20 de abril de 2020
Covid-19, tuberculosis, dengue, sarampión y glifosato
Lisandro Martínez y Omar Merino

Los ferroviarios trabajamos siete días a la semana atendiendo o compartiendo, estaciones, andenes, secciones, talleres y el propio tren, junto a cientos de trabajadores y miles de usuarios que diariamente transitan por esos espacios. Así atendemos y convivimos con millones semanalmente. Las tareas son de riesgo para la salud, el trabajo que se desenvuelve en el ferrocarril es insalubre, por lo que la primera medida a tomar es que la jornada sea de 6 horas. El otoño es temporada de resfríos y gripes y además está instalada la emergencia sanitaria de la pandemia Covid-19 por lo que necesitamos medidas higiénicas profundas que sean la primera barrera que defienda nuestra salud. Hay que disponer de controles médicos efectivos con postas sanitarias que recorran las líneas poniéndose a disposición de los obreros adelantándose a posibles brotes de tuberculosis, sarampión, dengue y otros cuadros, como el que padecen los obreros en Vía y Obra donde se fumiga con glifosato sin que haya exámenes médicos semestrales que determinen el estado de salud. No hay que naturalizar que venimos a trabajar a lugares precarizados con filtraciones en estaciones y depósitos, talleres inundables y cables colgantes en cortocircuitos. Que cumplir con las tareas no signifique enfermarse o accidentase gravemente. En marzo se creó un “comité de crisis” entre el Ministerio de Transporte y La UF, La Fraternidad y Señaleros, para prevenir el contagio de conid-19 en el transporte terrestre, ferroviario y fluvial (www.infobae.com13/3/2020) y la primera medida fue un fraude ya que la Empresa Trenes Argentinos hizo limpiar con bactericida los molinetes de Constitución frente a las cámaras de TV. Allí el Dr. Claudio Zin en el canal A24 dijo que era una medida inútil limpiar con bactericidas y que para combatir el virus había que utilizar antivirales. La cuarentena en el ferrocarril no ha estado dirigida a asegurar la defensa de la salud de los obreros ni asegurar “el inestimable capital de trabajo” que los ferroviarios representan como tal. La defensa del derecho al trabajo y la salud depende de la organización de los obreros ferroviarios para eso hay que elegir los mejores representantes para instalar Comités de Seguridad e Higiene que recorran las instalaciones evaluando los sectores que inseguros o peligrosos para la integridad física de los compañeros o que carezcan de garantías sanitarias, esos enclaves deberán señalizarse y adecuarlos quitándoles toda peligrosidad. Las medidas que necesitamos En lugar de apretadas y apuradas que encargados y supervisores –instruidos por la jefatura- dispensan al personal que reclama por la falta de higiene general en cada lugar del ferrocarril, la iniciativa patronal es continuar las tareas en la mugre y la precariedad. Lo primero y fundamental es volver a aplicar la Ley 19587/1972 sobre Higiene y Seguridad en el trabajo. La ley señala que la patronal debe disponer que el lugar de trabajo sea limpio, aireado e higiénico e impone otras determinaciones para cuidar la salud obrera e impedir accidentes laborales. Los trabajadores ferroviarios hacen sus tareas en ámbitos superpoblados y allí existen condiciones para contraer cualquier enfermedad. Por lo tanto, hay que disponer medidas adecuadas a la preservación de la salud ante el peligro del Covid-19, gripe, tuberculosis, dengue, sarampión, glifosato y enfermedades infectocontagiosas. Para ello será imprescindible la provisión en de suficientes elementos de aseo personal y secado de manos en los vestuarios, además de trabajadores destinados a mantener la higiene. En ese cuadro virtualmente infectocontagioso es urgente la construcción de vestuarios exclusivos para las trabajadoras ferroviarias. Por otra parte, planteamos que, cuando los trabajadores consideren que están expuestos a riesgos “graves o inminentes” de peligro o contagio, informarán inmediatamente acerca de la existencia de riesgo para su salud. El trabajador, con solo el aviso oral al encargado o supervisor, interrumpirá su actividad. Al tomar esa determinación, ni los trabajadores ni sus representantes gremiales deberán sufrir perjuicio alguno. Las tareas deben ser organizadas de forma de disminuir el número de trabajadores expuestos, estableciendo reglas para evitar el tipo de contacto de persona a persona. Asimismo, se debe disponer de medidas adecuadas para licenciar a trabajadoras/es que deban permanecer en su hogar al cuidado de sus hijos o mayores enfermos. Para derrotar al Covid-19 en el ferrocarril hay que asegurar el bienestar físico de los compañeros con turnos de 6 horas, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar de $70.000 y el ingreso a planta de un tercer turno cuyos integrantes sean seleccionados en primer término entre los familiares de los trabajadores del ferrocarril.

20 de abril de 2020
Asamblea en el Hospital Piñero

Dos médicos del Hospital Piñero dieron positivo para Covid-19. Uno de ellos pertenece al Servicio de Traumatología, mientras que el segundo trabaja en Terapia Intermedia. La respuesta del hospital frente a esta situación generó gran indignación entre los trabajadores. Luego de asesorarse con los Servicios de Medicina del trabajo e Infectología, las autoridades aseguraron que los compañeros de trabajo de los dos contagiados no requerían aislamiento ni hisopado, y que debían continuar trabajando, ya que no se consideran contactos estrechos. Pese a admitir que podían estar contagiados, la directiva fue ponerse barbijos y venir a trabajar. A raíz de esto los trabajadores del hospital organizaron una asamblea online el sábado 18, con presencia de trabajadores de Salud Mental, Servicio social, Clínica médica, Enfermería, Medicina familiar, entre otros servicios. Allí se manifestaron diferentes preocupaciones y consideraciones del personal de salud que todos los días enfrenta a la pandemia en sus puestos de trabajo. Se mencionó la importancia de los testeos para todo el personal; se caracterizó al "multitrabajo" como factor negativo que ocasiona mayor exposición (un buen porcentaje del personal de salud tiene más de un trabajo); los insumos insuficientes en muchos servicios, algunos por considerarse erróneamente como poco expuestos, como es el caso de Maternidad; o insumos de calidad deficiente. La importancia de desarrollar capacitaciones durante estas semanas previas al pico de contagio; o también la organización en grupos de trabajo que no se crucen, como estrategia para disminuir el riesgo de contagios en el personal. Entre otros puntos tratados en la Asamblea se destaca el reclamo para establecer un protocolo unificado y público de manejo de casos sospechosos de COVID 19 en trabajadores de salud y el establecimiento de una vía de comunicación oficial que informe la situación epidemiológica de nuestra área programática. Recientemente, un informe de FesProsa señaló que la tasa de contagio en personal de salud en nuestro país es del 14%, la más alta a nivel mundial. También el reclamo por las licencias que no se están otorgando a cuidadorxs de hijes, así como personal que presente factores de riesgo y/o mayor de sesenta años. Se remarcó que se garantice salario y ART para concurrentes y se contrate nuevo personal en planta permanente. La asamblea resolvió elaborar un comunicado denunciando esta situación e instando a los gremios como AMM, Sutecba y Federación a que tomen estos reclamos y garanticen la salud y seguridad de los trabajadores. Se resolvió una nueva convocatoria para el jueves 23. La serie de reclamos y reivindicaciones enumerados en el comunicado abren un camino de organización y de acción de los trabajadores del hospital Piñero. Esta iniciativa de los trabajadores de estos servicios del Hospital debe extenderse a la totalidad de los servicios, profesiones y gremios para organizar y llevar sus reclamos a las austeridades. La conformación de Comités de Crisis de Seguridad con delegados y delegadas electos en Asamblea es el primer paso para defender la salud pública y la vida de sus trabajadores.

20 de abril de 2020
En el gremio plástico los trabajadores enfrentamos la pandemia y los ataques de las patronales

Antes de la finalización de la “primera etapa” de aislamiento social decretado por el gobierno nacional, la clase obrera comenzó a recibir los ataques de la clase capitalista, con la complicidad de la burocracia sindical. Estos ataques han sido legitimados en la última semana por Alberto Fernández al legalizar los despidos en Techint, después que decretara la prohibición de despidos y ampliara las actividades esenciales frente a los reclamos de la UIA. En el caso de los trabajadores del plástico, durante los primeros días de abril los ataques se generalizaron los ataques, dando la pauta de una ofensiva estratégica de todas las patronales para continuar con la producción. En el norte de la provincia de Buenos Aires, en IMAP, empresa que produce envases farmacéuticos para los principales laboratorios (Bayer, Bago, Unilever), los trabajadores deben realizar horas extras, pero la empresa no garantiza el traslado de sus trabajadores (charter o remis). En el Parque Industrial de Pilar, en la planta Tubos Tigre, de la multinacional Grupo Tigre (una de las empresas líderes en materiales plásticos para la construcción) se ha reducido en un 20% el sueldo y también los adicionales a sus trabajadores. Lo mismo en Kormberg, del mismo Parque. En el mismo distrito, en Novapol, perteneciente al Grupo Estisol -de capitales nacionales, con varias plantas en el país-, la patronal pretende abonar el 70% de los salarios de esta quincena. También en el distrito de Tigre, la empresa colchonera BedTime S. A., en la primera semana de actividad, planteó a sus trabajadores que debía reducir un 45% del plantel y aplicar una reducción en los salarios. Volvió a reproducir este planteo en esta última semana, pero esta vez plantea una reducción del 50% del salario y que los trabajadores activos compensen las horas de los compañeros que se encuentran de licencia. De lo contrario, la patronal amenaza con el despido de 80 trabajadores. Este planteo se vuelve más perverso ya que condiciona el pago de los haberes adeudados al acuerdo de estas propuestas. En la zona sur del gran Buenos Aires, en la fábrica Mascardi, el dueño Roberto Gabriel Reidy amenazó con no pagar los salarios del mes de marzo, los trabajadores permanecen alertas para ver qué pasa con los de abril; en Florencio Varela, en la fábrica de envases UNIPLAS S.A, como en otras tantas, sus trabajadores están sufriendo ataques sobre los salarios. Esto también sucede en Mendoza, donde la empresa PretroPlast ha reducido el salario en un 30% a sus trabajadores. Teniendo en cuenta el nivel de trabajo informal que existe en el gremio plástico la situación es mucho peor. Ante toda esta situación los dirigentes del gremio solo se limitan a teleconferencias y a desarrollar la línea de que los delegados acuerden y acepten la reducción salarial en los términos del artículo 223 de la Ley 20.744. El gremio ni siquiera sacó un comunicado repudiando la acción de las patronales, poniéndose, de esta manera, en la vereda de la cámara patronal. La respuesta de los trabajadores En medio de la intención de las patronales de establecer una reforma laboral de hecho, los trabajadores venimos dando respuesta. En Petroplas, los trabajadores se pusieron al frente para defender sus puestos de trabajo; la rápida respuesta de los trabajadores y la comisión interna de Mascardi dio por resultado que la empresa abonara los salarios; en BedTime, la comisión interna convocó a asambleas en los dos turnos y rechazaron el planteo de la patronal y, esta semana, se desarrollará una nueva lucha para defender todas sus conquistas. Es claro que los trabajadores, hoy más que nunca, necesitamos una nueva dirección. Un ejemplo en este sentido es el Sindicato del Neumático, que hace cuatro años los trabajadores recuperaron, y hoy fue el único gremio que cuestionó la decisión del gobierno al declarar su actividad como esencial y la denunció como el resultado del apriete de las cámaras patronales. Es más que necesario comenzar una gran campaña nacional a través de los medios para rodear las luchas de solidaridad y acompañar todas las medidas que se lleven adelante. Desde estas líneas llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores a conformar un gran agrupamiento para enfrentar estos ataques y recuperar nuestro sindicato. Todo esto para defender nuestro salario, rechazar los despidos y suspensiones y defender nuestro convenio colectivo en cada lugar de trabajo.

20 de abril de 2020
Dengue y cuarentena en el norte salteño
Fernanda Bono

La repatriación de 180 argentinos que ingresaron por Salvador Mazza ha encendido la alarma de los pueblos del norte salteño, quienes han vivido horas turbulentas frente a la posibilidad de contagio de algún ciudadano fronterizo. Los anuncios de los días previos no auguraban buenas nuevas ya que no se conocía el destino de los repatriados. No se han otorgado los elementos de bioseguridad al personal afectado de aduana quienes, en su mayoría, residen la zona franca. La escuela donde estuvieron los repatriados durante un poco más de 12 horas no fue preparada para este fin, sobre todo porque está ubicada en el centro de la ciudad. A pesar de ello, los trabajadores de la salud y el cuerpo de bomberos voluntarios llevaron adelante una excelente labor. No así Fernández y Sáenz, quienes han improvisado el traslado y aislamiento. El sistema sanitario de la provincia esta tan vaciado desde antes de la pandemia que empeora aún más la situación actual. Es que el departamento San Martín ya padece año a año su epidemia con enfermedades como dengue, chikunguña, entre otras. Actualmente, hay más de 600 infectados de dengue sólo en el pueblo de Salvador Mazza y al menos 3 muertos por esta enfermedad. En Tartagal, Mosconi y Aguaray la situación es similar, afectando sobre todo a las comunidades originarias. En la provincia es incalculable la cantidad de infectados, sin embargo, Sáenz no los reconoce. La mayoría de los infectados están con internación domiciliaria dado que los hospitales han colapsado. Los agentes sanitarios son los encargados de atender a los internados en sus domicilios. En todas las localidades salteñas, los hospitales funcionan como salitas de primeros auxilios, los trabajadores de la salud son escasos y casi todos están precarizados. La precarización y desocupación en Salvador Mazza es la regla, pero también lo es del otro lado del puente. Antes de la pandemia, trabajadores argentinos-bolivianos se fundían en una jornada larga y extenuante. La tarea de estibador y carrero no conoce nacionalidad y es bien conocido que es una de las pocas actividades a la que pueden acceder los trabajadores de Salvador Mazza (Argentina) y Yacuiba (Bolivia). Cientos de trabajadores pasan mercaderías de un lado a otro del puente fronterizo con toneladas de cargas sobre sus espaldas o carros. La pandemia y la cuarentena, por consiguiente, si bien ha reducido drásticamente la actividad carrera, no la ha frenado. Los trabajadores se han visto obligados a romper con el aislamiento para poder llevar la comida, enfrentar enfermedades como el dengue, y la carestía de la canasta familiar; por lo mismo están siendo reprimidos. Son frecuente las denuncias de vecinos hacia la policía quiénes ingresan a los barrios, dando tiros al aire, para confiscar la mercadería que los carreros pasan. Trabajadores con doble nacionalidad son detenidos y hacinados en comisarías arbitrariamente, o son repatriados en el caso de ciudadanos bolivianos que residen en Salvador Mazza. Los docentes del departamento de San Martín ya vienen organizándose contra la crisis sanitaria que ha profundizado el COVID-19 y que se suma a la crisis anual por el dengue. Se han armado comisiones para realizar un relevamiento de los recursos materiales y trabajadores necesarios para enfrentar la pandemia y el propio dengue. En Mosconi y Aguaray, docentes autoconvocados se ha puesto a la cabeza de esta tarea levantando firmas de un pliego de reclamos al gobierno provincial. Avancemos en una deliberación de los trabajadores carreros para enfrentar la precarización y la desocupación sistemática en el marco de esta pandemia. Para poder realizar la cuarentena es necesario armar comité obreros y vecinales para exigir un salario de emergencia mientras dure el aislamiento. Que se equipen todos los hospitales del departamento San Martín con todos los respiradores necesarios, barbijos y elementos de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Que se incorporen todos los trabajadores necesarios en la salud bajo convenio y en planta permanente y 6 horas de jornada laboral. Internación hospitalaria de los infectados por dengue para que no mueran abandonados en sus hogares. Que se realicen las obras públicas como cordón cuneta, pavimentación de las calles, desmalezamiento, descacharrado y la obra necesaria para garantizar el agua potable para erradicar los nichos de reproducción del aedes aegiptys y prevenir la enfermedad del dengue y aislarse adecuadamente ante el COVID-19.

20 de abril de 2020
EE.UU. infectó a Israel como ningún otro

“El miedo de Netanyahu a una disputa diplomática con Trump en medio de la crisis del coronavirus arriesgó vidas israelíes”, tituló Haaretz (17/4). Es que la infección de coronavirus importado a Israel provino fundamentalmente de EE.UU. “En el transcurso de aproximadamente un mes, 573 portadores de coronavirus confirmados llegaron a Israel desde Estados Unidos, en comparación con 610 de toda Europa (…) El primer ministro Benjamín Netanyahu lo sabía bien, pero estaba más preocupado por una amenaza diferente, una llamada de Donald Trump”, por esto no hizo nada –informó la periodista Noa Landau. “A principios de marzo, varios participantes en la convención de AIPAC (una organización judeo-yanki de apoyo a Israel), en Washington, dieron positivo para el virus, y asistieron a la convención cientos de israelíes que estaban a punto de regresar a Israel sin un aislamiento obligatorio… Netanyahu temía que el presidente de EE. UU. tome la imposición de restricciones a los vuelos estadounidenses entrantes como un insulto. Después de todo, en ese momento Trump todavía se oponía a tomar medidas drásticas contra el coronavirus, y Netanyahu temía provocar su ira si Israel tomaba un enfoque diferente” (ídem). La postración israelí ante Trump revela el grado de genuflexión del estado sionista a los dictados yanquis: “Después que la auto cuarentena se convirtió en obligatoria para los arribos de muchos países europeos, durante varios días Netanyahu y el ministro de Salud, Yaakov Litzman, retrasaron la ampliación del requisito de incluir a Estados Unidos. En un intento por resolver el problema diplomático, el Ministerio de Salud propuso ordenar el aislamiento solo para los pasajeros que regresaran de estados de alto riesgo, como California, Nueva York y Washington. Pero el gobierno siguió arrastrando los pies. Finalmente, luego de una conversación entre Netanyahu y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, recién entonces se decidió que Israel haría obligatorio el aislamiento de todos los pasajeros que regresaran del extranjero, para no estigmatizar a los Estados Unidos como un punto de virus” (ídem).

20 de abril de 2020
Quilmes: los trabajadores de la carne contra la pandemia sanitaria y laboral

La represión en el Frigorífico Penta durante una olla popular y piquete de sus trabajadores que reclaman por la reapertura de la planta y el pago de la quincena abre una necesidad de deliberación para el conjunto de la clase obrera, sobre todo aquellos que trabajan en algún rubro esencial como la carne. El CODVI 19 deja al descubierto una gran crisis sanitaria y económica a nivel mundial. En Argentina, la cuarentena dictada por el gobierno de los Fernández es una fantochada que encubre despidos, condiciones laborales de miseria, una inflación por las nubes y medidas de higienes nulas a nivel estatal. En Quilmes, las patronales de la carne vuelven a demostrar su preocupación por las ganancias, no por la salud de sus obreros. En el frigorífico Federal, los trabajadores dieron a conocer por las redes sociales un caso de coronavirus entre sus compañeros y la extorsión de sus dueños para que continúen trabajando a cambio de más dinero, más horas de trabajo y barbijos. En realidad, se plantea la necesidad de test para todos los que estuvieron en contactos con el enfermo y sus compañeros de trabajo. El sindicato de la carne, por su parte, ha sido una traba para el avance de la organización obrera contra la precarización y los puestos de trabajo. Esto se dejó ver con el boicot del paro que ellos mismos convocaron en repudio a la represión, bajo la presión de los trabajadores de Penta. Sin embargo, no llevaron ninguna acción adelante para garantizar la medida contra las maniobras y la presión de las patronales. Los trabajadores del frigorífico Penta continúan de asamblea y piquete en la rotonda de Pasco hasta que les garanticen sus fuentes de trabajo. Llaman a la solidaridad de la clase obrera en su conjunto, haciendo fuerte hincapié en aquellos que se desempeñan en su rubro, sobre todo, a quienes siguen trabajando de la mano de Bruzzese en condiciones de total precariedad. El gobierno nacional, provincial y municipal, de la mano del Frente de Todos, respondió con represión sin darles ninguna medida concreta a favor de los trabajadores. En el caso del Federal, se acercaron para recomendar pasos a seguir ante un enfermo de coronavirus, pero sin garantizar las medidas de higiene y de seguridad sanitaria para continuar trabajando ante el avance de la enfermedad. Los trabajadores de la carne tienen por delante grandes instancias asamblearias contra los despidos y la necesidad de repartir las horas de trabajo para superar la crisis económica con un salario igual a la canasta familiar, y del mismo modo instalar la necesidad de protocolos sanitarios ante la pandemia que conste de distanciamiento social, toma de temperaturas, seguridad en los viajes, barbijos, alcohol en gel, licencias para los grupos de riesgos sin afectar el salario y todos los elementos necesarios para evitar el contagio.

20 de abril de 2020
Sobre "Larreta fascista" de JA

Respecto a la nota en Política Obrera "Larreta fascista", escrita por Jorge Altamira en relación a la medida tomada para los adultos mayores por parte del Gobierno de la CABA, está claro que Horacio Rodríguez Larreta y el Gobierno Nacional, presionados por las patronales, quieren flexibilizar la cuarentena, en vías a levantarla y a reanudar la producción capitalista. Como venimos debatiendo, la cuarentena obligatoria en la Argentina es una forma extraordinaria de coerción del Estado hacia la población. Lo que cercena ciertas "libertades individuales" como el de circulación, pero que no es sinónimo de "estado de sitio" o "estado policial". Jorge Altamira lo refleja bien en "Cuarentena: gobierno, régimen político, etapa" publicado en Política Obrera. La "disposición" de Larreta, apoyada por Alberto Fernández, de reducir al máximo la circulación de los adultos mayores de 70 años, al mismo tiempo que "refuerza" la cuarentena de estos, contradictoriamente, intenta preparar las condiciones para transitar hacia una flexibilización de la cuarentena y una reapertura de la economía. El Jefe de Gobierno no inventó nada, Emmanuel Macron, Presidente de Francia, intenta hacer lo mismo. Si tenemos en cuenta que los adultos mayores son la población con mayor mortalidad, y que la aplicación de cuarentenas reducen la transmisión del virus en todo el mundo, como principio fundamental, debemos defender la cuarentena a toda la población y en especial la de los adultos mayores, en los términos y condiciones de los trabajadores, es decir, con un programa. La nota de JA, caracteriza a esta medida como "un método fascista", cuando es la continuidad de la política de confinamiento que viene sosteniendo la Argentina, ¿cuál sería la razón por la cual toda la cuarentena coercitiva no sería "fascista"? Cuando de lo que se trata es de luchar por "una cuarentena obrera y socialista", Jorge la ataca planteando "Larreta fascista". Si "Larreta es fascista" y sostiene la cuarentena, entonces tenemos que luchar contra ello, es decir, militar contra la cuarentena. El planteo es como mínimo confuso. Cuando los fascistas en EEUU se movilizan armados e impulsados por Trump, hacia las Gobernaciones, para pedir que levanten el distanciamiento social. En Brasil, Bolsonaro agita lo mismo. En la Argentina, los que quieren levantar la cuarentena son los Gobiernos, a pedido de las patronales, pero no hay bandas armadas ni organizadas, mucho menos un pedido de Larreta o de Alberto Fernández de movilizarse contra la cuarentena. JA en su escrito pone a Larreta en el mismo campo de Trump y Bolsonaro. Altamira viene de hacer una intervención en el campamento de la UJS Tendencia en donde caracterizó al fascismo y planteó: "Nosotros tenemos ahora una ola de regímenes autoritarios, de características bonapartistas, que muestra que el sistema capitalista mundial, está en un equilibrio inestable o en un completo desequilibrio. [...] En todos lados se busca gobernar con métodos de excepción, todavía no es el fascismo, ¿es el anticipo del fascismo? No, ¿por qué? Puede ser el anticipo de la revolución. [...] Ahora, declarar que es fascista este o el otro es declarar que hay un proletariado derrotado, que no está derrotado." Seguramente el matiz, que no es menor, es que en la nota JA habla de "métodos fascistas" y no de régimen o gobierno fascista, pero el título de su nota no lo refleja, y genera una enorme confusión. Sobre todo, cuando un sector importante de la derecha a nivel mundial, caso Trump o Bolsonaro, como sectores de izquierda "trosko liberales", promueven luchar contra la cuarentena y el distanciamiento social, en nombre de las libertades individuales.

20 de abril de 2020
Larreta y el fascismo

“Larreta fascista” es un editorial de Política Obrera. No lleva mi firma, pero lo voy a defender porque formo parte de la redacción y lo considero correcto. Todo lo que dice el compañero Nahuel, acerca de que el propósito de Larreta es organizar el abandono de la cuarentena, está escrito en el texto que critica. Es una denuncia que nuestro periódico viene realizando desde mucho antes. Nada entonces por aquí. Nahuel no se ha preguntado, y eso sorprende en cualquiera que sabe que una crítica debe hacerse con seriedad, porqué tanta gente que apoya la cuarentena e incluso denuncia los intentos de levantarla, denuncia el confinamiento de ‘los viejos’. Las contradicciones que atribuye al editorial las comparte una mayoría de los partidarios de un “distanciamiento social”. La razón es conocida y por otra parte cae de suyo: porque es una descalificación y una discriminación a una parte activa de la sociedad, en función de un propósito que es la reanudación de la explotación capitalista ‘normal’. Macron, como dice el compañero, intentó lo mismo, solo que no agrega que tuvo que echarse atrás, porque recibió ataques similares a los que golpean al Rodríguez porteño. El intendente del municipio capitalino alega ahora que “no fue comprendido” y que por eso se vio forzado a recular – “los viejos” no serán sancionados, ni multados y hasta tendrán la oportunidad de explicar a quien los importune, que la medida es fascista. Que un régimen que no es fascista intente aplicar medidas de regímenes que sí lo son, prueba que la historia y la política no marchan en armonía, sino que desafinan en todo momento. Nahuel dice que el editorial pone en el mismo plano política a Rodríguez L. con Bolsonaro y Trump - ¡efectivamente! Habría que preguntar si opinan lo contrario a los trabajadores del Moyano, a la gente de calle, a los estudiantes. Su planteo acerca de la economía y ´los viejos’ son similares. Las medidas de gobierno que discriminen a un sector de la población son fascistas -con independencia de si ese sector está constituido por negros, latinos, mujeres, judíos, gitanos, pajueranos, migrantes o, novedad, mayores de 70- un número que excluiría del enclaustramiento a la vicepresidenta y que no se aplicaría al ministro de Salud. Y con independencia de si el régimen en presencia es fascista o no. Los campos de concentración los japoneses residentes en Estados Unidos, en la segunda guerra, fueron fascistas, aunque los dictara Roosevelt; los de los británicos en Sudáfrica lo mismo, al margen de que los votó el parlamento de Westminster; y lo mismo para los de Stalin en la URSS, país al que defendíamos, sin embargo, en carácter residual de estado obrero. A ‘los viejos’ les debe caber sencillamente las generales de la ley, es decir del DNU. Si bien no somos parlamentaristas, sí somos demócratas, como lo demuestra nuestra lucha por la democracia en el Partido Obrero. Nuestro Partido Obrero (T) no es una secta, de modo que no se determina en función alternativa a las necesidades de la izquierda democratizante, que atribuye a los Fernández el carácter de un régimen policial, o a Larreta. Nos empeñamos en decir las cosas como son. Defendemos los derechos democráticos – los de los niños y “los viejos” primero. Alberto Fernández había insinuado, en una conferencia de prensa, lo contrario: que se implementaría una salida de paseo para mejorar la salud de la población con mayor riesgo. A lo dicho hay que añadir que nuestro partido (T) no plantea, ni en los sueños, “una cuarentena socialista”. No está escrito en ningún lado, de modo que está bien atribuirle el concepto. Lo que hemos dicho y repetido es que el cambio de situación a partir de la pandemia nos lleva a luchar contra el capital y por un gobierno obrero en el escenario de una cuarentena. Con un programa de transición ajustado a las nuevas condiciones objetivas y, por supuesto, subjetivas. En las condiciones de la decadencia capitalista, de un derrumbe económico internacional extraordinario, de crisis políticas sucesivas en la mayor parte de los países, de rebeliones populares y de un país, Argentina, irrevocablemente quebrado. Nuestro objetivo no es ni podría ser una “cuarentena socialista”, sino una lucha transicional en el marco de esta cuarentena, para imponer un gobierno socialista de trabajadores – no sólo en un marco nacional. Como Nahuel y los lectores han observado, tenemos una sección Debate, porque es un método que sirve al desarrollo de las concepciones revolucionarias, y porque es una herramienta para derrotar a los aparatos que pretenden hacer valer sus apetitos, algo incompatible con la lucha por el socialismo internacional. El único compromiso para participar de esta sección es la seriedad, por supuesto, como ocurre en este caso, y, por supuesto también, no hacerlo de segunda mano, por fuera de esta página, siempre con el derecho a reproducir el debate en las páginas de cada uno.

20 de abril de 2020
Una cuarentena “administrada” por manos patronales

El nuevo régimen de “Asistencia al Trabajo y a la Producción” (ATP), anunciado esta tarde por el ministro Kulfas, no asiste a la producción y mucho menos al trabajo. El programa oficial, en verdad, es una estatización de la plantilla de sueldos de las empresas que han debido disminuir o parar la producción durante la cuarentena, “cualquiera sea su tamaño”. La norma dispone que el Estado abone el 50% del salario neto del trabajador, hasta dos salarios mínimos. El pago de la mitad de los haberes, por lo tanto, alcanzará para todo salario igual o inferior a los 67.000 pesos, ya que dos salarios mínimos equivalen a 33.700 pesos. Pero en la práctica, el subsidio estatal, que no es reintegrable y será financiado con los fondos del Anses, cubrirá más del 50% del salario de bolsillo. Ocurre que el “ATP” no anula los acuerdos entre las patronales y las direcciones sindicales que se llevan adelante según la ley de contratos de trabajo, y que han conducido, en las últimas semanas, a suspensiones laborales con descuentos del orden del 30%. En un salario de bolsillo de 50.000 pesos, un trabajador suspendido con 35.000 pesos (el 70%) le demandaría a la empresa una erogación de sólo 17.500 pesos, la otra mitad quedaría a cargo del Estado. En suma, el gobierno les ha dado este fuerte subsidio a las empresas –grandes o pequeñas- sin siquiera exigir a cambio que cualquier suspensión sea reconocida al 100% de los haberes. Costos estatales, ganancias patronales La prerrogativa que se ha anunciado esta tarde es el resultado del fracaso de otro “paquete” anterior: el que disponía préstamos a las empresas a una tasa del 24% para el pago de salarios, y que los bancos no quisieron otorgar con el argumento de que la mayoría de las empresas o comercios no ofrecían garantías de devolución. El gobierno ha resuelto esta controversia con un subsidio directo a las empresas, consagrando al mismo tiempo una reducción al menos temporal de los salarios. Los capitalistas, cuando vuelvan a operar y a obtener beneficios, no tendrán que responder por esta transferencia “no reintegrable”. Los trabajadores, por su parte, jamás recuperarán la parte del salario que les fue recortada con las suspensiones. El “ATP” es una de las respuestas oficiales a las furibundas presiones capitalistas por el levantamiento de la cuarentena. La otra respuesta es una echada de lastre en la cuarentena misma, pues desde este lunes se ha habilitado un nuevo lote de actividades “exceptuadas”. El listado deja abierta la puerta para nuevas y numerosas excepciones. Además de los bancos, locales de cobro, ventas on line y consultorios, el nuevo paquete incluye a las industrias de exportación y a otras con “procesos específicos” (¿), según decida el Ministerio de producción. Las arbitrarias restricciones personales a los mayores de 70 años son la contraparte de esta cuarentena flexibilizada. El gobierno va echando lastre en relación a las exigencias del gran capital. Agravamiento de la crisis El enorme subsidio al pago de sueldos no resuelve, sin embargo, la virtual ruptura de la cadena de pagos –cheques rechazados- que involucra al 75% de las empresas. La incorporación plena de los bancos como “actividad esencial” permite, entre otras cosas, la “libre” salida de depósitos de las grandes empresas, en momentos en que el ahorro nacional debería preservarse peso sobre peso. El subsidio a los salarios y la libertad de movimientos al capital llegaron mucho antes que el “impuesto a los ricos”, si es que éste se llega a aprobar alguna vez. La cuarentena administrada según las exigencias del capital puede terminar en un agravamiento del colapso sanitario, que ya tiene a los enfermeros al frente de las víctimas del coronavirus. Ello conducirá a un regreso improvisado al aislamiento y a una crisis política. Discutamos un programa frente a la nueva fase de esta crisis: reconocimiento salarial del 100% en las industrias paradas; urgentes protocolos redactados por los trabajadores allí donde se vuelve a producir; equipamiento sanitario integral y turno reducido para trabajadores de la salud. Centralización de todas las actividades bancarias por parte del Banco Central, bajo control de sus trabajadores. Control obrero de los precios.

21 de abril de 2020
INTI: ¡Fuera las patotas de la burocracia!

Durante los últimos días se hicieron públicas una serie de amenazas por parte de la patota de la descompuesta lista Verde de ATE al secretario general del INTI, Luciano Domínguez. Estas amenazas cuentan con antecedentes de agresiones dentro del predio del INTI, incluso contra otros delegados. Este verano se produjo una gravísima agresión física -cuando Luciano se encontraba vacacionando con su compañera- por parte de elementos del riñón de la burocracia desplazada: Gustavo Domenech, Francisco Dolmann y Jonathan Gagliardi. Estas patoteadas se reprodujeron ahora en las redes sociales. La descomposición de estos burócratas no es desconocida por el activismo y los trabajadores del INTI, pero con estas agresiones y amenazas suman un episodio que, advertimos, los hará responsables de cualquier agresión a los trabajadores y delegados. Estamos ante un ataque a la organización independiente de los trabajadores del Instituto. El patotero Dolmann es parte de la Comisión Directiva de ATE, con “Cachorro” Godoy a la cabeza, que aún no ha dicho nada. Estas denuncias no habían salido a la luz con el argumento de no darle libreto a las autoridades del Instituto para desviar el objetivo de las reincorporaciones de los compañeros, en la gran lucha pasada. Este año, la recuperada Junta Interna de ATE-INTI logró una de las mayores victorias de la última etapa: la reincorporación de los despedidos del 2018. Esta reincorporación fue el resultado directo de una lucha ejemplar, que se desarrolló a través de la extensísima ocupación del predio de San Martín, y la solidaridad activa que suscitó. La lucha derivó en un salto de conciencia de los trabajadores del INTI y provocó la división de la burocracia, lo que dio lugar a la recuperación de la Junta Interna. A pesar de que la mayoría de los compañeros de la agrupación Naranja estaba despedida, logró armar lista y llevó a “Lolo” Domínguez a la cabeza de un destacado activismo. Frente a este resultado, la desplazada lista Verde recurrió una vez más a la agresión física de su patota, impidiendo el uso del local gremial por parte de la JI que los desplazó. Llamamos al conjunto del activismo del movimiento obrero, sus agrupaciones y organizaciones, así como a las fuerzas políticas y corrientes de Derechos Humanos a realizar una extensa campaña de pronunciamiento en un repudio firme a estos amedrentamientos.

21 de abril de 2020
Muere un enfermero del Instituto Medico Brandsen
Soledad D

Silvio Cufré, un enfermero de 47 años que trabajaba en el Instituto Médico Brandsen, un sanatorio privado, murió este sábado por coronavirus después de haber estado internado en Cañuelas desde el 7 de abril. La cadena de irregularidades que llevan a la muerte del enfermero, parte de la responsabilidad de la patronal. Cufré vivía en San Vicente y formaba parte de los contactos estrechos de los contagiados en el Instituto Médico Brandsen que se encuentra en investigación de la justicia. El instituto fue denunciado penalmente por el municipio debido a “la sospecha de haber manejado cadáveres de manera irresponsable y el no cumplimiento de las medidas de seguridad para la comunidad en general, y para los pacientes y empleados del Instituto, de la empresa velatoria y del cementerio municipal en particular…”. (Clarín, 18-04-2020). Cufré sufría de hipertensión y obesidad, se agravó y fue asistido con respirador mecánico. Por el cuadro de base Silvio Cufré, debía haber sido licenciado como persona de riesgo. Pero estaba trabajando y en contacto con pacientes. Su muerte es la cuarta que se produce entre el personal de salud en nuestro país, sumándose a las que se produjeron en Rio Negro, Chaco y La Rioja. El último informe de la FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la salud de la República Argentina) expresa que Argentina tiene el índice más alto de trabajadores de la salud contagiados, superando a España: de los 2.669 casos confirmados, 374 (14%) corresponden a trabajadores. Los trabajadores de la salud denuncian que cuando se entregan los EPP (elementos de protección persona) son de mala calidad, muchas veces las patronales pretenden que se reutilicen, y establecen diferencias de protección entre personal médico y enfermeros. Si no hay equipos de protección personal de alta seguridad para todos los trabajadores, se pone en riesgo a los trabajadores de la primera línea en la batalla contra el coronavirus. Los gobiernos y las patronales están mirando para otro lado. Para evitar las muertes es necesario que se respeten las licencias, garantizar los EPP, de alta seguridad para todo el personal de la salud. Reducir al máximo el nivel de exposición de los trabajadores, reduciendo a 6 horas la jornada de trabajo e incorporando un turno más con trabajadores bajo convenio. Test para todos los trabajadores de salud pública y privada. No más muertes de trabajadores de la salud. Los sindicatos, tanto del sector público como privado, tienen la obligación de convocar asambleas y exigir las condiciones de seguridad. De lo contrario son cómplices. Para los trabajadores de la salud, organizarnos es una cuestión vital.

21 de abril de 2020
Argerich Horror Show

El 7 de marzo el Hospital Cosme Argerich fue noticia por el primer fallecimiento por covid-19 de Argentina y América Latina. Cuando ocurrió, más de treinta trabajadores fueron aislados, en un marco de protocolos que no se cumplieron adecuadamente, desinformación por parte de la dirección y silencio cómplice de los gremios. Tras el fatídico suceso, SUTECBA aprovechó la ocasión para convoca una asamblea ante las cámaras de los medios de comunicación. Esa asamblea sirvió para visibilizar la precariedad de la situación laboral en el hospital. Sin embargo, un mes y medio más tarde, la situación de los trabajadores no ha cambiado sustancialmente. Los trabajadores aún denuncian que el Gobierno de la Ciudad expone al contagio a trabajadores “no esenciales”, obligándolos a concurrir al hospital para cumplir jornadas extendidas y sin elementos de bioseguridad. Son varios los servicios de consultorios externos que tienen la obligatoriedad concurrir para simplemente “dar el presente”, sin cumplir un rol imprescindible en la lucha contra la pandemia, como en los casos de kinesiología, cámara gama o mesón de turnos. Los servicios encargados de proveer elementos de protección personal (EPP). Alegan que no hay stock. Se reparten dos EPP por persona, previamente empadronada en sistema. Este material debería cambiarse cada vez que se atiende a un paciente. En los pasillos se circula con los mismos elementos de seguridad que se atienden durante toda la jornada, lo que demuestra una falta de criterios e incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Desde la dirección piden “paciencia” a los trabajadores, mientras llegan los kits de seguridad. Pero esta paciencia se agota al momento de convivir con el riesgo de contagio y a sabiendas de que ya son los tres los trabajadores de salud muertos por coronavirus. A esto se suman largas y engorrosas colas en farmacia para retirar los EPP, que pueden llegar a durar hasta 40 minutos. Por orden de la dirección, el personal de farmacia no puede entregar más de lo indicado por las autoridades, lo que genera en muchos casos es una pelea entre los trabajadores. La participación sindical quedó solamente para aquella pantomima mediática: la representación gremial hoy es nula. Para garantizar los EPP de alta seguridad para todos los trabajadores, sin distinción, es necesario un comité de crisis y seguridad electo por una asamblea de trabajadores, que asegure la distribución de insumos, superando la desidia de la dirección y la complicidad de la burocracia.

21 de abril de 2020
Puerto Deseado: piquete y triunfo de los trabajadores de Veraz (ex Pespasa)

Los trabajadores de Veraz, ex Pespasa, no habían cobrado la segunda quincena de marzo. La empresa sólo había depositado un 20% del salario. Los trabajadores entraron en paro y, con el correr de los días, lograron el apoyo de los delegados de las demás plantas pesqueras del Parque Industrial de Puerto Deseado, hasta bloquear todos sus accesos. El viernes a última hora la empresa tuvo que retroceder y los trabajadores cobraron lo adeudado. Un sector de vanguardia del STIA Los trabajadores del procesamiento del pescado de Puerto Deseado, Santa Cruz, pertenecen a una de las ramas del STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación). Son, por lejos, uno de los sectores más combativos del gremio. Hace años que han impuesto una paritaria propia, conquistando aumentos salariales muy por arriba de las paritarias nacionales. Esto se debe a su concentración en un parque industrial -que les permite dar luchas de conjunto-, su combatividad histórica y también al crecimiento de la exportación del pescado. Contradictoriamente con esta experiencia, el STIA Santa Cruz es un sindicato simplemente inscripto: no tiene Obra Social propia ni elecciones de autoridades. Durante este conflicto el STIA de Puerto Deseado acompañó el reclamo de los trabajadores ante la persistencia de los compañeros. Piquete y solidaridad La lucha de los trabajadores de la ex-Pespasa para cobrar la totalidad de la quincena encontró la solidaridad de los delegados y trabajadores de las demás plantas. La mayoría de las plantas fue afectada por la cuarentena, así que el riesgo de que pasar a cobrar sólo el garantizado horario es común a todas las plantas. El cuerpo de delegados de las plantas pesqueras tomó el reclamo de una y lo generalizó, algo que debería ser un ejemplo para todos los sindicatos del país. Así acorralaron a la empresa y al poder político local, que intercedió ante los dueños para salvaguardar la "paz social" en el pueblo. Triunfo obrero El piquete de los trabajadores de la pesca de Puerto Deseado terminó en un triunfo obrero rotundo: los compañeros de Pespasa cobraron ayer la deuda de la quincena anterior y hoy la quincena nueva en su totalidad. Si no se cumplía con lo acordado, los trabajadores estaban preparados para volver a la ruta En medio de la pandemia, la defensa del salario, de los puestos de trabajo y de los protocolos sanitarios son el gran punto de choque entre los intereses de la clase capitalista y la clase obrera. Los compañeros de Puerto Deseado mostraron por donde pasa la clave de la victoria.

21 de abril de 2020
Bedtime-ex Sealy: asamblea contra las extorsiones

El pasado jueves 16 de abril, la patronal de Bedtime (ex Sealy) debía abonar los salarios de la primera quincena y las diferencias adeudadas del mes de marzo. Sin embargo, en horas del mediodía, el gerente de Recursos Humanos llamó a la comisión interna para informarle que la empresa sólo abonará el 30% de los haberes y que no tenía fecha confirmada para terminar de depositar los salarios adeudados. En la reunión, los delegados rechazamos ese planteo y pedimos que a la brevedad regularicen la situación. Ese mismo día los delegados informamos a los compañeros sobre el planteo de la empresa, que también lo rechazaron. El viernes siguiente, a última hora, la empresa convocó nuevamente a la comisión interna, pero lejos de resolver los problemas de sus trabajadores redobla la apuesta. Subiéndose al discurso que todas las patronales van pregonando, BedTime SA vuelve a reproducir el planteo realizado la primera semana de abril, pero esta vez pretende llevar al extremo la provocación ya que al planteo de reducción del 50% del salario le suma que los trabajadores activos debemos compensar las horas de los compañeros que están de licencia por ser grupo de riesgo. Y al planteo de la reducción del 50% del personal, dice que la oferta para esa indemnización es del 50% del salario de convenio. Si este planteo ya resulta repugnante para cualquier trabajador, la gerencia de BedTime además suma una extorsión ya que condiciona el pago de los salarios adeudados a la firma de estas propuestas. Finalmente, el pasado lunes 20, tomando conocimiento del nuevo DNU del gobierno nacional que establece el salario complementario para todos los trabajadores del sector privado, pero la empresa no modificó su planteo. El decreto del gobierno no cambió la situación del salario de los trabajadores. La respuesta obrera Ante esto, los delegados convocamos a asamblea en los dos turnos. La asamblea obrera sigue su proceso de fortalecimiento. El debate fue clarificando la situación, en ambos turnos. Las intervenciones giraron en primer lugar sobre el planteo de la empresa “es legal que la empresa haga esto, están la doble indemnización y la prohibición de despidos”, “porque tenemos que compensar las horas de nuestros compañeros, eso no corresponde”, “hay que denunciar a la empresa, hacerles una demanda a los gerentes por lo que están haciendo”. Pero rápidamente pudimos centrar la asamblea en el problema principal. “El punto acá es que paguen la quincena, lo otro lo rechazamos y después vemos”, “tenemos que ir a medidas para reclamar el salario, que es donde están en falta y prepararnos para luchar por lo otro”, “que el sindicato denuncie a la empresa”, y en esta línea se desarrollaron las asambleas. Vemos en esto un factor positivo, ya que los compañeros van viendo la necesidad de fortalecer la organización y prepararnos para dar pelea. Después de un largo debate resolvimos una medida administrativa -que consiste en enviar telegramas individuales reclamando los haberes adeudados-, y asambleas de una hora por día, para ir debatiendo y resolviendo las medidas futuras. Los trabajadores y trabajadoras de BedTime, al igual que el conjunto de la clase obrera argentina, tenemos un gran desafío por delante. Cada paso nos ayuda a prepararnos para defender el salario, los puestos de trabajo y las condiciones sanitarias.

21 de abril de 2020
Plástica Mascardi: los trabajadores rechazan extorsión patronal

El aislamiento preventivo decretado por el gobierno y su consecuente parate económico fueron las principales excusas para que las patronales salieran a querer pasar factura a sus trabajadores y trabajadoras. En el gremio plástico esto se fue replicando en cada planta, sin distinción de multinacionales, importante grupos nacionales o PYMES del sector, todas desarrollan la misma línea, la reducción salarial y los ataques a las condiciones de trabajo. En los primeros días de abril, el dueño de la empresa Mascardi amenazó a sus trabajadores con no pagar los haberes del mes de marzo, pero la pronta respuesta de la Comisión Interna y sus compañeros dio por tierra esto y la empresa abonó los salarios. Luego de esto la empresa consiguió la oportunidad de comenzar a producir, gracias a que el gobierno colocó la producción de productos de limpieza como esenciales. Y sobre este argumento la patronal convocó a sus trabajadores diciendo que “la fábrica va a estar abierta; los que vienen, cobran; los que no, no van a cobrar”. Teniendo en cuenta esto, la Comisión Interna armó una propuesta con condiciones para que los compañeros vuelvan a trabajar. Un protocolo de higiene y seguridad con los elementos de higiene personal en los puestos de trabajo, el control de temperatura corporal a toda persona que ingrese a planta, refuerzo en la limpieza de los vestuarios y baño y la definición de la planta al fin de cada turno. Además, la Comisión Interna reclamó el reconocimiento de la licencia para los grupos de riesgo y licencia con goce de sueldo para los compañeros que deben viajar en transporte público hasta la planta. Los trabajadores también conquistaron un bono de 20 % sobre la quincena anterior por tener que ir a trabajar en medio de la emergencia sanitaria, algo que reclamarán que se cobre durante toda la pandemia. Una nueva dirección se abre paso aún en la pandemia La línea del sindicato plástico es adaptarse a las suspensiones patronales, aceptando la reducción salarial e invitando a los delegados a negociar esas condiciones para evitar despidos. Claramente la acción de la Comisión Interna y los trabajadores de Mascardi van en sentido contrario a la línea de la dirigencia del sindicato plástico. Los trabajadores de Mascardi, como en varias empresas plásticas, marcan el rumbo de una nueva dirección a los compañeros y compañeras del gremio plástico.

21 de abril de 2020
Sobre cómo dialogar con el movimiento de mujeres y una estrategia

La tapa del periódico de Política Obrera número 7 y ahora la declaración política del Plenario de Trabajadoras han suscitado una serie de debates al interior de la tendencia y merecen ser atendidos porque estos debates están relacionados no solo con la etapa sino con conceptos marxistas muy de fondo. La nota en cuestión que fue repartida en forma de volante los días previos y el mismo 8 de marzo partía de una tarea: dialogar con el conjunto del movimiento de mujeres. Este texto tiene una virtud excepcional, reconoce a las mujeres como pioneras, es decir, como vanguardia, y debate en sus términos, sin sectarismos y con conceptos muy claros. Sin olvidar jamás que discutimos con un movimiento mundial de carácter pluriclasista cuya dirección está vacante y en disputa por decenas de sectores feministas, debemos señalar la enorme composición trabajadora del movimiento que frente a la agudización de las crisis rápidamente destacan en sus filas. ¿Qué implica señalar a las mujeres como pioneras? La profundización de la barbarie capitalista que agudiza la violencia contra las mujeres en todo el planeta ha llevado a cientos de miles de mujeres a emprender luchas sin tregua en defensa de sus vidas de manera SOSTENIDA durante los últimos años. Impulsándolas a sacar conclusiones de fondo que se han ido expresando en sus consignas como “el Estado es responsable” y asociando fuertemente la violencia que reciben al capitalismo. A esa violencia que reciben a diario, por influencia del feminismo, el conjunto del movimiento de mujeres (las activistas y las que no activan) han decidido nombrarla PATRIARCADO. Quiero colocar énfasis en esto último. Para nosotros, la figura del patriarcado es falsa no porque no haya machismo, racismo y otras formas de violencia sino porque el capitalismo no es una formación pura respecto a las que lo precedieron, sino que somete a sus leyes a todas ellas y las adapta a su proceso de reproducción. Ahora bien, cuando las mujeres deciden combatir la violencia impulsada por el régimen y sus estados y para identificarla la denominan patriarcado debemos elegir nuestros argumentos en el debate con cuidado no para adaptarnos, sino para reforzar a esas mujeres en pie de guerra. Las variantes nacionales y populares -hoy disfrazadas de plurinacionales, inclusivas e indigenistas- agitan al patriarcado como un elemento para descomprimir tensiones dentro del movimiento de mujeres con los gobiernos. Su fracaso brutal y sus políticas nefastas son disfrazadas de rasgos patriarcales que pueden “deconstruirse” a fuerza de paciencia y tiempo. Pero este intento de disimular como batalla cultural a la lucha de clases encuentra sus límites más temprano que tarde producto de la crisis y de la respuesta del Estado a sus reivindicaciones. En Argentina, el movimiento de mujeres abrazó la consigna Fuera Macri y, en Chile, la Constituyente y el Fuera Piñera. ¡Rápidamente las luchadoras encontraron su agenda “antipatriarcal” incompatible con la continuidad de los gobiernos e incluso abordan a la conclusión de la constituyente! Las mujeres no se refieren al patriarcado como una entidad "superestructural" ni a una cuestión ideológica. Las mujeres identifican al patriarcado en cada elemento opresivo del Estado y en su reproducción por parte de sus compañeros de clase. Y su decisión férrea de combatirlo las ha puesto en la primera línea de los procesos de rebelión en Latinoamérica y en el mundo. Mucho antes de comprender que el patriarcado como orden social no existe se encontrarán combatiendo y dándole fin a un régimen de opresión de clases. En este punto, ¿cómo abordamos a las mujeres para ganarlas a construir una organización socialista propia que pueda dirigirlas a la emancipación en esta etapa? ¿Vamos a discutir con las mujeres chilenas rebeladas que plantean la constituyente y el Fuera Piñera primero hay que dejar de decirle patriarcado? Cabe señalar en este punto que el último encuentro de la asamblea chilena feminista fue marginal con relación a las mujeres movilizadas y que, el 8 de marzo, el planteo de que solo movilicen las mujeres fracasó, y que fueron ellas las que echaron a las pacas y no a sus compañeros de la movilización. No hubo ley Gabriela ni maniobra que desmantelaran la movilización. A las argentinas que, a pesar de tener un presidente que dice que va a legalizar el aborto y se dice feminista, llenaron las calles igual en defensa de su programa (mostrando que no hay ninguna confianza ciega), ¿había que discutirles que no se dice patriarcado sino capitalismo? ¿Vamos a debatir prioritariamente con ellas que el patriarcado no existe o vamos a partir de su situación de confrontación con el Estado permanente para darle un curso estratégico? Por supuesto que no es eso lo que tenemos que discutir. Nuestra tarea es reforzar y apuntalar a miles de mujeres en su confrontación con el Estado, que la inmensa mayoría de las veces para ellas es sinónimo de patriarcado. Está tarea está trazada en la perspectiva del poder para la clase obrera. El volante y la declaración son sumamente acertadas en este sentido y no se privó de ponerle comillas al patriarcado. Sobre la autonomía de los cuerpos y el derecho a la rebelión El volante, además, recoge un elemento central en la lucha de las mujeres. La consigna de "mi cuerpo en mío" señalando la "autonomía de los cuerpos". De nuevo aparece en el material un elemento que nos permite dialogar. A las corrientes que tratan, pero no pueden arrogarse la dirección del movimiento de mujeres, les encanta agitar una consigna propia del mismo como "mi cuerpo es mío" para ponerlo en el plano del derecho individual, así como las actitudes patriarcales son de algunos funcionarios en particular y no una orientación de clase. Sin embargo, el movimiento que ya identificó al Estado como RESPONSABLE, cuando defiende su autonomía ya no solo se refiere a la propia, sino a la autonomía de todas las mujeres frente a una entidad que se cierne sobre todas ellas. ¿Cómo no vamos a plantearles a las mujeres que hay que ir a fondo en la defensa de su autonomía si el que en este momento gobierna sobre su útero es el Estado burgués? ¡Nosotros somos los primeros defensores de nuestra autonomía en todos los aspectos! Defendemos tanto esa autonomía que defendemos el derecho a rebelarnos una y otra vez contra el régimen hasta acabar con él. Sobre el programa de la mujer En primer lugar, debemos señalar que el kirchnerismo y las organizaciones defensoras de la conciliación de clases hicieron todo lo posible por esconder el aborto de la marcha del 8 M. Basta leer su documento de convocatoria. En su afán de utilizar al movimiento de mujeres como ariete en la negociación con el FMI centralizaron el problema en la deuda. Lejos de esto, lejos de las asambleas marginales y de aparato, miles y miles de mujeres se movilizaron de manera independiente por el aborto y contra los femicidios. El carácter estratégico del aborto y la centralidad en nuestra agitación En primer lugar, porque la conquista del aborto o la no conquista le abren un curso a la rebelión popular. En el primer caso, se abre la lucha por garantizarlo con todo lo que implica -salarios, ESI, estado de los hospitales públicos, etc. Y, en el segundo, la incapacidad de satisfacer esta conquista por el gobierno colabora a agotar la experiencia más rápidamente. En segundo lugar, la idea de que el aborto es parte de un programa de mujeres y las reivindicaciones de clase son otra cosa, es un invento de las burocracias sindicales que desplazaron a los socialistas y anarquistas de los gremios. El programa de la mujer es parte integral del programa de la clase obrera. No solo integral sino estratégica. La opresión hacia la mujer es la piedra ANGULAR de la opresión de clases porque su origen es también el origen de la propiedad privada, Sus reivindicaciones bien entendidas, es decir, llevadas a fondo, chocan y cuestionan a ABSOLUTAMENTE TODO EL RÉGIMEN. Cuestiona el mundo del trabajo, la violencia, la salud, la educación, todo. La incorporación de las mujeres a la vida productiva progresivamente implicó una reducción del salario para los trabajadores ya que ahora serían dos los salarios para afrontar una canasta básica. ¿Pueden el régimen capitalista y sus Estados, en sus términos, absorber las tareas de crianza y domesticas? ¿Puede el régimen capitalista integrar a miles de mujeres que engrosan mayoritariamente el ejército de desocupados en su totalidad a la producción? ¿Puede un régimen opresivo por definición acabar con la violencia en algunas de sus formas y más aún hacia la mujer? Su programa reviste universalidad y puede convertir la rebelión en revolución justamente por esto. ¿Esto quiere decir que hemos cambiado el sujeto revolucionario del obrero a la mujer a secas? De ninguna manera. Solo las que se reconozcan de la clase obrera y con una poderosa organización socialista podrán acaudillar la lucha por este programa para llevarlo a la victoria definitiva. FMI: ¿feminista? ¿Puede existir un capitalismo feminista? La respuesta es no. El carácter de conciliación de clases del feminismo es claro, clarísimo. Desde el abandono de la lucha por el sufragio en beneficio del nacionalismo inglés hasta su integración a los Estados burgueses, los ejemplos sobran. Ahora bien, ¿el programa del feminismo en lo que refiere a la igualdad legal, el aborto, la autonomía de los cuerpos y los femicidios puede ser satisfecho por el capitalismo? Las mujeres han llegado a la conclusión de que no. Por mucha presidentx del FMI que haya, por mucha perspectiva de género y plurinacionalidad que exista, las mujeres han emprendido rebeliones en todos lados. Por más igualdad legal que haya es imposible para las mujeres ejercer sus derechos civiles cuando cargan con la totalidad de las tareas de crianza y doméstica a cuestas. Por más aborto legal que exista un régimen en quiebra no puede garantizar su implementación en ningún lado. Por más barbijos de colores, números de teléfono y botones antipánico, no pueden frenar la barbarie que han parido. Ni que hablar de la incompatibilidad de todo esto con los salarios miseria, despidos y ataque a las condiciones de trabajo en regla. Nuestra intención en dialogar con las bases de estas organizaciones, las trabajadoras y las mujeres en general. Lo hacemos sin maquillajes, sin ningunear al movimiento y sin concesiones a diferencia del resto de la izquierda que ha decidido definirse a sí misma como SOCIALISTAS FEMINISTAS como si existieran variantes del socialismo. Socialismo feminista, socialismo indigenista, socialismo en un solo país, son caras de la misma moneda. Admitir que hay diferentes socialismos es sincerar el abandono de las tareas en la lucha por un gobierno obrero y el abandono de nuestra estrategia que incluso abandona el catastrofismo. ¡La única alternativa no sería el socialismo, sino que el capitalismo aún tiene el changüí de hacerse feminista! Así como el programa de las mujeres por su carácter fundante del régimen es parte integral del programa de la clase obrera, satisfacerlo es tarea de una dirección consecuente de la clase obrera. Audacia y astucia para abordar el debate (Aprender a pensar) El PO oficial es un profesional en sacar materiales con pliegos infinitos de reivindicaciones que no dicen absolutamente nada. Nuestros textos intentan destacar el rol estratégico para la clase obrera de las luchas de las mujeres. Naturalmente que esto no sustituye un pliego de reivindicaciones. Pero un material extensísimo con recetas y haciendo de “maestra Siruela” para las mujeres no solo no hace más obrero el volante, sino que no es nuestro objetivo. Estos pliegos reivindicativos deben ser productos del debate y organización cuerpo a cuerpo con todas las particularidades de cada lugar. No debemos tener miedo, so pena de que alguien cuestione nuestra pureza, de dialogar con el movimiento de mujeres en sus términos. Con astucia. Repito. Mucho antes de comprender que el patriarcado como orden social no existe, las mujeres se encontrarán combatiendo y dándole fin a un régimen de opresión de clases. Esto es lo queremos reforzar y en ese proceso apuntalar a la vanguardia y lo vamos a hacer de esta manera, elaborando planteos transicionales en cada lugar. Donde corresponda, comisiones de mujeres en las barriadas, lugares de trabajo y estudio. También brigadas de autodefensa para echar a ese varón que reproduce la violencia del régimen, que no tiene un pelo de patriarca, pero cuyas acciones son inadmisibles e incompatibles con la lucha consecuente por las reivindicaciones de las próximas y enormes asambleas seguramente se pondrán en pie. Con audacia, sin principismos, pongamos en pie una organización socialista de la mujer trabajadora.

21 de abril de 2020
Industria del tabaco: disparan contra la cuarentena

Desde el mismo día que comenzó el “asilamiento social, preventivo y obligatorio” las patronales de la industria del tabaco comenzaron una campaña para reventarla, al costo de la salud de los trabajadores del sector y en beneficio de la salud económica de los monopolios del tabaco. Bajo la máscara de la Cámara de Kioskeros Unidos, el día 20 de marzo leímos, con gran sorpresa, que “va a haber un desabastecimiento de cigarrillos, porque ambas tabacaleras cierran sus puertas” (Eldigital.com.ar). Ni había empezado la cuarentena que el mercado ya estaba desabastecido. ¿Qué tal? Entre tanto, los trabajadores de la industria del tabaco habían logrado arrancarle a la patronal el pago de sus salarios al 100% mientras durase el ‘distanciamiento’. Con el correr de las semanas, los monopolios tabacaleros plantearon que la paralización de la producción va a traer más perjuicios que beneficios. Súbitamente las patronales se acordaron del “derecho al trabajo”. La Cámara de la Industria del Tabaco de la República Argentina (CITRA) informa que el sector emplea a 100 mil trabajadores en forma directa y a un millón en forma indirecta. Es la misma cámara empresaria que pisoteó, sin el menor escrúpulo, el derecho al trabajo de cientos de trabajadores en oportunidad del cierre de la planta de Massalin en Goya, Corrientes. Estos son los mismos empresarios que vienen despidiendo a miles de trabajadores en toda la industria como consecuencia de la robotización de los procesos de trabajo y la concentración de capitales. A partir de la extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril estos monopolios comenzaron a plantear que la paralización de la industria perjudicaba a toda la cadena de valor (producción de tabaco, industrialización, distribución y comercialización). Esto jamás se comprobó, en cambio, lo que sí pudimos comprobar es que en las provincias tabacaleras los obreros del tabaco podían circular normalmente para realizar sus labores. El tabaco, ¿actividad esencial? Que la producción de cigarrillos sea una “actividad esencial”, en el marco de la crisis sanitaria, es discutible, en especial con relación al tiempo de trabajo. La CITRA, de todos modos, “informa” a la sociedad, por medio de una carta enviada a AF, sobre los cuantiosos recursos fiscales que se pierden (700 millones de pesos por día) y el daño “a la cadena de valor de toda la industria” (Ambito.com, 07/04). Lo que está verdaderamente en juego en esta lucha por reabrir las plantas industriales de Philip Morris y British American Tobacco es la fabulosa ganancia que estas empresas multinacionales dejan de embolsar. El diario Eltribuno.com del 17/4 informa que desde hace días hay gestiones contra reloj entre PMI (Phillip Morris Internacional), BAT (British American Tobacco) y Kicillof para reiniciar ya mismo la producción.

21 de abril de 2020
Colombia: cacerolazos, piquetes y banderas rojas

Miles de colombianos protestaron con banderas rojas, piquetes y cacerolazos, en los barrios más pobres del sur de Bogotá, por tres días consecutivos, durante la última semana. Aproximadamente 9,5 millones de personas viven al borde del hambre. Dos millones de venezolanos sumidos en la pobreza, que cruzaron la frontera en el último tiempo, están en riesgo. En su presupuesto para 2020, el gobierno de Iván Duque dedica un diez por ciento más de gasto militar y hay una deuda con el sistema de salud de 250 millones de dólares. El gobierno es denunciado por robarse la ayuda humanitaria, y sobreprecios de hasta el 400% en respiradores. Duque dispuso 38 billones de pesos para deuda externa. Hasta un 90 por ciento de pérdidas en el mes de abril, calculan los comerciantes del país. “los trabajadores informales suman el 47 por ciento: aproximadamente 13 millones de personas sin salario garantizado. Los habitantes de la calle, que solían rebuscarse en el vaivén de las avenidas ahora desiertas, suman casi 10.000 personas solo en Bogotá” (NYT, 17/4). Duque y compañía Al comienzo de la pandemia, algunas alcaldías plantearon toques de queda. Ahora Duque quiere levantar la cuarentena con el “aislamiento inteligente”, pero “inteligente” sólo para la patronales (como ANDI y FENALCO). Duque, a la par de Bolsonaro (aislamiento vertical) y Larreta (prohibición a los mayores de 70), planea prohibir la salida de los viejos, “proteger a los sectores más vulnerables al virus, quitamos presión para que no colapse el sistema de salud, que es lo que ha pasado en el mundo” (eltiempo, 6/4). Una excusa para flexibilizar la cuarentena como reclama el capital. Banderas rojas El alcalde de una localidad al sur de Bogotá advirtió: “Soacha, una localidad al sur de la capital, muestra las carencias que debe atender el gobierno en todo el país. ‘Puede morir más gente de hambre que por el coronavirus’, dijo su alcalde. Pero entre la abundancia de noticias que se ha esparcido con la enfermedad, una resume bien nuestra intemperie: en Colombia vive un millón de personas sin agua por no pagar el recibo” (ídem). Por no tener trabajo, las familias salieron a protestar en Medellín, Cali y Bogotá pidiendo ayuda alimentaria. Se registraron tres cacerolazos durante la noche del martes, y la respuesta fue represión policial. En la noche del jueves se volvieron a registrar varias protestas en el sur de Bogotá en reclamo de ayudas y subsidios a la Alcaldía y el Gobierno nacional. La alcaldesa bogotana, Claudia López, de centroizquierda, recientemente electa, había prometido una ayuda extraordinaria para medio millón de afectados, pero esa ayuda todavía no se cobró. Ahora dice que el 27 volverá la construcción: 300.000 trabajadores saldrán del aislamiento. En distintos lugares hay protestas y saqueos. López fue criticada por haber enviado al tenebroso y criminal ESMAD (escuadrón antidisturbios) a combatir las protestas en Ciudad Bolívar. En los últimos días, “en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar continúan las protestas por la falta de ayuda humanitaria durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. No obstante, la situación ha empeorado luego de que varias vías de acceso a diferentes barrios fueran bloqueadas”. En Cartagena también blandieron banderas rojas. Calles y avenidas siguen cortadas, en un verdadero “acampe popular”. La defensa de la salud y la cuarentena son más importantes que nunca y se realizan con los métodos de la clase obrera. Las protestas de la clase obrera se realizan a pesar de la inacción y el silencio de radio de las centrales sindicales, que cuando Duque estaba en la cornisa por los enormes paros nacionales, a fines de 2019, levantaron la continuidad de las medidas.

21 de abril de 2020
“El confinamiento es un concepto burgués”

Cuando Trotsky llamaba a “aprender a pensar” a propios y ajenos, advertía a no hacerlo a partir de esquemas pre-concebidos. El principio de toda ciencia es ir más allá de las apariencias. Que la pandemia es una “excusa” para imponer una militarización de la sociedad, es un caso típico (aunque grosero) de unilateralidad, que lleva al dislate de llamar a una “rebelión popular contra el aislamiento” (oficialismo del PO). Sería una ‘rebelión’ policlasista, precisamente cuando los obreros reclaman que las patronales mantengan a sus empresas dentro de las normas oficiales. La otra versión de lo mismo, a saber, que la cuarentena no sería necesaria con un robusto sistema de salud (PTS), no pasa de una conjetura y del argumento contrafáctico. La ‘rebelión’ deseada por el PO oficial se encuentra en desarrollo, en EEUU, timoneada por bandas fascistas, alentadas por Trump, como lo hace también Bolsonaro. En Alemania, el país al que se adjudica la mejor preparación sanitaria, Ángela Merkel advirtió a no apresurarse en levantar la cuarentena (“lockdown”). “El confinamiento es un concepto burgués”, es la tesis del sociólogo francés Hamza Esmili, en una entrevista reciente. Aunque lo ve necesario, dice “que la idea del confinamiento tiene un cierto número de presuposiciones y no corresponde a la realidad. Especialmente, no corresponde a la realidad de la gente en los barrios pobres” (BBC, 12/4). Por lo tanto, “el confinamiento es un concepto burgués”. La propuesta de abolir “un concepto burgués”, que dejaría más expuestos a “los barrios pobres”, queda convertida en revolucionaria. La revolución, sin embargo, no es propiamente un concepto socialista, pues ha habido toda clase de ellas; cobraron fuerza, históricamente, en el ciclo de revoluciones burguesas y nacionales, que va de Holanda a Estados Unidos, desde el siglo XVI al XIX, o sea incluida la guerra civil norteamericana, y las rebeliones cubanas contra España. Para Marx mismo es el choque entre las fuerzas productivas, de un lado, y las relaciones de producción, del otro – una generalización que abarca diferentes períodos históricos. También se aplica a la “revolución industrial”, y no estaría mal imputarla a los anticonceptivos, que golpearon el lastre del embarazo en la sexualidad femenina. Lo ‘burgués’, en la cuarentena, es la miseria social, no los planteos médicos para combatir el Covid-19. Quienes no están de acuerdo con esto son Trump y Bolsonaro, entre otros, y la UIA y la burocracia, al oeste del Río de la Plata. El más común de los sentidos Esmili comenta que “Las enfermeras de los hospitales, por ejemplo, a menudo viven en barrios como Saint Denis (banlieue). Ellas son puestas en peligro para curar a la población, lo mismo pasa con las cajeras y con los repartidores de Amazon o la gente que trabaja transportando productos”. Si Esmili quiere probar que los explotados siempre cargan con los costos descomunales de una catástrofe, tiene razón. No se ve, sin embargo, como los atenuaría la derogación de la cuarentena, incluso a sabiendas de que las patronales seguirán manejando sus empresas por vía digital. La “discriminación clasista” a la cual alude, está inscripta en la sociedad, no deriva del ‘distanciamiento social’ que aconsejan los epidemiólogos. La idea que el aislamiento compulsivo es reaccionario (violencia estatal) es completamente correcta si se la postula en términos absolutos, o sea en forma metafísica. Las acciones del estado van dirigidas, en principio, a reproducir las condiciones sociales vigentes, que en este caso son de explotación. Pero es falsa si se la toma en forma concreta, es decir en relación con otros factores de una situación dada. El aislamiento de los Fernández no es reaccionario si se lo toma con relación a Trump o Bolsonaro, o cuando rechaza implementarlo bajo un estado de sitio, como reclamaron ministros del gabinete y numerosos gobernadores. O si obedece a una emergencia de salud, o a la necesidad política de aplastar a los trabajadores. La democracia y el fascismo son dos formas de dominación capitalista, pero la segunda es relativamente muchísimo más reaccionaria que la primera. Finalmente, tampoco el estado se comporta del mismo modo cuando se trata de defender la dominación del capital: en situaciones especiales o extremas, tiene que chocar con los capitalistas individuales para defender al capital en su conjunto. De ahí, nacen las diferencias entre un Perón y un Aramburu, y entre un Videla y un Alfonsín o un Hipólito Solari Irigoyen o Alfredo Bravo. Esmil agrega: “¿Qué puedes hacer cuando trabajas en un hospital o cuando te encuentras en una situación en la que tienes que alimentar a tu familia?”. Lo mismo de siempre, respondemos, organizarse y luchar. Se puede reclamar un protocolo surgido de las asambleas de trabajadores y organizarse para garantizar el alimento y los ingresos salariales para todos. Comparar el trabajo que preserva la vida en un hospital con la mera coerción capitalista ignora que las corporaciones de salud privada no son sometidas al mismo rigor estatal, de donde se desprende que el capital no prefiere, si se puede decir de este modo, la coacción a la libertad. La clase obrera todos los días de su vida se ve coaccionada, porque no tiene otro recurso que su fuerza de trabajo; esta es la gran coacción capitalista, el resto es la superestructura que la complementa, en especial contra la rebelión de los trabajadores contra este sistema social. En una nota al NYT, Esmil dice: “el estado ignora por completo cómo vive la gente en estos vecindarios. Su única respuesta a ellos es un exceso (sic) de autoritarismo. Y la gente está empezando a entender, la única respuesta es la fuerza policial” (10/4). Como se ve, el signo igual entre cuarentena y estado policial es una caracterización que el infantilismo local lo toma de los ‘filósofos’ que se limitan a “interpretar el mundo”, o sea a comentarlo. La cuarentena es un acto de coerción estatal, por cierto, pero para relevar a la clase capitalista de pagar la crisis. La cuarentena obliga al Estado a asumir la responsabilidad por los contratos privados que quedan suspendidos o sin efecto por obra de la cuarentena. La cuarentena es un subsidio estatal a la clase capitalista, por ejemplo, en los pagos de salarios, que quedan a cargo del fisco, en forma directa, o de los bancos, en forma subsidiaria. Lo que convierte al ‘distanciamiento’ en explosivo, para el capital, no es la cuarentena como tal, sino el escenario de derrumbe financiero y económico internacional, y el agravamiento sin precedentes de los choques entre estados capitalistas. Las modalidades diferentes adoptadas por los gobiernos ante la pandemia tienen que ver cuáles son las mejores para defender a su capital en la crisis mundial. El gran capital financiero norteamericano, por ejemplo, no comparte el planteo de Trump de repatriar los capitales invertidos en China a Estados Unidos. Vida de la clase obrera Para Esmili el confinamiento es un “lujo”, porque el 17% de los parisinos se han ido a sus residencias de campo. Algo similar ocurrió durante la guerra franco-prusiana y la Comuna de París. El éxodo significa que hay un 17% de ocupación menos en la ciudad para resolver el hacinamiento. “Entre estos se encuentran quienes deben continuar trabajando, o los que no se confinan o no pueden confinarse porque su hábitat no corresponde a las normas que el confinamiento exige”, indica. Este es un buen aporte de Esmil: expropiar el espacio locativo del ese 17 por ciento. Cuando se le pregunta qué significa el aislamiento para los trabajadores más pobres, responde: “Eso no significa nada para ellos. Es como si hablaras en una lengua que nadie comprende”. Los trabajadores de muchos lugares del mundo reclaman al Estado medios y recursos sanitarios -y habitacionales- para enfrentar la cuarentena. Así se organizan los vecinos de los barrios pobres de Quito, Bogotá, Medellín y Buenos Aires, y es lo que reclaman trabajadores de Madrid, Nueva York, Londres o Turín. Hace poco se viralizó el video de un italiano que pedía alimentos y recursos para soportar la cuarentena, o los vecinos de los barrios pobres del sur de Bogotá que se manifestaban con tapabocas para reclamar alimentos e insumos para los hospitales, lo que muestra que los trabajadores han comprendido la situación más que los sociólogos, al menos algunos. “La gente muere porque las circunstancias les obligan a continuar trabajando”, concluye. La gente muere debido a que la reacción política internacional se opone a financiar los confinamientos. Es necesario un programa transicional, adaptado a estas condiciones: el funcionamiento de la producción esencial de acuerdo a protocolos de las comisiones internas y delegados, la unificación de todo el sistema de salud bajo control obrero, la nacionalización sin pago de la bancos, la organización de los barrios bajo la dirección de comités de vecinos.

21 de abril de 2020
Ishii despide a trabajadores de la salud

Los trabajadores de la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de José C. Paz presentaron un petitorio al intendente Mario Ishii reclamando, en el marco de la actual crisis sanitaria, insumos destinados a la protección contra el Covid-19, recomposición salarial y mejoras en las condiciones de trabajo. El intendente respondió con el despido de trabajadores de los UDP, en su mayoría del Hospital Carporaletti, que fue inaugurado como el primer CEPAN (Centro de Emergencia para la Pandemia) de la provincia con la presencia de Kicillof hace poco más de un mes. Frente a las precarias condiciones de seguridad e higiene en la que trabaja el personal de salud de los UPD del distrito, exigieron a la intendencia los materiales de protección necesarios, tal como indica el procedimiento sanitario según la OMS (Organización Mundial de la Salud), para evitar la exposición al virus. El incumplimiento del protocolo, por parte de los centros de salud, expone al contagio a los trabajadores, como el caso de la Clínica Fátima de Pilar, en donde una enfermera contrajo el virus producto de la desidia patronal. Lo mismo se repitió en el Hospital Belgrano de San Martin, donde se contagiaron hasta el momento más de 20 trabajadores, o el último caso que desembocó en la muerte de un enfermero del Instituto Médico Brandsen, en Cañuelas, que a la fecha se encuentra clausurado e investigado por la cantidad de contagios del personal y pacientes producto de la falta de cumplimiento del protocolo de seguridad. En este cuadro, los trabajadores resolvieron que en caso de que no se encuentren los EPP (Elementos de Protección Personal) correspondientes, tanto para enfermería como personal administrativo, no se pondrá en contacto con los posibles casos de COVID 19. En el reclamo también se incluye la exigencia del reconocimiento del decreto firmado por Fernández del pago de la asignación estimulo de carácter no remunerativo de 5.000 pesos, pago que estaría a cargo de Nación y que los trabajadores de los UDP todavía no han percibido. Se suma a todo esto las precarias condiciones de contratación y salariales a la que están sometido el personal de las UPD. Los propios trabajadores señalan en el petitorio que “el salario es de $1.500 de básico (personal temporario) más la suma del monto correspondiente al cargo, que serían, auxiliar de enfermería $12.000, un Enfermero profesional cobra $14.000, un Licenciado de enfermería cobra $16.000 y el personal administrativo cobra $ 9.000, siendo que los trabajadores bajo convenio de sanidad perciben un básico de $40.327”. Por tal motivo, exigen una equiparación de sus haberes. En respuesta al reclamo de seguridad sanitaria y salarial, la dirección de la Secretaría de Salud municipal, que estaría a cargo del mismo Intendente Mario Ishii, resolvió en la última semana dar de baja a más de una docena de empleados del sistema sanitario local (Agencia Nova, 18/4). Al mismo tiempo que despedía a trabajadores de la salud, el Varón del conurbano, era felicitado por el presidente Alberto Fernández, quien declaro que, en medio de la pandemia, “Ishii hace un gran esfuerzo” (TeleFe noticias, 13/4). Ishii, luego de desconocer los decretos que el ejecutivo ha firmado frente a la pandemia, desde el que establece el protocolo de seguridad y la asignación de un bono al personal de salud hasta el que prohíbe los despidos y suspensiones de trabajadores, ha echado a los supuestos “cabecillas” de un reclamo legítimo, con el propósito de aleccionar al resto de los trabajadores, no solo a los de la salud sino también al resto de los municipales que quieran reclamar por condiciones de seguridad e higiene o mejoras en las condiciones de trabajo y salario. El petitorio que presentaron los trabajadores de los UDP de José C. Paz es un ejemplo de los métodos para enfrentar la pandemia, en el marco de las propias necesidades de los trabajadores de la salud. Otro ejemplo, es el de los trabajadores del Mercante que mediante asamblea resolvieron la conformación de un Comité de crisis para garantizar el cumplimiento del protocolo de seguridad y control de los suministros sanitarios para resguardo de su salud y la de los pacientes. Estas respuestas son importantes como guía de acción para el conjunto de la clase obrera. Reincorporación inmediata de todos los trabajadores de las UPD de José C. Paz y cumplimiento de todas sus exigencias.

21 de abril de 2020
Piñera: no a la cuarentena, sí al estado de sitio
Javiera y El Be

Con la excusa de la pandemia, Piñera aprovechó para decretar un toque de queda, entre las 22 y las 5 horas. Lo curioso es que no responde a la protección de una cuarentena general. En Chile aún rige la constitución de Pinochet, de manera que antes del 18O, Chile ya era un estado de excepción constitucional. Cualquier turista que haya visitado Santiago pudo constatar que, cada pocas cuadras, está siempre estacionada la infraestructura policial chilena manejada por la policía militarizada. El equipamiento de guerra integrado al vestuario de cualquier paco no guarda mayor diferencia con la de un milico, y podríamos decir que un policía común y corriente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anda, comparativamente, desnudo. La cuarentena En Chile no hay una cuarentena nacional, y no es porque Piñera se oponga a la coacción estatal, sino porque golpea al capital, que se quedaría sin su fuerza de trabajo. A lo que no se opone Piñera es a la represión del estado de sitio nocturno (que comienza justo después de finalizados los principales turnos laborales) para evitar manifestaciones, aunque él ha dicho que es para evitar fiestas nocturnas. De esta manera, lo que es aplicable para Chile no es aplicable a Argentina. Argentina no es gobernada por régimen represivo de excepción, y en Chile hay un régimen ultra represivo, que se manifiesta con mayor empeño en esta crisis de salud. El despliegue militar en Chile tiene el propósito de devolver al régimen político la capacidad de control y dominación que perdió, en los hechos, a partir de la rebelión popular que se inició en octubre pasado. La coacción estatal y la represión tienen una cierta diferencia, que está determinada por los objetivos políticos de los gobiernos de que se trate. La represión La instauración del estado de sitio es una tentativa desesperada del régimen chileno para restituir la autoridad represiva que tenía antes de la rebelión, y aun antes de eso, cuando comenzaron las manifestaciones educacionales, estudiantiles, huelgas en el cobre, y luchas contra la jubilación privada. Durante la mañana y tarde del 18 de octubre, las manifestaciones se concentraron principalmente en Santiago, y esa misma noche Piñera decretó el estado de sitio para todo el territorio nacional. Pero a los milicos montados en tanques de guerra, la clase obrera respondió con una insurrección nacional, de manera que hubo un levantamiento incluso en las ciudades donde no había pasado nada antes del estado de sitio. La insurrección y el repudio a los milicos y al estado de sitio, se sostuvieron todos los días que éste duró -y cinco meses más-, y Piñera terminó levantándolo porque se dio cuenta que obtenía precisamente el efecto contrario. En Chile ocurre, al igual que en EEUU y en Brasil, que los intendentes declaran cuarentenas contra el poder nacional, o lanzan campañas a favor de una cuarentena nacional. Piñera, como hacen otros en Argentina, asegura que va a controlar la situación sólo con testeos, sin ‘distanciamiento’. Esta fractura no es sanitaria, sino política, incluso en el caso de alcaldes que pertenecen a partidos que han firmado un pacto nacional con el pinochetismo. Es más acentuada en intendentes de barriadas pobres. En definitiva, es una fractura que expresa las huellas de la rebelión popular en esta cambiante situación político-sanitaria. Sin dudas las restricciones que impone la pandemia cambia el escenario en el que se desenvuelve la rebelión chilena, pero lo que pueda avanzar Piñera contra los trabajadores -sea en el terreno de la represión o los derechos laborales- no dependerá únicamente de la fuerza y la voluntad que él tenga, sino que también de toda aquella fuerza y voluntad que la clase obrera chilena disponga y desarrolle en defensa de sus salarios, sus puestos de trabajo, su derecho a la violencia, y en defensa de la misma cuarentena.

21 de abril de 2020
Cuarentena: que Techint no convierta Valentín Alsina en Bérgamo
Lisandro Martínez-Alfredo Romero

Los obreros y delegados de SIAT salieron a denunciar públicamente y ante el Municipio de Lanús y autoridades de Trabajo que la familia Rocca “quiere levantar la cuarentena” en Techint y que, de concretarse la medida, eso pondría en riesgo no sólo al plantel, sino a toda la población de Valentín Alsina (La Defensa digital 16/4). SIAT es parte de la industria metalúrgica, pero su producción no es esencial en la pandemia. Levantar la cuarentena sólo traería aparejados beneficios económicos a Techint. Los dirigentes obreros de SIAT han señalado en reportajes que la medida convertiría a la fábrica en “un foco de contagio para toda la zona de Valentín Alsina y para el resto de los barrios de Lanús donde viven los trabajadores que viajan hasta la empresa”. La familia Rocca preside Confindustria (la UIA italiana). En el valle del río Serio, donde se concentra uno de los polos industriales más importantes de Italia, la patronal presionó a todas las instituciones gubernamentales para que en el inicio de la pandemia de covid-19 no hubiera cuarentena y no se cerraran sus fábricas. “El 28 de febrero, cuando ya había 110 contagiados en la región, la Confindustria lanzó su campaña “Italia no se detiene” que internacionalmente se conoció como YesWeWork. Cinco días más tarde estalló el brote que desplazó a China como el centro de la pandemia mundial” (Pagina 12, 19/4). Esa es la zona con más muertos por corona virus por habitante en Italia (www.enestosdias.com.ar, 16/4). Un dato más que revelador sobre los Roca: “En la provincia de Bérgamo, como en toda la Lombardía, la sanidad privada es muy potente. En la Bergamasca, en concreto, la mitad de los servicios sanitarios pasan por la privada. Las dos clínicas privadas más importantes de la zona, que facturan más de €15 millones anuales cada una, pertenecen al grupo San Donato –cuyo presidente es nada menos que el ex-viceprimer ministro italiano Angelino Alfano, ex delfín de Berlusconi– y al grupo Humanitas. El presidente de Humanitas es Gianfelice Roca, también propietario de Tenaris, la industria que no ha querido mandar sus trabajadores a casa” (www.enlacecritico.com, 12/4). Antes de que se dictara la cuarentena, los Rocca habían suspendido al personal de la planta de Valentín Alsina durante varias semanas, excusándose en la falta de trabajo. Con el levantamiento de la cuarentena, lo que la empresa persigue es una rebaja drástica en los salarios, despidos y cambios en la modalidad del trabajo. Frente a esta política desembozada de ofensiva contra la integridad física de los trabajadores es necesaria una intervención conjunta de los obreros y vecinos en defensa de la salud y la vida de los trabajadores y habitantes de Valentín Alsina, convocando reuniones y asambleas, exigiendo se pongan en pie Comités de seguridad e higiene que: Reafirmen la cuarentena obrera en defensa de la vida. Que se respeten los pagos de salarios a todos los trabajadores por igual y los derechos adquiridos en premios y modalidades. Ningún despido de efectivos ni contratados. Se arme un protocolo de salud, higiene y seguridad como ya se discute en las grandes fábricas para condiciones de trabajo con distanciamiento social, en los vestuarios, en la línea, en el comedor, etc. para cuando se vuelva a trabajar y se traslade el protocolo adecuándolo al barrio y su periferia.

21 de abril de 2020
22 de abril: paro nacional e internacional de los repartidores
Corresponsal

Se encuentra en marcha la convocatoria a un paro internacional de repartidores para el próximo 22 de abril. Este paro representa nuevo un paso con relación a medidas de fuerza ya adoptadas en diferentes lugares. En diciembre pasado, tuvo lugar un paro en Mar del Plata. El 5 de abril pasado, se produjo una medida similar en Guatemala, ya bajo la crisis del coronavirus. El reclamo del paro del próximo 22 de abril es por un 100% de aumento y elementos de seguridad e higiene. En el marco de la pandemia, con la agudización de las ya pésimas condiciones de trabajo, el movimiento está recorriendo una experiencia inédita y se amplía día a día. Los activistas discuten reforzar su organización en asambleas (virtuales por ahora) para establecer un programa integral de los trabajadores de reparto, y discutir una continuidad de la lucha planteada. En los últimos años creció enormemente el trabajo a través de plataformas digitales. Entre las de mayor desarrollo se encuentran las de reparto, que emplean grandes masas de fuerza laboral entre la juventud. Estos trabajos se realizan en condiciones de precariedad y, en general, a destajo -se cobra por viaje realizado. Los jóvenes arriesgan sus vidas vida frente a un posible accidente de tránsito completamente desguarnecidos. La pandemia ha venido a profundizar esta situación de precariedad, e impone nuevas condiciones a la organización. Los trabajadores de reparto desarrollan su actividad bajo una relación de dependencia encubierta con las empresas. Entre los eufemismos que esgrimen las patronales está el de ser “colaboradores” y “emprendedores”, mientras, a través de la aplicación, suspenden, sancionan, o bajan la prioridad de viajes a su antojo. En las condiciones actuale, se agrega que el costo de los materiales de seguridad queda a cargo del trabajador. Es el caso del uso de barbijos, so pena de recibir multas personales. Algunas empresas venían entregando un "bono" para el mantenimiento de la bicicleta o moto, pero está por detrás de lo necesario. Actualmente, los gastos operativos de cada trabajador aumentan como consecuencia de la pandemia y las disposiciones estatales. Las patronales, amparándose en la precariedad, presionan para salir a trabajar desprovistos de todo tipo de protección, transformando las cuarentenas de diferentes gobiernos en su contrario -un relajo. Por las características de la actividad, no solo se expone la salud del trabajador sino también la de cualquier cliente, ya que, circulando permanentemente, los repartidadores, son además de susceptibles de enfermarse y convertirse en vector de contagio. Esta modalidad de trabajo explotadora y antiobrera, cuenta con complicidad del estado, que auspicia estas formas de “nueva economía”. Asambleas para discutir cómo seguimos. Para terminar con la relación de dependencia encubierta, es necesario plantear la lucha por un convenio en regla: ingreso base, que debería cubrir el costo de una canasta familiar por una jornada completa de trabajo; ART, vacaciones, aguinaldo, y plus por zona desfavorable, entre otras reivindicaciones. Ni que hablar del costo de internación y medicamentos en caso de accidente. Los protocolos de salubridad de las patronales son deficientes, descargan su costo sobre el trabajador y en algunos casos ni siquiera son respetados por los mismos que los dictan. Por este motivo es fundamental que sean los propios trabajadores quienes elaboren un protocolo acorde a sus necesidades. Difundamos y organicemos el paro de este 22; pongamos en pie un programa integral para que esta lucha de los repartidores tenga una continuidad.

21 de abril de 2020
Petróleo-19

Hasta hace poco podíamos leer en los diarios que los bancos, en especial en Alemania, remuneraban a quienes estaban dispuestos a solicitar préstamos, en lugar de cobrar por ellos una tasa de interés. Semejante distorsión ponía de manifiesto que las contradicciones de la acumulación capitalista levantaban temperatura de una explosión más aguda que en el pasado. Los bancos operaban de este modo porque no podían mantener depósitos de clientes en sus cuentas sin al mismo tiempo poder convertirlos en créditos a un interés superior y obtener una ganancia por la diferencia. En estos días fuimos informados de algo considerablemente peor para una compañía capitalista: tener que pagar cuarenta a dólares a quien estuviera dispuesto a comprarles un barril de petróleo. La razón es que los tanques se encuentran colmados de combustibles que no se han podido colocar en el mercado. Para los observadores del caso, la catástrofe petrolera es la consecuencia de una caída estrepitosa de la demanda, producida por el derrumbe de la inversión y del consumo ocasionado por la pandemia del Covid-19. Esto es en cierto modo así, pero en su mayor parte representa una descripción distorsionada de lo que está pasando. Ocurre que entre el productor de petróleo y el comprador final hay una cadena de intermediarios que tienen la capacidad de inflar la demanda con propósitos especulativos. Si el barril está, digamos, a u$s30 y se estima que podría subir, al cabo de unos meses a u$s60, se produce una compra de la mercancía a futuro, para obtener un beneficio con la diferencia. Esta demanda ficticia puede ampliar el mercado de un producto a niveles simplemente fantásticos. Es lo que ha ocurrido desde los tulipanes holandeses en el siglo 18 hasta el derrumbe hipotecario en numerosos países hace una década. La demanda ficticia lleva a la sobreproducción, en tanto los productores encuentran siempre un punto de salida a su excedente, sin poder medir la elasticidad final de un mercado semejante. El propósito de superar los límites del capital solamente ha servido para acentuar el derrumbe. Es así que, con un costo de producción de cuatro dólares, Arabia Saudita pudo vender el barril por arriba de u$s120, en la primera década del siglo, lo que es una renta minera absurda. Por otro lado, con este nivel de precios resultó redituable explotar el pre-sal brasileño, con un método horizontal a más de dos mil metros de profundidad, y luego el shale norteamericano, mediante la fractura de rocas. La sobreproducción se amplió sin parar, y luego fue apuntalada por tasas de interés cercanas a cero para financiar esos emprendimientos. A esto se agregó algo más: los países productores se endeudaron en gran escala para financiar obras de infraestructura, ofreciendo el petróleo caro como garantía. El gasto en construcciones urbanas, muy alejado de los yacimientos, se convirtió en un costo adicional, porque debía cubrir las garantías comprometidas. Antes de la pandemia, la cotización del petróleo norteamericano, a u$s30 el barril, pareció ofrecer una gran oportunidad a un mercado que estimaba que subiría al doble, u$s60, lo que produjo una avalancha de inversiones en las entidades financieras que compran y venden contratos de petróleo todos los días, a un precio a futuro, que es establecido por la oferta y demanda, no de vendedores y compradores del producto, sino de los mercados financieros. Una semana antes del derrumbe, las entidades de intercambio financiero (ETF), que transan contratos de materias primas, recibieron u$s1,5 mil millones de fondos para ser aplicados a este negocio. El fondo United States Oil tenía en su poder el equivalente a 146,5 millones de barriles, en contratos de entrega en junio. En solo un mes, el ingreso de dinero que comercian con futuros de petróleo había aumentado un 400 por ciento. Cuando quedó en evidencia la sobreproducción, al comprobarse que se había agotado la capacidad de almacenamiento de combustibles, el precio del barril del día se hundió como nunca, dejando ver una diferencia abismal entre la cotización al contado y la de contratos futuros. La venta masiva de estos tuvo lugar de inmediato. El resultado fue la unión de dos precios ficticios, el de futuro inflado por una demanda financiera, y el de contado, deprimido por debajo del costo más barato de toda la cadena de explotación. Esta es toda la verdad acerca de lo que los economistas burgueses llaman “asignación racional de recursos por parte del mercado”. Las transacciones de contratos en este mercado y las cotizaciones que resultan de ellas son una referencia (‘benchmark’) para numerosos mercados financieros, por ejemplo, las bolsas de los países petroleros, el oro, las divisas. Estos mercados no operan al contado sino a crédito, y las más de las veces con dinero y garantías de varios de ellos. Es decir que inicia una cadena de bancarrotas. Es cierto que el detonante pueda haber sido el coronavirus y el cercenamiento que impuso a la demanda de numerosas empresas que se quedaron sin fuerza de trabajo debido a la epidemia y a las cuarentenas. Pero la estructura estaba lista para venirse abajo, como cuando uno mete el dedo en un castillo de naipes. El endeudamiento mundial es calculado en u$s280 billones. Esta crisis tiene implicancias políticas y geopolíticas. Perjudica a Estados Unidos y a Trump, que apostaron fuerte al autoabastecimiento, y a sus aliados, y beneficia a China, que podrá importar un combustible más barato. Beneficia a la manufactura norteamericana, que pagará menos por la energía, en perjuicio de las petroleras que sólo cuentan con inversiones en Estados Unidos: Trump anunció que pondría una tarifa a la importación de petróleo, para subir el precio interno y rescatar a las petroleras. Es un golpe durísimo contra la acción pública frente a la pandemia, dado que restará fondos al estado, ni hablar del perjuicio que implica para México, Venezuela, Ecuador, Bolivia e incluso Brasil – o para los inversores en Vaca Muerta, que han enterrado capital en el proyecto. Cuando se tiene en cuenta la competencia gangsteril que se ha desatado entre las grandes potencias por el acaparamiento de material sanitario, el hundimiento del mercado petrolero amenaza con un desarrollo más violento. Gran Bretaña acaba de rechazar una acción común con la Unión Europea para proveerse de respiradores y equipos de testeo. La lucha contra el covid va siendo rápidamente desplazada, o ubicada en un plano secundario, por una crisis política mundial, derivada de la bancarrota del capitalismo. Los luchadores deben tener en cuenta estos giros del escenario internacional y de sus protagonistas, y actualizar en todo momento la táctica política de la clase obrera y las consignas que mejor la reflejan.

22 de abril de 2020
Walter Bulacio: una lucha vigente

Corría el 19 de abril de 1991. En el barrio de Nuñez, miles de jóvenes peregrinaban al estadio Obras Sanitarias para disfrutar de un show de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. En las inmediaciones del estadio, Walter Bulacio, de 17 años, junto a, al menos, otras 70 personas -entre ellos, diez menores-, fueron detenidas de manera ilegal por una razzia policial encabezada por el comisario Miguel Ángel Espósito. Los menores fueron detenidos bajo el “Memorándum 40”, una disposición de 1965, ya derogada, que les otorgaba a los comisarios la libertad de detener menores sin dar aviso a las autoridades judiciales. Walter fue trasladado en un colectivo de la línea 151 a la Comisaría N° 35 donde fue golpeado de manera brutal, ocasionándole un traumatismo de cráneo, que le ocasionaría la muerte una semana después. Nadie paga por la muerte de Walter Casi dos años después de su asesinato, en noviembre de 1992, Miguel Angel Espósito fue sobreseído por la justicia. En 2001, la causa Bulacio fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente falló contra el Estado argentino “por actos y omisiones” que permitieron “la vulneración de derechos a la libertad e integridad personal, a la vida, a las garantías judiciales, a la protección judicial, y los derechos de los niños”. Sin embargo, Espósito siguió perteneciendo a la Policía Federal hasta el año 2008. Finalmente, en noviembre del 2013, tras 22 años de impunidad, Espósito, quien fuera el único acusado por el crimen y quien gozaba plenamente de su libertad, fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, en el marco de la investigación por la detención ilegal. Es decir, el responsable de la muerte de Walter fue condenado por el delito de privación ilegal de la libertad, el cual prevé como máximo una pena de 6 años de prisión, y no así por el asesinato. Vale aclarar también que la prisión “en suspenso” le permite al Juez no efectivizar la detención del condenado, cuando se tratara de una condena no mayor a tres años. El caso Bulacio ha transitado en manos de decenas de jueces, cámaras de apelaciones, juzgados de instrucción hasta tribunales internacionales de derechos humanos, sin embargo, desde 1991 hasta la actualidad, el Estado y todos los gobiernos democráticos posteriores han sido garantes de la impunidad de los responsables materiales e intelectuales de su muerte. Puso en evidencia las prácticas ilegales de detención por fuera de lo normado de la institución policial y la complicidad que mantiene con el aparato judicial cuando se trata de sentar en el banquillo de los acusados a quien realice funciones públicas al servicio del Estado. La lucha de toda una generación contra el gatillo fácil y la represión El nombre de Walter se ha convertido en bandera de la lucha contra el gatillo fácil, la represión y las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Desde 1983 hasta el 2019, CORREPI lleva contados 6.564 casos de gatillo fácil, tortura y muertes en lugares de detención, una cifra que deja al desnudo que no se trata de “casos aislados” sino que la violencia institucional y policial forma parte de una política de Estado y de los gobiernos que legitiman su autonomía, por ser garante, a través de la coerción, de la explotación en el sistema capitalista. De la vulneración de la juventud ante la descomposición de la institución y su connivencia con el crimen organizado, nace la necesidad de la organización y la lucha independiente y consecuente contra la violencia institucional y por nuestros derechos políticos plenos. En este contexto de emergencia sanitaria y militarización de las calles a nivel nacional, con el fin de garantizar la cuarentena, es nuestro deber estar alertas ante las arbitrariedades y el abuso de poder que pueda presentarse. A Bulacio lo mató la policía. Castigo a los culpables. Abajo la represión y gatillo fácil. Desmantelamiento del aparato represivo.

22 de abril de 2020
Contagios en Carrefour

El pasado 11 de abril se conoció el resultado positivo del hisopado realizado a un trabajador del sector de bazar del hipermercado Carrefour ubicado en ruta 8 y Guido, Pilar. Al día siguiente, tras una extenuante lucha de los delegados y trabajadores, se logró que la sucursal no abra, como pretendía la patronal. Tras difundirse la noticia en los medios locales, el municipio clausuró preventivamente el comercio y prometió una desinfección completa del lugar. Cómo señalamos en un artículo anterior: Carrefour de Pilar, los trabajadores exigen cuarentena, esta clausura no garantizó el aislamiento preventivo de todo el personal, que era el principal reclamo de los empleados. Solo fueron puestos en cuarentena unos 70 trabajadores de un total de 120. A una semana del primer caso, se conoció un segundo caso, esta vez de una compañera del sector de cajas. El protocolo de la patronal, que se basaba en la condición del “contacto directo” para otorgar las licencias por aislamiento preventivo tras el primer caso, quedó en jaque con este segundo contagio: la empleada no había tenido contacto directo con su compañero infectado, pero sí con el virus, evidentemente. Este segundo caso encuentra a la sucursal abierta al público desde el viernes 17, con parte del personal nuevo y los empleados que no fueron afectados por el aislamiento preventivo. La reacción de los trabajadores obligó a la empresa a otorgar la cuarentena a todo el plantel. Ahora, a menos de un día de comenzada, ya se cuenta un tercer caso positivo. Son incalculables los potenciales contagios entre empleados y clientes. Aún es incierto cuánto durará la medida de aislamiento. Los trabajadores denunciaron amenazas de descuentos salariales o sanciones si no concurrían a trabajar tras el primer contagio, ya que la clausura preventiva del municipio duró menos de una semana. Aún no están asegurados los hisopados para todos, solo se está monitoreando el caso de otro empleado con síntomas. Los demás hisopados que se realizaron se hicieron de manera particular, por medio de la obra social. Esta sucursal es un caso testigo de la situación de todos los lugares de trabajo “esencial” en dónde los trabajadores están pagando caro la falta de protocolos y elementos de protección acordes. Pilar: vecinos sí, empresas no En Pilar se registran ya más de 50 casos confirmados, según el parte oficial, que representan un 25% de los test realizados. Teniendo uno de los índices más altos de la región, se le adjudica un alto porcentaje al contagio comunitario. Esto llevo a agudizar la persecución en las calles. En tres días fueron detenidas 60 personas; 430 en total desde el inicio de la cuarentena. Pero no se aplica el mismo rigor para el control de las empresas que facilitan la propagación del virus, como es el caso de Carrefour, que goza de impunidad pese a que su accionar está penado por el Código Penal. Exigimos test a todo el personal. Campaña de ubicación, testeo y seguimiento a los clientes expuestos irresponsablemente por la empresa. Llamamos a los compañeros afectados a organizarse y unificar las luchas por la defensa y profundización de la cuarentena y el salario. Elaborando protocolos propios que pongan el acento en la prevención de las infecciones. Basta de presiones y extorsiones a los que defienden su vida. Pago total de los salarios y del “bono justo” de $20.000 exigido por los trabajadores de Carrefour.

22 de abril de 2020
Catamarca: el gobierno ataca a los trabajadores de la salud

Los ataques del intendente de la ciudad de Recreo, Luis Polti (FdT), contra Paula Nieto, enfermera municipal, con una suspensión sin goce de haberes y el pase a disponibilidad en represalia por haber reclamado elementos de protección para tareas de control en la vía pública, se viralizaron y generaron repudio en amplios sectores en los medios y en las redes sociales. Hasta el gobernador Raúl Jalil planteó que se debía rever la situación. La presión social obligó a Polti a anular las sanciones y reincorporar a la trabajadora a sus tareas, pero le modificó sus horarios, a sabiendas de que Paula Nieto, además de trabajadora municipal, también trabaja en una farmacia, ya que, con el salario de 13 mil pesos, de la categoría más baja en la municipalidad, le sería imposible sobrevivir a ella y sus cinco hijos. En su defensa Polti planteó que había sufrido violencia de género (¿?) y hasta anunció la posibilidad de una denuncia penal contra Paula por la grabación del audio. Días después, el jefe comunal fue detenido por violar la cuarentena, cuando se lo encontró “pescando” en un dique de la localidad vecina de Icaño, junto a otros funcionarios. La conducta del intendente Luis Polti no fue un exabrupto. Carga en su haber con más de doscientos despidos, misoginia, represiones y detenciones contra manifestantes y delegados obreros desde que retomó la intendencia el pasado diciembre. Tampoco lo ocurrido en Recreo es una excepción a la regla en materia de política de salud en la provincia, encubierta en el hecho de que aún no se han producido casos de contagios del virus. Por eso tuvieron gran repercusión las manifestaciones de los trabajadores del Hospital de Niños de la capital provincial, quienes sostienen un reclamo salarial, denunciando que el impuesto a las ganancias afecta al cobro de las guardias, confiscando sumas de entre $5.000 a $30.000. Los trabajadores señalan tener una carga de hasta 24 horas de servicio y plantean denuncias sobre las pésimas condiciones laborales. Ahora, el gobierno provincial planteó extender la grilla de actividades esenciales y, de este modo, “flexibilizar” la cuarentena. Jugando con las cifras -se supone que no hay infectados en la provincia-, el gobierno cede a las presiones de los capitalistas locales. Vamos a un escenario de mayor riesgo de contagio en un territorio en el que la salud pública se encuentra en un estado de profunda decadencia y los centros privados representan dos terceras partes de la totalidad de los centros de salud. Frente a este escenario está planteado tanto en los centros de salud pública y privados la realización de asambleas para organizar y coordinar un plan de acción para reclamar elementos de protección para los trabajadores que cumplen las tareas, la defensa integral de los salarios del personal de guardia, la reducción de la Jornada en Salud a seis horas y que Paula Nieto sea restituida a su lugar y turno de trabajo y el pago total de su salario.

22 de abril de 2020
Los docentes de Córdoba frente a la cuarentena

Los efectos de las extenuantes jornadas laborales de la docencia ya se hacen sentir. Dolores cervicales y problemas en la columna son las secuelas de horas y horas frente a las computadoras, tratando de reemplazar, con un enorme esfuerzo, lo que el estado ha decidido no hacer, es decir, brindar las herramientas para que las dificultades de las clases virtuales resulten lo menos traumáticas posibles para docentes y alumnos. Zulema Miretti, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), señaló a Perfil Córdoba que “Debe quedar claro que, pese a la crisis, no somos los trabajadores los que debemos perder derechos o resignar ingresos. No vamos a aceptar ningún tipo de flexibilización ni recorte salarial. Los trabajadores hemos sufrido una fuerte transformación en nuestras tareas. En el caso de los docentes, el paso a la enseñanza virtual de manera abrupta y total hace que los compañeros deban trabajar muchas más horas de las habituales y se enfrenten a desafíos muy grandes que no son recompensados desde el punto de vista salarial”. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de lucha que propone la dirigente gremial? Ninguna. Es que UEPC, que viene de firmar una paritaria en medio de la cuarentena que fue repudiada por la docencia, está dejando pasar sin el menor chistido el enorme reclamo de los docentes por la situación agobiante por la que atraviesan. Con los actos públicos suspendidos y miles de docentes que no han podido tomar horas o cargos, la situación tiende a agravarse considerablemente. Más aún cuando los docentes que se quedaron sin trabajar son rechazados por el Ingreso Familiar de Emergencia por el solo hecho de estar anotado en los listados oficiales. Más allá de las ambigüedades con las que responde el ministro nacional de educación cada vez que lo consultan sobre una posible vuelta a las clases, nadie espera que eso se produzca antes de agosto. Estamos frente a una situación insostenible por cuatro meses más. La enorme cantidad de horas que deben dedicar los docentes en actividad, para tratar de sobrellevar las tareas, contrasta con la desocupación y con la subocupación de muchos otros. Se empiezan a discutir la necesidad de la incorporación de los docentes sin horas para coordinar los trabajos con los docentes a cargos de cursos con más de 25 alumnos. Esta es una salida que da una respuesta de conjunto al problema y que empalma con el reclamo de los centros de estudiantes, motorizados por la UJS, que han empezado a reclamar sobre el reparto de netbooks y conectividad para todos los estudiantes que no cuenten con estos elementos básicos para seguir estudiando. El desarrollo de “comités virtuales” para impulsar estas cuestiones se pone a la orden del día. Las últimas grandes luchas de los trabajadores de la educación, tanto en Salta como en Tucumán, fueron impulsadas, dirigidas y sostenidas por los docentes autoconvocados, que pasaron por encima a sus direcciones gremiales. Esa debe ser la perspectiva. Los “proyectos de ley” para exigir el pago a la docencia de un salario mínimo, presentada en la provincia por el PO oficial, olvida que los docentes tenemos un convenio colectivo que debería ser actualizado por inflación, parece olvidar también que la legislatura no se reúne más que para hacer los mandados de Schiaretti. La crisis económica, social y laboral tras el levantamiento de las medidas de aislamiento y el agravamiento del paro de actividades sin precedentes que provocara, ya está siendo utilizada por las patronales y el gobierno para agitar la necesidad de rebajas salariales, pérdida de conquistas históricas, pago en cuotas o con bonos.

22 de abril de 2020
Escobar: contagios en la Clínica San Carlos

Los trabajadores del gremio de Sanidad encuentran, en el sector privado, iguales o peores condiciones que los trabajadores de los hospitales públicos para afrontar la crisis sanitaria. En los últimos días, cinco médicos y cinco pacientes dieron positivo de Covid-19 en la clínica San Carlos de Escobar, ubicada en la localidad de Maquinista Savio. Entre ellos, el jefe de terapia intensiva. Estos tres casos se confirmaron sobre un número insignificante de testeos, lo que manifiesta que los contagiados pueden ser muchos más. Ante esto, el pasado lunes 20, los trabajadores realizaron una protesta para exponer la situación y reclamar por hisopados e insumos. “Estamos reclamando elementos de protección personal. No tenemos barbijos, guantes, camisolines, ni lavandina ni alcohol en gel. Lo poco que tenemos es de donaciones que recibimos o porque lo compramos de nuestro bolsillo. La situación es muy compleja”, declaró un trabajador de la clínica al portal local El Día de Escobar. La denuncia de los trabajadores es muy concreta: “Sólo hicieron test rápidos con algunos médicos. Pero necesitamos que se le haga el hisopado a todo el personal de terapia intensiva, porque todos estuvimos en contacto estrecho con los infectados. Estamos a la deriva, no podemos seguir atendiendo a la gente sin las medidas de precaución necesarias y sin saber si estamos contagiados o no. Esto es inhumano”. La gravedad de la situación es aún mayor si se tiene en cuenta que la clínica atiende exclusivamente a afiliados del PAMI. El secretario de Salud del municipio, Juan Manuel Ordoñez, declaró que personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires “tomaría cartas en el asunto y haría todos los hisopados”, pero hasta el momento no se cumplió. Tanto en los centros de salud privados como públicos, se repite la exposición a la que están sometidos los trabajadores por la falta de EPP (elementos de protección personal) y por las condiciones laborales a los que son sometidos. También se repite en muchos de estos establecimientos la política antisindical de las patronales. “No tenemos un interlocutor directo, tenemos supervisores, que claramente están del otro lado de la línea. Hoy salieron a decir que nunca les pedimos los elementos de seguridad, como si a esta altura hiciera falta que se los pidamos. Encima nos amenazan con que, por decreto, no podemos hacer abandono de la guardia, y dicen que los que participamos en la protesta vamos a estar en una lista negra de despidos”, señaló el trabajador (ídem). El ataque de las patronales de la salud se desarrolla sin ningún tipo de freno por parte de los sindicatos de sanidad, que, en estas clínicas, optan por dejar una zona liberada; tampoco interviene el ministerio del ‘progre’ Ginés. Hace unos días ante en contagio de una enfermera de la Clínica Fátima de Pilar, la patronal que no entregaba los EPP, y sometía al personal a jornadas extenuantes, culpó a la enfermera y a los trabajadores. Pero también se repite otro patrón. Ocurre que, más allá de que en muchos lugares no hay organización sindical, los trabajadores se están organizando con sus propios métodos. La situación de la clínica Fátima y del sanatorio San Carlos, no hubiera llegado a ser visibilizado sin la intervención de los trabajadores. Las exigencias son elementales: que se entreguen los EEP, hagan los seguimientos y test correspondientes a los trabajadores y pacientes que estuvieron en contacto con los médicos contagiados y que se termine la persecución patronal. La estadística que el presidente no muestra en sus “filminas” es la que tiene a la Argentina con el mayor porcentaje de contagiados entre los trabajadores de la salud. La coordinación entre los trabajadores de los diferentes centros de salud puede ser un paso fundamental para organizar una lucha de conjunto por todas las reivindicaciones que, en el marco de la actual pandemia, no son otra cosa que la defensa de la vida.

22 de abril de 2020
Ginés culpabiliza los trabajadores de la salud

En una reciente entrevista en el programa “Solo Periodismo” (Crónica, 20/04) el ministro de Salud Ginés González García manifestó que, en el contexto de la pandemia “vamos bien, pero hay que mejorar”. En alusión al levantamiento de la cuarentena, expresó que estaba a favor de levantarla pausadamente, midiendo el nivel de circulación e impacto epidemiológico, y que, aunque la cuarentena continuará, tendrá características diferentes: la apertura no va a ser total, habrá que regular la cantidad de movimiento y el tránsito interjurisdiccional. Con el correr de las preguntas, el ministro comenta que el gobierno quiere atenuar en el tiempo la llegada al pico máximo. En relación a esto, el periodista le pregunta a Ginés si estaba al tanto de que el 14% de los contagiados es personal de salud, a lo que respondió “...estamos intentando mejorar el cuidado, porqué de ese porcentaje, muy pocos casos de los trabajadores de salud han sido contagiados directamente por los enfermos de coronavirus; la mayoría fueron o que llegaron al servicio de salud ya portadores del virus o se lo contagiaron entre los mismo trabajadores, por eso se habla de contagio horizontal; y esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, con que no se sacó correctamente la ropa, con que algunos trabajadores sanitarios concurrieron con fiebre a trabajar, a veces inclusive médicos, con lo cual uno en realidad , tenemos que ser menos omnipotentes los colegas, y entender que si tenemos un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es no ir a los lugares donde podemos contagiar a mucha gente…”. Sin embargo, los profesionales de la salud vienen denunciando desde el primer día el grado de exposición al virus y la falta de recursos sanitarios para lidiar con el asunto. El médico a cargo de la cartera en salud “no quiere, como todo el mundo, llegar a un pico de infección que no pueda canalizarse a través de los dispositivos sanitarios”, pero sabe perfectamente que esta crisis pandémica llega en una crisis del sistema de salud desvencijado, y que la falta de recursos, insumos, profesionales, no son los suficientes. Lejos de verse afectado por la sobrecarga laboral y condiciones paupérrimas que reinan en clínicas y hospitales, el funcionario responsabiliza y culpabiliza a los trabajadores de la salud pública como privada, por el estallido de contagios en la salud. “No sean omnipotentes”, dice, “si tienen síntomas no vayan a su lugar de trabajo”. El gobierno niega los insumos necesarios, a duras penas reconoce el COVID-19 ante las ART -sin incorporarlo al listado de enfermedades profesionales-; a muchos trabajadores, a pesar de pertenecer a grupo de riesgo o presentar situaciones de vulnerabilidad, en los distintos centros de salud se les ha negado la licencia correspondiente. No es casualidad tampoco que estas declaraciones surjan a poco de anunciar el relajamiento de la cuarentena por presiones del sector empresarial. El gobierno desliga su responsabilidad política en el avance del coronavirus, haciendo responsables a la población del contagio y, especialmente, al sector de la salud. El riesgo pandémico es inminente; no es momento de levantar ni aliviar las restricciones de la cuarentena. Es necesario garantizar el salario y que solo aquellas actividades de necesidad tengan actividad; no es suficiente con prohibir los despidos, es necesario un subsidio general para todos los trabajadores desempleados, en negro y autónomos. Que en los distintos lugares de trabajo los trabajadores puedan organizarse en comisiones de control e higiene. Una partida extraordinaria presupuestaria en salud, mayores, recursos e insumos, y personal correspondiente.

22 de abril de 2020
Multiempleo y riesgo laboral en los trabajadores de la salud

En conjunto, los trabajadores de la salud enfrentan el impacto directo de la pandemia de coronavirus. Si bien en las últimas 5 décadas hemos enfrentado enfermedades transmisibles de alto riesgo en el entorno laboral, el covid19 encuentra en los trabajadores de la salud, un blanco particular. Las medidas de bioseguridad ante el riesgo de exposición biológico han operado un cambio trascendente a partir de la epidemia del VIH. En los 80 la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana impuso la adopción de medidas estrictas de bioseguridad, para evitar el contagio durante la exposición accidental a la sangre y otros derivados que contenían el VIH, así como al virus de la hepatitis B y C. Fue un aprendizaje que requirió entrenamiento, adopción de medidas de barrera efectivas y comprensión de la naturaleza de la enfermedad. A partir de la introducción de tratamiento de alta eficacia, la epidemia de sida modificó su curso natural y en la actualidad los tratamientos han superado los pronósticos ominosos de aquellos años. Sin embargo, las medidas de bioseguridad se mantienen y fueron adoptadas universalmente. La aparición de un nuevo virus, de transmisión por contacto y por vía respiratoria, de rápida expansión y fácil contagio, ha introducido nuevas categorías de control de exposición laboral de origen biológico. En la práctica se traduce en la adopción de nuevas conductas, cambio de hábitos en el desempeño de nuestra labor y por supuesto, el cumplimiento de reglas que incluyen la vestimenta, el distanciamiento, y las conocidas medidas universales, entre ellas el lavado de manos. En este escenario, la totalidad de los trabajadores de la salud, tanto en el ámbito público, privado o de la seguridad social, enfrentamos las limitaciones manifiestas en la inexperiencia con este nuevo agente, y las condiciones materiales de nuestros empleos. Es indudable que las condiciones salariales, en particular en el sector de la enfermería, obligan al multiempleo, situación de la que no están exentas las demás profesiones. Esta condición laboral, implica el riesgo de la transmisión del covid y de otras patologías infecciosas, en la medida que el trabajador se desempeña en diferentes instituciones con diferentes niveles de protección. En el caso de los enfermeros que cumplen tareas en distintas instituciones y bajo diferentes regímenes de trabajo, se observa el riesgo de transmisión horizontal, es decir, entre áreas en las que cumplen funciones similares y aún disímiles. En circuitos cerrados como la terapia intensiva y tal vez en salas de internación general, el riesgo de transmisión se relaciona con la calidad del cumplimiento de las reglas de bioseguridad. El trabajador que se desempeña en diferentes posiciones laborales multiplica el riesgo. Las condiciones materiales del empleo en salud son anteriores a la irrupción de covid19, pero las características de la pandemia han puesto el problema en el ojo de la tormenta. En el caso de los trabajadores que se exponen directamente a la asistencia de los casos sospechosos y de los enfermos confirmados, la falta de los equipos de protección personal es una limitante absoluta para el desempeño de la tarea. Por lo tanto, no es posible asistir a ninguna de las consultas presenciales ni a los casos hospitalizados, sin la provisión de los equipos de calidad reconocida. Asimismo, los protocolos son de cumplimiento obligatorio. La sola ausencia de los EPP o el incumplimiento del protocolo de asistencia es suficiente para que el trabajador se niegue a exponerse al contagio. Si las instituciones de cualquier origen no cumplen con los requisitos obligatorios, no solo el trabajador debe exigir su cumplimiento, sino que la autoridad sanitaria pertinente debe vigilar el cumplimiento y la ejecución de los protocolos para la gestión del covid19. En primer lugar, se debe esclarecer a los trabajadores y asimismo a la clase trabajadora en general y a la opinión pública, que no se trata de una guerra, que no hay voluntarismo ni héroes y que el trabajo debe ser remunerado. El trabajador tiene que contar con los recursos físicos, la patronal privada y el estado deben asistir las necesidades y los requerimientos obligatorios y por supuesto, debe haber reconocimiento de la tarea de riesgo, bajo la modalidad de ART. Un elemento no menor es el agotamiento del personal de salud, tanto desde la capacidad física como emocional. El impacto psíquico y la exigencia intelectual y física deben preservarse y es obligatoria la vigilancia y el resguardo de la integridad del trabajador, en el curso de una pandemia que tiene como primeros trabajadores en riesgo, a los de la salud. Cuidar al que cuida debería ser una consigna para el conjunto de la comunidad sanitaria. No olvidemos que, en una institución de salud, hay múltiples actividades, oficios, profesiones que hacen a la estructura de la institución. Por último, el control de la salud de los trabajadores y la obligatoriedad del cumplimiento de los protocolos de atención, son elementos fundamentales para la identificación de los casos sospechosos y de la atención de los mismos. Las representaciones sindicales deben mantener una constante vigilancia sobre el cumplimiento de las recomendaciones de responsabilidad patronal, desde los EPP hasta la evaluación del estrés laboral y los casos de burnout laboral, o síndrome del quemado en el trabajo. La organización de los trabajadores bajo condiciones excepcionales, en referencia al aislamiento o distanciamiento social, no debe ser suspendida. Deberá adoptar las características que permitan su desenvolvimiento, de acuerdo con el lugar y las condiciones de trabajo. El trabajo bajo las condiciones del capitalismo es alienante y solo será superado por un cambio en el régimen social, bajo la conducción de la clase trabajadora. La pandemia del coronavirus es el nuevo escenario en el que clase obrera deberá asumir la consigna de 1914: socialismo o barbarie.

22 de abril de 2020
Muerte obrera en Frigorífico Morrone: los trabajadores se organizan contra crimen patronal

Un trabajador del Senasa que desarrollaba funciones en el Frigorífico Morrone (ex Federal) murió este martes a causa del coronavirus. Había sido diagnosticado el pasado 8 de abril. Otros ocho trabajadores más se encuentran infectados, uno de ellos en estado grave. Al día siguiente de la muerte de este trabajador, el miércoles 22, los trabajadores se presentaron en la fábrica, pero reclamaron la suspensión del trabajo. Ante esto, la empresa -que ha rechazado la aplicación de los protocolos de seguridad y la cuarentena- planteó que aquel trabajador que no quisiera entrar a la planta debía firmar un papel de suspensión sin goce de sueldo. Ante esta extorsión, los trabajadores ingresaron a la planta. Pero llegado el mediodía, con la detección de un nuevo caso de COVID-19, los trabajadores decidieron parar la planta en defensa de sus condiciones de salud. La diseminación de la pandemia en el frigorífico implica la formación de un gran foco de contagio. La continuidad de la producción, como pretende su dueño, Genaro Morrone, constituye una política criminal que pone en riesgo la vida de los trabajadores del frigorífico y de todos los vecinos del barrio La Paz de Quilmes. Morrone culpa a los trabajadores por el crecimiento de los contagios, autoexcluyéndose de cualquier responsabilidad para disponer las condiciones de seguridad en la fábrica. En declaraciones al diario La Nación, Morrone amenazó con "cerrar de forma indeterminada hasta que venga gente idónea a laburar". Una provocación contra los empleados del frigorífico. La responsabilidad por el fallecimiento del compañero es tanto de la empresa, por no garantizar las condiciones de higiene, como del propio Estado, en tanto el trabajador en cuestión pertenecía al Servicio de Sanidad y Salubridad Agroalimentaria (Senasa). En la conferencia rigen la más extrema precarización y condiciones insanas. Los protocolos que rigen en el gremio para garantizar la salud de los trabajadores no se cumplen; el coronavirus ha potenciado esta situación preexistente. Esta violación de la emergencia sanitaria ha contado con la indulgencia del Estado. Los gobierno nacional y provincial y la intendencia no intervinieron en ningún momento para garantizar las condiciones sanitarias adecuadas ni, ahora, para imponer la cuarentena. Por su parte, el sindicato de la carne no ha convocado ninguna medida de fuerza, a diferencia de lo ocurrido en el Penta, donde el llamado al paro fue arrancado por los trabajadores después de la represión. A pesar de que la producción de carne forma parte de los productos esenciales, cuando ocurren apariciones de casos, debe quedar implicado el levantamiento preventivo de actividades con goce de haberes para sus trabajadores; la desinfección total de la planta, el testeo masivo a todos los trabajadores y familiares o conocidos que hayan estado en contacto con ellos, y la intervención de bromatología y el Senasa para que determinen la viabilidad de la comercialización de los productos alimenticios. Es fundamental el desarrollo de asambleas conjuntas entre los trabajadores del frigorífico y los vecinos del barrio que delibere y vote un protocolo de seguridad, en defensa de sus condiciones de salud y de vida.

22 de abril de 2020
Coronavirus en Río Negro

Al día de hoy, hay 121 casos activos en la provincia de Rio Negro. Suman 59 en Bariloche; 20 en Choele Choel; 11 en Cipolletti; 7 en Allen; 4 en Dina Huapi; 4 en Roca; 2 en Cinco Saltos; 1 en El Bolsón; 1 en Luis Beltrán; 11 en Lamarque y 1 en Villa Regina. Además, se cuentan 31 personas curadas y 6 fallecidas. En una interesante entrevista radial al doctor Hugo Spinelli reconocido sanitarista rionegrino, actual director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús (UNL), se pone en evidencia las severas falencias de las políticas de salud del gobierno provincial y asegura que la gobernadora no tiene asesores epidemiólogos. El sanitarista distinguió tres tipos de miradas y dos sistemas de salud que pueden aplicarse durante una pandemia, a las que definió como “todas necesarias, pero complementarias”. “La mirada clínica es la que se enfoca en los enfermos. La infectológica ve los contagios y determina la cuarentena, que es la mejor respuesta para una enfermedad epidémica. La epidemiológica mira las poblaciones y su relación con lo social y confirma la cuarentena como un momento, pero luego exige otra acción”, explicó. En Rio Negro se trabaja con una mirada clínica. No hay acción epidemiológica, se resiste a redefinir que es un caso sospechoso. Si se redefiniera deberían hacerse más testeos de los contactos. Spinelli advierte que lo que se está haciendo es ir detrás de la epidemia y que la curva de contagios puede dispararse. La cantidad de casos positivos con relación a los testeados es muy alta en Rio Negro porque se testea poco. Eso explica que, entre el 31 de marzo y el 18 de abril, se incrementara 13 veces el número de infectados, mientras que, en Neuquén, que empezó teniendo más casos que Rio Negro, pero testea a los contactos de los sospechosos, la curva aumentó mucho menos, 4,9 veces. El médico propone trabajar sobre el sospechoso igual que sobre los confirmados y atender a sus contactos, es decir hisoparlos y aislarlos adecuadamente. Finalmente, Spinelli destaca la importancia del Sistema Público de Salud. En Rio Negro, domina la matriz privada en el sistema, a diferencia de Neuquén. Rio Negro tiene tres focos importantes: Bariloche, Cipolletti -donde el sanatorio Rio Negro fue cerrado por los contagios y hubo un fallecido- y Choele Choel. La dispersión de casos en la provincia exige un cambio inmediato en la política sanitaria. Tiene que adoptarse la redefinición de caso sospechoso. Ir a buscarlos, no esperar a que consulten, hisopar y aislar a los contactos de los sospechosos. Pero también juega un papel en esta dispersión preocupante de casos la presión negligente de las patronales que limitan las licencias preventivas en los trabajadores “esenciales”. En Bariloche hubo casos en que se indicó aislamiento por haber estado en contacto con casos confirmados y, sin embargo, la empresa les negó la licencia. Es el caso del Changomas, donde una asamblea de trabajadores obligó a la gerencia a otorgar la licencia a una trabajadora con indicación de aislamiento. Hay una sobrecarga de trabajo entre los trabajadores “esenciales”, sumado al estrés que produce la exposición al contagio debe obligar a la reducción del horario de trabajo. Por otro lado, el personal de salud en Río Negro tiene el nivel más alto de contagios del país. El problema de la carencia de los insumos sanitarios no es ajeno a esto. Ni la sobrecarga horaria y la multifunción, es decir cubrir varios puestos de trabajo y en distintos lugares. Planteamos: Rectificación de la política sanitaria en Rio Negro. Testeos masivos y garantía de aislamiento para los contactos de los sospechosos y confirmados Protección sanitaria adecuada. Provisión de los kits sanitarios. Modificación del régimen laboral en cuanto a turnos horarios. Protocolos de higiene elaborados por los trabajadores. Incorporación de personal de salud. Cuatro turnos de seis horas para los trabajadores de las actividades esenciales. Comités de crisis de trabajadores de sus lugares de trabajo para el control de las condiciones de trabajo y dotación de personal.

22 de abril de 2020
Residentes y concurrentes en un nuevo escenario de lucha

La asamblea de residentes y concurrentes de CABA resolvió convocar a una conferencia de prensa el próximo 24 de abril en el Hospital Durand. Allí daremos cuenta de nuestros reclamos y denunciaremos las trabas que la política de los gobiernos porteño y nacional interpone entre lxs profesionales de la salud y las crecientes necesidades de atención que tiene la población en el contexto de pandemia. En estos días, los hospitales y centros de salud se convirtieron en el principal foco de contagio. El ministro Ginés González García desligó su responsabilidad y prefirió culpar a “los colegas que se sienten omnipotentes” y concurren a trabajar “a pesar de tener síntomas” (Infobae, 21/4). Es sabido, por un lado, que la mayoría de los infectados son asintomáticos. Hasta hace pocos días esa realidad era desconocida por los protocolos sanitarios oficiales, tanto de Nación como de CABA, con el único propósito de restringir el uso de EPP al personal asignado para atender a pacientes febriles. Además de no hacerse cargo, las declaraciones de GGG fueron un acto de encubrimiento. Reclamos Como quedó de manifiesto ante la propagación de contagios, la provisión de EPP e insumos no cuenta con la calidad y la cantidad adecuada para poder trabajar en condiciones. Es una situación presente en CABA y en provincia de Buenos Aires. En muchos equipos, lxs profesionales tuvieron que poner plata de su bolsillo, hacer “vaquitas” o pedir donaciones para garantizarse la protección necesaria. En distintas asambleas se debate el problema de interrumpir el servicio ante la falta de insumos. Frente a la crisis de contagios, el gobierno de Larreta debió anunciar el testeo masivo del personal de salud, un pedido que venía creciendo de parte de lxs trabajadores. Otro punto que sigue al rojo vivo es la situación de lxs concurrentes, profesionales a tiempo parcial que accedieron a trabajar y a formarse en hospitales y centros de salud a través de un riguroso examen de mérito. El gobierno porteño sigue oponiéndose a considerarlos como trabajadores en relación de dependencia, negándoles un salario proporcional y el derecho -vital en este contexto- a contar con ART y obra social. Mientras tanto, en distintos servicios lxs compañerxs reciben aprietes para asistir a “formarse” (léase, cubrir puestos de trabajo) sin cobertura, bajo la amenaza de perder la concurrencia. El gobierno anunció para ellxs la ampliación de un “seguro de accidentes personales” que, sin embargo, no cubre enfermedades profesionales como el Covid-19. De conjunto, es creciente el malestar frente a la ausencia de un plan de contingencia integral, la falta de capacitación acorde a los diferentes escenarios, la proliferación de directivas arbitrarias y cruzadas, la supresión de licencias (incluso para cuidar a lxs hijxs) y el manoseo constante a las condiciones de trabajo. La falta de garantías para el trabajo de más de 1.400 concurrentes es el punto más extremo adonde nos conduce la improvisación co-gestionada entre Larreta y Asociación de Médicos Municipales (AMM) -en sus dos variantes burocráticas, dependiendo el efector. Esta política produce un enorme desnivel en las cargas laborales, afectando, como es costumbre, a lxs residentes de los primeros años, que afrontan guardias eternas y no pagas, exponiéndose ahora doblemente a la falta crónica de supervisión y al contagio por Covid-19. De espaldas a estas realidades, en algunos hospitales los CODEI (departamentos a cargo de la formación) difunden la idea de que en la Argentina “la curva se aplanó”. Pero lo cierto es que, sin testeos masivos, de todos modos, el ministro de Salud anunció el levantamiento progresivo de la cuarentena a partir del 27 de abril en línea con los reclamos patronales. Si la situación llegara a desmadrarse, es necesario que el tiempo preciado que hoy tenemos previo al “pico” de la curva se aproveche para realizar las capacitaciones necesarias para ampliar las salas de internación, las posibilidades de asistencia respiratoria, de rotación del personal, entre otras tareas impostergables. Polémica En la última asamblea de residentes y concurrentes de CABA se abrió un debate acerca de cómo abordar este nuevo escenario de crisis. La orientación de la fracción oficialista del PO fue centrar la atención en una campaña por “la centralización del sistema de salud”, a la que deberían subordinarse el resto de los reclamos. Así planteada, la centralización es una campaña ideológica a favor del Estado, justo cuando lo que está quedando en evidencia es el des-manejo del Estado de la salud pública y su complicidad con la privada. Apunta a las elecciones 2021 antes que a las necesidades del movimiento. Como ocurrió en otros países, la centralización podría imponerse como resultado de la crisis, no por exigencia de residentes y concurrentes, sino de las propias clínicas privadas que no quieren hacerse cargo de los costos crecientes que les impone la pandemia. En CABA, una centralización sin control de lxs trabajadores no haría otra cosa que generalizar a todo el sistema la co-gestión entre Larreta y la burocracia de Médicos Municipales -ella misma constituida como camarilla empresarial de la salud. Tanto en el Estado como en los privados, lo que reina es la precarización de lxs trabajadores. Nuestro planteo fue que la consigna de la centralización debía estar subordinada al desarrollo de un plan de acción por todos los reclamos planteados, incluyendo la formación de comités de Seguridad e Higiene electos por lxs trabajadores y la votación de delegadxs para integrar los comités de crisis, con capacidad de veto. Defendimos la propuesta de ampliar las asambleas sumando a trabajadores de planta y de convocar a una asamblea unificada de residentes de CABA, provincia y Nación. Acción Para arrancarle al Estado la centralización de los recursos en salud es necesario “centralizar” la fuerza de lxs trabajadores, superando las trabas de las burocracias sindicales y las divisiones por jurisdicción, subsector, especialidad y forma de contratación. La forma de hacerlo es generalizando la deliberación a través de asambleas conjuntas, convocando a los privados (¡que muchas veces somos lxs mismxs trabajadores!) y a la formación de coordinadoras, que voten acciones de lucha por los reclamos más urgentes y elaboren un programa integral para enfrentar la crisis. Vamos por los EPP y los insumos, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, el salario, la ART y obra social para concurrentes, el pase a planta de lxs residentes, el pago de las guardias y la urgente recomposición salarial. Por un plan de contingencia elaborado por lxs trabajadores, distribución equitativa de la carga laboral y capacitaciones acordes para todo el personal. Reconocimiento incondicional del Covid-19 como enfermedad laboral. Esa es la centralización que necesitamos lxs trabajadores.

22 de abril de 2020
Reclamo en el hospital Ramos Mejía
Gabriela Rodríguez

Los trabajadores del Ramos Mejía denunciaron que tres enfermeras contrajeron Covid19. Por este motivo, cerraron el servicio de Neonatología por 14 días y además tuvieron que poner en cuarentena a numerosos profesionales que prestaban servicios. En este contexto, se realizó una nueva asamblea en las puertas del Hospital exigiendo mejores condiciones de trabajo en el marco de una acción de amparo presentada ante la justicia para que se les garantice insumos. Los trabajadores de la salud reportan un nivel de contagio superior aún que en aquellos países en donde la pandemia está haciendo estragos. La medida fue acompañada con una nota a las autoridades con reclamos que van desde la urgencia en la incorporación de nuevo personal a la preocupación por la calidad de los materiales recibidos por parte del ministerio de Salud, en particular los EEP -máscaras faciales y camisolines-; mejoramiento en sectores de circulación y vestuarios de los profesionales y el cumplimento de lo anunciado por el Gobierno de la Ciudad acerca del testeo a todo trabajador de salud. La asamblea, además, fue clara en su denuncia a los representantes del Sutecba: "tenemos un sindicato que cumple con la cuarentena: desde enero que no aparece". Con una larga historia de lucha en defensa de la salud pública, los trabajadores del Ramos saben que, para hacer efectivos estos reclamos, es necesaria su participación en el Comité de Emergencia. Este es un reclamo especial, dado que ese comité está conformado por tres o cuatro médicos elegidos no se sabe en base a qué criterios. Es urgente y necesaria la conformación de un comité de crisis y seguridad electo por una asamblea de trabajadores, que asegure la distribución de insumos. Son los propios trabajadores quienes pueden garantizar el cumplimiento efectivo del protocolo de la Ciudad. Ya sea para la adquisición de materiales mediante la supervisión del servicio de infectologia como así también el refuerzo de personal en las áreas afectadas a la atención de pacientes con Covid 19. Para evitar los contagios de los trabajadores de la salud es necesario garantizar los EPP de alta seguridad para todo el personal. Reducir a 6 horas la jornada de trabajo con la finalidad de reducir el nivel de exposición de los trabajadores. Para esto hay que añadir un turno más e incorporar a más trabajadores bajo convenio. Implementar un testeo para todos los trabajadores de salud pública y privada.

23 de abril de 2020
Fuera el Ejército de la ESMA
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos

*La decisión del gobierno nacional de permitir el ingreso de efectivos del ejército en la Esma es una indudable afrenta a las organizaciones de derechos humanos y su lucha. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos publicó un texto cuyo contenido hacemos nuestro, y al cual la Tendencia del Partido Obrero expresó su inmediata adhesión apenas nos fue girado en el día de ayer. Los compañeros lo han reproducido en su página. A continuación, lo reproducimos. * Fuera los militares de la ESMA Exigimos el inmediato retiro de las Fuerzas Armadas del predio de la ESMA, campo de concentración por el que pasaron más de 5.000 compañeros y compañeras, durante la última dictadura genocida. En el día de hoy el Ministro de Educación Nicolás Trotta junto con el Ministro de Defensa Agustín Rossi, decidieron permitir el ingreso de miembros de las Fuerzas Armadas con el argumento de fabricar barbijos, como si el gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa o el mismo Ministerio de Educación no tuvieron otros talleres para esa tarea que no sea un Centro Clandestino de Detención. Nuevamente se mira a la ESMA como un predio inmobiliario y no como un campo de concentración en el que fueron torturados, secuestrados y asesinados miles de compañeros y compañeras. Fue una lucha de años conseguir que los uniformados se retiraran de los campos de concentración para construir espacios de memoria. No podemos aceptar con silencio esta decisión que pretende ignorar los años de lucha del movimiento de Derechos Humanos para expulsar a los militares de estos predios y construir memoria que reivindique la lucha de los/las compañeros/as detenidos/as desparecidos/as FUERA LAS FUERZAS ARMADAS DEL PREDIO DE LA ESMA! Una vez más insistimos: todo el predio de la ESMA fue un campo de concentración: Ni murgas, ni fiestas, ni payasos tampoco fábricas militares. EXIGIMOS EL RETIRO INMEDIATO DEL PERSONAL MILITAR DE LA ESMA!!! NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS- NO NOS RECONCILIAMOS LA MEMORIA ES DEL PUEBLO NO DE LOS GOBIERNOS Asociación Ex Detenidos Desaparecidos 22/4/2020

23 de abril de 2020
BedTime: cuarto día de lucha

Este jueves, desde las 6 de la mañana, los trabajadores de BedTime nos reunimos en asamblea y resolvimos endurecer las medidas. Los compañeros del turno mañana nos encontramos en asamblea permanente para defender nuestros salarios, todos los puestos y las condiciones laborales, en el sector boca de cargas. Desde hace cuatro días los compañeros venimos debatiendo y resolviendo en asamblea las medidas para conquistar nuestro reclamo. Hoy, con gran esfuerzo debido a la situación de colapso en que atiende el correo, la mayoría de los compañeros ya han llevado adelante la medida de enviar el reclamo por telegrama. También se ha cumplido con las asambleas de una hora por día y en esta instancia es donde la organización fue fortaleciéndose. La empresa mantiene una postura intransigente y una actitud amenazante y extorsiva. A pesar del decreto del gobierno nacional que establece que el estado abonará la mitad del salario de los trabajadores del sector privado, BedTime S. A. sostiene su intención de reducir salarios al 50 % y, peor aún, se mantiene en la postura de no regularizar los haberes adeudados. Es claro que la única intención de la empresa es aprovechar la pandemia para dar un golpe certero en las condiciones de vida de los trabajadores BedTime y su organización para garantizar e imponer sus condiciones en el futuro. El sindicato, hasta el día de hoy, ha seguido la lucha de los trabajadores a través de comunicación telefónica. El 22 de abril realizó una presentación en el Ministerio de Trabajo, denunciando la situación y solicitando una audiencia. Además, acordó una reunión con la empresa, de la cual plantea participar vía teleconferencia. Por todo esto, viendo que la empresa no tiene intenciones de dar respuestas positivas a nuestros reclamos y teniendo en cuenta que el día de hoy las unidades a producir son mínimas, los trabajadores resolvimos permanecer en asamblea en el sector de bocas de carga y, de esa forma defender, la única garantía que tenemos para cobrar nuestros salarios. También reclamamos la presencia de algún representante del gremio en planta.

23 de abril de 2020
Geriátricos en colapso sanitario bajo pandemia

El pasado martes 21 varias ambulancias llegaron a la Residencia Apart Incas, un geriátrico del barrio de Belgrano donde se registraron 19 casos de coronavirus, entre residentes y trabajadores. El establecimiento fue allanado al día siguiente por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la Policía de la Ciudad y luego fue clausurado. El fiscal actuante está tratando de determinar las responsabilidades de las autoridades del geriátrico que dicen haber seguido los pasos indicados por el GCBA y del propio GCBA que declaró que va a iniciar acciones penales contra los dueños. Según la directora médica de la institución, las obras sociales no se quisieron hacer cargo de sus afiliados. Los familiares denuncian que al menos desde hace una semana había personas con síntomas, que podrían ser más los infectados y que la institución reaccionó tarde, informando la situación por mail y dejando librados a su suerte a residentes y personal sanitario una vez declarados los primeros casos. Una cadena de abandono Pero este caso es uno más de una cadena de hechos similares en diferentes geriátricos de CABA, como el Instituto geriátrico San Lucas (Parque Avellaneda), la Residencia Libra (Monte Castro) y otro establecimiento en el barrio Vélez Sarsfield. En todos ellos, las autoridades de los geriátricos, las municipales y las obras sociales se culpan mutuamente. Pero para que la desidia de unos ocurra es necesaria la de los otros. Esta situación no hace más que exponer una vez más la situación de indefensión en la que quedan los adultos mayores cuando ingresan a estos establecimientos que funcionan como verdaderos depósitos de personas. Cuotas altísimas en geriátricos, como el de Belgrano, con servicios totalmente deficientes. No hace falta imaginar las condiciones de alojamiento de las personas de menores recursos. Muchas familias deben recurrir a estos establecimientos debido a la sobrecarga laboral que impide cuidar a familiares mayores que necesitan asistencia constante y especializada o porque viven en espacios reducidos debido a los precios desorbitados de los alquileres. A los trabajadores de los geriátricos no se los considera personal de salud, sus sueldos son muy bajos, por lo que deben trabajar en varios establecimientos. Las condiciones laborales paupérrimas redundan en un peligro para sus propias familias y para los pacientes mayores que deben tratar. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, en su artículo "El doble filo de los geriátricos en la pandemia" plantea que esta situación de vulnerabilidad, tanto de los residentes de estas instituciones como de sus trabajadores, es extensiva a todo el país con un total de casi 150 mil personas vulnerables internadas. También denuncia que en tiempos normales los geriátricos, para achicar costos, operan con el personal mínimo indispensable. Hoy, debido a las licencias de personal por riesgo o cuidado de hijos o familiares, lo redujeron en un 30%. Sostiene que este personal, en general cuidadoras mujeres, pertenece a estratos económicamente bajos de la sociedad provenientes del conurbano donde la cuarentena se realiza de manera comunitaria (circulando dentro del barrio), que a muchos se les hace imposible cumplirla porque tienen que trabajar para subsistir. Esto, también según Semino, incrementa la circulación del virus. Un programa para la acción Pasan los años, pasan los gobiernos, pero siempre los viejos quedan como último orejón del tarro. Hace dos semanas asistimos a filas desbordadas por jubilados en las puertas de los bancos para cobrar jubilaciones miserables y al intento de Larreta de restringir inconstitucionalmente su circulación. Hoy, a un colapso sanitario de la red de 478 geriátricos registrados en la CABA. Para resolver esta situación es necesario que todas las instituciones estén bajo órbita estatal controladas por el Ministerio de Salud. Deben conformarse comités de familiares y trabajadores de estos establecimientos para poder diseñar condiciones adecuadas habitacionales y de trabajo y garantizar que las mismas se cumplan.

23 de abril de 2020
El Polo Obrero (T) organiza ollas populares

Una ola de luchas y huelgas obreras emergen en todo el mundo como respuesta a las políticas estatales ante la pandemia. Desde Medellín a París, de Nueva York a Lombardía, de Montevideo a Chiloé, las protestas se suceden a pesar de la amenaza del coronavirus. Y es que a la destrucción de los sistemas de salud y la falta de protocolos sanitarios se le agrega otra amenaza que acompaña a la de la pandemia: la del hambre y los despidos masivos. En nuestro país se expresa en la lucha que libran los trabajadores de la salud que denuncian la falta de presupuesto y recursos; en las luchas por salarios y condiciones laborales de los trabajadores del transporte, de la alimentación, de comercio, de la carne, de metalúrgicos, del neumático, del reparto, y varios más. Sólo la lucha de los trabajadores puede garantizar la vida y la salud de la población. Los desocupados y trabajadores precarizados son el sector más golpeado por esta crisis. Miles de hogares se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Las patronales de los trabajadores textiles, de la construcción o de trabajadoras domésticas, rubros con enorme porcentaje de trabajo en negro, han suspendido gran parte de sus trabajadores precarizados sin garantizarles su sueldo. La lucha por el plato de comida se ha vuelto una travesía diaria en los barrios más pobres, donde miles de desocupados recorren comedores y realizan largas filas para poder alimentarse, y muchas veces no lo consiguen porque la comida escasea. El escándalo de sobreprecios en Desarrollo Social de Nación ha paralizado la entrega de alimentos en todos los barrios. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (involucrado, a su vez, en el escándalo de sobreprecios de barbijos) y las intendencias argumentan que no tienen presupuesto para aumentar las raciones de los comedores ni para subsidiar a los que funcionan a pulmón. El gobierno postergó para mayo el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, mientras millones de rechazados siguen peleando por acceder al subsidio. Los $10.000 del IFE, es evidente, quedan muy por detrás de la escalada de precios. Los desocupados han comenzado a organizarse en sus barrios para abrir comedores populares con donaciones y aportes de los vecinos. Con ellos, las compañeras y compañeros de la Tendencia del Polo Obrero comenzaron a poner en pie ollas populares en los locales para enfrentar el hambre y la falta de respuestas del Estado. Estas ollas populares han tenido un desarrollo extraordinario. Cientos de vecinos se acercan a los locales cada día para retirar un plato de comida. Más de 400 raciones se reparten por día entre merendero y cena en el local de la Villa 31, sólo gracias a la solidaridad y unión de los trabajadores y vecinos que realizan donaciones diarias. En la villa 1-11-14 las compañeras de la asamblea del Polo Obrero Tendencia han puesto una olla popular a pulmón y tiene el objetivo de poner otra más en otra parte del barrio. Lo mismo se está haciendo en otros puntos de la Capital y del país. Pero las ollas se vacían rápido. Cientos de desocupados van a retirar y otros tantos se quedan sin su ración. Por eso reclamamos que el Estado subsidie todos los comedores que están funcionando y aumente las raciones, como así también que entregue los elementos de seguridad e higiene necesarios para evitar que se propaguen los contagios. En este cuadro, desde la Tendencia del Partido Obrero lanzamos una gran campaña nacional por aportes y donaciones para las ollas populares que se están abriendo en los barrios más pobres del país y donde las familias trabajadoras se han visto más golpeadas por esta crisis. El aporte solidario a las ollas populares es un aliciente para la organización de la clase obrera precarizada y desocupada que se congrega en los comedores y delibera en comités barriales. Reclamamos al Estado que reinicie las entregas de mercadería y productos de higiene y que convoque a los vecinos para organizar un plan de comedores subsidiados por el Estado, acorde a las necesidades de cada barrio. Es imprescindible un subsidio universal al desocupado, sin restricciones, igual a un salario mínimo. Reclamamos la realización de testeos masivos en los barrios. Mientras se desarrolla la lucha y organización de la clase obrera en el país y en el mundo, los desocupados usan su creatividad y sus recursos para poder poner en pie un movimiento que permita pelear por estas reivindicaciones. Los aportes, las donaciones y las ollas populares tienen un programa. Pongamos en pie esta gran campaña nacional por una salida obrera a la crisis. Contacto: polotendencia@gmail.com

23 de abril de 2020
General Mosconi: Covid 19, ¿en manos de quiénes estamos?

Como en la gran mayoría de las regiones, en General Mosconi se ha conformado un “Comité de Crisis” (CC) sin la presencia de los trabajadores, jubilados ni estudiantes. En general, los voceros de este CC oficial, encabezado por el ejecutivo municipal, solo se dedicaron a “acusar” a la gente de no cumplir con la cuarentena y naturalizar las tremendas carencias que tiene este pueblo. Sin ponerse colorados, estos voceros destacan haber implementado “controles” y “desinfección” de vehículos a la entrada de la localidad y haber instalado un “hospital de campaña”. Sin embargo, muchos de los que participan de esos “controles” no reciben un peso del municipio. En segundo lugar, lo que hoy es vergüenza nacional, el “hospital de campaña” consiste en el amontonamiento de casi un centenar de camas en el Complejo Municipal, un lugar totalmente antihigiénico, poblado por una gran cantidad de aves -y sus heces-; sin agua, sin baños acondicionados, sin personal idóneo y de salud, desprovisto de insumos sanitarios. El “relato” de los voceros de este “comité de crisis” duró poco. Ante un posible caso de COVID 19, los “preparativos” sucumbieron en un instante. Un muchacho, repatriado a esta localidad, sufrió en carne propia las condiciones del “hospital de campaña”, y con documentación fílmica en mano denunció, por todos los medios posibles, las peripecias que debió soportar. Desde el traslado de la frontera en la caja de una camioneta policial, el maltrato de algunos funcionarios, la reprimenda de otros por no quedarse callado, hasta ser prácticamente tirado en el Complejo Municipal para cumplir con el aislamiento obligatorio. La figura de “abandono de persona” es poco para lo que sucedió. Tal cual lo manifestó el propio vecino, aquellos que dicen cuidar la salud, no le realizaron la prueba para corroborar si se encuentra infectado de COVID-19; por lo tanto, no les importó exponerlo ni al conjunto del pueblo y el personal de salud afectado. La llegada del vecino de Mosconi, desde Bolivia, sacó a la luz la precariedad manifiesta del sistema de salud en la zona y la improvisación e irresponsabilidad de quienes integran el “Comité de Crisis”, empezando por el Intendente Ruarte y sus funcionarios. La situación en todo el departamento es realmente grave. Mosconi cuenta con aproximadamente 25.000 habitantes, una desocupación que supera el 50 %, los servicios básicos como el agua y el gas solo cubre a algunos barrios, los subsidios y programas sociales son insuficientes y el trabajo en negro es moneda corriente. Miles de trabajadores no tienen ni siquiera para comprar el paracetamol. Los casos de dengue se multiplican. Es en este contexto que la población se prepara para el COVID 19. Los trabajadores de la educación y otros sectores realizamos campañas solidarias para elaborar máscaras, barbijos y comprar alcohol, lavandina, etc. Sin embargo, la solución de fondo parece lejana si hay que esperar de los distintos gobiernos. Los responsables del Ministerio de Salud pretenden ignorar que, antes de la pandemia, solo había ocho médicos para todo el pueblo. Tras la crisis sanitaria, ahora solo quedan cinco médicos, un respirador, enfermeros y agentes sanitarios con largas horas de jornadas y sin la protección de bioseguridad básica. El repudio a esto fue notorio. Radios de la zona y las redes sociales responsabilizaron directamente al ejecutivo municipal. También tuvo sus consecuencias en el ámbito gerencial del hospital: el Dr. Benavidez renunció y nadie quiere hacerse cargo porque no existen los recursos humanos ni sanitarios de ningún tipo. Con este panorama, el sistema de salud está más que en crisis. Por lo tanto, hay que reflotar en forma urgente el petitorio realizado por Docentes Autoconvocados, reclamando al gobierno provincial todo lo necesario: más médicos enfermeros, acondicionar el hospital como corresponde con respiradores, test e insumos básicos en forma urgente. Que todos los trabajadores de la salud ingresen a planta permanente a cargo del gobierno provincial, con jornadas de 6 horas y salarios igual al costo de la canasta familiar. Para avanzar necesitamos organizar nuestro propio comité, un comité barrial.

23 de abril de 2020
Gran jornada de lucha de los trabajadores del Penta

La lucha del frigorífico Penta -que lleva ya más de 40 días- pegó un salto en su visibilidad nacional cuando los trabajadores fueron reprimidos por la policía y provocaron una crisis política en las fuerzas represivas y en el poder provincial y municipal. Esto obligó a la Federación de la Carne a decretar un paro de 24 horas en la cuarentena. Su segundo gran paso fue cuando decidieron movilizarse a la Plaza de Mayo, una medida votada en asamblea. Un numeroso contingente de 150 trabajadores se hizo presente, sorteando la falta de recursos económicos. Fueron acompañados por decenas de activistas de distintos gremios, entre ellos, ATE, ferroviarios despedidos del Roca, trabajadores de Ansabo, docentes colectiveros de la 540 y organizaciones de izquierda, el Partido Obrero (Tendencia), entre ellas, en la primera movilización convocada por trabajadores en la pandemia para dirigirse al poder político. Aunque el propósito de llegar se vio frenado por un enorme operativo policial en el Puente Pueyrredón, los objetivos de la jornada fueron ampliamente cumplidos. El viceministro de Trabajo, Marcelo Belloti, estuvo en el lugar tratando de disuadir a los obreros de que no marcharan, pero sin éxito. Qué está en juego en el Penta El frigorífico que nuclea 240 trabajadores fue comprado en el 2015 por Ricardo Bruzzese, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, es decir, prácticamente el dueño del circo. Un capitalista negrero ex socio de Samid que además es dueño de los frigoríficos Arenales y Avellaneda Carnes (ex La Huella) y de otros menores, en manos de virtuales testaferros del dueño de Penta, como El Federal. Bruzzese provocó el conflicto. Intenta avanzar con el despido de 20 trabajadores y barrer con la comisión interna. En la interna hay delegados que integran la directiva de la Federación y dirigen el conflicto. La línea general de la Federación de la Carne es convivir con este tipo de patronales que tienen gran parte de sus trabajadores contratados y hasta arreglos semanales de precarizados para las faenas. Con procedimientos no tan sucios como los de Bruzzese, han permitido el cierre de casi un centenar de frigoríficos en todo el país. La obstinación por no reconocer a los delegados tiene que ver con un tema que el conflicto está sacando a luz y que seguramente alumbre la conducta de muchos patrones de frigoríficos: Bruzzese evadía el pago de los aportes jubilatorios, de los aportes patronales y el pago de la obra social; se quedaba con las retenciones que se hacían para la cuota sindical y falseaba y ocultaba información en el suministro de planillas a la AFIP. La denuncia de la Comisión Interna en los respectivos organismos despertó la ira incontrolada de Bruzzese, quien ve que detrás de este conflicto todos sus negocios sucios pueden quedar expuestos e incluso sufrir consecuencias penales. Por eso desconoció la Conciliación Obligatoria dictada en el Ministerio y declaró un lockout patronal, incluso cuando hubo ofrecimientos del propio Ministerio de Trabajo para otorgarle Repros al frigorífico y una cuota de faena. Ocurre que, para la percepción del Repro, tiene que pasar por un mecanismo de personal en blanco para su cobro. La regularización es más cara que los despidos masivos. Los trabajadores de Penta están realizando una acelerada experiencia con el poder nacional y municipal y con el accionar de la policía -que esta vez se manejó “cautelosamente”, tratando de no ocasionar costos políticos al gobierno ni al propio jefe de Seguridad, Berni. También lo harán con la propia dirección de la Federación en el desarrollo del conflicto. La movilización arrancó una audiencia a realizarse este jueves en la sede del municipio de Quilmes a la que los trabajadores resolvieron ir movilizados, convocando a todas las organizaciones políticas y sociales a apoyarlos, lo que constituye otro paso firme del conflicto. Es necesario quebrar el lockout patronal para la reincorporación de todos los trabajadores, el pago de las quincenas adeudadas y el pase a planta de todos los trabajadores contratados y precarizados. La Federación de la carne tiene la obligación de impedir que Bruzzese derive la faena a sus frigoríficos testaferros y siga haciendo negocios sucios, porque es un reclamo de los propios trabajadores. Debe decretar un paro de 48 horas y un plan de lucha. Si Bruzzese se niega a reabrir el frigorífico porque queda expuesta su estafa a los trabajadores y a los propios proveedores, el frigorífico debe pasar a cargo del Estado bajo control de los trabajadores. La propia pandemia amerita que una faena relativamente menor como la del Penta sirva para abastecer comedores y escuelas de la Provincia. Los obreros de Penta están creciendo con la lucha. Todo el apoyo para que ganen.

23 de abril de 2020
Por protocolos unificados en todo el Subte

Desde el inicio de la cuarentena, mientras se mantenía un servicio reducido del Subte, hemos sido los trabajadores, con los delegados y el sindicato, quienes hemos ido imponiendo el cumplimiento de licencias pagas para los compañeros con riesgo o deber de cuidado de niños, modalidades de trabajo que aminoren la exposición (sistema de guardias) y quienes hemos reclamado y obtenido elementos de protección e higiene necesarios así como modalidades de trabajo que prevengan todo lo posible el contagio (protocolos de trabajo). Progresivamente, en el marco de un servicio que sigue siendo reducido, se ha ido conquistando que sectores enteros concurran a trabajar solo en la medida de lo necesario, organizándose guardias, criterio aplicado en forma desigual en distintos sectores y Líneas y que es necesario generalizar en pos de la salud de todos, defendiendo que no haya afectación de salario. También hemos sido los propios trabajadores quienes (tanto en la B como más recientemente en la E) hemos activado los protocolos de acción ante casos de compañeros con sospecha de haber contraído coronavirus. Esto llevó a la paralización del subte por la decisión de Trafico de la B de no trabajar hasta que se determinara si un compañero se había contagiado. Recientemente, en la E, quedó un turno entero de guardia en cuarentena tras la confirmación de un caso. Es que el propio decreto inicial de Emergencia Sanitaria (DNU260/2020) establece que ante determinados síntomas o en los casos de quienes han estado en contacto estrecho con una persona confirmada con Covid-19, se debe guardar estricta cuarentena. Sin embargo, muchas patronales –y Metrovías no es la excepción- intentan mantener la producción o servicios y evitar los parates. Es clave el control obrero también en este aspecto. En este marco la lucha contra el asbesto no debe ser desplazada como reclamo central por el advenimiento de la pandemia. Por el contrario, su importancia se agiganta, dado que los afectados son grupo de riesgo de Coronavirus. La lentitud de Metrovias, la ART y el Gobierno de la Ciudad para encarar una solución, resulta cada día más criminal. Es necesario reclamar que se cumpla ya el compromiso que había asumido la empresa de presentar una propuesta concreta para marzo, de un plan de compra de formaciones para la línea B, y avanzar en la completa desabestización del subte en todas las líneas. Los talleres son otro sector que también requiere establecer criterios y protocolos, por ser además los mayores focos encontrados hasta ahora de contaminación de asbesto en el subte. Esta situación ha llevado a que en Rancagua y San José los trabajadores que nos encontramos realizando reserva de tareas, hayamos logrado ser dispensados de acudir al lugar de trabajo durante la cuarentena. Pero esto no puede ser una solución a largo plazo. La patronal debe cumplir con los compromisos asumidos en materia de desabestización, retirar el asbesto de almacenes y sectores con personal especializado, humectarse los talleres para que bajen las fibras de asbesto, y debe ser escuchado de una vez por todas el pliego de reclamos del que es el sector más afectado por este elemento cancerígeno introducido ilegalmente por el gobierno y la patronal. La empresa, con el amparo de la UTA, promueve la realización de horas extra, con jornadas de hasta 12 horas, pagos de “bonos” (10 mil pesos) por trabajar con asbesto; promueve la polifuncionalidad y, mediante premios, busca quebrar la cuarentena. La empresa ha amenazado con descontar los viáticos a los licenciados, y parcialmente al personal que ha asistido menos días por el esquema de guardias y rotaciones en los sectores. Se trata de una presión objetiva contra la cuarentena. No lo podemos permitir. Los viáticos deben abonarse íntegramente, a como si los compañeros hubieran cumplido su jornada integra o, en todo caso, a promedio, como se abonan los días por ART o enfermedad. Los trabajadores no podemos bajar la guardia frente a la patronal. Impulsemos asambleas y plenarios por sector para discutir el pliego de reclamos para la etapa, defender el salario, reclamar la incorporación de nuevos compañeros, darle continuidad más que nunca a la lucha por la desabestización integral del subte, y unificar protocolos de prevención e intervención ante la pandemia del Covid-19.

23 de abril de 2020
La patronal del frigorífico Morrone viola la clausura
Laila Domínguez

Después de las denuncias de vecinos y familiares a raíz de la muerte de un trabajador por coronavirus, la municipalidad de Quilmes colgó el cartel de clausura en el portón del frigorífico. Hoy, con la presencia de los fumigadores municipales -es zona roja de dengue-, la patronal violó la clausura y obligó a parte de los trabajadores -otros decidieron no ir- a ingresar bajo la amenaza del cierre de la planta. Una vez en la planta, los trabajadores respondieron con un paro dentro de las instalaciones. El miércoles también habían realizado un paro de algunas horas después del mediodía. La patronal ha desarrollado los argumentos más absurdos y viles para justificar su accionar: “la enfermedad no es nada, es más la paranoia de la gente que otra cosa”, “el que murió seguro tenía SIDA; si se murió, se murió”, etc. Pero ante el repudio y la negativa de continuar con la producción por parte de los trabajadores, Morrone pasó a las amenazas e insultos: “no quieren entrar a trabajar, negros de mierda”, “voy a cerrar el frigorífico e irme a la mierda”, “los voy a despedir a todos, el que no trabaja no cobra”, amenazó a gritos. Una camioneta de la municipalidad, instalada en la puerta del frigorífico, no ha servido ni de lejos para garantizar que Morrone cumpla con la cuarentena. Las condiciones laborales y de salubridad en el frigorífico son nulas. Luego de la muerte de uno de los compañeros por coronavirus, no se desinfectó el lugar, ni se les brindó a los trabajadores ninguna medida de higiene más que un solo barbijo. El gobierno municipal, provincial y nacional deben garantizar que se cumpla con los protocolos de salud ante el riesgo de la vida de los trabajadores, su familia y los vecinos de La Paz -el barrio donde está situado el frigorífico-, e incluso para el resto de la población, ya que los trabajadores desde su lugar de trabajo hasta sus casas recorren buena parte del conurbano. Mayra Mendoza -intendente de Quilmes- responde que está con “las manos en el asunto”. Sin embargo, Morrone continúa amenazando, extorsionando y exponiendo a gran parte de la población. La presencia de los funcionarios municipales no ha servido para garantizar ninguna medida de protección sanitaria o laboral, lo cual deja en evidencia el encubrimiento por parte del municipio en este crimen patronal. Por otro lado, el sindicato de la carne no se hizo presente ni se comunicó con ninguno de sus trabajadores, abandonándolos por completo ante la patronal. Vecinos y familiares rápidamente se han organizado en apoyo a los trabajadores. Es necesaria la organización por protocolos de salubridad en el frigorífico con desinfección a fondo con cuarentena para todos los trabajadores y sus familias. El Estado debe garantizar de manera urgente testeos para ellos y todas las personas cercanas; garantía salarial y resguardo de sus puestos de trabajos hasta que se tenga claridad del contagio y las condiciones laborales sean las indicadas -indumentaria adecuada, elementos de higiene, distanciamiento social en las distintas zonas de trabajo, reparto de las horas de trabajo para garantizar la mínima exposición. En los barrios la garantía de los servicios básicos como el agua y los elementos de higiene personal, desde ya, revisten una gran importancia. La necesidad de un paro nacional de la carne retoma mayor fuerza con los trabajadores del frigorífico Penta, a pocas cuadras de Morrone, luchando por la reapertura de la planta y el pago de las quincenas contra Bruzzese.

24 de abril de 2020
Un Congreso “presencial” o “a distancia”: el disfraz de una crisis política

Cuando los partidos de la clase capitalista se trenzan en una lucha de principios, los trabajadores deben cuidar el bolsillo. Es lo que ocurre ahora con la pelea acerca de si el Congreso debe funcionar en forma presencial o telemática. El decreto que determinó el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, Aspo, una suerte de ‘Paso’ pandémico, excluye de su cumplimiento a los funcionarios electos. Alberto Fernández se cuidó de no tocar los recaudos democráticos mínimos, esto para mejor gobernar por medio de decretos de necesidad y urgencia, que deben ser supervisados por comisiones legislativas y aprobados, cuando sus efectos ya no permiten vuelta atrás, por el mismísimo Congreso. Desde entonces, algunas comisiones parlamentarias se reunieron, otras nunca, pero el Congreso tampoco, a pesar de la vigencia del período ordinario de sesiones. Hasta que Alberto F. dijo que el Ejecutivo no tenía competencia constitucional para legislar sobre impuestos, en referencia al que proyecta gravar ‘a los ricos’. Más allá de la cuestionada capacidad recaudatoria de este impuesto de autoría kirchnerista, el proyecto de ley, que aún no ha hecho conocer, pisaba los callos de al menos un ala de la oposición macrista y hasta podía ser interpretado como un intento de ahondar su división. Los grandes grupos económicos se tiraron de cabeza contra esta tentativa, a la cual acusaron de duplicar y triplicar el gravamen sobre un mismo bien, y reforzaron el reclamo de que en lugar de subir impuestos había que bajarlos, sin el menor agradecimiento al gobierno ‘nacional y popular’ por la nueva reducción de aportes patronales a la previsión social. Para hacer más atractiva la riña, CFK subió sus apuestas, y reclama la derogación de la medida, dictada por el gobierno macrista, que permite el ajuste de los balances por inflación, de modo de aumentar el monto nominal de ganancias sobre las cuales las compañías deben tributar ganancias. El entrevero impositivo no es, sin embargo, el litigio más conflictivo. Luego de cuarenta días la cuarentena no solamente ha perdido su nombre. Ha dejado a la vista una crisis financiera y económica descomunal. Desplome del Producto, derrumbe de salarios, despidos y suspensiones, más empobrecimiento y hambre, un déficit fiscal fuera de control y la devaluación del peso. Las grandes patronales han lanzado una campaña para “reabrir la economía”, sin que importe para el caso que ello derribe en forma definitiva el control de la evolución de la epidemia. A esto se suma el desenlace de la cuestión de la deuda, que es un asunto sin salida. Porque Argentina no obtendrá financiamiento internacional si acepta las condiciones de los acreedores, ni tampoco si estos se avienen a reducir alguna apetencia, esto porque la condición fundamental de cualquier acuerdo es que Argentina se avenga, como garantía, a un plan de ajuste del FMI. Es también lo que reclama el mismo FMI, que opera en la trastienda, para renegociar lo que le debe Argentina o incluso ofrecer un préstamo adicional. La deuda de Argentina es de u$s400 mil millones redondos, una vez que se incluyen las deudas de provincias y de diversos bancos estatales y el Banco Central. Argentina es insolvente. La liquidación de la cuarentena, en primer lugar; la pelea por impuesto ‘a los ricos’; la eliminación del ajuste de ganancias por inflación; los despidos, suspensiones y rebaja de salarios, o sea la reforma laboral en caliente; han salido a la superficie como la gran agenda de lucha de clases y de crisis política, que operan como telón de fondo de la reapertura del pleno del Congreso, y si debe ser presencial o telemática. No están en juego principios sino intereses en conflicto agudo, que cuando superen la capacidad de arbitraje de la actual coalición de gobierno, comprometen su continuidad. La coalición actual está compuesta por los gobernadores y cargos ejecutivos, oficialistas y opositores, que han bancado hasta aquí la cuarentena de los Fernández. De aquí adviene la controversia acerca de la sesión – si telemática o presencial. ¿Cuál de las dos permite un control mayor de las sesiones, por parte de las jefaturas parlamentarias? No es seguro que la telemática sea la más ‘conservadora’ y la presencial la más ‘incendiaria’, salvo que se vede el acceso al público al tele-parlamento. La cuarentena y el derrumbe capitalista han derivado en una crisis política de la mayor pureza. No hay una pugna entre principios democráticos, sino por el poder, cuando faltan cuatro años para las elecciones generales. Lo que huele a tufillo golpista. Dependiendo de las fuerzas relativas que cada sector reúna en el desarrollo de esta crisis, la etapa que se abre podrá conocer distintas combinaciones políticas de gobierno. Un factor de conjunto que condiciona a esta crisis es la crisis política internacional, en especial la Estados Unidos. Todo el mundo percibe que Trump intenta aprovechar esta situación, mientas pueda, para poner al frente de los gobiernos de América Latina a sus agentes directos. La deliberación del parlamento en forma presencial es, por cierto, no ya la más democrática sino la única que puede reclamar esta institución decrépita de punteros y arribistas. A la luz de los intereses políticos que enfrenta la crisis, esta forma de ver el escenario, presencial o telemática, ‘transparente’ o menos es, sin embargo, abstracta. A la clase obrera, que enfrenta una tragedia social, no le aporta nada. Los trabajadores deben conquistar una posición política propia en este escenario. Esto solamente puede ocurrir por medio de la lucha – de la lucha por una salida propia a la bancarrota capitalista. La crisis sanitaria aparece cada vez más como lo que es – una lucha de clases. El capital solamente puede manejar la crisis sanitaria propinando daños enormes a los explotados. El antagonismo entre las necesidades sanitarias del pueblo, por un lado, y la organización capitalista de la sociedad, por el otro, son irreconciliables. Las quiebras de empresas, incluso con planes de rescate; la lucha de buitres de unos capitalistas contra otros para acaparar mercados y capitales; de unos estados contra otros; todo esto es una manifestación de que el capitalismo ha agotado toda su capacidad histórica, se encuentra en proceso de disolución, es el agente multiplicador de toda esta pandemia.

24 de abril de 2020
¡Viva la ocupación de Bed Time!

Pasado el mediodía de hoy, los trabajadores de Bed Time votamos en forma unánime la ocupación de la planta, ubicada en la localidad de Ricardo Rojas, en respuesta la extorsión de la patronal que pretende ponernos a elegir entre una brutal rebaja salarial y los despidos masivos. Luego de reabrir la planta en medio de la cuarentena y sin siquiera indicios conocidos que indiquen un proceso de quiebra, la patronal propone a los trabajadores una disyuntiva de autodestrucción: aceptar una reducción del 45% del salario o el despido masivo de más de 80 trabajadores. La asamblea votó el rechazo de la propuesta extorsiva de la patronal y el reclamo de las quincenas adeudadas, además de sostener asambleas de una hora por día durante los 3 días anteriores a la ocupación. La provocación patronal llego al extremo de plantear que no solo los trabajadores debíamos elegir la mejor forma de hacernos daño, sino que también condicionaron el pago de la quincena atrasada a la firma de alguna de las 2 propuestas; además de intentar un vaciamiento del stock y la materia prima disponible en planta, que la acción obrera impidió. La extorsión patronal en Bed Time no es un hecho aislado. Denunciamos que se trata de una iniciativa general de las patronales de todo pelaje que intentan explotar la crisis económica agudizada por la pandemia para reordenar las relaciones laborales en su favor. Es, en términos de la fábrica, un ataque a las conquistas que los trabajadores consiguieron en un proceso de organización clasista que lleva 12 años de historia. La acción conducción del gremio plástico se debate entre la parálisis y la firma de acuerdos de suspensión con rebaja salarial. A pesar de las advertencias que hicimos los trabajadores, no han tomada ninguna medida efectiva para garantizar el pago de la quincena y la preservación de puestos de trabajo. En oposición a esto, llamamos a todos los delegados, activistas y trabajadores del gremio y al conjunto del movimiento obrero a rodear de solidaridad la ocupación de Bed Time, para lograr el triunfo de todos los reclamos.

24 de abril de 2020
Detienen delegados del subte por reclamar ante primer caso de Covid 19

Ante la aparición del primer caso positivo de coronavirus entre los trabajadores del subte -un compañero nochero de estación Independencia- los delegados de estaciones de la Linea resolvieron iniciar un cortar las vías para garantizar la suspensión del servicio. Los delegados denuncian la falta de recaudos de seguridad e higiene en las estaciones y las dilaciones patronales para brindar información. Denuncian que la empresa ocultó la información del caso hasta donde pudo. También denuncian que Metrovías se niega a dar a conocer el recorrido laboral del compañero durante los últimos 10 días para establecer posibles cadenas de contagio y resguardar a quienes pudieron haber tomado contacto con él. Los compañeros exigen la conformación de un comité mixto de trabajadores que verifique de forma conjunta la limpieza, desinfección y fumigación de los ámbitos de trabajo, tests masivos para el conjunto de los trabajadores y material de protección adecuado. Reclamamos la liberación inmediata de los compañeros Walter Gayoso, Rocío Córdoba y Maximiliano Barrera, quienes fueron trasladados a la comisaría de la comuna 10. Proponemos la inmediata reunión del cuerpo de delegados, y reuniones por sector para unificar protocolos de seguridad e higiene. El déficit de personal de limpieza es de larga data. Con la llegada de la pandemia, la situación ha tocado un extremo de gravedad. Incorporación de trabajadores de limpieza y la bolsa de trabajo, además de insumos. La situación de la estación Independencia es la de todo el subte.

24 de abril de 2020
Acindar-La Matanza: los trabajadores rechazan suspensiones

Luego de varias reuniones, el cuerpo de delegados de Acindar-La Matanza evaluó la última propuesta de la empresa. La patronal propuso abonar el 75% del salario -había iniciado con el planteo de un 65%- por seis meses. Con respecto al bono anual, ofreció abonarlo en dos cuotas. Por otro lado, se negó a acceder a otros reclamo, como bolsones de alimentos, viáticos, comedor gratuito. Para fudamentar el rechazo, el cuerpo de delegados sostiene que “las suspensiones deben realizarse garantizando el cobro del 100% del sueldo de todos los compañeros. Ante una inflación que no para, sobre todo en alimentos y elementos de higiene, significaría un golpe sobre al bolsillo de los trabajadores, que deben afrontar la epidemia y cuidar a sus familias”. A su vez, destaca: “Valoramos la unidad que hemos construido en el cuerpo de delegados para defender entre todos los derechos del conjunto de los compañeros de la fábrica”. Esta decisión fue ratificada a través de la realización de una encuesta, mayoritariamente. La CI también colocó sobre la mesa la necesidad de que se cumplan protocolos de seguridad e higiene elaborados por los propios trabajadores, para cuando se reactive la actividad. Si bien algunos sectores de la fábrica se van reactivando, todavía muchos trabajadores se encuentran en cuarentena. La patronal les está enviando telegramas que amenazan con descontarles el sueldo si no se presentan a trabajar. La UOM Matanza emitió un comunicado que advierte que tomará acciones en el marco legal y gremial. Esto mientras continúa la negociación nacional entre la UOM y las cámaras patronales.

24 de abril de 2020
Penta sigue sin una solución

Luego de la movilización al Puente Pueyrredón, los trabajadores del frigorífico Penta acordaron marchar al municipio de Quilmes para reclamar la apertura de la planta y el pago de las quincenas adeudadas en la nueva reunión convocada por el viceministro de Trabajo Belloti, avalado por Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes. La marcha, sin embargo, no se llevó a cabo porque la burocracia se encargó de que así fuese, con llamados telefónicos, uno por uno, con el único objetivo de bloquear una nueva protesta en el municipio, que ya se enfrentaba con los trabajadores del frigorífico El Federal por la ruptura de la clausura dictada por la muerte de un trabajador por coronavirus, una decena de trabajadores infectados y falta de medidas de salubridad. En el municipio se encontraron un puñado de trabajadores, los delegados, dos representantes del sindicato de la carne -quienes finalmente fueron los únicos que ingresaron a la reunión porque “la oficina es chica”-, una delegación de ATE y compañeros de la Tendencia que fuimos a brindar nuestro apoyo. Durante la reunión se presentó la posibilidad de un bono de diez mil pesos ante el nulo ingreso salarial y nuevamente el falso compromiso de “poner manos en el asunto”. El gobierno municipal continúa sin darle una respuesta concreta al conflicto. De esta manera, deja a 240 familias sin su plato de comida. Ante la negativa de Bruzesse de continuar con la producción, el Estado debe tomar la planta “en sus manos” para garantizar los puestos de trabajo. Mientras esto se produzca, es necesario que les garanticen a los trabajadores un salario acorde al convenio de trabajo. Los trabajadores convocan a continuar con la olla popular en la puerta del frigorífico y el piquete en la rotonda de Pasco por la apertura de la planta, el pago de su salario y las condiciones laborales adecuadas para su rubro y para combatir la pandemia. Los obreros de la carne deben arrancarle un paro nacional al sindicato por sus puestos de trabajos y protocolos de salud laboral.

24 de abril de 2020
Otra vez sopa: Osplad no paga los salarios
Agostina Urquiza y Germán Kopp, delegados de sede central

Desde principio de año, la obra social de los docentes, Ospald, viene pagando los salarios en forma irregular. En esta oportunidad, sólo depositó la mitad de los sueldos, sin especificar cuándo pagará el saldo. Desde el Sitos, sindicato de trabajadores de Osplad, se convocó a un paro nacional para los días 24 y 25. También se suman medidas de visibilización mediante redes sociales. CTERA y la conducción de OSPLAD, acompañada por los gremios AMET y SAEOEP, dice que no puede pagar los salarios porque las provincias y el Estado le deben cerca de 1500 millones de pesos. Aseguran que falta financiamiento, pero no muestran los libros contables ni los movimientos de las cuentas bancarias. En medio de una pandemia mundial, ¿por qué no podemos conocer el estado financiero real de Osplad, que pone en juego a sus trabajadores y trabajadoras y a la salud de nuestros afiliados y afiliadas? Mientras tanto, los trabajadores de la obra social percibimos salarios de miseria: la menor categoría, no supera los 30 mil pesos. Además, el 31 de marzo de este año venció el procedimiento preventivo de crisis, que garantizaba un aumento de 3.700 pesos proveniente de la deducción de aportes patronales. Por ende, Osplad no garantiza el pago de esa suma para el próximo mes y los salarios pueden ser aún menores. Las condiciones se agravan. Por otra parte, Osplad se desentiende del decreto nacional que dispone aumentos de 5.000 pesos para el sector asistencial (decreto 315/2020), como así también de los aumentos para el sector privado del decreto 14/2020, que establecía una suma fija de $ 3000 en enero y mil pesos más en febrero. En medio de esta emergencia decretada por el gobierno, tampoco recibimos una respuesta por parte del Estado, que debe garantizar que los trabajadores podamos alimentar a nuestras familias y, en medio de una pandemia mundial, brindar salud a nuestros afiliados. Vamos por salarios dignos y pagados a término. Llamamos a toda la comunidad docente y a la clase obrera en general a pronunciarse por la lucha de los trabajadores y trabajadoras de OSPLAD. Hemos lanzado una campaña de fotos y videos, con la leyenda "#OSPLAD paga los sueldos", y un pronunciamiento online para recolectar firmas. Por una obra social que realmente esté a la altura de esta emergencia sanitaria, codo a codo, junto a sus afiliados y sus familias. ¡Osplad es de los trabajadores! Para firmar el petitorio: https://docs.google.com/forms/d/1gwF7_iIc_Fmi8-GwBA5dBechzU2PSzv_DzN-K0XP8t8/edit?chromeless=1

24 de abril de 2020
Puerto de Mar del Plata: rebelión de los estibadores
Pedro Camargo

Esta semana comenzó con la llegada al puerto de Mar del Plata de un buque pesquero con uno de sus tripulantes infectado de COVID-19, un segundo caso positivo en otro buque que no había alcanzado a zarpar y, finalmente, un tercero que iba a salir, pero fue detenido producto de la movilización de los trabajadores de la estiba. Finalmente, en las últimas horas, los estibadores decidieran cortar las terminales 2 y 3 del puerto dada la situación de exposición al contagio. Un video que se divulgó en los medios de prensa locales muestra cómo esto llevo a que el secretario general del sindicato de estibadores tuviera que dar una respuesta ante la interpelación de las bases en una asamblea, en el mismo lugar donde desarrollaban los cortes, ante la acusación de su pasividad y el reclamo urgente para que hiciera “algo”. Ante la indignación de los trabajadores y el reclamo de una medida de lucha que impusiera los controles sanitarios, garantizara los hisopados, barbijos, y que no hubiera reducción salarial; el secretario sindical se retiró. Los obreros fueron claros: si no había respuesta, no volvían a trabajar y persistirían con los cortes a las terminales, las entradas a los muelles. Por otra parte, la tripulación del Scirocco, el buque donde se detectó uno de los casos, no ha podido salir de la embarcación, a la espera de los resultados de los hisopados. La tripulación exige saber quiénes están afectados por el Coronavirus y cómo afectará esto su continuidad laboral. La empresa Solimeno, propietaria de la embarcación, no ha emitido palabra alguna. El gobierno municipal plantea que no pueden salir del barco, sin plantear mayores indicios solución. Esta situación es una muestra más de que se privilegia las ganancias capitalistas de los empresarios del puerto sobre la salud de los trabajadores. El estado municipal y la prefectura ceden ante la presión de las patronales pesqueras, que bien saben que no se puede tener a los trabajadores infectados por coronavirus en cuarentena dentro de un barco. El ejecutivo marplatense y empresarios como Solimeno son responsables de esta situación que están viviendo tanto los trabajadores embarcados como estibadores. Son ellos quienes deben hacerse cargo de los trabajadores para asistirlos y para que puedan realizar el aislamiento correspondiente en algún hotel y brindar los elementos necesarios. No esperaron los resultados de los hisopados y la prefectura ´permitió que zarpara uno de los buques. Acompañemos la organización de los obreros del puerto en su reclamo. Impulsemos la formación de comités de higiene y seguridad conformados por los propios trabajadores para que pueda garantizarse efectivamente la cuarentena y la vida misma.

24 de abril de 2020
Frigorífico ex Federal: Morrone detenido

Los trabajadores del frigorífico El federal, sus familias y vecinos lograron que el patrón de la planta frigorífica, Genaro Morrone, ex Federal, fuera detenido por violar la clausura y poner en peligro a gran parte de la población. Hace una semana, falleció el veterinario del Senasa de la planta por coronavirus. Las medidas de salubridad no fueron tomadas ni antes ni después de su muerte, lo que resultó en una decena de trabajadores contagiados. Ni esta situación logró, sin embargo, que la patronal decidiera suspender el trabajo para que no siguiera propagándose la infección, es decir, interpuso sus ganancias por encima de la vida de los trabajadores. Frente a ello, las familias y vecinos de La Paz -el barrio de Quilmes donde está ubicado el frigorífico- se organizaron y brindaron un gran apoyo con la difusión en redes y medios para denunciar la situación. Morrone intentó hasta último momento continuar la producción. Al principio, los trabajadores, bajo la amenaza de despidos, continuaban sus tareas, aunque la preocupación y el miedo al contagio recorrían el frigorífico; a medida que los positivos fueron aumentando, parte de ellos se retiraron del matadero. Al día siguiente asistieron sólo aquellos que trabajan en negro y cobran por semana bajo la presión de resguardarse del hambre o de la pandemia, ingresaron, pero aun así le realizaron un paro una vez adentro. Frente a esta negativa de los trabajadores, la patronal buscaba dentro del mismo barrio otras personas para llevar el trabajo adelante y romper la unidad de los trabajadores, una verdadera impunidad ante la situación sanitaria. La municipalidad de Quilmes recibió decenas de denuncias de los vecinos, familiares y de los propios infectados, pero no se puso en acción hasta que la organización barrial explotó las redes sociales con reclamos. Las autoridades, temerosa de que la lucha de los trabajadores de la carne -a pocas cuadras se encuentra el Penta- y de los vecinos los arrase como un tsunami, finalmente decidieron avanzar sobre Morrone. Lejos de ser una virtud del gobierno municipal, la detención de Morrone es el resultado de la organización barrial y, por supuesto, los trabajadores de la carne que han logrado ponerlos sobre las cuerdas. Sin embargo, aún no es suficiente los protocolos de higiene en los barrios se vuelve una exigencia de primera orden. Esta organización debe fortalecerse para cuidar los puestos de trabajo y la garantía salarial hasta que la desinfección a fondo del lugar sea efectiva, exigir los testeos correspondientes a todos los trabajadores y familias, así como también un análisis a la faena que fue manipulada allí. Es lo único que va a garantizar una cuarentena verídica y no una puesta en escena como viene sucediendo. El sindicato de la carne no se hizo presente en el lugar ni por ningún medio con los trabajadores. Más que nunca debemos arrancarle un paro nacional por el trabajo y la salud de los obreros de la carne.

24 de abril de 2020
Coronavirus en Expreso Villa Galicia: los trabajadores desmienten a la patronal

Expreso Villa Galicia es una empresa que emplea 400 choferes y llega a 9 localidades de zona Sur del GBA (Avellaneda, Bernal, Burzaco, Calzada, Lomas de Zamora, José Mármol, Temperley, Florencio Varela y Wilde con sus líneas 263 y 266. El pasado 22 de abril se conoció el caso positivo de coronavirus de un chofer de la línea 263 y, al día siguiente, el de otro chofer de la terminal de Burzaco. En una entrevista por el canal Crónica TV, el jefe de personal brindó una versión plagada de falsedades. Los trabajadores de EVG refutan sus dichos en esta entrevista para Política Obrera. ¿Qué medidas adoptó la empresa desde que se inició la pandemia? Se hacía la desinfección de las unidades y nos tomaban la temperatura algunos días sí y otros no. También se desinfectó la cabecera de Lomas, pero el resto de las cabeceras no fueron desinfectadas hasta que se supo lo del compañero afectado. Desde que el caso se hizo público, la empresa empezó a desinfectar los colectivos con mayor cuidado y a tomarnos la temperatura a todos. Es decir, la prevención se hizo “así nomás”, y ahora los trabajadores estamos sufriendo las consecuencias. ¿Cómo se trabaja por estas horas en EVG? Desde que supimos lo del compañero, estamos todos muy preocupados. No es sólo el hecho de contagiarse uno, sino a tu familia. Muchos vivimos con personas mayores. Entonces, la carga psicológica es muy grande. Pero si decidimos no ir al trabajo, corremos el riesgo de perder el puesto, de perder nuestro ingreso. Nos ponen contra la espada y la pared. La versión que da la empresa al canal Crónica no representa la voz de los trabajadores. La realidad es que ni los espacios comunes ni los baños están en condiciones higiénicas mínimas, ni hablar para controlar una epidemia como la que estamos viviendo. ¿Qué medidas consideran necesarias para trabajar en condiciones? Bueno, por ejemplo, nos dicen que el protocolo se activó en la cabecera Burzaco turno tarde, donde se desempeña el compañero afectado, es decir, ¡ni siquiera el total de la cabecera! Así que, para empezar, los compañeros que desempeñan tareas en la terminal Burzaco tienen que ser puestos todos en aislamiento preventivo y, si presentan síntomas, se les tiene que hacer el test a cargo de la empresa. EVG puso en aislamiento a los trabajadores que tuvieron contacto con el compañero afectado, pero eso a nosotros no nos garantiza nada, porque no se tomaron las medidas de seguridad e higiene en tiempo y forma. Así que ahora los trabajadores tenemos que evaluar si no es necesario parar la línea, que se cumpla la cuarentena en EVG, que todos tengamos la seguridad de no habernos contagiado (y, por lo tanto, seguir contagiando) antes de poder volver a trabajar, y que cuando volvamos se cumplan los protocolos a raja tabla, porque nosotros trabajamos por nuestro salario, pero no estamos acá para dejar la vida por la empresa.

24 de abril de 2020
Despidos y suspensiones en ACC Group

Los trabajadores del call center ACC Group le impusieron a la patronal, a principios de la cuarentena, la seguridad sanitaria de los trabajadores y trabajadoras consiguiendo que se aplique el teletrabajo para todo el personal. De cientos de empleados hacinados en las oficinas, en la actualidad solo alrededor de 20 trabajan desde la oficina. La patronal aducía que al ser tarea esencial debían hacerla de manera presencial y no en home office. Sin embargo, los trabajadores ganaron esa primera pulseada después de semanas de pelea. La gran mayoría de los trabajadores prestan tareas para empresas de venta de seguros, atención de consultas de facturación y beneficiarios de tarjeta de puntos; y solo una ínfima minoría trabaja en servicios realmente esenciales como atención de guardias de empresas eléctricas u obras sociales. La respuesta de Fernández Floriani & Cia fue suspender a 70 trabajadores por razones de “fuerza mayor”. Las suspensiones llegaron un día antes que el DNU 329/2020 que prohibía las suspensiones y los despidos – no así la reducción salarial. No contentos con eso, usando la misma excusa, despidieron a alrededor de 15 trabajadores. La patronal miente cuando dice que si los trabajadores reclaman por sus derechos se caen las cuentas y hay que suspender o despedir. No es cierto, sólo están defendiendo sus intereses, exponiendo la salud y la supervivencia de quienes realizamos el trabajo. ACC Group no quiere perder rentabilidad ni invertir en el teletrabajo, pero a raíz de un ausentismo masivo quedó en claro que, incluso en las cuentas de atención esencial, la esencialidad no implica que no se pueda implementar el teletrabajo. Todo lo contrario, justamente por ser un servicio esencial deben ser los primeros a los que se le garantice las herramientas del home office para preservar la prestación del servicio. Pretenden responsabilizar a los trabajadores que reclaman - que no se pague el sueldo en cuotas, que se paguen los aumentos decretados y las negociaciones paritarias- pero fue la patronal la que ha perdido al menos seis cuentas, que implican unos 200 puestos de trabajo aproximadamente. Decir que "tal cuenta cierra por los reclamos" es, en realidad, decir: "Si te pagan cuando se les da la gana, no reclames"; "Si te pagan en cuotas, no reclames"; "Si no te pagan los bonos o aumentos, no reclames"; "si te categorizan mal, no reclames"; "si te hacen ir en medio de una pandemia, no reclames". Sabemos que si no reclamamos nos pasan por arriba. Con reclamos conseguimos ir regularizando las fechas de cobro después de un semestre en que cobrábamos en cualquier momento. Seguimos esperando la respuesta del Ministerio de Trabajo por el levantamiento de las 70 suspensiones y los despidos a nuestros compañeros y apuntamos a mantener firme cada uno de nuestros derechos. Abajo los despidos y suspensiones. Pago de las negociaciones paritarias. Entrega a la totalidad del personal del kit para poder trabajar en las casas. Plus salarial por tarea esencial.

24 de abril de 2020
Call centers: no a las suspensiones con salarios reducidos

En medio de esta crisis sanitaria y social que nos atraviesa, la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) amenazó con 30.000 despidos en cartas al Ministerio de Trabajo y a la FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios). Plantean que tienen una pérdida importante por la caída de la productividad ya que, supuestamente el 60 por ciento del plantel estaría sin prestar servicios. Reclaman “un entendimiento” con el sindicato que les dé luz verde para suspender a los trabajadores con un pago reducido de salarios. Se apoyan el artículo 223 BIS de la Ley de Contrato de Trabajo (muy convenientemente exceptuado del decreto presidencial de prohibición de despidos y suspensiones). Mientras escriben cartas, las patronales no pierden el tiempo y ya en los hechos avanzan con suspensiones masivas en el rubro, encabezando esta avanzada patronal empresas líderes como ACC Group y Next. Presionan para que el sector sea incluido dentro de las actividades exceptuadas por el decreto de cuarentena obligatoria, como si lo “esencial" no pasara por una necesidad de la sociedad sino por el mezquino interés de su rentabilidad. La responsabilidad por la total falta de inversión y disposición de los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios recae sobre los empresarios. El argumento de que el trabajo a domicilio es inviable por “objetivas dificultades financieras, técnicas y logísticas” es FALSO. En sus propios números confiesan que el negocio exige una inversión irrisoria, donde el 85% de resultaría ser el “costo" laboral, los salarios. Los call centers son prácticamente una estructura de cartón pintado que oculta la tercerización de servicios para grandes compañías y multinacionales. Cuando les llega la hora de una inversión mayor, se niegan a realizarla, prefiriendo “ahorrar costos" cesanteando trabajadores. Tampoco dicen que se ha multiplicado la demanda telefónica de los servicios por la situación creada por la cuarentena. También se niegan a invertir para cubrir esa demanda. En vez de entregarnos las herramientas necesarias para trabajar desde nuestras casas, las empresas se dedicaron a presionar y a amenazar trabajadores, exponiéndonos al contagio y a ser detenidos por violación de la cuarentena, como ya ha sucedido. Somos los trabajadores, sometidos a salarios de miseria que no llegan a los dos tercios de la línea de pobreza, quienes estamos en una verdadera y desesperante situación de crisis, en la que se pone en cuestionamiento nuestra mismísima supervivencia. Está en riesgo nuestras necesidades más básicas, como el techo y alimento nuestro y de nuestras familias. Denunciamos esta brutal apretada patronal de las empresas de call center que por años vienen acumulando ganancias a costa de la súper explotación y precarización laboral. Que tanto estas tercerizadoras como las empresas primarias (que son socias solidarias y las primeras beneficiadas) sean, por una vez, quienes se hagan cargo y ganen menos. Saludamos el camino que han emprendido trabajadores en diversos call centers del país, tomando medidas que van desde el rechazo a usar los certificados para circular que falsificaron las empresas hasta paros y faltazos masivos que han obligado a las patronales a avanzar en el envío de kits para realizar teletrabajo abandonando las hacinadas oficinas. La única salida estará en la coordinación de la lucha entre los trabajadores de todos los call centers, denunciando y realizando de conjunto medidas de acción directa. Los telemarketers exigimos la anulación de todas las suspensiones, ningún descuento salarial por cuarentena y home office con herramientas a cargo de las empresas.

24 de abril de 2020
Masacre en los geriátricos

Las imágenes del SAME retirando a los residentes del geriátrico del barrio de Belgrano son expresivas del abandono total y absoluto de los adultos mayores que habitan en ellos. Parece irónico que esto estalla a solo horas de que FF, en el país, y Larreta, en la ciudad de Buenos Aires, invadieron los medios periodísticos con miles de horas de publicidad con la intención de (des) cuidar a los adultos mayores. En Argentina hay 4.800 geriátricos (de los cuales 1.000 son clandestinos) con 150.000 residentes. PAMI cuenta con cinco centros propios y 561 mediante distintos convenios. El resto son geriátricos privados (3.200) que cobran cifras siderales (el de Belgrano cobraba entra 100 mil y 190 mil pesos por mes). En nuestro país, cada vez más los adultos mayores son derivados tempranamente a estos centros por distintas razones de salud y de familia, o por la imposibilidad de sostenerlos en sus hogares por la crisis económica. Ahora se agudizan y visualizan las condiciones deplorables de estos lugares con esta pandemia del covid-19 con el aislamiento de sus seres queridos, teniendo que afrontar esta crisis en la mayor de las soledades. Los anuncios de la OMS (organización Mundial de la Salud) de que la mitad de las muertes por el Covid-19 en Europa se dieron en las residencias de adultos mayores (Clarin, 22/04) nos deben poner en alerta. Esta política de abandono de los geriátricos es solo una muestra más del sufrimiento de los jubilados. Con un haber mínimo de indigencia ($15,900) que cobra el 80 % de los jubilados y un “bonito” miserable de $3.000, es imposible vivir en tiempos normales; menos ahora con esta pandemia. Es la política de un sistema capitalista en crisis terminal que prioriza los negocios a la vida. Millones de dólares son destinados a subsidiar a las patronales; para los jubilados y adultos mayores la respuesta es la barbarie. Inmediata intervención de todas las residencias geriátricas por parte de un comité independiente formado por trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, de jubilados, y trabajadores de Anses que elabore y garantice la ejecución de los protocolos en defensa de la salud y vida de todos los residentes.

24 de abril de 2020
La lucha por las licencias en salud

Desde que se inició la cuarentena y declarado al trabajo de la salud como tarea esencial, los trabajadores de clínicas y hospitales están luchando para hacer cumplir las licencias por responsabilidad familiar en el caso de padres únicos, pareja de trabajadores esenciales o cuidado de cónyuges o familiar enfermo entre otras. ¿Quién cuida a los que cuidan? Las autoridades del sistema público y las patronales niegan las licencias con la excusa de la esencialidad, a pesar de que las resoluciones establecen las licencias reclamadas. Esta situación se agrava con la falta de recursos de bioseguridad tanto en el Estado como en el ámbito privados. El enfermero Silvio Cufré, de 47 años, que trabajaba en el sanatorio privado Brandsen de San Vicente y fue el cuarto trabajador de la salud muerto por el Covid en nuestro país, era hipertenso y obeso, parte del grupo de riesgo. Sin embargo, las autoridades del sanatorio no le autorizaron su licencia. Son, por esto, responsables de su fallecimiento. El silencio cómplice o directamente la ausencia total de las representaciones gremiales obliga a los trabajadores a buscar arreglos personales con las líneas de jefaturas. En el caso de los residentes, la situación se agrava. Sus licencias se rigen por las normativas municipales, a diferencia de los profesionales de planta que cuentan con normativas más desarrolladas. Son trabajadores de la salud expuestos a la presión de ir a trabajar para no perder la residencia o, en el caso de los últimos años, que se abrazan a la posibilidad de pasar a planta una vez finalizada la misma. En el caso de los concurrentes, sus derechos dependen de ordenanzas de relación negativa a la legislación municipal, además de no percibir salario. Recordemos la lucha de residentes y concurrentes este verano contra la reforma del gobierno de Rodríguez Larreta que desconocía su convenio. Esa lucha ha puesto en cuestión esta situación: como se ve, la precariedad laboral puede significar un riesgo de vida. ¿Qué deben hacer los trabajadores que superan los 60 años y son obligados a ir a trabajar? ¿Defender su vida a riesgo de ser despedidos o cesanteados? ¿Cuál es la solución para una pareja de trabajadores en ramas esenciales con hijos en edad escolar? ¿Cuál es la respuesta para miles de trabajadoras de la salud que está solas con sus hijos? ¿Qué ocurre con esos hijos si esa madre se contagia o muere? Pongamos un freno a esta violencia patronal e institucional. Las autoridades y patronales pueden violar las licencias por la entregada de las direcciones sindicales. Frente al silencio de los gremios, avanzan sobre el conjunto de los derechos. Pongamos en pie comités de crisis y seguridad para asegurar los EPP necesarios para no ser contagiados, los testeos masivos de prevención y el goce de licencias acorde a derecho. Los trabajadores tenemos que redactar los protocolos e imponer una jornada laboral de 6 horas, con la creación del cuarto turno. El personal que ingrese para cubrirlo debe contar con plenos derechos, incluyendo a concurrentes. Poner en pie un movimiento de lucha de la salud por estas reivindicaciones es la herramienta que garantizara la defensa de las licencias.

24 de abril de 2020
Trabajadores estatales en cuarentena: defendamos la salud y nuestro salario

En el marco de la crisis sanitaria desencadenada por una pandemia mundial y la extensión de la cuarentena obligatoria hasta fines de abril, la oposición patronal bajo el slogan “Que los políticos bajen sus sueldos”, presentó un proyecto de ley que propone un ajuste escalonado que va del 5 al 20% en los salarios superiores a los 70.000 pesos de la Administración Pública Nacional, un castigo a los salarios que alcanzan la canasta familiar. Una receta ya aplicada en décadas pasadas. Basta recordar el decreto 290 de 1995 de Menem y Cavallo que recortaba los salarios de manera escalonada, descargando en los trabajadores del Estado la Crisis del Tequila. En el 2001 De la Rúa reflotó ese decreto aplicando un recorte salarial del 13% para cumplir con el FMI. En la última década las rebajas de nuestros salarios se produjeron por la vía inflacionaria y por el Decreto 324 del 2012 que quito sumas adicionales y compensaciones. Vuelve a la carga la Fundación Mediterránea y similares que plantean una reducción del 30 % en todos los niveles de la administración pública -nacional, provincial, municipal- con independencia de monto del salario. En el orden provincial, los ataques se han visto en Mendoza, Salta y CABA, donde Larreta acaba de impulsar un “aporte voluntario del 25% de los salarios por tres meses desde mayo”, que alcanzará a todos los cargos políticos del Ejecutivo porteño. Detrás de la campaña para reducir el “gasto político” se esconde un feroz ataque hacia los estatales, que acarreamos una importante pérdida del poder adquisitivo desde hace varios años. Este ataque es habilitado por el DNU que avala suspensiones con descuento salarial en el ámbito privado. Y forma parte de la política del conjunto de la patronal, que aprovecha la crisis sanitaria para pulverizar conquistas y derechos de todos los trabajadores. Su programa para salir de la pandemia es una reforma medular de las leyes laborales y previsionales. El argumento utilizado contra los estatales es el de la “solidaridad” ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Lo cierto es que hoy los estatales garantizamos el sustento de nuestras familias golpeadas por la disparada inflacionaria de los alimentos, los despidos y las suspensiones. Mención aparte merece el teletrabajo, que cumplimos gran parte de los estatales. El Estado no ha facilitado los soportes tecnológicos ni los servicios. Trabajamos con nuestras computadoras y el pago de los servicios de electricidad e internet salen de nuestros bolsillos. Lo que pretenden es que los trabajadores seamos solidarios con los empresarios, así como han sacado del Anses los fondos para subsidiar a las patronales. Nos quieren confundir y meter en la misma bolsa con los funcionarios políticos de turno quienes sí cobran sueldos exorbitantes. Pero esa no es la realidad para las y los trabajadores estatales, quienes en su gran mayoría no llegamos a fin de mes, en un país con una canasta básica familiar que supera los $70.000. Para hablar del gasto público, hay que decir que el gobierno, más allá de los últimos anuncios de suspensión de pagos, ha atendido puntillosamente el pago de una deuda externa usuraria. Tanto es así que durante la cuarentena se pagaron $ 250 millones de dólares de intereses a los acreedores. Es necesario desconocer la deuda usuraria y romper con el FMI, para destinar el conjunto del ahorro nacional a un enérgico plan de rescate sanitario y social de la mayoría trabajadora, garantizar todo insumo y equipamiento en los hospitales y que ningún trabajador deje de percibir su salario, solo así defendemos el aislamiento social. Las direcciones sindicales, ATE y UPCN, han puesto al desnudo su incapacidad para defender los reclamos de los trabajadores ante la crisis sanitaria y económica. Basta recordar que ni siquiera han reclamado las cláusulas de revisión, previstas para noviembre y marzo. Antes de la pandemia ya habían entregado nuestra paritaria a cambio de una mísera suma fija a cuenta de futuros aumentos, solo para los que cobramos por debajo del costo de la canasta familiar. Han mantenido el silencio cómplice y actúan como correa de trasmisión de las políticas del gobierno. Ante esta situación impulsemos la organización de reuniones virtuales en los sectores con teletrabajo y asambleas en las dependencias donde haya concurrencia (con medidas de distanciamiento y prevención del contagio) para exigir la reapertura de paritarias que recupere la perdida por inflación. Elaboremos protocolos de Seguridad e Higiene que permitan imponer y ejercer el control de las condiciones laborales para evitar el contagio en los sectores que estén concurriendo. Reclamemos el pase a planta y la incorporación masiva de personal en los hospitales, laboratorios e institutos de salud, sumado al reclamo por el reconocimiento del Covid-19 como una enfermedad laboral para todos los trabajadores.

24 de abril de 2020
Reducciones masivas de salarios en medio de la inflación, pactados por la burocracias sindical

El diario Clarín (23/4) publicó un informe del Centro de Economía y Política de Argentina (Cepa) según el cual unos 300 mil trabajadores habrían sufrido reducciones salariales como consecuencia del coronavirus. Se trata de pactos entre la burocracia de los sindicatos y las patronales, que fueron habilitados por el decreto ‘anti-despidos’. El informe de CEPA no dice que los despidos tampoco fueron evitados (Techint, Penta). Los 300 mil perjudicados no registra los trabajadores en negro -sin duda los principales afectados - ni a los contratados por agencia, que fueron desvinculados de casi todos lados. En gremios como Construcción y Comercio, las reducciones salariales se cuentan de a cientos de miles. Inclusive en las fábricas que consiguieron la esencialidad, se buscar imponer reducciones salariales. Tal es el caso de Alimentos Modernos (Farm Frites) que pasó de producir bajo la esencialidad a una reducción salarial unilateral al 70% del básico, o Granja Tres Arroyos, que impuso en todas sus plantas -con excepción de la de Entre Ríos-, el pago de solo las 7 horas trabajadas de la jornada habitual de 9. El salario de los miles de trabajadores considerados por el decreto de la cuarentena como personal de riesgo y los afectados al home office también han sufrido este ataque al salario. En los últimos días, además, comenzó el reintegro a las tareas de los mayores de 60 años, afectados inicialmente a la cuarentena. La parte del decreto al que recurren las patronales es calificarlos como "personal esencial" para la producción. El decreto del gobierno de estatización de la plantilla salarial -anunció que pagará el 50% del salario de los trabajadores privados- no ha modificado este ataque en regla contra el salario, porque no especifica si el subsidio es para pagar la mitad que el trabajador no cobraba o para que las patronales directamente no pongan un peso. Ya se han anotado para cobrar el beneficio el 80% de los empleadores privados del país, pero ninguno ha retrocedido en el planteo de la reducción salarial. La línea de las empresas es condicionar el pago de los salarios a la aceptación de las suspensiones con reducción salarial, o las amenazas de despidos. Así lo hicieron con los petroleros, en la UOM, en el Plástico y otros gremios. La burocracia se apresta a firmar la reducción que sea, mientras reclama la liberación de la cuarentena en frente común con la UIA. La firma del acuerdo de suspensiones al 70% del básico (lo que representa en promedio el 50% del salario real) tuvo que ser retrotraído, en el caso de la UOM, por la rebelión de las seccionales del sindicato, conscientes de que no pasaría entre los trabajadores. La misma secuencia ocurrió en el gremio plástico: un acuerdo que los dirigentes firmaron por el 70% del básico pasó a "quedar sin efecto" en 24 horas, ante el rechazo general de los delegados. El Sutna, en cambio, rechazó de entrada las rebajas salariales y reclama un protocolo propio para producir solo lo que sea esencial. El informe de CEPA refleja un ataque generalizado contra el salario cuando se deberían estar discutiendo las paritarias de los principales gremios. Sobre esto no se dice nada. La defensa del salario, de los puestos de trabajo y de los protocolos sanitarios para resguardar a los trabajadores son los tres puntos del gran choque entre los intereses de la clase capitalista con los de la clase trabajadora que se desenvuelve en el escenario de la pandemia.

24 de abril de 2020
Moyano-Borda-Tobar García: el silencio NO es saludable
Circulo PO Parque Patricios

La pandemia toma a los trabajadores de la salud mental con los motores aún calientes de la reciente lucha contra la “refuncionalizacion” de los hospitales, que pretendía en realidad el achicamiento del sistema sanitario. Las asambleas interhospitalarias convocadas por los trabajadores del Hospital Moyano lograron unificar el reclamo y detener la avanzada de Rodríguez Larreta. Semanas antes del aislamiento social obligatorio los trabajadores del Moyano comenzaron a reclamar medidas de bio-seguridad para prevenir contagios ante la pandemia del COVD-19, como la renderización y reorganización de espacios de alta circulación como el hall del edificio central y la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP). Las últimas noticias de brotes de coronavirus en establecimientos geriátricos y hospitalarios hacen aún más acuciante su provisión. Mediante amparos judiciales individuales y reclamos colectivos, los trabajadores lograron que se les proveyese EPP para todas las guardias de la institución. Es así que el hospital Moyano fue el único hospital monovalente en todo CABA que contó con EPP para todos sus trabajadores. No obstante, ante la insuficiente cantidad y la mala calidad de algunas partidas, el estado de alerta en el Hospital por la desprotección de sus trabajadores es máxima. Este proceso de reclamos y de organización coloca de hecho la necesidad de un control riguroso y permanente por parte del personal del hospital. Es preciso auditar el estado de los elementos de bioseguridad, mediante comisiones democráticas de seguridad e higiene con representación de los diferentes departamentos y sindicatos. El cuidado de nuestra salud comienza por el debate y la organización desde nuestros lugares de trabajo. Los otros dos hospitales monovalentes de la ciudad -el Borda y el Tobar García- presentan características similares al trabajar con poblaciones vulnerables en situaciones de internación. En el Tobar García, además de las falencias en los EPP (solamente se cuenta con barbijos y en muchos casos defectuosos) existen reclamos por la ausencia de dosis de vacunas gripales. Si bien semana a semana se aplican medidas necesarias, como el perfeccionamiento del puesto de triage (protocolo), y horarios rotativos, aún no se protege a los trabajadores y pacientes como es debido. En el Hospital Borda el mayor reclamo también es de insumos para la seguridad de los trabajadores y pacientes. El pasado jueves 24 de abril, convocado por Sutecba, UPCN y ATE Nacional, se realizó un aplauzaso ante la carencia de EPP y medidas de seguridad. Otro aspecto que atraviesa a todos los hospitales monovalentes en este cuadro de aislamiento social es que los y las pacientes puedan contar con medios de comunicación para con sus afectos en cada uno de los lugares de internación, aspecto que es fuente de sufrimiento para los pacientes. A lo largo de los últimos años, los trabajadores de los Hospital Moyano han trazado un camino en las conquistas de derechos como ha sido la reincorporación de los 69 cesanteados en el año 2014. En el año 2013, la defensa del hospital Borda del intento de cierre del Gobierno de la ciudad puso en pie de lucha al conjunto de los trabajadores de los monovalentes. Las asambleas Inter hospitalarias con las que se detuvo la refuncionalización el verano 2020, constituye una experiencia fundamental para establecer la perspectiva de unidad y organización de los trabajadores de los hospitales de salud mental para asegurar la protección de los compañeros y pacientes, asegurar la provisión de elementos de protección personal en buen estado, revisión de las licencias y la creación de comités de bioseguridad en cada hospital, auditado por sus trabajadores.

25 de abril de 2020
Huelga internacional de repartidores
Corresponsal

La huelga de repartidores del 22 de abril se replicó en seis países en simultáneo (Argentina, Guatemala, Perú, Ecuador, España, Costa Rica). Hubo caravanas masivas en Ecuador, concentraciones en ciudades de Guatemala y en el Obelisco porteño. En varias ciudades del mundo las aplicaciones quedaron saturadas de demanda por la falta de ´riders´. En España, se logró hacer caer la aplicación de Glovo. La medida logró colocarse en primer lugar en los medios y portales de noticias del mundo y así el reclamo tomó gran visibilidad, de la mano de las imágenes de repartidores llevando a delante el paro por los reclamos más urgentes en el marco de covid-19 -elementos de seguridad e higiene acordes-, y por el aumento del 100% del pago por envío a cargo de las empresas. Sobre el final de la tarde, en Argentina, las empresas de Rappi y Glovo comunicaron a los repartidores la entrega de elementos de seguridad e higiene. Esto lo hemos vivido como una victoria, ya que es producto de una gran medida de fuerza de unidad internacional de los trabajadores. Pero, por otro lado, todavía estamos a la espera de ver qué calidad tienen esos elementos. Ninguna empresa hizo mención, por otra parte, al reclamo del aumento de pago por envío, A raíz del paro, el gobierno argentino anunció, aunque sólo la posibilidad, de presentar un proyecto de ley de emergencia que, en sintonía con las patronales, solo aborda la cuestión de los elementos de seguridad e higiene, pero no de los ingresos. Tampoco consultaron a ningún repartidor para saber que debería o no contener el proyecto en cuestión. El 22A fue una jornada de lucha que se gestó con campañas de imágenes y videos, intentando llegar a todos los repartidores del mundo, con el primer comunicado internacional de repartidores traducido en tres idiomas (inglés, español y portugués) y el hecho histórico de la constitución del frente único internacional de repartidores. La conclusión más importante que podemos compartir es que organizarnos de forma colectiva e independiente de toda burocracia y de todos los gobiernos, en un gran frente único internacional es lo que nos va a llevar a todos los repartidores del mundo a la victoria. Llamamos a organizar asambleas abiertas de trabajadores de reparto en todos los países, con una coordinación de una mesa internacional, para discutir una nueva medida inmediata y un plan de continuidad de la lucha hasta conseguir todos los derechos correspondientes a los repartidores. Vamos compañeros, esta lucha recién comienza.

25 de abril de 2020
Punilla: Una pandemia no se combate con mentiras
Juan Vega y José Barraza

Los fallecimientos de Liliana Giménez (Villa Giardino) y Pamela Nieto (La Falda) han desnudado la degradación del sistema de salud provincial y que el anunciado plan de contingencia del gobernador Juan Schiaretti para enfrentar el Covid-19 es, como decimos los cordobeses, un chamuyo. Desde hace no menos de un año, los trabajadores de la salud de los hospitales municipales y del hospital provincial “Domingo Funes”, vienen denunciando el retroceso de los recursos para sistema de salud público de la provincia. Por caso, en todo el corredor norte de Punilla (La Falda-Cruz del Eje) hay solo una ambulancia municipal operativa, mientras que un empresario, ligado a Juntos por el Cambio, explota dos servicios de traslado de emergencias y dos clínicas privadas (La Falda y La Cumbre). Una derivación desde La Falda a un hospital de Córdoba cuesta quince mil pesos. El Hospital “Domingo Funes” ha dejado de atender varias enfermedades. Los bajos salarios y la precarización laboral son característicos de los trabajadores de la salud municipales. Los sueldos se ubican por debajo de la línea de pobreza. Un enfermero percibe un salario inferior a doce mil pesos. Asimismo, el 70% del plantel médico es monotributista, ya que no se abren los cupos para pasar a planta permanente. La destrucción de la salud pública cuenta con la complicidad de la burocracia sindical y del sistema político. Sin esa connivencia, hubiese sido imposible el avance de la salud privada en detrimento del hospital público. El verso del ´Plan de Contingencia´ En Saldán y La Cumbre, donde el personal de salud se ha contagiado de COVID-19, podemos constatar la ausencia de protocolos de seguridad en los centros de salud. Se han puesto de manifiesto la carencia de formación, capacitación y organización del personal para este tipo de crisis; la necesidad urgente de incorporar más trabajadores y abastecer de material de protección a los hospitales; la urgente centralización de los recursos sanitarios públicos y privados bajo el comando de los trabajadores, lo cual implicaría la formación de un comité de salud electo. El ´Plan de Contingencia´ anunciado por Schiaretti supone que 700 médicos trabajen bajo la modalidad de monotributistas y realicen cuatro guardias semanales. En la actualidad, en el corredor Punilla-Cruz del Eje, hay sólo 11 respiradores y alrededor de 50 camas disponibles, incluyendo todos los hospitales públicos, y no hay suficientes vacunas para toda de la población. Del mismo modo, es evidente la poca cantidad de kit de diagnóstico, que se expresa en menos test y menos información para afrontar la pandemia. Frente a este panorama de escasez de recursos para la salud, el gobierno provincial autorizó el giro de nueve mil millones de pesos en una cuasimoneda, de los cuáles el 40% fue destinado para el pago de créditos de deuda en obra pública como el puente De la Sota, la circunvalación y el mantenimiento del Camino del Cuadrado. Estas obras se realizaron con importantes sobreprecios. Tenemos que organizarnos desde abajo Los trabajadores del hospital mental de Santa María, que ocuparon el edificio en rechazo a la derivación de personas contagiadas provenientes de localidades fuera de Punilla y exigieron un mayor presupuesto, le dieron una respuesta contundente al plan de contingencia de Schiaretti. La asamblea del personal del hospital “Domingo Funes” expresa que la organización es la base para enfrentar a la actual crisis sanitaria en la provincia. La elaboración de un protocolo de seguridad, el pase a planta permanente de todos los trabajadores de la salud y la adquisición de insumos, respiradores y camas tiene que estar ligada a la centralización de los recursos sanitarios en un comité de salubridad bajo dirección de los trabajadores del Domingo Funes y del conjunto del personal de los hospitales municipales y clínicas privadas. Asimismo, deben adaptarse los hoteles sindicales y otros espacios como unidades o campamentos sanitarios para la población y el personal de salud. En una región donde existe un importante activismo vinculado a la lucha contra la depredación ambiental, es fundamental que estas organizaciones sean la base para poner en pie comités de emergencia que colaboren en la distribución de los kit sanitarios, el reparto de alimentos y la concientización de la población.

25 de abril de 2020
Fuerte expansión del virus entre palestinos israelíes y en Cisjordania

El estado sionista se jacta de haber aplanado la curva de contagios de su población -tomó medidas extraordinarias de protección de sus religiosos y colonos sobre los que se descargó inicialmente con furia el coronavirus-, pero desatendió y no hizo nada por los más de 4 millones de palestinos de los ´territorios´ que ocupa o controla como potencia colonial (Gaza y Cisjordania). En la propia Galilea israelí, “varias localidades palestinas como Umm el-Fahm, la ciudad costera de Jisr Al-Zarqa y Daburiyya cerca de Nazaret, ahora bajo asedio virtual, en el norte se encuentran entre las más infectadas. Las pruebas para el virus entre los ciudadanos árabes representan solo alrededor del 10% del total de las pruebas realizadas por el estado, a pesar de formar una quinta parte de la población total” (The Bullet, 24/4).Este estallido es consecuencia que Israel no puso a “disposición en árabe para sus ciudadanos palestinos” (casi 1,5 millones) instrucciones sobre la pandemia, lo que dio lugar a “una petición del grupo de derechos legales, Adalah ante el Tribunal Superior de Israel” (ídem). Mientras tanto en Cisjordania “durante el apogeo de la 'emergencia de salud', el gobierno emprendió la demolición de viviendas en la ciudad palestina de Kafr Qasem. El 12 de marzo, el ejército israelí escoltó una visita de los colonos al sitio arqueológico de Sebastia en Naplus, un sitio mítico para el movimiento de colonos que buscan anexar ilegalmente … El 26 de marzo, las excavadoras del ejército llegaron a la ciudad de Khirbet Ibziq, en el valle del Jordán, para destruir y confiscar materiales para ser utilizados en una clínica de campo destinada a sus residentes palestinos. Pocos días después, el 30 de marzo, y con trajes para materiales peligrosos, el ejército usó el cierre de la Cisjordania para asaltar casas palestinas en Ramallah. Naciones Unidas informó que el hostigamiento de los colonos contra los palestinos se amplificó durante la pandemia” (ídem). En el campo sionista están bien avanzadas las negociaciones para conformar un gobierno de ´unidad nacional´ entre el acusado de genocidio ante la corte de La Haya, Netanyahu, y su contendiente de Kahol Lavan, Gantz, quienes volvieron a empatar tras el tercer turno electoral, el 2 de marzo. Del impasse se intentaría salir ahora, en medio de la pandemia, recurriendo al ´plan Trump´ que dio vía libre a la anexión sionista del 30% de la Cisjordania, donde están las tierras palestinas más fértiles y las principales colonias. Cientos de miles de palestinos serían expulsados entonces por segunda vez de su terruño, para lo cual “puede servir como modelo la transferencia forzada de poblaciones palestinas-beduinas en el Neguev” que tienen lugar ahora (ídem). Las provocaciones sionistas contra el pueblo palestino en medio de la pandemia se vienen agravando sistemáticamente y demandan una urgente campaña internacional para ponerle freno. “En la madrugada del viernes 3 de abril, la policía israelí arrestó violentamente a Fadi al-Hadami, Ministro de Asuntos de Jerusalén para la Autoridad Palestina, en su residencia familiar del vecindario de Suwana, en Jerusalén Oriental ocupada. Su supuesto ´crimen´ fue establecer estaciones de desinfección y actuar para instruir a las personas a permanecer en cuarentena. Dos días después, el 5 de abril, el gobernador palestino de Jerusalén, Adnan Ghaith fue también arrestado”. Igual que antes con el otro funcionario de la Autoridad Palestina que buscaba paliar la total ausencia de medidas protectoras de la salud de los palestinos jerosolimitanos, Israel “considera ´ilegal´ (su actuación allí) ya que busca mantener a Jerusalén bajo su control exclusivo” (ídem). En Gaza “el Ministerio de Defensa de Israel decidió a principios de este mes reiniciar la fumigación con herbicidas tóxicos a lo largo de la frontera” (ídem); una práctica que daña los cultivos palestinos detrás de las verjas que separan a Gaza de Israel, “devastando el sustento de los agricultores y potencialmente causando importantes riesgos para la salud de las comunidades cercanas” (ídem). La pandemia impone más que nunca reforzar una enérgica campaña para terminar con la opresión sionista de Palestina e impedir que se ejecute el plan Trump. Israel debe garantizar inmediatamente que la pandemia no se expanda y proporcionar todo aquello que se requiera para hacer frente al virus como lo hizo con su población judía.

25 de abril de 2020
Joaquín V Gonzalez: Por una asamblea virtual para organizarnos
UJS-PO Tendencia Terciarios + independientes

El 13 de abril comenzaron las clases en el instituto Joaquín V. González, en medio de la crisis social y sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus. La imposibilidad de una cursada presencial ha llevado al acatamiento, por parte del Rectorado, de una normativa ministerial de desarrollar la cursada de forma virtual, como única medida para dar comienzo al ciclo lectivo. Ahora bien, es evidente que los estudiantes enfrentamos serias limitaciones para abordar este tipo de cursada. La falta de equipos en los hogares y de servicio de internet dificultan el acceso a la educación para muchos compañeros. Incluso en los hogares donde hay computadora, la misma es sobre utilizada por padres e hijos para trabajar y estudiar. Asimismo, los docentes se ven frente a una sobrecarga de tareas teniendo que abordar individualmente a cada estudiante y empleando herramientas tecnológicas para las cuales no fueron capacitados; todo ello con salarios que quedan por detrás de la inflación. A estas carencias se agrega el trabajo precario, los despidos y las dificultades económicas para llegar a fin de mes, los cuales fomentan la deserción estudiantil (el subsidio IFE ha sido aprobado para sólo un tercio del total de inscriptos). La caducidad de los planes 2005 a 2012, votada a principios de año por el Consejo Directivo junto con La Caravana, ha contribuido en ese sentido: frente a la incertidumbre muchos compañeros han optado por cambiarse de plan o por no inscribirse. En este marco, la UCSFD (organismo creado para la implementación de la UniCABA) se reunió el pasado miércoles 15 con seis institutos terciarios, incluido el JVG, e informó que no habría resolución que diera por aprobados nuestros postítulos, así como su intención de “repensar las ofertas” de los mismos. Es decir que el Gobierno de la Ciudad se vale de la crisis actual para atacar nuestra institución y vaciarla de contenidos, los cuales pueden constituir materia prima para las carreras de la futura UniCABA. El Rectorado dio a conocer esta información sin impulsar ninguna medida de rechazo ante ello; una vez más, se coloca como simple transmisor de las políticas de vaciamiento hacia adentro del instituto. Un centro de las autoridades y del Estado Actualmente, La Caravana (Patria Grande), conducción del CEJVG, actúa en complicidad con esta política. Su alineamiento con el gobierno nacional constituye una traba para la organización estudiantil. Esto se debe a que el Estado (tanto nacional como de la Ciudad) es el responsable del vaciamiento presupuestario, el derrumbe edilicio, la precariedad laboral docente y sus bajos salarios, así como los constantes ataques a nuestras carreras y la implementación de la UniCABA. También resulta negativo para el movimiento estudiantil la integración de La Caravana al Rectorado, debido a que las autoridades del instituto son las encargadas de aplicar las políticas antieducativas del Estado y sus gobiernos. Ante la falta de equipo técnico para llevar adelante la cursada virtual, nuestro Centro de Estudiantes ha evitado impulsar cualquier medida de deliberación y organización estudiantil que nos permita llevar nuestros reclamos al Estado. Es la misma actitud que adopta ahora frente a la no aprobación de los postítulos por parte del Gobierno de la Ciudad. Tampoco debemos olvidar que La Caravana votó a favor de declarar la caducidad de los planes 2005-2012 en el Consejo Directivo, perjudicando a cientos de compañeros. ¿Cómo nos organizamos? La defensa de nuestros derechos y su conquista vendrá de la más amplia deliberación docente estudiantil, que debe elaborar un programa frente a la cuarentena y exigir al Estado un aumento del presupuesto educativo. Desde la UJS-PO Tendencia proponemos una decidida intervención de la comunidad educativa, sobre la base de la convocatoria a una asamblea virtual. Los foros por carrera, abiertos y resolutivos, contribuirían con ese objetivo. Organicémonos por nuestros reclamos: Que el Estado garantice de manera irrestricta computadoras y conectividad para toda la comunidad educativa. Capacitación técnica gratuita para docentes y estudiantes. Apertura de comisiones para evitar la saturación de las aulas virtuales y salario mínimo igual a la canasta familiar para los docentes. Por la aprobación de los postítulos. Derogación de la resolución que da caducidad a los planes 2005 a 2012. Ampliación del monto y la extensión de las becas Progresar e IFE para los estudiantes. Por ayuda alimentaria para los compañeros que los necesiten. Por refacciones edilicias y elementos de seguridad e higiene para no contagiarnos al retorno de las clases presenciales. Aumento del presupuesto educativo. Derogación de la UniCABA No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI.

25 de abril de 2020
Escuela Normal 7 de CABA: que el Estado garantice nuestras condiciones de cursada
Tendencia Educativa en el Normal 7

En el día lunes 13 de abril, la Regencia del Normal 7 envió un mail a los estudiantes buscando explicar cómo se llevarán adelante las cursadas virtuales durante la cuarentena. Allí se señala que, si bien la cursada está iniciada, no pudo efectivizarse para la totalidad de los estudiantes inscriptos. Lo que las autoridades no dicen es que gran parte de los estudiantes no contamos con los recursos necesarios para mantener esta modalidad de cursada virtual e incluso satisfacer necesidades básicas de alimentación e higiene. Incluso quienes cuentan con una computadora, deben repartir su tiempo de uso entre su propia cursada, el home office y la cursada de los niños en el caso de las madres y padres. A ello se le suma un trabajo extenuante para nuestros profesores que tienen que afrontar las clases virtuales sin capacitación y con salarios devorados por la inflación. En las condiciones actuales, las clases virtuales se colocan como una modalidad alternativa a las clases presenciales. No obstante, no se nos escapa que la virtualidad forma parte del decálogo de las diferentes reformas que el capital impone sobre la educación: inestabilidad laboral para docentes, ruptura del vínculo pedagógico docente-estudiante, negociados con empresas como Microsoft, etc. En esta línea, el Gobierno de la Ciudad ya designó rectorado, sede y presupuesto para la UniCABA, la cual postula la virtualidad como uno de los pilares de la modernización de la educación. Un centro afín a las autoridades Actualmente, la conducción del CETEN 7, El Aquelarre, lleva adelante una política de cooperación con las autoridades del Normal. La entrega de una lista de reclamos a la Regencia y el relevamiento de condiciones de cursada por parte de la coordinación no señalan las responsabilidades del Estado, que es el primero en desfinanciar los institutos terciarios produciendo un vaciamiento cada día mayor. Tampoco propone ninguna medida para que estudiantes y docentes podamos debatir cómo organizarnos frente a ello. Otro tanto puede decirse de La Colectiva (Patria Grande), que es parte de la conducción de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET) y que toma la misma actitud de colaboración con las autoridades, eludiendo su responsabilidad de llamar a una acción unificada de todos los terciarios. La colaboración con las autoridades no es una salida para el movimiento estudiantil, debido a que ellas son las encargadas de aplicar las políticas antieducativas del Estado y sus gobiernos. Un centro de estudiantes comprometido con las autoridades no puede llevar a fondo los reclamos del movimiento estudiantil. Es preciso superar los límites que impone el Estado y las autoridades de Rectorado y Regencia para defender nuestros reclamos, con un centro de estudiantes que desarrolle una independencia política de las mismas. ¿Qué proponemos? Desde la agrupación Tendencia Educativa, entendemos que los estudiantes y docentes debemos debatir un programa para enfrentar esta situación, exigiendo al Estado que garantice el cumplimiento de todos nuestros reclamos a través de un aumento del presupuesto educativo. Es necesario que se garantice la entrega de computadoras a estudiantes y docentes (según la resolución 2020-7-GCABA-SSTES) de manera irrestricta, a la cual deben sumarse la entrega de módems y capacitaciones gratuitas para todo aquel que los necesite. Se deben extender y aumentar el monto de las becas Progresar y subsidios IFE para todos los estudiantes que no llegan a fin de mes, así como un salario mínimo igual a la canasta familiar para los docentes. Los mismos deben ser complementados con ayuda alimentaria para quienes la necesiten. También resulta necesario que se refaccione el edificio para que, cuando retomemos las cursadas presenciales, contemos con las condiciones idóneas de seguridad e higiene para no contagiarnos, así como los insumos necesarios y las aulas suficientes. Organicemos foros por carreras de estudiantes y docentes para debatir esta situación.

25 de abril de 2020
Bolsonaro "na corda bamba": se cierra una etapa en Brasil

“Hoy, nadie se atreve a decir en Brasil si Bolsonaro logrará terminar su mandato”, relata un corresponsal brasileño a La Nación (25/4). “Por otro lado”, agrega, “pensar que el jefe de Estado puede sobrevivir a las diversas crisis que sacuden a su gobierno ... parece casi imposible. Bolsonaro está acorralado”. El Financial Times observa algo parecido: “existe preocupación acerca de la estabilidad de la Administración” (24/4). El ex presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, por su lado, pide, lisa y llanamente, el reemplazo de Bolsonaro por el general Hamilton Mourão, el vicepresidente, en lo que constituye el llamado a un golpe de palacio inmediato, para evitar el largo proceso de un juicio político a cargo del Congreso. De confirmarse estas perspectivas, el fascistoide brasileño caería en medio de una ofensiva capitalista contra los trabajadores y una todavía débil resistencia de las masas - una consecuencia de las contradicciones insalvables de su gobierno y del impacto de la bancarrota capitalista internacional. Los señalamientos de nuestra Tendencia en la fatigosa polémica entablada en la izquierda han sido confirmados sin atenuantes. El gobierno de Bolsonaro ha estado envuelto en numerosas crisis, pero la que lo ha enfrentado al ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, en estos días, es la más decisiva de todas, porque involucra a quien jugó un papel fundamental en la destitución de Dilma Rousseff, primero, y en la anulación de la candidatura de Lula, con posterioridad, para las elecciones a presidente. Como fiscal del llamado Lava Jato, Moro ayudó a desmantelar a poderosas corporaciones brasileñas y a abrir el mercado de la construcción y del petróleo a las compañías internacionales. Moro trabajó con informaciones que le proveyó el Departamento de Justicia de Estados Unidos; una investigación del portal Intercept reveló hace poco que usó su posición judicial para conspirar políticamente contra el partido de los Trabajadores. Muchos observadores suponen que Bolsonaro no hubiera podido llegar a la presidencia sin Moro, lo que resume la enorme fractura de poder que ha causado su renuncia. El choque Bolsonaro-Moro constituye una radiografía del régimen político de Brasil. Bolsonaro se planteó poner tropa propia en la jefatura de la policía federal, y singularmente en Río de Janeiro y Pernambuco. Reclamó incluso la posibilidad de manejar de este modo operaciones de inteligencia interna, algo que la policía federal tiene prohibido, al menos formalmente. En su declaración de renuncia, Moro reveló que Bolsonaro pretende crear un ministerio de Seguridad, separado de Justicia, para mejor concentrar el espionaje político. El propósito de esta panoplia de medidas es proteger a las pandillas que dirigen sus hijos, comprometidos en actos de corrupción, pero especialmente en la organización de milicias, involucradas en acciones criminales y en el asesinato de la concejal y militante de derechos humanos, Marielle Franco. Carente de un partido o aparato político propio a escala nacional, Bolsonaro ha intentado crearlo desde arriba, bajo el control de una camarilla familiar. Esto explica sus constantes crisis con aquellos aliados en el Parlamento, que defienden sus propios apetitos. Este es el camino que han recorrido algunos gobiernos de derecha en Europa, que han sido caracterizados como ‘proto-fascistas’ o ‘pre-fascistas’, a pesar de carecer de lo fundamental del fascismo, que es una base de masas para destruir a la clase obrera como clase independiente. El sistema político brasileño se ha convertido, como resultado de sucesivas crisis, en un régimen de sellos, con excepción del partido de los Trabajadores, dejando un vacío que el bolsonarismo ha buscado colmar. La irrupción de la pandemia Covid-19, por un lado, y el desplome económico internacional, por el otro, han alterado radicalmente el escenario de esta crisis política. Bolsonaro ha chocado con los gobernadores de los principales estados de Brasil en torno a la aplicación de la cuarentena o distanciamiento social, a los que considera, sin más, una forma del comunismo. Como jefe de un régimen de camarilla en desarrollo, le ha escapado a una concertación nacional con otros jefes políticos, declarando su oposición a cualquier forma de reglamentación de la economía. Esto llevó a la renuncia del ministro de Salud, un bolsonarista de primera hora, partidario decidido de la cuarentena. Según observa el Financial Times, estos choques políticos han alimentado una enorme “tensión” a la crisis sanitaria; en Manaos (estado Amazonia) se cavan fosas comunes. Bolsonaro ha respondido a estos desafíos con bravuconadas que desprecian la protección de la salud, u otras que alientan la militarización política de Brasil. Bolsonaro despliega una confianza desmedida en que el temor a un vacío político disuadiría a sus rivales a asestarle un golpe de estado. En tanto distintas voces, incluso de izquierda, califican a la cuarentena como un “estado de excepción”, Bolsonaro, figura emblemática de ese “estado”, la denuncia como “comunista”. Los cruces políticos que culminan con la renuncia de Moro se producen cuando Brasil, como la mayoría de los llamados países emergentes (¿no sería más adecuado denominarlos ‘submergentes’?), sufren una salida masiva de capitales. En cuatro semanas el real brasileño pasó de 3,80 a 5,40 el dólar; el jueves 23, el Banco Central vendió u$s3 mil millones. Bajo Bolsonaro la economía no salió en ningún momento del estancamiento – ahora se viene una depresión. En respuesta a esta crisis, un sector del gabinete aprobó, sin la presencia del ministro de Economía, el ‘caputista’ Julio Guedes, un operador financiero, un aumento del gasto público del orden de los u$s5 mil millones para obras de infraestructura. Guedes lo denunció de inmediato como un refrito del gasto público de los gobiernos lulistas, lo que ha llevado a una mayoría de observadores a descontar que Guedes será el próximo renunciante. En cualquier caso, el derrumbe internacional ha puesto fin a las posibilidades de financiamiento internacional de Brasil, como impulsa el ministro. Una crisis de la política económica es un golpe en la línea de flotación del gobierno, que no puede ser separada de los reclamos para echar a Bolsonaro por sus operaciones clandestinas de gobierno. El silencio del PT, en la crisis, es ensordecedor. Ha tomado la decisión consciente de no postularse como alternativa de gobierno, por lo que tampoco moviliza políticamente. A último momento, Lula se ha pronunciado por el debate parlamentario del impeachment, “y que Bolsonaro se defienda” (Página/12, 24/4), lo que significa una dilación y una justificación del inmovilismo del PT, dejando deliberadamente la iniciativa en manos del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia. El escenario está ocupado por una cofradía de gobernadores sin articulación entre ellos, y un Congreso dividido en innumerables bancadas. La iniciativa se encuentra entonces en las manos de los militares, que deberán improvisar políticamente frente a la pandemia y la estampida financiera, en el caso de fuercen el reemplazo de Bolsonaro por su vice. El tablero internacional de América Latina se modificaría en términos por ahora imprevisibles. La izquierda y las organizaciones sindicales de Brasil no han ofrecido aún una caracterización de conjunto de este giro enorme de la situación política.

25 de abril de 2020
Médicos cubanos: trabajadores del mundo uníos

Los últimos días de cuarentena hemos asistido a una campaña abiertamente macartista impulsada desde el ´troll center´ de Patricia Bullrich contra la llegada de un contingente de entre 200 y 500 médicos cubanos a la provincia de Buenos Aires para asistir a los médicos locales durante la pandemia. Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, se subió a "la ola anticomunista" y twitteó: "Si nos faltaba algo...eran los médicos, espías, comisarios cubanos". Una preocupación un tanto curiosa en dos mujeres que fueron protagonistas en el "episodio Nisman", plagado de espías y servicios de inteligencia estadounidenses, israelíes y argentos. Pero parece que hay espías y espías. Con el argumento de que "son profesionales deficientes", "que no revalidaron su título", "que son guerrilleros" y muchos otros dislates en ese sentido, se desplegó una verdadera campaña en las redes sociales. La Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) solicitó al gobierno, en primera instancia, la revalidación de títulos de médicos de otros países latinoamericanos ya residentes en el país como los venezolanos antes que traer cubanos. Para hacer frente a la pandemia del coronavirus, la provincia de Buenos Aires lanzará una convocatoria para cubrir 4.580 puestos en el sistema de salud. En este marco el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó el ofrecimiento de Cuba, que puso a disposición una brigada médica de entre 200 y 500 profesionales. Lo curioso es que esta medida fuertemente criticada por las ex funcionarias macristas está siendo impulsada en CABA por el macrista Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno que quiso avanzar para levantar la cuarentena encerrando a los adultos mayores convoca a "médicos con y sin título revalidado en el país" para ejercer en su jurisdicción durante la pandemia. Una crítica selectiva. La realidad es que, digan lo que digan, falta personal sanitario, en especial si se reduce la jornada laboral, como corresponde, sin afectar los salarios - o si se tienen en cuenta los altos porcentajes de contagio que se están dando en el sector por falta de kits de prevención (barbijos, camisolines, alcohol en gel, testeos), inclusive muertes entre médicos y enfermeros. La llegada del contingente isleño podría ser un alivio para un cuerpo médico extenuado que aún debe enfrentar el pico de la pandemia, pero también deja expuesta la deficiencia y el desmantelamiento del sistema sanitario a lo largo y ancho del país durante las últimas décadas. Son aproximadamente cinco decenas de países los que reciben ayuda de los médicos provenientes de Cuba. Cuba tiene 9 médicos cada 1.000 habitantes, el porcentaje más elevado del continente americano. Los médicos cubanos no vienen a radicarse en Argentina, de modo que no hace falta una reválida, debería bastar con que hayan obtenido su título de acuerdo a las disposiciones de su país. Tampoco se trata de un contrato de trabajo personal con cada uno de ellos, de modo que tampoco podrían competir con los médicos locales en ese aspecto. Se trata de un convenio con el gobierno de la Isla, que luego paga salarios de acuerdo a la legislación o contratos locales. Fernández y Kicillof no han dado a conocer los términos del convenio: no se sabe el costo que representa ni el tiempo de vigencia del acuerdo. Es harto sabido, sin embargo, que el estado cubano se queda con la parte del león de los ingresos, como ocurre con el personal que emplean las empresas extranjeras en Cuba. Estamos ante un elevado impuesto a los salarios, que nosotros, como socialistas, rechazamos. La derecha no hace mención a este aspecto, ni tampoco los K, que cobran impuesto a los salarios en Argentina. Uno podría decir que todo esto es asunto de cada país, pero nosotros somos internacionalistas – no diferenciamos la exacción a la fuerza de trabajo por el lugar en que se perpetra la confiscación, ni los regímenes sociales que lo aplican, salvo que lo hayan votado por la clase obrera del país que se trate. Reclamamos entonces que los médicos cubanos reciban, cada uno de ellos, los salarios establecidos en los convenios laborales de médicos de Argentina. Es necesario que los profesionales de la salud argentinos, cubanos, venezolanos se organicen de conjunto en defensa de un convenio colectivo de trabajo que contemple condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas, la reducción de la jornada laboral a 6 horas para que puedan estar descansados, sin reducción de haberes, un salario acorde a la función que desempeñan y para que las ART reconozcan al Covid-19 como enfermedad laboral.

25 de abril de 2020
Habemus co-gobierno en Córdoba, desde Schiaretti hasta el PO “oficial”

El lunes pasado, la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura de Córdoba, aprobó un planteo del vicegobernador (a la vez presidente de la Legislatura) que reduce “el 45% de los salarios de los legisladores, autoridades superiores y funcionarios del poder legislativo por un plazo de cuatro meses. Acompañaron la iniciativa la UCR, Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica, Hacemos por Córdoba, el Encuentro Vecinal y –cómo- no el aparato del Partido Obrero, en la figura de su diputada “revolucionaria” (así fue calificada por Néstor Pitrola cuando asumió) Soledad García. “No apoyó” el decreto el MST-Nueva Izquierda. En realidad, no había nada que votar, porque esa Comisión de Labor no tiene facultades legislativas, es decir que se impuso una suerte de decreto-ley como ocurre en los “estados de excepción”. Quienes se indignan porque el Congreso de la Nación sólo funciona en lo relativo a las comisiones, han hecho lo mismo, sin mosquearse, en Córdoba, con el serio agravante de usurpar las funciones de la cámara legislativa provincial. La admisión de que Labor Parlamentaria puede sustituir el plenario de legisladores significa que estos son un cero a la izquierda y peones de sus respectivos aparatos. El Partido Obrero (O) ha admitido un parlamento que no funciona como tribuna donde colisionan posiciones de clase antagónica, sino como un cerrojo que no permite distinguir las razones del voto de unos y de otros. Esta violación de la democracia y del sistema parlamentario, y ni qué decir de los principios socialistas de delimitar las posiciones de cada clase, la perpetra un aparato que reivindica a esas instituciones como sedes de la soberanía popular, y que denuncia, ahora mismo, al gobierno de los Fernández por gobernar por DNU. Al tomar una decisión de gobierno por encima del parlamento, el aparato del PO se incorpora a un co-gobierno, mediante un acto de ‘unión nacional’ (en este caso provincial) con los partidos patronales. Al final, ¿’la pandemia no nos afecta a todos’? El FIT-U recibió otro golpe estratégico con la divergencia expresada por el MST-NI, como ocurriera cuando Izquierda Socialista se negó a votar, como sí lo hicieron el PTS y el aparato usurpador, la ley de emergencia alimentaria. Todo esto ha desatado una trifulca de ataques recíprocos dentro del FIT-U, de neto carácter faccional, pero que es una admisión irreversible de la justeza de las advertencias formuladas por nuestra Tendencia. En el caso que nos ocupa, el aparato del PO ha dado un quórum agravado al gobierno (en este caso al de Schiaretti), porque ahora admite la sustitución completa de la Legislatura por la toma de decisiones a manos de una Comisión formada por jefes de bloques. Las dietas de los diputados dependen de actos legislativos, de ninguna manera administrativos. Ajuste La reunión del vicegobernador Calvo con los jefes de los bloques legislativos estuvo precedida por el anuncio del gobernador Schiaretti de que se bajaría el 45% de su propio salario, lo que afecta los ingresos de todos los funcionarios políticos del ejecutivo provincial. Esta iniciativa de un amigo eterno de Macri se inscribe en una campaña nacional. Los cuatro diputados nacionales del bloque Córdoba Federal también “donaron” el 30% de sus dietas por cuatro meses; lo hicieron sin que lo ordene una Comisión de Labor. Rodríguez Larreta, por su parte, acaba de anunciar una reducción de salarios jerárquicos “voluntaria”, mientras congela al mismo tiempo las paritarias. Ninguna de estas medidas implica algún cambio, y menos a favor de la clase obrera. En Córdoba, la estafa de Schiaretti y Calvo se pone de manifiesto en lo siguiente: el “ahorro” representa míseros $13 millones de pesos por cuatro meses, mientras la provincia piensa pagar a fin de mes vencimientos del bono CO26 por $1.200 millones. Un legislador socialista debería denunciar públicamente la maniobra de los políticos patronales y reclamar el no pago de la deuda provincial. Ni siquiera está claro si los fondos “ahorrados” en la dieta legislativa serán reenviados al Tesoro, o permanecerán en la propia caja de la Legislatura para volver a los punteros patronales bajo otra forma. No hace falta tener la vista de un lince ni tampoco perspicacia, para caracterizar al decreto ejecutivo refrendado por los capos de bloque como un aval de puño y letra a los sueldos elevados de los legisladores, que recuperarían su poder adquisitivo dentro de 120 días. Nunca la izquierda firmó tal cosa en toda la historia – ahora viene a hacerlo la que reclama, como estrategia electoral y política que los legisladores ganen como un maestro. Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. ¿Dónde está la oposición obrera y socialista al estado burgués? Las medidas hipócritas, más que demagógicas, que pregona el gobernador apuntan a ‘aportar’ a la reducción de los salarios reales de los trabajadores públicos. Como el manejo del Tesoro de la Provincia es discrecional, y todavía más la Caja de la Legislatura, los punteros legislativos seguirán cobrando bajo cuerda, como ha ocurrido siempre en todos los parlamentos del país. El estudio jurídico que maneja al PO (O) de Córdoba, lo sabe mejor nadie. En Banco de Córdoba, Epec (electricidad) y Lotería, ya se aplicó el “tope” salarial de $102 mil, que ‘votó’ Labor Parlamentaria. El gobierno pretende “socializar el esfuerzo” entre los trabajadores provinciales. También fueron suspendidos 27 mil beneficiarios de planes sociales y de empleo. En los considerandos de la resolución del vicegobernador y presidente de la legislatura provincial, se señala que “la limitación de la actividad comercial, industrial y de servicios, han producido una caída sin precedentes en la economía nacional y provincial, provocando asimismo una reducción sustancial en los ingresos de la Provincia de Córdoba”. OBSÉRVESE BIEN QUÉ ES LO QUE AVALÓ EL APARATO PROVINCIAL DE NUESTRO PARTIDO: una reducción de sueldos como el resultado “inevitable” de la “reducción de ingresos”. Después de lo ocurrido en Chaco (otorgamiento de quórum para sancionar el Presupuesto de Capitanich), el Coquismo del aparato va por más. El oficialismo del Partido Obrero, en lugar de denunciar este entuerto, lo avaló, por temor, seguramente, a ser denunciados por convalidar los sueldos parlamentarios vigentes (por cuatro meses). Pero para eso debieron haber impugnado la extralimitación de esa Comisión, y discutir las diferencias políticas en el recinto de sesiones. El aparato razonó al revés: es mejor aprobar esto entre cuadro paredes para que no nos escrachen en una sesión. El FIT-U ha sido atrapado por su consigna de ‘ganemos como un maestro’, y ha estallado por los límites de esa consigna dentro de un estado burgués. No fue capaz siquiera de denunciar el carácter impostor de una medida que, limitada a cuatro meses, refrenda las dietas vigentes. En el FIT-U Los socios del PO en el FIT-U han rechazado la aceptación de la orden del gobierno, aunque de un modo vergonzante. El PTS, en un artículo de difícil lectura, señala que “esta medida es una deformación total de las políticas históricas del FIT-U”. Pero nadie entiende por qué una iniciativa del gobierno sería una deformación de las políticas de la izquierda … Debe querer decir que el planteo de Schiaretti no es una dieta igual al salario docente. ¿Pero el PTS esperaba eso de parte de gobiernos que reducen los salarios docentes? Izquierda Diario nunca explica ni informa a los lectores que la medida miserable (sic)… fue votada por la diputada que representa al FIT U en la legislatura de esa provincia, con toda conciencia de que la línea parlamentaria del PO (O) es la que defiende el PTS. Este enojo lleva a la sospecha de que el PTS hace lo mismo en las comisiones que funcionan en el Congreso, pero cuyas resoluciones no trascienden, ni en su contenido ni en su alcance legal. ¿A qué políticas históricas se refiere cuando ha ocultado lo ocurrido en el Chaco y luego hecho lo mismo con la reforma de jubilaciones especiales? “Políticas históricas” del FIT son por tanto una muletilla o abstracción, porque hace mucho que se ha impuesto en el FIT el cretinismo. El PTS ha dicho que tiene en estudio el tema Capitanich desde hace cuatro meses. Izquierda Socialista, por su lado, califica a la medida de “insuficiente y tramposa”, sin que se sepa cuál habría sido la suficiente y honesta, mientras ni menciona el ‘cogobierno de unidad provincial’ establecido en una Comisión que adhiere a decretos del Ejecutivo, como si fueran actos parlamentarios. El MST, por su parte, dice no apoyar el decreto “pero no porque estemos en contra de la rebaja” (nadie rechaza un descuento, ¿no?) sino porque es “pequeña, insuficiente y además temporal”. Ataca al PO (O) por “bajar propuestas históricas de la izquierda y diluirse apoyando medidas populistas”. ¿Esto es un frente? Discuten después de actuar, no antes, ni abriendo el debate, antes, a los militantes. Actúan como cualquier coalición pequeñoburguesa de arribistas. La táctica del frentismo es también un asunto de principios, porque ninguna ventaja práctica justifica adulterar los principios de clase ante los obreros. Lo ocurrido en Córdoba delata un escenario de desintegración del FIT U en su único terreno de actuación real -el parlamentario.

26 de abril de 2020
1° de Mayo: la lucha contra el capital es de vida o muerte
Partido Obrero

Este Primero de Mayo, el Día Internacional de Lucha de la Clase Obrera, encuentra al conjunto de los trabajadores ante uno de los mayores desafíos de su historia. La pandemia del coronavirus afecta a más de tres millones de personas y ha ocasionado 200.000 muertos. Como colapso sanitario, el coronavirus dejó al desnudo algo que todos sabíamos y padecíamos: el vaciamiento y la privatización de la salud pública. Hospitales sub-financiados; centros estatales de investigación deficitarios; privatizaciones en masa, en función de un lucro exorbitante; monopolización de la industria farmacéutica y medicamentos inalcanzables para la mayoría; pauperización del personal sanitario – en especial enfermeras y enfermeros, de servicios auxiliares y de la gran masa de médicos asalariados Hoy, los trabajadores de la salud se encuentran en la primera línea de la lucha contra la pandemia; tienen el mayor número relativo de infectados; se encuentran privados de los instrumentos elementales de su trabajo; pasan jornadas prolongadas en una labor que es cada vez más extenuante. La clase obrera está siendo duramente castigada por la epidemia, la más castigada. La cuarentena recomendada por la ciencia médica choca con las precarias condiciones de sus viviendas y de todo su vecindario; con la carencia de infraestructura sanitaria; con un desempleo creciente y permanente; con una carestía insoportable. La crisis de la fuerza laboral producida por la pandemia ha sido respondida por el capital con decenas y decenas de millones de despidos; suspensiones no remuneradas; e incluso con la imposición de continuar con el trabajo sin la reunión de las condiciones sanitarias adecuadas en los lugares de trabajo y en el transporte. Decimos que la lucha contra el capital es de vida o muerte porque la organización social y política vigente se ha mostrado incompatibles, una vez más, es cierto, pero a una escala global nunca vista, con la salud y la vida de los trabajadores. Al lado de las guerras de dominación de las potencias imperialistas entre ellas y contra las naciones oprimidas, al costo de centenares de millones de vidas, asistimos ahora a un nuevo choque -gigantesco- entre la organización social modelada por el capital y las condiciones mínimas de vida de las grandes masas. En oposición a esta masacre social cuyo final es desconocido, planteamos asegurar el derecho a la vida y a la salud, mediante el cumplimiento de las normas de distanciamiento social a cargo de los capitalistas y su estado. Funcionamiento exclusivo de los servicios esenciales; reducción de la jornada laboral a seis horas, en especial en la salud, sin afectar el salario; pago integral de sueldos con ajuste a la inflación; exámenes masivos de salud, tests y respiradores; sujeción de la salud privada al estado, bajo el control de los trabajadores; nacionalización del sistema bancario para financiar las cuarentenas, defendiendo al ahorrista pequeño y confiscando las grandes fortunas; repudio definitivo de la deuda pública financiera, que no ha servido más que para el enriquecimiento de una minoría capitalista y la colonización de las naciones de menor desarrollo. ¡La lucha por este programa ya se encuentra en marcha! Por primera vez ha tenido lugar una huelga internacional de trabajadores de entrega de comidas a domicilio. Lo mismo ha ocurrido en las fábricas automotrices de Italia y Estados Unidos, de correos en Gran Bretaña, de docentes que trabajan ‘en línea’, de grandes frigoríficos norteamericanos y varios de Argentina, en fábricas textiles que son forzadas a producir material para la protección ciudadana. Se desarrolla una resistencia creciente contra el intento de reducir salarios, de personal en actividad o suspendido. En todo el mundo, casi sin excepción, crecen las asambleas de trabajadores de la salud y las medidas de acción que van imponiendo a las patronales y al Estado grandes mejoras en el trabajo sanitario y en la provisión de instrumentos médicos. ¡Se desarrolla una lucha histórica del trabajo contra el capital y su estado, en el marco de una crisis existencial en el planeta! La clase obrera pugna por imponer su palabra en el destino de la humanidad. ¡En todas partes el Estado ha salido a rescatar al capital, el poder social abstracto de la riqueza acumulada, no a la fuerza de trabajo! Ese rescate significa una destrucción masiva de fuerzas de producción – despidos, cierres de fábricas, desmantelamiento de industrias. Estados Unidos ha emitido ¡seis billones de dólares!, no para desarrollar la producción sino para financiar su paralización, para salvar a los capitalistas, no a los medios de producción, que sólo son tales si se encuentran en movimiento. Vuelve a quedar claro que la preservación de las fuerzas productivas depende de que pasen al comando de la clase obrera en el mundo entero. La pandemia ha irrumpido en condiciones de una crisis excepcional del sistema capitalista y de una tendencia a su disolución. Las guerras económicas, que van escalando hacia mayores confrontaciones militares, son una prueba de ello. Los 280 billones de deuda mundial (más de tres veces el producto mundial de todos los países juntos) son una prueba de la bancarrota del sistema, pues no podrían ser canceladas por décadas por todas las ganancias capitalistas juntas. El 20% del capital mundial se encuentra, ahora mismo, en default. El capital y su estado se dicen a sí mismos: no tenemos condiciones de volver a la situación de dominación anterior a la pandemia, tenemos que aprovecharla para imponer una salida que destruya la mayor parte de las defensas de los trabajadores contra la explotación. La “reactivación de la economía” que proclaman los gobiernos como su objetivo fundamental, cuando rechazan las cuarentenas, o quieren abandonarlas o ‘mitigarlas´, es mentira; lo que hay por delante, como no se cansan de repetir sus economistas, es mayor ‘recesión’. Pretenden, en realidad, convertir el repliegue de la fuerza de trabajo en suspensiones o despidos masivos, reducción de salarios y mayor flexibilización laboral, o simple abolición de los convenios de trabajo. ¡El capital quiere usar a la pandemia para desatar una guerra de clase contra la clase obrera! No ofrecen una salida para la humanidad porque definitivamente no la tienen. El capitalismo se encuentra en un impasse mortal. ¡Que demostración más elocuente que los asaltos a aviones en los aeropuertos para secuestrar instrumentos de salud destinados a estados rivales! Este impasse enorme del capitalismo se manifiesta en las crisis políticas cada vez más numerosas que irrumpen en los estados más poderosos. Trump y Bolsonaro contra sus gobernadores; Piñera contra sus intendentes; los Fernández, en Argentina, asediados, por un lado, por la industria, la banca y el capital internacional para que desmantele la cuarentena y cancele los convenios de trabajo y, por el otro, por una multiplicación de luchas en defensa del ‘distanciamiento social’, del empleo, de los salarios, de las jubilaciones y de la convocatoria a las comisiones paritarias obrero-patronales. América Latina está a punto de asistir a la quiebra del gobierno más reaccionario del último tiempo, en Brasil. En este 1° de Mayo el grito de la clase obrera internacional debe ser, como nunca, Socialismo o Barbarie. La crisis que atraviesa la humanidad es imposible de negar – no la causa un virus, sino el medio social o la organización social, el capitalismo en decadencia, en el que se aloja ese virus. La crisis de la humanidad tiene una única gran causa: el capitalismo ha sobrevivido mucho más tiempo que el que históricamente correspondía. Las frutas podridas también sobreviven, pero indigestan o matan a quienes la consumen. La sobrevida anti-histórica del capitalismo obedece a derrotas sucesivas de intentos poderosos de la clase obrera para ponerle fin. Las derrotas enseñan, y lo que nos enseñan es la necesidad de desarrollar organizaciones revolucionarias de la clase obrera, y por sobre todo numerosos partidos nacionales y un partido internacional. Partidos obreros que organicen el combate de la clase obrera – no que lo sustituyan. Partidos que funden su disciplina en la elaboración colectiva de las experiencias de lucha y defiendan en forma tenaz la democracia obrera. Partidos que no usen la invocación al socialismo para medrar bajo el capitalismo; partidos ni electoreros ni parlamentaristas, que degeneran rápidamente en el arribismo. Partidos que entiendan que la iniciativa histórica ha pasado a la clase obrera, mientras el capital “marcha al abismo con los ojos vendados”. En este 1° de Mayo excepcional gritamos, más que nunca: ¡Proletarios y Proletarias de todos los países, uníos!

26 de abril de 2020
Acto 1° de Mayo

1° DE MAYO: LA LUCHA CONTRA EL CAPITAL ES DE VIDA O MUERTE Hablan: Ricardo Vásquez - Partido Obrero Revolucionario (Chile) Raffaele De Blasio – Prospettiva Operaia (Italia) Delia Carloni – Rivoluzionaria - Organizzazione delle donne lavoratrici (Italia) Álvaro Soto – Partido de los Trabajadores (Uruguay) Jorgelina Signa – Partido Obrero (Tendencia) (Argentina) Jorge Altamira – Partido Obrero (Tendencia) (Argentina) Miralo a través del Facebook de Política Obrera a partir de las 14h.

27 de abril de 2020
Salud: martes 28 jornada de protesta

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa) ATE y CTA Nacional han convocado a una jornada de aplausazo en la puerta de los hospitales para el próximo 28 de abril. La asamblea de residentes y concurrentes porteños votó en asamblea sumarse a esta iniciativa. Transcurridos un mes y medio de cuarentena, hay 3.435 infectados y 167 fallecidos, según el informe diario del gobierno nacional, de los cuales aproximadamente 500 son trabajadores de la Salud, el 14% del total. Cinco de ellos han fallecido. Sin embargo, hace más de veinte días, Fesprosa decía “Está en manos del Gobierno nacional presentar un informe sobre la disponibilidad nacional de EPP y los planes para cubrir los faltantes, así como garantizar la prevención, atención y reparación de los trabajadores de salud que enfermen durante la atención de la pandemia. No tenemos más tiempo, necesitamos respuestas ya” (Fesprosa, 5/4). Los gremios han convocado a esta jornada de aplausazo en los hospitales que replica lo hecho por los trabajadores de los hospitales Italiano, Ramos Mejía, Udaondo y Borda. La medida, sin embargo, no fue convocada por ningún plenario de delegados ni asambleas de base. La reacción de Fesprosa aparece cuando los medios de comunicación informan a la población de una ola de contagios que transforman a los hospitales en focos de infección y a los trabajadores como víctimas principales. La muerte del enfermero Silvio Cufré, víctima de la negligencia de las autoridades de una clínica de Brandsen que le negaron la licencia siendo grupo de riesgo, golpeó fuerte a la base de los trabajadores que se sienten desprotegidos. Esta medida, debe servir para abrir un canal de expresión a miles de trabajadores, presos de la complicidad de Sutecba, AMM, UPCN y demás burocracias con las direcciones hospitalarias. Desde Tribuna de Salud llamamos a colocar todos los esfuerzos en impulsar asambleas de base para discutir la situación y votar estas medidas y comités de crisis con elección de delegados de los trabajadores. Elementos de protección personal, equipamiento e insumos en todos los hospitales y centros de salud. Reconocimiento del coronavirus como enfermedad laboral para todxs lxs trabajadores de la salud. Reducción de la jornada laboral en salud a seis horas diarias sin afectar el salario. Apertura de nuevo turno. Salario, ART y obra social a concurrentes y becarixs. Pase a profesional en enfermería. Pase a planta permanente de todxs lxs precarizadxs y el personal tercerizado. Pase a planta a Residentes de 3er, 4to año y jefes. Guardias pagas. Recomposición salarial. Paritarias YA. Bono de Salud para todo el personal de la salud, sin atadura al presentismo. Comités de crisis con delegadxs electos por asamblea y con poder de veto.

27 de abril de 2020
Más casos de contagio en el frigorífico Morrone (ex Federal)
Osvaldo Britos

Al cabo de una semana desde la muerte del veterinario de Senasa que se desempeñaba en la planta del frigorífico Morrone (ex Federal), se conocieron nueve nuevos casos de coronavirus entre sus trabajadores y otra decena se encuentra internada con síntomas en espera de los resultados del hisopado -entre ellos, los delegados de la planta. Algunos de estos compañeros están en situación crítica. Morrone, detenido como consecuencia de las denuncias de los trabajadores familiares y vecinos del barrio, expuso a sus trabajadores a asistir al frigorífico sin desinfección previa ni implementación de ningún tipo de protocolo. Ahora, los obreros siguen padeciendo el completo abandono por parte del sindicato y los gobiernos nacional, provincial y municipal. En primer lugar, no se les realizaron los correspondientes test a todos ellos y a sus familias, sólo a aquellos que presentaron fiebre y tos. Por otra parte, al día siguiente del allanamiento, gran parte de los trabajadores se reunieron en la puerta de El federal por el pago de quincenas y semanas adeudadas, pero con la excusa de la detención del patrón, volvieron a sus casas sin haber cobrado. Cabe mencionar que los trabajadores en negro que habitualmente prestan servicios en la empresa son alrededor de 250 sobre una planta de alrededor de 400 obreros. Al igual que en el frigorífico Penta, los obreros en negro trabajaban por 80 pesos la hora. El movimiento dentro del frigorífico no cesó. Los vecinos han circulado fotos de camiones ingresando y saliendo del lugar, así como también han denunciado llamados de una tercerizada a jóvenes del barrio y a los trabajadores del Penta -en conflicto por la apertura de su planta- para que se retome la faena. Recobra fuerza la exigencia de desinfección del lugar y la zona, el reparto de kit higiénicos a sus vecinos con protocolo de salubridad en el barrio y los trabajadores. Una vez que esto suceda y luego del análisis correspondiente a todos los trabajadores -a quienes se les debe garantizar su puesto de trabajo y el salario durante el proceso-, el retorno a las tareas debe contemplar el reparto de las horas de trabajo para que la exposición a la posibilidad de contagio sea menor y el distanciamiento y medidas de salubridad sean efectivos. Que se paguen el 100% de los salarios a los 400 trabajadores. Test para los 400 obreros, sus familiares y los vecinos del barrio La Paz. Protocolo de higiene y seguridad industrial al interior del frigorífico. Desinfección general del barrio para combatir el virus.

27 de abril de 2020
Trabajadores aeronáuticos en tiempos de Pandemia
Corresponsal, trabajadora de Aerolíneas Argentinas

En medio de esta pandemia, los trabajadores aeronáuticos cumplimos un rol fundamental para garantizar repatriaciones de más de 25 mil pasajeros varados en el exterior, el traslado de personas dentro del país, la búsqueda de respiradores y material sanitario a China (el caso de Aerolíneas Argentinas) y el traslado de órganos del INCUCAI. Siendo que fuimos los primeros expuestos al Coronavirus, cuando recibíamos y trasladábamos argentinos que venían de países con gran cantidad de contagiados como Europa o Estados Unidos, y compartiendo las mismas instalaciones que los pasajeros en los Aeropuertos, las aerolíneas recién entregaron los elementos de protección mínimos cuando los trabajadores lo exigieron. Nos adaptamos a protocolos cambiantes y descoordinados entre las empresas y Sanidad, y tuvimos que poner la cara frente al malestar de pasajeros. En el caso de los más precarizados, como los de limpieza o seguridad, los propios trabajadores debieron auto proveerse del material y no tuvieron el derecho a pedir licencia en caso de ser población de riesgo o cuidado de menores. Ante la exigencia de realizar test masivos a todos los trabajadores de los aeropuertos, ningún sindicato y mucho menos las empresas o el Gobierno lo consideraron necesario. Crisis aerocomercial global Un informe de la IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo) alertó que a raíz de la inactividad que generó la pandemia peligran 25 millones de empleos en la industria aerocomercial en todo el mundo (*), cuando esta misma organización demostró que en los últimos años la actividad aérea generó balances positivos millonarios para las aerolíneas con aumento del tráfico aéreo y ocupación casi total en los aviones. Ahora mismo, los precios de los combustibles (el insumo más importante) se encuentran por el suelo. Al igual que el resto de las empresas, los CEOS de las aerolíneas, ante el parate de actividad impuesto por la cuarentena, en seguida atacaron los salarios, convenios y puestos de trabajo a nivel mundial. En Estados Unidos, las aerolíneas más importantes, como American Airlines o Delta, aplicaron despidos masivos, suspensiones sin goce de sueldo por un año y reducción de todas sus operaciones. En Europa el panorama es similar y todas las aerolíneas privadas salen a pedir el rescate del Estado para no ir a la quiebra. En Argentina, los ataques a los trabajadores son los mismos. En el caso de la Aerolínea LATAM, inmediatamente después de decretarse la cuarentena, anunció a los 40 mil trabajadores de la compañía a nivel mundial que reduciría los salarios a la mitad por tres meses y amenaza con despidos. En el caso de los trabajadores del Free Shop, la empresa extorsiona a los trabajadores a aceptar la rebaja del 30 por ciento de sus salarios. También hubo casos de despidos en la tercerizada GPS que garantiza la seguridad de los vuelos, después de que los trabajadores se organizaron en asamblea para exigir materiales de protección; tras una intensa lucha lograron ser reincorporados. Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, pese a que el gobierno de Fernández prometió recuperar la aerolínea de bandera tras 4 años de vaciamiento macrista, recibimos una carta del presidente de la empresa que alerta que la aerolínea ya no va a ser como antes debido al déficit que se encuentra, y nos invita a “adaptarnos” a lo que se viene. El mismo dirigente sindical de tripulantes de cabina que nuclea los trabajadores de las principales aerolíneas del país, Juan Pablo Brey, indicó que hay que sentarse a negociar recortes y que el achique es una realidad. El transporte aéreo en nuestro país genera 71 mil puestos de trabajo y contribuye con 12 mil millones de dólares al PBI (**). Ante este ataque abierto contra los trabajadores aeronáuticos, es fundamental que exijamos a nuestros sindicatos que no aceptaremos ninguna rebaja salarial, recortes en nuestros convenios ni despidos. Que se hagan cargo de las pérdidas las aerolíneas que durante años lucraron millones a costa de nuestro trabajo con horarios y francos tan sacrificados. También debemos pelear para garantizar la actividad aérea en condiciones de absoluta seguridad ante la circulación del virus y licencias para todos los trabajadores en edad de riesgo y cuidado de menores. Para ello, es fundamental que impulsemos comisiones de seguridad e higiene independientes de la burocracia y el gobierno para que, junto con profesionales de salud, podamos definir en asambleas cuales son los métodos de cuidado que necesitamos. Para que esta crisis no la paguemos con nuestros bolsillos y calidad de vida, hay que organizarnos y salir una vez más, a dar la pelea a las pistas. (*) IATA, comunicado n°28. www.iata.org. 7/12/2020 (**) IATA Argentina, Oxford economics www.iata.org. 19/12/2019

27 de abril de 2020
A 105 años del genocidio armenio

La antesala de la masacre más grande del pueblo armenio tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, cuando comenzó la persecución por parte del Sultanato a aquellos armenios que comenzaron a organizarse y a cuestionar su lugar dentro del imperio Otomano. Una serie de levantamientos en los años 1894-1896 dieron lugar a lo que se conoce como las Masacres Hamidianas: entre doscientos y trescientos mil armenios fueron asesinados en los territorios de Zeitun, Sasun, Urfa, Van y Constantinopla. Años más tarde, se produce la “revolución de los Jóvenes Turcos”, en un intento fallido de superar el estancamiento del Imperio y su fracaso en la guerra de los Balcanes. Esto dio lugar a que, tras el golpe de Estado del 1913 y en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, Turquía adopte un sesgo nacionalista aún más pronunciado, en la búsqueda de un “imperio homogéneo”, negando y exterminando a las minorías dentro del territorio. El 24 de abril de 1915 el gobierno otomano de los jóvenes turcos iniciaba oficialmente lo que hoy conocemos como el primer genocidio del siglo XX, ordenando la detención y asesinato de cientos de líderes políticos e intelectuales. Prosiguió en un plan sistemático de exterminio donde fueron asesinados y deportados más un millón y medio de armenios en el lapso de ocho años. Primero comenzaron con los hombres, luego siguieron con las mujeres, niños y ancianos. Durante todo el siglo XX el genocidio armenio fue invisibilizado deliberadamente por parte del imperialismo, que no sólo guardó silencio mientras la masacre se llevaba a cabo, sino que también fue cómplice. Es el caso del Imperio alemán, que proveyó armamentos al imperio Otomano. En la actualidad, Turquía no sólo es un aliado militar clave de la OTAN, por la posición estratégica que ocupa, sino que también es un gran socio comercial de las potencias imperialistas. Es por eso que muchos países siguen ejerciendo el silencio o la minimización de los hechos en defensa de sus intereses: son menos de 30 los países del mundo que reconocen el genocidio como tal. En cuanto al Estado turco, el cual sienta sus bases en este genocidio y en el gran proceso de acumulación de capital basada en la masacre de pueblos y la apropiación de sus bienes, aún niega sistemáticamente el carácter de genocida de estos hechos aberrantes. En este nuevo aniversario, la lucha contra la impunidad y el negacionismo sigue vigente y se suma a las tantas otras luchas actuales a nivel internacional por los derechos humanos, como la masacre de la cual está siendo víctima el pueblo palestino a manos del sionismo.

27 de abril de 2020
Coronavirus en la Maternidad Ana Goitia
Corresponsal

La situación de los trabajadores de la Salud en la provincia de Buenos Aires es totalmente deplorable. Así lo demuestra el caso del Hospital Materno “Ana Goitia” de Avellaneda. El primer caso positivo fue determinado los primeros días de este mes. Al día de hoy, ya son nueve las personas contagiadas de Covid-19 en la maternidad. Hay una trabajadora en estado crítico, asistida con respirador, internada en el Sanatorio Itoiz. Queda expuesto que los Hospitales no se encuentran preparados para enfrentar esta crisis sanitaria. El faltante de los elementos esenciales para el resguardo del personal que trabaja es gravísimo. Por ejemplo, los barbijos se otorgan a razón de una sola unidad para toda la jornada laboral, que es de ocho a doce horas por turno. Podemos nombrar también el alcohol, tanto en gel como al 70%, que se entrega en forma controlada, cada diez días y no se puede volver a solicitar en un lapso más breve. Esta situación determinó que en el hospital haya cada vez más contagios de Covid 19. El marco de la Emergencia Sanitaria en la provincia dio lugar a la suspensión de las Licencias y Permisos, por lo cual, muchos trabajadores no pudieron gozar del descanso correspondiente, y siguen trabajando a destajo, sin las condiciones adecuadas para enfrentar el día a día, de la pandemia. A esto se suma el recorte de personal licenciado por ser personal de riesgo, por Covid-19 positivo o que se encuentra en aislamiento preventivo. La obra social IOMA no siempre nos cubre las consultas y estudios que debemos realizarnos por posible contagio. Las dificultades con IOMA vienen de hace un largo tiempo -estudios rechazados, cobro de aranceles, trámites en la sede para autorizar estudios, y otros inconvenientes más. Pero en este momento particular, IOMA no siempre cumple con los requerimientos que debe, como la asistencia en el domicilio de los afiliados en caso de sospecha de contagio y el traslado hacia el lugar de asistencia. Por cada caso, se aíslan por contacto estrecho a cinco trabajadores o más, lo cual hace que el trabajo diario de cada trabajador sea más intenso -mayor carga de trabajo-, con el miedo a cuestas de ser un posible contagiado. Además, está el problema del testeo ineficiente, tanto a nivel ministerial como por la Obra Social, que no siempre acude con los medios necesarios para realizarlos, lo que obliga a los afiliados a dirigirse a algún centro de salud, contra todo lo recomendado. Esta es la realidad que venimos denunciando desde que comenzó la pandemia. Los sindicatos Médicos, Cicop y AMRA en el Hospital Goitia no tienen representantes. Los sindicatos de los No Profesionales, como ATE y Salud Pública, que sí tienen representación gremial, están totalmente alineados con la Dirección, por lo que cualquier reclamo, sea de una persona, de un servicio, o de varios en general, quedan sin respuesta, dejando a los trabajadores en condiciones de cuidado desfavorables para la labor diaria. Cabe aclarar, que todos estos reclamos fueron realizados en tiempo y forma a las autoridades del establecimiento en reiteradas ocasiones, pero no hemos recibido respuestas favorables. A medida que pasa el tiempo, el trabajo diario de los administrativos y administrativas, enfermeros, técnicos, camilleros, vigilancia y profesionales médicos y no médicos, se nos hace más complejo y dificultoso, lo que trae aparejado, además del cansancio, malestar, bronca, e indignación, sobre todo miedo, incluso pánico de ir a trabajar. Nos tratan como trabajadores esenciales, y queremos trabajar en las condiciones que se recomiendan, con barbijos, guantes, alcohol, cofias, y todo lo necesario para poder cuidarnos de nosotros mismos, de los pacientes y de nuestras familias. Reclamamos: · SOLUCIÓN URGENTE del Estado, tanto Municipal, como Provincial y Nacional, garantizando los insumos necesarios. · Derogación del Decreto 412/2020 de suspensión de la Licencias y Permisos. · Testeo preventivo semanal para todos los trabajadores de la Salud. · Medidas de prevención claras, con los insumos correspondientes y suficientes para todos los trabajadores. · Testeo inmediato para todos los agentes, que tuvieron contacto estrecho con los contagiados. · Exigimos un plus salarial que pase al salario básico, para todo el personal de la salud, para poder afrontar la emergencia sanitaria vigente. Dado que, si no nos otorgan los insumos suficientes, debemos comprarlos por nuestros medios. · Asistencia psicológica gratuita para poder enfrentar todos los días situaciones de gran riesgo para nuestra salud. · No al pago de la deuda usuraria. Mayor presupuesto para la salud.

27 de abril de 2020
Devoto: escala el conflicto en las cárceles

El viernes 24 se produjo un motín en la única cárcel de la ciudad de Buenos Aires, Devoto, para exigir acciones urgentes y concretas frente a la pandemia del Covid-19. Esto ocurrió, en primer lugar, como consecuencia de la falta de respuesta a los reclamos de los presos, que ya llevan más de un mes en el contexto de la crisis sanitaria, en el cuadro de hacinamiento que viven desde hace años. En la protesta también se reclamó por el asesinato de dos detenidos, Federico Rey y José Candia, -uno en la unidad N° 23 de Florencio Varela y otro en la Unidad N° 1 de Corrientes-, producto de sangrientas represiones dentro de los penales durante esta semana. La situación que se vivió en Devoto es parte de una cadena de levantamientos y protestas que se vienen llevando adelante hace más de un mes en el marco de la crisis sanitaria. Los primeros reclamos exigían elementos de protección e higiene, protocolos para el personal del servicio penitenciario y solución al problema principal, que es el hacinamiento por la alarmante superpoblación de las cárceles. Ante la falta de respuestas y con los primeros contagios entre los guardias. y tras confirmarse el primer contagió de un recluso, en el penal de Varela, se organizó una masiva huelga de hambre en varias unidades del país sumando a las exigencias: hisopados para todos, elementos y medios para comunicarse con sus familiares y que se concreten las prisiones domiciliarias a los pacientes de riesgo, a los que se suman los detenidos con condenas cumplidas a la espera de que se les autorice la salida. “No queremos morir presos” La toma de pabellones y motines se sucedieron en La Plata, Corrientes, Florencio Varela y Devoto. Hasta ahora, el saldo es de al menos dos reclusos asesinados por balas de plomo por parte del Servicio Penitenciario y la policía, y decenas de heridos en las violentas represiones. También detuvieron a familiares que se acercaban a la puerta de las cárceles a repudiar la represión. La preocupación para las autoridades no es menor: la gran población carcelaria se está organizando detrás un pliego de reivindicaciones en común, unificando las acciones de visibilización del conflicto, con consignas y reclamos. La crisis en el ministerio de Justicia llevo a la remoción de la cúpula del penal de Varela y a más de un centenar de sumarios al personal penitenciario de ese penal, aunque aún sin detenidos por las muertes de Federico y José. Acuerdos y promesas Buscando una tregua, las autoridades se apresuraron en redactar un precario acuerdo que expresa un puñado de promesas repetidas. Como novedad, se estableció una mesa de diálogo con los internos. El acuerdo fue firmado dentro del penal de Devoto mientras la policía detenía familiares en la puerta de los penales y reprimía a los presos. En esa mesa de diálogo, los representantes de los detenidos dejaron claro que este es un problema general que excede los muros de la cárcel de Devoto. Los resultados de las negociaciones fueron la conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario compuesto por las partes presentes en la reunión, a excepción de los magistrados, que atienda la situación judicial y administrativa de la población carcelaria con el fin de lograr la liberación o prisión domiciliaria a los presos mayores de 60 años, afecciones crónicas de riego ante el Covid-19, mujeres embarazadas o con hijos, beneficiarios de libertad condicional o asistida, en proceso de salidas transitorias, condenas menores a 3 años, extranjeros con trámites de expulsión y detenidos preventivamente sin condena hace más de 2 años. Este último ítem es la conquista más significativa, ya que puso en el debate la situación de miles de personas encarceladas durante años sin condenas firmes. Las autoridades se comprometieron a tomar medidas excepcionales contra el hacinamiento y brindar mayores elementos de higiene. El sistema carcelario es una cruda expresión del régimen actual. La combinación del aumento de la pobreza, el vaciamiento de la educación pública, las zonas liberadas al narcotráfico y el aumento de los aparatos represivos y la persecución dan como resultado cárceles abarrotadas de presos por delitos menores como robos simples y los últimos eslabones de las redes de narcotráfico. En su inmensa mayoría pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad. Cárcel a los responsables materiales y políticos de los presos asesinados.

27 de abril de 2020
Repartidores: otra muerte

Franco tenía 20 años y trabajaba en ‘Pedidos Ya’ en zona sur de la provincia de Buenos Aires. Realizaba repartos en su moto y fue atropellado por un automovilista que huyó. El gobierno les ha dado luz verde a estas empresas de reparto mediante aplicaciones. Así conchaban a miles de jóvenes bajo condiciones de total precarización laboral. Sin ningún convenio de trabajo, sin obra social ni salario acorde ni mucho menos protocolos de salubridad, muchos menos la posibilidad de sindicalizarse. Sus actividades han sido exceptuadas desde el inicio de la cuarentena. En Quilmes, donde ocurrió la muerte de Franco, el gobierno -en sus tres niveles de gestión- siguen dándoles la espalda a los trabajadores, dejándolos en manos de la impunidad patronal que los expone al peligro de la pandemia y los somete al trabajo en negro, con total desprecio por las normas de salubridad. La muerte de Franco, al igual que la de Emma en Rosario, plantean la necesidad de la organización de la juventud super explotada por las condiciones laborales y sanitarias. El paro internacional de repartidores el pasado 22 de abril, y anteriormente las medidas tomadas de los repartidores santafesinos y marplatenses, marcan el camino que debemos profundizar con un programa integral y un plan de lucha.

27 de abril de 2020
Acerca de la grave situación en las cárceles
Hernán Moreno

Hoy viernes 24 de abril, el penal de Devoto y la represión a los internos, vuelve a mostrar el constante proceso de hostigamiento y segregación que viven quienes están detenidos. Ante el agravamiento de las condiciones de vida de los reclusos en los distintos penales del país, que la peste del covid 19 vino a exponer sin tapujos, condiciones que producen necesariamente una reacción de los internos, en mi rol de Sociólogo, docente de la UBA, y el Programa UBA XXII, sumo una reflexión sobre la cuestión. Es indispensable y urgente expresar el más enérgico repudio a la represión como única vía de respuesta de las autoridades tanto del SPB, como SPF, y de todas las jurisdicciones, a los justos reclamos de los detenidos para que se respeten sus derechos, y especialmente en este contexto sanitario, donde ya está circulando el virus, lo cual generará un aumento sustancial de muertes, debido a las pésimas condiciones de salud (muchas enfermedades pulmonares, cardíacas), de muchos de quienes conviven en las cárceles. Quienes transitamos hace años los pasillos y espacios de las cárceles, conocemos de primera mano la manera en que se construye una otredad negativa, inferior, y estigmatizante desde las autoridades para con los detenidos, y su manifestación cotidiana en los modos en que los cuerpos se distribuyen, se relacionan en un espacio social controlado, y como consecuencia, ensayan acciones sea individuales, o colectivas, de resistencia, y reestructuración de sus identidades. Los fenómenos de copresencia, de conciencia práctica, de tensar y habilitar los procesos de cambios en la estructura normativa y corporal, son parte de las estrategias de supervivencia en un entorno hostil. Hoy como hace semanas la “normalidad” dentro de las cárceles, dejó de serlo. La disputa por el sentido del quehacer cotidiano, de la obediencia a las reglas muchas veces absurdas y con el objetivo de degradar los cuerpos, se quebró. El campo fértil de contagio en las unidades reavivó la llama de los que, nos enseñan las más de las veces a nosotros, los “profes”, sobre el leit motiv de la sociología que enseñamos: desafiar lo dado, incomodar, desnaturalizar lo evidente, mostrar que está oculto detrás de las instituciones, de las reglas, de la autoridad. Más que nunca es urgente traslado de los detenidos a espacios donde se reúnan un mínimo de condiciones sanitarias que les aseguren un trato igualitario con el resto de la sociedad, y no ser tratados como ciudadanos de segunda. Así mismo es indispensable, el cese de las prácticas de hostigamiento y persecución, para con la población carcelaria toda, y el urgente respeto por el resto de los derechos humanos que gozan todos ellos, y que, como queda más que evidente, el hacinamiento, la falta de recursos sanitarios, edilicios, una deficiente alimentación, atentan fuertemente contra la salud de los detenidos, ubicándolos como población de riesgo frente a la pandemia. La defensa irrestricta de los derechos humanos de todos por igual es tarea necesaria en estas épocas de crisis y reconfiguración de los lazos sociales, para evitar que se perpetúe la desigualdad y la representación propia del sentido común, que construye en los reclusos una identidad amenazante y que se monta al aparato discursivo con tintes fascistas, que hace eco en sectores de nuestra sociedad.

27 de abril de 2020
“Atención Virtual”: una vía muerta de reclamo por el subsidio IFE
Pablo Fridman

Con un dilatado cronograma, que se extiende desde el 22 de abril al 20 de mayo, el gobierno anunció la habilitación de una nueva vía de reclamo, la ‘Atención Virtual’, para la revisión de las solicitudes de IFE que fueron rechazadas. Se trata de nada menos que de un universo de cinco millones de personas. La medida está orientada, en particular, a “evaluar problemas relacionados con la falta de actualización en la base de datos de la Anses” (Infobae, 22/4), en la cual el organismo estatal restringe la instancia de revisión a un cupo diario de hasta 25 mil reclamos, para procesar a través de ‘Atención Virtual’ y en el horario de 8 a 16. Se establece, entonces, un filtro brutal de antemano que deja afuera a 9 de cada 10 solicitantes, ya no del cobro del ‘beneficio’ sino del mecanismo mismo del reclamo individual. En efecto, de un total de más de 12 millones de inscripciones al 15 de abril -de los que poco más de 2 millones de beneficiarios de AUH y AUE percibieran un cobro automático por el mes de abril-, unos 5 millones (un 50%, descontando el primer sector) supuestamente no reunieron los requisitos exigidos por Anses. Los 500 mil reclamos contemplados en la 'Atención Virtual', que ni siquiera cubren los errores de la base de datos del organismo -alrededor de 600 mil casos reconocidos- exime, por otro lado, de toda revisión a: Cerca de 3 millones de trabajadores que fueron rechazados por registrar ellos mismos, o algún integrante en su ‘grupo familiar’, un trabajo en relación de dependencia, ser monotributistas en categoría C, autónomos y/o percibir un beneficio previsional, indistintamente que el salario y la jubilación mínimos no lleguen a cubrir el costo de la canasta básica familiar; Otro millón de entre los que Anses detecta por grupo familiar más de una solicitud (‘liquidado a titular de grupo familiar’) o por registrar ingresos, gastos o bienes en la AFIP sin importar, en el último caso, que una franja considerable de trabajadores activos cuenta con un vehículo o una propiedad a su nombre, en los que ha empeñado ahorros o por los que se encuentran endeudados; Los 500 mil casos restantes rechazados nuclean a quienes presentan ‘planes sociales incompatibles’, seguros de desempleo o no reúnen los dos años de residencia legal efectiva, excusa esta última que choca con la realidad de centenares de miles cuya residencia legal consta en el RENAPER, una discriminación deliberada a los extranjeros. Si bien, producto de centenares de denuncias, se ha dado marcha atrás a la incompatibilidad aludida sobre 13 subsidios alimentarios (Ámbito, 16/04), la restricción sigue vigente para los beneficiarios de los planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, como Plan Hogar (un subsidio a la garrafa de... ¡$200 por mes!). Los días posteriores al anuncio estuvieron cruzados por la incertidumbre y desesperación por parte de los aspirantes al IFE, en gran parte trabajadores informales y desocupados que habitan las barriadas y villas miseria, ante la ambigüedad de los informes oficiales como por el precario o nulo acceso a la conectividad. El trámite, de prosperar, y en el caso de ser uno de los diez aspirantes cuyos datos figuren erróneos de acuerdo a Anses, continúa teniendo que adjuntar fotos del DNI y debiendo completar engorrosos formularios. El hecho de que se realice de forma digital representa, en muchos hogares, un inconveniente más. Este proceso de reclamos se desarrollará en el plazo de un mes -una eternidad para trabajadores sin otro ingreso. Los reclamos por vía virtual por un subsidio insuficiente de por sí para paliar la estampida de los precios y la falta de ingresos para una abrumadora mayoría, significa dejar al borde de la inanición a millones de trabajadores. El desconocimiento de la deuda externa pública, cuyo pago es la piedra angular de la política de Fernández y Guzmán, representa una salida estratégica frente al default que se descarga sobre los trabajadores. Denunciamos e impulsamos el reclamo de todos los trabajadores exceptuados del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia.

27 de abril de 2020
La ocupación de Bed Time: una lucha estratégica contra los ataques patronales
Nelson Pacheco

La ocupación de la fábrica de colchones Bed Time, ubicada en Tigre, ha sido la respuesta de sus trabajadores a la extorsión patronal. La patronal condiciona el pago de salarios adeudados a la firma de una propuesta extorsiva: 50% de rebaja salarial o 50% de despidos con 50% de indemnización. La ocupación de Bed Time es una certera respuesta de lucha contra esta extorsión, por la defensa de las condiciones laborales y de una organización obrera que, a lo largo de 12 años, atravesando importantes experiencias de lucha, arrancó conquistas que, antes y después del cambio de firma (antes se llamaba Tempur -Sealy), las patronales han intentado liquidar. La línea dura de la patronal expresa en esencia los objetivos del conjunto del capital: llevar a cabo un ajuste de cuentas contra la clase obrera que no ha logrado imponer. La pretendida reforma laboral quedó fulminada tras la rebelión contra la reforma jubilatoria a fines de 2017. Desde entonces, las patronales han tenido que avanzar convenio por convenio, lo cual ha sido posible gracias a la complicidad de la burocracia sindical. Bed Time concentra todas las cuestiones fundamentales que importan al conjunto de la clase obrera en la situación actual. Esto la convierte en una lucha estratégica, cuyo desenlace tendrá implicancias para el conjunto del gremio plástico y otros sectores del movimiento obrero. El gobierno de Fernández colocó en su agenda este reclamo de las cámaras empresarias, condicionado por el fracaso de Macri: una reforma laboral a la carta, al gusto de cada cámara patronal y con la firma de los sindicatos, lo que colocaba a la burocracia en posición de negociar prebendas. La pandemia aceleró los tiempos y ahora las patronales quieren ir por todo. La postura extorsiva e intransigente de la patronal de Bed Time expresa esta cuestión fundamental que abre una lucha de fondo entre el capital y la fuerza de trabajo. La respuesta de los trabajadores ha llegado justo a tiempo: no solo enfrentaron las provocaciones preparando a la asamblea con medidas progresivas, sino que, frente al primer indicio, votaron la ocupación para evitar el vaciamiento. Luego de presionar para conseguir la habilitación y la reapertura de la planta en medio de la cuarentena, utilizando como pretexto la fabricación de colchones de línea económica para abastecer a hospitales y municipios para asistencia social, inmediatamente pusieron a los trabajadores a producir colchones premium para stockear. Ante las excusas, y en oposición a esto, la propuesta obrera fue la de redireccionar la producción hacia el sistema sanitario, cuestión que ni siquiera fue puesto en consideración. La miseria del patrón se muestra por partida doble; les importa un bledo la salud del prójimo, incluidos los trabajadores de su propia planta. La insolvencia ha sido la excusa de la patronal para no pagar los salarios. Sin embargo, de solo evaluar las ganancias fabulosas que obtuvieron años anteriores, que rondaban los 300 millones por año, es evidente que pretenden un el reordenamiento a favor suyo de las relaciones laborales a costa de las condiciones de trabajo. Intentan financiar con salarios una futura reactivación que ni ellos creen posible. Los ataques a las condiciones de trabajo se dan en prácticamente todos los gremios, con la complicidad u omisión de la burocracia y el gobierno. La ley “anti-despidos” de Fernández les sirvió en bandeja la puerta de emergencia por donde evadirse de la mentada prohibición a través de acuerdo con la burocracia (Art 223 ley 20.744). Es lo que sucedió en Techint y tantas otras empresas. En el gremio plástico la burocracia se desdijo luego de firmar acuerdo de rebaja salarial al 70% para sus afiliados porque la bronca no paraba de crecer entre trabajadores, comisiones internas y hasta sindicatos provinciales. Esta situación está sacando a la luz a un activismo que despunta una potencial oposición a la burocracia. Es preciso establecer una política agrupamiento sobre la base de reuniones y plenarios con los activistas que se reagrupen a partir de la solidaridad con la ocupación. La lucha de Bed Time debe ser el eje de ese reagrupamiento y una referencia para el conjunto de las luchas en curso y las que ya vienen.

27 de abril de 2020
Intento de femicidio en Presidente Perón: la responsabilidad del Estado

El viernes 24 de abril, una noticia sacudió a los vecinos del barrio La Yaya, en Presidente Perón. Una mujer, jubilada, de 65 años, fue golpeada y violada por un vecino que arreglaba el jardín de su casa. El femicida, al creerla muerta, intentó enterrarla en un pozo que cavó en el fondo de la casa. Al recobrar el conocimiento, la mujer logró escapar. El femicida se dio a la fuga, no sin antes robarle sus pertenencias. Los vecinos de la víctima acuden en su auxilio, y a las pocas horas de hacer la denuncia, el femicida es detenido. Esta noticia, que estremece por su brutalidad, tuvo como víctima a una compañera del Polo Obrero (Tendencia) en Presidente Perón. La causa fue caratulada como "Tentativa de homicidio agravado por su condición de mujer, abuso sexual con acceso carnal y robo agravado con lesiones". La misma se encuentra en la UFI N°1 de Presidente Perón. Pero ahora viene toda una lucha para que se resguarde su integridad, física y psicológicamente. En primer lugar, porque nuestra compañera vive sola, y hasta el momento no cuenta con una custodia en su hogar. Y, en segundo lugar, porque fue derivada a La Plata para hacerse todos los estudios médicos y psicológicos. Para una mujer, jubilada de 65 años, es una burla que la hagan viajar durante más de horas, sobre todo siendo persona de riesgo en esta pandemia. Desde la Tendencia del Partido Obrero exigimos que esto se solucione de manera inmediata. Y hacemos responsable a la intendenta Blanca Cantero por la seguridad de nuestra compañera. Este hecho deja al descubierto la pandemia silenciosa de la violencia, que viven las mujeres a diario. Pero mucho más para las adultas mayores. Desde la propia violencia verbal y física que viven en sus propias casas, donde muchas veces se espera el cobro de la jubilación de la "abuela", aunque sea una miseria. O los geriátricos, donde los jubilados son arrojados, y hoy son las principales víctimas del coronavirus. Y, como en el caso de nuestra compañera, las jubiladas que viven solas y son presa fácil del lumpenaje barrial. Queremos remarcar la solidaridad permanentemente que rodea a nuestra compañera. Una muestra de la importancia que tiene el planteo de los comités barriales y las comisiones de mujeres. Desde la Tendencia del Partido Obrero volvemos a exigir que se condene al acusado de intento de femicidio y que se mantenga esa carátula. También exigimos un subsidio igual a la canasta familiar, asistencia médica y psicológica.

27 de abril de 2020
Textil iberoamericana: peligran 100 puestos de trabajo
José García

Los trabajadores de la fábrica Textil Iberoamericana, ubicada en Ramos Mejía, La Matanza, realizaron el pasado viernes 24 una olla popular reclamando por el pago de sus salarios y en defensa de sus puestos de trabajo. En la actividad se hicieron presentes partidos de izquierda y organizaciones como el SUTEBA La Matanza, vecinos autoconvocados contra el CEAMSE, Correpi, CTA Autónoma, que tomaron la palabra para solidarizarse y brindar su apoyo en una radio abierta que se realizó en la puerta de la planta. Cristian, uno de los trabajadores de la fábrica afirmó que “el gobierno dictó una cuarentena obligatoria en la que corresponde que nos paguen, pero la empresa lo está violando y nadie le dice nada”. Los trabajadores denunciaron que la patronal paga de manera irregular hace más de tres años y que los sindicatos SETIA (Sindicato de empleados textiles de la industria y afines) y la Asociación de Obreros Textiles (AOT) nunca se asomaron por la fábrica. La empresa sólo ha prometido de “palabra” que pagará el salario de los trabajadores en cuotas. Por otro lado, los trabajadores señalaron la inacción del gobierno municipal, que sólo atinó a darles bolsones de comida que les duraron dos días. Luego de la actividad quedó planteada la posibilidad de realizar pintadas, afichadas por el barrio y una campaña de difusión para seguir instalando el conflicto en el distrito. “¡Salimos a defender lo que nos corresponde! ¡Tenemos confianza de que podemos ganar!”, resumía uno de los volantes de los trabajadores. Pago inmediato de los salarios adeudados. Ningún despido. Por el triunfo de los compañeros de Iberoamericana y todas las luchas obreras en curso.

27 de abril de 2020
Panorama del movimiento obrero

La resistencia de la clase obrera crece en una relación directamente proporcional al desarrollo de una cuarentena que, aunque es promovida desde la ciencia médica, se aplica, en primer lugar, en el contexto de una sociedad capitalista y con métodos patronales. Los primeros pasos de esta resistencia fueron por vía virtual hasta pasar a plenarios y asambleas presenciales. Pasado un mes de cuarentena, proliferan las ollas populares en los barrios, se ha producido un paro general del gremio de la carne, en líneas de colectivos, de los repartidores, y movilizaciones y cortes de calle en los gremios de la salud. Los obreros del Penta marcharon al centro de la ciudad, y hasta hubo tomas de fábricas como la de Bed Time. Salud Declarado el primer DNU que establecía las tareas esenciales, se desarrolló la primera fase de las luchas en la salud pública y privada. Pliegos mínimos para trabajar y protocolos, y poco después asambleas en los establecimientos. A la fecha hay más de 30 centros de salud públicos y privados con conflicto. Se realizan teleconferencias nacionales -asambleas virtuales- para coordinar en función de reclamos comunes concretos. No es una lucha cualquiera: les va la vida, ya tienen cientos de trabajadores infectados y varios muertos. La lucha de los trabajadores de la salud ha producido un hecho que no tiene precedentes: un solo sindicato inter-profesional - médicos, mucamas, enfermeros, camilleros y residentes. Alimentación y comercio En las tareas denominadas esenciales, los trabajadores libran además otras duras batallas. En la Alimentación y en empleados de los supermercados, áreas que mantienen su trabajo a pleno, están peleando por dos cuestiones. La primera es contra la súper explotación, pues las patronales quieren mantener el mismo nivel de productividad con un 15% menos del personal, que es el porcentaje de población de riesgo. Y, por otro lado, se va generalizando una batalla por la obtención de bonos salariales como los que ya se obtuvieron en Hellman´s, Knorr Suiza, La Virginia, Fernet Branca y Jumbo, en algunos casos, con quites de colaboración. Los trabajadores de cadetería también están haciendo una experiencia de organización, el día 22 hubo una medida de fuerza de cierto acatamiento, que ha dado lugar a compromisos y mejoras salariales. Industria Las grandes empresas recién comienzan a estar habilitadas para reanudar la producción. La patronales intentan aprovechar la pandemia y el desplome industrial para arrancar con rebajas salariales, no pagar los premios anuales (en casi todos los gremios son el equivalente a un mes de sueldo), pagar futuras suspensiones con rebajas del 50% del sueldo, despedir contratados y congelar los salarios. Acá la burocracia sindical va en yunta con las patronales. Petroleros de Neuquén y Chubut firmó un descuento salarial en el personal que va a ser suspendido. También lo tiene semi acordado la burocracia del Smata, con el pago del 65% salario de las suspensiones. Pero no lo pudo imponer la UOM, ni la burocracia del plástico, donde ya había acuerdos de rebajas salariales en las suspensiones por tres meses del orden del 30 por ciento. La decisión del gobierno de subvencionar a las empresas para al pago de una parte de las futuras suspensiones tiene que ver, entre otras cosas, con desbaratar esta resistencia. El SUTNA resiste la rebaja de los sueldos en las quincenas de abril y la reducción de los sueldos en las suspensiones, además ha entablado una dura lucha por el establecimiento de un protocolo obrero. Varias líneas de colectivos van al paro ante los atrasos salariales mientras la burocracia de la UTA mira para otro lado. Las internas de Acindar Tablada rechazaron los acuerdos que quería la UOM nacional, los trabajadores de Mascardi también rechazaron planes de rebaja salarial; ha entrado en un serio conflicto el Frigorífico Penta, que llevó a la burocracia de la federación a un paro nacional, y los plásticos de Bed Time han ocupado las fabrica ante la intención de reducir sus sueldos en un 50%. Acindar está por cerrar un acuerdo con su comisión interna por el 81% del salario neto -en medio de una inflación elevada-, pero la patronal tuvo que mantener el premio anual y no despedir a los contratados. La clase obrera ha tomado nota de que se pretende hacer aprobar ´de prepo´, con la excusa de la pandemia, una reforma laboral que no pudieron imponer el kirchnerismo ni el macrismo. Los reclamos docentes y de las reparticiones del estado solo surgen de la mano de las organizaciones de base. Hay conflictos en puerta en varias fábricas de la alimentación. Programa En estas circunstancias tiene una enorme relevancia defender la necesidad de la cuarentena, pero desde los intereses de la clase obrera, en oposición a los capitalistas y al gobierno que la implementa y a las entregadas de la burocracia sindical. Seis horas de trabajo, sin afectar el salario, el funcionamiento de la producción esencial de acuerdo a protocolos de las comisiones internas y delegados y abra el camino a planteos que tienen que ver con el poder político de los trabajadores como la estatización de la salud y la banca bajo el control de los trabajadores y el no pago de la deuda externa. Para ir más lejos de esta resistencia que crece, se impone la lucha por la convocatoria de las paritarias en las fechas establecidas, para elevar un pliego de reclamos con grandes reivindicaciones de salubridad y la recuperación integral del poder adquisitivo de los salarios.

27 de abril de 2020
Todo lo que encierra la cuarentena III

Para quien quiera verlo, el anuncio presidencial de la tercera fase de la cuarentena dejó traslucir un fuerte impasse político. En el mensaje grabado -que ya no fue conferencia de prensa-, Fernández no tuvo a su lado a Rodríguez Larreta, que en las instancias anteriores se había prestado a la foto del consenso nacional . Tampoco estuvieron CFK ni Kicillof. La imagen del sábado a la noche, en suma, mostró a un gobierno replegado sobre su gabinete. Según informó AF, la nueva fase de la cuarentena tiene el consenso de los gobernadores, pero en un sistema de consultas “caso por caso”. Este mecanismo sui generis anticipa choques políticos diversos – el primero tuvo lugar con los gobernadores de las cuatro principales provincias, que resistieron la autorización a las caminatas de 500 metros. Larreta, que venía de haber fracasado en la tentativa de discriminar y encerrar a los adultos mayores, se dio el gusto de desautorizar a Fernández junto a dos pejotistas y un cristinista. Fernández se prodigó en diapositivas que se atrevían a mostrar un plan de disminución gradual y hasta la finalización de la cuarentena, con plazos determinados. La evolución de los contagios, sin embargo, no sigue esa lógica programada , y hasta creció en los últimos días. La cuarentena “a término”, en definitiva, puso de manifiesto la monumental presión del gran capital en favor de su levantamiento. Fernández habló de caminatas personales, pero no mencionó al régimen de “extensión de actividades” que se anunció días atrás, con permisos amplios para el retorno al trabajo de diversas industrias. Como en otras oportunidades, el presidente dijo que, además de “medidas sanitarias”, hay “medidas económicas”, de las que sin embargo no hizo mención. Entre ellas, el programa de sostenimiento del 50% de sueldos a los capitalistas que deben suspender trabajadores, con los fondos de un Anses que, al mismo tiempo, ha dejado de recibir aportes patronales. En contraste, los desocupados debieron esperar largas semanas y días para percibir los 10.000 pesos del “ingreso familiar de emergencia”. La cuestión de las cuestiones de la cuarentena III apenas fue mencionada por Fernández –la negociación en torno de la deuda externa con legislación extranjera. El gobierno ha comenzado a recorrer la cuenta regresiva de un default que no depende sólo de un regateo de quitas y plazos, sino de las garantías que pueda ofrecer un país en bancarrota y en un mundo en bancarrota. Los acreedores reclaman una garantía del FMI, que sólo puede tener lugar bajo el compromiso de un ajuste feroz. El gobierno FF carece de los recursos políticos para afrontarlo. Al omitir “la economía”, Fernández dejó de lado otros episodios convulsivos de la cuarentena administrada, como el boicot financiero de los bancos, la disparada del dólar y, en consecuencia, una carestía que ya ha devorado a las menguadas asistencias sociales . La respuesta necesaria a esta guerra capitalista a la cuarentena -que es el establecimiento de una banca única bajo control del Central, la apertura de los libros y el control obrero de los precios- también está fuera del horizonte político y social del gobierno. En suma, la conferencia "amable” ha sido el encubrimiento de estas agudas contradicciones, y de la crisis política que se está incubando al calor de ellas. En la semana que pasó, Mauricio Macri le estampó la firma a una solicitada continental que pide el fin de la cuarentena en nombre de las “libertades y derechos personales” – es decir, de la libertad de movimientos del capital, parcialmente restringida por la imposición de la pandemia. La firma de Macri está al lado de la de notorios derechistas y golpistas reales y potenciales del continente. Pero también de capitalistas – el caso más notable es el del farmacéutico Roemmers, hasta ahora, un amigo del gobierno FF. La fracción capitalista que reclama el fin de la cuarentena y un rápido arreglo de deuda se articula como bloque político, esto es, huele la sangre de una crisis de poder. Las diapositivas de Fernández tampoco mostraron la reacción obrera que comienza a configurarse, en primer lugar, en defensa de la salud y la vida de los trabajadores, y que tiene en la primera fila a las enfermeras y médicos de incontables hospitales del país; luego, al movimiento obrero de la gran industria, que desafía la complicidad burocrática con las suspensiones lesivas y sale a luchar. La ocupación de Sealy-Bed Time es todo un síntoma, que recorre también las grandes fábricas metalúrgicas, a los trabajadores de comercio, a los repartidores y al subte, entre otros. Es necesario que toda esta vanguardia de lucha delibere y se organice en la comprensión de todos los aspectos de esta crisis en desarrollo, para que la clase obrera sea un factor decisivo en su desenlace.

28 de abril de 2020
La importancia de las categorías históricas: por qué luchamos y contra qué
Paloma Garea y Sofía Mariezcurrena

En la última nota escrita a raíz del debate en torno a la declaración nacional de PDT se hizo referencia a la problemática que surge al encarar el diálogo con las compañeras que se referencian en el feminismo y nos parece interesante empezar por este punto para aclarar ciertos conceptos. En cuanto a la opresión de la mujer, sabemos que no compartimos la concepción sobre la raíz o surgimiento de la misma con el feminismo. Para las feministas, el problema radica en una cuestión superestructural a la que denominan “patriarcado”, un sistema ideológico que implicaría la desigualdad entre hombres y mujeres sin distinción de clase. Para nosotras, las socialistas, el problema central radica en la opresión de la clase capitalista sobre la proletaria. Pero las mujeres trabajadoras tenemos la particularidad de ser doblemente oprimidas: En lo que respecta a la producción en el mismo sentido que nuestros compañeros, pero también por el lugar que se nos demanda dentro de la familia obrera, como responsables de la crianza para reproducción de la mano de obra. ¿Por qué es importante este debate? Porque esto nos indicará qué pelea da cada movimiento, con qué métodos, con quién y contra quién lo hace. Por mera deducción, es lógico que las feministas no encontrarán el enemigo en el Estado burgués. No lo entienden como el responsable de la miseria de las mujeres. Si el problema es superestructural o ideológico para ellas, la solución también la encontrarán de ese modo, y lucharán por derechos políticos o civiles para alcanzar la igualdad con los varones en ESTE régimen social, mediante reformas del mismo. El feminismo no entiende al estado como nosotras, y obviarlo es un error garrafal. Cuando las feministas mencionan que el estado es responsable, lo que están denunciado es la falta de intervención del estado frente a la violencia contra la mujer. Entonces su salida es exigirle al estado más presencia, que aplique la ley Micaela, que se deconstruya, que incorpore más mujeres en los puestos de poder, etc. El feminismo considera que “el estado somos todos” y quien considera esto, está lejos de luchar contra él. Nosotras, al contrario, consideramos al estado como una maquinaria de la que se sirve una clase dominante para oprimir a otra, puesta al servicio de los intereses de esta clase dominante, en determinado periodo histórico. Nuestra lucha es siempre CONTRA el estado burgués, en donde la lucha por derechos políticos y civiles es un medio para un fin. Esos derechos sólo nos brindarán herramientas para pelear codo a codo con nuestros compañeros de clase para conseguir derechos sociales y económicos que son, al fin y al cabo, los que mueven la balanza para el lado de los trabajadores. Patriarcado - ¿sinónimo de lucha contra el estado? Es erróneo decir que cuando las feministas se refieren a patriarcado lo asocian a “la violencia impulsada por el régimen y sus estados”. El patriarcado, para ellas, es el sometimiento de un sexo contra otro. De la supremacía del hombre sobre la mujer, el machismo materializado en una opresión que tiene un origen y un carácter social y cultural. El patriarcado, desde la concepción feminista, es precisamente superestructural e ideológico. Si pretendemos aquí un debate franco con las compañeras que se reivindican feministas, quienes primero tenemos que tener claras estas diferencias somos nosotras. Cada concepto tiene que ser definido de manera estricta y no por una interpretación arbitraria para forzar una similitud con este movimiento, en función de abrir un debate. Es necesario advertir los límites del feminismo. No pasa por un mero “capricho”. Patriarcado y capitalismo NO SON SINÓNIMOS, y pensar que sí, nos conducirá no solo a la adaptación al feminismo, sino a la derrota histórica de la mujer trabajadora. Si el patriarcado “cae” el capitalismo no caerá. Porque el patriarcado para las feministas es una ideología, no es un régimen social. Para debatir en “términos feministas” primero debemos tener claridad sobre esto. Para ellas, en ese sentido habría que abolir el patriarcado, lo que sería abolir la segregación ideológica sobre la mujer, erradicar el machismo. Pero para que “caiga” el régimen capitalista hay que eliminar la propiedad privada, la división entre clases. Las mujeres que luchan contra el patriarcado, no se encontrarán mágicamente “dándole fin a un régimen de opresión de clases”. Lo harán únicamente si sacan la conclusión de que, para liberarse de toda opresión, hay que unirnos con nuestros compañeros de clase por la abolición del régimen de clases, en la lucha por la emancipación de toda la humanidad. La autonomía de los cuerpos y el derecho al aborto legal El estado no solo gobierna sobre nuestros úteros, el estado es el principal abortista porque nos somete a un régimen de pobreza, hambre y muerte, que está muy lejos de ser un lugar donde “defendamos la autonomía de nuestros cuerpos” y podamos elegir libremente lo que hacer con él. El punto no es simplemente poder abortar, hay que ir a la raíz, a los motivos materiales por los cuales hoy la mujer tiene que abortar, además de las condiciones en las que lo hace. Las mujeres no seremos menos oprimidas porque el aborto se legalice, así como tampoco seremos realmente libres de decidir. Hoy la mujer no es dueña de planificar su familia, ni tampoco de decidir cuándo abortar, por no tener por ejemplo un salario igual a la canasta familiar, o licencias por maternidad. Si una mujer por quedar embaraza es echada de su trabajo y por ello decide abortar ¿podemos decir que realmente fue libre de tomar esta decisión? ¿no está condicionada de manera material? Si ella quisiera formar una familia no podría, ya que el sistema la obliga a abortar, por no contar con los medios materiales de subsistencia para ella y su bebé. Por eso aquí, es tan necesario unir la lucha irrestricta e incansable por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con la defensa del derecho a la maternidad. De lo mencionado se deriva la importancia del pliego de reivindicaciones de la mujer trabajadora, que contempla integralmente sus demandas como el salario igual a la canasta básica, las guarderías materno paternales, el aborto legal junto con anticonceptivos, entre otros. De ninguna manera puede ser dejado de lado en un intento de “diálogo” con el movimiento feminista sino todo lo contrario, es el que nos permitirá poner sobre la mesa los límites que conlleva luchar por igualdad política como un fin en sí mismo, cuando sabemos que esos derechos políticos o legales solo sirven como una vía que nos permite por la conquista de todas nuestras demandas. ¿El feminismo exige algo más que derechos políticos? En la declaración nacional del PDT se afirma que “No existen los gobiernos “feministas” bajo el régimen de clases porque el capitalismo no puede ir, en el mejor de los casos, más allá de la igualdad formal o derechos civiles y políticos”. Esta frase es, de mínima confusa, ya que estaría planteando que el feminismo puede ir más allá de la lucha por derechos políticos o civiles. Para nosotras todo lo contrario, uno de los límites del feminismo que venimos marcando reside en creer que bajo éste régimen de clases, a través de la conquista de derechos políticos, se podría conseguir la “liberación de la mujer”. Por este mismo motivo es que podría existir un gobierno que se llame “feminista” dentro del marco capitalista. Las feministas levantan como consigna la necesidad de la presencia de mujeres en los lugares de poder, más mujeres en el Estado, un ministerio de la mujer, paridad de género, en conjunto con la deconstrucción de los hombres, como soluciones frente a la opresión de género. Sin ir más lejos, en Argentina, AF promete políticas que “peleen contra el machismo” como la promoción del lenguaje inclusivo, la ley Micaela para jueces y funcionarios; junto con una “mayor presencia del Estado” y más lugar en él para las mujeres (como si éste no fuera el responsable de la desidia) creando su propio ministerio. Por supuesto, medidas que no le tocan un pelo a la estructura del Estado, y mucho menos al capitalismo. Son medidas superestructurales que ni se acercan a modificar nuestra realidad material y vuelven a poner al Estado burgués como aliado de las mujeres. En este momento ¡hasta el propio FMI promueve la perspectiva de género y la igualdad de salario entre hombres y mujeres para perpetuar su explotación! La salida Agotar la confianza en un “gobierno feminista” como salida a la barbarie a la que somos sometidas las mujeres es imprescindible, porque nuestro eje debe ser poner el foco sobre el origen estructural de la cuestión que ningún gobierno burgués se preocupará en resolver. Lo que hay que demostrar en el movimiento de mujeres, es que el problema es material y de clase: No se trata de hablar con e o con o, ni de tener más o menos mujeres en el Estado. Creer que un marco de igualdad jurídica nos permitirá la liberación es un error que debemos exponer las veces que sea necesario. La lucha es por el socialismo y con nuestros compañeros de clase, en contra del Estado burgués. Los derechos políticos que ganemos en el camino servirán, como dijimos anteriormente, como un medio para tal fin. La única emancipación posible es en una sociedad sin división de clases. Dialogar no debe ser sinónimo de abandonar el carácter histórico que tienen los conceptos y las categorías. No es cierto que diluyéndonos en el feminismo y acomodándonos a sus categorías lograremos abrir un canal de diálogo con las compañeras. Así como tampoco es cierto que marcando nuestras diferencias seremos sectarios y quedaremos por fuera de la defensa de los derechos de las mujeres. En palabras de Altamira: “El proletariado no necesita diluirse en movimientos pluriclasistas para defender derechos de todas las mujeres sin excepción, ante cualquier manifestación de opresión o violencia, simplemente porque los derechos que defiende el proletariado son universales - la abolición de toda forma de opresión. Por eso mismo, es necesario desarrollar un fuerte movimiento de clase de la mujer, si ese movimiento quiere ser consecuente.” (Jorge Altamira, En Defensa del Marxismo n°48) Saludos socialistas.

28 de abril de 2020
Trabajadores golondrina: Sáenz y las patronales negreras son los delincuentes

Se confirmó el cuarto caso positivo de COVID-19 en Salta, corresponde a un trabajador golondrina proveniente de Río Negro. Se trata de un paciente asintomático, que estuvo alojado en una tapera, junto a un trabajador que actualmente está internado por coronavirus en dicha provincia. Frente a esta confirmación, el Gobernador de la provincia dio una conferencia de prensa con el único objetivo de responsabilizar a estos trabajadores, a quienes trató de “delincuentes” por querer retornar a sus hogares. Un operativo para escapar a su responsabilidad y de las patronales negreras, que encubre, no garantizar la cuarentena a los miles de trabajadores salteños que todos los años emigran de otras provincias como La Rioja, Mendoza o Río Negro. El circuito de explotación de los trabajadores golondrina cuenta con la venía de los gobiernos capitalistas, que garantizan enormes ganancias y beneficios a las patronales terratenientes, sobre la base de salarios por fuera de cualquier convenio, en las peores condiciones, entre el hacinamiento y el trabajo esclavo. Sáenz pretende repetir el mismo acto criminal de hace unas semanas con trabajadores golondrina, que fueron abandonados en la terminal de Mendoza y que junto con sus familias pedían ser repratriados. Por eso, no dice una palabra de las patronales ni de su responsabilidad y la del gobierno de Río Negro en no garantizar o exigirles la cobertura y resguardo necesario para estos obreros y sus familias. La situación de abandono y desamparo completo a estas familias obreras muestra que Sáenz, en primera instancia, y el Gobierno Nacional, en segunda, son incapaces de garantizar una cuarentena que preserve la vida y la salud de los trabajadores. Rechazamos y repudiamos cualquier intento de sanción o causa sobre los trabajadores por parte del gobierno de Sáenz frente al intento de enfrentarnos a trabajadores contra trabajadores. Denunciamos que: ¡los gobiernos capitalistas y las patronales negreras son los criminales! Es el Estado el que debe establecer plenamente la atención y seguimiento sanitario de estos obreros. Así como también, el empadronamiento del conjunto de los trabajadores golondrinas salteños y sus familias para asegurar su inmediato retorno al hogar, con los testeos, garantía alimentaria y todas las condiciones necesarias para su cuarentena. Sigamos el camino abierto por los trabajadores municipales de Colonia Santa Rosa, quienes han dispuesto hace un mes el control obrero en el municipio y el acceso al pueblo, para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, la entrega y previsión de los elementos de seguridad e higiene necesarios. Pongamos en pie comités de obreros en todos los lugares de trabajo y de vecinos en los barrios para abrir un debate, establecer y hacer cumplir el conjunto de las medidas necesarias para garantizar la defensa de nuestros salarios, salud y nuestras vidas.

28 de abril de 2020
Tucumán: la educación provincial en tiempos de covid 19

Frente al avance del COVID-19, el gobierno de Manzur, siguiendo la política nacional, estableció la suspensión de clases y como herramienta sustitutiva la educación on-line. Cada semana que pasa, va quedando demostrado que el intento de suplantar la actividad escolar presencial en las escuelas por un sistema online va a culminar en un estrepitoso fracaso. Ahora han “descubierto” que no se pueden acreditar contenidos. El ministro de educación Lichtmajer, emulando a su par nacional, Trotta, proclamó que el eje era “llevar la escuela a la casa”. Sin embargo, zonas enteras del interior provincial carecen de conectividad. En otros casos, las familias carecen de los recursos tecnológicos elementales. En ese cuadro, la docencia está siendo sometida a todo tipo de presiones y hasta amenazas. A su vez, en el seno de las familias, se generan discusiones, conflictos y estrés alrededor de las “tareas virtuales”. El nuevo escenario ha dejado expuestas las enormes desigualdades que recorren a toda la comunidad educativa. Por otro lado, el Gobierno aprovechó la cuarentena docente, y la imposibilidad de movilizarnos y luchar como lo veníamos haciendo hasta mediados de marzo para profundizar su ataque a nuestros derechos. Así, impuso por decreto que la deuda salarial resultado de la actualización salarial del básico, acordada en paritaria del último trimestre el 2019, se va a pagar en 6 cuotas a partir de julio hasta diciembre. Será un pago devaluado por la alta inflación pronosticada en el año. A la vez, el gobierno amputó del básico ese aumento y lo sustituyó por un adicional no remunerativo y no bonificable. Mientras que el aumento de básico se refleja en el proporcional de la antigüedad, zona, escalafón, etc., esto no ocurre con los adicionales. De esta manera, Manzur cerró la paritaria docente 2020. La mayoría de la docencia queda por debajo de la línea de pobreza. Mientras dicen que ningún docente va a cobrar menos de $31.700, un docente con 15 años de antigüedad no llega a ese monto. El Movimiento de Autoconvocados, bajo la dirección de los representantes de los distintos departamentos elegidos en el Congreso de delegados realizado a principio de marzo, sigue en pie. A través de reuniones virtuales en este periodo se ha concentrado en desenmascarar la política del gobierno y de la burocracia del Frente Gremial Docente (Atep, Apem, Amet), que so pretexto de la pandemia, continua con su política de colaboración con el gobierno a pesar de todos los ataques que ha sufrido la docencia. En su última reunión ha tomado decisiones muy importantes: Se ha votado un protocolo que denuncia el sobre trabajo de las clases virtuales, por lo cual se va a impulsar una campaña por la jornada de 4hs., y que el gobierno garantice una plataforma donde cargar las tareas. Exigir el acondicionamiento de las escuelas. Realizar una encuesta para obtener una foto de la realidad del alcance de nuestros alumnos a la educación virtual en la provincia y constatar su ineficacia que profundiza la desigualdad. No al reparto de cuadernillos por parte de los docentes, para no exponernos a contagios (COVD19 y dengue) y denunciar que los mismos no garantizan educación alguna. Exigir que los todos los tramites ministeriales se realicen on-line. Exigir que se pague en tiempo y forma la actualización por cláusula de revisión firmada en acuerdo paritario 2019, incorporada al básico y la deuda que se acumula mensualmente. Prepararnos por medio de asambleas virtuales por departamento para tomar las medidas de acción Se impulsa un boletín para llevar el debate a los grupos de delegados de los diferentes departamentos como instrumento de clarificación y organización de la docencia por sus reivindicaciones.

28 de abril de 2020
Bed Time: un fin de semana a pura lucha
Sabrina Krahn

La ocupación de la fábrica BedTime de Tigre cumple sus primeras 96 horas. Cada día fue una gran jornada de lucha, mientras la patronal redobla su extorsión realizando denuncias truchas por incumplimiento de la cuarentena, los trabajadores profundizamos a cada paso nuestra organización. En estas jornadas hemos recibido en varias oportunidades provocaciones de la empresa, que envió desde escribanos hasta policías para amedrentarnos. Hemos logrado que concurran representantes del Ministerio de Trabajo de la provincia, pero, sin embargo, la patronal se negó a reunirse, mostrando otra vez que su problema no es la crisis económica sino eliminar el activismo y la organización que construimos los trabajadores de BedTime en estos doce años. El método de la clase trabajadora para defender el trabajo y la salud En el fin de semana logramos constatar una vez más la profunda unión del conjunto de los trabajadores de la planta, con el método de la clase trabajadora: la asamblea como espacio de decisión. A partir de ella, en la permanencia organizamos distintas comisiones de trabajo para cubrir todas las tareas de la lucha, empezando por la comisión de seguridad e higiene, alimentos y finanzas. Asimismo, en asamblea votamos y exigimos al sindicato plástico el paro nacional del gremio en defensa de los puestos de trabajo de BedTime. Los trabajadores de BedTime somos conscientes que esta lucha la estamos dando en un cuadro de pandemia mundial, y estamos dispuestos a tomar en nuestras manos las condiciones de bioseguridad que la patronal no pudo darnos mientras desarrollábamos nuestras tareas esenciales. Estamos construyendo un protocolo de seguridad frente al COVID-19 y próximamente instalaremos una posta de salud en la puerta, para cuidar a todos los trabajadores y sus familias. La solidaridad del movimiento obrero A pesar de este cuadro de aislamiento los trabajadores hemos recibido cientos de apoyos, en primera instancia de nuestras familias, las cuales se encuentran difundiendo nuestra lucha a través de las redes sociales y acompañándonos en cada paso. El conflicto se ha rodeado de solidaridad obrera, llegaron cientos de apoyos, algunos ejemplos son la junta interna del INTI, los delegados de la línea 60, el sindicato plástico de Córdoba, la CGT, CTA y ATE de zona norte. Una mención especial amerita la solidaridad del SUTNA frente a esta lucha, con el cual venimos realizando desde hace años un recorrido en común. El Sindicato del Neumático marcó para nosotros la necesidad de organizar al conjunto del gremio para recuperar los sindicatos en manos de los trabajadores. Esta solidaridad no solo refleja la relevancia de esta lucha, también da cuenta que el ataque de la patronal de BedTime no es un hecho aislado, y la ocupación por parte de los trabajadores puede trazar la perspectiva contra los despidos y las rebajas salariales en esta etapa, para que triunfe la lucha de los trabajadores de BedTime y todas las luchas que vendrán.

28 de abril de 2020
Vargas Llosa, la derecha y el trosco-liberalismo

Bajo el lema “Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo”, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) que lidera el escritor peruano Mario Vargas Llosa publicó un manifiesto político al que adhirieron expresidentes y exfuncionarios de España y América Latina, empresarios -principalmente de América Latina, pero también de España e Italia-, escritores, economistas y otros profesionales. En un texto que apenas supera los 1.500 espacios, Vargas Llosa y compañía atacan las políticas de los gobiernos de Argentina, España, México, Venezuela, Nicaragua y, por supuesto, Cuba, con el argumento de que esos gobiernos “toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos”, entre los cuales destacan “la imposibilidad de trabajar y producir”. Se trata de la misma línea que predican Trump y Bolsonaro, por lo que no se le puede atribuir a los “pensadores” del manifiesto ninguna novedad. La pluma y la espada El documento es una gran impostura. Denuncia que diversos gobiernos “han suspendido el Estado de derecho”, pero no se refiere, por supuesto, al estado de sitio de Piñera, que ya desde antes de la pandemia venía haciendo abuso del accionar represivo, ni al fascista Bolsonaro, cuyas maniobras “autoritarias” fueron recientemente denunciadas por el saliente ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro. Tampoco se refiere a la orden de Trump de aumentar la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe con objetivos golpistas contra Venezuela. El texto va, más bien, acompañando esa ofensiva norteamericana. Está en la misma línea el reciente ataque de Piñera al diálogo que Fernández mantiene con la oposición chilena; así como el cuestionamiento a las cifras comparables de infectados en ambos países. La pluma de Vargas Llosa está al servicio de la espada de Trump y compañía. Frente al cuadro de inestabilidad creciente de los gobiernos latinoamericanos, agudizado por la pandemia, pero previo a ella, un sector de la burguesía apunta a un recambio político por fuera de cualquier cronograma electoral. El afán “democrático” de este grupo se puede ver también en la composición de las firmas, que van desde ex funcionarios de la dictadura pinochetista hasta ex presidentes vinculados con políticas represivas o con grupos paramilitares como Álvaro Uribe, pasando por la derecha Venezolana pro yanqui. El ropaje “democrático” es sólo la excusa para exigir el levantamiento de toda cuarentena para la libre explotación de la fuerza laboral. La preocupación de los firmantes es la intervención coactiva del Estado que afecta la reproducción del capital, por lo que contraponen el “estatismo” a “la democracia liberal y la economía de mercado”. Los firmantes La fuerza del documento no se encuentra en el cuerpo del texto, pobre en ideas, sino en las firmas que adhieren a él. Mientras los medios destacaron los nombres de los escritores y filósofos que firmaron el texto, el peso real se encuentra en los más de 30 empresarios y el conjunto de representantes políticos de la burguesía. Entre los firmantes argentinos se encuentran Macri, Bullrich y Alejandro Roemmers, empresario del famoso laboratorio. La clase capitalista reclama a los Estados una ofensiva en regla contra la clase obrera. En el transcurso de la pandemia, muchos gobiernos se juegan su continuidad, como se demuestra en la crisis política brasileña con la renuncia de Moro, o con las inciertas negociaciones de la deuda en Argentina. En este cuadro de inestabilidad política, el hecho de que los gobiernos que, en mayor o menor medida, mantienen una cuarentena sean puestos en cuestión por un sector de la propia clase capitalista, habla a las claras de una movida política que apunta a un recambio de gobierno para agudizar la ofensiva capitalista. Es ante el reclamo de estos sectores que los gobiernos “populistas” van cediendo a las presiones y van aflojando las restricciones de la cuarentena. Se mueven tratando de hacer equilibrio entre las presiones del capital y de las crecientes luchas obreras. La izquierda Lo llamativo del texto es su coincidencia con las posiciones infantilistas de la izquierda en la caracterización política. La sincronía entre las posiciones de esta izquierda y los Bolsonaro y Trump ya fueron señaladas en nuestros artículos. Pero ahora, mientras la dirección del PO oficial ha decidido hacerse el distraído con este pronunciamiento internacional de la derecha, el PTS acaba de reconocer esta coincidencia en su portal de La Izquierda Diario. Lo que sigue merece ser citado en párrafo aparte. “Vargas Llosa, en su carta, recoge con habilidad (sic) las medidas que como él dice son de un poder desmedido que suspenden el Estado de derecho e, incluso, la democracia representativa. Son varias las notas en las que venimos analizando y denunciando estas restricciones que con el discurso de protegernos de la pandemia buscan limitar derechos y libertades democráticas o endurecer la represión. En Argentina no está funcionando el Congreso Nacional, y no hay ningún justificativo, existe tecnología y logística suficiente como para que se garantice el ejercicio de los diputados y senadores. Apenas hay reuniones del presidente Fernández con los jefes de bloque que ni siquiera se hacen oficialmente públicas. Lo que Bolsonaro amenaza hacer con los militares, los Fernández ya lo hacen con, y aquí vale, la excusa de la pandemia. Encima la vicepresidente (sic, es vicepresidenta) no tuvo mejor idea que pedirle opiniones al respecto a la justicia, institución que no debería ni debe meterse en las cuestiones del funcionamiento del Congreso.” (“Vargas Llosa y Macri, voceros de las grandes empresas, lanzan una carta pública”, LID, 24/04/20) Para el PTS, el fascista Bolsonaro sería más democrático que Fernández, ya que el primero sólo “amenaza” con sacar a los militares, mientras que el segundo ya lo hace “con la excusa de la pandemia”. ¡La mitad del gabinete de Bolsonaro lo ocupan los militares, de modo que se puede decir que dirigen toda la política referida al coronavirus! Es cierto que Bolsonaro defendió un “Congreso abierto y transparente”, pero lo hizo desde las escalinatas de un cuartel, para llamar a otro golpe militar. El campeón de la democracia, siguiendo esta línea, sería Larreta, que a pesar de haber intentado aplicar una medida fascista contra los mayores de edad, rompió el aislamiento social para mantener sesiones legislativas. El Club Político Argentino, vinculado al macrismo, acaba de denunciar el “estado de excepción” en materia legislativa que estaría rigiendo en Argentina. La izquierda parlamentaria, que toma al parlamento como medida de todas las cosas, se coloca con los “parlamentaristas” Bolsonaro y Macri contra los “autoritarios” Fernández y Maduro. La izquierda tiene todo el derecho del mundo de acusar a Vargas Llosa y compañía de plagio y, porque no, enorgullecerse de ellos. Se trata del ‘trosco-liberalismo’.

28 de abril de 2020
A 43 años de la primera ronda de las Madres

El 30 de abril se cumplen 43 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Ocurrió en 1977, cuando en Argentina reinaba el terrorismo de Estado, y miles de trabajadores y estudiantes eran secuestrados por los grupos de tareas de la dictadura de Jorge Rafael Videla para ser asesinados en los campos de concentración. Las madres y familiares de los desaparecidos buscaban a sus hijos en las comisarías, bases militares, juzgados, iglesias. Todos les cerraron las puertas, cómplices o protagonistas directas del genocidio. Pero eso llevó a que las madres de los secuestrados se empezaran a encontrar en los pasillos de las instituciones como tribunales. Todas vivían situaciones iguales y así llegaron a la conclusión de que las desapariciones eran obra de la dictadura. Decidieron juntarse en Plaza de Mayo. A la primera ronda fueron 12 mujeres, con el paso del tiempo se fueron sumando más y más. Muchas madres eran de la clase trabajadora, amas de casas sin militancia política. La lucha por la aparición con vida de sus hijos y nietos las terminó convirtiendo en un ariete implacable contra la dictadura, con la bandera de los 30 Mil. La dictadura y la Iglesia Católica atacó a las madres y las abuelas -al principio una sola organización- calificándolas como locas y parte de la “campaña antiargentina”. En diciembre de 1977, mientras preparaban una solicitada para que fuera publicada por el diario La Nación, fueron secuestradas 12 personas: tres madres de Plaza de Mayo incluida su presidenta, Azucena Villaflor, dos monjas francesas y militantes de derechos humanos. El grupo había sido infiltrado por el genocida Alfredo Astiz, que se fingió familiar de desaparecidos. El mismo día de su secuestro, la solicitada apareció a toda página en el diario La Nación, con unas 2.500 firmas, en su enorme mayoría de mujeres que usaron sus apellidos de casadas para identificar a sus hijos. Entre ellas, nuestra compañera Catalina Guagnini, Marta Vázquez, Graciela Fernández Meijide, Carmen Lapacó, María Adela de Antokolotez, Chela Mignone, Chicha de Mariani y Hebe de Bonafini. Política Obrera (actual Partido Obrero Tendencia), apoyó desde sus inicios las movilizaciones de las madres y familiares de desaparecidos. Editaba el boletín Libertades Democráticas, donde difundía las persecuciones y desapariciones, y también la resistencia a las violaciones de derechos humanos. Varias militantes de Política Obrera estaban integradas a Madres -como Tona Luna en Lomas de Zamora- y a Familiares de Desaparecidos -la legendaria Cata Guagnini fue una de las fundadoras-. A pesar de la cooptación del kirchnerismo a buena parte de madres y familiares, están las madres que nunca bajaron los pañuelos y denuncia el rol represivo del estado, como la impunidad de ayer y hoy, y rechazan la “vuelta de página” que propone Alberto Fernández, solo otro nombre para la amnistía de los genocidas. Reivindicamos a las madres que se destacaron por su militancia independiente del estado y leal a los intereses de los explotados: Mirta Baravalle, Elia Espen, Nora Cortiñas, Graciela Ledo, y en ellas a todas las que nunca bajaron las banderas de los 30 mil detenidos-desaparecidos. A 43 años de la primera ronda de madres, 30 mil compañerxs desaparecidxs ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE! Juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices eclesiásticos y civiles.

28 de abril de 2020
Emergencia por violencia de género: cuáles son las tareas

A partir del aislamiento obligatorio, los casos de femicidios y violencia hacia las mujeres se han incrementado. El feminismo ligado al gobierno ha vuelto a proponer la declaración de la emergencia por violencia de género por dos años. El proyecto, enviado al Congreso Nacional en 2019, fue presentado nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires por Laura Velasco, del FdT. La emergencia por violencia de género, sin embargo, no representa ningún avance concreto en materia de derechos para las mujeres, ni un medio eficaz para evitar la violencia o superar las situaciones de violencia. No implica un aumento de presupuesto ni la construcción de nuevos refugios o su puesta en condiciones, ni un plan de vivienda para las mujeres que deben romper el vínculo violento o un subsidio (por lo menos de la canasta familiar) para encarar la nueva etapa. No propone abrir un registro de situaciones potenciales de violencia, familiar o extrafamiliar, denunciadas por mujeres, de modo de intervenir, con el consentimiento de las mujeres, en una salida para ese conflicto. ¿Estado ausente o reproductor de la violencia? En cualquier caso, el proyecto circunscribe la salida a la violencia hacia la mujer en manos del aparato estatal – no admite el control o incluso la gestión de esta cuestión por parte de mujeres debidamente electas por las organizaciones de mujeres. Esta omisión persiste cuando el movimiento de mujeres en nuestro país ha avanzado en sus conclusiones políticas, señalando desde hace años que el Estado es responsable del sometimiento femenino, con independencia de este u otro gobierno. El poder judicial y la burocracia del estado, incluidas sus relaciones con el clero, obedece a la regla de proteger la unidad familiar, no a la mujer y los niños, que tienen enormes dificultades de salir de esa cárcel, por un conjunto de razones, en primer lugar, económicas y de trabajo, en una sociedad de 20% de desocupados. También porque esclaviza a la mujer en labores domésticas, en ausencia de una socialización de ellas por parte del estado, es decir sin objetivos de lucro. Ni hablar de jardines infantiles, monopolizados por establecimientos privados. Una mujer que no tiene derecho al aborto gratuito es esclava de su marido, lo que convierte a la familia en fábrica o cuartel. El despotismo intrínseco del estado capitalista requiere que las mujeres controlemos la ejecución de nuestras reivindicaciones por medio de organismos independientes electos por nosotras. De lo contrario, el Estado reproduce las condiciones de opresión, en primer lugar, sociales, como es obvio para cualquiera, y políticas. En la cuarentena no se le asigna a la mujer un lugar social especial, cuando debería empoderarse al movimiento de mujeres a realizar visitas regulares a los hogares, sufragado por el estado, pero independiente de él. Los casos de femicidios aumenten en un contexto de crecimiento de la pobreza y desocupación. El recrudecimiento de las malas condiciones de vida, en general, impacta en un agravamiento de las disputas familiares, y convierte a la familia en una trampa. Cómo luchamos Algunas exponentes del feminismo sostienen que a la violencia "hay que combatirla con un profundo cambio educativo y cultural". Esto es una renuncia explícita a cambiar las condiciones reales de vida que engendran una clase de educación y de cultura. ¿Por qué sería más libre una mujer adoptando tal o cual educación o cultura, cuando no puede emanciparse para crear, en función de su propia experiencia de vida, la cultura con la que quiere vivir y el derecho a cambiar esa cultura cuando la vida indica otra cosa? Alguna vez hemos escuchado que los wichis se mueren de hambre por una deficiencia cultural. La organización independiente de la mujer posibilita la toma de conciencia y la elaboración de una salida colectiva, y decidir acerca de lo fundamental: si la mujer puede ser libre en una sociedad que tiene por ley la explotación social. Hay un feminismo de izquierda que coloca la lucha de la mujer en la campana de cristal, que no debe mezclarse o fusionarse con la lucha de los explotados contra el capital y su Estado. El “estado responsable” no sólo vale para las mujeres; se sustenta en la explotación económica de obreros/as y trabajadores/as. Es entendible que un sector de la pequeña burguesía femenina vea su propia salida en el ascenso social, pero para la masa de mujeres trabajadoras el camino es la revolución social. Necesitamos una organización socialista de la mujer trabajadora.

28 de abril de 2020
Las detenciones en el subte y el silencio público de la AGTSyP
Partido Obrero del Subte

El jueves pasado el subte fue noticia nacional. Primero por la confirmación del primer caso de un trabajador con Covid-19, y luego porque los delegados de estaciones de Línea E fueron detenidos tras iniciar un corte de vías en reclamo de información y medidas de seguridad e higiene en estaciones y boleterías. Los compañeros fueron detenidos y esposados hasta la madrugada. Frente a las detenciones, la línea B inició un paro por la noche del mismo jueves, mientras que el sindicato (AGTSyP) intervino con sus abogados. Sin embargo, la mayoría de la directiva sindical rechazó tomar medida de fuerza alguna o incluso repudiar la detención de los compañeros. La explicación dada fue que la medida de fuerza no había sido discutida con el resto del cuerpo de delegados. Las detenciones fueron justificadas como la consecuencia “lógica” ante un corte de vías en una emergencia sanitaria, en la que el subte es considerado servicio esencial. O sea que, si se hubiera buscado el apoyo de la dirigencia sindical para ejecutar la protesta, tampoco hubiese existido. La directiva terminó impulsando (puertas adentro) un repudio… a los propios compañeros represaliados. Se pretende condicionar la medida de fuerza a una autorización gremial que no iba a tener lugar, lo que convierte a la unidad y la democracia sindical en una falacia. En realidad, el rechazo a la toma de medidas de fuerza se ha convertido en una política sistemática de una directiva que comulga con el gobierno nacional. Desde hace tiempo la dirección de la AGTSyP se esfuerza por contener toda reacción obrera, suplantándola por el ´pasilleo´ en el Ministerio de Trabajo, las consecuencias de una política subordinada al Estado. Con el fin de impulsar un repudio interno a los compañeros, la directiva convocó a la primera reunión del cuerpo de delegados desde que se inició la cuarentena, mediante videoconferencia, que tuvo una reducida participación de tan solo el 25% de sus miembros. Esto no es una política democrática, sino usar los organismos de base de ariete de la política de la directiva. Hubiera sido más útil, y seguramente más concurrido, que se convoque al cuerpo de delgados para unificar protocolos ante el Covid-19 y darle continuidad a la lucha contra el asbesto. Por otro lado, bajo ningún concepto corresponde justificar las detenciones en la emergencia sanitaria. Todo lo contrario. Ha sido la propia clase obrera, con sus métodos de lucha, la que ha ido imponiendo en todos los rubros las medidas de seguridad e higiene necesarias, protocolos de trabajo, y provisión de Elementos de Protección Personal (EPP) ante la pandemia. Contra una clase capitalista criminal en la defensa de sus ganancias. En el extremo de la arbitrariedad, los delegados de la E fueron esposados y tratados como delincuentes por realizar genuinos reclamos sanitarios. No ocurrió lo mismo con quienes pagaron y quienes cobraron sobreprecios en Desarrollo Social. Los compañeros, entre otras cosas, reclaman la urgente incorporación de personal de limpieza (que sigue siendo la misma que antes de la pandemia), así como la compra de insumos y herramientas de desinfección adecuadas y la entrega de EPP. Los trabajadores del subte saben mejor que nadie que la lucha obrera ha sido la mejor custodia de la salud laboral, la jornada de seis horas, la imposición de mantenimiento en trenes, o la actual pelea contra el cancerígeno asbesto son ejemplos de ello. Llamamos a retomar las mejores tradiciones del subte, defender una política independiente del estado, las medidas de seguridad e higiene necesarias para defender la vida, y el derecho de protesta y huelga para garantizar estas medidas.

28 de abril de 2020
“La trinchera infinita” y “Poco ortodoxa”

La película “La trinchera infinita” y la serie “Poco ortodoxa” -de tan solo cuatro capítulos- se encuentran en Netflix y llegaron a esa plataforma días atrás casi juntas. ¿Qué tienen de interés para abordarlas aquí? Aunque de temáticas diferentes las une -por lo menos para quien escribe y opina- una cosa: ambas enfrentan la cuestión de cómo hacer frente a un encierro. Claro que ninguno de los que tratan estas obras refiere a algo equivalente al que hoy vive media humanidad. Pero aun salvando esta distancia, hay una cuestión que las liga entre sí y llega hasta la presente cuarentena. La primera nos habla del auto-encierro impuesto a un concejal pueblerino del Frente Popular republicano, en 1936, tras ser apresado por el franquismo cuando éste ocupa Andalucía (al inicio de la guerra civil) y luego escape. Lo último es fruto de su arrojo y de un golpe de suerte. A partir de entonces la película describe las peripecias de ese encierro que dura 33 años y que, Higinio, el protagonista, transita junto a su mujer que lo ama, protege y apoya. Es una pequeña historia que describe la vida de los famosos “topos” que salvaron el pellejo de ese modo (muchos otros fueron atrapados). Higinio logra llegar escondido, junto a su mujer y un hijo (que mantienen el contacto con el ´exterior´) hasta la amnistía que Franco declara en 1969. Como en los libros de “la guerra interminable” de la gran madrileña, Almudena Grandes, la película describe -entre muchas cosas- la traición que sufren los perseguidos dentro de España (y fuera) cuando “los anglosajones” triunfantes tras la II Guerra Mundial -Franco había apoyado abiertamente a Hitler- terminan cobijándolo en la ONU, en 1955, con el acuerdo de la burocracia de la URSS -el campo republicano era apuñalado otra vez por el stalinismo. Se trata de una historia atrapante que no ceja un instante de tensar la atención de sus 2 horas y media de duración. La película estrenada un año atrás en España fue nominada a 15 premios Goya, pero se quedó sólo con dos (Belén Cuesta ganó el de mejor actuación femenina en una labor que conmueve). ¿Podemos vincular esta historia a la realidad? Sólo en un sentido: precisamente para demostrar que una cosa es la cuarentena dictada por razones de cuidado de nuestra salud frente a la pandemia del coronavirus y otra muy diferente un estado de excepción´ policial y/o totalitario. Un régimen de opresión sólo puede existir como fruto de una derrota fundamental de las masas. Un abismo con las condiciones del presente, no porque el capitalismo no haya alcanzado el grado de putrefacción que ya tenía en los días de la guerra civil española (en verdad hoy lo supera por lejos) sino porque la propia exhibición de esta película –y el que la podamos ver desde nuestras casas– es prueba elocuente. Que el capitalismo tienda y pretenda cercenar las libertades no significa que lo haya logrado o impuesto. Distinguir las contradicciones del mundo real es condición ya no de un análisis marxista, sino de tener los pies sobre la tierra. La serie “Poco Ortodoxa” trata sobre otro encierro, muy diferente. Está basada en un libro autobiográfico de una judía de Brooklyn, ultraortodoxa, que vive en forma asfixiante el clima de esa comunidad y termina, no sin mil peripecias, rompiendo con ella. Se trata de una comunidad de origen húngara diezmada bajo el nazismo que llega a EE.UU. tras la guerra, cuyas costumbres son descriptas impecablemente. Esty, el personaje, muy jovencita es ´inducida´ a casarse con un religioso (típico matrimonio por arreglo, como suele hacerse en comunidades cerradas de las más diversas religiones). Desde un principio ella es infeliz en su vida matrimonial y de la mano de una profesora de música que no integra su núcleo comunitario (único contacto que la liga al mundo ´exterior´) arriba a la conclusión que debe escapar y buscar a su madre, que vive en Berlín, quien también había huido tras separarse de un marido alcohólico, miembro de la misma colectividad y padre de Esty (se ve obligada a ´abandonar´ a cargo de una tía y su abuela). El encierro de Esty auto-impuesto inicialmente; cuando ella reacciona se lo impone su familia. Curiosamente estas colectividades jasídicas de New York, como en Israel, fueron diezmadas ahora por la pandemia de coronavirus (hábitos y costumbres que se negaron a dejar los puso cara a cara con el virus). Ahora dicen que es la peor tragedia que sufrieron desde el Holocausto. ¿Qué nos ha conmovido tanto de estas dos historias que invitamos a nuestros lectores a ver –y no decimos más nada? Que lejos de cualquier escepticismo ambas indican el camino de una dignidad que es condición del ser humano y sin la cual ningún socialista puede siquiera llamarse tal. Tan sencillo como esto. Si la cabeza debe usarse siempre porque es un atributo único de la condición humana, con mayor razón aún hoy. Cultivar el cine es una buena manera de mantenernos activos. Que viva el séptimo arte y todas las artes para sacarnos de todos los encierros.

28 de abril de 2020
Rodríguez Larreta quiere cerrar los postítulos para que avance la Unicaba

El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de educación, Soledad Acuña, intentan avanzar nuevamente con el cierre de los postítulos docentes que se otorgan de forma gratuita en seis profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. En una videoconferencia con los rectores de los profesorados, la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente (UCSFD) informó que no se aprobarían las resoluciones para las cohortes 2020/2021 con la excusa de que, en este contexto de pandemia y suspensión de clases presenciales, era preciso aprovechar este tiempo para revisar sus propuestas y analizar la superposición de sus temáticas. Esto responde a un nuevo ataque sobre los postítulos ya que, por un lado, año a año, las resoluciones son aprobadas cada vez más tarde, teniendo como consecuencia que los docentes tengan atrasado por varios meses sus salarios. El año pasado, los funcionarios habían intentado avanzar en el cierre de los mismos, lo cual fue frenado gracias a la movilización de docentes y estudiantes. Esta resolución llega después de haber permitido la inscripción a los distintos postítulos a principios de año. Esas inscripciones se vieron desbordadas, en muchos casos, debido a las pocas vacantes abiertas. Es el caso del postítulo de Educación Sexual Integral del JVG, donde se ofrecieron apenas 250 vacantes para los 2.000 docentes anotados. Que este postítulo bata récords de inscriptos cada año se debe a que es uno de los únicos dos postítulos gratuitos en ESI de CABA. Hay una gran demanda de formación que el gobierno no garantiza aun cuando cada vez hay más pruebas de la importancia de la ESI como herramienta para que niños y niñas puedan identificar conductas abusivas. Larreta no sólo deja sin formación en ESI a los docentes, también cercena y avasalla el derecho de los estudiantes que recurren a nosotros ante casos de violencia de género, discriminación por identidad de género o embarazo en la adolescencia. Lo que esconde la comunicación de la UCSFD a los rectores son las verdaderas intenciones de Larreta y Acuña de asestarle un nuevo golpe a la formación docente con el avance en la implementación de la Unicaba. Durante el año pasado se han tomado medidas de forma gradual en ese sentido: en marzo, se creó la Unidad de Coordinación con el objetivo de evaluar los ISFD y su acreditación; en noviembre, se aprobaron dos lugares de funcionamiento de la Unicaba; y en diciembre, se designó a Mariano Palamidessi como rector. Con el cierre de los postítulos, se intenta avanzar en los posgrados arancelados como parte de la oferta académica de la Unicaba. Por otra parte, esto constituye un ataque a las condiciones laborales de los docentes que son parte de la planta de los postítulos, que de por sí son precarias ya que los contratos se revisan año a año, es decir sin ningún tipo de garantía de estabilidad ni goce de derechos como vacaciones, etc. Los docentes no cobrarán su salario en tanto no se firmen las resoluciones que habiliten las cohortes 2020/2021, aun cuando ya se encuentran desarrollando su trabajo de forma virtual con cohortes anteriores. Se impone entonces la deliberación y organización de conjunto de parte de docentes y estudiantes, en rechazo de este ajuste y ataque a la formación docente por parte del gobierno de Larreta como un nuevo paso en la implementación de las reformas educativas en la Ciudad. Si bien tanto Ademys como la UTE han publicado comunicados en rechazo, es imprescindible que sindicatos y la coordinadora de estudiantes terciarios convoquen a una asamblea virtual como canal organizativo por un plan de lucha por la continuidad de todos los postítulos gratuitos de nuestros profesorados, la apertura de nuevas comisiones en los mismos que atienda a la necesidad de vacantes, por la titularización de todos los docentes y el goce de todos sus derechos laborables. Por la derogación de la Unicaba y la ampliación del presupuesto para todos los ISFD.

28 de abril de 2020
Falleció Hugo Interlandi, un revolucionario socialista

En la tarde del día de ayer, lunes 27, llegó la triste y lamentable noticia. Más triste aún, por no poder velarlo por disposiciones de la cuarentena, por lo cual no pudimos hacerle el homenaje militante que se merecía. Hugo, era parte de aquella juventud setentista que se vinculó a las ideas revolucionarias, socialistas, que defendía Política Obrera, y que como ocurrió con el grueso de aquella generación que se vinculó al marxismo y a la tarea de construir un partido obrero revolucionario, siendo muy joven se proletarizó. Siempre recordaba su paso por Propulsora Metalúrgica, una de las empresas más grandes, animadora de grandes luchas en la época del gobierno de Isabel Perón. A partir de ese momento, Hugo se mantuvo organizado y militando como cuadro partidario. Durante la dictadura, fue uno de nuestros cuadros en la fábrica FORD, militando en las peores condiciones represivas imaginables. En la fábrica funcionaba un escuadrón del ejército, los capataces eran miembros de las FFAA, con silbato, como en la colimba, llamaban a algún trabajador que era necesitado. Se llegó al extremo de prohibir la realización de partidos de futbol entre secciones calificándolas como actividades subversivas, y hubo trabajadores desaparecidos por animarse a realizarlos. Bajo esas condiciones, la célula de Política Obrera llego a editar varios números de un boletín, LA BIELA, que clandestinamente se distribuían varias de decenas. Allí lo conocí a Hugo. Hacíamos la reunión de célula los domingos, pues la fábrica había impuesto la jornada de 10 horas y el trabajo obligatorio de los sábados. Con Hugo recordábamos, que a las reuniones los compañeros concurrían tabicados acompañados de sus compañeras, porque era el único día que podían estar un tiempo juntos. El trabajo de Política Obrera en la Ford merece una historia aparte. La empresa tenía como método despedir cada seis meses una tanda de trabajadores con el solo motivo de que, si algo se estaba organizando, desarmarlo. En una de esas barrida, le tocó a Hugo. Fue en ese momento que se promovió su traslado a Tucumán, una regional incipiente. A finales del 82 me volví a encontrar con Hugo, esta vez en Tucumán. Iba con la misión de conquistar la primera personería electoral como Partido Obrero. Allí, con Hugo y otros compañeros formamos un comando y en tres meses logramos las afiliaciones y conquistamos la primera personería a nivel nacional en una provincia aún dominada por el terror. Hugo era una persona de carácter y pocas pulgas cuando algo no le gustaba, pero sabía separar lo personal de la organización política y la necesaria camaradería que debe existir en una organización revolucionaria. A lo largo de su vida, sufrió los avatares que vivió el partido, pero siempre supo ubicarse en el campo de los que defendían los principios, el programa, los métodos y la historia partidaria. Así ocurrió en 1987, cuando se mantuvo firme defendiendo los principios partidarios frente a una facción democratizante, de alcance nacional, que en la provincia llego al extremo de dividir al partido, lo que representó un duro golpe a la regional, pero el tiempo demostró que quienes habían roto con el partido abandonaban toda militancia y el PO salía fortalecido. Lo mismo ocurrió, ahora, en la lucha interna dentro del PO. Hugo fue parte del XXVI congreso y en la comisión sindical y del Polo defendió a capa y espada los planteos que luego iban a ser parte de los fundamentos para la conformación de la Tendencia. Hugo repudiaba a los renegados y los combatía con las armas del programa Hugo integraba nuestro Comité Provincial. El Partido Obrero, nuestra Tendencia, ha sufrido una gran pérdida. A su hijo Fede, que también integra el Comité Provincial, nuestras condolencias que extendemos al resto de la familia, a todos sus amigos y compañeros que han sentido esta pérdida. Hugo, hasta la victoria siempre.

28 de abril de 2020
La deuda, la pandemia, la crisis política

La foto que hace quince días unió a Alberto Fernández con Rodríguez “barbijos” Larreta no se volvió a repetir en las sucesivas apariciones públicas del presidente. La razón hay que buscarla justamente en el motivo de aquella conferencia – la oferta de renegociación de la deuda con legislación extranjera. Es que aquella foto le valió a Larreta una reprimenda del macrismo, porque una cosa es “acompañar al gobierno en la crisis sanitaria, y otra cosa es refrendar una propuesta que puede llevar al default” (Kirschbaum en Clarín, 28/4). La cuestión de la deuda y del default son el telón de fondo de la crisis que comenzó a acelerarse en los últimos días, y que tiene numerosos frentes de batalla. Al anunciar la extensión de la cuarentena este sábado, Alberto Fernández sólo fue acompañado por su gabinete. Al día siguiente, protagonizó un choque con cuatro gobernadores variopintos, que se coaligaron para rechazar las salidas recreativas de hasta 500 metros. En un comunicado común, el cristinista Kicillof, el macrista Larreta y dos pejotistas dejaron pagando al presidente. El rechazo a las salidas personales tiene lugar cuando en CABA y Buenos Aires se ha acelerado la curva de contagios, después de la cuarentena “administrada”. Pero viene acompañado de otro mensaje: la flexibilización del aislamiento hay que reservarla a la “producción”. Las excepciones deben servir para la vuelta al trabajo a fábricas y comercios, no para la recreación. La monumental presión capitalista para reanudar “la economía” se abre paso de un modo desordenado, y multiplica los choques políticos al interior de la “coalición sanitaria” que pilotea la cuarentena. La cuarentena y la deuda El capital financiero y la gran burguesía no sólo cuenta los días para finalizar el aislamiento obligatorio, sino también los que faltan para que Argentina ingrese en default, sino tiene lugar un acuerdo previo de deuda. Es lo que ocurrirá el próximo 22 de mayo, cuando se cumplan 30 días del vencimiento del bono Global que no fue pagado días atrás. En los últimos días, los voceros del gran capital han multiplicado los reclamos “contra el aislamiento de Argentina”, ello, en un escenario de empantanamiento de las negociaciones entre el gobierno y los bonistas. (El “aislamiento” se lee ahora en doble sentido, la cuarentena y el default.) Pero la discusión en torno de las quitas o plazos de gracia importan poco, frente al problema de los problemas –la evidente insolvencia de la Argentina, en un escenario de derrumbe económico internacional que perdurará después de la pandemia. Por eso, las discusiones entre los acreedores y el gobierno pasan ahora por “iniciativas que reduzcan la incertidumbre sobre los pagos futuros” (Ámbito, 28/4), las cuales exigirían “medidas de carácter institucional” (id). Prat Gay, hace 48 horas, fue más directo, cuando le dijo a la prensa que el valor presente de los bonos podía subir -y mejorar el humor de los acreedores- si el gobierno avanzaba en un acuerdo con el FMI. En otras palabras, si suscribía un plan de ajuste bendecido por el “organismo”. Pero un ajustazo, en medio o después de la pandemia, sólo sería el anticipo de una rebelión popular. No hay que olvidarse que la improvisada coalición pejotakirchnerista que gobierna desde diciembre subió enancada a la repulsa popular provocada por un derrumbe económico y un ajuste. La exigencia capitalista de una “normalización económica” tiene dos carriles –el levantamiento del aislamiento, por un lado, y un arreglo leonino de la deuda, del otro. Las dos cuestiones aparecen unidas por otro reclamo del capital: que la crisis sirva para poner en marcha una reestructuración social antiobrera, donde los actuales recortes de salarios, despidos o paralización de paritarias adquieran un carácter permanente. Este choque en ciernes tiene un alcance continental, como lo demuestra la crisis desatada en torno del Mercosur y su “continuidad”. Los restantes países del bloque, acaudillados por el Brasil de Bolsonaro, han redoblado sus acuerdos de apertura económica bilateral con Corea del Sur, Japón y otros, con la oposición del gobierno argentino. Fernández-Solá dicen tener el apoyo de la UIA, pero las entidades agrarias argentinas ya salieron en apoyo de las tratativas librecambistas que encabezan Bolsonaro-Piñera-Lacalle. Con relación a este desplante de Fernández, Carlos Pagni, vocero del bloque “antiaislamiento”, señaló que “en un tiempo estaremos revisando esta decisión” (LN, 28/4). ¿A qué gobierno se refiere? Cuando asumieron FF, señalamos en estas páginas su debilidad para arbitrar entre la crisis continental e incluso sus tendencias golpistas, de un lado, y la inviabilidad de un nuevo ataque a los explotados, del otro. Lejos de congelar estos antagonismos, el Covid-19 los ha agravado. La crisis política en ciernes comienza al interior del gobierno, como se demuestra en los choques sobre los permisos de la cuarentena; la liberación de presos -que ha enfrentado a AF con Massa y con Berni- y, por último y lo más importante, la cuestión de la deuda, que tiene al propio Massa discutiendo en paralelo con los acreedores. La iniciativa de los trabajadores, que se va moldeando en la lucha contra el colapso sanitario y la crisis social, tiene que abrirse paso, en oposición a los conspiradores capitalistas y el gobierno que está empeñado en rescatarlos.

28 de abril de 2020
Salta: los trabajadores de Salud en pie de lucha

El viernes pasado se realizó la primera protesta callejera del personal de salud de Salta para exigir los insumos para asistir a pacientes con COVID-19. La reacción se produce tras el anuncio de la Ministra de Salud provincial, quien planteó que no se harán cargo de “eventuales” contagios que se produzcan por no usar los barbijos y otros elementos provistos por el gobierno, aunque son completamente insuficientes e incluso no cumplen con los requerimientos de seguridad necesarios. La falta de recursos aportados por el Estado redunda en que los trabajadores se provean ellos mismos de los elementos de trabajo y de seguridad. Esto es una clara afrenta a quienes están en la primera línea de combate del COVID -19, pero también al conjunto de la población que recurre al sistema sanitario. En estas condiciones, un contagio generalizado sería una verdadera catástrofe. Al colapso sanitario por la falta de personal, la sobreexplotación laboral, las condiciones de completa precariedad y la falta de insumos para enfrentar al coronavid-19, se suma la elevada tasa de contagios de dengue, ya que Salta concentra el 25% de los casos (declarados) del país. Recientemente, una médica de norte de la provincia denunció que, solamente en el municipio de Colonia Santa Rosa, serían 600 los casos de dengue. Pongamos en pie comités de trabajadores en los hospitales Para desarmar la respuesta obrera, el gobierno citó a los gerentes de hospitales. Prometió enviar los recursos, pero sin ningún plan concreto. A la par, hizo lo mismo con los sindicatos, que acudieron como rueda de auxilio de Sáenz, dando la espalda a los reclamos de cientos de trabajadores. El gobierno descarga esta orientación criminal hacia el interior de los hospitales, amparándose en las gerencias que funcionan como una correa de transmisión de su política y en la completa adaptación de las direcciones sindicales a éstas. Los trabajadores tenemos que oponer el control de los propios trabajadores en los centros sanitarios de los protocolos y medidas necesarias para preservar la salud y las vidas de cientos de trabajadores, como de la población en general. Esta primera respuesta de los trabajadores de la salud de la provincia pone de a la orden del día la necesidad de una crítica de fondo al sistema de gerenciamiento hospitalario como una fuente de contagio del COVID y de colapso sanitario. El próximo paso es organizarnos en cada centro de salud, cada hospital y cada clínica, deliberar y fijar medidas para arrancarle al Estado nuestras reivindicaciones: salario mínimo igual a la canasta familiar; pago inmediato del bono extraordinario para todo el personal de salud; jornada laboral de 6 horas sin afectar el salario, establecimiento de un cuarto turno; empadronamiento de médicos, enfermeros, profesionales desocupados y la incorporación masiva de personal; pase a planta de los contratados y monotributistas; reconocimiento del COVID – 19 como enfermedad laboral; entrega inmediata de barbijos, cofias, camisolines y la totalidad de los insumos imprescindibles; testeos sistemáticos y regulares al personal sanitario.

28 de abril de 2020
La cuarentena no aplana la curva de femicidios

En Argentina una mujer es asesinada cada 29 horas. Tras 40 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la curva de los femicidios no se aplana: hasta el momento hay, al menos, 32 casos registrados. Quedarte en casa no es garantía de vida Según las estadísticas, 72% de los femicidios tuvieron lugar en la vivienda de la víctima. Del total, solo el 6% de los asesinatos fueron cometidos por desconocidos, el resto del porcentaje involucra parejas, ex parejas, familiares y vínculos cercanos. Estas cifras demuestran que, en la cuarentena, las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, y que el lugar de mayor peligrosidad para ellas es, ni más ni menos, que su propia vivienda. A los femicidios debe agregársele también el significativo aumento de las denuncias que fueron efectuadas por violencia en estos días. En medio de una crisis agravada por la pandemia, sobre las mujeres recae la mayor parte del trabajo doméstico, el cuidado de niños y adultos mayores y demás tareas ‘de hogar’. En este cuadro de despidos, suspensiones y recorte de salarios, el Ingreso Familiar de Emergencia como pago extraordinario por única vez, al cual no todos tendrán acceso, no constituye siquiera un paliativo. Con el disparo exorbitante de los precios de los productos de consumo cotidiano, el bono único de $10.000 no llega a cubrir ni una cuarta parte de lo que necesita una familia para comer. El Estado es responsable Ante miles advertencias sobre la profundización de la violencia en los hogares, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades se limitó a habilitar una línea telefónica y de WhatsApp, una aplicación para el celular y la campaña “barbijo rojo” donde básicamente un trabajador de farmacia se encarga de contactarse por vos al 144, la línea antes mencionada. No hay, entonces, ningún plan integral para resguardar la vida de las mujeres por parte del Estado. En este contexto, debemos reclamarle al Estado, mediante una gran lucha política, el aumento del presupuesto para los programas de violencia a la mujer; asistencia médica, legal y psicológica gratuita para las víctimas de violencia de género; creación de centros de atención integral y refugios para las mujeres y sus hijos en viviendas ociosas y con presupuesto propio; planes para acceso a la vivienda y al empleo; salario igual a la canasta familiar. En estas condiciones también sigue en agenda la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Pongamos de pie comisiones de mujeres en los barrios y lugares de trabajo y estudio, redoblemos nuestra organización clasista y socialista por el triunfo en la lucha de nuestras reivindicaciones y contra todo tipo de opresión. Ni una menos. El Estado es responsable.

29 de abril de 2020
¡Por un primero de mayo de organización y lucha!

La crisis económica y sanitaria por la que atraviesa el sistema capitalista a nivel mundial comienza a tener dimensiones cada vez más dramáticas. Así lo demuestran en parte las estadísticas internacionales que, en materia económica, por ejemplo, proyectan este año para América Latina y el Caribe, una caída del producto aún más abrupta que la registrada en la crisis que en 1914 precedió a la primera guerra mundial. Respecto a la propagación del Covid-19, aún los números dan cuenta de medidas sanitarias absolutamente ineficientes, con más de 3 millones de casos confirmados y 204 mil muertos en el mundo. En Chile, la situación no es otra. Si, por un lado, las proyecciones del Banco Central nos hablan de una recesión en tierra derecha, con una posible contracción del producto en torno al 7% en este trimestre, las estadísticas sanitarias confirman una curva de propagación del coronavirus aún al alza con 12.858 casos confirmados y 181 muertes. La grave situación, en materia económica y sanitaria por la que atraviesa el país, se profundiza día a día aún más por las medidas criminales impulsadas por el empresariado y su gobierno, el que ha dejado caer sobre los trabajadores todo el peso de la crisis. En materia sanitaria, se ha negado sistemáticamente a decretar cuarentena total, protegiendo los puestos de trabajo y el salario. Lejos de esto, hace un llamado a reactivar la economía haciendo avanzar sin ninguna oposición un paquete de rescate en la forma de una millonaria capitalización a los bancos privados por US$ 3 mil millones, para que estos, a su vez, entreguen créditos con garantía estatal por hasta US$ 24 mil millones, para todo tipo de empresas, usando las reservas del Banco Central. No contentos con esto, con la complicidad de todos los partidos del régimen, desde el Frente Amplio hasta la derecha más reaccionaria, promulgan la nefasta Ley de Protección del Empleo que permite al gran capital suspender la relación laboral con sus trabajadores, ahorrándose el pago de salarios por lo que dure la crisis. Agrega además esta ley, que, para su sustento, mientras dure la suspensión los trabajadores podrán hacer uso de sus ahorros de cesantía para pagarse a sí mismos un sueldo reducido en un 30% en el primer mes, 45% en el segundo y 55% en el tercero, vaciando con esto sus cuentas individuales del seguro de cesantía. Así, finalmente, somos nuevamente los trabajadores a quienes se les quiere hacer pagar la crisis, contando a la fecha una cifra en alza de contagiados y muertos por coronavirus, miles de desempleados y sueldos reducidos, la perdida de nuestros ahorros previsionales con la caída de las bolsas del mundo y el vaciamiento de nuestros fondos de cesantías. La política criminal del gobierno y sus nocivas consecuencias para la clase trabajadora no han hecho más que agravar las causas profundas que el 18 de octubre llevó a las masas a exigir su salida mediante la huelga general y una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. En lo próximo, estas se volverán a manifestar de manera abierta, reactivando los métodos y consignas de lucha que los trabajadores se han dado para enfrentar la crisis. En esta perspectiva entendemos el reimpulso que vive estos días la lucha y la organización de los sindicatos, las ollas comunes y la actividad de las asambleas populares, la creación de comités de cesante, las marchas y protestas en distintas localidades del país. En consideración a la grave crisis por la que atraviesa el país, desde el Partido Obrero Revolucionario hacemos un llamado a los trabajadores y a la izquierda a impulsar un primero de mayo de organización y lucha, que prevenga a la clase en su conjunto sobre la profundización de la terrible crisis económica, política y sanitaria en la que nos encontramos, y reactive la lucha contra el régimen abierta el 18 de octubre exigiendo una cuarentena total a costa del gran capital, garantizada por el estado, sin pérdida de salario ni puestos de trabajo; la nacionalización bajo control de los trabajadores del sistema de salud privado; protocolos de seguridad emanados de las asambleas de trabajadores en los centros de trabajo. Derogación de la Ley de Protección del Empleo. Libertad a las y los presos de la revuelta. Fuera Piñera. Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Gobierno de Trabajadores. En este camino, se vuelve del todo urgente realizar cuanto antes un Congreso de Trabajadores para discutir el estado, las causas y el devenir de la crisis, como también perfilar y organizar la lucha por su superación.

29 de abril de 2020
1° de mayo: la lucha contra el capital es de vida o muerte

El día internacional de los trabajadores tendrá lugar en medio de una excepcional crisis capitalista, acelerada por la expansión del coronavirus, que comienza a desatar crisis políticas en numerosos países. La pandemia sigue creciendo a un ritmo exponencial con más de 3 millones de personas infectadas y más de 200 mil muertos a nivel mundial con EEUU en el “epicentro” de la epidemia (casi un millón de infectados). Mientras colapsan los sistemas de salud, que han sido desmantelados y privatizados, la desocupación crece y con ella la miseria social, los gobiernos capitalistas inyectan billones de dólares para salvar a los bancos y las corporaciones. Se trata de una organización social que no puede proteger a la fuerza de trabajo, ni prescindir de ella. El capital necesita explotar a sus esclavos asalariados para producir beneficios. La pandemia ha forzado al confinamiento de gran parte de la población, a cerrar fronteras, cerrar o reducir el funcionamiento de las empresas, y paralizado en gran medida el comercio mundial. El capitalismo necesita terminar con las medidas que limitan su valorización, a expensas de la salud de la población y en primer lugar de los trabajadores y explotados. La lógica del régimen capitalista en declinación es salir de esta crisis con sus métodos históricos: la destrucción masiva de las fuerzas productivas (desempleo en masa), la descomposición de las fuerzas materiales de producción y, en particular, las guerras. La preservación de la salud corre por cuenta de la clase obrera organizada. La Organización Mundial de la Salud recomienda la cuarentena de la población, test masivos en barrios y lugares de trabajo, y protocolos estrictos de seguridad e higiene en los servicios esenciales que no puedan dejar de funcionar. Sin embargo, con variantes, los gobiernos capitalistas alientan a romper las cuarentenas y levantar las restricciones con el discurso mentiroso de “reactivar la economía”, es decir, favorecer los negocios capitalistas. Por un lado, gobiernos derechistas como el de Trump y Bolsonaro, pero también otros supuestamente “izquierdistas” como el de López Obrador, han minimizado el riesgo de la pandemia, expresando sin tapujos la necesidad del capital de que se mantenga sin limitaciones la producción. Trump y Bolsonaro han llegado a movilizar a sectores reaccionarios y fascistas contra las políticas de protección social y cuarentena, buscando quebrar toda restricción a la reproducción capitalista. Otros gobiernos que tomaron en cuenta limitadamente algunas recomendaciones sanitarias, cada vez más desnudan que buscan levantar las medidas adoptadas y convocan a vivir en una “nueva normalidad” donde los trabajadores puedan seguir siendo explotados aún a riesgo de expandir aún más la epidemia. Una de las mentiras que se propagan para defender la finalización de toda cuarentena, es la tesis del “efecto rebaño”, es decir, promover el contagio masivo con la finalidad de lograr la inmunidad frente al virus, una tesis que no tiene respaldo en la comunidad científica ni en la propia OMS. No existen evidencias de que los contagiados alcancen ninguna inmunidad. Los gobiernos capitalistas proclaman el objetivo de la “reactivación económica” para justificar sus medidas contra la salud pública. Mentira. Lo que hay por delante es mayor “recesión” o directamente depresión económica, como lo reconocen sus propios economistas. Pretenden aprovechar el repliegue de la fuerza de trabajo produciendo despidos y achique de puestos de trabajo, reducción de salarios y mayor flexibilización laboral, y liquidar los convenios colectivos. ¡El capital usa esta pandemia para desatar una guerra de clase contra la clase obrera! En tanto se procede a un ataque fenomenal contra las conquistas y condiciones de vida del mundo del trabajo, de otro lado crecen los cacerolazos y las movilizaciones bajo control sanitario de los trabajadores -como en Israel, Francia o Chile. La huelgas ‘salvajes’ en Italia, España, Gran Bretaña, Brasil, Argentina y EEUU señalan una clara consinga: “nuestras vidas, primero”. “Nueva normalidad” En Uruguay la epidemia continua extendiéndose, y en Montevideo comienza una expansión desde los barrios ricos a los barrios populares, incluso a los asentamientos. Las medidas del gobierno derechista se han enfocado en salvaguardar los intereses del gran capital, en detrimento de la salud de la población. El gobierno de coalición encabezado por Lacalle ha reforzado a los de su clase con créditos y subsidios, extendiendo plazos en los casos de compromisos y obligaciones, mientras dio luz verde a los empresarios para que despidan y envíen al seguro de paro (tal vez sin retorno) a cien mil trabajadores. Por otra parte, el aumento del dólar ha disparado los precios de la canasta familiar, lo cual implica una rebaja salarial encubierta que junto con el aumento de las tarifas operan a la baja en el poder adquisitivo del pueblo explotado. Esta política ha impactado de forma brutal en los barrios obreros, dónde se dio una explosión de ollas populares para garantizar la sobrevivencia de miles de desempleados y precarizados. En el marco de la pandemia, asistimos a la más infame y brutal confiscación a los trabajadores por parte del capital y su gobierno con el apoyo de la oposición de centroizquierda. El Frente Amplio ha votado nuevos impuestos al salario de funcionarios públicos, y ha abandonado rápidamente sus planteos de profundizar la cuarentena y de establecer un subsidio equivalente a un salario mínimo nacional para los más de 400 mil precarizados y cuentapropistas que se quedan sin ingresos si permanecen en sus casas. En este contexto, el gobierno busca imponer la “nueva normalidad”, un eufemismo para arrasar con los derechos laborales y sociales de los trabajadores como supuesta base para reiniciar los ‘motores de la economía’. Así lo demuestran los más de 100 mil trabajadores en el seguro de desempleo, miles de despidos y ollas populares que crecen por todo el país. La ‘nueva normalidad’ incluye la rebaja salarial exigida por las cámaras patronales, la liquidación de los convenios colectivos, y la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el capital financiero (deuda externa) que implica el impuesto a los funcionarios públicos. La ‘frutilla’ es el ingreso al parlamento de la Ley de Urgente Consideración que implica un salto en la represión policial y la militarización (profundiza el giro represivo iniciado por los gobiernos del FA), avanza sobre la privatización educativa, la desmonopolización de ANCAP y el ataque al derecho de huelga (prohibe las ocupaciones y permite al gobierno incluso declarar ilegal una huelga). La devaluación monetaria que impacta en la carestía de la vida y en el aumento de la deuda externa ni siquiera va a favorecer las exportaciones, en un mundo en que se cierran mercados y se paraliza el comercio internacional. No habren ninguna salida, del mismo modo que con los tarifazos y ajustes fiscales van a agravar la depresión económica. ¡No tienen salida! ¡Sólo la clase obrera pueda abrir una salida! Las luchas en los barrios por subsidio al desempleado, contra el desalojo a los ocupantes de tierras, la organización en ollas populares, la movilización de sindicatos (Frigoríficos, enseñanza, construcción, municipales, etc.) para garantizar las medidas de cuarentena y protocolos de seguridad e higiene, son el camino -así como los cacerolazos y paros contra los tarifazos marcan una perspectiva para luchar por las reivindicaciones obreras y populares. Movimiento obrero En el movimiento obrero y la izquierda se ha abierto una deliberación sobre qué estrategia desenvolver frente a la guerra de clases que plantea el gobierno. La estrategia de la dirección burocrática del PIT-CNT es el impulso a un ficticio ‘diálogo social’ con el gobierno y la clase capitalista. No ha sido el camino que tomaron los trabajadores del correo, AUTE, FFOSE, la Unión Ferroviaria, Adeom o la FOICA que arrancaron mediante huelgas y paralizaciones las medidas sanitarias y protocolos para enfrentar la epidemia y garantizar la cuarentena. Para enfrentar la LUC y el plan de guerra de Lacalle Pou el camino es la acción independiente de la clase obrera en la perspectiva de la huelga general. La supuesta salida “dialogada” frente a este ataque en regla contra el movimiento obrero, equivale a preparar una derrota y una brutal vuelta de tuerca en las condiciones de explotación de los trabajadores. Algunos sindicatos (Adeom, Fancap, entre otros) ya han planteado en el seno del PIT-CNT la realización de un paro general para derrotar la LUC y para defender un plan sanitario de los trabajadores. A pocos días del día internacional de los trabajadores, la burocracia sindical ha logrado desarticular la movilización resuelta por la Mesa Representativa (realizar cuatro actos en lugar de uno, para evitar aglomeraciones), sustituyéndolos por una caravana, para no movilizarse contra la “normalización” del gobierno. Se niega a exigir la cuarentena para que todas las tareas productivas no vinculadas a la alimentación, la higiene o la emergencia sanitaria sean suspendidas, con el mantenimiento del 100% del salario, y que se grave al capital y las grandes fortuna para garantizar un subsidio de $ 20.000 a desempelados, precarizados y cuentapropistas. Con esta señal los Periera y Abdala intentan reanudar la política del «diálogo» con un gobierno que se ha negado a escuchar a los trabajadores. La burocracia sindical accede a desbaratar cualquier respuesta contra el ajuste, sin denunciar la política criminal del gobierno, que descarga la crisis sobre los trabajadores aprovechando la inmovilidad del movimiento sindical. Por un programa de lucha Un programa obrero frente a la crisis sanitaria, económica y social, debe comenzar por exigir la cuarentena de la población, asegurando el cierre de toda actividad económica no indispensable, garantizando el 100% de los salarios; por protocolos de salud e higiene propios emanados de las asambleas; prohibición de los despidos; reducción de la jornada de trabajo a seis horas y cuatro turnos por jornada, incorporando personal nuevo; reducción de la jornada y rotación del personal de salud, dejando sin efecto todos los envíos al seguro de paro; cuarentenas en las barriadas con protocolos que contemplen el hacinamiento habitacional y la falta de otros espacios propios; producción y adquisición de respiradores y de equipos (kits) de diagnóstico y un plan masivo de testeos; intervención estatal en la medicina y laboratorios privados, bajo control de los trabajadores; ningún rescate al capital, nacionalización bajo control obrero, y destinar el dinero a la salud, a la vivienda, a la alimentación y a la medicina; no a los desalojos: total apoyo a los que luchan por la vivienda; salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todo el mundo de trabajo incluyendo a los trabajadores no registrados, monotributistas, desocupados, precarios, jefas de hogar, y finalmente poner fin a todo pago de la deuda externa. Por un plan de lucha para conquistar el retiro de la reaccionaria LUC y todo el programa que representa. Las políticas de conciliación de clases han demostrado su fracaso, en Uruguay y en todo el mundo. Tras quince años de gobierno “centroizquierdista”, con mayorías parlamentarias y altos precios de los productos de exportación, no pudieron superar la miseria social y terminaron pavimentando el retorno de la derecha a través de una coalición de cinco partidos -que expresa la fragmentación y disgregación de la propia clase capitalista. Esa megacoalición derechista no abrirá ninguna salida, ni siquiera en términos capitalistas, van a una profundización de la crisis y la agudización de la lucha de clases. Es necesario que la clase obrera recupere su independencia política, en oposición a los frentes de colaboración de clases y la estrategia de pacto social con la burguesía, para luchar por un gobierno de trabajadores y la unidad socialista de América Latina. En Uruguay, y en todo el planeta, necesitamos poner en pie un partido de masas de trabajadores, y una Internacional Obrera y Revolucionaria. En este 1° de Mayo el grito de la clase obrera internacional debe ser, como nunca, Socialismo o Barbarie.

29 de abril de 2020
Jornada del Frente de Lucha y del Polo Obrero (T) en todo el país
Cecilia Lorusso

Este martes 28, delegaciones del Frente de Lucha Contra el Hambre y la Pandemia, que integra la Tendencia del Polo Obrero junto a otras organizaciones sociales, movilizamos ante las oficinas de Desarrollo Social en 23 provincias del país reclamando medidas urgentes en defensa de la salud, la alimentación y el trabajo. El gobierno pretendía celebrar la audiencia, solicitada el 10 de abril, sólo con una de las organizaciones firmantes. El Frente rechazó esa propuesta, y logró que se recibiera a todos los integrantes del frente. En la reunión de las oficinas de Desarrollo Social de Nación, en CABA, planteamos la crítica situación que vive el 40% de la clase obrera argentina, a la que se le niega un trabajo fijo y en blanco, y que ante la pandemia depende de una asistencia que no llega. El Ingreso Familiar de Emergencia dejó afuera a 5 millones de personas, de 12 millones inscriptas. El subsidio correspondiente al mes de abril terminará de pagarse en junio, y la nueva inscripción anunciada para el día 22 no se hizo efectiva. El gobierno escatima y dilata un pago de $10.000 (menos de una cuarta parte del valor de la canasta básica del INDEC) mientras se disponen a pagar a los bonistas y al FMI. Los funcionarios que recibieron a la delegación aseguraron que entregarán los alimentos adeudados en la semana y que la siguiente entrega será en 20 días. También se comprometieron a dar una respuesta a los reclamos de aumento y nuevos puntos de entrega, como Posadas, Mendoza, Mar del Plata, Catamarca, San Juan y Colonia Santa Rosa. La entrega de mercadería se había paralizado tras el escándalo de los sobreprecios y la renuncia de todos los funcionarios del área. En vez de intervenir a las empresas que especulan con productos básicos en medio de una emergencia, el Estado canceló la licitación, demorándola tres semanas. En CABA no se reciben alimentos desde febrero. Ante los inconvenientes que manifestó el gobierno para la compra de alimentos, la Tendencia planteó que se reemplace por una tarjeta alimentaria universal para que cada familia pueda adquirir lo que necesita y realizar la cuarentena en su casa. Los funcionarios respondieron que la tarjeta alimentaria continuará restringida sólo a los beneficiarios de la Asignación Universal con hijos menores a 6 años (recién el mes próximo se depositará en todo el país). Con relación al reclamo sobre el aumento del monto de los planes sociales -actualmente de $8.500- y la apertura de nuevos cupos, se comprometió una reunión la semana próxima con los funcionarios del área. Fernández dice que, en las villas y asentamientos, “la casa es el barrio”. Admite así que no garantizará los alimentos, artículos de higiene y de limpieza, que las familias necesitan para poder quedarse en casa (ni casas para quienes viven en hacinamiento). La “cuarentena comunitaria” no es una cuarentena real: el virus ya ha llegado a la villa 1-11-14 (donde se cobró al menos una víctima fatal), la 20, la 31 y otros barrios del país. La circulación de quienes buscan una vacante en comedores colapsados, y las filas para retirar la vianda al mediodía y a la noche, dejan a esos vecinos expuestos al contagio. Frente al hambre que empuja a salir de casa, surgen cada día nuevas ollas populares y crecen los reclamos de los comedores. Los gobiernos locales distribuyen asistencia a cuentagotas, a través de los punteros que la administran a discreción, o estableciendo criterios de necesidad para seleccionar las situaciones más desesperantes: problemas graves de salud, adultos mayores o personas con discapacidad, que pagan alquiler y no cuenten con pensión ni ningún ingreso. Dejan sin nada a otras que, a pesar de no tener todos estos problemas, tampoco pueden trabajar y se encuentran pasando necesidades apremiantes. En Hurlingham este mes el municipio no entregó la leche a los merenderos. La Jornada tuvo, además, otros resultados en algunos puntos del interior del país, donde los gobiernos locales recibieron los petitorios que se presentaron y comprometieron una respuesta, como en Mar del Plata y Tucumán. En Mendoza (donde se ha organizado una nueva regional de la Tendencia) los compañeros recibieron el llamado de los funcionarios para coordinar la entregar de mercadería. A 40 días de iniciada la cuarentena, se ha logrado poner un límite al intento del gobierno de desconocer a las organizaciones independientes del estado, aprovechando la dificultad para la movilización. La crisis sanitaria está lejos de resolverse, y la económica se ha profundizado a niveles históricos. En los barrios se debate cómo enfrentar a ambas. La clase obrera no atravesará esta crisis sin luchas. Tenemos la tarea de reagruparnos con los vecinos y organizaciones independientes del gobierno, para conformar comités barriales que las organicen.

29 de abril de 2020
Docentes bonaerenses: cuarentena sin actualización salarial y con mayor precarización

El acuerdo salarial a la baja aceptado (en soledad) por la burocracia del Suteba condena el salario a un congelamiento que no se corresponde con las necesidades crecientes de la docencia para afrontar la cuarentena. El 8% de aumento percibido en marzo, que llevó al salario conformado inicial del maestro a la cifra paupérrima de 29 mil pesos, ya fue devorado por la inflación de enero-marzo. De tal modo que el salario de un maestro representa el 38% del costo de la canasta familiar, y se ubica un 30% por debajo de la línea de pobreza. El preceptor está todavía más lejos: su sueldo está congelado en 26.196 pesos. Frente a esto, Baradel y sus acólitos proponen esperar a la segunda (y última) cuota del “acuerdo”: ¡otro 8% en julio! De ninguna manera. Un acierto del activismo, y en particular de Tribuna Docente (Tendencia) y la Multicolor, fue plantear la defensa de la cláusula gatillo, como un reaseguro salarial ante la escalada inflacionaria. El cacareado argumento para entregar la cláusula gatillo, de que el acuerdo iba a permitir “ganarle a la inflación” (Baradel en Perfil, 10/2) se ha revelado como un embuste. Planteamos el adelantamiento de la segunda cuota y la reapertura urgente de la paritaria, para avanzar con la recuperación del poder adquisitivo del salario, por un salario básico equivalente al costo de la Canasta Familiar (75 mil), con cláusula gatillo. Por otra parte, la suspensión de las clases golpeó fuertemente a un conjunto de docentes que se venían desempeñando como suplentes, o que trabajan en el plan Fines y otros programas. Esta drástica reducción laboral y salarial, alimentada por el propio gobierno con la suspensión del Fines y el no nombramiento de cargos faltantes, expresa un ajuste encubierto, en línea con la tentativa de Kicillof de cancelar la deuda de la provincia “con fondos propios”. Programa “Piedas” y precarización Un extendido movimiento de reclamos que recorrió toda la provincia, con base en coordinadoras de Fines -que se fueron extendiendo en medio de la cuarentena- así como la presión de las seccionales multicolores que tomaron diversas iniciativas de visibilización, fueron un factor que obligó al gobierno a tomar alguna clase de medida para dar respuesta a las necesidades del sector más precarizado de la docencia, que además quedó excluido del IFE y demás ‘beneficios’ destinados a paliar la situación generada por la cuarentena. El “Piedas” (Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes en el marco de la emergencia sanitaria), lanzado en la primera quincena de abril, estuvo destinado en una primera etapa a docentes desocupados (con 0 módulos/cargos) y les asignó un ingreso equivalente a 8 módulos (poco más de 17 mil pesos). Recientemente, mediante la resolución 2020-901, el programa se amplió para que en una segunda etapa se incorpore a docentes con una carga horaria inferior a 8 módulos semanales, completando dicho “tope” de 8. Es decir, al docente que tiene 2 módulos le asignarán 6 del “Piedas”. Si trabaja en 3 módulos le asignarán 5 del “Piedas”. Si trabaja en 7 le asignarán 1, etc. En la ‘letra chica’ del ‘Piedas’, el docente queda sujeto a los requerimientos laborales que la jefatura educativa de su distrito considere. Es decir, se ve forzado a aceptar condiciones laborales que en principio desconoce. Ante la alternativa del hambre, el gobierno descuenta que aceptarán dichas condiciones leoninas. Ya son decenas de miles los docentes que están siendo convocados a tareas que no les corresponde, vinculadas a la asistencia en los comedores o tareas administrativas, para las cuales no están preparados, ni se los provee de elementos de protección sanitaria elemental en medio de la pandemia, como lo son barbijos, guantes o el alcohol en gel." Hay que rechazar estas imposiciones y defender fuertemente la vigencia del Estatuto del Docente. Desde Tribuna Docente (Tendencia) planteamos el derecho a una garantía salarial de 42 mil pesos para todos los compañeros que hoy se encuentran con pocas o sin ninguna hora/cargo, y la incorporación masiva de los docentes a la plantilla oficial. Ningún docente en condiciones de precariedad laboral.

29 de abril de 2020
Nada de lo humano me es ajeno

Se ha debatido bastante sobre el carácter de la cuarentena impuesta por el gobierno de FF y de si nos encontramos frente a un Estado policial que coacciona las libertades democráticas, contra el cual nos tendríamos que rebelar. Personalmente suscribo a la posición de la Tendencia y considero que las posiciones de la izquierda, que oscilan entre el foquismo y el pacifismo, le dan la espalda a la realidad de los trabajadores. Es por esa razón que quiero hacer llegar al correo de lectores una experiencia propia y amarga, pero no la única. El mismo día que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a mi cuñada, quien estuvo casada con mi hermano por más de 30 años, le diagnosticaron un tumor, que ya se había ramificado. Ese mismo día, quedó internada en una clínica de la Capital Federal. Estuvo internada por diez días, con el único acompañamiento de mi hermano. Él, a raíz del aislamiento, no pudo salir de la clínica más que para hacer alguna que otra compra necesaria. La única excepción que existió en todos esos días fue el permiso de visita de su hijo, mi sobrino. No sabíamos si mi hermano comía o podía dormir. En todo el tiempo transcurrido, todos los que formamos parte del círculo íntimo de ambos tuvimos que conformarnos con comunicaciones telefónicas y virtuales. No pudimos abrazarnos, no pudimos acompañar de manera presencial, aun sabiendo que su salud empeoraba día a día. Y tampoco pudimos estar con mi hermano cuando después de diez días de pelear contra esa enfermedad, mi cuñada falleció. Ese ritual tan humano, que es el de despedir a un ser querido, tuvo que ser reemplazado por llamadas, donde las lágrimas no pudieron ser amortiguadas en un hombro. Nuestra familia pudo haber tomado la decisión de violar la cuarentena en varias ocasiones. Pero afrontamos nuestro pesar como pudimos. Ningún "Estado policial" nos obligó a quedarnos en nuestras casas. Lo hicimos porque fuimos conscientes del peligro que podía significar para toda la familia el estar juntos. Sobre todo, para los adultos mayores de la familia, que, a la vez, fueron los más impactados por el desconsuelo de semejante pérdida. Todos aceptamos estas medidas, aunque sin resignación. Pero ¿qué ocurre? Mientras nosotros, los que vivimos de nuestro trabajo, lloramos en soledad la pérdida de un ser amado para preservar la salud y la vida de todos, del otro lado, los que viven de explotarnos, nos obligan a ir a trabajar sin las medidas de seguridad, en un transporte infectado y con un salario de miseria. Nuestros padres y abuelos son arrojados a las filas de los bancos para cobrar las monedas de su jubilación, si es que no mueren dentro de un geriátrico. Mientras los parásitos meten a las empleadas domésticas en los baúles, nuestros médicos y enfermeros enfrentan una pandemia sin recursos. Para los que militamos por el socialismo, y no estamos enceguecidos por el parlamentarismo, esta pandemia nos obliga a mirar la realidad de frente. Nos obliga a defender la vida, y a luchar contra un sistema que solo nos puede ofrecer muerte. Luchamos con los métodos que conocemos y con las herramientas de las que disponemos. Finalizo estas líneas enviando un gran abrazo (virtual) a todos los compañeros que están militando en este cuadro. Cada uno, con experiencias personales distintas, donde no pueden abrazar a sus hijos, padres y abuelos. O, cómo en mi caso, a los hermanos. pero las convicciones siguen intactas. Luchemos contra la barbarie. ¡Por el socialismo!

29 de abril de 2020
Por un plan de lucha para los municipales de San Isidro
Walter Sánchez y Margarita Cuellar

Los intendentes y los sindicatos municipales son la punta de lanza de esta política de hacerles pagar los trabajadores los costos de la cuarentena. Como pasó en Berazategui, Bahía Blanca, Tres de Febrero y otros municipios, el sincericidio de algunos funcionarios pone en la agenda del movimiento obrero el problema del cobro de salarios de los trabajadores municipales. En este caso se filtró un audio del secretario general de municipales de San Isidro, Omar Arce, quien asegura (después de salir de una reunión) que puede garantizar el cobro total de los sueldos y "por lo pronto queda adeudado las horas extras". Para sueldos tan bajos las horas extras representan un complemento crucial que puede representar un 20 o 30% del salario neto. En el audio llega más lejos; señala que los municipales son unos "privilegiados" ya que no habrá despidos porque cajoneó el reclamo de aumentos para este año. Se confirma la política que vienen llevando todos los gremios: el chantaje para la clase obrera de salarios miserables (y recortados, o sea, más miserables aún) a cambio de estabilidad laboral. Lo demuestra la firma del acuerdo CGT- Gobierno donde se legaliza una quita del 25%. Por la preocupación que esto lleve a huelgas y paros, el martes 27 el gobernador Kicillof creó por decreto el "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal" con el objetivo de contribuir con el pago de los sueldos de los empleados municipales. Son 8 mil millones de pesos con la posibilidad de extenderlo a 12 mil millones. El municipio deberá devolver ese préstamo (sin interés ni gastos administrativos) en el ejercicio fiscal 2020, pero a condición de renunciar a su parte de los fondos que surgen de la Coparticipación. En definitiva, el decreto es una "engaña pichanga" porque no aporta plata "fresca". En realidad, es un adelantamiento del dinero que les correspondería a los municipios por ley. La falta de Fondos para pagar salarios debe ser primero demostrada. En los presupuestos de los intendentes se esconden varias cajas negras donde se filtran millones de pesos. En el caso particular de San Isidro, el intendente Posse hizo aprobar en la sesión del 4 de diciembre del 2019 el presupuesto 2020 con 17.500 millones de pesos, el mayor de la provincia de Buenos Aires. Hay que reunirse en asamblea, decidir los métodos de lucha y superar estas burocracias sindicales que ya han decidido que serán los trabajadores quienes paguen los costos de la cuarentena. Hay que seguir el ejemplo de los trabajadores de Bed Time que han ocupado su fábrica frente a la amenaza de despidos y recorte salarial. "Sin salarios no hay cuarentena" sostiene los trabajadores. Apertura de los libros de los municipios. Basta de cajas negras. Que todos los ítems, como el presentismo, se incorporen al básico. Sin el cobro de la totalidad del salario no se trabaja. Esta situación excepcional debe ser sostenida por la patronales.

29 de abril de 2020
Femicidio en Pilar: si no nos organizamos nos matan

El 28 de abril, Pilar volvió a ser golpeado con otro femicidio que se suma a los 32 casos que sucedieron en el marco del aislamiento social obligatorio. La víctima se llamaba Patricia Fretes, tenía 47 años, era psicóloga y docente del barrio Villa Verde y fue asesinada con un cuchillo. La hija intentó defenderla y a causa de ello sufrió lesiones graves. La ex pareja de Patricia, su femicida, intentó suicidarse. Actualmente la ex pareja y la hija se encuentran internados en el Hospital Sanguinetti. En el mismo barrio "Villa Verde" hace 11 días que buscamos a Romina Orzusa, vecina de 31 años y madre de 3 nenas. El barrio está conmocionado. La familia sigue buscándola intensamente y las organizaciones de mujeres convocamos a una movilización al Palacio Municipal de Pilar este miércoles 29 bajo un protocolo de resguardo. La necesidad de refugios para mujeres y niños en situación de violencia está a la orden del día. Deben contar con gabinete de psicólogos y presupuesto propio, es el único modo en que las mujeres no sean prisioneras de su pareja. También hay que arrancar un subsidio para toda víctima de violencia igual a la canasta familiar. El subsidio establecido por Kiciloff (Decreto 178) no establece monto y queda librado al arbitrio del Ministerio de la Mujer ya que es “limitados a casos que, a sólo criterio del Ministerio, revistan extrema gravedad y urgencia". Movimiento de mujeres La crisis política generada a partir de la pandemia del COVID-19 se trasladó al movimiento de mujeres de Pilar, distrito donde actualmente gobierna el kirchnerismo. En la multisectorial "asamblea de mujeres de pilar", que integramos con el pdt (tendencia), se generó un debate profundo sobre la precarización laboral de los trabajadores de la salud y la falta de insumos en los hospitales. Además, tuvo lugar una denuncia del movimiento LGTB+ porque el gobierno no entregó los bolsones de mercadería prometidos a un centenar de compañeres. Son el grupo de mayor riesgo, que en general sobrevive de la prostitución callejera para poder comer. Desde el Plenario de Trabajadoras (Tendencia) de Pilar, elaboramos un documento que llama a luchar contra los femicidios y la precarización en el área de salud, y a organizarnos de forma independiente del Estado. Después de un áspero debate con los sectores afines al gobierno, logramos la adhesión de la mayoría de las organizaciones y mujeres autoconvocadas que integran la asamblea, excepto la del PO oficial. En el documento convocamos a una asamblea abierta via teleconferencia para avanzar en la organización del movimiento de mujeres. Proponemos discutir un programa de acción común para luchar contra la barbarie a la que están sometidas las mujeres del distrito para el 2 de mayo a las 16 horas.

29 de abril de 2020
Morales pone en disponibilidad a estatales precarizados

Morales anunció en el marco de los informes del COE, el “estado de disponibilidad” de toda la planta de trabajadores del estado para “colaborar” en tareas sanitarias y garantizar la cuarentena, en el marco de la emergencia por el coronavirus, exceptuando los trabajadores que se encuentra como población de riesgo. Es lo que ya venía ocurriendo en diferentes sectores bajo la dirección de los ministerios. Por ejemplo, el ministerio de Educación hace dos semanas que está enviando a trabajadores administrativos y de maestranza a “gestionar la cuarentena del Edificio N°1 del IVuJ- Alto Comedero”, donde deben velar por la seguridad y control de los que allí realizan la cuarentena. El memorándum dispone turnos rotativos para cubrir las 24 horas los siete días de la semana. Deuda Sí, aumento salarial No El gobierno provincial ha aprovechado la cuarentena para dejar sin aumento salarial alguno a los estatales jujeños. No pagó los míseros $4.000 a principio de año como se pagaron en otras provincias, ni ha convocado a los gremios para discutir la paritaria. Esta “vuelta a la actividad" se hace en peores condiciones salariales, más aún si se tiene que la inflación en Jujuy ha sido más alta que la ascendente inflación nacional. La legislatura jujeña, con anuencia del oficialismo y el PJ, aprobó un endeudamiento por $6.000 millones de pesos para pagar salarios, pero de un aumento ni hablar. Por el contrario, Morales impuso un recorte a los docentes aun después de que iba a ser un sector “privilegiado” por el gobierno, junto a la salud y las fuerzas de seguridad. A ningún trabajador se le escapa que está “en carpeta” un ajuste sobre los estatales ya sea por la vía de la reducción de personal (suspensión o no renovación de contratos) o de recortes salariales. La idea de un recorte salarial estaba en los proyectos de Morales, pero reculó frente al rechazo que recibió esa medida en Salta, al punto que obligó al gobernador Sáenz a retrotraerla en cuestión de horas. Por lo pronto, ha recortado adicionales a los estatales en nombre de reducir los salarios a sus funcionarios. ¿Tareas esenciales? Definamos los trabajadores El gobierno de la provincia todavía no ha publicado ningún protocolo que fije qué tipos de tareas son las establecidas para que realicen los trabajadores. Por ejemplo, se está enviando trabajadores como refuerzo de seguridad en instalaciones donde los jujeños que vuelven a la provincia deben permanecer en cuarentena Los trabajadores que están asistiendo al control y cuidado de los obreros golondrinas no reciben ningún tipo de protocolo sanitario, ni ropa adecuada, ni barbijos ni siquiera alcohol en gel, como tampoco se les reconoce el transporte para llegar al lugar, que tiene que ser costeado por los mismos trabajadores. La burocracia sindical del FAG (Frente Amplio Gremial) no ha abierto la boca sobre nada de esto. Los trabajadores estatales debemos poner en debate la pertinencia de las nuevas tareas que nos quieren incorporar. Determinar nosotros si son efectivamente esenciales, o es una excusa del gobierno para tenernos “cortito”. E incorporar un pliego reivindicativo bajo cuáles condiciones vamos a realizar estas tareas si las consideramos necesarias: Cumplimiento de la cuarentena para todas las tareas no esenciales sin recorte salarial ni represalias. Respeto de la misma para los empleados que sean población de riesgo. Entrega de equipamiento de trabajo adecuado para la prevención de contagios para quienes prestan servicio. Aumento salarial de emergencia ya. Pase a planta de los contratados. Por protocolos de cuidado sanitario discutido con los trabajadores en cada dependencia estatal. Elección de delegados en cada dependencia en base a asambleas de base para no dejar pasar ninguna medida anti obrera del gobierno.

29 de abril de 2020
Clínica San Carlos: muerte de una médica por covid19

La desidia de la Clínica San Carlos de Escobar sigue causando estragos. El saldo que hasta ahora arroja la crisis sanitaria por el COVID-19 es de 23 casos confirmados entre pacientes y personal de la clínica, y causó el pasado lunes la muerte de una reconocida médica, Elena Rojas, quien seguía trabajando, aunque estaba jubilada. Finalmente, el municipio de Escobar en conjunto con el Pami cerró la clínica y derivó los pacientes a otros centros de salud. Pero esto ocurrió recién después de que un video que se viralizó expuso la precaria situación en la que se encontraban los pacientes; después de la denuncia de familiares que afirman que quienes entraban a la clínica por cualquier tipo de dolencia salían infectados de COVID-19, y después del reclamo de sus trabajadores ( https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/1004-escobar-contagios-en-la-clinica-san-carlos/ ). Pese a las condolencias públicas del intendente Ariel Sujarchuk, este no queda exento de la responsabilidad política por la muerte de la médica y los 23 contagios, ya que el municipio estaba al tanto de la condición alarmante de la clínica incluso antes de la pandemia. Igual dejó la funcionar sin controles hasta que se convirtió en un foco de contagios y muertes. Tanto en el ámbito público como en el privado, se repite día a día y son cada vez más los casos de clínicas o geriátricos que resultan ser principales concentraciones de contagios por la falta de EPP (elementos de protección personal) y por las condiciones laborales a los que son sometidos sus trabajadores. El ataque de las patronales de la salud se desarrolla sin ningún tipo de freno por parte de los sindicatos de sanidad, que dejan a la patronal una “zona liberada” para los aprietes y persecuciones a los trabajadores que reclaman. Las exigencias son elementales: que se entreguen los equipos de protección (EEP). Que se hagan los seguimientos y test correspondientes a los trabajadores y pacientes que estuvieron en contacto con los médicos contagiados. Que se termine la persecución patronal. La estadística que el presidente no enseña en sus “clases por cadena nacional” es que la Argentina es uno de los países con mayores porcentajes de contagiados entre los trabajadores de la salud. La coordinación entre los trabajadores de los diferentes centros de salud es un paso fundamental para organizar la lucha por todas las reivindicaciones, en el marco de la actual pandemia. La lucha contra el capital es de vida o muerte.

29 de abril de 2020
El Congreso Nacional, de una cuarentena a otra

Entre barbijos y alcohol en gel, luego de chicanas de un lado y del otro, se realizó la reunión de labor parlamentaria en donde el oficialismo y los jefes de bloques de la oposición avanzaron en un acuerdo para que el Congreso vuelva a funcionar, a partir de la semana que viene. La metodología acordada sería mixta: los jefes de bloque estarán presentes en el recinto y el resto de los diputados lo hará de forma virtual. Queda por definirse la elaboración de un protocolo que establezca en qué condiciones se van a desarrollar las sesiones. Si bien oficialistas y opositores consensuaron que necesitarían aprobar por dos tercios la modificación del reglamento de la Cámara para implementar esta forma de funcionamiento, la oposición quiere ponerle un límite de tiempo a la posibilidad de sesionar de este modo. Sergio Massa señalo que la resolución debería renovarse cada 30 días para evitar “que la situación extraordinaria no se transforme en un hábito”. El acuerdo, sin embargo, ha dejado heridos en JpC. Previo a la reunión, alrededor de unos 80 legisladores del bloque macrista llegaban desde sus provincias, en lo que denominaron “la travesía por la democracia”, para insistir en hacer una reunión con la presencia de los 257 diputados. Pero otro grupo de 15 diputados, que responden a Emilio Monzó y los radicales del bloque porteño de Evolución, salió a diferenciarse públicamente del ala “dura”, y acompañaron con su firma el pedido de una sesión remota para el jueves 30 de abril. El diario La Nación (28/4) ventiló la reacción del sector de Negri: “Que nos corran con la unidad y jueguen para el enemigo según les convenga no es aceptable. O adentro o afuera, no vamos a llorar por diez diputados ". Esta interna en la oposición ha llevado a que queden suspendidas, por el momento, las reuniones de la mesa chica del espacio macrista. Los que en nombre del republicanismo reclaman que “funcionen las instituciones” y han caracterizado que en el gobierno se “enamoran del estado de excepción” (Negri en Perfil 23-4), pretenden llevar al Congreso una agenda anti obrera, como es el levantamiento de la cuarentena para los negocios, con la precaución de encerrar a los mayores y a quienes tienen problemas serios de salud. Han adelantado que se opondrán al impuesto, envuelto en prolongado misterio, ‘a los ricos’, pero darán conformidad a los DNU que han eximido a las patronales de los aportes jubilatorios. Es lo que viabilizaría la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargado de legalizar los DNU. La Convención Constituyente de 1994, harto elogiada por el ‘progresismo’, ha colocado al parlamento en el asiento de atrás del gobierno por decreto de necesidad, un poder del Ejecutivo. El ‘estado de excepción’ se viene practicando desde más de un cuarto de siglo. Mientras tanto, repetimos, sigue sin aparecer el famoso proyecto de ley para “gravar a los ricos”, impulsado por los K y según Infobae (28/4) “No se sabe aún si estará incluido” en la agenda parlamentaria cuando se reactiven las sesiones. Este impuesto ‘in pectore’ se ha convertido en pieza de litigio en la negociación de la deuda externa, por una razón tan evidente como oculta – los ‘ricos’ tiene su ‘riqueza’ en títulos de la deuda pública. La pelea por el funcionamiento del Congreso no tiene nada que ver con los principios democráticos, porque el parlamento se ha convertido estructuralmente en una escribanía – se pronuncia cuando los hechos han sido consumados. Es lo que ocurre cuando vota el Presupuesto, donde figuran los intereses de la deuda en cuya contratación o renegociación no interviene, o en los acuerdos con el FMI, y nunca discute ni vota nada que tenga que ver con el Banco Central. Es el escenario que sirve para esconder lo que se decide en trastienda. Los parlamentos surgieron para arrebata el poder al Ejecutivo o inclusive ejercer el gobierno en forma directa, lo que ocurre ahora es lo contario – se prestan a funcionar como fachada de un poder que no tienen intención y medios de controlar. El gobierno actual es ejercido por una cooperativa de ejecutivos, que va desde el binomio presidencial a los intendentes pasando por los gobernadores, tanto oficialistas como opositores. La fracción que quiere romper esta cooperativa, una minoría del macrismo y la mayoría de la UCR y el grupo de Carrió, quiere un Congreso presencial para dar mayor resonancia a sus críticas. En el medio juegan los Lousteau, Graciela Caamaño y el ex peronista y ex macrista Monzó. El parlamentarismo ‘a full’ es reclamado por los lobbistas de los fondos internacionales de deuda y de la gran industria y comercio. El oficialismo prefiere que lo haga a medio motor, como ocurre, por otra parte, en otros países donde la división política patronal es acentuada – Francia, España, Italia. Una expresión de estos conflictos, muy publicitada, pero por poco esclarecida, tuvo lugar cuando AF ofreció un tiempo y un espacio de salida en el marco de la cuarentena. Días antes Rodríguez Larreta meneaba lo contrario: reanudar actividades económicas y encerrar a los viejos con cuatro cadenas para que no murieran con la disolución de la cuarentena. Los viejos eran la bola del juego para zanjar la disputa acerca de ‘reabrir’ la economía. Tanto el intendente de la Ciudad como el Presidente tuvieron que recular sin disimulo, porque la expansión de la pandemia no daban lugar ni a una ni a otra alternativa. Continuar la cuarentena en las condiciones establecidas ha llegado a un punto de choque que también la convierte en inviable. El impasse político no podría ser más claro – los macaneos sobre el funcionamiento del Congreso son una pantalla de aquellas contradicciones y conflictos. La cuestión de la crisis política se va a resolver en otro terreno y con la participación de todas las clases sociales en una lucha abierta. En definitiva, la reanudación de las sesiones del Congreso de manera presencial, mixta o como fuera, no sacará de este impasse político a la clase gobernante. Mostrará sin atenuantes la incapacidad del parlamento y de todas las instituciones capitalistas para ofrecer una salida a los problemas acuciantes de los trabajadores. Nosotros, el Partido Obrero (T) estamos sin atenuantes por un funcionamiento presencial, pero advirtiendo los intereses capitalistas y golpistas que se escudan detrás de un reclamo parecido. Como demócratas, pero especialmente como revolucionarios y socialistas, ‘preferimos’ los choques abiertos entre las clases, a los sigilosos, atenuados o manipulados. Pero se trata, de conjunto, de una cuestión secundaria – lo fundamental es que la clase obrera profundice la lucha que está librando, para plantarse como fuerza política independiente de todas las bandas patronales. El Congreso no va a parir nada bueno, ni cabe esperar nada de una acción legislativa – podría convertirse en foro golpista, como ha ocurrido en Brasil, Honduras, Paraguay. Esto con una bancarrota económica generalizada y una negociación de deuda para la que los Fernández piden el apoyo del FMI, Merkel, Macron y Sánchez, y el Club de Paris. Todos estos abren la canilla de los subsidios para rescatar capitales, no trabajadores. Las asambleas y reclamos que proliferan entre los trabajadores de la salud, la ocupación obrera en Bed Time, el paro de los trabajadores de la carne, de los repartidores y el rechazo de las bases de los gremios a aceptar suspensiones con rebajas salariales, marcan como la clase obrera va abriendo un camino propio. Vamos con todo.

29 de abril de 2020
Una clara divisoria de aguas: un aporte al debate para la intervención en el movimiento de mujeres

La crisis capitalista global objetiva, agudizada al calor de la pandemia del Covid-19, tiene una refracción notoria en la lucha de clases y un impacto muy fuerte sobre los regímenes políticos. Procesos de levantamientos populares en todos los continentes en defensa de la vida contra la voracidad del capital, con su contracara reaccionaria como los grupos de derecha en EE UU o Brasil en contra de la cuarentena, dan cuenta de esta afirmación. Como emergentes de este proceso surgen y toman impulso los llamados "nuevos movimientos sociales" como el de la mujer, el de los trabajadores precarizados y desocupados, el medioambiental, etc. En este sentido se torna una cuestión de primer orden analizar el carácter de los mismos para poder delinear una política adecuada de intervención en ellos. Debido a sus especificidades bien delimitadas que hay que explorar en profundidad, en este escrito me voy a circunscribir al movimiento de mujeres, que es el que se está problematizando en nuestra sección de debates en Política Obrera. Presiones del régimen sobre la izquierda Las presiones que imprime el régimen por medio de los movimientos sociales sobre la izquierda revolucionaria están más que a las claras. El "militante koala" de la camarilla del PO, la "militante antipatriarcal guerrera" del MST, la prebenda punteril en el movimiento de trabajadores desocupados, el socialismo feminista o el eco-socialismo, son moneda corriente al interior de las fuerzas del FIT-U, constituyendo expresiones clarísimas del seguidismo y la adaptación a estos movimientos tal cual son bajo la presión electorera de sumar porotos para obtener bancas. Esta deformación y desviación fue expuesta por la Tendencia de manera clara desde su misma conformación. Somos la única corriente revolucionaria que tomó el guante para dar la lucha política de manera durísima contra esta adaptación generalizada de la izquierda. En el documento público ¿Por qué una fracción pública? se plantea: "El movimiento de mujeres en el último cuarto de siglo se ha distinguido de sus precedentes por el carácter policlasista, en especial como consecuencia del derrumbe de los partidos obreros-reformista-neoliberal y stalinista. El pretexto de evitar una relación sectaria con él ha redundando en un abordaje oportunista, o sea de adaptación a un feminismo excluyente de la lucha de clases." Este planteo me pareció de suma importancia en mi proceso de acercamiento a la Tendencia, ya que venía de dar discusiones respecto a una adaptación movimientista al interior del PTS. Si partimos desde este marco, plantear que la compañera LK tiene una presión sectaria por bregar por una delimitación clara con el feminismo, o contraponerle a esto simplemente que "hay que dialogar con el movimiento", puede resultar la manifestación de una presión oportunista, tendiente a licuar un planteo revolucionario y socialista, en el movimientismo. ¿Qué está en discusión? Pero hay que salir de la etiqueta fácil y adentrarnos en el meollo de la cuestión: es importante caracterizar adecuadamente el movimiento de mujeres en su composición y en relación a las corrientes que actúan en él, para poder tener una línea de intervención correcta. La delimitación en sí misma no es sectaria, el diálogo en sí mismo no es oportunista. Hay que encontrar el balance y, atendiendo siempre a los principios socialistas revolucionarios, delinear una orientación que tienda a generar una corriente obrera al interior del mismo. Pese a nuestros lúcidos planteos, no estamos exentos de las mismas presiones objetivas que el resto de las fuerzas políticas de la izquierda y eso, a mí entender, quedó expresado en la nota que critica la compañera LK (Tapa PO N°7), y también en el artículo “8M, el debut de la rebelión popular” (Política Obrera, 8 de marzo), en el que planteamos que "El 9M masivo en Argentina es un emplazamiento a los Fernández, Guzmán o Kristalina", afirmación con la que discrepo. Pudo ser un brete para el gobierno y el FMI, pero no tuvo una dirección antigubernamental o contraria al pago de la deuda, que vaya por la impugnación del régimen de conjunto y de manera generalizada. El potencial revolucionario del movimiento de mujeres es enorme y está encarnado sólo por una de las tendencias que actúan en él. Sería un error grave pensar que en los movimientos de masas actúa una sola tendencia, la revolucionaria. Justamente, porque es el factor subjetivo emergente de la crisis objetiva que el capitalismo busca resolver, es que actúan todas las corrientes en ellos, incluso el FMI, representante del imperialismo. En este sentido, la posibilidad de desarrollo del movimiento de mujeres se enmarca en un proceso de lucha política abierta para que la tendencia revolucionaria sea la que imprima la dirección del mismo. Lo logrará imponiéndose frente a las corrientes reformistas en su interior, como el feminismo liberal de las kristalinas, el culturalista deconstructivo, o las radfem separatistas biologicistas, quienes se quedan en una estrategia superestructural, atacando el andamiaje político ideológico (opresión patriarcal), pero negando que haya que atacar las condiciones materiales históricas de existencia, causa fundante de la violencia sistémica (explotación capitalista). FMI y gobiernos burgueses feministas LK plantea: ¨La macana es que el FMI es feminista, en cualquier momento se cambian de nombre y se llamarán Fonde Monetarix" y se le responde que "el FMI no es feminista" o que "no hay gobiernos burgueses feministas". El FMI es feminista. Su actual directora se reivindica "feminista liberal", e impulsa demandas formales para "romper el techo de cristal". El gobierno de Fernández es feminista y tiene una estrategia deconstructivista: crea un Ministerio de la Mujer que busca absorber y hasta otorgar algunas demandas mínimas para no cambiar lo fundante, la estructura capitalista. Si reconocemos que el feminismo es burgués-legalista-formalista, porque lucha por derechos civiles, ya que cree que en lo formal acaba la opresión, tenemos que reconocer que su estrategia no es de choque a fondo por lo que forzarlo a otra cosa sería ir en contra de su propia naturaleza determinada por su condición de clase. La vía para la conquista de lo formal sigue siendo la superestructura jurídico política del régimen burgués (el derecho civil). La propuesta del feminismo es lanzar un programa con demandas concretas (democrático burguesas) dentro del régimen. Ahora bien, si un gobierno es burgués y el feminismo per se también lo es; y el formalismo (el fin último del feminismo) también es burgués, ¿Por qué no podría haber un gobierno (o un organismo internacional) burgués feminista? Una visión simplista donde todo es fatalista y agonistico nos puede llevar a creer que ninguna demanda puede ser resuelta dentro del capitalismo. La lucha por más derechos democráticos o salariales es fundamental en esta etapa de capitalismo imperialista decadente. Podemos hasta conquistarlos, pero no podemos conservarlos indefinidamente o sin luchar porque el capital, para resolver sus crisis cada vez más agudas, se los lleva puestos cuando las papas queman. En resumidas cuentas, en el movimiento de masas (en el de mujeres también) actúan diversidad de corrientes políticas y tendencias que tienen como norte cooptarlo para que funcione como una herramienta de sostenimiento del régimen burgués, evitando que se transforme en un factor para el reagrupamiento del proletariado de conjunto. El feminismo que lucha por la igualdad formal no es progresivo en sí mismo, y hasta puede actuar conscientemente como tapón y desvío de la lucha del movimiento por la emancipación real de las mujeres trabajadoras. Hay que ser claros en este punto: "el feminismo" no es el movimiento y el movimiento no es el feminismo. Éste último es sólo una de las corrientes actuantes. Delimitarse del feminismo no hace a despegarse del movimiento, hace a tener una ubicación clara en el mismo. Consignas La consigna "El Estado es responsable" de ninguna manera puede ser interpretada como la comprensión cabal del conjunto del movimiento de mujeres de la necesidad de ir contra el Estado burgués. Si así fuera, estaríamos hablando de un movimiento revolucionario en acto y no es a lo que asistimos. Si bien la dirección del movimiento está vacante y en disputa hay que reconocer, sin temor a equivocarse, que la estrategia que viene "hegemonizando" el mismo, es la culturalista deconstructivista, la del "feminismo nac and pop" de corte pequeño burgués. Muchas de las corrientes que levantan "El Estado es responsable" lo hacen desde una posición claramente estatista ("Estado ausente"). No con una línea de choque contra el Estado si no pidiendo más Estado burgués "reformado" (Ley Micaela). Si esta consigna que hace a cuestiones nodales de la discusión es usada para confundir, más fácil se les hace usar la del aborto legal para desviar, ya que en definitiva es una reivindicación sentida y muy necesaria, pero una medida de mínima, en tanto no lesiona la estructura del capital. Muestra de esto es que cientos de Estados capitalistas avanzados ya la legislaron y el capitalismo sigue en pie. Igualmente problemático es asociar la posición en favor de la autonomía de los cuerpos ("mi cuerpo es mío"), con un choque contra el Estado. Por un lado, ideas como la libertad y la autonomía, son una quimera bajo la sociedad capitalista. No se trata de negar la necesidad de luchar por ellas, sino de no caer en planteos de corte liberal y abstractos. La estrategia de un movimiento de masas debe ser "arrancar" al Estado burgués derechos y reivindicaciones para el colectivo, para la clase. Será el Estado mismo quien los reglamente y los aplique, mal que le pese a los amantes de la libertad individual. Contraponer cuerpos y Estado, es un largo camino...hacia ningún lado. Por otro lado, la estrategia individualista que denota la mencionada consigna se opone tangencialmente a una concepción socialista del problema del aborto. En tanto Tendencia del Partido Obrero hemos señalado en nuestro documento de junio de 2019, la necesidad de plantarnos desde la defensa de la familia obrera, desde el derecho a elegir cuándo ser madres. Pensar que la lucha por estas consignas espontáneamente va a generar que, tarde o temprano, las mujeres choquen contra el Estado, es negar la necesidad del factor subjetivo (partido) para imprimir una dirección revolucionaria. Trotsky sostenía: "Sin una organización dirigente la energía de las masas se disiparía, como se disipa el vapor no contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni el pistón, sino el vapor". Un programa y un sujeto para desarrollarlo Nadie nace revolucionario. Los movimientos no son una excepción a la norma. Es necesaria la acción decidida y una batalla política sin cuartel de una fracción de izquierda en ese sentido en el interior de los movimientos, sea el que sea, para elevar la conciencia política, la organización y la capacidad de lucha desde los lugares de trabajo y estudio, en los sindicatos, en los barrios. Esto sólo puede conseguirse trazando puentes transicionales (demandas salariales, previsionales, día femenino, jardines maternales y lactarios en los lugares de trabajo y estudio, etc) que permitan unir el programa de mínima del que parte el movimiento (aborto legal) a un programa de máxima, como ser denunciar y atacar las instituciones del régimen (Congreso, Iglesia, policía, Poder judicial, etc como sostenes de la opresión y la explotación sobre la mujer trabajadora) y a la necesidad de la toma del poder político por parte de la clase obrera. Este programa no va a ser impulsado por la mujer en general si no por las mujeres proletarias que somos quienes sufrimos la doble explotación. Patriarcado LK, en su escrito por tapa de PO N°7, dice ¨…capaz incluso se elimine el patriarcado y NO el capitalismo…¨. Esta idea me parece que amerita profundizar teóricamente. Si entendemos la unidad dialéctica entre estructura material y superestructura político ideológica no veo que pueda decirse que el patriarcado (reflejo superestructural de opresión) pueda caer (aunque sí reblandeserse en tanto maniobra burguesa siempre que no afecte puntos sensibles del capital) sin que caiga de conjunto la estructura capitalista con sus formas de relación social. Tampoco se puede derivar que de la lucha contra el patriarcado devenga de manera necesaria en lucha contra el Capitalismo. Saludos fraternales.

30 de abril de 2020
¿Qué pasa en la UNAJ?
Cristián Castillo - estudiante de Ingeniería Informática

La pandemia del coronavirus no sólo pone en jaque el sistema sanitario sino también pone en el ojo de la tormenta a la educación. Los estudiantes universitarios vamos por un camino dificultoso y lleno de incógnitas sobre nuestro futuro, pero esto no se debe solo a la pandemia sino también a los negociados privados que se van forjando alrededor del Covid en torno a los futuros trabajadores. La Universidad Arturo Jauretche, situada entre los distritos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes, tiene apenas nueve años. Sin embargo, fueron suficientes para avanzar con los negociados sobre los estudiantes del Instituto de Ingeniería y Agronomía, como es el caso de los estudiantes de ingeniería en petróleo, quienes son cooptados para trabajar gratuitamente para Vaca Muerta. En el apuro de cumplir con estos convenios, la virtualidad los encontró con las defensas bajas. El comienzo de clases ha sido un verdadero desafío para los estudiantes que en su mayoría son jóvenes de las barriadas aledañas, muchas sin acceso a internet y para los docentes que no tenían la capacitación ni la información necesarias para comenzar a trabajar. El sistema de inscripción online -un verdadero caos- deja a cientos de estudiantes sin materias y sin la posibilidad de cumplir con las correlatividades para avanzar en sus carreras. Tampoco se ofreció ninguna orientación a los alumnos. Aun así, el 13 de abril han iniciado estas clases. Desde el campus virtual, liberado por las telefónicas, solo se encuentra -si tenés la dicha de ingresar ya que es casi imposible loguearse- con avisos de algunos profesores. Otros intentan comunicarse por mail o hasta por WhatsApp. Otros aún no lograron contactarse entre sí. Ante la incapacidad de las autoridades académicas de organizar las clases online, los docentes proponen la descarga de programas como Zoom, Moodle, Classroom y acceso al Dropbox. Es decir, que sin una computadora o celular de última gama el acceso a la educación online es inviable. Los estudiantes aún desconocemos los métodos de evaluación, enredados en los debates en torno a si efectivamente se plantea el proceso de enseñanza y aprendizaje adecuados. Del vamos creemos que en esta situación no. El equipo del rector Ernesto Villanueva, viejo militante del PJ, sólo se ha comunicado con los estudiantes para garantizar que participen en los convenios acordados con YPF, Santander Rio, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, entre otros. Además de invitarnos a un sistema de voluntariado que expone a decenas de jóvenes sin un protocolo ni kit sanitario. Respecto de las cursadas, Villanueva no aportó nada. Los estudiantes de la UNAJ debemos organizarnos con independencia de las organizaciones estudiantiles amigas del gobierno de la universidad y al gobierno nacional, por el acceso a la educación pública y gratuita, contra los negociados privatistas con los grandes capitalistas, por becas que garanticen la participación de todos los estudiantes y por la capacitación y un programa integral de todos los voluntarios. La deliberación de trabajadores y estudiantes se pone a la orden del día para discutir quién debe llevar las riendas de la educación y la salud.

30 de abril de 2020
Salta: Atento dispone del salario "a piacere"
Catalina López y Lucía Aguirre

La multinacional Atento ha decidido, arbitrariamente, correr el pago del salario según acuerdo del 29 de abril al 7 de mayo. Sin embargo, tuvo que realizar un depósito del 30% del básico para evitar un descontento generalizado por parte de los trabajadores. Pero ese porcentaje no fue depositado a la totalidad de los trabajadores. La tercerizada informó, sobre la hora, que sólo cobrarían el 30% este 29 de abril los trabajadores que estuvieron atendiendo llamadas. Los trabajadores que se encuentran sin trabajar por falta de herramientas, por licencia de diversos tipos o en otras situaciones donde no atienden llamadas no se les depositó este porcentaje del sueldo. Sin dudas, la actitud de la patronal negrera es parte de la situación actual general en el país donde se llevan adelante suspensiones y despidos, a pesar de la “prohibición” del decreto de Alberto Fernández. Donde las patronales no pueden despedir, avanzan con recortes de salarios aun cuando los trabajadores están bajo la modalidad del homeoffice. Atento avasalla contra los salarios aduciendo que solo se les pagará un 30% a tiempo a los que si estén atendiendo llamadas. Una completa canallada. Si hay trabajadores “sin atender llamadas” es porque la propia patronal no ha garantizado las herramientas necesarias de trabajo. La mayoría se encuentra trabajando con sus propios elementos; lo que sí ha hecho Atento es abrir el paraguas obligando a firmar notas de “uso voluntario de herramientas propias”. Atento no ha invertido un peso en el teletrabajo, pero si dispone de los salarios, a gusto e piaccere, por el tiempo trabajado. Con todos los recursos otorgados por el estado y el gobierno nacional y que saldrán del ANSES, las patronales no se conforman. Serán beneficiadas con el 50% del pago de salario, con el sistema REPRO, con la luz verde de la burocracia sindical para rebajar el salario en un 25%. La disposición de Atento es la antesala para avanzar contra el conjunto de los trabajadores en el marco de la cuarentena. Nada garantiza que no seremos los próximos despedidos o las presas de las reformas laborales en curso. Trabajadores de telemarketer de otras provincias ya se encuentran denunciando esta situación como los despidos y suspensiones y recortes salariales. Nos apoyemos en esa deliberación para avanzar en una organización de los trabajadores de Atento, en su mayoría precarizados con contratos eternos. Que se pague el total del salario en tiempo y forma. Que se otorguen las herramientas necesarias a todos los trabajadores para el homeoffice. Ningún despidos ni suspensión.

30 de abril de 2020
Nora, la implacable
Edgardo Orellana

Nora era eso que llaman contracultura, pero sin un gramo de posmodernidad, de gesto contraculturoso. Nada, era implacable con el forro de turno y absolutamente tierna con los conocidos del partido. La dedicación a los problemas de la militancia son los recuerdos que se me presentan en la mente en este momento: llevar una prensa en bicicleta bajo la lluvia, ir a movilizaciones en cualquier medio con las inclemencias climáticas que se presentaran, claro que a Nora la conocí de grande, con los problemas típicos de la edad, aunque para ella eso no significara nada, realmente parecía una heroína de la teoría y la práctica. No tengo dudas que mi formación se la debo a ella, siempre pensé que era al Partido Obrero Altamira, Rieznik, etc aunque ella fue la gran precursora de dudas y certezas. Un verano nos conocimos en la casa de la cultura de Pilar, hace 17 años, en una charla de Pablo Rieznik sobre medio ambiente, con mi pseudoecologismo por ese entonces adolescente tratando de entender el mecanismo del mundo. Desde ese momento no nos separaríamos más ideológicamente hablando y no nos vamos a separar jamás. La testarudez está vista como dogmático, cerrado, Nora me enseñó que es la única manera de comprender lo importante y dejar de lado lo lateral. Siempre en cualquier situación le veía esa cara de sagacidad, entendimiento de la situación, es más, lo hablamos hace pocos meses cuando se produjo el rompimiento del Partido Obrero donde yo le comentaba que ella había visto el problema antes que el mismísimo Jorge Altamira, Nora en un bar a la vuelta del Banco Provincia de Pilar hace mucho tiempo, tal vez 10 años, había señalado cierta separación de compañeros militantes valiosos y vislumbraba cierta posición partidaria que no coincidía con sus principios, los de una militante obrera y socialista. Le encantaba decir que había trabajado en la industria textil, a su vez era una gran dibujante, cuelgo en mi biblioteca un dibujo del naturalista Charles Darwin, hecho con una maestría asombrosa. La anécdota termina con Jorge y Nora peleados -como debía ser- Nora no conciliaba su posición si tenía razón ni con el maestro. Hace poco, en el local del partido, post resquebrajamiento del PO, la saludo y le hago el comentario, a lo que ella con esa mirada inteligente y fresca dice "¡viste!" tenía razón. Nora aprendió y en ese caso superó al maestro, los últimos mensajes que crucé con ella eran por supuesto de política y de los orígenes de su Partido Obrero y de un asado por compartir en mi casa. Lo haremos con Carlos, su compañero, hablando de esa extraordinaria mujer que fue Nora Elicabe y quedará en cada lectura que hagamos de la situación política actual porque un revolucionario como Nora, sin caer en sentimentalismos, realmente no muere, queda en la mirada del mundo por transformar.

30 de abril de 2020
Asambleas en el hospital de Pergamino

El jueves 23 ingresó al hospital de Pergamino un paciente con sintomatología que hizo que se activara el protocolo para caso de Covid - 19. Previa consulta al comité de epidemiología del hospital y a las autoridades de la Región Sanitaria IV, los médicos que se encontraban en funciones en ese momento decidieron realizar un hisopado al paciente. Ante el accionar del personal médico, la dirección del hospital interzonal emitió un comunicado que planteaba una posible sanción al médico que realizó el hisopado. Los directores del hospital salieron al cruce de los médicos que activaron el protocolo, aduciendo que se habían transgredido todas las medidas que se deben tomar ante una situación de estas características. La dirección del hospital, por su parte, planteó que los médicos pasaron por encima al Comité de Crisis, el cual se debería encargar de determinar si se implementa el protocolo o no. Los directores siguieron con el ataque aduciendo que el accionar de los médicos había creado incertidumbre entre los trabajadores del hospital. Ante esta situación, el sábado por la mañana, médicos y trabajadores del hospital se autoconvocaron para deliberar en asamblea. Allí manifestaron la solidaridad a los médicos involucrados y repudiaron las posibles sanciones. El conflicto alcanzó relevancia nacional y la Sociedad Argentina de Medicina salió a respaldar por medio de un comunicado al personal médico. Ante la reacción de los profesionales, la dirección del hospital debió retroceder. El domingo se conoció un comunicado que descartaba posibles sanciones. Las verdaderas incertidumbres Las incertidumbres dentro de los hospitales se deben a que no están equipados con los elementos necesarios para afrontar una pandemia de estas características. Trabajadores de la salud se han manifestado en este sentido a lo largo y ancho del país, con asambleas y acciones callejeras, poniendo de manifiesto la precariedad sanitaria. El hospital de Pergamino no escapa a la situación de la mayoría de los establecimientos sanitarios. La realidad de los becarios que han ingresado recientemente a trabajar basta como botón de muestra. Se encuentran en una precarización brutal. Cobrarán su “salario” recién en agosto, pero en lo inmediato deben realizar sus tareas con protecciones mínimas de seguridad e higiene. A esto hay que sumarle que los trabajadores que se encuentran en planta permanente no reciben los insumos necesarios -en principio barbijos- que ellos mismos deben proveerse. El intendente Martínez (JpC) debe dar cuenta de la situación en la que se encuentran los Centros de Atención Primaria de la ciudad. Estos, que deberían ser la primera línea para detectar posibles casos de Covid -19, se hallan totalmente desfinanciados, sin insumos, ni personal apropiado, no pueden dar respuestas a los trabajadores de los barrios. El actual concejal de JpC y ex secretario de Salud de la ciudad, el Dr. Adrover, en el 2017, quiso llevar adelante el cierre de la Sala del Barrio Ameghino. La organización de los vecinos en asamblea logró tirar para atrás dicho cierre. La salud, en manos de estos personeros políticos de los capitalistas de la sanidad, va en dirección contraria de los intereses de los trabajadores. Llamamos a todos los trabajadores de la salud a solidarizarse y repudiar estos métodos intimidatorios. Ante la rosca política y el avance de la pandemia, los trabajadores de la salud deben defender sus vidas con un programa que cumpla con todas las medidas necesarias: Elemento de protección personal, equipamiento e insumos en todos los hospitales y centros de salud. entrega inmediata de barbijos, cofias, camisolines y la totalidad de los insumos imprescindibles. Testeos sistemáticos y regulares al personal sanitario. Reconocimiento del Corona virus como enfermedad laboral para todos los trabajadores del hospital. Reducción de la jornada laboral de 6 horas sin afectar el salario. Salario, ART, y obra social a concurrentes y becarios. Pase a planta permanente de Residentes de 3°, 4° año y jefes. Guardias pagas. Salario igual a la canasta familiar. Pase a planta permanente de todos los tercerizados y precarizados. Recomposición salarial. Paritarias YA. Bono de emergencia para todos los trabajadores del hospital, sin ataduras al presentismo. Conformación de comités de crisis votados en asambleas, con delegados y con poder de veto.

30 de abril de 2020
Morales y el PJ vuelven a endeudar la provincia

El gobernador Morales ha contado una vez más con el apoyo del bloque oficial del PJ, esta vez, para autorizar un nuevo endeudamiento provincial. La excusa fue la necesidad de garantizar los recursos necesarios para pagar los salarios estatales, con una solicitud de endeudamiento por 6 mil millones de pesos, modificando la ley de presupuesto votada en diciembre de 2019. El nuevo préstamo se suma a otro previo, votado cuando se discutió el presupuesto provincial. En total suma la friolera de $11.500 millones de pesos, para cubrir el déficit proyectado de la provincia en el año. La situación de virtual quiebra del estado ya era precedente a la pandemia, y se ha agudizado con la misma. Aun consiguiendo ese crédito multimillonario, el cuadro de crisis y bancarrota del Estado capitalista jujeño se reforzará. El “toma y daca” del PJ y su integración La sesión tardó casi 4 horas en comenzar. Finalmente, el PJ votó dividido. Tal como lo denunciamos antes de la sesión, el PJ estaba negociando su parte del botín, condicionando la votación del nuevo endeudamiento a la entrega de recursos para los municipios “del palo”, en vez de denunciar el reparto clientelar de recursos a los municipios por parte de Morales. Para maquillar su votación, el PJ “arrancó” la constitución de una comisión legislativa de “control” de la deuda provincial y una ley trucha que suspende los despidos en la administración pública por dos meses -es decir que los autoriza a partir de los 60 días de su promulgación. La comisión de control de la deuda obtenida por el PJ tendrá mayoría oficialista y en sus manos quedará el seguimiento del pago de intereses y capital, por lo que PJ se ha convertido en el garante de pago de una deuda provincial que no beneficia en nada a los trabajadores y vecinos de Jujuy y que absorberá los recursos provinciales que se necesitan para satisfacer los reclamos obreros y populares. Más allá del pataleo de algunos diputados del PJ que anunciaron su voto en contra y se retiraron del recinto, autopromocionándose como los “albertistas” consecuentes, el sector que votó a favor -conformado por el presidente del partido y el jefe del bloque, entre otros- sabe que Morales hoy en día es un aliado político del gobierno nacional. La votación dividida del PJ es una maniobra de encubrimiento de esta integración política, para seguir estafando a la población. La burocracia sindical Bajo el mandato de Morales se perdió un 50% del poder adquisitivo por paritarias a la baja, este año no hubo bono de $4.000, en marzo a los docentes se les descontó entre 10 y 15%, y en la propia sesión se votó una ley que fija un tope salarial para los trabajadores jujeños y la pérdida de adicionales. Para avalar esta nueva entregada, los diputados sindicales del PJ argumentaron que, si no votaban esta ley, serían cómplices de los recortes salariales. Estos burócratas nunca han apelado a la organización gremial y de clase de los trabajadores para defender sus salarios y son hostiles a los métodos históricos de la clase obrera. Saben muy bien que las leyes son papel pintado para los capitalistas, como pasa hoy con el decreto antidespidos o con los protocolos anti covid-19 que las patronales violan sin prurito alguno. Tampoco le importó que el presidente del PJ, el empresario Rubén Rivarola, los desenmascarara al decir que “no sabía” si alcanzaría con este endeudamiento para pagar los salarios, a la vez que realizaba una defensa cerrada de los descuentos y suspensiones que hicieron varias empresas radicadas en Jujuy. Desde el Partido Obrero Jujuy rechazamos este nuevo pedido de endeudamiento denunciando que, al igual que los pedidos anteriores, de ningún modo va a beneficiar a los trabajadores jujeños y, menos aún, va a garantizar que no se ataquen los salarios de los estatales. En la provincia no se quiere afectar la riqueza social acaparada de forma privada. En un cuadro de emergencia, se sigue pagando la deuda ($3.600 millones este año), se mantienen regímenes de subsidios y exenciones al gran capital, el litio y la actividad minera deja migajas, etc. Llamamos a los trabajadores a defender con sus propios métodos de clase, no solamente sus salarios y sus puestos de trabajo, sino también su vida en el marco de esta pandemia.

30 de abril de 2020
Desbordados y sin plata

Los docentes nos encontramos realizando enormes esfuerzos para que los estudiantes no pierdan la “continuidad pedagógica”, aun sabiendo que no existen condiciones para ello en los términos en que la exige el gobierno. En primer lugar, porque muchísimos de nuestros compañeros tienen que trabajar con sus celulares ya sea porque no cuentan con una PC o porque deben repartir su uso diario con la familia. Demás está decir que además debemos pagar de nuestros bolsillos la conectividad. La utilización de las principales herramientas laborales en medio de la pandemia choca también con las precarias condiciones en las que viven las familias de los alumnos. El 35% de los estudiantes de secundaria no tiene internet en su casa; en primaria, la cifra asciende a 45% y muchos no tienen equipamiento o tienen que compartirlo con los demás integrantes del hogar. El paso a la enseñanza virtual de manera abrupta, total y sin capacitación hace que los compañeros docentes deban arreglarse como pueden y trabajar muchas más horas de las habituales sin ninguna una compensación salarial. Mails y mensajes de WhatsApp en cualquier día y a toda hora de directores de escuelas, de preceptores, de docentes inclusores y en grupos de profesores; elaboración y envío de informes semanales sobre estudiantes, digitalización de materiales, corrección en plataformas virtuales, responder mensajes de dudas de estudiantes y padres; por WhatsApp, en plataformas y por mail; evaluación en mesas de examen y planificaciones y reuniones virtuales; forman parte de una dinámica que multiplicó el trabajo de los docentes a partir de la suspensión de las clases presenciales. Con espacios físicos reducidos y sin recursos suficientes en nuestros hogares; el día a día se ha convertido en un caos para familias y docentes que también tenemos que atender las demandas de nuestros hijos y familiares y hacer frente a las tareas domésticas como cocinar, limpiar, ir a comprar y realizar trámites. Asuntos estos últimos que demandan mucho más tiempo que el habitual debido a las largas filas que hay que hacer para mantener el distanciamiento y la seguridad que se requieren a fin de evitar el contagio. Los efectos de las extenuantes jornadas laborales de la docencia ya se hacen sentir. Dolores cervicales, contracturas, problemas en la columna, irritación de ojos, ansiedad y una sensación de desborde, saturación e ira; son algunas de las secuelas que va dejando la permanencia de horas y horas frente a las pantallas, de computadoras y celulares. Esta situación de superexplotación laboral contrasta con la desocupación, precarización y subocupación de miles de compañeros, que se han quedado sin poder tomar horas/módulos o cargos por estar suspendidos los actos públicos y a los cuales se les impone desde el estado el cobro de un ingreso miserable de 10 mil pesos a través de planes como el “PIEDAS” (Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes). La no cobertura de cargos/módulos significa que hay estudiantes sin docentes y por tanto sin ninguna intervención pedagógica. Para intentar subsanar esto, algunos directivos de escuelas han llegado al extremo de solicitar a los docentes en ejercicio que se hagan cargo del acompañamiento pedagógico a los estudiantes sin docentes. Obviamente, todo por el mismo precio y fuera de toda normativa. La sobrecarga de tareas, resultado de una política estatal mediante la cual las autoridades educativas ejercen todo tipo de presiones, viola derechos adquiridos en el Estatuto del Docente en tanto atenta y modifica nuestras condiciones de trabajo. Frente a esta realidad agobiante, la conducción celeste del Suteba, del FUDB y la Ctera, que firmaron paritarias a la baja y sin clausula gatillo, han vuelto a desoír el reclamo de los docentes. No estamos dispuestos a seguir tolerando estos atropellos. Está abierta ya la deliberación entre las familias y los trabajadores de la educación que se han autoconvocado para elaborar protocolos que establezcan horarios y días fijos de trabajo, pautas para la recepción de consultas y trabajos de parte de los estudiantes, y la exigencia al estado de equipamiento y conectividad. En este marco, hemos decidido rechazar las presiones que estamos sufriendo y hacer un llamado al conjunto de nuestros compañeros para impugnar las imposiciones de quienes quieren llevarnos a la perpetuación de estas condiciones aplicando de facto la flexibilización laboral y atentando contra nuestra salud. El desarrollo de “asambleas o comités virtuales” para impulsar un programa de defensa de nuestras condiciones de trabajo y el cumplimiento efectivo de la cuarentena; así como el reclamo de un aumento salarial y la realización de actos públicos para cubrir las vacantes; está a la orden del día.

30 de abril de 2020
Las suspensiones las paga la clase obrera, ¿cómo enfrentarlas?
Jacobina Azurduy

La CGT ha acordado esta semana, junto con la Unión industrial argentina (UIA) y el gobierno, un avance en las suspensiones. El DNU que decía prohibirilas tenía una cláusula tramposa que las autorizaba en tanto contaran con el acuerdo de la burocracia sindical. La información que difunden los medios hablan de un descuento del 25%, mientras informan por separado que el estado cubrirá la mitad del salario neto total. No advierten que esos salarios se encuentran devaluados por inflación en un 50%, de modo que la falta de un ajuste a los precios y la postergación de las paritarias licúan y algo más el 12% que las patronales son obligadas a pagar. La cosa llega al escándalo cuando se sabe, por disposiciones anteriores, que la parte patronal dejará de pagar los aportes previsionales. En síntesis, lo que se presenta como un pago del 75%, constituye un beneficio neto de una suma de dinero importante. Asistimos a una confiscación salarial indirecta, constituida por la inflación, el aporte del estado a los salarios (que pagan los trabajadores con impuestos) y la suspensión de contribuciones patronales de una enorme magnitud. Por aquello de que las salidas de emergencia sobreviven por larguísimo tiempo al momento en que fueron dictadas, las patronales han obtenido una conquista enorme de cara a futuro de las relaciones laborales. Entran en este cuadro confiscatorio los créditos del estado a tasa cero, que no se devolverán nunca, esto de acuerdo a la pŕactica criolla. Son 300 mil los trabajadores que según el informe del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) hn sufrido reducciones hasta la semana pasada, sumando un total de 1,2 millones - a los que debemos añadir los informales y tercerizados, actualmente desvinculados de sus puestos o sin percibir ningún ingreso en absoluto. El acuerdo coloca a la clase obrera argentina en una situación de miseria total, en medio de una crisis sanitaria. En el caso de la UOM, el sueldo inicial que para febrero de este año quedaba en 29 mil pesos -la mitad de la canasta familiar-, hoy se ve doblemente golpeado. Cuando se deberían estar discutiendo paritarias y aumentos salariales, la CGT avanza en el sentido contrario. Al declarar una cuarentena obligatoria a industrias y trabajadores, el estado asume la responsabillidad política y jurídica de asegurar la condiciones de vida de los trabajadores que son forzados a no trabajar. No puede poner un signo igual entre ellos y las patronales, incluidas las grandes patronales. Para estas debería crear un fondo patronal y capitalista que reúna las ganancias de todos los capitales que mueven sus empresas en la cuarentena y proceder a un reparto de estos beneficios entre la clase capitalista. Para eso debe intervenir en el funcionamiento de las unidades económicas del país, convirtiéndos en el directorio de ellas. La contradicción entre el carácter capitalista de la organización social del país, por un lado, que privilegia el poder del capital, y las necesidades que genera la pandemia a la mayoría trabajadora de la sociedad, debe resuelta a favor de esta última, lo que deja planteada la lucha por el socialismo. En lugar de esto, el estado y el gobierno capitalistas se encuentran negociando con el capital financiero cómo hacer sustentable la deuda pública en beneficio del sector parasitario del capital por excelencia. El pacto anti obrero se produce cuando en los últimos diez días los trabajadores de distintos gremios han comenzado a moviizarse contra la organización capitalista de la cuarentena y contra las exigencias del capital de levantar las restricciones a diversas industrias. Es el caso del paro de los trabajadores de las APPs, del gremio de la carne - con su conflicto en el Penta y el ex frigorífico federal - y la ocupación en Bedtime ante el intento de reducción al 50% de los sueldos, entre otros. Contra toda reducción salarial y por la cuarentena para preservar la salud de los trabajadores tenemos que imponer una deliberación en todos los sectores de la clase obrera, que siga adelante en la resistencia contra la política patronal y la entrega de la burocracia, en defensa de las condiciones laborales, por paritarias y protocolos en la producción esencial discutidos por los propios trabajadores. Impulsemos coordinadoras fabriles y sindicales contra las suspensiones y despidos, por paritarias, y por un plan obrero de combate a la pandemia.

30 de abril de 2020
Nora Eliçabe, de Pilar

En la tarde de ayer falleció la compañera Nora de Pilar durante una operación contra el cáncer en el Hospital Sirio Libanés. Había luchado denodadamente para poder operarse. Había redactado una carta abierta “en defensa de su vida y la de todos los enfermos que no estamos siendo atendidos por no padecer covid19", publicada en Política Obrera, que tuvo tanta repercusión que inmediatamente la contactaron para programarla. Nora fue, junto a su compañero, Carlos Cornejo, la referente histórica del Partido Obrero en Pilar. La repercusión en los medios, en el activismo de la localidad y entre los compañeros de distintos barrios y fábricas que la recuerdan apoyando alguna lucha son una buena manifestación de ello. Cada militante del PO de Pilar y de la Zona Norte escribe por estas horas alguna anécdota o recuerdo con ella. Nora fue parte, junto al “Colo” Christian Rath, de un grupo de jóvenes de Bahía Blanca que por el año 1965 se incorporó a Política Obrera, algunos provenientes del cristianismo, otros en ruptura con el stalinismo. Militó en forma ininterrumpida durante los siguientes 54 años primero en Política Obrera, luego en el Partido Obrero y finalmente en el Partido Obrero (Tendencia), marcando toda una línea de continuidad política. Nora fue parte del equipo de compañeros que imprimía y distribuía en forma clandestina Política Obrera durante la dictadura, fue delegada textil mientras trabajaba en Suixtil, fundadora del Plenario de Trabajadoras, constructora y fundadora del Partido Obrero y del Polo Obrero en Pilar y, en el último periodo, militaba en Jubilados Clasistas. En cada reunión, plenario o actividad, Nora intervenía, educando a los militantes nuevos, defendiendo sus posiciones, incitando a todos los demás militantes a defenderlas. Su participación en los debates partidarios, como el de la revolución cubana, fue siempre a la altura de su trayectoria. La consigna de "un partido que no se calla y enfrenta los atropellos" parecía pensado para Nora de Pilar. Además de ser una luchadora imparable, Nora tenía su propio vuelo cultural, sus dotes artísticos, su afición por el cuidado de los animales y las plantas. Quienes conocíamos su casa sabíamos el lugar que ocupaban para ella los animales y de la calidez humana característica que, junto con Carlos, la distinguían como una revolucionaria íntegra. Nora de Pilar se nos va, dejándonos una hermosa familia como legado, y una escuela de militancia revolucionaria principista. En defensa de esa escuela, de ese legado y ese programa es que la totalidad de su Partido Obrero de Pilar adhirió a la Tendencia pública del Partido Obrero.

30 de abril de 2020
Contagios en el hospital Penna
Pablo M. Dugue y Maxi S. Cortes

A fines de la semana pasada aparecieron dos casos de enfermeras contagiadas de covid-19 dentro del Hospital Penna. Dos días después, la dirección del hospital notificó a los trabajadores respecto a las medidas que tomará con relación al contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID 19, utilizando términos como “sanciones correspondientes”. Dicho comunicado menciona la obligatoriedad del uso de los elementos de protección adecuados durante toda la jornada laboral, da pautas para las horas de esparcimiento dentro del hospital y en qué casos considera autorizar el aislamiento preventivo domiciliario y en cuáles no. En línea con el discurso del ministro de salud Ginés González García, la dirección del Penna busca responsabilizar a los propios trabajadores del contagio que puedan contraer por ejercer su labor profesional. En el comunicado, las autoridades expresan que el personal que no haya utilizado el EPP correspondiente ante un contacto estrecho con casos de coronavirus será sancionado. Sin embargo, los elementos que el gobierno de Rodríguez Larreta compró -en estado defectuoso y con sobreprecios-, las direcciones de los hospitales las escatiman a los trabajadores en nombre de “acopiar para cuando venga el pico”. Específicamente, en el hospital Penna, los trabajadores de pediatría denunciaron que se les negó la entrega de EPP porque no habría riesgo de contacto por “no haber casos de niños”, según la dirección. La mayoría de los servicios del hospital debieron procurarse ellos mismos de elementos de bioseguridad, ya sea gracias a donaciones o comprándolo con su magro salario. La falta de capacitaciones a profesionales y no profesionales como así también protocolos poco claros, que se van modificando, son parte de la vida cotidiana. Hasta hace pocos días, los barbijos solo se entregaban “en casos concretos”; ahora, toda la población debe usarlos. Nuestro país exhibe el más alto índice de trabajadores de la salud infectados de covid-19. Finalmente, las autoridades del Penna nada dicen tampoco del desgaste de la fuerza de trabajo de enfermería, que hace frente a la pandemia cobrando salarios de miseria y cumpliendo doble jornada en distintos hospitales. En este contexto, el comunicado de las autoridades fue repudiado por el subcomité de trabajadores residentes y concurrentes del hospital Penna. El conjunto de los gremios de la salud debe pronunciarse en solidaridad con los trabajadores. Una asamblea Intergremial con trabajadores profesionales y no profesionales debe votar delegados para la conformación de un comité de seguridad propio de los trabajadores para discutir las condiciones de trabajo, protocolos y organizar los reclamos.

30 de abril de 2020
"Pororó y sus compañeros van a la marcha"

Estreno viernes 1° de mayo, a las 22hs, a través del Facebook de Morena Cantero Jrs. De manera gratuita y vía streaming, se estrena la película PORORÓ Y SUS COMPAÑEROS VAN A LA MARCHA, del grupo Morena Cantero Jrs.-teatro independiente- este viernes 1ro de Mayo a las 22.00 hs. en el canal de Morena Cantero en Youtube. En conmemoración del día internacional de lucha de la clase obrera. https://youtu.be/-ZhbNfxvdAE El grupo La película está basada en materiales escénicos que el grupo creó en su recorrido de muchos años en las salas de teatro y en las luchas, allí está la base y el sentido de su existencia. En este tiempo de cuarentena mundial, cuando toda la humanidad recluída está reflexionando sobre sus necesidades y los caminos para satisfacerlas, la película es una pequeña contribución de artistas de teatro a la lucha por la independencia política de la clase obrera. Morena Cantero Jrs.-teatro independiente, surge como grupo actuando sketchs en festivales de luchas populares. Comienza precisamente en el año 1995 en un acto, solidarios con los estudiantes, en la esquina de la Av. Corrientes y Uruguay, una noche de sábado. Más tarde la unión de esos sketchs llevó a espectáculos complejos que tuvieron su mayor síntesis en el acampe de las organizaciones piqueteras en Sasetru, donde presentó una obra completa en el espacio que tomaron las organizaciones. A la par llevó escena obras de teatro de envergadura, entre ellas “El manifiesto comunista”, basada en el homónimo de los jóvenes Marx y Engels , "Sueño de una noche de verano" de William Shakespeare y "Cronopios, Esperanzas, Famas" de Cortázar, entre otras. Con estas obras atravesó el Argentinazo de 2001 siempre en ligazón con las luchas populares. Y las luchas continuaron, "Parpadeá si me escuchás" es la obra que habla del asesinato y reivindica la vida y la lucha de Mariano Ferreyra. Hoy el grupo Morena Cantero Jrs. debería reestrenar la temporada de su obra del momento "La pesadilla de Jack:la huelga general", que se interrumpió por la cuarentena. Pero quiere estar presente en el día de lucha internacional de la clase obrera, por eso estrenará gratuitamente en Streaming en el canal de Morena Cantero en Youtube su película "Pororó y sus compañeros van a la marcha". La película Ficha técnica: Película del grupo Morena Cantero jrs - Teatro independiente "Un hombre montaraz lleva una vida miserable y viaja a la ciudad tras una perspectiva." Duración: 72 minutos. País: Argentina. Año: 2013 Actores: Ariel Aguirre, Iván Moschner, Angie Aguirre, Silvia Enid Nudelman, Miguelo Allou, Fito Rizutti, Veroka Fedeli, María Rosa Moschner, Patricia Morales, Marcelo Ruiz Magri, José María Barrios Hermosa, Migue Ruffino, Myrian Virgili, Dominica Medina, Marta Strona, Norberto Lewin, Fernando Conte, Juan Fioriti, Martín Vega, Alejandro Genes, Eduardo Perelló, Patricio Finoli, Marian Pe, Martín Sienra, Claudia Cesetti, Martina Borgobello, Paloma Chalet, Pablo Perotti, Yago Méndez Petruelo, Raquel Pardo, Fabiana Falcón, Natalia Caputi, Javier Orellana, Betina Avendaño, Tito Molinari, Victor Ismael Malatesta Biaggio, Sandro Mlynkiewicz, Giuliana Panico, Julio Cortés, Daniel Begino, Juan Panico, Gastón Martí. Maquillaje Japón: Romina Cortinez. Taller de Coro: Betina Avendaño. Asistencia de dirección, primera etapa: Claudia Cesetti, Guión: Iván Moschner, sobre textos de Fernando Conte, Dominica Medina, Alfonsina Storni, Santiago Alvarez Rodriguez, Ex-alumnos de Ramonita Cantero, Martín Vega, Ariel Aguirre e Iván Moschner, Arte y gráfica: Juan Fioriti, Cámara: Martín Vega, Ariel Aguirre e Iván Moschner Montaje: Martín Vega e Iván Moschner, Dirección: Iván Moschner http://morenacanterojrs.blogspot.com https://www.facebook.com/lapeliculademorena

30 de abril de 2020
Jujuy: abusos sexuales de la policía

Luego de una seguidilla de hechos aberrantes perpetrados por la policía jujeña, trascendió un caso de abuso sexual de tres oficiales a una joven de 19 años en la seccional Nº63 de Alto Comedero. El pasado domingo 19, la joven víctima se dirigió a la seccional Nº63 con el objetivo de consultar información sobre la circulación permitida dentro del aislamiento social. A través de engaños lograron encerrarla dentro de la misma comisaría y perpetraron el abuso sexual. Como si esto fuera poco, luego del ataque recibido, los efectivos golpearon y amenazaron a la víctima y a su familia para impedir la denuncia. No fue el único caso. El miércoles 22, trascendió la detención de un sargento de la policía por violar a una colega durante una guardia en el destacamento de Chalicán, de la Seccional 40 de la Ciudad de Fraile Pintado. Días antes, una joven trans quien fue abusada sexualmente y luego amenazada por los mismos efectivos en Libertador General San Martín. La policía de Gerardo Morales y su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, exhibe un alto estado de descomposición. La impunidad para los miembros de las fuerzas de seguridad es moneda corriente aquí, en Jujuy, ya que solo de los tres casos mencionados, solo dos efectivos se encuentran detenidos; el resto fue trasladado a distintas seccionales, gozando de plena libertad, sin ser suspendidos ni separados de sus cargos, mientras transcurre un proceso judicial muy lento. Cortina de humo y Ley Micaela El gobierno intenta defender y maquillar a su policía descompuesta apelando a una “capacitación de género”. Inmediatamente el gobernador Morales, junto a la ex Diputada Nacional Alejandra Martínez (UCR), hoy titular del Consejo de la Mujer de la Provincia; hizo un montaje sobre la aplicación de la Ley Micaela que consistió en una “capacitación virtual” a comisarios y subcomisarios de las fuerzas de seguridad. Pero el estado nacional y provincial integraron la “perspectiva de género” hace años y sin embargo los casos de feminicidios y abusos perpetrados por integrantes de la policía o funcionarios del Estado no han dejado de crecer, como tampoco el cerco de impunidad que los ampara desde el ejecutivo provincial y la justicia. Todas las oficinas e instituciones creadas desde el estado en nombre de los intereses de la mujer están fuera de cualquier control, elección y deliberación de aquellas a quienes dicen defender y del movimiento de mujeres que defendemos nuestros derechos y de los sectores más vulnerables. Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero jujeños, nos sumamos al repudio de los abusos y violaciones en manos de oficiales de las fuerzas de la policía jujeña. Exigimos la detención, la suspensión de los agentes y la inmediata investigación. El Estado y el gobierno son responsables.

30 de abril de 2020
El rol de los sindicatos ante la violencia hacia las mujeres

Los femicidios y la violencia contra las mujeres crecen durante la cuarentena, el aislamiento preventivo condena a las mujeres a quedarse encerradas con los varones que las agreden -esposos, padres, abuelos e hijos- e incluso allí donde no había violencia previa, las condiciones de hacinamiento, la falta de dinero y el crecimiento de las tareas de cuidado empiezan a hacer crujir a las parejas. Una asesinada cada 29 horas es lo que se registra en la estadística. ¿Pero cuántas de nosotras empezamos a sentir malos tratos producto de la situación actual? ¿Cuántas de nosotras empezamos a levantarle la voz a nuestros hijos cuando era algo que no sucedía? Desde las primeras semanas de la cuarentena empezaron los llamados de compañeras planteando que el teletrabajo y el cuidado de los hijos era incompatible. Pero cuando empezaban a comentar lo que sucedía en el hogar los problemas iban más allá del agotamiento. Lo que podíamos escuchar era “él se enoja porque mi nene no sabe hacer la tarea solo y llora, entonces yo tengo que trabajar y ayudarlo con la tarea”; “es que no puede salir y eso lo ahoga, nunca estuvo tanto tiempo en casa”. En un primer debate dentro de la Junta Interna de ATE Cultura Nación hubo un rechazo explícito de un sector a que las delegadas nos ofreciéramos como un canal ante situaciones de violencia de nuestras compañeras. “No somos expertas, tienen que llamar al 144”, nos dijeron. Es cierto que no somos expertas. ¿Pero acaso la violencia contra las mujeres es cuestión de expertas? ¿Es un problema exclusivamente psicológico? No creemos eso. Creemos que es un problema social y que las y los trabajadores tenemos que discutirlo de esa manera. Si no podemos dar una mano en situaciones de violencia a nuestras propias compañeras, ¿qué puede hacer un sindicato por las mujeres violentadas? En el chat del cuerpo de delegados y delegadas se empezó a manifestar la misma preocupación ¿qué podemos hacer si estamos encerrados y no podemos ni marchar por cada piba muerta? Surgieron varias ideas, pero ninguna prendió. Entonces apareció el cuerpo de Priscila, la joven santiagueña cuyo cadáver estaba ahí donde la familia pedía que la buscaran. Y la mató aquel que la familia ya había señalado. Mientras la policía decía que seguramente estaba con el novio y el fiscal le decía a la familia que no fueran a verlo, que respetaran la cuarentena. Desde las compañeras del PdT de Santiago del Estero llegó la propuesta de hacer una campaña de fotos en redes repudiando el asesinato de Priscila y todos los femicidios. “Viernes de duelo y de furia”, dijeron. En el chat de la junta interna de Cultura subimos una foto y otra vez el tema llevó al debate en decenas de mensajes. Algunas delegadas y delegados resolvimos hacer nuestra propia campaña e invitar a más trabajadores a unirse. Las consignas fueron diversas, tan diversas como la composición de la Junta Interna. Algunas responsabilizamos directamente al Estado, otras llamamos a que paren de matarnos. Una cosa llevó a la otra y empezamos a hablar de la situación salarial, de las recategorizaciones paradas, de las tareas pedidas a las mamás de niños y niñas pequeñas, aunque supuestamente están de licencia. La “cuestión de la mujer” llevó a que todas las cuentas pendientes de los trabajadores volvieran a la agenda. Una semana más tarde la campaña de fotos avanzó hacia una publicación con los teléfonos de la línea 144 y mails de contactos “de las que saben”. Pero también con el mail de nuestra Junta Interna porque las que no somos profesionales sabemos perfectamente que es mucho más fácil que una compañera se anime a denunciar si está de la mano de otra mujer. Sabemos que el abrazo entre pares da fuerza y sabemos que, si una organización gremial no está a la altura de defender la vida de las mujeres, entonces no está a la altura de nada. Es una cáscara vacía.

30 de abril de 2020
Vanoli

El Anses no tiene la categoría de un ministerio. El desplazamiento de Alejandro Vanoli, en ese caso, no tendría la envergadura de una crisis de gabinete. Pero si se tiene en cuenta el papel estratégico del Anses en el actual colapso sanitario y económico, el cambio de mando en el organismo es un cimbronazo en la médula del gobierno FF. Vanoli había debutado ganándose la orden de mérito de los acreedores internacionales, cuando pergeñó la modificación de la “movilidad jubilatoria” que confiscó parte de los aumentos de haberes que debían tener lugar en el 2020. Pero la crisis social primero, y el coronavirus después, llevaron a Vanoli a otro papel –el de poner al Fondo de Garantía del Anses al servicio de los diversos rescates dispuestos por el gobierno. Cada una de estas medidas, sin embargo, destapó contradicciones todavía más agudas. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000$. Vanoli anunció inicialmente que el IFE abarcaría a unos 3,8 millones de beneficiarios, para terminar reconociendo que el derecho a percibirlo le correspondía a 7,8 millones. El escenario de la miseria social mucho más amplio del que había estimado el gobierno, en la persona de Vanoli. La pandemia llevó al extremo una orientación que el kichnerismo había inaugurado y que el macrismo nunca modificó: el recurso a los fondos jubilatorios para sostener al conjunto de la asistencia social. De este modo, las víctimas de la precarización laboral o el desempleo crónico eran sostenidas, no por las patronales o el Estado responsables de la informalidad o la evasión laboral, sino por los propios trabajadores, a través de sus aportes. Pero la pandemia obligaría a un salto cualitativo en el manotazo al Fondo de Garantía. Por un lado, el gobierno dispuso eximiciones del 90 % de las contribuciones previsionales a las patronales. Por el otro, y ante el fracaso del sistema de créditos bancarios blandos a las empresas paradas o con reducción de la actividad, puso en marcha un subsidio directo de hasta el 50% de los salarios de bolsillo, naturalmente, a costa del Fondo del Anses. El gobierno le atribuyó a Vanoli “demoras inexplicables” en la adjudicación de estos subsidios a las patronales. Según los voceros del gobierno, la nueva directora, del riñón de la Cámpora, buscará “una gestión más ágil y atenta a la dinámica de la crisis”. Cuando los recursos del Tesoro están exhaustos por la caída de la recaudación, y la emisión de moneda ha superado todas las previsiones, el gobierno busca reforzar una política de rescate del capital en quiebra a costa de los fondos previsionales. La degradación de los ingresos jubilatorios que tendrá como contrapartida este vaciamiento del Anses ya estaba en carpeta antes del coronavirus, con la anunciada derogación de los regímenes jubilatorios especiales. Directorios Con todo, parece que el detonante que acabó con Vanoli se disparó por otro lado. Resulta que el titular del Anses se olvidó de designar a los nuevos directores del organismo en Telecom-Cablevisión-Clarín, de acuerdo a las acciones que detenta el Fondo de Garantía en ese pulpo. Desde que asumió Fernández, los directores del Anses en estos grupos privados no se han modificado, y permanecen en sus puestos connotadas figuras del macrismo. Uno de ellos, el duhaldista y ex SIDE Miguel Ángel Toma, mantiene su silla en Techint, desde donde defendió públicamente los 1450 despidos de hace un mes. El nombramiento de los nuevos directores es parte de una agenda de choques y negociaciones entre el gobierno y grandes grupos capitalistas –entre ellos Aluar, Banco Macro, Mirgor y los ya mencionados Techint y Telecom. En esa agenda, figura la reestructuración de la deuda –de la que depende el financiamiento de la burguesía argentina-, los acuerdos comerciales internacionales, la reforma laboral y la propia reforma previsional. Techint, con sus despidos masivos, anticipó esta exigencia y este programa, que la gran burguesía reclama para la salida de la cuarentena. Que la primera crisis de gabinete involucre al Anses, vuelve a demostrar el carácter estratégico que tiene y tendrá la cuestión previsional en una crisis política que se encuentra en desarrollo.

30 de abril de 2020
Sanidad: grave estado de situación
Equipo de Sanidad - Tribuna de Salud

En los establecimientos privados de salud, se incumplen los protocolos, no se entrega el equipo de protección personal necesario o se entregan en escasas cantidades y son de mala calidad. Las patronales presionan a los y las trabajadoras con sanciones en caso de incumplir los protocolos de salubridad, que ellas son las que los infringen. En aquellos lugares en donde no se atienden pacientes, como laboratorios y droguerías, también se encuentran expuestos sus trabajadores. La falta de desinfección del lugar y de barbijos y guantes, y la negativa de brindar las licencias a personas mayores, es la línea general de todos estos establecimientos. Es esencial la provisión de elementos de protección personal de máxima seguridad para todo el personal junto a capacitaciones para su correcto uso, el cumplimiento de los protocolos y la declaración del Covid como enfermedad laboral. Las licencias deben ser respetadas y las guardias deben distribuirse para reducir al máximo la exposición del personal. Aquellas tareas que pueden realizarse desde la casa deben ser pasadas a la modalidad home office. Al peligro hacia nuestra salud, se suma la cuestión salarial. Sanatorios y Clínicas como Virreyes, en el barrio de Belgrano, están pagando los salarios de forma demorada y no han cumplido con los decretos de incrementos solidarios correspondiente al año pasado y al mes de enero de este año. Hay laboratorios y droguerías donde los trabajadores cobran sus salarios en cuotas. Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del Sector Privado (UAS) y director del Grupo Swiss Medical, advirtió que las clínicas “trabajan a un promedio de 40 o 50% de su capacidad, lo que genera un problema económico para la mayoría con el agravamiento de costos que tiene todo el protocolo del COVID (Clarín, 25/04) y exigió al gobierno que sean incluidos de manera especial en lo que es el decreto Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) 332/ 376, para recibir apoyo estatal. De esta forma advierten dificultades para el pago de salarios. El cobro del 100 por ciento del salario debe ser uno de los principales reclamos de los y las trabajadoras de sanidad. Los trabajadores y trabajadoras no tenemos noción de la situación contable de las empresas, por eso es necesaria la apertura de los libros contables. Las paritarias de laboratorios, las primeras de los ocho convenios del gremio de la sanidad se encuentran postergadas. Las mismas vencen el próximo 30 de abril y todo parece indicar que el diálogo se mantendrá congelado. De acuerdo a la información relevada por Pharmabiz, las partes no abrieron conversaciones y en un año atípico, todo quedaría sujeto al nivel de empleabilidad. Lo mismo sucede con las negociaciones para las droguerías ( https://www.pharmabiz.net/ 23/04). Mientras tanto la devaluación y los aumentos de precios no se toman cuarentena. Con las paritarias, debemos exigir también que el bono decretado por el gobierno, abarque a todos los trabajadores del gremio sin distinguir convenio ni categoría. Y que el mismo no esté atado al presentismo. Esto atenta con la distribución de guardias conquistada en algunos establecimientos por los propios trabajadores, para reducir el nivel de exposición. Dentro del gremio de Sanidad nos encontramos con gran cantidad de compañeros contratados y monotributistas. Exigimos que los mismos sean efectivizados bajo el convenio correspondiente, garantizando su estabilidad laboral y el derecho a sindicalizarse. Todas estas situaciones son hartamente denunciadas por los y las trabajadoras. La conducción Celeste y Blanca de ATSA Buenos Aires toma de palabra tardíamente el reclamo del cumplimiento de protocolos y los EPP para todo el personal, luego de que los contagios hayan explotado. No promueve ninguna instancia de organización de los trabajadores, intenta bloquearlas. En los establecimientos los insumos que se consiguen y las medidas de protección que se van logrando es gracias a los trabajadores que empiezan a realizar experiencias de organización. Es necesario que estas experiencias se reproduzcan en todos los establecimientos. Pongamos en pie asambleas y conformemos comités de seguridad e higiene para elaborar protocolos y para controlar su cumplimento. Exijamos el testeo masivo a todo el personal de salud. Pase a planta de todo personal contratado y monotributistas. Reclamemos que el bono decretado por el gobierno sea para todos los trabajadores del gremio. Por el cobro total del salario. Rechacemos salarios en cuotas. Apertura de las paritarias. Lancemos una campaña en todo el gremio por la recomposición salarial. Centralización estatal bajo el control de los trabajadores de todos los recursos esenciales para garantizar la salud de la población, comenzando por la disponibilidad de camas de internación, de respiradores y de las industrias que los producen, al igual que los laboratorios que pueden proveer de métodos de diagnóstico e insumos esenciales.

30 de abril de 2020
Despidos y accionar ilegal en BedTime
Trabajadores de BedTime

En el día de la fecha les ha llegado la notificación de despido “con justa causa” a varios compañeros de BedTime. El argumento de la patronal es que los compañeros desoyeron sus ordenes de “no permanecer en la planta” fuera de sus horarios de trabajo. Es decir, despiden a los compañeros por hacer uso de su legitimo derecho ante la falta de pago de sus salarios y el intento de vaciamiento de la planta. El otro argumento de la empresa es que nuestra presencia en la planta estaría violando aislamiento social, lo que constituye un acto de cinismo por partida doble: por un lado, y dicho por ellos mismos, son los que más presionaron para conseguir la habilitación en medio de la cuarentena, utilizando de excusa la fabricación de colchones para hospitales, para luego ponernos a producir colchones premium. Por otra parte, una vez vuelto al trabajo, no nos han entregado elementos de protección como guantes mascaras o barbijos y no cumplen con las medidas de salubridad que exigen las autoridades; tuvimos que fabricarnos tapabocas nosotros mismos con retazos de tela. Es decir, les importa un bledo el aislamiento social, la salud de la población y la salud de los trabajadores y sus familias. En cambio, en la permanencia que llevamos adelante por nuestros reclamos, cumplimos con todas las medidas de salubridad a través de un estricto protocolo, basado en las recomendaciones de la OMS y el ministerio de salud; además han venido las autoridades sanitarias locales a comprobar el cumplimiento de dichas medidas el día 26/04 y hasta puede observarse en la nota que hizo crónica 28/04. Denunciamos que el accionar de la empresa se encuentra en la ilegalidad, ya que viola el DNU publicado el 31/03 por el presidente de la nación y además ataca el derecho de huelga. Se deben declarar nulos los despidos y respetar el derecho a reclamar por nuestros salarios y puestos de trabajo. Si se puede trabajar en medio de la cuarentena, se puede reclamar; el derecho de huelga no fue suprimido. El ministerio de trabajo debe actuar. El ataque a los trabajadores de BedTime es un mensaje al conjunto del gremio y los trabajadores, no permitamos que pase. Llamamos al sindicato del plástico a pronunciarse contra este atropello de la patronal; a que colaboren con el fondo de huelga y convoque a un paro nacional en apoyo a nuestros reclamos. Convocamos a todas las organizaciones a expresar su apoyo en la puerta de la fabrica, respetando el distanciamiento social. ¡Abajo los despidos en BedTime! Pago integral de salarios adeudados. Ninguna rebaja salarial. Contactos: Lucas Sanchez 1162814694 Javier Román 1127588863 Juan Carlos 1136856781 NoSobranTrabajadoresFaltanCamas SinSalariosNoHayCuarentena BedTime

30 de abril de 2020
Por un 1 de mayo internacional de lucha. Por la revolución socialista mundial.

La actual pandemia del virus de la Corona está actuando como un extraordinario acelerador de la crisis económica mundial, golpeando de lleno a un sistema capitalista en el que la burguesía hace tiempo que ha perdido su iniciativa estratégica. Pero, contrariamente a lo que han reiterado los numerosos gurús de la nueva izquierda siempre en busca de nuevos ámbitos de intervención política, semejante crisis pandémica también ha puesto de manifiesto una vez más la centralidad del conflicto clave de este sistema, el conflicto capital/trabajo, ya que no ha habido ningún sector de la sociedad en el que la actual crisis social haya estallado con más virulencia que en los lugares de trabajo (de hecho, en Italia el mapa de contagio coincide con el mapa de los principales centros industriales). La lucha de la clase obrera hoy en día, asume hoy las características de una lucha por la vida. El gobierno que hoy quiere gobernar el ciclón de la crisis económica y sanitaria, es un gobierno débil, fuera de toda posible estabilización. Las principales fuerzas políticas que lo componen, el Partido Democrático, el partido del gran capital italiano, y el Movimiento de las 5 estrellas, se encuentra en una crisis de consenso. Un gobierno muy débil que intenta fortalecer su imagen en la gestión de la emergencia sanitaria. Excepto que es "un ejército sin armas", porque cualesquiera sean las medidas económicas que apliquen, con o sin la ayuda de la UE, no serán suficientes para aumentar los beneficios sin tener que recurrir a políticas de masacre social para las masas trabajadoras y las clases populares. Un gobierno muy débil, sostenido por el hecho de que hasta ahora no ha tenido oposición en la sociedad. Ni lo que queda de la izquierda ni los sindicatos mayoritarios (comenzando por la CGIL) se oponen, ni siquiera hoy en medio de una crisis que amenaza la vida misma, a un gobierno que, más allá de la propaganda en el clima de las emergencias sanitarias "nacionales", continuará la tarea de todos los gobiernos burgueses anteriores, comenzando por la administración de políticas de "austeridad". La debilidad del gobierno italiano, también puede verse en la actitud oscilante adoptada en las decisiones para detener la propagación de la pandemia. También el gobierno italiano, como todos los gobiernos burgueses, oscila entre la necesidad de preservar la fuerza de trabajo, y por lo tanto la salud de las masas trabajadoras (no por razones éticas o morales, sino por la necesidad que tiene de ella para el funcionamiento del sistema capitalista), y el tener que ceder a las presiones de los que realmente tienen el poder, los industriales y los banqueros (que anteponen la continuidad de sus ganancias a la salud de los trabajadores). Los decretos emitidos en Italia son el resultado de esta doble presión. Estos decretos del gobierno, a pesar de que tenían como objetivo cerrar la producción no esencial, permitian sin embargo la continuación de casi 2/3 de la producción. El nuevo presidente de Confindustria, Carlo Bonomi, proviene de la asociación local de industriales más importante, la asociación Assolombarda, que desempeñó un papel central en la correlación entre el considerable número de muertos e infectados por el Coronavirus en Lombardía y la elección criminal de seguir manteniendo activa la producción en esa región. A pesar de que evidentemente los sindicatos y el gobierno están de su lado, la nueva Confindustria (Confederación de la Industria Italiana), dirigida por Bonomi, los encuentra culpables de haber alimentado un fuerte sentimiento anti-industrial. Un sentimiento que Bonomi se compromete a combatir como enemigo de esa "cohesión social" necesaria para el relanzamiento del "sistema del país", para el que se necesita la lealtad de todos los interlocutores sociales, lo que no significa más que la reducción a cero de cualquier reivindicación mínima de los trabajadores. Entre la ira y el miedo, en ausencia de plataformas sindicales de lucha, el conflicto se manifestó a través de huelgas espontáneas en las empresas, a partir de las grandes realidades industriales italianas como las del sector automotor, el Grupo FCA (ex-FIAT), o PIAGGIO. Sólo bajo el empuje de tales movilizaciones espontáneas, la CGIL, la CISL y la UIL, en la mesa con el gobierno y la Confindustria, firmaron un vergonzoso protocolo de 13 puntos para garantizar la continuación de la producción "en condiciones de seguridad". Estos puntos, ya de por sí insuficientes para una lucha seria contra la epidemia, ni siquiera se han puesto en práctica, como han denunciado muchos trabajadores, que hablan de fábricas en donde faltan máscaras, guantes, estaciones de trabajo que garanticen el distanciamiento social establecido como medida de seguridad y la consiguiente e inevitable aglomeración de los transportes públicos en las horas pico para ir al trabajo. Por eso la movilización continúa. Con el apoyo de algunos sindicatos de base, grupos de trabajadores que empiezan a autoorganizarse, una realidad de la izquierda y del movimiento de clase, la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras continúa con la abstención al trabajo y la denuncia pública de las condiciones en que se encuentran las fábricas, oficinas y lugares de trabajo en general. Sin embargo, sigue siendo una respuesta fraccionada y por lo tanto más débil. También por esta razón es necesario exigir, hoy más que nunca, a pesar de las prohibiciones impuestas por el Estado y las patronales, la inmediata HUELGA GENERAL. Entre quienes, como siempre, soportan la carga de las crisis están las mujeres, y en particular las mujeres trabajadoras. En primer lugar, la fuerte contracción de la posibilidad que tendrá el mercado de absorber la fuerza de trabajo, por lo tanto el crecimiento exponencial del desempleo, verá la expulsión de las actividades productivas especialmente de las mujeres, a quienes los patrones siempre han considerado como un mayor peso al ser depositarias de algunos derechos específicos respecto a los hombres, relacionados con el trabajo de cuidado y maternidad. Sin olvidar el hecho de que en nuestro país las trabajadoras están empleadas en gran medida en algunos sectores ya de por sí precarios, como los relacionados con los servicios. Esto significa, que en esta etapa, el riesgo de pérdida de empleo es más real que nunca, ya que es precisamente el sector de los servicios y los sectores más débiles y precarios en general son y serán los más afectados por la crisis actual. En el marco de las mismas medidas legislativas de emergencia, las mujeres trabajadoras son también las más afectadas. El cierre de los servicios de educación infantil y de las actividades escolares ha tenido un grave impacto en la vida cotidiana de las mujeres que, durante todo el día, se han visto obligadas a cuidar de sus hijos incluso durante las horas en que normalmente están en la escuela. Esto, por supuesto, además de las tareas que ya hacían en casa y los compromisos de trabajo que caracterizan su rutina. Algunas se ven obligados a dividirse entre el teletrabajo, el cuidado y la educación de sus hijos, las tareas domésticas. Otras están desempleadas o han recibido una reducción, incluso a cero, de su horario de trabajo debido a las medidas de contención del virus. Luego están los que están de licencia forzada, en "vacaciones". Unas hermosas vacaciones que obligan a las mujeres a trabajos de atención 24/7 sin posibilidad de descanso, hermosas vacaciones que mantienen a las mujeres ocupadas en entender cómo hacer que sus hijos sigan las lecciones a distancia. Sin embargo, dado el problema perenne de la violencia doméstica, la cuarentena para algunas mujeres, especialmente las que dependen económicamente de su pareja, no es en absoluto una experiencia llena de alegría y serenidad. Por consiguiente, la experiencia de la pandemia ha vuelto a poner en el orden del día la necesidad de liberar a la mujer de su rol de esposa y madre, encontrando soluciones que puedan ser válidas tanto en situaciones normales como de emergencia. Estos deben basarse en el supuesto de que todos, hombres y mujeres, deben tener acceso al trabajo y a la remuneración y que el trabajo de cuidado debe realizarse de manera colectiva y socializada. Si las emergencias sanitarias como la actual imponen el distanciamiento social y la clausura de adultos y niños en el hogar, los trabajadores y las trabajadoras no pueden sobrecargarse con el trabajo de cuidado además del trabajo productivo. También por esta razón, las actividades productivas no esenciales en momentos como el actual deben detenerse hasta que sea necesario para la protección de la salud colectiva. El número de contagios está disminuyendo muy lentamente. Pero la reapertura de las actividades paradas en estas condiciones presagia una nueva oleada de contagios y muertes. En esta etapa, exigir la reanudación total de la producción y al mismo tiempo evitar una segunda ola explosiva de contagio es lo más hipócrita y criminal. Pero esto es lo que representan los gobiernos burgueses y el sistema capitalista. El único gobierno que podría haber puesto la salud de la población en primer lugar, planificando la respuesta y la gestión de este tipo de emergencia, es un gobierno de la clase trabajadora. Por eso la cuestión del poder y la expropiación de la burguesía deben convertirse en los puntos esenciales de la reconstrucción de una izquierda revolucionaria!!. Contrariamente a lo que sostiene la izquierda democrática y democratizante, estamos ante una crisis del régimen político de la burguesía, el capitalismo no tiene nada más que ofrecer. Se necesita un nuevo sistema económico y social, las clases trabajadoras deben luchar por la revolución socialista y el gobierno de la clase trabajadora, y esto pone a la orden del día la construcción de Partidos Obreros Revolucionarios y una Internacional Obrera Revolucionaria .

30 de abril de 2020
Nora Elicabe (1949-2020)
Javo Díaz

Con tan solo 15 años formó parte del núcleo fundador de Política Obrera en Bahía Blanca (uno de los primeros grupos en unirse, ya en 1964, a la recientemente fundada PO). Se trataba de un conjunto de militantes provenientes de la juventud del Partido Comunista que, en el contexto de la Revolución Cubana y el conflicto chino-soviético, comenzaron a cuestionar la política del stalinismo desde el punto de vista del marxismo. La decisión de formar parte de PO se dio luego de intensos debates con la corriente morenista, de fuerte presencia en Bahía. Como parte de estos debates, incorporaron a PO a militantes de la juventud católica, entre quienes destacaron Marcelo Martín y el Colo Rath. El PO bahiense se orientó inmediatamente a organizar a la clase obrera, desplegando una actividad sistemática sobre los gremios ferroviario, portuario y metalúrgico y logrando una influencia dirigente entre los obreros de la construcción (hasta que el golpe de Onganía intervino el sindicato), además de una presencia dentro de municipales y empleados de comercio. En estos dos últimos Nora jugó un papel central, ayudando a formar, tras haber sido despedida, una agrupación clasista en Comercio. Con la exportación de algunos de los cuadros más importantes (el Colo, Marcelo Martín), Nora pasó rápidamente a integrar el comité regional. La actividad de PO también se desarrolló dentro del movimiento estudiantil, y los años del retorno del peronismo al poder la encontraron jugando un rol en la organización de la UJS en la Universidad Nacional del Sur y en las luchas por el ingreso irrestricto, participando en la formación de la Lista Naranja con peso en las facultades de Económicas y Humanidades. El 24 de marzo de 1976 dejó Bahía Blanca, habiéndose ocupado previamente de garantizar la continuidad partidaria reclutando y formando a una nueva camada de militantes que efectivamente sostendría a la organización bajo la dictadura. Pasó entonces a participar en Buenos Aires de las tareas clandestinas de armado e impresión del periódico y de sostenimiento financiero. Su seudónimo -últimamente le daba gracia contarlo- era “Laura Alonso”. Poco después, todavía bajo Videla, logró ingresar y ser electa delegada en la fábrica Suixtil, en Capital Federal, donde fue organizadora de medidas de lucha (“baja en la producción”, equivalente del “quite de colaboración”) y del pasaje de la prensa clandestina, hasta que fue despedida bajo la vista gorda de la burocracia. Como parte de esa actividad política sindical, entró en relación y jugó un papel central en el reclutamiento de una joven activista: Eva Gutiérrez. Durante las décadas siguientes fue una de las principales organizadoras del Partido Obrero y el Polo Obrero en Pilar, luego también del Plenario de Trabajadoras y de Jubilados Clasistas y finalmente del PO-Tendencia. Sus compañeros en esos frentes podrán dar cuenta de su historia allí y de su carácter como militante y compañera. Su formación política quedará para siempre reflejada en el valioso aporte con el cual contribuyó al debate sobre la Revolución Cubana. Durante 56 años no dejó nunca de militar por la construcción de un partido obrero y por la revolución socialista. La de Nora no es sólo la historia de PO sino también la del movimiento obrero argentino.